Breve historia

del separatismo catalán

Enric Ucelay-Da Cal

Es dringt kein Laut bis her zu mir,

von der Nationen wildem Streite,

ich stehe ja auf keiner Seite;

denn Recht ist weder dort noch hier.

(No me llega ruido alguno

del conflicto salvaje de las naciones:

No estoy de ningún lado,

pues la Razón no está ni aquí ni allí.)

Rainer Maria Rilke,

«In Dubiis (En duda)»,

en Ofrenda a los lares (1895)

El sentido de este libro

Esta obra quiere ser un análisis neutral (no partidista) y objetivo (desinteresado, desapasionado) del nacionalismo radical catalán en su contexto político y social. Contiene varias interpretaciones sobre algunos aspectos de la evolución del catalanismo político durante un par de siglos —y no de los sectores más radicales—, lo que, a mi modo de ver, es su mayor aportación. Hay ideas acerca de las relaciones, buenas y malas, de la política en Cataluña y en España como conjunto. Más que repetir respuestas ya conocidas, se exploran tendencias sociales y culturales para generar preguntas que deseo que sean nuevas, originales. Mi texto no es, ni busca ser, un estudio erudito sobre grupos y grupúsculos, partidos y personalidades. Hace medio siglo que soy historiador y vivo sobre la misma falla hispano-catalana que he investigado y sigo estudiando. Mi intención es, pues, rastrear un movimiento político desde sus orígenes hasta su incierto presente, en búsqueda de un patrón y el sentido de su trayectoria.

El libro no tiene una estructura convencional por capítulos. Usa una cadena de secciones breves. Se empieza, se sigue y se acaba, desde una época bastante lejana hasta el presente más inmediato. Se espera que este formato resulte de lectura más amable que la convencional, relatada por capítulos con frecuencia muy densos (o al menos, los míos).

El problema de fondo es cómo explicar muchas historias a la vez, para escribir una historia conjunta de tendencias diferentes y circunstancias variables a lo largo del tiempo.

Se sigue una narración compleja. Primero, se esclarecen los orígenes del concepto de «separatismo» en el mundo durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Luego se traza cómo esa idea, o esa palabra —junto a otras muchas, y muy relacionadas, como «patriota» o «nacionalista»— se consolidaron en Cataluña, todas con unos sentidos concretos, entre mediados o finales del siglo XIX y la primera mitad del XX.

Cuando el separatismo catalán surgió en el invierno de 19181919 —no ya como noción, idea o insulto, sino como un movimiento político intencionadamente innovador—, era una forma supernacionalista, más radical y extrema que cualquier otro enfoque catalanista habido y, se creía, por haber. Pero lo paradójico es que se mostró a la vez como antinacionalista, si por nacionalismo catalán se entendía, como era habitual entonces, el mensaje de la Lliga Regionalista, supuestamente hegemónico entre 1901 y 1923.

Una vez establecido un separatismo político catalán a finales de 1918, se extendió rápidamente como una corriente política que envolvía un cierto medio social en Barcelona. Se ofrece aquí la narración de un siglo de política extremista hasta 2018. Como bien sabe el lector, los acontecimientos actuales —los que yo resumo y llamo la «revolución catalana» de 2017-2018— ofrecen un futuro bastante incierto. Parece que las cosas quedan claras un día, y al siguiente (o un par de días después) todo está otra vez al revés de lo esperado. No importa el criterio o las simpatías que se tengan, la confusión rige en el aquí y ahora. Este libro, por tanto, acaba en la duda más acuciante, que yo mismo no puedo resolver. Asimismo, traza el desarrollo del separatismo desde la década de 1920 en adelante y lo sigue a través de los años treinta, con la República (la Generalitat republicana) y el caos de la Guerra Civil de 1936-1939. Desde antes del conflicto, hubo una tendencia unitaria que definió el movimiento separatista. Pero convivió con otra, opuesta, que inspiró escisiones, partidos rotos y grupúsculos enfadados.

De un modo extraño, la dictadura franquista —el «régimen» por antonomasia— fue una continuación de los conflictos de los años treinta. Su misma existencia era una prueba de que «la guerra todavía no se había terminado».

En 1968, cincuenta años después de la fundación del separatismo político, surgió el independentismo como algo claramente diferenciado del separatismo, para confusión de muchos. Así que el separatismo y el independentismo están estrechamente relacionados: el independentismo deriva del separatismo, pero no es lo mismo.

Aquí se repasan las pautas organizativas que imperaron en esa mutación. Una vez surgido el independentismo en 1968, tampoco se detalla cada pelea ideológica, cada pequeña escisión, cada grupúsculo de la naciente esquerra independentista (izquierda independentista) y de su desarrollo como movimiento, con frecuencia más marcado por sus peleas internas que por sus aciertos políticos.

Finalmente, respecto a los últimos años (de 2010 a 2018), el libro sigue el relato del nuevo independentismo de masas: de aquellos que popularmente se llaman los indepes. Esta abreviación, un poco faltona, para referirse al gentío que llena las manifestaciones, no es un accidente. Otra vez nos encontramos con algo distinto dentro de un movimiento en curso, vivo, vinculado a una corriente política parecida, pero muy distinta. Aquí se presenta una tesis esencial: los independentistas no son lo mismo que los indepes, como tampoco la esquerra independentista es la multitud de los indepes. En las primeras dos décadas del siglo XXI, los indepes han pasado de comulgar con la política catalanista convencional —sobre todo con lo que, en su plenitud, fue Convergència Democràtica de Catalunya y el pujolismo—, para formar una cantidad ingente de contestatarios que se creen iguales entre sí pero no lo son. El libro termina con un esfuerzo por aclarar la naturaleza y el significado de los indepes, además de intentar explicar cómo surgió tal cambio, frente a la supervivencia de la esquerra independentista, hoy más conocida y mejor organizada como la CUP.

He añadido un repertorio de siglas, ya que el relato es inevitablemente una «sopa de letras» de partidos, grupos y micro-grupos en movimiento permanente.

No hay casi citas, ni hay notas. No se indican las fuentes. No es este un manual de estudio, ni un texto académico. Quien quiera profundizar en el tema, así como consultar de qué variedad de materiales —entre libros y artículos— he sacado algunas ideas, encontrará una bibliografía final, monográfica, de donde podrían salir nociones diferentes a las de esta obra, o contradecir la interpretación aquí presentada.

Introducción

Desde su aparición política en el invierno de 1918-1919 y hasta 2012, el secesionismo catalán —más conocido en su propio terreno primero como separatismo y más adelante como independentismo— fue siempre muy minoritario. No lograba votos. Sus partidos estallaban al poco de nacer, sus facciones se mostraban más dispuestas a diferenciarse entre sí que a sumar fuerzas.

Por el contrario, la historia política del nacionalismo catalán resulta autonomista y no secesionista. Fue así desde su intervención en los comicios legislativos (en 1901, con la Lliga Regionalista) hasta la sucesión de Jordi Pujol y la rivalidad de Artur Mas y Pasqual Maragall en la primera década del siglo XXI. Ese realismo político, práctico y pactista, dominó la creación de instituciones: la Mancomunitat en 1914, la Generalitat republicana en 1931 y la Generalitat monárquica en 1977.

Ante la hegemonía de la Lliga, el peso del populismo de Macià o Companys, o el predominio de Pujol, los secesionistas no parecían tener nada que hacer. No conseguían votos suficientes (ni siquiera en el Parlamento catalán) para actuar con determinación. Mandaron siempre los políticos, dispuestos al trato. Los secesionistas no controlaban la calle, aunque resultaban útiles, por decorativos. A ellos se recurría desde el poder catalanista para ayudar a encuadrar a las grandes concentraciones de gente: para demostrar que existía el nacionalismo catalán, el sentimiento de defensa de la lengua catalana y una manera más o menos particular de organizar la vida comunitaria.

Tal connivencia comportaba riesgos. El catalanismo comedido y el ultracatalanismo tenían graves diferencias entre sí, que se ocultaban en las celebraciones de concordia. Para sus enemigos —el nacionalismo español, republicano o monárquico— todos eran igualmente unos separatistas. Los catalanes eran tan «malos hijos de la Madre Patria» como, en el fatídico desastre del 98, lo habían sido los filipinos y en especial los cubanos. El ultracatalanismo no dudó en dar la vuelta al insulto de sus adversarios «españolistas», término que —como se verá— surgió a raíz de las guerras civiles cubanas del siglo XIX. Los nacionalistas catalanes contestaban que, al serlo, eran también separatistas, y a mucha honra. Por su parte, el catalanismo mesurado respondía que los centralistas y españolistas, con sus persistentes acusaciones de traición, eran unos «separadores» que provocaban respuestas exaltadas entre quienes se sentían catalanes pero también españoles. Y así, entre varias broncas (mejor y peor conocidas), transcurrió el siglo XX.

Pero entonces, no hace tanto tiempo, todo cambió. De pronto (aunque es en realidad más complicado), se celebró la masiva Diada del 11 de septiembre de 2012. Y se inició el llamado «proceso independentista» en Cataluña, que persiste hasta ahora.

¿Qué sucedió? Durante más de ochenta años, el nacionalismo radical —primero los partidos autodenominados separatistas, y después los que sin dudarlo se consideraron a sí mismos independentistas— tuvo una presencia electoral casi nula. Y, de repente, con un giro del gobierno autonómico (una maniobra de Mas, que hasta entonces flirteaba con Rajoy y el PP), todo se transformó. La minoría se hizo multitud.

Esta evolución y sus posibles explicaciones son el sentido del presente libro.

Así que hablemos claro, y desde el principio. España, tal como se conoce hoy, puede desaparecer. O no. Pero no porque la legitime una versión de su pasado. Cataluña puede transformarse en una república imaginada, entidad paralela a la realidad política que perdura un tiempo indeterminado en la fantasía colectiva. O puede convertirse en un Estado reconocido. O ninguna de las dos cosas. Pero lo que suceda en España o Cataluña no es inevitable: no está supuesto por uno u otro pasado, o por una lectura determinada de su historia, argumente quien argumente el relato.

El desafío independentista al Estado y las respuestas estatales al reto no están resueltas. La rivalidad institucional y el desarrollo de la contienda siguen en pie. ¿Tal vez el pasado no explica lo que ha ocurrido?

Desde el siglo XIX, desde que Barcelona se erigió en metrópoli rival de la «Villa y Corte», la capital catalana ha adquirido fama mundial de ser un foco vehemente, agitado, ardiente. En las últimas dos centurias, Barcelona ha sido el termómetro de cualquier malestar hispánico. Todos saben que unas fiebres catalanas, si suben lo suficiente, comportarán una crisis española. La definición clásica de «crisis» es la siguiente: «Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad.» Visto así, Cataluña sería el indicio (o la revelación) de un malestar español más grave y general. Si hay un «problema catalán», significa que hay también un «problema español». Es un tópico donde los haya.

Por las razones que sea, Cataluña ha protagonizado los cambios sistemáticos españoles a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. La Segunda República fue de raíz catalana. Ahí estuvieron Companys y Macià antes que Miguelito Maura y don Niceto Alcalá-Zamora. Durante la Guerra Civil, Barcelona pareció vivir una revolución distinta de la vivida en Madrid, si bien con paralelismos tan grotescos como la repetición de la «lucha dentro de la lucha»: los «hechos de mayo» de 1937 en Barcelona (como si hubiera realmente una revolución libertaria); o, entre el 5 y el 12 de marzo de 1939, la pugna entre comunistas fieles al primer ministro socialista, el Dr. Juan Negrín, tras identificarse con su resistencia obsesiva y alzarse dispuestos a imponer un consejo que negociara la paz con el Generalísimo Franco (como si en tan tardía fecha fuera remotamente factible). La presión sostenible que hizo caer el franquismo parecía venir del norte —fue ETA quien mató al almirante Luis Carrero Blanco en diciembre de 1973—, pero la Transición tomó cuerpo y se hizo realmente ineludible con un vínculo catalán. Ocurrió en el otoño de 1977, cuando Tarradellas (en su función de presidente en el exilio de la Generalitat) supo negociar con el presidente del gobierno Adolfo Suárez, penúltimo ministro-secretario general del Movimiento Nacional. En aquel acuerdo improvisado, que llevó a Tarradellas a Barcelona en octubre, algo de la República (concretamente, la Generalitat) se injertó en la monarquía juancarlista que salía del Glorioso Alzamiento Nacional.

Desde 2017 y 2018, una pulsión secesionista ha enfrentado la comunidad autónoma catalana con el propio Estado de las autonomías, con España, la Corona y los tribunales. Otra vez, un calenturón impulsivo en Cataluña ha provocado una crisis en España, una abrupta subida o bajada de la temperatura. Y así ha sucedido: ante repetidas iniciativas de independencia en Barcelona, ha habido una congelación en la formación de gabinete (Rajoy ejerció diez meses en funciones), para acabar con un cambio de gobierno sorpresa, mientras se producían varias confrontaciones entre jueces y fiscales por una parte, y políticos españoles y catalanes por otra. Todo ello adobado con una agitación simbólica (tanto española como catalana), que muchos creían superada.

Es escasa la literatura en castellano sobre la evolución desde el nacionalismo hasta el separatismo y, menos todavía, hasta el independentismo. Hay realmente poco que escoger, por falta de textos, entre la Historia del nacionalismo catalán (primera edición en 1944, y la segunda, mucho más extensa, en 1967), del periodista cántabro Maximiano García Venero —que empezó como regionalista montañés y acabó consagrado como cronista del falangismo—, y la Historia mínima de Cataluña (2015), del historiador olotense Jordi Canal, profesor en el más prestigioso centro de estudios sociales en Francia. Para el hispanohablante que tenga curiosidad y no le cueste leer en catalán hay una riqueza de material historiográfico, pero la voluntad suele escasear.

Por ello, este libro pretende ilustrar al lector español sobre qué ha sido y qué ha representado el movimiento separatista catalán a lo largo del siglo XX, como presencia constante (pero nada principal) en la política de Barcelona y de las comarcas catalanas, hasta alcanzar la dinámica acelerada del siglo XXI. De modo harto sorpresivo, el independentismo se ha convertido en la fuerza dominante en Cataluña, capaz de llenar la vida civil y política con su ruido hasta tapar otras voces contrarias. Hace veinte años, nadie lo hubiera creído posible. El independentismo como corriente rectora del Parlament catalán, y predominante en buena parte de la ciudadanía, tiene unos escasos seis años de vida. Pero se requiere algo más de tiempo, más años pasados, para entender la conversión del sistema de partidos autonómicos, que parecía tan estable y aburrido, en entusiasmo indepe. Tan efusiva palabra, y contracción habitual, tiene hoy empuje y sentido en todas partes de Cataluña.

Como hemos dicho, este ensayo pretende relatar las tendencias más visibles del separatismo catalán, desde que apareció por primera vez como formación política, hasta el independentismo de masas actual. Pero también están los grupos, en los barrios y pueblos, y los partidos con mayor alcance y su relación con el nacionalismo tradicionalmente dominante, mucho más prudente. El separatismo, primero, y el independentismo, después, no se prestan a una revisión somera. Son una multiplicidad y una misma cosa a la vez: inclinaciones dentro de propensiones, con los desacuerdos que de tales se derivan. Muchos grupos, en relación común entre sí, pero muy peleados entre ellos. Mucho individualismo, en un medio en el que todos se conocen, pero ello no crea ni compañerismo ni confraternidad, excepto cuando toca realizar una conjunción y contestar a una crida (llamada), que se sabe pasajera, contra el españolismo, que es una cosa, y la amenaza del Estado (policía, tribunales), que es otra. Luego está la vida política definida, es decir, más allá del nivel municipal. Todo esto se ha llevado a lo largo del siglo XX con una continuidad remarcable.

Ha resultado un sector pequeño, y mal conocido dentro de la política catalana, incluso ridiculizado por su trivialidad. Pero ha mutado. Actualmente constituye un amplio criterio. Prefiero llamarla una «multitud», para evitar el delicado problema de ser mayoría. En gran medida, el independentismo, convertido en indepe, ha borrado sus antiguos rivales del panorama político catalán y ha ocupado sus espacios. No solo condiciona toda la actividad en Cataluña, sino que ha sido capaz de provocar una indudable crisis de Estado en España, por ahora de difícil solución.

El separatismo se fundó como fuerza política (y no únicamente como presencia fragmentaria de varias asociaciones pequeñas) en las últimas semanas de 1918, y con algún paso en enero de 1919. A escasos meses de su centenario, estamos en una coyuntura decisiva. Es, pues, el relato de un siglo en un sector ideológico.

El objetivo, por tanto, es explicar un inmenso cambio: cómo nació y se desarrolló el separatismo, cómo se convirtió en independentismo, y de ahí en un milagro verosímil indepe; y cómo se realizó una conversión masiva que ha llenado muchos rincones de creyentes. Este libro procura explicar e invitar a entender, y no a derrotar ni a unos ni a otros. España no la hizo Dios en su gloria para toda la eternidad, ni tampoco el Ser Supremo forjó Cataluña para que trascendiera para siempre. Lo que vemos son tan solo nacionalismos en combate, en una lucha por el poder, por el control. No es poco. Hay que saber interpretar qué representan las fuerzas en lucha, los jugadores que apuestan sobre el resultado final del enfrentamiento. Se debe analizar cuál ha sido y qué sigue siendo el deseo de ruptura política y desgaje territorial.

A riesgo de parecer reiterativo, resulta importante entender el carácter de este libro, en especial lo que no es. En primerísimo lugar, no es una polémica, lista a demostrar la falsedad de unos y la bondad de otros. Todos son (o somos) malos, en algún u otro sentido. No hay santos en la vida política; solo en la mala historia. Tampoco es una obra periodística, que repasa los últimos meses de 2017. No explica cuestiones entre bastidores sobre el hundimiento del gobierno de Rajoy y la bronca resultante dentro del Partido Popular; no aporta datos desconocidos sobre el ascenso del gabinete socialista de Pedro Sánchez, ni explica secretos del círculo de Puigdemont en Bélgica o Alemania; tampoco descubre el pensamiento oculto de Quim Torra.

Este es un ensayo de interpretación histórica, no una obra con voluntad de detalle y conocimiento de tipo académico. No es una historia contemporánea de Cataluña, aunque a veces, para que se entiendan mejor las cosas, lo parezca. Luego está el contexto estatal, o el marco español, y cómo condicionan la política regional y local catalana, que se considera a sí misma nacional, al margen de lo que digan los españoles y sus «sucursales» políticas. Narra los conflictos hispano-catalanes en términos generales, sin ir más allá de lo necesario para entender al sector separatista o independentista. Tampoco pretende ser una historia del nacionalismo catalán como un movimiento, un cúmulo de organizaciones e ideas, ni busca narrar la evolución del catalanismo en su conjunto, ni mucho menos ofrecer una exploración del sentimiento nacional en Cataluña. Todo ello está presente, pero no es el objeto de la obra. Lo que intenta es explicar y narrar (de forma rápida pero interpretativa) el desarrollo de los partidarios de una ruptura, que, por supuesto, tiene que ver con el conjunto que ha sido el nacionalismo catalán, pero no es lo mismo.

Lo cierto es que, al largo del siglo XX y hasta bien entrado el XXI, ha habido muchos nacionalismos catalanes, todos rivales. O, si se prefiere, muchos modos de entender el nacionalismo. Aquí a nosotros solo nos interesa un camino.

Del apego a lo catalán al anhelo de la secesión

Lo habitual, en los libros sobre movimientos políticos, es recurrir a la literatura reciente: se citan los estudios politológicos de éxito, se explora a los ensayistas tenidos por sabios, se comparan las teorías de moda en el medio académico. No voy a ir por ahí.

¿Por qué? Por el exceso de literatura confusa, el academicismo parlanchín que nos rodea, la cantidad de partidismo escondido tras el complejo despliegue de ideas, y, en general, la falta de sentido común. Abundan las viejas ideas, que reaparecen disfrazadas de nuevas.

Cabe señalar que, a menudo, no sabemos de qué hablamos. Todos nosotros. Las palabras resultan herramientas muy extrañas: cadenas de símbolos, grandes o pequeñas, con un significado que suele evolucionar, pero puede no hacerlo. Hablo como historiador y no como filólogo.

Primer problema: usamos palabras como si fueran hechos, pero no lo son. Es un mecanismo social y mental llamado «cosificación» («reificación» para quienes prefieren usar anglicismos o galicismos).

Creer que una expresión denota algo tangible es un vano error. Las palabras se las lleva el viento. La gran equivocación del siglo XIX (por el que aún pagamos un alto precio) fue creer que algunos términos antiguos eran idénticos a su uso moderno. Y, con la equivocación temporal, suponer además que el territorio impone carácter de forma duradera, que el espacio, como medio, significa más que el tiempo. Es una ficción, que, aunque muy creída por muchos, no deja de ser falsa. Adriano y Trajano fueron originarios de Hispania pero nunca dejaron de ser romanos. Para Alfonso X el Sabio, rey de Castilla entre 1252 y 1284, que mandó escribir una Estoria de España (obra popularizada mediante fusión de textos por el muy nacionalista español Ramón Menéndez Pidal en 1906), el concepto de «España» no significaba lo mismo que para el general Joan Prim, originario de Reus y uno de los héroes del liberalismo español decimonónico.

Detengámonos en el caso. En 1869, el catalán Prim —de acuerdo con su ministro de Hacienda, Laureano Figuerola (nacido en Calaf, pero poco dado a sentimentalismos catalanistas)— puso por primera vez el topónimo «España» presidiendo orgullosamente una nueva moneda nacional española: la peseta. Hasta entonces había perfiles o bustos regios sobre cada pieza, con el texto del poder dinástico en latín, abreviado por costumbre y según la ceca: «D. G. Rex hispaniarum et indianorum» (por la Gracia de Dios, rey de las Españas y las Indias). Con Isabel II, se añadió «la constitución» a Divina Providencia, y se redujo el título —ya en castellano— a «reina de las Españas» (o, según una etimología posible, el equivalente de una «piececita» en catalán). Casi no quedaban «Indias» de que enorgullecerse.

Sin embargo, el pasado de las palabras tiene su peso emotivo. Todo en la sociedad humana, la pasta que configura la sociedad, son palabras. Y estas cambian con el tiempo y se contradicen.

Pongamos un ejemplo de la viva evolución de un término que nos parece del todo familiar: en el siglo XVI, «República» significaba una entidad política, de cualquier tipo. Expresaba, tanto en castellano como en catalán, una visión institucional del sentido latino, muy antiguo, de Res publicae, la «cosa pública». Algunos arbitristas españoles del XVII hablan con toda naturalidad de «nuestra República», sin dudar de la Corona de los Austrias. Pero, desde las revoluciones de 1776 en adelante, esta palabra significa una entidad sin corona, que es una definición que más o menos ha perdurado hasta la actualidad.

Así pues, la tendencia es que las palabras pervivan, pero que su contenido evolucione permanentemente. Las palabras comunes, sin carga conceptual pesada y de uso social fácil, pueden esconderse y reaparecer. Un ejemplo: el término «carroza», como descripción de una persona vieja y pasada de moda o de un objeto tronado, estuvo en boga a finales del siglo XX tanto en catalán como en castellano; en esa época, se creyó que era una innovación de la Movida madrileña de los años ochenta. No aparece en los diccionarios castellanos clásicos: ni en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias (1611), ni en el Diccionario de Autoridades, de entre 1726 y 1739. Y, sin embargo, no ha sido un neologismo reciente, ya que Fernando VII lo usó en su correspondencia. Y Pompeu Fabra lo recogió en su Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932.

Las palabras y los términos perduran, pero cambian de sentido, adquieren matices, son reinventados. Pueden permanecer como fantasmas, invisibles pero presentes, como en el caso de «carroza». Es un proceso reiterativo, tal vez incluso circular.

En la actualidad se valora la dignidad, casi con exageración. Se teme por la dignidad de los catalanes, en peligro evidente. La izquierda española ha recogido el término y lo ha hecho propio. El Diccionario de Autoridades (tomo III, de 1732) lo entiende, a la perfección, como algo propio de una sociedad de rangos de honor: ser digno es ser «benemérito o acreedor de algún honor, recompensa o alabanza». La gente se toma como algo personal las supuestas pruebas de quienes creen ser.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

En el contexto catalanófono, la palabra clave es y ha sido nació (nación). En el último medio siglo, como poco, hemos vivido un debate interminable sobre si Cataluña es o no es una nación o si lo es toda España, a excepción de sus partes. Sobre si Cataluña es solo una nacionalidad (según españolistas o unionistas), o si tal denominación es degradante (según separatistas e independentistas).

El pasado —o sea, el relato histórico— sirve para entender determinadas situaciones. Pero se debe mirar a todo el pasado, no solo el que se conoce o se piensa que conviene. No sirve simplemente el relato catalán de sus glorias propias o la narración orgullosa de la preeminencia española. Es demasiado poca cosa. Aquí arguyo que una idea sureña americana —la «nulificación», el poder de anular la legislación dentro de un territorio— estuvo en los orígenes del separatismo catalán y que llegó, como tantas otras ideas, por Cuba. Afirmo que la nulificación es el rasgo coherente que conecta las tradiciones ideológicas del catalanismo, ya sea federal, republicano, carlista o lligaire (de la Lliga Regionalista). Es más, pienso que la Lliga descubrió el secreto magiar de la monarquía dual austrohúngara, para poder ser regionalista fiel y al mismo tiempo potencialmente independentista.

Este libro intenta una interpretación a largo plazo. Procura explicar cómo se originó el nacionalismo radical de entre la confusión de ideas, creencias y antecedentes internacionales que marcaron los siglos XVII y XVIII. Se indica cómo llegaron a las Españas. Puestos a entrar en materia, aclara cómo surgió el separatismo dentro del marco del catalanismo; más en concreto, cómo apareció como respuesta a la Lliga y a su monarquismo, que era imprescindible en el esquema de Prat de la Riba. Se relata cómo el separatismo liderado por Macià trató de deshacer la monarquía de Alfonso XIII y cómo trajo la Segunda República y la Generalitat de Cataluña. Se narran las dificultades organizativas de los diversos (y rivales) separatismos en tiempos republicanos y durante la guerra de 1936-1939. Se explica cómo se diferenció el separatismo del independentismo en 1968, con una herencia envenenada. Se procura contar la tensión entre los grupúsculos independentistas frente al éxito de Pujol, cómo tomó forma la esquerra independentista entre los partidarios del terrorismo de estar por casa y quienes querían y creían que se lograría un frente electoral independentista con éxito en las urnas. Y, finalmente, se describe el colapso del sistema político catalán como mecanismo electoral y se abre la dinámica del Procés. Es una evolución en curso, viva y por lo tanto abierta. Nadie sabe cómo va a acabar todo el asunto. Previsiblemente, no será a corto plazo.

Obviemos las afirmaciones del nacionalismo español, como la clásica, y tan repetida, de que España es la nación más antigua de Europa, que ha existido de modo incuestionable desde hace quinientos años. Si los países no fueran tan cerrados y tan ignorantes sobre lo que les rodea, alguien se hubiera dado cuenta de que las potencias europeas, sean más o menos relevantes —Inglaterra o Francia, Polonia o Dinamarca, sin ir más lejos—, dicen lo mismo para consumo interno, y sin contrastar.

Y después se añaden los detalles, que no demuestran nada. ¿Quién tiene la bandera más antigua, Dinamarca o Cataluña? ¿Quién tuvo y tiene el primer parlamento? Y así sucesivamente.

Vayamos, sin embargo, a lo que importa a los catalanes que se sienten nacionalistas, y que también preocupa a los otros catalanes o catalanohablantes y afines ideológicamente (como los valencianos y los mallorquines). Lo que importa es abstracto. Pero se entiende mejor con el detalle de espuria precisión temporal que da sentido social a la tarea de los historiadores.

Toda persona culta sabe que «nación» proviene de natio en latín. Expresa la misma noción que la actual palabra catalana nissaga. O, en castellano, el sentido más antiguo de la tan resbaladiza palabra «raza». En su origen, remitía al sentido de casta y tribu, los linajes de los remotos inicios de la República romana y la representatividad de sus jerarquías sociales. Sin embargo, el progresivo colapso del Imperio romano, pasado el tercer siglo de la era actual, con la entrada de los pueblos germanos, insinuó un sentido nuevo a la palabra natio respecto a los orígenes de los invasores: era necesario distinguir entre godos occidentales y orientales, entre francos y lombardos, entre suevos y vándalos y muchos otros que siguieron llegando. Para la tradición histórica que se entendía a sí misma como de alguna manera neoclásica, se forjó el tópico de la «invasión de los bárbaros». La «entrada» de toscos y barbudos germanos, dispuestos a deshacer la civilización grecorromana cristianizada, fue vista como una tragedia, una puerta abierta a las épocas oscuras. Es un esquema que da por supuesta la calamidad cultural. En cambio, más adelante, la historiografía nacionalista alemana llamó todo aquello el Völkerwanderung, el «pasear de los pueblos». Sencillamente, desde la evocación de la otra parte, la infiltración e incorporación de forasteros (explícitamente de naciones) fue vivida como una mejora, y no una pérdida.

Los siglos posteriores al colapso del Imperio romano occidental quedaron subyugados por esta imagen de la herencia perdida, una perspectiva que acabó por transmitirse a los germanos: faltaba el «imperio» perdido y ello preocupó a visigodos, primero, y carolingios, después. Sí, era verdad que se había logrado una unidad religiosa, que se impuso el latín al griego en la alta cultura, que se fusionaron los estilos latinos con las usanzas germanas con el paso del tiempo, pero no hubo manera de rehacer el mito de la gran unidad que fue, y que de algún modo podría volver a ser. Todavía hablamos de esos tiempos de una manera absurda, como una Edad Media, es decir, un supuesto vacío entre dos plenitudes, entre el disiparse de la Roma antigua y el desvelarse del Renacimiento. Sea como fuera el desarrollo europeo, el despertar humanista, entre los siglos XIII y XV, se mostró capaz de formular el conocimiento en su totalidad como una confrontación entre la sabiduría «de los antiguos» y el despliegue de conocimientos «de los modernos».

Con ello se desvaneció la quimera de la unidad común necesaria. El ideal de cristiandad se deshizo reiteradamente: la separación del oeste latino y el este griego, en 1054; la confrontación de papas y emperadores, entre 1075 y 1124; o la ruptura interna del papado, entre 1378 y 1417. Tales tensiones perduraron hasta que la noción misma de un cisma occidental en el mundo cristiano quedó sellada con la reforma protestante. Con frecuencia se ha argumentado que el último paladín de la unidad de Occidente, tanto imperial como religiosa, fue Carlos de Gante, Primero de Castilla y Quinto del Sacro Imperio romano germánico, conocido como «el César». Durante el siglo XVI y buena parte del XVII, esta ruptura dominó las mentes europeas (las cristianas, pues en el espacio continental habitaban judíos y musulmanes). Hubo guerras sostenidas entre papistas y antipapistas. Las luchas y las negociaciones de paz comportaron nuevas definiciones políticas. El fracaso de Carlos V para sofocar por las armas a los príncipes protestantes alemanes llevó a la Paz de Augsburgo de 1555 y una componenda, la fórmula arbitraria de «cuius regio, eius religio» (según la religión del soberano, será la religión de los súbditos).

Reinos con religiones opuestas —católicos y protestantes— tuvieron que combatir; los creyentes heréticos políticamente en su interior y contra rivales de signo contrario en su exterior. La convulsión agotadora fue la Guerra de los Ochenta Años, de las Siete Provincias Unidas de los Países Bajos contra el dominio español, lucha extendida hasta la Guerra de los Treinta Años, que devastó las Alemanias. Ambos conflictos finalizaron en 1648 (el tratado de Münster entre la Corona española y las Provincias Unidas y la Paz de Westfalia). Se asumió como norma general que la política interior de un país era un asunto propio. A tal principio, se añadieron los acuerdos que cerraron el pleito entre la Corona de los Estuardo en Inglaterra y el parlamento: los bandos repetidamente enfrentados en guerra civil se convertían en bandos de las cámaras de comunes y de pares. Ser anglicano era gozar de derechos ciudadanos (es una expresión anacrónica, pues todo nace aquí, sellado en el determinante Bill of Rights o Declaración de Derechos de 1689).

Con este paso, se fija la pauta de lo que será el innovador mundo político-intelectual dieciochesco. Lo aclaro como teoría, para no complicar más la explicación. La política es poder hablar, pero la democracia no es mucho más que aceptar pactar expresiones, frases entre enemigos; los arreglos verbales entre amigos ni tienen mérito, ni dan seguridad. El trato o la negociación entre enemigos produce estipulaciones, o sea, leyes. Estas, a su vez, si son creídas por la población, dan lugar a instituciones y, por extensión, a una ciudadanía propiamente dicha.

Como ya se sabe de antemano que el acuerdo no significa lo mismo para las partes opuestas, hay que aceptar, aunque sea de modo tácito, la libertad de opinión. Aquí sí aparece la democracia, aunque sea de modo aún tenue.

Y como tarde o temprano el pacto sobre palabras se puede cuestionar o desarreglar, hace falta la supervisión externa. Los legisladores necesitan también acordar la validez de un juez, de una judicatura, que reinterpretará la representación del verbo, según las circunstancias, lo que, todo sea dicho, puede amenazar la libertad de opinión.

Lo que seguirá será la definición de los votantes para los representantes en el parlamento (representative government, o sea, gobierno representativo), que nace en las revoluciones de finales del siglo XVIII, pero será el gran tema del siglo XIX.

EL SEPARATISMO COMO IDEA PROTESTANTE

El protestantismo respondió con entusiasmo a la popularización lingüística —al abandono de la lengua culta generalizada que era la herencia del latín—, como ejemplifica la traducción de Martín Lutero de la Biblia, o, años después, la versión inglesa protegida del rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. En respuesta, el catolicismo argumentó con el máximo de latinismos su entusiasmo por la Contrarreforma. Pero la Iglesia romana (siendo los jesuitas los más enérgicos) no dudó en utilizar cualquier idioma —desde el hurón canadiense hasta el mandarín chino— para estimular la catequesis, un afán por el proselitismo que los protestantes no asumieron con un fervor semejante hasta el paso del siglo XVIII al XIX. Así entraron las naciones, por la puerta trasera de la religión y en una especie de Pentecostés político: todos, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, tras encenderse el fuego sagrado, «hablaron en lenguas».

Sin embargo, por muchas traducciones que estimulara, el catolicismo renovado enfatizó que era una Iglesia universal, un único poder divino en la tierra. No había salvación fuera de la institución constituida con sanción celeste, la Iglesia romana, y las potencias terrenales que esta ungía (a pesar de las frecuentes discrepancias del día a día). La salvación papista era y es jerárquica, por lo que los fallos humanos de un pecador concreto, como el cura que incumple votos, no afectan a su misión sagrada. No hay separación posible de la unicidad vertical. Sería una herejía reclamarlo.

Ahora bien, la Iglesia romana reconocía que el mundo secular era otro tema. Separar un territorio de mando terrenal de otros repartos de territorio a sus vasallos era algo que hacían los reyes constantemente, no era en sí nada chocante. Así lo demostró en 1645 el servidor de Felipe IV, el autor y militar de origen portugués Francisco Manuel de Melo (tras el pseudónimo de Clemente Libertino), al tratar como «separación» las primeras guerras catalanas del llamado Rey Planeta.

Hay que entender que el concepto de «separatismo» (junto con la idea de «autodeterminación») deriva del gusto por la escisión que marcaron los protestantes. Para ellos, la salvación residía en el vínculo entre la razón individual y Dios: si se equivocaban (lo que era fácil, en especial en la perspectiva calvinista), estaban eternamente perdidos; solamente su fe individual comportaba la salvación. Incluso era recomendable aislarse de la sociedad externa, tal como hicieron los «padres peregrinos» que crearon Massachusetts en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, o, con más extremismo, el modo en que se aislaron los posmenonitas en Suiza y luego en Pensilvania, a principios del siglo XVIII.

Hubo muchos «separatistas» a lo largo de la Revolución inglesa del siglo XVII, entre 1642 y 1659 (las fechas bailan según el historiador), con un sentido que indicaba una rebelión no ya ante la muy conservadora Iglesia regia, sino incluso del mismo presbiterianismo oficial y organizado: eran «independientes», «separatistas», «puritanos» o, tal vez la palabra clave, «congregacionalistas». Es decir, eran partidarios de que cada «congregación» estableciera sus reglas; a quien no le gustaran las normas auto-concedidas por el grupo podía marcharse y establecer su propia capilla o chapel. Por ejemplo, entre 1653 y 1659, en tiempos de la Commonwealth o República, se tenía a Oliver Cromwell, dictador o lord protector de Inglaterra, por un congregacionalista. Era muy común en las colonias británicas norteamericanas, sobre todo en la Nueva Inglaterra. De ahí la facilidad con que, en las colonias británicas de Norteamérica entre 1777 y 1787, se asumieron las soluciones confederales o federales para la causa «continental» o «patriota».

La fragmentación religiosa abrió progresivamente la percepción al peso de las naciones, a lo distintas que eran entre ellas: los católicos, fieles a la institución; los protestantes, en diálogo con la deidad..., hasta que todo este debate se secularizó con la Ilustración a lo largo del siglo XVIII. Incluso se sumaron una parte de los judíos, con su propia Ilustración o Haskalá.

¿CUÁL ES EL IDIOMA DE LA POLÍTICA?

En los siglos XV y XVI, las gentes de Europa ya se conocían entre sí: eran variadas y tenían rasgos de tiempos anteriores. Hubo una manifestación muy común entonces: abundaban las representaciones esquemáticas, presentadas en tablas, que señalaban (por decir algo) la diferencia entre un español y un italiano, entre un francés y un alemán, y así sucesivamente. Mientras tanto, en cada gran reino, donde se gozaba de teatro en lengua popular, vernácula, se señalaban las virtudes y los defectos de los habitantes de los distintos sitios vecinos, bajo una misma corona pero a menudo enfrentados entre ellos; salían las peleas interiores de los países entre sí, los tópicos, los odios y desprecios, hasta los insultos y a veces las simpatías. Fuera de la caricatura de las tablas, todos hablaban lo suyo y se hacían bromas sobre ello; los castellanos hablaban castellano, los aragoneses aragonés, los catalanes se expresaban en catalán. El poder se adaptaba como podía. Entre 1556 y 1598, la secretaría de Felipe II funcionaba como poco en castellano, catalán, italiano (con muchas variantes) y portugués; unos y otros se leían.

Pero, un siglo después, en el siglo XVII, la lengua vernácula ya marcaba una diferencia y había cambiado la capacidad de entendimiento. Para reforzar la imitación francesa del sistema burocrático español, entonces modélico, Luis XIV decretó el francés como lengua de la administración, y el patrón se consolidó. Cien años más tarde, José II de Habsburgo (que reinó sobre sus posesiones dinásticas entre 1780 y 1790) impuso el alemán como idioma vehicular en sus tan variadas tierras. Todo cambió y Austria por fin existía de modo tangible, con todas sus reglas. ¿Por qué la administración daba protagonismo a una nación y una lengua, y no a otras?

El poder, para convertirse en Estado —es un work-in-progress, que dicen los ingleses, un sistema en curso de elaboración—, necesita organización. Necesita ordenarse, regularse, normalizarse, reglamentarse, para cumplir con tareas cada vez más complicadas. Resulta mucho más fácil si todo se redacta en la misma lengua.

La lengua que gana el concurso para ser el vehículo de expresión de decretos e informes, todos calcados sobre una misma muestra, deja de ser habla para ser idioma escrito, que se enseñará en las escuelas de todo el territorio del príncipe en cuestión. Las demás formas de hablar se quedan en eso: serán dialectos. El castellano se convierte en español.

El catalán pudo haber sido escrito desde hacía siglos, pero daba lo mismo; era cuestión de eficacia. Un ejemplo: la novela Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, ya libro impreso en Valencia en 1490, fue el modelo de relato caballeresco, «obra especial», según escribió el mismísimo Cervantes; cuando los censores de la locura de Don Quijote culpan a sus libros de sus desvaríos y los queman, perdonan de la pira al Tirant, por su calidad, pues, como sentencia la figura del cura, «es este el mejor libro del mundo». Sin el respaldo de la naciente burocracia, el catalán no es más que una forma peculiar de hablar de campesinos, artesanos y pueblo bajo urbano, toda gente inculta.

La gran manía dieciochesca fue el orden: todo tenía que estar catalogado y en su sitio. Solo entonces habría efectividad; por tanto, energía del reino, fuerza y vigor, luego bienestar. Se aseguraba así el camino voluntarioso a la modernidad, que se vislumbraba un poquito más allá, tras el horizonte del futuro.

El latín pinchó como idioma universal europeo en el siglo XVIII, aunque científicos de países alejados como Suecia siguieron empleándolo. Es el caso de Carlos Linneo, el botánico y creador de la taxonomía moderna de todo ser vivo, que escribió en el viejo idioma europeo porque sabía que en sueco no le haría caso nadie. Creó sus obras importantes entre 1735 y 1753. Al morir en 1778, uno pudo preguntarse: ¿por qué no lo hizo en francés? ¿O en alemán? En todo caso, la taxonomía linneana aportó una primera herramienta científica para catalogar lenguas y, por extensión, naciones: la filología, fuente de la confusión sostenida entre habla, gente y raza.

LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS: DE DÓNDE VIENEN Y ADÓNDE VAN

«¿Qué importa todo esto?», dirán hoy los más exaltados, impacientes con sus simplezas y falsas certidumbres. Importa porque los hispánicos eran y son «más papistas que el Papa», y creen que hay que imponer la salvación legal a todo el mundo, si es necesario por la fuerza. Miren, si no, las manías de las izquierdas catalanas y españolas, que viven una convicción absoluta en la universalidad de su pensamiento y en el criterio de salvar a los demás.

Las palabras siempre han sido la magia grupal de la política contemporánea. Por ejemplo: el Diccionario de Autoridades, en el volumen de la Real Academia Española creada por Felipe V (fundada en 1713 y amparada por la Corona en 1714). Citemos el volumen de 1734, que incluye la letra N: «nacionalidad» es «afección particular de alguna Nación, o propiedad de ella». En contraste, «nación» es: «El acto de nacer. En este sentido se usa en el modo de hablar. De nación, en Lugar de Nacimiento: y así dicen, Ciego de nación. Lat. Nativitas». O sea, «nacionalidad» es más bien cercano a lo que ahora entendemos por «nacionalismo», sin llegar. «Nación» es un hecho pasivo; es derivado de aquel lugar donde nace cada uno y, por extensión, de cómo lo hace: es decir, se refiere al mundo de los compatricios.

Ahora, sin embargo, divirtámonos un poco. El historiador marxista británico Eric J. Hobsbawm —judío, nacido en Alejandría, formado en Viena y Berlín, y establecido, afortunadamente para él, en Londres desde 1933— culminó su extensa y rica obra con dos trabajos que sentaron doctrina sobre el nacionalismo, al menos en cuanto a España y las izquierdas. Me refiero a dos libros en concreto: un repertorio de textos críticos de varios autores titulado La invención de la tradición, aparecido en inglés en 1983, y un ensayo más dirigido al tema, Naciones y nacionalismo desde 1780, publicado originariamente en 1991. Historiador contemporáneo, a Hobsbawm le interesaba demostrar la construcción conceptual de los nacionalismos y rechazar las pretensiones de antigüedad que a menudo emplean los portavoces nacionalistas, incluidos los historiadores. Apuntó hacia unos cambios con la Ilustración del siglo XVIII, pero no clarificó los antecedentes, ya que las problemáticas de la historiografía modernista no le interesaron nunca.

Y aquí radica la dificultad, ya que el auténtico debate nacionalista, al menos en el ámbito hispánico, se encuentra entre los historiadores españoles (muy nacionalistas, aunque no lo creen), y los catalanes (que lo son explícitamente).

LOS PATRIOTAS, NO LOS NACIONALISTAS

El juego de las palabras es curioso. Primero, en inglés, aparece identificado etimológicamente hacia el año 1715 el término nationalist. Se entiende como un entusiasta de su país. Inglaterra está metida en combate contra Francia; son los años de la más dura lucha entre austracistas y borbónicos en la Guerra de Sucesión española. El partido de guerra inglés se identificó con la resistencia desesperada de los catalanes: en 1714 se publicaron opúsculos como The Case of the Catalans Considered o The Deplorable History of the Catalans. Sorpresa. La reciente historiografía catalanista —en verdad, nacionalista— se ha dedicado con entusiasmo a justificar el «austracismo» de la Guerra de Sucesión (con posibles fechas muy variadas, pero, para lo que aquí importa: 1705-1716). Estos historiadores han presentado la lucha contra los Borbones como una protesta de las capas medias catalanas contra el predominio aristocrático desde Castilla. Como un nacionalismo o, como mínimo, como un «proto-nacionalismo». Algo de ello habrá, pero sin exagerar. El hecho contemporáneo de la palabra nationalist les da cierta razón. Frente a sus críticos, trae frustración. No facilita el esquema tan generalizado entre mucha historiografía, que asegura que no había nacionalismo hasta la segunda vuelta de los ilustrados, en las últimas décadas del siglo XVIII.

¿Qué sucedió realmente? Pues que una palabra nueva, parecida pero diferente, borró el término nationalist. Se trata de «patriota».

Era una palabra surgida del contexto mediterráneo, que arrasó las mentalidades europeas y atlánticas. Los corsos se levantaron contra los genoveses en 1729 y mantuvieron el combate durante cuarenta años. Hubo intervenciones de las potencias: primero, los austríacos; después la vecina Saboya (recientes reyes de Cerdeña), los británicos y, sobre todo, la Francia de Luis XV. La lucha corsa —se llamaban «patriotas», ya que se reconocían entre ellos y negaban todo derecho a los opresores genoveses— inspiró la Europa ilustrada y también provocó una respuesta de rechazo.

Ya antes de mediados de siglo, el literato inglés Horace Walpole, aristócrata whig, ironizaba con que la declaración más contundente que un candidato oficialista podía hacer en campaña era decir que nunca había sido y nunca sería patriota. Con visita isleña y el libro de viaje publicado en 1768, el escocés James Boswell propagó la causa de los rebeldes y de Pasquale Paoli, reconocido como Il babbu di a patria (el padre de la patria), líder de la última fase de la resistencia. La agitación de Boswell obtuvo un gran éxito entre los más contestatarios.

En 1764, el famoso ginebrino Jean-Jacques Rousseau, en contacto con los escoceses (con quienes acabó peleado), hizo su aportación y ofreció a los corsos una constitución salida de su pluma, pero que no pudo terminar de redactar. Incluso la emperatriz rusa Catalina II —con ganas de meter la nariz en el Mediterráneo y todavía no endurecido su corazón contra patriotas como los polacos— ofreció una espada de honor a Paoli. Prudentemente, este se exilió en Londres, después de pasar por Viena.

En 1770, el fin de la revuelta provocó una Corsican crisis en la política inglesa, que llevó a la caída del gobierno whig del duque de Grafton. Fue reemplazado por lord North, más o menos tory, quien pronto hizo frente, con escasa elegancia, a la protesta de los colonos británicos en los puertos norteamericanos, alzados en queja general contra los impuestos y la regularización fiscal del imperio transatlántico. Los patriotas de Boston (Sam Adams, Paul Revere) provocaron a las tropas en la ciudad y estas dispararon a la turba portuaria: fue la masacre de marzo de 1770, que inició el camino hacia la revuelta armada que estalló en 1774 en Lexington y Concord, pueblos un poco más alejados del puerto bostoniano. Así, en poco más de un lustro, se pasó de il babbu a los founding fathers, que se inventaron los Estados Unidos.

A los ancianos más dotados de buena memoria en Londres, el hundimiento de Grafton y la llegada de North les pudo recordar las quejas por el abandono de los austracistas catalanes en 1714 por parte de la reina Ana de Inglaterra y los tories de Robert Harkley, cuando la muerte de la reina, ese mismo año, provocó un cambio y el monarca alemán destituyó y favoreció a los whigs.

Surge entonces una nueva palabra en inglés: nationalist, «alguien devoto de su país», usada en 1715 en un sentido que pronto estaría obsoleto.

Allí se quedó. Como palabra, nationalism no aparece en inglés hasta bien entrado el siglo XIX.

LA OLA REVOLUCIONARIA DE LA ILUSTRACIÓN

Insistamos ahora en el juego entre nationalist y patriot. Vale la pena repasar cómo se reemplazan.

Entre tanto ruido dieciochesco, emergió una palabra renovadora, que indicaba, en positivo, alguien tan partidario de su gente que está dispuesto a luchar y morir: era el término «patriota», del griego πατριώτης, que significa paisano, compatriota (en castellano, ambas palabras aparecen en el Diccionario de Autoridades), aquel que se reconoce como «de casa» en un puerto lejano. La palabra viajó por chapurreo desde los puertos del Levante, en la original lingua franca del Mediterráneo oriental (lo que hablaban «los francos», europeos, cristianos); y luego llegó al sabir (lo que decían todos, cristianos y musulmanes) de la marinería del Mediterráneo occidental. Ya hay rastro de patriote en el francés del siglo XV, siempre en el viejo sentido; en inglés, con igual significado, patriot o compatriotas, se encuentra a partir de finales del siglo XVI.

Pero la propaganda ilustrada transformó esta palabra y la convirtió en un éxito mundial. En 1764, los genoveses vendieron sus derechos sobre Córcega a Luis XV de Francia y, a continuación, sus fuerzas ocuparon la convulsa isla. El secretario de Paoli, un tal Carlo Buonaparte, pasó al servicio real francés. Más o menos cuando abandonaba la isla, en agosto de 1769, su esposa Letizia, ya madre de otras criaturas, parió un niño, Napoleone, quien rehízo por completo todo el mapa de Europa entre 1799 y 1815. Antes, sin embargo, entre 1789 y 1793, el joven Napoléon (ya escrito en francés) se dedicó a la tumultuosa política corsa y fracasó. De resultas, se hizo mentalmente francés.

¿Y el término «patriota»? Los rebeldes antifiscales de las colonias británicas en Norteamérica, defensores del tráfico ilegal con las Antillas y contrabandistas convencidos, en plena presión metropolitana, lo tomaron como definición. Después les copiaron los republicanos de las Provincias Unidas de los Países Bajos, luego los contestatarios polacos contra Rusia, y finalmente, en 1789, los revolucionarios franceses. Pero no significó lo mismo en todas partes, más allá de indicar que cualquier lucha patriótica era asimismo un combate por la libertad.

En Córcega y en Norteamérica, «patriota» quiso decir «separatista». En la isla mediterránea, era una ruptura con un régimen de ocupantes y colonos extranjeros, que, por miedo, no toleraban a los indígenas dentro de sus asentamientos. En Norteamérica, los colonos se lo habían quedado todo —asentamiento y bosque— con la convicción de servir al Dios protestante mediante su individualismo. Su afán por su «congregacionalismo» (cada capilla o congregación seguía su propio criterio) llevó a una suerte de tolerancia, que enfatizaba lo que se creía en común, sin enfatizar las discrepancias. Ello derivó en un sentimiento federal o confederal, como en los cantones suizos, con criterio estricto de conformismo en una colectividad fiel y practicante y flexibilidad con los vecinos.

Así, en la Norteamérica rebelde, se consagró el ideal del veto interior de la congregación y el entendimiento y la negociación con las demás congregaciones: era muy fácil extender el concepto a la comunidad propia y a las demás comunidades políticas vecinas. La primera moneda federal —no de un Estado, sino del naciente «gobierno federal»— acuñada en 1787, el llamado fugio cent (céntimo fugio), tenía como lema la frase «Mind your business» («Ocúpate de tus asuntos», pero con el sentido de que «No metas las narices en temas ajenos»). Avisaba con un reloj de sol y el término fugio («huyo» en latín) de que el tiempo pasa tan rápidamente como las oportunidades. Añadía una cadena que rezaba «We are one» (somos uno), que era literalmente la otra cara de la moneda.

Entendamos mejor el marco. A pesar del éxito felipista (borbónico) de 1714 al asaltar la sitiada Barcelona —esfuerzo culminado al año siguiente, con la olvidada toma de Mallorca—, y el esfuerzo por controlar administrativa y militarmente todos los territorios rebeldes con la Nueva Planta, en 1716 el interés de los nuevos reyes españoles no se centraba en la península Ibérica, sino en el otro lado del Mediterráneo occidental. Gracias a la excitación de Felipe V y la fecundidad de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, los Borbones españoles, a veces contra la voluntad de sus parientes reales en Francia, dedicaron energía y recursos a (re) establecer a sus herederos en los tronos italianos.

En la Cataluña del siglo XVIII, los temas de la Guerra de Sucesión se olvidaron, como sucede con todas las guerras. No ocurrió lo mismo con el considerable exilio «austracista» —español y catalán— en Transilvania u otros puntos de necesidad imperial de los Habsburgos, donde los emigrados podían rememorar y reinventar su causa perdida. Las tierras de la desaparecida Corona de Aragón, ahora por derecho de conquista parte de la España borbónica y del estilo de mando castellano, fueron pacificadas y desarmadas (como harían los ingleses con Escocia después del alzamiento jacobita —otro pretendiente regio— de 1745). En consecuencia, los catalanes empezaron a dar mayor énfasis a la tarea productiva y comercial y al esfuerzo de hacer dinero.

EL NACIONALISMO COMO INSPIRACIÓN QUE MADURA EL PATRIOTISMO

Fue una señal de los tiempos. A lo largo del siglo XVIII, las guerras derivaron su sentido político de la legitimidad dinástica: entre 1689 y 1779, hubo las luchas por la sucesión inglesa, la española, la polaca, la austriaca y la bávara. Estos conflictos, con ejércitos altamente profesionales, cedieron sutilmente a las guerras de soberanía popular, con unidades de combate más informales, de lo que entonces se llamaba la causa de los patriotas, a partir de la interminable revuelta de Córcega (1729-1769); la rebelión de las colonias americanas británicas contra el Parlamento de Westminster y el rey británico, 1775-1783; la revolución holandesa de 1780-1787; el Stronnictwo Patriotyczne en Polonia, en 1788-1791; y, finalmente, la gran Revolución francesa de 1789. El patriotismo del siglo XVI culminó con la lucha española (y catalana) contra los invasores franceses de Napoleón, primero con el ejército real (la victoria de Bailén en verano de 1808) y después con la lucha en pequeño, del todo irregular y con «guerrilla», palabra difundida mundialmente desde entonces.

Vamos a añadir la broma final: en francés, la palabra «nacionalismo» es un neologismo tardío: sencillamente es national, palabra conocida, más -isme. La inventó el abate Augustin Barruel, jesuita exiliado que, en 1799, en su libro Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme (publicado en Londres en cinco volúmenes entre 1797 y 1803), creó la teoría según la cual la Revolución francesa fue obra de las logias masónicas al calor del pensamiento ilustrado.

En esos años, otros autores franceses divulgaron esta interpretación, algunos anónimos, como Jourde, y algún personaje curioso como Charles-Louis Cadet de Gassicourt, el típico francmasón medio arrepentido, medio fantasioso. En su exilio británico, Barruel (aunque jesuita) se entendió bien con el escocés y protestante John Robison. Este autor publicó en 1797 su obra Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa —seguía con un largo subtítulo que indicaba que estaba realizada en los encuentros secretos de los francmasones, los Illuminati, las Sociedades de Lectura, etc., todo recogido de buenas fuentes—. En ella apuntó a toda una línea antimasónica que surgió de la paranoia protestante sobre los Illuminati bávaros, y no a la rabia contrarrevolucionaria católica contra el Gran Oriente del duque de Orleans, tan lanzado que se quiso llamar a sí mismo Philippe Égalité. Aunque no se habían leído, Barruel y Robison habían llegado a las mismas conclusiones.

Un detalle ambiental: camino del destierro, Barruel quizá pasó por Barcelona; en todo caso, su obra fue traducida en 1813-1814 por mosén Ramon Strauch i Vidal, nombrado obispo de Vic en 1816 y asesinado por los liberales en 1823. Barruel fue muy influyente entre la extrema derecha decimonónica del mundo católico (la versión de Strauch aún se reeditó durante la Primera República española, en 1873). Dicho brevemente, para Barruel, Francia, la patria de los patriotas, la grande nation era una conspiración nacionalista. Pero con un significado nuevo. Hasta entonces, la idea de «nación», lo «nacional», más o menos por todas partes implicaba el tejido social, lo que se empieza a llamar por entonces «la sociedad civil», tal como lo retrató el escocés Adam Ferguson en su exitoso libro An Essay on the History of Civil Society (1767).

El romanticismo alemán tomó la imagen francesa del nacionalismo y, desde poco antes de 1789, lo reinventó a su manera, como amor a la tierra natal y a sus vecinos, de sangre común. Por entonces, en la segunda década del siglo XIX, todos los «liberales» (palabra francesa, popularizada desde España y divulgada por sus combativos «patriotas» antinapoleónicos después de 1808) lo copiaron.

Para resumir todo el argumento, tal vez, a principios del siglo XVIII, sí hubo nacionalistas pero no nacionalismos. De nuevo nos ayuda la etimología del inglés. El término nationalism es una palabra política que surge a principios del siglo XIX en Estados Unidos. Hacia el año 1836, los protestantes evangélicos, en pleno debate, lo utilizaron como «la elección divina de las nations», igual que los judíos del Antiguo Testamento, y ahora, por ejemplo, los mismos estadounidenses. Esta idea religiosa en el catolicismo era un galicanismo, la idea antigua de una Iglesia «realista» en Francia, que se hunde con la gran revolución a partir del intento de la Constitución del Clero de 1791. Pronto, hacia 1844, nationalism pasó a significar el fervor respecto al país propio, como, en Estados Unidos, el entonces ardiente manifest destiny («destino manifiesto», el derecho estadounidense de ir de costa a costa del continente), traducido en inmensas ganas de atacar a México en 1845 y quedarse con la mitad de su territorio, en 1848.

Actualmente, vivimos como si las palabras no cambiaran nunca. Recordemos que hoy, en catalán y en Cataluña, «Visca la República!» explícitamente no es un grito español, sino que reclama la bandera separatista, la estelada.

EL VOCABULARIO POLÍTICO CATALÁN: EL «CATALANISMO»

Como se puede constatar, no disponemos de una definición muy sólida que determine qué es un nacionalismo.

Obviaré la vasta literatura de politólogos e historiadores en varios idiomas, sobre todo en inglés. Se citan abundantemente los unos a los otros, pero en general hay un escaso trabajo de campo, en el cual con frecuencia los contactos han estado como mínimo sesgados (cuando no han sido, además, superficiales).

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (y ahora también de las muchas academias hispanoamericanas consorciadas) nos da dos versiones de la idea de nacionalismo, una individual y otra colectiva. Dice, en primer lugar: «Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia». Luego añade: «Ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado». Quedémonos con estas desambiguaciones. El sentimiento individual, multiplicado hasta ser una «esencia de nación» (lo que es suponer mucho, pero que resulta coherente con cualquier doctrina nacional concreta), dicta la diferencia. Sin disparidad no hay sentido de especificidad; no hay, según reza el tópico catalán, fet diferencial (hecho diferencial). Literalmente, la desemejanza, la disimilitud, da la razón del ser colectivo desde la percepción personal, al menos según la lógica del diccionario.

En el catalanisme, por definición, tal diferencia está enraizada en el idioma. Catalanisme es una voz del todo paralela al término estadounidense americanism. Esta se encuentra en el siglo XVIII como giro lingüístico propio de las colonias norteamericanas y adquiere sentido como modo de ser estadounidense hacia 1845, con la guerra con México y el manifest destiny. Como sucede en inglés según el Oxford English Dictionary, pasa luego en castellano (véase el mismo Diccionario de la Lengua Española, que da primero «locución peculiar del catalán», y, después, «amor o apego a lo catalán», sea lo que sea).

Se empieza por el modismo y esa expresión se convierte en el resumen de un estado del ser. Hoy Americanism es la afirmación del american way of life. En catalán, fue Valentí Almirall, que conocía bien el contexto de la federación republicana norteamericana, quien inventó el uso político del vocablo. Resulta más que probable que conociera la ya característica expresión estadounidense; había escrito extensamente sobre el país y su sistema político. Sin ir más lejos, en su Estudio político sobre los Estados Unidos de América (1884). Y en 1886, publicó su libro más importante: nada menos que Lo catalanisme. Era la teorización de lo que él llamó «particularismo». Retenía una herencia histórica imborrable que debía dar pie a un reconocimiento constitucional.

Visto el triunfo unionista (federal) contra los sudistas «confederales» en la guerra civil norteamericana de 1861-1865, Almirall necesitaba una respuesta política que no estuviera ya derrotada, caduca. La secesión como tal, vista la brutal derrota del sur, no era viable. Pero había otros eventos que insinuaban posibilidades. En 1867, algunas colonias británicas al norte de Estados Unidos se unieron y convirtieron en «provincias» de una nueva «confederación», un Canadá fundido, preconcebido: era un ente que, a su vez, se constituyó en dominion, o sea, una comunidad política británica especial, en muchos sentidos entre autónoma e independiente. Por razones que ahora se explicarán, Almirall no deseó mirar a la Europa de los años sesenta y setenta del siglo XIX y sí a Estados Unidos. Sin llegar a la ruptura, el particularismo de Almirall quiso dar sentido a «las Españas» frente a la España ideal, enfatizada por el caudillo liberal-demócrata Joan Prim y su socio, su ministro de Hacienda, Laureano Figuerola, en la «Gloriosa Revolución» de septiembre de 1868.

CUBA Y EL SEPARATISMO

Como ya hemos visto, «separatismo» fue un término religioso y político de la Inglaterra del siglo XVII (y la Norteamérica británica) para referirse a la tendencia de los disidentes de la Iglesia anglicana establecida (o sea, la oficial), que comportaba derechos políticos, sobre todo después de la Gloriosa Revolución de 1689. Este hecho, que ayuda a explicar la cultura federal y de respeto de los espacios políticos alternativos, era conocido en Cataluña, puesto que España —mediante Cuba, la Gran Antilla, también Puerto Rico— era vecina directa de los Estados Unidos, con una frontera por la que circulaba de todo. Es más, Cuba formaba parte de las tierras que ambicionaban los sudistas norteamericanos, líderes del capitalismo agrario mundial que nutría de algodón a las fábricas de Manchester (y de Barcelona). La Gran Antilla estaba llena de hombres de negocios estadounidenses: las ideas «americanas» corrían por los mentideros cubanos, de un modo muy ajeno a la aislada vida peninsular española. Pero desde La Habana —entonces centro editorial tan importante como Madrid o Barcelona— llegaban las informaciones a quien quisiera escucharlas.

Un ejemplo catalán: en la primera versión del Diccionari de la Llengua Catalana de Pere Labèrnia, publicado en 1839-1840, se explicita con acierto su origen protestante: separatisme es una «secta herètica d’Inglaterra», y cita el término en castellano y alemán, para añadir el nominativo separatista, entendido —en catalán prenormativo— como «sectari del separatisme, que no convenien en la llengua de la iglesia [sic: Església] anglicana» (sectario del separatismo, que no convenían en la lengua de la Iglesia anglicana), lo que mostraba una marcada confusión entre la lengua religiosa y la política. La segunda edición del Diccionari de la Llengua Catalana, en la década de 1880, más de veinte años después de la muerte de Labèrnia, plasmó literalmente lo mismo.

El término no tenía todavía resonancia política peninsular. Pero en el Caribe, sí: la idea del «separatismo» se hizo común a partir de la tremenda Guerra de Cuba, la llamada «Guerra larga» de 1868-1878, que vino a continuación de la «Guerra secesionista», la «rebelión de los estados sudistas» contra el «unionismo», en 1861-1865. En los años inmediatamente anteriores a la explosión de 1868, los inmigrantes peninsulares (incluidos muchísimos catalanes) se organizaron como «españolistas». Es decir, como tales eran socios del recién fundado Casino Español, asociación social de los inmigrados peninsulares, con un fuerte carácter político, en gran medida el odio a los negros libres y los libertos, con los que competían en el mercado de trabajo. Con gran rapidez, por toda la isla se extendieron filiales del Casino Español, con el objetivo de divulgar el «españolismo» y, de pasada, el rechazo a cualquier equiparación cuidadana afrocubana. Con la guerra civil que estalló en 1868, y más tarde, se denominaron, con orgullo, «incondicionales», por la firmeza de su españolidad.

¿Quiénes eran sus enemigos (además de «los negros»)? Pues los «separatistas», claro. Ya en 1851, con la fracasada rebelión de Narciso López, por influencia estadounidense, en la Gran Antilla se empezó a plantear una independencia que miraba al «anexionismo», sudista y esclavista. Otros cubanos, sin embargo, en la misma lógica norteamericana, eran abolicionistas, pero también partidarios de un vínculo cercano, a través del estrecho de la Florida, con el vecino cercano y rico: en 1865, con el fin de la guerra civil en Norteamérica, los republicanos norteños, «unionistas», triunfantes ante los demócratas sudistas, «rebeldes» y «secesionistas», no dejaron de mirar a la Gran Antilla con similares ojos «anexionistas» a los derrotados. Si ya eran abolicionistas en cuanto a la esclavitud, seguían con un ánimo similar de agregarse al renovado poder estadounidense. Con odio al «yanqui» (por añadidura a los «separatistas» y a los «negros»), los «españolistas» miraban a Cádiz y a la España peninsular, a su ejército y armada, y se hicieron «voluntarios», en una tropa irregular.

Vinieron entonces casi treinta años de guerras civiles muy crueles en «la más fiel isla». Miremos una historia paralela: trata de un chaval en Vilanova i la Geltrú, que tenía unos nueve años cuando Carlos Manuel de Céspedes dio lo que la historia nacional cubana llama el «grito de Yara», el 10 de octubre de 1868. Por entonces, el chico decidió hacer carrera militar, animado por su padre, que era un modesto comerciante de aceite de oliva entre Borjas Blancas, Vilanova y, gracias a un pequeño faluche, hasta Barcelona. El padre era un admirador entusiasta del conde de Reus, el general Prim, así como conocido del portavoz del ilustre militar, el novelista, dramaturgo e historiador Víctor Balaguer, cada vez más cansado de Barcelona y más atraído por Vilanova. Como demostraba la trayectoria del mismo Prim, la carrera militar era una vía de ascenso social, y al muchacho —se llamaba Cisco Macià— le funcionó, pues llegó a teniente coronel del cuerpo de Ingenieros, con un buen matrimonio.

Cuba le hizo una sombra ominosa a Macià durante buena parte de su juventud. Al principio era un españolista animoso y quiso ir a combatir en el Caribe. Luego se lo pensó mejor, sobre todo pasado el desastre de 1898, que le hizo culpar a los liberales, a los que su padre tanto había querido: su primera intervención sonada en el Congreso fue acerca de las «vergüenzas» liberales en las guerras.

Pero veinte años más tarde, en 1918, Macià se inspiró —en algún grado— en el ejemplo cubano, el único separatismo exitoso tras la pérdida de la llamada «tierra firme» española en la década de 1920.

El indicio más explícito de la herencia catalana del separatismo cubano fue la bandera, la estelada. El triángulo rojo, con la estrella blanca de la libertad, sobre bandas azules y blancas. El diseño coincidía con la bandera portorriqueña, que era igual pero con los colores invertidos: el triángulo azul y las franjas rojas, como en la enseña estadounidense.

Las comunidades catalanas de Cuba se plantearon adaptar los diseños antillanos a Cataluña. El primer proyecto fue un rombo azul con estrella blanca en medio de la senyera, la clásica bandera catalana de cuatro barras rojas sobre fondo amarillo o dorado. Se diseñó en Santiago de Cuba y circuló entre los clubs separatistas en las Américas y Francia, así como en Cataluña.

Finalmente, en 1917 y en Barcelona, el militante nacionalista Vicenç A. Ballester, con vínculos cubanos, realizó un diseño adaptativo: triángulo azul y estrella blanca sobre las cuatro barras rojas y doradas de la señera catalana. Fue un éxito instantáneo, cuyo mensaje era inmediatamente reconocible.

EL RACISMO IDEOLÓGICO LLEGÓ DE CUBA A LAS ESPAÑAS

Casi coincide la revolución en Cuba con la que estalló en España, en septiembre de 1868. Recordemos que Cuba seguía siendo esclavista más de tres años después de la derrota de la confederación sudista por los federales del presidente Abraham Lincoln y su comandante, el general Ulysses S. Grant. Tal como hemos visto, en la devastadora «guerra larga» de Cuba, iniciada en octubre de 1868, se definió el sentido del bando antiseparatista (luego también antirrepublicano) como españolista por antonomasia. Organizados como fuerzas irregulares o «voluntarios españoles», no dudaron en insubordinarse, como hicieron con el general Domingo Dulce en 1869.

El españolismo comenzó, como ya se ha visto, con la red de Casinos Españoles, que, a partir de un primero acordado en La Habana en 1867, se extendieron por la Gran Antilla. Los españolistas articularon el sentido identificativo de la lucha contra el separatismo: se debía parar por completo a los mambises (los partidarios separatistas de Céspedes, alzado en armas contra el dominio español en Cuba) y, por supuesto, a la «negrada» (pues Céspedes se nutrió de tropa de color, negros y mulatos, muchos de los cuales tenían experiencia de combate durante la lucha española para retener Santo Domingo entre 1863 y 1865).

Por si alguien pudiera dudarlo, el españolismo fue conservador, antiliberal. La derecha isleña se definió por el «incondicionalismo», por ser españoles incondicionales, sin concesión o componenda posible a quienes entendían como un enemigo no ya social o económico, sino, además, racial.

Por todo ello, la primera guerra civil cubana, terminada por el general Arsenio Martínez Campos en la Paz de Zanjón de 1878, fijó el sentido del nacionalismo estatal peninsular. Si el españolismo había combatido contra la secesión cubana en una contienda feroz durante una década, así seguiría aplastando la rebelión la «guerra chiquita» de 1879-1880, en la lucha contra el bandolerismo mambí de los años siguientes. Finalmente, afrontó como guerra total la resistencia frontal a lo que los nacionalistas cubanos bautizaron como «Guerra de Independencia», entre 1895 y 1898, que terminó cuando las fuerzas metropolitanas perdieron el control del mar ante una contundente intervención estadounidense.

Para la tradición española peninsular, fue más que una derrota. Tuvo un significado simbólico que, unos años más tarde, creó la crítica noventayochista, la marca de toda una generación humillada. La repatriación de gentes y capitales tuvo un profundo efecto en España y, en primerísimo lugar, en Barcelona. En 1899, del trauma del retorno nació el catalanismo intervencionista, el nuevo nacionalismo político liderado por Enric Prat de la Riba y ejemplificado, primero, por el Centre Nacional Català y, en 1901, la Lliga Regionalista, surgida a tiempo para mostrar su éxito en la capital catalana en los comicios legislativos en mayo de ese mismo año.

Con el fin de la inacabable guerra antillana, tanto el españolismo como el catalanismo quedaron profundamente manchados por el racismo inherente a la sociedad cubana. La Ley Moret —primero como manumisión «de vientre» (o sea, a los recién nacidos) y finalmente a todo el mundo: en 1873 en Puerto Rico, en 1886 en Cuba— acabó el proceso de abolición, como casi el último país de las Américas. Faltó poco: la heredera al trono de Brasil era una acérrima abolicionista que impuso la Ley Áurea en 1888, y, en consecuencia, al año siguiente, cayó el imperio y se impuso la república manu militari.

Todo lo que llegó de Cuba tiñó el ambiente de las Españas. Marcó el naciente nacionalismo vasco de los hermanos Arana, que no dudaron en plantear que los bizkaitarras, al ser todos hidalgos, para nada tenían que ver con los latinos fuera de su soñada Euskal Herria, todos extranjeros, que, por ser íberos, eran africanos o, peor, semitas. El discurso excluyente coloreó los periódicos durante la contienda cubana en la década de 1890. Incluso en la prensa republicana de Barcelona, fue representado como una literal «merienda de negros», mientras el general Valeriano Weyler llevaba a cabo un intento pionero de guerra total para aplastar tan oscura rebelión, que le comportó el sobrenombre de el Carnicero. Autores modernistas de medios catalanes —muy notoriamente, Pompeyo Gener— insistieron en el lenguaje racista de una España semítica y oscura frente a un norte rubio; los tópicos generalizados en los escritos del conde de Gobineau a mediados del siglo XIX y popularizados en Alemania tenían profundas fuentes estadounidenses.

TRADICIÓN Y LEGITIMIDAD

¿Cómo se pasó en Cataluña de ser patriota a ser nacionalista? ¿Qué significó ese cambio? Entendamos en primer lugar las continuidades dentro del pensamiento político catalán. El tema clave, lo que mantiene el arco histórico, el peso y contrapeso, de los discursos catalanes ha sido la idea de «tradición». Fue el título del más famoso libro de finales del siglo XIX, La tradició catalana del obispo Josep Torras i Bages, aparecido en 1892. Afirmar el peso de la tradición, su importancia decisiva, no es más que la idealización de la continuidad. Por lo tanto, defender la tradición es ratificar la legitimidad propia: era obligado frenar todos aquellos planteamientos que podían ser vistos como amenazas a la forma justa de ser de un colectivo. Reforzar tradición y legitimidad no significan solamente orden o conservación.

En este sentido, hasta las izquierdas (fuesen las que fuesen) defendieron esta combinación, en tanto que significaba un buen gobierno. Jamás se plantearía un cambio que no fuera legítimo, por lo que se podía evocar el ideal de una revolución. En Cataluña, desde el siglo XV y hasta hoy, la revolución se entiende —como mínimo por algunos sectores, capaces de hacer llegar su mensaje a la sociedad en general (sin necesariamente ser creídos)— como algo del todo legítimo y, de haberse intentado tantas veces, plenamente tradicional.

La relación entre los conceptos de tradición y legitimidad han resumido la vida política catalana, pero con contradicciones. Puede comportar todo lo contrario al statu quo, al estado de cosas tal como se encuentra en una coyuntura determinada. Por tanto: contestación airada, protesta en la calle en nombre de la vida institucional, incluso revolución —«el girar de la truita» (dar la vuelta a la tortilla)— en nombre de una legitimidad supuestamente ultrajada. Se ha querido simplificar este juego complejo con la contraposición del seny (juicio, cordura, pero que se puede perder; utilizo el Diccionari de Pere Labèrnia, en la primera edición de 1839-1840) y la rauxa (una idea súbita, caprichosa, probablemente belicosa, que Labèrnia vincula con un calambre, como una especie de rampa de nervios). El historiador Jaume Vicens Vives (muerto en 1960), que tanto ha influido en la percepción interna y externa de Cataluña, quiso establecer un juego de dualidades en las actitudes catalanas: montaña y mar, como maneras de entender la terra y la perspectiva marítima de los autóctonos, con la alternativa de seny y rauxa como sus formas de expresión extremas.

La legitimidad, en tanto que tradición, puede inspirar la tranquilidad de una continuidad institucional, sea esta poseída o tan solo deseada. Pero la sensación de perder la legitimidad acostumbrada provoca el estallido, siempre según el esquema de Vicens Vives. El patrón antiguo nos retrocede hasta tiempos de los Trastámaras. En la montaña, entre una orografía abrupta e incómoda, se generaba un tipo específico de violencia, un bandolerismo endémico. En las ciudades costeras o de llanura, con sus calles rectas de ensanche o sus callejuelas de casco antiguo, surgía igualmente la respuesta destructiva, las ganas de castigo a quienes cuestionaran las verdades conocidas. Pero las peleas urbanas son de «bandos». En catalán, una y otra forma de agresión son conocidas con una misma palabra, muy elocuente: son bandositats; en castellano, curiosamente, no existe un equivalente literal y la traducción sería «particularidades», lo que nos lleva a «particularismo».

Por tanto, en el marco catalán, legitimidad es sinónimo de legalidad, pero con la implicación de la sanción social y no judicial. Si la ley intuitiva (por común) y la de los libros se confrontan, habría brega, pues la tradición sanciona (como ratificación o castigo) la disputa.

La legitimidad de Cataluña, al ser tradicional, histórica, incluía el principio de que su plena realización como comunidad, como colectividad, implicaba su peculiaridad, su excepcionalismo y, por tanto, un reconocimiento de su dret a decidir (derecho a decidir) o, lo que es lo mismo, al veto en todo tema que le afectase directamente, en su seno.

Así, en Cataluña, el discurso de los patriotas remite al juego ancestral de tradición y legitimidad, con sus altos y bajos (en términos vicensianos, su seny y su rauxa). En una sociedad muy católica, con la salvación personal siempre situada en la institución ungida con consentimiento divino y no en el individuo, el período de 1808 a 1840, desde el comienzo de la invasión francesa hasta el final de la primera guerra carlista, hizo trizas tanto a la Iglesia (con la culminación en las desamortizaciones progresistas de 1836 y 1841) como al Estado, reducido en poder a su ejército, dividido entre la Corona y las Cortes.

Desde sus manías especiales, los liberales catalanes se sumaron al discurso de la reconstrucción de España, incansablemente discutida y nunca realizada.

LA CIUDAD Y LA MONTAÑA EN CATALUÑA

En toda España, el siglo XIX fue una guerra civil constante, pero en Cataluña se acercó a permanente. La montaña y la ciudad se enfrentaron en una pugna no solamente física sino moral. El bandolero y el mosso o el miliciano (de la «milicia nacional» de las zonas urbanas) se castigaron sin cesar.

La Revolución de 1868 suprimió, por suponerles reaccionarios, al cuerpo policial de los Mossos de Esquadra, pero subsistió la tensión larvada en el campo, de la montaña hacia la ciudad: Barcelona, pero también Reus y el espacio «civilizado», o sea, literalmente urbano. Las milicias nacionales, conscientemente «ciudadanos», subían desde el ámbito urbano a la montaña y procedían sin simpatía, sintiéndose en territorio enemigo. Las partidas carlistas, con cuadros y dirigentes curtidos —que habían luchado contra Garibaldi en Calabria y la Puglia en la década de 1860—, asaltaron las ciudades menores (Reus o Puigcerdá) como quien conquista tierra de moros, núcleos de infieles con luz de gas que permitían el acceso de los trenes a las tierras altas. Esta temática, ya literaria, todavía subsistió en el fin de siglo. El dramaturgo Àngel Guimerà retrató en su Terra baixa (1896) la corrupción de la vida urbana, el cacique urbanizador y el pastor libertador. A remarcar: esta obra se convirtió durante medio siglo en un éxito mundial y fue traducida a muchas lenguas, además de inspirar numerosas películas mudas y el libreto de dos óperas —siendo, la versión alemana, una de las favoritas del conocido melómano Adolf Hitler, quien pagó de su bolsillo a su cineasta favorita, Leni Riefenstahl, para que realizara una nueva versión cinematográfica. Tal éxito indica, cuanto menos, que se trata de un tópico común en la Europa del siglo XX.

La lucha entre la montaña y la ciudad es la auténtica pelea interna catalana. ¿Quién es más legítimo? ¿Quién representa la continuidad del país, la idiosincrasia vista desde dentro?

Pero si la desconexión se plantea desde fuera (perspectiva que, con diferencias, incluye a los españoles, los de Madrid), la expectación se centra en las ideas expresadas, mientras la interna enfatiza los comportamientos.

