BAJO EL PODER DE LA CABALLERÍA

EL EJÉRCITO ARGENTINO (1962-1973)

Daniel Mazzei

Mazzei, Daniel H.

Bajo el poder de la caballería : el ejercito argentino 1962-1973 . - 1a ed. - Buenos Aires : Eudeba, 2012.

344 p. ; 24x18 cm. - (Temas de historia)

ISBN 978-950-23-2054-0

1. Historia de las Fuerzas Armadas. 2. Ejército Argentino. I. Título.

CDD 355.309 82

Eudeba
Universidad de Buenos Aires

Primera edición: octubre de 2012

© 2012
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No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

A Mariano y a Mabel

Agradecimientos

Este libro es el resultado de más de diez años de investigación y de la reelaboración de mi Tesis de Doctorado, realizada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue un proceso largo, casi siempre solitario, en el que me impuse metas que, por momentos, parecieron inalcanzables. No habría sido capaz de terminar el enorme esfuerzo que implica realizar una tesis (y luego transformarla en libro) sin los amigos y colegas que me acompañaron a lo largo del camino, sobre todo cuando las fuerzas decaían, cuando me preguntaba si realmente estaba preparado y si valía la pena seguir adelante.

Por eso quiero agradecerles a todos los que me apoyaron y me alentaron durante estos años. En primer lugar, a mi director de tesis, Pablo Pozzi, que supo darme el consejo justo en los momentos adecuados, que fue crítico y exigente, y, por sobre todas las cosas, sumamente generoso. A Ernesto López, que dirigió la primera etapa de esta investigación. A los colegas que leyeron partes del texto y supieron hacerme comentarios siempre constructivos: Alejandro Schneider, Fabio Nigra, Miguel Ángel Taroncher. A don Rogelio García Lupo, algunos de cuyos artículos inspiraron gran parte de este libro. A los integrantes del consejo de redacción de la revista Taller. A todo el personal de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, que tanto me alentó durante la etapa final de la redacción. También a todos aquellos que accedieron a ser entrevistados o me permitieron consultar sus archivos. En particular a la memoria de Eduardo Castro Sánchez y a su esposa Hebe Cisneros, que compartieron sus papeles y sus recuerdos con enorme calidez.

No puedo dejar de agradecer a la Universidad de Buenos Aires, en cuyos claustros aprendí el oficio de historiador, que me otorgó una beca UBACyT que me permitió completar esta investigación y que ahora –a través de Eudeba– me da la posibilidad de publicar este libro.

Dejo para el final un agradecimiento especial: para Mabel Gentile, a quien conocí a mitad de esta aventura y que me dio la fuerza que me ha permitido llegar hasta el final.

Introducción

Septiembre de 1962. Tanques del Ejército recorren las calles de Buenos Aires. Tropas de infantería, que se aprestaban para combatirlos, ocupan parques y plazas. Las radios difunden comunicados de facciones militares que, como en los juegos de guerra, se hacían llamar azules y colorados. Luego de cuatro días de escaramuzas y algunos enfrentamientos de poca importancia, el conflicto finaliza con un comunicado-proclama en el que los llamados azules prometen restablecer la justicia y la disciplina, respetar las leyes y reglamentos del Ejército, y cumplir con la “sagrada misión de hacer posible la democracia”. Poco después informan que el jefe de las tropas de la guarnición de Campo de Mayo, el casi desconocido general de brigada Juan Carlos Onganía, había sido designado Comandante en Jefe interino del Ejército. A primera vista, parecía otra de las tantas crisis militares que se habían hecho habituales en aquellos años. Sin embargo, era el comienzo de una etapa de estabilidad para el Ejército que duraría poco más de una década. En ese lapso fue conducido por el grupo de oficiales que habían vencido en aquellas jornadas de septiembre de 1962. El control institucional por parte de este grupo se prolongó hasta el 25 de mayo de 1973, fecha en la que el gobierno constitucional del Dr. Héctor Cámpora descabezó la cúpula del Ejército y designó Comandante en Jefe al general Jorge Carcagno.

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El objetivo central de este libro es estudiar al Ejército argentino entre septiembre de 1962 y mayo de 1973, período durante el cual los hombres de la caballería, que habían liderado la facción azul, controlaron los principales mandos de la institución. La etapa analizada es significativa dentro del ciclo de la historia institucional del Ejército abierto por la llamada “Revolución Libertadora” (1955), que se prolongó hasta el final de la última dictadura (1983), durante el cual las Fuerzas Armadas (y el Ejército en particular) se transformaron en protagonistas del proceso político argentino. En ese sentido, la “Revolución Libertadora” significó un corte abrupto en la historia del Ejército. En los años previos, el presidente Juan Domingo Perón había pretendido “peronizar” las Fuerzas Armadas en un claro intento de control subjetivo de las mismas que provocó reacciones que reforzaron cierta tendencia a la politización autónoma de los militares argentinos. El alzamiento contra el general Perón se produjo, en parte, como una reacción de algunos sectores militares contra el intento de “peronizar” a las Fuerzas Armadas. El triunfo de la “Revolución Libertadora” inició un proceso inverso de “desperonización” durante el cual centenares de oficiales de las tres fuerzas armadas fueron pasados a retiro obligatorio. El período posrevolucionario se caracterizó también por las luchas facciosas, la indisciplina, la falta de subordinación a las jerarquías y el aumento de los niveles de autonomía militar frente al poder político. Esta situación se prolongó hasta septiembre de 1962, cuando la victoria de la facción azul, preocupada por la supervivencia de la institución, inició una década de orden al interior del Ejército durante la cual éste estuvo dominado por un grupo homogéneo de oficiales superiores, la mayoría de los cuales compartían un pasado de luchas antiperonistas.

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Tres hipótesis generales básicas recorren este libro. En primer lugar, luego de la lucha facciosa entre azules y colorados, los oficiales del arma de caballería restablecieron los patrones de disciplina y autoridad jerárquica al tiempo que controlaron, a través de manejo de los ascensos, retiros y traslados, los puestos clave de la estructura de mandos del Ejército argentino hasta mayo de 1973. Este grupo de generales de caballería estaba integrado, mayoritariamente, por oficiales que compartían un pasado de luchas antiperonistas y habían sido reincorporados al Ejército durante la “Revolución Libertadora”. En segundo término, ésta representa un punto de quiebre en los niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas con respecto al poder político que aumentaron significativamente. La autonomía militar, en un primer momento de carácter defensivo e institucional, se transformó a partir de la crisis de septiembre de 1959 en autonomía ofensiva y política, y se expresó a través de “planteos”. Desde ese momento, creció el nivel de autonomía militar, aunque esto no ocurrió de forma progresiva ni lineal, alcanzando niveles altos en los primeros meses de 1973. La autonomía plena (o “corporatización”) recién alcanzó su punto culminante entre 1975 y 1982.

Por último, este proceso fue paralelo a la transformación doctrinaria del Ejército argentino que comenzó en 1957 desde la Escuela Superior de Guerra. Junto con las tradicionales hipótesis de conflicto (contra Brasil y Chile) se incorporó otra que alcanza su culminación con el desarrollo de lo que llamaré “Doctrina del Enemigo Interno”, ¹ que le proporcionó al Ejército un nuevo patrón de interpretación para los conflictos políticos y sociales, y una justificación para sus futuras intervenciones políticas. La base de esta doctrina, que se manifestó en el desarrollo de la Guerra Contrarrevolucionaria, ya había sido sólidamente establecida para 1961, fue asimilada durante toda la década de 1960, y perfeccionada y aplicada durante la etapa final de la llamada “Revolución Argentina”.

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El nivel de análisis que he elegido para este trabajo sobre el Ejército es el de la estructura interna de la organización, a través del estudio de las relaciones entre promociones, armas y especialidades al interior de la misma, y sus relaciones con el sistema político. Por ese motivo se otorga gran importancia a los ascensos a los grados superiores del Ejército. En una institución en la cual son los propios generales quienes cumplen un papel primordial en la selección de quienes serán sus pares, el estudio de los procesos de ascenso al generalato y la conformación del Alto Mando es fundamental para comprender los cambios en las relaciones de fuerza que se manifiestan en el interior de la institución a lo largo del tiempo. Esta mirada hacia el interior del Ejército permitirá relevar con mayor precisión un amplio campo de investigación, referido a la evolución de sus tendencias internas, los profundos cambios doctrinarios ocurridos desde finales de la década de 1950 y su interrelación con otros sectores políticos y sociales.

De lo anterior se desprende que no se trata de una historia integral del período posperonista ni un trabajo global sobre las Fuerzas Armadas argentinas, sino el estudio de un actor institucional clave del proceso político entre 1962 y 1973. La propia dinámica de ese Ejército, que lo llevó a ser protagonista de la vida institucional del país, hace que surjan a lo largo de este libro una serie de temas de suma importancia, como la cuestión de la guerrilla, la crisis del sistema político, la radicalización de diferentes sectores sociales, o los conflictos sindicales. Estos temas no serán desarrollados en forma exhaustiva porque significaría apartarme del foco de la investigación y del nivel de análisis propuesto. Tampoco es objetivo de este trabajo estudiar la relación entre Ejército y grupos sociales o económicos, ya que el acento esta puesto en la dinámica institucional interna. Me referiré a esos vínculos en aquellas circunstancias que afecten su relación con el Estado y la sociedad en su conjunto.

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En su estructura interna, este libro se divide en trece capítulos y las conclusiones. En el primero, de carácter historiográfico, analizo los principales debates sobre la relación Fuerzas Armadas y Sociedad generados a partir de los textos clásicos de Samuel Huntington y Morris Janovitz. Ello me permitirá precisar algunas de las categorías que utilizaré a lo largo del trabajo, reflexionar sobre el control civil y los alcances de la autonomía militar en el caso argentino, y realizar un breve estado de la cuestión acerca del Ejército en la etapa posperonista. Los capítulos siguientes siguen un criterio de exposición cronológico. El segundo y el tercero sintetizan la historia del Ejército argentino durante el siglo XX hasta el inicio del conflicto entre azules y colorados (1962), identificando el origen de algunas de las características principales de la etapa posterior que es objeto de este trabajo: la creciente influencia de los oficiales de caballería, los cambios en materia doctrinaria en un contexto de Guerra Fría y el aumento en los niveles de autonomía militar. En los dos capítulos siguientes analizo las causas de la profunda crisis de autoridad por la que atravesaba el Ejército en 1962, que pueden rastrearse en la “Revolución Libertadora”, y examino, en detalle, las luchas facciosas de septiembre de 1962 y abril de 1963, así como sus consecuencias inmediatas tanto en el plano de la política nacional como en el castrense. El capítulo sexto corresponde al análisis de la situación del Ejército durante la primera etapa de la presidencia de Arturo Illia, caracterizada por la desconfianza mutua entre el gobierno y la conducción del Ejército, que alcanza su punto culminante con una crisis castrense que desembocó en el imprevisto retiro voluntario de Juan Carlos Onganía.

Sólo en el séptimo capítulo me aparto del relato cronológico para rastrear el origen de los cambios doctrinarios ocurridos en el Ejército tras la caída de Perón. La aparición de una primera guerrilla rural en Salta es el disparador para adentrarme en el estudio de las influencias externas. Primero a través del análisis del influjo de la misión militar francesa que, a partir de 1957, desarrolló toda la estructura para la “lucha antisubversiva”. Luego mediante el estudio de la política de ayuda militar norteamericano, del entrenamiento de militares argentinos en los Estados Unidos y en la Escuela de las Américas (Canal de Panamá), y de las Conferencias de Ejércitos Americanos. Me detendré a examinar, particularmente, la Vª Conferencia, realizada West Point en agosto de 1964, donde el general Onganía pronunció un famoso discurso cuyo análisis permite comprender, con todos sus matices, el nivel de autonomía alcanzado por el Ejército en su relación con poder político a mediados de la década de 1960.

El capítulo 8 está dedicado al análisis detallado de la conspiración cívico-militar que derrocó al presidente Arturo Illia desde la conformación del núcleo golpista. En el plano castrense, el análisis estará basado en el contrapunto entre la actitud de los oficiales legalistas de la Secretaría de Guerra y el estado mayor golpista por apropiarse del discurso de la facción azul. Para finalizar, intentaré responder dos preguntas que surgen del relato: ¿cuáles fueron las causas que movilizaron a los sectores golpistas?, y ¿por qué, a pesar de sus esfuerzos, el sector legalista del Ejército no pudo impedir el golpe de Estado? Los dos capítulos siguientes analizan la primera etapa de la llamada “Revolución Argentina”, bajo la presidencia del general Onganía. En el noveno se identifican las características del nuevo gobierno “revolucionario” y sus tendencias internas, y se examina el llamado “Plan Europa”, que pretendía romper la dependencia de los Estados Unidos en materia de abastecimiento militar. El análisis se extenderá hasta la designación del general Lanusse como Comandante en Jefe del Ejército, punto de inflexión en la situación interna del Ejército en el siguiente lustro. El capítulo 10 comprende la primera etapa de su comandancia y el eje del mismo es la conflictividad política y social de la primera mitad de 1969 que culminó en el “Cordobazo”. A partir de ese momento se multiplicaron las insurrecciones urbanas, aumentó la violencia política, se agudizó el deterioro del gobierno del general Onganía, cuya imagen quedó sumamente dañada ante la opinión pública. En la parte final, detallaré el proceso político y militar que culminó con el derrocamiento del primer presidente de la llamada “Revolución Argentina”. El capítulo 11 está dedicado a la breve presidencia del general Levingston, cuya propuesta de “profundizar la Revolución” representó un nuevo fracaso de la “Revolución Argentina” que inició una fase defensiva marcada por la reactivación de la actividad política, el crecimiento de las organizaciones armadas, y la multiplicación de las puebladas, cuyo punto culminante fue el llamado “Viborazo” (Córdoba, marzo de 1971). El derrocamiento de Levingston marca el inicio de una etapa signada por la unión del poder real y el poder formal en una misma persona: Alejandro Lanusse. Ese será el tema de los capítulos 12 y 13. En el primero de ellos examino la primera etapa de su gobierno, en la que la política pasó a ocupar un lugar central, y la búsqueda de un consenso entre Fuerzas Armadas, partidos políticos y dirigentes sindicales se transformó en el objetivo principal del gobierno. En ese contexto analizo la propuesta del Gran Acuerdo Nacional (GAN) y los intentos de acercamiento del general Lanusse a Perón, mientras que, paralelamente, crecía la violencia paraestatal y el gobierno endurecía la legislación antiterrorista. Los planes de Lanusse y del sector liberal del Ejército sufrieron un duro golpe con el levantamiento de los regimientos de caballería de Azul y Olavarría (octubre de 1971). La segunda parte de este capítulo está dedicada al análisis de ese suceso, así como de las características ideológicas de los diversos grupos nacionalistas que participaron del mismo. Para finalizar examinaré el cambio de estrategia hacia Perón de parte del general Lanusse, desde mediados de 1972, una vez que se hizo evidente el fracaso del Gran Acuerdo Nacional. En el capítulo 13 se analizan los últimos meses de la comandancia del general Lanusse, una etapa de altísima conflictividad política y social que siguió a la matanza ocurrida en Trelew en agosto de 1972. Estos meses también se caracterizaron, en el plano castrense, por los conflictos de la conducción del Ejército con las otras dos fuerzas armadas, y por el creciente descontento de algunos mandos intermedios que se negaban a reprimir levantamientos populares, o bien se oponían a la proscripción del peronismo. Pero el regreso de Perón (noviembre de 1972) y el eventual triunfo electoral del FREJULI resquebrajaron la autoridad de Lanusse sobre el Ejército. Es en ese contexto que el sector lanussista promovió la firma del llamado documento “de los Cinco Puntos” que buscaba condicionar al gobierno elegido por la voluntad popular. Sin embargo, el amplio triunfo justicialista desbarató los planes continuistas del Alto Mando del Ejército y favoreció una profunda depuración del mismo que marcó el final del predominio del arma de caballería luego de algo más de una década.

1. “Doctrina de la Seguridad Nacional” es una categoría muy amplia que surge en los Estados Unidos, y que ha sufrido múltiples variaciones a lo largo del tiempo. Al fin y al cabo todas las doctrinas de defensa se vinculan con la “Seguridad Nacional”. Preferiré entonces la expresión “Doctrina del Enemigo Interno”, que define mejor el cambio producido a partir de la segunda mitad de la década de 1950, y cuyas bases –intentaré demostrar– ya estaban firmes mucho antes de que los militares argentinos concurrieran masivamente a entrenarse a escuelas militares de Estados Unidos y del canal de Panamá en las que se difundían las ideas del Pentágono.

Capítulo I

Fuerzas Armadas y sociedad en la Argentina

Relaciones Civiles-Militares, Autonomía y el caso argentino

Los estudios sobre las relaciones civiles-militares se desarrollaron a partir de la publicación, en 1957, de The Soldier and the State , de Samuel P. Huntington, que generó un profundo debate en el campo académico sobre la relación entre Fuerzas Armadas y Sociedad. Según Huntington, los dirigentes civiles tienen dos alternativas para controlar o reducir a su mínima expresión el poder militar: a) control civil subjetivo; y b) control civil objetivo. El primero se logra a partir de la maximización del poder civil como medio para minimizar el poder militar. En este caso, se procura la adhesión de los militares a algún sector civil de la sociedad. ¹ La consecuencia de esto es que las instituciones militares se “civilinizan” ² y se politizan (prestando servicio a algún sector o grupo político particular). El control civil objetivo es el opuesto al anterior y se propone maximizar la profesionalización militar para lograr su neutralidad política. En este caso, los militares se convierten en “herramientas del Estado”, transformándose en “políticamente estériles y neutrales”. De esta forma, para Huntington, la profesionalización de los militares es inversamente proporcional a la participación política de los mismos.

El libro de Huntington generó polémicas y, como respuesta, surgió toda una literatura crítica, particularmente en torno a los conceptos de profesionalidad y control civil.³ El sociólogo Morris Janovitz (1967), que estudió el papel de los militares en el sistema político, analizó, en su clásico El soldado profesional, el carácter político y social de la profesión militar, y concluyó que no se puede presumir la neutralidad política de los militares, como hace Huntington. A partir de estos dos libros fundadores de los estudios sobre Fuerzas Armadas y Sociedad surgió una amplia literatura en torno al concepto de profesionalidad (professionalism)⁴ en la que se destacan los trabajos de Bengt Abrahamsson, Charles Moskos y Samuel Finer. Este último fue uno de los críticos más duros de Huntington, para quien la forma más segura de alejar a los militares de la política era alentarlos a ser plenamente profesionales. No obstante, muchos cuerpos militares altamente profesionalizados, como el ejército alemán o el japonés en la primera mitad del siglo XX tuvieron una destacada intervención política. Para Samuel Finer (1969: 39) alta profesionalidad no excluye la participación política, incluso puede llegar a estimularla. Los motivos para intervenir son múltiples y dependen de una combinación de factores, entre los que otorga mucha importancia a los niveles de cultura política de cada sociedad. La debilidad del argumento de Huntington, según Finer, se basa en que “hace que todo dependa de una definición especialísima de profesionalismo y, mediante pura deducción, a partir de esto, de una seudo ‘mente militar’”.⁵

El modelo de Huntington no contempla la intervención política autónoma por parte de los militares. Como expresa Ernesto López (1994: 24), “esto escapa a su percepción, seguramente porque no tenía vigor en la experiencia histórica que sirvió de base a su conceptualización. La subordinación de las instituciones militares a las autoridades civiles está sobreentendida en su planteo, funciona prácticamente como dato”. Por ese motivo no es aplicable al caso argentino ni latinoamericano, ya parte del supuesto de que son los civiles quienes gobiernan, y no que los militares puedan hacerlo. Para Huntington, la subordinación es un acto de consentimiento que necesita un mínimo de voluntad de obedecer. La subordinación de los militares latinoamericanos no es un dato, y la mayor profesionalización tampoco presupone prescindencia política. Como se verá a lo largo de este libro, un mayor grado de profesionalidad no redujo la politización de los militares, ni facilitó el control civil, sino que significó un aumento en los niveles de la autonomía militar.

Al respecto, Samuel E. Finer (1969: 16) advierte:

Es corriente la premisa, la creencia irreflexiva en que, de una u otra manera, es “natural” que las fuerzas armadas obedezcan al poder civil. Por lo tanto, los casos en que aparecen quebrantando el poder civil se consideran, si es que se los considera, como alteraciones aisladas, después de lo cual las cosas retornarán a su cauce “normal”. Pero no se ofrece argumento alguno capaz de demostrar que el control civil de las fuerzas armadas sea realmente “natural”. ¿Lo es? ⁶

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Alfred Stepan (1974), en su riguroso estudio sobre los militares brasileños, sostiene que el de Huntington es sólo uno de los modelos de relaciones civiles-militares (el “liberal”); y que la posibilidad de un control político de los militares depende, básicamente, de la existencia de un sistema político estable. Este no es el caso de América Latina, con una sociedad de tipo pretoriano en la que todas las instituciones sociales se hallan altamente politizadas, mientras que las instituciones políticas son débiles. En muchos de los países del continente americano, las Fuerzas Armadas están profesionalizadas al mismo tiempo que se encuentran politizadas, ya que todos los sectores políticos y sociales buscan ganar su apoyo. ⁷ Esta es la base de lo que Stepan llama modelo “moderador” o “arbitral”, que supone la existencia de unas Fuerzas Armadas altamente politizadas que buscan mantener cierto grado de unidad y una dirigencia política que admite la legitimidad de la intervención castrense para actuar como “moderadoras” del proceso político frente a algún tipo de “amenaza”. Se trataría de los que Samuel Huntington ha llamado “intervenciones de veto”, que ocurren en dos tipos de circunstancias: “Una es la victoria real o prospectiva, en las urnas, de un partido o movimiento a los cuales los militares se oponen, o bien que representa a grupos que el ejército desea excluir del poder político” (Huntington, 1972: 201). En esos casos, el golpe de Estado es aceptado (e incluso considerado legítimo) en tanto se trata de volver a la normalidad institucional en un plazo relativamente breve. ⁸ En este “modelo arbitral” los golpes de Estado “…se perfilan ahora como una respuesta gradual abierta y dual de determinadas elites civiles y militares ante una crisis política, situación en que tanto los sectores civiles como los propios integrantes de las Fuerzas Armadas aguardan la resolución del conflicto gracias a la intervención de estas últimas” (Stepan, 1974: 82).

La intervención militar se convierte así en una variable más del sistema político, no en una aberración. Incluso el propio Huntington reconoce que las intervenciones militares en sociedades pretorianas “no son desviaciones aisladas de una pauta pacífica y normal” (Huntington, 1972: 192).⁹ Al respecto, Alain Rouquié (1982c: 27) afirma que: “Todos los partidos buscan el oído de los militares para sus propios fines políticos. Nunca el Ejército es rechazado de plano como una amenaza para el libre juego de la vida política. [...] Los militares están vistos como socios mayoritarios de un juego complejo y a veces bizantino en el que nada se hace contra ellos o sin ellos”. Esta situación de interdependencia entre Fuerzas Armadas y poder político lo ha llevado a proponer la existencia de un “inversión pretoriana” por la cual la politización aceptada de las instituciones militares ha llevado a la militarización de la vida política.¹⁰ En el mismo sentido, Ricardo Sidicaro (2004: 55) nos recuerda que “…en una circunstancia u otra todos los sectores con cierta capacidad de intervención en la escena política han considerado legítima la intervención de las Fuerzas Armadas en el derrocamiento de algún gobierno civil”.

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En muchos casos el poder político ha intentado un control civil subjetivo subordinando a los militares sobre la base de la adhesión particularista a algún grupo o sector político (López y Pion Berlin, 1996: 153). Este proceso de “civilinización” no opera en el contexto que plantea Huntington. Por lo tanto la subordinación no está sobreentendida, sino que es un objetivo de las autoridades políticas y, en algunas oportunidades, puede producir reacciones contrarias a las esperadas. Esto ocurrió durante la segunda presidencia del general Perón, cuyo intento por lograr un control subjetivo de las Fuerzas Armadas, provocó reacciones que reforzaron “una tendencia a la politización autónoma de los uniformados y a un incremento de su capacidad para proyectarse sobre la escena política de manera autónoma, a partir de consideraciones y criterios propios” (López, 1994: 26). A partir de 1955, los niveles de autonomía militar aumentaron, como veremos, sensiblemente.¹¹

Ernesto López, al replantear el esquema huntingtoniano, se pregunta si no sería mejor interrogarnos sobre “cómo es posible conseguir la subordinación de las instituciones militares a los poderes constitucionales (entendiendo subordinación como un problema vinculado al consentimiento)” (López, 1994: 25-26). En el caso argentino, la subordinación es un objetivo que implica dos vías: la responsabilidad del mando y el deber de obediencia. Y si no se produce el “control civil” se debe, en parte, a un defecto del poder político. A lo largo de la etapa abierta en 1955 existen numerosos ejemplos. Además, mal podían exigir subordinación los mismos dirigentes políticos que alentaron y justificaron movimientos revolucionarios y la participación política de los militares. Como bien sostiene Ernesto López “hubo una señalable responsabilidad de los partidos y dirigentes políticos del ‘campo antiperonista’ en el extravío de la pauta de subordinación y en el intervencionismo militar ocurrido en el país con posterioridad a la caída de Perón” (López y Pion Berlin, 1996: 158).

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Lo opuesto al control civil es la autonomía militar con respecto al poder político de la Nación. Siguiendo a Ernesto López, entiendo la autonomía militar como la pérdida relativa de subordinación de las autoridades militares al poder político que las conduce a un incremento de su insularidad y a su aislamiento respecto de otras esferas del estado y la sociedad.¹² Para el coronel español Prudencio García (1995: 351), la autonomía militar se manifiesta en

la sólida convicción instalada en las mentes de gran número de militares argentinos [...] en el sentido de que pueden y deben intervenir en las grandes cuestiones de la política nacional, juzgando, valorando y decidiendo su mayor o menor concordancia con los “intereses de la Patria”; y en la convicción, igualmente firme, de que cuando la actuación del gobierno constitucional no responde a esas expectativas y se aparta demasiado de ellas, el estamento militar puede y debe actuar sobre aquel en todos los grados posibles: desde la fuerte presión estamental hasta el golpe de Estado militar.

David Pion Berlin (1996: 15) sostiene que la autonomía militar tiene dos finalidades: a) defensiva; y b) ofensiva. La primera está dirigida a proteger a la institución militar de las intromisiones políticas. La autonomía ofensiva se produce cuando los militares quieren extender sus prerrogativas más allá del ámbito castrense y condicionan la acción del gobierno. Una de las manifestaciones que adopta la autonomía militar luego de 1955 son los “planteos”.¹³ La finalidad defensiva puede vincularse con lo que el propio Pion Berlin llama dimensión profesional (o institucional) referida a la independencia y exclusividad profesional de los militares. En este caso estaríamos frente a niveles bajos de autonomía. Donde los militares buscan preservarse a sí mismos de una intromisión política “excesiva”, la que, según creen, puede interferir en las metas de profesionalización y modernización. Pero también existe una dimensión política de la autonomía que debe vincularse con la finalidad ofensiva. En este caso, se refiere a la aversión y el desafío al control político. Los militares expandieron sus esferas de influencia hasta absorber funciones previamente desempeñadas por lo que se percibían como gobiernos civiles menos capaces. El nivel de autonomía política de los militares tuvo avances y retrocesos, y alcanzó uno de sus puntos más altos en los meses previos a en mayo de 1973. Sin embargo, la autonomía plena (o “corporatización”) que se manifiesta cuando las instituciones militares tienen capacidad para definir por sí mismas, sus objetivos, su doctrina, su estructura orgánica y su relación con otros actores políticos y sociales, sólo alcanzó su punto culminante a partir de 1975, y se prolongó durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

El Ejército argentino a partir de 1955. Un estado de la cuestión

Los trabajos sobre las relaciones civiles-militares inspiraron la publicación, durante la década de 1960, de una serie de investigaciones sociológicas sobre el sector militar de la sociedad. En ese contexto se sitúan las investigaciones de Darío Cantón (1965; 1969), de Virgilio Beltrán y Jorge Ochoa de Eguileor (1968) sobre el discurso de las Fuerzas Armadas; o bien los libros de los generales Osiris Villegas (1962) y Benjamín Rattembach (1965). No obstante, el trabajo más destacado es el de José Luis de Ímaz (1964), que analiza a las élites argentinas, siguiendo el camino trazado por C. Wright Mills en The Power Elite (1956). El profundo estudio de Ímaz sobre la estructura social y profesional de las Fuerzas Armadas no ha sido superado y ha servido de base a algunas de las preguntas que intentaré responder en el capítulo final.

Este debate en el campo académico de la ciencia política y la sociología, particularmente en los Estados Unidos, y la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en la vida política de los países latinoamericanos también despertó gran interés entre historiadores, sociólogos y cientistas sociales que intentaron explicar el endémico intervencionismo castrense latinoamericano. Han sido muchos, y de calidad dispar, los libros publicados sobre esta temática a partir de la década de 1960. Debemos destacar los de Edwin Lieuwen (1960; 1965), y John J. Jonhson (1966) sobre el militarismo latinoamericano, o el de José Nun (1966), para quien los golpes de Estado intentaban prevenir las amenazas que significaban los sectores populares a las clases medias de las que proceden mayoritariamente los militares. Esta literatura más general y comparativa sobre militarismo de mediados de la década de 1960 dio lugar a estudios de casos, como el buen trabajo de Marvin Goldwert (1972) sobre el militarismo en Argentina entre 1930 y 1966, o la gran investigación de Alfred Stepan (1974), para el caso de Brasil, a la que hice referencia en el apartado anterior.

En ese contexto se inscribe una obra de referencia ineludible para el estudio del Ejército argentino en el siglo XX: El Ejército y la política en la Argentina, del historiador norteamericano Robert A. Potash, publicado en castellano entre 1971 y 1994. Esta obra, según su autor, surgió como una reacción frente a una serie de trabajos sociológicos que habían sobrecargado de clichés la literatura sobre temas castrenses, y transformado a las palabras militares o fuerzas armadas en “abstracciones despersonalizadas”. El objetivo principal de Potash era enriquecer el “caudal de información básica” y “ofrecer una nueva perspectiva para comprender la historia política” a partir del estudio de un actor político. Para ello propone un enfoque distinto que concentra la atención “en las figuras reales que han dirigido las Fuerzas Armadas, en los detalles del desarrollo institucional y en un espectro de la conducta política más amplio que el golpe ocasional” (Potash, 1971: 9). El resultado es un texto detallado, sumamente documentado y con un importantísimo manejo de fuentes inéditas, facilitadas por su acceso a altos jefes militares. Potash trabaja fundamentalmente la interacción de los oficiales con las autoridades políticas (civiles y militares), la influencia que los jefes castrenses pudieron ejercer sobre la adopción de decisiones y el tratamiento concedido a las Fuerzas Armadas bajo los diferentes gobiernos. Lo más valioso de estos libros es su aporte empírico de documentación inédita, apoyadas por decenas de entrevistas a los protagonistas de aquellos sucesos. No obstante, la deuda de gratitud con quienes le proporcionaron valiosa documentación condiciona sus juicios críticos a tal punto que este libro se ha convertido en una suerte de historia oficial de alguna de las corrientes de pensamiento internas del Ejército. En segundo lugar, el trabajo carece de referencias a aspectos doctrinarios e influencias externas, así como su difusión en el ámbito de las Fuerzas Armadas en general y del Ejército en particular. Esta ausencia no es menor (ni mucho menos ingenua) y tiene una singular importancia en la interpretación que Potash realiza de los trágicos sucesos que ocurrieron en la Argentina desde finales de la década de 1960.

Otro de los principales trabajos sobre las fuerzas armadas argentinas es el del sociólogo francés Alain Rouquié (1982a) quien, a diferencia del historiador norteamericano, se interesa por entender las causas profundas del militarismo.¹⁴ Considera “atípico” al caso argentino, al que no pueden explicar las interpretaciones continentales, las grandes síntesis de los politólogos, ni las teorías comodines “con bases empíricas frágiles” que no dan respuestas a preguntas fundamentales. Rouquié se propone conocer “los fines manifiestos o latentes del poder militar al mismo tiempo que sus efectos reales sobre la sociedad argentina” (Rouquié, 1982a: 15). Su objetivo fundamental es conocer la génesis del poder militar y sus manifestaciones dentro del sistema político y para ello se esfuerza por descubrir constantes y revelar “esquemas de poder” estables, al tiempo que justifica la reconstrucción rigurosa en que “la historia contemporánea de la Argentina está aún por hacerse”. Su análisis se ubica en el nivel de la sociedad global y de las instituciones militares encaradas de acuerdo con la dinámica de sus relaciones recíprocas, que lo llevan a estudiar los vínculos entre el Ejército y el poder político en el marco de la crisis argentina. No obstante lo valioso de la obra de Rouquié, para la década de 1960 –que es la que más interesa a esta investigación– trabaja con fuentes secundarias, o material periodístico de la época. En consecuencia, los capítulos dedicados a las presidencias de José María Guido y Arturo Illia son una buena síntesis interpretativa pero sin aportes documentales relevantes como los de Potash. Tan sólo el ensayo de interpretación donde, a modo de conclusión, analiza en profundidad a la sociedad militar argentina a lo largo del siglo XX abre interesantes líneas de investigación.

El mismo Rouquié ha dedicado varios trabajos al poder militar, entre los que merece destacarse el capítulo “Hegemonía militar, estado y dominación social” (Rouquié, 1982c: 11-50), donde desarrolla su hipótesis de la “inversión pretoriana”, según la cual existe una interdependencia entre civiles y militares que conduce a la militarización de la política y la politización de las instituciones militares.

En este repaso de las principales investigaciones sobre las Fuerzas Armadas en el período posterior a 1955 no puede faltar el trabajo del politólogo Guillermo O’Donnell, quien, en su estudio sobre “modernización y autoritarismo” (O’Donnell, 1972b), realiza un análisis profundo e inteligente sobre el comportamiento de los militares en dos niveles estructurales: el del Estado de la sociedad nacional y el de la organización militar. Además, en una de las más logradas interpretaciones del período 1955-1966, analiza la politización del aparato coercitivo del Estado a partir de la interrelación entre los dos niveles estructurales. O’Donnell centraliza su investigación en el estado de la organización militar a partir del enfrentamiento entre azules y colorados en un contexto de alta modernización. Para O’Donnell (1972b: 522), ese Ejército “profesional” se había convertido en la excepción de una sociedad donde continuaban las condiciones del pretorianismo de masas entre los sectores civiles de la sociedad.¹⁵ Siguiendo esta línea argumental, llega a la conclusión de que las Fuerzas Armadas se vieron “obligadas” a intervenir en 1966 para evitar la amenaza de una nueva fraccionalización producida en ese contexto de pretorianismo de masas. O’Donnell (1981) también dedica varios capítulos de su clásico El Estado Burocrático–autoritario, al estudio de las Fuerzas Armadas en el período posterior al golpe de Estado de junio de 1966. Su clasificación de las corrientes internas del Ejército para el período 1966-1973 entre liberales, nacionalistas y paternalistas (habitualmente citada en otros trabajos sobre el período) resulta útil al momento de realizar una periodización de la “Revolución Argentina”, pero carece de base empírica suficiente. Si bien Onganía y Levingston se adaptan muy bien a la caracterización de “paternalista” y “nacionalista” retrospectivamente, nunca responde a la pregunta sobre quiénes eran los altos jefes que integraban cada uno de estos sectores.

Desde el campo de la sociología militar, Ernesto López (1987) ha realizado un destacado aporte sobre la redefinición funcional y doctrinaria de las Fuerzas Armadas a partir de 1955, y los orígenes de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” en nuestro país. López (1994; 1996) ha reflexionado sobre las relaciones civiles-militares, y la autonomía militar revisando y adaptando al caso argentino –y allí su importancia– los análisis de autores clásicos, particularmente de Samuel Huntington. En esa misma línea el norteamericano David Pion Berlin (1996) ha estudiado las perspectivas teóricas e históricas de la autonomía militar en América Latina. Resulta particularmente interesante su caracterización de las dimensiones y niveles de autonomía de las Fuerzas Armadas latinoamericanas a partir de la década de 1980. Andrés Fontana (1990), por su parte, ha estudiado la expansión de la autonomía militar a partir de la acumulación de “roles” que culminaron con la “ocupación militar del Estado” y el incremento de los recursos controlados por la institución militar.

Desde el campo de la ciencia política se destaca el estudio sobre el gobierno y la oposición entre 1958 y 1966 de Catalina Smulovitz (1991; 1993). A los efectos de esta investigación, y más allá de que gran parte del trabajo se basa en fuentes periodísticas, interesa resaltar su interpretación del período previo al derrocamiento del presidente Illia en el cual, para explicar la supervivencia del gobierno a pesar de su escasa legitimidad, analiza la producción de un consenso alternativo, en donde la apelación a la eficacia se constituyó tanto en crítica como en utopía (Smulovitz, 1993). Desde esa misma disciplina, Eugenio Kvaternik (1987; 1990) ha dedicado dos libros al período 1962-1966. Ambos textos analizan el sistema político y la imposibilidad de configurar un sistema político estable luego de 1955, en el marco teórico que plantean Juan J. Linz y Philippe Schmitter. Kvaternik aporta abundante información inédita sobre la base de entrevistas y documentos, pero su análisis de la crisis política parece forzado para encuadrarlo en un marco teórico predeterminado.

La etapa previa a la “Revolución Argentina” ha sido estudiada por Miguel Ángel Taroncher Padilla (2009), sobre la relación entre prensa y política durante el gobierno de Arturo Illia. A partir del estudio de los medios que ayudaron a crear un consenso favorable al golpe de Estado, Taroncher realiza una buena síntesis de la presidencia de Illia y avanza significativamente en el estudio de la conspiración que culminó con su derrocamiento. Ese mismo período ha sido examinado por César Tcach (2006), para quien el presidente Illia debió enfrentar dos coaliciones (una nacional-populista y otra liberal-conservadora) que terminaron confluyendo en su derrocamiento en junio de 1966.¹⁶

La bibliografía sobre la etapa posterior al golpe de Estado de 1966, más allá del citado trabajo de O’Donnell sobre el Estado Burocrático Autoritario, es escasa y poco destacada.¹⁷ Mayor interés parece haber despertado la etapa final de la llamada “Revolución Argentina”. Un buen ejemplo, desde el campo de la “sociología histórica”, es el volumen colectivo dirigido por Alfredo Pucciarelli (1999). Los diferentes artículos de ese libro (entre los que sobresale el del propio Pucciarelli) parten de la hipótesis de que el Gran Acuerdo Nacional “constituyó una estrategia original del sector más ‘político’ de las Fuerzas Armadas; un dispositivo para tratar de redefinir la relación existente entre sistema de dominación social, sistema de representación política y sistema de poder estatal, desarticulados tanto por los efectos de la crisis como por la errática gestión de la Revolución Argentina” (Pucciarelli, 1999: 15). Más recientemente, Gustavo Dalmazzo (2005), en un interesante trabajo de divulgación en torno a los generales Lanusse y Perón, aporta nueva información sobre esta etapa, que también fue analizada por la politóloga Liliana de Riz (1987; 2000) como introducción a su trabajo sobre el tercer gobierno peronista.

Desde la mirada de la sociología militar se destaca el muy ambicioso trabajo del coronel español Prudencio García (1995) sobre el poder militar en la Argentina. Si bien su objetivo específico está centrado en los hechos ocurridos luego de 1976, García se retrotrae a la génesis del poder militar en Argentina. Aunque el texto carece de unidad temática y tiene una organización ciertamente caótica, merece subrayarse la buena síntesis que realiza sobre el problema de las relaciones entre Fuerzas Armadas y Sociedad, donde introduce la cuestión de la autonomía militar, a la que considera el máximo factor de intervencionismo castrense. Además profundiza en los aportes doctrinarios franceses y norteamericanos para constituir lo que llama “la versión argentina de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

El tema de la influencia doctrinaria externa, estudiado por el coronel Prudencio García, ha tenido un amplio desarrollo en los últimos años. Las más tempranas referencias al mismo las encontramos en José Luis de Ímaz (1964) o Mario Orsolini (1964). Para el caso de la influencia norteamericana, el muy documentado libro de Horacio Veneroni (1971) sobre asistencia militar no ha sido hasta hoy superado. También merecen destacarse el trabajo comparativo sobre las Fuerzas Armadas en América Latina de Alain Rouquié (1984), que evalúa la influencia de los Estados Unidos en los ejércitos latinoamericanos en la segunda posguerra, así como la dimensión y los límites de esa relación; o la primera parte de la completa investigación de Ariel Armony (1999) sobre la participación de asesores militares argentinos en Centroamérica durante el último gobierno militar. Más recientemente se ha insistido en la importancia de la influencia doctrinaria francesa. El primer análisis de los textos publicados por los integrantes de la misión militar francesa en la Revista de la Escuela de Guerra corresponde a Ernesto López (1987). Posteriormente se han publicado varios artículos sobre el tema de los asesores franceses en la Argentina (Amaral, 1998; Mazzei, 2002), y ha cobrado impulso a partir de la repercusión en Francia de las investigaciones periodísticas de Pierre Abramovici y, fundamentalmente, del magnífico trabajo de investigación periodística de Marie-Monique Robin (2005), quien en base a sus entrevistas ha demostrado los lazos de los militares franceses y argentinos con grupos de ultraderecha católica. Al respecto, Mario Ranaletti (2005) ha estudiado la “formación continua de extremismo ideológico” provista por los militares franceses, así como la migración de muchos ex militares vinculados con la OAS y con los grupos de la ultraderecha contrarrevolucionaria como Ciudad Católica.¹⁸

Entre los expertos en temas castrenses más vinculados al pensamiento militar se destaca Rosendo Fraga (h) (1988; 1992), quien en sus libros sobre el Ejército aporta valiosa información acerca de la interna militar en los años anteriores y posteriores al período analizado en este libro, desde su doble condición de investigador y testigo de los hechos. En esa misma corriente de pensamiento, y desde una interpretación antiperonista, Isidoro Ruiz Moreno (1998) en su libro sobre la “Armada revolucionaria” aporta importantes fuentes primarias navales en su capítulo sobre el levantamiento colorado de abril de 1963.

El género biográfico ha realizado muy pocas contribuciones al estudio del período examinado. Las escasas biografías, realizadas en su mayoría por periodistas de investigación, no se ocupan de los protagonistas principales¹⁹ de esta etapa, o bien no cumplen con las expectativas mínimas que requiere el género ni pasan de ser trabajos apologéticos.²⁰ Sólo desde los difusos límites entre el periodismo de investigación y la historia ficcionada (dejando de lado las opiniones que nos merece el género), Miguel Bonasso (1997), en su biografía novelada de Héctor Cámpora, realiza algunos aportes importantes, particularmente en su rol de testigo privilegiado de la etapa final de la relación entre Perón y Lanusse, así como en la trascripción de algunas fuentes primarias que deben ser consideradas con sumo cuidado.

El periodismo de investigación también ha realizado importantes contribuciones al estudio de temas militares. Dos periodistas contemporáneos a los hechos merecen destacarse en este punto: Gregorio Selser y Rogelio García Lupo. En su libro sobre el “Onganiato”, y sus artículos sobre el golpe de 1966, Selser (1986) incorpora valiosa información sobre la relación entre sectores militares y grupos económicos y sociales. Por su parte, la lectura del siempre incisivo y extraordinariamente informado Rogelio García Lupo, en particular los artículos recopilados en Mercenarios y monopolios en la Argentina (1986) sobre el poder de la caballería, son, sin duda, una de las fuentes de inspiración de este libro.²¹

1. “En sus diversas manifestaciones históricas ha sido identificado con la maximización de poder de instituciones gubernamentales determinadas, formas constitucionales o clases sociales dominantes” (Huntington, 1964: 118).

2. “Civilinizar” es una traducción del neologismo civilianization , utilizado por Morris Janovitz para expresar la convergencia ocupacional de los civiles y los militares y la interpenetración de sus organizaciones. Según Bañon y Olmeda (1985: 11), significa el proceso de crisis de los valores militares y de las tecnologías propias y su sustitución paulatina por valores y tecnologías civiles.

3. Las críticas recibidas por Samuel P. Huntington lo llevaron a replantear algunas de sus hipótesis para incluir otros tipos de sociedades. Al respecto, véase Huntington (1972).

4. Utilizo el término “profesionalidad” como traducción de profesionalism , siguiendo el argumento de Rafael Bañon y José Antonio Olmeda (1985:11). Para Huntington la profesionalidad se funda en tres dimensiones: a) capacidad; b) responsabilidad (que incluye subordinación a las autoridades del Estado); y c) corporatividad o espíritu de cuerpo.

5. “El argumento se torna entonces ‘existencialista’. Si se advierte que los soldados proceden en desacuerdo con estos conceptos de ‘profesionalismo’ y ‘mente militar’, tanto peor para los soldados; no son completamente ‘profesionales’ ni puramente ‘militares’” (Finer, 1969: 39).

6. Finer se interesa por el estudio de los militares como fuerza política autónoma (aunque utiliza el término “independiente”). Se trata de un fenómeno permanente y perdurable. Su interés por el intervencionismo militar no se limita solo a los golpes militares ni a la toma del poder sino al análisis de los distintos estilos y niveles de intervención.

7. Si bien una serie de indicadores formales parecen indicar la existencia de fuerzas armadas altamente profesionalizadas, también es muy alto el nivel de politiza ción (Stepan, 1974:74).

8. Véase Alfred Stepan (1974: 80-81). Este modelo presupone petición y consentimiento (no militarismo).

9. En ese texto, caracteriza a las intervenciones militares como inseparables del proceso de modernización política. A diferencia de José Nun, se opone a explicar las intervenciones por las características sociales o de organización de las instituciones militares. Él prefiere explicarlo por la “estructura política e institucional de la sociedad”. No se trata sólo de un Ejército politizado, sino de toda una sociedad pretoriana (Huntington, 1972: 178-179).

10. La inversión pretoriana “no se reduce a una cooptación de oficiales por políticos. Las alianzas funcionan en los dos sentidos y a veces independientemente de cualquier interés social por razones fundamentalmente corporativas” (Rouquié, 1982c: 28).

11. Al referirse a este tema Sidicaro (2004: 58-59) sostiene que el acatamiento castrense a los gobiernos luego de 1955 se debió a la confluencia de dos factores interrelacionados: “1) la descomposición permanente de los marcos institucionales de regulación de las actividades y del orden jerárquico de las Fuerzas Armadas; 2) la imposibilidad de las elites políticas partidarias y gubernamentales de construir proyectos coherentes y que mantuvieran, además, una relación de representación medianamente efectiva con sectores sociales y económicos capaces de acordarles una legitimidad estable. Se multiplicaron así las iniciativas de los grupos militares que quisieron imponer políticas, nacionales o sectoriales, y ampliar, globalmente, la autonomía corporativa”.

12. Lo que aquí llamo altos niveles de autonomía militar es sinónimo de lo que Ernesto López llama corporatización, entendido como “un grado avanzado de ésta [la autonomía] en que las instituciones militares han alcanzado una discernible autonomía en materia de funcionamiento y decisiones. En el estadio corporativo, las instituciones militares tienen capacidad para definir desde sí mismas sus fines y misiones, su doctrina, su orgánica, sus modos de relación con el mundo de la política, etc. [...] Sería así, prácticamente sinónimo de aquello que el lenguaje común tendió a designar con el nombre de ‘partido militar’” (López y Pion Berlin, 1996: 158-159).

13. Finer define al “planteo” como el segundo nivel de intervención militar, de carácter esencialmente extorsivo.

14. El texto original, Pouvoir militaire et societé politique en République Argentine , fue publicado en París, en 1978.

15. Lo que O’Donnell llama “profesionalización” no se corresponde a la definición de Huntington, sino que está más cerca de la expresión “new professionalism” que introduce Alfred Stepan.

16. El texto revela nuevos detalles de la trama golpista a partir de las entrevistas realizadas por Celso Rodríguez y el aporte de documentación inédita proveniente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

17. Son pocos (y no realizan aportes sustanciales) los trabajos que analizan en conjunto el período 1966-1973. Uno es la tesis de Rubén M. Perina (1983), y otro la cronología de Oscar Anzorena (1998).

18. El vínculo de estos grupos con los militares también es estudiado por David Rock (2001) en su libro sobre el nacionalismo argentino que, basado en fuentes secundarias, sólo aporta a la confusión general sobre el tema de los grupos nacionalistas.

19. Entre las biografías se destacan la de Graciela Mochkofsky (2003) sobre Jacobo Timerman, la de Nelly Casas (1973) sobre Arturo Frondizi, la de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero (2000) sobre Rodolfo Galimberti, o las de María Seoane (1998; 2001) sobre José B. Gelbard y Jorge R. Videla (ésta última en colaboración con Vicente Muleiro). Un caso particular es el del historiador norteamericano Joseph Page (1984), cuya publicitada biografía de Perón tuvo el único mérito de ser la primera, pero cuyo mayor defecto es que se trató de un trabajo pensado para un público extranjero.

20. Es el caso de la biografía del presidente Illia que escribió su hermano Ricardo, o la del general Benjamín Menéndez, escrita por su hijo Rómulo.

21. Frente a estos trabajos, el muy citado libro de Martin Andersen (1993) resulta bastante superficial, y su mayor contribución es la información obtenida de fuentes de inteligencia norteamericana que utiliza.

Capítulo II

El Ejército argentino en la primera mitad del siglo XX

El Ejército de Roca a Perón

El moderno Ejército profesional fue, en la Argentina, un fenómeno tardío, paralelo a la formación del Estado Nacional. Su punto de partida habitualmente aceptado –la creación del Colegio Militar de la Nación (1870)– coincide con el momento en que los Estados europeos adquirieron los elementos básicos del profesionalismo militar según el modelo prusiano (Huntington, 1964:51-52). Sin embargo, debieron pasar más de cuarenta años para que las condiciones del Ejército profesional se impusieran sobre las del Viejo Ejército, heredero de las guerras civiles y de la Guerra del Triple Alianza. Paradójicamente, los mayores avances hacia un Ejército profesional los realizó Julio Argentino Roca, típico exponente del Viejo Ejército, quien durante su segunda presidencia (1898-1904) impulsó la ley 4.031 que establecía el servicio militar obligatorio y creó la Escuela Superior de Guerra (ESG), como centro de estudios militares avanzados en la formación de Oficiales de Estado Mayor. La influencia de algunos profesores alemanes fortaleció el sentido profesional en el Ejército argentino y aceleró la desaparición del Viejo Ejército. Los pasos siguientes fueron la creación de escuelas de formación técnica (que se unificaron en la Escuela Superior Técnica, en 1931), y la obligatoriedad de cursar en el Colegio Militar para todos los oficiales del cuerpo de comando, establecida en 1905. El proceso de profesionalización culminó en 1915, con la ley 9.675 de retiros y ascensos que eliminó de los cuadros a muchos oficiales veteranos.

Durante las primeras décadas del siglo XX se consolidó el modelo de profesionalismo prusiano con un claro control civil sobre el sector militar de la sociedad. La superioridad civil se maximizó durante la primera presidencia del Hipólito Yrigoyen (1916-1922) a través de la política de “reparación” practicada por el gobierno radical. “Reparación” significaba, entre otras cosas, la reincorporación masiva de oficiales radicales retirados luego de la Revolución de 1905, reconociéndoles su antigüedad y modificando de esta forma el escalafón. Estas medidas, contrarias a la prescindencia política del cuerpo de oficiales, generaron una reacción desfavorable entre quienes se oponían a las prácticas yrigoyenistas. Éstas, decían, relajaban la disciplina, quebraban las jerarquías y pasaban por alto los reglamentos. Ese descontento se manifestó a través de la organización de la Logia General San Martín que tenía como objetivos alejar al Ejército de la política, respetar la disciplina y los reglamentos, manteniendo siempre su lealtad y subordinación al Presidente de la Nación. Se produce entonces una paradoja: la logia militar que nació como reacción defensiva frente a la maximización del poder civil creó las condiciones para el surgimiento de un Ejército politizado, esto es de un Ejército pretoriano. Además, a diferencia de los Ejércitos profesionales que centran su interés en los conflictos externos, la permanente utilización del Ejército para el control social interno favoreció la intervención política de los militares. Esta situación fue aprovechada por una minoría dentro del cuerpo de oficiales, encabezada por el general Agustín P. Justo, quien utilizó políticamente la Logia San Martín y alcanzó el ministerio de Guerra durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). Bajo esta administración la logia logró sus objetivos y perdió su razón de ser. Sin embargo, tras el triunfo de Yrigoyen, en 1928, y la designación del general Luís Dellepiane como ministro de Guerra, algunos grupos militares, minoritarios, comenzaron a conspirar. En 1930, al mismo tiempo que la economía argentina era sacudida por los efectos de la Gran Depresión, se desarrollaron dentro del Ejército dos líneas conspirativas, lideradas por los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, e impulsadas desde los sectores políticos y sociales desplazados en 1916. La crisis ayudó a crear un clima de descontento, brindó la excusa para la intervención militar, y restó apoyo popular al presidente Yrigoyen, quien fue derrocado el 6 de septiembre de 1930 por un movimiento revolucionario encabezado por el general Uriburu.

En el Ejército eran mayoría aquellos que, a poco de andar, deseaban retirarse a los cuarteles. Sin embargo, el daño era ya irreparable y los esfuerzos serían en vano. La política había entrado en los cuarteles para quedarse. Por ese motivo, al asumir la presidencia, en febrero de 1932, el general Justo se propuso alejar al Ejército de la creciente politización expresada en la existencia de tres núcleos de activistas. La primera cuestión que dividía a la oficialidad –la actitud hacia la revolución setembrina– separaba a los radicales de los revolucionarios. Estos últimos se subdividían, a su vez, entre liberales (cercanos al Presidente) y nacionalistas (partidarios de Uriburu). Para eliminar el activismo político del Ejército, Justo designó como ministro de Guerra al coronel Manuel Rodríguez, considerado un profesional estricto, y tomó medidas tendientes a superar el descontento de los cuadros. Durante estos años aumentó el presupuesto militar, se crearon nuevas unidades y se construyeron nuevos cuarteles, se adquirió nuevo armamento y se multiplicaron las grandes maniobras. La presencia de Rodríguez en el ministerio de Guerra limitó (pero no eliminó) el activismo nacionalista y controló las continuas conspiraciones de oficiales yrigoyenistas quienes, entre 1932 y 1935, intentaron restaurar a los derrocados en 1930. Esta etapa profesionalista terminó abruptamente en 1936. La muerte de Rodríguez determinó el resurgimiento de los grupos nacionalistas que consideraban al presidente Justo un traidor a los ideales setembrinos, al mismo tiempo que se multiplicaban los rumores de conspiraciones. Los grupos nacionalistas tuvieron un importante crecimiento, paralelo al apogeo de las soluciones autoritarias y el avance de los blindados nazis a través de Europa. Sin embargo el general Justo mantuvo, aún durante la presidencia de Roberto M. Ortiz (1938-1940), el control del ministerio de Guerra y la cúpula del Ejército. La situación cambió a partir de 1940 cuando el conservador Ramón Castillo se hizo cargo del Poder Ejecutivo en forma provisoria. La posición argentina frente al conflicto mundial se transformó en un tema de debate permanente en el ámbito castrense. Castillo, en un intento de despegarse de los liberales y de la línea expresada por Ortiz –inclinada a la ruptura con el Eje– privilegió a los nacionalistas con quienes coincidía en la necesidad de eliminar del Ejército la influencia de Justo, quien parecía dispuesto a regresar a la presidencia en 1944. Además, los nacionalistas expresaban su creciente preocupación por los problemas económicos de la posguerra y por el desequilibrio de fuerzas en favor de Brasil. Desde hacía algún tiempo los militares venían señalando la necesidad de desarrollar una industria militar y de producir materias primas para los requerimientos de las Fuerzas Armadas. Es en ese marco que se inscribe la creación, en 1942, de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares, encabezada por el coronel Manuel Savio.

Para esa misma época recrudecieron los rumores, se multiplicaron los complots y aumentó la fraccionalización ante la complacencia y pasividad del presidente Castillo. En ese contexto surgió, a principios de 1943, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Se trataba de una logia militar constituida en torno a un grupo de menos de veinte oficiales, en su mayoría coroneles y teniente coroneles. Entre sus objetivos originales se encontraba la defensa del Ejército contra todos sus enemigos internos y externos, y la unidad de sus cuadros.

Finalmente el 4 de junio de 1943 un grupo heterogéneo (y ciertamente improvisado), que incluía proaliados y pronazis, liberales y logistas, desalojó a Castillo de la presidencia. Los revolucionarios designaron presidente al general Arturo Rawson, un liberal que fue derrocado dos días después. Lo reemplazó el general Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra de Castillo, de antecedentes profesionales y sin experiencia política previa. Inmediatamente, el GOU (con una leve mayoría pro-nazi) tomó la iniciativa para controlar el curso de los acontecimientos e impuso a sus máximos jefes (los coroneles Enrique P. González, Emilio Ramírez y Juan Perón) en posiciones claves, aunque en un discreto segundo plano. Sin embargo, en la poderosa guarnición Campo de Mayo prevalecían los oficiales opuestos al GOU, de fuerte tendencia aliadófila.

Durante los primeros meses del gobierno revolucionario el gabinete aparecía dividido en torno a dos cuestiones. La primera era si Argentina debía mantener su posición neutralista, o alinearse lisa y llanamente tras los Estados Unidos. La segunda, de orden interno, planteaba si debía restablecerse el régimen político derrocado el 4 de junio o imponer una dictadura de largo plazo. Esa fase de indefinición culminó en octubre de 1943 con el desplazamiento de los oficiales moderados. Era el triunfo del GOU y de quienes impulsaban el proyecto neutralista (que algunos consideraban al servicio del Eje) y la dictadura a largo plazo. Desde entonces, tras la incorporación de elementos de extrema derecha al gabinete, el gobierno del general Ramírez adoptó una actitud autoritaria y represiva para con las fuerzas políticas, los estudiantes y el movimiento obrero. Sin embargo, la decisión presidencial de romper relaciones con el Eje –en febrero de 1944– debilitó su situación frente a algunos sectores del Ejército, al extremo que fue reemplazado por el general Edelmiro J. Farrell. A lo largo de ese año, en palabras de Juan Carlos Torre (1989: 539), “pierde terreno entre los militares la tentativa anacrónica y puramente represiva de la facción más integrista, en beneficio de la política de apertura social del núcleo revolucionario que rodea al coronel Perón”.

Las noticias de los triunfos aliados en la Guerra Mundial alentaron, durante 1945, la oposición activa de los partidos políticos y los estudiantes universitarios. Las medidas obreristas impulsadas por el coronel Perón sumaron a la oposición a las organizaciones empresarias y a amplios sectores de la clase media urbana, que mostraron toda su fortaleza en septiembre de 1945, durante la “Marcha de la Constitución y la Libertad”. Paralelamente a la resistencia que provocaba en la aristocrática Marina, el personalismo del coronel Perón generó una doble reacción dentro del Ejército: a los liberales aliadófilos se sumaron los sectores pronazis del GOU, desplazados en los últimos meses. El estado deliberativo, iniciado por jóvenes oficiales de la Escuela Superior de Guerra y Campo de Mayo, culminó el 8 de octubre con la destitución y la detención del coronel Perón. Sin embargo la heterogénea coalición antiperonista no supo aprovechar su oportunidad y fue derrotada por la movilización popular que logró la libertad de Perón el 17 de octubre de 1945. Desde ese día, el gobierno revolucionario inició su retorno a los cuarteles convocando a elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946. Perón se convirtió en el candidato de continuidad del gobierno militar.

Perón y el Ejército

La victoria electoral de Perón, en febrero de 1946, inició una nueva época para el Ejército argentino, que se concentró en sus funciones específicas, subordinado al poder político, y con una clara separación de tareas. Mucho contribuyó a ello que en estos años se consagrara la Doctrina de Defensa Nacional (DDN) como doctrina oficial de las Fuerzas Armadas. Esta última, ya preanunciada por el coronel Perón en 1944, significaba una nueva forma de organizar el esfuerzo de guerra: era toda la Nación la que debía contribuir al mismo. Se imponía de esta forma el concepto de “la Nación en armas”, que implicaba la necesidad de un desarrollo industrial autónomo que asegurara la autarquía en materia de abastecimientos militares. Esta doctrina tuvo un amplio apoyo entre sectores nacionalistas que la aceptaban, por su pertinencia militar: la congruencia entre concepción de la guerra y concepción de la nación requería de los militares simplemente identificaciones profesionales (López, 1987:89).

Durante los primeros años del Peronismo aumentó el gasto militar, lo que permitió un amplio plan de construcción de instalaciones castrenses y una política de reequipamiento y modernización a través de la adquisición de armamentos a Gran Bretaña y los Estados Unidos, a partir de julio de 1948. Al mismo tiempo, y en el orden interno, existían sectores minoritarios y decididamente antiperonistas de tendencia liberal cuyo carácter de opositores no fue, al menos hasta 1949, un obstáculo para que sus ascensos y promociones se desarrollaran en forma normal.

La situación interna del Ejército se modificó a partir de 1949-50. El reemplazo del general José Humberto Sosa Molina por Franklin Lucero como ministro de Ejército marcó un punto de inflexión en el proceso de profesionalización limitada. El nuevo ministro, más dócil y obsecuente, era menos independiente que su antecesor. De este modo el Ejército comenzaba un período de pérdida de autonomía institucional, similar al que se estaba produciendo en el sindicalismo, la justicia, la educación y otros espacios de la sociedad civil.

Entretanto, la oposición interna se lanzó de lleno a la conspiración, cada vez más difícil por los controles ejercidos por los servicios de inteligencia del oficialismo. La oposición más notoria se dio entre los oficiales de caballería. La postura de estos oficiales, en el momento en que se profundizaba el proyecto peronista, puede explicarse utilizando la descripción de Samuel Huntington (1972: 200): “a medida que comienza a erguirse en el horizonte la sociedad de masas, [el Ejército] se convierte en el guardián conservador del orden existente”.

Durante el año 1951, ante la inevitable reelección presidencial, se desarrollaron en el Ejército al menos dos líneas conspirativas, encabezadas por los generales de división Eduardo Lonardi y Benjamín Menéndez. La falta de acuerdo entre ambos hizo desistir al primero y precipitó al segundo a una aventura que fracasó estrepitosamente. La madrugada del 28 de septiembre, la “chirinada” de Menéndez –según la despectiva frase de Perón– inauguró una nueva etapa en la relación entre las Fuerzas Armadas y gobierno peronista. Se detuvo el proceso de profesionalización al tiempo que el gobierno endureció su actitud para con los opositores. Ello se manifestó a través de una gran purga en las filas del Ejército que afectó, incluso, a oficiales no comprometidos con la conspiración pero identificados como “neutrales”. Se estableció el “estado de guerra interno” y más de cien jefes y oficiales del Ejército y la Aeronáutica fueron dados de baja y encarcelados en la Patagonia, o bien debieron exiliarse en el Uruguay. Además, se estableció una nueva legislación represiva que incorporaba la pena de muerte al Código de Justicia Militar (ley 14.117). El endurecimiento en la actitud del gobierno se reflejó en un mayor control ideológico y de las actividades de los oficiales realizado por el Servicio de Informaciones del Ejército (SIE), así como por los traslados de oficiales de dudosa lealtad. Para ampliar su apoyo entre la oficialidad joven, el gobierno estableció un programa de adoctrinamiento basado en el desarrollo teórico de la doctrina peronista dentro del Ejército. El intento de “peronización” de las Fuerzas Armadas implicaba un doble proceso: por una parte el programa de “adoctrinamiento nacional” basado en el desarrollo de la doctrina Justicialista; por otra, el mayor control ideológico del cuadro de oficiales. En ese marco se inscribe la Orden General Nº1 (secreta) que establecía que sólo los oficiales probadamente leales podrían desempeñar cargos en unidades de Capital y Gran Buenos Aires, y que los opositores debían ser radiados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Desde 1953, la enseñanza de Doctrina Nacional (Peronista) se hizo obligatoria en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra. Este intento descarado de integrar el Ejército al Movimiento Justicialista tuvo un efecto contrario al esperado ya que provocó un profundo descontento entre oficiales orientados profesionalmente, resintió muchas lealtades, y generó un sentimiento antiperonista entre los mandos intermedios. El descontento no puso en peligro el control que el Gobierno ejercía sobre los militares, al menos hasta principios de 1955 cuando se profundizó el enfrentamiento entre Perón y la jerarquía de la Iglesia Católica.

La situación del Ejército, al comenzar 1955, puede sintetizarse en los siguientes términos: fuerte impulso de la peronización acompañado por la pérdida creciente de autonomía; existencia de un generalato fiel al Presidente, que controlaba los mandos claves a través de jefes de probada lealtad; apoyo mayoritario al gobierno en el cuerpo de suboficiales; y una oposición pasiva entre sectores minoritarios de los mandos intermedios. La férrea vigilancia del SIE y el manejo de los ascensos y destinos para oficiales de dudosa lealtad hacían improbable una modificación profunda de la situación desde el interior de la propia institución. Fueron necesarios el conflicto entre Perón y la Iglesia Católica, y la sublevación de la Marina de Guerra para precipitar el cambio.

El enfrentamiento con la Iglesia Católica resintió –aún más– la relación entre el Gobierno y amplios sectores del Ejército, donde la penetración de la Iglesia Católica era muy profunda desde comienzos de la década de 1930. La tensión alcanzó su punto culminante en junio de 1955, luego de la celebración de Corpus Christi que aglutinó a toda la oposición antiperonista. Días después, el 16 de junio de 1955, estalló un movimiento revolucionario encabezado por amplios sectores de la Marina. Aquella mañana la Aviación Naval y la Infantería de Marina atacaron la Casa de Gobierno y provocaron la muerte de más de doscientos cincuenta civiles. Durante la noche grupos peronistas vengaron la masacre quemando la Curia y varias iglesias del centro de Buenos Aires. Estos acontecimientos tuvieron una profunda repercusión en el seno de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales de tendencia nacionalista, católicos practicantes, puestos ante una opción de conciencia, abandonaron su lealtad al Presidente, o pasaron directamente a la oposición. Los marinos, a pesar de la dura represión, no dejaron de conspirar, pero aprendieron una lección: un nuevo alzamiento –para tener éxito y no quedar aislado– debía contar con el respaldo de unidades del Ejército. Con ese objetivo la conspiración naval tomó contacto, durante el mes de agosto, con grupos del Ejército que habían iniciado su propio complot desde la estratégica División de Operaciones del Estado Mayor General.

La “Revolución Libertadora”

El 16 de septiembre de 1955, el general Eduardo Lonardi creó un foco revolucionario en la Escuela de Artillería de Córdoba. Su pronunciamiento fue seguido por otros similares en Mendoza, Curuzú Cuatiá y Puerto Belgrano. Las fuerzas leales al gobierno eran ampliamente superiores, pero los rebeldes, en su mayoría jóvenes oficiales, exhibieron una voluntad más firme de luchar que sus adversarios. Cuando los focos insurrectos del Ejército quedaron aislados y su final parecía cercano, Lonardi y sus hombres fueron salvados in extremis por la acción de la Marina de Guerra, liderada por el contralmirante Isaac F. Rojas. El día 19 de septiembre Perón presentó su renunciamiento ante una Junta integrada por diecisiete generales de división, quienes finalmente lo destituyeron, y se encargaron de las negociaciones con los rebeldes que culminaron, el 23 de septiembre, con la designación de Eduardo Lonardi como Presidente provisional.

Esa tarde el general Lonardi se presentó ante una multitud antiperonista que, eufórica, colmaba la Plaza de Mayo. Nacionalista y católico practicante, compartía muchos de los principios sociales del peronismo, pero creía que la burocracia y la corrupción habían desnaturalizado al gobierno, y que debía volverse a los orígenes, a la revolución del 4 de junio de 1943. El enfrentamiento de Perón con la Iglesia lo había afectado profundamente, al punto de precipitar su decisión de crear un foco revolucionario en Córdoba sin conocer los apoyos reales con los que contaba. Lonardi creía (como casi todos los antiperonistas) que el peronismo no sobreviviría mucho tiempo lejos del poder, y se proponía utilizar a esas masas, presuntamente en disponibilidad, para realizar una “revolución nacional”. Su visión “conciliadora” no era compartida por otros sectores del Ejército y la Marina, de tendencia liberal, que pronto se deshicieron del jefe revolucionario. Era los llamados “gorilas” que, caracterizados por su actitud “revanchista”, alcanzarían el poder a partir de noviembre de 1955 y emprenderían una cacería de brujas que se proponía la erradicación total del peronismo.

No se había acallado el fragor de los combates cuando, desde el Gobierno Provisional, se inició el proceso de revisión de la situación del personal de las Fuerzas Armadas. El primer paso de esta recomposición ocurrió el 26 de septiembre cuando el presidente Lonardi, firmó el decreto 63/55 que establecía una amnistía amplia y general “a todo el personal militar de las Fuerzas Armadas que a partir del 4 de junio de 1946 hubiere sido condenado por la Justicia Militar o sancionado en virtud de pronunciamientos de Tribunales de Calificaciones Especiales [...] por atribuírsele los “Delitos contra el Poder Público y el orden Constitucional” [...] o infracciones disciplinarias que se vinculen con aquellos”.

La política militar de Lonardi se orientaba hacia dos objetivos básicos: evitar una depuración masiva; y proceder a una cuidadosa política de reincorporaciones. Para cumplir con el primer punto, el ministro de Ejército, general Justo León Bengoa, relevó a los más estrechos colaboradores de Perón así como a casi todo el Alto Mando. Según las autoridades revolucionarias, estos oficiales –por su alta responsabilidad– debieron reaccionar ante los “excesos” de Perón. En el Ejército, el resultado fue el retiro o pase a disponibilidad de tres cuartas partes de los generales en actividad. En los niveles inferiores la purga se limitó a los oficiales vinculados al círculo íntimo de Perón, o sus servicios de inteligencia. Los colaboradores más cercanos a Perón no sólo sufrieron la interdicción de sus bienes sino que fueron sometidos a Tribunales de Honor y destituidos “por faltas gravísimas”. En el caso de la Marina, una “Junta Asesora Revolucionaria” recomendó el retiro de todo el almirantazgo, excepto el vicepresidente Rojas, y propuso al Tribunal de Calificaciones cuatro listas de oficiales hasta capitanes de navío que aconsejaba eliminar del servicio activo. Muchos de estos altos jefes militares fueron confinados en el buque “Bahía Aguirre” y trasladados al “Washington” en los primeros días de octubre. Su peregrinaje siguió, a fines de 1955, en el “París” y luego en los penales de Magdalena, Ushuaia y la Penitenciaría Nacional de la avenida Las Heras, en la Capital Federal.

En el segundo punto –las reincorporaciones– Lonardi y Bengoa procuraron evitar que esa práctica, ajena a las tradiciones vigentes, resquebrajara el espíritu de cuerpo y la disciplina, pero las presiones de la Marina y los partidos políticos los obligaron a ceder. Entre octubre y noviembre, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 64/55, fueron reincorporados al servicio activo centenares de oficiales que habían sido retirados a partir de 1951, muchos de ellos por cuestiones políticas, algunos otros, en cambio, por motivos estrictamente militares.¹ Como parte de esta política de reparación, muchos de los reincorporados fueron recompensados con destinos destacados para los cuales no estaban preparados por su desactualización en el servicio. Las reincorporaciones pretendían reparar “tremendas injusticias” que, según los decretos correspondientes, “han motivado el alejamiento del Ejército de Oficiales Superiores que, escuchando la voz de su conciencia, han preferido alejarse del servicio activo [...] antes que claudicar de sus ideales de libertad o someterse incondicionalmente a un sistema de obsecuencia y envilecimiento”.

La reincorporación masiva de oficiales antiperonistas provocó un efecto disruptivo en el escalafón y significó un gran avance de los grupos liberales, que conformaron un poderoso núcleo interno cuya influencia se prolongó hasta comienzos de la década de 1970. La revancha antiperonista apenas había comenzado.

El gobierno revolucionario aplicó una política de desperonización que alcanzó todos los aspectos de la vida nacional, sin excepciones: desde la cumbre del aparato estatal hasta los modestos altares erigidos a la memoria de Evita. Como parte de esta política, centenares de dirigentes peronistas fueron perseguidos y encarcelados; se dispuso la cesantía o pase a disponibilidad de miles de docentes, jueces, policías o funcionarios; y se crearon decenas de comisiones investigadoras en todo el país.

En noviembre de 1955, la situación de la CGT y la huelga general del 1º de ese mes determinaron el avance de los “gorilas” que insistieron para que se acelerara la designación de oficiales probadamente revolucionarios en los cargos claves del Ejército. Acusaban al ministro de Ejército, general Bengoa, de demorarse en reemplazar a jefes de regimiento peronistas, y de retener oficiales de esta tendencia en puestos del Ministerio. El 8 de noviembre, el ministro prefirió renunciar antes que aprobar ciertos traslados. Lonardi aceptó su renuncia y lo reemplazó por el reincorporado coronel Arturo Osorio Arana, quien era uno de los símbolos del alzamiento de septiembre. En los días siguientes la ofensiva liberal alcanzó al propio cuñado del Presidente, Clemente Villada Achával, y el detonante fue la designación del nacionalista Luís María de Pablo Pardo como ministro del Interior en lugar del liberal Eduardo Busso. Finalmente, el 13 de noviembre, un golpe palaciego, encabezado por los sectores liberales del Ejército, con el apoyo fundamental de la Marina de Guerra, forzó la renuncia de Lonardi, quien fue reemplazado por el general de división Pedro Eugenio Aramburu, Jefe de Estado Mayor del Ejército.

Aramburu confirmó como ministro de Guerra al coronel Ossorio Arana que integraba, junto a la Marina de Guerra, el ala derecha del sector liberal. Esa línea ultradura cohabitaba con los liberales más moderados encabezados por el presidente Aramburu, dispuestos a buscar una salida política. En esta segunda etapa de la llamada “Revolución Libertadora” el Ejército se caracterizó por ser el guardián del orden vigente contra la participación de los sectores obreros. Desde el ministerio de Ejército, Osorio Arana y el grupo de “revolucionarios del ´51” imprimieron un tono revanchista a su gestión, y profundizaron la depuración de la cúpula del Ejército con el relevo de otros doce generales. A comienzos de 1956, los “tribunales especiales”, integrados –en su mayoría– por oficiales reincorporados, extendieron la purga hacia los grados inferiores. En ese contexto cuatro decretos de febrero de 1956 establecieron el retiro obligatorio de casi 180 jefes y oficiales superiores. Además, a partir de la Orden de Operaciones 44 la depuración se extendió a los suboficiales que constituían el sector más leal a Perón. Los castigos no sólo significaron el retiro de estos oficiales y suboficiales, sino el “destierro” a guarniciones de frontera, o bien a destinos burocráticos, de muchos cuadros jóvenes considerados “recuperables” (Mazzei, 2000).

La desperonización del Ejército alcanzó su punto más dramático durante los trágicos sucesos que siguieron al movimiento contrarrevolucionario encabezado por los generales de división retirados Juan José Valle y Raúl Tanco. El gobierno, que había sido informado de los planes revolucionarios por sus servicios de inteligencia, dejó hacer. Los conspiradores que se sabían descubiertos, siguieron adelante, y la noche del 9 de junio de 1956 estalló el movimiento revolucionario en distintos lugares del país. Los combates más violentos se produjeron en La Plata y Campo de Mayo. El gobierno en pleno estableció la Ley Marcial que empezó a cumplirse mediante juicios sumarios. Esa madrugada, en un basural de José León Suárez, fue masacrado un grupo de civiles. Las ejecuciones se prolongaron hasta el 12 de junio, cuando el general Juan José Valle se entregó y fue fusilado en la Penitenciaría de la avenida Las Heras por orden de su compañero de promoción, el presidente Aramburu. Sólo entonces el gobierno levantó la Ley Marcial. Habían sido ejecutados 18 militares y 9 civiles.

Fue el fin de los sueños contrarrevolucionarios pero no el de las persecuciones antiperonistas. Casi quinientos oficiales pasaron a retiro obligatorio durante la “Revolución Libertadora” y un número difícil de determinar se alejaron del Ejército en los años posteriores al ser postergados en sus carreras. Tres cuartas partes de los generales en actividad en septiembre de 1955 fueron pasados a retiro obligatorio. La mayor concentración de oficiales eliminados corresponde a coroneles y teniente coroneles, y hay un corte horizontal en el nivel de mayores. Las purgas no se extendieron a los grados inferiores que eran considerados “recuperables”. Entre los suboficiales, donde el peronismo tenía aún mayor predicamento que entre el cuerpo de oficiales, la purga también fue muy profunda. En este caso, si bien no existen datos concretos, la cifra total bien pudo haber superado los mil.

El análisis de la eliminación por armas muestra que la infantería –el arma de Perón– fue la más afectada con un 54,4 % de los relevos. Por otra parte un 80% de los reincorporados pertenecían al arma de caballería. De esta forma se produjo un desequilibrio en la proporción histórica entre oficiales de caballería e infantería que se profundizaría tras los enfrentamientos de 1962 y 1963, entre azules y colorados (Mazzei, 1998).

La consecuencia inmediata de la depuración antiperonista fue la apertura de grandes vacíos escalafonarios que fueron cubiertos mediante el ascenso prematuro de muchos oficiales que cumplían, apenas, con los tiempos mínimos en el grado. Los vacíos escalafonarios y los ascensos prematuros permitieron, en algunos casos, el ascenso de jefes menos calificados, relegados en sus propias promociones, y sin estudios superiores. En otros casos, esos espacios fueron ocupados por los casi doscientos oficiales reincorporados quienes, en muchas oportunidades, no estaban actualizados ni calificados para las altas responsabilidades que se les encomendó.

En 1956 también se produjeron enfrentamientos entre camarillas por diferencias ideológicas y rivalidades personales. El conflicto más importante ocurrió en el mes de noviembre y culminó con el relevo de diecisiete generales a los que se calificaba como “nacionalistas”. A partir de entonces, y durante todo 1957, el ministro Osorio Arana construyó una conducción más homogénea, que contaba con mayor ascendiente del presidente Aramburu quien, al comenzar ese año designó un gabinete más vinculado a la UCR del Pueblo, la fracción del radicalismo encabezada por Ricardo Balbín.

En ese momento se perfilaban dos líneas militares dentro del Gobierno Provisional. Los quedantistas , que no querían entregar el poder y sostenían la prolongación de la dictadura sine die. Eran la extrema derecha liberal, encabezada por la Marina que pretendía una dictadura de largo plazo hasta liquidar al peronismo. Por otro lado, los continuistas apoyaban la consulta electoral conducida para que triunfe un candidato que significara la continuidad de la “Revolución Libertadora”, en este caso el radical del pueblo Ricardo Balbín. Un tercer grupo, minoritario, eran los llamados legalistas o “juegolimpistas”, con partidarios en el nivel de jefes, que defendían la necesidad de llamar a elecciones y entregar el poder a quien venciera en ellas (Florit, 1963: 48).

En julio de 1957 se realizaron elecciones de convencionales constituyentes que resultarían históricas por el triunfo de los votos en blanco por sobre las dos fracciones del radicalismo (UCRI y UCRP). La Asamblea Constituyente, sin embargo, se quedó sin quorum el 25 de octubre tras el retiro de los convencionales de la UCRI, y tan solo pudo incluir el art.14 bis en la Constitución de 1853. Poco después, el Gobierno Provisional convocó a elecciones generales para todos los cargos que se realizarían el 23 de febrero de 1958. La victoria estaba circunscripta a los candidatos de los dos sectores del radicalismo. Ricardo Balbín (UCRP) era el candidato preferido por parte del oficialismo; Arturo Frondizi, candidato de la UCRI, adoptó el rol de opositor y comisionó a su amigo y representante, Rogelio Frigerio, para que se entrevistara con Perón. El resultado fue el pacto secreto que ambos firmaron en Caracas, en enero de 1958, por el cual Perón se comprometía a apoyar al candidato de la UCRI a cambio de una serie de promesas por parte de éste. Con ese apoyo, Frondizi obtuvo un rotundo triunfo el 23 de febrero de 1958 que le permitió a su partido obtener el gobierno de todas las provincias, la totalidad del Senado y la mayoría de la Cámara de Diputados.

1. La lista completa de los reincorporados y la evolución posterior de sus carreras en López, 1987:111-126.

Capítulo III

Un ejército dividido

Arturo Frondizi y la autonomía militar

El doctor Arturo Frondizi se había destacado desde joven en el sector intransigente del radicalismo. Durante el gobierno peronista se distinguió como legislador, en particular por su oposición a la política petrolera impulsada por Perón. Si bien sus detractores le adjudicaban maquiavelismo y duplicidad, todos destacaban en él una inteligencia poco habitual entre sus colegas políticos. Sin embargo, algunos datos de su biografía inquietaban a muchos militares: su actuación como secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y defensor de presos políticos con el Socorro Rojo en la década de 1930. Además, ante los ojos militares, la legitimidad de Frondizi estaba seriamente afectada porque había ganado las elecciones con votos peronistas y había recibido el apoyo del Partido Comunista.

En el plano militar, Frondizi debió enfrentar su primera crisis, o planteo, antes de asumir la presidencia, cuando, en contra de algunos consejos, eligió para las Secretarías Militares a oficiales superiores en actividad. En el caso del Ejército, unificó el cargo político (Secretario de Guerra) con el de Comandante en Jefe. De esta manera se proponía eliminar el peligroso bicefalismo y las previsibles fricciones entre ambos funcionarios. Su elección recayó sobre el general de división Héctor Solanas Pacheco, Comandante del Segundo Ejército, y no en el preferido del ministro Ossorio Arana, el general Carlos Severo Toranzo Montero, oficial más antiguo en actividad y líder del ala dura del Ejército. Las críticas a Solanas Pacheco, un prestigioso oficial de caballería reincorporado en 1955, le fueron formuladas en una reunión en la residencia de Olivos con Aramburu, Rojas y los más altos jefes militares, pocos días antes de asumir la presidencia. Frondizi, en esta oportunidad, se mantuvo firme en su decisión.

El triunfo electoral de Arturo Frondizi, con los votos peronistas, había fragmentado el bloque liberal en dos fracciones. La línea dura, los “gorilas”, irreductible a la participación peronista y de sus aliados, intentaron a fines de abril del 1958 forzar un golpe “de veto” para impedir que Frondizi asumiera la presidencia.¹ Esta tentativa “gorila” fue abortada por Aramburu, quien impuso la postura de “devolver y limitar” y sentó las bases del llamado “legalismo condicionado”, que apoyaba la legalidad pero criticaba aspectos de la gestión de gobierno.²

Durante la segunda mitad de 1958, el general Ossorio Arana y los sectores más antiperonistas de la Marina, encabezados por los almirantes Rojas y Toranzo Calderón, comenzaron a conspirar abiertamente para desplazar a Frondizi. Contaban con el apoyo de importantes jefes en actividad, como el general Raúl Poggi, comandante del Tercer Ejército. Durante esos primeros meses, Solanas Pacheco debió cohabitar con una sólida estructura de mandos montada por Ossorio Arana. Sólo en diciembre de 1958, a partir de los habituales ascensos y los cambios de destino, el Secretario de Guerra comenzó a construir una estructura de mandos paralela a la de su antecesor.

Los primeros signos de indisciplina se manifestaron en mayo de 1959, en la 4ª División de Infantería (Córdoba), y culminaron con la renuncia de Rogelio Frigerio y otros colaboradores del Presidente. Amplios sectores del Ejército los acusaban de criptocomunistas. Días después, un informe de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor reflejaba la existencia de acentuada intranquilidad en los cuadros del Ejército e identificaba tres tendencias o grupos: una minoría activa partidaria del golpe de Estado, encabezada por oficiales prestigiosos; un sector legalista, integrado por las más altas jerarquías; y un tercer grupo, mayoritario, que (según el memorándum) “no está convencido de que el actual gobierno esté inspirado por las mejores intenciones”. Ese documento ya dejaba entrever la pérdida paulatina de prestigio de las autoridades del arma. Pocos después, el 12 de junio de 1959, el mismo día que se difundía en Buenos Aires el presunto texto de pacto Perón-Frondizi, la autoridad del secretario Solanas Pacheco fue puesta a prueba. En esa circunstancia, el general Poggi expresó sus inquietudes al Jefe de Estado Mayor por la participación militar en las intervenciones en los ferrocarriles, la verificación de la existencia del pacto entre Frondizi y el ex presidente Perón, y las actividades del coronel Manuel Reimúndes, subsecretario de Ejército, cuyos buenos contactos con dirigentes sindicales peronistas eran mal vistos por la mayoría antiperonista del Ejército. Muchos sospechaban que pretendía convertirse en un nuevo Perón.³ Tres días después, los generales Poggi y Yornet realizaron formalmente su planteo de tres puntos al Secretario del arma y fueron relevados de sus mandos. La poderosa guarnición de Córdoba, encabezada por el coronel Osiris Villegas, también reclamó el relevo de Reimúndes. Uno a uno se fueron sumando otros apoyos y se hizo evidente que la única salida a la crisis era la renuncia del Subsecretario de Guerra, quien fue relevado la noche del 17 de junio de 1959. Lo reemplazó el general Rosendo Fraga, un oficial de infantería con buenas relaciones en la guarnición de Córdoba.

Mientras tanto, Osorio Arana y su grupo se dirigieron hacia Córdoba, desde donde lanzaron una proclama e intentaron, sin éxito, sublevar a la 4ª División de infantería. El 29 de junio, Ossorio Arana publicó, desde la clandestinidad, una carta en la que acusaba a Solanas Pacheco de traicionar a la “Revolución Libertadora”. La guarnición de Córdoba seguía desconociendo, después de doce días, la autoridad de su comandante. Solanas Pacheco reconoció ante sus colaboradores que su posición estaba extremadamente desgastada y presentó su renuncia indeclinable a sus cargos de Secretario de Guerra y Comandante en Jefe. De esta forma, Frondizi, que había manifestado que no aceptaría imposiciones, perdió a su principal apoyo legalista dentro del Ejército y comprobó, con los acontecimientos de Córdoba, el papel que desempeñaban los “legalistas condicionados”, aquellos que si bien apoyaban al Presidente le ponían límites a su gestión. Este planteo no fue sino una primera manifestación del avance de la autonomía militar sobre la autoridad presidencial, aunque de carácter defensivo y limitada a cuestiones internas de la institución.

Frondizi y sus colaboradores identificaban la indisciplina, originada por la intensa participación política de jefes y oficiales en la “Revolución Libertadora”, como uno de los principales problemas de las Fuerzas Armadas. Para superar esta situación eligió como Secretario de Guerra a un viejo general de caballería, Elbio Carlos Anaya. Caracterizado como “nacionalista”, en la década de 1920 había acompañado al teniente coronel Benigno Varela en la represión de las huelgas de la Patagonia. Ya como general, Anaya había tenido una activa participación en la revolución de junio de 1943, y fue uno de los líderes del frustrado desplazamiento de Perón en octubre de 1945.

El nuevo Secretario de Guerra, partidario de la línea dura para restablecer la disciplina, designó Comandante en Jefe al general Carlos Severo Toranzo Montero, a pesar del disgusto de Frondizi, que no tenía una opinión favorable de él. Simultáneamente se produjo una crisis en la Marina, cuando varios almirantes cuestionaron la continuidad del secretario Estévez. Contra su voluntad, y por consejo de algunos almirantes, Frondizi volvió a entregar a su jefe legalista y lo reemplazó por un almirante retirado, el conservador Gastón Clement, quien relevó a todo el sector moderado, más cercano al Presidente.

A menos de un mes de gestión, los cambios de destino ordenados por Toranzo Montero provocaron un nuevo enfrentamiento, ahora con Anaya. El 1º de septiembre de 1959, Anaya destituyó a Toranzo Montero, pero un grupo de oficiales superiores, incluyendo quince generales, desconocieron su autoridad, al mismo tiempo que la guarnición de Córdoba se sublevaba, nuevamente, al mando del otrora legalista Rosendo Fraga. En otra muestra de “legalismo condicionado”, ratificaban la vigencia del orden constitucional pero desconocían la autoridad del Secretario de Ejército. Una a una se fueron sumando las diferentes divisiones. Tan sólo los blindados de Campo de Mayo marcharon hacia Buenos Aires para reprimir a los rebeldes. Pero, sin el respaldo de la Marina, Frondizi cedió, nuevamente, ante el planteo. Detuvo la marcha de las tropas leales y reemplazó al secretario Anaya por el general retirado Rodolfo Larcher, amigo en común del Comandante en Jefe y del Presidente, quien había oficiado de mediador entre ambos bandos.

De esta crisis se desprenden dos hechos significativos. En primer lugar, el presidente Frondizi, para evitar derramamiento de sangre y salvar la continuidad institucional, cedió ante un planteo y entregó a los jefes leales. En segundo lugar, algunos coroneles jóvenes y teniente coroneles de Campo de Mayo, y algunas otras unidades, se mostraron dispuestos a defender la autoridad presidencial y acatar la autoridad jerárquica. En la actitud de las tropas blindadas de Campo de Mayo puede identificarse la primera manifestación de lo que sería el grupo azul.

El planteo de septiembre de 1959 significó un verdadero quiebre en la cuestión de la autonomía militar. Hasta aquí todos los planteos se vinculaban con temas referidos a la autonomía institucional, o interna: la designación de un Secretario, o el relevo de un jefe. Pero en esta crisis se manifiesta una nueva dimensión en la autonomía: la política.⁴

En los meses siguientes una ola de atentados y el surgimiento de un foco guerrillero peronista en Tucumán y Santiago del Estero parecieron justificar los peores temores de algunos militares. El descubrimiento de los Uturuncos, eliminados por la acción de Gendarmería, pareció confirmar la idea que la insurgencia según el modelo cubano era una realidad, al tiempo que el peronismo estaba dispuesto a utilizar tácticas insurreccionales que lo aproximaban al comunismo. La ola de atentados culminó con la aplicación del Plan CONINTES, al que el coronel Jean Nougués, asesor militar francés, consideró la primera experiencia de lucha contrainsurgente en la Argentina.

En abril de 1960, el gobernador frondicista de Córdoba fue acusado por oficiales de la 4ª División de proveer armas a los terroristas y de complicidad en actos de sabotaje industrial. La denuncia se reiteró en mayo. Finalmente, el Presidente intervino la provincia de Córdoba y desplazó a su correligionario. Frondizi se había desprendido primero de Frigerio y luego, en nombre de la necesidad de Estado, de uno de sus hombres de confianza. La autonomía militar daba otro pequeño paso. Ya no sólo los planteos imponían o sacaban Secretarios Militares, ahora también desplazaban gobernadores electos. En ese contexto se produjo en San Luis un frustrado levantamiento del general Fortunato Giovanoni, en nombre de la “Revolución Libertadora”.

Entretanto, el general Toranzo Montero se consolidaba al frente del Ejército y adoptaba posiciones cada vez más extremas que lo alejaban, paulatinamente, del secretario Larcher. El 12 de octubre de 1960, mediante un memorándum exigió rectificaciones en la política y separar funcionarios comunistas. Allí se mostraba dispuesto, incluso, a destituir a Frondizi. Como respuesta, el Presidente denunció, por cadena nacional, un intento golpista. Un día después, un numeroso grupo de oficiales superiores emitió un documento en el que afirmaban que el Presidente “falta a la verdad” (art. 7º). Se repetía la metodología utilizada en el planteo contra el general Anaya: decenas de generales pidieron su retiro en repudio al Secretario. Según los firmantes del documento, “la presentación respetuosa de las fuerzas armadas sólo ha procurado evitar, en razón de un estado de verdadera anarquía, incapacidad y delito, la ruina total de la patria y hasta su desaparición como nación soberana” (Fraga, 1992: 156). Ante la cohesión de los principales mandos con tropa, Frondizi entregó a su tercer Secretario de Guerra pero, en una jugada sorpresiva, designó a uno de los más activos generales (Rosendo Fraga) en reemplazo de Larcher. No obstante, Frondizi neutralizó las ambiciones golpistas de Toranzo Montero y circunscribió la crisis a la renuncia de Larcher, pero quedó más debilitado. Además, la carta no sólo había significado un claro desafío a la autoridad presidencial, sino que las exigencias significaban la separación de funcionarios no militares y exigían rectificaciones políticas.

La elección del general Fraga, miembro de una tradicional familia militar que gustaba calificarse como un conservador de ideas liberales, resultó acertada. Si bien había cumplido un papel decisivo en el último planteo, rápidamente se transformó en el líder del sector legalista. Junto a él, desde la jefatura de Operaciones del Estado Mayor, creció la figura del coronel Carlos Jorge Rosas.

En diciembre de 1960, el secretario Fraga comenzó a construir una estructura propia de poder apoyándose en algunos de sus compañeros de promoción, junto con elementos antitorancistas. La mayor puja entre ambas tendencias se produjo en los ascensos a coronel. Fraga, a través de sus camaradas en la Junta de Calificaciones, logró “salvar” a diez teniente coroneles que habían sido postergados por sus posturas antitorancistas en las crisis previas. Algunos de ellos, como Tomás Sánchez de Bustamante, tendrían un papel destacado en el grupo de jóvenes coroneles que organizaron el movimiento azul en 1962.

Algún tiempo después, el 30 de noviembre de 1960, el general Miguel Ángel Iñiguez, peronista, intentó un golpe de estado con epicentro en Rosario y Tartagal. Fue aún más desorganizado y descabellado que el levantamiento de junio de 1956, pero sirvió para confirmar la visión de muchos militares que veían en el peronismo un elemento subversivo que podía servir de cuña para el ingreso del comunismo a la Argentina. Los peores temores de los sectores más intransigentes de las Fuerzas Armadas parecieron confirmarse en los primeros meses de 1961 con el triunfo del viejo dirigente socialista Alfredo Palacios, en la elección a senador por la Capital Federal con un discurso procubano y votos peronistas. A ello se sumó la posición de la Cancillería argentina de intentar mediar en el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, y la normalización de la CGT con la participación de dirigentes peronistas.Para Toranzo Montero todos estos hechos probaban que el Presidente se burlaba de su memorándum de octubre. En ese contexto, Toranzo Montero insistió ante el Secretario Fraga para realizar un nuevo planteo. Frente a la negativa de este a sumarse al mismo, el Comandante en Jefe utilizó la misma táctica que le había dado resultado en ocasiones anteriores y pidió su retiro como forma de presión. Sorpresivamente, Fraga aceptó el relevo y Toranzo Montero se dirigió a los cuarteles de Palermo, donde se reunió una verdadera asamblea militar con más de trescientos oficiales. La habilidad política del secretario Fraga desarticuló los argumentos del Comandante en Jefe, quien, finalmente, aceptó su relevo la mañana siguiente.

En los primeros días de abril de 1961 el general Raúl Poggi fue designado Comandante en Jefe del Ejército. En las crisis previas había acompañado todos los planteos y era un hombre cercano a Ossorio Arana y Toranzo Montero. Su designación se produjo para no provocar un descabezamiento del Alto Mando y pronto se reveló una mala elección. El nuevo Comandante en Jefe no sólo visitó a su antecesor, sino que mantuvo a todos sus colaboradores. Fraga manifestó que si bien podía compartir las preocupaciones de Toranzo Montero, no compartía sus procedimientos. El Ejército debía alejarse de la intensa politización y encauzarse en la profesionalización. Esto lo acercaba cada vez más a un grupo de coroneles de Campo de Mayo, críticos de las consecuencias nefastas de la práctica planteísta y el costo en la carrera de muchos oficiales. Uno de estos coroneles, Carlos Augusto Caro, fue designado Subsecretario de Ejército. Además, Fraga creó un Consejo de Generales, formado por los quince generales más antiguos, que debía servir como vehículo institucional para expresar las preocupaciones del arma.

A partir de la segunda mitad de 1961, los principales conflictos del Presidente con las Fuerzas Armadas se originaron en su política exterior, un campo en el que, aparentemente, Frondizi no tenía intención de ceder ante las presiones o planteos. En ese aspecto se mostraba independiente, y así como cultivaba la amistad del presidente Kennedy, se oponía a medidas drásticas contra el régimen de Fidel Castro. Esto quedó demostrado durante la Conferencia Económico-Social de Punta del Este, en agosto de 1961. Allí la Argentina adoptó una posición conciliadora hacia Cuba, que era vista por los militares argentinos como la promotora de la difusión del comunismo en el continente. Sin embargo, el mayor impacto lo produjo la fugaz visita que realizó a Frondizi el ministro de Industria de Cuba, Ernesto “Che” Guevara, símbolo de la lucha guerrillera y la revolución socialista. El encuentro provocó inquietud entre los uniformados y dejó a los Secretarios Militares, quienes no habían sido informados de la reunión con anterioridad, en mala posición frente a sus subordinados. En todas las guarniciones se produjeron reuniones y al día siguiente, 19 de agosto de 1961, el Presidente debió dar una larga explicación de su política hacia Cuba a los Altos Mandos militares y al gabinete de Defensa.

La política exterior de Frondizi generó un nuevo incidente con los militares durante el mes de enero de 1962, durante la VIIIª Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, reunida en Punta del Este. En esa ocasión, Argentina, junto a Brasil, México y Chile, se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA; y si bien el canciller Miguel Ángel Cárcano condenó la orientación marxista-leninista del régimen de Castro, defendió su derecho a determinar su forma de gobierno. De las nueve resoluciones votadas en Punta del Este, Argentina aprobó ocho de ellas, pero se abstuvo en la Resolución VI, que excluía a Cuba del sistema interamericano. Según los militares, la posición argentina contradijo la información que previamente había dado Frondizi a los Secretarios de las tres armas, quienes se sintieron engañados. Inmediatamente se produjo la reacción de las Fuerzas Armadas, que el 31 de enero realizaron un planteo al Presidente. Exigían redefinir la política exterior del gobierno, la ruptura de relaciones con Cuba y la renuncia del canciller Cárcano y varios integrantes de su equipo. La presión tuvo resultados concretos y, al día siguiente, Frondizi anunció que Argentina retiraba su embajador de Cuba y que se estudiaría el problema de la ruptura de las relaciones exteriores con ese país. No obstante, la crisis no concluyó y tropas de las tres armas se acuartelaron exigiendo la inmediata ruptura de las relaciones con Cuba. Finalmente, después de tensas reuniones, el Presidente cedió. El 8 de febrero de 1962 se conoció el decreto 1250/62 que ordenaba romper relaciones con Cuba. La crisis significó un nuevo avance de la autonomía militar sobre la autoridad presidencial, ahora en materia de política exterior, un aspecto muy caro al presidente Frondizi.

El derrocamiento del presidente Frondizi

A mediados de febrero, un nuevo tema aumentó la tensión en las relaciones entre el Presidente y las Fuerzas Armadas: las elecciones legislativas y de renovación de gobernadores provinciales que se realizarían el domingo 18 de marzo de 1962. En diciembre, el oficialismo se había impuesto en tres provincias, lo que provocó el optimismo del ministro del Interior, Alfredo Vítolo. Sin embargo, un triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires sería inaceptable para las Fuerzas Armadas. El 29 de enero, el ministro Vítolo se había reunido con los tres Secretarios Militares para tratar ese tema y, como resultado del encuentro, se labró un acta en la que los jefes militares afirmaban que estaban “inquebrantablemente decididos a impedir con todos los medios a su alcance el retorno al poder o a la vida política del prófugo depuesto o a la restauración del régimen oprobioso por él creado y que padeció el país”.⁵

En enero Perón había proclamado su candidatura a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Se trataba de una provocación para lograr la proscripción y forzar a sus partidarios a abstenerse. Perón no estaba convencido de la conveniencia de participar en las elecciones,⁶ sin embargo los dirigentes locales lo persuadieron para que retirara su can didatura y el peronismo participara en los comicios.⁷ Frondizi esperaba la autoproscripción del peronismo, o bien que, días antes de las elecciones, los militares forzaran la proscripción. Además, según Frondizi, no permitir la participación de los candidatos peronistas hubiera dado a los golpistas la excusa perfecta para derrocarlo por haber violado la legalidad. Sin embargo el peronismo decidió participar, y los militares, que no estaban dispuestos a compartir los costos políticos de la proscripción, no realizaron ningún planteo. El Jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército recordaba al respecto que “Las autoridades militares, deseosas de no proscribir al peronismo, fueron llegando, casi insensiblemente, a las vísperas de los comicios sin haber establecido la necesaria coordinación entre ellas y sin haber preparado espiritualmente a los cuadros para afrontar el proceso tal cual podía presentarse” (Guevara, 1973: 137).

Recién el 13 de marzo los Altos Mandos del Ejército decidieron “requerir al Presidente de la Nación antes del 18 de marzo su decisión en la eventualidad de un triunfo peronista”.⁸ A tal efecto, tres días antes de la elección, se realizó una reunión del Gabinete de Seguridad Exterior en la que el ministro del Interior reconoció ante militares que los candidatos peronistas podrían ganar varias provincias, entre ellas Buenos Aires. Su propuesta consistía en intervenir esa provincia durante el receso parlamentario para evitar que asumiera el candidato de la Unión Popular, el sindicalista textil Andrés Framini.

El domingo 18 de marzo los comicios se realizaron sin incidentes, custodiados por las Fuerzas Armadas. Los peronistas triunfaron en varios distritos, incluida la estratégica Buenos Aires.⁹ Esa misma noche las doce más altas autoridades de las tres Fuerzas Armadas se reunieron en el ministerio de Aeronáutica para discutir la nueva situación política. El resultado fue un planteo de cuatro puntos que exigía a Frondizi la intervención de las provincias en las que habían triunfado los candidatos peronistas. A la mañana siguiente, el Presidente firmó el decreto 2542/62 que intervenía las provincias de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán y, de hecho, anulaba las elecciones del 18 de marzo. De esta forma, la crisis política se potenció. El Presidente violaba su promesa de respetar los resultados electorales. Comenzaban así diez días de agonía para el gobierno de Arturo Frondizi.

El lunes 19 de marzo, los Altos Mandos militares expresaron tres cursos de acción (llamados “variantes”) a seguir en los días posteriores. La “variante 1” proponía la formación de un gabinete de Unidad Nacional, integrado por figuras de los principales partidos políticos; la “variante 2” consistía en lograr la renuncia de Frondizi y su reemplazo siguiendo la sucesión constitucional; la “variante 3” era el derrocamiento del Presidente y su reemplazo por un Gobierno Militar (Fraga, 1992: 240). El 20 de marzo los almirantes pidieron la renuncia de Frondizi y su reemplazo por un sucesor constitucional (“variante 2”), mientras que las otras dos armas contrapropusieron la formación de un gabinete de coalición y un plan de gobierno trazado por las Fuerzas Armadas (“variante 1”).¹⁰ Frondizi aceptó esta última opción. En consecuencia, pidió la renuncia a sus ministros e invitó a los principales partidos políticos a integrarse a su gabinete. La mayoría de los partidos políticos (en particular el radicalismo del pueblo) no aceptaron, y el 22 de marzo se dieron por concluidas las tratativas. Frondizi recurrió entonces a la mediación del ex presidente Aramburu, hacia quien tenía un profundo recelo, pero contaba con mucho prestigio en el ámbito del Ejército (aunque no en el de la Marina). Mientras tanto, Frondizi comenzaba a reorganizar su gabinete a partir de ternas propuestas por las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo fue un día clave en este proceso. La guarnición de Campo de Mayo, a través de una nota del general Juan Carlos Onganía al general Poggi, se encolumnó detrás de la postura del secretario Fraga, mantuvo el compromiso con la Aeronáutica y el apoyo a las gestiones iniciadas por Aramburu. Ese mismo día, el Consejo de Almirantes resolvió que sus más altas autoridades volvieran a solicitarle, ahora por escrito, la renuncia a Frondizi. Fraga, por su parte, respaldaba la gestión de Aramburu sin saber que este visitaría esa noche a Frondizi en Olivos para informarle que su gestión había fracasado y que era necesaria su renuncia. A esa altura de los acontecimientos, la “variante 1” resultaba inviable por la intransigencia de la Marina, la negativa de las principales fuerzas políticas a integrarse a un gabinete de coalición, y el fracaso de la gestión de Aramburu.

El 25 de marzo, Poggi, que conocía el fracaso de la “mediación” e “interpretando el sentir y la opinión de los mandos del Ejército”, solicitó al Secretario que fijara la posición de la fuerza en la “variante 2”. El Ejército estaba dividido pero nadie quería iniciar un enfrentamiento de consecuencias incalculables. Quedaban de esta forma definidos dos bandos enfrentados que se conocerían como legalistas y golpistas.

El lunes 26, a pesar del fracaso de la gestión de Aramburu, juró el nuevo gabinete, cuya figura principal era el ministro de Defensa, el democristiano Rodolfo Martínez (h), amigo político de Aramburu. Poco después, este último formalizó su decisión a través de una carta pública al Presidente que finalizaba con las siguientes palabras: “está en manos suyas, y solamente en ellas, la salvación institucional, pero exclusivamente sobre la base de su voluntario alejamiento. Una negativa y hasta una vacilación de su parte, puede precipitar al país por vías inciertas”.¹¹

Aquella tarde, como última alternativa, el ministro Martínez elaboró un plan. Se trataba de una versión extrema de la “variante 1”, que consistía en limitar los poderes del Presidente y subordinarlo a un consejo de gobierno integrado por los ministros de Interior y Defensa, este último nombrado con la aprobación de las Fuerzas Armadas. Se procuraba de este modo mantener la continuidad institucional. No obstante los esfuerzos de Rodolfo Martínez, su propuesta fue rechazada por el Almirantazgo la mañana siguiente. Tampoco tuvo éxito el embajador norteamericano, Robert McClintock, quien también se entrevistó con los almirantes Penas y Palma, y recibió la respuesta negativa de parte de ambos.

Simultáneamente se produjeron cambios en la situación del Ejército. Un grupo de generales, en su mayoría ingenieros militares que habían acompañado a Toranzo Montero, optaron por la “variante 3”. Poggi se lo comunicó a Fraga y le pidió que se sumara a ellos, pero éste rechazó el ofrecimiento y le informó que presentaría su renuncia. A las 16 horas, los Secretarios se reunieron por más de siete horas con los Altos Mandos de las tres fuerzas, y ante la imposibilidad de asegurar que la totalidad del Ejército estuviera por la revolución, y la falta de objetivos claros, tan sólo decidieron comunicar que se solidarizaban con Aramburu. De esto se desprende que si Frondizi no fue derrocado fue por la firme actitud de los sectores legalistas que controlaban Campo de Mayo. Para entonces, Frondizi contaba con el apoyo del Cuerpo de Caballería (con excepción de la Tercera División de Caballería), y las divisiones 3ª y 4ª de infantería (Paraná y Córdoba), varios jefes de unidades, y la mayoría de la Aeronáutica. Incluso el día 28, el comandante del Cuerpo de Caballería, general Enrique Rauch, se expresó a favor de reprimir y aplicar el plan de Martínez. El jefe de Granaderos, coronel Herrera, pidió autorización para atacar a las tropas que avanzaban hacia Buenos Aires. ¿Por qué el Presidente no recurrió a ellos? ¿Por qué se negó en tres oportunidades a trasladarse a una unidad militar para resistir? ¿Por qué se negó a firmar una orden escrita para reprimir a los golpistas? Frondizi insistió en que él se quedaría en Olivos (a mitad de camino entre Campo de Mayo y Buenos Aires) y le entregaría una orden de reprimir. Acaso pensó que podría solucionar la crisis mediante un acuerdo como todas las anteriores y no quería aferrarse demasiado a una fracción para tener así una última posibilidad de negociación. Tal vez sólo trataba de evitar el derramamiento de sangre. En tanto el secretario Fraga, que quería evitar el sacrificio de los oficiales legalistas, como en la crisis de septiembre de 1959, no logró convencerlo de que lo acompañara a una unidad militar legalista. Fraga fue menos enérgico que los generales golpistas, quizá porque “prefería abstenerse de cualquier acción que lo hiciera responsable de una escisión en el Ejército” (Potash, 1981: 500).

Al mediodía del 28 de marzo, los tres comandantes decidieron exigir la renuncia del Presidente y amenazaron con derrocarlo. Poco antes habían firmado un documento por el que se comprometían a que el próximo gobierno sería civil. El secretario Fraga fue informado de que el regimiento 3 de infantería motorizado se aprestaba a desplazarse desde La Tablada hacia Casa de Gobierno, y se dirigió a la Secretaría de Guerra con la intención de renunciar. Allí se reunió con el general Rauch, quien le manifestó su decisión de resistir. A tal efecto, Rauch se desplazó a Campo de Mayo, donde constituyó su puesto de comando y declaró que desconocía la autoridad de Poggi y sólo recibiría órdenes de Fraga. Sin embargo, poco después supo que Fraga había presentado su renuncia (que no era indeclinable) al Presidente y depuso su actitud de rebeldía. En realidad, Fraga había entregado su renuncia a Frondizi, pero esta no fue aceptada por el Presidente, que le pidió que se dirigiera a Campo de Mayo. En lugar de ello se dirigió a la Secretaría donde, cerca de las 19 horas, el coronel Fernández Funes, jefe de seguridad de la Secretaría de Guerra, pistola en mano, detuvo a todo el personal de la secretaría, incluyendo a los generales Alsogaray y Rauch, quien había regresado a su oficina.

Simultáneamente, Frondizi rechazó el pedido de renuncia que le hicieron los tres Comandantes en Jefe. Poco después conoció la noticia de la detención de Fraga y se dirigió a la residencia presidencial de Olivos. Desde allí se comunicó con los generales legalistas Alejandro Lanusse y Juan Carlos Onganía. Sin embargo, detenido Fraga, ambos dijeron responder a sus mandos naturales. Quizás ninguno de los generales legalistas quería dividir al Ejército y provocar un baño de sangre en defensa de un Presidente cuya suerte parecía echada y en el que no confiaban.

El Presidente no contaba con quién lo defendiera, pero los golpistas se mostraban desorganizados. Habían decidido tomar el gobierno, pero no tenían candidato ni planes. En medio de este panorama de improvisación y falta de criterios definidos, el Ejército y la Marina se encontraban divididos. Los marinos querían un Presidente civil, el doctor Alfonso de Laferrere, ex canciller de Aramburu y editorialista de La Prensa. Los generales Rawson y Elizondo, por su parte, intentaron convencer a Aramburu, que rechazó el ofrecimiento. El torancista Pío Martijena trabajaba en la formación de una Junta Militar. Entretanto, los secretarios de Marina y Aeronáutica mantenían abierta la “variante 2” y conversaron con el Presidente provisional del Senado, José María Guido, quien eludió cualquier respuesta.

Aquella madrugada, en los ámbitos castrenses y políticos reinó la confusión, la improvisación y el caos. Finalmente, Frondizi fue detenido a las 7.45 horas de 29 de marzo, pero aún no tenía reemplazante. El Presidente depuesto fue trasladado a la isla Martín García, bajo dependencia naval. Entretanto, el general Poggi se preparaba para jurar como Presidente, pero desde Campo de Mayo le informaron que marcharían hacia Buenos Aires para impedirlo. En otro lugar de la ciudad, Julio Oyanharte, juez de la Corte Suprema, y el ministro Rodolfo Martínez (h) iniciaron un operativo para ganar tiempo hasta lograr que el sucesor constitucional de Frondizi, el senador rionegrino José María Guido, jurase como presidente provisional, intentando salvar de esta forma los últimos restos de legalidad. El propio Frondizi no habría sido ajeno a esa solución. El nuevo Presidente se convertía así en el único civil que gobernó Argentina tras un golpe de Estado. Su presidencia se pareció a un interinato cuyas decisiones políticas oscilaban según la correlación de fuerzas entre las distintas facciones militares.

