Para María, persona íntegra y una juez honesta que,

si hubiera estado en aquel tribunal, se habría leído la causa.

Para Miquel, Pere, Clara y Helena, con el deseo de que algún día

vean una democracia mejor y trabajen para lograrlo.

JOSÉ MARÍA MENA

EL PECADO DESENTERRADO

Si el viejo patriarca provocó, el 25 de julio de 2014, la exhumación de su antiguo pecado, Pere Ríos, con este trabajo, hace algo más que la autopsia del cadáver desenterrado. Nos presenta, sin concesiones ni prejuicios, a los protagonistas de entonces. Nos ofrece una disección sobria, clara y hasta didáctica de los hechos y los datos, tal como acontecieron. Y, además, como si diera color a la vieja película, añade una serie de entrevistas actuales a personajes de aquellos días, protagonistas y antagonistas, espectadores o implicados colaterales, que reviven, rememoran o recrean lo que ocurrió hace más de treinta años.

Con la extraña autoinculpación de Jordi Pujol emergió del túnel del tiempo, como un fantasma, el caso de Banca Catalana. Me había visto implicado en él como fiscal. Hacía treinta años que eso había acabado, dejándome únicamente el sambenito de ser «uno de los fiscales de Banca Catalana», como si no hubiera hecho otra cosa en cuarenta y tres años ininterrumpidos de trabajo profesional. Solo gané malas caras, saludos huidizos, decepcionantes incomprensiones, injustas acusaciones. Sin embargo, frente a todo ello permaneció siempre la absoluta certeza de haber cumplido con el deber, la alta probabilidad, ahora reforzada, de tener la razón y, sobre todo, la firme convicción de haber servido al pueblo de Cataluña.

Fue una experiencia ingrata. Quise desprenderme de cuanto me conectara con aquel episodio con un intencionado ejercicio de desmemoria, destruyendo viejos papeles, olvidando antiguos nombres de personajes que siguen vivos y de entidades desaparecidas. El hartazgo y la distancia de los años hicieron posible enterrarlo todo. Y ahora, de repente, el 25 de julio de 2014, vuelve el viejo patriarca, iracundo y atronador, y lo desentierra.

El sistema penal de hace treinta años era, prácticamente, del siglo XIX. Un armazón legal consistente en el Código Penal franquista de 1944, con algunas reformas parciales, irrelevantes en materia de alta delincuencia económica, y la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, con otras pequeñas modificaciones. Un armazón judicial consistente en un juez instructor a la vieja usanza, de cuando pensaban que lo que ahora llamamos delitos de cuello blanco solo eran simples pleitos civiles exentos de responsabilidad penal. El buen señor, circunspecto y cicatero, no adoptó ni una sola iniciativa de investigación, aunque sí obstaculizó o dilató cuanto pudo las de los fiscales. No quiso ni llegó a tener el más mínimo contacto con los inspectores del Banco de España, que eran los expertos en la materia investigada, lo que equivaldría a un juez que no quisiera hablar con los policías que investigan el crimen que instruye. Un tribunal numerosísimo, casi unánimemente dispuesto a exhibir que no abrigaba dudas sobre la inconveniencia de juzgar al sospechoso. Una absoluta falta de medios materiales, sin la más mínima infraestructura tecnológica, y con el único soporte de una voluntariosa y excelente funcionaria mecanógrafa de la fiscalía, a tiempo parcial, pero que no sabía escribir en catalán, lengua de los querellados y testigos. Un desastre que parecía preordenado al deplorable resultado final. Ya nos lo decía un veterano fiscal, muy inteligente, un poco cínico y un poco cómplice nuestro: no vayáis de caza mayor sin el armamento adecuado, la fiera os devorará.

Lo más grave de entonces era que la fiera se cobijaba en una espesa maraña social de complicidades, de negación de la evidencia, de silencio encubridor, interesado, inducido o fanatizado. A nadie, o casi nadie, le parecían mal aquellas prácticas bancarias que arruinaron a miles de ahorradores, hundiendo a Banca Catalana.

Se implantaron teorías conspirativas para linchamiento de la fiscalía, que generaron el descrédito del conjunto de la Administración de Justicia, descrédito que no ha dejado de crecer desde entonces. Los fiscales del caso, como alguaciles alguacilados, nos vimos sometidos, desde Madrid y desde Barcelona, al contraataque político de la imputación de politización. Así se urdió una compacta red de descrédito de la actuación de la fiscalía, de su capacidad técnica, de su imparcialidad, de su deontología.

Frente a esta negación de la credibilidad de la fiscalía se alzaba, imbatible, la credibilidad casi mesiánica de Pujol, que se apresuró a identificar su causa con la de Cataluña. Las escasas voces críticas de algunos escritores, pocos periodistas y poquísimos políticos en Cataluña fueron desatendidas, silenciadas, menospreciadas y anatematizadas como enemigas de la patria.

El armamento de la fiscalía era, como debe ser, simplemente el Código Penal vigente, aunque debe resaltarse que contábamos con el soporte jerárquico y personal de un ejemplar fiscal general, Luis Burón Barba, y la impecable actitud del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, que en ningún momento perturbó la imparcialidad de la fiscalía, lo cual debe ser reconocido como un mérito de coherencia democrática, ejemplar en los tiempos que hoy corren.

El tribunal que decidió no abrir el juicio contra Pujol y los demás acusados no negó la certeza de los hechos contenidos en el escrito de la fiscalía. Según la mayoría de los magistrados, los hechos de la acusación de la fiscalía no encajaban en ninguno de los delitos del Código Penal, no podían ser delito, aunque pudieran ser ciertos. O, dicho de otro modo, el Código Penal, según ellos, estaba redactado pensando en otro tipo de delincuente más simple, pero no en prácticas bancarias tan complejas, aunque generaran tan inmensos perjuicios. Por esto los miembros del tribunal, por amplia mayoría, decidieron que no les era necesario conocer las prácticas irregulares objetivamente descritas, ni analizar los datos aportados, ni siquiera leerlos, ni atender la argumentación jurídica de la fiscalía para hacer posible su encaje en el Código Penal.

La argumentación de la fiscalía se encontró, además, con un rechazo inicial, un prejuicio descalificador, consistente en la afirmación irrebatible de que los fiscales no sabían de finanzas. Naturalmente, ni los fiscales ni los jueces son expertos en finanzas. Tampoco necesitan ser peritos calígrafos para juzgar falsedades documentales. Tampoco son expertos en medicina forense, ni en materias venenosas, ni en balística, y sin embargo son los que juzgan homicidios y asesinatos. Los juzgadores deben ser expertos en valorar a los expertos, a los peritos, en apreciar su objetividad, en requerir de ellos informaciones inteligibles, en contrastarlas y deducir su veracidad, pero no en producir tales informaciones.

En el caso de Banca Catalana existía una información rigurosa y completa aportada por funcionarios de élite del Banco de España, cuya objetividad y profesionalidad nadie discutió, porque, además, su informe se basaba únicamente en los datos obtenidos de la propia entidad. A los fiscales les incumbía la obligación de conocer y entender los datos que los expertos aportaban, y determinar la ley que, en su caso, fuera aplicable.

La concreción de la ley aplicable requiere, generalmente, un ejercicio complementario de interpretación que no siempre es sencillo. El caso de Banca Catalana era relativamente novedoso por su complejidad, por sus dimensiones económicas y por los subterfugios extrajurídicos con que se encubrían las conductas sustractivas. Para determinar si las previsiones legales de entonces eran adecuadas o no, si los hechos de la querella encajaban o no en los artículos de aquel Código Penal, hacía falta, por lo tanto, un ejercicio de interpretación de la ley aplicable que tenía más problemas que en otros casos.

Hubo quien, con la misma perspectiva que el tribunal, pensó que la fiscalía se había aventurado en una interpretación arriesgada o frívola de la ley aplicable. Lo prudente, sin aventuras de interpretación jurídica ni riesgo de ligereza, sería, según ese criterio, esperar a una reforma de la ley penal que describiera exactamente como delitos aquellas prácticas. Y mientras llegaba esa reforma legal, lo de Banca Catalana era imprudente, desacertado o inconveniente perseguirlo.

La reforma llegó, desde luego. Pero llegó diez años después, y no llegó, ciertamente, para aportar severidad en el castigo de esas conductas, que constituyen el núcleo de los delitos de cuello blanco. Los nuevos delitos societarios de 1995 permiten penas menores que el delito de apropiación indebida que pretendía aplicar la fiscalía.

Si la decisión del tribunal de Banca Catalana destilaba un mensaje de impunidad para los delincuentes de cuello blanco, el mensaje de benignidad de la reforma penal de 1995 no lo contradecía. Y así, el viejo pecado de Pujol durmió el sueño de los justos en el paraíso, acompañando quizás, a otros pecados personales, familiares y políticos no tan viejos. Posiblemente tiene mucho que ver con aquellos mensajes de impunidad o benignidad la absoluta desvergüenza con que ha proliferado la corrupción entre nuestros líderes políticos y económicos, al menos hasta hoy.

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO

CULPABLES, MILLONARIOS E IMPUNES¹

En el inicio de un pormenorizado examen de los «delitos de cuello blanco» se cita un fundamentado informe con motivo de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, en el que se afirma: «El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas», refiriéndose a los brahmanes indios. Calificativo perfectamente aplicable a los protagonistas de esta obra, los responsables de la quiebra de Banca Catalana.

Decía Jordi Pujol i Soley en sus memorias: «Tengo un acusado sentido del honor». Vacuas palabras. Por ello, eran incompatibles con que el 25 de julio de 2014 reconociera públicamente que llevaba defraudando a la Hacienda Pública desde 1980, es decir, 34 años, 23 de los cuales lo hizo al mismo tiempo que presidía la recién restaurada Generalitat de Cataluña. Aún no se sabe, en la fecha que escribimos este prólogo, cuál es el importe real de los fondos definitivamente defraudados, en qué paraíso fiscal están ocultos y, sobre todo, el origen real de los mismos. En cuanto a su origen en la supuesta herencia de su padre, no parece que se ajuste a la realidad, pues en el voto mayoritario del tribunal que se pronunció sobre su responsabilidad penal en el caso Banca Catalana ya se hace referencia a dicha herencia por un valor de 3.378.000 pesetas. Ello no ha impedido que su esposa, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Pere y Mireia, según el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, hayan «regularizado ante Hacienda la cantidad desorbitada de más de tres millones de euros». Por tanto, es difícil aceptar que el origen de los fondos ocultos desde 1980 se limite a la supuesta herencia que Pujol invoca y que algunos medios han cifrado en 4,8 millones de euros, unos 800 millones de pesetas, muy lejos de los citados casi 3,4 millones de pesetas.

Estos hechos, de indudable gravedad y evidente relevancia penal, han hecho resurgir con toda fuerza el proceso contra el expresidente por su responsabilidad en el hundimiento de Banca Catalana y justifica la excelente obra que prologamos. Crisis causada, entre otras razones, por la que el autor califica de «nefasta» gestión al frente de dicha entidad. Ya es sabido que el tribunal competente, la Audiencia Territorial de Barcelona, por 33 votos frente a ocho, impidió el procesamiento de Pujol y, ante hechos delictivos perfectamente acreditados, optó, con argumentos ciertamente débiles, por impedir una más exhaustiva investigación de los hechos y garantizó a Pujol la más completa impunidad. Fue el precedente de una posición casi constante de la magistratura de favorecimiento y amparo de la delincuencia económica o financiera.

La fiscalía de Barcelona, con la plena confianza del entonces fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, emprendió una rigurosa investigación, con el apoyo científico del Banco de España, sobre el funcionamiento gravemente irregular y de alcance penal de los directivos de Banca Catalana, hasta concluir, como lo reconocieron ocho de los magistrados del tribunal, que la naturaleza penal de las conductas investigadas era indudable, como también lo era el beneficio económico ilícito obtenido por Jordi Pujol y otros consejeros.

El voto judicial minoritario ya concluyó que, entre otros beneficios ilícitos, Jordi Pujol había obtenido, solo por el pago de «dividendos ilícitos», 84.375.000 pesetas. La cuestión que ahora se plantea es doble. Primero, la más que razonable relación de la fortuna ahora declarada con la riqueza acumulada en Banca Catalana. Los jueces deben aclararlo. Y, muy especialmente, la preocupante sumisión o dependencia del poder judicial ante el poder económico, que, ante Banca Catalana, marcó un rumbo que de forma más o menos inmediata tuvo una evidente continuidad.

Cuando el tribunal exculpó a Pujol, el diario La Vanguardia se aprestó a celebrar que «estaba libre de culpas». La realidad histórica ha demostrado la falsedad de dicha información. Primero, porque, como sostiene con acierto el autor, «ni aquellos jueces —el tribunal que lo exculpó— ni ningún parlamento o institución han cuestionado nunca la veracidad de los demoledores informes del Banco de España en los que se sustentó la acusación». Y, en segundo lugar, porque en aquella fecha, 1986, ya llevaba seis años no solo defraudando sino mintiendo a su electorado y a todos los ciudadanos catalanes. Con dos importantes consecuencias. Que, como ya expuse en otra ocasión, a través del fraude estaba «impidiendo que el Estado español tuviese una base imponible suficiente para garantizar derechos sociales y servicios públicos».² Y, además, porque obtener el voto mayoritario y gobernar sobre la base del engaño continuado representa ejercer el poder desde la manipulación con la consiguiente pérdida de legitimidad democrática, nada menos que durante 23 años.

Aquella respuesta jurisdiccional expresó la evidencia de que los delitos cometidos desde el poder, particularmente la criminalidad empresarial, tienen casi asegurada una «reacción penal, por definición, y más en esta clase de casos, tardía, lenta, poco eficaz y profundamente deslegitimadora».³

El 28 de noviembre de 1939, en la American Sociological Society, Edwin Sutherland pronunció por vez primera el término «delito de cuello blanco» para referirse a un tipo de delincuencia económica cometida por personas de nivel social alto en el desarrollo de su actividad profesional. Se refería a la criminalidad de la empresa o, como la llama Christian Schünemann, «los delitos económicos cometidos a partir de una empresa», desde un concepto de delito económico que define como «todas las acciones punibles que se cometen en el marco de la participación en la vida económica o en estrecha conexión con ella». Acciones que concentran esencialmente las sociedades mercantiles y singularmente la sociedad anónima, pues no pueden desconocerse los gravísimos efectos sobre el funcionamiento global del sistema de la delincuencia económica. Por ejemplo los llamados efectos de resaca y espiral, y cómo no, su efecto corruptor en las instancias administrativas. La criminalización de la actividad empresarial presenta una especial relevancia en los procesos económicos, en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y obliga a dotar al ordenamiento penal de mecanismos específicos para proteger a grandes colectivos, como los socios y clientes, frente a estructuras organizativas de gran complejidad en las que las facultades de dirección y gestión pueden conducir a situaciones gravemente abusivas y perjudiciales.

Como es sabido, la criminalidad financiera tiene como sujeto principal la sociedad anónima que se constituye y actúa bajo la cobertura de una legalidad formal. Los hechos punibles se presentan como actos aparentemente lícitos desarrollados en el normal ejercicio de la actividad empresarial bajo un ropaje formal que es extremadamente útil para enmascarar el comportamiento ilícito.

De ahí que resulte obligado agotar cualquier investigación penal respecto de estos delitos. Y, por ello, resulta más que reprobable que el voto judicial que favorecía a Pujol se atreviese a rechazar su imputación al tiempo que añadía: «sin perjuicio de que caso de aparecer nuevos datos o elementos se proceda con arreglo a derecho», cuando sabían con toda certeza que la decisión que habían tomado impedía que pudiera proseguir la investigación.

Este entramado jurídico y económico a través del cual actúan los delincuentes de «cuello blanco» ha favorecido que la mayoría de la sociedad, hasta tiempos muy próximos, no perciba que está transgrediendo la ley, mientras que la violación de la ley penal parecía quedar limitada a los delitos convencionales, generalmente cometidos desde los estratos más bajos de la sociedad.

Pero, en la investigación del hundimiento patrimonial de Banca Catalana, las pesquisas de la fiscalía, con el auxilio pericial ya indicado, consiguieron traspasar las dificultades objetivas descritas y descubrir y determinar las operaciones económicas perfectamente calculadas por Jordi Pujol y sus colaboradores para, según el autor, «lograr un beneficio personal y favorecer a sus familiares, empresas y terceras personas»; operaciones que tenían «su epicentro» en la llamada «caja B», que representaba, sin la menor duda, una doble contabilidad, clandestina, y la posibilidad de ocultar a accionistas y autoridades monetarias el verdadero estado económico del banco y los beneficios ilícitos que obtenían.

La fiscalía, en el proceso contra los dirigentes de Banca Catalana, acreditó que había que levantar la barrera del derecho penal ante los abusos de poder que habían cometido y que, desde luego, no podía tolerarse que creyesen estar «por encima del alcance de la ley». Desde esta posición, la fiscalía impulsó la plena vigencia del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley penal cuando hasta los tribunales, a veces atemorizados, lo rechazaban.

1

TREINTA AÑOS DESPUÉS

«Decidí que si finalmente era procesado, en aquel mismo momento dimitiría de mi cargo de presidente. Ya tenía pensado el nombre de mi sucesor. No lo he dicho nunca, no lo digo ahora, ni lo diré.» Jordi Pujol admite sin reparos en su segundo libro de memorias, publicado en 2009, que la historia reciente de Cataluña hubiera podido cambiar el 21 de noviembre de 1986. Aquel día, el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona (el equivalente a lo que es hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) votó por 33 votos frente a ocho en contra del procesamiento del presidente de la Generalitat por su gestión como directivo de Banca Catalana.

La exculpación llegó tras más de dos años de un proceso judicial iniciado con la querella presentada por los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. En ella se acusaba a Pujol y a otros 24 exdirectivos de Banca Catalana de apropiación indebida y falsedad documental por enriquecerse con el dinero de los clientes y por su nefasta gestión al frente de la entidad. Los informes del Banco de España evalúan en 19.679 millones de pesetas las pérdidas que sufrió la entidad como consecuencia de la actuación de los querellados. Banca Catalana acabó en quiebra y el rescate costó a las arcas públicas 344.049 millones de pesetas, según la cuantificación que hizo el Tribunal de Cuentas en 1985.

El Banco de España envió por primera vez a sus inspectores a la entidad en octubre de 1980 y la querella no se interpuso hasta el mes de mayo de 1984. Un mes antes Jordi Pujol había logrado su primera mayoría absoluta en la Generalitat y desde el primer momento atribuyó el proceso judicial a un «interés político». Tras presentarse la querella movilizó a sus bases y cien mil personas se echaron a la calle en Barcelona para mostrarle su apoyo, primero frente al Parlament, el día de su investidura, y después en la plaza de Sant Jaume el 30 de mayo de 1984. El president siempre proclamó su inocencia y acusó al Gobierno socialista de Felipe González y a los fiscales de atacar Cataluña y sus instituciones, así como de pretender encarcelarlo para acabar con su carrera política. «El Gobierno ha cometido una jugada indigna», fue la conocida frase pronunciada desde el balcón de la Generalitat. Pujol articuló un discurso victimista, explotó políticamente la querella e hizo del proceso judicial una suerte de causa general dirigida contra su partido, contra la Generalitat y, por extensión, contra Cataluña y los catalanes.

Tras su exculpación, el tema derivó en tabú y fue anidando cierto complejo en una parte de la izquierda política catalana, siquiera porque Pujol había sido torturado por la policía durante el franquismo y había estado en la cárcel a raíz de los «hechos del Palau». Al tiempo, en amplios sectores de la sociedad caló el mensaje tantas veces reiterado de que el caso Banca Catalana fue una acción premeditada para socavar la incipiente autonomía. Sin embargo, ese relato oficial raramente cuestionado empezó a resquebrajarse el 25 de julio de 2014. Ese día, el expresidente de la Generalitat dejó estupefacta a la sociedad a la que durante décadas había dado lecciones de ética, honor y sacrificio, y confesó en un comunicado que desde septiembre de 1980 había venido disfrutando de una fortuna oculta en el extranjero por un legado que le dejó su padre al morir y cuyos beneficiarios debían ser su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos.

La explicación fue cuestionada desde el primer momento y en el trasfondo de la confesión se intuyó un deseo de proteger a los hijos de los procesos judiciales que estaban en marcha en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal. El expresidente no ofreció detalles del origen del dinero, ni quién actuó de testaferro, pero si de algo sirvió la confesión fue para desempolvar el caso Banca Catalana. Tres décadas después, vuelven a planear muchas dudas sobre si el legado que confesó Pujol no procedía en realidad del beneficio económico que obtuvo como directivo de Banca Catalana y como principal accionista de la entidad.

Los informes del Banco de España de la época, elaborados a partir de la contabilidad de la propia Banca Catalana, fueron muy concluyentes y nadie los rebatió en el proceso judicial, ni siquiera los jueces que acordaron la exculpación, ni los abogados defensores. En esos documentos se detalla a la peseta la nefasta gestión que hizo Jordi Pujol como consejero ejecutivo de Banca Catalana entre 1974 y 1976, y cómo se lucró durante años con el cobro de dividendos ilícitos, la compraventa de acciones, los depósitos a plazo fijo a su nombre o al de sus familiares y la concesión de créditos ficticios. Para hacer posible todo esto, los directivos de Banca Catalana crearon una contabilidad paralela, la llamada «caja B», que escapó al control de la junta de accionistas y la supervisión del Banco de España, y emplearon unas sociedades instrumentales para otorgar visos de legalidad a las operaciones.

Jordi Pujol siguió participando y beneficiándose de esas operaciones especulativas y supuestamente ilícitas de Banca Catalana hasta mayo de 1982, cuando hacía ya más de dos años que ejercía como presidente de la Generalitat. Por tanto, no responde a la verdad el discurso oficial tantas veces repetido de que no le interesaba el beneficio económico y que se desvinculó de cualquier actividad muchos años antes para dedicarse en cuerpo y alma a la política. Corresponde a los jueces y a la administración tributaria aclarar el origen de la fortuna confesa y los procesos abiertos determinarán si Pujol es un delincuente fiscal o no, además de un defraudador a la Hacienda Pública. Nunca antes un dirigente político español de esta relevancia había formulado una confesión de este alcance y mucho menos, como en el caso de Pujol, sin tener abierta una causa judicial.

Este libro empezó a gestarse meses antes de la confesión y lo cierto es que ese hecho ha precipitado el parto. La pretensión es aportar nuevos datos y testimonios sobre el caso Banca Catalana. Uno de ellos es que Jordi Pujol se enriqueció durante la época que fue consejero ejecutivo de Banca Catalana, del 22 de mayo de 1974 al 14 de octubre de 1976, si bien no se le aceptó la renuncia en ese cargo hasta el 3 de abril de 1977. Una cifra a modo de ejemplo. Entre 1974 y 1980, mientras la entidad se hundía en pérdidas y se descapitalizaba a marchas forzadas, Pujol se embolsó en dividendos ilícitos más de 84 millones de pesetas. Esa renta, actualizada anualmente con las respectivas tasas de variación que publica el Instituto Nacional de Estadística, superaría hoy los cuatro millones de euros. El cobro de dividendos benefició a una larga relación de directivos y clientes, entre ellos Francesc Cabana, también querellado y cuñado de Jordi Pujol, que en aquellos años se embolsó casi 21 millones de pesetas.

En el sumario también consta que Jordi Pujol, su hermana Maria y la madre de ambos abonaron en 1982 un total de 22 millones de pesetas en concepto de impuesto de sucesiones al recibir la herencia del padre Florenci. Esa renta actualizada equivaldría hoy a 511.302 euros.¹ El pago de ese impuesto, además, no supuso ningún desembolso a los familiares de Pujol, porque se pagó con la venta de unas acciones de Banca Catalana a una sociedad instrumental del grupo que era muy deficitaria y a la que la entidad le concedió un préstamo para cerrar la operación.

Son datos que certificó la propia Banca Catalana en la investigación judicial y que los propios jueces admiten como hechos probados en el auto de exculpación. No hacen falta excesivos conocimientos de economía ni matemáticas para concluir que si el importe del impuesto de sucesiones fue de 22 millones de pesetas la cuantía oficial de la herencia era muy elevada. Legados ocultos al fisco al margen, claro.

Una segunda línea argumental de estas páginas relata que la mayoría de los magistrados que exculparon a Pujol no actuaron a ciegas, como se supone y se representa tradicionalmente a la justicia. Buena parte del tribunal miró para otro lado, en lugar de centrarse en el análisis de los informes del Banco de España y del resto de las pruebas aportadas al proceso. La condición de presidente de la Generalitat del acusado, aunque los hechos que se le imputaban hubieran sido cometidos mayoritariamente cuando no era aforado, resultó decisiva. La mayoría de los jueces interpretaron que se les estaba utilizando en lo que para ellos era una disputa política entre socialistas y nacionalistas. La politización de la justicia, se diría años después.

Finalmente, la tercera idea de este libro pretende rebatir el discurso, mil veces repetido por Pujol y el nacionalismo, de que el Gobierno socialista promovió e impulsó la querella. En realidad sucedió todo lo contrario: el Ejecutivo de Felipe González estaba preocupado por la actuación de los dos fiscales del caso; nunca imaginó que llegarían tan lejos, ni que Pujol acabaría entre los querellados, y le generó una enorme inquietud que el proceso judicial dinamitara las alianzas parlamentarias en el Congreso entre socialistas y nacionalistas. El Gobierno del PSOE respetó formalmente la actuación de la fiscalía, pero respiró más tranquilo al saber que Pujol no debería rendir cuentas ante la justicia para esclarecer si se había enriquecido con el dinero de los accionistas de Banca Catalana.

Los datos que aquí se aportan proceden de las entrevistas a los principales actores políticos y judiciales de la época. Entre ellos, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, demonizados durante décadas por algunas instituciones de Cataluña porque entendían que todos los ciudadanos deberían ser iguales ante la ley. Hubieron de pasar 25 años hasta que un Gobierno de izquierdas en la Generalitat, presidido por José Montilla, les reconociera su trayectoria profesional con la concesión de la Creu de Sant Jordi.

También se recoge el testimonio de Fernando Ledesma, ministro de Justicia del primer Gobierno socialista, Jamás vio con buenos ojos la querella, pero aceptó el criterio distinto que sostenía Luis Burón Barba, el fiscal general del Estado que él había nombrado y en el que los fiscales de Barcelona siempre encontraron apoyo. En los tiempos que corren se antoja impensable que un fiscal general pudiera actuar con esa independencia, pero entonces se estaba construyendo la democracia y seguramente eso ayuda a explicar lo ocurrido.

La ahora magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles fue uno de los ocho votos a favor del procesamiento de Pujol. En estas páginas se relata que varios de sus compañeros le confesaron con algunas semanas de antelación que ya tenían decidido exculpar a Pujol. Quizás eso explica que el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona despachara en unas horas un asunto de enorme complejidad jurídica. Buena parte del tiempo de aquella deliberación judicial, además, no se empleó en debatir la existencia o no de los delitos imputados, sino en una nimiedad formal.

Es probable que si los jueces hubiesen abordado el caso de otra manera, se habría transmitido un mensaje claro a la sociedad y la corrupción no se habría extendido en todos los niveles de las instituciones, como ha ocurrido después. Aquella judicatura surgida del franquismo, que se definía como apolítica, sigue siendo mayoritariamente conservadora y débil con los fuertes, pese a que de un tiempo a esta parte no paran de instruirse sumarios y algunos incluso finalizan en condena y encarcelamiento. «En esto de la justicia a veces ganan los buenos», le gusta decir a José María Mena para referirse a los efectos preventivos que pueda llegar a tener el Código Penal.

Antonio Doñate, otro magistrado ahora jubilado que votó a favor de procesar a Pujol, también coincide en la desidia profesional con la que actuaron sus compañeros. Tres jueces más que votaron por la exculpación han aceptado explicar sus puntos de vista. Son José Manuel Bandrés y Celsa Pico, destinados en el Tribunal Supremo. El tercero, también jubilado, ha reclamado el anonimato para poder hablar con mayor soltura de unos y otros. Banca Catalana sigue siendo aún una losa que pesa demasiado en algunas conciencias.

Joan Piqué Vidal, el defensor de Jordi Pujol, el abogado que acabó en la cárcel por corrupción, pone el contrapunto con su visión de aquel proceso judicial en un diálogo de toma y daca que confirma la leyenda que lleva asociada donde hace tantos años. Francesc Cabana, cuñado de Jordi Pujol y fundador de Banca Catalana hasta la quiebra, es la persona que mejor conoce los hechos y los rememora en todas sus vertientes, incluida la singular relación personal que mantiene con aquel.

En estas páginas se recoge también el relato de Raimon Obiols, primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en aquella época, seguramente el mayor damnificado político del caso Banca Catalana. Fue amenazado de muerte y zarandeado a las puertas del Parlament por las huestes convergentes, que personalizaron en él la indignación por la querella.

El periodista de El País Bonifacio de la Cuadra, autor de la noticia que anunció la querella, explica por primera vez cómo logró aquella información y Salvador Aragonés, delegado en Cataluña de la agencia Europa Press, rememora la difusión de una noticia confidencial que, según los directivos de Banca Catalana, provocó la retirada de miles de millones de pesetas de los clientes.

Otras personas que ocupaban cargos de relevancia en la época han declinado los reiterados ofrecimientos para recordar el caso, como el propio Jordi Pujol, Felipe González o el ministro de Defensa de entonces, Narcís Serra, a quien el expresidente catalán atribuye el origen de la querella.

Tres décadas de distancia permiten un análisis sereno de un asunto que vuelve a ser actualidad. Estas páginas intentan ser fieles a los hechos y los protagonistas. Todas las entrevistas que se reproducen prácticamente de forma literal están grabadas, con una sola excepción. Las cifras, nombres y otros datos del proceso están extraídos del sumario, que es solo una parte de la documentación existente. Hasta el año 2022 el Banco de España no permitirá la consulta de la totalidad de las notas, informes y documentos relativos a un caso judicial que ya es historia, pero que vuelve a estar presente en la sociedad catalana y española.

2

UNA BANCA SAQUEADA Y QUEBRADA

EL ANHELO CATALANISTA QUE ACABÓ EN EL JUZGADO

La necesidad de que Cataluña disponga de un banco que actúe de locomotora de su economía ha sido históricamente un anhelo del catalanismo político que arranca con Francesc Cambó, a finales del siglo XIX, y que desde entonces se ha frustrado en diversas ocasiones. Los catalanes eran buenos industriales y empresarios emprendedores, pero estaban incapacitados para ser banqueros, era la idea que empezó a fraguar hace ahora cien años, tras la crisis financiera que afectó a diversas entidades. En el bienio 1881-1882, en plena fiebre del oro, se crearon en España 42 bancos, 28 de ellos en Cataluña,¹ pero ninguno cuajó como una entidad de referencia para la economía catalana. La misma sensación de frustración se repitió con la quiebra del Banco de Barcelona, en 1920.

«Cataluña vivirá siempre en precario en el orden económico mientras no resuelva este problema de la banca y las altas finanzas. Vivirá siempre en peligro de ver caer sus mejores creaciones industriales y comerciales en manos forasteras. Vivirá siempre en peligro de colonización. Esto todavía hace más necesario si se piensa que Cataluña es un país naturalmente pobre [...]. Un pueblo podrá nacionalizar la banca o la podrá tener privada. Esa es otra cuestión. Lo que necesita, de una manera u otra, es tener banca»,² escribía Jordi Pujol en un texto que él data en 1956, muy poco antes de que decidiera hacer realidad ese antiguo anhelo.

Pujol tenía 28 años cuando convenció a su padre, Florenci Pujol i Brugat, apoderado del agente de bolsa Moisés David Tennenbaum. Ellos pusieron la mayor parte de los doce millones de pesetas y junto a un grupo de financieros e industriales compraron la pequeña Banca Dorca, de Olot (Girona), el 18 de marzo de 1959. Pujol padre y Tennenbaum no figuraron entre los accionistas fundadores porque nueve días antes de que se formalizara la compraventa de las acciones, sus nombres aparecieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE )³ en una lista de 872 financieros descubiertos por evasión de capitales a Suiza en un proceso que investigaba el Juzgado Especial de Delitos Monetarios.⁴ El intermediario fue George Laurenz Rivara, de la Société de Banque Suisse, y había vehiculado 16.240 millones de pesetas. Los detalles sobre el origen de Banca Catalana, su desarrollo y caída están explicados con todo detalle en el libro que escribieron los periodistas Francesc Baiges, Enric González y Jaume Reixach. Seguramente es el más documentado que se ha escrito sobre los orígenes, desarrollo y caída del banco. Fue publicado en 1985, en plena investigación judicial, cuando la fiscalía intentaba determinar el alcance del saqueo y el enriquecimiento de Pujol y sus familiares. Los tres periodistas quedaron marcados a partir de entonces por el nacionalismo y sobre esa cuestión habrá una referencia en otro capítulo.

El BOE del 9 de marzo de 1959 publicó la relación de todos los implicados en la causa que investigaba el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, clasificados en seis grupos. Tennenbaum aparece en dos ocasiones entre «las personas sancionadas por tenencia ilícita de valores o divisas en el extranjero». Una sanción fue una multa de 6.500 pesetas y el comiso de 650 francos suizos y la otra de mil pesetas, sin que existiera comiso. Florenci Pujol, por su parte, está incluido entre las «personas que no han sido objeto de diligencias por el momento» por razones muy diversas.

La relación de apellidos que aparecen en aquel ejemplar del BOE ya revela la alergia que desde antaño ha sentido una parte del empresariado español a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales. Allí figuran apellidos tan notables de la burguesía catalana como Mas-Sardà, Garriga-Nogués, Alavedra, Samaranch, Pintó, Maristany, Cortadellas o De la Rosa, que se dan la mano con familias de rancio abolengo madrileño residentes en Madrid, como Espinosa de los Monteros, Ares Pacochaga —en la publicación oficial aparecen dos apellidos y no uno solo—, Escámez o Botín. En la lista se incluye también Alfredo Molinas Bellido, que presidió la patronal Fomento del Trabajo Nacional de 1978 a 1994 y que en aquel proceso judicial fue condenado a una multa de 10.000 pesetas y el comiso de 820 francos suizos.

El paso de los años revelaría que la inculpación de Florenci Pujol en un asunto de fraude fiscal no fue una excepción familiar, sino que en la saga anidó una suerte de gen inductor al fraude económico. Es sabido que a aquella conducta del padre siguió la de su hijo Jordi Pujol, que él mismo ha confesado. Después vendrían los tres hijos del expresidente, imputados por la justicia en el momento de escribir este libro por veleidades económicas que les reportaron buenos beneficios y que sin invocar el nombre del padre difícilmente se hubieran producido. A esas tres imputaciones se sumó en diciembre de 2014 la del propio Jordi Pujol, su esposa y otros tres hijos por la fortuna oculta en el extranjero.

Esto es lo que escribía Jordi Pujol sobre su descendencia en el primer libro de memorias: «Se puede decir que los hijos han salido bien. Todos son nacionalistas y trabajadores. No todos son practicantes. Son creyentes, pero no como lo éramos su madre y yo. Este y otros aspectos que no tienen nada que ver con la religión, pero sí con la formación personal, me llevan a reflexionar sobre la dificultad de transmitir valores que hoy tienen los padres. Pero, bueno, ya hablaremos de ello en otra ocasión. De momento, ante este retrato de familia en que aparecemos Marta y yo rodeados de siete hijos y ahora con los nietos que se suman, proclamo que estoy muy contento como marido, como padre y como abuelo».⁵

La legislación española no permitía a finales de la década de los cincuenta la creación de nuevos bancos, por lo que la única manera de hacer realidad el anhelo catalanista pasaba por comprar una entidad ya constituida. Fueron 400 acciones compradas a los hermanos Dorca en la que se implicaron personas muy vinculadas a Jordi Pujol. Entre ellos, su madre y su cuñado, Francesc Cabana. El presidente de la entidad que ejerció como tal durante 20 años fue Jaume Carner Suñol, nieto de un ministro de Hacienda de la Segunda República e integrante de una saga familiar con una de las mayores fortunas de Cataluña. Carner llegó a acumular entre 400 y 600 millones de pesetas al captar fondos de amigos a los que prometió una rentabilidad de hasta el 18 % empleando documentos oficiales de Banca Catalana. El problema es que actuó de espaldas al resto de los directivos y colocó el dinero en una cuenta corriente de la que fue gastando y gastando para sufragar su impresionante tren de vida y relaciones con el mundo empresarial, dentro y fuera de España. En 1981, al cabo de 20 años, se descubrió el agujero. Carner lo había perdido todo y tenía centenares de millones de pesetas en deudas.

Banca Catalana intentó tapar el escándalo y fue sustituido en la presidencia de la entidad por Raimon Carrasco, hijo adoptivo de la familia Carner, pero a quien la entidad encargó, además, desposeerlo de todos sus bienes para cubrir la deuda que generó. Casado con una hermana de Francesc Cabana, falleció en 1992 a los 67 años.

Cuando nació Banca Catalana Pujol fue nombrado gerente de la nueva banca, pero duró muy poco en el cargo al ser detenido por los «hechos del Palau», ocurridos el 19 de mayo de 1960. Un grupo de jóvenes lanzaron octavillas contra Franco coincidiendo con su visita a Barcelona durante un concierto del Orfeó Català en el Palau de la Música porque se excluyó del programa El cant de la senyera, una referencia musical del catalanismo.

Ni al más imaginativo de los novelistas se le habría ocurrido que esa institución, el Palau de la Música, acabaría financiando de manera ilegal Convergència Democràtica de Catalunya —el partido que crearía en 1974 Jordi Pujol—, a través de las obras públicas concedidas por un Gobierno que presidiría aquel joven activista. Ni que la sede de Barcelona de ese mismo partido acabaría sirviendo para cubrir la fianza de responsabilidad civil por más de tres millones de euros en el proceso judicial por el saqueo de las arcas del Palau que protagonizaron Fèlix Millet y Jordi Montull.

Tras su detención, Pujol pasó por la comisaría de policía de la Via Laietana de Barcelona, donde fue torturado como centenares de antifranquistas, y acabó condenado en consejo de guerra a siete años de cárcel, de los que cumplió tres en la prisión de Zaragoza. Durante ese tiempo le relevó en la gerencia del banco Francesc Cabana.

En 1961 la entidad pasó a denominarse Banca Catalana y cinco años después aumentó su calificación de banca local a banca regional. En 1965 Pujol se reincorporó a la dirección como consejero y entre 1974 y 1976 fue consejero ejecutivo, la máxima autoridad de la institución. La renuncia a ese cargo se formalizó el 3 de abril de 1977 y en las actas de la época se le define como «el principal impulsor del banco». Seguramente la inscripción formal de la renuncia tenga algo que ver con que el 15 de junio de aquel año se celebraron las primeras elecciones legislativas en España que eligieron a las Cortes Constituyentes. Fue el inicio de la carrera política de Jordi Pujol, que salió elegido diputado por Barcelona.

Pujol ha repetido durante años que se desvinculó de Banca Catalana para dedicarse de lleno a la política, pero lo cierto es que después del 20 de marzo de 1980, fecha de las primeras elecciones autonómicas que le auparon a la presidencia de la Generalitat, «mantuvo su condición de principal accionista de la sociedad hasta la última operación de venta de acciones, el 19 de enero de 1982».⁶ Después de esa fecha mantuvo un importante paquete de títulos, que donaría el 14 de mayo de 1982 a la Fundació Catalana en una turbia operación legal que se detallará más adelante.

En los años del desarrollismo del tardofranquismo Banca Catalana experimentó una gran expansión en oficinas y absorbió pequeños bancos, de manera que cerró el ejercicio de 1972 con unos depósitos de 20.150 millones de pesetas. En 1975 tenía 81 entidades, tres de ellas en el extranjero, y sus activos eran de 117.000 millones de pesetas. En 1981 las sucursales llegaron a 250.

Se trataba, sin embargo, de un gigante con pies de barro, pues los directivos de la entidad no consideraron la crisis que empezaba a despuntar, y en una huida hacia delante, presos de lo que después se denominaría la burbuja financiera, compraron esos pequeños bancos a través de sociedades interpuestas que se financiaban con créditos carísimos concedidos por Banca Catalana. En 1979 el tipo de interés en España estaba al 20 %, pero eso no impidió que para entonces se hubiera materializado ya la adquisición del Banco Industrial del Mediterráneo, el Banco Industrial de Cataluña, el Banco de Barcelona, el Banco de Gerona, el Banco de Alicante y el Banco de Crédito e Inversiones, que costaron más de 11.000 millones de pesetas. Esa política expansiva, a la que siempre se opuso el secretario de la entidad, Francesc Cabana, condicionó para siempre la viabilidad y el futuro de Banca Catalana y supuso, a la larga, el detonante definitivo de la quiebra, pese a que los depósitos totales de las entidades superaban los 260.000 millones de pesetas. Esa era la moneda de entonces en España y la que utilizaré en las páginas este libro, aunque en ocasiones efectuaré una conversión a euros y una renta actualizada con la aplicación disponible en la web a través del Instituto Nacional de Estadística, con el fin de que el lector se haga una idea de lo que supondrían ahora aquellas cantidades.

En octubre de 1980 el Banco de España envió a sus inspectores para conocer en profundidad la realidad económica de Banca Catalana ante los primeros datos inquietantes y apenas once meses después, el 22 de septiembre de 1981, un informe advertía de la existencia de un desequilibrio patrimonial de 6.762 millones de pesetas. Para entonces, Jordi Pujol llevaba ya año y medio en la Generalitat y los gestores de Banca Catalana acudieron a él para que hiciera uso de su influencia política e intentara salvar la entidad. No hubo manera.

En aquellas fechas España venía de superar un golpe de Estado, y la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido mayoritario, estaba inmerso en un proceso de autodestrucción. En ese contexto político, la crisis de Banca Catalana resultaba un asunto muy secundario para el Gobierno. El viernes 11 de junio de 1982, una información confidencial de la agencia Europa Press, que reprodujo TVE en Cataluña, advertía de los «rumores sobre una posible suspensión de pagos de una entidad crediticia catalana». No se citaba Banca Catalana, pero los directivos de la entidad y la propia Generalitat desmintieron la noticia a la agencia Efe.

El contenido del confidencial posiblemente habría pasado desapercibido, pero el desmentido acabó creando la noticia. Banca Catalana nunca reconoció su parte de responsabilidad y atribuyó a la noticia el pánico que se generó. Los clientes se apresuraron a una retirada masiva de depósitos, a un ritmo de mil millones de pesetas diarios, de manera que a finales de julio se había vaciado la caja en 25.000 millones. «Como en todas las ocasiones en que se suceden los desmentidos, el público olfateó que el asunto iba en serio y, aunque el sábado siguiente a la nota el ambiente fue tranquilo, las salidas de depósitos se dispararon desde primeras horas del lunes. El Banco de España, previsor, había mandado el sábado una furgoneta blindada con 2.000 millones en efectivo a la sede central de Banca Catalana, pero los recursos fueron devueltos íntegramente. Y el lunes, sin la violenta necesidad de hacer colas ante las ventanillas, los millones empezaron a desaparecer de los depósitos a través de la Cámara de Compensación Interbancaria: los clientes preferían no dar la cara y retirar su dinero ante testigos, por lo que simplemente ingresaban talones contra Banca Catalana en otras entidades bancarias.» La descripción que se hace en el citado libro de Baiges, González y Reixach es una fotografía muy nítida de lo ocurrido.

Ante la sangría económica que sufría la entidad, el Banco de España exigió el relevo del presidente de Banca Catalana, Raimon Carrasco, que había sustituido a Jaume Carner cuando se descubrió el agujero que este había dejado por sus gastos personales. Carrasco era hijo del dirigente de Unió Democràtica de Catalunya Manuel Carrasco i Formiguera, fusilado por el general Franco en 1936. Eusebi Díaz Morera, un prestigioso economista que había modernizado Caixa de Barcelona, aceptó el cargo el 7 de julio de 1982, junto a Jordi Mercader, con el beneplácito de los consejeros de la entidad.

La primera decisión de los nuevos gestores fue encargar una auditoría interna a Price Waterhouse, que reveló un déficit patrimonial de 129.112 millones de pesetas y unas pérdidas anuales del grupo cifradas en 20.000 millones. Esas cifras no cuadraban con las estimaciones del Banco de España, según las cuales el déficit patrimonial no excedía de los 60.000 millones, de manera que la autoridad monetaria rechazó el plan de saneamiento propuesto por Díaz Morera y Mercader y optó por no intervenir. La inacción reactivó la retirada masiva de fondos, que en el mes de noviembre había alcanzado ya la cifra de 110.000 millones de pesetas. La falta de confianza por parte del Banco de España llevó al nuevo equipo gestor a arrojar la toalla el 2 de noviembre de 1982 ante la imposibilidad de sacar adelante su plan de saneamiento, cuando ni siquiera habían cumplido cuatro meses en el cargo.

El 17 de noviembre de aquel año se celebró una junta extraordinaria que aprobó la reducción del precio de las acciones de la clase A de 5.000 a cinco pesetas, y de mil a una peseta en el caso de las acciones de la clase B. Fue una tumultuosa reunión en la que por primera vez se votó si había que exigir responsabilidades judiciales a los anteriores gestores de la entidad, con Jordi Pujol al frente. A la junta asistieron unos 1.700 accionistas, que representaban a 5.843 de los cerca de 20.000 accionistas, pero que disponían del 68 % del capital. Entre ellos, todos los grandes accionistas, directamente vinculados a los antiguos consejos de administración, por lo que no era de esperar que se autoexigieran responsabilidades. El grupo familiar de Pujol tenía un paquete de acciones cercano al 20 % del capital. Otro tanto eran accionistas de los primeros años, con acciones de la serie A, las que valían cinco veces más, y totalmente identificados con la empresa.

En esa tesitura, el resultado que arrojó la votación era más que previsible: 151.620 votos favorables a la exigencia de responsabilidades, 604.929 en contra y 15.537 abstenciones. Esa circunstancia fue esgrimida durante el proceso judicial por la defensa del expresidente de la Generalitat y por él mismo para clamar por su inocencia. Si los accionistas no reclamaban el supuesto perjuicio causado difícilmente podía considerarse que hubiera existido y que Pujol hubiera de rendir cuentas a la justicia, decían los abogados. Sin embargo, que los accionistas no acudiesen al juzgado no significaba que no se produjera un perjuicio directo a Banca Catalana, que sufrió unas pérdidas de 19.679 millones de pesetas como consecuencia de aquella deplorable gestión económica, según se acreditó durante la investigación.

El Gobierno de Felipe González renunció a ejercer el derecho de tanteo con Banca Catalana, pese a que el PSOE había prometido que actuaría de esa manera cuando un banco entrara en crisis, y así lo incluyó en el programa con el que se presentó a las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, en las que consiguió su histórica mayoría absoluta. El ejecutivo socialista, con Miguel Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, consideró que la gestión privada del banco sería la mejor opción, y abrió el proceso de venta de Banca Catalana. Hubo un intento de salvar la «catalanidad» de la entidad con la intervención de La Caixa y el Banco de Sabadell, pero finalmente se adjudicó en subasta el 17 de mayo de 1983 a un pool formado por 13 bancos, entre los que figuraban las principales entidades de España. Para entonces, el Banco de España ya había concedido ayudas crediticias a Banca Catalana por valor de 125.000 millones de pesetas.

El pool bancario encargó al Banco de Vizcaya que asumiera en solitario la nueva etapa y durante 1983, con los nuevos gestores al frente, Banca Catalana ya generó unos recursos brutos de 6.239 millones de pesetas. En enero de 1984 el Vizcaya hizo efectiva su opción de compra y pagó 13.606 millones de pesetas por Banca Catalana.

Resuelto el futuro financiero de la entidad con el dinero de los contribuyentes, quedaba por esclarecer si los exresponsables de Banca Catalana tenían que rendir cuentas ante la justicia. El 16 de junio de 1983 el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, compareció en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso para explicar la gestión de Banca Catalana y declaró: «El Gobierno tiene indicios de irregularidades graves en Banca Catalana, y por ello solicitó el 19 de mayo al Banco de España que le remitiera toda la información para la posible depuración de responsabilidades de los antiguos administradores de la entidad».⁷

Todos los grupos de la oposición incluido el de Minoría Catalana, al que estaban adscritos los diputados de Convergència Democràtica, aplaudieron la decisión de Boyer. El ministro explicó que le pareció que la oferta presentada por el pool bancario era la mejor para asegurar el futuro de Banca Catalana, porque se comprometía con más garantías a asumir el 11 % de los posibles morosos existentes entre los 51.000 millones de pesetas, prestados y avalados a empresas del grupo. También relató que, en esa fecha, las arcas públicas ya habían prestado a Banca Catalana 125.000 millones de pesetas a través de los créditos concedidos por el Banco de España y los préstamos del Fondo de Garantía de Depósitos. Los primeros se devolverían en el plazo de ocho años, con cinco de carencia, y los segundos, en diez años.⁸

Los informes del Banco de España sobre la descapitalización de Banca Catalana acabaron en la fiscalía de Barcelona para que se iniciara una investigación que asumieron Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. No porque ellos la reclamaran, sino por el orden de jerarquía de los fiscales, los asuntos que tenía cada uno en ese momento y el criterio empleado por el fiscal jefe de Barcelona, Alejandro Sanvicente. Los dos fiscales estudiaron la documentación y concluyeron que había indicios de delito contra Jordi Pujol y 24 exdirectivos. Luis Burón Barba, el fiscal general del Estado, dio su visto bueno y se presentó una querella contra ellos el 22 de mayo de 1984, casi un año después de que el ministro Boyer anunciara que el Banco de España estudiaría el caso por si podía derivarse alguna responsabilidad de los antiguos gestores.

En 1985 el Tribunal de Cuentas cifró las ayudas públicas recibidas por el grupo Banca Catalana en 344.049 millones de pesetas.⁹ Fue la entidad más beneficiada de los 1,189 billones de pesetas que en aquella época se destinaron al saneamiento de los bancos. Banca Catalana era en esos días la décima entidad en importancia de España y nunca, hasta entonces, se había desembolsado tanto dinero público para salvar a un banco.

Luego vino la nacionalización de Rumasa y se superó el desastre financiero, pero Banca Catalana fue el primer rescate bancario de la democracia, un procedimiento que se repetiría al cabo de 30 años en el ciclo inexorable de la historia si no se aprende de las lecciones del pasado. Del dinero público destinado a Banca Catalana, 83.027 millones fueron para sanear las pérdidas y los otros 261.022 se emplearon en cubrir las retiradas de depósitos de los clientes. Parte de esas cantidades se acabarían recuperando con el paso de los años, pero el perjuicio cierto e incuestionable que sufrieron los accionistas y la entidad fue de 19.679 millones de pesetas, como ya se ha dicho en varias ocasiones y conviene repetir, en concepto de activos ficticios que nunca aparecieron. A ello han de sumarse otros 14.682 millones de pesetas por la imposibilidad de recuperar los créditos otorgados a las sociedades instrumentales, «con pleno conocimiento de que no podían realizarse, dado que aquellas presentaban resultados negativos constantes y crecientes, y en tal medida eran total y absolutamente insolventes»,¹⁰ dijeron los magistrados que votaron por el procesamiento de Pujol.

Han pasado ya más de tres décadas de aquello. Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena colgaron la toga de fiscal hace un tiempo, pero siguen convencidos de que los directivos de Banca Catalana, con Jordi Pujol al frente, cometieron delito por cómo administraron la entidad y se enriquecieron con el dinero de los accionistas. Los vientos de la historia, además, soplan por fin a su favor, y la confesión de Pujol está dejando a cada cual en su sitio, aunque haya habido que esperar tanto.

José María Mena: Me remito a los papeles del sumario. Ahí están los nombres del dinero que salió de la caja B de Banca Catalana, a qué personas y qué empresas fue a parar y las cantidades concretas que recibieron unos y otros. Está escrito.

Pere Ríos: ¿Alguien cuestionó la veracidad de esos informes del Banco de España? Me refiero a los abogados de la defensa durante la investigación judicial o a los jueces que exculparon a Jordi Pujol.

JMM: No, eso no lo ha discutido nadie nunca porque son datos del Banco de España. Los inspectores del Banco de España sacaron esos datos de la contabilidad que les dio Banca Catalana. Por tanto, son datos oficiales de la propia entidad. Al principio disimulaban y decían «no sabemos, la caja negra, la caja N, la caja B». Hasta que se vio que tenían, como todo el mundo, una caja B donde apuntaban lo que les daba la gana. Y el dinero entraba y salía sin el más mínimo control de las propias instituciones de la entidad. Se lo manipulaban ellos.

Carlos Jiménez Villarejo: Cuando hablamos del balance de una entidad bancaria hablamos de la cuenta de resultados. Está más que acreditado que en el balance de Banca Catalana había unos datos que no reflejaban el funcionamiento real de la entidad desde el punto de vista económico. Había una desviación entre la contabilidad oficial y la contabilidad real, lo cual daba lugar a una manipulación.

JMM: Está escrito, una cosa encima de otra. ¿Cómo es posible que digan que no sucedió? Ciertamente, como los querellados eran administradores de una entidad y los posibles perjudicados jamás se dieron por perjudicados, eso facilitaba el argumento de que no había apropiación indebida. Pero para resolverlo, el dinero lo puso el Fondo de Garantía de Depósitos. Los perjudicados hemos sido todos los que con nuestro dinero hemos repuesto lo que desapareció. El dinero desapareció y hay datos concretos, muy relevantes, de a qué manos fue buena parte de ese dinero. No hay más que leerlo. Está escrito y es sorprendente.

LA CAJA B Y LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES

El 22 de mayo de 1984 la fiscalía de Barcelona presentó la querella por apropiación indebida y falsedad documental contra los 25 exdirectivos de Banca Catalana. Era un texto de apenas 24 páginas que relataba los hechos de manera sucinta, como suele ocurrir al inicio de un procedimiento penal. Tras más de dos años de investigación judicial, la fiscalía imputó un tercer delito, maquinación para alterar el precio de las cosas, y en el escrito dirigido al pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha de 30 de junio de 1986, redujo a 17 el número de acusados. Cuatro de ellos habían fallecido durante la tramitación de la causa. Contra el resto se retiró la acusación.

El segundo escrito de acusación de la fiscalía ocupaba 428 páginas. Fue presentado el 30 de junio de 1986 y ampliado posteriormente el 30 de octubre del mismo año. En esos documentos se relatan con toda clase de detalle el uso de los fondos procedentes de Banca Catalana que hicieron Jordi Pujol y el resto de los querellados para lograr un beneficio personal, favorecer a sus familiares, empresas y terceras personas. Todo ello, de espaldas al Banco de España y a la junta de accionistas. La actuación delictiva que describe la fiscalía se fraguó en dos fases. La primera, consistente en desviar fondos para crear una contabilidad paralela a través de diversos procedimientos y con utilización de sociedades instrumentales. En un segundo momento, los acusados dispusieron de esos fondos como si fuesen propios.

El epicentro de esa actividad fue la llamada caja B, que en la terminología interna del banco era conocida como «Cane», «Mon K» o «Cuenta B». «Consiste, sustancialmente, en un sistema autónomo de actividad económica que los querellados llevan a cabo de forma paralela e independiente a la que realizan como administradores, en el estricto marco legal y estatutario de Banca Catalana, y como consecuencia de ello, la ocultan a la junta general de la entidad y a la autoridad monetaria»,¹¹ escriben los fiscales.

Con la creación de esa contabilidad paralela, los accionistas no pudieron ejercer sus derechos societarios, ni el Banco de España pudo garantizar la solvencia de la entidad, ni la protección de los clientes, porque el dinero se desvió ilícitamente y sin control. Otra cosa es que la autoridad monetaria, de haber podido, hubiera cumplido con la función que tenía encomendada. Décadas después se comprobó que el Banco de España en particular, y el Estado en general, miró para otro lado con las participaciones preferentes, así como con el reiterado y obsceno saqueo de las cajas de ahorro. Pero esa es otra historia.

Los fondos desviados a la caja B de Banca Catalana entre los años 1974 y 1981 alcanzaron los 83.715 millones de pesetas. Durante la época en que Pujol estuvo al frente como consejero ejecutivo, ese dinero representó anualmente entre el 10,2 % y el 11,1 % de los recursos totales de Banca Catalana. A partir de 1979, cuando se produjo una reforma fiscal en España, la incidencia de la caja B en los recursos de Banca Catalana fue menor, no porque disminuyera esa práctica, sino porque se ideó otro artificio consistente en traspasar el dinero de la contabilidad paralela a las sociedades instrumentales, como luego se detallará.