Desde fuera de Cataluña, se supone que el nacionalismo catalán es consecuente: desde el principio, aspira a la independencia en la medida en que no deja de aludir a ella. Pero resulta que, en la cotidianidad interna catalana, los cálculos son variados, resultan tácticos más que estratégicos, y siempre se muestran cargados de personalismos, con figuras tóxicas y amistades improbables. Históricamente, ha predominado lo pragmático, el cálculo práctico a corto plazo, y con muchas y variadas vinculaciones españolas.

La historia y la geografía pueden intoxicar. Así que hay alusiones francesas revolucionarias —con la guerra de 1793-1795, con la administración militar napoleónica del general Pierre Augereau en 1810— a una Cataluña definida (hasta a veces republicana), como parte de una voluntad de anexión. Hay algún afrancesado catalán, como Tomàs Puig i Puig, que aportó los datos y realizó las traducciones necesarias (los franceses, ni idea). Pero eran alusiones sin sustancia ni credibilidad.

Ahora bien, estos recuerdos inspiraban bastante literatura, que, tras el decorado de tal o cual época, daban vueltas sobre lo mismo de siempre: la ciudad y la montaña, sobre quién era más tradicional y, por tanto, legítimo. A su manera, la censura catalana, la división interna, conectaba con la experiencia de la revuelta catalana de 1640, con la fugaz figura de Pau Claris como proclamador de la libertad, y con una larga y desgraciada ocupación francesa que supuso la partición: en 1659, los condados del Rosellón y parte de la Cerdaña quedaron bajo Luis XIV. Los tiempos del romanticismo —marcados por mucha presencia francesa, como la invasión antiliberal de 1823 y la ocupación militar hasta 1827— crearon un repertorio de antecedentes históricos aplicables en un relato intercambiable.

El tópico más importante fue la idea de que la victoria de las armas borbónicas sobre las austracistas en 1714 supuso el fin de las libertades catalanas, la desaparición del Antiguo Régimen anterior a 1700 surgido de las costumbres y los hábitos legales de los Habsburgo, y la castellanización activa por decreto desde el final de la guerra civil, en 1716.

Todo esto es retórica, bagaje historicista que permitió que circulasen fantasías o bulos en el turbulento liberalismo insurreccional tras la muerte de Fernando VII, en 1833. ¿Se podría gestionar una separación catalana? Corrió alguna acusación, sin mucho contenido.

Algo parecido sucedió cuando, al terminar la gran guerra civil de carlistas e isabelinos (1833-1839), se cerró por fin en Cataluña, por cuyo sur corría el temido Tigre Cabrera, hasta 1840. El episodio de los matiners (o madrugadores, a veces llamada la Segunda Guerra Carlista) en 1846-1849 creó más fantasía especulativa: ¿hasta qué punto no se podría unir el federalismo republicano y el foralismo carlista en una mescolanza catalana? De nuevo, pirotecnia con ruido y sin continuación conceptual.

Mucho más éxito tuvo la iniciativa liberal de llevar, en 18591860, a unos escasos centenares de voluntarios catalanes a luchar a Marruecos con el general liberal Joan Prim. Con un escritor de talento como publicista, Víctor Balaguer, unos incidentes se convirtieron en gesta de guerreros, pero españoles, si bien en el cálido medio catalán todo se combinaba y se fundía.

Desde los años cuarenta en adelante, la situación de guerrilla fue endémica, y pasear por la campiña, un ejercicio arriesgado. Finalmente, hubo tranquilidad suficiente para que se pudiera explorar el propio pasado por caminos y andurriales. Allí se veían ermitas abandonadas, castillos en ruinas, monasterios prácticamente desiertos tras la desamortización de Mendizábal en 1836, otros quemados... en conjunto, una letanía del maltrato que la historia patria (¿o fue la española la que hizo tantos estragos?) había infligido a la terra, al país y al campo catalanes. Se podía interrogar a los payeses, no sobre política todavía, sino por sus romances y canciones, para recoger variantes y clasificarlas. El folclore era como la caza de mariposas; servía para ordenar las canciones y los cuentos, cada ejemplar pinchado sobre su alfiler, luego metidos en distintos cajones; pero estos pasatiempos culteranos dieron sentido al romanticismo maduro y abrieron el camino a las «ciencias positivas» de la segunda mitad del siglo XIX.

En tiempos del Sexenio revolucionario (inspirado por Prim), algunos primerizos excursionistas, dispuestos al redescubrimiento del interior de Cataluña, creyeron poder crear un brote «carbonario», una Societat X dispuesta a rehacer, desde la ciudad y en plan fino, el espíritu de los bandoleros carlistas y republicanos de las décadas anteriores a la Guerra Civil. Fue una fantasmada más. Sin embargo, indicó que el espíritu bandolero, tan activo treinta años antes, ya no dominaba el interior catalán.

El cambio del Sexenio de septiembre de 1868 a diciembre de 1874 —«democrático» o «revolucionario» según los gustos— marcó una nueva identidad: el «patriota» se descubrió «nacionalista» en los años ochenta. Llegado Almirall, con el Primer Congrés Catalanista en 1880 y el segundo en 1883 (ambos seguidos en 1886 por la aparición de la obra teórica almiralliana Lo catalanisme en 1886), la noción de «patriota» pasó a ser una antigualla, sin un significado político sustancial. Al contrario, «nacionalismo» era un término internacional con peso, que exhalaba modernidad. En 1870, en pleno Sexenio revolucionario, se fundó la asociación La Jove Catalunya, que aguantó hasta 1875. Unos socios, en particular Àngel Guimerà y Pere Aldavert, crearon una revista en catalán titulada La Renaixensa, en febrero de 1871. El 1 de enero de 1881, se convirtió en diario, con la revista como suplemento. Estas iniciativas en catalán —Almirall publicó el primer diario, con la cabecera explícita Diari Català, en 1879— tuvieron bastante impacto. Entre Almirall y sus enemigos Guimerà y Aldavert, se transformó la idea catalana de lo que era «patriótico» a lo que era «nacional».

UNA HISTORIA DE DOS CIUDADES

Barcelona siempre ha sido una ciudad más relajada, en sus presentaciones y trato social, que Madrid, siempre algo estirada. Un ejemplo: En Barcelona, los vendedores de los comercios o los oficinistas eran una fuerza política, con cierta organización y discurso. En Madrid, cualquiera de ellos era literalmente un hortera, el dependiente de alguna tienda, tenido por mal vestido con pretensiones sociales por encima de su situación social y sus ingresos.

Puede que, por su inquietud social, Barcelona siempre haya sido una ciudad de modas, en la que una novedad, puesta en boga, lo barre todo. Eso tiene su contrapartida: la poca paciencia, el entusiasmo con límites y una fuerte tendencia a hastiarse de lo que ha conocido; se siente empalagada con la ocurrencia del año pasado y busca, ansiosa, una primicia realmente nueva para seguir en la temporada que llega.

Por tradición, Barcelona ostentó una mayor identificación con la ética del trabajo: mayor puntualidad, menos pérdida de tiempo en pulidos prolegómenos, menos formalidades del viejo estilo cortesano, con menos A.S.P. (A Sus Pies) o B.S.M. (Besa Sus Manos) que la capital estatal. Tenía algo de la vulgaridad de una ciudad empresarial, de negocios, frente a la pulcritud madrileña. También menos exigencia en el vestir, más eclecticismo: en 1919, los sindicalistas de la anarcosindicalista CNT en Barcelona llevaban corbata (aunque fuera con cuello blando y no alto), mientras que en Madrid la encarnación del sindicato socialista UGT e ilustre estuquista, Francisco Largo Caballero, lucía camisa abrochada, pero sin corbata, hasta que fue ministro de la República, e incluso después.

Este contraste entre estilos urbanos condicionó el nacionalismo catalán, que se preció a sí mismo por su naturalidad y espíritu espontáneo, frente al estiramiento que se atribuía a la «Villa y Corte». Barcelona, como foco urbano torturado por la inmigración y su significado, siempre ha tendido a infravalorar la intensidad inmigratoria de Madrid: ¿cuántos vienen de fuera?; ¿cuántas carreras, en los siglos XIX y XX, nacieron en un lugar perdido de provincias y terminaron en la capital, que era el éxito pero también la muerte, con honras fúnebres madrileñas...?

Cada manía tiene su coste. Barcelona siempre se ha creído la contracapital, la respuesta a la corte, corazón batiente de la democracia más auténtica. En la Ciudad Condal, siempre —¿hasta ahora?— se ha soñado un poco con ser capital alternativa, o de una España nueva, sin centralismo, o de una redivida Corona de Aragón: media España, su oriente, pero sin necesariamente tener que aguantar ni a Zaragoza y las manías aragonesas, ni todas las singularidades de Valencia-ciudad, en eterna pugna con Valenciaprovincia o Valencia-región (y las ínfulas de Alicante). El crecimiento urbano barcelonés era el motor de la aspiración: si Barcelona tenía en 1887 algo menos de la mitad de la población de Madrid (272.481 contra 470.283 habitantes en la capital española, tan solo diez años después), en 1897 (gracias a una fusión de municipios) había aumentado a 509.150 frente a los 512.150 habitantes de Madrid. Y así siguió: en 1910, había 533.000 barceloneses y 539.835 madrileños; en 1920, eran 587.411 contra 599.807; en 1925, 710.335 contra 750.896; y en 1930 ya triunfa Barcelona: 1.005.565 contra 952.832. En 1940, ambas ciudades ya son estrictamente «metropolitanas»: según la jerga de la época, ya tienen más de un millón de residentes fijos.

La manía madrileña —fruto tanto de su poder como de ser foco administrativo, de su atracción migratoria como de la tendencia de sus élites (y el máximo de gente) de huir de su tórrido verano para reconectar con donde sea— ha tomado forma en su visión algo fatua de España como conjunto. Tiene la Puerta del Sol como su centro neurálgico y percibe el resto, las muchas y variadas Españas, como vastos suburbios que se extienden hasta alcanzar el Cantábrico o el Mediterráneo, los Pirineos o la frontera con Portugal (de cuya existencia es fácil olvidarse).

Frente a la convicción centralista de Madrid, Barcelona siempre ha rechazado ser «la segunda ciudad». Para empezar, de modo harto contestatario, se plantea una España diferente, cuyo centro natural sería Barcelona. Se trataría de un conjunto de regiones sin un foco cortesano. Rehacer España es un sueño que ha embriagado la especulación política catalana desde la década de 1880.

Por añadidura, hay dos maneras de entender el nacionalismo catalán, como sucede en algunos países europeos. Hay una Cataluña pequeña y una grande, como hubo quien era Kleindeutsch o Grossdeutsch, o quien era little englander y british imperialist. La Cataluña pequeña es Barcelona y su Hinterland, su «tierra interior», lo que a veces (pero no siempre) se llamó el Principado catalán, para darse rango mayor que condado y rebajar las ínfulas de reino de los aragoneses. Dicho a la española, hablamos de las cuatro provincias: Girona, Lérida, Tarragona y Barcelona.

Por el contrario, Grosskatolonien es lo que un valenciano decimonónico con sentido para lo germánico llamó «els Països Catalans», las tierras de habla catalana: Cataluña, la región valenciana (remarcando su frontera lingüística interior, entre la colonizada aragonesa y la catalana: «els que parlen valencià» (es decir, los que hablan valenciano), la «franja» aragonesa, con su chapurriao catalán, las Islas Baleares con sus diferencias insulares, y la pequeña ciudad sarda de Alguer, colonia catalana perdida pero con una irregular tenacidad dialectal frente al sardo y la italianización del Estado.

Todo nacionalismo catalán —partido, movimiento, corriente— tiene, por tanto, un dilema: la Cataluña grande, el ámbito de la lengua (más o menos) o el corazón; y la pequeña, para muchos la auténtica.

Huelga decir que el juego de opciones duales es un gran dilema para todo separatismo. Si estos son más nacionalistas que nadie, tienen una ternura viva por el conjunto, por los Países Catalanes. Pero ¿cómo separarse? ¿Seguirán a Barcelona los demás? ¿Se someterán los valencianos y mallorquines al dictado barcelonés?

¿O es que, por el contrario, el Ebro es una divisoria geopolítica por afirmar, la frontera con España, que incluye tierras de parla catalana? ¿Se debe dejar a los valencianos e isleños que libren su propia lucha, y dedicarse a liberar la Cataluña estricta? Los demás, si se suman mejor, pero hay que salvar primero la propia casa.

El debate fue interminable en el separatismo, primero, y lo sigue siendo en el independentismo.

CONFUSIONES CATALANAS RESPECTO AL FEDERALISMO

Desde el Mundo Antiguo y la polis o ciudad-estado de los griegos, la forma republicana era urbana y pequeña: quienes no eran de la ciudad, no eran ni ciudadanos ni nuevos súbditos. La idea de la federación era el resultado de juntar ciudades en alianza de guerra.

Y así fue hasta el siglo XVI, cuando, en los Países Bajos, los rebeldes protestantes contra la Corona española se juntaron como Provincias Unidas en una coalición permanente, cada provincia liderada por su capital, y con un presidente, príncipe hereditario de la casa de Orange-Nassau. No es que el invento funcionara de modo maravilloso —pues hubo una persistente tensión entre filorrepublicanos y «naranjistas», partidarios de un Stadtholder o presidente hereditario—, pero el innovador sistema político tuvo dos efectos positivos: primero, aunque tardó ochenta años en resolverse, se logró el reconocimiento de la independencia de la Corona española, en el tratado de Münster, en 1648; en segundo lugar, el éxito mismo del sistema facilitó que, con cierta elaboración intelectual (Johannes Althusius, Hugo Grotius), se convirtiera en modelo abstracto. El siglo de tensión interna, entre 1650 y 1747, coincidió con el retroceso de los Países Bajos como gran potencia y abrió un conflicto republicano que facilitó que los franceses revolucionarios establecieran una República bátava en 1795.

Así, en los siglos XVIII y XIX —cuando, entre los colonos o criollos de las Américas, se quiso desafiar patrióticamente a las lejanas talasocracias (o imperios mercantiles)—, se usó el modelo de las Provincias Unidas. Ya se había evocado en la Nueva Inglaterra en los años de vacío de la guerra civil inglesa, y se hizo bandera con el ideal contra España en el Río de la Plata y Venezuela, así como en América Central. Curiosamente, en los Países Bajos la propia noción desapareció, tras borrarse definitivamente el esquema antiguo por la Revolución francesa y después Napoleón, que impusieron una república o un reino con un componente centralizador (Bonaparte anexionó directamente al Imperio francés). Hoy Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo son monarquías, cuya relación, no siempre fácil, fue la inspiración original de la Comunidad Económica Europea y eventualmente de la Unión Europea.

El resultado revolucionario fue que, por lo general y con alguna excepción, los estados de las Américas, norte y sur, tomaron la forma de repúblicas federales, eso sí, con un marcado debate de fondo sobre el poder soberano: ¿dónde residía la soberanía, en la parte o en el todo? La clave estaba en la importancia del poder representativo, tanto para cámaras como para la figura de los presidentes. Es más, las dos monarquías excepcionales decimonónicas que no fueron transitorias (Canadá y Brasil) también asumieron una forma federal.

Muy al contrario, en Europa, el federalismo, necesariamente monárquico, fue determinado por el peso de la historia en las coronas, y por ello en cierto sentido complicado por el historicismo y por la cuestión de los derechos históricos implícitos en un título y en el blasón con soberanía (y, por tanto, en una dinastía, en una familia).

Hubo, pues, federalismo monárquico, carlista. El carlismo catalán, a partir de la gran guerra civil de 1832-1840 (duró más en Cataluña, muy pasado el «abrazo de Vergara»), insistió en su carácter de recuperación federal. La Corona de las Españas, con sus viejas leyes y sus reinos, daba para discursos útiles políticamente. Por supuesto, la religión ancestral y el estilo de vida de siempre, patriarcal y vertical, tenía sus adeptos, asustados por los cambios que se veían venir encima. Pero no todo era negativo. Se podía reinterpretar el pasado catalán y español, y reivindicar a los Austrias «y sus libertades» sin por ello maldecir a los Borbones. Ahí estaba la Historia, aún viva. Hubo algún republicano, como el muy inquieto y pintoresco Tomàs Bertan i Soler, que se proclamó presidente de una fantástica Diputación de Cataluña, y que creyó que una síntesis de lo nuevo y lo viejo era posible. Incluso un pretendiente carlista, don Juan III (que «reinó» entre 1861 y 1868), pareció seguir esta suerte de corriente de mezcla ideológica; por ello duró tan poco como pretendiente. Pero con todo ello se formaba jugo, hasta moje.

El federalismo fue el discurso político que dominó Cataluña en la segunda mitad del siglo XIX. En el juego federal, tal como se extendió por toda la sociedad catalana, se podían encontrar la burguesía propiamente dicha y las clases medias. Es más, el federalismo tenía una consecuencia lógica adicional, que era su municipalismo. En ese marco genuinamente local, con un natural enfoque de política social, era posible frenar la muerte del artesanado, al convertirlo en menestral y botiguer (tendero), pero también mejorar la pauta de la vida obrera en los barrios donde vivían, en sus trayectos a las fábricas o incluso dentro del mundo siempre privado de las colonias industriales que marcaban las bajadas de los ríos. Resulta difícil minimizar su importancia popular en el contexto decimonónico. Mucho de lo que después recogerá como doctrina el nacionalismo (republicano o monárquico) deriva de estos orígenes. En dicho ambiente estaban las distintas asociaciones nacionalistas o nacionalistas radicales que rodearon a la Unió Catalanista, fundada en 1891. Los abogados, profesionales liberales y terratenientes ilustrados que configuraron el sentido catalanista de la Unió, miraban con indulgencia y simpatía a estas entidades, centros, grupos. Era la prueba fehaciente de su inherente interclasismo.

Hay que entender que las dos grandes aportaciones catalanas al pensamiento político español decimonónico fueron, más o menos simultáneamente: el iberismo —la idea de una conjunción de España y Portugal en una unión ibérica, estado dual o plural, que puso en circulación, a mediados de siglo, Sinibaldo de Mas (18091868), diplomático y ensayista barcelonés que murió en Madrid—; y el federalismo —identificado con el político y pensador Francisco Pi y Margall (1824-1901), nacido en Barcelona pero que vivió casi toda su vida en la capital estatal.

Había una gran diferencia entre ambas nociones: el iberismo era monárquico, la unión de dos coronas y la creación de un espacio aduanero común, mientras que el federalismo —que igualmente ambicionaba la incorporación lusa en un conjunto peninsular— era intensamente republicano y contaba con la simpatía de los hermanos de causa portugueses para alcanzar la unión ibérica. En la lógica geopolítica catalana, la única forma de satisfacer a «los castellanos» sería con una expansión territorial, que además serviría de contrapeso en el oeste atlántico a la perspectiva mediterránea de Barcelona.

Con o sin la concordancia de Pi y Margall, «los catalanes» insistieron en la validez nacional y catalana de un Estado dentro de una federación, con la visión optimista de que daría paso a una confederación ibérica. Hubo importantes contradicciones entre el federalismo (que, entendido a la norteamericana, significaba la unión o fusión de las partes soberanas para crear un todo superior) y las pretensiones del sueño confederal. Teóricamente, el ideal confederal o confederado insistía en la soberanía inherente a las partes (los estados), fundidos en una unión en que deberían tener más peso los states’ rights (los derechos de los estados contratantes) que las exigencias del conjunto.

La noción de federalismo como patrón estable se consagró con la proclamación de independencia de los Estados Unidos de América, en 1776. Fue, por tanto, la autodeterminación fundacional. Desde entonces —y con la inestable experiencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos como antecedente histórico—, la autodeterminación es siempre un criterio revolucionario. Literalmente, es un rompe y rasga de una entidad política cuya legitimidad se considera acabada. Entendámoslo: donde empieza la autodeterminación (concepto eclesiástico protestante) se acabó de modo definitivo cualquier hegemonía española, así como la tradición católica, romana y papista, sobre la que se sustenta. Lo definitorio: como ya se ha visto, «los holandeses» (Holanda era simplemente la mayor de las Provincias Unidas) se separaron por razones religiosas y políticas de la Corona española y libraron la Guerra de los Ochenta Años por su independencia, que consiguieron en 1648.

LA NULIFICACIÓN COMO DOCTRINA FEDERAL CATALANA

Estados Unidos de América fue una confederación entre 1777 y 1787. El sistema resultó disfuncional por muchas razones. Se redactó una nueva Constitución, esta vez «federal». Por ello se entendía que las partes cedían sus poderes (para tener flota propia o acuñar moneda, entre otros muchos derechos) a un «gobierno federal» (federal government) situado por encima de los estados. Por esta razón, el lenguaje político estadounidense, aun en el presente, funciona de forma contradictoria con los hábitos de expresión europeos: allí, el «gobierno» es lo que, por ejemplo, los españoles llaman el «Estado»; los «secretarios» (no «ministros»), junto con el presidente, son una «administración», y así sucesivamente. Son maneras muy diferentes de ver las cosas, o, en concreto, la cosa pública.

En particular, hubo una experiencia norteamericana que causó gran impresión: la tesis del estado de Carolina del Sur, sostenida entre 1826 y 1865, según la cual dicho estado podía abrogar o ignorar la legislación que emanaba del gobierno federal. El tema surgió a partir de los aranceles de 1824 y 1828 que, según el capitalismo agrario del Sur, favorecía demasiado a los intereses industriales del norte; ante los tributos fronterizos de 1832, Carolina del Sur se alzó en rebelión legal y, desde una convención especial, los rechazó. Se trataba de la llamada nulificación (nullification) o anulación; es decir, el estado partícipe podía, en buen derecho, ignorar cualquier ley federal dentro de sus fronteras, por considerarla un daño a los intereses locales. Carolina del Sur, parte de una federación, reivindicaba una soberanía anterior, y, por lo tanto, superior a la unión. Durante años, se hicieron muchas componendas —como el arancel de 1833, que calmó los ánimos— para tapar el asunto, cuyo fondo era el esclavismo. Cuando no se pudo disimular más, Carolina del Sur, ya en secesión junto con otros estados esclavistas del Sur, inició una guerra civil (1861-1865) contra el gobierno federal. La victoria de los unionistas sobre los confederados impuso la soberanía del todo sobre la parte.

El sentimiento federal catalán, por falta de una mejor expresión —es decir, el papel de Cataluña y/o Barcelona en España—, tiene una confusión visible entre el federalismo, que prioriza un gobierno central fuerte sobre el de los estados o provincias que participan en una unión, y la confederación, que implica la soberanía superior de la parte sobre el todo. No es un fenómeno nuevo. Adaptado a la perspectiva catalana, significaba que Cataluña tenía el derecho a veto, como poco ante cualquier tema colectivo que le afectara de manera directa.

No quedó la palabra «nulificación»; puede que ni llegara a Barcelona por el camino cubano que hicieron muchas ideas norteamericanas. Pero sí se retuvo la idea del «derecho a decidir» propio, junto con el disgusto quisquilloso al centralismo y sus trucos. El derecho al veto catalán evidentemente no se basaba en la creación de una unión federal, pues esta no existía y en el mejor de los casos estaba por ver, pero sí en la reivindicación de la Historia. Según este punto de vista, muy extendido, Cataluña había protagonizado la formación de «España» tanto como Castilla. Siempre desde la misma perspectiva, su idioma tenía tanto derecho como el castellano a ser denominada como la lengua «española». Por todo ello, Cataluña merecía un reconocimiento —junto con otros territorios con un pasado marcado, relevante— frente al sentido liderazgo algo presuntuoso de Castilla, fruto del protagonismo castellano en la conquista de las Indias. Siempre desde la misma mirada, el castellanismo era tan solo fruto del Imperio en las Américas, pero estas posesiones se habían perdido irremisiblemente ante la oleada de guerras de independencia acabadas en «tierra firme» y culminadas a mediados de los años veinte.

En la década de 1860, los federales catalanes honraron a Abe Lincoln, el emancipador de esclavos, pero utilizaron inconscientemente las ideas de John C. Calhoun, paladín de Carolina del Sur. Almirall rompió precisamente por este asunto con el fundador del movimiento federal español, Francisco Pi y Margall.

La noción catalana y su interés en Calhoun tenía dos sentidos. Por una parte, muchos federales españoles no se tomaron en serio la lectura catalana, de un fuerte poder regional, y entendieron que el federalismo sería una forma de deshacer el frustrante centralismo de un régimen liberal, en manos de los llamados «moderados», que era muy ineficaz. Por otra parte, desde la perspectiva social catalana, una revisión catalana de la España castellana histórica traería una reorganización local del poder, con mayor eficacia y modernidad. Era una consecuencia lógica del mito barcelonés de la «contracapital» laboriosa y portuaria frente a la ociosa «Villa y Corte». Lo demás, la pretensión de excepcionalidad para un Estado catalán frente a la República federal, era menospreciado como poco más que manías de los catalanes, un asunto que solo algunos federales gallegos y andaluces se tomaban en serio.

ALMIRALL Y LA LEGITIMACIÓN HISTORICISTA Y REPUBLICANA DE LA NULIFICACIÓN CATALANA

Pero había otra razón, ya alejada de los temas de gobierno representativo igualitario, que, para los catalanes, podía resultar tan nocivo como el centralismo liberal y militar por provincias bien sometidas. Desde el siglo XVII, la tradición política catalana identificó las normas constitucionales propias —lo que se ha llamado, en contextos ajenos pero comparables, «la vieja constitución», el sistema jurídico del Antiguo Régimen antes de los abusos del absolutismo regio— como un bagaje histórico capaz de desafiar a la Corona. Dicho de modo más moderno: Cataluña, por su pasado, reivindicaba unos antecedentes historicistas equivalentes a un acta fundacional propia en la monarquía compuesta por los Reyes Católicos, sin contar el conflicto del reino de Aragón con Felipe II. Varios asuntos del pasado, incluso anteriores al rey Fernando o los Austrias, entraron en esta doctrina, que, como todas, tenía un fuerte componente mitológico.

Cataluña, por tanto, se podía entender como un territorio excepcional, una «particularidad», que fue el modelo que propuso el exfederal Valentí Almirall. En la década de 1880, utilizó la noción de «catalanismo» para organizar dos grandes encuentros que llamó «catalanistas», y para fundar el Centre Català, en 1882, tras su ruptura con Pi y Margall. Almirall teorizó su esquema en su obra Lo catalanisme. Motius que el legitimen, fonaments científics i solucions pràctiques, publicada en 1886. El subtítulo rezaba: «Motivos que legitiman, fundamentos científicos y soluciones prácticas». Era todo un programa.

A su vez, los rivales y enemigos de Almirall encontraron su esquema demasiado federal, nada consistente por su gusto conservador y clerical de la excepción catalana. Perseguían una lectura monárquica, muy calculada, con la aportación de Almirall. El conflicto actual, como otros invocados anteriormente con frecuencia (como la crisis constitucional de 1934, con la brevísima revuelta de octubre en Barcelona), vuelve a la noción calhouniana de nulificación o anulación. La entidad particular (por utilizar el lenguaje de Almirall) siempre tiene derecho a revisar las medidas generales cuando se imponen dentro de sus fronteras. Así, lo que decide Cataluña no debe ser derogado por ninguna otra autoridad. Pero de manera diferente, la esclavitud racial era el asunto legal en el que se separaba el Sur del Norte en los Estados Unidos, sobre el que la confederación se erigió en 1861 y respecto al cual perdió, en 1865. La opinión de las izquierdas catalanas era pronorteña, pero no lo era su esquema.

Con Lincoln, el «unionismo» también significó constitucionalismo, entendido como cumplimiento del sistema federal establecido en 1787. La paradoja es que los «confederales» sudistas votaron de nuevo casi el mismo texto, con mínimos detalles y el escudo nacional del general Washington, para demostrar su mayor fidelidad al espíritu de la ley respecto a los norteños.

Los unionistas del norte ganaron, y, veinte años después, el término «unionismo» fue tomado en Gran Bretaña por aquellos liberales que saltaron del lado del líder liberal Gladstone para reformar el partido conservador contra el Home Rule irlandés. No se utilizó hasta la formación de un «unionismo monárquico» frente al separatismo, en 1919-1920, sin que el término realmente tomara forma. Hoy, en Cataluña, «unionismo» es un insulto lanzado por los nacionalistas independentistas contra aquellos que no están de acuerdo con la separación total.

La nulificación es una cuestión jurídica básica, que marca la línea divisoria en la frontera difusa entre la federación y la confederación. Como se sabe, la política es el arte de hacer posible la negociación a pesar de un profundo desacuerdo. Pero, frente a una unión, la que sea, la nulificación es rompedora, lo que en inglés se llama spoiler, algo que lo fastidia todo. Establece una posición de «todo o nada», de «lo tomas o lo dejas», que dificulta la transacción necesaria en cualquier proceso de negociación. Relega las cuestiones prácticas al fondo o directamente las aparta, para convertir el asunto en debate en una cuestión emocional, una declaración de aquí estoy, aquí caeré o aquí triunfaré.

Sería lo que Francesc Macià, el fundador del separatismo catalán, resumió con la fórmula «Tot o res» (todo o nada). Con toda seguridad, Macià no inventó esa frase, pero siempre se la recuerda como cita suya, junto al «No afluixeu!» (¡no aflojéis!).

EL FEDERALISMO MONÁRQUICO DE PRAT DE LA RIBA

El mundo político del siglo XIX estaba rigurosamente dividido: Europa era monárquica y las Américas, republicanas. Había, claro está, excepciones. Estaba Suiza, o, mejor dicho, la Confederación Helvética, diferente al resto del continente. Y, entre las potencias, Francia, a partir de una etapa dubitativa en la década de 1870. En las Américas, Canadá y las demás colonias británicas, así como las holandesas y danesas, eran monárquicas (como lo fueron las francesas hasta que el régimen cambió definitivamente). Las diferencias entre un lado del Atlántico y el otro invitaban a los contagios.

La figura más representativa de este cruce cultural entre los federalismos, la muy particular experiencia suiza y las monarquías renovadas de Europa tras 1875, fue, como ya se ha visto, Almirall. Elaboró un esquema netamente nacionalista, que tomó su inspiración de los criterios del federalismo, con un enfoque práctico, que le daba escasa paciencia con las elucubraciones de alguien como Pi y Margall y su «pacto sinalagmático» (una suerte de contrato bilateral exponencial, que en principio va desde cada ciudadano entre sí hasta las regiones históricas y el estado moderno). Pero tampoco aguantaba la política de gestos sentimentales frente a la monarquía de Guimerà y Aldavert, a quien Almirall despreciaba en público. Los llamaba los «santos inocentes». Almirall pretendía ser muy moderno y crear una forma de territorialidad representativa que resultara funcional en la Europa de la década de 1880, operativa para todos, sin tener él que soportar las tonterías de la gente de La Renaixensa. No tuvo en cuenta el gusto catalán por la mascarada. Y sus enemigos le arrinconaron. Murió en 1904, lejos de los medios catalanistas en expansión.

Vista la experiencia de Almirall, por mucho que Francia se hubiera convertido en república en 1870, su desarrollo institucional fue contradictorio hasta 1879, cuando por fin se quitó de encima la figura presidencial y neomonárquica del mariscal Patrice de MacMahon. Así, las Américas republicanas aportaron ideas en Europa a los radicales políticos, a las izquierdas, pero con su insistencia en el democratismo, en la obligación de la voz del pueblo y el «gobierno representativo».

Sin embargo, en el escenario estatal europeo, los cambios de mediados del siglo XIX plantearon estrategias de nulificación —e incluso de independencia, con reconocimiento de las potencias— desde el marco del historicismo, del peso histórico de las coronas y de la reinvención de las monarquías. En la Europa monárquica se encontraba más potencial para una independencia que en las Américas.

Al contrario de la hispánica costumbre de mirar a Francia e Italia sin observar más lejos, en la Europa de finales del siglo XIX el unitarismo no era la norma, más bien al contrario. Los demás —los otros países, las grandes potencias— solían tener muchas excepciones. Esta situación llevó a un hecho que hoy nos resulta sorprendente: en los diccionarios (por ejemplo, en inglés), no se diferenciaba entre las nociones de autonomía y de independencia; la definición de autonomy era, o podía ser, la de independency.

La idea de autonomía política es un producto directo de la máquina de vapor aplicada al transporte marítimo y terrestre. Los barcos de vapor fueron habituales hacia 1840, cuando Europa y Norteamérica empezaban a estar cubiertas de conexiones ferroviarias. Hasta entonces los matices en el control ejercido por el poder no habían sido necesarios. La lentitud mandaba más que cualquier autoridad central.

Pongamos una muestra catalana. El Diccionari de la Llengua Catalana de dos volúmenes de 1839-1840, de Pere Labèrnia, no incluye la voz autonomia, ni tan siquiera el adjetivo autònom; en la versión ya póstuma (Labèrnia murió en 1860) de su recopilación, realizada «por una sociedad de literatos catalanes, amantes de la lengua» y publicada a finales de la década de 1880, aparecen cuatro definiciones, todas en algún sentido muy catalanas: en primer lugar, se señala la libertad de gobernarse por sus propias leyes; en segundo, la Anarquia —con mayúscula— en que el pueblo está dividido en cantones por ciertos jefes elegidos por su voluntad; en tercer lugar, se indica un sentido propio de la filosofía, en particular de Kant, que derivaría de la soberanía de la Razón, y, finalmente, en cuarto lugar, en metafísica, la condición de no depender de nadie.

En inglés (y me fío del estándar Oxford English Dictionary, creado entre 1857 y 1928), el juego lingüístico es relativamente viejo. El uso de la palabra autonomy como self-government (autogobierno) en su sentido más genérico ya existe en plena revolución inglesa del siglo XVII, lo cual de por sí ya resulta significativo. Ahora bien, se multiplican los matices a partir de 1803, como «libertad personal» en filosofía (en efecto, Kant), o en biología. Hacia 1840, emergen nuevas variantes: el adjetivo autonomous, como «propio de comunidad libre», que «se gobierna a sí misma»; o más claro aún, autonomize, como verbo, literalmente «autonomizar» en términos de ciudadanía. Entonces, en una coyuntura muy concreta, la lexicografía aporta un sentido innovador y concreto: autonomize significa make autonomous o hacer autónomo; es un neologismo surgido en 1878, al cierre de la gran crisis balcánica de 1876-1878, con la guerra ruso-turca y la creación del principado de Bulgaria, que continúa como parte del Imperio otomano pero que, según el acuerdo del Congreso de Berlín y las potencias, «se gobierna a sí misma». Pero —y el matiz es importante— esta definición se cruza con la noción misma de «independencia», ya consolidada: en 1818, una independency es un autonomous state, un estado autónomo. ¿Hablamos de individuos, del potencial de libertad de un ciudadano, de sus límites al haber muchos hombres libres (las mujeres todavía no cuentan), o de una entidad política? No queda claro.

En francés, se manifiesta de igual modo la confusión de fondo que todavía existía en el siglo XIX. El Dictionnaire de la Langue Française de Émile Littré (cuya recopilación se inicia en 1847 y se imprime en 1872) es posiblemente la obra lexicográfica dominante. Littré señaló dos significados para el sustantivo autonomie: «Derecho que los romanos habían dado a ciertas ciudades griegas, para gobernarse por sus propias leyes» y, en segundo sentido, «por extensión, la independencia». Sigue la anfibología.

En el mundo monárquico, no se diferencia de forma clara entre autonomía e independencia. La Corona encarna la historia y permite juegos varios de autonomía. No sucede así entre repúblicas, que se fundamentan en el pueblo como un todo, del que se deriva el gobierno representativo. Sin embargo, siempre está presente el problema de la territorialidad: ¿qué significado tiene el espacio, ya sea geográfico o histórico?

Parte de este espacio de maniobra se hizo visible en la «balcanización» del Imperio otomano, que tuvo un momento decisivo en el Congreso de Berlín de 1878, en el cual el canciller alemán Bismarck, el primer ministro británico Disraeli y el ministro de Asuntos Exteriores austrohúngaro Gyula Andrássy, tras varios intercambios de territorio, dieron plena independencia y reconocimiento a las antaño autónomas coronas de Serbia, Rumanía y Montenegro (sometidas formalmente al sultán). Como resultado, se estableció la principalidad de Bulgaria como estado vasallo de los otomanos. ¿Era Bulgaria una autonomy o una independency?

En cualquier caso, era un juego con los años contados, que aguantó hasta 1908.

LA NULIFICACIÓN Y PRAT DE LA RIBA

Si en 1898 se acabó España como estado americano (con la pérdida de Cuba y Puerto Rico) y asiático (con la de Filipinas), se debía repensar todo, a ojos catalanes; pero las plazas marroquíes o Guinea y sus islas adyacentes no daban para pensar mucho.

El cerebro que reemplazó a Almirall fue un joven estudioso llamado Enric Prat de la Riba, quien entre las décadas de 1880 y 1890 estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. En 1893, se licenció con matrícula de honor en todo. Hizo el doctorado en Madrid al año siguiente. Lideró a un grupo de estudiantes «empollones», que se convirtieron en sus asociados políticos: Joan Ventosa i Calvell, su primo Lluís Duran i Ventosa y, un poco más joven, Francesc Cambó (todos en leyes, excepto un arquitecto, Josep Puig i Cadafalch). El paralelo con dos compañeros de aula fue claro: los hermanos Sabino y Luis Arana se matricularon respectivamente en Derecho y Arquitectura, pero Sabino dejó la carrera para hacer política.

El grupo alrededor de Prat de la Riba, siendo alumnos, tomó control del Centre Escolar Catalanista; luego, a efectos prácticos, dirigió las iniciativas más sesudas de la Unió Catalanista (como las Bases de Manresa en 1892) y formaron el Centre Nacional Català en 1899, con el potente diario La Veu de Catalunya, para aliarse con la élite de la sociedad civil de las profesiones libres e intervenir directamente en política: en las elecciones legislativas de 1901, en los comicios municipales de Barcelona y en la Diputación provincial, de la que Prat de la Riba fue escogido presidente en 1908. Se optó entonces por obtener en Madrid una «mancomunidad» de servicios provinciales, que, tras grandes tensiones políticas, se estableció en la primavera de 1914, con Prat de la Riba al frente.

Su programa era posibilista, al buscar vías de «autonomía» dentro de las instituciones monárquicas, sin cuestionar el sistema. Ahora bien, su objetivo a la larga era ambicioso.

¿Qué había antes en cuanto a reflexión política monárquica? El carlismo catalán, con sus vericuetos de pintoresco abogado suelto, y, entre otras fuentes eclécticas, las reflexiones calculadas del eclesiástico Jaume Balmes (pronto desaparecido).

A finales de la década de 1880, la separación de los integristas, los católicos puristas seguidores de Nocedal hijo y los legitimistas (los carlistas dinásticos fieles), abrió la puerta a mezclas interesantes. Autores como el mismo mosén Torras i Bages superaron a los puristas como el sabadellense padre Félix Sardà i Salvany, famoso autor de El liberalismo es pecado, un best seller que apareció por vez primera en 1884.

Las mezclas encajaron con los nuevos ritmos continentales. A finales del siglo XIX, y en el marco monárquico europeo, la mejor manera de obtener esta «autonomía» con veto y regla de ley propia parecía ser con una revisión del estado liberal en términos de Corona imperial partida, como Austria-Hungría (1867) o, con matices importantes, como el Imperio alemán (1871). En la práctica, Hungría regía todo en su seno, excepto los asuntos diplomáticos. En Alemania, Baviera tenía rey, parlamento, ejército, correos y consulados propios. Este era el ideal político que de entrada movilizó a la Unió Catalanista en 1891, expresado al año siguiente en sus Bases de Manresa, que preveían una monarquía dual hispano-catalana, más o menos regia y condal, y la Lliga Regionalista (1901).

Hay que entender que había maneras dinásticas de lograr la plena independencia. En el gran ducado de Luxemburgo, por ejemplo, regía la ley sálica, que dicta que las mujeres no pueden reinar. Al morir el rey Guillermo III de los Países Bajos, cuya hija era heredera, se recurrió a un ya existente pacto de familia en los Nassau. Si fallaba una rama de la casa, otra supliría la falta. Así, en 1890, Adolfo de Nassau-Weilburg, duque de Nassau, fue coronado gran duque y Luxemburgo rompió sus lazos con el reino de los Países Bajos. La broma fue que su heredero, Guillermo IV, solo tenía hijas y el Parlamento luxemburgués abrogó la ley sálica al morir el gran duque en 1907, en previsión de lo que podía pasar cuando muriera el gran duque, como sucedió en 1912. Así pues, era posible independizarse digamos de modo dinástico, sin grandes contradicciones políticas ni revoluciones.

La otra independencia monárquica fue la descomposición de una monarquía dual improvisada menos de un siglo antes, por acuerdo de las potencias y ratificado en el Congreso de Viena. En 1814, el reino danés de Noruega fue puesto bajo la Corona sueca, con constitución propia, tal como se hizo con la relación de Polonia con Rusia. El zar se quedó con la Finlandia sueca, también como gran ducado constitucional, una razón para compensar a los suecos que se mantuvieron fieles a la coalición contra Napoleón. Dos rebeliones polacas, en 1830-1831 y 1863, acabaron con el formal dualismo polaco-ruso, pero Suecia-Noruega sobrevivió hasta que, a principios de la década de 1880, se planteó un enfrentamiento entre la Corona y Noruega respecto el servicio consular, que, de forma lenta pero segura, rompió la unión y, tras un amago de conflicto, llevó a una separación acordada en 1905, con plebiscito noruego para dar aprobación colectiva, seguido de un segundo referéndum que mantuvo la forma monárquica del Estado noruego. Un príncipe danés fue escogido como nuevo rey.

Lógicamente, la independencia noruega excitó la opinión catalanista, aunque el conocimiento auténtico iba poco más allá de la afición en Barcelona por las obras del dramaturgo noruego Henrik Ibsen y algún autor más del país nórdico.

Pero era un aviso, incluso una promesa, de lo que podría suceder si una política de veto se mantenía en una parte de una monarquía dual. Los mismos húngaros también estaban atentos al caso, si bien, igual que en Cataluña, las analogías eran muy relativas.

Visto desde según dónde, podía parecer más simpático el caso de Hungría en Austria-Hungría. Básicamente, no estaba ya hecha la ruptura constitucional (como en Suecia-Noruega), ni fue una casualidad, como sucedió en Luxemburgo. Fue una operación política. Por esa misma razón, en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, todos los «nuevos nacionalismos» de la Europa occidental no le quitaban el ojo de encima.

Prat de la Riba había convertido la coordinación de servicios de las cuatro diputaciones provinciales catalanas en una institución efectiva y aparentemente única: la Mancomunitat. ¿Cómo seguir adelante? Pues con el modelo de las Bases de Manresa, en una monarquía dual. Prat de la Riba daba gran importancia al modelo de monarquía federal y/o confederal de los imperios alemán y austrohúngaro, y, por implicación, a la evolución institucional del Imperio británico. En 1914, al inaugurarse la Mancomunitat, en Barcelona se miraba como posible pauta el Home Rule de Irlanda.

Prat de la Riba no fue el único que pensó en las implicaciones magiares. En Irlanda, dentro de Gran Bretaña, el publicista Arthur Griffith publicó en 1904 un libro de impacto, titulado The Resurrection of Hungary (El renacimiento de Hungría). Griffith anunciaba así el hecho de fundar el Sinn Féin, un partido nacionalista nuevo, un movimiento rival del Partido Parlamentario Irlandés, que negociaba con los liberales llegados al poder. Prat de la Riba hizo algo parecido en su obra La nacionalitat catalana, de 1906, en que dio un programa (controlado por él) a la naciente coalición de la Solidaridad Catalana.

Griffith empezó, como Prat de la Riba, elogiando el modelo húngaro: o sea, en la práctica del contexto británico, el equivalente al dominion status, un objetivo en principio inimaginable. Pero el Sinn Féin —y con la organización, el propio Griffith— se radicalizó en la medida en que su partido cuajó y en él encontró cobijo y acogida la vieja tradición insurreccional republicana, el estilo «feniano», abiertamente terrorista y levantisco.

Para Prat de la Riba (o Griffith), la clave era el caso húngaro. Ante la derrota de Austria y las monarquías suralemanas realizada por Prusia en seis semanas del verano de 1867, la estructura de Austria fue puesta en duda. Desde 1850, se operaba por el llamado sistema Bach, en extremo centralizador, como castigo al alzamiento y la sucesión húngara en 1848-1849, aplastada finalmente con el uso, gracias al zar Nicolás I, de sus tropas para atacar a los magiares rebeldes.

Ahora, ante la derrota, se lanzó una idea que parecía genial: partir la monarquía danubiana de los Habsburgo en dos partes; una sería la «imperial» (regida desde Viena), y la otra, el «reino apostólico de Hungría», gobernado desde Budapest. La emperatriz Isabel jugó a fondo, y ella y Francisco José se coronaron en la iglesia de Matías de la capital magiar a principios de junio de 1867, pocos días después de firmar el acuerdo. Alrededor de Isabel o Sissi se formó un «partido magiar» en la corte de Viena, al que, con el tiempo, pudo sumarse el príncipe heredero Rodolfo. Pero Sissi estaba bastante loca y su hijo, probablemente con sífilis, más aún: en todo caso, él se suicidó en enero de 1889, y corrieron rumores de una conjura para reformar la causa magiar por parte del desafortunado príncipe.

Bien, el sistema dual parecía perfecto para resolver las inquietudes catalanas ante el centralismo español, y así lo presentó Prat de la Riba en las Bases de Manresa, en una operación que parecía coger el modelo particularista de Almirall para darle una lectura monárquica, que, aunque lejos de la intención de su autor, tenía cierto encanto.

Paralelamente, el conde Gyula Andrássy —el gran negociador húngaro, junto con Ferenc Déak, del «compromiso» de 1867, y, según los rumores y la maledicencia, amante de Sissi— se guardó un as (o dos) en la manga suelta de su pelliza, la chaqueta de húsar húngara que le gustaba lucir encima de su dolmán. El lento y cumplidor Francisco José no se dio cuenta de la mala jugada. La monarquía era dual por la constitución de diciembre de 1867. Sin embargo, el acuerdo, el Ausgleich, no era constituyente y fijo sino (como su nombre indicaba) un acuerdo temporal, pendiente de una renovación, y, por tanto, de una nueva negociación cada decenio. Y cada diez años, los representantes húngaros añadían nuevas exigencias, nuevas dignidades magiares que debían ser aceptadas para que ellos, por su parte, accediesen a la renovación del pacto dual de Estado. En otras palabras, los húngaros ganaban siempre.

Así lo descubrió el nuevo «presunto heredero», Francisco Fernando, hijo del archiduque Carlos Luis y hermano menor de Francisco José. El emperador le mandó a un regimiento húngaro, justo después de una de las sesiones de negociación que sucedían cada década, en la cual se había concedido que en el ejército húngaro solo se impartirían órdenes en magiar. Francisco Fernando no sabía húngaro, ni tenía por qué haberlo estudiado, puesto que no estaba previsto que fuese rey apostólico. Era un hombre que pensaba, aunque lentamente, pero tenía muy mal genio; además, como todos los Habsburgo, era muy orgulloso. Así pues, instalado en su regimiento, cada vez que daba una orden (en alemán) a cualquiera, la respuesta era, de modo invariable: «Nem értem» (no entiendo, en húngaro). Dicho de otro modo, los húngaros, con toda la panoplia de reminiscencias feudales, habían conseguido lo que el tan republicano Calhoun no pudo lograr: el derecho implícito al veto, la aceptación de la nulificación.

Muy pronto se vio el poder de este veto: en 1871, los «viejos checos» pactaron con Francisco José una revisión «federal» de la monarquía dual; se reconocería al reino de Bohemia como tercera corona en un sistema trialista. El checo sería idioma oficial. La respuesta fue inmediata. En las ciudades alemanas en tierra checa, los nacionalistas salieron a la calle con ánimos incendiarios. Mientras tanto, desde Budapest se dijo sencillamente que no. Y ahí se acabó todo.

Por todo ello, Francisco Fernando, quien se casó con una noble checa de menor rango que fue humillada por ello, tenía toda suerte de proyectos para redefinir el conjunto de los dominios habsburgos y detener la nulificación magiar.

Así, si Prat de la Riba veía un modelo en Hungría es porque tenía una puerta secreta a la independencia de hecho, aunque no en ley. Pero, como sabe todo el mundo, Francisco Fernando murió el 28 de junio de 1914, junto con su esposa, en Sarajevo, provocando la Primera Guerra Mundial, la desaparición de Austria-Hungría y la reducción territorial de Hungría en 1919.

Prat de la Riba, enfermo desde hacía tiempo y muy desmejorado en los últimos meses, murió el 1 de agosto de 1917. Fue reemplazado por Puig i Cadafalch como presidente de la Mancomunitat.

Por su parte, en ese mismo agosto de 1917, Cambó maniobraba en la más alta política: pretendía provocar una reforma constitucional. Quiso usar la convocatoria de una asamblea de parlamentarios catalanes para formar una asamblea de parlamentarios española que, como asamblea nacional, a su vez iniciase un proceso constituyente. Falló. Los militaristas «junteros», tras dudar, se situaron en contra. El naciente obrerismo, en pleno crecimiento, sí respaldó la iniciativa, pero Cambó no quería liderar una revolución, a la luz de lo que ocurría en Rusia, con la proclamación de la República (y más adelante, en noviembre, el golpe de Estado de los bolcheviques).

La maniobra fallida de Cambó, que fue conocida como la «crisis de 1917», rompió el trato entre el líder de la Lliga y Macià.

El separatismo nació con un fuerte sentido de rechazo al imperialismo de la Lliga. El conflicto mundial fue entendido como la guerra de las naciones, según los más conocidos autores republicano-nacionalistas, como Antoni Rovira i Virgili. No a la transformación del Estado español nacido del convulso siglo XIX, no al modelo que aportaban la creación de la monarquía dual austrohúngara en 1867, ni del nuevo Imperio británico formulado entre 1867 (la fundación del «dominio» de Canadá) y 1875 (la proclamación de la India como espacio específico «imperial»). Pero no la recomposición de Alemania como una gran potencia en 1871 y a la vez un conjunto de monarquías (reinos, gran ducados, ducados y entes menores dinásticos o urbanos) alrededor de la Corona de Prusia.

Tenía que haber una manera de conseguir el federalismo asimétrico, el particularismo especial reclamado por los catalanes, sin aceptar la farsa monárquica, y sin tener que asumir los costes considerables de ser un estado independiente, un país pequeño necesitado de defensa entre España (que tendría que estar cabreada), Francia (que podría ser una potencia protectora) o la nueva Italia de la posguerra, y además en los años veinte (de la que cualquiera sabía qué se podría esperar).

Pero hubo desconcierto. El obrerismo se excitó sobremanera con las revoluciones rusas de 1917. ¿Cómo sería el nacionalismo catalán en el mundo tras la Gran Guerra?

El fin de la contienda, en noviembre de 1918, provocó una explosión de sentimiento, una campaña por la «autonomía integral» con la que Macià forzó la mano de Cambó, sin que se lograra el poder de nulificación para Cataluña. Se dijo entonces —y se puede ver en el diario de la Lliga, La Veu de Catalunya— que eso comportaría una «Generalitat», un organismo ejecutivo y de decisión política parlamentario: el cabdill y el veto, una cámara propia, y todo con un fondo institucional histórico que encarnaba la representación popular catalana.

Los meses de noviembre y diciembre de 1918 —y el paso a 1919— también trajeron la aparición de un «separatismo» explícito, que se enfrentó en las Ramblas barcelonesas con un españolismo de lucha, la flamante Liga Patriótica Española, con un fuerte componente de militares del ejército, que fue en muchos sentidos el primer fascismo español.

Todo —la campaña por la «autonomía integral» que impulsaron Cambó y la Lliga Regionalista, así como el separatismo de Macià y el españolismo de la Liga Patriótica— fue borrado por un vasto movimiento huelguístico, un auténtico paro revolucionario, durante los primeros meses de 1919. Y, a continuación, en abril, estalló la manifestación de una voluntad intervencionista del militarismo del ejército español, desde la mismísima capitanía catalana.

Hubo algún grupo españolista más en 1922-1923. Pero no hicieron falta. De 1919 hasta 1931, quienes controlaron el fondo estatal en Barcelona fueron los altos mandos militares como el capitán general de 1919, Joaquín Milans del Bosch, quien forzó la caída del gobierno de Romanones en abril, y sería gobernador civil barcelonés durante los años de la autodenominada «dictadura» del general Miguel Primo de Rivera.

EL SENTIDO IDEOLÓGICO DEL SEPARATISMO

Hubo un fuerte asentamiento en la tradición federal-confederal popular, con ribetes nacionales catalanes y siempre fundamentado en la doctrina de la representación popular, del pueblo que se expresa en las urnas, no solo para elegir a representantes sino también para destituirlos; así es como se demostraba un gusto por el plebiscito, con la idea de que todo, literalmente, se podía y debía votar, en una clara herencia de la fascinación de Almirall por el cantonalismo helvético.

En concreto, en el nuevo separatismo se repudiaba frontalmente la idea de la Corona. Se recogía la visión particularista, especial, de Almirall, e incluso algo del esquema de las regiones ibéricas que promovió Pi y Margall. Puede que un poco del pacto «sinalagmático» de Pi y Margall, que entendía la sociedad como una suma de voluntades ciudadanas individuales. Pero lo importante era la historia, que daba un sentido diverso a la experiencia sumada de Cataluña frente a la herencia castellana. La clave era una ruptura, una terapia de choque, tanto para los catalanes —rendidos así, y conscientes de su sentido colectivo como pueblo—, como para los españoles. Con la ruptura, se permitía un futuro peninsular negociado sobre bases poshistóricas, necesariamente nuevas, pues sería una nueva forma de república.

A finales de la década de 1880, Almirall, políticamente perdido tras pelearse con los católicos de Sabadell y con Guimerà y Aldabert, readaptó su mensaje gracias al psiquiatra Domènec Martí i Julià (nacido en 1861), creador de una Joventut Federalista de Catalunya, que pronto se concentró en el nacionalismo como medio de liberación social. Recogió la prédica del farmacéutico Josep Narcís Roca i Farreras (nacido en 1834), que, como el mismo Martí, venía de un fuerte federalismo que se descomponía. Para Roca, el catalanismo debía ser progressiu (progresista), con un sentido social, y sin el peso católico que parecía liderarlo entonces. Le entusiasmó la política del líder irlandés Charles Stewart Parnell en la década de 1880, con su capacidad de presión sobre los liberales de Gladstone y la promesa del Home Rule. Castigado en los tribunales por sus atrevidos artículos en prensa (como «Ni espanyols ni francesos», Ni españoles ni franceses), Roca murió en 1891, el año en que se fundó la Unió Catalanista.

El Dr. Martí se dedicó a escribir sobre la disfunción de los imperios en el mundo moderno. Dicho esto, el nacionalismo radical catalán no fue un sector para finezas ideológicas. Había muy pocos autores y mucho autodidacta reiterativo, que se expresaba brevemente desde alguna publicación afín. En este contexto, el Dr. Martí definió la tarea del catalanismo más profundo como la defensa de las naciones pequeñas —urbanizadas, de clase media, modernas— contra el peso de los terratenientes feudales que oprimían todo el mapa étnico de Europa, compuesto de campesinos sin posibilidad de expresarse democráticamente en sus idiomas. Era una idea bastante común entre la intelectualidad europea de izquierdas no marxistas, tocado por muchos autores, como el famoso economista austríaco Joseph Alois Schumpeter.

Martí i Julià presidió la Unió Catalanista desde 1903 hasta su muerte, a mediados de 1917. Con su esquema antiimperialista y su reivindicación de la libertad de un país subyugado como Cataluña, tuvo un efecto muy persuasivo entre los oficinistas y dependientes que componían la inmigración de catalanes del campo a la gran ciudad. La Unió Catalanista, al rechazar participar en elecciones, se quedó atrás, en especial cuando el sector que seguía a Prat de la Riba había abandonado la Unió Catalanista, para crear opciones, directamente «intervencionistas», como el Centre Nacional Català, fundado en 1899, y la Lliga Regionalista, establecida en 1901, con un éxito inmediato en los comicios legislativos. Ante el estímulo de la pureza catalanista del Dr. Martí, con sus escasos compañeros de tertulia de su edad y los jóvenes del sector de servicios urbanos, el naciente separatismo llegó a odiar la idea imperial promovida por Prat de la Riba y Cambó, y glosada por Eugeni D’Ors, quien lo convirtió en el tema de su tesis doctoral (pronto desaparecida sin rastro).

Más brumosa quedaba la relación con las tierras de habla catalana: Valencia y las Baleares. En el esquema imperial, estas eran parte del peso catalán en el conjunto. En el separatismo había un orgullo de petit país, de patria pequeña siempre un poco aplastada, de que Cataluña podría valerse sola si el protagonismo no se reconocía. Sin embargo, todo esto tenía cierta ambigüedad, un «ya se verá sobre la marcha» que siempre ha determinado cualquier nacionalismo catalán y puede que cualquier corriente semejante.

La claridad de perspectiva, la sensación de criterio republicano, vino de la emigración catalana en Cuba, México, Uruguay, Argentina y Chile. El republicanismo de las Américas era un rechazo neto al monarquismo habitual en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, donde todos los países menos Francia y Suiza llevaban puesta la corona. Los Casals Catalans de la emigración, y puede que algo de la plata dulce, la riqueza acumulada del indiano retornado, tuvieron su influencia. La distancia daba nitidez a la especulación ideológica o sentimental: por ejemplo, el arredismo, o independentismo gallego, nació allende los mares, y algo de ello se podía vivir en el marco de los catalans d’Amèrica, siempre enfrentado con el típico Centro Español (monárquico, a veces hasta carlista), o incluso con el Centro Republicano Español, demasiado castellanista, con sus asturianos o andaluces.

Cuba —con un centro nacionalista muy activo en Santiago, el Grop Nacionalista Radical, fundado en 1908, y un Centre Català muy sólido en La Habana— sirvió como medio para la dispersión y familiarización de tópicos de la lucha antillana por la independencia, lograda al retirarse la ocupación militar estadounidense, en 1903. Un mensaje tan simple como «Catalunya lliure!» fue tomado del famoso «¡Cuba libre!», que se identificó, tras 1898, con el ron con Coca-Cola, como resumen de la postura de los mambises, los separatistas cubanos, ante la intervención norteamericana. Más allá de sus tendencias, las cabeceras de las revistas catalanistas remitían al tema («Fora grillons!», ¡fuera grilletes!) con cierta alusión calculada a la liberación de la población esclava negra.

La derrota en 1918 de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial vació de contenido este modelo político, pero no tocó en nada la tesis de fondo de la nulificación. Al contrario, la transformación republicana de la Europa central y oriental que siguió a la contienda reforzó el criterio al combinarlo con un nacionalismo de gobierno representativo elegido por la nación y/o pueblo. Los problemas de encajes poblacionales, sobre todo alrededor de Alemania, dinamizaron la idea de unos subestados, los gobiernos autonómicos, basados en el sufragio universal. No era una innovación: solo cabe pensar en Alsacia o Bosnia, orígenes de la Gran Guerra. Pero eran entidades muy controladas y con escasa representatividad, que estaban a años luz de poder votar libremente a sus representantes en su cámara, y menos aún tener un poder de veto ante las autoridades superiores. En términos españoles, se trataba de la mancomunidad catalana, en principio un mero ente administrativo. Para los catalanistas, esto era la Mancomunitat (escrito así, en catalán), una nueva fusión práctica de cuatro diputaciones provinciales que podía ser entendida como el germen ejecutivo, presidencial, pero con cámara y diputados.

La aparición de un separatismo político en 1918-1919 con la figura de Francesc Macià no cambió el fondo del asunto. Macià propugnaba la destrucción de la monarquía, una separación catalana y el establecimiento, mediante negociación, de un Estado catalán con una nueva república federal o una confederación hispánica (o ibérica). Ese fue el sentido confuso de la proclamación barcelonesa del 14 de abril de 1931. Se consiguió lo que ya se tenía antes de la dictadura de Primo de Rivera y la promesa de más poder local. La creación legislativa de un estatuto redujo las ambiciones catalanas, pero se pudo recabar de lleno los recursos provinciales, aparte de las cuestiones de las fuerzas armadas. Además, Cataluña era un sistema político excepcional, con parlamento propio dentro de la República.

EL PATRÓN POLÍTICO CATALÁN: PARTIDOS DE AFILIACIÓN INDIRECTA

En los viejos tiempos, antes de Primo de Rivera, el republicanismo tuvo una combinación característica de tozuda continuidad y de fraccionamiento ideológico crónico, de tal modo que cada tantos años se debía negociar una plataforma común, habitualmente llamada «Unión Republicana», que reunía a las disidencias, las muchas familias y a las «tribus» en un conjunto con capacidad electoral. Esta tendencia formó parte fundamental de la política catalana: la afiliación indirecta.

Por regla general, los partidos en Cataluña, electorales o no, se basaban en pequeñas representaciones locales o, mejor dicho, localistas. Tenían muchos nombres: círculo, centro, casal o ateneo, y estaban presentes en un pueblo o en un barrio urbano. Si, en los alrededores, podía haber otra entidad parecida pero ideológicamente enemiga, mucho mejor, pues eso generaba fidelidad entre la clientela. Antes, cada una de ellas era el partido, allí donde existía. El partido, tal como aparecía en los diarios, o como se presentaba en los comicios, era lo que los politólogos llaman una «organización paraguas», a la que las asociaciones locales se sumaban o adherían. Así pues, todo partido catalán era más bien un mosaico cuyo dibujo estaba compuesto de una multitud de teselas, cada una con su forma y su color. Por supuesto, tenían vida propia y lo que más les fidelizaba era aquel otro ateneo enemigo que había unas calles más abajo, o más arriba.

Este sistema se llama de «afiliación indirecta» por no ser casi nadie socio del partido como tal, sino del centro o ateneo de turno, en su pueblo o su barrio metropolitano. Lo contrario —un partido de afiliación directa— solo tiene socios de una única asociación, que es el partido mismo. Esto, en Cataluña, nunca ha gustado. Se prefiere lo inmediato, lo propio, lo tangible. Cualquier otra fórmula parece lejana, ajena, alienadora.

La característica de un sistema de partidos de afiliación indirecta comportó un efecto adicional, con posibles ventajas, pero costes muy marcados. La multiplicidad de casinos, casals, centros y demás entidades de base generaba (siempre lo ha hecho) una confusión entre base y dirección, entre el partido como organismo de alta política y actuación electoral y los entes que configuraban la presencia local, en un barrio urbano o en un pueblo más pequeño.

Dado que el movimiento catalanista, en su sentido más amplio, era una corriente social, con una interacción ya estructurada de jóvenes díscolos y adultos assenyats (sensatos), se tendía al trato social común. Para entendernos, cualquiera puede disfrutar de una partida al dominó o a las cartas. Tal intimidad, más el consenso catalanista y/o nacionalista de fondo, invitaba a la práctica de la militancia doble, o múltiple. Un activista formaba parte de un partido separatista, pero también de otro, además de varias entidades de agitación cultural. Había una militancia doble (o triple, o más) que resultaba omnipresente pero tácita. Entonces, ¿quién pertenecía a qué? No quedaba claro. Se suponía que la fidelidad era genérica, comparable al sentimiento nacional compartido, según los nacionalistas.

Puede que el militante doble más extremo en los años treinta fuera Marcel·lí Perelló, uno de los protagonistas del atentado del Garraf, quien, además de su adscripción como francmasón, se dice que militó más o menos a la vez en Estat Català Partit Proletari, partido nacional-marxista, y Nosaltres Sols!, organización más bien anticomunista. Perelló era considerado todo un personaje. En general, la práctica era (o es) común porque los amigos o la tertulia son una cosa, y «las ideas», otra. Si alguien con frecuencia se encuentra con gente de una afiliación determinada, se le toma por comilitante, aunque esté formalmente adscrito en otro organismo.

El elemento siempre presente en la política catalana —que ayuda a entender las interacciones entre grupos pequeños y partidos mayores que funcionan como una «organización paraguas», es decir, una unión de entidades con criterio más o menos común— es el vínculo familiar: ante las genealogías, el catalanismo histórico se deshace en una vinculación en cadena, entre parientes. No tienen que ser íntimos, ni inseparables, pero ahí están: aquel y aquel otro y el de más allá, en el paso del campo a la gran ciudad. Incluso en la política, el trato de asuntos serios suele pasar por conexiones de parentesco. En política, los temas de partidos —y muy marcadamente entre pequeños grupos y núcleos clandestinos— se mueven entre primos y cuñados, pues alguien siempre tiene a un familiar en la otra organización, lo que permite contactos fluidos, informales, que no tienen por qué dejar rastro. A principios de la década de 1970, todavía bajo el franquismo, los meros vínculos de familia conectaron una organización de lucha armada formada en 1971, el MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), tan suspicaz que funcionaba con «grupos autónomos de combate», con otra, que era la escisión de 1972 del PSAN (tan desconfiada que no tenía ni nombre; sus siglas, OLLA, para Organització de la Lluita Armada, son aparentemente una invención policial). El caso es que la conexión entre el MIL y la OLLA se explica porque un miembro destacado del MIL, Oriol Solé Sugranyes, era primo hermano de otro de la OLLA, Felip Solé i Sabaté.

Las colles (o sea, la cuadrilla catalana en plural) pueden ser diversas en cuanto a alineamiento político, como en otras partes de España. Pero son las piezas de base de la penya (peña), que no solo chismorrea y comenta (como en cualquier tertulia) sino que organiza. Todos los entes de base son una penya, con una colla detrás. Asimismo, el mecanismo funciona de arriba abajo: absolutamente todos los partidos y sindicatos en Cataluña en el siglo XX y hasta el presente nacieron como una penya con colla (o, si hubo pacto, con colles).

Colaborar es, por tanto, bien fácil, porque hay correas de transmisión predispuestas. Pero el potencial del enfado personal es también inmediato, está a mano. Hay tanta predisposición para el entendimiento, para unirse (fer unió) como para romper (fer ruptura). En esto la vida política catalana no ha cambiado en más de un siglo y medio.

EL PUNTO DE ENCUENTRO NECESARIO: DE LA UNIÓ CATALANISTA AL CADCI

La Unió Catalanista —aunque se había fundado a principios de la década de 1890— quedó pronto envejecida, con su sede en la calle Canuda, al lado del Ateneu Barcelonès. Tenía colles (caudrillas) y grupos organizados de jóvenes a su alrededor, que entraban y salían, escuchaban a Guimerà y sus amigos disertar en tertulias, pero no se quedaban para dar vida a la entidad central. Ahí se fraguó el fracaso de Martí i Julià en 1917, al querer reconvertir la Unió en un «partido socialista».

La encuesta a los socios no tuvo respuesta por la sencilla razón de que los trabajadores «de servicios mercantiles» estaban en otro local: uno propio, el CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria), que se fundó en Barcelona en 1903. Era una entidad híbrida, en parte vagamente sindical, en parte un ateneo popular, que servía como lugar de reunión y punto de partida para iniciativas nacionalistas o deportivas (como el excursionismo). Pronto se expandió con unos diez mil socios en 1917, aunque hay fuentes que incrementan considerablemente la cifra.

Es crucial entender la sociología subyacente al CADCI y, por extensión, a la aparición del separatismo político en 1918. Los trabajadores en comercios eran inmigrantes rurales atraídos por la oportunidad urbana hacia el ascenso social; su foco solía ser Barcelona, pero también se podía probar suerte en otras ciudades menores.

Los trabajadores «mercantiles» (que no exactamente «obreros») eran los expulsados de la terra, la propiedad en el campo, o de la masoveria (la explotación arrendataria, con frecuencia sometida a las complejidades del derecho catalán de la enfiteusis), por la rigidez del sistema catalán de herencia, que lo daba todo al hereu, el primogénito (o la pubilla, si no había hijos varones). Se suponía que los demás hijos e hijas se espabilarían, puede que con una ayuda monetaria si se trataba de una casa de payeses ricos y, si no había fondos, con un aprendizaje en el negocio de un pariente lejano o en el taller de un conocido o un familiar. Por supuesto, las chicas iban de criadas a la ciudad, o hacían esa misma labor en casa de su hermano si no encontraban novio. Pero el liderazgo social era masculino. El CADCI era una sociedad de hombres y no admitía socias.

Con un aspecto de señorito y su ropa confeccionada en talleres a talla fija —cuando los señoritos de verdad iban vestidos a medida, de sastrería, y los sastres de Barcelona tenían fama en toda España de ser los mejores—, los dependientes parecían colocarse en el espacio ambiguo y amplio entre las clases medias y la burguesía propiamente dicha. Hasta mediados de la década de 1910, los obreros manuales vestían blusa larga; en los años veinte y, sobre todo los treinta, se puso de moda el mono, un cubre ropa, primero con botones y luego con cremallera. Pero los dependientes no eran respetados, ni por la burguesía ni por las clases populares: a los trabajadores de los comercios pequeños (no los grandes almacenes barceloneses de la calle Pelayo) se les tenía por saltataulells (literalmente, saltamesas), ya que podían dormir en la tienda, lavarse rápido y estar listos para el día siguiente. A los de las oficinas se les llamaba pixatinters, refiriéndose a que había solución para su plumilla si se secaba su tintero. Si el CADCI barcelonés creció, otros CADCI se establecieron en las ciudades menores catalanas, como Girona, Lérida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Valls y Vic.

Durante lustros, la Lliga controlaba la presidencia del CADCI, pero en sus salas se gestionaron iniciativas más radicales: en 1918, Macià presentó su propuesta de una coordinadora de grupos separatistas, formada por la Unió Catalanista, los núcleos autónomos o las entidades que existían al abrigo del CADCI. Los trabajadores del sector mercantil —los que vendían en los comercios, los oficinistas— eran la muestra viviente del crecimiento de Barcelona, que se expandía al ritmo de Madrid. Asimismo, eran los rivales de los funcionarios públicos que daban sentido a la capital estatal y que encontraban en los militaristas —los peninsulares, con sus juntas de cuerpo de ejército (infantería, caballería, artillería)— su última defensa social ante la proletarización y afiliación a un sindicato.

Pronto surgió la broma, que el muy malicioso dibujante Picarol (el ibicenco Josep Costa Ferrer) resumió como el desafío de un Macià con sombrero blando y traje de americana (todo muy informal, un poco hortera) ante un Cambó con sombrero de copa y de punta en blanco: «Què volen els dependents?» (¿qué quieren los dependientes?), dice en la caricatura el jefe de la Lliga a su interlocutor. «La independència!» responde Macià, contundente.

El CADCI fue una entidad representativa, pero en su esencia pasiva. Estaba esperando que alguien como Macià se inventara algo para guiarla, o para guiar la base social que representaba, la cual, a principios de los años veinte, aseguraba contar con unos veinte mil socios.

En los años de la dictadura del general Primo de Rivera, quedó en manos de los Sindicatos Libres, los enemigos de los Sindicatos Únicos, o CNT. En 1931, con la Segunda República y la Generalitat, mandaron hombres de Esquerra, hasta los disidentes del Partit Català Proletari, que, con apoyo de los estalinistas, se hicieron con el control. De ahí los tiros contra la tropa desplegada del ejército en la noche del 6 al 7 de octubre de 1934 y el consiguiente cañoneo del edificio, con sus héroes separatistas, más notablemente Jaume Compte, pero también Manuel Gonzàlez Alba y Amadeu Bardina.

En los tiempos de la revolución, en el verano de 1936, el Partit Socialista Unificat de Catalunya —es decir, la UGT, en la cual el PSUC sindicaba su militancia— se quedó el CADCI, pero más adelante hubo una rebelión interna, sin que se pudiera convertir en un auténtico pilar político del nacionalismo fusionado de Estat Català, el partido reinventado en 1936.

Llegada la Transición, cuando tocó devolver a sus dueños propiedades anteriores a 1936, el CADCI (es decir, el edificio de la Rambla de Santa Mónica) pasó —para frustración de antiguos socios y jóvenes nacionalistas— a depender de la UGT. No se aceptó una refundación de la antigua entidad.

NACE EL SEPARATISMO COMO ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El crecimiento progresivo de la historiografía contemporánea catalana, desde su nacimiento pleno en la década de 1970, ha priorizado el estudio de los partidos políticos (y sindicatos), por encima de las personalidades y los formatos electorales (y campañas huelguísticas). Hasta hace poco, se ha estudiado casi exclusivamente a las organizaciones electorales. Antes de las últimas dos décadas, solo se investigaron conspiraciones o conjuras de los anarquistas o del obrerismo. En general, el impulso conspirativo nacionalista ha sido muy poco atendido por los historiadores. Ha sido una distorsión importante, ya que la sociedad catalana tiene una predilección mediterránea por la intriga, de la que sabemos comparativamente poco.

El cabdill (o caudillo) del movimiento fue Francesc Macià, ingeniero militar con obra pública en la provincia, bien casado con una rica propietaria de Lérida, y con un hermano constructor, pionero del uso del hormigón armado de patente francesa. De golpe, su provechosa vida se vino abajo.

Cuando, en noviembre de 1905, el sector militarista de capitanía se cansó del cruce periodístico de insultos entre la prensa españolista filomilitar y las publicaciones satíricas ultra-catalanistas, se lanzó a la provocación directa: vestidos de uniforme, un grupo numeroso de oficiales destruyeron las céntricas oficinas de las publicaciones de la Lliga y, tras lanzar lo que pudieron por las ventanas, quemaron los restos en plenas Ramblas. Este ruidoso incidente fue conocido como «la quema del Cu-Cut!», en alusión a la revista satírica de la Lliga.

La movilización de la opinión militarista fue masiva contra el gobierno liberal. Se exigía que los delitos de opinión contra símbolos del Estado (y las fuerzas armadas) se juzgaran en los tribunales militares, y no por juzgados civiles. El gobierno cedió y se forjó un movimiento de amplia protesta —desde carlistas hasta republicanos y nacionalistas—, en oposición al arrollador proyecto en las Cortes. De ahí surgió, a iniciativa de Prat de la Riba desde la Lliga, el proyecto de una Solidaritat Catalana, una única candidatura unitaria transversal. El teniente coronel Macià fue candidato por dos lugares —Barcelona y Borjas Blancas—, siendo el único oficial que se negó a firmar el manifiesto militarista en protesta por los insultos separatistas.

Como diputado, Macià evolucionó lentamente. Dejó la Lliga en 1911 y se acercó a los republicanos. Abandonó el Congreso en 1915 y fue reelegido por «su» distrito leridano (Borjas Blancas, donde estaba «su» finca) sin hacer campaña. Su rechazo al inoperante sistema de partidos y a las Cortes le llevó al espacio vacío: el nacionalismo separatista.

Como ya se ha visto, la Unió Catalanista, fundada en 1891, reunía un enjambre de casals, centros y ateneos federales y nacionalista-federales a su alrededor, pero rechazaba la intervención política. Su figura estelar y líder intelectual —ya presentado aquí— era Martí i Julià. La tesis del Dr. Martí sobre los imperios militaristas que oprimían a las pequeñas naciones parecía un acierto en plena Primera Guerra Mundial. El impacto de la contienda en Cataluña, sobre todo en Barcelona, radicalizó a los nacionalistas, y los distanció de un federalismo cada vez más en regresión, y de un republicanismo expansivo pero centralista. En 1917, Martí propuso convertir la vetusta Unió en una «fuerza socialista». El rechazo de las bases a su iniciativa le rompió el corazón: murió el 25 de junio de ese mismo año. Y entonces quedó un vacío político, que Macià ambicionó llenar.

Barcelona celebró el final de la Gran Guerra, aunque España se había mantenido al margen de la contienda, siendo, literalmente, el único país soberano o colonia de toda la cuenca mediterránea que lo consiguió. Pero una fiesta siempre es bien acogida. Esa manifestación del 11 de noviembre ante los consulados de Bélgica y Serbia dio protagonismo al excoronel, convertido en líder del nacionalismo catalán más disidente.

Al terminar el conflicto internacional en noviembre de 1918, Macià recogió el ambiente que se vivía en los grupúsculos soñadores, convencidos de que iban a recibir el regalo de una independencia de la mano del presidente norteamericano Woodrow Wilson y sus famosísimos «catorce puntos». Toda Europa —de Milán a Berlín o Viena— estaba igual de excitada y llena de las mismas fantasías. Para aprovechar la situación, Macià quiso crear una organización. Sin embargo, el Partido Obrero Nacionalista no cuajó ni pasó de ser una propuesta, un nombre al pie de un cartel.

Se vio entonces obligado a recoger a entidades locales que no querían fundirse en un partido con jefe, y preferían una reunión a la catalana, de afiliación indirecta, con sus entidades locales en pie. Y por ello, Macià tuvo que formar una Federació Democràtica Nacionalista o FDN. No pudo o no supo imponerse a sus seguidores, que siguieron actuando a su manera. En 1920, la FDN vivió un fracaso electoral en los comicios municipales barceloneses. Luego, tras una pausa para repensar las cosas, Macià, todavía arrastrando el peso de la FDN, se presentó en junio de 1922 en la Conferencia Nacional Catalana, para sumarse a la escisión nacionalista de la Lliga: Acció Catalana, con un nombre y un proyecto prometedores. Los organizadores lo torearon sin dificultad. En julio, al ver que no podía hacer nada más, creó Estat Català, una organización con una vertiente paramilitar: a su lado —al menos en teoría— estaba el ejército de Cataluña, que también reclutaba.

EL ASPIRANTE A CABDILL: DANIEL CARDONA

Dos figuras bien diferentes destacan en la formación del primer separatismo político. Una fue indudablemente excéntrica, la otra, mucho más representativa.

El excéntrico fue Macià, que había nacido en 1859 y en 1919 tenía sesenta años, una edad en que la mayoría de la gente piensa en la jubilación; él mandaba a la antigua, por hábito de militar y terrateniente, además de «señor».

La otra figura, más representativa del ambiente de los grupúsculos, fue Daniel Cardona. No tenía el rango político y social de Macià y era mucho más joven: L’avi (el abuelo), como llamaban al jefe a escondidas sus jóvenes seguidores, le llevaba treinta y un años a Cardona, que nació en 1890.

Cardona solo era conocido en el CADCI y en los círculos más militantes del nacionalismo radical y el naciente separatismo. Huérfano, tuvo que trabajar para vivir, y se familiarizó desde pequeño con el mundo de los dependientes de comercio, de los saltataulells que dormían debajo o sobre la mesa de la botiga (establecimiento). Dicho de otro modo, si bien Cardona era un espíritu formado en la calle Canuda de Barcelona, donde coincidían la Unió Catalanista y el Ateneu Barcelonès, su espíritu alcanzaba al CADCI, cuyo edificio aún domina la acera no eclesial de la Rambla de Santa Mónica. Excepto que, para Cardona, el autonomismo no podía ser más que un medio hacia la anhelada ruptura. Su sensibilidad era escasamente transaccional, como firme era su rechazo a España; su visión del separatismo miraba más a un desencuentro permanente, a una Cataluña libre de ataduras hispánicas.