Guido y la lucha facciosa

El senador José María Guido designó ministro del Interior al doctor Rodolfo Martínez (h), abogado cordobés que se había desempeñado como ministro de Defensa en el último gabinete de Frondizi. Como Subsecretario lo acompañaba el doctor Mariano Grondona, profesor de Derecho Político en la Escuela Superior de Guerra. En sus primeras declaraciones públicas, Martínez fue muy claro sobre la línea política que pretendía seguir: “no se excluirá a nadie”. Guido también mantuvo a cuatro de los ministros designados por Frondizi en sus últimos días, e incorporó a los conservadores Mariano Drago y Federico Pinedo como Canciller y ministro de Economía respectivamente. Pinedo regresaba al ministerio después de 22 años por sugerencia del ministro Martínez. No contaba con la opinión favorable de un sector del Ejército ni de las dos ramas del radicalismo, que lo consideraban demasiado rígido y ortodoxo. La noticia de su designación había desatado, el viernes 6 de abril, una ola de rumores sobre una inminente devaluación. Entre sus primeras medidas liberó el mercado cambiario, recargó un 20% todas las importaciones, aumentó el precio de la nafta y los impuestos a las ventas del 10 al 13%. Si bien permaneció sólo dos semanas al frente de Economía, las consecuencias de su gestión castigaron a la economía argentina en 1962 y 1963, y significaron la profundización de la recesión, el aumento de la desocupación y la caída del salario real.

En el plano castrense, el alejamiento del general de división Rosendo M. Fraga significó un triunfo para el sector golpista liderado por el general Poggi. Su reemplazante en la Secretaría de Guerra fue el general retirado Marino Carreras.¹² Como ministro de Defensa designó al ingeniero Ernesto Lanusse, primo hermano del coronel Alejandro Lanusse. No obstante, este último expresaría años después que “lo sabía con propósitos y procederes muy diferentes a los míos” (Lanusse, 1989: 157). Por su parte, la Marina de Guerra y la Aeronáutica, confirmaron en sus cargos de Secretarios al contralmirante Gastón Clement y al brigadier Jorge Rojas Silveyra, respectivamente. Al reasumir su cargo, el Secretario de Marina fijó claramente la posición homogénea de su fuerza hacia la llamada “segunda tiranía”, que, entre otras cosas, expresaba:

La Armada se opone a toda pretensión de retorno a los tiempos aciagos. Si en aras de la pacificación nacional ha perdonado los agravios que se le infirieron entonces [...] Cree que es hora de evitar todo intento de volver a la dictadura para que, como entonces, no sea necesario de tanta sangre y de tanto dolor para derrocarla (Boletín Naval nº74).

En los primeros días de su gestión, Carreras fortaleció las posiciones del sector golpista con las designaciones de los generales José E. Blanco como subsecretario de Guerra, y Carlos Túrolo como secretario de Informaciones del Estado. Además, los generales Enrique Maffei y Mario Artuso fueron trasladados al Comando del Primer Cuerpo de Ejército y a la Primera División de Infantería Motorizada (Palermo) respectivamente, desde donde controlaban los principales regimientos motorizados de Buenos Aires y sus alrededores. En aquellos días, comentarios periodísticos dejaron trascender el descontento de oficiales de caballería por el espacio que otorgaba el nuevo Secretario de Guerra a los ingenieros militares. Un análisis de las tendencias en el Alto Mando del Ejército en la primera quincena de abril muestra una fractura horizontal. Los golpistas eran mayoría entre los generales de división y los generales de brigada más antiguos que habían acompañado a Carlos Toranzo Montero en sus planteos de 1959 y 1960. Los legalistas se destacaban entre los generales de brigada más modernos que alcanzaron ese grado durante la gestión de Rosendo Fraga.

La primera reunión de todos los ministros con los Secretarios Militares se realizó el lunes 9 de abril. Allí se decidió convocar al Parlamento a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de modificación a la ley 252 de Acefalía. Esa misma noche circularon los primeros rumores sobre la renuncia del ministro del Interior. Las versiones se multiplicaron el miércoles 11, cuando la reunión ordinaria del gabinete fue reemplazada por la reunión de gabinete militar. Rodolfo Martínez creía que debían conservarse los restos de legalidad y las instituciones, y pensaba en una salida constitucional para el 1º de mayo de 1964, fecha en la que hubiera terminado el mandato de Arturo Frondizi. Sus ideas se expresaron en el llamado “Plan Martínez”, que proponía mantener el funcionamiento del Congreso, elegir un Presidente constitucional, establecer el sistema de representación proporcional, y promulgar un Estatuto de los Partidos Políticos que “asegure soluciones democráticas, sin riesgo alguno de desviaciones totalitarias”.¹³ El Plan Martínez significaba romper la promesa de Guido a los comandantes de las tres Fuerzas Armadas de anular todas las elecciones recientes. Si bien el ministro contaba con el apoyo del Presidente y la mayoría del gabinete, una línea dura, expresada por Carreras, Clement, Ernesto Lanusse y algunos integrantes del equipo económico (con el respaldo de la Marina y sectores del Ejército), exigían el cumplimiento estricto del Acta Secreta firmada el 29 de marzo. Las presiones sobre Guido fueron tan evidentes que el viernes 13 de abril, luego de la reunión de ministros, Rodolfo Martínez declaró que “a nadie debería extrañar su renuncia”. El otro tema conflictivo se relacionaba con la política económica. Desde medios cercanos a la UCRI se deslizó la versión de disconformidad en un sector del Ejército con la política del ministro Federico Pinedo. El diario El Mundo, legalista, se hacía eco de la existencia de un memorándum atribuido al general Villegas (subjefe de Estado Mayor) donde se afirmaba que “esta política constituye el regreso a la dependencia británica”.

La crisis del gabinete estalló el jueves 18 de abril, cuando se conoció la decisión del Poder Ejecutivo de intervenir todas las provincias en cumplimiento del art. 2º, inciso a) del Acta Secreta del 29 de marzo. La medida, decidida por Guido luego de fuertes presiones del secretario de Marina, provocó la dimisión del ministro Martínez y del subsecretario Grondona. En el texto de su renuncia Martínez expresaba que “...no son necesarias medidas extremas como la intervención a todas las provincias para superar las dificultades de esta hora. [...] Es posible superar los conflictos planteados en el marco ordenado de la Constitución Nacional”.

Entre los mandos legalistas se difundió la versión de un ultimátum al Presidente, que vencía el 20 de abril, para que cumpliera con todo lo comprometido el 29 de marzo.¹⁴ El general Rauch se entrevistó con Guido y le solicitó que retardara la crisis hasta el día siguiente, puesto que recién a mediodía tendría “los medios para sostener al gobierno”. Durante la madrugada del jueves 19, conformó en Campo de Mayo un Comando para elaborar los planes de operaciones. Junto a él se alinearon muchos oficiales superiores cansados de los planteos que minaban los patrones de autoridad. En los días siguientes se produjeron febriles reuniones en las que Guido cambió en varias oportunidades sus decisiones, presionado por las circunstancias. El viernes 20 renunció el secretario Carreras y la madrugada del sábado 21, Rauch se trasladó en dos oportunidades a Olivos para jurar como Secretario, y debió regresar en otras tantas oportunidades con las manos vacías. Recién entonces las tropas de Campo de Mayo recibieron la orden de avanzar sobre la Capital Federal, defendida por tropas de la Primera División de Infantería. En esas circunstancias, Clement le aseguró a Guido que la Marina pondría todos los medios a su alcance para impedir la asunción de Rauch. Éste aceptó no asumir la comandancia y propuso una terna integrada por los generales retirados Juan Bautista Loza, Eduardo A. Señorans y Bernardino Labayrú para ocupar la Secretaría de Guerra. Guido eligió al general (R) Juan Bautista Loza, quien asumió su cargo al mediodía siguiente. ¹⁵

El general Loza parecía un buen candidato de compromiso: la caballería de Campo de Mayo no imponía a uno de sus hombres, sino a un infante sin antecedentes “gorilas”. A pesar de su promesa de designar un Comandante en Jefe, Loza retuvo ambos cargos durante toda su gestión. La crisis se resolvió en forma similar a las ocurridas durante la presidencia de Arturo Frondizi: ante la inminencia del enfrentamiento, el Presidente buscó un nuevo punto de equilibrio y terminó entregando al jefe legalista. La definición de esta crisis sentaba un mal precedente. Los legalistas consideraron, en un primer momento, que habían logrado un claro triunfo. Sólo en los días posteriores comprendieron que su triunfo había sido relativo, y en qué punto se había alcanzado ese nuevo equilibrio.

La crisis de Semana Santa provocó cambios en el Ejército y su relación con el Presidente, pero no afectó a las otras fuerzas. La Marina se mantenía cohesionada e incólume en su postura extremista. Tal es así que el domingo 22 de abril el almirante Clement difundió un comunicado en el que exigía el cumplimiento de los compromisos firmados el 29 de marzo. El poder de presión de los marinos estaba intacto y se hizo evidente sólo dos días después de finalizada la crisis en el Ejército, cuando, para reafirmar su postura, la Marina movilizó la Flota de Mar hacia el estuario del Río de la Plata. El día 23 Guido promulgó el decreto 3534/62 que, cumpliendo con una de las exigencias de la “línea dura” e invocando “el sagrado interés de la República”, intervenía las provincias que restaban y anulaba los comicios municipales y provinciales realizados en las mismas los días 17 de diciembre de 1961 y 14 de enero, 25 de febrero y 18 de marzo de 1962, y declaraba la caducidad del Concejo Deliberante de Buenos Aires. En sus considerandos, el decreto recurría a rebuscados argumentos para explicar que la participación del peronismo viciaba de nulidad todo el proceso electoral puesto que “...la ciudadanía pueda expresarse libre y conscientemente la voluntad ciudadana”. De esa forma los grupos “democráticos” hacían gala de puro y simple revanchismo cuando impedían la participación de la mayoría partidaria “de un régimen que negó sistemáticamente a sus adversarios toda posibilidad democrática”. Paralelamente, el 24 de abril, el general Loza hizo pública la Orden General Nº 1 que pedía la cohesión de la Institución, pero al mismo tiempo reclamaba la anulación de todas las elecciones celebradas, un nuevo Estatuto de los Partidos Políticos y una Ley Electoral basada en el sistema de representación proporcional. El 25 de abril, Guido promulgó los decretos 3657/62 y 3658/62. El primero anulaba todos los comicios nacionales realizados desde el mes de diciembre. De esta forma se impedía la incorporación automática de los diputados electos en los comicios, incluidos los representantes de la Unión Popular. El segundo decreto fijaba la fecha de las elecciones para el 27 de octubre de 1963 y la de la entrega del poder para el 1° de mayo de 1964. El Presidente se proponía cumplir con al menos uno de sus objetivos: terminar su presidencia el mismo día en el que se hubiera cumplido el mandato de su correligionario Arturo Frondizi.

El nuevo punto de equilibrio militar tuvo su correlato en el gabinete ministerial. Tras las renuncias de Martínez y Pinedo, Guido conformó su segundo gabinete en menos de un mes, ahora depurado de frondicistas. En Economía fue designado el Ing. Álvaro C. Alsogaray, hermano del general Julio Alsogaray. Los radicales del pueblo José Luís Cantilo y Jorge Walter Perkins ingresaron al gabinete como ministros de Defensa e Interior, respectivamente.

En los primeros días de mayo se conocieron algunos cambios en el Alto Mando del Ejército que no alteraron significativamente el equilibrio alcanzado tras la crisis de abril. El 15 de junio se conoció, finalmente, el Plan Político del ministro Perkins, que pretendía solucionar el “problema peronista” con una reforma del sistema electoral similar a la llamada Ley de Lemas, utilizada en el Uruguay, y un sistema restringido de representación proporcional. Según esta propuesta, los dos sectores de un mismo partido (el radicalismo, por ejemplo) podrían presentarse a los comicios bajo el mismo lema. De esta forma, aquella fracción que obtuviera mayor cantidad de sufragios sumaría los votos logrados por las otras listas del mismo lema. Esta propuesta no contó con el apoyo de su propio partido. Tampoco con el del sector de las Fuerzas Armadas, que anhelaba una forma más tajante y segura de eliminar al peronismo. Perkins debió renunciar a fines de junio y fue reemplazado por otro radical del pueblo, Carlos A. Adrogué. Su incorporación al gabinete representó un claro giro hacia la derecha y el más cerrado antiperonismo.

Durante el mes de julio, el ministro del Interior impulsó una serie de medidas que cumplían los compromisos del Acta Secreta firmada por el presidente Guido. Uno de ellos, el decreto 7.165/62, ponía en vigencia el famoso decreto 4.161/56 que prohibía la difusión de doctrinas o actividades peronistas, así como el uso de símbolos partidarios. Además se estableció un nuevo Estatuto de los Partidos Políticos cuyo objetivo era excluir al peronismo y al comunismo.

La crisis de agosto de 1962

En los primeros días de agosto circulaban comentarios periodísticos sobre descontento militar en algunas guarniciones del interior debido a la resolución del Tribunal de Honor al general Enrique Rauch. No obstante, nada hacía presagiar el inicio de una crisis militar como la que estalló el miércoles 8 de agosto de 1962. Aquella mañana el general de división Federico Toranzo Montero desconoció la autoridad del secretario Loza y se autoproclamó Comandante en Jefe del Ejército. Reclamaba para sí el cargo que Loza retenía desde abril, por tratarse del general de división en actividad más antiguo. De esta forma se hacía eco del reclamo que algunos oficiales planteaban desde hacía varios días; una vez superada la crisis, era necesario separar la conducción política de la conducción técnica del arma.

El jefe rebelde sumó el apoyo del general Fernando Elizondo, comandante de la Novena División, pero encontró resistencia en su propio comando de la ciudad de Salta, por lo que debió trasladarse hasta el 2º Destacamento de Montaña, en Jujuy. Al mismo tiempo, en Buenos Aires, Loza relevaba a los generales Maffei y Artuso, reemplazándolos por los legalistas Peralta y Díaz de Vivar. Sin embargo, el coronel Marco Aurelio Lobo, Director de Instrucción de Infantería, despojó a Díaz de Vivar del mando y repuso en él al general Artuso. Por la tarde, la estratégica guarnición de Palermo se declaró en rebeldía y desconoció la autoridad del Secretario de Guerra. Los rebeldes objetaban el fallo del Tribunal de Honor al general Rauch, se mostraban disconformes con la resolución de llamar a prestar servicio a oficiales pasados a retiro durante la “Revolución Libertadora”, y exigían el nombramiento de un oficial en actividad como Comandante en Jefe.

La guarnición de Campo de Mayo, el Cuerpo de Caballería y varias divisiones del Interior se manifestaron en apoyo de Loza y exigieron el relevo de todos los oficiales rebeldes. Sin embargo, por la noche, Guido aceptó, tras una reunión de gabinete, la renuncia de Loza como forma de superar la crisis. Su lugar lo ocupó, interinamente, el ministro de Defensa, José Luis Cantilo (h), quien convocó a una reunión de generales para el día siguiente. Poco después también renunciaban el Jefe de Estado Mayor General, Juan Carlos Cordini, y el subsecretario Juan E. Iavícoli, quien fue reemplazado por Julio Alsogaray.

La crisis pareció superada con la renuncia de Loza. A lo largo de todo el jueves 9 de agosto, el ministro Cantilo mantuvo “entrevistas informativas” con 36 de los 41 generales del cuerpo de comando con destino en el país para escuchar sugerencias personales sobre el nombre del nuevo Secretario de Guerra. Se trataba de un procedimiento inédito que demostraba el estado deliberativo al que había llegado el Ejército. Por primera vez los propios generales elegirían a la autoridad política del arma. A esa altura de los acontecimientos, quedaba claro que quienes acompañaron el planteo de Federico Toranzo Montero contra Loza tampoco aceptaban su autodesignación como Comandante en Jefe. Las consultas realizadas por Cantilo mostraban un Ejército fracturado en dos facciones irreconciliables. Tras esas reuniones, fuentes castrenses dejaron trascender que entre dieciocho y veinte generales se manifestaron por la candidatura del general de brigada (R) Eduardo Argentino Señorans para la Secretaría de Guerra, en tanto otros catorce apoyaron al general Juan Carlos Reyes, Inspector de Logística. El sector mayoritario tenía su centro en Campo de Mayo, y sus cabezas visibles eran los generales Juan Carlos Onganía y Carlos Augusto Caro.

El viernes 10, por la mañana, los generales rebeldes Maffei y Artuso se trasladan a Campo de Mayo para proponer la designación del teniente general (R) Arturo Ossorio Arana como candidato de unidad. No obstante, luego del mediodía, el presidente Guido designó al general Eduardo Señorans, quien asumió de inmediato.¹⁶ La Marina, que hasta ese momento se había mantenido prescindente en el conflicto del Ejército, se opuso decididamente a la designación de Señorans, a través del almirante Clement. De esta forma la crisis, aparentemente superada, se agudizó. Los generales que no acataban la decisión presidencial se reunieron en la Dirección de Fabricaciones Militares y, tras manifestar su rotunda negativa a la designación de Señorans, insistieron en proponer a Arturo Ossorio Arana como candidato de transacción. El ex ministro de Aramburu, “identificado con los principios de la Revolución Libertadora”, representaba la línea más intransigente del antiperonismo.

Esa tarde, durante la reunión de gabinete, el Presidente aceptó declarar en rebeldía a Federico Toranzo Montero y ordenó al flamante Secretario de Guerra que iniciara la represión. Señorans instaló su puesto de comando en la Escuela Superior de Guerra. Inmediatamente, tropas de Primera División Blindada se pusieron en marcha desde Magdalena y Campo de Mayo. La Marina, a través del secretario Clement, expresó que no aceptaría la movilización de tropas. Esa misma noche tropas de la ESMA cortaron el ingreso a la Capital Federal en las avenidas Cabildo y General Paz. A últimas horas del viernes 9 de agosto, cuando el choque armado parecía inminente, Guido lanzó un llamamiento desesperado, invocando que “ninguna razón fundamental justifica el posible derramamiento de sangre entre argentinos”, ordenó una tregua inmediata y convocó a representantes de cada bando para negociar. El general Señorans se consideró traicionado por el Presidente, que había faltado a su compromiso y presentó su renuncia indeclinable luego de tan sólo nueve horas como Secretario de Guerra.

El sábado 11 de agosto Guido permaneció en Olivos reunido con oficiales superiores de ambos bandos en busca de una solución negociada. Al vencer la tregua se conoció que estas negociaciones triangulares habían alcanzado un punto de acuerdo: el general de brigada (R) José Octavio Cornejo Saravia sería Secretario de Guerra. Los antecedentes del nuevo Secretario hicieron creer (erróneamente) a los legalistas que habían obtenido un triunfo. Cornejo Saravia había pasado a retiro, al igual que Loza, en noviembre 1956 cuando el general Ossorio Arana purgó al Ejército de oficiales caracterizados como “nacionalistas” o “lonardistas”. Los rebeldes lo aceptaron sabiéndolo más cercano a sus posiciones. Cornejo Saravia le había advertido a Guido que era favorable a una dictadura a largo plazo. El Presidente le pidió que aceptara el cargo y que “dejaran para más adelante esa conversación sobre la dictadura” (Potash, 1994a: 67).

La crisis de agosto –al igual que la de abril– siguió el modelo de los planteos de los años de Frondizi. En la resolución de ésta hubo, en cambio, un ingrediente adicional: el papel jugado por la Marina, que generó un profundo malestar entre los grupos legalistas del Ejército. Rogelio García Lupo (1963: 167) lo sintetizaba con claridad: “[La Marina] arrojó su peso a la balanza y decidió la situación a favor de quienes llevaban la de perder”.

Dos días después, el nuevo Secretario de Guerra realizó las primeras designaciones. Ante la imposibilidad de nombrar a un general en actividad que fuera aceptado por ambas facciones, Guido designó Comandante en Jefe al general (R) Juan Carlos Lorio, que también se encontraba fuera del Ejército desde fines de 1956, y Subsecretario al jefe legalista de Campo de Mayo, Carlos Augusto Caro.

El martes 14 de agosto se conocieron los nombramientos y relevos realizados por el nuevo Comandante en Jefe. Varios comandantes de división o de cuerpo que habían sido resistidos o habían encontrado oposición en regimientos o divisiones bajo su mando fueron puestos en disponibilidad. Sorprendentemente, Federico Toranzo Montero, a pesar de la resistencia que encontró a su regreso a Salta, mantuvo su cargo. La mayoría de los jefes designados para reemplazar a estos generales habían tenido participación activa en el bando rebelde. Los casos más claros fueron el del coronel Tizado, toranzista, que reemplazó al general Carlos J. Rosas en la Tercera División de Infantería, y el del coronel Marco Aurelio Lobo, que había recuperado la Primera División para los rebeldes, designado en la estratégica Segunda División, ubicada entre Campo de Mayo y el regimiento de tanques de Magdalena. El rebelde general Fernando Elizondo fue destinado en la Primera División, que controlaba la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Los cambios no afectaron, al menos en principio, la estructura del Cuerpo de Caballería, cuyas cuatro divisiones estaban comandadas por los legalistas Julio Alsogaray, Osiris Villegas, Carlos Uriondo y Pascual Pistarini, y que se transformaría en los días siguientes en el principal bastión de resistencia legalista. También renunció el ministro de Defensa Cantilo, que fue reemplazado por Adolfo Lanús, editorialista y secretario general de La Prensa.

El 14 de agosto, el general Carlos Túrolo, ex Secretario de Informaciones del Estado, fue nombrado Jefe de Estado Mayor del Ejército. Cornejo Saravia lo designó a pesar de los consejos en contrario de un grupo de coroneles destinados en el Estado Mayor, quienes le advirtieron sobre la resistencia que encontraría este oficial tan identificado con los golpistas.¹⁷ Al día siguiente, Túrolo reunió a todo el personal destinado en el Estado Mayor para dar a conocer los lineamientos políticos de su gestión, el teniente coronel González Balcarce solicitó permiso para retirarse porque que no podía prestar servicios a órdenes de un general rebelde. Túrolo le dijo que él y quienes pensaran como él podían retirarse. Más de un centenar de oficiales abandonaron la reunión, dejándolo prácticamente solo. Como respuesta, Cornejo Saravia relevó al subjefe de Estado Mayor y a los cuatro jefes de Departamento e impuso quince días de arresto a todos los oficiales que habían provocado ese desprecio a Túrolo quien, no obstante, renunció días después. En su reemplazo fue designado otro general retirado, Bernardino Labayrú, que había tenido un papel destacado en el derrocamiento de Lonardi.

Los sucesos ocurridos en el Estado Mayor marcaron el punto más bajo de la disciplina militar y significaron el inicio de la reacción de un sector del Ejército que en las semanas siguientes sería conocido como azul.

1. Para Samuel Huntington (1972: 201), el golpe de veto puede darse cuando triunfa en elecciones el partido al cual se oponen los militares, o que representan a los grupos a los que se desea excluir del poder político.

2. Huntington (1972: 210-211) llama “variante Aramburu” a esa forma de transición de un régimen militar a uno civil. La “variante Aramburu” produce un alivio temporario al menos hasta las nuevas elecciones que replanteaban la posibilidad de un triunfo peronista.

3. El coronel de caballería Manuel Reimúndes era frecuentemente vinculado con una supuesta logia militar conocida como “El Dragón Verde”. En 1951 había sido condenado a 3 años de prisión por participar del fallido levantamiento militar del General Benjamín Menéndez. De ideales nacionalistas, estuvo cerca del general Lonardi. Como parte de la acción psicológica en su contra, ese mismo día se difundió un presunto pacto Reimúndes-Framini. Al respecto, véase Fraga (1992: 79-80).

4. Tulio Halperín Donghi (1994: 208-209) ubica en esta crisis el inicio de lo que llama el “rol tutelar” del Ejército.

5. El texto completo del acta en Fraga (1992: 228-230).

6. Perón temía que su movimiento pudiera fragmentarse y pretendía conservar sus fuerzas unidas para las elecciones generales de 1964. Al respecto, el propio Perón escribía: “Nuestra batalla será en 1964, lo que ahora se debe buscar es preparar las mejores condiciones para entonces mediante el debilitamiento del principal enemigo, que es el ‘gobierno’ y los gorilas que actúan de consuno. En estos combates aislados que se librarán a fines de 1961 y principios de 1962 en cada provincia nosotros no tenemos ‘chance’, luego hay que asestarle los mayores golpes posibles, votando por lo que mayor daño puedan representar” (Carta a Teodoro Funes, 30 de septiembre de 1961, citada en Perón, 1983: 88).

7. Para una interpretación del interés de los sindicalistas por concurrir a las elecciones, véase Catalina Smulovitz (1988: 148-150).

8. Texto del memorándum del Estado Mayor del Ejército, citado en Guevara (1973: 139).

9. En la provincia de Buenos Aires la Unión Popular obtuvo 1.171.757 votos contra 731.877 de la UCRI y 627.094 de la UCRP. Los candidatos peronistas también triunfaron en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Río Negro. Los “neoperonistas” ganaron en Santa Cruz y Neuquén.

10. El texto completo del Acta (secreta) firmada por las más altas autoridades de cada arma en Eugenio Kvaternik (1987: 41-42).

11. Carta de Aramburu a Frondizi, 26 de marzo de 1962. El texto completo en Toryho (1973: 162-163).

12. Según el relato de Rodolfo Martínez, su nombre surgió de una terna que habría propuesto el ex presidente Aramburu, y que completaban los generales en actividad Franklin Rawson y Armando Pío Martijena (citado en Kvaternik, 1987: 83). Según otra versión, Guido eligió a Carreras entre los dos nombres que le sugirió el general Poggi. Creía que de este modo complacía los deseos de la Marina.

13. El Mundo, 13/4/1962, p. 20. El Plan Martínez había sido aprobado por el Presidente el 10 de abril.

14. Ese Plan exigía: a) intervención de todas las provincias; b) anulación de las elecciones (para impedir el acceso de los diputados electos peronistas previstos para el 26 de abril); c) proscripción del peronismo y el comunismo; y d) suspensión de la Ley de Asociaciones Profesionales.

15. Poggi continuaría algunos días como Comandante en Jefe y luego pediría su retiro. Rauch, por su parte, aceptó su relevo al frente del Cuerpo de Caballería –con la condición que su reemplazante fuera el general de brigada Juan Carlos Onganía– y pasó a situación de disponibilidad.

16. Señorans había adquirido gran prestigio durante la “Revolución Libertadora”, en la que había colaborado en la coordinación del alzamiento desde su puesto clave de Jefe de Operaciones del Estado Mayor. En los enfrentamientos posteriores al 16 de septiembre se había desempeñado como Jefe de Estado Mayor del general Aramburu, en Curuzú Cuatía; luego acompañó al general Lonardi y en diciembre de 1955 pidió el retiro en solidaridad con éste.

17. Según el coronel Guevara (1973: 158), que se desempeñaba como Jefe de Operaciones del Estado Mayor, Cornejo Saravia lo convocó a su despacho junto al coronel Toscano para informarse de la situación interna del Ejército. Durante esa conversación les informó que designaría a Carlos Túrolo como Jefe de Estado Mayor. Ambos coroneles le expresaron que ello podría crear serios problemas internos en ese organismo, puesto que a los casi cien oficiales que revistaban allí les resultaría muy duro tener que subordinarse a un general que había estado entre los más activos del sector rebelde. En el memorándum del 16 de agosto, Onganía hace referencia en dos oportunidades a los sucesos del Estado Mayor, Al respecto decía: “...la unánime repulsa al jefe de Estado Mayor del Ejército [...] es en muchos casos previsible, como pudo serlo particularmente en este, por cuanto las actitudes del oficial superior que se trata no dejaban alternativa”.

Capítulo IV

Azules y Colorados (episodio I)

La crisis del Ejército

“Estamos solos, cada vez más solos, como consecuencia de la política mezquina que nosotros mismos realizamos. Al decir nosotros me refiero a la gente con la que estuvimos juntos durante muchos años creyendo que tenías un denominador común, y hoy [...] hay que reconocer que lo único que nos une es estar contra Perón. Nuestras diferencias nos han diezmado y dispersado, y lo que es aún peor, nos han desprestigiado.”¹ De esta forma, con amargura, se expresaba el teniente coronel Enrique Holmberg, en 1959, tras firmar su solicitud de retiro voluntario del Ejército. Holmberg se refería al estado deliberativo que se había apoderado de las instituciones militares (no sólo del Ejército) a partir de la “Revolución Libertadora”. Ese estado deliberativo se agravaba ante cada planteo, y algunos de los principios básicos de toda institución armada, como la disciplina y la obediencia jerárquica, alcanzaron su punto más bajo en agosto de 1962.

El destinatario de aquella carta, Alejandro Lanusse, recordaría años más tarde que las sucesivas crisis y planteos eran el “fiel reflejo de la indisciplina imperante y de la generalizada falta de cohesión entre los mandos de la institución, desde el más alto nivel de su jerarquía hasta el nivel de teniente coroneles que ejercían el mando en unidades de tropa” (Lanusse, 1989: 158). Otro de los protagonistas de aquellos años, el coronel Juan Francisco Guevara, habla de estado de anarquía:

El desagradable rostro de la anarquía [...] comenzó a hacer pensar a más de uno, que nuestros problemas no eran sólo de hombres. [...] En nuestra Argentina de 1962 las instituciones militares en cuanto cuerpos orgánicos dotados de un espíritu que las informa y les da la razón de ser, ya casi habían dejado de ser (Guevara, 1973: 149; 153).²

El origen de esta crisis hay que buscarlo en la “Revolución Libertadora”. El papel que desempeñaron los oficiales subalternos en septiembre de 1955 transformó a muchos jóvenes oficiales en portavoces de sus unidades por sobre sus jefes naturales, en particular si estos no se destacaban por sus méritos revolucionarios. Un alto oficial naval escribía en sus memorias:

La conspiración había cercado excesiva aunque necesariamente a oficiales de distinta jerarquía y el grado ya no alcanzaba para imponer la subordinación y los méritos revolucionarios se privilegiaban a las capacidades profesionales a la hora de establecer los ascensos (Perren, 1997: 302).

En uno de los más exhaustivos análisis contemporáneos de la crisis que sufría el Ejército, el teniente coronel Mario Orsolini atribuía una responsabilidad importante a las reincorporaciones ocurridas en 1955, que crearon un profundo estado deliberativo que destruyó la disciplina y la subordinación jerárquica. Las afinidades políticas, poco a poco, fueron más importantes que la camaradería y la idoneidad profesional. Aparecen entonces “sectores politizados” que:

...constituyen una especie de secta de iniciados que dictamina sobre el grado de adhesión de sus camaradas, persiguiendo y quitando el mando a los que consideran adversarios, sin sujetarse a ataduras legales o tener en cuenta méritos profesionales. Como ya se ha dicho, la afinidad partidaria, más exactamente, en este caso, la afinidad del énfasis partidario, resulta un vínculo mucho más fuerte que los escrúpulos de la camaradería, justicia, equidad, idoneidad profesional o espíritu de cuerpo (Orsolini, 1964: 41).

Esto da como resultado al oficial “partidista e ideológico” al que caracteriza de la siguiente forma:

...dogmático, vehemente, superficial, de aguda parcialidad en sus juicios, intolerante e instrumento activísimo de su causa. Ante la opción entre su partidismo y las obligaciones inherentes a su estado militar, olvidará o relegará a estas, incurriendo en faltas a la disciplina, a la subordinación y aún al Código de Justicia Militar, aunque impulsado por el íntimo convencimiento de evitar males mayores. No reflexionará que al socavar sus cimientos contribuye a destruir el Ejército, por cuanto supone que tolerando lo que juzga pernicioso se destruye la Nación. [...] La afinidad partidaria resulta un vínculo más fuerte que la camaradería institucional y el espíritu de cuerpo (Orsolini, 1964: 29).

Una de las consecuencias del desprestigio de las instituciones militares fue la caída en la vocación militar. A tal punto que disminuyó drásticamente la cantidad de egresados del Colegio Militar: la promoción de 1960 tuvo sólo 68 subtenientes, la cifra más baja desde fines de la década de 1910.³

La crisis de las instituciones armadas preparó la reacción de aquellos que, en nombre de la disciplina y la subordinación, consideraban que la politización y el estado deliberativo conducían a la anarquía institucional, y con ello al caos a la Nación.

Azules y colorados

La primera reacción legalista ante los nombramientos y destinos decididos por el general Lorio se produjo el jueves 16 de agosto de 1962 a través de un memorándum que llevaba la firma del general Juan Carlos Onganía, comandante del Cuerpo de Caballería, y representaba las inquietudes de Campo de Mayo por los acontecimientos recientes.⁴ El documento, dirigido al Comandante en Jefe, expresaba el pensamiento del sector legalista y describía el cuadro de situación a pocos días de superada la crisis cuando afirmaba que: “cada vez se hace más difícil [...] porque a medida que pasa el tiempo y se insiste en estas actitudes, los problemas se agudizan, la autoridad se debilita, la separación entre los hombres aumenta y el desprestigio del Ejército se acrecienta”. Onganía expresaba su profunda preocupación por el relajamiento de la disciplina, las reiteradas violaciones a la ética militar y el incumplimiento de la palabra empeñada, que llevaban al desprestigio de la institución. En sus palabras:

Se ha visto la disciplina relajada a límites que hasta ahora no se habían alcanzado. Llegándose al extremo de admitir actitudes que siempre se consideró inaceptables, y que están claramente señalados en los reglamentos como delitos o como falta de disciplina, o que, en otros casos constituyen violación de la ética militar (actitudes rebeldes, copamientos de unidades, juicios temerarios cuando no falsos, atropellos a la autoridad, autodesignaciones en cargos militares, complacencia con actitudes de subalternos, exposición ante representantes militares extranjeros, etc.).

Además, resaltaba la contradicción entre las declaraciones del propio general Lorio, y los recientes acontecimientos cuando afirmaba:

Los relevos y nombramientos recientes parecerían demostrar el propósito de que el mando de las unidades quede en aquella parte del Ejército que sucesivamente desconoció la autoridad de dos secretarios y que se alió a la Marina para imponer su voluntad –que era la de esta– sin detenerse en medios para lograrlo. No se ha tenido en cuenta el pensamiento de la otra parte, lo que evidentemente no es el procedimiento más adecuado para buscar un acercamiento ni lograr la deseada cohesión.

Para agregar más abajo:

...al sancionar con su alejamiento del mando a oficiales que ejercieron correcta y eficientemente; y al premiar con nombramientos o confirmaciones a quienes en cambio no pudieron hacerlo, o en algunos casos, incurrieron en actos de indisciplina o falsearon los hechos en declaraciones hechas públicas.

Este documento interno fue publicado por Clarín diez días después. Sólo entonces las autoridades del Ejército dispusieron el pase a disponibilidad de Onganía y su reemplazo por el general de brigada Pascual Pistarini. El memorándum reflejaba también el fastidio de los legalistas con el presidente Guido, que había tenido “actitudes poco claras” y no había sido consecuente “con quienes lo han apoyado”. Tampoco ahorraba críticas a la Marina por su interferencia en el problema interno del Ejército al que, según sus palabras, termina “imponiendo su criterio”.

La forma en la que Guido había solucionado el planteo de Federico Toranzo Montero significó una ruptura en su relación con los legalistas. Se cumplía así lo que plantea Juan José Linz (1991: 51): “Una autoridad que no está dispuesta o es incapaz de utilizar la fuerza cuando se ve amenazada por la fuerza, pierde el derecho a exigir la obediencia incluso en aquellos no predispuestos a ponerla en duda”.⁵

* * *

El 24 de agosto los Secretarios y Subsecretarios de las Fuerzas Armadas junto con los Comandantes en Jefe y los Jefes de Estado Mayor, bajo la presidencia del ministro del Interior, Carlos Adrogué, mantuvieron una reunión en la Secretaría de Guerra. Discutieron el desplazamiento de Guido y su reemplazo por un Ejecutivo fuerte. Según el general Lanusse (1989: 161-162), en aquella reunión se aprobó la constitución de una Junta Militar que tendría a su cargo la adopción de medidas de gobierno, pero manteniendo al doctor Guido como presidente de la Nación. Este grupo elaboró una cartilla con 32 medidas que le fue entregada a Guido el 4 de septiembre. Exigían, entre otras cosas, la disolución del Congreso, o al menos de lo que quedaba de él. Sólo dos días después, un decreto de Guido disolvió el Parlamento, al tiempo que convocaba a elecciones legislativas para el 27 de octubre de 1963.

Como respuesta a esta ofensiva del sector golpista de las Fuerzas Armadas, hacia el 20 de agosto un grupo de oficiales, en su mayoría coroneles de caballería, conformaron un Estado Mayor en la sombra encabezado por Julio Alsogaray. Lo acompañaban los coroneles Julio Eladio Aguirre, Manuel Laprida, Mariano de Nevares, José Jaime Toscano, Roberto M. Levingston, Manuel Ceretti, Julio Hang, y Jorge Von Stecher, y el teniente coronel Francisco N. Laprida.⁶ El grupo se reunía la Escuela de Blindados de Campo de Mayo y trabajaba en la elaboración de un plan estratégico para recuperar el comando y restituir la disciplina y la cohesión al Ejército. Otro punto de reunión era la casa del coronel Lanusse, quien por entonces cumplía diez días de arresto domiciliario por los términos de un discurso que había pronunciado.

Paralelamente, el coronel Juan Francisco Guevara, que también se encontraba en disponibilidad, lanzó una proclama y se declaró en rebeldía. Guevara era un reconocido nacionalista que había cumplido una destacada actuación durante la “Revolución Libertadora” como oficial de enlace del general Lonardi. Preocupado por el regreso de quienes habían traicionado a Lonardi, con cuyas ideas se identificaba, Guevara consideraba que todavía contaba con algunos días para intentar un vuelco favorable de la situación. Con su declaración de rebeldía pretendía “provocar una reacción militar que tuviera como objetivo la toma del poder por las Fuerzas Armadas, a fin de impedir la regresión política a la vez que restaurar la autoridad perdida y frenar la anarquía” (Guevara, 1973: 167). Antes de hacer pública su declaración, y con el documento ya redactado, se entrevistó con el general Onganía en presencia del coronel Gustavo Martínez Zuviría, Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Caballería. Si bien coincidieron sobre el desarrollo de los acontecimientos, Onganía no consideraba conveniente que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo del poder político. En su opinión, las Fuerzas Armadas no podrían asumir esa responsabilidad en las circunstancias de anarquía e indisciplina en la que se encontraban y que, por lo tanto, todavía era posible otorgar nuevas oportunidades al presidente Guido. Finalmente, el día 30 de agosto, el coronel Guevara hizo pública su declaración de rebeldía en la que manifestaba:

...me considero relevado de mi obligación de obediencia a quienes no representan la ley. No en balde la sabia fórmula militar expresa: ‘...obedecerán y respetarán su cumplimiento de las leyes y reglamentos militares...’ En efecto; los actuales mandos superiores del Ejército no han cumplido con su deber. So pretexto de pacificar han dejado de investigar numerosas faltas a la ética (Guevara, 1973: 169-175).

Entretanto, el Estado Mayor en la sombra se planteó la necesidad de encontrar un jefe con cierta antigüedad, dotado de prestigio y aptitudes militares para conducir el operativo. La elección recayó en Onganía, quien se encontraba en disponibilidad en su departamento de la calle Chenault, en el barrio de Belgrano. El grupo estaba elaborando un documento que, tomando como base el memorándum del 16 de agosto, expresaba con mayor amplitud el pensamiento y los objetivos que aglutinaban al grupo desde tiempo atrás.⁷ El general Onganía estaba al tanto de estos trabajos e incluso concurrió al domicilio de Lanusse para conversar con los que se reunían allí y ajustar algunos detalles del documento que fue publicado por Clarín, en su edición del jueves 13 de septiembre, bajo el título “Guido no tiene libertad de acción”. El texto planteaba las siguientes conclusiones: a) el Presidente estaba cercado por un grupo “que lo presiona constantemente, socava su autoridad y le quita libertad de acción”; b) “se está destruyendo al Ejército en su esencia, para hacerlo inoperante e imposibilitar toda reacción, mientras se monta una apariencia institucional que sirva como factor de presión para el logro de sus fines inconfesables”. El documento finalizaba con la amenaza de “pasar inmediatamente a la acción, ante cualquier indicio de intención por parte del grupo que propicia la dictadura de postergar el incumplimiento del decreto de convocatoria a elecciones”.

La deliberada filtración de ese documento era parte de una estrategia de escalada en los gestos que los conduciría a un enfrentamiento que evaluaban como inevitable y necesario. En uno de esos gestos, el 15 de septiembre, en un homenaje por el 7º aniversario de la “Revolución Libertadora”, el coronel Alejandro Lanusse, Director del Centro de Instrucción de Caballería, habló en presencia de los generales Pistarini, Alsogaray, Villegas y dijo, entre otras cosas:

Los oficiales del Ejército Argentino, que son salidos del seno de su pueblo, interpretan su sentir y están convencidos también que la difícil situación que vive el país debe desembocar lo antes posible en una salida democrática.

Y, más adelante, en una velada referencia a algunos de los oficiales que entonces conducían al Ejército:

Pude también ver como aparecían en primer plano, una vez transcurridas las jornadas de peligro, aquellos que sin arriesgar nada pretendían ocupar funciones de gravitación y no reparaban en medios para obtener ese privilegio. Lo llamo privilegio porque lamentablemente, para ellos la función pública no significaba mayores ni más graves responsabilidades, sino una afortunada circunstancia que les permite satisfacer sus apetitos de poder (Lanusse, 1989: 164).

El 18 de septiembre, Juan Carlos Onganía se trasladó a Campo de Mayo. Ese mismo día los generales Julio Alsogaray y Pascual Pistarini fueron citados por el general Lorio para que ratificasen o rectificasen la existencia del memorándum. Ambos asumieron la responsabilidad que les correspondía y exigieron la renuncia del Comandante y de su Jefe de Estado Mayor. Fueron relevados inmediatamente de sus cargos, pero en lugar de ir a sus domicilios se dirigieron hacia Campo de Mayo, junto a Onganía, quien había instalado su comando en la Escuela de Logística General Lemos. Hasta allí llegaron también oficiales procedentes del Estado Mayor General. Uno de ellos recuerda:

Nos reunió el más antiguo de los presentes, el entonces general Pascual Pistarini, quien nos informó sobre la situación que estábamos viviendo [...] En un gesto que lo honra, el general Pistarini agregó algo así como: “Si ustedes quieren, damos todo por terminado, yo me entregaré como cabecilla y nadie se enterará jamás de que alguno de ustedes estuvo jamás en este lugar” (Ballester, 1996: 82).

El día anterior también habían sido relevados el coronel Roberto Arredondo, director de la Escuela de Mecánica del Ejército, y dos de sus subordinados, los tenientes coroneles Carlos Padrós y Ramón Molina, acusados de haber organizado reuniones sin autorización de sus superiores. Arredondo había redactado un texto (“El peligro de la dictadura”) que hizo circular en forma mimeografiada entre sus amigos del Ejército (Potash, 1994a: 80). El coronel Arredondo fue detenido en el Instituto Geográfico Militar, en el barrio de Palermo, desde donde huyó hacia el vecino regimiento de Granaderos a Caballo para sumarse a los rebeldes.⁸

Todos estos sucesos determinaron al comando instalado en Campo de Mayo a iniciar su levantamiento. La noche del 18 de septiembre el general Onganía emitió los primeros comunicados en los que expresaba los objetivos de los militares rebeldes de Campo de Mayo. Fue entonces cuando surgieron los nombres que designarían a las facciones en pugna. Desde el comando de Campo de Mayo comenzó a hablarse de las tropas azules para referirse a las fuerzas propias y, como en los juegos de guerra de los estados mayores, a sus enemigos se los llamó colorados. Para difundir estos comunicados, los azules tomaron la planta transmisora de Radio Belgrano. También el coronel Juan Enrique Guglialmelli, junto a algunos civiles, estableció una eficiente usina de rumores.

* * *

Los primeros movimientos de tropas ocurrieron durante la madrugada del 19 de septiembre. Fuerzas de la Segundo División de infantería volaron dos puentes sobre la ruta 11, e interrumpieron el camino entre La Plata y Magdalena. Poco después, el regimiento 7 de infantería, junto al 2º batallón de Comunicaciones y el batallón Geográfico Militar de la Segunda División se dirigieron hacia Florencio Varela para cortar el paso del regimiento 8 de caballería de Magdalena en su camino hacia Campo de Mayo. Por la tarde, Onganía concurrió por primera vez a Olivos para una reunión con el Presidente, el ministro de Defensa y los tres Secretarios Militares. En esa ocasión Guido le ordenó que, antes de las 21 horas, abandonara su actitud y se subordinara al Secretario de Guerra y al Comandante en Jefe. Cuando se cumplió el plazo establecido por el Presidente, Onganía le informó telefónicamente que rechazaba el ultimátum e insistía en sus reclamos iniciales. Como respuesta, a instancias de los Secretarios Militares, el Gobierno puso en vigencia el Plan CONINTES y creó un comando conjunto al mando del general Juan Carlos Lorio.⁹ Sin embargo, durante la madrugada, la Aeronáutica informó que no integraría el comando de represión, y que sólo actuaría si fuerzas extrañas al Ejército (léase la Marina) intervenían en lo que se consideraba un conflicto interno.

El movimiento de tropas se generalizó el 20 de septiembre, cuando el comando colorado movilizó por tren a la Escuela de Tropas Aerotransportadas desde Córdoba, y al regimiento 12 de Infantería desde Santa Fe. En la Capital Federal, los regimientos 1 y 2 de infantería se trasladaron desde sus cuarteles de Palermo hacia el sur de la ciudad, en tanto el regimiento 3 de infantería (de La Tablada) alcanzó la estación Villa Lugano. La Marina intervino en el conflicto interno del Ejército ordenando a sus naves, que participaban del Operativo Unitas VII, que se dirigieran a Buenos Aires, mientras aviones navales sobrevolaban, arrojando bengalas de iluminación, al regimiento 8 de caballería blindada que marchaba hacia Buenos Aires. El Secretario de Marina, Gastón Clement ofreció a Cornejo Saravia custodiar el edificio Libertador con tropas navales.

Poco después del mediodía, a la altura de Olmos, las tropas del coronel Alcides López Aufranc se enfrentaron con el Centro de Instrucción de Artillería Antiaérea. Entre las 15.15 y las 16.30 horas, a la altura del cruce de Echeverry (camino a La Plata), libró otro combate y abrió una brecha en las barricadas coloradas al mando del mayor Merbilháa. Por su parte, la Escuela de Mecánica del Ejército, abandonó sus instalaciones y se dirigió al cuartel del regimiento de Granaderos a caballo, poniéndose a disposición del coronel Arredondo y sumándose a las tropas azules. Una actitud similar adoptaron los integrantes del Estado Mayor de la Novena División y del 9º batallón de comunicaciones de Comodoro Rivadavia. En Salta, el general Rauch, quien se encontraba en disponibilidad, asumió el mando en reemplazo de Federico Toranzo Montero que se dirigió hacia Jujuy, como en la crisis de agosto.

Casi a la misma hora en la que se producían estos primeros combates, en Olivos se reiniciaron las negociaciones. Por el bando azul participaron los generales Onganía, Rosas, Peralta y Caro, quienes decidieron no acatar la orden presidencial de deponer su actitud. Se trataba de un nuevo intento por solucionar la crisis con la eliminación de los jefes de ambos bandos. La respuesta de los azules exhibía su firme voluntad de combatir. No estaban dispuestos a sufrir una nueva derrota política. Se produjo entonces una situación paradójica: los azules, que decían oponerse a la práctica planteísta y defendían la libertad de acción del presidente Guido, eran los primeros en oponerse a las órdenes presidenciales. El general Caro renunció a la Subsecretaría de Guerra y se dirigió a Campo de Mayo. Lo reemplazó el general Juan Carlos Reyes. Mientras tanto, en los aledaños de la Secretaría de Guerra se establecieron barricadas que impedían el paso en la zona cercana a casa de Gobierno.

Aquella noche, el ministro Álvaro Alsogaray (llegado de urgencia desde los Estados Unidos) convocó a Onganía a una nueva reunión con el presidente Guido. El jefe azul se negó. Entonces el Presidente se comunicó telefónicamente con él y le solicitó una tregua que fue acordada entre las 23.15 y las 1.15 horas del 21 de septiembre. Las negociaciones se prolongaron durante toda la madrugada del 21. Guido puso su renuncia a disposición en una reunión con Onganía y los Secretarios Militares.¹⁰ Intentaban llegar a un acuerdo que solucionara el enfrentamiento y evitara la renuncia de Guido. Lo que ocurrió en esa reunión ha quedado envuelto en una polémica. Según el relato de uno de los protagonistas, Cornejo Saravia, se alcanzó un acuerdo basado en su renuncia, la desconvocatoria de Lorio y Labayrú, y el relevo de los principales jefes azules, comenzando por Juan Carlos Onganía.¹¹ A las 5 de la mañana del 21 de septiembre un comunicado oficial anunció la normalización de la situación militar y el regreso de las tropas a sus cuarteles, pero no hacía ninguna referencia al retiro de los líderes de la facción azul.

Sin embargo, los azules no obedecieron la orden de cesar sus operaciones. Por la tarde, el regimiento 10 de caballería, al mando del coronel Tomás Sánchez de Bustamante, marchó desde Campo de Mayo hacia la Base Aérea de Morón y, desde allí, hacia la Capital Federal. También el regimiento 8 de caballería ingresó a la ciudad de Buenos Aires por el Puente Avellaneda, que se encontraba custodiado por el regimiento de Granaderos a Caballo y la Escuela de Mecánica del Ejército y tomaron posiciones en Parque Lezama, bajo el mando del general Julio Alsogaray. Por su parte, las fuerzas de la Segunda División, acantonadas en Florencio Varela, se retiraron de la contienda. La única movilización importante de fuerzas coloradas fue la de la Escuela de Tropas Aerotransportadas que se trasladó desde Córdoba en tren. Los paracaidistas llegaron hasta Moreno y San Antonio de Padua, donde sufrieron un ataque aéreo que dio de lleno en un tren de pasajeros causando la muerte de cuatro civiles.

A las 20 horas, Guido anunció el cese del fuego, su asunción como Secretario de Guerra, los relevos de Cornejo Saravia, Lorio y Labayrú, y la convocatoria a una reunión de generales. El presidente Guido había cambiado de bando. Los rebeldes azules eran ahora legalistas, y los que habían marchado a reprimir por mandato presidencial se encontraron, de buenas a primeras, en el papel de rebeldes. Ante el inesperado giro de Guido renunciaron los ministros Adrogué y Lanús. El primero acusó al Presidente de deslealtad; el segundo, de actuar en forma parcial y sin equidad. También renunció el almirante Clement, muy crítico con Guido por no cumplir con su palabra de sancionar a los responsables de ambos sectores.

Mientras Guido anunciaba su cambio de bando, la Primera División de infantería abandonó Almirante Brown y Lomas de Zamora y tomó posiciones en Plaza Constitución, en los parques Chacabuco y Avellaneda, y estableció su comando en el Autódromo Municipal. También la Marina entró de lleno al conflicto. Incluso emitió un comunicado que anunciaba que Guido había elevado su renuncia al Consejo de Almirantes. La Aeronáutica, por su parte, expresó su alineamiento con el comando azul de Campo de Mayo “hasta lograr la rendición incondicional de las fuerzas de oposición”, y su disposición a emplear “la máxima potencia de fuego” contra las tropas coloradas.¹²

Los combates finales ocurrieron en las primeras horas de la tarde del 22 de septiembre. Tras algunas escaramuzas y vuelos rasantes de aviones de la Aeronáutica, las fuerzas coloradas se rindieron casi sin luchar en Plaza Constitución, Parque Chacabuco y Parque Avellaneda. Esa misma tarde, en Salta, Federico Toranzo Montero rendía el último foco de resistencia colorado. A las 20 horas, Julio Alsogaray tomó posesión de la Secretaría de Guerra, y a las 21.45 el comunicado nº11 de la Presidencia de la Nación anunció la designación de Juan Carlos Onganía como Comandante en Jefe interino del Ejército.

* * *

Poco después de terminados los combates, el comando azul emitió el famoso comunicado 150, un verdadero programa político que ponía fin al conflicto (“la lucha ha terminado”), y sintetizaba los objetivos del sector azul:¹³

Nuestro objetivo en lo nacional es mantener el actual Poder Ejecutivo y asegurarle la suficiente libertad de acción [...]. En lo militar se persigue el restablecimiento de la justicia y la disciplina, el respeto a las leyes y reglamentos.

El texto del comunicado de 573 palabras, escrito por el ex subsecretario Mariano Grondona, tenía un tono fuertemente constitucionalista, y planteaba una rápida salida electoral “con un sistema que permita a todos los sectores su participación en la vida nacional”. Esta última era una velada referencia a la incorporación del peronismo al sistema político y al llamado a elecciones sin proscripciones. No obstante quedaba claro que no había “la menor posibilidad de retorno al pasado ya superado”. Según el comunicado, se debía permitir la participación de “las masas auténticamente argentinas, que tendenciosamente dirigidas en alguna oportunidad, equivocadas, puedan orientarse nuevamente en la vida constitucional”. No había, sin embargo, referencias a proscripción o limitación de la participación electoral del peronismo. El texto, en cambio, era explícito con respecto al rol de las Fuerzas Armadas (“no deben gobernar”). Estas debían “gravitar en la vida institucional” pero “sometidas al poder civil”, y se las ratificaba como garantía del pacto constitucional y de las libertades, y dadoras de democracia (“cumplimos con la sagrada misión de hacer posible la democracia, mediante la ofrenda de nuestras vidas”).

Juan Carlos Onganía

Una de las primeras consecuencias del conflicto entre azules y colorados fue la designación del jefe vencedor, general de brigada Juan Carlos Onganía, como nuevo Comandante en Jefe interino del Ejército. Onganía había nacido en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, el 14 de marzo de 1914. Estaba casado con María Eugenia Green Urien y era padre de cinco hijos. Había ingresado al Colegio Militar de la Nación en 1931, luego de cursar el primer año en la academia General San Martín. Su actuación en el Colegio Militar fue discreta, y egresó como subteniente de caballería en diciembre de 1934, con el orden de mérito nº 64 (entre 93) de la promoción 60.¹⁴ Como oficial subalterno estuvo destinado en los regimientos de caballería de Gualeguay, Liniers, Campo Los Andes, Paso de los Libres y Ciudadela.¹⁵ En 1945, con el grado de capitán, ingresó a la Escuela Superior de Guerra, donde sólo cursó, sin mucha suerte, el primer año. Durante el primer gobierno peronista estuvo destinado en el regimiento 10 de caballería, en Campo de Mayo, y en la Escuela de Caballería hasta la frustrada sublevación de septiembre de 1951. Si bien no tuvo vinculación con ese hecho, fue transferido al haras General Paz, en Ordoñez (Córdoba), con el grado de mayor. Poco después, en 1952, fue designado Jefe de la División Campos de Remonta y Veterinaria lo que lo llevó a recorrer todos los haras del Ejército.¹⁶ En ese destino lo encontró el movimiento revolucionario de septiembre de 1955, en el que no tuvo participación activa, pero que significó un cambio radical para su carrera. A fines de 1955 ascendió a coronel y fue destinado a la 1ª División Blindada Escuela (Curuzú Cuatiá). En 1956, las depuraciones antiperonistas que significaron el retiro de 500 oficiales no sólo aceleraron su carrera, sino que eliminaron a potenciales competidores al grado de general, que alcanzó a fines de 1959. Fue uno de los pocos militares que obtuvo ese grado sin haber aprobado la Escuela de Guerra y habiendo egresado en el último cuarto de su promoción.

Onganía no era un intelectual. Por el contrario, era lo que en la jerga se conoce como “tropero”.¹⁷ Tampoco tenía un pasado de luchas antiperonistas. El mérito de Onganía estaba en sus carencias. Oficial poco destacado, único sin especialidad entre los generales en actividad, se distinguía por su apego a los reglamentos y porque no respondía a ningún sector interno, ni mantenía aceitados contactos con sectores políticos partidarios. Cualquier otro hubiese representado a una minoría. Su fortaleza estaba, precisamente, en que no representaba a ninguna minoría en particular, pero sí encarnaba a una mayoría silenciosa del Ejército preocupada por tener seguridad y previsibilidad en sus carreras.

En un artículo publicado en Primera Plana, en diciembre de 1962, bajo el título “Onganía: el general que no quería ser presidente”, se lo describía como

…un hombre intelectualmente gris. [...] El general Onganía es un hombre de pocos libros. Habla muy poco, es muy austero, pero tiene gran claridad para determinar las relaciones de causa y efecto. [...] Hombre de origen modesto, Onganía nunca tuvo ambiciones políticas. No es hombre de muchos afectos: de ninguna manera podría ser calificado como “cálido”. Más bien frío, reservado, enérgico en la conducción de las tropas, de notable sentido común, muy modesto: distinto de los relucientes oficiales de estado mayor, es un tropero típico (Primera Plana, 25/12/1962, p. 21).

Aquellos que fueron sus subordinados, aun a pesar de sus enfrentamientos posteriores, siempre le reconocieron su capacidad de mando, su firmeza de carácter y su honestidad personal. Mariano Grondona le manifestó a una fuente de la embajada norteamericana que Onganía desconfiaba de los intelectuales y de las discusiones complicadas, sofisticadas, ya sean orales o escritas.¹⁸ En ese sentido, Onganía era un típico exponente de la “mentalidad militar” expresada en los términos de C. Wright Mills (1978: 188-189):

la “mentalidad militar” [...] expresa el producto de una preparación burocrática especializada, expresa los resultados de un sistema de selección formal y de experiencia, amistades y actividades comunes, todo encerrado dentro de rutinas similares. También señala el hecho de la disciplina, lo cual significa obediencia inmediata y estereotipada dentro de la cadena de mandos. La mentalidad militar significa también la participación en un punto de vista común, cuya base es la definición metafísica de la realidad como una realidad esencialmente militar. Aun dentro del terreno militar, esa mentalidad desconfía de los “teóricos”, aunque no sea más que porque tienden a ser diferentes: el pensamiento burocrático es un pensamiento ordenado y concreto.

[...] Dentro de una zona limitada de la vida, son con frecuencia sumamente competentes; mas por ello, en su disciplinada lealtad, esa zona es muchas veces la única zona de vida que vale la pena. [...] Las ordenadas filas de su cadena de mandos [...] se prolongan en la vida social: esa lucha por una posición, que ellos han conocido, se ha realizado dentro de una jerarquía de posiciones inequívoca y bien organizada, en la que cada uno sabe cuál es su lugar y permanece en él.

En este mundo militar la discusión no es más estimada que la persuasión: uno obedece y otro manda, y los asuntos, ni siquiera los menos importantes, no se deciden por votación.

Entre dos crisis (octubre de 1962-marzo de 1963)

¿Cuáles eran las diferencias entre azules y colorados? ¿Era una diferencia en el grado de antiperonismo o gorilismo? Si eso fuera así, ¿cómo se explica que la mayoría de los oficiales que se sublevaron contra Perón en 1951 y pasaron cuatro años en el exilio o la cárcel de Rawson fueran azules? ¿Podemos acaso afirmar que algunos de los jefes colorados eran más gorilas que Alejandro Lanusse o Álvaro Alsogaray? Y si bien los colorados se reivindicaban como herederos de la “Revolución Libertadora”, su antiperonismo no se reflejaba en un pasado de luchas contra el peronismo. Rogelio García Lupo (1963: 86), al referirse al pasado de muchos oficiales colorados escribía:

Siete de cada diez oficiales superiores hicieron su carrera durante el peronismo y disfrutaron en mayor o menor grado, de los beneficios de su adhesión a aquel régimen. [...] aquella adhesión, magnificada por la derrota de Perón, comenzó a ser a partir de 1955 una carga opresora para muchos de ellos. Los más audaces se lanzaron de lleno a las filas gorilas y, dentro de ellas, pasaron a ser los más tenaces enemigos no ya de Perón sino del pueblo peronista.

Juan Carlos Onganía, en su memorándum de agosto de 1962, esgrimía un argumento similar:

...es evidente que una falta de franqueza en actitudes que se adoptan en sentido contrario a manifestaciones previamente hechas, actitudes en que curiosamente suelen ser más intransigentes en oficiales que en la época peronista fueron adictos al régimen o estuvieron distraídos respecto de sus proyecciones.

La primera diferencia entre unos y otros pasaba por la manera en que ambas facciones interpretaban la salida política del gobierno cívico-militar presidido por José María Guido. Los colorados proyectaban reducir la autonomía del Presidente, e incluso reemplazarlo por una Junta Militar. Eran partidarios de la instauración de una dictadura militar que pusiera entre paréntesis la vida política hasta la eliminación del fenómeno político no deseado. Los azules, por su parte, proponían una salida política rápida que incluía la incorporación progresiva y gradual del peronismo al sistema político. De esta manera, el Ejército, considerado la última reserva de la Patria, podría regresar a sus funciones profesionales específicas y alejarse de la lucha política cotidiana. Detrás de esta defensa de las formas constitucionales se hallaba la mayor preocupación de la facción azul: evitar la anarquía en el Ejército. La restauración del orden constitucional era por lo tanto un medio, no un fin. Muchos oficiales estaban convencidos de los fatales efectos que provocaba sobre la situación de la organización militar y sobre sus propias carreras, la intensa politización de sus jefes golpistas y la fraccionalización que resultaba de ello. Aquellos oficiales abogaban por un retorno a sus deberes específicos y, por consiguiente, por la terminación de las pautas de participación política de los golpistas. Imponer el orden y la ley dentro del Ejército era indispensable para que estas garantías de estabilidad y seguridad se extendieran a todo el cuerpo de la Nación. Este argumento estaba centrado en la extrema preocupación por la supervivencia de la propia organización, que parecía amenazada por la lucha facciosa. Los azules rechazaban el planteísmo y sus consecuencias: la relajación de la disciplina, la pérdida de respeto por la jerarquía y los reglamentos militares, así como el deterioro de la imagen pública de la institución. El desprestigio, la indisciplina y la anarquía del Ejército afectaban su función de “custodio” de los valores occidentales en un contexto de Guerra Fría. El general Onganía lo resumió de la siguiente manera: “Sin disciplina no hay jerarquía ni mando. Sin mando hay anarquía. La anarquía en el Ejército llevaría al caos a la Nación” (La Nación, 2/5/1963).

En cuanto a su composición ambas facciones eran heterogéneas y estaban unidas por lazos efímeros en torno a algunos temas específicos, pero no a políticas de fondo. En el caso de los azules el arco político e ideológico parece mucho más amplio que en caso de los colorados e incluye liberales, desarrollistas, nacionalistas, o partidarios del ex presidente Aramburu. Los colorados, por su parte, parecen más vinculados con grupos conservadores, ultraliberales y con un sector mayoritario del radicalismo del pueblo. En política económica, los colorados impulsaban la ortodoxia liberal, y proyectaban anular contratos petroleros y la derogación de ley de asociaciones profesionales. Para sus proyectos económicos consultaban a técnicos liberales en equipos coordinados desde la Dirección General de Fabricaciones Militares por el general Armando Pío Martijena. En el plano militar contaban con el apoyo y sostén de la Marina de Guerra, mientras que la Aeronáutica, donde predominaban los sectores nacionalistas, se alineó detrás de la facción azul. Vale destacar que ambas facciones coincidían en un profundo anticomunismo, arraigado en el Ejército argentino desde hacía muchos años.

Si se tiene en cuenta la composición por armas, es evidente que entre los líderes azules predominaban los oficiales de caballería y artillería, aunque esto no excluye a oficiales de otras armas. Entre los colorados, por su parte, se alinearon mayoritariamente oficiales de infantería. Esta división por armas se confirma al analizar la purga realizada por los vencedores, ya que casi la mitad de los oficiales pasados a retiro obligatorio eran del arma de infantería.

Por otra parte, si examinamos el núcleo del sector azul detectamos que este correspondió a un grupo de generales modernos (Alsogaray, Pistarini) y de coroneles a punto de ascender (Lanusse, Villegas, Guglialmelli), junto con un grupo de coroneles modernos, la mayoría de ellos pertenecientes a la promoción 68 (López Aufranc, Sánchez de Bustamante, Manuel Laprida, etc.) que tendrían un papel fundamental en la conducción del Ejército durante toda una década.

Resulta interesante comprobar cómo se pretendía mostrar las diferencias de ambos bandos desde las usinas de acción psicológica de los azules. Un buen ejemplo es la carta de lectores enviada a Primera Plana, revista creada a instancia de un grupo de oficiales azules, por el comodoro Juan José Güiraldes, destacado “contacto militar” muy vinculado a algunos coroneles del Ejército:

Azul significaba comicios con participación, dentro del marco de la democracia y la Carta Magna, de todas las corrientes de pensamiento. Significaba el rescate, hacia su auténtico sentido, del término democracia que se había convertido en un simple rótulo formal para justificar el intento de una ínfima minoría de monopolizar la vida política, dividiendo al país [...] en “democráticos” y “totalitarios”. [...]

El coloradismo no es, entonces, un episodio circunstancial [...] es una constante de nuestra historia, caracterizada por la lucha entre el pueblo y una pequeña minoría que pretende “tutelarlo” [...] Es la miopía en reconocer la universal presencia de los trabajadores en el destino de la comunidad nacional. [...]

En esta coyuntura real, dos tendencias nacieron. La primera, Azul, acorde con los tiempos modernos, el curso lógico del proceso y las exigencias de la grandeza nacional y el bienestar del pueblo: llegar a la completa transformación de la estructura colonial de nuestra economía, completando a la industria liviana con las industrias de base, una infraestructura adecuada, enseñanza tecnológica, investigación científica y con una tecnificación del campo que elevara vertiginosamente su rendimiento. [...] La segunda tendencia, colorada, se inclinó por la sencilla tesis de “volver al campo”, quebrar la industria nacional y, mediante la vertiginosa disminución del producto bruto nacional, estabilizar el signo monetario [...].

El “azulismo” [...] tiene un corolario inevitable en lo político y en lo económico. En lo primero, viabilizar la genuina representación a través de la participación de todas las tendencias en los comicios; en lo económico, impedir que siga adelante la maniobra de desmantelamiento que nos conducirá al estado pastoril (Primera Plana, 4/12/1962, pp.61- 63).

Sin embargo, las circunstancias políticas se encargarían de demostrar que las diferencias no eran tales, y que sólo se trató de una división por cuestiones coyunturales. En ese sentido, en 1966, un memorándum difundido por el comando golpista reconoce que el conflicto entre azules y colorados : “no respondió a que tuvieran una imagen distinta del país. Nació del enfrentamiento de dos concepciones diferentes acerca de la misión específica que incumbía a las Fuerzas Armadas en esa coyuntura ” (Confirmado , nº51, 9/6/1966, el destacado es mío).

“Reestructuración” de los cuadros y del gabinete

Apenas finalizados los combates, un decreto presidencial otorgó facultades extraordinarias al Secretario de Guerra para reorganizar los cuadros del Ejército y proponer al Ejecutivo el pase a retiro obligatorio de los jefes y oficiales superiores que estimara conveniente en un plazo no mayor de sesenta días. Para ello contaría con la colaboración de una Junta Especial de Calificaciones. El decreto 10.158/62 otorgaba un poder discrecional al Secretario de Guerra y dejaba sin efecto todas las prescripciones legales y reglamentarias que se opusieron al mismo. Dos semanas después, el 10 de octubre, se conocieron los primeros decretos de retiro obligatorio. La “reestructuración” continuó en noviembre con otra serie de decretos. En total se dispuso el retiro obligatorio de 166 oficiales del cuerpo de comando.

La depuración de los cuadros afectó fundamentalmente a jefes y oficiales superiores. La distribución por grados muestra que el 94,5% de los afectados eran oficiales con el grado de mayor o superior. Por una decisión política no se incluyeron a jóvenes oficiales subalternos. La mayoría de los eliminados eran coroneles (51) y teniente coroneles (62), que pertenecían, fundamentalmente a las promociones 66 a 74. Un análisis por armas nos muestra que la mayoría de los retiros obligatorios correspondieron a oficiales de infantería (76) y de artillería (38). La eliminación de infantes representa el 45% del total. Por el contrario, pasaron a retiro 22 oficiales de caballería, lo que representa apenas un 13,25%.

La depuración fue profunda y en algunas promociones afectó a un alto porcentaje de sus mi embros. Sin embargo, hubo excepciones, y muchos oficiales que participaron del bando colorado pudieron salvar sus carreras, incluso varios pudieron llegar a la máxima jerarquía. El teniente coronel Roberto Viola es uno de ellos. El teniente coronel Jorge Raúl Carcagno, quien se desempeñaba como Jefe de Estado de la Segunda División es otro. La lista también incluye a Carlos Guillermo Suárez Mason, ayudante personal del comandante Lorio. Aunque quizás el caso más emblemático es el del teniente coronel Jorge Rafael Videla, jefe del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar. Videla se habría negado a involucrar a los alumnos del Colegio Militar en el conflicto y abandonó su puesto (Seoane y Muleiro, 2001: 183-186). Tanto él como el futuro general Ruiz Palacios habrían sido salvados del retiro obligatorio por el teniente coronel Albano Harguindeguy, destinado en la Secretaría de Guerra, quien intercedió ante el coronel Manuel Laprida y el Subsecretario Julio Alsogaray. ¹⁹

La “reestructuración” de los cuadros estuvo acompañada por cambios en el gabinete que incluyeron al ministro de Defensa y los tres Secretarios Militares. Para el Ministerio de Defensa se pensó, originalmente, en José Luís Cantilo (h), pero como éste no aceptó el cargo, bastante devaluado en ese momento, le fue ofrecido a José Mariano Astigueta. En Aeronáutica, Guido promovió al Subsecretario, brigadier Juan Pereira, en reemplazo de Jorge Rojas Silveyra. En la Marina el elegido fue el almirante Carlos Kolungia, a quien se vinculaba con el almirante Estévez, primer Secretario de Marina del doctor Frondizi, ocupó el lugar de Gastón Clement. La designación fue aceptada por el influyente Consejo de Almirantes. Sin embargo, pocas semanas después, cuando el secretario Kolungia propuso modificaciones en la estructura de mandos, el Almirantazgo –liderado por el almirante Jorge Palma, Jefe de Estado Mayor Naval– le quitó su apoyo, lo que determinó su renuncia.

Al frente de la Secretaría de Guerra fue designado el teniente general Benjamín Rattembach, uno de los oficiales más prestigiosos que tenía el Ejército. El nuevo Secretario era un artillero que había sido reincorporado y ascendido a la máxima jerarquía durante la “Revolución Libertadora”. Tenía bien ganada fama de profesionalista al estilo prusiano, y defensor de las jerarquías y el orden interno. Su fuerte personalidad lo llevó a desempeñar un papel protagónico dentro del gabinete de Guido, pero también a enfrentarse con el Comandante en Jefe. Rattembach y Onganía compartían la idea de que el Ejército necesitaba restaurar el control jerárquico y la disciplina, pero tenían profundas diferencias sobre el rol que debía desempeñar el Secretario de Guerra. Rattembach se consideraba un representante del presidente Guido, en quien las Fuerzas Armadas habían delegado la soberanía. Onganía, por el contrario, concebía a los Secretarios Militares como representantes de su fuerza ante el Poder Ejecutivo, que cumplían funciones exclusivamente administrativas y políticas, y no debían inmiscuirse en la conducción efectiva de la institución. Para Onganía, el Secretario de Guerra era un subordinado (y no al revés) y esto debía ser así para eliminar las influencias políticas sobre el Ejército. Lo que los enfrentaba realmente era la opuesta concepción sobre la autonomía militar que tenían ambos generales. Para Onganía, el poder militar (el Comandante) estaba por sobre el poder político (el Secretario). De esta forma, Onganía pretendía establecer una nueva doctrina, o al menos aumentaba sensiblemente los niveles de autonomía militar. En sus memorias inéditas, Rattembach afirma que Onganía “no veía el grave peligro que entrañaba tal solución para el estado al convertir a la Fuerza Armada en un instrumento autónomo, sin que nadie lo controlara” (Potash, 1994a: 105). Rattembach comprendía que la posición del Comandante en Jefe conducía, en última instancia, a la autonomía plena del poder militar. La concepción de Onganía sobre la función del Secretario de Guerra está en la base del conflicto que determinaría su pase a retiro en noviembre de 1965. Era evidente la incomodad de Onganía en su trato con el Secretario de Guerra. Pretendía subordinar a un general que, por jerarquía y prestigio personal, no se sometería a sus deseos. El conflicto quedó pendiente hasta abril de 1963.

Entretanto, las dos figuras más importantes del gabinete, Rattembach y Martínez, buscaban avanzar en un plan político que cumpliera con lo prometido por el Ejército en el comunicado 150. Esto significaba la reincorporación limitada del peronismo a la vida política, evitando la repetición del pacto Perón-Frondizi de 1958. Según el Secretario de Guerra, este acuerdo debía ser “concertado en forma limpia y pública, de frente al pueblo y a las Fuerzas Armadas, con un partido reconocido en cuanto se ajuste a la prescripción del estatuto vigente” (Kvaternik, 1987: 110) Para el ministro Martínez, la elección del Presidente constitucional debía significar una renovación de la política tradicional y, al mismo tiempo, contar con el consenso del peronismo. En todo caso, debería formarse un amplio frente electoral que incluyera a desarrollistas y peronistas, quienes ocuparían cargos legislativos. La salida política y los candidatos debían ser el resultado de alguna forma de negociación entre el sector azul del Ejército y el peronismo. El nombre del candidato presidencial debía surgir de la negociación entre ambos. Y visto que no podía ser un peronista, la presidencia la ocuparía un hombre elegido por el Ejército. Martínez creía que debía repetirse una solución utilizada muchas veces en el pasado: entregar el poder al general victorioso. Ese hombre era Onganía.

El 16 de octubre Martínez realizó el primer anuncio, muy general, sobre un Plan Político que debía culminar con la entrega del gobierno a un gobierno constitucional el 12 de octubre de 1963. Esa misma noche, invitó a cenar a Onganía y le propuso ser candidato a Presidente constitucional. El Comandante en Jefe, consciente de sus limitaciones, no parecía convencido de la propuesta. En todo caso su candidato era Aramburu.²⁰ También conversó con Onganía su amigo, el coronel Manuel Laprida, pero en este caso tampoco dio indicios de aceptar (Potash 1994a: 119).

Dentro de la facción azul existían opiniones encontradas con las de Rattembach y Martínez. Se trataba de una interpretación diferente del comunicado 150, cuyo principal vocero era el ministro de economía, Álvaro C. Alsogaray. Nadie podría negarle al ex abanderado del Colegio Militar devenido economista su compromiso con la facción azul del Ejército. Alsogaray estaba convencido que desde antes del 18 de marzo de 1962 nadie “detentaba ni ejercía el poder en la Argentina”, y que luego de los acontecimientos de septiembre “la conducción política [...] quedó otra vez vacante”. Para el ministro de Economía, Martínez, Rattembach y Grondona propiciaban una política “integracionista” basada en la creación de frentes, combinaciones y coaliciones, “deliberando con personas que estaban oficialmente inhabilitados para actuar y que [...] deberían estar sometidas al Código Penal”. La posición de ese sector del gabinete no se diferenciaba de la que había llevado adelante su enemigo histórico, Rogelio Frigerio, en 1958. La principal diferencia, opinaba Alsogaray, era que Frigerio “con inescrupulosidad no disimulada” arregló directamente con Perón, en tanto Martínez y su equipo utilizaron “maneras más elegantes procurando llegar al mismo fin”. Es evidente que existía una profunda diferencia en la interpretación del comunicado 150. Alsogaray enfatizaba un párrafo en particular: “queremos que todos los partidos se organicen dentro de la base de los principios democráticos, sin que haya la menor posibilidad de retorno a un pasado ya superado” (destacado en el original).²¹ Esto significaba la proscripción, lisa y llana, del peronismo. El choque entre estas dos líneas de interpretación desembocó, irremediablemente, en un conflicto interministerial que se resolvió en los primeros días de diciembre, con la renuncia del ministro Alsogaray y su reemplazo por Eustaquio Méndez Delfino.

* * *

Para promocionar la salida política, algunos coroneles azules le propusieron al periodista Mariano Montemayor, uno de los más decididos promotores del Frente Nacional, publicar un semanario que se llamaría Azul.²² Montemayor le ofreció la dirección de la revista a Jacobo Timerman, uno de los periodistas gráficos más importantes de aquellos años, quien propuso a los coroneles un nuevo nombre: Primera Plana. Uno de esos coroneles, el desarrollista Juan Enrique Guglialmelli, habría acercado al capitalista Raimundo Richard, representante en la Argentina de Peugeot, quien aportó el 75% del capital.²³ No obstante su origen, Primera Plana, cuya redacción integraban jóvenes y destacados periodistas, era un semanario de temas generales que adoptó un estilo absolutamente novedoso en la Argentina, cuyo modelo eran las revistas de información norteamericanas, especialmente Newsweek.

En los meses siguientes, desde Primera Plana se impulsó activamente el llamado Frente Nacional. Luego de las elecciones de 1963, se transformó el vocero oficioso del sector azul del Ejército y tuvo una destacada actuación en la campaña de prensa contra el gobierno del doctor Illia, que culminó con el golpe cívico-militar de junio de 1966 (Mazzei, 1997: 71-99).

El generalato para 1963

El enfrentamiento de septiembre significó una verdadera sangría para el generalato. A comienzos de 1962 había en el Ejército 2 teniente generales, 8 generales de división y 43 generales de brigada. Al 31 de diciembre de 1962, la cúpula del Ejército se había reducido a un teniente general (en un puesto burocrático y pronto a retirarse) y 28 generales de brigada. A los oficiales colorados eliminados se sumaron otros nueve generales que si bien habían acompañado a los azules eran más antiguos en el escalafón que el comandante Onganía y solicitaron su retiro.²⁴

El 31 de diciembre fueron promovidos a general de brigada los coroneles Adolfo Cándido López, Arturo Aguirre, Carlos Guido Blanco, Carlos Mosquera, Nicolás Hure, Manuel Iricibar, Manuel C. Otero, Carlos Koenig, Juan Enrique Guglialmelli y Alejandro Agustín Lanusse. Los nuevos generales pertenecían a las promociones 63 y 64 de Colegio Militar (egresados en 1938). Tres de ellos eran del arma de caballería, tres de infantería, dos de artillería y los dos restantes pertenecían a comunicaciones e ingenieros. Tan sólo uno tenía la especialidad de Ingeniero Militar (Carlos Guido Blanco), en tanto los otros nueve eran oficiales de Estado Mayor.

Con estas promociones se conformó la nueva cúpula del Ejército, que incluía no sólo a los cuatro Comandantes en Jefe del período 1962-1973, sino también a quienes ocuparon los principales comandos, al menos hasta 1968. De esta forma se iniciaba un inédito proceso de renovación interna del Ejército. Tal es así que los generales de brigada que permanecían en actividad eran tan modernos que ninguno tenía la antigüedad necesaria para ascender a general de división.²⁵ El nuevo generalato quedó así integrado sólo por generales de brigada que correspondían a las promociones 60 a 64 del Colegio Militar, y ninguno mayor de 48 años. En comparación con diciembre de 1961, la edad promedio de los generales se redujo en más de un año y medio. También cambió su composición por armas. De los 28 generales en actividad, 12 eran de caballería, 8 de infantería, 4 artilleros, 3 ingenieros y sólo uno de comunicaciones. Si comparamos con enero de ese mismo año observamos un claro retroceso en la participación del arma de infantería.²⁶

También se produjeron modificaciones a nivel especialidades. El porcentaje de Oficiales de Estado Mayor (OEM) pasó del 56,9% a 75% del total . Las purgas perjudicaron a los Ingenieros Militares (IM) que estaban sobrerrepresentados en las anteriores conducciones y pasaron de 15 (29,4%) a 5 (17,8%). Paradójicamente, el único general que no tenía especialidad, requisito casi obligatorio para acceder a un lugar de conducción en el Ejército, era el Comandante en Jefe interino, Juan Carlos Onganía.

El Frente Nacional

El 14 de enero de 1963, el gobierno convocó a elecciones conjuntas para todos los cargos y suspendió todas las constituciones provinciales que no permitiesen el uso de la representación proporcional (Potash 1994a: 120-121). Al día siguiente, Benjamín Rattembach se reunió con un grupo de generales para analizar la situación política. Creía que el Ejército debía mantener firme su compromiso de restaurar el sistema democrático, aun frente a las predicciones de un posible triunfo peronista. Rattembach no descartaba que los justicialistas lograran una importante presencia en el Parlamento, las legislaturas, los municipios, e incluso en el Colegio Electoral. Por eso les expresó a sus camaradas: “El Ejército y sus mandos deben prepararse entonces a resistir el impacto psicológico que representará la presencia de una cantidad importante de legisladores de tendencia justicialista. [...] Esta es una realidad para todos nosotros que tenemos que aceptar y sobre todo respetar si estamos decididos a preservar la existencia de un país organizado”. El Secretario confiaba, no obstante, que los peronistas no se impondrían en el nivel de las gobernaciones más importantes, ni de la presidencia. Parecía confiar que el sistema electoral basado en la representación proporcional impediría la llegada de un peronista a la presidencia. Además, afirmaba que el Ejército no debía oponerse a la formación de coaliciones electorales siempre que estos se concertaran en forma “limpia y pública, de frente al pueblo y a las Fuerzas Armadas”.²⁷

El ministro Martínez, por el contrario, no creía en el régimen de representación proporcional y dejar librada a la decisión del Colegio Electoral la elección del Presidente. Pensaba en una amplia coalición que, previa aprobación de Perón, que llevaría como candidato a una figura no partidaria (Onganía). Para ello mantenía fluidos contactos con algunos dirigentes justicialistas que se habrían comprometido a no competir por la gobernación de las cinco principales provincias. Tampoco los militares azules compartían la visión de Rattembach. A mediados de febrero, un parte de inteligencia firmado por el general Lanusse dudaba de la diferencia entre justicialistas y peronistas que hacía el Secretario y se preguntaba: “¿Cómo se asegura que el actual justicialismo una vez en el poder no se convierta en peronismo?”. ²⁸

El 20 de febrero el Comandante en Jefe se reunió con los principales mandos del Ejército. Allí les informó que le había comunicado al ministro Martínez que no sería el candidato del Frente Nacional, y que este debía ampliarse a los radicales del pueblo y no limitarlo solamente a la UCRI y el peronismo. Onganía también manifestó que Aramburu y Señorans serían dos buenos candidatos para el Ejército. Entre los presentes, la mayoría de los generales se manifestó a favor de que el candidato fuera militar y retirado. El general Caro se habría pronunciado abiertamente por el ex presidente Aramburu. Lanusse, en tanto, reiteró su postura en favor de un presidente civil. Tan sólo Guglialmelli opinó que el Ejército debía ser prescindente. Para él ningún candidato lograría la unanimidad del Ejército y eso afectaría la cohesión institucional. El Ejército no podía vetar, condicionar o proponer candidaturas. Pero no sólo no existía unanimidad de criterios entre los propios generales, sino que, en el caso de Onganía, bastaba con el respeto de sus camaradas sin tener en cuenta condiciones políticas, perfil ideológico, o conocimiento de la opinión pública. Para el Comandante en Jefe, parecía ser lo mismo el liberal Aramburu que el nacionalista Señorans.

Lanusse y otros militares deseaban que el núcleo del Frente Nacional auspiciado por el Ejército fuera la UCRP. También Onganía deseaba incluir a los radicales del pueblo. En consecuencia, el ministro Martínez y el secretario Grondona se reunieron con algunos dirigentes porteños de la UCRP, pero la negociación no avanzó. Una coalición con peronistas y frondicistas no sería aceptable para el sector unionista del radicalismo, el más antiperonista y relacionado con los colorados, y podría fracturar el partido radical. Hubo una segunda reunión entre Martínez, acompañado por el subsecretario de Guerra, general Julio Alsogaray, con los radicales Balbín y Cantilo, en casa de este último. A mediados de marzo, Rodolfo Martínez se entrevistó con el Dr. Zavala Ortiz, uno de los más virulentos antiperonistas del radicalismo y líder del sector unionista, para ofrecerle la candidatura a vicepresidente de un militar. Martínez sabía que los radicales del pueblo no entrarían en el frente, pero un radical momentáneamente desafiliado no comprometería al partido y sería aceptado por los militares. ¿Podía creer Martínez que un personaje como Zavala Ortíz podría ser aceptado por Perón, o por los desarrollistas? Días después, Zavala Ortíz denunció públicamente el ofrecimiento por antidemocrático e inviable.

Sin la candidatura de Onganía ni el acuerdo del Ejército sobre el eventual candidato, y con la oposición de los radicales del pueblo, el ministro del Interior se quedó con escaso margen de maniobra. Sin embargo, el golpe de gracia al ministro Martínez lo dio su colega de Defensa, que emitió un comunicado en el que desvinculaba al “gabinete militar” de las actividades del ministro político. Sin respaldo político, renunció el 29 de marzo. Su dimisión significaba el agotamiento del proyecto político que había expresado el comunicado 150.

1. Carta de Enrique Holmberg a su primo Alejandro A. Lanusse, citada en Lanusse (1989: 152).

2. “[…] [L]a división interna había calado ya muy hondo y eran muchos los hombres de armas para quienes el problema político general había adquirido clara prioridad en sus conciencias, por encima de toda otra consideración específicamente militar” (Guevara, 1973: 154).

3. En 1958 egresaron 117 subtenientes; en 1959, 79; y en 1960, 68.

4. El memorándum de Onganía al general Lorio fue publicado en Clarín el 26 de agosto de 1962. Según la revista Primera Plana, el texto fue redactado por los coroneles Julio Aguirre, José María Díaz y Roberto Levingston. Ante la pregunta sobre la autoría de ese texto, el general Onganía me manifestó que él lo había firmado y eso era lo que contaba (Entrevista con Onganía, 18 de octubre de 1994).

5. Guido había dejado de ser confiable para los legalistas, quienes de allí en más no confiarían en la mediación presidencial sino en la vía militar. En el mismo sentido, el coronel Guevara (1973: 156) escribió: “Una vez como tantas otras con Frondizi, el principio de autoridad fue objeto de burla, de escarnio, por quien más obligación tenía de hacerlo respetar”.

6. Sobre el origen de la facción azul, véase “Lo que no se animaron a hacer”, Extra, nº 51 (octubre de 1969). El general Alsogaray sirvió como su primer jefe de Estado Mayor, con los coroneles Lanusse, Jaime Toscano y Julio Hang a cargo de los departamentos de inteligencia, operaciones y logística, respectivamente. Según Potash (1994a: 80), Alsogaray fue reemplazado por el coronel Iricibar. Por el contrario, Ballester (1996: 91) sostiene que lo reemplazó “el coronel Toscano, quien incluso llegó a desempeñarse como hombre de confianza del general Onganía, y que por entonces oficiaba de enlace con el personal superior que no pertenecía al arma de Caballería.”

7. El texto habría sido elaborado por el coronel Julio Aguirre y el teniente coronel Manuel Laprida. Onganía lo aprobó con ligeras modificaciones.

8. El coronel Arredondo se entrevistó con Onganía en su casa, muy cerca de Granaderos, y este lo instruyó a retomar la Escuela de Mecánica del Ejército. Entrevista del autor al general Roberto Arredondo (septiembre de 2000).

9. El relato de la reunión del 19 de septiembre en Potash (1994a: 88-90), basado en las minutas del capitán Lockhardt. Guido autorizó la aplicación del Plan CONINTES a condición de que no se diera orden de abrir fuego sin su expreso consentimiento.

10. Según Robert Potash (1994a: 92-93), basado en su entrevista con José María Guido, éste les entregó la carta con su renuncia y les manifestó: “Señores, esa es mi renuncia al cargo de Presidente de la República; los dejo a ustedes para que resuelvan esta situación y les señalo que quedan enfrentados con el país y con la historia. Resuelvan, señores”.

11. Cornejo Saravia declaró que “estas soluciones fueron aceptadas por el Secretario de Guerra, jefe de las tropas leales al gobierno y por el jefe rebelde, general Onganía” (La Nación, 19/10/1962). Esta carta motivó un sumario, pedido por Onganía, que determinó que las declaraciones de Cornejo Saravia eran una “inexactitud” producto de una “confusión”.

12. Los comunicados 1 y 2 de la “Fuerza Aérea de la República en operaciones” fueron reproducidos en el Comunicado nº126 de Campo de Mayo.

13. El texto fue pensado como proclama del movimiento. Según el relato Mariano Grondona, publicado por Extra en octubre de 1969, el equipo de acción psicológica azul lo difundió (con ligeras modificaciones) luego de la victoria como un programa del sector azul para la nueva etapa política que se iniciaba.

14. En segundo año aprobó “en forma apenas suficiente a las exigencias del curso”, en el orden de mérito 108 sobre 114. En tercer año su instructor lo calificaba como “serio, correcto, muy educado. Tiene espíritu militar”. En cuarto año sufrió la única sanción grave de toda su carrera (15 días de arresto) por una pelea con el cadete Miguel Paiva (Archivo del Ejército, Legajo nº 18.587).

15. Según su legajo, Onganía fue calificado de buen instructor y buen jinete. En 1939, su superior escribe “peca de excesivo amor propio” (Archivo del Ejército, Legajo nº 18.587).

16 . Al referirse a aquellos años en destinos marginales, Onganía afirmaba: “Estuve fuera de la institución” (entrevista con el autor).

17. Un tropero es un oficial que pasa toda su vida militar en destinos con mando de tropa y no en el Estado Mayor, o alguna escuela militar.

18. “President Onganía: Biographic Information”, Telegrama 2021 (confidencial) de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, 30 de junio de 1966.

19. El teniente coronel Videla quedó en disponibilidad hasta noviembre cuando fue destinado a la Secretaría de Guerra como Oficial de Estado Mayor. Albano Harguideguy fue ministro del Interior de Videla entre 1976 y 1981. Martín Balza (2001: 32) recuerda que durante esos acontecimientos, en una reunión, “ [Videla] nos dijo que era imparcial y definió a los dos bandos como “basuras”. No obstante se ausentó del Colegio y adhirió al bando colorado. Lo hizo acompañado por seis o siete oficiales”.

20. Según el relato de Martínez (citado en Kvaternik, 1987: 111), Onganía le habría respondido que él era “un hombre orientado para otra cosa. Es un hombre educado para obedecer y para mandar, que es distinto de la política con todos sus matices”. Véase también Potash (1994a: 119).

21. Tomado de un artículo mecanografiado de cuatro carillas, sin fecha, con la firma de Álvaro Alsogaray, titulado “Política y Economía”, encontrado en el archivo del general Eduardo Castro Sánchez.

22. Graciela Mochkovsky (2003: 88-89) afirma que esos coroneles eran Juan Enrique Guglialmelli, Manuel Laprida y Mariano De Nevares. Timerman también tuvo conversaciones con López Aufranc y Julio Aguirre. El propio Timerman le confesó a Alain Rouquié (1982b: 244) que un grupo de coroneles azules le había propuesto crear un semanario.

23. La identidad de este capitalista se mantuvo en secreto por décadas (Mochkovsky, 2003: 88). Públicamente, el accionista principal de Primera Plana era Victorio S. Dalle Nogare, que figuraba con el 75% del capital; el 25% restante lo aportó el propio Timerman. La única referencia previa sobre la identidad del capitalista de Primera Plana correspondía a Gregorio Selser, que afirmaba que el 80% de las acciones pertenecían a Willie Juan Reynal y el 20% restante a Timerman.

24. Se trata de los generales de división Paulino Ardanaz, Ventura Morón, Octavio Zenarruza, y los generales de brigada Carlos Peralta, Jorge Naveiro, Juan Carlos Cordini, Juan José Nano, Héctor Repetto y Raúl Estol.

25. Según los reglamentos, el grado de general de división es el máximo del escalafón del Ejército, puesto que el de teniente general está relacionado con el cargo de Comandante en Jefe. Para ascender a ese grado debía cumplirse el tiempo mínimo de cuatro años como general de brigada.

26. Si bien la estructura de mandos de 1963 muestra una distribución bastante equilibrada entre las armas en los destinos más importantes, el alto porcentaje de oficiales de caballería señala el inicio de diez años de predominio de esta arma sobre el resto.

27. Tomado de las memorias inéditas del general Rattembach, citadas en Potash (1994a: 123).

28. Parte de Inteligencia mensual de la Primera División Blindada correspondiente al mes de febrero (citado en Potash, 1994a: 124-125). Más adelante ese mismo informe, firmado por Lanusse, preguntaba “¿No sería conveniente producir aclaraciones para que nadie pueda interpretar que el Ejército ve con buenos ojos la digitación de frentes con los peronistas? ¿Cómo es posible la aglutinación de otros sectores que estén dependiendo de la voluntad de Frondizi-Perón y Frigerio?”.

Capítulo V

Azules y Colorados (episodio II)

La conspiración naval

El deseo tan ferviente de proscripción del peronismo es porque queríamos defender aquello que entendíamos había sido el objetivo de la revolución del 55: el peronismo había corrompido toda la sociedad política argentina. Considerábamos que era una enfermedad que no se curaba incluso mostrando a la gente la verdad.

Contraalmirante Jorge Palma¹

En noviembre de 1962, los colorados comenzaron a conspirar nuevamente encabezados por el viejo general Benjamín Menéndez. El 22 de ese mes, el Poder Ejecutivo denunció un complot colorado y detuvo a Menéndez y a los coroneles Rómulo Menéndez, Desiderio Fernández Suárez y Gustavo Eppens (ex jefe del SIE).

En la Marina, la oposición al Plan Político del ministro Martínez, que incluía la legalización de la Unión Popular, era mayoritaria. Para los marinos el levantamiento de la proscripción del peronismo ponía en peligro los ideales y los objetivos de la “Revolución Libertadora”. En ese contexto, grupos de oficiales retirados conformaron un estado mayor golpista que encabezaban el almirante Rojas y los contralmirantes Carlos Sánchez Sañudo y Arturo Rial. En el Ejército, los jefes revolucionarios eran los hermanos Toranzo Montero, secundados por muchos de los oficiales pasados a retiro entre octubre y noviembre de 1962; en la Aeronáutica, la cabeza del complot era el comodoro Osvaldo Lentino. Los conspiradores, que se reunían en el domicilio del contralmirante Sánchez Sañudo, tomaron contacto con Menéndez, a quien ofrecieron la Presidencia de la Nación acompañado por una Junta Militar integrada por un representante de cada arma. En la Marina se sumaron al movimiento revolucionario gran parte de los oficiales en servicio activo, encabezados por el contralmirante Jorge J. Palma. Si bien éste no estaba convencido de las posibilidades de éxito del movimiento, dio su conformidad con dos condiciones: a) que las acciones revolucionarias fueran simultáneas con el Ejército; y b) que la Marina no fuera la primera en atacar. En particular le interesaba la posición del Comandante de Operaciones Navales, contralmirante Grunwaldt. No quería que se repitiesen los sucesos de junio de 1955 (Ruiz Moreno, 1998: 228-230).

El 24 de marzo de 1963, los cinco jefes revolucionarios firmaron un Acta de Constancia que establecía la creación de un gobierno revolucionario basado en el modelo de la “Revolución Libertadora”, con un Presidente (Benjamín Menéndez) y una Junta Militar. El plan preveía la declaración de la Ley Marcial, el arresto de funcionarios corruptos, la ilegalización de los grupos considerados totalitarios y la intervención de la CGT y las universidades. En la siguiente reunión, el 29 de marzo, fijaron el Día D para el martes 2 de abril, si el clima lo permitía. La confirmación llegó el domingo 31 de marzo cuando el almirante Carlos Sánchez Sañudo les aseguró la participación de la Marina de Guerra (Potash, 1994a: 140-141).

Las autoridades del Ejército estaban al tanto del inminente movimiento subversivo. Un informe de la Secretaría de Inteligencia del Ejército (SIE), fechado el 27 de marzo, evaluaba que

si bien se configura un movimiento con características subversivas para impedir las elecciones, se aprecia que aún no ha logrado cristalizar y no cuenta con fuerzas mínimas que le permitan asegurar el éxito. No se debe descartar algún intento aislado cuya posibilidad de ampliarse está supeditado a la mayor o menor repercusión en Ejército y Aeronáutica según evolucione el aspecto político y mientras haya una acción efectiva de comando en las unidades (Kvaternik, 1987: 120).

Las autoridades aeronáuticas también eran conscientes de la inminencia de un movimiento revolucionario. El Secretario McLoughlin, por ejemplo, fue visitado por el comodoro Lentino para que apoyara el levantamiento. En la Marina, el Secretario Garzoni estaba al tanto de la conspiración y comprendía las graves consecuencias que podría tener para el futuro de la Marina. Por ello, el 14 de marzo, envió a todas las unidades navales la directiva Nº 16-1 “S”, según la cual “cualquier acción que se aparte de esta premisa traerá, como lógica consecuencia, divisiones y debilitamiento para la acción futura, de naturaleza tal que la capacidad posterior de la Marina quedará anulada como factor de poder” (Potash, 1994a: 142). Una semana después, la Flota de Mar zarpó desde Puerto Belgrano hacia Usuhaia bajo el mando del contralmirante Eladio Vázquez, quien no tenía ningún contacto con el movimiento revolucionario. Sin embargo, el Alto Mando Naval le impartió la orden de no pasar del Golfo Nuevo “con motivo de deteriorarse la situación política”. Las dos máximas autoridades navales, el Secretario Carlos Garzoni y el Comandante de Operaciones Navales Enrique Grunwaldt procuraron calmar la agitación en la Marina. En la reunión de almirantes del 27 de marzo Garzoni consideró imposible la salida electoral, que la Marina debía participar sólo en caso de producirse un planteo por parte de otras fuerzas que sostuviera “los principios antitotalitarios de la Armada” (Ruiz Moreno, 1998: 230).

Ejército azul versus Marina colorada

El movimiento revolucionario estalló la madrugada del martes 2 de abril. Grupos rebeldes se movilizaron por la ciudad de Buenos Aires junto a comandos civiles, al estilo de los utilizados en septiembre de 1955, e infantes de marina que ocuparon varias estaciones de radio desde donde emitieron la proclama del general Menéndez, “Jefe de las Fuerzas Revolucionarias de Aire, Mar y Tierra”. Poco antes de las siete de la mañana, algunos militares colorados, vinculados con el Servicio de Informaciones Naval (SIN), atentaron contra Jefe de Operaciones del Ejército, general Osiris Villegas, cuando salía de su casa de Bella Vista. Villegas, que había sido nominado por sus pares para cubrir la vacante en el Ministerio del Interior, recibió un disparo en la cabeza y pudo salvar su vida milagrosamente.

Durante la mañana, las tropas de la Escuela de Mecánica de la Armada y los regimientos 1 y 2 de infantería de marina marcharon hacia la Secretaría de Marina y se pusieron a las órdenes del comandante de la Infantería de Marina, almirante Pérez Pitón, y ocuparon la Dársena Norte y algunas posiciones clave en el microcentro porteño. Garzoni y Grunwaldt intentaron detener el movimiento, pero sus órdenes fueron desobedecidas por los jefes comprometidos en la sublevación. Sólo la Flota de Mar, al mando de Vázquez, obedeció la orden de retornar hacia el estuario del Río de la Plata y reportar su posición cada seis horas. A las 10 de la mañana, luego de fracasar en el acatamiento de su autoridad, las dos máximas autoridades del arma renunciaron y se dirigieron a la Secretaría de Guerra para dialogar con Rattembach y Onganía. Poco antes del mediodía, se entrevistaron con el presidente Guido. Luego regresaron a la sede naval para un último intento de evitar el choque con el Ejército, pero fueron completamente desobedecidos. Garzoni firmó entonces su solicitud de retiro por cuanto “la situación ha evolucionado en forma tal que considero innecesaria mi permanencia en el cargo y quizás contraproducente” (Ruiz Moreno, 1998: 336-338).

Varias guarniciones del Ejército se plegaron al movimiento revolucionario, aunque ninguna unidad poderosa o estratégica se sumó al alzamiento. En Córdoba, la Escuela de Tropas Aerotransportadas se declaró en rebeldía, al tiempo que comandos civiles ocuparon Radio Universidad de Córdoba, desde donde emitían sus comunicados. Hacia allí convergieron tropas del Tercer Cuerpo de Ejército que obligaron a los rebeldes a retirarse hacia Villa Allende primero, y hacia Villa María después, donde mantuvieron el foco rebelde hasta la madrugada del 4 de abril.Entretanto, en la Patagonia se rebelaron las tres unidades ubicadas en Río Gallegos, el Regimiento 24 de infantería, el 9º Escuadrón de Exploradores y el 9º Batallón de Ingenieros. Otro tanto ocurrió con el 6º Batallón de zapadores de Montaña, situado en San Carlos de Bariloche, muy cerca al lugar de detención de Arturo Frondizi, y el regimiento 26 de infantería de Junín de los Andes. Un tercer foco rebelde se inició en el 2º Grupo de Artillería de Montaña, en Jujuy, que fue copado por su anterior jefe y otros oficiales retirados. Hacía allí convergieron regimientos de Tucumán y Salta en apoyo del vecino regimiento 20 de infantería, de Jujuy.

Los regimientos más importantes permanecieron leales a los mandos naturales, y la rebelión colorada sólo estalló en las guarniciones más alejadas de Buenos Aires. Una interpretación puede adjudicarlo al descontento de quienes habían sido desplazados a destinos alejados y poco favorables. Quizá se trató más de resentimiento hacia la conducción azul que convicción colorada. Los acontecimientos de Comodoro Rivadavia, Junín de los Andes, o Jujuy, y los centenares de oficiales subalternos retirados en los meses siguientes muestran descontento como resultado de muchas injusticias cometidas en septiembre y octubre de 1962.

En la Aeronáutica, a pesar de que algunos pilotos se habrían negado a reprimir, las brigadas de Morón, Tandil y Villa Reynolds se mantuvieron leales al Comandante en Jefe, brigadier Armanini. Sólo se produjeron incidentes en el destacamento de Reconquista, ocupado por el brigadier Gilberto Oliva, y en el Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, que fue copado por miembros del destacamento local encabezados por el comandante Burruel Sant Pons.

En Mar del Plata, las fuerzas de la Base Naval de Submarinos se sumaron al destacamento Camet de Aeronáutica y el Centro de Instrucción de Artillería Antiaérea, tomaron el municipio y los principales medios de comunicación. Desde Río Santiago, el regimiento 1 de infantería de marina marchó hacia La Plata, donde tomó la Jefatura de Policía, la casa de Gobierno provincial y otros puntos estratégicos. También tomaron los cuarteles de regimiento 7 de infantería que se encontraba casi desocupado, pues sus efectivos realizaban maniobras en el Parque Pereyra Iraola. Hacia allí marcharon los infantes de marina para neutralizar al 7 de infantería que se rindió tras la detención de su jefe. Luego se dirigieron hacia City Bell para atacar en repetidas oportunidades el 2º batallón de Comunicaciones que cayó en manos rebeldes cerca de las 18.30 horas. Desde Campo de Mayo habían partido, poco después del mediodía, dos columnas. La primera de ellas, al mando del coronel Martínez Zuviría, se dirigió hacia la Ciudad de Buenos Aires para reforzar al regimiento de Patricios. La segunda columna, al mando del general Lanusse, que incluía al regimiento 10 de caballería y al regimiento 1 de artillería de Ciudadela, marchó hacia La Plata. En camino de Cintura y Crovara se les sumó el regimiento 3 de infantería motorizada, de La Tablada. Durante la tarde, la columna Lanusse fue atacada por aviones navales North American y Panther en las cercanías de La Plata, pero no detuvo su avance. Hacia las 19 horas recuperó el batallón de City Bell, mientras las fuerzas coloradas abandonaron La Plata y se replegaron hacia Berisso y Ensenada. Al caer la noche del 2 de abril, los azules retomaron el pleno control de la capital provincial.

Los combates más violentos ocurrieron entre la 2ª escuadra aeronaval, de Punta Indio, y el cercano regimiento 8 de tanques (C8), de Magdalena. El comandante de la base de Punta Indio era el capitán de Navío Santiago Sabarots, uno de los pilotos que el 16 de junio de 1955 había bombardeado el centro de Buenos Aires. Cerca del mediodía, el jefe naval llamó al coronel Alcides López Aufranc, jefe del C8, y lo intimó a plegarse al alzamiento o a rendirse. En caso contrario, habría “una carnicería”. Esto ocurría mientras un avión naval arrojaba panfletos sobre Magdalena. A las 13.40 horas, cuatro Panther descargaron cohetes, bombas de napalm y ametrallaron al regimiento de tanques. Durante toda la tarde aviones de Punta Indio se turnaron para hostigar el regimiento de Magdalena, lanzándose en picada sobre las instalaciones del cuartel y utilizando bombas incendiarias. El coronel López Aufranc sacó sus blindados del cuartel, los ocultó en un bosque cercano, y reclamó cobertura aérea. A partir de las 17.30 horas el ataque se concentró sobre las instalaciones del cuartel de Magdalena, que quedó totalmente destruido, y sólo disminuyó con la llegada de cuatro Gloster Meteor de la Aeronáutica. Durante la noche los ataques aéreos continuaron bajo un cielo iluminado con bengalas. Sin embargo, López Aufranc aprovechó la oscuridad para lanzar su contraofensiva. Su inmediato superior, general Alejandro Lanusse, le informó que el coronel Sánchez de Bustamante se dirigía desde La Plata por la ruta 22 hacia Magdalena con 18 tanques Sherman y 35 vehículos oruga artillados. Esta columna también fue hostigada durante la madrugada por aviones navales. El plan del comando azul consistía en reunir a sus dos regimientos blindados para atacar Punta Indio, previo hostigamiento de los aviones azules procedentes de Morón.

En Puerto Belgrano, la Infantería de Marina, y la Aviación Naval enfrentaron al regimiento 5 de infantería de la cercana ciudad de Bahía Blanca. Al anochecer, el teniente coronel Benigno Sánchez se rindió y la infantería de Marina tomó los cuarteles del regimiento. Al mismo tiempo, como oficial más antiguo, el almirante Palma asumió el comando de las fuerzas revolucionarias. Al anochecer emitió el siguiente despacho a la Flota para que definiera su situación:

Informo que todas la Armadas, excepto Flota de Mar, plegada al movimiento y en acción. Pido en mi carácter de almirante su apoyo para evitar desintegración institución. Punta Indio en situación apremiante. Caso Comando de flota de Mar no apoye, pido no trascienda, efecto no agravar situación. Acusar conformidad (Ruiz Moreno, 1998: 247).

Vázquez decidió acompañar a la institución y se estableció como Comandante en Jefe de Flota de Mar en Operaciones.

Por su parte, el plan de represión del Estado Mayor del Ejército consistía, en primer lugar, en retomar la ciudad de Buenos Aires y expulsar a las entrenadas tropas de la infantería de Marina. Luego eliminar los pequeños focos rebeldes abiertos en guarniciones alejadas y prepararse para concentrar miles de efectivos que convergirían sobre Puerto Belgrano para el ataque final sobre el corazón del poder naval. Para ello, el regimiento de Patricios suprimió el foco rebelde de Aeroparque y marchó hacia la secretaría de Marina. Los jefes navales, que comprendieron que cualquier resistencia sería inútil, abandonaron el lugar y embarcaron con destino hacia Puerto Belgrano. Lo mismo resolvieron los rebeldes en Río Santiago. Mientras tanto, desde Tandil, el regimiento 1 de caballería se encolumnó hacia Mar del Plata para recuperar la base aeronaval.

La mañana del 3 de abril, los regimientos de López Aufranc y Sánchez de Bustamante convergieron sobre Punta Indio, mientras los Gloster Meteor y Sabre a reacción de la Aeronáutica efectuaban dos derribos a la aviación naval. Fue en ese momento cuando el capitán Sabarots informó a Puerto Belgrano que no podría defender Punta Indio y que se rendiría. Palma le pidió que le enviara todos los aviones que pudiera, pues él sólo tenía aviones de entrenamiento. Cuando los blindados ingresaron a Punta Indio encontraron destruidos 24 de los 33 aviones que quedaban en la base; el resto había huido hacia Uruguay o Puerto Belgrano.

A esa altura de los acontecimientos, los principales responsables de la Marina comprendieron que el alzamiento había fracasado e iniciaron contactos para alcanzar una tregua. Palma estaba conforme en cesar los enfrentamientos. Lo mismo ocurrió con Vázquez, quien, como jefe más antiguo, decidió llevar adelante la negociación. Ambos coincidían en que no debían aceptar ninguna propuesta que afectara la dignidad y el honor de su fuerza. A las 19.30, el contralmirante Vázquez llegó a Buenos Aires con poderes para negociar. Las tensas negociaciones, que serían claves para el futuro de la Armada, se iniciaron con la presencia de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica, y sus jefes de Estado Mayor. La reunión se prolongó hasta las 2.30 de la madrugada sin avanzar por inconvenientes “de carácter formal” puestos por Onganía. Al mediodía del 4 de abril, en una nueva reunión con los Secretarios de Ejército y Aeronáutica se acordó redactar un acta que formalizaría el cese definitivo de las hostilidades sin afectar el honor ni la integridad de la Marina. Como muestra de buena voluntad, la Flota de Mar entró a puerto y los infantes de marina se retiraron desde Bahía Blanca y los cuarteles del regimiento 5 de infantería, y el comando del Quinto Cuerpo de Ejército hacia Puerto Belgrano.

Las tropas del Ejército, entretanto, estrechaban el cerco de Puerto Belgrano. El comandante de esa Base Naval, que no estaba dispuesto a que el Ejército la ocupara, amenazó con bombardear las columnas que se acercaban. El almirante Rojas, embarcado junto a la Flota de Ríos, emitió el siguiente radiograma que mostraba la decisión de no aceptar una rendición incondicional: “Fuerzas del Plata acompañadas por las del Ejército embarcadas intactas y animadas de irrevocable espíritu ofensivo para obtener objetivos propuestos y comunes, que son rendición del Gobierno” (Ruiz Moreno, 1998: 257).

No obstante, a esa hora, todas las tropas coloradas del Ejército se habían rendido. Al anochecer del 4 de abril, la Escuadra de Ríos, con los principales líderes colorados, atracó en Puerto Belgrano. Rattembach, McLoughlin y Astigueta habían acordado que la Marina sería respetada como institución y que las medidas que se tomaran recaerían sobre las personas responsables y no sobre la institución. Sin embargo, Onganía se negó a obedecer la orden de detener a las columnas del Ejército. Reclamaba la rendición incondicional. Rattem bach debió recurrir a Guido para convencer a Onganía y terminar con el episodio sin may or derramamiento de sangre. Según el Secretario, el Comandante en Jefe no entendía que a él no le correspondía la conducción política de las operaciones. Al respecto escribiría en sus memorias inéditas: “Creo que ni se daba cuenta cabal de que se me había insubordinado al negarse a cumplir mi orden de parar al Ejército” (Potash, 1994a: 150-151). En realidad, Onganía no lo veía de esa forma, ya que, como hemos señalado, en su concepción el subordinado era Rattembach.

Esa noche se reanudaron las negociaciones, que fueron muy duras por la intransigencia del general Onganía, quien reclamaba el licenciamiento de la más antigua de las dos “clases” de conscriptos navales y la disolución del cuerpo de Infantería de Marina. Vázquez amenazó con regresar a la base rebelde si no intervenía el presidente Guido. Finalmente, a las 3 de la madrugada del 5 de abril, las partes firmaron un documento en el que expresaban que

La Marina será respetada como institución, y las medidas que se tomen se dirigirán contra las personas responsables y no contra ella, pues en modo alguno se lesionará el honor y la dignidad de la Armada, fuerza hermana del Ejército y la Aeronáutica (Ruiz Moreno, 1998: 260).

El convenio definitivo, firmado por el ministro Astigueta, los Secretarios Rattembach y McLoughlin junto al contralmirante Vázquez, establecía que las flotas (de Mar y Ríos) regresarían a sus bases; todos los oficiales en actividad y en retiro se presentarían detenidos al comandante del Quinto Cuerpo, general Luchessi; se detendrían las cabezas de las operaciones terrestres pero no el resto de las columnas. Recién después de que se cumplieran todas las cláusulas, el Ejército evacuaría los puntos alcanzados, con excepción de la Base de Punta Indio. Allí permanecería el regimiento 8 de tanques hasta la reparación del cuartel que había sido totalmente destruido. Además serían licenciados casi todos los conscriptos de infantería de Marina.