RECURSOS TOTALES (EN MILLONES DE PESETAS)

Los querellados crearon 27 sociedades instrumentales para canalizar el dinero desviado a la caja B, con la compra de valores mobiliarios, también de espaldas a los accionistas de Banca Catalana y del Banco de España, pues la mayoría de esas operaciones estaban prohibidas por ley o sometidas a limitaciones que no respetaron. Para utilizar ese grupo de sociedades decidieron que Banca Catalana no participara directa ni indirectamente en su reducido capital social, con la finalidad de no dejar rastro de su vinculación. Se trata, decía el escrito de la fiscalía, de «un conjunto de sociedades, aparentes, carentes de capital social real, en las que los únicos recursos propios de que disponían, como cifra de garantía frente a los acreedores, que en este caso se reducían a Banca Catalana y otras entidades del grupo bancario, estaban constituidos por el capítulo de las reservas, integradas en gran parte por el producto de los beneficios obtenidos en las operaciones en las que se hacía figurar a estas sociedades».¹²

La utilización de sociedades instrumentales por parte de las entidades bancarias era y es un procedimiento habitual. Lo que resultaba infrecuente, y podía constituir delito, era que las entidades no reconocieran su existencia en sus publicaciones oficiales y no se detalle su participación en el capital de esas sociedades, que es lo que ocurrió con Banca Catalana. Ni en las memorias anuales, ni en la contabilidad y balances confidenciales y públicos, ni en las juntas generales constaban esas sociedades y mucho menos se comunicó a la autoridad monetaria.

Las reservas de las sociedades instrumentales fueron muy escasas hasta la entrada en vigor de la Ley 50/77, de regularización de los balances. Es a partir de entonces cuando aparecieron las primeras anotaciones contables y afloró la titularidad de bienes y derechos que habían permanecido ocultos. Las sociedades instrumentales sustituyeron casi totalmente a las personas físicas que figuraban como titulares de los valores mobiliarios comprados con fondos de la caja B y se emplearon como beneficiarias de la concesión masiva de créditos ficticios.

El decreto 702/69, de 2 de abril, establecía que los créditos concedidos por una entidad bancaria a sus empresas filiales no podían superar el 2,50 % de los recursos totales del banco, propios y ajenos. Sin embargo, en el caso de Banca Catalana los créditos otorgados a sociedades instrumentales suponían el 3,45 % a fecha 30 de abril de 1978 y justamente cuatro años después alcanzó el 8,10%. Y todo ello, conviene insistir, a sabiendas de que esas empresas tenían recursos muy limitados y, por lo tanto, no podrían retornar los créditos. El siguiente cuadro resulta ilustrativo sobre la evolución de las reservas reales de las sociedades instrumentales, de los resultados obtenidos desde 1979 y del impacto que tuvieron en la contabilidad global de Banca Catalana. Las cifras son en millones de pesetas.

LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES DE BANCA CATALANA

El ocultamiento de esta actividad, que debía reflejarse en la contabilidad oficial, fue reiterado, de manera que las primeras inspecciones que encargó el Banco de España, en 1980 y 1981, constataron la «actitud obstruccionista» de los responsables de la entidad. Este comportamiento impidió conocer la verdadera situación patrimonial, económica y financiera de 21 sociedades instrumentales, que entonces aparecían como poseedoras de acciones del Banco de Alicante y del Banco de Crédito e Inversiones. El volumen de créditos otorgados por Banca Catalana a las sociedades instrumentales ascendía a 30 de septiembre de 1980 a 8.565 millones de pesetas y a 10 de septiembre de 1982, a 12.867 millones.

El acta del Banco de España, levantada el 6 de marzo de 1981, refleja la «falta de información» sobre el accionariado de cinco sociedades instrumentales, y en otras dos, sobre el consejo de administración. Los inspectores de la autoridad monetaria tampoco pudieron conocer los balances posteriores al 1 de enero de 1978 en las 21 empresas, ni el desglose de la cartera de valores de ninguna sociedad instrumental, ni las cuentas de resultados posteriores a 1979. Cuando el Fondo de Garantía de Depósitos asumió la administración de Banca Catalana los riesgos dinerarios concedidos a las sociedades instrumentales (que al final se descubrió que eran 27 y no 21, prácticamente insolventes) se acabaron destapando. El volumen total de esos riesgos dinerarios era de 16.097 millones de pesetas a fecha 30 de septiembre de 1982, mientras que los activos solo permitían el reembolso de 1.415,8 millones. Por tanto, el perjuicio patrimonial causado por estas sociedades a la entidad fue de 14.682 millones de pesetas, como ya se ha dicho. Esta cifra, actualizada al mes de noviembre de 2014 equivaldría a 330,28 millones de euros.

LAS CIFRAS Y LAS FORMAS DEL EXPOLIO

El desvío de fondos de la contabilidad oficial de Banca Catalana a la caja B se realizó por diversos procedimientos. El más importante fueron los créditos ficticios, que en la documentación interna del banco se denominan créditos S y que el Fondo de Garantía calificó como «créditos simulados». Eran créditos que se tramitaban por el conducto bancario ordinario, autorizados por la comisión superior de créditos y la comisión ejecutiva de Banca Catalana. Sin embargo, el destino real solo era conocido por el reducido grupo de directivos de la entidad y las personas directamente implicadas.

Los créditos ficticios otorgados entre 1974 y 1981 sumaron 5.101 millones, distribuidos de la siguiente forma: 2.715 millones a las sociedades instrumentales, 1.303 millones a empresas vinculadas a los querellados y otros 1.084 millones beneficiaron a diversos clientes. La concesión del crédito implicaba la apertura de una cuenta corriente en la que figuraba como titular el aparente beneficiario. Sin embargo, este no podía disponer del dinero, sino que entregaba a los querellados los talonarios firmados en blanco para que estos dispusieran de la cantidad otorgada. De esta manera el dinero iba a la caja B y se creó un volumen muy elevado de activos que no eran reales. Banca Catalana, pese a ostentar formalmente la condición de acreedor, no podía reclamar la devolución del crédito a quien, pese a aparecer como beneficiario, no había dispuesto del dinero y, por tanto, no era deudor. Para asegurar la disponibilidad absoluta del dinero, cuando se concedía el crédito a los supuestos beneficiarios particulares se les entregaba un documento en el que la entidad se consideraba reintegrada por el importe y sus posteriores renovaciones, quedando saldados y finiquitados con sus intereses y gastos.

Durante la operación de saneamiento a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos, parte de estos créditos ficticios, por valor de 1.203 millones de pesetas, fueron cancelados con cargo a la cuenta de «pérdidas por saneamiento», con lo que el perjuicio para la entidad bancaria resultó definitivo. Otros 2.055 millones se hicieron aflorar en la contabilidad de las sociedades instrumentales y otros 1.883 millones en créditos sirvieron para sustituir los préstamos en los que hasta entonces aparecían como beneficiarias esas empresas. De esa forma se evitó que Banca Catalana soportara los efectos de estos créditos ficticios como si fueran recuperables, aunque se sabía que las sociedades eran insolventes.

En la larga relación de las empresas beneficiarias de los créditos ficticios figuran tres sociedades administradas por Jordi Pujol: Laboratorios Martín Cuatrecasas, Chasyr 1879 SA y Túneles y Autopistas de Barcelona (Tabasa). También se otorgaron créditos a otra sociedad constituida por Pujol y otro querellado, Plastac SA, así como a la empresa Dracma SA, constituida y administrada por Florenci Pujol i Brugat, padre del expresidente de la Generalitat. En el capítulo dedicado exclusivamente al beneficio de Pujol y su familia con Banca Catalana se detallarán las cantidades y el importe.

En otros casos se concedieron créditos ficticios cruzados de Banca Catalana a otros bancos del mismo grupo para que pudieran realizar todo tipo de operaciones. Esos créditos se cancelaron por procedimientos irregulares entre marzo y noviembre de 1982, cuando estalló la crisis de la entidad. A 31 de diciembre de 1981 había 1.568,8 millones de pesetas en créditos ficticios cruzados pendientes de liquidar y distribuidos de la siguiente manera entre los bancos del Grupo Catalana: Banca Mas Sardà, 12 operaciones por importe de 590 millones de pesetas; Banco de Expansión Industrial, 10 operaciones por 348 millones; Banco de Barcelona, diez operaciones por un total de 343 millones; Banco de Alicante, cinco operaciones por 205 millones; Banco Condal, dos operaciones por 75 millones y Banco de Financiación Industrial, otras dos por importe de 7,8 millones de pesetas.

Para engrosar la caja B también se captaron depósitos de clientes que eran atraídos por el prestigio de la entidad y a los que se les garantizaba una remuneración superior a la del mercado. Había tres modalidades de depósitos.

Los «depósitos a la vista» consistían en la emisión de un recibo de papel común, sin membrete, ni numeración ni ningún dato de control, en el que únicamente figuraba el tampón de la entidad y una firma con las iniciales «p.p.». En el recibo para la entidad constaba la entrega de una cantidad de dinero y el depositante recibía días después un comprobante con una cantidad superior. La diferencia a favor del depositante iba a parar al saldo de cuenta corriente a la vista y se liquidaban intereses de entre el 8 y el 15 % anual. El dinero captado por este procedimiento entre 1975 y el 30 de junio de 1982 fue de 5.924 millones de pesetas.

Los depositantes que se beneficiaban de este procedimiento tan ventajoso eran personas físicas o jurídicas muy próximas al núcleo directivo del grupo, en ocasiones los propios administradores. Jordi Pujol, sus familiares y las empresas que administraba el político contrajeron depósitos a la vista. Las cifras concretas se detallarán más adelante. Entre esa relación de clientes figuran también David Tennenbaum, el agente de bolsa con el que el padre Pujol compró Banca Dorca, y la esposa de aquel, Ruth Kirschner. El primero suscribió depósitos por importe de 148 millones de pesetas entre los años 1975 y 1979 y en el caso de su esposa fueron 100,6 millones de pesetas de 1980 a 1982.

Otra manera de nutrir la caja B de Banca Catalana fueron los depósitos mediante letras. Los clientes se constituían en libradores de letras de cambio avaladas por la entidad o Barcelonesa de Financiación SA. En el documento figuraba una suma nominal superior a la realmente depositada y la cancelación del depósito se producía con el vencimiento del efecto. La suma que recibía el cliente, superior a la depositada, eran los intereses devengados, que oscilaban entre el 14,5 y el 15,5%. Los importes nominales de los efectos pendientes por este concepto sumaban 1.967 millones de pesetas el 30 de junio de 1982.

En otros casos, los depositantes fueron sociedades instrumentales, que aparecían como titulares de las cantidades contratadas por los particulares, como Jordi Pujol, su esposa y diversos familiares. Plau SA fue, con diferencia, la que contrajo más depósitos, por importe de 2.341 millones de pesetas. Otros 54 millones se contrataron en depósitos a través de las sociedades Firesa y Serin.

La caja B también se nutrió de fondos con el uso repetitivo de facturas y timbres. En el primer caso, las facturas se contabilizaban dos veces y eso daba lugar a dos pagos. Uno se destinaba al proveedor y otro se ingresaba en la caja B, lo que suponía una traslación de fondos para ser utilizados al margen de los controles oficiales y accionariales de la entidad, como en los otros procedimientos ya descritos. En el caso de los timbres, no se procedía a su inutilización, de manera que volvían a ser empleados en sucesivas operaciones, para las que se había recibido a su vez provisión de sucesivos clientes. De esta manera, los cobros efectuados a los clientes eran ingresos irregulares para la caja B. En la contabilidad oculta de Banca Catalana figuró hasta 1978, en concepto de ingresos, el epígrafe «timbres», que recogía los recursos aportados por clientes ordinarios sin su conocimiento, pues ellos creían sufragar los gastos de timbres de los efectos, cuando en realidad los recursos iban a la caja B. Entre 1974 y 1978 se desviaron por este procedimiento a la contabilidad paralela un total de 59,2 millones de pesetas. A partir de 1979 se emplearon nuevos sistemas de contabilidad en Banca Catalana y no se puede precisar a cuánto ascendieron.

A la contabilidad paralela de la entidad también fueron a parar los dividendos derivados de inversiones realizadas en valores mobiliarios. Entre los años 1974 y 1976, con Pujol al frente de la entidad, ese rendimiento superó los 1.096 millones de pesetas. Se trataba de un dinero que debió ser de Banca Catalana, pero nunca afloró en la contabilidad oficial ni en la cuenta de resultados. De esa manera, los querellados pudieron disponer del dinero a su gusto. A partir de 1977 se les pierde la pista en la contabilidad de la caja B.

El último procedimiento para nutrir la caja B fueron los recibos de letras ficticios y las llamadas boletas contables ficticias, que se aplicó desde 1980 y que se empleó para disponer de fondos con los que renovar primero y cancelar después los depósitos a terceros que ya se han mencionado. Con los recibos de letras ficticios se generaron para la caja B unos recursos de 5.015 millones hasta el 30 de julio de 1982. Para ello, se utilizaron los «recibos justificantes de letras», documentos de uso interno que sustituyen a los efectos cambiarios de manera provisional, y exclusivamente a efectos del proceso contable durante el periodo comprendido entre el descuento bancario y el vencimiento del efecto. Por tanto, son solo recibos identificativos y no pueden producir los efectos de una letra de cambio. En este caso, sin embargo, los querellados acordaron la creación masiva de recibos justificantes de letras totalmente ficticios sin firma ni sello en los que se hicieron constar de forma arbitraria los datos a supuestos librados y las cantidades imaginarias de letras de cambio.

De esta manera, los recibos ficticios fueron tratados como si se tratase de efectos comerciales reales y, por tanto, facturados, descontados y pagados. Al pie del propio recibo se indicaba el ingreso de las correspondientes sumas a nombre de distintas personas elegidas al azar. Sin embargo, el número de las cuentas corrientes no era el de estas personas, sino que siempre se ingresaban en la cuenta 100.000.032 de la oficina principal, bajo el control de uno de los querellados, Antoni Armengol, que actuaba «de conformidad con las instrucciones expresas del querellado Francesc Cabana [cuñado de Pujol], transmisor de la voluntad conjunta de los demás querellados que idearon esta manipulación»,¹³ asegura la fiscalía en su escrito.

Entre los beneficiarios de esa práctica figura el suegro de Jordi Pujol y otro cuñado suyo, en este caso hermano de Marta Ferrusola. Los detalles de las fechas y los importes se darán más adelante. En la lista de beneficiarios aparecen dos de los abogados que tuvo en este proceso el expresidente de la Generalitat. Joan Piqué Vidal figura como poseedor de un recibo de 3,5 millones de pesetas fechado el 17 de mayo de 1982 y Juan Córdoba Roda de otro por idéntico importe, ocho días más tarde.

Del mismo modo, los directivos de Banca Catalana para los que la fiscalía solicitó el procesamiento aprovecharon la práctica bancaria de las llamadas «boletas contables» o «planillas» para nutrir la caja B. Se trata de documentos internos que, a partir de una operación bancaria real, con la correspondiente justificación documental, contienen una descripción de la misma para provocar el asiento contable. En el caso que nos ocupa, se empleó este método desvirtuando su contenido y finalidad, de manera que se emitieron boletas contables que no respondían a ninguna operación ni tenían justificación documental, pero que se contabilizaron como «operaciones en camino».

Como en el caso de los recibos ficticios, Antoni Armengol fue quien firma casi la totalidad de las boletas contables siguiendo las directrices de Cabana. De esta manera a 30 de octubre de 1982 se habían generado ya activos ficticios por importe de 5.482 millones de pesetas, constituidos por cheques contra Banca Catalana. Esos fondos se fueron retirando después, directamente en ventanilla o a través de cheques con cargo al banco. «El destino dado a estos recursos fue el del reembolso de depósitos de toda índole, y el pago de sus intereses, así como la renovación de operaciones procedentes de la misma especie, computándose finalmente como pérdidas dada la falacia de la operación que reflejaban»,¹⁴ escriben los fiscales en su escrito acusatorio.

Conviene insistir de nuevo en que la fiscalía consideraba que todos estos procedimientos constituían indicios racionales de delito. De ahí la petición para que se procesara a Jordi Pujol y el resto de los querellados con el fin de que avanzara la investigación judicial y se sentaran en el banquillo. Las pérdidas reales de Banca Catalana a consecuencia de los activos ficticios creados con estos artificios contables fueron de 19.679 millones de pesetas, como ya se ha apuntado. Esta cifra, actualizada al mes de noviembre de 2014, equivaldría a 442,68 millones de euros. La inmensa mayoría de los jueces, sin embargo, ni siquiera entraron a analizar si todas esas operaciones tenían relevancia penal. El auto exculpatorio que firmaron 33 de los 41 magistrados se centra en dos operaciones de venta de acciones realizadas por Pujol y olvida todos los procedimientos descritos, supuestamente delictivos.

CÓMO SE GASTÓ EL DINERO DE LA CAJA B

«Los querellados directamente responsables del manejo de la caja B, en la medida en que detrajeron, apartaron y dispusieron de estos recursos económicos de Banca Catalana, recursos que, además, fueron torpemente administrados, provocaron directa y expresamente un continuado déficit patrimonial de la entidad que, según se verá, la conduciría a la más absoluta ruina económica», relata el escrito de acusación de la fiscales. Fueron prácticas al margen de la legislación de entonces, sin el más mínimo criterio de solvencia económica y financiera, que condujeron a Banca Catalana a un endeudamiento del que no pudo recuperarse, pero que benefició directamente al núcleo de directivos. Entre ellos, Jordi Pujol y sus familiares, que aparecen en casi todos los procedimientos empleados para disponer de los fondos de la contabilidad paralela.

La compra de sociedades de todo tipo, en el marco de una política expansiva, fue la manera más habitual de gastar el dinero de la caja B. No solo se ocultó en la contabilidad oficial sino que vulneró lo establecido en el decreto ley 56/62, de 6 de diciembre, que prohibía taxativamente a los bancos comerciales que dedicasen a la compra de valores industriales fondos que superen sus recursos propios, a no ser que lo autorizara el Banco de España. De 1974 a 1981 Banca Catalana superó anualmente en varios miles de millones el límite que tenía permitido para comprar valores mobiliarios e inmobiliarios.

El año en el que se produjo el mayor diferencial fue 1978, en que Banca Catalana tenía un límite disponible en valores industriales de 535 millones de pesetas y gastó 12.321 millones. Es decir, 11.786 millones más de lo permitido. El periodo en que se produjo el menor diferencial fue en 1979, cuando la entidad podía gastar 39 millones y realizó inversiones por 4.624 millones. La idea global del desacierto de esa política expansiva aparece aún más clara si se suman las cantidades referidas al periodo de 1974 a 1981. Con la normativa vigente, el límite legal era de 1.827 millones, pero las inversiones en valores industriales totalizaron 55.744,1 millones.

Entre la relación de empresas a las que se compraron acciones con dinero procedente de la caja B figura una sociedad constituida por el padre de Jordi Pujol y otras dos administradas por este.

Otra forma de disponer del dinero de la caja B fue la adquisición de acciones de otras entidades bancarias para ampliar su ámbito de influencia. Como los directivos no podían realizar estas adquisiciones en nombre de Banca Catalana, las formalizaron con su identidad o la de personas físicas de su confianza y a partir de 1977, con el cambio de legislación, a través de las sociedades instrumentales. En total se gastaron 11.061 millones de pesetas en la compra de los bancos, que fue detraída del patrimonio de Banca Catalana sin que los órganos de la entidad tuvieran conocimiento.

Esta cantidad se distribuyó de la siguiente manera: 3.920 millones destinados a la compra de acciones del Banco de Crédito de Inversiones; 2.308 en autocartera de Banca Catalana; 2.318 millones en el Banco de Alicante; 1.355 millones en el Banco de Barcelona; 390 en el Banco de Asturias y 768 millones en el Banco Mercantil de Manresa. Jordi Pujol y su suegro, Josep Ferrusola Pascual, figuraron como titulares de acciones de esta última entidad adquiridas con dinero de la caja B. Maria Pujol, hermana del expresidente, también figura como poseedora de la autocartera de Banca Catalana.

El pago de extratipos fue otra forma de disponer del dinero de la caja B. Es una práctica que retribuye con intereses complementarios superiores a los legalmente permitidos, y que la ley permitía abonar siempre y que existiera un equilibrio entre los intereses pagados y los percibidos. En el caso de Banca Catalana, sin embargo, se optó principalmente por pagar extratipos en lugar de cobrarlos, con el argumento de que en caso contrario se «castigaría la inversión», según declaró Francesc Cabana. El resultado fue un aumento del déficit de Banca Catalana en 3.260 millones de pesetas, pues hasta el 31 de octubre de 1982 pagó 4.789 millones de pesetas en extratipos y únicamente cobró 1.529. Los beneficiarios del pago de extratipos de Banca Catalana son muy variados y no únicamente personas físicas. Además de los querellados, familiares o empresas vinculadas a estos, también figura un grupo de organismos e instituciones.

Cuando Pujol se refiere de manera muy sucinta en su segundo libro de memorias al contenido de la querella, lo despacha de un plumazo de la siguiente manera: «Se nos acusaba, a mí y a veinticuatro personas más, de haber pagado extratipos a través de la caja negra del banco y de tener autocartera. Todos los bancos habían pagado extratipos en aquella época, todos tenían autocartera. Era tan normal que algunos bancos ni lo ocultaban, sino que a la hora de presentar los balances explicaban los beneficios que habían obtenido gracias a la autocartera. Todavía lo siguen haciendo. Como máximo, eran prácticas que podían recibir la consideración de faltas administrativas».¹⁵

El expresidente catalán tiene razón en que esa práctica podía admitirse, pero no en las condiciones en que se produjo con Banca Catalana. La explicación que contiene el escrito de la fiscalía es muy clarificadora: «La percepción de extratipos por estas personas físicas o jurídicas no tiene nada que ver con la práctica, regular o no, tolerada o no, de captación de recursos ajenos a precio de mercado no oficial. En estos casos que ahora se señalan lo relevante es la retribución extraordinaria como beneficio, o tratamiento de excepción, a determinadas personas físicas o jurídicas, y señaladamente, a querellados que, de este modo, venían a decidir, desde su condición de administradores de Banca Catalana SA, una retribución extraordinaria para sí mismos, conociendo indiscutiblemente el empobrecimiento que generaban para la entidad, y ocultándolo a la junta de accionistas y la autoridad monetaria».¹⁶

El libro de memorias de Pujol vuelve sobre el tema de los extratipos de manera muy tangencial, pero no exenta de cierta malevolencia, unos párrafos más adelante, cuando habla de la responsabilidad de los dirigentes socialistas en la querella. «Supongo que Joan Reventós, secretario general del PSC y amigo mío de juventud, lamentaba la situación, pero enmudeció y nunca me hizo llegar ningún comentario. Reventós era cliente de Banca Catalana y acudía puntualmente a cobrar los extratipos, una de las actividades por las que éramos investigados.»¹⁷ Reventós había sido cabeza de lista del PSC en las elecciones autonómicas de 1980 que ganó Jordi Pujol y hacía varios años que había fallecido cuando se publicó el segundo libro de memorias del expresidente.

Los fondos de la caja B también se gastaron en el pago de intereses por los depósitos que fueron captados con el señuelo de la garantía de una remuneración irregular complementaria y de su reintegro cuando se produjera el vencimiento o cancelación, además de su ocultación fiscal. Banca Catalana garantizaba en documento separado «el cumplimiento de todos y cada uno de los pactos». La inmensa mayoría de los depositantes desconocían la utilización de sociedades instrumentales para el pago de esos intereses, no así los amigos y familiares de los altos directivos. Jordi Pujol y varios miembros de la familia Ferrusola se beneficiaron también de esta práctica.

Todas las prácticas descritas hasta ahora, además de la concesión irregular de créditos que resultaron fallidos, provocaron el empobrecimiento de Banca Catalana, un hecho que resultaba desconocido para la mayoría de los clientes. «Sin embargo, algunos de los mismos que provocaban la referida situación, y la ocultaban a terceros, tuvieron buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones de Banca Catalana SA, cuya total pérdida de valor les constaba que era próxima e inevitable»,¹⁸ escribieron los fiscales. De esta manera lograron cambiar las acciones que tenían una cotización ficticia y cuya devaluación total era inminente, al tiempo que dejaban de ser formalmente accionistas mayoritarios pero conservaban el control en la junta de accionistas porque los adquirentes fueron entidades controladas por ellos mismos o parientes próximos. Jordi Pujol y diversos familiares suyos participaron muy activamente de esta venta anticipada de acciones desde 1979, aunque las operaciones más importantes se realizaron, alguna de ellas de manera torticera, siendo ya presidente de la Generalitat y cuando era perfectamente conocedor de la crisis que sufría la entidad y que esos títulos valdrían «menos que cero», en expresión de la fiscalía.

La crisis que se avecinaba en Banca Catalana y que conocían los directivos provocó también la cancelación masiva de depósitos. En el mes de junio de 1982 la disminución fue del 6,60%, en octubre llegó al 17,8% tras el relevo de los directivos y en noviembre se situó en el 17,7%. La consideración que hace la fiscalía de esta actuación es muy ilustrativa: «Las sumas retiradas por las personas aludidas no son muy elevadas, en comparación con las generalmente consideradas, pero indican el afán de hacer prevalecer el interés económico individual por escaso que fuera, igual que se puso de manifiesto en la percepción de intereses irregulares, y por encima de pronunciamientos de pretendido altruismo y sacrificio en pro de la entidad y su significado».¹⁹ Jordi Pujol y tres hermanos de su esposa figuran en la relación de clientes que cancelaron anticipadamente los depósitos suscritos en la entidad.

Una de las prácticas habituales de la actividad bancaria es realizar determinadas adquisiciones en las que se contabiliza junto a su coste ordinario un coste extraordinario que se genera cuando el coste real es superior al oficial de los valores adquiridos, al escriturado de los inmuebles, o cualquier otra forma que exige el mercado. En cualquier caso, esos costes complementarios se pueden justificar de manera separada con la fijación de la cuantía, la fecha, forma de abonarlo y perceptor. No fue el caso de Banca Catalana, que con fondos procedentes de la caja B generó unos costes complementarios por valor de 4.454 millones de pesetas, de los que no existe ninguna documentación que justifique su pago. El 24 de abril de 1985, con motivo de la investigación judicial iniciada tras la querella, Banca Catalana respondió al magistrado instructor que «no hemos localizado asientos contables de complementos de costes o costes complementarios». Por tanto, se ignoran las personas físicas o jurídicas que percibieron esos pagos complementarios, la certeza de su entrega total o parcial a terceras personas y, en ningún caso, el concepto por el que se pudo abonar.

Cuando el 30 de octubre de 1982 se produjo la operación de saneamiento de la caja B todos esos costes complementarios no justificados se transfirieron contablemente a los balances de las sociedades instrumentales para aligerar las pérdidas de Banca Catalana. Los primeros asientos contables por ese motivo están fechados el 30 de noviembre de 1982, pese a que esos costes se habían generado mucho antes. La incorporación de esos costes a las sociedades instrumentales no pretendía otra cosa que cuadrar balances, por lo que la totalidad de esos activos no tuvieron ningún valor. La inmensa mayoría de esos 4.454 millones de costes complementarios corresponden a inversión financiera (4.225), generados con ocasión de la adquisición de acciones de Banca Catalana, del Banco de Crédito e Inversiones, del Banco de Asturias u otras sociedades no bancarias, mientras que los 229 millones restantes fueron complementos de inversión en inmovilizados. En el caso de las acciones de Banca Catalana compradas con fondos de la caja B también aparecen familiares de Jordi Pujol que se beneficiaron de ese coste complementario. Del mismo modo, la sociedad administrada por el padre del expresidente generó otro coste complementario con la compra de acciones.

Finamente, entre las formas de disponer del dinero procedente de la caja B hay que citar también el pago de sobresueldos irregulares. Fueron 358 millones de pesetas entre los años 1974 y 1981, que en la contabilidad figuran como gastos de personal. Los peritos constataron que ese dinero no podía corresponder a retribuciones regulares de empleados de la entidad, porque, de ser así, inexcusablemente deberían constar en las nóminas oficiales y en la contabilidad ordinaria. La fiscalía consideró que las sucesivas denominaciones de ese concepto contable indican, sin ninguna duda, que el dinero se destinó a retribuir a algunos querellados y otros administradores de Banca Catalana, aunque nunca pudieron identificarse.

LAS GANANCIAS DE PUJOL Y SUS FAMILIARES

«He explicado antes que en la crisis de Banca Catalana yo había asumido el papel de perdedor. Lo que no podía aceptar ahora es que me tildasen de ladrón, que quisieran meterme en la cárcel y que intentasen destruirme política y personalmente. Un día le dije a alguien: “Creo que he estado preparado para todo en esta vida menos para el deshonor”. Puede parecer una afirmación petulante, pero me da igual que lo parezca, porque es verdad. [...] Tengo un acusado sentido del honor.»²⁰

Así se expresa Jordi Pujol en su segundo libro de memorias, en el que dedica dos capítulos al caso Banca Catalana: uno se refiere a la crisis de la entidad hasta su venta y el otro a la querella de la fiscalía. En esas páginas se presenta como una víctima del poder político y económico de Madrid, y asegura que ese proceso judicial fue utilizado contra él y contra la entonces incipiente autonomía catalana. Esa cerrada proclama al honor, la honestidad, las virtudes del esfuerzo personal y la ética de Pujol, la misma que vertió en centenares de artículos, publicaciones, conferencias y declaraciones durante su dilatada trayectoria política, empezó a tambalearse el 25 de julio de 2014, cuando Pujol confesó que había venido ocultando en el extranjero durante casi 34 años una fortuna procedente de un legado de su padre.

Es conocido que la confesión provocó un seísmo en la política y la sociedad catalana, pues el que había sido presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años admitió que, mientras desempeñó ese cargo y casi 11 años después, estuvo ocultando a Hacienda y a la ciudadanía que tenía una fortuna en el extranjero. Un mes después de la confesión, Pujol proclamó en el Parlamento catalán: «Puedo decir rotundamente que no he sido un político corrupto. Simplemente esto. Insisto: no he recibido nunca dinero a cambio de una decisión política o administrativa», sostuvo. Después precisó que en su etapa al frente de la Generalitat había intentado poner de acuerdo a Administraciones, particulares y empresarios, «abrir puertas, establecer puentes, evitar conflictos, pero por este trabajo yo no he cobrado nunca, excepto de mi sueldo como presidente».

Casi nadie le creyó y varios representantes de los grupos de la oposición preguntaron directamente a Pujol si el origen de aquel dinero que dijo recibir de su padre no había que buscarlo realmente en su etapa de directivo de Banca Catalana, una sospecha más que razonable, dada la coincidencia temporal de la recepción del legado y la estrecha vinculación como accionista que Pujol aún mantenía con la entidad, pese a ocupar la presidencia de la Generalitat.

Pujol no respondió a los interrogantes de la oposición, ni siquiera salieron de sus labios las palabras «Banca Catalana», pero sí emergió el carácter de patriarca político que ejerció durante años y en un tono muy airado, haciendo gestos ostensibles con las manos, golpeando incluso la mesa de la presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales, regañó a los diputados por sembrar la sombra de la corrupción en su mandato político. El único dato novedoso que ofreció Pujol en aquella comparecencia fue que cuantificó el legado recibido de su padre en el equivalente en dólares a 140 millones de pesetas, un dinero que él mismo admitió que se incrementó notablemente a causa de las devaluaciones que sufrió la peseta desde entonces. Concretamente, aquel dinero del legado de 1980 se habría transformado actualmente, caso de haberse mantenido intacto, en 4,8 millones de euros.²¹

La confesión de Pujol sirvió para crear una comisión de investigación del fraude fiscal en el Parlamento catalán y para que diversos juzgados abrieran procedimientos a raíz de las querellas presentadas por organizaciones y partidos de muy diversa ideología. Otras investigaciones judiciales que ya estaban en marcha se reactivaron con la confesión. Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona son las que se centran en el expresidente de la Generalitat y el origen de su fortuna. Los abogados defensores intentaron desde el primer momento archivar la causa, pero en esta ocasión parece que la justicia está decidida a investigar a fondo el origen del dinero confesado y que no volverá a repetirse la condescendencia de hace tres décadas.

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ya explicó en sus primeros escritos que resultaba cuando menos sospechoso el origen de los fondos que Jordi Pujol confesó haber mantenido ocultos en el extranjero durante más de 30 años, «habida cuenta de que la vaga explicación de la procedencia de una herencia no resulta del todo plausible, al presentar tanto lagunas como contradicciones». La tesis del fiscal para oponerse al archivo de la causa que reclamó la defensa fue que «existe una sospecha sobre la ilicitud» de los fondos de los Pujol y advirtió que la familia del expresidente catalán debe ser investigada, al menos, por un delito contra la Hacienda Pública, aunque hayan regularizado su actuación. En este sentido, la fiscalía insistió en que la familia Pujol no había aportado «documentación legal de la herencia», pese a que la juez que investiga el caso les requirió el testamento de Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat, en una de las primeras diligencias.

Además de esos argumentos, la fiscalía fundamentó sus sospechas en la información sobre los movimientos de las cuentas de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra que obra en el sumario, dado que, recalca, registraron ingresos «tanto en dólares como en euros, incluso en yenes», así como diversas aportaciones en efectivo. Otro de los motivos que el fiscal esgrimió para dudar del origen de los fondos de los Pujol es que los importes de las transferencias recibidas en las cuentas que la familia del expresidente catalán abrió en Banca Privada de Andorra en 2010 «no parecen coincidir con los ingresos de las segundas» cuentas, constituidas en el año 2012.

Los caminos de la justicia, como los divinos para los creyentes, resultan inescrutables, pero en esta ocasión sí parece que los tribunales están por la labor de no mirar para otro lado. A la voluntad decidida de la juez instructora y del fiscal de indagar en el origen y los detalles de la fortuna confesada por Pujol hay que sumar la de la Audiencia de Barcelona, una coincidencia que no siempre se produce. Otra cosa es que al final no acabe desmoronándose ese proceso judicial porque su origen, la noticia publicada por El Mundo el 7 de julio de 2014, supone una revelación del secreto bancario y eso está considerado un delito en Andorra. Seguramente la situación política en que se encontraba Cataluña cuando trascendió esa noticia llevó al Ministerio del Interior a colaborar más en que se conocieran las cuentas de la familia Pujol para influir en el proceso soberanista que no en asegurar las consecuencias judiciales que se pudieran derivar de la información.

De momento hay partido para rato en los tribunales españoles. «La cuestión es determinar si dicha información, que está claro que resulta claramente incompleta (toda vez que no se aporta ninguna documentación concreta sobre su origen, importe, operaciones realizadas con el mismo [dinero] a lo largo de prácticamente treinta y cinco años, etc.), es lo suficientemente sugestiva como para justificar la apertura de un proceso penal que tiene por objeto determinar el origen y desarrollo del patrimonio tantas veces mencionado y comprobar si la regularización anunciada por el recurrente se ajustó plenamente a la realidad de los hechos, única forma de descartar de forma clara y definitiva la comisión de un delito contra la Hacienda Pública»,²² asegura la Audiencia de Barcelona en el auto por el que rechaza la petición de archivo que reclamó la defensa de Jordi Pujol. «A nuestro entender, el reconocimiento de la existencia de un patrimonio oculto durante más de treinta años puede considerarse un caso suficientemente revelador para considerar que existen indicios (desde luego, con carácter provisional) de haberse cometido, cuando menos, un delito contra la Hacienda Pública», añade el tribunal de la Sección Tercera.

Veintiocho años antes de esta resolución, la justicia exculpó a Pujol por el caso Banca Catalana, pero lo hizo en unas condiciones muy singulares que ocupan un capítulo de este libro y que dicen muy poco del rigor profesional con que actuaron buena parte de los magistrados hasta concluir que no había indicios de delito. Pero más allá de eso, ni aquellos jueces ni ningún parlamento o institución cuestionaron nunca la veracidad de los demoledores informes del Banco de España en los que se sustentó la acusación de la fiscalía. En ellos se describe una actividad supuestamente delictiva que duró varios años y de la que se lucraron buen parte de los directivos de Banca Catalana, con Pujol y sus familiares a la cabeza.

«El querellado Jordi Pujol Soley desempeña un papel esencial en la dirección oficial de Banca Catalana y hasta que cesa en el Consejo de Administración forma parte de un modo relevante en el núcleo rector de la entidad que, sustituyendo en la práctica a los órganos regulares, asume y concentra todo el poder decisorio en relación a las actividades delictivas.»²³ La fiscalía sintetiza de esta manera el papel que desempeñó Jordi Pujol en la gestión de la entidad, oficialmente hasta que se aceptó su dimisión como consejero ejecutivo, el 5 de abril de 1977. En la práctica, y como ya se ha dicho, hasta por lo menos mayo de 1982.

Estas son las cifras y los procedimientos empleados.

a) Las acciones que pagaron el impuesto de sucesiones

El progresivo empobrecimiento que sufrió la entidad a partir de 1980 fue ocultado por algunos administradores mientras pudieron, aunque «tuvieron buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones en Banca Catalana SA, cuya total pérdida de valor les constaba que era próxima e inevitable», dice la fiscalía. De esta manera un selecto grupo de directivos, con Pujol a la cabeza, cobraron por las acciones una cotización que no se correspondía con la realidad y que se mantenía de manera artificial por la ocultación de una crisis que provocaría una devaluación total de los títulos.

Jordi Pujol fue el principal accionista de la entidad, como se ha dicho. El 31 de diciembre de 1973 poseía 15.166 acciones de la serie A y 19.841 de la serie B. En el año 1981, sus acciones de la serie A habían aumentado hasta 22.749 y las de la serie B hasta 76.010. En ambos casos quedó reducido su valor a una milésima parte tras la junta de accionistas de noviembre de 1982. Fue la ruina de decenas de miles de accionistas, pero no de la familia Pujol, que para esa fecha ya se había desprendido de todo su paquete de acciones. Esta es la relación de operaciones extraída de los libros de contabilidad.

El 19 de enero de 1982, por tanto siendo ya presidente de la Generalitat, Jordi Pujol vendió 1.057 acciones de la serie B a la empresa instrumental HOE SA. Lo mismo hicieron ese mismo día su hermana, Maria Pujol i Soley, que vendió 1.100 acciones, y su madre, Maria Soley i Mas, que vendió 9.000 acciones. En total, 11.157 títulos. El asiento contable fue registrado el 25 de enero y figura que se les abonó al contado un total de 25.242.781 pesetas por ese paquete. Ese dinero equivalía entonces a 151.712 euros y la renta actualizada ascendería ahora a 614.585 euros.

HOE SA era utilizada como sociedad instrumental y, por tanto, se beneficiaba de créditos y préstamos de Banca Catalana para destinarlos, entre otros usos, a la compra de acciones de algunos titulares privilegiados que se desprendieron de ellas antes de la quiebra. Los directivos de Banca Catalana, insiste la fiscalía, eran sabedores de que HOE SA jamás podría hacer frente a esas obligaciones, de manera que los créditos y préstamos de los que disfrutaba no hacían otra cosa que contribuir al empobrecimiento de la entidad. «Por la fecha de la enajenación es evidente, según se ha relatado con insistencia, que era notoria la inminencia de la depreciación de las acciones, dado lo progresivo de la crisis de Banca Catalana SA y que el valor de las acciones tan solo era mantenido con ocultaciones que, procediendo de técnicas contables irregulares anteriores, eran sobradamente conocidas por este querellado»,²⁴ asegura la fiscalía en referencia a Jordi Pujol.

Cuando se produjo la venta, HOE SA tenía un déficit patrimonial de 1.714 millones de pesetas, por lo que técnicamente estaba en quiebra. Pero para que pudiera prosperar la venta de las acciones de la familia Pujol, Banca Catalana concedió un crédito a HOE SA de 165 millones de pesetas el 2 de enero de 1982, fecha de formalización de la póliza que acabó adquirida por el Fondo de Garantía de Depósitos en la operación de saneamiento. Esa nueva deuda se sumó a los 215 millones en créditos que ya tenía contraída la empresa. Es decir, los créditos fallidos de HOE SA con Banca Catalana sumaban 380 millones de pesetas, a los que había que añadir otros 2.818 millones con el Banco Industrial de Cataluña, integrado en el mismo grupo de Banca Catalana.

La concesión del crédito que se destinó a la compra de las acciones de los Pujol no quedó reflejada en el asiento del Libro Diario de HOE SA. Y no solo eso, sino que los administradores de Banca Catalana olvidaron enviar copia de esa póliza cuando el 18 de enero de 1986 remitieron al juez instructor todos los créditos otorgados a aquella sociedad. La fiscalía reclamó de nuevo esa póliza y finalmente se recibió el 17 de abril de 1986. Fue entonces cuando se supo que Jordi Pujol, su hermana Maria y su madre habían percibido más de 25 millones de pesetas por ese paquete de acciones, una operación en la que la fiscalía aprecia «doblemente evidente la actuación maliciosa» por la procedencia del dinero y la relación entre comprador y vendedor.

Pero lo más sorprendente es el uso que hizo la familia Pujol con el dinero de las acciones. Se relata en los folios 4.164 a 4.168 del sumario, que corresponden a un documento datado el 23 de septiembre de 1986 y firmado por José Luis Segimón Escobedo, secretario del consejo de administración de Banca Catalana, que para esa fecha ya estaba en manos del Banco de Vizcaya. El escrito fue remitido al juez instructor del caso y en su apartado f dice textualmente: «Consta documentalmente en Banca Catalana SA que el importe de las acciones vendidas fue destinado en unos 22 millones de pesetas al pago del impuesto de sucesiones por la transmisión hereditaria de los bienes dejados por el esposo y padre, respectivamente, de los vendedores, don Florenci Pujol y Brugat».

Sorprende que una operación totalmente privada de Jordi Pujol y su familia, como es el pago del impuesto de sucesiones, figure en los archivos de una Banca Catalana con la que, en teoría, no guardaba ya ninguna relación accionarial en 1986. No se acaba de comprender qué interés puede tener para la entidad conocer el uso que hizo Pujol con el dinero de la venta de las acciones. Pero hay más.

Apartado g. Sí existe constancia (por obrar en poder de nuestro Departamento de Valores una fotocopia de la escritura de manifestación de herencia de bienes relictos por fallecimiento de su padre, don Florenci Pujol i Brugat, que no ha tenido todavía acceso al Libro Registro de Accionistas, por estar pendiente de diversos trámites) de que doña María Soley i Mas recibió, por título de herencia, y doña María Pujol i Soley y don Jordi Pujol i Soley, en pago de parte de su legítima, acciones de Banca Catalana por un nominal de 89.471.000 pesetas, correspondiendo a don Jordi Pujol i Soley acciones por 3.378.000 pesetas.

Como en el caso anterior, sorprende que en el departamento de valores de Banca Catalana figurase un documento privado ajeno al interés económico de la entidad, como es la relación de los bienes que dejó en herencia el padre de Jordi Pujol. Pero es que, además, la cita revela que seis años después del fallecimiento —Florenci Pujol falleció en septiembre de 1980 y el documento es de septiembre de 1986— Banca Catalana no había inscrito todavía el cambio de titularidad de las acciones. De la manera en que está redactado el documento, además, no se puede descartar para nada que en 1986 esas acciones no siguieran siendo propiedad del expresidente, su hermana y su madre.

Los 22 millones abonados en impuesto de sucesiones en 1982 permiten concluir que la herencia que el padre Pujol dejó a su esposa e hijos debía ser elevada. A partir de esa cifra, un prestigioso despacho de asesores fiscales de Barcelona ha realizado una estimación para este libro de cuál sería el importe del caudal relicto. La ley aplicable a una sucesión producida en el año 1982 era el decreto 1018/1967 de 6 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley y Tarifas de los Impuestos Generales sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. En dicha normativa no existía ninguna reducción por parentesco, y si bien existía alguna reducción en función de los bienes adquiridos (explotaciones agrarias, etcétera), para el cálculo no se ha tenido en cuenta la aplicación de ninguna reducción.

En la norma aplicable se establecían diferentes escalas de gravamen en función del parentesco. En la web de la Agencia Tributaria Catalana figura un listado con las tarifas aplicables en aquella época. La aplicable al cónyuge y a los hijos es la misma tarifa. Teniendo en cuenta lo anterior se han realizado dos supuestos de cálculo.

—Supuesto 1. Que los tres herederos adquieren a partes iguales (un tercio cada uno). En este caso, la masa hereditaria ascendería a 107.226.154 pesetas (siendo 104.103.062 la suma de los bienes y el resto el ajuar doméstico, que se calcula aplicando un 3% sobre los bienes y derechos de la masa hereditaria).

—Supuesto 2. Que la esposa (la madre de Jordi Pujol) adquiriría el 50 % y cada uno de los hijos un 25 %. En este caso, la masa hereditaria ascendería a 106.960.000 pesetas (siendo 103.844.660 la suma de los bienes y el resto ajuar doméstico).

En resumen, y salvo que las proporciones heredadas por cada uno de los tres herederos se repartiera de forma muy diferente a la calculada (por tercios entre los tres o 50 % para cónyuge y 25 % para cada hijo), el importe de la herencia de Florenci Pujol que declaró su esposa y sus hijos Jordi y Maria podría estar en torno a los 107 millones de pesetas. Hay que insistir en que esa cantidad corresponde al mes de septiembre de 1980 y equivaldría a 643.082 euros de entonces. Si se actualizara esa renta correspondería ahora a 3.166.535 euros.

A esta cantidad ha de sumarse el legado confesado por Pujol para su esposa y sus siete hijos que está siendo investigado por la justicia. No tributó a Hacienda y el expresidente lo cuantificó en el equivalente en dólares a 140 millones de pesetas.

Son hechos probados que certifica la propia Banca Catalana, que figuran en los autos judiciales, por lo que se antojaría más que razonable que en el proceso abierto tras la confesión de Pujol se considerase la conexión existente con lo ocurrido hace más de 30 años en Banca Catalana y la fortuna oculta en el extranjero que ahora se ha descubierto.

La venta de las acciones de la familia Pujol a HOE SA fue una de las primeras operaciones, a las que siguieron otras similares con otros beneficiarios en los mismos días de enero de 1984. El día 15 la misma sociedad instrumental compró, a través del Banco Industrial de Cataluña, otras 43.580 acciones por cien millones de pesetas. El 21 de enero también se le concedió a HOE SA un crédito por valor de 200 millones de pesetas a través de esa misma entidad bancaria y de manera irregular.

En estas condiciones de absoluta quiebra en la que se encontraba la sociedad, entre enero y agosto de 1982 HOE SA «transmitió más de 90.000 acciones de la serie B de Banca Catalana por las que pagó, a sus respectivos anteriores titulares, precios superiores al 225 %, cuando el valor que a estas les correspondía era menos que nulo»,²⁵ dice la fiscalía a partir de los informes del Banco de España. El precio abonado, además, «no resultaba de la libre concurrencia de la oferta y la demanda de estas acciones en el mercado. Resultaba, al contrario, de la relación entre unos vendedores querellados, o parientes de estos, y una compradora dominada por los propios querellados, que actuaba con fondos que ellos mismos extraían de Banca Catalana, de la que eran administradores».

Pujol, por tanto, estaba al corriente del estado ruinoso de la entidad y de las sociedades que dependían de ella «y obtuvo el beneficio descrito correspondiente al valor de venta de sus acciones, en perjuicio económico de Banca Catalana, ya que el pago al contado de las acciones compradas por la sociedad en estado de quiebra económica contribuyó, sin duda, a agravar la crisis patrimonial de la entidad bancaria», escribe la fiscalía para referirse a las consecuencias de la operación.

«Conviene recordar que estos vendedores no son simples afortunados por la operación, del modo que, en otros casos, pudieron serlo otros beneficiarios de créditos dispuestos, o de préstamos recibidos, a quienes luego no se les reclamó su deuda. Por su inmediato dominio sobre el grupo bancario, y por su relación de parentesco con otro querellado (una de las vendedoras es esposa de Francesc Cabana), resulta indiciariamente evidente que son instigadores de la operación, que con su voluntad de enriquecimiento, y de eludir la pérdida total del valor de las acciones y con consciencia de la procedencia del precio que cobraban, de imposible recuperación por el grupo bancario, y el perjuicio irreparable que, conocida y necesariamente, había de sufrir este y por tanto Banca Catalana SA, decidieron inducir a través de HOE SA a la perpetración de la actividad sustractiva, de modo que, sin esta inducción, en forma de ofrecimiento en venta, la operación no se habría consumado.»²⁶ La claridad de la operación y de las consecuencias descritas por los fiscales hace innecesario cualquier otro comentario.

b) La donación ficticia a Fundació Catalana

El 14 de mayo de 1982 Jordi Pujol donó 22.749 acciones de la serie A y 74.953 de la serie B a la Fundació Catalana. En la escritura formalizada ante notario se precisa que «para las acciones de la serie A queda sujeto a la condición suspensiva de dar cumplimiento a los trámites que prevé el artículo 7 de los estatutos de Banca Catalana». En él se establecía que en caso de donación de acciones debía respetarse el derecho de los demás accionistas «a hacer suyas las acciones abonando el precio que corresponda» y determinaba la formalidad de la comunicación a esos accionistas y los trámites para fijar el precio. El mismo artículo 7 señalaba en su apartado h que si no se cumplían estos requisitos la donación de acciones «no será por ello reconocida ni causará asiento en el libro de registro, quedando en suspenso todos los derechos políticos y económicos de las acciones de tal modo adquiridas».

Esa exigencia legal jamás se cumplió, aunque los libros oficiales de Banca Catalana dieron por buena la donación de las acciones y se anotó como tal. Lo mismo sucedió en los libros de contabilidad de la Fundació Catalana, que también ocultaron la condición pendiente de cumplimiento. Sin embargo, para dar visos de legalidad a la operación se comunicó la donación de las acciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Registro de Fundaciones Privadas dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat. Es decir, la ocultación se plasmó a todos los niveles, hasta que la descubrieron los inspectores del Banco de España.

Con esa donación a Fundació Catalana, Jordi Pujol completó la apariencia de que se desprendía de manera altruista de las acciones que le quedaban de Banca Catalana SA. Por eso hizo constar en la escritura notarial que el valor total de las acciones era de 187.698.000 pesetas (113.745.000 correspondientes a la serie A y 74.953.000 a la serie B). Lo cierto, sin embargo, es que el valor real de las acciones era prácticamente nulo, porque la entidad estaba al borde de la quiebra y su cotización de los títulos se mantenía de manera artificiosa y ocultando el grave déficit. El mejor ejemplo de ello es que apenas seis meses después de esa donación, tanto unas acciones como otras quedaron reducidas a una milésima parte de ese valor que se les atribuía.

Pero al margen de ello, la donación sirvió para que Pujol siguiera manteniendo el dominio sobre esas acciones por dos motivos: por la ascendencia que tenía sobre la práctica totalidad de las personas que conformaban el patronato de la Fundació Catalana y porque, al incumplirse la condición necesaria para materializar la donación, el entonces presidente de la Generalitat seguía siendo el propietario de esos títulos a la espera de que recuperasen su valor si el Estado desembolsaba el dinero suficiente para reflotar el banco y se evitaba la quiebra.

Las acciones nunca llegaron a revalorizarse pero si Pujol se guardó esa carta es porque encontró la colaboración del patronato de la Fundació Catalana, la beneficiaria de la donación. Su presidente era Antoni Forrellad, que fue consejero de Banca Catalana. El secretario era Josep Lluís Vilaseca, también querellado, fundador de CDC, diputado de CiU en el Parlament y secretario general del Deporte de la Generalitat entre 1980 y 1995. La vinculación de Vilaseca con Pujol arranca de una casualidad, pues aquel nació en una vivienda de la calle Urgell de Barcelona en cuyo edificio vivía también Marta Ferrusola.²⁷ Entre los vocales de la Fundació Catalana también estaban Jaume Carner, Andreu Ribera, Salvador Casanovas, Joan Casablancas, Raimon Carrasco y Joan Martí Mercadal. Todos ellos acabaron querellados en el proceso de Banca Catalana.

La versión que relata Pujol en sus memorias es muy distinta a la descrita por los informes del Banco de España. «En cuanto empecé a actuar en política pensé en desvincularme del banco, pero me lo habían desaconsejado algunos amigos y familiares con el argumento de que, tanto si lo hacía como si dejaba de hacerlo, Banca Catalana siempre sería vista como una entidad muy ligada a mi persona y a mi familia. Al final, siendo presidente, decidí desprenderme de las acciones. Llamé a un notario al Palau, y en el salón de la Mare de Déu de Montserrat hice la transacción, por el valor de una peseta. El señor Antoni Forrellad, vinculado al Banco Industrial de Cataluña desde los primeros momentos, estaba presente. Y se echó a llorar.»²⁸

Una vez más, medias verdades y olvidos clamorosos. Pujol olvida que él, su hermana y su madre cobraron 25 millones de pesetas por la venta de unas acciones con fondos de la entidad y que eso le sirvió para pagar el impuesto de sucesiones de la herencia de su padre, de la que nada se dice en las memorias, por supuesto. Y no detalla tampoco las condiciones tramposas en las que formalizó la emotiva «transacción» que relata.

c) 84 millones de pesetas en dividendos ilícitos

«Los querellados, debido a la ocultación de la caja B, no solo se aseguran el control directo y personal de numerosas sociedades sino que, también a costa de Banca Catalana, acuerdan repartir y reparten indebidamente en concepto de dividendos 1.803 millones de pesetas, reparto en el que, en todo caso, participan en mayor proporción que los demás accionistas dada su posición mayoritaria en el dominio del capital social y que, al no proceder de beneficios ciertos y realizados, son dividendos ficticios que están siendo satisfechos por lo menos desde 1974, con cargo a recursos propios de la entidad.»²⁹

El pago de dividendos es una práctica habitual entre los accionistas cuando lo acuerdan los órganos de una sociedad, pero lo que es inusual es que se realicen esos abonos mientras una empresa está en pérdidas, que es lo que sucedió en Banca Catalana. En este sentido, la Ley de Sociedades Anónimas vigente en la época precisaba en su artículo 107 en relación a los dividendos que «solo podrán ser pagados sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos». La tesis de la fiscalía es que los querellados de Banca Catalana simularon beneficios en la entidad para poder repartirse los dividendos porque ocultaron las pérdidas que generó el funcionamiento de la caja B, y que repercutió en los resultados oficiales de la entidad. Los fiscales consideraron que esa actuación constituía una apropiación indebida, uno de los tres delitos que se imputaba.

Fueron los querellados, como administradores de Banca Catalana, los que fijaron la cantidad que correspondía a cada acción en concepto de dividendos, sin perjuicio de su aprobación definitiva por la junta general de accionistas, pero sabiendo de antemano que, a excepción del año 1977, todos los resultados económicos de la entidad eran negativos. «Como consecuencia del reparto producido anualmente, los querellados obtuvieron pingües beneficios sabiendo que con ello, además de otros factores, conducían la sociedad hacia la ruina», relata la fiscalía. Estas son las cifras en pesetas, con la renta actualizada a noviembre de 2014, de forma que el lector pueda formarse una idea de lo que supondrían ahora aquellas cantidades. Como la tasa de inflación anual era oscilante en la época se observará que en ocasiones la renta actualizada no es siempre proporcional a los dividendos y que incluso con una cantidad mayor puede ser inferior la renta.

El dinero en concepto de dividendos ilícitos que se repartieron los querellados entre los años 1974 y 1980 representó el 16,08 % del total que recibieron los accionistas en ese periodo, aunque algún ejercicio superó el 20 %. Jordi Pujol fue, con diferencia, el directivo que salió más beneficiado, pues también era el accionista principal. Los dividendos que cobró él solo representaron el 4,68% del montante repartido entre todos los accionistas.

Como se aprecia en el cuadro, la cantidad total que percibió Pujol aquellos años fue de 84.375.000 pesetas, una renta total que actualizada superaría los cuatro millones de euros. Es casi el doble que el segundo directivo que más cobró, Jaume Carner, que se llevó 43,5 millones. Francesc Cabana, cuñado de Pujol, percibió 20.474.000 pesetas. En 1980, cuando Jordi Pujol ya era presidente de la Generalitat y cuando la crisis de Banca Catalana se agravaba, fue precisamente cuando cobró la cantidad más elevada en concepto de dividendos ilícitos: más de 14 millones de pesetas, una cantidad que ahora equivaldría a 421.179 euros.