Por mucho que, en un principio, Cardona quiso seguir y obedecer a l’avi Macià, resultó superior a sus fuerzas. Eran hombres contrapuestos. Ya de niño, Cardona lanzó un cubo de agua sucia a los oficiales de uniforme en la ya famosa «quema del Cu-Cut!» de 1905. Unos tíos carnales sin heredero le rescataron y lo hicieron su hereu, lo cual le dotó de tierras en Sant Just Desvern, entonces un pequeño pueblo cerca de Barcelona camino del río Llobregat. Así que, al igual que Macià, pudo hacer política con recursos propios (a otra escala, se entiende), cosa que le dio una considerable libertad de criterio.

Sin la formación técnica de Macià, ni su afán lector, Cardona fue un autodidacta, formado en catalán, con un ideario de la Unió Catalanista —en último extremo, como su leccionario, la publicación La Renaixensa de Àngel Guimerà y Pere Aldavert. El criterio fundamental era la unidad absoluta de los catalanes; es decir, por obligación, la voluntad unitaria, siempre, sin alternativa, de todos los políticos nacionalistas. Si todos los catalanistas estaban unidos, conscientes de su unidad, ¿cómo podría fallar el movimiento nacional?

De este modo, si Macià fue siempre el solidario consciente, el defensor del activismo de la Solidaritat Catalana (mucho más que Prat de la Riba o Cambó), entonces Cardona fue el paladín de la Unió Catalanista, más que cualquiera de sus personajes envejecidos. No podía ni debía existir ninguna división entre catalanes. Pero Macià entendió que era imprescindible ganarse al obrerismo, que, si era libertario, podría serlo en sentido catalán. El objetivo macianista era deshacer el Estado liberal monárquico y crear algo nuevo, con gente nueva, de espíritu popular y republicano, al tiempo que existiría una Cataluña con capacidad de veto propio, con su peculiar dret a decidir (derecho a decidir). Cardona desconfiaba de este esquema, a pesar de los muchos amigos obreros y obreristas que tenía. El fin cardonista era romper la tiránica Corona hispánica en sus partes nacionales más activas: catalanes, vascos y gallegos. Lo demás ya se vería con el tiempo.

Macià, como militar profesional, confió en el trabajo de organización previa, aunque no le dio muy buen resultado. Cardona, de tan activista que era, deseaba ver acción directa cuanto antes, sin saber muy bien cómo prepararla, ni qué hacer exactamente. Con el tiempo, esa diferencia de tono y de énfasis les hizo romper: Macià expulsó a Cardona, y este se mantuvo en un puesto marginal, y resentido. Mientras tanto, ambos subestimaron la capacidad de la policía española (ayudada por la francesa) para anticipar sus propuestas o sus planes.

En resumen, Macià, el gentleman siempre impecable, con rectitud y sentido de mando, se alió con el pequeño Cardona, hombre de gorra y no de sombrero, que le aportaba una perspectiva propia de la base social del naciente movimiento separatista. Macià fue diputado en activo (aunque orador incómodo, escasamente dotado) durante una década y media, conocía Madrid y había tenido acceso cortesano antes de romper con las filas del ejército. Por el contrario, Cardona poseía suficiente educación para sobresalir en el medio menestral y obrero, con recursos para dominar en un municipio pequeño, fuera de la pujanza barcelonesa.

Estaban destinados a entenderse. También a pelearse. Su relación dominó el separatismo desde su fundación hasta los años de la República, con el triunfo y la desaparición de Macià.

LA REVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El CADCI y el macianismo (la FDN en 1919 y luego Estat Català en 1922) representaban un mundo todavía lento. Llegar de Sant Just Desvern a la calle Canuda se hacía todavía en tartana, un carro ligero con un caballo, y se tardaban bastantes horas: en 1918 o 1919, ir y venir, con una pausa no muy larga, consumía todo un día.

Barcelona era una ciudad con un crecimiento impresionante (desde 1897 hasta 1930, la Ciudad Condal tuvo casi la misma población que la capital del Estado, hasta superarla en 1930). El peso de la inmigración venía de fuera, pero la expansión metropolitana atraía a gente de su Hinterland, del interior catalán, de la llamada muntanya, hasta que, en las décadas de 1910 y 1920, las carreteras asfaltadas lo penetraron y acercaron.

Las inmigrantes rurales —también las mujeres— se encontraban con una sociedad urbana en pleno cambio y con gente venida de otras zonas rurales en España. La Barcelona mestiza, bilingüe si bien todavía con predominio del catalán, daba una sensación potente, en parte por su dinámica portuaria y por sus extranjeros: los acogidos y asilados de la Primera Guerra Mundial, los turistas de los años veinte (la Exposición Internacional barcelonesa de 1929 fue un éxito) y, con los años treinta, los nuevos refugiados políticos, que huían de los fascismos, hasta la llegada de la gente afín a las izquierdas y a la revolución, con el estallido de la Guerra Civil en 1936.

En resumen, el nuevo separatismo catalán era una corriente rural en la ciudad, un movimiento urbano que inconscientemente evocaba el campo mediante el excursionismo y que concebía el combate como lucha de montaña y bosque, no el tiroteo en calles urbanas.

Al mismo tiempo, estos cambios de población afectaron a todos los nacionalismos, incluso al español. El carlismo se rompió en 1919 con un tradicionalismo nuevo y agresivo, una corriente nada favorable a los nacionalismos antiespañoles liderada por el histórico tribuno Juan Vázquez de Mella y el ensayista pamplonés Víctor Pradera. El militarismo se redefinió, como mostró la creación en 1920 de la Legión o el Tercio de Extranjeros, gracias al estrafalario teniente coronel José Millán-Astray. El sentimiento jelkide de la Comunión Nacionalista Vasca se rompió, con la aparición en 1919 de un PNV neosabiniano, mejor conocido como Aberri, el nombre de su publicación, y liderado por Eli Gallastegi (que hizo amistad relativa con Cardona a través de intermediarios). Macià fue una figura bien representativa en esta crisis de los nacionalismos españoles y antiespañoles que sacudió España entre 1919 y 1922. Cuando el partido catalanista dominante en Barcelona, la Lliga Regionalista, se escindió en junio de 1922, para dar lugar a un partido nuevo, Acció Catalana, Macià anunció, en el mes de julio, una fuerza nueva, Estat Català, y, bajo mano, preparó un ejército clandestino de Cataluña, más ruidoso que efectivo.

Muchas luchas contemporáneas influyeron en las imaginaciones separatistas. La combinación de nacionalismo y socialismo se encontró en el fascismo de Benito Mussolini, fundado en Milán en marzo de 1919. En Irlanda, la lucha del IRA en nombre del dáil o parlamento separado irlandés, fruto de las elecciones de diciembre de 1918, marcó un estilo de atentado, que no parecía lejano y que generaba simpatías católicas, incluso entre la gent d’ordre (gente de orden) de la Lliga. Y la misma Barcelona industrial estaba marcada por el pistolerismo, el juego de matar a tiros extendido entre los militantes sindicales. Se encaraban los Sindicatos Libres —más o menos católicos, partidarios de la sindicación por oficio— y los rivales Sindicatos Únicos, libertarios y defensores del sindicalismo industrial, sin distinciones dentro de un mismo ramo productivo. Era un enfrentamiento empeorado por la intervención de gente armada por empresarios y por la actuación de la policía, respaldada por los militaristas en capitanía general.

Ante tal panorama de conflicto social, ¿qué sentido tenía la lucha separatista?

Muchos teóricos —entonces y hasta la actualidad— han supuesto que el impulso hacia una revolución nacionalista reside en la oportunidad de generar un cambio social con el reajuste de clases sociales según su idioma y nacionalidad. Así se realizó la reforma agraria en toda Europa oriental al terminar la Primera Guerra Mundial: dado que los terratenientes eran de lengua y a veces de religión distintas al campesinado, la mera existencia de una normativa que obligaba a ser ciudadano, y hablar el idioma del nuevo estado, era suficiente para borrar toda una aristocracia. Pero existían otras posibilidades: cambiar toda la función pública, como medida justificada por un cambio lingüístico. En principio, el antaño relegado idioma de una parte mayoritaria de la sociedad reemplaza la lengua imperial como idioma escrito de toda la labor del nuevo estado. Sin embargo, rara vez es algo tan fácil como la feliz imagen irlandesa de pintar los buzones de correos, antes de rojo imperial británico, para pasarlos a un simpático verde nacionalista.

En 1919, en su obra Democratic Ideas and Reality (subtitulada «Un estudio en la política de la reconstrucción»), el geopolítico inglés Halford J. Mackinder remarcó, con lucidez: «¿Está Ud. [se dirige al lector británico] seguro de que la esencia de la exigencia del Home Rule en Irlanda, y en menor grado en Escocia, no viene principalmente de hombres jóvenes que, aunque no se den del todo cuenta, están agitados por una igualdad de oportunidad más que contra la supuesta maldad de Inglaterra?» Era una pregunta muy lúcida, aunque tardía.

Ya situado en plena guerra independentista irlandesa, los detalles del interrogante de Mackinder estaban del todo desfasados. Los rebeldes no combatían por el Home Rule sino por una república independiente (si bien fue un «estado libre» y hubo una segunda guerra en 1922-1923). La pugna entre freestaters y republicanos nunca fue entendida por los catalanistas, ni entonces ni después.

Pero sin duda era evidente que todos los nacionalistas irlandeses luchaban por el ascenso social, por puestos o cargos que solo se encontraban en Londres y no en Dublín. Hay muchas ambiciones ocultas entre los ideales. Con mucha frecuencia, el deseo de ser libre, de formar parte de una nación entre las naciones, esconde un deseo adicional que sería hacerse imperio, alcanzar la extensión máxima que se tuvo en algún lejano tiempo de conquista, predominio y hegemonía cultural.

¿Cuál era, por tanto, el objetivo de la revolución predicada por Macià o Cardona? ¿Salvar el idioma catalán o asegurar una nueva clase media urbana, venida del campo, que gozaría de una plena realización en una administración catalanófona?

En 1919, esta era una pregunta europea, que se planteaba en muchos lugares al mismo tiempo. En el medio catalán, sobre todo en las zonas fabriles de la ciudad, pero también del campo (las fábricas y colonias industriales en las cuencas de los ríos), se hicieron visibles varias opciones: el sueño revolucionario, la violencia irlandesa, que excitó a los nacionalistas más o menos rupturistas; pero también la violencia fascista italiana, que reconfortó los ánimos más españolistas.

Ante tanta agitación, el militarismo españolista tomó posición. En abril de 1919, tumbó con un gesto desde Barcelona el gobierno liberal de Romanones. En los cuatro años siguientes todo se complicó, en el protectorado de Marruecos en 1921, y en Barcelona con sus huelgas y sus tiroteos. El separatismo —entonces incluía a Acció Catalana junto con Estat Català— quiso soñar con una acción física, que era a la vez un lance o engaño, contra la abusiva presión militarista y la disfunción parlamentaria. Se pretendía una supuesta «triple alianza» de catalanes con vascos y gallegos (y quizás incluso rifeños, en cuarto lugar). La manifestación de la Diada, el 11 de septiembre de 1923, se celebró con el anuncio de la nueva línea de lucha. La respuesta militarista fue contundente. Dos días después, el 13 de septiembre, el pronunciamiento exitoso del general Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general en Cataluña, utilizó como justificación la manifestación de la Diada, con sus gritos de «Visca el Rif!».

De inmediato, al saberse perseguido, Macià se refugió en Perpiñán y después en París, donde intentó preparar una gran revuelta en Cataluña. No era una trampa mental: Francia estaba ahí, al otro lado de los Pirineos y permitía cierto juego político. Se podría organizar una revolución. Además, Barcelona parecía destinada a ser muy pronto la ciudad portuaria más grande y potente de todo el Mediterráneo. La excitación nacionalista tenía cierta lógica, y también se podía esperar una respuesta del sindicalismo revolucionario, todos de frente contra el afán de protagonismo militarista del ejército español.

LA FUNCIÓN SOCIAL MASCULINA DEL SEPARATISMO

¿Cómo pudo tener influencia política y social el medio separatista dentro de la sociedad catalana cuando era incapaz de generar una presencia parlamentaria, ya fuera en las Cortes de Madrid o en el Parlament catalán (siempre que las circunstancias lo permitiesen)?

Hay varias razones. En primer lugar, gozó de un factor negativo que resultó rentable. Se puede ver el siglo XX catalán como una alternancia entre un contexto catalanista y otro militarista y españolista. Entre 1914 y 1923, la Mancomunitat operaba como una representación de un gobierno regional, casi «nacional». La dictadura militar del general Primo de Rivera incluso aceptó la persistencia de una mancomunidad castellanizada hasta mediados de 1925. Pronto, sin embargo, vino la prohibición del uso del catalán en el espacio público (toda la administración y partes de la sociedad civil, como la documentación de los colegios de abogados o los sermones de misa), pero sin tocar la prensa en catalán, excepto, como todos los periódicos, mediante una nueva censura previa.

En general, el primorriverismo confió en el analfabetismo y no fue muy obsesivo con los ensayos, ya que la mitad de la población los ignoraba, como sigue sucediendo hoy. El franquismo, muy al contrario, aprendió de la dejadez represiva oficial de los años veinte y apretó con su censura hasta la poesía.

Ahora bien, un enemigo reconocido y temido pero invisible puede ganar una suerte de prestigio oscuro; al no verlo, es fácil exagerar su presencia y su fuerza. Así pues, las dos dictaduras —la de Primo de Rivera en los años veinte y, más adelante, la franquista— potenciaron el catalanismo en su sentido más genérico, como una presencia importante. Luego estaba la lógica: si el nacionalismo en último extremo tenía que anhelar la independencia, entonces toda expresión nacionalista apuntaba de algún modo en esa dirección. Visto así, la presencia enemiga del nacionalismo era más bien una omnipresencia que hervía bajo la superficie y estaba a punto de estallar. Y, por pura deducción, ese volcán rebosaba magma independentista. De este modo, el observador extranjero bien informado —el corresponsal, el viajero ensayista, el diplomático— sabía que Barcelona era un foco que ardía en el deseo de la independencia, aunque no se vieran muestras tangibles. En el mismo sentido, en los años treinta, se suponía que, al ser el fascismo una expresión de nacionalismo vehemente, el entorno catalanista se había convertido en un centro de entusiasmo fascista. En ese contexto, la reputación hacía el resto.

Esta promoción de la imagen negativa tuvo su sentido interior. Durante todo el siglo XX, los adolescentes vivieron ardores patrióticos y soñaron con heroicos combates de liberación, siempre según la moda de su época: varía el estilo de la fantasía juvenil en los años veinte y treinta, bajo el franquismo y en la apertura de la Transición y la larga monarquía juancarlista. Más adelante exploraremos cómo se concretaron las fantasías y la moda política imperante. Aquí es suficiente señalar la continuidad de la identificación de los díscolos machos adolescentes: esa difícil edad, entre los quince y los veintiséis años aproximadamente, cuando abunda la testosterona y las ganas de brega o de hacer actos digamos antisociales, de protesta y de masclisme (machismo), puesto que en un ambiente nacionalista siempre hay una buena razón para protestar.

De ahí también la histórica relación entre el nacionalismo y el excursionismo: pasear y conocer la patria, tocar la terra, acampar con otros chavales y vivir aventuras de escaso riesgo. Con la predisposición de la sociedad civil catalana a amparar asociaciones y, en estas, actividades, se mantuvo un vivero de patriotas en los deportes y sus paseos, ya que las entidades deportivas estimulaban excursiones más allá del campo de juego o la cancha. Mientras el nacionalismo reflejaba la sociedad (que era machista), decantada hacia la sobrerrepresentación de lo masculino, las «acciones» nacionalistas apasionaron a los jóvenes, dispuestos al desafío, a colgar una senyera en un lugar visible o dejar algún rastro para fastidiar a la policía españolista.

Así, el mismo hecho de vivir el nacionalismo radical se convirtió en un rito de paso central para toda la parte catalanista del tejido social catalán. Allí se fijaban los sentimientos y se configuraba un patrón de relaciones —no ya las personales, las de cada uno con su colla o cuadrilla, sino en general, casi en abstracto. Se establecía y confirmaba un modelo de la sociedad catalana como una interacción exclusivamente nacionalista.

Los jóvenes eran los «auténticos», los puros, los que defendían la separación y soñaban con la independencia. Los que maduraban, y se hacían adultos según las normas imperantes, serían quienes actuaban en sociedad, apoyaban iniciativas patrióticas pero imponían seny (sentido común); quienes, si había comicios, votaban a los catalanistas moderados y no a los aixelebrats, o descabellados. Los jóvenes respondían que eso era pura traición, que el regionalismo o el autonomismo no eran un camino para la plena realización de la patria. Pero la adolescencia es pasajera, se encuentra una vida, un trabajo y una novia, que pronto es la mujer con quien tener la parejita de hijos, uno de cada sexo. En casa para cenar y nada de tonterías. De ahí el atractivo del culto futbolero al Barça, de verlo en un bar con los amigos, como en los buenos tiempos. Algún eterno adolescente —y más raro aún, alguna mujer libre de ataduras y con ganas de participar en la agitación o incluso la vida conspirativa— se pasaría la vida en la plenitud de la militancia.

En síntesis, el separatismo surgió de dos pulsiones contrarias: la disciplina y el libre albedrío (o, si se prefiere, el autoritarismo y el libertarismo), que polarizaban la sociedad catalana en su conjunto. Esta contradicción ya era comentada antes del siglo XVIII. En todo caso, determinó la primera mitad del siglo XX, hasta el triunfo de la dictadura de Franco.

Dicho en sentido antropológico, el rito de iniciación de los grupúsculos separatistas sirvió para «socializar» a los jóvenes en un lenguaje y un estilo social catalanista. Muchos pasaron por este proceso, se socializaron y siguieron con sus caminos personales. Muy pocos se quedaron en el separatismo, estancados de por vida en una militancia adolescente. Algunos hombres mayores, sin embargo, se radicalizaron y volvieron a los andares juveniles. Esto mismo le sucedió a Macià.

A finales del siglo XX, el patrón seguía funcionando. Los adultos votaban al pujolismo, pero eran indulgentes con las impertinencias de sus hijos, que flirteaban con entidades mucho más radicales.

Este patrón determinado marcó la inoperancia electoral y la falta de visibilidad política del separatismo, y luego del independentismo. Muchos pasaron por el rito, pero muy pocos se quedaron.

El sistema de socialización separatista tenía la gran virtud de mantener la dialéctica entre el nacionalismo moderado, de la política y la vida institucional «normal», y el radical, que henchía los pechos adolescentes, pero que podía conectar con el sector más ideologizado del catalanismo cultural. Figuras como Pompeu Fabra, Josep Maria Batista i Roca, el arqueólogo Josep de Calassanç Serra i Ràfols (o más suaves, como Carles Pi i Sunyer), conectaban el activismo bronco con la intelectualidad. En 1924-1925, ese había sido el sueño de la SEM, la frustrada Societat d’Estudis Militars en la órbita de Acció Catalana. Pronto el talento político de personajes no tan cultos iba a arrinconarlos, pero tenían tanta fidelidad patriótica que, si hacían falta en horas bajas, allí volvían a estar, para dar cobertura o ejercer de puentes. Es la función que podían cumplir los democristianos de Unió Democràtica con, pongamos por caso, Nosaltres Sols!, o Acció Catalana con gente del ultracatalanismo laico.

Asimismo, el catalanismo tuvo mucho más de red familiar que de clientelar. Cataluña es un país comparativamente pequeño, en el que los vínculos de parentesco se notan, pero solo para quienes tienen el conocimiento para descifrar las relaciones. El parentesco siempre fue muy importante, tanto como las amistades blindadas de las colles. No solo los vínculos de la familia directa, como hermanos o primos. También el compadreo (ser padrino) o la parentela «política» (cuñados y versiones más extendidas) daban una solidez a los contactos, que eran impenetrables para quien no formase parte de ellos. El parentesco era una de las barreras ante la inmigración de nivel medio. En tiempos difíciles, se convertía en una protección contra cualquier fuerza hostil, ya fueran milicianos o policías. La existencia de parientes eclesiásticos daba una conexión con todo el aparato de la Iglesia romana, malla peligrosa durante la gran matanza de religiosos de 1936-1937, pero que trajo compensaciones importantes en época de castigo contrarrevolucionario, como la de 1939-1944. He aquí un ejemplo no nacionalista, pero elocuente: el líder del famoso POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), Joaquim Maurín —aragonés catalanófono, capturado en «zona nacional»—, salvó la vida por ser medio hermano de un obispo.

Estos mecanismos sociales tuvieron un sentido básicamente masculino en las organizaciones (pero naturalmente con gran peso de las mujeres en el terreno personal) hasta la Transición, cuando apareció el feminismo como grupo de presión de izquierdas, decidido a superar las líneas femeninas de la familia, la Iglesia, la amistad y las asociaciones que existían con gran viveza desde, como mínimo, la década de 1910. Todo cambió de modo más sólido durante los años ochenta.

LOS DEPORTES Y EL SEPARATISMO

Hace ya muchos años, el escritor Manuel Vázquez Montalbán ironizó con que el Barça era «el ejército de Cataluña». Canalizaba la tensión, las frustraciones y las ambiciones de la parte catalanista de la sociedad en un marco que era a la vez una expresión de acometividad y espíritu acomodaticio. El FCB ha tenido y tendrá fanáticos con ganas de brega, pero ni remotamente se parece a un partido insurreccional clandestino. Al contrario, es un ritual participativo, con capacidad de resonar en todos los medios de comunicación.

Barcelona y el contexto catalán han sido pioneros en la introducción de deportes en España desde mediados del siglo XIX: muchas formas de ejercicio, con patrones de exhibición en estadio, y todo muy masculino hasta bien entrado el siglo XXI.

Era previsible que los deportes en general y el fútbol en particular se convirtieran en posturas nacionalistas radicales. La misma selección de deportes que se hace simbiótica entre sí, entre actividades, dice mucho del cariz de un nacionalismo. El catalanismo (aparte de los castellers) no desarrolló actividades supuestamente ancestrales como el nacionalismo vasco. Muy al contrario, se buscó la señal de la modernidad y la urbanidad cosmopolita: lo que jugaban los extranjeros, británicos o suizos.

Sin embargo, no fue una adscripción rápida. Fueron necesarias dos décadas, de 1900 a 1920, para que el fútbol en Barcelona se convirtiera en una dicotomía representativa catalanista-españolista. Tuvo que suceder la conexión entre el Barça y el CADCI.

En los años de la dictadura primorriverista, la asistencia a los partidos de fútbol compensaba la falta de partidos políticos. Tal relación se codificó concretamente con el cierre gubernativo del campo del Barça por las autoridades militares, a consecuencia de los insultos o las pitadas a la Marcha Real. Entonces, como era de esperar, se codificó la respuesta: el Partido Nacionalista Español del Dr. José María Albiñana, un pequeño pero ruidoso protofascismo españolista que surgió tras la dictadura de Primo de Rivera, nació en Barcelona de la Peña Ibérica, fundada hacia 1928 como «partido de la porra» para dar su supuesto merecido a los culers.

No fue una división única, la de culers y periquitos españolistas (o sea, socios del Real Club Deportivo Español de Barcelona). En esta misma época, entre los años veinte y treinta, tomaron forma los movimientos de tipo scout, y en una amplia variedad que iba desde los Exploradores de España hasta los Minyons de Muntanya. Codificadas las adscripciones, estaban marcados por una politización rival, que excluía otra opción posible, como sucedió con el hockey sobre hierba, como apoyo monárquico españolista en Terrassa o el Real Club de Polo de Barcelona.

Ahora bien, toda esta definición o polarización esconde una paradoja. Como es lógico, los ultranacionalistas piensan utilizar sus deportes como cantera para la selección de militantes, y en especial, para la consolidación de sucesivas capas de simpatizantes. Pero los deportes, que en efecto sirven para socializar a los niños en los valores nacionalistas e introducirlos directamente en los núcleos o grupúsculos extremistas, también tienen una función contraria, que a la larga resulta más importante. La identificación como espectador estabiliza a todo hincha en un marco de relaciones simbólicas, frecuentemente concretadas en una red expresa de asociaciones deportivas. Así, a su vez, contribuyen a restar ayuda a las posturas más radicales, ya que la satisfacción del combate, el sufrimiento comparativo, todos los placeres del male bonding, los satisfactorios vínculos de la amistad masculina, se viven por poderes, sin tener que pasar por la molestia de cualquier militancia política. Definida la adscripción al grupo amplio de participantes, la apelación a formar parte de un grupo cerrado de activistas se va disipando en la medida en que un sujeto masculino tiene otras relaciones (matrimonio, hijos y trabajo), que lo van integrando en un ritmo de vida. Así, el fenómeno de la afiliación deportiva tiende a convertirse en un elemento de estabilidad para los partidos políticos, ya que lleva a los nacionalistas radicales a un cortocircuito. Así se puede explicar en parte la relación entre los ritos de paso ultranacionalista y el voto útil moderado en la sociedad catalana.

Hundido el voto útil y desestabilizado el marco electoral, la misma política callejera —los CDR (actuales Comités de Defensa de la República) cortando carreteras con neumáticos ardiendo, o quemando contenedores urbanos de basura, en las contadas ocasiones que han exhibido fuerza— toma un aire de deporte de riesgo, frontera psicológica entre los deportes de masa del siglo XX y las nuevas formas participativas del XXI.

EL VOCABULARIO POLÍTICO CATALÁN, DEL SIGLO XX HASTA HOY

Las razones para querer ser independiente quedan muy simplificadas en una literatura política que suele reducirlo todo a una contraposición entre opresión y libertad. Nada nunca resulta tan fácil. Se puede odiar el sistema social y creer que una independencia política comportará un cambio profundo en la distribución de la riqueza. La convicción o la fe ideológica no demuestran nada, excepto su propia existencia, el hecho de que hay gente que cree en unas ideas determinadas.

Dicho esto, más que una doctrina, el nacionalismo radical ha sido un sentimiento, y, si vale la redundancia, un sentimiento muy sentimental, lo que en inglés se llama self-pity, bañado en conmiseración y lástima respecto del propio sufrimiento de penas, calamidades o desgracias, por supuesto todo debido a causas no merecidas. Todo nacionalismo es un ejercicio masivo de autocompasión articulada, con excusas hechas para las faltas propias y el resentimiento puro hacia quien «hizo el daño». El españolismo lo muestra en abundancia, así que no puede pretender que no lo hagan sus enemigos.

Hay nacionalismo y hay nacionalismo radical. Fue, es y ha sido lo que su nombre implica: el nacionalismo pero radicalizado, formalmente democratizado, convencido de su superioridad moral frente a un estado abusivo y corrupto, y rodeado de países hispánicos que no han entendido las cosas del mismo modo.

Tal abuso merece una respuesta, según quiénes sienten la afrenta. ¿Qué significan términos como «separatismo», «independentismo» o «nacionalismo radical catalán»?

Son, por cierto, palabras que uso en todo el texto como descriptivas, sin condena ni adhesión. Para resumir, el «separatismo» es poco más que nacionalismo catalán plus. El término «nacionalismo radical» dice lo que las tesis moderadas tan solo implican: independentismo.

Volvamos entonces a las palabras, al vocabulario político de los nacionalistas catalanes. ¿Qué dicen de ellos mismos los ultracatalanistas? Utilicemos el Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932 de Pompeu Fabra, considerado como normativo. Con las palabras y definiciones de Fabra estamos en el lenguaje catalán del siglo XX. De hecho, la obra lexicográfica legataria, el actual Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, o DIEC, en su segunda edición, nos ofrece el matiz entre el lenguaje de los años treinta y sucesivos, respecto a la actualidad. Traduzco todas las definiciones del catalán al castellano.

Según Fabra, autonomia es la «calidad de ser autónomo», o, en segunda instancia, la «facultad de gobernarse por sus propias leyes». El DIEC da ambas definiciones por buenas, pero añade autonomia administrativa, o sea, «autonomía de la que gozan los municipios, las provincias y otros entes»; además señala la «comunidad autónoma». Pero añade la «autonomía de la voluntad», entendida como el «principio en virtud del cual los sujetos jurídicos pueden convenir libremente sus relaciones». Y matiza otras autonomías, en transportes o en filología, que no nos conciernen aquí.

Sucede lo mismo entre el Diccionari de Fabra y el del Institut d’Estudis Catalans con autonomisme: ambos concuerdan en que es la «doctrina que defiende los principios autonómicos». No así autonomista, que para Fabra es «defensor, partidario, de los principios autonómicos», mientras que el DIEC actual solo apunta que es «relativo o perteneciente al autonomismo», o de un «partidario del autonomismo».

Si continuamos, tenemos todos los términos operativos de la política catalana bien fichados. Fabra dicta que, en política, el catalanismo es la «devoción a las características y a los intereses nacionales catalanes». El DIEC agrega que es asimismo el «movimiento que defiende el reconocimiento de la personalidad política de Cataluña o de los Países Catalanes».

Para Fabra, una nacionalitat es un «carácter nacional, solidaridad racial, política, institucional, que constituye una nación. La nacionalidad judía». El DIEC cita, sin modificar, pero disputa la segunda definición fabriana. Donde Fabra ha dicho «estado de la persona nacida o naturalizada en una nación», el DIEC reza: «Condición jurídica que se atribuye a los súbditos de un estado. Un individuo de nacionalidad italiana».

Nacionalismo, para Fabra, es la «devoción a la propia nación, a su unidad y su independencia». Hay que remarcar la ominosa insistencia en la noción de unidad como componente de todo nacionalismo, que el DIEC mantiene. Sin embargo, con su afán de puntualizar, incorpora una segunda definición: «Ideología y movimiento que reivindica la organización política independiente de una nación». Con perfecta consistencia, para Fabra, un nacionalista es entonces «quien quiere la unidad y la independencia de su nación», a la vez que, como adjetivo descriptivo, es propio de todo lo «relativo o perteneciente al nacionalismo». El DIEC mantiene ambas definiciones intactas, si bien las cambia de orden, no se sabe por qué.

El separatismo, para Fabra, es una «opinión, partido, de quien se quiere separar del estado del que forma parte para convertirse en independiente o para formar parte de otro estado». El DIEC lo repite sin enmienda. Un separatista es, según Fabra, el «partidario del separatismo», o, como adjetivo, se refiere a todo aquello «relativo o perteneciente al separatismo o los separatistas». De nuevo, el DIEC mantiene ambas definiciones intactas, con la prioridad cambiada.

En su secuencia de palabras, Fabra explicita que independència es la «condición de quien es independiente; exención de dependencia», acompañado de los ejemplos «la independencia de una nación, la guerra de la independencia». El DIEC matiza: «Situación de una colectividad, de un pueblo, de un país, etc., no sometidos a la autoridad de otros». Para el adjetivo independent, Fabra ofrece: «No dependiente. Un país independiente». El DIEC concurre con bastantes connotaciones adicionales sin tocar la sustancia de la definición. Pero es indicativo de la novedad el hecho de que ni Fabra ni el actual y digital Diccionari de l’Institut incluya la palabra independentista, ni mucho menos la informal contracción indepe.

Tampoco aparece en ninguno de los dos supremacisme, el equivalente obvio de supremacismo, modismo actual.

Miremos otros giros actuales. Para Fabra, en 1932, secessió es la «acción de separarse de una agrupación, especialmente de una nación, una parte de su pueblo o territorio». Como en otras ocasiones citadas, el DIEC lo repite, pero amplía con una ideología adicional: secessionisme, según el DIEC, es el «movimiento que propugna la secesión».

En cambio, por mucho que se haya utilizado en los últimos doce años, sobiranisme no se encuentra en el DIEC, si bien Fabra trata sobirania («calidad de soberano, autoridad soberana») y el DIEC añade ejemplos de los términos fabrianos («soberanía del rey», «ejercer la soberanía») a la vez que incorpora otra definición: «Calidad del poder político de un estado o de un organismo que no es sometido a ningún otro poder. Soberanía popular. Soberanía nacional.»

Tampoco debe sorprender que no esté en ninguno de los dos diccionarios la palabra nul·lificació, término tan importante en el discurrir argumental del presente libro. Es mi tarea explicar la validez de la expresión y su utilidad.

LOS PRIMEROS ESCAMOTS

El momento crucial de la resistencia armada a la dictadura de Primo de Rivera vino con el llamado atentado del Garraf, en junio de 1925. Fue el resultado de muy diversos caminos conspirativos y cerró, con toda la fuerza de un portazo, el conjunto de las iniciativas nacionalistas.

En este asunto, hay una microcorriente, y luego una mayor. Empecemos con el grupúsculo de activistas para explorar después la acción con cierta densidad política.

En la calle Bertrellans, una oscura callejuela paralela a la calle comercial (entonces en pleno desarrollo y construcción), de la Puerta del Ángel, había un piso con un pequeño grupo excursionista llamado La Serra del Cadí. Eran pocos, pero muchos de ellos tendrían destacadas actuaciones en los años siguientes. Decidieron por lo que más adelante se llamaría la vía armada. Con esa intención tomaron una identidad clandestina y se definieron como una «secreta hermandad catalana» con el sonoro y amenazante nombre de Bandera Negra, el tradicional símbolo asociado a la voluntad de matar o morir.

Establecieron contacto con Manuel Pagès, el segundo de Cardona y organizador de nuevas escuadras o escamots. Al parecer, el término lo creó Pagès para evitar la palabra catalana esquadra, que significa un grupo de gente armada bajo un cabo, entonces de fácil asociación con los squadristi italianos del fascismo; en el interior, los escamots eran de combate. Mientras tanto, en Perpiñán, Cardona seguía más o menos en colaboración con Macià, al tiempo que soñaba con intrigas a gran escala con militantes del renacido y neosabiniano Partido Nacionalista Vasco, escisión purista de línea aberri (nacionalista radical) liderada por Eli Gallastegi, quien había roto con la tendencia jelkide dominante en la CNV. Gallastegi contaba con los mendigoxales como fuerza de lucha nacionalista: el excursionismo aberri nunca le llevó al poder, pero fue un sueño compartido.

Los jóvenes de Bandera Negra se sumaron a la línea de Cardona, ampliando su peso.

Por otro lado, algunos elementos de segunda fila de Acció Catalana estaban muy inquietos, con ganas de hacer cosas. Las figuras principales, sobre todo Rovira i Virgili y Nicolau d’Olwer, confiaban en una vía de protesta pacífica internacional, de agitación hacia Ginebra y la Sociedad de Naciones. Su encuentro con Macià en Lyon, para crear tácticas, fue un desencuentro.

Sin embargo, dentro de Cataluña, en el «interior» (como pronto se diría frente al exilio), los inquietos crearon una Societat d’Estudis Militars (SEM), que pronto abrió sus puertas a otras de preocupaciones similares. Un núcleo de activistas tomó el control del SEM, puso alguna bomba (en el palacio de una aristócrata a quien se le atribuía un ligue con Primo de Rivera) y atrajo a los integrantes de Bandera Negra. Surgió un plan. La familia real y el dictador tenían que ir de visita oficial a Barcelona, y se podría aprovechar el paso de su tren por la accidentada costa del Garraf para provocar un accidente. Pero la red cayó: alguien se lo confesó a su padre, un vigilante nocturno que, para salvar a su hijo, lo contó todo a la policía, la cual arrestó a todos los miembros de la hermandad y encontró el artefacto (cuya funcionalidad sembró dudas). Algunos de los arrestados quedaron marcados por las torturas que sufrieron, como Jaume Compte y el muy joven Miquel Badia. Luego todo fue a peor.

Mientras tanto, el sector que ahora lideraba el SEM (apodados Los siete) pretendieron realizar una campaña a fondo. Pero se produjo un accidente: un vigilante llamó a la puerta del piso franco donde el farmacéutico Dr. Baltà tenía todo el fichero organizativo; mantenía las listas de militancia. El agente se había equivocado de piso, pero la torpeza de Baltà despertó sospechas: cayó él y el fichero del SEM, y con ambos toda la red que había en el «interior». Ya no quedó más separatismo que el de Macià y su rival, Cardona.

Así pues, ahora toda la iniciativa estaba en el «exterior», y más aún en manos de Macià, sin que Cardona pudiese hacer nada más que circular amargas cartas en las que se quejaba de la inacción del jefe de Estat Català. Su segundo, Pagès, se escondió en las montañas de Córcega. El cardonismo quedó anulado, reducido a una presencia ideológica, un fantasma.

Por su parte, los macianistas reconstruyeron lentamente su infraestructura durante el año 1926. El sastre Casals y algunos amigos de una logia masónica establecieron su propia red, que se nutrió de médicos y otros profesionales. Esta sobrevivió al hundimiento del exilio, en noviembre de 1926, porque la policía española no llegó a acceder a los miembros de Estat Català en Barcelona. La policía había penetrado en el medio libertario en Francia y pudo realizar numerosos arrestos en España, que, para exagerar su papel en los periódicos, fingió que se trataba de iniciativas diferentes, cuando todo era una misma conspiración. Así, por ejemplo, el complot del puente de Vallecas, en Madrid, que sucedió en esas mismas fechas, era una ramificación del apoyo de los grupos anarquistas a la frustrada invasión macianista. Al cruzar la frontera para participar en el alzamiento, uno de los miembros más activos del grupo ácrata Los Solidarios, Juan García Oliver, fue cazado por la policía española. Así, por una casualidad, García Oliver y Badia coincidieron en el penal de Burgos, el de peor fama de España.

¿SINN FÉIN O GARIBALDI?

Los proyectos del nacionalismo radical catalán, una vez que tomó forma tras su fundación en 1919, mostraban una clara desconexión entre lo que se decía y lo que se hacía. El catalanismo de combate, embriagado por los hechos contemporáneos en Irlanda, pretendía imitar su triste práctica. Pero ¿cuál era? Una cosa fue el gesto insurreccional, el alzamiento del lunes de Pascua, en el Dublín de 1916, mediante el cual Padraic Pearse y los demás organizadores pretendían provocar una virulenta respuesta británica (que no tardó en llegar) y el auténtico rising (o alzamiento), que vino después del éxito de los nacionalistas irlandeses en el grueso de la isla, menos Ulster. Los nacionalistas del Sinn Féin realizaron la proclamación de un dáil o parlamento propio, con el gran número de diputados elegidos en diciembre de 1918. Para defender la proclamación de la nueva República irlandesa, se llevó a cabo una lucha de guerrillas con una estructura clandestina muy rígida, que se dedicó con éxito a eliminar la gendarmería de la Royal Irish Constabulary con asesinatos y emboscadas (sobre todo cuando este cuerpo fue reforzado con veteranos de la Gran Guerra, los black and tan y los auxiliaries, dispuestos a vengarse mediante acciones descontroladas que les hicieron aún más impopulares). La clave descansaba en el desgaste político que el conflicto representó, y que llevó a un tratado pactado a finales de 1921, por el que Irlanda (en lectura británica) se convertía en una autonomía imperial o dominion y, a ojos irlandeses, en un free state o estado libre que rayaba en la independencia.

De todo esto, muy complicado —ya que hubo una dura guerra civil en 1922-1923 entre los partidarios del estado libre y los puristas republicanos—, los catalanes entendieron poco. Pero las emociones, en especial entre los catalanistas católicos, suplieron cualquier entendimiento. Todo giró en torno a la revuelta armada dublinesa, y así se teorizó su táctica y estrategia, que miró hacia el siglo XIX. El último levantamiento carlista databa de octubre de 1900, en Badalona. La «revolución de julio» de 1909 (pues el apodo de la «Semana Trágica» era pura propaganda católica) fue una frustrada rebelión barcelonesa (y alguna otra ciudad menor), con sus barricadas de adoquines y su falta absoluta de perspectiva política: protesta pura y dura, con sus consecuencias y sin ninguna visión, tan confusa que los republicanos y obreristas la evitaron como pudieron. Diez años después, la visión de cómo hacer una revolución seguía igual. Por ello, se miró a Garibaldi.

El movimiento separatista se estructuró como una muestra precisa del esquema decimonónico identificado con la figura de Garibaldi y pretendió llevar a cabo una clásica revuelta dentro de la tradición forjada por el «libertador de los dos mundos». Tal vez se debiera a la edad de Macià, nacido en 1859. Pero la referencia a un alzamiento decimonónico era bien visible en su enfoque.

La distinción no es anodina, ya que va directamente al nombre, a menudo malentendido, de Estat Català, e incluso clarifica la confusión entre los términos «separatismo» e «independentismo». Garibaldi encarnó el espíritu de la revolución, en el sentido de pegar tiros, pero no tenía ideas claras sobre lo que era una nación o ni siquiera un nacionalismo. Tanto luchó por la libertad de Rio Grande do Sul, escindido de Brasil, como por una unidad de Italia a expensas de la anexión por Piamonte de territorios con una fuerte y antigua identificación tradicional, como Sicilia o Nápoles.

El neogaribaldinismo de Macià ayuda a explicar el sentido confuso del primer Estat Català. En un sentido, Macià estaba en los inicios del sentido del proindependentismo y se caracterizó como presidente en ciernes y exiliado de una república catalana por nacer. Por otra parte, el nacionalismo catalán más exaltado —más macianista o cardonista— de los años veinte y treinta acabó caracterizado, de forma indefinida, mediante la idea de separación, que marcaba un inicio (la ruptura), pero no el resultado final (un nuevo pacto confederal, idealmente ibérico).

Al estallar la guerra europea en el verano de 1914, los escasos nacionalistas radicales catalanes, sin estar muy bien organizados políticamente, se entusiasmaron con los voluntarios garibaldinos. Los herederos del gran revolucionario habían luchado justamente en los lugares más llamativos para los catalanistas más exaltados, junto con los griegos contra los turcos en 1897 y a los bóers contra el Imperio británico en 1900, pero también con Francisco Madero en México, contra Cipriano Castro en Venezuela, o a favor de la independencia de Albania. Con la contienda entre Francia y Alemania en el verano de 1914, los garibaldini respondieron de inmediato, ya que el mismo héroe —el abuelo, el «libertador de los dos mundos», con su hijo Ricciotti— había combatido en la lucha franco-prusiana de 1870-1871. Los garibaldini montaron un cuerpo de voluntarios para luchar por la Francia republicana, encuadrados como batallón de marcha dentro de la Legión Extranjera. Esta idea entusiasmó a algunos catalanistas, que hicieron mucho ruido sobre los miles imaginarios de «voluntarios catalanes» afiliados a la Legión Extranjera francesa, y quienes, al terminar la contienda, supuestamente debían recoger la gratitud francesa, que, en debido reconocimiento, liberaría Cataluña.

Así pues, los ultracatalanistas lo habían entendido todo al revés: estaban alineados con la posición proaliada del nacionalismo irlandés parlamentario —dedicado a generar tropas para los británicos durante la Gran Guerra— y contra las posiciones del Sinn Féin. Aunque la revuelta irlandesa de 1916 los había dejado bastante descolocados, aquel momentum francófilo de las izquierdas catalanas los mantuvo en los esquemas neogaribaldinos. Era una admiración reforzada por la simpatía que ese mismo sector sentía por los intervencionistas italianos de izquierdas, los socialistas convertidos en nacionalistas, como el antaño líder de la extrema izquierda, Benito Mussolini. Justamente la agitación con los supuestos miles de voluntarios catalanes sacrificados en el frente francés permitió a la Federació Democràtica Nacionalista (el recién nacido movimiento político agrupado alrededor de Macià en 1918-1919), situarse ideológicamente como unos nacionalistas potencialmente convertidos en socialistas alejados del bolchevismo. La FDN supuso que podría dirigir la orgía de sentimentalismo wilsoniano propio de las esperanzas que inspiró el presidente norteamericano con su promesa de un mundo nuevo de naciones libres y una suerte de parlamento global. Este sueño recorrió Europa igual que la contemporánea epidemia de gripe causó miles de muertes, con el armisticio de noviembre de 1918.

Pero, al mismo tiempo, a los flamantes separatistas catalanes les pareció que la independencia llegaría regalada desde fuera de España sin ningún esfuerzo, como a tantos otros países. Si no funcionaba la generosidad de los aliados, entonces al menos se disfrutaría de una «autonomía integral», ya que la nueva aparición de Macià y su separatismo, junto a los republicanos catalanes, podía forzar a Cambó y la Lliga a exigir a Madrid la renovación de la Mancomunitat como un ente territorial político, puede que con derecho a veto dentro de su espacio: el ansiado dret a decidir.

¿GARIBALDINOS O FASCISTAS?

En resumen, el separatismo político (no cultural) nació republicano a partir del 11 de noviembre de 1918. Apareció con un esquema decimonónico, garibaldino y contradictoriamente federal y/o confederal a la ceba (literalmente «en la cebolla», ya que se decía que els de la ceba eran los auténticos y obsesivos supernacionalistas). La pauta era el consagrado camino de la rebelión republicana, tal como quedó codificado por Garibaldi, hombre que supo, con su hijo Ricciotti, erigir un edificio ideológico y un modelo de combate que pasó del siglo XIX al XX sin problema, en las lejanas periferias balcánicas o latinoamericanas. El gran Giuseppe tuvo cuatro hijos, Ricciotti siete, con lo que la revolución (clásica, bastante decimonónica en sus nociones de combate) se convirtió en el principal negocio familiar.

Esta nació, por tanto, con todo el peso de la Primera Guerra Mundial encima: las nuevas modas, las nuevas ideas, las pautas, y todo lo demás.

La ruptura del socialismo italiano en 1914 —reflejo del fraccionamiento general de las izquierdas obreristas por toda Europa— trajo un modelo nuevo. No de manera inmediata, pues allí estaban los nietos de Garibaldi combatiendo en la Argona para defender el tricolor francés. Cuando Italia entró finalmente en lucha con Austria, en mayo de 1915, los hermanos se trasladaron al frente de las trincheras, menos conocido pero posiblemente el más horroroso en los Alpes: la lucha vertical, montaña arriba, entre los hielos, con los austríacos en la cima y los italianos al asalto desde los valles.

Allí también combatió una figura del nuevo socialismo patriótico italiano, un tal Benito Mussolini, que, entre sus escasos apoyos en la extrema izquierda, sobre todo entre sindicalistas, había montado, durante 1914 y 1915, diversos fasci prointervención.

Al acabar la contienda con una victoria italiana, la opinión nacionalista italiana quedó incrédula ante las limitaciones que se les impusieron para controlar todo el Adriático.

Entre septiembre de 1919 y diciembre de 1920, el conocido literato y playboy Gabriele D’Annunzio, famoso por sus ataques aeronáuticos, se permitió tomar el control de un puerto de población italiana (mayorías y minorías a discutir) en la costa croata, que el Consejo de los Aliados en París había asignado a la naciente monarquía sureslava, la futura Yugoslavia. Con un innato sentido del teatro político, el poeta inventó un estilo nuevo, que combinaba la rudeza de las tropas de choque con la retórica modernista. Pero quien supo aprovechar el nuevo invento fue Mussolini (en marzo de 1919, en Milán, fundó los fasci o unidades italiani di combattimento), quien lo utilizó con éxito para aplastar a sus antiguos compañeros socialistas, en los años del exuberante massimalismo y la ola izquierdista del bienio rosso de 1919-1920. Era cuestión, en las llamadas fuerzas de asalto, de usar armas automáticas ligeras, bombas de mano y cuchillas para tomar trincheras enemigas en combinación con la artillería. Ahora, frente a los huelguistas, se podían aplicar las mismas técnicas de lucha cuerpo a cuerpo.

Los garibaldini —los nietos que habían sobrevivido— se sumaron a la idea e intentaron crear un garibaldinismo nuevo, al que llamaron Italia libera, contra los mussolinianos (menos un nieto, que se pasó al otro lado).

Todo esto coincidió con los años del pistolerismo en Barcelona, es decir, de combate entre sindicalistas revolucionarios y católicos (los «libres») en las zonas industriales de Cataluña, en especial los barrios fabriles de la capital. Muchos percibieron las analogías, a veces con demasiada facilidad. Al fin y al cabo, Mussolini vino de la izquierda —era republicano nacional en 1919, pero se encontró sin amigos o aliados a la izquierda y con abrazos y entusiasmos a la derecha—, por lo que su camino hacia la radicalización quedó claro. Por el contrario, Macià, antiguo militar, terrateniente y con amistades catalanas a la derecha al haber sido de la Lliga, acabó obligado, en esas mismas fechas, a radicalizarse hacia la izquierda, y sin simpatías ni indulgencia por parte de las derechas catalanas (las españolas ya hacía tiempo que le tenían por traidor).

LA DICTADURA Y LA MANCOMUNITAT

España se había mantenido al margen de la Gran Guerra. Sin embargo, la guerra en Marruecos amargó la década de 1910. Y la tensión social, salpicada de pistolerismo o terrorismo, envenenó la vida civil, sobre todo en Barcelona.

En septiembre de 1923, el general Primo de Rivera se pronunció con un programa de reformas al margen del parlamento, y suspendió la Constitución, con aquiescencia del monarca. Los disconformes, señalados como culpables —el ministro liberal Santiago Alba, el propio Francesc Macià— se exiliaron de inmediato. Todo debía hacerse en tres meses. Cuando este plazo no bastó, Primo de Rivera tiró adelante, tras conseguir un acuerdo entre militaristas «junteros» (partidarios de los derechos de los oficiales de guarnición peninsular) y «africanistas» (defensores de los derechos adquiridos por ascensos de combate). En ello fue clave la apelación al «peligro catalán», señalado desde 1917 como amenaza política por los junteros, algo en lo que coincidían los mandos coloniales. Así, los acuerdos iniciales de Primo de Rivera con la Lliga y la promesa de una regionalización en otros territorios fueron invalidados.

A principios de 1924, el desacuerdo sobre la reconversión de la Mancomunitat en una mancomunidad castellanizada tuvo consecuencias. Muchos partidarios quedaron desengañados del golpe, pues desde Galicia hasta Andalucía esperaban una renovación de la vida política mediante la regionalización. Tampoco se convocaron las prometidas elecciones a Cortes. Si el pronunciamiento se realizó contra un gobierno de unión liberal, y los conservadores se mantuvieron a la expectativa, parte de la opinión de derechas tomó distancia en el momento en que el autoproclamado dictador pretendía organizar su propia base. Hubo propuestas de un nuevo bipartidismo, de una «unión liberal» refundada (el golpe de 1923 se había realizado contra un gabinete de concentración liberal) y una nueva Unión Patriótica, afín al dictador, pronto conocida por las siglas UP. La recién creada UP reunió a gente nueva, en parte sin militancia política previa, y recogió con frecuencia más ánimos municipalistas o provincialistas que simpatías regionales; tenía un respaldo tácito de los conservadores, aunque no de Antonio Maura (muerto en diciembre de 1925), ni del jefe del oficialismo conservador, José Sánchez Guerra.

Primo de Rivera renovó la legislación territorial para clarificar estas rivalidades, mediante el estatuto municipal de 1924 y el provincial de 1925; suprimió la Mancomunitat de Cataluña en 1925, y en 1927 resolvió el pleito insular entre Tenerife y Gran Canaria al dividir la provincia única del archipiélago en dos. Asimismo, quiso realizar una política sistemática de obras públicas y comunicaciones: era una muestra perfecta de dictadura desarrollista de los años veinte, con impacto social más sólido que el vistoso fascismo italiano, que buscaba efectos similares con mayor énfasis belicista. Sin embargo, bajo la superficie, la situación política siguió alterada. Resuelto el problema de Marruecos en 1925 (oficialmente pacificado en septiembre de 1926), y tapada la cuestión catalana, el dictador quiso también actuar en el plano internacional, pero procedió con torpeza.

En política interior, la ambición suprema de Primo de Rivera era promover una nueva Constitución que reemplazara la de 1876, muy incompleta. Pero el rey, la familia real y sus allegados (incluidos militares muy influyentes) no lo veían como una iniciativa prudente.

MACIÀ, CON LA IZQUIERDA, CONTRA EL «FRENTE ÚNICO CATALANISTA»

La tesis separatista catalana procedió de la lectura errónea del federalismo que se hizo en Cataluña. Por supuesto, hubo federalistas por todas las Españas, pero no siempre entendieron la doctrina del mismo modo. La idea de la nulificación con base en la Historia dictó la tesis, convirtiéndola en una intensificación del nacionalismo.

Solo cuando se agotó la francofilia —y, por tanto, el neogaribaldinismo— fue cuando un nacionalismo radical, desarticulado por su primera derrota electoral (las municipales de febrero de 1920 en Barcelona), descubrió la situación de Irlanda. La huelga de hambre hasta la muerte del alcalde de Cork, en octubre de ese mismo año, provocó una nueva ola de lástima y compasión, efecto social que dio a los ultracatalanistas la idea de copiar la estrategia de los independentistas irlandeses. Y ya en junio de 1922, en la Conferència Nacional Catalana para organizar un nuevo partido nacionalista, Macià intentó vender, entre gente procedente de la Lliga, su guion «irlandés» para organizar la escisión social. La asamblea de nacionalistas allí reunidos debería declararse parlamento, que elegiría un gobierno, y se proclamaría la independencia, llamando a la formación de un ejército nacional para resistir el previsible acoso español. La esperanza de Macià en esa conferencia era dar la vuelta a la llamada «crisis de 1917» en España. La asamblea de parlamentarios (primero catalanes; una semana después, todos) quiso reunir a Cambó en Barcelona en agosto de 1917 para establecer una base de actuación constitucionalista. Pero Cambó fracasó y ganó el gobierno conservador de Eduardo Dato. Entonces Macià calculó, como antiguo militar (aunque solo del cuerpo de ingenieros), que en 1917 había existido la posibilidad de alzarse en armas y que la situación podía ser interpretada (retrospectivamente) a la irlandesa. Sus oponentes maniobraron mejor: sin él, se formó un nuevo partido, Acció Catalana.

Al ser rechazado por la naciente Acció Catalana en junio de 1922, Macià fundó Estat Català al mes siguiente, como expresión literal de su proyecto de insurrección política. Sin embargo, toda la exaltación militarista era pura apariencia sin preparación ni infraestructura, al contrario de lo que hicieron los nacionalistas vascos, los seguidores de Eli Gallastegi, que montaron una infraestructura, un nuevo PNV sabiniano, pero no pensaron gastarla en sueños fantasiosos de revueltas. Hubo, pues, dos lecturas de los hechos irlandeses: una admirativa del teatro revolucionario del levantamiento de Dublín, pero ignorando su preparación, y otra —quizá más atraída por el carácter católico del nacionalismo irlandés— a la que le cautivó el esfuerzo organizativo que desplegaron los irlandeses (el Sinn Féin, el secreto Irish Republican Brotherhood, el IRA y mucho más), sin preocuparse de montar cualquier insurrección. Una vez más, quedó patente la diferencia entre la fantasía catalana y la vasca.

Con la dictadura militar, en septiembre de 1923, Macià rápidamente se desterró. Primero, en Perpiñán, hizo balance y reformuló su proyecto. Luego se fue a París y gastó dinero en unas oficinas más o menos vistosas; digamos creíbles. En Francia mantuvo la ficción de que era el presidente de un Estado catalán (en exilio), que estaba montando el ejército de Cataluña para ser establecido en su propio país.

Los miembros de Acció Catalana podían reírse antes y después de las pretensiones del caudillo. Sin embargo, en 1924 y 1925, la presunción de Antoni Rovira i Virgili o de Lluís Nicolau d’Olwer de Acció Catalana de actuar como una especie de cancillería diplomática catalana ante la Sociedad de Naciones en Ginebra resultaba igual de superficial y absurda, ya que el organismo internacional no podía tratar otros temas que los propuestos por los estados miembros o los que se derivaban de los tratados o las cláusulas de minorías nacionales, productos de la Paz de París de 1919, de la que España no formó parte, pues fue neutral en la guerra mundial.

Ante el Estado catalán en ciernes de Macià, todos los demás nacionalistas —los catalans d’Amèrica, Acció Catalana, incluso Daniel Cardona dentro de Estat Català, con sus ansias de combate— planteaban la necesidad de un «frente único catalanista», que alcanzaría desde la Lliga y Cambó hasta Cardona, con Acció Catalana y Macià en medio.

Para Macià, solo era viable la destrucción del Estado español y de la monarquía, la fractura de sus fuerzas armadas, mediante una aproximación a las organizaciones netamente subversivas: el anarcosindicalismo y los comunistas moscovitas. Y, como no había acuerdo posible con Cambó, y por tanto no había manera de crear un «frente único catalanista», Macià empezó a organizar un movimiento orientado directamente hacia la rebelión. Este «ejército voluntario» partía de una concepción militar muy formalista, que pretendía convertir a civiles en soldados mediante el entrenamiento riguroso. Pero el plan pronto cayó en la improvisación. No era fácil dar sentido combativo y formación práctica a soldados «de fin de semana», que, según su antojo, se presentaban o no en las actividades que se les había ordenado.

¿IRLANDA O ITALIA?

Macià se basaba en los inmigrantes económicos catalanes en Francia, en especial en la zona parisina, pero también en ciudades del sur francés, mientras buscaba el entendimiento formal con anarquistas y comunistas. Se quiso financiar con un empréstito —el Emprèstit Pau Claris, muy bien diseñado por el artista Miquel Soldevila y emitido en París— dirigido a las comunidades catalanas en América, que sin duda comprarían bonos por miles de pesetas. Pero no fue así y los papeles de Macià, en la actualidad depositados en el Archivo Nacional de Cataluña, están casi enteros. También Macià buscó más ayudas políticas, aunque sin éxito. Incluso fue a Moscú a finales de 1925 para tratar con la Internacional Comunista, sin resultado alguno. Mientras tanto, mucho dinero salió de su propio bolsillo, ya que básicamente sostuvo la red clandestina de la CNT durante el año 1925. Su plan consistía en una invasión en que un puñado de valientes lanzaban una chispa de revuelta que estallaría en una gran llama; se trataba, pues, de un esquema netamente propio de las tres generaciones de los Garibaldi.

Lo irónico fue que los nietos de Garibaldi, los que habían montado la legión en Francia en 1914, intentaron hacer exactamente lo mismo: una legione garibaldina della Libertà, plataforma antifascista que entrenaba a obreros italianos en las ciudades francesas, con especial debilidad por los militantes libertarios y los bolcheviques primarios, que se financiaba con un empréstito dirigido a la emigración italiana y que ambicionaba posibles ayudas de los servicios secretos francés y checo. Incluso se llegó a hablar en el medio garibaldino de invadir el norte de Italia a finales de 1925. Las autoridades italianas fascistas no se tomaron en broma esa amenaza: el almirante Thaon di Revel, militar fiel al mussolinismo, patrulló las zonas claves del golfo de Génova y del mar Tirreno frente a la Toscana cuando los anarquistas españoles intentaron, en noviembre de 1924, su revuelta pirenaica en Bera de Bidasoa, Figueras y Barcelona.

Todo quedó en nada, pero la deuda macianista con el garibaldinismo es patente, aunque hoy ignorada, y se entiende que nadie creyera en 1926, tras el arresto del coronel Macià y del coronel Ricciotti Garibaldi, que no hubieran tenido mucho trato (aunque los desmentidos de ambos probablemente expresaban la verdad). El hecho fue que el proyecto macianista era tan garibaldino de aspecto que, al faltarle cuadros fogueados, procuró reclutar a veteranos de guerra, antiguos garibaldinos, para una futura «legión de la libertad» que lucharía junto con sus ardientes catalanes.

Así pues, el nacionalismo radical catalán copió la teoría irlandesa pero la práctica italiana (antifascista, subrayémoslo). ¿Por qué?

Aparte de las obvias diferencias entre Irlanda y Cataluña, la tradición insurreccional catalana era explícitamente garibaldina, para todos a la izquierda, desde los republicanos a los libertarios. Y lo demuestran la confianza mediterránea en la fuerza de la improvisación, en lugar de todos los ejercicios de los irlandeses, y el sentido optimista de la pequeña aventura de Prats de Molló contra el pesimismo trágico —de ánimo suicida— del levantamiento dublinés. El plan macianista era invadir por la frontera en el Vallespir, bajar a las Garrigues y resistir hasta morir, con la esperanza de que anarquistas y sindicalistas, con su llamada a la huelga general, lograran amotinar Barcelona y otras ciudades, mediante la subversión de los soldados reclutas. Los macianistas iban a inmolarse por la libertad.

Para los separatistas catalanes, el modelo ideal fue el alzamiento en Dublín, el lunes de Pascua de abril de 1916, protagonizado por los nacionalistas irlandeses, liderados por Padraic Pearse y con apoyo del socialista James Connolly. Los conjurados habían escogido día y lugar para obligar a las fuerzas británicas a castigar los barrios populares de la ciudad. En plena guerra mundial, los británicos reaccionaron con pura lógica militar y sacaron la artillería, para suprimir la rebelión en el plazo de una semana y dejar el centro urbano en ruinas. Inicialmente, la reacción común culpó a los insurgentes, pero la falta de tacto inglesa, habitual en temas relacionados con Irlanda, llevó al fusilamiento de los líderes bajo cargo de traición, lo que hizo cambiar rápidamente los ánimos. En las elecciones de diciembre de 1918, una mayoría nacionalista victoriosa en las urnas se negó a ir a los Comunes en Londres y se proclamó dáil o Parlamento de Irlanda, para empezar a crear instituciones republicanas y asesinar a agentes de la ley, en concreto, del Royal Irish Constabulary. La acción de Pearse, con su declaración de independencia cargada de frases expresivas y poéticas, fue en efecto un suicidio calculado, un drama trágico escenificado en la capital de Irlanda, no para ganar a corto plazo, sino para hacer imposible no ya la continuidad del poder británico, sino incluso las soluciones tibias como el Home Rule.

Pero tan sobrecogedora pauta nunca fue bien entendida en Cataluña. La lucha de 1919-1922 contra los británicos —en esencia contra la gendarmería, con sus nuevas levas— era del todo comprensible, pero no el final, la manera de ganar mediante una derrota sangrienta.

De hecho, todos los sueños irlandeses del nacionalismo radical catalán se basaban, en gran medida, en una mala comprensión de la contienda civil irlandesa, que estalló, tras la victoria ante Gran Bretaña en 1922, entre los puristas republicanos y los partidarios de un Estado libre de Irlanda. Los ultracatalanistas lo asumieron como su juego habitual de «firmes» contra «traidores», como si lo que en Irlanda llamaban la «guerra de independencia» se hubiera alargado hasta 1923, sin «guerra civil» entre dos bandos nacionalistas.

LA INEXISTENTE BATALLA DE PRATS DE MOLLÓ Y EL ÉXITO EN LA PRENSA

Macià intentó invadir Cataluña desde el lado francés de la frontera catalana, una acción preparada para realizarse entre finales de octubre y principios de noviembre de 1926. Sin embargo, la «conjura catalana» sería un anuncio para el futuro. El separatismo catalán intentó su revolución contra la dictadura militar y la monarquía, pero fracasó.

Hacia el día 4 de noviembre de 1926, la policía francesa realizó numerosos arrestos. Se cerró la aventura, lo que un colaborador de Macià, el músico coral Josep Fontbernat, bautizó como «la batalla de Prats de Molló», refiriéndose al lugar que debía ser el punto de paso del «ejército de Cataluña», en su ofensiva por la liberación nacional, que simultáneamente tumbaría a la monarquía borbónica y a la dictadura del general Primo de Rivera. La resonancia simbólica de la tentativa —hueca, parada por la policía y muy exagerada por la prensa francesa—, convirtió a su líder, Francesc Macià, en el héroe que consagró la proclamación de la República (española y catalana) el 14 de abril de 1931.

Entre el 20 y el 22 de enero de 1927, en París y bajo una intensa mirada periodística, varios presos fueron juzgados por tenencia ilegal de armas: el diputado separatista catalán y antiguo militar español Francesc Macià, los diecisiete catalanistas que oficialmente le secundaban y un nieto de Giuseppe Garibaldi, destapado por sorpresa como agente policial de la Italia de Mussolini. Las autoridades francesas ya se habían deshecho de otros catalanes, expulsándolos de modo expeditivo y clandestino a Bélgica. Una multitud de aliados antifascistas italianos sencillamente se evaporaron. Tras el juicio, del todo político, los culpables fueron expulsados legalmente del territorio francés, y Macià se refugió en Bruselas.

La «conjura catalana» parecía una de las muchas bromas de los diarios galos: era otro «complot en España». Ocupó primeras páginas durante meses. Como dicen los franceses, para indicar que algo es excelente o divertido: «C’est de la bombe!» (¡es una bomba!). Macià se convirtió en una celebridad internacional.

Para él, todo había sido muy fácil. Durante el frío otoño e invierno de 1926, en lugar de una carnicería en el Prepirineo, hubo un festival entusiasta de prensa francesa y europea, dispuesta a tomarse en serio las más exaltadas declaraciones del pintoresco «coronel español» y sus «conjurados catalanes». Fue una celebración del centenario del romanticismo carbonario, que empezaba a festejarse incluso en España.

Al mismo tiempo, todo se tomó a la ligera. Hacia 1927 reinaba el optimismo en el mundo atlántico. En Europa parecía terminado el tiempo de los alzamientos comunistas y ultraderechistas. En Estados Unidos empezaba un boom que prometía enriquecer a todos, como decía la prensa. Alemania parecía recuperarse y avanzar por la vía de la estabilidad. París era la capital cultural del mundo. Y, a mediados de mayo, sucedió algo emblemático: el aviador norteamericano Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en solitario de oeste a este. ¿Y España? Parecía que iba a su aire.

Por sus propias razones, Macià también cruzó el Atlántico.

EL CAUDILLO SEPARATISTA, NUEVO «HÉROE DE AMBOS MUNDOS»

Vista la imposibilidad de operar desde Bruselas, perdida la «plataforma francesa» para una insurrección, Macià se planteó reponer su maltrecho presupuesto y hacer las Américas: es decir, visitar las comunidades de catalans d’Amèrica, que ya habían contribuido con fondos, y, con suerte, poder repetir el éxito publicitario tan sorprendente del asunto de Prats de Molló. Al fin y al cabo, Latinoamérica era una tierra de caudillos. Es más, el viejo Garibaldi —el histórico «héroe de ambos mundos»— había triunfado como figura tanto en las Américas como en Europa. Macià no podía ser menos.

Llegó a Montevideo con un secretario, el poeta Ventura Gassol. Todo fue bien. El batllismo, creado por el expresidente José Batlle y Ordóñez, bisnieto de catalanes de Sitges, dominaba el pequeño país con un programa social no muy diferente del macianismo en ciernes.

El ruido estalló al serle negada a Macià y a su secretario Gassol la entrada a Argentina. El rechazo convirtió la llegada de los dos heroicos exiliados en uno de los temas de las elecciones presidenciales que iban a celebrarse en aquel país en 1928. Los comicios eran allí relevantes: el voto iba a marcar una decisión, pues había un grave enfrentamiento político.

Argentina había sido modernizada democráticamente por el radicalismo, la Unión Cívica Radical o UCR. Pero ahora la UCR se había escindido entre «personalistas» y «antipersonalistas». Su líder histórico y antiguo presidente de la República de 1916 a 1922, Hipólito Yrigoyen, el Peludo, adorado por la base popular del partido, pretendía frenar las iniciativas de su sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear (presidente de 1922 a 1928), quien presentaba a Leopoldo Melo, conocido por sus simpatías derechistas. En medio de este torbellino, llegaron dos «extremistas»: Macià y Gassol. Su causa fue asumida por el abogado socialista Alfredo Palacios, intelectual de choque de la época. Tras varias aventuras, alcanzaron el reconocimiento bonaerense, entre una nueva orgía de prensa, que redundó en el estatus de celebridad periodística del líder separatista. Fue un nuevo triunfo mediático. Una estancia de varios meses en la cual el cabdill visitó comunidades de emigrantes catalanes, dio breves discursos muy sentidos y dejó que Gassol entretuviera al auditorio con sus giros, metáforas y evocaciones.

De ahí fueron a las colonias catalanas de Chile y, sobre todo, de Cuba, último país que se había independizado de España y ahora más que dispuesto a la indulgencia. Los focos catalanes de La Habana y Santiago olvidaron sus diferencias durante el tiempo suficiente para reunirse en asamblea formal y aprobar un proyecto de constitución de una república catalana, texto en que se sentaba el proyecto separatista. Mientras tanto, un indiano influyente, Josep Conangla i Fontanilles, junto con Josep Carner-Ribalta, otro secretario de Macià, crearon una nueva organización transatlántica —el Partit Separatista Revolucionari de Catalunya (PSRC)— inspirada en la formación que había sido liderada, treinta años antes, por José Martí, el líder simbólico de la lucha por la independencia de Cuba, muerto en 1895 a manos de los españoles.

El flamante PSRC tenía que mantener disciplinados a los militantes de Estat Català esparcidos por todas partes, y que estaban siendo seducidos por los cantos de sirena comunistas. Entre 1929 (la caída de Nikolai Bujarin) y 1933 (el ascenso del búlgaro Gueorgui Dimitrov), no hubo un presidente efectivo de la ejecutiva de la Internacional Comunista, y todo estuvo en manos del showman comunista alemán Willi Münzenberg, que operaba desde Berlín. Este último quiso, entre otras cosas, incorporar a los «nacional revolucionarios» a la variedad de Internacionales (sindicatos, campesinos, librepensadores, mujeres y más) que auspiciaba el Komintern. Era una propuesta «antiimperialista» realizada bajo una atenta mirada moscovista, ya que, desde el Kremlin, había interés en que no se perdiera el control de las iniciativas de coordinación «nacional revolucionaria», tanto chinas como latinoamericanas.

El sueño de los catalans d’Amèrica de controlar todo el tinglado se acabó pronto. Los cuadros más inquietos se acercaron a la música marxista, sin esclavizarse a sus ritmos, e innovaron a los soñadores cubano-argentinos. Macià volvió del periplo y tuvo problemas en su retorno, al ser rechazado por Alemania y Suiza. Finalmente volvió a instalarse en Bruselas, muy aislado y hasta aburrido.

El viaje de 1928 por las Américas había sido cansado para Macià (incluso para Gassol). Los mejores jóvenes, los cuadros que prometían para el futuro, iban a su aire, tentados por el marxismo y el discurso antiimperialista. Peor aún, la Organització Interior de Estat Català (o, si se prefiere, del fugaz PSRC), la entidad que se cuidaba de lo que sucedía en Cataluña, liderada por el Dr. Jaume Aiguader, siguió su propio camino, aliándose estrechamente con los republicanos catalanes (para indignación del exiguo Estat Català de Barcelona, liderado por el sastre Josep Casals).

Lo peor de todo era que Macià volvía a estar en Bruselas, demasiado lejos para intervenir en la política clandestina.

CÓMO CAYÓ ALFONSO XIII

El intento de rebelión contra el general Primo de Rivera se materializó en enero de 1929. Una tormenta marítima fue la causa de que el líder Sánchez Guerra llegase con retraso a su cita revolucionaria en Valencia (foco insurreccional, con Barcelona y otros puntos), mientras que los artilleros de Ciudad Real sí se sublevaron. El resultado fue una segunda disolución, ahora definitiva, del cuerpo de artillería, y el arresto de Sánchez Guerra, quien se presentó ante el capitán general de Valencia, Castro Girona —implicado en la trama— para conminarle a sumarse al alzamiento, o a detenerlo. Juzgado en octubre de 1929 por alta traición, Sánchez Guerra fue absuelto por el consejo de guerra con el argumento de que un gobierno que había suspendido la Constitución no podía castigar a un constitucionalista. Con el juicio fallido a Sánchez Guerra arrancaría el final de la dictadura, con nuevos focos rebeldes: el general Goded, en Cádiz, y los republicanos Martínez Barrio en Sevilla y Companys en Barcelona. Del proyecto de Constitución para 1929 no se supo nada más, aunque algunas de sus ideas, como el sufragio femenino, fueron incorporadas a la carta magna republicana de 1931.

Frente a Sánchez Guerra, el rey encontró una opción «antiprimorriverista» más prudente en Cambó (que preparaba un centro constitucional con los mauristas) y en los líderes liberales Romanones, García Prieto y Alba. El dictador cayó en enero de 1930, pero el esperado gobierno Cambó se frustró cuando al líder catalán se le diagnosticó un cáncer, y él se retiró sin dar explicaciones. El rey utilizó entonces a Dámaso Berenguer, un hombre de temperamento demasiado cauto, pues no pudo gestionar una transición delicada: carecía de respaldos, y todos —desde los exprimorriveristas y antiguos conservadores hasta los constitucionalistas, republicanos y catalanistas— estaban en su contra.

Los republicanos y los macianistas se alzaron en diciembre de 1930 en Jaca, Barcelona y Madrid, sin éxito. En febrero de 1931 el rey probó suerte con el propio Sánchez Guerra, quien se abrió sin éxito a los republicanos y socialistas, todavía en la cárcel. Por un acuerdo de Romanones y Cambó, sumado a Gabriel Maura, se formó un gobierno bajo el almirante J. B. Aznar, quien habría de convocar elecciones municipales, luego en las diputaciones y finalmente legislativas, sin ninguna reforma constitucional pero con la promesa de una autonomía catalana.

Los monárquicos que respaldaban a Aznar tenían que ganar los primeros comicios, municipales, en abril. Eso era todo.

LA REVOLUCIÓN REPUBLICANA DE BARCELONA

Macià intentó volver a Cataluña en septiembre de 1930. Pero fue de nuevo expulsado a Bélgica, esta vez desde España, donde estaba bajo busca y captura, y por tanto su éxodo fue ilegal, una ventaja neta para sus partidarios, «els amics de Macià» (los amigos de Macià), ya que Estat Català estaba fuera de la ley.

Por fin volvió con la amnistía general de febrero de 1931. Era entonces una figura de aura impoluta, luchador en todas las conspiraciones y con todos los conspiradores, contra la dictadura y la monarquía. Sus partidarios —escasos, pero despiertos, incluso los nuevos como el republicano Joan Lluhí i Vallescà— le convirtieron en el emblema vivo de un posible cambio político profundo en toda España a partir de lo que podría ser su actuación en Cataluña. Sin haber realizado gran cosa en su exilio, más allá de meter un dedo en toda conspiración contra Primo de Rivera y el rey Alfonso, Macià parecía —según cómo, según para quiénes— una figura muy prometedora, capaz de atraer tanto a anarcosindicalistas como a nacionalistas. Solo los resultados de los comicios municipales darían pie a que Macià y los republicanos catalanes forzasen al límite la cuestión constitucional, al proclamar la república en Barcelona el 14 de abril.

Esquerra Republicana fue una improvisación, una vasta y variada acumulación de centros y grupos de centros que se juntó en la consabida fórmula de una «unión republicana». Improvisada en marzo, triunfó contra pronóstico en los comicios municipales del 12 de abril de 1931. Animada por algunos sectores anarcosindicalistas (y la oposición de otros), se proclamó la república federal con el nuevo alcalde revolucionario, Lluís Companys, y luego se anunció una república catalana en una confederación ibérica, inmediatamente ofertada por Macià.

En muchos aspectos, el 14 de abril fue un golpe de Estado amable, que contó con el apoyo de los telegrafistas, y de gente decidida que usó el teléfono (a pesar de las telefonistas, que habían hundido el golpe republicano de diciembre de 1930, en Aragón, Barcelona y Madrid). Había sentado mal la ejecución de los capitanes Galán y García Hernández por su alzamiento en Jaca, y sus muertes no se olvidaron. Nadie quería un arreglo con Alfonso XIII, de quien no se fiaban ni los constitucionalistas ni los liberales, sino solo Cambó, sus aliados y los conservadores. El ejército y la aviación estaban divididos. La guardia civil parecía indecisa.

La solución hubiera sido una abdicación y una constitución nueva, que podía haber aprovechado algo del fracasado debate de la asamblea nacional primorriverista, cuyo proyecto era conocido y representaba una mejora neta sobre la ley básica de 1876, que no hablaba más que de la Corona. Pero no había sustituto. El príncipe de Asturias, hemofílico, no se mantenía en pie dos horas seguidas. El siguiente hermano, sordo como una tapia, hablaba a gritos y sin gracia. Quedaba el joven infante don Juan. Pero el recambio era un lío. Nadie quería arriesgarse.

El gobierno de concentración monárquica de febrero de 1931, con el almirante Aznar al frente, había prometido, en cuanto fuera posible, un estatuto de autonomía para Cataluña, pero no insistió lo suficiente. Entonces, ¿por qué no hacer lo que proponía el liberal Niceto Alcalá-Zamora? Es decir: una república moderada, una transición fácil; todo lo que se prometía, pero sin rey alguno. Esa fue la razón por la cual, en febrero, el constitucionalista Sánchez Guerra no formó gabinete con don Niceto, encarcelado por la fallida revolución del anterior mes de diciembre, de Jaca y Cuatro Vientos. El mensaje llegó a toda Cataluña desde las calles de Barcelona, que se iban llenando de gente en un ambiente festivo. Surgieron comités revolucionarios en los ayuntamientos y estalló la fiesta. Siguieron los telegramas y las llamadas y se alcanzó Madrid por el camino ferroviario. Allí se repitió más de lo mismo.

No había respuesta posible. Si el gobierno de Aznar disparaba para limpiar las calles, se ponía en manos de los primorriveristas más duros, que eran enemigos suyos. Si no lo hacía, llegaba un cambio de régimen suave («de terciopelo», como dicen ahora).

Los monárquicos decidieron entonces esperar a ver qué sucedía. Y lo que ocurrió fue que Alfonso XIII «se retiró» pero no abdicó. Era un aviso de que la causa monárquica no estaba muerta. Las izquierdas ni se enteraron.

Así fue como surgió el gobierno provisional de la República. Sus dos miembros catalanes —Nicolau d’Olwer y el tortosino Marcelino Domingo, más el socialista Fernando de los Ríos— negociaron la conversión de la República catalana en algo especial, la Generalitat de Cataluña, pendiente del doble proceso constituyente, el español y el catalán.

Así, ironías de la vida, Macià, que en 1924 había presumido de ser un president de Catalunya exiliado, ahora lo era de hecho y camino de serlo con una base jurídica. Ahora bien, ¿qué sucedía con la alianza libre, con los acuerdos con los anarquistas y sindicalistas? ¿Y qué había que hacer con los nacionalistas radicales?

Ambos quedaron frenados por la dinámica constituyente. Los anarquistas —con Juanito García Oliver implicado— no se resistieron a pegar tiros dos semanas después de la proclamación barcelonesa; Macià, con prudencia, convirtió el Primero de Mayo en una jornada festiva, pero los pistoleros ácratas avisaron de que querían un acceso práctico al poder. Así, Macià no quiso apoyar a otros nacionalismos, ni a los vascos (que no le habían funcionado en su día y prefirieron a Cardona), ni a los gallegos, ni a nadie. A todos los telegramas con felicitaciones, incluso a las delegaciones venidas en peregrinaje, Macià dio las gracias y un «passi-ho bé» (adiós, muy buenas).

