Breno M. Bringel

Doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor del Departamento de Ciencia Política III. Ha sido profesor visitante en universidades de Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, Portugal, Suiza, Reino Unido y Uruguay. Es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y director de estudios asociado de la Fondation Maison des sciences de l’homme de Paris, vinculado al Collège d’études mondiales. Coordina el grupo de trabajo de Investigación Militante de CLACSO y es miembro del Comité Ejecutivo del Research Committee on Social Classes and Social Movements de la Asociación Internacional de Sociología. Editor de Open Movements/Open Democracy (Londres) y de la Revista Dados (Río de Janeiro). Su libro más reciente es Protesta e indignación global (Buenos Aires: CLACSO, 2017), editado con Geoffrey Pleyers.

José Maurício Domingues

Doctor en Sociología por la London School of Economics and Political Science. Ha sido profesor/investigador visitante en universidades de Alemania, Angola, Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Israel, México y Reino Unido. Es profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Ha recibido el prestigioso Premio Anneliese Maier de Investigación de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania para los años 2018-2023 y es autor de más de treinta libros, publicados en español, inglés y portugués, sobre teoría social, modernidad, subjetividad colectiva, desarrollo y sociedad contemporánea. Su libro más reciente es Emancipation and History. The Return of Social Theory (Leiden: Brill, 2017), también publicado en portugués como Emancipação e história. O retorno da teoria social (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018).

Breno M. Bringel y José Maurício Domingues

Brasil

Cambio de era: crisis, protestas y ciclos políticos

Serie Desarrollo y cooperación

dirigida por josé ángel sotillo y tahina ojeda medina

© BRENO M. BRINGEL Y JOSÉ MAURÍCIO DOMINGUES, 2018

Imagen de portada: Santiago Minas

© Los libros de la Catarata, 2018

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

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© Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC), 2018

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28015 Madrid

Tel. 91 394 64 09

Fax. 91 394 64 14

iudcucm@pdi.ucm.es

Brasil

CAMBIO DE ERA: CRISIS, PROTESTAS Y CICLOS POLÍTICOS

ISBN: 978-84-9097-508-4

E-ISBN: 978-84-9097-512-1

DEPÓSITO LEGAL: M-19.966-2018

IBIC: JPH/1KLSB

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

INTRODUCCIÓN

La entrada en prisión de Luiz Inácio Lula da Silva el día 7 de abril de 2018 dio la vuelta al mundo y acaparó la atención de las principales agencias y medios de comunicación, así como de las redes sociales. No es para menos. El expresidente brasileño seguramente pasará a la historia como uno de los personajes más emblemáticos de la política nacional. Asimismo, su liderazgo, que tuvo gran repercusión internacional, inspiro a varios países del Sur global, proyectando, a su vez, el rol de Brasil en América Latina y en el mundo en este nuevo siglo. Aquellos más conocedores de la política brasileña y latinoamericana recibieron con aprensión la noticia, alertas por el papel político del poder judicial, el crecimiento de posiciones extremistas y de odio y las consecuencias políticas y electorales de su encarcelamiento, principalmente su impacto en la contienda presidencial de octubre de 2018, en la que Lula da Silva partía como favorito, liderando todas las encuestas. Por otro lado, los que siguen la escena política brasileña con más distancia tomaron la noticia con estupefacción y sorpresa: ¿cómo ha podido una figura como Lula, que llegó a tener una de las mayores tasas de popularidad de la historia reciente del país, acabar en la cárcel? Más que eso: ¿qué ha ocurrido con Brasil? ¿Cómo, en tan poco tiempo, el “país del futuro” —que aparentemente crecía a buen ritmo y con políticas que parecían agradar a sectores sociales y políticos muy diversos, incluso a aquellos habitualmente excluidos— se desplomó, económica y políticamente, con tanta rapidez?

“Brasil no es un país para principiantes”, decía una célebre frase del cantante y compositor Antonio Carlos Jobim. Nada más acertado que eso. Pero el caso es que, incluso para estudiantes de nivel avanzado, resulta bastante difícil dotar de un sentido explicativo a la serie de acontecimientos y escándalos que se suceden en el país durante los últimos años. Ni siquiera la mejor de las telenovelas brasileñas o de las series de culto actuales parecen tener la creatividad para generar una trama tan compleja y repleta de golpes de efecto, en la que las noticias bombásticas del día anterior caen rápidamente en el letargo. La realidad supera la ficción y, obviamente, en el transcurso de los sucesivos capítulos no hay meros espectadores, sino sujetos activos que van cambiando el curso de los acontecimentos.

La prisión del principal líder del Partido de los Trabajadores (PT) es un evento político saturado de significados que condensa elementos centrales de la vida política brasileña contemporánea, evocando una serie de dudas sobre el presente, pero también movilizando imaginarios y escenarios sobre el pasado y el futuro, con la vida política brasileña muy polarizada en los últimos años. Para gran parte de la izquierda se trata de simple y perversa persecución, de una (in)justicia selectiva, de una venganza contra Lula y su partido por haber favorecido a las clases populares. Por otra parte, el combate a la corrupción —o lo que se puede definir como neopatrimonialismo, que se encuentra en todos los estados modernos pero que en Brasil evidencia una fuerza tremenda— moviliza sectores muy amplios de la sociedad brasileña. En este sentido, el poder judicial pasó a ocupar un espacio central en la dinámica del país, con enorme impacto en la política.

Si miramos la situación global, parece haber un Zeitgeist más amplio, propio de nuestro actual momento histórico, en el cual el odio de clase, la intolerancia y las posiciones machistas, racistas y xenófobas no parecen tener mayores problemas en explicitarse públicamente, fortaleciéndose, además, por la complicidad —implícita o explícita— de varios sectores políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, en países centrales y periféricos. Eso ocurre junto a cambios profundos en las sociedades, más individualizadas, plurales y fracturadas, con dificultades para articular respuestas globalmente estructuradas al capitalismo financiero de nuestros días, por más que se hayan ampliado las reivindicaciones por una verdadera democracia. En sintonía con esos elementos más generales, hay especificidades del caso brasileño que marcan el momento presente, delineando la actual correlación de fuerzas, las limitaciones de determinados proyectos políticos, el agotamiento de ciertos actores y la emergencia de otros.

Un presente enmarañado que remite, con frecuencia, a indagaciones sobre el pasado reciente del país: ¿cómo situar la acción del poder judicial, en particular de la bastante autónoma, formalmente independiente, Fiscalía Federal (Ministerio Público Federal, MPF), que reivindica de manera activa el combate a la corrupción? ¿De qué forma las masivas protestas iniciadas en junio de 2013 en todo el país contribuyeron a marcar los derroteros de la sociedad y de la política brasileña actuales? ¿Cómo analizar el ciclo político de los Gobiernos petistas, sus avances, contradicciones y limitaciones, así como las reacciones conservadoras? ¿Qué se podría decir sobre el agotamiento de determinadas agendas y actores —entre ellos el propio PT— que surgen en el país en las luchas contra la dictadura a finales de los setenta y a principios de los ochenta?

Estas preguntas sobre el pasado reciente nos remiten, a su vez, al futuro: ¿será el PT capaz de recomponerse? ¿Se construirá una izquierda renovada en Brasil? ¿Podrá esta avanzar en una dirección poshegemonista y posdesarrollista, abriendo nuevos escenarios? ¿Cuáles serán las principales agendas, directrices y tendencias de la política brasileña en la próxima década? ¿Qué sectores políticos conducirán este proceso? ¿Cómo se relacionarán los acontecimientos del presente y las trayectorias pretéritas en las proyecciones de futuro? ¿Cuáles serán los roles y proyectos de las fuerzas de centro y de derecha para las próximas décadas, si es que tienen alguno más allá de recortar derechos y fondos, privatizar empresas públicas y reafirmar la subordinación global del país?

Nos negamos en los textos que componen este libro a pensar la política brasileña de forma lineal y partidaria, como a menudo ocurre. Tampoco queremos ceñirnos a los acontecimientos inmediatos que, en general, producen una ceguera del presente y un cierre a corto plazo. Preferimos, por el contrario, pensar los eventos recientes en Brasil como partes integrantes de un proceso político más amplio que solo se puede comprender en su complejidad articulando y sobreponiendo temporalidades diversas y actores y proyectos antagónicos.

Brasil vive hoy un cambio de era marcado por una crisis de la República, reinaugurada formalmente en 1985, que, tras muchas luchas por la redemocratización, puso fin a la dictadura militar instaurada dos décadas antes. Aunque algunos sugieren que estamos frente al final definitivo de lo que entonces se denominó la “Nueva República”, preferimos ser más cautos, dado que no está claro que sus instituciones y su horizonte imaginario y de derechos vayan a desaparecer. Sin embargo, vivimos, de hecho, una fuerte crisis (no necesariamente fatal) que, desgraciadamente, parece caminar hacia una inflexión en un sentido fuertemente antipopular. Esto nos obliga a ir más allá del análisis y el cuestionamiento de los proyectos de transición a la democracia en Brasil —y también de otros contemporáneos en América Latina y en Europa—, como ya se ha hecho hasta la saciedad, para plantearnos las vicisitudes de posibilidades democráticas en un escenario de cambio histórico, dominado por un momento de desdemocratización o de retrocesos democráticos en buena parte del mundo, como es notorio en el caso de Brasil. Existen hoy ensayos intelectuales y políticos interesantes —aunque a veces muy exagerados en el diagnóstico, como en el caso de Podemos en España y sus visiones sobre la “crisis orgánica” o la “muerte terminal” del régimen del 78—, y este libro pretende contribuir a este debate en un momento en el que, como rezaba la atinada formulación gramsciana, lo viejo no terminó de morir y lo nuevo no acabó de nacer en Brasil.

Cabría incluso preguntarnos: ¿podría el resultado de la presente crisis llevar, a medio plazo, a una democratización más fuerte en este país? Los autores de este libro compartimos la hipótesis de que un largo ciclo democratizador se cerró en Brasil con el golpe parlamentario de 2016, precipitado por la emergencia de un nuevo ciclo político que se abrió con las protestas de junio de 2013. En este momento, se produjo una confluencia entre el inicio de un nuevo ciclo de protestas de corto plazo con el final de un ciclo político de medio plazo, iniciado décadas atrás.

Poco a poco, este nuevo ciclo se va sedimentando. De momento, lo hace públicamente bajo su cara más nefasta, los escombros de un sistema político enclaustrado en instituciones secretas, marcadas por la corrupción y de carácter eminentemente oligárquico. Un sistema político cada vez menos capaz de mediar, organizar e incluso respetar la voluntad popular. Sin embargo, la alarma frente a una “ola conservadora”, una “nueva derecha” y una “deriva reaccionaria” supone una imagen incompleta de lo que ocurre en Brasil. A contracorriente de esta tendencia, pero también abriendo nuevas perspectivas, jóvenes, negros, mujeres y una serie de colectividades emergentes, lo que incluye una serie de reconfiguraciones sindicales, tratan de construir lo nuevo, ubicándose al frente de la lucha democrática en los últimos años. Su papel es fundamental en el porvenir de Brasil, dado que es en la configuración de estos nuevos sujetos políticos donde se juegan las posibilidades reales de cambio (y de cambios reales), a partir de una imaginación política que trate de ir más allá de la lógica de acción colectiva defensiva tan habitual en tiempos de desmantelamiento. La amenaza e incluso la pérdida efectiva de derechos (sobre todo, en este caso, mediante una reforma laboral neoliberal planteada en 2017), así como situaciones de violencia política —e incluso asesinato— contra liderazgos populares (de los cuales la ejecución de la concejala municipal Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad, el 14 de marzo de 2018, fue la más emblemática), nos acosan hoy constantemente. Pero la frontera entre la resistencia de lo posible y la creación de nuevos horizontes reside precisamente en la creatividad colectiva y en la generación de prácticas y discursos que logren escaparse a lo realmente existente, proyectándose hacia el futuro, sin perder de vista, obviamente, la dimensión de la urgencia del presente. Eso se encuentra, de hecho, en curso en este momento en Brasil.

La vida social ha cambiado mucho en el país durante las últimas décadas. Brasil ha dejado de ser una sociedad agraria desde hace mucho, pero tampoco se caracteriza ya por ser un mundo industrial de masas, secundado por una clase media relativamente homogénea, como lo era a finales de los años setenta e inicios de los ochenta. Vivimos, como en otras partes del mundo, una enorme fragmentación, tanto de la sociedad como de las expresiones activistas, hoy mucho más descentradas que antes y con fronteras mucho más tenues en términos identitarios y organizativos. A pesar de ello, una buena parcela de la población reivindica más democracia, sin saber quizás lo que eso realmente puede significar. Frente a este escenario, la Constitución de 1988 sigue vigente, pero sufre seriamente el riesgo de convertirse en una cáscara vacía en lo que se refiere a su componente democrático y a los derechos sociales.

Los escombros coexisten con el carácter incipiente e inacabado de las construcciones actuales. El sistema político puede progresivamente abrirse, configurando una nuevísima historia de Brasil que amplíe o retome la democracia de manera mínimamente consistente, pero también puede darle la espalda de manera definitiva a esta nueva sociedad, lo que llevaría a esta historia a encharcarse en elementos de autoritarismo. En momentos como el actual, las lecturas desde la izquierda suelen ser catastrofistas o, al menos, pesimistas, y las interpretaciones del escenario, en general, tienen una gran dificultad para vislumbrar el medio y el largo plazo. No hace falta que sea así. No hay que rendirse ni a la melancolía ni a un falso radicalismo inmediatista.

No podemos negar que hay elementos atemorizadores en los últimos años que llegan, en algunos casos, a recordar al fascismo. Movilizaciones en las calles, aunque acotadas, han pedido el regreso al régimen militar. Personajes como el diputado por Río de Janeiro y candidato a presidente Jair Bolsonaro han votado a favor de la destitución de Dilma Rousseff en memoria del Coronel Ustra, uno de los más temidos gorilas del régimen militar y responsable de la tortura de Rousseff. A pesar de su reciente crecimiento, la indigencia intelectual, programática y organizativa de la extrema derecha brasileña es evidente. Este no es el principal riesgo, aunque en la crisis política que vive Brasil nada se pueda excluir. El peligro fundamental es otro: se trata de la consolidación de una República todavía más oligárquica que la que estuvo vigente hasta ahora. El establecimiento de una oligarquía liberal avanzada es, por cierto, una tendencia global, y en eso Brasil es totalmente contemporáneo al resto del planeta. Hablamos de un régimen aparentemente inclusivo, dado que aboga por mantener los mecanismos formales de la democracia liberal y llega a asegurar —en algunos casos— unos mínimos de política social asociados al neoliberalismo con cara humana. Sin embargo, se restringe cada vez más, e incluso llega a bloquearse, el ejercicio efectivo de la democracia, así como cualquier tipo de avance social más significativo o de transformación más profunda.

Debemos movilizarnos contra esa nueva forma de oligarquía, que puede, en un país tan próximo a la barbarie como Brasil en muchos momentos, volverse bastante salvaje. Para ello, la unidad de las fuerzas de izquierda es muy necesaria, pero insuficiente. Aunque la política brasileña sigue muy marcada por la fragmentación entre derecha/izquierda, los anhelos de la sociedad no siempre coinciden con lo que se plasma en la política institucional o con agendas más demarcadas. Los desafíos son muchos e implican tanto al sistema político estatal, a las instituciones y a las dinámicas formales, como al sistema político societario, es decir, a las instituciones, a los procesos y a las dinámicas a través de las cuales se organiza la sociedad, así como a los procesos de mediación entre estas dos esferas. Impulsar un imaginario democrático, discursiva y prácticamente, es de una necesidad urgente para poder pasar a caminar por otras veredas.

Esto demanda a los sujetos que luchan por la emancipación y la justicia social dialogar con un espectro político, social y partidario amplio, seduciendo al centro político progresista y aislando al centro político más conservador, sin hablar de la derecha más radical. Hay que estar abierto a entender los nuevos códigos culturales y sociales y las gramáticas y expectativas emergentes en la sociedad; practicar la escucha activa en vez de recetas cerradas, sectarismos y aparatos autosuficientes; y apostar por el aprendizaje y la apertura a las nuevas dinámicas sociales en lugar de certezas que ya no son contemporáneas a nuestro tiempo. Sin estas transformaciones fundamentales, muchas veces de largo alcance y bastante difíciles, la tendencia es que sigamos en guetos o rumbo al abismo. Es necesario también superar las debilidades de la cultura de la izquierda hegemónica en las últimas décadas. Exclusivista, muchas veces arrogante y verticalista, parece, paradójicamente, haberse olvidado de sus orígenes, del “basismo” de los ochenta y de las iniciativas de democracia participativa de los noventa, que fuertemente marcaron el discurso del PT y al menos algunas de sus prácticas. No hay, y quizás no exista, autocrítica consistente, al menos en el corto plazo. Pero un cambio de rumbo es imprescindible.

Seis textos componen este volumen. Los capítulos 1 y 2 están firmados por José Maurício Domingues. Ambos buscan situar ampliamente la coyuntura inmediata, pero tratando de insertarla en el largo ciclo democratizador que se abrió durante la lucha contra la dictadura militar y se cerró tras los Gobiernos del PT y con el reciente golpe parlamentario. Además, indagan sobre el rol de la izquierda en este proceso y sobre las nuevas perspectivas que se plantean para el nuevo ciclo que justo se inicia. Los capítulos 3 y 4 actualizan y expanden las reflexiones de Breno M. Bringel publicadas previamente en artículos diversos, con énfasis en la dinámica de apertura societaria y de desbordamiento social provocado por las movilizaciones recientes en Brasil. Ubicándolas en un contexto más amplio de protestas en el país y de transformaciones del activismo, se busca tender puentes entre el análisis de los movimientos sociales y marcadores culturales, sociales y políticos más amplios. Por fin, los dos últimos capítulos recogen intervenciones más cortas y recientes de los autores. El capítulo 5 reproduce una entrevista de Domingues sobre la trayectoria y posibilidades de la izquierda brasileña, mientras el 6 recoge las reflexiones de Bringel tras el asesinato, arriba mencionado, de Marielle Franco.

Breno M. Bringel

José Maurício Domingues

Agradecimientos

Quisiéramos agradecer el apoyo financiero recibido de varias agencias de Brasil a nuestras investigaciones, fundamental para la producción de estos textos. Ellas incluyen la CAPES y el CNPq (Ministerios de la Educación y de la Ciencia y Tecnología de Brasil, respectivamente), la Fundación de Apoyo a la Pesquisa del Estado de Río de Janeiro (FAPERJ) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). Las ideas y los textos deben mucho a nuestros debates en el Núcleo de Estudios de Teoría Social y América Latina (NETSAL), coordinado por nosotros en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ). El debate con nuestros estudiantes y con los colegas del IESP en los últimos años nos ha ayudado de manera fundamental en la elaboración de nuestras ideas, y registramos nuestro reconocimiento por ello. Lo mismo es válido para incontables intercambios, en discusiones públicas y privadas, que no podríamos listar aquí por no cometer la injusticia del olvido. De hecho, el germen de muchas de las ideas aquí enunciadas o desarrolladas es precisamente el enfrentamiento de ideas, no pocas veces de manera bastante polémica, con personas y grupos que poseen visiones distintas a las nuestras, que, por cierto, tampoco son idénticas.

Agradecemos también a José Ángel Sotillo y a Tahina Ojeda por el estímulo y la mediación para la publicación del libro y a Beatriz Abad y a los editores de Los Libros de la Catarata por el trabajo realizado de manera tan rápida como eficiente. Catalina Tabares Ochoa tradujo los capítulos firmados por Domingues, revisados posteriormente por Bringel, y nos gustaría reconocer su inestimable auxilio.

Versiones previas de los textos aquí publicados aparecieron originalmente en otros lugares. El capítulo 1 se publicó inicialmente en portugués en Ciência e saúde coletiva, vol. 21, nº 12 (2017). El capítulo 2 es una traducción del artículo publicado en Novos estudos CEBRAP, nº 106 (2016). El capítulo 4 es una nueva versión de textos publicados en Open Democracy, Viento Sur y en el libro Protesta e indignación global, editado por Breno M. Bringel junto a Geoffrey Pleyers (Buenos Aires, CLACSO, 2017). Finalmente, los capítulos 5 y 6 fueron, respectivamente, publicados en la web del Instituto Humanitas Unisinos (Brasil), Open Democracy (Reino Unido) y por El País (España). Todos los textos fueron actualizados para esta publicación.

CAPÍTULO 1

LA CRISIS DE LA NUEVA REPÚBLICA

Brasil se encuentra sumido en una de las más graves crisis de su historia contemporánea. Un largo ciclo de democratización iniciado en los setenta, impulsado por diferentes sectores sociales y políticos en la lucha contra la dictadura militar (1964-1985), se ha cerrado con el reciente impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, consumado a finales de agosto de 2016. El cierre de este ciclo democratizador en el país se ve acompañado, a la vez, por el agotamiento del ciclo de hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT), tanto en la izquierda brasileña como en el terreno electoral. La economía va mal, el país retrocede y sorprende la rapidez de los acontecimientos que llevaron a que el “Brasil potencia”, inspiración y esperanza pocos años atrás para los países emergentes del mundo, se convierta hoy en un país en decadencia.

Inhábil políticamente, en especial comparada con su mentor Luiz Inácio Lula da Silva, Rousseff cometió innumerables errores durante sus gobiernos. Poco dada al diálogo, acabó contribuyendo a la alienación de buena parte de la sociedad, en particular de las clases medias (médicos, científicos y gran parte del poder judicial) e incluso de las clases populares ascendentes. Asimismo, Rousseff y el PT terminaron enfrentándose a sus principales aliados, empezando por el Partido Socialista Brasileño (PSB), seguido del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Muchos argumentan además que, desde el punto de vista societario, el problema central habría sido basar el proyecto del PT casi exclusivamente en el consumo, con lo que no habría habido politización de los sectores populares ascendentes. Otros, por el contrario, se quejan de las masivas manifestaciones de junio de 2013, en las cuales miles de jóvenes de todo el país salieron a las calles para manifestar sus demandas e insatisfacciones, muchas de las cuales en oposición a Rousseff y al PT.

Ambos argumentos, sin embargo, son muy insuficientes y remiten a cierto autismo político de este partido. El hecho es que Rousseff y el PT no consiguieron realmente dar respuestas a una coyuntura nacional, latinoamericana y global desafiante e intrincada. Así, perdieron el apoyo de los agentes posicionados en el centro del tablero político, permitiendo que se inclinaran a la derecha. Como si eso no bastara, la situación de la economía brasileña empeoraba, a causa de la crisis global y de los errores que la propia presidenta cometió en su primer mandato. Además, tras llevar a cabo en 2014 una campaña electoral que polarizó el debate político, posicionándose más a la izquierda de lo que hasta entonces había hecho, Rousseff acabó adoptando las políticas de ajuste de Aecio Neves, su adversario del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD). Con eso, desilusionó a buena parte de la base social que la eligió. Finalmente, tuvo que soportar el permanente desgaste producido por la operación Lava-Jato, un conjunto de investigaciones conducidas por la Policía Federal brasileña que, entre otras cosas, localizó una amplia trama de corrupción en Petrobras —la empresa nacional de petróleo icono del desarrollismo brasileño— durante los gobiernos del PT. Parte de la izquierda ha denunciado una supuesta selectividad de las investigaciones, pero estas también afectaron al PMDB de Michel Temer y al Partido Popular (PP), de centroderecha, aunque con efectos desiguales que pasaron una mayor factura a militantes del PT, siendo el caso más emblemático la entrada en prisión de Lula da Silva en abril de 2018.

Un golpe parlamentario selló el destino del Gobierno de Rousseff, cerrando el ciclo petista en un momento altamente conturbado. Aunque el proceso del impeachment se revistió de legalidad, fue visto como ilegítimo por amplias parcelas de la población. En un sentido estricto, no hubo ruptura institucional y el impeachment siguió exactamente los mismos moldes del proceso que destituyó anteriormente al presidente Fernando Collor de Mello en los noventa, aún más impopular y aislado políticamente al final de su gobierno. De hecho, el proceso contra Collor en parte legitimó su repetición reciente. Como un golpe parlamentario, el impeachment reciente no puede ser equiparado al golpe militar de 1964 o a un “régimen de excepción”, como sugieren algunos, ni siquiera a un “golpe de Estado” adecuadamente definido, aunque elementos bastante autoritarios permean la escena política brasileña y se presentan de forma preocupante en la coyuntura actual, como suele ocurrir cuando la izquierda es derrotada y la derecha se fortalece de manera generalizada.

Tampoco se trata de un proceso atávico, según el cual la democracia brasileña no tendría cómo desarrollarse debido a una perversa y peculiar herencia histórica. En realidad, el régimen de acumulación del capitalismo se presenta como polarizado, las desigualdades aumentan y el estado de bienestar social retrocede allí donde fue implementado, incluso de forma restringida. En todo el mundo y en todas sus regiones la democracia se restringe.

Ahora bien, todos estos matices no significan que el proceso del impeachment no haya resultado traumático. Fue conducido inicialmente por Eduardo Cunha —diputado del PMDB por Río de Janeiro, presidente de la Cámara de Diputados y figura siniestra—, que fue destituido tras hacer el trabajo sucio que de él se esperaba. Acabó preso por sospechas de corrupción, a las cuales se suman obstrucción a la justicia y otras cuestiones no menos importantes. A eso hay que añadir algo que no escapa a la percepción popular: la motivación principal del impeachment fue, sin duda, el deseo de poner freno a la operación Lava-Jato antes de que esta llegara a alcanzar a políticos del PMDB, del PSDB y de otras agremiaciones de manera más contundente y profunda. En última instancia, uno de los objetivos básicos del golpe contra Rousseff, que conllevó el sacrificio del PT, fue, para muchos agentes políticos, la posibilidad de escapar de la justicia, e incluso de la cárcel. Junto a este propósito principal, la pauta neoliberal se unió como meta secundaria, aunque prioritaria para el empresariado nacional y el capital internacional.

Estos son algunos de los rasgos básicos de la coyuntura política brasileña reciente. Sin embargo, los problemas son mucho más profundos. Para empezar, las fuerzas de centroderecha y de derecha nada tienen que ofrecer a no ser una reanudación de un neoliberalismo económico más despiadado y un social liberalismo más restringido (basado en políticas focalizadas para los más pobres), como ya se empieza a vislumbrar también en otros países de América Latina. Tanto el Gobierno de Michel Temer, vicepresidente con Rousseff que asumió el cargo tras su destitución el 31 de agosto de 2016, como su partido, el PMDB, rechazaban inicialmente un ajuste duro y una agenda totalmente neoliberal (como temas sensibles se puede mencionar el establecimiento de límites de gasto en salud y educación, así como en ciencia y tecnología, recortes en el funcionariado público y contrarreformas laborales y de la seguridad social), aunque el desmantelamiento de Petrobras y la apertura del presal brasileño para la exploración de reservas de petróleo por parte de empresas extranjeras ya estaba en curso desde el primer momento.

Sin embargo, la derrota de la izquierda, especialmente del PT, en las elecciones municipales de octubre de 2016 abrió el camino para el ajuste neoliberal. Además, fue lo que prometieron al empresariado y lo que esperaban las agencias internacionales. Esto, por cierto, parece ser lo único que el PSDB tiene como propuesta: un programa aún más restringido que el puesto en práctica por Fernando Henrique Cardoso, todavía su principal líder, en sus dos periodos presidenciales (1995-2002). Los “nuevos” rumbos propuestos por el PMDB, a su vez, establecían “un puente para el futuro” con nítida influencia, aunque implícita, de la escuela de la public choice, con su denuncia de supuestos rent-seekers, y una clara visión económica neoliberal (PMDB, 2015). Para alejarse de críticas por parte de algunos sectores más centristas, añadieron en un segundo momento (PMDB, 2016) políticas socioliberales más explícitas, focalizadas en los más pobres.

Además de los dos partidos más emblemáticos ahora mencionados, el resto de partidos de derecha y centroderecha —muchos, pero más pequeños— cuentan poco en términos de perspectivas a largo plazo para Brasil. Por otro lado, nuevas fuerzas, efectivamente renovadoras, en la izquierda y en el centro tienen muchas dificultades para emerger y consolidarse. Esto indica que tendremos seguramente un interludio progresista por delante, incluso si el proyecto neoliberal llega a ser modulado debido a las brutales restricciones presupuestarias que desde ya se proyectan en función de sus propias propuestas.

En términos de proyecciones, nada está muy claro en momentos de inflexión y de fuerte niebla como el actual. Eso sí, en el corto plazo aparecen mórbidos síntomas de descomposición derivados de la situación actual, visibles en diversas dimensiones y con amenaza de reveses civilizatorios. Esto se refiere obviamente a la difícil situación económica del país, pero va mucho más allá. La corrupción y la ilegitimidad del sistema político son visibles y desmoralizantes. La represión y la criminalización de los sectores críticos, alarmantes. Hay, por otro lado, una energía social que busca vías alternativas para expresarse, sin que haya encontrado todavía dónde fluir y desarrollarse plenamente.

Algunos sugieren que la actual situación supone el fin definitivo de la “Nueva República”, el periodo de la historia brasileña iniciado tras el fin del régimen militar y marcado por la redemocratización política. Esto quizás sea algo exagerado, ya que sus instituciones e incluso su horizonte imaginario y de derechos aún permanecen. Hay, sin embargo, una crisis de la República que puede, desafortunadamente, superarse en dirección fuertemente antipopular. Esta no es, claro, una especificidad brasileña en el actual momento global. La crisis brasileña y la debacle del PT ocurren en un contexto de desgaste general de la izquierda en América Latina y de avance de proyectos conservadores e incluso abiertamente autoritarios y reaccionarios en varios países del mundo. Frente a este escenario y al cambio de ciclo regional, es posible que se abra un periodo subcontinental de hegemonía de la centroderecha con discurso empresarial.

La cuestión del desarrollo y las luchas en el seno de las clases dominantes

Pocas cuestiones tienen tanta fuerza en la política brasileña como la del desarrollo. Se trata de una de las principales fuerzas motrices del país en el último siglo, capaz de movilizar tanto a sectores de la derecha como de la izquierda, con matices diversos. En lo que se refiere a la historia más reciente, Cardoso buscó implementar una variante del neoliberalismo ya con tintes sociales. Profundizó en la inserción de Brasil en la economía global, en la dirección de una reprimarización que rebajaba nuestra posición semiperiférica, y tuvo la virtud de combatir el descontrol inflacionario. Ya el siguiente presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al llegar al Gobierno siguió una ruta relativamente similar, pero acabó, a partir de la crisis de 2008, por adoptar un modelo de mayor intervención estatal con políticas anticíclicas, apostando por el desarrollo del presal y de la industria del petróleo para relanzar la economía brasileña. Se delineó así un neodesarrollismo, que fue profundizado en el primer Gobierno de Rousseff. Sin una adecuada planificación ni tampoco una discusión efectiva con la sociedad, se sucedieron diversos errores y, tras un conflicto con el capital financiero sin sostén social, la nueva “matriz económica” y el denominado “ensayo desarrollista” naufragaron (Singer, 2015a).

El ensayo neodesarrollista tenía en su núcleo una propuesta poco clara de alianza entre el PT y las grandes contratistas brasileñas, en particular la empresa Odebrecht, de desarrollo de un capitalismo que daría poder al partido y musculatura económica a esas empresas, así como a sectores importantes del agronegocio. En la práctica, sin embargo, esta política acabó generando conflictos dentro de las propias clases dominantes.

Un elemento a subrayar en esta trama, con derivaciones más recientes, es la prisión de varios de los dueños y directores de empresas contratistas involucradas en los esquemas de corrupción de Petrobras, traídos a la superficie por la operación Lava-Jato, con el apoyo abierto de los grandes medios de comunicación y el silencio de otros sectores. Se trata así de considerar algo fundamental: las relaciones entre las propias fracciones de la burguesía, muy agrietadas en este momento.

Hace no mucho tiempo —esencialmente hasta la llegada de Lula a la Presidencia— era difícil de imaginar que esas empresas llegarían a estar en el punto de mira por corrupción. Más aún: era casi imposible suponer que el Grupo Globo, el mayor conglomerado de medios de Brasil y de toda América Latina, hoy el principal intelectual “orgánico” de gran parte de la burguesía brasileña y, de hecho, su principal partido político1, daría soporte a las operaciones de la justicia y promovería la exposición permanente de los dueños y directores de esas empresas en los medios. Es importante destacar que la familia Marinho, propietaria del Grupo Globo, es, según Forbes, la más rica de Brasil, con un patrimonio de 28,9 mil millones de dólares, seguida por los dueños del Banco Safra y por Ermírio de Moraes, empresario vinculado a la multinacional Votorantim. Les siguen principalmente banqueros (Salles, Villela, Aguiar, Setúbal), dueños de constructoras (Camargo, Odebrecht) y representantes del agronegocio (Maggi, Batista)2. En definitiva, estos son algunos de los principales representantes del capital nacional, y todo indica que suelen realizar este tipo de operaciones de apropiación de la renta nacional por medio de obras sobrefacturadas desde hace mucho tiempo. De hecho, algunos consideran que la construcción de Brasilia, como nueva capital a mediados del siglo XX, supuso el impulso fundamental para el establecimiento de ese tipo de relación neopatrimonial entre Estado y empresas contratistas.

También es conocido que en Brasil tenemos lo que se podría denominar el “capitalismo de lazos” (Lazzarini, 2011), en el cual el Estado y las empresas se encuentran profundamente imbricados, en este caso mediante contratos de construcción civil, pero de modo más general incluso por la acción decisiva del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Cabe matizar que eso no supone la existencia de corrupción siempre, aunque esta esté presente en variadas operaciones, como evidencia el caso de Petrobras. Muchas fueron las empresas que recientemente se beneficiaron de este tipo de esquema, que incluye también los fondos de pensiones de los funcionarios estatales desde los gobiernos de Cardoso, seguidos por los de Lula y Rousseff. En este sentido, no hay solución de continuidad, aunque los volúmenes de crédito y la participación del BNDES en la propiedad y en la dirección de las empresas hayan aumentado de manera acentuada durante los gobiernos capitaneados por el PT, con un impulso a los sectores capitalistas nacionales, lo que incluye en algunos casos la elección de “campeones nacionales” y su internacionalización.