El comunicado 200²

Al concluir las operaciones militares, la noche del domingo 6 de abril, el Comando en Jefe del Ejército, con la firma de Juan Carlos Onganía, emitió el Comunicado Nº200, que reiteraba sus ideales de “defensa de la libertad”, “plena vigencia de la Constitución” frente a los intentos por “imponer una dictadura”. El texto –atribuido al ingeniero Álvaro Alsogaray– dejaba claro que la alternativa era el caos que, en un contexto de Guerra Fría, facilitaría la infiltración comunista. Si bien ratificaba completamente al Comunicado 150 de septiembre de 1962, tenía un tono, un color diferentes, más morado que aquel. Si el comunicado 150 hablaba de una salida política sin limitaciones, este ratificaba la voluntad del Ejército de “asegurar al país el imperio de la Constitución y las leyes”, garantizaba las elecciones, “el libre juego de las agrupaciones políticas mientras se encuadren en las normas legales”. Tenía, no obstante, una limitación. En su punto 2º manifestaba su “oposición terminante al retorno del régimen peronista y la implantación de todo otro totalitarismo o extremismo” (en referencia al comunismo). Incluso definía al “régimen peronista” como

la estructura establecida y al plan sistemático ejecutado por el dictador depuesto y sus personeros para provocar la deformación del estilo tradicional de nuestro pueblo, manifestada por: la corrupción moral e intelectual; el desprestigio y la disolución de las instituciones básicas del país; la eliminación de los adversarios mediante la extorsión y la violencia física; el cercenamiento de las libertades fundamentales, acordadas por la Constitución argentina.

Paradójicamente, los triunfantes azules, al oponerse al régimen peronista, negaban sus propias afirmaciones de luchar porque el pueblo pudiera votar y cumplían con los objetivos del comando colorado de la Marina. Pocos días después, el 10 de abril, el decreto 2713/63 proscribía al peronismo utilizando una terminología similar a la de la “Revolución Libertadora”.

Como consecuencia del segundo enfrentamiento entre azules y colorados, la influencia de la Marina en el proceso político (lograda en septiembre de 1955) entró en un cono de sombras por más de una década. A la reducción de la infantería de Marina y la Aviación Naval deben sumarse los sucesivos recortes presupuestarios que sufrió la Marina y la decapitación de casi todo el almirantazgo. Como sintetizó uno de los líderes de la “Revolución Libertadora” que se opuso a este alzamiento:

La disciplina y unidad de los cuadros fueron totalmente destrozados, y no quedó ni siquiera el consuelo de pensar que semejante sacrificio había llenado una finalidad útil que pudiera justificarlo en alguna medida. Pues el Ejército... cumplió la promesa empeñada sobre mantenimiento de la proscripción virtual del peronismo en la elección presidencial, desvirtuando así totalmente las dudas que sirvieron de pretexto a la desdichada sublevación [...] [La sublevación] fue total y absolutamente inútil, excepto para destrozar la disciplina y la unidad de la Armada (Perren, 1997: 504-505).³

El costo humano y material de la sublevación también fue mucho mayor que en septiembre de 1962. Los sangrientos combates de Magdalena, Punta Indio y Bahía Blanca dejaron, según cifras oficiales, 30 muertos y centenares de heridos. Entre las víctimas fatales hubo un solo oficial (el teniente Leiva, del C8), 10 suboficiales y 19 soldados conscriptos de la clase 1942. Las pérdidas materiales fueron cuantiosas: los cuarteles de Magdalena fueron totalmente destruidos, así como decenas de aviones Panther y Corsair de la 2ª Escuadrilla Aeronaval que se encontraban en tierra.

Una nueva depuración del Ejército

El último punto del Acta de Compromiso del 5 de abril significó el procesamiento de los responsables del movimiento revolucionario por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.⁴ Más allá del proceso judicial en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el 9 de abril el Poder Ejecutivo dictó el decreto-ley 2652/63, que facultaba a los Secretarios Militares “para efectuar de inmediato los licenciamientos, nombramientos, pases y relevos conducentes a normalizar el desenvolvimiento de sus respectivas fuerzas” y estableció un plazo de 60 días para proponer al Poder Ejecutivo los pases a retiro obligatorio “del personal que estime conveniente”. Para ello contaría con el asesoramiento de una Junta Especial de Calificaciones, presidida por el general Carlos Jorge Rosas. Como resultado de su actuación en los meses de junio y julio de 1963, fueron pasados a retiro obligatorio más de 200 oficiales del cuerpo de comando. En líneas generales, a diferencia de lo ocurrido en octubre y noviembre de 1962, la purga afectó a pocos oficiales superiores. Si en aquella oportunidad hubo un claro corte horizontal en el nivel de mayores, en esta la depuración afectó a oficiales subalternos. Esto puede explicarse porque la mayor parte de los jefes de regimiento se mantuvieron leales. Además, en esta oportunidad, se decidió no excluir a quienes tenían un menor nivel de responsabilidad. El comando azul decidió eliminar a todos los implicados, no sólo a los que participaron, sino a muchos de los que se negaron a reprimir. Es por ese motivo que esta purga fue numéricamente mayor que la de 1962, pero menos importante desde el punto de vista cualitativo, porque afectó fundamentalmente a jóvenes oficiales. En total, 246 oficiales del cuerpo de comando fueron pasados a retiro. Al igual que en septiembre de 1962, hubo una fuerte desproporción entre las distintas armas: fueron retirados 133 oficiales de infantería, 60 de artillería, 30 de ingenieros, 13 de comunicaciones y tan sólo 10 de caballería.

En síntesis, si tomamos en cuenta las dos purgas ocurridas en 1962 y 1963, fueron eliminados de los cuadros del Ejército 412 oficiales del cuerpo de comando. Algo más de la mitad de ellos (209) eran oficiales del arma de infantería, y tan sólo 32 pertenecían al arma de caballería.

El fracaso del Frente Nacional

Tras la renuncia de Rodolfo Martínez (h), una reunión de Altos Mandos con Onganía resolvió que, para conducir el proceso electoral, el nuevo ministro del Interior debía ser un militar en actividad, el general Osiris Villegas. Sin embargo, Villegas debió pasar un período de recuperación tras el fallido atentado contra su vida en la madrugada del 2 de abril. Onganía convenció a Rattembach de ofrecerle el cargo a su amigo y compañero de promoción, Enrique Rauch, jefe de la SIDE. El nuevo ministro, miembro de una tradicional familia salteña, estuvo acompañado por el joven abogado Guillermo O’Donnell como Subsecretario del Interior. La designación de Rauch muestra la incapacidad o falta de todo criterio político por parte de la conducción del Ejército al elegir a la figura que habría de conducir el proceso electoral. Rauch tenía fama de azul, por su actuación durante la crisis de abril y septiembre de 1962, y era amigo personal del general Onganía, su compañero de arma y promoción. Sin embargo, desde la SIDE, se había opuesto a la política frentista del ministro Martínez, acusándolo de entregar el manejo del Frente a Frondizi y Frigerio. Tampoco creía en la salida política inmediata propuesta por el comunicado 150, sino en la necesidad de disponer de dos o tres años “sin la presión de los acontecimientos, para estudiar con tranquilidad y profundidad la estructuración de una auténtica y definitiva Revolución Nacional”. De esta forma, pocas horas después de la caída de Puerto Belgrano, el comando azul designaba un ministro del Interior que tenía un plan de acción más cercano al de los colorados que al de Martínez y Grondona.

Antes de asumir, Rauch le había expresado a Guido que debía acordar los puntos básicos de un Plan Político con los Comandantes y los Secretarios de las tres armas que luego debería ser refrendado por el gabinete (Rauch, 1971: 108). Días después, expuso su Plan Político ante Secretarios y Comandantes en la Secretaría de Aeronáutica, donde fue aprobado. Su primera acción como ministro fue iniciar una cruzada moralizadora para “limpiar el país”. En una verdadera caza de brujas, redactó cuatro listas que incluían empresarios, dirigentes de la CGE y políticos de la UCRI vinculados a Frigerio y Frondizi. Eran lo que el ministro llamaba “delincuentes económicos”, o “marxistas-leninistas de formación latinoamericana”.⁵ Arbitrariamente ordenó los arrestos de decenas de dirigentes, aún antes de que el presidente Guido, que se había negado a recibirlo, refrendara esos decretos. Según Primera Plana, vocero de los coroneles azules, “Rauch seguía usando el estilo de jefe de la SIDE” ( Primera Plana, 23/4/1963, p. 2). ⁶

A comienzos de mayo, el ministro del Interior redactó los puntos principales de su Plan Político en un extenso memorándum que hizo llegar a Comandantes y Secretarios Militares. El miércoles 8 de mayo, concurrió al despacho de Juan Carlos Onganía, en el quinto piso del Edificio Libertador, donde le presentó el texto en el que acusaba a los ministros de Educación y Justicia, Trabajo y Economía de poner trabas a su gestión y a su cruzada moralizadora. Acompañó la denuncia con información comprometedora, obtenida durante sus meses al frente de la SIDE. Onganía apoyó plenamente los términos del memorándum.⁷ Sin embargo, se multiplicaron los rumores de que el Presidente no aceptaría imposiciones y que pedirá la renuncia a su ministro del Interior. Como respuesta, Rauch envió copias del documento a importantes jefes militares y a los principales diarios del país que lo publican en sus primeras planas. Allí podía leerse:

La conducción política del gobierno posterior al comunicado 150 [...] propicia o consiente un juego de alquimia que ha tenido como efecto de los hechos, la consolidación de los sectores comandados por hombres que no deben gravitar en la vida del país y que sólo buscan la preponderancia de sus intereses irreconciliables con los verdaderos y legítimos de la Nación (La Nación, 10/5/1963).

Las airadas respuestas de los ministros involucrados desataron una profunda crisis de gabinete. El Secretario de Guerra mantuvo varias reuniones con Onganía y con otros generales. Rattembach, aunque compartía las medidas moralizadoras de la función pública estaba convencido de que Rauch debía renunciar porque “sus procedimientos ponían en peligro la estabilidad del gobierno”.⁸ Al día siguiente, el ministro se entrevistó con Onganía y los Secretarios Militares que le manifestaron su malestar. Pero Rauch se negó a renunciar mientras no le fuera solicitado por Onganía.

El sábado 12 de mayo, el Secretario Rattembach insistió en pedirle la renuncia. Pero Rauch resistió. Sólo renunciaría si perdía el apoyo de Onganía. Sin embargo, para entonces, las presiones de Rattembach y otros altos jefes militares habían hecho mella en la firmeza del Comandante en Jefe, quien, en el boletín nº 17 enviado a las unidades, mantenía su apoyo “a las aspiraciones y medidas que propugnaba el ministro”, aunque ya no convalidaba “la violación de normas de procedimiento” El domingo, tras una reunión en Olivos, renunció todo el gabinete, incluidos los Secretarios Militares, como una manera de presionar al ministro del Interior. Finalmente este se comunicó con el general Onganía, que había cambiado de opinión y le solicitó la renuncia. Además le expresó que quería discutir los términos de la dimisión. Rauch se negó, molesto, y le pidió que le enviara el texto, que él firmaría lo que Onganía decidiera. Guido reorganizó completamente su gabinete. El cambio más significativo fue el reemplazo del secretario Rattembach por el general Héctor Repetto, amigo y compañero de promoción del general Onganía.

El resultado de la crisis significó, en el orden interno del Ejército, un triunfo para Onganía, quien no sólo no pagó costos políticos por haber respaldado a Rauch hasta el final, sino que además logró desembarazarse del general Rattembach y reemplazarlo por su hombre de confianza. Ahora sí, el nuevo Secretario de Guerra sería, como prefería el Comandante en Jefe, su representante ante el Poder Ejecutivo. En reemplazo de Rauch, el Ejército impulsó la designación del general de brigada Osiris Guillermo Villegas.

Las elecciones del 7 de julio de 1963

El 3 de mayo de 1963 se constituyó el Frente Nacional y Popular, integrado por la Unión Popular, la UCRI, el partido Conservador Popular, la Unión Federal y otros partidos menores. Ese mismo día, la Convención Nacional de la UCRI lanzó la fórmula Alende - Silvestre Begnis, ad referendum de la resolución del Frente. En esos días también surgieron versiones sobre la candidatura del empresario católico Carlos Alberto Pérez Companc. No obstante, el candidato del Frente debía contar con la bendición de Perón y Frondizi, y la aceptación de los militares azules. Desde el Ministerio del Interior, Villegas limitó la participación de la Unión Popular en las futuras elecciones, impidiéndole presentar candidatos a cargos ejecutivos. Finalmente, el 23 de mayo, Perón ungió a Vicente Solano Lima, del pequeño Partido Conservador Popular, como candidato a presidente por el Frente, acompañado por el ucrista Silvestre Begnis. Días después, Frondizi apoyó la decisión de Perón, dándole la espalda a su correligionario Oscar Alende. Las primeras declaraciones de Solano Lima a favor del regreso de Perón y del sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil provocaron inquietud en medios azules.

Los radicales del pueblo, por su parte, proclamaron la fórmula Arturo Illia - Carlos Perette. Illia había sido el único candidato de su partido que había ganado en las elecciones a gobernador de 1962. Su principal promesa de campaña fue la de anular los contratos petroleros “suscriptos a espaldas de la ley y los intereses económicos del país” durante la presidencia de Frondizi. El otro candidato importante era Pedro Eugenio Aramburu, de la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA), que reunía a fuerzas conservadoras y partidos provinciales.

Al acercarse las elecciones, el gobierno prohibió, por decreto 5150/63, a la Unión Popular presentar candidatos. Ante esta situación los partidos que integraban el Frente decidieron –pocos días antes de la elección– la autoproscripción y recomendar a sus partidarios votar en blanco. Con esta situación se llegó a las elecciones del 7 de julio, que tuvieron un altísimo porcentaje de participación (85%) y que dieron el triunfo, sorpresivo, a Arturo Illia. Los votos en blanco ocuparon el segundo lugar con el 19%. Los radicales del pueblo también obtuvieron la mayoría del Senado, y la primera minoría en Diputados.⁹ En el Colegio Electoral, la UCRP obtuvo 168 electores, frente a 110 de la UCRI y 52 de UDELPA. Los otros pequeños partidos disponían de 146 electores. Entre el 19 y el 25 de julio, la Federación de Partidos de Centro, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Democrático, la confederación de partidos provinciales y tres electores ucristas de La Pampa anunciaron su apoyo en el Colegio Electoral a la primera minoría, la fórmula de la UCRP. En total, sumaban sumaron 102 electores, por lo que la fórmula Illia-Perette alcanzó un total de 270 electores, 31 más de lo que necesitaban para obtener la presidencia.

Resultados de las elecciones presidenciales del 7 de julio de 1963

Partidos | Sufragios | Porcentaje
UCR del Pueblo | 2.441.064 | 25,15
En blanco | 1.884.435 | 19,42
UCR Intransigente | 1.593.002 | 16,40
U. del P.A. | 726.861 | 7,49
Demócrata Progresista | 619.481 | 6,38
Democracia Cristiana | 434.823 | 4,48
P. Socialista Argentino | 278.856 | 2,87
P. Socialista Democrático | 258.787 | 2,66
Demócrata | 185.261 | 1,91
Unión Conservadora | 133.199 | 1,37
Anulados | 173.696 | 1,79
Otros | 980.651 | 10,26
Total | 9.710.116 | 100

Fuente: Fayt (1971: 233-234).

Los radicales del pueblo, en particular su sector unionista, habían sido los aliados más firmes del bando derrotado en septiembre de 1962 y abril de 1963. Por eso, los militares azules vivieron el triunfo de los radicales del pueblo como una verdadera derrota política frente a la facción colorada.

1. Palabras del contralmirante Jorge Palma, citadas en Ruiz Moreno (1998: 228).

2. A partir del 2 de abril, el comando azul había emitido comunicados numerados a partir del 151, como forma de expresar la continuidad de la lucha de septiembre de 1962.

3. Sobre el levantamiento del 2 de abril, Perren (1997: 503) escribió: “Almirantes que desconocían la autoridad del Secretario de Marina lanzaron la Armada a la revolución en forma por demás desordenada, aparentemente sin planes de ninguna especie, sin jefes reconocidos con responsabilidades claramente asignadas, y ante el desconcierto de sectores de Oficiales que no sabían en realidad qué estaba ocurriendo”.

4. Según Potash (1994a: 162), se acusó a 292 oficiales de las tres armas. Quienes no se presentaron ante el Consejo Supremo fueron dados de baja automáticamente. El fallo de esa causa se emitió el 12 de septiembre de 1963. Ese mismo día, el presidente Guido dictó una amnistía para todo el personal militar que intervino en hechos políticos a partir de la última amnistía dictada por Frondizi. Como consecuencia de ese decreto, los oficiales destituidos pasarían a situación de retiro, y el personal dado de baja recuperaría su grado pero en situación de retiro. Años después, la mayoría de los oficiales fueron ascendidos (en retiro) uno o dos grados en forma retroactiva.

5. Entre los detenidos estaban Ricardo Rojo, los dirigentes frondicistas Marcos Merchensky, Arnaldo Musich y el escritor Ernesto Sábato. Oscar Camilión (1999:115) recuerda que gracias al Subsecretario Guillermo O’Donnell no lo incluyeron en la lista de “marxistas-leninistas de formación latinoamericana”.

6. Según ese mismo artículo, en una conversación con los Secretarios Militares, Rauch no descartó la posibilidad de destituir a Guido. En ese mismo sentido, los recuerdos del coronel Manuel Laprida, citado por Robert Potash (1994a: 160). El mismo Potash (1994a: 158) remarca un tono antisemita de la acción de Rauch (“matiz hitleriano”).

7. Según Rauch (1971: 110), Onganía le expresó que estaba totalmente de acuerdo con el contenido del texto y que era “el documento más azul que ha conocido”. Además envió un radiograma a todas las unidades en apoyo del memorándum de Rauch.

8. Extraído del texto de la renuncia de Rattembach.

9. La Cámara de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: UCRP, 71 bancas; UCRI, 45; UDELPA, 18; Demócratas Progresistas, 13; Federación de partidos de centro, 18; otros partidos menores, 17. La imposición de elegir los gobernadores con Colegio Electoral permitió que algunos partidos provinciales consiguieran las gobernaciones del Chaco, Corrientes, Mendoza, Neuquén, San Juan, San Luis y Salta.

Capítulo VI

¿Ejército azul y gobierno colorado ?

Arturo Illia

El Presidente electo había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 4 de agosto de 1900. Era el tercero de los once hijos de Martín Illia, italiano, propietario de un horno de ladrillos, y de Emma Francesconi. Luego de cursar estudios primarios en su pueblo, viajó a Buenos Aires para estudiar en el Colegio San Pío IX, de los padres salesianos, entre 1913 y 1916. En 1918 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y se afilió al radicalismo. En 1923 prosiguió sus estudios en la Universidad de La Plata, donde se graduó después de cuatro años de práctica hospitalaria. Luego de recibirse de médico, en 1928, conoció al presidente Hipólito Yrigoyen, quien le informó que había una vacante de médico ferroviario en Cruz del Eje, Córdoba. Hasta allí fue el joven Illia, pensando que sería por un breve lapso, pero permaneció en aquella ciudad hasta su elección como Presidente de la Nación, 34 años después (Illia, 2000: 11-31).¹

Illia fue cesanteado luego de la revolución del 6 de septiembre de 1930, pero permaneció en Cruz del Eje, donde inició su carrera política dentro del radicalismo como presidente del comité departamental, en 1931. En 1934 recorrió Europa durante más de seis meses. Visitó Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. A su regreso fue elegido senador provincial por Cruz del Eje (1936), y luego vicegobernador, acompañando al sabattinista Santiago del Castillo (1940-1943). En 1945 presidió el Comité Radical de Córdoba, y en febrero de 1946 fue derrotado por el candidato peronista en la elección de senadores nacionales. En 1948 fue elegido diputado nacional hasta 1952. En 1951 fracasó en su intento de ser gobernador de Córdoba al ser vencido por el candidato peronista. Al terminar su mandato como diputado nacional regreso a Córdoba, donde continuó su intensa militancia que compartía con su labor de médico de pueblo. En 1955 integró el Comité Nacional de la UCR, y un año después, al dividirse su partido, se sumó a las filas de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), junto al resto del sabattinismo cordobés en el que militaba. En 1958 sufrió una nueva derrota como candidato a senador nacional, ahora a manos del frondizismo. Sin embargo, su figura siguió creciendo al interior de la UCRP, donde fue elegido vicepresidente 1º del Comité Nacional en 1959. El 18 de marzo de 1962 ganó la gobernación de Córdoba, aunque no llegó a asumir su cargo debido al golpe de estado del 29 de marzo. Este triunfo proyectó su figura a nivel nacional y, a mediados de 1962, el radicalismo cordobés lanzó su candidatura presidencial. Cuando Ricardo Balbín declinó su postulación presidencial, la UCRP se encolumnó tras Arturo Illia, que fue proclamado candidato a Presidente de la Nación el 10 de marzo de 1963, acompañado por el “unionista” entrerriano Carlos Perette (Rodríguez y Tcach, 2006). Durante la campaña electoral su tema preferido fue la cuestión petrolera, y su principal promesa fue la anulación de los contratos de exploración y explotación firmados por Arturo Frondizi con empresas norteamericanas en 1958.

El gabinete militar

Poco después de la elección comenzaron las especulaciones sobre quiénes serían los colaboradores del doctor Illia. El Presidente electo, a pesar de su necesidad de ganar el apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso, se negó a conformar un gabinete de coalición e insistió en que este debía estar compuesto únicamente por radicales del pueblo. Se trataba de un gabinete planificado para integrar a las principales líneas partidarias así como a las distintas regiones geográficas del país. Desde el sector azul de las Fuerzas Armadas las principales preocupaciones eran: a) conocer el nombre del ministro de Defensa y de los Secretarios Militares; b) la ratificación (o no) de los Comandantes en Jefe de las tres armas; y c) la posible reincorporación de los oficiales colorados pasados a retiro recientemente.

El primer contacto extraoficial entre militares azules y radicales del pueblo se habría producido el 18 de agosto en casa del radical José Luis Cantilo, ex ministro de Defensa y primo del general Alejandro Lanusse. En esa reunión Illia habría acordado mantener a los mandos de las tres armas y no reincorporar a los colorados al servicio activo. Sin embargo, hasta octubre, no tomó ninguna decisión sobre la conformación de su gabinete. A medida que se acercaba la fecha del traspaso presidencial –previsto para el sábado 12 de octubre de 1963– la inquietud en los medios castrenses aumentaba, al tiempo que Illia recibía fuertes presiones de su partido para provocar el retiro de los Comandantes en Jefe (en particular del general Onganía), y designar Secretarios Militares afines a la facción colorada y dispuestos a iniciar el proceso de reincorporaciones.

Los nombres de sus ministros trascendieron extraoficialmente los primeros días de octubre. Para la cartera de Defensa Nacional, el elegido era el doctor Leopoldo Suárez, un abogado mendocino de 49 años, que militaba en el sector unionista del radicalismo.² Las primeras versiones surgieron el 1º de octubre, aunque al día siguiente trascendió su negativa a aceptar el ofrecimiento presidencial. Ese mismo día se iniciaron una serie de contactos y entrevistas destinadas a convencerlo. Así, el 3 de octubre, Suárez mantuvo una nueva reunión con Illia y, posteriormente, con el ministro del Interior, general Osiris Villegas –su condiscípulo en el bachillerato–, y con el ex ministro Cantilo. Las dudas de Leopoldo Suárez se originaban en la creencia que los ministros de Defensa eran figuras decorativas frente a los Secretarios Militares y los Comandantes en Jefe. Illia, por su parte, estaba convencido de que Leopoldo Suárez tenía el perfil así como la autoridad necesaria para cumplir con su objetivo de lograr “una estricta subordinación del Ejército al poder civil”, y completar el gabinete “con sentido nacional” y de equilibrio entre las líneas del partido y las regiones ( La Nación, 1/10/1963). La negativa de Suárez se encontró con la tozudez presidencial. Luego de una serie de consultas partidarias y con fuentes militares, Suárez aceptó. Faltaban sólo cuatro días para la asunción del nuevo gobierno y aún quedaba pendiente el espinoso tema de los Secretarios Militares.

Para la Secretaría de Guerra los rumores apuntaban al general Enrique Rauch –primero en el escalafón del Ejército–, quien se encontraba en situación de disponibilidad. Según el propio Rauch, la Secretaría le fue ofrecida en tres oportunidades por intermedio de allegados al presidente Illia. Rauch, agradeció los ofrecimientos, pero no contestaría sino hasta que Illia en persona le hiciera el ofrecimiento. Según sus memorias, manifestó a los intermediarios que

en el terreno militar debe saber el Dr. Illia cuál es mi posición y lo fundamental de la acción a desarrollar. 1º) Alejamiento del general Onganía del Comando en Jefe con una embajada a su elección; el hecho de haber sido cabeza de un proceso constituía un serio inconveniente al gobierno que se inicia. Que en los acontecimientos vividos, el Ejército había perdido gran cantidad de Jefes y Oficiales por el solo hecho de figurar en el sector perdedor; por lo tanto constituiría un Tribunal con los Generales retirados más respetables y pondría a toda la Institución en juicio de recalificación, tanto para los retirados como para los que están en actividad (Rauch, 1971: 118-119).

De todas formas, esta designación no prosperó, puesto que no contaba con el respaldo de Leopoldo Suárez.

Descartado el general Rauch, el 12 de octubre se conoció la designación del general de brigada (R) Ignacio Ávalos como Secretario de Guerra. Este oficial había sido retirado del Ejército durante el peronismo y reincorporado durante la presidencia de Lonardi.³ Simpatizante de los radicales del pueblo, fue aceptado por los azules. Al igual que los otros Secretarios Militares, no conocía personalmente al presidente Illia (Potash, 1994a: 181-182). Unos días después se designó Subsecretario de Guerra al coronel Eduardo Rómulo Castro Sánchez, que se desempeñaba como profesor de la Escuela Interamericana de Defensa, en Washington.

En la Aeronáutica, el gobierno se proponía designar al comodoro Medardo Gallardo Valdez, colorado, interventor de Córdoba durante la “Revolución Libertadora”, pero encontró la oposición unánime del Consejo de Brigadieres, por lo que el Poder Ejecutivo decidió proponer como Secretario de Aeronáutica al comodoro Martín Cairo, primer gerente general de Aerolíneas Argentinas. El comodoro Gallardo Valdez debería esperar algún tiempo para ser nombrado al frente de la SIDE.

La designación del Secretario de Marina aparece, sin embargo, como la más traumática y habría originado un mini-planteo, apenas horas después de la asunción del gobierno. En este caso, los trascendidos extraoficiales surgidos desde el Ministerio de Defensa aseguraban la designación del contralmirante Raúl Lynch. Se trataba de un oficial de tendencia colorada que aparecía dispuesto a relevar a gran parte de los mandos navales y reemplazarlos por oficiales retirados tras la crisis de abril de ese año. La noche de la asunción, en la velada de gala del Teatro Colón, el contralmirante Eladio Vázquez, Comandante de Operaciones Navales, informó al ministro Suárez su opinión sobre la inconveniencia de dicha designación. Al día siguiente, domingo 13 de octubre, el comandante de la Base de Puerto Belgrano y otros importantes jefes navales hicieron trascender su decisión de no aceptar al contralmirante Lynch como Secretario de Marina. El gobierno dio marcha atrás, y el lunes 14 informó de la designación del viejo vicealmirante Manuel Pita, de actuación durante el peronismo, y sin peso específico propio, en la Secretaría de Marina. Fracasaba así el más claro intento por parte de la facción colorada por ocupar las Secretarías Militares. Inmediatamente, los nuevos Secretarios confirmaron en sus cargos a los Comandantes en Jefe de las tres armas, general Onganía, brigadier Armanini y contralmirante Vázquez, aunque este último fue reemplazado el 25 de octubre por el contralmirante Benigno Varela, opuesto a las reincorporaciones.

¿Cuál es el balance del proceso de designación de los Secretarios Militares? En primer lugar, debe resaltarse la decisión del Presidente, asesorado por el ministro Suárez, de mantener el statu quo y rechazar las presiones partidarias para introducir modificaciones en los comandos de las tres fuerzas. Se descartó de plano la posibilidad de cambios inmediatos, ante el peligro de provocar alguna crisis en los primeros días de gestión. En todo caso, postergó la posibilidad de relevos para más adelante y respetó la voluntad de cada una de las fuerzas. Además, al designar a los nuevos Secretarios –alejados por mucho tiempo de sus armas y sin peso propio en ellas– se descubre la intención de evitar el bicefalismo que había aquejado la gestión de sus antecesores (Aramburu, Frondizi y Guido), y potenciar la figura del ministro de Defensa como interlocutor de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la imposibilidad de nombrar oficiales colorados en las Secretarías Militares y la decisión de no innovar en los comandos fue percibida en medios castrenses como una debilidad presidencial y un triunfo azul sobre los políticos colorados.⁴

El tema más conflictivo en la relación entre de la administración radical y la facción azul era la posible reincorporación de los oficiales colorados retirados. Así lo manifestaron en todas las reuniones con integrantes del gobierno. En este punto, los líderes azules eran terminantes: la reincorporación era inaceptable, ya que resquebrajaría la disciplina institucional y se volvería a la etapa de extrema politización previa a septiembre de 1962. Dentro del radicalismo del pueblo, por el contrario, muchos dirigentes parecían ansiosos por conformar a sus ex socios colorados. El presidente Illia, con el apoyo de Suárez, no cedió a las presiones partidarias –conscientes del riesgo que ello implicaba– y no realizó reincorporaciones ni otorgó una amnistía. La actitud de algunos dirigentes radicales sobre las reincorporaciones se reflejó en varios proyectos parlamentarios que no fueron aprobados.

El gobierno tuvo la prudencia de no avanzar con las reincorporaciones, aunque sí lo hizo en la designación de oficiales colorados en algunos cargos clave del aparato estatal dependientes del Ejecutivo. El caso más importante fue la nominación Medardo Gallardo Valdez al frente de la SIDE. Esta designación no fue bien recibida por los militares azules, que debieron aceptarla porque era una prerrogativa exclusiva del Presidente. Mayor aún fue el desagrado con su segundo, el coronel Enrique Martínez, quien en abril de ese año se había desempeñado como Jefe de Estado Mayor del general Benjamín Menéndez.

Si bien el tema de las reincorporaciones en el Ejército quedó cerrado desde un comienzo, no ocurrió lo mismo en las otras armas. Así, la inquietud por las reincorporaciones provocó tensión en la Aeronáutica. El conflicto larvado estalló a mediados de diciembre, cuando el comodoro Cairó no hizo caso a las propuestas de ascenso a brigadier realizadas por la Junta Superior de Calificaciones a través del Comandante en Jefe, brigadier Armanini. Finalmente el Presidente desautorizó la propuesta del Secretario, quien presentó su renuncia, que fue rechazada por “extemporánea e improcedente” los primeros días de enero de 1964.

En diciembre de 1963, tras el retiro de Rauch, el generalato había quedado reducido a sólo 25 generales de brigada. A fines de ese mes, Onganía fue promovido a teniente general, en virtud de su cargo de Comandante en Jefe. El grado de general de división se encontraba vacante desde la purga de octubre de 1962. Cinco generales de brigada estaban en condiciones de ascender: Carlos Jorge Rosas (Segundo Cuerpo de Ejército), Julio M. Sueldo (Gendarmería), Guillermo Salas Martínez (Jefe de Estado Mayor), Pascual Pistarini (Primer Cuerpo de Ejército) y Eduardo Luchessi (Quinto Cuerpo de Ejército). Sólo Rosas, Salas Martínez y Pistarini alcanzaron el grado inmediato superior. Además, el Senado aprobó el ascenso de 14 coroneles a general de brigada. Ellos pertenecían a las promociones 64 (3) y 65 (11). Seis eran coroneles de caballería (Bialet Argerich, Martínez Zuviría, los hermanos Mario y Roberto Fonseca, Trimarco y Soria), mientras que otros seis (Castro Sánchez, Toscano, López Meyer, Aguilar Benítez y Gómez) eran artilleros de la promoción 65. Aquel año ascendió sólo un oficial de infantería (Sánchez Almeyra) y uno de ingenieros (Pasolli). De esta forma, se profundizaba la tendencia declinante de la infantería iniciada en 1962, cuya participación en el generalato se redujo al 18%, al mismo tiempo que consolidaba la participación de la caballería (43,6%) y crecía la de los artilleros (25,6%). La importancia de este grupo de nuevos generales reside en que la mitad de ellos alcanzó el grado de general de división y los destinos más importantes del Ejército hacia finales de la década de 1960.

La reestructuración del Ejército

Desde el punto de vista organizativo, el Ejército había sufrido una transformación parcial en 1960, con la eliminación de los tres antiguos Ejércitos. En su reemplazo se crearon cinco Cuerpos de Ejército de los cuales dependían nueve divisiones de infantería. El Primer Cuerpo, cuyo comando se encontraba en los cuarteles del barrio porteño de Palermo, abarcaba la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa, e incluía a las Primera y Segunda divisiones, entre cuyas tropas se encontraban los más poderosos regimientos de infantería motorizada. El Segundo Cuerpo de Ejército abarcaba todo el nordeste. Desde su comando, en Rosario, se controlaban la Tercera División (Paraná) y la Séptima División (Corrientes). El Tercer Cuerpo tenía su comando en La Calera, muy cerca de la ciudad de Córdoba, y abarcaba las provincias del Centro y Cuyo. De este Cuerpo dependían la Cuarta División (Córdoba) y las tropas de montaña de la Octava División (Mendoza), creada recientemente. El Cuarto Cuerpo de Ejército, cuyo comando se encontraba en Salta, era el más débil de los cinco, puesto que sólo estaba integrado por la Quinta División (Tucumán) y algunos destacamentos del noroeste. Por último, el Quinto Cuerpo, con sede en Bahía Blanca, tenía jurisdicción sobre toda la Patagonia. Entre sus tropas se encontraban la Sexta División de Montaña (Neuquén) y la recientemente creada Novena División (Comodoro Rivadavia). Al mismo tiempo se conservaba el Cuerpo de Caballería creado en la década de 1930, integrado por cuatro divisiones de caballería, ubicadas en el este del país. La más importante de estas divisiones era la Primera División Blindada, integrada por los regimientos de tanques de Magdalena y Campo de Mayo, cuyo poder de fuego, movilidad y cercanía con la ciudad de Buenos Aires los transformaba en una pieza clave en todas las crisis político-militares. Las otras tres divisiones de caballería se ubicaban en Concordia, Tandil y Curuzú Cuatiá.⁵

La concentración de tropas en la región cordillerana y de regimientos de caballería e infantería motorizada en la Mesopotamia respondían a las dos hipótesis de conflicto tradicionales de las Fuerzas Armadas argentinas: Brasil y Chile. Por otra parte, los poderosos regimientos instalados en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se relacionaban con el intervencionismo del Ejército y su utilización como elemento de presión política.

* * *

En 1963, el general Juan Carlos Onganía decidió comenzar un proceso de reestructuración del Ejército cuyo objetivo era adaptarse a los nuevos cambios estratégicos, técnicos y doctrinarios producidos tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello creó la Comisión Especial de Reestructuración del Ejército (CERE), presidida por el general de brigada Nicolás Cándido Hure,⁶ quien había dirigido el despliegue de tropas hacia Puerto Belgrano durante la última crisis de azules y colorados. Hure, artillero, era considerado un intelectual que había pasado gran parte de su carrera con destinos en el Estado Mayor y la Escuela Superior de Guerra.⁷ Entre agosto de 1955 y septiembre de 1957 residió en París, donde cursó en la prestigiosa École Superieure de Guerre. A su regreso a Buenos Aires fue destinado a como profesor permanente en la Escuela de Guerra, a órdenes de Carlos J. Rosas. Un año después, ejerció con el grado de coronel la subdirección de la Escuela Superior de Guerra, en pleno cambio doctrinario del Ejército argentino.

El objetivo principal de la CERE era estudiar la situación del Ejército a fin de realizar una profunda transformación estratégico-operacional; la más importante desde los tiempos en que Ricchieri terminó con el “Viejo Ejército”, introdujo el Servicio Militar Obligatorio y creó la Escuela Superior de Guerra. Este estudio demostró la variedad y amplitud de los problemas que afrontaba el Ejército: superposición de funciones que “negaban el principio básico de unidad de comando e imposibilitaba la conducción de la fuerza”; la existencia de un Cuerpo de Caballería, más adecuado para la Primera Guerra Mundial; un despliegue territorial disperso y poco operativo que dificultaba la concentración y la conducción de la fuerza (Ballester, 1996: 95-96).⁸

Para integrar la comisión, que dependía directamente del Comandante en Jefe, el Ejército puso bajo órdenes de Hure a un importante número de oficiales, muchos de los cuales habían realizado cursos en el exterior. La CERE, que tenía su sede en el piso 14 del Edificio Libertador, se estructuró en cinco departamentos encabezados por los coroneles Juan Carlos Sánchez, Eduardo Desmarás, Manuel González, Eduardo Uriburu y Eduardo Catán.

La CERE no sólo analizó la organización de grandes Ejércitos, como el de los Estados Unidos, sino el de países con un potencial similar al de la Argentina. Como parte de ese trabajo de planificación, Hure ordenó el estudio de la situación nacional a mediano y largo plazo. Los planificadores militares recogieron datos en forma particular. Recurrieron a las bibliotecas y centros de información pública de dos empresas de origen italiano, Fiat y Techint, e incluso utilizaron el modelo del Segundo Plan Quinquenal. Estos datos se acumularon en carpetas guardadas en el 14º piso del Edificio Libertador, en torno a las cuales se creó toda una leyenda. Quienes participaron de la CERE sostienen que se trataba de la planificación para fines militares y no para un futuro gobierno.⁹ Se proponía determinar el objetivo orgánico del Ejército para la próxima década. El resultado fue un esbozo de Proyecto Nacional y fue la base de las leyes de Desarrollo Nacional (16.964) y de Defensa Nacional (16.970).¹⁰

Cuando la comisión se hallaba en plano estudio, Onganía ordenó a Hure exponer sus conclusiones en la Escuela Superior de Guerra ante la jerarquía militar en pleno. La exposición incluyó un Proyecto Nacional; un Sistema Nacional para la Seguridad y el Desarrollo; y la reorganización y redistribución de todas las unidades. Luego, el informe preliminar pasó al Estado Mayor del Ejército para su estudio. Este lo rechazó en gran parte. Una de las principales críticas se basaba en el traslado de unidades desde la Capital Federal y Campo de Mayo hacia el interior del país. Otras –como las del general Rosas– se basaban en la fuerte influencia norteamericana, que se reflejaba en la organización adoptada por el Estado Mayor General.¹¹ Hure y su gente se ratificaron en todo, por lo que Onganía ordenó una reunión en su comedor privado con el Jefe de Estado Mayor y los subjefes de cada uno de los departamentos. Ante la enfermedad del general Hure, el proyecto fue expuesto por su estado mayor personal, los mayores Horacio Ballester, José Luís García y Augusto Rattembach. La decisión final la tomó, personalmente, el general Onganía, quien dio la razón a Hure y su gente, y aprobó el proyecto de reorganización en un 90%.¹² La misma comenzaría a implementarse en 1964 con la creación de la Subjefatura VI (Políticas) del Estado Mayor General, a cargo del propio general Hure durante 1964 y 1965, que redactó los nuevos reglamentos básicos.

Según la nueva organización, el Ejército estaba conformado por cuatro Cuerpos de Ejército de los que dependían diez brigadas (dos blindadas y ocho de infantería), integradas cada una de ellas con elementos de combate, de apoyo de combate y de servicios para el apoyo de combate. Se crearon unidades logísticas de campaña para las brigadas, para darle mayor movilidad. Las nuevas brigadas se componían de tres regimientos y sus propios componentes de artillería, ingenieros y comunicaciones. De esta forma, con el nuevo despliegue territorial más descentralizado, se eliminaban las antiguas 9 divisiones y se disolvía el Cuerpo de Caballería del que dependían las 4 divisiones de caballería. La Primera División de Caballería Blindada se transformó en la Primera Brigada Blindada, trasladando su comando desde Campo de Mayo a Tandil. La segunda división de Caballería se reorganizó como Segunda Brigada de Caballería, en tanto fueron disueltos los comandos de las otras dos divisiones de caballería y sus regimientos integrados a las brigadas de infantería. Algunos regimientos fueron trasladados y otros suprimidos.¹³ Las divisiones 3 a 9 de infantería se transformaron en Brigadas y se creó una Décima Brigada de Infantería Mecanizada, con asiento en el barrio porteño de Palermo, integrada por las disueltas Primera y Segunda División de Infantería.¹⁴

El Operativo Retorno

Los dirigentes gremiales peronistas iniciaron 1964 con el eslogan “Perón vuelve”. Los rumores sobre el inminente retorno de Perón se repitieron en diferentes momentos del año al tiempo que se profundizaba el Plan de Lucha de la CGT, que incluía la toma de fábricas. Los dirigentes peronistas constituyeron una comisión pro-retorno encabezada por Augusto Vandor. La incertidumbre sobre “el Retorno” y el silencio público del gobierno radical al respecto favorecieron las versiones sobre un golpe de Estado en caso de que Perón pisara suelo argentino. A partir de mayo los rumores se multiplicaron. El golpe “nasserista” de Osiris Villegas, o el golpe “violeta” de Lanusse, nunca fueron más allá de los rumores, pero reflejan cierta intranquilidad entre los Altos Mandos del Ejército. La inquietud castrense por “el Retorno” aumentó durante el último trimestre del año y se manifestó en la multiplicación de los gestos antiperonistas por parte de sectores militares. Así, los primeros días de noviembre, en Chaco, gobernada por el peronista Deolindo Bittel, el Ejército retiró un busto de Eva Perón de un paseo público. Ante los reclamos de legisladores, Juan Carlos Onganía se responsabilizó por la orden: “Lo que ha sucedido en la guarnición militar de Resistencia es de responsabilidad del Comandante en Jefe del Ejército. Sus componentes no han hecho otra cosa que cumplir con sus instrucciones” (Sánchez, 1983: 66). Pocos días después, el 12 de noviembre, las versiones se intensificaron, e incluso alguna agencia de noticias extranjera informó que Perón había viajado a Lisboa desde donde regresaría a Buenos Aires, vía Lima. Ese día el Ejército entró en estado de alerta máxima, y el Secretario de Guerra impartió una orden secreta al Comandante en Jefe para detener a Perón y sus acompañantes en caso de aterrizar en territorio argentino, conducirlo bajo “rigurosa custodia a un lugar que ofrezca las condiciones de seguridad necesaria” que debería mantenerse “en el más absoluto secreto”.¹⁵

Finalmente, la noche del 1º de diciembre, Perón y su entorno se embarcaron en un avión de Iberia con destino a Buenos Aires, vía Río de Janeiro. Al llegar al aeropuerto de El Galeao las autoridades militares brasileñas lo declararon persona no grata y le informaron que no podría seguir viaje hacia Buenos Aires ni permanecer en ese país. Nunca se aclaró debidamente el papel que desempeñó el gobierno radical en aquella ocasión. Según la cancillería brasileña, su actitud se debió a “un pedido del gobierno argentino”. El canciller Zavala Ortiz lo desmintió: “nosotros no tenemos ninguna intervención en la solución de ese problema”. El general Lanusse, que no era partidario del oficialismo, recuerda que en una conversación informal en Río de Janeiro, en el verano de 1965, el general Costa e Silva, ministro de Ejército de Brasil, le manifestó: “Nuestro gobierno adoptó esa resolución por propia y espontánea iniciativa. Nadie nos pidió que así procediéramos. Lo hicimos porque no teníamos la menor duda que nuestros amigos y camaradas, los militares argentinos, no deseaban que Perón pudiera volver al país” (Lanusse, 1989: 82).

De los diferentes testimonios se desprende que el presidente Illia, que creía que no debía impedirse el regreso de Perón, fue ajeno a cualquier tipo de pedido o contacto con la dictadura brasileña.¹⁶ Una fuente íntimamente relacionada con Illia insiste en que este no tuvo nada que ver con la detención de Perón en Río de Janeiro; y que el canciller Zavala Ortiz le confesó que él había pedido la intervención del gobierno brasileño. En caso de ser así cabe preguntarse por qué Illia no relevó a su Canciller.

Los rumores de intranquilidad militar no cesaron a pesar del fracaso del “Operativo Retorno”. En un telegrama secreto, el embajador de los Estados Unidos, Edwin Martin, informaba al Departamento de Estado que si bien había insatisfacción en círculos militares, los rumores de golpe eran estimulados por intereses partidarios. Según Martin, algunas figuras militares estaban intranquilas porque el gobierno no era lo suficientemente fuerte contra los peronistas, también otros se mostraban insatisfechos con la acción contra la CGT. Sin embargo, la situación del Ejército estaba bajo el control total de Onganía, que aparecía comprometido en prevenir la caída del régimen constitucional. El texto concluía que si bien existían conversaciones sobre golpes de Estado entre oficiales retirados, éstas no debían tomarse en serio.¹⁷

El relevo del general Rosas

El 17 de diciembre de 1964, las redacciones de los principales diarios recibieron una carta que llevaba la firma del ex ministro del Interior Enrique Rauch. En ella denunciaba que, ante la “crisis final”, se tejía una “turbia maniobra” por parte “del integracionismo frentista del binomio Frondizi-Frigerio y los intereses del grupo Jorge Antonio”, que utilizaban a “algunos mandos dóciles a sus consignas” para “apoderarse del poder y retomar así el control de la economía nacional poniéndola al servicio de sus fines subalternos”. En el plano castrense sus críticas se dirigían a los pases y ascensos que se realizarían a fines de diciembre y al inminente proceso de reestructuración que se iniciaría el 1 de enero de 1965. Poco tiempo antes Rauch había cumplido un arresto de 15 días impuesto por el Secretario de Guerra por haber lanzado –en junio– un manifiesto en el que se comprometía a servir a la causa del pueblo “más allá de todo sacrificio”. La respuesta oficial llegó al día siguiente por parte del propio Comandante en Jefe, para quien la carta “merecía el más bajo de los calificativos”. Matizó, sin embargo, su crítica poniendo en duda que el autor fuera su amigo y compañero de promoción, el mismo hombre al que había sugerido como su reemplazante en el Cuerpo de Caballería.

Esa misma mañana, mientras todos especulaban sobre el paradero de Rauch, este se presentó en el comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Rosario, con la intención de hablar con el general Carlos Rosas, quien se disculpó por no poder atenderlo en ese momento. No obstante, el comandante del Segundo Cuerpo lo invitó a almorzar, y Rauch lo pasó a buscar poco después de las 13 horas en su automóvil. Juntos se dirigieron al restaurante La Querencia, en el centro de Rosario, donde almorzaron por cerca de 45 minutos.¹⁸ En esa oportunidad, Rauch le entregó una copia de su carta y Rosas le expresó que creía que sería sancionado. Sólo al regresar a su comando, poco después de las 14.30, Rosas se enteró que la carta había ya sido publicada en los diarios de Buenos Aires y decidió que al día siguiente viajaría hasta allí para informar personalmente del encuentro.

A las 18.35, el SIE envió un mensaje cifrado a todas las unidades pidiendo que informaran si el general Rauch podía estar en su jurisdicción. El mensaje fue descriptado en Rosario a las 23.15 hs. El general Rosas respondió poco después: “General Rauch se presentó Cdo.Cpo. alrededor mediodía. Iba a permanecer hasta 1400 hs. en Rosario”.¹⁹ Sin embargo, por problemas con las claves, la respuesta cifrada del general Rosas, donde informaba que Rauch se había presentado en su comando, tardó más de diez horas en llegar. En la mañana del sábado, Rosas, consciente de la gravedad del tema, viajó a Buenos Aires para entrevistarse con el Comandante en Jefe y aclarar su situación. Onganía estaba en Campo de Mayo, y Rosas decidió esperar a su habitual reunión de los lunes.

La mañana del 19 de diciembre, Rauch tomó contacto con oficiales retirados del Ejército y la Aeronáutica, y con dirigentes sindicales de las “62 Organizaciones”. Pretendía saber qué apoyo tendría para un eventual alzamiento. Según el relato del propio Rauch, su propósito fue “romper la indiferencia existente sobre el problema que se aproximaba” y “sacudir esa modorra legalista” de los mandos. Sin embargo, el objetivo real de Rauch (o al menos de quienes lo rodeaban) era crearle dificultades al sector azul y desestabilizar al general Onganía. Pero su carta no tuvo el impacto esperado y, por ese motivo, el lunes 21 las redacciones de Buenos Aires recibieron una segunda carta, ahora dirigida al general Onganía. En ella ratificaba la autoría de la misiva del jueves 17 e insistía en la existencia de una “siniestra maniobra de intereses políticos y económicos” detrás de los pases y retiros, y afirmaba que Onganía “ignoraba su verdadero alcance”. Reiteraba, además, sus críticas a la reestructuración a la que calificaba de “costosísima” e “inoportuna”. La carta parecía poner fin a 35 años de amistad.

Ese lunes 21 de diciembre, Onganía se entrevistó a solas en su despacho con el general Rosas. La reunión duró poco más de media hora. Rosas fue relevado por no haber informado espontáneamente de su entrevista con un prófugo. Onganía le expresó que el motivo del relevo era haber cometido “errores de procedimiento” por omitir informar inmediatamente a sus superiores de la reunión.²⁰ En realidad no era más que una excusa de Onganía para desembarazarse de un general que no respondía a su liderazgo.²¹

Durante la madrugada del martes, el Comandante en Jefe envió radiogramas a todas las guarniciones informando –escuetamente– del relevo del general Jorge Rosas. Sin embargo, la ratificación presidencial se demoró. Illia no estaba dispuesto a aceptar el relevo de un general que en medios oficialistas era visto como “un amigo”. La decisión de Onganía de hacer público el relevo de Rosas hacía imposible desconocer su decisión sin generar un conflicto de impredecibles consecuencias. Suárez, Palmero y Ávalos mantuvieron reuniones con el Presidente, quien se negaba a firmar el relevo de Rosas. Recién al atardecer de aquel martes se conoció el decreto 10.254/64 que designaba al general Carlos Augusto Caro al frente del Segundo Cuerpo, pero no hacía referencia al reemplazo de Rosas. Casi al mismo tiempo se difundía una tercera carta de Rauch, esta vez destinada al presidente Illia, donde le pedía la destitución de Onganía, la suspensión de los ascensos y de la reestructuración del Ejército.

La crisis provocada por la entrevista entre los generales Rauch y Rosas tuvo, indudablemente, como gran vencedor al general Onganía, quien reafirmó su autoridad sobre la fuerza. En primer lugar, le permitió eliminar al general Rosas, su rival más importante en la cúpula del Ejército y su potencial reemplazante. Si bien Rosas era miembro del grupo azul desde sus orígenes, era evidente que Onganía no lo quería como sucesor. Esto se debía a que Rosas era un intelectual (de quienes Onganía desconfiaba), que no pertenecía al arma de caballería y que era uno de los más firmes opositores al proceso de reestructuración iniciado por el Comandante en Jefe.²² Por su parte, el gobierno perdió al oficial superior con mejor relación dentro del Ejército, aunque logró colocar en su lugar a otro oficial cercano al oficialismo. Sin embargo no se resignó a perderlo definitivamente y realizó una maniobra para salvar a Rosas dejándolo en disponibilidad bajo el mando del Secretario de Guerra primero y, luego, designándolo Embajador en Paraguay. Era una forma de mantenerlo en actividad y, por lo tanto, como el eventual reemplazante del Onganía.²³

Por otra parte, el intento de Rauch y los reducidos grupos nacionalistas que lo acompañaban para desestabilizar a Onganía y al grupo azul fracasó, y demostró que este tipo de planteos (fomentados desde sectores colorados) eran anacrónicos. Formaban parte de una etapa y un estilo que habían concluido, irremediablemente, en septiembre de 1962.

El Alto Mando del Ejército para 1965

Pocos días después del relevo de Rosas, se produjeron los ascensos en el Ejército. En esa oportunidad, seis generales de brigada en su tercer año en el grado ascendieron a general de división. Ellos eran Melitón Díaz de Vivar y Jorge Shaw (artillería), Julio Alsogaray, Carlos Caro y Osiris Villegas (caballería) y Juan Iavícoli (infantería). Estos ascensos provocaron los retiros del Comandante de Institutos Militares, Carlos Moore, y del Director General de Administración, Odilón Núñez. Los nuevos generales de división ocuparían destinos destacados: Caro y Villegas comandarían el Segundo y el Quinto Cuerpo de Ejército, respectivamente, en tanto Díaz de Vivar reemplazaría a Núñez y Iavícoli a Moore.

Entretanto, 13 coroneles alcanzaron el grado de general. La mayoría de ellos pertenecían a las promociones 65 y 66 del Colegio Militar y, a diferencia de los dos años anteriores, 6 de los ascendidos eran del arma de infantería, frente a 5 de caballería y 2 artilleros.²⁴ En este grupo de nuevos generales se destacan Eliodoro Sánchez Lahoz, que comandaría el Tercer Cuerpo durante el Cordobazo; y Eduardo Uriburu, creador del “Plan Europa”.

Con los habituales retiros ocurridos a lo largo del año, la cúpula del Ejército quedó constituida por 47 generales, de los cuales 9 eran generales de división. De esta forma, el generalato quedaba reconstituido en su número habitual tras las depuraciones de 1962. Con estos nuevos ascensos, la infantería aumentó su participación al 23,4% de los generales frente al 40,4% de la caballería. No obstante, en lo más alto de la pirámide militar, tan sólo uno de los nueve generales de división (Iavícoli) pertenecía a la infantería.

En esta ocasión, algunos senadores radicales manifestaron reservas sobre las inclinaciones políticas de al menos cinco coroneles. También en los ascensos a general de división hubo resistencias. El secretario Ávalos consideraba excesivo el ascenso de seis generales, y eliminó de la lista original a Villegas y Caro. El presidente Illia, no obstante, respaldó la lista completa propuesta por Onganía y la Junta de Superior de Calificaciones, que finalmente fue aprobada por el Senado. Por segunda vez en pocos días la autoridad del Comandante en Jefe se veía fortalecida.

Las elecciones legislativas de marzo de 1965

El 14 de marzo de 1965 se realizaron elecciones de renovación parlamentaria. Illia cumplió su promesa de permitir la participación del peronismo en sus variantes ortodoxa y neoperonista, y derogó los decretos que prohibían la propaganda y la difusión de su doctrina. Si bien la Cámara Nacional Electoral no otorgó personería jurídica al Partido Justicialista, sus partidarios pudieron presentarse bajo la sigla Unión Popular (UP). La actitud del gobierno radical debe interpretarse en el marco de lo que Catalina Smulovitz (1991: 296) llama “estrategia de integración silenciosa” del peronismo, cuyo antecedente era el Plan Martínez de 1963.²⁵

Tal como proponía el gobierno radical, la elección se polarizó entre el oficialismo y la oposición peronista. Los radicales del pueblo ganaron en nueve provincias, los peronistas en ocho. Y si bien las listas de la UCRP obtuvieron un 28,49% de los votos, no pudieron superar a las de la Unión Popular, que logró 29,63 % de los sufragios en todo el país. Ninguna de las restantes fuerzas políticas alcanzó el 7% de los votos.²⁶ Como resultado de la elección, el oficialismo conformó un bloque de 72 legisladores contra 50 del peronismo en sus diversas formas.

Merece destacarse que, por primera vez desde 1955, el peronismo pudo participar en elecciones sin proscripción, y que un partido antiperonista pudo competir de igual a igual en elecciones libres con los seguidores de Juan Domingo Perón. Al fin y al cabo, la diferencia entre ambas fuerzas había sido de apenas 1%. Sin embargo, estos elementos no estuvieron presentes en la evaluación de los contemporáneos. Ello se refleja en un artículo editorial de Mariano Grondona, que resume muy bien el sentir de los sectores antiperonistas, civiles y militares:

La integración del peronismo en el país político se ha de realizar. Este es un hecho inexorable. Pero que su curso de pacífico o accidentado depende de un solo factor: el tiempo. Un gobierno peronista en 1975 probablemente no conmovería al país. Un gobierno peronista en 1969 quizá sea prematuro. [...] El reingreso gradual del peronismo en la legalidad primero como una “oposición de su Majestad” y luego como un nuevo oficialismo, sería asimilado. Pero una súbita “inundación” peronista desde la cima hasta el llano, sería difícilmente tolerada. Y después de marzo, el radicalismo, concebido aún por sus críticos, como un eficaz moderador político de la energía justicialista, no muestra a la opinión una nueva estrategia, sino una nueva perplejidad (Primera Plana, 1/6/1965, p. 7).

En medios castrenses también se instaló la preocupación sobre la capacidad del gobierno para controlar la incorporación peronista al sistema político, en particular el miedo al triunfo de esta fuerza en las elecciones de gobernadores previstas para 1967, que podría reeditar la situación de marzo de 1962. Un triunfo peronista en las principales provincias, se decía, precipitaría un nuevo golpe cívico- militar.

La crisis de Santo Domingo

El 24 de abril de 1965, un sector del Ejército dominicano se sublevó contra el presidente Donald Reid Cabral. Inmediatamente estalló el conflicto entre las tropas rebeldes. Uno de los bandos, llamado “constitucionalista”, encabezado por el coronel Caamaño Deno, intentaba reponer a Juan Bosch en la presidencia para que terminara su mandato. El otro sector, llamado “leal” o “anticomunista”, lo lideraba el general Wessin y Wessin. La ruptura del equilibrio en favor de los primeros llevó a los “leales” a informar al gobierno de los Estados Unidos que “ya no estaban en condiciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos y de otros países ni de mantener el orden público” (Lanús, 1984: 209). El miércoles 28 de abril, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó el desembarco de 400 marines en Santo Domingo, con el pretexto de evacuar a la población norteamericana. Tres días después, una fuerza de casi 5.000 marines norteamericanos se enfrentaba en las calles de Santo Domingo con las tropas leales al ex presidente Bosch.

Los Estados Unidos informaron de lo ocurrido a la Organización de Estados Americanos (OEA), que convocó a la Xª Reunión de Consulta. En esa oportunidad, el embajador argentino ante ese organismo, Ricardo Colombo, ratificó la vigencia del principio de no-intervención. El 30 de abril, el canciller Zavala Ortíz propició la formación de una comisión investigadora de la OEA.²⁷ Al día siguiente, una comisión especial –presidida por el embajador Colombo– se trasladó a Santo Domingo, donde logró el cese del fuego y la firma de un acta que sentaba las bases para las tratativas de paz. El 4 de mayo la comisión recomendó la creación de una Fuerza Militar Interamericana integrada por “los Estados miembros que lo deseen y estén en condiciones de hacerlo”, cuyo objetivo sería “colaborar en la restauración de la normalidad en la República Dominicana, el mantenimiento de la seguridad de sus habitantes, la inviolabilidad de los derechos humanos y el establecimiento de un clima de paz”.²⁸ Esta resolución fue aprobada el día 6 de mayo con el voto favorable de la Argentina.²⁹

A partir de ese momento, la crisis dominicana se adueñó del centro de la escena política nacional. Diariamente, se producían choques entre policías y manifestantes estudiantiles que se oponían a la intervención norteamericana, que culminaron con un muerto y decenas de heridos. Entretanto, en el Parlamento, la oposición –encabezada por los diputados peronistas– presentó múltiples proyectos de interpelación al canciller y de condena a la intervención norteamericana. Durante su interpelación, el canciller Zavala Ortíz no reconoció el derecho de intervención y justificó el voto favorable a la creación de la Fuerza Interamericana, pero sin comprometer el envío de tropas a Santo Domingo. La Cámara de Diputados aprobó una declaración que establecía: a) condena de la injerencia de los Estados Unidos; b) ratificación de los principios de autodeterminación y no intervención; c) pedido de retiro de los soldados norteamericanos; y d) ratificación de la autoridad del Parlamento para autorizar el envío de tropas.

La crisis dominicana generó fuertes tensiones al interior del gabinete nacional, fundamentalmente entre el Presidente y los ministros Zavala Ortíz y Suárez. Ambos, representantes de los sectores unionistas de la UCRP, tenían una posición favorable al intervencionismo. Al comenzar la crisis, el 1º de mayo de 1965, el canciller había relativizado el principio de intervención cuando, en Nueva York, afirmó que: “Muchas veces los que aparecen en una actitud no muy simpática son los que han tenido que reaccionar ante una actitud oculta de provocación”. Luego agregó: “Nosotros consideramos la guerra revolucionaria, la agresión subversiva, como un ataque armado, como una intervención. Debemos mantener el principio de no intervención, evidentemente, pero mientras no exista el peligro de que se repita el caso Cuba” (Primera Plana, 11/5/1965, p. 7).

El jueves 14 de mayo las autoridades castrenses se reunieron durante tres horas con los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. A las 18 horas se conformó un Estado Mayor Conjunto integrado por el Jefe de Estado Mayor de Coordinación, los Comandantes en Jefe, los Jefes de Estado Mayor y los Jefes de Operaciones. Al día siguiente, este Estado Mayor Conjunto culminó la elaboración de un informe de 70 carillas dactilografiadas que consideraba urgente el envío de tropas a Santo Domingo. Ese informe le fue entregado al ministro de Defensa en una reunión que concluyó el viernes 15 a las 19.30 hs., de la que participaron los Secretarios Militares, los Comandantes en Jefe, el Jefe de Estado Mayor de Coordinación y el Subsecretario de Defensa.

Mientras tanto, el presidente Illia mantuvo un prudente silencio, o realizó declaraciones ambiguas. No creía en la gravedad de la situación en Santo Domingo, tal como la presentaban los medios de comunicación que pedían la intervención. Conocía, además, la fuerte oposición interna que ocasionaría la decisión de enviar tropas al Caribe. El Presidente mantuvo silencio, dejó pasar el tiempo y el tema siguió sin una definición aparente. Finalmente, durante la espera –que algunos juzgaron indecisión– se formó una Fuerza de Paz bajo el mando de un general brasileño. Con su llegada, la crisis comenzó a ceder, dejó de ser un tema de discusión entre la opinión pública y desapareció el peligro de “una segunda Cuba” en el Caribe.

En las semanas siguientes la decisión presidencial de no solicitar al Congreso el envío de tropas a Santo Domingo fue interpretada como indecisión y titubeo, pero también como un desprecio hacia la opinión intervencionista de las Fuerzas Armadas.³⁰ Por otra parte, la diferencia de posiciones entre el Presidente y dos de sus principales ministros fue utilizada por los medios opositores e intervencionistas que resaltaban la contradicción política del Poder Ejecutivo que amagaba condenar y aprobaba, que hablaba de enviar tropas a Santo Domingo, pero no lo hacía. Se hablaba de titubeos en la política exterior del gobierno radical. Sin embargo, el presidente Illia nunca dudó en su actitud ante la crisis dominicana. Las supuestas contradicciones se originan en las actitudes del canciller y del ministro de Defensa, partidarios de la intervención. Las diferencias entre ambas posturas deben buscarse en las diferentes tradiciones radicales a las que pertenecían el Presidente y sus ministros. Zavala Ortíz y Suárez eran dos de los líderes de la fracción unionista, de raíz alvearista; en tanto Illia, fiel a la tradición yrigoyenista en política exterior, jamás hubiera enviado tropas a Santo Domingo. Teniendo en cuenta estas discrepancias y contradicciones, ¿por qué Illia no aceptó sus renuncias después de la crisis? El Presidente, al igual que en ocasión del fallido retorno de Perón, prefirió no romper el equilibrio interno del gabinete y enajenarse el apoyo de los unionistas.³¹ Mucho menos por un tema que él consideraba accidental.

En la primera semana de junio de 1965, algunos medios reflejaban la frialdad de las relaciones de los militares y el Poder Ejecutivo. En ese clima se realizó la primera reunión formal del Presidente con los Secretarios Militares y los Comandantes en Jefe. El encuentro se realizó el sábado 11 de junio, después de un almuerzo en Olivos, pero no tuvo ningún resultado positivo.³² La frialdad de aquel encuentro mostró cómo la crisis de Santo Domingo había significado un punto de ruptura definitivo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Ejército. La decisión presidencial de no enviar tropas a Santo Domingo provocó un profundo resquemor hacia la política exterior del presidente Illia. En Primera Plana, vocero oficioso de los mandos del Ejército, podía leerse:

“Después de lo de Santo Domingo, difícilmente haya un militar en actividad con fe en el gobierno”, resumió un general. Y es cierto, los altos mandos reconocen que todos los puentes de contacto quedaron destruidos y que la crónica de sus relaciones con el poder ejecutivo debe dividirse en antes y después de Santo Domingo. Toda esperanza, toda simpatía se evapora: la frialdad y la inquietud la sustituyen (Primera Plana, 22/6/1965, p. 10).

La desconfianza se basaba en el sentimiento de rechazo, de desprecio por su opinión intervencionista, agravado por la presencia de un general brasileño al mando de un contingente que se creía con derecho natural a encabezar. Además, la actitud pasiva del gobierno ante lo que consideraban la formación de un “estado comunista” en el Caribe era percibida como un signo de permisividad (y por lo tanto de complicidad) frente a la “infiltración marxista” en América Latina.

“Las fronteras ideológicas”

El 12 de julio de 1965, el general Onganía inició una gira oficial por Gran Bretaña, España, Alemania e Italia. En España permaneció cuatro días en una visita privada, lo que motivó que en Buenos Aires se multiplicaran los rumores sobre una supuesta (e inexistente) reunión con Perón. A su regreso hizo una escala no prevista de siete días en Brasil, donde realizó declaraciones que fueron interpretadas como una virtual alianza militar entre Argentina y Brasil. Se trataba de su famoso discurso de las “fronteras ideológicas”, basado en la idea que los límites que separaban a los adversarios no eran geográficos sino ideológicos, puesto que el campo de batalla ya no era el terreno, sino la mente de la población. Según esta teoría, la separación entre uno y otro bando podía pasar por de una misma ciudad e incluso por una misma familia. Brasil negó cualquier pacto secreto. En Uruguay y Chile también hubo reacciones. En el primero de los países se interpretó como una advertencia de que Argentina y Brasil intervendrían para sofocar cualquier brote comunista, y su Consejo de Gobierno rechazó todo intento de injerencia extranjera.

A su regreso a Buenos Aires, el 31 de agosto, Onganía dejó de lado su habitual parquedad y brindó una conferencia de prensa. En ella expresó:

Hemos comprobado en España y Brasil una ansiedad coincidente con la nuestra porque los ejércitos tomen los contactos necesarios para resguardar efectivamente, y ante cualquier contingencia, la unidad existente en el espíritu de nuestros pueblos. El Ejército argentino está dispuesto a ese acercamiento mayor, como imperativo de la solidez que merecen los fundamentos de nuestra nacionalidad y al de agrupar fuerzas para oponerse al comunismo. A este enemigo tenaz, fluido, sinuoso, no lo persuadiremos ni retardaremos con el sonido de la retórica que tiene la confesión de los errores cometidos ni con la citación de medidas de enmiendas, en un utópico clima de convivencia pacífica. La referencia a esta necesidad de la hora, hecha durante mi visita a Brasil, no agregó sugerencias sobre la disolución de la OEA, sobre la creación de fuerzas interamericanas ni sobre la disolución de las fronteras normales en procura de fronteras ideológicas; fue más simple y concreta la sugerencia: unirnos estrechamente en base al conocimiento de cuáles son nuestras intenciones para llevarlas a cabo y enfrentar con eficacia al enemigo en la forma y lugar que se presente (Primera Plana, 14/9/1965, p. 8).

La teoría de “las fronteras ideológicas” quedaba así incorporada, definitivamente, al corpus doctrinario del Ejército argentino.

El retiro de Onganía

Durante el mes de octubre de 1965 se produjo la más importante crisis interna del Ejército, por sus consecuencias institucionales, de todo el gobierno radical. El conflicto se desencadenó a fines de septiembre con un incidente, en apariencia menor, ocurrido en el Regimiento 3 de infantería. El coronel (R) Federico Gentiluomo, padre de uno de los oficiales del regimiento y ex presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, ofreció donar una reliquia que estaba en su poder a la Sala Histórica del Regimiento. Se trataba de un pedacito de rama del algarrobo histórico debajo del cual –según la tradición– Manuel Belgrano recibió a partidas de gauchos que le ofrecieron su apoyo. El jefe del regimiento, teniente coronel Sarno, aceptó la donación y realizó una ceremonia para recibir la reliquia con los honores del caso. La presencia de Gentiluomo, un oficial identificado con el peronismo y retirado durante la “Revolución Libertadora”, provocó la reacción del mayor Julio César Catani, Jefe del Destacamento de Exploradores Blindados, ubicado en el mismo cuartel de La Tablada. Al conocer los hechos, el comandante de la Xª Brigada, general Federico Von Stecher, aplicó una sanción disciplinaria al teniente coronel Sarno, la cual fue aumentada por el Comandante del Primer Cuerpo, general Pistarini. Informado de la situación, el general Onganía ordenó el relevo de Sarno como jefe del 3 de infantería y solicitó a la Subjefatura I (Personal) del Estado Mayor la lista de los candidatos a comandar el regimiento en 1966. Allí decidió que el principal candidato, el teniente coronel Horacio Ballester, se hiciera cargo inmediatamente (Ballester, 1996: 108).

El coronel Ballester prestaba servicios en la Subjefatura VI (Políticas) del Estado Mayor, bajo el mando del general Hure, quien, el 6 de octubre, le ordenó que se presentara ante el comandante de la Xª Brigada. En esa ocasión, el general Von Stecher le informó que, al día siguiente a las 8 horas, en una ceremonia privada, sería puesto al frente del RI3. El relevo, sin embargo, no había seguido los procedimientos normales: primero, el Comandante en Jefe debía elevar la propuesta al Secretario de Guerra (único autorizado para proponer un decreto de nombramiento), y sólo después de su aprobación, el nuevo jefe podía ocupar su destino. En este caso el Comandante en Jefe –siempre tan apegado a los reglamentos– pasó por alto al Secretario Ávalos. Según el relato del coronel Manuel Laprida, entonces jefe del Departamento IV de la Secretaría de Guerra, esa repartición se enteró de los sucesos por los diarios y que nunca obtuvieron una respuesta oficial.³³

El jueves 7 de octubre por la mañana, Von Stecher presidió la ceremonia de asunción del teniente coronel Ballester con la solitaria presencia de todos los jefes de unidad de la Xª Brigada, y con el rumor de que algunos oficiales del regimiento se negarían a concurrir a la formación. Esa misma mañana, el general Ávalos, ante la falta de información, decidió dirigirse al Ministerio de Defensa. Sus colaboradores intentaron disuadirlo pero Ávalos –indignado– fue al Ministerio de Defensa y desde allí a su domicilio, donde debieron concurrir Castro Sánchez y otros colaboradores para persuadirlo de que modificara su actitud. El Secretario les informó que concurriría a entrevistarse con el presidente Illia y el ministro Suárez para solicitarles su apoyo y exigir el retiro de Onganía. La respuesta no fue la que Ávalos esperaba. El gobierno no parecía dispuesto a deshacerse de Onganía. El sábado 10 de octubre, Ávalos presentó su renuncia y fueron vanos los intentos por lograr que reconsiderase la medida. Algunos días después Illia aceptó la renuncia de su Secretario de Guerra.

¿Por qué Onganía actuó de esta manera, pasando por sobre la autoridad de Ávalos? Potash (1994a: 220) considera que no se trató de un “desaire deliberado”, sino de un “desliz burocrático”. Parece improbable que alguien tan cuidadoso de los reglamentos pasara por alto normas habituales y previstas en la Ley de Ministerios. Todo el proceso, incluso el secreto con el que se manejó el relevo del teniente coronel Sarno, habilitan a pensar que se trató de una acción deliberada. ¿Qué se proponía Onganía? ¿Buscaba provocar el relevo de Ávalos con quien ya no mantenía una buena relación personal? ¿O se proponía generar un conflicto? A la luz de los sucesos posteriores, es posible que Onganía estuviera buscando un motivo, una excusa, para alejarse y romper su compromiso de defender la autoridad de un Presidente en quien ya no confiaba. Illia, por su parte, debería optar entre Onganía y su Secretario de Guerra. Si lo hacía por él, este aparecería fortalecido internamente; si lo hacía por Ávalos, tendría la excusa perfecta para alejarse como víctima de las maniobras y los ataques del gobierno radical.

Illia prefirió sacrificar a su leal Secretario de Guerra, acaso para evitar enfrentarse con Onganía y que su eventual salida provocara una crisis institucional en el Ejército.

Laguna del Desierto

El 28 de octubre de 1965 se encontraron en Mendoza los presidentes Arturo Illia y Eduardo Frei, quienes suscribieron una declaración conjunta, donde reiteraban su compromiso con la integración latinoamericana. Simultáneamente, carabineros chilenos ingresaban a territorio argentino en la región de Laguna del Desierto, entre los lagos San Martín y Viedma, provincia de Santa Cruz. A pesar de la queja de las autoridades argentinas, los carabineros enarbolaron su bandera en la estancia La Florida. Como respuesta, el 2 de noviembre, el Ejército dispuso el envío de 150 gendarmes a Río Gallegos, desde donde se movilizarían hasta la zona de difícil acceso. El 6 de noviembre, en un enfrentamiento entre gendarmes y carabineros, falleció un oficial chileno, tras lo cual las tropas trasandinas se retiraron de la zona. El incidente fue seguido por campañas nacionalistas de parte de la prensa de ambos países. Además, generó fuertes divergencias entre la Cancillería y el Ministerio de Defensa por un lado, y el Ejército por el otro, respecto de los medios para solucionar el conflicto. Para el gobierno se trataba de un incidente menor, y restó importancia a lo sucedido y centró todos sus esfuerzos en la solución diplomática del conflicto. El Ejército insistía en la ocupación efectiva de la zona con custodia armada. Sin embargo, un comunicado oficial del 4 de diciembre de 1965 informaba que tropas de Gendarmería cumplían en la zona “las medidas de vigilancia que le corresponden, conforme con las instrucciones que le imparte el Poder Ejecutivo, sin ningún propósito ni intención agresiva”. El 5 de diciembre, se anunció un sorpresivo acuerdo entre los gobiernos argentino y chileno, que decidía que la Comisión Mixta de Límites iniciara su XXIV período de sesiones en Balmaceda, localidad ubicada a 300 kilómetros al norte de Laguna del Desierto, con la presencia de los ministros de Defensa de ambos países.

Como había ocurrido durante la crisis dominicana, los incidentes de Laguna del Desierto evidenciaron un contraste entre la actitud conciliadora del presidente Illia y del canciller Zavala Ortíz, y la política exterior de los militares argentinos. El Poder Ejecutivo logró solucionar el conflicto por la vía diplomática, evitando la escalada belicista, pero esto motivó nuevas críticas de parte de sectores castrenses, que consideraban que no habían sido tenidos en cuenta en una decisión clave en materia de defensa de las fronteras nacionales (Smulovitz, 1993: 412).

Un inesperado final

Luego de aceptar la renuncia de Ávalos, el ministro Leopoldo Suárez se hizo cargo, interinamente, de la Secretaría de Guerra. El martes 13 de octubre se entrevistó con el coronel Manuel Laprida y le solicitó que confeccionara dos listas, una con los generales en actividad, y otra que incluyera a todos los generales retirados. También le pidió que, en esta última lista, marcara quiénes por ser considerados peronistas, colorados o por otras razones (edad, prestigio, etc.) no pudieran tenerse en cuenta. El resultado fue una lista de 271 generales retirados, de los cuales sólo 105 aparecían sin observaciones. El ministro Suárez tomó nota, pero pasaron dos semanas sin novedades respecto del reemplazante de Ignacio Ávalos.

Esta situación de indefinición se prolongó hasta comienzos de noviembre, lo que generó cierta inquietud en los cuadros porque se acercaba la época en la que se deciden los ascensos, retiros y nombramientos, y aún no había sido designado el nuevo Secretario de Guerra. El miércoles 3 de noviembre, el subsecretario Laprida se enteró, a través del general Lanusse, que Onganía estaba molesto por la demora en reemplazar a Ávalos. Al día siguiente, y con la autorización de Suárez y Castro Sánchez, concurrió al despacho de Onganía para conocer su opinión sobre el nombramiento del Secretario. Según sus recuerdos, se trató de una reunión informal, fuera del rígido protocolo de la relación entre un jefe y su subordinado. Onganía habría insistido en que consideraba que ya no sumaba; que la renuncia de Ávalos lo había deteriorado; y que estaba dispuesto a retirarse si se designaba a un general en actividad porque eran de menor jerarquía. Entre los retirados sólo aceptaba uno, su compañero de promoción, el general de brigada (R) Héctor A. Repetto. Si bien el gobierno no quería indisponerse con Onganía nombrando a alguien que no fuera de su agrado, tampoco quería subordinarse a sus deseos, designando a quien él quisiera. Esto habría significado aceptar el criterio de Onganía por el cual el Secretario de Guerra no era sino su representante ante el Poder Ejecutivo.

El sábado 6 de noviembre, Onganía, acompañado por el general Lanusse y el coronel Julio Hang, viajó hacia Lima, a la VIª Conferencia de Ejércitos Americanos. La designación del Secretario de Guerra se paralizó porque las autoridades políticas coincidieron en que no debía designarse un Secretario en ausencia de Onganía.

El domingo 14 de noviembre, Laprida recibió en Ezeiza al grupo de oficiales superiores que regresaba de Lima y, en esa circunstancia, Lanusse –que se había comprometido a convencer a Onganía de que no abandonara la comandancia– le informó que “a Onganía no le interesaba ni le importaba si el que nombran es un general en actividad o en retiro ni si es de Brigada o de División. Lo que no soporta es seguir sin decisión”. Esta información le fue ratificada la mañana siguiente por Lanusse a Laprida (Potash, 1994a: 223). En este punto parece acertada la interpretación de Eugenio Kvaternik (1990: 54-55), para quien lo manifestado por Lanusse tiene –por su ambigüedad– dos interpretaciones posibles: que había revisado su postura inicial y que aceptaba lo que el gobierno decidiera, o bien que habiendo decidido su retiro le daba igual que el nombramiento recayese en un general retirado o uno en actividad.

A partir de ese momento, la designación del Secretario de Guerra se transformó en una tarea prioritaria de Castro Sánchez y su equipo. Para ello se reunió con Suárez el jueves 18 por la mañana. Poco después el ministro se entrevistó con Manuel Laprida. Según este último, si el gobierno pretendía la continuidad de Onganía al frente del arma debía designar al general Héctor Repetto. Que éste se hubiera desempeñado en ese cargo en los últimos meses del gobierno de Guido lo hacía, según Suárez, inaceptable para el gobierno radical. Además, el ministro prefería designar a un general en actividad. Habría tenido cuatro candidatos: Manuel Soria, Alejandro Lanusse, Eduardo Castro Sánchez y Mario Aguilar Benítez (Laprida, s/f: 22). Poco después de esta conversación, Suárez y Onganía mantuvieron una reunión de dos horas (a solas), donde Onganía no habría puesto reparos a la posibilidad de nombrar a un general en actividad para ocupar la Secretaría vacante. Aparentemente, el candidato preferido del ministro era Alejandro Lanusse. Así se lo habría manifestado. Incluso pidió autorización para utilizar su nombre ante el Presidente. Ambos coincidieron que deberían consultar también a Onganía para evitar provocar una reacción adversa. Illia, sin embargo, rechazó inmediatamente la candidatura, recordando la supuesta “traición” de Lanusse al presidente Lonardi cuando era jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, escolta presidencial (Potash, 1994a: 224). Posteriormente acordaron ofrecerle el cargo al subsecretario Castro Sánchez, fiel al principio de no provocar demasiados cambios. Castro Sánchez conoció la novedad la tarde del viernes 19 de octubre, en casa de Suárez, y, antes de aceptar, pidió hablar con el Comandante en Jefe. Ese atardecer ambos tuvieron un breve encuentro en el despacho de Onganía, quien no habría puesto objeciones ni manifestado su intención de renunciar. Castro Sánchez, por su parte, le expresó que no quería ser motivo de conflicto y que estaba dispuesto a pedir el retiro para evitar la situación incómoda de un general de brigada con autoridad superior a la de un teniente general. Onganía sólo dijo una enigmática frase que Castro Sánchez siempre recordaría: “Usted acepta una grave responsabilidad”.³⁴

Esa misma noche se difundió oficialmente que Eduardo Rómulo Castro Sánchez juraría como Secretario de Guerra el lunes 22 por la mañana. El coronel Manuel Laprida lo acompañaría como Subsecretario. Para evitar susceptibilidades con Onganía, Castro Sánchez sacrificaría su brillante carrera y pediría su retiro. Aquel lunes, sin embargo, algo había cambiado. Cuando se acercaba la hora del juramento, el Secretario designado llamó al Comandante para invitarlo a concurrir juntos a casa de Gobierno, pero su ayudante de campo le informó que estaba ocupado. La misma respuesta se repitió poco después, por lo que Castro Sánchez se dirigió al despacho de Onganía. Lo halló reunido con cuatro o cinco generales, entre ellos Iavícoli y Shaw, y le manifestó que venía a invitarlo para ir a Casa de Gobierno. Sólo encontró una seca respuesta: “No tiene sentido. Acá está”, y un sobre que contenía su solicitud de retiro. Castro Sánchez le recordó que no era eso lo que habían conversado e intentó durante cinco minutos que cambiara de actitud. Su esfuerzo fue inútil. Con un tono que Castro Sánchez recordaría como “desagradable”, insistió que esa era su actitud y que no pensaba dar marcha atrás. Cuando el nuevo Secretario llegó a Casa de Gobierno con la novedad, el ministro Suárez no podía creerlo. La ceremonia demoró media hora mientras informaban de lo sucedido al presidente Illia, quien dio finalmente la orden de seguir con la ceremonia.

La novedad causó conmoción entre los generales que se encontraban reunidos en el Edificio Libertador para participar de la ceremonia de asunción de Castro Sánchez y Laprida. En medio del desconcierto, la mayoría de los oficiales superiores presentes consideró que se trataba de una decisión personal de Onganía. Tan sólo Eduardo Uriburu habría propuesto derrocar al gobierno recibiendo la dura réplica de algunos de sus colegas (Laprida, s/f: 30).

Poco después, en una entrevista publicada por Confirmado, Onganía afirmaba:

El Poder Ejecutivo ha procedido con una total falta de consideración hacia el Comandante en Jefe y ha desconocido principios básicos que hacen al orden y a la disciplina de una institución que se caracteriza por la rigidez de su organización. Con esta actitud, el Poder Ejecutivo ha vulnerado esos principios, al elevar, sin solución de continuidad, a un subordinado hacia un rango superior. El Poder Ejecutivo ha faltado a principios de ética que son esenciales en la institución (Confirmado, 25/11/1965, p. 10).

Los medios de comunicación se hicieron eco de esas declaraciones del ex Comandante en Jefe del Ejército. No sabemos por qué Onganía insistió, en público y en privado, en esta versión, pero resulta evidente que tal incompatibilidad no existía. De hecho, el de Secretario de Guerra (y antes el de Ministro de Guerra), era un cargo político que quedaba fuera de la estructura de mandos. Existen incluso importantes antecedentes a lo largo del siglo XX que demuestran que no existía una tradición en tal sentido.³⁵ A pesar de ello, la versión de Onganía dio pie a múltiples interpretaciones sobre la existencia de una suerte de conspiración o acción premeditada por parte del gobierno radical para deshacerse del “molesto” Comandante. Esta versión, que parece haber tomado vuelo gracias a cierta algarabía de algunos miembros del gobierno y del partido oficial que hacía casi dos años que pretendían relevar de la comandancia al severo general, no prueba que el retiro de Onganía fuera el resultado de una maniobra deliberada del Poder Ejecutivo.³⁶ El gobierno radical no tenía intención de desprenderse de Onganía, al menos hasta las elecciones de 1967. Si hubiera querido podría haberlo hecho durante la crisis que culminó con la renuncia de Ávalos. Incluso la elección de su reemplazante demuestra que no existió una política deliberada de crear una estructura paralela de mandos. La tradición y la jerarquía fueron la excusa elegida por quien ya hacía tiempo había decidido alejarse del cargo. Al menos eso le había expresado en agosto, en una conversación entre viejos amigos, al coronel Manuel Laprida.³⁷

La sucesión de Onganía

El retiro de Onganía dejó vacante el Comando en Jefe del Ejército. La elección de su reemplazante quedó en manos del nuevo Secretario de Guerra. El primero en la línea sucesoria era Carlos Jorge Rosas, embajador en Paraguay, cuyos problemas de salud luego de un accidente de tránsito lo dejaban fuera de carrera. El siguiente en el orden de mérito, Guillermo Salas Martínez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y amigo del general Rosas, fue descartado por incompatibilidad de caracteres con Castro Sánchez.³⁸ Su candidato era Carlos A. Caro, pero el Secretario no quería conmocionar al Ejército con un retiro masivo de generales de división y eligió al cuarto en el escalafón, Pascual Pistarini. Visto en perspectiva, aquel fue un grave error porque puso al frente del Ejército a un hombre dócil y no logró desanudar la trenza de caballería.³⁹ Pudo haber nombrado a un general probadamente leal como Caro. Eso hubiera significado eliminar siete generales de división pero, fiel al criterio aplicado hasta entonces, prefirió hacer el menor número posible de modificaciones en el Alto Mando.

El nuevo comandante en jefe, Pascual Ángel Pistarini Ludueña, era un cordobés de 50 años, emparentado con el general Juan Pistarini, ministro de Obras Públicas de Perón. Egresó del Colegio Militar en 1936, con el orden de mérito 30 de su promoción. Pasó sus primeros años en diferentes regimientos de caballería de Mendoza, Ciudadela y Campo de Mayo. Entre 1943 y 1948 estuvo destinado en la Escuela de Caballería, donde destacó en equitación hasta tal punto que fue uno de los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948. Entre 1949 y 1951 cursó la Escuela Superior de Guerra, y luego fue destinado a San Martín de los Andes como segundo jefe del regimiento 4 de caballería. Asumió el mando de esa unidad en octubre de 1953. Al estallar la “Revolución Libertadora”, según consta en su legajo, “se hace cargo de la unidad en ejecución de Plan CONINTES” y llega hasta Río Colorado. Tras la rendición de las tropas leales de la Sexta División, fue trasladado a Puerto Belgrano. Regresó a San Martín de los Andes el 13 de octubre y pocos días después fue trasladado al Cuartel Maestre General del Ejército como oficial de Estado Mayor. El general Lucero (1958: 178) lo menciona al enumerar a los oficiales detenidos en un barco tras el derrocamiento de Perón.⁴⁰ Por motivos jamás explicados, salvó su carrera y luego de pasar un tiempo en una dependencia burocrática, ascendió a coronel y fue destinado como Jefe de Estado Mayor de la IVª División de Caballería en Mercedes, Corrientes. Al ascender a general obtuvo el comando de la 4ª división de Caballería, donde lo encontró el golpe de Estado de marzo de 1962. Ese año sucedió a Onganía en el comando del Cuerpo de Caballería y, a partir de enero de 1963, se hizo cargo del poderoso Primer Cuerpo de Ejército, desde donde se transformó en uno de los más estrechos colaboradores del general Onganía.

La designación de Pistarini provocó una serie de cambios en los comandos más importantes del Ejército. Julio Alsogaray lo reemplazó al frente del Primer Cuerpo, en tanto su lugar en Gendarmería fue ocupado por Arturo V. Aguirre. El lugar de Salas Martínez, que pidió el retiro poco después, lo ocupó Cándido Hure, proveniente del Estado Mayor. El otro cambio importante fue el desplazamiento de Juan Iavícoli a la Jefatura de Estado Mayor. Su puesto como Comandante de Institutos Militares (y Jefe de Campo de Mayo) lo ocupó Adolfo Cándido López.⁴¹ Los citados Aguirre, Hure y López, junto a Carlos Guido Blanco fueron promovidos, poco después, al grado de general de división para cubrir las vacantes dejadas ese año por Rosas, Salas Martínez, Pistarini y Díaz de Vivar (que falleció el 28 de julio de 1965). De esta forma, en la nueva cúpula del Ejército se consolidaba el papel del arma de caballería que, además del Comandante en Jefe, contaba con cinco de los nueve generales de división.

El nuevo generalato se completó en diciembre con el ascenso de once coroneles, entre quienes se destacaban tres de los líderes del movimiento azul de septiembre de 1962, Alcides López Aufranc, Julio Eladio Aguirre y Manuel Laprida, todos oficiales de caballería. La lista la completaban los coroneles Carlos Alberto del Campo (ingeniero); Manuel Ceretti (caballería), Joaquín Aguilar Pinedo (artillería), Herberto A. Robinson (comunicaciones) y Miguel Ángel Montes, Juan Giró Tapper, José Tomás Caballero y Alberto Roccatagliata (infantería). Con estos ascensos y los habituales retiros de fin de año quedó conformada la nueva cúpula del Ejército para un año decisivo: 1966.⁴²

1. Arturo Illia era un hombre callado, concentrado, de convicciones muy firmes. Quienes lo conocieron afirman que era muy difícil de influir. Sus decisiones eran “inalterables”, lo que le ganaría la fama de tozudo. De formación ecléctica, sus lecturas eran muy variadas. Su libro de cabecera era el Quijote. También leía a Rilke, a la generación española del 98, e Historia, en particular sobre la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana y el New Deal.

2. El doctor Leopoldo Suárez Civit había nacido en Mendoza en 1914. Comenzó su militancia política en el “lencinismo”, para luego incorporarse al radicalismo alvearista. Se recibió de abogado en la Universidad de La Plata (1938), presidió el Comité Provincial del radicalismo entre 1946 y 1948. En 1955 integró la Junta Consultiva en la provincia de Mendoza, y fue candidato a gobernador por su partido en 1958. Su hermano Facundo fue designado Presidente de YPF.

3. Ignacio Ávalos (1908-1973) era oficial de artillería y pertenecía a la promoción 53 del Colegio Militar. Fue reincorporado al Ejército durante la presidencia de Lonardi y ascendido a general con retroactividad al 13 de febrero de 1952. Pasó a retiro obligatorio luego de la crisis de noviembre de 1956, cuando acompañó al Comandante en Jefe Francisco Zerdá en su planteo al ministro Arturo Osorio Arana.

4. Primera Plana, habitual vocero azul, afirma: “En su conjunto la integración del gabinete militar tuvo, finalmente, un sentido preciso: permitir que los tres comandantes en jefe siguieran siendo la expresión real de la autoridad militar. En efecto, ninguno de los secretarios aparece apoyado por sectores dentro de sus armas: se trata, más bien, de jefes que –en situación de retiro desde varios años atrás– no tiene ‘más fuerza’ propia para hacer respetar su autoridad que la que emana de la estructura legal en cuya cúspide están ubicados” (Primera Plana, 29/10/1963, p. 6).

5. Al iniciarse 1963 se disolvió, por razones operativas, el Cuerpo de Caballería y, posteriormente, se eliminó el Cuarto Cuerpo de Ejército que fue absorbido por el Tercer Cuerpo de Ejército.

6. El general Nicolás Cándido Hure nació en Coronel Bogado, Santa Fe, el 8 de septiembre de1915. Hijo de Pedro Hure y Magdalena Soljan, austriacos, de profesión agricultores. Egresó del Colegio Militar en 1938, en el orden número 5 de la promoción 64. Entre 1949 y 1951 cursó la Escuela Superior de Guerra. Falleció en Buenos Aires el 4 de julio de 1973, como consecuencia de una herida de bala en el tórax (Archivo del Ejército Argentino, Legajo nº 15.107).

7. En 1938, su superior escribía: “se perfila como sobresaliente oficial”; en 1954, Eduardo Señorans lo describió como “modesto, de fino trato y espíritu de camaradería”. Entre 1952 y 1954, estuvo destinado a la sección planes de la División Operaciones del Estado Mayor. En 1961 recibió una calificación anual de 100 puntos y se lo consideró como “el más sobresaliente de su grado” (Archivo del Ejército Argentino, Legajo nº 15.107).

8. Según un informe oficial del Ejército Argentino (1999: 6) la reforma de 1964 “Constituyó un intento de reestructuración, que se transformó en un plan para modernizar la organización de comienzos de siglo. Se concibió en términos de teatros de operaciones reducidos, con gran concentración de efectivos, tal como lo advertía la doctrina norteamericana de la posguerra”.

9. Para Eugenio Kvaternik (1990: 38), “el objeto era definir qué modelo de país se quería, al efecto de organizar al Ejército conforme a esto”. Sin embargo, Potash (1994a: 195) llama la atención sobre el hecho de “[que] el Estado Mayor General estuviera produciendo estudios detallados sobre problemas de desarrollo económico y social así también como de relaciones internacionales, parece haber tenido el efecto, buscado o no, de reforzar la autoimagen de los oficiales del Ejército y de convencerlos de que tenían la capacidad de resolver los problemas nacionales”.

10. Horacio Ballester (1996: 102) recuerda: “Cuando aparecimos nosotros por los ministerios preguntando por los planes que tuvieran para dentro de diez años, nos miraban con asombro. Pienso que más de un funcionario creyó que intentábamos una broma: por poco no sabían qué habían hecho la semana anterior, ni si seguirían ocupando su puesto en la siguiente, y nosotros íbamos a preguntar qué pensaban hacer en los próximos diez años”. Para Robert Potash (1994a: 194) “lo que resultaba un pedido natural de los planificadores militares si la reestructuración del Ejército iba a basarse en una evaluación de las necesidades nacionales, era considerado por el doctor Illia y sus compañeros de la administración civil como una intromisión injustificable en sus asuntos y un ejercicio de planeamiento para el futuro gobierno militar”.

11. Sobre las críticas de Rosas a la reestructuración véase Primera Plana, nº 113, 5/1/1965, pp. 6-8. Respondiendo a esas crítica, el coronel Ballester (1996: 101) afirma que: “hay dos detalles que muestran nuestra independencia de criterio: Estados Unidos trabajaba con Ejércitos y Divisiones; sólo excepcionalmente utilizaban Cuerpo de Ejército y Brigadas independientes; nuestra propuesta fue la inversa al uso estadounidense normal. En logística, un año antes, ellos adoptaron una organización funcional con dos grandes ramas: abastecimiento y mantenimiento: nosotros seguimos con la conceptual que traíamos desde el fondo de nuestra historia: arsenales, intendencia, sanidad, etcétera”.

12. Sobre la reestructuración del Ejército, Onganía respondió a un cuestionario del semanario Primera Plana: “El objetivo de la reestructuración del Ejército es hacer de él un instrumento potente, móvil y con la capacidad operacional que la guerra moderna reclama, procurando a la vez la máxima eficacia con el mínimo costo. [...] Mal pueden adjudicarse mezquinos intereses de armas o sectores. El corolario fue un objetivo a alcanzar dentro de diez años y la fijación de sucesivos tramos para su logro. Acabamos de dar el primer paso” (Primera Plana, nº113, 5/1/1965, pp. 8-9).

13. El regimiento 1 de caballería se trasladó desde Tandil a Villaguay (Entre Ríos); el regimiento 10 de caballería desde Campo de Mayo a Azul; y el regimiento2 de infantería se trasladó desde Palermo a Córdoba. El regimiento 9 de caballería se transformó en Escuadrón de Exploradores de Caballería Blindada 3; el regimiento 12 de caballería, de Santo Tomé, se convirtió en Escuadrón de Caballería Blindada 7; y el regimiento 3 de caballería de Gualegauychú en Escuadrón de Caballería Blindado 2; en tanto ese regimiento se recreó en Esquel. Se disolvieron los regimientos 11, 13, y 14 de caballería ubicados en Federación, Toay y Villaguay, respectivamente.

14. Esta Xª Brigada, formaba parte del Primer Cuerpo de Ejército. Tuvo su antecedente en la Brigada Caribe, creada a fines de 1962, e incluía a los regimientos 1, 3, 6 y 7 de infantería.

15. Copia de la orden secreta impartida por el Secretario de Guerra (Ávalos) que figura como anexo 2 de un documento de la Secretaría de Guerra titulado “Actividades y Acontecimientos”, en el que se detalla la cronología de lo ocurrido en el ámbito castrense el 12 de noviembre de 1964 (Archivo del general Manuel Laprida).

16. El doctor Ricardo Illia (2000: 153) insistía en que su hermano no deseaba estorbar la vuelta de Perón y no tuvo nada que ver con lo que ocurrió en Brasil.

17. “Military Uneasiness”, Telegrama (secreto) nº839 de la Embajada de los Estados Unidos, 18 de diciembre de 1964.

18. Según Rosas,dos civiles acompañaban a Rauch desde otra mesa. Por su parte, él había informado al general Aguirre y al mayor Donovan que almorzaría con Rauch. Tomado del descargo presentado por el general Rosas a las autoridades del Ejército (Legajo nº 15.119, Archivo del Ejército).

19. Texto del mensaje de Rosas redactado a las 0.30 horas del 19 de diciembre de 1964. El radiograma del SIE llegó a Rosario a las 22.23 hs., y Rosas lo recibió a las 0 hs. El mensaje, cifrado, se intentó transmitir (sin éxito) a Buenos Aires a las 2.05, 2.45; 3.10 y 3.30 hs. Finalmente, el mensaje llegó, vía Resistencia (Chaco), a las 6.16 hs. Nota del Servicio de Informaciones del Ejército SSE Rosario (secreta), del 21 de diciembre de 1964 (Legajo 15.119, Archivo del Ejército).

20. Rosas nunca tuvo una explicación oficial de las autoridades del Ejército. Sus pedidos de reconsideración fueron desestimados por los decretos 4628/65 y 474/66. Onganía lo acusaba de tener información sobre la autenticidad de la carta y no realizar la comunicación correspondiente. Según una respuesta del 9 de febrero de 1965, “omitió la inmediata comunicación del hecho a su comandante superior”. Rosas nunca dudó de que el Comandante en Jefe sabía de esa autenticidad a partir de un radiograma emitido a las 19 hs del viernes 18 (Legajo nº 15.119, Archivo del Ejército).

21. De la documentación existente se desprende que Rosas no conspiraba, y que cuando se reunió con Rauch éste todavía no había sido declarado prófugo. Además, la demora en informar a Buenos Aires se debió, en primer término, a problemas en los sistemas de comunicación del Ejército. En cuanto a la actitud de Onganía durante ese fin de semana, Rosas expresaba a las autoridades políticas de la institución: “[Onganía] tenía conocimiento desde la mañana del día 19 de diciembre de mi entrevista con el ex general Rauch no obstante lo cual en ningún momento con anterioridad a mi presentación espontánea ante el comandante en jefe [21 de diciembre] se me solicitó informe alguno” (Legajo nº 15.119, Archivo del Ejército).

22. Rogelio García Lupo escribía entonces: “El Pentágono no había querido correr el riesgo de que Rosas se convirtiera en un Comandante de Jefe enemigo a la reestructuración del Ejército. [...] Ahora la integración del Ejército argentino en la planificación del Pentágono continuará sin tropiezos. El relevo de Rosas devolvió la paz a los jefes de la misión norteamericana en Buenos Aires” (Planteo, nº3).

23. El 23 de diciembre de 1964, Rosas pasó a revistar en la Secretaría de Guerra hasta el 31 de marzo de 1965, cuando quedó en situación de disponibilidad. El 20 de septiembre de 1965 fue designado Embajador en Paraguay. Sin embargo, sufrió un accidente automovilístico que le provocó gravísimas heridas de las que nunca se recuperó completamente. El 26 de enero de 1966 pasó a la situación pasiva, y el 3 de agosto de 1966 solicitó el retiro voluntario (Legajo nº 15.119, Archivo del Ejército).

24. Los nuevos generales eran Eliodoro Sánchez Lahoz, Manuel González, Alberto Marini, Eduardo Juan Uriburu, Delfor Otero, Antonio Wyngaard, Otto Chasselón, Juan Carlos De Marchi, Mario Laprida, José Rafael Herrera, Federico Von Stecher, Jorge E. Cáceres Monié y Joaquín Correa.

25. La estrategia del gobierno consistía en integrar en forma gradual al peronismo. Su éxito dependía “de que los políticos peronistas locales aceptaran acceder a cargos electivos secundarios a cambio de renunciar al liderazgo personal de Perón” (Smulovitz, 1991: 296).

26. Para los resultados completos de esa elección en todos los distritos, véase Fayt (1971: 234-247).

27. El texto completo de la circular de Zavala Ortíz en Lanús (1984: 210).

28. Texto de la Resolución III de la Xª Reunión de Consulta de la OEA.

29. Según la interpretación de Archibaldo Lanús (1984: 212), “La idea que presidía la política del canciller Miguel A. Zavala Ortíz era internacionalizar la fuerza unilateral de los Estados Unidos y de este modo controlar el proceso de intervención. En realidad, ante el hecho consumado con que se enfrentó el gobierno argentino, se trataba de salvar las apariencias. Caso contrario se hubiera planteado la necesidad de tener que juzgar la conducta del Estado que había hecho uso unilateral de la fuerza”.

30. Mariano Grondona afirmaba: “La crisis sorprendió a la cancillería sin una idea clara de nuestro papel en América y el mundo” (“La misión argentina”, Primera Plana, nº 133, 26/5/1965). Al respecto véase, en esa misma edición, el artículo “El reino de las indecisiones” (pp. 8-9), y el dibujo de Flax que acompaña al artículo.

31. Como consecuencia de la crisis, el 3 de junio renunció el vicecanciller Ramón Vázquez. Se lo habría prometido a Onganía durante un almuerzo. Suárez y Zavala Ortíz, que también se habían comprometido a cambiar la decisión presidencial, se mantuvieron en sus cargos.

32. La reunión duró cinco horas y, según las versiones posteriores, se trataron dos temas básicos: el futuro del Ejército permanente de la OEA y los sueldos de las Fuerzas Armadas. Entretanto, por orden de Onganía, soldados del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada se entrenaban para una eventual intervención en Santo Domingo, ante la protesta de las madres de los conscriptos.

33. El general Manuel Laprida dejó un libro de memorias sin terminar, cuya introducción data, aproximadamente, del año 1967. Algunos fragmentos fueron publicados por Eugenio Kvaternik (1990). Tengo una copia del manuscrito inédito, algunas de cuyas hojas, incluso, están sin numerar. En adelante me referiré al mismo como Laprida (s/f).

34. La reconstrucción de los hechos fue realizada a partir de mi entrevista con Castro Sánchez, y de Laprida (s/f: 24-25).

35. Manuel Rodríguez (1932-1936) y Juan D. Perón (1944-1945) fueron ministros de Guerra con el grado de coronel; o bien los generales Solanas Pacheco y Fraga se desempeñaron como Secretarios de Guerra del presidente Frondizi a pesar de ser más modernos que el teniente general Carlos Toranzo Montero.

36. Esta interpretación, basada en la lectura de algunas revistas de la época, ha sido repetida por Rouquié (1982: 234-235) y por Smulovitz (1991: 341-342).

37. Eso se desprende del detallado relato que hace el general Manuel Laprida de una conversación privada que tuvo con Onganía, en su despacho en el Edificio Libertador, en agosto de 1966. Se trata de un documento mecanografiado, sin fecha, encontrado en el Archivo del general Manuel Laprida.

38. Entrevista al general Eduardo Castro Sánchez. Es coincidente con lo expresado por Laprida (s/f: 31).

39. “Pistarini fue un error. Yo estaba tan respetuoso en aquel momento de la figura de Onganía, que era el triunfador de los azules, y que había prometido volver a la fuerza a la profesionalidad. Que representaba profesionalidad, representaba un nuevo Ejército. [...] Yo no quería provocar otra conmoción barriendo a media docena o a diez generales” (Entrevista al general Eduardo Castro Sánchez).

40. También Rogelio García Lupo (1986: 92-93) se refiere a su detención. En 1965 circuló en medios periodísticos la versión (no corroborada por su legajo) de que habría estado internado en el Hospital Militar Central cuando estalló la Revolución.

41. El Jefe de Estado Mayor, general Jorge Shaw, fue enviado a Washington como jefe de la misión argentina ante la Junta Interamericana de Defensa (J.I.D.). Carlos A. Caro y Osiris Villegas se mantuvieron al frente del Segundo y Quinto Cuerpo de Ejército, respectivamente.

42. Pasaron a retiro Carlos Mosquera, Subjefe del Primer Cuerpo, el Director General de Ingenieros, Constantino Pasolli, y Manuel Iricibar, destinado en el Colegio Interamericano de Defensa. A ellos debe sumarse el Secretario de Guerra, Eduardo Castro Sánchez, quien había solicitado el retiro al ser designado en ese cargo.

Capítulo VII

La doctrina del enemigo interno

Foco guerrillero en Salta

El 4 de marzo de 1964, Gendarmería Nacional informó el descubrimiento de un foco guerrillero en el departamento de Orán, provincia de Salta, muy cerca de la frontera con Bolivia. Durante los meses de marzo y abril, las informaciones oficiales dieron cuenta de la detención o muerte de guerrilleros que pertenecían al Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), liderado por el periodista Jorge Massetti (“Comandante Segundo”). Este grupo, de tendencia castrista, se había instalado en la selva salteña a mediados de 1963 y contaba con la bendición del comandante Ernesto “Che” Guevara, algunos de cuyos colaboradores participaron de esta experiencia foquista. Los guerrilleros habían sido infiltrados por los servicios de inteligencia y fueron eliminados hacia mediados de abril (Rot, 2000).

El foco guerrillero salteño fue hábilmente utilizado por los organismos de propaganda del Ejército para reclamar una Ley de Seguridad, el endurecimiento de las penas para guerrilleros y mayor equipamiento para la lucha antiguerrillera. El mejor ejemplo es la entrevista al general Julio Alsogaray, comandante de Gendarmería, publicada por Primera Plana el 5 de mayo de 1964, bajo el título “Guerrilleros. Los problemas de la Seguridad Nacional”. Según sus propias palabras, cumplía con la tarea “de ilustrar a la opinión pública sobre los peligros que deben enfrentar las Fuerzas Armadas”. El Comandante de la Gendarmería, que buscaba instalar el tema en la opinión pública, era muy claro cuando expresaba que “hemos demostrado que existen guerrilleros en nuestro país” y que “el problema es grave”. De esta forma, una vez demostrado el peligro, reclamaba el rearme y el aumento de presupuesto y equipamiento para la Gendarmería. Este reclamo debe ser interpretado en el contexto de las negociaciones entre Argentina y los Estados Unidos de un Programa de Asistencia Militar (PAM) que debía proveer a las Fuerzas Armadas de elementos para la lucha antiguerrillera. Además, Alsogaray reclamaba una Ley de Seguridad Nacional “que sea un respaldo jurídico para actuar” y mayor severidad en las penas. La entrevista también muestra cómo las bases del discurso anticomunista ya estaban sólidamente instaladas en 1964. Allí, el general Alsogaray explicaba, detalladamente, el grado de desarrollo alcanzado por la doctrina contrarrevolucionaria en el Ejército argentino. Vale la pena citarlo extensamente:

En el Ejército hemos dividido teóricamente lo que se llama guerra revolucionaria en cinco etapas, que no deben producirse obligatoriamente en forma correlativa, pero pueden mezclarse en una u otra etapa. 1) Despliegue e infiltración de las personas que entran al país, es decir, la gente que viene al país adoctrinada, la que se despliega infiltrándose en las instituciones, en las universidades, en los centros industriales, en las esferas de gobierno, etc. Esta es la primera parte: Infiltración. Ya ha ocurrido en nuestro país. 2) Consolidación de los elementos y desarrollo de su actividad. Tomando contacto se organizan y desarrollan sus actividades. Suele ser acompañada esta etapa con sabotaje, terrorismo selectivo o sistemático, desórdenes callejeros populares, que también ha vivido nuestro país. 3) Intensificación de la violencia por el terrorismo y sabotaje. 4) Formación de bases donde hacer pie para arrastrar al país a la subversión. Y finalmente, la acción de las guerrillas. Teóricamente estamos en la tercera etapa, Pero las dos primeras que han ocurrido son el sustento ideológico y político de esta (Primera Plana, 5/5/1964).

También podemos rastrear comentarios que se repetirán años más tarde. Es el caso de la acusación contra “esas organizaciones raras con nombres muy importantes y humanos: ‘Defensa de los derechos humanos’ [...] que confunden a la opinión pública”. O las referencias a aquellos funcionarios que niegan la infiltración comunista que “es muy penetrante y vasta, puesto que ya tenemos muertos en la Argentina”. Alsogaray los calificaba como “idiotas útiles” que, por omisión, eran funcionales a la penetración comunista.

Las palabras de Alsogaray son un buen ejemplo de cómo el Ejército ha dejado de preocuparse únicamente por la defensa de las fronteras, y comienza a hacer pública la idea que el peligro también es interno y que el enemigo ya se ha instalado en el país. La doctrina del enemigo interno no era nueva, había llegado al país de la mano de un grupo de asesores militares franceses que se incorporaron a la Escuela Superior de Guerra en 1957.

La misión militar francesa en la Escuela de Guerra (1957-1961)

La théorie de la guerre révolutionnaire est évidemment séduisant pour notre armée. Elle offre á la fois une excuse, une justification et surtout un adversaire a la hauteur de son amour-propre .

Jean Pierre Prevost (1960 : 78)¹

Tras el derrocamiento del general Perón, al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de “desperonización”, el sector liberal del Ejército buscó reemplazar la Doctrina de Defensa Nacional vigente (López, 1987). En el marco de la sustitución de la doctrina de defensa se dio un mayor interés por nuevas formas de guerra, no tradicionales, surgidas en el marco de la Guerra Fría: la Guerra Nuclear o Atómica y la Guerra Revolucionaria. De esta manera se eclipsó, definitivamente, la influencia alemana sobre el Ejército argentino, que fue reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteamericana y francesa. En el caso norteamericano, se relaciona con el papel dominante logrado por su ejército después de la Segunda Guerra Mundial y, particularmente, por la incorporación en el plano doctrinario de la problemática vinculada a la guerra atómica o nuclear. Por su parte, la tradición militar francesa estrechó sus relaciones con el Ejército argentino, con el que ya estaba vinculado desde el gobierno de Perón, y se transformó en dominante durante el período 1957-1961.

La gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estudio de estas nuevas formas de guerra se inició en la Escuela Superior de Guerra, principal centro de formación teórica del Ejército y ámbito natural en el que mejor y más rápidamente se manifiestan estos cambios. La renovación temática, programática y pedagógica de la Escuela Superior de Guerra comenzó hacia 1957, y se reflejó, inmediatamente, en su principal órgano de difusión, la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Hasta entonces los artículos de esta publicación trimestral estaban dedicados, preferentemente, a la Historia Militar argentina del siglo XIX y a la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1957, los temas se diversificaron y se prestó mayor atención a las “nuevas formas de guerra”: la Atómica y la Revolucionaria. En este último caso, todas las fuentes consultadas señalan que el entonces coronel Carlos Jorge Rosas fue el verdadero inspirador de este giro hacia las doctrinas francesas sobre Guerra Revolucionaria.

Rosas había sido agregado militar en Francia y alumno de la Ecole Superieure de Guerre de París hasta 1955. En 1957 fue designado profesor de Táctica y Estrategia, y Subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Desde ese destino fue el responsable de la incorporación a la misma de una misión militar portadora de las nuevas doctrinas que estaba desarrollando el Ejército francés a la luz de su experiencia en las guerras coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962) (Mazzei, 2002: 108-111).

La misión militar que se incorporó a la Escuela Superior de Guerra en 1957 la integraban, originalmente, los tenientes coroneles François Pierre Badié y Patrice R. Jacobe de Nourois, a quienes se sumaron, posteriormente, los teniente coroneles Robert Louis Bentresque y Jean Nougués. Su labor de asesoramiento ha quedado reflejada en una serie de artículos y conferencias publicadas en la Revista de la Escuela Superior de Guerra, cuya lectura muestra apenas una parte de la labor de estos oficiales en la Argentina. Para comprender la dimensión real del predicamento que alcanzaron estos asesores entre los oficiales argentinos podemos citar a dos de ellos que pasaron en aquellos años por las aulas de la Escuela de Guerra. Según el general Ramón J. Camps:

el enfoque francés era más correcto que el norteamericano; aquel apuntaba a la concepción global y éste al hecho militar exclusiva o casi exclusivamente [...] El conflicto mundial en curso, para ellos, no era pues ideológico ni psicológico, ni frío, ni tibio ni caliente. Es la guerra en la cual cada adversario emplea todas las fuerzas disponibles, violentas y no violentas, para hacer ceder al otro beligerante, conquistarlo u obligarlo a renunciar a sus objetivos políticos (La Prensa, 4/1/1981, p. 2).