EL RIESGO DE COLABORAR CON LOS LIBERTARIOS Y SUS AMIGOS

El grado en que Macià estaba conchabado con la izquierda revolucionaria española lo demuestra el aviador Ramón Franco, un héroe de la lucha contra la monarquía en la transición de 19301931. Hoy solo se le recuerda como el tarambana hermano menor del futuro dictador Francisco Franco. Pero Ramón —como entonces todos le llamaban— fue protagonista del fallido golpe republicano de Cuatro Vientos en diciembre de 1930, paralelo a los eventos de Jaca: como resultado, fue elegido diputado de ERC. Dada su fama de piloto transatlántico (realizó un vuelo hispanoargentino en 1926), el muy moderno ministro de Guerra, Manuel Azaña, le nombró director general de Aeronaútica. Franco hacía de puente entre revolucionarios —portugueses incluidos— y aceptó apoyar a los anarquistas en su petición de acceso al poder.

No se podía decir en voz alta, pero había una solución: que los sindicalistas revolucionarios fuesen proclamados representantes sindicales en una segunda cámara, de tipo corporativo (de izquierdas, claro), representativa de lo que se diría luego «trabajadores de todas las clases». La jugada —en la que estuvo implicado Ramón— era quemar iglesias y conventos (un cálido recuerdo de 1909) para desplazar a Niceto Alcalá-Zamora, presidente del gobierno provisional de la República, y al ministro de Gobernación, Miguel Maura: ambos católicos, pero ya enfrentados a las autoridades eclesiásticas filo-monárquicas. No funcionó y se estableció —de acuerdo con la tradición progresista hispana— un parlamento unicameral.

La quema de conventos de entre el 10 y el 13 de mayo forzó la mano del gobierno provisional, que convocó elecciones para unas Cortes unicamerales (petición tradicional de la extrema izquierda española), y así poder bloquear cualquier entrada institucional del anarcosindicalismo. De este modo se excluía la posibilidad de que hubiera «representantes sindicales directamente nombrados en asamblea laboral».

Macià quedó aislado en su protección, muy relativa, de los libertarios, mientras que Miguel Maura aplastó el confuso intento de Ramón, apoyado por un distinguido elenco de libertarios, de proclamar, junto con la CNT, un Estado libre de Andalucía como un hecho consumado —igual que la Generalitat de Macià— antes de que avanzaran los debates constituyentes en las Cortes, elegidas el 28 de junio.

Los separatistas de izquierdas, torpes, creyeron que podía ser una buena idea. Macià, no. Desde el principio, el flamante y simbólico presidente catalán contó con un sistema dual, Madrid-Barcelona, idealmente con República federal, pero que podría sobrevivir como un juego a dos. Así, un grupo de diputados municipales nombrados para una diputación provisional de la Generalitat fueron escogidos como comisión redactora, se reunieron en el santuario pirenaico de Nuria y prepararon un estatuto de autonomía, que fue rápidamente plebiscitado por los municipios, primero, y después por la población masculina. (En paralelo, se realizó un voto femenino testimonial, ya que las mujeres carecían de sufragio.) A mediados de agosto de 1931, el documento fue llevado a Madrid para su entrega, en una excursión oficial con Macià al frente, cuando las Cortes debatían la nueva constitución republicana.

Las elecciones a Cortes constituyentes del 28 de junio de 1931 tuvieron el efecto de potenciar al PSOE-UGT, incluso sobrevalorar la combinación de partido y sindicato, a expensas de una CNT que no era capaz de encontrar una forma de ser ideológicamente apolítica, organizativamente asamblearia y de hacerse valer en el nuevo juego político republicano.

Los separatistas no estaban inherentemente en contra de la CNT, como tampoco los comunistas de Maurín (hasta que los anarquistas expulsaron a los comunistas de los Sindicatos Únicos en 1932). Separar regiones y/o naciones para realizar una nueva confederación ibérica y, de pasada, liberar la república portuguesa de su dictadura militar eran asuntos que sembraban el diálogo. Pero en la CNT eran muchos, con intereses cruzados y en proceso de finalización (de hacerse sindicato nacional español), con todos sus comités regionales y su comité nacional. Hubo contactos, pero no llevaron a nada.

Los grupos anarquistas más influyentes querían forzar la mano de Macià. Y el presidente catalán quería que las Cortes republicanas coincidieran en un sistema adecuado a sus exigencias: fue llamado un sistema «integral» (la palabra mágica, en todas las bocas bien informadas), unitario, establecido por provincias, pero con excepciones regionales, supraprovinciales, como, en primer lugar, Cataluña. Se permitió una puerta de escape del protagonismo catalán: el artículo octavo de la recién acordada Constitución preveía otras autonomías posibles, incluso el protectorado de Marruecos. El 9 de diciembre de 1931 cerraron la Carta Magna.

Nada de esto interesaba a Macià. Fue su enemigo íntimo, Cambó, con su intrigante mano derecha, el mallorquín Joan Estelrich, quienes buscaron amistades regionales o «regionalizantes» en otras partes, quienes se entendieron con los católicos del PNV y tuvieron militancia cruzada con la DRV, la Derecha Regional Valenciana, y, a través de los valencianos, por su catolicismo, con la confluencia de un nuevo foco conservador español: Acción Nacional (luego Popular) y su gran conjunción, que fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fundada en octubre de 1933. A estos juegos de nacionalismos católicos unidos (una forma de entender la CEDA en clave no españolista) podían jugar los militantes también papistas como Francesc Maspons i Anglasell u otros que se aburrían en el espacio fracasado del Partit Nacionalista Català, que Cardona contemplaba sin pasión y los hermanos Xammar tomaron como una dirección.

MACIÀ COMO GARIBALDI, CONTRA LOS «IRLANDESES»

Cuando, el 14 de abril de 1931, se proclamó el Estado catalán, lo que se anunciaba era en realidad un Estado libre. Eso fue lo que proclamó Macià el 14 de abril: la República catalana dentro de la República federal o la Confederación Ibérica. La Generalitat, surgida tres días después, fue evidentemente algo menos que lo anunciado. En realidad, después de 1928-1929, Macià se había deshecho discretamente de todo el discurso y el aparato teórico irlandés, bajo la influencia del dirigente de estado catalán en el interior, el socialista y médico Jaume Aguader, que había afianzado la tendencia, siempre existente en Macià, de llegar a un entendimiento con las fuerzas revolucionarias españolas.

El 14 de abril de 1931, ante una proclamación garibaldina, un balcón alegre que flotaba encima de una rápida multitud festiva, los nacionalistas más puros (los disidentes) dijeron que no; lo hicieron con auténtica insistencia y a la irlandesa, con el nombre Nosaltres Sols! (Nosotros Solos, traducción del irlandés Sinn Féin). Se habían identificado con el sueño de Cardona. Pero no coincidían con él en más cuestiones: nada de una nueva unidad de catalanistas, nada de enfrentarse a la nueva República. A continuación, todos se dividieron en pedacitos políticos. Como dijo el semanario satírico El Be Negre en noviembre de 1932, al repasar las distintas candidaturas en las elecciones al Parlament: «Perquè d’Estats catalans, n’ hi ha més que dits a les mans» (hay más estados catalanes que dedos en las manos).

Lo que sucedió es que Macià supo ser transaccional: adaptarse y reconocer que, teniendo en cuenta la tradición federal de republicanos y de obreristas, se podía hablar de separación del Estado español monárquico, y que luego habría una reunión republicana y un nuevo equilibrio entre las partes integrantes. No era la independencia absoluta, cuya consecución derramaría mucha sangre con tal de marcar distancias, y pese al dolor y el odio.

Por tanto, Macià actuó como el Garibaldi original y decimonónico, un republicano que se entendió con el chabacano e inculto Víctor Manuel II de la dinastía de los Saboya para crear el nuevo reino de Italia. Macià no imitó a los republicanos irlandeses y no forzó una guerra civil. Tenía una separación simbólica. Había una República española y no una monarquía.

MACIÀ SE DESCONECTA DE LA REVOLUCIÓN CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL

En febrero de 1931, Macià volvió para presidir una fusión de nacionalistas y republicanos: una unió más de las muchas ya vividas en el histórico esquema republicano. En ella los separatistas se diluyeron. Muchos de sus activistas más conocidos y respetados estaban ya en la órbita del comunismo catalán que se formó alrededor de Joaquim Maurín, un aragonés de la franja que hablaba catalán. Por su lado, Cardona había empezado a organizarse en una entidad paramilitar que dio pie a un semanario de nombre evocativo, Nosaltres sols! Con los recursos de Cardona, nada exuberantes pero seguros, prometía que la disidencia continuaba. Los activistas salidos del fracaso del atentado del Garraf en junio de 1925 también apuntaron hacia un Estat Català auténtico, sin contaminación republicana, pero sí de la izquierda, en tanto que pretendía la caída de la monarquía y del Estado español.

A Macià todo le salió bien. Él no lo esperaba, pero la experiencia, desde 1905, le había enseñado a atender a la prensa, ser elegante y contundente en la expresión política y saber sonreír a quien le adulara. Leído y fotogénico, era capaz de exteriorizar frases hechas según la demanda o estuviera de moda, y era un líder perfecto para un país que había adquirido hábitos como la prensa ilustrada o la radio a lo largo de los años veinte. Encarnaba el pasado, recordaba el siglo XIX, lo cual daba seguridad patriarcal, pero tenía un toque espontáneo y popular que le permitía una informalidad cálida con congregaciones populares. Incluso había ido a Moscú, lo que decía mucho entonces. Era la imagen de un líder populista y con encanto, pero con capacidad de negociación.

Si todo lo demás había salido a pedir de boca (no en resultados concretos, pero sí en propaganda), ¿por qué no aprovechar la victoria en los comicios municipales y pedir más al destino, o, lo que era lo mismo, al pueblo? Si el republicano Companys, con el espigado Lluhí y sus amigos, habían proclamado la República federal, Macià pediría el Estado catalán en la federación hispánica o incluso en una confederación ibérica (ya que por esos días había una revolución en Portugal con implicación hispánica). El gesto fue decisivo, pero preparado: los telegrafistas —entonces todos adheridos— corrieron la noticia por toda España con la convocatoria de gente en la calle, y en Madrid el gobierno cedió. La disyuntiva era imposible: si cedía, caía la monarquía y, si barría a todas las alegres multitudes, no habría más salida que un régimen dictatorial mucho más duro que el que rechazaban el almirante Aznar y sus ministros. Imposible ganar; así que perdieron. Esa misma tarde, el gobierno provisional de la República reconoció la situación fundacional de Macià.

Macià había proclamado, entre otras cosas, una República catalana, y con ella se quedó. Todos los nacionalistas se sumaron a la Guardia Cívica Republicana (GCR). Pero de inmediato Macià negoció con los ministros catalanes de Madrid (Lluís Nicolau d’Olwer y el tortosino Marcelino Domingo) y el socialista Fernando de los Ríos: se pactó una Generalitat, cuyo nombre no decía nada en castellano (¿qué es una generalidad?), pero sí lo decía todo en catalán: una banalidad o la recuperación del histórico govern de lo general (gobierno de lo general). Llegaron Cardona, Batista i Roca y otros más a la oficina establecida para la GCR y la encontraron cerrada. No perdonaron la afrenta. Pero, como veremos, el joven Miquel Badia reaccionó rápido para arreglar la situación.

Hasta ahí, a Macià los desastres se le convirtieron en éxitos gracias a la publicidad. La lección perversa del espíritu revolucionario de Macià —su vínculo duradero con la CNT o con los grupos ácratas como los Solidarios de Durruti, Ascaso y García Oliver; sus tratos con Moscú y con los comunistas— consistió en aprender la importancia contradictoria de la imagen. Quedó patente que era mucho más importante parecer que se hacía algo que hacerlo de verdad. De ahí en adelante, vendría la compleja relación del separatismo con el anarcosindicalismo y el medio ácrata en general. Macià era un exmilitar convertido en nacionalista subversivo que se entendía con los libertarios. Lo fue antes de 1923 en Barcelona, después en Perpiñán y París, y luego, en 1928-1929, en Bruselas. Hubo un eje que juntaba a los exiliados políticos de Barcelona con mayor sintonía que la que se generaba entre simpatías ideológicas que venían directamente de Madrid, o a través suyo. Hubo también toda una conexión portuguesa que aspiraba a liberar simultáneamente a ambos países peninsulares de sus dictaduras. Ese juego determinó los complots de 1929 y 1930 y, finalmente, la proclamación de la República: la española, en clave federal, por Companys; la catalana, dentro de una confederación ibérica, por Macià.

EL FRACASO DE ACCIÓ CATALANA Y LOS DEMÁS NACIONALISMOS EN 1931

El éxito de Esquerra barrió al que todo el mundo sabía que iba a ser el gran partido nacionalista por excelencia, el único heredero de la Lliga: Acció Catalana. Había sido casi separatista en 19221923, a juzgar por el contenido de L’Estevet, su revista satírica dirigida por Manuel Carrasco i Formiguera. Pero, bajo el régimen militar, decidió no seguir al boig (loco) de Macià, no aliarse con anarquistas y comunistas, para ver qué se podía hacer a la izquierda de la Lliga, en trato con Joan Estelrich. No le dio la fama necesaria.

Acció Catalana se hundió en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, convocadas por la monarquía como un primer paso (luego a diputaciones y después legislativas) hacia una normalización parlamentaria que nunca llegó.

Tan clara estaba la futura victoria, que —de acuerdo con lo acordado previamente en comité revolucionario— la nueva República surgida en Madrid el día 14 tenía en su gobierno provisional a un ministro de Acció Catalana (Lluís Nicolau d’Olwer) y solo a un aliado de Macià (Marcelino Domingo). A finales de junio, el partido del futuro volvió a fallar en las elecciones a Cortes constituyentes. Y repitió su derrota en el voto al Parlament catalán en noviembre de 1932.

Por aquel entonces, se sabía que Acció Catalana era la expresión política de la intelligentsia catalanista, expresado en el diario La Publicitat y la revista Mirador. Desde el punto de vista intelectual, en plan esnob, Esquerra era un medio de promoción para los que todavía hacían apuntes a lápiz y se manchaban si utilizaban una pluma estilográfica. Es más, como grupo de acción, el macianismo surgió como un movimiento sin intelectuales-estrella inherentes. La entrada de figuras reconocidas (Carles Pi i Sunyer, por citar uno, o Rovira i Virgili) llegaron en bloque desde Acció Catalana en 1932. Algunos probaron suerte en Esquerra Republicana como conjunto amorfo, pero no se sintieron atraídos por las JEREC ni mucho menos por los separatismos antimacianistas, como fue el caso de Lluhí i Vallescà y sus amigos de la revista, y luego del diario L’Opinió. Hubo excepciones a esta regla: el poeta Ventura Gassol o el Dr. Jaume Aiguader en el Estat Català macianista; algunos le atribuyeron la misma línea al dramaturgo Josep Maria Millàs-Raurell. En el separatismo derechista, el muy conservador jurista Francesc Maspons i Anglasell, que abandonó la Lliga por el Partit Nacionalista Català, el PNC, y, por tanto, estuvo próximo a Cardona. Pero mucho más representativo fue un autodidacta con imaginación y atrevimiento como Ramon Arrufat i Arrufat, quien sacó a la luz libros de doctrina separatista pensados contra Macià, o, con mayor osadía, con pseudónimos y ediciones clandestinas bajo el primer franquismo.

Es necesario replantear las implicaciones culturales de los años veinte. Las fuentes catalanistas insisten, con razón, en cómo la oposición catalanista a la dictadura primorriverista, con frecuencia irritante en su gusto por los detalles, sirvió para incrementar el consumo de prosa (y poesía) en catalán. Había censura previa, pero no prohibición de prensa en catalán, ni tampoco de libros de más de doscientas cincuenta páginas (¿por qué enfadar a los lectores en un país de analfabetos?). De resultas, la compra de diarios y revistas catalanas creció hasta quedar como una edad dorada de la escritura catalana, idealizada, por ejemplo, por Quim Torra, editor y estudioso de los publicistas de los años veinte antes de convertirse en presidente de la Generalitat, el 17 de mayo de 2018.

Sin embargo, no se tiene en cuenta la recuperación españolista que se dio con la dictadura primorriverista. Este mismo contexto estimuló el periodismo en castellano sobre Barcelona (como el de Paco Madrid en 1926 y la invención de la idea de un «barrio chino»), siempre con un cariz vanguardista que era tanto una posesión de la naciente extrema derecha como de la nueva extrema izquierda. La producción en castellano era una literatura que alcanzaba mejor a las curiosidades vecinas, en Francia (donde los bajos fondos de Barcelona se convirtieron en un tópico, tipo Jean Genet), pero también en Italia y Portugal. La dinámica política fue aún más contradictoria que la cultural.

Esquerra tuvo una solidez excepcional, sin duda fruto de su simbiosis con la Generalitat. En el marco español, entre 1932 y 1934, los partidos republicanos se hicieron trizas. Eso llevó a la deslenguada prensa monárquica a hablar de «una República sin republicanos». Pero, incluso en Cataluña, la fragmentación de Acció Catalana fue muy reveladora. Su más ardiente portavoz, Manuel Carrasco i Formiguera, que flirteaba con el separatismo, abandonó Acció Catalana cuando la «crisis religiosa» de septiembre de 1931 barrió a Alcalá-Zamora e instaló en el poder a Azaña, quien pronto fue la encarnación del republicanismo. Carrasco siguió su instinto de católico fiel, y ese otoño se unió con los jaimistas (los legitimistas dinásticos mal llamados carlistas) al morir su rey, el pretendiente Jaime III.

El carlismo se quedó sin heredero legítimo con prole, pues don Jaime, por las razones que fueran —¿fue gay convencido?, ¿hizo un pacto con Alfonso XIII?—, nunca cumplió con su primer deber: casarse como Dios mandaba con una princesa y engendrar un sucesor varón. El título cayó sobre su tío Alfonso Carlos, de ochenta y dos años y viudo. Todo se planteó como un pacto de reconciliación familiar con el ya exrey Alfonso XIII (quien se había «retirado» para evitar que corriera sangre, pero no había abdicado, luego podía volver). Sin embargo, aquello no cuajó. Así, Alfonso Carlos hizo una oscura maniobra dinástica y nombró regente a Javier de Borbón-Parma. Y entonces, una parte importante de los tradicionalistas y legitimistas catalanes reaccionaron dando un portazo ante tal desprecio a los orígenes sálicos del movimiento, y se fusionaron con Carrasco y otros liberales en un partido democristiano y muy nacionalista, Unió Democràtica de Catalunya, que sobrevivió hasta 2017.

En el verano de 1932, tras un gesto de Macià, ávido de equilibrar facciones republicanas y separatistas en el seno de Esquerra, una parte de Acció (notablemente Carles Pi i Sunyer) se pasó a ERC: pronto, en 1934, Pi i Sunyer reemplazaría al Dr. Aiguader en el Ayuntamiento de Barcelona.

Otra parte de Acció, con Jaume Bofill i Mates, volvió a Cambó i a la Lliga, de la que se habían ido una década antes.

Ahora, además de engordada, Esquerra se encontró con un enjambre de partidos entre satélites y oposición: la vieja Acció —convertida en Acció Catalana Republicana o ACR— y Unió Democràtica. Por la izquierda, daban vueltas la Unió Socialista de Catalunya, los socialdemócratas catalanistas y el BOC, los comunistas disidentes con debilidades hacia el catalanismo.

Toda esta galaxia —con ERC en su centro y pleno control de la Generalitat, con cuatro partidos alternativos orbitando a su alrededor— auguraba que nunca se formarían partidos separatistas serios, al menos mientras ese sistema funcionara. O mientras quedara su recuerdo. Tendrían que pasar muchos años.

EL CAUDILLAJE NACIONALISTA

Históricamente, los separatismos catalanes se han diferenciado de otras corrientes ideológicas del catalanismo por su insistencia en el carácter determinante del líder, sobre todo cuando ha sido presidente. Es curioso constatar cómo la autoobservación catalana (la ensayística política, la sociología y el análisis académico, que siempre insisten en los rasgos grupales de su sociedad) han ignorado su fascinación, no con el fascismo, sino con cierto liderazgo autoritario bien entendido.

Como figura, el cabdill catalán no es exactamente su equivalente castellano de caudillo. En todo caso, estamos con el lenguaje español decimonónico, con figuras representativas (aunque militares) de la izquierda —Baldomero Espartero, Joan Prim— y no con un jefe de Estado esencialista, como lo fue Francisco Franco, cuyo poder derivó del hecho de ser Generalísimo de las fuerzas armadas y, por ello, «Caudillo de España por la Gracia de Dios».

Reconozco que aquí las palabras fallan. El cabdill es más una autoridad moral que un mando amenazador. Desde un pasado determinante (¿Prat de la Riba?, ¿Puig i Cadafalch?, ¿Macià?), se le supone la combinación de pensamiento y acción que encarna al pueblo catalán en una coyuntura histórica. Siempre que se crea en la jefatura, claro está. El hecho es que desde las escasas semanas en enero de 1933 en que Lluhí i Vallescà fue cap del Consell Executiu (jefe del Consejo Ejecutivo), para ser rápidamente destituido como un peligro subversivo por Macià, hubo algo constituyente, un elemento soberano en la Generalitat que dominó y presidió el carácter representativo y electivo del Parlament de Cataluña.

Sencillamente, el presidente o cabdill gobierna más la elaboración de la legislación que la cámara, ya que el ideal es siempre una mayoría disciplinada que obedece con satisfacción, y no un debate creativo.

Ante las explicitaciones del poder del caudillo, el cabdill tiene su carácter implícito (nada explícito), es decir, de tutela. Se le obedece por ser quien es constitucionalmente, en tanto que cargo. Solo Macià fue un líder auténtico antes que presidente, pero su experiencia marcó un sesgo institucional. No hay culto a su rango pero sí una reverencia a su personalidad, ya sea la figura de Macià o Companys, o de Pujol, Mas o Puigdemont. La distancia en el tiempo genera indulgencia hacia la figura del pasado, como la veneración a Macià, y cierta irritación ante adoraciones actuales. El ideal evoca un estilo natural en el comportamiento, incluso humilde. Los que le siguen no se dan plena cuenta del grado de su respeto o acatamiento.

En resumen, el cabdill catalán no define jurídicamente la Generalitat, pero sí la domina, y a conciencia.

La idea de la obediencia debida al president de Catalunya se creó, al parecer más o menos espontáneamente, cuando Puig i Cadafalch, como presidente de la Mancomunitat, recibió al mariscal Joseph Joffre en acto oficial en 1920. La excusa fue que el mariscal era catalán, de Ribesaltes, localidad del Rosellón. Todos los jóvenes separatistas que asistieron se pusieron en posición de firmes ante el presidente, y reconocieron a Puig i Cadafalch como su jefe con un saludo militar, con declaraciones de obediencia y poniéndose a sus órdenes, mientras que él se sonrojaba, visiblemente incómodo. Las delegaciones oficiales francesas y españolas se indignaron.

Puede que este incidente, muy comentado, le inspirara a Macià, en 1922-1923, la idea de convertirse en presidente del Estado catalán, clave indiscutible de su discurso en el exilio en 1924-1925.

Por su lado, Macià sí presumió en su exilio de París de ser president de Catalunya en funciones. A partir de abril de 1931, al situarse al frente de lo que objetivamente era casi un simulacro de un Estado catalán, utilizó sistemáticamente su rol como reencarnación de la jefatura de la Generalitat. Hasta principios de septiembre de 1932, mientras el autogobierno catalán era poco más que una entelequia, tal insistencia macianista tuvo su función. Ahora bien, una vez aprobado el estatuto y elegido el Parlament catalán, era perfectamente razonable plantear que el presidente fuera la autoridad ejecutiva superior —no jefe de Estado, pero casi, representante directo del presidente de la República— y que hubiera un primer conseller que actuara como jefe de una mayoría en la cámara. Lo intentó inaugurar Joan Lluhí i Vallescà, pero el sistema parlamentario duró unas escasas semanas, antes de que Macià le apartara de su cargo y siguiera mandando, que era lo que le gustaba. Desde entonces, y hasta la más rigorosa actualidad, el sistema político catalán ha sido presidencialista, en el sentido de que la figura del jefe ejecutivo es muchísimo más importante que cualquier aspecto de la cámara legislativa.

El poder de Macià como cabdill no se fundamentó en una mayoría parlamentaria (que la tenía, y absoluta). La proclamación mágica del 14 de abril de 1931 fue «metaplebiscitaria», es decir: el pueblo en la calle ratificó el voto municipal dos días antes.

En consecuencia, la estructura política (la emotiva, no la jurídica) de la Generalitat implicaba —casi exigía— un líder inherente, más allá del debate político liberal-democrático. Su potencia, su carácter dirigente más allá del parlamentarismo, dependía de la calle (Companys llamó a su revista de 1931 La Calle, así, en castellano). Por supuesto, la ciudadanía votaba, había una cámara para los debates, pero en cuanto la voluntad del cabdill era frenada, la respuesta catalana estaba en la plaza ante el Parlament, como sucedió con la primera ley de contratos de cultivo en 1934. El cabdill —en esta instancia, Companys— exigió votarla de nuevo intacta, y el presidente del Parlament y la mayoría cumplieron, sin dudarlo. La solución se buscaría en negociaciones entre discretas y secretas realizadas en Madrid por varios enviados del presidente catalán y del primer ministro español (entonces Ricardo Samper, valenciano catalanoparlante). El cabdill mandó a mensajeros contradictorios, para no perder margen de maniobra. Y se tardó tanto, que mientras tanto cayó el gabinete de centro-derecha en Madrid y fue reemplazado con uno de derechas, menos dúctil. La solución fue pactar la «revolución plebiscitaria», salir a la vía, entre los aliados al socialismo y otros obreristas, con la amenaza descarada del combate contra las fuerzas fieles al gobierno central.

Este ha sido el modelo subliminal que la Generalitat ha heredado. Es lo subyacente a las leyes y a las explicaciones legalistas de politólogos y juristas. En los primeros años treinta, se formuló en términos republicanos. En el verano revolucionario de 1936, en respuesta al golpe militar, la calle quiso imponerse al cabdill. Pero no funcionó, ya que los libertarios callejeros estaban descabezados, con descontrol y asesinatos, y sin un sistema de jefatura que superara las asambleas o el prestigio individual pasajero, no institucionalizado.

Igual que en el origen republicano, una parte se creía el todo al combinar el presidente-caudillo, con todo el marco del establecimiento catalán que arrastraba el guía, y una fuerte representación en las plazas y avenidas. En 1931-1934, ni el catalanismo moderado ni buena parte del obrerismo (ni siquiera los libertarios) estaban de acuerdo, pero daba igual, ya que la parte buena suplía el todo indiferente, al incluir a los malos.

En julio de 1936, los libertarios aplicaron el mismo esquema, tras un pacto de tolerancia con el cabdill. Los sucesivos intentos, como jefe de gobierno, del presidente del Parlament, Joan Casanovas, para imponer un orden (ni siquiera el orden), no sirvieron de nada. Fue el pacto de Tarradellas (sometido a la cuerda tirante del jefe) el que logró integrar a los libertarios, sindicalistas o ácratas, en el juego. Una vez dentro, ya no pudieron salir.

Esto es la Generalitat en términos catalanes, y por ello requiere el reconocimiento central de su excepcionalismo. Las leyes están hechas para cambiarse, si una apariencia de mayoría es respaldada desde fuera, en la calle.

La multitud como componente constituyente siempre ha estado presente. Era o es el público, imprescindible.

Para resumir, Companys, el republicano que sucedió a Macià a su muerte en la Navidad de 1933, si bien rompió el aislamiento en el cual la última política macianista había dejado a Esquerra y a la misma Generalitat, pronto encontró el gusto de la institución personalizada. Jugó ese papel hasta su muerte, a manos franquistas.

El juego de caudillo-partido-institución (que incluía el Parlament) funcionó incluso después de que Companys fuera fusilado, en 1940. En realidad, funcionó mejor, si ello era posible. El sucesor de Companys por consenso, el presidente Irla, fue más bien inactivo, pero, en el exilio de México (donde él no estaba), la fusión ERC-Generalitat y ERC-Parlament fueron como cemento. Ello sirvió mucho a Tarradellas cuando, en el exilio en 1954, en el espacio extraterritorial de la embajada de la República española en México DF, se reunieron los diputados residentes en el país (más los que enviaron poderes desde Francia o desde otros lugares más problemáticos) para elegirle presidente. Tarradellas se saltó la normativa, que hubiera hecho presidente del Parlament a Manuel Serra i Moret (obtuvo un voto de protesta, probablemente el suyo), y reclamó ser cabdill, aunque fuera en el exilio. No lo hizo mal, visto lo visto.

Ya podían clamar los separatistas desde Quaderns de l’exili y evocar un ejército catalán como el que había ideado Macià treinta años antes. Daba igual. En el triángulo de caudillo-partido-institución, la disidencia separatista era completamente inútil.

Durante la Transición, en los años setenta, la noción de la obediencia debida al president de Cataluña resurgió con fuerza. Tarradellas la supo utilizar, no ya para disipar la nueva oposición independentista que se quiso posicionar en su contra, sino para socavar las muchas tentativas de los socialistas, de Josep Benet (que le odiaba), de Pujol (que también le detestaba), de sus antagonistas en Òmnium, y de enemigos mortales suyos en Esquerra (teóricamente su partido) como Heribert Barrera. Hace años, yo mismo escuché a importantes militantes del PSUC (muy nacionalistas) anunciarlo así: «Jo obeeixo al president de Catalunya!» (¡yo obedezco al presidente de Cataluña!).

Claro que esa misma noción le sirvió después a Pujol, quien, por su propio estilo político, ambicionaba más; no una mera lealtad al jefe institucional. Pujol quería un sometimiento inquebrantable a su persona. Y lo logró en parte.

El secreto del sistema de Pujol no fue solo el reconocimiento absoluto de su liderazgo, de su genio intelectual y de su función como cabdill, sino también de su uso de «válidos», de hombres de confianza en quienes podía delegar tareas desagradables e intrigas, sin dudar de su lealtad. En los años ochenta, destacó Lluís Prenafeta, que cumplió como secretario de Presidencia bajo Pujol entre 1980 y 1990. En los noventa, fue el conseller de Economía entre 1990 a 1997, Macià Alavedra.

Ambos, aunque no los únicos, tenían la tarea de canalizar las quejas independentistas por cauces controlables desde el creciente poder catalán. A veces, eso se lograba mediante ayudas y aparentes apoyos. Otras veces debían aplicarse medidas más hostiles. El objetivo era mantener dentro del redil pujolista (nacionalista) a unos y otros. El pujolismo tenía que aparecer como la única opción nacionalista factible. Los demás podían hacer lo que quisieran, mientras sus niñerías no fueran violentas ni cuestionasen la hegemonía del discurso de Pujol.

El presidente estaba convencido de ser una fuente de sabiduría, por no decir un prodigio. Muchos de los suyos lo creían y hasta lo decían, o dejaban que otros lo dijeran por ellos: por ejemplo, el incauto Josep Maria Cullell, dos veces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, en 1980-1983 y en 1993-1994. Ahora bien, Pujol, precisamente por creerse excepcional, no confiaba en ningún sucesor.

La fascinación por la obediencia al presidente era y es la contrapartida, algo paradójica, del libertarismo inherente a la sociedad catalana, de sus gustos liberales y por tanto de su acendrado individualismo y la convicción de que cada uno debe hacer lo que quiera, siempre que forme parte de un círculo determinado de actuación. Es la pertinaz contradicción catalana entre la apelación al orden y el placer que da el abuso del libre albedrío.

La obediencia ha tenido un coste importante. La noción de calidad —lo que merece premio, a menudo otorgado de manera reiterativa— no es para nada la calidad crítica, aunque así se pretenda. El valor catalanista por excelencia es, como en la cultura española, la fidelidad. Lo que realmente cuenta es decir lo mismo de modo nuevo, no decir algo genuinamente original. Es más, decir o escribir algo en catalán resulta más importante que lo que exprese ese «algo». La originalidad es de por sí y en su misma esencia, sospechosa, síntoma de deslealtad, alevosía, falsedad; en resumen, de traición.

Cuando se desmoronó el dominio de Pujol, este esquema, santificado por ingentes y decorativas manifestaciones, pudo pasarse al independentismo.

JUVENTUDES DE ESQUERRA, NO UN PARTIDO APARTE

Al proclamar la República catalana, Macià ocupó el palacio de la Diputación barcelonesa. La tarde del 14 de abril de 1931, con la «revolución» en marcha, fue un caos de gente entrando y saliendo por todas partes. De inmediato, Badia entendió que era imprescindible un servicio de orden y lo creó sobre la marcha. Por supuesto, los diferentes líderes de facciones separatistas (Cardona, Batista i Roca, que era cuñado de Baltà) y otros reclamaron la formación de una fuerza nueva, una Guardia Cívica Republicana (GCR), a lo que Macià accedió. Pero, visto lo que había creado Badia, Macià pensó que no le hacía falta dar poder a sus rivales y enemigos declarados. Así que disolvió la GCR, gesto que sentó muy bien en Madrid, con el ministro de Gobernación Miguel Maura.

Badia, por tanto, subía rápidamente. No fue el único desconocido que supo aprovechar su oportunidad: Josep Tarradellas, un hombre de negocios con iniciativa y talento para la organización, se dedicó a mover fichas y dar sentido a la confusión, haciéndose imprescindible.

Badia necesitaba un aliado y lo encontró en un político local del barrio barcelonés de Sant Andreu de Palomar, Josep Dencàs, bien conectado y en una situación política no afiliada. El cabdill Macià prefería a hombres jóvenes y nuevos que a las figuras establecidas como el Dr. Aiguader, que tantas iniciativas había tenido y que tanto había mandado mientras Macià se aburría en Bruselas.

Dencàs tenía ideas y Badia la fuerza informal de unos jóvenes dispuestos a seguirle. Juntos crearon las juventudes de Esquerra, las JEREC (o Joventuts d’Esquerra Republicana d’Estat Català), que se pusieron al servicio personal de Macià. Falto de apoyos concretos, l’avi tenía carisma y era fotogénico, pero su control de Esquerra era relativo. ERC era una improvisación, un conjunto de centros locales, de barrio, de municipio, sin una estructura política que permitiera al flamante presidente de la Generalitat imponer su voluntad, en una situación en que esta, creada de un pacto con Madrid (pero también con otras fuerzas catalanas, notablemente Acció Catalana o la USC), accedía a los recursos de las cuatro diputaciones catalanas y nada más. Era un gobierno de facto, no de iure, sin un proceso constituyente propio en marcha, y que luego debía ser aprobado por las Cortes republicanas.

Así, Dencàs y Badia, juntos, como pareja política, dieron forma al sector nacionalista de Esquerra y la pusieron a las órdenes del presidente. Macià podía contar con figuras como el bardo Ventura Gassol o el Dr. Jaume Aiguader de contrapeso. Pero tenía a «los suyos», frente al peso del republicanismo catalán, ejemplificado por Lluís Companys. Siempre que podía, Macià mandaba a Companys a realizar tareas de dispersión (del Ayuntamiento de Barcelona a su Gobierno Civil) para liderar los diputados macianistas en las Cortes, siempre lejos del núcleo de un poder en ciernes.

LOS PRIMEROS PARTIDOS SEPARATISTAS, ANTIMACIANISTAS

La aparición de los partidos políticos separatistas juntó varias iniciativas a la vez. En primer lugar, desde perspectivas ideológicas diferentes, se pretendía la formación de un antimacianismo catalanista. Muchas de las facciones de Estat Català no aceptaban el excesivo protagonismo de Macià como cabdill. Menos aún, como separatistas puros, podían perdonarle no ir a por todas y luchar por una República catalana fuera de las fronteras españolas, o, en todo caso, establecida con normas dictadas por los representantes catalanes, sin recortes en las Cortes españolas. Para los separatistas puros o «firmes», la componenda con la República española para mantener un régimen autonómico en Cataluña era sencillamente una vergüenza.

La polarización entre Macià y Cardona, entre la opción mayoritaria republicana y la minoritaria nacionalista, fragmentó el espacio separatista. Una parte importante de los afiliados se sumó a las JEREC, mientras que la OMNS actuó en la pauta de socialización de jóvenes, que pasaban por Sant Just Desvern y sus actividades, donde se formaban ideológicamente, pero evolucionaban hasta posiciones políticamente menos aisladas. Como ironizó la gran revista satírica de los años treinta en Barcelona, El Be Negre: «Els més autèntics mussols / són els de Nosaltres Sols!» (los más auténticos solitarios / son los de Nosaltres Sols!)».

En marzo de 1932, varias fracciones de línea ferma (firme), gente que soñaba con organizaciones políticas paramilitares, aceptaron que se debía crear un partido electoral de cara a las futuras elecciones al Parlament catalán. Con este objetivo en mente, procuraron crear un frente político, el Partit Nacionalista Català (PNC), el cual, como su nombre indica, admiraba como modelo el criterio directo y políticamente sencillo de los jelkides vascos. Cardona tuvo un papel importante en la formación del PNC, que sumó a sectores y personalidades entre Barcelona y Tarragona, e incluso a un grupo ferroviario nacionalista (se entiende que antiUGT) de Vilanova i la Geltrú. La influencia de Cardona, cuyo corazón no era para nada político y que se dedicaba a su organización militar y su revista, mantuvo el carácter de paraguas político nacionalista del PNC. Pero otros sectores, con sus activistas, sí pensaban que un partido político a largo plazo podría dar un buen resultado: el abogado Josep Maria Xammar y sus hermanos se convirtieron en las figuras del PNC. En un contexto parlamentario catalán totalmente dominado por ERC, el PNC no tuvo mucho que decir excepto con su semanario La Nació Catalana, que mantuvo una crítica a la política de Esquerra.

La izquierda salida del Estat Català de Macià se agrupó alrededor de Jaume Compte, un vendedor viajante con amistades en el CADCI. Disgustado con el republicanismo (no nacionalismo) macianista y con una relación personal con Badia (por el asunto del Garraf), Compte creó un Estat Català Partit Proletari, que pudo atraer a algunos cuadros del macianismo del exilio de los años veinte en la medida en que volvían a Cataluña. Su nacionalmarxismo algo torpe —pues Compte no tenía nada de intelectual— cedió ante el comunismo disidente catalán, el Bloc Obrer i Camperol (Bloque Obrero y Campesino en el resto de España).

El BOC, liderado por Joaquim Maurín, tenía un fuerte deje nacional, con el sueño de una unión de republicanos socialistas ibéricos como meta. El BOC había sido la Federación Comunista Catalano-Balear (FCC-B) del PCE hasta que llegó la consigna moscovita de formar «comités de cortijo» en Cataluña, algo imposible. El FCC-B se fusionó con el Partit Comunista Català de Jordi Arquer, creado en 1926-1927, y fuerte en el sector mercantil, para formar el BOC.

En 1932, Ramon Casanellas volvió a Barcelona desde la URSS: uno de los asesinos del presidente del Consejo de Ministros Eduardo Dato se había refugiado allí en 1920. Ahora venía con el encargo de responder a los desafíos del BOC (bujarinista, en lenguaje soviético) con un Partit Comunista de Catalunya (PCdeC) de clara fidelidad estalinista. Muerto en un accidente de moto que el PCdeC denunció como atentado, la desaparición de Casanellas dejó al PCdeC sin un líder, a juzgar por Catalunya roja, su seminario, que tenía de catalanista poco más que la cabecera.

Pero el PCdeC pudo aliarse con el Estat Català Partit Proletari, que en 1934 se convirtió en el Partit Català Proletari. Juntos formaron una plataforma que expulsó la dirección pro-ERC del CADCI y revolucionó la entidad, como contrapeso al Sindicato Mercantil de Arquer y del BOC.

Toda esta actividad de grupitos comunistas o nacional-comunistas, entre 1932 y 1934, sirvió para configurar un cierto equilibrio en el separatismo, con las JEREC en medio y la OMNS de Cardona, más el PNC y el grupo excursionista-nacionalista Palestra de Batista i Roca, todos a la derecha, y los leninistas (ECPP/PCP), como expresión del nacional-marxismo, y, a su izquierda, con el PCdeC (estalinista fiel) y el BOC (bujarinista). Por entonces, la Internacional Comunista —o sus sucedáneos desde Berlín— defendían los separatismos como movimientos nacional-revolucionarios, un modo de combate a los estados imperialistas burgueses, una postura que se mantuvo en pie hasta el giro frentepopulista de 1935-1936, que recuperó el patriotismo de Estado y la defensa de las repúblicas francesa y española.

Esta perspectiva alcanzó al PSOE-UGT en plena resaca de la derrota electoral de las izquierdas en las elecciones legislativas republicanas de noviembre de 1933. La CNT ya se había consolidado en 1933 como oposición a la «república burguesa» y se había producido una «pinza» contra los republicanos de izquierdas y los socialistas entre las nuevas derechas, la plataforma católica de la CEDA (creada en octubre de 1933) y el republicanismo cada vez más conservador del Partido Radical de Alejandro Lerroux, tradicionalmente crítico con cualquier catalanismo.

Al abrirse una crisis constitucional entre el gobierno central de Madrid y el autonómico de Barcelona por la ley de reforma agraria catalana (diferente de la española), los socialistas, las corrientes comunistas, las disidencias del anarcosindicalismo, y la Generalitat (respaldada por los separatistas) se tiraron, a finales del verano de 1934, por la pendiente de una revolución contra la supuesta toma de poder del fascismo en Madrid. La resistencia de la Generalitat pinchó, al mostrarse las milicias separatistas incapaces de hacer frente al despliegue del ejército republicano. Solo Compte y los comunistas en el CADCI, en la Rambla de Santa Mónica, resistieron con ímpetu y fueron efectivamente cañoneados y algunos resultaron muertos (Compte, Manuel González Alba). Algún tiro más y la Generalitat se rindió. Las armas que las JEREC habían recolectado en el Somatén acabaron tiradas por las cloacas y recogidas por los anarquistas. La resistencia unitaria de las izquierdas en Asturias, con barbaridades, trajo la respuesta del ejército, con más barbaridades, dejando una herida de ruptura que envenenó la vida política republicana.

En Cataluña, quedó patente el descrédito de las JEREC y de las demás milicias, incapaces de responder a la tropa. Era evidente que la pujanza separatista había sido el resultado de la división política interna de las fuerzas armadas, y no de una capacidad paramilitar más que demostrativa, fruto de la imagen de una manifestación en concreto, celebrada el 22 de octubre de 1933, todavía en vida de Macià, entre el centro de la ciudad y el Estadio Olímpico de Montjuic.

Con la derrota de un Companys aliado con los socialistas, que no habían sabido resistir, la base social separatista (excepto la más cardonista o católica) gravitó hacia los distintos partidos comunistas. En septiembre de 1935, la fusión del BOC con los trotskistas de Nin para formar el POUM sacó a la superficie a muchos nacionalistas-marxistas que se sentían más cómodos en el «bloquismo» histórico. Sus distintos refugios reforzaron la unión de nacionalistas revolucionarios socialistas catalanes (la Unió Socialista de Catalunya o USC, más que la federación catalana del PSOE) y de los stalinistas. Una primera fusión de las Juventudes Socialistas Unificadas (los jóvenes de la Unió Socialista y del PCdeC), realizada en marzo de 1936, culminó en algo mayor. Derrotado en Barcelona el golpe militar de julio, se pudo impulsar la creación del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), con los nacional-marxistas del PCP como socios fundadores.

En la medida en que se rompieron las JEREC con el atentado anarquista del 28 de abril que mató a Badia y a su hermano, una parte importante de aquellos que no fueron hacia la reunificación nacionalista, en un flamante Partido Estat Català creado en junio de 1936, acabó por acercarse al nuevo socialismo unificado, con cara catalana y adhesión a la URSS, que surgió un mes más tarde.

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS AÑOS TREINTA

Las JEREC tuvieron una resonancia especial, curiosamente aún sin explorar desde la historiografía. Aportaron al separatismo su primer componente femenino, harto numeroso si se observan las fotografías, aunque con escaso testimonio escrito. Si se analizan atentamente las fotos de la gran manifestación del 22 de octubre de 1933, en aquel desfile hacia Montjuic que forjó la imagen del fascismo catalán, la presencia de mujeres puede ser incluso mayor que la de hombres. Pero no predominan ni en las actividades deportivas realizadas en el Estadio Olímpico, ni mucho menos en el relato y el vivo debate que le siguió. Nadie acusó de que se estaba «fascistizando» a la juventud catalana por el lado femenino. El peso del machismo simplemente era demasiado grande.

El centro clave de la red de delegaciones de las JEREC estaba situado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, cerca de la Rambla de Cataluña, de tal manera que el lugar de encuentro oficioso fue el café Oro del Rhin, muy cerca de esa misma esquina. Si se repasa con atención las descripciones, se intuye una gran presencia de mujeres, si bien volvemos a lo mismo, sin voz social que compitiera con el ensordecedor ruido de los hombres jóvenes.

Esquerra tuvo algunas, no muchas, portavoces femeninas, como Dolors Bargalló, alguna de las cuales, como Anna Murià, eran del lado nacionalista. Casi no han recibido la atención merecida, ni tan siquiera en estos tiempos de alta sensibilidad tanto independentista como feminista.

Por una parte, no es sorprendente. Cuando yo mismo, junto con una joven investigadora, entrevisté a Murià sobre su actividad, ella, que en tiempos de guerra llegó a dirigir el Diari de Catalunya y fue portavoz de Estat Català, sistemáticamente quiso minimizar su papel. O tal vez no lo recordaba. Salimos estupefactos.

Podemos establecer una hipótesis de trabajo. En el nacionalismo —y puede que en otras fuerzas—, las mujeres se dedicaban a muchas y aburridas labores organizativas: ser mecanógrafas o archivadoras, por ejemplo, mientras los hombres realizaban las tareas importantes, ponían orden o daban discursos. Pero el proselitismo de fondo (ir a las casas de las familias necesitadas y llevarles las ayudas que generaban el apoyo político, ya fuesen de ERC en su conjunto o de su ala nacionalista) lo hacían las mujeres. Era una labor que se daba por supuesta, y que resultaba más bien invisible. Todas las chicas adoraban al jefe efectivo de las juventudes, el menudo pero guapo Miquel Badia, pero el idolatrado capità Collons (capitán Cojones) se movía en el Paralelo. El predominio del liderazgo machista resultó absoluto, aunque salieron de él mujeres decididas y fuertes, como Carme Ballester, una figura importante.

Esta joven atractiva, divorciada de un antiguo secretario de Macià, Carles Duran, mostraba una libertad inusual. Tuvo algún lío con Badia, pero quien realmente se enamoró de ella —fue un sentimiento mutuo— fue el nuevo presidente Companys, recién salido de un divorcio muy amargo con Mercè Micó y atormentado por la esquizofrenia de su único hijo, Lluiset, quien tomó partido por su madre. Companys no era precisamente del lado nacionalista sino líder del republicanismo en Esquerra, por lo que aquella relación resultó más chocante.

Se puede narrar el fracaso de la revolución del 6 de octubre de 1934 con la rivalidad enconada surgida entre Companys y Badia por la Ballester, lo que llevó a la destitución de Badia como comisario de Orden Público en septiembre, un desagravio de las JEREC que dejó en mala posición a Companys y llevó a un enfrentamiento final, semanas antes del 6 de octubre, que selló la ruptura, hasta el odio visceral, entre los dos hombres. Ballester se casó con Companys ya comenzada la guerra y, en el exilio, cuidó abnegadamente de su hijo, a quien se ganó tras la trágica muerte del padre.

Otras organizaciones separatistas vivieron la misma pauta. Nosaltres Sols!, por ejemplo, dio protagonismo a algunas mujeres y hasta reconocimiento, pero el tono de la organización militar no reivindicó el papel de las mujeres. Puede que Cardona explícitamente las considerara especialmente dotadas para tareas de acción clandestina y actuara en consecuencia con algunas compañeras. En la famosa revista Nosaltres Sols!, solo se dio visibilidad a Lola Anglada, que competía con el dibujante Llamp (Josep Altimira Marimon) en las portadas y el grafismo. Pero volvemos a lo mismo: Anglada, que fue reconocida como ilustradora durante el franquismo y también, durante su vejez, en la Transición (tiene un museo propio en Sitges), no enfatizó su militancia separatista y fue celebrada por su versión del muy popular muñeco antifascista El més petit de tots de 1936, que parece más bien una iniciativa o bien del comisario de Propaganda Met Miravitlles o bien, más en general, del énfasis comunista en el frentepopulismo solidario.

Para completar la hipótesis, hay que decir que las mujeres más individualistas y ambiciosas tendían hacia la red de apoyo mutuo lesbiano, refugio natural y convincente en un mundo de hombres. La excelente novelista Caterina Albert (no especialmente separatista) tomó, en tiempos del modernismo, el pseudónimo masculino-patriótico de Victor Català. Cuando quiso salir de su encasillamiento como autor de narraciones rurales con una avanzada y atrevida novela que utilizaba el cine del director francés Feuillade para presentar los bajos fondos del juego social, la violencia subyacente al crecimiento de Barcelona, fue frenada en seco por los críticos. Sus detractores susurraron que era sáfica, lo cual era verdad, pero no tenía nada que ver con su calidad como escritora. Aunque escribió algún que otro cuento, no creó nada comparable después de su espléndida novela Film (3000 metres), publicada en 1926 tras una primera versión aparecida por entregas en 1918-1919.

Los años veinte fueron una época dorada para la publicación de libros en catalán porque eran permitidos por la dictadura primorriverista y su compra se convirtió en un acto de rebeldía burguesa o intelectual. La narrativa tuvo como protagonistas a las mujeres jóvenes y sus problemas, pero hubo más autores masculinos, como Carles Soldevila, que escritoras noveles con reconocimiento. Ellas llegaron, sobre todo Mercè Rodoreda, formadas por el periodismo de los años treinta, con una reporter estrella, la muy viva, divertida y descarada Irene Polo (famosa por ser lesbiana), o Rosa Maria Arquimbau, una mujer muy deseada por todos sus colegas.

Los gais estaban tan presentes como las mujeres, pero eran aún más invisibles. Y aunque en los separatismos había algunos, en las entrevistas que yo mismo realicé en los años setenta, jamás aparecieron, como si no existieran o solo fueran parte del enemigo. En ese entonces, el término maricó era un oprobio combativo: los hombres «de verdad» se manifestaban virilmente contra los «afeminados». En la prensa catalanista, como mínimo desde principios del siglo XX, se lanzaban insinuaciones venenosas en forma de caricaturas contra los militaristas y los españolistas en general, tenidos por demasiado «flamencos» en su estilo a la hora de vestir (con sus botines con alzador, el corte de sus pantalones y chaquetas), y en su contoneo. Probablemente, los españolistas devolvieron el insulto al considerar el separatismo como una aberrante inversión de los valores rectos del patriotismo. Pero, en general, era un tabú y seguiría así hasta bien entrada la Transición postfranquista.

FASCISTAS CATALANES, SÍ, PERO FASCISMO CATALÁN, NO

Uno de los aspectos que quedó congelado en la percepción de las JEREC fue la acusación de que eran la encarnación del fascismo catalán. Fue algo que repitieron muchos observadores contemporáneos; autores serios como Salvador de Madariaga, Gerald Brenan o E. Allison Peers, todos ellos nombres influyentes de la época (o poco después), se expresaban así sobre el trasfondo de la política republicana. Todo vino de un grave error político de un Macià cada vez más más aislado y enfermo (aunque no lo sabía). Sin duda, para Macià (y muchos de sus seguidores), los arrasadores éxitos electorales del 12 de abril de 1931, del 28 de junio (dos meses y medio después) y la victoria aplastante en las elecciones del 20 de noviembre de 1932 al Parlament de Cataluña, habían dado ciertas ínfulas de partido gubernamental a Esquerra, un conjunto mal pegado que encontró el cemento incuestionable para sobrevivir en su control absoluto de las nuevas instituciones autonómicas catalanas. Inaugurado el Parlament en diciembre, empezaron a llover traspasos del poder central al autonómico, junto con la desaparición de las cuatro provincias en el nuevo sistema de comarcas oficiales de la Generalitat. Huelga decir que las patadas y las pugnas por colocarse cada uno donde mejor podía fueron sangrantes.

Badia se quedó con la policía, desde la nueva comisaría de Orden Público. Sorprendentemente, supo ganar para su causa a los policías españolistas de la secreta contra el descarado terrorismo que realizaban los grupos anarquistas. Le serían leales más allá de su muerte en un atentado, en 1936.

Con su política de «divide e impera», Macià había pasado la cartera de Gobernación a Joan Selves, un republicano de Manresa que le era fiel y que no era amigo de los separatistas. Pero este murió a finales de junio de 1934, y para entonces quien ocupaba la presidencia era el republicano Lluís Companys, que necesitaba el apoyo nacionalista dentro de Esquerra y equilibrar un gobierno de unidad populista con el que había arreglado el aislamiento de Macià (hasta su muerte, por apendicitis en la Navidad de 1933), a través de una apertura a todos los enemigos acumulados en los dos años anteriores. Así, Companys le pasó al jefe político de Badia, el Dr. Josep Dencàs, consejero de Asistencia Social, el cargo interino de Gobernación, para seguir equilibrando las cosas.

Con esa consolidación, Companys pagó el apoyo de Dencàs contra otros candidatos a la presidencia en el momento de la muerte de Macià. El domingo 22 de octubre de 1933, un débil Macià toleró que Dencàs y Badia hicieran ostentación urbana del poder de las JEREC, en contraste marcado con los aplecs, los encuentros en lugares de muntanya con resonancia en la simbología nacionalista. Era un acto de afirmación calculado, que tuvo consecuencias inesperadas. Las fotos de las huestes uniformadas (con camisas de un color entre caqui y verde oliva) fijaron para siempre la imagen del «fascismo catalán». Tan duramente se talló tal percepción, que hasta se indignaban en sus memorias los jonsistas (por ejemplo, Víctor Fragoso del Toro, del JONS vallisoletano) o falangistas que, más adelante, en tiempos de los «veinticinco años de paz» del franquismo, definieron la época republicana como una confusión que justificaban un golpe militar y mano dura.

La realidad es que nunca hubo un fascismo catalán. Por supuesto, hubo una fuerte coincidencia temporal con il Ventenio (los veinte años de fascismo, entre octubre de 1922 y julio de 1943), que Mussolini dominó y pronto convirtió en un modelo por toda Europa y el mundo. Pero esa coincidencia fue relativa. Hubo, pues, miradas fascinadas hacia Italia, que ya estaba de moda antes, desde los años de la Gran Guerra, como lugar especial en el que se entendía a la perfección al nacionalismo exacerbado y las preocupaciones sociales. Era, además, un sentimiento recíproco. Muchos italianos, y concretamente los militantes fascistas, apreciaban la capital catalana. La veían como un centro urbano moderno a la altura de Milán, foco del mussolinismo, y no una ciudad reaccionaria como a veces parecía Madrid (y no digamos Sevilla, u otras).

Ahora bien, hay que entender que, si abundaron los admiradores y los filofascistas, fue a título individual (a veces con algunos seguidores). Pero a excepción de algún diminuto grupúsculo (como el Moviment Nacionalista Totalitari, en 1935), nunca hubo fascismo catalán, aunque sí bastantes fascistas. Bastaba con la intensidad y emoción del nacionalismo (ya no digamos del separatismo).

Hubo, además, muchos fascismos españolistas, pero también pequeños en formato. La fuerza españolista potente en Barcelona era el ejército, que abundaba en sentimiento militarista y no paramilitar. Se daba por supuesto ser militar, como la valentía en el expediente de todo oficial. Ser militarista significaba ser partidario de que las instituciones armadas mandaran más que las civiles, que el gobierno militar de cada provincia pudiera anular al gobierno civil, que la institución armada cubriera toda una variedad de servicios públicos, incluso en ámbitos como el judicial. En la capitanía general de Cataluña (con la República, la jefatura de la IV Región Militar) mandaban los «junteros», que, sobre todo entre 1916 y 1923, se habían enfrentado a los «africanistas», los que luchaban en el Marruecos español con ascensos rápidos y condecoraciones con beneficio salarial. Por la división posterior del ejército en los años primorriveristas, de cambio de régimen y republicanos, y lo que explica (o a veces enfanga) la historiografía de la Guerra Civil, se tiende a mirar a los «junteros» con mayor indulgencia que a los «africanistas», pero ambos sectores fueron militaristas. El hecho de fondo es que la visibilidad, por muy escasa que fuera, de las JEREC fue fruto de la fragmentación del militarismo españolista.

Lo cierto es que la disciplina social impuesta por violencia —ya fuera privada (léase fascista) o pública (tropa, gendarmería o policía)— siempre era más atractiva en clave española, más sólida y contundente que en el plano catalán, con cierto estilo de aficionado.

Puede que el indicador más claro de la falta de un colectivo ideológico por la derecha (es decir, un fascismo) sean los intentos de crear un foco de etnicismo catalán.

Hay un discurso latente que remarca la diferencia física de los catalanes, lo que ahora se diría su supremacismo. Pero provocan más fascinación y sentimiento las manifestaciones de lo mismo desde la otra parte: las expresiones de catalanofobia que surgen con virulencia en los momentos de exaltación nacionalista.

En cierto modo se parece al problema del fascismo catalán. Hubo fascistas, y muchos. Gente que veía el nacionalismo fascista mussoliniano de los años veinte y treinta como un atractivo modelo de eficiencia aparente, con disciplina y paz pero sin suprimir los sindicatos (que quedaban «nacionalizados como opción de orden»); una cultura nacional unitaria que enfatizaba aspectos positivos y no hacía crítica negativa, por el mero gusto de llevar la contraria. Y, como culminación, visibilidad internacional y la proyección de la lengua y la cultura propias, sacadas de la sombra de la hegemonía castellana y la falsa equivalencia «Castilla = España».

Muchos individuos pensaron así. Pero nunca formaron un movimiento concreto, que les reuniera y que hiciera fuerza en Cataluña. Les separaban demasiados detalles. Como mucho, podían crear algún grupúsculo; puede que, como sus padres ideológicos a principios de siglo, crearan fulles de col (literalmente, hojas de col), es decir, periódicos de cuatro páginas que nacían con una idea obsesiva que duraban entre dos y cuatro números. Así que hubo muchos fascistas, pero ningún fascismo. Resulta un tema importante: se puede constatar la abundancia de fascistas individuales, sin un movimiento, sin un fascismo propiamente dicho, dado que el nacionalismo catalán como conjunto fue tan potente que les absorbió y anuló. Es una paradoja que no ha sabido plantear el actual análisis académico sobre fascismos, a pesar del peso abrumador de los estudios a escala internacional.

No hubo, pues, una prodigalidad intelectual separatista en los años treinta. Sí un ambiente general nacionalista, en su sentido más duro, o catalanista, en su implicación más genérica y participativa.

La Guerra Civil lo borró todo. Primero, en el cálido verano en que todo comenzó, hubo la matanza libertaria de curas (aunque no fueron los únicos asesinos), importante en una sociedad en la que los eclesiásticos constituían un equivalente tradicional a la inteligentsia, aunque rechazada por otros sectores de la misma. Hubo el desesperado exilio de julio y agosto de 1936, que aconsejó prudencia y duda en muchas correspondencias, y, para quienes se sabían seguros fuera, en los diarios personales.

Acabada la contienda, el bando nacional, ya claramente convertido en franquismo, era un erial, un terreno en el que poco o nada se podía aprovechar, en el cual nadie decía nada (y menos en catalán) y la censura reinaba tanto que muchos intelectuales en las Españas lucharon a codazos, entre recomendaciones y denuncias, para conseguir un cómodo puesto de censor (al fin y al cabo, era un sobresueldo). Cambó intentó influir en el duro contexto franquista desde su lejano exilio, y en la sombra, su hombre, Joan Estelrich, intentó que hubiera cierta vida cultural catalanizante. Los del régimen, como el falangista catalán Josep Maria Fontana i Tarrats, o en el núcleo de la revista Destino (alrededor de Josep Vergés i Matas), hicieron algunos gestos. Pero estaban a años luz del separatismo.

En México, Caracas y Buenos Aires, con la distancia, algunos se atrevieron a decir lo que pensaban. Fue notable la síntesis católico-republicana con sabor militar que se produjo, por ejemplo, en los Quaderns de l’Exili. Pero también el exilio republicano, sobre todo con la reorganización política de 1945, podía ser muy legalista en el mejor estilo español y huir del nacionalismo radical disonante. Todos se debían a la causa de la España republicana (que incluía a Galicia, Euskadi y Cataluña unidas con cierta armonía de Galeusca, la soñada coordinadora de 1933, frustrada, que reapareció como revista trinacional en 1941, en Buenos Aires).

En resumen, el exilio durante las décadas de los cuarenta y los cincuenta tampoco dio pie a una obra conceptual separatista. De hecho, no hubo nada hasta después de la Transición. Tuvieron que pasar años y décadas, sucederse la engorrosa contradicción de ETA y aguantar la estabilización «progre» de la vida política bajo los catorce años del felipismo junto con los veintitrés del pujolismo y sus abundantes intrigas, para que apareciera una inteligentsia (ahora independentista desacomplejada), sin inseguridades y dispuesta a teorizar.

Para llegar a este punto, se necesitaron muchas cosas. Una universidad catalanizada, que creó licenciados y doctores independentistas en su fuerza interna. Una costumbre pujolista de subvención pública discreta con presentación académica y tono profesional, no de autodidacta embravecido. Si el pujolismo había ejercido un estricto control intelectual —y temía y despreciaba las universidades, por sentirse acomplejado y sin la capacidad de dominio en despachos y aulas que creía que merecía—, esto cambió con la caída de Mas y el tripartito presidido por Maragall. La participación poscomunista gubernamental demostró el agotamiento intelectual de las largas décadas posteriores a la revolución del 68», absurda en todos los sentidos excepto en el terreno académico de las ciencias sociales, donde comportó el triunfo del marxismo. Paralelamente, la presencia de ERC como una fuerza no pasajera comportó que sus cuadros empezaran a mostrar peso en sus esfuerzos escritos.

LOS RACISTAS CATALANISTAS DE LA ÉPOCA REPUBLICANA

Por otra parte, los intentos de dar voz a un sentimiento de raza catalana no prosperaron. Lo cierto es que no era tanto una definición étnica positiva como negativa. No era lo que son o deberían ser física y mentalmente los catalanes, sino cómo era la gente que venía, atraída por la oferta de puestos de trabajo, y se establecía en el país, con un efecto de pérdida de algo esencial por la parte catalana.

Llegaron los aragoneses, con frecuencia tenidos por incómodos, pero al menos gente que conocía la idiosincrasia de los catalanes: cuáles eran los hábitos del país, el ritmo de su vida cotidiana, qué esperanzas podía tener el forastero y qué se le exigía. Antes del fin del siglo XIX, el ensayista y literato Pompeyo Gener anticipó la diferencia entre las formas de vida peninsulares y especuló cuáles resultaban provechosas y cuáles no. Luego, en la década de 1910, la fallida de las minas murcianas coincidió con la necesidad de mano de obra experimentada en túneles: se construía el primer metro de Barcelona. Y a partir de entonces, todos esos extraños preocuparon más. Se decía que el tejido social catalán empezaba a cambiar, y no para bien.

El primer racista desinhibido (y moderno) fue el veterinario estrella de la obra agropecuaria de la Mancomunitat, Pere Màrtir Rossell i Vilar, quien trasladó su afán por tipificar animales de crianza hacia las personas con su libro-escándalo La raça, publicado en 1930. Rosell estuvo en la SEM en 1924-1925: lideraba las propuestas de una caballería catalana, aportando un barómetro de la seriedad de dicha Societat d’Estudis Militars. Fue él quien, en la primavera de 1931, dio la cara contra el intento de Cambó de pactar con la intelectualidad nacionalista española a través de Ernesto Giménez Caballero. Con la República, Rossell gravitó hacia Dencàs y Badia y las Juventudes, con la promoción de una plataforma de ejercicio y salud ciudadana. Pero Rossell murió prematuramente en 1933. Fue siempre un personaje con opiniones más o menos fascistas, muy germánicas en cuanto a lo étnico, pero nunca lideró a nadie, ni siquiera un círculo de discípulos, ni representó nada más allá de su propia opinión.

Otra figura parecida fue el estadista Josep Anton Vandellós, cercano a la Lliga. En mayo de 1932 circuló un manifiesto suyo, con firmas ilustres del Institut d’Estudis Catalans, contra la mezcla de catalanes de pura cepa con inmigrantes pobres llegados de la España menos desarrollada. Vandellós publicó —con la beca institucional del riquísimo Patxot— un estudio sobre La immigració a Catalunya (1935), con una versión más ligera y de más amable lectura, Catalunya, poble decadent, que apareció ese mismo año. Otra vez se repetía el argumento: escándalo barcelonés, opiniones a favor y en contra, atención periodística sobre el tren que venía del sur, apodado el Transmiserià (Vandellós visitó la URSS y escribió una serie de artículos sobre el Transiberiano). Pero nada más. Hubo racistas, que escribieron. Pero no hubo un movimiento racista.

Iniciativas como la de Vandellós podían tener apoyos tan ilustres como la del reformador o sistematizador de la lengua catalana, Pompeu Fabra. Figura encumbrada, presidente del patronato de la Universidad Autónoma en tiempos republicanos, nunca dudó en dar su prestigio a iniciativas como el grupo Palestra de excursionismo, organizado por Batista i Roca, que tenía un núcleo de línea armado en su seno, Ormica (Organització Militar Catalana). Pero Fabra nunca dudó de que los suyos eran gestos personales, y jamás cuestionó que era un demócrata ejemplar.

Dicho de modo sucinto, cualquier tentativa de fascismo catalán, además de fracasar, no tuvo otra opción que situarse a la izquierda, que estaría más dispuesta a reconocer una situación excepcional catalana, que a la derecha moderna, más dispuesta, si dudaba, a lanzarse a la piscina del nacionalismo unitario español.

¿FASCISMO O COMUNISMO?

En los años de entreguerras en Europa, se formulaba una única pregunta: ¿fascismo o comunismo? Todos sabían que el liberalismo democrático estaba acabado. Este interrogante se convirtió en una obsesión a partir del ascenso de Hitler a la cancillería alemana y la progresiva toma nazi del poder, a lo largo de 1933.

Durante los años treinta —políticamente muy breves en Cataluña: en la práctica, de abril de 1931 a octubre de 1934, con unos seis meses en 1936—, esta duda se convirtió en una pregunta dirigida muy directamente hacia el nacionalismo, y especialmente a los separatismos. ¿Hacia dónde se decantaría?

La respuesta fue clara en términos geopolíticos: se quería una España en la órbita francesa o una que siguiera consignas salidas de Italia. Alemania entonces estaba muy lejos y no tenía intereses mediterráneos que no prefiriera dejar a los italianos.

Este fondo internacional que condicionó la República, y con ella la Generalitat, generó dos paradojas. En primer lugar, para sorpresa de todo observador extranjero (diplomático o periodista), el separatismo no era separatista, o, como mínimo, no se comportaba como tal. Casi nadie quería una escisión del marco republicano. Sí, en verdad, hubo algún militante que miró a las «potencias totalitarias», como se decía entonces con cariño. Un germanófilo en el PNC, Ricard Fages, docente de educación física en la Escuela Alemana, organizó alguna excursión de catalanes con los chicos de la Organización Exterior del Partido Nazi en Barcelona. Puede que alguno tuviera una pistola y, montaña arriba, pegara dos tiros de práctica. La noticia corrió inmediatamente por Barcelona, pues la capital catalana es muy cotilla: todo se sabe o se termina sabiendo; y si no, se inventa. Pero volvemos a lo mismo: se trataba de casos aislados de nacionalismo, no de un movimiento sólido.

La cosa se calentó con el estrepitoso fracaso de la rebelión de izquierdas de la Generalitat, el famoso 6 de octubre de 1934. Las JEREC estaban sin dirigentes, con cuadros intermedios que tomaban decisiones al tun-tun. Unos se metieron en el proceso de unificación marxista, inicialmente amplio pero pronto dividido entre revolucionarios disidentes y stalinistas, como dinámicas unitarias separadas.

En esas aguas revueltas, algunos reforzaron contactos antes inconfesables. Manuel Blasi, referente de los germanófilos en NS!, estableció contacto con la Oficina Exterior del Partit Nazi, el NSDAP, bajo el pintoresco Alfred Rosenberg, que estaba en decadencia ante el creciente poder del Wilhelmstrasse, la Oficina de Exteriores del Estado. No se quedó en nada concreto. Su rival proitaliano, Pellazón, habló con un consulado italiano crecido y con fondos para la intriga. Un grupito de estudiantes, liderados por uno de arquitectura, crearon un Moviment Nacionalista Totalitari. El consulado quería apoyos para la invasión italiana de Etiopía mientras los locales buscaban el «espacio catalán totalitario» (los Países Catalanes y Occitania). Salieron cuatro números de una revista, Ferms, y se acabó el juego.

A partir de finales del verano de 1935, anticipando la formación del Frente Popular en España (el Front d’Esquerres en Cataluña), todo se decantó hacia la izquierda. Los contactos contrarios no solo eran arriesgados. No llevaban a ninguna parte, pues los italianos preferían una España de derechas contra Francia (de la que hubo antecedentes en tiempos de Primo de Rivera, en los años veinte) que un microestado difícil de controlar y más plausible, como un protectorado francés.

Todo eran especulaciones sin mucha sustancia.

POPULISMO

El mosaico de Esquerra encontró su encuadre y apoyo en la Generalitat. Al principio, durante 1931 y buena parte de 1932, no fue así, sino al revés: el gobierno catalán se sostenía en el partido gubernamental, que luego, tras las elecciones de noviembre de 1932, gozó de mayoría absoluta en un marco unicameral.

Como ya se ha remarcado, ERC apareció como parte y todo, con una capacidad de supervivencia muy superior a los republicanos de 1931, que se deshicieron en rencillas, dejando a los socialistas y a los católicos como opciones políticas enfrentadas y con el siempre decisivo ejército ahora dividido. El estilo ERC se confundía con la Generalitat y esta con Esquerra, como sucedía en los regímenes de partido único, de derechas o de izquierdas, tan de moda en los años treinta.

Ahora bien, la naturaleza de facto de la Generalitat en 1931, y durante buena parte del año siguiente, aseguró que el gobierno catalán —que flotaba ahí, sin mucha más sustancia que la apariencia política— fuese, en efecto, resumido en su presidente (un hombre de talante autoritario y exmilitar, pero con sus inseguridades). Pero cuando en los meses siguientes se llegó a la autonomía legal (estatutaria), y a la mayoría parlamentaria de ERC, todo se confundió: un presidente caudillista, el partido y la institución.

La defunción de Macià llevó a su inmediata santificación, como ocurrió en la URSS con la desaparición de Lenin: el régimen era el fundador vivo más allá de la muerte. Igual que en Rusia, no fue una operación inocente, sino todo lo contrario: la consagración de una imagen política. Esquerra ganó las elecciones de 1936 con muchos carteles, pero todo el mundo recordó la versión con su efigie, con sonrisa patriarcal, mirando por encima del hombro, luego repetida, ya en tiempos de guerra, para recordar el tercer aniversario de su muerte: «Catalunya continuará el seu camí...» (Cataluña seguirá su camino). La anfibología —el equívoco, si se prefiere— era absoluta: ¿se seguiría el camino del presidente desaparecido pero mágicamente presente, o el del país que había liderado? Era lo mismo.

Este juego de institución-partido-caudillo tuvo un efecto definitivo en cualquier posible desarrollo de la pequeña gama de partidos separatistas, de izquierdas o de derechas. Sorprendentemente, en ambos bandos, muchos separatistas (y especialmente Macià, pero incluso después con Companys) se sintieron «hombres del presidente de Cataluña». Con toda la atmósfera libertaria de la capital catalana y la costumbre tan generalizada del «Yo hago lo que me da la gana», muchos separatistas, aunque fuesen de corazón civil y nada paramilitares de temperamento, se sentían obligados por la consigna de la obediencia debida a la presidencia de Cataluña. Eso tuvo ventajas para las JEREC en 1933-1934.

Más adelante, Companys fundamentó toda su actuación en 1936, y después, durante la revolución y la guerra, en ese argumento emotivo. La célebre mañana del 19 de julio, Tarradellas, peleado con Companys, se presentó en el Palacio de Gobernación para ponerse a sus órdenes. «Tu què fas aquí?» (¿qué haces aquí?) le escupió el presidente, para enternecerse al escuchar la respuesta ordenancista del diputado: a sus órdenes.

LA ATRACCIÓN COMUNISTA, MUY DURADERA

El juego de tensiones, la deriva fascista que nunca tomó forma y la atracción comunista que ganó fuerza en 1935-1936, dieron un sentido especial a la política catalana. En España, los partidos republicanos se deshicieron entre 1932 y 1934. Quedaron la izquierda obrerista con partido y sindicato, PSOE-UGT, y la gran coalición de derechas formada en 1933. No sucedió lo mismo en Cataluña.

Esquerra pesaba mucho más que la Unió Socialista de Catalunya, y esta más que la Federación Catalana del PSOE. La derecha era la de siempre, la Lliga Regionalista reorganizada como Lliga Catalana en 1933. Así, el juego republicano gozó realmente de dos sistemas políticos, uno dentro de otro, el catalán dentro del español.

Había otros nacionalismos, que aspiraban a su autonomía, pero nada comparable hasta 1936, con el fallido estatuto gallego, consumido por el alzamiento militar contra el frentepopulismo, y luego el complejo juego autonómico que auspició y/o toleró el gobierno de guerra del socialista Largo Caballero: gobierno de Euskadi para fidelizar el PNV, consejo de Aragón para contentar a los libertarios, y la transformación de las diputaciones en juntas revolucionarias. Primero, para asegurar la salida de Madrid al mar, se creó una junta de Levante, que, al trasladarse la capitalidad y el gobierno republicano a Valencia, se volcó como situación y creó una junta de Madrid. Mientras esto sucedía, la Generalitat disfrutaba de una independencia de hecho, fastidiada por la rivalidad entre las autoridades autonómicas y el peso de la CNT, incapaz de dominar su propio caos. Evidentemente, abundan versiones interesadas que se toman muy en serio el poder proletario y la revolución social tan aparentemente en marcha en aquel momento. En realidad, era la lucha por controlar el siempre querido y entrañable sistema «no t’hi fixis» (no te fijes en ello).

Lo que mantuvo en pie en Cataluña a unos y otros —mientras intrigaban, llegaban a acuerdos y se traicionaban— fue un ambiente común, entre la ideología y el costumbrismo catalán de toda la vida. Si se compara con lo que sucedió en ese momento en otros países de habla hispana (o ibérica), nos encontramos con el populismo, que marcó como estilo político y taparrabos conceptual desde el México del general Lázaro Cárdenas (presidente entre diciembre de 1934 y noviembre de 1940) hasta el Brasil de Getúlio Vargas (del que fue presidente, en sistemas constitucionales diversos, entre 1930 y 1945).

Entendido así, el populismo funcionaba con las ventajas de un poder fuerte y un conjunto de charangas que complacían a los intelectuales que aparecían, con mayor o peor formación, como sector social urbano, entre obreros y artesanos, frente a la confusión del campesinado (en Hispanoamérica, un juego de color, con razas y racismo).

El gran atractivo del populismo, en su apogeo durante los años treinta, era que ofrecía la más encantadora síntesis de todos los opuestos. Allí se unían y mezclaban dictadura y democracia participativa, representación parlamentaria y asambleas callejeras con motín añadido. Igualmente se combinaba el gusto por el estilo paramilitar privado, de partido, con el militarismo más o menos profesional de las fuerzas armadas. Se podía copiar a la URSS. Se podía imitar a Mussolini, Mustafá Kemal o Hitler. Se podía invocar el New Deal (1933-1938) del presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos.

En la política española, en plena Guerra Civil, lo asumieron socialistas y comunistas en el bando republicano. En el bando franquista, una vez consolidado el Generalísimo en octubre de 1936, también el debate sobre «¿qué es lo nuevo?» sirvió para sostener una cierta vida política en la «zona nacional», bajo el brutal control del estado de guerra y las facciones militaristas.

Pero donde el populismo tuvo sentido fue precisamente en Cataluña, por el peso de Esquerra, la especial relación del partido y la Generalitat, con el contrapeso del movimiento libertario.

LA MINORÍA SEPARATISTA

No hubo comparación posible entre Macià, como jefe de una gran coalición republicana-nacionalista y figura simbólica de liderazgo populista, y las candidaturas separatistas que se presentaron en las elecciones de noviembre de 1932 para el Parlament de Cataluña. Jaume Compte, de ECPP, sumó unos tristes 185 votos. La figura preeminente del PNC, el jurista Maspons i Anglasell, sacó unos 2.730. En comparación, el cabdill Macià obtuvo unos 35.000 en Barcelona y una mayoría equivalente en su feudo de Borjas Blancas, en Lérida, donde estaba su finca de Valmanya. Otros, como Dencàs o Gassol, quedaron blindados en las listas de ERC. En los años treinta se calculaba que las JEREC tenían unos diez mil afiliados, entre hombres y mujeres, pero sobre todo hombres. La cifra de simpatizantes nunca aparecía, pero es de suponer que sumarían unos miles más. Lógicamente, la Guerra Civil redujo esa cifra, y el ámbito comunista absorbió una buena parte de los espacios y organizaciones que podían tener una fuerte presencia nacionalista radical, como el CADCI, que quedó sometido a la UGT, en manos socialistas-unificadas.

En resumen, los separatistas eran una minoría que, como tal, no tenía presencia parlamentaria, ni en Barcelona ni en Madrid. Hubo algún diputado separatista en Cortes y más de uno o dos en el Parlament catalán, pero —como pasó con otros aspectos del nacionalismo— eran individuos elegidos en una candidatura moderada, para dar una nota picante.

Tampoco era el separatismo capaz de imponer su presencia en la calle de una manera creíble. A excepción del mágico día del 11 de septiembre, la Diada nacional, cuando la ciudad se cubría de señeras de cuatro barras y todos los grupos de cualquier signo patriótico se exhibían. Pero, más allá de esa fecha, Barcelona no acogía con cariño a los separatistas con sus estelades. Era más simpático reunirse en algún punto rural con significado historicista y celebrar un aplec, un encuentro combinado con excursión.

Cuando estalló la revolución del verano de 1936 al fracasar el golpe militar, el anarcosindicalismo se impuso en las ciudades y los pueblos de Cataluña. Las formaciones paramilitares separatistas no tuvieron la más mínima capacidad de frenar la orgía de destrucción y desorden que lideraron los ácratas, con la sanción del POUM, si bien todos los partidos se implicaron en el caos.

La Generalitat republicana operó con contenido durante un año y medio. La Guerra Civil la dotó accidentalmente del derecho de facto de la nulificación, durante un breve período (entre julio de 1936 y mayo de 1937), equilibrado por un veto interno de los anarquistas. La llegada del gobierno de Negrín volvió a imponer la negación central a cualquier veto catalán.

Pero la derrota de 1939 borró todo rastro de la experiencia, excepto su recuerdo.