En realidad, aunque algunos sectores de la economía hayan sido desnacionalizados con los procesos de privatización del periodo Cardoso y un proceso de compra de empresas siga en curso en varias áreas, la burguesía interna brasileña permanece vigorosa (Gonçalves, 1999; Boito, 2006: 237-66), pero claramente dividida. Se sabe que el sector de ingeniería y construcción civil, con Odebrecht y otras gigantescas empresas al frente, tuvo gran apoyo de los dos gobiernos de Lula, que los programas de grandes obras y de infraestructura lo favorecieron y que estas empresas ampliaron considerablemente sus áreas de actuación. El sector se presentaba como una de las caras más internacionalizadas del capitalismo brasileño, con contratos millonarios en América Latina y África, pero también en otras regiones del mundo. ¿Sería esa la causa principal del clima de beligerancia hacia Lula que otros sectores del capital mostraron al no recibir el mismo tratamiento y apoyo? ¡Quizás! Pero el hecho es que la hegemonía del capital financiero no fue realmente tocada y mantuvo en general una alta rentabilidad, capturando amplias parcelas de la riqueza nacional (a pesar de los embates mal parados trabados durante el primer mandato de Rousseff). La agroindustria y las empresas mineras recibieron un tratamiento cada vez más favorable. Esto ocurrió mediante la política agrícola y de tierras del Gobierno federal, incluso en lo que se refiere a los indígenas, que están siendo masacrados como nunca desde la apertura democrática; pero también por el apoyo del BNDES y la propuesta del Código de la Minería, que entrega vastos espacios a las grandes compañías nacionales y extranjeras (y fue secundado también por el Gobierno de Temer).

Esto sin hablar de las desastrosas exenciones fiscales, que acompañaron la argumentación neoliberal de que el problema del país serían los costes que enfrenta el sector privado, aunque esto no haya incidido en restricciones a la elevación del precio de la fuerza de trabajo. Estas podrían haber ampliamente favorecido a la industria si su contrapartida fuera, de hecho, la inversión por parte de los empresarios que ofrecían dinero barato, en especial junto al BNDES, lo que en la práctica no ocurrió (Pinto, 2010; Teixeira, 2012). La cuestión parece ser, sin embargo, sobre todo política.

Si todos, de una manera o de otra, se han beneficiado del apoyo del BNDES, parece ser que el problema principal de los últimos años se localizó en la idea de una alianza más profunda entre Gobiernos liderados por el PT y las empresas contratistas. Una cosa es aprovecharse del crédito barato y de las operaciones de desvío de dinero de las empresas estatales y del Estado de manera general y otra, cualitativamente distinta, sería construir a partir de eso una alianza de cuño político más sistemática y duradera, incluso desde el punto de vista de un proyecto nacional en que ambos tendrían centralidad. Esta opción se muestra inaceptable para otras fracciones burguesas. Se puede intentar responsabilizar a los Estados Unidos del ataque a las empresas contratistas, que estarían ocupando espacios que en principio estarían reservados a empresas de aquel país, pero no hay evidencia concreta de ello. La línea está claramente trazada: aprovechar oportunidades y lucrarse, sí; alianzas más profundas, de modo alguno. ¿Por qué? Porque eso configuraría una perspectiva de organización de la sociedad y del Estado que contradiría lo que los sectores burgueses con más capacidad de liderazgo proyectan para el país, es decir, un neoliberalismo más radical y de “pura cepa”, sin tapujos.

A pesar de ello, estas empresas no dejarán de ser uno de los pilares del capital nacional. Permanecerán económicamente, social y políticamente poderosas y tendrán dos opciones: asumir que se les ha vetado el papel de liderazgo político en los rumbos del capitalismo brasileño o buscar reanudar su protagonismo, sea cual sea, en el proyecto que sea. Sea como fuere, profundas cicatrices permanecerán y es probable que las relaciones entre esas fracciones burguesas jamás sean las mismas.

¿Qué hacer entonces con un proyecto de desarrollo que hoy parece más un espejismo que una posibilidad y que ha lanzado, una vez más, a América Latina de vuelta al pasado? ¿Qué coalición podría proponer un proyecto alternativo? La idea de un neodesarrollismo fuerte parece difícil de sostenerse, pero sin ciencia y tecnología, y sin cierto grado de reindustrialización, Brasil se alejará cada vez más de los países del centro y de otros en la semiperiferia, en particular China, que de una manera u otra vienen redefiniendo sus pasos. En América Latina prevalece, de hecho, el liberalismo, y, a fin de cuentas, la influencia de los Estados Unidos y los vínculos históricos de las burguesías locales con los países del centro del sistema capitalista son claramente decisivos.

Democracia y justicia

La democracia en Brasil, miremos por donde miremos, no va bien. La crisis suscitada por el proceso del impeachment ha puesto al sistema judicial en el centro del escenario actual. Tratar de ese gran aparato hoy en Brasil es una ardua tarea. Cuando esta cuestión se combina con la crisis del sistema político, el problema se hace aún más espinoso.

Una respuesta simple y poco sensible a la compleja realidad del país es aquella que denuncia al Estado como aparato de la burguesía, retomando una lectura marxista que ni siquiera hace uso de los avances teóricos que se pueden encontrar en las obras de autores como Gramsci y Poulantzas, que ven en el Estado y en la sociedad un campo de luchas por la hegemonía. Siguiendo con el argumento restringido, este aparato se volvería contra la izquierda en este momento, aprovechándose de sus reservas de fuerza y de los pequeños errores cometidos por el PT y sus aliados en la lucha por mejorar las condiciones de vida del pueblo brasileño.

Una segunda perspectiva se abre con la siguiente pregunta: ¿por qué el Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal (PF), que nunca fueron homogéneos —y que, al menos en el caso del primero, tenían vínculos fuertes con el PT oposicionista, promoviendo en su momento muchas denuncias contra el PSDB y personajes burgueses como el banquero Daniel Dantas—, se lanzaron precisamente contra este partido? Tras denunciar por mucho tiempo la corrupción de otros partidos y presentarse como lo que el exgobernador de los estados de Río Grande del Sur y de Río de Janeiro denominaba de forma jocosa como la “UDN de monos y zuecos”3, el PT se acabó enredando también a casos de corrupción. Esta evolución acabó por manchar su imagen junto a las corporaciones que componen el poder judicial brasileño. Más atrevida es la hipótesis aventada por algunos sectores de que habría sido precisamente la condescendencia de Lula en relación a los escándalos que involucraron en los años noventa al PSDB (especialmente el sonado “caso Banestado” de remesas ilegales de divisas por parte del sistema financiero público brasileño al extranjero) lo que produjo un efecto tan negativo. Bloqueando investigaciones Lula habría atraído, según esta línea de argumentación, la mala voluntad e incluso la ira de esas corporaciones, a las que se suma en particular la PF, a la que su Gobierno de facto, siguiendo tendencias presentes en los últimos años de Cardoso, ayudó a armar y desarrollar (Arantes, 2010; Nasiff, 2015).

En realidad, el mundo del derecho brasileño es hoy bastante complejo. Aunque se haya democratizado mínimamente, permanece muy estratificado y con poco control externo, probablemente por equívocos del legislador constituyente de 1988 en su conformación. En general, las familias bien establecidas siguen ocupando las posiciones de más prestigio desde hace bastante tiempo. Esto se aplica sobre todo a la magistratura y a la abogacía, con el ministerio público y los defensores públicos mostrándose algo menos “elitizados” (y con mayor participación de mujeres). En lo que se refiere a la abogacía, la amplia estructura —nacional y estatal— de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) utiliza su examen de admisión a la profesión para eliminar a los profesionales supuestamente poco cualificados, frente a la proliferación de facultades de calidad dudosa. A la vez, esta, que tiene un enorme poder sobre la estructura general del sistema jurídico, se ve controlada por los grandes bufetes y por los abogados de mayor prestigio en el país (Almeida, 2010; 2014).

Además, los operadores del poder judicial hoy conforman un grupo de servidores exclusivos en Brasil, con ingresos (legales y semilegales, legítimos e ilegítimos) que los hacen parte de, al menos, las clases medias altas. Cuentan también con la falta de control externo que hoy, a pesar de la existencia del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), todavía parece caracterizar la corporación. Solo en el MPF, el 50% de los procuradores y subprocuradores reciben más de 33.700 reales mensuales (sueldo del presidente del Superior Tribunal Federal), y muchos en realidad reciben casi el doble de esa cantidad4.

¿Se podría —si eso es verdad— explicar un sesgo anti-PT de sectores más o menos significativos del poder judicial debido a esa inserción de clase? En parte probablemente sí, aunque una afirmación perentoria dependa de muchos más estudios. Eso, de todos modos, no permite comprender el cambio en las perspectivas de esos operadores. ¿Podría deberse, como sugieren algunos, a un alejamiento del PT de las clases medias, en muchos casos abiertamente antipetistas hoy, provocado por el ascenso de las clases populares bajo los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff? Hay cierta plausibilidad en estas tesis, pero aplicadas directamente en lo que se refiere al poder judicial resultan dudosas, ya que no parece que estas corporaciones, muy privilegiadas y acomodadas hoy, se vieran amenazadas por esta ascensión. Es decir, la primera tesis niega la segunda y viceversa, aunque algo de verdadero pueda ser localizado en ambas, en el sentido de la proyección de un sesgo de clase media-alta contra sindicalistas y militantes de izquierda.

Es importante subrayar, sin embargo, que en diversas ocasiones jueces y miembros del Ministerio Público asumen posiciones abiertamente democráticas y progresistas (sin compromiso, no obstante, necesariamente con la izquierda). Incluso es posible suponer que la idea según la cual gran parte del sistema judicial brasileño es conservador sea falsa, aunque aquí también serían necesarias más investigaciones para tener una nítida visión de la situación.

Si el liberalismo parece ser hegemónico en el poder judicial, no se trata necesariamente del neoliberalismo, sino muchas veces de una valorización de la Constitución y de los derechos en lo que ha sido denominado “neoconstitucionalismo”, a pesar de las divergencias en cuanto a la validez de esa perspectiva, o si ella tiende a sumarse a la identificación del derecho brasileño oriundo de la civil law continental europea a la common law de matriz anglosajona, aumentando así su flexibilidad, con cierto grado de judicialización de la política y de las relaciones sociales (Quaresma, Paula e Oliveira, Riccio, 2009; Streck, 2014; Canário, 2015; Vianna et al., 1999).

Las perspectivas y actuaciones concretas no pueden deducirse de forma automática de “posiciones” e “intereses” de clase. Incluso cuando eso es verdadero, hay muchas mediaciones en juego. En el caso de corporaciones para las cuales el propio funcionamiento del aparato del Estado (con integridad y universalismo, en principio, según los elementos “ideológicos” en general tan fuertemente presentes en esas colectividades) y la política —interna a ella misma y externa, en la sociedad— se muestran tan importantes, son muchos los factores que intervienen y tienen que ser considerados en el análisis. Si a esto se suma la idea de que los Gobiernos petistas habrían llevado la corrupción aún más lejos, institucionalizándola, lo que parece ser la percepción de al menos algunos de esos sectores, la situación se agrava sobremanera, por más que esos esquemas neopatrimonialistas, que involucran Estado y sociedad, existan en Brasil desde hace siglos, con toda su gravedad en lo que se refiere a la desvalorización de la ciudadanía y al saqueo del Estado.

Una concepción efectivamente republicana, democrática y calcada en la defensa del Estado de derecho, hoy más que necesaria en tiempos de vulneraciones todavía más acentuadas a los más desfavorecidos, no puede prescindir de subrayar el combate a ese tipo de neopatrimonialismo, que nada tiene de “tradicional”, vinculándose directamente a la modernización de Brasil (Domingues, 2008b). No por casualidad las grandes empresas constructoras están entre sus protagonistas fundamentales. Pero no sirve de nada despreciar garantías individuales para garantizar lo que serían los derechos de la sociedad, como a veces se argumenta. Dos errores no llevan a un acierto.

Obviamente, en el contexto actual toda la cuestión del sistema judicial brasileño remite de alguna manera a la operación Lava-Jato. Iniciada en marzo de 2014 con una investigación de blanqueo de dinero en una gasolinera en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, evolucionó hasta descubrir un gran entramado de corrupción para financiación de campañas, pero también de enriquecimiento personal en la Petrobras. El PP, el PMDB y el PT fueron los principales partidos afectados.

La Procuraduría General de la República (PGR) —responsable de velar por las instituciones republicanas— es, sin embargo, el motor de la operación, movilizando al MPF, como su cima, aunque los procuradores permanecen independientes. Ellos vienen extrayendo informaciones también sobre otras tramas de corrupción y sobre parlamentarios de todos los partidos, incluso en el círculo del actual presidente de la República, Michel Temer.

Parte del problema es que aquellos que poseen “foro privilegiado” solo pueden ser juzgados por el STF. Varios políticos de primera plana están denunciados —como el propio Aécio Neves del PSDB—, pero todavía no está claro si esos procesos avanzarán o si serán condenados, como sí ocurrió con varios militantes del PT y con el propio expresidente Lula que, tras verse en la posición de reo en la primera instancia en el área de jurisdicción del juez Sérgio Moro (que se considera enemigo suyo y del PT), fue condenado en segunda instancia por corrupción y blanqueo de dinero, ingresando en la cárcel el 7 de abril de 2018. Tras este episodio, que sacudió las calles de todo el país y fue ampliamente difundido por la prensa internacional, hay una enorme presión para truncar de una vez la Lava-Jato y “frenar la sangría”, como decía al ser grabado un prócer del PMDB. Si eso se confirma, la unilateralidad que se denuncia en esa operación sería confirmada, aunque a posteriori.

Una vez más, sería fácil criticar el poder judicial y lo que muchas veces se refleja como su elitismo. Aunque no está claro aún cómo terminará esta historia, menos fácil será entender las intrigas del propio MPF, corporación que se ha fortalecido mucho, disfrutando de una gran autonomía funcional y caracterizándose por un fuerte voluntarismo político, características que se combinan con una sociedad civil “hiposuficiente” frente al Estado (Arantes, 2002: 184-217). Hasta ahora una de las pocas brechas que nos permiten vislumbrar la evolución política interna de esa corporación —muy cerrada internamente y poderosa externamente— es la carta de desahogo de Eugenio Aragón (2016), anteriormente estrecho aliado del actual procurador general, Rodrigo Janot, y brevemente ministro de la justicia de Rousseff.

Lo que se puede observar concretamente es que las alianzas democráticas que auparon a Janot —teniendo a Ela Wiecko como su viceprocurador y al propio Aragón como su subprocurador electoral— empezaron a deshacerse debido a la operación Lava-Jato, ya en sus inicios. Extrañamente, lo que sería una acción conjunta para dar efectividad a la PGR, siempre maniatada por los Gobiernos del PSDB, se disolvió en este momento por razones aún oscuras, ya sea porque Aragón y el PT quisieron presionar a Janot para preservar el partido y las empresas contratistas (se debería, argumenta, preservar la economía nacional), o porque le disgustaron los métodos de la operación, que, según críticos, cometen abusos. Si los abusos existen, eso está lejos de configurar un “régimen de excepción”, el cual, por otro lado, si tomamos el argumento en serio, ha tenido vigencia desde siempre en Brasil, donde la violación de garantías constitucionales de los ciudadanos es, desgraciadamente, aspecto reiterado de la realidad. Distinto, por supuesto, es cuando se trata de ciudadanos poderosos.

De todos modos, es una vez más el aislamiento de la izquierda lo que se produce. Con el fin de esa alianza y la promoción a vice de Janot de José Bonifácio Borges de Andrada —directamente vinculado a Neves y al PSDB—, obviamente se insinúa un reajuste de fuerzas por el procurador, que posiblemente se sintió aislado y políticamente presionado. Sin embargo, el proyecto interno y propio del Ministerio Público no debe ser de ningún modo desconsiderado. Precisamente por eso, la operación Lava-Jato sigue adelante, en especial en función de la “delación premiada” de la mayor empresa del país, Odebrecht, que abarca todo el espectro del sistema político, incluyendo los grandes caciques de todos los partidos (si bien ha habido cierto conflicto latente entre Janot y los integrantes de la fuerza operativa de la Lava-Jato en Curitiba5). Una posible delación de Cunha podría desestabilizar gravemente al Gobierno Temer. Más allá de todo eso, siguen siendo tareas fundamentales lograr un control mayor de la Policía, reforzar el Estado de derecho y asegurar la exención del MP —incluyendo su imparcialidad y su discreción pública— en cualquier nivel, así como garantizar y ampliar los derechos (Arantes, 2016).

Con frecuencia, se oye decir que el sistema judicial en Brasil tendría en este momento una vocación “pretoriana” que querría dominar el escenario político. De hecho, es más que conocida la situación en que, al haber gran fragilidad del sistema político, corporaciones como los militares acuden al centro de la escena y se hacen con el poder. El ejemplo clásico de esto es la discusión de Marx ([1852] 1981) sobre el bonapartismo en los años 1840-1850 en Francia, en el momento de implosión del sistema político y crisis en la relación entre representantes y representados en el Parlamento de aquel país. Históricamente, los golpes militares cristalizaron esa especie de crimen y sus consecuencias, en especial en América Latina.

En efecto, la crisis del sistema político brasileño es aguda desde las multitudinarias manifestaciones de 2013, que, por su centralidad para la configuración política brasileña actual y por su carácter polimorfo, serán analizadas con mayor detalle en el capítulo 4. La crisis viene alcanzando todas las fuerzas políticas. La financiación electoral por las empresas —ahora prohibida por el STF— las llevó a una situación de total aislamiento de los ciudadanos, lo que en el caso del PT se agravó por una enorme soberbia en el ejercicio del poder, ya que sus dirigentes ni siquiera se preocuparon por mantener vivo el diálogo con las organizaciones que tradicionalmente le dieron apoyo. En realidad, el sistema busca escapar a cualquier presión social y el propio impeachment es, en parte, expresión de ello. Aunque parte de la población lo deseara, su consecución ha servido para proteger a los grupos que desde hace más tiempo están en el poder.

Sin embargo, insistir en una supuesta perspectiva pretoriana por parte del poder judicial sería llevar el argumento demasiado lejos, a pesar de cierto voluntarismo del MPF y de la inspiración que supuso para algunos sectores la operación Manos Limpias italiana (Moro, 2004). De hecho, ante la debilidad y la desmoralización del sistema político, el poder judicial asumió gran protagonismo, aunque no pretendiera tomar el poder y gobernar. Muchos en el MPF pueden atribuirse el papel de moralizadores del sistema y radicales combatientes de la corrupción, pero difícilmente se los verá ir más allá, aunque quisieran. El hecho de que el sistema político empieza a reaccionar mínimamente y a tratar de bloquear los próximos pasos de la operación demuestra la fragilidad política del poder judicial. Habría que ver cómo la situación evoluciona, en especial en función de las delaciones ya hechas y en curso, como la de Odebrecht, o las que aún pueden ser realizadas. Si es verdad que el MP se ve como “agente político de la ley” (Arantes, 2002)6, eso no implica que pretenda sustituir o sobreponerse al sistema político.

De todos modos, es evidente que la superación de los callejones sin salida de Brasil hoy debería pasar por una gran reorganización y renovación del sistema político. Los partidos se encuentran muy desgastados, empezando por el PT. Desde junio de 2013 se ha aislado progresivamente, buscando neutralizar los desafíos lanzados por los ciudadanos. Las reformas que se están proponiendo en el sistema electoral y en términos de cláusulas de barrera, así como para forzar el regreso de la financiación electoral por empresas (prohibido por el STF) y amnistiar a aquellos que usaron la “Caja B” electoral7, expresan exactamente lo contrario: la manutención de un sistema político cerrado en aras de garantizar la hegemonía de los grandes partidos. Todos los menores, como la Red de Sustentabilidad (REDE) o incluso el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por ejemplo, quedarían fuera del Parlamento y privados de recursos públicos (pero no aquellas agremiaciones, que son lo suficientemente grandes para mantenerse allí).

Una salida conservadora para la crisis apostará por esta dirección, pero eso es una receta segura para nuevos problemas dentro de algunos años. Urge reconstruir los puentes entre el sistema político societario y el sistema político estatal, pero no será tarea fácil, si es que hay voluntad política para ello. El riesgo es obvio: que bajo formas democráticas veamos fortalecer un régimen liberaloligárquico avanzado que, en alianza con los grandes medios oligopolizados y el capital financiero, restrinja al máximo el papel de la participación popular.

Si la transición del régimen militar a la democracia en los años ochenta dejaba cuestiones mal resueltas y restricciones a la participación popular, la dirección de la democratización siguió dominante hasta ahora. La propia ascensión del PT al poder fue expresión de eso, transformando a la “ciudadanía instituyente” de aquel periodo de movilización en “ciudadanía instituida” (Domingues, [2008a] 2009). El proceso en este momento pende en la dirección opuesta, aunque no está bien cristalizado y hay cierto empate social, ya que la población no parece aceptar de buen grado la sustracción de derechos sociales que le quieren imponer, lo que se efectuaría a partir de cambios constitucionales que limitarían el gasto público en salud y educación, entre otras iniciativas.

Sin embargo, a pesar de la debilidad de la izquierda organizada hoy, está bien sedimentada en la población la visión de que tiene derechos —para parte considerable, como fruto de los avances de los Gobiernos de las coaliciones capitaneadas por el PT en materia social—, así como la idea de que cierto nivel mínimo de vida debe ser respetado para el conjunto de la población. La situación, no obstante, sigue fluida, y los próximos rumbos no están aún definidos, aunque la iniciativa esté impulsada, de momento, por las fuerzas de derecha, en las que se asoman, incluso, elementos abiertos de represión policial. Lo que ocurra en estos momentos de fuerte crisis de la Nueva República dependerá de si conseguimos forjar un nuevo ciclo, que empieza a definirse más firmemente, en dirección democrática antes que oligárquica.

Pluralismo social y cultural

Un tema que ha generado infinitas discusiones en Brasil, en general bastante ácidas, es la tensión entre los evangélicos (y su fuerte participación en la política) y la cuestión de la pluralización de la familia y de la sexualidad, destacándose la militancia LGBT y el feminismo que, renovado, ha resurgido con fuerza en los últimos años. Aunque muchos denuncian el protagonismo de los evangélicos en la actual “ola conservadora” (Bacca, 2016), hay que tratar de evitar simplificaciones y caricaturas. Hay, en realidad, muchas variaciones entre los evangélicos, así como también entre los católicos, a pesar de la unidad formal de esta religión, a veces extremadamente conservadora. No se debe pensar, por lo tanto, que se presentan de modo uniforme, política y electoralmente. Pero la fuerza de los aparatos de sus Iglesias y posiciones comunes sobre muchas cuestiones no deben ser desconsideradas, con reverberaciones conservadoras e incluso reaccionarias en el Parlamento, en particular cuando las cuestiones morales están en juego. Eso ha sido visible en los últimos años a través de la actuación del Frente Parlamentario Evangélico conocido en Brasil como “Bancada Evangélica”. Aunque esta aglutina partidos distintos, cabe destacar la centralidad del Partido Republicano Brasileño (PRB), directamente vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, la cual parece tener un proyecto político propio y vigoroso (Almeida, 2014; Mariano, 2016).

Por otro lado, la pluralización social e identitaria que encontramos hoy en la sociedad brasileña —reflejada por la propia emergencia de las religiones evangélicas— se canaliza, al menos parcialmente, por la pluralización de las identidades de género y de las formas de familia y de sexualidad, pero también, en ciertas corrientes, incluso mediante una contraposición al feminismo. Los choques son inevitables, también con los católicos, sin que sean efectivamente agónicos. Además, hay espacio para transformaciones a lo largo del tiempo, como las que ocurren en la confluencia entre evangélicos, católicos y aquellos que explotan formas de sexualidad que al menos hasta hace poco tiempo no eran preponderantes.

Muchos argumentan que esta creciente agenda vinculada a los derechos y al plano cultural e identitario no puede ser el centro de la agenda progresista brasileña, ya que esta, según el argumento, también tiene el poder de dividir, a diferencia de las cuestiones económicas y sociales, cuya capacidad de agregación sería mayor. Si bien esto no deja de tener un fondo de verdad, hay que asumir que estas agendas hoy son imprescindibles y que su abandono no supone una solución factible. En este escenario aparecen enfrentamientos políticos y se presentan debates y demandas que afectan a una significativa parcela de la sociedad brasileña, así como lo hace la religión en su pluralidad. No hay por qué esperar o suponer el abandono de la agenda de un lado en función del anhelo de conquista del apoyo de otro, ni aceptar el ataque a este si no acepta la agenda de aquellos movimientos. De una forma u otra, evangélicos, por un lado, y movimientos LGBT e individuos cuyos modos de vida difieren de aquellos aceptados como esenciales por la mayoría de las religiones, por otro, necesitan conversar, aunque sea para discrepar. Una plataforma unificadora resulta ahora imposible, y las contradicciones previsiblemente subsistirán, pero las agendas comunes pueden ser construidas.

En tiempos de recrudecimiento de lógicas de polarización de la política, no todos pueden o quieren dialogar, pero hay que trabajar en esta dirección. De lo contrario, una vez más son los fenómenos de carácter enfermizo los que prevalecen. Se puede incluso no conquistar posturas abiertas de lado a lado. Pero luchar por ello, en un principio, ayuda incluso a evitar que las posturas intransigentes y el odio se cristalicen. Esto puede servir para generar alternativas al escenario actual, en el que las diferencias muchas veces tienden más al aislamiento y al alejamiento que a las posibilidades de solidaridad y de convergencias. Tender puentes, sin renunciar a las posturas y a los deseos de ambos lados —excepción, sea dicha, a los que explotan políticamente esas tensiones— es fundamental para salir de situaciones en las que prevalece el autoritarismo, político y social.

Si el pluralismo puede abarcar un marco democratizador, mal tratado puede fragmentar y generar embates en los que predomine la violencia física y simbólica, tal y como viene ocurriendo de forma creciente. En cualquier caso, aunque ello parece inevitable en la sociedad brasileña contemporánea, es necesario articularlo políticamente, para que sea en este ámbito donde las disputas se diriman, con posibilidad incluso de un desenlace más abierto, progresista, en el seno de una lucha más amplia por derechos.

Límites de la democracia y horizontes de futuro

A pesar del apoyo de los medios de comunicación y de los empresarios, la legitimidad del Gobierno Temer ha sido siempre muy baja. Es cierto que su partido, el PMDB, logró que resultara elegida una mayoría de alcaldes en varias partes de Brasil, pero lo hizo básicamente en pequeñas ciudades y recurriendo a prácticas históricas de clientelismo.

Aunque el PSOL haya avanzado en estas últimas elecciones municipales de 2016 y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) haya mantenido algunos de sus reductos, la debilidad de la izquierda es evidente, con derrotas contundentes del PT en todo el país. El Partido Democrático del Trabajo (PDT), con la presencia del presidenciable Ciro Gomes, mantuvo fuerza en el nordeste, inclinándose a la centroizquierda y, por su parte, la sigla REDE, bajo el liderazgo de Marina Silva, no logró, por el momento, viabilizar un nuevo campo en el centro del espectro político.

El PSBD, por su parte, se ha fortalecido sorprendentemente en las últimas elecciones municipales; sobre todo, pero no solo, en el estado de São Paulo, bajo el liderazgo del gobernador Geraldo Alckmin, que se involucró, aunque de forma moderada, en la movilización por el impeachment, proyectándose como candidato del partido a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. El polifacético sistema político se reviste así de un cuadro multipartidario —con treinta y cinco partidos reconocidos formalmente, en mayo de 2018, por el Tribunal Superior Electoral (TSE)—, característico de la historia reciente brasileña, que en este momento se encuentra fuertemente inclinado a la derecha. Además de los partidos más grandes mencionados, tampoco es nada desdeñable el peso de los Demócratas (DEM), antiguo baluarte de la dictadura militar, y del PP, profundamente afectado por el escándalo de la Petrobras. A eso hay que sumarle, entre otros, el PRB con su base evangélica y, un tanto dividido, el Partido Socialista Brasileño (PSB). Eso por no hablar de un fenómeno absolutamente central en la política brasileña de los últimos años y que ganó todavía más fuerza desde la campaña por el impeachment: los intentos de varios partidos de derecha de expandirse territorialmente, buscando construir una base militante en la sociedad, como es el caso del Movimiento Brasil Libre (MBL), creado en 2014 como antipetista y defensor del libre mercado, actuando, junto a otros sectores, como motores de la movilización contra la destitución de la presidenta Rousseff y en apoyo a las investigaciones de la operación Lava-Jato.

Asimismo, la visión negativa que gran parte de la población tiene hoy de la política y de los políticos se expresó en las últimas elecciones en una elevada abstención, que afectó especialmente al electorado de izquierda. La derecha brasileña está hoy empeñada en utilizar estrategias de relegitimación del sistema político, sirviéndose para ello de discursos y ropajes diversos. Si eso llevará a la reanudación del protagonismo del PSDB o a una confluencia con fuerzas conservadoras emergentes es algo que se verá en el futuro. Tomemos por ejemplo el caso São Paulo, bastión del PSDB y escenario decisivo. Allí el empresario João Doria, conocido también por su actuación como entrevistador televisivo de talk-shows, fue elegido en la primera vuelta prometiendo “limpiar la ciudad”, en una votación con un altísimo índice de votos en blanco, nulos y abstenciones. Lo mismo ocurrió en Río de Janeiro, con la victoria de Marcelo Crivella (PRB), que disputó con Marcelo Freixo (PSOL) la segunda vuelta8.

La prensa, para desgastar el PT, además de colocarse por encima del sistema político formal, puede tener parte de responsabilidad en este escenario. Lo mismo ocurre con el poder judicial, que, como consecuencia de sus acciones, acabó desprestigiando a los políticos profesionales. Sin embargo, aunque muchos politólogos intenten extrañamente invertir la ecuación, hablando de antipolítica y de su criminalización, poniendo el foco de la atención en estos actores, no se puede olvidar que los problemas actuales tienen su origen fundamentalmente en los propios políticos y en sus formas de actuación. Decir lo contrario significaría aceptar que los partidos nada tienen que ver con la situación, y que absolutamente todo sería fruto de una deliberada persecución. Además, se desconoce así que dicha “antipolítica” no es otra cosa que el deseo de crear otra política. En el Brasil contemporáneo, aunque esta tenga dificultad para expresarse, en el caso de los sectores conservadores, con frecuencia encuentra en los empresarios una forma de canalizar ese deseo.

Tampoco se pueden hacer ilaciones directas, causales y precipitadas entre las protestas de junio de 2013 y el impeachment y entre las elecciones municipales de 2016 y los comicios presidenciales y estatales de 2018. Independientemente de los resultados de las elecciones, no hay que perder de vista las líneas centrales sugeridas por la estabilización conservadora que podría asentarse, radicalizando reformas neoliberales, como la aprobación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC 241), que propone congelar las inversiones y los gastos públicos durante veinte años. Sin embargo, los nuevos avances de la operación Lava-Jato son una incógnita que puede afectar todavía los rumbos futuros.

La crisis sigue su curso y, en cualquier caso, una renovación de la izquierda es un proyecto que llevará tiempo para consolidarse. Aunque las elecciones sean importantes, ganarlas a toda costa no debería ser una prioridad, en particular en este momento de desorientación e incapacidad para establecer agendas, confluencias y estrategias claras. Salir del aislamiento en que la izquierda se encuentra debería ser un horizonte más inmediato. Están en marcha iniciativas en este sentido, pero parecen ser todavía muy guiadas por una lógica reactiva y por alianzas políticoelectorales. Más allá de eso, es fundamental trabajar en la construcción de una mirada creativa y transformadora para que la iniciativa de este nuevo ciclo que se abre en la historia brasileña tras la crisis de la Nueva República no quede en manos de las fuerzas políticas de la derecha. Al menos, debería aspirarse a instalar, una vez más, la disputa y el antagonismo político. Para ello, hay que pensar más allá de las elecciones, incluso en un año electoral. Eso implica apertura a las nuevas sensibilidades de la sociedad brasileña, generación de una amplia movilización sociopolítica e, incluso, capacidad de diálogo con fuerzas ubicadas en el espectro político del centro democrático.

Dos cuestiones son decisivas: la de la democracia y la del desarrollo. El neodesarrollismo mostró una vez más sus límites y en la última década no se profundizó en absoluto en la democracia. Un nuevo modelo de desarrollo se hace necesario, más acorde a la posición brasileña de (semi)periferia y capaz de repensar el propio significado del desarrollo. Esto debe incluir la relación con la naturaleza, el territorio y la igualdad social, sin que se deje de combatir el capital financiero y la expoliación realizada a través de la deuda pública, así como buscar ampliar los espacios de autonomía de Brasil y América Latina. Eso puede expresarse de diversas maneras, sea a través de una reinvención de la idea de “desarrollo sostenible” —con centralidad de la demanda de derechos sociales por parte de la población (transporte, salud, educación) y con énfasis también en el desarrollo tecnológico (como en parte sugiere Gadelha, 2016)—, sea a partir de la construcción de nuevos proyectos y posibilidades. No deberían, sin embargo, preocuparnos tanto las etiquetas, sino los contornos concretos de un nuevo horizonte construido a partir de un amplio debate con la sociedad, de la forma más transparente y movilizadora posible. Independientemente de las posturas diversas, algunos puntos de partida son fundamentales, y eso incluye ir en dirección contraria a la financierización generalizada de la economía, retomando de otra manera la política social.

Esto implica la segunda cuestión a ser considerada: la democrática. Son evidentes las limitaciones de nuestra democracia. Se trata, claro, de un problema global, aunque con especificidades en los diferentes lugares y regiones. Reinventarla mediante todas las formas posibles de participación popular, así como a través de la ampliación de la restringida esfera pública y del debate, es quizás la tarea más urgente. Esta es una tarea fundamental para la autocomprensión de la propia izquierda brasileña, que debería tornarse menos estatista, sin que eso signifique necesariamente renunciar a disputar el Estado y a transformarlo. Es más que dudoso que los partidos políticos —sobre todo en su configuración actual— sean el instrumento capaz de operar esas modificaciones. Es en el seno de las organizaciones sociales donde hace falta, por lo tanto, articularse.