Otro discípulo de las doctrinas francesas, el general Acdel Vilas, primer jefe del “Operativo Independencia”, recordaba:

Reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia –y traducidos en la Argentina o en España– debido a oficiales de la OAS y al Ejército francés que luchó en Indochina y en Argelia. [...] En base a la experiencia recogida a través de estos clásicos del tema [...] comencé a impartir órdenes (Anderson y Crespo, 1986: 3).

* * *

Los primeros artículos de los asesores franceses fueron publicados en el último trimestre de 1957 y continuaron, ininterrumpidamente, durante 1958. En todos los casos se referían a experiencias recientes del Ejército francés. Así, por ejemplo, el teniente coronel Nourois inició su colaboración con un artículo sobre la división mecanizada ligera francesa, en tanto el teniente coronel Badié realizaba un análisis de la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Este texto no tenía, aparentemente, relación directa con el conflicto Este/Oeste y la Guerra Fría. Sin embargo, el estudio de esa particular Guerra Subversiva que fue la Resistencia Francesa le servía a Badié como excusa para estudiar el caso concreto de una de las formas que esta adopta, la guerra de guerrillas. Y si bien el tema corresponde a un pasado reciente, abunda en la descripción de tácticas guerrilleras con un objetivo didáctico concreto: sacarle el mayor provecho a estas, ya que sólo “conociéndolas bien, sabremos adaptarnos a ella” (Badié, 1957). Los siguientes artículos de Badié se relacionaban con el accionar de los paracaidistas franceses en Port Said, durante la toma del canal de Suez, en noviembre de 1956. Su primera referencia directa a la situación argelina ocurrió con una conferencia sobre protección de fronteras, tema particularmente sensible para los franceses quienes –en esos mismos años– habían establecido alambrados electrificados para impedir el ingreso de rebeldes a Argelia desde Túnez y Marruecos (Badié, 1957c). En el siguiente número, Badié también desarrolló un aspecto considerado central en toda Guerra Revolucionaria: la Guerra Psicológica, que (según los teóricos franceses) se libra en la conciencia de la población (Badié, 1957d).

En el caso del teniente coronel Patrice de Nourois, las alusiones a la Guerra Revolucionaria o Subversiva son directas y permanentes, particularmente en su estudio sobre la estrategia revolucionaria del Viet Minh, analizada a través de textos del general Giap, o el reglamento del Ejército vietnamita, y referencias a la aplicación de la doctrina revolucionaria de Lenin y Mao (Nourois, 1958a). Sus otros artículos, en la misma línea, avanzaban en el estudio de la “guerra subversiva”, a la que consideraba “la guerra del futuro” para la cual los militares educados en la guerra clásica no estaban preparados.

Hacia 1960, los teniente coroneles Robert Louis Bentresque y Jean Nougués tomaron la posta de Badié y de Nourois. Bentresque publicó sólo dos artículos en la Revista de la Escuela Superior de Guerra, ambos por demás significativos. En el primero desarrollaba un método de análisis de la guerra subversiva que le permitía establecer las bases de una resolución y de determinar la línea a seguir en una situación donde se aplican la totalidad de los aspectos de la guerra de carácter global, diferente del que se sigue en la guerra clásica o en la atómica (Bentresque, 1959). El otro artículo, un exhaustivo estudio sobre el enfrentamiento entre fuerzas “pro-occidentales” y “pro-comunistas” en Laos, pretendía mostrar cómo se desarrollaba la lucha en una de “las numerosas batallas de la Guerra Revolucionaria” (Bentresque, 1960).

La Revista de la Escuela Superior de Guerra publicó dos artículos del coronel Jean Nougués, el primero de los cuales es el único en el que se hace una referencia a la metodología represiva utilizada por los franceses en Argelia y desarrolla la idea de ubicar a la Guerra Revolucionaria en el contexto de la Guerra Fría, a la que caracteriza de “ideológica” y “global” (Nougues, 1960).² En el segundo artículo, de 1962, que marca el fin de la presencia militar francesa en la Escuela Superior de Guerra, Nougués desarrollaba –a manera de balance– los logros del Ejército argentino en materia de Guerra Contrarrevolucionaria y aportaba información muy valiosa sobre los avances realizados en esa materia por la Escuela Superior de Guerra y, especialmente, por el Estado Mayor del Ejército argentino, así como las primeras experiencias realizadas en este tipo de guerra en Argentina.

La misión militar francesa contó con el apoyo de un grupo de oficiales argentinos que habían realizado cursos de capacitación en distintos centros de Francia, en particular en la Ecole Superieure de Guerre de París, donde se formaba la elite de aquel Ejército.Esta institución tenía como objetivos seleccionar y adiestrar a un grupo reducido de oficiales que se destinarían a los Estados Mayores. A ese grupo se sumaban representantes de países aliados, incluyendo la Argentina. A su regreso al país, la mayoría de los oficiales se desempeñaron en la dirección de la ESG. Es el caso de Carlos Rosas, subdirector en 1957 y 1958, o bien de los teniente coroneles Pedro Tibiletti y Cándido Hure, director y subdirector de la ESG, en 1960. Otros graduados en Francia fueron el teniente coronel Manrique Miguel Mom, quien cumplió una influyente labor docente en la ESG, que se reflejó en un par de artículos sobre Guerra Revolucionaria, y el teniente coronel Alcides López Aufranc, quien recuerda así la particular experiencia de su paso por la Ecole Superieure de París:

Al producirse en Argel los acontecimientos del 13 de mayo de 1958, que precipitaron la ascensión del Gral. De Gaulle, los alumnos franceses de la 71ª promoción de la ESG fueron enviados al África del Norte a fin de reforzar los estados mayores, integrando una nueva división creada para dirigir la acción psicológica. [...] Los alumnos extranjeros fuimos autorizados a incorporarnos durante dos semanas a los efectivos del Teatro de Operaciones, visitando desde el Puesto de Comando del Comandante en Jefe hasta los pueblitos con auto-defensa musulmana, incluyendo las barreras electrificadas en las fronteras de Túnez y Marruecos (López Aufranc, 1959: 611).³

* * *

El Ejército argentino nunca utilizó la terminología norteamericana sobre “contrainsurgencia”. Por el contrario, prevalecieron las categorías “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la subversión”, utilizadas por el Ejército francés. Ambas expresiones reflejaban, en su origen, conflictos de naturaleza diferente que –con el tiempo– se tornaron sinónimos. Al respecto, un texto oficial del Ejército francés de 1956 definía la Guerra Subversiva en estos términos:

Guerra dirigida dentro del territorio dependiente de una autoridad de derecho o de hecho, considerada como enemiga por una parte de los habitantes de dicho territorio, apoyada y reforzada o no desde el exterior, con el objeto de arrebatar a dicha autoridad el control sobre ese territorio o por lo menos paralizar su acción en el mismo (Grand d’Esnon, 1960: 340).⁴

En esta definición, amplia, podrían incluirse “la guerra de la independencia norteamericana, [...] vuestra propia guerra de la Independencia y la Resistencia Francesa contra las fuerzas de ocupación” (Grand d’Esnon, 1960: 339).⁵ Por el contrario, la Guerra Revolucionaria era

En su sentido más literal, [...] una operación emprendida no sólo para cambiar un grupo de dirigentes y la orientación política de un gobierno, sino también, y sobre todo, para derribar el orden social preexistente, con el objeto de instaurar otro sistema construido sobre bases distintas. [...] Por supuesto, esta definición se aplica especialmente a las acciones que, dirigidas desde Moscú o Pekín, tienen por finalidad extender el régimen comunista, con todos los trastornos que éste supone para las organizaciones ya establecidas y para las relaciones sociales (López Aufranc, 1959: 614).⁶

De estas definiciones se infiere que –en su origen– todas las guerras revolucionarias eran subversivas, pero que no todas las guerras subversivas eran revolucionarias. No obstante, la lectura atenta de algunos textos publicados por la Revista de la Escuela Superior de Guerra muestra un uso indistinto de ambas categorías. Según el teniente coronel López Aufranc (1959: 612-613), la utilización de ambos términos como sinónimos “es un error común que debe evitarse”, puesto que “en su finalidad son totalmente distintas”. En su opinión, la confusión se produce porque “la Guerra Revolucionaria utiliza las formas y los procedimientos de la Guerra Subversiva”, por ejemplo la guerrilla⁷ Al respecto, el teniente coronel Henri Grand d’Esnon (1960: 341) explica esta confusión en que “el argumento subversivo es casi imprescindible para el cumplimiento del fin revolucionario”, y que “las guerras subversivas tienen cada vez más una tendencia a perseguir fines revolucionarios”. Esto se debe a que “los estudios marxistas sobre la guerra subversiva, al profundizar el análisis completo de este fenómeno, han renovado completamente su concepción mientras modernizaban sus procedimientos [...] y no hay acción subversiva que no se encuentre profundamente caracterizada por el aporte marxista”.

El origen de esta confusión es más profundo y debemos buscarlo entre los paracaidistas franceses, veteranos de los campos de prisioneros del Viet Minh, para quienes el conflicto argelino era la continuidad de aquella guerra revolucionaria y formaba parte de una guerra a escala planetaria. La dura experiencia en Indochina había transformado a los restos del contingente derrotado en Dien Bien Phu en verdaderos expertos en Guerra Revolucionaria. Para ellos, detrás de cualquier enemigo estaba (siempre) el comunismo. Uno de estos veteranos, el capitán Jacques Mercier, sostenía que el extremo nacionalismo del Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) no era real, sino una creación artificial de largo aliento “de los teóricos marxistas” que seguía el siguiente proceso:

1. Fabricar artificialmente si es necesario, un nacionalismo reivindicativo.

2. Poner a la potencia colonial en papel de acusado.

3. Asegurar el triunfo del movimiento nacionalista por el despojo de la potencia capitalista, si es necesario por la insurrección armada.

4. Un tiempo después del reconocimiento de la independencia provocar una crisis económica y social asegurando el éxito del partido comunista local y permitiendo la sovietización.⁸

Los argumentos del capitán Mercier se trasladaron al Ejército argentino, donde muchos oficiales adoptaron como propio el discurso de estos teóricos franceses. Uno de ellos, el teniente coronel Mom, publicó, a su regreso de París, un verdadero manual de Guerra Revolucionaria, que permite apreciar cómo se había generalizado este concepto. El propio Manrique Mom reconoce que el suyo no es un texto original, sino una “traducción y adaptación de conceptos y/o párrafos y/o textos completos” de la Revista de Información Militar (principal órgano de difusión del Ejército francés), conferencias, escritos de Mao Tse-Tung y apuntes de clase. Imbuido de una mística de cruzado, propia de sus pares franceses, incluía (por primera vez para un oficial argentino) a todas las guerras o conflictos actuales (grandes o pequeños) entre las Guerras Revolucionarias:

El conflicto actualmente en desarrollo en todo el mundo “libre” no es sino una guerra, REVOLUCIONARIA, concebida, preparada y conducida por el marxismo-leninismo con vistas a la conquista del poder total en el Mundo (Manrique Mom, 1959: 489, resaltados en el original).

De esta forma, todos los conflictos no eran sino uno solo, una Guerra Revolucionaria conducida por el “marxismo-leninismo” contra el “mundo libre”, cuyo objetivo final era la conquista del mundo. En esta misma línea teórica, el teniente coronel Tomás Sánchez de Bustamante desarrolló históricamente las tácticas y estrategias de la Guerra Revolucionaria, reafirmando la idea de una sola guerra a escala planetaria, “un choque entre dos civilizaciones” –el Occidente cristiano y el Oriente ateo–, donde uno de los bandos (el “rojo”) pretende “la implantación paulatina del comunismo en el mundo” (Sánchez de Bustamante, 1960: 602-603).

De estos textos se deduce que ya poco interesaba si, en su origen, las guerras se proponían la independencia o la descolonización, ni que –según los textos oficiales– todas las guerras de liberación fueran subversivas y tan sólo algunas revolucionarias. En la práctica, para los teóricos franceses (y sus discípulos argentinos), si todos los conflictos del mundo forman parte de una misma y única Guerra Revolucionaria a escala planetaria por la conquista del mundo, todas las Guerras Subversivas son, al mismo tiempo, Revolucionarias y, por ende, ambos términos se convierten en sinónimos. Del mismo modo, para enfrentar a este tipo de guerra se utilizan, indistintamente, las categorías “lucha contra la subversión” o “guerra contrarrevolucionaria”. En Argentina, se ha utilizado –preferentemente– el adjetivo “revolucionaria” al referirse a este tipo de guerra, mientras que para las técnicas utilizadas para enfrentarla se ha preferido la tristemente célebre frase “lucha contra la subversión”.

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Es como si la población fuera el agua y el ejército el pez. ¿Cómo no podría sobrevivir el pez si se sumerge en el agua? Pero si el agua se retira o se agota, entonces el pez no escapa a la muerte.

Mao Tse-Tung

Los asesores militares franceses otorgaban en sus textos una atención especial a las ideas de Mao Tse-Tung, “maestro de la teoría y de la práctica de la Guerra Revolucionaria” (Manrique Mom, 1959: 491). Tanto ellos como sus discípulos locales destacaron particularmente una de las máximas de Mao: “La población es para la subversión lo que el agua para el pez”, a partir de la cual elaboraron toda su teoría de Guerra Contrarrevolucionaria.⁹ En términos militares, la población se transformó en “el terreno”, en “el campo de batalla” y las fronteras que separaban a los adversarios ya no eran geográficas, sino ideológicas.¹⁰ Los límites entre uno y otro bando pasaban por “el seno de la nación, de una misma ciudad y, a veces, de una misma familia” (Trinquier, 1980: 158). Interpretaban que la población no era el fin, sino el medio, y que su conquista era una etapa indispensable en toda Guerra Revolucionaria. De lo anterior se desprende un dato esencial para entender la lucha contrarrevolucionaria: toda diferencia entre beligerantes y población civil desaparece. La población, en su totalidad, se transforma en sospechosa, en enemigo potencial, prefigurándose así el concepto de “enemigo interno” que se extenderá luego a toda actividad opositora. Para uno de los más notorios teóricos de la Guerra Contrarrevolucionaria, el coronel Roger Trinquier (1963: 43):

El ejército, cuya responsabilidad es dar batalla, debe recibir una colaboración ilimitada, sin reservas, incondicional del pueblo que defiende. Con este apoyo, el ejército sabrá dónde y cuándo atacar. Cuando conozca la existencia de un individuo que, en cualquier orden de cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que considerarlo traidor y deberá tratarlo como tal.

La generalización de la idea de que el enemigo puede estar escondido entre la población divide en forma maniquea a toda la sociedad, transformando a todo opositor no sólo en un aliado potencial del comunismo, sino en “subversivo”.¹¹ Según esta interpretación, en toda Guerra Revolucionaria el enemigo se oculta y se mimetiza en medio de la población con el apoyo de la misma. Por ello, en la lucha contrarrevolucionaria la clave reside en la forma de obtener información (renseignement) para conocer la estructura organizativa del enemigo. Según quienes elaboraron esta doctrina, los interrogatorios son el principal instrumento para obtener información y debe recurrirse a cualquier método para conseguirla, incluyendo la tortura de simples sospechosos. De esta forma, la tortura fue aceptada como una práctica normal y cotidiana por los militares franceses y las tropas en Argelia. No obstante, sus responsables no utilizaron esa palabra, sino que recurrieron a eufemismos tales como “métodos de acción clandestina y contrarrevolucionaria”.¹²

Las prácticas utilizadas para conseguir información originaron acusaciones sobre la “guerra de exterminio” que practicaban los franceses en Argelia. A ello se refería, con orgullo, el teniente coronel Jean Nougués (1960: 174) cuando afirmaba:

El Ejército Francés no merece este exceso de honor, ni esta indignidad. Las operaciones que se desarrollan victoriosamente en Argelia son otra cosa muy distinta a la de una represión ciega. Nuestras fuerzas, frente a una agresión revolucionaria, se ven impelidas a una guerra contrarrevolucionaria que, lejos de empañar su honor, representará sin duda una de sus más bellas acciones de gloria.

Nougués aludía de esta forma a la polémica desatada en Francia por la revelación de las prácticas represivas realizadas por la policía primero, y luego por los paracaidistas.¹³ Esas denuncias sobre el uso sistemático de la tortura (ya practicadas en Madagascar, en 1947, y en Indochina) provocaron una larga polémica en el seno del propio Ejército francés. En febrero de 1957, el general Jacques Paris de la Bolladiere, Comandante del Atlas Blediene, entró en conflicto con su superior, el general Jacques Massu (jefe de los paracaidistas durante la batalla de Argel), por haberse rehusado a aplicar las directivas sobre la “acentuación del esfuerzo policial”.

Muchos otros oficiales no tuvieron esos escrúpulos. La tortura ya utilizada, aunque no sistemáticamente, en Indochina, con sus estructuras, sus ejecutores y sus reglas de funcionamiento, se transformó –según la expresión de Pierre Vidal Naquet– en una verdadera “institución de Estado”. Incluso, en ciertas escuelas de formación de cuadros, se enseñaba la tortura, aunque según las instrucciones debían ejecutarse de forma “limpia”, es decir sin sadismo y sin dejar marcas visibles. Sus apologistas se fundaban en el principio temible e inverificable de la eficacia inmediata, según la cual el sufrimiento de los torturados podría prevenir atentados y salvar la vida de miles de inocentes. En Argelia, de la mano de oficiales como Trinquier, la tortura devino práctica cotidiana y funcionó en todas partes con técnicas similares a las que se aplicarían dos décadas después en Argentina: los golpes, la suspensión de cuerpos, las quemaduras con cigarrillos o soplete y, sobre todo, los suplicios de la electricidad o de la bañadera (baignoire).¹⁴ También, y al igual que en el caso argentino, se desarrolló una modalidad clandestina que incluyó la desaparición de miles de personas, muchas de ellas muertas durante la tortura y arrojadas al mar.

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La importancia que se otorga a la información en la Guerra Contrarrevolucionaria conduce, en primer lugar, a que el estado de sospecha se extienda a toda la sociedad. Además, la “inteligencia militar” tradicional ya no parecía suficiente y se necesitaban servicios de informaciones más amplios y complejos. En Argentina, por ejemplo, se multiplicaron y superpusieron los servicios de “informaciones” en todos los cuarteles y unidades, y decenas de oficiales y suboficiales argentinos realizaron cursos de capacitación en temas relacionados con “informaciones” e “inteligencia”.

Al ampliarse la llamada “comunidad informativa”, también adquirió un desarrollo particular el área de la acción o guerra psicológica. Decía Clausewitz que uno de los objetivos de la Guerra es la conquista del territorio enemigo. En la Guerra Revolucionaria el territorio es la población, por lo que el campo de batalla son las “mentes” y “el espíritu de los hombres” (Sánchez de Bustamante, 1960: 602). Por lo tanto, la conquista o la neutralización de la población civil fue un objetivo prioritario para los teóricos de la Guerra Contrarrevolucionaria, y aumentó la importancia que se otorgó a las técnicas de acción psicológicas que devinieron un arma central para este tipo de guerra, tan importante como los blindados o la artillería en la guerra clásica. Tal es así que los franceses en Argelia crearon un departamento dedicado exclusivamente a las operaciones psicológicas, el 5eme Bureau.

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En 1962, el ciclo de la misión francesa en la ESG se cerró con un artículo del coronel Jean Nougués en el que realizaba un balance de lo actuado a partir de 1957 en el campo del estudio de la Guerra Revolucionaria. Allí reconocía al Ejército argentino “una importante obra teórica y práctica, que solamente tiene que ser ampliada” (Nougués, 1962: 32). En ese sentido, desde la Inspección General de Instrucción del Ejército se había iniciado, en 1959, la llamada “Operación Hierro”, cuyo objetivo era preparar un ciclo de conferencias que debían dictarse en todas las unidades y organismos del Ejército sobre temas que iban desde el imperialismo ruso a lo largo de su historia, hasta los crímenes del estalinismo (Ballester, 1996: 67). Al mismo tiempo, con el impulso del jefe de Operaciones del Estado Mayor, coronel Carlos Rosas, se desarrolló la Operación “Hierro Forjado”, y se elaboraron unos “Puntos de Vista- Conducción de la Guerra Revolucionaria” que sirvieron de instrumento previo para la redacción de un verdadero Reglamento para la Lucha contra la Subversión. Estos “Puntos de Vista” permitieron planificar una serie de ejercicios sobre Guerra Revolucionaria basados en un proyecto de Reglamento de Guerra Contrarrevolucionaria elaborado por el Estado Mayor General. Otra manifestación del compromiso del Ejército argentino con la difusión de estas doctrinas fue la organización, en octubre de 1961, del Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, que contó con la presencia de oficiales de catorce países del continente.¹⁵

El Ejército argentino también había desarrollado durante esos años una organización territorial basada en el cuadriculado (quadrillage) o compartimentación del terreno similar al que lo habían aplicado las tropas francesas en Argelia. De esta forma, todo el país quedó dividido en áreas, zonas y subzonas, formando una red que se extendía sobre todo el territorio, basado en el concepto que la población es el terreno a conquistar y defender. La primera aplicación concreta de este esquema territorial y del nuevo rol del Ejército como guardián del orden interno fue el Plan CONINTES de 1960. No obstante, en este caso, el propio Nougués reconoce que en la Argentina no había condiciones “favorables al desarrollo de la subversión” comunista. Por eso, en una operación similar a la practicada por los militares franceses con los nacionalistas argelinos, alertaba sobre la posibilidad de que el peronismo se transformara en la punta de lanza del marxismo.¹⁶ En palabras de Nougués (1962: 31-32):

En la Argentina, el grupo social más receptivo a las teorías marxistas se limita a unos intelectuales [...] pero cuyo reducido número no debe hacer subestimar su importancia por ser susceptibles de constituir los cuadros de la revolución. Después de alistar a las masas bajo una bandera nacional, pueden, más o menos progresivamente, desviar el movimiento hacia el castrismo, la democracia popular y el comunismo [...] En resumen, un nacionalismo más o menos socialista y profidelista puede ofrecer un “caballo de Troya” a la penetración comunista en la Argentina.

Los militares argentinos, por su parte, comenzaron a elaborar su propia literatura sobre Guerra Revolucionaria y lucha antisubversiva. Los trabajos de Miguel Manrique Mom y Tomás Sánchez de Bustamante para la Revista de la Escuela Superior de Guerra fueron profundizados por el coronel Osiris Guillermo Villegas, quien se transformó, a partir de su libro Guerra Revolucionaria Comunista (1962), en el principal teórico local sobre el tema.

La misión militar francesa en Buenos Aires no sólo colaboró en la internalización del concepto de “enemigo interno” y el sobredimensionamiento de la comunidad informativa, sino que también influyó en el aumento de los niveles de autonomía militar que condujo, irremediablemente, a la inversión del principio de subordinación militar al poder civil, y a la militarización de la sociedad. Al respecto, el coronel Grand d’Ésnon (1960: 352) justificaba:

Cuando el grado de inseguridad es muy grande, los demás representantes de la autoridad han sido por lo general obligados a replegarse y los militares quedan solos para mantener el contacto con la población; en este caso, hasta en los pequeños escalones todas la funciones administrativas incumben al ejército y es normal entonces que la unidad de mando quede asegurada en su favor. [...] Pero, sea cual fuere la organización adoptada, la unidad de acción en los terrenos militar, administrativo, político, policial y económico ha de ser considerada como una regla esencial.¹⁷

Si bien estas ideas fueron incorporadas por el grueso del Ejército argentino a lo largo de la década de 1960, algunos oficiales criticaron la adopción en bloque la doctrina francesa, sin eliminar factores negativos y de magnitud. Así, el teniente coronel retirado Mario Orsolini escribía en 1964:

Se pretende ubicar a la Argentina a través de la perspectiva de un mundo previamente dividido en bloques ideológicos antagónicos, en lugar de procederse a la inversa, esto es, contemplar al mundo a través y desde la perspectiva argentina. El primer enfoque nos define como ant icomunistas antes que como argentinos; el segundo en argentinos antes que anticomunistas (Orsolini, 1964: 48).

La incorporación de la doctrina francesa, sin eliminar de los textos los factores cuestionables o negativos para la Argentina, transfirió al Ejército una preocupación desusada por los problemas de las autoridades civiles, que lo llevaron a elaborar un cuadro irreal respecto de la posición de la población que terminó por suponerse verdadero. La Teoría para la Guerra Contrarrevolucionaria estaba en vías de reemplazar a la hipótesis de guerra entre Argentina y sus vecinos. Se trataba de una hipótesis “factible y realista” encuadrada en el marco de la Guerra Fría y la división del mundo en bloques antagónicos. Sin embargo, su aplicación generó efectos contrarios a los esperados, que, en algún aspecto, son similares a los ocurridos con el Ejército francés, puesto que:

frustraba las esperanzas de brindar un nuevo contenido a la vocación y actividades profesionales y, lo que adquiriría mayor gravedad aún, impulsaba incesantemente a los cuadros a desbordar el cauce específicamente profesional enriqueciendo el repertorio de argumentos del golpismo crónico (Orsolini, 1964: 46).

Con tono profético, Orsolini reflexionaba sobre la aplicación de estas teorías que – con la ideología como causa– conducían

a la guerra santa, con los caracteres de ferocidad que le son peculiares; sin dar ni conocer cuartel; sin reconocer al adversario el carácter de beligerante. Insensiblemente desarrolla en todas las jerarquías del Ejército la tendencia a compartir las ideas de los políticos más extremistas, a imitar los procedimientos del terrorismo adversario y considerar como enemigo a todo aquel que alce su voz contra ese estado de demencia colectiva, negándose a secundar planes que considera erróneos. El odio pasa a convertirse en el principal impulsor de la propia acción y el miedo, en su fundamento recóndito. [...] Con el ejército ideológico como instrumento de la guerra revolucionaria, la cordura es imposible, la sensatez cobardía, la prudencia pecado. Junto con la Teoría se importan los odios y la desconfianza hacia la población. [...] El Ejército se convierte así en herramienta de intereses de sector [...] en promotor de cambios revolucionarios de la estructura económico-social que trastornan, sin ventaja, el orden establecido, provocando el advenimiento del DICTADOR (Orsolini, 1964: 52-53).

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El fin de la influencia directa de Ejército francés sobre el argentino se produjo en 1962, al tiempo que aumentaba el ascendiente del Ejército norteamericano. Entre las situaciones que confluyeron para provocar este “cambio de guardia” encontramos, en primer lugar, la profunda crisis que afectaba al Ejército francés y que culminó con el llamado “putsch de los generales”. Ese ejército, derrotado en Indochina, empantanado en la guerra de Argelia, había perdido todo criterio de jerarquía, subordinación y autoridad. Además, casi al mismo tiempo, Cuba se declaraba socialista, John F. Kennedy lanzaba su “Alianza para el Progreso” y el Ejército norteamericano modificaba su política hacia sus pares latinoamericanos con la creación del Colegio Interamericano de Defensa, la convocatoria a Conferencias de Ejércitos Americanos y, fundamentalmente, del crecimiento exponencial del número de oficiales latinoamericanos entrenados en bases militares de los Estados Unidos y el Canal de Panamá.

Como balance de la presencia de la misión militar en Buenos Aires entre 1957 y 1962, es posible afirmar que puso las bases teóricas, metodológicas, e incluso semánticas, que guiaron el accionar represivo del Ejército argentino durante la década de 1970. Aportaron una visión que justificaba la práctica de la tortura, enseñaron la ideología de la Guerra Contrarrevolucionaria, proporcionaron la bibliografía justificatoria y ayudaron a redefinir al “enemigo”. Durante ese lustro, el Ejército argentino desarrolló toda su estructura de lucha “antisubversiva”, y se sentaron las bases para la elaboración e internalización de la Doctrina del Enemigo Interno.

La influencia del Pentágono

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los militares norteamericanos desarrollaron una concepción estratégica global basada en la noción de una guerra total. Sin embargo, el creciente poderío nuclear de la Unión Soviética provocó la progresiva transformación de la estrategia militar de los Estados Unidos. A mediados de la década de 1950, durante la presidencia del general Dwight Eisenhower, se incorporaron los conceptos de estrategia indirecta y guerra limitada, que afectaron las relaciones militares entre los Estados Unidos y América Latina. De esta forma, la problemática de la solidaridad continental frente a un ataque extracontinental, en la que se basaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), quedó completamente desactualizada. La nueva doctrina militar de los Estados Unidos hacia el continente se interesaba por la “seguridad interna” de los países de la región frente a la amenaza de la llamada “subversión comunista”, y fue aplicada por primera vez en Guatemala, con el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz, en 1954.

La victoria de la Revolución Cubana (y su posterior alineamiento con la Unión Soviética) determinó el definitivo viraje en la estrategia militar norteamericana en el continente (López, 1987: 41-50). En 1961, el presidente Kennedy reorientó, por completo, la política castrense de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, asignándoles a las fuerzas armadas de los países de la región la misión de guardianas del orden interno. De esta forma, reconocía la escasa probabilidad de un ataque sobre un Estado americano por parte de una potencia extracontinental. En consecuencia, se hacía innecesario que los países latinoamericanos sostuvieran grandes fuerzas militares convencionales. La política de ayuda militar se proyectó con el objetivo de limitar las compras de armamentos a aquellos artículos que mejorasen la seguridad interior a un costo que no obstaculizara su desarrollo económico. Por otra parte, la amenaza que representaba la expansión de la Revolución Cubana aumentó la preocupación norteamericana por la “seguridad continental”, llevó a afianzar la asistencia y la cooperación militar, privilegiando el entrenamiento de oficiales latinoamericanos en técnicas contrainsurgentes. En palabras del Secretario de Defensa Robert McNamara (1969: 41): “La ausencia de una considerable amenaza externa a nuestro hemisferio nos ha ayudado también a concentrar las energías de las naciones del Tratado de Río en los problemas ampliamente compartido de la insurrección armada”.

Por otra parte, el presidente John F. Kennedy anunció, el 14 de marzo de 1961, su proyecto de “Alianza para el Progreso” (Alliance for Progress), un ambicioso programa que preveía el aporte de 20.000 millones de dólares en inversiones públicas y privadas en América Latina, durante toda la década de 1960. Sus objetivos más generales eran eliminar el hambre, suministrar educación para todos y elevar el nivel de vida de la población para lograr el crecimiento autosostenido de los países de la región. Según Edwin Lieuwen (1965: 7-8), Kennedy ponía énfasis sobre el progreso democrático, convencido de que la transformación social debía ser fruto de la evolución pacífica antes que de la revolución violenta, y que la libertad política podría por sí misma derribar las barreras sociales que habían frenado el cambio y las reformas. El programa se proponía “eliminar la tiranía”, puesto que “el proceso democrático era condición sine qua non de la revolución social por medios evolutivos” (Lieuwen, 1965: 164).

La política de Kennedy significaba el apoyo a gobiernos democráticos y el rechazo del enfoque pragmático de la administración Eisenhower, que no distinguía entre gobiernos democráticos y dictatoriales. Estos últimos eran aceptados con la condición de que fueran anticomunistas y demostraran una actitud amistosa hacia los Estados Unidos, ya que constituían una defensa contra la “amenaza” comunista. Sin embargo, la débil actitud del presidente norteamericano ante los golpes militares en Argentina y Perú (en 1962) abrió una brecha en su política exterior. En 1963 y 1964 se produjeron una serie de golpes de Estado, justificados en acusaciones de infiltración comunista y desgobierno, que terminaron con el reconocimiento de Estados Unidos a cambio de vagas promesas de celebrar elecciones en un período “razonable”. Se rompió así el delicado equilibrio entre la defensa de la democracia en América Latina y la lucha anticomunista. Estos golpes de Estado ocurridos en Latinoamérica significaron una derrota de los postulados de la “Alianza para el Progreso” y un resurgimiento del militarismo. Esta política se profundizó durante la administración de Lyndon B. Johnson (1963-1969), que priorizó la contrainsurgencia a la reforma social. De esta forma, el nuevo Presidente adhería a la “Doctrina Mann”, que significaba tolerar regímenes militares, o no democráticos, en nombre del anticomunismo.¹⁸ Tal es así que, a mediados de aquella década, un analista liberal kennediano se preguntaba: “¿no estamos asociándonos con un número cada vez mayor de gobiernos contrarrevolucionarios de América Latina?”; y se respondía decepcionado: “Movidos por el pánico, cooperamos con cualquier fuerza que promueva la grita del castrocomunismo, y así empezamos a comprometernos en una política de asociación exclusiva con movimientos contrarrevolucionarios” (Lieuwen, 1965: 208).

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En 1951, el Congreso de los Estados Unidos sancionó la Ley de Seguridad Mutua (Mutual Security Act) con el objetivo de

mantener la seguridad y promover la política exterior de los Estados Unidos autorizando la ayuda militar, económica y técnica a los países amigos, reforzar la seguridad mutua e individual y la defensa colectiva del mundo libre, desarrollar sus recursos en interés de su seguridad y de los intereses nacionales de los Estados Unidos y facilitar la participación eficaz de aquellos países en el sistema de las Naciones Unidas para la seguridad.¹⁹

Esta ley significó un cambio en la política exterior militar de los Estados Unidos, fue una herramienta básica para organizar la asistencia norteamericana en el Tercer Mundo, y tuvo como instrumento principal a los Programas de Asistencia Militar (en adelante PAM). Estos últimos eran acuerdos o pactos bilaterales, suscritos a partir de 1952, mediante los cuales se les suministraría a los países firmantes equipos militares, que recibirían con el compromiso de participar en misiones de defensa del Hemisferio Occidental, facilitar la producción de materiales estratégicos requeridos por los Estados Unidos y limitar sus relaciones comerciales con los países socialistas (Veneroni, 1971: 59-60).²⁰

Las inversiones prometidas por el presidente Kennedy en la “Alianza para el Progreso” se canalizaron a través de la Foreign Assistance Act de 1961, que regulaba las normas de asistencia económica y militar. En el plano castrense, la Foreign Assistance Act establecía préstamos y subsidios. Los préstamos incluían el financiamiento de créditos provistos por el ExIm Bank con garantía del Departamento de Defensa; los subsidios, por su parte, comprendían la transferencia de artículos de defensa, el servicio de instrucción y entrenamiento para militares, y la entrega de equipamiento bélico, suministros y servicios adquiridos con fondos asignados por el PAM. En el caso de la entrega de armamento y equipos bélicos, se trataba de material de rezago en calidad de préstamo o donación, otorgado con la condición de que fuera utilizado de acuerdo con el destino que fijaba la nueva ley de asistencia exterior de los Estados Unidos.²¹ A partir de la redefinición de la función de los ejércitos latinoamericanos, en 1961, el armamento y los equipos suministrados estaban destinados al resguardo de la seguridad interna que les había asignado la doctrina militar norteamericana.²² El objetivo era crear y consolidar la dependencia de los países latinoamericanos para generarles la necesidad de adquirir repuestos, accesorios, municiones, reposiciones y nuevos modelos. Esto se completaba con las sanciones previstas en la Enmienda Conte-Long contra los países que se orientaran hacia proveedores de armamentos no estadounidenses.

En el marco de la Mutual Security Act y de la Foreign Assitance Act, Estados Unidos invirtió cerca de 38.000 millones de dólares en asistencia económica a los países latinoamericanos entre 1946 y 1999. De ese monto, 4.386,2 millones corresponden a asistencia militar otorgados en calidad de préstamos (831,6 millones) y subsidios (3.554,6 millones). En ese mismo lapso, Argentina recibió 275,2 millones de dólares (6,27% del total), 177,6 millones corresponden a préstamos provistos a través del ExIm Bank, garantizados a través del Departamento de Defensa, y 97,6 en conceptos de subsidios. La mayor parte de estos fondos (265,3 millones) corresponden al período 1961-1977.²³

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En 1963, Argentina inició las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para firmar el Programa de Asistencia Militar (PAM). Los militares argentinos pretendían modificar la legislación para que la garantía de ayuda pudiera ser otorgada sin un acuerdo bilateral. El embajador Robert McClintock recomendó entonces eliminar cualquier referencia a “pacto bilateral” que pudiera hacer aparecer a los militares argentinos como dependientes de sus pares norteamericanos.²⁴ Finalmente, el 10 de mayo de 1964 el canciller Zavala Ortíz y el embajador Edwin Martin firmaron el pacto militar que denominaron “memorándum de entendimiento”. Argentina fue el último país latinoamericano que firmó un PAM con los Estados Unidos.

El “memorándum de entendimiento” tenía un preámbulo y tres artículos. Según el texto del acuerdo, ambas partes se comprometían a suministrar elementos y servicios de defensa compatibles con la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). La asistencia militar se utilizaría para satisfacer los requerimientos basados en las resoluciones I y II de la reunión de Consulta de Punta del Este, que establecían “la incompatibilidad del comunismo con el sistema interamericano”.²⁵ Para la utilización y custodia de los elementos bélicos, se seguían los criterios establecidos en la sección 506 de la Foreign Assitance Act, lo que implicaba, en la práctica, el control de los mismos por parte de personal (militar) norteamericano. Estos gozarían del “uso de instalaciones y servicios razonables, incluso lugar para oficina, servicios de custodia y medios adecuados de transporte automotor necesarios para permitirle desempeñar sus funciones”.

La firma del PAM con los Estados Unidos provocó reacciones en el Parlamento. Varios legisladores pidieron la interpelación de los ministros Suárez y Zavala Ortíz. Suárez concurrió a la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde explicó que el convenio no era secreto, que no significaba ninguna contraprestación por parte de la Argentina, ni un aumento en el presupuesto otorgado a las Fuerzas Armadas. En julio de 1964, el ministro de Defensa y el subsecretario Castro Sánchez viajaron a los Estados Unidos. La misión Castro Sánchez se proponía obtener materiales blindados y de artillería indispensables para completar las dos brigadas que el Ejército preveía organizar en los siguientes cuatro años. Finalmente, la Administración Johnson acordó suministrar tanques, artillería y equipos de comunicaciones, aunque los primeros materiales (tanques M-41 fuera de servicio en los Estados Unidos) sólo llegaron a Buenos Aires el 10 de junio de 1966. Las entregas se interrumpieron poco después por el golpe de Estado de junio de 1966. La Marina tampoco parecía conforme con el monto y las características de la ayuda militar, que no satisfacía las necesidades del arma. En una nota al almirante Moorer, comandante de la Flota del Atlántico, el almirante Benigno Varela expresaba la decisión de no participar del Operativo Unitas. Según Varela:

Hace cinco meses que nuestros submarinos se encuentran ausentes del país, y por lo tanto no podemos operar con esos medios. Esta circunstancia no hubiera ocurrido si el tercer submarino que deseamos adquirir en Estados Unidos hubiera sido autorizado en la fecha prevista por nuestra Armada, cuando quedó coordinado el envío de los dos que actualmente se están reparando en San Francisco (citado en Confirmado nº48, 19/5/1966, p. 19).

Meses antes, en septiembre de 1965, el embajador Edwin Martin informaba a sus superiores que el PAM era considerado un fracaso en la Argentina:

Puedo decir que este es, de todos, el peor de los programas administrados por Washington con el que debemos llegar a un trato. O el Pentágono toma el PAM seriamente como una contribución importante a la política exterior, y no algo por hacerse en caso de que los militares tengan algún tiempo o equipamiento para proporcionar al programa, o, de lo contrario, mejor lo abandonamos.²⁶

El fracaso en la implementación del PAM llevaría a los militares argentinos, en los años siguientes, a buscar fuera de los Estados Unidos fuentes alternativas de abastecimiento. Allí debemos rastrear el origen del “Plan Europa”.

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El Programa de Asistencia Militar también incluía lo que la administración Kennedy llamó “acción cívica” (civic action). Esta se proponía, desde la perspectiva norteamericana, que las fuerzas armadas se presentaran ante los sectores potencialmente revolucionarios de la población como interesadas en “hacer algo” para paliar las injusticias sociales. Pretendía, de esta forma, que los militares reconquistaran el respeto del pueblo y lo ganaran para su causa. Según un informe del Senado de los Estados Unidos: “la teoría es que si la acción cívica tiene éxito, entonces en tiempo de insurgencia el pueblo estará resuelto a cooperar con los soldados antes que con los guerrilleros como lo hizo en Cuba”.²⁷ Para Robert McNamara,

los planes de acción cívica demuestran a la población nativa que su gobierno y fuerzas armadas están empeñadas y hacen algo por el bienestar del ciudadano medio, de lo que resulta una creciente confianza, tanto hacia el gobierno como hacia las fuerzas armadas, que disminuye la vulnerabilidad de la población nativa hacia las lisonjas y amenazas de los agentes comunistas (citado en Veneroni, 1971: 33).²⁸

También se instalaron misiones militares permanentes en los países latinoamericanos, cuya finalidad, además de técnica (asistir en el manejo de los materiales adquiridos), era política, puesto que “las autoridades norteamericanas confiaban en que a través de ellas podrían incidir sobre los cuadros medios de las instituciones armadas de la región” (López, 1987: 60). Al respecto, Edwin Lieuwen (1960: 269) afirmaba que “públicamente admitido o no, el principal objetivo de los EE.UU. ha sido mantener a América Latina amistosa y cooperativa. La ayuda militar y la planificación para la defensa común son los medios para alcanzar ese objetivo, en la esperanza de que la retribución por la ayuda se haga en forma de apoyo político”.

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La política de seguridad de los Estados Unidos en América Latina que reemplazaba la defensa hemisférica por la seguridad interna tuvo como correlato privilegiar el desarrollo de tácticas contrainsurgentes para prevenir el surgimiento de otras Cubas en el continente. Desde entonces, uno de los aspectos más importantes de los programas de asistencia militar fue la educación y entrenamiento de personal militar latinoamericano en bases militares norteamericanas. Robert McNamara lo expresó claramente en la siguiente declaración ante el Congreso de su país, en 1963:

Probablemente el mayor rendimiento en nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas clave en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar. Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por sus países para convertirse en instructores cuando regresen a ellos. Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de pericia y la impartirán a sus Fuerzas Armadas. No es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el disponer en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de esos hombres (citado en Duhalde, 1999: 223).

De esta forma, más allá de los objetivos militares, se apostaba a generar apoyo de oficiales de graduación intermedia que pudieran ocupar posiciones destacadas en sus respectivas instituciones en el futuro. Un militar argentino recuerda:

De cualquier forma, los norteamericanos no se preocupaban demasiado si aprendíamos o no [...] pero su finalidad principal era indudablemente “vendernos” su American way of life; buscaban convertirnos en amigos y admiradores de ese gran país, por el resto de nuestras vidas (Ballester, 1996: 76).

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Entre 1950 y 1998, los Estados Unidos entrenaron, según datos oficiales, casi 600.000 militares de todo el mundo, de los cuales casi 125.000 corresponden a países de América Latina y el Caribe. Estas cifras, sin embargo, no se distribuyen en forma regular a lo largo de todo el período, puesto que el personal militar entrenado por cuenta del Pentágono aumentó significativamente a partir de la administración Kennedy. Los vaivenes de esta política exterior militar norteamericana se reflejan en los fondos destinados a subsidios para educación y entrenamiento de militares latinoamericanos que, entre 1953 y 1999, alcanzaron los 373,9 millones de dólares.²⁹ Los montos de esos subsidios no fueron distribuidos en forma proporcional al tamaño de las fuerzas armadas del continente. Argentina, por ejemplo, recibió solo 17 millones de dólares (4,54 % del total), y el poderoso Brasil 18,3 millones. Ambos países tenían, hacia 1965, fuerzas armadas que superaban holgadamente los 100.000 hombres.³⁰ En tanto fuerzas armadas más pequeñas, como las de Perú, Venezuela, o Chile, recibieron subsidios similares, o incluso superiores. La desproporción es mayor aún si tomamos en cuenta los subsidios otorgados a los pequeños países de Centroamérica y el Caribe, cuyas fuerzas que no superaban, en ningún caso, los 10.000 hombres. El monto de los subsidios, por lo tanto, no guarda relación con el tamaño de las fuerzas armadas, sino con la cantidad de militares y miembros de fuerzas de seguridad que pasaron por diversos programas de entrenamiento en bases norteamericanas.

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Casi la mitad de los 125.000 militares latinoamericanos entrenados por cuenta del Pentágono en la segunda mitad del siglo XX pasaron por bases ubicadas en el canal de Panamá. Allí se encontraban el Jungle Warfare Training Center , creado en 1953 en Fort Sherman y la U.S. School of the Americas. Esta última fue creada en 1946, en Fort Amador (canal de Panamá), con el nombre de Latin American Training Center -Ground Division. En 1949 fue renominada U.S. Army Caribbean School (USARCARIB) y transferida a Fort Gulick, también en el Canal de Panamá. En esa primera época gran parte de los alumnos eran norteamericanos, y los cursos se dictaban en inglés y en español. Recién en 1956 se eliminaron todos los cursos en inglés, y el español quedó como único idioma académico. A partir de ese momento, se redujo el número de estudiantes norteamericanos, al tiempo que los latinoamericanos se convirtieron en mayoría. En julio de 1963 recibió la tristemente célebre denominación U.S.Army School of the Americas. Ya entonces, ante la expansión de la Revolución Cubana y la redefinición doctrinaria del Ejército de los Estados Unidos, la Escuela había iniciado una profunda transformación en sus objetivos, que se centraron en apoyar el esfuerzo de la lucha contrainsurgente.

A comienzos de la década de 1960, la Escuela de las Américas estaba organizada en dos grandes departamentos: el de Seguridad Interna y el Técnico, cada uno presidido por un director responsable ante el Comandante de la Escuela. El primero incluía cursos de Contrainsurgencia, Infantería, Guerra en la Jungla, Comando y Estado Mayor, Inteligencia Militar y Policía Militar. La duración de los cursos iba desde las dos semanas del curso de “Orientación en Contrainsurgencia” hasta las cuarenta semanas de curso de “Comando y Estado Mayor”. Según un folleto publicado en 1964, desde comienzos de esa década se modificaron todos los cursos “en apoyo de los esfuerzos en contrainsurgencia. No sólo los cursos que incluyen el término contrainsurgencia en el título, sino que cada curso tiene definidas aplicaciones en el campo de la contrainsurgencia”.

En reconocimiento del crecimiento de “la amenaza comunista en América Latina”, los cursos, que estaban cada vez más directamente relacionados con capacidades de la defensa interna, se agruparon en un mismo departamento. Además, la Escuela de las Américas proveía instrucción en cada uno de los aspectos de las operaciones contrainsurgentes, “sean militares, paramilitares, políticas, sociológicas o psicológicas”. De acuerdo con la doctrina vigente el esfuerzo contrainsurgente se completaba con la “acción cívica” destinada a remover las causas de la insurgencia. El departamento “Técnico”, por su parte, incluía cursos sobre Comunicaciones, Ingenieros, Abastecimiento y Mantenimiento, los cuales tenían aplicación “en proyectos de acción cívica que pueden ser llevados adelante por los ejércitos latinoamericanos para remover las causas de la insurgencia”.

Durante la década de 1960 ya se utilizaban manuales en inglés y español que propiciaban la tortura, las ejecuciones y la extorsión como técnicas para combatir la guerrilla. El mayor Joseph Blair, del Ejército de los Estados Unidos, recuerda: “Enseñábamos cómo realizar arrestos falsos, técnicas de interrogatorios totalmente inhumanas, métodos para extorsionar con eficacia y para cometer toda clase de abusos físicos”.³¹ Incluso existe un testimonio de un ex alumno del curso de “Inteligencia Militar para suboficiales (E-16)” donde reconoce que los propios estudiantes eran torturados como parte de su entrenamiento en Fort Gulick (Duhalde, 1999: 228).

Entre 1946 y 1996 pasaron por la Escuela de las Américas más de 60.000 militares latinoamericanos y estadounidenses, de los cuales sólo el 1% eran argentinos. El listado oficial de argentinos que pasaron por la Escuela de las Américas en el período 1949-1996 contiene 598 nombres. En base a esos datos, la presencia de militares argentinos en la Escuela de las Américas puede dividirse en tres momentos. Durante el primero (1949-1960), sólo egresaron 10 oficiales. La segunda etapa se inició en 1961, con el replanteo de la política militar de los Estados Unidos hacia América Latina, y finalizó con el embargo y las sanciones militares aplicadas a la Argentina por la Administración Carter en 1977, e incluye 533 cursantes. Por último, en 1988, el personal argentino retornó a la Escuela de las Américas iniciando la tercera etapa que se prolongó hasta su cierre en el año 2000.³²

El primer contingente argentino llegó a Fort Amador en 1949. Lo integraban seis tenientes del Ejército, de las armas de ingenieros y comunicaciones.³³ En esa época, la Escuela todavía impartía cursos sobre cuestiones técnicas. En 1956, luego del derrocamiento de Perón y en el contexto de una reorientación doctrinaria del Ejército argentino, llegó a la US Army Caribbean School, ya instalada en Fort Gulick, el segundo contingente de militares argentinos. Habría que esperar hasta 1961 para ver un crecimiento exponencial en el número de oficiales que viajaron a Panamá, y cuya presencia fue permanente hasta 1977. Algunos años en particular (1964, 1971 y 1972) registran contingentes más numerosos. Ello se debe a que esas cifras incluyen grupos que viajaron en cursos de instrucción, o por invitación especial del Southern Command. En 1964, por ejemplo, un batallón de infantería, integrado por 86 hombres, realizó un curso de 6 semanas en Fort Gulick. En 1971, año del centenario del Colegio Militar, viajaron 206 cadetes a la Escuela de las Américas, acompañados por 12 oficiales, encabezados por el Vicedirector, coronel Roberto Eduardo Viola.³⁴ Finalmente, en 1972, 45 subtenientes realizaron un “curso de orientación” en Panamá.

Estas cifras incluyen a los instructores, muchos de ellos ex alumnos de la Escuela. Todos estos son casos especiales y excepcionales. Si del total de argentinos que pasaron por la Escuela de las Américas elimináramos a los instructores, los grupos que realizaron viajes “de instrucción” y al personal civil, y tomáramos en cuenta, solamente, a quienes realizan cursos específicos, comprobaríamos que en el período 1946-1996 pasaron por allí 219 miembros de fuerzas militares y de seguridad argentinos que realizaron 236 cursos. La mayoría era personal del Ejército, aunque también se incluye un alto número de gendarmes.

Durante la etapa más activa (entre 1961 y 1977) se destacan los cursos vinculados a la Guerra Revolucionaria y la Contrainsurgencia. En los primeros años del período (1961-1964), la mayor parte del personal que viajó a Fort Gulick eran oficiales jefes (capitanes, mayores y teniente coroneles) que realizaban cursos de diez semanas, en Inteligencia Militar, Contrarrevolución y Operaciones Contrainsurgentes. En 1967, después de varios años en los que predominó el entrenamiento en cuestiones técnicas vinculadas a las armas de ingenieros o comunicaciones, oficiales de Gendarmería pasaron el entrenamiento de tres semanas sobre Operaciones en la Jungla, en Fort Sherman. A fines de esa década algunos militares argentinos completaron cursos de Guerra Irregular al mismo tiempo que aumentó la cantidad de suboficiales adiestrados en Inteligencia Militar, Guerra Urbana, Contrainsurgencia Urbana e Interrogatorio en Inteligencia Militar. En síntesis, de los 180 cursos realizados en ese período, 103 se vinculan con técnicas para la guerra contrainsurgente o antisubversiva.

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Más allá de la repercusión pública del entrenamiento en la Escuela de las Américas, los cursos más importantes y prestigiosos se realizaban en el territorio continental de los Estados Unidos. Desde fines de la década de 1950, al menos un oficial argentino viajaba hasta allí para perfeccionarse en las distintas escuelas de armas y servicios. Incluso la “Revolución Libertadora” dictó un reglamento para Oficiales de Estado Mayor que seleccionaba a quienes estudiarían en el exterior según un riguroso orden de mérito de egreso de la Escuela Superior de Guerra. El número de estudiantes en el exterior se multiplicó a partir de 1961 y alcanzó su máximo en 1963 y 1964. A diferencia de la Escuela de las Américas, los cursos en las escuelas de armas y servicios eran en inglés, tenían duración variable entre seis meses y un año y, en algunos casos, preveían la incorporación posterior a unidades del Ejército de los Estados Unidos. También incluían clases secretas, en especial sobre temas nucleares, vedadas a los estudiantes extranjeros, cada uno de los cuales tenía un compañero de curso como sponsor, encargado de ayudarlos a solucionar problemas personales. Con respecto al nivel de las clases, Horacio Ballester (1996: 79-80) recuerda:

los cursos eran de un nivel pedagógico que no dudo en calificar de perfecto, muy por encima de la real capacidad que demostraban poseer los profesores. Mi impresión era que había un equipo de trabajo de elevadísima calidad que era el encargado de preparar en detalle el desarrollo de las clases; los profesores eran simples repetidores de conceptos redactados por otros. En Fort Lee nos dieron copias anticipadas de algunas de las clases que íbamos a recibir [...] Cuando alguna circunstancia fortuita apartaba a los profesores de los textos preparados, se veían con claridad sus verdaderos niveles intelectuales. Pienso también que los temas comunes para todas las armas y servicios eran preparados en forma centralizada a un nivel muy superior al de los Fuertes donde estudiábamos.

A los efectos de la enseñanza del tipo de guerra contrainsurgente, uno de los destinos más requerido era la Special Warfare School, en Fort Bragg, donde se realizaban cursos en Operaciones de Contrainsurgencia, Guerra Revolucionaria, Contraguerrilla, Guerra No Convencional e Informaciones Psicológicas. En algunos casos el adiestramiento se completaba con el paso por la Escuela de Informaciones de Fort Holabird (Maryland). Pero, sin duda, el destino más prestigioso era la Escuela de Comando y Estado Mayor, en Fort Leavenworth (Kansas), considerado la cumbre de la educación militar norteamericana. Por allí pasaron, entre otros, los futuros generales Antonio Domingo Bussi, Luciano Jáuregui y Federico Mourglier. Otro destino anhelado era el exclusivo Colegio Interamericano de Defensa, ubicado en el Fort Lesley J. McNair (Washington D.C.), que funcionaba bajo el control y con el financiamiento de la OEA y de la Junta Interamericana de Defensa. El Colegio Interamericano, inaugurado en octubre de 1962, ofrecía un programa de once meses de estudios superiores enfocado sobre temas relacionados a los sistemas gubernamentales, el entorno internacional y la estructura y el funcionamiento del Sistema Interamericano, del que participaban oficiales superiores de las distintas fuerzas armadas (con el grado de coronel o equivalentes).

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Existieron otras formas de cooperación o intercambio fomentadas por el Pentágono. Una de ellas eran los viajes grupales, que se hicieron muy comunes a partir de 1961. A partir de entonces, decenas de militares argentinos recorrieron bases del Ejército norteamericano realizando seminarios, giras de operaciones o visitas a institutos militares de Estados Unidos o el Canal de Panamá. En 1961 y 1962, el Departamento del Ejército de los Estados Unidos invitó a directores y estudiantes del último curso de la Escuela Superior de Guerra. En 1963 y 1964, setenta alumnos de la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior Técnica y del Centro de Instrucción de Inteligencia recorrieron durante 23 días bases militares de Estados Unidos y el Canal de Panamá.

La mayor actividad se produjo en 1964, año en que Argentina y los Estados Unidos firmaron el PAM. Ese año pasaron por Panamá una sección completa del regimiento 10 de caballería y un batallón del Centro de Instrucción de Infantería. A partir de 1964, algunas las máximas autoridades del Ejército argentino también realizaron visitas de orientación de cuatro semanas en Administración de Personal, Inteligencia, Ingenieros, Logística, Tropas Aerotransportadas, Comunicaciones y áreas Territorial e Investigación y Planeamiento.

La asistencia norteamericana no se limitó al entrenamiento de personal militar o visitas “de orientación”. El Pentágono también organizó conferencias que reunían a los jefes de las distintas Fuerzas Armadas del continente. Estas conferencias, de las que sólo participaba personal militar en actividad, fortalecieron la autonomía militar respecto del poder civil y fueron indiferentes de los golpes de Estado que se sucedieron en la región a partir de 1962. Al respecto, Ernesto López (1987: 71) afirma que:

si bien no es posible sostener que las Conferencias de Ejércitos Americanos hayan funcionado como usinas golpistas, sí, en cambio, jugaron un papel legitimador del avance de los militares sobre el poder político y sobre el control del aparato del Estado.

De las Conferencias de Ejército Americanos (CEA), para los argentinos, la más conocida (aunque no la más importante) fue la que se realizó en la Escuela Militar de West Point, en agosto de 1964. Allí el Comandante en Jefe del Ejército, general Onganía, pronunció un discurso muy famoso y muy poco leído, que habitualmente se conoce como “Doctrina West Point”.

Onganía en West Point

En 1959, como parte de la relación entre los Estados Unidos y los ejércitos americanos, el Pentágono comenzó a organizar conferencias que reunían a los jefes de las distintas fuerzas armadas del continente.³⁵ Los representantes de los ejércitos se reunieron por primera vez en agosto de 1960, y Argentina fue uno de los 17 miembros fundadores de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA). Las cuatro primeras conferencias se realizaron en Fort Amador, canal de Panamá. La Quinta Conferencia, prevista para agosto de 1964, tuvo como sede la Academia Militar de West Point, en el estado de Nueva York.

En ese marco, rodeado por los jefes de los Ejércitos de América, el teniente general Juan Carlos Onganía leyó su famoso discurso, el día 6 de agosto. El texto es considerado un hito por la historiografía argentina y por cierta literatura periodística. No obstante, el discurso no concitó demasiado interés en su momento. Tan sólo fue reproducido por el diario La Prensa, y no hay referencias al mismo en Primera Plana, habitual vocero de los militares azules. Tampoco hubo reacciones de parte del gobierno radical. La primera cita (breve) del texto se encuentra al final de un largo artículo de propaganda titulado “Un año sin planteos”, publicado por Panorama en noviembre de 1964. Luego, algunos fragmentos, más o menos extensos, fueron reproducidos en un memorándum del grupo golpista publicado por Primera Plana, en respuesta al comunicado de la Secretaría de Guerra del 1º de abril de 1966. La repercusión del discurso de West Point es posterior al golpe junio de 1966, cuando algunos investigadores buscaban rastrear en él la etiología del golpe de Estado (Fayt, 2001: 27).

Lo que sigue es un análisis del famoso discurso teniendo en cuenta un documento inédito que permite establecer fehacientemente la autoría de los fragmentos más polémicos del mismo.

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El general Ignacio Ávalos recibió la invitación para concurrir a la Vª Conferencia de Ejércitos Americanos. Inmediatamente convocó a uno de sus hombres de confianza, el coronel Roberto Arredondo, jefe del Departamento II (Política) de la Secretaría de Guerra.³⁶ Le pidió que dispusiera todo lo necesario para redactar el discurso que leería en esa oportunidad. A tal efecto, ambos oficiales se reunieron un par de horas en el comedor de la Secretaría de Guerra. Al terminar la redacción, Ávalos pidió a su subordinado que al día siguiente hiciera llegar el texto al mayor Pérez Acebo, auditor militar de la Secretaría, para que supervisara los aspectos jurídicos del mismo. Un par de días después, Ávalos convocó nuevamente al coronel Arredondo para informarle que sabía que a la Conferencia habían sido invitados varios comandantes en jefe y que, en ese caso, él prefería no ir, y que le pediría a Onganía que fuera en su lugar.³⁷ Inmediatamente le pidió a Onganía que bajara a su despacho. Ya a solas, Ávalos le consultó si quería ir a Estados Unidos en su lugar y le ofreció el discurso que tenían preparado. Onganía aceptó la invitación y se retiró con el texto preparado por Ávalos, Arredondo y Pérez Acebo. Eran quince folios mecanografiados a doble espacio bajo el título “Los gobiernos americanos y sus fuerzas armadas”.³⁸

Semanas después, Onganía leyó su discurso frente a los jefes de los Ejércitos americanos. No era el mismo texto, pero estaba inspirado en aquel ¿Quién lo había modificado? Años después, el general Osiris Guillermo Villegas le diría a Robert Potash que había sido él quien escribió el discurso de West Point (Potash, 1994a: 199). De la comparación de ambos textos resulta evidente que eso no es cierto. Sin embargo, el propio Villegas pudo haber tenido participación en las modificaciones; en especial si tenemos en cuenta que fue uno de los dos oficiales superiores que acompañaron a Onganía en su gira por los Estados Unidos.

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El discurso original es un texto formal, apegado a los postulados del comunicado 150 y plagado de citas de militares americanos y de constituciones continentales, que parece escrito para ser leído como un discurso de circunstancia sobre la ubicación de las Fuerzas Armadas “a la luz de la organización política de las naciones americanas” sin pretensiones de sentar doctrina.

El texto comienza con una cita de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos que sintetiza los principios políticos que gobiernan a América:

todos los hombres han nacido iguales; están dotados por el creador de ciertos derechos inalienables; entre estos derechos se cuentan, la libertad, el procurar la dicha. Se han establecido gobiernos entre los hombres para garantizar estos derechos, y el poder del gobierno emana del consentimiento de los gobernados.

Luego enumera los esfuerzos de los movimientos emancipadores por respetar el derecho de los pueblos de gobernarse por sí mismos. Resulta sumamente interesante cómo se inventa una tradición republicana de los caudillos de la Independencia y su etapa inmediatamente posterior, forzando la verdad histórica. Según esta particular visión, los caudillos latinoamericanos del siglo XIX “se sometieron de buen grado” a las normas constitucionales “para evitar los desbordes de la autoridad política”, puesto que “creían firmemente en la fuerza del derecho y no en el derecho de la fuerza”. Escrito para un público integrado exclusivamente por militares, cita las “bellas páginas de autolimitación” que ofrecen José de San Martín, Antonio José de Sucre, Francisco de Paula Santander o Bernardo O’Higgins; y enumera a todos esos soldados americanos “brazos obedientes de la ley que sólo concibieron como legítima la autoridad que emanara de la norma”, entre quienes se encuentra, por ejemplo, el dictador mexicano Antonio López de Santa Anna. Los ejemplos de “autolimitación” y “desprendimiento” de estos

ciudadanos antes que soldados [...] que sirvieron y vivieron al amparo de la ley y las instituciones republicanas sirven para introducir la discusión sobre el “sometimiento de las instituciones armadas a los poderes constituidos” que es “la esencia de la organización política americana”.

En el siguiente párrafo caracteriza a las Fuerzas Armadas como “apolíticas, no deliberativas y esencialmente sumisas a la autoridad legítimamente constituida”. Esta autoridad reposa en el principio de soberanía del pueblo y los poderes republicanos “y ninguna otra autoridad puede discutírselos sin incurrir en el típico delito constitucional de sedición”. Según el texto escrito por Ávalos y Arredondo, “las Fuerzas Armadas son el brazo fuerte de la Constitución”, pero “no es legalmente concebible la pretensión de que ese brazo, creado precisamente para sostenerla, se vuelva para mutilarla y sustituirse injustamente a la voluntad popular”. Reconoce que los militares no son los depositarios de las virtudes cívicas ni la reserva moral. Tampoco censores de los gobiernos, ni árbitros de las autoridades legítimas. Lo que prepara el camino para una de las afirmaciones más categóricas de todo el texto:

la democracia no se declama; se la siente y se la practica, con austeridad republicana, con profunda fe en sus instituciones, con el cabal sentido de responsabilidad, cumpliendo a conciencia la misión que tenemos asignada y sin pretender exceder el límite de las atribuciones que constitucionalmente nos corresponde.

Para remitirse luego a la autoridad de Thomas Jefferson, para quien la democracia “era la mejor esperanza para el mundo”. En este punto, y luego de esta profesión de fe en la democracia, se detiene en el análisis de la sumisión a las autoridades constituidas. En ese contexto se inscribe una de las frases más citadas y controvertidas del discurso:

La sumisión es debida a la autoridad del gobierno en cuanto ésta emana de la soberanía popular, en cuyo nombre la ejerce, conforme a los preceptos constitucionales. El acatamiento es debido y referido en última instancia a la Constitución y a las leyes; nunca a los hombres o a los partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detener el poder público.

Si esto fuese así, quedaría trastocada la misión fundamental que compete a las Fuerzas Armadas; dejarían de ser apolíticas y se convertirían en guardias pretorianas al servicio de determinadas personas o agrupaciones políticas.

Según el texto, el deber de sumisión deja de tener vigencia absoluta,

si se produce al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastrocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes, o un ejercicio de la potestad constitucional que presuponga la cancelación de las libertades y derechos de los ciudadanos.

En emergencias de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían ciertamente mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima, ya que es toda evidencia el hecho que contra el sistema de la democracia representativa, puede atentarse con menor efectividad desde el llano que desde el gobierno.

Para sostener esta afirmación se basa en la más pura tradición liberal, como el derecho de resistencia a la opresión definido por la Constitución de los Estados Unidos,³⁹ y la defensa de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre, enumerados en el artículo 2º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789. La intervención se produciría sólo

frente a la existencia de excepcionales circunstancias de hecho, que impliquen el avasallamiento de los preceptos constitucionales, por acción de las autoridades que ejercen el gobierno; es la razón última, el remedio heroico que reclama como presupuesto indispensable, la existencia de grave emergencia para la suerte de las instituciones republicanas y las libertades públicas.

Por el contrario, la quiebra del orden constitucional ante desaciertos por parte del gobierno sería un crimen de “lesa patria”.

¿Cómo interpretar estas diferencias? Cuando habla de disenso o desaciertos del gobierno de turno, el autor parece pensar en el presidente Illia y en los rumores que comenzaban a circular sobre posibles golpes de Estado, o incluso en la práctica planteísta impuesta por los algunos sectores de las Fuerzas Armadas durante las presidencias de Frondizi y Guido. Los fragmentos referidos a las circunstancias “excepcionales” deben interpretarse, como bien señala Robert Potash (1994a: 197), como una justificación retrospectiva de la “Revolución Libertadora”.

El texto termina con una cita de José Martí, “apóstol de la libertad centroamericana”, y una única referencia a Cuba, “extrañada circunstancialmente de esta reunión y de nuestra comunidad por obra de un sistema de gobierno ajeno a nuestra América y que le ha sido impuesto sin el consentimiento de sus ciudadanos”.

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La versión definitiva del discurso de West Point agregó, modificó y suprimió partes del texto original de Ávalos.⁴⁰ Con los párrafos insertados por Villegas, el discurso se transformó en un híbrido en el que se mezclaban el lenguaje jurídico con otro más burocrático. Se suprimieron las largas enumeraciones de héroes latinoamericanos, las extensas citas de las constituciones nacionales y las poéticas palabras finales dedicadas a José Martí. También llama la atención la amputación de una cita del general San Martín en la que afirma “La presencia de un militar afortunado (por más desprendimiento que tenga) es temible a los Estados que de nuevo se constituyen”. Acaso quien modificó el texto pensó que se trataba de una velada referencia a Juan Carlos Onganía. Además se eliminó, de una larga enumeración, una de las formas en que se practica la democracia: “la austeridad republicana”. ¿Quizá porque parecía tratarse de una referencia directa al presidente Illia?

Por otra parte, se relativizaba la profesión de fe democrática al suprimir un párrafo en el que se establecía que son los poderes Ejecutivo y Legislativo los que ejercen “los poderes militares”, y que al primero de ellos “le corresponde el comando superior de las instituciones armadas” y que “ninguna otra autoridad puede discutírselos o retaceárselos sin incurrir en el típico delito constitucional de sedición”.

El primero de los párrafos insertados es una extensa referencia filosófica sobre el origen y desarrollo de la “comunidad nacional”. Inmediatamente redefine la misión general de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina en los siguientes términos:

[Las Fuerzas Armadas] existen en función de la necesidad de garantizar la soberanía e integridad territorial de la Nación, preservar los valores morales y espirituales de la civilización occidental y cristiana, asegurar el orden público y la paz interior, propender al bienestar general, sostener la vigencia de la Constitución, de sus derechos y garantías esenciales y el mantenimiento de las instituciones republicanas que en ellas se encuentran establecidas.

Para lograr esos fines debían cumplirse dos “premisas fundamentales”, el mantenimiento de “un alto nivel de aptitud y capacidad de las Fuerzas Armadas para la custodia de los altos intereses de la Nación”, y “el desarrollo económico-social del país”. Guillermo O’Donnell le otorga particular importancia a ese fragmento puesto que amplía la misión de las Fuerzas Armadas. Por otra parte,

cualquier problema que obstaculizara cualquiera de estas condiciones podía ser interpretado como un impedimento al cumplimiento de la “misión” de las Fuerzas Armadas. A su vez, y desde que de acuerdo con esta concepción las funciones de las Fuerzas Armadas son tan comprehensivas y esenciales, cualquier problema que afectara sus condiciones necesarias tenía que ser interpretado como un ataque a los más “esenciales intereses de la Nación” (O’Donnell, 1972b: 533).

Ernesto López llama la atención sobre las expresiones “preservar los valores morales y espirituales de la civilización occidental y cristiana”, y “asegurar el orden público y la paz interior” que deben ser interpretadas a la luz de la “doctrina del Enemigo Interno” que desarrollaba el Ejército en esa década. También resalta otras dos funciones enumeradas en el texto: “propender al bienestar general” y “sostener la vigencia de la Constitución”. Ambas son funciones del Estado en general y no de sus instituciones armadas en particular, por lo que López interpreta que Onganía anticipa la intención de las Fuerzas Armadas “de convertirse en el epicentro del poder del Estado” (López, 1987: 175-176).

En ese fragmento aparecen, además, referencias al comunismo, ausentes en el discurso original.⁴¹ A la citada función de “preservar la civilización occidental y cristiana”, debemos sumar una velada referencia al comunismo y todo aquello que “traicione esta manera de sentir y de pensar es antiamericano, porque traiciona lo vernáculo y atenta contra la sobrevivencia física y espiritual del continente”.

Más adelante, fiel a la tónica que le había dado Onganía a su comandancia, se pone por encima de la política cuando afirma que “Las Fuerzas Armadas serán tanto más vigorosas en su estructura orgánica-funcional, cuanto menos influyan en el quehacer político interno del Estado.” Para completar con un párrafo que debe leerse como una referencia a la situación de las Fuerzas Armadas previas a 1962, y que permite apreciar la preocupación frente a la organización anarquizada en un contexto de Guerra Fría y “penetración comunista”:

Las instituciones militares dejan de ser núcleos fehacientes de la defensa nacional, el día que se convierten en un peso que gravite en la opinión pública, en resorte compresor de gobiernos o en elemento politizado al servicio de intereses que no son los del conjunto de la Nación, porque, tarde o temprano, engendran en la sociedad que las nutre, el caos propicio para entregarla inerme y amilanada, al comunismo internacional que, en tales circunstancias hace de ella presa fácil.

El último de los fragmentos incorporado por Villegas se extiende en el desarrollo del concepto de “Acción Cívica”, que tanto interesaba al Pentágono, utilizada para combatir “la propaganda comunista, que trata de explotar la ignorancia y la pobreza de los ambientes subdesarrollados”. Según el texto, las Fuerzas Armadas deben

colaborar decididamente en obras de bien público, en tareas educacionales, vocacionales, técnicas, haciendo su aporte al acervo cultural del país, etc., presupone ligarlas, estrechamente, a los intereses e ideales de la sociedad, para promover un acercamiento y beneficios mutuos, en un ordenado espíritu de cooperación, buscando que la comunidad sienta la necesidad de la existencia de las Instituciones militares, como problema de su propia supervivencia. [...] Es, precisamente, en la ejecución de estos trabajos, donde las Fuerzas Armadas desempeñan preponderante papel, estrechando filas con su pueblo, colaborando silenciosamente allí donde faltan brazos y capitales, en la tarea de engrandecimiento nacional, para felicidad de los habitantes y fortalecimiento del país en todos los órdenes. La participación militar, contribuye pues, de manera decisiva a restablecer en parte y dentro de las posibilidades de la Institución el equilibrio de la estructura económico-social de la nación. Al crear mejores condiciones de vida para millones de personas, en su propia localidad, atacan directamente a causas fundamentales de orden social, entre otras, las migraciones internas, que tanto daño hacen al país, con sus secuelas de “villas miseria” y sus masas de seres desarraigados, que vegetan en los suburbios de las grandes ciudades como exponente virtual de una penuria colectiva.

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El discurso de West Point carece de unidad interna. Mezcla, pero no sintetiza, dos tradiciones diferentes. La parte redactada por el general Ávalos es más formal, jurídica y “antigua”, en el sentido que parece escrita en tiempos previos a la Guerra Fría y no tiene relación con las doctrinas que había incorporado el Ejército a partir de 1957. Seguramente porque su autor ya estaba retirado para esa fecha. Los fragmentos escritos por Villegas corresponden a un discurso más “moderno”; más adaptado al ámbito en el que se pronunció, con referencias a la “acción cívica” impulsada por el Pentágono; menos enfático en su afirmación de la subordinación al poder civil; y claramente anticomunista.

No obstante, el texto definitivo mantuvo las referencias a la defensa de la legalidad, las profesiones de fe democráticas y la crítica a las intervenciones militares, con muy pocas modificaciones.⁴² ¿Se trataba acaso de lo que Robert Potash llama “retórica de la hipocresía”? No debemos engañarnos. En realidad, la democracia de la que hablan (tanto Ávalos como Villegas) es la democracia restringida de la “Revolución Libertadora”, la de quienes derrocaron a Perón. El discurso de West Point debe leerse, en primer lugar, como una justificación retrospectiva del derrocamiento del general Perón.

Según Ernesto López (1987: 176), el discurso de West Point “marcó un hito importante en la configuración de la pauta intervencionista y [...] un momento significativo en el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional”. Sin embargo, a partir de lo analizado hasta aquí, considero que el discurso de West Point no desarrolla la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, y tan sólo hace algunas sutiles referencias a los enemigos internos. En ese sentido es mucho más significativo el llamado discurso “de las fronteras ideológicas”, de 1965, no sólo por su contenido, sino también por el lugar donde fue expuesto (Escola Superior do Guerra, de Río de Janeiro). En el discurso de West Point tampoco debe buscarse la justificación anticipatoria del golpe de 1966 por parte de Onganía, quien, en agosto de 1964, no participaba de ninguna conspiración contra el presidente Illia.

No obstante, coincido con López en la importancia de lo que él llama “configuración de la pauta intervencionista”. La relevancia del texto reside en su definición de las funciones de las Fuerzas Armadas, y en que plantea la discusión sobre la aceptación del principio de supremacía del poder político. La distinción entre la Nación, la Constitución y los partidos o los hombres marca una delgada línea muy fácil de trasponer entre la obediencia y la intervención. La idea que la obediencia es debida a la constitución y no a los partidos políticos o a los hombres no era nueva. Ya en 1952, el general Douglas Mac Arthur había explicitado la distinción entre el Estado o la Constitución y el gobierno de turno. Según Mac Arthur:

Descubro que existe un nuevo y peligroso concepto hasta ahora desconocido, según el cual los miembros de nuestras fuerzas armadas deben por sobre todo adhesión y lealtad a los que temporariamente ejercen el poder en la rama ejecutiva del gobierno y no a la nación y su Constitución, que por juramento estamos obligados a defender. [...] Ninguna premisa podría ser más peligrosa (citado en Finer, 1969: 41).

El general Héctor Solanas Pacheco, leal al presidente Frondizi en 1958-1959, se expresaba en términos similares en una carta abierta al general Castro Sánchez escrita en junio de 1966. En uno de sus párrafos afirmaba:

Se da por sentado que los cuadros deben mantener una lealtad incondicional (legalismo formal) a las actuales autoridades, los cual es contrario a elementales principios en los cuales fuimos educados, de fiel acatamiento al espíritu de la Constitución y de la ley. El actual gobierno, embarcado en una política francamente electoralista, ¿ejerce su acción encuadrado en el marco estricto de la Constitución y de la ley? (Confirmado, nº52, 16/6/1966, pp. 18-19).

Al respecto, el politólogo inglés Samuel Finer (1969: 41) analiza:

apenas los militares trazan esa línea divisoria entre la nación y el gobierno que ocupa el poder, empiezan a inventar su propio concepto particular del interés nacional y de ahí a la sustitución por imperio de la fuerza del régimen civil por esa manera de pensar no hay más que un paso. [...] Esa pretendida preocupación por los intereses nacionales [...] es una de las principales razones que tienen para intervenir.

Si el fragmento que habla del deber de obediencia, escrito por Ávalos, se mantuvo en el texto definitivo (más allá del reemplazo del término “sumisión” por “obediencia”), eso nos permite conocer cuál era el nivel de autonomía militar que podían compartir unos y otros. Por su parte, las conclusiones que se desprenden del párrafo referido al momento en que deja de tener vigencia el deber de obediencia se originan en la ambigüedad de ese fragmento. Esto es lo que ha permitido, al sacarlo fuera de contexto, las más variadas interpretaciones. Así, en junio de 1966, los legalistas de la Secretaría de Guerra defendieron a Illia debido a que no se cumplía ninguna de las premisas a las que hacía referencia el texto. Mientras tanto, el comando golpista hacía la siguiente y curiosa interpretación del mismo fragmento:

A la luz de la “doctrina Onganía”, el deber de obediencia cesaría ante el intento gubernativo de imponer un sistema totalitario. Pero cesaría también si por abulia, cobardía, o inercia, el gobierno omitiese tomar los recaudos necesarios para resistir una invasión extranjera. O si tolerase la consolidación de un movimiento totalitario dispuesto a asumir el poder. O si contemplase impasible la propagación de un estado de subversión interna que disloque la vida de la comunidad nacional e hiciese ilusoria la vigencia efectiva del derecho individual. Y así sucesivamente (Primera Plana, 10/5/1966, p.19).⁴³

En síntesis, el discurso de West Point nos permite comprender, con todos sus matices, el nivel de autonomía con relación al poder político alcanzado por el Ejército a mediados de la década de 1960.

1. “La teoría de la guerra revolucionaria es evidentemente seductora para nuestro ejército. Ella ofrece a la vez una excusa, una justificación y, sobre todo, un adversario a la altura de nuestro amor propio.”

2. Nougués destaca que “la guerra de Argelia aparece enseguida como una fuente de enseñanza aplicable a otras circunstancias”, y utiliza la frase “ganar la paz”, que sería uno de los eslóganes preferidos por los militares argentinos durante la última dictadura.

3. Los “sucesos del 13 de mayo” son una referencia al levantamiento de los paracaidistas en Argelia que culminó con la caída de la Cuarta República y la llegada de Charles De Gaulle a la Presidencia de Francia.

4. Esta misma definición se encuentra en Alcides López Aufranc (1959: 611).

5. Por su parte, para López Aufranc (1960: 614-615), la Guerra Subversiva incluía “la acción entre los años 1950 y 1955 para derrotar a la tiranía peronista, la campaña de Fidel Castro”. Según esta definición, la guerra subversiva “persigue un fin que puede estar o no equivocado, pero que es generalmente asociado a un ideal, y algunos procedimientos criticables, como el terrorismo, son pasajeros y al solo efecto de conmover a una población embrutecida bajo un régimen de ocupación o policíaco”.

6. Entre las guerras revolucionarias “antes de la aparición del marxismo”, incluye a “la Revolución francesa en sus comienzos”.

7. Para Grand d’Esnon (1960: 342) la guerrilla no es más que un procedimiento táctico de la guerra, “siendo esta la forma de lucha efectuada por elementos ligeros que actúan en una zona dominada por el adversario”.

8. Mercier (s/f.: 9-10). Esta separata, en francés, puede encontrarse en la Biblioteca de la ESG con el número de inventario F483.

9. La frase es citada en Grand d’Esnon (1960: 343); Nourois (1958a: 116); y Badié (1957: 548).

10. “En la guerra revolucionaria comunista la población representa a la vez el medio (‘el terreno’ podríamos decir) en donde se libra la lucha, la materialización del objetivo de los dos adversarios, y uno de los principales instrumentos de acción” (Manrique Mom, 1959: 505).

11. “Todo individuo, toda organización que, de alguna manera, favorezca los designios del adversario será considerado enemigo y tratado como tal” (Trinquier, 1980: 160).

12. “Cuando se leen escritos justificativos se percibe que justifican la tortura sin osar emplear la palabra. El mismo general Massu no habla de tortura o del empleo de agua o electricidad” (Vidal Naquet, 1983: 52).

13. Las prácticas represivas incluían la tortura, la deportación masiva para sustraer a la influencia del FLN, la concentración en campos de tránsito, hospedaje y reagrupamiento, y las ejecuciones “ejemplificadoras”.

14. Para un relato autobiográfico de las torturas practicadas por los paracaidistas franceses (y su similitud con lo ocurrido en Argentina), puede leerse el libro del periodista argelino Henri Alleg, La Question, publicado originalmente en 1957.

15. Participaron en el Primer Curso Interamericano, en la Escuela Superior de Guerra, representantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Según Alejandro Lanusse (1989: 256), subdirector de la ESG: “durante ese curso, el comunismo, su filosofía y sus diferentes cursos de acción en procura de expansión internacional, fueron motivo especial de consideración”.

16. “La ejecución del Plan CONINTES terminó con indudable éxito y proporcionó una experiencia que podría ser de gran valor en otra oportunidad. La perturbación subversiva, que fue derrotada, realizaba una neta conjunción peronista-comunista [...]. Casi todas las técnicas de la Guerra Revolucionaria, constructivas y destructivas, fueron empleadas” (Nougués, 1962: 37).

17. Un ejemplo concreto de este concepto de “unidad de mando” es el Operativo Independencia (1975-1976), cuando se intervino la provincia de Tucumán y se puso bajo el mando del jefe militar de esa zona.

18. Se conoce como “Doctrina Mann” a la enunciada por el Consejero en Asuntos Latinoamericanos del Presidente Johnson, Thomas Mann, basada en el principio “No más Cubas”.

19. Mutual Security Act, citada en López (1987: 58). Hasta ese año la política militar exterior norteamericana estaba orientada a suministrar asistencia a los países que integraban la OTAN. A partir de entonces, los países de América Latina serían “elegibles” para el suministro de asistencia militar siempre que participaran de misiones importantes para la defensa del Hemisferio Occidental. Véase Veneroni (1971: 59).

20. Entre 1952 y 1955 firmaron acuerdos bilaterales Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Honduras, Haití y Guatemala.

21. “Este plan [de los Estados Unidos] se orientaba a estandarizar los equipos, la organización y el entrenamiento de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos. [...] El programa de Seguridad Mutua pareció ofrecer posibilidades para avanzar en la mencionada estandarización, a raíz de las facilidades que ofrecía a los países receptores. Sin embargo, estas facilidades se daban en los rubros donaciones y rezagos; el material que debía comprarse, en cambio, se ofrecía a precio normal y con nulos o escasos mecanismos de financiación” (López, 1987: 60-62).

22. Sobre las características y condiciones de las ventas norteamericanas, véase Veneroni (1971: 36-48).

23. Los subsidios incluyen fondos del Programa de Asistencia Militar, subsidios en Educación y Entrenamiento Militar, y transferencia de artículos y excedentes en Defensa. Para la distribución anual y por rubros de los préstamos y subsidios, véase Mazzei (2003).

24. Memorándum secreto del Departamento de Ejército de los Estados Unidos, 23 de septiembre de 1963 y Memorándum de la conversación con el general Ávalos, 27 de noviembre de 1963.

25. El texto completo y comentado del acuerdo puede hallarse en Veneroni (1971: 171-182).

26. Telegrama del embajador Edwin Martin al Secretario de Estado, 20 de septiembre de 1965.

27. Survey of the Alliance for Progress. Compilation of Studies and Hearings of the Subcommittee on American Republics Affairs of the Committee of Foreign Retations,Washington, 29 de abril de 1969. Informe citado en Veneroni (1971: 34).

28. El propio McNamara (1969: 163) definía, años después, Acción Cívica como el uso de “fuerzas militares indígenas para proyectos militares no tradicionales, proyectos que sean útiles a la población local en campos como la educación, las obras públicas, la sanidad, la agricultura, es decir, para cualquier cosa que tenga conexión con el progreso económico y social”.

29. Todas las cifras están tomadas del USAID Overseas Loans & Grants (Greenbook),1999.

30. Los primeros subsidios para entrenamiento y educación militar corresponden a 1960 (0,3 millones). En el caso argentino, las Fuerzas Armadas recibieron durante el período de funcionamiento de la Mutual Security Act (1953-1961) solo 1,6 millones. En la siguiente etapa, que se inicia con la sanción de la Foreign Assistance Act y culmina con el embargo militar establecido por la Administración Carter, en 1977, el monto fue de 11,3 millones, lo que representa un 7,5% de los subsidios otorgados en ese lapso.

31. El mayor Joseph Blair fue instructor de logística entre los años 1986 y 1989. A partir de 1993, se transformó en un activo militante por el cierre de la Escuela de las Américas. La mayoría de sus afirmaciones proviene de las cartas enviadas al editor del Columbus Ledger Enquirer y pueden encontrarse en <www.soaw.org>.

32. Este análisis se basa en información proporcionada por el Ejército de los Estados Unidos bajo la Freedom of Information Act y tomada de <www.soawatch.org>.

33. Cuatro tenientes de comunicaciones realizaron el curso de “mantenimiento de radio”, y dos tenientes de ingenieros el curso “Ingenieros”, uno de ellos era Leopoldo Fortunato Galtieri.

34. Habitualmente se afirma que el general Roberto Eduardo Viola, presidente de la Nación en 1981, es egresado de la Escuela de las Américas. Si bien figura en los registros oficiales, tan sólo presidía la delegación del Colegio Militar que realizó el curso de cadetes en 1971.

35. En noviembre de 1959 se realizó en Panamá la Iª Conferencia Naval Interamericana. Meses después, en agosto de 1960, tuvo lugar la Iª Conferencia de Ejércitos Americanos, en Fort Amador, Panamá. Finalmente, en abril de 1961, se realizó en Washington D.C. la Iª Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas. Según sus creadores debía ser un foro de debate para el intercambio de experiencias entre los ejércitos del continente.

36. El coronel Roberto Arredondo era un oficial del arma de artillería, ingeniero militar que había realizado cursos en Francia a fines de la década 1950. Considerado uno de los fundadores de la facción azul, su actitud legalista en 1966 le significó la demora en un año de su ascenso a general de brigada, y la designación en un destino burocrático.

37. En todas las conferencias anteriores habían concurrido oficiales en actividad, y no funcionarios políticos. Ávalos pudo no saberlo puesto que era su primer año al frente de la Secretaría de Guerra y había permanecido fuera del Ejército durante 7 años.

38. El documento que en su carátula tiene las firmas de Ávalos, Arredondo y Pérez Acebo me fue facilitado por el general Arredondo, y su autenticidad me fue confirmada por el entonces Subsecretario de Guerra, Eduardo Castro Sánchez.

39. “Siempre que una forma de gobierno llega a ser destructora de este fin (los derechos inalienables del hombre), el pueblo tiene el derecho de cambiarla o abolirla y de establecer un nuevo gobierno. La prudencia enseña, a la verdad, que no conviene cambiar por causas pequeñas y pasajeras los gobiernos establecidos de larga fecha y la experiencia de todos los tiempos muestra, en efecto, que los hombres se hallan dispuestos a tolerar los males soportables mejor que hacerse justicia a sí mismos aboliendo las formas a que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que tienden invariablemente al mismo fin, marca el propósito de someterlos al despotismo absoluto, tienen el derecho, tienen el deber de rechazar tal gobierno y de proveer, con nuevas salvaguardias, a su seguridad futura” (“Los gobiernos americanos y sus fuerzas armadas”, pp. 10-11).

40. El texto completo del discurso de Onganía en West Point puede encontrarse en el Boletín Público de la Secretaría de Guerra nº 3411, de agosto de 1964.

41. En el texto de Ávalos no se habla de comunismo. Tan sólo hay una referencia a “ideologías exóticas” que podría interpretarse como una referencia velada al comunismo.

42. Un ejemplo es la eliminación de la referencia al derecho de los ciudadanos a gobernarse por sí mismos “al amparo de los principios de la democracia representativa”

43. Más adelante se afirmaba: “El deber de obediencia de las FF.AA. caduca cuando la acción del gobierno, por exceso o por defecto, engendra el inminente peligro de que se imponga un sistema totalitario, o suscita un estado grave y prolongado de subversión interna, o produce un descenso en los niveles de vida populares propicio a la infiltración comunista”.

Capítulo VIII

El golpe

La conspiración

Esa cuidadosa preparación –esa minuciosa construcción de una mayoría política– es la que hace que el golpe sea indoloro y no exija derramamiento de sangre. La toma concreta del poder puede ser el resultado de la acción de un grupito de hombres, pero en general se consigue el apoyo de una proporción bastante grande del total de actores políticos, antes de lanzar el golpe. Por cierto que en el más exitoso de estos, las víctimas no ofrecen resistencia alguna: saben que están derrotados cuando se les anuncia, y se dirigen, con discreción y rapidez, rumbo al aeropuerto. En ese sentido, la toma del poder representa el final de una lucha política y el registro de sus resultados, tal como ocurre el día de las elecciones en un país democrático.

Samuel Huntington (1972: 198)

La madrugada del 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Arturo Illia. Este acontecimiento fue el resultado de una larga conspiración organizada desde el Estado Mayor del Ejército, que obtuvo el apoyo de amplios sectores civiles y de influyentes medios de comunicación. Es difícil precisar la fecha en la que comenzó a tejerse la trama golpista, pero existen indicios que permiten establecer que en un temprano 1964 un grupo de oficiales superiores ya estaba pensando en derrocar al President e. Así, en septiembre de ese año, algunos generales, encabezados por Julio Alsogaray, visitaron al general Onganía en su domicilio para interesarlo sobre la eventualidad de prepararse para tomar el poder en caso de fracaso del gobierno radical. Onganía los rechazó de plano.¹ Sin embargo, en algún momento, a lo largo de 1965, la actitud de Onganía cambió. Antes de realizar un viaje al exterior reunió a los generales de división y les expresó que no tenía seguridad de que el gobierno pudiera terminar su mandato. Poco después habría autorizado a Alsogaray a iniciar los trabajos de preparación que este le había propuesto, pero fuera de la institución. Por lo pronto, el 24 de abril de 1965, se reunió con el Jefe de Estado Mayor, Jorge Shaw, y los jefes de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor, generales Alejandro Lanusse y Mario Fonseca, y les pidió que tomaran previsiones para el caso en que se produzca “un vacío de poder y el Ejército tenga que hacerse cargo del gobierno”. También convocó al general Hure, a cargo de la Subjefatura VI (Planes), pero encontró una firme oposición a que el Ejército se hiciera cargo del gobierno, “porque siempre termina mal” (Potash, 1994a: 217-218).² Según el testimonio del coronel Manuel Laprida, antes de viajar a China nacionalista (entre julio y agosto), Onganía ya manifestaba dudas en permanecer como Comandante en Jefe. Su actitud había cambiado entre su viaje a China y su viaje a Europa occidental.³ ¿Qué había ocurrido para modificar la actitud legalista de Onganía? Eugenio Kvaternik sostiene que hay un motivo claro: la victoria electoral del peronismo en las elecciones parlamentarias de marzo de 1965. Esta hipótesis no parece encajar con el perfil de Onganía, que nunca se destacó por su antiperonismo. La respuesta parece estar más vinculada a su opinión desfavorable sobre la gestión del gobierno, en particular debido a la actitud presidencial hacia la posición que adoptó el Ejército durante la crisis dominicana.⁴

También conspiraban algunos ex oficiales colorados, cuyos pasos apenas pueden seguirse a través de algunos rumores y comentarios filtrados en medios cercanos a la facción azul. Por su parte, el general Enrique Rauch estaba dedicado, desde abril de 1965, a distribuir folletos y panfletos revolucionarios. En los primeros días de mayo de 1965, la SIDE lo detectó en Córdoba, con identidad falsa, requiriendo el apoyo de jóvenes oficiales de la Aeronáutica y el Ejército. Finalmente, hacia fines de septiembre, los conspiradores neutralizaron el accionar del general Rauch.

Frente a este disperso panorama de voluntades golpistas en el ámbito militar, la conspiración organizada desde el Estado Mayor comenzó a ejercer una fuerza centrípeta. Con el objetivo de institucionalizar el golpe y unificar su conducción, cooptaron a algunos grupos y neutralizaron el accionar de otros. Si bien es cierto que el Ejército había logrado recuperar su disciplina y subordinación jerárquica, no es menos cierto que aún quedaban heridas abiertas por el enfrentamiento entre azules y colorados. Los complotados debían encontrar un tema que permitiese aglutinar a las Fuerzas Armadas, que estuviese por sobre el disenso y los conflictos de coyuntura. Ese tema fue la lucha anticomunista, y en ese contexto deben interpretarse algunos acontecimientos posteriores, como la exposición de la “teoría de las fronteras ideológicas” por parte de Onganía. En ese clima, propicio para una campaña macartista, la conflictiva situación interna de la provincia de Tucumán se convirtió en la principal bandera de los anticomunistas. Durante los meses de septiembre y octubre de 1965, la acción psicológica ejercida por los azules dio sus primeros frutos. Trascendidos periodísticos sobre el acercamiento de ex jefes colorados a Onganía fueron acompañados por “cenas de camaradería”, ampliamente publicitadas, que reunían a viejos adversarios. Casi imperceptiblemente, para la opinión pública se acortaban las diferencias entre ambas facciones. La maniobra del comando azul para darle un carácter institucional al golpe, bajo el signo de la lucha anticomunista, era un éxito completo. El enfrentamiento entre azules y colorados había concluido.

La centralización político-militar del complot se produjo en torno al reconocimiento, casi unánime, de Onganía como el único capaz de liderarlo. Sin embargo, existía un condicionante a todos los planes: la postura legalista de Onganía le impedía encabezar un golpe mientras se hallara en actividad. No por su fe en la democracia, sino porque estaba demasiado comprometido con la imagen de un Ejército legalista. Encabezar, o permitir, un golpe durante su comandancia le habría restado credibilidad y prestigio. Sin Onganía las posibilidades de éxito del complot se reducían, mientras aumentaban las probabilidades de fragmentación del Ejército.

El núcleo golpista lo encabezaba el general Julio Alsogaray, acompañado por Juan Esteban Iavícoli, Jorge Shaw, Osiris Villegas, Jorge Von Stecher, Alcides López Aufranc y Mario Fonseca. Pascual Pistarini se habría incorporado a la conspiración luego de su designación como Comandante en Jefe, en noviembre de 1965.⁵ A partir de enero, aproximadamente, los generales retirados Francisco Imaz y Eduardo Señorans actuaron como “representantes” de Onganía ante los complotados.⁶ También tomaron parte del complot el general Eduardo Uriburu, y los coroneles Tomás Sánchez de Bustamante, Manuel González y Luís M. Prémoli. Erróneamente se ubica al general Lanusse en el núcleo de la conspiración desde un principio. Aún a comienzos de 1966 mantenía una actitud ambigua por la influencia de su primo, el dirigente radical del pueblo José Luis Cantilo. Todos los datos apoyan la idea que su integración a ese núcleo se produjo entre marzo y abril de 1966.⁷

Uno de los conspiradores más activos fue el general Mario Fonseca. Desde la Subjefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor se operó toda la campaña de acción psicológica sobre el gobierno nacional aportando información, documentos, e incluso recursos económicos a las revistas vinculadas a la campaña golpista.⁸ Según el general Manuel Laprida (s/f: 39):

Si sumamos al hecho de que nunca fue contestada la nota sobre la investigación del terrorismo, la desaparición prácticamente total de su acción sistemática desde el 27 de junio; si agregamos a ello la precisa información sobre todos los hechos explotables para el deterioro del gobierno (por supuesto que me refiero a informaciones de carácter militar) que se proporcionaba a las publicaciones embarcadas en el golpe; si sumamos todavía la actitud descomedida de Fonseca en cuanta oportunidad pudo evidenciarla; si todavía agregamos el episodio del Sable de San Martín –robo– (lo más burdo tramado como maniobra que yo tenga recuerdo) y la constante presencia de políticos y golpistas consuetudinarios en la Subjefatura II, tendremos una idea de la fuerza y los medios de que dispone ese Servicio.⁹

* * *

En la Argentina, Todos los golpes de Estado tuvieron un carácter cívico-militar. Para Ricardo Sidicaro (2004: 81), en el caso de 1966,

Ninguna coalición golpista anterior fue integrada por tantos actores con intereses opuestos como la que llevó al general Onganía a la presidencia [...] Lo único que compartían los partidos políticos, los sindicalistas, las entidades patronales, las corporaciones de profesionales, las grandes firmas nacionales y extranjeras, los medios de comunicación, los cenáculos nacionalistas, los economistas liberales y la Iglesia católica, en su apoyo a la nueva intervención militar, era el rechazo, por motivos diferentes y en muchos aspectos opuestos, al destituido gobierno radical del pueblo.

Si bien desde el punto de vista operativo el complot fue organizado exclusivamente por militares, ya desde 1965 múltiples grupos civiles se acercaron a estos para ofrecerles sus planes de gobierno. Se trataba de un conglomerado heterogéneo de grupos que iban desde nacionalistas hasta liberales, como Álvaro Alsogaray. Incluso se conformaron varios “equipos civiles autónomos”, independientes entre sí. Algunos de los “equipos civiles” de tendencia liberal-conservadora se contactaron con los golpistas a través del general Julio Alsogaray. Trabajaban en células con la misión de elaborar las actas revolucionarias y los planes de gobierno, y sólo se reunieron con Onganía al acercarse la fecha decisiva.

* * *

El 18 de marzo de 1966 se realizó, en el sindicato de Luz y Fuerza, un publicitado encuentro entre dirigentes sindicales vandoristas con algunos militares antiperonistas, como el general Lanusse. La excusa era un homenaje al coronel Jorge Leal, jefe de la expedición que había alcanzado el Polo Sur. Se produce de esta forma una paradoja, que plantea Sidicaro (1993: 314):

los mismos sindicalistas acusados de subversión [...] en razón de su acción agitativa se habían convertido, al mismo tiempo, en interlocutores válidos de quienes desde las Fuerzas Armadas preparaban el derrocamiento del gobierno radical, entre otras razones, por su incapacidad para asegurar el orden social.

Los contactos privados entre dirigentes vandoristas y militares eran frecuentes desde los años de Guido, pero se intensificaron a partir de diciembre de 1965.¹⁰ Entre los militares más activos se encontraban los generales Mario Fonseca y Osiris Villegas. Pero las negociaciones más serias –según un importante dirigente vandorista– habrían comenzado con una reunión entre el coronel Sánchez de Bustamante con Vandor, Rosendo García, Francisco Prado y Paulino Niembro, en una cantina del Once (Cardozo y Audi, 1982: 74).¹¹ Allí “arreglaron” un encuentro posterior con Pistarini y López Aufranc, al que concurrieron Vandor y Jerónimo Izzeta. Ambos se habrían encontrado dos días después con el general Onganía.¹² Según recordaba Paulino Niembro,

estos hombres de la caballería eran los que manifestaban un espíritu negociador con el gremialismo y con el peronismo. Nos decían que el golpe no era contra nosotros. Con respecto a las intenciones de los gremialistas, el dirigente vandorista reconocía que para nosotros cada gobierno era un paso hacia el poder. [...] Había que desestabilizar la cosa [...] Para seguir presionando no nos quedaba otro camino que acercarnos a los militares. (Cardozo y Audi, 1982: 68)

Existían otros caminos para la relación sindicalistas-militares. Uno era el coronel Carlos Dalla Tea, enlace militar con el Parlamento; otro era el coronel Julio González, que hacía de nexo entre el general Julio Alsogaray y los dirigentes sindicales.

Los sindicalistas también se reunieron con oficiales legalistas. El 12 de mayo de 1966, el general Manuel Laprida, con el consentimiento de Castro Sánchez, concurrió al departamento del empresario César Cao Saravia, en la calle Billinghurst, para entrevistarse con un grupo de dirigentes encabezados por Vandor y Taccone. Allí Manuel Laprida intentó, sin éxito, convencerlos de que el golpe de Estado no era el método más apropiado para lograr los cambios.¹³

La ofensiva legalista

Frente a la conformación de una coalición golpista, la Secretaría de Guerra desarrolló, desde comienzos de 1966, una ofensiva legalista que buscaba “dinamizar” la acción de gobierno. Su estrategia consistía en convertir y transformar las presiones del arma en apoyo al gobierno. Suponía, en palabras de Kvaternik (1990: 69), “que ciertas concesiones y una mayor imagen de dinamismo gubernativo y eventuales cambios en el gabinete podían neutralizar la imagen de ineficiencia que el gobierno transmitía”. Castro Sánchez estableció una estrategia de “escalamiento” que puso en conocimiento del Comandante en Jefe, cuyos puntos fundamentales eran:

Reuniones con los ministros del PEN

Reuniones de los altos mandos con el Presidente de la República

Reuniones con los señores generales de División

Reunión del gabinete de Defensa Nacional

Reuniones del Gabinete Nacional

Reuniones de los señores generales dependientes de la Secretaría de Guerra

Reunión con todos los señores generales

Reunión de los tres secretarios militares con el presidente de la República

Renuncia del Secretario de Guerra¹⁴

La estrategia de escalamiento del Secretario comenzó con las reuniones entre el Presidente y los Altos Mandos, cuyo objetivo era relacionar a Illia con los generales, a quienes no conocía.¹⁵ La noche del viernes 11 de marzo de 1966, Illia y Suárez se reunieron con las más altas autoridades militares en la residencia del Secretario de Guerra en Campo de Mayo.¹⁶ Durante el encuentro, que se prolongó por más de siete horas, el Presidente dejó en claro que no cambiaría su gabinete, que de ninguna manera pensaba en formar un gabinete de coalición y restó importancia a la situación de Tucumán.¹⁷

No obstante los esfuerzos legalistas, esta gestión de acercamiento no tuvo el éxito esperado y, durante la segunda mitad de marzo, se incrementó la campaña de rumores y versiones golpistas. Por ese motivo, los jefes legalistas convocaron, con urgencia, una reunión de todos los generales de división con el objetivo de clarificar la situación interna de la institución, desmintiendo que estuviese “al borde del golpe de Estado” y definir la estrategia de la institución en sus relaciones con el Ejecutivo.

La reunión de Altos Mandos del 31 de marzo comenzó con la lectura de un documento, redactado por el subsecretario Laprida, que sostenía, en forma terminante, que “El Ejército no hace planteos al poder civil”; y reafirmaba que “no están agotadas las posibilidades para el logro de aquella solución integral dentro del orden constitucional”. En ese sentido, comprometía todos sus esfuerzos “para [...] continuar intentando las rectificaciones en la conducción superior de la Nación que aparezcan como necesarias para alcanzar dicho objetivo”. El propio Secretario proponía informar personalmente al Presidente sobre “los riesgos que se corren si se pretende dejar librado al azar el acceso del peronismo a las principales gobernaciones”, y se comprometía “en la medida en que estas providencias no produzcan los efectos esperados en tiempo y oportunidad” a continuar “con la gradación prevista para lograr ciertas rectificaciones esenciales en la conducción superior”.¹⁸

Esa misma tarde, el general Pascual Pistarini convocó a una reunión de los generales de división con destino en el país. En ella, los complotados comprobaron que los secretarios no serían el único obstáculo en el camino del golpe de Estado. Algunos de ellos estaban al tanto de todos los detalles del complot. El jefe del Ejército planteó la necesidad de estar preparados para hacerse cargo del poder, lanzando el nombre de Onganía como hombre de reemplazo. En ese punto habría recibido la violenta réplica del general Carlos Augusto Caro, quien dejó en claro su acatamiento pleno al orden constitucional y su disposición para defender al presidente Illia.¹⁹ Caro se constituía en un obstáculo al golpe, y su eliminación debía ser previa al mismo. En esa misma reunión, el comandante del Tercer Cuerpo, general Nicolás Hure, expresó sus reservas sobre la posibilidad de que Juan Carlos Onganía pudiera ser presidente de la Nación (“es un general de cuarto grado”, habría dicho).²⁰

El 1° de abril de 1966, Castro Sánchez y Laprida emitieron un polémico comunicado de tono legalista. Era una respuesta a la “ola de rumores de inusitada intensidad y cuyo origen no interesa señalar por el momento, los desbordes de imaginación de cierta prensa periodística y las presiones golpistas procedentes de los más diversos sectores, pretenden hacer aparecer al Ejército en una actitud prácticamente subversiva y al borde de un golpe de Estado”. El texto seguía las líneas fundamentales del comunicado 150 cuando, en nombre del Ejército “que ha luchado para lograr el imperio de la Constitución y de la ley y que está dispuesto a defenderlas”, recordaba: “sus actuales mandos, que son los mismos que combatieron para lograr la vigencia de la Constitución, único instrumento capaz de dirigir la vida de una sociedad civilizada, respetan la verticalidad jerárquica y no conspiran ni pretenden cogobernar el país”. En esa misma línea, advertían que un gobierno militar no era la solución para los problemas argentinos y, con reminiscencias del memorándum de Onganía de agosto de 1962, “que la experiencia ha demostrado que el Ejército, en función de gobierno, se convierte en una institución deliberativa y se corrompe la disciplina, lo que conduce a la anarquía”.²¹ Sin embargo, el anteúltimo párrafo deslizaba, con bastante discreción, algunas de las reivindicaciones de los militares (“la incertidumbre del futuro electoral, y los problemas que afectan a la provincia de Tucumán”).

El comunicado fue una verdadera sorpresa para los golpistas y tuvo un fuerte impacto en las instituciones armadas. Paradójicamente, si bien utilizaba los argumentos del comando azul (“pura doctrina azul”, según Laprida), sus críticos lo consideraron “demasiado oficialista” y censuraron la afirmación sobre la incapacidad de las Fuerzas Armadas para solucionar los problemas nacionales.²² También, como parte de la acción psicológica golpista, acusaron a los secretarios de intentar imponer una doble verticalidad, y de dividir al Ejército.²³

El comunicado inició una tregua tácita que, según algunos medios opositores, duraría entre cuatro y seis meses. En ese lapso, el Secretario de Guerra debía lograr cambios que “dinamizaran” la acción de gobierno. Se trataba de medidas rápidas y profundas que mejoraran la imagen de la administración radical, comenzando por el llamado a periódicas reuniones de gabinete de ministros.

El plan de escalamiento del Secretario de Guerra para “cambiar la imagen del gobierno” se encontró con un obstáculo: Illia y Suárez se negaban a aparecer como presionados y, cuando alguna “sugerencia” o “inquietud” tomaba estado público, “se sientan a la retranca y no hacen nada más”.²⁴ Además, tanto el Presidente como su ministro más cercano, Juan Palmero, creían que “el golpe era de pocos”.

Elecciones en Mendoza

Después de Mendoza, la capital del Peronismo está de nuevo en Madrid

Mariano Grondona, abril de 1966

La elección de gobernador de Mendoza del 17 de abril de 1966 complicó aún más el panorama político para el oficialismo, ya que puso en el primer plano un tema que preocupaba a las Fuerzas Armadas: la posibilidad de un triunfo peronista en las elecciones de gobernadores de 1967. Se trataba de la primera prueba importante para la estrategia electoral del gobierno, basada en polarizar la elección entre peronistas y radicales del pueblo; profundizar la división dentro del peronismo entre “ortodoxos” y “vandoristas”; y llegar a acuerdos con otras fuerzas antiperonistas locales.

En Mendoza, en 1965, se había modificado la Constitución provincial para que la elección fuera indirecta, lo que permitiría acuerdos entre las fuerzas antiperonistas en el Colegio Electoral. Para estas elecciones a gobernador, los radicales del pueblo y los demócratas mendocinos, de tendencia conservadora, habían hecho un “pacto de caballeros” por el cual la fuerza política que obtuviese menos votos apoyaría a la otra en el Colegio Electoral. Dos semanas antes de la elección, el favorito era el oficialista Partido Demócrata, cuyo candidato era el bodeguero Emilio Jofré, cuñado del Ministro de Defensa. La principal oposición correspondía al neoperonista Movimiento Popular Mendocino (MPM), encabezado por el diputado vandorista Alberto Serú García.²⁵ El candidato del peronismo ortodoxo, Ernesto Corbalán Nanclares, figuraba en los sondeos previos en un lejano cuarto lugar. Sin embargo, días antes de la elección, Perón envió a Mendoza a su esposa Isabel a apoyar la campaña de Corbalán Nanclares. El gobierno radical permitió que la voz de Perón se escuchara en medios oficiales por primera vez desde 1955. La intervención de Perón restaba posibilidades al candidato del MPM, pero a esto no parecía preocuparle al viejo líder porque su objetivo era vencer a la disidencia vandorista.

El resultado de la elección dio el triunfo a Jofré con 129.000 votos sobre el candidato de Perón, que obtuvo 102.000. Serú García quedó en cuarto lugar con 62.000 votos. Si bien entre los dos candidatos de origen peronista sumaban 164.000 sufragios, obtuvieron sólo 16 electores, tres menos de los necesarios para consagrar gobernador a Corbalán Nanclares. La excelente elección del candidato de Perón significó un verdadero terremoto en la interna peronista, que trastocó todo el panorama político nacional. Muchos dirigentes que hasta entonces permanecían neutrales se encolumnaron detrás de Perón, que lanzó una ofensiva destinada a establecer un férreo control sobre el Partido Peronista. Vandor y sus aliados debieron replegarse y replantear sus tácticas. La elección de Mendoza dejó en evidencia que, mientras hubiera elecciones, ningún proyecto autónomo podría enfrentar a una orden de Perón. Para Primera Plana aquellas elecciones

demostraron que la masa peronista, en su mayoría, se mantiene en estado coloidal, ajena a las sugerencias de sus dirigentes inmediatos, atada –por un fenómeno milagroso de comunicación y de pervivencia afectiva– al carro triunfal del residente en la Puerta de Hierro (Primera Plana, 19/4/1966, p. 9).

Desde el punto de vista del oficialismo, el resultado electoral demostró que su estrategia era viable: se podía derrotar electoralmente al peronismo a partir de su división y del acuerdo con terceras fuerzas locales. Paradójicamente, ya no podría utilizarla en 1967, puesto que se basaba en la división del peronismo en partes casi iguales, y eso ya no sería posible. Por ese motivo, en ámbitos políticos y castrenses, se interpretó que la estrategia de incorporación del peronismo del gobierno radical había fracasado.²⁶ Como señala Catalina Smulovitz (1993: 418), a partir de entonces, desde los sectores que apoyaban el golpe, el gobierno sería acusado “no ofrecer soluciones para resolver la cuestión peronista”.²⁷

La derrota política decidió a Vandor y su grupo a apostar todas sus fichas al golpe de Estado y a una relación de privilegio con el futuro gobierno. ¿En qué se beneficiaba el vandorismo con la instalación de un gobierno militar? Vandor prevalecía en los gremios, Perón se imponía en el partido, mientras hubiera elecciones y partidos. Desde luego, si las elecciones de gobernadores, previstas para 1967, no se llevaban a cabo, entonces la influencia de Perón se reduciría; la de los dirigentes sindicales, en cambio, aumentaría. Vandor, que había dudado entre la situación legal a través de una victoria frentista tolerada por los militares y apoyar un golpe de Estado, ya había elegido (Rouquié, 1982: 240).