LOS SEPARATISTAS EN LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939

Badia poseía un cierto encanto personal, ese reclamo que tiene la gente temeraria, atrevida, agresiva. La sinceridad de sus convicciones antiterroristas y su desprecio por los libertarios le ganó fidelidades en la policía profesional y facilitó la entrada de nuevos agentes venidos del medio nacionalista. Pero carecía por completo de talento político, por lo que, sin Dencàs, estaba perdido fuera de los centros de las JEREC o las comisarías de la policía. Cuando empezó su campaña en 1933 contra los pistoleros ácratas (no hay que idealizarlos), no supo manejar el asunto con discreción. Al año siguiente su temperamento fogoso le enfrentó en pleno juicio al fiscal, provocando que Companys tuviera que despedirlo; luego se peleó con el presidente.

Todo ello facilitó que los plumíferos de Companys (Jaume Miravitlles, Pere Foix) pudieran echarle la culpa del fracaso del 6 de octubre. Se había planeado usar explosivos contra la jefatura militar, pero no llegó a realizarse. Algún francotirador pegó algún tiro durante las primeras horas del día 7, pero no hubo un enfrentamiento con la tropa; eso solo lo hizo Jaume Compte y algunos amigos desde el CADCI, que en respuesta recibieron el impacto de un obús. Exiliado en 1935 con Dencàs, no hicieron una acción efectiva.

El libro de autoexculpación de Dencàs evita la figura de Badia. Pero, en la primavera de 1936, con la vida política reestablecida, volvía a ser el héroe de las JEREC. Su asesinato, el 28 de abril en la calle Muntaner, ante su casa, donde fue tiroteado con su hermano Josep por pistoleros anarco-gangsteriles (pertenecían a lo que ellos mismos llamaron el Gangsters Club), deshizo el nacionalismo de ERC, pues todos culpaban a Companys.

Destrozadas y escindidas las JEREC a finales de mayo, y fundado un Partit Estat Català unitario en junio de 1936 en el que entraron todos —la OMNS de Cardona, el PNC, y demás nacionalistas—, el problema de Dencàs era lo opuesto al que tuvo Badia: le faltaba encanto y no era un hombre de acción. Los anarquistas, nada discretos, explicitaron que querían cargárselo. En cuanto lo supo, cogió el primer barco (que fue italiano, lo cual hizo mucho ruido).

La forzada huida de Dencàs en agosto puso el recién creado partido de Estat Català en manos de Joan Torres i Picart, un personaje relativamente desconocido. Su política interna fue de consenso entre grupos y facciones. Se había tomado el control del Diario de Barcelona (el más antiguo periódico vigente aún) y se catalanizó, como medio del partido. Había así un periódico nacionalista, con un discurso de unificación nacional, que predicaba a la exigua base social del nacionalismo radical. Era una apelación necesaria, dada la situación de Estat Català.

La ruptura con Esquerra se había orquestado dos meses antes. En una sociedad vengativa, de capelletes (núcleos, capillas), ERC no pensaba ayudar a sus antiguos disidentes, a los que trató como adversarios virtuales. Por otra parte, estaba el predominio de la CNT y los ácratas, que habían convertido a los nacionalistas en los peores enemigos de la sediciente causa revolucionaria, unos fascistas de estar por casa que había que castigar. La «pinza» creada entre los anarcosindicalistas y Esquerra fue perfecta y aseguró que Estat Català nunca participara en órganos de poder (fue excluido por consenso del comité de milicias antifascistas, un acuerdo efectivo ERC-CNT), y solamente pudo ejercer un poco de poder allá donde tenía verdadera fuerza, como en algunos barrios de Barcelona o en puntos como Reus.

Además, por razones obvias, Estat Català era muy susceptible a las apelaciones pancatalanistas, y por lo tanto buscó protagonismo en la desastrosa expedición contra Ibiza y Mallorca, en manos de los insurgentes «nacionales» (Menorca con su base naval se mantuvo fiel a la República). El desgaste de personal tuvo su impacto en los nacionalistas: la parte más activa —los militantes de Estat Català— desembarcó tras la derrota en Valencia como Columna Volant Catalana, hasta ser disuelta menos de dos meses más tarde, cuando fue enviada al frente aragonés.

En efecto, la otra vanguardia o camino de combate que podía atraer a los separatistas y a los nacionalistas paramilitares fue en Aragón, abierto por el ímpetu inicial de la Columna Durruti. Pronto el empuje de las milicias de Barcelona se estancó ante las fuerzas «nacionales», bajo el mando de la Zaragoza insurgente. Se estableció un Consejo de Aragón en Caspe, que reflejaba un control anarquista de toda la zona, nada favorable a la presencia de catalanistas armados. Los nacionalistas de Esquerra y los que habían abandonado ERC se vieron obligados a fundirse en una columna unitaria llamada «Macià-Companys» para resistir las presiones de homologación o el control de los anarquistas o de los comunistas rivales del PSUC y el POUM.

Todo ello volvió a demostrar que el afán paramilitar catalanista estaba lejos de poder actuar como un verdadero impulso militar. La proclamación, en octubre de 1936, del exèrcit de Catalunya, como parte del ejército republicano (con una titularidad muy teórica de la Generalitat), pudo reunir algún desfile en Barcelona de voluntarios con la barretina bien calada, pero fueron oportunidades fotográficas pintorescas que no comportaron ninguna opción bélica seria.

En la retaguardia, Estat Català no pudo conseguir una aproximación sólida a Joan Casanovas, presidente del Parlament catalán que su rival, Companys, situó como conseller primer, con la tarea de imponer el orden ante el caos auspiciado por los libertarios y su revolución. Las figuras partidarias de tomar el control y subyugar a los izquierdistas fueron aisladas y huyeron —algunas con misión y otras más a la desesperada— a Francia, para conspirar allí.

Casanovas, con dos gobiernos, duró hasta finales de septiembre, cuando Companys, mediante Tarradellas, rehízo el gabinete y pactó con los libertarios. El anarcosindicalismo y Esquerra diseñaron juntos una supuesta nueva economía, en la cual no entraban los nacionalistas. En esta «sociedad revolucionaria en construcción», no cabían ni religiosos y ni conservadores. Mientras duró el verano, los buques de guerra de muchos países se acercaron a los puertos catalanes para salvar a refugiados. Entre aproximadamente el 23 de julio y el 10 de agosto, solo los italianos rescataron a más de ocho mil personas de Barcelona. La continuación de la lucha, las normas de no-intervención (tratadas con mucha hipocresía por todos) y la conversión de lo que fue un desorden inicial (que podía provocar acciones humanitarias) en una Guerra Civil patente —hecho formal con el reconocimiento de Franco por Alemania e Italia en octubre— dejó a muchos sin salida de la zona republicana.

Dicha situación dio una oportunidad a Estat Català, que montó un sistema para sacar a mucha gente en peligro, previo pago, y usó esos recursos para equipar las fuerzas bélicas nacionalistas y poder enfrentarse a los libertarios, mientras se intrigaba para destituir a Tarradellas y a Companys, y se soñaba con aplastar la revolución anarcosindicalista. Los anarquistas en Cataluña y en Francia respondieron con el despliegue de un servicio de información, con tendencia a culpar a los nacionalistas de todas sus desgracias, mientras aspiraban a tomar el control de los consulados españoles, que quedaron en manos de republicanos de Esquerra, quienes aseguraban la ayuda clandestina que los socialistas franceses, mediante una parte de la policía de aduanas, pasaban a los republicanos.

En noviembre de 1936, el complot contra Companys fracasó por muchas razones: confusión política, desacuerdos tácticos, la estrecha vigilancia libertaria y la corrupción general que vició a tantos, incluido el comisario de Orden Público Andreu Revertés, el hombre de Companys, quien estaba listo a respaldar a Casanovas en una operación para que el presidente del Parlamento reemplazara al de la Generalitat. Destapado el asunto y asesinado Revertés, otros hombres (como Torres Picart o el mismo Casanovas) fueron arrestados por policías de Esquerra, pero con el camino facilitado de una discreta escapatoria hacia Francia.

En el vacío apareció un antiguo amigo de Badia, Joan Cornudella, quien sencillamente entró en la sala directiva de Estat Català y se autoproclamó jefe. Cornudella, nacido en 1904, era de las Borjas Blancas, el antiguo feudo de Macià en Lérida. La situación general de Estat Català era ya débil; el cálculo de Cornudella fue maquiavélico: solo una aproximación a la CNT-FAI (ya constituida como tal) aseguraba la supervivencia del partido, ya que se podrían aprovechar las contradicciones entre Esquerra y el muy confuso mejunje organizativo anarcosindicalista. Desde finales de los años veinte, Cornudella tenía cierta amistad con algunos líderes ácratas de la línea dura: él y su mujer, que entonces regentaba una farmacia en el Clot, los ayudaron a título personal. Cornudella confió en ese compañerismo. Dentro del partido, contaba con el respaldo (condicional) de Antoni Andreu i Abelló, que controlaba Estat Català en Reus. Pese a las contradicciones, Cornudella tenía el diario, en Barcelona, en una época en que la posesión de un periódico lo era todo en cuanto a proyección. Ello dejaba desconcertados a Cardona, Marcel·lí Perelló y tantos otros (como Batista i Roca), incapaces de hacer más que alguna protesta en forma de publicación.

En cambio, Vicenç Borrell, respaldado por uno de los elementos de acción surgidos en el verano, y Torres Minoves crearon la revista L’Insurgent, para defender la alternativa evidente a la política de Cornudella: acercarse al PSUC y a los socialistas unificados, que eran el estalinismo catalán y tenían mucho apoyo de las clases medias. Borrell, en tanto que rival persistente de Cornudella, ha sido olvidado, borrado, ya que no encaja en la versión del pasado que relata la actual esquerra independentista. La presión de Borrell contaba con la creación, en julio y agosto de 1936, de un foco estalinista catalán que había atraído a sus filas a muchos nacionalistas, de ERC o de Acció Catalana: gente como Jaume Vachier de la dirección de las JEREC o el conocido periodista Lluís Aymamí i Baudinà. Tras la escisión de las JEREC —que, a finales de mayo, formaron Estat Català—, quienes durante un tiempo intentaron reorganizar las juventudes para Esquerra y Companys pronto se fugaron o abandonaron, a finales de julio, para sentirse más protegidos en el PSUC.

La polarización interna ayudó a neutralizar aún más cualquier posicionamiento de Estat Català. Pero la polarización del ambiente general en Cataluña sirvió de elemento que condicionó el juego. En diciembre de 1936, el PSUC echó al POUM del gobierno de la Generalitat. La tensión entre las fuerzas de orden revolucionarias —improvisadas después de la transformación del comité de milicias en junta de seguridad— y los antiguos cuerpos uniformados se resolvía a tiros. La CNT también negociaba con asesinatos, acostumbrada a ser hegemónica, ante la respuesta de una UGT siempre presente y con ganas de actuar de contrapeso.

Todo estalló en los llamados «hechos de mayo» de 1937, que aliaron a ERC (más la Generalitat) y al PSUC con Estat Català, contra el POUM y las Juventudes Libertarias, alumbradas por figuras como Jaume Balius, antiguo afiliado de Estat Català en los primeros años veinte, ahora convertido en figura preeminente de la asociación Los Amigos de Durruti, una fuerza de presión ultrarevolucionaria, entonces muy potente. En muy pocos días, del 3 al 7 de mayo, se resolvió la crisis callejera en Barcelona, Reus, Tarragona, Tortosa y otros puntos, pero con una intervención activa del gobierno central de la República, ahora al mando del presidente de gobierno Negrín, y no el histórico ugetista Largo Caballero, más indulgente con el anarcosindicalismo desde que entraron en su gobierno en noviembre de 1936. Negrín prescindió de los libertarios, como también hizo Companys en la Generalitat, aunque sin mucha opción. Estat Català, que combatió contra los libertarios, quedó sometido a la vigilancia ácrata.

El traslado del gobierno de la República de Valencia a Barcelona en el paso de octubre a noviembre de 1937 selló el proceso. Sin embargo, de pasada, replanteó la división interna (prosindicalista o procomunista) dentro de Estat Català. Quienes pagaron el desafío de los hechos de mayo fueron los del POUM, lleno de antiguos militantes del viejo «bloquismo», del BOC, simultáneamente nacionalistas radicales y marxistas (como Jordi Rovira y Jordi Arquer), frente a quienes (como Ramon Fuster, pronto al frente de la UGT) habían abandonado el BOC al formarse el POUM para entrar en el proceso de unificación socialista (y no unificación marxista), que llevó a la invención del PSUC el 23 de julio de 1936 como «partido adherido a la Internacional Comunista».

Como todo buen asunto catalán, la evolución hacia el comunismo (marxista, tipo POUM, o estalinista, tipo PSUC) estuvo marcada por personalismos, amistades y enemistades individualistas que saltaron de una oportunidad a otra.

LOS EXILIOS CATALANES

Para los separatistas exiliados en Francia o en el Imperio francés del Magreb, la crueldad de la guerra española se fundió a lo largo de 1939 con la crudeza de los campos de concentración franceses y luego con la nueva guerra francesa con Alemania. Fue igual para todos: comunistas, socialistas, libertarios y republicanos en general. La Legión Extranjera se llenó de españoles y se formaron batallones de trabajo para obras de transporte —carreteras, líneas de ferrocarril— en el Sáhara. En 1940, la ocupación alemana impuso su control a media Francia, y al resto del hexágono en otoño de 1942.

Dicho de modo simple, los españoles y catalanes tuvieron un tiempo breve, entre contiendas, para reorganizarse políticamente. En cuanto a los separatistas, en muchos casos les faltaban las conexiones políticas para contar con las ayudas, ya de por sí limitadas, que pasaban por Esquerra Republicana. Como individuos, los militantes separatistas tuvieron que espabilarse en la compleja situación francesa.

Este proceso de endurecimiento —de vivir en peligro que ya se aprendió en la Guerra Civil— tuvo el efecto de militarizar por completo a los patrones de organización que antes de octubre de 1934 habían jugado a ser paramilitares. Al avanzar la contienda de 1937 a 1938, el paso por el ejército popular de la República excusó a pocos. Si, por ejemplo, Anna Murià de Estat Català acabó en la dirección del Diari de Catalunya (que reemplazó al Diari de Barcelona, y que fue el órgano de Estat Català en la última fase de la guerra), su ascenso se debió, según ella, a que cada vez más hombres eran consumidos por el triturador de carne de las campañas de Valencia y del Ebro.

Entre la continuidad de la guerra española y las circunstancias francesas, las facciones del separatismo mal reunidas en Estat Català, desde 1936 en adelante, vieron una nueva oportunidad para refundirse y ejercer un rol más importante. Los partidos nacionalistas de tipo civil se sentían incómodos y torpes en el exilio. Esquerra estaba muy enfrentada en su funcionamiento interno entre quienes consideraban que el presidente Companys había cumplido con su deber al frente de la Generalitat y los abundantes críticos, que le acusaban de todos los fracasos. Se mantenía una «oficina laietana» al no poder sostener una Generalitat en el exilio, pero ERC dependía de ayudas, en buena parte de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) de los socialistas de Prieto.

Con su optimismo blindado, varios protagonistas del nacionalismo radical que estaban en contacto en París consideraron que era una ocasión propicia para que se creara una entidad unitaria, un frente que reemplazara a la destrozada Esquerra y sus aliados. En abril de 1940, Joan Cornudella y Antoni Andreu i Abelló, de Estat Català, más algunos jefes de facción (como Marcel·lí Perelló del PNC) y muchos jóvenes (Jaume Martínez Vendrell y Joan Massot del OMNS) disimularon la ausencia de Cardona, ya escondido en casa enfermo de cáncer. La FNEC tenía antiguos estudiantes descontentos con ERC, como Heribert Barrera. La esperanza marcaba el camino. Vendría más gente del PNC, como los Xammar. Había militantes de Esquerra o de Acció Catalana que carecían de dirección política adecuada. También se podría obtener el apoyo de los democristianos de la UDC, algo con lo que Cardona siempre había sabido contar. Asimismo, en el otro lado del espectro político, había nacionalistas revolucionarios, incluso antiguos miembros de Estat Català, que, desengañados de la tutela moscovita o de las manías poumistas, podrían sumarse a una sana iniciativa de unidad nacional.

Para Cardona, la idea era la de siempre: lograr reunir a todos los catalanistas en una única formación nacionalista. La unión haría la fuerza. Tal como había sucedido en los primeros años de la dictadura primorriverista, la plataforma francesa traería ventajas, como la ayuda francesa o británica contra el régimen de Franco, al servicio del hitlerismo.

Pero no funcionó, por tener el destino de frente. En junio, la invasión alemana hundió la Tercera República Francesa y se estableció, en el sur, un régimen libre, bajo el muy anciano mariscal Pétain, un État français que copió generosamente al «Estado español» (su denominación oficial) de Franco.

Por lo tanto, el Front Nacional de Catalunya se convirtió en un antecedente de las varias resistencias que surgieron en la zona ocupada de Francia, como organización clandestina de combate. En agosto, era aconsejable abandonar la plataforma francesa y operar desde Barcelona u otros puntos catalanes, mientras se esperaban contactos con las redes de información francesas de Vichy (que mantuvo un esfuerzo clandestino contra la penetración germana al tiempo que estaba en combate abierto con De Gaulle y los británicos). La campaña de bombardeo aéreo británico pronto trajo aviadores que necesitaban cruzar a la España más o menos neutral, o mejor alcanzar Lisboa y volver a luchar desde Inglaterra.

Aunque el FNC presumió mucho de su labor, los británicos no terminaron de fiarse, al menos hasta que la guerra mundial estuvo muy avanzada. La idea no funcionó, como, en general, pasaba con las iniciativas de Cardona. El polo unitario catalanista no tomó forma. No hubo atracción significativa hacia ERC o ACR. En principio, Estat Català (o sea, Cornudella y Andreu o Cruells) tenían derecho a cierta autonomía, pero eso produjo roces. El sector de Estat Català de Borrell se desvinculó. Otros tampoco se sintieron fieles. Hubo algo de captación: Josep Rovira, antiguo cuadro del Estat Català de Macià, luego comunista disidente, acercó el POUM al FNC. Rovira había sido el principal responsable militar del POUM durante la guerra, hasta la represión anti-poumista en 1937. En todo caso, la atracción no duró: en 1941, el mismo Rovira fundó un ente equivalente, el Front de la Llibertat (Frente de la Libertad), del que saldría el MSC (Moviment Socialista de Catalunya) en enero de 1945.

Entonces vinieron las caídas. Martínez Vendrell retuvo de Macià y de Cardona la idea de un ejército de Cataluña que sería capaz de luchar, en clave de atentado y emboscada, contra el ejército profesional franquista. Hay que entender que la presencia de guerrillas perdidas por todo el territorio español marcó los primeros años de «paz» bajo el franquismo. El «régimen» fue indulgente con muchos de los veteranos de la Guardia Nacional Republicana, el cuerpo armado en que se convirtió la guardia civil en el bando republicano. En principio, Franco consideró al cuerpo responsable del fracaso del golpe de 1936: en toda provincia en que los civiles se opusieron, el alzamiento nacional fue derrotado.

Pero le convenció su buen amigo, el general Camilo Alonso Vega, nombrado director del cuerpo en 1943. Se necesitaban fuerzas de choque endurecidas contra los guerrilleros. Por parte del régimen franquista, había una auténtica urgencia de actuar contra los núcleos perdidos por doquier, y para hacerlo se crearon grupos de caza. Las guerrillas eran variadas. Las de más renombre eran comunistas, pero también incluía a libertarios. En ese contexto, la esperanza del FNC y de Martínez Vendrell no era factible. A finales de 1943 hubo la «caída de los cincuenta». Al año siguiente se redujo a un esfuerzo de recuperación.

A principios de 1945, la dinámica política ya había sobrepasado al FNC. La clave estaba en el exilio y en la reorganización de las opciones políticas, con la esperanza de atraer respaldo extranjero.

En los cuentos populares del centro y norte de Europa, a veces se relata una situación política negativa: el viajero o el protagonista llega a un país congelado, en el peor de los inviernos, en el que todo está muerto, gris, parado. Así fue el franquismo hasta mediados de los años sesenta.

De ahí el secreto: la guerra, vista desde las izquierdas revolucionarias de España o Cataluña, no terminaría hasta que la gran lucha mundial de demócratas y comunistas contra fascistas y nazis quedara cerrada. Como en los cuentos: siempre hay un espejo que refleja lo contrario de lo que se dice que sucede; en este caso, el hecho de que la guerra española de 1936-1939 fue una inversión de la lucha de las Naciones Unidas contra el Eje, 1941-1945. Por ello, España no entró en las Naciones Unidas (nombre oficial de los Aliados contra Hitler y Japón) hasta 1955.

GUERRAS EN LA POSGUERRA

La guerra española radicalizó muchas cosas, las convirtió en duras y violentas, y las dejó así durante mucho tiempo. La lucha extremó el lenguaje, lo hizo tajante, drástico y absoluto. Eso tuvo un efecto significativo para los separatistas, que durante dos décadas habían sido verbalmente agresivos, pero poco dados a pegar tiros. Escribían mucho acerca de su dureza, pero en realidad no la practicaban.

Así, en muchos sitios de Cataluña, los miembros de Estat Català que habían intentado salvar iglesias, propiedades o personas en la última semana de julio de 1936, fueron apartados por los pistoleros anarquistas llegados en misión destructiva. La imagen se repitió en muchas partes y aparece como un comentario pasajero, brevísimo, en las memorias de los catalanistas y católicos de los pueblos de la Cataluña interior.

La evolución de la contienda no suavizó nada y la victoria franquista menos, pues fue una conquista de territorio enemigo con ganas de castigo.

Quienes habían participado en la agresividad verbal nacionalista, pese a ser personas pacíficas, se encontraron siendo denunciados y víctimas de la literalidad de los consejos de guerra. Un ejemplo elocuente fue Domènec Latorre. Activista desde la década de 1910, creador de revistas como L’Intransigent, fanático agitador siempre dispuesto a poner placas a catalanistas patriotas, fue alguien escasamente valorado por los separatistas más organizados: era, decían, solo un funcionario municipal que salía temprano de casa, camino del trabajo, en bicicleta, y dejaba notas de actos en honor a las efemérides catalanas. El muy inocentón, nunca pensó que sería el blanco de una venganza. Pero el endurecimiento de las palabras y los símbolos le llevó bien pronto, tras la «liberación» franquista, ante un pelotón de fusilamiento. La delación se hizo algo normal.

La policía franquista era eficaz a su torpe manera y pudo lentamente chafar las inquietudes nacionalistas con las caídas del Front Nacional o el sometimiento de los grupos surgidos después de 1945, al calor del optimismo de la victoria aliada en la contienda mundial, pero ya sin las ayudas ocasionales de los británicos. Sin embargo, sus dimensiones eran pequeñas. Tras ser aplastado el Front Nacional, aparecieron varias entidades, todas ellas sin una clara conexión política u orgánica entre sí, como método sencillo de supervivencia. En 1942, el Front Universitari de Catalunya (con un joven Josep Benet al frente) inició su actividad, hasta presentarse como Secció Universitària del FNC. En 1945, los separatistas conservadores —Joan Ballester i Canals, Manuel Blasi y Gabriel Xammar, por citar a gente más o menos conocida de Nosaltres Sols! y el FNC, pasados por Estat Català— operaron como una organización de resistencia nacional hasta que la situación se hizo demasiado difícil a partir de 1947. En esa misma época, los Grups Nacionalistes de Resistència, una red estudiantil, se dedicó, mientras pudo, a colgar banderas catalanas en lugares visibles; su figura clave, Oriol Domènec, logró escapar a Portugal y de allí a Argentina, donde se convirtió en un reconocido médico. Hoy todavía resulta casi imposible averiguar cuántos podían o bien militar activamente o bien dar apoyo de algún tipo a una u otra red separatista. En realidad, es comprensible que la tendencia catalana a la afiliación indirecta (con la militancia doble) que tanto marcó y marca su sistema de partidos electorales también diera forma a su clandestinidad y sus asociaciones de combate antipolicial.

En el país maléficamente congelado, los intentos de resistencia acabaron pronto y se resumieron con dificultad.

Pero se pudieron crear nuevas amistades, coaliciones y convivencias antes inimaginables. Republicanos y católicos se pudieron abrazar: fue el gran objetivo, en el contexto catalán, de un joven Josep Benet. Su programa: la Iglesia romana podía admitir su culpa y pedir perdón, y, en el país del orgullo que son las Españas, los republicanos no tenían que hacerle el mismo gesto a «los cuervos», solo aceptar su derecho a la vida.

El «régimen» era un circunloquio que describe un sistema de poder que se sabía bastardo, sin paternidad presentable. Unos jurisconsultos espabilados (Luis Legaz Lacambra, Francisco Javier Conde) supieron inventar un sistema mágico y alternativo, el caudillaje, que superaba todas las contradicciones ideológicas. Era un simulacro constitucional, no una sociología del liderazgo en una sociedad —o conjunto de sociedades— como España. Como repetían los falangistas: ni monarquía, ni república, sino todo lo contrario.

De entrada, la fórmula resultó necesaria porque el poder ejercido era muy inestable, incluso con el fin de la guerra, en 1939. Quedó mucha resistencia dispersa y aislada, guerrilleros o bandidos. Muchos guardias civiles en período de prueba fueron convertidos en perros de presa de toda disidencia. Funcionaron junto con los policías paralelos, del partido único y del Estado. Tardó y costó controlar lo que, en teoría, ya estaba controlado. Por eso, el franquismo fusiló tanto y siguió haciéndolo cuando terminó la contienda.

En efecto, el vacío de legitimidad generó muchísima violencia. La monarquía se hundió mal y no había casi herederos. La Constitución de 1931 fue por necesidad el sustrato legal del sistema franquista, sencillamente porque una lectura somera de la Carta Magna de 1876 mostraba que era inaplicable: un producto de su tiempo, que casi solo hablaba de la figura y las condiciones del monarca. Por ello, con el tiempo, los monárquicos y republicanos terminaron entendiéndose. La República dejó un reguero de dudas, y por eso el abrazo se hizo en la otra dirección, con un gesto monárquico, ya que, si bien perdidos, a la vez se sabían la única solución aceptable para casi todos. La gran sorpresa de los años cincuenta y sesenta fue la siguiente: ¡se podía hablar con los otros; estaban igual de fastidiados!

Pero el país seguiría congelado hasta que el régimen se abriera a todos, y eso era imposible. Por ello, el caudillo debía desaparecer y crearse un espacio de... «cambio», la palabra fetiche de los años setenta.

Todo se envolvió con ese concepto, y ello permitió que se encontraran palabras nuevas —«consenso», «transición»—, que simbolizaron y justificaron una legitimidad nueva e improvisada, como si siempre hubiera estado ahí.

Los separatistas, por su parte, no se abrieron, tan solo hablaron entre ellos y con militantes análogos de otros nacionalismos no catalanes, en la rara ocasión en que surgía una oportunidad. Así pues, las formas separatistas no cambiaron, excepto en su trato con catalanistas. Ya tenían las cosas bien claras. No les interesó ni tan siquiera que se pudiera crear un nuevo acuerdo autonómico en 1977, y por tanto aceptar unas elecciones constituyentes españolas, en 1978. Estas, a su vez, ratificarían como urgente el nuevo estatuto catalán, siempre —desde miradas catalanistas— con la petición de que Cataluña fuera reconocida y tratada como territorio excepcional.

LA REVOLUCIÓN URBANA EN ESPAÑA, LIDERADA POR BARCELONA

La postura separatista resultó confusa y desorientada ante las sucesivas presiones revolucionarias que desmontaron la República en nombre de su salvación. La revolución republicana de abril de 1931 había sido un cruce entre separatistas y obreristas con el republicanismo nuevo e histórico, con un acuerdo común para tumbar la monarquía. La dinámica electoral jugó a favor de la coalición, que implícitamente juntaba a socialistas y anarcosindicalistas. La clave de todo era la división del ejército, sin una orientación dominante a consecuencia de las riñas de la dictadura de Primo de Rivera y las intrigas del rey.

Una vez proclamado el nuevo régimen republicano, las coaliciones se deshicieron: los socialistas y libertarios estaban a la greña, los militares y militaristas se pelearon, los distintos republicanos sentían excesiva confianza en su oratoria.

Por tanto, los separatismos se situaron en medio de unas revoluciones muy confusas (en 1934, 1936 y 1937), que no se entendieron bien en una lógica de liberación nacional y que se barnizaron con un discurso social que nunca acabó de encajar, si no era gracias a generosas cantidades de ideología. Lo que se produjo en los años treinta en España fue el triunfo de la ciudad metropolitana sobre el campo. La pregunta clave es la siguiente: ¿qué ciudad y qué urbanización? ¿Barcelona o Madrid?

Los verdaderos problemas españoles eran, a luces de cualquier observador, la agricultura y la organización territorial del Estado, por ese orden. Se concebía el problema agrario como el del acceso del campesino a la tierra, visto como un tema moral más que productivo. Se vinculaba, no siempre de modo consciente, al analfabetismo arraigado de las dos terceras partes de la población. Incluso en Cataluña, que se tenía por una zona comparativamente ilustrada, el peso de la ignorancia era importante. En amplias zonas de Girona, Lérida y Tarragona, imperaba el sueño de expulsar a los propietarios y dignificar a los masovers, el campesinado arrendatario, con el pleno control de la tierra. El republicanismo de Companys se basaba en la Unió de Rabassaires, creada en 1922.

La lógica imperante era que se tenía que producir una gran revuelta agraria en el gran sur español (Andalucía, Extremadura, La Mancha), lo que algunos llamaban su «Mediodía», además de estallidos en algunas zonas de explotación pequeña y variada, desde Galicia o Vascongadas hasta Cataluña. Pero no fue así.

El intento de movilizar a la UGT desde su Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) dio toda su fuerza de la izquierda sindical del PSOE-UGT, los «caballeristas» o seguidores de Francisco Largo Caballero. Pero ni los anarcosindicalistas en 1931, ni la FNTT «ugetista» en 1933-1934 tuvieron capacidad y energía suficiente para poner a España patas arriba. Es verdad que la alianza de la Generalitat (de la coalición liderada por Companys) con los socialistas se fundamentó en una contradicción propia del campo: la ley catalana de contratos de cultivo que, dos años antes, los socialistas habían bloqueado en las Cortes. Con ese asunto, en 1934, hasta fue posible aunar voluntades catalanas con el PSOE (incluso el antinacionalista Indalecio Prieto), y este con el PNV. Sin embargo, no fue ni de lejos la «revolución de octubre» española una explosión extendida por el campo. Se centró en ciudades: en Barcelona, en Madrid, o en el asalto y contraataque a Oviedo.

En cierto modo, la Guerra Civil fue un golpe militar que se fundamentaba en guarniciones y en gobiernos militares de provincia. Falló el alzamiento militar a mediados de julio, y el juego entre nacionales y republicanos (o rebeldes y gubernamentales, o facciosos y leales) se desbordó, incontrolable, sin que nadie pudiera imponerse. Así siguió unos días, hasta que la ayuda exterior redefinió la lucha, dio la ventaja a los nacionales y, desde Sevilla, apuntó hacia la conquista de Madrid, pasando por Toledo y su alcázar. Franco —ya con el mando supremo en octubre y ansioso por celebrar el reconocimiento de Italia y Alemania— contaba con tomar la capital y así cerrar la contienda a su favor. El asalto fue duro, pero falló, tanto en noviembre como en las batallas de rodeo hasta marzo del año siguiente. Para entonces, quedó claro que la ruta ferroviaria (desde Cartagena y Alicante, pasando por Albacete) mantenía en pie la resistencia madrileña. En noviembre, el gobierno republicano, puesto a huir del riesgo, siguió la misma vía férrea hasta Valencia y luego, un año más tarde, hasta Barcelona.

Las luchas internas republicanas, la disidencia anarcosindicalista, no dudó en ir a por el control urbano, como demuestran los sucesos de octubre en Valencia (protagonizados por la columna de hierro en 1936), los hechos de mayo en 1937 en Barcelona y puntos secundarios como Reus (incluida la última gran riña de marzo de 1939), o el llamado golpe de Casado en Madrid contra los comunistas y la autoridad de Negrín.

Tanta división tuvo un efecto ideológico sorprendente: el antifascismo se convirtió en un ideal unitario de las izquierdas, por mucho que se entendiera de modos muy diferentes. Su impacto sería duradero, pues condicionó el ambiente de las izquierdas como oposición, no ya bajo la dictadura franquista, sino durante la Transición y hasta el siglo XXI. Cuanto menos programa de cambio social y mejora de condiciones tenían los socialistas, con Rodríguez Zapatero y otra vez, en 2018, con Sánchez, más importante fue el discurso de limpiar el pasado mediante el antifascismo, antes que solucionar problemas sociales concretos.

EL MOTOR URBANO DEL CAMBIO ESPAÑOL, SIN BARCELONA

La contienda en sí (nacionales contra republicanos) fue una lenta conquista de ciudades por parte franquista, con algún ataque equivalente, notablemente Teruel entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. La tenacidad que mostró Franco, elevado a Generalísimo y por ello a caudillo en octubre de 1936, expresó la voluntad de las agro-ciudades del interior —Burgos (capital de la junta nacional) y Salamanca (base personal de Franco), secundadas por Valladolid, Pamplona, Zaragoza y Sevilla— de vengarse de la España metropolitana de Madrid, Barcelona y su nexo valenciano.

Una vez vencedor, Franco no dudó en buscar un régimen alternativo (¿una nueva monarquía?), ni quiso nada más allá de su poder personal. Para su dictadura personal necesitaba que todo fuera «como siempre»: le hacía falta controlar Madrid e incrementar al máximo el centralismo, lo que significaba castigar Barcelona. Surgió la idea de convertir Sevilla en la capital de la flamante España Nacional. No interesó, como nadie volvió a acordarse de Burgos y Salamanca acabada la contienda: los centros castellanos volvieron a su somnolencia. La compensación fue otra.

Los fieles del interior español, los que habían «hecho la guerra» y la habían ganado, fueron soltados sobre la red metropolitana como funcionarios nuevos, curas, maestros, para reimponer los valores del atraso agrario —en la perspectiva de los ganadores, propietarios, administradores—, pero con la posibilidad de mandar. Esta tendencia a la multiplicación de pequeños mandamases se notó en Madrid y se remarcó en Valencia, pero en Barcelona se vivió como una conquista descarada. La mucha gente catalana, barcelonesa, que había anhelado la derrota de los rojos como algo ajeno, se encontró sometida a unos forasteros que dictaban estilo y controlaban la promoción pública con una severidad sin comparación con la furia militarista de las primeras décadas del siglo XX, ni con la dictadura primorriverista.

El efecto no fue inmediato, sino generacional. Los hijos de los franquistas catalanes se hicieron más catalanes y más cerrados. Quienes eran de la segunda promoción, la del sesentayocho, con su protesta juvenil mundial, descubrieron con entusiasmo el marxismo y exploraron todas las posibilidades del nacional-marxismo, que antaño había culminado a partir de 1935. Así es como se reinventó el PSUC, convertido en la voz de un cambio, pero muy catalán.

Dicho esto, el tema que dominó el desarrollo español (incluida Cataluña) durante el siglo XX no fue la mejora de la producción agraria ni su modernización, ni tan siquiera la reorganización de su sociología y de la propiedad. En España, como en Cataluña, lo que importó fueron las ciudades: la dinámica que se impuso de modo secular fue la urbanización, en todos sus sentidos.

Si se analiza el siglo XX en conjunto, las alteraciones resultan notables. Una masa de la gente pasó del campo a la ciudad, hasta despoblar grandes zonas rurales. A los urbanitas recién llegados se les impuso un nuevo estilo de trato mucho más informal (con el uso del «tuteo falangista», por ejemplo), que ya se había anunciado en la interacción social durante la Guerra Civil. Las nuevas relaciones sociales quedaron marcadas por la informalidad, cuando antes reflejaban no solo la urbanidad, tal como se había anhelado en el siglo XIX, sino los buenos modales.

A partir de los años cuarenta, la gente de ciudad se convirtió en consumidora de una producción cultural barata que parodiaba las formas tradicionales de canto y baile que aún permanecían vivas en los años veinte y treinta. El impacto del disco, de la radio, del cine y finalmente de la televisión arrasó con la tradición del trato social ceremonioso. Con la nueva informalidad, se creó un marco cultural español, harto vulgar en todos los sentidos, pero unitario, centrado en los deportes y el entretenimiento ligero. Asumir un criterio de mercado —lo que guste a la mayoría se dobla o triplica, para expulsar cualquier otra oferta sin respuesta equivalente— fue la herencia más perversa del franquismo y a la vez su éxito más definitivo.

Dicho de otro modo, el debate ideológico que el franquismo quiso resolver a su manera, con el Movimiento Nacional, el cine nacional, la radio nacional y luego la televisión y el mensaje machacón, se resolvió efectivamente en la confluencia de formas de consumo en los años setenta. Probablemente, no fue un accidente que una figura como Adolfo Suárez llegara al poder en 1976: era despreciado por la oposición como franquista y falangista (fue el penúltimo ministro-secretario general del Movimiento), mientras que, para muchos de los supuestamente suyos, era un chaquetero y un trepa ambicioso, criterios de los que dejaron amplia constancia. En particular, el valenciano neofranquista Fernando Vizcaíno Casas dejó un retrato del tipo de cambio que observó en una novela pésima, De camisa vieja a chaqueta nueva (1976). Sin embargo, su oportunismo y su falta de preocupación doctrinal resultaron una importante ventaja. Suárez nunca dudó que él representaba a los «nuevos españoles», tópico que perduró desde finales de los años sesenta. Por fin, los «nuevos españoles» tendrían un criterio más o menos común, serían gente al nivel europeo, capaz de vivir y pensar el consumismo que, desde Estados Unidos y la naciente Comunidad Económica Europea (en vigor desde 1958), se identificaba tanto con la civilización como con la modernidad.

La nueva urbanización española fue iniciada por el hambre generalizado del primer franquismo, debido a la necesidad de repartir los recursos agropecuarios de media España a todo el territorio, a resultas del fin de la contienda. Pero la reconstrucción urbana, ya lanzada en los años cincuenta, continuó durante la década siguiente, y luego con la Transición y más tarde. Parte de la urbanización se fundamentó en el turismo y los servicios, junto con la industria, y comportó la desertización del campo más profundo. Trajo consigo las costumbres de la velocidad incremental y del rendimiento fácil y portátil (mediante la llamada «transistorización»). La expansión urbana transformó la sexualidad, deshizo la dura resistencia rural y trajo la relajación de la moral, abriendo posibilidades de comportamiento individualista hasta entonces inimaginables: la tímida liberalización de las playas, los bikinis y las míticas suecas de los años sesenta y principios de los setenta, todavía con el régimen franquista vigilante y dudoso, inquieto, pero no tan aislacionista como la dictadura portuguesa, determinada por un Salazar dispuesto a evitar el contagio del poscatolicismo. Sin embargo, la apertura del consumo y la restricción del trato social no funcionó, ni en España ni en Portugal, no solo por la exigencia del turismo de poder disfrutar de una libertad de costumbres que en realidad no vivían en los inviernos de sus países de origen, sino por la exportación de brazos a las minas y fábricas de la Europa industrial, cuyos retoños volvían del todo corrompidos por el estilo de vida pactado entre democratacristianos y socialdemócratas desde el Benelux o la Alemania Occidental hasta Suiza.

No se debe subestimar la fuerza del neoamericanismo europeizado del mundo de la CEE de los años setenta y ochenta. No solo se cargó las dictaduras del sur —Portugal y Grecia en 1974 y España en 1976-1977— sino que, una década más tarde, rompió la espina dorsal del sistema soviético y sus estados satélites. El colapso de la URSS en 1989 vino con una masiva emigración de turistas germanoorientales, que, en sus Trabant (el equivalente del SEAT 600 de diez años antes), aprovecharon la convivencia de las autoridades húngaras que abrieron sus fronteras. No votaron «no» con sus pies, sino con sus malos vehículos. Antes de la Navidad de 1989, la DDR, la llamada República Democrática Alemana, estaba hundida. Se celebraron las últimas elecciones en marzo de 1990, lo que llevó a la Cámara del Pueblo a votar su acceso a la República Federal en agosto. En octubre no quedaba rastro. Los germanoorientales vendieron el socialismo real por la oportunidad de cruzar el Muro de Berlín y, literalmente, comerse una banana (las veían en las teles del Oeste y se morían de curiosidad).

Todo esto sirve para explicar qué sucedió en Cataluña en los años ochenta. Pujol copió el modelo franquista de radiotelevisión e invirtió mucho dinero. A unos, les ofrecía tranquilidad social. Hubo una tradición colaboracionista del pujolismo con los conservadores españoles, hoy impensable. Lo que, en los años setenta, se llamó «franquismo sociológico» no dudaba en votar a Pujol y los suyos. Es más, con frecuencia no se sintió atraído por Alianza Popular, con su regusto a la época de su fundación, en 1977, ni por el Partido Popular, con su nueva fachada tras una reorganización en enero de 1989.

Pero el enfoque tenía otro sentido simultáneo. A mediados de la década de los ochenta, la educación se realizaba en catalán, sin que la inmigración andaluza de los sesenta se sintiera especialmente preocupada. El acceso a la enseñanza superior era factible y Cataluña parecía una «sociedad ascensor» (término de la época) en la cual el ascenso social (hablando catalán) daba cierta promesa de bienestar. Pujol siempre tuvo algo de socialista, que era como se definía en tiempos de oposición al franquismo. Y, además, hay que tener en cuenta (aunque no guste) que el welfare state o estado asistencial español —aquello que en Europa realizaron los laboristas en pugna con los democratacristianos y con apoyo del famoso Plan Marshall— fue la seguridad social franquista.

LA ESPAÑOLIZACIÓN DE CATALUÑA

La España de los Botejara fue el nombre de un programa documental emitido por Televisión Española en 1978, creado y dirigido por el publicista Alfredo Amestoy, que narraba la expansión migratoria de una familia, los Botejara, que era originaria de La Vera cacereña y había emigrado a Cataluña, Madrid, al País Vasco y hasta a Alemania. Fue un gran éxito de audiencia. Ejemplificado tanto por el programa como por la familia, RTVE logró conquistar a los catalanes, por muy superiores y metropolitanos que se sintieran, ante los palurdos o paletos españoles. Los lunes por la mañana hablaban de los mismos partidos de fútbol y la prensa deportiva gozaba de unos niveles de consumo (en castellano pero también en catalán) que dejaban atrás a las cabeceras de noticias. El negocio del Barça alcanzó cotas obsesivas, de acto de comunión de una masificada religión cívica. Si aquello era comparable al Real Madrid o a otros equipos menores de España, resaltaba la efectiva españolización sociológica de Cataluña y los catalanes. Cada vez se parecían más. El discurso de la Barcelona laboriosa y el Madrid funcionario, forjado en 1880 en tiempos de Almirall, se diluía ante el crecimiento del área metropolitana de la capital estatal, y su industrialización. Barcelona, muy a su pesar, se había quedado atrás en población y presidía una comparativa desindustrialización acentuada por el colapso del sector textil, hundido por la competición de la producción barata desde Asia.

La comparativa españolización de las costumbres catalanas, la desaparición de la mítica ética del trabajo y la mayor rudeza de trato (muy comentada en la prensa catalanista) dejaron una única y profunda diferencia: los catalanes se estaban convirtiendo en españoles que hablaban catalán, que eran bilingües.

Así, los cambios propios del ritmo social generacional (europeo y español) coincidieron con las obsesiones de preservación de las esencias (o sea, la lengua), que marcaban la agenda conservadora del pujolismo. Tanto la realidad social como la fantasía política enfatizaban las señas de identidad.

Las paradojas históricas se suman. La gran lucha social agraria que tenía que determinar la ansiada o temida revolución española nunca se produjo. Lo que ocurrió con el desarrollo económico español, desde la repatriación de capitales de ultramar tras 1898 hasta los beneficios de la Gran Guerra europea de 1914-1918 apuntó al crecimiento de las ciudades, no a la potenciación del campo. Se siguió en esa misma dirección con la inversión estatal en comunicaciones (carreteras, teléfonos, trenes) y de infraestructura de capitales de provincia de la dictadura militar de 1923-1930, con la República. Paradójicamente, la devastación de la Guerra Civil tuvo el mismo efecto: concentró mucha población en las ciudades. Después, la reconstrucción de la posguerra, combinada con las planificaciones del franquismo —con todas sus limitaciones— confirmó la tendencia urbanizadora.

El peso urbano rebajó el contraste entre Madrid y Barcelona, e hizo a esta última menos excepcional, menos foco de contestación en España contra el centralismo, y más la capital de Cataluña sin más.

El empuje capitalino de Barcelona no se redujo, pero su sueño de ser la capital alternativa de España perdió fuelle. Ni tan siquiera funcionó la insistencia, durante los años setenta y ochenta, de que debía ser el cap i casal (cabeza y casa) de los Países Catalanes. La alternativa era clara: si no le dejaban mandar, podía marcharse, ser capital de Cataluña no de forma genérica, sino de modo sustancial.

El contrapeso del Estado de las autonomías, que el valenciano Fernando Abril Martorell diseñó para Suárez, no frenó, sino que acentuó la frustración con la falta de reconocimiento. Con frecuencia, Pujol repetía que era una humillación que, en la práctica estatal, Barcelona fuera una mera capital de provincia, que un ente metropolitano tuviera el mismo rango que Soria. Era un criterio muy compartido. El desaforado crecimiento urbano mundial, con megalópolis que son diez o veinte veces más grandes (humana y geográficamente) que Barcelona o una Catalunya-ciutat, no han inspirado humildad. Todo lo contrario. El creciente turismo, con su cansino discurso cosmopolita tan chabacano (es decir, cómo comer la misma hamburguesa en cualquier lugar del mundo), ha creado la sensación de que Barcelona es una world city, un foco mundial. Este resultado perverso de las ambiciones de Pasqual Maragall tiene mucho que ver con toda la teatralidad del proceso separatista durante los años de paroxismo, de 2012 a 2017, y con el tiempo de la «revolución» de 2017 y su posterior continuación. Se insistía, por la parte indepe, en que el mundo entero estaba pendiente de la capital catalana y de la causa de la autodeterminación catalana. «The whole world is watching!» (¡el mundo entero nos está mirando!) fue un eslogan estadounidense de 1968. Ahora era el mensaje reiterativo del independentismo catalán.

Cuanto más españoles se hacían los catalanes, cuanto más funcionaba la vulgarización pasiva españolizadora, más se defendía el uso del idioma, ya que la llengua era la única diferencia significativa entre quienes antes habían observado numerosos fets diferencials. Cuanto más se perdía el sueño de una renovación extrema en su regionalización, y se disipaba el sueño de Barcelona como contracapital revolucionaria de España, más atractiva se hacía la idea de que fuera la capital de una Cataluña separada, independiente.

El gran argumento (o el miedo) que ha motivado la expansión del independentismo ha sido la convicción de muchos catalanoparlantes de que su idioma (luego, su todo, lo último que les queda) está realmente a punto de desaparecer; que, en una o dos generaciones, la lengua desaparecerá sin que nadie se dé cuenta.

A los españoles que no hablan catalán este asunto les parece una terquedad frente al peso de la Historia. Bueno, y si no se habla, ¿qué? Tampoco se acabará el mundo, ¿no? Que hablen castellano, o, mejor dicho, español.

Estarán todos urbanizados, pero no hay comprensión mutua.

LA TRANSICIÓN CATALANA

Hoy cuesta creerlo, pero en Cataluña, en 1974-1975, el gran modelo para la reorganización de la sociedad que se discutía era la «autogestión». Ello convirtió a Yugoslavia, que en un principio funcionaba según un sistema así determinado, en la gran pauta del futuro para todo el mundo: para socialistas como Pasqual Maragall, para el grueso de la extrema izquierda nacionalista o no, e incluso para Pujol. Una muestra elocuente la aportó el nacionalista occitano Robert Lafont, prolífico autor muy leído y admirado entonces entre catalanistas e izquierdistas en Cataluña. Su obra anterior, La Revolución regionalista, de 1967, apareció el año siguiente en catalán —traducido por Manuel Cruells, y, en 1971, también en castellano—, en versión de Paco Fernández Buey. Pues Lafont publicó en 1976 un título de impacto: Autonomie: de la region à l’autogestion. Ahí cabía todo. Hoy se prefiere la expresión «autonomía administrativa» y la palabra «autogestión» se ha relegado a la formación de personas con discapacidad intelectual.

Entonces no era así. A mediados de los años setenta, el término «autogestión» implicaba no solo que en una economía digamos «social» (por no decir socialista) había un uso de las formas de mercado para la interacción de materias primas, su transformación, producción y distribución. El término era vagamente catalán y muy libertario, pues se hizo famoso con la «colectivización» de 1936, que, muy en teoría, funcionaba así. Los kibutz en Israel, entonces potente ejemplo para las izquierdas europeas, recogieron aspectos de la experiencia catalana, como también decían que habían hecho los yugoslavos. En resumen, Cataluña era un faro que conectaba la luz revolucionaria del ayer con la del mañana.

Había, pues, grandes expectativas y una confianza absoluta en el porvenir de Cataluña, se entendiera como se entendiera su forma territorial.

El final del franquismo (la llamada Transición) fue como una representación teatral: se interpretaron unas acciones en público, mientras todos los actores parecían repasar guiones alternativos entre bastidores. Ninguno de los sectores importantes que apuntaban a una renegociación con el reformismo franquista y monárquico —los que rodeaban a Jordi Pujol, los comunistas y sus amigos y aliados, o el núcleo de fieles a Tarradellas, como oficial presidente de la Generalitat en el exilio— se tomó muy en serio ni a los viejos separatistas ni a los nuevos independentistas.

También fue como un estreno: todos repasaban sus discursos, nerviosos, a la espera de su gran oportunidad. Los partidos organizaron varias plataformas para estar listos.

La ya vetusta Esquerra Republicana combinaba todavía a republicanos y nacionalistas y rivalizaba con Pujol y los suyos. El Front Nacional también hacía lo que podía. En 1977, el FNC se sumó al Pacte Democràtic per Catalunya, un conglomerado controlado por Pujol que aguantó poco, con la Esquerra Democràtica de Trias Fargas, más el Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament de Josep Lluís Pallach, muy influyente pero enfrentado a Joan Reventós, y la línea dominante del socialismo catalán. Mucho más que Trias, Pallach parecía alguien que podía frenar a Pujol y sus maniobras. Pero murió joven, a los cincuenta y seis años, en enero de 1977. Llegados a ese punto, el histórico líder del Front Nacional, Joan Cornudella, no veía más opción que seguir a los socialistas catalanes: primero entró en las filas pallachistas (el PSC-Reagrupament) y luego directamente en el Partit dels Socialistes de Catalunya, fundado a mediados de julio de 1978, nombre plural que subrayaba la variedad de familias históricas y nuevas que se reunían en su seno. Cornudella fue elegido diputado del Parlament dos veces, en 1980 y en 1984. Fue, en resumen, una figura rectora de Estat Català y luego del Front Nacional, que prefirió ser del nuevo PSC que someterse a la tutela de Pujol.

El PSAN y otros fragmentos menores operaban en un universo paralelo, y con cierta capacidad de hacer el ruido de siempre entre estudiantes (tanto de bachillerato como de universidad): propaganda y fijar algunas pautas del debate ideológico entre nacionalistas de todo signo.

Así, ERC, FNC y PSAN reproducían, en 1974-1976, la fragmentación que existió décadas antes en la época republicana o incluso en tiempos de la Guerra Civil, y que se mantuvieron durante la larga oscuridad del franquismo. Pujol se presentaba como la auténtica alternativa catalana. Y luego estaba la izquierda, socialistas y comunistas, con la multiplicidad de pequeños grupos y grupúsculos de signo comunista que fluían a su paso.

Todos consideraron que Tarradellas era un personaje acabado, de quien no se esperaba más que una sonrisa en el traspaso de poderes que, tarde o temprano, se produciría. En esa circunstancia, el presidente en el exilio catalán no tendría previsto más papel que ceder los símbolos del pasado y hacer mutis.

Pero no salió de escena. Tarradellas se consideró a sí mismo cabdill y jugó en Madrid. En última instancia, Suárez y la nueva monarquía prefirieron entenderse con él —se dijera lo que se dijera— que con la cacofonía de los partidos catalanes.

¿EXISTE EL «DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN»?

La tesis independentista catalana se ha sostenido en el «derecho a la autodeterminación». Así se mantiene en la actualidad.

Como ya se ha podido constatar, la «autodeterminación» forma parte del bagaje moral protestante radical de las revoluciones inglesas o británicas del siglo XVII, que dictaba que cada congregación se podía separar y regirse por un consenso de sus miembros. El criterio se extendió con gran fervor en las colonias británicas de Norteamérica y justificó la guerra de independencia de estos territorios (autoproclamados Estados) en 1775-1783. Los líderes rebeldes de estos nuevos Estados ya eran más bien deístas, cuyo protestantismo se había reblandecido con la Ilustración. La base social revolucionaria no era tan ambigua y se mantuvo fiel a los criterios de las varias tendencias protestantes, casi todas pospresbiterianas. Los perdedores —los anglicanos de la Iglesia establecida de Inglaterra— huyeron en masa al Alto Canadá.

La noción de la «autodeterminación» la trajo consigo a París en 1918-1919 el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Hijo de un reverendo presbiteriano sudista, Wilson creía más en unos principios que en la realidad política, ese realismo que los alemanes llaman Realpolitik. Estados Unidos intervenía por primera vez en asuntos europeos, pues era una vieja tradición no hacerlo; al fin y al cabo, no era uno de los aliados como Gran Bretaña o Francia; era una potencia asociada, equipada con una agenda de renovación moral, que su presidente anunció, en enero de 1918, como los «catorce puntos» en su mensaje anual ante el Congreso estadounidense. Ni británicos, ni franceses, ni mucho menos italianos y japoneses (los aliados) aceptaron el criterio de Wilson, excepto en aspectos considerados no problemáticos, como la propuesta de una Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos. En privado, Wilson confesó que la delegación estadounidense no tenía ni idea de la cantidad de problemas de nacionalidades que había en Europa, o en el mundo. En otras palabras, los «catorce puntos» tenían muchos huecos y por ello produjeron tanta decepción. Como se sabe, el senado norteamericano, que tenía que aprobar los tratados internacionales, rechazó los acuerdos de París, y Estados Unidos nunca formó parte de la Sociedad de Naciones.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo algo para reparar estas faltas, pero, aunque no favoreciera la reconstrucción de los imperios británico, francés y neerlandés, tampoco iba a secundar a fondo la hipocresía estalinista. La ex Unión Soviética pretendía ser una libre federación de naciones que, como tal, combatiría al imperialismo. Los norteamericanos señalaron las mentiras que había en el discurso soviético, no ayudaron a los británicos ante el hundimiento de su vasto sistema de posesiones de ultramar, pero —ante el peligro comunista— aceptaron que el nuevo organismo internacional, que se empezó a construir en San Francisco en agosto de 1945, tuviera un discurso pactado contra la agresión colectiva y en defensa de las personas individuales. Todo fue muy vago.

El «derecho a la autodeterminación», una doctrina que no es ley en ninguna parte (lo fue en la URSS y así acabó en 1991), se incluyó en 1966 en el vaporoso proyecto de Derecho Internacional que se formó alrededor de la ONU desde 1945 en adelante. Digan lo que digan la acumulada documentación y los papeles fundacionales de Naciones Unidas, el propio organismo depende del beneplácito de las grandes potencias (en lenguaje actual, los miembros fijos del Consejo de Seguridad de la misma ONU). Desde siempre —o sea, desde 1919, con la Paz de París y el Tratado de Versalles—, la noción misma y su aplicación concreta depende del consenso de los «cinco grandes» (las grandes potencias que van variando, según fases diplomáticas, guerras, victorias y derrotas) y de sus intereses cruzados, así como de la gravedad que el caso concreto de secesión tenga para su mutuo equilibrio. Eran cinco en la Paz de París en 1919 (Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón) y hoy son cinco en el Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China). La alternativa al equilibrio entre las potencias, junto con su capacidad decisoria sobre las pretensiones de los países menores (y territorios inquietos con opinión secesionista), es la guerra abierta. En el marco de la ONU, se trata de un problema que ya ha ocurrido en la práctica (la Guerra de Corea, 1950-1953), si bien no oficialmente. En aquel entonces, la China reconocida y en la ONU era la del Guomindang, no la comunista, que sí intervino —oficiosamente, con «voluntarios»— en el conflicto.

En resumen, el «derecho a la autodeterminación» no pasa de ser lo que los especialistas en relaciones internacionales llaman un talking point, literalmente, un «tema de conversación negociadora», pero no un principio incuestionable. Tiene que haber grandes potencias muy interesadas en el asunto en cuestión. Y no es el caso de Cataluña.

PUJOL Y EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

El Estado de las autonomías español no es siquiera una federación, y mucho menos una confederación. Todas las comunidades autónomas son España (es decir, parte del Estado español) mientras no se demuestra lo contrario de modo concluyente. Dicho esto, hay que señalar que el gobierno central conservador en 20172018, torpe o calculador, no supo buscar una componenda funcional y ha contribuido a la actual crisis. Hacer política es realizar amaños, pactos y reconciliaciones a corto plazo. Y mañana será otro día.

El secreto del funcionamiento efectivo de un sistema autonómico es la ambigüedad. Nada queda del todo determinado, en especial el carácter superior del centro respecto a la parte. De ahí que la respuesta catalanista fuera un neologismo: soberanismo, como sustantivo para detallar una meta política, asimismo desdibujada. En este sentido, la propia solución dada al pleito catalán (tal como en 1979 lo planteó hábilmente Tarradellas ante Suárez y su asesor de inteligencia, el general Casinello) refleja esta misma ambigüedad. Cuenta la anécdota que se enfadaron tanto que el primer ministro y su asesor dejaron a Tarradellas con un portazo. Pero había otra puerta, con la prensa que esperaba; Tarradellas salió y narró un entendimiento de fondo plausible con algunos roces y desacuerdos para que resultara creíble. Y coló. Tarradellas volvió a Barcelona entre multitudes el 23 de octubre de 1977 y, desde el balcón de la Generalitat, lanzó su famoso «Ja soc aquí!» (¡ya he llegado!).

Suárez y sus consejeros, sobre todo el valenciano Abril Martorell, reaccionaron con una jugada doble y bastante funcional: primero, Cataluña no sería excepción (ni con Vascongadas y Galicia) sino parte de un conjunto, un Estado de las autonomías en el que pesarían las partes castellanas más que las díscolas, las que tenían tradición separatista o independentista. De modo que las autonomías no se crearon con un criterio de soberanía inherente, que sería la base de cualquier república federal.

Al contrario, el sentido era de excepcionalidad dentro del poder, el hecho muy hispánico de ser ambas cosas a la vez. Se remitía de modo inconsciente al principio latente, el que permitió la existencia tan duradera del vasto reino de la Corona española en las Américas, la Nueva España, Perú, el Río de la Plata. Ante el juridicismo tan arraigado en el alma española, la autonomía de lo equívoco, siempre tan querida y apreciada: «Acato, pero no cumplo». Aunque se hablara mucho de la idea en las luchas independentistas, nadie realmente quería un Estado federal como el de los angloamericanos en América del Norte. Daba miedo la dispersión del poder y el ejército insistía en un Estado central, como había sido habitual durante los dos últimos siglos. La solución fue desgajar del Estado su centralidad en la administración local y retener el poder decisivo, el auténtico «monopolio de la violencia». Así se obtendría la apariencia de un sistema federal sin sus problemas.

En realidad, todo era lo que los británicos llamarían una devolution (literalmente, una devolución o retorno), una cesión de poder a una parte desgajada del mismo Estado, que así cedía apariencia (banderas, protocolo, amplios servicios estatales) pero no sustancia. Todo seguía siendo Estado, no territorios con peso propio ante el centro. ¿De dónde salió todo el peso político? Del ejército, que llevaba casi tres siglos con amplias funciones políticas, administrativas y hasta judiciales. Pero esto Suárez no pudo hacerlo. Es más, parte del ejército por poco se lo llevó por delante. (Es uno, no el único, sentido del famoso golpe militar frustrado del 23-F, el 23 de febrero de 1981.) Ello lo realizarían, dosificado y con un calculado juego de compensaciones, los socialistas a lo largo de la siguiente década.

¿Y en cuanto a la inserción de la clave de la Transición? Esta se encuentra en varios pormenores, que con frecuencia se olvidan o ignoran. El desafío irrevocable fue la negociación de Tarradellas con Suárez, quien, en octubre de 1977, tuvo el efecto de parcialmente desvincular el proyecto de monarquía de sus antecedentes exclusivamente franquistas, al incorporar una pauta republicana al nuevo sistema: la Generalitat con su presidente en el exilio. Aquello significó que Juan Carlos dejaba de ser el «príncipe de España» nombrado en 1969 por el Caudillo, para pasar a ser «rey de los republicanos», un cambio sellado eventualmente para la galería por Santiago Carrillo y el apoyo comunista a la Constitución de 1978.

Ahora bien, este paso no hubiera sido posible sin la reforma fiscal diseñada por el ministro de Hacienda de Suárez en 1977, Francisco Fernández Ordoñez, que se convirtió en ley en septiembre de 1978 como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF. El Estado español era tradicionalmente pobre, vivía de préstamos y aranceles. De pronto, las arcas estatales rebosaron, sin por ello castigar a ningún sector en concreto. El primer año se recaudaron 2.826 millones de declaraciones; 5.777 en 1980; 9.616 en 1985 y 21.373 en 1989. Fernández Ordoñez pasó sin problema de la UCD al PSOE en 1982.

Una administración con dinero pudo pagar la Transición, ya que tapó las ansiedades de los «azules», el grueso de personal franquista que temía por sus pensiones. Paralelamente, con la llegada de los socialistas tras las elecciones de 1982, incluso se concedieron plazas a los «rojos» en las universidades. Las grandes reservas de protesta y disensión heredadas de la Guerra Civil fueron calmadas por un tiempo.

Luego estaba el ejército, que tumbó a Suárez entre bastidores, hizo lo que pudo para incomodar a su sucesor Leopoldo Calvo Sotelo y, tras el 23-F de 1981, quiso, con otra conspiración cortada a tiempo, anular las elecciones de octubre de 1982.

La solución, ya insinuada con el ministro Alberto Oliart en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, fue realizada con perfección por el equipo de Narcís Serra bajo el felipismo: dar el dinero a la marina y al ejército del aire y cortar el suministro al ejército de tierra, hasta que se civilizara, en el sentido más serio de la palabra. La jugada quedó redondeada con el balance de la respuesta gubernamental a ETA, con sus ganas de matar a militares, para «acentuar las contradicciones entre los poderes fácticos». Los socialistas y los servicios policiales descubrieron que se entendían perfectamente.

El reinado que se anunciaba como de «Juan Carlos el Breve» quedó sólidamente asentado. Con el tiempo, al promocionar a militares mediante la integración en la OTAN y en encargos técnicos en misiones pacificadoras de la ONU, se tranquilizó a los ambiciosos, sin por ello inquietar a los de espíritu más burocrático. Se eliminaron los poderes de excepción de los gobiernos militares de provincia. La profesionalización del ejército se completó en 1996, cuando Aznar dependía de los votos pujolistas, al suprimir el odiado servicio militar obligatorio.

La otra cara de la Transición, la más visible, fue la transformación de un sistema territorial en extremo centralista, basado en provincias, a otro mixto, algo redundante pero evolutivo. Al ser Suárez obligado al pacto «republicano» y catalán con Tarradellas, había otros pasos inevitables, como la reinvención o recuperación de Euskadi en un pacto con el PNV, pero sin incorporar Navarra (hecho que disputó mientras pudo el nacionalismo vasco). Y entonces, ¿qué? Tarradellas respondía al clásico modelo catalanista: una división España/Cataluña era suficiente. Al tener que abrir el juego a los vascos, se planteó una alternativa que provocó mucha especulación en los años treinta, bajo la República: regionalizar toda España para frenar el dualismo hispano-catalán. Cambó y los nacionalistas vascos jugaron contra Macià y su Cataluña excepcional, con Barcelona como segunda capital de la República. La CEDA (con sus «derechas autónomas») también había examinado y contemplado alternativas con una «España regional» para frenar las ambiciones desmedidas del catalanismo republicano. Eran los monárquicos alfonsinos y juanistas —un orador desafiante de la extrema derecha como el belicoso José Calvo Sotelo, dispuesto a declarar, desafiante, que el peligro de «una España rota» era peor que una «roja»— quienes antes de la Guerra Civil defendieron el unitarismo territorial a ultranza.

LA CREACIÓN DEL PUJOLISMO

Cuesta mucho recordarlo hoy, hasta imaginarlo, pero el peso del recuerdo «socialista» de la ERC republicana y de su cuasiheredero Partit Socialista Unificat dejaron, durante la guerra, tal marca que todos los que, al morir el dictador, surgieron como antifranquistas (e incluso algún que otro franquista) reaparecieron como «socialistas», listos para empezar la monarquía parlamentaria de modo adecuado.

En primer lugar, estuvo Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se constituyó como partido político a mediados de enero de 1976. Surgió del núcleo pujolista estricto (el Grup d’Acció al Servei de Catalunya) en combinación con unos «independientes» encabezados por Miquel Roca Junyent, y una oscura asociación llamada Acció Obrera. Entonces, literalmente, no existía la derecha como apelación. La nueva CDC ambicionaba la autodeterminación, el federalismo y la centralidad del mundo político catalanista, como indicaba su nombre. Tonteó con fracciones socialistas, incluso se definió como socialdemócrata, hasta que, en la primavera de 1978, captó a Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC), encabezada por el economista Ramon Trias Fargas, y después por otras figuras como Macià Alavedra. Más adelante, en 1989, Trias murió de modo dramático, de un ataque cardíaco mientras daba un discurso en un mitin; así que no llegó a rivalizar con Pujol. Pero la captación de EDC cerró los tanteos con la socialdemocracia y con entidades que acabaron en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), entidad ecléctica, cuyo nombre en plural resaltaba las muy variadas genealogías políticas y sensibilidades que la han compuesto desde su fundación, en julio de 1976.

El giro derechista de 1978 se confirmó al establecer CDC una coalición con los democristianos catalanes, Unió Democràtica de Catalunya, partido que databa de 1931, como Esquerra. Se entendió como un auténtico matrimonio político, bajo el nombre de CiU o Convergència i Unió. En 2001, la alianza, al acercarse la salida de Pujol y su sucesión, se formalizó como una federación. El divorcio llegó en 2015, tras muchas y públicas peleas directamente relacionadas con la independencia. En los siguientes comicios, la UDC desapareció del Parlament, y pronto del panorama político, siendo disuelto en marzo de 2017.

Pero mientras duró la pareja, fueron el pujolismo.

LA LUCHA DE HERIBERT BARRERA CONTRA TARRADELLAS ABRE LA PUERTA A PUJOL

¿Por qué se impuso Pujol? ¿Y por qué duró tanto tiempo? De entrada, tiene que ver menos con la figura de Pujol que con la falta de alternativas.

En primer lugar, Tarradellas se tomó muy en serio su rol de presidente por encima de los partidos. Hubo quien quiso que el flamante presidente de hecho de Cataluña crease un «gaullismo» a la catalana, que estableciera una fuerza presidencialista, como hizo el general De Gaulle dos veces, en 1944 y en 1958. Tarradellas prefirió asegurar la institución. Se fio de su propia personalidad, pero no quiso engendrar ni siquiera unos amics del president (amigos del presidente). Puede que, aunque tuviera afecto entre alguno de sus admiradores, no se fiara de nadie. Prefirió acaudillar el país, Cataluña entera, de modo simbólico. Una nota al margen: los independentistas tendían a odiarle de modo visceral, hasta el punto de hacer correr el bulo de que Tarradellas había avisado a alemanes o franquistas de la situación de Companys en Francia en 1940, con tal de salvarse él mismo.

Luego, hay que añadir que la izquierda estaba confusa. Los socialistas no se organizaron hasta el verano de 1978 como Partit dels Socialistes de Catalunya, una auténtica reunión de tribus, familias históricas y restos de líneas comunistas sin un líder convincente: la figura preeminente de este PSC, Joan Reventós, no era un cabdill, ni de lejos. Tampoco el PSUC tenía fuerza unitaria, ni era capaz de juntar sus variadas clientelas. Además, la situación de la Guerra Fría habría favorecido un protagonismo excesivo. La embajada estadounidense en Madrid guardaba extensos informes sobre el Portugal de los últimos años. El consulado en Barcelona estaba muy al tanto. Los norteamericanos no querían nada parecido en el otro extremo de la península Ibérica.

Quedaba como opción Esquerra, partido histórico que, en sus mejores tiempos, en los años treinta, había sido literalmente sinónimo de la Generalitat. ERC prefirió a Barrera sobre Tarradellas, y Barrera hizo todo lo que pudo para demoler la victoriosa labor del presidente en funciones.

Al ser un partido nacionalista con un significado republicano importante, ERC retuvo al apasionado Heribert Barrera, hijo de Martí Barrera, responsable de Trabajo en la Generalitat bajo Companys. Heribert fue muy representativo de los estudiantes más exaltados en su nacionalismo de los años treinta, justo antes de estallar la guerra y la revolución en 1936 (y encuadrados en la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya, o FNEC, el histórico sindicato estudiantil de Esquerra); pero también se asoció con el Bloc Escolar Nacionalista, en la órbita de Cardona. Combatió en la guerra como artillero y estudió Química en Francia. Regresó del exilio francés en 1952 y trabajó en la recuperación clandestina de ERC.

Barrera era malhumorado y nada tímido al expresar su duro criterio nacionalista, tanto en Madrid como en Barcelona. Insistía especialmente en la invasión de «gentuza» venida de fuera de Cataluña y de su efecto negativo en el medio catalán. Tan libre era Barrera en la expresión de su etnocentrismo que llegó a sembrar el escándalo, excepto entre sus admiradores más acérrimos.

Uno de los rasgos que Heribert Barrera marcó en Esquerra fue un fuerte anticomunismo. Una intensa retórica sesentayochista de marxismo-leninismo sacaba a Barrera de sus cabales.

En la coyuntura de la Transición, nada de esto importó. A pesar de sus sentimientos cruzados, contra Tarradellas y contra la nueva izquierda de los años setenta, Barrera siguió una trayectoria personal que respondía a su fuerte personalidad. Elegido secretario general de ERC en 1976 en un congreso nacional, tuvo que hacer frente a la presión calculada del gobierno de Suárez, que no legalizó Esquerra, por republicana, ante las elecciones constituyentes de junio de 1977.

Entonces se realizó una alianza sorprendente: ERC se juntó con el Partido del Trabajo en España (PTE), partido comunista prochino fundado en 1975, que tampoco había sido legalizado. Juntos crearon un Frente Democrático de Izquierdas. Realizaron una intensa campaña, contestataria, que atacaba por dos lados, el nacionalista y el comunista de izquierdas.

Los resultados fueron mínimos, pero positivos: casi un 5% del voto escrutado y un escaño para Barrera en el Congreso de los Diputados, con lo que pudo participar en toda la dinámica constituyente. Su postura fue de un nacionalismo tajante. Como diputado elegido en junio de 1977, participó en la redacción del Estatuto de Sau, el nuevo proyecto autonómico. Pero, como republicano, rechazó la Constitución monárquica, y reivindicó con insistencia el reconocimiento de la autodeterminación de las naciones. En el plebiscito nacional, Barrera pidió el voto negativo en contra de la Carta Magna de 1978.

En las segundas elecciones a Cortes en marzo de 1979, Barrera ganó de nuevo un escaño con ERC, ya legal y sin la vinculación con el PTE, que, tras una fusión con otro grupo de la izquierda, fracasó del todo en los comicios y se disolvió.

La figura principal en Cataluña del PTE, Sànchez Carreté, sí inició el vínculo con Barrera, pronto se acercó a Tarradellas, que estaba de camino a Barcelona, y fue expulsado por catalanista del PTE. Fue evidentemente proscrito por Barrera, a pesar de lo cual Sànchez Carreté fue activo en la campaña contra la Constitución en 1978 (con un libro). Su carrera política se esfumó tras el intento de crear con Xirinacs una plataforma nacionalista de izquierdas.

Con el orgullo de su «no a la Constitución», Barrera hizo campaña por el «sí al estatuto autonómico catalán» en el referéndum de 1979. Además, a través de la proyección cultural —la Fundació Enciclopèdia Catalana— entró en la órbita pujolista, y de ahí, con el tiempo, a Òmnium Cultural. Llegados a este punto, con la desaparición de Tarradellas y el ascenso de Pujol, la única opción efectiva para Barrera era aceptar el predominio pujolista, siempre mejor (a sus ojos) que intentar un entendimiento con los socialistas en construcción en 1979.

Para abreviar, tampoco existió un desafío de ERC. El camino estaba abierto para Pujol.

PUJOL: EL NUEVO CABDILL

En los años ochenta pareció que la clase dominante eran los sociolingüistas. En la Generalitat pujolista, siempre había sitio para uno de ellos, más dado al despliegue político de lo que los convergentes asumieron. Pujol, con inteligencia, había dicho aquella frase de que «es catalán quien vive y trabaja en Cataluña». Ahora no importa si él inventó o no el apotegma. Era un acierto, con un beneficio calculado. Porque la frase contenía las dos terceras partes de un mensaje habitual, implícito, conocido, propio del nacionalismo radical catalán tal como había existido durante setenta años. Sin la lengua catalana no habría definición de catalán, ni una concesión feliz de ciudadanía.

Pujol, con un lema, se distanció pública y visiblemente de los viejos separatistas y los nuevos independentistas, para consolidar su imagen de nuevo cabdill nacional, jefe insustituible. Quien, por la razón que fuese, se le cruzaba, quedaba borrado. Por ejemplo, entre los años cincuenta y setenta, un ensayista psicológico, Carles Muñoz Espinalt, tuvo un importante reconocimiento en medios de fidelidad nacionalista —Òmnium Cultural, la CAOC (Cercle d’Agermanament Occitano-Català), la editorial de Joan Ballester i Canals—, en los que era tratado de intelectual serio. Pero a partir de su conexión con los independentistas reunidos en la revista El Llamp, se apuntó a la agitación independentista que rodeaba a las Olimpiadas de 1992, se le cerraron las puertas de golpe y el medio pujolista le ignoró cuando murió en 1993. Como cabdill, Pujol encarnó el viejo principio hispánico según el cual «no cabrees al jefe, que él se cabrea solo».

El éxito de Pujol se apoyó en su capacidad de generar dinero en negro sobre la marcha, a golpe de teléfono, y, segundo, de aparentar un liderazgo incuestionado en un ambiente de rivalidades y enemistades a veces muy bronco. Esa estrategia venía de los años sesenta y setenta; no fue una novedad en los gobiernos y las legislaturas de los ochenta y los noventa. Las repetidas victorias electorales y el control de las sucesivas legislaturas le dieron una aureola de jefe que siempre acertaba, con su estilo acumulativo de poderes e instituciones catalanas (el famoso «pescado en la cesta» o peix al cove). Y funcionó hasta el Pacto del Majestic y la alianza con Aznar, después de tantos años de equilibrios y negocios con el felipismo socialista. Entonces afloraron las líneas más duras (los llamados talibanes), y otras más dúctiles o prudentes.

Muchos nacionalistas convencidos se supusieron la parte clave, activa y no pasiva. Para empezar, la mujer de Pujol, Marta Ferrusola, figura imprescindible en la creación de la imagen del cabdill, lo decía sin ambages: el nouvingut (recién llegado) necesitaba dominar la lengua catalana y, más aún, para encajar con el tarannà del país, el talante catalán. Dos décadas después, en una entrevista televisiva, Ferrusola enfatizó su desaprobación de la figura de Montilla como presidente de la Generalitat, no por su mal catalán (al contrario, por ello se le perdonaba mucho), sino por el hecho de no haberse rebautizado, por ser fiel a su origen y llamarse José y no Josep.

La distinción entre la existencia pasiva y la participación activa —vivir y trabajar, y además parlar català— tuvo muchos beneficios para Pujol. Para empezar, dio una salida a sus pretensiones de ser un teórico del nacionalismo y de sus implicaciones sociales. Así, pudo realizar el programa ideal del nacionalismo como consenso tal como lo había formulado una hipotética mesa de personas, entre las cuales estaban el propio Pujol y Josep Benet. En ella se había acordado que se debía tratar con los comunistas y tomarse en serio su adhesión de principio a la idea de la autodeterminación. Si podían ser equilibrados, contrapuestos a socialistas y libertarios, mejor que mejor. Con esta recuperación de la coalición populista de los años treinta, se establecía la escuela en catalán (por ley en 1983), la existencia de una prensa en catalán capaz de rivalizar con la que se publicaba en español (esto costó más tiempo, esfuerzo y, sobre todo, dinero), y la creación de una versión catalana, igualmente centralizada, de radiotelevisión española como corporación pública. A principios de los ochenta, todavía con máquinas de escribir eléctricas y sin ordenadores, este programa de conversión o reconversión parecía el máximo al cual se podría aspirar. Pero era imprescindible que el catalán fuera definido tan solo como quien vive y trabaja, sin más, sin la exigencia del idioma y del bilingüismo. Así, los padres que mandaban a sus hijos a la escuela mientras escuchaban Catalunya Ràdio, o aquellos que veían TV3, no se sentirían amenazados.

LA CONSAGRACIÓN DEL PUJOLISMO

En 1980, Pujol consiguió una plena solidez de apoyos políticos, pero seguía teniendo la ambición de ampliar el respaldo de las bases sociales y prolongarse en el poder. Era el anhelo de todo partido hispánico de convertirse en régimen, determinar las instituciones y las normas sociales a largo plazo y sobrevivir, a ser posible, indefinidamente. Durante más de dos décadas, el pujolismo pareció lograrlo.

La Transición como tal fue breve. El franquismo tardío se rompió, aceptó la apuesta del suicidio ante la escasa fe que generaba entre los suyos y se convirtió, con Suárez, en una especie de gobierno de concentración con partido propio: la UCD, una reinvención fundida del sueño de convertir el Movimiento Nacional en asociaciones. Esta esperanza nació en los años setenta al abrir la posibilidad (salida de un apartado de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento de 1958) de que el partido único se convirtiera en múltiples entidades políticas, abriendo así el sistema. Pero aquello daba demasiado miedo y no prosperó.

Con tan frágil propuesta, Fraga resolvió el problema de Suárez de carecer de un diseño o contenido, al llevarse a quienes los periodistas bautizaron como «los siete magníficos»: además del propio Fraga (con su propia Reforma Democrática), estaban Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española) y Licinio de la Fuente (Reforma Social), todos figuras de rango en el tardofranquismo, y muchos con problemas con Carrero Blanco, eliminado oportunamente a finales de 1973. Con ellos, Fraga prometía forjar una derecha liberal con neofranquistas de relativo renombre. Hoy nadie recuerda el plan inicial de Fraga, pues solo sirvió para lanzar Alianza Popular.

Al hacer Fraga ejercicio de «destape» político y revelar su fondo neofranquista, la oportunidad fue concedida a su contrincante. Suárez hizo «el cambio», a ojos de todos, y desapareció entre la niebla. Con Juan Carlos, la función rectora quedaba cumplida y el político avilés ya no era necesario.