El imaginario democrático siempre fue un patrimonio de la izquierda, intransigente en el mantenimiento del veto al financiamiento empresarial de campaña, así como de la democratización de la comunicación, de la esfera pública y de varias otras dimensiones de la vida social. Se trata de la preeminencia de la libertad igualitaria, en la que todos tenemos el mismo poder social (lo que incluye la economía y la política). Es crucial retomar ese imaginario mucho más allá de las habituales manipulaciones y vaciamientos de significado de la democracia operados por la derecha y por las fuerzas sistémicas, pero también más allá de la denuncia del impeachment de 2016 como golpe, que opera como un objetivo en sí mismo en amplios sectores de la izquierda brasileña. Además, es necesario apostar por la disputa cultural y por la renovación y la democratización de los instrumentos políticos y de las organizaciones populares. Hay ejemplos notables de ello en los últimos años, como veremos en los capítulos siguientes, incluyendo nuevos colectivos, las masivas ocupaciones de las escuelas públicas de todo el país por estudiantes de enseñanza media y la construcción de plataformas como el Frente Brasil Popular y el Frente Brasil Sin Miedo, que reúnen diversas organizaciones, aglutinando tanto fuerzas más tradicionales de la izquierda como movimientos sociales emergentes.

El tipo de alianzas y coaliciones que permita avanzar en la renovación del proyecto democrático, calcado en la ampliación de los derechos y en la búsqueda de un modelo distinto de desarrollo, es una cuestión que subyace a todo eso. Desde siempre ese tipo de mirada estratégica se ha puesto al servicio del pensamiento crítico y emancipatorio. Este, infelizmente, va mal en Brasil desde hace ya un tiempo. Entre sus propuestas centrales no debería incluirse la patética, desafortunada y mal parada tentativa de crear una “nueva clase media”, neoliberal y consumista, que sería fiel al PT y a su proyecto.

Brasil es un país fuertemente desigual, con un vasto proletariado de servicios, pobre y que en gran medida vive en el mundo de los mercados informales, con clases medias tradicionales y otras que más recientemente ascendieron, una clase obrera industrial que tiende a reducirse fatalmente y trabajadores rurales de muchos tipos, algunos de los cuales todavía se definen como “campesinos”. Sus clases dominantes están divididas, y no está claro qué desean los pequeños y medianos empresarios, que, aunque cansados de las confusiones económicas de Rousseff, no necesariamente quedarán prisioneros eternamente de una visión puramente neoliberal. Además, buena parte de la identidad y del poder de las clases medias tradicionales viene de su pertenencia a corporaciones muy importantes, por ejemplo dentro del poder judicial y en la profesión médica. A menos que queramos volver a una política del tipo “clase contra clase” o “pobres contra ricos”, con los resultados discutibles, es fundamental entender el modus operandi de estos sectores, dialogar con unos, neutralizar otros y reducir la influencia de las vertientes más conservadoras.

Una coalición de la izquierda es importante, pero hay que actuar y pensar más allá de los espacios de confort. Sigue siendo fundamental la disputa del espacio del centro político; de lo contrario, Brasil permanecerá prisionero del PMDB y de fuerzas semejantes que operan en la fagocitación política. La democracia, obviamente, necesita mucho más que eso para poder profundizarse en un contexto hostil en Brasil, en América Latina y en el mundo. Hay que empezar por el rechazo a las prácticas neopatrimonialistas de saqueo del Estado, siguiendo en particular por el cambio radical del contenido e invención de nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad que contemplen anhelos y modalidades emergentes. Nos jugamos nada más y nada menos que el futuro de los proyectos de emancipación. Y Brasil no es un país menor en el cuadro regional y global.

CAPÍTULO 2

LA IZQUIERDA EN LA NIEBLA

La izquierda vive un momento complicado en Brasil hoy. No está claro hacia dónde va, ni tampoco cuáles serán sus pasos. Parte significativa de un sector hasta hace poco mayoritario se deslizaba por el tablero político de manera incómoda. Para algunos, el gobierno de Dilma Rousseff parecía ser una pesadilla que los oprimía y los maniataba, una vez que se veían en la obligación de apoyarlo, por más que lo hicieran críticamente. Para otros, la situación confirmaba la necesidad de oposición. Nuevas líneas de fuerza también empezaron a delinearse y, por más que caminen en direcciones aún poco claras, pasaron a molestar y a cuestionar progresivamente la hegemonía del PT y de su campo político. La niebla es muy densa, y navegar cuando uno está inmerso en ella no es una tarea sencilla. Pero si, como decía el poeta portugués Fernando Pessoa, “navegar é preciso”, tendremos que observar las estrellas e intentar identificar dónde queda el norte/sur de esta historia.

Eso no significa que el corto plazo no sea relevante. De hecho, el golpe parlamentario y mediático formalizado mediante el impeachment de Rousseff suscita acciones inmediatas. Lo mismo se puede decir de las resistencias a las propuestas de ajuste neoliberal del Gobierno de Michel Temer. Sin embargo, es importante relacionar la actual situación y las reacciones a cuestiones más amplias y profundas, tratando de despejar la niebla en que la izquierda (y la política) brasileña se encuentra envuelta. Para ello, es necesario afrontar trayectorias y recorridos históricos, producir diagnósticos de la coyuntura presente más atinados, así como líneas de fuerza posibles para el futuro. Eso se hará aquí en relación a la situación de la izquierda y de la centroizquierda, definidas de forma amplia. Se dará protagonismo a la política entendida en su autonomía. Sin perjuicio de la identificación de “intereses de clase” calcados en las luchas por la retención del excedente económico, hay que recuperar pero ir más allá del marxismo en ese sentido, especialmente de variantes que no logran liberarse de una visión más estrecha de cómo aquellos “intereses” supuestamente se traducen en la política, lo que se replica en la también bastante difundida idea utilitarialiberal del “voto económico”.

En la modernidad, las identidades políticas se construyen políticamente9. Esto puede sonar a obviedad pero se opone a la idea de que es posible derivar, independiente de cuántas mediaciones existan, esas identidades de las “bases” materiales de la vida social. Está claro que las cuestiones materiales son importantes, proporcionando motivos e “intereses” a los agentes, pero en sociedades cada vez más complejas y plurales, con un debate público en abierto, como es el caso brasileño hoy, es la dinámica de la política la que define esa dimensión imaginaria e institucional en la que nos movemos desde hace algunos siglos. De este modo, ninguna colectividad está, sin más, ubicada en la izquierda, en la derecha o en el centro: es en el propio proceso político donde se tejen esas identidades, aunque esos movimientos e “intereses” sean cruciales para su constitución. Al fin y al cabo, esto implica que los agentes sociales se moldean mutuamente en el curso de sus interacciones sociales, que son, en este caso, específicamente políticas.

Cerrando ciclos

Brasil vive una coyuntura particularmente compleja por encontrarse en un momento en el cual los finales de varios ciclos se cruzan, generando un movimiento de sobredeterminaciones. La potencia destituyente de la actual crisis, descrita de forma panorámica en el capítulo anterior, se advierte ahí (Domingues, 2015).

El primer ciclo se refiere a un proceso a largo plazo10. Entre 1930 y 1970-80 se realizó lo que se puede denominar como “modernización conservadora” de Brasil, marcada por la industrialización y la urbanización con mantenimiento del latifundio. Su conclusión coincidió décadas atrás con la irresistible ascensión del movimiento democrático. Este, oriundo en parte del periodo anterior, encontró en la lucha contra el régimen militar, que completaba la modernización del país, su momento de consolidación, ampliación y, por fin, triunfo. Evidentemente, este no fue absoluto. Como en casi todas las transiciones de regímenes dictatoriales hacia regímenes democráticoliberales (salvo aquellas de cuño revolucionario —que se cuentan con los dedos— o provenientes de derrotas militares), se fue negociando con el régimen que se retiraba hasta que el proceso de democratización institucional se concretó. Se trata del conocido modelo de “transición por transacción”.

No obstante, en el caso brasileño ni se realizó la transición simplemente por lo alto (dado que la participación popular fue enorme, sea electoralmente, sea en los movimientos sociales, en los partidos o en las calles), ni tampoco se resumió la democratización al aspecto institucional. El imaginario nacional emergente abrazó con vigor concepciones y prácticas más igualitarias, aunque sin eliminar, en modo alguno, perspectivas autoritarias y excluyentes. Pero ese largo ciclo de democratización se ha agotado ahora. Las energías movilizadas en aquellos tiempos ya no existen, y los cuadros políticos que las tejieron están envejecidos. Algunas de sus ideas se han concretado, muchas han sido abandonadas y las formas de organización que engendraron se han arrugado o, incluso, se han desvirtuado.

Aunque esto sea cierto hoy, hay que reconocer que las izquierdas tuvieron un papel destacado en aquel proceso, sea impulsando los movimientos sociales, sea aliándose y presionando a los políticos liberales, muchos de los cuales, como Ulysses Guimarães, descubrieron una vocación democrática que incluso desconocían. De la victoria del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) en 1974, pasando por las manifestaciones estudiantiles y las grandes huelgas obreras de fines de los años setenta, por la elección de gobernadores en 1982, la campaña de las elecciones “Directas Ya” en 1984 y la elección indirecta de Tancredo Neves en 1985, a la Constitución de 1988 —hoy por todos celebrada—, esas luchas y victorias serían inimaginables sin la presencia de la izquierda y la movilización de amplias parcelas de las clases medias y de los sectores populares.

La izquierda armada, a pesar de la valentía de sus combatientes, mostró un enorme error político y fue rápidamente derrotada y destrozada por la dictadura a comienzos de los años setenta. Pagó un alto precio por su voluntarismo y análisis equivocado de la coyuntura (Gorender, 1999). Por otro lado, la política que acabó por mostrarse más fructífera implicó un frente democrático de la izquierda capitaneado por el Partido Comunista Brasileño (PCB) (Segatto, 1981; Vianna, 1988), el cual, sin embargo, no fue capaz de recoger los frutos de su acierto estratégico. Esto se explica por varios factores: su desestructuración por la represión de la dictadura (sobre todo entre 1975 y 1976), su dificultad de enraizarse en la nueva y ampliada clase obrera (aunque el partido hubiese, antes de derrumbarse, avanzado en el ABC Paulista) y sus vínculos excesivos con el comunismo soviético11. Además, es necesario subrayar la pérdida de identidad en su implicación con el MDB y, a fin de cuentas, una relativamente baja valorización de los elementos de movilización popular dentro del frente democrático. Finalmente, poco ayudó el retorno de dirigentes desconectados de la realidad del país, así como las brutales luchas internas que se encontraban entonces en curso, involucrando su dirección “centrista”, los llamados “eurocomunistas” y los “prestistas”. Aunque ganaron los primeros, les faltaba osadía e innovación frente a la coyuntura política.

Fue en este momento cuando nació el Partido de los Trabajadores (PT). Fundado en 1980, aparecía de modo fulgurante y renovador, vinculado a las grandes movilizaciones populares (Keck 1991; Sarti, 2006; Secco, 2011), impulsado por los liderazgos sindicales emergentes y recogiendo buena parte de los militantes oriundos de la lucha armada y del trotskismo, así como el vasto movimiento del catolicismo que giró a la izquierda. El partido logró, en este momento inicial, integrar y dialogar con muchos otros movimientos sociales plurales que se comprometían con temas diversos, y organizó vastas parcelas de las capas medias, de las clases populares y de la intelectualidad. Se afirmó así como factor crucial en aquellos momentos del ciclo democratizador y, a su manera, del frente democrático, aunque tuviese dificultades para reconocer su papel dentro de ese amplio proceso (como cuando expulsó a parlamentarios suyos por votar por Tancredo Neves en el Colegio Electoral y se negó, inicialmente, a firmar la Constitución de 1988).

Por su parte, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) comenzaba su larga marcha hacia una postura sobria, que lo llevó a posicionarse como aliado preferencial del PT. El Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Leonel Brizola, podría haber despegado más allá de Río de Janeiro y de Río Grande del Sur si hubiera ganado las elecciones de 1989. Como no fue el caso, nunca voló alto en términos nacionales.

Hasta la lucha por el impeachment de Fernando Collor, después de una dura derrota electoral de la izquierda, la movilización, el trabajo de base popular y el proceso de democratización siguieron firmes (Sallum, 2016). A pesar de la elección y de la reelección de Fernando Henrique Cardoso, quedaba siempre la esperanza de avanzar, en especial porque el PT aparecía como una reserva moral y política de la izquierda. Los años noventa, sin embargo, fueron de cambios y, a pesar de la consolidación de importantes movimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la movilización más masiva de la sociedad empezó a descender12.

Al inicio del Gobierno neoliberal de Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y del Partido del Frente Liberal (PFL), el activo sindicato de los petroleros fue arrollado por la máquina estatal represiva, incluso por medios legales. Así, al lado del declive de la movilización popular que caracterizó la década de los noventa, con la desmovilización de las asociaciones de barrio y el retroceso de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), entre otros fenómenos, la amenaza al sindicalismo fue comprendida por parte de este como un cambio hacia una actitud de menor confrontación. Sumémosle a eso las dificultades de una economía deprimida y de privatizaciones en la cual, además de todos los cambios globales del mercado de trabajo, la movilización de los trabajadores era difícil y muchas veces arriesgada.

Durante estos años, tras la espectacular Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y la Vida, capitaneada por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE) y cuyos efectos perduraron por bastante tiempo, el único movimiento social realmente fuerte de dimensión nacional con capacidad de enfrentamiento al neoliberalismo fue el MST. Este tuvo el mérito no solo de perseverar en la lucha por la reforma agraria, sino de servir como una auténtica escuela de formación política para los sectores populares, principalmente del campo.

El agotamiento del programa neoliberal de Cardoso (más puro, aunque relativamente moderado y, como hemos anunciado, ya con rasgos de políticas sociales liberales referentes a la pobreza y otras cuestiones sectoriales), incluso en función de las crisis económicas que enfrentó, tenía como corolario casi inevitable el ascenso de Lula y del PT al Gobierno federal. Además, la moderación creciente y el desplazamiento progresivo del PT hacia la centroizquierda, favorecido por el deslizamiento del PSDB hacia la derecha, hizo que el sueño de gobernar el país se tornara más factible, sin choques más duros con los sectores conservadores y, suponían, también con las clases dominantes.

Es así como se montó un programa “sociodesarrollista” moderado, con el objetivo de ampliar el mercado interno, aumentar los salarios y el consumo y combatir la miseria y la pobreza. Este derivó, en gran medida, en una forma de social liberalismo que mantuvo muchos de los pilares de los Gobiernos del PSDB, sumándole un “reformismo débil”, en el sentido dado por Singer (2012). Los dos mandatos de Lula dieron centralidad a esa agenda, pero sacrificaron otros elementos fundamentales del imaginario y de la plataforma petista: desde la reforma urbana a las políticas sociales universales, del neodesarrollismo a la reforma electoral y la democratización de los medios de comunicación. En este sentido, el ascenso de Lula y de la “izquierda” al Gobierno significó la concreción institucional máxima de aquellos movimientos previos de la ciudadanía, en un momento en el que, sin embargo, la fuerza movilizadora ya no estaba presente. Se trata del paso de la “ciudadanía instituyente”, movilizada, a la “ciudadanía instituida”, corporizada en leyes, reglas, cambio de personal y, en ese caso, de un limitado cambio del aparato estatal (Domingues, [2008a] 2009). Aunque la movilización no puede fluir ampliamente de arriba abajo, lo cierto es que tampoco hubo una apuesta explícita del PT por la movilización y los sectores movilizados.

A pesar de esos límites, la cuestión social se convirtió en el centro de la agenda nacional. Desde los gobiernos de Getulio Vargas (1930-1945 y 1951-1954), que la trató de forma limitada y corporativa, no había sido tan relevante en la política gubernamental, pese a los avances implicados por la Constitución de 1988, cuya concreción aún se planteaba —y se plantea— como tarea política.

No es fácil definir lo que puede seguir a ese ciclo democratizador. Lo que más complica la situación es que, simultáneamente, otro ciclo también se ha agotado. Se trata del ciclo de la absoluta e incontestable hegemonía del PT en la izquierda brasileña. El PT surgió buscando centralidad a cada paso. Se pensó así: para importar al partido era necesario estar dentro de él; y, de hecho, no se admitía negociar fuera de esa posición de superioridad. Miraba hacia atrás y veía la tesis de Weffort (1978), aparentemente confirmándola, de que la izquierda brasileña —entendida como el PCB— fuera connivente con el populismo y, por lo tanto, incapaz de representar realmente el interés de los trabajadores. El PT empezaría, al contrario, por ahí: supuestamente, se pondrían los intereses de las masas asalariadas en primer lugar. Por otra parte, la estrategia y, sobre todo, metas más ambiciosas como el socialismo serían construidas por la propia clase trabajadora en su experiencia de lucha. Si el PT nunca abandonó totalmente esa perspectiva hegemonista (más allá de la hegemonía real y las disputas por esta, solo logradas a lo largo del tiempo13), lo que se acabó fortaleciendo fue el pragmatismo (sindical, principalmente) y el predominio del control de la maquinaria del partido por parte de aquellos cuadros oriundos de la lucha armada.

Estos se ocultaban bajo el discurso del “basismo”14 y apelaban a los intereses y a la experiencia de la lucha concreta previa, sin que la intensa movilización de los movimientos sociales vinculados al partido, muchas veces bastante radicalizados, y el participacionismo que lo había acompañado sobreviviesen15. La organización por “tendencias”, por su parte, fue tornando rígida la vida interna del partido, bloqueando la libre circulación de los militantes, cada vez más subordinada a sus líderes parlamentarios y al aparato burocrático dirigente.

Tras la derrota para Collor y otras dos seguidas y duras pérdidas electorales para Cardoso y el PSDB, el PT, como ya se ha dicho, se moderó. Este movimiento ideológico y de posición curiosamente acabó por encontrarse con la gran tradición latinoamericana que tanto había combatido en sus inicios, es decir, la de partidos populares pluriclasistas con la necesidad de buscar alianzas con la burguesía “nacional” (o quizás solo “interna”, para movilizar la distinción de cara a Poulantzas y a los críticos del “etapismo” antiimperialista del PCB). Sin embargo, al percibir, tras el escándalo del llamado mensalão, que perdería el apoyo de la clase media (que, en otro momento, fuera crucial para su desempeño electoral, hecho extrañamente silenciado hoy en día), el PT insistió en la idea de que gobernaba para los “pobres” y, consecuentemente, contra los “ricos” y, más recientemente, contra la clase media denominada como coxinha, ahora tachada de conservadora16.

En realidad, el PT retomaba, al menos en parte, la estrategia de Cardoso y del PSDB en los cuadros del Plan Real: se mantenían los ricos, en particular el capital financiero, protegidos y obteniendo altos beneficios, y se redistribuía parte de la renta de las clases medias para los pobres, aprovechándose, en el caso de los Gobiernos de Lula, del boom de las commodities. Al mismo tiempo, el PT se fue imbricando cada vez más profundamente con los partidos tradicionales, los sectores de la burguesía y los contratistas sedientos de obras públicas y que buscaban la internacionalización. Estas alianzas muchas veces eran vistas por miembros del partido como “un mal necesario”, debido a los altísimos costes de las campañas electorales, pero pasaron a contaminar buena parte del aparato del partido. Es así como Lula resultó reelegido y como Dilma Rouseff consiguió la elección y también la reelección17.

La trayectoria reciente del partido estuvo marcada también por el paso de algunos de sus mejores cuadros al Estado. Los movimientos sociales en particular cedieron muchos dirigentes a la administración (como ya habían hecho con los fondos de pensiones), aunque no siempre de manera acrítica y preservando mecanismos de accountability interno y en el plano social. Sea como fuere, no parece muy creíble hablar de una “nueva clase”, como quiso hacerlo Oliveira (2010), aunque, de hecho, un sector de los trabajadores encontró en la política una manera de mejorar la vida. Por otro lado, el programa social del PT se agotó con el aumento del salario mínimo y del empleo en general, así como con el crédito barato —sobre todo mediante consignación en el salario— y las políticas focalizadas, en especial el programa Bolsa Familia. Así, se hizo también muy dependiente de un creciente entrelazamiento entre los sectores público y privado.

Dilma completó este último programa con uno nuevo denominado Brasil Cariñoso, un proyecto instituido en 2012 con el objetivo de apoyar a familias con niños de hasta seis años con políticas volcadas en la educación, la salud y la renta. Avanzó, asimismo, por cuenta propia con el emblemático programa Mi Casa, Mi Vida y buscó la famosa “puerta de salida” de una supuesta dependencia de la transferencia de ingresos en el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (PRONATEC). También creó, en julio de 2013, el programa Más Médicos (en parte por fuera del Sistema Único de Salud, SUS), con el objetivo de reducir la carencia de médicos en los municipios rurales y en las periferias urbanas.

Sin embargo, a pesar de estos programas, la universalización de la salud, la educación pública de calidad (sobre todo en sus etapas iniciales) y la apuesta por el transporte público en una economía totalmente dominada por el automóvil se quedaron de lado, mientras que el intento, extremadamente tecnocrático (que no puede sino recordarnos su trayectoria anterior), de crear una “nueva matriz económica” fracasaba.

Esto llevó a tasas mediocres de crecimiento y a la profundización de la reprimarización de la economía brasileña (vía agroindustria y minería, con sus consecuencias ambientales y sociales altamente negativas, en particular para el campo y las poblaciones indígenas). El malestar social aumentaba progresivamente y alcanzó su punto de ebullición en junio de 2013, con masivas manifestaciones, a las que el PT reaccionó equivocadamente; aún hoy, de hecho, continúa viéndolas simplemente como “protestas de la derecha” y, en muchas lecturas de miembros del partido, como la causa de sus dificultades electorales y políticas posteriores.

Lo cierto es que el partido afrontaba enormes problemas, generacionales, de cuadros, de autismo político, de falta de proyecto y de programa, algo que, por cierto, compartía con algunos de los movimientos sociales tradicionalmente vinculados a su trayectoria. Los escándalos de corrupción complicaron aún más la situación, así como su reacción problemática y de victimismo con respecto a las investigaciones. El hegemonismo del partido tuvo, además, un coste alto con la ausencia del Partido Socialista Brasileño (PSB) en la base del Gobierno, debido a la negativa a considerar en serio la candidatura de Eduardo Campos, gobernador consagrado de Pernambuco y político talentoso, a la Presidencia de la República.

El ciclo presentaba, de esa manera, muchos elementos de cierre, aunque tenía todavía cierta viabilidad electoral, con la propia Dilma y eventualmente con Lula. Sin embargo, los problemas eran más profundos y empezaron a estallar. La incapacidad política e incluso económica de la presidenta escogida, de modo autocrático, por Lula —que veía a través de ella la forma de mantener su poder— se mostró catastrófica.

Tenemos, de esta manera, un tercer ciclo más corto (electoral y de gobierno), que podemos remontar a la ascensión de Lula a la Presidencia —al tiempo que se aclamaba aquel ciclo democratizador— y con Dilma Rousseff. Ella lo concluyó al extender el ciclo petista hegemónico, con sus políticas sociales junto a la novedad del llamado “ensayo desarrollista”. La prisión de Lula prácticamente impide su postulación a las elecciones generales de 2018, precisamente en un momento en el que lideraba todas las encuestas para presidente. Un posible regreso de Lula, sin embargo, no haría más que ofrecer una mera supervivencia al ciclo previo, dado que, ante una situación tan complicada y distinta, difícilmente se rescatarían las alianzas de sus primeros Gobiernos ni mucho menos el proyecto petista original. La sociedad, además, está mucho más polarizada y el antipetismo es hoy muy fuerte.

Está claro también que gran parte de las medidas que Dilma ensayó en su desarrollismo buscaban dar respuesta a las demandas de los empresarios industriales. Lo curioso es que las adoptó y, sin embargo, esto les desagradó. Se enfrentó el capital financiero, pero fue obligada a retroceder, encontrando después un frente burgués unido contra ella (Singer, 2015a). En ese punto, reducir sin más los problemas de la política económica exclusivamente a intereses de clase es incurrir en un error, sobre todo al dar poca relevancia a cómo eso se articuló políticamente. Dilma, en particular, implementó las medidas como si tuviera en sus manos un recetario mecánico y, desactivando en la práctica el Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES) creado por Lula y sin capacidad para conversar con los capitanes de la industria, se portó tecnocráticamente, sin asegurarse del resultado de las medidas que implantaba junto a sus principales beneficiarios directos.

Además, por la mano dura y la falta de escucha, al margen de los errores reales en la conducción económica, Dilma provocó que la burguesía se uniera contra ella por haber abierto demasiados frentes. A final, aquel que tendría que haber sido su principal contrincante, el capital financiero, se frotó las manos, fortalecido.

Intentando reequilibrarse, Dilma reculaba y giraba a la derecha cuando vinieron las importantes manifestaciones de 2013 (Domingues, 2015)18. Teniendo en cuenta su estilo y el histórico narrado, no reaccionó del todo mal ante la crisis, pero no tenía propuestas ni recursos para responder a la altura de las demandas populares. La insatisfacción no dejó de hacerse sentir, a pesar de una pequeña recuperación durante el proceso electoral de 2014. Podría seguramente haber dado un giro a la izquierda en aquel momento de alta movilización social, pero prefirió hacerlo tarde y en sentido contrario, a la derecha, tras una elección en la que agresivamente se definió, ahí sí, pero ya sin bases para tanto, por la izquierda. Esto terminó por minar su popularidad y la confianza popular en el PT, incluso por algunos de sus propios militantes que pasaron a engrosar las filas del PSOL, de otras siglas políticas o, en el caso de los más jóvenes, de colectivos y movimientos sociales más apartados de la política institucional. Todo eso, unido a sus políticas de recorte de gastos y de aumento de impuestos regresivos, dificultó los esfuerzos del partido para reconectarse con la sociedad y mantener sus vínculos con su base social y con los movimientos populares. En ese sentido, el impeachment fue una fuerte inflexión para el partido, casi una bendición, ya que ahora intenta reencontrarse en el papel de oposición.

Centroizquierda(s) e izquierda(s)

El presente en Brasil debe comprenderse a partir del marco general esbozado hasta aquí. El sistema partidista como un todo evidencia una enorme distancia de la población. A los partidos de centroderecha y de la derecha eso les importa poco. Les basta por ahora buscar manipular las inconformidades de sectores expresivos de las clases medias, e incluso de las clases populares19, tras plantear una reforma política que bloqueó la renovación del sistema político.

Pero para la izquierda se trata de una situación dramática. El PT, en particular, se convirtió en un partido estrechamente vinculado al aparato de Estado, y el proyecto de mantenerlo absorbió sus energías. No se debe desconocer que la Central Única de los Trabajadores (CUT) tiene reservas de fuerza, sobre todo institucional, y que el MST y su brazo joven, el Levante Popular de la Juventud, tienen todavía cierta capacidad de movilización. Esto se demostró con las manifestaciones contra el impeachment. Pero los movimientos principales hoy en Brasil, como veremos en los siguientes capítulos de este libro, vienen siendo articulados de otras maneras, a veces, y por otras fuerzas políticas, con mucha frecuencia (Bringel y Pleyers, 2015).

Al percatarse del giro a la derecha realizado por Campos y el PSB en las elecciones de 2014, el propio Lula se preguntaba, intrigado, sobre las consecuencias de ese comportamiento. Luego, él mismo respondió a su indagación: esto ocurría porque el PT no dejaba espacio para nadie a la izquierda20. Pero eso cambió, y las alteraciones en curso en el sistema políticopartidario expresan esa nueva configuración.

Se podía esperar que en las elecciones de 2014 el PSOL —creado diez años atrás como una disidencia a la izquierda del PT— creciera expresivamente. No fue el caso, con la excepción notoria de Río de Janeiro, aunque la polarización que el PT logró imponer al pleito explique en parte las dificultades del PSOL. Estas no son, sin embargo, triviales. Vienen en parte de la perspectiva y del discurso del partido, que por ahora aún no se ha mostrado capaz de reunir una izquierda de cuño más radical sin ser sectaria —aunque estuviera aislado en la coyuntura hasta aquí—, presentándose incluso como efectivamente socialista, lo que no implica necesariamente un compromiso cerrado con el marxismo a esas alturas.

El PSOL todavía tiene dificultades para desligarse del intento de presentarse como la reencarnación del antiguo PT, como si pudiese recuperar el manto de pureza y la autenticidad que le gustaba ostentar en sus primeros años. Sus lazos más limitados con los movimientos sociales y la intelectualidad más expresiva también crean límites para el crecimiento del partido. Tampoco ayuda su forma de organización por tendencias. Además de eso, el PSOL no ha logrado dialogar fácilmente y hacer alianzas con otras fuerzas, preso a veces de una política de la identidad que suple la falta de un programa definido, de estrategia y táctica claras, porque sus divisiones internas le impiden precisarlas.

A pesar de todo ello, el PSOL debe avanzar de aquí en adelante. En realidad, en la lucha contra el impeachment el partido se mostró más abierto y logró con algunas candidaturas a las elecciones municipales de 2016 ampliar su arco de alianzas, a pesar de las resistencias internas, creciendo también en ese periodo entre la juventud y en los movimientos sociales. El nombramiento, también con muchas resistencias internas, de Guilherme Boulos como candidato a la Presidencia en 2018 por el partido demuestra un intento de conectar con los sectores progresistas más movilizados de la sociedad brasileña, en este caso principalmente el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (del cual Boulos es uno de los principales líderes) y el movimiento indígena. Si el PSOL logra superar realmente algunas de sus principales debilidades, podrá ocupar en los próximos años un espacio a la izquierda que el PT viene dejando vacío en su movimiento al centro y, en la práctica del Gobierno Dilma, incluso más a la derecha, aunque ahora, en la oposición, eso pueda cambiar.

El PCdoB curiosamente se mantiene como línea responsable hacia la preservación del Estado, ahora nuevamente como resistencia y proyección de futuro, y en gran medida auxiliar al PT, pero también sin marcar un espacio más a la izquierda, destino extraño para una agremiación comunista. Los demás grupos tradicionales marxistas-leninistas no tienen una expresión significativa, encerrados muchas veces en un pasado bolchevique encantado.

En el nuevo marco de la centroizquierda, una de las novedades es la Red de Sustentabilidad (REDE). Marina Silva, su figura más visible, fue candidata en 2010, abriendo un espacio propio de un centro indefinido en aquel momento y, en particular, cautivando a parte de la juventud que, posteriormente, en 2013, saldría a las calles. Sin lograr viabilizar la REDE (“red”, en portugués), su partido en las elecciones de 2014 acabó, por obra y (des)gracia del destino, siendo el PSB tras la muerte de Campos. Sin embargo, terminó por apoyar a Aécio Neves, candidato del PSDB, en la segunda vuelta. Con eso, perdió bastante de su aura y muchos abandonaron la leyenda. Si una negociación los trajo de vuelta, nuevos conflictos volvieron a alejarlos. Si el partido tiene una agenda moderna, a veces se inclina a la centroizquierda, pero en otras ocasiones se acerca a la centroderecha (como cuando Marina Silva apoyó el impeachment de Rousseff).

Al no tener movimientos sociales significativos en su base, el nuevo partido intentaba recoger el descontento de muchos en la izquierda, en el PT, en el PSOL y en otros parajes, teniendo como bazas un ambientalismo moderado que galvaniza a parte de la juventud y la idea de que es posible hacer política de modo distinto al que se hace hoy, en las negociaciones espurias y en la corrupción en que la República se contaminó. Pero su destino a estas alturas es poco claro.

A su vez, el PDT no tiene ni cara ni vocación hegemónica, pero puede retomar algún protagonismo con una candidatura de Ciro Gomes a la Presidencia, representando, hasta cierto punto y tal vez de modo coyuntural y pasajero, otro elemento de pluralización de la centroizquierda. Esto parecía extremadamente improbable en el caso del PSB, pero en los meses previos a la carrera a las elecciones presidenciales de 2018 volvió a buscar su participación en un futuro frente progresista reorganizado, lo que solo tendrá lugar si la izquierda consigue empujar a la sociedad de nuevo en esa dirección.

Con la izquierda reducida a movimientos limitados en el escenario político nacional, esta reorganización del centroizquierda puede ser decisiva, en el sentido de una posible seducción política (con propuestas avanzadas de derechos sociales universales y una atención redoblada a la cuestión ambiental) de vastos sectores de la clase media. Nos referimos, claro, a la clase media “real”, aunque ampliada, no la que una curiosa ingeniería socioneoliberal petista quiso inventar. Esto incluyó además corporaciones importantes, como el sistema judicial, los médicos, los investigadores universitarios o los artistas. El PT no contará más de modo general con su apoyo, pero muchos de ellos poseen una perspectiva progresista, de enorme importancia para el avance de una pauta emancipatoria en el Brasil contemporáneo. Por todo ello, la definición interna de los rumbos no solo de la izquierda, sino también de la centroizquierda será una cuestión de gran importancia para la política brasileña en los próximos años.

Como la encarnación de la izquierda en aquel momento, el PT se ganó, sin necesitar disputarlos excesivamente, a la clase media y a vastos sectores de las profesiones que caracterizan esa heterogénea colectividad en los años ochenta. El juego político y la disputa por la hegemonía, con perspectivas de imaginario y opciones civilizatorias, demandan una política a estas alturas mucho más fina y compleja. Un discurso orientado, como antaño, de manera cerrada en la izquierda no dará cuenta de esa tarea. Por eso, y por otros motivos, volver al PT de sus décadas de fundación no es la solución.

Otras incógnitas: ¿será el PT capaz de renovarse? ¿Mantendrá su unidad? ¿Será capaz, al intentar reencontrarse, de superar el pragmatismo, pero también la idea equívoca de que basta volver a sus rasgos de los años ochenta para encontrar su rumbo? ¿Qué política de alianzas querrá hacer? ¿Intentará negociar un amplio frente en la izquierda y en la centroizquierda o buscará, junto al PCdoB, una vez más, reanudar su coalición con el PMDB y otros partidos de centroderecha? Pero, sobre todo: ¿será capaz el partido de librarse de una dirección estrecha, que se niega a discutir, a admitir errores y a abrir espacio para la renovación, después de haber aislado a todos los que tenían posiciones diferentes? Es evidente que mucho de lo que ocurrirá en las próximas décadas dependerá de estas cuestiones, que no están del todo claras, aunque los movimientos internos que en este momento están en curso, conservadores que huyen de la responsabilidad propia, no son de buen augurio para el futuro del PT.