Perón

Aunque parezca paradójico, los mismos militares que se mostraban horrorizados frente a un posible triunfo peronista en las elecciones de 1967 estaban muy interesados en tomar contacto con Perón. Según el coronel Juan Francisco Guevara, a comienzos de 1966, un grupo de generales le pidieron que viajara a Madrid a entrevistarse con Perón para plantearle su posición ante la eventualidad del derrocamiento de Illia, y pedirle “una suerte de guiñada de no perturbar, de no molestar desde Madrid esta acción de ellos”. Antes de contestarles, Guevara pidió autorización al general Onganía, pero este le dijo “Que él no creía conveniente, ni necesario ningún contacto con Perón. Que él no compartía la posición de los generales que estaban haciendo esta propuesta. Así que me agradeció que hubiera ido a hablar con él del tema, y ahí quedó”.²⁸ No obstante, en los meses siguientes se multiplicaron los rumores sobre presuntos enviados a Madrid. Los contactos evidentemente existían. El 20 de marzo, en una carta a un dirigente peronista, vinculado al general Fonseca, jefe de inteligencia del Ejército, Perón lo autorizó a hablar en su nombre con los militares e “informarles que estoy absolutamente de acuerdo con sus propósitos, y que si viniera un delegado, debidamente autorizado, tendría un gran placer en recibirlo y tratar con él en el mayor secreto, cuanto fuera menester a los fines que, tanto ellos como nosotros perseguimos para el bien de la Patria”.²⁹ El doctor Jorge Taiana (2000: 19) recuerda que cuando se reunió con Perón en Madrid, el 17 de mayo de 1966, éste le contó que había conversado por dos horas con el hijo del general Onganía.³⁰ Cinco días después, el 22 de mayo, Julio Alsogaray le informó a fuentes de inteligencia norteamericanas que habían enviado un emisario a Madrid con el objetivo de lograr la promesa de Perón de ordenar a sus seguidores que no obstaculizaran al nuevo gobierno.³¹ Más allá de este supuesto encuentro, en abril había tenido una larga conversación con el editorialista de Confirmado, Mariano Montemayor, un periodista nacionalista con llegada a los círculos golpistas.³² Lo que no queda duda es que algún contacto existió. Así lo confirma el propio Perón en la entrevista que concedió a Tomás Eloy Martínez, enviado de Primera Plana, el anochecer del 28 de junio de 1966, en la oficina de Jorge Antonio en el Paseo de la Castellana (Madrid). Allí reconoció que “cuando los jefes militares me visitaron por interpósita persona, descubrimos algunas coincidencias”. No obstante, Perón no pactó con ellos y, en un principio, adoptó una posición cautelosa, de simpatía hacia el gobierno revolucionario.³³

El discurso de Pistarini

El 10 de mayo, Primera Plana publicó –en su edición 176– un memorándum secreto titulado “Las FF.AA. y el problema argentino”, que habría circulado entre “jefes y oficiales”. Más allá de que en ningún momento se indica la fuente del documento, es evidente que el texto fue “filtrado” por el estado mayor golpista, como parte de su campaña de acción psicológica, para contrarrestar el comunicado oficial del 1º de abril. Al igual que aquel, se asentaba en la más pura tradición azul. Sin embargo, a diferencia del comunicado oficial, que ponía énfasis en los conceptos constitucionalistas del comunicado 150, este texto se basaba en el discurso de West Point leído desde el antiperonismo del comunicado 200. Uno de los elementos más valiosos del texto es que parece marcar el final del conflicto entre azules y colorados. Mientras los colorados creían que la institución podía dar “solución a los grandes problemas del país”, los otros (los azules) eran “la última reserva de la patria”. Por lo tanto el enfrentamiento “no respondió a que tuvieran una imagen distinta del país. Nació del enfrentamiento de dos concepciones diferentes acerca de la misión específica que incumbía a las Fuerzas Armadas en esa coyuntura”. Superada la coyuntura, las diferencias desaparecían. También se quejaba amargamente de las autoridades civiles que “adoptan la política de ignorar a las FF.AA.”, cuyo resultado fue que “la gravitación de las Fuerzas Armadas en la vida del país quedó reducida a cero, inclusive en aquellas cuestiones que afectaban a la Defensa Nacional”.

La contraofensiva golpista acortó los plazos de Castro Sánchez y Laprida. En ese sentido fue muy importante la reunión del Presidente con un grupo de generales realizada el 20 de mayo, en Olivos. Disconformes con los resultados, los complotados decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción. Desde entonces los medios de comunicación más cercanos a los golpistas comenzaron a pronosticar las posibles fechas de la “Revolución Nacional”. Ya poco importaban los resultados obtenidos por los secretarios para “dinamizar” la administración radical. El día D debía ser previo a la convocatoria de los comicios parciales de 1967. Los comentarios periodísticos indicaban que el golpe –que según la propaganda era inevitable– ocurriría entre agosto y septiembre, evitando la cercanía de las fiestas del Sesquicentenario de la Independencia. Los complotados, sin embargo, se mantenían atentos. Sabían que en el Ministerio de Defensa se estudiaban variantes tendientes a descabezar la cúpula del Ejército, reemplazándola por otra integrada con oficiales probadamente legalistas.

La cuenta regresiva se inició con el discurso de Pascual Pistarini por el Día del Ejército (29 de mayo de 1966), en Plaza San Martín, en presencia del propio Presidente de la Nación. La noche anterior, Pistarini, junto a los generales Iavícoli y Alsogaray, comunicaron a por lo menos tres periodistas que aquel discurso sería la señal de partida de un golpe de Estado. Se trataba –dijeron– de una verdadera revolución, y por eso Onganía había aceptado encabezarla. Todavía no tenía fecha definitiva (Selser, 1986: 47-50). ¿Cuál era el objetivo de divulgar esa información entre importantes redacciones periodísticas? ¿Acaso conocer la reacción de los principales diarios para saber si se podría contar con ellos? Quizá sólo se tratara de retroalimentar la campaña de prensa contra el gobierno. Conocedores de la inexorabilidad y la inminencia de los sucesos, los diarios destacarían las informaciones sobre reuniones, contactos o apariciones públicas que, de otra manera, pasarían inadvertidos. El resultado sería una mayor sensación de inevitabilidad entre la opinión pública, a la vez que una mayor expectativa en torno al próximo gobierno.

El ministro Suárez también conocía con anterioridad el tono del discurso, y lo informó al doctor Illia, quien le restó importancia, no creyó que hubiera motivo para alguna agresión, ni “que las cosas sucedieran como se las informaban”.³⁴ Illia no creía que Pistarini se atrevería a pronunciar un discurso con ese tono. Poco antes de comenzar el acto, Suárez habría propuesto al Presidente que tomara el micrófono y reemplazara al Comandante en Jefe en ese mismo momento. Se ofreció incluso a ser él quien lo hiciera si no entraba en el estilo presidencial, ajeno a los gestos espectaculares. De esa forma se fortalecía la autoridad presidencial, “se ganaban posiciones en las Fuerzas Armadas y se aventaba la posibilidad el golpe”, y “se ganaba tiempo para consolidar la situación del gobierno”. Illia siguió pensando que se trataba de una alarma injustificada.

Finalmente, en presencia de las autoridades nacionales y de los líderes golpistas,³⁵ Pistarini leyó el discurso tal cual había trascendido.³⁶ Fue sumamente provocador e imprudente, pero también un claro indicador de que la decisión de pasar a la acción ya había sido tomada. A partir de ese día, el curso de los acontecimientos comenzó a acelerarse al tiempo que aumentaban las presiones, públicas y privadas, sobre el Secretario de Guerra.

En su discurso, Pistarini expresó, entre otras cosas:

Se vulnera la libertad cuando por conveniencia se postergan decisiones, alentando la persistencia de mitos totalitarios perimidos, burlando la fe de algunos, provocando la incertidumbre de otros y originando enfrentamientos estériles, inútiles derramamientos de sangre, el descrédito de las instituciones que generan por igual el desaliento y la frustración de todo. [...] Este gobierno que subió al poder sin ataduras, compromisos ni pactos de ninguna clase, posterga urgentes soluciones con maniobras que no se justifican en este momento.

Al regresar al palco, el Presidente tendió la mano del Comandante en Jefe y le preguntó con tono enérgico –recordaba el ministro de Defensa: “Señor general, ¿qué es lo que usted ha querido decir en el discurso?”. Pistarini se ofreció a entregarle una copia del mismo, después de excusarse con que “no ha habido ningún propósito”.³⁷ De inmediato el Presidente se levantó y se retiró del acto. ¿Había decidido relevar a Pistarini? No. Se dirigió al ministro Suárez, a solas, y le pidió: “Lea con tranquilidad el discurso, no haga ningún comentario a la prensa y mañana conversamos en mi despacho a primera hora”. Suárez recordaría años después que los términos del discurso “no resultaban por sí mismos agresivos, pero que evidenciaban una intención que sólo puede verse con claridad si se considera el momento que se vivía y la campaña psicológica que se venía haciendo para conformar el clima del golpe” (Kvaternik, 1990: 86-87).

La noche del 29 de mayo, el ministro de Defensa se reunió en su domicilio con los generales Castro Sánchez y Laprida. El secretario de Guerra propuso relevar a Pistarini y reemplazarlo por Adolfo Cándido López. Él también presentaría su renuncia y sugería que Carlos Caro lo reemplazara como secretario. Según este relato, Laprida se opuso: “Eso es lo que están esperando para dar el golpe. Este discurso es nada más que un anticipo del golpe. Están esperando una causa, y la causa sería el relevo de Pistarini”. El ministro creía por el contrario que los golpistas no estaban en condiciones ni fuerza para hacer un golpe inmediato.³⁸

Al día siguiente, el ministro Suárez se entrevistó con el Presidente y le repitió su opinión de que debía relevarse a Pistarini de inmediato para evitar el golpe de Estado. El Presidente se manifestó en contra de esa medida, por lo que Suárez le expresó su decisión de renunciar a la cartera de Defensa. Illia insistió en que debía tomar el episodio con calma, manifestándole que una renuncia en ese momento era inconveniente. Suárez consideró –junto al Subsecretario Hernán Cortés– la renuncia a su cargo, pero finalmente decidió redactar una declaración que, de manera indirecta, permitiera relevar a Pistarini. Dos días después, el ministro Suárez declaró que el discurso de Pistarini no era sino un reconocimiento de la labor de gobierno:

Para un gobierno que ha restituido al pueblo su derecho a vivir en libertad y sin miedo, después de más de treinta años continuados de estado de sitio que suspende el ejercicio pleno de la libertad que consagra la Constitución, las reflexiones del señor comandante en jefe, en el que ensalza las virtudes de la libertad, resultan alentadoras porque es un reconocimiento importante de la labor cumplida (Atlántida, agosto de 1966, p. 53).

Con esta declaración, que habría sido discutida con el propio Presidente, el ministro de Defensa (“astuto y sibilino”, según Atlántida) buscaba la reacción del Comandante en Jefe del Ejército. En caso de que guardara silencio significaba que no estaban en condiciones de precipitar el golpe de Estado. Si desmentía al ministro o cometía alguna reacción imprudente podría ser relevado. Pistarini no acusó el golpe. Las brevas no estaban maduras. La declaración, sin embargo, fue malinterpretada por sectores de la opinión pública para quienes tanto el Presidente como su ministro de Defensa no tenían una clara comprensión de la realidad.³⁹

Paralelamente, el general Castro Sánchez decidió acelerar el plan de escalonamiento y presentó su renuncia para provocar una crisis que arrastrara al Comandante en Jefe. Proponía la designación del general Adolfo Cándido López como Comandante en Jefe, y del general Carlos Caro como secretario de Guerra. Ninguno de ellos había sido consultado previamente. Él personalmente redactó en su domicilio los decretos correspondientes, que fueron firmados por Leopoldo Suárez, quien se comprometió de hacérselos llegar al Presidente al regreso de un viaje. Esos decretos nunca fueron firmados por el Jefe de Estado.⁴⁰

El 2 de junio se produjo la primera conversación entre las autoridades de la Secretaria y el general Pistarini tras el discurso del Día del Ejército. El Secretario de Guerra manifestó que el discurso había sido inoportuno, puesto que se había acordado que las presiones sobre el gobierno se realizarían a través de las autoridades políticas del arma, y le entregó un documento que sirviera de base para las relaciones entre ambos. Incluso acordaron que, en un gesto de reconciliación, se mostrarían juntos en alguno de los actos que se realizarían el día 3 de junio. No obstante, Pistarini se abstuvo de aparecer en público junto a Castro Sánchez de allí en adelante.⁴¹

Al día siguiente, Castro Sánchez (cuya renuncia no había sido considerada) y Laprida se reunieron con Illia para exponerle sus interpretaciones de la situación del Ejército frente al gobierno. Para el Secretario, el gobierno debía “mostrar una nueva imagen”, debía dar la sensación de que hacia algo para solucionar los problemas del país, entre los que se contaban la crisis tucumana, la universidad y las elecciones de 1967. Una de las medidas que podría generar esta nueva imagen de dinamismo sería la modificación parcial del gabinete. Illia, preocupado porque esto no fuera un planteo, sino una opinión personal de un integrante del gabinete, se opuso a la modificación del mismo. Creía que tenía un equipo coherente y que de nada valdrían los cambios, o la incorporación de alguna figura de renombre si el objetivo era deteriorar al gobierno. De la misma manera que en octubre de 1963 se había negado a incorporar extrapartidarios al gabinete, ahora se negaba nuevamente a considerar la posibilidad del gabinete de coalición. Laprida recordaba que Illia les expresó

la experiencia le decía muchas veces, cuando el propósito era deteriorar al gobierno, con cambiar algunos hombres no se ganaba nada, puesto que dos o tres meses después serían otros los destinatarios de la crítica, obligando a cambiar constantemente nombres, lo que perjudicaba la continuidad de la obra de gobierno (Laprida, s/f).

El Presidente “consideraba peligroso incorporar nuevos miembros al gabinete pues podían transformarse en verdaderos caballos de Troya”. En su mente estaba la imagen de Arturo Frondizi, quien fue derrocado a pesar de que hizo todos los cambios de gabinete que le solicitaron.

También Laprida intentó convencer al Presidente. No discutía si el gobierno era bueno o malo, sino la imagen que de él tenía el Ejército. Era necesario generar “expectativas” sobre todo en aquellos temas que más afectaban la sensibilidad de la institución. El gobierno debía mostrar una imagen más dinámica si quería sobrevivir.⁴² En esa reunión los jefes legalistas escucharon al Presidente decirles que: “No debe morir un solo soldado para defender al gobierno. Si hay un movimiento, que triunfe el movimiento, pero no se reprime”.⁴³ El Secretario de Guerra no compartía esta actitud que ataba sus manos. Creía que el Presidente debía hacer respetar su autoridad y estar dispuesto a reprimir si fuera necesario.

* * *

La madrugada del 6 de junio, parte del gabinete se habría reunido en una quinta del ministro Alconada Aramburu, sin conocimiento de Illia, con los generales Caro y Castro Sánchez. Allí el primero habría aceptado el ofrecimiento para conducir al Ejército, sujeto a la decisión presidencial. El relevo estaba previsto para el domingo 12 de junio, al regreso de una visita presidencial a Rufino, Santa Fe. Caro dio por descontada la designación y contactó a quienes habrían de acompañarlo, incluido Cándido López. Para justificar el relevo de Pistarini, el ministro de Justicia, Alconada Aramburu, difundió un supuesto plan de gobierno de los golpistas.

Días después, el 8 de junio, Illia encomendó al gobernador de Entre Ríos, Carlos Contín, que tomara contacto con el general Pistarini, que realizaba una gira de inspección por unidades de la 2ª Brigada de caballería. El gobernador se comunicó esa misma tarde con el comandante de la Brigada, general Ceretti, y expresó que deseaba tener una entrevista para conversar sobre “la situación general del país e interiorizarse sobre los puntos de vista que [...] podrían tener los oficiales de la guarnición”, siguiendo instrucciones de Illia.⁴⁴ Se trataba, aparentemente, de sondear las intenciones de Pistarini, pero este se negó a reunirse con el gobernador. Finalmente, el 11 de junio, Contín se reunió con Ceretti, en el domicilio de éste, previa autorización del comandante del Segundo Cuerpo (Kvaternik: 1990: 95-97).⁴⁵

Mientras tanto seguían adelante las gestiones para designar Comandante en Jefe al general Caro. El Presidente habría acordado y el decreto habría sido redactado por Suárez. No obstante, durante su viaje a Rufino, el gobernador Contín se comunicó con Illia y le manifestó que de su conversación con Ceretti se desprendía que no había posibilidades de golpe. Al llegar a Buenos Aires, Illia decidió no innovar y anuló el relevo de Pistarini. ¿Por qué Illia cambió de opinión a partir de la consulta con un jefe de brigada cuando las autoridades políticas del Ejército recomendaban el relevo? Una nueva oportunidad se había perdido.

El miércoles 8 de junio, varios ministros se reunieron en casa Juan Palmero y decidieron poner sus renuncias a disposición del Presidente. Ante la insistencia de algunos de sus ministros, Illia convocó a la primera reunión de gabinete desde noviembre de 1963 para el viernes 10 de junio. Durante el cónclave se discutieron, entre otros temas, la posibilidad de intervención de Tucumán, y el relevo de algunos funcionarios de empresas estatales. El Presidente se refirió directamente a las versiones de golpe y dejó en claro que no creía en esas versiones. Así lo habría expresado:

¿Quiénes lo quieren? No lo quiere la universidad, no lo quieren los partidos políticos de gravitación y caudal electoral, incluido el peronismo; no lo quieren las Fuerzas Armadas, según lo que ratifican los secretarios responsables; menos lo quiere la Iglesia... ¿Quiénes lo quieren entonces? Un reducido sector de las Fuerzas Armadas, menos del 10 por ciento de ellas, que no lo propician porque suba el costo de vida, baje algún índice de producción o existen problemas políticos, sino sencillamente porque tienen apetencias de poder (Primera Plana, nº181, p. 13).

Illia estaba firme en su determinación de no ceder, a diferencia de Frondizi, ante ningún planteo. Su política tenía como objetivo llegar a las elecciones de marzo de 1967 evitando todo tipo de choque o confrontación que sirviera de excusa para su derrocamiento. El Presidente creía –contra el pensamiento generalizado– que la UCRP podría ganar aquellas elecciones apostando a la polarización del electorado y a una posible división de peronismo en algunos distritos, siguiendo el ejemplo de Mendoza. Por eso, a pesar de las presiones, Illia se negó a proscribir al peronismo. Finalmente se resolvió iniciar el diálogo político, relevar algunos funcionarios menores y enviar al Parlamento un proyecto de intervención a la provincia de Tucumán. El Presidente no realizó, sin embargo, ningún cambio en su gabinete.

La intervención a Tucumán había sido uno de los temas centrales del golpismo desde septiembre de 1965, cuando la crisis de la industria azucarera produjo el cese de pago de los sueldos de los trabajadores. La respuesta de la FOTIA fue la toma de ingenios y la instalación de ollas populares. La campaña de acción psicológica, más allá de la situación real de crisis, se proponía fomentar el miedo a la infiltración marxista que avanzaba ante la omisión del gobierno y su insensibilidad ante dicha situación. Las acusaciones de infiltración marxista también afectaron a la universidad. Las presiones militares pedían la intervención, pero el Presidente no cedió.

* * *

Entre el lunes 13 y el miércoles 15 de junio se reunió en el quinto piso del Edificio Libertador la Junta Superior de Calificaciones del Ejército, integrada por todos los generales de división con destino en el país. Durante el segundo día de reunión se llegó a una aparente conciliación entre quienes defendían al gobierno y los partidarios de derrocarlo. El general Caro, ingenuamente, creyó que se había superado la posibilidad de un golpe de Estado inminente, ya que “salvo que se produjeran situaciones de extrema gravedad, tales como el caos económico y social generalizado, y el triunfo peronista en las principales provincias, no se debería interferir en la acción de gobierno” (Senadores, 1988: 3197). En esa misma línea, el general Castro Sánchez evaluó en forma positiva los resultados de la reunión de la Junta de Calificaciones, y consideró que su plan funcionaba y que tenía el respaldo de los más altos mandos. Como corolario de las reuniones, sus participantes redactaron un “Plan de Acción del Ejército”, cuyo punto 3º definía cuándo estarían dadas las circunstancias para establecer que el Plan de Escalada del secretario de Guerra había fracasado. Estas eran:

Desorden social generalizado

Inflación incontrolada

Si próximo a la oportunidad de convocatoria a elecciones se advertía que no están dadas las condiciones y garantías de seguridad requeridas

Cuando se percibe que el conjunto de medidas del PEN no tienden a alcanzar los objetivos señalados⁴⁶

Dado que ninguna de estas circunstancias parecía cercana, todo indicaba –al menos eso creían ciertos sectores del oficialismo y los militares legalistas– que la posibilidad de golpe de Estado había desaparecido en el corto plazo. Sin embargo nada había cambiado. Los golpistas tomaron compromisos que no estaban dispuestos a cumplir. Y si no habían fijado la fecha del derrocamiento de Illia se debía a que todavía no estaban listos todos los preparativos, no habían logrado el apoyo de las otras fuerzas, ni se habían asegurado el ansiado golpe vertical por el cual ninguna unidad debía responder a las autoridades constitucionales.⁴⁷ Por otra parte debían contar con alguna excusa que sirviera como detonante del golpe. Los complotados habían cometido felonía y, según recordaría el general Caro, Cándido López se lo advirtió la tarde del 14 de junio: “Caro, no te confíes de estos tipos que te van a firmar cualquier cosa y después te pueden dar una puñalada por la espalda [...]” (Senadores, 1988: 3197).

La Embajada

El 15 de junio de 1966 no sólo el oficialismo era optimista sobre la postergación de los planes golpistas, sino también Edwin Martin, embajador norteamericano. Martin consideraba que no había peligro de que estallara un golpe de Estado en los próximos días. Para entonces, la actividad legalista del embajador había desatado una intensa campaña psicológica en su contra desde algunos medios golpistas. Al embajador, calificado como “el más sagaz teórico de la bondad y la necesidad de mantenimiento del gobierno”,⁴⁸ se lo acusaba de entrometerse en los asuntos internos de nuestro país. Se intentaba demostrar que el embajador no representaba el pensamiento de los principales sectores de su país, sino tan sólo al de un grupo minoritario dentro del Departamento de Estado.

En su informe sobre la situación política, Edwin Martin sostenía que la economía mostraba signos de mejoría, por lo que eran “incomprensibles” los rumores sobre la inminente caída del gobierno. Se trataba de una atmósfera “artificial”, fogoneada por la prensa opositora sensacionalista. De todos modos, más allá de la situación artificial, el gobierno había tomado algunas iniciativas para enfrentar los argumentos de los golpistas, en particular a partir de las reuniones plenarias del gabinete iniciadas el 10 de junio.⁴⁹ Por lo tanto, asumiendo que la ofensiva del gobierno, a partir de las reuniones de gabinete, retrasaría el resurgimiento de una atmósfera de crisis en junio, debía considerarse que el peligro de golpe de Estado estaba superado, al menos hasta septiembre. El embajador llegaba a esta conclusión a partir de los informes de fuentes de inteligencia y de considerar que julio y agosto no eran meses propicios para un golpe de Estado en virtud de los festejos del sesquicentenario de la Independencia y de la Conferencia Interamericana programada para agosto y comienzos de septiembre. Tal era su seguridad que decidió tomarse su licencia a partir del 16 de junio.⁵⁰ Su partida hacia los Estados Unidos fue deliberadamente malinterpretada, por lo que él calificaba como prensa sensacionalista, como el reconocimiento de su fracaso para evitar el golpe.⁵¹

Un día antes, el 14 de junio, siguiendo la sugerencia del embajador Martin, el subjefe de Estado Mayor Adjunto para Operaciones Especiales del Pentágono, general William P. Yarborough, tuvo oportunidad de hablar con el representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, general Jorge Shaw. El general norteamericano le manifestó que un golpe de Estado “podría afectar nuestros programas de asistencia, incluyendo aquellos que interesan a los militares”. Según el informe de Yarborough, la respuesta de Shaw “significó claramente, aunque con sutileza, su convicción de que una interrupción de la asistencia norteamericana no sería un gran desastre para la Argentina”.⁵²

La Aeronáutica y la Marina

A comienzos de junio, el Alto Mando aeronáutico también era partidario de derrocar al gobierno constitucional, en especial luego de la renuncia del Comandante en Jefe, brigadier Armanini. La crisis que determinó el retiro de Armanini comenzó en abril, cuando el brigadier Teodoro Álvarez, Jefe de Estado Mayor, le entregó un “asesoramiento” elaborado por los brigadieres. Allí se señalaba que “la autoridad del gobierno y la situación política, económica y social están seriamente deterioradas” y que “no se descarta la posibilidad de que como consecuencia de un evidente empeoramiento de la situación actual se haga necesaria la intervención del gobierno por las Fuerzas Armadas”.⁵³ El comandante, que no compartía en su totalidad el pensamiento de sus pares, solicitó su retiro a comienzos de mayo y fue reemplazado por el brigadier mayor Álvarez.

Poco después, el ministro Suárez relevó al brigadier Hugo Martínez Zuviría como director de la Escuela Nacional de Guerra por utilizar en uno de los cursos un folleto anticomunista editado por FAEDA que acusaba al gobierno de fomentar la expansión del “marxismo”.⁵⁴ El 3 de junio, el comando en jefe de la Aeronáutica emitió un radiograma con la solidaridad de los brigadieres con Martínez Zuviría que criticaba, implícitamente, a Leopoldo Suárez. Esa misma noche se emitió un segundo radiograma, ahora favorable al ministro, que desató el malestar de los brigadieres. El miércoles 8 de junio la mayoría de los brigadieres exigieron a Álvarez una explicación por el segundo radiograma y se mostraron muy críticos con la gestión del gobierno. Algo similar ocurrió en la reunión del miércoles 15 entre el legalista Secretario Romanelli y el Consejo de Brigadieres.

La tensión se agravó aún más cuando Romanelli impuso 25 días de arresto a los brigadieres mayores Ricardo Favre y Carlos Benavides por manifestaciones contra el gobierno. La sanción acentuó el clima revolucionario en el Consejo de Brigadieres, que se manifestaba dispuesto a acompañar a sus colegas del Ejército.

* * *

Los complotados tenían contactos con la Aeronáutica pero no con el Almirantazgo. En mayo, el general Eduardo Uriburu se había reunido con el contralmirante Jorge Perrén y el almirante Adolfo Estévez para confiarles que la revolución era inevitable y que era necesario que las tres armas participaran en él. El 9 de junio, el mismo Perren, ahora acompañado por el capitán de navío (ret.) Héctor Padilla, concurrió al domicilio del jefe de la inteligencia del Ejército, general Fonseca. Éste le dio detalles del movimiento revolucionario e insistió en la necesidad de contar con el apoyo de la Marina, una fuerza en la que el Presidente tenía muy buenas amistades. El día anterior, a instancias del Secretario Pita, el Consejo de Almirantes había difundido un comunicado en el que respaldaba el orden constitucional. Cuatro días después, el 13 de junio, Perren se reunió con el Comandante de Operaciones Navales, almirante Benigno Varela para ponerlo al tanto de su conversación con Fonseca. En esa entrevista le solicitó que hablara con Pistarini para “acordar una acción conjunta de las tres Fuerzas Armadas para presionar al gobierno en procura de una salida institucional” y que lo autorizara a participar, en representación de la Armada, en la redacción de los objetivos de la revolución (Perren, 1997: 510).⁵⁵ La respuesta afirmativa del almirante Varela llegaría el miércoles 22 de junio.

El silencio de Onganía

La política sería una tentación, y el silencio un destino. Era el mismo silencio de DeGaulle en Colombey les deux Eglises, en cuyo caso, la espera rindió frutos y al silencio siguió el poder.

Mariano Grondona

Onganía siempre afirmó que no había participado de la preparación del golpe de Estado. Siguiendo el consejo de Mariano Grondona, el ex comandante evitó las declaraciones públicas. Fue, usando la afortunada expresión de Robert Potash (1994a: 234), el “socio silencioso” de los golpistas. Ese silencio público se correspondía con continuos contactos privados con militares, empresarios o sindicalistas. Onganía parecía oficiar de presidente paralelo desde su departamento de la calle O’Higgins, en el barrio de Belgrano. Hasta allí Julio Alsogaray hizo llegar a empresarios, muchos vinculados con su hermano Álvaro. También lo visitaban dirigentes nacionalistas, relacionados con algunos de los hombres de mayor confianza de Onganía, como el general Mario Fonseca. Dos de ellos, los generales retirados Imaz y Eduardo Señorans, se transformaron, hacia enero de 1966, en sus “ojos y oídos” en la conspiración. Ambos tenían la misión de participar en reuniones pero no hablar en nombre de Onganía.⁵⁶ También recibía a empresarios, gremialistas, políticos, militares retirados, e incluso a algún obispo. Conocía gente, recibía datos, opiniones pero no se comprometía con nadie. Uno de los que lo visitaba era el coronel Juan Francisco Guevara. También recibió los mensajes de varios jefes de unidades del Gran Buenos Aires, pero nunca tomó contacto con ellos (Ballester, 1996: 118).

El 11 de mayo, el agregado militar norteamericano recibió la consulta de Onganía, a través de un amigo en común, sobre la visión que tenía el embajador Martin del gobierno argentino.⁵⁷ Poco después, en una fecha cercana al discurso de Pistarini, recibió el ofrecimiento de la presidencia. Allí les manifestó a quienes le hicieron esa propuesta que no debía tener condicionamientos y que debía tratarse de una verdadera “Revolución Nacional”.⁵⁸

El último fin de semana de mayo, el general Onganía participó de un Cursillo de Cristiandad, realizado en “La Montonera”, una quinta del partido de Pilar perteneciente a la Curia. Este movimiento espiritual habría llegado a la Argentina en 1964, de la mano de algunos sacerdotes españoles, y alcanzó rápida difusión en la Aeronáutica y el Ejército. Durante ese cursillo y en reuniones posteriores (las ultreyas), Onganía habría tomado contacto con algunos de los que serían sus colaboradores.⁵⁹

Durante el mes de junio se intensificaron los contactos con los complotados. Uno de los hombres claves era Lanusse, quien le informó que estarían en condiciones de moverse en cualquier día posterior al 20 de junio. Según recuerda el director de Criterio, padre Jorge Mejía, en los últimos días de junio, el padre Iñaki de Aspiazu lo citó a una reunión con los generales Lanusse y Onganía en casa de un amigo común. El objetivo habría sido convencerlos de “la inutilidad y sobre todo peligrosidad de una revolución militar”. Uno de ellos le manifestó “Nos proponemos instalar el Argentina el régimen de las encíclicas”.⁶⁰ Según Mejía, ambos generales ya tenían una decisión tomada. Para esas mismas fechas otro de los hombres del complot, el coronel Luís Máximo Premolí, comenzó a trabajar con Onganía. Revisó memorándums y elaboró los discursos que pronunciaría luego de asumir.

Los últimos días

El 20 de junio Illia viajó a Rosario para la celebración del Día de la Bandera. Luego de la ceremonia, se trasladó a la Jefatura de Policía acompañado por el gobernador de Santa Fe, Aldo Tessio, Castro Sánchez y Caro. Illia aprovechó para pedirle al Comandante del Segundo Cuerpo su opinión sobre la situación militar. Caro, optimista tras la reunión del día 15, le informó que “consideraba que el problema militar estaba resuelto favorablemente”. Durante esa conversación, el Presidente le manifestó a Caro su intención de designarlo, oportunamente, Comandante en Jefe del Ejército (Senadores, 1988: 3197).⁶¹

Ese mismo día, en Paraná, el almirante Varela conversó con el vicepresidente Perette sobre la situación política. Según Perren, el Comandante de Operaciones Navales transmitió que la Marina no deseaba un golpe de Estado, pero no otorgaría un cheque en blanco al gobierno. Dos días después, Varela informó a Perren que los jefes de las tres fuerzas habían acordado en esperar hasta septiembre, y que redactarían un documento conjunto sobre la situación política para exponerlo ante el doctor Illia.⁶²

Para esa fecha, aproximadamente, los golpistas comenzaron a distribuir las órdenes de Operaciones. La Xª Brigada tendría un papel fundamental en la toma del poder, y su comandante, el general Jorge Von Stecher, informó a los jefes de regimiento que cumplirían un papel decisivo en el derrocamiento de Illia y que debían estar preparados para actuar (Ballester, 1996: 121; Potash, 1994a: 272).

El martes 21 de junio se hizo pública una reunión entre Julián Sancerni Jiménez, caudillo del sector unionista del radicalismo porteño, con el general Osiris Villegas en el Jockey Club. Allí el dirigente radical propuso cambios en el gabinete y modificaciones en la gestión de gobierno para “asegurar la permanencia del doctor Arturo Illia en la presidencia”. Villegas no hizo comentarios e informó a sus superiores.

* * *

Durante todo el viernes 24, los ocho generales de división con destino en el país mantuvieron extensas reuniones con el Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra y, finalmente, con el ministro Suárez. Los generales se mostraban divididos.⁶³ Algunos eran decididos partidarios del golpe, mientras que otros no se mostraban convencidos de la oportunidad de la toma del poder, o bien como en caso de Hure que Onganía asumiera la presidencia.⁶⁴ En esa oportunidad, Caro volvió a mostrar su intransigencia. Su actitud les confirmó a los complotados que si pretendían un golpe “institucional”, sin resistencia, Caro debía ser previamente neutralizado. Como resultado de esas deliberaciones, los generales de división decidieron ampliar el compromiso de honor del día 15, dejando en claro que no se producirían relevos ni renuncias sorpresivos. De esta forma, los golpistas buscaban evitar un posible descabezamiento del Ejército para imponer a Caro como Comandante en Jefe, tal como lo habían hablado este y el Presidente en Rosario.

En el caso de Hure era evidente que no participaba del complot, pero tampoco parecía dispuesto a resistir la decisión de derrocar a Illia. El comandante del Tercer Cuerpo no admitía que Onganía pudiera ser Presidente de la Nación y había expresado públicamente conceptos despectivos sobre su capacidad ante oficiales de la guarnición militar de Córdoba.⁶⁵

Mientras tanto, el ministro de Defensa se reunía en Casa de Gobierno con los secretarios Militares, los comandantes en jefe, y el jefe de Estado Mayor de Coordinación. Allí acordaron el temario para tratar en una próxima entrevista con el Presidente. Según el memorándum de aquella reunión, el tema principal fue el posible triunfo peronista en 1967. El gobierno debía asegurar que el peronismo ortodoxo no obtuviera gobiernos provinciales y municipales, y se hablaba, incluso, de reimplantar el decreto 4161/56 de prohibición del peronismo.

El viernes 24 de junio, Castro Sánchez concurrió al Círculo Militar de Olivos a la despedida de un agregado militar norteamericano. Previamente, en camino hacia Olivos, hizo una escala en casa de Caro, en Avenida Libertador y General Paz. Allí se encontró con los dirigentes neoperonistas Armando Caro (hermano del general), Rodolfo Tecera del Franco y Alberto Serú García. El encuentro, casual según el relato del Secretario de Guerra, tendría graves consecuencias días después.

Aquella noche tanto el ministro de Defensa como el secretario de Guerra se retiraron optimistas. Ambos estaban convencidos de que el peligro de un golpe de Estado había sido superado, en el corto plazo. Tal es así que Castro Sánchez decidió pasar todo el fin de semana descansando en su residencia de Campo de Mayo.⁶⁶ El Subsecretario Laprida, sin embargo, fue convocado a Olivos por el Presidente el sábado por la noche. Según su relato, Laprida pidió a Illia que tomara medidas en forma urgente. Debía reunir al gabinete, aceptar la renuncia de sus miembros, realizar nuevas designaciones y anunciar un Plan de emergencia el mismo lunes 27 de junio (Laprida, s/f; Potash, 1994a: 270-271).⁶⁷ Illia, como en otras oportunidades, recordó que los cambios de Frondizi no impidieron su derrocamiento; y pidió que preparase un borrador del “plan de emergencia”. No obstante, al día siguiente, Illia no convocó al gabinete y viajó a un acto a la provincia de Córdoba.

Durante el fin de semana, aparentemente tranquilo, se conoció el encuentro entre Caro y Castro Sánchez en presencia de tres diputados neoperonistas. El rumor corrió rápidamente por los ámbitos políticos, militares y diplomáticos, y activó las alarmas de los golpistas.⁶⁸ Se hablaba de una presunta alianza radical-peronista. ¿Qué significado tenía ese encuentro? ¿Se trataba de una maniobra para desplazar a Pistarini? No podían darse el lujo de esperar y decidieron actuar. La reunión fue la excusa perfecta para sacarse de encima a Caro y lanzar el operativo golpista.

* * *

El domingo 26 varios de los jefes golpistas estaban reunidos en casa de Fonseca. Hasta allí llegaron el almirante Perren y el capitán Padilla. Uno de los presentes, el general Alsogaray, les entregó copias de las actas revolucionarias, expuso las últimas novedades y su convicción de que Pistarini podría ser relevado y que era necesario iniciar el movimiento revolucionario, a pesar de no poder cumplir el plazo pactado con la Marina (y que la Proclama Revolucionaria aún no había sido redactada). Perren se comprometió a convencer a Varela de “la necesidad de alinear a la Armada en la ya inminente revolución” (Perren, 1997: 511-513).⁶⁹ Del relato de Perren se desprende que, más allá de algunas excusas, Alsogaray temía el relevo de Pistarini.

“Salteadores nocturnos”

La decisión de iniciar el operativo revolucionario la tomó el general Pistarini, personalmente, el 27 de junio por la mañana. Así se lo comunicó a Julio Alsogaray y sus principales colaboradores. Por la tarde informó de su decisión al general Onganía, quien, para entonces, tan sólo había designado a uno de sus futuros ministros. ¿Cuáles fueron sus motivos? Pistarini nunca quiso responder esa pregunta, pero podemos suponer que temiera que la reunión Caro-Castro Sánchez fuera una maniobra que, más allá de la palabra de honor de ambos, pretendía descabezar la cúpula golpista, y decidió actuar en forma preventiva.

Poco después, las tropas de la Xª Brigada fueron acuarteladas, y una a una sus unidades recibieron las misiones específicas que cumplirían en el derrocamiento del gobierno constitucional. Julio Alsogaray, por su parte, llamó a Roberto Roth y le pidió que tuviera listos, para esa misma noche, los primeros decretos que sancionaría la Junta Militar (Roth, 1981: 35-37).

A las 16 horas, el almirante Perren se reunió con Benigno Varela para entregarle los documentos elaborados por el Ejército y solicitarle el apoyo de la Marina al golpe. Según el almirante Varela, la Armada no debía tomar la iniciativa y su actuación simultánea debía condicionarse a la de las otras dos fuerzas. En ese mismo momento, Pistarini se comunicó con el jefe naval para informarle que el movimiento revolucionario estaba en mar cha (Perren, 1997: 514-515). Poco después y luego de una indecisión inicial debida a la falta de información actualizada sobre la situación interna de Ejército, el Almirantazgo se sumó al movimiento revolucionario.

Por la mañana, Pistarini había llamado por teléfono a Caro para pedirle que viajara a Buenos Aires en forma urgente. El gobernador santafesino, Aldo Tessio, no logró comunicarse con el comandante del Segundo Cuerpo para avisarle que se trataba de una trampa. A las 17 horas, el general Caro se presentó ante el Comandante en Jefe y fue relevado inmediatamente y detenido. Se le informó que había mantenido “contactos inaceptables”. Lo acusaban de haber transgredido normas reglamentarias por no haber pedido permiso para participar en una reunión política y por no haber informado posteriormente a su superior. Con la detención de Caro se eliminaba al único oficial superior con mando de tropas dispuesto a defender al Presidente. La noticia generó reacciones en el gobierno, que tomó conciencia de la gravedad de los acontecimientos.

Entre las 20 y las 21 horas, tropas de la Xª Brigada ocuparon los principales centros de radio y televisión. El operativo ya estaba en marcha. Simultáneamente, los jefes de la Marina y la Aeronáutica se reunían con Illia por primera vez, y Castro Sánchez y Laprida presentaban sus renuncias, en un intento de limitar la crisis al ámbito institucional del Ejército. Una hora después, cerca de las 23, el almirante Varela y el brigadier Álvarez solicitaron la renuncia de Illia.

A las 0.50 horas, el Presidente destituyó al general Pistarini acusándolo de responder “a intereses que no son los de la Nación, sino de minorías que anhelan destruir las instituciones democráticas e implantar un régimen contrario a nuestras instituciones”. Minutos después, el Ejército informó que desconocía la destitución de Pistarini, al tiempo que tropas del Primer Cuerpo tomaban los puntos estratégicos de la ciudad de Buenos Aires, y el jefe de inteligencia del Ejército, general Fonseca, se hacía cargo de la Policía Federal. A las 3.30, el general Von Stecher ordenó al Regimiento 3 de infantería que se desplazara y estableciera un cerco sobre Plaza de Mayo y Casa de Gobierno.

Pasadas las 5 de la madrugada, el Presidente, sus ministros y secretarios, y un grupo de correligionarios permanecían aun en el despacho presidencial. Hasta allí llegó el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Julio Alsogaray, el Jefe de la Casa Militar y algunos civiles y militares⁷⁰ para intimar a Illia a abandonar su despacho. Tras un duro cruce de palabras, en el que Illia acusó a Alsogaray y su grupo de usurpadores, bandidos y salteadores nocturnos, estos se retiraron.⁷¹ El comando golpista ordenó entonces estrechar el cerco sobre Casa de Gobierno.

A las 6.30, reingresó al Salón Blanco el coronel retirado Perlinger,⁷² de civil, para exigir la renuncia del Presidente. Tras discutir por algunos minutos, los golpistas se retiraron para regresar a las 7.25 acompañados por una compañía de la Guardia de Infantería de la Policía Federal que desalojó el Salón Blanco. Minutos después, en medio de una multitud de correligionarios, Arturo Umberto Illia abandonaba la Casa de Gobierno en taxi con destino a la casa de su hermano Ricardo, en Olivos.

Había comenzado la autoproclamada “Revolución Argentina”.

La dirigencia política y social frente al golpe

La Revolución no fue inspirada por una mística nacional, sino por
una impaciencia enfermiza a la que se unió la presión lógica de la
ambición de poder de un grupo de militares y civiles.

Manuel Laprida ⁷³

Algunos análisis excesivamente simplificados, por lo general anteriores a 1983, explican la caída del gobierno constitucional por la decadencia del sistema parlamentario, la lentitud, el vacío de poder, o la debilidad ante el avance comunista.⁷⁴ No se trata de explicaciones, sino de la repetición de las excusas de los golpistas como las que encontramos en la Proclama Revolucionaria o la prensa semanal. Las motivaciones de los amplios sectores políticos y sociales que recibieron con beneplácito el derrocamiento del presidente Illia son mucho más complejas. Como afirma Ricardo Sidicaro,

Ninguna coalición golpista anterior fue integrada por tantos actores con intereses opuestos como la que llevó al general Onganía a la presidencia. [...] Lo único que compartían [...] era el rechazo, por motivos diferentes y en muchos aspectos opuestos, al destituido gobierno radical del pueblo (Sidicaro, 2004: 81).

Julio Alsogaray, principal vocero de los conspiradores militares, explicaba a fuentes de inteligencia de la embajada norteamericana que habían decidido derrocar al gobierno radical debido a su “incompetencia” para resolver los problemas económicos de la Argentina; a su “incapacidad para combatir la creciente subversión e infiltración marxista” y a su “fracaso” en solucionar la cuestión peronista, lo que resultaría en un triunfo de estos en las elecciones parciales de marzo de 1967.⁷⁵ Los argumentos sobre la ineficacia gubernamental se convertían de esta forma en articuladores de un consenso alternativo. Como explica Catalina Smulovitz:

El gobierno pudo ser acusado de ineficacia no sólo por no dar soluciones a problemas puntuales, sino también porque las soluciones que brindó no se adecuaban a las deseadas por sus críticos. Así, bajo la crítica de la ineficacia se podía encubrir que la satisfacción de dichas demandas implicaba resultados políticos predeterminados o la satisfacción de reclamos de actores particulares. Sucedió, entonces, que cuando la respuesta del gobierno se alejaba de la solución esperada por los demandantes, la acción gubernamental fue juzgada como ineficaz. El juicio de ineficacia se refería, así, no tanto a la incapacidad del gobierno para dar soluciones a los problemas que podían presentarse, sino al hecho de que sus respuestas no se adecuaban a los resultados específicos esperados por los demandantes. Más que un problema de eficacia hubo un problema de responsiveness a las demandas de los actores mejor organizados. Sin embargo, en el período se impuso la interpretación que caracterizaba a este desencuentro como un problema de eficacia gubernamental (Smulovitz, 1993: 419-420).

¿Por qué otros sectores, civiles, apoyaron la llegada de Juan Carlos Onganía al a la presidencia? En primer lugar debe decirse que la sociedad argentina de mediados de la década de 1960 era una sociedad no democrática, en la que un “golpe militar” era algo aceptado y normal. Deberían pasar muchos años y muchas calamidades para que la sociedad argentina comprendiera el significado de vivir bajo una dictadura.

Entre quienes apoyaron el derrocamiento de Illia había golpistas “antisistema”: grupos nacionalistas, neofalangistas o vinculados a sectores preconciliares de la Iglesia católica, para quienes se había alcanzado un “consenso de terminación”. Para ellos se debía terminar con la política y los políticos tradicionales, y la “revolución nacional” marcaría el fin de una época. Al final del nuevo camino no se vislumbraba la democracia liberal establecida en la Constitución de 1853, sino un sistema corporativo. Un sistema que trasladaría a la sociedad civil los rígidos esquemas jerárquicos de la sociedad militar (O’Donnell, 1981: 88).

Paradójicamente, también una parte importante de la oposición apoyaba la destitución del gobierno radical del pueblo. ¿No serían acaso los políticos los primeros excluidos del régimen de Onganía? En primer término, al revanchismo de algunos sectores (frondicistas, por ejemplo) se sumó la creciente polarización peronismo/radicalismo del pueblo. Desde 1963 los políticos con pocos votos habían comprobado no sólo el caudal mayoritario del peronismo, sino también el papel de la UCRP como polo de atracción de la oposición antiperonista. Mientras esa situación perdurase, los partidos menores quedaban excluidos de la lucha por el poder. Sólo un cambio violento, la “Revolución Nacional”, se presentaba como el camino posible para acceder al poder a través del aporte de técnicos a los equipos y cuadros del gobierno revolucionario.

El establishment económico, a través de sus más importantes organizaciones, ACIEL, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, etc., apoyó fervorosamente el golpe. Ellos eran los voceros de un liberalismo ortodoxo que enfrentaba a un gobierno que “incrementaba las cargas y disminuía los beneficios de los industriales” (Rouquié, 1982: 242). Los precios máximos, la Ley de Abastecimiento, la Ley del Salario Mínimo Vital y Móvil eran las expresiones del “intolerable” estatismo del gobierno radical. Para estos sectores de la burguesía agraria e industrial, se tornó imprescindible reemplazar a los funcionarios radicales por otros salidos de sus propias filas. El peso creciente del Estado en la vida económica podía modificar la distribución del ingreso entre los sectores productivos. Sobre ese mismo tema, Guillermo O’Donnell (1981: 82-83) sostiene que la burguesía:

no se sentía [...] directamente amenazada en su supervivencia como clase, pero que por otra parte resentía los obstáculos interpuestos a su acumulación y temía que [...] la situación se fuera deslizando hacia una crisis de dominación social. Por añadidura, esa burguesía sentía encontrarse, cada vez más, ante un aparato estatal incapaz de resolver los crecientes problemas que todo ello implicaba.

Los grandes intereses económicos trasnacionales también estaban de acuerdo con la salida golpista. Para ellos el gobierno radical se había convertido –en palabras de Alain Rouquié (1982: 211)– en “un grano de arena en el engranaje de penetración de la economía central e industrialización dependiente del país. La ‘sucurzalización’ de la Argentina en el marco de la redistribución neocapitalista de las inversiones en las naciones periféricas se enfrentaba con un obstáculo imprevisto”. En ese conflicto entre la Administración Illia y el capital monopólico internacional, sobresalen dos temas: petróleo y medicamentos. Ambos sectores, perjudicados por la política radical en esas áreas, buscaban en el golpe la restauración de los privilegios perdidos. Así, las empresas petroleras y sus gestores locales habían sido perjudicados por la anulación de los contratos de exploración y explotación firmados por el doctor Frondizi. La “Revolución Argentina” no sólo puso fin a todo tipo de investigación parlamentaria y permitió ubicar representantes del lobby petrolero en puestos claves del área energética, sino que significó la “renegociación” de las indemnizaciones con algunas multinacionales, con evidentes pérdidas para YPF. Los laboratorios, por su parte, ejercieron presión a través de algunos gobiernos extranjeros (Suiza, en especial) y sus voceros locales. Su principal objetivo era terminar con los precios máximos y los controles de medicamentos establecidos por el ministro Oñativia. En diciembre de 1966 habían logrado su propósito: gracias a tres aumentos sucesivos, los medicamentos experimentaron incrementos de hasta un 100%.

Uno de los temas en los que más se ha insistido al estudiar las motivaciones de los golpistas es el carácter preventivo y antiperonista del mismo. Según esta explicación no debían reproducirse los sucesos de marzo de 1962, ya que podrían reavivar las divisiones en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el golpe debía ocurrir con suficiente anticipación a los comicios para evitar toda relación entre triunfo peronista y golpe de Estado. Quienes pensaban esto eran civiles y militares vinculados con la “Revolución Libertadora”, que estaban convencidos de que el gobierno radical del pueblo era incapaz de evitar un triunfo peronista. Estas minorías, autoproclamadas demócratas, consideraban, en palabras de O’Donnell (1981: 92), que

La imposición de un sistema autoritario es una lamentable necesidad que, aunque deba durar largo tiempo, no obsta para que en su punto de terminación quieran hallar nuevamente una democracia política –aunque eso sí– acotada y garantizada contra las demagógicas irrupciones del período previo.

Pero si se trató de un golpe preventivo y antiperonista, ¿cómo se explica el apoyo de los dirigentes sindicales peronistas, e incluso (inicialmente) la del propio Perón, al gobierno revolucionario? Las elecciones de Mendoza (abril de 1966) revelaron a los dirigentes “vandoristas” que “el momento en que podían vencer en batalla abierta al jefe desterrado aún no había llegado” (Halperín Donghi, 1972: 148) Perón había revalidado ampliamente su liderazgo y el proyecto vandorista sólo podría crecer en un sistema restrictivo de la voluntad popular, a través de una alianza con el poder revolucionario. De sus largas conversaciones con altos jefes militares, muchos dirigentes gremiales seguramente creyeron que encontrarían un trato privilegiado del gobierno revolucionario. Perón, por su parte, no estaba en condiciones –por su lejanía del lugar donde ocurrían los acontecimientos– de influir sobre el proceso revolucionario. Por ese motivo acompañó con cierto placer la caída de sus enemigos radicales y, luego, usando su expresión campestre, desensilló hasta que aclarara.

¿Pudo evitarse el golpe de Estado?

Que se salven los principios aunque se pierdan mil gobiernos.

Hipólito Yrigoyen

No se trata de hacer un ejercicio contrafáctico, sino de saber si en algún momento las autoridades nacionales estuvieron en condiciones de abortar el movimiento golpista. Según Potash (1994a: 271), el 27 de junio, “Illia había dejado escapar una oportunidad de tomar decisiones que podrían haber salvado a su gobierno, al menos por un tiempo”. Se refiere a cambios de gabinete, o la intervención de Tucumán o la Universidad de Buenos Aires. Pero estas medidas no pasaban de ser fuegos artificiales. Si el Presidente hubiera cedido a las presiones, como Frondizi (a quien Illia tenía siempre presente), sólo hubiera postergado algunas semanas o meses una decisión irrevocable. Ya no había posibilidades de salvar a Illia, cualesquiera fueran las medidas que tomara aquel fin de semana.

No obstante, Illia dispuso, durante su último mes de gobierno, de varias oportunidades para abortar el golpe relevando a los jefes golpistas. La primera de ellas fue el 29 de mayo, después del discurso de Pistarini, tal como se lo aconsejó Leopoldo Suárez. Pocos días después el Presidente no firmó un decreto redactado por Castro Sánchez, para que tanto Pistarini como él mismo fueran relevados. De esta forma podría reemplazar al Comandante en Jefe por un general legalista y descabezar la cúpula golpista. También, durante la primera quincena de junio, tras la inexplicable “misión Contín”, Illia dio marcha atrás en la designación de los generales Caro y López como Comandante en Jefe y Secretario de Guerra respectivamente. Quizás una última oportunidad fue desperdiciada el Día de la Bandera cuando el Presidente rechazó la sugerencia de trasladarse a Rosario y resistir allí. Esto plantea una segunda cuestión: ¿hubiera sido posible el descabezamiento de la conspiración sin provocar una reacción inmediata? La falta de respuesta de Pistarini a las provocativas declaraciones de Suárez son un indicio de que los golpistas no estaban preparados para actuar. Por otra parte, las órdenes operativas no fueron impartidas sino hasta después del 20 de junio. Esto lo confirma el hecho que, recién en los últimos días de junio, los jefes de regimientos de infantería de la Xª Brigada recibieron instrucciones para la toma de Casa de Gobierno y otros objetivos estratégicos. Además, el golpe debía tener carácter institucional, porque era imperioso evitar enfrentamientos internos similares a los de 1962 y 1963, y, según las declaraciones del almirante Perren, el Comandante de Operaciones Navales se comprometió con el golpe en un tardío 22 de junio. Es difícil pensar que el Ejército saliera de sus cuarteles sin contar, al menos, con el aval de la Marina. Incluso podemos interpretar que las ambiguas declaraciones y promesas de algunos jefes golpistas tras la reunión de Altos Mandos del 14 y 15 de junio fueron un intento de ganar tiempo.

Además, las relaciones de fuerza no eran necesariamente favorables a los conspiradores en caso de un enfrentamiento militar. El gobierno contaba con la lealtad de los comandantes del Segundo Cuerpo (Caro) y de Campo de Mayo (López), y la neutralidad, al menos hasta los últimos días de junio, del comandante del Tercer Cuerpo (Hure). Además, el Secretario de Guerra contaba con la lealtad de jefes importantes unidades como la Escuela de Suboficiales General Lemos y el regimiento 1 de Artillería de Ciudadela, y de muchos oficiales del Estado Mayor General del Ejército.⁷⁶

Pero la resistencia armada no ocurriría porque el presidente Illia ya había dado precisas instrucciones en contrario a los jefes leales. No debería haber resistencia militar al derrocamiento del Presidente. Sin embrago, es evidente que de los golpistas estaban preocupados por la actitud intransigente de Caro. La decisión de Pistarini de adelantar el operativo muestra el temor a que se produjera una contraofensiva legalista. En realidad los conspiradores nunca fijaron el día D. Cuando Pistarini decidió el derrocamiento de Illia, el mismo 27 de junio, los planes revolucionarios y las proclamas golpistas estaban incompletos, Onganía sólo había decidido el nombre de uno de sus ministros, y los contactos con la Marina recién habían comenzado. Este nivel de improvisación contradice la idea fuertemente instalada de que se trató de un golpe organizado hasta en sus mínimos detalles. Esa hipótesis tiene su origen en un artículo publicado en Confirmado, el 23 diciembre de 1965, por Rodolfo Pandolfi, que fechaba el golpe el 1° de julio y describía con gran precisión lo que ocurriría esa mañana. La “profecía” de Pandolfi es el producto de su muy buena información de fuentes militares y nos proporciona indicios sobre los puntos en los que estaban de acuerdo los complotados al comenzar 1966: a) El golpe ocurriría en la segunda mitad de 1966; b) No debía encontrar oposición militar y política; c) Debía pasar desapercibido para la población en general; d) Se tenía en claro cuáles serían las excusas que se utilizarían y sobre las que insistiría la propaganda golpista; y e) Onganía sería presidente de la Nación.

Para comprender la actitud de Illia deben tenerse en cuenta sus características personales: Illia no era amigo de las acciones o anuncios grandilocuentes, ni espectaculares, y valorizaba la “normalidad de lo cotidiano”. Su propio relato de sus últimos días en la presidencia lo muestran terco y hasta cierto punto ingenuo:

Nosotros sabíamos todos los pasos de la conspiración. Mucho antes del discurso de Pistarini en el Día del Ejército, mis ministros me ofrecieron sus renuncias y yo les dije que no. Que nadie se iba. Les dije que los enfrentaríamos. Todos fueron muy leales. La Policía Federal nos tenía al tanto de todo, con información totalmente correcta y su propio jefe, el inspector general Nicolás Rodríguez, me pidió que lo autorizara para meter presos a unos cuantos y se acababa el golpe. Teníamos informes de hombres nuestros y de organismos de seguridad. La conspiración era de pocos.

[...] El 24 de junio le pedí a Leopoldo Suárez que reuniera a los tres comandantes y a los secretarios militares y que les hiciera decir en qué estaban y que les pidiera la firma de un acta. [...] Después de la entrevista, Leopoldo vino a verme y me dijo: “Han puesto tanto énfasis en su respeto a la legalidad, han sido tan explícitos y han ratificado tanto esa postura, que no pude pedirles que me firmaran un acta porque habría sido un acto desubicado y violento” (Neder, 1983: 124-125).

Miguel Taroncher (2001: 142) describe con precisión ese fatalismo que rodea las últimas semanas de Arturo Illia como Presidente de la Nación:

Así, apostando al largo plazo, a la capacidad de comprensión de los ciudadanos en una mezcla de resignación y fatalismo respecto del avance golpista, Illia, con escasa predisposición natural a aceptar las características críticas de las situaciones, sostuvo sus posturas hasta el momento final. No estaba dispuesto, para continuar al frente del gobierno, a tolerar ningún menoscabo en la investidura presidencial o resignar márgenes de autoridad y decisión, por ello no negoció cambios en su gabinete, ni aceptó diversos planteamientos, no quería provocar derramamientos de sangre ni generar, nuevamente, divisiones internas en el ejército, no le interesaba permanecer a cualquier precio y mucho menos si el costo que debía pagar era el de un avance de la influencia militar sobre su gestión; en este sentido, la firmeza de sus convicciones y su integridad personal guiaron su voluntad de no repetir la experiencia de Arturo Frondizi y mucho menos la de José María Guido.

Illia actuó en todo momento siguiendo sus propias convicciones y su estilo. Haberlo hecho de otra forma habría significado traicionarse a sí mismo.

1. Véase Potash (1994a: 199-200). Según el relato de Manuel Laprida, amigo personal de Onganía, a esa reunión concurrieron los generales Iavícoli y Villegas. Onganía habría afirmado: “una vez que comiencen a estudiar los problemas del gobierno, las soluciones que aparezcan los van a entusiasmar y se van a tentar y desearán reemplazar al gobierno para aplicarlas” (Citado en Kvaternik, 1990: 39). Según Carlos Fayt (1971: 41), “a partir de 1964, Julio Alsogaray, convencido que el radicalismo no duraría un año más en el gobierno, consideró indispensable que el Ejército se preparase para la eventualidad, elaborando un plan de gobierno en contacto con todos los sectores. Informó de sus propósitos a Onganía [...] Firme en sus convicciones, Julio Alsogaray, en septiembre de 1964, volvió a entrevistarse con Onganía, a quien planteó una variante. Ya no se trataba de derrocar al gobierno sino de que el Ejército estudiara los temas que conmovían al país. [...] La respuesta de Onganía fue negativa”.

2. Para un relato de la reunión del 24 de mayo de 1965, según los recuerdos de Mario Fonseca, véase Kvaternik (1990: 37-38).

3. Manuel Laprida (s/f: 40) recordaba: “Antes de ese viaje [a China] conversé con Onganía una o dos veces. [...] En esas conversaciones [...] advertí ya la duda en el espíritu de Onganía en cuanto a su permanencia en el cargo de comandante en jefe. En la segunda de ellas me expresó [...] que creía que ya no sumaba más, a lo sumo mantenía lo que había conseguido y que era necesario pensar que ya había cumplido su misión”.

4. Manuel Laprida recordaba cierto cansancio de Onganía ante “[L]a imposibilidad de conocer con anticipación suficiente la opinión del gobierno respecto al comandante en jefe”. Carlos Fayt (1971: 41) hace referencia a la molestia del Comandante en Jefe antes de su viaje a Europa por “la actitud del presidente, al manifestarle que no tenía instrucciones que darle y que si alguna necesitaba debía requerirla al Ministerio de Defensa, desconcertó al comandante en jefe, impresionándolo desfavorablemente”.

5. El 11 de mayo de 1965, la Embajada de los Estados Unidos comunicó a Washington que según la información proporcionada por un empresario vinculado a los círculos militares, Villegas y Shaw, “han decidido que no puede permitirse que este gobierno continúe”, y sólo esperaban la ocasión para moverse (Aerograma 1050, del 11 mayo de 1965). Carlos Fayt (1971: 41) indica el siguiente núcleo golpista: “Alejandro Lanusse, Osiris Villegas, Cándido López, López Aufranc, Von Stecher, Pistarini, ing. Alsogaray, los generales retirados Imaz y Señorans y el coronel Guevara”. Cándido López era legalista y candidato de algunos sectores del gobierno a Comandante en Jefe. Guevara tenía contactos con Onganía, pero no participó activamente del complot.

6. Señorans e Imaz, por indicación de Onganía, debían participar de las reuniones e informarle sobre las mismas, pero no hablar. Según otros de los participantes “en esas reuniones sostienen que hablaron para presentar los puntos de vista de Onganía sobre temas particulares” (Potash, 1994a: 234).

7. Alejandro Lanusse (1989: 180-181) relata la siguiente anécdota: “En enero de 1966, luego de una visita a la 8ª Brigada de Montaña, Leopoldo Suárez ofreció un asado en su finca de La Consulta del que participaron dirigentes políticos y el general Pistarini. En una prolongada y conversada sobremesa, con la informalidad y recíproco respeto que sabía darle a la reunión el anfitrión, una vez más le manifesté mi vehemente deseo de que ‘hicieran algo’, pero ya con el agregado de que ‘si no lo hace el gobierno, fatalmente lo harán las Fuerzas Armadas’”. Esa misma anécdota es reproducida en Primera Plana, nº168, pp. 8-9. Lanusse (1989: 193) afirma que, a fines de marzo o primeros días de abril de 1966, “resolví poner toda mi actividad y mis capacidades para la concreción del golpe de Estado. Colaboré en esta gestión con [...] Pistarini”. El general Castro Sánchez lo calificaba como dubitativo a comienzos de 1966. Al respecto, Castro Sánchez afirma: “Lanusse estaba en una actitud ambigua porque Luisito Cantilo, que era un funcionario de gran respeto, radical, era pariente de él. Entonces Luisito Cantilo lo frenaba a Lanusse” (entrevista del autor a Eduardo Castro Sánchez).

8. “Las revistas le deben a Fonseca mucha de la información y, probablemente muchos de los recursos con los que se movieron. Yo no tengo constancia de que así sea pero estoy convencido de que además de información Fonseca habrá tratado de facilitarles el funcionamiento a las revistas” (Entrevista del autor a Castro Sánchez).

9. Para más detalles sobre la operación de inteligencia que hubo detrás de la desaparición y posterior recuperación del Sable Corvo de San Martín, véase Jorge Pérez Rocco (Gregorio Selser), “El golpe contra Illia (nota XIII)”, Inédito, nº24 (julio de 1967), pp. 18-21. La conexión entre la Subjefatura II y Confirmado era el reportero de la Torre.

10. Varias de estas reuniones entre militares y vandoristas fueron cuidadosamente “filtradas” por semanarios cercanos al complot. En Primera Plana (nº165, p. 18) se afirma: “no es secreto que muchos directivos peronistas quieren entrar en componendas con los mandos del Ejército y ayudar a que se creen las condiciones de una revolución militar”.

11. Esta reunión debió producirse antes del 13 de mayo de 1966, cuando Rosendo García fue asesinado en la confitería La Real de Avellaneda.

12. Cf. entrevista a Paulino Niembro en Cardozo y Audi (1982 : 7374). En esta cumbre se habló sobre las modificaciones al decreto 969/66, que reglamentaba la Ley de Asociaciones Profesionales y el nombre del futuro ministro de trabajo. El general Onganía, en entrevista con el autor, negó terminantemente haberse reunido con sindicalista alguno antes del 28 de junio de 1966.

13. Según Laprida (s/f: 48-51), participaron de la reunión, además de Vandor y Taccone, los dirigentes Angeleri, Cavalli, Prado, Iturbe y Racchini.

14. “Concepto del plan de escalamiento”, redactado por Castro Sánchez, citado en Kvaternik (1990: 139-140). Según su autor “no se trataba de una progresión rígida, ni dichas etapas o reuniones constituían una finalidad en sí mismas, sino que por el contrario, el ‘escalamiento’ era sólo un medio para lograr las soluciones que se consideraban necesarias para los problemas nacionales”. El último punto, su propia renuncia en caso de no alcanzar los resultados esperados, lo incluyó Castro Sánchez para mostrar que no actuaba por ambición personal, sino en defensa institucional.

15. Castro Sánchez recuerda que Illia no conocía a la mayoría de los generales. “Ni el Presidente a los generales ni viceversa. No habían tenido oportunidad de conversar, de intercambiar ideas, de hacer preguntas sobre temas candentes como los que se presentaban en aquel momento, la situación de Tucumán y varios otros problemas muy importantes. Entonces, la idea mía [...] fue la de hacer posible el conocimiento humano, que las personas se conocieran, hablaran, se hicieran preguntas. Fracasó. La idea fue absolutamente un fracaso porque los generales golpistas fueron a la reunión para sacar toda la información posible para las revistas y no para progresar en un sentido constructivo” (Entrevista con Castro Sánchez). Durante el mes de febrero también se realizaron reuniones con los Altos Mandos de la Marina y la Aeronáutica.

16. Del cónclave participaron el Presidente, el ministro de Defensa, el Subsecretario Cortes, los Secretarios y Subsecretarios de las tres armas, los Comandantes en Jefe, los Jefes de Estado Mayor y el Jefe de la Casa Militar.

17. En Primera Plana (nº167, p. 8) se transcribe una frase de Illia, que se ajusta bien al pensamiento del presidente: “Se dice que en la Argentina hay un vacío de poder. No es verdad. Mi fuerza es la ley. Los que creen que hay un vacío de poder son los que escuchan a los militares retirados y a algunos sectores”. Sobre la negativa de Illia a conformar gobiernos de coalición, ver la respuesta a Castro Sánchez y Laprida en pàgina 178.

18. “Reunión del SG con el CJ y los generales de división del 31 de marzo de 1966” (Ayuda memoria del general Castro Sánchez). Archivo Castro Sánchez.

19. Gregorio Selser (1986: 25-27) pone en boca de Caro lo siguiente: “general Pistarini, si usted piensa dar el golpe, desde este momento le pido formalmente mi pase a retiro. [...] Yo he comprendido perfectamente y estoy en contra. A mí no me doran la píldora. Voy a defender al Presidente contra quien sea. [...] Le repito, mi general, que en el momento que se decida dar el golpe tendrá automáticamente mi pedido de retiro. Quiero salir por la puerta ancha... Con la frente bien alta... Yo respeto la ley y la Constitución... Y no me olvido, se lo repito, de que salimos con los tanques y derramamos sangre, porque queríamos, de una vez por todas y para siempre, la legalidad”. Años después, el general Caro recordaría: “A los emisarios que me fueron enviados a Rosario, entre los cuales se contaban amigos de toda la vida, los despedí siempre con la más cerrada negativa de variar mi posición” (“Cartas al País”, Clarín, 11 de octubre de 1988).

20. “Hure ya había expresado conceptos despectivos sobre la capacidad del teniente general Onganía ante los miembros de la Guarnición Militar de Córdoba” (Ballester, 1996: 119).

21. Comunicado de la Secretaría de Guerra, 1º de abril de 1966.

22. Para un análisis crítico del comunicado de la Secretaría de Guerra, véase “Después del comunicado” (Primera Plana, nº 172, 12/4/1966, pp.10-11). Allí se califica al texto como “la menos cautelosa declaración que haya dado el Ejército en un siglo y medio sobre sí mismo”, y se transcribe la presunta afirmación de un general para quien “una cosa es ser legalista, otra ser antimilitarista”.

23. Para una crítica al comunicado de la Secretaría de Guerra, véase “Memorando reservado. La posición del Ejército” (Confirmado nº 51, 9/6/1966, pp. 22-24). El texto, elaborado en ámbitos golpistas, concluía lo siguiente: “puede decirse que este documento presupone el trueque del amor a la responsabilidad (cumplir el mandato histórico de “última reserva”) por un legalismo formal o lealtad incondicional a las autoridades que detentan el poder. En el mejor de los casos, implica una actitud contemplativa que no se quebraría jamás y aun toleraría las maniobras más insólitas que pudiera desarrollar el gobierno. Permanecería impasible frente al acceso al poder de cualquier tipo de extremismo”.

24. “No se puede dar ninguna información prematura y hay que esperar los hechos. Ya me he quemado varias veces y es así como algunos éxitos se demoran o no se producen” (Carta de Manuel Laprida a su hermano Mario, 27 de abril de 1966, citada en Kvaternik, 1990: 76).

25. Según Ellwood M.Rabenold Jr., asesor en asuntos políticos de la Embajada de los Estados Unidos: “Serú García es un político sinuoso, oportunista y ambicioso, pero ha sido, no obstante, una fuente consistente y confiable para la Embajada sobre temas relativos al funcionamiento interno del peronismo. Ha adherido a numerosas causas de izquierda de carácter internacional y ha atacado la política de los Estados Unidos tanto en relación a Vietnam como a la República Dominicana. Sin embargo profesa admiración por los Estados Unidos y mantiene un estrecho contacto con la Embajada” (Aerograma A.235, del 11 de septiembre de 1965, citado en Tcach y Rodríguez, 2006: 176).

26. Manuel Laprida le escribía a su hermano Mario: “Las elecciones de Mendoza han sido una advertencia brutal para todos los artífices de la política. Con el triunfo del Pocho sobre los neoperonistas, ahora queda perfectamente claro que no pueden tirarse lances en la provincia de Buenos Aires” (Citado en Kvaternik, 1990: 79).

27. “Ante la evidencia de que no era posible escapar a las decisiones del ‘gran elector’, al gobierno le quedarían sólo dos estrategias para las futuras y cada vez más cercanas elecciones de 1967: la proscripción abierta o la renovación de la gran coalición antiperonista. [...] Recurrir a la proscripción era admitir la derrota en uno de los pocos campos en los que hasta sus principales opositores le reconocían, hasta ese momento, éxitos. [...] La segunda posibilidad [...] podía ser, si resultaba exitosa, una estrategia más conveniente. Sin embargo [...] su implementación no ofrecía garantías. [...] Asimismo, hay que recordar que los militares ya habían anticipado que no estaban dispuestos a correr el riesgo de perder en un enfrentamiento bipolar [...], en consecuencia era probable que los militares intentaran un golpe preventivo antes de volver a protagonizar el ‘desastre institucional’ de 1962” (Smulovitz, 1993: 416).

28. Entrevista con Juan Francisco Guevara realizada en 1992. Entre los generales, Guevara recordaba a Lanusse, Mario Fonseca, y Alsogaray.

29. Carta citada por Kvaternik (1990: 140-141).

30. Al respecto, Esteban Peicovich (2007: 87-120) reproduce la grabación de una conversación entre Perón y un joven subteniente, hijo de un general, que habría tenido lugar en Madrid el 15 de diciembre de 1965.

31. Cable de la Central Intelligence Agency CIA) del 1° de junio de 1966, citado en Tcach y Rodríguez (2006: 193-194). Según Alsogaray, Perón aceptó con las siguientes condiciones: que le fuera restituido el grado de general; un pasaporte argentino para viajar a Suiza; que el nuevo gobierno no persiga a la clase obrera; y que se considere su regreso a la Argentina en el futuro.

32. La entrevista de Mariano Montemayor a Perón fue publicada por Confirmado el 24 de abril de 1966.

33. Sobre la posición de Perón, véase Tomás Eloy Martínez, “Perón: tres horas con Primera Plana”, Primera Plana (número extraordinario), 30/6/1966, p. 7.

34. La información le había sido transmitida por un periodista amigo. Esa misma fuente informó luego que el texto había sido suavizado. Tomado de “Episodio Pistarini”, escrito por el Dr. Leopoldo Suárez en 1975 y citado por Kvaterinik (1990: 84-85). Esta información es confirmada en las memorias inconclusas de Manuel Laprida.

35. “Tal vez haya sido esa misma obcecación o sordera lo que lo llevó inmediatamente después del mensaje al Ejército que pronunciara el Tte. Gral. Pistarini en su presencia, a no adoptar las medidas más elementales y lógicas que las circunstancias le hubieran impuesto a cualquier otro Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, celoso de sus derechos y atribuciones” (Lanusse, 1989: 193). Ballester (1996: 120) recuerda que ese día, en el acto del día del Ejército en La Tablada, el general Alsogaray, “visiblemente excitado”, manifestó que “no imaginaba que el Dr. Illia tuviera el dominio suficiente como para escuchar con aparente tranquilidad semejante alocución”. Ballester, como Lanusse, escribe “Todos pensábamos que la destitución del teniente general Pistarini sería rápida e inevitable, pero nunca se produjo”.

36. Según algunas fuentes, el autor del texto habría sido el teniente coronel Luís Máximo Premolí.

37. En aquel palco hubo algunos otros cruces de palabras. Castro Sánchez recordaba que, indignado, no respondió ante la pregunta desafiante de Pistarini “¿Qué le pareció el discurso?” (Entrevista a Castro Sánchez). Según Laprida, Illia le dijo en voz baja a Pistarini “que la autoridad se basa en la justicia y el la Ley y no en la arbitrariedad”. También recordaba que al terminar el discurso “Lanusse y Fonseca se miraron y no pudieron ocultar una sonrisa de satisfacción y de complicidad. Para corroborarlo, Lanusse le hizo a Fonseca un imperceptible saludo militar” (Laprida, s/f).

38. Según el relato del ministro, ambos generales consideraban que el reemplazo de Pistarini podría precipitar el golpe (Kvaternik, 1990: 87-88). Laprida creía que el relevo de Pistarini sería “el detonante que se buscaba con ahínco para el estallido de la revolución”. Castro Sánchez coincidía con Suárez en que desde el punto de vista militar debía relevarse a Pistarini, pero que esto estaba condicionado por la situación político-institucional, y que el objetivo debía ser mantener la legalidad.

39. Según el relato de Suárez, Illia no estaba de acuerdo con su declaración, pero aceptó como única manera de evitar la renuncia. El relato del golpe de la revista Atlántida califica a la declaración como una “verdadera pieza de humor negro político” (“Historia secreta de la Revolución”, Atlántida, op.cit., p. 53).

40. Entrevista con Castro Sánchez. El secretario General de la Presidencia, Ricardo Illia (2000: 215), sostiene que su hermano “no le dio validez con su firma [...] pues, conociendo la estructura de los golpistas fundamentada en falsos y aviesos compromisos que en su oportunidad serían exhibidos para acusar al gobierno de vulnerar la organicidad de un ejército que le era fiel y así justificar el levantamiento”.

41. Apuntes de Castro Sánchez al memorando del 2 de junio, citado en Kvaternik (1990: 104). En su respuesta a Castro Sánchez, el 8 de junio, Pistarini lo intimaba a abstenerse de hacer gestiones políticas y reconocer que el Plan de Escalada había fracasado (y por lo tanto a presentar su renuncia).

42. Paradójicamente los jefes legalistas sentían que formulaban un planteo: “varias veces pasó por mi mente la idea de que estaba haciéndole al presidente constitucional un planteo del más puro estilo militar. Y esa idea cruzó por mi mente con un cierto sentimiento de vergüenza que sólo desapareció cuando […] me dije que lo hacía por salvar la Ley y además actuaba como Subsecretario, diciendo con lealtad lo que creía que debía decir” (Laprida, s/f).

43. Entrevista con Castro Sánchez. Según la versión de Laprida, Illia les dijo que “no dudaba un segundo en preferir que el Ejército se mantuviera unido, aun a costa de la caída del gobierno”.

44. “Memorándum de Ceretti a Caro”, citado en Kvaternik (1990: 95). Pistarini y Ceretti se encontraban de visita en el regimiento 1 de caballería de Villaguay, Entre Ríos.

45. El gobernador anticipó una posible reestructuración del gabinete nacional,y se mostró escéptico sobre una salida electoral. Según Ceretti, Contín le manifestó que “si las Fuerzas Armadas deciden tomar a su cargo el gobierno, deberán actuar férreamente durante un tiempo prolongado, dado que la crisis de las agrupaciones políticas son muy agudas”. Según Caro, el comandante de la 2ª Brigada le informó sobre planes de algunos sectores del unionismo para buscar una salida sin Illia, pero manteniendo la continuidad institucional. Al respecto, véase carta de Caro al Senador de la Rúa, en Senadores, 1988: 3196-3199.

46. “Plan de acción del Ejército a desarrollar ante la presente situación de emergencia nacional” (citado en Kvaternik, 1990: 108-109).

47. Lanusse, jefe de Operaciones del Estado Mayor, le habría informado a Onganía que “estaría preparado para moverse en cualquier día [...] posterior al 20 de junio”. Entrevista a Lanusse citada en Potash (1994a: 261).

48. “Diplomacia: un americano muy simpático”, Confirmado, 19 de mayo de 1966. El embajador mantuvo múltiples reuniones con políticos, empresarios y militares a quienes manifestaba el pleno apoyo de los Estados Unidos al presidente Illia.

49. Telegrama 1905 del embajador Martin al Departamento de Estado, 15 de junio de 1966.

50. En una carta personal fechada el 25 de septiembre de 1994, el embajador Edwin Martin me aseguró que había viajado a los Estados Unidos por compromisos familiares; y que antes de partir, sus colaboradores –incluido un experto de la CIA– le habían garantizado que si bien la decisión de reemplazar a Illia estaba tomada, esta no ocurriría antes de septiembre. Esta información es plenamente confirmada por el telegrama secreto 1908 del embajador Martin al Secretario de Estado Gordon del 15 de junio de 1966.

51. “Otro abandono se había prestado, el jueves, a sugestivas interpretaciones: el Embajador de los Estados Unidos, Edwin Martin, uno de los más firmes protectores de Arturo Illia, regresaba a su país por cinco semanas. En esferas diplomáticas se supuso que el viaje respondía a un plan de Washington para mantener alejado al comprometido Martin en momentos que pueden albergar sorpresas de la política argentina” (Primera Plana, 21/6/1966, p. 13).

52. Telegrama 1405 del Departamento de Estado a Buenos Aires, 15 de julio de 1966. El 8 de junio, mediante el Telegrama 1866 (secreto), el embajador Martín sugería que algún importante oficial del Pentágono se contactara con el general Shaw para remover cualquier posible creencia en círculos militares de que al menos el Pentágono apoyaba la idea de un golpe.

53. El texto completo del memorando puede leerse en Primera Plana, nº 181, 14 de junio de 1966, p. 19.

54. La denuncia la realizó el diplomático radical Torres Ávalos que cursaba en la Escuela Nacional de Guerra. La Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas (FAEDA) había publicado 9 solicitadas de carácter macartista y antisemita durante 1965. Al respecto, véase Bonardo (1965).

55. Según Perren (1997: 510), la revolución “sólo debía concretarse en caso de fracasar irremisiblemente la búsqueda de una salida institucional”.

56. Si bien esto fue confirmado por varias fuentes, me fue negado por Onganía. Tampoco reconoció encuentros con empresarios o sindicalistas. Tan sólo reconoció haber recibido a tres militares, uno de ellos vinculado posteriormente con el golpe (entrevista con Juan Carlos Onganía, 18 de octubre de 1994).

57. Telegrama 1682 (confidencial) de la Embajada de los Estados Unidos.

58. Entrevista con Juan Carlos Onganía (1994).

59. Uno de los más impulsores de este movimiento había sido el general Alejandro Lanusse. Según algunas versiones, allí conoció Onganía al industrial aceitero Jorge Salimei, primer ministro de Economía de la Revolución Argentina. Onganía dijo no recordar si Salimei participó de ese cursillo (entrevista con Onganía).

60. Véase “El golpe de las encíclicas”, La Nación , 25/9/2005, sección Enfoques, p. 3. El cardenal Jorge Mejía es hoy Archivista y Bibliotecario de la Santa Sede.

61. Ricardo Illia confirma aquella reunión y puntualiza: “El 20 de junio habíamos ido a Rosario para el Día de la Bandera, y ahí planeamos la resistencia con el general Carlos Caro” (Viva, 11/10/1998, p. 158).

62. Según Perren (1997: 510-511), Varela “hablaría esa misma noche [22 de junio] con el General Pistarini y le haría presente su convicción de que cada Comandante en Jefe debía asegurar el mantenimiento de la disciplina y su propia autoridad dentro de su Fuerza, sin interferencia alguna de las otras, como requisito básico ineludible para cualquier acción revolucionaria. Recalcó que la Armada actuaría con absoluta unidad y disciplina y que exigiría las mismas condiciones en las otras dos Fuerzas Armadas antes de comprometer su intervención en un movimiento revolucionario”.

63. El almirante Perren (1997: 512), a partir de la información que había recibido de Alsogaray y Fonseca el domingo 26 de junio, ubica dentro del grupo golpista original a Carlos Guido Blanco, director de Fabricaciones Militares, mientras que López y Aguirre “se habían sumado recientemente”. No existe otra referencia que ubique a López entre los golpistas. Sobre la reunión del 24 de junio, véase Atlántida, agosto de 1966, p. 50.

64. El coronel Ballester (1996: 119), amigo de Hure, explica así la posición de este: no lo consideraba capacitado y “dada la firmeza de carácter del teniente general Onganía –a veces rayana a la tozudez– se corría el riesgo de que se rodeara de un entorno que lo alejase totalmente de los ideales populares y nacionalistas que todos pensábamos que teníamos”.

65. Pocos días antes del golpe se había plegado, en forma pasiva (o por omisión) al golpe, según se desprende del testimonio de Ballester (1996: 119), o al menos no haría nada por impedirlo.

66. “El lunes a la mañana, por primera vez desde que yo era Secretario, decidí tomarme libre la mañana en Campo de Mayo, para hacer unos tiros de golf. Tenía un campito donde tiraba pelotas. Vengo a mediodía a la Secretaría, feliz porque había progresado en la semana anterior y estábamos en buen camino, cuando esa tarde me entero que lo habían citado a Caro. Y ahí se larga todo. Lo llaman a Caro, lo meten preso, me entero de la situación de Caro, y bueno... ya todo se precipitó” (entrevista a Castro Sánchez).

67. El intermediario de la reunión fue el dirigente José Luis Cantilo, pero la reunión se realizó a solas. Según Potash, Laprida le dijo al Presidente “que tenía que actuar y hacerlo con urgencia por el bien del país, incluso con el sacrificio de convicciones o amistades o apoyo partidario; [...] que tenía la obligación de defender a su gobierno e inaugurar un período de estabilidad constitucional en la Argentina”.

68. Gregorio Selser (1986: 59) sugiere que uno de los diputados peronistas informó al periodista Enrique Llamas de Madariaga quien habría pasado la información al redactor De la Torre de Confirmado. Castro Sánchez dice que fue Serú García quien difundió la noticia (entrevista con el autor). El sábado 26, Tecera del Franco confirmó la información a un miembro de la embajada de los Estados Unidos (Véase Aerograma A-234, 25 de septiembre de 1966).

69. Hasta entonces la Armada, que había reafirmado a través de la Secretaría de Marina su legalismo, no había participado en la formulación de los objetivos y las políticas revolucionarias, y apenas tenía información necesaria, sin embargo, para Perren (1997: 513) “debía evitarse a toda costa que [...] quedara marginada”, en particular (según la visión de este liberal) porque actuaría “como fuerza democrática moderadora de las tendencias de extrema derecha que previsiblemente tratarían de prevalecer”.

70. Según algunas fuentes, se trataba de los coroneles González, Prémoli y Perlinger.

71. La transcripción del Acta-recuerdo elaborada por algunos colaboradores de Illia que reconstruye esos diálogos y la lista de quienes se hallaban en el Salón Blanco aquella madrugada puede encontrarse completa en Selser (1986: 68-75).

72. El coronel Perlinger se desempeñaba como Juez de Instrucción Militar. Había pasado a retiro durante los primeros días del gobierno de Illia. En la década de 1980 realizó una autocrítica por el derrocamiento de Illia. Al respecto véase “La carta de un golpista arrepentido”, Viva, 11/10/1998, pp. 160-161.

73. “Algunas reflexiones sobre el golpe del 66, a un año de su ejecución” (manuscrito inédito).

74. Al respecto véase Gerardo Brá (1976: 25); Félix Luna (1975: 182-183).

75. Cable de la Central Intelligence Agency (CIA) del 1° de junio de 1966, citado en Tcach y Rodríguez (2006: 193).

76. Entrevistas con los generales Castro Sánchez y Arredondo. Incluso había oposición al golpe de Estado en la propia subjefatura de Operaciones del Estado Mayor, una de cuyas dependencias (el departamento Planes) redactó un “asesoramiento” para el general Lanusse. El texto fue presentado por el coronel Echeverry Boneo a Lanusse, quien “ni siquiera quiso escucharlo” (Bignone, 1992: 21).

Capítulo IX

Onganía y la “Revolución Argentina”

“Las Fuerzas Armadas no gobiernan ni cogobiernan”

Poco después del mediodía del 29 de junio de 1966, los tres Comandantes en Jefe se trasladaron hasta el barrio de Belgrano para cumplir con una formalidad: ofrecerle la Presidencia de la Nación al teniente general Juan Carlos Onganía. Le garantizaron que tendría total libertad de acción para elegir a sus colaboradores y establecer las políticas del gobierno “revolucionario”, puesto que las Fuerzas Armadas no gobernarían ni cogobernarían. Esto último, según uno de los protagonistas del movimiento revolucionario, “encerraba o comprendía un plausible propósito de preservar a la institución del desgaste o contingencias naturales del gobierno, pero irremediablemente también contribuía a hacer más excluyente el protagonismo en la ejecución de la preconizada revolución” (Lanusse, 1989: 204). De esta forma, al otorgar plenos poderes al general Onganía, las Fuerzas Armadas dieron un paso atrás en los niveles de autonomía militar frente al poder político y, al menos hasta mayo de 1969, tuvieron escasa participación en la toma de decisiones del gobierno.

Ese mismo día, la Junta de Comandantes dio a conocer el Acta de la Revolución Argentina, que comenzaba con un diagnóstico de la situación nacional según el cual:

la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos otros errores de los que le precedieron, [...] han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo general, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y la justicia.

Todo esto favorecía la “sutil y agresiva penetración marxista” que facilitaría los desbordes extremistas y pondría a la Nación “en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista”. En consecuencia, invocando su condición de reserva institucional, “para salvaguardar los más altos intereses de la Nación”, la Junta de Comandantes asumía el poder político y militar de la República.

Los documentos de la Junta de Comandantes se completaban con tres anexos. El primero era un Mensaje de la Junta Revolucionaria en el que se anunciaba que Juan Carlos Onganía ejercería la Presidencia de la Nación y se enumeraban los motivos del golpe de Estado: el electoralismo que estableció “la opción como sistema”, la falta de autoridad, la inexistencia de un orden social elemental, la inflación, la vacilación e indiferencia en política internacional y el estatismo insaciable. La “Revolución Argentina”, según el mensaje de la Junta, tenía “el único y auténtico fin de salvar a la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza”.

Además, antes de autodisolverse y entregar el poder a Onganía, la Junta dictó un Estatuto que estaría por sobre la Constitución Nacional. En él se reservaba la facultad de nombrar al sucesor de Onganía en caso de fallecimiento o incapacidad, pero no preveía forma de remoción o sucesión, por lo que podía considerarse como cargo vitalicio, o bien hasta que el mismo Onganía decidiera alejarse.¹ Al Presidente se le concedían atribuciones ejecutivas y legislativas, al tiempo que se hallaba por sobre el Poder Judicial, a cuyos integrantes designaba y podía remover. De esta forma, como plantea Carlos Fayt (1971: 155), “convirtió a la estructura gubernamental en una expresión autocrática, que concentró el poder en un solo individuo, asistido por un gabinete y dos consejos”.

Por último, un tercer anexo titulado “Objetivos Políticos” desarrollaba el propósito general de la autoproclamada “Revolución Argentina”:

Consolidar los valores espirituales y morales, elevar el nivel cultural, educacional, científico y técnico; eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual inspirada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana, como medios para restablecer una auténtica democracia representativa en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común, todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior.

La designación del gabinete

El 28 de junio Onganía había elegido sólo a su ministro de Economía, el industrial aceitero Jorge Salimei.² Para la cartera de Interior, Onganía pensó en el dirigente católico cordobés Carlos Caballero, pero éste no aceptó el ofrecimiento.³ La segunda opción fue Enrique Martínez Paz, dirigente nacionalista cordobés emparentado con la familia Martínez Zuviría. Como viceministro del Interior designó al dirigente correntino Mario Díaz Colodrero, quien sería uno de los principales impulsores del cambio en el sistema político por uno de carácter corporativo. Para la cancillería, Onganía eligió a Nicanor Costa Méndez, dirigente vinculado al Ateneo de la República, grupo de presión que ocupó importantes espacios durante los primeros años de la “Revolución Argentina”.

En el nuevo organigrama del gabinete el número de ministerios se redujo de ocho a cinco. La novedad fue la creación del Ministerio de Bienestar Social, a cuyo frente estaba Roberto Juan Petracca.⁴ El nuevo ministerio incluía la secretaría revolucionaria por excelencia de “Promoción e Intercambio para la Comunidad”.⁵ En el plano castrense se mantuvo, aunque con funciones más reducidas, el Ministerio de Defensa. No obstante este cargo no fue cubierto hasta fines de 1966, cuando se designó al ingeniero Antonio Lanusse. Además, se eliminaron las Secretarías Militares, cuyas funciones se concentraron en los Comandantes en Jefe. De esta forma se eliminaba el bicefalismo que tantos conflictos le había provocado a Onganía entre 1962 y 1965.

A nivel de Presidencia, Onganía designó a su compañero de promoción, el general Repetto, como Secretario General de la Presidencia. Para la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) eligió al general Eduardo Señorans, quien fuera uno de sus “ojos y oídos” durante la conspiración. El otro delegado de Onganía, el general Francisco Imaz, ocupó la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

El pensamiento político de Juan Carlos Onganía

Guillermo O’Donnell (1981: 88-89) caracteriza a Juan Carlos Onganía y sus colaboradores como “paternalistas”, diferenciándolos, a partir de algunos matices, de los “nacionalistas” que habrían dominado la segunda etapa de la “Revolución Argentina”. O’Donnell relaciona a este grupo con las corrientes más tradicionalistas de la Iglesia católica, que adoptaba como modelo la última etapa, “modernizante”, del régimen franquista. Partidarios del orden, la autoridad, y hostiles a la política; más conservadores o tradicionalistas que fascistas, detestaban cualquier tipo de movilización social, y en ningún momento intentaron crear un partido del régimen. Se trata, en términos de Juan José Linz, de una ideología autoritaria, no totalitaria, y en ningún caso fascista por su hostilidad a la participación política y a todo tipo de movilización popular.

En realidad las ideas políticas del nuevo Presidente eran confusas y eclécticas, ya que abrevaba de diferentes fuentes ideológicas de la derecha que le aportaban algunos grupos de su entorno, donde convivían el nacionalismo tradicionalista del Ateneo de la República con el pensamiento contrarrevolucionario de Ciudad Católica y las teorías “comunitaristas” de Jaime María de Mahieu. Además estableció vínculos muy estrechos con los sectores preconciliares de la jerarquía católica, y con el movimiento de cursillos de cristiandad surgido en la España franquista en la década de 1940.

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Los Cursillos de Cristiandad habían sido creados por monseñor Hervás, obispo de Ciudad Real (España), en 1948, basándose en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En la Argentina el movimiento cursillista se inició en 1962, en la “Casa de Belén”, en Tucumán, y habría alcanzado 9.000 adeptos para el fin de la década, con una amplia difusión entre oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército. Además de Tucumán, los centros más importantes eran Córdoba y Buenos Aires.⁶ Los cursillos cobraron notoriedad en 1966, cuando se conoció que tanto Onganía como alguno de sus ministros habían participado de un cursillo realizado entre el viernes 24 y el domingo 26 de mayo de 1966 en una casa de retiros espirituales perteneciente a la Curia conocida como “La Montonera”, en el partido de Pilar. No se trataba de simples retiros espirituales. Tal es así que el cursillo se realiza una sola vez en la vida y tiene un carácter estrictamente religioso.

Los cursillos comenzaban habitualmente los jueves por la tarde y finalizaban los domingos por la noche. Se realizaba sólo uno por mes, y participaban entre 15 y 40 hombres de diferentes profesiones, dos sacerdotes y varios rollistas (colaboradores que habían tomado parte en otros cursillos). A lo largo de tres días se desgranaban quince conferencias, o “rollos”. Luego de las sesiones, los temas se discutían en grupos de cinco personas. Por último, los maestros rollistas narraban sus propias experiencias religiosas en un clima de alegría, cantos y confesiones públicas que culminaba cuanto todo el grupo cantaba “De colores”, una tonada española popular en la década de 1950, que servía de contraseña entre los cursillistas. Luego del cursillo se realizaban las “ultreyas”, reuniones semanales en casa de alguno de los cursillistas. Era en esa instancia donde estos entraban en contacto permanente y anudaban sólidas amistades.

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El Ateneo de la República era un club político formado por nacionalistas católicos que aportó un alto porcentaje de funcionarios a la primera etapa del gobierno revolucionario. Había sido fundado a fines de noviembre de 1962 con la presencia de las principales figuras de nacionalismo argentino (Selser, 1986: 32-50). Se trataba de un grupo de interés, o de presión, cuyo principal objetivo era “catequizar”, a través de cursos, conferencias y mesas redondas, a grupos militares y empresarios. El análisis de la lista de sus socios fundadores permite establecer que, si bien todos pertenecían al nacionalismo, abarcaban un espectro que incluía desde los grupos socialcristianos hasta partidarios del padre Meinvielle, o .zulyblanquistas. Los ateneístas utilizaban el club como instrumento de vinculación con el poder y como punto de encuentro entre diferentes grupos católicos.⁷

Al comenzar la “Revolución Argentina” muchos socios del Ateneo de la República fueron convocados al gobierno. Sus integrantes dominaron los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores durante los años 1966 y 1967. Los principales ateneístas que ocuparon cargos de gobierno fueron: Nicanor Costa Méndez (canciller); Jorge Mazzinghi (vicecanciller); Guillermo Borda (ministro del Interior); Mario Díaz Colodrero (viceministro del Interior); Enrique Pearson (subsecretario de Gobierno); Máximo Etchecopar (Jefe del Servicio Exterior); Pedro Real (presidente del Banco Central); Guillermo Terán Etchecopar (subsecretario de Cultura); Raúl Puigbó (secretario de Promoción y Asistencia para la Comunidad). Por su parte, el inspirador del grupo, Mario Amadeo, fue designado embajador en Brasil.

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C’est un fait bien connu a l’heure actuelle, que certains cercles d’officiers ont trouvé dans le catholicisme d’extrême droite un aliment idéologique.

Jacques Maitre (1961: 106) ⁸

Ciudad Católica era un grupo integrista, de ultraderecha, surgido en Francia durante la posguerra por inspiración de Jean Ousset. Esta organización trascendió durante la década de 1950 gracias a la influencia que ejerció sobre las tropas colonialistas francesas que combatieron en Argelia. En 1966 contaba con filiales en España, Portugal, Suiza, Alemania, Irlanda, Canadá, Chile, Brasil y Argentina. El origen de Ciudad Católica en Argentina puede ubicarse en 1959, cuando comenzó a publicarse Verbo, que contenía traducciones de Verbe, órgano oficial del grupo. Los precursores de esta organización en Argentina fueron el coronel Juan Francisco Guevara, Roberto Gorostiaga y Juan Carlos Goyeneche. Un referente importante de Ciudad Católica era el misterioso padre Georges Grasset, quien, según la leyenda que rodea su figura, habría sido el confesor del general Salan, jefe de la OAS, y asesor de los requetés carlistas en la España franquista.⁹ La estrecha vinculación de Cité Catholique con la OAS significó la persecución de sus integrantes en la Francia gaullista, y su instalación en Suiza con otro nombre.¹⁰

Desde el punto de vista ideológico, Ciudad Católica tenía influencias de la ultraderecha monárquica de Charles Maurras, de algunos grupos de ex comunistas que acompañaron a Jacques Doriot en un ensayo corporativo durante el régimen de Vichy y del ala más conservadora, integrista y tradicionalista de la Iglesia católica de Francia. El principal teórico del grupo era Jean Ousset, que publicó sus primeras obras durante la ocupación alemana. En él pueden identificarse las huellas del excomulgado Maurras (de quien fuera secretario) y citas frecuentes del cismático monseñor Marcel Lefebvre. Sus dos obras más importantes, El marxismo-leninismo, y Para que Él reine fueron traducidas al español por el coronel Guevara. La primera de ellas tiene además el prólogo del cardenal primado, Antonio Caggiano. Ambos textos son manuales de antiliberalismo y anticomunismo en los que se explica la presencia de Satán en la Tierra a través de las “revoluciones” (las de 1789 y 1917) contra el “orden católico”, y se defiende el origen divino del poder. El tradicionalismo del grupo era claramente contrarrevolucionario ya que pretendía retornar a una sociedad feudal, agraria y monárquica como en los tiempos previos a la Revolución francesa (Maitre, 1961). También planteaban la integración social a partir de un modelo de corte corporativo conocido como “comunitarismo” o “participacionismo”, que se basaba en la institucionalización de los cuerpos intermedios de la sociedad que debían estructurarse en forma jerárquica para reemplazar al sistema demoliberal.

Si bien las principales figuras del grupo perdieron influencia a partir de 1967,¹¹ muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires (gobernada por Imaz) iniciaron experiencias “participacionistas”. No obstante, la máxima expresión del “participacionismo” ocurrió en Córdoba durante la gobernación de Carlos Caballero, que incluso realizó un congreso en Alta Gracia con la presencia del presidente Onganía en mayo de 1969.

Los primeros meses de la “Revolución Argentina”

El gobierno “revolucionario” removió a la Corte Suprema de Justicia (cuyos integrantes fueron reemplazados el 4 de julio de 1966), prohibió la existencia de todos los partidos políticos (cuyos bienes y fondos fueron confiscados) e implantó la censura de prensa, cuya primera víctima fue el semanario humorístico Tía Vicenta. El 29 de julio de 1966 el gobierno intervino las universidades nacionales bajo la acusación de infiltración marxista. La resistencia de estudiantes y profesores en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, en defensa de la autonomía universitaria, provocó una violenta represión por parte de la guardia de infantería de la Policía Federal, al mando del general Mario Fonseca, conocida como “La Noche de los Bastones Largos”. La Universidad permaneció cerrada hasta el 22 de agosto. El interventor Botet realizó una purga del cuerpo de profesores. Poco después, centenares de docentes y científicos abandonaban voluntariamente la Universidad y fueron reemplazados por otros afines al gobierno. Muchos de ellos partieron al exilio. Se cerraba así una de las etapas más fructíferas de la universidad argentina.

Tras los primeros seis meses de gestión, el gobierno había disipado las expectativas iniciales. Primera Plana, que había recibido con beneplácito la llegada de Onganía a la presidencia, sintetizó aquella etapa como “un rosario de promesas, esperanzas e improvisaciones” ( Primera Plana, 4/4/67, p. 12). Las críticas a la labor de varios miembros de su gabinete, en especial desde sectores militares, llevaron a Onganía a pedir la renuncia a todos sus ministros el 29 de diciembre de 1966. La reorganización dio como resultado un gabinete heterogéneo, donde convivían los llamados “liberales” y “nacionalistas”. Las dos principales designaciones fueron las de Adalbert Krieger Vasena en Economía y Trabajo, y Guillermo Borda en la cartera de Interior. Krieger Vasena, liberal, ex funcionario del gobierno de Aramburu, representante argentino en el GATT, estaba vinculado con el establishment y los centros financieros internacionales (García Lupo, 1986: 132-138). Guillermo Borda, que se desempeñaba como miembro de la Corte Suprema desde julio de 1966 y tenía antecedentes peronistas, generó críticas desde los sectores más relacionados con la “Revolución Libertadora”. La vacante en la cartera de Defensa, fue ocupada por el ingeniero Antonio Lanusse, otro liberal, primo del comandante del Tercer Cuerpo.

La convivencia entre liberales y nacionalistas generó múltiples comentarios y críticas. Roberto Roth, uno de los colaboradores más cercanos del primer mandatario, lo explicaba así: “[Onganía] no se colocó al frente de ninguna de las tendencias. Actuó más bien como árbitro entre corrientes encontradas que al final no hallaron terreno común donde aposentarse” (Roth, 1981: 12).

El cambio de gabinete no terminó con el clima de rumores sobre el relevo de Onganía. El 27 de febrero el general Lanusse, en nombre del Ejército, divulgó un informe de los generales que señalaba que la reestructuración del gabinete y de algunos gobiernos provinciales permitió “lograr equipos más coherentes, en los cuales sus figuras más conspicuas demuestran capacidad técnica”. Se trataba de un respaldo evidente hacia el nuevo ministro de Economía.

La Ley de Defensa

En octubre de 1966 el Poder Ejecutivo promulgó la ley 16.970, de Defensa Nacional, que reemplazaba a la ley 13.324 de Organización de la Nación en Tiempo de Guerra, a la cual se considerada “inadecuada e incompleta”, puesto que no contemplaba “las exigencias que en todo tiempo plantea la seguridad nacional”. Según la ley, la defensa nacional comprendía “el conjunto de medidas que el Estado adopta para la seguridad nacional” (art. 3º), a la que definía como “la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales” (art. 3º). Para la defensa de la seguridad nacional se creaba un Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad, que estaría integrado por el Consejo Nacional de Seguridad (CO.NA.SE), el Comité Militar y la Central Nacional de Inteligencia (C.N.I.), que dependerían directamente del Presidente de la Nación (art. 11º).

El CO.NA.SE. estaría integrado por los ministros, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la C.N.I. y los Secretarios de Estado, estos últimos en carácter de miembros no permanentes (art. 12º). El artículo 18° establecía las siguientes competencias para el CO.NA.SE.:

a)  El planeamiento de largo plazo de la política y estrategia nacional que afectan a la seguridad [...];

b)  Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Desarrollo¹² (CO.NA.DE) [...]

g)  Integrar las políticas internas, externas económica y de defensa en lo relacionado con la seguridad nacional

h)  Intervenir en todo otro asunto relacionado con la dirección superior de la defensa nacional.

El CO.NA.SE contaría con una Secretaría, cuyo titular tendría rango de Secretario de Estado, y una Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. Algunas de las funciones del primero de los organismos eran “reunir antecedentes e inteligencias para el planeamiento nacional”; someter al CO.NA.SE “los planes de Desarrollo y Seguridad Nacional”; y “realizar, en coordinación con la Secretaría del CO.NA.DE, los estudios necesarios para determinar el potencial de la Nación”(art. 17º).

El segundo de los organismos, el Comité Militar (C.M.), lo integraban el Presidente de la Nación, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa. El Comité Militar dispondría del asesoramiento de un Estado Mayor Conjunto, integrado por personal de las tres fuerzas armadas, cuyo jefe (un oficial superior en actividad) se desempeñaría como Secretario del Comité Militar. Por último, la C.N.I. debía “centralizar las actividades de inteligencia”, “proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al CO.NA.SE.”; “formular la doctrina nacional de inteligencia”; y “mantener enlace técnico funcional” con todos los organismos de inteligencia e información del país (art. 25°).

La ley, en su título 5º, establecía que el Presidente podría declarar Teatro de Operaciones “a parte o partes del territorio nacional” (art. 33º), que estaría al mando de un oficial superior de las Fuerzas Armadas cuya autoridad “comprende la totalidad del gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mando” (art. 35º). También autorizaba –en su artículo 43°– el empleo de las Fuerzas Armadas en el orden interno “en caso de conmoción interior, sea esta originada por personas o por agentes de la naturaleza, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o prestar los auxilios necesarios. Para ello, en aquellas zonas o lugares especialmente afectados podrán declararse zonas de emergencia a órdenes de autoridad militar, para la imprescindible coordinación de todos los esfuerzos”.

La VIIª Conferencia de Ejércitos Americanos

Los últimos días de octubre comenzó en Buenos Aires la VIIª Conferencia de Ejércitos Americanos, cuyo principal tema de discusión fue la creación de una Fuerza Interamericana Permanente (FIP), propuesta por Estados Unidos en la IIª Conferencia Extraordinaria de la OEA, reunida en Río de Janeiro en noviembre de 1965. En esa oportunidad, la creación de la FIP quedó aplazada hasta la siguiente reunión de cancilleres, que debía reformar la Carta de la OEA. A esa altura, el mayor impulsor de la FIP era el régimen militar brasileño, como quedó demostrado en el Consejo de la OEA de septiembre de 1966, y luego durante la gira continental de su canciller, general Juracy Magalhaes. Argentina, por el contrario, defendía la tesis de que no debía existir una fuerza de carácter permanente, porque eso significaría una cesión de la soberanía. Cada país debía tener un cuerpo expedicionario preparado para integrarse a este Ejército continental llegado el caso.

Cuando en septiembre se realizó la reunión preparatoria de la CEA, el representante del Ejército argentino, general Lanusse, criticó implícitamente la intervención norteamericana en Santo Domingo cuando afirmó: “una política carente de previsión, que se basa casi exclusivamente en las posibilidades que puede brindar, producida la crisis, una arrolladora supremacía de fuerzas de un país que espontánea, y tal vez imprudentemente, se arrogue la representación de la voluntad del conjunto”. Además, sostuvo “la necesidad de fortalecer la OEA” para “incorporar a la proyectada reforma política, social, cultural y económica, un eficiente sistema militar destinado a darle la consistencia necesaria que le falta en este momento”.¹³ Fuentes del Ejército negaron que se defendiera la FIP. Cada nación debía entrenar sus propios cuerpos expedicionarios para ponerlos al servicio de la OEA, previo consentimiento de sus gobiernos. Poco antes del inicio de la VIIª Conferencia, el canciller brasileño visitó varios países de la región buscando apoyo para la creación de la FIP, aunque Costa Méndez dejó en claro que no veía “la conveniencia de la constitución de la fuerza permanente”. Algunos gobiernos civiles de la región, en particular Uruguay, Colombia y Venezuela, también se oponían por temor a quedar a merced de sus jefes militares. A ellos se sumaron los gobiernos de México, Chile y Perú.

El sábado 29 de octubre, en el discurso inaugural, Pascual Pistarini se refirió a la “amenaza real contemporánea” (el comunismo), cuya forma “resulta tan compleja e insidiosa que exige una solidaridad y un alistamiento constante para poder oponerse con éxito a la acción adversaria”.¹⁴ La seguridad continental imponía “una mayor cooperación entre nuestros ejércitos [...] mediante el perfeccionamiento del sistema militar interamericano”. Para Pistarini, el perfeccionamiento de dicho sistema era imprescindible frente “al accionar comunista, que se manifiesta a través de la subversión permanente y agresiva”. Luego, refiriéndose a las resoluciones de la Conferencia Tricontinental de La Habana sostuvo: “el enemigo, sin ningún reparo, ha formulado un plan de acción definido para conquistar los países americanos, sin que ninguna contramedida haya pasado del ámbito de las declaraciones verbales [...]”. La acción del “castro-comunismo” se veía favorecida por la “situación económica general que soportan nuestros pueblos”. Para solucionar los problemas económico-sociales se necesitan libertad y seguridad. Esta última es definida como “una situación de protección relativa frente a una amenaza concreta”, y eran las Fuerzas Armadas las que tenían la “sagrada misión de garantizar la seguridad y libertad de las naciones”.

Al llegar a este punto, Pistarini lanzó un ataque contra la FIP cuando afirmó:

Se ha sostenido con singular énfasis en los últimos tiempos, producto de artificiosa propaganda marxista [...] que el único objetivo que parecería guiar a los hombres de armas del continente es el logro, a toda costa, de la organización de una fuerza multinacional, dependiente de otros órganos.

Si la inconsistencia de tal desatino no estuviera avalada por el interés sectario de entorpecer estas reuniones, no valdría la pena referirse a algo que casualmente choca abiertamente con los ideales americanos, que siempre tendieron al respeto mutuo de las soberanías y a la propia autodeterminación.

De esta forma se atacaba a la FIP y se planteaba la necesidad de buscar otra forma que “ni reduzca o merme el derecho de cada pueblo a su propio destino” y, puesto que se trataba de naciones “igualmente soberanas”, no debía tenerse temor de que “la seguridad colectiva lo sea en detrimento de la fisonomía particular de nuestros países”.

Por su parte, el Jefe de Estado Mayor General del Ejército, general Juan Iavícoli, sostuvo una posición concordante con la norteamericana en cuanto a la necesidad de vincular seguridad con desarrollo y a la definición de la subversión como amenaza a la seguridad interna, pero se opuso a promover mecanismos de seguridad continental de carácter supranacional como la FIP. En síntesis, la posición argentina insistía en revitalizar el Comité Consultivo de Defensa y otorgar legitimidad a la JID dentro de la OEA. Esta tesis disgustaba a los militares norteamericanos porque reduciría la preeminencia de Estados Unidos en materia de políticas estratégicas de alcance continental.

El inesperado relevo de Pascual Pistarini

La mañana del lunes 5 de diciembre de 1966, el general Pascual Pistarini se reunió con el presidente Onganía para elevarle el listado de ascensos, retiros y traslados en el Alto Mando del Ejército. Sorpresivamente, Onganía objetó dos designaciones: la permanencia del general de división Nicolás Cándido Hure como comandante del Tercer Cuerpo y la designación del general de división Adolfo Cándido López como secretario del CO.NA.SE. Onganía exigió el retiro de Hure y otro destino, menos importante, para López. El general Pistarini expresó su autoridad como Comandante en Jefe, Onganía la suya, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Desairado, Pistarini manifestó que en ese caso se veía obligado a solicitar su retiro. Esa misma tarde, mientras voceros de la Secretaría de Prensa de Presidencia hablaban de “ciertas diferencias de criterios”, el teniente general Pistarini entregaba su renuncia y pedido de pase a retiro voluntario.

Los motivos de la decisión de Onganía parecen claros en el caso de Hure. Onganía no olvidaba la forma despectiva con la que este general, con fama de intelectual, se había referido en una reunión de mandos a su posible designación como presidente. Los motivos no son tan claros en el caso de López, quien también se había opuesto al golpe.¹⁵

Esa misma noche el Presidente se comunicó con el Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, Julio Alsogaray, para informarle que lo designaría nuevo Comandante en Jefe.¹⁶ Dos días después, Alsogaray se hacía cargo del Ejército y comenzaba a diseñar una nueva estructura de mandos sin contradecir la opinión presidencial y dejando de lado su intención de nombrar a Osiris Villegas al frente del Primer Cuerpo del Ejército. De esta forma, Onganía ratificaba su autoridad sobre las Fuerzas Armadas y demostraba que no estaba dispuesto a otorgarles a sus sucesores la misma autonomía de la que él había dispuesto durante su comandancia.

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Julio Rodolfo Alsogaray Bosch¹⁷ fue designado comandante en jefe del Ejército con apenas 48 años. Pertenecía a la cuarta generación de una familia de militares. Su bisabuelo Álvaro (1811-1879) fue secretario del almirante Guillermo Brown, peleó junto a Lucio Mansilla en Vuelta de Obligado, y alcanzó el cargo de Inspector General de la Marina con el grado de Coronel. Su abuelo, que como todos los primogénitos de la familia se llamaba Álvaro, fue un militar mitrista que luchó en la Guerra del Paraguay. Su padre, el coronel Álvaro Alsogaray, fue el Jefe de Operaciones del comando revolucionario el 6 de septiembre de 1930, y luego Jefe de la Casa Militar del presidente José Félix Uriburu. Sus dos hermanos mayores, Álvaro y Federico, también habían sido militares. El primero abandonó el Ejército con el grado de capitán; el menor, por su parte, había alcanzado el grado de brigadier de Aeronáutica.

Julio Alsogaray egresó del Colegio Militar como oficial del arma de caballería en el orden de mérito nº 7 de la promoción 63. Sus primeros destinos fueron en regimientos de caballería, se destacó en equitación y, al igual que Pistarini, fue representante argentino en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1948. En 1951, mientras cursaba la Escuela Superior de Guerra, tuvo una participación destacada en la fracasada revolución del general Benjamín Menéndez. Fue condenado a cinco años de prisión mayor, que cumplió en el penal de Rawson, Chubut. Durante la presidencia de Eduardo Lonardi se reincorporó al servicio activo, fue ascendido a teniente coronel y se le otorgó el diploma de Oficial de Estado Mayor. En diciembre de 1961, alcanzó el grado de general de brigada, pocos días antes de cumplir 44 años. De esta forma, se transformaba en uno de los oficiales más jóvenes en alcanzar el generalato en el siglo XX. De allí en adelante siempre ocupó lugares destacados en la estructura de mandos: Subsecretario de Ejército (1962-63), Director de Gendarmería (1964-1965) y Comandante del Primer Cuerpo de Ejército (1965-1966).