Ocurrió lo mismo con Tarradellas. Vino, vio, conquistó y desapareció, una vez recuperada la institución de la Generalitat.

En octubre de 1982, quienes sucedieron y marcaron el juego hispánico del «gobierno largo», resistente a los embates electorales, fueron Felipe González y el PSOE, ante el descalabro del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y el desmantelamiento, bajo explosión controlada, de la UCD. Para entonces, hubo dos hechos decisivos, y en orden cronológico.

Primero, en las elecciones de marzo de 1980, Jordi Pujol se deshizo de Tarradellas, pero también de los socialistas y los comunistas, para establecer una Generalitat hecha a su medida, con capacidad (lenta pero segura) de conseguir medios públicos para la radiotelevisión, y al mismo tiempo consagrar y consolidar la educación «en» catalán, no «del» catalán. Eso significó que existía un remedo monárquico de la Generalitat republicana, que, a corto plazo y en todo menos el orden público, gobernaba su modelo original. La Generalitat pujolista era un work-in-progress, un proyecto activo, sin terminar y en construcción, que, como institución, podía ensancharse en el trato político con la política estatal y, en el ámbito de los partidos, anexionarse o aliarse con las organizaciones rivales. De hecho, se comió a Esquerra Democràtica de Catalunya (y a su líder Trias Fargas, que murió oportunamente en 1989), y llegó a un acuerdo de coalición estable con Unió Democràtica, lo que significaba que tendría el apoyo y patrocinio de la Iglesia católica catalana, algo que entonces seguía siendo importante.

El segundo paso decisivo fue el tropiezo del ejército, su última asonada propia, y en el más rancio estilo: el 23-F, una trama compleja, contradictoria y con objetivos hasta opuestos, que utilizó a los guardias civiles para tomar el control de las Cortes en sesión de reconocimiento al gobierno del gabinete sucesor de Suárez. El patrón del golpe de Estado era viejo, como de un plano redactado en los años sesenta. No previó cómo difundir la información, ni dominó todo el organigrama estatal, o aseguró la neutralización del monarca para que no pudiera actuar en cualquier sentido no previsto por los propios golpistas. Todo se vino abajo como un castillo de naipes. Las tramas eran confusas, ya que, tal vez por falta de costumbre, no se sabía que había que diferenciar entre contactos, tanteos y palabras dadas.

Así pues, el gobierno de Calvo Sotelo presidió la autoneutralización del ejército franquista. Muchos, desde fuera, todavía temblando del susto, no se dieron cuenta. La línea dura siguió conspirando varios años, pero el aparato de la inteligencia (los servicios de información) había entendido qué hacer y se había decantado. El monarca también: se lanzó a una campaña mediática y de libros laudatorios para asegurar tanto a la figura como al trono. Juan Carlos apareció como garante del futuro, lo que incluía la Generalitat. Se hizo famosa la frase «Tranquil, Jordi, tranquil», supuestamente una guasa telefónica del rey a Pujol, cuando este, lógicamente asustado en el golpe del 23-F, logró hablar con Su Majestad. Durante varios años, la Casa Real quedó intocable, y vinculada a la estable y muy leal situación catalana, que a su vez se beneficiaba de la relación entre el rey y la Generalitat.

EL MIEDO A LA INMIGRACIÓN Y EL PUJOLISMO

Por supuesto, hubo sectores bastantes afines que pensaron que la concesión para ganar el consenso era una traición, hasta una locura. Gente como Joan Baptista Cendrós, por ejemplo, y Òmnium Cultural. El asunto central de los años sesenta fue el peligro de la inmigración andaluza.

Es probable que Pujol estuviera de acuerdo con ellos. En 1958 había publicado un ensayo sobre la entrada de andaluces en la sociedad catalana (que fue relanzado en 1976). El «inmigrante andaluz» (implícitamente se incluía a extremeños y manchegos más afines al viejo concepto del «Mediodía» o del «Sur» español) llegaba de un medio familiar desestructurado y de una sociedad desasociada, sin la vertebración de una sociedad civil desarrollada como la catalana. El nouvingut (recién llegado) necesitaba un fuerte entrenamiento en las normas de urbanidad (literalmente «ser civilizado»), en el sentido del deber, en el cumplimiento de tareas, e incluso en la higiene y la puntualidad.

Al mismo tiempo, Pujol impulsó una estrategia positiva de acogimiento: ayudó a que se publicara Els altres catalans de Francesc Candel, obra aparecida en la fiesta del libro o Dia de Sant Jordi de 1964 y que fue un auténtico éxito, con treinta mil ejemplares vendidos en tres semanas. Había, en las páginas de Candel, periodista y novelista, un fuerte agradecimiento al pasado republicano catalán y a la escuela de la Generalitat, y era un testimonio de la capacidad del medio social catalán de absorber als nouvinguts.

Con los años, este mensaje pujolista —en esencia doble, positivo y negativo, y muy cargado de renovación católica— se acompañó de otras consignas que coincidían en la misma dirección, orientadas hacia la población catalana. En los años ochenta, las pegatinas enganchadas en las farolas informaban a los catalanes de que debían «Fer la feina ben feta» (hacer bien el trabajo) o «Fer més catalans» (hacer más catalanes) para incrementar la población autóctona ante la inmigración.

Nunca quedó claro si todos estos mensajes eran generados desde medios convergentes, pero encajaban con la vertiente más restrictiva o supremacista (por usar un anacronismo retrospectivo) del bagaje del presidente. Él había estudiado en la Deutsche Schule barcelonesa en los años más maduros del nazismo y se le atribuyó dicho aprendizaje, con o sin razón.

Como reacción, los sociólogos —en especial los de izquierdas— se lanzaron a investigar, con entrevistas y encuestas, cómo reaccionaban los andaluces ante las sucesivas tormentas que periódicamente irrumpían en el debate político acerca del «racismo» (o no) de Pujol y del pujolismo. Las respuestas recogidas tendían más a la indulgencia que reflejó Candel en su día que a las grandes indignaciones.

INICIATIVAS RACISTAS EN EL INDEPENDENTISMO: EL EFECTO REBOTE DE UNA NIMIEDAD

Todo esto coincidió, a principios de los años ochenta, con la reaparición de un activista ultra y catalanista, Lluís Morera, apodado el Boig d’Andorra (el loco de Andorra). Antiguo militante de FNC, cercano a gente activa de la línea armada más clásica, Morera abogaba por expandir el nacionalismo radical mediante la apelación al pasado catalán y europeo, a través de la evolución de Cardona y del nazismo. Su planteamiento era «convertir al xarnego (el término despectivo para referirse a un forastero) en una expresión científica».

Eso, pensó, se lograría controlando un partido separatista histórico y replanteando su funcionamiento. Así pues, Morera tomó por asalto Estat Català, que sobrevivía como grupúsculo más o menos nostálgico en un piso del Ensanche, liderado por el amable Josep Planchart, que parecía más anciano de lo que era y a quien nadie, ni siquiera los independentistas, se tomaba muy en serio. Fue dicho y hecho. En la práctica, es fácil tomar el control de cualquier cosa (un partido diminuto, un pequeño pueblo) llenándolo de nuevos afiliados, los suficientes para controlar cualquier asamblea. Así fue como surgieron unas flamantes Joventuts d’Estat Català, que se remitieron en foto y en pegatina a los uniformes de los JEREC de 1933.

Había una conexión implícita con CEDADE (Cercle Espanyol d’Amics d’Europa, tranquilamente bilingües), que, fundada en 1966, era la imprenta nazi de Europa; un círculo cultural neorracista (y también neofascista) que surgió de una semilla de fuerte afición wagneriana. Los miembros de CEDADE eran nazis pero consecuentes: razas hispánicas y una base en Barcelona, no en Madrid, lo que iba en contra de las reglas habituales de la extrema derecha al uso. En parte por su enfoque doctrinal, empezaron a lanzarse hacia una dimensión neonacionalista catalana: se llegó a crear un testimonial Partit Nacional-Socialista Català, con un chocante cartel de Sant Jordi patrón catalán, dedicado a la muerte del dragón comunista. Todo remitía a unas señas en Irlanda, desde donde, ante cualquier pregunta, se contestaba con los datos de un contacto en Barcelona.

Las Joventuts de Estat Català, en la práctica operativas por sí mismas, aprovecharon las facilidades de impresión y difusión del Círculo de Europa para crear unos Quaderns de Nosaltres Sols, que (con el logotipo de un fénix) engañaron a más de uno. Mucha gente ajena a la tradición catalanista pensó que los papeles circulados eran en efecto material cardonista de los años treinta y que el cardonismo había sido racismo duro, hitleriano, lo que no era cierto. Morera logró reestablecer un simulacro de Nosaltres Sols!, pero con escaso éxito: no más de una docena de seguidores. Algún observador bien informado incluso dudó sobre si Morera controlaba su pequeña circunstancia, o era un jugador entre otros varios.

Las iniciativas coincidentes (pero separadas) de CEDADE y de Morera tuvieron un efecto rebote: confirmaron a los anticatalanistas que en medios independentistas catalanes se incubaba un germen racista dominante, hasta determinante. Aunque se equivocaban, la vistosidad de las escasas y chocantes imágenes ha seguido circulando en las décadas posteriores. Eran memes antes de que se robara el término al lúcido biólogo Richard Dawkins y se redujera el nombre a los collages de los medios sociales después de 2006.

Antes de desaparecer de la escena, Morera tuvo otra idea. Seguramente leía mucha de la literatura neorracista que entonces circulaba por vía postal. El tema State’s Rights (el derecho de los estados ante la federación) formaba parte de la abundante literatura neonazi norteamericana, que se mezclaba con la nostalgia del hitlerismo (como en una bandera de batalla de la confederación con una Swastika donde se encuentran las aspas). Ello significaba que «la guerra entre los estados», la manera sudista de aludir a la guerra civil norteamericana de 1861-1865, familiarizó a Morera con los términos «secesión» y «secesionismo», palabras que quiso poner en circulación para reemplazar a «separatismo» e «independentismo».

Su ambición —si realmente fue el protagonista— era crear un independentismo netamente de derechas, frente a un marco de partidos y grupos en reelaboración constante, pero muy de izquierdas, sin miedo a la identificación M-L, marxista-leninista. Pero no tuvo éxito. A fin de cuentas, Morera no representó nada más que una coyuntura entre un discurso que el pujolismo dejaba atrás y una tentativa microgrupuscular.

Todo este tema se sobredimensionó al ser expresado sobre papel impreso. Pegatinas, carteles, octavillas, junto con panfletos y publicaciones, hacen a unos pocos parecer una fuerza social potente. El efecto mayor fue de rebote: quedó una mancha difícil de borrar, visualmente muy impactante, que parecía demostrar que había un «nazismo catalanista».

En todo caso, CEDADE se disolvió en 1993.

EL NACIONALISMO DE PUJOL

El escenario político catalán en la Transición fue tremendamente repetitivo. Si Pujol y su grupo inicial eran obreristas, socialistas y favorables a la autodeterminación, ¿qué iban a decir los independentistas que se situaban en el marco electoral?

Es probable que, en marzo de 1980, al ganar las primeras elecciones catalanas desde 1932, Pujol pensara de forma parecida a Tarradellas, en cuanto a una reedición del contexto parlamentario republicano de Madrid-Barcelona. Sin embargo, no era un modelo territorial de Estado que funcionara visto desde Madrid, y menos con el lío etarra cada vez más negro.

La solución vino de un pacto entre la UCD, que iniciaba su fragmentación liderada por sus barones provinciales, y el PSOE, salivando por alcanzar el poder. El destacado jurisconsulto Eduardo García de Enterría, autor de varios libros y estudios, ofreció la pauta. Con su indicación, los grandes llegaron a un acuerdo: la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (o LOAPA), aprobada por las Cámaras el 30 de junio de 1982. Pujol y la opinión catalana no quisieron la dispersión, mientras que los socialistas catalanes mostraron su «sentido de Estado». A mediados de marzo de 1983, el pujolismo movilizó una Crida a la Solidaritat, una gran protesta callejera con centenares de miles de participantes. El motivo aparente era cómo establecer los mecanismos de acceso a la autonomía de según qué territorios, pero la cuestión de fondo era diluir la excepcionalidad catalana (y vasca) en un conjunto de comunidades autónomas. El simple esquema regional se fraccionó en partes —por ejemplo, cuatro Castillas: Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Madrid— para montar una jugada de carambola. El Estado mismo se dividía en regiones, que no tenían otro sentido que su estatalidad, mientras sobrevivían las provincias tanto como entidades ejecutivas (gobiernos civiles) como administrativas (diputaciones). Así, la nueva España parecía un Estado de las autonomías, algo casi federal, pero en realidad todos los servicios eran traspasos del poder central y los «territorios históricos», y las zonas con reivindicación nacionalista secular se encontraban en plena rivalidad con entidades autonómicas recién inventadas (como Madrid). La derecha misma se quejó de la maniobra, como hizo Vizcaíno Casas en su novela Las autonosuyas (1981), que se convirtió en película en 1983 gracias a Rafael Gil, si bien no se estrenó ni distribuyó ni en Cataluña ni en el País Vasco.

Se entendió que se pagaba el peaje necesario al ejército tras el 23-F en 1981 y que se pretendía reducir las pretensiones de los catalanes y las ínfulas de los vascos, mientras se enfrentaba el terrorismo de ETA y los pequeños brotes aparecidos en otras partes, como Cataluña pero también Canarias (donde el problema era el respaldo de una potencia extranjera, Argelia).

En resumen, visto desde Barcelona, se rebajaba (léase, se humillaba) la excepcionalidad catalana. La coalición pujolista de nacionalistas y democristianos, junto con el PNV, llevaron a la LOAPA al nuevo Tribunal Constitucional y lograron la anulación de numerosos artículos.

Literalmente, al mismo tiempo que se gestó la LOAPA, surgió lo que muchos en Barcelona entendieron como una operación de castigo muy personal dirigida contra Pujol. Este, su padre y su cuñado habían creado una institución financiera, Banca Catalana, que prosperó en los años setenta y respaldaba las muchas iniciativas culturales (como Enciclopèdia Catalana) que impulsaba el político y banquero. A principios de junio de 1982 corrió el rumor de que Banca Catalana no cubría fondos, lo cual provocó el pánico en las retiradas de fondos, y no pudo ser resarcido excepto con una operación de venta a una entidad vasca. Para Pujol y su círculo, fue una maniobra sucia de González y los socialistas para frenar o hundir el protagonismo del presidente catalán.

El pujolismo mezcló entonces el empeño institucional con el afán personal en la campaña de la Crida de la Solidaritat, que funcionó. La LOAPA se convirtió en sinónimo de la traición española a los derechos de la cándida Cataluña. Lógicamente, se defendía el honor empresarial de Banca Catalana, y con ello, Pujol logró arrasar en las elecciones catalanas de abril de 1984: pasó de 42 a 73 escaños, y los socialistas, con su nuevo protagonista (un muy soso Raimon Obiols) quedaron tumbados en el polvo del Parlament.

Dos semanas más tarde, a mediados de mayo, dos fiscales de la Fiscalía General del Estado (con fama de ser de izquierdas), Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, se querellaron contra Pujol por Banca Catalana, con información presumiblemente filtrada y aparecida en titulares escandalosos en el diario más antiPujol y prosocialista de Barcelona, El País.

El presidente se lo tomó como algo personal. Hubo masas de fieles que se congregaron ante la Generalitat, a las que Pujol arengó. Era, dijo, «una jugada indigna». Y añadió que «a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos».

El argumento fue un gran éxito. No ya por el respaldo general en Cataluña, sino por la ventaja sutil con que Pujol obligó a los independentistas a hincar la rodilla ante su domicilio. Fue entonces cuando se consideró llevar la lucha al terreno del enemigo.

Por su función en la política española, en 1985, el diario madrileño ABC, famoso desde principios de siglo por su anticatalanismo, eligió a Jordi Pujol como «español del año 1984». Pareció una oportunidad natural para una operación a gran escala, realizada en todas las Españas, pensada con el ánimo de imponer un liderazgo catalán a los distintos partidos regionalistas y localistas surgidos desde principios de la década, con la improvisación del Estado de las autonomías. Para Pujol (¿en un acto maquiavélico?), fue también la ocasión de desembarazarse de un rival, Miquel Roca Junyent, que se situaba como su sucesor natural.

En las elecciones generales de 1986, Roca se presentó como un candidato líder (en desafío a González y el felipismo) con un nuevo Partido Reformista Democrático (PRD), surgido claramente desde Cataluña y Convergència. Tenía, sin embargo, sus raíces españolas, ya que fue un proyecto creado con Florentino Pérez, amigo de Roca, quien ejercía de secretario general; Antonio Garrigues Walker era el presidente del flamante PRD, y aparecían numerosas figuras de UCD. Resultó un rotundo fracaso, que recordó a las ambiciones derrotadas de Cambó en las elecciones de febrero de 1918.

La operación reformista en España, tan anticipada, no obtuvo ni siquiera representación en el Congreso. Roca se llegó a plantear abandonar la política, pues el ridículo fue considerable. Finalmente, su ambición de encabezar un catalanismo más intervencionista en Madrid le hizo persistir frente a Pujol en CDC, lo que generó repetidas tensiones en el pujolismo, notablemente en 1992. Era una renovada escenificación de los viejos tópicos de los años diez y veinte, entre la Catalunya endintre (Cataluña hacia adentro), enfocada sobre ella misma y de tenor muy nacionalista, y la Catalunya enfora (Cataluña hacia afuera), proyectada hacia la transformación del conjunto español. En los comicios municipales de 1995, Roca intentó tomar la alcaldía barcelonesa a su antiguo amigo Pasqual Maragall, pero de nuevo falló, ya que Maragall estaba en pleno auge gracias al éxito de los Juegos Olímpicos y el rediseño de la ciudad que había presidido. Por ello, entre 1995 y 1999, Roca actuó en la política municipal al frente de CiU sin mucho entusiasmo, hasta salir definitivamente de la política.

Tras el asunto de Banca Catalana y la derrota de Roca en el escenario español, Pujol aplastó a Obiols dos veces más: en los comicios catalanes de mayo de 1988 y en marzo de 1992, con un apoyo que se mantuvo alrededor del 45-46% de los votos. Con estos resultados, arrasó también con los comunistas, a quienes, una década antes, había tomado por auténticos rivales al dar supuestamente voz a los obreros.

Tuvo además un efecto doble en el ámbito nacionalista. Dejó fuera de juego a los partidarios de la lucha armada. ¿Para qué? Y, al mismo tiempo, dejó planos, sin relieve, a los independentistas de temperamento pacífico, que pretendían ganarse un espacio mediante la labor política y la intervención en las urnas.

ERC COMO SATÉLITE DEL PUJOLISMO

Aparentemente, la única vía hacia la política «normal», electoral, que tenían los independentistas más ansiosos para ganar unos comicios quedó muy visible ante la coyuntura que marcó Esquerra.

En 1987, Barrera fue reemplazado por el economista Joan Hortalà, figura potente en la administración de la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona. Hortalà ya había destacado en las elecciones municipales de 1979 en la Ciudad Condal y había sido elegido como diputado al Parlament en 1980 y en 1984.

Ante Pujol, la postura de ERC era difícil, incómoda. O se enfrentaba, con el riesgo de desaparecer ante el auge pujolista, o podía sumarse, con el peligro de ser absorbido por su atracción. Hortalà escogió la vía de la prudencia y ocupó la conselleria de Industria y Energía de la Generalitat, entre 1984 y 1987.

Pero se encontró enfrentado a un sector independentista dispuesto a quedarse con Esquerra. Barrera, como ya se ha indicado, era anticomunista de siempre. Ni entendía ni simpatizaba con el izquierdismo imperante entre los nuevos independentistas, pero sabía de táctica y tenía su pasado —el rotundo no a la Constitución de 1978— como muestra de su sentimiento nacional. Pudo entenderse con los sesentayochistas que habían madurado y estaban dispuestos a actuar en política de alto nivel, en la Generalitat o en el juego del Estado.

Muchas de las iniciativas de los activistas de la flamante esquerra independentista eran mejor conocidas por sus siglas maoístas: las letras M-L eran el signo sesentayochista de simpatía más china que moscovita; el marxismo-leninismo (o M-L) fue el rasgo característico de los nuevos partidos independentistas que surgieron a partir del nacimiento del PSAN. Con estas siglas se recordaba la decantación del nacionalismo radical hacia el comunismo y su rechazo del fascismo en la época de reorganización frentepopulista, en 1935-1936. Con la Guerra Civil de 1936-1939 como cicatriz, la tesis del antifascismo como planteamiento ideológico unitario quedó como marca en buena parte del nacionalismo. Y esa era, precisamente, la línea que Barrera —formado por el rechazo al estalinismo durante y después de la contienda española y en clave de la Guerra Fría— temía como «infiltración». Los sesentayochistas, por el contrario, consideraron esa reticencia como una reacción anticuada que no comprendía el presente. Situaron de nuevo el planteamiento nacional catalán (ahora independentista y no separatista) como una lucha comparable a la revolución cubana, a la lucha maoísta contra la hegemonía norteamericana que sostenía a Franco, o como los vietnamitas que combatían a los estadounidenses de frente.

Entonces se produjo una suerte de revuelta en Esquerra, un cambio generacional. La sucesión la anunció con moderación Hortalà (nacido en 1940) ante una figura como Barrera, nacido en 1917 e hijo de un antiguo sindicalista de la CNT, convertido a Esquerra y consejero laboral del gabinete de Companys. De pronto, muchos jóvenes (gente de diez o incluso veinte años menos que Hortalà) se sumaron a Esquerra. Ante el «nacionalismo radical» de Pujol, ellos veían el independentismo no como algo violento sino electoral, político, serio y no adolescente. Se planteó reinventar la vieja Esquerra y crear algo realmente nuevo, capaz de dar un giro completo a la política catalana. La convocatoria de la Crida Nacional a l’Esquerra, en 1987, planteó cerrar la confusión independentista y eliminar la pistola y las bombas caseras, para acabar con los «años del terrorismo» catalanes.

EL SESENTAYOCHISMO CATALANISTA

La llamada «revolución del 68» —ejemplificada por las muy escandalosas protestas estudiantiles en París y otras ciudades francesas en mayo de 1968— tuvo muchas más consecuencias a largo término. Para empezar, fue un fenómeno internacional, que no solo se hizo ver en Francia, sino en Alemania e Italia, con ecos en Madrid y Barcelona. Obtuvo, por ejemplo, una respuesta especialmente violenta en México, con la matanza oficialista de izquierdistas en la Plaza de las Tres Culturas del Distrito Federal. En Estados Unidos, se convirtió en una reacción muy desafiante a la intervención militar en Vietnam.

Los rasgos básicos del sesentayochismo fueron de dos tipos, ambos políticos. En primer lugar, de manera dominante, se consagró el marxismo como enfoque principal en ciencias sociales, una expansión intelectual que se mantuvo creciente hasta el hundimiento del imperio soviético en 1989 y el colapso de la URSS a finales de 1991. Después la tónica universitaria cambió y se recuperó un estilo que combinaba el liberalismo económico (neoliberalismo) y el conservadorismo político. Todo este proceso tuvo muy buenos resultados intelectuales durante más de tres décadas.

Pero, en segundo lugar, creció una fascinación generalizada hacia la violencia política, con el terrorismo como estilo de protesta de izquierdas, que perduró igualmente durante los años setenta y ochenta. Los italianos los apodaron «los años del plomo». Ya nos sirve como referencia.

Igual que en Madrid y otras partes, la universidad catalana se «marxistizó» en ámbitos como los estudios de historia o de ciencias sociales. Pero lo hizo hasta el punto de reducir a los nuevos independentistas a minorías contestatarias, que por supuesto también asumían el leninismo organizativo y analítico y las lecciones sobre la lucha armada.

El Front Nacional —que era desde su origen una formación de ambiciones más que paramilitares y había querido actuar como ejército de resistencia contra la dictadura franquista— quedó de pronto anticuada. El FNC era cosa de viejos, de estudiantes (o autodidactas) de los años treinta; ahora tenían que mandar y luchar los jóvenes, desde las universidades y las calles. La manera habitual de explicar las diferencias entre tendencias es con referencia a sucesivas «generaciones». No en un sentido muy estricto: más bien por experiencias compartidas de nuevos estilos. No se intentará seguir en detalle la evolución de grupos, grupitos y grupúsculos en sus alianzas y fusiones, rupturas y escisiones.

Así fue como se escindió el histórico Frente Nacional, y, en fecha imprecisa (presumiblemente tras el emblemático mayo francés de 1968), surgió el PSAN (Partit Socialista d’Alliberament dels Països Catalans, o Partido Socialista de Liberación Nacional de los Países Catalanes). Aunque la adscripción territorial no se sumara a las siglas, resultaba importante el detalle de la ambición territorial. Con cierto regusto maoísta, se pretendía atacar al centralismo franquista desde múltiples frentes, no desde una única Cataluña. Huelga decir que eso generaba unas grandes dificultades organizativas, tácticas y estratégicas, al tiempo que visualizaba una descarada ambición juvenil de poder hacerlo todo, y de inmediato.

En el fondo de la cuestión de los Países Catalanes había una solución que el valenciano Josep Guia, antiguo trotskista y figura histórica del PSAN, además de académico de larga trayectoria, definió en un libro bastante exitoso: És molt senzill, digueu-li Catalunya, publicado por primera vez en 1985, del que se hicieron numerosas ediciones, con el título simplificado, Digueu-li Catalunya. Pero, finalmente, por ahí no han ido las cosas.

Al romper con el Front, los jóvenes del nuevo PSAN querían literalmente hacer bandera de su innovador «nacional-comunismo». Estaban embriagados con la imagen de la lucha vietnamita contra Estados Unidos. El mensaje maoísta de que muchos podían realizar la revolución por su mismo peso hizo pensar a los febrilmente «marxistas»: toda Cataluña —incluso todos los Países Catalanes— les seguirían, sin duda.

Hacía falta una imagen gráfica: si eran comunistas, la estrella catalana debía ser roja. Se ofrecieron estelades nuevas, pero costó ponerse de acuerdo: ¿estrella sobre triángulo blanco? ¿Sobre un fondo dorado o amarillo, para que resultara implícito? Al final, las distintas fracciones herederas del PSAN aceptaron el triángulo amarillo.

La respuesta anticomunista quedó servida, al evaporarse el FNC hacia 1980 (no se auto-disolvió hasta 1990): la recién fundada organización juvenil pujolista asumió la estelada azul con estrella blanca, para indicar que los valores nacionalistas seguían vivos. Pero entonces, hacia 2009, la multiplicación de productos de marketing político, financiados para impactar como propaganda o ganar dinero (a través de la venta de camisetas, zapatillas, relojes, juegos de todo tipo y demás chatarra), abrió un abanico de combinaciones. Se podía pintar la estelada con los colores de los equipos de futbol, de baloncesto, con distintas preferencias sexuales, cualquier faceta de lo que, de modo incremental, se llamaba «política identitaria». Ello a su vez llevó al eclecticismo digamos «neopolítico»: la gente, por las razones que fuesen, pedía combinaciones que no eran las oficiales de partidos o grupos. Hay quien quería una estelada anarquista (triángulo negro con una estrella roja de ocho puntas) o con la estrella roja sobre fondo azul, sin un significado claro. A más producción y sorpresa, más imaginación y originalidad: estelades de los Países Catalanes, con tres estrellas o con la bandera europea como triángulo azul, o estrella azul y triángulo blanco. Se llegó a redibujar el patrón, con lo que se ha llamado estelada ianqui: un recuadro con estrella y las barras catalanas. En cualquier caso, el espíritu creativo y juguetón sigue muy vivo.

La expulsión de los jóvenes del Front Nacional, por su aproximación al marxismo estudiantil (muy significativo en junio de 1968), llevó a la formación oficial del PSAN hacia un triunvirato, en marzo de 1969, con Josep Ferrer, Carlos Castellanos y Lluís Armet. Ninguno de ellos se pronunció como socialnacionales en su declaración de principios del mismo año, pero hasta 1976 no se declararon marxista-leninistas o M-L. Era un núcleo catalán, que no ganó un equilibrio valenciano hasta 1974, con gente que venía de Nova Germania, un sector valenciano nacionalista catalán surgido en 1970-1971 y luego metido en el FRAP local (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, fusión de corrientes M-L, en un sentido vagamente prochino, al identificarse con un ya muy anciano Julio Álvarez del Vayo). La caída, en 1973, del FRAP valenciano ante la policía dejó a Nova Germania sin cobertura; y en marzo de 1974 se acoplaron al PSAN, que con su adhesión cumplió su ambición de ser dels Països Catalans.

En 1974, Castellanos —junto con los historiadores Eva Serra y Agustí Alcoberro— lideró una nueva escisión, el PSAN-Provisional, un nombre evidentemente tomado de la corriente dominante del IRA tras 1969. La intención era conseguir un dinamismo que, según este sector crítico, no mostraba el PSAN, lo cual significaba la colaboración con ETA, a quien todos admiraban entonces, y la tendencia nacionalcomunista gallega, Unión do Povo Galego, que tenía, por la Carta de Brest de 1972 (un acuerdo de varios movimientos nacionalistas de ruptura), el vínculo con los todavía más prestigiosos irlandeses. Pero no salió nada tangible de todo aquello.

En 1979, el mismo Castellanos redefinió el grupo como IPC (Independentistes dels Països Catalans). Luego, en 1983-1984, impulsó con otros el MDT (Moviment de Defensa de la Terra), pero perdió apoyos en la IPC, que no le siguió en la entrada, obligándole a salir, para volver a MDT, donde se quedó como cuadro político.

En 1986, se acabó con dos MDT, rivales y enfrentados. Era el debate de siempre: el MDT-PSAN exigía un frente único patriótico. El MDT-IPC buscaba la unidad popular. Acabaron repetidas veces a golpes, en las Diades del 11 de septiembre de 1987 y de 1988. No se consiguió pactar una solución.

Con tanta ideología suelta en esa «sopa» de siglas y acrónimos, hubo dificultades prácticas, que presuponían un acuerdo común y un acentuado sentido de la disciplina. Sin embargo, no sucedió ni una cosa ni la otra. Lo que sí abundaron fueron ganas de discusión y de debate ideológico inacabable que intoxicó con el espíritu marxista-leninista las suposiciones no muy estables de nacionalismo catalanista. La controversia estaba servida.

En resumen, el sesentayochismo condicionó, y mucho, la invención del independentismo y el PSAN. Gracias a la fascinación izquierdista, en la docencia universitaria, la Transición comportó un historicismo muy social, muy a corto plazo (en la historia contemporánea), y no un pasado del siglo XVII o XVIII, o anterior, que ganó espacio intelectual y académico con los años noventa, cuando la época de la hegemonía de la Lliga y de los años republicanos estaban ya muy trabajados. Así, hasta el pasado lejano se situaba en el futuro.

Pujol resolvía los problemas a la americana: les echaba dinero a ver si eso funcionaba. Según sus cálculos, el PSUC jugaría un papel esencial al convertirse en su principal interlocutor, así que consideró que cierto apoyo al neoanarcosindicalismo podía ser útil, para asegurar un contrapeso. No tuvo en cuenta la posible importancia del maoísmo light tipo Bandera Roja, ni la capacidad de personajes como Pasqual Maragall para producir una conjunción socialista efectiva. La muerte de Josep Pallach en enero de 1977 representó para él (sin ser, ni de lejos, un aliado) una pérdida (como sucedió para muchos en Madrid), pues el peligro era que el izquierdismo marxista fuera visto como falto de coherencia y sin la confusión ruidosa del anarcosindicalismo o los neoanarquismos que estuvieron de moda durante la segunda mitad de los años setenta.

El entusiasmo leninista, la jerga marxista del quiliasmo (el reino de Dios en la tierra durante mil años de paz y felicidad, antes del definitivo fin del mundo), condicionaron al naciente independentismo. Pero la multiplicidad de independentismos se neutralizaron entre sí. La línea de la lucha armada (de EPOCA a Terra Lliure), sin contar otros grupúsculos, tapó los intentos de crear un movimiento o partido independentista de signo electoral, que pudiera hacer frente al pasado, o sea, a Esquerra, o a la potencia del pujolismo, que, en la medida en que abandonó el terreno ideológico de la esquerra independentista, descubrió los placeres mucho más sólidos del ejercicio del poder, y más cuando se trataba de la invención de un poder del todo nuevo.

El punto de partida que fue el PSAN nunca cuajó porque ni era insurreccional, ni tampoco electoral, sino algo entremedio, que solo se complicó más con el desafío del MDT y las otras escisiones que iban apareciendo, una tras otra. No sería hasta el siglo XXI cuando los independentistas políticos, los fans del terrorismo, los grupúsculos ideológicos y otros encontraron la vía para fundirse en un marco que no les obligaba a entenderse. Sería el formato de la CUP, que, ante el desgaste y el cansancio de las demás ofertas electorales, consiguió acceder al Parlament: tres escaños en las elecciones de 2012, y diez genuinos votos decisivos en los comicios de 2015.

Todas las permutaciones de estos grupitos y grupúsculos no representaron gran cosa mientras imperó el pujolismo. Sus maniobras, ataques y contraataques se referían a sí mismos y eran seguidos por poquísima gente, principalmente estudiantes. Eran la reiteración, repetida una y otra vez, de la síntesis sesentayochista del nacionalismo insurgente y del marxismo-leninismo tardío.

En resumen, no representaban un gran impacto; eran una minoría política, como ya se ha dicho.

LOS PROYECTOS DE UN TERRORISMO CATALANISTA

La creación de formaciones de lucha armada tuvo el efecto relativo de desprestigiar al FNC como opción histórica. Pero dio especial relevancia al viejo y conocido juego de las militancias dobles o cruzadas. Jaume Martínez Vendrell ofreció su ayuda en repetidas ocasiones a otros grupos de orientación armada.

Los grupos de lucha armada eran antipujolistas: Banca Catalana había sido el objetivo de la primera acción de Terra Lliure, pues el impulso del sector en su conjunto buscaba una revolución social, igual que sucedía con los etarras. El PSAN, como indicaba su nombre, era «socialista» y tenía la hoz y el martillo como emblema. En 1969, como ya se ha visto, se creó una estelada nueva, cuyo fondo amarillo luciría una estrella roja, revolucionaria. La influencia etarra, aunque todavía no pasara de las lecturas, ya apuntaba hacia la creación de una república socialista, que combinaba la igualdad y la justicia social con la defensa étnica.

El FAC (Front d’Alliberament de Catalunya), surgido en 1969, representaba otra cara, mucho más agresiva, de la escisión del PSAN del Front Nacional. El modelo antiguo de un movimiento de resistencia, en el sentido mítico de la lucha francesa contra las fuerzas de ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, debía superarse: no tenía que haber gestos comparativamente amables de afirmación nacionalista, como colgar señeras catalanas en lugares visibles o de fuerte resonancia simbólica. Pero sí ataques directos y violentos a la presencia extranjera que dominaba Cataluña.

A mediados de octubre de 1970, se empezó atacando Radio Nacional de España, luego La Vanguardia y los repetidores de la televisión. Pronto se añadieron los juzgados, de noche. Se remarcaban irónicamente las fechas franquistas: en 1971, se puso una bomba en un cruce ferroviario en la plaza barcelonesa de las Glorias durante el Día de la Victoria. Pero eran pocos, y la policía apretaba: unos eran cazados y otros huían al exilio.

En 1973, se abandonó el esquema de «frente» para convertirse en el brazo armado de un supuesto partido nacional-maoísta con base en los nuevos suburbios que rodeaban Barcelona. Tres años después, en 1976, por fin surgió su brazo político, el Moviment Revolucionari de Catalunya (MRC), aunque todo se deshizo al año siguiente.

El gran cambio vino con la aparición de EPOCA (Exèrcit Popular Català), que realizó espectaculares acciones en 1977 y 1978. O tal vez no.

En la versión más o menos oficial, EPOCA tenía antecedentes históricos, como las charlas de Batista i Roca y la formación práctica bajo el mando de Martínez Vendrell. Pero el impacto de EPOCA fue durísimo y con ataques muy personalizados. Sus componentes realizaron asesinatos de figuras muy conocidas con un estilo característico: en mayo de 1977, plantaron una bomba lapa en el pecho del industrial José María Bultó, que no se tomó en serio la amenaza y se arrancó el dispositivo, para quedar hecho trizas. De nuevo, en enero de 1978, se hizo lo mismo con el ex alcalde Joaquim Viola, con el mismo resultado, excepto que también murió su mujer, Montserrat, hermana del entonces político conservador Eduard Tarragona.

Pero, ¿fue todo esto verdad? Hay observadores especialistas que cuestionan la propia existencia de EPOCA. Dejemos el tema en su versión más conocida.

Martínez Vendrell, arrestado y juzgado, reconoció el entrenamiento, pero negó toda responsabilidad en las muertes. Aprovechó las pausas legales para exiliarse en Andorra. Volvió enfermo de cáncer en 1988, para ser encarcelado y trasladado al Hospital Clínico, donde falleció.

En los sucesivos juicios, hubo una quincena de procesados y condenados, con acusaciones de malos tratos.

EL PROTAGONISMO DE TERRA LLIURE

En 1979 apareció Terra Lliure, la nueva formación con el primer muerto en un tiroteo con la policía (Martí Marcó) y, en lo que sería su distintivo morboso, el primer fallecido al manipular un artefacto, Félix Goñi. Luego, en 1980 y 1981, puso un par de bombas contra la empresa de electricidad FECSA. Y entonces, hubo un cambio significativo.

A finales de enero de 1981, apareció un manifiesto que se opuso, en tono poco exaltado, a la catalanización completa (inmersión lingüística) de la educación pública. Se conoció entre los catalanistas airados como el Manifest dels 2300, por el número de firmantes, la gran mayoría maestros de primaria y secundaria. En primer lugar, figuraban el sociólogo Armando de Miguel (un profesor de la Universidad de Barcelona entonces en su máximo prestigio), el también sociólogo Esteban Pinilla de las Heras, el poeta valenciano (en castellano) Carlos Sahagún y el joven docente y activista cultural Federico Jiménez Losantos, conocido por su identificación de izquierdas y probablemente el organizador de la declaración. Tres meses después, en mayo, Jiménez Losantos fue secuestrado por un comando de Terra Lliure liderado por Pere Bascompte; lo ataron a un árbol y le dispararon en una rodilla. El kneecapping (nombre inglés para esta acción) estaba entonces de moda, y era un uso harto frecuente como método de advertencia en Ulster para ambos bandos, los lealistas o el IRA. Era y es un aviso: la próxima vez, el tiro será en la cabeza. En Irlanda del Norte, por ejemplo, esto todavía conlleva una condena moral para la víctima y no para el victimario.

Sin embargo, el escándalo fue máximo y muy desfavorable al objetivo de los terroristas, que pretendían recibir apoyos o simpatías. Fuentes nacionalistas suelen indicar que gran parte de los firmantes del manifiesto abandonaron Cataluña y presumiblemente se trasladaron a otros puestos docentes en otras partes de España. Es verdad que, en Cataluña, incluso hoy sigue sin ser condenado dicho acto, ya que la inmersión lingüística se considera intocable. En el presente, muchos catalanistas suelen excusar la acción del comando. Pero fue un grave error político, ya que el atentado convirtió a Jiménez Losantos en un elocuente militante antinacionalista, con una capacidad de denuncia vehemente que ha durado cuatro décadas. Y montó tal ruido que, por fortuna, frenó más posibles atentados personales.

Sin embargo, los atentados con bomba se aceptaron; la explicación era que no «hacían daño a nadie». En los años ochenta incluso existió un cierto encanto por las bombas: la estadística online de atentados de Terra Lliure estableció una larga cronología de artefactos. Empezó con dos accions contra empresas eléctricas en 1980 y mantuvo, hasta 1992, un ritmo constante de bombas y actos destructivos en Cataluña, y a veces en el País Valenciano, contra una variedad harto ecléctica de entidades públicas (léase españolas): desde servicios forestales o de trabajo, a instalaciones de la guardia civil y de la marina, y edificios judiciales de topo tipo (especialmente las empresas hidroeléctricas). Las acciones y los artefactos reflejaban la preocupación a la vez ecologista y política de la organización. Tuvo el éxito de mantener un buen ritmo, con poca intervención policial, pero un efecto social relativamente nulo: al no efectuar ataques a personas, al estilo de ETA (con el ataque a Losantos como freno más que estímulo), hubo poca percepción colectiva de la cantidad de acciones realizadas en un año efectivo como 1987: un total de veintinueve. Su acto más famoso fue hundir en el puerto de Barcelona, en mayo de 1990, la réplica de la carabela colombina Santa María, un resto turístico que había sobrevivido a la Exposición de 1929 y ya había sido atacada con bombas en 1987.

En septiembre de 1987, hubo todavía más indignación. Entre las nueve y las diez de la noche, terminadas las fiestas locales, un explosivo tumbó un muro del juzgado sobre el edificio colindante y mató a una mujer de sesenta y dos años que dormía en su casa, Emilia Aldomi Sans. «Lamentable error», quiso excusar la organización en una llamada telefónica a TV3 ante sus cada vez más escasos simpatizantes. El funeral se celebró el 11 de septiembre, ante la indignación del medio nacionalista local.

Incluso así, si se tiene en cuenta el pacto de Terra Lliure con ERC en 1991 que «pacificó» la organización de combate, esta se hundió de forma definitiva con la llamada Operación Garzón de 1992, cuando el riesgo de actuación durante los Juegos Olímpicos llevó a una recogida general de sospechosos que, aunque hecha a bulto, sirvió para frenar nuevas posibles acciones y cualquier continuidad organizativa.

Sin embargo, no sorprende que quedaran algunos fieles a la causa, que denunciaron todos los intentos de «delación y reinserción» que, según ellos, habían sufrido en prisión, para condenar a Esquerra y en especial a Àngel Colom y Josep-Lluís Carod-Rovira, quienes negociaron la disolución de la banda. Muy significativamente, Pere Bascompte —el antiguo atacante de Jiménez Losantos, que negoció en 1991 y selló públicamente ante las cámaras de televisión su rechazo al pasado violento, antes de entrar con otros en ERC— se dio de baja en junio de 1993, con críticas a Colom. El sector de la lucha armada nunca se mostró capaz de entender la naturaleza de la lucha política.

Pero, al hacer balance, hubo un precio a pagar por la clandestinidad y el verbalismo revolucionario. Terra Lliure duró unos diecisiete años, desde su fundación en 1978, su abandono de las armas en 1991 y su disolución definitiva en 1995; en ellos cometió entre ochenta y ciento y noventa y seis atentados, según quién hace las sumas. Su lucha ofreció un balance de cinco fallecidos, de los cuales cuatro fueron propios, tres manipulando bombas caseras. Un punto importante es que se creó una cierta confusión entre los grupos de lucha armada y la multitud de partidos independentistas, de tendencia grupuscular. Eso podía resultar simpático o emocionante entre los adolescentes que de algún modo (con espray o rotulador indeleble) pintaban de noche el «TLL» de Terra Lliure en las paredes de las calles, pero no facilitó la creación de una opinión de masas más o menos favorable a su independentismo ideológico, marxista-leninista, que hablaba en un lenguaje cada vez más ajeno a la mayoría social que votaba a Pujol y CiU, o a los socialistas.

ETA EN CATALUÑA

Desde hace ciento treinta años, hay cierta competición entre vascos y catalanes sobre los méritos, las flaquezas y los respectivos caracteres de sus dos nacionalismos. Son corrientes con algunas semejanzas, sobre todo en que ambos tienen un fuerte componente separatista y/o independentista respecto a España. Comparado con otros nacionalismos hispánicos centrífugos, estos dos (o algunos de sus sectores) tienden a evocar sus propias repúblicas frente al Estado español, incluso ante una República española.

Dicho esto, son corrientes de sentimiento muy diferentes, con puntos de énfasis y de inflexión muy diversos. Durante la década de 1910, muerto Sabino Arana, los nacionalistas moderados de Bilbao envidiaban la capacidad de la Lliga de intervenir, incluso determinar, en asuntos de alta política: en 1915, tomaron el control de la organización existente, en 1916 la rebautizaron Comunión Nacionalista Vasca (CNV) y al año siguiente el líder regionalista catalán Cambó visitó el País Vasco. Hubo ataque de furia de los «sabinianos» más puros, como Luis Arana (hermano de Sabino) o el joven Eli Gallastegi. Pronto Gallastegi encabezaba la corriente Aberri (patria), frente a la Comunión Nacionalista Vasca que había simpatizado con el «traidor» Cambó. Por tanto, en 1921, la derecha separatista vasca, confluencia del espíritu católico combativo y del etnicismo explícito, reinventó el PNV como portador de las esencias sabinianas. Con los años, en 1930, y sin entusiasmo por parte de Gallastegi y los suyos, se fundieron de nuevo las dos mitades, la «Comunión» y el «Partido» (los moderados tradicionales con los aberrianos) para formar un PNV nuevo y renovado. Fue esta síntesis unitaria la que pareció un modelo digno de copiar por Cardona o Maspons i Anglasell al fundar su propio Partit Nacionalista Català en 1932. En respuesta a la refundición conservadora del PNV, en noviembre de 1930, se formó Acción Nacionalista Vasca (ANV), en clara coincidencia con el nombre de Acció Catalana. La ANV aspiraba a ser una izquierda euskalduna (que algunos han considerado el punto de partida del futuro izquierdismo abertzale surgido en la segunda mitad del siglo XX). A partir de la «revolución republicana» de Barcelona, el 14 de abril de 1931, la ANV soñaba con copiar a la Esquerra catalana y a los núcleos catalanes ultranacionalistas más o menos convertidos al marxismo, que operaban con la perspectiva del «catalanismo socialista» (fórmula ya anunciada por Gabriel Alomar hacia 1910). El equivalente a la autonomía política catalana era ambicionado para Vascongadas, y en octubre de 1936 se copió —de la mano de Largo Caballero— como gobierno de Euskadi.

Pese a todo, las diferencias eran abrumadoras. Aunque el nacionalismo catalán desconfió de aragoneses, murcianos y andaluces, no pensó en una exclusión dura; por el contrario, hasta 1977 el PNV no admitió en sus filas a maketos (forasteros, palabra despectiva equivalente a xarnegos). El orgullo vasco se tipificaba de modo físico, en rasgos de cuerpo y rostro, mientras que el anhelo catalanista era una gran ciudad que hablara como un pueblo comarcal, pero unos municipios que escribieran y leyeran como lo hacían los nuevos intelectuales catalanes, muchos de ellos inmigrantes en la metrópolis. La ambición catalanista, todavía pendiente, era suprimir las cuatro provincias, entendidas como instituciones ajenas e impuestas. Las tres «provincias» vascas (o un señorío y dos provincias históricas) fueron preservadas por la Ley de Territorios Históricos en cuanto fue posible. El reino de Navarra, con otro pasado constitucional y foral, se quedó fuera del Euskadi nuevo (no del viejo y anhelado Euzkadi, con zeta), lo que entristeció los corazones nacionalistas, si bien quedaba la esperanza de una recuperación eventual, como refleja el escudo del País Vasco autonómico, con el cuartel navarro, rojo como un muñón sangrante, pero sin cadenas para cumplir con una decisión de 1986 del Tribunal Constitucional español, ante el pleito de la Diputación Foral de Navarra. El PNV, como entidad privada, puede mantener el diseño clásico y, en tiempos recientes, en los actos nacionalistas y oficiales se añade la bandera navarra. En todo caso, hoy Navarra tiene gobierno abertzale. Las partes vascas y catalanas «perdidas» en Francia son un reflejo común, pero sus evoluciones comparadas resultan bien diferentes.

Todas estas reflexiones cruzadas durante años tomaron un sentido determinado en otra meta del sesentayochismo, cuando una escisión juvenil del nacionalismo empezó a pegar tiros: el 7 de junio de 1968, el etarra Txabi Echebarrieta mató al guardia civil José Antonio Pardines, el mismo día que se producía otro enfrentamiento con la Benemérita. La guerra civil larvada, latente, a la que desde entonces persiguió ETA con bombas, tiros y asesinatos, trajo consigo la lógica respuesta de los cuerpos policiales, amargando la política vasca, la española, y, necesariamente, también la catalana. Con la Transición, ETA mató más y su ritmo homicida lo envenenó todo.

Cabe señalar una contradicción: ETA actuó en Cataluña durante más de un cuarto de siglo, de 1975 a 2001, matando a cincuenta y cuatro personas en setenta y cinco atentados, de modo que estuvo presente; no confió en el terrorismo local. No les convenció ni la FAC, ni mucho menos Terra Lliure. El terrorismo vasco no dudó en buscar socios catalanes individuales, por lo que podían relacionarse con redes de extremismo izquierdista o con libertarios, pero no con la política catalana, que no entendieron, igual que entre catalanistas se captaban muy poco los matices y las rivalidades dentro del mundo etarra.

Tal vez fue la desastrosa tentativa de Iñaki Pérez Beotegi (apodado Wilson, jefe de los comandos bereziak) de contactar, dando palos de ciego, con el medio antifranquista catalán en 1975, lo que facilitó la labor de Mikel Lejarza —el Lobo, agente del SECED (Servicio Central de Documentación, el organismo de información franquista entre 1972 y 1977)— de destapar la infraestructura de ETA Político-Militar, los llamados poli-milis, corriente dominante del terrorismo vasco. Unos ciento cincuenta militantes fueron arrestados, incluido el mismo Pérez Beotegi. Tres polimilis resultaron muertos en las redadas.

Uno de los capturados, Jon Paredes Manot (cuyo nombre de guerra era Txiki), fue defendido por conocidos abogados de la izquierda catalana (Magda Oranich y Marc Palmés) de la acusación de haber asesinado a un cabo primero de la policía nacional, el 6 de junio anterior, en un asalto al Banco Santander en la calle Caspe. Paredes lo negó, si bien la organización reivindicó el ataque, sin dar nombres. El cabo primero de la Armada Ovidio Díaz López fue el primer asesinado por ETA en Cataluña.

Declarado culpable pese a asegurar que estaba en Perpiñán, Paredes fue fusilado el 27 de septiembre de 1975 contra la tapia del cementerio de Cerdanyola del Vallès. La muerte de Txiki tensó mucho a los progresistas de Barcelona, traumatizados por la ejecución de Salvador Puig Antich del MIL, un año y medio antes, en marzo de 1974. El mismo día que fusilaron a Txiki fueron ejecutados (por pelotón) otro etarra en Burgos, y, en Madrid, cuatro militantes del FRAP, como un evidente gesto de escarmiento. Serían las últimas ejecuciones del franquismo, puesto que el dictador murió menos de dos meses después. Los fusilamientos tuvieron un considerable impacto, sobre todo entre la juventud, provocando una oleada de protestas a nivel internacional. Siete meses después, en abril de 1976, Felip Solé i Sabaté, de la escisión del PSAN llamada OLLA (desmontada por la policía en 1974) y apodado Felip el Basc por sus conexiones con el universo de ETA, fue asesinado en el monte, en Navarra, por fuerzas del orden, al escaparse con presos de ETA y del FAC de la prisión de Segovia.

En el mundo etarra, los milis (la ETA militar) se hicieron dominantes tras la gran caída y el desastre de sus rivales, los polimilis, que usaron el marco catalán como un campo de batalla apto para realizar alguna acción (como poner una bomba), pero no para formar alianzas. Sin embargo, comprendieron que ellos tampoco entendían para nada el medio catalán.

La operación más atrevida de los milis fue el ataque, a mediados de noviembre de 1980, al cuartel de Berga del batallón de cazadores del ejército. Un grupo de entre ocho y doce etarras —con dos catalanes (uno de ellos un militante del PSAN que actuaba por su cuenta)— intentaron asaltar la armería y desarmaron a dos soldados, pero se dio la voz y el comando tuvo que huir.

A mediados de los ochenta, con solo un exmiembro de Terra Lliure, ETA estableció conexión con varias mujeres, una vinculada al segundo PCE(i), el Partit Comunista d’Espanya (internacional), antigua Linea Proletaria. El primer PCE(i) fue fundado en 1967. En 1968, dio pie a la escisión Bandera Roja, pronto convertida en una presencia política prochina de cierta relevancia. El PCE(i) se restableció en 1975, gracias a su Linea Proletaria, con un programa independentista (incluso con estelada propia, con un triángulo rojo y una estrella amarilla, para demostrar que iban al revés del resto de la esquerra independentista). Núcleo pequeño pero combativo, el PCE(i) aguantó: todavía representó unas relaciones generadas en la campaña para respaldar a Herri Batasuna en las elecciones europeas de 1987. Por esa época, en 1986-1987, se pudo realizar una campaña de bombas que, desde fuera, en la prensa o los comentarios de la política normal, podía ser confundida con las acciones y artefactos de Terra Lliure. El atentado más remarcado fue a mediados de octubre de 1986, cuando un coche bomba colocado en un cuartel de la policía nacional mató a un agente en tarea de vigilancia.

La campaña de ataques con bomba de grupos dispersos, desconectados o poco relacionados entre sí, culminó con un enorme atentado, la destrucción del aparcamiento del monumental Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Era una operación montada directamente por ETA. Fue preparado en Castelldefels con auténticos matices para la deflagración (se molestaron en añadir jabón en escamas para producir un efecto napalm, lo que no deja de ser una nota de cálculo delicado). La explosión del Hipercor, el 19 de junio de 1987, se saldó con veintiún muertos y cuarenta y cinco heridos. Convulsionó a toda la sociedad catalana. La reacción colectiva fue: «¡Eso, aquí no!». Cualquier romanticismo sobre los métodos etarras de combate se evaporó con el estallido y el incendio, excepto entre los más creyentes o fanáticos. La destrucción en el parking del supermercado cortó la presión constante de las campañas de artefactos explosivos, a la vez que desacreditó las excusas de Terra Lliure. Unos meses más tarde, en septiembre, la policía detuvo a algunos miembros del llamado Comando Barcelona de ETA.

El siguiente gran atentado fue en mayo de 1991, cuando dos etarras lanzaron un coche bien cargado de material explosivo por la rampa de la casa-cuartel de Vic. Hubo nueve muertos, incluidos menores, y un guardia urbano atropellado por una ambulancia. Al día siguiente, la Guardia Civil localizó al grupo en una «torre» de Lliçà d’Amunt; mataron a los dos responsables (incluido el ex miembro de Terra Lliure) y detuvieron a un refuerzo recién aparecido, que formaba parte del etarra Comando Barcelona.

Con la proximidad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, se hizo un esfuerzo policial a ambos lados de la frontera y, en marzo de 1992, ETA fue decapitada. En un chalet de la localidad vascofrancesa de Bidart, la gendarmería arrestó a la cúpula etarra: Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José Arregi Erostarbe, Fiti. Todo ello rebajó la presión etarra en Cataluña.

Las acciones etarras posteriores se redujeron, con una tendencia hacia los asesinatos individuales: un comandante de aviación, dos músicos militares y un guardia civil, pero también de un albañil muerto por el estallido de un coche bomba. Se deshizo el foco catalán etarra que había liderado con dureza Joseba Urrusolo Sistiaga, que fue detenido en Francia en 1997. Para entonces, Urrusolo ya había sido expulsado de ETA al enfrentarse con la nueva cúpula por ser partidario del abandono de las armas.

Todavía hubo otro asesinato en Cataluña, en el cual ETA quiso dar una nota muy personal: buscó al muy destacado intelectual y profesor Ernest Lluch, que el 21 de noviembre del año 2000 fue muerto a tiros por José Ignacio Krutxaga. El último muerto de ETA fue en 2001: un mosso de Esquadra también anónimamente asesinado por un coche bomba.

En la sociedad catalana quedó el miedo de que ETA volviera a las andadas: en enero de 2004, de modo secreto (sin siquiera informar a Maragall), Carod-Rovira, entonces vicepresidente catalán, se encontró en Perpiñán con Josu Ternera y Mikel Antza, ambos del comité ejecutivo etarra, para acordar que no se seguiría con campañas de violencia en Cataluña. Corrió la voz y la reunión salió a la luz pública (era de suponer que los servicios de información españoles lo sabían, pese a las medidas para despistar). Ante el escándalo, Carod-Rovira se vio obligado a dimitir y presentarse en las elecciones a Cortes en marzo de 2004, encabezando las listas de Esquerra; aunque salió elegido con unos resultados excelentes, terminó dimitiendo de su escaño.

Y de ahí al final de ETA. En los primeros días de mayo de 2018, la «organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional» hizo una declaración de cierre: «Quiere informar al Pueblo Vasco del final de su trayectoria». Con esta frase la banda terrorista inició el comunicado en que anunció su disolución, asegurando que había desmantelado totalmente «el conjunto de sus estructuras». El texto fue leído por Josu Ternera.

El domingo 5 de agosto de 2018, el supuesto responsable de la decisión de la matanza del Hipercor, el antiguo etarra Santiago Arrospide, mejor conocido como Santi Potros, salió de la cárcel salmantina de Topas, después de cumplir treinta y un años de los cerca de tres mil a los que fue condenado.

Después de más de medio siglo, la lección final de la larga batalla contra ETA para los gobiernos del Estado —conservadores o socialistas—, así como las muchas reencarnaciones de los servicios de información, ha sido que gana quien resiste hasta el final. Lógicamente, este aprendizaje se aplicará en la pugna entre los independentistas catalanes y las autoridades españolas, primero Rajoy (condicionando su estilo político) y luego Sánchez.

La esquerra independentista catalana aprendió la misma lección de paciencia, pero con un matiz diferente: no a la violencia, no a los atentados o asesinatos y no a la kale borroka (la «lucha callejera», si el terrorismo flaquea). El origen de la frase «la revolución de las sonrisas» es atribuida a Muriel Casals, formada en su militancia en el PSUC y luego en ICV, y presidenta de Òmnium Cultural de 2010 hasta su muerte accidental en 2015. La lucha debía ser no-violenta. No a la bullanga en la rúa, con su griterío y sus ganas de destrucción de coches aparcados, mobiliario urbano y escaparates. Los indepes catalanes —excepto cuando algunos jóvenes autoproclamados defensores de la República catalana nonata (los CDR o Comitès de Defensa de la República), o quienes dan órdenes, han perdido los nervios— han insistido siempre en un combate pacífico, o «cívico», en sus palabras.

Es un desafío, una lucha prolongada de desgaste mutuo. Ya se verá quién aguanta el pulso catalán más tiempo y con mejor temple.

LOS NUEVOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS ELECTORALES Y SU FRACASO

Hay un viejo chiste de humor estalinista, con el cual otros muchos concurren: «¿Qué es un trotskista? Un partido. ¿Y dos trotskistas? Un partido y una corriente. ¿Y tres trotskistas? Un partido, una corriente y una escisión». Sin duda, esto se puede aplicar al separatismo catalán y especialmente al independentismo.

En mayo y junio de 1936, el nuevo Partit Estat Català hizo el primer intento de reunir a las familias, sensibilidades o tribus del separatismo bajo un mismo techo. Este resistió los embates de la revolución que estalló en julio-agosto de 1936 y aguantó hasta el final de la Guerra Civil, pero como una unión de separatismo no funcionó. No había un criterio común, ni sobre el objetivo final ni sobre cómo alcanzarlo.

Tras la conquista franquista de Cataluña, en 1939, el separatismo hizo lo que pudo para reorganizarse. Pero hubo un problema de fondo, el de siempre: no existía un consenso sobre si el separatismo representaba la separación de la República. (Sin embargo, la dictadura de Franco o una hipotética nueva monarquía eran asuntos que sí unían en el rechazo.) Eso, además, significaba que el catalanismo no tenía más sentido que el independentismo (como antes el separatismo); solo podía ser republicano, sin concesiones como las del pujolismo.

Tarradellas —de modo calculado o porque así salieron las cosas (estaba mayor y era mucho trabajo)— se encontró sin una base política propia y con el grueso de los partidos catalanes en su contra. Así que escogió ser el fundador del nuevo sistema político catalán, de la nueva Generalitat, aunque en la práctica funcionaba como presidente de la diputación provincial de Barcelona. Era más prudente retirarse a tiempo para medir sus futuros movimientos.

Por tanto, en el panorama catalanista no había nada más que Convergència, la histórica democristiana Unió Democràtica y la igualmente histórica Esquerra Republicana (sin contar más iniciativas, pero grupusculares, o coaliciones pasajeras que abundaron durante toda la Transición).

La dinámica del 1977-1978 había generado un personaje sorprendente, el eclesiástico Lluís Maria Xirinachs (colgó sus hábitos en 1990), quien insistió en hacer campaña individual de tipo nacionalista-pacifista (Gandhiana-cristiana, si se quiere) en medio de las Cortes: fue elegido senador en 1977 y de nuevo en 1979. En términos políticos o parlamentarios, resultó un fracaso absoluto, pero no era un político profesional ni logró atención en el convulsivo medio nacionalista. Xirinachs se juntó con Fèlix Cucurull, intelectual e historiador autodidacta nacionalista, quien, en palabras de una admiradora, encarnaba «la lucha por la autenticidad». Era el autor de una vasta Panoràmica del nacionalisme, publicada en seis densos volúmenes en 1975 por unas supuestas Edicions Catalanes de París (un tinglado montado, entre Benet y Pujol, con fondos de varios amigos).

Con Cucurull, Xirinachs creó una penya característica, que se convirtió en una ambigua Assemblea d’Independents de Catalunya (AIC, con la ambigüedad calculada entre independents e independentistes). La AIC reunió otros grupos con mayor resonancia que solidez, como el PSAN, el Bloc Català de Treballadors (BCT) —una fusión de 1978 del MUM (Moviment d’Unificació Marxista), creado en 1977, entre escindidos del PSAN y diversos colectivos— y el Partit del Treball de Catalunya, el Partido del Trabajo cuya sección catalana se sumó con entusiasmo al independentismo. De cara a las elecciones constituyentes, se sumó a la candidatura de Unitat Popular pel Socialisme-CUPS, con otros sectores como el Moviment Comunista de Catalunya y el Partido Carlista (que ha seguido tendiendo al «socialismo autogestionario»). La CUPS ayudó a elegir a Xirinachs. Posteriormente, mucha gente con trayectorias diversas, como Carod-Rovira, salió de este mosaico de grupitos de la autodenominada esquerra independentista, que apuntaba a la extrema (o extremísima) izquierda.

Con el Estatuto promulgado (y firmado por el rey Juan Carlos) el 18 de diciembre de 1979 —pero también con la presencia de Convergència en la alta política (Roca Junyent fue uno de los padres de la Constitución) y la presión de un terrorismo independentista catalán que tenía como modelo el rastro exitoso de los atentados de todo tipo perpetrados por ETA—, se empezaron a formar partidos independentistas con miras electorales, de cara a las primeras elecciones catalanas. Ante un autonomismo tan transaccional, algunos pensaron que hacía falta una respuesta independentista.

Ante las segundas elecciones generales, tras la aprobación de la Constitución, en 1979, no se perdieron los ánimos, pues ahí estaban Xirinachs y Cucurull. Desde una perspectiva nacionalista radical, este voto sería más importante, ya que en las Cortes elegidas se discutiría y aprobaría el nuevo Estatuto, que reemplazaría el de 1932. En este sentido, hubo un intento de coaligar todos los grupos de antiguos separatistas y nuevos independentistas en la coalición BEAN (Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional o Bloque de Izquierdas de Liberación Nacional). Decían que el nacionalismo radical tenía unos cincuenta mil votantes, con un probable techo de sesenta mil en la zona metropolitana catalana. En aquel entonces, eso parecía mucho, hasta una exageración, pero el hecho fue que Xirinachs repitió como senador.

Pasadas las elecciones, ahora había que preparar las elecciones catalanas previstas para 1980. A tal efecto, el BEAN se fundó como partido político en 1980.

Más o menos en esas mismas fechas, apareció otra plataforma similar, incluso rival: Nacionalistes d’Esquerres. Surgió del Grup d’Independents Nacionalistes y d’Esquerra, a partir de figuras conocidas con cierta conexión pujolista (Josep Maria Espinàs, Max Cahner, Jordi Carbonell, Miquel Sellarès), para impulsar la candidatura de Josep Benet al senado en las elecciones generales de marzo de 1979. Pero, a nivel programático, se recibieron apoyos de concejales municipales del FNC y el PSAN, con lo que personalidades más próximas al independentismo, a partir de Jordi Carbonell, decidieron aprovechar lo que parecía un éxito de concurrencia en la Diada del 11 de septiembre de ese año.

Se creó un movimiento, Nacionalistes d’Esquerra (NdE), con un acto fundacional en diciembre y gente de PSAN, FNC y el Col·lectiu Comunista Català, con la mirada puesta en las elecciones catalanas de 1980. Logró más de treinta y dos mil votos en Barcelona, pero sin resultado, ya que el BEAN y NdE se anularon mutuamente. Eso les dio ánimos para presentarse en los comicios generales de 1982 (cuando arrasó el PSOE), viviendo un retroceso significativo. Por su parte, el BEAN no prosperó y se disolvió en 1982. En NdE, se plantearon fórmulas de mayor fusión y colaboración, de cara a las elecciones catalanas de 1984. Sin embargo, no salieron bien: NdE se disolvió en junio de 1984 y se redefinió Entesa de l’Esquerra Catalana (EEC), plataforma electoral que buscó pero no obtuvo el apoyo de ERC (con Barrera en contra). En junio de 1984 se constituyó como partido con el mismo nombre, pero al año siguiente, una parte se escindió como Moviment d’Esquerra Nacionalista. Este partido resistió casi una década, entre apoyos a Herri Batasuna en las elecciones europeas de 1987 y 1989, y la esperanza, pronto frustrada, de convertir La Crida a la Solidaritat en un partido electoral viable. En 1992-1993, empezó a tontear con el espacio político de los Verdes, una opción extremadamente fragmentada en Cataluña, cuando también desapareció.

El patrón de inestabilidad dentro de una cierta simpatía ideológica se mantuvo inamovible. Había demanda (incluso votos) para una opción de nacionalismo y socialismo revolucionario, pero incapacidad para mantener un partido estable.

EL GRAN CAMBIO: AGITACIÓN CALLEJERA Y PARTICIPACIÓN FEMENINA

Los fracasos del BEAN y de las sucesivas versiones de Nacionalistes d’Esquerra en los primeros años ochenta sucedieron en paralelo al fracaso de las organizaciones de lucha armada. Sin embargo, lo que parecía negativo en realidad representó un cambio de enfoque radical. El esquema de machismo adolescente de combate, o de plataformas inestables, dio paso a la aparición de las primeras mujeres en el universo separatista, junto con el fracaso del feminismo estridente de los últimos años, expresado en castellano. En marzo de 1981, Enric Monné y Lluïsa Selga, entre otros, montaron en la Universidad de Barcelona una nueva organización, formalmente llamada La Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, pero conocida por todos como simplemente La Crida (La Llamada).

Esta «Llamada» aportó dos renovaciones distintas. Por una parte, empezaron a entrar chicas o mujeres allá donde antes solo había habido chicos y hombres. Ellas llegaron con un lenguaje que era bastante menos sexista que la jerga machista que hasta entonces había predominado. Por otra, se cambió el horizonte político. Puede que, a resultas de la mayor presencia femenina, no se planteaban tantos objetivos de combate inútil (la guerra contra los postes eléctricos, por ejemplo), ni tampoco unas finalidades de tipo electoral máximo, para elegir diputados en las Cortes de Madrid o en el Parlament de Barcelona. Este último efecto, la municipalización del independentismo clásico pos-PSAN, tardó mucho tiempo en madurar.

A más corto plazo, el objetivo era sacar la protesta a la calle, hacerla transversal, cruzar las barreras de la edad y el sexo. En eso La Crida funcionó. Consiguió el respaldo del pujolismo y encontró medios de financiación, con una plataforma básica de defensa de la educación en catalán.

Con la década de La Crida, se definió la agitación pacífica en la calle y la participación de las mujeres (jóvenes y mayores) junto a los hombres, sin sueños de militancia militar, ni limitando a las mujeres a ser —como en los tiempos del sesentayochismo— «el descanso del guerrero».

Quedó el combate lingüístico. Así, por ejemplo, cuando La Crida ya era cuestionada o abandonada por muchas de las nuevas promociones de la izquierda, los elementos nacionalistas radicales del ámbito convergente formaron en 1993 la Plataforma per la Llengua, que pronto se articuló por capitales de comarcas en Cataluña y se extendió por Valencia, Baleares y las fronteras de combate, como el Rosellón, en Francia, o la Franja de Aragón. Las campañas iniciales se dirigieron hacia asuntos como el hecho de obligar —por medio legal autonómico o por presión social— que las películas dobladas en castellano lo fueran también en catalán, o que las empresas multinacionales de comunicación incluyeran el catalán entre sus lenguas.

A mediados de los años noventa, la expresión más activa de las nuevas plataformas que crecían alrededor del tronco cada vez más gastado de La Crida enfatizaban una lucha en clave monolingüística. Se debía hacer todo solo en catalán, sin una versión paralela en castellano. Años antes, el sentido del militante se había individualizado: cada catalanófono tenía una obligación pedagógica. Para que se hiciera efectivo el uso común del catalán como en las décadas anteriores, un catalán (o catalana) con plena conciencia debería responder siempre (con amabilidad, incluso con cariño) en catalán, pasase lo que pasase. La idea no había funcionado, pues las muchas incidencias de la interacción complican demasiado la vida para que tengan éxito actitudes militantes. Pero esta idea —que parecía tener el respaldo del gran despliegue sociolingüístico del pujolismo en la Generalitat (con programas en TV3 como Digui, digui para enseñar el idioma a quienes no lo dominaban)— cambió para dejar paso a campañas sociales y juveniles que parecían escaparse del control convergente. En esto, como siempre, había un juego ambiguo de apoyo institucional a la teoría y una nota de rebeldía a la actuación.

En los años noventa, la agitación lingüística más popular y juvenil tomó un sentido literalmente insensato, que hizo que los sociolingüistas que habían ejercido un papel clave en la formulación de modelos (como Luis V. Aracil) se echaran las manos a la cabeza. Se defendió el monolingüismo absoluto. Fue una moda pasajera y especialmente atractiva entre la juventud que se resistía a aprender idiomas. Entonces hubo un cambio: ahora había que defender el catalán en inglés. Poca broma: así empezó Puigdemont, con la revista Catalonia Today.

Pero el cambio importante no fue la defensa del idioma, fue la feminización de la política independentista y el nuevo modelo de agitación —de teatro político callejero— que comportó. Las mujeres entraron como activistas y como base social. Se puso fin al ideal del independentismo como una fascinación masculina con las bombas y las pistolas.

LA REINVENCIÓN DE ESQUERRA DE LOS AÑOS OCHENTA

Podríamos decir que ERC ha vivido siete vidas. Nació en 1931 como expresión del macianismo, lo que fue su primera vida. Al morir Macià en 1933, Companys le sucedió como presidente de la Generalitat y por tanto jefe de Esquerra; era un hombre de la revolución de octubre de 1934 (por la que fue a prisión) y de la revolución y Guerra Civil de 1936 (por la que fue ejecutado). Exiliado en Francia, Companys fue secuestrado por la policía franquista y traído a España, para ser juzgado de modo sumario y a continuación fusilado. Segunda vida de Esquerra: Companys, fusilado en 1940, fue sucedido como presidente por Josep Irla. La Generalitat del exilio fue contestada por el Consell Nacional Català, liderado por Carles Pi i Sunyer. Irla dimitió en 1954 y fue reemplazado por Josep Tarradellas. Esta conflictiva tercera vida de ERC continuó hasta la Transición, pues Barrera y otros no congeniaban con el presidente en el exilio.

Tarradellas ejerció como presidente catalán en el exilio hasta que pudo negociar con Suárez su retorno a Cataluña. De hecho, su presidencia creó una Cataluña dividida con rencillas desde tiempos del exilio, que duró dos años: la cuarta vida del partido. Quienes controlaban ERC —el primero, Barrera— no tenían simpatía a Tarradellas y prefirieron una Esquerra que fuera satélite de Pujol y su sistema, situación de supeditación que quedó confirmada por la acción de Joan Hortalà. Fue la quinta vida de Esquerra. Entonces, los sectores nacionalistas radicales se quedaron con el partido, con Àngel Colom y la periodista Pilar Rahola, hasta que Carod-Rovira y otros les reemplazaron. Sería la sexta vida. Desde entonces, se sucedieron el tripartito y el Procés, Carod tumbado, también Puigcercós; luego Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, impulsó la proclamación de independencia a un Puigdemont dudoso, medio convencido por el lehendakari Iñigo Urkullu. Hoy Junqueras se encuentra encarcelado.

La séptima vida de Esquerra está pendiente: sería una alternativa a la transformación de lo que han sido Puigdemont y Torra.

Volvamos atrás, a mediados de los años ochenta. Entonces Esquerra se reorganizó y fue, en esencia, ocupada por varios sectores independentistas, como quien ocupa un edificio viejo y en mal estado y lo renueva. Si Hortalà o Barrera querían discutir, allá ellos.

Se lanzó una Crida nacional a ERC que pretendía superar las divisiones de toda la etapa de Nacionalistes d’Esquerra en sus diversas versiones, eliminar los liderazgos personalistas (de cabdill) mediante un formato asambleario y de debate constante, y al mismo tiempo conseguir el fin de las organizaciones terroristas, con un enfoque específicamente pacifista (y que ETA dejara de utilizar Cataluña como campo de combate propio). Asimismo, dejaban atrás la experiencia de La Crida como algo superado, a la vez como una experiencia útil en su día, con capacidad para aportar buena parte de su bagaje y militancia.

Esto comportó la incorporación de personas procedentes del nacional-marxismo, como Carod-Rovira, y de figuras públicas y mediáticas como la periodista Pilar Rahola (que abandonó su pujolismo). Fue también significativo asumir que podía haber liderazgos gais, como el de Àngel Colom i Colom, cuyo mote era Sis ales (Seis alas), por su nombre y sus apellidos y su inclinación sexual. Los militantes hacían bromas sobre quién volaba mejor, pero los servicios de información españoles se lo tomaron muy en serio y buscaban un informador que fuera amante suyo.

La reorganización de ERC consiguió convertir el partido, algo desvencijado, en un jugador político importante en el marco catalán y visible en el espacio parlamentario madrileño. Para los militantes de ERC, el año olímpico fue la fecha de la pacificación, cuando Bascompte y otros abandonaron las armas, un indicador del camino hacia su futuro político.

Pero no todo fue buen rollo y simpatía. Visto desde fuera, las subidas y bajadas de líderes podía resultar algo entre confuso y sorprendente. Cuando, por ejemplo, Rahola y Colom perdieron el control de Esquerra en 1996, intentaron, sin mucho éxito, crear un flamante Partit per la Independència, que no obtuvo respuesta.

Sin embargo, la nueva ERC significó que una parte del espacio político independentista se había normalizado (como prueba, escogieron a Heribert Barrera como presidente del partido durante los primeros años noventa) y formaba una parte más o menos estable del sistema de partidos electorales.

PUJOL Y LOS NACIONALISMOS PARALELOS

El monopolio efectivo que se estableció alrededor de Pujol en los años ochenta dejó al margen a un grupo de presión como el ya citado Òmnium Cultural, fundado en pleno franquismo, en 1961, por catalanistas ricachones de corte ultranacionalista (como J. B. Cendrós, Lluís Carulla y Fèlix Millet i Maristany), separatistas desacomplejados que habían desempeñado un papel muy importante con sus ayudas económicas bajo el franquismo tardío, e incluso durante la Transición.

Sin embargo, Pujol no les necesitó, aparte de para la caja de Banca Catalana; tenía su propia capacidad de generar fondos: sus llamadas telefónicas perentorias eran bien conocidas y temidas por quienes tenían que cumplir con lo ordenado. Por lo tanto, ante un independentismo de izquierdas hecho del todo marxista menos en la misma reivindicación nacional, los muy conservadores socios de Òmnium no tenían margen político, excepto cuando Pujol les pedía algún favor.

Òmnium intentó con éxito adaptarse a la nueva forma de actuación política que surgió en los años ochenta, con actos de protesta nacionalista en la calle, en la pauta de la nueva Crida de la Solidaritat de la Llengua. Podía agitar a favor del uso del catalán en la escuela o en los libros, y clamar por la recuperación de lo que la historiografía francesa descubrió como lieux de mémoire (sitios de recuerdo nacional o nacionalista), así como financiando programación de signo nacionalista en los medios de comunicación.

Mientras los socialistas se congratulaban por haber obtenido los Juegos Olímpicos de 1992 para Barcelona, otros sectores opuestos reaccionaron ante lo que entendía como una oportunidad anunciada. El mundo entero estaría observando y a los visitantes se les podían decir muchas cosas no previstas en el repertorio de los actos oficiales.

Así como el pujolismo pudo estimular y proteger La Crida, pero también tuvo que ser discreto en su respaldo, sucedió lo mismo con la campaña de Freedom for Catalonia durante los Juegos Olímpicos. La Generalitat se gastó un dineral en medios internacionales de gran visibilidad (en inglés, por ejemplo, en el Time o el Newsweek) con anuncios en contraportada que servían para recordar que Barcelona era la principal ciudad de un país llamado Cataluña, escondido tras el mapa de Spain. Así, el coste de los carteles impresos de la campaña más subversiva del Freedom podía ser asumido por la siempre indefinida «sociedad civil catalana», cuyo gran ejemplo patriótico era Òmnium, junto con el Barça.

Fue la culminación del entendimiento entre La Crida y CiU. Se preparó una campaña, con el lema central, en inglés, de Freedom for Catalonia, mensaje que se procuró colocar en cada ángulo de las cámaras de televisión, en las pegatinas enganchadas por doquier o en los folletos que eran repartidos durante las muchas festividades olímpicas.

Una parte del independentismo lo asumió como una fecha totémica que, al hacer visible la opresión vivida por los catalanes, ofrecía la ocasión para una ruptura natural, espontánea. Algunos pensadores nacionalistas se dedicaron a anunciar la relevancia de la coyuntura, como, por ejemplo, Carles Muñoz Espinalt, con su profético ensayo Serà el 1992 l’any de la independència de Catalunya?

Asimismo, desde una perspectiva más o menos independentista, se escribieron varias novelas, más bien malas. El proyecto literario más ambicioso fue la película El complot dels anells, de 1988, dirigida por Francesc Bellmunt, con un guion escrito a medias con el novelista Ferran Torrent. En ella, un periodista americano se encuentra metido en una intriga peligrosa (un grupo independentista, el imaginario Front d’Alliberament Patriòtic, quiere tomar control del gobierno catalán antes del comienzo de los actos deportivos), y escapa con la ayuda de una bella agente del «servicio secreto catalán», interpretado por una muy joven Ariadna Gil (de sentimiento y familia muy independentista, ya que su actual compañero, Viggo Mortensen, ha realizado una muy pública adhesión a Òmnium, y David Fernàndez y Anna Gabriel de la CUP han publicado hace muy poco una biografía del padre de la actriz, el abogado August Gil Matamala, defensor de arrestados de Terra Lliure, entre otros). En ese ambiente, la promoción fue anticipada por la publicación, también en 1992, de una novela homónima escrita por la periodista nacionalista Assumpció Maresma.