Paralelamente, sigue en curso una fuerte reorganización de los movimientos sociales y cambios en las perspectivas de la juventud en general. “Nuevos” movimientos sociales y cierta renovación de algunos de los más tradicionales se presentan y la idea de horizontalidad se fortalece en este proceso. Aunque todavía sea temprano para decir cómo y en qué medida eso va a concretarse, cabe subrayar que estamos frente a cambios moleculares, sociales y políticos, anteriores incluso a las manifestaciones de 2013, pero que de ellas heredan lo mejor y lo más progresista, también militantes con un espíritu más fluido y abierto. Su impacto en el medio y en el largo plazo puede ser decisivo, aunque todavía es necesario ver sus relaciones con la política. Por otro lado, organizaciones más heterogéneas y en principio más verticalizadas, en particular el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), vienen consiguiendo abrir espacios propios, con una visión que algunas veces recuerda a un PT actualizado.

Todas estas modificaciones del escenario político en el seno de la izquierda y la centroizquierda vinieron para quedarse. En la campaña inicial a las elecciones de 2018 es posible observar elementos concretos de esta nueva configuración. Independientemente del desenlace electoral, será necesaria más inteligencia, apertura al otro, visión a largo plazo y generosidad para la izquierda. El rencor tiene que estar ausente de este nuevo escenario, pues favorecerá solamente a las fuerzas conservadoras que mantienen, de formas variadas y mucho más fácticas que electorales, un enorme poder en la sociedad y en el Estado brasileños.

Obviamente, el apoyo al impeachment por varios actores de la centroizquierda es algo muy problemático —parte de la herencia traumática del golpe parlamentario y mediático— en sus consecuencias, como fue el de varios liberales al golpe de 1964, pero eso tendrá que ser discutido y digerido en algún momento del futuro, pues en política no se puede quedar pendiente del pasado. Más que eso: el aislamiento en el que se encuentra la izquierda ahora solamente será superado si esta consigue atraer a parte del centro —principalmente sus sectores en principio de centroizquierda—, aunque no a cualquier coste, para un proyecto compartido.

En cualquier caso, la prohibición de la financiación empresarial de campaña por el STF es extremadamente importante en la actual coyuntura. Esta puede incluso posibilitar que la izquierda vuelva a crecer electoralmente, avanzando sobre reductos que ya no podrán ser tan bien defendidos a base de recursos “donados” por empresas, en vez de simplemente luchar por votos en su interior, por más que se sigan movilizando mecanismos clientelistas por parte de sus adversarios. De hecho, hay que tratar de buscar formas de salirse de la posición extremamente defensiva en la que se encuentra la izquierda en este momento, en función en buena medida de la profunda crisis del PT y de la debacle final de su proyecto. Para ello, la disputa en las calles es fundamental. Al final, mal o bien, la izquierda suele tener mucha más capacidad de movilización ciudadana que la derecha, aunque esta también ha demostrado capacidad de movilización recientemente (Velasco y Cruz, Kaysel y Codas, 2015).

Hay que añadir a lo ya mencionado que en la centroderecha las cosas tampoco están tan bien, con situaciones y alineamientos muy fluctuantes. El PT pierde así la referencia de su principal adversario, el PSDB, con violentas disputas internas, desgaste público y falta de un proyecto convincente. La situación se hace aún más fluida y los sistemas de alianza se vuelven cada vez más complejos en una situación en la que en los próximos años estarán todos disputándose el espacio.

Ver más allá de la niebla

Las predicciones sobre la sedimentación de los ciclos históricos son arriesgadas y suelen ser erróneas. No se busca definir anticipadamente detalles que solo la voluntad de los individuos y de las colectividades, además de sus resultados no intencionales, produce. Sin embargo, los elementos aquí expuestos tienen peso para definir, en gran medida, lo que puede ocurrir en los próximos años. Una pluralización de la centroizquierda es visible, e incluso bienvenida, aunque no se pueda predecir el destino de fuerzas como la REDE, ni siquiera el del PT, en el primer caso por sus fluctuaciones y en el segundo por el control ejercido por su burocracia y por el propio Lula. Lo mismo se aplica al PSOL en lo que se refiere a sectores de la izquierda política. ¿Será capaz de ponerse a la altura, organizacional, intelectual y políticamente, de las tareas que una fuerza socialista no sectaria, es decir, abierta a una política de alianzas que pudiera llevar adelante su proyecto y estrategia, tendría que cumplir? El PCdoB no parece aspirar a eso, más preocupado en su coalición con el PT y en una eventual reanudación de su proyecto nacional/nacionalista, aunque en principio esa sea una cuestión que puede ser afrontada más adelante.

El hecho de que junto al PT permanecen movimientos sociales consistentes como la CUT y el MST (aunque hoy sea mucho menor la capacidad de movilización de ambos) da cierto aliento al partido, así como lo hace su estructura por todo el territorio nacional. Esto, por otro lado, no constituye en sí una garantía de futuro; y aunque lo fuera, vale la pena preguntarse si mantener en un solo partido, hegemónico, de la izquierda más radical al centro (más allá de la centroizquierda) ha sido y será bueno para el PT, para la izquierda y para la democracia. La posibilidad de una “fractura” definitiva de este partido tampoco debe ser desconsiderada. En todo caso, un supuesto frente de izquierda en las elecciones de 2018 y más allá en agendas convergentes será ilusorio si no implica cambios y rearticulaciones mucho más profundas. No podemos olvidar el pasado, pero tampoco podemos permanecer atados al mismo.

Esas modificaciones en el escenario político y en el seno de la izquierda y la centroizquierda vinieron para quedarse. De todos modos, es forzoso reconocer que los partidos brasileños son heterogéneos y que buena parte de las tendencias que emergerán al frente del actual proceso de reorganización política difícilmente se mostrarán totalmente homogéneas. Pero es necesario tener claro que hay dos posibilidades de pensar la reconstitución de un proyecto de la izquierda política brasileña. Una implica una alianza dentro del campo de la izquierda y de la centroizquierda, como hemos analizado aquí. La otra es volver a buscar en el PMDB y en otros partidos aún más a la derecha los aliados preferenciales. Además, existe la posibilidad de que Marina Silva vuelva a aliarse con partidos de centroderecha para intentar ganar las elecciones de 2018, sobre todo si, una vez más, la izquierda la hostiliza tal como ocurrió en 2014. Si esta última sería una alternativa pésima, la segunda posibilidad es improbable y en realidad a estas alturas es, en gran medida, nefasta y desmoralizadora. La primera es difícil, lenta y laboriosa, dado el cuadro de fragmentación en que vivimos y las animosidades y divergencias que afectan a los partidos del centro a la izquierda.

Pero, además de problemas de organización y alianzas, hay otros temas también muy complejos y que están lejos de estar bien equilibrados para la izquierda. Cuestiones de programa, estrategia y táctica, incluyendo sistemas de alianza, formación de cuadros y democracia interna, limitando el poder de las oligarquías dirigentes, externamente, son temas que merecen ser profundizados. Además de cuestiones bastante concretas como los derechos sociales universales, la justicia tributaria y la deuda pública, así como de los derechos individuales, del racismo, de la igualdad de géneros y de la cuestión indígena, hay dos cuestiones centrales en términos sustantivos.

En primer lugar, está la cuestión del desarrollo, ya enunciada en el capítulo anterior y que aquí se retoma por ser absolutamente central. El bienestar, la relación de poder entre los países y la alteración de nuestro modo de vida capitalista, consumista y predatorio son temas que se hallan entrelazados, así como nuestra inserción en la división internacional del trabajo y en la geopolítica global, con autonomía en particular frente a los Estados Unidos. No hay por qué suponer de hecho la posibilidad de un “capitalismo de Estado” semejante al que se desarrolla en China, donde tuvo lugar una verdadera revolución nacional y antiliberal. Nuestro camino emancipatorio tendrá que ser otro, nos guste o no, privilegiando la cuestión democrática, los espacios de autonomía y la profundización de los derechos sin subordinarnos a los intereses de los países centrales. Por otra parte, es preciso protegerse de la mera aplicación del “capitalismo verde”, que viene ganando fuerza en grandes sectores del ambientalismo. En este sentido, buscar una nueva relación con la naturaleza es fundamental, aunque todavía cuesta madurar en el país una perspectiva política que pueda renunciar a buscar el desarrollo, deseo de la mayoría de la población, o incluso a superarlo.

Por último, la relación entre sociedad y Estado, en momentos en que aquella sufre modificaciones que aumentan su complejidad y la autonomía de individuos y colectividades, necesita ser revisada y profundizada. Esto podrá ocurrir sea por los movimientos sociales, que se renuevan buscando autonomía y horizontalidad, sea por los partidos con vocación de poder estatal, que necesitan ser radicalmente renovados en su forma de mediar (sin capturar) la política y reconectarse a la población. Se necesita una nueva manera de articular estos dos universos, en particular en la medida en que el aparato estatal es crucial para la concreción de derechos, así como por presentarse en un país (semi)periférico como elemento decisivo en la lucha contra el capital financiero globalizado y en la búsqueda de autonomía del Brasil en la geopolítica y en la economía internacional.

Si hay varios ciclos, hay también diversas capas y bancos de niebla. Aunque este capítulo haya profundizado en el banco de niebla en el que se haya principalmente la izquierda política, hay otra capa que se mantiene aún más densa, relativa a las dificultades para proyectar un cambio emancipatorio más profundo de la vida social, rompiendo significativamente con sus sistemas de dominación y explotación. Esas disputas societarias y las perspectivas vinculadas a los movimientos sociales serán discutidas en mayor detalle en los capítulos siguientes. El momento es difícil, pero es posible abrir nuevos ciclos que den continuidad a las luchas y conquistas populares de las últimas décadas. Es necesario, sin embargo, reconocer lo nuevo y hacer frente a estos desafíos.

Finalmente, es importante subrayar que la reorganización de la izquierda tendrá que darse en un momento de crisis y agotamiento del sistema político, pues, si la representación siempre refracta la voluntad popular, en el momento presente el divorcio entre ambas es cada vez mayor. Se tomará tiempo para que se solucione esa situación, sean cuales sean las candidaturas en las próximas elecciones, en particular a nivel presidencial. Un amplio proceso de acumulación de fuerzas es necesario para que la política y la opinión se inclinen a la izquierda. Esta necesita, sin conciliación, pero sin sectarismo, ganar corporaciones y sectores profesionales importantes en la clase media mientras reorganiza los sectores populares y disputa la sociedad. Si el PT del comienzo de los 2000 se perdió en alianzas espurias y negociaciones complicadas, no se trata, como ya se ha dicho, de volver a su cara previa. Volver a controlar el Ejecutivo tampoco resolverá nuestros problemas y, sobre todo, los de Brasil. La cuestión es mucho más compleja. Se trata de construir un bloque más sólido, menos amorfo, pero al mismo tiempo plural, con propuestas a más largo plazo y de cambios más profundos en nuestra visión del mundo. Solo así se podrá caminar hacia delante, superando la niebla que se presenta hoy tan espesa.

CAPÍTULO 3

DE LAS LUCHAS CONTRA LA DICTADURA A JUNIO DE 2013

La crisis económica global iniciada en 2008, cuyas consecuencias todavía se sienten en buena parte del mundo, parece haber avivado las tesis cíclicas que en las ciencias sociales tienen una larga tradición. Desde la obra seminal de Nikolai Kondratieff (The Long Wave Cycle, 1920) a los tres volúmenes de Civilizations and Capitalism de Fernand Braudel (1981), pasando por el enfoque causal de “olas” y “fluctuaciones” históricas que acompañan los ritmos del cambio cultural de Sorokin (1937), los análisis cíclicos han estado motivados por la interpretación del cambio social a largo plazo. Nos parece fundamental rescatar esta mirada en un momento como el actual, en el que la política —y el análisis político— parece totalmente rehén del corto plazo.

En Brasil el largo ciclo democratizador, que empezó con las luchas contra la dictadura en los años setenta, pasó por distintos momentos (subciclos, podríamos decir) que involucraron actores con acciones, concepciones y entornos políticos diversos. Para no correr el riesgo de hacer un sobrevuelo demasiado genérico sobre este largo ciclo iniciado décadas atrás, este capítulo pretende describir y presentar algunas de las principales luchas y movimientos que se han ido sucediendo a lo largo de la Nueva República en Brasil. Esta mirada histórica a los movimientos sociales de las últimas décadas en el país nos permite captar las continuidades y rupturas en las formas de luchas, los cambios de escenario más amplios, así como la dinámica de oscilación del conflicto político y las disputas por la búsqueda de lo “nuevo” o la reposición/conservación de lo “viejo”. Aunque no todo lo que cambia en la sociedad y en los sistemas políticos es resultado de la acción de los movimientos sociales, estos son un buen termómetro para entender las demandas, insatisfacciones e indignaciones de la sociedad organizada.

En el estudio de la acción colectiva y los movimientos sociales, los ciclos de protesta (Tarrow, 1994) se han convertido en una valiosa herramienta para estudiar el papel jugado por los movimientos sociales y otros actores colectivos en determinadas coyunturas. El análisis cíclico sobre la protesta suele ofrecer respuestas a preguntas como: ¿cuáles han sido los movimientos sociales presentes (y más activos) durante cada ciclo?; ¿cuáles fueron los diferentes “eventos de protesta”?; ¿cómo se desarrollaron los repertorios de acción colectiva?; ¿generaron marcos de acción compartidos?; ¿cómo se dio la difusión de las acciones?; ¿cuáles han sido las estrategias y respuestas gubernamentales y de las elites a las reivindicaciones y acciones colectivas de los movimientos sociales?; ¿se puede hablar de un efecto democratizador generado tras el despliegue de las acciones colectivas?

Esta última cuestión quizás sea una de las más interesantes, ya que nos lleva a otras preguntas, tales como: ¿cómo medir el impacto de las acciones de estos movimientos?; ¿es posible hablar claramente de “victorias” y “derrotas” al analizar los resultados de las acciones de los movimientos sociales?; ¿cómo determinar si dichas acciones generan un efecto democratizador o, por lo contrario, producen aperturas para un escenario de desdemocratización o de retroceso democrático? Para responder a estas preguntas, hay que vincular el análisis del ciclo de protestas en sí (habitualmente acotado al corto plazo, ya que no suele durar mucho) a ciclos políticos más amplios (de medio y largo plazo). Aunque no es nuestro objetivo contestar a todas estas preguntas, se pretende ofrecer algunas pistas de respuestas al mapear la transformación de los movimientos sociales en Brasil desde la transición a la democracia hasta la actualidad.

Brasil, o lo amas o lo dejas: entre agitaciones y conservadurismo, fantasmas revolucionarios y represión

Si el golpe militar de 1964 instauró una dictadura civil-militar en Brasil, diez años después se dio, dentro del propio régimen (con las políticas de liberalización de Geisel), el primer paso hacia una transición que solo se completaría formalmente a través de elecciones directas, con la toma de posesión del primer presidente electo, Fernando Collor de Mello, en 1990. Durante este periodo, la tensión continua entre los militares y las fuerzas democratizadoras generó una dinámica de “concesiones del régimen y conquistas de la sociedad”, dentro de una coyuntura de resistencia y lucha democrática que —al contrario del periodo anterior marcado por el enfrentamiento armado y la negación de alianzas con sectores más amplios de la oposición a la dictadura y de la propia izquierda— generó la creación de una amplia plataforma de lucha por las libertades democráticas, que se extendió a toda la “sociedad civil” (Nascimento, 2007: 324).

Tras el golpe militar de 1964 la contestación al orden establecido se dio de manera bastante frontal. Si la década de 1960 estuvo marcada por una ola de contestación en el contexto internacional (pensemos en los movimientos de protesta y las movilizaciones que surgieron en diferentes partes del globo, particularmente en el año 1968, de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam a la Primavera de Praga, del Mayo francés a las movilizaciones estudiantiles en México), en Brasil el golpe militar interrumpiría el proceso de democratización política y social anterior, tras movilizaciones populares por las llamadas “reformas de base” (incluida la reforma agraria, pero también las educativas, tributarias y otras de carácter distributivo). Esto llevó a que buena parte de la izquierda brasileña optara por la lucha armada, iniciando focos de guerrilla, que supuestamente serían el primer paso de la revolución brasileña (Ridenti, 2005). Convergieron varios grupos, como la Acción Popular (AP), nacida del cristianismo católico y luego convertida al maoísmo, el Partido Comunista Brasileño (PCB) y grupos de guerrilla rural, tales como la Alianza Nacional Libertadora (ANL) o el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8).

Los movimientos guerrilleros dominarían la escena política contestataria tras el desmantelamiento de los movimientos sociales populares con el golpe militar. Entre la promoción del crecimiento de las fuerzas productivas a través de una modernización conservadora y el incremento de la represión, el fin de 1968 estaría marcado por el Acto Institucional número 5 (AI-5), que instituiría un estado de excepción permanente en el país, dotando al mariscal Costa e Silva de amplios poderes, como el cierre del Congreso Nacional, e institucionalizando una rígida censura que limitó todo tipo de derechos políticos. La fuerte represión pone fin a la agitación política y cultural previa y lleva a prisión o al exilio a muchos estudiantes, intelectuales, políticos y demás oposicionistas. La puesta en marcha del AI-5 silenciaría así el 68 brasileño, que había estado marcado principalmente por luchas estudiantiles y sindicales, inaugurando un periodo de fuerte clandestinidad de la lucha social y de gran impulso del capitalismo brasileño.

Brasil: ame-o ou deixe-o se convirtió en el eslogan oficial de este periodo. Dentro de las acciones de las guerrillas, en las acciones urbanas se realizaron atracos a bancos y secuestros a políticos y autoridades (entre ellas el mítico secuestro en septiembre de 1969 de Charles Burke Elbrick, entonces embajador de Estados Unidos en Brasil), mientras que en las zonas rurales se generaron importantes focos de resistencia, como es el caso de la guerrilla del Araguaia en el estado de Goiás, en el centro del país. También en las zonas rurales surgen las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB), que luego se extenderían a todo el país como la nueva cara de la política de las pastorales de las Iglesias católicas. Sus características principales eran: la ausencia de estructuras alienantes, el redescubrimiento de los valores populares, un tono carismático, una extensión nacional, la ayuda mutua y la cooperación económica, así como un carácter de clase definido (Lima, 1982: 50). Muy influenciada por la teología de la liberación, encontramos aquí el germen de estas comunidades que se desarrollarían en su plenitud a partir de 1978, vinculadas a la trayectoria de los movimientos populares.

Desde 1975 empezaron a rearticularse, fundamentalmente a partir de la “política de distensión” del general Geisel, muchos grupos que habían sido desactivados por el golpe militar de 1964 y por la represión del escenario pos-AI-5. El asesinato del periodista Vladimir Herzog en octubre de ese año21 desencadenó la mayor manifestación pública desde la puesta en marcha de este acto institucional: la realización de un culto ecuménico en su memoria que reunió a más de 8.000 personas en São Paulo. Por las declaraciones de muchos de los protagonistas de la oposición al régimen militar, como José Dirceu (líder estudiantil preso en 1968, exiliado posteriormente en México y Cuba y, a su vuelta, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores), recogidas en Maués y Wendel (2006), el año de 1975 supondría un importante punto de inflexión en lo que sería el impulso de una visión democrática para las luchas sociales22.

Tras resistir a la cara más dura del régimen militar, la crisis económica que se esboza desde 1973 (“crisis del petróleo”), la subida de la inflación, los resultados de las elecciones de 197423 y el desgaste de los propios militares contribuyeron a una paulatina rearticulación de la sociedad civil. Si antes el horizonte democrático no entraba como tema central en las agendas de las luchas de la resistencia, a partir de este momento se empiezan a tejer diferentes propuestas y proyectos que tienen el horizonte común de la democratización. A partir de 1975, vuelven muchos de los exiliados, emergen nuevas reivindicaciones populares en el ámbito urbano, se lanzan varios movimientos feministas en el país, se crea la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) —que tiene desde entonces un papel fundamental en la mejoría de condiciones de vida de las poblaciones rurales24—, se reestructura un nuevo movimiento sindical crítico y el movimiento estudiantil también irrumpe con fuerza en 1977 en busca de una política de alianza con los demás actores sociales.

Los movimientos sociales en la transición

Durante el (sub)ciclo que va de 1978 a 1984 irrumpen nuevos actores en la escena política brasileña, iniciándose una coyuntura crucial en el lento y oscilante proceso de redemocratización política del país. Como señala Kowarick (1987), en este año fue elegido presidente de la República, por una fracción del aparato militar, el general Figueiredo, en un contexto de crisis institucional e ilegitimidad política, multiplicando los antagonismos dentro del propio círculo dominante. Por el lado de las luchas sociales, además del importante papel de las CEB en la reactivación de la articulación de los sectores populares en la década de 1970, en el año 1978 se produciría la primera gran huelga, iniciada en São Paulo en el sector metalúrgico, tras diez años de férrea represión sobre la clase obrera, desencadenando una oleada de desobediencia civil frente al aparato estatal.

Existe cierto consenso en la historiografía brasileña en considerar el año 1978 como el marco de la “apertura política” del gobierno civil-militar y, por lo tanto, como el inicio “formal” del proceso de transición democrática que culminaría en 1984 con la caída de los militares y el posterior establecimiento del primer Gobierno civil. El lema para este periodo era una “apertura lenta, gradual y segura”, una película que ya venía siendo “dirigida” por Geisel, con “guión” del estratega Golbery do Couto e Silva, y ahora con “interpretación” del general Figueiredo (1979-1985). Se suele comentar este lema por la lentitud y el proceso gradual. No obstante, se da menos atención al término “segura”, lo que supuso una continuidad de la represión estatal frente a varias figuras de izquierda, entre las cuales numerosos cuadros de los comités centrales del PCB y del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), que había nacido de una escisión del anterior en 1962 por una ruptura con la línea de Kruschev. Es importante rescatar que precisamente durante este periodo, de supuesta apertura, es cuando se registra el mayor número de asesinatos políticos de opositores del régimen, que luego “desaparecían” (Maués y Wendel, 2006: 339).

1978 fue, por lo tanto, un año fundamental tanto para la redemocratización política del Estado como para el desarrollo de los movimientos sociales brasileños. Es a partir de este año cuando empieza a cobrar fuerza la pregunta: ¿cuál ha sido el papel de los movimientos sociales en el proceso de democratización del país? (Weffort, 1984). A pesar de que algunas tesis consideran que la “apertura política” fue un proceso pactado por las elites, no se puede utilizar este argumento como principal variable ni tampoco negar el amplio abanico de luchas sociales desarrolladas desde 1978 hasta 1984, con la aglutinación de diversas fuerzas sociales (fundamentalmente movimientos sociales urbanos y sindicales, pero también el movimiento negro, feminista, estudiantil, ecologista, indígena y el germen de algunos movimientos campesinos en las zonas rurales) que confluirían al final del ciclo en la campaña de las “Diretas Já”, por la celebración de elecciones directas para presidente.

La irrupción de las huelgas en 1978 consagraba a los trabajadores en cuanto sujetos que se movían políticamente a partir de otra base: sus propias experiencias de trabajo, de reproducción social, de conocimiento sindical y de la propia política y que, por el carácter inventivo de las formas de acción colectiva, no serían fácilmente captados por el campo institucional. Las referencias a las ideas de sujetos históricos y de autonomía eran recurrentes para definir estos movimientos sociales (Sader, 1988). De estas movilizaciones emerge la figura de Lula da Silva —que fue presidente del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo y Diadema— dentro de lo que se conoció como un “nuevo sindicalismo” configurado a partir de prácticas distintas a la estructura sindical imperante. Esto se plasmó en dos factores principales interrelacionados: la ampliación de la participación de las bases en la acción sindical y la asunción de un alto grado de conflicto social plasmado en las continuas huelgas. La más visible de ellas se inició el 1 de abril de 1980 con una duración de 41 días. La resistencia de los huelguistas frente a la represión del Gobierno militar y la prisión de muchos de los dirigentes sindicalistas llevó a una amplia movilización de los sectores en lucha de la sociedad brasileña, además de una notoria repercusión en los medios de comunicación.

De este modo, la importancia del movimiento obrero y de las huelgas del periodo de 1978 a 1980 en el ABC nos lleva a dos reflexiones: la primera de ellas está relacionada precisamente con que, aunque las huelgas del ABC se hayan convertido en un símbolo de las luchas sociales de la transición, fueron parte tanto de un flujo de diversas luchas sociales previas, dentro y fuera del ABC, como de una correlación de fuerzas y una coyuntura social favorable en el sentido de la amplia solidaridad generada y las ganas existentes en derrumbar finalmente la dictadura. En segundo lugar, el renovado movimiento obrero de este ciclo ya proponía, como recuerda Paoli (1995: 32), la gran cuestión traída por los movimientos sociales en un contexto de “refundación democrática” de una sociedad autoritaria: “¿Hasta dónde la política puede ser ensanchada, no solamente más allá de los aparatos institucionales, sino también más allá del estilo tradicional de su ejercicio y tornarse campo de prácticas legítimas de invención, conflicto y negociación?”.

Si esta discusión fue abierta, en su lado más visible, por el movimiento obrero, fue también durante este ciclo cuando surgieron movilizaciones y experiencias locales en varias ciudades brasileñas, con reivindicaciones de vivienda, transporte, sanidad, educación, guarderías, entre otros temas, que conformarían las “reivindicaciones populares urbanas”, típicas de los movimientos sociales urbanos de este periodo (Gohn, 1982). Se aglutinaban en torno a asociaciones de barrios (las sociedades de amigos del barrio eran las figuras más típicas retomadas de la década anterior) y más que de “movimientos sociales” muchos hablaban de “movimientos populares”, ya que los actores más relevantes de esas luchas sociales eran pobres, migrantes, analfabetos y mujeres.

Los derechos humanos fueron otro de los ejes clave de movilización social, cuyas demandas se canalizaban constantemente al sistema político. El Movimiento por la Amnistía fue, al lado del movimiento obrero y sus huelgas, una de las principales luchas sociales de este ciclo, en una convergencia de orientaciones marxistas, socialistas de diversas tendencias y sectores católicos y de otras confesiones cristianas. La amplia movilización por la amnistía a los exiliados políticos recogería sus frutos con la ley de la amnistía de 28 de agosto de 1979, publicada todavía durante el régimen militar. Esto supuso un importante punto de inflexión ya que, como recuerdan Rossiaud y Scherer-Warren (2000: 20), con la aplicación de esta ley se inicia el retorno de los exiliados políticos, muchos de los cuales fueron organizadores de importantes ONG que empezarían a ser creadas en el país, como, por ejemplo, el Instituto Brasileño de Análisis Social y Económico (IBASE). No obstante, la ley de Amnistía fue una conquista de carácter parcial, como reivindicaría el II Congreso Nacional por la Amnistía realizado en Salvador de Bahía tres meses después de la promulgación de dicha ley, al recordar que todavía quedaban presos por liberar, exiliados por volver, crímenes, asesinatos y desapariciones impunes y sin explicar y, sobre todo, un aparato represor en el poder. Más que eso: la ausencia de una política de memoria significativa en Brasil ha tenido muchas consecuencias posteriores, con nefastas implicaciones para los derechos humanos.

En este contexto de elevada movilización social, conflicto y demandas por la democratización, el movimiento por la amnistía tuvo sus tareas ampliadas y diversificadas: la recepción de los exiliados, el apoyo a los movimientos populares en el país, pero también a América Latina (con la creación del Comité Brasileño de Solidaridad a los Pueblos de América Latina, que apoyó a miles de exiliados argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos en el país). La firma de una “ley de mínimos” y la incesante actividad política y social del momento acabaron nublando las posibilidades de avanzar en la reivindicación de una ley de amnistía más radical que acabó atrapada por la “paradoja de la reciprocidad”: todos aquellos que cometieron “crímenes políticos” durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979 recibieron la amnistía, incluidos los militares, policiales y agentes del Estado responsables de torturas, prisiones, “desapariciones” y asesinatos. Curiosamente, hace poco el tema ha vuelto a ganar centralidad en las discusiones políticas brasileñas, cuando el primer Gobierno Rousseff (quien, así como otros miembros de su Gobierno, sufrió la tortura), bajo una iniciativa de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, ha creado una Comisión Nacional de la Verdad para “promover la apuración y la aclaración pública de las violaciones de derechos humanos practicadas en el contexto de la represión política ocurrida en Brasil entre 1964 y 1985”.

Además de los resultados agridulces de la ley de amnistía, otros desenlaces también permitían vislumbrar cierta dinámica de victorias y retrocesos. Por ejemplo, a pesar de la visibilidad y gran contribución de las huelgas obreras entre 1978 y 1980 en la oposición a la dictadura, muchas de ellas fracasaron en sus reivindicaciones específicas. Por otro lado, algunas concesiones en la propuesta de apertura de la derecha rumbo a la institucionalización civil del país permitieron ya especular sobre la organización política nacional posterior, con la legalización de los partidos comunistas y de otros de matriz socialista y laboral y la creación en 1980 del PT y de las centrales sindicales como la Central Única de los Trabajadores (CUT), que nacen al calor de las movilizaciones sociales del momento. Lo que nos interesa rescatar es que todas las movilizaciones colectivas desarrolladas durante este ciclo fueron aglutinando los diferentes sectores de la sociedad organizada en contra del régimen de excepción. La movilización social se dirigía en contra del Estado y la voluntad popular por restablecer el derecho al voto acabó desencadenando una campaña nacional conocida como “Diretas Já” (elecciones ‘Directas Ya’), que desde su primera manifestación pública en noviembre de 1983 en São Paulo hasta la más importante en abril de 1984 —cuando logró, según la Policía Militar, reunir en el Valle del Anhangabaú, también en São Paulo, a 1.400.000 personas— aglutinó a un amplio sector de la sociedad civil movilizada por la democratización política del país. Las movilizaciones de las “Diretas Já” consistieron en el resultado más visible de un amplio ciclo de organización y movilización social que llevó al agotamiento del régimen militar y al fortalecimiento de la sociedad civil.

A diferencia del momento previo, marcado por una estrategia de enfrentamiento armado que negaba la alianza con sectores más amplios de la oposición y de la propia izquierda (acusada de reformismo y de pasividad) y por un aislamiento profundo con relación al resto de la sociedad, las movilizaciones en este momento apuntan hacia la constitución de una amplia plataforma de resistencia y lucha por la democracia. Una “democratización política” enmarcada en un proyecto democrático incierto, donde, muchas veces, se veía el cambio de régimen como condición exclusiva para la solución de los problemas.

Movilización en tiempos de reconstrucción institucional

Si el periodo 1978-1984 marcó un resurgir de la sociedad civil brasileña tras su desarticulación con la represión militar, un nuevo (sub)ciclo comprendido entre 1985 y 1992 marca una profundización del anterior en lo que atañe al avance en la estructuración organizativa de los movimientos sociales y su capacidad de incidencia en el sistema político nacional. La activación de la sociedad civil permanecía fuerte, pero, a diferencia del ciclo anterior, el escenario que emergía con el Gobierno civil de Sarney hasta el impeachment de Collor de Mello empezaría a desplazarse paulatinamente hacia escenarios más de negociación que de conflicto, fruto fundamentalmente de la “salida” de los militares del Gobierno. Salida entre comillas porque, por un lado, a pesar de las amplias movilizaciones de las “Diretas Já” en todo el país, la enmienda constitucional del diputado Dante de Oliveira, que proponía la realización inmediata de elecciones generales para la sucesión del general Figueiredo, fue derrotada en el Congreso Nacional en abril de 1984.

Se optó por la realización de elecciones indirectas, una solución continuista y moderada que representó la alternativa de las elites políticas de la época. Por otro lado, se eligió a Tancredo Neves, que murió pocos días antes de asumir el cargo, dando paso a la gestión Sarney (1985-1990) en un ambiente de creciente crisis económica, también compartida con los demás países latinoamericanos, donde se sucedían los programas de ajuste estructural. Destaca así la alta capacidad de las elites brasileñas para defender el statu quo y sus propios intereses a través del control, de la cooptación y, en algunos casos, de la represión de las fuerzas favorables al cambio social radical. Como recuerda Przeworski (1991), la transición a la democracia solo se hizo efectiva con seguridad allí donde la izquierda perdió las primeras elecciones tras el proceso de democratización. En Brasil, la izquierda no solo tardó hasta el año 2002 en ganar unas elecciones nacionales —con un Lula mucho más tenue que el que se presentó a las elecciones de 1989—, sino que los militares lograron, a pesar de las potentes movilizaciones a favor de las elecciones directas, una transición gradual en la que el primer Gobierno civil desde 1964, elegido indirectamente en 1985, contaba con seis ministros militares. De este modo, conservaron un amplio espectro de poder e influencia durante el Gobierno Sarney.

Con este telón de fondo, sobresalen algunas luchas por alternativas populares de la democracia emergente que trataban de descortinar las banderas hegemónicas de reforma constitucional e institucional del régimen: ensayos de autoexpresión y experiencias populares que fueron más allá de los necesarios cambios en el sistema político y de la democratización política nacional (Moisés, 1982). Los movimientos sociales urbanos se renuevan, se expanden algunos “nuevos movimientos sociales” con demandas más específicas, étnicas y culturales, y se da un crecimiento significativo de los movimientos rurales con el MST, que empieza a actuar como movimiento aglutinador de las luchas sociales del campo. Por otro lado, las CEB siguen activas, apoyando la formación de estos movimientos rurales emergentes. Otras fuerzas motrices, nacidas del periodo previo, acabaron empujando el desarrollo de algunos movimientos sociales, como es el caso del PT y la CUT, en este momento todavía cercanos a las luchas sociales.

Pero serían las campañas y la participación popular en torno al proceso constituyente uno de los hechos que más incidencia tendría en términos de impacto de la movilización social en el escenario democrático emergente. La “Carta a los brasileños”, un documento elaborado por juristas de todo el país que pedían el retorno al Estado de derecho y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, fue leída el 8 de agosto de 1977 en el patio exterior de la Facultad de Derecho de la USP ante una multitud de personas, y constituyó un importante marco en el impulso de la discusión pública sobre la necesidad de un proceso constituyente. El impacto fue grande, pero durante el Gobierno del general Figueiredo (1979-1985), dicho proceso no arrancó, aunque se sucedieron varias alteraciones institucionales. Solo a partir de 1985 empezaría a ganar forma el debate de la Constituyente como una de las piezas centrales de la agenda institucional de la transición. Este mismo año es lanzado en Duque de Caxias (Río de Janeiro) el Movimiento Nacional por la Constituyente por un conjunto de organizaciones populares. La iniciativa se diseminó por todo el país y, en septiembre de 1985, se creó la Plenaria Pro-Participación Popular en la Constituyente.