«La relación muestra cómo el querellado Pujol Soley seguía participando intensamente en el cobro indebido de dividendos en un momento, como 1979, en que las pérdidas acumuladas de Banca Catalana, comprendiendo las de la caja B y las sociedades instrumentales, representaban el 72,26 % de los recursos propios de la entidad, contribuyendo así de forma singular a la ruina de la misma, lo que hacía teniendo pleno conocimiento de la situación económica real de Banca Catalana», recuerda la fiscalía. Esta es la relación de los dividendos ilícitos pagados a los querellados.

d) Depósitos a plazo para toda la familia

Si hubo alguna práctica que benefició extensamente a la familia Pujol y a la familia Ferrusola, esta fueron los depósitos a plazo, formalizados a través de Plau SA, una de las sociedades instrumentales de Banca Catalana. Ya se ha explicado que estas empresas carecían de cualquier autonomía y eran utilizadas para desviar dinero de Banca Catalana a la contabilidad paralela de la caja B y beneficiar a un grupo minoritario de clientes a los que se abonaba un interés superior al del mercado. Esta práctica también fue escondida a los órganos de control de la entidad bancaria y al Banco de España.

El 8 de marzo de 1982, cuando Jordi Pujol llevaba ya casi dos años en la presidencia de la Generalitat, constituyó junto con su esposa, Marta Ferrusola, un depósito de diez millones de pesetas a un interés del 13 % y con vencimiento a un año.

Marta Ferrusola también formalizó en solitario tres depósitos en esas mismas condiciones: de dos millones de pesetas el 6 de febrero de 1981, otro de 700.000 pesetas el 13 de abril del mismo año y un tercero de medio millón de pesetas el 7 de enero de 1982. Del mismo modo, Marta Ferrusola y su madre, Carme Lladós Martí, constituyeron otros dos depósitos a través de la misma sociedad instrumental de Banca Catalana. Uno de dos millones de pesetas formalizado el 6 de febrero de 1981 y otro de un millón constituido el 8 de abril del mismo año. En ambos casos con vencimiento a un año y el 13 % de interés.

En esas mismas condiciones, Marta Ferrusola, su hermano Josep y su madre formalizaron otro depósito de medio millón de pesetas el 20 de agosto de 1981. Josep Ferrusola Lladós, por su parte, figura también como constituyente de un depósito por la misma cantidad, idéntico plazo y rentabilidad el 12 de noviembre de 1981. Esta misma persona suscribió otro depósito en solitario de 300.000 pesetas el 21 de enero de 1982. El Banco de España detectaría después que al vencer estos depósitos se abonó un interés complementario, que sumado al ordinario ascendió a los 2,27 millones de pesetas.

En la relación familiar de depositantes a través de la sociedad instrumental Plau SA hay que incluir también a Maria Soley i Mas, madre de Jordi Pujol. El 5 de marzo de 1981 suscribió un depósito de un millón y medio de pesetas y unos meses antes, el 16 de octubre de 1980, hizo lo mismo con otras 880.000 pesetas. En ambos casos, el vencimiento fue a un año y la rentabilidad, del 12 %.

Esas contrataciones de depósitos de la familia Pujol-Ferrusola son solo un botón de muestra de la utilización de la sociedad Plau SA para canalizar operaciones al margen de la contabilidad oficial. Entre 1978 y julio de 1982 la empresa captó 2.342 millones a través de la contratación de depósitos. Cuando cundió el pánico entre los clientes por la crisis de la entidad la mayoría de ellos procedieron a cancelar la inversión y no obtuvieron la rentabilidad prevista, mientras que los parientes de Pujol ya habían cobrado los intereses porque habían vencido prácticamente todos los depósitos a plazo.

e) Créditos ficticios para sociedades de la familia

Se ha dicho anteriormente que la principal forma de desviar fondos de Banca Catalana hacia la caja B para seguir operando al margen de los controles ordinarios fue la concesión de créditos ficticios a clientes, sociedades instrumentales o a empresas vinculadas con los administradores de la entidad. Algunas sociedades vinculadas directamente a Jordi Pujol se beneficiaron de esta práctica desde 1975.

Es el caso de Túneles y Autopistas de Barcelona (Tabasa), de la que Pujol fue consejero ejecutivo desde el 10 de diciembre de 1973 hasta el 21 de junio de 1976 y que disfrutó de un crédito ficticio de 54 millones de pesetas otorgado en 1975 y que se renovó al año siguiente.

Jordi Pujol también fue administrador, junto con Raimon Carrasco, otro querellado, de la sociedad instrumental Chasyr 1879 SA entre el 2 de julio de 1974 y el 29 de junio de 1978. La empresa obtuvo créditos ficticios de Banca Catalana durante 1975 (45 millones de pesetas) y 1976 (52 millones y medio), además de otros 56 millones anuales entre 1977 a 1981. En todos los casos, con fondos de la contabilidad paralela, conviene insistir en ello.

El expresidente de la Generalitat también fue administrador único de Infraestructuras SA, a la que Banca Catalana compró acciones en 1979 con fondos procedentes de la caja B, por importe de 59,5 millones de pesetas.

De 1974 a 1976, cuando Pujol fue consejero ejecutivo de Banca Catalana, la sociedad Chasyr 1879 generó beneficios por valor de 1.762.000 pesetas, mientras que en el caso de Infraestructuras SA las ganancias en esos tres años fueron de 1.517.691 pesetas. En ambos casos los intereses fueron reconducidos a la caja B, de espaldas a la junta de accionistas. «La doble condición de administrador de estas entidades y de la bancaria hace incuestionable el dato de que el querellado no solo conocía este modo irregular de disponer de los fondos, a espaldas del órgano regular de representación de los administradores, sino que también adoptó resoluciones de ejecución de dicho modo de disposición, con perjuicio final para Banca Catalana.»³⁰

Jordi Pujol ocupó igualmente el cargo de consejero delegado en Laboratorios Martín Cuatrecasas del 22 de junio de 1972 al 7 de junio de 1977. Esa empresa también contribuyó al mantenimiento de la caja B de Banca Catalana como beneficiaria de un crédito ficticio de 10 millones de pesetas anual que se fue renovando de 1975 a 1979 y de otros créditos cruzados concedidos por el Banco Industrial de Cataluña (BIC), perteneciente al grupo Banca Catalana, por los siguientes importes: 130 millones en 1975, 200 millones en 1976, 1977 y 1978, y otros 240 millones de pesetas en 1979. Pujol fue director general de ese banco hasta el 5 de abril de 1977, cuando oficialmente se le aceptó la renuncia como consejero ejecutivo de Banca Catalana, por lo que en este caso su vinculación con la operación era triple: la entidad desde la que se desviaban los fondos, la sociedad beneficiaria y el banco que concedía el crédito. Laboratorios Martín Cuatrecasas, que desde finales de 1982 pasó a llamarse Laboratorios Fides, también contrató depósitos a la vista por importe de 340 millones de pesetas entre 1975 y 1979.

Jordi Pujol constituyó, además, junto con otras personas la sociedad Plastac SA, que de 1975 a 1981 se benefició de un crédito ficticio anual de cinco millones de pesetas otorgado por Banca Catalana.

Además de las sociedades administradas por Jordi Pujol, él mismo se benefició de un crédito cruzado ficticio concedido por el Banco de Financiación Industrial (Induban) por importe de 1.950.000 pesetas el 2 de septiembre de 1975 y que se fue renovando hasta 1977. La misma práctica y por el mismo importe beneficiaron también a su cuñado, Francesc Cabana, y a otros dos administradores de Banca Catalana. En 1977 Pujol cambió el crédito de nombre y desapareció de la lista de beneficiarios.

Florenci Pujol i Brugat, padre de Jordi Pujol, constituyó y administró la sociedad Dracma SA junto con el empleado de Banca Catalana Francisco Suárez Ginjoan. La empresa también se benefició de créditos ficticios otorgados por Banca Catalana durante los años 1976 (110 millones de pesetas), 1977 (55 millones) y 1978 (otros 75 millones). En 1979 Banca Catalana compró acciones a esta sociedad por valor de 125,1 millones de pesetas, en el marco ya descrito de no figurar como personas físicas los tenedores de los títulos adquiridos con dinero de la caja B a causa de la reforma fiscal que entró en vigor.

f) Autocartera, extratipos y otros ingresos

Jordi Pujol y varios familiares participaron igualmente de otra operación ilícita a través de la compra de autocartera con fondos procedentes de la caja B. La Ley de Sociedades Anónimas prohibía taxativamente en su artículo 47 a los administradores de una sociedad que comprasen acciones de esta si se encontraba en pérdidas, que es lo que ocurría con Banca Catalana. La autocartera está permitida cuando se trata de evitar el hundimiento del valor de mercado de las acciones ante la sospecha de que se va a producir una operación de desestabilización del accionariado y en la práctica supone una forma de retribución a directivos y empleados ante los buenos resultados de la compañía. Ninguna de estas condiciones concurría en el caso que nos ocupa.

De espaldas a las juntas generales de la entidad y a la autoridad monetaria los directivos compraban acciones que se anotaban en la contabilidad paralela y que les permitía tener una posición preeminente entre los accionistas y afianzar su control de la entidad. Jordi Pujol aparece en 1975 como titular de 7.720 acciones de la serie B de Banca Catalana y como titular de otras 20.088 acciones del Banco de Manresa, que fueron anotadas como un activo de la caja B. Josep Ferrusola Pascual, suegro de Pujol, también adquirió en 1975 un total de 7.690 acciones de Banca Catalana que se anotaron en la caja B, así como otras 6.652 en el año 1976. La contabilidad de la entidad reveló asimismo que Josep Ferrusola Pascual adquirió 20.000 acciones del mismo Banco de Manresa que se anotaron en la contabilidad paralela. La consecuencia de todo ello no fue afianzar la solvencia de la entidad, sino aumentar la descapitalización de ambos bancos.

Anotada en la contabilidad paralela de Banca Catalana también figuran las acciones del Banco de Alicante, integrado en el grupo Banca Catalana, que compró Josep Ferrusola Lladós, cuñado de Pujol. Fueron 2.200 títulos en 1974, otros 4.464 en 1975 y 5.660 en 1976.

También se beneficiaron de la compra de autocartera otros familiares. Su hermana, Maria Pujol i Soley, constaba en la contabilidad paralela como tenedora en 1975 de 625 acciones de la serie A de Banca Catalana, de otras 312 en 1977 y de las mismas en 1978, sin que en ningún caso apareciera el habitual contrato de fiducia. Josep Ferrusola Pascual, suegro del expresidente de la Generalitat, también disfrutó de este beneficio, con 5.452 acciones de la serie B. Al morir fueron transmitidas a partes iguales a sus hijas Carme y Marta Ferrusola Lladós. Al eliminarse la caja B durante el proceso de saneamiento estas acciones y las de Maria Pujol fueron traspasadas a la sociedad instrumental Serfi con una pérdida definitiva para Banca Catalana de 46.563.191 pesetas.

En la relación de beneficiarios de los extratipos también figura Josep Ferrusola Lladós, con 14.423.619 pesetas.

«YO NUNCA COBRÉ DE BANCA CATALANA»

«Yo nunca cobré de Banca Catalana. Vivía sobre todo del laboratorio y de los dividendos de las acciones bancarias, aunque nuestro banco tenía por norma repartir pocos beneficios. Poseía un paquete importante de acciones. Si hubiera vendido, me habría hecho muy rico, porque había muchos compradores interesados en adquirirlas con sobreprecio. Pero yo iba a las ampliaciones. Aunque hubiera podido permitírmelo, nunca me he comprado casas ni masías ni barcos ni cuadros. Todo mi dinero lo he invertido en producir. El productivismo llevado al extremo. Que conste que, de todo esto que estoy diciendo, se puede emitir un juicio ambivalente. No cobrar, no beneficiarse de las ventajas que ofrece formar parte de la dirección de un banco, es muy simpático, muy positivo, pero contiene un punto de idealismo que no sé si resulta bueno hablando, como estamos haciendo, de altas finanzas.»³¹

Impertérrito a la realidad y, sobre todo, a los informes del Banco de España elaborados con los libros de contabilidad de Banca Catalana, eso es lo que escribe Jordi Pujol de sí mismo en el primer libro de memorias. Obvia cualquier cifra referida a la situación que atravesó Banca Catalana y considera que si la entidad quebró y tuvo que ser rescatada no fue por la pésima gestión que hicieron sus directivos, con él al frente algunos años, sino fruto de una estrategia política y económica deliberada por parte del Gobierno para dejar caer la entidad.

«Banca Catalana tenía problemas, como tantos otros bancos, solo que en su caso era objeto de una atención crítica especial. Había voluntad de destruirla. Una voluntad que era una mezcla de hostilidad política y de anticatalanismo. En Madrid cunde fácilmente la idea de que un poder económico catalán ha de ser frenado, y que si es de matriz catalanista ha de ser frenado con más motivo. Banca Catalana cumplía este requisito y yo, al mismo tiempo, era un personaje importante que, contra todo pronóstico y contra la ambición de poder de los socialistas catalanes y españoles, había llegado a presidente de la Generalitat. Un hecho este que no se podía perdonar. Había muchas ganas de controlar Cataluña, de apoderarse de ella. Además, yo y nuestro grupo parlamentario en Madrid habíamos apoyado a Suárez y a Calvo-Sotelo cuando la oposición del PSOE respecto a la UCD era más fuerte»,³² dice el expresidente catalán en una clara referencia al discurso victimista que caracterizó su mandato y su liderazgo político.

«Abrigué la esperanza de que con el apoyo del Banco de España y con una nueva dirección la campaña en contra de la entidad se detendría y que la situación se podría remontar. Un banco que va a parar al Banco de España es como si fuese a parar al Gobierno, y a partir de ese momento puede ser tratado como un amigo o como un enemigo. Depende de la voluntad política. Si se le trata como amigo, se procura salvar a la entidad y que los antiguos accionistas puedan conservar la propiedad. En el otro caso, o bien se lo liquida o, antes de llegar a una solución tan drástica, se le buscan otros propietarios. Por este motivo yo creía que se podría encontrar un relevo que, si bien diferente del que había inspirado inicialmente el proyecto, fuese de todos modos de matriz catalana. Una ilusión ingenua», añade Pujol en las memorias para acusar directamente a la autoridad monetaria de España de dejar caer Banca Catalana.

Durante la instrucción judicial del caso el entonces presidente de la Generalitat declaró en dos ocasiones. Por escrito, el 2 de septiembre de 1984, y la segunda justamente al cabo de un mes, cuando los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo y el resto de la comisión judicial fueron a tomarle declaración a la residencia oficial de la Casa dels Canonges.

Al ser preguntado en su primera declaración escrita por la existencia de la llamada caja B o de contabilidad complementaria de Banca Catalana para operaciones crediticias, Pujol respondió: «Aunque ignoro la mecánica administrativa, estoy convencido de que las cuentas del banco reflejaban la totalidad de las operaciones aunque estuviesen distribuidas en diversas cuentas, se llamasen A o B».³³ Según su relato, cuando se compró la Banca Dorca, que después se transformaría en Banca Catalana, ya existía esta cuenta complementaria y «estaba integrado dentro de la propia contabilidad de la banca, como era usual en el mundo bancario». Para Pujol, la finalidad de la caja B era «que quedasen reflejadas la totalidad de las operaciones que se hicieran en interés de la propia entidad bancaria y ponerse con las mismas condiciones de concurrencia que el resto de la banca».

En la declaración oral Pujol remacha con más insistencia que «la existencia de una caja B era tenido siempre por normal en el mundo bancario, hasta el punto de que era objeto de conversación normal entre los profesionales de la banca [...] Ha sido y es un hecho aceptado en toda la práctica económica de nuestro país. Lo era entonces y ahora lo es todavía más con la llamada economía sumergida».³⁴ Pujol remata esa pregunta con una frase que parece hacer bueno el dicho de excusatio non petita, accusatio manifesta. «He de precisar que si en algunas empresas la llamada caja B podía estar al servicio de intereses particulares de los ejecutivos o de los accionistas y consejeros, en el caso de Banca Catalana solo estaba al servicio del fortalecimiento y de la expansión de la entidad.»

En relación al pago de extratipos, Pujol declaró por escrito que «eran hábitos usuales de la banca en aquel momento y la dirección general de Banca Catalana adecuaba su actuación a esta práctica, que en todo caso pretendía obtener un refuerzo del activo y del patrimonio de Banca Catalana». En la declaración oral insistió en esta idea de que el pago de extratipos «era una práctica absolutamente general de los bancos», pero con una curiosa justificación. En su opinión, para realizar estos pagos se requerían unos ingresos extras que son los que el Banco de España calificó de caja B. Pujol vuelve a insistir en que existía una sola contabilidad de Banca Catalana y que «en todo caso, la caja B no significó nunca un beneficio para accionistas o consejeros, sino solo un reforzamiento de la entidad».

Pujol también negó que durante su etapa como directivo del banco se concediesen créditos (ficticios) que no se entregaran realmente a los aparentes beneficiarios procedentes de la caja B con el fin de no dejar rastro en la contabilidad oficial. «Me ratifico en lo que ya he dicho en las preguntas anteriores, pero insisto en que estoy convencido de que cualquier operación quedó reflejada en la contabilidad del banco», dijo en su primera declaración. «Eran créditos normales, que figuraban en la contabilidad del banco, que las inspecciones del Banco de España no denunciaron, que pagaban sus intereses y que eran cancelados cuando tocaba», dijo en su segunda declaración.

Pujol defendió por escrito la compra de acciones de otros bancos con la finalidad de expandir Banca Catalana, una operación financiera en la que se gastaron más de 11.061 millones de pesetas procedentes de la caja B, según la fiscalía. El expresidente admitió en su declaración escrita que esa compra se realizó en algunos casos sin la autorización del Banco de España, pero no le dio más importancia y empleó un singular argumento. «Algunas compras de acciones se realizaron previa autorización del Banco de España y otras sin esta autorización, pese a que la intención era de regularizar la situación tan pronto como políticamente fuera posible. Creo que no se puede hablar de irregularidades porque se trataba de superar unas dificultades político-administrativas coyunturales.»

En la declaración oral el fiscal volvió a preguntar a Pujol cuándo pensaba llevar a cabo esa regularización de la compra de algunos de los bancos y el presidente de la Generalitat replicó que «no se trataba de una irregularidad, sino un hecho que se producía con cierta frecuencia en el mundo bancario». Pujol volvió a justificar la operación de compra de esos bancos porque «hacia 1970 Banca Catalana encontró dificultades de carácter político para su expansión fuera de Cataluña» y por eso se optó primero por comprar acciones de aquellos bancos, aunque el objetivo final era absorberlos «en cuanto las circunstancias políticas lo permitieran». En cualquier caso considera que «en aquella época aquellas operaciones eran y fueron muy beneficiosas para Banca Catalana». Su análisis no tiene nada que ver con la opinión y el dictamen de los inspectores del Banco de España, que consideraron errónea esa política expansiva, porque provocó un enorme endeudamiento de la entidad. Incluso Francesc Cabana, cuñado de Pujol, se opuso a esas operaciones de compra de otros bancos, pero quedó en minoría en las reuniones en las que se acordó, como recuerda él mismo en una entrevista incluida en este libro.

Pujol también justifica en su declaración oral que mantuviera un paquete de acciones de Banca Catalana hasta mayo de 1982 porque considera que ante la crisis que sufría la entidad «era su obligación seguir siendo accionista de Banca Catalana». Su relato de cómo se desprendió de esas acciones a través de la Fundació Catalana nada tiene que ver con la versión relatada anteriormente. «Dado que en aquel momento ni posiblemente hubiera sido factible ni hubiera sido correcto vender las acciones, hice donación a una fundación», dijo Pujol en presencia del juez instructor y los fiscales. Después se conocieron los términos tramposos ya relatados sobre cómo se produjo esa donación de acciones y cómo se incumplió una cláusula.

En otro momento de la declaración oral, Pujol negó la existencia de ningún órgano específico para conceder créditos a las sociedades instrumentales y defiende tanto la solvencia de estas como la legalidad de su funcionamiento. «Los créditos a las sociedades instrumentales eran bancariamente correctos, eran créditos que tenían garantía, que pagaban los intereses y que, llegado el momento, amortizaban los créditos», dijo. También negó que el funcionamiento de estas empresas afectara al patrimonio de Banca Catalana. «Como mínimo hasta 1975 el activo de estas sociedades era francamente superior al pasivo», declaró. Por el contrario, sí admitió que el capital social de las sociedades instrumentales era muy exiguo en relación a la cartera de valores que tenían, pero vuelve a recurrir a su manido argumento. «Aquello era un hecho, al menos en aquella época era frecuente en las sociedades de cartera y, en todo caso, no provocó ninguna advertencia de las autoridades monetarias.»

Como podía resultar previsible, Pujol negó por escrito cualquier intencionalidad de enriquecimiento y de perjudicar a los accionistas en la gestión que hicieron los directivos del banco. «Tengo la completa seguridad de que los administradores de Banca Catalana actuaron siempre al servicio de la empresa y sé muy bien que su vinculación al banco no fue nunca motivo de beneficio personal. Un caso ejemplar es la renuncia del consejo a cualquier participación en los beneficios, a la que tenían derecho por los estatutos.» Olvida referirse, por ejemplo, al cobro de dividendos ilícitos que benefició a todo el consejo, o a la contratación de depósitos para él y sus familiares, o a la venta de acciones antes de que se produjera su desvalorización.

Al final se le preguntó por su responsabilidad en las irregularidades que se relataban en la querella y volvió a negarlo todo de manera contundente. «No me considero responsable, ni acepto la relación que de los hechos se da en la querella. Nunca mi actuación en Banca Catalana estuvo presidida por el afán de lucro ni por una mentalidad de fraude.» La declaración escrita finaliza con una arenga política en la que vincula el desarrollo de la entidad a la defensa de Cataluña. «En Banca Catalana siempre actué de acuerdo con unos objetivos de servicio del país. El objetivo no era el beneficio personal, sino el legítimo de la entidad y, sobre todo, promover un movimiento de construcción de un sistema financiero catalán, proporcionado a la importancia de la economía catalana, capaz de actuar en todo el ámbito español y con voluntad de fomentar el desarrollo económico. Banca Catalana fue un gran esfuerzo colectivo de construcción de país.»

FRANCESC CABANA, EL CUÑADO QUE LO SABE TODO

El historiador, abogado y economista Francesc Cabana Vancells tiene 80 años. Es la persona que conoce más y mejor la historia de Banca Catalana, pues estuvo en el selecto núcleo directivo de la entidad desde su creación hasta su venta. Fue, además, uno de los compradores de la Banca Dorca de Olot, el origen de Banca Catalana, junto a sus cuñados Jordi Pujol y Jaume Carner, además de su suegro, Florenci Pujol i Brugat. Cabana ha escrito centenares de artículos y una treintena de libros sobre bancos y cajas de ahorro, la burguesía catalana, el empresariado y el catalanismo. Dos de estas obras abordan precisamente la historia de la entidad que dirigió: Banca Catalana, un capítol de la seva història, publicado en 1978, y Banca Catalana, diari personal, editado en 1988.

De trato afable, Cabana acepta la entrevista sin reparos y sugiere como lugar de encuentro el Ateneu Barcelonés, la entidad que presidió de 2011 a marzo de 2014. Su relato de lo ocurrido con Banca Catalana coincide en síntesis con el de Jordi Pujol: Banca Catalana se podría haber salvado si el Gobierno español no la hubiera dejado caer y no hubiera mantenido una actitud discriminatoria en relación con la que mantuvo en aquella época con otros bancos que estaban en crisis y que superaron el trance. Cabana suscribe, además, la hipótesis de que el Gobierno del PSOE fue el instigador de la querella y apunta a Mariano Rubio, subgobernador del Banco de España cuando se produjo la crisis de Banca Catalana, como uno de los principales responsables de mirar para otro lado y no ayudar a Banca Catalana.

Esa versión no coincide con el relato de Carmen Posadas, la viuda de Mariano Rubio. Las declaraciones de la escritora sintetizan el sentimiento que quedó en buena parte de la población entonces, cuando el concepto «casta» no formaba parte aún del debate político. «Pues mire, otra cosa que recuerdo es, por ejemplo, que en aquella época, Mariano Rubio me dijo que le parecía increíble que le hubiesen prohibido tocar lo de Banca Catalana. Tenía órdenes de no hacer nada. Él sabía que había irregularidades, pero, claro, aquello no interesaba políticamente porque tanto el PSOE como el PP necesitaban sus votos. Y, claro, todo esto lo único que fomentó fueron enormes caciquismos. Al final pensaron que nunca les iba a pasar nada porque se creían los dueños del cortijo.»³⁵

Mariano Rubio fue el exponente del final de una etapa política marcada por la corrupción y la descomposición, no solo del Gobierno, sino de los cimientos del Estado. Los socialistas estuvieron casi 14 años ininterrumpidos en La Moncloa, de octubre de 1982 a marzo de 1996, y concluyeron con una ristra demoledora de encarcelados o procesados: Luis Roldán, el director general de la Guardia Civil huido tras saquear las arcas públicas; Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, el hombre que firmaba los billetes en España, entre rejas por defraudar a Hacienda en el caso Ibercop; José Barrionuevo, ministro del Interior, en prisión por crímenes de Estado, junto al director general para la Seguridad, Rafael Vera; y la directora del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, también en la cárcel y condenada por estafa por comprar cuadros a bajo precio invocando el nombre de la reina Sofía o el de Carmen Romero, entonces esposa de Felipe González, presidente del Gobierno.

Francesc Cabana, el cuñado de Jordi Pujol, niega que los dirigentes de la entidad cometieran ningún delito y mucho menos que se enriqueciesen. Niega también que hubiera una caja B y, por supuesto, que se cometieran operaciones económicas fraudulentas. Pero más allá de ese relato coincidente con Pujol, explica que siempre se opuso a que Banca Catalana comprase otros bancos en pérdidas con unos fondos de los que no disponía, y admite que eso fue el origen de una bola de nieve que acabaría con la entidad. Su oposición a esa política expansiva sirvió de poco porque siempre quedó en minoría en el consejo de administración al que pertenecía desde su creación. Primero fue gerente de la entidad durante el tiempo que Jordi Pujol estuvo en prisión, después ejerció como secretario y a partir de 1977, además, compaginó ese cargo con el de vocal de la comisión ejecutiva tras la marcha de Pujol. En 1979 sumó a esas responsabilidades la de vocal de la comisión delegada y desde mediados de 1981 hasta la compra de la entidad fue vicepresidente.

La cita que se hace de él en el libro Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis, seguramente responde al perfil del personaje. «Francesc Cabana mostró siempre una excepcional generosidad durante sus años en Banca Catalana. Su amor a la empresa se reflejó a la hora de hacer sacrificios por la misma llegando a firmar documentos delicados. En 1980, heredó una verdadera fortuna, y cerrando los ojos a la crisis que atenazaba al grupo invirtió en él decenas de millones de pesetas comprando acciones de Banca Catalana que acabarían sin ningún valor.»

En la entrevista, Cabana admite que cuando llegó la quiebra Jordi Pujol se había desprendido de la mayoría de las acciones, al contrario de lo que ocurrió con muchos de los directivos de la entidad, con él a la cabeza. Con todo, reconoce que el perjuicio para muchos de ellos fue mínimo.

Pere Ríos: ¿Qué pasó con Banca Catalana?

Francesc Cabana: Es difícil de resumir ahora en unas frases. Yo hice un libro de 300 páginas explicando lo ocurrido. Pasó de todo en el marco de una crisis económica. Una de las responsabilidades que yo tenía era las relaciones con el Banco de España y tuve muy buena relación con el director general, Ángel Madroñero, que era una persona fantástica. El Banco de España me ofreció trabajo en 1981, antes de la crisis, y fui burro de no aceptarlo. Y dije que no por un problema de domicilio, por eso de ir y venir a Madrid cada semana porque conocía muy bien a los catalanes que se iban el lunes y volvían el viernes. Quizás hice mal. Con el Banco de España tuve mucha relación incluso con el subgobernador, un sinvergüenza que era Mariano Rubio y que descanse en paz.

PR: Usted siempre ha hablado muy mal de Mariano Rubio. ¿Por qué?

FC: Hablo mal porque le conocía mucho. Era un hombre muy ambicioso, cosa que no es negativa, que quería ser gobernador y lo consiguió —con los socialistas, lógicamente—, y que planeó una reestructuración de la banca española para reducir el número de bancos y quiso aprovechar la crisis financiera para tirar adelante su plan. Eso quiere decir que hizo una programación con la gran banca y fue prácticamente a liquidar a los bancos pequeños y medianos. Y Banca Catalana estuvo involucrada en medio de este lío.

PR: La viuda de Mariano Rubio dijo hace unos días en una entrevista que a su esposo «le impidieron tocar lo de Banca Catalana» por tacticismo político.

FC: No sé qué versión de los hechos tenía esta señora.

PR: Jordi Pujol sostiene en sus memorias que los problemas económicos de Banca Catalana eran los mismos que tenían otras entidades y que se podía haber salvado de haber recibido del Banco de España el mismo trato que otros bancos. ¿Suscribe esa tesis?

FC: ¡Por supuesto! En mi libro explico muchos datos. Esto me lo dijo Madroñero, director del Banco de España, y José Luis Núñez de la Peña [subdirector general de la inspección del Banco de España]. No hace falta decir que también tenían plena conciencia de que había una intencionalidad o un aprovechamiento en este sentido, dígale como quiera. Los problemas que hay actualmente entre Madrid y Barcelona o entre Cataluña y el resto del Estado no son un problema de mala voluntad, sino de discriminación. No aplican los mismos criterios para los mismos hechos. Recuerdo una de las primeras veces que fui al Banco de España, Núñez de la Peña me dijo: «¿Qué ayudas tenéis vosotros?». Toda la gran banca tenía ayudas del Banco de España, pero Banca Catalana no.

PR: Usted se ha mostrado muy crítico con la reacción que tuvo la burguesía catalana, que se apresuró a retirar de forma masiva los depósitos que tenía cuando se publicó la información confidencial de Europa Press.

FC: Mi crítica a una parte de la burguesía catalana viene de lejos, porque siempre ha tenido una actitud muy miedica. Hasta cierto punto lo entiendo, porque el Estado crea preocupación y da miedo. Pero no entendí, porque me pareció una actitud cobarde, que, en cuanto se empezó a extender el rumor, algunos empezaran a retirar los depósitos. Claro, cuando se van mil millones de pesetas diarios, y ves a quién pertenece el dinero, la reacción es de enfado porque conoces a muchos.

PR: ¿La mayoría del dinero que se retiró pertenecía a esa burguesía empresarial o a ciudadanos corrientes?

FC: Había de todo. Entre ellos, gente con la que había tenido un cierto contacto o relación personal. Hubo una empresa a la que le evité la suspensión de pagos, que aún se mantiene. Y una constructora que nos pidió un crédito y evitamos su muerte. En los dos casos retiraron el dinero inmediatamente y eso me produjo una rabia impresionante porque el Banco de España dijo que los depósitos estaban asegurados y nunca corrieron riesgos, de manera que retirar los depósitos de Banca Catalana era cobardía, simplemente.

PR: Esa actitud no encaja con el discurso de Pujol de disponer de un banco catalán como motor de la economía del país.

FC: Bueno, bueno, depende. La burguesía media y pequeña compartía esa idea clarísimamente. En aquel momento la gran banca española tenía lo que llamaban «los consejos regionales» y se hacían suya la gran burguesía a base de incorporarlos a estos consejos que, de hecho, no servían para nada. Pero aparentemente les llevaban las grandes operaciones en Cataluña y entonces votaban que sí o que no, lo que les decían y les daban un sobre a la salida o a la entrada de la reunión, no me acuerdo. Esa gran burguesía estaba muy controlada. Con la pequeña y mediana era diferente. Nuestros comerciales explicaban que cuando decían que venían de Banca Catalana les abrían la puerta. Si después les dabas lo que pedían o mejores condiciones que los otros, te abrían la cuenta porque les resultaba simpático el nombre y estaban un poco hartos de otros bancos. Pero gracias a eso pudimos progresar. No he encontrado nunca a ningún profesional que me dijera que le supusiera después un problema el haber estado en Banca Catalana, al revés.

PR: ¿Cree que el desencadenante de la crisis fue la famosa noticia difundida por Europa Press el 11 de junio de 1982?

FC: Sí, fue una noticia reproducida por TVE en Miramar. Insisto en que si salen mil millones de pesetas diarios de un banco de aquella época, aguantas diez días, pero no aguantas más. La reacción del Banco de España fue: «No os preocupéis que ya lo arreglaremos».

PR: ¿Quiere decir que hubo una estrategia deliberada para hundir Banca Catalana con esa filtración?

FC: No, la nota famosa de Europa Press, por lo que parece, venía de la derecha y de la extrema derecha. Las cosas empiezan así y se hacen una bola de nieve.

PR: Esa noticia pudo ser el desencadenante, pero el sumario describe una pésima gestión de la dirección de Banca Catalana como origen de la crisis y la quiebra de la entidad. ¿Lo niega?

FC: No. Yo digo que las cosas podrían haberse arreglado. En Banca Catalana siempre estuve en la oposición, las cosas claras.

PR: ¿Qué es estar en la oposición?

FC: Que votaba en contra. Si has leído el sumario verás que en mi declaración ante el juez de instrucción expliqué que yo era el responsable de la división internacional de Banca Catalana, que no generó pérdidas, además del servicio de estudios y de las relaciones con el Banco de España. Y también era miembro del consejo de administración, y el que votaba en contra era yo. Me quedaba en minoría cuando se votaban una serie de cosas que hizo Banca Catalana, como la compra de otros bancos. Pero el Banco de España puso a cero la contabilidad de todos los bancos que se compraban. El Banco de España sabía que Banca Catalana tenía esos bancos, que no me vengan con que eso es un defecto grave administrativo. Yo había hablado con Madroñero de este tema y me decían «id con cuidado», y sabían que yo estaba en contra.

PR: Cuando se quedaba en minoría en los consejos de administración, ¿ Jordi Pujol votaba con la mayoría?

FC: ¡Claro, claro!

PR: ¿No afectó a las relaciones personales?

FC: Hombre, en un momento determinado, sí. Pero más allá de lo que nos ha afectado últimamente, no nos afectó entonces [risas]. Yo a Jordi lo quería en el sentido más cristiano de la palabra. Por eso estoy tan afectado en este momento.

PR: ¿Cómo vivió la confesión?

FC: Yo hice unas declaraciones en su momento y no añadiré nada más por motivos obvios. Aparte de que no sé nada y solo podría explicar anécdotas.

PR: Al morir Florenci Pujol, su viuda y sus dos hijos, Jordi y Maria, pagaron 22 millones en impuesto de sucesiones. Eso quiere decir que recibieron una buena herencia.

FC: Sí, claro, estaban las acciones de la banca a valor nominal.

PR: Lo que le preguntaba es que el caudal relicto era considerable como para tributar tanto dinero en el año 1982.

FC: En 1982 Jordi Pujol tenía el piso de General Mitre y una casa en Premià que le dio su padre. Mi suegra tenía la casa de Premià y su piso, que se vendió hace tres o cuatro años cuando se murió. Y mi esposa solo tenía el piso en el que vivíamos, que ahora lo tiene hipotecado, pero por otra cosa. Mi suegro había tenido un piso de Premià de Mar y una casa en la Costa Brava.

PR: Por tanto, quien tenía más patrimonio era Jordi Pujol.

FC: No sé cómo se valoraba, pero estaban las acciones de Banca Catalana y Jordi era el que tenía más. Ahora no lo recuerdo con exactitud, pero la familia Pujol debía tener un 10 % de las acciones, pero en el consejo, si no tenía mayoría sí que tenía una participación decisiva.

PR: Y a todo eso hay que añadir, al margen de la herencia, el legado cuantificado en el equivalente a 140 millones de pesetas que confesó tener Jordi Pujol.

FC: No hay legado, hay testamento. No sé qué es ese legado. Eso ya lo he dicho.

PR: ¿Por qué dice entonces que recibió un legado de su padre para su esposa y los hijos?

FC: ¡Yo qué sé! El dinero está, pero no es un legado de su padre.

PR: ¿De dónde procede el dinero?

FC: No lo sé. Mi suegro hizo un testamento y eso era lo que teníamos. No había nada más y en ese testamento se incluye un pico que tenía en Zaragoza y un dinero que había en el Banco de España de aquí y del que nadie se acordaba, que me parece que eran cinco mil pesetas.

PR: Es inevitable relacionar la confesión de Pujol con su supuesto enriquecimiento con Banca Catalana, por la coincidencia temporal en 1980. Ese año fallece su padre y él seguía realizando operaciones económicas de todo tipo, aparte de las realizadas en los años anteriores.

FC: Jordi no se enriqueció con Banca Catalana. Absolutamente no. Ahora, si el dinero lo tiene, no sé de dónde lo ha sacado. Soy cristiano y juro por mis padres que no sé de dónde viene el dinero. Y las suposiciones que pueda tener son como las que puedas tener tú, más o menos aproximadas. No sé nada, ni él nos ha dicho nada destacable. Ahora, que debe haber cosas familiares por medio, eso ya me lo imagino, pero mi esposa y yo no sabemos nada. Jordi no me ha querido hablar nunca de sus hijos.

PR: En sus memorias confiesa estar muy orgulloso de ellos porque son catalanistas y católicos.

FC: A Jordi [hijo] hace diez años que no le he visto, a la Marta, tres o cuatro. A Josep lo veía más pero ahora se ha ido a vivir a Miami. A Oriol lo vi en un acto que hicimos en el Ateneu y a la Mireia también la veo poco.

PR: Está diciendo que no tiene mucho contacto con Jordi Pujol y Marta Ferrusola.

FC: A su casa debe hacer al menos 20 años que no he ido. Él a mi casa sí que ha venido, para estar con su hermana. Jordi Pujol no me ha hecho nunca ningún favor, ninguno. Ni político, ni económico, ni social, ni nada. Alguna vez habíamos ido al cine juntos, y poco más.

PR: En un artículo publicado en 2009, usted responsabiliza a Narcís Serra de la interposición de la querella, igual que hace Jordi Pujol en sus memorias.³⁶

FC: Bueno, esta es la versión que tenemos, que supongo que es cierta. Yo en aquel momento tenía muchos amigos del PSC, ahora ya se pueden decir. Antoni Castells [exconsejero de Economía de la Generalitat durante los siete años de los dos gobiernos de izquierdas de la Generalitat] trabajaba en el servicio de estudios, igual que Lluís Armet [portavoz socialista en el Parlamento catalán en 1984]. Me dijeron, y yo me los creo, que el PSC no estuvo al corriente de la presentación de la querella, que la persona que dio el beneplácito a Felipe González, cuando le preguntó qué le parecía, fue Narcís Serra. Esta es la versión que tengo de personas del PSC: que ellos no sabían nada. Castells se indignó de mala manera cuando se enteró y dijo que le parecía una barbaridad la querella por la discriminación a Banca Catalana. Yo estuve dentro de lo que se llamaba la Corporación Bancaria... ¿Sabes lo que era?

PR: No.

FC: La Corporación Bancaria fue la entidad que atendió las primeras crisis bancarias que hubo, antes de que apareciera el Fondo de Garantía de Depósitos. Estaba formada por al 50 % del Banco de España y el otro 50 % de la banca privada. Yo era secretario porque me lo pidió el Banco de España en representación de los intereses de la banca mediana. Y allí llegaron unos bancos que parecían absolutamente unas casas de putas y no pasó absolutamente nada. Bueno, se los quedó el Banco de España, pero no hubo querella ni nada. ¿Por qué se presentó en el caso de Banca Catalana? Volvemos al tema de la discriminación.

PR: Cuando Narcís Serra era alcalde de Barcelona se llevó la Tesorería del Ayuntamiento a Banca Catalana. Un gesto que no dice nada de la animadversión que usted relata que tenía a la entidad.

FC: ¿Sabes por qué? En aquel momento la única entidad financiera que tenía una división internacional bien preparada era Banca Catalana. La primera operación internacional importante la hizo La Caixa, pero nosotros hicimos después otras dos operaciones muy importantes. Una fue con el Ayuntamiento de Barcelona, con Narcís Serra de alcalde, y otra fue con Ferrocarriles de la Generalitat. Los vagones viejos de ahora son los que financiamos nosotros. Recuerdo que comí en el Hotel Crillon de París con Narcís Serra al lado, al que conocía desde hacía tiempo porque él iba a Premià con su esposa. Y fue por eso por lo que se llevó la Tesorería del Ayuntamiento a Banca Catalana, porque se establecieron unas relaciones muy buenas, por razones puramente técnicas. ¡Dios me guarde a mí de valorar si quien tengo delante tiene la misma posición política que yo! En esta casa [el Ateneu Barcelonés] he sido presidente tres años con una junta absolutamente transversal políticamente y no nos hemos peleado nunca, siempre hemos hablado de cultura.

PR: Por tanto, sigue pensando que Serra instigó la querella.

FC: Hombre, eso es lo que me dijo Antoni Castells.

PR: Su versión coincide con la que explica Jordi Pujol en sus memorias.

FC: Supongo que él debía tener información por otro lado, yo la tengo a través de Castells. Si Serra le dijo de una forma seria a González que presentaran la querella, o se lo dijo como quien no dice nada, eso ya no lo sé.

PR: El Tribunal de Cuentas cuantificó en 344.049 millones de pesetas el coste que tuvo para las arcas públicas la crisis de Banca Catalana.

FC: Sí, pero la mayoría de ese dinero se dedicó a otras cosas. Si los clientes te retiran cien mil millones de pesetas y los aporta el Banco de España, eso no son pérdidas, es solo cubrir una tesorería que te han hundido.

PR: Pero es dinero público, con independencia de su destino.

FC: Sí, pero mira, yo siempre pongo un ejemplo de aquella época de crisis bancaria en la que participé. Había entonces un pequeño banco en crisis que tenía un edificio en la calle Serrano de Madrid. Aristóbulo de Juan, que era entonces director general del Banco de España, llegó y dijo: «¿En cuánto está valorado? ¿Ha venido algún comprador? Pues pongamos que vale cero». Entonces salió uno y dijo que Repsol había comprado un piso por cien millones de pesetas, lo recordaré siempre. Y De Juan dijo: «Pues pongamos que el valor del inmueble es de cien millones». ¡Hombre! En aquel momento no había demanda en el mercado inmobiliario, pero cualquiera con un poco de sentido común podía considerar que un edificio en la calle Serrano de Madrid no valía cien millones de pesetas, sino mucho más. Pero claro, había que esperar un año o dos. El Fondo de Garantía adoptó una actitud de vender los activos por el coste contable que tenían los bancos. ¿De dónde sale Florentino Pérez? De Construcciones Pedrós, una empresa de Badalona que era del Banco Industrial de Cataluña [del grupo Banca Catalana]. Yo te puedo presentar amigos que compraron duros a cuatro pesetas, y a tres y hasta a dos. Y allí ya empezó a haber corrupción. Conozco una persona muy ligada al Banco de España que hizo comprar activos a nombre de su mujer, porque sabía que aquello doblaría el valor en el momento que el mercado se adecuara un poco.

PR: Responsabiliza, pues, al Banco de España de la quiebra de Banca Catalana.

FC: El Banco Industrial de Cataluña, que era del grupo Banca Catalana, tenía problemas graves, unos reales y otros temporales. En aquel momento, hacer inversión industrial quiere decir que te lo podían valorar a cero. En eso el Banco de España actuó en un sentido muy bestia, de reventador de activos. A Aristóbulo de Juan no le he vuelto a ver. Sé que no participó de nada en la querella y fue el que me ofreció el trabajo. En Banca Catalana no he visto nunca nada que me produjera angustia y mira que tengo escrúpulos. Me hice un hartón de viajar y nunca vi nada sucio. Todo esto cambió a partir de los años ochenta, cuando se produjo un vuelco en el mundo financiero relacionado con la corrupción. Antes de eso, todas las discusiones que se producían con la banca internacional eran discusiones técnicas, sobre contratos, etcétera. Pero nunca me encontré un sobre en el hotel en el que estaba alojado ni insinuación de posible corrupción. Banca Catalana tenía un buzón en las islas Caimán exclusivamente para clientes americanos que por problemas de fiscalidad querían que se operara desde allí. No había ni un solo catalán. Yo soy un hombre escrupuloso y nunca me encontré con un problema de corrupción, ni lo olí.

PR: ¿Qué opinión tiene de los fiscales?

FC: Después de la confesión de Pujol, José María Mena hizo unas declaraciones muy duras en las que decía que en Banca Catalana éramos unos pillos y unos no sé qué, pero hizo una excepción conmigo, y dijo que yo era historiador. No le he vuelto a ver desde entonces. Con Jiménez Villarejo coincidí hace unos meses y nos saludamos muy cordialmente. Él es cristiano militante y teníamos un amigo común que era el sacerdote Josep Maria Rovira Belloso. Le fue a ver, no a petición mía, y le dijo «mira, que esta gente no se mete dinero en el bolsillo», pero el otro tenía muy claro el concepto de banquero explotador. No tengo nada que decir, es evidente que actuaban de acuerdo con sus criterios.

PR: ¿Cree que fueron utilizados por el Gobierno, como sostiene Jordi Pujol?

FC: No creo. Yo contra ellos no tengo nada, tenemos una visión distinta de las cosas. En lo que me gustaría insistir es que [los fiscales] no encontraron ningún aprovechamiento personal por parte de los consejeros de Banca Catalana.

PR: En el escrito de la fiscalía se explican y se cuantifican con detalle las diversas operaciones que beneficiaron a los consejeros y especialmente a Jordi Pujol. Son datos elaborados a partir de los informes del Banco de España y de la contabilidad de Banca Catalana que no cuestionó nadie durante el proceso judicial.

FC: Con los jueces pasa como con los fiscales y es que sus conocimientos económicos son relativos y esto quedó muy claro cuando hablan de la famosa caja B. ¡No había caja B! Solo hay caja B cuando se separa una contabilidad de otra, pero en Banca Catalana todo estaba incluido dentro de la misma contabilidad.

PR: ¿Niega que hubiera una contabilidad paralela?

FC: Sí, todo estaba incluido dentro del balance del banco. Si decía 100 era 100. Otra cosa es que hubiera un titular de una cuenta que actuara por otras razones.

PR: Hablemos de las operaciones concretas que relata el escrito de la fiscalía. Una son los dividendos ilícitos.

FC: Esos dividendos los gestionaba yo con el consentimiento del Banco de España. Todos los pagos estaban autorizados.

PR: ¿Es legal pagar dividendos a los accionistas de Banca Catalana mientras la entidad está en pérdidas?

FC: Es que contablemente no estaba en pérdidas. Otra cosa es que te hagan una valoración o una auditoría y digan que eso son pérdidas. Yo siempre explico el ejemplo de Banco de Santander. Si hubiesen aplicado con esa entidad un año después el mismo criterio que aplicaron con Banca Catalana, también habrían reducido el valor de sus acciones a una peseta. Conservo el artículo de la época del Financial Times en el que se dice que las pérdidas acumuladas eran equivalentes a sus fondos propios como resultado de las inversiones realizadas en América Latina por Emilio Botín, padre, ante el temor de lo que pudiera pasar en España tras la muerte de Franco. En aquellas operaciones el Santander compró bancos en diversos países antes de que suspendieran pagos y fuesen valorados a cero. Pero Emilio Botín fue uno de los presidentes de la gran banca española que fue a felicitar a Felipe González en 1982, cuando ganó las primeras elecciones legislativas. Por tanto, volvemos otra vez a la discriminación con Banca Catalana.

PR: ¿Niega que Banca Catalana tuviera pérdidas?

FC: No, no. Acepto que había pérdidas, pero en el Banco de España, de director general para abajo se valoraba mucho si la entidad tenía capacidad de tirar adelante o estaba liquidada. Y en este sentido desde Ángel Madroñero hasta abajo se consideraba que Banca Catalana tenía capacidad para salir adelante, sobre todo si solucionaba los problemas que tenía.

PR: ¿Cuáles eran esos problemas?

FC: Que Banca Catalana tenía dentro de su activo una serie de bancos que controlaba. Había una serie de señores que tenían una serie de acciones, por ejemplo del Banco de Alicante, que eran fiduciarios, pero los créditos estaban en Banca Catalana. Yo siempre voté en contra de esas operaciones, me parecían una animalada. Pero siempre fui minoritario.

PR: Según el informe de la fiscalía, usted cobró 20,7 millones de pesetas por dividendos ilícitos entre 1974 y 1980.

FC: Todo el dinero que cobraba de dividendos lo invertía en acciones. Yo vivía de mi sueldo.

PR: Otra operación que describe la fiscalía es una donación irregular que hace Jordi Pujol de unas acciones valoradas en casi 200 millones a la Fundació Catalana.

FC: Sí, tengo la escritura a tu disposición.

PR: La fiscalía considera que es una donación tramposa porque siempre estuvo vigente una cláusula suspensiva al no ofrecerse al resto de los accionistas la posibilidad de comprar esas acciones, que entonces no se habían devaluado todavía.

FC: Sí, las acciones de la serie A, pero nadie las reclamó.

PR: No se ofrecieron a los accionistas.

FC: No, pero ¿quién habría de comprar aquellas acciones en aquel momento? Vale, faltó ese trámite que dices, fue un fallo administrativo. Pero fue una donación total y absoluta. Esto se puede demostrar y puedo decir dónde fueron esas acciones y qué se hizo.

PR: Otra de las operaciones que describe la fiscalía es una venta de 1.100 acciones por parte de Maria Pujol, su esposa, a través de la sociedad interpuesta HOE SA, que arrastraba un déficit patrimonial de 1.700 millones de pesetas. En el sumario consta que la venta se realizó el 19 de enero de 1982 y ese mismo día Jordi Pujol también vendió 1.057 acciones por el mismo procedimiento y su madre otras 9.000. Entre los tres cobraron más de 25 millones de pesetas y casi todo el dinero se destinó a pagar el impuesto de sociedades a la muerte de su suegro, Florenci Pujol.

FC: ¿Mi esposa compró 1.100 acciones?

PR: Eso dice el sumario.

FC: ¿Qué sociedad? No lo recuerdo.

PR: También se habla en el sumario de que usted dio instrucciones a Antoni Armengol, otro querellado, para que los recibos ficticios fueran tratados como efectos comerciales reales pagados a unas personas elegidas al azar, aunque el dinero iba siempre a una misma cuenta.

FC: No lo recuerdo, no tengo ni idea. No sé qué es lo que dices. Lo que sí te puedo asegurar es que Josep Andreu i Abelló, que entonces era dirigente socialista, hizo unas declaraciones hablando mal de nosotros y al cabo de unos días recibí una copia de un anónimo que le enviaron y en el que se le decía que «si continuaba hablando mal de Banca Catalana haremos público que usted ganó 60 millones», que los había ganado y yo lo sabía. Supongo que fue alguien del departamento de valores, porque si no, no se podía saber. Pero lo que sí te digo es que el consejo de administración de Banca Catalana, desde Jordi Pujol hasta el último miembro, no sacó ningún provecho personal de nada, fuera de los dividendos y en mi caso, del sueldo que tenía y del que vivía.

PR: Ustedes también cobraban extratipos por los depósitos que tenían.

FC: Banca Catalana pagaba extratipos, como todos los bancos. ¿De dónde sacas este dinero para que nosotros y el Banco de Sabadell, que también lo hacía, pagáramos extratipos? Pues se ha de crear una cuenta especial. O bien escondes unos beneficios y los destinas a esto, o bien pagas los extratipos a través de una cuenta de una persona a la que le das un crédito para que pague. Has de hacer una cosa de estas y todos los bancos hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque el Banco de España controlaba mucho el interés que se pagaba y no había libertad para ello. Cuando entramos en la Banca Dorca de Olot ya había extratipos. El franquismo fue terrible en este sentido. ¿Por qué mantenía bajos los tipos de interés? Pues porque los bancos estaban obligados a suscribir deuda del Estado al 3%. El Estado financiaba así muy bien el Instituto Nacional de Industria y la deuda pública a muy buen precio. El banco no podía mantener ese corsé y por eso pagábamos extratipos. Había unos intereses activos y pasivos que algunas veces se cruzaban. Tú me venías a traer dinero y yo te decía: «Mira, te pago un 2% oficial y otro 2 % de otra manera». O bien al revés. Venías a pedir un crédito y te decíamos: «Le pediremos un 6% oficial y nos pagará bajo mano otro 2%». Esta caja se podía cruzar a veces.

PR: Los directivos de Banca Catalana también adquirieron acciones de la entidad a través del procedimiento de autocartera, una práctica que estaba prohibida por la ley porque la entidad estaba en pérdidas.

FC: Ya le he dicho que eso de las pérdidas es relativo. Eusebi Díaz Morera se cubrió de gloria porque infló las pérdidas de Banca Catalana para que el Banco de España fuese generoso. Lo decía él, no yo, lo que pasa es que no hay ningún documento que dé testimonio. Y entonces creó un problema grave.

PR: Los fiscales relatan la autocartera como una forma de gastar el dinero de la caja B y que eso es delito si la entidad está en pérdidas.

FC: La autocartera la tenían todos los bancos y está aceptado. Cuando la bolsa bajaba se compraban acciones y cuando subía las vendían. Yo suministré mucha documentación y muchos recortes al juez instructor, Ignacio de Lecea. El hombre estaba muy contento de que su suegro fuese un economista castellano conocido de primeros del siglo XX y que él supiera un poco de economía. Pero Mena y Villarejo sabían muy poco de economía, imagino que aprendieron algo a través del sumario.

PR: Les asesoraban los inspectores del Banco de España.

FC: Sí, eso sí. Un fiscal no está obligado a saber qué son los extratipos. Todos los bancos los daban y fue Alfonso Escámez el que dijo: «Yo voy a declarar a favor vuestro diciendo que pagabais extratipos aunque el Banco de España no lo pida».

PR: Antes decía que era crítico con algunas decisiones estratégicas de Banca Catalana. ¿La ambición expansiva fue el fracaso de ese proyecto?

FC: Sí, es posible. Lo único que puedo decir es que voté en contra.

PR: ¿Cuál era la correlación de fuerzas en el consejo de administración?

FC: Dependía, pero vamos, siempre perdí en los temas importantes. Me encontré con una situación bien curiosa, porque estaba harto por algunas cosas y presenté la dimisión. Pero la muerte en 1980 de mi suegro, al que le tenía un gran aprecio, cambió las cosas y me creó un problema. Jordi Pujol había dimitido y si yo dimitía ¿quién representaba el capital de la familia? Me pidieron muy repetidamente que continuase y por desgracia dije que sí.

PR: ¿Los consejeros de Banca Catalana conservaban sus acciones cuando se produjo la devaluación o ya las habían vendido?

FC: No, no, todos las conservaban.

PR: Todos no. Jordi Pujol ya se había deshecho unos meses antes de las que le quedaban.

FC: Jordi Pujol las donó, vale, pero los demás, no. Yo no me vendí ni una, ni mi esposa. La mayoría de los consejeros tenían sobrado patrimonio: Cendrós, Ramon Miquel, Moragas, que era una gran persona. No lo necesitaban. No hubo provecho personal y mira que nos miraron las cuentas corrientes de mala manera, especialmente a los consejeros, a ver si había habido provecho. Esto te lo dirán los mismos fiscales, no hubo nada.

PR: Lo que dicen los fiscales en su escrito de acusación es que se produjo una administración delictiva en la manera de dirigir Banca Catalana y un enriquecimiento personal de los directivos. Es un documento demoledor.

FC: Sí, ya sé que es demoledor. Me lo leí al detalle. Pero insisto en que los fiscales no tenían conocimientos económicos y todo eso de la caja B lo desmontó totalmente el perito. No hubo nunca nadie que parase a los fiscales, eso que quede claro. Vamos, yo no he tenido nunca ninguna referencia. En la Audiencia eran muchos jueces. No se compran 41 jueces.

PR: La leyenda que pesa sobre Piqué Vidal no es esa.

FC: Conmigo siempre se portó muy bien y te prometo que nunca me insinuó nada.

PR: No sería razonable que le dijera nada. Piqué Vidal habla muy bien de usted.