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La designación de Julio Alsogaray obligó a adelantar los tiempos castrenses y designar la nueva cúpula del Ejército.¹⁸ A los retiros de Pistarini y Hure se sumó el de Carlos Guido Blanco, presidente de Fabricaciones Militares, en medio de acusaciones sobre actividades dolosas y enriquecimiento. Este ingeniero militar, especialista en industrias químicas, se destacaba por ser un defensor del capital nacional en la industria siderúrgica. Según el periodista Rogelio García Lupo (1968: 9-14), la caída del general Blanco se inició en noviembre de 1966, luego de la reunión en Buenos Aires de un grupo de especuladores y banqueros conocido como Business International. En el informe final de su reunión, este grupo de hombres de negocios criticó la interferencia de Fabricaciones Militares en los proyectos de dos empresas norteamericanas, Cabot Argentina S.A. y Petrosur S.A. El presidente de esta empresa, José A. Martínez de Hoz (h), habría pedido la cabeza de Blanco, quien sostenía que Fabricaciones Militares debía supervisar y autorizar los proyectos de Petrosur S.A. para producir fertilizantes, ya que entrarían en colisión con los planes de la empresa militar de fabricar ácido sulfúrico en industrias estatales.

De esta forma se redujo a cinco el número de generales de división, lo que facilitó el ascenso de un mayor número de generales de brigada del previsto originalmente. Alsogaray propuso el ascenso de seis generales de brigada, dos de ellos en su cuarto año en el grado y el resto en su tercer año en el grado.¹⁹ Se trataba de los generales Juan Enrique Guglialmelli (Quinto Cuerpo de Ejército), Alejandro Lanusse (Tercer Cuerpo de Ejército), Gustavo Martínez Zuviría (Primer Cuerpo de Ejército), Roberto Fonseca (Policía Federal), Mario Aguilar Benítez (Fabricaciones Militares) y Jaime José Toscano (Segundo Cuerpo de Ejército).

La nueva cúpula del Ejército estaba integrada por jefes que habían tenido una importante actuación en la facción .zul. De sus once integrantes, cinco pertenecían a la promoción 63, cuatro a la 64 y los otros dos a la 65. Tenía además una amplia mayoría de oficiales de caballería (7) frente a las otras armas. En cuanto a las especialidades, prevalecían los oficiales de Estado Mayor (10) ante un solitario Ingeniero Militar que presidía Fabricaciones Militares. También ascendieron doce coroneles a general de brigada, varios de los cuales habrían de desempeñar roles muy importantes en la “Revolución Argentina”, incluyendo un presidente de la Nación (Levingston).²⁰ Ocho de ellos pertenecían a la promoción 68, y si bien sólo tres eran oficiales de caballería (Levingston, Sánchez de Bustamante y De Nevares), esta arma seguía siendo mayoritaria en el generalato (38%).

El Plan Europa

En enero de 1967, el general de brigada Eduardo Juan Uriburu²¹ asumió como subjefe de Logística del Estado Mayor General del Ejército. Eduardo Uriburu era un oficial de caballería largamente preparado en cuestiones de logística. A fines de la década de 1950 había presidido la Comisión de Adquisición de Armamentos en los Estados Unidos, mientras se desempeñaba en la agregaduría militar en Washington D.C. Luego, en 1963, fue el jefe del grupo logístico de la CERE y realizó un curso de Economía de la Seguridad Nacional, en el Industrial College, de Fort Mc Nair (Washington). Uriburu tenía ideas muy claras respecto al abastecimiento militar y era muy crítico del PAM, que “impedía una actitud independiente de defensa nacional”. En su discurso inaugural expresó que el Ejército argentino debía autoabastecerse y comprar a quien le compra. Se iniciaba así el llamado “Plan Europa”.²²

En su opinión, desde el punto de vista de la logística, nuestro ejército era un Cuerpo de Ejército norteamericano. Por ese motivo, en materia de equipamiento militar, se mostraba partidario de las ideas proteccionistas de Alexander Hamilton y criticaba la dependencia del Pentágono en materia de abastecimientos.²³ En el caso de la entrega de armamento y equipos bélicos, se trataba de material de rezago en calidad de préstamo o donación, otorgado con la condición de que ese material fuera utilizado de acuerdo con el destino que fijaba la nueva ley de asistencia exterior de los Estados Unidos (Veneroni, 1971: 24). A partir de la redefinición de la función de los ejércitos latinoamericanos, en 1961, el armamento y los equipos suministrados estaban destinados al resguardo de la seguridad interna que les había asignado la doctrina militar norteamericana (Uriburu, 1981: 40-42).²⁴ El objetivo era crear y consolidar la dependencia de los países latinoamericanos para generarles la necesidad de adquirir repuestos, accesorios, municiones, reposiciones y nuevos modelos. Esto se completaba con las sanciones previstas en la Enmienda Conte-Long contra los países que se orientaran hacia proveedores de armamentos no estadounidenses.

Desde el primer momento, Uriburu se propuso terminar con esa dependencia y comprar licencias para fabricar armamentos en el país, lo que chocaba expresamente con las prácticas del Pentágono, que no permitía montar tanques o camiones en el país. Esta provocó la reacción de algunos países, como Perú, que se orientaron hacia Europa para rearmarse con equipos y armamentos más modernos, con precios y condiciones de pago más favorables. El Plan Europa significó un fuerte golpe al monopolio de la venta de armas norteamericanas en América Latina; y, en la práctica, abandonar el PAM, una de cuyas cláusulas facultaba al Pentágono a supervisar el uso que se daba a los materiales.²⁵

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“Bocha” Uriburu recorrió Europa durante 50 días, acompañado por su segundo, el coronel Rudecindo P. Nadal. El viaje comenzó en París, en la exposición de armamento de Satory, donde quedó “profundamente impresionado” por el tanque liviano AMX-13, fabricado por SFAC y SOFMA. El viaje continuó en Le Bourguet, Charleville, Le Creusot, Roanne, Lyon, Lieja, Heristal y Bruselas. En Inglaterra visitó el 5º regimiento blindado, en Andover. Desde allí peregrinó hasta Southampton para visitar la tumba de Juan Manuel de Rosas.²⁶ Luego pasó a Suecia y a Alemania, donde visitó Colonia, Bremen, Kiel, Kassel, la planta de Daimler-Benz, en Stuttgart, y Múnich. Incluso cruzó la Cortina de Hierro para visitar Praga, desde donde viajó a Austria e Italia. En ese país, en la Escuela de Comunicaciones de Roma, se interesó por los obuses Otto Melara de 10,5 mm. La última etapa del viaje incluyó Ginebra, Zúrich, Baden Baden, Gaggenau, París y Madrid.

A su regreso a Buenos Aires, y luego de clasificar los materiales, en el Estado Mayor se constituyeron comisiones de todas las armas y especialidades que debían estudiar las posibilidades de fabricación local. A partir de esos estudios se decidió la compra directa o el llamado a licitación internacional, según se estimara conveniente. Los principales requisitos a tener en cuenta eran: un porcentaje de fabricación local, co-fabricación con empresas estatales, mejores plazos de financiación e intereses más bajos, cesión de patentes y licencia de fabricación de medios auxiliares y complementarios (como las municiones), y rapidez en los plazos de entrega (Uriburu, 1981: 74). El objetivo era que, a cambio de la compra de un número determinado de unidades, se permitiera la posterior fabricación en el país, lo que significaría un estímulo para industrias subsidiarias. En una segunda etapa se buscaría el autoabastecimiento en materia de armamentos. En palabras de Uriburu, sería “el comienzo de un camino que ha de conducir al Ejército nacional”.

Las mayores discusiones se dieron en torno a los nuevos blindados con que se equiparía a la caballería, en reemplazo de los antiguos Sherman de la Segunda Guerra Mundial. La pulseada la ganó el modelo que había deslumbrado a Uriburu en Satory, el AMX-13, de fabricación francesa. A comienzos de octubre se llamaron más de cuarenta licitaciones internacionales, que incluían piezas de artillería, material de vialidad, radioeléctrico, telefónico y, fundamentalmente, los tanques livianos para los regimientos de caballería.

El 1º de febrero de 1968, el gobierno argentino adjudicó a la empresa francesa SOFMA la licitación para construir tanques AXM-13 en la Argentina. Según el contrato, el Ejército compraría 60 tanques, 30 de los cuales debían ser terminados en nuestro país.

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El autoabastecimiento que perseguían los militares argentinos hacía peligrar el monopolio norteamericano en la venta de armamentos a la Argentina. El disgusto del Pentágono por el “Plan Europa” se hizo sentir a través de fuertes presiones políticas y económicas, que habrían incluido el financiamiento de otras obras públicas.²⁷ Así, el 12 de febrero de 1968, poco después de que se conoció la firma del contrato para la fabricación de los blindados franceses, llegó a Buenos Aires el general Robert Porter, Comandante del Southern Command. El Pentágono se mostraba dispuesto a vender el material pesado que antes había negado. Incluso, los norteamericanos ofrecieron vender a la Argentina los tanques M-41 al 40% del precio al que lo habían cotizado anteriormente. Según algunas fuentes, el ministro de Defensa, Antonio Lanusse, sugirió a Alsogaray la conveniencia de aceptar la oferta norteamericana, pero los sectores nacionalistas del Ejército presionaron en la dirección opuesta. Alsogaray cedió a favor de los últimos, y Antonio Lanusse, desairado, se alejó de la cartera de Defensa. En marzo de 1968 lo reemplazó el empresario Emilio Van Peborgh, ex voluntario de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial (García Lupo, 1972: 40-41).

Para el ministro Van Peborgh se trataba de un proceso de modernización, no de armamentismo. En cambio, para Uriburu, el proyecto iba mucho más allá, la meta del Plan Europa excedía el simple reequipamiento del Ejército. El objetivo final era poner a la Argentina en el camino de su completa soberanía ya que, en sus palabras, “el que fabrica su propia munición es el que tiene efectiva independencia” (Uriburu, 1981: 72).

A principios de marzo de 1968, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército anunció la firma del convenio con la empresa SOFMA para comprar, co-fabricar y reproducir los tanques AMX-13 en territorio nacional. Así, el montaje de tanques franceses en la Argentina sería un paso previo a la construcción de AXM-30 locales. Por cierto, este contrato con SOFMA –filial de la poderosa empresa de armamentos francesa Schneider– era un claro gesto de occidentalismo heterodoxo que tendría repercusión en el Pentágono.

En junio de 1968, Uriburu inició su segundo viaje por Europa para cerrar algunos tratos y tomar la decisión final con algún tipo de armamento, en particular los obuses Otto Melara, los camiones Unimog ½ t. y el vehículo anfibio Mowag para unidades de exploración blindada. En este periplo recorrió Inglaterra, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, Holanda y Francia. En este país, todavía conmovido por las revueltas de mayo, controló en Le Creuzot y Chalons-sur-Saone el proceso de fabricación de los tanques AMX-13. A su regreso, se firmaron más de 40 contratos y comenzaron a construirse los primeros tanques, vehículos blindados y obuses autopropulsados en los astilleros ASTARSA, de San Fernando.

Los dos primeros AMX-13 realizados con licencias de SOFMA y SFAC salieron en los astilleros ASTARSA la mañana del 18 de octubre de 1969. Días después, el general Uriburu, padre del “Plan Europa”, era obligado a pedir su retiro voluntario del Ejército.

Ascensos, relevos y traslados en el generalato para 1968

A fines de 1967, la Junta Superior de Calificaciones propuso el ascenso al grado inmediato superior de tres generales de brigada: Guillermo Sánchez Almeyra (Subjefe de Personal de Estado Mayor), Oscar Chescotta (Director General de Administración) y Roberto Fonseca (subjefe del Segundo Cuerpo). Ellos ocupaban las vacantes dejadas por Jorge Shaw (JID), Arturo Vicente Aguirre (Gendarmería) y Adolfo Cándido López (Institutos Militares). En cuanto a los comandos más importantes, Alsogaray no realizó otras modificaciones sustanciales. Tampoco se alteró demasiado la composición de la máxima jerarquía (teniente general y generales de división), donde el 50% eran oficiales del arma de caballería. Además, las vacantes y los habituales retiros anuales entre los generales de brigada fueron cubiertos por once coroneles. Por primera vez desde 1962 los ascensos de coroneles de infantería (4) superaban a los de caballería (3). No obstante, esto no modificaba sustancialmente la proporción entre armas en el generalato. La mayoría de los nuevos generales (9) pertenecían a la promoción 68 del Colegio Militar, que de esta forma tenía a 21 de los 40 generales de brigada en actividad. Eran los jóvenes coroneles que había conformado el núcleo del comando azul en 1962, y que serían mayoría entre los generales de división en los decisivos años 1972 y 1973.

Onganía versus Alsogaray

Las relaciones entre el presidente Onganía y su Comandante en Jefe se deterioraron a partir de marzo de 1968. El conflicto se inició cuando Alsogaray hizo pública su oposición a los intentos “comunitaristas” y “participacionistas” impulsados desde el Ministerio del Interior. Incluso, el 5 de mayo, objetó públicamente al ministro Guillermo Borda.

El 20 de mayo Onganía se reunió con Alsogaray y los once generales de división en Olivos, en lo que algunos observadores interpretaron como un voto de confianza hacia el Presidente. Por primera vez en casi dos años volvieron a circular rumores sobre el relevo del Comandante en Jefe. Luego de la cena, el general Onganía habló sobre la labor de gobierno en materia de política interna, relaciones exteriores, economía, trabajo, asuntos sociales y defensa. El diálogo se prolongó hasta las 4 de la madrugada.

Al día siguiente, el Presidente citó a Casa de Gobierno al general Alejandro Lanusse, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, con quien dialogó por más de dos horas. Al salir de la reunión, Lanusse, “de buen talante, expansivo, eufórico”, expresó a los periodistas: “Hay una cosa bien clara: la actitud del Ejército para con los objetivos de la Revolución no varía ni por reuniones ni por conversaciones ni por expresiones de nadie. El Ejército no varía, no ha variado ni va a variar” (Primera Plana, nº283, p. 14). Es muy probable que aquella tarde Onganía le anticipara a “Cano” Lanusse que sería el próximo Comandante en Jefe del Ejército. De esa manera le quitaba a Alsogaray un posible aliado en caso de que intentara resistir el relevo.

Entretanto, ante los insistentes rumores sobre su reemplazo, Alsogaray manifestó que “el Ejército está alineado, con las dos fuerzas Armadas, detrás de los objetivos de la Revolución Argentina. Ese es el norte, ése es el camino que se ha trazado el Ejército y eso no lo vamos a variar”. Al referirse a los Estatutos de la Revolución, expresó que esos documentos eran “de una marcada tendencia antitotalitaria [...]. La filosofía que emana de ellos se basa fundamentalmente en la libertad, en conceptos eminentemente democráticos”. Se trataba de un tiro por elevación al ministro Borda, con quien venía sosteniendo una larga polémica.

Tanto Onganía como Alsogaray se mostraban como guardianes de los documentos básicos de la “Revolución Argentina”, y así lo demostraban en cada oportunidad que tenían de hacerlo. El enfrentamiento entre ambos generales se profundizó a comienzos de agosto, cuando el Presidente aceptó la renuncia de su activo y locuaz embajador en Estados Unidos, Álvaro Alsogaray. Para entonces ya había decidido reemplazar a los Comandantes en Jefe de las tres armas luego de algo más de dos años de gobierno. Por ese motivo le había pedido al canciller Costa Méndez que tuviera disponibles tres embajadas importantes que ofrecería a los comandantes salientes, y que esto debía repetirse cada dos años. Con el reemplazo de quienes lo habían investido presidente, Onganía quería demostrar que su autoridad estaba por sobre las Fuerzas Armadas.

El martes 20 de agosto, sin demasiadas explicaciones, Onganía planteó a Alsogaray la necesidad de relevarlo de sus funciones. Incluso le propuso que el traspaso de mando se realizara después de un viaje previsto por Europa. Alsogaray rechazó la propuesta de permanecer un tiempo en sus funciones. Ni siquiera hasta después de la reunión de la CEA, que se realizaría en Río de Janeiro en septiembre. También rechazó la embajada que se le ofreció. La noticia se conoció el viernes 23 y se presentó como una “normal renovación periódica de los mandos de las Fuerzas Armadas”. Pocos días después, Alsogaray manifestó a la prensa que “ya en lo económico se ha cumplido y resta solamente lo político”. Reflejaba así el pensamiento de algunos sectores del Ejército. En su declaración a la prensa expresaba también:

el relevo simultáneo, y ahora, de los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas constituye la eliminación definitiva de lo que [...] constituía el último reducto del poder. [...] Queda pues el señor Presidente como único depositario del poder y, por lo tanto, con toda la responsabilidad del buen éxito de la Revolución Argentina (Rouquié, 1982: 271).

Más adelante afirmaba que los hechos que culminaron con su retiro “revelan una inclinación hacia formas y, muy especialmente, hacia personas no precisamente vinculadas al espíritu y fundamentos democráticos de la Revolución” (Lanusse, 1977: 64-65).

La nueva Junta de Comandantes estaría integrada por el general Alejandro Lanusse, el almirante Pedro Gnavi y el brigadier Jorge Martínez Zuviría, hermano del Comandante del Primer Cuerpo.

La designación de Alejandro Lanusse

Pocos se sorprendieron al conocer la noticia de que el nuevo Comandante en Jefe del Ejército sería el general de división Alejandro Agustín Lanusse. Se trataba de un auténtico caudillo castrense, con un alto perfil político y militar. Su promoción a la máxima jerarquía significó el retiro obligatorio de los generales Iavícoli, Villegas y Guglialmelli. Iavícoli no era buen candidato por tratarse de un oficial de bajo perfil del arma de infantería. Sin embargo, Villegas y Guglialmelli eran reconocidos como dos de los intelectuales más destacados del Ejército durante la década de 1960, y habían desempeñado un papel muy importante dentro del grupo azul. Las posibilidades de Guiglialmelli eran menores que lasb de Villegas por tratarse de un oficial del arma de comunicaciones, minoritaria dentro del Ejército. La elección quedaba reducida a Villegas y Lanusse, ambos del arma de caballería. Posiblemente fue la tradicional desconfianza de Onganía hacia los intelectuales lo que lo decidió a elegir a Lanusse, cuyo perfil de tropero y caudillo militar lo asemejaba mucho más al del propio Onganía. Por otra parte, existía entre Onganía y Lanusse una mayor afinidad personal surgida durante el conflicto de azules y colorados, cuando Lanusse fue su subordinado directo en el comando de Campo de Mayo. La relación personal entre ambos se profundizó en mayo de 1966, cuando Lanusse, católico practicante, introdujo a Onganía al movimiento de Cursillos de Cristiandad.²⁸

1. El Estatuto establecía en su artículo 10º que en caso de ausencia del Presidente, temporaria o permanente, el Poder Ejecutivo sería ejercido en forma provisional por el ministro del Interior.

2. Jorge Salimei era uno de los dueños de SASETRU. Algunos relacionan su designación a su amistad con Álvaro Alsogaray, también vinculado a la industria aceitera. Otros indican que Onganía conoció a Salimei durante el cursillo que realizó a fines de mayo de 1966. Consultado al respecto, Onganía manifestó que no recordaba si Salimei había participado de ese cursillo, ni en qué circunstancias lo había conocido (entrevista personal con Juan Carlos Onganía, 1994).

3. Dirigente de Ciudad Católica, Caballero sería el gobernador de Córdoba entre 1968 y el 29 de mayo de 1969. Según el coronel Juan Francisco Guevara, Caballero lo informó del ofrecimiento de Onganía pero “Él no se sentía con garra, en ese momento, para asumir aquí en Buenos Aires. Me dijo: ‘mire, yo tengo poca gente conocida, y yo lo que conozco es el ámbito de Córdoba, y ahí estoy dispuesto a trabajar. Pero fuera del ámbito de Córdoba...’” (entrevista con el coronel Juan F. Guevara).

4. Roberto Petracca pertenecía al grupo de Ciudad Católica, orientado por el coronel Juan Francisco Guevara, embajador en Colombia. Falleció a comienzos de marzo de 1967, y fue reemplazado por Julio Emilio Álvarez.

5. La Secretaría fue ocupada por Carlos Garostiaga, fundador de Ciudad Católica, hasta enero de 1967. Lo reemplazó el dirigente nacionalista Raúl Puigbó, vinculado al Ateneo de la República y la Universidad del Salvador.

6. Para un completo informe sobre los cursillos en la Argentina puede leerse a Tomás Eloy Martínez, “Tucumán, reino del cursillismo”, Primera Plana, Nº319, 4/2/1969, pp. 6063.

7. Para Eugenio Kvaternik (1990: 28) “El Ateneo tenía como espejo al general Franco y al franquismo europeizado de la década del 60. Veía en Onganía el ejecutor de un proyecto de desarrollo socialmente moderno, dado que las fuerzas sociales que pretendía representar incluían desde grupos industriales, hasta los sindicatos y la clase obrera. [...] Siguiendo el modelo español en lo político, aunque no en lo social, el Ateneo y el general Onganía darían a su régimen la impronta de una dictadura del desarrollo barroca”.

8. “Es un hecho conocido en la actualidad que ciertos círculos de oficiales hallaron en el catolicismo de extrema derecha un alimento ideológico.”

9. Sobre el padre Georges Grasset, véase Robin (2005: 290-297).

10. En 1963, Cité Catholique debe abandonar Francia por sus vínculos con la OAS, y traslada su sede a Laussane, Suiza, donde adopta el nombre de Office International des oeuvres de formation civique et d’action doctrinale selon le droit naturel et chrétien. En la actualidad recibe el nombre de Institut Culturel et Technique d’Utilité Sociale (ICTUS).

11. Ciudad Católica se vincula con Onganía a través del coronel Guevara, quien establece frecuentes contactos con el ex Comandante en Jefe a partir de comienzos de 1966. A fines de ese año fue designado embajador en Colombia. En tanto el otro fundador de Ciudad Católica, Carlos Gorostiaga, se desempeñó como Secretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad entre julio de 1966 y de enero de 1967.

12. El Consejo Nacional de Desarrollo era el organismo encargado de la planificación, y su titular tenía rango de Secretario de Estado. Según lo establecido en el Título III (artículos 26 a 33), tendría, junto al CO.NA.SE. la responsabilidad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. Fue creado el 30 de septiembre de 1966 por ley 16.964 (Leyes Nacionales, 1966: 127-137).

13. Los fragmentos más destacados del discurso de Lanusse son citados en “Un estreno complicado”, Primera Plana , nº 193, p. 18.

14. Para el texto del discurso de Pistarini, véase García (1991: 100-102).

15. El general de división Cándido López nació en Concordia (Entre Ríos) el 17 de marzo de 1918. Era hijo del teniente coronel Alberto López y nieto del teniente Cándido López, el pintor naif que perdió su mano derecha en la batalla de Curupaytí. Según algunas versiones, se debía a una presunta adhesión al peronismo en tiempos de capitán, a pesar de haber defendido, en 1951, al capitán Larralde, lo que demoró su ascenso a mayor. Según otras versiones, se debía al prestigio que rodeaba a López. Onganía lo prefería en Institutos Militares o la Dirección General de Administración. Algunos meses antes, Onganía se había opuesto a la designación de López como agregado Militar en Washington.

16. La designación de Alsogaray, tercero en el escalafón, significaba el pase a retiro obligatorio para el general Jorge Shaw, representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa.

17. Nació en Buenos Aires el 25 de enero de 1918 y falleció el 10 de mayo de 1994, atropellado por un colectivo. Era hijo del coronel Álvaro Alsogaray y de María Julia Bosch. Casado con Zulema Legorburo, tuvo dos hijos varones (Julio y Juan Carlos) que militaron en la Juventud Peronista. El menor, Juan Carlos, conocido como el “Hippie” Alsogaray, integró la conducción de la columna La Plata de Montoneros. Poco después fue enviado al monte tucumano, donde murió a manos de fuerzas del Ejército y la policía tucumana en febrero de 1976. Sobre Juan Carlos Alsogaray véase Bonasso (2000: 213-216).

18. Luego del derrocamiento de Illia habían sido pasados a retiro los generales Rosas, Soria, Caro y Correa. Manuel Laprida quedó en disponibilidad hasta abril de 1967.

19. Esto significó el pedido de retiro de algunos generales más antiguos que los recientemente ascendidos. Ellos eran los generales de brigada Otero (subjefe Quinto Cuerpo), Koenig (subjefe de Personal del Estado Mayor) y Bialet Argerich (Remonta y Veterinaria).

20. Los nuevos generales eran Luís María Spieguel, Juan Carlos Sánchez, Enrique Miqueo, Carlos Alberto Malatto, Roberto Levingston, Miguel Ángel Viviani Rossi, Eduardo Labanca, Tomás Sánchez de Bustamante, Mariano De Nevares, Roberto Requeijo, Alberto Nieto y Jorge Dansey.

21. Eduardo Juan Uriburu (1918-1978) egresó como subteniente de caballería en diciembre de 1938. Agregado militar en Washington (1959-60), ascendió a general en diciembre de 1965. Antiperonista, en 1955, había sido relegado a la jefatura del distrito militar Concepción, en Tucumán. Al estallar la “Revolución Libertadora” hostigó con apenas dos camiones de soldados a la retaguardia de las tropas leales de la Vª División del general Moschini, hasta que fue capturado por tropas del regimiento 19 de infantería (Ruiz Moreno, 1994b: 204; 263).

22. El Plan Europa reconoce como antecedentes la Operación 433 de compra de material de transporte y comunicaciones, entre los años 1959 y 1961; la labor de la CERE, en 1963; y las actividades del general Chescotta como jefe de Logística del Ejército durante 1966.

23. “El Ejército se había convertido en una sucursal del Pentágono. Gran cantidad de aparatos de radio, comprados o arrendados, no podían funcionar por falta de pilas. La provisión desde los Estados Unidos –por barco– demoraba tanto, que las pilas llegaban casi secas y no servían. Su traslado por avión era caro o prácticamente imposible. El Ejército argentino, envuelto en los papeles burocráticos del sistema logístico norteamericano, era sordo, ciego y mudo” (Uriburu, 1981: 51).

24. Sobre las características y condiciones de las ventas norteamericanas, véase Horacio Veneroni (1971: 36-48). Para el Pentágono las naciones latinoamericanas no debían utilizar sus fondos para comprar armamentos convencionales, ya que su función en el sistema de defensa continental era la de ocuparse de la subversión interna.

25. Como ejemplo de la política norteamericana, Uriburu (1981: 17) escribe: “una compra a Francia de tanques AMX-13 con cañones de 75 mm, la cual, debido a una enconada y acerba oposición, naufragó después que los generales Toranzo Montero, Rosas y Rauch se vieron prácticamente obligados a abandonar el proyecto que habían prohijado”.

26. “Al filo del mediodía tuve la oportunidad de rendir mi homenaje al egregio argentino a quien debemos la unidad nacional y con ella, la posibilidad de alcanzar el rango de potencia mundial” (Uriburu, 1981: 34).

27. Sobre las presiones, véase Uriburu (1981: 88-90); y Roth (1981: 207-208). Además, según versiones que circularon en medios castrenses, Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, planteó –durante su visita a Buenos Aires– la necesidad de anular las compras a Europa para que esa entidad autorizara el préstamo destinado a la construcción de El Chocón ( Primera Plana, nº307, 12/11/1968, p. 15). También se vinculó al Plan Europa la visita a Buenos Aires del Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, general John Alger.

28. Ante la pregunta de por qué había elegido Comandante en Jefe a Lanusse en lugar de Villegas o Guglialmelli, Onganía me respondió simplemente “porque era lo que debía ser” (entrevista con Juan Carlos Onganía). Sobre la designación de Lanusse, Robert Potash (1994b: 62) afirma: “Con cualquiera de estos oficiales en el cargo militar máximo, en especial Villegas o Guglialmelli, Onganía podría haberse sentido más incómodo personal e intelectualmente que con su viejo amigo de la caballería, el general Lanusse”.

Capítulo X

Los caudillos de la caballería frente a frente

Alejandro Agustín Lanusse

Lanusse es un militar acostumbrado a tomar posición en las coyunturas políticas argentinas. Tempestuoso en esas ocasiones, se muestra como un individuo reflexivo en los largos baches de tranquilidad. Esas meditaciones le sirvieron, según sus panegiristas, para tomar actitudes que difícilmente abandone. Así Lanusse puede convertirse, desde la tribuna que ahora ocupa, en un poderoso cuestor de los planes del Gobierno.

Primera Plana, 27 de agosto de 1968, p. 13

Alejandro Agustín Lanusse Gelly nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1918. Era miembro de una familia de ascendencia francesa que llegó a la Argentina en el primer cuarto del siglo XIX. En su origen, los Lanusse eran comerciantes, tenían un almacén de ramos generales y frutos del país. La fortuna les llegó a fines del siglo XIX de la mano de la casa de compra y venta de hacienda “Pedro & Antonio Lanusse”. A partir de entonces se emparentaron, por matrimonio, con todas las grandes familias de la alta sociedad de Buenos Aires (Lanusse, 1991; García Lupo, 1986: 180-189). Es el caso de Luis Gustavo Lanusse Justo, primo hermano del presidente Agustín P. Justo, quien se casó con Albertina Gelly Cantilo, bisnieta del general Gelly y Obes, ministro de Guerra de Mitre, y emparentada con el ex intendente radical de Buenos Aires José Luis Cantilo. Su hijo, Alejandro Agustín, cursó sus estudios primarios y el primer año del secundario en el Colegio Champagnat, y completó el bachillerato en el Colegio Nacional Sarmiento. En marzo de 1935, antes de cumplir los 17 años, ingresó al Colegio Militar de la Nación. Al comenzar el 2º año, en el sorteo de las armas, se cumplieron sus expectativas y se incorporó al escuadrón de caballería (Lanusse, 1989: 17; 1994: 50-53). Su paso por el Colegio Militar no fue muy destacado, y se graduó de subteniente de caballería en julio de 1938 en el orden de mérito 60 entre los 93 egresados de la promoción 64.

Su primer destino militar fue el Regimiento 1 de caballería, en Campo Los Andes (Mendoza). Un año después fue trasladado a Buenos Aires, al Regimiento de Granaderos a Caballo. En 1941 se casó con Ileana Bell, con quien tuvo nueve hijos. Durante la década de 1940 estuvo destinado en varios regimientos del interior del país, entre ellos en el Regimiento 5 de caballería, en Salta, donde tuvo su único encuentro personal con Juan Domingo Perón (Lanusse, 1989: 41-42).

En aquellos años comenzó a destacarse por su carácter fuerte. En 1940, Héctor Solanas Pacheco lo describió, en su concepto anual, como “imbuido de un claro concepto de altivez”. Esa altivez le traería algunos problemas en el futuro. Así, en 1947, el teniente coronel Recana se refería a “su carácter un tanto vehemente para reaccionar”. Ese mismo año recibió una sanción de cinco días de arresto por “hacer observaciones indebidas a una crítica de instrucción formulada por el jefe del regimiento con el agravante de efectuarlas en forma altanera, demostrando falta de serenidad y dominio de sí mismo”.

A mediados de la década de 1940 también se manifestó su temprana oposición a Perón. En marzo de 1945 criticó abiertamente expresiones del general Eduardo Ávalos. Como consecuencia de ello se le inició un sumario y se le aplicaron cuarenta días de arresto “por hacer comentarios entre sus camaradas que implican críticas a disposiciones adoptadas por el gobierno de la Nación; con la agravante de crear, así, un clima de incertidumbre incompatible con la leal y firme determinación que debe caracterizar el proceder de todo militar en la hora presente”.¹ En octubre de 1945, cumplió otro arresto de veinte días por “ciertas actitudes adoptadas por el teniente 1º con motivo de lo tratado en una reunión mantenida por el señor comandante de la Fuerza de Acantonamiento de Campo de Mayo y jefe de la Guarnición El Palomar y San Martín con diversos jefes y oficiales”.²

No obstante su notorio antiperonismo, ascendió a capitán y, en 1949, ingresó a la Escuela Superior de Guerra. Mientras cursaba el tercer año, en septiembre de 1951, participó activamente, como muchos de sus compañeros de curso, en el fallido levantamiento del general Benjamín Menéndez. Su misión era tomar la Puerta Nº 8 de Campo de Mayo, junto a oficiales de la Escuela de caballería. Por ese hecho el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo condenó a cuatro años de reclusión con la accesoria de destitución por el delito de “Rebelión Militar”, y su nombre fue borrado de las Columnas de Honor del Colegio Militar. Luego de estar detenido en el vapor Guaraní, fue enviado junto a otros 53 militares al Penal de Rawson. En julio de 1953, fue trasladado junto a Menéndez y los capitanes Manuel Reimúndes, Pío De Elía y Federico Mourglier, a la cárcel de Río Gallegos. En aquellos años de detención en condiciones rigurosas su relación con las autoridades carcelarias fue mala, y ganó fama de duro e intransigente. ³

Tras el derrocamiento de Perón regresó a Buenos Aires, donde, como parte de la política de “reparación” de Lonardi y Bengoa, fue ascendido con retroactividad a teniente coronel, se le otorgó el título de Oficial de Estado Mayor con anterioridad al 2 de diciembre de 1951, y se lo premió con el mando del Regimiento de Granaderos a Caballo, escolta presidencial, a pesar de no ser coronel como es habitual. En ese destino tuvo una importante y controvertida participación en los sucesos que culminaron con el derrocamiento del general Eduardo Lonardi.⁴ Ya entonces tenía ganada fama de caudillo entre los cuadros del Ejército.

El 31 de diciembre de 1957 ascendió a coronel y el presidente Aramburu lo designó agregado militar en la embajada argentina en México, donde revistó hasta marzo de 1960. De esta forma debió seguir a la distancia la turbulenta situación del Ejército bajo la presidencia de Arturo Frondizi. A su regreso a la Argentina fue designado Jefe de Estado Mayor de la 3ª División de Caballería, en Tandil, bajo el mando directo del general Juan Carlos Onganía. En ese destino permaneció hasta octubre de 1960, cuando el Secretario de Guerra, general Rosendo Fraga, lo designó Subdirector a cargo de la Escuela Superior de Guerra, donde se habían producido una serie de actos de indisciplina. Allí revistaba el 28 de marzo de 1962, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Arturo Frondizi. En esa oportunidad, el coronel Lanusse estaba del lado de los “legalistas”.

En 1962 fue designado al frente del Centro de Instrucción de Caballería, en Campo de Mayo, desde donde desempeñó un papel fundamental en la formación del comando azul. El conflicto entre azules y colorados aumentó su notoriedad pública así como su fama de caudillo. Con la designación de Juan Carlos Onganía como Comandante en Jefe interino, Lanusse recibió el mando de la Primera División de Caballería Blindada, que incluía a los dos regimientos de tanques más poderosos del Ejército y, poco después, las palmas de general de brigada. En ese destino lo encontró la segunda crisis de azules y colorados en la cual las tropas bajo su mando tuvieron un papel protagónico.

Desde entonces fue referencia obligada en el generalato y ocupó puestos clave en la estructura de mandos del Ejército: Comandante de la Primera División Blindada y de la Guarnición Campo de Mayo (1963-1964); Jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército (1965-1966); y Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército (1967-1968).

Rosendo Fraga (h) (1988: 25) ha definido al general Lanusse como

el arquetipo del oficial formado en los círculos político-militares de la década del 50 y el 60, con un profundo conocimiento de la vida política, incluyendo el contacto personal con los hombres claves de la Argentina. Militarmente no era un intelectual [...] pero sus condiciones de mando le permitían suplir supuestas falencias en el campo técnico-profesional.

Su estilo de conducción, calificado como “férreo”, “personalista”, y hasta “arbitrario” lo transformaron en el prototipo del caudillo del Ejército por excelencia. El mismo Lanusse (1994: 47) reconoció casi al final de su vida: “fui un hombre exigente, un duro que no se podía dejar llevar por la tendencia al sentimentalismo, pero con la conciencia de que debía ser al mismo tiempo justo”.

VIIIª Conferencia de Ejércitos Americanos

Apenas tres semanas después de asumir la comandancia del Ejército, el teniente general Alejandro Lanusse encabezó la delegación argentina en la VIIIª Conferencia de Ejércitos Americanos que se realizó en Río de Janeiro entre los días 23 y 27 de septiembre de 1968. De la reunión participaron 18 delegaciones, y se destacó la presencia del general William Westmoreland, Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, que se había desempeñado como jefe supremo de las Fuerzas de su país en Vietnam.

Las principales discusiones de la Conferencia tuvieron como eje la propuesta de la delegación argentina para crear un Sistema Militar Interamericano (SMI).⁵ En su discurso de apertura, el general brasileño Adalberto Pereyra Dos Santos se refirió al papel de la acción cívica en el desarrollo nacional y enfatizó que la reorganización del SMI no era políticamente viable (Ramírez, 1971: 238-240). Por su parte, el general Westmoreland expresó que la insurrección comunista debía “ser atacada en varios puntos, siempre con apoyo de la fuerza militar debidamente preparada”. Para ello debían robustecerse los ejércitos nacionales y transformar a la Junta Interamericana de Defensa (JID) en el centro de integración militar a nivel continental (Ramírez, 1971: 243-244).

La posición argentina, expresada por Lanusse en su discurso de una hora y cuarto ante sus colegas, dio forma a una línea de acción que venían marcando los militares argentinos desde 1965, y se basó en “el perfeccionamiento del Sistema Militar Interamericano”.⁶ El objetivo de la delegación argentina era convencer a las otras representaciones sobre la necesidad de unir esfuerzos “en una acción permanente y solidaria que mejore las condiciones de defensa continental” para enfrentar a “la subversión provocada por el comunismo internacional”. La primera parte del discurso resaltaba el avance “imperialista” del comunismo, que se veía favorecido por “la falta de desarrollo en muchas naciones de América”. Por lo tanto, “el desarrollo es el factor principal de la lucha contra la subversión”. El otro factor “complementario” era la seguridad, que debía constituir el escudo protector del desarrollo y de los procesos de que se realicen”. Desarrollo y Seguridad eran, pues, interdependientes.

En la segunda parte, Lanusse definió al Enemigo Común: el comunismo internacional, “que está en la ofensiva, con todas las ventajas que ello implica”. Para ello puso como ejemplo a la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que tenía a Cuba como “principal instigador en América”. Para combatir esa amenaza, la delegación argentina planteaba la necesidad de elaborar una estrategia continental que, siguiendo el modelo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), iniciara un proceso de integración continental. En el plano castrense, como en la ALALC, debía comenzarse por “coordinaciones progresivas” que facilitarían la ulterior etapa de integración militar. Descartada la creación de la FIP, como se desprendía de las conclusiones de la IIIª Conferencia Interamericana Extraordinaria, Lanusse proponía, en cambio, organizar un SMI estructurado en tres planos diferentes. El primero, a nivel de la OEA, sería “un órgano militar de trabajo, capaz de asesorar en la concepción y estudio de los problemas atinentes a la seguridad continental”. Un segundo plano, intermedio entre la OEA y las fuerzas militares, debía incluir un organismo de planeamiento y coordinación militar (que podía ser la JID modificada) dependiente de los gobiernos americanos que regulara las actividades de “los organismos existentes o a crear”. De esta forma, el SMI estaría integrado por “órganos de asesoramiento, planeamiento y coordinación“, bajo el sistema jurídico de la OEA. Por último, en el tercer plano se hallarían “las fuerzas armadas de los países americanos, individualmente considerados”, que no formarían una FIP siguiendo el modelo de la OTAN. No obstante, según la propuesta argentina, “existe necesidad evidente de uniformar algunos procedimientos, métodos, etc., que faciliten su enlace con los otros planos del sistema y de las fuerzas armadas entre sí, ante eventuales operaciones relacionadas”.

En el aspecto jurídico, Argentina proponía crear un organismo permanente que reemplazara al Comité Consultivo de Defensa establecido en los artículos 44 a 47 de la carta de la OEA. Sin embargo, no se consideró conveniente insistir en ello por las diferencias de criterios expresados durante la IIIª Conferencia Interamericana Extraordinaria. En el plano militar general, se proponía la transformación de la JID desvinculada del “organismo político” (la OEA), y cuya organización y ubicación (Washington D.C.) “no responden de la mejor manera a una coordinación adecuada”. También criticó la falta de coordinación entre las diferentes conferencias militares continentales. Para perfeccionar estos aspectos propuso la creación de un órgano central del sistema, organizado según misiones a cumplir y dependiente de la OEA. El Comité funcionaría como Ministerio de Defensa, en tanto la Junta lo haría como un Estado Mayor que debía elaborar una doctrina básica común.

Antes de terminar, Lanusse criticó la existencia de “equipos vetustos de oneroso mantenimiento y cantidades insuficientes”. Este comentario debe ser interpretado en el marco del programa de reequipamiento militar argentino (Plan Europa), y dejaba traslucir el malestar del Ejército por la política de asistencia militar del Pentágono.

Los nuevos generales para 1969

Tras la designación de Lanusse, la cúpula del Ejército se redujo a sólo siete generales de división. Poco después solicitó su retiro el director de Fabricaciones Militares, general Mario Aguilar Benítez, por diferencias con la política del ministro de Defensa en materia de empresas militares.⁷ A fin de año también pasó a retiro voluntario el Jefe de la Policía Federal, general Mario Fonseca. Estas vacantes permitieron el ascenso de cuatro generales de brigada en su cuarto año en el grado: Eliodoro Sánchez Lahoz, Eduardo Uriburu, Juan Carlos De Marchi y José Rafael Herrera. Paralelamente, los tres generales en condiciones de ascender que fueron postergados (Delfor Otero, Miguel Otto Chasselon, y Mario Laprida) solicitaron sus retiros voluntarios.

Lanusse realizó también importantes modificaciones en los principales comandos. Tan sólo su amigo Gustavo Martínez Zuviría permaneció al frente del Primer Cuerpo de Ejército. El Segundo Cuerpo quedó al mando de Roberto Fonseca (hermano de Mario); en tanto Eliodoro Sánchez Lahoz y Eduardo Uriburu fueron designados al frente del Tercer y Quinto Cuerpo, respectivamente. En este último caso, la promoción era un premio a su labor al frente del Plan Europa. Sin embargo, para el propio Uriburu la designación era un honor, pero el destino en Bahía Blanca lo apartaba de la política militar (y del Plan Europa). Al frente del Estado Mayor General, Lanusse designó a Guillermo Sánchez Almeyra, quien había sido su segundo comandante en Córdoba.

El 31 de diciembre de 1968 tan sólo siete coroneles ascendieron a general de brigada. Ellos eran: Oscar Colombo y Horacio Siburu (caballería); Ángel Gordo y Horacio Taladrid (ingenieros); Jorge R. Carcagno (infantería); Jorge Orfila (artillería); Florencio Vázquez Gori (comunicaciones). Pertenecían a las promociones 69 y 70 del Colegio Militar.⁸ Esto, sin embargo, no modificó la distribución por armas ni el papel desempeñado por los hombres de la promoción 68. Entre los nuevos generales se destaca Jorge Raúl Carcagno, quien, a pesar de su pasado colorado, recibió el mando de la IVª Brigada Aerotransportada de Córdoba que habría de tener un papel fundamental durante 1969.

El fin del principio de la “Revolución Argentina”

Mayo de 1969 se inició con muchos conflictos para el gobierno de Juan Carlos Onganía. Su “insólita falta de tacto”, para utilizar una frase de Lanusse (1977: 20), al tratar la cuestión universitaria le había causado dificultades desde comienzos de ese año. La preocupación en los ámbitos castrenses se reflejó en un memorándum de la subjefatura V (Política) del Estado Mayor General que criticaba duramente la política universitaria del gobierno y anticipaba que cualquier error de las autoridades podría permitir la unificación del movimiento universitario y “provocar una reacción en cadena de muy difícil control” (Potash, 1994b: 79).

Apenas dos meses después, el pronóstico de los analistas del Estado Mayor se cumplió. Los primeros incidentes ocurrieron en Resistencia (Chaco) el lunes 12 de mayo. Los estudiantes universitarios protestaban contra el aumento de los precios en el comedor estudiantil privatizado por el rector de la Universidad del Nordeste, Carlos A. Walker. El 15 de mayo las protestas se repitieron en Corrientes, donde la Policía cargó sobre los estudiantes. Durante la represión, una bala policial asesinó al estudiante Juan José Cabral.⁹ Este crimen repercutió entre los estudiantes universitarios de todo el país. Estallaron manifestaciones de protesta en Tucumán, La Plata, Córdoba y Buenos Aires. En Rosario, dos días después, la Policía asesinó a Alberto R. Bello, estudiante de Ciencias Económicas.¹⁰ Era el segundo estudiante muerto por la policía en apenas tres días. En todas las universidades del país, incluidas las universidades católicas, los estudiantes decretaron huelgas y se expresaron en multitudinarias marchas de silencio.

Pero fue en Rosario donde el conflicto cobró mayor dimensión y derivó en un levantamiento popular conocido como “Rosariazo”. Los incidentes comenzaron la tarde del miércoles 21 de mayo, cuando los estudiantes y distintos sectores del sindicalismo rosarino se concentraron para realizar una “Marcha de Protesta y Repudio” hacia donde había sido asesinado el estudiante Bello. La fuerza policial, por orden del gobernador, almirante Eladio Vázquez, intentó impedir la concentración e inició los enfrentamientos en el casco céntrico de la ciudad. Al caer la noche, los manifestantes levantaron las primeras barricadas y encendieron las primeras hogueras. Los combates callejeros se prolongaron entre las 18 y las 23 horas. A medianoche, los 1.800 hombres de las fuerzas de represión se replegaron hacia la Jefatura de Policía. Entretanto los manifestantes avanzaron hacia el local de la CGT de los Argentinos, la jefatura de Policía y el edificio de LT8 para difundir una proclama. Frente a la emisora se produjeron nuevos choques con la Policía que culminaron con el asesinato del Luis Blanco, aprendiz metalúrgico de 15 años, de un balazo por la espalda disparado por fuerzas policiales.¹¹

Poco después de las 22 horas, el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general Roberto Fonseca, informó a Lanusse sobre la gravedad de la situación y le solicitó declarara a Rosario “zona de emergencia”. Lanusse se comunicó desde Campo de Mayo con Onganía y la medida comenzó a regir a partir de las 2 de la madrugada del jueves 22 de mayo.¹² Desde ese momento, la ciudad quedó bajo control de la autoridad militar, el general Fonseca, que emitió una serie de bandos militares a la población civil. En ellos se informaba que quien atacara al personal militar sería juzgado por Consejos de Guerra que incluían la pena de muerte.

La protesta estudiantil se extendió a lo largo del país durante toda la semana. Los disturbios más graves se produjeron en Tucumán a partir del domingo 25 de mayo, cuando la Policía reprimió una marcha de silencio. Dos días después los estudiantes ocuparon el centro histórico de la ciudad y apedrearon la casa de gobierno. Las fuerzas policiales recuperaron el control de la ciudad la mañana del miércoles 28 de mayo, al tiempo que el jefe del Regimiento 19 de infantería, teniente coronel José Rogelio Villarreal, asumía la jefatura de la policía provincial. Por la noche llegaron a Tucumán, desde Salta, gendarmes para reforzar a los efectivos policiales.¹³

En la reunión del CO.NA.SE. del día miércoles 28 se discutió la situación nacional a la luz de los desórdenes ocurridos en los días previos. El Secretario de la SIDE, general Señorans, trazó un panorama muy grave de la situación. Se basaba en la información enviada por el delegado de la SIDE en Córdoba, coronel Luis Emilio Conesa, y los reiterados pedidos del gobernador Caballero.¹⁴ Cuando el presidente Onganía afirmó que debía actuarse enérgicamente frente a los agitadores, los Comandantes en Jefe de la Armada y el Ejército contestaron que debían removerse las causas del conflicto antes que actuar sobre los efectos. Este punto de vista tuvo el respaldo de algunos integrantes del gabinete.¹⁵ A Onganía le molestó la referencia de Gnavi a la necesidad de una autocrítica. El ministro del Interior, el Jefe de la Policía y el Jefe de la SIDE defendieron la implantación del estado de sitio, la represión y el arresto de los principales dirigentes sindicales. Algunos de los colaboradores más cercanos de Onganía han acusado a Lanusse de minimizar la conjura y restringir o desvirtuar la información que le llegaba por diversos canales.¹⁶ Finalmente, el Presidente decidió no instaurar el estado de sitio, sino crear tribunales militares especiales con la facultad de condenar a civiles acusados de cometer o instigar a cometer actos de violencia.¹⁷ Esto se reflejó en la ley 18.232, que extendía a todo el país lo que ocurría en Rosario desde el 22 de mayo.¹⁸

Sin embargo, y más allá de esta medida, quienes se reunieron aquella tarde no imaginaban que lo peor no había ocurrido aún. Al día siguiente, coincidiendo con el 159º aniversario del Ejército Argentino, estalló el “Cordobazo”, la rebelión popular que dividió en dos la historia de la llamada “Revolución Argentina”.

El Mayo cordobés

En mayo de 1969 el gobierno de Córdoba se encontraba en manos de Carlos José Caballero, un nacionalista de extrema derecha, integrante de Ciudad Católica, comprometido con el modelo corporativo del “participacionismo” o “comunitarismo” propuesto por Guillermo Borda desde el Ministerio del Interior. En diciembre de 1968, Caballero había creado el primer Consejo Asesor del país, propuesto por las “organizaciones de la comunidad”. Muy impopular entre sus coprovincianos, se había ganado la hostilidad de casi todas las agrupaciones políticas, sindicales y estudiantiles de la provincia.

El mes de mayo había comenzado en Córdoba con una alta conflictividad gremial. El lunes 5 de mayo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dirigida por Atilio López, realizó una huelga para que las nuevas empresas de transportes reconocieran la antigüedad de sus trabajadores. Un día después, la UOM realizó una huelga contra la actitud de los empresarios cordobeses de eliminar las “quitas zonales”, lo que significaba una sensible pérdida salarial de los obreros metalúrgicos cordobeses con relación a sus compañeros bonaerenses. El lunes 12 de mayo el gobierno nacional sancionó la ley 18.204, que unificó la jornada de trabajo en 48 semanales. De esta forma derogaba la ley provincial que establecía el sábado inglés. Estas medidas aumentaron el nivel del conflicto sindical en Córdoba.

El miércoles 14, mientras se desarrollaba en Alta Gracia, con la presencia de Onganía, una reunión de gobernadores para hablar del “participacionismo”, la Policía reprimió un acto del gremio de mecánicos (SMATA) en el club Córdoba Sport. Las seccionales de UTA, SMATA y UOM convocaron a una huelga general por 48 horas para los días 15 y 16 de mayo que tuvo una adhesión masiva de los trabajadores.

A la inquietud gremial se sumó la creciente movilización estudiantil posterior a los sucesos de Corrientes y Rosario. El viernes 16, para evitar la concentración de estudiantes en protesta por los incidentes de Corrientes fue clausurada la Universidad, medida que se prolongó hasta el lunes 26. El lunes 19, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) anunció un paro para el martes 20 y una semana de lucha entre el 26 y el 30 de mayo, en protesta de la represión y contra los cursos de ingreso, los aranceles, la departamentalización de la enseñanza y el verticalismo. Esa noche la Policía acordonó el barrio Clínicas y patrulló sus calles. Durante la tarde, los estudiantes tomaron el Barrio Clínicas y sostuvieron una batalla campal con la Policía. Esa misma noche fue detenido Agustín Tosco, de Luz y Fuerza. Mientras tanto, el gobernador Caballero declaraba en Buenos Aires que lo ocurrido en Córdoba “era el resultado de la presencia comprobada de ciertos elementos extremistas, es decir, de filiación marxista”. Por su parte los estudiantes (FUA) decidieron una huelga general para el 29 de mayo en adhesión del paro acordado por las dos CGT a nivel nacional para el viernes 30 de mayo.

El Cordobazo

Afirmo categóricamente que nuestra institución no está para la represión indiscriminada sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que deseamos.

Alejandro Lanusse, 29 de mayo de 1969, por la mañana.

La mañana del 29 de mayo el Comandante en Jefe del Ejército concurrió al Colegio Militar de la Nación para presidir los actos del Día del Ejército y leyó, en presencia del presidente Onganía, un discurso que tendría gran trascendencia política. Lanusse anunció que el Ejército, después de entrar en operaciones (en Rosario y Tucumán), dejaba de ser un espectador pasivo del proceso político para retomar el protagonismo delegado en Onganía. En sus palabras:

El proceso no permite ya la presencia de espectadores. Necesita que todos seamos actores, partícipes decididos de esta gran obra nacional, porque así lo reclama el futuro de nuestros hijos (La Nación, 30/5/1969).

La frase “el Comandante en Jefe adquiere el compromiso de proveer la soluciones que sean necesarias” fue interpretada como una advertencia o amenaza a Juan Carlos Onganía. De alguna manera, Lanusse reafirmaba lo expresado por dos viejos discursos del Presidente: el de West Point en lo relativo al acatamiento de las Fuerzas Armadas a las autoridades constituidas¹⁹ y el de las llamadas “fronteras ideológicas” de 1965.²⁰

El discurso marcaba el fin de una etapa abierta el 29 de junio de 1966 cuando las Fuerzas Armadas delegaron el poder en Juan Carlos Onganía. Pero en la práctica ello había ocurrido una semana antes, durante el Rosariazo, cuando el comandante del Segundo Cuerpo sacó sus tropas a la calle y ocupó militarmente la ciudad. La presencia de tropas en las calles de Rosario, Tucumán o Córdoba por decisión del Comandante en Jefe, o de los Comandantes de Cuerpo, significaba un avance sobre las facultades presidenciales acordadas el 29 de junio de 1966. Era el fin del precepto de que las Fuerzas Armadas no gobiernan ni cogobiernan.

El discurso no tomó por sorpresa al presidente Onganía. Tres días antes, Lanusse le había leído el texto completo, y el Presidente había dado su aprobación sin formular ninguna objeción importante. Onganía no pareció haber tomado conciencia de que el mensaje tenía mucho de advertencia y marcaba el comienzo de una nueva etapa en la relación Ejército-Gobierno.

* * *

En Córdoba, a media mañana, mientras el comandante del Tercer Cuerpo presidía la ceremonia del Día del Ejército, varios miles de trabajadores abandonaron fábricas y talleres y se dirigieron al centro de la ciudad de Córdoba. Los trabajadores que ingresaron desde el sur por avenida Vélez Sarsfield y desde el oeste por bulevar San Juan se sumaron a los empleados de comercio y la administración pública. Los estudiantes marchaban por Colón desde el Barrio Clínicas. A las 11 horas se produjeron los primeros choques entre manifestantes y la Policía en las inmediaciones de plaza La Paz. El transporte público dejó de funcionar, los disturbios se generalizaron y se extendieron a otras zonas de la ciudad. Los manifestantes levantaron las primeras barricadas y encendieron las primeras hogueras para contrarrestar el efecto de los gases lacrimógenos.²¹

A las 11.15 horas el gobernador Caballero llamó desesperado, por primera vez, al Comandante del Tercer Cuerpo. Poco después del mediodía, el general Eliodoro Sánchez Lahoz informó al comandante Lanusse que la situación “era gravísima”, al tiempo que desde el comando le llegaban informes de que Córdoba parecía estar fuera de control policial.²² Para entonces el gobernador Caballero reconocía que la Policía provincial había sido desbordada.

Poco después, a las 13 horas, murió el primer manifestante. Se trataba de Máximo Mena, obrero de SMATA. Minutos más tarde la Policía mató al estudiante Daniel Castellanos, de 18 años. Casi al mismo tiempo, el Comandante del Tercer Cuerpo emitió una serie de comunicados a la población. El primero de ellos, a las 13.15 horas, establecía la creación de Consejos de Guerra Especiales que “tendrán a su cargo el juzgamiento de las personas que incurrieran en los delitos que atenten contra el orden y la seguridad”.²³ La Policía provincial se había replegado al edificio del Cabildo y el centro de la ciudad quedó en manos de los manifestantes. A esa misma hora, el comandante de la IVª Brigada Aerotransportada, general Jorge Carcagno, dio la orden formal de alistamiento a sus tropas que estuvieron preparadas una hora después.²⁴ Un segundo comunicado de Sánchez Lahoz recordaba que estaba en vigencia el Código de Justicia Militar que preveía la pena de muerte (“medidas de carácter irreversible”). La orden de partir llegó finalmente a las 15.45, cuando las columnas se pusieron en marcha desde los cuarteles de La Calera, a unos 10 km. de la ciudad de Córdoba.

Finalmente, a las 17 horas, una columna de tres mil hombres del Ejército, integrada por los Regimientos 2 y 14 de infantería, un destacamento de Gendarmería y tropas de artillería liviana ingresaron a la ciudad y fueron recibidos por los disparos de francotiradores. Los soldados avanzaron a pie por calles y avenidas disparando contra los techos desde donde caían bombas molotov. Poco antes de las 20 horas la ciudad quedó a oscuras como resultado del sabotaje a una central eléctrica. El toque de queda entró en vigencia a las 20.30 horas, pero durante toda la noche siguieron escuchándose disparos entre las fuerzas de ocupación y manifestantes aislados y francotiradores. Los mayores focos de resistencia se produjeron en los barrios Clínica y Yofre.

A la mañana siguiente los principales dirigentes gremiales fueron detenidos en las sedes de sus sindicatos y sometidos a Consejos de Guerra Especiales: Agustín Tosco fue condenado a 8 años y tres meses, y Elpidio Torres a 4 años y ocho meses de prisión. Cuando el general Lanusse llegó a Córdoba seguían produciéndose incidentes aislados en algunos barrios de la ciudad. Recién el viernes 30 por la tarde el Ejército recobró el control completo de la ciudad de Córdoba, luego de registrar casa por casa en algunos barrios.

* * *

Algunos de los colaboradores más cercanos de Onganía han afirmado que en el período previo al “Cordobazo”, y en particular durante de reunión del CO.NA.SE. del 28 de mayo, Lanusse minimizó la conjura y restringió información al Presidente. Además, responsabilizan al Comandante en Jefe de demorar ex profeso “toda acción de seguridad a los efectos de que el brote adquiriera su máximo esplendor” (Castex, 1981: 190). Se refieren de esta forma a la demora de Lanusse en ordenar el ingreso de la IVª Brigada a la ciudad de Córdoba.²⁵ Incluso se ha sugerido cierta connivencia de Lanusse con algunos dirigentes sindicales cordobeses.²⁶ Más allá de estas especulaciones, cabe preguntarse: ¿se siguieron los pasos que establecía la ley de Defensa? Según Lanusse la doctrina militar vigente (desde 1968) establecía una gradación en lo referido al empleo de medios: primero debería actuar la Policía, luego fuerzas de seguridad (Gendarmería), y, en caso de que tanto unos como otros no pudieran controlar la situación, debían empeñarse las Fuerzas Armadas, como última reserva para enfrentar aquello que no podían otros medios. Según el entonces Comandante en Jefe, esto era coherente “con el criterio político-institucional vigente: las instituciones castrenses no se comprometían con la acción del gobierno” (Lanusse, 1977: 10). De esta forma justificaba que el Ejército hubiera ingresado a la ciudad de Córdoba sólo cuando fueron superadas las otras instancias. Si esto fuera así, ¿por qué entonces no se dio la orden cuando el gobernador Caballero lo solicitó? El jefe del Regimiento 2 de infantería, teniente coronel Marguery, interpretaba que de haber salido al mediodía “el Ejército habría provocado una masacre”. El Jefe de Operaciones de la IVª Brigada, coronel Mujica, compartía esa opinión. El general Carcagno, por su parte, afirmaba:

A mediodía, la salida disuasiva de las tropas ya era totalmente imposible. No podía haber disuasión con todo el mundo afuera: solamente podía haber represión. Y desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, los elementos subversivos eran una pequeña minoría. Cuando los subversivos comenzaron a operar, el pueblo muy rápidamente se replegó. Apenas quedaron sólo los subversivos, entró en operaciones la Brigada. [...]

Cuando entramos no se podía caminar por los destrozos. Pero no existió, virtualmente, respuesta de fuego. Solamente aparecieron algunos francotiradores en el barrio Clínicas pero yo pienso, personalmente, que no tiraban a matar. En dos horas recorrimos la ciudad de punta a punta, algo que no hubiéramos podido hacer de encontrar una resistencia armada. Después de esas dos horas, nos dedicamos a reforzar nuestras posiciones en el Barrio Clínicas. La población ya estaba totalmente tranquilizada (citado en Lanusse, 1977: 13-14).

Si esto fuera así, ¿la demora de una hora y quince minutos en entrar en operaciones hubiera cambiado la situación? Posiblemente no. Pero la pregunta que muchos oficiales del Ejército se hicieron entonces y aun mucho después (y que parece imposible responder con certeza) es la siguiente: ¿Lanusse demoró intencionalmente la orden de represión con el único objetivo de deteriorar la posición de Onganía?²⁷

Cambio de gabinete

Para muchos lo ocurrido no es sino el prólogo de una serie de acontecimientos futuros de gravedad creciente. Otros ven el problema con mayor objetividad. Pero, para todos, ha terminado una etapa de la Revolución, caracterizada por el papel de espectador asumido por el Ejército frente al problema nacional.

Documento de trabajo del Estado Mayor del Ejército ²⁸

Tras el “Cordobazo” renunció el gobernador Carlos Caballero. Su lugar lo ocupó interinamente, el general Carcagno, comandante de la IVª Brigada Aerotransportada, acompañado por el coronel Albano Harguindeguy como ministro de gobierno y el coronel Rodolfo Mujica como jefe de Policía. Poco después, en su informe elevado al gobierno nacional, Caballero reconocía:

es inútil establecer que participaron grupos subversivos. Si no hubieran contado con el clima apropiado, jamás podrían haber llevado adelante acciones de esa envergadura. El movimiento, una vez en la calle [...] contó con la adhesión masiva de la población. Los barrios burgueses colaboraron en forma espontánea y entusiasta en la acción, dando material combustible a los revoltosos.²⁹

La explicación oficial al “Cordobazo” llegó en la voz del ministro Borda, quien el 31 de mayo expresó: “En Córdoba hubo, durante varias horas, un clima de verdadera subversión, perfectamente organizada y planificada”.³⁰ Dos días después, Onganía daría a Lanusse una interpretación similar: el “Cordobazo” había sido el resultado de la acción deliberada de grupos subversivos (Lanusse, 1977: 15-16). No había ningún atisbo de reconocer los propios errores, ni la responsabilidad de los gobiernos provincial y nacional.

Finalmente, el 4 de junio de 1969, en un discurso televisado, Onganía dio su versión del Cordobazo a todos los argentinos: “los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir una insurrección urbana. [...] La consigna era la guerra civil a cualquier precio”. Ese mismo día, todos los ministros presentaron su renuncia por sugerencia de Adalbert Krieger Vasena, y dos días después, el Presidente aceptó las renuncias y comenzó a armar un nuevo gabinete.³¹ El lugar de Krieger Vasena lo ocupó José María Dagnino Pastore, secretario del CO.NA.DE., y ex ministro de Economía del gobernador Imaz en la provincia de Buenos Aires. Onganía designó como canciller al embajador Juan B. Martín; en tanto Carlos Consigli, ex ministro de Salud de Córdoba (durante la gestión de Caballero), fue designado ministro de Bienestar Social. Pasado algún tiempo, José Rafael Cáceres Monié, ex funcionario desarrollista y hermano del Director Nacional de Gendarmería, ocupó el Ministerio de Defensa, cubriendo la vacante de Emilio Van Peborgh.

La designación más conflictiva del nuevo gabinete fue la del ministro del Interior. El lunes 9 de junio, Onganía habría consultado a Lanusse su opinión sobre dos nombres para ese cargo, el del gobernador de Buenos Aires, general Francisco Imaz,³² y el del ex viceministro del Interior Mario Díaz Colodrero. Según Lanusse, él sugirió al secretario de Justicia, Conrado Etchebarne. Finalmente, el miércoles 11 de junio Onganía nombró a Imaz, sin informarlo previamente a los tres Comandantes en Jefe (Lanusse, 1977: 26-27; Potash, 1994b: 97). Al día siguiente, el Comandante en Jefe se reunió con los generales de división y con miembros del Estado Mayor del Ejército para informar de sus conversaciones con el Presidente. Allí dejó en claro que había desaconsejado la designación de Imaz. Para Lanusse, si bien la responsabilidad –de allí en adelante– era sólo del Presidente, la presencia de un oficial retirado comprometía al Ejército con el gobierno ante la opinión pública. Paralelamente, el jefe de la SIDE informaba al Presidente de esta reunión de Altos Mandos. El ala nacionalista del gabinete manejaba la hipótesis de una conjura liberal para derrocar a Onganía.

Quizás ese fue el motivo por el cual, al día siguiente, viernes 13 de junio, en una entrevista privada, Onganía le expresó a Lanusse que ambos no podían seguir juntos en ese proceso. En la práctica esto significaba el relevo del Comandante en Jefe. Según la versión de Lanusse, a esto siguió una franca conversación entre dos viejos camaradas del arma de caballería. Lanusse consideró inoportuna la decisión del Presidente. Por el contrario, uno de los más estrechos colaboradores de Onganía describe a un Lanusse mendicante.³³ Lo cierto es que al terminar la conversación, Onganía dejó todo en suspenso. Luego, por la tarde el Presidente tuvo una extensa reunión con el Jefe de Estado Mayor Conjunto, general de división Jaime José Toscano, a quien le habría ofrecido la comandancia del Ejército. Toscano, afectado por una enfermedad terminal, rechazó el ofrecimiento y convenció a Onganía de que ese relevo era inoportuno e innecesario.³⁴ Onganía decidió dar un paso atrás y esa noche, extrañamente, envío una nota a Lanusse con el currículum de un candidato al ministerio de Defensa. Poco después, en un breve encuentro, le manifestó con respecto a lo ocurrido durante la mañana: “Considere que esa conversación no existió nunca” (Lanusse, 1977: 31; Potash, 1994b: 100).

Aquella conversación marcó el final de la confianza mutua entre los dos caudillos de la caballería, y de una relación que, de allí en adelante, estaría signada por la desconfianza.

* * *

Para esas fechas, algunos civiles y oficiales superiores comenzaron a reclamar –en privado– la destitución de Onganía, puesto que el transcurso del tiempo sólo significaría mayor deterioro para la posición de las Fuerzas Armadas. En ese mismo sentido, un folleto originado en sectores liberales del Ejército reclamaba a las Fuerzas Armadas que reasumieran “los poderes del Estado, a través de la máxima verticalidad de los mandos, la Junta de Comandantes en Jefe” para “restaurar la república dentro de una democracia moderna y representativa”.³⁵

A esa altura de los acontecimientos se definían dos posiciones antagónicas al interior del Ejército sobre el destino de la “Revolución Argentina”. Unos querían iniciar una retirada en orden que incluyera una salida electoral en un plazo más o menos breve; otros, desde posturas nacionalistas, planteaban “profundizar la Revolución”. La primera alternativa implicaba destituir a Juan Carlos Onganía; la segunda, la purga de los llamados “liberales”, empezando por el comandante Lanusse. En esta disputa deben ubicarse los acontecimientos que tuvieron como protagonista al general Eduardo Rafael Labanca.

El affaire Labanca

El general Eduardo Rafael Labanca³⁶ era el Comandante de la Xª Brigada de Infantería, de la que dependían los principales regimientos de Buenos Aires y sus alrededores. Sus camaradas lo consideraban un oficial profesional, de tendencia “nacional populista”, sin actividades políticas. Sin embargo, la tarde del 29 de junio de 1969 se reunió, en secreto, con el presidente Onganía. Tres semanas después, dos coroneles en actividad y un teniente coronel retirado recorrieron –en su nombre– varias guarniciones del interior del país. El general Requeijo, Comandante de la IIIª Brigada, informó a sus superiores que los coroneles Héctor F. Goyeneche y Julio César Sócrates Fernández lo habían visitado para informarle que varios generales, entre ellos Labanca, estaban por ser pasados a retiro y que debían ayudarlo. Al día siguiente, el general Aníbal Medina, Comandante de la Vª Brigada, elevó un informe similar a las autoridades del Tercer Cuerpo.³⁷

Los emisarios de Labanca, entretanto, se movieron por todo el Ejército. El lunes 21 de julio algunos oficiales recorrieron las unidades de la Xª Brigada intentando convencer a los jefes de regimiento para sumarse a un presunto levantamiento que tenía como fecha el viernes 25 de julio. Uno de estos jefes, el teniente coronel Reynaldo Bignone, al mando del regimiento 6 de infantería (de Mercedes), recuerda en sus memorias que fue visitado por un coronel en actividad, quien le informó que había un plan muy avanzado, en el que estaba comprometido Lanusse para desplazar a Onganía y designar presidente a Aramburu. El objetivo del movimiento de Labanca era “neutralizar a Lanusse para afirmar a Onganía en la presidencia” (Bignone, 1996: 23-24).³⁸

Con toda la evidencia acumulada contra Labanca, el miércoles 23 de julio, Lanusse y sus colaboradores discutieron la forma de relevarlo sin levantar sospechas en la opinión pública. Finalmente, el jueves 24 por la mañana, tres generales de confianza de Lanusse, entre quienes se contaban Alcides López Aufranc y José María Díaz, concurrieron al despacho de Labanca en los cuarteles de Palermo. Le informaron que la conspiración había sido descubierta y le ofrecieron un final digno a su carrera. Labanca aceptó su responsabilidad y ese mismo día elevó su pedido de retiro voluntario a su superior inmediato, Gustavo Martínez Zuviría.³⁹ Poco después, un comunicado oficial, informaba sobre el retiro de comandante de la Xª Brigada y su reemplazo por el general José María Díaz, jefe de inteligencia del Estado Mayor.

Esa misma noche, con los hechos consumados, el Comandante en Jefe se reunió con el Presidente en Olivos. Le informó del fallido complot y de las medidas adoptadas. Lanusse también le presentó la información reunida en el sumario, incluyendo la de su encuentro secreto con Labanca. Onganía le quitó importancia política.⁴⁰ Se trataba tan sólo de una reunión con un amigo que le había manifestado, a través del coronel Buasso, su deseo de dialogar en privado. Según la declaración de Labanca, por el contrario, la reunión había sido resuelta por Onganía y tenía carácter reservado. En ese punto Lanusse decidió suspender el sumario para establecer las más altas responsabilidades porque eso hubiera significado confrontar las declaraciones del jefe relevado con la del Presidente de la Nación. Indudablemente se trataba de un cuartelazo para desplazar al Comandante en Jefe, y el Presidente estaba al tanto de todo.

En los días siguientes se inició el sumario correspondiente, a cargo del general Roccatagliata. Los primeros detenidos fueron los coroneles Goyeneche y Fernández, y el teniente coronel Juan Carlos Alsina, hermano de un ex jefe aeronáutico. También fueron arrestados los coroneles Ramón Molina,⁴¹ Donovan Baré, Luis A. Garda y el mayor Raúl Danniaux. El coronel Carlos Luzuriaga, jefe del Regimiento 10 de caballería, fue castigado con 20 días de arresto por demorar en informar a sus superiores. El sumario, del que nunca hubo información oficial, incluyó al mayor (ret.) Miori Pereyra (coordinador del Ministerio del Interior), y al jefe de ceremonial de la Presidencia, coronel Juan Antonio Buasso, quien habría oficiado de contacto entre el Presidente y Labanca. Buasso, sin embargo, no fue sancionado, ya que, por su cercanía a Onganía, habría sido interpretado como un ataque a este.⁴²

Los tenientes peronistas

Algún tiempo después se conoció la noticia de que el 20 de junio de 1969 oficiales de inteligencia habían detenido al teniente Julián Francisco Licastro, instructor del Colegio Militar.⁴³ Se iniciaba así un proceso de arrestos e interrogatorios a oficiales subalternos destinados en el Colegio Militar. El grupo, investigado como una célula peronista revolucionaria, había sido infiltrado por el SIE desde hacía varios meses. Junto a Licastro, ex abanderado del Colegio Militar y primer promedio de la promoción 90, fueron detenidos el mayor José Eduardo Plá Bertollo (del Batallón de aviación del Ejército); el capitán Miguel Battle (de la Escuela Superior de Guerra); el teniente 1º Eduardo Falconnier; el teniente 1º Rafael Casaux; el teniente 1º José Luís Fernández Valoni; el teniente Julio César Vergara (todos del Colegio Militar); y el teniente Carlos Pastoriza (de la EST). Otros oficiales subalternos fueron investigados y pudieron continuar su carrera, pero marcados.⁴⁴

Estos jóvenes oficiales de tendencia peronista habían concurrido a una conferencia de Juan José Hernández Arregui, autor de La formación de la conciencia nacional, a quien luego visitaron en su departamento. Allí tomaron contacto con dirigentes peronistas. También se vincularon con Arturo Jauretche, José María Rosa, Fermín Chávez, Rodolfo Puiggrós, Marcelo Sánchez Sorondo y Jorge Abelardo Ramos, de quien rescataban sus libros Revolución y contrarrevolución en la Argentina e Historia política del Ejército Argentino. Eran lectores de Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz y Carlos Astrada.

El grupo de Licastro se mostraba disconforme con la conducción liberal del Ejército y veía con simpatía el “Cordobazo” y a la Revolución Peruana, encabezada por Velazco Alvarado.⁴⁵ Para ellos, “ningún ejército es más fuerte que la base social que lo compone. Por lo tanto, cuando un ejército está haciendo el papel de fuerza de ocupación de su propio país, existe un quiebre en la retaguardia social que compone ese ejército, como un perro que se muerde la cola” (Licastro, 1994: 60). Estos temas políticos eran discutidos abiertamente en el Casino de Oficiales. Licastro afirmaba que una insurrección popular sería incontenible para el Ejército, e incluso se le atribuye haber dicho: “hay tanta Patria en una barricada del Cordobazo como en un cuartel del Ejército” (Licastro, 1994: 59).

Tras los interrogatorios y las investigaciones, los acusados fueron sometidos a un Tribunal de Honor. Algunos de ellos fueron pasados a retiro obligatorio “por estar en una posición espiritual incompatible para ser oficial del Ejército”.⁴⁶

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Si el affaire Labanca significó un primer síntoma de resquebrajamiento entre oficiales superiores, que se mostraba monolítico desde hacía seis años, la detención de los tenientes rebeldes era el primer signo de una fractura horizontal a nivel de oficiales subalternos orientados hacia distintas vertientes del nacionalismo que terminaron apoyando al peronismo.

Puebladas, insurrecciones y violencia política

El “Cordobazo” marcó el inicio de un ciclo de protesta social y de violencia política. El hecho más conmocionante ocurrido en las semanas posteriores fue el asesinato de Augusto T. Vandor, cerca del mediodía del 30 de junio, cuando un grupo armado ingresó a la sede de la UOM (en Rioja 1945) y, luego de reducir al personal de seguridad, llegó hasta el despacho del líder metalúrgico, a quien mataron de cinco balazos y dejaron en el lugar una bomba que destruyó parte del edificio. Algunos días antes, estallaron bombas en 15 supermercados Mínimax, propiedad de la familia Rockefeller.⁴⁷

En los meses siguientes se multiplicaron los conflictos gremiales, las huelgas y las movilizaciones populares, que alcanzaron su máxima expresión durante el segundo “Rosariazo”. Este levantamiento popular comenzó el 8 septiembre de 1969, cuando la Unión Ferroviaria de Rosario tomó medidas de fuerza en repudio por la sanción aplicada a un delegado gremial. El conflicto se agravó en los días siguientes y se extendió a los ferroviarios de todo el país. Al mismo tiempo, la CGT rosarina, en solidaridad con los trabajadores ferroviarios, declaró una huelga general de 38 horas a partir de las 10 de la mañana del martes 16 de septiembre.

Las columnas de trabajadores ingresaron a la ciudad y se enfrentaron con la Policía, que custodiaba las principales instituciones en la zona céntrica. Por la tarde, los huelguistas se trasladaron a los barrios periféricos donde levantaron barricadas. La muerte de una mujer y un niño agravaron el conflicto. Tropas del Segundo Cuerpo comenzaron a patrullar la ciudad y enfrentaron a los manifestantes. También se declaró la zona de emergencia y se crearon Tribunales Militares especiales. La situación tardó varios días en normalizarse (Balvé y Balvé, 1989: 207-238). Para esos mismos días estallaban conflictos en Tucumán por el posible cierre de ingenios y una pueblada en Cipoletti, en las que también intervinieron fuerzas del Ejército y la Gendarmería.

Seguridad continental

En octubre de 1969 se realizó la IXª Conferencia de Ejércitos Americanos. Estaba previsto que la conferencia se realizaría en Colombia, pero finalmente tuvo lugar en Fort Bragg (Carolina del Norte), cuna de los boinas verdes.⁴⁸ La delegación argentina estaba encabezada por el teniente general Lanusse y el subjefe de Política de Estado Mayor, general Miguel Ángel Viviani Rossi. El tema central de la IXª CEA fue la “seguridad continental”. Quizás ese fue el motivo por el cual, a diferencia de las anteriores conferencias, el acceso a la prensa estuvo vedado durante las deliberaciones.

Durante la CEA se organizaron tres comisiones de discusión: la primera sobre el fortalecimiento de la CEA; la segunda sobre la seguridad del hemisferio occidental; y una tercera sobre problemas de entrenamiento, instrucción y doctrina. El primer comité, integrado por los jefes de delegación, revisó los acuerdos de conferencias previas con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Sistema Militar Interamericano (SMI) y acentuar el papel de la CEA como medio para coordinar los esfuerzos de diversas organizaciones militares del continente. El comité que estudió los problemas de “seguridad hemisférica” presentó una “Apreciación Conjunta de la Subversión Comunista en las Américas” y un análisis de las tácticas y técnicas utilizada por los grupos guerrilleros de la región. El tercer comité se encargó de codificar los reglamentos provisorios existentes de la CEA (Ramírez, 1971: 264).

La posición de la delegación argentina fue expresada por el general Miguel Ángel Viviani Rossi. El representante argentino observaba que a partir de la Conferencia Tricontinental de 1966 las corrientes de izquierda acordaron “un plan para la subversión, que desde entonces se desarrolló con unidad de conducción en el ámbito continental”. Y, si bien la guerrilla rural había disminuido en el continente, durante 1969 “la subversión urbana ha adquirido mayor virulencia” y poco se había avanzado en la coordinación de esfuerzos en la lucha contrarrevolucionaria. En la conferencia de Río de Janeiro, en 1968, se habían alcanzado acuerdos que fracasaron en su implementación “por la falta de apoyo de algunos sectores de la conducción política de los estados”. Diferentes argumentos sobre la FIP o la carrera armamentista paralizaban cualquier acuerdo sobre el SMI. En una alusión crítica a los gobiernos y parlamentos de algunos países, Viviani Rossi afirmó:

esos falsos argumentos son esgrimidos por el enemigo común e ingenuamente evaluados por quienes, inadvertidamente, sirven a los intereses de éste, como pretexto de oposición a todo avance en el campo de la seguridad continental y de la capacitación de las Fuerzas Armadas (Panorama, 7/10/1969, pp. 18-19).

Para terminar, y ratificando la ponencia de Lanusse en Río de Janeiro, definió al SMI como “la única estructura de coordinación de esa acción común que nos permitirá enfrentar adecuadamente la agresión actual. Dejamos constancia de que no propiciamos una FIP”.⁴⁹

No obstante, el tema central de la IXª CEA era la “seguridad continental”, otra cuestión sobrevoló el cónclave militar: el desafío que significaban para el Pentágono los regímenes militares nacionalistas instalados en Perú y Bolivia en el último año, y que amenazaba con extenderse a otros países de la región. Paradójicamente, los militares anticomunistas que habían combatido brotes guerrilleros eran los mismos que nacionalizaban empresas de capital norteamericano.

Una estructura de mandos leales

Durante la segunda mitad de 1969, Lanusse comenzó consolidar una estructura de mandos que le respondiera sin fisuras, basada en una red de lealtades en las que se privilegiaban alineamientos políticos o relaciones personales, muchas veces por sobre los méritos profesionales. Esta red de lealtades se caracterizaba por el predominio del arma de caballería, de los “revolucionarios del 51”, y de los oficiales que lo habían acompañado en septiembre de 1962. Esto resultó en una alta dosis de arbitrariedad y discrecionalidad en el proceso de anual de ascensos, retiros y asignación de destinos. Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido con el general de división Eduardo Uriburu en octubre de 1969. Tras el retiro de Labanca, Uriburu había sido el centro de múltiples rumores de conspiraciones nacionalistas. Lanusse decidió relevarlo del mando del Quinto Cuerpo de Ejército, y aprovechó declaraciones públicas de Uriburu –en las que exaltaba la figura de Juan Manuel de Rosas– para pedirle el retiro voluntario.

Hay dos posibles interpretaciones del retiro casi obligado del “Bocha” Uriburu. Diferentes entre sí pero no incompatibles ni excluyentes. En primer lugar debe interpretarse en el contexto de la construcción de una estructura de mandos leal por parte de Lanusse durante el último trimestre de 1969. Al aprovechar las declaraciones públicas de Uriburu, eliminaba al principal referente de la corriente nacionalista del Ejército, cuyo nombre figuraba en múltiples rumores de conspiraciones. Una segunda interpretación permite vincular el retiro de Uriburu con lo ocurrido en ese mes de octubre en Fort Bragg, durante la IXª Conferencia de Ejércitos Americanos, donde el tema central ya no fue la forma que adoptaría el Sistema Militar Interamericano, sino la preocupación por el crecimiento de la guerrilla urbana y rural en el continente. Hay un acercamiento del Ejército argentino hacia las políticas de seguridad hemisféricas del Pentágono y una mayor preocupación por la guerra contrarrevolucionaria. Este realineamiento del Ejército parece significar el sacrificio del Plan Europa, que entra en un cono de sombra, y el retiro de su responsable que, al mismo tiempo, podía ser un obstáculo para Lanusse y los liberales del Ejército en su enfrentamiento con el presidente Onganía.

El retiro de Uriburu aceleró los cambios en el generalato con la asignación de los nuevos destinos para los futuros generales. Esta modificación es muy importante porque significa la primera movida del Comandante en Jefe para construir un Alto Mando a su medida. A nivel de generales de división, el retiro de Uriburu y la muerte de Toscano fueron cubiertas por tres ascensos (Cáceres Monié, Ceretti y Aguilar Pinedo). Los tres eran oficiales de caballería y relegaron a Von Stecher (infantería) y Robinson (comunicaciones), ambos cercanos a Julio Alsogaray, quienes debieron pedir su retiro. Los tres nuevos generales de división recibieron destinos claves: Gendarmería (Cáceres Monié), Quinto Cuerpo (Ceretti) y Primer Cuerpo (Aguilar Pinedo).

A nivel de generales de brigada significó el ascenso de 13 coroneles, entre quienes se contaban un futuro Comandante en Jefe (Leandro Anaya) y un héroe antártico (Leal).⁵⁰ También se destacan las presencias de Fernando Dubra (subjefe de Política del Estado Mayor), Luis Alberto Betti (subjefe de Inteligencia) e Ibérico Saint Jean, quienes desempeñarían un papel importante en la etapa final de la “Revolución Argentina”.

Una etapa agotada

En la segunda mitad de 1969 algunos oficiales se manifestaban disconformes ante la “dualidad que implicaba la existencia de un gobierno militar que pretendía reducir a las Fuerzas Armadas en un profesionalismo ciego y sordo” (Lanusse, 1977: 6). Los cuadros intermedios no querían transformarse en la guardia pretoriana del Presidente. Un estudio del Estado Mayor del Ejército, del 9 de agosto de 1969, remarcaba la necesidad de abrir el diálogo político. El presidente Onganía no compartía esa idea. Así, en la reunión con los Altos Mandos del miércoles 3 de septiembre, realizada en el Estado Mayor Conjunto, de la que participaron más de 90 oficiales superiores de las tres armas, expresó que el “tiempo político” (el de la apertura y la relación con los partidos políticos) llegaría luego del “tiempo social”, que recién comenzaba. El “tiempo político” se iniciaría sólo cuando se cumplieran los objetivos sociales de la Revolución Argentina. Lanusse y los mandos que le respondían opinaban que “el Presidente se mostraba alejado de la realidad, irreductible al diálogo, incapacitado ya para un gesto que demostrara la cuota de flexibilidad que el país le estaba pidiendo”.⁵¹ El ayudante de campo de Lanusse, coronel Cornicelli, iba más allá y consideraba que “la etapa estaba agotada”.⁵²

Los días 24 y 25 de septiembre, apenas una semana después del “Rosariazo”, se reunió el CO.NA.SE. para debatir sobre el paro general organizado por la CGT para el 2 de octubre. En esa oportunidad volvieron a enfrentarse dos posturas antagónicas sobre la apertura política. Imaz se mostraba dispuesto a ceder ante los reclamos salariales, pero rechazaba de plano anunciar medidas políticas o iniciar el diálogo con los partidos políticos proscriptos. Lanusse, haciéndose eco de los trabajos de su Estado Mayor, planteaba el diálogo político. Esos informes del Estado Mayor evaluaban un proceso de retiro gradual (o desescalada, según un término de moda en aquellos años) que debía culminar entre 1972 y 1975.

A partir de ese momento, los rumores sobre las desavenencias entre el Presidente y su Comandante en Jefe se intensificaron. A tal punto que el 9 de noviembre Lanusse debió aclarar que no aspiraba a la presidencia. Poco después, los sectores antiliberales que hablaban de “profundizar la Revolución” lanzaron una ofensiva en su contra que tuvo como punta de lanza al embajador argentino en Colombia, coronel Juan Francisco Guevara, quien encabezó una serie de tumultuosos actos de carácter indudablemente antilanussista.

* * *

El 29 de diciembre, para despedir 1969, Lanusse emitió una “Orientación” a los generales que fue deliberadamente filtrada al semanario Confirmado, que la publicó en su edición del 14 de enero. En esa oportunidad, el Comandante se refirió a la amnistía otorgada a algunos de los detenidos durante el “Cordobazo” y a la necesidad de perfeccionar los procedimientos mediante los cuales actuarían los Consejos de Guerra. También anticipaba el aumento de la violencia para 1970 y desestimaba una división entre Gobierno y Ejército.

En la primera semana de enero, Lanusse conversó informalmente con Carcagno y Cornicelli, quien le transmitió la preocupación social de los cuadros y la oposición a cualquier forma de corporativismo. El Jefe de Estado Mayor, Sánchez Almeyra, coincidía con esas apreciaciones. Para entonces, Lanusse ya había dado instrucciones a la Subjefatura V del Estado Mayor para que estudiara las medidas que debían adoptarse en caso de que hubiera que reemplazar a Onganía (Potash, 1994b: 117). El 29 de enero de 1970, Presidente y Comandante en Jefe volvieron a reunirse. En esa oportunidad, este último insistió en que era necesario prevenir desbordes violentos y, reiterando lo expresado en septiembre, estudiar la elaboración de un plan político. En febrero, Lanusse habló en el Colegio Militar al personal de Institutos Militares. En esa oportunidad atacó a los sectores corporativistas que, “aprovechando la función pública, han tratado de desvirtuar los principios de la revolución, para acomodarlos a sus intereses o tendencias particulares. En el fondo lo que buscan es disociar la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, como primer paso para la conquista del poder” (Lanusse, 1977: 83).

En marzo de 1970 la situación política y social se había deteriorado. En una reunión con los oficiales superiores de Institutos Militares, el Comandante en Jefe del Ejército manifestó que existía una profunda preocupación por las indefiniciones del gobierno y que toda salida política debía realizarse sobre la base “de la democracia de partidos”.

Mientras tanto, en esos primeros meses de 1970, se alejaron del gobierno algunos de los colaboradores más cercanos de Onganía. El primero de ellos fue el general Repetto, por cuestiones de salud. En su lugar, Onganía designó al ex jefe de Estado Mayor del Ejército, general (ret.) Juan Esteban Iavícoli. Luego renunció el secretario Legal y Técnico, Roberto Roth, que había planteado algunas críticas al proceso revolucionario. Por último, en abril renunció imprevistamente el general Señorans, jefe de la SIDE, tras una reunión del CO.NA.SE. en la que se discutían una serie de hechos de violencia política que habían ocurrido en los meses previos.⁵³ Lo reemplazó el 16 de abril el comandante del Primer Cuerpo, Gustavo Martínez Zuviría. Se trataba de un oficial de caballería, comprometido con el grupo azul pero sin experiencia previa en el área de inteligencia. Era sin embargo un nacionalista (como su padre, el escritor Hugo Wast) y lo unía una larga y sólida amistad con Lanusse, nacida en el Colegio Militar y fortalecida por una tragedia familiar que los unió. Su lugar al frente del estratégico Primer Cuerpo lo ocupó el general Aguilar Pinedo.

Un indicador de la desconfianza hacia Onganía por parte de sectores del Ejército lo dio uno de los oficiales más respetados del arma de caballería y referente del liberalismo en el Ejército, el general (ret.) Héctor Solanas Pacheco. En su discurso por el día del arma de caballería, en alusión directa a Onganía, escribió: “El Ejército argentino no ha vivido, no vive, ni vivirá en una torre de marfil”. Lanusse, cuya amistad y admiración por Solanas Pacheco provenía de sus tiempos como teniente, no autorizó el discurso. No obstante, el ex secretario de Guerra lo envió a los diarios. Allí, instaba al derrocamiento de Onganía en los siguientes términos:

El cumplimiento del compromiso solemnemente contraído, el más trascendente que jamás haya asumido es responsabilidad indelegable de todos y cada uno. Su concreción no puede ya demorarse sin riesgo grave de caer en enfrentamientos generadores de la disociación y que deterioran el prestigio y la cohesión interna (citado en Lanusse, 1977: 86-87).

El 28 de abril de 1970, por la mañana, el Presidente y el Comandante se reunieron una vez más. Lanusse leyó un memorándum de once carillas sobre las inquietudes del Ejército que se parecía mucho a un “planteo”, y en el que se le solicitaba al Presidente una reunión con todos los generales, almirantes y brigadieres, similar a la ocurrida en septiembre de 1969. Onganía prefirió reuniones por separado con los altos mandos de las tres fuerzas armadas. El 11 de mayo Lanusse insistió en la necesidad de esas reuniones frente a los signos de inquietud que se percibían en las Fuerzas Armadas. Onganía, finalmente, aceptó y se fijó la fecha del 27 de mayo para la reunión con todos los generales destinados en país que debía –supuestamente– ayudar a aclarar el panorama.

Onganía y los generales

Los estudios sobre el derrocamiento de Onganía atribuyen una importancia trascendental a su encuentro con el generalato el 27 de mayo de 1970. El cónclave se realizó en la Quinta Presidencial de Olivos.⁵⁴ El Presidente se mostró optimista, y en una actitud casi autista, que lo mostraba ajeno a la realidad nacional, sostuvo que la “Revolución Argentina” contaba con un consenso superior al de 1966. El encuentro, a diferencia de otros similares, no fue un monólogo, sino que los generales pudieron realizarle preguntas. Ante una consulta de López Aufranc sobre la posibilidad de una participación política directa de la opinión pública, Onganía “habló, escribió, comenzó a trazar gráficos y dibujar pirámides”.⁵⁵ Para él se debía organizar la sociedad a través de sus estructuras. La exposición poco clara no logró explicar a sus oyentes cómo se llevaría adelante esa reestructuración social que podía durar entre 10 y 20 años. Casi al final, ante un comentario de general Sánchez Lahoz, Onganía estableció diferencias entre el Gobierno de la Revolución y el proceso revolucionario. Si el gobierno se desgastaba, se lo cambiaba y se debía seguir con el proceso revolucionario. No sabía que estaba anticipando su propio final.

La reacción de los generales fue decididamente desfavorable. Esa misma tarde Lanusse envió un radiograma a todos los generales para que se abstuvieran de informar a los mandos de sus unidades hasta que el Comandante en Jefe les hiciera llegar la versión oficial de las palabras del Presidente, reconstruidas por el Estado Mayor a partir de los apuntes de dos de los generales presentes.⁵⁶ Lanusse calificó aquella reunión de “catástrofe nacional” y la describió de la siguiente manera:

Con la Nación a punto de estallar, el jefe del Estado, calmosamente, se dedicó ese 27 de mayo a dibujar pirámides jerárquicas que indicarían nuevas ideas para lograr estructuras participacionistas. La filosofía era de un corporativismo literal, puro, en que intentaba embretarse la pasión política de los argentinos (Lanusse, 1977: 91).⁵⁷

Aramburu

El 29 de mayo de 1970, el Comandante en Jefe concurrió al Colegio Militar de la Nación, donde leyó el tradicional discurso por el Día del Ejército. Aquella mañana, en la que se cumplía un año del “Cordobazo”, Lanusse sostuvo que la “Revolución Argentina” no era patrimonio exclusivo de los militares y que constituía “una gran empresa nacional cuyos principales beneficiarios han de ser todos los sectores de la población que, con su trabajo y sacrificio, incrementan día a día la riqueza del país” (Lanusse, 1977: 101). Luego, con un doble destinatario, se refirió a quienes se empeñan “en implantar en el país un régimen reñido con las tradiciones democráticas, que no vacilan en apelar a la violencia para provocar el colapso del Estado”. Durante el brindis de honor, el Presidente y el Comandante en Jefe se encontraron por primera vez luego de la reunión con los generales. Onganía pidió una opinión sobre la misma, a lo que Lanusse con su habitual y brutal franqueza, respondió que la consideraba negativa y que había quedado profundamente preocupado.⁵⁸ La conversación fue interrumpida por una noticia urgente: el ex presidente Pedro Eugenio Aramburu había sido secuestrado aquella mañana.

* * *

Poco después de las 9 de la mañana, dos hombres vestidos de uniformes del Ejército se presentaron en el departamento del ex presidente Aramburu en el 8º piso de la calle Montevideo. Le dijeron a su esposa, Sara Herrera, que venían a brindarle custodia (ya que ésta le había sido retirada hacía varios días por el Ministerio del Interior), y pidieron hablar con él. Como el general se estaba bañando, les pidió que lo esperaran en el living mientras ella salía a hacer algunas compras. Al regresar, una hora después, no encontró rastros de su marido ni de los uniformados. Ni la mucama ni uno de los nietos de Aramburu los habían visto salir del departamento. Algunos vecinos lo vieron acompañado por dos uniformados con la cabeza gacha, sin la afabilidad acostumbrada, subir a un coche estacionado en el garaje vecino a su edificio, donde los esperaba un tercer sujeto. La esposa de Aramburu, preocupada por la falta de información sobre su esposo, se comunicó con uno de sus colaboradores más cercanos, el general Bernardino Labayrú. Algunas radios y redacciones periodísticas tenían la información de la desaparición del ex Presidente, pero no obtuvieron autorización para emitirla. A las 11.30, la Policía Federal llegó al domicilio de Aramburu, no obstante el primer radiograma en el que se habla del secuestro de “una alta personalidad” fue emitido recién a las 12.45. El Peugeot blanco utilizado por los secuestradores fue hallado abandonado detrás de la Facultad de Derecho, poco después de las 13 horas. La demora en dar la alerta había dado tiempo a los secuestradores para cambiar de vehículo y salir de la Capital Federal.

Desde el Ministerio del Interior, la primera reacción fue la de hablar de un “autosecuestro” y un presunto viaje a Uruguay de parte de Aramburu. Sin embargo, a las 17 horas, un comunicado del Comando “Juan José Valle” de la organización Montoneros se adjudicaba la acción. Se trataba de una organización desconocida hasta entonces, por lo que muchos dudaron de la autoría del secuestro. Tres días después, en medio de la conmoción pública y un clima político enrarecido, Montoneros emitió el comunicado nº4, en el que informaba que Pedro Eugenio Aramburu había sido ejecutado al amanecer del 1° de junio de 1970.⁵⁹

Desde hacía varios meses algunos medios se hacían eco de las declaraciones del ex presidente Aramburu contrarias al gobierno de Onganía.⁶⁰ Algunos de los amigos de Aramburu sostienen que el ex Presidente estaba conspirando para derrocar al gobierno, y que el golpe estallaría en pocos días. Por ese motivo, este grupo, liderado por el general (R) Labayrú y el capitán de navío (R) Aldo Molinari, nunca creyó en la versión oficial del crimen y lo vinculó a los servicios de inteligencia y a los grupos nacionalistas que rodeaban al ministro del Interior, general Imaz. Ese es el origen de una larga polémica sobre los responsables materiales e ideológicos del secuestro y muerte del ex Presidente provisional.⁶¹

Algunos amigos de Onganía suponían que Aramburu y Lanusse conspiraban juntos por destituir a Onganía. Sin embargo, Aramburu nunca estuvo en la lista de Lanusse para reemplazar a Juan Carlos Onganía. Incluso las relaciones entre ambos no eran las mejores desde el derrocamiento de Arturo Frondizi. Además, el supuesto “golpe” de Aramburu, del que tanto han hablado sus allegados, no tenía posibilidades reales porque no contaba, más allá de las simpatías que pudiera despertar en algunos sectores, con apoyo entre los mandos del Ejército.

Triste, solitario y final

El acatamiento [a las autoridades] perdería vigencia en caso de: a) desorden de autoridad; b) violento trastocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes; c) cancelación de las libertades y derechos ciudadanos; d) excepcionales situaciones de hecho. No reaccionar ante ese estado de cosas es una ciega sumisión al poder establecido y es ser instrumento de una autoridad no legítima. Ante dicha situación, dado que el pueblo no puede hacerlo, las Fuerzas Armadas deben intervenir.

Juan Carlos Onganía (West Point, 6 de agosto de 1964)

El domingo 31 de mayo se encontraron en Campo de Mayo los Comandantes en Jefe del Ejército y la Armada, y coincidieron en que alguien comisionado por la Junta de Comandantes debía iniciar la apertura política. Ambos sabían que eso sería impensable mientras Onganía fuera Presidente de la Nación. En la reunión se barajaron varios nombres, todos ellos de reconocida capacidad política. En primer lugar Osiris Villegas, ex ministro del Interior en 1963; Eduardo McLoughlin, ex secretario de Aeronáutica y embajador argentino en Londres; el general Juan Enrique Guglialmelli; el doctor Cáceres Monié, ministro de Defensa (Lanusse, 1977: 114). El 1º de junio los integrantes de la Subjefatura V (Política) del Estado Mayor coincidieron en que era necesario producir cambios en la orientación del proceso político. Ese mismo día, y en relación al secuestro de Aramburu, el Comandante en Jefe envió una radiograma a todas las unidades que recomendaba serenidad y recordaba la necesidad de actuar con “cohesión y disciplina” (Lanusse, 1977: 114-115).

El 2 de junio Lanusse concurrió a la reunión del CO.NA.SE. con un asesoramiento del Estado Mayor. En un clima de tensión mayor al habitual, Onganía y Lanusse se enfrentaron una vez más. El segundo insistió en la necesidad de producir una apertura política y tomar contacto con los partidos políticos. El Presidente lo rechazó y pidió a la Junta de Comandantes que analizara el tema y le presentaran una propuesta a la brevedad.

Al día siguiente Lanusse mantuvo una serie de entrevistas que permiten inferir que la decisión de derrocar a Onganía ya había sido tomada. Primero se reunió con los Jefes del Estado Mayor y les indicó la necesidad de citar a los generales para notificarlos sobre la situación. Luego, en su residencia, se entrevistó con el almirante Gnavi y el ministro Cáceres Monié. El Presidente debería aceptar el nuevo rumbo fijado. En caso de que no lo hiciera, se manejó la posibilidad de que la Junta de Comandantes asumiera por un tiempo y luego designara un Presidente. Además, todas las designaciones trascendentes, previa modificación del Estatuto de la Revolución, debían ser refrendadas por la Junta. La coincidencia entre Gnavi y Lanusse era total y esto se manifestó en la reunión de la Junta de Comandantes de la mañana siguiente. En ella se decidió que era necesario que el gobierno trazara un plan de acción y que iniciara en forma urgente. La Aeronáutica, a través del brigadier Rey, sostuvo que el tiempo para iniciar el Plan Político debía decidirlo el presidente Onganía. Gnavi informó al Presidente de los resultados de la reunión y este le indicó que los recibiría media hora antes de la reunión del CO.NA.SE. prevista para la tarde el 5 de junio. En ella se habló de la situación del secuestro de Aramburu,⁶² y Onganía ratificó su tradicional posición: en 1966 la Junta de Comandantes le había otorgado el ejercicio personal del gobierno y sólo a él le correspondía establecer los cursos de acción. La áspera discusión giró en torno al esquema de tipo corporativo que había propuesto Onganía en la reunión del 27, y derivó hacia un tema clave: el origen del poder del presidente Onganía. Lanusse recuerda haber afirmado en aquella circunstancia:

Al producirse la Revolución Argentina, se estableció, por acta, que la Junta Revolucionaria quedaba disuelta. Esto fue lo que yo entiendo como cheque en blanco. La Junta, según esa acta, solamente volvería a operar en caso de incapacidad presidencial o de muerte del Primer Magistrado. Pero resulta que el mismo Presidente revivió la autoridad de la Junta al ordenarle que estudiara la salida política a la crisis nacional. Ahora es necesario modificar las reglas de juego fijadas en 1966 para que la Junta pueda cumplir con la misión que le ordenó el Presidente y que le están imponiendo las circunstancias (Lanusse, 1977: 112).

Onganía, por su parte, seguía actuando como si su poder no derivara de las Fuerzas Armadas, sino de Dios.

* * *

La reunión del CO.NA.SE. no cambió demasiado el panorama, aunque por la tarde el Presidente mencionó al ministro de Defensa la posibilidad de hacer algunos cambios en el gabinete. No obstante, esa noche el operativo golpista se puso en marcha. Lanusse convocó a una reunión de generales en su residencia de Campo de Mayo para el sábado 6 a las dos y media de la tarde. Sólo dos de los ministros, Etchebarne y Cáceres Monié, estuvieron presentes y reconstruyeron la reunión del CO.NA.SE. Se habló de la necesidad de concretar un plan político y del tema que conmocionaba al país, el secuestro de Aramburu. Aquella tarde los generales decidieron apoyar el derrocamiento de Onganía. Una pregunta queda no obstante sin responder: ¿tenían los generales información sobre cierta connivencia de hombres del entorno de Onganía con el secuestro de Aramburu? (Lanusse, 1977: 108-109).

López Aufranc manifestó que Onganía no modificaría su actitud ni aceptaría que se le retirara el cheque en blanco. Incluso podría intentar relevar a la Junta de Comandantes como había hecho en agosto de 1968. Esa noche, Lanusse y Gnavi esbozaron el plan de acción que llevarían adelante el lunes 8, a partir de las primeras horas. El domingo 7, por la noche, Onganía recibió información confiable sobre lo que ocurriría la mañana siguiente, pero le restó importancia al tema.⁶³

El lunes 8 de junio, en el Ministerio de Defensa, la reunión de la Junta Militar comenzó a las 9.30 horas. Gnavi y Lanusse manifestaron que había llegado el momento de poner en marcha el operativo para derrocar al Presidente. En tanto, el brigadier Rey se mostró sorprendido por este planteo. Terció en la conversación el brigadier Salas, jefe de Estado Mayor Conjunto, quien manifestó que los brigadieres tenían una posición similar a las de las otras fuerzas. Se le sugirió entonces a Rey que hiciera una consulta con los brigadieres. Hacia las 11.30 partió a la sede de su comando. Para esa mañana Lanusse había citado todos los generales de división, y Gnavi se reuniría con el Almirantazgo. Ínterin se sucedían las reuniones de la Junta Militar, el Comando en Jefe del Ejército lanzaba un primer comunicado en el que se informaba que no es posible “firmar un nuevo cheque en blanco al Excelentísimo Señor Presidente”, y que la Junta propondría “rectificaciones al Estatuto de la Revolución Argentina” para “establecer una mayor participación de los Comandantes en Jefe en la adopción de las decisiones fundamentales del Gobierno”. Poco después, la Armada informaba, mediante otro comunicado, que suspendía unilateralmente la reunión de los almirantes con el Presidente y los convocaba “para estudiar la situación creada” (Lanusse, 1977: 112).

Onganía, por su parte, había pasado la mañana en la apertura de un congreso de recursos hídricos en el Banco Municipal. Durante el regreso a Casa de Gobierno, el general Gómez Centurión le informó que el Ejército y la Marina se habían sublevado. Poco después, el coronel Buasso confirmó “los generales se han empatotado”. A esa altura de las circunstancias sólo contaba con la lealtad del Regimiento de Granaderos a Caballo. A las 14 horas se daban a conocer dos comunicados con la firma del Presidente. En el primero denunciaba que el mensaje del Ejército atentaba “contra la autoridad presidencial”, y que “la República no puede tolerar nuevos planteos y enfrentamientos armados”. El segundo era la comunicación del decreto 12.632/70, que disponía el pase a retiro del general Lanusse. Onganía asumía él mismo la comandancia del Ejército. Luego quiso comunicarse con los Comandantes y segundos Comandantes de Cuerpos de Ejército, pero ninguno de ellos atendió sus llamados. Onganía se había quedado prácticamente solo. Rodeado por algunos incondicionales y ex funcionarios que se congregaron en la Casa de Gobierno, había perdido el control sobre las Fuerzas Armadas.⁶⁴ Su obcecación lo había alejado de la realidad, parecía ajeno a al ciclo de protesta social abierto por el Cordobazo y a los reclamos de apertura política desde todos los sectores políticos y sociales.

El brigadier Rey había regresado a la reunión de la Junta Militar a las 13.30. La Aeronáutica se plegaba al golpe de Estado; y lo hacía público a través de un comunicado que se sumaba a los pedidos de las otras fuerzas armadas. Con el acuerdo de los Altos Mandos de las tres fuerzas, los cuatro oficiales presentes en la reunión firmaron un acta que resolvía la destitución de Onganía y la asunción del gobierno por parte de la Junta Militar. A las 14.25, un primer comunicado de la Junta informaba la resolución de “reasumir inmediatamente el poder político de la República” e invitaba “al señor teniente general a presentar su renuncia al cargo que hasta la fecha ha desempeñado por mandato de la Junta”.

Durante la tarde, una a una las unidades de las tres Fuerzas Armadas manifestaron que acataban las órdenes de sus mandos naturales, en tanto tropas de la Xª Brigada, al mando del general Díaz, tomaban posiciones en los puntos clave de la ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 17 horas, las líneas telefónicas de la Casa Rosada fueron cortadas. Algunos de sus incondicionales le propusieron a Onganía resistir en alguna guarnición leal. Onganía rechazó todos los ofrecimientos. No parecía dispuesto a romper con la disciplina y verticalidad que él mismo había impuesto en 1962.

Poco después de las 20 horas se reunió el CO.NA.SE., presidido por la Junta Militar, y emitió un comunicado en el que intimaba la rendición de la Casa de Gobierno: “La Casa de Gobierno será cercada, hasta tanto el teniente general Onganía deponga su injustificada actitud de rebelarse frente a la voluntad unánime de la ciudadanía, representada en la decisión de las Fuerzas Armadas” (el destacado es mío).

Finalmente, a las 21 horas, tropas de la Xª Brigada avanzaron hacia Casa de Gobierno, donde Onganía pretendía resistir con un grupo de colaboradores cercanos. El ex jesuita Mariano Castex ofició de improvisado mediador y se comunicó con el Jefe de Estado Mayor, Sánchez Almeyra, en el Ministerio de Defensa. Este le pidió que intercediera ante Onganía. El Presidente le aseguró que no resistiría, pero quería ver cara a cara a quienes pensaban derrocarlo.⁶⁵ Terminada la entrevista, Castex se dirigió al Ministerio de Defensa y les explicó a los integrantes de la Junta de Comandantes que Onganía no quería una salida por la puerta grande como le ofrecían sino que fueran ellos en persona los que pidieran la renuncia.⁶⁶ La Junta decidió enviar una comisión integrada por un alto oficial de cada una de las fuerzas para entrevistar a Onganía y obtener su renuncia. Si bien el Jefe de la Casa Militar, general Gómez Centurión, garantizaba la seguridad de los comandantes, había algunos civiles armados dispuestos a todo, incluso a matar a alguno de los comandantes.⁶⁷ Finalmente, y luego de redactar su renuncia, Onganía se despidió de sus colaboradores y se dirigió en coche al Ministerio de Defensa. Allí, el Jefe de Estado Mayor Conjunto lo acompañó hasta la oficina del 8º piso, donde se encontraban reunidos los tres Comandantes en Jefe, y tras un tenso diálogo entregó su renuncia a los miembros de la Junta. En ella decía:

las circunstancias [...] me obligan, bajo la presión de las armas a alejarme del cargo [...]; asumo la total responsabilidad de los hechos acaecidos desde el comienzo de la Revolución [...], a la vez que impongo a mis sucesores la responsabilidad que les cabe ante el pueblo y la historia [...]. Quiera Dios que los pasos irrevocables que han tomado sean para bien de la República (Lanusse, 1977: 125).

Habían pasado algunos minutos de las 23.30 del lunes 8 de junio de 1970. Juan Carlos Onganía había dejado de ser presidente de la Nación.

1. Para los detalles del incidente véase Lanusse (1989: 43-48). Lanusse permaneció detenido entre el 29 de marzo y el 1° de mayo de 1945, y luego fue destinado –como castigo– al regimiento 7 de caballería de Chajarí (Entre Ríos). Según recuerda en sus memorias, el general Eduardo Ávalos –por entonces partidario de Perón– le manifestó en aquella oportunidad: “Teniente 1º Lanusse [...] le aconsejo que cambie de forma de actuar, pues de lo contrario le va a costar caro” (Lanusse, 1989: 47).

2. Los conceptos anuales y las sanciones de Alejandro Lanusse están extraídos de su legajo personal (Archivo del Ejército, Legajo nº18.642).

3. Con cierto orgullo, Lanusse (1989: 106) recuerda que el Director de Institutos Penales, Roberto Pettinato, le dijo a su esposa: “Su marido es el peor preso que hay en todo el país... es el que más trabajo me da”. Para un relato de los pormenores de la detención de los “revolucionarios del 51”, véase Lanusse (1989: 79-106); y Menéndez (2003: 121-133).

4. Lanusse fue acusado de no de defender al Presidente en su condición de Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, escolta presidencial. Un ejemplo de esta postura puede encontrarse en Marta Lonardi (1981).

5. En su discurso, Lanusse define “Sistema Militar Interamericano” como “Una estructura integrada por organismos y elementos militares de asesoramiento y coordinación combinados y conjuntos, ubicados en el plano militar general continental, con un adecuado sustento jurídico en el plano de la OEA y cuya finalidad es facilitar el empleo de las fuerzas armadas del continente, creándole bases favorables a su conducción” (citado en Veneroni, 1971: 112).

6. En febrero de 1967, durante la IIIª Conferencia Interamericana Extraordinaria, la delegación argentina propuso reformar los artículos 44/47 de la Carta de la OEA para otorgar funciones permanentes al Comité. Sin embargo la propuesta fue derrotada por 6 votos contra 11, y 3 abstenciones (entre ellas la de los Estados Unidos). El discurso completo de Lanusse en García (1991: 112-123).

7. El general Aguilar Benítez habría pedido su retiro a la Dirección de Fabricaciones Militares en septiembre de 1968 disconforme con el decreto 4247/68 que centralizaba en el ministerio de Defensa el Plan de Movilización Industrial, antes a cargo de FF.MM. Aguilar Benítez fue nombrado Director de SOMISA el 7 de noviembre de 1968.

8. También pasaron a retiro durante 1968 los generales de brigada Spieguel, Miqueo y Rojas Silveyra.

9. Juan José Cabral tenía 21 años y era estudiante de cuarto año de Medicina. En los incidentes hubo, además, 19 heridos. Para un relato completo del conflicto en la Universidad del Nordeste véase “Universidad: el incendio y las vísperas”, Primera Plana, nº 338, 17 de junio de 1969, pp. 40-41.

10. Bello murió de un tiro en la frente que recibió del oficial inspector Juan Agustín Lescano, mientras se refugiaba en la galería Melipal. Tenía 22 años, era estudiante de Ciencias Económicas y militaba en el humanismo renovador.

11. Un detallado relato del “Rosariazo” en “La semana trágica de Juan Carlos Onganía”, Primera Plana, nº 335, 27/5/1969, pp. 15 a 18. Sobre el mismo tema, véase Balvé y Balbé (1989).