En febrero de 1987 se inaugura la Asamblea Constituyente, con una base de partidos políticos mayoritariamente conservadores, que admitía la posibilidad de introducir “enmiendas populares” al proyecto de la nueva Constitución. La movilización y discusión en el seno de las organizaciones populares culminó con la presentación de 122 enmiendas, reivindicando nuevos derechos. Según el estudio de Michiles (1989) sobre las enmiendas populares, estas tenían demandas políticas, económicas, sociales, culturales y científicas, y provenían tanto de organizaciones y movimientos sociales que ya estaban presentes anteriormente (la Orden de Abogados de Brasil —OAB— y otras entidades de defensa de los derechos humanos, o varias entidades religiosas vinculadas al ala más progresista de la Iglesia Católica), como de actores que emergían con el nuevo escenario, aunque el desempeño central sería de las entidades sindicales y religiosas.

Las movilizaciones de la Constituyente generaron muchas redes de confianza entre actores sociales en su articulación de demandas hacia el sistema político, y su proceso de discusión supuso una prueba de fuego, en el seno de los movimientos sociales, sobre las perspectivas de futuro y el proyecto de país que se deseaba construir. Las propuestas históricas más radicales (como la de una reforma agraria integral) se diluyeron en gran medida dentro del enfrentamiento institucional entre conservadores y sectores más progresistas. No obstante, el producto final de la Constitución de 1988 responde a un texto de carácter progresista (de ahí que la Carta se conozca como la “Constitución ciudadana”), a pesar de que la base política de la Constituyente fuese mayoritariamente conservadora. En 2018, treinta años después, su legado es disputado y su importancia para los movimientos sociales, ambivalente. Por un lado, los mecanismos de participación popular que esta asegura y el incentivo a los mecanismos de democracia participativa siguen suponiendo un hito nada desdeñable. Por otro lado, en el caso específico del MST y otros movimientos sociales rurales, si bien el inciso XXIII del artículo quinto —que dice que “la propiedad tiene que atender a su función social” (Constitución de Brasil, 1988)— consiste en una de las claves jurídicas de la presión del movimiento para lograr los asentamientos de reforma agraria tras la ocupación de tierras, no se pone límites de extensión para la propiedad de la tierra en un país donde esta se encuentra altamente concentrada25.

Tras la Constituyente, las elecciones presidenciales de 1989 volvieron a aglutinar una serie de movilizaciones. Finalmente, llegaban las primeras elecciones directas a presidente tras 29 años, y para la mayoría de los movimientos sociales la candidatura de Lula representaba el proyecto democrático y popular frente al proyecto elitista del hasta entonces desconocido Collor de Mello. La estrecha victoria de Collor en la segunda vuelta llevaría a la implementación del Plan Collor, que supuso una apertura del mercado nacional y el inicio de un programa nacional de desestatalización que profundizó la recesión económica y recortó miles de puestos de trabajo. Su apuesta por el neoliberalismo le sintonizó con Gobiernos vecinos como el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Carlos Menem en Argentina, Jaime Paz Zamora en Bolivia, o Carlos Salinas de Gortari en México. Las protestas sociales contra el Gobierno Collor no tardaron en aparecer; las más masivas empezaron a producirse tras los escándalos de corrupción que condujeron a su impeachment a finales de 1992.

Los “caras-pintadas” fueron los actores más destacados en las movilizaciones públicas durante el proceso del impeachment. Se conocían así por pintar sus caras con los colores negro, verde y amarillo. Eran jóvenes y estudiantes, la mayoría de ellos sin experiencia previa en el movimiento estudiantil, que tomaron las calles marcados por una amplia pluralidad ideológica. El Fora Collor se irradió por todo el país, en la mayoría de los casos sin banderas de partidos políticos, y teniendo como eje central de movilización la cuestión moral y ética. Se trataba así de una articulación juvenil que se diferenciaba bastante del movimiento estudiantil de los años sesenta y setenta en Brasil, pero también de otras movilizaciones de carácter nacional, aunque menos expresivas, que también tuvieron lugar durante este mismo periodo, como por ejemplo el Movimiento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) o el Movimiento en Defensa de la Escuela Pública. Mientras que en el primer caso, más que de un movimiento, se trata de una organización no gubernamental que nace en 1985 para luchar por los derechos de los niños y adolescentes y participar en la formulación de políticas públicas, en el segundo se trata de una articulación de profesores y estudiantes en defensa de la escuela pública, que nace en 1988 de la articulación de la Constituyente y que, al contrario que el anterior, pierde fuelle posteriormente.

En definitiva, se puede decir que el fin de este (sub)ciclo era significativo de los tiempos que vendrían. Por un lado, los jóvenes volverían a la escena del país, pero con un perfil distinto de las movilizaciones estudiantiles pasadas marcadas por el intenso conflicto. Los “caras-pintadas” apuntaban al inicio de un movimiento más amplio por la ética en la política, con un carácter de negociación y la apuesta por mantener la legalidad. Por otro lado, las movilizaciones que presionaron hacia el impeachment, aunque contaban con amplia participación de actores de la sociedad civil (aglutinados principalmente en el movimiento Ética en la Política que reunió a casi dos centenares de entidades muy diversas), habían sido convocadas mayoritariamente por los partidos políticos. Finalmente, otro de los eventos clave con los que se cierra este segundo ciclo es la movilización de organizaciones comunitarias y ONG en torno a la Eco-92 (también se celebraría, en 1992, en Río de Janeiro, el Foro Global de las ONG), conocida como Cumbre de la Tierra. En este evento confluirían los “nuevos movimientos sociales” (ecologistas y feministas, principalmente), las tradicionales organizaciones comunitarias y religiosas y las ONG de carácter nacional e internacional. El evento marcaría así un punto de inflexión importante no solo para el movimiento ecologista, sino porque acabaría apuntando la tendencia de las dinámicas de movilización social durante los periodos posteriores: una combinación entre la acción más rupturista de algunos movimientos sociales y la acción de mayor cooperación y mayor institucionalización de la acción colectiva de actores sociales como las ONG. En este momento, se puede entrever, de forma incipiente, la doble dinámica de movilización popular que se profundizaría posteriormente no solo en Brasil, sino también en la mayoría de los países latinoamericanos: por un lado, movimientos sociales territorializados (campesinos, indígenas, afectados por presas hidroeléctricas, cartoneros, entre otros) y, por otro lado, articulaciones y movilizaciones urbanas más institucionalizadas o vinculadas a la participación en proyectos sociales.

Los movimientos sociales frente al azote neoliberal

Frente a este nuevo escenario, parte del debate brasileño pasó a vaticinar la crisis, la disolución e incluso el “fin” de los movimientos sociales (Hellman, 1995), en una línea similar al pensamiento catastrofista que también “mataría” a los campesinos y las ideologías y decretaría el fin de la historia. Lejos de estas proposiciones, lo que sí hubo fue un desplazamiento de las temáticas de estudio dentro de la academia brasileña, por lo que muchos estudiosos que se habían dedicado a analizar los movimientos sociales en la década de 1970 o 1980 pasaron a trabajar otros temas en la década siguiente, como las innovaciones en términos de participación institucionalizada, las organizaciones no gubernamentales o el llamado tercer sector, entre otros temas. Por otro lado, los movimientos sociales adquirieron una nueva expresión, pasando a actuar en una coyuntura radicalmente diferente y, por lo tanto, organizándose de otra manera. Todo ello dentro de un marco de reconfiguraciones de las acciones colectivas y de las interacciones de los movimientos sociales en busca de articulaciones, de las redes como nueva morfología organizativa y de una penetración incipiente entre diferentes escalas de actuación, que van desde lo local a lo global. Asimismo, que los movimientos sociales no estén activos públicamente todo el rato no quiere decir que no existan.

Se altera, de este modo, la composición clásica de las luchas sociales: los movimientos más populares, típicos de los momentos anteriores, entran en un periodo de reconfiguración, enfrentándose a la vorágine de los procesos de urbanización y de la reestructuración del mercado laboral. Disminuye la intensidad y el conflicto en las movilizaciones de los movimientos sociales urbanos y, en ciertos ámbitos locales, emerge una incipiente participación ciudadana en las políticas públicas. El movimiento obrero guardaba ya pocas similitudes con aquel del ABC paulista. De forma paralela, los movimientos sociales rurales empiezan a capilarizarse de manera pujante por todo el país y el MST se convierte en una de las principales fuerzas contestatarias. El eje central del conflicto se desplaza hacia las zonas rurales, así como los canales y políticas represivas vuelven a activarse tras algunos años de respiro entre el fin del régimen militar y las primeras andaduras de la democratización política y la construcción de la nueva institucionalidad.

Es fundamental ubicar el escenario sociopolítico y económico de este nuevo (sub)ciclo: tras las tendencias inflacionarias de principios de la década que llegaron a rozar el 1000% al año, el real aparece en 1993 como nueva moneda impulsada por el entonces ministro de Hacienda Fernando Henrique Cardoso. La relativa estabilidad macroeconómica lograda con el Plan Real impulsó la candidatura de Cardoso a la Presidencia al año siguiente, que gana y empieza en 1995 su primer mandato. Entre ajustes fiscales y reformas estructurales, y una creciente liberalización comercial, desreglamentación y privatización promovida por sus dos Gobiernos, la agenda neoliberal fue instaurada de lleno por el Gobierno brasileño que tenía como una de sus principales prioridades atraer la inversión del capital extranjero. De manera paralela, se produce un proceso de creciente desconfianza ciudadana hacia las “nuevas” instituciones democráticas y hacia las políticas públicas, unido a escándalos de corrupción, clientelismo y corporativismo.

Para Gohn (2006), lo “nuevo” de los movimientos sociales se redefine en los años noventa en dos direcciones: primero, desplazando el eje de las reivindicaciones del plano económico, en términos de infraestructura básica para el consumo colectivo, hacia el soporte mínimo de mercancías para el consumo individual. Se reanuda la cuestión de los derechos sociales tradicionales, nunca antes solucionados en el país. Segundo, el plano moral gana el lugar central como eje articulador de las acciones colectivas. Parte del tejido asociativo anterior pasa a implicarse en luchas cívicas, verdaderas cruzadas nacionales, en las que hay articulaciones difusas en lo que atañe a clases sociales, intereses locales y nacionales, espacios públicos y privados.

Dentro de estas luchas cívicas, una de las principales fue la Acción de la Ciudadanía, contra el Hambre y por la Vida, liderada por Herbert de Souza (Betinho), que se presenta como una continuidad del Movimiento Ética en la Política. Mientras algunos la critican por su carácter asistencialista, otros prefieren destacar su papel de toma de conciencia y de reconocimiento de una responsabilidad ética y ciudadana ineludible frente al panorama de hambre y miseria en el país. Dentro de la Acción de la Ciudadanía el formato de redes sociales ya aparecía de forma clara, convirtiéndose a partir de este momento en una de las principales formas organizativas y colocándose como precondición y como resultado de la acción colectiva. Dentro de estas articulaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil en Brasil merece atención especial la constitución de una serie de foros que suelen reunir a un gran abanico de movimientos sociales y organizaciones de base, ONG, sindicatos y otras expresiones sociales más institucionalizadas. Su objetivo central es la articulación en red de organizaciones que trabajan temáticas similares, la discusión pública y la incidencia en políticas públicas. Muchos de ellos ya habían surgido previamente, como el Foro Nacional de la Reforma Agraria (FNRA), que nace para discutir la cuestión agraria en el contexto previo a la Constituyente, pero se consolidan a partir de este ciclo, como es el caso del Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación.

La lucha contra la violencia se presentó como otra de las pautas de acción, muy ligada a la situación de pobreza en las periferias urbanas y a las situaciones de precariedad o exclusión absoluta. Estos fueron ejes importantes de actuación del nuevo asociacionismo de la década de 1990 en la búsqueda de mejoría de vida para las poblaciones de las comunidades. El trabajo de las pastorales y CEB en las zonas más pobres del país perdería el gran protagonismo que tuvo en ciclos anteriores y proliferarían, de forma paralela, proyectos culturales, educativos y sociales, donde la educación liberadora de Paulo Freire pasa a compartir la escena con la “gestión del aprendizaje”, mientras los cursos tradicionales de formación política coexisten con los cursos sobre cómo gestionar las “comunidades de riesgo”.

El protagonismo que adquieren las ONG y entidades del tercer sector acaba por sesgar el análisis sobre estas mismas organizaciones, que muchas veces fueron presentadas como un “todo uniforme”, obviando su heterogeneidad y la necesaria discusión sobre su definición, sus matrices discursivas e ideológicas, sus formas de acción en la sociedad y dentro del sistema político. La propia crítica al “ONGeísmo” muchas veces obvia las distintas sensibilidades y formatos de actuación.

A pesar del énfasis en estas organizaciones, los movimientos sociales siguen activos, aunque pierden capacidad de irradiación y de convocatoria de movilizaciones de masa ante el nuevo contexto. Este es un elemento importante, ya que lo que fue tratado como “desmovilización”, “reflujo” y “muerte” era más bien, en muchos casos, resultado de transformación de los movimientos y sus repertorios de acción colectiva. Para varios movimientos, se pasa a primar las acciones en torno a redes de trabajo y experiencias concretas, así como dinámicas de territorialización y un trabajo más interno y poco perceptible para los medios de comunicación y otros observadores externos.

Sea como fuere, fueron muchas las protestas contra el neoliberalismo y las privatizaciones de empresas estatales en los Gobiernos Cardoso. En mayo de 1995 los trabajadores del petróleo iniciaron la huelga más larga e importante de la historia de la categoría: 32 largos días de resistencia, enfrentándose a la fuerte oposición del Gobierno e incluso a incursiones del ejército dentro de las refinerías de la compañía petrolera brasileña, Petrobras, con el objetivo de evitar la privatización de la empresa y reivindicar la recuperación de las pérdidas salariales sufridas. Otro ejemplo es el caso de la empresa Vale do Rio Doce, cuya privatización en 1997 enfrentó importantes protestas, convocadas por sindicatos y movimientos sociales, que fueron duramente criminalizados y reprimidos.

Con el eje del conflicto desplazado principalmente hacia las zonas rurales, se incrementa también de manera sustancial la violencia en el campo. El movimiento campesino es el más afectado por la respuesta gubernamental a sus acciones colectivas, desde las tradicionales ocupaciones de tierras a las marchas del campo a la ciudad para criticar la política económica del Gobierno. La acción del aparato represivo del Gobierno (y en algunos casos de acciones comandadas por los propios latifundistas) llevó a asesinatos y masacres, como la Masacre de Corumbiara (agosto de 1995) o la Masacre de Eldorado dos Carajás, el 17 de abril de 1996. Desde este año, el día 17 de abril pasaría a ser considerado como el Día Internacional de la Lucha Campesina. La fecha también pasó a ser la referencia para la Jornada Nacional de Luchas, una iniciativa convocada desde 1999 por el MST, Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB), la CUT y la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), entre otros, y que fue bautizada por los medios de información como “Abril Rojo”.

Dentro de esta nueva dinámica de la movilización social, es fundamental observar que la reacción de las elites y del Estado, en términos de criminalización y represión, sigue estrategias diferentes según los actores en cuestión: por un lado, las ONG y los actores sociales menos rupturistas apenas son contestados, sino todo lo contrario, pasa a haber una apuesta generalizada por la posibilidad de una actuación conjunta, de “encuentros” entre estos actores de la sociedad civil y el Estado; por otro lado, se da una clara criminalización y represión de los movimientos sociales más transformadores, que basan sus acciones colectivas y su discurso político en el conflicto. Esto demuestra una clara selectividad por parte del Estado en sus formas de interacción con los diferentes actores sociales.

Emergen también en este momento nuevos ejes de antagonismo y proliferan los movimientos culturales y de minorías. En el norte se destaca, entre otras, la lucha ambientalista de movimientos como los seringueiros26 o la lucha indígena por la demarcación de tierras. En el nordeste y en el sudeste del país, sobresale un activismo cultural que pasa a cuestionar los códigos socioculturales vigentes. El hip-hop pasa a ser considerado mucho más que un estilo de música, generando una politización crítica entre los jóvenes de la periferia y siendo capaz de impulsar varias acciones de carácter contestatario.

Tras un par de décadas volcadas en la reconstrucción interna en el plano nacional, en este momento se empieza a apreciar una apertura considerable hacia la dimensión internacional y la conexión transnacional de las luchas sociales. Los actores sociales brasileños pasaron, de este modo, a insertarse de diferentes maneras dentro del escenario de la lucha contra la globalización neoliberal, profundizando los lazos y contactos con organizaciones afines en otros países o, incluso, generando nuevas redes supranacionales. A su vez, la llegada del PT a varias administraciones locales/municipales llevó a la implementación de diversas políticas participativas que contaron con diferentes niveles de implicación de la ciudadanía. Este fue el caso del presupuesto participativo que, a partir de mediados de los años noventa, se extendió a varias partes del país, incluso en ayuntamientos de centroderecha, dentro de una particular forma de combinación de participación y representación. La tendencia a la participación local, así como el incremento de las conexiones transnacionales, no haría más que crecer.

Entre la participación local y el activismo transnacional

El cambio de siglo en Brasil tiene en Porto Alegre quizás una especie de síntesis del activismo local y global. Allí se impulsaron, por un lado, algunas de las iniciativas municipalistas más visibles y exitosas desde la década anterior, generando a partir de la política local sinergias (y tensiones) entre las instituciones y los movimientos sociales. Por otro, también en Porto Alegre, en enero de 2001, se realizaba el I Foro Social Mundial (FSM). Bajo el lema “Otro mundo es posible”, 4.000 delegados y 16.000 participantes de 117 países se encontraron en Porto Alegre para la celebración de la primera edición del foro. Como espacio de convergencia de las resistencias, debates y propuestas contra la globalización neoliberal, la celebración de la primera edición del FSM supuso la creación de un espacio donde canalizar las sinergias entre las diferentes luchas antiglobalización que se venían desplegando durante los años previos; la más visible fueron las protestas de Seattle en 1999, que lograron paralizar la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La valorización de la diversidad y la oposición a las visiones totalitarias y reduccionistas del desarrollo, la economía y la historia, la pluralidad de voces y la ruptura discursiva con el discurso globalizante y su carácter no deliberativo son algunas de las características principales de ese espacio de intercambio de experiencias y de (re)conocimiento.

Tanto en su versión mundial como en sus versiones descentralizadas (temáticas o regionales/nacionales/locales), el FSM ha sido una de las máximas expresiones de la internacionalización de las luchas sociales en el cambio de siglo (Bringel y Echart, 2010). En este sentido, su importancia, sobre todo en los primeros años, ha trascendido el “evento” en sí, suponiendo un auténtico “espacio en movimiento”, un proceso continuo y contradictorio, no libre de problemas y tensiones, donde se crearon nuevas iniciativas y campañas. Algunos movimientos dieron el primer paso internacional, otros ampliaron y consolidaron sus alianzas y articulaciones.

Con este telón de fondo, muchas redes transnacionales feministas, ecologistas, indígenas, campesinas o articuladas en torno a luchas contra el libre comercio y, en particular, contra el ALCA se fueron fortaleciendo. En estas plataformas, campañas, redes y movimientos ha habido una importante participación del tejido social brasileño. Este es el caso, por ejemplo, de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) o de la Alianza Social Continental (ASC). En el primer caso se trata de una articulación internacional, creada en 2000, y que se desarrolla especialmente al calor del FSM y las protestas antiglobalización del cambio de siglo. Reúne grupos y organizaciones de base que trabajan en torno a la defensa de los bienes comunes y contra la privatización de la naturaleza y los servicios públicos, por la paz y la desmilitarización, la defensa de las condiciones de trabajo de las mujeres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo en el ámbito colectivo. Para ello, utilizan acciones colectivas como las marchas, caravanas (en bus o tren con acciones en las paradas), actividades artísticas y culturales (como performances y presentaciones teatrales que contribuyan a debatir sus campos de acción), campañas de boicot y acciones contra empresas transnacionales y productos asociados a la explotación y a la guerra. Ya en el segundo caso, se trata de una coordinadora integrada por organizaciones sociales, redes temáticas y organizaciones sectoriales de todo el hemisferio americano. Se conformó para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones conjuntas en la lucha contra el ALCA y otros tratados de libre comercio.

En la contracara y desde la interacción con lo global, persiste en lo local la doble dinámica de movilización social iniciada en el ciclo anterior: la apuesta de los movimientos sociales por acciones colectivas más conflictivas y la irrupción contestataria y, por otro lado, la apuesta de movilizaciones urbanas vinculadas a la cooperación y la participación en proyectos sociales y en iniciativas de un asociacionismo más institucionalizado donde la incidencia en las políticas públicas sigue siendo el eje central. Además de los foros mencionados anteriormente, la participación ciudadana en temas locales sigue manifestándose en la presencia de los consejos municipales de sanidad, medioambiente, educación, transporte, entre otros, y en varios mecanismos de control y gestión, que varían desde peticiones a órganos públicos de información y de defensa de derechos a la fiscalización de las cuentas municipales de las alcaldías. En definitiva, culturas activistas distintas que se encontraban en algunos momentos con tensiones creativas y en otras con tensiones paralizantes.

Entre los movimientos sociales, a pesar de la proliferación de decenas de movimientos sociales en el campo, hay una profundización del protagonismo del MST como eje articulador de las acciones colectivas en las zonas rurales. No obstante, destaca la estrategia del movimiento de volverse también hacia las ciudades y contribuir a la formación de movimientos sociales urbanos más radicales, como el caso del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que se va consolidando en varios estados brasileños como Pernambuco, Bahía, São Paulo, Pará o Amazonas.

Se destaca también la creación del Movimiento de los Trabajadores Parados (MTD), creado en el sur de Brasil, que no tiene como bandera, como se suele pensar, la lucha por el empleo, sino un cambio radical de las formas de producción, pensadas en el vivir bien y no en la acumulación, creando para ello iniciativas alternativas de generación de trabajo y de renta. En un registro similar nació en 2001 el Movimento Nacional dos Catadores(as) de Materiais Recicláveis (MNCR), que articula diversas luchas regionales previas con el objetivo de unificar las reivindicaciones por la vida digna de la población que sobrevive de la colecta de materiales reciclables en las calles. Los cartoneros organizados en el MNCR trabajan por la autogestión a través de “bases orgánicas”, con un criterio de democracia directa donde todos tienen voz y voto en las decisiones, y apuestan por la organización popular, el apoyo mutuo y la acción directa como principio y método de trabajo y acción política. Reivindican la condición de cartonero como profesión, a pesar de las dificultades que supone mantener tanto la recogida de residuos en las ciudades como el proceso cooperativista. La expansión del movimiento fue rápida, y en 2003 ya empezaron a articularse con movimientos afines en América Latina (principalmente de Argentina y Uruguay) y con la celebración del I Congreso Latinoamericano de Cartoneros en Río Grande del Sur, y en 2006 realizaron una importante marcha en la Esplanada de los Ministerios, en Brasilia, con 1.200 personas que exigieron al Gobierno federal la creación de puestos de trabajo en cooperativas y asociaciones de base orgánica del movimiento.

Cuando gobiernan los compañeros: nuevas resistencias y transformaciones del activismo

En el nuevo siglo se experimentó, por primera vez desde la redemocratización, un escenario distinto: en el Gobierno estaban ahora no los actores tradicionales, sino el PT. Si bien esto llevó a una posibilidad de sinergia con varios movimientos populares —principalmente aquellos vinculados al campo político del partido—, también tuvo como consecuencia una progresiva tensión entre organizaciones sociales y el nuevo Gobierno. Esto se debió no solo a divergencias políticas, sino también a los rumbos tomados por el PT, que, al optar por una política extractivista y desarrollista alineada con los principales sectores de la burguesía nacional y con el capital internacional, potenció una serie de conflictos sociales. La disputa por los recursos naturales y la cuestión del agua y la energía son ejemplos paradigmáticos. A pesar de un discurso que muchas veces interpelaba al imaginario popular, el (neo)desarrollismo petista chocó directamente con la vida de las comunidades. Las consecuencias sociales y ambientales de este modelo fueron múltiples, y el caso más dramático fue el desastre ocurrido en el municipio de Mariana (Minas Gerais), tras la ruptura de la presa de la empresa minera Samarco.

En este ámbito de actuación, destaca la consolidación del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), un movimiento que tiene como antecedente la organización de las poblaciones afectadas por las construcciones de grandes presas hidroeléctricas en Brasil en los años setenta, pero que se afirma en el escenario nacional en los noventa, consolidándose ahora ya no solo con la lucha por garantizar indemnizaciones justas y reasentamientos para las poblaciones afectadas, sino a partir de un cuestionamiento más amplio del propio modelo energético.

Por otro lado, también vale la pena mencionar iniciativas más específicas y menos articuladas pero de gran importancia, como aquellas de derechos humanos relacionados con las condiciones de vida en las cárceles, impulsadas en muchos casos por los propios familiares. A pesar de la escasa repercusión de sus acciones, juegan un papel fundamental a la hora de destapar situaciones no visibilizadas por los medios de comunicación hegemónicos y denunciar y reivindicar la garantía de los derechos humanos en espacios como las prisiones. Contar las cosas desde su propia perspectiva y visión de mundo, rompiendo el monopolio informativo, también ha sido el objetivo que siempre llevó a los movimientos sociales y poblaciones excluidas a utilizar radios comunitarias y medios propios de comunicación como periódicos o boletines.

Desde la transición a la democracia hubo una especie de “prensa de resistencia”, con periódicos como Movimento en São Paulo, O Povão en Pernambuco o Resistência en Pará. Estos medios siempre tuvieron un papel central en la información sobre las luchas sociales y la difusión del debate político e ideológico dentro de la izquierda. Hoy siguen existiendo. El periódico Brasil de Fato, creado por movimientos populares durante el FSM de 2003, es un ejemplo. Pero pocas familias (prácticamente las mismas que en tiempo de dictadura, con la importante excepción de grupos religiosos, principalmente evangélicos, a partir de los noventa) siguen controlando no solo los periódicos, sino también las revistas, radios y televisión, con la familia Marinho (de la empresa Globo) a la cabeza. Esto hace que el Foro por la Democratización de la Comunicación haya seguido muy activo, aunque sin gran suceso de incidencia en las políticas comunicativas del Gobierno Lula, que nunca enfrentó de cara a los grandes medios ni tampoco logró generar medios alternativos que pudieran disputar la hegemonía cultural en Brasil.

Sin embargo, es la utilización militante de Internet la que abre un espacio sin precedentes en los últimos años, potenciando la capacidad de distribución inmediata de noticias, imágenes, textos e informaciones. Además, sirve como una importante herramienta de movilización y de convocatoria inmediata de acciones durante el nuevo siglo. El activismo digital ha pasado, es cierto, por momentos distintos durante los últimos años en Brasil, así como en otros países, cambiando según han ido avanzando las nuevas tecnologías. De la creación de redes contrainformativas potentes, como Indymedia, que llega a Brasil bajo el nombre “Centro de Medios Independientes”, al extendido uso actualmente de las redes sociales digitales (principalmente Facebook), ha cambiado mucho. Se han creado colectivos de contrainformación y de cobertura de las protestas, mientras que la población como un todo —y no solo los grupos organizados— utiliza hoy las redes sociales como un verdadero campo de guerra.

Ante el diagnóstico de muchos individuos, colectivos y movimientos de que los Gobiernos del PT ya no representaban ningún proyecto de cambio social, aparecen en el segundo Gobierno de Lula y en el primero de Rousseff una serie de luchas que tratan de repensar las articulaciones militantes en Brasil. De hecho, muchos de los más jóvenes, nacidos en democracia, nunca vieron al PT como un partido vinculado a la justicia social y a la transformación de la sociedad. Aunque varios sectores han enfatizado la apatía de los jóvenes brasileños, ha habido varios estadillos y momentos importantes de aparición de los movimientos juveniles. Entre marzo de 2007 y mediados de 2008, por ejemplo, más de treinta universidades públicas de todas las regiones del país tuvieron sus rectorados ocupados durante casi dos meses por los alumnos, y asistieron a protestas de alta intensidad (manifestaciones y huelgas también secundadas en muchos casos por profesores y personal administrativo y de servicios) y paros de larga duración (llegaron a parar las universidades hasta 86 días, como en el caso de la Universidad Federal de Sergipe). Las movilizaciones respondían a demandas de carácter interno (reivindicaciones endógenas como mejora de las instalaciones de las residencias universitarias, como ocurrió en la UNICAMP, donde se dio la primera ocupación) y externo (en el caso del estado de São Paulo el detonante principal de las movilizaciones fue un decreto del gobernador José Serra que reducía la autonomía universitaria). Había otras razones más locales y regionales para la movilización: en Maranhão uno de los ejes centrales fue la lucha contra la privatización de los espacios internos de la facultad; en la Universidad de Brasilia, las denuncias por corrupción y malversación de fondos por parte del rector, que acabó destituido, fueron el principal elemento movilizador. Sin embargo, el hecho principal, de dimensión nacional, que sería el catalizador de las luchas estudiantiles en todo el país fue el lanzamiento en abril de 2007 del Plan de Desarrollo de Educación (PDE), que contenía alrededor de cuarenta medidas, entre ellas un polémico decreto que instituía el Programa de Apoyo a los Planes de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI).

El REUNI, hoy recordado por muchos como una de las grandes políticas del PT, recibió, en su momento, las siguientes críticas: escasez o ausencia de diálogo en su proceso de elaboración (carácter antidemocrático); atentado contra la autonomía universitaria (la liberación de recursos estaría condicionada al atendimiento de las directrices y metas establecidas por el REUNI); ataque contra la democracia interna de las instituciones (exigencia de nuevas estrategias y cronogramas) y carácter público (expansión de las posibilidades de introducción del sector privado, especialmente el de cuño más mercantilista, con posibles reflejos en la propia estructuración de las líneas de investigación); obsesión por lo cuantitativo, los números y las metas y no por la calidad de la enseñanza; ampliación del acceso a la universidad sin el correspondiente aumento de las inversiones realizadas por el Estado, etc.

La difusión de las ocupaciones de los rectorados como principal herramienta de lucha contra el REUNI y demás reivindicaciones tenía un carácter novedoso en el seno de las luchas estudiantiles brasileñas, donde la huelga, que no desapareció, siempre había sido el principal recurso dentro de su repertorio de acción colectiva. Pero quizás lo que más llamó la atención de esta irrupción renovada fue la base social de las movilizaciones, así como sus mecanismos de difusión. Por un lado, la convocatoria y preparación de estas acciones, en la mayoría de los casos, no fue una iniciativa de las asociaciones, centrales o comités de estudiantes previamente constituidos (y controlados por las juventudes de diferentes partidos políticos) que venían dominando la apática escena estudiantil brasileña durante la década de 1990, sino que fue fruto de la conformación de nuevas alianzas, de dinámicas asamblearias más horizontales y con ausencia de un liderazgo definido. Esto llevó a un cuestionamiento de la jerarquización, burocratización y centralización de la organización estudiantil en Brasil. Por otro lado, destacó la mayor democratización de la información y de la comunicación. Los blogs fueron utilizados por primera vez y de forma intensa tanto para la movilización como para la formación e información.

Estas movilizaciones estudiantiles deben ser entendidas no de forma aislada, sino en el marco de un proceso progresivo de transformación del activismo en Brasil. No solo han supuesto un periodo de agitación social y política, sino que también apuntaron a importantes transformaciones en las formas de movilización y organización que representan un cambio en el significado cultural y en la socialización política de los estudiantes universitarios en un escenario renovado de militancia que se inicia a principios del siglo XXI. No solo regresó la preocupación por la autonomía, cuestión clásica en las luchas sociales, sino que en los discursos, imaginarios, acciones y socialización de esos jóvenes que ocuparon rectorados de todo el país hay un mayor acercamiento a las luchas contra la globalización, alineándose más a lo que se podría denominar como “generación alteractivista” o “generación Foro Social Mundial”.

Las respuestas de las elites comunicativas, empresariales y gubernamentales a las movilizaciones estudiantiles fueron de criminalización, aunque con el habitual argumento generacional de “eso son cosas de la juventud” o “ya madurarán”. De hecho, el propio Lula daba por válido este argumento utilizando, en una comparecencia pública a finales de 2006, uno similar para justificar sus actuales “amistades peligrosas” con la derecha: “Ahora soy amigo de Delfín Neto [ministro de Hacienda en los años más duros de dictadura militar]. Pasé veinte años criticándole y ahora somos amigos. ¿Por qué digo eso? Porque creo que es la evolución humana. Si conoces a una persona muy mayor de izquierdas es que tiene algún problema. Si conoces a una persona muy joven de derechas, también tiene un problema. Lo normal es coger un punto de equilibrio, el camino del medio […] Y las cosas van confluyendo según la cantidad de pelo blanco y de responsabilidades que tengas” (Periódico O Globo, 2006).

Independientemente de las polémicas apariciones de Lula, durante su gobierno la relación y respuesta a los movimientos sociales fue contradictoria. A grandes rasgos se puede decir que hubo una mezcla de negociación, cooptación y represión. El conflicto en las zonas rurales no disminuyó con respecto a los gobiernos anteriores, y en algunos casos hubo una fuerte represión (más de los Gobiernos municipales y regionales que del Gobierno federal). A la vez, hubo una estrategia deliberada de cooptación hacia ciertas organizaciones y movimientos sociales debido al vínculo histórico del PT con las luchas sociales, lo que llevó a la institucionalización de muchas acciones colectivas y movimientos, como fue el caso de parte del movimiento negro. Last but not least, la mediación/negociación también apareció, de forma contradictoria, como recurso para lidiar con conflictos particulares.

En los elementos de tensión con los Gobiernos petistas es posible identificar algunos indicios de reconfiguración del activismo en Brasil durante los últimos años. Actores más descentrados, con identidades multirreferenciales y fronteras más flexibles entre lo “interno” y lo “externo” pasaron a cuestionar concepciones previas de militancia más orgánica, con códigos demasiado estrictos sobre la pertenencia y las formas de actuación. Formatos organizativos más abiertos basados en las redes de afinidad o en la “forma-colectivo” empezaron a desafiar la “forma-movimiento” más tradicional. Liderazgos más plurales y rotativos pasaron a visibilizar cuestiones vinculadas al poder, al monopolio de la palabra, a la concentración de información y a las prácticas comunicativas de los movimientos de décadas previas. Estas configuraciones y tendencias nos llevan a plantear que no es posible entender el estadillo de las protestas de junio de 2013 sin considerar esta procesualidad histórica, los cambios en las correlaciones de fuerzas y los activismos emergentes en Brasil. En un sentido estricto, junio de 2013 no empezó en el mes de junio, sino que venía configurándose en la sociedad brasileña, de diversas maneras, años antes. En otras palabras: ante la sorpresa de muchos sectores por la emergencia de las protestas más multitudinarias en Brasil desde las luchas contra la dictadura y por la redemocratización, se puede afirmar, adaptando la célebre metáfora de Marx, que el colapso del petismo en Brasil no fue “como un rayo en cielo azul”. De eso trata el próximo capítulo.