FC: Yo también de él. Me dijo una cosa: «¿Tú me puedes ayudar a hacer los escritos? Si lo haces no te pasaré minuta». Y fue así. Un montón de escritos que presentaba al juzgado el abogado estaban hechos sobre borradores míos. ¡Y que conste que nadie me lo agradeció!

PR: Tampoco le pasó minuta a Jordi Pujol.

FC: ¿Ah, no? No lo sabía. Piqué Vidal se lio luego con otras cosas, primero con De la Rosa y después con Estevill. Conmigo se portó estupendamente y me hizo este favor de la minuta, porque si no me habría creado un problema grave, pero yo le ayudé mucho. ¡Sabes las horas que me pasé en su despacho! El que conocía el banco era yo.

PR: Por tanto, usted no cree que el dinero confesado por Pujol proceda de Banca Catalana ni que los directivos de la entidad se enriquecieran.

FC: El que ganó dinero fue Andreu i Abelló. Los demás, no. Hubo cuatro muertos durante la querella: Forrellad, Cendrós, otro que no me acuerdo y Moragas. Su esposa me dijo que el caso le afectó mucho. Yo usé un sistema que no es muy ortodoxo, pero que me fue muy bien. Tenía un diario en el que hablaba de Banca Catalana y lo puse prácticamente todo en el libro, tal y como lo había escrito.

PR: ¿Se enriqueció usted con Banca Catalana?

FC: Yo quedé arruinado. Que conste que toda mi fortuna era acciones de Banca Catalana y las primeras me las puso mi suegro. Él sí tenía dinero. Fueron 300.000 pesetas, no te creas, cuando empezamos con la Banca Dorca. Era una persona extraordinaria.

3

LA QUERELLA CONTRA CATALUÑA

LA «JUGADA INDIGNA» Y LA ÉTICA

«El Gobierno central ha cometido una jugada indigna y, a partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral y de juego limpio, hablaremos nosotros, no ellos», proclamó Jordi Pujol desde el balcón del Palau de la Generalitat el 30 de mayo de 1984. Hacía apenas una hora que acababa de ser investido presidente y decenas de miles de personas salieron a la calle en una manifestación convocada por Convergència para expresarle su apoyo y protestar por la presentación de la querella.

Primero acudieron al Parlamento catalán y después desfilaron hasta la plaza de Sant Jaume, donde está la sede de la Generalitat, con el Gobierno catalán al frente de la manifestación tras el coche oficial de Pujol. La contemplación de aquellas imágenes, con los consejeros entrelazados por el brazo en gesto inequívoco de unidad, evoca recuerdos de otras épocas en los que el pueblo mostraba su inquebrantable lealtad y admiración al líder.

«Y la marcha se inició. Iba precedida por el coche oficial de Jordi Pujol, y fue encabezada por los consellers y parlamentarios de Convergència i Unió. En el paseo Marqués de Argentera, el público se volcaba materialmente sobre la comitiva del president. La avalancha humana ocasionó no pocos problemas al cordón de seguridad, al que se sumaron voluntarios. Los manifestantes lucieron pegatinas (“Jo, Pujol”) y repitieron al unísono el nombre del president en la Via Laietana, convertida en un coro que gritaba sin cesar: «¡ Joooooordiii!».¹ La crónica de aquel día en un diario local de Barcelona describe con entusiasmo lo ocurrido en las calles de la ciudad.

«Una nueva explosión de alegría sacudió la marcha ante un edificio donde se había colocado una pancarta con ribetes verdiblancos: “Si eres bien nacido, acude a Jordi Pujol”. Flores y aplausos. En una pancarta se leía: “Felipe V, Franco, Felipe González” y un grupo de Tarragona aseguraba que “Felipe i la seva gent no podran amb el president”. Después, todos cantaron Els Segadors», proseguía relatando el cronista con indisimulado entusiasmo.

«Felipe i Guerra ofenen la nostra terra. Pujol, el poble et vol» [Felipe y Guerra ofenden nuestra tierra. Pujol, el pueblo te quiere], decían las octavillas, con rima incluida, que Convergència lanzó aquel día por las calles de Barcelona. Una referencia inequívoca que señalaba a los supuestos instigadores de la querella. En ese contexto, no es de extrañar que Pujol pronunciara después desde la Generalitat la frase más recordada en la historia reciente de Cataluña desde aquel «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí» de Josep Tarradellas. «El Gobierno ha cometido una jugada indigna», sentenció Pujol. Una acusación directa, solemne, de un solo trazo.

«Es una afirmación que responde exactamente a lo que creía entonces y sigo creyendo ahora. No puedo creer —ni creo que nadie pueda hacerlo— que en la actuación judicial no hubiese una mano política. Unos actuaron por omisión: fueron incapaces de frenar el disparate y la indignidad que estaba a punto de cometerse. Otros actuaron por picardía: “Vamos a ver qué pasa, qué podemos sacar de esto”. Finalmente, a unos terceros —no sé cuántos pero en todo caso muy influyentes— les movió el deseo de hacer daño, de destruir.»²

La cita está extraída del segundo libro de memorias de Jordi Pujol publicado en 2009 y condensa el discurso oficial que construyó el nacionalismo catalán tras la presentación de la querella y que permaneció inalterable. La primera mayoría absoluta que logró CiU en las elecciones autonómicas del 29 de abril de 1984, en las que los socialistas cosecharon su segunda derrota, y el inicio del proceso judicial apenas tres semanas después de aquellos comicios, sirvieron a Pujol para articular la tesis de que el Gobierno de Felipe González pretendía neutralizar en los tribunales el éxito electoral de los nacionalistas en las urnas. Y en la construcción de ese discurso por parte de Convergència se solaparon planos que nada tenían que ver, pues se construyó el relato de que una actuación judicial contra el president suponía un ataque contra su partido, contra el autogobierno político encarnado en la Generalitat y, por extensión, contra Cataluña. La faceta personal, la política y la institucional fundidas en una sola. Era el inicio de lo que después se acuñaría como victimismo, que perduró en los años sucesivos y que se convertiría en argumento recurrente del nacionalismo frente a decisiones políticas, económicas, incluso deportivas que se fueron sucediendo procedentes del otro lado del río Ebro.

Jordi Pujol supo rentabilizar durante décadas ese discurso, ante la incompetencia, inoperancia, ineptitud o como se le quiera llamar, de las fuerzas de la izquierda para construir un relato alternativo. Las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en la campaña electoral de las autonómicas de 1984 recordando el «agujero» de 250.000 millones de pesetas de Banca Catalana y las palabras del delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín, en 1986, antes de que los jueces se pronunciaran, y en las que decía textualmente «vamos a meter en la cárcel a Jordi Pujol»,³ añadieron más leña a un fuego que Pujol no cesó de atizar.

El proceso judicial planeó en la política catalana durante los dos años y medio que duró. La exculpación, lejos de acabar con esa sombra alargada, no hizo sino reforzar a Jordi Pujol, que no tuvo rubor alguno en recordar cuando convenía el desenlace de la querella. A la mayoría absoluta de CiU en 1984 siguieron otras dos en 1988 y 1992 y dos mayorías relativas en diputados en 1999 y 2003, aunque ese año las izquierdas se unieron y desalojaron a los nacionalistas de la Generalitat.

Las memorias de Jordi Pujol contienen diversas alusiones, unas más sutiles que otras, de que la querella fue una reacción política de los socialistas a su triunfo electoral y que la fiscalía actuó como un instrumento al servicio del Gobierno y sin criterio propio. «En un caso de tanta trascendencia, y habiendo el presidente de la Generalitat por medio, he de creer que ni el fiscal general del Estado ni los fiscales de aquí actuaron por iniciativa propia», dicen las memorias. Apenas unas líneas antes Pujol recuerda que el 7 de mayo de 1984, ocho días después de las elecciones autonómicas que le dieron su primera mayoría absoluta, remitió una carta a Felipe González en la que le exponía la necesidad de negociar el despliegue de la autonomía catalana y el traspaso de diversas competencias a la Generalitat y le anunciaba su deseo de volverle a escribir para solicitarle formalmente una entrevista. «Naturalmente, la carta que le anunciaba no fue escrita y la “entrevista larga para tratar diversos temas” una vez acabado “el periodo de provisionalidad postelectoral de la Generalitat” no fue solicitada. La respuesta a mi carta fue la querella», remacha Pujol.

El pasaje de las memorias en el que el expresidente de la Generalitat se muestra menos ambiguo apunta al exministro de Defensa Narcís Serra como instigador de la querella, al tiempo que exculpa a otros dirigentes socialistas catalanes de la actuación judicial. Es esa una característica muy propia del pujolismo a la hora de repartir culpas, señalar a los supuestos responsables y exonerar a quienes considera ajenos a los hechos, en ocasiones sin justificación alguna.

«Se hace difícil localizar el epicentro de la acción: si es necesario situarlo en Madrid o Barcelona. No puedo personalizar mis acusaciones y, por tanto, no lo hago. Tampoco tengo demasiadas ganas», advierte Pujol, aunque a renglón seguido cambia de registro. «Me limito a decir que en el Gobierno de Madrid había en aquel momento tres ministros catalanes que provenían del PSC: Narcís Serra, ministro de Defensa y antiguo alcalde de Barcelona; Ernest Lluch, ministro de Sanidad, y Joan Majó, ministro de Industria. Majó lamentó la presentación de la querella. No me lo dijo a mí personalmente ni de manera pública, sino que lo transmitió a algunos responsables de Banca Catalana y a amigos comunes. En lo que se refiere a Ernest Lluch, creo que no tuvo nada que ver», sentencia Pujol, aunque no explica los motivos que le llevan a hacer esta consideración y es probable que no sea ajeno a ello el hecho de que Lluch fuera asesinado por ETA en el año 2000. Pero lo más sorprendente de la cita es que Pujol deja en el aire lo que opina sobre Narcís Serra y de esa manera siembra la duda sobre su presunción de culpabilidad.

Serra ha declinado el ofrecimiento para relatar sus recuerdos de aquella época y la posición que mantuvo como ministro de Defensa en el proceso judicial, pero sí se refirió a ello en el libro Què direu de mi, escrito por el periodista Pere Cullell en 2003, en el que decenas de personas de todos los ámbitos se refieren a la figura de Jordi Pujol. En la obra se le pregunta a Serra por la animadversión que siente Pujol por él y la influencia que pudo tener en ello el proceso judicial. «Lo que pasó con Banca Catalana es un pretexto, porque él y los que le rodean, al menos los que le rodean, saben perfectamente que con relación a este hecho no tiene ningún motivo. Es un pretexto. Y ahora que ha pasado tanto tiempo y que ya se sabe cómo fue todo, todavía más»,⁴ dice Serra.

El exministro de Defensa también recuerda en esa entrevista un dato poco conocido que no casa con la inquina hacia Banca Catalana que le atribuye Jordi Pujol. «Cuando estalló Banca Catalana yo era alcalde. Y entonces el presidente de Banca Catalana era Raimon Carrasco. Y me llamó pidiendo ayuda. Entonces hablé con el ministro de Hacienda. Lo vi dudoso. Después hablé con el gobernador del Banco de España y me dijo: “Hazlo”. Y cogí prácticamente toda la tesorería del Ayuntamiento y la deposité en Banca Catalana. Esto es un hecho. Después, si conviene, de todas las cosas se pueden acabar haciendo otras lecturas.» Los periodistas Baiges, González y Reixach recuerdan en su libro, además, que Serra acudió a la inauguración del nuevo edificio central de Banca Catalana, situado en la avenida Diagonal de Barcelona, en el año 1980, cuando era alcalde de Barcelona.

La construcción es seguramente la mejor metáfora de lo que fue Banca Catalana, una entidad con enormes aspiraciones en el mundo financiero que se quedó en eso, en una nueva frustración del anhelo catalanista. Los 40.000 metros cuadrados eran una aspiración faraónica ajena a la realidad. Incluso trasladando a ese edificio todos los servicios centrales de Banca Catalana, quedó desierta una buena parte. Las expectativas de crecimiento nunca se llegaron a hacer realidad.

La imagen que quedó del edificio para cualquier ciudadano que lo viera es la de una fachada repleta de plantas. Se regaban por un sistema insólito en España que costó varios millones de pesetas y que materializó Hidroplant SA, la sociedad constituida por Marta Ferrusola y otras dos mujeres. Eran Mercè Vila y Núria Claverol, esposa de Carles Sumarroca, uno de los empresarios más fieles a Jordi Pujol desde hace décadas. Ambas aparecen también en el sumario de Banca Catalana como beneficiarios de algunas operaciones solo al alcance de algunos clientes distinguidos.

Serra también revela en el libro Què direu de mi otra posible explicación a la animadversión que le manifiesta el expresidente de la Generalitat. «Sí que puedo decir que a Jordi Pujol no le gustó nada, aparte del problema penal, la rigurosa gestión que hicieron de Banca Catalana Eusebi Díaz Morera y Jordi Mercader, como presidentes nombrados, cuando se tuvo que destituir al equipo directivo. Quizás también aquí me implique, porque son amigos personales míos. Pero también aquí volvemos a estar en el ámbito del pretexto.»

El exministro de Defensa admite que habló cara a cara del tema con Pujol en la época en que fue vicepresidente el Gobierno y que el tono de la conversación fue «muy normal, somos gente civilizada». En su opinión, «Jordi Pujol tiene una cierta prevención a la actuación que puedan tener los políticos que no dependen de él. Más que temor, es desconfianza». Serra admite que Pujol supo darle la vuelta a la situación y sacar rédito político y electoral de la querella con su discurso victimista. «Esta es una característica propia de lo que entendemos por político de raza, lo que la gente entiende por político de raza. Yo continúo creyendo que la manifestación que se organizó entonces y la misma actitud de Pujol en aquellas circunstancias es uno de los momentos más tristes de la democracia catalana. No es una cosa que a mí me parezca que podamos colocar, ni de lejos, entre las virtudes o los activos de Jordi Pujol.»⁵

El periodista Andreu Missé es aún más contundente a la hora de considerar que Serra fue ajeno a la querella. En el capítulo «El caso Banca Catalana» incluido en la obra Memòria de Catalunya, un excelente resumen del asunto desde la vertiente económica, asegura que el entonces ministro de Defensa y el mallorquín Félix Pons, presidente del Congreso, «propugnaron que se castigase a los fiscales», por haberse querellado contra Pujol. «Pero Ledesma se opuso y advirtió que una decisión en este sentido podía provocar la dimisión de Burón», dice.⁶ El ministro de Justicia niega que se produjera esa petición, pero lo cierto es que Burón acabó dimitiendo por motivos que, según explica Ledesma, en la entrevista que se incluye en este capítulo, nada tuvieron que ver con discrepancias con el caso Banca Catalana. El periodista de El País Bonifacio de la Cuadra, seguramente el mejor redactor de tribunales que ha habido en España, y un profundo conocedor de los entresijos de la justicia y sus conexiones con el poder político, también rebate la negativa de Ledesma a relacionar la dimisión de Luis Antonio Burón Barba con discrepancias con el Gobierno sobre Banca Catalana.

Felipe González tampoco ha querido hablar de sus recuerdos de aquella época y del proceso judicial para la redacción de estas páginas. «No es el momento», aseguró un portavoz del expresidente a modo de justificación. Pese a esa negativa, son conocidos los comentarios que ha realizado en privado Felipe González sobre el malestar que le produjo la querella de Banca Catalana. Raimon Obiols, primer secretario del PSC, lo explica al final de este capítulo en una entrevista. El director teatral Albert Boadella también lo oyó de la boca del expresidente del Gobierno. «Felipe me dijo: “Yo avisé a Pujol que fiscalía estaba investigando el caso Banca Catalana. E hice una cosa que, en teoría, yo no podía hacer, que era avisarlo. Y Pujol se deshizo en agradecimientos. Al cabo de quince días me decía públicamente de todo”. Esto me lo ha dicho González personalmente, una noche en La Moncloa, cenando con Carmen Romero.»⁷

Andreu Missé también tiene claro que el Gobierno socialista nunca vio con buenos ojos la querella. «A Felipe González ahora no le gusta recordar este asunto y asegura que hubiera preferido “que no se hubiera presentado la querella”. González temía las consecuencias políticas que se podían derivar de la presentación de una querella contra el presidente de la Generalitat, y en este sentido había advertido de la gravedad de la situación al fiscal general del Estado.»⁸

Ya se ha dicho que el 16 de junio de 1983 el entonces ministro de Economía de la época, Miguel Boyer, compareció en el Congreso y dijo que «el Gobierno tenía indicios de irregularidades graves en Banca Catalana» y que por eso solicitó al Banco de España que le remitiera toda la información para la posible depuración de responsabilidades de los antiguos administradores. Aquel día, la oposición felicitó a Boyer por la solución dada a la crisis de Banca Catalana. El portavoz del grupo parlamentario de Minoría Catalana era entonces Joaquim Molins, y en su intervención ante la comisión parlamentaria no hizo ninguna referencia al anuncio realizado por Boyer y se limitó a mostrar su coincidencia con el Gobierno socialista porque no había hecho uso del derecho de tanteo en la compra de la entidad, que finalmente acabó en manos del Banco de Vizcaya.

«Todo aquello que pueda ser llevado adelante, salvando, evidentemente, como muy bien señalaba el señor ministro, la posibilidad de que con dinero público se puedan producir beneficios no merecidos, por decirlo de alguna manera, en sectores privados; salvando eso, que queda claro por la exposición que ha hecho el señor ministro en este caso, nosotros, repetimos, nuestra posición en el sentido de que todo aquello que pueda ser realizado por la iniciativa privada, no sea hecho desde la iniciativa pública.» Son las palabras que figuran en el acta de aquella comisión pronunciadas por Joaquim Molins.

Los informes anunciados por Boyer en el Congreso empezaron a llegar en los meses siguientes. El Fondo de Garantía de Depósitos envió dos documentos al Ministerio de Economía y Hacienda fechados el 17 de agosto y el 14 de noviembre, y los servicios de inspección del Banco de España hicieron lo propio con otro informe datado el 29 de noviembre de 1983. Todo eso, unido a las auditorías de Price Waterhouse que encargaron Eusebi Díaz Morera y Jordi Mercader, además de los anexos y resúmenes contables de Banca Catalana, acabaron en la mesa del Consejo de Ministros por decisión de Miguel Boyer. El caso fue remitido al Ministerio de Justicia, que, a su vez, dio traslado a la Fiscalía General del Estado, como ya había hecho con otras 47 entidades en aquellos años de la crisis bancaria que vivió España.

La Fiscalía General del Estado envió la documentación a la de Barcelona y finalmente fue encargado el estudio del asunto a los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. Su designación fue fruto de diversas casualidades y en contra de la teoría que se difundió entonces, y que algunos aún dan por buena al cabo de treinta años, no existió ninguna maniobra para que coincidieran en el asunto dos personas tan comprometidas con los valores democráticos, y que tenían en común su antigua militancia en el PSUC, el histórico partido de los comunistas catalanes sin el que no se entiende la Transición en Cataluña.

La querella se presentó el 22 de mayo de 1984, siendo fiscal general del Estado Luis Burón Barba, sin cuyo beneplácito jamás hubiera sido posible, pues es sabido que la fiscalía se rige por el principio jerárquico. El ministro de Justicia de entonces era Fernando Ledesma. El texto acusaba a Jordi Pujol y otros 24 exdirectivos de la entidad de los supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad. Al final se mantuvieron los cargos contra 17 personas. El resto fueron exculpados y cuatro fallecieron durante la investigación judicial. A los dos delitos iniciales se añadió después el de maquinación para alterar el precio de las cosas.

El mismo día de la presentación de la querella, el portavoz del grupo de Minoría Catalana en el Congreso, Miquel Roca Junyent, responsabilizó al Gobierno del inicio del proceso judicial. Luis Burón lo negó de manera categórica. «He tenido informado al Gobierno, porque es mi obligación, y no afecta a la autonomía de la fiscalía. Pero no se me ha hecho ninguna indicación sobre la marcha de la investigación ni tampoco ha habido una consulta formal respecto a mi decisión»,⁹ declaró entonces.

Además de eso, la Fiscalía General del Estado hizo una nota de prensa en la que relataba la existencia de indicios de delito. «En sustancia, los administradores de Banca Catalana extraían sistemáticamente fondos líquidos —propios o aportados por depositantes— mediante el recurso de inversiones simuladas —prestamos fingidos, negociaciones de letras de cambio inexistentes o sin cobertura, boletos contables sin causa—, que figuraban como activo en la contabilidad, aunque, en verdad, habían salido de las arcas y cuentas de Banca Catalana para apartar cuantiosas sumas de dinero de toda posibilidad de control y vigilancia, tanto de los accionistas como de las inspecciones oficiales.»

La nota de la fiscalía proseguía diciendo que «de ese modo se puso en marcha lo que se llamó caja B, o sea una masa de efectivos de la que los administradores podían disponer y, de hecho, dispusieron, sin trabas y sin reflejar su empleo en la documentación de la banca». Los cálculos que hizo la fiscalía es que ese procedimiento sirvió para «evaporar» más de 20.000 millones de pesetas «mediante innumerables falsedades y la creación o utilización de sociedades y empresas fachada, regidas por personas interpuestas, pagos de intereses excesivos para atraer depositantes, compras de acciones prohibidas, multiplicación de gastos consultivos [...], todo lo cual originó “mientras duró” ventajas y provecho para los administradores o terceros con ellos relacionados».

La fiscalía insistía en que la actuación de este organismo no respondía a otro criterio que el puramente profesional y descartaba la injerencia del Gobierno. «El fiscal general del Estado, en obligado cumplimiento de la misión que le confían la Constitución y las leyes, sin otra mira que el interés público y social y la defensa de la legalidad, y sin seguir indicación alguna, salvo la que se deriva del contenido de los informes y documentación manejados, ha llegado al convencimiento de que lo ocurrido con la gestión de los fondos confiados a Banca Catalana excede a todas luces a lo que pudiera atribuirse a cambios de la fortuna que pueden esperarse de riesgos asumibles en un tráfico mercantil mínimamente inspirado por la idea de conservación y crecimiento del patrimonio administrado en beneficio de sus titulares y, por tanto, estima absolutamente necesario que las responsabilidades personales de los administradores de Banca Catalana, en los periodos señalados, sean aclaradas y depuradas con todas las garantías del debido proceso penal ordinario.»

La tramitación de la querella se prolongó durante más de dos años, hasta que el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona acordó el 21 de noviembre de 1986 la exculpación de Jordi Pujol y no se pronunció sobre el resto de los acusados. Más de dos años después, en enero de 1989, el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona siguió el mismo criterio y exculpó al resto de los implicados.

Los fiscales redactaron el recurso para insistir en la necesidad del procesamiento de Pujol, pero para entonces ya había cambiado el fiscal general del Estado. Luis Burón renunció al cargo, posiblemente porque las discrepancias con el Gobierno en este asunto se le hicieron ya insoportables de llevar, y le sustituyó Javier Moscoso, que había sido ministro de la Presidencia en el primer Gobierno de Felipe González.

El nombramiento de Moscoso fue una decisión personal del presidente del Gobierno, a diferencia de lo que ocurrió con Burón, que había sido propuesto por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma. El nuevo fiscal general mantuvo un criterio distinto a su antecesor. Una de las primeras decisiones que adoptó nada más ser nombrado fue desautorizar el recurso contra la exculpación de Jordi Pujol. Pero los fiscales Villarejo y Mena invocaron el estatuto del ministerio fiscal que les permite discrepar de una orden de su superior jerárquico y el caso acabó en la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano deliberativo de la fiscalía, que acabó dando la razón a Moscoso. Ahí se acabó judicialmente el caso.

La investigación del caso fue encargada a Ignacio de Lecea, un magistrado de la jurisdicción civil que no había instruido un proceso penal hacía varias décadas, pero que aun así fue nombrado para esa función. Es un dato que ayuda a explicar la actitud que mantuvo durante los dos años que duró la investigación, incluso su intento frustrado de dimitir como juez instructor.

Durante la investigación judicial Jordi Pujol declaró en dos ocasiones. La primera por escrito, el 2 de septiembre de 1984, y la segunda, ante una comisión judicial, el 2 de octubre de 1984 en su residencia oficial de la Casa dels Canonges, en el Palau de la Generalitat. La defensa de Pujol se opuso de manera tajante al interrogatorio y el juez instructor del caso atendió la petición y denegó esa segunda declaración del presidente de la Generalitat. Sin embargo, los fiscales recurrieron ante el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y ganaron la batalla.

Esa es la versión real de los hechos y basta una lectura de las hemerotecas para comprobarlo. Pujol obvia alguno de estos detalles en sus memorias y lo explica de manera bien distinta, al margen de inexactitudes en la fecha. «El 24 de octubre de 1984, el juez instructor del caso, su adjunto y los dos fiscales, con la compañía de una oficial de los juzgados, vinieron a tomarme declaración a la Casa dels Canonges, para ahorrarme de hacerlo en el Palacio de Justicia. La sesión se tuvo que aplazar unos días porque yo quería declarar en catalán y la persona que había de hacer la transcripción no sabía escribirlo.» Lo que ocurrió en realidad es que cuando se autorizó el interrogatorio, Pujol se negó a desplazarse a la sede de los tribunales, acogiéndose al privilegio que entonces le permitía la ley, y tuvo que ser la comisión judicial la que acudiera al Palau de la Generalitat.

El juez adjunto al que alude Pujol es Enric Anglada que, ironías del destino, acabó siendo el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tomó declaración a Oriol Pujol Ferrusola por el caso de las estaciones ITV, el asunto judicial que supondría el fin de la carrera del único hijo del expresidente de la Generalitat que se ha dedicado a la política. El asunto se encuentra ahora en un juzgado ordinario a la espera de que prosiga la investigación judicial.

«NUNCA RECIBIMOS UNA LLAMADA DE NADIE»

Meses antes de la confesión de Jordi Pujol del 25 de julio de 2014, los dos fiscales, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, accedieron a mantener una larga conversación sobre aquel proceso judicial que duró dos años y medio. En esta charla recordaron la gestación de la querella, las condiciones en las que investigaron el caso, el papel que jugó la Fiscalía General del Estado, sus impresiones sobre el ministro de Justicia de la época, Fernando Ledesma, y la interpretación oficial que hizo el nacionalismo de aquel proceso.

Tras el reconocimiento de Pujol de haber actuado, cuando menos, como un defraudador fiscal, se desempolvó el caso Banca Catalana en algunos medios de comunicación y se aludió a la actuación de la fiscalía. Fue, aunque tardío, un cierto reconocimiento a la labor profesional de Villarejo y Mena, que ahora tienen 79 y 78 años, respectivamente. Con ellos hubo un segundo encuentro en el que no se esquiva la relación que pudiera existir entre aquel proceso y el origen de la fortuna confesa y oculta de Pujol.

José María Mena: Nos convocó el fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, un viernes a una reunión en Madrid con la cúpula de la fiscalía. Estaban él y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, padre del que luego fue fiscal general. También acudió otro fiscal de máximo rango que era Ibáñez, y un cuarto más cuyo nombre no recuerdo, y lo siento por él, porque seguro que era un hombre de gran capacidad. Acudimos a primera hora de la mañana. Hubo distintas intervenciones del teniente fiscal del Tribunal Supremo y luego de los otros dos fiscales haciendo un análisis crítico de nuestro borrador de querella.

Pere Ríos: ¿Cómo transcurrió el debate?

JMM: Ya habíamos enviado días antes un borrador de querella para que ellos lo analizaran. La crítica de los dos o tres que intervinieron fue rigurosa. A mí me correspondió, según el reparto que habíamos hecho con Carlos, realizar una contestación en términos estrictamente de técnica jurídica, aludiendo a los tipos penales aplicables: las falsedades y el delito de apropiación indebida, que tenía un problema particular y que recuerdo con interés. Se trataba de apropiación indebida de dinero de una entidad en la que los querellados eran los responsables de la propia entidad y era dinero aportado por otras personas. Los administradores lo habían administrado irregularmente y habían conseguido la desaparición de los fondos.

PR: En los escritos de la fiscalía se relataba con detalle que el desvío y la sustracción de los fondos se realizó a partir de la llamada caja B, una contabilidad paralela y sin control de los órganos de dirección de la entidad.

JMM: Sí, recuerdo que había cuatro o cinco conceptos distintos, a partir de la famosa caja B a la que desviaban los fondos, era una caja negra desconocida de la que salía el dinero con absoluta fluidez. Yo hice el análisis técnico-jurídico y Carlos hizo el análisis de lo que en términos jurídicos llamamos el reproche jurídico penal. Es decir, la valoración de por qué eso es injusto y es delito. Al final, con la vehemencia y la fuerza que tiene Carlos, fue una verdadera bronca que les armó por la inmoralidad de mantener unas tesis como las que mantenían algunos de los jefes, que discutían la comisión del delito. En esas condiciones pasó la mañana entera y al acabar, el fiscal general cortó en seco con ese rostro impasible que tenía de personaje de otro mundo y dijo: «Es mi decisión que se interponga la querella». Y no dio lugar a ningún nuevo debate ni nada. Y así se acabó la cosa.

PR: ¿Se habló en esa reunión de las consecuencias que podría tener la querella para el Gobierno o para el PSOE?

Carlos Jiménez Villarejo: Para nada, bajo ningún concepto. No hubo ninguna alusión política. Fue un encuentro entre fiscales estrictamente técnico-jurídico. No se habló de intereses que no fueran los derivados de la naturaleza de los hechos, de su tipificación, de la calificación penal y de la pertinencia de interponer la querella. Repito, no se habló para nada de intereses ajenos a la justicia.

JMM: No salió ningún tema de orden político, eso con toda certeza. Ni siquiera se habló del ministro, teniendo presente que Fernando Ledesma había sido fiscal de nuestra fiscalía, que era amigo personal nuestro y amigo de Burón, y que todos habíamos sido cofundadores de Justicia Democrática. Había unos vínculos personales que podían haber salido, pero nunca habría ocurrido delante de los otros asistentes a la reunión, que no tenían nada que ver con toda esa estructura de Justicia Democrática, sino más bien lo contrario, eran gente procedente de las estructuras de mando franquistas todos ellos. Insisto en lo que dice Carlos, en que el tema se debatió en un ámbito de una deseada y exclusiva técnica jurídica. Y así fue el debate y el fiscal general lo zanjó cuando a él le pareció conveniente y nos dio la instrucción específica de que se interpusiera la querella.

CJV: Esa actitud del fiscal general del Estado hay que reconocerla y destacarla, porque fue un hecho positivo durante toda la tramitación del proceso su constante actitud de apoyo y colaboración en nuestra posición como fiscales. Frente a la actitud reticente y distante del fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Alejandro Sanvicente, que nunca mantuvo ningún tipo de apoyo a esa querella ni a nuestra posición. Burón, por el contrario, mantuvo una posición de colaboración e incluso de facilitar nuestra actividad como fiscales en los hechos delictivos que eran objeto de la querella y que luego fueron ampliados tras el primer informe de los inspectores del Banco de España con las posteriores diligencias que se practicaron durante la instrucción. Eso es un dato que está ahí, que es constatable y que se expresó de forma manifiesta.

PR: La Fiscalía General de Estado cambió de criterio cuando Burón dimitió y le sustituyó Javier Moscoso, a primeros de noviembre de 1986.

CJV: Moscoso había sido ministro de la Presidencia con el Gobierno de Felipe González. Pese a la actitud positiva que después tuvo con nosotros y particularmente conmigo, al proponerme como fiscal jefe de Barcelona, en aquel momento tuvo una actuación de absoluta ruptura con el mantenimiento de cualquier actividad procesal respecto de la resolución del pleno de la Audiencia Territorial. Nosotros decidimos interponer recurso de súplica, porque era la última instancia que nos quedaba, el último intento para discutir la argumentación del auto exculpatorio, no sobre la negación de los hechos, porque los hechos fueron reconocidos íntegramente por el auto, sino sobre la calificación penal de los mismos. Moscoso negó la oportunidad de interponer ese recurso de súplica, pese a que presentamos un borrador muy fundado y razonado que desmontaba las tesis del pleno de la Audiencia Territorial. Él mantuvo que no era procedente interponerlo y nosotros ejercimos nuestro derecho a la discrepancia e invocamos el artículo 24 del estatuto del ministerio fiscal, que es una especie de cláusula de objeción de conciencia. Lo llevó a la Junta de Fiscales de Sala, que acordó por mayoría que no era pertinente interponer el recurso y de conformidad con ese dictamen, que no era vinculante, Moscoso acordó el cierre definitivo del asunto.

JMM: No es por echarle un capote a Javier Moscoso, porque ya es mayor para eso y es un buen amigo con el que no hay problema. Pero una vez que el pleno de la Audiencia Territorial decide que no ha lugar al procesamiento, plantear un recurso por los propios fundamentos ante ese mismo tribunal son ganas de perder dos a cero en vez de perder uno a cero, porque pierdes de todos modos, y es seguro que te van a decir que no. El cálculo nuestro era técnicojurídico: si no me han dado la razón, tengo que discutirlo. Y el cálculo de Javier Moscoso, que era fiscal general, pero que era un político, era para qué me van a dar un palo recién tomado posesión si no me voy a llevar nada con esto. Desde el punto de vista político, tenía razón el hombre. Yo no se lo critico. Ahora, nosotros teníamos razón técnica y procesalmente. Como fiscales siempre nos ha parecido que si no estás de acuerdo tienes que recurrir, sin echar cuentas de que recurriendo te llevas dos guantazos en vez de uno. Ese era el debate.

PR: ¿Por qué creen que dimite Burón?

CJV: No sé cuáles fueron las razones. Sí sé que teníamos una coincidencia en el análisis jurídico del caso y la dimisión puede atribuirse al hecho de que cuando él adivina que se va a producir la resolución contraria al procesamiento de Pujol prefiere dejar la Fiscalía General del Estado, porque esa decisión no se correspondería a lo que él había apoyado y respaldado durante la instrucción. Moscoso accede al cargo de fiscal general del Estado apenas unos días antes del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona en el que se rechaza el procesamiento de Jordi Pujol. Acaba de llegar al cargo, lo tiene claro, y además nos lo dice él mismo con esas palabras: «Hay que acabar con la dicotomía Villarejo-Mena», como una especie de binomio.

JMM: Moscoso es un riojano que tiene muy buena charla después de comer, es muy campechano y en alguna charla diría eso, porque es que, además, era una pesadez, era un rollo lo de Mena y Villarejo, aparecíamos por todas partes como si fuéramos un enjambre de moscas y seguro que el hombre dijo: «Bueno, vamos a acabar de una vez con esto». Incluso yo creo que hizo fiscal jefe de Barcelona a Carlos para acabar con la parejita [risas].

PR: Ese nombramiento sentó muy mal a Jordi Pujol, que no había olvidado el caso Banca Catalana y al parecer se lo reprochó con vehemencia a Moscoso al coincidir en un acto oficial.

JMM: Cuando el fiscal general dijo que Carlos iba a ser el nuevo fiscal jefe de Barcelona, Pujol se puso hecho una furia. No puedo reproducir las palabras que le dijo a Moscoso sin el consentimiento de quien me lo ha dicho. Lo que sí puedo afirmar es que fueron palabras groseras e impropias de un alto cargo público y normalmente usadas en ambientes poco académicos.

CJV: Y de ahí se derivó un maltrato institucional muy prolongado de la Generalitat hacia la Fiscalía Superior de Cataluña. Yo creo que Moscoso me nombra con independencia, que nosotros sepamos, del ministro de Justicia y del Gobierno. Nunca habló para nada con nosotros de ninguna intermediación, de ninguna otra instancia política que no fuera él mismo, como fiscal general del Estado. Eso hay que respetarlo y hay que creerlo con toda fidelidad, porque creo que es cierto.

JMM: O en su caso hay que reconocer el buen oficio de Burón y de Moscoso, porque los marrones se los comieron solos y jamás sacaron a colación a nadie por encima de ellos como disculpa o como excusa o como lo que fuera. Jamás, nunca.

PR: Cuando salen de la reunión en la que Burón autoriza la querella, ¿piensan que la iba a parar el Gobierno?

JMM: Mi impresión personal, que soy muy desconfiado, porque no me fío ni de mí, ni del prójimo tampoco, obviamente, es que Burón quería que interpusiéramos la querella, pero que con un fin de semana de por medio le podían parar los pies.

PR: ¿El Gobierno?

JMM: Claro.

CJV: Más allá del Gobierno como tal y del ministro del Justicia.

PR: ¿Felipe González?

CJV: Sí, pero hay que insistir en que el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, tuvo una actitud de pleno respeto a nuestra actuación como fiscales en este proceso una vez admitida a trámite la querella. Hay que destacarlo porque es muy importante y es un signo de su imparcialidad hacia nosotros.

JMM: Con el tiempo que ha pasado es razonable que pensemos que Fernando Ledesma recibiría directamente las presiones. Yo no tengo ningún dato, no me consta nada, pero conociendo como conocemos al mundo de la política, sería inimaginable que no le cayeran a él todas las broncas, las llamadas de Felipe, de Pujol y vete a saber de quién. Seguro que recibió un montón de llamadas y tiene mucho mérito que eso no nos repercutiera de ninguna manera.

PR: ¿Recibieron llamadas durante la investigación judicial para presionarles en un sentido u otro?

CJV: Para nada, nunca. De nadie.

JMM: Nunca, jamás. De nadie, nadie, pero nadie, nadie, ni de arriba, ni de abajo, ni de amigos, ni de enemigos. Yo lo único que recibí en la casa que tenía alquilada en el Montnegre fueron unos tiros en la ventana. Vino la Guardia Civil a analizarlo y acabamos en un restaurante comiendo con los guardias. Eso sucedió a continuación de la interposición de la querella. Ocurrió de madrugada. Primero fueron pedradas varias veces contra las ventanas, hasta que me cansé de reparar los cristales y al final dispararon tiros de cazador, cartuchos de los que se usan para cazar jabalíes.

PR: ¿Quedó en autor desconocido?

JMM: Claro. Era razonable, porque sabían que yo vivía allí y que pasaba los fines de semana. Nunca se pudo identificar al autor. Esa es la única reacción política que yo recuerdo, digna de mención.

CJV: Yo lo que recibí en una pared de enfrente de mi casa, en el barrio de Gràcia de Barcelona y que sigue siendo la misma, fue la aparición de pintadas con la frase Volem fiscals catalans [Queremos fiscales catalanes]. La brigada municipal de limpieza las borraba pero volvían a aparecer. Eso sucedió durante un periodo de tiempo de unos meses.

PR: Al día siguiente de la entrevista en la fiscalía del Estado se publicó la noticia en El País de la inminente presentación de la querella. Era sábado y resultaba imaginable que les llamarían.

JMM: Yo, por si acaso, me fui a la casa del Montnegre, y entonces no existían los teléfonos móviles. Tenía un caballo, montaba, metía espuela y me iba monte arriba. Una hija que estaba en Barcelona se hizo cargo de la llamada y nos dio el amable recado de que había llamado el fiscal general. A mí no me volvió a llamar nunca más, una vez salió la noticia, con su sobriedad habitual.

CJV: Yo hablé con el fiscal general del Estado ese día y le manifesté que desconocía cómo había llegado a manos del diario El País esa información y que, por tanto, habría otras fuentes distintas de las nuestras.

PR: ¿Estaba molesto por la filtración?

CJV: Sí, estaba enojado por la revelación de un dato procesal que aún no se había producido, porque la querella no se interpuso hasta el martes. Estábamos acostumbrados a hacer frente a esas situaciones difíciles desde los tiempos de la dictadura y, por tanto, no era ninguna novedad especial. Nosotros habíamos cumplido con nuestro deber profesional porque sabíamos que había elementos más que suficientes para la interposición de la querella y así lo hicimos. La querella estaba más que fundada porque al cabo de pocas semanas fue admitida por el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.

PR: ¿Si no se hubiera publicado en El País la noticia se habría paralizado la querella?

JMM: Es posible que se hubiera intentado paralizar, porque muy razonablemente después de la decisión del viernes del fiscal general de interponer la querella habría movimiento. En aquella reunión había tres fiscales hostiles a ese planteamiento, que se moverían a la salida de la reunión, con toda certeza. Eran contrarios a la querella y no es inimaginable que eso generara algunos movimientos de fuerzas peligrosas para evitarlo. Pensar eso es lo razonable. No nos consta que ocurriera, pero sería muy ingenuo pensar que eso no iba a ocurrir. Las cosas son como son. El fiscal general partía de su convicción de que teníamos razón y procuraba no quedar mal con el ministro. De los demás pasaba totalmente. Burón era un hombre muy del siglo XIX. Le gustaba leer, incluso leer cosas de derecho, que ya es el colmo, y pasear por el campo solo. En eso coincido con su afición. A mí también me gusta pasear solo, sin hacer nada especial. Burón no era un personaje al que le conmoviera lo más mínimo una llamada de Felipe González. Sí le afectaría una llamada de Fernando Ledesma, porque era un amigo.

PR: ¿Cómo son nombrados fiscales del caso?

CJV: Cuando llega el informe de los inspectores del Banco de España y se plantea la hipótesis de interponer una querella contra el equipo directivo por la gestión de Banca Catalana, lo primero que hace el fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Alejandro Sanvicente, es convocar una junta de fiscales en la que plantea quién está dispuesto a estudiar ese informe y, en su caso, las consecuencias derivadas. Sanvicente siempre se opuso a la presentación de la querella.

JMM: Bueno, se opuso, sí y no. Sanvicente intentaba nadar y guardar la ropa. Era un franquista de pura cepa, sin la más mínima duda. Y estuvo en Tarragona de fiscal jefe porque al anterior se lo llevaron preso por ayudar a los maquis, eso no hay que olvidarlo. Y Sanvicente fue jefe siempre, jefe con camisa azul. Pero podía haber asumido él la querella y no lo hizo. Si nos entra una querella así a ti o a mí como fiscal jefe, ¿qué hubiéramos dicho? «Es el presidente de la Generalitat y lo llevo yo, que soy el jefe.» Y Sanvicente no lo hizo, a cada cual lo suyo, por miedo o por ambivalencia. En términos franquistas él no sabía muy bien quién era el enemigo. Tenía a un Burón, fiscal de los socialistas, y a un separatista acusado. ¿Con quién te quedas?

PR: Hay quien dice que ustedes provocaron y forzaron el nombramiento para investigar este caso.

JMM: La cosa fue así. El fiscal jefe de Barcelona primero se lo dijo a Alejandro del Toro, que era el teniente fiscal, y él le respondió que tenía el asunto de la Loto Catalunya, con un armario lleno de papeles. Y con esa excusa se negó a que le pasaran nada más. Como no se puede hacer cargo del caso, el siguiente en el orden de antigüedad era Carlos. Eso lo sé porque me lo han contado, porque yo no estaba en la junta de fiscales en la que se decidió. Ese día estaba en el juzgado intentando perseguir a una gente que había agredido al presidente de la pequeña y mediana empresa. Eran unos matones que, al parecer, había enviado uno que luego se presentó por Alianza Popular, un personaje muy conocido de aquella época. Y claro, le tocó a Carlos, y Carlos no iba a decir que no, pero lo que sí dijo es: «Es mucho asunto y yo necesito otro fiscal más». Y entonces se ofreció Carmen Tagle, que es una mártir de ETA, una mujer valiosísima, pero era la típica falangista de zapatones. una mujerona del Movimiento muy ultra y muy anticatalana. Y a Alejandro Sanvicente, que también era muy de derechas, pero un hombre muy prudente, se le abrieron las carnes pensando en Carmen Tagle persiguiendo a los catalanes. Y dijo: «Me lo pensaré». Y entonces me llamó a mí, que era el siguiente en antigüedad. Me llamó y me pidió por favor que me hiciera cargo. Y yo acepté de mil amores para trabajar con Carlos, pero como consecuencia de que el fiscal jefe no quería que lo hiciera Carmen Tagle. Y ese fue mi aterrizaje en el asunto.

PR: ¿Así nace el binomio Villarejo-Mena en Banca Catalana?

CJV: Sí, nace de una forma absolutamente azarosa y ajena a nosotros. Es un compromiso que asume el fiscal jefe.

JMM: Carlos va porque no quiere ir Del Toro y yo voy para que no esté Carmen Tagle. Esa es la película.

CJV: A partir de ahí, todo ese montaje propagandístico que se ha hecho, y que incluso describe Jordi Pujol en sus memorias es falso. Es una coincidencia de coyunturas favorables a que en un momento determinado del funcionamiento interior de la fiscalía de Barcelona haya dos fiscales que asuman la responsabilidad de llevar adelante la investigación y en su caso la presentación de una querella. Y esto es lo que ocurre, nada más. No estamos hablando de ningún artificio montado maliciosamente para conseguir que José María y yo estuviésemos en ese asunto.

JMM: Yo creo que los que nos conocen saben que lo habríamos hecho exactamente igual con un Gobierno socialista en Cataluña. Si los mismos hechos hubieran sido contra Narcís Serra, por ejemplo, o contra no sé quién, lo habríamos hecho exactamente igual. Para nosotros era un tema estrictamente técnico jurídico. Si temíamos alguna reacción era frente a los obstáculos políticos. La política no es un problema de ideología, sino que la ideología está en la política. Para nosotros la política era el obstáculo técnico, algo que impedía que hiciéramos lo que teníamos que hacer. Y lo hubiéramos hecho igual con el lucero del alba y la gente que nos conoce lo sabe.

PR: ¿Cómo transcurrió la declaración oral de Jordi Pujol?

CJV: La declaración no fue un acto procesal fácil. Primero, porque teníamos la actitud difícil, yo diría que casi obstructiva, del juez instructor, Ignacio de Lecea, durante todo el interrogatorio.

JMM: En algún momento nosotros le dijimos que por qué tenía esa actitud y nos respondió: «Es que claro, vosotros los acusáis y alguien les tiene que defender». Eso es lo que nos dijo. Hasta ese punto pensaba que nuestra actitud de fiscales era inadecuada y que había de defender a ese pobre señor acusado [ Jordi Pujol], que tenía a su Córdoba y a su Piqué y todos los demás.

CJV: No fue nada fácil interrogar a quien en ese momento era presidente de la Generalitat, que había tenido un respaldo mayoritario en las urnas y en la calle, y que estaba perseguido por dos fiscales. Lo llevábamos muy bien estudiado, porque en esa etapa ya habíamos practicado muchas diligencias, conocíamos perfectamente la imputación que se había hecho sobre él como presunto autor de un delito de apropiación indebida y los consiguientes delitos de falsedad. Íbamos con la seguridad de conocer perfectamente los hechos, las razones de su tipificación penal y la fundamentación jurídica. Y nos correspondió decidir entre ambos quién hacía materialmente el interrogatorio a Pujol.

JMM: Yo lo tenía clarísimo.

CJV: Me tocó a mí por ser el fiscal más antiguo.

JMM: Claro.

CJV: La declaración duró dos horas o dos y media aproximadamente, pero debería haber sido más larga de haber contado con un juez instructor que ejerciera sus funciones con los mayores niveles de imparcialidad que la causa requería, dicho con el respeto que me merece esa persona porque ya ha fallecido.

PR: ¿Por qué dicen que el juez instructor del caso no estuvo a la altura de las circunstancias?

CJV: Fueron constantes las llamadas de atención que me hacía de forma relativamente discreta, porque estábamos todos metidos en una habitación, con los abogados, el secretario judicial, nosotros y la persona que transcribía la declaración de Pujol. Me decía que aligerara el interrogatorio, que era excesiva la prolongación que se estaba produciendo y que dada la personalidad de la persona que teníamos delante no deberíamos acentuar tanto los términos de las preguntas planteadas. Y en este contexto hay que reconocer que es muy difícil llevar a cabo un interrogatorio sobre hechos que representan la quiebra de una entidad bancaria. En el conjunto de los procesados, Pujol había sido la pieza clave durante muchos años como consejero ejecutivo y, por tanto, con facultades fundamentales en el desarrollo de la actividad bancaria.

PR: ¿Pudieron concluir el interrogatorio de Pujol con una mínima precisión?

CJV: Sí, pese a todo, las cuestiones fundamentales que había que dilucidar se plantearon con toda precisión y él respondió de la forma que consideró. Quizás hubiera sido conveniente disponer de más tiempo para agotar el interrogatorio. Fue un acto fundamental en una causa de esta trascendencia y complejidad. Primero, porque era una entidad central en la economía catalana y segundo, porque la quiebra había representado un vacío patrimonial de miles de millones de pesetas de la época que luego tuvo que reponer el Fondo de Garantía de Depósitos con una cuantía muy superior. Pujol había sido el eje central de esa entidad bancaria. Los dos preparamos el interrogatorio y lo ejecuté yo, pero podría haber sido mucho más preciso, más minucioso y llegar más al detalle de algunas operaciones bancarias concretas relacionadas con la caja B y con todas sus derivaciones. La dificultad objetiva que representaba la presencia del juez instructor fue un obstáculo que pudimos superar, pero con dificultades, porque él tenía el control de las diligencias que se estaban practicando.

PR: ¿Está insinuando que el instructor fue juez y parte?

CJV: Yo no diría tanto, pero siempre instruyó la causa con cierta reticencia, con dificultades y con una cierta hostilidad, hasta el extremo de crear dificultades para que declarase por escrito y no oralmente, teniendo en cuenta que era el presidente de la Generalitat. Era un juez que no estaba para favorecer una extensión en profundidad de la causa sino para crear algunos obstáculos. Si hubiésemos contado con una instrucción dirigida por un juez más abierto, mejor predispuesto a llegar al fondo de toda la catástrofe que representó la quiebra de Banca Catalana quizás hubiéramos obtenido otras consecuencias. Pero lo cierto es que los hechos que fundamentaron nuestra petición de procesamiento ahí están. Ahí quedará el escrito para siempre y nunca ha discutido nadie la veracidad de los hechos y por tanto el pleno reconocimiento de que con independencia de su calificación penal fueron los que fueron. Es decir, fue un despilfarro generado por operaciones bancarias de todo tipo a partir de tener una caja B que siempre estuvo controlada por quien era el secretario de la entidad, Francesc Cabana, cuñado de Jordi Pujol.

PR: Al salir de tomar declaración a Pujol tuvieron una sorpresa en la plaza de Sant Jaume.

JMM: Sí. Llegamos en dos coches. Uno con un conductor, un escolta y nosotros, cuatro ocupantes en total. Y detrás venía otro coche con dos escoltas. Y al salir teníamos las cuatro ruedas pinchadas. Y en el coche de los dos escoltas tuvimos que entrar cuatro más. Y salimos de la plaza de Sant Jaume con una imagen cómica, ridícula a más no poder, una cosa de bochorno, como quien lleva un niño en brazos. Éramos seis en un coche pequeño en el que no cabíamos [risas].

LOS AÑOS DE PLOMO

La estrategia del victimismo y de culpar «a Madrid» de casi todos los males que acechaban a Cataluña fue una constante de los 23 años del mandato de Jordi Pujol, un hombre al que en la contraportada del primer libro de memorias se define como «uno de los políticos más influyentes de los últimos siglos, el más influyente en España y el de más proyección en Europa».¹⁰ El político nacionalista abandonó el Gobierno en 2003, pero su sombra no dejó de proyectarse sobre la política catalana y el caso Banca Catalana se continuó invocando como ejemplo de la persecución del Gobierno de España hacia Cataluña, sus instituciones y los dirigentes nacionalistas.

Casi tres décadas después, en 2012, en plena campaña de las elecciones autonómicas, El Mundo publicó un borrador de informe policial que atribuía a Jordi Pujol y Artur Mas el cobro de comisiones a través del Palau de la Música que estarían depositadas en unas cuentas de Suiza y Liechtenstein. Los dos políticos lo negaron, perdieron las querellas que presentaron contra el diario y el Ministerio del Interior nunca llegó a esclarecer la autoría de aquellos informes. El poso que quedó de aquel episodio es que la noticia pretendía alterar el debate político de la campaña electoral, pero más allá de esas interpretaciones lo cierto es que Jordi Pujol reaccionó y reclamó la palabra en un mitin que CiU celebró la noche del 17 de noviembre de aquel año en Granollers. Así, subió al estrado acompañado de su esposa, y proclamó: «Quieren destruirnos, por la vía democrática no tienen manera de frenarnos. Esta historia ya la conozco, y yo personalmente mejor que nadie», dijo, en referencia al caso Banca Catalana. «Me tocó sufrir en primera persona y también se utilizaron los aparatos del Estado de manera injusta e ilegal, incluido si convenía el Cesid para destruir por otros procedimientos una fuerza a la que no podía ganar en las urnas»,¹¹ apostilló el expresidente de la Generalitat. «Entonces el hombre a batir era yo, y se sufre mucho, pero al final lo superamos», añadió, antes de apuntar directamente a los socialistas, a los que no citó. «Se comprometieron con lo que califiqué de jugada indigna: nunca ganaron las elecciones al Parlament, algunos tuvieron que abandonar sus cargos en Madrid, y el pueblo reaccionó», remachó Pujol ante el aplauso de los congregados.

Fue la última ocasión que el veterano político invocó en público aquel proceso judicial. El 7 de julio de 2014 El Mundo publicó la exclusiva que acabaría con el personaje casi mítico que Pujol había construido de sí mismo durante tantos años y que una parte importante de la sociedad había asumido. En esta ocasión no eran palos de ciego, sino que por primera vez se detallaban al euro las cuentas en el extranjero, los importes de los ingresos y las monedas en que se realizaron. «La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra», decía el título. «Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos hicieron 11 ingresos en las navidades de 2010», se leía en el subtítulo. El expresidente entendió que había llegado al final de la escapada y seguramente eso explica que acabara confesando el 25 de julio, al margen de las complejas relaciones familiares que puede mantener con su esposa y sus hijos.

Seguramente no fue hasta ese día que Pujol no descubrió la similitud entre él y Enric Marco, el supuesto represaliado por el nazismo, del que finalmente se supo que no fue tal, tras años y años de predicar su experiencia personal, y que Javier Cercas retrata en la novela El impostor. Jordi Pujol, nombrado «español del año» por el diario Abc en 1984, al poco de interponerse la querella; Jordi Pujol, el hombre que apuntaló al Gobierno de José María Aznar con el Pacto del Majestic en Barcelona y que después fue despreciado al grito de «Pujol, enano, habla castellano» por las huestes del PP en Madrid; Jordi Pujol, el aliado parlamentario del PSOE durante años y años, había llegado a su fin como político de referencia, como hombre de Estado, en expresión del gusto de algunos.

Aquel día cayó el muro que Pujol construyó durante años para amparar una forma de entender y de ejercer su poder y que sintetiza, como ninguna, esta frase pronunciada por su esposa, Marta Ferrusola, cuando la izquierda logró aunar fuerzas y llegó a la Generalitat en 2003. «Ganamos las elecciones pero nos robaron el Gobierno», dijo. Y remachó: «Es como si entran en tu casa y te encuentras los armarios revueltos, porque te lo han robado todo».

Las prácticas corruptas confesadas en privado por diversos empresarios y nunca denunciadas por temor a las consecuencias; los negocios realizados por los vástagos del presidente al amparo de la sombra del poder del padre que siempre acabaron en carpetazo judicial o parlamentario; el supuesto desvío de dinero para el partido y los bolsillos de unos cuantos a través de la obra pública que Pasqual Maragall inmortalizó con su célebre frase de «ustedes tienen un problema que se llama 3 %»; el beneficio continuado de algunas empresas con la obra pública y otros comportamientos situados al borde de la línea roja de la ley se convirtieron a partir de entonces en algo más que rumores y bulos. La historia empezaba a reescribirse, 30 años después.

Raimon Obiols, entonces primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), se convirtió en la personificación del ataque a Cataluña por parte del Gobierno de Felipe González por la querella. A la salida del Parlament fue insultado, agredido, amenazado de muerte y hubo de soportar una lluvia de huevos por parte de los manifestantes convergentes, que se erigieron en guardianes del orden, brazalete en ristre, por los pasillos de la cámara legislativa. El relato que se hizo en una crónica es bastante descriptivo de lo ocurrido aquella aciaga tarde.