Las Olimpiadas vinieron y se fueron, sin mayor impacto que la culminación de las acciones de teatro político callejero de La Crida y la campaña publicitaria de CiU mediante la Generalitat.

La jubilación algo forzada de Pujol, que fue sustituido por la figura bastante más débil de Artur Mas, seguido por el hundimiento de todo el tinglado en las elecciones (que resolvió Maragall con su tripartito), fue una liberación para Òmnium. En ese mismo año, 2003, un nuevo presidente, Jordi Porta, renovó por completo el estilo de la entidad, con la intención de que sirviera como grupo de presión moderno, mientras CiU en general, pero en especial CDC, se reorganizaba.

REEMPLAZAR AL JEFE INSUSTITUIBLE

En cualquier sistema con un jefe irreemplazable, el gran problema estructural es la sucesión. ¿Quién hereda el mando? ¿Con qué grado de fuerza? Pujol no toleraba ser cuestionado. ¿Qué margen tendría su continuador?

Tras la fachada lisa del pujolismo, había rivalidades y enemistades, algunas fuertes. La presencia del jefe había creado un estilo adaptativo que suavizaba la colaboración. Pero llegó un momento en que la oposición tomó forma, acentuando las luchas cortesanas entre facciones.

El pujolismo era una ilusión de mayoría, sin serla. El sistema electoral ha favorecido más a los espacios rurales, la montaña, que a la zona metropolitana. Y en ellos no iban a sentirse cómodos con otro mando. El interior catalán (la ruralidad, las capitales de comarca), con sus distintas sociologías, miraba con envidia y reticencia a Barcelona como capital, con su aura de dominio sobre toda Cataluña. Así pues, se estableció una diarquía territorial; de hecho, una autoridad dividida: el pujolismo tenía la Generalitat y los socialistas disfrutaban del ayuntamiento de Barcelona y de muchos municipios vecinos, como Hospitalet. Convergència (en su «federación» con los democristianos, y añadiendo a sus amigos políticos en varios niveles locales) lo controlaba todo menos la capital catalana y sus coronas urbanas, que eran socialistas, con apoyos post-comunistas y de izquierdas más o menos locales. Fue el peculiar bipartidismo catalán con Pujol.

Aquello tenía sus antecedentes. En 1968, a finales del franquismo y en tiempos del alcalde de Barcelona Josep Maria de Porcioles, se estableció una «corporación metropolitana» que debía coordinar servicios, desde el transporte a la basura, entre un conjunto de ayuntamientos centrados en Barcelona. El municipalismo de Narcís Serra y Pasqual Maragall encontró esa coordinación especialmente útil, hasta el punto de que, en 1987, Pujol vio que podía poner en peligro el poder nacional. Acusó, escandalizado, que la corporación «tenía una bandera propia», y lo disolvió en varias entidades paralelas, sin capacidad política.

Más o menos a la vez, se intentó una división territorial alternativa de Cataluña: las provincias, que, sin capacidad de ser abolidas, derivaban de la organización por «comarcas». (Según la Real Academia Española, un «territorio» se identifica por determinadas características físicas o culturales, así como la entidad administrativa que de tales rasgos se puede derivar.) Las comarcas habían sido trazadas sobre el papel por geógrafos en tiempos republicanos y durante la revolución de 1936 y 1937; luego se implementaron de modo algo teórico durante el resto de la Guerra Civil. Así es que el hecho de deshacer la «corporación metropolitana» por razones ideológicas, tal como mandó Pujol en 1987, fue un desastre. Eventualmente, en 2010, se reinstituyó algo parecido de modo más bien silencioso (discretamente llamado Consorci de l’Àrea Metropolitana). Las comarcas, como institución administrativa, no sirvieron de nada, excepto para la creación de una capa adicional de función pública, con sus correspondientes funcionarios, que se añadió a las ya existentes, redundantes.

Para resumir, el pujolismo no fue capaz de anular las provincias porque había que hacerlo desde Madrid, donde no tenía poder. Se contentó con la conquista, lenta pero segura, de las diputaciones provinciales, en las que los socialistas perdían más y más influencia, hasta en la de Barcelona. Las comarcas quedaron como una decoración patriótica.

Frente a todo el enjambre territorial, Barcelona se mantenía como municipio, y además como espacio metropolitano en lenta expansión. En ello confiaban los socialistas y, en general, las izquierdas. En realidad, era el fin de la esperanza demográfica catalana, que se basaba —como ya se ha podido constatar— en un equilibrio metropolitano entre Barcelona y Madrid (un millón ochenta mil habitantes cada una, que es más o menos el nivel en que estaban ambas ciudades en 1940, es decir, al terminar la contienda). Pero pronto la capital estatal creció y la capital catalana no mantuvo el ritmo. En 1950, Madrid tenía 1.618.435 habitantes; Barcelona, 1.280.179 (350.000 menos). En 1960, Madrid alcanzó los 2.259.931, y Barcelona solo 1.557.863. Ya en 1970, Madrid casi dobló a Barcelona: 3.158.818 frente a 1.752.627. Sin embargo, entre 1970 y 1980, hubo un estancamiento comparativo: 3.158.818 frente a 1.752.627; es evidente que crecieron las zonas limítrofes, los municipios colindantes y no las metrópolis en sí. Pero desde entonces hasta hoy, la proporción, con sus más y sus menos, se mantiene en 3 a 1,5. Se ha acabado la ambición barcelonesa de convertirse en la «ciudad primada» de España. Barcelona queda como «segunda ciudad», según una regla calculada y propuesta en los años treinta, teoría que dicta que los sistemas urbanos van por mitades: la «primada» resulta el doble de la «segunda», esta el doble de la «tercera» y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, el peso de Barcelona en Cataluña como municipio —e incluso como zona metropolitana— ha decrecido. En 1940, concentraba a un millón frente a un total de 2.890.974 en Cataluña; es decir, representaba más de una tercera parte del conjunto. En 2012 (por falta de fechas más recientes), los 1.620.809 barceloneses estrictos, frente a los siete millones y medio de catalanes, da una proporción diferente.

Resulta que hay que calcular de otra manera: en 2018, el espacio provincial barcelonés representa el 73,8% de la población de Cataluña y el 11,8% del total español. La gran competidora, Girona, con 748.636 habitantes provinciales, no llega ni a una quinta parte de la realidad humana catalana y no pasa de 1,61% de toda España.

Estas cifras, sin entrar en la legislación electoral, plantean el problema de Barcelona como capital catalana, pero todavía con ambiciones importantes. Entonces, si al fallar la federalización o la regionalización de España (que representó la gran esperanza de 1880 a 1940), no hay un protagonismo capitalino para Barcelona, entonces la solución es fácil: Cataluña requiere ser algo más que una región (o comunidad autónoma) para que Barcelona sea algo más que un centro regional. Ser Estado promete mucho desde esta perspectiva, que tiene un fuerte arraigo. Pero también tiene implicaciones muy prácticas, de vida cotidiana, del tipo: ¿dónde se vive? y ¿con qué comodidad?

Desde 1980, toda esta situación se asumió en una lucha entre el centralismo ferroviario (magníficamente ejemplificado en la rotunda e insoluble ineficacia de la RENFE) y la alternativa nacionalista: reforzar las carreteras para agilizar el movimiento, y desarrollar centros urbanos pequeños pero expansivos, cuyos nuevos habitantes dependían de sus coches particulares para circular, para ir y venir del trabajo o ir de compras. Era un sueño californiano. Nadie —ni pujolistas, ni socialistas, ni el Estado— quería invertir y crear una región basada en el transporte público. Iba a ser muy costoso, y además usaría fondos que cuestionaban las capas de funcionarios redundantes, pues añadiría aún más trabajadores de los servicios públicos. Era preferible el mundo libertario-capitalista del automóvil y el commuting, el desplazamiento entre una residencia extrametropolitana y el trabajo en el centro urbano, entrar y salir en coche cada día de la ciudad. Los pujolistas no veían posible asaltar el baluarte urbano, y las izquierdas sabían que, fuera de las ciudades de cierto peso, no tenían nada que hacer. Así que, entre mucho plan anunciado, no se hizo nada.

El incremento de población que trajo la inmigración exterior de 2001-2005 mostró la disfunción del sistema imperante, destapando la gran especulación en ladrillo, tanto en superficie urbana como en la construcción de áreas costeras y turísticas. Todo ello lo estimuló, de modo muy consciente, el gobierno de Aznar, de 1996 a 2004. El propio jefe de gobierno de los conservadores españoles no solo no se avergonzaba de ello, sino que en privado hablaba de corregir la legislación de costas. Era la esencia del eslogan «¡España va bien!». Pero el PP confió en el buen resultado de «las fuerzas del mercado» a largo plazo y los pujolistas esperaban alguna solución derivada de las fuerzas identitarias que creían controlar. Todo siguió igual, mientras todo cambiaba.

La situación parecía estancada, con un pujolismo cada vez más agotado y falto de ideas. El jefe delegó en la figura blanda del pediatra Xavier Trias, admirador incondicional suyo, quien no encontró una salida efectiva. En la práctica, Trias reemplazó a Cullell, que había hecho poco más que proclamar que las escasas líneas de los ferrocarriles de la Generalitat (a Sant Cugat, Terrassa y Sabadell) eran «el metro del Vallès».

Es cierto que a Pujol no le gustaban los herederos, a quienes devoraba para hacerlos desaparecer. Pero después de un cuarto de siglo, la obra de la Generalitat era más espiritual que sustancial: parecía más centrada en defender la lengua catalana que en rediseñar el territorio catalán.

LA CAÍDA DE MAS Y EL ASCENSO DE MARAGALL CON EL TRIPARTITO

El sistema pujolista aguantó veintitrés años con un funcionamiento muy concreto. CiU dominaba la Generalitat y el Parlament pero hasta cierto punto aceptaba que los socialistas retuvieran el control del ayuntamiento de la capital catalana. CiU luchaba como oposición municipal, por supuesto, igual que el PSC ejercía la crítica en la cámara autonómica. Pero el reparto era estable, un bipartidismo que se equilibraba con los largos catorce años que el felipismo ocupó el gobierno central, lo cual no dejaba de ser otro bipartidismo entre Madrid y Barcelona. Pujol estaba personalmente muy irritado por las salidas de tono de Maragall (como las Olimpiadas), y no tuvo inconveniente en dejar de dar apoyo parlamentario al PSOE en Madrid. Perdonó a González por la afrenta de Banca Catalana y ejercitó su indulgencia respecto a los socialistas en las elecciones generales de 1993. Luego, tras los comicios de 1996, «abrazó» a Aznar, quien estaba dispuesto a decir ridiculeces como aquello de que «hablaba catalán en la intimidad».

El peso del pujolismo (o de CiU) dependía de una combinación muy a su favor. Para destronar a Pujol y a CiU, se tenía que conseguir la suma imposible de su oposición: socialistas + poscomunistas (y otros no tan pos) + Esquerra + PP. No había manera de crear un proyecto de gobierno nacional contra el pujolismo o sus herederos.

Maragall se empeñó en ello, animado por el resultado de las elecciones catalanas de 1999. Por primera vez, el PSC sacó más votos que la coalición CiU. Pero Pujol contó con el apoyo de ERC y dejó sin gobierno a Maragall. Este hizo una gran pataleta pública y juró que no le volvería a «robar» unos comicios.

La situación afectó el liderazgo de Pujol y provocó que el ambiente dentro de Convergència fuera irrespirable, a la vez que hizo pública la pugna entre el partido de Pujol y los democristianos. Existen indicios de que, al final, el pujolismo pudo con Pujol. El partido amplio, ecléctico pero cada vez más nacionalista, le castigó por su política pausada, su trato con González y, más que nada, el pacto con Aznar para la primera legislatura, con un giro de desprecio aznarista cuando obtuvo una mayoría en sus segundas Cortes.

Corrían rumores de que en la Generalitat se necesitaba un cabdill más joven y fuerte para las tareas del futuro. Se citaba a un «delfín» más oficioso que oficial, Artur Mas. Los comentarios eran ambivalentes.

Artur Mas venía de donde debía: una familia catalana del textil, un título universitario en Empresariales y una facilidad (y dedicación) para los idiomas que, con el tiempo, le posicionaría como uno de los entrevistados favoritos entre los corresponsales extranjeros. Empezó en CDC y se curtió como concejal en el ayuntamiento barcelonés, antes de ocupar varios cargos en la Generalitat. Por entonces, Pujol empezó a delegar: Xavier Trias ejerció como jefe de gobierno de Pujol, su conseller de presidència, entre 1996-2000, seguido por Joaquim Triadú (2000-2001). Mas subió de nivel: fue conseller primer de 2001 a 2003, y, por tanto, estaba listo parar reemplazar a Pujol mismo. Dicho de otro modo, en 2003, Pujol fue obligado a ceder ante su último sucesor anunciado, su «delfín» Artur Mas, que probablemente sería el próximo presidente.

Pero, como primer consejero de la Generalitat, Mas no supo crear algo políticamente diferente, dar un sentido fresco al pujolismo y convertirlo en un masismo, en la imagen del nuevo presidente. Había gente, se hicieron nombramientos, pero faltaba material intelectual para conseguirlo; era más de lo mismo. Confió en el control que le daba la propia Generalitat, la tentación del «partido gubernamental», que supone la contrapartida de ser cabdill en el sistema catalán. Había ganado a Maragall en las elecciones de octubre de 1999. Mientras se mantuviera el juego de una Esquerra que apuntaba al nacionalismo y a la discrepancia con la derecha española, tipo PP, una alianza del PSC con los neocomunistas no sería una amenaza.

Derrotado en su propio partido, el histórico cabdill se semiretiró. Pujol, en esencia un presidente emérito, mantuvo un perfil bajo. Pensó en su legado. Con la ayuda de un periodista de Mataró, escribió sus memorias. No parecía entusiasmado con Mas, pero había figuras en CDC que mantenían el culto al antiguo líder.

Maragall volvió con renovada inquina contra Mas en las elecciones catalanas de ese noviembre. Los resultados no fueron sustancialmente distintos, pero Maragall preparó una coalición alternativa con ICV, liderado por Joan Saura, con espacio reservado para ERC y Carod-Rovira. Paralelamente, Mas alzó el grito inútil de que se le había «robado» la mayoría, al obtener él una pluralidad.

Como resultado, Maragall lideró el primer gobierno que no era convergente desde que la Generalitat dependía de un voto parlamentario en 1980. Fue la experiencia del tripartito.

La sensación de cambio que comportó el éxito de Maragall a finales de 2003 se derivaba del hecho de que CDC, y su extensión con CiU, había gobernado desde que había Generalitat con Parlamento propio. Hubo el vaciado traumático de despachos y la entrada victoriosa de quienes nunca (o casi nunca, en el caso de ERC) habían disfrutado de tales prebendas. Para ERC, el paso al lado de Maragall significó entrar en el gobierno como «la» fuerza nacionalista —y puede que independentista— en la Generalitat, no como segundones de los pujolistas, lo que era de por sí una satisfacción. La estrategia de la pacificación, de reinventar Esquerra, había sido un éxito.

En cambio, para Mas y los suyos, así como para los nacionaldemocristianos, el desafío era fundamental. Ya no había las entradas de fondos indirectos y era necesario entenderse con los de Òmnium u otros que iban por libre. Muchos oportunistas no aguantaron: en la siempre maliciosa Barcelona, se comentó mucho cómo los arrogantes «talibanes» de antaño (fue el apodo dado a los más agresivos pujolistas de última generación) saltaban del bando perdedor para acercarse a Esquerra con tal de buscarse la vida.

Pero nadie se dio cuenta de que el longevo equilibrio entre 1980 y 2003 había sido destrozado. Todo podía cambiar de la noche a la mañana.

Maragall respondió previendo cómo convertir el tripartito en un camino de estabilidad, una permanencia tan duradera como había sido el mismo pujolismo o incluso el felipismo en Madrid. En aquel entonces, al todavía nuevo «sistema del 78» parecía que le quedaban rastros del Movimiento Nacional y del funcionamiento de partido único. Se especulaba con que España y Cataluña eran espacios políticos de partidos gubernamentales de vitalidad semipermanente: un turnismo de década por década, como sucedía en países importantes, como Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos.

Pasado el festejo del reparto, y hecho balance de una Generalitat con un funcionariado fijo que no era partidario de las fuerzas que lo gobernaban, Maragall decidió ir a por todas: diseñar una autonomía «definitiva» que crearía un sólido espacio político de izquierdas (PSC-ICV-ERC), el cual gobernaría, como mínimo, durante una década.

No tuvo en cuenta que, roto el juguete pujolista, y con un PP resentido por su expulsión del poder, se podían romper muchas más cosas. Para empezar, se podía deshacer el sistema de partidos parlamentario catalán que tan sólido parecía.

¿QUÉ PRETENDÍA MARAGALL?

Así, tras la reiteración del muy soso Raimon Obiols, apareció, desde el medio municipal, la figura de Pasqual Maragall, quien reemplazó a Narcís Serra en la medida en que este fue absorbido por la problemática crucial del ejército y las fuerzas armadas durante el felipismo.

Pasqual Maragall irrumpió como alguien capaz de repensar las prioridades entre el campo y la ciudad. Podía perder tiempo y energía imprescindible en asuntos triviales, como su intento fallido de cambiar la bandera de Barcelona. Pero manejó con éxito los Juegos Olímpicos de 1992, celebrados a pesar de la coalición de pujolistas e independentistas para minimizar a Barcelona y hacer propaganda a favor de una Free Catalonia. A corto plazo, ganó Maragall, y Barcelona —cantada a pleno pulmón por la pareja improbable de Freddy Mercury y Montserrat Caballé— se impuso como un punto de referencia del turismo mundial, con graves implicaciones para el futuro. Mientras tanto, Cataluña no apareció en la agenda.

Hacía falta un nuevo punto de partida. Posiblemente, serían las famosas palabras de la periodista catalana Gemma Nierga cuando ETA asesinó a Ernest Lluch, en noviembre de 2000. Nierga, quien entonces era una figura radiofónica muy conocida (con Lluch entre sus colaboradores habituales), se saltó el discurso protocolario para dar voz a una emoción con clara resonancia en el público, mientras el primer ministro Aznar miraba, incrédulo. Nierga enfatizó que se expresaba en castellano para que la entendieran todos. Y añadió: «Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató, habría intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor».

Si se busca el antecedente de la protesta cívica como reclamo de una negociación sin límites (ni previos ni finales), sin duda encontramos ese momento. La propia Nierga ejemplificó un estilo de sensibilidad femenina, con términos como «diálogo» o «dignidad», que se extendían con rapidez por el escenario político catalán y español. En catalán era un tarannà; en castellano, un «talante». El socialista Rodríguez Zapatero —un político que quiso cultivar un estilo tierno, visiblemente intuitivo, que enfatizaba su suerte personal— supo agarrarse a ese nuevo giro, que pronto se entendió como «feminista». Aznar se mantuvo fijo en un modo de presentación masculino, duro, que pronto quedó rechazado como machista y muy anticuado, incluso entre quienes se habían destacado como admiradores suyos.

Entonces, con el pujolismo casi agotado y sin muchas ideas nuevas, apareció Maragall. Hubo un aviso de cambio, que se ignoró en sus implicaciones: el atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004; fue el 11-S de 2001 norteamericano en España. Las bombas en los trenes, camino de Atocha, y la torpeza ideológica de los dirigentes populares, trajeron a los socialistas al poder, con Rodríguez Zapatero elegido presidente en abril de 2004, cargo en el que resistió hasta diciembre de 2011. Ello reforzó a los socialistas catalanes, con Pasqual Maragall, que ya habían creado una coalición pendiente, y nunca realizada, entre socialistas, comunistas y nacionalistas de izquierdas. Se creó con la convicción de poder culminar una redoblada era de bienestar y de modernización extrema. Y, en efecto, coincidió con el paso, inicialmente sutil, del teléfono móvil al smartphone, el cual transformó los ritmos de la comunicación y la información.

Con su tripartito de 2003, Maragall encarnó el triunfo de la oposición al pujolismo histórico: solo el PP quedó fuera, para acercarse, todavía con el gobierno central de Aznar, a un Mas furioso y dolido. Por su parte, por primera vez, el PSC podía diseñar una política conjunta, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento barcelonés, en una etapa de relativo bienestar económico. Maragall tenía una mayoría efectiva, formalmente más poder que nadie desde la promulgación del Estatuto de autonomía de 1979. Todavía no se veían los síntomas de la enfermedad que, más adelante, borró su mente, pero, durante años, los pujolistas habían intentado dañar su reputación acusándole de borracho. En todo caso, hay que entender el entusiasmo de Maragall en el invierno de 2003-2004, al prever que podría completar todo aquello que el pujolismo había dejado sin realizar.

Asimismo, ERC accedía al gobierno por primera vez desde los tiempos de la Transición con Tarradellas. Su presencia era el corazón del tripartito, la parte que hacía viable la coalición; por tanto, había la posibilidad de aportar una perspectiva de nacionalismo radical en un contexto de izquierdas, una ambición de muchos desde los intentos de establecer un independentismo electoral y pacificar a los partidarios del terrorismo catalán.

Finalmente, un poscomunismo que había fagocitado al movimiento «verde» (en términos políticos, aunque quedasen pequeños partidos fuera de su control) prometía una democracia moderna con regusto participativo, dándole un impulso que pareció imposible bajo el franquismo tardío.

La gran jugada de Maragall, meditada desde tiempo antes, era conseguir un Estatuto «rico y pleno» (como reza el himno de Els Segadors), con el punto excepcional imprescindible para contentar la opinión nacionalista más exigente.

Además, el destino trajo una sorpresa. Un ataque terrorista a gran escala contra los trenes de la mañana laboral madrileña, reveló una ineptitud extraordinaria en el gobierno de Aznar, el cual insistió en que las bombas eran etarras cuando cada noticia o nueva pista señalaba hacia una conspiración islamista. La indignación con el trágico atentado (con diez explosiones, ciento noventa y tres muertos y dos mil heridos), así como con la tozuda mala praxis con la que se persiguió, produjo una oportunidad de recambio electoral en el gobierno central. El PSOE, con Rodríguez Zapatero al frente, estableció un nuevo interlocutor en Madrid. Con su talante y su optimismo innato, Zapatero parecía abierto al diálogo, y dispuesto a romper tabúes como el matrimonio homosexual. ¿Por qué no ir a por todas? Es decir, ¿por qué no promover una alianza posible? ¿La solución de muchos problemas de fondo podía ser la izquierda coaligada con el independentismo razonable para satisfacer al «pleito» catalán?

Maragall era un personaje complejo, una mente planificadora y de proyección urbanista, pero al mismo tiempo un tipo genialoide (como se dice en italiano; o sea, excéntrico, fantasioso) y muy optimista, que se situaba en una moralidad biempensante de izquierdas, parecida a la de Vaclav Havel, el artífice de la Revolución de Terciopelo que sacó a los comunistas del poder en Checoslovaquia en 1989. Maragall tenía mucha más habilidad de la que sus enemigos le concedían. Pero nunca fue un cabdill y esa falta de liderazgo, del talante que arrastra a otros, le llevó a pique como presidente catalán. Capaz de entenderse con Carod-Rovira, entonces dominante en el asambleario conjunto de ERC, Maragall quiso conseguir el Estatuto «definitivo», el que recogería las pretensiones de excepcionalidad de la tradición catalana y catalanista. Pero encontró una fuerte resistencia en el seno del propio PSC, y una oposición frontal en el socialismo español. Rodríguez Ibarra —el líder extremeño, y tradicional martillo de las pretensiones catalanas— explica en sus memorias que se enfadó tanto con la insistencia de Maragall que le dio un ataque al corazón. Pero Maragall fue persistente y consiguió que finalmente Rodríguez Zapatero aceptara pasar por el ritual catalán: proyecto propio, plebiscitado y con debate en las Cortes. Maragall logró tan cálido compadreo que Zapatero, un hombre supersticioso y convencido de su buena estrella, llegó a decir, durante un mitin en Cataluña, que él respaldaría cualquier texto que saliera del Parlament: lo dijo el 13 de noviembre en el Palau Sant Jordi barcelonés, en el mitin culminante de la campaña electoral catalana de 2003, y ante veinte mil personas extasiadas.

Fue una promesa equivocada, por varias razones más allá de la mucha resistencia existente entre los barones y su propia mayoría en las Cortes. Pero existía el contrajuego en Cataluña. En privado, muchos socialistas sentían escasa simpatía por Maragall y sus maragalladas (como el fracasado intento de inventar una bandera nueva para Barcelona); más de uno ansiaba una oportunidad para deshacerse de él. Los poscomunistas de ICV tenían sus propios problemas. Y, last but not least, ERC, que ya era una fuerza independentista, tenía muchas facciones incómodas, y por ello muchas razones para ver fracasar las buenas intenciones de Maragall.

Así pues, se repitió todo el guion: un largo y agrio debate en el Parlament, con un texto que era una larga lista de deseos, y la implicación de que no se podía corregir nada de lo allí estipulado. Se votó y, una vez plebiscitado, hizo su penoso camino en las Cortes de Madrid, con recortes y enmiendas que los nacionalistas vieron como mutilaciones que mostraban el fraccionamiento interno de ERC.

En el contexto madrileño, Mariano Rajoy había protagonizado la sucesión de Aznar (aunque con contradicciones que solo se harían visibles a posteriori). Con rivales y enemigos en sus filas, Rajoy vio en la renovada autonomía catalana una vía natural para recuperar la posición de los conservadores y reforzar su propio liderazgo. Cuando por poco aprobaron el Estatuto, Rajoy inició una amplia campaña por toda España y llevó un extenso inventario de quejas y protestas al Tribunal Constitucional. Todo esto tardó en hacerse, pero además las consecuencias se vieron lentamente en política, una vez que el PSC se deshizo de Maragall y lo reemplazó por José Montilla. La amplia victoria (pero no mayoría absoluta) de Artur Mas en las elecciones de noviembre de 2016 activó el Procés.

CAMBIOS DE FONDO TRAS EL TRIPARTITO

Los años de los gobiernos tripartitos —de 2003 a 2010— taparon unas mutaciones profundas en la sociedad catalana. A corto plazo, el período comenzó con un auge económico, una prosperidad que atrajo a un millón de inmigrantes a toda España, con una mitad en Madrid y la otra en Barcelona. Por añadidura, la capital catalana pasó definitivamente a ser un foco de atracción turística a gran escala, cuando, ni dos décadas antes, era una ciudad industrial que no estaba en las listas de lugares de visita obligada. En resumen, había dinero y optimismo, pero también la sensación —producto de la exitosa transformación urbanística encabezada por Maragall— de que la vida mejoraba en la capital catalana y también en la Cataluña interior.

Esa sensación de bienestar no debe ser exagerada con una complaciente mirada retrospectiva. La sensación era de mejora, pero a la vez de exigencia: ¿cómo podía haber «jóvenes sobradamente preparados», parte de la mejor y más formada generación que jamás había existido en Cataluña o España, con salarios mileuristas?

La crisis económica internacional de 2008-2009 comportó un giro anímico depresivo, que todavía rige la sociedad, en particular la catalana. Hay quien traza los orígenes del colapso de la burbuja inmobiliaria de 2008 en adelante a la nefasta coyuntura financiera del cambio de siglo, con la crisis asiática de 1997 y la burbuja especulativa del «dot.com», entre 1997 y 2001. En España y en Cataluña, ese tiempo fue el del boom del ladrillo, auspiciado por la salvaje liberalización que se produjo bajo el gobierno de Aznar de 1996-2004.

Tras los siete años de los gobiernos tripartitos, los salarios habían caído a niveles antes inimaginables y la abundancia turística había tomado la ciudad y expulsado a mucha gente de los barrios gentrificados, donde los alquileres resultaban grotescos, imposibles de pagar. Un ejemplo: todavía en 2009, los relatos analíticos explicaban como «hecho diferencial» que la economía catalana se fundamentaba en cajas de ahorro, más que en bancos, como sucedía en España. De ese mundo de entidades financieras locales no queda nada. Es solo una indicación de la profunda alteración de las normas que antes parecían sólidas. El desengaño es el secreto de la explosión de la multitud indepe, que exploraremos más adelante.

Entonces la reacción es defensiva, egoísta: la obligada protección nacional catalana. No recibimos lo que damos. La percepción colectiva de los indepes es que el empobrecimiento es culpa de las demandas que España impone a la sociedad catalana más allá de sus fronteras. De ahí, el «España nos roba». ¿Por qué —dicen—, deben pagar los catalanes las carreteras de Extremadura (o donde sea), en vez de tener más y mejores vías propias? La respuesta es la misma, pero al revés: se nos debe, dirán los extremeños (o quien sea), no podemos vivir sin esa aportación; y se mira al unionismo como obligación, como deber nacional español.

Sin embargo, hay que señalar que muchas mutaciones lentas pero profundas de la sociedad —la española percibida desde la catalana— se hacían de pronto visibles con la crisis, hacia 2010.

La más profunda ha sido la transformación de la religión.

En primer lugar, se produjo un tremendo retroceso de la Iglesia católica y sus centros de poder (los benedictinos, con Montserrat; los franciscanos, con la Pompeia en Barcelona; los jesuitas, con Manresa y Sarrià; mucho más recientemente los del Císter, con Poblet). Pujol y el pujolismo mimaron el medio eclesiástico, ámbito del que habían salido, aunque seglares (con mucho hábito colgado y bajo mirada indulgente). A cambio, la Iglesia y los católicos dieron su favor, auxilio y patrocinio a la visión pujolista de la Generalitat y los caminos de su perfección. Las lenguas viperinas de la oposición señalaban la presencia de un nacionalcatolicismo catalán, tal vez más humilde y menos presuntuoso que el español pero igual de potente en su medio natural. Todo eso ya es historia.

Hoy, en 2018, dos décadas después de la culminación del pujolismo en equilibrio con el primer «aznarato» (la expresión la popularizó el historiador Javier Tusell), el panorama es realmente diferente.

Empecemos con lo más evidente, la inmigración masiva (y vagamente caribeña) de América Latina y del norte de Marruecos (y por extensión el Magreb). Visto en retrospectiva, parecía que, tras el mantra de «¡España va bien!» se consolidaban una riqueza que no había conocido jamás ni la sociedad española, ni la catalana.

Sin duda, la gran inmigración que marcó los primeros años del siglo XXI trajo nuevas presencias religiosas. Antaño, muchas eran exóticas, incluso tradicionalmente enemigas, como el islam. Hace medio siglo —en los años sesenta— era inimaginable la existencia de una mezquita en un lugar como Ripoll. Su actual presencia social se hace muy visible en la suburbanización de la Cataluña interior respecto a la zona metropolitana. Hace tiempo que Vic, centro espiritual del despertar del catalanismo católico, es una ciudad con visible presencia magrebí o rifeña. Un detalle: los chavales islamistas que realizaron los atentados de mediados de agosto de 2018 en Barcelona y Cambrils hablaban catalán, como buenos productos del existente sistema escolar catalanista. Hay, por tanto, muchos musulmanes catalanes, cada vez más por razones de edad, y también, lamentablemente, islamistas catalanes.

Pero el tema es mucho más profundo que los tópicos de las noticias diarias y los miedos que atraviesan toda Europa.

Tal vez más sorprendente es la existencia en España (y concretamente en Cataluña) de una pujanza protestante, con implicaciones intelectuales, algo del todo inimaginable en el que fue, por definición orgullosa, «el país más papista que el Papa». Uno de los intelectuales más destacados del independentismo, Carod-Rovira —que desde 2011 ha dejado su militancia en Esquerra—, ha escrito un muy buen estudio sobre las muy numerosas denominaciones protestantes en los Países Catalanes; Carod enfatiza cómo, ante el catolicismo cerril, los protestantes en general, durante siglo y medio, se han situado del lado de las izquierdas, por aquello de la libertad de opinión y culto. Lo que eran hasta hace poco «las sectas», según la Iglesia romana, son ahora parte del paisaje espiritual; incluso a veces el catolicismo comparte preocupaciones con ellas y una cierta simpatía ecuménica.

La mal llamada «gran recesión» de 2008-2009 ha tenido un impacto extraordinario en esta dinámica del querer ser instantáneo, ya que ha confirmado como norma social la secularización. El significado es sencillo: convertir en secular lo que era eclesiástico. Gracias a la secularización generalizada, es perfectamente aceptable identificarse como ateo sin disgustar a nadie. La realidad es que ha existido una profunda descristianización de la sociedad catalana, igual que sucede en el conjunto español. Ya no es chocante oír cómo alguien cuestiona en público el derecho del catolicismo a monopolizar las fiestas, calles y plazas. El anticlericalismo no es una actitud extremista, ni desentona.

En nuestros tiempos descreídos, a muchos les parecen irrelevantes las preocupaciones religiosas. Pero la realidad es que la política y la religión son inseparables.

En la sociedad catalana, tras la cortina de los gobiernos tripartitos, se produjeron muchos cambios. Y más que vendrían.

LOS HEREDEROS DEL TRIPARTITO

Desde la izquierda intelectualmente dominante durante la larga Transición, los socialistas y los poscomunistas, los gobiernos tripartitos de entre 2003 y 2010 estaban pensados para domesticar a Esquerra Republicana, neutralizar a CiU y borrar —en la medida que valiera la pena— a los independentistas hijos de la «intoxicación» que había sido el PSAN y sus muchas e interminables escisiones. Funcionó a medias, en la medida en que CiU quedó herida de muerte (si bien tardó en sucumbir). Pero los costes políticos resultaron extravagantes. ERC quedó radicalizada, mientras los «hijos del PSAN» habían descubierto el camino municipalista hacia la vida política. Más grave aún, el poscomunismo y el PSC salieron perdedores. Por primera vez desde la Transición, en las elecciones municipales de 2011, los socialistas se quedaron sin el Ayuntamiento de Barcelona, que fue a Xavier Trias y CiU.

Precisamente porque el independentismo había sido muy minoritario (pero familiar por su socialización adolescente), era la opción política que nadie poseía ni controlaba. No estaba en manos de los micropartidos indepes y de su coalición, la CUP, que seguía siendo pequeña y no podía imaginarse como una fuerza electoral arrasadora. Si no lo controlaban los mismos indepes, ¿entonces quién lo hacía? Los partidos independentistas que florecieron sucesivamente a partir de 2010: Solidaritat Catalana per la Independència (que se resumía en siglas como un optimista SI), que pareció encarnar un porvenir independentista en la legislatura catalana de 2010-2012, o Reagrupament, escindido de Esquerra en 2009, que falló en las elecciones a la cámara catalana de 2010, renació con el espectáculo de la Diada de 2012 y volvió a fallar en los nuevos comicios de noviembre de 2012.

Los comunistas históricos, con su tradicional concesión verbal sobre la posibilidad de la independencia, estaban moribundos. Los neocomunistas —los autodenominados «comunes» y Podemos (o Podem catalán)— no pasaban de ser una promesa, siempre ambigua y resbaladiza, en este terreno, por mucho que Ada Colau lograra la alcaldía tras los comicios municipales de mayo de 2015. La confluencia que rodeó (y rodea) a Colau parece más bien el resultado o la muestra del desgaste de los socialistas catalanes, que habían pasado de ser una «reunión de tribu» —a pesar de los muchos esfuerzos de su líder, Miquel Iceta— a convertirse en sucursal de un socialismo estatal fragmentado y peleado entre antiguos líderes barones locales. Colau y los suyos han prometido ser el puente entre los indepes y los llamados «unionistas», se entiende que aquellos escorados a la izquierda.

Dicho de otro modo, ¿qué había de seductor en el hecho de ser indepe? ¿Depende el atractivo reciente, nuevo y masivo del independentismo de su especificidad (la estelada y demás simbolismo, su desafiante merchandising, el reloj o las bambas como reto a un destino cada vez más estrecho, supuestamente por ser español)? Se necesitaba algo sencillo, claro y contundente para señalar el malestar reinante, que tantos sentían.

Había más razones, claro está. La universidad había muerto de éxito. Varias generaciones de licenciados con cierta formación (no demasiada) teñían la sociedad catalana con sus pretensiones de poseer cultura. Seguían siendo tan poco lectores como la gran masa de analfabetos funcionales salidos del sistema de educación secundaria, pero empleaban sus talentos en todo tipo de actividades que ahora servían como sucedáneo de cultura. La obsesión por la gastronomía sirve como perfecta muestra de la nueva Ersatz Kultur, una cultura de sustitución, un simulacro del saber antiguo, anterior a los medios de comunicación digitales y las redes sociales: muchos conocimientos sin auténticos conocimientos de ningún tipo, y muy útiles para ilustrar revistas ligeras y mantener conversaciones de sobremesa. Empezó a confundirse la filosofía con la autoayuda, la psicología con cualquier cosa. La nueva insustancialidad fue remarcada.

En 1997, justo cuando se lanzaba la primera plataforma (SixDegrees.com, que duró muy poco) de lo que serían las redes sociales, el sociólogo italiano Giovanni Sartori planteó la problemática de la «videopolítica» y el papel nocivo de la comunicación mediante imágenes, sin ideas. Hacia 1999, el sociólogo Zygmunt Bauman, antiguo comunista polaco pero también exiliado judío, pasado por Israel y rehecho en Gran Bretaña, habló de la «modernidad líquida», en la que todo era fluido, nada sólido; luego nada era en serio. El crítico de arte francés Yves Michaud fue más lejos en 2003 y dijo que, en la modernidad líquida, el arte se evaporaba, se hacía «gaseoso». Bauman se puso furioso: no, no, insistió, eso era parte de la licuación ambiental. La idea era suya. Y al mostrar con tantas ganas que poseía la patente, dejó al descubierto la propia intangibilidad del término. Tanto Bauman como Sartori murieron en los primeros meses de 2017; Michaud, nacido en 1944, es del baby boom de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, todo lo que comentamos aquí es de jóvenes.

En un medio intelectual sin punto de referencia, es lógico que reine la confusión, pues no hay guías, solo celebridades. La comunicación importante ha dejado de ser impresa; los diarios han menguado, las revistas están desapareciendo; la televisión no es más que un escaparate de anuncios interrumpidos por cualquier contenido, que sirve para disimular y pretender que se ofrece algo más que promoción. El dominio de las redes sociales (ya sea Facebook, Twitter, Instagram o simplemente WhatsApp) se impone a todo lo demás. El problema es el caos. Todo es igual a todo: lo estúpido resulta igual que lo culto, lo frívolo se impone a lo trascendente. Cualquiera tiene algo que decir y además lo dice. Escribe su infecta novela y la cuelga, sin que exista filtro alguno de selección, excepto la curiosidad o la novedad. Realiza su cortometraje, y de inmediato hay encuentros para comentar tanta creación. Lo que se podría llamar «cultura demótica» —propia del demos, el pueblo desatado—, que se pretende democrática, cuando solo representa números, acumulados en likes y frecuentemente falseados.

Por tanto, la jerarquía del conocimiento ha quedado barrida por la información, y esta por simples datos y anécdotas sin más orden que la confusión misma.

Esta tendencia ha matado la vida crítica, burocratizada por los intentos de crear baremos oficiales que resultan inoperativos fuera del contexto de las ciencias experimentales o exactas (y puede que ni en estas).

Todo esto, a su vez, ha significado la muerte de la intelectualidad, de los investigadores de ideas ante la masa de datos. Pero sin intelectuales, no hay ni clérigos (los antiguos, quienes recordaban valores periclitados) ni periodistas (los divulgadores de antaño). Y, sin intelectuales ni periodistas, la política vuelve al barullo, al revoltijo, al trastorno, pero con una inmediatez (la de las redes sociales) que resulta devastadora.

Se necesitan unas verdades simples, que cualquiera, si quiere, puede constatar. El nacionalismo es uno de esos genéricos. Significa pertenencia, el hecho voluntario de formar parte de algo que parece firme, denso, fuerte, y que además goza de matices. Cada uno, si se esfuerza un poquito, se puede identificar en el sentido de adquirir una identidad pública con seguidores, mediante la mera proyección de su cotidianidad, su vulgaridad y puede que hasta su ingenio, todo sin coste. A un ritmo exponencial, la totalidad de ese bagaje se suma en su integridad. No hay que ordenar o interpretar. Con gran facilidad, el nacionalismo radical se ha establecido en las redes sociales, para comunicar tanto mensajes ideológicos de modo inmediato, como para la coordinación de actos y acciones. En las redes se da la sensación de viveza, de juventud, a una situación en realidad muy envejecida, excepto por la accesibilidad y la inmediatez. Lo instantáneo es la demostración de lo que ya se sabe y se puede prever. Por eso gusta, porque no trae sustos, ni sorpresas, ni la necesidad de pensar.

En un contexto estatal, este simbolismo normativo ha sido llamado «nacionalismo banal» por el sociólogo británico Michael Billig, bastante antes de la transformación informativa y móvil. El paso de la política a las redes ha sido recibido como una «democratización participativa». Falso. Es una demotización, una disolución participativa que no requiere el pensamiento y tan solo ofrece la emoción fácil.

El marco desaparece, las profesiones pierden su prestigio, los tertulianos televisivos dejan su credibilidad, los diarios no influyen, las verdades históricas se relativizan; todos pueden ser lo que quieren ser en cuanto quieran, y siempre que puedan pagarlo.

LA MULTITUD, DE 2000 A 2018

¿Cómo cambió la política catalana? ¿Cómo se pasó de un nacionalismo autonomista hegemónico a un independentismo masivo, que se expresa sin complejos? ¿Cómo se hizo la multitud de los indepes, cuando antes los separatistas e independentistas eran tan pocos que ni siquiera atraían la curiosidad de los politólogos? La respuesta no es nada sencilla. Depende tanto de unas súbitas ausencias como de la transformación de los tópicos.

Para entender este gran cambio de opinión en Cataluña, que ha producido un deslumbramiento de las masas (un auténtico fanatismo), hay que tener en cuenta que este convencimiento apasionado se ha producido sobre todo en las capas medias.

Para explicarlo, hay que empezar recordando la desaparición efectiva de las fuerzas políticas (los socialistas y los comunistas) que dominaron la oposición al pujolismo durante un cuarto de siglo, desde los años setenta en adelante. Así que se debe explorar el pujolismo en tanto que proyecto hegemónico y, con qué rapidez, apartado del poder. Se deshizo y se transformó en lo que siempre había sido: un conjunto de valores, al acceso de cualquiera. Pero, sin cabdill, el discurso nacionalista, catalanista, adquirió literalidad: su mensaje ya no se matizaba, era tal cual. Esa fidelidad al sentido exacto del criterio nacionalista representó una radicalización, en la que cualquier duda era mera pusilanimidad, una «traición autonomista» despreciable. La nueva convicción emocional dejó atrás las lecciones de prudencia del mismísimo Pujol para entrar en un terreno —el desafío independentista al Estado— que él, más allá de sus simpatías personales, jamás pensaba explorar como líder político.

Hay que analizar también cómo se deshizo el otrora muy funcional y eficaz sistema pujolista, basado en las ambigüedades, para generar algo muy diferente, cargado de emoción y lleno de cálculo político, fundamentado en una apuesta institucional permanente, un envite desafiante al gobierno del Estado sobre la existencia misma de su poder. Se pedía diálogo como fórmula mágica contra la violencia. Pero no había nada de lo que hablar, ni negociar, excepto la rendición. También es posible que se mintiera.

La mejor explicación convencional es la que propuso la socióloga Marina Subirats, quien planteó el independentismo como una «utopía disponible». No era de nadie, estaba ahí, en medio de la calle. Si la reclamaban los independentistas, daba igual: eran demasiado minoritarios para reivindicar la plena posesión ideológica de la idea y presentarse como líderes alternativos. Pero ¿dónde? ¿En un municipio pequeñito? Para mandar se requiere un cabdill.

Las redes sociales comunican quejas e iniciativas entre la gente de modo exponencial. Pueden indicar el punto caliente donde se debe reunir un flashmob, la concentración de un gran grupo de personas —conectadas por sus smartphones— en un lugar, para una acción concreta. Pero... ¿después qué? ¿Qué hacer una vez que se han visto y fotografiado todos?

La multitud se creó de la frustración económica que sobrevino con la crisis de 2008 y la incapacidad del gobierno de Rodríguez Zapatero de resolverlo, junto con el cinismo de Artur Mas y la credulidad de una muy amplia parte de las capas medias catalanas, claramente peor en 2011 y sin mejora visible en los años posteriores. La relación entre esa potencial clientela política y el funcionariado autonómico resultó explosiva. Los vacíos que dejaron ICV y el PSC, además de la propia confusión en CiU y su fraccionamiento, crearon una ola de quiliasmo, la cara bonita del milenarismo, la convicción de que el fin del mundo será precedida por mil años de Dios presente en la Tierra, con un reino de paz, justicia y bienestar.

Como historiador, había leído muchas veces acerca del fenómeno, pero nunca pensé que lo observaría, en la masa y en la fe militante de individuos que yo mismo conocía.

La «utopía disponible» no ha sido tan solo el reflejo de unas faltas, de unos vacíos o desapariciones del sistema político, sino la desesperación latente en una sociedad convencida que desaparece —«las formas de vida catalanas», que en 1944 decía el filósofo exiliado Josep Ferrater Mora— y será reemplazada por la más fangosa y cercana corrupción española, visto el comportamiento de la derecha anticatalanista valenciana, cuyo procesamiento y caída comportó, por medio del corporativismo fiscal y judicial, la caída de Rajoy.

Si los creyentes han de despertar de su sueño milenarista, tardarán en hacerlo, pues su ilusión de futuro es bastante más atractiva que el que les espera. No abandonarán su visión fácilmente. El Procés durará tiempo.

EL ESTATUT DE 2006 COMO CRISIS CONSTITUCIONAL CATALANA

La explosión, las conversiones, el Procés... todo viene del malogrado proyecto de Estatuto que Maragall soñó, y con el que él quería resolver, de forma duradera, el «pleito» catalán, superar en un único paquete el pasito a pasito de Pujol. Maragall pensó que, con el apoyo de Esquerra, se acabaría el cansino comercio político entre Barcelona y Madrid. Con un único acuerdo certero, se finiquitaba todo el asunto de la autonomía catalana. No más bromas acerca de las «negociaciones de pesca», del famoso peix al cove (pescado en la cesta), que era la expresión pujolista para describir el intercambio de favores políticos (votos de CiU, por ejemplo, en las Cortes) por concesiones de servicios pasados del Estado central a la autonomía catalana.

La idea de Maragall era prometedora, pero no funcionó. Y hubo muchas razones, pero la primera fue un error político del propio Pasqual.

Vino en un cruce de palabras en el Parlament que tuvo profundas consecuencias. El 24 de febrero de 2005, como quien no quiere la cosa, en un debate respecto a un colapso masivo en unas obras del metro en la zona del Carmelo de Barcelona, Maragall explotó y dijo lo indecible: «Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent» (ustedes tienen un problema, y ese problema se llama tres por ciento). Mas se quedó pálido. Su rostro, rígido, amenazó: si la frase no desaparecía del registro, ella «manda esta legislatura a hacer puñetas». Y entonces, con el dardo venenoso ya lanzado, Maragall reculó y aceptó retirar sus palabras. Pero ya no importaba. Se había dicho, y no solo en voz alta, sino en sede legislativa. Años después, el historiador y activista político Agustí Colomines, muy cercano a Mas, dijo: «La corrupción ha matado al espacio convergente. No socialmente, sino políticamente». Sacar a relucir la corrupción —el corazón de la financiación del sistema de partidos— afectó a todos. Condicionó el futuro, aunque, a corto plazo, todos disimularon.

Por un lado, Esquerra decidió que había que conseguir la normalización de la excepcionalidad de Cataluña, frente al resto de las comunidades autónomas (con la percepción de que los vascos se apañarían solos). Los festivos rojos-verdes poscomunistas de Joan Saura e Imma Mayol consideraron que habría que dejar un rastro determinante en la misma redacción. Esquerra y Carod-Rovira, más todavía. Ante las exigencias de ERC, los aliados de CiU, bajo el mando de Mas, añadieron todo lo posible. Puestos a pedir, era cuestión de poner en un aprieto a Esquerra y, mejor aún, a Maragall, que había conseguido, del hábil y voluble Rodríguez Zapatero, la promesa pública del cheque en blanco.

Por su parte, los socialistas catalanes, poco esperanzados en el mando de Maragall, intentaron dar una forma al conjunto, pero con peleas internas que se notaban fuera. Si el debate en el Parlamento catalán fue de entrada complejo, el paso del proyecto de Estatuto a las Cortes en Madrid fue mucho más difícil. Los Populares lucharon frontalmente, pues no tenían nada que ganar si pactaban. Es más, temían una rebelión de los barones, quienes de inmediato exigirían lo mismo, con el igualitarismo hispano más entusiasta.

En manos populares, el debate acerca del Estatuto se convirtió en una lucha por movilizar la mucha envidia de las provincias conservadoras y confrontar el supuesto suprematismo catalán (la exigencia del veto propio) con las abundantes reservas de anticatalanismo que se acumulaban en zonas que el PP ambicionaba controlar, y durante un largo futuro.

El debate del nuevo Estatuto de 2003 fue tenso, en la línea de los graves antecedentes anteriores, entre 1912 y 1914, en 1918-1919, y en 1932 o en 1979.

Pasada la primera Transición —la que trajo las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de 1978— tocaba aprobar el Estatuto catalán, preparado en Sau en 1978, aprobado en referéndum en octubre de 1979 y votado en las cámaras de las Cortes en los dos últimos meses de 1979. El debate en Cortes fue duro, pero limitado por las circunstancias. La UCD sabía que Tarradellas no tenía un respaldo fiable de los socialistas de Reventós y que el futuro era Pujol. Se pudo pactar un texto recortado y luego negociar en los posteriores años. Más importante aún: la presencia del ejército era ominosa, pues acabó con Suárez y quiso borrar a su sucesor, de modo que había un límite perceptible en lo que los diputados catalanes podían exigir.

El debate del Estatuto de 2003-2006 resultó igualmente complicado. La definición de Cataluña como nación se convirtió en una fuente de discusión, dentro y fuera del Congreso. La estrategia de Zapatero fue de despistar y provocar por otras partes: tanto la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, de julio de 2005, y, en respuesta a la presión del PP, la Ley de Memoria Histórica (que exigía la desaparición del menor rastro del franquismo y fue aprobada en octubre de 2007) formaban parte de un estilo político basado en el despiste, en la agitación de temas de altísimo contenido emotivo y leyes muy urbanas o antitradicionales que desviarían la atención.

El debate trajo consecuencias inesperadas, tanto en Cataluña como en el conjunto español. Los ponentes iniciales fueron Mas, Carod-Rovira y la socialista catalana Manuela de Madre. La negociación decisiva la hizo Artur Mas con Zapatero, no Maragall, en un pacto en la Moncloa de enero de 2006. Cuando llegó la hora de votar, ERC rechazó el Estatuto: votó en contra en el Congreso y se abstuvo en el Senado. CiU, en cambio, votó a favor en ambas cámaras. Todo esto significaba que el objetivo político de Maragall había fallado. Sin su éxito, los muchos enemigos del presidente catalán en su propio partido pudieron unirse para eliminarlo. Fue entonces reemplazado por José Montilla, antiguo alcalde de Cornellà de Llobregat, lo cual reflejó un desplazamiento significativo del poder socialista a Hospitalet y la zona del Bajo Llobregat, que además anunciaba la pérdida del control socialista sobre Barcelona, confirmada en 2011.

En España, el nuevo jefe del PP desde octubre de 2004, Mariano Rajoy, quiso montar una campaña de protesta contra los supuestos privilegios catalanes. En cuanto se presentó el proyecto, el PP lo llevó ante el Tribunal Constitucional, que rechazó tal iniciativa por prematura. Entonces Rajoy impulsó una campaña que presentaba el Estatuto como una revisión radical de la Constitución, para exigir (con bastante fantasía) un referéndum estatal sobre el tema. La agitación culminó con la presentación de recursos sobre numerosos artículos de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional. Así, el PP y Rajoy —que habían asumido la resistencia al terrorismo de ETA y la reivindicación de las víctimas (más bien los familiares de los asesinados, pero también quienes habían sufrido explosiones o ataques)— se convirtieron en un poderosísimo grupo de presión. Era la venganza del PP por el uso socialista de los muertos de Atocha, que les dio el gobierno central en 2004.

La ofensiva del PP que acabó en el Tribunal Constitucional incluyó otra maniobra: la «cláusula Camps», en referencia al presidente autonómico valenciano Francisco Camps, que respondió con la revisión del Estatuto de su comunidad. Básicamente, el ardid de Camps consistió en dejar escrito en el nuevo texto que todo lo que consiguieran los catalanes lo tendrían igualmente en la Comunidad Valenciana. Concretamente: «Cualquier ampliación de las competencias de las comunidades autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunidad Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización». Otros quedaron prendados de la idea y la aprovecharon, como los socialistas andaluces.

El discurso de protesta de los conservadores tuvo su efecto, con la consolidación del PP en varias comunidades autónomas desde 2003 (Camps en Valencia, Jaume Matas en Baleares). Combinado con las consecuencias en España de la crisis de 2007-2008, que el gabinete de Zapatero subestimó (había superávit y se dio dinero a la población para incrementar el consumo), Rajoy ganó las elecciones de diciembre de 2011 con relativa facilidad, ante un marcado retroceso socialista.

En cierto sentido, la experiencia estatutaria catalana con Maragall, entre 2003 y 2006 (y con su colapso en 2007), tuvo un extraño paralelo con la situación vasca. El lehendakari Juan José Ibarretxe (que gobernó de 1999 a 2009 con un tripartito) pactó con el nacionalismo abertzale y propuso un Estatuto nuevo, con un «estado libre asociado» para Euskadi, aprobado en 2004 por la Cámara vasca. En Madrid, las Cortes rechazaron debatirlo.

La respuesta a la tentativa renovadora de Ibarretxe dejó una pista para el futuro. En noviembre de 2003, Aznar añadió al código penal un artículo por el que se consideraba un delito castigado con penas de prisión y de inhabilitación absoluta a un cargo público que convocara elecciones o plebiscitos sin la autorización de las Cortes.

Así pues, Ibarretxe fracasó en su intento y fue reemplazado, en las elecciones de marzo de 2009, por un maketo, el socialista Patxi López, que a su vez no resistió y «devolvió» la presidencia a la línea dominante del PNV en diciembre de 2012, tras perder los nuevos comicios en la Cámara vasca. En Cataluña, un xarnego, José Montilla, reemplazó la candidatura de Maragall en julio de 2006, ante las presiones del PSC, y ganó las elecciones catalanas de noviembre de 2006. El efecto económico de la crisis internacional hundió el tripartito y dio el triunfo a Artur Mas y a CiU en la votación de noviembre de 2010.

En la medida en que se deshacía el segundo tripartito bajo la dirección floja de Montilla, surgieron varias iniciativas políticas de signo independentista. El médico Joan Carretero —una figura destacada de ERC, alcalde de Puigcerdà y consejero de gobernación de 2003 a 2006— dejó el cargo y la formación en 2009 para crear un nuevo partido, con el nombre optimista de Reagrupament. Obtuvo el apoyo del ya muy anciano Heribert Barrera, siempre contento de llevar la contraria. Carretero disfrutó de su momento estelar al dominar con su simbología (incluida una estelada inmensa) la gran Diada de 2012. Realmente, prometía mucho, y su vistosidad pudo haber influido a Mas en su precipitada decisión de convocar elecciones casi inmediatas. Pero luego, cuando llegó la hora de convertir la apariencia en votos, ni Carretero ni Reagrupament dieron resultado alguno.

En todo caso, el ambiente político invitaba a probar con nuevos inventos. En julio de 2010, un grupo variado de intelectuales nacionalistas (profesores universitarios con opiniones fuertes, cansados de la dinámica socialista o convergente, y escritores con ganas de un cambio) fundaron Solidaritat Catalana per la Independència (resumido como SI) con la intención de ser un partido innovador y «dir coses noves» (decir cosas nuevas). Era a la vez la fusión de varios grupos: el PSAN, una recién inventada Solidaritat per la Independència, una parte de los Verdes y bastantes núcleos adicionales. Tras un tanteo con Reagrupament, que no cuajó, se presentaron en las elecciones catalanas de octubre de 2010, que Mas ganó, y, sorprendentemente, lograron cuatro diputados, con el ánimo de encarnar un futuro importante. Pero ni siquiera los diputados con contenido se ponían de acuerdo y, peor aún, el elegido por Barcelona, un expresidente del Barça, Joan Laporta, consumió todo el crédito de la nueva entidad con su estilo numerero. Las municipales de 2011 frenaron el impulso de SI y en los comicios catalanes de 2012 se quedaron sin representación. El resultado fue que no hubo un desafío efectivo a ERC ni al ascenso de la CUP.

La tensión irresoluble entre los soberanistas (cada vez más independentistas) posconvergentes (PDeCAT y ERC y los grupos variados de la CUP) dio protagonismo a los grupos de presión. Òmnium, sin un papel político relevante durante décadas, pasó a ser un actor visible. Y, en mayo de 2011, se creó la Assemblea Nacional Catalana. En este contexto, Òmnium tenía una ventaja: dinero que podía gastar. Las entidades culturales, para-políticas y transversales, eran una alternativa poderosa a la mismísima coalición CiU. El matrimonio CiU (la «Federación») iba mal. Era el predominio del pospujolismo con su cansina mezcla de nacionalismo y democracia cristiana siempre a la greña por nimiedades. Un programa satírico en TV3, titulado Polònia (el nombre deriva del mote despreciativo español a los catalanes como «polacos») nunca se cansó de hurgar en esa mala relación.

En 2010-2012, de nuevo en el poder, Mas recuperó la voluntad antigua de «refundar el catalanismo», es decir, crear un «masismo» que avanzara más allá de un pujolismo recalentado. Era una preocupación personal: en 2007, encargó a Felip Puig la tarea ideológica. Mas aspiraba a ser una alternativa extrema a más de lo mismo (abundaron los chistes con su apellido). Ahora bien, visto el fracaso de Zapatero a la hora de frenar la crisis, el nuevo gabinete de Rajoy entendió que debía volver al buen camino económico, de reajuste neoliberal. Ante dicho panorama, realmente preocupante, Mas dedujo que él también debía proseguir una política de recortes, lo cual tenía un peligro político importante, a la vista del descontento que iba a generar. Para 2011, ya estaba instalado en la Plaza de Cataluña el movimiento del 15-M.

La proximidad de CiU y PP traía implícita la promesa del retorno a tiempos habituales, los del conocido peix al cove: aquellos pequeños éxitos de un nacionalismo institucional «pescados» en las turbias aguas madrileñas.

Sin embargo, se abrió un nuevo flanco con la previsible sucesión de un «pujolet» auténtico: Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del gran hombre, frente al heredero político oficial. En diciembre de 2010, Oriol trepó a la presidencia del grupo de CiU en la cámara catalana; en enero de 2011, se convirtió en secretario general adjunto de CDC y en marzo de 2012 alcanzó la secretaría general de Convergència. Pero no duró, ya que pronto, en julio, fue acusado de cobros por favoritismo en concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No se pudo tapar el asunto, y en 2014, Oriol dimitió de todos sus cargos; en julio de 2018, se declaró culpable y aceptó dos años y medio de cárcel, con la esperanza de no tener que cumplirlos.

El ascenso y la caída de Oriol Pujol Ferrusola fue un anuncio de la caída de su padre. A finales de julio de 2014, el expresidente Pujol confesó haber ocultado mucho dinero en paraísos fiscales durante más de tres décadas. La noticia sacudió a la prensa y la política y trajo toda suerte de revelaciones acerca de los tejemanejes del mayor de los hijos Pujol Ferrusola. Lógicamente, el descrédito ha sido tremendo y ha cuestionado toda la herencia del nacionalismo durante la Transición. En julio de 2018, la audiencia nacional dejó claro que se abría el «caso tres por ciento» que Maragall destapó en el Parlament en 2005.

Así pues, a lo largo de cuatro años (entre 2010 y 2014), coincidían tanto la revelación pública de la corrupción personal de un auténtico cabdill, amo de la autonomía de 1980 a 2003, con los retoques y recortes del Tribunal Constitucional al Estatuto de 2006. La combinación —la contradicción implícita— ha mostrado ser explosiva. Las revelaciones, realizadas en 2017-2018 del fango del PP en Madrid o Valencia, o las corruptelas del PSOE en Andalucía, no han alterado el impacto del caso Pujol, quien había desafiado en los años ochenta con dictar honestidad a toda España.

El retorno de Mas a la presidencia de la Generalitat, en diciembre de 2010, siguió claramente a la decisión, finalmente enunciada a finales de junio, del Tribunal Constitucional, que anuló catorce artículos por temas de derechos arrogados a la Generalitat o instituciones catalanas (se consideraron decisiones propias del poder central) y retocó la interpretación de otros más. Visto con frialdad, los recortes no eran gran cosa. Se trataba de enmiendas de tecnicismo jurídico a lo que era una petición político-sentimental. Pero negaban cualquier capacidad de nulificación por parte de Cataluña frente al Estado. Para acabar de envenenar el asunto, se combinaba con un rechazo del principio sagrado para catalanistas de la exclusividad del catalán en las escuelas.

Entonces salió el tema olvidado de la llamada cláusula Camps, el derecho de la Comunidad Valenciana —y la andaluza, que había copiado la fórmula— de poder ejercer derechos que el Tribunal Constitucional había prohibido a la Generalitat catalana.

De cara a la ciudadanía, el gran tema era el rechazo explícito a Cataluña como nación o realidad nacional. Con eso fue suficiente. Por varias razones vinculadas a la decadencia del tripartito y del gobierno de Montilla, la opinión catalana se lo tomó a la tremenda, como testimonió en una manifestación inmensa —entonces, según la prensa, «la mayor de la democracia»— con el lema Som una nació, nosaltres decidim (Somos una nación, nosotros decidimos). Era el relato de un cuento conocido, secular: el Estatuto se va a Madrid todo crecidito, joven y lleno de promesas, y vuelve cojo, tuerto y mutilado. Se interpretó que se había anulado todo el Estatuto, lo cual no era cierto; y ese mensaje fue repetido hasta la saciedad. Quienes no se tomaron en serio tales quejas quedaron muy sorprendidos al descubrir que mucha gente sí lo entendió como una verdad absoluta. Era, en su opinión, la traición definitiva de España a Cataluña, algo inadmisible.

Surgieron manifestaciones de protesta y aparecieron nuevos partidos independentistas. Daba que pensar. Entonces, en la Diada de 2012 se produjo un espectáculo masivo de sentimiento indepe: donde antes había senyeres, banderas catalanas normales, ahora se veía, en la gente y en las fachadas, estelades, banderas de clara expresión simbólica.

Comenzó entonces una campaña de propaganda bastante cruda. Se aseguraba que, en una Cataluña independiente —todavía no se hablaba de la República como tal, pero la idea estaba latente, pues no había un juego para la Corona al estilo escocés—, el repertorio de servicios y de bienestar sería distinto. No era simplemente que España nos robara en el intercambio de impuestos al Estado en contraposición a inversiones estatales. Era mucho más atrevido y ficticio: habría abundantes recursos, los salarios crecerían, los impuestos bajarían, la situación de Cataluña como parte de la Unión Europea sería harto más ventajosa que la de España; los catalanes recibirían sus pensiones debidas del fisco español, tendrían los derechos españoles propios como ciudadanos que habían sido, y mucho más en el mismo estilo. No invento nada.

El tema argumental soberanista era que había un derecho a decidir que no podía ser pateado por un mero tribunal español. Luego se abandonó tal derecho para ir directamente a la secesión. Si no se podían conseguir los derechos nacionales catalanes por las buenas, sería por las malas, con la creación de un Estado catalán propio. Era —según decía la nueva multitud en avenidas, plazas y calles— lo que el pueblo quería.

El presidente Mas apostó por convocar elecciones catalanas inmediatas, en noviembre de 2012. Estaba convencido de poder lograr una espectacular recogida de votos. Pero fue un error porque sufrió un retroceso, aunque persistió en su intento. Hasta entonces, su política económica había sido conservadora, alineada con la de Rajoy y con buenas relaciones con el PP catalán. A mediados de diciembre de 2012, CiU (Artur Mas) y ERC (Oriol Junqueras) firmaron un Acord per a la transició nacional (Acuerdo para la transición nacional), para garantizar «la estabilidad del gobierno catalán» ante los supuestos incumplimientos del gobierno central, que, en lugar de invertir en objetivos racionales (como completar la conexión mediterránea por AVE entre Almería y Tarragona), pretendía recuperar proyectos muertos durante décadas, como la ruta de Canfranc.

Mas siguió, seguro de incrementar su mayoría y de poder actuar de modo radical sin radicalizarse ni perder el control. Entonces, recurrió a la idea lanzada en 2009 en Arenys de Munt: un referéndum de voto sobre la libertad nacional. Planteó el derecho a la consulta sobre la «realidad nacional» que había rechazado el Tribunal Constitucional, y generado una reacción popular tan visceral en Cataluña. Era un envite, frente al gabinete del PP y su postura, coherente con su comportamiento desde 2003. Rajoy le avisó de la anticonstitucionalidad, así como Alfredo Pérez-Rubalcaba, líder de la oposición socialista, quien señaló: «El referéndum que plantea Mas está llevando a Cataluña a un callejón sin salida». Mas decía que si perdía, ganaba, en el sentido de retener el dominio de la situación catalana. A mediados de diciembre de 2013, con todos los partidos catalanistas y de izquierdas a su espalda (CDC, UDC, ICV y los comunistas de EUiA, incluso la CUP), Mas exigió a las Cortes poder llevar a cabo un «referéndum consultivo». En los primeros meses de 2014, se logró aprobar la petición en el Parlament, que lo envió al Congreso, el cual rehusó el trámite de la propuesta. En respuesta, a mediados de octubre de 2014, Mas convocó una «consulta sobre el futuro político de Cataluña» para el 9 de noviembre, con dos preguntas entrelazadas: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?» Ganó y perdió, en el modo ya habitual, y con una participación baja, pero una votación favorable y elevada por parte de quienes respondieron. Entonces, de nuevo, el presidente catalán convocó elecciones en enero de 2015, que debían celebrarse el 27 de septiembre, muy seguro de poder confirmar su actuación. Pero no fue así: se quedó donde estaba. Peor. De hecho, la aparición de Ciudadanos le hizo requerir el respaldo de la CUP en la cámara catalana. Se la negaron.

En enero de 2016, Mas fue sustituido por Carles Puigdemont, alcalde de Girona, militante convergente de toda la vida, pero siempre ardiente independentista. Puigdemont estaba mucho más dispuesto que Mas a ir a por todas. No solo confiaba en su visión unívoca del pueblo catalán, sino también en una percepción de la coyuntura internacional que le convenció de que era posible conseguir la independencia.

LA CRISIS EUROPEA

Hay que mirar más allá de lo local. Los españoles, cuando se ponen estupendos (que es con frecuencia) se refieren a España como «la Península». Pues no. También está Portugal. Son países vecinos tanto Francia, como Marruecos, como Gran Bretaña (Gibraltar es un British Overseas Territory, un territorio británico de ultramar). Una obviedad, si se quiere, pero con frecuencia olvidada.

Por tanto, y en primer lugar, el Procés catalán es un problema peninsular, más general que el mero conflicto de España con una de sus partes más díscolas. En segundo lugar, más importante, la propuesta secesión de Cataluña forma una parte de la disfunción cada vez más acentuada de la misma Unión Europea. No es un eslogan independentista: el «problema catalán», se entienda como se entienda, también es un problema europeo.

La visión catalana salió del ensimismamiento con la respuesta independentista en los años noventa, cuando sucedió el colapso de la Unión Soviética, y el desafío de los países bálticos, dispuestos a aprovechar la reticencia de Gorbachov a reprimir sin ambages. Pasada la independencia, las nuevas repúblicas bálticas mostraron ser gobiernos de evocaciones dudosas con respecto al discurso buenista y antifascista propio del marco español. En todo el este de Europa, el comunismo había sido la dictadura imperante y, en muchos casos, la resistencia había sido nacionalista de derechas o incluso, en su día, cuando pareció una oportunidad, filonazi. Los tres regímenes tenían un pasado autoritario antes a ser arrasados por la Segunda Guerra Mundial y anexionados por la URSS. Ahora, Estonia, Letonia y Lituania, cada una a su manera, hicieron lo posible para tratar a los inmigrantes rusos o de época soviética como perdedores, sin derechos ciudadanos nacionales. Pese a todo, una vez independizados, los estados bálticos no parecieron tan atractivos para la propaganda catalanista.

Las guerras civiles yugoslavas, que vinieron a continuación, tuvieron una amplia cobertura televisa de combates en paisajes civiles y con matanzas bien visibles. Solo pareció simpática la brevísima lucha en Eslovenia, donde el ejército federal de Yugoslavia prefirió dejar los combates para concentrarse en Croacia y Bosnia. La contienda de Kosovo entre los federales yugoslavos y el ejército de liberación de Kosovo —de finales de febrero de 1998 a mediados de junio de 1999, decidida por la intervención agresiva de la OTAN, entre marzo y junio de 1999— solamente generó interés en la medida en que España es uno de los escasos estados que rechazan su reconocimiento. Algunos independentistas quisieron idealizar la separación de Montenegro de Serbia, mediante un plebiscito en mayo de 2006 y sin tiros, como un hipotético modelo. Una vez más, la escasa vitalidad económica, más allá de negocios digamos dudosos, ha hecho poco interesante el posible paralelismo montenegrino con Cataluña, una vez alcanzada la independencia formal el 3 de junio.

¿Cómo se traducen todas estas analogías en el discurso indepe más actual, es decir, en la coyuntura de 2017-2018?

La idea subyacente a todo el impulso indepe viene del mismo año 2011: las grandes manifestaciones en el mundo árabe, pero también el movimiento del 15-M, muy enemigo de Convergència, de Mas y del Parlament, rodeado con protesta. Sigue el esquema de otras revoluciones, como la rosa de 2003 en Georgia, la naranja de 2014 en Ucrania, o incluso la de abril de 2018 en Armenia: el pueblo ocupa las calles de forma regular, poniendo así en duda la institución representativa existente (en este caso, las Cortes en Madrid, no el Parlament de Barcelona) con el argumento de que la presencia directa es más genuina que la selección. Pero, ¿por qué se supone que hay una autenticidad inherente en una multitud?

Otra forma menos provocadora (y menos arriesgada) sería presionar hasta conseguir un referéndum sobre un tema trascendente. Pongamos el ejemplo obvio: en junio de 2016, el Brexit, el voto de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, fue la inspiración inmediata para iniciar de verdad el Procés catalán. Era el gran modelo, más que el plebiscito de separación escocés de septiembre de 2014. El primer ministro británico, el escocés David Cameron, apostó fuerte en 2013 y salió victorioso en un voto sobre la independencia de una Escocia que ya llevaba siete años bajo el gobierno del SNP, el Scottish Nationalist Party. Los conservadores ganaron la apuesta: el SNP perdió, sin por ello ver mermada su posición política en Escocia. Muy enfrentado con sectores rivales del partido conservador, Cameron decidió jugar de nuevo, pero ahora sobre seguro. Anunció un nuevo referéndum, esta vez sobre la permanencia del Reino Unido dentro de la UE, voto que por añadidura no pasaría de ser indicativo. Entonces sucedió lo inesperado: los resultados fueron favorables a la salida británica. Cameron se sintió personalmente derrotado, dimitió y fue sustituido por su ministra de gobernación, Theresa May, quien vio su oportunidad y proclamó que el resultado sería definitivo: «Brexit means Brexit».

La salida británica de la UE era una acción de Estado que rompía con toda la lógica europea desde la década de 1980, es decir, desde antes de la entrada española. El acceso de los dos países ibéricos en 1985-1986 (aceptación y entrada real) abrió la puerta a una dinámica europea del todo imperial. Se pasó de una Comunidad Económica de seis estados a finales de los años cincuenta a una actual Unión Europea de veintiocho países miembros (pendiente de la salida británica). Cada vez que había una duda política en Bruselas, la solución era la expansión, con un optimismo ciego y la convicción de que más estados harían un conjunto más fuerte y poderoso. Es un criterio imperialista, pero muy peligroso para una unión, que es básicamente una conjunción de estados con escasa fusión y muchas tentaciones a la resistencia desde la antigua solidez de las naciones estatales. Y así fue.

La protesta inglesa (más que de las otras partes del Reino Unido) fue el equivalente político de una bomba, muy especialmente en España, espacio político escasamente euroescéptico, que confiaba mucho en haber conseguido una participación largamente rechazada. La amenaza de un derrumbe de la Unión Europea era una invitación a una ruptura de todo, para empezar en España.

Así, la lógica externa, de coincidencia —con el fracaso del independentismo escocés en 2014 y la explosiva salida de toda Gran Bretaña de Europa planteada en 2016— tiene una relación de contingencia con el gran desafío catalán de septiembre-noviembre de 2017.

Visto desde la perspectiva indepe, Escocia era un territorio histórico que lo intentaba y fallaba. En cambio, Gran Bretaña era una gran potencia, tan fuerte como Francia, que se sentaba con las superpotencias, como EE.UU., Rusia y China. El referéndum británico para salir de la Unión Europea no era vinculante y funcionó. Al día siguiente, los medios de comunicación comentaron que había una posible mayoría en contra. Y eso daba ánimos a quienes en Cataluña sabían que no había una opinión masiva y aplastante. Además, era un asunto de los conservadores, un hecho que anunciaba un final: el de la histórica divisoria entre izquierdas y derechas, que había coloreado la política de todos los estados europeos desde el fin de la Primera Guerra Mundial.

Según quién lo viera en Barcelona, se abría un panorama que invitaba al reto.

En ello hay que entender muchas cosas, muchas manías locales y también grandes cambios a escala internacional.

LAS OPCIONES DEL CHOQUE

Desde hace bastantes años, se ha especulado con el llamado «choque de trenes». ¿Qué podría pasar? Sin duda, hubo sorpresas.

En primer lugar, el gobierno de Rajoy murió de éxito, o sea, de su contundencia para detener la finta de la secesión por parte de los indepes. En repetidas ocasiones —la revolución legal en el Parlament, el supuesto referéndum en la calle y finalmente la proclamación de independencia—, los indepes y Puigdemont desafiaron al Estado español. Y cada vez, Rajoy se impuso, con paciencia o torpeza, según las circunstancias.

En efecto, hubo un potente movimiento social, dispuesto al juego de la bravata simbólica. Fue al estilo de David Madí i Cendrós, un publicista convergente muy influyente que se presentó, en la portada de su libro Democràcia a sang freda (2007), como un remedo de la famosa imagen cinematográfica del general Patton, cubierto de medallas y ante la bandera catalana. El mensaje de Madí era que la publicidad funciona mejor que los tanques. Por tanto, cubrir ventanales con estelades, responder a los arrestos con lazos amarillos..., todo era un despliegue de gestos que procuraban, a bajo coste, demostrar que menos es más. Pero ello, visto por Rajoy, podía ser ignorado.

Dentro del orden natural de las cosas, los pleitos ya formados —en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Cataluña— fueron a parar al Tribunal Supremo. Allí, el juez responsable, Pablo Llarena, un hombre con experiencia vivida en Cataluña, recogió un extenso dosier en el que quiso encontrar el componente de cálculo y de preparación en el Procés. La dinámica del verano de 2017 (extendida al otoño), parecía espontánea: es más, fue el producto de una sociedad ya por completo linked in, conectada por medios sociales en smartphones, donde cada indepe podía avisar a sus diez mejores amigos en un instante, y estos a sus diez y así sucesivamente. Hubo muchísimo de esto. Ahora bien, como toda su apariencia de esparcimiento y familiaridad, también hubo quienes lanzaron el mensaje y pusieron el asunto en marcha, manteniéndose en la sombra. Sin duda, es un estilo bien arraigado en Cataluña.

Llarena quiso destapar tales iniciativas. Dar sentido activo a lo que se preciaba de ser pasivo y se publicitaba extensamente como tal. Y, en su afán por apoyar a los protagonistas a su denuncia, lo presentó como una conspiración. La nueva conjura catalana sí había provocado la ruptura, o casi. Empujó y empujó, pero nunca dio el último paso. Tampoco las fuerzas del orden de la Generalitat, su cuerpo de los Mossos de Esquadra, quisieron sacar sus armas a relucir. Así que la maquinación en la sombra se pudo ridiculizar, pues no llegaba a ser tan dramática como se pretendía, igual que la violencia indepe fue más presión que contundencia, callar a los periodistas televisivos con cánticos a pleno pulmón («¡Prensa española, manipuladora!»), reiterados por chicos y chicas con sus correspondientes carteles, pero sin asaltos ni destrucción callejera. En primer lugar, las mismas capas medias que atizaban el Procés o sintonizaban con su ritmo eran inherentemente prudentes, y más si eran observados desde su smartphone o televisor: no iban a tolerar daños a la propiedad.

En segundo lugar, era cuestión de que nadie preguntara: ¿De dónde salían tantos carteles idénticos? ¿Cómo funcionaba todo el tinglado? ¿Quién lo financiaba? Toda la discusión posterior, al centrar Llarena un eje de su acusación en la malversación de fondos, evitó una interrogación clave: Si no lo respaldaba el dinero público desplazado, ¿de dónde salían los fondos privados? Todo formaba parte de la ambigüedad calculada de la política catalana, un hábito de funcionamiento que confundía, en nombre de la patria oprimida, lo privado y lo público.

Por supuesto, los políticos catalanes y los indepes no eran (ni mucho menos) los únicos que confundían lo propio y lo ajeno. El PP de Rajoy —y con la costumbre ya establecida desde tiempos de Aznar— lo realizaron con entusiasmo, sobre todo en autonomías como Valencia y Madrid, focos urbanos y suburbanos que permitían la llamada «orgía del ladrillo». Y ya antes —¿quién lo recuerda?— el felipismo cayó por el pringue de los «años del pelotazo», que tanto escándalo provocaron y facilitaron el camino a Aznar en 1996.

El primer problema del gobierno de Rajoy fue silenciado e ignorado: mantener el ejército fuera del lío catalán. Por ello, cuando en Barcelona y Cambrils sucedieron los atentados islamistas de mediados de agosto de 2017, no hubo ni atisbo de imitar a los franceses (y a los belgas) con su despliegue de soldados equipados con armas automáticas por los núcleos urbanos. Los terroristas, jóvenes de origen marroquí criados y formados en Cataluña, eran un producto de la escolarización catalanista y hablaban catalán, aunque ¿para qué les sirvió?