CAPÍTULO 4

DE LAS PROTESTAS DE JUNIO DE 2013 AL GOLPE DE 2016

La actual crisis política brasileña debe ser entendida como parte integrante de una ola más amplia de desestabilización que sacude América Latina en los últimos años. En algunos casos, las ofensivas golpistas resultaron en intentos fallidos, como en los procesos que buscaron destituir a Hugo Chávez en Venezuela (2002), a Evo Morales en Bolivia (2008) o a Rafael Correa en Ecuador (2010). Sin embargo, en otros casos el desenlace fue menos feliz y las fuerzas conservadoras lograron perpetrar golpes contra presidentes legítimamente elegidos, como ocurrió en Honduras contra Manuel Zelaya (2009), en Paraguay contra Fernando Lugo (2012) y, más recientemente, en Brasil contra Dilma Rousseff (2016).

En todos estos casos hubo una disputa semántica y política sobre cómo definir dichos procesos. En Brasil, mientras parte de la derecha más conservadora aludía a un “vacío de poder”, rápidamente un amplio sector de las izquierdas —principalmente aquella vinculada al Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y su campo político, aunque no solo— pasó a hablar de golpe. La utilización del término generó polémica. No podía ser diferente. A los golpistas nunca les gustó que se les reconociera por su verdadero nombre. Menos todavía en el mundo de hoy, donde tratan de mantener, aún más que antes, la fachada democrática.

De todos modos, la definición de esos procesos recientes como “golpes”, independientemente de nuestras filiaciones políticas, exige mucha cautela analítica, ya que suele chocar con buena parte del imaginario colectivo de los golpes de Estado tal como los entendemos en la modernidad. Se podría decir, de manera sintética, que aquellos que se niegan a definir esos procesos como “golpe” suelen subrayar cuatro motivos principales para su objeción.

En primer lugar, se recurre a una argumentación histórica, según la cual el actual escenario nada tendría que ver con experiencias previas de golpe. Se buscan aquí casos pretéritos y específicos para proyectar de forma estática en el tiempo cómo serían los golpes del presente. En vez de pensar las dinámicas, las experiencias y los tipos de golpe de manera contextual e historicizada, se apela a una imagen congelada.

Como consecuencia, y de forma interrelacionada, un segundo razonamiento habitual es la restricción de los agentes del golpe a aquellos más habituales y visibles en casos recientes. El ejemplo más paradigmático es la asociación casi exclusiva de los golpes a los militares, como si no hubiese otros actores dentro del aparato del Estado (como la burocracia, los jueces o los parlamentares) que pudiesen ejecutar tal acción.

Otros dos argumentos también aparecen de manera recurrente. El tercero de ellos tiene que ver con la forma del golpe. Según estas posturas, no habríamos vivido un golpe porque la destitución de la presidenta Dilma siguió todos los cauces legales previstos. Aunque esta visión tenga argumentos razonables en algunos puntos, su principal problema es que suele enfatizar más el procedimiento en sí (el dispositivo jurídico del impeachment) que el proceso sociopolítico que derivó en la destitución de la presidenta.

Finalmente, muchos insisten en el alcance del golpe. En esta línea de razonamiento, el golpe debería necesariamente dar lugar a un régimen abiertamente autoritario, a un estado de excepción o a una parálisis significativa de los procedimientos democráticos, lo cual, según los defensores de este argumento, no sería precisamente el caso. En este caso, también hay argumentos razonables e, incluso, habría que discutir más a fondo el propio sentido de la democracia y de la dictadura en el momento presente. En un provocativo texto, Luis Felipe Miguel (2017) sugiere que estaríamos viviendo una “transición a la dictadura” marcada por un gobierno ilegítimo que no tiene autorización popular y también por un régimen en el que el poder no está limitado por el derecho de los ciudadanos y la igualdad jurídica es totalmente ninguneada. La idea seguramente sea excesiva, pero nos alerta de las bases autoritarias, concentradoras y discrecionales de muchas de nuestras “democracias” contemporáneas, que se expanden formalmente por el globo a la vez que se restringen, cada vez más, en su sentido sustantivo.

La batalla de los conceptos y de las ideas es, obviamente, siempre una pugna política y nunca puede ser interpretada como algo inmóvil. Si dejamos de lado todo el sentido original de la noción de coup d’état, es solo con el golpe de Luis Bonaparte a mediados del siglo XIX cuando pasamos a asociar con mayor consistencia los golpes de Estado al aparato del Estado moderno, con sus diferentes agentes, dinámicas y lógicas. Karl Marx analiza de manera brillante en su 18 Brumario de Luis Bonaparte la coyuntura política que desencadena tal golpe, delineando elementos centrales que aparecerían desde entonces de manera recurrente en buena parte de las descripciones y teorizaciones sobre los golpes de Estado. Estos son: la sorpresa societaria, la descomposición del partido del orden y su coalición, la profusión de la lógica conspirativa, la utilización de medios excepcionales para conquistar el poder político, el carácter repentino de la ruptura del marco político precedente, la polarización de los sujetos involucrados en el conflicto y, finalmente, el discurso “salvacionista”, evocado siempre contra los problemas de los Gobiernos previos.

Si tomamos esas dimensiones como elementos constitutivos de los golpes, podemos afirmar que los golpes de Estado del siglo XXI mantienen su esencia, aunque puedan cambiar, en algunos casos, su apariencia. El carácter eminentemente parlamentario del golpe brasileño, reforzado por el aparato jurídicomediático, no puede obviar el carácter de ilegitimidad a través de la cual los golpistas apartaron a la presidenta Dilma sin pruebas por un supuesto crimen de responsabilidad fiscal que consiste, además, en una práctica habitual realizada por casi todos los gobernantes en el país. Tampoco podemos esperar que en el siglo XXI los golpes de Estado se repitan de la misma manera que en los siglos anteriores, sino que debemos entender las configuraciones específicas de cada lugar y de las coyunturas políticas, las dinámicas y tendencias geopolíticas y geoeconómicas más amplias, las transformaciones de la forma Estado en la actualidad, las nuevas paradojas de la democracia procedimental y cómo todo eso implica una resignificación de la discusión clásica sobre los agentes, los medios y los fines de los golpes, tal como lo hacen cuidadosamente, para el reciente caso brasileño, Alvaro Bianchi (2016), Renato Perissinoto (2016) y algunos de los autores del libro Golpe en Brasil. Genealogia de una Farsa, organizado por CLACSO (Gentili, 2016).

Sin embargo, aunque podamos estar de acuerdo en que lo ocurrido en Brasil fue un golpe, faltaría discutir cómo y por qué eso ocurrió si, aparentemente, el país había vivido en la última década un periodo de crecimiento económico, sostenido por una amplia alianza de clases y reforzado por una mejoría relativa de las condiciones de vida en el plano interno y por una proyección más autónoma y proactiva en el plano externo. En otras palabras, ¿cómo llegamos a la situación actual?

Ciclos políticos y raíces de la crisis política brasileña actual

La actual crisis política en Brasil tiene raíces diversas. Cualquier explicación que se centre solo en una dimensión específica (por ejemplo, el deterioro de la política económica, la crisis de gobernabilidad, la incapacidad de Dilma para manejar la amplia coalición política gubernamental, los escándalos de corrupción, la presión de las calles, etc.) o en antecedentes temporales que remitan solo al corto plazo (las protestas masivas iniciadas en junio de 2013 atraen todos los focos en este sentido) está condenada al fracaso. De este modo, la crisis política contemporánea solo puede ser comprendida dentro de un análisis procesual, dinámico y multidimensional de la vida sociopolítica brasileña y del actual contexto global. Eso implica combinar elementos propiamente políticos con otros de naturaleza económica, cultural y social. Además, exige que seamos capaces de imbricar temporalidades diversas, abriendo el análisis para el cruzamiento y la superposición de ciclos políticos distintos.

En el camino ya avanzado en los capítulos iniciales de este libro, José Maurício Domingues es de los pocos autores que han logrado avanzar satisfactoriamente en esta dirección, articulando la lectura de la actual coyuntura con ciclos políticos previos en Brasil. En su perspectiva (véase, por ejemplo, Domingues, 2016), centrada en la trayectoria de la izquierda, en el actual momento histórico en el país se completarían tres ciclos que abrirían un escenario de instabilidad e incertidumbre: el primero, de largo plazo, sería el ciclo que, en la redemocratización de las décadas de los setenta y los ochenta, pasa página al periodo previo de “modernización conservadora” iniciado en la década de los años treinta. El segundo, de medio plazo, estaría marcado por la búsqueda por parte del PT de la hegemonización de la izquierda brasileña, transformando progresivamente su proyecto inicial. Finalmente, el tercer ciclo coincidiría con las presidencias de Lula y Dilma y se agotaría con la emergencia de las protestas de 2013, acabando definitivamente con el golpe parlamentario, por más que el PT no se haya muerto totalmente en el corto plazo y todavía tenga algunas aspiraciones electorales y políticas.

De forma complementaria a esta propuesta y a lo ya visto en los capítulos previos, se busca avanzar aquí en un análisis más centrado en la apertura societaria provocada por los nuevos ciclos políticos y sus consecuencias en términos de disputas y emergencias de nuevos actores. De este modo, se entiende la precipitación de las movilizaciones de 2013 como un ciclo de protestas de alta intensidad de movilización que desborda a buena parte de los grupos políticos y movimientos sociales organizados previamente y se abre a la sociedad como un todo, coincidiendo con la crisis de un ciclo político más amplio. De este modo, el inicio de un ciclo de corto plazo en 2013 coincide con el final de otro ciclo político: el periodo que empieza con la redemocratización a finales de los años setenta e inicio de los años ochenta y entra totalmente en crisis con los acontecimientos recientes.

Así como se relacionaron las movilizaciones de masas de los años setenta y ochenta con un movimiento societario de redefinición de la democracia y de los derechos y de destitución de los códigos, actores y pautas previas, las movilizaciones actuales también disputan el sentido del pasado reciente de Brasil. El imaginario proyectado por los sucesivos Gobiernos del PT de que el país nunca había estado tan bien choca profundamente con un visceral antipetismo instalado en la sociedad brasileña, tanto a la derecha como a la izquierda. Para desvelar esta aparente paradoja es importante discutir brevemente algunos desarrollos generales de la política reciente.

Tras la redemocratización y el reflujo de las movilizaciones masivas, el imaginario igualitario y democratizador pasó a convivir con conquistas concretas y la permanencia de problemas seculares, entre ellos las desigualdades, la exclusión social, las prácticas autoritarias o las fluctuaciones económicas e inflacionarias. Mientras varios movimientos sociales más combativos pasaron a la resistencia contra las privatizaciones y a cultivar sus propias bases, otros se institucionalizaron o nutrieron una cartografía amplia y diversa de una “sociedad civil” que se complejizaba con la emergencia de una serie de ONG, redes, campañas e iniciativas. Con las consecutivas pérdidas de las elecciones presidenciales, el PT apostó por la política local, ganando elecciones en pequeños municipios y en grandes ciudades, a la vez que moderaba progresivamente su discurso, desvinculándose en buena medida de los actores, las ideas y la energía que lo originaron.

Cuando Lula ganó sus primeras elecciones presidenciales a finales de 2002 el PT ya no era el mismo de los años ochenta. A pesar de que el color rojo y un imaginario más igualitario y progresista habían ilusionado a muchos, el propio Lula dejó claro en su “Carta a los brasileños” de junio de aquel año que no habría cambios radicales y que el “proyecto nacional alternativo” estaría volcado hacia el crecimiento económico y una mayor preocupación por la justicia social y por la presencia soberana del país en el mundo. En esta línea, los ocho años de gestión Lula (2003-2010) estuvieron marcados por una amplia alianza pluriclasista que se basó en un pacto win-win, donde supuestamente todos ganarían. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres, menos pobres. Las políticas sociales focalizadas sacaron a miles de personas del hambre y de la pobreza extrema, mientras los cuantiosos beneficios de las grandes empresas, del agronegocio y de los bancos permitieron un enriquecimiento sin precedentes de las elites nacionales y del capital transnacional. De esta manera, el camino hacia la democratización convergiría con la profundización del capitalismo, aunque algo más regulado por el Estado, a partir de un modelo neodesarrollista que, recuperando una tradición previa de la izquierda estadocéntrica brasileña, vendía “crecimiento, con inclusión”.

En la práctica, algunos ganaron mucho más que otros. La desigualdad aumentó, constatándose una mayor concentración de renta entre los más ricos (Medeiros, Souza y Castro, 2015). Los medios de comunicación hegemónicos se volvieron todavía más fuertes y el Gobierno no logró crear ningún tipo de alternativa comunicativa de masa. La violencia selectiva del aparato coercitivo del Estado y el modelo altamente extractivo generó tensiones con comunidades y movimientos sociales, además de expulsiones de tierras y conflictos en el campo y en la ciudad, por no hablar del brutal impacto social y ambiental de los diversos megaproyectos mineros y de represas hidroeléctricas. El fomento del consumo y las ayudas económicas a ciudadanos entendidos como “emprendedores”, unido al creciente peso de determinados sectores evangélicos en las periferias urbanas, estimularon todavía más la autonomía del individuo en la sociedad brasileña, provocando diversos desplazamientos subjetivos en la población, relativos a su forma de verse en la sociedad y a los valores.

Se generó, de esta manera, la expectativa de un Estado suficientemente fuerte como para avanzar en algunas conquistas sociales, pero sin amenazar el orden establecido, por lo cual diversos sectores populares y perspectivas conservadoras se integraron en un delicado equilibrio de geometría variable (Singer, 2009). La popularidad de Lula llegó a ser tan alta que logró elegir como presidenta a una figura poco conocida y de un perfil bajo, más asociado a la gestión, aunque con un pasado militante. A pesar de apostar por el continuismo, con algunos matices propios, el inicio del mandato de Dilma Rousseff en 2011 se produjo en una década que se abría con nuevos escenarios. En ese momento, la crisis financiera llega a Brasil y sacude el modelo previo de exportación de commodities. El pacto de clases y las alianzas con sectores diversos se ven debilitadas por la inhabilidad para garantizar la coalición y por una mayor división de las elites nacionales, pero también por la apertura de nuevas oportunidades políticas de actuación para la oposición que rompe con la base de gobernabilidad. El realineamiento del empresariado y de las elites económicas es progresivo, dejando —como siempre— claro que solo permanecen fieles a su propio beneficio. Súmense a eso los diversos escándalos de corrupción, iniciados ya en la era Lula, que se expanden y afectan a importantes miembros y aliados del PT. Desprestigiada y desestabilizada por la confluencia de todos estos elementos, aparece para Dilma una nueva prueba de fuego: masivas protestas que se extienden por todo el territorio nacional.

Junio de 2013: apertura societaria y conflicto social en Brasil27

Las movilizaciones iniciadas en junio de 2013, las mayores en la historia de Brasil en las últimas tres décadas, abrieron un nuevo ciclo político en el país. Pese a tener visiones y proyectos distintos (y, en general, opuestos) de la sociedad brasileña, los individuos y colectivos a la izquierda y a la derecha del Gobierno, movilizados desde 2013 hasta hoy, son fruto de esta misma apertura sociopolítica. Las formas de acción y de organización que adoptaron —propias de una transformación de las formas de activismo y del compromiso militante en el país (y en el mundo hoy)— favorecieron el surgimiento rápido, la mediatización y la capacidad de interpelación y expresividad, pero también provocaron diversas tensiones y ambivalencias en su propia constitución y en los resultados generados.

Entre junio de 2013 y finales de 2016, cuando se consuma el golpe parlamentario, Brasil transitó por diversos escenarios marcados por una mayor radicalización y polarización política, pero también por un encadenamiento complejo de acontecimientos y personajes muy distantes de una lógica lineal. De esta manera, no se puede deducir, a partir de una lógica de causalidad estrecha, que el golpe sea consecuencia directa de las protestas, como lo han hecho muchos análisis simplistas. No obstante, estas cambiaron profundamente el escenario político nacional, convirtiéndose en un evento crítico que marcó una inflexión en la sociedad brasileña, aglutinando diversos significados, interpretaciones y posiciones.

Participaron en las movilizaciones de 2013 individuos y grupos sociales diversos, pertenecientes a un amplio espectro ideológico. Quedó reflejada la indignación difusa, la ambivalencia de los discursos, la heterogeneidad de las demandas y la ausencia de mediación de terceros y de actores tradicionales, algo también notorio en varias movilizaciones contemporáneas asociadas a la reciente “geopolítica de la indignación global” (Bringel, 2013; 2017).

Una de las características más emblemáticas de junio de 2013 fue su capilaridad en todo el territorio nacional. Sin embargo, las lógicas de movilización, la composición social de los manifestantes y la correlación de fuerzas varió de forma sustantiva dependiendo de las ciudades en cuestión. Además, junio no empezó ni acabó en junio. Antes de 2013, eran varios los signos de transformación del activismo en Brasil. Una nueva generación de activistas —ya nacida en democracia y que tuvo su socialización política y militante marcada por otras referencias— nunca llegó a reconocer al PT y a parte de su campo político como una fuerza transformadora, sino como un instrumento burocratizado y un partido de la situación. Encajan en este perfil diversos movimientos juveniles, estudiantiles y culturales, más descentrados, horizontalistas, con identidades múltiples y radicalizados en sus concepciones y formas de acción (Bringel, 2009).

A su vez, el momento posterior a junio de 2013 también fue desigual. En algunos lugares como Río de Janeiro las movilizaciones fueron numerosas, a las que se unieron las huelgas con una concatenación de movilización y huelgas (la mayor de ellas la de los profesores de escuelas públicas, seguida de otras bastante simbólicas como la de los barrenderos en febrero de 2014) que acabaron, en la víspera de la final del Mundial de Fútbol en 2014, con la prisión de 23 activistas. En otras ciudades siguieron teniendo lugar ocupaciones, movilizaciones por derechos y causas específicas, nuevas acciones y trabajos territoriales y una profundización del experimentalismo cultural. En determinados casos la represión y la criminalización de la protesta que tuvo lugar después de junio llevó a la desmovilización. También se generaron varias experiencias más subterráneas entre individuos, comunidades, grupos y colectividades. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la dimensión continental del país, no se puede negar que junio fue también, en determinadas localidades, más una representación colectiva y un ensayo puntual que un proceso permanente de articulación y organización política.

Junio de 2013 debe ser entendido como un momento de apertura societaria en el país. Una vez abierto el espacio de protesta por las movilizaciones iniciales y por los movimientos iniciadores (tales como el Movimiento Pase Libre, MPL, crucial en la ciudad de São Paulo, pero no en todas la capitales brasileñas), otros actores se unieron para hacer valer sus propias reivindicaciones, sin mantener necesariamente los lazos con los actores que las desencadenaron o repetir las formas, la cultura organizativa, las referencias ideológicas y los repertorios de acción de los iniciadores de dichas movilizaciones. De hecho, como ya proponía Charles Tilly (1978), el uso del mismo repertorio de acción no implica que estemos necesariamente ante un mismo movimiento, pero sí ante una gramática cultural e histórica disponible e interpretada por la sociedad y por los grupos sociales.

Alonso y Mische (2016) captaron con bastante precisión esas fuentes sociales y culturales, así como la ambivalencia de los repertorios presentes en junio, en lo que ellas definirían como repertorios “socialista” (familiar en la izquierda brasileña de las últimas décadas), “autonomista” (afín a varios grupos libertarios y a propuestas críticas del poder y del Estado) y “patriótico” (que usa un discurso nacionalista y los colores verde y amarillo con un significado histórico y situacional conservador bastante peculiar). Pese al mérito de la propuesta, la tipología es problemática. No hay un criterio claro para definir dichos repertorios y, de hecho, se producen varios solapamientos entre ellos. Por ejemplo: ¿no podría ser el repertorio autonomista (o al menos parte de él) también socialista? ¿No sería nacionalista/patriota buena parte del repertorio socialista? Además, más que repertorios, podemos pensar en campos diferenciados de acción que se han ido combinando de maneras distintas en los últimos años. La noción de repertorio —que con frecuencia se malinterpreta como sinónimo de formas habituales o disponibles de protesta— es más limitada que la de campos, que, pensada como unidad analítica, gana potencialidad heurística actualmente.

Hay algunos esfuerzos recientes en la sociología política de los movimientos sociales, como la propuesta de McAdam y Fligstein (2009), que postulan que la noción de campos de acción puede ser una alternativa analítica para ir más allá del foco clásico, sea en las protestas (donde ganan protagonismo los individuos) sea en los movimientos sociales (vistos, a menudo, todavía como organizaciones relativamente bien delimitadas), facilitando el entendimiento de la dimensión relacional del conflicto político. A pesar de esta relevante propuesta y de algunos atinados diagnósticos, su desarrollo por parte de estos autores es confusa y poco densa conceptualmente, pecando de cierta rigidez y de un carácter muy instrumental y eminentemente organizacional de los campos, algo común a buena parte de los teóricos norteamericanos de la acción colectiva. No logran lo que se proponen: adaptar la propuesta bourdiesiana de campos, trascendiéndola y llevándola al estudio de los movimientos sociales28. En el fondo, los problemas de la concepción de Bourdieu siguen presentes, principalmente la escasez de relevancia dada a la agencia en los campos, el carácter poco operativo del concepto y el peso excesivo en la dominación, con poca apertura a la emancipación.

Campos de acción en disputa y desbordamiento social

Entendemos, provisionalmente, los campos de acción como configuraciones sociopolíticas y culturales que expresan órdenes sociales en los cuales los actores (individuos o colectividades) interactúan entre ellos y con otros campos, a partir de un entendimiento y de un consenso mínimo —muchas veces implícito— sobre los códigos, relaciones y propósitos que los configuran. En esta línea, un campo de acción está constituido por actores diversos (no necesariamente movimientos sociales, sino también partidos políticos, sindicatos u otras colectividades) con relaciones y posiciones internas que marcan alianzas y consensos mínimos, pero también relaciones de poder y disputas al interior del campo. Esto recalca la dimensión de la unidad heterogénea y los principios contingentes de unificación. Si los actores cambian a lo largo del tiempo, también cambian sus visiones y relaciones frente a los demás actores de un mismo campo de acción o de otro. Hay también determinadas agendas y códigos en los campos que marcan los sentidos de pertenencia, las formas de acción y de compromiso, así como la cultura política militante predominante en cada uno de ellos. Por fin, sus objetivos también son un elemento importante para delimitar la constitución de un campo, sus visiones de mundo y concepciones sobre la vida social y política.

En Brasil coexisten en los últimos años cuatro campos de acción principales que han estado presentes en la disputa política en junio de 2013 y desde junio de 2013, pero cuyos orígenes son bastante anteriores. Dos de ellos se ubicarían en lo que, en términos más tradicionales, podríamos identificar con la “izquierda” y los otros dos, con la “derecha”. Los describiremos muy brevemente a continuación, tratando de mantener, siempre que sea posible, las definiciones nativas, es decir, cómo algunos actores de los propios campos se autodenominan, aunque con algunas mediaciones analíticas para ubicarlos dentro de perspectivas más abarcadoras.

El primero de los campos es el campo democrático-popular. Emergente a finales de los años setenta y a principios de los años ochenta, tiene como actor central el PT y como órbitas importantes el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en el ámbito de los movimientos sociales y la Central Única de los Trabajadores (CUT) en el plano sindical. Este campo de acción tiene, inicialmente, una fuerte influencia de las luchas contra la dictadura y nace, no sin polémicas, como oposición a los actores que habían hegemonizado la izquierda brasileña en el periodo anterior. Posee un fuerte imaginario democratizador y una perspectiva hegemonista de la política, algo que, de hecho, acabó por consumarse a partir de los años noventa al consolidarse como principal referencia de la izquierda brasileña. Tuvo un papel central en la politización de la sociedad en sus primeros momentos, así como una actuación decisiva para oponerse al neoliberalismo durante los noventa, aunque sin generar realmente una propuesta alternativa rupturista.

Más allá de los alineamientos de los actores de este campo, su heterogeneidad llevó a tensiones importantes en su interior en varios momentos, como en el caso de las relaciones entre algunos movimientos sociales y el PT, principalmente a partir de la década del 2000, cuando este último llega al Gobierno nacional. Tras una década de gobierno petista, el campo democrático-popular y su entorno se vio fuertemente sorprendido por las protestas de junio de 2013. Aunque sus actores trataron de reposicionarse frente al nuevo escenario emergente, en el momento del estallido inicial actuaron como buena parte de los movimientos sociales consolidados ante un nuevo ciclo de protestas que los desborda: minimizando su importancia o, incluso, deslegitimando su emergencia, ya que se veían, en muchos casos, como portadores de la “experiencia” acumulada y como los mejores conocedores de las lógicas de movilización. Si bien esta visión fue revisada por muchos, pasó una factura importante que generó desconexión con las nuevas generaciones movilizadas, subestimando también, en general, el potencial de movilización de la derecha.

Un segundo campo de acción presente en los últimos años es el campo alteractivista. Resultante de una construcción alternativa a la izquierda del campo democrático-popular, tiene cuadros que incluso salen del campo anterior, muchas veces desilusionados con los rumbos tomados por el mismo. De todos modos, está marcado principalmente por una militancia emergente en los años noventa que, en el contexto de lucha contra la globalización neoliberal, trata de diferenciarse de las concepciones políticas de la izquierda más tradicional. Eso no es específico de Brasil, sino que ocurre en varios países del mundo tras la caída del Muro de Berlín y la consecuente pérdida de influencia de los movimientos y de los partidos comunistas y socialistas. De esta manera, los años noventa constituyen un marco fundacional en este campo, en el cual el levantamiento zapatista en 1994 en Chiapas es protagonista. Las concepciones de poder y de posesión del Estado presentes en el campo previo son desplazadas por una política territorial, prefigurativa y cotidiana, marcada por el compromiso personal, la horizontalidad, la autonomía, el asambleísmo, la acción directa y las decisiones por consenso.

Los individuos adquieren mayor protagonismo en detrimento de una visión cerrada de la colectividad y el discurso socialista y anticapitalista, que se perdió rápidamente por el camino en el campo democrático-popular, es aquí recuperado y fundido con matrices políticas diversas provenientes del anarquismo, el ecologismo, el feminismo y otras tradiciones de la izquierda más radical. Aunque se aboga por la “política de base”, se critica el “basismo” del campo anterior por su carácter verticalista y por el distanciamento generado entre los líderes y sus bases. A pesar de su apuesta por la lucha internacionalista y las articulaciones y demandas globales, la escala principal de este campo alteractivista es local y no nacional, lo que implica también, en general, una fuerte crítica a las posiciones nacionalistas y desarrollistas presentes en la izquierda nacionalista orientada al Estado. Más que defender una ampliación de la democracia a través de la participación, se busca su radicalización por los márgenes.

En el caso brasileño, varios pequeños colectivos pasaron a identificarse y a alinearse en este campo a finales de los noventa y a principios de la década del 2000. El propio Movimiento Pase Libre (MPL), tan simbólico al principio de las protestas de junio de 2013, tiene su origen en 2005 al calor de estas luchas alteractivistas, más concretamente en el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre. El FSM, por cierto, es un ejemplo que ilustra muy bien tanto las convergencias entre estos dos campos como las tensiones inherentes a sus diferencias políticas. La renovación de las luchas y de los colectivos estudiantiles en Brasil a partir de la década del 2010, con sus críticas a las organizaciones estudiantiles burocratizadas y partidarizadas, también contribuye a fortalecer este campo.

En tercer lugar tenemos el campo liberal-conservador. Se trata de un campo bastante heterogéneo que incluye un amplio espectro liberal y conservador. Se reúnen aquí actores con posiciones diversas que muchas veces se unifican, a pesar de algunos matices que les separan, por ejemplo, en lo referente a los valores. En sus posiciones más abiertas, propias de un liberalismo más moderado, pueden acercarse a determinadas posturas reformistas y socialdemócratas defendidas por parte del campo democrático-popular. En sus visiones más duras, fuertemente conservadoras, pueden acercarse a posturas reaccionarias. A pesar de las diferencias, les une la apuesta por el libre mercado y la defensa del liberalismo económico articulada a una visión procedimental y restringida de la democracia. La defensa del statu quo aparece en la apuesta por el orden y en la defensa de la ley como un fin en sí mismo. Se trata de uno de los campos más tradicionales de la política brasileña, ampliamente analizado en la historia intelectual y en el pensamiento político; sin embargo, cuando se trata del estudio de las prácticas sociopolíticas y no del plano de las ideas, estamos frente a un objeto de estudio con desarrollo todavía incipiente.

Si los estudiosos de los movimientos sociales han tendido a analizar casi siempre solo los movimientos de izquierda o emancipadores, cabe preguntarnos: ¿los movimientos de derecha pueden ser entendidos como movimientos sociales? ¿Cómo analizarlos dentro de un mismo marco analítico? En vez de tratarlos como “contramovimientos” o “antimovimientos” (Wieviorka, 2015), algo que implica mirar a su dimensión reactiva o negativa siempre con una visión normativa que entiende a los movimientos progresistas como “buenos”, se prefiere aquí entender la disputa cognitiva, política y societaria existente entre los movimientos sociales —transformadores o conversadores— ubicados en diferentes campos de acción.

Dicho eso, volvamos al campo liberal-conservador. Para este campo de acción, la redemocratización política de los años setenta y ochenta fue una cesión necesaria. Se estableció formalmente la democracia, pero profundizando el modelo de libre mercado. La década de los noventa, a su vez, es vista como su era de oro, combinando liberalizaciones y privatizaciones bajo el yugo de la hegemonía neoliberal. Esta no se circunscribió solo a la economía, sino que penetró también crecientemente en los imaginarios, en las subjetividades y en las prácticas individuales y colectivas de la población brasileña. Si bien la llegada al Gobierno del PT a principios del siglo XXI no tocó sus privilegios, simbólicamente nunca se aceptó totalmente la idea de que “un presidente analfabeto” guiara los rumbos del país. Fortalecido durante los últimos años, este campo liberal-conversador entiende las protestas de 2013 como la rebelión de la sociedad indignada contra la corrupción y el petismo.

Su principal locus de acción política son las instituciones, los despachos y los salones secretos, pero hay una actual tendencia reciente a utilizar las calles como forma de presión política, en algunos casos incluso emulando repertorios habitualmente asociados a los movimientos de izquierda. Tras la apertura societaria provocada por junio de 2013, este campo pasa a disputar también las calles. El Movimiento Brasil Libre (MBL), creado en 2014, es una de sus más conocidas expresiones hoy en el país. Liderado por jóvenes, apoyaron la operación Lava-Jato y presionaron (eso sí, de forma selectiva) por la punición de políticos involucrados en los escándalos. En 2015, convocaron grandes marchas en diferentes ciudades del país, movilizando los colores verde y amarillo para, en nombre de “la limpieza de Brasil”, reivindicar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Un análisis de sus tres primeros congresos (2015, 2016 y 2017) deja claros los vínculos con algunos de los principales partidos políticos de derecha y centroderecha en Brasil, y una agresiva política de combate a símbolos del campo democrático-popular como, por ejemplo, el Foro de São Paulo, conferencia de partidos y movimientos de izquierda de toda América Latina creada en 1990 por iniciativa del PT.

Finalmente, tenemos un campo autoritario-reaccionario. A diferencia del anterior, la democracia no parece un valor que deba ser preservado, ni siquiera en su visión más restringida. Si bien la crítica a la izquierda, en general, y al campo democrático-popular, en particular, es compartida con el campo liberal-conservador (lo que les ha llevado a unificarse puntualmente en algunas marchas y agendas como el aborto y el antipetismo), en este caso hay un horizonte de regreso a la dictadura militar, idolatrada por miembros de este campo como uno de los mejores momentos del país (1964-1985). La tortura es considerada, muchas veces, una práctica legítima, lo que hace que con ella se acerquen a posturas fascistas y de extrema derecha.

Aunque hay algunos partidos políticos (como el Partido Socialista Cristiano, PSC) y fuerzas sociales vinculadas a este campo, su figura más conocida en los últimos años es Jair Bolsonaro, militar de reserva y diputado federal por Río de Janeiro. Su postura racista, xenófoba y misógina se proyecta radicalmente contra las minorías y su actuación parlamentaria y pública a favor de las armas, la censura y la pena de muerte le ha convertido en una referencia para parte de la población brasileña más autoritaria. Movilizando el nacionalismo y el odio, Bolsonaro fue ganando popularidad de manera creciente en los últimos años.

El escenario político tras junio de 2013

Los enfrentamientos y relaciones entre cada uno de estos campos han estado marcados inicialmente por un desbordamiento social (Bringel, 2013), en el que la protesta se difunde desde los sectores más movilizados hacia otras partes de la sociedad, desbordando los movimientos sociales que la iniciaron y haciendo que cada uno de estos campos traten de ampliar su influencia más allá de sus propias fronteras.

En el clímax de dicho proceso, un amplio espectro de la sociedad se encontraba movilizada alrededor de una indignación difusa, portando diferentes perspectivas y reivindicaciones, que coexistirán en el mismo espacio físico y a veces con el mismo eslogan (contra la corrupción o contra el Gobierno), pese a tener construcciones y horizontes muy distanciados y en disputa. Hubo una confluencia ambigua marcada por movimientos contradictorios de fuerzas centrípetas (la externalización de la indignación y la simultaneidad presencial y simbólica en las mismas calles y plazas) y fuerzas centrífugas (que, a pesar de su presencia conjunta en los mismos espacios, indicaban distintas motivaciones, formas de organización y horizontes de expectativas).