«Los grupos que corearon las consignas más contundentes habían tomado posiciones ante el Parlament desde las cinco de la tarde. Los gritos de “Obiols, cabró, som una nació” [Obiols, cabrón, somos una nación], “Felipe y Guerra atacan nuestra tierra” y “Fuera las fuerzas de ocupación” se repitieron una y otra vez, a pesar de los intentos de otros sectores que para amortiguarlos entonaban el Virolai [una canción dedicada a la Virgen de Montserrat] o coreaban el nombre de Pujol.»¹² La información describe que «el entusiasmo era tan grande que Jordi Pujol y sus acompañantes llegaron a duras penas hasta el primero de los coches oficiales» y que el servicio de orden dispuesto por Convergència se puso a las órdenes del director general de Seguridad, Luis Reniu. Eran «ciento cincuenta hombres, algunos de ellos portando walkie-talkies», dice el periodista, antes de referirse a los incidentes.

«La hostilidad explícita contra los socialistas tuvo una primera versión al salir del edificio del Parlament el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, que fue abroncado hasta que se introdujo en su coche. La diputada Anna Balletbó recibió el mismo tratamiento, a lo que replicó mandando besos y saludos a la “afición”. Los problemas más graves se plantearon con la salida de Raimon Obiols, quien señaló previamente al director general de Seguridad que los responsables de proteger su integridad eran los Mozos de Escuadra [sic] y no el servicio de orden convergente.»

El cronista prosigue: «El cordón de militantes, que había tenido que rodear el coche de Raimon Obiols para protegerle de las iras de las 500 personas que le aguardaban, se aflojó a consecuencia de las indicaciones de Reniu y dio paso a los Mozos de Escuadra, quienes tuvieron que correr muchos metros junto al coche para que este no fuera golpeado e interceptado. «Mateu-lo, mateu-lo!» [Matadlo, matadlo] y «Obiols, botifler» [Obiols, traidor] fueron, entre otros, los epítetos lanzados que se subrayaban con gestos obscenos». Al finalizar aquella tarde, el líder nacionalista en el Congreso Miquel Roca, aseguró que había sido una «manifestación única» y remachó: «Creo que no ha existido ningún problema y, si se registró algún percance, que yo condeno, nuestros militantes fueron los primeros en solucionarlo».

Fue el inicio de los «años de plomo», en expresión del propio Obiols, porque Pujol sacó rédito electoral de la querella, en medio del desconcierto de los socialistas, que arrasaban en todas las elecciones que se celebraban en Cataluña, excepto en las autonómicas en particular. El PSC fue repudiado como partido por el discurso nacionalista, llegándose a producir hechos tan ilustrativos como el que adoptó el pleno del Ayuntamiento de Berga, gobernado por CiU con mayoría absoluta y que, cual tribunal de la Inquisición, declaró «infieles a Cataluña» a Narcís Serra y Ernest Lluch, dos de los tres ministros del PSC que había en el Gobierno cuando se presentó la querella. Cuando Lluch fue asesinado por ETA el consistorio anuló su acuerdo respecto de él, pero lo mantuvo en el caso de Serra.

Han pasado treinta años de aquellos incidentes en el Parlament y Raimon Obiols sigue sin olvidarlo. El exdirigente socialista le dedica un pequeño capítulo en sus memorias (El mínim que es pot dir. Memòries polítiques, RBA, 2003), y acepta una entrevista para hablar extensamente de la querella, sus consecuencias políticas durante años, y la confesión de Pujol.

Pere Ríos: ¿Qué recuerdo le queda de aquella época?

Raimon Obiols: Ya había pasado página de este episodio y durante muchos años no me había preocupado nada por la cuestión. Es ahora, con la carta confesión de Pujol, que me veo obligado a hacer una cierta valoración. Mis memorias están escritas antes de este episodio. Mi posición de fondo no ha cambiado. Lo que pienso es que no se puede ser político y banquero y hacer las dos cosas a la vez, como se ha demostrado. Pujol fue un político notable pero fue un pésimo banquero y esta valoración negativa se puede hacer extensible a todas las iniciativas empresariales y mediáticas que llevó a cabo. Todas, indefectiblemente, acabaron mal.

PR: En sus memorias sostiene que Pujol se enriqueció.

RO: En el momento de escribir mis memorias yo mantenía la convicción, a partir de las informaciones de las que dispuse en su momento, de que el señor Pujol preservó su fortuna en el desastre que supuso Banca Catalana. Tenía la versión de Jaume Carner, que presidió Banca Catalana, y tenía la versión de Josep Andreu i Abelló, que había sido accionista de la entidad. Uno y otro se quejaban amargamente de haber perdido mucho dinero con la quiebra de Banca Catalana, pero expresaban su convicción de que Pujol había quedado exonerado de esta pérdida de capital. Yo no tengo ningún elemento probatorio que avale lo que digo, pero mi convicción es esta y creo que hay que interpretar la confesión del mes de julio en esta clave, de que Pujol utilizó la información privilegiada para exonerarse de esta pérdida de capital. Lo que digo es solo una convicción moral y espero que en un momento determinado se pueda conocer con exactitud.

PR: Usted se define como un «damnificado político» del caso, un calificativo comprensible si se recuerda la utilización que hizo el nacionalismo de la querella.

RO: El coste político que yo pagué es evidente. Me presenté por primera vez como candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC en 1984, el momento de eclosión de la quiebra de Banca Catalana y de la presentación de la querella contra el entonces presidente Pujol. Otros compañeros y yo fuimos víctimas del asalto al Parlament que produjeron los activistas de Banca Catalana. Recordar aquellos hechos me produce una cierta vergüenza ajena, porque yo he visto en los pasillos del Parlament lanzando gritos a un atajo de zopencos con el brazalete del servicio de orden de Convergència Democràtica y el Parlament rodeado de manifestantes que nos acusaban a los socialistas de ser los causantes de la crisis de Banca Catalana. Ese mismo día se produjo la manifestación en la plaza de Sant Jaume, la comparecencia en el balcón de la Generalitat de Pujol diciendo que «a partir de ahora lecciones de ética y moral las daremos nosotros», etcétera. Son hechos que ya son ampliamente conocidos y, por descontado, valorados en este momento desde una perspectiva diametralmente antagónica a la que había estado dominando durante décadas en el panorama sentimental y político de Cataluña.

PR: Debe de guardar un recuerdo amargo.

RO: Quien no quiera polvo, que no vaya a la era. Yo fui candidato del PSC entonces, sufrí negativamente las consecuencias, pero no tengo ni guardo ningún sentimiento victimista especial. Tampoco un ánimo de venganza, sino de que las cosas se coloquen en el terreno de la realidad y no de la ficción interesada.

PR: ¿La confesión de Pujol ayuda a poner los hechos en el terreno de la realidad?

RO: La confesión ha sido un cambio cualitativamente copernicano. Si no se hubiese producido, un consenso de silencio o de olvido sobre el tema habría predominado y habría quedado históricamente consolidada la imagen de que la crisis de Banca Catalana fue producida por los gobiernos de Madrid, primero del señor Suárez, y después del señor González, y que nosotros fuimos cómplices de este ataque contra Banca Catalana, contra el señor Pujol y por extensión, contra Cataluña. Por suerte, el cambio que ha producido la confesión modifica radicalmente este punto de vista. La realidad es que la quiebra de Banca Catalana se produjo por una pésima gestión bancaria, que la reacción a la desesperada y sin escrúpulos del señor Pujol y de Convergència Democràtica ante eso fue la de hacerse las víctimas de un ataque de los poderes políticos de Madrid contra Cataluña y que realmente hubo un abuso de confianza. Es lo mínimo que se puede decir, en relación a la buena fe de tanta y tanta gente que se lo creyó. Lo que me ha desagradado, y esto ya es una anotación marginal, es la reacción de tantos pujolistas que de un día para otro se creyeron con la libertad de abjurar de sus finalidades políticas, haciendo declaraciones con una falta de nobleza bastante notable.

PR: El discurso oficial del nacionalismo sostuvo que la querella fue instigada por el Gobierno socialista y que fue una jugada contra Pujol, contra la Generalitat y contra Cataluña. Sus memorias lo niegan rotundamente.

RO: Yo tenía varias versiones: la de Felipe González y la de los ministros socialistas de la época, que eran Ernest Lluch, Narcís Serra y Joan Majó, pero especialmente las versiones de Lluch y Serra. Las memorias de Pujol, que ahora se han de leer de otra manera, lógicamente, exoneran a Majó y a Lluch, y en cambio hacen planear el silencio sobre Serra. La querella dio una coartada a Pujol en relación a su responsabilidad para ejercer la gestión bancaria. En el momento en que se produjo el pánico y la retirada de fondos de Banca Catalana, Ernest Lluch fue a hacer cola, pero no para sacar dinero, sino para poner. Estaba absolutamente escandalizado por la situación y por el pánico que se produjo en todo el entorno burgués de Banca Catalana de «sálvese quien pueda». Esta versión es también la de Francesc Cabana, que ha señalado en diversas ocasiones que toda la gente de la que esperaba apoyo se mantuvo al margen y fue a salvar lo que pudo. Cabana tiene claro lo que pasó y espero que algún día lo explique.

PR: ¿Aún confía en que lo haga, si fue uno de los querellados y es cuñado de Jordi Pujol?

RO: Naturalmente, es una persona muy ligada personalmente a la figura de Jordi Pujol y es muy difícil que pueda dar una versión completa de los hechos. Pero en sus manifestaciones planean algunos interrogantes, en particular sobre el factor desencadenante que produjo la retirada de capitales, que fue una nota de la agencia Europa Press. Cabana ha llegado a pedir públicamente a través de sus artículos a Salvador Aragonés, que era el director de la agencia en Cataluña, que dé la fuente de esta filtración. Sería una información que tendría un considerable interés. El fiscal Villarejo declaró días después de la confesión de Pujol que el Gobierno no solo no impulsó la querella, sino que puso pegas, que frenó el proceso. Esto ya son hechos archidemostrados y no hace falta dar demasiadas vueltas. Pero las consecuencias en el terreno político fueron las que fueron.

PR: ¿Le dijo Felipe González que era ajeno a la querella?

RO: Sí, me lo dijo a mí y lo ha dicho en público en diversas ocasiones. Fernando Ledesma, el ministro de Justicia de la época, también lo ha dicho. Aquí hace falta un ejercicio de mínima reflexión política. ¿A quién podía beneficiar una cosa así? Quid prodest? La reacción de Pujol y de Convergència envolviéndose en la bandera y diciendo que eso era un ataque contra Cataluña era una reacción perfectamente previsible. ¿Por qué impulsar, entonces, una cosa de este tipo? Esa reacción formaba parte de su discurso habitual y yo diría que del discurso fundacional de su proyecto político. Me sorprendió la falta de escrúpulos con la que se llegó a materializar esta versión con la manifestación en el Parlament y la plaza de Sant Jaume.

PR: En sus memorias opina que los fiscales actuaron por libre, con su criterio jurídico, y que esa es la única explicación a la querella.

RO: Esa fue mi versión de la época y la mantengo. Las declaraciones posteriores de Jiménez Villarejo lo confirman. Mena no tengo constancia que se haya pronunciado, pero creo que lo suscribe. Ninguno formaba parte en la época de la familia socialista, sino de lo que los italianos llamaban entonces cattocomunisti, los católicos progresistas compañeros de viaje del PSUC en aquel momento. Eso era público y notorio. Y aquí hubo también un abuso de la reacción convergente, de decir «estos son socialistas y nos quieren hacer daño a nosotros y a Cataluña».

PR: Andreu Missé asegura en un libro que Narcís Serra y Félix Pons, que entonces era presidente del Congreso, pidieron al ministro de Justicia un castigo a los fiscales por la actitud que mantuvieron en ese proceso.

RO: No tengo constancia, pero lo creo posible. El posicionamiento de Carlos Jiménez Villarejo tras la confesión de Jordi Pujol se puede leer como manifestación de que no únicamente no tenía el apoyo activo del Gobierno de Felipe González, sino que topaba con dificultades como fiscal del caso. Me parece plausible esta interpretación.

PR: Banca Catalana pesó como una losa sobre el PSC y sobre la izquierda en general. Durante años fue incapaz de construir un discurso alternativo, como si sintiera cierto complejo de culpa por la querella.

RO: Esto forma parte de los estereotipos que se han montado en Cataluña en relación a unos y otros. Nosotros no conseguimos una mayoría para gobernar en Cataluña, pero la situación era la que era. No obstante, a la hora de valorar mis resultados como candidato a la presidencia de la Generalitat, he de decir que fueron satisfactorios. Estábamos en una guerra de posiciones. Cuando yo encabecé la candidatura (1984), el PSC obtuvo 41 diputados, que son exactamente los mismos que logró Pasqual Maragall cuando asumió la presidencia de la Generalitat (2003). La diferencia es que entonces la ola era favorable a Convergència y tenía mayoría absoluta. No tengo ningún tipo de complejo de pensar que podíamos haber hecho las cosas de otra manera. Hicimos una oposición clara y firme, sin ninguna concesión al españolismo. Nosotros teníamos claro que había dos retos en el país: el de las mayorías políticas democráticas en el Parlament y en los ayuntamientos, y el de la unidad civil en Cataluña. El riesgo de una división electoral y de pasada en el ambiente social entre nacionalismo catalán y antinacionalismo español era un riesgo real. Lo hemos superado y ha habido un proceso de socialización que se ha construido a lo largo de estas décadas.

PR: ¿No cree que a los socialistas les faltó firmeza para combatir el discurso nacionalista de que ustedes habían sido los instigadores de la querella?

RO: El PSC y su dirección política fuimos de una escrupulosidad extrema, porque éramos conscientes de que era una situación muy delicada y que, según como evolucionasen las cosas, podía tener consecuencias muy negativas para el país. No nos dejamos llevar por un impulso. Fue una posición estricta: afirmar que la gestión bancaria había sido nefasta y de eso teníamos múltiples pruebas y los hechos lo demostraron de una manera contundente. Banca Catalana fue un banco mal llevado, dirigido personalmente por Jordi Pujol, muy marcado por sus ambiciones políticas y por su afán de poder y con una gran cantidad de disparates. Yo no soy un experto en temas económicos, pero gente que conocía los procesos de gestión de Banca Catalana, como Fabià Estapé, Sardà Dexeus o Ernest Lluch lo afirmaban con toda rotundidad. Banca Catalana era un banco condenado porque era un banco mal llevado. Nosotros no podíamos hacer otra cosa que declarar la presunción de inocencia cuando se produjo la querella y la exculpación de Jordi Pujol, porque le daba una perfecta coartada en relación a su irresponsabilidad en la dirección del banco.

EL MINISTRO QUE DISCREPÓ DEL FISCAL GENERAL

Hubo un tiempo en España en que algunos ministros eran personas preparadas para el cargo por su experiencia en la cartera que les tocó liderar o por sus aptitudes políticas. No se les nombraba para cubrir ninguna cuota ni para contentar a determinada familia del partido, sino porque su preparación estaba fuera de dudas. Uno de esos ministros solventes fue Fernando Ledesma, que había sido magistrado y fiscal antes de sentarse en la mesa del Palacio de la Moncloa y que era un firme defensor de la democratización de unas estructuras tan ancladas en el pasado como eran las de la justicia. Conviene no olvidar que apenas siete años antes de que el PSOE llegase al poder, en 1982, aún se dictaban en España condenas de penas de muerte después de unos juicios que eran un puro trámite porque la sentencia ya estaba dictada antes de celebrarlos.

Fernando Ledesma ocupó la cartera de Justicia en los dos primeros gobiernos del PSOE, entre 1982 y 1988, después presidió el Consejo de Estado entre 1991 y 1996, regresó a la judicatura en el Tribunal Supremo y recaló de nuevo en el Consejo de Estado, donde continúa a sus 75 años, seguramente una prejubilación más ética que la de los que acaban sentados en el consejo de administración de una gran empresa. El exministro aceptó la entrevista sin necesidad de insistir y su relato es de especial interés porque fue él quien nombró a Luis Burón Barba, el fiscal general del Estado que, a la postre, autorizó la querella. Debe recordarse que la fiscalía se rige por el principio de jerarquía, por lo que si Burón se hubiera negado no habría habido nunca querella. Es lo que ocurrió en España en los años posteriores y hasta nuestros días, cuando la Fiscalía General del Estado ha venido obstaculizando numerosas investigaciones judiciales sobre asuntos que molestaban a los ministros de turno o al partido que gobernaba en aquel momento o cuando ha sido utilizada como elemento de la lucha partidista. La última querella contra Artur Mas y dos miembros de su Gobierno por la organización de la consulta del 9 de noviembre es seguramente el mejor botón de muestra.

«La visión que tú me has contado de que el Gobierno socialista no solo no impulsó la querella de Banca Catalana sino que incluso le incomodó coincide exactamente con la realidad», empieza explicando Fernando Ledesma en la entrevista mantenida en el mes de julio de 2013. Tras la confesión de Jordi Pujol sobre su fortuna escondida durante más de 33 años siguió otro encuentro y ambas conversaciones han sido refundidas en el texto que sigue.

Fernando Ledesma: Lo primero que conviene es fijar el marco de la relación que estaba establecida. El fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, había sido designado a propuesta mía. Lo propongo porque le conozco desde hacía muchos años de Justicia Democrática, había tenido una estrechísima relación con él y me parecía en todos los órdenes una persona ejemplar: como magistrado en los destinos que había tenido, como hombre culto, como persona comprometida con la recuperación de las libertades y como demócrata. Gozaba del prestigio de sus compañeros y todos los abogados que habían tenido relación con él siempre hacían elogio de Luis Burón. Era una persona que, por aquella forma que tenía de funcionar la justicia en los tiempos del franquismo, era víctima de un instrumento que era la idoneidad: todo el mundo reconocía que era un profesional excelente, como una catedral, pero la Inspección no le consideraba idóneo para desempeñar determinados cargos de responsabilidad. La idoneidad era la forma de ocultar que se trataba de un disidente, de una persona que no era un franquista, ni pertenecía a la ideología del régimen.

Pere Ríos: Con la llegada del PSOE al Gobierno esa falta de idoneidad desapareció.

FL: Yo propongo su nombramiento en el contexto de esa relación personal que tenía con Luis Burón y que nos permitía hablar absolutamente de todo, de derecho, de viajes, de literatura y de poesía. El presidente del Gobierno también sentía por él una admiración profunda. No sé por qué razón lo conocía ya con anterioridad, pero lo cierto es que terminó de conocerlo siendo fiscal general. Felipe González no tuvo ninguna duda y aceptó mi propuesta.

PR: ¿La sintonía profesional y política entre el ministro y el fiscal fue estrecha desde el inicio?

FL: Sí. Ya digo que la relación fiscal general-ministro y ministro-fiscal general era muy fluida, de tal manera que, respetándonos recíprocamente en nuestras respectivas competencias, podíamos hablar con una absoluta libertad y lealtad. Y en esas conversaciones yo le transmitía los objetivos de política criminal que a mí me parecía que debían ser atendidos por el ministerio fiscal. Eran criterios entre los que estaba la lucha contra el fraude fiscal y la protección de la intimidad, en un momento en el que empezaban a desvelarse los datos de las clínicas que practicaban la interrupción del embarazo y que no debían ser conocidos. O la lucha contra las sectas, que también nos causaron muchos problemas en aquellos años, o la persecución de los delitos que se cometían en el ámbito de la seguridad en el trabajo. En octubre de 1982 llega al Gobierno una fuerza política que se ha presentado a las elecciones con un determinado programa en el que hay una parte muy importante referida a libertades y administración de justicia que debíamos cumplir. Yo era el encargado de hacer realidad esas promesas y la Fiscalía General del Estado me parecía un instrumento imprescindible para la mejora de la legislación penal y la lucha de determinados tipos de delincuencia.

PR: Pero cada uno ocupaba cargos distintos y tenía unas funciones.

FL: Luis Burón y yo compartíamos ese planteamiento en el cual nos respetábamos totalmente nuestras respectivas competencias. Yo no trataba de llegar más allá de donde podía. Yo le decía, mira, creo que estas son las cosas que se han de hacer desde el punto de vista de la política criminal y él me respondía cómo veía la situación, qué problemas se le planteaban, qué mejoras había que introducir en el funcionamiento de la fiscalía. Era un diálogo lleno de confianza y de lealtad.

PR: ¿Cómo se entera del asunto de Banca Catalana?

FL: En algún momento determinado de esas conversaciones que teníamos empieza a hablarme de la investigación que se está realizando en Barcelona en relación con Banca Catalana y yo le escucho. Me hablaba de cosas que conocía, porque yo había sido fiscal en Barcelona durante seis años y tenía la obligación de conocer lo que es un delito de falsedad, de apropiación indebida o de lo que fuera. Y en ese momento, además, estaba involucrado en la reforma del Código Penal. Yo era fiscal y tenía la responsabilidad como ministro de introducir determinados cambios. Y eso no te lo pueden hacer desde fuera, tienes que conocer algo de ese mundo.

PR: La investigación de la fiscalía sobre el caso Banca Catalana fue avanzando hasta que llegó la hora de la verdad.

FL: Lo que me contaba Luis era algo que yo quería evaluar en su avance, en su evolución jurídico-penal. Me decía que se estaba haciendo una investigación, pero en un momento determinado empieza a hablarme de la posibilidad de dirigir la acusación contra el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y en ese momento determinado es cuando yo le digo que el fiscal general es él y que la responsabilidad es suya, y que lo único que le puedo decir es que desde un punto de vista técnico no acabo de ver que la investigación haya llegado a un punto en que la acusación pueda formularse con la seguridad con la que se debe formular, porque se trata de un tema tan delicado, tan trascendente en todos los sentidos, que no se puede cometer la más mínima irresponsabilidad, la más mínima frivolidad.

PR: ¿Lo que está diciendo es que no era partidario de presentar la querella por razones estrictamente jurídicas?

FL: Yo lo que le digo es que, sinceramente, no veía, por lo que me contaba, que pudiera justificarse con la seguridad técnico-jurídica imprescindible una acusación dirigida a esa persona y de esa gravedad. Pero, bueno, esa era una primera impresión y seguimos hablando, y me continuó informando. Yo no cambié mi criterio, que era firme desde un punto de vista técnico. Y desde un punto de vista político, en ningún momento nunca nadie me dijo que yo tuviera que alterar mi parecer.

PR: ¿Compartía el resto del Gobierno su criterio sobre la inconveniencia de la querella?

FL: En el Gobierno, formulado en términos claros, nadie, nadie es nadie, tenía el más mínimo interés en que fuera adelante esa acusación. Más bien se coincidía con el parecer del ministro de Justicia, se consideraba que esa era una dirección equivocada y que sería un paso mal dado, salvo que en el futuro pudieran aparecer nuevas pruebas. Pero en la situación que se contemplaba en aquellas fechas, ni el Gobierno ni el ministro de Justicia consideramos que fuera conveniente la presentación de esa querella. Ese mensaje fue nítido, inequívoco.

PR: ¿Le transmitió ese mensaje en esos términos a Burón?

FL: Sí, se lo transmití. Le dije: yo pienso esto. Ahora bien, Luis, tú eres el fiscal general del Estado. Mi competencia no llega a imponerte nada. Eres tú el que libremente vas a tomar la decisión que consideres oportuna. Y avanzó el procedimiento y Luis mantenía una relación constante con los dos fiscales encargados del procedimiento, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, y en un momento determinado me dijo: «Autorizo la presentación de la querella».

PR: ¿Qué le contestó usted?

FL: Le dije: Luis, tú eres quien tiene la responsabilidad, tuya es la decisión, actúa con la libertad que el Gobierno, y en el Gobierno el ministro de Justicia, siempre te ha reconocido y a la que nunca jamás ha puesto el más mínimo límite. Actúa bajo tu conciencia. Y así fue. En resumidas cuentas, la decisión fue absolutamente libre, autónoma, del fiscal general del Estado, a través de los datos que le iban proporcionando desde Barcelona, creo que en unas notas que le iban pasando periódicamente los fiscales. Y a la vista de esas notas, llegó un momento en el que consideró procedente autorizar la querella.

PR: Fue un hecho consumado, pues.

FL: El Gobierno se encontró con la presentación de esa querella, sin que en ningún momento hubiera hecho nada para promoverla, para facilitarla, sino exactamente lo contrario.

PR: La reunión de los fiscales Villarejo y Mena con Burón en la que se autorizó la querella se celebró un viernes. El sábado se publicó el anuncio de querella en El País y se interpuso un lunes. ¿Habló el mismo viernes con Burón?

FL: Ese dato no lo recuerdo con precisión, pero seguramente fue así.

PR: ¿Se lo comunicó usted al presidente del Gobierno?

FL: Imagino que lo haría. No quiero decir nada que no recuerde con plena seguridad, pero lo lógico es que un tema de esa importancia, de esa envergadura, lo pusiera en conocimiento del presidente del Gobierno y probablemente también del vicepresidente. Y desde luego, lo que sí recuerdo es que nadie, ni uno ni otro, ni otro ni uno, me dijeron absolutamente nada en el sentido de hacer lo posible para tratar de evitar el cumplimiento o ejecución de esa decisión del fiscal general del Estado.

PR: Sorprende esa pulcritud que describe.

FL: Esas eran las reglas del juego. Si nosotros nos habíamos fiado del fiscal general del Estado, de una persona de tanta categoría, en todos los sentidos, política, intelectual y técnica, era lógico no interferir en su actuación. No habíamos propiciado la querella, pero tampoco nos pareció constitucionalmente correcto hacer nada que pudiera ser visto como una interferencia en lo que era una decisión libre y exclusivamente suya.

PR: ¿Se habló de este tema en el Consejo del Ministros?

FL: No. Yo hablaba de estos asuntos en los despachos que tenía con cierta habitualidad con el presidente y con el vicepresidente, con el que despachaba más a menudo. No recuerdo ahora en qué momento pero es perfectamente posible que habláramos de la querella.

PR: ¿Cómo reaccionaron al conocer la decisión de Burón de querellarse contra Jordi Pujol?

FL: La consciencia de lo que generaba la presentación de la querella era evidente. Sabíamos muy bien cuál iba a ser el desarrollo posterior de los acontecimientos. No obstante y aunque comprendíamos que podía tener unas consecuencias jurídicas no queridas por el Gobierno, nos parecía que el respeto al funcionamiento constitucional del Estado nos impedía hacer nada que pudiera ser visto como una interferencia.

PR: Hoy en día cuesta imaginar un planteamiento así.

FL: Esto es importante porque no siempre las cosas suceden así. El respeto al funcionamiento a las instituciones y sus funciones, pues se da o no se da, se respeta o no se respeta, se cree en esto o no se cree. Y nosotros creíamos en que eso debía ser así, en el sentido de que había que respetar que cada institución asumiera su responsabilidad. Y eso fue lo que se hizo.

PR: Dicen los fiscales que seguramente usted tuvo que aguantar presiones y llamadas.

FL: No, no, en absoluto. No tuve que aguantar ninguna presión ni llamada. Yo conté cuál era mi punto de vista. Me parecía que la presentación de la querella en ese momento podía estar condenada a lo que finalmente sucedió. Creía, y así lo comenté con Luis Burón, que incluso desde la estrategia de los fiscales habría sido mejor prolongar la investigación en búsqueda de otras pruebas distintas de las que hasta ese momento habían sido halladas y si el curso de las investigaciones permitía otra valoración jurídica, pues a lo mejor en el futuro podría estar justificado lo que yo no entendía jurídicamente justificado en el momento en que el fiscal general me lo decía.

PR: ¿Nunca cambió de criterio?

FL: No, ese fue mi punto de vista siempre. Repito: nunca recibí presiones de nadie para mantener esta actitud; de la misma manera que yo respeté la autonomía del fiscal general del Estado, el presidente y el vicepresidente del Gobierno respetaron mi responsabilidad como ministro de Justicia y confiaron exactamente en lo que yo les decía e hicieron suyo. Por ningún camino llegaron a mí intentos de hacerme modificar lo que yo contaba.

PR: ¿Por qué dimitió Luis Burón?

FL: El final se produjo porque ya tenía una determinada edad, como reconoce en sus memorias, por el transcurso de un tiempo en ocupar un puesto muy duro, muy complicado, con muchas dificultades y, por supuesto, sin ninguna relación con un choque, con un enfrentamiento, con una diferencia con la política del Gobierno, que siempre asumió y aceptó, porque fundamentalmente siempre fue una política reconocedora de su absoluta independencia.

PR: ¿Tuvo alguna influencia en la dimisión la discrepancia que mantenía Burón con el Gobierno en el caso Banca Catalana?

FL: No tiene ninguna relación.

PR: La renuncia al cargo se produce apenas unas semanas antes de que los jueces decidan la exculpación de Pujol. ¿Cree realmente que el cansancio fue el detonante?

FL: Pudo influir el cansancio, ya tenía una determinada edad. Probablemente esa fue una razón. Él se había dado un tiempo en el ejercicio de esa función y vivió como algo absolutamente normal que ese tiempo terminara. Lo que quiero resaltar es que no hubo en ningún momento el más mínimo conflicto, ni colisión, ni diferencia ni enfrentamiento. Cualquier cosa que se pueda contar en esa dirección es falsear la historia.

PR: ¿Quizás Burón se veía más como magistrado que como fiscal?

FL: Puede ser que eso influyera, aunque a mi juicio fue un fiscal extraordinario. El recurso de casación contra la sentencia en el asunto del 23-F es una pieza extraordinaria. Él confiesa en sus memorias la absoluta independencia con la que ejerció como fiscal general del Estado.

PR: A Burón lo propuso usted, pero su sustituto, Javier Moscoso, lo propone el presidente del Gobierno.

FL: Sí. Si el presidente tiene un candidato, lo que no voy a decirle es «no me gusta tu candidato, tengo otro». Yo no tenía otro candidato. El presidente eligió a esa persona y naturalmente yo respeté la decisión del presidente, solo faltaría.

PR: Su relación con Moscoso fue diferente de la que tuvo con Burón.

FL: Con Moscoso tenía menos relación personal, menos relación antigua quiero decir.

PR: Habían coincidido en el primer gabinete de Felipe González tras las elecciones de 1982, pero quizás no existía la misma complicidad que con Burón, con el que había fundado Justicia Democrática.

FL: Puede decirse así, sí, pero no por falta de formación jurídica. Javier Moscoso era fiscal y jurídicamente estaba tan preparado como Luis Burón o como yo.

PR: La llegada de Javier Mosoco implica un cambio en la posición de la Fiscalía General del Estado con el caso Banca Catalana. Se le nombró apenas unos días antes del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y vetó el recurso de los fiscales contra la exculpación de Jordi Pujol. Jiménez Villarejo y Mena invocaron el estatuto del ministerio, presentaron el recurso pero lo tumba la Junta de Fiscales de Sala y no se pudo formalizar.

FL: La verdad es que esto que cuentas no lo recordaba. El nombramiento de Moscoso es un cambio en la posición de la fiscalía en ese caso.

PR: ¿Atribuye ese cambio de posicionamiento a una decisión estrictamente personal de Moscoso y que no recibió indicaciones del Gobierno?

FL: Desde luego. Javier Moscoso actuó con la misma autonomía y libertad con la que había actuado Luis Burón. No era una cuestión de personas. La relación, la comunicación podía depender del grado de confianza que pudiera haber, pero el planteamiento político constitucional que a mí me hace adoptar esa actitud en tiempos de Luis Burón no se altera, es el mismo que en tiempos de Moscoso.

PR: Narcís Serra se sentaba entonces en el Consejo de Ministros y Pujol insinúa en su libro de memorias que estaba detrás de la querella. ¿Qué recuerdos tiene de este tema con Serra?

FL: Con Narcís Serra apenas hablé de este tema. Con él tuve una relación muy estrecha para hacer posible la reforma de la justicia militar. El código de justicia militar, la ley orgánica de justicia militar y la ley de procedimiento penal militar se hicieron con la colaboración y la contribución del Ministerio de Justicia, al igual que la creación de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por la Ley Orgánica del Poder Judicial y que fue importantísima desde el planteamiento de la política de lo que quería hacer el Ministerio de Defensa. Ese era el espacio en el que se desarrollaban nuestras conversaciones, pero, que yo recuerde, del asunto Banca Catalana no hablé, porque era un tema del que no tenía que hablar con Narcís Serra.

PR: Se ha escrito que Serra y Félix Pons, que fue presidente del Congreso desde julio de 1986, le pidieron que se castigase a los fiscales por la actitud mantenida con el caso Banca Catalana y que usted se negó para no tensar la relación con Burón.

FL: No, yo creo que esto no fue así. ¿Que se castigase a los fiscales? No, eso no es verdad, o por lo menos no lo recuerdo. ¿Cómo se les iba a castigar? Eso me parece hasta impropio, imposible. No recuerdo que yo me tuviera que poner en la situación de rechazar esa propuesta, sinceramente, porque no habría sido posible sancionar lo que habían hecho en el ejercicio de la libertad que el Gobierno les había respetado.

PR: Hay quien atribuye a Alfonso Guerra un planteamiento más favorable a la interposición de la querella que no a Felipe González. Por lo que está diciendo, eso tampoco parece corresponderse con la realidad.

FL: Efectivamente.

PR: Pujol también habla en sus memorias de la existencia de una mano política en la presentación de la querella, instigada por el Gobierno, y dice que Felipe González se dio cuenta tarde de lo que iba a comportar ese proceso judicial.

FL: Felipe González, igual que yo, era conscientes de las consecuencias políticas que podía tener la presentación de la querella, pero en el reparto de funciones dentro del Estado había algunas funciones que no las tenía ni el presidente del Gobierno ni el ministro de Justicia. Este es el punto importante a valorar. Mi objeción era desde el conocimiento de la materia, la experiencia y la formación. Sabía que había una insuficiencia probatoria. Por lo tanto, consideraba que, en ese momento, ese paso estaba dado indebidamente, pero, al mismo tiempo, el presidente del Gobierno y yo éramos conscientes de las consecuencias que podían generarse, tanto en el supuesto de que la querella hubiera sido admitida, como que se denegase el procesamiento que se solicitaba, que es lo que sucedió.

PR: ¿Respiraron más tranquilos tras la exculpación?

FL: No recuerdo ahora qué sentimientos me produjo aquello. Fundamentalmente en mi ánimo sí que se produjo una cosa: la confirmación de que la impresión que yo tenía era exactamente la real. Es decir, que cuando yo le digo al fiscal general del Estado que no veía fundada la querella, estaba acertando. Tuve la impresión de que los acontecimientos posteriores al cabo del tiempo me vinieron a dar la razón.

PR: ¿Recuerda las conversaciones con Burón tras la decisión judicial?

FL: Sí, sí, sí, pero por supuesto éramos personas correctas. Yo sigo vivo y no traté nunca de utilizar en ninguna forma el recuerdo del error que se había cometido. Había respetado su decisión y nunca jamás se me ocurrió después decirle: oye, te equivocaste. Eso me hubiera parecido desleal, éticamente reprobable. Ahora, él sabía que se había equivocado y yo sabía que si hubiera atendido mi valoración habría evitado equivocarse.

PR: El fiscal general del Estado Eligio Hernández les dijo en una ocasión a los fiscales Villarejo y Mena: «Vaya putada que nos hicisteis los comunistas con lo de Banca Catalana». ¿Qué opina de la frase?

FL: No conocía ese comentario de Eligio. En la ponderación de las cosas hay que poner sobre la mesa el dato cierto de que los fiscales que impulsaban la querella eran merecedores de un gran respeto y consideración. Eran personas con mucho tiempo en la carrera fiscal, con una excelente formación técnica y con prestigio. Por lo tanto, había que dar la importancia que sin duda sus argumentos justificaban a que mantuvieran ese empeño, esa voluntad, esa decisión. No se trataba, por lo tanto, de una actuación realizada frívolamente por unos profesionales desconocedores de su oficio. Era un trabajo al que se había dedicado mucho tiempo, impulsado por dos excelentes fiscales, cada uno naturalmente con su ideología, pero yo creo que en ese momento no influyó para nada y en mí nunca eso ha tenido el más mínimo peso.

PR: Usted conocía a Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena.

FL: El conocimiento sobre las aptitudes que tenía de los dos fiscales es porque había trabajado con ellos y habíamos compartido actividades de constitución de Justicia Democrática y de la Asociación de Abogados Jóvenes. También habíamos tenido presencia en la universidad, en la que yo fui profesor, como alguno de ellos, en la Facultad de Derecho. Eran personas que tenían un inequívoco prestigio profesional y, por lo tanto, lo que ellos hicieran no podía ser objeto de una desconsideración. Me imagino que esa valoración de su trayectoria y de su personalidad también pudo influir en el ánimo del fiscal general del Estado para dar al escrito de la querella la importancia y la confianza que le dio. Estaba hecha por gente que sabía también de su profesión.

PR: Jordi Pujol consideró desde el anuncio de la presentación de la querella que se estaba produciendo un agravio contra Cataluña y el discurso político del nacionalismo utilizó el caso para empezar a construir un sentimiento de victimismo que perduró en el tiempo.

FL: Creo que sí, que efectivamente aquello fue utilizado incluso a sabiendas de que el Gobierno no había estado detrás de la querella. Se trató de sacar utilidad y provecho político. Aunque se sabía que el Gobierno no había propiciado esta querella, se quiso simular que sí la había facilitado para tratar de obtener una rentabilidad política a algo que no sucedió.

PR: ¿Qué opinión le merece la confesión de Jordi Pujol?

FL: ¿En qué sentido? ¿Políticamente, jurídicamente, éticamente?

PR: En la etiqueta de hombre de Estado que durante años se le atribuyó. ¿La confesión lo cambia todo?

FL: Creo que sí. Jurídicamente hay el reconocimiento de una responsabilidad administrativo-penal, éticamente el respeto se te viene abajo y políticamente igual.

PR: ¿Le sorprendió?

FL: Sí. Uno desea que personas que han ocupado determinados cargos en el Estado mantengan la honorabilidad y la dignidad. Cuando esa honorabilidad se viene abajo, no son solo las personas afectadas las que resultan perjudicadas, es el Estado, es la convivencia democrática, es la fe en el sistema. En ese sentido, yo prefiero que las personas sean honestas. Cuando no lo son algo se me viene abajo.

PR: ¿Por qué confesó Pujol?

FL: No lo sé, no tengo ni idea.

PR: Hay quien relaciona la fortuna que recibió Jordi Pujol de su padre, en septiembre de 1980, con el enriquecimiento con Banca Catalana.

FL: No tengo datos para poder establecer una relación entre Banca Catalana y lo de la herencia del padre de Jordi Pujol.

PR: Si Jordi Pujol no hubiera abrazado el independentismo y la situación política catalana fuese distinta, ¿se habría destapado el caso de las cuentas en Andorra?

FL: No lo sé tampoco, eso es una conjetura y me cuesta hacer conjeturas. Lo que deseo es que se encuentre una solución a la situación actual de Cataluña, porque existe un problema político.

PR: El tema de Banca Catalana siguió levantando unas pasiones tremendas entre el nacionalismo durante décadas y fue un asunto recurrente al que acudir cuando se consideraba que se había producido una «agresión» del Gobierno hacia las instituciones catalanes o a Convergència i Unió.

FL: Esa interpretación es claramente opuesta a la realidad de la historia. La historia verdadera y auténtica, que yo conocí en primera línea y tan bien como el mejor, junto con el presidente del Gobierno y el vicepresidente, es la que he expuesto. El Gobierno no impulsó, no alentó, no propició la querella de Banca Catalana. Al contrario, a través de su ministro, hizo cuanto estaba a su alcance, dentro del respeto a las instituciones, para que eso no ocurriera. Si ocurrió fue en virtud del funcionamiento independiente y libre del fiscal general del Estado y de los fiscales de Barcelona. Si esto vale para restablecer la verdad histórica estoy muy satisfecho de haber contribuido a través de esta conversación a restablecerla, porque me parece muy importante.

«¿PODEMOS GUARDAR LA NOTICIA PARA EL DOMINGO?»

«Inminente querella del fiscal del Estado contra Jordi Pujol y otros responsables de Banca Catalana.» Ese fue el titular que abrió la portada del diario El País el 19 de mayo de 1984. «Solo el Gobierno podría dar marcha atrás a la decisión adoptada», se leía en el antetítulo. La información la firmaba Bonifacio de la Cuadra, posiblemente el mejor redactor de información jurídica que ha habido en España, ahora jubilado. La víspera de la publicación, el 18 de mayo, los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena acudieron a la Fiscalía General del Estado y lograron el beneplácito de Luis Burón para presentar la querella, pero temían que el Gobierno maniobrara para impedirlo.

«Por razones que desconocemos en la puerta estaba Bonifacio de la Cuadra. Posiblemente porque es un buen periodista y se las arregló para estar allí. Nosotros no se lo dijimos y no creo que se lo dijera Burón. El caso es que estaba allí y tomamos una cerveza con él. Ha pasado ya muchísimo tiempo y unos años después lo encontré en Málaga y se me quejó amargamente del mal trato que le dimos entonces, cosa que me sorprendió, porque yo creía que le habíamos dado buen trato y le habíamos dado una primicia. Pero me dijo que todavía estaba ofendido porque no le habíamos dado ningún papel y ni siquiera le habíamos permitido tomar nota de lo que le estábamos contando. Eso me reconcilia con nosotros mismos, porque yo no sabía hasta qué punto habíamos tenido un exquisito cuidado en no sobrepasar los términos de lo razonable.» José María Mena recuerda así el encuentro con el periodista, una versión que coincide plenamente con la que relata el periodista.

El encuentro con Bonifacio de la Cuadra para este libro se celebra en la cafetería Riofrío, cita obligada matinal de jueces, fiscales, abogados, escoltas y periodistas que cohabitan en ese triángulo de las Bermudas judicial que conforman la Audiencia Nacional, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo. Las entrañas del Estado en el corazón de Madrid, a tocar de la calle Génova y de la plaza Colón, muy anteriores a que los gobernantes del Partido Popular plantasen hace años una descomunal rojigualda para reafirmar no se sabe bien qué.

El periodista, un tipo íntegro donde los haya, empieza con una aclaración. «Es muy importante dejar claro que son los fiscales los que han dicho que hablaron conmigo y que me dieron la noticia, para que yo me sienta relevado del secreto profesional, porque hasta ahora no había contado nunca este episodio.»

Pere Ríos: ¿Cómo contactas con los fiscales?

Bonifacio de la Cuadra: Yo supe que iba a haber esa reunión en la Fiscalía del Estado porque había un periodista de Barcelona de El País que tenía buena información, que era el que tenía que venir y al final no pudo. Por eso me tocó a mí.

PR: O sea, que viniste casi por accidente.

BDLC: Sí, de suplente, a mí no me llamaron los fiscales. Era una de las primeras noticias que yo cubría como corresponsal de información jurídica. El asunto es que me enteré. Antes de entrar a ver al fiscal general del Estado, los fiscales de Barcelona no las tenían todas consigo de que el asunto prosperase. Era todo muy confuso y no se sabía muy bien qué iba a pasar. Ya que los fiscales han revelado que me dieron información no voy a dejar de revelar yo que me la dieron. Me vi con ellos en la cervecería Santa Bárbara, junto a la parada del metro Alonso Martínez. Allí ocurrió eso que han contado los fiscales y que era un secreto celosamente guardado hasta ahora. Me explicaron que la reunión había funcionado, pero no me dejaron tomar nota, lo cual me obligó a ir rápido al coche que tenía aparcado al lado y en un panfleto de Comisiones Obreras que estaba en blanco por la parte de detrás escribí los tipos penales y las cosas que me habían dicho y que intenté retener en la cabeza. Probé de confirmar todo lo que me dijeron, pero el fiscal general del Estado no se puso al teléfono, lo cual dejaba la cosa en el aire. Había ido bien la reunión, pero la decisión de interponer la querella fue contada... en fin, sin demasiada base.

PR: ¿Te viste con los fiscales antes de la reunión?

BDLC: Sí, antes de entrar se produjo un contacto en Riofrío, en el que dos señores me explican algo que no se sabe muy bien qué es. No eran muy explícitos, solo se sabía que iban a la Fiscalía General del Estado y que el fiscal jefe de Barcelona se oponía a la querella. A la entrada no dijeron nada importante y a la salida, después de estar esperando más de tres horas, no me dejaron tomar notas, como ellos mismo reconocen. Yo a Mena lo he criticado varias veces por eso. Luego supe que tuvieron una comida con juristas en la que había un periodista y en la que se comentó la noticia, pero o no se enteró o no le dio importancia, porque la querella era algo en gestación.

PR: El caso es que sólo El País publicó la noticia.

BDLC: Sí, pero eso fue por el calendario que se fraguó en la reunión de la fiscalía, que se celebra el viernes. Creo que el lunes era el día que se reunía el fiscal general del Estado con Ledesma. El martes, estaba prevista una nota de prensa dando cuenta de la interposición de la querella y simultáneamente se iba a enviar un escrito al fiscal de Barcelona diciéndole que había que presentarla. Y el miércoles era el día que había que interponerla.¹³ El asunto es que yo, todo emocionado, llego al periódico ese viernes y le digo a un subdirector que tengo un notición y se lo explico. Y me responde: «Oye, ¿podría aguantar para el domingo?». Entonces cogí el teléfono interno, llamé a Cebrián y le dije: «Juan Luis, tengo esta noticia y uno de tus subordinados me dice que lo dejemos para el domingo». Cebrián ya sabía de qué iba y estaba esperando que se confirmara. Al rato, el bueno del subdirector que me había dicho aquello y que ya me había producido alguna risa por dentro me dijo: «Oye, que esto hay que darlo mañana».

PR: ¿Cómo acabó aquella tarde en la redacción?

BDLC: Me llamó Cebrián y me hizo entrar en la reunión para decidir la portada. Y allí descubrimos lo buena que es la palabra «inminente» en periodismo, porque da la impresión de mucha prisa, pero no compromete a nada. De pronto, un redactor jefe, de estos que tienen el Estado en la cabeza o algo parecido, dijo: «¡Coño, se trata del presidente de la Generalitat!». A lo que inmediatamente Cebrián, magnífico director de la época, respondió: «Oye, que nosotros no interponemos la querella, la interpone el fiscal general». Y me dice: «Boni, ¿tienes confirmado seguro que es el fiscal general?». Y yo le digo: «Sí, sí, lo cuento en la información».

PR: ¿Qué crees que hubiera pasado si no se da la noticia el sábado y se espera el martes al comunicado de la fiscalía?

BDLC: Pues no lo sé. Alguien me dijo alguna vez, no lo tengo comprobado, que el día que normalmente se reunían el fiscal general y el ministro era el lunes. Pero conociendo a Luis Burón no hubiera sido fácil que le hubiera hecho cambiar de criterio.

PR: ¿Tu recuerdo de Burón es el de un fiscal independiente?

BDLC: Sí, yo en el libro que he escrito lo ensalzo en ese aspecto. No sé qué te ha dicho Ledesma de esto, pero lo cierto es que ha desmentido a José Antonio Martín Pallín en un artículo que publicó hace poco en el que explicaba que Burón dimitió por las presiones del Gobierno en el caso Banca Catalana.¹⁴ Ledesma mantiene en una carta al director que fue por otras cosas, pero no dice por cuáles.

PR: En la entrevista que he mantenido con Ledesma explica que Burón dimitió porque quizás se sentía cansado del cargo y se veía más como magistrado que como fiscal.

BDLC: Aquel año, Burón dijo veladamente en la apertura del año judicial que cuando hay diferencias entre el fiscal general y el Gobierno lo que debe hacer el fiscal general es dimitir. Yo titulé a cuatro columnas que la diferencia de criterio en la querella de Banca Catalana fue clave en la dimisión de Burón. Ledesma era entonces ministro, leía El País todos los días y no dijo ni pío. Ahora la diferencia es que Burón está muerto.

PR: Con el nombramiento de Javier Moscoso se produjo un cambio de criterio de la fiscalía y ni siquiera se recurrió la exculpación de Pujol.

BDLC: Sí, es cierto. Moscoso me dijo una vez que le entrevisté: «Sobre la actitud del fiscal general en Banca Catalana es casi imposible estar en contra».

PR: Se refería a la actuación de Burón.

BDLC: Sí, claro, no a la suya, porque él no recurrió y Burón sí hubiera recurrido. Y luego, es curioso que Moscoso nombrase fiscal jefe de Barcelona a Carlos Jiménez Villarejo, que eso le sentó a Pujol como una patada en los testículos porque, claro, le ponían al culpable de Banca Catalana. Lo que pasa es que eso es distinto, porque ahí estaba Felipe y pensaron que si algún caso llegaba a mayores ya lo pararían o lo que fuera.

PR: ¿Qué opinión tienes del mandato de Ledesma como ministro de Justicia?

BDLC: De Ledesma hay una cosa que me parece grave, que es cuando la juez del País Vasco Elisabeth Huerta, ante la negativa de la Guardia Civil a identificar qué agentes interrogaron a un detenido que fue torturado, convocó a 90 agentes para tomarles declaración y ver si habían sido ellos los torturadores.¹⁵ Y Ledesma, en el Parlamento, dijo que eso era muy peligroso para los guardias civiles y se impuso la razón de Estado. Ledesma sacó a muchos presos preventivos de las cárceles, pero se produjo un revuelo y tuvo que hacer la reforma de la reforma. Como ministro también hizo cosas buenas, pero Felipe apoyó más al Ministerio del Interior que al de Justicia. En el año 1984 hicimos unas jornadas para periodistas en la sierra de Madrid y yo, que terminé Derecho con Felipe González en Sevilla, me permití preguntarle que dónde estaba él en la opción constitucional libertad-seguridad. Y respondió que había luchado por las libertades y no sé qué más, pero que estaba por la opción seguridad. Yo le dije que la Constitución en su artículo primero proclama el valor de la justicia, no el de la seguridad, y me replicó diciéndome que si creía que su Gobierno no era constitucionalista. Tuvimos un rifirrafe y él mantuvo su tesis y la practicó. Ledesma había contribuido a hacer el programa socialista pero debería haber dimitido cuando ves que no te hacen caso una y otra vez en tus tesis. Y luego ponía verdes a los de Jueces para la Democracia, porque decía que no lo apoyaban lo suficiente y que en el Consejo de Ministros tenía más fuerza Barrionuevo que él, porque no estaba respaldado por su gente, que eran los de la antigua Justicia Democrática. Ledesma fue demasiado blando, aun cuando iba con muy buenas intenciones.

PR: En el artículo que anuncia la querella se dice que «fuentes jurídicas manifestaron el temor a que el Gobierno socialista dé marcha atrás a esta decisión». ¿Ese temor lo expresaron los fiscales?

BDLC: No, son otras fuentes distintas, ellos no lo verbalizaron. La querella era un tema que Cebrián sabía que podía ocurrir. Si no, a lo mejor se espera al domingo para publicarlo o al comunicado del martes de la fiscalía. Me da la impresión de que la decisión de Burón fue tomada con absoluta firmeza. La publicación de El País quizás sirvió para darle más peso al asunto y por suerte no se le hizo caso al redactor jefe. Si los fiscales hubieran podido eludir el encuentro posterior conmigo una vez que ya tenían la seguridad de la presentación de la querella, lo hubieran eludido. Se anticipaba la noticia sobre la base de que el fiscal general no decía ni pío. Por muy importantes que nos creamos los periodistas, una vez que está tomada la decisión, Burón no tenía por qué regalarle a ningún medio la noticia, sino que lo iban a comunicar el martes, no era una cosa por sorpresa. A la competencia le hubiera gustado darlo antes, pero no fue así. Hablan de filtración cuando la noticia la publican los demás y de primicia cuando la dan ellos.

LOS MEDIOS COMO ARMA DE COMBATE

Pujol tampoco olvida en su segundo libro de memorias el papel desempeñado en ese tiempo por los medios de comunicación menos afines. «La animosidad política contra mí persistió y fue muy insistente durante los dos años en que fui objeto de investigación. La derecha española, representada por Alianza Popular, el PP actual, se añadió a la brava, pero los instrumentos básicos de la guerra fueron El País y Televisión Española», asegura el expresidente, en lo que ya da una idea del análisis que hizo de la querella. Él también utilizó en esos años su propio ejército mediático, que se costeaba directamente con los Presupuestos de la Generalitat, bien fueran los medios públicos creados al inicio de su mandato o a través de subvenciones, ayudas o publicidad, en el caso de los medios privados.

Pujol, incluso, no se priva de reprochar a los socialistas que mostraran sus reservas cuando la Generalitat opostó por crear sus medios afines. Los socialistas, escribe en sus memorias, «no fueron vistos —porque no lo fueron— como unos defensores de Cataluña ante Madrid ni con la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que supuso una regresión en la descentralización del Estado) ni con la financiación. Tampoco fueron decididos en la creación de Catalunya Ràdio y TV3. Madrid, el PSOE, les pesaba, les marcaba, les condicionaba. Y la gente lo veía».

Ese simplismo de «o conmigo o contra mí» del discurso político de Pujol y su entorno afectó de manera significativa a los periodistas de Cataluña que escribieron sobre el caso Banca Catalana. La abrumadora mayoría apostó por caballo ganador. Uno de los que no lo hizo y lo sufrió en sus propias carnes fue Enric González, un excepcional corresponsal extranjero desde las páginas de El País que decidió cambiar de aires. Su libro Memorias líquidas, editado por Jot Down Books en 2013, recoge sus vivencias periodísticas y se refiere a las consecuencias que le reportó la redacción de la citada obra Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis.

TV3 le hizo una oferta de trabajo, pero finalmente se truncó. «Un día me despedí de El Periódico y acudí a las oficinas de la televisión. Horas después me comunicaron que la empresa no iba a firmar. Lluís Prenafeta, factótum de Pujol en la Generalitat como secretario general de la Presidencia, me había vetado [...]. El rechazo de Prenafeta tenía que ver, probablemente, con algo en lo que trabajaba en mis horas libres», relata González para referirse al citado libro que estaba escribiendo sobre Banca Catalana.

Pero el rechazo que sufrió Enric González no se limitó a dejarlo sin trabajo en TV3, sino que tuvo su continuidad, en una actuación más propia del general Douglas MacArthur. «La Generalitat catalana no solo no me invitaba a sus actos públicos y ruedas de prensa, sino que me impedía el acceso. Un antiguo colega del Correu, a quien su espíritu nacionalista le había permitido cobijarse en el gabinete de prensa de la Generalitat, me telefoneó para advertirme de que le habían encargado la confección de un informe sobre mí. “¿Quieres que ponga algo especial?”, me preguntó. El hombre se portó con decencia. Por supuesto, los otros dos autores del libro, Reixach y Baiges, estaban tan marcados como yo o más.»

TV3 y Catalunya Ràdio, las principales armas del combate mediático al que alude Pujol, se posicionaron claramente en su favor y sirvieron de altavoz de su causa. El mismo día que se conoció la exculpación, 21 de noviembre de 1986, Pujol dirigió un mensaje institucional para referirse a la decisión judicial de un asunto muy anterior a su etapa como gobernante. El presidente de la Generalitat empezó reiterando su honestidad y celebró que su exculpación se hubiera adoptado «con criterios de justicia y no de conveniencia política». A renglón seguido, agradeció las muestras de apoyo recibidas a la gente que «ha sufrido conmigo», y después entró en materia con el argumentario al uso en el que vino a decir que en realidad quien había sido exculpado por la justicia no había sido él, sino el pueblo catalán, la Generalitat y Cataluña.

«Quiero además felicitar al pueblo catalán porque, finalmente su presidente, la Generalitat y, de hecho, toda Cataluña se liberan de una grave presión, que ha durado dos años y medio. Lo felicito y, a la vez, le expreso mi agradecimiento por la forma con que ha soportado esta situación», dijo el presidente catalán en su alocución. Más adelante, Pujol insistió en la conocida tesis de que la querella fue una decisión política. «Solo gracias a esto, solo gracias a esta forma de ser y hacer del pueblo catalán, una actuación política, que hoy no quiero calificar, no nos ha desestabilizado y no ha repercutido negativamente sobre toda España», dijo.

El presidente de la Generalitat advirtió en dos ocasiones que «será preciso hacer algunos comentarios más y se deberá decir lo que haya que decir», pero insistió en que era la hora de mirar hacia delante. Con todo, concluyó el mensaje institucional con una clara advertencia y reiterando la identificación de su futuro con el de Cataluña: «Y pensemos, y que piense todo el mundo, que aquello que ha demostrado ser capaz de resistir la voluntad de la destrucción sale más fuerte de la prueba. Que es lo que ahora nos ocurre a nosotros y pasa en Cataluña. A todos los catalanes, muchas gracias».