12. Véase Lanusse (1977: 21-22). Según el relato de Primera Plana, Onganía no habría estado de acuerdo, en primera instancia, en refrendar la decisión de Fonseca.

13. El viernes 30 de mayo, falleció el obrero Ángel Rearte.

14. El 22 de mayo se realizó una reunión de la comunidad de inteligencia de Córdoba a la que concurrió el segundo Jefe del Tercer Cuerpo, general Juan Giró Tapper. Según Roberto Roth (1981: 323), “las informaciones de distinta fuente coincidían en que se tramaban disturbios graves, en el nombre de los principales actores y en que los hechos eran inminentes”.

15. Se trataba de Conrado Bauer, Emilio Van Peborg, Rubens San Sebastián y Conrado Etchebarne.

16. “A ello se añadía el filtro que ejercía con la mejor buena voluntad el Secretario General [Repetto] quien para no cansar al Presidente –según sus palabras– devolvía todos aquellos documentos que reflejaran alarma o implicaran algo de presión” (Castex, 1981: 188). Véase también Roth (1981: 324-325).

17. Sobre la reunión del 28 de mayo, véase Lanusse (1977: 25) y Potash (1994b: 86-90). Según el relato de Lanusse, Borda solicitó una drástica restauración del orden, en tanto él insistió en que a esta le deberían seguir las rectificaciones.

18. La ley autorizaba a los tribunales militares especiales para aplicar justicia sumaria a civiles acusados de cometer actos de violencia, incendios intencionales. Esta ley fue aplicada dos días después en Córdoba.

19. Lanusse se refiere al siguiente párrafo del discurso de West Point: “las instituciones armadas [...] no podrían ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima”.

20. “La existencia palpable de fronteras ideológicas internas coloca al enemigo también dentro de las naciones mismas. Enemigos que busca sutil y sistemáticamente la confusión y lleva a la subversión a sectores importantes de la comunidad sin que estos lo adviertan” ( La Nación, 30 de mayo de 1969).

21. Para una cronología muy detallada de los acontecimientos durante el Cordobazo véase Delich (1994).

22. Según Lanusse (1977: 11), en una segunda conversación indicó a Sánchez Lahoz que ordenara a Caballero que empeñara “la Policía a fondo”. La respuesta del comandante del III Cuerpo habría sido: “La Policía ya fue desbordada. Hay incendios en varios lugares y los bomberos ya están anulados”.

23. Una hora después, Sánchez Lahoz emitió un segundo comunicado que llamaba a la reflexión y a la cordura “a fin de evitar ulterioridades de mayor envergadura, ya que los Consejos de Guerra están facultados a aplicar rigurosamente las disposiciones contenidas en el Código de Justicia Militar, algunas de cuyas penas son de carácter irreversible”.

24. El jefe del Regimiento 2 de infantería (RI2), teniente coronel Marguery, había dado orden de completar la carga de combustible de los vehículos a las 11.30 horas. Dos horas después recibió de Carcagno la orden de alistar su regimiento. A las 14.30 horas, el RI2 estuvo en condiciones de partir hacia la ciudad de Córdoba.

25. Esto surge del rumor según el cual fue Sánchez Lahoz quien decidió alistar las tropas por presión de sus jefes de regimiento, y contra las instrucciones de Lanusse. Véase Roth (1981: 327-328).

26. Para Roberto Roth (1981: 333), “es difícil adscribir a meros errores de criterio la pesadez con que había reaccionado, conociendo su carácter decidido y la propensión que siempre había tenido a tomar el toro por las astas”.

27. El propio Lanusse (1977: 13) recuerda que en el curso de coroneles de 1970 alguien llegó a preguntar si no se había demorado intencionalmente la intervención.

28. Documento de trabajo del Estado Mayor General del Ejército, citado en Lanusse (1977: 45).

29. “Análisis de los hechos ocurridos en Córdoba (29 de mayo al 1º de julio de 1969)”. Informe de 8 carillas elevado por el ex gobernador Caballero a las autoridades nacionales. El texto completo en “Documento: El ex gobernador analiza el Cordobazo” (Panorama, 26/8/1969, pp. 10-11).

30. Esta versión ha sido ratificada por otros funcionarios cercanos a Juan Carlos Onganía y tiene su origen en la información que habría recibido desde Córdoba por el Jefe de la SIDE, según la cual se estaba preparando un “Bogatazo”.

31. Según Robert Potash (1994b: 94), se trató de una maniobra de Adalbert Krieger Vasena para desplazar al ala nacionalista del gabinete. Roberto Roth (1981: 331-333) sostiene que la maniobra fracasó porque Onganía tenía el criterio de “renuncia presentada, renuncia aceptada”. Ni Roth ni los otros integrantes de la Secretaría General de la Presidencia presentaron sus renuncias.

32. El general (ret.) Francisco Imaz se desempeñaba en septiembre de 1955 como Jefe de Operaciones del Estado Mayor. En esa circunstancia cumplió un papel decisivo al irrumpir en la reunión de Generales que aceptó el renunciamiento de Perón a la presidencia. Pasó a retiro durante la crisis de noviembre de 1956. Habitualmente se lo considera un nacionalista extremo. Su asesor principal (tanto en la provincia de Buenos Aires como en el Ministerio del Interior) era el mayor (ret.) Hugo Miori Pereyra, vinculado a Ciudad Católica.

33. Según el relato de Roberto Roth (1981: 333-334), después de enumerar las circunstancias que abrían dudas sobre su lealtad le informó que lo relevaría. En ese momento, “Lanusse juró por todos los santos del cielo que Onganía se equivocaba. Onganía, católico de fe viva, quedó impactado por la invocación que hacía otro católico practicante como era Lanusse, pero no varió su decisión. Lanusse, al irse, rogó a Onganía que reconsiderase: Deme, por Dios, otra chance. [...] Onganía, por primera vez en su Presidencia, revocó una decisión tomada. El error fue decisivo”.

34. Onganía ubica esta reunión el 11 de junio en conversación con Robert Potash, sin embargo la reunión entre Onganía y Toscano para ofrecerle la comandancia se realizó el viernes 13. Según Roth (1981: 334), al día siguiente de la reunión fueron los generales Mario Fonseca y Jaime Toscano, quienes convencieron a Onganía. También hay una referencia a esa entrevista y el papel del Jefe de Estado Mayor Conjunto en Castex (1981: 191). Toscano estaba enfermo y falleció el 13 de octubre de ese año a los 50 años de edad.

35. Folleto “Las Fuerzas Armadas, la Nación y el Futuro: decisión impostergable”, reproducido en Lanusse (1977: 47). Al respecto, véanse los documentos redactados por el coronel Cornicelli del Estado Mayor, citados en Potash (1994b: 104-105).

36. El general Eduardo Rafael Labanca (Godoy Cruz, Mendoza, 28 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 19 de marzo de 1977) egresó del Colegio Militar en diciembre de 1941 en el orden de mérito 40. Como coronel se había desempeñado como Director del Centro de Infantería (Córdoba) y agregado militar en Francia. También estuvo bajo el mando de Lanusse en la Subjefatura de Operaciones del Estado Mayor durante 1966. Su ascenso a general de brigada fue acompañado con su designación al frente de la Xª Brigada de Infantería Motorizada (Archivo del Ejército, Legajo Nº 10.061).

37. El subjefe del Tercer Cuerpo, general Juan Giró Tapper envió su propio informe al respecto. Los complotados también habrían buscado la adhesión del general Falcón, a cargo de la VIIIª Brigada de Montaña.

38. Según su relato, al día siguiente se trasladó a los cuarteles de Palermo para hablar con Labanca, que era su superior inmediato. Allí le habría expresado: “no me imparta ninguna [orden] del tipo de las que me han referido porque me vería en la absoluta necesidad de no obedecerla”.

39. El retiro voluntario de Labanca se produjo el 25 de julio de 1969. Según todas las fuentes de prensa consultadas, Martínez Zuviría fue sorprendido por el relevo de su subordinado.

40. Pocos días después, Onganía viajó a descansar a Villa La Angostura. Según un artículo de Primera Plana (nº345, 5/8/1969), titulado “Ejército: la ofensiva de Lanusse”, Onganía se alejaba de Buenos Aires para eludir un posible “planteo” de Lanusse, y el lugar elegido se encontraba en jurisdicción del Quinto Cuerpo a cargo del nacionalista Eduardo Uriburu. La revista Primera Plana fue clausurada y el ejemplar secuestrado de los quioscos.

41. El coronel Ramón Molina se había desempeñado como oficial de órdenes del general Lonardi durante la “Revolución Libertadora”. En noviembre de 1968, cuando se desempeñaba como subjefe de la artillería en Junín, se lo vinculó a un presunto complot liderado por Rauch, que habría motivado el acuartelamiento de tropas de la Iª Brigada de caballería Blindada. En 1971 participó activamente del levantamiento de los regimientos de Azul y Olavarría,

42. Oficial de artillería de la promoción 75. Ascendió a general de brigada en diciembre de 1974, fue comandante de la VIª Brigada de Infantería (Neuquén), en 1975, y Jefe de Operaciones del Estado Mayor Conjunto en 1976. Pasó a retiro en 1977 con el grado de general de brigada.

43. Las primeras noticias fueron conocidas a través de la revista Análisis de septiembre, y en la edición de octubre de Inédito (Licastro, 2004: 60; García Lupo, 1984: 173-180).

44. Según Licastro, este “círculo de oficiales” contaba con 30 o 40 oficiales del Colegio Militar. Rosendo Fraga (1988: 25-26) afirma que, en una conferencia realizada en 1973, Fernández Valoni afirmó que el grupo recibía información suministrada por un 30% de oficiales subalternos, aunque sólo el 10% asumía posiciones favorables a este grupo. Según este mismo autor, el grupo Licastro estaba integrado por oficiales “que en general tenían prestigio militar”.

45. La revolución peruana comenzó el 3 de octubre de 1968, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, quien fue reemplazado por el general Juan Velazco Alvarado. El gobierno revolucionario expropió empresas norteamericanas, decretó la reforma agraria y estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Velazco Alvarado y los militares revolucionarios peruanos se habían formado en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), cuyos cursos sobre problemas del subdesarrollo, dependencia o planificación económica, dictados por profesores de la Universidad, significaron un cambio enorme con respecto a la tradición militar dominante. Algunos periodistas, haciendo un juego de palabras, hablaban de una corriente peruanista dentro del Ejército argentino.

46. Los oficiales que pasaron a retiro obligatorio fueron el teniente 1º Francisco Julián Licastro y José Luis Fernández Valoni. Según Rosendo Fraga, cadete en ese entonces del Colegio Militar, varios de sus compañeros también fueron dados de baja.

47. Las bombas coincidieron con la llegada a Buenos Aires de Nelson Rockefeller, enviado personal del presidente Richard Nixon.

48. Fort Bragg era la sede del John F. Kennedy Special Warfare Center y, desde 1961, del 5º Grupo de Fuerzas Especiales, cuya misión era entrenar tropas en lucha contrainsurgente para ser enviados a Vietnam.

49. Sobre las implicancias de la creación de una FIP, véase Veneroni (1971: 118-120).

50. Los nuevos generales de brigada eran Leandro Anaya, Edgard Leal, Héctor Herrera, Emiliano Flouret, Fernando Dubra, Edgardo Daneri, Luis Betti, Ibérico Saint Jean, Roberto Tiscornia, Jorge Elizagaray, Omar Actis, Luis Gómez Centurión y Arturo Barbieri. Estos generales cubrían las dos vacantes producidas a la largo de 1969 (Miqueo y Labanca) y las de los generales Malatto, Requeijo, Nieto, Dansey, Arredondo y Taladrid, que pasaron a retiro a comienzos de 1970.

51. El encuentro se realizó por sugerencia del Comandante en Jefe con la presencia del ministro de Defensa, Cáceres Monié. Detalles de la reunión en Lanusse (1977: 58-60).

52. Documento de trabajo “Estado anímico de los cuadros” (manuscrito, Archivo Lanusse), citado en Potash (1994b: 104).

53. En esa oportunidad el Jefe de Policía, general Mario Fonseca, criticó el accionar de la SIDE, a la que calificó de obsoleta. Señorans, ofendido por las palabras de Fonseca y molesto con Onganía, que mantuvo una actitud neutral en la disputa, presentó su renuncia indeclinable.

54. Los registros de la reunión no corresponden, como era habitual, por grabación, sino resultado de las notas tomadas por dos de los generales presentes. Onganía no autorizó la grabación. Según Roth (1981: 369), “Onganía ordenó desconectar el grabador, para que los generales tuviesen mayor libertad aún para hacer las preguntas”. Para una visión de la reunión opuesta a la que describe Lanusse. véase Roberto Roth (1981: 369-371).

55. El detalle de la exposición y de los gráficos y pirámides de Onganía, en Lanusse (1977: 94 y ss). También son reproducidas en Potash (1994b: 136-137). Roth (1981: 370) afirma que “estas eran las representaciones gráficas que Onganía hacía a todos sus allegados de lo que iba a pasar en el país cuando el Estado nacional dejara de tomar todas las decisiones y la responsabilidad recayera en los niveles provinciales y comunales. Tenían la particularidad, que Lanusse conocía por experiencia, que nadie las entendía de primera intención”.

56. En una nota enviada a los generales, Lanusse agregó: “Oportunamente, S.E. el señor comandante en jefe del Ejército tratará de obtener mayor información, solicitando al Excelentísimo señor Presidente de la Nación el texto de su exposición, para estar en mejores condiciones de realizar una evaluación” (citado en Lanusse, 1977: 100).

57. Uno de los más fervientes defensores de la gestión Onganía reconoce: “Pareciera un hecho cierto que los generales invitados a dialogar con el presidente en la Quinta de Olivos [...] salieron de la entrevista disconformes en gran número y desorientados respecto a la exposición efectuada por el titular del ejecutivo. Algunos de los asistentes más objetivos la calificaron tiempo después y en diferentes circunstancias y lugares como algo confuso e ininteligible. [...] también he podido concluir que en ningún momento el Presidente habló ni de corporativismo ni de permanencia prolongada en el poder. [...] Sin embargo, surge como conclusión objetiva y se impone que el Presidente no logró crear en la reunión un clima para él favorable. Incluso a veces me pregunto si alcanzó a captar el clima imperante en la reunión” (Castex, 1981: 199-200 y 202).

58. En sus memorias, Lanusse (1977: 102) transcribe la siguiente frase de su respuesta: “Las conclusiones que sacaron los generales fueron, por supuesto, variadas, pero puedo ubicar, dentro de la amplia gama de los puntos de vista, a dos sectores: el sector de los generales que no entendieron lo que usted quiso decir y el sector de los que están en total desacuerdo con lo que usted dijo”.

59. Los restos de Aramburu fueron encontrados por la policía el 16 de julio de 1970, en un sótano de la estancia La Celma (en Timote, partido de Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires), propiedad de la familia Ramus. Presentaba tres orificios de bala, uno en el tórax y dos en la cabeza.

60. Durante la conspiración de Labanca, se les había dicho a los oficiales contactados que Aramburu conspiraba junto a Lanusse. Muchos allegados a Onganía estaban convencidos de ello. El coronel Guevara reconoció que él creía que Aramburu y Lanusse conspiraban juntos para derrocar a Onganía (entrevista con el coronel Guevara). Según Robert Potash (1994b: 125), el almirante Robbio Pacheco, liberal, también pensaba lo mismo.

61. Véase la versión oficial de Montoneros sobre el “Operativo Pindapoy” en “Como murió Aramburu”, La Causa Peronista, nº9 (1974). La versión de Montoneros es puesta en duda por Fernández Albariño (1973), Méndez (1987) y Alonso (2005). Para un análisis crítico de alguno de estos textos, véase Ernesto Salas (2005). Tanto Richard Gillespie (1983) como Robert Potash (1994b) hacen referencia a estas versiones pero siguen esencialmente la historia oficial. En el caso de Gillespie lo hace en forma acrítica.

62. Según Lanusse, Onganía expresó, siguiendo la tesis de Imaz, que podría tratarse de una maniobra política de los partidarios de Aramburu.

63. Mariano Castex (1981: 203) recuerda que “El sábado 6 de junio, en una reunión social en la quinta del general Dubra en Bella Vista, el clima de perturbación era ya inocultable. Se conspiraba a voz en cuello y el comentario general anunciaba un lunes definitorio”. Dubra le anunció a Castex la “decisión del inminente cambio”. Éste se comunicó con el secretario Legal y Técnico, Klappenbach, quien puso a Onganía al tanto de la situación.

64. Sobre las últimas horas de Onganía en su cargo, según la versión de sus colaboradores, véase Roth (1981: 375-378) y Castex (1981: 204-210).

65. “En algún momento, bien entrada la tarde, Onganía aflojó en su propósito de resistir. Es posible que Castex, que aún era padre jesuita, haya hecho valer su sotana para recordarle al Presidente la responsabilidad por la sangre que acarrearía una resistencia que tenía escasa posibilidad de triunfar” (Roth, 1981: 378).

66. Según el relato de Mariano Castex (1981: 209): “A mi izquierda Rey, gelatinoso, apesadumbrado, materia casi sin forma, huidizo en su silencio. Al frente Lanusse, enérgico, exhibiendo en sus gestos decisión y firmeza. A su lado, a la derecha, Gnavi, agazapado y alerta, listo para el salto y el devoro de la pieza”.

67. Es el caso de Diego Muñiz Barreto, ex funcionario de la Secretaría Legal y Técnica. (Castex,1981: 210) Años después de dejar la Secretaría Legal y Técnica (1968) ingresó en Montoneros, fue diputado nacional por el FREJULI, y finalmente fue asesinado durante la última dictadura. Para una semblanza de Muñiz Barreto véase Roth (1981: 82-84). Sobre el secuestro y muerte de Muñiz Barreto, véase Bonasso (2007: 18).

Capítulo XI

El interregno de Levingston

Seleccionando Presidente

Cometimos un grave error en la elección del hombre apropiado.

Alejandro Lanusse (1977: 136)

Cuando la Junta de Comandantes ocupó el poder la noche del 8 de junio, aún no había decidido quién sería el próximo presidente de la Nación. Y si bien en su reunión del 31 de mayo Lanusse y Gnavi habían pensado en algunos posibles reemplazantes de Onganía, se trataba sólo de especulaciones. Los objetivos de los Comandantes eran establecer los límites a la “Revolución Argentina” y asegurar el control militar del próximo Presidente. De hecho se pensaba en una co-responsabilidad en la sanción de leyes importantes o designación de funcionarios.

El 9 de junio el Jefe de Estado Mayor, general Guillermo Sánchez Almeyra, se reunió por la tarde con un grupo de generales que propusieron el asesoramiento de los generales de división al Comandante en Jefe y mayor heterogeneidad en la composición del nuevo gobierno. Al día siguiente, un estudio del Estado Mayor del Ejército estableció que, en primer lugar, el próximo Presidente no debería recibir un cheque en blanco, sino que debería quedar bajo el control o la responsabilidad de la Junta de Comandantes, que era la fuente de su poder político. Además insistía en la gravitación que debería tener el Ejército en ese proceso. El Estado Mayor manejaba tres variantes en la elección del futuro Presidente: un civil, un militar retirado o un oficial en actividad.

Según el informe, un presidente civil tendría algunas ventajas. En primer lugar significaría un cambio sustancial de imagen y podría tener mayor flexibilidad política que un militar. Sin embargo esta solución no estaba libre de inconvenientes, ya que podría ser identificado con algún partido político y comprometer de esa forma a los militares. Los dos principales candidatos que consideraron los Comandantes en Jefe fueron el ministro de Defensa, Cáceres Monié, y el ministro de Justicia, Conrado Etchebarne. Cáceres Monié fue descartado por su pasado como funcionario de la administración Frondizi, lo que generaría sospechas de acercamiento con el frondicismo. Etchebarne, por su parte, era una figura casi desconocida que podría crear en la opinión pública la sensación de un vacío de poder real. Esta opción tenía el apoyo de los generales de división.

La elección de un militar retirado evitaría compromisos sectoriales y daría una mayor imagen de autoridad. En esta variante se imponían los nombres de los generales de división Osiris Guillermo Villegas y Juan Enrique Guglialmelli, ambos reconocidos por su capacidad, inteligencia, manejo político y apoyo entre oficiales en actividad. Sin embargo las características personales de ambos llevaban a pensar en posibles cortocircuitos con el Comandante en Jefe del Ejército, con las inevitables consecuencias políticas que ello tendría. También se consideró al embajador en Gran Bretaña, brigadier McLoughlin, cuya mayor debilidad era pertenecer a un arma minoritaria como la Fuerza Aérea.

Entre los militares en actividad, a la candidatura del almirante Gnavi, que presidía la Junta de Comandantes, se sumaba la del general Alcides López Aufranc. Éste era el preferido de Lanusse, pero sobre él pesaba el veto de la Marina, que no aceptaba a quien había destruido la base aeronaval de Punta Indio en 1963. La última de las posibilidades que planteaba este estudio era la designación del general Lanusse como Presidente. Según el informe del Estado Mayor, la opción Lanusse sólo debería aceptarse agotadas todas las otras posibilidades, puesto que “su designación podría crear un serio problema en la cohesión que es imprescindible en esta etapa”. La candidatura de Lanusse tenía aspectos positivos, ya que “por su prestigio y el hecho de haber tenido la responsabilidad primaria en los últimos sucesos es, o sería, reconocido como el líder auténtico de esta etapa del proceso, aunque más no fuera por el derecho que se asigna al triunfador”. El poder formal y el poder real quedarían unidos en la misma persona.¹ No obstante, en reiteradas oportunidades, Lanusse había manifestado que no aspiraba a tal cargo. Incluso pretendió sentar doctrina en el sentido de que era necesario terminar con la transformación de los Comandantes en Jefe en Presidentes de la Nación. Por otra parte, Lanusse tampoco quería que se interpretara que había derrocado a Onganía sólo por su ambición de alcanzar la presidencia.

El jueves 11 de junio, los Comandantes en Jefe no habían alcanzado un acuerdo y la situación parecía empantanada. Finalmente, durante la reunión de la Junta de Comandantes, el almirante Pedro Gnavi propuso el nombre del general de brigada Roberto Marcelo Levingston, representante argentino ante la JID, a quien había conocido en su paso por la SIDE. El brigadier Carlos A. Rey, que también había conocido a Levingston cuando ambos estaban destinados en el Estado Mayor Conjunto, acordó con la propuesta de Gnavi. Lanusse, que tenía una “cordial amistad” con este oficial de caballería, resolvió aceptar la propuesta. Era consciente que no se podía demorar más la decisión y que sería difícil encontrar otro candidato que obtuviera la unanimidad de la Junta de Comandantes. De esta forma se terminó con la espera, pero se eligió a un desconocido para la mayoría de los argentinos, que jamás habían escuchado su nombre. No ocurría lo mismo en los círculos políticos y periodísticos en los que el ex jefe de los servicios de inteligencia del Ejército era ampliamente conocido.

Una vez alcanzado el acuerdo, Lanusse llamó a Washington D.C. para consultar a Levingston. Según el relato de éste último, le preguntó si estaba dispuesto a retirarse para ocupar un cargo. El agregado militar le respondió que no. Entonces Lanusse aclaró: “El cargo que yo le ofrezco en nombre de la Junta es el que está por encima de nosotros”. Levingston pidió tiempo para pensarlo. Finalmente aceptó y regresó inmediatamente al país para entrevistarse con la Junta de Comandantes.² El sábado por la mañana llegó en secreto a Buenos Aires y fue llevado a la residencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea por el mayor Héctor Ríos Ereñú, ayudante de campo de Lanusse. Allí formuló algunas preguntas sobre la oportunidad en que se convocarían a elecciones y, luego, los Comandantes le informaron sobre las modificaciones al Estatuto Revolucionario. Según el relato de Levingston, les preguntó a los miembros de la Junta si venía a presidir una normalización inmediata. Ellos le contestaron: “Vamos a terminar con las cosas pendientes en un nuevo período de dos o tres años”. Según Levingston, la Junta quedaba subordinada al Presidente.³ Esta última interpretación no parece del todo correcta si tomamos en cuenta que el 12 de junio la Junta había dictado un decreto que enmendaba el Estatuto de la Revolución Argentina por el cual “las leyes y decretos de significativa trascendencia para los fines de la Revolución Argentina requerirán acuerdo de la Junta de Comandantes en Jefe”.

Una vez confirmada la designación de Levingston, Lanusse lo informó a los Altos Mandos del Ejército. Al menos dos generales se mostraron disconformes: el jefe de Logística del Estado Mayor, Juan Carlos Sánchez, y el comandante del Primer Cuerpo, Joaquín Aguilar Pinedo, ambos oficiales más antiguos que el futuro Presidente (Potash, 1994b: 174).

* * *

Levingston tenía a su favor su condición de oficial de caballería especializado en inteligencia y que no había participado de los acontecimientos que terminaron con el derrocamiento de Onganía. Por el contrario, entre sus debilidades se encontraban su falta de legitimidad y que no era un caudillo militar (como Onganía o Lanusse), lo que generaba la sensación de que se trataba de un gobierno de transición con un poder muy limitado.

Roberto Marcelo Levingston

El general de brigada Roberto Marcelo Levingston Laborda había nacido en San Luis el 10 de enero de 1920. De ancestros escoceses, su madre era una maestra cuya familia estaba emparentada con gobernadores y políticos del partido Conservador de San Luis. Había egresado del Colegio Militar como subteniente de caballería en el orden de mérito nº 30 de la promoción 68. Graduado como oficial de Inteligencia y de Estado Mayor, fue profesor de la Escuela Superior de Guerra. Era considerado un intelectual antes que un tropero, ya que nunca estuvo al mando de un regimiento. En septiembre de 1962 se encontraba al frente del SIE y sus camaradas le reconocen una destacada actuación, aunque en un segundo plano, propio de un oficial de inteligencia, en la campaña de acción psicológica del comando azul de Campo de Mayo. En 1964 fue uno de los representantes argentinos ante la Iª Conferencia Continental de Inteligencia. También se desempeñó en la SIDE y, posteriormente, fue enviado a Washington como agregado militar y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa (JID).

* * *

Cuando Levingston asumió la presidencia, el 18 de junio de 1971, la Junta de Comandantes ya había designado varios nuevos ministros o bien ratificado a parte del gabinete de Onganía. El nuevo Presidente tuvo poca intervención en la designación de su primer gabinete, en el que cohabitaban el canciller Luís María de Pablo Pardo, efímero ministro del Interior de Lonardi, con uno de los hombres más activos en la conspiración que los desalojó del gobierno, el ex marino (devenido periodista) Francisco Manrique. El radical intransigente correntino José Rafael Cáceres Monié se mantuvo al frente de la cartera de Defensa, en tanto el Ministerio de Economía recayó en el liberal Carlos Moyano Llerena, a quien se vinculaba al ex ministro Krieger Vasena. El Ministerio de Obras Públicas lo ocupó el desarrollista alendista Aldo Ferrer, y el de Justicia el liberal Jaime Luis Enrique Perriaux. En el Ministerio del Interior, la Junta designó al brigadier Eduardo McLoughlin, embajador en Gran Bretaña y ex secretario de Aeronáutica en los gobiernos de Frondizi y Guido. Como contrapeso a este liberal, Levingston designó viceministro del Interior a Enrique Gilardi Novaro, quien se manejaba con absoluta autonomía de su superior inmediato. En una segunda línea, Levingston nombró al ex diputado neoperonista Juan A. Luco como Secretario de Trabajo. Más que un gabinete pluralista se trataba de un collage de tendencias.

También se incorporaron al gobierno varios militares en actividad, algunos de ellos muy cercanos al Comandante en Jefe. Es el caso del coronel Federico Mourglier, compañero de prisión de Lanusse en Rawson y en Río Gallegos, que fue designado Secretario General de la Presidencia. O el del teniente coronel Arturo Corbetta, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia y también “revolucionario del 51”. En la SIDE, Ibérico Saint Jean reemplazó a Gustavo Martínez Zuviría; y el general Horacio Rivera pasó de una dirección de Fabricaciones Militares a la jefatura de la Casa Militar.

Los cambios en el Ejecutivo provocaron un reacomodamiento en la cúpula del Ejército. Lanusse designó al general de brigada Miguel Ángel Viviani Rossi como Jefe de Estado Mayor General en reemplazo del general Sánchez Almeyra. La elección de un general “moderno” en un lugar que habitualmente ocupa un general de división “antiguo” se debía a que Viviani Rossi era compañero de promoción y amigo del nuevo Presidente. Sánchez Almeyra pidió el retiro voluntario y poco después fue nombrado gobernador de Santa Fe, quedando bajo su jurisdicción la conflictiva zona industrial de Rosario. También pasó a retiro voluntario el nº 2 del escalafón, general Oscar Chescotta, quien abandonó la Dirección General de Fabricaciones Militares para ocupar la Secretaría de Industria y Comercio Interior.

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El 23 de junio Levingston habló por primera vez a los argentinos. Allí dejó en claro cuál era su relación con las Fuerzas Armadas y la Junta de Comandantes, de las cuales extraía “el fundamento de su poder político”. Asumía total y exclusivamente la responsabilidad de los actos ejecutivos que no compartía. Las Fuerzas Armadas se expresarían a través de la Junta de Comandantes que compartirían con él las responsabilidades legislativas. Podría sintetizarse, parafraseando a la expresión usada durante la etapa Onganía, que “las Fuerzas Armadas colegislan pero no cogobiernan”. Aunque en realidad esto era relativo, porque los decretos trascendentes debían tener la homologación de la Junta de Comandantes.⁴

En la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas hizo una primera referencia a la salida política cuando afirmó que “tendremos una democracia de fondo”, pero “deberán existir previamente niveles mínimos de convicción democrática, de coincidencia sobre algunos grandes objetivos y de tolerancia que ciertos sectores parecen desdeñar”.⁵ En los días siguientes, el comandante Lanusse recorrió varias guarniciones para explicar a los cuadros cuál era su visión de la situación del país, pero también para aclarar las causas por las que habían derrocado a Onganía. Esta “gira de esclarecimiento” finalizó el 6 de julio en una reunión de generales en la que ratificó que los Comandantes en Jefe no habían extendido un cheque en blanco a Levingston como habían hecho con Onganía, y que de allí en más las inquietudes debían canalizarse a través de los Comandantes de Cuerpo (Lanusse, 1977: 149-150).

“Profundizar la Revolución”

Para balancear la presencia del ministro del Interior impuesto por la Junta de Comandantes, Levingston nombró Subsecretario de Asuntos Políticos a su amigo Enrique Gilardi Novaro, un estanciero que desde 1955 había militado en el Partido Conservador Popular y tenía algunos vínculos con el desarrollismo. Gilardi Novaro, que expresaba mejor que nadie en el gabinete el pensamiento político del Presidente, se oponía a lanzar un Plan Político. Se trataba, en primer lugar, de “profundizar la revolución” para llegar a una “auténtica democracia representativa”. Hablaba de la “modernización de las estructuras” como paso previo a la vuelta a la democracia. El Poder Ejecutivo no estaba dispuesto a convocar a los partidos políticos “porque estos están disueltos”, sino “a personas representativas”. Para Gilardi Novaro debían conformarse dos grandes movimientos cívicos, y no creía que la ciudadanía estuviera preocupada por el llamado a elecciones. Comenzaba un nuevo ciclo en el que “la participación se da en el diálogo con los diferentes sectores argentinos”, pero no con los partidos que “en su momento gozarán de un amplio campo para manifestarse sin limitaciones ni exclusiones. Pero existe una firme decisión de no mirar al pasado”.⁶ Los primeros invitados a este diálogo fueron cinco de los seis ex presidentes vivos. Sólo Perón fue excluido.⁷

La incompatibilidad entre McLoughlin y Gilardi Novaro desató la primera crisis política a mediados de octubre. Todo comenzó durante un almuerzo en la residencia presidencial de Olivos en el que estaban presentes el Presidente, McLoughlin, Lanusse y Rey. Una referencia circunstancial a Gilardi Novaro provocó la cólera del Presidente, quien luego atacó al ministro del Interior, a partir de un trascendido periodístico. Al día siguiente, martes 13 de octubre, el brigadier McLoughlin renunció. El ministro de Economía, Moyano Llerena, en solidaridad con el ministro del Interior, puso su renuncia a disposición del Presidente un día después. Levingston la aceptó de inmediato y nombró en su reemplazo al ministro de Obras Públicas, Aldo Ferrer. El Ministerio del Interior le fue ofrecido al general Juan Enrique Guglialmelli, quien rechazó la propuesta.⁸ Finalmente Levingston comenzó una serie de consultas para cubrir esa vacante. El interregno duró 16 días, hasta que el Presidente designó al brigadier en actividad Arturo Cordón Aguirre, jefe de Personal de la Fuerza Aérea, que no contaba con el respaldo de los Comandantes en Jefe de la Marina y el Ejército, quienes hubieran preferido a un civil. Sin embargo, Levingston parecía decidido a apoyarse en la fuerza con mayor presencia de oficiales nacionalistas, la Aeronáutica.

El Presidente tomaba distancia cada vez mayor de sus mandantes. No estaba dispuesto a impulsar una apertura política inmediata. Así, el 29 de septiembre, anunció una enmienda constitucional y la “reapertura progresiva de la actividad política”. No obstante, los partidos políticos seguían “irreversiblemente disueltos”, y se iniciaría un diálogo político con “hombres representativos” de diversas corrientes de opinión. Se trataba pues de medidas ambiguas que no conformaban a quienes impulsaban la apertura inmediata del diálogo político.

SI bien Levingston insistía en que los partidos políticos seguían disueltos, la realidad lo desmentía. El 12 y 13 de noviembre de 1970 se conformó “La Hora del Pueblo”, que incluía a peronistas y radicales junto a agrupaciones menores. Se trataba de un hecho político significativo y también inédito. Perón y Balbín, los viejos adversarios, se unían para presionar juntos a favor de una salida electoral inmediata. Sin embargo, Levingston no pareció entender el mensaje y siguió adelante con sus planes.⁹ El 16 de noviembre, en el Patio de Honor del Colegio Militar, ratificó que la salida electoral sería en unos cuatro o cinco años. Habló de desarrollo con soberanía y criticó a las inversiones foráneas. En diciembre, desde Neuquén, planteó que la salida política estaba supeditada a los objetivos económicos. Su anteproyecto de Plan Político estaría listo recién para el 30 de junio de 1971. Su actitud quedantista y sus decisiones inconsultas eran un desafío a la Junta de Comandantes que lo había designado y que, como se decía entonces, no le había entregado “un cheque en blanco”. Lanusse (y la Junta de Comandantes) estaban ante dos opciones: enfrentar al Presidente o replegarse. Optaron por esta última alternativa.¹⁰

Un generalato a la medida de Lanusse

A medida que se profundizaban sus diferencias con el Presidente, Lanusse se replegó al interior del Ejército y continuó (por cuarto año consecutivo) con la construcción de una estructura de mandos que respondiera sin fisuras a su liderazgo. A las vacantes producidas a lo largo de 1970 entre los generales de división con los retiros de Martínez Zuviría, Sánchez Almeyra y Chescotta se sumaron los de Roberto Fonseca (Segundo Cuerpo) y Sánchez Lahoz (Tercer Cuerpo), lo que redujo a cinco el número de generales de división. Para cubrir esas vacantes Lanusse promovió a los generales de brigada Alcides López Aufranc, Alberto Roccatagliata, Juan Carlos Sánchez y Miguel Ángel Viviani Rossi. Llegaba de esta forma al escalón más alto la promoción 68, la de los coroneles azules de septiembre de 1962. El más famoso de ellos, Alcides López Aufranc, seguía el camino de su jefe. Con el ascenso a general de división pasó de la estratégica Subjefatura III (Operaciones) del Estado Mayor al comando del Tercer Cuerpo, en Córdoba, igual que Lanusse en diciembre de 1966. Su designación en Córdoba significaba poner en uno de los puntos álgidos de la conflictividad social a uno de los generales más duros y con mayor llegada al Comandante en Jefe. Otro “duro”, el general de división Juan Carlos Sánchez, comandaría el Segundo Cuerpo con base en Rosario. Miguel Ángel Viviani Rossi continuaría al frente del Estado Mayor General.

Entre los generales de brigada se habían producido cinco retiros a lo largo de 1970. Lanusse generó otras seis vacantes y ascendió a quince coroneles al grado de general de brigada. De esta forma, al comenzar 1971 el generalato se reconstituía con 48 generales. Los nuevos generales de brigada representaban en forma bastante pareja a las diferentes armas: cuatro de caballería (Montiel Forzano, Vellegal, Mourglier y Etcheverry Boneo), cuatro de artillería (Rivera, Rodríguez, Arancet y Novoa), tres de infantería (Ochoa, Miatello y Laplane), tres de ingenieros (Goicoa, Panullo y Merlo) y uno solo de comunicaciones (DellaCroce). Dos de ellos habían sido revolucionarios en 1951 (Mourglier y Etcheverry Boneo) y habían compartido prisión con Lanusse, en tanto Montiel Forzano había tenido un papel destacado en la “Revolución Libertadora”. Trece de ellos pertenecían a la promoción 72, en tanto los dos restantes eran los primeros de la promoción 73. Uno de estos últimos, Alberto Numa Laplane, alcanzaría la Comandancia del Ejército durante la presidencia de Isabel Perón.

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Al decidir los destinos para 1971, Lanusse ubicó a oficiales de su mayor confianza en puestos neurálgicos ante una posible crisis con Levingston: López Aufranc en Córdoba, Echeverry Boneo al mando de los blindados de la provincia de Buenos Aires, José R. Herrera en Campo de Mayo, o Federico Mourglier en la Secretaría General de la Presidencia. Un caso que llama la atención es el del general Carcagno, quien se había destacado durante el “Cordobazo” y, luego, como interventor militar de Córdoba. Se lo señalaba como futuro Jefe de Operaciones del Estado Mayor, en lugar de López Aufranc. Sin embargo, rumores sobre posturas contrarias a las de Lanusse significaron un destino más burocrático en el Estado Mayor Conjunto.

“Estamos en guerra”

El 29 de diciembre de 1970, Lanusse expuso sus directivas para 1971. Al referirse a la guerrilla, afirmó que después de un siglo la Nación estaba nuevamente en guerra y el Ejército en operaciones. Según Lanusse no era una figura retórica, sino “la constatación de un hecho que debe ser perfectamente asimilado por todo el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas”. Durante la IXª Conferencia de Ejércitos Americanos, en octubre de 1969, el tema central había sido, precisamente, el avance de la insurgencia de izquierda. En 1969 se multiplicaban en todo el continente grupos de guerrilla urbano, cuyo mejor ejemplo eran los Tupamaros uruguayos.

Durante 1970 las Fuerzas Armadas ya demostraban preocupación por lo que llamaban “lucha con la subversión”. Esto se reflejó en la reunión del CO.NA.SE. del 3 de julio de 1970, durante la cual el presidente Levingston había expresado una idea bastante común entre sus pares: el país había sido elegido por una conjura revolucionaria para iniciar una guerra revolucionaria a escala subcontinental. Se trataba de términos entonces habituales y compartidos. En esa reunión se decidió mantener todas las Fuerzas en estado de alerta permanente para la lucha antisubversiva. Para el ministro del Interior, expresaba lo que algunos llamaban la “teoría de los dos círculos”: existía un núcleo irreductible de la subversión que era indispensable reprimir y otro sector de simpatizantes o que los alienta en forma indirecta para el que hacía falta otra estrategia, que consistía en quitar oxígeno político a la guerrilla.

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Los primeros signos de actividad guerrillera habían ocurrido en 1968 con el descubrimiento de un comando de las Fuerzas Armadas Peronistas en Taco Ralo. En 1969, se multiplicaron las acciones violentas como el ataque al vivac del regimiento Patricios en Campo de Mayo, o a la planta trasmisora de Radio El Mundo. En mayo, el Cordobazo inició un período de auge de masas que se reflejó en una oleada de insurrecciones y puebladas. También se multiplicaron los comandos y grupos que optaban por la lucha armada.

En 1970 la cantidad de hechos violentos aumentó sensiblemente, contabilizándose más de 300 operaciones de guerrilla. Las acciones fueron de diverso tipo, aunque la mayoría correspondía a una fase de pertrechamiento, es decir que apuntaban a construir una infraestructura operativa: asaltos a bancos y robos de armas, y camiones con medicamentos; robos en distintas firmas privadas con el fin de desarrollar infraestructura (máquinas de escribir, fotocopiadoras, distinto tipo de documentación, automóviles, materiales sanitarios, artículos de laboratorio). Además hicieron su aparición pública nuevas organizaciones armadas de tendencia peronista y marxista. Había al menos diecisiete grupos armados, de los cuales sólo cinco tuvieron alcance nacional. El resto eran grupos pequeños que terminaron fusionándose con las organizaciones más grandes (Pozzi y Schneider, 2000: 117).

Una de las organizaciones armadas más importantes eran las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), que hicieron su aparición pública en octubre de 1968, cuando fuerzas de Gendarmería desbarataron un comando que realizaba tareas de reconocimiento del terreno en Taco Ralo (Tucumán). Los diferentes grupos que confluyeron en las FAP partían de reconocer al peronismo como un movimiento de liberación nacional y acordaban en que la elección de la lucha armada como metodología se justificaba por el fracaso de los otros métodos utilizados con anterioridad. Tenían una concepción foquista, en la que el foco cumpliría la doble función de ser el germen de un futuro “ejército popular” y de despertar la conciencia del pueblo, demostrando la vulnerabilidad del poder militar de los dominadores, es decir lo que se ha denominado “propaganda armada”. La mayoría de los militantes de las FAP tenían una extensa trayectoria en la Resistencia Peronista, otros provenían de Acción Revolucionaria Peronista, liderada por John W. Cooke, o bien en la originaria Juventud Peronista, destacándose entre ellos Envar el Kadri y Carlos Caride. Después de Taco Ralo, las FAP se reorganizaron y llevaron adelante una etapa activa de acciones urbanas, a partir de octubre de 1969. Durante 1970 se desarrollaron regionales en Córdoba, Mendoza, Tucumán y Rosario. Este crecimiento llevó a una reestructuración y a la creación de una dirección nacional que vinculaba a las distintas regionales.

Un segundo grupo eran las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), de origen marxista, que surgieron de la escisión de grupos provenientes de partidos políticos de esta orientación. La acción más importante fue el secuestro del cónsul paraguayo Waldemar Sánchez (24 de marzo de 1970), con el propósito de canjearlo por los militantes Carlos Dalle Nave y Alejandro Baldú (desaparecido). Se les adjudica el asesinato del comisario Sandoval, a quien vinculaban con el secuestro y desaparición de Baldú.

Por su parte, el 30 de julio de 1970 hicieron su presentación las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), con la toma de Garín. Liderada por Carlos Olmedo y Juan Pablo Maestre, se trataba de una organización que se definía como peronista sin renegar de su pasado marxista. En 1973 se integraron a Montoneros.

El secuestro de Aramburu (mayo de 1970) fue la primera acción reivindicada por la organización Montoneros, cuyos orígenes se remontan a 1966 en las provincias de Córdoba y Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires. Sus integrantes eran en su mayoría jóvenes católicos, muchos de ellos nacionalistas, que se relacionaron con curas “tercermundistas” y con el grupo de Cristianismo y Revolución, de Juan García Elorrio. En 1967 radicalizaron sus posiciones, optaron por la lucha armada y conformaron el Comando Camilo Torres, algunos de cuyos integrantes (Fernando Abal Medina, Norma Arrostito y Emilio Maza) recibieron instrucción guerrillera en Cuba. Durante 1969 los distintos grupos que conformarían Montoneros realizaron acciones de pertrechamiento y comenzaron a unificarse en torno al grupo que encabezaban Maza y Abal Medina (Gillespie, 1987; Lanusse, 2005). A comienzos de julio de 1970, Montoneros intentó el copamiento de la localidad de La Calera (Córdoba), pero fracasó. A fines de 1970, gran parte de sus líderes originales habían muerto o estaban presos, y la organización logró sobrevivir gracias a la ayuda de otros grupos peronistas. No obstante su debilidad, en esos meses Montoneros obtuvo el respaldo público de Perón, lo que favoreció el crecimiento de la organización a partir de la incorporación de cientos de jóvenes peronistas.

A diferencia de estas organizaciones político-militares, el PRT-ERP distinguía entre las guerrillas armadas y la organización política que las dirigía. El PRT-ERP se presentaba como una alternativa guerrillera marxista en el contexto de una clase obrera peronista. El origen del PRT se remonta a 1964, con la fusión de dos grupos, el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP), dirigido por los hermanos Santucho, y Palabra Obrera (PO), una organización trotskista liderada por Nahuel Moreno. Uno de los principales debates internos en el PRT giraba en torno a si estaban dadas las condiciones para iniciar la lucha armada. El sector encabezado por Mario Roberto Santucho creía que estaban dadas esas condiciones, mientras que el morenismo no estaba de acuerdo. Esa fue la causa de la división del PRT, en 1968, en dos sectores: PRT El Combatiente y PRT La Verdad (luego Partido Socialista de los Trabajadores). El primero de los grupos comenzó a organizarse para la lucha armada y fundó, en 1970, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el instrumento militar del partido. El grupo tenía una fuerte inserción entre los trabajadores azucareros de Tucumán y Jujuy, los hacheros santiagueños y los estudiantes y obreros en Córdoba (Pozzi, 2001).

“Vivir con lo nuestro”

Luego de la renuncia de Moyano Llerena, Levingston nombró ministro de Economía al desarrollista Aldo Ferrer. Ambos coincidían en la “expansión del aparato estatal; intención de tutelar al capital nacional y de apoyarse políticamente en este; acotamiento del capital trasnacional pero sin excluirlo” (O’Donnell, 1981: 330). Ferrer llevó adelante una política proteccionista mediante la elevación de los aranceles de exportación; transformó el Banco Industrial en Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) con aumento de créditos para proyectos industriales y se sancionó la ley de “compre nacional”, que obligaba a los organismos estatales a priorizar en sus comprar a los productores locales. Además se iniciaron negociaciones con los sindicatos para mejorar el nivel de ingresos y se les prometió que, a partir de 1971, se retomarían las negociaciones paritarias libres. También se crearon registros de inversiones extranjeras y de las transacciones con el exterior. Si bien Ferrer tomó medidas moderadamente nacionalistas y manifestó que no se atacaría la iniciativa privada ni se hostilizaría el capital trasnacional, su política fue atacada por la UIA y otras entidades del establishment que la consideraban “estatista”.

La inclusión de Ferrer en el gabinete se tradujo en el apoyo de la UCRI al presidente Levingston. En ese sentido, Oscar Alende, luego de entrevistar al primer mandatario, denunció una conjura de los monopolios internacionales. Poco después, el ex gobernador de Tucumán, Celestino Gelsi, denunció (y luego debió rectificar) que 15 generales habían intercedido a favor de un monopolio. Estas denuncias mediáticas estaban en sintonía con las declaraciones del Presidente, que respondía a las críticas hablando de “argentinización” de la economía y lucha contra los monopolios. A tal punto que quienes lo criticaban, o bien propiciaban una rápida salida electoral, eran acusados de ser agentes del capitalismo foráneo y los monopolios internacionales.

El “Viborazo”

Declaro sí que, confundida entre las múltiples masas de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza, pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo.

José Camilo Uriburu, 7 de marzo de 1971

El 25 de febrero el interventor de Córdoba, Bernardo Bas, renunció cuando el Ministerio del Interior no aprobó el presupuesto provincial que permitiría aumentar los salarios de los empleados públicos. Su alejamiento debe interpretarse en el contexto de la ofensiva del presidente Levingston, que se había iniciado con la renuncia de Francisco Manrique. De esta forma se ensanchaba la brecha entre el Presidente y el Comandante en Jefe del Ejército, y aumentaba en la opinión pública la sensación que Levingston pretendía deshacerse de los elementos más vinculados al general Lanusse.

Lanusse, entretanto, luego de regresar de sus vacaciones en Esquel y de inspeccionar las guarniciones de Neuquén, intensificó sus contactos personales con los principales mandos del arma. A fines de febrero, el día 27, se reunió en su residencia de Campo de Mayo, por más de dos horas, con algunos de los generales con destino en Buenos Aires.¹¹ Pretendía recoger las inquietudes de los mandos, y señalarles que actuaría con cautela y en función de la cohesión del Ejército. Habría informado sobre la preocupación de los jefes militares destinados en el área de presidencia por la creciente hostilidad hacia todas las personas de su entorno, manifestando también preocupación por la poca voluntad del Presidente de avanzar en el llamado Plan Político y por el desplazamiento de funcionarios identificados con el Comandante en Jefe. Algunos días después, en circunstancias en las que asumía la Presidencia de la Junta de Comandantes en reemplazo del almirante Gnavi, Lanusse explicitó su posición sobre las circunstancias políticas del país: las Fuerzas Armadas anhelaban la participación de la ciudadanía para realizar lo que llamó “un Gran Acuerdo Nacional” (Lanusse, 1977: 189-190).

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En reemplazo de Bas, Levingston designó, personalmente, a José Camilo Uriburu, un dirigente conservador que se desempeñaba como director de Hydronor. Sobrino segundo del general José Félix Uriburu, y padre de 14 hijos, el nuevo interventor había militado en el Partido Demócrata de Córdoba, por el que fue elegido senador provincial en 1946, antes de pasarse al peronismo. Furioso anticomunista y partidario de “profundizar la revolución”, el nuevo interventor de Córdoba era autoritario y verborrágico. Su asunción se produjo el mismo día en que la CGT local realizaba un paro general de 14 horas. Era parte del ciclo de huelgas que se había iniciado en Córdoba en el mes de enero por el despido de siete delegados de la planta de Fiat Concord, en Ferreyra. El sindicato clasista SITRAC respondió con la ocupación de la fábrica y la toma de rehenes, a lo que se sumó una huelga en solidaridad de todos los trabajadores mecánicos de la provincia.

Desde el mismo momento en que se hizo cargo de la gobernación, el locuaz interventor realizó declaraciones polémicas que lograron unificar a la oposición. Incluso el Comandante del Tercer Cuerpo viajó a Buenos Aires para entrevistarse con Lanusse y expresarle “la preocupación de los mandos locales”. El descontento por la designación de Uriburu se expresó en la unanimidad de los tres diarios de Córdoba y las expresiones de la Federación de Entidades empresarias de la provincia. Agustín Tosco propuso la creación de un Comité de Huelga que incluyera a los sindicatos clasistas con el objeto de organizar la ocupación de fábricas y talleres para el día 12 de marzo.¹²

El 9 de marzo, el gobernador Uriburu convocó a los jefes de las guarniciones de la Fuerza Aérea y el Ejército para pedirles su apoyo a las medidas que pensaba tomar para impedir la huelga del día 12, que incluía el arresto preventivo y la expulsión de la provincia de los principales líderes sindicales, y la clausura del diario Los Principios. Parecía estar dispuesto a usar todas las fuerzas disponibles para la represión.¹³ Esa misma noche, durante una cena con empresarios, el Presidente tuvo expresiones similares a las del gobernador de Córdoba.¹⁴ Ese mismo día, Lanusse había convocado a todo el generalato para analizar la situación del país. Durante dos jornadas los generales discutieron la demora en la concreción del Plan Político, las tensiones sociales por el problema salarial y el impasse en las comisiones colectivas de trabajo, la renuncia de funcionarios y la designación de otros severamente cuestionados como el interventor de Córdoba, y el enfrentamiento del Presidente con el Comandante en Jefe. Los informes que enviaba López Aufranc desde Córdoba eran alarmantes y se referían al repudio generalizado al interventor Uriburu. La gravedad de los acontecimientos de Córdoba fue el tema principal de la reunión de la Junta de Comandantes en Jefe del lunes 15 de marzo. Un informe previo, elaborado por el Estado Mayor Conjunto, establecía que el interventor no sólo era el desencadenante del nivel de conflictividad social de Córdoba, sino que no tenía las condiciones necesarias para conducir el proceso (Lanusse, 1977: 197-200).

Entretanto, en Córdoba, el viernes 12 de marzo los trabajadores de Fiat habían abandonado las plantas Concord y Matarfer y habían marchado hacia Ferreyra, donde se enfrentaron con la Policía con el saldo de un obrero muerto, Alfredo Cepeda, de 18 años. Al día siguiente, la CGT prolongó la huelga hasta las 14 horas del sábado 13 de marzo. La mañana del 15 de marzo los trabajadores de SITRAC y SITRAM marcharon hacia el centro de la ciudad, pero encontraron que el resto de los gremios había tomado las plantas fabriles. Por la tarde, los manifestantes, a los que se sumaron algunos grupos de estudiantes y militantes de organizaciones armadas, ocuparon los barrios Alberdi y Clínicas, y levantaron barricadas. También cortaron la ruta 9 y se hicieron fuertes en los barrios adyacentes de la ciudad, en particular en los del oeste. Cuando comenzaron los enfrentamientos con la Policía, el jefe de la Base Aérea de Córdoba recomendó declarar a la ciudad zona de emergencia, con lo que inmediatamente quedaría relevado el gobernador Uriburu. La Junta de Comandantes, que recibía información permanente de lo que estaba ocurriendo, no aceptó esta propuesta y se inclinó por la decisión del Comandante del Tercer Cuerpo de que sus tropas no intervinieran, ya que hacia las 22 horas la situación había mejorado.¹⁵ Esta actitud generaría, como en el “Cordobazo”, sospechas de que no se había actuado para deteriorar la imagen y la autoridad de Levingston. Finalmente, cuando la brigada antiguerrillera llegó a Córdoba, el martes 16, encontró escasa resistencia y en pocas horas las barricadas fueron abandonadas.

El martes 16 López Aufranc informó personalmente al Estado Mayor del Ejército sobre la situación de Córdoba y propuso la remoción del doctor Uriburu y la detención de los activistas individualizados durante los desórdenes. También propuso, como una modificación a la doctrina vigente, que la declaración del Estado de Emergencia, que ponía todo el territorio bajo autoridad militar, fuera un procedimiento de carácter preventivo y disuasivo. De esta forma se enfrentarían huelgas y posibles desmanes sin los inconvenientes que produce la injerencia de varias autoridades con diferentes responsabilidades y criterios. Poco después, en la reunión del CO.NA.SE., se adoptaron las medidas propuestas por López Aufranc, incluyendo el relevo de Uriburu, su reemplazo por el interventor de La Pampa, almirante Goudzen y la detención de aquellas personas calificadas como activistas por el Tercer Cuerpo. Al día siguiente, el presidente Levingston aprobó la aplicación de la “doctrina López Aufranc” y aceptó la declaración de zona de emergencia en Córdoba y sus alrededores, que entró en vigencia el jueves 18.

Ese día la CGT declaró un nuevo paro activo que enfrentó la declaración de “zona de emergencia”. Tropas del Tercer Cuerpo patrullaban las calles desiertas desde las 10 horas y ocupaban las principales plantas industriales de la provincia, al tiempo que se establecieron Consejos de Guerra Especiales, que estaban habilitados para utilizar procedimientos sumarios en tiempos de paz.

A diferencia del “Cordobazo”, durante el “Viborazo” hubo menos pérdidas de vidas humanas, pero fue mayor la destrucción y en particular el incendio y saqueo de propiedad de grandes empresas de capital extranjero. En esta oportunidad hubo menor participación de la clase media y las organizaciones estudiantiles, en tanto hicieron su aparición las organizaciones armadas. A pesar de su carácter masivo, la protesta obrera fue desorganizada y careció de los preparativos tácticos y organizativos mínimos del “Cordobazo”, posiblemente por las profundas diferencias entre los sindicatos clasistas de FIAT y la conducción de la CGT local.

Un final sin pena ni gloria

El “Viborazo” aceleró los tiempos de la crisis institucional y precipitó el relevo del presidente Levingston, quien había perdido la confianza del Alto Mando del Ejército. También el Consejo de Almirantes consideraba que era necesario un cambio. El Presidente parecía contar sólo con el respaldo del Comandante de la Fuerza Aérea y un grupo de brigadieres. El brigadier general Rey incluso había convalidado la decisión de nombrar a Uriburu gobernador de Córdoba. Esto motivó una reunión del Alto Mando Aeronáutico, el jueves 18 por la mañana, tras la cual el Comandante en Jefe se retractó. Varios brigadieres se habrían mostrado muy críticos con la conducción del arma. Por la noche, Levingston se entrevistó en Olivos con los jefes aeronáuticos más críticos, el brigadier Ezequiel Martínez, recién designado Jefe de Estado Mayor Conjunto, y los brigadieres Jaime Núñez Sánchez y Jorge Sixto Fernández. En esas circunstancias el Presidente habría tenido expresiones críticas hacia la actuación de López Aufranc y otros jefes del Ejército durante el “Viborazo”. La reunión terminó en malos términos entre el Presidente y el Jefe de Estado Mayor Conjunto.¹⁶

El viernes 19 Ezequiel Martínez informó a Lanusse de lo sucedido en Olivos, y ambos concurrieron a Casa de Gobierno para entrevistarse con el Presidente. Durante la reunión se produjo un tenso cruce de opiniones entre Levingston y Lanusse. Según la versión de Lanusse, el primero se mostró en desacuerdo con los contactos tomados por las Fuerzas Armadas con dirigentes gremiales y le recriminó que el Ejército debía velar por la imagen del Poder Ejecutivo. El Comandante respondió que era el Presidente el que debía velar por la imagen y el prestigio de sus camaradas. Esto derivó en una discusión sobre la conversación de la noche anterior entre el Presidente y el Jefe de Estado Mayor Conjunto, quien fue relevado esa misma mañana por falta grave a la disciplina. Levingston lo acusó de socavar su prestigio y condenó que hubiera tomado contacto con líderes sindicales. Horas después repitió sus críticas ante el Comandante en Jefe de la Armada.¹⁷

El relevo de Ezequiel Martínez puso en alerta máxima a la Junta de Comandantes y quitó a Levingston el apoyo de la Fuerza Aérea. Por la tarde los acontecimientos se sucedieron vertiginosamente. Luego de una reunión de la Junta de Comandantes en Jefe, Lanusse convocó informalmente a los generales de división que estaban reunidos en el Edificio Libertador.¹⁸ Todos se mostraron preocupados por los acontecimientos y por lo que llamaban “inestabilidad emocional” del Presidente. En el cónclave se resolvió encomendar al Comandante en Jefe del Ejército que concretase una reunión del Alto Mando con el Presidente para que este le ratificase la confianza a cada uno de los generales y solicitarle al general Viviani Rossi que el Estado Mayor preparase un asesoramiento para la reunión de la Junta de Comandantes con el Presidente, prevista para el lunes 22 de marzo a las 17 horas.

Previo a esa reunión, los comandantes expusieron los informes de sus Estados Mayores y coincidieron en definir el alcance de la modificación al Estatuto de la Revolución Argentina (ley 18.713) que recortaba en parte las atribuciones presidenciales. Además, le propondrían al Presidente firmar un acta acuerdo que regulara la participación de la Junta de Comandantes en la función legislativa y la difusión de un comunicado conjunto que ratificara la existencia de una identidad total de criterios entre Levingston y la Junta.

Sin embargo, la entrevista del Presidente con los comandantes del lunes 22 no transcurrió como estaba prevista. Levingston realizó un largo monólogo para atacar al general Lanusse, acusándolo de interferir en su gestión, responsabilizando al comando del Tercer Cuerpo por los sucesos de Córdoba y exigiéndole el relevo de varios oficiales superiores, incluyendo al coronel Gregorio Pomar. Ante el rechazo de Lanusse, Levingston le pidió “un acto de renunciamiento”. Lanusse le manifestó que no renunciaría y dejó al Presidente la decisión final. A esa misma hora, el Jefe de Policía, general Cáceres Monié, fue llamado a Casa de Gobierno donde Levingston lo impuso del relevo de Lanusse y lo designó provisoriamente a cargo del Ejército. De esta manera pasaba por alto al Comandante de Institutos Militares, general José Rafael Herrera, quizá por considerarlo más cercano a Lanusse. Poco después de las 20 horas ordenó el relevo del Comandante en Jefe, “por el comportamiento en los hechos de Córdoba”. Lanusse quedó detenido en el despacho del Jefe de la Casa Militar, general Rivera, donde se entrevistó con el Jefe de Estado Mayor, Viviani Rossi, por más de una hora. Poco después de las 22.30 fue autorizado a retirarse y se dirigió a su residencia en Campo de Mayo. Mientras tanto, el general Jorge Cáceres Monié se comunicaba con los comandantes Gnavi y Rey, quienes le informaron que ellos no habían firmado el relevo de Lanusse. Inmediatamente se comunicó con los generales de división, a quienes informó que se hacía cargo para reponer a Lanusse. Los Comandantes de Cuerpo manifestaron su adhesión al Comandante en Jefe. Este último, enterado de la situación, regresó en helicóptero a su comando, donde se reunió con los otros comandantes y decidieron el relevo inmediato de Levingston. A las 3.30 del 23 de marzo, Levingston se enteró que había dejado de ser el Presidente de los argentinos.

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Levingston fue derrocado, en primer término, porque no comprendió que la Junta de Comandantes lo había elegido como un Presidente de transición, cuya misión era buscar una rápida salida institucional. Esa era la posición de Lanusse y de la mayoría del generalato y del almirantazgo. No comprendió la magnitud de la crisis y mantuvo la prohibición de la actividad política e insistió en “profundizar la Revolución”. Sobrevaloró su propio poder y no tuvo en cuenta las relaciones de fuerza dentro del Ejército y sus apoyos en las otras fuerzas armadas. No advirtió que Lanusse le había entregado el poder formal pero que el poder real seguía en manos del Comandante en Jefe del Ejército.¹⁹

Quizá por ese motivo la Junta de Comandantes decidió terminar con el bicefalismo y unificar el poder político y el poder militar, el poder formal y el poder real, y designó Presidente de la Nación al teniente general Alejandro Agustín Lanusse.

1. Memorándum del Estado Mayor General del Ejército, 10 de junio de 1970, citado en Lanusse (1977: 140).

2. El relato de Levingston fecha (erróneamente) estos acontecimientos el 13 de junio. Según este testimonio, su primera respuesta al ofrecimiento fue: “el que tiene el poder que lo use”, en referencia al propio Lanusse, pero este contestó que “no podía ser”. Al respecto, véase “Una dictadura no una tiranía”, La Nación, 14/8/2005, sección Enfoques, p. 1.

3. Levingston sigue convencido de que en aquella reunión recibió la plena autoridad de parte de la Junta de Comandantes. Lanusse, por el contrario, desde un principio manifestó a sus subordinados que no le habían dado un “cheque en blanco” al nuevo Presidente.

4. Esto se desprende del decreto del 12 de junio de 1970, firmado por la Junta antes de designar a Levingston.

5. Discurso de Levingston en la Cena de Camaradería, 7 de julio de 1970, citado en “El juego de las esquinitas”, Panorama, 14/7/1970, p. 13.

6. Sobre el pensamiento del viceministro del Interior véase “Gilardi Novaro: las primeras palabras”, Panorama, 1/11/1970.

7. Concurrieron Edelmiro J. Farrell, Arturo Frondizi y José María Guido. Arturo Illia y Juan Carlos Onganía rechazaron la invitación oficial.

8. Guglialmelli no estaba de acuerdo con las medidas económicas adoptadas por Aldo Ferrer. Creía que debía hacerse un drástico cambio económico. Al respecto, véase Guglialmelli (1971).

9. Al referirse a “La Hora del Pueblo”, Levingston dijo: “El gobierno de la República no tiene ningún tipo de intención de hacer pactos pre ni pos electorales a medida que el proceso de la Revolución avance. Se tratará de que las corrientes de opinión se orienten en nuevas estructuras políticas. Ese tipo de pactos quedará para otro tipo de personajes, que corresponden a una Argentina que, creo yo, las circunstancias históricas han dejado atrás” (citado en Lanusse, 1977: 176).

10. El 4 de noviembre, en la Escuela Superior de Guerra, Lanusse expresó: “por el cargo que ocupo, debo intervenir en los asuntos de gobierno pero creo que debo alejarme un poco, para no ser afectado por los pequeños problemas del gobierno [...]. Debo evitar el desgaste de la figura del Comandante en Jefe” (Lanusse, 1977: 174).

11. Concurrieron los generales José Rafael Herrera (II.MM.), Miguel Ángel Viviani Rossi (Jefe de Estado Mayor General), Tomás Sánchez de Bustamante (II.MM.), Mariano de Nevares, Virgilio Gorriz (subjefe del Primer Cuerpo), Leandro Anaya (Xª Brigada), Francisco Dubra (Subjefe V EMGE), Francisco Goicoa y Antonio Merlo (ESG).

12. Según Potash (1994b: 225), el coronel Cornicelli recomendó la posibilidad de derrocar al presidente si la situación de Córdoba empeoraba.

13. Informe del general Orfila (subjefe del Tercer Cuerpo de Ejército) al general López Aufranc, citado en Potash (1994b: 226).

14. Según Potash (1994b: 226), el Secretario General de la CGE, José Gelbard, informó al coronel Cornicelli el día 10 de marzo que Levingston había dicho que el pueblo de Córdoba necesitaba que le cortaran las alas, y que tenía aviones y cañones y estaba dispuesto a usarlos. En esa misma conversación, Levingston habría manifestado que la política quedaba para más adelante (Lanusse, 1977: 199).

15. Posteriormente, López Aufranc justificaría su actitud afirmando que la policía estaba en condiciones de controlar la situación, y que debía ser muy cauteloso antes de enviar tropas armadas a la calle para evitar mayor derramamiento de sangre.

16. Paralelamente, Lanusse se entrevistaba con el coronel Mourglier para informarle que el brigadier Martínez había tomado contacto con dirigentes sindicales por orden de la Junta de Comandantes para conocer cuáles eran los obstáculos que trababan las negociaciones paritarias. También le solicitó una entrevista con Levingston para el día siguiente a primera hora (Lanusse, 1977: 202).

17. Sobre los sucesos del 19 de marzo, véanse Lanusse (1977: 203) y Potash (1994b: 233). Gnavi encontró al Presidente “muy tensionado, como con inestabilidad emocional”. Esa tarde Levingston también se entrevistó con el brigadier Fernández, a cargo accidentalmente de la Fuerza Aérea, y con el Comandante del Primer Cuerpo, Joaquín Aguilar Pinedo.

18. Estaban presentes los generales Ceretti (Quinto Cuerpo), Roccatagliata, Herrera (II.MM.), Cáceres Monié (Policía Federal) y Aguilar Pinedo (Primer Cuerpo); y ausentes López Aufranc (Tercer Cuerpo) y Sánchez (Segundo Cuerpo).

19. Quienes conocieron a Levingston sostenían que en los últimos meses se lo encontraba alterado, irritable, agresivo y poco propenso a escuchar. Al respecto, véase la carta del general Miguel Ángel Viviani Rossi, compañero de promoción y amigo del Presidente, del 5 de febrero de 1971, citada en Lanusse (1977: 211-214).

Capítulo XII

El duelo

Lanusse y el Gran Acuerdo Nacional

La “Revolución Argentina” trataba de resurgir de sus cenizas. La obsesión, a partir de entonces, habrá de ser encontrar la “salida”, a través de una estrategia, ofensiva en lo político y defensiva en lo económico, preocupada por pagar los menos tributos posibles al amenazante vacío que se abría para los militares y la clase dominante.

Juan Carlos Portantiero (1989: 336)

Tras el derrocamiento de Levingston, la Junta de Comandantes designó al ministro del Interior que debería llevar adelante el Plan Político. El elegido fue Arturo Mor Roig, un viejo dirigente radical que había sido presidente de la Cámara de Diputados durante la administración de Arturo Illia. En un primer momento, Ricardo Balbín se opuso a su nombramiento, ya que significaba comprometer a su partido con el gobierno militar. Sin embargo, algunos integrantes de la Hora del Pueblo lo persuadieron de que era importante que un político como Mor Roig condujese la apertura política. Finalmente Balbín aceptó, y Arturo Mor Roig renunció a su afiliación partidaria para asumir la cartera política del gabinete de Lanusse.

Para compensar la presencia de un notorio dirigente radical, se pensó en ofrecer el Ministerio de Economía a un peronista, pero nadie parecía dispuesto a aceptar sin el apoyo expreso del líder exiliado. Otro ministro designado por la Junta fue el ex marino Francisco Manrique, en Bienestar Social. Posteriormente se incorporaron Rúbens San Sebastián, en Trabajo y, sorpresivamente, permanecieron en sus puestos Aldo Ferrer y el canciller de Pablo Pardo.

El 1° de abril de 1971, Mor Roig comenzó una escalada de gestos destinados a confirmar que se había iniciado el “tiempo político” y que se buscaba una salida electoral. Ese día se derogó la ley 16.894, que prohibía la actividad de los partidos políticos. Al día siguiente, una directiva de la Junta de Comandantes estableció que las elecciones deberían realizarse en un plazo que no superara los tres años. Además, el ministro del Interior comenzó el diálogo con importantes dirigentes políticos. La ronda de consultas se inició el 5 de abril, con Ricardo Balbín en representación de la UCR. Luego fue invitado el delegado de Perón, Jorge Daniel Paladino, quien no aceptó dialogar con el gobierno hasta no tener el aval del líder justicialista. El diálogo político incluyó a sectores sociales, como las conducciones de la CGT y la CGE, que fueron recibidas por Lanusse el 13 de abril.

También se creó una Comisión del Plan Político, presidida por Mor Roig, e integrada por un representante de cada una de las tres fuerzas armadas. El representante del Ejército era uno de los principales generales lanussistas, Tomás Sánchez de Bustamante, un militar predispuesto al diálogo político que desde hacía varios meses se reunía en privado con políticos y sindicalistas por orden de su jefe.

El 1º de mayo, aniversario de la Constitución de 1853, el Presidente eligió la ciudad cordobesa de Río Cuarto para lanzar el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que proponía la formación de un consenso preelectoral que evitara el “salto al vacío” y que debía incluir a todos los sectores de la vida nacional, incluido el peronismo. Las Fuerzas Armadas tendrían el papel de garantes de dicho acuerdo. Incluso el candidato de “unidad nacional” debería contar con su aprobación. Muchos sospechaban que se trataba solamente de un intento continuista de Lanusse, quien se negaba a autoproscribirse.

Al analizar esta etapa que se inicia con la convocatoria al GAN, Juan Carlos Portantiero (1989: 337) afirma que el proyecto político de Lanusse tenía como signo “la negociación a fin de reconstruir las bases sociales del Poder”.¹ La política pasó a ocupar un lugar central, ya que “la legitimidad del Poder aparece como central y la ‘reconciliación’ para obtener bases de consenso es planteada como objetivo supremo”. De esta forma, “el modelo económico pasa a segundo plano frente al modelo político: interesa la Seguridad, a través de unir a los adversarios y combatir al enemigo, por encima del Desarrollo”. En ese contexto, la política económica sólo debía “minimizar tensiones sociales a los efectos de que no interfieran sobre la salida política” (Portantiero, 1989: 338). Lanusse y sus asesores diagnosticaron una crisis del Estado, que debía ser reconstruido a partir de un mínimo de consenso que articulara a las Fuerzas Armadas, los Partidos Políticos y la Burocracia Sindical. En ese contexto, la propuesta de Lanusse para superar el deterioro de la “Revolución Argentina” era, para Portantiero (1989: 339),

una típica manifestación de un proceso “transformista” de salida de una crisis. Esto es una propuesta estructurada desde el punto de vista de la totalidad de la clase dominante (y no de sus facciones) que apunta a absorber a las fuerzas de oposición internas al sistema y aun a los representantes de las clases dominadas.

En síntesis, Lanusse toma conciencia de que no se puede seguir negando la existencia de Perón, quien, a esa altura de las circunstancias, era un referente necesario para una salida negociada de la “Revolución Argentina”. La “institucionalización”, de la que tanto hablaba Lanusse, debía incluir (aun a su pesar) al general Perón.² En ese contexto debe interpretarse el viaje del coronel Cornicelli a Madrid, y otros gestos realizados por el gobierno argentino al viejo líder exiliado.

* * *

A comienzos de abril, Jorge Daniel Paladino viajó a Madrid para recibir instrucciones de Perón, y el 14 del mismo mes informó a integrantes de La Hora del Pueblo que el ex presidente estaba dispuesto a recibir a un enviado del Gobierno. Esta información fue transmitida a Lanusse, quien tomó la decisión personal de enviar a su ayudante de campo, el coronel Francisco Cornicelli a Madrid. La decisión de Lanusse era compleja y de un altísimo riesgo político, puesto que algunos sectores de las Fuerzas Armadas no aceptaban ninguna forma de diálogo o acercamiento con Perón. Lanusse no informó ni siquiera a los otros dos miembros de la Junta Militar. Sólo cuatro oficiales de alto rango habrían conocido la misión de Cornicelli, quien partió en secreto y con pasaporte falso a Madrid, vía París, el 15 de abril.³ Era el primer contacto oficial con Perón desde septiembre de 1955.

La entrevista se realizó una semana después en la quinta “17 de octubre” de Puerta de Hierro, en las afueras de Madrid, y duró cuatro horas. Estuvieron presentes junto a Perón y Cornicelli, Paladino y José López Rega, secretario privado de Perón.⁴ El encuentro no tuvo resultados concretos, y Cornicelli no logró que Perón condenara el accionar de la guerrilla.

Como resultado de este acercamiento, el Gobierno realizó una serie de gestos hacia Perón. En los meses siguientes, el ex presidente fue autorizado a tener pasaporte argentino, prescribió la causa por estupro que aún pesaba sobre él, se colocó su busto (de civil) en la Casa Rosada, y se le liquidaron 50.000 dólares en calidad de haberes pendientes. Además, para llevar adelante las conversaciones con Perón, Lanusse designó embajador en España al brigadier (ret.) Jorge Rojas Silveyra. Se trataba de un oficial antiperonista que había pasado años en prisión por participar en el movimiento revolucionario de septiembre de 1951, y que difícilmente sería seducido por “el Viejo”. Además tenía experiencia política de su paso por la Secretaria de Aeronáutica, y era un hombre campechano que podría tener un dialogo más fácil con Perón.⁵

* * *

Uno de los gestos de distensión con Perón fue la devolución el cadáver de Evita, que se encontraba desaparecido desde fines de 1955. El cuerpo de Eva Perón, luego de ser sacado de la CGT, permaneció bajo la custodia del jefe del SIE, coronel Carlos Moori Köenig, quien, obsesionado por el cadáver, lo tenía en un armario y lo mostraba a sus visitantes.⁶ Por una infidencia el presidente Aramburu se enteró de las prácticas necrófilas del jefe de inteligencia del Ejército. Inmediatamente lo destituyó y lo reemplazó por el coronel Héctor Cabanillas, a quien ordenó “dar cristiana sepultura” a Eva Perón. Cabanillas propuso entonces enterrarlo en el extranjero. Aquí es cuando ingresa a esta historia el entonces teniente coronel Alejandro Lanusse, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, quien se contactó con su amigo y confesor, el padre Francisco Rottger. Amigo del papa Pío XII desde el Congreso Eucarístico de 1934, Rottger gestionó el entierro a través del padre Giovanni Penco, superior de su orden, la Compañía de San Pablo.⁷ Mientras se preparaba el “Operativo Traslado”, el cadáver deambuló por diferentes lugares de Buenos Aires hasta que fue embarcado en el Conte Biancamano el 23 de abril de 1957 bajo el nombre de Maria Maggi de Magistris. El ataúd fue acompañado por dos oficiales de inteligencia del Ejército, el capitán Hamilton Díaz, quien se hacía pasar por su viudo, y por el suboficial Sorolla. En Génova los esperaba el padre Penco, que había preparado el traslado hasta Milán, donde fue enterrada el 13 de mayo de 1957 en una tumba del Cementerio Maggiore.⁸

Cuando tomó la decisión de devolver el cadáver, Lanusse llamó al padre Francisco Rottger para que se comunicara con los responsables de la orden que custodiaba el cuerpo. También convocó al coronel Cabanillas, quien era uno de los pocos que conocía la ubicación exacta de la tumba, y le encargó una última misión: devolver personalmente a Perón el cuerpo de su segunda esposa. Cabanillas viajó a Italia junto a Sorolla (que se hizo pasar por un hermano de la muerta). Allí los esperaba el superior de la orden de los paulinos, que los acompañó el 1º de septiembre hasta el cementerio Maggiore. Desde allí Evita fue trasladada en un furgón a través de Italia y Francia. Al ingresar al territorio español fue custodiado por tres coches de la guardia civil. Finalmente, la noche del 3 de septiembre de 1971, el coronel Cabanillas y el brigadier Rojas Silveyra entregaron el cuerpo de Evita en la quinta “17 de octubre” de Puerta de Hierro.⁹

* * *

Mientras recibía a los enviados de Lanusse, y parecía aceptar los “gestos” de acercamiento de parte del gobierno, Perón endureció su discurso público. Realizaba declaraciones en las que se burlaba de sus camaradas de armas,¹⁰ al tiempo que su residencia de Puerta de Hierro se convertía en el centro de peregrinación de los sectores más duros del movimiento justicialista, incluidos los representantes de las llamadas “formaciones especiales”. En febrero de 1971, por ejemplo, había recibido al emisario de Montoneros, Rodolfo Galimberti, portador de un mensaje de la organización. A través de él respondió a aquella “juventud maravillosa”, como gustaba llamarla, justificando el asesinato de Aramburu (“una acción deseada por todos los peronistas”), y recomendándoles que la mejor manera de desgastar al gobierno de Lanusse era: “lanzar operaciones para ‘pegar cuando duele y donde duele’ es la regla. [...] Por sobre todas las cosas han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esta ‘guerra’ todo es lícito si la finalidad es conveniente.”¹¹

Como parte de su endurecimiento público, a comienzos de noviembre Perón reemplazó a su delegado personal, Jorge Daniel Paladino, un dialoguista bien visto por el Poder Ejecutivo. Paladino cayó en desgracia porque se había transformado (según una expresión habitual en la época) en el representante de los militares ante Perón y no en el de Perón ante los militares. Lo reemplazó Héctor J. Cámpora, ex presidente de la Cámara de Diputados durante la primera presidencia de Perón, cuyo mayor capital político era su lealtad al líder.

El viejo general aprovechó para reorganizar la conducción del Movimiento Justicialista en un sentido que parecía deliberadamente querer irritar a sus colegas militares. Así, el teniente coronel Osinde, ex jefe de los servicios de inteligencia, fue designado asesor militar; y los dirigentes Rodolfo Galimberti y Julián Licastro, consejeros juveniles. El primero era el hombre de enlace con Montoneros, en tanto el segundo había sido pasado a retiro obligatorio del Ejército por el propio Lanusse.

Violencia y represión ilegal

Al margen de la ley se han instaurado otros “códigos de procedimientos”, y a veces otros “tribunales” que en su pretendida eficacia están pisoteando todos los valores que sus mentores dicen defender

Rafael Braun, Criterio, 25 de mayo de 1972

La inseguridad jurídica que se traduce en la prisión arbitraria, el secuestro y la desaparición de personas, la persecución ideológica, el desconocimiento del derecho de defensa y la participación activa de grupos parapoliciales, crean un ambiente impropio para la vida de un pueblo en trance de recuperar su soberanía.

“La Hora del Pueblo”, 21 de diciembre de 1971

El 29 de abril de 1971, un comando de las FAR asaltó un camión de la Policía Militar en Pilar. En el hecho falleció el teniente Marcos Asúa, quien se convirtió en el primer oficial del Ejército muerto en un ataque de la guerrilla. Luego de ese suceso comenzaron a producirse una serie de ataques y secuestros a militantes de izquierda. El 2 de julio, el odontólogo Marcelo Verd fue secuestrado de su domicilio junto a su esposa, Sara Palacio. Nunca se los volvió a ver con vida. Diez días después se conocía la detención del abogado Roberto Quieto (militante de las FAR), quien se encontraba detenido en la División Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA). El día 13, un comando parapolicial hirió y secuestró a Juan Pablo Maestre y a su esposa Mirta Misetich en pleno barrio de Belgrano. El cadáver de Maestre apareció cuatro días después en una zanja de Escobar. Mirta Misetich nunca fue encontrada. Durante el sepelio de Maestre, el mayor Bernardo Alberte confirmó que se trataba de un integrante de las FAR que había participado en el asalto en Pilar y la toma de Garin. El 17 de septiembre, policías de civil secuestraron a Luis Pujals, máximo dirigente del ERP en la provincia de Santa Fe. Según fuentes de la embajada de los Estados Unidos, habría sido entregado a inteligencia del Ejército y ejecutado el 23 de octubre.¹² Esta serie de secuestros y desapariciones se habían iniciado el 16 de diciembre de 1970, cuando el abogado Néstor Martins y su cliente Nildo Centeno fueron secuestrados por seis hombres en Rivadavia y Paraná. Ambos permanecen desaparecidos.

El crimen de Maestre, así como la desaparición de los Verd y Pujals, y la detención de Quieto, tomaban otra dimensión, puesto que estaban funcionando escuadrones de la muerte que vengaban al teniente Asúa. En los casos de Maestre y Verd, se trataba de militantes de organizaciones guerrilleras, aunque esto no era público, por lo que es lógico pensar que detrás de los escuadrones de la muerte había fuerzas de inteligencia militar y/o policial.

Se implantaba así un nuevo método represivo que comenzaba con el secuestro por parte de fuerzas de seguridad sin identificación. Luego el detenido era trasladado a un lugar secreto, en el que se lo torturaba para obtener información. Finalmente, reaparecía en el circuito legal en alguna comisaría o dependencia oficial. En algunos casos las declaraciones obtenidas bajo tortura fueron consideradas válidas por los jueces intervinientes. Se trataba verdaderamente de una nueva metodología “en estado de experimentación”.¹³

La práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad llegó a ser algo tan común y generalizado que Criterio le dedicó uno de sus editoriales. Allí se alertaba que no se trataba de desbordes, sino que se estaba convirtiendo en una institución del sistema político. Tal como lo habían enseñado los militares franceses, la tortura era justificada para obtener información. Se extendía cada vez más hasta quienes realizan actividades “sospechosas” con el objetivo no ya de obtener información, sino de generar miedo e inseguridad. Se trataba además de un procedimiento extrajudicial del cual muchos jueces tenían conocimiento pero decían mostrarse impotentes.

El endurecimiento en materia antiterrorista también se manifestó en los cambios en la legislación represiva que se iniciaron en 1970 y que se profundizaron durante 1971. En 1970 se había establecido que el juzgamiento de determinados delitos se realizaría en instancia única y por procedimiento oral (ley 18.670). En mayo de 1971 se aumentaron las penas por delitos comunes (ley 18.953) y se creó la Cámara Federal en lo Penal (“el Camarón”), a la que se le otorgó competencia para juzgar delitos “de naturaleza subversiva” (ley 19.053). Sin embargo, la ley clave, porque significaba un cambio en lo establecido por la Ley de Defensa de 1966, fue la 19.081, sancionada el 16 de junio de 1971, que facultaba al Poder Ejecutivo a emplear a las Fuerzas Armadas para “prevenir” y combatir a la subversión durante la vigencia del Estado de Sitio. El Presidente estaba también autorizado a utilizar a las Fuerzas Armadas en la prevención e investigación de delitos. Esto se completó un mes después, cuando determinados delitos fueron sometidos a tribunales militares (ley 19.128).¹⁴

En este mismo sentido, la Directiva de la Junta de Comandante en Jefe nº 2/71 del 14 de junio de 1971 establecía una nueva estructura represiva y comprometía al Ejército en “Operaciones de lucha antiguerrillera” que antes realizaban las fuerzas policiales. A partir de ese momento, las Fuerzas Armadas tenía como misión:

la iniciativa y destruir su organización político-administrativa, neutralizar sus elementos de superficie y sus apoyos internos y externos, a fin de mantener el orden, preservar la vida y seguridad de los bienes de las personas y del Estado y recuperar el apoyo de la población (Potash, 1994b: 281).

En base a esta “Directiva 2/71” se establecieron nuevas “secciones especiales” (o secciones Puma) que debían intervenir en cualquier hecho que pudiera tener implicancias subversivas.¹⁵ Esto puede vincularse con algunos acontecimientos ocurridos durante la segunda mitad de 1971, cuando tropas del Tercer Cuerpo desalojaron por la fuerza, con métodos antiguerrilla, el arzobispado de Córdoba ocupado por un centenar de fieles. Entre los 128 detenidos había un obispo, varios curas y monjas, mujeres y niños. También en Rosario fueron detenidos curas tercermundistas y puestos a disposición del Segundo Cuerpo, cuyo comandante, el general Sánchez, anunció que quienes recibieran alimentos robados por parte de la guerrilla serían considerados cómplices y encubridores.¹⁶

El 30 de noviembre de 1971 desapareció en Goya (Corrientes) la maestra Norma Morello, activista de las ligas rurales. Tres semanas después, reapareció, detenida, en una unidad del Segundo Cuerpo, después de haber sido torturada durante varios días. El caso de Norma Morello, y las amenazas a quienes recibieran “regalos” por parte de la guerrilla, sumado a la detención de decenas de curas tercermundistas en Rosario hizo tomar conciencia a la opinión pública no sólo de la práctica habitual de la tortura, sino del nuevo giro en la política represiva. Hasta entonces los secuestros y desapariciones correspondían a personas que eran sospechosas de ser líderes de alguna organización guerrillera. A partir de ese momento se ampliaba el espectro de enemigos a todos aquellos que simpatizaran con la lucha armada o manifestaran alguna forma de conciencia social. La mayor parte de estos hechos ocurrieron en el ámbito del Segundo Cuerpo de Ejército.

“El Comandante”

Al asumir la presidencia, Lanusse retuvo el Comando en Jefe del Ejército. En lugar de crear la figura del segundo comandante, decidió descargar parte de sus funciones en el general de división más antiguo, número 2 del escalafón del Ejército. Se trataba del general de división José Rafael Herrera, Comandante de Institutos Militares. El 14 de abril Lanusse realizó un enroque: designó al general de división más antiguo (Herrera) como Jefe del Estado Mayor del Ejército y al más moderno (Viviani Rossi) como comandante de Institutos Militares. Este último lo interpretó como un demérito y pidió su pase a retiro voluntario. La vacante en Institutos Militares la ocupó Sánchez de Bustamante, que retenía su lugar en la comisión del Plan Político. Lanusse aprovechó esta circunstancia para hacer otros cambios. En primer lugar, un enroque entre el Jefe del SIDE, Ibérico Saint Jean, y el subjefe de Inteligencia, Hugo Miatello. Por su parte, Arturo Barbieri reemplazó a Antonio Merlo en la Escuela Superior de Guerra,¹⁷ y el lugar del primero en la estratégica subjefatura de Operaciones del Estado Mayor lo ocupó el candidato original para ese destino, general Jorge Carcagno, que dejaba así su “exilio” en el Estado Mayor Conjunto.

* * *

Luego de dos años y medio al frente del Ejército, la conducción de Lanusse comenzó a sufrir un notorio desgaste, en particular a nivel de jefes y oficiales subalternos, muchos de ellos nacionalistas y peronistas. El lanzamiento del GAN profundizó el deterioro de su imagen, puesto que muchos oficiales, incluidos algunos generales, consideraban que se trataba de una trampa y que Lanusse estaba movido por su ambición de llegar a ser presidente constitucional. Los diferentes grupos calificados habitualmente como “nacionalistas” que proponían “profundizar la revolución” se vieron frustrados tras el sorpresivo derrocamiento de Marcelo Levingston. Entre estos sectores “nacionalistas” se multiplicaron los contactos y las líneas conspirativas. En ese marco, el 12 de mayo, el general Eduardo Labanca intentó sublevar algunas unidades y se presentó como “Jefe de la Revolución Nacional”.¹⁸ Dos días después fueron detenidos y pasados a retiro ocho coroneles con destino en el Estado Mayor y la Escuela Superior de Guerra. Se trataba de un grupo de oficiales de la promoción 75 que venían trabajando en unos panfletos que circulaban por diferentes guarniciones militares, y que llevaban la firma de “el Comandante”.¹⁹ Según testimonios de algunos de esos coroneles, “el Comandante” no era otro que el Jefe de Operaciones del Estado Mayor, general Jorge Carcagno, quien había tomado distancia del grupo poco antes (Ballester, 1996: 140-141).²⁰ Ambos complots (el de Labanca y el de “el Comandante”) no estaban vinculados entre sí.

El retiro de este grupo de coroneles, caracterizados por Rosendo Fraga (1988: 216)como “nacionalistas populistas”, redujo las posibilidades de un golpe militar antilanussista a su mínima expresión, y, si bien los rumores sobre levantamientos militares continuaron durante los meses siguientes, pocos jefes de regimiento parecían dispuestos a arriesgar sus carreras en un complot que tenía pocas probabilidades de éxito.

La rebelión de Azul y Olavarría

Un grupo de oficiales del Ejército, imbuidos de una ideología crudamente reaccionaria, ha pretendido erigirse en árbitro del futuro argentino, en un intento absurdo, oscurantista y retrógrado, destinado a torcer el rumbo de la historia y contrario a la tradición de nuestras armas.

Alejandro Agustín Lanusse, 8 de septiembre de 1971

A mediados de 1971, luego del relevo de los coroneles de la promoción 75, comenzó a organizarse otro complot con base en las unidades de la Primera Brigada de Caballería Blindada de Tandil. De ella dependían los más poderosos regimientos de tanques del Ejército: el 2 de Tiradores Blindados “lanceros General Paz”, de Olavarría; el 10 de caballería blindada “Húsares de Pueyrredón”, de Azul; y el 8 de caballería blindada, de Magdalena. El primero de estos regimientos estaba al mando del teniente coronel Florentino Díaz Loza, un oficial con un gran prestigio profesional, y uno de los principales expertos del Ejército en materia de blindados. En agosto tomó contacto en Azul con el comodoro Pío Matassi, jefe de la Vª Brigada Aérea de Villa Reynolds y líder de una de las conspiraciones que se desarrollaban en la Fuerza Aérea.²¹ También se reunió en Olavarría con el ex presidente Levingston y mantuvo contacto con oficiales destinados en Campo de Mayo²² y en algunas guarniciones del interior. Uno de ellos fue el coronel Horacio Ballester, jefe del regimiento 24 de infantería de Río Gallegos, quien se vinculó con la conspiración a través de sus camaradas retirados en mayo.

Para burlar el control del Servicio de Inteligencia del Ejército, los coroneles Florentino Díaz Loza y Horacio Ballester se encontraron personalmente en un brumoso amanecer en un parador de Las Flores (provincia de Buenos Aires), hacia mediados de septiembre, aprovechando un viaje de Ballester desde Río Gallegos a Buenos Aires. Ambos llegaron a la conclusión de que no estaban dadas las condiciones para una revolución y que debían abortarla hasta el año siguiente (Ballester, 1996: 141-142). Al regresar a Olavarría, el jefe del Regimiento 2 de caballería (C2) planteó a sus subordinados la necesidad de suspender el levantamiento, ya que iba a ser relevado en breve, pero los instó a continuar con los objetivos propuestos. Los oficiales (la mayoría capitanes y tenientes primeros) insistieron en continuar con los preparativos del complot.

El jefe de la Primera Brigada Blindada, general Ricardo Echeverry Boneo, tomó conocimiento de cierta inquietud en algunos de los regimientos de su brigada a partir de una consulta de su superior inmediato, el general Aguilar Pinedo. Allí se enteró del paso del general Levingston por Olavarría. En una de sus visitas al C2, los oficiales de la plana mayor le hicieron el planteo de “profundizar la revolución”, y uno de ellos le propuso, incluso, sumarse al levantamiento y ponerse al frente del mismo.²³

En los últimos días de septiembre, un semanario de circulación limitada entre políticos y militares, con abundante información de inteligencia militar, hizo referencia con detalles a un supuesto “Operativo Centauro”, que comenzaría en la Iª Brigada, con apoyo de aviones A4-B de la Vª Brigada Aérea con el objetivo de establecer un régimen nacional-populista.²⁴ La conspiración ya había sido detectada. A tal punto que el brigadier Rey envió al comodoro Matassi a Alemania e Israel para sacarlo del medio.

Sin embargo, todo se aceleró el 6 de octubre, cuando un teniente coronel destinado en Buenos Aires se entrevistó con Díaz Loza para informarle que sería relevado del mando antes del 10 de octubre. Es entonces que este jefe decide iniciar la sublevación poco después del mediodía del 8 de octubre. Para ello envía mensajes cifrados a los jefes comprometidos. Díaz Loza contaba con el apoyo del teniente coronel Fernando Amadeo de Baldrich, segundo comandante del Regimiento 10 de caballería, de Azul. La mañana del 8 de octubre se comunicó con el jefe de ese regimiento, coronel Manuel García y le pidió que regresara de inmediato para hacerse cargo del mismo. García le manifestó que tenía una reunión impostergable en Buenos Aires y sólo llegaría a Azul a las 17 horas. Previamente había llegado a Olavarría el coronel Ramón Molina, ayudante de órdenes de Lonardi durante la “Revolución Libertadora”, que había estado vinculado al affaire Labanca y a los intentos conspirativos del general Rauch.

Según el plan previsto, el 8 de octubre las actividades en el regimiento de Olavarría se desarrollaron normalmente hasta el mediodía. Luego de una charla del intendente local y un almuerzo, el teniente coronel Díaz Loza ordenó empezar con el operativo. Minutos después de las 15 horas, LU6 Radio Azul fue tomada por un grupo de militares que irradiaron una proclama revolucionaria en la que desconocían la autoridad del presidente Lanusse “por haber perdido la confianza y la fe en el mismo”. El intento revolucionario involucraba a los regimientos de tanques 2 y 10, y una sección del regimiento de tanques 8 de Magdalena (C8) que –en total– no superaban los 2.000 hombres. Según los líderes del movimiento, los teniente coroneles Florentino Díaz Loza y Fernando de Baldrich, el jefe revolucionario era el coronel Manuel García (del regimiento de Azul), quien se encontraba en Buenos Aires.

La primera reacción del gobierno se produjo poco después de las 17 horas con el cierre de la Casa Rosada y la emisión de un comunicado oficial. Hacia las 18.30, la Fuerza Aérea trasladó a sus cazabombarderos A4B Skyhawk desde la brigada de Tandil a su base en Villa Reynolds (San Luis), para evitar que algunos oficiales nacionalistas se sumaran a la rebelión.

Durante toda la tarde las radios de Azul y Olavarría emitieron los comunicados rebeldes y las declaraciones de los tenientes coroneles de Baldrich y Díaz Loza, sobre el carácter nacional de la revolución.²⁵ Mientras tanto, el Ejército, que mostró en todo momento una firme voluntad de reprimir, diagramaba un plan de ataque que se proponía armar un cerco en torno a las ciudades de Azul y Olavarría. El comando de la represión fue puesto bajo el mando del general Leandro Anaya, comandante de la Xª Brigada, subordinado al Comandante del Primer Cuerpo, Joaquín Aguilar Pinedo.²⁶ Las tropas “leales” estaban compuestas por más de 9.000 hombres pertenecientes a veinte unidades, incluidas el Destacamento de Exploradores Blindados (Junín), los regimientos de infantería 6 (Mercedes) y 7 (La Plata), el regimiento 8 de tanques (Magdalena) y el Grupo Antiaéreo 601 (Mar del Plata).

Casi a la medianoche, el presidente Lanusse, acompañado por todos sus jefes de Estado Mayor, leyó por la cadena nacional de radiodifusión un duro discurso que significaba un ultimátum a los rebeldes. Lanusse estableció, desde el comienzo de su mensaje, que el objetivo de la asonada era impedir el llamado a elecciones realizado a mediados de septiembre. Los caracterizó como reaccionarios, y a su accionar como “absurdo, oscurantista y retrógrado”. De esta forma, adoptaba un discurso democrático, presentándose como el defensor del sufragio, y poniendo a sus adversarios en el rol de antidemocráticos y antipopulares, hasta el punto de calificarlos como la “expresión de las minorías del privilegio y el resentimiento”.²⁷

Al caer la noche del 8 de octubre, mientras las tropas leales comenzaban a desplazarse, los rebeldes concentraron sus tropas en Azul. A esas horas, tan sólo un jefe de regimiento había intentado, sin éxito, sublevar a su guarnición. Durante toda la madrugada, los aprestos bélicos siguieron bajo una llovizna pertinaz. Tropas provenientes de La Tablada, Mercedes, La Plata y Magdalena se concentraron en San Miguel del Monte y desde allí se dirigieron a Saladillo y Las Flores. Al mismo tiempo, una comitiva extraoficial encabezada por el general Federico Mourglier ingresó al regimiento de Azul para “disuadir” –sin éxito– a los rebeldes. Poco después, el C2, al mando de los coroneles Díaz Loza y Molina, se encolumnaba por la ruta 51 hacia Tapalqué y Saladillo y, después de recorrer unos 110 km, se detuvo cerca de las avanzadas leales, con las que hizo contacto visual. Hacia las 9 de la mañana estas tropas iniciaron su repliegue hacia Olavarría, mientras los efectivos del Primer Cuerpo de Ejército al mando del general Anaya cerraban el círculo y lograban la rendición de la guarnición de Azul, sin combatir. Casi dos horas después, el C2 se rindió ante el coronel Carlos Colombo. Las radios de Azul y Olavarría cesaron la emisión de comunicados y marchas militares. La sedición había sido vencida en poco más de veinte horas.

Sin embargo, Azul y Olavarría no fueron las únicas guarniciones del país que se sublevaron contra Lanusse. En Formosa, el jefe del Regimiento 29 de infantería de monte, el teniente coronel Luciano Lauría (sobrino del general Bengoa), intentó en vano sublevar su regimiento. Antes de fugarse hacia Paraguay envió una carta abierta al comandante Lanusse que contiene el único elemento discursivo anticomunista de este fallido movimiento revolucionario. En ella expresaba: “A Usted le cabrá la responsabilidad de lo que pase y entonces nosotros tendremos que luchar desde afuera para expulsar al fruto rojo de su incomprensión” (el destacado es mío, D.M.).²⁸

También se sublevó el jefe del regimiento 24 de infantería de Río Gallegos, coronel Horacio Ballester, a quien el movimiento revolucionario había tomado por sorpresa. Si bien recibió llamadas telefónicas para sumarse a la rebelión durante todo el día 8, había decidido que sólo participaría del movimiento revolucionario si alguno de sus amigos desde Buenos Aires le avisaba que esa era “su revolución”. Las dificultades en las comunicaciones con Río Gallegos lo obligaron a esperar hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando recibió la llamada telefónica de la esposa de su amigo, el coronel (ret.) José Luís García (quien se encontraba en Azul), pidiéndole que sublevara su regimiento. Inmediatamente declaró su apoyo a los rebeldes a través de las redes de comunicación de la Armada y la Fuerza Aérea, y lo comunicó al jefe de la IXª Brigada, general Manuel Rodríguez. Minutos después recibió la noticia de que el resto de las fuerzas rebeldes de toda la República se había rendido.²⁹

Casi al mismo tiempo ocurría un hecho grotesco que sería el último coletazo de la rebelión. El comodoro Francisco Pío Matazzi, que regresaba de una misión oficial por Europa, secuestró un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas con 140 pasajeros, poco antes de aterrizar en Buenos Aires. Su objetivo era desviarlo hacia Villa Reynolds con la intención de sublevar la Vª Brigada Aérea y proporcionar apoyo aéreo a los rebeldes. Finalmente, el avión aterrizó en El Plumerillo (Mendoza) con la detención del solitario aeropirata.

En los días siguientes, casi todos los sublevados fueron detenidos en la provincia de La Pampa. El grupo lo integraban algo más de 50 militares, incluyendo a casi todos los oficiales de las unidades de Azul y Olavarría y un grupo de 9 coroneles retirados que se había sumado a la rebelión. Fueron detenidos también los generales retirados Levingston, Guglialmelli y Rauch, y tres civiles, entre los que se encontraban Roberto Roth y el padre Julio Meinvielle, tradicional referente del nacionalismo criollo.

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¿Por qué Díaz Loza y Baldrich se lanzaron a la rebelión que había sido abortada a mediados de septiembre? La improvisación tomó verdaderamente por sorpresa a algunos jefes comprometidos previamente y tan sólo dos cumplieron con su palabra de sublevarse. De hecho el coronel Ballester no tenía información previa; el jefe de los aviadores comprometidos (el comodoro Matazzi) estaba en Alemania; y el jefe del regimiento de Olavarría, coronel García, no se encontraba en su puesto de comando al estallar la rebelión. La versión oficial, que Lanusse (1977: 249) mantuvo hasta su muerte, vinculaba el levantamiento con el lanzamiento del calendario electoral, y como un último intento por impedir el desarrollo del proceso de “institucionalización”. Sin embargo, la explicación parece más simple. En los días previos al 8 de octubre se publicó el Boletín Militar con los pases y retiros para 1972. La información de que la mayoría de los jefes complotados serían trasladados a destinos burocráticos habría provocado la abrupta decisión. Parecía la última oportunidad para rebelarse. Sin embargo, a nadie escapa que había pocas probabilidades de éxito, a menos que contaran con el apoyo aéreo de la base de Tandil y pudieran resistir por dos o tres días como para que se sumaran regimientos en distintos puntos del país y se generalizara la revuelta. Se trataba de recrear lo ocurrido en septiembre de 1955, cuando el general Eduardo Lonardi inició su levantamiento contra el presidente Perón.

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Durante toda la crisis, el Ejército adjetivó con dureza a los sublevados, a los que caracterizó de “fascistas” y “oscurantistas”. Según Lanusse, la rebelión de los regimientos de Azul y Olavarría era “un intento absurdo, oscurantista y retrógrado” con ideología “crudamente reaccionaria” y como “un intento de golpe de Estado ultraderechista”.³⁰ Pero el Comandante en Jefe no estuvo solo a la hora de adjetivar. Desde la oposición también se condenó el intento golpista. La Hora del Pueblo criticó “su esencia totalitaria”, y la Federación Universitaria Argentina llamó a movilizarse contra “el golpe fascista, de ultraderecha” desencadenado “por los elementos más reaccionarios del Ejército”.

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¿Cuáles eran los planes y objetivos de los sublevados? Para reconstruirlos recurriré a declaraciones y textos de algunos de los protagonistas y, fundamentalmente, a los comunicados que los medios gráficos contemporáneos calificaron de incoherentes, contradictorios y llenos de generalidades sobre cambios de estructuras. Durante toda la crisis, emitieron once comunicados/proclamas, varios de los cuales fueron reproducidos por los medios gráficos. Los dos primeros eran una suerte de diagnóstico de la crisis argentina en los cuales sus autores identificaban los males del país en “la ruptura de la moral, la paulatina pérdida de los valores del ser nacional, desnacionalización, injusticias de todo orden, contubernios políticos inmorales, entreguismos a monopolios explotadores de la economía y patrimonios argentinos, descontrol de la seguridad pública, menoscabo del respeto, seguridad individual y muchos otros” (Comunicado nº2). En todos los casos uno de los elementos permanentes es la reivindicación de su compromiso con la Revolución Argentina, cuando las Fuerzas Armadas “contrajeron con su pueblo un solemne compromiso revolucionario”, cuyas banderas se comprometían a “levantar bien alto” (Comunicado nº 1). Decididos a profundizar la “siempre esperada revolución nacional” (Comunicado nº 11), cuyos objetivos habían sido traicionados por la contrarrevolución liberal.

La revolución nacional debía ser un paso “previo, ineludible e ineluctable a la convocatoria electoral a la ciudadanía argentina” (Comunicado nº 2). Esta frase, imprecisa respecto del tiempo que pasaría hasta la convocatoria electoral, facilitaría la identificación de los rebeldes con la dictadura de Onganía. Las referencias a la democracia, la libertad o el sufragio como palabras “gastadas”, y las afirmaciones sobre la necesidad de “un nuevo elenco dirigente” que debía ser reemplazado sirvieron para abonar la teoría oficial del carácter antidemocrático y fascista de los sublevados. Esto es aún más evidente en una desafortunada referencia al Gran Acuerdo Nacional, según la cual “hoy los argentinos vemos con estupor e indignación cómo vuelven a ser puestos en circulación las grandes y gastadas palabras: democracia, libertad y sufragio, para montar una nueva farsa electoral, que le dé al gobierno a una minoría constitucional, que bajo distintos disfraces usurpa el poder de la Nación” (Comunicado nº 1).

Si los primeros comunicados tenían un carácter diagnóstico, los últimos eran programáticos. El nº 8, por ejemplo, comenzaba insistiendo en la necesidad de librar a la Patria de “las fuerzas económicas internacionales que la oprimen y exprimen”. Con un discurso autárquico y nacionalista, proponían que la nación “tome los comandos de los poderes del dinero asumiendo la dirección de los bancos, de las empresas financieras, del contralor de cambios, de las sociedades de seguros y de la propaganda, que son los cinco baluartes de los monopolios internacionales” en manos del capital extranjero. Esto significaba que la nación debía poner la economía a su servicio o “la economía impone la servidumbre a la nación”, y eliminar “el gobierno oculto pero real de los trusts y los monopolios”. En este contexto, el capital extranjero sólo sería bienvenido si “se encuadra en la ganancia lícita y los intereses del país sin pretender infiltrarse en su dirección política”. La revolución nacional que proponían debía terminar “de una vez y para siempre con los artífices de la entrega, con los gerentes nativos de la Argentina colonial” porque “pueblo y nación no quieren la explotación colonialista y la cultura que la justifique”. Invocaciones anticolonialistas que deben ser puestas en el contexto de un clima favorable a los postulados de la revolución peruana de 1968 entre las jóvenes generaciones de oficiales latinoamericanos.

Este mismo comunicado también permite reconstruir su concepción del Ejército, de origen popular, identificado con la Patria/Nación desde su mismo nacimiento. Ejército, Pueblo y Nación conforman “una trilogía indisoluble”, puesto que el Ejército “sin la adhesión del pueblo, es una fuerza en el vacío y su fatal destino, el autoaniquilamiento”, para concluir, en una clara referencia a la conducción lanussista del Ejército, que “contra el alma y el espíritu de su pueblo sólo subsisten las tropas mercenarias”. Estas referencias al Ejército son muy similares a las que realiza el coronel Díaz Loza en un libro publicado en 1973, en el cual sostenía que “el pueblo es el que engendra al Ejército”, puesto que “Pueblo y Ejército son una misma cosa”, y que el Ejército se destruye cuando es “instrumento de grupos económicos, clasistas monopólicos y oligárquicos”. Díaz Loza destacaba los “ideales sanmartinianos” del Ejército que identifica con la “virtuosa y sacrificada postura idealista de los caudillos federales”, quienes “sentaron las bases del verdadero nacionalismo argentino”. Los caudillos, entre quienes destacaba a José G. Artigas, Martín Güemes, Facundo Quiroga, Juan Manuel de Rosas, Ángel “Chacho” Peñaloza y Felipe Varela, eran “la fiel expresión de la ciudadanía en armas para defender sus derechos cercenados por el cipayaje nacional al servicio de los imperialismos foráneos” (Díaz Loza, 1973: 14-21). En esta interpretación de la misión del Ejército puede distinguirse la influencia de la historiografía revisionista vinculada al peronismo que, en esos años, tenía como principales referentes a Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.

Por último, el comunicado nº11, de carácter doctrinario, es un verdadero llamamiento a la Revolución Nacional, “Por una Patria Grande para los argentinos de ley”. Esta convocatoria recurre al “orgullo de haber nacido en esta patria” y llama a sumarse a la revolución nacional “a todos los argentinos que sientan la patria”. La alternativa es “vegetar en destinos sin gloria” para aquellos que no quieran participar “de una empresa para hombres”. En su parte más sustancial, la proclama revolucionaria afirmaba que:

Si el aburguesamiento anida en tu espíritu, si no tienes coraje de romper con los opresores del capital internacional, si prefieres seguir hablando sin asumir tu puesto en la tarea común, si no te interesa el destino del país y el de tus hermanos, en ese caso continúa sirviendo al régimen que nos gobierna. Creemos en los auténticos valores del espíritu, creemos en Dios y en la patria. Creemos en los argentinos. Creemos en la auténtica tradición consustanciada con el ser nacional.

En estos textos de retórica nacionalista, que abundan en las palabras Patria, Nación y Pueblo, parecen mezclarse ideas procedentes de diferentes vertientes de la tradición nacionalista. Sin embargo, en ninguno de ellos hay definiciones políticas concretas, más allá de las generalidades de las proclamas. Los únicos elementos de juicio en ese sentido provienen de las entrevistas realizadas a los jefes revolucionarios y que fueron reproducidas por los diarios.

En ese sentido, el coronel Manuel García se refirió en conferencia de prensa a las elecciones que “deben estar condicionadas a una auténtica revolución”. Ante las consultas sobre la orientación ideológica de la revolución, García afirmó que estaba orientada “por la doctrina social-cristiana que tiene vigencia en todos los países de orientación occidental”. Con respecto a Perón, expresó que era “un argentino más, del cual no soy amigo ni enemigo”. Más verborrágico que García, el teniente coronel Fernando de Baldrich definió a la revolución como “nacional, popular y cristiana”, y definió al Gran Acuerdo Nacional (GAN) impulsado por el presidente Lanusse como “una componenda de tipo politiquero y significa no cumplir con la palabra empeñada por las Fuerzas Armadas”. En su opinión “esta es la reacción de la juventud del Ejército que no se resigna a darse por vencida”. Al momento de encontrar una filiación a su revolución, no dudó en definirla políticamente como lonardista, puesto que “hemos estado en la línea del general Lonardi (ni vencedores ni vencidos). Los que echaron a Lonardi, los que lo traicionaron son los que ahora llevan al país a la frustración”.

El otro protagonista de la sublevación, Díaz Loza, también realizó una larga entrevista por Radio Olavarría, en la que criticó “al liberalismo disociante y al momento de anarquía que vive el país en todos sus sectores”, y culpó de los males de la Argentina al “régimen liberal que nos ha gobernado en los últimos dieciséis años”.

Los críticos de los rebeldes no han dejado de resaltar la contradicción discursiva de quienes por un lado se identificaban con los dos primeros gobiernos de la “Revolución Argentina” (Onganía y Levingston), al tiempo que manifestaban “no queremos ministros nacionales que sean directores de empresas extranjeras como Krieger Vasena”, quien –recordemos– fue el todopoderoso ministro de Economía del general Onganía.

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Los militares rebeldes estaban unidos por su frontal oposición a Lanusse, a las políticas económicas liberales y por su apoyo inicial al general Onganía. Entre los sublevados había oficiales que representaban a las diversas “familias” del nacionalismo argentino, lo que se manifestó en un discurso contradictorio y una cierta incoherencia doctrinaria. Esta diversidad originó un discurso ecléctico en el cual se entremezclaban antiliberalismo, antiimperialismo, cristianismo y hasta influencias de la revolución peruana de 1968.

¿Debemos caracterizar a estos grupos de fascistas, como lo aseguraba el presidente Lanusse? En primera instancia parece apresurado hablar de fascismo. Esta categoría, en las acusaciones oficiales, era utilizada en un sentido denigratorio, como sinónimo de autoritario, y se habrían originado por la presencia, en los cuarteles de Azul y Olavarría, de reconocidos nacionalistas como los coroneles Ramón Molina o Manuel Raimundes acompañando a oficiales como Fernando de Baldrich, heredero de una familia perteneciente a la más rancia tradición del nacionalismo católico.³¹ Algunos de los protagonistas de esta historia negarían explícitamente estas acusaciones que, no obstante, fueron hábilmente explotadas por los servicios de informaciones militares.³²

Los protagonistas de la rebelión de Azul y Olavarría pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, los “nacionalistas populistas”, entre quienes se destacaban Florentino Díaz Loza y el grupo de coroneles pasados a retiro a mediados de 1971, todos los cuales terminarían integrando los equipos técnicos del peronismo en 1973. El libro Las armas de la revolución, escrito por Díaz Loza en 1973, nos permite rastrear algunas características del pensamiento de este grupo. En particular, su lectura revisionista de la Historia argentina. No ya del revisionismo de los Irazusta, propio de la década de 1930, sino el de autores que, viniendo del peronismo, incorporaban elementos marxistas como Duhalde y Ortega Peña. En este grupo también puede identificarse la influencia de la revolución peruana encabezada por el general Velazco Alvarado, así como evidentes simpatías hacia el presidente panameño Omar Torrijos. Eran también críticos de la política de seguridad continental liderada por el Pentágono, a la que adhería la conducción del Ejército argentino. Al respecto, Díaz Loza (1973: 70) escribía:

El Ejército argentino debe remodelar su estructura, adecuar su doctrina y modernizar su funcionalidad [...] por cuanto la última adecuación sufrida lo ha sido en función de una política antinacional liderada por USA, por una doctrina y organización imbricada en el modelo del Pentágono.