En las manifestaciones, el campo alteractivista enarbolaba demandas democratizadoras (como la mejoría del transporte y de la educación pública), mientras la indignación contra la corrupción y los políticos, si bien era compartida, acabó atrayendo más a aquellos que luego fueron inclinándose al campo liberal-conversador y al campo autoritario-reaccionario. En esta fase catártica, que comenzó en junio de 2013 y duró algunos meses, la disputa entre esos distintos campos era ya bastante visible (llevando, por ejemplo, a agresiones por parte de los dos campos de acción a la derecha a manifestantes del campo democrático-popular que llevaban banderas, camisetas y otros símbolos vinculados a los partidos y la izquierda tradicional), pero estaba más diluida en la indignación en masa y en la experimentación en las calles. De este modo, mientras buena parte de las interpretaciones insistían —y siguen insistiendo— en que junio de 2013 representó, en un extremo, la emergencia de una nueva potencia revolucionaria o, en otro, la aparición del fascismo en las calles, el hecho es que las movilizaciones siempre fueron contradictorias y heterogéneas e implicaron la disputa de clase, de movimientos y de campos de acción diversos. Además, es posible identificar fases y momentos distintos a lo largo de esos años.

Después de la heterogeneidad inicial, comienza en 2014 una nueva fase de decantación, con algunas reivindicaciones principales de los individuos y de esos campos ya diferenciadas en el espacio, y posicionadas más claramente a la derecha o a la izquierda, aunque estas nociones (izquierda y derecha) se consideren cada vez más, para algunos activistas y a los ojos de gran parte de la sociedad, como caducas, poco capaces de traducir y canalizar sus objetivos, expectativas e inquietudes.

En este momento, ya no hay manifestaciones tan masivas en las calles y en las plazas, pero siguen teniendo lugar varias movilizaciones puntuales, así como una reorganización menos visible de los individuos, de las redes y de los colectivos. La confluencia de militancias y demandas divergentes en el mismo espacio público es paulatinamente desplazada por convocatorias con objetivos y recortes más definidos. Pese a que gran parte de dichas acciones no se dirigieron al campo político-institucional y político-electoral, que posee lógicas y temporalidades diferentes a las del campo de la movilización social, el escenario preelectoral de mediados de 2014 orientado a la contienda presidencial acabó intensificando las polarizaciones, que absorbieron buena parte de los actores sociales y políticos a lo largo de 2015.

A pesar de las críticas formuladas al PT en particular y a los partidos políticos en general, las elecciones presidenciales de octubre de 2014 movilizaron masivamente a los brasileños, incluso para defender, en algunos casos, el partido en el Gobierno como un “mal menor”. En este contexto, el PT se ubica en el centro de la política y del debate público. Subraya, sin ningún tipo de autocrítica interna, las conquistas de sus Gobiernos, a la vez que busca monopolizar el campo progresista, infantilizando y reprimiendo el campo alteractivista y acusando a esta y a otras disidencias a su izquierda de hacerle el juego a la(s) derecha(s).

La ajustada victoria de Dilma generó un clima de inestabilidad alimentado constantemente por la oposición de los dos campos de la derecha, muchas veces tácticamente unificados. Dándose cuenta del descontento generalizado de la población con el PT y con Dilma, partidos que componían la base aliada del primer Gobierno Dilma pasaron al enfrentamiento y a romper relaciones y pactos con el ejecutivo. Asimismo, aunque el PT logró ganar las elecciones presidenciales, el congreso nacional elegido directamente por las urnas fue el más conservador de la historia de Brasil desde el golpe de 1964. Eso significa que la mayoría del poder legislativo pasó a estar controlada por parlamentarios de diferente signo conservador: militares, religiosos, ruralistas defensores del agronegocio o empresarios, entre otros.

Es en este escenario cuando surge el ya mencionado MBL, financiado, por cierto, por empresarios y think tanks conservadores del país y del exterior para imponer una agenda neoliberal en el país, así como para disputar los valores morales y restringir las políticas sociales y de derechos humanos. Algunos de sus principales apoyos internacionales dicen mucho sobre quiénes son. Entre ellos se encuentran grupos estudiantiles y empresariales vinculados a la oposición de Maduro en Venezuela y las Industrias Koch, un conglomerado de empresas norteamericanas con intereses petrolíferos y químicos conocida por financiar grupos ultraconservadores. Un punto distintivo del MBL es que logró, junto a otros sectores conservadores, aprovechar la coyuntura para convocar diversas manifestaciones y actos públicos de protesta, dando cierta cohesión al campo liberal-conservador y conquistando terreno no solo en el congreso y las calles, sino también en las redes sociales (algo especialmente importante en Brasil, que tiene en los últimos años el mayor crecimiento de usuarios de Facebook en todo el mundo).

En 2015 el discurso del miedo y del odio se expande, y hay continuos intentos de apropiación de los significados de las protestas de 2013. El campo liberal-conversador y el autoritario-reaccionario se hacen más visibles, y el campo alteractivista se repliega hacia un trabajo más invisible y subterráneo, local y fragmentado. La potencia de radicalización de la democracia que apostaba por las protestas como posibilidad de emergencia de lo nuevo era vista por muchos como una tragedia y se veía ahogada por la repetición de la historia como farsa, entre junio de 2013 y el golpe de 2016, de manera similar a lo que Marx planteara para la secuencia de acontecimientos transcurridos entre junio de 1848 y el golpe de diciembre de 1851. Se construye, de este modo, una polarización social explícita entre el Gobierno y sus aliados más cercanos y la derecha unificada (aunque no uniforme) en el campo liberal-conservador, que pasa a reducir una amplia y compleja reconfiguración de la sociedad brasileña a coxinhas y petralhas. Empieza así a constituirse en diciembre de 2015 el impeachment, cuando el entonces presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha —acusado meses antes por corrupción y blanqueo de dinero— acoge formalmente la petición contra Rousseff.

El golpe y las resistencias

El año de 2016 se abrió, de esa manera, con el fantasma de la posibilidad de destitución de Dilma. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Cunha y del entonces vicepresidente Michel Temer, antes parte de la base del Gobierno PT, pasó a articularse activamente con el oposicionista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del expresidente Fernando Henrique Cardoso y de Aecio Neves, derrotado en las urnas en 2014. Además de las maniobras con el poder judicial y el control del Parlamento, el apoyo de importantes grupos empresariales, financieros y de los medios de comunicación burgueses (sobre todo Globo) fue fundamental para la consecución del golpe.

Desde entonces, las investigaciones policiales de la operación Lava-Jato —según el Ministerio Público Federal, la mayor investigación de corrupción de la historia del país— y el juez encargado del caso, Sergio Moro, se volvieron omnipresentes con un discurso de moralización de la política, mientras Dilma y el PT se veían progresivamente aislados. Muchos esperaban que el proceso de impeachment fuera fuertemente contestado en las calles, sobre todo a partir de mayo de 2016, cuando Dilma fue apartada del cargo para que pudiera comenzar el juicio contra ella. Hubo protestas, sí, pero no solo en contra, sino también a favor de la destitución. Dos frentes populares, constituidos a finales de 2015, trataron de articular la movilización contra el golpe, por la democracia y la lucha por la defensa de derechos: el Frente Brasil Popular, constituido por casi setenta colectivos, sindicatos y movimientos populares (entre ellos el MST), afines o de apoyo crítico al PT; y el Frente Pueblo Sin Miedo, impulsado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y una treintena de movimientos sociales y organizaciones que, si bien confluyen con el anterior en algunas convocatorias, hacen una crítica más fuerte al PT y al Estado, buscando la construcción de un nuevo espacio de referencia para los trabajadores.

Eso no fue suficiente, sin embargo, para frenar el impeachment, que se consumó finalmente el 31 de agosto de 2016. Buena parte del campo alteractivista no salió a las calles, muchas veces para no confundirse con el propio PT y su campo. Reapareció, sin embargo, en una de las experiencias más interesantes de contestación y organización de este ciclo reciente: un activo y renovado movimiento de estudiantes de secundaria que, en diversas ciudades brasileñas de todas las regiones del país, pasaron a ocupar sus colegios públicos no solo como forma de resistencia a los Gobiernos municipales y al Gobierno federal, sino también como un experimentalismo político sin precedentes en el país. A partir de una organización interna horizontal y de intensas prácticas pedagógicas y formativas, las más de mil ocupaciones fueron duramente reprimidas. Cuando los padres, los directores de las escuelas o los periodistas preguntan a los estudiantes si no les importaba perder el año escolar, se escuchaba a menudo: “No estamos perdiendo un año, sino ganándolo”. Es pronto para decir cuáles serán las consecuencias de la experiencia de las escuelas ocupadas, pero ya han marcado toda una generación de nuevos activistas, mucho más sensibles al feminismo, al ecologismo y al anticapitalismo que la militancia tradicional. Son el futuro ya presente, aunque la situación en el corto plazo, de manera más general, es dramática.

Las conquistas sociales previas, aunque tímidas, están fuertemente amenazadas. Derechos laborales y sociales conquistados a lo largo de varias décadas y generaciones de lucha se están resquebrajando. El discurso oficial de la crisis reaviva el there is no alternative alrededor de políticas privatizadoras, de recortes y de austeridad. La represión es creciente y la criminalización de los movimientos sociales y de cualquier forma de disidencia, alarmante. Además de la coyuntura nacional, varios estados abren el año 2017 inmersos en una de sus peores crisis, y son los trabajadores y los más pobres los primeros en pagar las consecuencias.

El presente es muy duro, pero el futuro está abierto. Si lo que está en juego es una perspectiva emancipadora, sería poco sensato en este escenario jugarse todas las cartas en las elecciones presidenciales de 2018. Si entendemos las protestas de junio de 2013 no como un evento aislado, sino como un proceso amplio y complejo que no se ha agotado con el golpe, toca ahora reactivar el trabajo territorial —hegemonizado en los últimos años por sectores conservadores, principalmente evangélicos— y tratar de potenciar la articulación de las fuerzas sociopolíticas y los activismos emergentes.

Aquellos actores que nacieron en los años setenta y ochenta como los “nuevos personajes” que entraban en escena (Sader, 1988) —el PT, el “nuevo” sindicalismo y varios movimientos populares— hoy son vistos como sinónimo de lo “viejo”. Pero el envejecimiento no lleva a una muerte abrupta, sino agonizante. Por eso vivimos un escenario de transición. El fin del ciclo político de la redemocratización abre un escenario incierto, pero el fin de un mundo no es el fin del mundo.

CAPÍTULO 5

CRISIS Y POSIBILIDADES DE FUTURO

Entrevista especial a José Maurício Domingues29

Instituto Humanitas Unisinos: ¿Cómo interpreta usted la actual coyuntura política del país?

José Maurício Domingues: Nosotros estamos viviendo un momento obviamente muy difícil, en particular para las capas populares y para parte de las clases medias, así como para quienes tienen una visión de un país más democrático y más justo. En el fondo está el hecho de que Brasil concluyó un ciclo político democratizador que comenzó en los años setenta, con la lucha contra la dictadura militar e incluso procesos de modernización más profundos. Nuestro imaginario como país se hizo más democrático en ese proceso, la sociedad se organizó y reorganizó el sistema político, sea su lado societario, sea su lado estatal. La Constitución de 1988 fue un hito fundamental en ello.

El problema es que ese ciclo se ha agotado, es decir, los agentes, la agenda e incluso en parte las instituciones que emergieron y fueron centrales para ese ciclo se agotaron. Además de eso, el ciclo de hegemonía total del PT en la izquierda también encontró sus límites, lo que se combinó con el agotamiento del ciclo de los gobiernos petistas, con una crisis económica compleja que subyace a todo esto, el impeachment (o golpe parlamentario) y la revelación de la magnitud de la corrupción en que se basa el sistema político (con instituciones que funcionan ocultas e informalmente, pero están en jaque), el resultado del final de estos ciclos es extremadamente arduo. Es posible pensar también que en Brasil hay una crisis de proyecto más profunda para la que aún no han surgido soluciones efectivas, tal vez ni siquiera una conciencia clara de que esto pueda cuestionarse.

IHU: ¿Cuáles son las crisis que marcan la República brasileña y cómo llegamos a la actual coyuntura?

JMD: Comenzamos con una República oligárquica a fines del siglo XIX, cuya crisis se dio, en gran medida, más que por los impactos de la crisis económica iniciada en 1929, por su incapacidad para incorporar nuevos actores al sistema político estatal-formal. De ahí la revolución de 1930, que solo se resuelve en 1945, aunque solo parcialmente, seguida por el golpe militar de 1964 y la dictadura que duró hasta los años ochenta, dando una solución que intentó bloquear el proceso de democratización social que estaba en curso, sin conseguirlo, sin embargo.

La conquista de la democracia liberal en los años ochenta —democracia liberal, pero democracia, lo que no debemos de ninguna manera perder de vista— y los gobiernos que siguieron, tanto del PT como del PSDB, concluyeron el proyecto nacional que venía gestándose desde los años veinte y treinta. Si Fernando Henrique Cardoso hablaba del fin de la era Vargas, Luiz Inácio Lula da Silva pensó revivir ese proyecto. Ni uno ni otro tuvieron verdadero éxito en ese sentido, pues la sociedad rechazó el neoliberalismo, al menos en su forma abierta, sin que hubiera espacio para una vuelta a los años cuarenta y cincuenta, al contrario de lo que algunos parecen haber supuesto.

Lo que se concluyó fue el proceso de modernización conservadora que se desdobló desde los años treinta, modernizando sin cambiar en particular el peso de la gran propiedad agraria y la exclusión social, de una forma que reconoció las demandas políticas y sociales por democracia y comenzó a tratar la cuestión social. Claro, sabemos que hubo límites severos en este sentido también. Sin embargo, el proyecto de país que nos condujo, de una manera u otra, en medio de contradicciones y luchas tremendas, también se ha agotado; o sea, la idea de una nación moderna, integrada, industrial, democrática para algunos, para otros en realidad no, con un papel importante para el Estado (el liberalismo en ese sentido dio la espina dorsal de las instituciones, pero se mantuvo subordinado en la economía), con una cultura popular y también más formal que fueran expresión de ello encontró sus límites según las fórmulas en que se expresó.

Estamos caminando sin rumbo, y los neoliberales, aquellos que quieren escribir una nueva historia de aquí en adelante, creen que ha llegado su momento. Los intelectuales fueron de suma importancia para pensar el Brasil en ese largo periodo, pero, de hecho, fueron, de un lado, marginados por los partidos y los medios y, de otro, se confinaron al mundo de la universidad (son solo los neoliberales, sobre todo economistas, o los nuevos think tanks de la derecha, los que realmente se han valorado). Es necesario también cambiar eso, incluso dentro de la izquierda. Necesitamos nosotros mismos pensar esta nueva historia de Brasil que queremos hacer de aquí en adelante.

IHU: ¿Cómo la izquierda y la crisis de la izquierda se insertan en la crisis de la República?

JMD: En el marco de este proceso, las diversas izquierdas brasileñas, los comunistas, el PCB y el PCdoB, así como los trotskistas de diversos matices, los trabalhistas a la izquierda de Vargas y luego el PDT, el pequeño PSB, posteriormente el PT, la izquierda católica pos-Concilio Vaticano II, por hablar solamente de los más importantes, así como corrientes sociales que, sin tener necesariamente influencia directa en los partidos, encarnaron el lado democratizador de ese proceso amplio de modernización (aunque varias de esas corrientes tuvieran una relación ambigua con la democracia, rechazando su versión liberal en nombre de regímenes autoritarios que equivocadamente se suponían democratizadores).

Finalmente, sus sectores mayoritarios impulsaron un proceso en que, en alianza con los sectores liberales democráticos, de centro o más a la izquierda, por primera vez conseguimos construir un sistema democrático estable en el país. Desgraciadamente, el PT manejó mal su hegemonía y se acomodó demasiado en el Gobierno. Las razones de ello tienen tanto que ver con el partido en sí —con una autosuficiencia y arrogancia espantosas— como con una incapacidad para avanzar en innovaciones que él mismo había introducido. Si el PCB descubrió y afirmó por primera vez en la izquierda la cuestión democrática como el eje de la lucha política, incluso en la perspectiva de la construcción del socialismo, el PT extendió esto a una visión “basista”, en la que la cuestión democrática tenía que ser tratada de abajo hacia arriba. Esto fue progresivamente abandonado, instalándose una brutal apariencia y celos del partido en relación a cualquier cosa en la izquierda que escapara a su control (con excepción de su fiel aliado, el PCdoB).

Además, para sorpresa general, la cuestión nacional y el desarrollo, con una alianza esdrújula y en gran medida espuria, marcada por la corrupción, con sectores nacionales de la burguesía, acabaron volviéndose centrales de forma improvisada. Estos eran temas originalmente fundamentales para el PCB, con la cuestión nacional finalmente subordinada a la cuestión democrática, mientras al PCdoB le ocurrió exactamente lo contrario. Para empeorar las cosas, el PT, tan plural en su formación y orgulloso de su poder de movilización popular y democrática, transformó a Lula en una especie de Vargas aggiornato, llegando a una samba de una sola nota. El resultado es, desde mi punto de vista, desastroso. Hemos quedado incluso sin líneas de defensa razonables frente a los avances de la derecha, aunque, afortunadamente, la población rechaza las reformas neoliberales de Temer, lo que los está conteniendo un poco.

IHU: Algunos sociólogos evalúan que la crisis de la izquierda es generalizada en todo el mundo. Haciendo una retrospectiva del discurso y de la actuación global de la izquierda, especialmente en los siglos XIX y XX, ¿cómo evalúa el momento por el que pasa la izquierda en el mundo? En ese sentido, ¿la crisis de la izquierda mundial puede ser explicada por los mismos síntomas de la crisis de la izquierda brasileña o viceversa?

JMD: Sin duda la izquierda se enfrenta hoy en todo el mundo a una situación muy compleja. No tiene proyecto claro de futuro, a menos que se considere que lo que pasa en China tiene carácter democratizador y socialista, cuando en realidad se trata solo del triunfo del aspecto nacionalista de la Revolución china y una versión particular de desarrollo capitalista. En Occidente la izquierda está bastante perdida. La experiencia de Portugal muestra una unidad construida sin que las distintas fuerzas involucradas pierdan su identidad. Puede funcionar, aunque tímidamente. Por otro lado, el giro interno del Partido Laborista inglés nos muestra que hay deseo y espacio para participar, aunque eso es solo un retorno a un proyecto socialdemócrata (al igual que Sanders en Estados Unidos). En Rusia la izquierda es muy débil; en Francia, aunque se aparente lo contrario, la situación es dramática, mientras que en Italia ni se puede plantear la cuestión; el Podemos español perdió su oportunidad, en parte por querer ser centro e izquierda. Esto por hablar solamente de países en que la izquierda tuvo mucha fuerza.

Realmente, hay una ofensiva global neoliberal, pero sobre todo la izquierda perdió su imaginación, sea para reformas moderadas, sea para un proyecto de transformación más incisivo. Y hubo una “estatalización” de los partidos cuando estuvieron en el poder, especialmente los socialdemócratas, hoy bien adaptados al neoliberalismo. Ya los proyectos comunistas (también en sus versiones maoístas o castristas, altamente personalistas y que se combinaron con otras tradiciones nacionales) radicalizaron este estatismo. En América Latina comenzamos bien el milenio, con el “giro a la izquierda” y mucho dinero para gastar debido al boom de las materias primas. Sin embargo, a pesar de ciertas conquistas, que espero que perduren, la mayor parte de ese esfuerzo fue mal dirigido. En gran medida, creo, porque la cuestión democrática fue secundada y volvemos a discursos y proyectos que ya en los años ochenta estaban totalmente desfasados, lo que es claro en el caso brasileño.

IHU: Con respecto a la trayectoria de la izquierda en los últimos dos siglos, ¿cuáles diría que fueron las principales pautas y cambios que se destacaron a lo largo de su actuación?

JMD: Fueron varias las izquierdas que actuaron en ese largo periodo al que usted se refiere, y seguirán siendo plurales en el futuro. Ellas se fueron adaptando, más sabiamente o a trompicones, dependiendo de países y coyunturas, a las cuestiones que la vida social y las movilizaciones de los movimientos traían a colación. Igualdad, libertad, democracia, pluralismo, nacionalismo, desarrollo, medio ambiente, cuestiones identitarias, cuestiones de la(s) sexualidad(es), la izquierda interpeló todo esto. Algunas veces de manera más conservadora y con un reformismo muy limitado, otras de manera autoritaria, a pesar de sus creencias sobre sí misma; pero siempre tratando de cumplir las promesas que la modernidad nos hizo y no puede llevar a cabo, debido a estar atravesada por diversos sistemas de desigualdad y dominación.

Las izquierdas intentaron cumplir entonces la promesa de que todos podríamos emanciparnos, que seríamos libres y tendríamos el mismo poder social. Si bien es cierto que rápidamente los cuadros políticos o sindicales, en particular, a menudo se hayan creído más iguales que otros. Este amplio esfuerzo emancipatorio tiene que ser retomado, con más confianza en el desarrollo autónomo de la sociedad, con respeto a la dinámica de las fuerzas políticas que no se reconocen y muchas veces incluso rechazan a los partidos políticos.

Es evidente que sin jerarquías de algún tipo —por más reducidas y transitorias que sean—, sin organizaciones estables, es imposible construir una alternativa; no es aceptable su celebración acrítica, ni es admisible la denuncia de cualquier divergencia, como se ve todavía en América Latina —en Brasil, en Bolivia, en Venezuela—, como traición, quinta columna o cualquier cosa que el nacional-estalinismo sugiera. Además, no hace mucho tiempo que la izquierda descubrió la cuestión ambiental y la necesidad de repensar el desarrollo, sin contraponerlo al consumo popular.

La cuestión democrática es decisiva, además, porque hay globalmente una tendencia a la consolidación de una oligarquía liberal avanzada, de otro tipo, capaz de convivir con elecciones e incluso protestas, especialmente en países en los que el capitalismo y el liberalismo son hegemónicos. Ella también está en vías de desarrollo entre nosotros, aunque con más dificultades. Obviamente, es fundamental rechazar decididamente las prácticas neopatrimonialistas que testificamos en los últimos tiempos, que falsifican la voluntad política popular. Por último, la búsqueda de otro tipo de desarrollo tiene que ser abrazada con determinación, por razones sustantivas y estratégicas.

IHU: ¿Qué respuestas a la izquierda puede ofrecer más allá del social liberalismo y del neodesarrollismo?

JMD: Los derechos universales que impliquen la desmercantilización de la fuerza de trabajo son cruciales también: salud, educación, cultura, así como la expansión de una política fuerte y sostenida de renta mínima, al lado del cambio en la lógica de los impuestos en Brasil para que se apliquen de forma progresiva, al contrario de lo que ocurre hoy. La Bolsa Familia no fue inventada en Brasil, y en sí tiene un corte social liberal que es la cara más avanzada del neoliberalismo, a pesar de una mayor flexibilidad y el alcance acertado del programa bajo Lula y Rousseff.

Es necesario avanzar y cambiar la lógica del programa a medio plazo, transformándolo, más allá del combate a la pobreza, en un impuesto de renta negativo y garantizando una renta mínima, lo que significa otorgarle una lógica colectivista que no abarque solamente a los miserables, sin discriminar a quien quiere seguir solo su camino. Obviamente las elecciones individuales de sexualidad y género tienen que ser respetadas, sin dejar de lado el diálogo con aquellos que se sienten incómodos con eso. Incluso con los que se oponen frontalmente a ello es necesario forzar la discusión, de modo que tengan que justificarse ante la población.

Relanzar la integración latinoamericana es importante, pero buscando un complemento real de nuestras economías, pues ayuda poco integrar cuando todos tenemos solamente productos primarios para exportar. Internacionalmente las respuestas se refieren, por supuesto, a la trayectoria de cada país, muy variadas, pero el control sobre el capital financiero es inaplazable, ya sea vía tasa Tobin u otra medida de este tipo. Y, como decía, la cuestión democrática es decisiva, en términos de una democracia radical y de masas, con instituciones que el Estado no pueda controlar, aunque la izquierda tenga que colonizarlo y democratizarlo. Se trata de una democracia que incorpore las conquistas del liberalismo sin detenerse en ellas.

Solo así podremos volver a pensar en controlar las grandes corporaciones globales, y finalmente pensar de nuevo en socialismo de verdad, que a estas alturas está, se diga o no, fuera de la agenda concreta que podemos abrazar, pues esas corporaciones atraviesan fronteras y son muy poderosas en todos los planos, especialmente el tecnológico. Al lado de eso es fundamental avanzar con la cuestión del desarrollo sostenible, sea llamándolo así o de otra forma, para proyectar a medio y largo plazo un nuevo tipo de civilización en que la desmercantilización de la naturaleza se combine con la desmercantilización de las relaciones sociales, sin creer por otro lado que vamos a descartar totalmente el mercado, que puede tener otro significado si se inserta en un cuadro general diferente.

IHU: Ante la actual coyuntura, ¿cuáles diría que son los desafíos de la izquierda brasileña? En ese sentido, ¿percibe una disputa entre diversos sectores a la izquierda para ocupar el espacio que hasta ahora fue ocupado por el PT? ¿Cuáles son estos grupos y cómo se están articulando en este momento?

JMD: La izquierda brasileña se encuentra muy fragmentada. Es probable que no le vaya muy bien en las próximas elecciones, pero también dentro de ella las correlaciones de fuerza deben cambiar. El PT va a sufrir bastante, su suerte es incluso incierta, el PSOL debe crecer, pero necesita una visión estratégica, el PCdoB intentará sostenerse, la REDE, compuesta por sectores de centro y centroizquierda, también debe avanzar, PDT y PSB tienen trayectorias más complicadas y heterogéneas, pero este último debe crecer. Todo depende mucho de las candidaturas presidenciales. Además, hay una izquierda social hoy bastante diferente de la de los años ochenta y noventa, bastante autonomista y, al parecer, renaciendo en las periferias de las grandes ciudades, que anda medio quieta pero subsiste y debe reemerger en algún momento.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) es una fuerza importante que creció en la última década. En particular es muy bueno que los jóvenes se estén movilizando tanto. Esta pluralidad en sí es positiva, lo que necesitamos, a medio plazo al menos, es descubrir cómo imitamos a nuestra manera la geringonça portuguesa, o va a ser difícil avanzar. El PT, hasta ayer al menos, intentaba aliarse de nuevo a, como mínimo, algunos sectores del PMDB, lo que se justificó en momentos anteriores, aunque no de la forma en que se hizo. A estas alturas, sin embargo, eso ya no lleva a ningún lugar y tampoco resulta posible. En este caso probablemente el PT va a terminar aislado. Aunque es razonable que quieran construirse ahora y se esfuercen por tener una identidad clara, otras fuerzas, como el PSOL, tendrán que abrirse a alianzas, de lo contrario cultivarán también el aislamiento. Tal vez tengamos que pasar por una reorganización más adelante, pero una visión estratégica es imprescindible.

IHU: ¿Qué aspectos fundamentales deberían componer una agenda a la izquierda para el Brasil de hoy?

JMD: Creo que las izquierdas tienen que tener claro que bloquear y revertir los avances recientes del neoliberalismo es importante, aunque nada fácil, pero que ellas necesitan tener un programa más amplio, a medio plazo. Este debe ser vincular la lucha por los derechos individuales y sociales a otro tipo de desarrollo, a una profundización de la democracia, incluso el combate a la corrupción, fuera y dentro de todas las instancias del Estado. Si eso está bien definido y es públicamente discutido, ellas pueden incluso aliarse a fuerzas más al centro, con un cumplimiento parcial de ese programa, sin querer ser en este momento las principales protagonistas, pues no tendrán fuerza para tanto. Tenemos que tener en cuenta que hay una tendencia global al fortalecimiento de un nuevo tipo de oligarquía liberal, que tiene su propia versión entre nosotros. Es posible, además, apoyar parcialmente un Gobierno sin formar parte de él. Se necesita inteligencia y flexibilidad, sin ceder con programas y principios. Lo que no podemos es perseverar en en esta actitud meramente reactiva y ruidosa (en realidad parte de las izquierdas anda medio histérica desde el golpe).

Y necesitamos volver a tener una alianza progresista entre los sectores populares y una gran parte de la clase media, que nada tiene de fascista, tontería que se oyó en varios momentos en versiones variadas. No basta con citar a Gramsci y hacer lo contrario de lo que proponía: necesitamos construir hegemonía, tener un proyecto con contornos más claros y generosos, contemporáneos también, por otro lado. De lo contrario no convenceremos a nadie.

IHU: ¿Qué futuro vislumbra para Brasil? ¿Es posible percibir alguna perspectiva política para 2018?

JMD: Muchos esperan una polarización izquierda-derecha en 2018. Puedo estar equivocado, pero creo que eso no ocurrirá. En primer lugar, tendremos una gran fragmentación de candidaturas, pero Brasil, por su tamaño, por cierta inercia social, por cierta mentalidad, es un país en el que el centro tiene siempre un peso muy grande. En las últimas elecciones un nuevo centro —REDE, PSB, etc.—, diferente del PMDB, emergió, sin lograr superar la polarización entre PT y PSDB. Esta polarización se ha agotado y creo que este nuevo centro tiene más posibilidades de consolidarse ahora. ¿Qué características tendrá y con quién preferentemente se alineará? Todavía está abierto. Es ahí donde las izquierdas, sobre todo las partidarias, tienen que jugar sus cartas, ayudándolo a constituirse y atraerlo hacia su lado. Construir hegemonía es saber interpelar a las fuerzas sociales y políticas que pueden participar, en diversos momentos concretos, de proyectos y procesos transformadores.

IHU: De manera más amplia, ¿cómo se inserta Brasil en la geopolítica internacional y cuáles son los principales desafíos que se plantean al país en ese sentido?

JMD: Brasil es un país latinoamericano, de un liberalismo templado hasta hoy por un proyecto de cohesión capitaneado por el Estado. Se encuentra en parte en la órbita de los Estados Unidos, pero tiene tamaño y recursos, cierta capacidad de autonomía en el escenario internacional y un potencial de liderazgo, aunque su economía está retrocediendo por la desindustrialización sin avances tecnológicos reales. A pesar de sus muchos errores, la política internacional fue un área en la que los gobiernos de Lula acertaron mucho. Había grandes cuadros conduciendo la nave. Es necesario retomar ese proyecto, pero aclarando aspectos que quedaron un poco equívocos y acabaron generando buena parte de los problemas que el PT y el país afrontan hoy. Primero, necesitamos integrar más profundamente las economías latinoamericanas; Brasil tiene un papel crucial, económico y tecnológico en ello, haciéndolas más complementarias, pero no somos ni seremos China, porque no hemos hecho una revolución nacional ni tenemos un Estado no liberal como el suyo. No se puede pensar a partir de ahí. En fin, si somos grandes, somos BRICS, tenemos potencial y pudimos ya ejercer cierto liderazgo, la izquierda debería apostar por una transformación global hacia otro tipo de desarrollo, equilibrado, justo, integrado al medio ambiente y pacificador del mundo.

IHU: ¿Desea añadir algo?

JMD: Sí; la situación está difícil ahora, y puede que continúe. Pero no hay mal que dure para siempre. O al menos no está escrito que continuará. Depende de nosotros si esto va a suceder o no. Podemos cambiarlo si nos abrimos a lo nuevo y apostamos democráticamente por la creatividad de todos.

CAPÍTULO 6

El asesinato de Marielle Franco y el futuro de Brasil: esperanza o barbarie

El asesinato de la concejala Marielle Franco el día 14 de marzo de 2018 ha generado una profunda conmoción en Brasil, que también se ha extendido a otros lugares de América Latina y del mundo. No es para menos. Se trata de un cruel crimen político contra una de las principales figuras de la nueva izquierda brasileña en un momento en el que Río de Janeiro vive un auténtico desgobierno y Brasil pasa por un preocupante retroceso democrático.

Marielle nació en Maré, uno de los mayores conjuntos de favelas de Río de Janeiro, donde viven aproximadamente 130.000 personas. Allí creció, vivió y convivió con constantes violaciones de derechos humanos, con intimidaciones, con disparos y con la impunidad de quienes los perpetran. Fue madre muy joven y eso le llevó a luchar por el derecho de las mujeres, principalmente de las mujeres negras y faveladas. Le costó mucho seguir una educación formal pero, contrariando las estadísticas, llegó a ser estudiante de posgrado, lo que la movió a luchar por la educación pública de calidad y por la democratización de la universidad. Perdió a seres queridos, entre ellos a una amiga, víctima de una bala perdida en 2005 por un tiroteo entre policías y narcotraficantes. Este acontecimiento, a su vez, la convirtió en una incansable luchadora de los derechos humanos, incluyendo los más básicos: el derecho a ir y venir y el derecho a existir, diariamente vulnerados en Río y marcados por indicadores muy claros de clase, raza, género y opción sexual.

Pero, a diferencia de lo que le pasara años atrás a su amiga, los disparos que les quitaron la vida a Marielle y a Anderson Gomes, el conductor del coche en el que iba, tenían un objetivo muy claro. Fueron deliberadamente dirigidos a una mujer, negra y favelada que, en 2006, ingresó en el recién fundado Partido Socialismo y Libertad (PSOL) para participar en la campaña a diputado de Marcelo Freixo y que, en 2016, diez años después, fue elegida concejala en Río de Janeiro con la expresiva cifra de más de 46.000 votos, siendo la quinta candidata más votada. La visibilidad pública de Marielle era creciente. Molestaba a los poderes instituidos y paralelos y era una de las voces más activas en la denuncia de la intervención militar federal en Río de Janeiro, instituida a mediados de febrero por el gobierno golpista de Michel Temer. De hecho, a finales de febrero Marielle había sido nombrada relatora de la comisión creada en la Cámara Municipal de Río de Janeiro para acompañar la intervención federal en Río y valorar sus resultados. Días antes de ser asesinada había denunciado la actuación de la Policía Militar en la favela de Acari y se preguntaba en su cuenta de Facebook: “¿Cuántos más tendrán que morir para que acabe esa guerra?”.

La noticia generó una secuencia de sentimientos superpuestos en gran parte de la población brasileña: el shock, el dolor, la incredulidad, la indignación, la rabia. Junto al mar de lágrimas vinieron los cánticos, la catarsis, los abrazos largos y fuertes, los puños bien cerrados y, por fin, los gritos. Gritos que salieron de las entrañas de miles de brasileñas y brasileños y que tuvieron eco en diversas ciudades en multitudinarias manifestaciones. Gritos que pedían justicia y multiplicaban las convicciones y luchas de Marielle por los derechos humanos, la voz de las favelas y de las mujeres, el combate al racismo y la desmilitarización de la Policía.