«La Audiencia decide no procesar a Jordi Pujol», tituló La Vanguardia el 22 de noviembre de 1986 en su portada. «Los jueces deciden no procesar a Pujol por el caso Banca Catalana», fue el titular de El País. La similitud puede llevar a pensar en un primer momento que el tratamiento informativo de la noticia fue muy parecido, pero nada más lejos de la realidad. El primer diario mantuvo durante todo el proceso una actitud de apoyo a Pujol y una continua justificación de las tesis de la defensa frente a las acusaciones de la fiscalía, mientras que el otro rotativo había venido informando al detalle de todas las operaciones de descapitalización del banco y de las investigaciones realizadas por Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena. La diferencia entre los editoriales del caso publicados en ambos periódicos habla por sí sola.

Bajo el título de «Decisión justa y conciliadora», el editorial de La Vanguardia se iniciaba de esta guisa: «La noticia, la gran noticia, de la que puede afirmarse que toda España estuvo hasta ayer presente, se produjo al fin: el pleno de la Audiencia Territorial no acepta el procesamiento de Jordi Pujol. Tenía que ser así, porque era de justicia que así fuera [...]. El caso de Banca Catalana llenó millares de folios y acerca del mismo se han escrito largos reportajes, centenares de comentarios y densos libros, a lo largo de los últimos años. Esa profusión de informes, contrainformes y opiniones discrepantes no siempre ayudó a echar luz sobre el asunto. Pero sí quedó muy clara la honorabilidad del presidente de la Generalitat, cuya exculpación queda ahora oficialmente declarada y reconocida».

El editorial hace suya la tesis de la mayoría de los magistrados de que no se trataba solo de un proceso judicial, sino de una disputa política llevada a los tribunales y aludía al agravio comparativo respecto de situaciones similares, un argumento esgrimido por la defensa en todo el proceso. «Lo que, por supuesto, no ofrecía dudas es que nos hallábamos ante un caso político que arrancaba desde la misma creación de Banca Catalana [...]. Esa implicación de la política, magnificada por el hecho de que el fundador de la entidad financiera fuera elegido y reelegido, años más tarde, para desempeñar la más alta magistratura de Cataluña, no podía eludirse. Gravitaba, por tanto —es cierto—, sobre la sociedad catalana, inquietada por las posibles consecuencias del eventual procesamiento requerido por los fiscales, convencida la opinión, en su mayoría, de que el hombre que por dos veces consecutivas llegó a la presidencia de la Generalitat estaba libre de culpas. Alarmaba, incluso, en el caso de procesamiento, la increíble perspectiva de situaciones absurdas y humillantes, susceptibles de provocar reacciones de imprevisible amplitud. En definitiva, eran de temer las graves consecuencias que podían seguir a una decisión errónea o injusta. Aunque la decisión tuviera que hacerse en estricto derecho y en justicia, no era realista el subestimar el incuestionable factor político y, asimismo, no tener en cuenta el agravio comparativo con precedentes actuaciones bancarias impelidas por las circunstancias de excepción vividas anteriormente. Con su decisión jurídica tan esperada, el pleno de la Audiencia Territorial levanta una muy pesada hipoteca sobre el devenir político. Supone, ante todo, un gran alivio, al tiempo que despeja el horizonte en un momento especialmente importante para el desarrollo de la vida colectiva, tanto catalana como de toda España.»

Finalmente, el editorial concluye con un elogio al acusado. «Es en este sentido que la decisión del alto tribunal era esperada en todo el ámbito del Estado, como la más justa y estabilizadora, por encima de las divisiones partidistas [...]. Es justo reconocer, también, que la prudente y serena actitud del presidente Pujol, convencido siempre no solo de su inocencia, sino del recto y equitativo proceder de la Justicia, contribuyó no poco a mantener la estabilidad y la mesura en la conducción de los asuntos públicos durante todo este tiempo.»

Por su parte, el editorial de El País realizaba un análisis completamente distinto de la resolución judicial, en un editorial titulado «Un auto a gran velocidad», en el que dejaba entrever ya una crítica explícita a la rapidez con que la justicia había despachado el asunto. «El pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona ha dado rápido carpetazo al asunto de Banca Catalana. Los magistrados entraron directamente en el fondo del asunto, el alcance de la responsabilidad de Jordi Pujol y, después de unas deliberaciones inusitadamente rápidas, si se tiene en cuenta la duración de los procedimientos previos realizados hasta ahora, decidieron no procesarle.»

En este sentido, el editorial arremetía contra la falta de debate jurídico entre los magistrados y el hecho de que la decisión ya parecía tomada antes de que se celebrase el pleno de la Audiencia Territorial. «Si es colectivamente como deben sustanciarse las decisiones, parecía lógico esperar de este tipo de procedimientos excepcionales un alto grado de participación no solo formal. Nada sería más peligroso para la creencia en la liturgia de la justicia y la fiabilidad de ésta ante la opinión pública que el hecho de que cada magistrado hubiera llegado a la sala de reunión con su idea prefijada en unos límites inamovibles y que el pleno hubiera sido poco más que una asamblea ritual.»

El editorialista presagiaba las consecuencias políticas de la resolución judicial en un sentido u otro. «La decisión tomada ayer abre múltiples posibilidades. Puede contribuir positivamente a una normalización del clima ciudadano en Cataluña, enrarecido desde el anuncio de la querella y tenso desde la famosa escena del balcón de la Generalitat, en mayo de 1984, y facilitar un mejor entendimiento político. Aunque también puede generar agravios comparativos o sospechas más o menos vergonzantes, especialmente fuera de Cataluña, si la decisión de los jueces no es suficientemente explicada o no es comprendida por la opinión pública. En cualquier caso, de momento desaparecerá de la escena el elemento que ha colapsado la necesaria fluidez en las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el autónomo. Es legítimo esperar este tipo de consecuencias, en lugar de temer que la demagogia de sectores nacionalistas les lleve a considerar que esto constituye una victoria propia, lo que supondría, entre otras cosas, un insulto para la instancia judicial.»

Por último, el editorial advertía de la sensación que finalmente acabó quedando en la sociedad en el primer proceso judicial que afectaba a un dirigente político: «Por otra parte habrá que hacer un esfuerzo colectivo para que se disipe la difusa sensación de que la politización de los casos redunda en beneficio o en perjuicio de los encausados, según las ocasiones, o de que la igualdad de los ciudadanos ante la ley constituye un principio abstruso de difícil concreción práctica».

Mucho antes de la exculpación y de que se publicasen esos editoriales, concretamente con cuatro años de anterioridad, se divulgó una noticia a la que los gestores de la época de Banca Catalana han atribuido la responsabilidad de precipitar la quiebra de la entidad. La difundió el martes, 11 de junio de 1982, Resum econòmic, un boletín confidencial de la agencia Europa Press en Cataluña, y escuetamente decía: «Según rumores insistentes que circularon ayer por la tarde en ciertos ambientes financieros, se piensa que es inminente la presentación de suspensión de pagos de una importante entidad crediticia catalana. La noticia, de momento, no tiene ninguna confirmación».

Francesc Cabana era entonces el vicepresidente de Banca Catalana y sostiene en decenas de artículos que esa noticia fue el principio del fin, pues, en su opinión, a partir del día siguiente de difundirse, se inició una retirada masiva de depósitos a un ritmo de mil millones de pesetas diarios. El convencimiento de Cabana en este sentido es tal que ha llegado a reclamar abiertamente al autor de la información que confiese su fuente,¹⁶ cuando es conocida la protección que tiene en España el secreto profesional de los periodistas, incluso frente a los jueces.

Salvador Aragonés era el director de la Agencia Europa Press en Cataluña en aquella época y fue el redactor de la noticia. Ahora tiene 72 años, continúa escribiendo para diferentes medios y es profesor de redacción periodística en la Universitat Internacional de Catalunya. Solamente se ha referido a este asunto de manera somera en su libro Periodismo, cómo utilizar los géneros, las fuentes y los rumores.¹⁷ En la entrevista mantenida para estas páginas ofrece más detalles sobre la difusión de la noticia y, sin revelar sus fuentes de información, deja entrever algunas pistas.

«Lo primero que hay que recordar es que el confidencial que difundió la noticia tenía 80 suscriptores y que eran principalmente presidentes de grandes empresas y políticos. No era un medio de comunicación masivo que pudiera llegar a la gente de la calle y, por tanto, no acabo de ver que la noticia pudiera provocar la retirada de depósitos. Por eso la publiqué en el confidencial, porque servía para informar a una serie de gente que tenía poder económico, pero no a los ciudadanos de a pie», empieza aclarando Aragonés.

Televisión Española en Cataluña reprodujo la noticia y fue más allá al identificar como Banca Catalana la entidad que estaba al borde de la suspensión de pagos. «¿Por qué dio la noticia la televisión? Pues no lo sé, porque nunca han publicado la información de un confidencial, pero aquel día, oh casualidad, sí que la dieron, porque alguien les alertó. Había una clara intención de que la noticia se diera por parte de las fuentes.»

«El sector bancario tenía ganas de que Banca Catalana desapareciera porque sufría un agujero enorme, era un banco anómalo en el sistema financiero, como en su momento lo fue el empresario José María Ruiz-Mateos. No sé si al día siguiente de difundirse el confidencial se retiraron mil millones diarios de depósitos. Sí que sé por una fuente que del Banco de España de la plaza Catalunya de Barcelona salía cada día en aquella época una furgoneta de dinero hacia Banca Catalana para reforzar la economía. ¿Por qué toleraban eso?»

Con todo, el veterano periodista sí admite que la difusión de la noticia en el confidencial tuvo consecuencias. «Las fuentes tenían prisa por que saliera para frustrar alguna operación que debía aprobarse a los pocos días en la junta de accionistas. Primero fueron a ver a un periodista de El País y como no lo encontraron me vinieron a ver a mí. El caso es que lograron lo que pretendían, que el Banco de España no tolerase esa operación importante para el futuro de Banca Catalana», añade Aragonés.

Francesc Cabana desmintió la noticia a las nueve de la mañana del día de su publicación, pero Europa Press no rectificó. «El presidente del banco, Raimon Carrasco, llamó al presidente de Europa Press, José Mario Armero, quien a su vez me llamó, no para censurarme, sino para que calibrara bien la información. Volví a hablar con mis fuentes y me dijeron que Banca Catalana era un banco quebrado, que no se aguantaba.»

¿En qué ambientes deben de situarse esas fuentes? Aragonés es bastante claro. «Lo que puedo asegurar es que el Banco de España estaba detrás de la noticia porque estaba hasta las narices; no fue la fuente, pero sí el instigador. Todos los bancos aplaudieron la noticia porque Banca Catalana era un banco político. Tenían interés en que desapareciera del mapa porque les estaba captando clientes absurdamente y, además, les estaba costando dinero, porque el dinero del Fondo de Garantía de Depósitos y del Banco de España que salía hacia Banca Catalana lo ponían los bancos.»

El periodista no obvia tampoco la actitud condescendiente que tuvo La Caixa en dejar caer la entidad. «La Caixa era propietaria del 7% de Banca Catalana y estaba al corriente de todo. Poco antes de la noticia estaba yo con Josep Vilarasau en la planta 24 del edificio, desde donde se veía Banca Catalana con una fachada llena de flores, y le dije: “Esto puede ser un jardín vuestro”. Y respondió: “Nooo”.»

4

«LOS JUECES NO SE COMPRAN,

SE REGALAN»

EL ABOGADO DEL RÉGIMEN

Si Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003, Joan Piqué Vidal ejerció de abogado del régimen en esos años, pues no había causa judicial que afectara al Gobierno catalán o a Convergència que no pasara por su despacho y lo cierto es que solo en contadas ocasiones se dictó sentencia condenatoria. Pero la sombra alargada que proyectaba Piqué Vidal en la judicatura, la política y algunos círculos empresariales se disipó cuando él acabó sentado en el banquillo y condenado por delinquir en comandita con el juez prevaricador Luis Pascual Estevill, aquel que se imbuyó de justiciero cuando se desveló que no era sino un extorsionador con toga de empresarios adinerados.

Piqué Vidal y Estevill fueron condenados en enero de 2005 por cohecho, prevaricación y detención ilegal, los delitos más graves que se pueden imputar a un abogado y a un juez de los que se presumía tamaña honorabilidad. El primero, a siete años de cárcel y el segundo, a nueve, por el caso de corrupción judicial más importante urdido en España a principios de los años noventa. Incluso llegaron a pisar la cárcel un tiempo.

Aquella sentencia, que después confirmaría el Tribunal Supremo, la dictó un tribunal presidido por Guillem Vidal, sin duda el mejor presidente que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) desde su creación. Ocupó el cargo durante diez años y un cáncer acabó con su vida de manera abrupta. La enfermedad le apareció al poco tiempo de que el Consejo General del Poder Judicial, con el beneplácito de dos vocales progresistas, le denegara la reelección con el argumento de que ya había cumplido dos mandatos. Sin embargo, ese criterio no fue aplicado por el mismo Consejo con Augusto Méndez de Lugo, que permaneció 15 años (equivalentes a tres mandatos) como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y la sentencia condenatoria contra Estevill tampoco se explica sin la exquisita profesionalidad con la que actuaron en el proceso los fiscales Carlos Ramos y Fernando Rodríguez Rey. El primero decidió cambiar de toga y ahora es magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC tras 23 años de fiscal. El segundo continúa en la brecha. Era necesario este apunte recordatorio para rebatir la simplista tendencia de igualar en el menoscabo a jueces, fiscales, policías, periodistas o cualquier otro gremio profesional.

La peculiaridad que tenían los asuntos que sirvieron para el chantaje perpetrado por Piqué Vidal y Estevill es que se trataba siempre de casos de delincuencia de cuello blanco, en los que se empleaban sociedades pantalla y un complejo entramado que servían para enmascarar los delitos de fraude fiscal, falsedades, estafa y apropiación indebida. Ingeniería financiera, se llamó entonces. Delictiva, debería haberse añadido, pues en ningún lugar está escrito que el mundo de las finanzas haya de operar necesariamente al margen de la ley.

En algunos de aquellos procedimientos existían indicios para que la justicia actuara contra los empresarios y es cierto que varios de ellos acabaron condenados, pero en otros no había base que sustentara siquiera una imputación. Estevill no tuvo pudor en obviar ese requisito e incluso no desaprovechó la ocasión en la que ejercía de juez sustituto de otro juzgado para cometer el chantaje y erigirse en investigador activo de la causa, una actuación muy poco habitual entre los jueces de instrucción cuando suplen a otro compañero por unos días. Todos los asuntos, hubiera o no indicios de delito, sí que cumplían el requisito de que los afectados disponían de medios para ceder al soborno, y Estevill era perfecto conocedor de ello. Piqué Vidal, por su parte, se convirtió en la otra media naranja imprescindible para consumar el delito. Como abogado defensor se presuponía que velaba por los intereses de sus clientes, cuando en realidad lo que hacía era tramar con el juez un «insidioso plan», en expresión contenida en la sentencia del Tribunal Supremo.

Uno de esos empresarios investigados fue José Felipe Bertrán de Caralt, una de las mayores fortunas de España de la época, pero que se negó al chantaje y por ello pasó unos días en la cárcel Modelo de Barcelona en 1993. El acusado tenía tal convencimiento de que Estevill le enviaría a dormir entre rejas que acudió a declarar al Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona con los útiles de aseo, el pijama y una muda. Se le acusaba de fraude fiscal y acabó condenado a cuatro años de cárcel. Abonó a Hacienda 1.182 millones de pesetas, una multa e intereses y acabó indultado por el Gobierno del PP en 1997 con el informe favorable de la Audiencia de Barcelona. Pero nada de eso justifica que él, ni ningún otro detenido de distinta condición social, hubiera de soportar una arbitrariedad tan humillante como la que cometió Estevill. La imagen de Bertrán de Caralt de aquel día llegando al juzgado con una bolsa de deporte resultaba a todas luces incomprensible, hasta que se destapó la mentira con la que Estevill embaucó por igual a casi todos.

Antes de que eso sucediera, casi nadie cuestionaba los procedimientos expeditivos del juez, un cabrero de Tarragona que llegó a hacer fortuna como abogado antes de acceder a la judicatura. Al destaparse el caso faltó tiempo para que se propagara la tesis tan hispana de que «lo sabía toda Barcelona», como declaró un testigo en el juicio. Lo cierto, sin embargo, es que antes de que Estevill perdiera la máscara de impostor, el fiscal de un asunto toleró que el juez le «retocara» una querella que acabaría en su mesa. «Como no es catalán, se olvidan de algunos nombres», se jactaba de decir el juez para referirse con desdeño al fiscal del caso.

Los periodistas también encontramos en aquel juez un filón informativo inagotable, pues si algo le placía era explicar, con limitaciones, los asuntos que instruía y, sobre todo, su biografía de superación y hombre hecho a sí mismo que se publicó en diversos medios. Y no faltaron tampoco los abogados que entraron en el juego, como aquel defensor de un reputado despacho de Barcelona que aceptó la petición de Estevill para que le redactara dos resoluciones bien distintas entre las que después elegiría una para firmar: auto de prisión si el empresario no pagaba el chantaje exigido o auto de libertad si optaba por pasar por caja.

«El perro que mordía era Estevill, pero quien llevaba la correa y le azuzaba era Piqué Vidal.» La frase que pronunció Bertrán de Caralt en una entrevista para El País en los días del juicio es posiblemente la mejor fotografía de lo que supuso aquella conjura. El final se produjo cuando el empresario Enrique Marugán, amigo y conocido de muchos de los chantajeados, decidió emplear varios meses de su vida para convencerles de que habían de denunciar lo ocurrido. Disponían, además, de un incentivo para no negarse, pues con la entrada en vigor del Código Penal de 1995 quien hubiera colaborado en la comisión de un delito, como sucedía con los empresarios que cedieron al chantaje, quedaban exentos de responsabilidad.

Cuando Marugán acabó su ronda de conversaciones con los chantajeados acudió a ver a Carlos Jiménez Villarejo. El entonces fiscal Anticorrupción quedó estupefacto cuando acabó de oír el relato, aunque el perfil delincuencial de Estevill no le era ajeno. Había sido él quien había impulsado otras dos querellas contra el juez que también acabaron en condena: una por prevaricación y otra por delito fiscal.

La sentencia pudo probar seis casos de soborno y actuaciones arbitrarias contra un total de nueve empresarios, ocurridos entre 1990 y 1994, en cuanto Estevill accedió a la judicatura por el llamado cuarto turno, reservado a abogados u otros profesionales con experiencia. Los jueces sentenciaron que Estevill cobró el equivalente a 450.759 euros y le condenaron a que indemnizara a los afectados con más de un millón de euros. Conviene no olvidar que antes de que llegaran las condenas Estevill llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta por Convergència i Unió, una formación política con la que el juez mantenía muy buena sintonía, en especial con el llamado sector de los negocios que lideraba el consejero Macià Alavedra. «Vaya impresentable nos habéis enviado», le espetó el entonces presidente del CGPJ, Pascual Sala, al diputado nacionalista en el Congreso Miquel Roca, pocas semanas después de que Estevill aterrizase en el órgano de gobierno de los jueces.

Enrique Marugán merecería un capítulo en cualquier libro que quisiera evocar las tramas judiciales en torno al mundo empresarial de Barcelona en los últimos 25 años y también en el caso Banca Catalana es un personaje tangencial. En cualquier caso, resulta obligado dejar constancia de que fue él quien impulsó la querella que acabaría con la carrera profesional del banquero Alfredo Sáenz; mantuvo una persistencia insólita hasta traspasar las rendijas que en ocasiones permite la justicia.

Sin pretenderlo, fue también Enrique Marugán quien acabaría provocando la dimisión del diputado de CiU Oriol Pujol Ferrusola, el único de los siete hijos del presidente de la Generalitat que hizo carrera política, se llegó a barajar como sucesor del padre y finalmente hubo de cambiar de aires. Marugán, empresario del sector de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), envió en 2008 un correo electrónico a un empresario amigo, explicándole que le habían reclamado una comisión de 30.000 euros para modificar la Ley de Seguridad Industrial que estaba tramitando el Parlament y así favorecer los intereses de un grupo implicado en la trama de las ITV. Como había decretada una intervención judicial de las telecomunicaciones de algunos inculpados, trascendió la exigencia económica, la fiscalía interpretó que el destinatario de aquella mordida era Oriol Pujol y este acabó imputado por tráfico de influencias y posteriormente por dos delitos de cohecho por las amistades que mantenía con otros acusados.

La leyenda, urbana o no, que corría por Barcelona desde primeros de los años ochenta era que Piqué Vidal tenía comprados a una parte de los jueces de instrucción de la ciudad, pero lo cierto es que al margen de ese caso de corrupción en compañía de Estevill nunca antes se había abierto ningún procedimiento penal contra el abogado. Eso no quita que todavía sigue ejerciendo en la Audiencia Provincial de Barcelona un magistrado a quien Piqué Vidal pagó las clases de ballet de su hija y son unos cuantos los magistrados que, gracias al letrado, encontraron vivienda a un precio muy por debajo del mercado cuando aterrizaron en la ciudad. Treinta años atrás, la judicatura estaba peor pagada que ahora y algunos no tuvieron demasiados escrúpulos en ceder al ofrecimiento del abogado de Jordi Pujol.

Uno de esos jueces de Barcelona que después votó a favor de la exculpación del presidente de la Generalitat y que reclama el anonimato aunque ya esté jubilado explica que, antes de ofrecer sus servicios como asesor inmobiliario, Piqué Vidal se daba un tiempo para esclarecer si el magistrado tenía intención de quedarse destinado en Barcelona o simplemente estaba de paso a la espera de concursar a otro destino. Si la pretensión era arraigar en la ciudad, el letrado acudía al despacho de su señoría, provisto incluso de planos de las viviendas entre las que podía optar el juez a un precio mucho más bajo que el del mercado.

En un Juzgado de Instrucción de Barcelona sigue ejerciendo todavía un magistrado que designó como abogada en su proceso de separación a la esposa de Piqué Vidal. Meses después, ese mismo juez designó perito judicial en una causa a una hija del abogado. Todo eso podría resultar una simple coincidencia si no fuera porque Piqué Vidal permaneció unos meses inculpado en ese juzgado y por ese mismo juez en un asunto muy mediático de delincuencia económica del que finalmente fue exculpado y en el que el principal acusado fue un tiempo cliente del propio letrado. Posiblemente demasiadas casualidades.

Joan Piqué Vidal siempre hizo gala de un respeto, rozando la reverencia aparente, hacia el poder judicial. Su gesto característico para visualizarlo pasaba por la antigua práctica de inclinar ligeramente la cabeza como muestra de consideración al cruzarse con un magistrado o fiscal por los pasillos del Palacio de Justicia o de los juzgados. Escenificaciones al margen y dejando constancia de las enormes habilidades de relación que tuvo y retuvo Piqué Vidal, lo cierto es que en la década de 1980, cuando saltó el caso de Banca Catalana, no había caso penal de enjundia que no pasara por el bufete del número 612 de la avenida Diagonal de Barcelona.

Si el cliente había optado por otro despacho y no había llamado a su puerta, Piqué Vidal no escatimaba esfuerzos para hacerse con él, en ocasiones con pocos escrúpulos deontológicos, cuentan sus colegas. Y una vez conseguida la designación era capaz incluso de ponerlo en conocimiento de algún periodista, no solo que había asumido aquella defensa, sino incluso que el juez había imputado a su cliente. Al igual que el juez Estevill, Piqué Vidal siempre cultivó las relaciones con algunos periodistas y cuando se jubiló de la cátedra de derecho penal de la Universidad de Barcelona envió a cada uno de ellos un cuadro de una serie de pinturas abstractas. Algún compañero lo devolvió al considerar que se trataba de un chantaje y que eso coartaba su libertad profesional. Ciertamente, los condicionantes del periodismo son mucho más complicados de sortear que un simple cuadro.

En el capítulo del segundo libro de memorias de 2009 referido a la querella de Banca Catalana, Jordi Pujol tiene palabras de agradecimiento para Piqué Vidal y Juan Córdoba Roda, un excelente catedrático de derecho penal, a los que muestra su «expresión de gratitud porque aparte de llevar muy bien las gestiones, consiguieron una cosa en aquel momento muy importante: mantenerme al margen, tanto como fuese posible, del día a día de la querella. Yo necesitaba tranquilidad, serenidad y protección para seguir haciendo mi trabajo, que era el de presidente de la Generalitat».

Cuando se publicaron aquellas memorias, hacía ya más de tres años que Piqué Vidal empezó a cumplir condena en la cárcel barcelonesa de Can Brians, casi al mismo tiempo de que lo hiciera Pascual Estevill. Pero en distinta prisión, pues finalmente juez y abogado acabaron enemistados, como ya se visualizó en las sesiones del juicio, en que se daban mutuamente la espalda en el banquillo. El expresidente de la Generalitat omite, por supuesto, cualquier mención en sus memorias a ese caso de corrupción judicial que protagonizó el que había sido su defensor y al que agradece los servicios prestados. En ese mismo paquete, Pujol recuerda también que el diputado de CiU, Miquel Roca, y el secretario general de la Presidencia de la época, Lluís Prenafeta, «se encargaron de seguir las acciones judiciales».

Como se sabe, el primero abandonó la política y dirige viento en popa un despacho de abogados de prestigio que ha tenido como cliente más distinguida a Cristina de Borbón, hermana del actual rey, antigua infanta de España e imputada por el caso que afecta a su marido, Iñaki Urdangarin. En cuanto a Prenafeta, se vio envuelto en varios procedimientos judiciales e investigaciones de la fiscalía. De todos ellos salió indemne y no llegó a sentarse nunca en el banquillo de los acusados. Entre otras explicaciones por la ayuda que encontró en alguna ocasión en Eligio Hernández, un fiscal general del Estado del que ya se trazan algunas peculiaridades en estas páginas.

La trayectoria de Prenafeta es el ejemplo más clamoroso de una época en la que se solaparon sin pudor los intereses económicos personales con las decisiones políticas para favorecer a círculos empresariales afines en la ideología y cómplices en el lucro. Pocos de ellos tan ilustrativos como Javier de la Rosa, el financiero al que Jordi Pujol calificó de «modelo» y que al cabo de unos años acabaría en la cárcel del mismo vocablo por la descapitalización de Grand Tibidabo, el caso en el que estuvo imputado Joan Piqué Vidal, aunque ahora no lo recuerde su memoria. De aquellos vientos de Banca Catalana llegarían después estos lodos delictivos hasta alcanzar el tsunami de corrupción que asola la sociedad catalana y española desde hace años.

El primer caso judicial de relieve que tuvo que afrontar Prenafeta fue a comienzos de la década de 1990, cuando la fiscalía de Barcelona inició una investigación por supuestas incompatibilidades entre su actividad pública y empresarial, después de que el sindicato CNT y un grupo de abogados catalanes le acusaran de aprovecharse de su cargo público para intereses personales en la concesión de servicios y equipamientos para la Generalitat de Cataluña. El llamado «caso Prenafeta» acabó archivado, ironías del destino, por Luis Pascual Estevill, al considerar que no existía delito, y en febrero de 1993 la Audiencia de Barcelona ratificó el carpetazo.

Prenafeta también fue imputado en 1996, junto a una treintena más de personas, entre ellos el hijo del presidente del Comité Olímpico Internacional y expresidente de La Caixa, Juan Antonio Samaranch Salisachs, por el presunto desvío de 30.000 millones de pesetas de la constructora Huarte, que suspendió pagos en 1996. En enero de 2000 declaró en la Audiencia Nacional para explicar los ingresos procedentes de aquella sociedad a empresas con las que tenía vínculos y en mayo de 2001 se produjo el carpetazo judicial.

El que fuera secretario general de la Presidencia de Jordi Pujol también pudo eludir el banquillo de los acusados por una operación financiera realizada por otra empresa con la que estuvo vinculado. El 27 de diciembre de 1991, Kujal compró a Erkimia por 2.127 millones de pesetas dos centrales hidroeléctricas en la provincia de Palencia. Ese mismo día la sociedad Minicentrales Dos, SA, vendió las centrales por 2.807 millones de pesetas a través de la sociedad instrumental Plutao, situada en un paraíso fiscal. En la operación no se tributaron los 679 millones de pesetas de la plusvalía obtenida. Por aquel proceso fue condenado a dos años de prisión y multa de 1,2 millones de euros Joan Anton Sánchez Carreté, el asesor fiscal de la familia Pujol desde 1983, el hombre que durante años ha administrado para sus intereses la información privilegiada de la que disponía gracias a sus relaciones con el poder político y a su proximidad con el poder económico.

Sánchez Carreté fue indultado parcialmente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 31 de julio de 2009. Años después, volvería a ser condenado en el caso de corrupción de los inspectores de Hacienda de Barcelona a dos años y medio de cárcel, aunque el Tribunal Supremo rebajó la pena a dos meses de arresto. El 14 de noviembre de 2014 Sánchez Carreté, militante del Partido del Trabajo de España al inicio de la Transición, volvió a pisar los juzgados. Fue en la Audiencia Nacional, donde declaró como testigo por la causa que se sigue contra Jordi Pujol Ferrusola por delito fiscal y blanqueo de capitales. En su comparecencia ante el juez, con obligación de decir la verdad, aseguró que conoció la existencia de la herencia opaca de Jordi Pujol «unas semanas antes» de la confesión porque el expresidente le pidió consejo. También explicó que, pese a gestionar los asuntos fiscales de la familia, nunca tuvo conocimiento de cuentas bancarias en el extranjero. El testigo relató igualmente que confeccionó las declaraciones del Impuesto de Sociedades de tres de las cinco empresas de Pujol Ferrusola hasta el pasado 2013. Cobraba cinco mil euros anuales y la minuta incluía la redacción gratuita de la declaración del IRPF del vástago mayor de los Pujol y su esposa.¹

En lo que se refiere a Prenafeta, la Audiencia Nacional acordó en diciembre de 2014 que se siente en el banquillo de los acusados por el caso Pretoria de corrupción urbanística, la única causa por la que llegó a pisar la prisión durante poco más de un mes, junto con el exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra. La orden de encarcelamiento la firmó el entonces magistrado Baltasar Garzón y fue una de las últimas operaciones judiciales que dirigió, pues a los pocos meses fue apartado de la carrera judicial y posteriormente condenado y expulsado. Las pesquisas del juez Pablo Ruz se centran en el origen de los fondos que se encontraron a Prenafeta y Alavedra en varios paraísos fiscales.

Los apuntes de los personajes descritos no guardan relación directa con el caso Banca Catalana pero sí pueden considerarse consecuencia de aquel proceso. La patente de corso que se generó con la exculpación fue asimilada en determinadas esferas políticas y económicas. El efecto profiláctico que podría haber producido el Código Penal nunca fue tal. Personajes de una época no tan remota, indicios de delito evidentes y la inoperancia del Estado para atajarlos: sin voluntad política en la lucha contra el fraude fiscal, sin unidades de policía con los medios necesarios, sin una fiscalía reforzada por técnicos en la materia y con juzgados saturados, dedicados más a curar resfriados que a atajar el cáncer de la corrupción que produce metástasis en el sistema democrático.

El abogado Joan Piqué Vidal lo niega, pero durante años fue uña y carne con Lluís Prenafeta más allá de la defensa de los intereses de la Generalitat. Juntos estuvieron también en la aventura empresarial del diario El Observador, que se acabó financiando con dinero de Grand Tibidabo. En la actualidad, Piqué Vidal está retirado de la escena social en Barcelona. Conserva el don de gentes que siempre le ha caracterizado y acepta mantener una entrevista. Es una conversación respetuosa, en ocasiones tensa, en la que el autor tiene la sensación de hacer las veces de fiscal y de interrogar en lugar de preguntar, que es lo que corresponde a un periodista. Piqué Vidal se zafa bien, escurridizo como siempre, en ocasiones con medias verdades y sin dudar en recurrir a la socorrida frase de «no lo recuerdo», tan habitual en las salas de vista en boca de los que ocupan el banquillo.

Este es el relato textual e íntegro de la conversación grabada mantenida en el despacho que sigue teniendo en la avenida Diagonal de Barcelona, ahora llamado 1961 Advocats i Economistes.

Pere Ríos: ¿En qué año conoció a Pujol?

Joan Piqué Vidal: Fue en la época en que Banca Catalana quería comprar bancos fuera de Cataluña.

PR: ¿Cuando Pujol ya era consejero ejecutivo de la entidad?

JPV: No recuerdo ahora el cargo que tenía.

PR: En cualquier caso, fue después de que Pujol saliera de la cárcel.

JPV: Sí, fue después.

PR: ¿Cómo se convirtió en su abogado, teniendo en cuenta que usted procedía de una familia humilde del barrio del Poblenou de Barcelona?

JPV: Ya digo que hacía años que había conocido al señor Jordi Pujol y en el caso de Banca Catalana me llamaron una noche para ver si podía ir a su domicilio porque se acababan de enterar de que los fiscales querían presentar la querella. Pujol supo por un amigo de algún conocido que los fiscales habían ido ese día a Madrid a enseñar la querella que ya tenían escrita o a pedir permiso al fiscal general para presentarla. Estuve varias horas con él aquella noche.

PR: ¿Qué recuerda de aquella noche con Pujol?

JPV: Él estaba con aquel talante fresco de siempre, preocupado por las consecuencias políticas que podía tener la presentación de la querella, pero muy tranquilo.

PR: ¿Cuál fue su primera impresión como abogado defensor al saber que se presentaba la querella?

JPV: Como en cualquier otro tema. Esperar a ver qué dicen, qué pruebas tienen y qué contrapruebas podemos proponer.

PR: ¿Piensa que pudo influir en los jueces que la querella la presentasen dos fiscales que además de prestigio profesional tenían un pasado antifranquista, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena?

JPV: Eran dos fiscales de mucho prestigio, ambos profesores universitarios, con una gran formación jurídica, y eso sí que podía tener peso. Los antecedentes políticos de ambos creo que no intervinieron.

PR: ¿La querella fue instigada por el Gobierno?

JPV: Es muy posible.

PR: Felipe González y varios dirigentes socialistas lo han desmentido muchas veces, e incluso han asegurado que estaban en contra de la querella.

JPV: Si por Gobierno entendemos el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros, seguramente no. Si por Gobierno entendemos toda una masa de gente de un partido político, de una ideología que algunos quieren que eso pase, es diferente.

PR: El Banco de España envió los primeros inspectores a Banca Catalana en octubre de 1980 y la querella se presenta en mayo de 1984.

JPV: El Banco de España hacía inspecciones periódicas a todos los bancos. Pero cuando el tema del Banco de los Pirineos, ya estaba con un ojo puesto en los bancos de Cataluña. Antes se fijaron también en la Banca Mas Sardà.

PR: ¿Usted cree que Jordi Pujol se enriqueció con Banca Catalana?

JPV: Estoy seguro de que no.

PR: En el sumario aparece que Pujol vendió casi todas sus acciones antes de que se devaluaran, contrató depósitos a plazo utilizando sociedades instrumentales, y se benefició de créditos ficticios y de pagos de dividendos ilícitos, entre otras operaciones.

JPV: Igual que mucha gente que tenía depósitos a plazo en Banca Catalana y hacía operaciones allí.

PR: Pero algunos directivos de Banca Catalana y también querellados, como Jaume Carner, se arruinaron, mientras que Jordi Pujol vendió todas las acciones antes de que pasaran a valer «menos que cero», en expresión de la fiscalía.

JPV: Eso no lo sé. Lo que sí sé es que el señor Carner se había arruinado antes con unos negocios que tenía. Eso me consta.

PR: Y con Banca Catalana también se arruinó.

JPV: No, ya estaba arruinado antes, no se arruinó por Banca Catalana.

PR: ¿Qué piensa del pago de dividendos, que la fiscalía considera ilícitos, a los directivos de Banca Catalana y especialmente a Jordi Pujol como principal accionista que era, durante siete años, mientras que la entidad estaba en graves pérdidas?

JPV: Esto no se llegó a acreditar nunca. Piense que en el mundo de la banca en aquel momento se pagaban muchos intereses en negro y lo justificaban como podían. Si la gente tiene memoria se ha de acordar de que cuando había una imposición importante, aparte del dividendo que daba el Banco de España por tener capital los bancos daban una rentabilidad en negro y eso se tenía que justificar de alguna manera. Pero lo que usted me pregunta no lo recuerdo.

PR: Pagar dividendos a los accionistas con la empresa en pérdidas no estaba permitido por la ley y la fiscalía dice que constituía una concreción del delito de apropiación ilícita.

JPV: Yo lo que le digo es que es posible que se dijera que eran dividendos cuando en realidad eran los extratipos que se pagaban a muchos ciudadanos catalanes.

PR: Son dos cosas distintas. Una cosa es el tipo extra de interés que se pagaba a los clientes que tenían depósitos y otra los dividendos que se abonaban a los accionistas cuando el banco estaba en pérdidas notables.

JPV: Pero se ha de justificar de alguna manera y no sé si esa era la manera de justificarlos.

PR: Los depósitos a plazo que contrató Pujol, su esposa y los familiares de ambos ¿se ajustaron todos a la legalidad?

JPV: Yo creo que sí.

PR: Se emplearon sociedades instrumentales para contratar esos depósitos con dinero de la caja B. ¿Lo recuerda?

JPV: No.

PR: La última operación que consta en el sumario referida a Jordi Pujol es una donación de acciones a la Fundació Catalana, de manera irregular.

JPV: No me acuerdo de eso, hace treinta años.

PR: ¿Cómo recuerda la instrucción del caso?

JPV: Muy seria, quizás demasiado voluminosa. A veces cuando se escribe mucho y se quieren aportar muchos testigos que todos dicen lo mismo la causa se va inflando de papeles y después cuesta mucho esclarecer lo que es paja y lo que es verdad. Declararon centenares de personas.

PR: Hay quien dice que Ignacio de Lecea no era el mejor instructor, porque hacía 25 o 30 años que no había instruido un proceso penal. ¿Usted cree que lo hizo bien?

JPV: A mí me daba mucho miedo el señor De Lecea, porque me explicaron que una vez yendo por la autopista había dicho: «Estos ponen sortida y no sabemos cuándo está la salida».

PR: Yo le preguntaba por la experiencia del magistrado en el derecho penal, no por sus convicciones.

JPV: Todos los magistrados tienen experiencia. Si no, ningún magistrado del Tribunal Supremo podría instruir una causa.

PR: Se lo pregunto de otra manera. ¿Cree que Ignacio de Lecea era la persona apropiada para instruir un proceso penal tan complejo como Banca Catalana?

JPV: Si no hacía falta saber derecho penal, al revés. Cuanto más derecho civil y más derecho mercantil supiera, mejor para el tema.

PR: ¿Es cierto que usted hizo una lista con los nombres de los jueces que votarían a favor de la exculpación y se equivocó solo en dos casos?

JPV: Yo y mucha gente hacíamos quinielas y nos preguntábamos qué haría este o aquel magistrado.

PR: Se equivocó por muy poco.

JPV: No me acuerdo. Bueno, siempre puede haber sorpresas. Un magistrado llegó tarde, cuando ya estaba empezada la votación.

PR: El día de la votación usted almorzó con el periodista Josep Martí Gómez. Este escribió un artículo en La Vanguardia en el que refleja que su quiniela fue casi calcada a los 33 jueces que votaron a favor de la exculpación.

JPV: Puede ser, puede ser.

PR: En aquella época se decía que Piqué Vidal tenía tanta influencia en la judicatura que cuando llegaba un juez a Barcelona usted le ofrecía vivienda a un precio muy asequible.

JPV: Bien, esto no tiene nada que ver con Banca Catalana. Si venía un magistrado nuevo a la Audiencia de Barcelona e iba un poco perdido alguien le decía: «A lo mejor el señor Piqué te puede facilitar piso a través de una entidad».

PR: Lo hizo más de una vez.

JPV: Sí, lo he hecho siempre que alguien me ha pedido un favor para que le busque piso que no sea muy caro, sea magistrado, ingeniero o arquitecto.

PR: Dicen que incluso iba al despacho del juez a enseñar los planos de los pisos para que pudiera elegir.

JPV: No, eso no es verdad.

PR: Algunos de los jueces que votaron a favor de la exculpación de Jordi Pujol siguieron teniendo luego con usted una muy buena relación personal y profesional. Tanto, que acabaron en su despacho una vez jubilados de la judicatura.

JPV: Bueno, algún magistrado que se jubiló vino al despacho después, quizás fue solo Adolfo Fernández Oubiña y otro que habían expedientado.

PR: ¿ Joaquín García Lavernia, que acabó en la cárcel?

JPV: No, el que estaba con él.

PR: Lorenzo Penalva, que también entró en prisión.

JPV: Sí. Era una ayuda que les ofrecí. Me dijeron: «¿Puedo venir al despacho y mirar papeles?». Pues sí.

PR: Después del caso Banca Catalana usted se revalorizó como abogado y quedó como defensor del Gobierno de la Generalitat y de Convergència. No había caso que les afectara y que usted o su despacho no estuviera como abogado defensor. Por ejemplo, el caso Casinos sobre supuesta financiación irregular de CDC.

JPV: Yo era abogado de Casinos de Cataluña desde su fundación. Que recuerde, de la Generalitat solo me encargaron un tema que afectaba a un consejero de la Generalitat, en un juzgado de Terrassa. Y nada más.

PR: ¿Siguió viendo a Jordi Pujol tras la exculpación?

JPV: Nos vimos alguna vez más.

PR: ¿Pagó los honorarios?

JPV: Yo no hice ninguna factura. Bueno, quizás hice una factura de una peseta porque me la pidieron.

PR: ¿No cobró nada?

JPV: No hice ninguna factura.

PR: ¿Y Juan Córdoba Roda y Jordi Carreras Llansana, que también eran abogados defensores?

JPV: Eso ya no lo sé. A mí me pagaron con una cena en la que estaba el señor Córdoba y un consejero de la Generalitat. Fuimos con las esposas.

PR: ¿ Jordi Pujol también estaba?

JPV: Sí, en la Casa dels Canonges.

PR: ¿De qué hablaron?

JPV: Creo que hablamos del tiempo más que de otra cosa.

PR: ¿Fue a los pocos días de la exculpación?

JPV: No. Fue unos meses después, no inmediatamente. Yo no pasé ninguna minuta y si me la pidieron fue de una peseta.

PR: ¿Es cierto que Jordi Pujol nunca designó formalmente abogado?

JPV: Sí. Para mí, la figura del presidente es una institución muy importante, y yo había mamado de mis padres lo importante que era la Generalitat de Cataluña. La ley en aquel momento no obligaba a designar abogado hasta que no se había acabado la instrucción y el caso se elevaba a la Audiencia, y me pareció que era mejor que para la historia futura quedara que Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, no había tenido abogado. Y si miras la declaración que prestó en la Casa dels Canonges ante el juez instructor, los fiscales, el secretario judicial y la oficial que escribía a máquina, el profesor Córdoba y yo, se verá que estuvimos presentes, pero formalmente no hay ninguna designación en favor de ningún de abogado ni de ningún procurador.

PR: ¿Por qué?

JPV: Simplemente para que la Generalitat tuviera la cara muy limpia, dentro de un siglo o de dos, unos años o lo que fuera.

PR: ¿No estaba incurriendo en fraude procesal?

JPV: No, no, porque la ley solo exigía que, si se procesaba, a los menores de edad penal se les nombrase un abogado de oficio.

PR: Por tanto, Pujol podía haber sido procesado sin nombrar abogado.

JPV: Sí.

PR: ¿Cómo preparó con su cliente esa declaración ante el juez instructor y los fiscales?

JPV: Fuimos a primera hora a la Casa dels Canonges Juan Córdoba y yo. Nos recibió el señor Prenafeta y hablamos con Pujol. Le dijimos cómo tenía que ser la declaración, que no se alargase mucho en las respuestas, esas cosas normales que se dicen siempre a los clientes, que no se molestase si alguna pregunta le parecía que estaba fuera de tono, que se lo tomase con calma. Y como sobraba mucho tiempo hasta que llegase la comisión judicial, me dijo: «¿Y ahora que he de hacer?». Y yo le dije: «Pues cómase un bocadillo de jamón». Y se lo comió.

PR: ¿Ahora que han pasado más de 30 años, puede explicar si se guardó alguna carta en caso de que Jordi Pujol hubiese sido procesado?

JPV: Había una carta que nos podíamos guardar, una teoría que tenía como profesor de derecho procesal penal. Y era que el tribunal que decidió la exculpación no debía estar formado solo por magistrados que estaban en Barcelona, sino por magistrados destinados en toda Cataluña, porque era la Audiencia Territorial de Barcelona y como tal era el Tribunal Superior de Cataluña. Pero nunca convocaron a los magistrados destinados ni en Tarragona, ni en Lleida ni en Girona. Esto es todo. Yo digo lo que pasó.

PR: Está diciendo que en caso de procesamiento de Jordi Pujol se hubiera podido impugnar la decisión por un defecto de forma.

JPV: En aquel momento es posible que se hubiera podido impugnar y volver a otra votación, de aquellas votaciones eternas que se hacían.

PR: Por una constitución defectuosa del tribunal.

JPV: Sí. Pero eso era una idea muy personal mía.

PR: Lógicamente, nunca advirtió de ese defecto procesal y se guardó esa carta.

JPV: Bueno, yo no era el encargado de velar por la pureza del procedimiento, precisamente. ¿Le gusta la idea?

PR: A lo mejor no hacía falta que advirtiera de ese supuesto error porque conocía muy bien a los árbitros y sabía que tenía el partido ganado.

JPV: Me daba tanta confianza que los acusados que yo conocía me dijeran que no se habían metido ni cinco céntimos en el bolsillo y que todo estaba bien, que en lugar de ser el abogado el que le dijera a los clientes que saldrá bien, eran los clientes los que me decían a mí «es que tiene que salir bien». Hablo de los señores Cabana, Vilaseca, Casablancas, etcétera.

PR: Los acusados le decían que no habían metido mano en la caja, pero Jordi Pujol ha confesado, al cabo de 34 años.

JPV: De Banca Catalana no ha confesado nada.

PR: No, de un dinero que tenía oculto.

JPV: Un dinero que tenía su padre y que no era para él, sino para los hijos y para su mujer, según parece. Yo no he visto ningún documento.

PR: ¿Pujol nunca le dijo nada de ese legado?

JPV: No.

PR: ¿El origen del dinero de ese supuesto legado guarda alguna relación con Banca Catalana?

JPV: Creo que no.

PR: ¿Por qué cree que no?

JPV: Porque no creo que el señor Pujol metiera mano en la caja.

PR: Los informes del Banco de España dicen que realizó operaciones muy beneficiosas.

JPV: No, pero a ver, a ver...

PR: Ya sé que son dos cosas diferentes, su responsabilidad como directivo de Banca Catalana y las operaciones que le beneficiaron a él personalmente.

JPV: Sí, correcto.

PR: Pujol no se arruinó con Banca Catalana a diferencia de los accionistas e incluso de algunos directivos de la entidad porque cuando llegó la devaluación de las acciones ya se lo había vendido todo.

JPV: Bueno, es que la gente que tenía acciones perdió el dinero. Y Pujol también.

PR: Pujol perdió poco dinero en acciones.

JPV: Perdió, perdió.

PR: ¿Qué recuerdo le queda del caso, 30 años después?

JPV: Quizás lo que diría es que los políticos, si no tienen memoria, son poco agradecidos.

PR: ¿ Jordi Pujol fue desagradecido con usted?

JPV: Él no. Ve, una cosa que podían haber hecho hubiera sido encargarme casos después de lo de Banca Catalana, cosa que no hicieron.

PR: Usted y su despacho llevaron varios casos penales que afectaban a la Generalitat.

JPV: No, no llevé ningún caso de la Generalitat. Ya he dicho que defendí a un consejero por un tema que tenía en Terrassa y para de contar.

PR: ¿Por qué cree que pasó eso?

JPV: No lo sé. Quizás fue culpa mía, porque no soy de esos que va mendigando, «quiero trabajo, quiero trabajo».

PR: Jordi Pujol le deja bien en sus memorias.

JPV: Bueno, es que no hay motivo para que no me deje bien. Lo mantuve informado de la marcha del proceso en todo momento, que es lo que quiere el cliente.

PR: ¿Cuánto hace que no ve a Pujol?

JPV: Quizás haga dos años. Sé que le vi un mes de agosto, pero no sé si era de hace dos o tres años.

PR: ¿No ha telefoneado a Pujol desde entonces?

JPV: No. Si no parecerá que busco trabajo, y yo ya estoy jubilado.

PR: Pero sigue ejerciendo.

JPV: Sí, estoy como abogado ejerciente en Madrid, pero estoy trabajando en mis memorias, para que la gente quede contenta y bien.

PR: ¿Dispara con bala?

JPV: No, digo lo normal que se ha de decir a la gente.

PR: Usted pasó de ser un abogado prestigioso a acabar condenado y entró en prisión por el llamado caso Estevill.

JPV: Sí, es verdad.

PR: ¿Cuál es su explicación de todo aquello?

JPV: Pues que si el señor Estevill tuviera un poco de sentido común diría la verdad y que declaró lo que declaró en mi contra porque alguien le dijo que lo tratarían mejor. Si no fuese por eso, a mí no me habrían condenado de ninguna manera.

PR: ¿Está diciendo que se dejó engatusar por la fiscalía?

JPV: Seguramente.

PR: ¿Niega el «plan insidioso» que, según el Tribunal Supremo, orquestaron el juez Estevill y usted para chantajear a los empresarios?

JPV: Sí.

PR: Estevill y usted acabaron mal.

JPV: Es que nunca tuve una buena relación con el señor Estevill, en contra de lo que la gente pueda pensar. Y eso ya viene del tema de la quiebra de una empresa textil en Barcelona de los señores Viladomiu, en el que éramos contrarios acérrimos.

PR: Estevill era entonces abogado.

JPV: Sí, era abogado contrario mío, y para acabarlo de arreglar se llevó a su despacho a un catedrático de derecho canónico que yo había conseguido que viniera a mi bufete. Pero, eso sí, Estevill acompañaba en coche cada día al catedrático a dar clases a la facultad.

PR: Usted lo niega todo.

JPV: No, hay cosas que no.

PR: ¿Niega haber delinquido con el juez Estevill?

JPV: Sí, eso sí.

PR: ¿Estevill tampoco delinquió?

JPV: Eso ya no lo sé.

PR: Pero pasaron muchas horas juntos en el despacho del juez cuando investigaba los casos más sonados. Usted sabe lo que pasó pero no lo quiere explicar.

JPV: No quedaba más remedio que estar a menudo en el juzgado, porque yo tenía muchos clientes y tenía miedo de que Estevill me los metiera en la cárcel, como me metió a más de uno.

PR: ¿Los encarceló porque sus clientes no pagaron el chantaje o porque no pagaron lo que se les había pedido?

JPV: No, porque no pagaron. Yo no me planteé nunca que los clientes tenían que pagar, eso no se lo puede plantear uno nunca, yo no pensaba que él cobrase.

PR: Volviendo al tema de su influencia en los jueces. En el asunto de Grand Tibidabo usted estaba imputado y era el defensor del principal acusado, Javier de la Rosa. Además, su esposa le llevó el divorcio al juez instructor y su hija fue designada perito judicial en ese juzgado. Usted al final acabó exculpado. ¿No cree que es todo muy sospechoso?

JPV: Yo no he tenido ningún proceso con este señor.

PR: Usted estuvo imputado en el caso Grand Tibidabo.

JPV: Nunca.

PR: Sí lo estuvo, basta mirar las hemerotecas. Y defendió a Javier de la Rosa, en una época en que decía: «No me acuesto nunca sin hablar con mi abogado».

JPV: Cuando acabó el tema judicial, me enteré un día de que el juez era cliente de mi esposa.

PR: Y su hija también fue perita en ese juzgado.

JPV: A mi hija la nombraban perita caligráfica en 50 juzgados, en Barcelona, en Andorra y en muchos sitios.

PR: ¿Lleva algún asunto ahora en Barcelona?

JPV: No, no he pisado aún los juzgados de la Ciudad de la Justicia.

PR: Antes ha dicho que sentía cierta amargura con los políticos.

JPV: Sí, he llegado a la conclusión de que los políticos son como los banqueros: no tienen memoria.

PR: Y si se es político y banquero, mucho peor todavía.

JPV: Sí, es mucho peor todavía.

PR: Después de tantos años de ejercicio, aceptará que la opinión que ha quedado en la sociedad de su figura es la de un personaje peligroso, cuando menos.

JPV: Después de haber pregonado en las aulas universitarias que se había de ser muy noble y muy leal, lo único que me preocupa es la opinión que hayan podido sacar mis alumnos de aquello que yo les quería inculcar.

PR: ¿Quién es el peor contrario de su vida profesional? ¿Quizás algún fiscal?

JPV: Dos fiscales muy duros y peligrosos. Uno era Nicolás de las Peñas y otro, el señor Romero de Tejada, el padre del actual fiscal superior de Cataluña. Era una época diferente, tanto, que los abogados aparecíamos cuando la causa ya estaba acabada. Eran unos fiscales durísimos, en el sentido de que si podían pedir diez años de cárcel no pedían seis y ejercían una gran presión, siempre estaban apretando.

PR: ¿Más duros que Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena?

JPV: Son estilos totalmente diferentes. Los señores Villarejo y Mena siempre han intentado respetar el criterio de la ley, no he visto nunca que atosigaran a nadie para que dijera lo que ellos querían hacerle decir. Lo que me preocupa es que un fiscal fuerce la máquina porque no oye lo que quiere y apriete y apriete. Ellos siempre han tenido un gran respeto por los derechos de los ciudadanos. Otra cosa es que haya gente molesta que piense que alguna de las cosas que hicieron esos dos fiscales fue por sus ideas políticas y no buscaban la verdad, pero eso no afecta a los derechos de los ciudadanos.

PR: Después de la exculpación de Pujol el caso no acabó.

JPV: Dos años después fueron exculpados el resto de las personas. Entonces había una acusación particular, que se decía que estaba pagada por un partido político, que recurrió el archivo ante el Tribunal Supremo, que volvió a decir que estaba bien archivado y así se acabó el caso Banca Catalana.

PR: Por tanto, ¿se podría haber reabierto el caso?

JPV: Sí, si el Supremo hubiera revocado el archivo, se habría reabierto el proceso.

PR: Esto no lo he leído en ningún sitio. ¿Sabe alguna cosa que no se haya dicho aún?

JPV: No, no, lo que pasa en que con cada caso aprendes. Banca Catalana era un caso nuevo y a mí me gustaba por lo que representaba del derecho penal. Todos íbamos a tientas. Recuerdo una tarde del domingo al señor Pujol escribiendo a mano su primera declaración, emborronando hojas y más hojas, porque era un hombre muy conciso en lo que escribía. Y después no sirvió de nada, porque la fiscalía recurrió y tuvo que declarar de palabra.

PR: Pero en la causa consta una declaración escrita.

JPV: Es posible, pero quedó sin efecto y fue sustituida por la declaración in voce que hubo de volver a hacer.

PR: Ni Pujol ni usted querían declarar ante los fiscales, sino por escrito.

JPV: Sí, nos parecía que era más tranquilo declarar por escrito.

PR: Si Pujol le llamase ahora y le encargase su defensa, ¿lo defendería?

JPV: Como no se dará el caso, no hace falta ni que lo planteemos. A un abogado de 81 años según qué ya no se le encarga.

«YO NO ME VOY A MIRAR EL SUMARIO»

Fue el hijo de aquel tendero de ultramarinos del barrio del Poblenou de Barcelona que llegaría a abogado quien dirigió el equipo jurídico que defendió a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Nadie como Joan Piqué Vidal sabía moverse por los juzgados y nadie como él muñía las, en ocasiones turbias, relaciones entre el poder político, empresarial y judicial. En esa tesitura, cuando se celebró el pleno de la Audiencia Territorial del 21 de noviembre de 1986, la suerte estaba echada a favor del presidente de la Generalitat y la mayoría de los jueces tenían muy clara la exculpación. «Cuentan, nosotros no estábamos, que Piqué Vidal estaba fuera de la sala viendo y siendo visto. Discretamente desde fuera, pero se sabía desde dentro que estaba fuera, lo cual es un dato», recuerda el exfiscal José María Mena.