Dentro del segundo grupo se incluyen algunos oficiales subalternos de la Fuerza Aérea, quienes, encabezados por el comodoro Matassi, había sido formados en la escuela de aviación de Córdoba en el pensamiento reaccionario y antisemita del profesor Jordán Bruno Genta. Así también se incluyen personajes como el coronel Molina o Fernando de Baldrich, cuyas vinculaciones con el nacionalismo católico hemos establecido más arriba; sin olvidar que también fue detenido y vinculado al alzamiento el anciano padre Julio Meinvielle, tradicional referente de la derecha católica. A algunos de estos grupos se refería seguramente el coronel Horacio Ballester (1996: 144) cuando recordaba que entre los conspiradores había grupos extremistas que pensaban incluso prohibir el uso de minifaldas y limitar el uso de pantalones para las mujeres a la práctica deportiva.

¿Corresponde utilizar la categoría fascismo para referirnos a este segundo grupo? No, al menos si nos atenemos a las definiciones teóricas más reconocidas del fenómeno fascista. Al respecto el clásico texto de Stanley Payne (1980: 14-21) distingue tres grupos dentro del nacionalismo autoritario: los fascistas, como forma más extrema y derechista; y dos formas de derecha autoritaria no-fascista, la derecha radical y el conservadurismo autoritario. Si seguimos la tipificación de Payne, decididamente no estamos ante grupos fascistas, pero sí de lo que él llama derecha radical. Esta forma no-fascista del nacionalismo autoritario se caracteriza por su deseo de destruir las raíces del sistema político liberal; su ecléctico neocatolicismo corporativo, el débil apoyo popular y el esfuerzo especial para utilizar el sistema militar para sus propósitos políticos. A lo que, en este caso particular, deberíamos agregar una fuerte influencia de grupos del integrismo católico preconciliar de origen francés, particularmente de Ciudad Católica.

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¿Por qué fracasó esta alianza entre el nacionalismo populista y la derecha radical? A la evidente improvisación en la organización, debemos agregarle la falta de un liderazgo claro que se reflejaba en los muchos aspirantes a conducir una eventual Revolución Nacional, y en los pocos jefes con mando de tropa dispuesto a comprometerse. Al respecto, uno de los participantes de las conspiraciones nacionalistas en aquellos años recordaría:

Había también una gran cantidad de generales y de coroneles “listos para asumir la presidencia de la nación”, pero muy pocos jefes de unidades dispuestos a sublevarse realmente (como se decía en la época: “sobraban caciques y faltaban indios”); además –obviamente– cada uno de los potenciales rebeldes tenía in pectore su propio candidato y no estaban dispuestos a apoyar a otro cuya ideología no compartía o la ignoraba, ya que varios “autocandidatos” ni siquiera expresaban lo que querían hacer (Ballester: 1996: 140).

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Es inevitable preguntarse cuáles fueron las consecuencias del levantamiento de Azul y Olavarría. Desde el punto de vista militar y profesional, más de 50 oficiales fueron detenidos y enviados a Toay (La Pampa). También fueron detenidos los oficiales retirados que acompañaron al movimiento y jefes a los que se vinculó al movimiento. Sin embargo, meses después tan sólo los responsables máximos y algunos capitanes recibieron penas de tres meses de prisión mayor y la baja del Ejército.³³ El resto de los jóvenes oficiales (tenientes y subtenientes) pudieron continuar normalmente sus carreras. También dos generales, jefes de brigadas, pagaron, con su pase a retiro, su incapacidad para prevenir el levantamiento.³⁴

Desde el punto de vista político, Lanusse obtuvo un triunfo que le dio cierto margen de maniobra y le permitió decapitar el ala nacionalista del Ejército y consolidar la estructura de mandos con jefes de probada lealtad para los meses previos a la salida electoral. Incluso, en aquel momento, algunos observadores estaban convencidos que había favorecido la imagen de Lanusse, quien, de esta forma, aparecía ante la opinión pública como el defensor del sufragio y la democracia. Esta parece ser la imagen que se formó de aquellas jornadas el propio Lanusse (1994: 286), quien veinticinco años después recordaría: “En esa jornada hablé a todos los argentinos, con el corazón abierto. Y no tengo dudas que ese día me comprendieron. Fue uno de mis pequeños trozos de victoria, y el más cálido de todos ellos”. No obstante, él mismo reconoce que los sucesos de Azul y Olavarría le restaron capacidad de negociación y le quitaron libertad de acción al gobierno, comprometiendo totalmente al Ejército con la salida política. Pero lo que sin duda más afectó al Comandante en Jefe fue que el primer levantamiento militar en ocho años se produjo en el propio corazón de su poder dentro de institución: la caballería.

Los mandos para un año clave: 1972

El 17 de diciembre Lanusse se reunió con los Altos Mandos del Ejército para intercambiar impresiones sobre la situación política, su posible evolución y “sobre los nuevos cursos de acción que pudiese ser conveniente adoptar” (Lanusse, 1977: 259). También descartó tener aspiraciones presidenciales más allá del 25 de mayo de 1973. El apoyo de los generales de división fue total. Lo mismo ocurrió con los almirantes y los brigadieres con quienes se reunió los días 21 y 22 de diciembre.³⁵ En esos encuentros destacó que el Plan Político buscaba provocar la distensión política o lograr un consenso que diera al gobierno libertad de acción para conducir el proceso electoral. Según Lanusse (1977: 260-261), las opciones al curso adoptado por el gobierno eran la “profundización de la revolución” que habían planteado los rebeldes de Azul y Olavarría o una dictadura militar sine die. No hubo voces discordantes. Lanusse tenía el apoyo pleno de todo el Alto Mando de las Fuerzas Armadas.

Algunos días después se produjeron los tradicionales ascensos y relevos de fin de año. En el máximo escalón, generales de división, se habían producido tres vacantes durante 1971 que fueron cubiertas por los tres generales de brigada más antiguos: Tomás Sánchez de Bustamante (caballería), Mariano De Nevares (caballería) y Rudesindo Nadal (infantería).³⁶ Sánchez de Bustamante, uno de los oficiales superiores más identificados con el Comandante en Jefe, fue designado comandante del Primer Cuerpo, lo que le daba el control de todas las tropas de Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Su lugar como Comandante de Institutos Militares fue ocupado por Rudesindo Nadal, el único ingeniero militar del Alto Mando, profundamente antiperonista. Con estos ascensos la caballería alcanzó un predominio sin precedente en la cumbre del Ejército: siete de los diez generales de división pertenecían a esa arma. El porcentaje aumentaría aún más en abril, tras el asesinato de Juan Carlos Sánchez, y el retiro anticipado del presidente de Fabricaciones Militares, Alberto Roccatagliatta, dos de los tres generales provenientes de la infantería.

Al grado de general de brigada ascendieron 15 coroneles, con lo que se aumentaba a 55 el número de generales en actividad. La mayoría de los nuevos generales pertenecían a la promoción 73 del Colegio Militar y había una mayoría de infantería (6) sobre la caballería (4).³⁷ Entre ellos sobresalen los nombres de Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, ambos infantes, de pasado colorado. En este grupo de nuevos generales algunos recibieron destinos que habrían de ponerlos en un lugar protagónico durante 1972: Alberto Cáceres, Superintendente de Seguridad de la Policía Federal; Eduardo Betti, comandante de la IXª Brigada con jurisdicción sobre la provincia de Chubut; y Manuel H. Pomar, al frente de la Xª Brigada, quien estaría al frente del operativo de seguridad durante el regreso del Perón (noviembre de 1972).

El día más negro de Alejandro Lanusse

El 23 de marzo de 1972, un comando de la regional Buenos Aires del ERP secuestró al presidente de Fiat Argentina, Oberdan Sallustro. Reclamaban la reincorporación de los obreros despedidos por FIAT, repartir alimentos y medicamentos en zonas pobres, dinero para financiar la actividad clandestina del ERP y la libertad de treinta presos políticos. La empresa envío a Buenos Aires a Eugenio Peccei, quien negoció directamente con Santucho y Gorriarán Merlo en la cárcel de Devoto. La empresa italiana estaba dispuesta a acceder a todos los reclamos salvo la libertad de los presos políticos, que era competencia exclusiva del gobierno nacional. El gobierno de Lanusse no podía negociar sin generar un antecedente, ni quedar a merced del ala dura de las Fuerzas Armadas. Las negociaciones fueron interrumpidas por el intempestivo traslado de los líderes del PRT-ERP al penal de Rawson el 5 de abril.

A comienzos de abril estalló una nueva pueblada en la provincia de Mendoza. El conflicto se originó por el desmesurado aumento de las tarifas eléctricas. El domingo 2 de abril, una multitudinaria manifestación pacífica se dirigió a la gobernación. Las marchas y manifestaciones continuaron en los días siguientes. El conflicto se radicalizó cuando la represión policial asesinó al obrero Ramón Quiroga, el martes 4 de abril. A partir de entonces los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aumentaron y comenzaron los saqueos y los ataques con piedras e incluso con armas. El gobierno nacional declaró zona de emergencia, estableció el toque de queda y puso todas las fuerzas de represión al mando del comandante de la VIIIª Brigada de Montaña, general Luís Gómez Centurión. El “Mendozazo”, como se conoció popularmente a esta pueblada, finalizó el sábado 8, cuando el gobierno nacional reconsideró las tarifas eléctricas y levantó el toque de queda.

No se habían acallado los ecos del “Mendozazo” cuando en la mañana del 10 de abril un comando conjunto del ERP y las FAR asesinó en las calles de Rosario al general de división Juan Carlos Sánchez, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército. Sánchez era considerado el máximo representante de la línea dura en materia de represión y acusado de permitir el secuestro y tortura de detenidos.³⁸

Apenas conocida la noticia de la muerte de Sánchez, Lanusse se trasladó junto a todos los Comandantes de Cuerpo a Rosario. Ya había designado al sucesor de Sánchez. Se trataba del general de división Cáceres Monié, Jefe de la Policía Federal. De esta manera evitó dejar a cargo del Segundo Cuerpo, al menos por algún tiempo, al segundo Jefe, general Elbio Anaya, que en círculos castrenses tenía fama de ser un “duro” como Sánchez.³⁹

Inmediatamente, el Comando en jefe del Ejército vinculó el crimen a intentos de desestabilización del proceso de institucionalización:

Esta seria pérdida para la institución responde, del mismo modo que los episodios con los que se ha querido alterar la vida del país en los últimos tiempos, a un objetivo primordial del extremismo: impedir a cualquier precio la institucionalización del país, sin vacilar en recurrir a los más deleznables procedimientos para agudizar la violencia y generar el caos (Lanusse, 1977: 268).

En esto se basa Robert Potash (1994b: 309-310) para explicar que el momento del asesinato de Sánchez (en medio de contactos oficiales y extraoficiales con Perón) habría sido planeado para provocar una reacción represiva de parte del gobierno que postergara o cancelara las elecciones y que obligara a Perón a comprometerse totalmente con las tácticas revolucionarias. Esta es una explicación demasiado elaborada y compleja. La respuesta parece más sencilla: tanto el ERP como las FAR, en forma autónoma, decidieron ejercer “justicia revolucionaria” contra el líder del ala dura del Ejército, a quien consideraban el máximo responsable de la desaparición y muerte de guerrilleros en la jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército. Ello ocurría en un contexto en el cual la conducción del ERP estaba inmersa en una “desviación militarista” que había incrementado la actividad militar, dejando de lado el “trabajo de masas” del partido (Mattini, 1995: 111).

Lanusse procuró en todo momento evitar reacciones emotivas o la posibilidad de excesos vindicativos que perjudicaran su plan político. En Rosario pidió moderación e insistió en el compromiso del Ejército con la institucionalización. También tuvo el respaldo de López Aufranc, quien emitió un comunicado en el que afirmaba que: “ante el cuerpo aún caliente del camarada caído, como la de todos los servidores ya inmolados, ha sido derramada, una vez más, para que el pueblo pueda elegir sus propios destinos”.

Para Lanusse, aquel 10 de abril de 1972 fue posiblemente el día más difícil y oscuro de su presidencia. Mientras las Fuerzas Armadas estaban conmovidas por la muerte de uno de sus más importantes oficiales, fuerzas policiales encontraron en una casa del barrio de Mataderos el cadáver del empresario Oberdan Sallustro. Durante la tarde, Lanusse convocó a sindicalistas y políticos, y agitó el fantasma de la dictadura militar sobre la salida política. También, por orden suya, el embajador Rojas Silveyra visitó a Perón en la Quinta “17 de octubre” para exigirle un pronunciamiento contra la violencia. Perón se negó y el embajador lo criticó públicamente. Las relaciones entre ambos se rompieron definitivamente, y Rojas Silveyra no pudo volver a Puerta de Hierro. Ni Perón ni Cámpora realizaron comentarios.

En las semanas posteriores, sectores que se oponían a la salida electoral aprovecharon para difundir una ola de rumores sobre un presunto Plan Político que implicaba la caída de Lanusse. El asesinato de Sánchez también generó cierta tensión con la Marina, que pretendía que los guerrilleros fueran juzgados por tribunales militares, a lo que Lanusse se oponía.

La ofensiva de Perón

El 17 de abril, el Comandante en Jefe del Ejército se reunió con los generales de división y con mando en Buenos Aires. En ese encuentro ratificó que el objetivo de la institucionalización estaba condicionado al cumplimiento de tres premisas fundamentales: a) la solución no debía significar “un salto al vacío”; b) debía ser previamente acordada; y c) el candidato debía ser aceptado por las Fuerzas Armadas. También se refirió a su postulación a la presidencia constitucional. Ratificó que no sería candidato, pero dejó en claro que no era prudente anunciar su autoposcripción, ya que quitaría una carta de negociación que estaba dispuesto a jugar “en el momento oportuno, pero nunca gratuitamente”. Y en ese punto no estaba dispuesto a ceder a ningún tipo de presión “abierta o encubierta”.⁴⁰ En la reunión, el general Herrera leyó un informe del Estado Mayor que señalaba la imagen “diluida y débil” del gobierno militar, y que debido a la violencia “las negociaciones no son bien recibidas por el cuadro de oficiales de las tres Fuerzas” (Lanusse, 1977: 277-279). La discusión del Alto Mando siguió una semana después, el 23 de abril, con la presencia del ministro Mor Roig, quien propuso la realización de un plebiscito en caso de que no se lograra una solución acordada.

El 31 de mayo, para referirse al GAN, Lanusse utilizó un escenario cargado de simbolismo. Desde la casa del Acuerdo de San Nicolás, que puso las bases de nuestra organización constitucional, instó a superar divisiones circunstanciales y lograr un acuerdo básico sobre la filosofía, los contenidos y las características del proceso que debía culminar con los comicios de marzo de 1973. El Presidente no obtuvo la respuesta esperada, sino todo lo contrario. A mediados del mes de junio, Perón envió un mensaje al Secretario General de la CGT, José I. Rucci, ordenándole crear las condiciones para un “argentinazo”. Además, dirigentes sindicales, nacionalistas y militares retirados se reunían en una quinta del gran Buenos Aires, según detectaron los servicios del Ejército.⁴¹ Como parte de su ofensiva, a fines de junio, Perón decidió hacer pública su entrevista de abril de 1971 con el coronel Cornicelli. El objetivo de poner en aprietos a su adversario fue sobradamente alcanzado. Lanusse debió dar primero explicaciones a los otros miembros de la Junta de Comandantes (30 de junio), y luego a los generales (1º de julio) que –salvo excepciones– desconocían la existencia de la reunión secreta. Dos días después, el Presidente hizo pública su versión del texto desgrabado de la entrevista. Paralelamente, la movilización popular seguía en ascenso y estallaban puebladas en Malargüe (Mendoza) y General Roca (Río Negro).

El martes 5 de julio se multiplicaron los rumores sobre un golpe de Estado inminente. Un día después, la CGT dio a conocer lo que Lanusse calificó como “una verdadera declaración de guerra al gobierno”. Mientras tanto, en declaraciones a un diario italiano, Perón consideraba que estaban dadas las condiciones para pasar a la ofensiva y que la CGT debía encabezarla.

El mismo día que Perón lanzó su ofensiva de invierno, el Presidente realizó su tradicional mensaje en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. El texto había sido escrito dos días antes, en medio de la ola de rumores. Esa tarde, durante la reunión de la Junta de Comandantes, los generales de división le hicieron llegar la propuesta para que finalmente anunciara su autoproscripción para el 1º de agosto. Lanusse reformuló la propuesta. Anunciaría que ningún funcionario podría ser candidato a ningún cargo si no había renunciado a esa fecha. Lo mismo ocurría con aquellas personas que no estuviesen presentes en el país para ese mismo día. De esta forma, Lanusse se autoexcluía de la carrera por la presidencia pero le ponía un límite a Perón para regresar al país si quería ser candidato. Por recomendación del ministro Mor Roig, el límite fue extendido hasta el 25 de agosto, ya que 45 días parecía un plazo mucho más razonable.

La noche del 7 de julio de 1972, ante los Altos Mandos de las tres fuerzas, Lanusse afirmó “el gobierno que presido no proscribirá a Perón, como no lo hará con cualquier ciudadano que esté dispuesto a respetar las reglas de juego establecidas”. Luego de insistir en el concepto de “juego limpio”, expresó la cláusula de residencia del 25 de agosto. Todos los ciudadanos que aspiraran a cargos electivos deberían “estar presentes en el país antes del 25 de agosto y residir permanentemente [...] hasta la asunción del poder por parte del nuevo gobierno constitucional”. Anticipó, además, dos de las enmiendas que se establecerían al sistema electoral: elección directa del presidente y vicepresidente, y unificación de todos los mandatos en cuatro años.

El día 13 de julio, Lanusse mantuvo su habitual reunión con los generales de división. Allí los Comandantes de Cuerpo informaron sobre las repercusiones que había tenido el discurso de Lanusse entre los cuadros de la institución. El general Herrera informó de una reunión que mantuvo con más de treinta generales el 8 de julio durante la cual todos se habían mostrado de acuerdo con los conceptos emitidos por el Comandante en Jefe. También leyó una evaluación hecha por el Estado Mayor del Ejército, según la cual seguramente Perón no regresaría antes del 25 de agosto, pues eso significaría obedecer una imposición del gobierno al cual negaba toda legitimidad. Incluso acertaba cuando preveía: “ha de iniciar una línea de acción para demostrar la ilegalidad de la medida tomada. Es lógico, entonces, que se mueva por la vía revolucionaria, violenta, iniciada por los hombres duros del movimiento”.⁴²

Lanusse era consciente de que Perón no vendría en los plazos establecidos, pero siguió presionando para que volviera, con el propósito de obligarlo a bajar al terreno del combate, convencido de que eso le significará un costo, que tendrá que tomar decisiones que lo enfrentarían con alguno de los sectores de su movimiento.

“No le da el cuero”

El retorno de Perón inquietaba a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. A finales del mes de julio, Lanusse llamó a una reunión a centenares de oficiales en el patio de Honor del Colegio Militar. En ese discurso, se explayó sobre el mito Perón y lanzó un desafío que buscaba tocar el amor propio del líder exiliado. Comenzó hablando de la supuesta trampa de que a Perón no lo dejaban regresar. Ahora se lo dejaba venir, incluso estaba dispuesto a darle fondos para que volviera. Allí lanzó su desafío:

Pero aquí no me corren más a mí, no voy a admitir que corran a ningún argentino, diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere. Pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir. [...] Creo que le ha tomado el gusto al papel del mito. Y es así que entonces pretende seguir beneficiándose con la ambigüedad, con la distancia, con la dedicación al estudio. Al papel de instrumentador de trenzas se lo conozco bien. [...] Pero le ha gustado el papel de mito, y sigue beneficiándose con la ambigüedad y, además, no da la cara, no toma contacto personal con sus dirigidos y no se expone a hablar claro y responsablemente. Pero Perón tiene que definirse. Ineludiblemente, tendrá que hacerlo. O es una realidad política o solamente será un mito (Lanusse, 1994: 163-164).

Después de desafiarlo y asegurar que no habría obstáculos para su regreso, ya no tendría vuelta atrás. En realidad Lanusse estaba convencido de que Perón no estaba interesado en regresar, que prefería estar distante, seguir siendo –en su lenguaje militar– el “comando estratégico”. Lanusse quería que el “comando estratégico” tuviera que bajar al terreno de combate y transformarse en un “comando táctico”. Es incorrecto pensar que el discurso de Lanusse fue un exabrupto, o un error de cálculo. Era una provocación premeditada para obligarlo a cambiar su estrategia e involucrarlo más en el proceso. Buscaba obligarlo a dejar de ser, usando una frase de Perón, “como el Papa”, que daba bendiciones a todos.⁴³

Hasta ese momento, la estrategia de Perón había sido ignorar a Lanusse, pero ahora era éste quien intentaba fijarle la agenda. Perón comprendió cuál era el objetivo de su enemigo, pero no estaba dispuesto a que lo llevaran a combatir a un terreno en el que no deseaba hacerlo. Por ese motivo, el viejo profesor de Historia Militar le contestó por la prensa a su adversario:

Yo no regreso porque en conducción soy un profesional. He dedicado toda mi vida al estudio de la conducción, y no es previsible que falle en el manejo de los resortes. Hay un principio o una regla de la conducción que dice que el mando estratégico no debe estar jamás en el campo táctico de las operaciones, porque allí se siente influenciado por los acontecimientos inmediatos, toma parte en ellos y abandona el conjunto (La Opinión, 24 de julio de 1972).

1. Para Alfredo Pucciarelli (1999: 15), el GAN “constituyó una estrategia original del sector más ‘político’ de las Fuerzas Armadas; un dispositivo para tratar de redefinir la relación existente entre sistema de dominación social, sistema de representación política y sistema de poder estatal, desarticulados tanto por los efectos de la crisis, como por la errática gestión de la Revolución Argentina”.

2. Sobre la disputa entre Perón y Lanusse, Portantiero (1989: 339) afirma: “Entre 1971 y 1972, al amparo de la gran crisis orgánica argentina, habrá de producirse el arduo conflicto entre dos estrategias políticas rivales, encarnadas en Perón y Lanusse, puestas en tensión para conseguir igual objetivo: liderar a un mismo conjunto de fuerzas sociales”.

3. Se trataba de los generales Herrera, Carcagno, Cáceres Monié (Jefe de Policía), que proveyó el pasaporte falso, y Hugo Miatello, jefe de la SIDE. Véase Potash (1994b: 254-255), a partir de su entrevista con Lanusse.

4. La versión taquigráfica de la cinta de Corniceli, en el archivo Lanusse. Perón dio a conocer su versión de la conversación en junio de 1972. Para los detalles de la reunión, véase Alejandro Lanusse (1994: 172-174).

5. Según el relato de Rojas Silveyra, cuando Lanusse le ofreció la embajada en España, él le preguntó: “España, ¿a qué?”. La respuesta fue: “A conversar con Perón”. Rojas Silveyra retrucó: “Con ese conversar yo. Vos estás loco. ¿Por qué me nombras a mí?”. El Comandante en Jefe le respondió: “Porque sos de lo más gorila que conozco, y el viejo no te va a convencer”. Véase Ernesto Castrillón y Liliana Maghenzani, “Un emisario ante Perón”, La Nación , sección Enfoques, 16 de enero de 2005, p. 3.

6. El coronel Carlos Eugenio de Moori Köenig (1915-1975) pasó a retiro el 14 de agosto de 1956, poco después de su relevo al frente del SIE. Sobre las obsesión de Moorí Köenig por Evita, véase el cuento “Esa mujer”, de Rodolfo Walsh.

7. Oficialmente, el Vaticano ha negado cualquier participación en la custodia del cadáver de Evita. Sin embargo, personas vinculadas al caso creen que Pío XII estaba al tanto del destino de Evita y que dio luz verde para la operación. Incluso Lanusse (1994: 146) afirma que la orden de los paulinos estaba allegada “al mismo Papa”, y que el padre Rottger, que actuó como intermediario, “tenía vínculos directos con los colaboradores del Sumo Pontífice”.

8. Evita fue enterrada en el tombino 41 del campo 86 del cementerio Maggiore de Milán. La tumba fue contratada por treinta años. Durante 14 años, una laica de la orden paulina llevaba flores periódicamente a esa tumba sin saber realmente a quién pertenecía.

9. El cuerpo de Evita permaneció en Madrid hasta el 17 de octubre de 1974, cuando fue instalado en la Quinta Presidencial de Olivos. El 22 de julio de 1976, por decisión de la Junta Militar, fue enterrado en la cripta de la familia Duarte.

10. Declaraciones tales como: “estos militares no son soldados, son una banda de gánsteres”, o “Para lo único que sirve un militar es para llenar el lugar entre el casco y el caballo”, o “¿Qué son los oficiales sino estudiantes secundarios con cuatro años de gimnasia?” (Citadas en Andersen, 1993:103).

11. Fragmento de la carta de Perón a Montoneros citada en Larraquy y Caballero (2000: 129).

12. Martín Andersen (1993: 102) cita un informe de la Embajada de Estados Unidos que responsabiliza al Ejército de esos secuestros.

13. La expresión corresponde a Simón Lázara (1997: 180-181).

14. En junio entró en funcionamiento la Cámara Federal Penal para causas por terrorismo (ley 19.110), y en agosto la ley 19.195 estableció las funciones de los fiscales de la Cámara Federal Penal.

15. Estas “secciones especiales” integradas por oficiales subalternos tenían jefaturas ad hoc. “Ejército: Organigrama represivo y la ‘Orden de Operaciones 2/71’”, Prensa Confidencial, nº182, 26/7/1971, pp. 6-7.

16. Una evaluación del Estado Mayor del Ejército, citada por Potash (1994b: 282), consideraba que estas operaciones habían debilitado el apoyo de la población civil a la participación del Ejército en actividades antisubversivas, y recomendaba que el Ejército se limitara a intervenir en los casos que la Policía no pudiera manejar.

17. Muchos de los oficiales pasados a retiro en mayo de 1971 eran profesores en la Escuela Superior de Guerra, por ese motivo se desplazó a su director, quien pasó a retiro antes de finalizar ese año.

18. El 4 de junio de 1971, Labanca fue dado de baja del Ejército junto al coronel Carlos Alfredo Bagnati, por decreto 1654/71 (Archivo del Ejército, Legajo nº 10.061).

19. Los coroneles detenidos eran Augusto Benjamín Rattembach, José Luís García, Carlos M. Gazcón, Juan Carlos Mendieta, Gustavo J. Cáceres y Erich Max Dreier. Fueron pasados a retiro obligatorio el 2 de julio de 1971. El coronel Fernando Santiago fue detenido y luego absuelto, por lo que continuó en actividad. Según Robert Potash (1994b: 271) se proponían realizar un levantamiento el 12 de mayo. Según Ballester (1986: 140), el grupo “aspiraba a ‘profundizar la revolución’ con un programa medianamente populista”.

20. Con relación a la identidad de “el Comandante”, todas las fuentes coinciden en que se trataba del general de brigada Jorge Carcagno, por entonces destinado en la subjefatura III (Operaciones) del Estado Mayor del Ejército. Fraga también afirma que “el Comandante” podría haber sido el coronel Carlos Chasseing, quien fue gobernador de Córdoba a partir de 1976 con el grado de general.

21. Además del comodoro Pío Matassi, también conspiraban sectores “gentistas” de la Fuerza Aérea, más intransigentes doctrinariamente, con quienes no se alcanzó un acuerdo.

22. Se trataba de los oficiales César Díaz, y Carlos Sánchez Toranzo. Véase Wally (1996: 85).

23. Wally (1996: 86), a partir del testimonio de Echeverry Boneo. La propuesta la habría realizado el oficial logístico del C2, mayor Zabala.

24. Véase “El Operativo Centauro”, Prensa Confidencial, nº190, 20/9/1971, p. 5.

25. En esas declaraciones de Baldrich informó que contaban con el respaldo de la guarnición de Formosa y luego agregó Catamarca, Río Gallegos y Entre Ríos. Según el relato de Ballester, algunos de los oficiales comprometidos que finalmente no se plegaron al movimiento sedicioso fueron los entonces coroneles Cristino Nicolaides, Rogelio Villarreal, Edmundo René Ojeda y Ramón J. Camps. Todos ellos alcanzaron el grado de general después de 1976 (Wally, 1996: 83).

26. Según Díaz Loza, Anaya también estaba al tanto de las actividades conspirativas (Wally, 1996: 83).

27. El texto completo del discurso puede leerse en Lanusse, 1994: 286- 287.

28. La carta abierta del teniente coronel Lauría fue publicada en Clarín el 10 de octubre de 1971.

29. Ballester fue condenado a tres meses de prisión mayor y baja del Ejército. Para el alegato de Ballester ante el tribunal militar que lo juzgó, véase “La apelación de un coronel”, Prensa Confidencial , nº 212, 13/3/1972, pp.6-7.

30. En su último libro de memorias, Lanusse (1994: 286) se refirió a los rebeldes como “jefes y oficiales contrarios a la democracia”.

31. Estaba emparentado con Alberto Baldrich, quien fuera interventor en Tucumán y ministro de Instrucción Pública del gobierno revolucionario en 1944, en el momento de mayor influencia de la Iglesia católica. Véase Loris Zanatta (1999: 180)

32. El teniente coronel Díaz Loza (1973: 113) escribió meses después: “A los que nos sentimos nacionalistas, que significa por sobre todas las cosas ser Nacional con mayúscula, se nos ha tildado de fascistas o comunistas, según el servidor de lo extranjero que lo dijera”.

33. El coronel Díaz Loza fue condenado a un año y ocho meses de prisión; el coronel Manuel García, a un año de prisión; el mayor José Ávalos, a nueve meses de prisión. También fueron condenados a prisión menor los mayores Horacio Panchieri, Julio César Zabala y Juan G.Lizarazu; y los capitanes Pérez Brenna, Córdoba, Estrella y Aliprandi. El resto de los oficiales subalternos pudo continuar sus carreras sin inconvenientes.

34. Se trata de los generales Ricardo Echeverry Boneo y Manuel Rodríguez, comandantes de la Iª Brigada de caballería (Tandil) y IXª Brigada (Río Gallegos), respectivamente. En el caso de Echeverry Boneo, estaba al tanto de la conspiración e intentó disuadir antes que reprimir. Por su parte, Rodríguez tuvo una actitud pasiva e incluso le habría dicho a Ballester luego de que éste depusiera su actitud: “Ballester, aquí no ha pasado nada, su comunicación anterior no existió” (Testimonio de Ballester en Wally, 1996: 89).

35. En septiembre se produjo un conflicto entre varios almirantes y el comandante Gnavi, sobre quien recaían una serie de denuncias. La crisis se resolvió con el retiro de todos los involucrados y la designación de Carlos Guido Natal Coda como Comandante en Jefe de la Armada, a partir del 1º de enero de 1972.

36. Los generales que pasaron a retiro fueron Juan Carlos De Marchi (Presidente de FF.CC. Argentinos); Joaquín Aguilar Pinedo (Primer Cuerpo) y Miguel Ángel Viviani Rossi (Estado Mayor General).

37. Los nuevos generales eran : Isaías García Enciso, Carlos Delía Larroca, Jorge Videla, Luis María Miró, José Martínez Waldner, Carlos Aguirre, Enrique Salgado, Roberto Viola, Jorge Mónaco, Eduardo Betti, Diego Urricarriet, Alberto Cáceres, Humberto Pizzi, Rodolfo Cánepa y Manuel Pomar.

38. “Sánchez (era) impopular en ciertos círculos políticos y de otra naturaleza debido a la enérgica represión de los derechos humanos que realizó en su campaña para desarraigar a los elementos subversivos en su zona”, en “Los asesinatos de Sánchez y Sallustro”, parte II de II, telegrama del departamento de Estado de los Estados Unidos, 13 de abril de 1972, citado en Andersen (1993: 391). Juan Carlos Sánchez había afirmado en diciembre que, en su jurisdicción, las fuerzas extremistas habían sido diezmadas en un 85%.

39. Poco después del asesinato de Sánchez, Anaya emitió un comunicado donde denunciaba a “quienes, proclamando derechos humanos, pretenden disimular la gravedad de los designios del terrorismo y sus criminales métodos”. No había en el texto ninguna referencia a la institucionalización. El rápido accionar de Lanusse debe vincularse a que él sabía que en su propio frente interno había conspiradores que se oponían a la “institucionalización”.

40. Lanusse no quería ser lo que los norteamericanos llaman un lame duck (“pato rengo”) para referirse al final del mandato de los presidentes que ya no pueden ser reelectos.

41. Estas informaciones fueron suministradas por el subjefe II (inteligencia) del Estado Mayor, general Ibérico Saint Jean, a los Altos Mandos del Ejército el día 26 de junio.

42. Un resumen de la reunión y de las posturas de los generales Ceretti, López Aufranc, Cáceres Monié, Sánchez de Bustamante y Herrera, en Lanusse (1977: 291-293).

43. “Desde Madrid, influía en la vida Argentina sin desgastarse y procuraba, siquiera fuere para buscar el pasaje a la contraofensiva, un desequilibrio constante de la política nacional. Su mito se robustecía, ciertamente, por la impunidad que la situación le otorgaba para dar las órdenes más contradictorias, dejando siempre el beneficio de la duda sobre la autenticidad de las mismas” (Lanusse, 1977: 267).

Capítulo XIII

En retirada

Fuga del Penal de Rawson

Luego de su polémico y provocativo discurso en el Colegio Militar, el general Lanusse no las tuvo todas consigo. A los insistentes rumores de renuncia de Arturo Mor Roig se sumó, el 8 de agosto, la dimisión del ex capitán de fragata Francisco “Paco” Manrique, el más popular de sus ministros. Manrique dejaba el Ministerio de Bienestar Social para lanzar su candidatura a Presidente por una alianza de centroderecha, la Alianza Federalista Popular (AFP), integrada por el Partido Demócrata Progresista y algunos partidos provinciales afines al gobierno. Esto molestó profundamente a Lanusse, que se sintió traicionado por su viejo amigo, ya que quería evitar que alguno de sus colaboradores se presentara como candidato a presidente de la nación.

Dos días después, el brigadier Carlos A. Rey se quejó de la “economía liberal indiferente al interés nacional, egoísta y mezquina, que todavía carcome el cuerpo social de la Nación” (La Nación, 11/8/1972). Además, recordó que asumiría la presidencia rotativa de la Junta de Comandantes a comienzos de 1973. Rey parecía querer despegarse de Lanusse y hacer un guiño a Perón, quien había recibido a algún enviado del jefe aeronáutico. Lanusse lo sabía, y junto al almirante Coda prefirieron bajar el tono de la controversia para evitar un quiebre en la Junta de Comandantes que pudiera afectar a todo el proceso de institucionalización.

Estos conflictos políticos pasaron a un segundo plano cuando más de un centenar de guerrilleros intentaron fugarse de la cárcel de Rawson. Se iniciaba así una de las semanas más negras de la “Revolución Argentina”, de la cual el gobierno del general Lanusse salió sumamente debilitado.

* * *

En el atardecer del 15 de agosto de 1972, la cárcel de Rawson fue ocupada por más de un centenar de miembros de distintas organizaciones armadas que se encontraban detenidos allí desde mediados de 1971. La decisión del gobierno de concentrar en Rawson a líderes guerrilleros y presos políticos no estaba vinculada a la seguridad de sus instalaciones, sino a su ubicación geográfica, distante de los grandes centros urbanos y con dificultades en las comunicaciones.

La fuga había sido cuidadosamente planificada durante meses. Ciento dieciséis guerrilleros del ERP-PRT, las FAR y Montoneros, estaban organizados en doce grupos operativos que debían tomar cada uno de los seis pabellones del penal para asegurar el escape en forma escalonada siguiendo un orden de prelación fijado previamente. La fuga debía comenzar a las 18 horas, pero el operativo se demoró hasta las 18.25, cuando el primer grupo inició el control de los pabellones. La única resistencia se produjo cerca del último retén y le costó la vida al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela.¹

Un error en las señales provocó el fracaso de la segunda fase del plan. Más de un centenar de presos salieron a la calle, pero tan sólo un coche Ford Falcon llegó a las puertas de la cárcel. En él subieron los seis integrantes del primer grupo, todos líderes de las organizaciones armadas: Roberto Mario Santucho (ERP), Marcos Osatinsky (FAR), Roberto Quieto (FAR), Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Domingo Menna (ERP) y Enrique Gorriarán Merlo (ERP). El Ford Falcon de los jefes guerrilleros partió por la ruta 7 con destino al aeropuerto de Trelew, a unos veinte kilómetros de distancia. A las 19.15 horas llegaron a la cabecera de la pista, donde los esperaba un avión BAC-111 de Austral que había sido secuestrado en Comodoro Rivadavia por otros tres guerrilleros. El avión partió hacia Puerto Montt (Chile), sin esperar la llegada de los otros fugitivos, según lo acordado previamente.²

Mientras tanto, en Rawson, un segundo grupo de diecinueve guerrilleros logró abordar tres taxis para trasladarse hasta el aeropuerto. Cuando llegaron era tarde. El avión que transportaba al primer grupo ya había partido. Este segundo grupo ocupó el pequeño aeropuerto a la espera de un avión de Aerolíneas Argentinas que, proveniente de Buenos Aires, había sido desviado desde la torre de vuelo. Entretanto, una sección del 4º Batallón de Infantería de Marina procedente de la base Almirante Zar, encabezada por el segundo comandante, capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, rodeó el aeropuerto. Tres portavoces del grupo dieron una conferencia de prensa antes de comenzar las negociaciones con el jefe de la infantería de marina.

Poco después de las 23 horas, luego de una tensa negociación entre el capitán Sosa y Mariano Pujadas, el grupo se rindió en presencia de un juez, del abogado radical Mario Abel Amaya y algunos periodistas, y se los trasladó a la base aeronaval Almirante Zar. A esa misma hora, el Poder Ejecutivo Nacional decretó la “zona de emergencia Rawson”, que comprendía los departamentos de Viedma, Gaiman y Rawson, bajo al mando del comandante de la IXª Brigada de Infantería, general de brigada Eduardo Luis Betti. El decreto 5417/72 ponía todas las fuerzas armadas y de seguridad de la región bajo la autoridad del comandante de la zona de emergencia, quien dependería del Presidente a través de la Junta de Comandantes, y le otorgaba la facultad de dictar bandos y crear Consejos de Guerra Especiales.

A las 2 de la madrugada del 16 de agosto, llegó a Trelew el general Eduardo Betti. Una hora después, el presidente Lanusse se comunicó con él y le ordenó que emplease las fuerzas trasladadas hasta Rawson y tomase el penal, sin importar el riesgo que corriera la vida de los cuarenta y cinco rehenes. Según Lanusse, esta acción era “tan necesaria como urgente” para quebrar la actitud de los rebeldes, con quienes Betti no debía pactar. También le habría expresado –según relataría cinco años después– que los diecinueve detenidos debían ser reintegrados a la cárcel de Rawson porque era inconveniente su permanencia en la base aeronaval de Trelew “que no tenía instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia” (Lanusse, 1977: 297-298). Esa mañana, poco después de las 8 horas, los amotinados de Rawson se rindieron. El comandante de la zona de emergencia tampoco consideró que estuvieran dadas las condiciones de seguridad para trasladar a los detenidos a Rawson.³

Masacre en Trelew

Cuando un Estado elige el lenguaje del terror, destruye todo lo que le da fundamento a instituciones, valores, proyectos de futuro e impregna de incertidumbre la vida de los ciudadanos.

Tomás Eloy Martínez, Panorama, 22 de agosto de 1972

El régimen de prisión en la base aeronaval Almirante Zar se hizo cada vez más exigente. Los detenidos fueron sometidos a interrogatorios de la DIPA y hasta allí llegó, el 21 de agosto, el juez Jorge Quiroga, de la Cámara Federal Penal, para tomarles declaración en relación a la muerte del guardiacárcel Valenzuela.⁴ Esa mañana la situación de los detenidos en la base aeronaval de Trelew se discutió en la reunión de la Junta Militar. Por la tarde, el general Betti difundió el bando nº 1 que establecía:

El que incurra en actitudes que perturben la normal convivencia, el orden y la tranquilidad públicos, será reprimido con la sanción de arresto, salvo que el hecho constituya una infracción más grave, en cuyo caso será juzgado según corresponda. La sanción de arresto será aplicada por orden irrecurrible, y se cumplirá en el lugar que se determine, conforme con las disposiciones del caso para esta zona de emergencia. El presente bando regirá desde las 14 horas del día de la fecha, 21 de agosto (citado en Martínez, 1997: 112).

A las 3.30 de la madrugada del 22 de agosto, el teniente de corbeta Roberto Bravo ordenó a los diecinueve detenidos salir de sus celdas y formar dos filas en el pasillo. Luego llegaron el capitán de corbeta Sosa, el capitán Del Real y un suboficial. Fue entonces cuando los guardias dispararon sobre los detenidos. Trece de ellos murieron inmediatamente. En las horas siguientes, murieron otros tres detenidos.⁵ Los tres sobrevivientes fueron trasladados, incomunicados, a la base naval de Puerto Belgrano, donde fueron operados.

La versión oficial de lo ocurrido aquella madrugada corrió por cuenta del enviado de la Junta de Comandantes a Trelew, contralmirante Hermes Quijada, Jefe de Estado Mayor Conjunto. Según esta versión, la permanencia de los detenidos en una base aeronaval se justificaba por la peligrosidad de los mismos y para facilitar la intervención del juez de la Cámara Federal. Según el informe de Quijada, la madrugada del 22 de agosto los detenidos fueron sacados de sus celdas para una requisa de rutina. En esas circunstancias, el jefe de turno recorría el pasillo cuando fue tomado por el cuello por Pujadas, quien le quitó su arma automática y, cubriéndose con el rehén, disparó contra los guardias. Sosa logró soltarse y el resto de los infantes de marina disparó sus ametralladoras contra los detenidos que intentaban “un desesperado intento de fuga”.⁶

Esta explicación generó más interrogantes que respuestas y más escepticismo que credibilidad entre la opinión pública, que prefirió creer el relato de los tres sobrevivientes. En él, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar afirmaban que fueron sacados de sus celdas por el capitán Sosa y el teniente Bravo, quienes luego dispararon sus ametralladoras sobre el grupo inerme. Algunos pudieron arrojarse, heridos, dentro de sus celdas pero fueron ejecutados con un “tiro de gracia”. Los sobrevivientes habrían salvado la vida por la llegada de un grupo ajeno al hecho.

* * *

Tomás Eloy Martínez descarta que se haya tratado de un accidente y plantea la hipótesis del crimen premeditado. Más allá de la responsabilidad del capitán Sosa, acusa al Almirantazgo, con el aval de la Junta de Comandantes reunida la tarde del 21 de agosto.⁷ A diferencia de lo que era habitual, no existen actas de aquella reunión de la Junta Militar.⁸ El general Lanusse, si bien nunca quiso hablar del tema, en dos de sus libros de memorias acepta la versión de la Armada así como su responsabilidad en los errores cometidos, pero niega las acusaciones de “motivos no confesables”.⁹ Otro de los miembros de la Junta, el Brigadier Carlos A. Rey, habló de un “atroz accidente motivado por la tensión y el miedo y el exceso de celo en la Seguridad. No existió premeditación. La Junta ordenó una investigación en la que se determinó con claridad el carácter accidental del hecho”.¹⁰ Su postura es similar a la que expresan los cables de la embajada de los Estados Unidos.

Lo ocurrido en Trelew aquella trágica madrugada deja muchos interrogantes sin responder. ¿Por qué si Lanusse quería trasladar a los detenidos nuevamente al penal de Rawson, estos permanecieron bajo la autoridad de la Armada? ¿Qué sabían realmente Lanusse y los miembros de la Junta de Comandantes? Más allá de que pudo haber confiado en la versión de la Marina, es evidente que prefirió cerrar filas con los marinos y preservar la unidad de las Fuerzas Armadas en un momento decisivo del proceso de institucionalización. Además eso hubiera significado quedar como “blando” ante los sectores de línea dura del Ejército que se oponían a la salida electoral.

Los trágicos acontecimientos de Trelew significaron un giro represivo en la política de la “Revolución Argentina”, que se manifestó en las reformas al Código Penal sancionadas el mismo 22 de agosto de 1972, que aumentaban la censura a la prensa, así como la represión en el velatorio de algunas de las víctimas de Trelew en la sede del Partido Justicialista.¹¹

Crisis en los mandos intermedios

El levantamiento de los regimientos de caballería de Azul y Olavarría (octubre de 1971) fue un duro golpe para la conducción lanussista del Ejército. En el plano político, redujo su capacidad táctica restándole capacidad de negociación. En lo militar, desnudó las fisuras que se estaban produciendo entre los cuadros de oficiales jóvenes y la conducción del arma, en particular entre oficiales subalternos de reconocido prestigio en sus promociones.

En 1972, a medida que se acercaba la definición sobre la posibilidad del retorno de Perón y aumentaba la intervención del Ejército en la represión de las puebladas en el interior del país (Malargüe, General Roca, Cipoletti, etc.) crecía la inquietud y la rebeldía de muchos jóvenes oficiales. Un caso emblemático es el del teniente 1º Antonio Armanini, ex abanderado del Colegio Militar, destinado en el Liceo Militar Manuel Belgrano, quien enfrentó públicamente a sus superiores cuando estos informaron que la conducción del arma no dejaría que Perón regresara al país, ni que fuera candidato a presidente.¹² Esto le valió 25 días de arresto y, posteriormente, la baja. Desde su lugar de detención, escribió una carta a Primera Plana, por entonces propiedad del empresario Jorge Antonio y vocero del peronismo:

Por motivos pueriles, sin pruebas ni nada concreto, se me acusó y sancionó. Pero estos no eran los motivos reales de la represión, la falta verdaderamente sancionada había sido expresar en una reunión de oficiales la imposibilidad de engañar al Pueblo, posibilidad expresada por mis superiores y la necesidad de llevar al Ejército a una postura popular y nacional. Postura que debe asumir todo el Ejército si no quiere transformarse en tropa de ocupación en su propio territorio o milicia mercenaria a órdenes de un amo extranjero (Primera Plana, nº 493, 11 de julio de 1972).¹³

El caso de Armanini es sólo una muestra del incipiente quiebre horizontal que se manifestaba en la estructura de mandos a nivel de capitanes y tenientes. Para esas mismas fechas pidió la baja el subteniente Martínez Perlá por “no estar de acuerdo con la función represora que cumple el Ejército”. Hechos similares se produjeron en San Juan, Comodoro Rivadavia y Ciudadela, donde oficiales subalternos se negaron a reprimir protestas populares.¹⁴ También se produjeron incidentes entre jefes y oficiales superiores del Ejército por declaraciones acerca de que no permitirían el regreso de Perón y que esa decisión, si fuera necesario, se respaldaría con las armas.

Este tensión entre la conducción del Ejército y sectores de la oficialidad joven generó el clima propicio para que algunos oficiales superiores en situación de retiro conspiraran. Es el caso de los coroneles retirados en mayo de 1971 y de los responsables del levantamiento de Azul y Olavarría que trabajaban desde la clandestinidad, en la redacción de un “Proyecto Nacional” denominado “José Hernández”, y en la publicación de un periódico –también clandestino– llamado Martín Fierro. El grupo, que firmaba sus documentos “por los cuadros del Ejército Nacional – los coroneles”, se reunía en la sede de la revista Estrategia, dirigida por el general Juan Enrique Guglialmelli. Uno de los ejemplares de Martín Fierro había llegado a manos de Perón, a quien reconocían como jefe de un movimiento nacional y popular al que estaban dispuestos a incorporarse. Perón invitó a Madrid a un representante del grupo, haciéndose cargo del pasaje y el alojamiento (Ballester, 1996: 162-173).

El elegido para viajar a España (vía Lisboa) fue el coronel (R) Horacio Ballester, quien llevaba la propuesta de iniciar una insurrección popular con el apoyo de gremios y tropas dispuestas a sublevarse. Perón debería aterrizar en alguna provincia liberada y marchar hacia Buenos Aires. Los conspiradores no tenían en cuenta ni el estado de salud ni la voluntad de Perón para realizar tal empresa. Sin embargo, Ballester nunca llegó a Madrid. El 17 de agosto de 1972, su avión fue detenido en la cabecera de la pista de Ezeiza por la Policía, y Ballester obligado a bajar del mismo. Si bien la entrevista tenía carácter secreto, el gobierno habría obtenido la información del teniente coronel (R) Jorge Osinde, uno de los principales consejeros superiores del movimiento justicialista.

“Luche y vuelve”

El momento que el Comando Estratégico debe estar en el teatro de operaciones es, precisamente, cuando lo táctico y lo estratégico se confunden operativamente porque se produce la decisión. En ese lugar y en ese momento es donde y cuando no se puede fallar. Los apresurados pueden estar seguros que, Dios mediante, cuando ese momento llegue, no he de faltar a la cita.

Juan Domingo Perón, 20 de Junio de 1972

El 15 de agosto de 1972, mientras se desarrollaba la toma del penal de Rawson, Héctor Cámpora confirmó en Madrid: “El señor general Perón va a regresar al país dentro del año en curso”. Si bien Cámpora se negó a dar la fecha del esperado regreso, era evidente que ello no ocurriría antes del 25 de agosto fijado unilateralmente por Lanusse, sino en una fecha más cercana al aniversario del mítico 17 de octubre.

La noche del 24 de agosto, en medio de la conmoción que provocaron los sucesos de la Base Almirante Zar, Lanusse habló por cadena nacional de radio y televisión para anunciar las enmiendas que el gobierno se proponía realizar a la Constitución Nacional. En primer lugar, se acortaba el mandato presidencial a cuatro años con la posibilidad de una sola reelección. También se creaba un tercer senador por provincia. Algunos días después se conoció que se eliminaba el sistema de electores para elegir presidente y vicepresidente, y se lo reemplazaba por la elección directa con el sistema de doble vuelta o ballotage, que también sería utilizado para la elección de senadores nacionales y gobernadores.¹⁵ Esta cláusula está vinculada a una convicción muy firme que tenía Lanusse y que se demostraría equivocada: el peronismo representaba un 35% del electorado. No le alcanzaría para ganar en primera vuelta y, en la segunda vuelta, las fuerzas antiperonistas terminarían apoyando al candidato que saliera segundo. Paradójicamente, el impulsor del “Gran Acuerdo Nacional” propiciaba un sistema electoral que se basaba en la polarización del electorado.

* * *

En el mes de septiembre, Perón designó Secretario General del Movimiento al joven dirigente nacionalista Juan Manuel Abal Medina, hermano mayor de Fernando, fundador y primer jefe montonero. Esta designación resultó irritativa para algunos militares liberales. Era, sin embargo, un guiño de Perón hacia sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas entre los que Abal Medina, procedente del nacionalismo católico, tenía excelentes relaciones.¹⁶ El joven Secretario General también tomó contacto con generales vinculados con Lanusse, como Tomás Sánchez de Bustamante, Luis Betti (subjefe V –Política– de Estado Mayor) y Manuel Pomar.

Sorpresivamente, el 4 de octubre, Perón presentó un “Programa Mínimo de Reconstrucción Nacional” de diez puntos de carácter conciliador que debían servir de bases mínimas para un acuerdo con las Fuerzas Armadas. Cámpora entregó una copia del documento al Secretario de la Junta de Comandantes, brigadier Ezequiel Martínez. A diferencia de las posturas que venía adoptando Perón desde hacía algunos meses, el documento era moderado y hasta dialoguista. Proponía un cambio de política económica, aceptaba integrar el consejo económico y social, pedía el alejamiento del ministro del Interior, modificaciones en la reforma constitucional y la “liberación de todos los presos políticos y gremiales”. Esto último parecía significar una amnistía para todos los detenidos acusados de terrorismo. El punto diez proponía la “consulta y acuerdo con todas las Fuerzas Políticas para el establecimiento de la futura Ley Electoral y la convocatoria a elecciones nacionales”. De esta forma se cuestionaba todo el sistema electoral, en particular el tema de las candidaturas. Perón sabía que la amnistía para los guerrilleros, la revisión de la reforma constitucional, o la eliminación de la cláusula de residencia que impedía su candidatura a la presidencia eran inaceptables para las Fuerzas Armadas.¹⁷ No obstante, su objetivo no era llegar a un acuerdo, sino tomar la iniciativa, tener mayor margen de maniobra en vista de su cercano retorno, y poner en un brete al gobierno militar que, más allá de la poca sinceridad de Perón en proponer un acuerdo, quedaba a la defensiva. Ante el tono conciliador de Perón, el gobierno sería el único responsable ante el fracaso del acuerdo, e incluso podrían generarse tensiones al interior de las Fuerzas Armadas.

La Junta de Comandantes en Jefe remitió el documento para su estudio a la “Comisión Coordinadora del Plan Político” que citó a Cámpora –sin éxito– para que realizara algunas aclaraciones. Finalmente, el 25 de octubre, rechazaron el “Programa Mínimo” propuesto por Perón. A esa altura de los acontecimientos, el tema había pasado a un segundo plano, ya que el 17 de octubre de 1972 Perón emitió un comunicado en el que expresaba:

He resuelto regresar al país. Lo haré a la mayor brevedad posible y cuando el Comando Táctico del Movimiento me lo indique como oportuno. Al hacerlo deseo que los compañeros de todo el país lo tomen como un gesto de paz y así procedan. Las circunstancias decidirán luego sobre la conducta de todos.

El “Regreso” estaba en marcha.

El Regreso

Los argentinos no somos capaces de imaginar un país sin Perón, hasta tal punto
el ex presidente forma de alguna manera parte de nosotros mismos, constituye
un dato ineludible para comprender qué somos y cómo sentimos.

Alejandro Lanusse (1994: 106)

Tras el anuncio de Perón comenzaron las negociaciones del Comando Peronista para contratar un avión de línea que lo trajese de regreso al país. El 6 de noviembre se anunció oficialmente que se había llegado a un acuerdo con Alitalia, y que Perón regresaría el 17 de noviembre, procedente de Roma, en un vuelo charter, acompañado por cerca de 130 invitados que incluirían a políticos, artistas, deportistas, periodistas, sacerdotes tercermundistas y otros famosos.

En su reunión del 7 de noviembre, la Junta de Comandantes en Jefe aprobó un gigantesco operativo de seguridad bajo el mando del Comandante del Primer Cuerpo de Ejército. Decenas de miles de soldados, a las órdenes de los generales Sánchez de Bustamante y Pomar, controlarían las calles y tratarían de impedir que grupos de manifestantes llegaran hasta las cercanías del Aeropuerto internacional de Ezeiza. La primera preocupación oficial era la de una movilización popular que intentara remedar el 17 de octubre de 1945 e instalar a Perón en la presidencia. En ese sentido, el vocero de la Juventud Peronista y miembro del Consejo Superior Justicialista, Rodolfo Galimberti, había dicho “el que tenga piedras, que lleve piedras; el que tenga algo más, que lleve algo más”. También existía temor de que grupos ultragorilas intentaran asesinar a Perón, lo que podría iniciar un conflicto de incalculables consecuencias. Además, la CGT convocó a un paro general de actividades y llamó a movilizarse hacia Ezeiza para recibir al viejo líder. El gobierno, paradójicamente, declaró el día no laborable, intentando neutralizar el impacto del paro cegetista.

El 14 de noviembre Perón, junto a su círculo íntimo, viajó a Roma, donde tuvo como anfitrión al onorabile Giancarlo Elía Valori, un hombre vinculado a Licio Gelli, jefe de la logia Propaganda-Due. En Roma mantuvo una entrevista con el primer ministro Giulio Andreotti, pero nada pudieron sus contactos para conseguir la ansiada audiencia con Paulo VI. En la Ciudad Eterna lo esperaban más de 130 invitados que habían llegado desde Buenos Aires.

El “charter del Regreso” partió del aeropuerto de Fiumicino, casi a la medianoche romana del 16 de noviembre, en medio de un clima de tensión. Tras la parada técnica en Dakar y en base a las informaciones llegadas desde Buenos Aires, se manejó la posibilidad de un destino alternativo en Carrasco (Montevideo). Entretanto, en Argentina, cientos de miles de personas se movilizaron bajo una lluvia intensa con el propósito de llegar hasta Ezeiza, pero no pudieron superar el operativo cerrojo dispuesto por el gobierno para impedir que los militantes peronistas llegaran a las inmediaciones del aeropuerto.

En el ámbito castrense, el único episodio de violencia se produjo cuando el guardiamarina Julio César Urien y un grupo de suboficiales (del 2º Batallón de Infantería de Marina) quisieron ocupar el edificio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). El grupo de Urien se proponía poner las tropas a las órdenes de Perón. La conspiración fue detectada por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN). La noche del 16 de noviembre, el grupo naval decidió generar un hecho político e intentó copar la ESMA. Urien fue detenido, pero los suboficiales a sus órdenes tomaron algunos policías y al jefe del 2º Batallón de Infantería de Marina como rehenes y huyeron en varios camiones hacia la zona de Lomas de Zamora, donde, supuestamente, debían reunirse con militantes Montoneros. Allí, por el contrario, los esperaban fuerzas militares muy superiores numéricamente ante las que tuvieron que rendirse. En estos sucesos murió el cabo 2º José Luís Contreras.¹⁸

* * *

El Giussepe Verdi, de Alitalia, llegó a Ezeiza pasadas las 11 horas del 17 de noviembre de 1972. Poco después, Perón y un pequeño grupo de acompañantes fueron llevados a una habitación del 7º piso del Hotel Internacional. La Junta de Comandantes en Jefe decidió impedir que Perón abandonara el hotel y diera una conferencia de prensa como estaba previsto. Los partidarios del ex presidente denunciaron que Perón estaba preso. Finalmente, luego de tensas reuniones, se acordó que permanecería hasta la mañana del 18 de noviembre en Ezeiza y luego partiría hacia la residencia que sus partidarios habían adquirido en el Gran Buenos Aires.

“Cámpora al gobierno, Perón al poder”

Perón instaló su residencia en un chalet de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Hasta allí peregrinaban diariamente miles de personas con el objetivo de ver al viejo líder que, cada tanto, saludaba a sus partidarios desde una ventana del primer piso. Durante el mes que vivió en la Argentina, Perón tuvo también una nutrida agenda política, que incluyó un encuentro con Ricardo Balbín, líder de la oposición a su primer gobierno y candidato radical a la presidencia, y un almuerzo con los representantes de los principales partidos políticos en el restaurante “Nino”. La reunión, de la que participaron casi todos los líderes de los partidos políticos argentinos, fue el certificado de defunción del GAN. Allí se decidió la creación de una “comisión transitoria de trabajo” que redactó un documento de seis puntos que incluía el pedido de levantamiento de la cláusula de residencia que impedía a Perón ser candidato a presidente.

* * *

Desde los días previos al regreso de Perón a la Argentina, la Junta de Comandantes en Jefe sesionó en forma casi permanente. En estas reuniones quedaron en evidencia las diferencias entre sus miembros. En los encuentros del 7 y 13 de noviembre, Lanusse y Mor Roig mostraron su preocupación por la falta de un acuerdo con los principales partidos políticos. Consideraban que había llegado el momento de reajustar el Plan Político y rescataron un proyecto discutido por las Fuerzas Armadas en mayo para realizar un plebiscito. La ciudadanía debería optar entre un acuerdo o la postergación de las elecciones. Sin embargo, no obtuvo el respaldo de las otras fuerzas.¹⁹ Es evidente que maduraba en Lanusse la idea del “salto al vacío” que lo llevaría, en el verano de 1973, a considerar la posibilidad de “patear el tablero” primero y, luego, de condicionar (a través de los “Cinco Puntos”) al próximo gobierno constitucional.

A fines de noviembre, ante la propuesta de algunos funcionarios del Ministerio del Interior, los miembros de la Junta evaluaron la posibilidad de que un oficial superior de las Fuerzas Armadas se presentara como candidato a presidente de la nación al frente de una alianza de partidos provinciales afines al gobierno. El elegido fue el brigadier Ezequiel Martínez, que se desempeñaba como secretario de la Junta de Comandantes. El 28 de noviembre, Lanusse consultó el tema con los generales Luis Betti y Alcides López Aufranc, y con los Comandantes en Jefe de las otras dos fuerzas. La propuesta fue recibida con entusiasmo por el brigadier Rey, pero no despertó demasiado interés por parte del almirante Coda. Tampoco por parte del interesado, quien aceptó la propuesta como un “acto de servicio” luego de consultar con las autoridades de su arma.²⁰ ¿Cuál era el objetivo de esta frustrada jugada política? En este punto, parece haber diferencias notables entre el presidente Lanusse y el ministro Mor Roig. El primero buscaba un candidato que peleara el espacio de la centroderecha con Francisco Manrique, mientras que el segundo pensaba en una fuerza que pudiera aportar votos a la fórmula radical en la segunda vuelta.

El 11 de diciembre venció el plazo para la presentación de alianzas electorales. El Justicialismo integró el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) junto al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Conservador Popular, los cristianos populares y varios partidos neoperonistas provinciales. Tres días después, Perón regresó a España, previo paso por Paraguay, gobernado por su amigo Alfredo Stroessner. Poco antes de iniciar su viaje definió la fórmula del FREJULI para las elecciones de marzo. La encabezaría su delegado personal, el doctor Héctor J. Cámpora, acompañado por el conservador popular Vicente Solano Lima. En realidad Cámpora no podía ser candidato porque había incumplido la cláusula de residencia establecida por la Junta Militar. Algunos militares (entre ellos Lanusse) interpretaban que fue decidido deliberadamente por Perón para forzar la proscripción de su candidato (como había ocurrido en 1963). En ese caso, se especulaba que podría impulsar alguno aún más irritativo para los militares como el teniente Julián Licastro o el histriónico y verborrágico Rodolfo Galimberti. Al día siguiente, el Congreso Justicialista, con el notorio desagrado de parte de los dirigentes sindicales de las “62 Organizaciones”, que impulsaban la candidatura de Antonio Cafiero, proclamó la fórmula del FREJULI.²¹

El 18 de diciembre Lanusse convocó a una reunión a los generales para informarlos. En esa oportunidad, el generalato analizó la candidatura de Ezequiel Martínez y la cuestión de la rotación en la presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe. Al referirse al proceso electoral, el Comandante en Jefe insistió en que el próximo gobierno sería “de transición” y, siguiendo la línea de pensamiento que había desarrollado a partir de noviembre, manifestó que “si como consecuencia del acto eleccionario surge un gobierno que no presenta posibilidades de entendimiento con las Fuerzas Armadas, veo el próximo período de gobierno con sobrado motivo de preocupación” (Lanusse, 1977: 307).

Dos días después, la Junta de Comandantes en Jefe se reunió con las máximas autoridades de las tres fuerzas armadas. Uno de los temas que se debatió fue la posibilidad de impugnar la candidatura presidencial de Cámpora por incumplir la cláusula de residencia. Allí se consideró que no era aconsejable y que el candidato del FREJULI no sería recusado judicialmente. Lanusse volvió a manifestar que las Fuerzas Armadas debían garantizar que no se produjera un salto al vacío.

* * *

La campaña electoral de aquel verano de 1973 fue virulenta y llena de incertidumbre acerca de si finalmente el gobierno cumpliría (o no) con su promesa. El protagonismo de la Juventud Peronista (en particular de algunos dirigentes irritativos para la cúpula militar), la difusión de las “Pautas programáticas para el gobierno justicialista” y algunos hechos de violencia –como el asesinato del almirante Emilio Berisso por parte del PRT-ERP– generaron un clima de pesimismo en el teniente general Lanusse, quien habría comenzado a considerar la posibilidad de “patear el tablero”.

¿“Patear el tablero” o “salto al vacío”?

Al finalizar 1972 se produjo la sexta y última promoción de coroneles a general de brigada durante la comandancia de Alejandro Lanusse. En este caso, los tradicionales cambios de fin de año tuvieron un doble significado: en primer lugar, Lanusse decidió cuál sería la estructura de mandos que habría de conducir a la institución durante la fase final del proceso electoral; al mismo tiempo, empezaba a preparar su propia sucesión al frente del Ejército.

A nivel de generales de división se produjeron tres vacantes a fines de 1972 por los retiros de los generales de división más antiguos: José Rafael Herrera, Jorge Cáceres Monié y Manuel Ceretti. Al mismo tiempo, fueron designados seis nuevos generales de división: Elbio Anaya, Juan Carlos Uriburu, José María Díaz, Eduardo Catán, Jorge Orfila y Jorge Carcagno.²² Anaya, Orfila y Carcagno fueron destinados al comando del Segundo, Tercer, y Quinto Cuerpos de Ejército respectivamente; en tanto Díaz (Gendarmería), Catán (Subjefe IV-Logística) y Uriburu (Fabricaciones Militares) continuaron en los mismos destinos que en 1972. El nuevo Alto Mando del Ejército para 1973 quedaba conformado de esta forma por diez generales de división, cinco de los cuales pertenecían al arma de caballería.

Entre los generales de brigada se produjeron once vacantes a la largo de 1972, cuyos lugares fueron cubiertos por el ascenso de doce coroneles de las promociones 73 y 74.²³ Los nuevos generales de brigada eran Carlos Guillermo Suárez Mason, Francisco Rosas, Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Chasseing, Félix Olcese, René Azpitarte, Guillermo Escurra, Carlos Laidlaw, Ismael Sierra y Leopoldo Fortunato Galtieri. En esta oportunidad, los ascensos estuvieron repartidos en forma equitativa entre las armas: cuatro de artillería (Rosas, Díaz Bessone, Riveros y Azpitarte), tres de caballería (Suárez Mason, Menéndez y Olcese), tres de ingenieros (Chasseing, Laidlaw y Galtieri) y dos de infantería (Escurra y Sierra). Este grupo de nuevos generales se destaca particularmente por las altas posiciones que habrían de alcanzar la mayoría de sus integrantes durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, incluyendo la presidencia de la nación.

* * *

Si bien Lanusse tenía pleno control del generalato, había un grupo de generales que, en los últimos meses de 1972 y comienzos de 1973, había tomado distancia de la conducción de la institución.²⁴ En este grupo, no articulado y cuya oposición se manifestaba en tímidos cuestionamientos en las reuniones de generales, se encontraban oficiales de infantería que no habían participado de las revoluciones de 1951 ni de 1955, ni habían destacado en el bando azul. Menos opuestos al peronismo, habitualmente se los calificaba de “populistas”.

El sector más crítico al lanussismo había sido eliminado por el Comandante en Jefe de las más altas jerarquía con su activa política de traslados y retiros, y la dosis de arbitrariedad que lo caracterizaba. No obstante, el antilanussismo tenía alguna presencia entre oficiales jefes y fundamentalmente a nivel de oficiales subalternos. Se trataba de oficiales a los que habitualmente se califica de nacionalistas. Según Rosendo Fraga (1988: 33-34), un sector más tradicionalista y ortodoxo era crítico del peronismo y desconfiaba del proceso político que se abriría a partir de mayo de 1973. El otro sector estaba más cercano al peronismo. Algunos más ortodoxos, que tenían como referente a Osinde, creían que había que tener vínculos con la burocracia sindical y los sectores de la derecha peronista; en tanto que otro grupo, se identificaba con Julián Licastro y el Comando Tecnológico Peronista. Menor peso entre los oficiales en actividad tenían quienes se alineaban con el grupo de coroneles retirados en 1971 que colaboraba habitualmente en la revista Estrategia, dirigida por el general (RE) Juan E. Guglialmelli.

A partir de enero, un sector del lanussismo, encabezado por Sánchez de Bustamante y el jefe de Logística, Eduardo Catán, habrían realizado sondeos sobre la posibilidad de “patear el tablero”, esto es suspender el proceso electoral o bien no entregar el gobierno en caso de un triunfo peronista. Claro que Sánchez de Bustamante no habría avanzado sin la venia del Comandante en Jefe. Por otra parte, el general López Aufranc encabezaba el otro sector que consideraba que no estaban dadas las condiciones para patear el tablero. Argumentaban que esto lo impedía el avanzado del proceso, el deterioro de las Fuerzas Armadas en los últimos meses de gestión y la oposición que ello ocasionaría en la propia institución. Algo similar le expresó a Lanusse el nuevo comandante del Quinto Cuerpo, general Carcagno, para quien las Fuerzas Armadas debían cumplir con su promesa de institucionalización, pues de lo contrario podría producirse una fuerte reacción civil y la división de los militares.²⁵

Estas diferencias se habrían puesto de manifiesto en la reunión de Altos Mandos del 24 de enero de 1973. En los días previos, fuentes castrenses manifestaban preocupación por el tono de la campaña del FREJULI, sus consignas y algunas declaraciones de Perón. El acto de lanzamiento de la campaña de Cámpora, el domingo 21 de enero, fue considerado “altamente irritativo”. También había preocupación por los alcances de una amnistía que temían ilimitada, y por las designaciones de los nuevos mandos de las Fuerzas Armadas, que no debían significar una purga. Los rumores iban desde la renuncia de Lanusse ante el “salto al vacío”, hasta la posible interrupción del proceso electoral. Aquel 24 de enero de 1973, el Comandante en Jefe del Ejército evaluó que la situación política del país era “confusa”. En sus palabras:

Hasta el momento no se han dado las condiciones para lograr la institucionalización tal como lo habíamos establecido. Es decir, logrando brindar al país una “solución” y no una “salida”; tratando de que esa solución fuera acordada o concertada entre los partidos políticos y con las Fuerzas Armadas, descartando el salto al vacío; cuidando de que no hubiese retorno a regímenes o sistemas que vulneren nuestro estilo de vida o nieguen el sistema democrático con vigencia plena de la libertad (Lanusse, 1977: 317).

Más adelante, y refiriéndose al “clima” de la campaña electoral expresaba:

las manifestaciones de apoyo a la violencia y la marcada tendencia revanchista hacen presuponer las metas que, en el caso de llegar al poder, tratarán de alcanzar los representantes del Justicialismo. [...] En el país corren peligro, no solamente sus instituciones sino su sistema de vida, su forma de pensar. Que de seguir así las cosas, va a resultar que la subversión que estamos combatiendo va a llegar al poder por la vía electoral y tratar de imponer al país lo que ellos pretenden: subversión-terrorismo, más bien dicho (Lanusse, 1977: 317-318).

Estas palabras avalan la idea de que el propio Lanusse estaba detrás de los sondeos para “patear el tablero”. Sin embargo, habría tenido un duro cruce con su amigo y Jefe de Estado Mayor, Alcides López Aufranc. Incluso habría llegado a preguntarle a varios de los generales presentes si estaban dispuestos a rendirle honores a Cámpora como Presidente Constitucional (Fraga, 1988: 32). Preguntas similares habría recibido López Aufranc en una gira por guarniciones del interior para pulsar la actitud de la oficialidad y esclarecer la posición del Alto Mando al respecto: ¿entregarían el poder si ganaba Cámpora? ¿La actitud guerrillera podría interrumpir el proceso electoral?

El documento de “los Cinco Puntos”

Los hechos posteriores demuestran que el presidente Lanusse no tenía respaldo suficiente para “patear el tablero”, por lo que optó por cambiar su estrategia con el propósito de condicionar al próximo gobierno durante una “etapa de transición” que se extendería hasta el 25 de mayo de 1977. Además, intentaba proyectar una imagen de unidad, de cohesión, y comprometer a todos y cada uno de los generales. Con ese motivo, el 7 de febrero, convocó al generalato en pleno para discutir un documento elaborado por el Estado Mayor: “Compromiso de Conducta que el Ejército Argentino asume hasta el 25 de mayo de 1977 para garantizar la continuidad del proceso de institucionalización y la estabilidad del próximo gobierno”. Habitualmente se conoce a este documento como “los Cinco Puntos”.

En los considerandos del texto se utilizaba una retórica antiperonista, propia de la “Revolución Libertadora”, en la que se hacía referencia a que el Ejército no podía permitir

que la culminación de este proceso dé como resultado el retorno a inaceptables prácticas políticas que recurren a la imposición de la tiranía bajo formas aparentemente democráticas, como expresión de Gobierno, y al avasallamiento de las libertades, derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución Nacional.²⁶

Además contenía una solapada amenaza cuando afirmaba que sólo el cumplimiento de lo que establecía el documento “eliminará toda posibilidad de repetir experiencias que alteraron la normal sucesión de los gobiernos, vulnerando lo que establece la Carta Magna”.

El primero de los puntos del documento era el reconocimiento de la legalidad y el respeto por las futuras autoridades, pero también una confesión de que no había margen para “patear el tablero”. En el segundo, el Ejército se presentaba como garante del proceso democrático. El texto tiene la misma retórica que los documentos de la “Revolución Libertadora”, y cae en la misma contradicción: quienes terminaron con toda forma de democracia y limitaron la libertad, exigen la vigencia plena de una y otra. El tercer punto proponía asegurar la continuidad del Poder Judicial (“inamovilidad”) implantado por las Fuerzas Armadas en 1966, cuando hicieron tabla rasa con la independencia de los poderes en nombre de la “Revolución Argentina”. La referencia a la amnistía para delitos de subversión o terrorismo del punto cuarto refleja un temor arraigado en la conducción del Ejército a raíz de las declaraciones de algunos de los líderes del FREJULI. Por último, el quinto punto era un intento de asegurar el proceso sucesorio en el Ejército por parte de Lanusse, haciendo referencia a presuntas “atribuciones constitucionales” que no eran más que una disposición establecida por ese mismo gobierno según la cual los Comandantes en Jefe de cada una de las tres armas deberían designarse entre los oficiales superiores que tuvieran el grado de general de división o equivalente.²⁷

Al insistir en que todos los generales debían firmar el documento, se buscaba comprometer al próximo Comandante en Jefe que, se esperaba, sería uno de los generales en actividad. Tan sólo el Jefe de Inteligencia del Estado Mayor, general Ibérico Manuel Saint Jean, quien venía manifestando ciertas discrepancias con la conducción, consideró que no era correcto condicionar al futuro gobierno. Inmediatamente fue relevado, y solicitó su pase a retiro que le fue concedido.²⁸

En una primera lectura, el documento era un claro intento de fijarle límites al próximo gobierno constitucional. Visto desde el punto de vista de las relaciones civiles- militares, lo que está en discusión es el nivel de autonomía militar que tendrían las Fuerzas Armadas durante el futuro gobierno constitucional. El documento es un claro intento de resistir el avance del poder político, o al menos de establecer cuáles serían los límites tolerables de injerencia por parte de los civiles.

El triunfo del FREJULI

Sería insincero si no admitiera la derrota táctica que significaron esos resultados, ya que no estaba en nuestra voluntad, y menos aun en nuestra vocación, el triunfo comicial del peronismo

Alejandro Lanusse

La noche del sábado 10 de marzo, el teniente general Lanusse utilizó la cadena nacional de radio y televisión para apelar a “la madurez individual y colectiva” de sus conciudadanos. En su discurso alertaba, en un último gesto de antiperonismo, que

del sufragio también puede resultar que la República pierda y se sumerja en la anarquía, la obsecuencia, la delación, la corrupción, el engaño, el mesianismo, el envilecimiento de las instituciones, el cercenamiento de las libertades, la implantación del terror y la tiranía o la subordinación a la voluntad omnímoda de un hombre (Lanusse, 1977: 325).

Advertía, finalmente, que las Fuerzas Armadas “no serán cómplices en la instauración de ningún nuevo despotismo, ni tolerarán forma alguna de violencia”.

* * *

Al día siguiente, domingo 11 de marzo de 1973, los argentinos concurrieron masivamente a las urnas en las primeras elecciones nacionales en ocho años. Lanusse estaba convencido de que el peronismo no superaría el 35% de los votos, y confiaba en que, en una segunda vuelta, la suma de las fuerzas opositoras podría vencerlo electoralmente.²⁹

Por la noche, cuando se conocieron los primeros cómputos oficiales, los resultados otorgaban un 49,5% a la fórmula del FREJULI, casi un tres por ciento menos de los datos que manejaba el comité de campaña de Cámpora. Según la ley electoral, debía realizarse una segunda vuelta entre el FREJULI y la UCR. Sin embargo, esa noche Ricardo Balbín reconoció su derrota e informó que el radicalismo no participaría de una segunda vuelta. El triunfo del FREJULI fue contundente en todo el país. Obtuvo una amplia mayoría en las elecciones de diputados, senadores y gobernadores. Sólo en algunos distritos debería realizarse el ballotage el domingo 15 de abril.

A pesar de las elecciones y del triunfo electoral de los candidatos del FREJULI, la violencia política, los secuestros y asesinatos de policías continuaron como en los meses previos a los comicios.³⁰ Montoneros y FAR iniciaron una tregua unilateral. El PRT-ERP manifestó, a través de su documento “Por qué el PRT-ERP no dejará de combatir”, que no atacaría al gobierno peronista, a pesar de que venía a frenar el desarrollo revolucionario de las masas argentinas, pero sí a las Fuerzas Armadas y empresas extranjeras (Pozzi, 2001: 329-375).

Resultados de la elección presidencial del 11 de marzo de 1973

Partido
Fórmula
Votos
%

Frente Justicialista de Liberación
(FREJULI)
Cámpora- Solano Lima
5.907.464
49,59

Unión Cívica Radical (UCR)
Balbín- Gamond
2.537.605
21,30

Alianza Popular Federalista (APF)
Manrique- Martínez
Raymonda
1.775.867
14,9

Alianza Popular Revolucionaria (APR)
Alende – Sueldo
885.201
7,43

Alianza Republicana Federal (ARF)
Martínez- Bravo
347.215
2,91

Nueva Fuerza
Chamizo- Ondarts
234.188
1,96

Partido Socialista Democrático (PSD)
Ghioldi- Balestra
109.068
0,91

Partido Socialista de los Trabajadores (PST)
Coral-Ciapponi
73.796
0,62

Frente de Izquierda Popular (FIP)
Ramos- Silvetti
48.571
0,41

TOTAL

11.911.832

Fuente: Graham Yooll (1989: 249)

En este aspecto, el mes de abril fue particularmente sensible para las Fuerzas Armadas. El día primero, el PRT-ERP secuestró al contralmirante retirado Francisco Alemán, ex jefe de inteligencia naval. Tres días después, y a pesar de la tregua unilateral establecida tras la victoria de Cámpora, un comando de FAR-Montoneros asesinó al coronel Iribarren, jefe de Inteligencia del Tercer Cuerpo de Ejército. En un clima de tensión y rumores acerca de que las Fuerzas Armadas no entregarían el poder al gobierno electo, Rodolfo Galimberti habló de la creación de milicias juveniles. Estas expresiones no sólo cayeron mal en los cuarteles, sino en Madrid, donde Perón, al fin y al cabo militar, lo relevó de su puesto en el Consejo Superior Justicialista una semana después.

Pero quizás el punto culminante ocurrió el 30 de abril, con el asesinato del contralmirante Hermes Quijada, vocero de la Junta de Comandantes tras la masacre de Trelew, a manos de un comando del ERP-22 de agosto.³¹ En el entierro de Quijada, algunos marinos de la línea dura increparon al mismísimo Presidente. El gobierno declaró “zona de emergencia” en seis áreas del país, y creó Consejos de Guerra. Un día después se estableció la censura para toda información relacionada con organizaciones armadas.

La sucesión de Lanusse

Luego de las elecciones del 11 de marzo, uno de los temas más candentes en el ámbito castrense fue la sucesión de los Comandantes en Jefe de las tres armas. En la Marina y la Fuerza Aérea el trámite resultó relativamente sencillo. En la Marina se eligió al número 2 del escalafón naval, vicealmirante Carlos Alberto Álvarez. En la Fuerza Aérea se propuso al Jefe de Estado Mayor, brigadier mayor Héctor Fautario. Con estas designaciones las cúpulas de las dos armas no sufrirían modificaciones.

Mucho más compleja, trascendente y simbólica era la elección del sucesor de Lanusse al frente del Ejército. Entre los grupos de oficiales retirados que trabajaban para el candidato del FREJULI había dos posturas bien definidas. El Comando Tecnológico de Licastro y Fernández Valoni, y el grupo de coroneles que asesoraban a Abal Medina consideraban que debía eliminarse a todos los generales y designar a un coronel antiguo, o bien a un coronel retirado durante la gestión de Lanusse.³² Los grupos de oficiales retirados encabezados por el general Morello y el teniente coronel Osinde proponían que fuera un general, preferentemente de infantería para terminar con el predominio de la caballería impuesto por Lanusse. En el entorno de Cámpora, el vicepresidente Vicente Solano Lima y Benito Llambí, en cambio, proponían una salida continuista con la designación del general Alcides López Aufranc (cfr. Bonasso, 1997: 450; Fraga, 1988: 57).

El 22 de mayo, Carlos Cámpora trajo una carta de Perón en la que informaba al presidente electo que debía elegir al general Jorge Carcagno al frente del Ejército. Del texto de Perón se desprende que consideraba que la mejor propuesta era descabezar el generalato, pero que eso no sería prudente en esas circunstancias. Había “que desplumar a la gallina sin que grite”. Carcagno era concebido por Perón como un comandante de transición al que debía acompañarse con un buen ministro de Defensa, “que lo vigile de cerca”. Con esta decisión se cumplía con el quinto punto del documento de los generales.

Al día siguiente, 23 de mayo, Carcagno viajó a Buenos Aires acompañado por su hombre de confianza, el coronel Juan Jaime Cesio,³³ para entrevistarse con el presidente electo, quien le ofreció el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Horas después, Cámpora tomó personalmente la decisión de nombrar a Ángel Federico Robledo ministro de Defensa, lo que no habría sido del agrado del viejo General.³⁴

* * *

El 25 de mayo de 1973, miles de personas llegaron fervorosas a Plaza de Mayo para festejar la asunción de Héctor J. Cámpora. El Ejército había preparado un desfile de aproximadamente 3000 efectivos al mando del Jefe de la Xª Brigada de Infantería. Sin embargo, los controles policiales fueron superados y la multitud de simpatizantes del FREJULI coparon la Plaza de Mayo y sus adyacencias. El desfile fue suspendido y las tropas que esperaban en las inmediaciones de la Plaza fueron insultadas y agredidas, mientras la multitud cantaba: “Se van, se van/ y nunca volverán”.³⁵

Pocas horas después, Jorge Raúl Carcagno, oficial de infantería, ex colorado, asumía como Comandante General del Ejército. Era el acto final de una etapa de 11 años de predominio de los oficiales del arma de caballería en el Ejército argentino.

1. El relato de la fuga según Enrique Gorriarán Merlo en Cheren (1997: 13-28). El relato de Mario Roberto Santucho fue publicado en Punto Final (de Chile) el 12 de septiembre de 1972, y es reproducido por Martínez (1997: 93-101).

2. Los guerrilleros que secuestraron el avión de Austral fueron Ana Wiesen, Víctor Fernández Palmeiro y Alejandro Ferreyra. A ellos se sumó Carlos Goldemberg, que conducía el Ford Falcon. Todo el grupo solicitó asilo en Chile, y luego de un tiempo en Santiago viajaron a La Habana, donde fueron recibidos por el gobierno cubano.

3. En la reunión de Altos Mandos del 13 de julio de 1972, el general Ceretti, Comandante del Quinto Cuerpo, había manifestado su preocupación por todo lo referido a la seguridad del penal de Rawson y por la falta de lugares para alojar tropas entrenadas en “lucha antisubversiva”. Véase Lanusse (1977: 291).

4. Quiroga fue asesinado por el ERP-22, el 28 de abril de 1974.

5. Los muertos fueron Carlos Heriberto Astudillo (FAR), Rubén Bonet (ERP), Eduardo Capello (ERP), Mario Delfino (ERP), Alberto del Rey (ERP), Alfredo Kohon (FAR), Clarisa Lea Place (ERP), Susana Lesgart (Montoneros), José R. Mena (ERP), Miguel A. Polti (ERP), Mariano Pujadas (Montoneros), María Angélica Sabelli (FAR), Humberto S. Suárez (ERP), Humberto Toschi (ERP), Ana María Villarreal de Santucho (ERP) y Jorge A. Ulla (ERP).

6. El relato de Quijada trasluce las críticas de la Armada hacia sus colegas de Ejército por la relativa libertad del régimen carcelario de Rawson, al criticar la seguridad de dicho penal bajo dependencia del Ejército y sostiene que se evitó reintegrarlos allí “dada su peligrosidad”.

7. Incluso sugiere la posible visita del general Betti a la base de Trelew poco antes de las 3.30 del 22 de agosto.

8. Robert Potash (1994b: 357), que tuvo acceso al archivo Lanusse que contenía las síntesis de las reuniones de la Junta de Comandantes, escribe, con cierta ingenuidad: “Por desgracia, las minutas del encuentro fueron redactadas por el Jefe de Estado Mayor Conjunto, almirante Quijada, y no han salido a la luz. Al día siguiente, la Junta escuchó su informe sobre los hechos de Trelew, pero una vez más estuvo encargado de redactar las minutas y tampoco estas están disponibles. Hasta que aparezcan esos documentos, no será posible establecer más allá de toda duda la responsabilidad de la Junta, si es que existe, en el episodio de Trelew”.

9. “La versión de lo acontecido que posteriormente hiciera difundir el Gobierno nacional, por intermedio del Almirante Quijada fue exactamente la verdad de lo sucedido” (Lanusse, 1977: 298).

10. Memoria manuscrita del brigadier Carlos A. Rey citada en Potash (1994b: 357).

11. El 22 de agosto de 1972 el gobierno estableció la ley 19.797, que introducía el artículo 212 al Código Penal. En su texto expresaba: “El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicaciones o imágenes provenientes de, o atribuidas o atribuibles a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo será reprimido con prisión de seis meses a 3 años”.

12. El 15 de junio de 1972, Armanini solicitó Tribunal de Honor para el subdirector del Liceo por tratar de “torturador y asesino” a un jefe del Ejército Argentino (Perón).

13. Más adelante, en ese mismo texto, afirmaba: “Quiero sumar mi brazo a los valientes compañeros que, desde todas las posiciones, luchan denodadamente por la democracia social y económica, la soberanía política y asunción del Pueblo al poder; muchos de los cuales han recibido la condena de las autoridades, la prisión, la tortura y hasta la muerte”.

14. Los oficiales sancionados por estos hechos fueron el capitán Ricardo Lemme (del RI 22), el teniente 1º Jorge Traynor (del Liceo Militar de Comodoro Rivadavia), y el teniente 1º Plá (del GADA 601). Véase “Los militares del juego limpio II”, Primera Plana , nº493, p. 22.

15. El ballotage exigía más del 50% de los votos para obtener la victoria en primera vuelta. En caso contrario, los dos candidatos más votados se enfrentaban en una segunda vuelta que se definiría por mayoría simple.

16. Juan Manuel Abal Medina era un dirigente nacionalista, vinculado a la revista Azul y Blanco. Conoció a Perón en 1971, cuando viajó a Madrid en representación de algunos militares nacionalistas que querían hacerle llegar sus puntos de vista a Perón y expresarle la necesidad de que regresara a la Argentina.

17. El general Sánchez de Bustamante, en nota al general Lanusse, le expresa que creía que Perón tenía cuatro objetivos: ganar tiempo y mantener en línea a sus seguidores; generar tensiones entre los propios militares; hacer que las Fuerzas Armadas parezcan las responsables del fracaso de las negociaciones; y abrir una brecha entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Lanusse. Manuscrito de Sánchez de Bustamante fechado el 4 de octubre de 1972, citado por Potash (1994b: 375).

18. Posteriormente, Urien se unió a Montoneros, fue detenido durante el gobierno de Isabel Perón, y permaneció en la cárcel, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, durante la última dictadura.

19. Para una síntesis de la postura de Lanusse y las críticas de los otros Comandantes en Jefe véase Lanusse (1977: 304-305).

20. Posteriormente, la Fuerza Aérea retiró su apoyo a esa candidatura que sólo fue aceptada después de que el general Lanusse lograra la aprobación de los Altos Mandos del Ejército en la reunión del 18 de diciembre de 1972.

21. Uno de los motivos por los cuales Perón descartó la candidatura de Cafiero habría sido la reunión secreta que mantuvo con Lanusse el 5 de noviembre de 1972, en la Quinta de Olivos.

22. Estos ascensos significaron el retiro de los generales de brigada Aníbal Medina y Virgilio Gorriz.

23. Al retiro anticipado del general Mónaco y de los generales Medina y Gorriz, quienes no ascendieron a general de división, deben sumarse los de Isaías García Enciso, Humberto Pizzi, Edgardo Daneri, Barbieri, Lino Montiel Forzano, Francisco Goicoa y José Martínez Waldner.

24. Para Rosendo Fraga (1988: 33), este sector buscaba “reflejar el pensamiento y el sentir de la mayoría ‘profesionalista’, que percibía el agotamiento del gobierno militar y el desgaste que había sufrido la institución durante el mismo”.

25. Carta de Carcagno a Lanusse, fechada el 8 de enero de 1972, citada por Robert Potash (1994b: 412). Con respecto a la posición de Carcagno a comienzos de 1973, véase “El ‘Golpismo’ del General Carcagno”, Prensa Confidencial, nº 258, 12/2/1973, p. 3.

26. El texto completo puede encontrarse en Lanusse (1977: 320).

27. Ley 19.101 para el personal militar, artículo 49, inc. 2º). La Ley fue dictada en junio de 1971.

28. Félix Olcese habría pedido 48 horas para pensarlo antes de firmar el documento. Rogelio García Lupo, en El Descamisado, vocero de la JP y Montoneros, elogió la actitud de Saint Jean: “El único general que se negó a suscribir el diktat no tuvo acompañantes, no sirvió de ejemplo, aunque salvó solitariamente su nombre” (citado en García Lupo, 1986: 258). En 1976, Ibérico Manuel Saint Jean fue designado gobernador de la provincia de Buenos Aires por Jorge Rafael Videla.

29. “No sería honesto si no ratificara ahora lo que dije entonces: yo, personalmente, no creía que el peronismo pudiera imponerse en la primera vuelta y apreciaba que, por la naturaleza de su electorado, en esa primera vuelta agotaba virtualmente la posibilidad de alianzas” (Lanusse, 1977: 281).

30. Para el detalle de los hechos de violencia política ocurridos en ese período véase Graham Yooll (1989: 248-259).

31. Quijada fue asesinado por Víctor Fernández Palmeiro, quien había participado de la fuga del Penal de Rawson. Fernández Palmiero falleció poco después como resultado de las heridas recibidas a manos de la custodia de Quijada. El ERP-22 de agosto era una escisión del PRT-ERP.

32. Rosendo Fraga (1988: 56) sostiene el nombre sugerido era el del coronel Daniel Correa, revolucionario en 1955 y retirado en 1971 por antilanussista. Los coroneles de la promoción 75 querían ser reincorporados al servicio activo y ascendidos retroactivamente (como había ocurrido en 1955). Sin embargo, fueron reincorporados en situación de retiro y se les devolvió el grado y la antigüedad a quienes habían sido dados de baja (Ballester, 1996: 185). Miguel Bonasso (1997: 450) sugiere el nombre del coronel Carlos Dalla Tea, a quien vincula a Jorge Antonio y Rodolfo Galimberti.

33. El coronel Cesio fue designado Subjefe V (Política) del Estado Mayor y fue uno de los artífices del discurso pronunciado por Carcagno en la Xª Conferencia de Ejércitos Americanos, celebrada en Caracas. A fines de 1973, el Senado no aprobó su pliego de ascenso a general de brigada. Se lo acusaba de “coronel rojo”. En 2006, el presidente Kirchner lo ascendió a general de brigada.

34. Miguel Bonasso (1997: 454) pone en boca de Perón una frase maliciosa al respecto de la designación de Robledo: “¿Cómo un contrahecho va a pasar revista a las tropas?”.

35. Para una descripción de esos sucesos desde la mirada militar, véase Fraga (1988: 38-39).

Conclusiones

El triunfo del sector antiperonista de las Fuerzas Armadas en septiembre de 1955 fue un acontecimiento clave en la vida institucional del Ejército que marcó su actuación por décadas. Durante el gobierno del general Perón (1946-1955) se había pretendido imponer un modelo subjetivo de control civil. Ese intento de “peronización” de las Fuerzas Armadas generó una reacción negativa entre jefes y oficiales subalternos, cuyo resultado fue el surgimiento de lo que David Pion Berlin (1996) llama “autonomía defensiva” (o institucional), que se manifiesta ante lo que considera avances o intromisiones políticas de las autoridades civiles en temas específicamente castrenses. A partir de entonces se produjo un crecimiento de los niveles de autonomía militar que no se manifestó en forma lineal ni progresiva, sino con avances, retrocesos y conflictos con el poder político.

A partir de 1955 es posible detectar coyunturas político-institucionales en las cuales los tipos y niveles de autonomía cambiaron dramáticamente. Así, a partir de la “Revolución Libertadora”, la autonomía militar se manifestó en forma “defensiva” y “profesional”. Cuando Arturo Frondizi designó a sus primeros Secretarios Militares, provocó la reacción de los sectores castrenses más recalcitrantes. Comenzaron entonces los planteos, siempre en el marco “institucional”. Poco más de un año después, Frondizi había cedido a las presiones y “entregado” a sus primeros Secretarios Militares. A partir de septiembre de 1959, luego de un planteo realizado por el general Carlos S. Toranzo Montero, es evidente que la autonomía pasó de la dimensión institucional a la política. Este cambio fue el resultado de un doble movimiento: por un lado, la acción de los militares; por otro, la omisión del gobierno y de la dirigencia política, que cedieron posiciones frente a la presión castrense. El pedido de renuncia al gobernador ucrista de Córdoba (1960), o el cambio de política exterior hacia Cuba (febrero de 1962), son un buen ejemplo de ello. Las fuerzas políticas, en especial las del campo antiperonista, fueron cómplices de la creciente autonomía castrense porque alentaron y legitimaron la politización de los militares y la militarización de la política a partir de 1955. Esta actitud de la clase política de reclamar y/o legitimar las intervenciones de las Fuerzas Armadas (“Golpear la puerta de los cuarteles”) alentó a los militares a pasar de la autonomía institucional a la política.

El triunfo de la facción azul y la entrega del gobierno a los radicales del pueblo, con la figura de un ministro de Defensa fuerte y una política exterior independiente, significaron un freno al crecimiento de la autonomía militar. No obstante, una serie de sucesos permiten establecer el punto de equilibro alcanzado. En ese sentido, la decisión del presidente Illia de no enviar un contingente militar a Santo Domingo (1965) fue, a los ojos militares, una intromisión y un avance del poder político en un tema vinculado a la seguridad continental. Asimismo, la resolución de la crisis, que culminó con el retiro del general Jorge Rosas por parte de Onganía, y las posiciones adoptadas en política exterior (crisis de Santo Domingo o Laguna del Desierto) muestran un alto grado de injerencia castrense, más allá de las decisiones finales del gobierno radical del pueblo.

La primera etapa de la “Revolución Argentina” marca un ligero retroceso en el nivel de autonomía. El relevo del general Pistarini, en diciembre de 1966, es un claro indicador de que la autoridad presidencial (el poder político) avanza sobre una de las prerrogativas de la autonomía militar, como el control de los ascensos y destinos. En un nuevo gesto de autoridad, Onganía pasó a retiro, en agosto de 1968, a los tres Comandantes en Jefe que lo habían encumbrado a la primera magistratura. No obstante, la designación al frente del Ejército de un caudillo militar con ambiciones (Lanusse) y el deterioro de la situación política y social marcan el comienzo de una nueva fase ascendente de la autonomía militar. La intervención directa del Ejército en Rosario (mayo de 1969) y la posterior ocupación de la ciudad de Córdoba, acompañadas por el discurso del general Lanusse del 29 de mayo de 1969, revelan que las Fuerzas Armadas habían decidido no ser espectadoras pasivas del deterioro acelerado del proceso político. El año que transcurre entre el “Cordobazo” y la caída de Onganía (junio de 1970) no debe interpretarse como el enfrentamiento personal entre dos caudillos por el control de una institución, sino que marca la tensión entre un Presidente que se cree investido de un mandato casi divino y un Ejército que busca transformarse en protagonista del devenir político, e imponer una salida electoral controlada a mediano plazo.

Durante la breve gestión del general Roberto Levingston, el poder militar avanzó frente al poder político. Su designación había sido un intento fallido por mantener ambos poderes separados. Su derrocamiento fue el reconocimiento de un fracaso. La unificación de las figuras del Presidente y del Comandante en Jefe en el general Lanusse significó una concentración inédita de poder luego de 1955.

En ese contexto, el casi seguro triunfo del FREJULI en las elecciones de marzo de 1973 preocupaba a las Fuerzas Armadas. Sus máximas autoridades eran conscientes de que la ofensiva del gobierno peronista afectaría los niveles de autonomía militar alcanzados. Esos temores se reflejan en la redacción del documento de “los Cinco Puntos”, que representan un claro intento de resistir cualquier avance del poder político, o al menos de establecer cuáles serían los límites tolerables de injerencia por parte del gobierno constitucional.

La magnitud del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima significó un claro fracaso de la estrategia de la conducción lanussista, y provocó un marcado repliegue de la autonomía militar. Si bien excede el marco temporal de este libro, creo conveniente plantear (a manera de hipótesis) que, tras la muerte de Perón, y frente al accionar de las organizaciones guerrilleras, las Fuerzas Armadas obtuvieron, paulatinamente, mayores atribuciones de parte del poder político. Esto es evidente a partir del “Operativo Independencia” y los decretos firmados por Isabel Perón y su gabinete para “aniquilar” el accionar guerrillero (1975). A partir de entonces, y durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, las Fuerzas Armadas llegaron a su máximo nivel de autonomía, al que Ernesto López (1994: 53) ha llamado “corporatización”. Ese ciclo de autonomía militar –abierto en 1955– se cerró en 1983, cuando la debilidad de las Fuerzas Armadas tras la derrota en la Guerra del Atlántico Sur las obligó a abandonar el gobierno. A partir de entonces, y a pesar de las resistencias iniciales durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, los niveles de autonomía descendieron dramáticamente.¹

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El crecimiento en el nivel de autonomía militar también se vio favorecido por los cambios en la doctrina de defensa, que comenzaron a producirse a partir de 1957 con la llegada de un grupo de instructores franceses a la Escuela Superior de Guerra. La incorporación de la doctrina de la Guerra Contrarrevolucionaria sobredimensionó los organismos de inteligencia militar e impuso un mayor control sobre toda la población, que se convirtió en un enemigo potencial. Y puesto que, al amparo de esta doctrina, sólo la vigilancia permanente podía hacer que la Nación fuera impenetrable a la “infiltración comunista”, crecieron y se multiplicaron los servicios de inteligencia y la cantidad de oficiales entrenados en el exterior en rubros relacionados con esta temática. La preocupación por cuestiones vinculadas con la seguridad interna a partir del cambio de doctrina de defensa originó lo que Alfred Stepan (1988: 30-31) llama “nuevo profesionalismo de la seguridad interna”, que contribuyó a expandir en forma autoritaria lo que los militares consideraban su rol en el sistema político, ocupando nuevas funciones y ejerciendo nuevas prerrogativas.² El aparato de inteligencia que surgió como consecuencia de la internalización de la doctrina del Enemigo Interno se transformó, en la segunda mitad de la década de 1970, en un núcleo autónomo dentro de unas Fuerzas Armadas autónomas.

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En el párrafo anterior hice referencia a las influencias externas en la conformación de una nueva doctrina de defensa que contribuyó a ampliar la autonomía castrense. Durante el período estudiado, el Ejército argentino recibió una doble influencia doctrinaria –francesa y norteamericana– a partir de las cuales se constituyó un modelo propio que se consolidó (e incluso se exportó a otros países de Latinoamérica) durante la segunda mitad de la década de 1970. La escuela francesa llegó de la mano de una misión de instructores y de varias decenas de oficiales superiores que estudiaron en Francia en la segunda mitad de la década de 1950. Estos pusieron las bases teóricas, metodológicas, e incluso semánticas, que guiaron el accionar represivo del Ejército argentino durante la década del 1970. Colaboraron en la incorporación del concepto de “enemigo interno” y el sobredimensionamiento de los organismos de inteligencia. Los franceses (y sus discípulos argentinos) aportaron una visión que aceptaba la práctica de la tortura, enseñaron la ideología de la Guerra Contrarrevolucionaria, proporcionaron la bibliografía justificatoria y ayudaron a redefinir al “enemigo”. En 1961, el Ejército argentino no sólo había desarrollado toda su estructura de “lucha antisubversiva”, sino que había sentado las bases para el desarrollo e internalización del concepto de “Enemigo Interno” y la a mpliación de la comunidad informativa, lo que condujo, irremediablemente, a la inversión del principio de subordinación militar al poder civil y a la militarización de la sociedad.

El final de la influencia francesa directa coincidió con el cambio de política militar norteamericana hacia Latinoamérica. En 1961, frente a la Revolución cubana, el presidente John F. Kennedy propuso la “Alianza para el Progreso”, y el Pentágono modificó su política militar hacia las fuerzas armadas latinoamericanas mediante la creación del Colegio Interamericano de Defensa, la convocatoria a Conferencias de Ejércitos Americanos y, fundamentalmente, a través del entrenamiento de miles de oficiales latinoamericanos en bases militares de los Estados Unidos y el Canal de Panamá. Sin embargo, más allá de que los Estados Unidos siempre intentaron transformar a los Ejércitos del continente en sus fuerzas de reserva, no debe caerse en la tentación de postular alineamientos automáticos, ni una influencia ideológica superior a la real. En el caso argentino, la relación entre ambos países pasó por altibajos y momentos de tensión durante la etapa estudiada. Así, Argentina fue el último país en firmar el PAM (1964) y, tiempo después, se hizo evidente que los militares locales esperaban otro tipo de reequipamiento, y no material de rezago que los limitara a funciones meramente policiales de control interno. Además, los montos de los créditos y subsidios otorgados así como la cantidad de oficiales y suboficiales entrenados por cuenta del Pentágono dejan entrever, siempre teniendo en cuenta el tamaño de las Fuerzas Armadas argentinas, un vínculo menos intenso de lo que suele estimarse.

El desencanto argentino está en el origen de que se buscaran fuentes alternativas de abastecimiento a través del “Plan Europa”. No obstante, la preocupación por el crecimiento de los grupos guerrilleros en el continente –manifestado en la IXª CEA (Fort Bragg, 1970) – determinó un realineamiento argentino, que dejó de lado ciertas actitudes independientes manifestadas en las Conferencias de Ejércitos de Buenos Aires (1966) y Río de Janeiro (1968), y cuyas expresiones más notables fueron el abandono paulatino del Plan Europa y el retiro intempestivo de su mentor, Eduardo Uriburu.

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Las crisis de agosto y septiembre de 1962 marcaron el momento de máximo deterioro institucional de las Fuerzas Armadas iniciado con la “Revolución Libertadora”. La indisciplina, la falta de obediencia a las jerarquías y el alto grado de politización de los cuadros intermedios son la antesala de la reacción de un sector de las Fuerzas Armadas preocupado por la supervivencia de la organización, que veían amenazada por la fragmentación y la permanente sangría de recursos humanos. La facción azul es el resultado de la preocupación de un grupo de oficiales superiores por el extremo fraccionalismo, la indisciplina y la ruptura de la cadena de mandos. En ningún caso las diferencias entre las facciones pasaban por el mayor o menor grado de antiperonismo o anticomunismo de uno u otro. Todos eran antiperonistas. Todos eran anticomunistas. Tampoco fueron convicciones democráticas, como planteaban los famosos comunicados, lo que unió a los azules. Lo que hizo posible que liberales, desarrollistas, conservadores o nacionalistas formaran parte de la misma facción es que la línea de ruptura entre azules y colorados pasaba por diferencias coyunturales en torno a la salida política, no por cuestiones ideológicas de fondo. Así, pocos meses después, muchos azules habían devenido “morados” y terminarían adoptando posiciones más propias de los colorados. El carácter coyuntural de estas facciones hace que sea un error (muy común, por otra parte) prolongar su existencia más allá de 1965. Para ese momento, Juan Carlos Onganía ya había consolidado su liderazgo interno con un discurso antiperonista y anticomunista que llevó a muchos ex colorados a encolumnarse detrás de él. El fortalecimiento del liderazgo de Onganía a lo largo de 1964 y 1965, así como el posicionamiento antiperonista de la institución en las elecciones de 1963, y su oposición al retorno de Perón (diciembre de 1964) vaciaron de sentido aquella disputa. En 1966 ya no quedaban rastros del conflicto y, en todo caso, los últimos resquemores desaparecieron con los ascensos retroactivos de aquellos oficiales pasados a retiro o dados de baja en 1962 y 1963, y la designación de muchos de ellos en cargos públicos de nivel nacional, provincial y municipal durante la “Revolución Argentina”.

No obstante la desaparición de la antinomia azules-colorados, los integrantes de la facción triunfadora en 1962 se consolidaron en la conducción del Ejército, a partir del control de los cargos clave que siguió, fundamentalmente, en manos de oficiales de caballería. Esta tendencia se profundizó durante los cinco años del general Lanusse al frente del Ejército. En ese lapso construyó una conducción a su imagen, donde no siempre se tuvieron en cuenta aspectos profesionales. Lanusse prefirió rodearse de hombres de su confianza, con un pasado de luchas antiperonistas, y eliminó, sistemáticamente, a los líderes nacionalistas que pudieran poner en peligro la hegemonía del sector liberal-conservador al que él representaba.

No obstante la conducción férrea y arbitraria de Lanusse, y luego de años de relativa estabilidad institucional, las tensiones sociales comenzaron a repercutir al interior del Ejército, provocando quiebres horizontales a nivel de oficiales subalternos, como el caso de los “tenientes peronistas”. Aún más relevante fue el levantamiento de los regimientos de Azul y Olavarría (octubre de 1971). En especial porque significó un desafío a la conducción lanussista desde el propio corazón de su poder, los regimientos de élite del arma de caballería.

Las muestras de indisciplina y los síntomas de ruptura de la cadena de mandos eran evidentes en 1972, cuando el tema del regreso de Perón se adueñó del escenario político. Muchos oficiales jefes y subalternos, de tendencia nacionalista-populista, se acercaron al peronismo, lo que profundizó el creciente aislamiento del generalato lanussista. El llamado documento de los “Cinco Puntos” fue un último y desesperado intento de Lanusse y sus generales por imponerle límites al gobierno constitucional. El fracaso de esa estrategia, el retiro de la mayoría de los “revolucionarios del 51” y el relevo de casi todo el Alto Mando del Ejército por parte del presidente Cámpora marcan el fin de una etapa en la historia institucional del Ejército argentino, la de la supremacía de los oficiales del arma de caballería.

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Al respecto, en octubre de 1967, Rogelio García Lupo publicó en Marcha un artículo titulado “El poder de la caballería”, en el que planteaba la hipótesis de que el Ejército estaba dirigido por una suerte de logia de generales de caballería.³ En ese texto, García Lupo afirmaba que “es imposible intentar una explicación de la conducta del Ejército argentino sin detenerse en el análisis de una de sus ramas más originales y sin la menor duda la más activa de todas, como es la Caballería” (García Lupo, 1986: 72). Para ello describe sus tradiciones y símbolos, y analiza los vínculos sociales y económicos de algunos de sus integrantes más prominentes.

Muchos de los planteos de este libro están inspirados en ese viejo artículo. Sin embargo, no creo que haya existido una conspiración ni “una logia protegida por el secreto”, como sugiere García Lupo. ¿Cómo explicar entonces el predominio de la caballería durante toda una década? Para comprender esta situación hay que tomar en cuenta el proceso de socialización que realiza el Ejército a partir del Colegio Militar de la Nación. Desde el segundo año, los jóvenes cadetes comparten el escuadrón, donde anudan sólidas amistades. Estas relaciones se profundizan al egresar del Colegio Militar, cuando los subtenientes o tenientes son destinados a lejanas guarniciones de frontera donde conviven con un puñado de camaradas, la mayoría de su propia arma. Al llegar al grado de capitán, comparten un año en la escuela de su arma correspondiente. Además de las amistades que se anudan entre pares en estos primeros destinos, se establecen redes de lealtades entre jefes y subordinados que se prolongan a través de los años.⁴ Particularmente en el caso de la caballería, estos vínculos se fortalecen a través de la práctica de equitación y, fundamentalmente, del polo. Cuando estos oficiales jefes alcanzan posiciones relevantes en la estructura del Ejército, tienden a rodearse de oficiales de su mayor confianza que, en muchos casos, son compañeros de arma o de promoción, o bien a quienes han conocido en destinos anteriores. En el caso que hemos analizando, en estas relaciones interpersonales moldeadas desde el Colegio Militar existe un elemento adicional: varias decenas de oficiales (la mayoría de caballería) compartieron años de prisión tras el fracasado levantamiento de 1951. Tres o cuatro años de confinamiento generaron lazos aún más íntimos que los habituales.

La llegada a la comandancia en jefe de un general como Juan Carlos Onganía, que ha pasado toda su carrera en regimientos y que no ha tenido oportunidades de relacionarse con oficiales de otras armas y especialidades (en el Estado Mayor, o bien en alguno de los centros educativos del Ejército) favoreció la designación en destinos destacados de hombres de su confianza y conocimiento (y por lo tanto de su propia arma). A esto debe agregarse que en la coyuntura en la que alcanzó la comandancia del Ejército (1962-1963) los oficiales superiores que habían arriesgado su carrera en la crisis de azules y colorados reclamaron su parte. Y, como hemos visto los primeros capítulos, la mayoría de ellos pertenecían a la caballería y la artillería.

Si bien a partir de 1967 esta situación se revirtió parcialmente y la participación de la infantería en el generalato equiparó (y a veces superó) a la de oficiales de caballería, estos dominaron siempre los principales destinos de la fuerza. Este proceso alcanza su máxima expresión durante la comandancia de Alejandro Lanusse, quien siempre controló la Junta Superior de Calificaciones favoreciendo a hombres de su confianza. “Cano”, como se lo conocía en el Ejército, siempre se manejó de manera arbitraria y eligió a sus colaboradores entre hombres a quienes conocía de destinos previos aun cuando hubieran peleado por la facción colorada en 1962, como el caso del infante Carcagno, quien fuera subordinado suyo en el Tercer Cuerpo de Ejército. Pero había un elemento adicional que favorecía el acceso a la cumbre: el antiperonismo. Videla, Viola, Pomar no eran oficiales de caballería, pero eran antiperonistas, y ese fue el elemento que favoreció su llegada al generalato. Y en ese punto, los oficiales reincorporados en 1955 –en su mayoría jinetes–tenían una ventaja a los ojos del general Lanusse: estaban “probados” en las duras circunstancias de la cárcel o el exilio.

En tiempos de vigencia de la Constitución, el predominio de un arma sobre otras es más dificultoso, puesto que los ascensos a las máximas jerarquías dependen del Senado y las decisiones responden al Poder Ejecutivo. La inexistencia de Senado y el hecho de que el Ejecutivo fuera ejercido, como en el caso de Lanusse, por el propio Comandante en Jefe del Ejército favoreció el proceso que describí más arriba. Este puede elegir a su sucesor y a quienes componen el Alto Mando, en tanto los generales de división y de brigada designan a quienes alcanzan esas jerarquías. Estos procesos de perpetuación del poder de un grupo o una camarilla, un arma en este caso, finalizan habitualmente por la intervención de un elemento externo a la propia fuerza. Eso es, precisamente, lo que ocurrió en mayo de 1973, cuando el gobierno constitucional eliminó a casi toda la cúpula y a los elementos lanussistas del generalato, y en su reemplazo designó a un oficial de infantería, moderadamente populista, de pasado colorado.

1. Sobre los niveles de la autonomía militar, véase David Pion Berlin (1996).

2. El new professionalism de Stepan es similar a los que otros autores han llamado “ideología de la Seguridad Nacional”.

3. Reproducido en García Lupo (1986: 71-96).

4. El mejor ejemplo es el caso de Lanusse, quien ubicará en puestos estratégicos a quienes lo acompañaron en la cárcel, y a sus dos jefes de regimiento en abril de 1963 (López Aufranc y Sánchez de Bustamante) como sus más inmediatos colaboradores en la conducción del Ejército en 1973.

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