Según los datos del Monitor de la Violencia, hubo en 2017 en Brasil 4.473 homicidios dolosos de mujeres. A la vez, el Atlas de la violencia 2017, publicado por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), alerta que los jóvenes negros y con baja escolaridad son las principales víctimas de muertes violentas en el país. De cada 100 personas asesinadas en Brasil, 71 son negras. Si ponemos el foco en los activistas de derechos humanos, Amnistía Internacional, en su Informe 2017/2018, denuncia el incremento de los excesos policiales, el aumento de la violencia y de los homicidios, los reveses legislativos en propuestas que suponen amenazas frontales a los derechos y el ascenso de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.

La ejecución de Marielle aumenta tristemente esas cifras, pero no puede ser vista como una cifra más. Tiene un simbolismo enorme por lo que ella combatía, representaba y visibilizaba. Y también por la posición política que ocupaba, habitualmente negada a las jóvenes, a las negras, a la población pobre y periférica, a las feministas. Por lo tanto, dimensionar los alcances y significados de su trágico asesinato nos lleva a ubicarlo en el actual momento político vivido en Río de Janeiro y en Brasil. Más allá del inmenso dolor de amigos, colegas, compañeros y familia, un crimen político debe ser examinado mirando al escenario político.

Crisis, polarización y resistencias en Río de Janeiro y en Brasil

Desde hace unos años Brasil —así como varios países del mundo— vive una polarización política que simplifica profundamente la realidad social, oculta los verdaderos (y urgentes) problemas existentes y restringe las posibilidades de apertura a nuevas fuerzas políticas transformadoras. Toda polarización, al oponer dos campos o polos que se presentan como opuestos, congela la realidad social entre dos prácticas, discursos e imaginarios enfrentados, dejando fuera de esta ecuación a todos aquellos actores, fuerzas y miradas que no se identifican con la dinámica polarizada. A diferencia de momentos previos en la transición y en la consolidación de los órdenes mundiales (pensemos, por ejemplo, en la guerra fría), la polarización política de hoy se produce entre fuerzas sistémicas, es decir, entre actores y posiciones que no contestan el capitalismo y que, a pesar de diversas, no apuntan hacia la ruptura del degradado sistema, sino que aprovechan sus múltiples crisis (económica, política, ecológica, entre otras) para reacomodarse, fortalecerse o, en el mejor de los casos, generar algunas brechas de reforma y de defensa de derechos históricamente conquistados.

En el caso de Brasil, los últimos cinco años han estado marcados, tras las multitudinarias y heterogéneas protestas de 2013, por un encadenamiento complejo de acontecimientos y personajes muy distantes de una lógica meramente causal o lineal. La apertura societaria producida en ese momento, analizada en profundidad en el capítulo 4, llevó a una disputa intensa por los sentidos de los rumbos de la política brasileña y a la progresiva construcción de una polarización que se intensificó con el escenario electoral de 2014 y se radicalizó en 2015. Aunque Dilma logró ganar las elecciones presidenciales, el congreso nacional elegido fue el más conservador de la historia de Brasil desde el golpe de 1964, y el Partido de los Trabajadores fue perdiendo su base aliada previa en el ejecutivo. El clima de inestabilidad política también fue alimentado en las redes sociales y en las calles, con la creación de movimientos de derecha que pasaron a convocar movilizaciones y a potenciar una disputa de valores morales y de políticas sociales y económicas. La derecha, aunque lejos de ser uniforme, se unificó en el antipetismo y en el discurso contra la corrupción hasta lograr la destitución de la presidenta Dilma. El golpe se consumó, como ya hemos visto, sin pruebas convincentes, pero avalado por el procedimiento del impeachment y por la complicidad de parlamentarios de diferentes signos, el poder judicial e importantes grupos empresariales, financieros y mediáticos.

El Partido de los Trabajadores y todo su campo político, a su vez, se pusieron a la defensiva. Mirando solo las conquistas de sus gobiernos sin autocrítica de los errores, buscaron tanto denunciar el avance conversador como monopolizar los sectores progresistas, acusando a cualquier disidencia de hacerle el juego a la derecha. La polarización estaba así delineada y entre sus resultados, no siempre recordados, se encuentran el bloqueo, la represión, la invisibilización y la infantilización de las fuerzas democratizadoras y de cambio que emergieron en el país durante los últimos años y que representaban el campo más crítico y emancipatorio de las protestas de 2013.

Con las izquierdas fragmentadas, y sin mayores agendas unificadoras que el “fuera Temer”, el Gobierno ilegítimo e impopular de Michel Temer avanzó con una agenda de retirada de derechos sociales y laborales a partir de un conjunto de políticas privatizadoras, de recortes y de austeridad. El discurso del “orden” y la “excepcionalidad” fue reforzado como justificativa para acciones que pasaron a sentirse rápidamente entre los trabajadores, las mujeres y los más pobres, siempre los primeros en pagar las consecuencias de la crisis, pero que se extendió rápidamente también a amplios sectores de la sociedad, incluyendo un fuerte acoso y criminalización de todas las voces críticas.

De manera paralela a las turbulencias nacionales, el estado de Río de Janeiro pasó a vivir una propia pesadilla. Tras una década de despilfarro y de megalomanía que pretendía proyectar a Río de Janeiro en el escenario global con megaeventos, la ciudad empezó a pagar los precios de una irresponsable gestión y de sus debilidades históricas y estructurales. Afectada por la desindustrialización y por la excesiva dependencia del petróleo, Río comenzó a sufrir el endeudamiento generado por recibir el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, la ausencia de cualquier tipo de planificación y la corrupción endémica, que llevó a Sergio Cabral, gobernador entre 2007 y 2014, a la cárcel.

Las ruinas olímpicas fueron bastante prematuras, como argumentó Cavalcanti (2017), y empezaron a aparecer incluso antes del fin de los Juegos. La solución presentada por el Gobierno de Río, basada en una política de austeridad y recortes, encuadra el problema como técnico y de gestión y para intentar resolverlo se alinea de manera subordinada y dependiente al Gobierno federal.

En medio de este convulso escenario, la candidatura de Marielle emergió en 2016 como un soplo de aire fresco. Involucró a centenas de personas que, decepcionadas con los rumbos de la política, se ilusionaron con y junto a Marielle. El proceso de construcción de su campaña demostró una apertura, un tránsito y una sensibilidad poco habituales, generando conexión, empatía y un fortalecimiento no solo de Marielle como figura pública, sino principalmente de las luchas colectivas en las que se insertaba. Con el arrollador resultado electoral, llevó oxígeno a las instituciones, sin apartarse de las calles.

Se puso al lado de las huelgas y de las luchas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), cuyos funcionarios estuvimos meses sin recibir nuestros sueldos y sufrimos hasta hoy las consecuencias de la irresponsable política del Estado que vilipendia la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Apoyó las reivindicaciones por la movilidad urbana, por las guarderías y contra el desmantelamiento de la educación infantil pública. Pero, sobre todo, vivió y contribuyó para el ascenso del movimiento feminista y LGBT en Río de Janeiro en los últimos años, para el fortalecimiento del movimiento negro y para la lucha de las favelas. Se empeñó en visibilizar el lugar de la mujer negra en una sociedad racista y machista, en revalorizar la ancestralidad, la memoria y la cultura negra, y en luchar contra los desalojos y los continuos abusos de autoridad.

Fue una de las concejalas más proactivas en el primer año de legislatura de la Cámara Municipal de Río de Janeiro y su gestión estuvo marcada por la construcción colectiva, la transparencia, la escucha activa y por el intento de generar acciones e iniciativas creativas vinculadas a los movimientos sociales y a sus principales banderas de lucha. Y todo ello en un momento de fragmentación de las izquierdas y de profunda tensión en Río y en el país.

Tras el asesinato de Marielle Franco: disputas, sentidos y legado

El asesinato de Marielle ocurre en un momento en el que Brasil vive ante la eminencia de la posible detención del expresidente Lula da Silva, tras un largo proceso de persecución judicial, y también ante diversos movimientos electorales ya volcados hacia la carrera presidencial, prevista para octubre de 2018. Si bien la posible condena a Lula y las elecciones generales son dos escenarios que tienden a fortalecer la polarización, este atentado político sin precedentes abre nuevas incógnitas: ¿quiénes la mataron y por qué? ¿Se producirá un fortalecimiento de la intervención militar en Río de Janeiro o, por el contrario, lograremos desacreditarla como una farsa? ¿Lograrán las elites racistas y machistas aprovecharse del clima hostil y de la polarización actual para fortalecer los habituales estereotipos sobre los favelados como forma de intentar quitarle el peso político que tiene Marielle y su asesinato? ¿Habrá una revitalización de la voz de las favelas y de la izquierda más autonomista y anticapitalista que no se encaja en la polarización? ¿Se fortalecerá el diálogo y la transversalidad tan necesaria para las fuerzas progresistas con diferente sensibilidad en Brasil? Independientemente de las respuestas, el legado de Marielle y las repercusiones inmediatas de su partida simbolizan, a la vez, lo peor y lo mejor de la sociedad brasileña actual. Aunque el dolor todavía impide reacciones más articuladas, una auténtica disputa de narrativas empieza a ser construida.

Por un lado, es alarmante la multiplicación del odio, la desconfianza hacia las instituciones, el miedo, la militarización de la seguridad pública, la impunidad y la violación de derechos en una verdadera escalada autoritaria. En las redes sociales, comentarios de desprecio son vertidos, mientras algunos periodistas, políticos y otros oportunistas tratan de aprovechar el asesinato de Marielle para justificar la necesidad de más policía y de mayor militarización. Otros, como Michel Temer, califican su muerte, de forma cínica, como un “atentado a la democracia”. Pero no nos engañemos: i) las balas que mataron a Marielle provienen de la promiscuidad existente entre la Policía, las milicias de poderes paralelos y el Estado; ii) la experiencia histórica nos muestra que las intervenciones militares no solucionaron nunca el problema de la seguridad pública en Río de Janeiro; iii) Brasil hoy no se parece en nada a un régimen democrático.

Sin embargo, por otro lado, el asesinato de Marielle también destapó la solidaridad, el orgullo de la favela, la voz de las mujeres negras y de jóvenes con ganas de cambio. En definitiva, llamó la atención a un Brasil que no se reconoce en las atrocidades de la barbarie ni en la maniobras del golpismo, pero tampoco en la reducción que implica la polarización. Ante ello, es fundamental abrirse siempre a lo nuevo, como la propia Marielle proponía en un artículo publicado a principios de este año en la edición brasileña de Le Monde Diplomatique (Franco, 2018).

Muchos han dicho en los últimos días que Marielle era una joven promesa. Se equivocan. Ya era realidad. En un momento de profunda crisis de la representación en Brasil y en el mundo, Marielle sí representa a las mujeres, a las negras, a las lesbianas, a las defensoras de derechos humanos y a tantos otros que creen en otras posibilidades de construcción de la política. Representaba a aquellos que habitualmente critican la representación política formal, pero que en ella encontraron no solo autoidentificación, empatía, reconocimiento y simbolismo, sino, principalmente, una ruptura de la distancia entre representante y representado.

Tras la muerte de Marielle se volvió a escuchar en las calles de Río y de otros lugares de Brasil eslóganes que estaban muy vinculados a los momentos iniciales de las protestas de junio de 2013, como, por ejemplo: “No ha acabado. Tiene que acabar. Quiero el fin de la Policía Militar”. Las voces más críticas de la sociedad brasileña y las fuerzas invisibilizadas, pero latentes, de 2013 volvieron a las calles. No sabemos si de forma duradera. No sabemos todavía con qué fuerza. Pero hay mucho en juego. Muchas vidas y todo un futuro. De ahí que sea fundamental una investigación imparcial, una amplia solidaridad de los movimientos populares de todo el mundo y un acompañamiento cuidadoso de la comunidad internacional que no se restrinja a estos primeros días posteriores al desenlace fatal de la vida de Marielle.

En una ciudad como Río de Janeiro, habitualmente definida como “ciudad partida”, donde suelen primar las rígidas fronteras (culturales, económicas, epistémicas, geográficas y sociales) que separan mundos, Marielle fue un puente. Un puente que vinculó las favelas periféricas (como la suya de origen) a la Zona Sur de Río (donde se concentran los símbolos turísticos y los privilegios), derrumbando los muros de las vergüenzas, que no son solo simbólicos y metafóricos, sino también materiales, como el que separa el conjunto de la favela de Maré de la carretera que lleva al aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Un puente que buscó también asociar el movimiento negro al movimiento feminista y viceversa, tratando no solo de afianzar el feminismo negro, sino de aceptar y respetar las diferencias y la pluralidad de visiones de campos cercanos, pero distintos, de luchas.

Un puente que peleó para que las instituciones no estuviesen alejadas ni de las personas ni de las calles, retroalimentando acciones, ideas y propuestas para que, por su parte, los movimientos no viesen a las instituciones como espacios ajenos, sino como locus de disputa donde también hay que estar presente. Un puente que, finalmente, conectó el activismo y la investigación, ya que Marielle no solo era concejala y militante, sino también socióloga. Pero no separaba totalmente esos dos espacios, como tampoco aislaba los mundos antes mencionados. Era una investigadora militante, que escribió su tesina de maestría sobre cómo las políticas públicas de seguridad —como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Río de Janeiro— en vez de ofrecer una solución, acabaron reforzando el Estado penal integrado al proyecto neoliberal. Creía que la universidad sería más viva y democrática si se acercara a la militancia y que, a la vez, la militancia sería más potente si en vez de reproducir frases hechas y encerrarse en dogmas se tornara más reflexiva.

Así era Marielle. O mejor. Marielle no era. Marielle es. Marielle será: un puente, cuyas estructuras no se abalarán con disparos. Que se multiplicará, en su memoria y en la de tantas otras luchadoras, más o menos anónimas, tejiendo afectos, caminos y luchas. Puentes de esperanza contra la barbarie instalada en Brasil. ¡Marielle presente!

Bibliografía

Almeida, F. (2010): A nobreza togada: as elites jurídicas e a política da justiça no Brasil, Tesis de Doctorado en Sociología, Universidad de San Paulo.

— (2014a): “As elites da justiça: instituições, profissões e poder na política da justiça brasileira”, Revista de Sociologia e política, 22 (52).

— (2014b): O que saber dos evangélicos e a política no Brasil, Curitiba, Prismas.

Alonso, A. y Mische, A. (2016): “Changing repertoires and partisan ambivalence in the new Brazilian Protests”, Bulletin of Latin American Research, pp. 1-16.

Aragão, E. (2016): “Sobre a honestidade de quem critica a Lavo-Jato”, Blog de Marcelo Auler. [Disponible en http://www.marceloauler.com.br/de-eugenio-aragao-a-rodrigo-janot-amigo-nao-trai-amigo-e-critico-sem-machucar-amigo-e-solidario/].

Arantes, R. (2002): Ministério Público e política no Brasil, San Paulo, Sumaré- EDUSC.

— (2010): “The Federal Police and the Ministério Público”, en T. Power y M. Taylor (comps.), Corruption and Democracy in Brazil, Notre Dame, University of Notre Press.

— (2016): “Protagonismo da Justiça deslocou centro gravitacional da democracia brasileira”, El País Brasil, 24/09/2016. [Disponible en http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/16/politica/1474061979_483659.html].

Bava, S. (2016): “Onda conversadora”, Le Monde Diplomatique Brasil, 111. [Disponible en http://diplomatique.org.br/editorial.php?edicao=112].

Bianchi, A. (2016): “O que é um golpe de Estado?”, Blog Junho, 26/03/2016. [Disponible en http://blogjunho.com.br/o-que-e-um-golpe-de-estado/].

Boito, A. (2006): “A burguesia no governo Lula”, en E. Basualdo y E. Arceo (comps.), Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales, Buenos Aires, CLACSO.

Braudel, F. (1981): Civilizations and capitalism, 15th to 18th century, Londres, Harper and Row.

Bringel, B. (2009): “O futuro anterior: continuidades e rupturas nos movimentos estudantis do Brasil”, Revista Eccos, 11, pp. 97-121.

— (2013): “Miopias, sentidos e tendências do levante brasileiro de 2013”, Insight Inteligência, julio-septiembre, pp. 43-51.

— (2017): “Movimientos sociales y la nueva geopolítica de la indignación global”, en B. Bringel y G. Pleyers (eds.), Protesta e Indignación Global. Los movimientos sociales en el nuevo orden mundial, Buenos Aires, CLACSO, pp. 29-36.

Bringel, B. y Domingues, J. (eds.) (2015): Global Modernity and Social Contestation, California-Londres, Sage.

Bringel, B. y Echart, E. (2010): “De Seattle a Copenhague (con escala en la Amazonia): o del movimiento antiglobalización al nuevo activismo transnacional”, en P. Ibarra y E. Grau (eds.), Jóvenes en la Red. Anuario de Movimientos Sociales 2010, Barcelona, Icaria, pp. 191-201.

Bringel, B. y Pleyers, G. (2015): “Junho de 2013… dois anos depois: polarização, impactos e reconfiguração do ativismo no Brasil”, Nueva Sociedad, pp. 4-27.

Canário, P. (2015): “‘Caminhamos a passos largos para a common law’, afirma Teori Zavascki”, Consultor Jurídico, 10/11/2015. [Disponible en http://www.conjur.com.br/2015-nov-10/caminhamos-passos-largos-common-law-teori-zavascki].

Cavalcanti, M. (2017): “Rio’s Olympic Ruins”, Open Democracy / Open Movements, 21/08/2017. [Disponible en https://www.opendemocracy.net/mariana-cavalcanti/rio-s-olympic-ruins].

Domingues, J. ([2008a] 2009): La modernidad contemporánea en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI y CLACSO.

— (2008b): “Patrimonialismo e neopatrimonialismo”, en L. Avritzer et al. (comp.), Dicionário analítico da corrupção, Belo Horizonte, Editora UFMG.

— (2015): O Brasil entre o presente e o futuro: conjuntura interna e inserção internacional, Río de Janeiro, Mauad, 2ª edición.

— ([2016] 2017): “Critical Social Theory and Developmental Trends, Emancipation and Late Communism”, Emancipation and History: The Return of Social Theory. Leiden, Brill.

Estado de São Paulo (2016): “Janot troca parte da equipe da Lava Jato em Brasília”, 01/10/2016. [Disponible en http://politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/troca-de-investigadores-causa-estranheza/].

— (2016): “Janot designa Bonifacio de Andrada ligado ao psdb como vice procurador geral”, 09/09/2016. [Disponible en http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,janot-designa-bonifacio-de-andrada-ligado-ao-psdb-como-vice-procurador-geral,10000074937].

— (2016): “Corte de salarios economizaría 10 bilhoes”, 14/02/2016. [Disponible en http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,corte-de-salarios-economizaria-r-10-bilhoes,100000 16206].

Franco, M. (2018): “O novo sempre vem”, Le Monde Diplomatique Brasil, 08/01/2018.

Gadelha, C. (2016): “Política industrial, desenvolvimento e os grandes desafios nacionais”, en H. Lastres, J. Cassiolato, G. Laplane y F. Sarti (comps.), O futuro do desenvolvimento, Campinas, Editora Unicamp.

Gentili, P. (ed.) (2016): Golpe en Brasil: genealogía de una farsa, Buenos Aires, CLACSO.

Gohn, M. (1982): Reivindicações populares urbanas, San Paulo, Cortez.

— (2006 [1997]): Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporaneous, San Paulo, Loyola, 5ª edición.

Gonçalves, R. (1999): Globalização e desnacionalização, Río de Janeiro, Paz e Terra.

Gorender, J. (1999): Combate nas trevas, San Paulo, Ática, 5ª edición.

Hellmann, M. (1995): “Democratização e movimentos sociais no Brasil”, en M. Hellmann (org.), Movimentos sociais e democracia no Brasil, San Paulo, Marco Zero, p. 9-23.

Keck, M. (1991): PT: a lógica da diferença, San Paulo, Ática.

Kinzo, M. (2004): “Partidos, eleições e democracia no Brasil pós-1985”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 9 (54), pp. 23-40.

Kondratieff, N. (1920): The Long Wave Cycle, Londres, Cheshunt-General Data Publications.

Kowarick, L. (1987): “Movimentos urbanos no Brasil contemporâneo: uma análise da literatura”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1 (3), pp. 38-50.

Lazzarini, S. (2011): Capitalismo de laços. Os donos do Brasil e suas conexões, Río de Janeiro, Elsevier.

Lima, L. (1982): “Notas sobre as comunidades eclesiais de base e a organização política”, en J. Moisés et al. (orgs.), Alternativas populares da democracia: Brasil, Anos 80, San Paulo, CEDEC/Vozes, pp. 43-72.

Mariano, R. (2016): “A esquerda abriu espaços e legitimou os evangélicos na política”, El País Brasil, 31/10/2016. [Disponible en http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/31/politica/1477940246_927730.html].

Marx, K. ([1852] 1981): El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, en Obras escogidas, 1, Moscú, Progresso.

Maués, F. y Wendel, Z. (eds.) (2006): Pela democracia, contra o arbítrio. A oposição democrática do golpe de 1964 à campanha das Diretas Já, San Paulo, Editora Fundação Perseu Abramo.

Miguel, L. (2016): “Transição à ditadura”, Blog Boitempo, 28/10/2016. [Disponible en https://blogdaboitempo.com.br/2016/ 10/28/transicao-a-ditadura/].

Moro, S. (2004): “Considerações sobre a Operação Mani Pulite”, Revista CEJ, 26.

Nassif, L. (2015): “Como o PT blindou o PSDB e tornou-se alvo da PF e do MPF”, Jornal GGN. [Disponible en http://jornalggn.com.br/noticia/como-o-pt-blindou-o-psdb-e-se-tornou-alvo-da-pf-e-do-mpf].

McAdam, D. y Fligstein, N. (2009): A theory of fields, Oxford, Oxford University Press.

Medeiros, M.; Souza, P. y Castro, F. (2015): “O topo da distribuição de renda no Brasil: primeiras estimativas com dados tributários e comparação com pesquisas domiciliares (2006-2012)”, Dados. Revista de Ciências Sociais, 58 (1), pp. 7-36.

Michiles, C. et al. (1989): Cidadão constituinte: a saga das emendas populares, Río de Janeiro, Paz e Terra.

Moisés, J. et al. (1982): Alternativas populares da democracia: Brasil, anos 80, Petrópolis-San Paulo, Vozes/CEDEC.

Nascimento, M. (2007): “Lutas democráticas contra a ditadura”, en J. Ferreira y D. Aarão Reis (orgs.), Revolução e democracia (1964 -...), Río de Janeiro, Civilização Brasileira, pp. 321-353.

Nobre, M. (2013): Imobilismo em movimento. Da abertura democrática ao governo Dilma, San Paulo, Companhia das Letras.

O Globo (2006): “Lula diz que esquerda é para jovem e que caminha para o centro”, 11/12/2006.

Oliveira, F.; Braga, R. y Rizek, C. (comps.) (2010): Hegemonia às avessas: economia, política e cultura na era da servidão financeira, San Paulo, Boitempo.

Paoli, M. (1995): “Movimentos sociais no Brasil: em busca de um estatuto político”, en M. Hellmann (org.), Movimentos sociais e democracia no Brasil, San Paulo, Marco Zero, pp. 24-55.

Przeworski, A. (1991): Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press.

Perissinoto, R. (2016): “¿Por qué golpe?”, Conferencia presentada en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ), 07/10/2016.

Pinto, E. (2010): Bloco no poder e governo Lula, Tesis de Doctorado en Economía, Universidad Federal de Río de Janeiro.

PMDB (2015): “Uma ponte para o futuro” (28/10/2015). [Disponible en http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-Online.pdf].

— (2016): “A travessia social”. [Disponible en (http://participardapolitica.blogspot.com.br/2016/05/a-travessia-social-uma-ponte-para-o-futuro-pmdb-pdf.html].

Quaresma, R.; Paula Oliveira, M. y Riccio, F. (comps.) (2009): Neoconstitucionalismo, Río de Janeiro, Forense.

Ridenti, M. (2005): O fantasma da revolução brasileira, San Paulo, Editora UNESP.

Rossiaud, J. y Scherer-Warren, I. (2000): A democratização inacabável, Petrópólis, Vozes.

Sader, E. (1988): Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-1980), San Paulo, Paz e Terra.

Sallum J. (2016): “Crise política e impeachment”, Novos Estudos Cebrap, 105.

Sarti, I. (2006): Da outra margem do Rio. Os partidos políticos em busca da utopia. Río de Janeiro, Relume Dumará.

Secco, L. (2011): História do PT, San Paulo, Ateliê.

Segatto, J. (1981): Breve história do PCB, San Paulo, Ciências Humanas.

Singer, A. (2009): “Raízes sociais e ideológicas do lulismo”, Novos Estudos CEBRAP, 85, pp. 83-102.

— (2012): Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador, San Paulo, Companhia das Letras.

— (2015a): “Cutucando onças com varas curtas: o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014)”, Novos Estudos CEBRAP, 102, pp. 39-67.

— (2015b): “O lulismo nas cordas”, Piauí, 111.

Sorokin, P. (1937): Social and Cultural Dynamics, Nueva York, American Book Company.

Streck, L. (2014): “Eis porque abandonei o ‘neoconstitucionalismo’”, Consultor jurídico. [Disponible en http://www.conjur.com.br/2014-mar-13/senso-incomum-eis-porque-abandonei-neoconstitucionalismo].

Tarrow, S. (1994): Power in Movement, Cambridge, Cambridge University Press.

Teixeira, R. y Costa Pinto, E. (2012): “A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma”, Economia e sociedade, 21.

Tilly, C. (1978): From Mobilization to Revolution, Nueva York, McGraw-Hill.

Urbinati, N. (2006): Representative Democracy: Principles and Genealogy, Chicago, University of Chicago Press.

Velasco e Cruz, S.; Kaysel, A. y Codas, G. (comps.) (2015): Direita, volver! O retorno da direita e o ciclo político brasileiro, San Paulo, Fundação Perseu Abramo.

Vianna, L. et al. (1999): A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, Río de Janeiro, Revan.

Vianna, L. (1988): “Questão nacional e democracia: o Ocidente incompleto do PCB”, Novos Rumos, pp. 8-9.

Weffort, F. (1978): O populismo na política brasileira, Río de Janeiro, Paz e Terra.

— (1984): Por que democracia?, San Paulo, Brasiliense.

Wieviorka, M. (2015): “Global Terrorism as Anti-Movement”, en B. Bringel y G. Pleyers (eds.) Openmovements: Social Movements, Global Outlooks and Public Sociologists, Londres, Open Democracy.

NOTAS

1. Como ocurre, de manera más general, con buena parte de los medios de comunicación en la América Latina contemporánea (Domingues, [2008a] 2009).

2. “Família Marinho é a mais rica do Brasil, diz Forbes”, Valor Econômico, 11/05/2011.

3. Literalmente, UDN de macacão e tamancos. La UDN (Unión Democrática Nacional) fue un partido de derecha que existía antes del golpe militar del 1964 y que denunciaba constantemente la corrupción de los dichos “populistas” liderados por la figura de Getulio Vargas. La expresión de Brizola alude al supuesto moralista que el nuevo Partido de Trabajadores entonces reproduciría.

4. Véase Estado de São Paulo, 14/02/2016.

5. Estado de São Paulo, 01/10/2016.

6. Véase, concretamente, el capítulo 2.

7. La “Caja B”, conocida en Brasil como “Caja 2”, ha sido una práctica visible en España durante los últimos años por los escándalos de corrupción del Partido Popular, teniendo quizás como caso más emblemático los “papeles de Bárcenas”, investigado por la Audiencia Nacional por “mordidas en negro” pagadas al partido por parte de empresas que obtuvieron adjudicaciones millonarias tras pagar fondos en “B”. En el caso brasileño, estos recursos no contabilizados, ilegales o al menos irregulares existen usualmente en la contabilidad de varias empresas y, en particular, en la financiación de campañas electorales, sobre todo hasta la prohibición de donaciones por empresas a los partidos y candidatos por el STF.

8. “Eleito em São Paulo João Doria ‘perde’ para brancos, nulos e abstenções”, Uol Eleições, 2/10/2016.

9. Véase Urbinati (2006: 49) para un argumento en esta dirección.

10. Este ciclo está ausente y limita buena parte de los análisis sobre el Brasil contemporáneo, incluso algunos de los más agudos, como el de Singer (2012) y Nobre (2013).

11. A partir del 1958, después de la denuncia de los crímenes del estalinismo, un grupo minoritario reaccionó en contra de los cambios que seguirían (incluso con el cambio de nombre de Partido Comunista de Brasil, PCdoB, a Partido Comunista Brasileño, PCB) y terminó por fundar una nueva organización, manteniendo su antiguo nombre: PCdoB. Mientras en los años ochenta el PCB decreció (su mayoría decidió convertirse en Partido Popular Socialista, PPS, alineado finalmente con la centroderecha, aunque un grupo minoritario hubiera recreado un PCB más pequeño), el PCdoB se volvió la principal agrupación comunista tradicional en Brasil, al lado de (y enfrentada a) varios grupos trotskistas.

12. Esto se ha producido, en parte, por los límites y agotamientos propios de los ciclos de protesta, ya que no es posible mantenerlos indefinidamente. Sin embargo, a esto hay que sumarle al menos otros dos factores: la creciente privatización de la vida y una especie de individualismo utilitario y defensivo creciente debido a la influencia del neoliberalismo. Ambos elementos marcaron los años noventa en Brasil, y perduraron hasta nuestros días.

13. Eso también es distinto de una visión hegemónica en el sentido gramsciano, según la cual ganar influencia y apoyo social externo es parte fundamental de la política transformadora, lo que además sigue como una tarea urgente para una renovación de la izquierda brasileña.

14. El “basismo” fue un término ampliamente difundo en Brasil en el contexto de las luchas contra la dictadura militar y por la redemocratización para definir la política que emana de las bases.

15. Los presupuestos participativos dinamizados por muchas alcaldías del PT a nivel municipal en los años noventa, y antes de ello los Consejos de la Constitución de 1988, creados en gran medida bajo la influencia del partido, fueron la principal expresión de esa visión de participación popular directa. Si estos últimos fueron fundamentalmente abandonados, los primeros, aunque siguen existiendo formalmente en algunos casos, se promueven de manera, en general, limitada y con gran ambigüedad.

16. Mensalão es como se dio a conocer el juicio (Acción Penal 470) promovido, entre 2005 y 2006, por el MP en el STF para investigar irregularidades en la financiación de la campaña de Lula en 2002 y la supuesta compra de diputados, que recibirían una retribución “mensual” desde entonces. Nombres importantes del PT, pero también de otros partidos e instituciones, fueron condenados. A su vez, coxinha es el apodo despectivo que los militantes del PT dieron a quienes se pusieron en su contra desde 2013, denotando a un individuo conservador. Los denominados coxinhas retrucaron con el apodo de petralhas para definir lo que consideran ser la actitud deshonesta y usurpadora de los petistas.

17. Véase la narrativa detallada de ese proceso en Singer (2015b).

18. Veáse, en particular, el capítulo 5.

19. De hecho, una de las preguntas más molestas para el PT hoy es precisamente la siguiente: ¿cómo pueden algunos sectores de las clases populares, beneficiados por sus políticas sociales, votar contra el partido o incluso, en algunos casos, oponerse de forma activa al mismo?

20. “Lula diz não entender posição de Campos”, Brasil 247, 8/4/2014.

21. “Suicidio por ahorcamiento”, según la versión del Destacamento de Operaciones de Informaciones-Centro de Operaciones de Defensa Interna, conocido como DOI-CODI, órgano de inteligencia y represión del Gobierno brasileño responsable de aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional en el país.

22. Dirceu es uno de los principales nombres de la historia del PT. Cuando Lula da Silva asume la presidencia, lo nombra ministro de la Casa Civil, uno de los ministerios más importantes. Dos años después se aparta del cargo, acusado de corrupción. En 2012 es condenado por el Supremo Tribunal Federal por ser uno de los articuladores del caso “Mensalão”, que supuso la compra de votos de parlamentarios entre 2005 y 2006.

23. Es importante subrayar que el régimen militar autoritario no suprimió las elecciones ni tampoco el funcionamiento de los partidos políticos en Brasil, aunque había fuertes restricciones a la participación política y un funcionamiento y legitimidad de las instancias de representación y deliberación más que limitados (Kinzo, 2004). Las elecciones siguieron su curso durante el mando militar pos-1964. Desde octubre de 1965, por imposición del régimen, dos partidos eran reconocidos institucionalmente: la situacionista Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y la “oposición moderada” del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Todo ello lleva a que los partidos políticos, más que instrumentos de representación, jugaran el rol de instrumentos de cooptación.

24. Igualmente relevante en las zonas rurales durante los años setenta, y también ligado a sectores progresistas de la Iglesia católica, fue el papel desarrollado por el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) —creado en 1972 y todavía muy activo en la actualidad—, que fomentó la articulación asamblearia entre aldeas y pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y de la diversidad cultural. Junto a la asociación Operación Anchieta (OPAN), creada en 1969 y rebautizada a posteriori, manteniendo las mismas siglas, como Operación Amazonía Nativa, fueron las dos primeras asociaciones indigenistas no gubernamentales de Brasil.

25. Esta situación llevó a la creación en 2000, por el Foro Nacional de la Reforma Agraria, de la Campaña Nacional por el Límite de la Propiedad de la Tierra, que propone incluir en la Constitución un nuevo inciso que limite las propiedades rurales a 35 módulos fiscales (referencia establecida por el INCRA como el área suficiente para proveer el sustento de una familia de trabajadores rurales). Áreas por encima de los 35 módulos fiscales serían incorporadas al patrimonio público. La campaña sigue en marcha desde entonces, y en la actualidad se profundiza en su difusión descentralizada por el país tras la celebración en septiembre de 2010 de un Plebiscito Popular sobre el límite de la tierra.

26. El que extrae el látex (seringa) del árbol llamado seringueira.

27. Las ideas de esta parte del texto aparecieron originalmente en portugués en Bringel y Pleyers (2015).

28. Véanse los trabajos de Alfredo Falero como ejemplo de estos esfuerzos en América Latina, donde la noción de “campo popular” tiene un amplio recorrido dentro de la militancia social y política.

29. La entrevista a José Maurício Domingues fue realizada por Patricia Fachin y publicada originalmente en portugués el día 11 de septiembre de 2017.