Buena parte, si no la mayoría, de los 41 magistrados que formaron el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona votaron aquel día sin mirarse el sumario y sin valorar las pruebas aportadas en el proceso, que es la exigencia que debería cumplir un magistrado. Con independencia del sentido de su decisión, a favor de la exculpación o del procesamiento, muchos de aquellos magistrados no mostraron el más mínimo interés en conocer los hechos supuestamente delictivos relatados por el escrito de la fiscalía y fundamentados en los informes del Banco de España elaborados a partir de la contabilidad de Banca Catalana, no de documentos imaginarios.

Cinco de los magistrados que participaron en aquella votación han accedido a explicar sus recuerdos de aquel día. Tres siguen en activo y dos están jubilados. Tienen visiones muy distintas de lo ocurrido, en ocasiones contrapuestas, pues tres votaron a favor de exculpar a Jordi Pujol y dos se mostraron favorables a procesarlo. Sin embargo, en casi todos existe un punto de coincidencia en reconocer el escaso interés mostrado por parte de sus compañeros acerca del conocimiento de la causa. Unos lo reconocen abiertamente ante el micrófono y otros cuando su voz no queda registrada.

Margarita Robles era la más joven de los jueces del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y emitió uno de los ocho votos a favor del procesamiento. Fue la primera mujer de España en presidir una Audiencia Provincial, la de Barcelona, y desde ese cargo enjuició diversos casos de trascendencia mediática. Uno de los que más expectación generó fue el de unas transfusiones con sangre contaminada con el virus del sida que se realizaron a dos pacientes en el Hospital de Bellvitge. El juicio finalizó un sábado a mediodía, día insólito en el quehacer judicial, y al lunes siguiente Robles acudió al despacho con la sentencia condenatoria redactada. Aquella vista, celebrada en 1989 fue una de las últimas en las que el fiscal José María Mena subió al estrado.

Debería ser obligatorio para los estudiantes de derecho penal el visionado de aquellas y otras sesiones de juicios con Mena y Villarejo de fiscales y con presidentes del tribunal como Robles, Guillem Vidal o Josep Maria Pijuan, entre otros. Sin duda, a los futuros abogados penalistas les resultarían más provechosas en el futuro esas horas que las que puedan dedicar a la memorización del Código Penal.

Margarita Robles: Ahora es mucho más normal que algunos casos judiciales tengan un trasfondo político, pero entonces era muy novedoso. No sé quién, pero alguien hizo llegar a los magistrados que componían el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona que estaban siendo utilizados en una lucha política entre los socialistas y Convergència y que para ello se estaba empleando el procedimiento judicial por el simple hecho de la interposición de la querella. Es lo que hoy llamamos la politización de la justicia y la judicialización de la política.

Pere Ríos: ¿Qué jueces decían que no querían ser instrumentalizados en esa supuesta lucha política?

MR: La inmensa mayoría de los que formaban parte del pleno de la Audiencia Territorial que iban a decidir sobre Jordi Pujol.

PR: ¿Incluidos los supuestos progresistas?

MR: No. Me refiero a los demás, que no eran progresistas y eran los más numerosos. Recuerdo perfectamente a un compañero muy cualificado que me dijo: «A mí no me va a utilizar políticamente nadie y lo que quieren hacer con este procedimiento es una utilización de la justicia». La frase la dijo en la barra del restaurante Ciutadella [situado junto al Palacio de Justicia de Barcelona] donde íbamos todos los días muchos magistrados a tomar el aperitivo. Yo planteé que había que mirar el caso con detenimiento, que a mí me estaba llevando mucho tiempo leerlo y subrayarlo todo y que no era tan fácil decir que se trataba de una utilización política. Y este magistrado volvió a decir lo mismo y algún otro que estaba en ese coro dijo: «Yo, por supuesto que no me voy a mirar todos los papeles, porque estoy de acuerdo contigo en que este proceso es una utilización política de la justicia».

PR: ¿Esa opinión era mayoritaria?

MR: Los magistrados de más prestigio que había entonces en la Audiencia mantenían esa tesis y otros pensaban como el viejo juez: que si para demostrar que se ha cometido un hecho delictivo hay tantísimos folios y folios es que no está claro. Y había otro que decía: «Yo siempre he dicho que cuando hay que hacer muchas diligencias y no aparece muy claro el delito es que no hay nada».

PR: ¿Esa afirmación la hacían después de haber leído los informes del Banco de España o las periciales de la defensa? ¿Hacían referencia a algún documento que les hiciera llegar a la conclusión de que no existía delito?

MR: Para nada. Partían de la base de que se quería utilizar a los magistrados y que era evidente que no había delito sin leerse la documentación porque había muchos papeles.

PR: Dicho así resulta vergonzoso. El juez puede decidir lo que considere, pero a partir de la valoración de la prueba del proceso, ¿no?

MR: Sí. Me parece escandaloso que los jueces no se mirasen los papeles. También es verdad que la obligación de la parte acusadora es ir al grano de la prueba, y no lo digo por los fiscales, sino porque hubo una instrucción excesiva. No puedes tener a 40 señores para mirarse una prueba que llena la mitad de una pared. Eso está condenado a que no salga adelante. Ahora hay otros medios. Entonces había tomos y tomos de fotocopias reproducidas hasta ocho veces. Aquello era muy farragoso de mirar. La instrucción fue un desparramo. En lugar de sacar lo que había que sacar, el instructor hizo un acopio de prueba documental repetida muchas veces. Había tomos y tomos de poderes notariales pero a lo mejor en la mitad de un tomo se incluía una pericial importante.

PR: ¿Ese argumento de sentirse utilizados políticamente afloró días antes del pleno o se fue incubando?

MR: Ya lo decían durante la instrucción de la causa, mucho antes de que se señalara el pleno. Era un razonamiento muy mayoritario. Jordi Pujol estuvo muy hábil cuando al conocerse la querella dijo que aquello era un proceso a Cataluña. Eso caló en los jueces y aunque yo estoy de acuerdo en la tesis de que los socialistas no querían que prosperase la querella, los jueces veían a Mena y Villarejo como la izquierda de la izquierda de todas las izquierdas y que, por tanto, había una operación de las izquierdas contra Cataluña. Y luego había dos magistrados que suscribieron el voto particular a favor del procesamiento porque eran absolutamente antinacionalistas.

PR: ¿Quiénes eran?

MR: Uno de ellos ya murió, pero prefiero no dar nombres. Esos dos votaron también en sentido contrario a la mayoría, pero por convicción antinacionalista, no porque creyeran que pudiera haber delito, sino porque todo lo que venía de Convergència era malo.

PR: Es decir, que el pleno de la Audiencia Territorial fue un puro trámite y la decisión ya estaba tomada.

MR: Sí. Cuando se llegó al pleno todo el mundo sabía lo que iba a pasar y se vio rápidamente que la querella no iba a ninguna parte porque la mayoría de los jueces ya tenían el convencimiento de no procesar a Jordi Pujol. Fue todo muy rápido, se hizo una votación y salió en los términos que ya se sabe de 33 votos frente a ocho.

PR: ¿Cómo transcurrió la deliberación?

MR: Habló primero el ponente, que fue Vicente Navarro, quien expuso las razones por las que veía que no debía acordarse el procesamiento y luego hablamos los que entendíamos que sí. Fue Antonio Doñate el que dijo: «Hombre, esto no lo podemos terminar en media hora porque haya gente esperando la decisión». Pero la deliberación sobre si Pujol cometió delito no duró mucho. Lo que se prolongó más fue el voto particular.

PR: ¿Quiere decir que una decisión tan trascendente como si se procesaba o se exculpaba al presidente de la Generalitat apenas se deliberó?

MR: Así fue. Yo planteé que haría un voto particular para exponer a la opinión pública las razones de los que pensábamos que había que acordar el procesamiento y que se le diera publicidad y entonces se produjo un debate encarnizado sobre si eso era posible. Hoy en día nadie duda de que cualquier resolución judicial es pública pero en aquel entonces era más que discutible, porque la concepción de la instrucción era distinta. Yo entendía que sí y expliqué las razones jurídicas. Y un magistrado, Luis María Díaz Valcárcel, que era el hombre más cercano a Convergència del tribunal y que era respetado y buen jurista, defendió a muerte que no cabía el voto particular al auto de exculpación. Él representaba las grandes esencias de la judicatura y yo era la más joven [30 años]. Al final se votó que sí cabía voto particular y gané.

PR: ¿Por qué hubo tanto reparo en que se conocieran los argumentos de la minoría a favor del procesamiento?

MR: Ellos sabían perfectamente que la querella se iba a archivar, pero lo que no querían bajo ningún concepto es que hubiera un voto particular, porque en ese caso se pondrían de relieve los argumentos que no compartían. La discusión con Díaz de Valcárcel fue muy enconada, incluso brusca en algunos momentos, pero lo importante es que al final se supo por qué defendíamos el procesamiento. Y luego hubo otro voto particular de José Manuel Bandrés.

PR: Bandrés votó a favor de la exculpación con un voto particular concurrente.

MR: Sí, votó por la exculpación con una tesis que a mí no me convenció nada, con no sé qué del Tribunal Europeo y no sé cuántas cosas.

PR: ¿Qué influencia tuvo en el resto de los magistrados la decisión del ponente de exculpar a Pujol?

MR: De la misma manera que hubo algún voto a favor del procesamiento porque nosotros convencimos a algunos compañeros, muchos votos en contra fueron porque los magistrados se fiaban del ponente. Y si además es un proceso con una documental absolutamente inabarcable, pues más todavía. El instructor de la causa, Ignacio de Lecea, no instruyó. Se dedicó a hacer acopio de material, sin decir esto es relevante y aquello no lo es.

PR: No era el mejor instructor que se pudo designar.

MR: No. Ignacio de Lecea era un buen magistrado de la Sala de lo Civil, pero que no había tocado un proceso penal hacía mucho tiempo. Es verdad que estamos hablando de hace 30 años y que no había los pocos medios que ahora tiene la justicia, ni el apoyo de la policía judicial. Yo no sé si Ignacio de Lecea instruyó alguna vez un asunto de joven, pero sí sé que llevaba muchos años sin instruir un sumario. Y el de Banca Catalana era un sumario muy farragoso y él hizo un corta y pega, no una investigación dirigida al esclarecimiento de los hechos.

PR: ¿Qué criterio se siguió para designarlo?

MR: No lo sé. Tenía que ser un magistrado del pleno y quizás el de mayor antigüedad.

PR: El abogado Piqué Vidal explica que si se hubiera acordado el procesamiento podría haber invocado la nulidad por la composición del pleno de la Audiencia Territorial, porque considera que debía estar constituido también por magistrados de Girona, Lleida y Tarragona y que eso no sucedió.

MR: No recuerdo si eso tenía que ser así. Lo que sí recuerdo es que nadie cuestionó la composición del tribunal, ni las acusaciones ni las defensas. Por tanto, se está dando por supuesto que está debidamente constituido. Esa reflexión sobre la nulidad me sorprende.

PR: Piqué Vidal admite que no dijo nada y que se guardaba esa carta en función del resultado de la votación.

MR: Bien, sería una carta que se guardaría, pero que no hubiera ido a ninguna parte.

PR: ¿Volvieron a hablar de este tema entre los magistrados?

MR: No. También entonces la sociedad era distinta y hace 30 años no se habían destapado casos de corrupción. En el pleno había gente de todo, desde los antinacionalistas a ultranza, que quisieron pasarle factura a Jordi Pujol, hasta la gente de buena fe que creía que no había delito, sino una mala praxis bancaria. Otros eran gente muy politizada de la derecha a la que le bastaba que el caso viniera de Mena y Villarejo para decir que no. Todo eso unido a que no había costumbre en los jueces para abordar un tema así y a que la instrucción fue demasiado complicada. Se juntó todo. Ahora un asunto que va a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo deciden solo jueces de lo penal, no de civil. La composición del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona no tenía ningún sentido.

PR: ¿Qué recuerdo le queda de aquel día al cabo de casi 30 años?

MR: Fue mi primera experiencia y estaba muy indignada porque no entendía que los jueces no se mirasen los papeles o que fueran a deliberar al pleno sin estudiarlos y que se zanjara de aquella manera un tema de tanta trascendencia.

PR: De los jueces se espera que sean independientes y que hagan bien su trabajo al margen de la identidad del acusado.

MR: Sí, no trato de justificarlos, pero la instrucción fue como fue. No estamos en los parámetros de ahora. A mí no me valía un extracto de la causa, eso no me convence. Como juez quiero ver todo el procedimiento y confrontar los argumento de unos y otros.

PR: ¿Diría que fueron mayoría los jueces que votaron sin estudiar la causa?

MR: De los que se miraron el procedimiento, pienso que la mayoría lo hizo en diagonal.

PR: ¿Por qué actuaron así?

MR: Ya he dicho antes que se sentían utilizados políticamente y que pensaban que, si la causa era tan voluminosa, no había delito. Había gente de todas las jurisdicciones: penal, contencioso y civil. Lo que la fiscalía consideraba falsedad o estafa, ellos lo centraban en el aspecto civil y argumentaban el vicio del consentimiento y la nulidad del negocio jurídico. Algunos compañeros de lo civil llegaron a la conclusión de que las operaciones bancarias podían ser nulas, pero no necesariamente delictivas. Hubo gente que sí se miró los papeles.

PR: Usted venía de la jurisdicción penal. ¿Tenía claro que había indicios de delito?

MR: Clarísimamente. Ahora no puedo precisar los detalles, porque ha pasado mucho tiempo, pero sí sé que durante años estuve recordando ejemplos del caso. Aquel debate fue mi entrada en sociedad, me estrené como jurista y era la roja del grupo. También estaba Doñate, pero él llevaba más tiempo. En el caso Banca Catalana había indicios para, por lo menos, procesar a Jordi Pujol.

PR: ¿Y contra el resto de los querellados?

MR: Tanto no puedo precisar, pero contra Jordi Pujol, seguro.

PR: Los ocho magistrados que votaron a favor del procesamiento eran también de diversas sensibilidades.

MR: Sí, era un grupo, el de los ocho, mayoritariamente conservador, salvo Antonio Doñate y yo, que podíamos estar un poco más politizados. El presidente de mi sala, Ángel de Prada, era un tipo espléndido y honesto. Él no lo veía claro, pero yo le expliqué y lo convencí para que votara a favor del procesamiento. Después estaban José Presencia, Santiago Raposo y Mercedes Moradas, que formaban la Sección Quinta y a los que también convencimos. Sin duda, también hubo un tema personal en la decisión.

PR: ¿Influyó Joan Piqué Vidal de alguna manera en la decisión de los magistrados?

MR: Es posible, pero no me atrevo a hacer especulaciones. Lo que sí oí muchas veces es que algunos magistrados decían: «A nosotros no nos van a utilizar para una operación política». ¿Quién les había transmitido eso? Si habían sido los medios de comunicación, los abogados o probablemente algún magistrado que tenía relaciones con Convergència, no lo sé. Tengo mi propia opinión, pero como no tengo pruebas no lo voy a decir.

PR: Fernando Ledesma asegura que Pujol siguió siendo afable con él en los años posteriores a la acusación cuando coincidían en algún acto. ¿Y en su caso?

MR: Conmigo no. Yo luego con el resto de la gente de Convergència he tenido buena relación. Fue Pujol quién hizo todo lo posible para que no saliera elegida presidenta de la Audiencia de Barcelona, porque creo que se lo tomó como un tema personal. Quizás lo que me echaba más en cara no era tanto que hubiera votado a favor del procesamiento como que hubiera dado publicidad al voto particular.

PR: ¿Al Gobierno del PSOE le incomodaba la querella?

MR: Sí. Al Gobierno no le podía venir bien la querella. Toda la gente que estaba en el ajo de la justicia sabía que Mena y Villarejo no eran unos mandados. Aunque algunos jueces dijeran lo que dijeran, todo el mundo sabía que ellos iban por libre. Algunos magistrados del pleno decían cuando hablábamos: «Estos están poniendo al Gobierno y al PSOE en una situación complicada».

PR: Por tanto, no comparte el discurso nacionalista de que la querella fue promovida por el Gobierno y que los fiscales actuaron a su servicio.

MR: Eso no me merece credibilidad, ni tampoco a la inmensa mayoría de los magistrados. Lo que pensaban es que aquello era una cosa de Mena y Villarejo, que luego al Gobierno le podía venir bien, pero que no estaba tras eso.

PR: Eligio Hernández, siendo fiscal general del Estado, les dijo en una ocasión a Mena y Villarejo: «Vaya putada nos hicisteis los comunistas con lo de Banca Catalana». ¿Qué piensa?

MR: Algo de eso podía haber porque Mena y Villarejo habían sido del PSUC, eso lo sabía todo el mundo. En ese grupo de 41 magistrados nos conocíamos todos y para muchos la querella era un ajuste de cuentas de los comunistas con Pujol.

PR: ¿Qué opina de la confesión de Jordi Pujol?

MR: Me parece terrible, como ciudadana y como jurista, que alguien que fue presidente de la Generalitat haya estado tantos años ocultando estos hechos con una apariencia delictiva e incumpliendo las obligaciones que tenía como político. Cuando uno ve esas declaraciones no me extraña la desafección que los ciudadanos tienen con la clase política, porque el nivel de exigencia con ellos tiene que ser mayor, sobre todo en temas de fiscalidad.

PR: Es inevitable relacionar la confesión de Pujol con el caso Banca Catalana y con la postura de los jueces y fiscales que pedían el procesamiento.

MR: La confesión me reconcilia con la postura que tuvimos los jueces que formulamos el voto particular y me deja un sabor agridulce. Dulce porque el tiempo pone las cosas en su sitio y al final han salido unas actuaciones de Pujol que, por supuesto, ya no son delictivas, porque están prescritas, pero que desde el punto de vista ético y ciudadano son reprobables. Y por otro lado, el sabor amargo de pensar que si entonces la investigación hubiera seguido más adelante —sin prejuzgar lo que hubiera pasado, porque yo soy una gran defensora del principio de presunción de inocencia—, quizás se hubieran evitado determinadas conductas. Y luego cabe una reflexión más global que me hago como juez que participé en la deliberación. Y es la enorme hipocresía social. No solo el partido de Jordi Pujol, que eso podría ser comprensible, sino el resto de los partidos y la sociedad en su conjunto miraron para otro lado. El voto particular que hicimos no tuvo ningún reflejo en los medios de comunicación. Y luego está esa manía que tienen algunos dirigentes de envolverse con la bandera, en este caso de Cataluña, para tratar de salvar sus responsabilidades. La confesión me parece atroz y lo que espero es que si hay alguna responsabilidad delictiva la justicia no tarde otros 30 años en esclarecer los hechos.

PR: ¿La exculpación de Pujol en el caso Banca Catalana puede quedar cuestionada por la confesión?

MR: Los hechos de Banca Catalana eran muy amplios y no tenían que coincidir necesariamente con el tema de la confesión. Entonces no estábamos en la fase de juicio oral, sino que lo que se discutió fue el procesamiento que, de haberse acordado, hubiera permitido seguir investigando. Y probablemente si en aquel entonces las investigaciones hubieran continuado hubiera habido un cierto factor de prevención que hubiera evitado que esos comportamientos se reiterasen durante años. Si no nos hubiéramos quedado en archivar, sino en oficiar a la Agencia Tributaria o al Ministerio de Hacienda, a lo mejor se hubieran podido evitar una parte de los hechos que ahora son objeto de la confesión. El tema Banca Catalana se cerró, yo me quedé con una enorme frustración y el paso del tiempo me hace pensar que íbamos por el buen camino.

PR: ¿Cree que la confesión restablece la imagen que quedó entonces en buena parte de la sociedad de los fiscales del caso y de los jueces que votaron por el procesamiento?

MR: Sin duda. El tiempo pone las cosas en su sitio y quiero reivindicar el trabajo de los dos fiscales, no solo el papel de los ocho magistrados que votamos por el procesamiento y que hicimos lo que teníamos que hacer. Los dos fiscales fueron objeto de críticas feroces y se les descalificó porque su actuación suponía un ataque a Cataluña. Fueron ellos los que llevaron la iniciativa y los que consiguieron que, por lo menos, se instruyera una parte importante del proceso.

PR: ¿Si Jordi Pujol no hubiera abrazado el independentismo hubieran trascendido las cuentas en Andorra?

MR: No lo sé. Cuando afloran unos determinados hechos hay muchos factores detrás, políticos y personales. No estoy en la teoría de afirmar que es como consecuencia del independentismo en Cataluña. Y además es un error decir que esto ha salido ahora por la situación política de Cataluña. Ha salido porque se cometió. Ahí hay que poner el foco, en un señor que durante más de 30 años tuvo unas conductas rechazables. Y luego estamos en lo de siempre, hay que mirar la Luna, no el dedo que la señala.

EL PRÉSTAMO DE DOS MIL MILLONES EN EL PUB

Celsa Pico votó a favor de la exculpación de Jordi Pujol y defiende el criterio mayoritario que adoptaron sus compañeros. Como Margarita Robles, y los otros tres magistrados entrevistados, pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Pico, también destinada en la actualidad en el Tribunal Supremo, explica alguna operación muy llamativa que recuerda del sumario, y que pasó totalmente desapercibida para alguno de sus compañeros.

Pere Ríos: ¿Qué recuerdos guarda del caso Banca Catalana, 30 años después?

Celsa Pico: Banca Catalana me sirvió para entender la crisis bancaria de los últimos años, cuando se ha visto que la mayoría de las cajas de ahorro que han tenido problemas, que ahora se están investigando, ha sido por préstamos concedidos alegremente. En el sumario de Banca Catalana se percibía algo de esto.

PR: ¿Hubo condescendencia de los magistrados por ser quien era la persona sobre la que tenían que decidir si la procesaban o la exculpaban?

CP: Pienso que no, al menos en mi caso. En las conversaciones con los compañeros, el caso de que fuera el presidente de la Generalitat era un factor relativo. Quizás no se estaba acostumbrado a que personajes ilustres estuvieran afectados por problemas judiciales. Después hemos visto que ha sido más común, pero no creo que fuera entonces una cuestión especial que se llamara Jordi Pujol el acusado.

PR: ¿Se comentó entre los magistrados que la querella era una disputa política entre socialistas y Convergència y que se estaba instrumentalizando a la justicia?

CP: En ocasiones se oyen comentarios que son de segunda mano, no los escuchas a los que los han hecho, lo que yo llamo «radio pasillo». Quizás esa sí que era una cuestión que estaba en la prensa. Yo formaba parte de una sala penal y en mi sección, formada por compañeros de cierta edad y que eran catalanes, no oí ese comentario.

PR: ¿Cree que algunos jueces que exculparon a Pujol no se miraron el sumario, con independencia de lo que votaran?

CP: Hubo gente que no vio el sumario y algunos que sí lo vieron siguieron simplemente el escrito de la fiscalía, que era bueno, pero, claro, había que comprobar una serie de datos y sacar las conclusiones propias. Lo que sí recuerdo es haber comentado con alguno una operación concreta que me llamó la atención. Era la concesión de un préstamo de mil o dos mil millones de pesetas otorgado a un apellido importante en la barra de un pub de Madrid a las nueve de la noche. No me parecía que fuera un sitio para conceder préstamos. Recuerdo haber comentado eso con algún compañero y no tenían presente el dato y me resultaba muy llamativo.

PR: Se puede concluir, por tanto, que un mínimo interés no habían mostrado esos jueces.

CP: Pues alguno no, claro, eran muchos folios. También fue un ejemplo de lo que no debe ser un sumario. En el de Banca Catalana había mucha paja. La cuestión es que en este tipo de investigaciones hay cosas que no pueden repetirse porque lo hacen de digestión dificultosa.

PR: Cuando se celebró el pleno de la Audiencia Territorial parece ser que la decisión ya estaba tomada.

CP: Sí que hubo debate y se debatió, por ejemplo, la prescripción. Para eso hay que poner claramente las fechas. Para decidir si la hay o no, este hecho tiene que estar claro.

PR: Si una deliberación de un tribunal colegiado en un proceso penal puede durar más de una hora en un asunto normal, ¿le parece razonable que aquel caso se ventilara tan pronto?

CP: Banca Catalana fue un ensayo de lo que ahora son aquí los plenos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo [la de la jurisdicción contencioso-administrativa], que somos casi cuarenta. A veces resulta sorprendente el tiempo que ocupan cuestiones que pueden considerarse secundarias, y temas que son más complejos se resuelven más rápidamente, porque el grueso de los magistrados ha percibido la cuestión a debatir con mayor claridad. El tema de Banca Catalana era importante por la trascendencia económica, pero aquí hemos estado dos días con algunas cuestiones procesales y otras cuestiones materiales se resuelven antes porque estamos todos de acuerdo.

PR: ¿Existe alguna relación entre la confesión de Jordi Pujol y el enriquecimiento que pudo obtener con Banca Catalana?

CP: Está por ver lo que concluirá la investigación que está llevando a cabo el juzgado de Barcelona, pero al ciudadano le puede dar que pensar.

EL JUEZ QUE FORZÓ EL DEBATE

Antonio Doñate era el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona cuando se celebró el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona que exculpó a Jordi Pujol. La inmensa mayoría de sus compañeros querían ventilar de un plumazo la deliberación y exonerar al presidente de la Generalitat, pero él se plantó y forzó el debate jurídico. No sirvió para cambiar el criterio de los jueces, porque la exculpación se aprobó finalmente, pero, como mínimo, el asunto no se despachó en un plis plas, después de más de dos años de instrucción.

Doñate es un juez progresista cuyo compromiso social arranca de los tiempos en que no resultaba fácil ejercer como tal y donde esa etiqueta se demostraba en el quehacer diario, no por la pertenencia a una asociación. Procedente de los círculos de cristianos de base de Asturias, sufrió la contradicción interna de querer combatir el franquismo, lo que le llevó a ingresar en la judicatura en 1969, convencido de que la mejor manera de cambiar el régimen era desde dentro, como hicieron en su día los delegados sindicales de Comisiones Obreras que se incrustaron en el sindicato vertical. En 1971 fue fundador de la clandestina Justicia Democrática, el movimiento de jueces y fiscales que abogaba por un verdadero cambio en ese poder del Estado.

El 19 de diciembre de 1970 y durante la vigencia del Estado de excepción fue detenido el sindicalista de Comisiones Obreras Joan Olivé Mercadal, un electricista de las minas de Súria (Barcelona) que había gritado «amnistía, libertad».² La policía lo condujo al juzgado de guardia de Manresa y Doñate le tomó declaración, lo dejó en libertad provisional y remitió el caso al Juzgado de Orden Público para que continuara la tramitación por así establecerlo la legislación vigente. A las pocas horas de quedar en libertad y sin cometer ningún delito, la policía volvió a detener a Olivé. El abogado Marc Viader presentó denuncia y Doñate abrió diligencias por detención ilegal con la conformidad del fiscal adscrito al juzgado, que no era otro que Carlos Jiménez Villarejo. El detenido pasó la Navidad en comisaría y el 13 de enero de 1971 fue trasladado a la Modelo, de donde salió el 11 de abril para incorporarse al servicio militar.

Juez y fiscal tomaron declaración al detenido y a los policías que realizaron la detención. Estos dijeron que habían recibido órdenes del comisario. El comisario, a su vez, argumentó que cumplía órdenes del jefe superior de Policía de Barcelona, quien, por su parte, responsabilizó de la detención al entonces gobernador civil de Barcelona, Tomás Pelayo Ros. Ese cargo tenía entonces la condición de aforado, de manera que el juez Doñate se inhibió y envió el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Fue la única ocasión en toda la dictadura en que un juez se atrevió a dar ese paso y, como era de esperar, la causa contra el gobernador civil se archivó en un santiamén. Con la ley franquista en la mano era a todas luces una extralimitación.

Al día siguiente de remitirse la causa al Supremo llegó al juzgado un escrito de la fiscalía, interponiendo recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, al que no pudo darse el trámite oportuno. El recurso del fiscal llegó tarde porque Jiménez Villarejo se negó a cumplir la orden del fiscal jefe de Barcelona de recurrir la imputación del gobernador acordada por el juez con su total apoyo. Como se negó, otro compañero tuvo que hacerlo. Al poco de ocurrir los hechos, Jiménez Villarejo fue expedientado y desterrado a Huesca, una situación que se prolongó dos años.

El juez Doñate entendió la advertencia y solicitó un cambio de destino. «Aquí no vas a encontrar ningún apoyo y va a ser un continuo darte contra la pared», pensó. Pero no aflojó en su compromiso profesional. Abrió varias diligencias en denuncias por torturas policiales, en otra ocasión bajó 600 metros a una mina de Sallent para esclarecer un accidente laboral en el que perdió la vida un obrero y tampoco le tembló el pulso para incoar diligencias porque en una fábrica textil de Manresa se acumularon en poco tiempo 300 partes de lesiones de los empleados. Son algunos apuntes de su trayectoria, aunque ninguno tan público como el día que colgó un edicto en la puerta del juzgado suspendiendo la actividad para asistir al funeral de los cinco abogados laboralistas del madrileño barrio de Atocha asesinados por la extrema derecha la noche del 24 de enero de 1977.

Doñate tiene ahora 75 años y se jubiló con 65. Entre 1997 y 2004 ejerció como profesor de la Escuela Judicial, antes de que ese organismo quedara cuasi hibernado por los recortes presupuestarios y la falta de voluntad política para formar bien a los futuros nuevos jueces. Es autor, junto con Jiménez Villarejo, de la obra Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial. En la entrevista, Doñate expresa algunas opiniones coincidentes con los compañeros que también aparecen en este capítulo y apunta otras reflexiones interesantes sobre el legado de Jordi Pujol. De su puño y letra salió el redactado del voto particular que describe con una claridad meridiana los indicios de delitos que existían en opinión de ocho jueces.

Pere Ríos: ¿Cómo definiría la actuación de la justicia en el caso Banca Catalana?

Antonio Doñate: Hubo un posicionamiento de respuesta obvia ante un planteamiento claramente conservador y de expectativas de futuro de los componentes de ese tribunal que tuvo que juzgarlo. La inmensa mayoría de los 33 jueces que votaron a favor ni se habían leído la totalidad de las actuaciones ni tenían una preparación inmediata adecuada, porque llevaban años en el ámbito civil o en el contencioso-administrativo.

PR: ¿Cómo transcurrió la deliberación que exculpó a Pujol?

AD: Con una gran ausencia de motivación jurídica. La mayoría de los magistrados no sabían de qué estaban hablando y prueba de ello es que en sus intervenciones hacían referencia a sentencias genéricas del Tribunal Supremo sobre delitos fiduciarios y otras cuestiones que no tenían nada que ver con lo que allí se estaba discutiendo. En algún caso sí que hubo una motivación jurídica de que los delitos no estaban tipificados, que en definitiva se trataba de una mala administración y, por tanto, no se podía hablar ni de apropiación indebida ni falsedad documental ni maquinación para alterar el precio de las cosas, como pretendían los fiscales.

PR: ¿Los jueces llegaron a esa convicción después de leerse los informes del Banco de España o los informes periciales?

AD: No, es que ni siquiera en el auto de exculpación, y esto lo hacemos constar en el voto en contra, se recoge lo que pasó y cuál fue la actuación real de Pujol. Y hay aún otra cuestión que me parece muy relevante y que está recogida documentalmente. El precio de la venta de unas acciones de Banca Catalana en 1982 fue destinado al pago del impuesto de sucesiones tras la muerte del padre de Pujol. Lo decían los fiscales y así fue recogido como dato importante en el auto mayoritario. Y lo dijo la propia Banca Catalana en 1986, que el dinero se destinó al pago de tal impuesto. Y ahora viene Pujol al cabo de treinta y tantos años diciendo que no ha pagado por el dinero que recibió. Me parece de una desfachatez total. Esto lo certificó Banca Catalana para justificar a Pujol en la acusación de apropiación indebida.

PR: Los jueces consideraron que eran irregularidades administrativas, en una actitud mayoritaria de no molestar al poder.

AD: Sí, sí, en eso se escudan y eso se dice en el auto mayoritario que supongo que redactaría el ponente, Vicente Navarro.

PR: ¿Caló entre los jueces el argumento de que la querella era una pelea entre socialistas y nacionalistas y que se estaba utilizando la justicia en esa batalla política?

AD: Sí, ese fue uno de los componentes que pienso que caló. Dijeron que era una cuestión administrativa, e incluso una insignificancia, que era «el chocolate del loro», respecto a lo que supone un movimiento bancario de miles de millones.

PR: ¿Si los jueces hubieran adoptado otra posición se habría enviado un mensaje nítido a la sociedad en la lucha contra la corrupción?

AD: Por supuesto, esta ha sido una de las carencias que ha tenido la democracia española.

PR: ¿Se podía esperar otra cosa de aquella judicatura?

AD: No. Estaba clarísimo que, aunque teníamos cierto predicamento los llamados jueces progresistas, la inmensa mayoría de los jueces venían de donde venían. En 1991 hubo una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo verdaderamente llamativa, pese a toda la jurisprudencia que se acumulaba ya del Tribunal Constitucional respecto de la necesidad de fundamentar las resoluciones privativas de derechos fundamentales por parte del juez de instrucción, porque si no llevaban a la nulidad de los resultados obtenidos. Es una sentencia de un asunto en el que se había realizado una intervención telefónica con una simple providencia y el ponente del Tribunal Supremo dijo que para qué había que razonar y fundamentar la intervención telefónica si no se iba a notificar a las partes, porque si se notificaba ya perdía eficacia. Así, esto está dicho y escrito. Estoy hablando de 1991. Toda la gente que estábamos en el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, excepto contadas excepciones, habíamos jurado en el ascenso de juez a magistrado los Principios Fundamentales del Movimiento y fidelidad al jefe del Estado.

PR: Es inevitable relacionar la confesión de Pujol con el caso Banca Catalana y la posibilidad de que el dinero oculto proceda de allí.

AD: Vamos a ver, pretender decir que todo el dinero viene del año 1986, cuando Banca Catalana emitió su certificado de que se pagaron los derechos sucesorios, está clarísimo que no tiene sentido. Pero me parece una mentira burda decir que el dinero oculto durante décadas procede de la herencia de su padre. Es todo dinero fuera de la ley. Y luego están todos los dividendos que le pagaron a Pujol como accionista mayoritario.

UN VOTO PARTICULAR PARA EXCULPAR

José Manuel Bandrés se incorporó al pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona cuando ya había comenzado la deliberación. Venía de un viaje en el extranjero y anunció el retraso al presidente del tribunal. La mayoría de los magistrados conservadores querían apartarlo de las deliberaciones porque daban por hecho que votaría a favor del procesamiento de Jordi Pujol. Finalmente, y para sorpresa de algunos de los jueces de tendencia progresista, se decantó por la exculpación con lo que se llama un voto particular concurrente. Es decir, estuvo de acuerdo con la mayoría, pero con argumentos distintos que no convencieron a los colegas que abogaban por el procesamiento. Para Bandrés, destinado también el Tribunal Supremo desde hace años, el caso debía archivarse porque el Código Penal español no permitía acusar a Jordi Pujol, aunque el magistrado coincidía con los fiscales en que se habían cometido los supuestos hechos delictivos.

Pere Ríos: ¿Qué recuerdo le queda de Banca Catalana?

José Manuel Bandrés: Desde la perspectiva procesal, el caso Banca Catalana es exponente de las dificultades del sistema judicial para enjuiciar hechos relativos a lo que se identifica como «delincuencia económica» o «delitos de cuello blanco». El pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, de la que formaba parte como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, enjuiciaba no un supuesto de corrupción política, relacionado con la exigencia de responsabilidad penal a un gobernante público, sino la persecución de hechos cometidos por quien había sido directivo de Banca Catalana. Los delitos de apropiación indebida y de falsedad de los que acusaba el ministerio fiscal al que en ese momento era presidente de la Generalitat de Cataluña, se referían a hechos que habían ocurrido significativamente entre 1974 y 1976, a excepción de una operación de venta y una donación de acciones de Banca Catalana que se habían efectuado en 1982.

PR: Está diciendo, por tanto, que el tribunal debía abstraerse del cargo que ocupaba Pujol en aquel momento y centrarse en analizar los delitos de los que le acusaba la fiscalía.

JMB: Los artículos 24 y 25 de la Constitución garantizan a todos los ciudadanos el derecho a un juicio justo, por lo que es necesario distinguir con nitidez los supuestos de exigencia de responsabilidad política a los cargos públicos por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de los supuestos de exigencia de responsabilidad penal, donde rigen las formalidades y garantías propias del Estado de derecho. La criminalidad gubernativa se ha convertido en un problema constitucional que debemos tratar de resolver. Para ello, considero indispensable fortalecer el Poder Judicial para que pueda desarrollar su misión constitucional de asegurar el sometimiento de todos a la ley de forma eficiente y sin incurrir en dilaciones indebidas, para que el Estado de justicia pueda ser percibido por el conjunto de los ciudadanos como Estado en que rige el principio de igualdad en la aplicación judicial del derecho.

PR: ¿Influyó en los jueces que el acusado se llamara Jordi Pujol?

JMB: La circunstancia de que el acusado fuera en ese momento presidente de la Generalitat de Cataluña determinó que, conforme a las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el caso fuese enjuiciado por el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, que estaba integrado por 40 magistrados, de los que solo una parte desarrollaban sus funciones judiciales en el orden jurisdiccional penal. La condición de aforado del acusado comportó que la decisión sobre el procesamiento, que ordinariamente se dicta por un solo juez, en este supuesto fuera adoptada por un amplio colegio de jueces.

PR: Preguntaba si el hecho de que fuera el presidente de la Generalitat sobre el que había de decidir pudo influir en el tribunal.

JMB: La decisión del pleno de la Audiencia Territorial no estuvo influenciada por la personalidad política del acusado. La imparcialidad del tribunal no puede ponerse en duda.

PR: ¿Oyó que los magistrados dijeran que se estaba instrumentalizando a la justicia?

JMB: No. El caso Banca Catalana constituye un supuesto paradigmático de las dificultades del Poder Judicial para controlar la actuación contraria al principio de legalidad de los denominados «poderes económicos». En este sentido, considero que una de las lecciones que debimos aprender del caso Banca Catalana es la imperiosa necesidad de reforzar los sistemas de control y supervisión de las entidades financieras.

PR: ¿Cree que hubo jueces que no miraron el sumario, con independencia de que votasen por la exculpación o el procesamiento?

JMB: Creo que no. Recuerdo que las deliberaciones del pleno de la Audiencia Territorial, que se prolongaron a lo largo de varias sesiones, fueron muy intensas y participativas. Discurrieron sobre cuestiones de técnica jurídica, relativas a la aplicación de la ley procesal y del Código Penal. A la decisión del pleno, se formularon varios votos particulares. Algunos de los magistrados, aunque no formalizaron voto particular, sostuvieron que los delitos habían prescrito.

PR: Usted formuló un voto particular concurrente. O sea, votó a favor de exculpar a Pujol pero con otros argumentos.

JMB: Sí, consideré que no procedía dictar auto de procesamiento, aunque los hechos imputados por el ministerio fiscal estaban plenamente acreditados y merecían reproche penal. Sin embargo, estimé que no estaban adecuadamente tipificados como delitos en el Código Penal de 1973. Realicé en el voto particular un exhaustivo estudio de la regulación de los delitos socioeconómicos en la legislación de los Países Bajos, Italia, Francia y República Federal de Alemania, para poner de relieve las lagunas del ordenamiento jurídico penal español en esta materia. Mi voto particular se fundamentó en el artículo 2 del Código Penal, instando al Gobierno a que modificara el Código Penal vigente, introduciendo como delitos las conductas que habría realizado el acusado. El Código Penal de 1973 contenía una deficiente regulación de los delitos societarios, que fue corregida por el vigente Código Penal de 1995.

PR: ¿Algún magistrado le confesó que no tenía mucho interés en mirar el sumario e incluso que no lo había estudiado?

JMB: No, la práctica de los magistrados es no revelar antes de la deliberación cuál va a ser la posición que adopten respecto del enjuiciamiento de un caso concreto. Creo que, por respeto al ponente y al propio tribunal, es inexcusable mantener este deber de reserva, que es inherente a la ética profesional del juez, y a la vez constituye un elemento esencial del derecho al proceso debido o con todas las garantías que proclama nuestra Constitución.

PR: Hay jueces que estuvieron en el pleno de la Audiencia Territorial que explican que ellos sí oyeron esos comentarios.

JMB: A mí no me comentó ningún compañero cuál iba a ser su posición respecto del caso que íbamos a enjuiciar.

PR: Es inevitable trazar una relación entre el enriquecimiento de Jordi Pujol con Banca Catalana y el dinero confesado de la fortuna oculta en el extranjero.

JMB: Los presuntos delitos relacionados con el afloramiento de unos depósitos existentes en la banca andorrana están sub iúdice, por lo que resulta improcedente pronunciarse respecto de su trascendencia penal. En este momento no se conocen evidencias que permitan relacionar los hechos que fueron enjuiciados por la Audiencia Territorial de Barcelona en el caso Banca Catalana con los hechos confesados por el propio Jordi Pujol.

LA COMODIDAD DEL ANONIMATO

Antoni es el nombre ficticio de un magistrado que exculpó a Jordi Pujol. Ahora tiene 80 años y sigue viviendo en Barcelona. Ha aceptado explicar su versión del caso Banca Catalana a cambio de que se le presente un cuestionario por escrito y que no se le identifique. Fue uno de los magistrados a quien Piqué Vidal intentó complacer muchos años antes de aquella votación y le ofreció vivienda a un precio más barato que en el mercado libre. En la entrevista, seguramente amparado por el anonimato, se muestra crítico con la manera en que se instruyó la causa judicial y la actuación que tuvieron las partes del proceso. Y tras extender las responsabilidades por igual intenta razonar por escrito por qué votó en contra de sentar al presidente de la Generalitat en el banquillo, en lo que se antoja una alambicada justificación.

Pere Ríos: ¿Qué recuerdo le queda de Banca Catalana?

Antoni: El recuerdo es que no estuvimos a la altura. Faltó voluntad política para, de verdad, aclarar el caso. El Gobierno de Madrid (Felipe González, Fernando Ledesma) no era partidario de presentar la querella. Luis Burón Barba, fiscal general del Estado, era conocedor de esa postura y dudaba en hacerlo. Se dijo (y se publicó en la prensa) que los fiscales Mena y Villarejo, conocedores de estas dudas, filtraron al diario El País, a través de Bonifacio de la Cuadra, para su publicación, el texto o noticia de la querella, para vencer aquellas dudas. Y lo lograron. Algunos consideraron la querella como un producto de la voluntad de esos fiscales. La designación del juez instructor, mejorable, fue discrecional. La colaboración social, en la investigación, mínima. Ningún perjudicado, y hubo muchos, compareció en el proceso para reclamar. La acción popular, como la de Manos Limpias u otras personas físicas o jurídicas, inexistente. La ayuda de la sociedad en la investigación, igual a cero. Esta falta de colaboración, en la actualidad, se ha visto en parte subsanada. Sigue, sin embargo, vigente la idea de que la justicia es cosa de los jueces y se sigue pensando que estos lograrán hacerla por sí mismos y como de milagro. No hemos alcanzado a comprender que nuestra pasividad, indiferencia o complicidad son importantes factores propiciadores del mal funcionamiento de los tribunales. Los milagros no existen, tal vez en Lourdes y pocos. La atribución al pleno de la Audiencia Territorial del conocimiento de la causa, una vez concluido el sumario, del que formaban parte unos veinte magistrados ajenos al orden penal, tampoco ayudaba. Y, así, podríamos seguir el recuerdo. Por tanto, no está entre los mejores.

PR: Algunos compañeros suyos dijeron sentirse utilizados en lo que entendieron que era una batalla partidista llevada a los tribunales y que por eso buena parte de esos magistrados no se leyeron el sumario y exculparon a Jordi Pujol.

A: El que parte de los jueces se sintieran utilizados es una verdad como un templo. Todo abonaba esta postura: el tradicional apoliticismo de los magistrados, el no querer ser manejados y la comodidad de todos. Nadie me mencionó, expresamente, que no se hubiera leído el sumario. No obstante, la ausencia de comentarios o de dudas o cuestiones, en lo que sé, fue total. El entusiasmo por la atribución del conocimiento del proceso, perfectamente descriptible.

PR: ¿Influyó en la decisión de los jueces que los fiscales del caso se llamaran Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena?

A: Sí. Eran dos fiscales proclives al protagonismo, justicieros, honestos y competentes. Su conocida ideología (habían pertenecido al PSUC durante el franquismo y primeros años de la Transición) reforzaba la tesis de la pretendida politización del proceso y fue de gran ayuda para los que pensaban que se estaba ante un nuevo intento de manejar a los tribunales.

PR: ¿Es cierto que la deliberación duró poco y que la mayoría de los magistrados acudieron al pleno con una postura definida?

A: La deliberación, creo recordar, consumió dos sesiones, una de mañana y otra de tarde. Tengo por cierto que la mayoría acudió al pleno con el voto prácticamente decidido. Los días anteriores, al comentar el proceso con otros magistrados, para despejar dudas, o tratar cuestiones, noté que no estaban por la labor. Esta actitud en quien más me chocó fue en el magistrado ponente. Meticuloso, detallista, dubitativo en las deliberaciones ordinarias (formábamos parte del mismo tribunal o sala), se transformó en firmeza monolítica en el proceso de Banca Catalana.

PR: ¿Cree que el abogado Joan Piqué Vidal influyó de alguna manera en la decisión de los jueces?

A: Lo ignoro. Piqué Vidal procuraba estar en buenas relaciones con los magistrados ayudándolos en la solución de algunos de sus problemas personales, colocación de los hijos en su despacho o búsqueda de vivienda. Supe de un par o tres de casos. No sé si hubo más.

PR: Piqué Vidal reconoce que procuraba piso a algunos magistrados que venían destinados a Barcelona y él lo justifica como «un favor personal». ¿Se lo ofreció a usted?

A: A mí, sí. Y a otros dos o tres compañeros míos, también, por lo que sé. Cuando llegué destinado a Barcelona, en el verano de 1977, La Caixa, por motivos que no vienen al caso, había roto con su ayuda a los jueces, consistente en facilitarles vivienda en unas condiciones adecuadas a sus ingresos y estatus social. Eran muchos, también fiscales, los que se beneficiaron de este sistema durante largos años. Obligado a buscar piso en el mercado libre y conocedor Piqué de esta circunstancia, me ofreció una vivienda en la calle Balmes de Barcelona, de la que me proporcionó los planos. No llegamos a concretar, debido a que solucioné el problema por otra vía. Le quedé, naturalmente, agradecido por su interés y nunca me pidió nada.

PR: ¿Resultó decisivo en la exculpación judicial que el acusado se llamara Jordi Pujol y fuera presidente de la Generalitat?

A: Decisivo, no. Influyente, sí. Me explicaron que Piqué Vidal mostraba una tarjeta, los días anteriores a la deliberación, en la que constaban los nombres de los magistrados que votarían a favor o en contra de Pujol. Solo se equivocó en dos, y yo era uno de ellos. Conmigo nadie trató sobre el sentido de mi voto. Pese a ello, Piqué Vidal me colocó entre los que votarían en contra de Pujol. Se equivocó, simplemente no me conocía. Las inclinaciones políticas no debían prevalecer sobre las razones jurídicas. Aparte de otros conductos para influir en el voto, que no me constan, hay que valorar el tradicional respeto de las instituciones perennes, como la magistratura, con el poder establecido.

PR: ¿Cree que el magistrado que instruyó la causa, Ignacio de Lecea, era el más apropiado para hacerlo? ¿Hizo una buena investigación?

A: No, salvando a la persona. La razón es bien sencilla: Lecea era un excelente civilista, que desde hacía varias décadas no había tramitado un sumario. El proceso penal le caía lejos. El nombramiento fue, como ya se ha dicho, un acto discrecional del presidente de la Audiencia Territorial, el cual, previo consejo de algunas personas (entre ellas el autor de estas respuestas), resolvió con libertad. Instruyó el proceso como si se tratara de un pleito civil, dando traslado a cada parte de los escritos de la otra sin introducirse en la investigación. Al juez adjunto pienso que no se le dio ninguna intervención y tampoco era un experimentado juez de instrucción.

El rol de juez instructor/investigador, en ese caso, por la fuerza de las cosas, recaía en los fiscales, que estuvieron exentos de otro trabajo, creo recordar, distinto del propio proceso de Banca Catalana. Ellos, únicos acusadores, eran los que debían recurrir contra la actuación pasiva de Ignacio de Lecea. Creo que no lo hicieron nunca o no en grado bastante. La instrucción del proceso, más que buena o mala, fue inexistente. El proceso de Banca Catalana fue el proceso que nunca existió. Los defensores fueron bien conscientes de ello y mantuvieron una actitud de hacerse «los muertos» que les beneficiaba, tal como se demostró. El pleno debió corregir esta completa instrucción, revocar el auto de conclusión y ordenar al juez toda una serie de pruebas para la completa instrucción del proceso. Se intentó en vano; predominó en el sector mayoritario de los magistrados la idea de sacarse el proceso, de una vez, de encima. Los contrarios a Pujol (grupo heterogéneo formado por jueces anticatalanes, franquistas, incluso algún ultra o progresistas radicales) creían (y no era cierto) que con el material del proceso había elementos suficientes como para procesar a Pujol y sentarle en el banquillo. Es necesario aclarar que el pleno no absolvió (tampoco condenó) a Pujol, se limitó a decidir el sobreseimiento provisional, es decir, la suspensión del proceso hasta tanto no aparecieran otros hechos que permitieran la reapertura y su continuación con el límite temporal de que no se hubiese producido la prescripción del delito, es decir, varios años. Nada impedía que los fiscales u otros acusadores, durante estos años, buscaran esas pruebas y las presentaran al tribunal. No sé si se buscaron o no, pero nunca fueron presentadas ante el pleno u órgano sucesor del mismo.

PR: ¿Usted cree que las operaciones que relata la fiscalía en sus escritos son delictivas?

A: Sí, en caso contrario la querella no hubiese sido admitida. Este requisito, condición necesaria, sin embargo, no es suficiente para acordar el procesamiento del querellado. Recuerdo que los fiscales presentaron un escrito-resumen del proceso, de alto nivel doctrinal y académico, pero incapaz, por su carácter abstracto, de mover la voluntad de los magistrados a favor de sus tesis.

PR: ¿Cree que la respuesta de los jueces sería hoy distinta ante estos mismos hechos?

A: La respuesta, no lo sé. El tratamiento procesal, desde luego. A día de hoy el proceso sería enjuiciado por personas más competentes y designadas de forma más objetiva. El juez instructor sería el magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que por turno le correspondiere. El tribunal sería esta sala, compuesta por tres o cinco magistrados, todos o la mayoría expertos en la materia. Los fiscales serían los de Anticorrupción, especialistas en el tema. Habría, seguro, acusadores particulares y populares. La sensibilidad social ante la corrupción de los políticos es, en la actualidad, muy superior, así como la colaboración social. No existían, entonces, las unidades especializadas de la policía judicial en delitos económicos ni la Agencia Tributaria. La no preparación de los jueces y fiscales en materia económica, notable. No había, tampoco, los medios tecnológicos para su averiguación. No existían en el Código Penal las figuras delictivas que han posibilitado la condena de delitos económicos (administración desleal, blanqueo de dinero, etcétera).

Una vez descartado el procesamiento, por el momento, de Pujol, la causa dirigida también contra otras personas no aforadas (pérdida de competencia del pleno de la Audiencia Territorial) fue enviada para su reparto al decanato de los juzgados, correspondiendo, por sorteo, para su conocimiento a un juzgado de instrucción, regido por un juez veterano y a la sección competente de la Audiencia Provincial, también experimentada. Con gran celeridad y sorpresa para muchos se acordó asimismo el sobreseimiento provisional para todos los querellados. Naturalmente no intervine en estas fases procesales y, por tanto, no puedo aportar ningún dato sobre el fundamento de esas.

LA LLAVE DELATORA

Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena coinciden con los magistrados Antonio Doñate y Margarita Robles en la laxitud profesional con la que actuaron muchos de los jueces que decidieron sobre Jordi Pujol, que no tenían intención de mirarse el sumario. Los fiscales revelan una actuación que dice muy poco de aquella magistratura.

José María Mena: Yo diría que los jueces no actuaron con la suficiente atención. El debate fue muy peculiar. A mí me contaron que todo habría acabado en tres cuartos de hora si no hubiera sido por el magistrado Antonio Doñate, que es un hombre con una bondad canonizable, y al que se le ocurrió abrir el debate y ponerse a discutir. Y eso generó discusión y le aguantaron hasta el mediodía. Para deliberar una sentencia normal tres magistrados a veces están uno o varios días. Allí eran más de 40 y el que llegó tarde [ José Manuel Bandrés]. Lo habrían arreglado en tres cuartos de hora.

Pere Ríos: Margarita Robles afirma que muchos de los jueces no se miraron el sumario o lo hicieron en diagonal, sin valorar las pruebas.

JMM: Los datos que nosotros tenemos es que no necesitaron mirarse los papeles.

Carlos Jiménez Villarejo: Había una parte significativa de ese pleno de la Audiencia Territorial, no sé en qué proporción porque no lo puedo asegurar, que no tenía interés alguno en conocer la realidad de los hechos que estaban sometidos a su pronunciamiento porque uno de los imputados era nada menos que el presidente de la Generalitat. Con independencia de hablar de parcialidad o imparcialidad, hay un déficit grave atribuible a la mayoría de los magistrados, que sencillamente no tuvieron interés en conocer los hechos para evitar plantearse si había que acordar el procesamiento o no.

PR: ¿Por qué dicen que los jueces no tenían interés en conocer la realidad?

CJV: Porque no retiraron la mayoría de ellos los documentos que habían sido dispuestos para que pudieran conocer la realidad de los acontecimientos y de lo que era el conjunto del proceso sobre el que tenían que pronunciarse.

PR: ¿Está diciendo, como Antonio Doñate y Margarita Robles, que buena parte de los jueces votaron a favor de la exculpación de Pujol sin mirarse los papeles?

CJV: Una parte de ellos, sí.

JMM: A mí no me gusta criticar a los magistrados, pero no es infrecuente que cuando se forma parte de un tribunal colegiado, y hay uno que es el ponente de la sentencia, sobre él carga lo que sea y el resto asienten por conformidad, sobre todo cuando es un asunto con mucha complejidad técnica y se inhiben. Esto es una realidad y lo digo sin deseo de criticar a ningún magistrado porque conozco a muchos que muy dignamente se miran todo aunque no sean el ponente. Hay una cierta tendencia a la conformidad y decir «y por qué me voy a meter en un lío tan grande si lo que diga el ponente ya me vale». Pero, claro, nosotros tenemos un dato cierto, aunque ellos no lo supieran. Y es que el ponente redactó un documento con el resumen del caso, porque todo el sumario con la documentación adjunta eran miles de folios. Solo nuestro escrito eran 400 páginas. Como digo, el ponente redactó un resumen directamente dirigido en apoyo de su tesis, de que los hechos no eran delito. Era un documento que podía tener 50 u 80 páginas, no más, y se hizo un ejemplar para cada magistrado y se guardó con toda reserva en un lugar para que no lo cogiera nadie más que los interesados. Cada magistrado que tenía interés en leerlo había de llamar al funcionario correspondiente y éste abriría con una llave el lugar donde se guardaba el resumen y se lo entregaría.

PR: ¿Había una copia para cada magistrado?

JMM: Sí. Había una copia para cada magistrado del resumen y nos consta que solo una minoría de los más de 40 lo retiraron. La minoría no son 20, serían como 10 o 12. Ese es un dato objetivo. Ellos no sabían que estaban retratándose al no ir. Y cualquiera puede decir «pues yo lo retiré». Vale, pues tú eres de los 12. Y ¿por qué no lo retiraron? En mi opinión por la pereza de leerse unas cosas para meterse en un lío que no era el de ellos. La pereza, el temor, el deseo de quitarse de en medio. Ninguna de estas cosas son virtudes predicables de un magistrado.

PR: ¿El caso Banca Catalana es un ejemplo de esa frase que ha dicho en alguna entrevista de que «los jueces no se compran, se regalan»?

JMM: Eso lo decía mi padre, que ya lo había aprendido de su padre. Por tanto, ya se decía en el siglo XIX, cuando se puso en marcha la primera Ley Orgánica del Poder Judicial. Los jueces se venden muy poco, no sé ahora. Lo que hacían antes es que por una mirada amable de los poderosos, de la gente influyente, del obispo de turno, eran capaces de moldear sus apreciaciones en las sentencias que tenían que poner. No es que se regalaran en el sentido de que lo hago gratis, sino que atendían a presiones sociológicas de los ricos. La frase tiene dos sentidos. Uno positivo, que los jueces no se venden, y otro preocupante, que los jueces se deben a los sectores dominantes.