Nada de subir el nivel de alerta del número 4 al 5, a la francesa: era un dilema explosivo, ya que el militarismo español (en sus vertientes peninsular y africanista) había sido el principal enemigo del nacionalismo catalán, en especial el más verbal, desafiante y exaltado, y por tanto menos político. Era una herencia antillana, una de las tantas que condicionaron la sociología de los nacionalismos en España. Puede que la obra más significativa de los largos catorce años del felipismo fue la transformación de los gobiernos militares de provincia, antaño vertebración del Estado y con mayor peso que los gobiernos civiles. La revolución liberal en España, desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta el sexenio revolucionario de 1868-1874, se fundamentó en la excepción: el estado de alarma, de sitio, de guerra, en que, con diversos nombres, se permitía a la autoridad militar imponerse a la civil, suspender las garantías constitucionales y regir mediante el ordena y mando. Así se hicieron todos los pronunciamientos o golpes de Estado en España, incluso el de julio de 1936. Pero eso lo anuló el felipismo, con lo cual dificultó mucho cualquier tipo de intervención castrense en la política. Representó un cambio inmenso en el estilo de hacer las cosas a la española. Encarnaba, pues, la diferencia con los hechos de septiembre de 1923 y Primo de Rivera, o con los golpistas del verano de 1936.

Así, al iniciar la crisis de la proclamación de independencia («simbólica», como se diría luego a modo de disculpa), la ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal, estrecha aliada de Rajoy, hizo un par de declaraciones algo confusas, que indicaban que el ejército cumpliría con su deber constitucional, pero que eso nunca haría falta.

Se decidió, acertadamente, convertir cualquier respuesta que se hiciera en un tema policial, bajo la responsabilidad del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y su equipo andaluz, y el ojo avizor de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, figura clave del gabinete, que pasó a ser responsable del asunto catalán. Con todo, era un juego complicado.

En primer lugar, la esperanza del gobierno central era que pudiera dominar la situación catalana con la policía autonómica, los Mossos de Esquadra, cuyos mandos, encomiados por su resolución del atentado de agosto, repetían su fidelidad a la cadena de mando constitucional.

Quedaba bien la frase, pero, ante la amenaza de una secesión (o sea, una soberanía alternativa), dejaba abierta la duda: ¿la Constitución española de 1978 o la de la República catalana, cuyos primeros pasos se anunciaron en el Parlament en la fatídica sesión del 6 y 7 de septiembre?

Así, quien quisiera responder al gesto de ruptura indepe con fuerza activa sabía que no podría confiar en los dieciséis mil mossos de Esquadra y su armamento con un contrapeso equivalente. Todo esto puede parecer un exceso a quienes ingenuamente creen que todo iba a ser (o, visto desde hoy, fue) una «revolución de sonrisas», pero el poder funciona así. Se reforzarían la Guardia Civil y la Policía Nacional. La dualidad, y a la vez la confusión, refleja que la Benemérita fue pensada para controlar el campo y la otra para dominar la ciudad, pero en el desparrame caótico de la vasta España suburbana, las fronteras y divisiones se confunden.

Con el despliegue policial se confundió la posibilidad de obligar a los Mossos de Esquadra a obedecer y enfrentar cualquier desafío que se presentara. Desde el otro lado, la táctica prevista era la ocupación de las calles en provocación, con cierto ánimo neogandhiano. Hubo, eso sí, quien soñó con respuestas más contundentes, pero quedaron marginados y callados.

El desafío se fijó para el 1 de octubre. La coalición independentista juró que tendría urnas para el voto en un referéndum nacional que se basaría exclusivamente en la nueva legislación revolucionaria de «desvinculación con el Estado», salida del Parlament. En respuesta, Rajoy se cuidó de dar su palabra de que el plebiscito no tendría lugar, táctica muy arriesgada que denotaba un exceso de confianza en el poder de la porra frente a una masiva resistencia pasiva. Rajoy, en seis largos años y seguro de su posición, subestimó tanto la voluntad de la nueva multitud soberanista como de la sofisticación de los mandos policiales.

Se da por sentado que los servicios de información estatales estaban por la labor, es decir, eran los ojos y oídos de quienes daban las órdenes a la Policía y la Benemérita. Si es así, informaron mal o no fueron escuchados. La Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegaron con la seguridad de que una muestra de fuerza sería suficiente. Acertaron en la doblez de los Mossos de Esquadra (en el sentido de doblarse con amabilidades), cuyos mandos quisieron quedarse entre unas órdenes y otras y se hundieron en el intento.

Pero la multitud indepe no cedió: no abrió paso ni entregó urnas. Y entonces recibieron leña, que es lo que la policía sabe repartir y para lo que está. Ello horrorizó a las capas medias catalanas, que pensaban que no les tocaría jamás una fuerza del orden embravecida, dispuesta a abrirse camino a porrazos. Entonces, ellas mismas sacaron sus smartphones, y filmaron y colgaron la actuación policial en los medios sociales. Fue un grave error del gobierno central el hecho de no haber previsto la indignación de quienes se creen libres de bastonazos. No fue nada distinto de la actuación de los Mossos de Esquadra (entonces muy aplaudida por estos mismos sectores) a la hora de limpiar, en 2011, la Plaza Cataluña barcelonesa de los ocupantes del 15-M. La policía es un instrumento romo, que no da para exquisiteces y buenos modales, sobre todo cuando está nerviosa y se siente amenazada por una situación que no controla.

Y hay una consecuencia. Mientras que el viejo sistema de respuesta de proclamación de la ley militar creaba su propia jurisprudencia sobre la marcha, por así decirlo, recurrir a la policía significa, en último extremo, acabar en los tribunales. Es un terreno muy resbaladizo para los hispanos de todo tipo (incluidos los catalanes). La tradición cultural hispánica es exageradamente «juridicista» (a falta de una palabra del diccionario), idealiza la ley, siempre prefiere la norma escrita a cualquier caótico matiz de la realidad y presume de tener una respuesta adecuada para todo. Al no afrontar el desafío indepe en el terreno en el que este se planteaba —el show business, la política como gran teatro del mundo, la escena como participación con la confusión supermoderna entre actores y público—, el gobierno central confió en su capacidad de controlar al mundo sagrado de los tribunales y la ley. A principios de septiembre de 2017, el Parlament, por escasa mayoría, había declarado que la ley española ya no regía en Cataluña, y ese fue el paso revolucionario que permitió convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre.

Entre septiembre y noviembre, todos (ajenos e implicados) remarcaron la incapacidad del gobierno central de recurrir a un relato alternativo, de ganarse la prensa extranjera, de definir a sus enemigos con una moralidad de cuento infantil, de saber situarse como los buenos frente a los malos. Podían haber tejido su versión, y, en cambio, prefirieron dejarlo en manos de los rebeldes, que no pedían nada más que cantar sus tribulaciones, definirse como pueblo oprimido con recursos literarios de cuento infantil, que es lo que hacía falta. ¿Era el plebiscito indepe una farsa? Pues bien, a reírse de la tontería.

Pero pretender imponer la prohibición dictada (por muy legal que fuera) a la multitud, congelada en su cuento de ser la democracia encarnada, no solamente dejó las puertas televisivas abiertas a la publicidad tópica antiespañola —por la que podía asomar la sombra de Torquemada, Felipe II o el temible duque de Alba—, sino que obligó a que el asunto, en última instancia, «lo dirimieran los tribunales». La confrontación del verano-otoño de 2017 fue la pugna de dos debilidades: la del gabinete del PP, sin mayoría parlamentaria y con muchas respuestas político-sociales, y el gobierno de la Generalitat, sin un respaldo social sólido, que resultara claramente mayoritario, de forma bien visible. Los indepes, con una mayoría parlamentaria de números contados, dependía del mayor peso del voto rural frente al voto urbano. La convicción independentista se movía en el «ahora o nunca»: la educación en catalán no había frenado la españolización, pero los rasgos históricos del pequeño país se evaporaban ante los dolidos ojos de quienes se sentían fieles a las costumbres. En la siguiente versión del tripartito, todos estarían dispuestos a cantar rumba barcelonesa en catanyol.

Pero la disposición del gobierno conservador español era igualmente débil, con el respaldo del feroz anticatalanismo neoliberal de Ciudadanos (antes Ciutadans), que ya ni respondía en catalán en el Parlament de Cataluña. El gabinete de Rajoy actuaba con orgullo hidalgo, pero dependería del voto comprado en los pasillos del Congreso. Así que le sobró arrogancia y le faltó confianza. Contó con la policía, y de ahí a los tribunales.

LA «REVOLUCIÓN CATALANA» DE 2017

Las revoluciones, si triunfan, son reconocidas; si pierden, su causa es olvidada. No hay más autodeterminación que el éxito, que suele respaldarse con violencia. La revolución catalana pretende lograr su objetivo sin agresión ni defensa armada, literalmente por las buenas, en todos los sentidos de la expresión. Tal objetivo pacífico es una carga difícil para una revolución.

Las acciones recientes del gobierno autónomo regional y el Parlament juegan con una mayoría de diputados en un marco unicameral, sin una mayoría social indiscutible a sus espaldas, en la sociedad. Los independentistas no tienen más salida que asumir una postura revolucionaria, que jamás será legal, pues las revoluciones hacen una nueva norma y rompen los límites legales existentes.

Empecemos con las ínfulas del petit país. A nadie en Cataluña se le ocurre compararse con Luxemburgo. Los economistas, si eran muy puntillosos, hacían analogías con Bélgica. Pero la propaganda nacionalista, desde el globo hinchado que fue el pujolismo, equiparaba, en los años noventa, a los entonces seis millones de ciudadanos catalanes con países como Francia o Italia, que eran diez veces mayores, o con la Alemania Occidental, antes de la anexión del Este en 1991, que era todavía más grande.

En Barcelona, si se observan los periódicos o TV3 y otros canales de televisión catalanes, se parece al estilo madrileño: «Nosotros equivalemos a país, como ellos». No se iba a ser menos que los medios madrileños, con su propia fatuidad y soberbia fruto del nacionalismo español.

De ahí la importancia, en los años pujolistas, del concepto de los Países Catalanes. Si se sumaba toda la zona catalanohablante como algo íntegro, total, el resultado era lógicamente bastante más importante. Así, para el nacionalismo catalanista (frente al independentismo), los Países Catalanes eran muy relevantes. Para los indepes, no. Todas las simpatías que se quiera, pero, a sus ojos, Cataluña tiene una posibilidad de juego si se arriesga sola, opción que se evaporará si se espera a crear un consenso con Valencia y Baleares, con sus bromas propias, sus zonas españolizadas, sus colonias extranjeras inglesas y alemanas (que temen y odian al independentismo, incluso al simple catalanismo cultural más tibio). Y luego está el voto conservador. El PP ha mandado en ambas comunidades autónomas, con desmanes impresionantes y escándalos de corrupción, lo que significa que hay mucha gente untada. El sueño indepe catalán, en su versión más popular, evoca una tierra de gente honrada, sin pagos millonarios o crimen organizado (sin duda, un autorretrato sugerente cargado de amnesias). Pero la promesa posconvergente, surgida a partir de 2012, era la de un país rico, de bienestar general y honradez blindada.

Por un lado, se difundió el sentimiento, muy generalizado entre los independentistas, de que había que volver al punto de referencia propio, el histórico y natural: proclamar una República catalana. Una vez anunciado en las sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre (lo que yo entiendo como el punto de ruptura), la «revolución catalana» (en tanto que cámara catalana) rompió por mayoría con la legalidad española (todo lo escueta y distorsionada que se quiera). Ello permitió organizar el voto del «Primero de octubre», nacimiento de la supuesta «República catalana».

La revolución catalana escenificó la ruptura con la legalidad española vigente. Los primeros pasos se anunciaron en el Parlamento catalán en la fatídica sesión del 6 septiembre, en la Ley 19/2017 respecto al plebiscito, de la sesión extraordinaria del sábado 6 de septiembre.

En efecto, desde el Parlament, se realizaba una revolució, en tanto que se rechazaba la legislación existente, para establecer una legalidad nueva:

La aprobación de esta Ley es la máxima expresión, pues, del mandato democrático surgido de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 en el que, en la decisión que toma el Parlamento de Cataluña de culminar el proceso con la convocatoria del referéndum de autodeterminación, confluyen la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional del pueblo catalán —solo interrumpida a lo largo de los siglos por la fuerza de las armas—, con el derecho de autodeterminación de los pueblos consagrado por la legislación y la jurisprudencia internacionales y los principios de soberanía popular y respeto por los derechos humanos, como base de todo el ordenamiento jurídico.

Las razones legales que supuestamente justificaban la ruptura eran la aceptación por parte de España de la legislación de los derechos humanos de la ONU, que incluye el derecho a la autodeterminación y el incumplimiento de estos mismos acuerdos, cuando fue reclamado desde Cataluña. El texto sigue con la afirmación de una inevitabilidad, en función del «derecho a decidir»:

El acto de soberanía que conlleva la aprobación de esta ley es la opción necesaria para poder ejercer el derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña, especialmente después de la ruptura del pacto constitucional español de 1978 que representa la anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 —aprobado por el Parlamento de Cataluña y refrendado por el pueblo de Cataluña— mediante la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional.

El planteamiento entonces derivaba del «pueblo de Cataluña» y su exigencia de votar aquello que le atañía, sin interferencias externas:

Esta ley representa la respuesta democrática a la frustración generada por el último intento promovido por una mayoría muy amplia de este Parlamento para garantizar al pueblo de Cataluña el pleno reconocimiento, la representación y participación en la vida política, social, económica y cultural del Estado español sin ningún tipo de discriminación.

En el proceso previo, se han hecho todos los esfuerzos para encontrar una vía acordada para que el pueblo de Cataluña pueda decidir libremente su futuro. El Parlamento, atendiendo al mandato mayoritario del pueblo de Cataluña, asume la plena representación soberana de los ciudadanos una vez que se han agotado todas las vías de diálogo y negociación con el Estado.

Al tomar la trascendental decisión de aprobar esta ley, el Parlamento de Cataluña expresa la voluntad mayoritaria del pueblo, del que emanan sus poderes, haciendo uso de la representatividad legal y democrática con el objetivo de poner en manos de los catalanes y las catalanas la decisión sobre el futuro político del país con la herramienta más radicalmente democrática de la que disponemos: el voto.

Así, se convocó el referéndum del 1 de octubre. Luego, pasados los hechos, empezó todo un debate acerca de los fondos empleados en la producción secreta de urnas y papeletas. Las urnas aparentemente se realizaron en la Cataluña francesa: el departamento de Pirineos-Orientales o la Catalunya nord (norte), según los gustos. ¿Cómo se pagaron? Hubo un gran escándalo sobre el uso de fondos públicos (incluso con la intervención del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, quien aseguró que fue tal la vigilancia de su ministerio que no pudo ser realizada con dinero público). ¿Se hizo, pues, con recursos «privados»?

EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA GENERALITAT Y EL GOBIERNO ESPAÑOL

En la práctica, dado que solo participaron quienes creían en el escrutinio (es verdad que hubo contradictores tozudos que hicieron horas de cola para decir ¡No!), salió el siguiente retrato del apoyo al Procés: oficialmente, según la Generalitat, 2.200.000 personas. Una tercera parte de la población.

El siguiente paso era decisivo. O se tomaba la abrumadora mayoría de votantes por buena y se procedía a la proclamación unilateral de la independencia. O se reconocía el fracaso de la convocatoria, la falta de una indiscutible mayoría electoral, sin mencionar la oposición rotunda del gobierno constitucionalmente establecido y de las Cortes (reforzado con la sanción verbal del rey Felipe VI por televisión). Si se aceptaba el malogro de la sucesión, la respuesta lógica —aunque en todo esto ha habido abundante racionalización pero poca sensatez— era la convocatoria, mediante elecciones, de un nuevo Parlamento catalán. Se negoció, intervino el lehendakari Iñigo Urkullu, pero en el último momento, el 27 de octubre de 2018, se produjo una machada del presidente Puigdemont y se votó la ruptura, sin una declaración de independencia clara, trascendente, hasta el pequeño detalle de no arriar la bandera rojigualda del balcón de la Generalitat para dejar sola, y pretendidamente soberana, a la señera catalana. Todo quedó en un desistimiento ostensible, con la insistencia de tener la razón y haber cumplido con el deber nacional.

¿Por qué cambió de posición Puigdemont? La versión del momento fue la de una presión doble. Al parecer, Puigdemont, indepe creyente de toda la vida, se sintió afectado por los gritos de «traidor» que le llegaron de la gente (muchos jóvenes) que se reunió bajo las ventanas de la Generalitat. A ello, se añadió una tormenta de mensajes en las redes sociales que, machaconamente, repitieron el mismo mensaje. Todo esto pudo haber influido en el sentimiento presidencial.

A otro nivel, más político e importante, se aseguró que el vicepresidente Junqueras amenazó con dimitir si no se «cumplía la promesa hecha al pueblo de Cataluña» (u otra fórmula por el estilo). El gabinete catalán dependía de un acuerdo entre el PDeCAT (la Convergència reinventada como si fuera indepe) y Esquerra. Sin ERC, no había ni asomo de mayoría, y todo el juego parlamentario se hundía, dejando en mala posición a Puigdemont de cara a las elecciones futuras.

En todo caso, la noche terminó sin la grandeza o épica que uno esperaba. Como ya había anunciado, Rajoy activó el artículo 155 de la Constitución de 1978. Sus dos subapartados dicen:

1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.

Al día siguiente, Puigdemont apareció en su feudo de Girona, se dio un pequeño baño de masas, grabó un mensaje «desde algún lugar de Cataluña» y, de modo complejo, se marchó a Bélgica con varios consejeros de su gobierno.

LA INESPERADA CAÍDA DE RAJOY

La juez Carmen Lamela, a quien le endosaron la carpeta al llegar a la Audiencia Nacional, quiso mostrar su rigor. Cayeron el vicepresidente Oriol Junqueras y otros cargos públicos. Entonces, con mayor suavidad, el juez Pablo Llarena, en el Supremo, quiso reunir los casos y consiguió su propósito. Añadió, con el paso de los días, a otros políticos catalanes. A continuación, en la medida en que tomó forma su caso, su suavidad desapareció. Por su parte, Puigdemont, un enamorado de la figura de Macià desde su adolescencia —del hombre convencido de que al llevar el pleito catalán a los estudios televisivos del mundo llegaría el éxito—, huyó al exilio, de modo algo rocambolesco, junto a algunos fieles consellers.

Mientras Puigdemont sobreactuaba, otros le siguieron: a mediados de febrero de 2018, Anna Gabriel, la estrella parlamentaria catalana de la CUP, huyó a Suiza, país que no forma parte de la UE. Pudo obtener un refugio legal en junio. De modo parecido, el 23 de marzo, Marta Rovira, la secretaria general de ERC desde 2011, también se trasladó al país alpino, aunque con mayor discreción.

El gobierno de Rajoy confió en Llarena, pero sin contar con una labor bien hecha de sus servicios. En la medida en que Puigdemont arriesgaba más, se le pudo parar en el Land alemán de Schleswig-Holstein. Pero aquí todo se complicó. Los tribunales belgas no asumieron la narración de Llarena, y ahora tampoco lo hicieron los alemanes.

Todo esto ya era bastante engorroso, por no decir humillante. Al Tribunal Supremo español, con su juez investigador (figura ajena, hasta chocante, en muchas otras partes) se le cuestionaba su objetividad. Llarena quiso insistir en la parte calculada del pastel catalán, y no en su lado improvisado. Pero todo se complicó en España.

Ante el debate absoluto entre el discurso indepe de los «presos políticos» y el español de «políticos presos», se creó un enfrentamiento moral que se fijó con el color amarillo. Todos los que sostenían que había gente encarcelada por su opinión y no por sus acciones se pusieron el lazo amarillo y, si no, una prenda de ese color. Los contrarios, lentamente, empezaron a cabrearse y responder, no con el lazo o un símbolo propio, sino con la eliminación directa (o con rojo-rojo, para hacer una enseña española).

Pero, en todo esto, el gobierno central vio un enfrentamiento con la Judicatura y la Fiscalía, probablemente los sectores más corporativistas en el ya muy corporativo medio social español. Ante el rechazo alemán al auto de retorno de Puigdemont por falta de violencia catalana, Llarena anunció que enfatizaría la malversación, los recursos públicos gastados en urnas y materiales semejantes. Nada de eso, dijo airado el siempre antipático ministro de Hacienda Montoro: mi ministerio lo vigiló todo y no hubo gasto ilegal. La ridiculez de la contradicción no pareció impresionar a nadie, pero era un enfrentamiento directo entre el discurso gubernamental (o su falta del mismo) y el del juez, ante las filtraciones del juzgado alemán.

Luego, a finales de abril, el ministro de Justicia Rafael Catalá comentó en el Congreso un muy notorio caso de abuso sexual (según la decisión judicial) en Pamplona, decisión que inundó España de protestas feministas. El comentario del ministro unió a todas las asociaciones de fiscales y jueces en su contra: exigirían su dimisión. Mientras tanto, los jueces y fiscales se declararon en huelga durante un día como queja de las condiciones en los tribunales. Entonces salió la sentencia del caso Gürtel sobre la corrupción en el PP, con una decisión que implicaba directamente al partido conservador, y, por tanto, a Rajoy. Una semana antes, a mediados de mayo, Rajoy parecía haberse asegurado dos años más de gobierno, al aprobar su presupuesto. La indignación por la trama de corrupción de la Gürtel fue tal que obligó a según qué aliados parlamentarios del gobierno a ceder, sumarse y tumbar a Rajoy. Fue reemplazado por el incoloro líder socialista, entre grandes entusiasmos.

Así, en resumen, la vía de la policía y «la judicialización de la política», tan denunciada por los indepes, acabó con Rajoy. Pero todos los procesos judiciales del Procés catalán siguen pendientes. Ahora ¿qué vendrá?

La teoría que corre entre los indepes más políticos es la de las generaciones. Las tres que han vivido el pujolismo, el tripartito y el Procés se han hecho independentistas cuando antes eran autonomistas. Cada secesión ha endurecido la convicción del cambio y de la ruptura inevitable por la pura acumulación de peso social: los jóvenes actuales procrearán y su prole será finalmente una mayoría indiscutible. La clave, aseguran, está en la paciencia y la convicción. Ya veremos.

¿ACCIÓN ESPONTÁNEA O PLAN PREVISTO?

La pregunta clave del Procés es la siguiente: ¿Fue una explosión de espontaneidad en el clásico estilo catalán, o hubo un plan oculto detrás de todo, la previsión de una secuencia de acciones?

El argumento de la espontaneidad era bien conocido para la izquierda catalana. Tiene bastante más de un siglo de vida como explicación justificativa de cualquier brote social. La conjura como acusación la articuló el juez Pablo Llarena con los informes de la Guardia Civil, o sea, con información documental.

Sin duda, algo hay de ambas cosas. Clara Ponsatí, la consejera de Educación de Puigdemont, en un acto de la filial de la ANC en Londres en junio de 2018, describió el enfrentamiento entre el gobierno central y el catalán como un póquer en el cual su bando iba de farol y perdió. El comentario fue tomado a la ligera y suscitó toda suerte de reacciones en la prensa, incluidas algunas críticas indepes al dar por perdido lo que no había terminado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Ponsatí es una especialista en teoría de juegos aplicada a confrontaciones empresariales y que su idea, disimulada después, es que el farol se jugó mal, que se perdió confianza demasiado pronto.

Hay más observaciones. Una vez vista la «revolución de octubre» catalana, que duró del sábado 6 de septiembre al viernes 27 de octubre de 2017, se plantea una pregunta central. ¿Fue el Procés dirigido o espontáneo? Por un lado, es evidente que ha sido (y sigue siendo) una dinámica dependiente de los llamados social media, de los tuits, WhatsApps y demás mecanismos de mensajería interactiva. Las redes convirtieron a los CDR (los Comités de Defensa del Referéndum, pronto transformados en Comités de Defensa de la República) en flashmobs políticos: uno llama a diez amigos, quien conecta con diez más, y así sucesivamente. De este modo se formó la primera multitud televisada, el 20 de septiembre. Llegó en mensaje la noticia de que la Guardia Civil se atrevía a entrar en la consejería de Hacienda de la Generalitat. Pronto, en el cruce de la Gran Vía con la Rambla de Cataluña, se reunieron literalmente miles de personas indignadas. Se pasó de los veinte mil a los cuarenta mil. Y ahí se quedaron, sin que los Mossos de Esquadra supieran qué hacer (o sin recibir órdenes pertinentes). Dentro de la consejería, los guardias se vieron rodeados. Llegaron entonces el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el de la ANC, Jordi Sànchez. ¿Cómo no podían estar, si se les reclamaba? Pero daban la sensación de que seguían a la multitud, de que no la dirigían. Todo estaba en directo: en las televisiones y en el streaming de decenas (¿o centenares?) de smartphones en la calle. La actitud de los presentes era hostil y agresiva con los periodistas de las cadenas de televisión españolas, todo verbal, a gritos para que no pudieran hablar, pero sin tocar. Ello le daba al telespectador una imagen de espontaneidad, por la evidente estupidez de la acción. Desde los lejanos tiempos de Marshall McLuhan, se sabe que la televisión es un medio «caliente», íntimo. Si humillas al corresponsal, insultas al telespectador. ¿Realmente alguien pensaba que era útil agraviar a los que miraban de lejos, en vez de explicar la causa?

Alguien, del lado indepe, luego habló de «un par de energúmenos» y, en efecto, los hubo: fueron los primeros, según las cámaras de televisión, en atacar los coches policiales. Avanzada la noche, muy animados por la concurrencia, Jordi Cuixart se subió a un vehículo público, ya hecho un asco, para dirigirse mejor a la multitud. Dijo lo que esta quería oír (quiénes eran los buenos y los malos), pero luego quiso desconvocarla, ya que los Mossos de Esquadra esquivaban visiblemente el bulto de su responsabilidad. Por su intervención, Cuixart, con Sànchez, sería culpado de todo el asunto, en el que fue el acto «violento» por excelencia de todo el Procés. Pero nada comparable al asalto al Parque de la Ciudadela en mayo de 2011.

Así que la cuestión es la siguiente: ¿quién llamó a quién? ¿Son unas secuencias exponenciales de contactos al azar? ¿O hay llamadas calculadas que pretenden poner en movimiento a un tumulto?

Cuando el juez Pablo Llarena juntó las causas (antes bajo tutela de la Audiencia Nacional) y redactó un auto para requerir la entrega del expresidente Puigdemont como responsable ulterior huido al extranjero, se vio obligado a añadir un relato «de diecisiete páginas» que reflejaba «el desarrollo histórico del movimiento independentista catalán» entre la primavera de 2015 y septiembre-octubre de 2017, según el informe de un diario barcelonés. Su explicación relataba una conspiración, a tenor de los testimonios periodísticos. Fue un complot entre las instituciones autonómicas y las fuerzas políticas, los partidos y grupos de presión (Òmnium, ANC), para generar la presión callejera y el ambiente político que justificó la ruptura parlamentaria del 6-7 de septiembre y, a continuación, la preparación (evidentemente calculada) del plebiscito unilateral del 1 de octubre. Entonces, ¿qué había que hacer con todos los testimonios que en privado contaron que habían recogido tantas urnas y las habían llevado a...? ¿Fue la conjura, que impartía órdenes y planificaba? ¿O el consabido sistema no t’hi fixis (expresión catalana para definir los mecanismos sociales imprecisos, que no aguantan un escrutinio atento; el equivalente al «mírame y no me toques»)? ¿Fue solo un juego de la indignación, en el cual unos telefonearon a otros sin una dirección coherente jerárquica? ¿Improvisación de gente exaltada, convencida, o control: una trama con enredo y traición? ¿Una «revolución parlamentaria» de mucha mentira y más improvisación o un «golpe de Estado» que pretendía (o aún pretende) tumbar a la monarquía y al Estado? Yo creo que hay algo de ambas cosas: de consenso que se confunde con consignas, y de confusión y gestos sobre la marcha, apuestas a ciegas, a ver qué sucede.

Lo que ha sucedido es, en sustancia, una pugna de desgaste entre dos gobiernos minoritarios, el del PP de Rajoy y el de coalición nacionalista mal avenida de Puigdemont. Al hundirse Rajoy en junio, y con Puigdemont todavía en Berlín, se formó un gabinete catalán con Quim Torra frente al gobierno central socialista de Pedro Sánchez —envuelto en una espesa nube de entusiasmos publicitarios y periodísticos—. Pero no está claro que la guerra de sitios, la lucha tenaz de trincheras políticas, no prosiga.

En el Procés, ambos bandos cuentan con estrategias de desgaste y éxito lento. Curiosa palabra, escogida como circunloquio por «gobernistas» que defendían «el derecho a decidir». Se tardó un par de años, de Mas a Puigdemont, en decir las cosas por su nombre. Y ahora, cuando todo resulta tan groseramente explícito, ¿podría volver el gusto por la perífrasis y las evasivas?

Sin entrar en su muy peculiar relación con Puigdemont, el presidente Quim Torra es un actor político a quien le complace desempeñar roles diferentes sobre el escenario. Es quizá menos político que actor, por el hecho de ser un intelectual, autor y además editor. Es también el más intelectual de los presidentes de la Cataluña contemporánea. Macià leyó bastante, pero no tenía el don de palabra; a Companys le brotaban las palabras, pero no era un hombre de libros. Ni Irla ni Tarradellas, aunque podían tener libros, usaron la prosa como espacio para su mejor expresión política, más allá del gesto o la actitud con alguna palabra oportuna. Tampoco Mas ni Puigdemont son conocidos como bibliófilos, ni son oradores con un don. Por el contrario, Pujol, para nada dotado como conferenciante, ha estado siempre convencido de ser un sabio y ha querido dictar lecciones de Historia de Cataluña en muchas ocasiones.

Torra es alguien comparativamente joven; tiene cincuenta y cinco años, la misma edad que Puigdemont. Ambos nacieron en 1962, son hombres fascinados por la Historia más convulsa que los precedió, y han querido escribir (Torra mucho más que Puigdemont). El relato preferido de Torra apunta más bien a personajes un poco ruidosos, periodistas o activistas que encarnaron facetas del nacionalismo radical de los años veinte y treinta. Torra se nutre de ese pasado, al igual que Puigdemont no puede salir de la sombra de Macià, como demuestra toda su aventura belga.

Encontramos, pues, la mezcla de la política con la Historia y la ficción. Si se comenta la Historia como ficción en el presente, entra en la política actual, que de inmediato se convierte en ficción, pero en ficción viva. Veremos qué pasa. Hacer política no es lo mismo que comentarla, o comentar a sus comentaristas, ochenta años antes.

¿QUÉ SIENTE LA MULTITUD?

Veamos ahora el contexto, más allá de los actores, que tienden a decir lo mismo. Los juegos de palabras son complejos. Hacia 2012, hubo quien argumentó que el soberanismo era algo muy distinto al independentismo: era, se decía, el rótulo de quienes defendían su «derecho a decidir», pero no querían una ruptura plena y absoluta, con un Estado aparte. Tal vez fue así, pero también es verdad que el encaje entre la propaganda y el detalle ideológico de cada individuo (los matices entre grupos parecidos pero no exactamente afines, y la gama de tonos que añaden los comentaristas y publicistas) crea una ceremonia de la confusión que pretende ser, en última ironía, clarificadora.

Empecemos por la reflexión especulativa. Podemos entender la situación de 2017-2018 como el típico «gráfico de pastel» dividido en tres trozos: los indepes son el tercio mayor; parecen ser casi una mitad, pero (por ahora) no lo son. Hay otro tercio, el trozo más pequeño, que se define como «español», más «catalán y español», u otras variantes. Y, finalmente, hay un último tercio, más difícil de evaluar, que son los indiferentes, los pobres y los ricos que «no saben/no contestan», o porque sus vidas están consumidas por el esfuerzo de sobrevivir o porque las sutilezas de su posicionamiento les deja fuera de toda clasificación nítida.

La realidad de fondo era y es que la sociedad catalana, cada vez más urbanizada, ha sufrido todos los cambios que acompañan la vida metropolitana: un enfoque descreído (aunque con la reproducción de caridades y solidaridades antes católicas), un rechazo creciente al patriarcalismo, a la división tradicional de los roles de todo tipo, a las formas ciudadanas previamente establecidas, hasta a la buena educación en el trato con desconocidos. Son dinámicas que acompañan al famoso concepto del lonely crowd (la multitud solitaria) señalado por David Reisman, con otros dos sociólogos, en 1950. En la actualidad, se habla de una «epidemia de desesperación» como fenómeno propio de las sociedades urbanizadas. Se señala, aunque las cifras no sobrepasan las centenas, que el suicidio se está convirtiendo en una tendencia creciente.

Pretendo aquí una suerte de espeleología política, pero es solo un entrar y salir de la cueva: plantear aquello que no suele entrar en las explicaciones periodísticas y que, de hecho, se suele ignorar en las narraciones historiográficas. Quiero reconocer los vacíos que acompañaron el impacto de la crisis económica que empezó a impactar la sociedad española en 2008 y que devastó todas las esperanzas que se podían constatar en la calle hacia 2005. Hoy, en 2018, en la calle el panorama continúa sombrío, pesimista, digan lo que digan las autoridades sobre las mejoras macroeconómicas.

Bajo la sombra de la crisis (la prensa internacional prefiere hablar de «gran recesión»), varias partes fundamentales de la sociedad civil catalana hundieron espacios que habían sostenido el despliegue político e institucional del sistema salido de la Transición, el hoy tan denostado «régimen de 1978». Son grandes socavones, auténticos desaguaderos naturales que, al hacerse hoyos cuando antes eran superficie, han actuado como sumideros que vacían lo que encuentran a su paso.

En primer lugar, la crisis trajo el colapso de los sindicatos. Comisiones Obreras y la UGT habían operado durante años como una oligarquía laboralista de modo paralelo al bipartidismo de socialistas y conservadores. La coyuntura económica, que dura y dura, sin mejora, los ha debilitado de forma visible. En su lugar, reaparecen fuerzas sindicales que durante décadas no habían significado gran cosa: los libertarios, la CGT (la actual Confederación General del Trabajo, hoy en día la central anarcosindicalista dominante) y afines, cuyas banderolas se ven en todo incidente televisado del conflicto social serio, mientras que los cocos (Comisiones Obreras) y ugeteros (UGT) son unos bustos parlantes, unos tertulianos televisivos o, en el mejor de los casos, de algún acto institucional, donde aparecen para chupar cámara.

Nada de esto afecta a los indepes, todo lo contrario. Los más consistentes fracasos del separatismo fueron sus esfuerzos por crear una red sindical propia, creíble, con los ojos puestos en la LAB vasca (Langile Abertzaleen Batzordeak o Comisiones de Obreros Abertzales). Como ya se ha podido constatar, no fue una ambición histórica, más allá del especial y peculiar CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria). Creado a medio camino entre un gran ateneo y un sindicato, tuvo un papel clave en la creación del separatismo, fundamento de ERC pero luego conquistado por los comunistas hasta que, hacia el final de la Guerra Civil, los nacionalistas tomaron el control. Hoy, su antigua sede, en la Rambla de Santa Mónica en Barcelona, es de la UGT, excepto por un piso, donde un retén de militantes del recuerdo del CADCI guardan las esencias.

En los años setenta se intentó crear un sindicalismo separatista. Surgieron algunas entidades, siempre en el medio mercantil (como el CADCI), pero sin capacidad para competir con los sindicatos dominantes. No tuvieron la más mínima trascendencia social. Pero ahora la crisis ha hundido a Comisiones Obreras y UGT sin dar reconocimiento alguno a los sindicatos nacionalistas.

Una de las lecciones del capitalismo funcional tipo New Deal o de cogestión en Alemania era que la presencia sindical resulta un control necesario para un funcionamiento social efectivo. Pero la ola neoliberal, anunciada con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los años ochenta, tomó forma de capitalismo salvaje en los noventa. Nadie, por lo general, defiende su rol social, excepto, claro está, aquellos revolucionarios que sueñan con un control sindical de la producción, un resultado improbable a corto plazo.

Significativamente, el movimiento del 15-M, en 2011, que se lanzó contra el filocapitalista Artur Mas (entonces aliado con Rajoy), miraba más a la vivienda urbana, a la situación del alquiler o de los ocupas de pisos, que no al sindicalismo propiamente dicho. Los herederos en Barcelona del 15-M, la alcaldesa Colau y sus comunes, surgieron de ese medio y de las asociaciones de vecinos, y no del sindicalismo propiamente dicho.

Por lo tanto, el malestar social ha quedado, en 2018, como el acto espontáneo de los ancianos pensionistas que se lanzaron a la calle contra Rajoy. Los conservadores probaron con pequeñas mejoras. No queda claro qué ofrecerán los socialistas, ni cuánto tiempo podrán aguantar en el poder sin aliarse con Podemos, fuerza que, todo sea dicho, a pesar de su pretensión de ser de una izquierda muy revolucionaria y social, no ha mostrado ningún vínculo sustancial con los antaño poderosos sindicatos. A veces parece que las asociaciones patronales son el único respaldo asociativo de los sindicatos, pues, sin sus contrincantes, ambos se hundirían en la irrelevancia. Desde inicios de noviembre de 2017, la masa de lazos amarillos que, por el lado interior, decoran las oficinas públicas de la Generalitat, denotan la importancia de los funcionarios catalanes en la composición de la multitud indepe.

En los viejos tiempos de la Transición y el principio del felipismo, los sindicatos parecían importantes, tanto que el PSOE tembló frente a una huelga general y a la separación del duelo entre el partido y la UGT. Todo eso hoy no importa mucho, porque en Cataluña (al menos por ahora) los socialistas no son más que un recuerdo, y los poscomunistas ni eso. Tanto el PSC como lo que fue IC y luego ICV forman parte de los vastos fosos políticos que fueron tragados por el colapso de la crisis de 2008.

La Transición sería inimaginable en Cataluña, incluso en España, sin el PSUC. Era una formación nacionalista catalana, pero no separatista. Encarnaba el pasado triunfal de la República en guerra. Representaba la más tozuda lucha contra el franquismo. Era més que un partit (más que un partido), igual que, en una famosa frase de Narcís de Carreras (joven seguidor de Cambó, luego franquista), el Barça era més que un club. La cantidad de ministros y de personajes que se formaron en el PSUC, para luego triunfar en el PSOE o incluso en el PP, revela la influencia que el «socialismo unificado» catalanista tuvo entre las clases medias catalanas, incluidos los hijos de los franquistas (incluso los que no eran catalanes pero vivieron en Barcelona en el tiempo del franquismo tardío y la Transición).

Los años ochenta consumieron al PSUC y no dejaron casi nada, un poquito de burocracia y cenizas. Pero subsistió el marxismo (que no es lo mismo que el leninismo organizativo) como enfoque intelectual en las universidades. El peso marxista —absoluto en Historia o en las ciencias sociales y nada indulgente con la tradición católica que reemplazaba— hizo que el pujolismo mirase con una combinación de miedo y desprecio a las aulas. Los jóvenes independentistas, estudiantes de una carrera como Historia (que servía entonces como una especie de formación cultural general), se sintieron en un medio ideológicamente hostil, convertidos en objetos de adoctrinamiento por parte de sus profesores, formados en el sesentayochismo. No es una descripción abstracta, genérica: Joan Puigcercós (que dirigió ERC entre 2008 y 2011, es decir, entre Carod-Rovira y Oriol Junqueras), quien estudió en los años ochenta en la Universidad Autónoma de Barcelona y fue militante en la AEIU (Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Universitat), aprendió a defenderse mentalmente de la arrogancia de los marxistas, en especial de los profesores socialistas.

Se puede valorar el Procés catalán como una generalizada crisis de élites tradicionales, en la que todos los mecanismos de comunicación y control que prosperaron en la segunda mitad del siglo XX no llegan a sus públicos, ni mucho menos alcanzan sus audiencias, excepto como una parte adicional al ruido publicitario. Partidos políticos, sindicatos, prensa, televisión, radio, las universidades, las encuestas, todo se confunde en una algarabía de fondo, en la cual, para cada informe que dice una cosa, se puede encontrar otro que afirma lo contrario.

La televisión privada (entre las rivales Mediapro y Mediaset), de tan mala, no representa voz alguna. No es más que un medio para colgar largas ristras de anuncios con trozos de programación como excusa. Los telediarios suelen ser imitativos entre sí y repetitivos en su material. Las tertulias son intelectualmente nulas. Las televisiones públicas son partidistas hasta la saciedad.

La prensa (en retroceso desde hace tiempo) es poco leída y menos escuchada. Ya no dicta pautas de actuación.

Ante tales ausencias informativas, la solución colectiva ha sido el corrillo de toda la vida, el propio de la antigua sociedad agraria y analfabeta (hace menos de ochenta años), pero actualizado. Ahora la información está en las redes, donde tus amigos reales o imaginarios dan sus opiniones.

Esta información es muy mala (cuando no falsa), pero es directa, y además participativa. No se dialoga con un busto parlante televisivo ni con un editorialista. Se apaga la tele o se tira el periódico.

El deseo de autenticidad lo domina todo, pero se muestra irrealizable.

SER INDEPE: LA NULIFICACIÓN COMO EL MÍNIMO NEGOCIABLE

Fue precisamente la memoria de la capacidad de nulificación de la Generalitat en 1936-1937 —encarnada en la presidencia en el exilio de la Generalitat— la que, en 1977, traspasó legitimidad republicana a la confusa situación posfranquista. Pero hoy ya nadie se acuerda de eso.

La autonomía lanzada por Tarradellas, y convertida en un nuevo poder tangible por Pujol, recorrió un largo camino para redefinir la relación de una entidad catalana con el Estado español. En palabras de un historiador independentista, era cuestión de superar entidades administrativas y alcanzar el poder político. O sea, se ambicionaba alcanzar la nulificación, y esta estuvo presente en el Estatuto auspiciado por el tripartito liderado por Maragall y rechazado, con igual lógica tradicional, por el centralismo español (en especial por los conservadores, el PP).

La aparición del llamado soberanismo, más activo hacia 2010, y de un independentismo potente tras el verano de 2012 volvió a concentrarse en el derecho de alcanzar la nulificación. Esta protesta estaba dotada de gran impulso popular y desde sectores con distintas orientaciones. Ello dominó la desintegración de CiU, las tentativas de Mas y la presidencia de Puigdemont, ahora anulado por la aplicación del control central incluido en la Constitución de 1978. Las elecciones del 21 de diciembre de 2017, que restituyó las mismas proporciones de los comicios de 2015, apuntó a un camino que forzosamente continuará.

El Procés independentista catalán de 2012 a 2018 se ha formulado con varias sustituciones respecto a la estructura de poder. Se supone que la base aceptada de la vida política regional (según la mirada española) es en verdad nacional. Lo municipal es válido cuando concuerda con esta tendencia, pero no cuando lo contradice. Dicho carácter nacional es constituyente. Supera, por tanto, las formas estatales que pretenden ser superiores.

Visto en términos españoles, esta tesis es un asalto regional (y municipal) al Estado. Esta embestida se sustenta en una vasta protesta social de las clases medias catalanas.

Con este apoyo mesocrático, se supone que, en principio, la calle domina el Parlamento del Estado y a sus tribunales, pero no a la cámara de los buenos y próximos, como cuando, desde las manifestaciones callejeras, sectores no nacionalistas intentaron tomar el Parlament catalán en mayo de 2011.

El cabdill es (o personifica) el gobierno regional convertido en «nacional» y potencialmente «republicano». Es la encarnación perfecta. A él responde con obediencia tanto la calle movilizada como el Parlamento propio. Como estos (calle y parlamento) son próximos, ambos se tienen por democráticos, como en el reflejo de un espejo ideológico. En esta perspectiva de la democracia «participativa» o «cercana», los poderes entendidos como «lejanos» (Madrid, Bruselas) no dictan normas al pueblo consciente, aquel que hace coordinar la calle y la cámara propias sobre el terreno. Irónicamente, este criterio fue el discurso del 15-M de 2011 (y, un mes después, el ataque al parque de la Ciudadela y el Parlament) y también ha sido el argumento de los indepes en 2017-2018.

Sin embargo, la claridad de este esquema revela una confusión entre la táctica y la estrategia. El objetivo teórico es ser lliure: o sea, la libertad individual y colectiva en catalán. La meta institucional es el derecho al veto, que, en su sentido más extremo, es la independencia. Las partes de la sociedad catalana que no concuerden con este modo de sentir país sencillamente no cuentan. Como —dejando de lado los fraudes constatados— en el plebiscito unilateral del 1 de octubre votaron favorablemente unos dos millones doscientas mil personas (de una población de siete millones y medio), esa parte, por su voluntad (en todos los sentidos), se hace colectiva: materializa el pueblo catalán. Desde este punto de vista, el resto no resulta computable, por pasivos, indiferentes y contrarios.

Hay un diseño inteligente tras este proyecto. Como en ocasiones del pasado, es un cálculo publicitario, una proyección con pasos previstos y calculados. Pero no se trata de una conjura, o de una conspiración. Hay la espontaneidad de los medios sociales, su volubilidad e inestabilidad, que funciona como mecanismo de conexión. Es más bien una apuesta.

La jugada indepe ha procedido de la debilidad. Desconfiada, en diálogo, se escuda en su propia fragilidad: si no actuamos, desapareceremos. Su instinto —individual en la calle; calculado y comentado en un comité, en un despacho— es seguir, huir hacia delante. El gobierno catalán, su escasa mayoría parlamentaria en la cámara del Parque de la Ciudadela, rezuma debilidad. Pero los gobiernos españoles a los que se ha enfrentado son también flojos. El gabinete de Rajoy era tan frágil que se colapsó en cuanto se produjo el primer desafío coaligado de la oposición en el Congreso de los Diputados. El gobierno de Sánchez es aún más delicado, y se sostiene con recursos de despiste (como desmontar el mausoleo franquista en Cuelgamuros), igual que ya hizo en su día Zapatero.

La atracción especial que poseía la «utopía disponible» era precisamente su virginidad; gozaba de la magia que ofrecía una solución total que no pertenecía a nadie, hasta que transformó todo el escenario político catalán. Su carácter puro e innovador borró a quienes lo dominaron desde la Transición: se colapsaron la izquierda histórica, los comunistas (o poscomunistas) y los socialistas, todos caídos en un ejemplo local de un fenómeno mundial. Si en todas partes la política (de Donald J. Trump a Vladimir Putin) parece tan complicada de descifrar, es en gran medida porque la línea divisoria entre izquierdas y derechas, que es la cesura que ha regido el mundo político a lo largo de casi dos siglos, ya explica muy poco de la actualidad.

Pero también el nacionalismo catalán tradicional ha quedado degradado por la nueva dinámica, que desafía los tópicos más clásicos, como demuestra el retroceso del catolicismo. Por ejemplo: no parece factible un renacer democristiano en Unió Democràtica de Catalunya, que se disolvió en marzo de 2017, hace poco más de un año (aunque hoy parezca un artefacto de una época remota). Si la izquierda histórica se deshace como por artrosis, de pura vejez, también lo hace el nacionalismo sobre el que funcionó durante casi un cuarto de siglo el pujolismo.

EL ÉXITO MUNICIPALISTA, O LA NUEVA CARA DE LOS INDEPENDENTISTAS DE TODA LA VIDA

Si la conversión al independentismo por parte de la antigua Convergència y otros partidos moderados fue fruto de su sensación de debilidad, ello es mucho más cierto entre los independentistas de toda la vida, aquellos sin complejos ni dudas de conversos.

En los años ochenta, frente a la reinvención y estabilización de Esquerra como partido independentista, comenzó otra respuesta de renovación organizativa de una experiencia histórica, pasada. Era la solución de los otros independentistas: los muchos herederos de la fundación del PSAN.

Su remedio fue el asambleísmo extremo, la idea de una especie de conglomerado o fusión de muchas piezas que respondiera a la consigna de «Unidad Popular» (nótese las concordancias y afinidades electivas, ya que, en euskera, Herri Batasuna significa lo mismo). Durante las elecciones generales españolas de 1986, los maoístas españoles —el PCE (m-l) o Partido Comunista de España (marxista-leninista)— se presentaron como Unidad Popular Republicana, lo que indica que esa idea estaba en el aire. Ante el ascenso de la nueva Esquerra, los «hijos del PSAN», que eran partidarios de encontrar una forma de Unidad Popular a la catalana, quisieron mantener un espacio ideal común, con un fuerte ambiente ecléctico en su interior, pero también una forma asamblearia y una estrategia municipalista. Incluso hoy, todos estos son rasgos que no permiten saber con claridad y desde fuera qué partidos componen esa Unitat Popular y cuáles solo se adhieren en circunstancias concretas.

En algún momento de los años noventa, los muchos microgrupos se dieron cuenta del éxito de la maniobra de Esquerra —a pesar de la escisión de PI, de Colom y Rahola— al fagocitar el sentido genérico del «ser independentista» como marca política. Era evidente que hacía falta algún tipo de unificación. Pero, ¿cómo juntar a núcleos tan peleados entre sí? Era necesario el uso de formas asamblearias, no definitorias, junto con una terminología ambigua al tratar la definición de la «reunión», incluso del hecho mismo de reunirse. En 1993, se estableció la Assemblea d’Unitat Popular (AUP) con militantes de MDT-IPC y gente descolgada de La Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua. La disolución de Terra Lliure en 1995 abrió posibilidades que la MDT entendió que no podían ser aprovechadas como maniobra exclusiva. Se formó entonces, ese mismo año, la PUA o Plataforma per la Unitat d’Acció. Con el tiempo, la PUA dio paso a Endavant (Organització Socialista d’Alliberament Nacional).

Hay que entender algo muy importante: una gran parte de las energías que se canalizaban en todas estas entidades o en el movimiento como conjunto eran municipales, es decir, en ayuntamientos, y con frecuencia bastante pequeños. Con lo cual, la visión desde arriba —la «sopa de letras» organizativa— era menos importante en el marco de pueblos o de las relaciones entre una zona o comarca, y otra. Las siglas eran una perspectiva urbana, ya que con frecuencia la dinámica de trato personalizado era el típico en la muntanya. Para bien o para mal, los lazos personales dan mayor resultado.

Por lo tanto, buena parte de esta dinámica, sobre todo en los años noventa, no apareció en la prensa, ni mucho menos en la televisión generalista (incluida TV3), aunque sí en las radios locales. A mediados de los años ochenta, vista la dificultad que tenían las iniciativas independentistas de salir elegidas en elecciones generales o catalanas, el Moviment d’Esquerra Nacionalista y el MDT fundaron una Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista (AMEI). Por entonces, las entidades de coordinación municipal eran o socialistas o convergentes, y la propuesta de la AMEI siguió casi invisible.

La organización Endavant (Organització Socialista d’Alliberament Nacional) —conocida en el medio de la esquerra independentista simplemente como Endavant o Endavant (OSAN)— fue fundada en el verano de 2000. Antes, ya en abril de 2000, en un encuentro en Vinaròs, se acordó el llamado Procés de Vinaròs, con el ánimo de impulsar algún tipo de coordinadora para la izquierda independentista, en particular con la idea de unas candidaturas de Unitat Popular. Con este formato hubo intervenciones en las elecciones municipales de 2003 y en las europeas de 2004. Insistimos, pues, en que estos éxitos no salieron en los periódicos importantes, ni los comentaron los sesudos académicos cuando hablaron del desarrollo de la política catalana. Pero los concejales ganados aquí y allá permitieron que la CUP se dotara de un marco operativo de «asambleas nacionales». En las asambleas de 2009, primero en enero en Tortosa y luego en junio en Girona, se acordó ir con calma, prever la posibilidad de avanzar más allá del municipalismo, hacia la participación en las elecciones al Parlamento de Cataluña, pero no en 2010. La postura de la CUP era animar el voto independentista de izquierdas en todos los Países Catalanes.

La dinámica social del 15-M de 2011 abrió puertas al contexto metropolitano, al sumarse colectivos urbanos nuevos. Tras una década de actividad local, y una cierta discusión, la CUP entró con éxito en las elecciones catalanas de 2012, logrando tres escaños. Eran unos muy buenos resultados, que promocionaron mediáticamente a figuras como David Fernàndez, para irritación de sus colegas. En los comicios municipales de 2015, se dobló la oferta, con resultados consecuentes.

La sorpresa, sin embargo, vino en la siguiente vuelta electoral. En las elecciones de julio de 2015 al Parlament, el cansancio con los discursos habituales dio a la CUP diez escaños, que eran además decisivos para crear una mayoría independentista en la cámara. La CUP mostró su poder, al obligar la retirada de Artur Mas y su sustitución por Carles Puigdemont, el alcalde de Girona. Fue entonces cuando Anna Gabriel, de Endavant (OSAN), entró en la candidatura. El Parlament —y toda la estrategia de Puigdemont— quedó en manos «cupistas», que resultaron ser muy imprevisibles, para frustración de los seguidores del presidente. Sin embargo, tanto altibajo en la cámara desconcertó al voto más inmediatista y la CUP bajó a cuatro diputados en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Como su nombre indica, la CUP es tan solo una candidatura. No pretende ser más. No es una organización propiamente catalana sino extendida de los Países Catalanes, con un enfoque que podría igualmente actuar en los gobiernos autónomos de la Comunidad Valenciana y de las Baleares. Con su sede en Manresa, queda todo dicho: sí a los Países Catalanes, nada del centralismo de Barcelona, nada de reconocer el Estado, la monarquía o sus fuerzas opresivas y de ocupación. Su programa combate activamente el patriarcalismo y el envenenamiento del territorio. Como se puede suponer, discuten mucho, se reúnen con formas muy cuidadas (para que nadie se enfade) y recogen todo lo dicho.

La CUP se presentó en las elecciones catalanas de 2012 como CUP-Alternativa d’Esquerres (Alternativa de Izquierdas). En las elecciones sucesivas, en 2015, fue CUP-CC, o Crida Constituent (Llamada Constituyente). Así, según la perspectiva de la autodenominada esquerra independentista o MCAN (Moviment Català d’Alliberament Nacional; Movimiento Catalán de Liberación Nacional), el hecho de ser indepe es ya un cierto posindependentismo, una superación de la pesada herencia del PSAN y su miríada de escisiones, así como de la quimera de la lucha armada contra el Estado y sus fuerzas.

La evolución del separatismo al independentismo, por tanto, culmina en el hecho de ser indepe, que es otra cosa. Nos encontramos ahora en una coyuntura en la cual el lenguaje político tradicional se deshace y se rehace, bajo la tensión y el aprieto de formas de comunicación que cambian casi a diario. Se inutiliza todo lo demás, lo antiguo, lo viejo, incluso las opciones de novedad que no tuvieron un éxito inmediato.

Dentro de la CUP, sobreviven varias corrientes históricas, cada una de las cuales incluye lo que podríamos llamar «formas zombis». Es decir, hay opciones vivas, patentes, pero que retienen, de modo parasitario en su seno, restos latentes del pasado, que políticamente están muertas. El PSAN, que se define como partido independentista de inspiración comunista, se declara congelado, o sea, sin actividades públicas, lo que no excluye la vida propia orgánica. El MDT, con grupos juveniles sucesivamente fusionados (como Maulets y Arran), desde noviembre de 2014, se llama Poble Lliure (Pueblo Libre). Ahora bien, la adscripción de los grupos juveniles seguramente es disputada por otras entidades. Hay grupos próximos, como La Forja, fundada en febrero de 2018. Para Poble Lliure, la CUP es una plataforma representativa, pero nada más: figura como la «organización de masas de la unidad popular catalana». Luego está Endavant (OSAN), que ha sido una entidad antieuropeísta, anticapitalista y evidentemente antiespañola.

No pretendo, ni de lejos, aportar una lista acertada, pues desborda la variedad transformadora de los grupos juveniles. Existe toda la dimensión de la esquerra independentista en la Comunidad Valenciana, con lógicas conectadas pero contextos muy diferentes, que no he explorado para nada.

Pero el caso es que, por ahora, toda la variedad de grupúsculos que salieron del PSAN y del nacimiento del independentismo han encontrado un espacio efectivo y operativo en la CUP.

Sin embargo, persiste un tema crucial: el independentismo sigue siendo una minoría. La estimación pública de la esquerra independentista en su conjunto para el año 2018 ronda los tres mil afiliados. La CUP tenía en 2014 unos mil trescientos veinticinco militantes repartidos por ciento nueve agrupaciones locales distribuidas por los Países Catalanes.

La multitud son los indepes, que son otra cosa, antiguos convergentes radicalizados, fanatizados, o militantes de Esquerra Republicana. E incluso estos no están de acuerdo entre ellos.

LA MONTAÑA RUSA DE 2017-2018

La vida política durante la «revolución catalana» iniciada en octubre de 2017 ha resultado ser una montaña rusa, una máquina de sorpresas y sustos a alta velocidad, en la que tanto subes como bajas. La lectura de los diarios (online o en papel) es una secuencia semanal de sorpresas, en la que la claridad de opciones de anteayer es hoy historia, mejor dicho, micro-historia, un acontecimiento demasiado trivial y detallado para ser recordado.

El juego todavía lo domina aquello grande y medio muerto que fue una vez Convergència. En la pos-Convergència hay muertos vivientes, como Artur Mas, y otros que fueron apartados de sus cargos como castigo por los tribunales. ¿Cómo definirlo? Es el PDeCAT (Partit Demòcrata Europeu Català) pero, entre según qué círculos, se notan ganas de no serlo. Fue JuntsxSí (Junts per Sí, elecciones de 2015), pero no es lo mismo. Fue o es JuntsxCat (Junts per Catalunya, elecciones de 2017) hasta el frustrado JuntsxLaRepública (propuesta de marzo a junio de 2018).

Muy pronto estalló una tensión visible entre el exiliado Carles Puigdemont y Quim Torra, y lo que representaba. Puigdemont quiso reinventar otra vez a la pos-Convergència para convertirla en una Crida Nacional per la República. Ello implicó deshacerse de la dirección del PDeCAT —en concreto, de Marta Pascal, la secretaria general—, que había pretendido establecer una negociación efectiva con el flamante gobierno central socialista. En la Moncloa, Torra se encontró —si se quería ver así— de presidente a presidente con Sánchez, para activar una solución. Mientras tanto, los sectores más radicales exigían la libertad de los consellers encarcelados, y no su mero traslado a las cárceles catalanas. Era evidente que, sin mucha buena intención por ambas partes, las implicaciones judiciales iban a ser un escollo. Cuando el juez Llarena aceptó la respuesta del tribunal de Schleswig-Holstein y retiró la euroorden contra Puigdemont, este último se lo tomó como una victoria. Volvió a Bélgica e impuso la línea dura, de tot o res (todo o nada), que barrió a Pascal y dejó a Torra como el nuevo secretario del presidente «auténtico», como dijo con razón la dirigente catalana de Ciudadanos Inés Arrimadas.

A finales de julio de 2018, desde Alemania, Puigdemont fulminó a Marta Pascal, quien había llevado las relaciones con el nuevo gobierno socialista y quien defendía con energía la supervivencia del PDeCAT. De pasada, reducía al estatus de botones y mensajero a Torra, que había establecido los contactos con Pedro Sánchez. Ahora solo existe la nueva Crida Nacional per la República (CNR) y Puigdemont quiere reinar —cual pretendiente carlista de antaño— sobre sus fieles.

Mañana (o sea, mientras escribo) puede convertirse en cualquier otra cosa por el estilo. Los sucesivos equipos del pos-PDeCAT funcionan como comités que tienen la tentación de convertirse en asambleas. Hace tiempo que el entorno posconvergente se ha hecho adicto a su propia publicidad y depende de una dosis cada vez más masiva. Tiene dos cabdills, uno en el exilio (Puigdemont) o, en todo caso, con el acceso vetado a España; el otro, Quim Torra, negocia con Sánchez de vez en cuando. ¿Quién manda aquí? Nadie termina de saberlo, aunque sea verdad que Torra rinde pleitesía a Puigdemont. Desde 1933, el sistema político catalán siempre ha sido caudillista y personalista. El Parlament es un añadido, no el espacio de debate decisivo. Con el ser indepe menos aún, ya que realmente no hace falta aguantar los discursos irritados de Ciudadanos, el PSC y el PP.

Entonces llegó la parodia de la revolución. Con el calor de finales de julio de 2018, la postura de las distintas fuerzas independentistas apuntaba a dos alternativas.

Una huelga de taxis contra los VTC (Vehículos de Transporte Concertado, los coches con chofer de empresas como Uber o Cabify) paralizó Barcelona entre el 26 de julio y el 1 de agosto. Pronto fue copiada en Madrid y otras ciudades. De repente, un tema de absoluta trivialidad política había adquirido una resonancia global, con muestras de solidaridad (vía redes sociales) desde Lisboa hasta Brasil. El presidente Torra pidió serenidad y fue ignorado. El gobierno de Sánchez no se atrevió a reconquistar el control de las calles y buscó conversaciones discretas que limitaron la actuación de los coches de alquiler frente a la vehemencia de los taxistas. Todo esto generó una profunda irritación en los Comités de Defensa de la República, los temidos CDR. ¿Cómo era posible que ellos no pudieran poner Barcelona patas arriba y los taxistas sí? Cuando terminó la huelga, los CDR atacaron cubriendo las oficinas de ERC con carteles como protesta por no poder protestar. En otras palabras, bajo «la revolución de las sonrisas» hay otra, retenida, y con gesto más bien ceñudo.

No hay más que brotes de tumulto, agresiones pero no violencia real, con tiros. No dominan los independentistas, sino los indepes. Mandan, por tanto, los proteicos, los volubles, esa postConvergència y ese pospujolismo capaz de cambiar y seguir igual, que sobrevive a fuerza de pociones mágicas de publicidad masiva, con doble liderazgo o, como mínimo, con dos presidentes a la vez.

En segundo lugar, la alternativa de gobierno dentro de la clave del ser indepe es, de modo indudable, ERC. Esquerra es el partido indepe ideal, que tiene diputados y cuadros, que entiende de táctica. Desde que los independentistas reconvertidos vaciaron el partido en 1987, quitaron a los ancianos o los dejaron morir, ERC es una entidad con cierto sentido, aunque con el lastre de ser una asamblea permanente, tras los muros que lo hacen parecer un partido coherente. Se trata de un partido asambleario y, por tanto, le sucede lo inverso que a JuntsxNo-se-sabé-qué: en sus asambleas vive la esperanza (que va y viene) de operar con comités.

En cuanto a estrategias, a ERC le domina su propia prehistoria, el tiempo fundacional auténtico, cincuenta años antes de 1987. Así, cuando cada mañana se despiertan sus dirigentes (en la cárcel o en sus casas), vuelven a la República y al anhelo del cabdill.

Desde fuera, los observadores, en los diarios y blogs, esperan descubrir un ser indepe capaz de actuar con realismo político. Veremos.

En tercer lugar, reunidos en la asamblea de asambleas, se encuentran los independentistas auténticos, los de la CUP, que de un modo u otro nacieron de la semillita del PSAN y pasados más lejanos: recuérdese que, antes de 1901, la Unió Catalanista no quería ensuciarse con la política electoral y así nació la Lliga. La CUP no cree en la política, ni en el Parlament; solo en los municipios se encuentra cómoda.

Por eso, engordada con votos de desesperación o confusión, ha tenido una actuación parlamentaria abiertamente errática. Es de suponer que, si se llega a nuevas elecciones y sobrevive, continuará igual, pues ser —las candidaturas en plural o la CUP en singular— es algo contra natura para un sector que se siente cómodo en la escisión.

Finalmente, el ser indepe ha dado un notable protagonismo a los grupos de presión transversales: por la derecha, Òmnium (que solo se hizo efectivo al hacerse transversal), y por la izquierda, la ANC. Hay alguna tentativa de crear una entidad parecida.

Òmnium y la ANC ofrecen un modo de ser indepe contrapuesto al de la CUP: no son partidos políticos, sino lobbies con miles de afiliados, algo bastante extraño excepto en el país del Barça, que es més que un club. Dicho de otro modo, Òmnium y la ANC son intentos de forzar que los partidos políticos no sean capaces de movilizar la opinión. Lo han hecho muy bien, desde 2011 hasta ahora. Su problema es que, por ahora, no pueden hacer más. ¿O sí pueden? Ha sido, desde septiembre de 2017 hasta junio de 2018, el combate de la tozudez contra la tenacidad y la obcecación, del empecinamiento contra la obstinación. Pero el verano no ha clarificado nada.

¿QUIERES QUE TE LO CUENTE OTRA VEZ?

Para cerrar: hemos visto el enfrentamiento de las reacciones contrapuestas. Y sí, lo digo en el sentido de reaccionarios. Según el Diccionario de la Real Academia (una última cita lexicográfica): «Perteneciente o relativo a la reacción (la actitud opuesta a las innovaciones)».

El cambio de la sociedad es absolutamente visible en 2018: cambia el clima global, se desborda la sobrepoblación, la gente se desorienta con la destrucción de las normas operativas a lo largo del siglo pasado (en sexualidad, en religión, en valores de cualquier tipo, incluso en la visión normativa de una sociedad del bienestar), se deshacen también las alianzas geopolíticas. Todo eso y mucho más será lo nuevo. El presente como futuro pasado es una alteración profunda, con resultados claros solo para los más confiados o creyentes, que miran hacia atrás.

Una reacción centrífuga idealiza una parte de una sociedad y la proclama auténtica, ante la falsedad del Estado y de la otra parte de la sociedad, que no se identifica con esa idealización.

La otra, la respuesta o reacción centrípeta, asegura ser verdadera y niega la primera como una falsificación, rechazando sus argumentos. En el Estado reside lo genuino, y la evocación de las sociedades parciales —las que sean— no puede ser más que mentiras interesadas.

Ambas reacciones miran al pasado, no al futuro. Ambas aseguran que la otra, la contraria, es un fraude.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, ambos bandos aseguraron que querían dialogar. En noviembre del año 2000, lo hemos recordado aquí, la periodista Gemma Nierga desafió al presidente Aznar con su exigencia de diálogo. La Vanguardia tituló, al día siguiente: «900.000 personas piden en Barcelona a los políticos que dialoguen para acabar con ETA». Pero el Estado derrotó a ETA sin diálogos, se mire como se mire. El independentismo catalán oficial (Puigdemont), y el PP (Rajoy) no tenían nada de qué hablar excepto los términos respectivos de rendición; y por ello nunca se sentaron a pactar un acuerdo. Ahora, el gobierno de Sánchez dice que busca una solución, mientras el PP y Ciudadanos denuncian la debilidad socialista frente a los independentistas. Y es verdad que los tres cambios de régimen en España a lo largo del siglo XX —la dictadura de Primo de Rivera (con la Mancomunitat), la Segunda República y la Transición— estuvieron profundamente condicionados en su origen por la política catalana. Uno se pregunta cuánto tardarán los partidos de la oposición, populares y ciudadanos, en acusar a Sánchez (o a quien sea) de traidor. Mientras tanto, Torra dice que quiere hablar, pero Puigdemont no le deja.

La República catalana es el ensueño que mantendrá en pie la lucha independentista en los próximos meses. La promocionan la Crida Nacional per la República (fundada a mediados de julio de 2018) de Puigdemont y algunas facciones de la CUP. Esquerra Republicana parece menos convencida, pero ¿quién sabe?

Sin duda, la República catalana es un producto imaginario, que responde a los deseos indepes de los últimos años, igual que las camisetas y otra parafernalia de promoción de la estelada. La República está inevitablemente identificada con el amarillo, color usado para reivindicar a los «presos políticos» («políticos presos», contestan los constitucionalistas y unionistas). Cuanto más se sube hacia la muntanya catalana, más se percibe la identificación con este ente imaginario y subversivo ante la monarquía: hay municipios que se proclaman parte de la República, entre una abundancia de amarillo. No es más que mercadotecnia política, pero el porvenir puede sorprender, y mucho.

La división entre la montaña y la costa urbana en Cataluña quedó patente en los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, hasta el punto de que los constitucionalistas parodiaron a Puigdemont y proclamaron la antiindependencia de una entelequia bautizada como Tabarnia (Tarragona más Barcelona), con Albert Boadella (unionista militante, actor y director) como autoproclamado presidente. Tabarnia tiene bandera propia y dio para cierto ruido mediático en la primavera de 2018. Se respondió con más amarillo, más lazos y también cruces. Ya en el verano, creció una contracampaña de eliminación física de la simbología amarilla y republicana. Eran acciones frecuentemente nocturnas, pero cada vez más de día, que los independentistas caracterizaron como acciones fascistas. La prensa independentista lo ha denunciado: «¿Quiénes son los violentos? ¿Los que cuelgan lazos o los que los arrancan?»

Parece marketing ideológico sin mucha densidad. Funciona como un recordatorio de que existe el deseo de un régimen alternativo por parte de la mitad de la población. ¿Por qué? No se sabe muy bien, excepto que España, la Corona y el PP lo han hecho muy mal y no parece que nadie lo vaya a hacer mejor en el futuro. ¿Para qué? Pues el «pueblo catalán» (el bueno, el auténtico, los dos millones aproximadamente de votantes en el plebiscito unilateral del 1 de octubre de 2017) así lo desean y lo creen necesario.

Ahora bien, hay que tener cuidado con despreciar el imaginario: la fe, se dice, mueve montañas. ¿Y la muntanya catalana?

A finales del verano de 2018, la República catalana flota en el fondo, tras la Generalitat institucional y tangible, recuperada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Flota igual que la casa de Waterloo, y Puigdemont se mantiene en la sombra, detrás de Quim Torra. De nuevo: ¿aquí quién manda? ¿Y quién mandará en unos meses?

Hay nostalgias alternativas en los dos presidentes.

Puigdemont, nacido en Amer, localidad de unos dos mil habitantes, encarna mentalmente la muntanya. Presume de haber sido siempre indepe, incluso cuando fue militante en CDC bajo la férula pujolista. Fue alcalde de Girona, ciudad orgullosa de ser la anti-Barcelona, la auténtica en cuanto a catalanidad y supuestamente libre de las taras, mestizajes y turismos degradantes de la capital. Su cargo le convirtió en vocero de las ciudades menores —a los gerundenses se les atribuye el mejor nivel de vida de toda España— ante las zonas metropolitanas desalmadas. Puigdemont rompió en 2011 con unos treinta y dos años de control socialista del municipio gerundense, lo cual dio un sentido especial a su liderazgo de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), entidad de coordinación de los municipios en manos indepes (no de la esquerra independentista), frente a lo que habían sido hasta entonces las coordinadoras de municipios de socialistas y convergentes.

Si Puigdemont pretende encarnar literalmente la terra y la muntanya, Torra quiere encarnar la reaparición del catalanismo intelectual de los años veinte y treinta, con toda su carga de combate ante los cosmopolitas espurios, ya sean catalanistas o libertarios de habla afirmativa castellana.

Juntos, expresan la negación de todo lo que ha cambiado en Cataluña para homogeneizar y españolizar. La reacción que generan tanto Puigdemont como Torra a su favor viene de ese espanto.

Pero sucede lo mismo en el lado opuesto de la confrontación.

La pugna entre el Estado español y la monarquía contra la voluntad republicana catalana es una lucha de desgaste. Por ahora, la República carece de sustancia, pero el juez Llarena y el Tribunal Supremo no han podido capturar ni a Puigdemont ni a algunos de los consejeros que huyeron con él y siguen lejos de casa. ¿Cómo se procesará a quienes proclamaron la invalidez en Cataluña de la ley española y anunciaron la República? La Judicatura hoy manda mucho, pero ¿cuánto?

Por su parte, Rajoy ya no existe políticamente y ha quedado reducido a su cargo de funcionario oscuro, registrador de la propiedad en Santa Pola, provincia de Alicante, si bien ha aparecido alguna que otra vez por Madrid, para recordar que le interesa un rango pospresidencial que inicialmente parecía no desear. El PP se ha impuesto a sí mismo un liderazgo que por ahora (escribo en agosto de 2018) no se muestra muy sólido. Los socialistas, en estas mismas fechas estivales, resultan una minoría con fanfarria y boato, pero no garantizan un futuro acuerdo. La Corona, en la persona de Felipe VI, no es una institución sólida. Está cuestionada desde muchos ángulos. Así pues, los republicanos catalanes, con toda su fantasía, han tocado y hundido a figuras y fuerzas que hace un año, en 2017, parecían inamovibles.

Hasta aquí hemos llegado. Hay una rima castellana para frustrar a los niños; dicen varias tonterías y acaban con: «¿Quieres que te lo cuente otra vez?». Da igual que la criatura diga sí o no. Le tocará oírlo, hasta rabiar. Pues eso.

Siglas, contracciones o acrónimos usados en el libro

15-M | Movimiento 15-M, «Indignados», mayo 2011
abertzale | Propio de Herri Batasuna y, por implicación, en su día proetarra
ACR | Acció Catalana Republicana
AEIU | Assemblea d’Estudiants Independentistes d’Universitat
AIC | Assemblea d’Independents de Catalunya
AMEI | Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista
AMI | Associació de Municipis per la Independència
ANC | Assemblea Nacional Catalana
ANV | Acción Nacionalista Vasca
AP | Alianza Popular
AUP | Assemblea d’Unitat Popular
BEAN | Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional
BCT | Bloc Català de Treballadors
BOC | Bloc Obrer i Camperol / Bloque Obrero y Campesino
CADCI | Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria
CAOC | Cercle d’Agermanament Occitano-Català
CEDA | Confederación Española de Derechas Autónomas
CEDADE | Círculo Español de Amigos de Europa / Cercle Espanyol d’Amics d’Europa
CEE | Comunidad Económica Europea
CDC | Convergència Democràtica de Catalunya
CDR | Comitès de Defensa del Referèndum; Comitès de Defensa de la República
CiU | Convergència i Unió
CGT | Confederación General del Trabajo
CNT | Confederación Nacional del Trabajo
CNV | Comunión Nacionalista Vasca
CUP | Candidatura d’Unitat Popular
CUPS | Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme
DDR | Deutsche Demokratische Republik, o República Democrática Alemana
DIEC | Diccionari de la Llengua Catalana de L’Institut d’Estudis Catalans
ECPP | Estat Català Partit Proletari
EDC | Esquerra Democràtica de Catalunya
EPOCA | Exèrcit Popular Català
EUiA | Esquerra Unida i Alternativa
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya
ETA | Euskadi Ta Askatasuna (en euskera: País Vasco y Libertad); adjetivo «etarra»
FAC | Front d’Alliberament de Catalunya
FCB | Fútbol Club Barcelona
FCC-B | Federació Comunista Catalano-Balear del PCE
FECSA | Fuerzas Eléctricas de Cataluña
FDN | Federació Democràtica Nacionalista
FNC | Front Nacional de Catalunya
FNEC | Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
FNTT | Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra-UGT
FRAP | Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
FUC | Front Universitari de Catalunya
GCR | Guardia Cívica Republicana
IC | Iniciativa per Catalunya
ICV | Iniciativa per Catalunya-Verds
IRA | Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
IRB | Irish Republican Brotherhood (Hermandad Republicana Irlandesa)
JARE | Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles
jelkide | Propio del Partido Nacionalista Vasco; también jeltzale
JERC | Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya
JEREC | Joventuts d’Esquerra Republicana d’Estat Català
JONS | Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista
LAB | Langile Abertzaleen Batzordeak (en euskera: Comisiones de Obreros Abertzales)
La Crida | La Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes
LOAPA | Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico
MCAN | Moviment Català d’Alliberament Nacional
MDT | Moviment de Defensa de la Terra
MIL | Movimiento Ibérico de Liberación
M-L | «Marxista-Leninista», con la implicación de ser prochino
MRC | Movimient Revolucionari de Catalunya
MSC | Moviment Socialista de Catalunya
MUM | Moviment d’Unificació Marxista
NdE | Nacionalistes d’Esquerra
NS! | Nosaltres Sols!
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OLLA | Organització de la Lluita Armada
OMNS | Organització Militar Nosaltres Sols
Òmnium | Òmnium Cultural
ONU | Organización de las Naciones Unidas
Ormica | Organització Militar Catalana
PCC | Partit Comunista Català
PCE | Partido Comunista de España
PCE(i) | Partit Comunista d’Espanya (internacional)
PCE ( | Partido Comunista de España (marxista-leninista)
PCdeC | Partit Comunista de Catalunya
PCP | Partit Català Proletari
PDeCAT | Partit Demòcrata Europeu de Catalunya
PNC | Partit Nacionalista Català
PNV | Partido Nacionalista Vasco
POUM | Partit Obrer d’Unificació Marxista
PP | Partido Popular
PRD | Partido Reformista Democrático
PSAN | Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans
PSAN- | Partit Socialista d’Alliberament Nacional-Provisional
PSC-R | Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament
PSC | Partit dels Socialistes de Catalunya
PSOE | Partido Socialista Obrero Español
PSRC | Partit Separatista Revolucionari de Catalunya
PSUC | Partit Socialista Unificat de Catalunya
PTE | Partido del Trabajo de España
PUA | Plataforma per la Unitat d’Acció
SECED | Servicio Central de Documentación
SEM | Societat d’Estudis Militars
SNP | Scottish Nationalist Party
TLL | Terra Lliure
TV3 | Televisión pública de Cataluña
UÇK | Ushtria Çlirimtare e Kosovës (en albanés: Ejército de Liberación de Kosovo)
UCD | Unión de Centro Democrático
UCR | Unión Cívica Radical
UDC | Unió Democràtica de Catalunya
UGT | Unión General de Trabajadores
UP | Unión Patriótica
URSS | Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USC | Unió Socialista de Catalunya
Vichy | Régimen del État français, bajo el mariscal Pétain

Bibliografía indicativa

(incluye las obras mencionadas en el texto)

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El máximo especialista en secesionismo catalán analiza la historia del separatismo político en Cataluña desde sus comienzos hasta el presente.

Estamos ante una flagrante paradoja: desde su aparición en Barcelona en el invierno de 1918-1919, el separatismo político siempre había sido una fuerza minoritaria. A veces muy influyente, pero por razones que fuera de Cataluña no se entendían.

Desde 2011 es un impulso de masas que llena avenidas, calles y plazas, domina la vida parlamentaria, desafía al Estado y a los tribunales y parece recoger apoyos en el extranjero. ¿Cómo se ha producido un cambio tan drástico? ¿Cómo unos grupúsculos que hasta hace poco los politólogos no se dignaban analizar se ha convertido en la fuerza que determina los ritmos de la política no solo en Cataluña sino también en España?

En Breve historia del separatismo catalán, el reconocido historiador Enric Ucelay-Da Cal nos explica, de modo frío e imparcial, por qué nació el separatismo y cómo se desarrolló bajo la República durante la guerra civil y contra el franquismo. Pero también nos explica su transformación, el modo en que los independentistas hicieron relativa oposición al predominio de Jordi Pujol para llegar a subvertir el autonomismo desde dentro. El resultado es una obra sintética y divulgativa que no deja indiferente

ENRIC UCELAY-DA CAL Nueva York, 1948), hijo de exiliados republicanos españoles, es un reconocido historiador especialista en nacionalismo catalán y el primer estudioso monográfico del separatismo. Ha sido catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra y ha impartido cursos en la Duke University, entre otros centros de investigación de Estados Unidos y Europa. Es autor de numerosos libros académicos y centenares de artículos especializados sobre nacionalismo e historia de Cataluña y España, entre ellos títulos de impacto que han cambiado percepciones y tópicos, como La Catalunya populista: Imatge, cultura i política en la etapa republicana, 1931-1939 (1982) y El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D'Ors y la conquista moral de España (2003).

Edición en formato digital: octubre de 2018

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