CJV: Ha sido una constante en la magistratura de España ante causas que afectan a sectores económicos, financieros o políticos, adoptar posiciones en esta misma dirección, no tanto por ignorancia o desconocimiento de los hechos sino por una actitud predeterminada a favorecerlos mediante resoluciones de diverso orden, como sobreseimientos prematuros cuando tenía que haber habido un juicio oral o dictar una resolución que evitara la continuación del proceso por entender que la acción popular no era suficiente. Ocurrió en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, que excluyó del juicio oral estando ya en el banquillo al presidente del banco [Emilio Botín] y otros cuantos ejecutivos y se les apartó del juicio por un fraude que en aquella época, los años ochenta, alcanzó los 40.000 millones de pesetas. Hay ejemplos múltiples de actitudes de jueces que tuvieron su precedente posiblemente en Banca Catalana, pero que luego han tenido una continuidad histórica constante en lo que se llama el derecho penal económico o la delincuencia financiera. Ahí están otros casos, como el saqueo de Bankia, sin que se generara ninguna consecuencia contra sus gestores, entre ellos Rodrigo Rato.

PR: En otros casos, ni siquiera ha podido llegar a los tribunales porque se frenó en la propia fiscalía. ¿Les han vetado algunas investigaciones contra la corrupción cuando eran fiscales?

CJV: Sí, uno de los mayores conflictos que se crearon con la Fiscalía General del Estado es cuando pretendemos interponer una querella contra Lluís Prenafeta por la incompatibilidad de su cargo de secretario general de la Presidencia de la Generalitat con su condición de consejero de la compañía Iberia Seguros. En lo que se llamó el caso Prenafeta hubo una investigación en profundidad de la fiscalía de Barcelona, se elevó al fiscal general la interposición de una querella y fue denegada. El caso tuvo una trascendencia enorme porque era la primera vez que un alto cargo de Pujol estaba implicado en un caso de corrupción, como fue desempeñar actividades abiertamente incompatibles.

PR: El fiscal general que vetó esa querella también fue Eligio Hernández. Al parecer en una ocasión les reprochó la actuación en el caso Banca Catalana con una frase del tipo «¡Vaya putada nos hicisteis los comunistas!». ¿En qué contexto se produjo?

JMM: No lo recuerdo, debía de ser una frase de pasillo. Era una frase sincera. Él era el hijo de El Pollo del Pinar, que era el mote de su padre. Eligio era un progre deportista muy majo, fue alumno mío en La Laguna y lo recuerdo con mucho afecto.

CJV: En su mandato de fiscal general adoptó decisiones que eran de sumisión a las políticas que marcaba el mandato de Felipe González, como cuando se le ocurrió pedir a los fiscales que no pidiéramos la suspensión condicional de la pena a los objetores de conciencia con condenas inferiores a dos años. En Barcelona hubo una junta en la fiscalía y se acordó simple y llanamente no cumplir la orden del fiscal general en este asunto.

UN TRIBUNAL, DOS INTERPRETACIONES DE LA LEY

Como ya se ha dicho, los delitos que la fiscalía atribuía a Jordi Pujol y al resto de los querellados eran tres: apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad. Los fiscales, a diferencia del criterio defendido por algunos magistrados, consideraban que el Código Penal español vigente en aquella época sí permitía fundamentar esa acusación al amparo de los artículos 535 y 540 y 303, respectivamente.

El pleno de la Audiencia Territorial mantuvo posiciones muy distintas respecto a los mismos hechos. La mayoría de los magistrados consideró que no había indicios de delito, pero una minoría entendió que sí, al realizar diferentes interpretaciones de la ley. Los autos en los que se expresan esos razonamientos jurídicos son diametralmente opuestos, tanto en los argumentos como en su contenido y relato de los hechos.

El núcleo del debate judicial y de la acusación era si Pujol, como consejero ejecutivo de Banca Catalana entre 1974 y 1976, se había lucrado económicamente a través de los diversos procedimientos ya descritos, al margen de la responsabilidad como gestor del banco. Los jueces negaron mayoritariamente el delito de apropiación indebida. El auto mayoritario contiene una extensa explicación semántica del artículo del Código Penal a aplicar, en el que se definía la apropiación indebida como el hecho cometido por «los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlos recibido». Así, el auto exculpatorio dedica más de tres páginas a definir los verbos «apropiarse» y «distraer» y su aplicación en la jurisprudencia española, para concluir que «la diferencia, a efectos penales, entre apropiarse y distraer es meramente gramatical, pues la distracción es una forma de apropiación y no un mero uso distinto al pactado, de lo que deriva que no basta con un simple mal uso de la cosa poseída, sino que son precisos verdaderos actos de apropiación».

Centrándose en la actuación concreta de Pujol, el tribunal explica que «no se ha encontrado dato alguno que permita sostener que el aforado incorporara ilícitamente a su patrimonio dinero o bienes de los descritos en el artículo 535 del Código Penal, o que los desviara con un fin penalmente ilícito en favor de otra persona o entidad». Los jueces añaden que la utilización de los recursos de Banca Catalana durante el tiempo que Pujol estuvo al frente de la entidad «no presenta los caracteres típicos del delito de apropiación indebida».

Para el tribunal, la caja B no constituye una contabilidad paralela oculta a los accionistas y el Banco de España, como describe la fiscalía, «sino que se trata de una desagregación contable de la persona jurídica Banca Catalana, funcionando como mera entidad económica, admisible y eficaz desde un aspecto de mayor operatividad bancaria». Por tanto, los magistrados razonan que «no puede afirmarse que el trasvase de fondos de una a otra entidad económica o contable (relacionadas entre sí por los asientos contables) constituya distracción en el sentido jurídico-penal porque ello forma parte de la misma persona jurídica». A su entender, «de todo lo actuado no se desprende que en lo que la querella se denomina caja B y el conjunto de las sociedades instrumentales se aplicaran fondos al margen de la actividad registrada y plasmada contablemente».

En consecuencia, sigue razonando el tribunal, si se considera que Pujol no cometió apropiación indebida «a idéntica conclusión se ha de llegar respecto a concretos aspectos de dicha operativa, prescindiendo de que puedan constituir infracciones administrativas o de otra índole». Es decir, la justicia consideró legal el pago o cobro de extratipos, la adquisición de acciones de sociedades de otras entidades bancarias del propio grupo (la denominada autocartera), «porque no existen datos que permitan sostener en cuanto al aforado [ Jordi Pujol], que ello repercutió ilícitamente en su beneficio o en favor de entidad distinta de la propia Banca Catalana».

El auto mayoritario de los jueces explica también que ni el hecho de que Pujol actuara como fiduciario de Banca Catalana en alguna ocasión «es en sí mismo punible, al no indicarse siquiera que ello le comportara ilícitas ventajas». Ni tampoco se considera delito el pago de dividendos cuando la entidad estaba en pérdidas. «Sin haber obtenido ganancias», dicen los jueces de manera eufemística. «A lo sumo podrá existir infracción del artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas», precisan, pero no delito.

Frente a ese argumentario, el voto particular, redactado por el magistrado Antonio Doñate, relata una visión muy distinta de lo ocurrido y asume las tesis de la fiscalía. Para ellos, Jordi Pujol fue «el principal impulsor del banco», según el calificativo de la dirección oficial, y mantuvo la condición de principal accionista hasta mayo de 1982, cuando realizó la donación de acciones a Banca Catalana. El auto discrepante relata que ese grupo dirigente, «con la finalidad de obtener un beneficio propio y favorecer a terceros, con el correlativo perjuicio económico de la entidad», constituyó la llamada caja B desde 1968 y mantuvo un sistema de doble contabilidad, «con la que poder ocultar a los accionistas y a las autoridades monetarias el conjunto de dicha caja B, privando a aquellos de la posibilidad de ejercer sus derechos societarios».

Para el desvío de esos fondos hacia la caja B, prosiguen esos jueces que quedaron en minoría, se utilizó un sistema de otorgamiento por parte de Banca Catalana de créditos ficticios a favor de personas físicas o jurídicas, así como otras entidades bancarias, además de depósitos de dinero a la vista y a plazos obtenidos por sociedades instrumentales, con el aval de Banca Catalana no contabilizado por esta. También se desvió el dinero a través del uso repetido de facturas y timbres, de dividendos derivados de las acciones adquiridas o de las inversiones realizadas por la caja B, así como recibos ficticios.

Prosiguen relatando esos jueces que fueron en total 78.507 millones de pesetas los que escaparon al control de las juntas de accionistas entre 1974 y 1981, lo que supuso desde el 10,2 % al 11,1 % anual de los recursos totales de Banca Catalana entre los años 1974 y 1977 en que Pujol fue consejero ejecutivo. Como complemento de la caja B, se crearon 27 sociedades instrumentales con un capital muy exiguo que ni siquiera fue desembolsado y cuyos accionistas y administradores eran empleados de Banca Catalana. En otro momento y de manera completamente opuesta a como lo interpretaron la mayoría de sus compañeros, estos jueces recuerdan que entre 1974 y 1980 se repartieron 1.803 millones de pesetas entre los accionistas en concepto de dividendos ilícitos y que en el caso de Jordi Pujol fueron 84.375.000 pesetas, «pese a conocer las pérdidas acumuladas de Banca Catalana, comprendiendo las de la caja B y las de las sociedades instrumentales representaban el 72,26 % de los recursos, contribuyendo así de forma singular a la ruina de la misma».

Por todo ello, el voto particular consideró que existían indicios racionales de criminalidad y que había que procesar a Jordi Pujol porque los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documentos públicos y de comercio y de otro delito continuado de apropiación indebida. Por contra, el auto mayoritario ventiló en poco más de una página el análisis de la falsedad acogiéndose a la tesis de la fiscalía de que las conductas realizadas anteriormente a 1979 estaban prescritas. Pero aun así, aunque se le atribuyera a Pujol un delito continuado, este tampoco existiría porque no se ha demostrado que participó «de alguna de las formas materiales o intelectuales previstas en el Código Penal».

El auto que firmaron la mayoría de los jueces analiza dos operaciones concretas realizadas por Jordi Pujol para determinar si cometió o no el delito de apropiación indebida. Una es la venta de 1.057 acciones de la serie B de Banca Catalana a la sociedad instrumental HOE SA, en enero de 1982, por parte del que ya era entonces presidente de la Generalitat, junto a su hermana y su madre, con la finalidad de pagar el impuesto de sucesiones tras la muerte del padre, en septiembre de 1980. Ya se dijo en el primer capítulo del libro que la familia Pujol cobró por la venta de esas acciones 25.242.781 pesetas a través de la concesión de un crédito de Banca Catalana a HOE SA, pese a la situación de quiebra en que se encontraba esta empresa y la seguridad de que no podría devolverlo. El tribunal resta importancia a este detalle y dice que ese crédito «no supuso traslado material de dinero» de la entidad a la sociedad instrumental, sino la renovación de otra póliza de crédito anterior.

Los jueces recuerdan también que al morir Florenci Pujol le dejó en herencia a su hijo Jordi acciones por valor de 3.378.000 pesetas que nunca figuraron en el Libro Registro de accionistas «por estar pendientes de diversos trámites», según certificó Banca Catalana en 1986. Considera el tribunal que el origen de las acciones era lícito y que «incluso se vendieron a un precio algo inferior al normal en el tiempo en que se produjo la enajenación». No existió, pues el «dolo subsiguiente propio del delito de apropiación indebida». Podría existir, en todo caso, matiza el tribunal, «un dolo antecedente determinante de engaño». En ese caso se trataría de un delito de estafa por el que no acusó el fiscal, aunque el tribunal tampoco cree que existió.

Frente a ese parecer mayoritario, los jueces que firmaron el voto particular sostienen otra tesis muy distinta. En su opinión, el grupo de directivos de Banca Catalana era «sabedor del progresivo empobrecimiento de la entidad, entre otros motivos por la compra de acciones de la propia sociedad con fondos de la caja B, circunstancia que ocultaban a terceros». De ahí que «tuvieran buen cuidado de procurar desprenderse de sus acciones cuya pérdida de valor les constaba que era próxima e inevitable, con lo cual además hacían suyos fondos salidos de Banca Catalana de los que eran meros administradores».

En ese contexto en el que esos jueces consideran que ha de valorarse la operación de la venta de 1.057 acciones de HOE SA el 19 de enero de 1982, «cuyo precio fue concertado por el aforado, como vendedor, y los otros componentes del citado grupo de dirigentes de facto a través del Departamento de Valores de Banca Catalana, pese a conocer aquellos que HOE SA a la que concedía el crédito para pagar dicho precio jamás podría hacer frente a sus obligaciones, dado que su situación patrimonial era de –1.714 millones de pesetas». Con todo, HOE SA transmitió entre enero y agosto de 1982 más de 90.000 acciones de la serie B por las que pagó a sus respectivos titulares anteriores precios superiores al 225 %, «cuando el valor que les correspondía era menos que nulo», dicen los jueces del voto particular. Nada que ver este análisis con el que hicieron la mayoría de los magistrados.

La segunda operación que analizan los jueces que votaron la exculpación fue la donación, el 14 de mayo de 1982, de 22.749 acciones de la serie A y 74.953 de la serie B a la Fundació Catalana. Sobre las primeras ostentaban los restantes accionistas unos derechos de adquisición preferente y en la escritura de donación se hizo constar, de manera que quedaba sujeta a cumplir los trámites estatutarios establecidos y ofrecer la posibilidad de que aquellos las comprasen. Pero no ocurrió así y al inscribirse la donación en los registros de Fundació Catalana y Banca Catalana no se anotó la condición suspensiva.

Dicen los magistrados que «ningún dato obrante en autos autoriza a poner en duda» la versión que ofreció Pujol en su declaración. El tribunal razona que el hecho de que «no se hiciera indicación de la existencia de la referida condición suspensiva podrá imputarse a las personas que practicaron e hicieron practicar dichas anotaciones en tales registros, pero en modo alguno al aforado» Jordi Pujol.

Como ya se ha relatado, al no inscribirse esa condición suspensiva Pujol siguió conservando la propiedad de esas acciones de la serie A en espera del desenlace de la Banca Catalana. Si se hubiera reflotado el banco habría recuperado esos títulos, que tenían un valor de 113,7 millones de pesetas de acuerdo con la cotización en bolsa ciertamente artificiosa que se había creado. El tribunal consideró de forma mayoritaria que la fiscalía no tenía razón cuando acusó a Pujol de cometer un delito de falsedad en documento oficial y mercantil por esa operación, porque él sí hizo constar en la escritura de donación la condición suspensiva.

Y yendo incluso más allá y sin que el escrito del fiscal hiciera mención a la existencia de un plan predeterminado entre Jordi Pujol y terceras personas para perjudicar al resto de los accionistas con ese ocultamiento, el tribunal concluyó: «No existe ningún dato que permita presumir que el donante se concertara con alguien para lograr que no se inscribiera tal condición suspensiva en los referidos registros, ni, por ende, cabe sostener, aun a los efectos indiciarios propios de esta etapa procesal, que el aforado tuviera algún género de participación en dicha omisión registral».

Los jueces que quedaron en minoría reprochan abiertamente que el auto mayoritario de sus compañeros se caracteriza por una «casi ausencia total de hechos» y recuerdan la obviedad de que «si algo hay importante en un auto resolviendo sobre la petición de procesamiento son los hechos». En ese sentido, el voto particular insiste en que «sobre la en principio clara afirmación de inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra el aforado planea la duda de que en el futuro puedan presentarse tales indicios. O los hay o no los hay, o en otro caso se investiga para poder pronunciarse de forma clara y terminante».

La contundencia con que se expresan los jueces discrepantes proviene del fundamento décimo del auto mayoritario en el que después de proclamar que no existen indicios racionales para procesar a Pujol se añade la coletilla «sin perjuicio de que caso de aparecer nuevos datos o elementos se proceda con arreglo a derecho».

Para los magistrados que firmaron el voto particular, «esta posición dubitativa del auto [mayoritario] nos inclina a reafirmarnos aún más en la apreciación de la existencia de indicios racionales de criminalidad» contra Jordi Pujol. A su entender, era necesario continuar la investigación de los hechos para, en una siguiente fase procesal, valorar la prueba y clarificarlos. «No se puede dejar la vía abierta a nuevos datos o elementos si está en la competencia del pleno investigar si tales datos o elementos pueden o no presentarse por haber agotado la investigación.»

El voto particular de los ocho magistrados está repleto de cifras y datos que avalan su argumentario sobre la existencia de delito. Uno de ellos es el hecho, nunca rebatido, de que la gestión que hizo el grupo directivo de Banca Catalana, con Jordi Pujol a la cabeza, durante unos años perjudicó a los accionistas de la entidad y al Fondo de Garantía de Depósitos por un montante de 19.679 millones de pesetas por razón de activos ficticios y 14.682 millones por la imposibilidad de recuperar los créditos otorgados a sociedades instrumentales «con pleno conocimiento de que no podían realizarse dado que aquellas presentaban resultados negativos constantes y crecientes y en tal medida eran total y absolutamente insolventes».

Por todo ello, esa minoría de jueces acordó que, al margen de declarar el procesamiento de Jordi Pujol, se le debía exigir una fianza de 35.000 millones de pesetas para garantizar las responsabilidades civiles que pudieran acordarse. Es la suma aproximada de las dos cantidades citadas anteriormente. El voto particular concedía 24 horas para cubrir esa fianza y, en caso contrario, se debería acordar el embargo de sus bienes.

DEL OSTRACISMO A LA CREU DE SANT JORDI

Las memorias de Jordi Pujol dedican apenas unos párrafos a la decisión judicial de su exculpación, pero resulta muy ilustrativo el concepto que destila sobre la independencia judicial y el principio de legalidad que rige la actuación de la fiscalía. «Un pequeño comentario sobre los fiscales y los jueces. Es absolutamente necesario que unos y otros estén a cubierto de la presión política y que, por tanto, tengan una garantía de estabilidad en el cargo. Pero no están libres de otro tipo de presión, la de su propia ideología»,³ dice el expresidente de la Generalitat a modo de insinuación que despeja más adelante. «Por tanto, puede darse el caso de que un fiscal que tenga asegurado el cargo a perpetuidad o por un periodo de veinte o veinticinco años actúe movido por prejuicios personales o ideológicos. La seguridad en el cargo judicial en ocasiones es buena, pero algunas veces tiene consecuencias perjudiciales e injustas para terceras personas que son víctimas durante años de un sectarismo tal vez de buena fe pero pernicioso e injusto», remacha Pujol, en lo que se antoja una sugerencia a la posibilidad de destituir a un fiscal si su actuación no ha sido del agrado del poder político.

El expresidente jamás dió muestras de olvido por la querella. Es más, él mismo ha escrito textualmente: «Banca Catalana me produjo una herida profunda. Pensaré en ello mientras viva. Lamentaré que el país perdiera la oportunidad de disponer de una gran entidad financiera, y mantendré a la vez el convencimiento de que, con la campaña que precipitó la crisis y con la querella, nos querían destruir, a mí y a un sector del país. Todo podría haber sido de otra manera. Podrían haberme sacrificado a mí personalmente, pero no a Banca Catalana ni a lo que significaba para Cataluña».

En otro momento, Pujol utiliza la metáfora del pañuelo que contiene ese dolor y que guarda en el fondo del cajón de una mesita de noche. «Si algún día, a la hora de ir a dormir, quisiera hurgar en la herida o cultivar el resentimiento, abriría el cajón, desataría el pañuelo y observaría su contenido. No lo he hecho nunca, por temor a que ello me dañara el espíritu y por si no acertaba a envolverlo de nuevo. [...] El resentimiento es un combustible muy poderoso, pero no sirve para hacer buena política ni buen servicio al país», dice Pujol.

Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena sufrieron durante años el resentimiento que niega Pujol, pues hubo de cohabitar con ellos durante unos años de su mandato en la Generalitat. Villarejo fue nombrado fiscal jefe de Barcelona en 1987 y posteriormente fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) hasta 1995, en que ocupó la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. En 2003 José María Aznar le pasó cuentas y cambió la ley para destituirlo por atreverse a solicitar en 2001 el suplicatorio del entonces eurodiputado Silvio Berlusconi por el llamado «caso Tele 5», referido al impago de impuestos y seis presuntos delitos de falsedad. No puede obviarse que el impulsor de la reforma legislativa que supuso la salida de Villarejo de la Fiscalía Anticorrupción fue el diputado de Unió Democràtica Manuel José Silva, ahora abogado del despacho de Roca Junyent.

En 1996, a los pocos meses de abandonar la jefatura de la fiscalía de Cataluña, Villarejo fue sustituido por José María Mena, que finalizó su discurso de toma de posesión con una cita del poema de Salvador Espriu que musicó Raimon. «Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d’aquest poble» (Nos mantendremos siempre fieles al servicio de este pueblo). Días después, Mena regresó al Palau de la Generalitat para cumplir el trámite de cortesía institucional en compañía del fiscal general del Estado de la época, Carlos Granados, y de la consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert. Ese día Pujol impidió el acceso de los fotógrafos a su despacho, en contra de lo que suele ocurrir en este tipo de encuentros protocolarios. Fue muy breve, pero duró lo necesario para que el entonces inquilino del Palau evidenciara que había desatado el pañuelo del resentimiento.

José María Mena: Nos recibió a los tres y nos sentamos en el sofá. Pujol me explicó lo que era la fiscalía y yo le atendí amablemente. Y al acabar su discurso dijo: «Y como usted comprenderá, su nombramiento no me satisface, pero ya me ha dicho la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que no había otro remedio». Y yo entonces le dije: «Le agradezco su sinceridad y le garantizo a usted que antes (puse mucho énfasis en esa palabra para que se viera lo que estaba diciendo), ahora y en el futuro no haré más que cumplir con la ley». Él iba a lo suyo y entonces me miró, se levantó, fue a la puerta, la abrió y nos miró. No dijo nada más. Nosotros nos levantamos del sofá y salimos. Así fue la entrevista.

Carlos Jiménez Villarejo: La mía duró menos tiempo todavía. Cuando me nombraron fiscal jefe de Barcelona me presenté solo en el Palau de la Generalitat, a mostrarle mi consideración por razones de protocolo. A mí no me acompañó nadie. Entré en su despacho, él se sentó en un sillón y yo en otro y puso cara de pensar «¿qué hace este señor aquí?». Yo le expliqué cuál era mi proyecto para la fiscalía en un Estado democrático, renovado, etcétera. Cuando acabé me miró y me dijo: «¿Ha terminado?». Le dije que sí y él se levantó, me abrió la puerta y dijo adiós. No me dirigió la palabra, no me hizo ningún comentario.

JMM: Hay otros que les pasa una cosa así y se van preocupadísimos a casa. Nosotros nos íbamos felices y pensábamos «fíjate qué poco le gusto». Y nos parecía bien, jamás me dio problemas psicológicos.

En otro momento, Mena declaró: «Yo comprendo que no nos tenga simpatía. La rabia que da eso no prescribe y la guardará siempre, pero nosotros a él no le tenemos ninguna antipatía. Somos unos profesionales que hemos hecho lo que nos toca. Nosotros contra él no tenemos nada, ni personal ni institucionalmente. Para nosotros solo era un señor que salía en unos papeles, que, según los datos que nos dieron, hizo aquello y lo teníamos que acusar. En las películas, los fiscales hacen del caso un asunto personal y tienen mucho afán de perseguir. Nosotros no tenemos esos problemas, nos pagan igual. Si no hubiéramos llevado el asunto de Banca Catalana, esos meses habríamos cobrado lo mismo y habríamos vivido notablemente mejor».

Pese a la frialdad con la que hablan José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, lo cierto es que fueron demonizados por parte de algunas instituciones catalanas y hubieron de convivir con ese ostracismo institucional. Hasta que en 2010, a los 24 años de la exculpación, el segundo Gobierno tripartito presidido por José Montilla les distinguió con la Creu de Sant Jordi. Aquel día los fiscales entraron a Palau ya jubilados, sin escolta ni coche oficial, para ser condecorados por el presidente de la Generalitat de Cataluña. En el caso de Jiménez Villarejo, el Gobierno catalán justificó la condecoración por su «lucha contra la corrupción y la sostenida defensa de los valores democráticos», mientras que en el caso de Mena se valoró su «combate sostenido por los derechos individuales y colectivos».

Habían transcurrido ya más de dos décadas de la exculpación, pero en CiU se antojaba que existía abierto otro pañuelo de resentimiento y sus dirigentes no se privaron de reprobar la decisión del Tripartito. Ironías del destino, fue el portavoz parlamentario de la época, Oriol Pujol, el que salió en tromba contra la concesión de la Creu de Sant Jordi a los fiscales, de los que dijo en una nota de prensa que «no son merecedores y en cierta manera esto puede suponer una ofensa a toda la gente que merecidamente tiene ganada esta máxima condecoración del país».

El diputado que tuvo que abandonar la política por el caso de las ITV, acusado de tráfico de influencias y dos delitos de cohecho, también dijo entonces que los dos fiscales, a lo largo de su trayectoria, habían estado «persiguiendo a diferentes emprendedores del país», en referencia a los procesos judiciales instados por la fiscalía en casos de delincuencia económica. Sostuvo Oriol Pujol, en relación al proceso de Banca Catalana, que Mena y Villarejo utilizaron «de forma impropia instrumentos a su alcance para hacer una persecución política que después la justicia situó donde debía». El argumentario del hijo, como se ve, se asemeja como dos gotas de agua al empleado por el padre desde el balcón de la Generalitat 26 años antes.

Oriol Pujol se negó a aplaudir aquella tarde del 21 de abril de 2010 y poco después, durante la copa que se sirvió en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, José María Mena fue a saludarlo y evoca aquel encuentro con la ironía y la mordacidad que le caracteriza.

José María Mena: Oriol tenía de entrada una cierta dificultad para darme la mano. Yo creo que es porque llevaba la gabardina y le costaba soltarla. Pero como había prensa delante finalmente cambió de mano la gabardina y me la dio.

Pere Ríos: ¿Qué se dijeron?

JMM: Fue una breve conversación. Finalmente le di la mano y él hizo alguna referencia a lo de Banca Catalana, obviamente. Y yo hice alguna referencia a que lo que tenemos que hacer todos es servir al pueblo de Cataluña y que nosotros habíamos actuado siempre con esa voluntad. Más o menos mi argumento era ese y él no sé si estaba de acuerdo o no pero dijo algo así como que el tiempo lo arreglará. Pero el tiempo, en todo caso, corre a mi favor, porque yo me moriré y él se quedará con el tiempo y tendrá que arreglarlo él solo, sin ayuda.

PR: También hablaron de la prescripción de los supuestos delitos que cometió su padre.

JMM: Sí, pero esa parte no me gusta mucho contarla porque es anecdótica. Él dijo que tenía que pasar el tiempo y yo le dije algo así como que el tiempo que había pasado desde entonces era mayor que el necesario para prescribir el homicidio.

PR: ¿Le parece comprensible que Oriol Pujol aún guarde ese recuerdo de Banca Catalana?

JMM: Sí. Yo comprendo a Jordi Pujol y a Oriol Pujol, cuando no me quería dar la mano. Me hago cargo de que ese chico en aquellos tiempos era un adolescente o preadolescente que oiría en su casa que unos canallas injustamente quieren perseguir a su padre por catalán. Con eso ha nacido y lo ha mamado. Es razonable que tenga con nosotros una actitud de hostilidad, de animadversión y de incomprensión. Él a nosotros no nos puede comprender pero yo a él le comprendo. Y un buen hijo de su padre es razonable que se porte así y hasta es bueno. Pero, claro, no tiene razón el pobre chico. Este es su problema.

PR: Al margen de esta reacción, ¿se han sentido cómodos e integrados en la sociedad catalana después de aquel proceso?

JMM: Conocida la visceralidad de las reacciones políticas simplistas, hay que reconocer positivamente el nivel de comodidad de la discrepancia en Cataluña. Hemos seguido viviendo con comodidad y con un cierto respeto. Yo por ejemplo voy por la calle y me encuentro a veces gente que me conoce y me saluda, pero también pienso que por cada uno que me saluda positivamente y me para, ¿cuántos más me reconocerán y dirán «ahí va ese hijo de puta»? Pero como vivimos en una sociedad muy civilizada, de los que piensan esto segundo ninguno me para y me lo dice. Y lo agradezco muchísimo, porque tendría que dar explicaciones de que no lo soy.

PR: ¿Es cierto que cuando se estaba instruyendo el caso Banca Catalana recibía en su casa llamadas telefónicas insultantes?

JMM: Sí, a todas horas de la noche. Metíamos el teléfono debajo de unos almohadones del sofá para que no se oyera. Llamaban continuamente con insultos horrorosos. Se ponían mis hijas, yo no. «Tu padre es un hijo de puta y tal», les decían. Todo en catalán, obviamente. Y entonces mis niñas les decían: «No, no, usted se confunde». Lo llevaban muy bien, eran unas adolescentes muy majas. En eso nunca tuve una sensación de resistencia heroica, más bien tenía una sensación de cosa graciosa y deportiva.

PR: Hablando de cosa deportiva, también le negaron a su familia la pertenencia a un club. ¿Fue por Banca Catalana?

JMM: Eso ocurrió al menos 20 años después y tenía relación con Banca Catalana. La familia nos quisimos hacer socios de un club de esos para hacer piscinas los fines de semana y nos dijeron que yo era persona non grata. Y como era non grato, pues no había piscina. No diré ni el nombre ni el lugar. El problema que tenemos es que con quien hace de esto una pasión personal similar a la religiosa no hay manera de razonar porque el odio no prescribe. Cuando hay fe no hay nada que hacer. Hay que convivir con ellos, respetarlos, pero no intentar convencerlos. Yo les comprendo y ellos no. Vamos a seguir conviviendo y amamos esta tierra. No deseamos pelearnos ni dar datos para la bronca. Creo que a Carlos le pasa igual.

Carlos Jiménez Villarejo: Yo también me he sentido muy cómodo en Cataluña. Hace unos meses se acercó a saludarme muy afectuosamente un antiguo director general de Justicia de la época de Jordi Pujol. Eso sucede de forma muy habitual, pero no solo de la gente que ha ocupado cargos en la Administración autonómica, sino de personas que van por la calle o en autobús y metro y te reconocen y te saludan.

PR: ¿Creen que la confesión de Pujol cambia en algo la idea que quedó en la sociedad sobre el caso Banca Catalana?

JMM: Desde el punto de vista jurídico no cambia nada. La confesión quizás añada otras vías de investigación de hechos posiblemente prescritos. Una cosa es que tenga dinero en Andorra y que se plantee si hay o no infracción contra la Hacienda Pública y, en su caso, ya es más discutible, si hay delito, y otra cosa es que el origen del dinero, del que una parte se ha descubierto ahora, proceda de los hechos a los que se refería el asunto de Banca Catalana. Yo no tengo datos, ni siquiera periodísticos, para relacionar una cosa con otra, pero me consta que buena parte de los informadores dicen que podría haber relación.

CJV: Como dice José María, desde el punto de vista técnico es difícil relacionar directamente la declaración autoinculpatoria con el proceso de Banca Catalana. Pero hay un dato cierto, y es que Pujol, a los pocos días de presentarse la querella se proclama desde el balcón de la Generalitat depositario de los valores éticos y morales de Cataluña y equivocadamente atribuye al Gobierno central una jugada indigna y le acusa de favorecer, también falsamente, la presentación de la querella. Sí que hay algo que enlaza la confesión de Pujol con Banca Catalana y es que no puede atribuirse la titularidad de supuestos valores éticos porque él reconoce que ha estado defraudando a Hacienda desde el año 1980. Eso destruye cualquier planteamiento que se atrevió a hacer de que fuera el Gobierno y los fiscales los que estaban atropellando su dignidad y su honorabilidad. Lo cierto es que en el sumario queda acreditado que, entre 1980 y 1982, siendo ya presidente de la Generalitat, seguía realizando actividades con Banca Catalana.

JMM: Y no hay que olvidar que en el sumario ya se hablaba de la herencia del padre y del pago de esos impuestos (22 millones de pesetas en 1982). Los que sepan hacer las cuentas pertinentes descubrirán el quantum de la herencia con la que se pagó el impuesto de sucesiones. Y de lo que hay se podrá estimar la acumulación inicial del dinero. Por tanto, se deduce una posibilidad de conexión entre Banca Catalana y la confesión.

CJV: El capital acumulado por él durante 34 años de fraude fiscal continuado, 23 de ellos como presidente de la Generalitat, tiene que generar algunas conexiones con lo que fue el supuesto principal de su enriquecimiento ilícito con Banca Catalana. Si no, es difícil explicar que esos cuantiosos beneficios hayan surgido de una forma desconocida.

QUÉ SE HIZO DE ELLOS

Los 41 magistrados que componían el pleno de la Audiencia Territorial pertenecían a sensibilidades muy distintas. La inmensa mayoría eran conservadores, a otros se les suponía cierto posicionamiento progresista derivado de su pertenencia a la asociación Jueces para la Democracia y unos cuantos no estaban asociados. En cualquier caso era una judicatura heredera del franquismo que no había tenido tiempo siquiera de oxigenarse con la llegada de la democracia. En esa tesitura, seguramente tiene razón Margarita Robles cuando sugiere que en la decisión de exculpar a Jordi Pujol pesó en la conciencia de los magistrados la identidad y el cargo del querellado y la antigua militancia política de los fiscales. En plena dictadura, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena estuvieron más de una década en las filas del PSUC, el histórico partido de los comunistas catalanes y sin el que no es posible entender la lucha antifranquista.

«Se ha actuado en justicia, dejando absolutamente de lado las circunstancias políticas del caso», aseveró el presidente del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona, Jaume Amigó de Bonet, el día de la exculpación de Jordi Pujol. Y en lo que se antojó una especie de justificación añadió que los magistrados únicamente habían tomado la decisión desde el punto de vista del derecho. «No ha habido presiones políticas, hemos sido totalmente libres», zanjó.

Tras aquella decisión, diversos magistrados hicieron carrera en la magistratura, incluso fuera de ella de distinta manera. Otros permanecieron en sus destinos y no faltaron incluso los que acabarían condenados.

Magistrados por la exculpación

Jesús Corbal Fernández: Fue ascendido a magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la Sala Civil y Penal, posiblemente el mejor destino que puede ocupar un juez en Cataluña por la reducida actividad que desempeñan. Más tarde se convirtió en el primer director de la Escuela Judicial situada en la montaña de Vallvidrera, en Barcelona, después volvió a recalar en su plaza del TSJC y en 1999 fue designado magistrado del Tribunal Supremo, la máxima categoría que puede alcanzar un juez en España. Y la mejor pagada, con diferencia, lo que explica el indisimulado deseo que muestran muchos jueces de lograr ese destino. Se jubiló en noviembre de 2011 y unos meses después su nombre sonó para presidente del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Dívar, el juez que aprovechaba su cargo público para satisfacer su vida privada con cargo a los Presupuestos del Estado.

Luis María Díaz Valcárcel: Afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) desde su fundación hasta que se jubiló. Ya en 1980, cuando era juez de primera instancia de Barcelona, su nombre sonó como integrante de una de las tres candidaturas presentadas para elegir a los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial. Ese es otro destino también muy ansiado en la carrera judicial, porque está muy bien retribuido, se disfruta de tarjeta Visa y, sobre todo, permite estar cinco años sin poner sentencias, una aspiración para una parte de la judicatura española. Después de la exculpación de Pujol fue nombrado magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC y posteriormente de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, la encargada de resolver, entre otros, los recursos de los ciudadanos contra las decisiones de cualquier índole que adoptan las administraciones. Se jubiló en ese destino, pero realizó diversas publicaciones por encargo de la Generalitat sobre la organización de la justicia y el derecho civil catalán.

José Ramón Ferrándiz Gabriel: Al igual que Corbal, en 1980 ya aspiraba a ser vocal del CGPJ pero no consumó su deseo. Se mantuvo en su destino de la Audiencia de Barcelona tras la exculpación de Pujol, pero cada vez más fue ganando peso en el seno de la conservadora APM, hasta llegar a portavoz, lo cual no es poco porque en esa asociación mayoritaria militan la mayoría de los «patas negras» de la judicatura española. Años después recaló en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo, donde continúa, y se vio envuelto en varias sentencias polémicas. La más destacada, cuando asumió la ponencia de una reclamación presentada por Ausbanc, una asociación de defensa de los consumidores frente a los bancos, teniendo en cuenta que su hermano, Carlos Ferrándiz, era entonces director de los servicios jurídicos de Caja Madrid en Cataluña y parte implicada en el pleito.

Adolfo Fernández Oubiña: Cuenta un testigo presencial que al acabar el pleno de la Audiencia Territorial se abrazó sin rubor en un pasillo del Palacio de Justicia al abogado defensor Joan Piqué Vidal. En ese despacho recaló tras su jubilación, hasta que partió peras con el letrado. Siendo magistrado de la Sala Civil de la Audiencia de Barcelona fue sancionado a nueve meses de suspensión de funciones por presionar a un compañero por un asunto civil y después regresó a su juzgado de instrucción, donde pasaba la mañana frente a un televisor portátil que emitía series policiacas. De él corrieron durante años todo tipo de rumores sobre su particular manera de ejercer la judicatura, e incluso la fiscalía llegó a abrirle unas diligencias de investigación que no prosperaron por falta de pruebas. Falleció en julio de 2014.

Manuel Gaspar Quiroga Vázquez: Uña y carne con Oubiña, con el que compartía su pasión por el buen comer, eran dos habituales de los mejores restaurantes de Barcelona, de los que en ocasiones se marchaban sin pagar. También frecuentaban el palco del Camp Nou, algo habitual en los años de la presidencia de Josep Lluís Núñez.

Àngel García Fontanet: Años después del pleno, obtuvo plaza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, de la que fue nombrado presidente en 1997. Tras jubilarse de juez, a los 70 años, fue designado miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y se benefició de las reformas que le han mantenido en el cargo. Así lleva diez años, a sueldo de la Administración autonómica. Conserva despacho en el edificio donde ejerció de magistrado en su última etapa, en la Via Laietana de Barcelona.

José Francisco Valls Gombau: Mantuvo su plaza en la Audiencia de Barcelona y se afilió a la asociación progresista Jueces para la Democracia, pero con el tiempo cambió ese carnet por el de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, coincidiendo con su nombramiento como director de Escuela Judicial. Estuvo cuatro años en ese cargo, de 2004 a 2008, regresó dos meses a la Audiencia y pasó a la Sala Civil y Penal del TSJC, donde continúa en la actualidad.

Francisco Talón Martínez: En aquella época se permitía compaginar la judicatura con la docencia y era profesor de derecho penal en la Universidad de Barcelona, en la cátedra de la que era titular Juan Córdoba Roda, abogado de Pujol. Talón y Córdoba mantenían una conocida relación de amistad que le obligó durante un tiempo a permanecer al margen de participar en los tribunales que resolvían los recursos que se produjeron durante la instrucción de la querella. Finalmente se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y desapareció la incompatibilidad de esos lazos de manifiesta amistad, por lo que Talón pudo participar de la deliberación. Más allá de eso, los abogados matrimonialistas aún recuerdan la interpretación preconstitucional del derecho de familia que hacía este juez en los procesos de divorcio, pese a que ya llevaba años en vigor la ley democrática que regulaba esas situaciones. Fue expedientado por los retrasos que acumulaban sus sentencias, pero evitó la sanción. También fue aspirante a vocal del CGPJ pero no lo logró.

Juan Poch Serrats: Se mantuvo en su destino de la Audiencia de Barcelona, pero acabó condenado en sentencia firme a 15 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de prevaricación. Cuando Poch presidía la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Barcelona hizo todo lo que estuvo a su alcance, dictando resoluciones y visitando a otros jueces, para que su amigo José Antonio Soler Ribalta saliese beneficiado en un proceso en el que había en juego cerca de 600.000 euros. El juez y su amigo se conocían desde hacía años por coincidir en el mismo lugar de veraneo.

Francisco Javier Béjar García: Destacado militante de la APM, también se mantuvo en su plaza de la Audiencia de Barcelona, llegó a presidente de su sección y en 1996 fue ascendido a presidente de la Audiencia de Barcelona. Dimitió del cargo en marzo de 2000 tras ser multado por el CGPJ como responsable de la suspensión de un juicio contra un acusado de violación por falta de jueces. El caso provocó un gran revuelo mediático, del que se culpó a Béjar por no planificar la composición de las salas y no dar una salida a aquella situación. El juez colgó la toga y se puso a ejercer de abogado civilista para grandes compañías.

José Luis Barrera Cogollos: Se mantuvo en la jurisdicción civil de la Audiencia, al igual que Béjar, con el que compartía también militancia en la APM. Cuando este dimitió, el Consejo General del Poder Judicial nombró a Barrera presidente de la Audiencia de Barcelona, apoyado por los vocales nombrados a propuesta del PP, los dos de CiU, el del PNV y el de Coalición Canaria. Barrera estuvo diez años en el cargo y falleció en 2013. Cinco años antes, se había visto envuelto en una polémica cuando declaró en una rueda de prensa: «Hay cosas que las entiendo, pero hay cosas que por mucho que las entienda no las puedo hacer, como aquel que le dijo: “¿Y usted por qué mató a su mujer?”, y dice: “¿Usted no ha tenido ganas nunca?”. Pues eso que es un chiste habrá gente que lo pueda entender o que no lo pueda entender, pero no puede ser y no puede ser». Barrera se había enemistado con parte de la prensa por no dejar entrar a las cámaras de televisión ni a los fotógrafos en la Audiencia de Barcelona, muy mal asesorado por la jefa de comunicación del TSJC, Mercè Alcocer. Los periodistas se desquitaron con él aquel día.

Celsa Pico Lorenzo: Fue la tercera mujer en España que accedió a la carrera judicial en 1979 y está asociada desde su fundación a la asociación Jueces para la Democracia. Al poco tiempo del pleno de la Audiencia Territorial ascendió a magistrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, y en 2004 se convirtió en la segunda magistrada en llegar al Tribunal Supremo en esa misma jurisdicción, donde continúa.

José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat: Su carrera profesional es muy parecida a la de Celsa Pico. Miembro de Jueces para la Democracia, fue destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y en 2003 ascendió al Tribunal Supremo, donde se ha especializado en derecho administrativo económico. En estos años ha participado en un sinfín de misiones internacionales en materia de derechos humanos en varios países latinoamericanos. Toda esa actividad, además, la compaginó con su colaboración en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat y la Escuela Judicial.

Eloy Mendaña Domínguez: Siguió un camino muy parecido y se jubiló a los pocos meses de aquella decisión judicial. Para entonces, su hijo, Eloy Mendaña Prieto, ya era juez en activo, aunque en 2000 solicitó una excedencia voluntaria para ejercer de abogado.

Jaume Amigó de Bonet: El presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona cumplió los 70 años al poco de aquel pleno y se jubiló.

El resto de los magistrados que votaron por la exculpación fueron Ricardo Ferrer de la Cruz, José María Amorós Guillén, Terenciano Álvarez Pérez, Julio Selva Ramos, Antonio Perea Vallano, Enrique Lecumberri Martí, Ezequiel Miranda de Dios, José Antonio Oscáriz González, Fernando Pérez Maiquez, Társila Martínez Ruiz, Alberto Andrés Pereira, Juan Fernando Horcajada Moyá, Santiago Campillo Buscarons, Siro Fernández Robles, Pedro Pérez Puchal, Miguel Bañuls Ribas y María Dolores Mondel García.

Magistrados por el procesamiento

Margarita Robles: Continuó de magistrada en su destino y en 1991 se convirtió en la primera mujer en España que ocupó la presidencia de una Audiencia Provincial, en este caso la de Barcelona, pese a los intentos de Jordi Pujol por impedirlo. «Pujol me puso la cruz y me consta que intentó por todos los medios que no me nombrasen, pero al final salí elegida con 17 votos, incluido el del vocal nombrado a propuesta de CiU. Antoni Bruguera era una persona espléndida, muy independiente. Pujol lo intentó convencer y se hicieron muchas gestiones para que no me votara por cómo actué en el caso Banca Catalana. Creo que Pujol se lo tomó como un tema personal. Quizás lo que me echaba más en cara no era tanto que hubiera votado a favor del procesamiento, como que hubiera dado publicidad al voto particular», recuerda Margarita Robles. «Pujol nunca me dijo nada, pero sé que no le gustaba que yo estuviera en ese cargo. Si coincidimos en algún acto, los dos hicimos por no vernos y ya está. Con el resto de la gente de Convergència he tenido buena relación.»

Dos años después, Robles inició su carrera política al amparo del PSOE. En 1993 fue nombrada subsecretaria del Ministerio de Justicia y de 1994 a 1996 fue secretaria de Estado de Interior, con Juan Alberto Belloch como ministro. Después estuvo destinada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y en 2004 ascendió al Tribunal Supremo, en esa misma jurisdicción. Allí sigue, tras un paréntesis de cinco años en que fue vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

Antonio Doñate: Acababa de ser nombrado presidente de la Audiencia de Barcelona cuando se produjo la decisión judicial de Pujol y al finalizar su mandato le relevó en el cargo Margarita Robles. Ambos pertenecían a la asociación progresista Jueces para la Democracia, pero Doñate no hizo carrera política y se jubiló como profesor de la Escuela Judicial de Barcelona. Junto a Carlos Jiménez Villarejo, con el que le une una gran amistad, fueron designados en 2008 por Baltasar Garzón como miembros de la comisión de expertos creada en el marco de la investigación abierta por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo.

Santiago Raposo: Se mantuvo en su destino en la jurisdicción penal de la Audiencia de Barcelona y ocupó la presidencia de la Sección Octava durante diez años. Acabó formando parte del reducido grupo de jueces de España condenados por prevaricación. El TSJC presidido por Guillem Vidal le impuso diez años de inhabilitación por archivar una causa por delito fiscal contra Jaime Sentís, el denunciante del caso Casinos, sobre la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El Tribunal Supremo confirmó la condena. Curiosamente, Raposo estuvo defendido en ese juicio por el despacho de abogados de Piqué Vidal.

Emilio Aragonés Beltrán: En 1986 ya era magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y continúa en esa jurisdicción, ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En octubre de 2013 fue imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos por su presunta relación con el caso ITV, una trama que trató de amañar concursos de estaciones de la inspección técnica de vehículos para lograr adjudicaciones. Fue el caso que costó la carrera política a Oriol Pujol. En noviembre de 2014 fue archivada la causa contra Aragonés por prescripción del delito. El Supremo declaró probado que entre 2006 y 2010, mientras ocupaba el destino citado de juez, Aragonés asesoró de forma «continuada» a la empresa Certio, del sector de las ITV. Por ese mismo caso, otro magistrado del TSJC, Joaquín José Ortiz Blasco, fue condenado a dos años de suspensión de empleo y sueldo por la misma conducta de asesorar a dos empresarios de la trama, al tiempo que resolvía los recursos presentados ante su sala a propósito de las adjudicaciones de la ITV. Aragonés falleció en enero de 2015.

José Félix Méndez Canseco: Al igual que Aragonés, cuando se celebró el pleno ya era magistrado de lo contencioso-administrativo y no ha cambiado de jurisdicción ni ha ascendido.

Ángel de Prada Mendoza: Era presidente de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona y con los años pasó a magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde permaneció hasta su jubilación.

También votaron a favor de la exculpación José Presencia Rubio, poeta y presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, y Mercedes Moradas Blanco, adscrita al mismo tribunal.

AGRADECIMIENTOS

A Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, dos fiscales que conocí como periodista y con los que años después, ellos jubilados y yo alejado de los tribunales, mantengo una relación de afecto. Sin su colaboración este libro no hubiera sido posible.

A Antonio Doñate, juez honesto sin el que tampoco se explica esta obra.

A Margarita Robles, cuyo testimonio tiene una especial importancia, así como a los magistrados en activo Celsa Pico y José Manuel Bandrés.

A Fernando Ledesma, por aceptar sin reparos las dos entrevistas.

A Raimon Obiols, que tampoco dudó en colaborar.

A Joan Piqué Vidal y Francesc Cabana, desde la distancia que me separa.

A Andreu Missé y Bonifacio de la Cuadra, periodistas de una pieza y entrañables seres humanos. A Salvador Aragonés, compañero de profesión.

A Susana Ros, diputada y socialista honesta, por su colaboración.

A los amigos, como María Fabra, que me apremiaron en la labor.

Y muy especialmente a Maria Sanahuja. Sin su paciencia y su compromiso no habríamos llegado hasta aquí.

Notas

1. Es también el título de un capítulo de la profesora Laura Zúñiga Rodríguez en la obra Poder y delito: escándalos financieros y políticos de la Universidad de Salamanca, Editorial Ratio Legis, 2012.

2. Alternativas Económicas, núm. 18, p. 30.

3. Perfecto Andrés Ibáñez, «Derecho y justicia en el siglo XXI: más difícil todavía», en Jueces para la Democracia, núm. 48, 2003, p. 31.

1. El cálculo de la renta actualizada se ha realizado con la aplicación disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística: <www.ine.es/ calcula>.

1. Andreu Missé, «El cas Banca Catalana», en Memòria de Catalunya, Taurus/El País, 1997.

2. Jordi Pujol, Construir Catalunya, Pòrtic, 1980. La traducción es del autor.

3. BOE del 9 de marzo de 1959, pp. 3898, 3899 y 3901.

4. Francesc Baiges, Enric González y Jaume Reixach, Banca Catalana. Más que un banco, más que una crisis, Plaza y Janés, 1985.

5. Jordi Pujol, Memorias (1930-1980). Historia de una convicción, Destino, 2007, pp. 113-114.

6. Voto particular suscrito por los ocho magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona que el 21 de noviembre de 1986 votaron a favor del procesamiento.

7. «El Gobierno enviará al fiscal del Estado la información sobre irregularidades en la gestión de Banca Catalana», El País, 17 de junio de 1983.

8. El País, artículo citado.

9. Andreu Missé, op. cit.

10. Voto particular suscrito por los ocho magistrados de la Audiencia Territorial de Barcelona que el 21 de noviembre de 1986 votaron a favor del procesamiento, p. 8.

11. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, pp. 82 y 83.

12. Escrito de la fiscalía del 30 de octubre de 1986, p. 96.

13. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 132.

14. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 138.

15. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, Destino, 2009, p. 121.

16. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 204.

17. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, p. 123.

18. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 212.

19. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 226.

20. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, p. 127.

21. «Pujol se revuelve y denuncia una causa general contra él y contra CiU», La Vanguardia, 27 de septiembre de 2014.

22. Auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, 8 de octubre de 2014.

23. Auto de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, 8 de octubre de 2014, p. 26.

24. Escrito de la fiscalía del 30 de junio de 1986, p. 343.

25. Escrito de la fiscalía de 30 de octubre de 1986, p. 26.

26. Escrito de la fiscalía de 30 de octubre de 1986, p. 29.

27. Ramón Besa, «El “arte Vilaseca”», El País, 8 de noviembre de 2014.

28. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, pp. 107-108.

29. Escrito de la fiscalía de 30 de octubre de 1986, p. 20.

30. Escrito de la fiscalía de 30 de junio de 1986, p. 332.

31. Jordi Pujol, Memorias (1930-1980). Historia de una convicción, p. 212.

32. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993). Tiempo de construir, p. 109.

33. Declaración escrita, 2 de septiembre de 1984, p. 3.

34. Declaración oral, 2 de octubre de 1984, p. 4.

35. José Aguilar, «Carmen Posadas: “A Mariano le parecía increíble que le prohibieran tocar lo de Banca Catalana”», El Mundo, 2 de noviembre de 2014.

36. Francesc Cabana, en un artículo titulado «¡Ojo con las cajas!», publicado en el diario Avui el 5 de abril de 2009, escribió: «Si no queremos repetir la historia sería bueno repasarla y nos daremos cuenta de cómo puede llegar a ser de destructivo para las empresas y el país, cuando se politizan las dificultades. El elemento necesario de la caída del proyecto de Banca Catalana fue una cruenta batalla política del PSC de entonces, contra Jordi Pujol, obcecados más por la pérdida del poder que por el daño que hacían al país. Curiosamente, uno de los responsables de entonces ahora ocupa un alto cargo en la segunda caja de Cataluña y estoy seguro de que en estos momentos de dificultades debe pensar a menudo cómo es de caprichosa y cruel la historia».

1. «Los manifestantes lucieron en la solapa la pegatina “Jo, Pujol”», La Vanguardia, 31 de mayo de 1984.

2. Jordi Pujol, Memorias (1980-1993).Tiempo de construir, pp. 121-122.

3. «Explosivas declaraciones del delegado del Gobierno en Andalucía sobre Pujol», La Vanguardia, 11 de abril de 1986.

4. Pere Cullell, Què direu de mi, Planeta, 2003, p. 126.

5. Pere Cullell, op. cit., p. 127.

6. Andreu Missé, op. cit., p. 329.

7. Pere Cullell, op. cit., p. 115.

8. Andreu Missé, op. cit., p. 340.

9. «Luis Burón Barba niega haber tenido presiones del Gobierno para que presentara la querella», La Vanguardia, 24 de mayo de 1984.

10. Jordi Pujol, Memorias (1930-1980). Historia de una convicción, texto de contra.

11. La Vanguardia, 18 de noviembre de 2012.

12. La Vanguardia, 31 de mayo de 1984.

13. La querella se interpuso finalmente el martes 22 de mayo de 1984.

14. El artículo aludido es una tribuna de opinión publicada el 26 de septiembre de 2014 por el abogado y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en El País titulada «La muralla de Jordi Pujol». En un párrafo se afirma: «En 1984 estalló el escándalo del caso de la Banca Catalana. El entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, autorizó la presentación de la querella criminal por apropiación indebida, estafa y falsedad, que habían redactado los fiscales de Barcelona Villarejo y Mena. Su reacción fue furibunda y grandilocuente. No se le estaba persiguiendo como banquero sino como encarnación de la Cataluña tradicional. Sin embargo, las claves que manejaba no explicaban la naturaleza del suceso. El Gobierno era socialista y los fiscales, de intachable trayectoria democrática. No solo la prensa y la opinión pública catalana se volcaron en la campaña victimista, también los sectores tradicionales del españolismo se pusieron paradójicamente a su lado y arremetieron contra los fiscales por sus conocidos antecedentes políticos de izquierdas. Sin embargo, los hechos eran difíciles de rebatir. La presión sobre el Gobierno socialista surtió efectos. El fiscal general del Estado decidió dimitir pero no se consiguió que se diera orden de retirar la querella. El pleno de la Audiencia Territorial de Cataluña, no sin disidencias minoritarias, archivó la causa».

15. El asunto referido es el conocido como «caso Linaza», que data de 1981, cuando la juez Huerta mostró una determinación poco habitual en la magistratura, y más en aquella época en la que el terrorismo era incesante en España, en identificar a los agentes que torturaron a Tomás Linaza, padre de un etarra. Pese a la negativa del Gobierno a facilitar la investigación la juez siguió adelante y el caso acabó en sentencia condenatoria del teniente coronel de la Guardia Civil Rafael Masa y de seis agentes por conocer las torturas y no hacer nada por evitarlas y por no comunicarlo a sus superiores. Los beneficios por la entrada en vigor del nuevo Código Penal y los recursos posteriores acabaron provocando la prescripción de las penas.

16. En un artículo publicado en el diario Avui el 14 de junio de 2010 bajo el título de «Recordant Banca Catalana», Francesc Cabana calificó la noticia de «rotundamente falsa» y dijo que «la huida de depósitos se inició al día siguiente». Y dirigiéndose directamente al periodista que la redactó, escribe: «25 años después de la noticia que dio Europa Press todavía no sé de su procedencia, a pesar de que no puedo evitar sospechas, dado el accionariado y la orientación política que tenía vuestra agencia». Y concluía: «Amigo Aragonés, ¿podré saber algún día quién os dio la noticia para publicar, falsa en un cien por cien?».

17. Editado por Cultiva Libros SL en 2011, pp. 193-195.

1. El País, 14 de noviembre de 2014.

2. Tele/eXprés, 6 de junio de 1978.

3. Jordi Pujol, Memorias (1930-1980). Tiempo de construir, pp. 126-127.

Banca Catalana: caso abierto

Pere Ríos

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