PREFACIO A LA NUEVA EDICIÓN

Esta edición revisada y aumentada de Autoritarismo y democracia contiene un tercer capítulo que fue escrito con posterioridad a los dos primeros. Como le resultará obvio al lector, y es resaltado por el texto, la Argentina se ha transformado significativamente a partir de 1983. Esta circunstancia y los cambios que ha experimentado mi propia visión de la sociedad argentina del período abierto en 1955 han contribuido a modificar algunas de las interpretaciones que haría de los procesos cubiertos por los dos capítulos iniciales. Sin embargo, he preferido mantener la versión original de dichos capítulos, es decir la escrita en 1983, y proponer los cambios de énfasis en le capítulo que se agrega en esta edición.

En la elaboración de los puntos contenidos en el tercer capítulo, que se centra en el agotamiento de la matriz estado - céntrica argentina, he utilizado secciones de artículos que escribí en colaboración con dos colegas con quienes compartí provechosas discusiones intelectuales: María Grossi y Oscar Landi.

Aprovecho la referencia a María Grossi para dedicarle a ella y a Edgardo Catterberg - ambos fallecidos - esta versión del libro. Además de reconocidos politólogos, fueron, sobre todo, excelentes personas y amigos.

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EL FRACASO DE LA “SEMIDEMOCRACIA” Y SUS LEGADOS

En 1955 una insurrección cívico – militar puso fin al gobierno peronista. La insurrección produjo el derrocamiento de Perón: asimismo tuvo éxito en desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores. El modelo peronista, basado en la relación directa entre líder y masas, había hecho de Perón el depositario único de la representación del pueblo. Este fenómeno tuvo como efecto que los canales parlamentarios y partidarios fueran permanentemente relegados y perdieran relevancia en la escena política. Además, el peronismo, en el poder tendió a considerar las actividades de los partidos de la oposición (y de las organizaciones profesionales y sindicales no peronistas) como manifestaciones de intereses sectoriales ilegítimos. Consecuentemente, el gobierno obstaculizó en forma creciente tales actividades, tanto dentro como fuera del Parlamento.

Los líderes del golpe de Estado de 1955 caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y, en consecuencia, levantaron los estandartes de la democracia y la libertad, proponiéndose como objetivo el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. Este objetivo, sin embargo, se frustró recurrentemente: en 1957, La Asamblea Constituyente, controlada por los partidos no peronistas, no pudo acordar una nueva constitución y se disolvió sin lograr una reforma del anticuado texto del siglo XIX; en 1962, los militares –con el apoyo de varios partidos-derrocaron al presidente Frondizi, elegido constitucionalmente cuatro años antes; en 1966, los militares volvieron a intervenir para derrocar a otro gobierno constitucional, esta vez el del presidente Illia.

Tanto en 1955-1958 como en 1962-1963, los interregnos entre gobiernos constitucionales fueron ocupados por administraciones militares. Las mismas, sin embargo, no se propusieron reemplazar la democracia parlamentaria por un régimen político alternativo ni posponerla para un futuro distante, al que se arribaría sólo después de que ciertos cambios económicos o sociales fueran logrados. Más bien, el principal y autoproclamado objetivo de estos gobiernos temporarios fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo, mientras, al mismo tiempo, intentaban erradicarlo. El peronismo era percibido como un fenómeno inherente e irremediablemente adverso a las instituciones y valores democráticos, a los cuales, de haberle sido permitido actuar libremente, hubiera deformado e incluso destruido.

El despliegue de una nueva fórmula política, después de 1955, fue en verdad u proceso convulsivo y frustrante. Pero los fracasos en la tarea de lograr estabilidad institucional no impidieron que durante esos años se configuraran nuevos modos de hacer política que implicaron una profunda redefinición de los patrones de procesamiento de los conflictos y relaciones socioeconómicas. Estos nuevos modos de articulación política se desplegaron gradualmente durante la década siguiente a la caída de Perón; si bien no dieron lugar ala surgimiento de una fórmula institucional que produjera estabilidad política, su relevancia trascendió al período 1955-1966. En efecto, los nuevos modos dejaron un legado político ideológico con el cual tuvieron que lidiar necesariamente los diferentes actores políticos, viejos y nuevos, cada vez que es esbozaron fórmulas políticas alternativas a partir de 1966.

Los puntos de esta sección analizan a forma en que se fueron definiendo estos modos de hacer política. Para ello se exploran tres de sus elementos más importantes: a) el surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses socioeconómicos, por un lado, y el de los bloques políticos, por le otro; b) la formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que es constituyó en un actor político autónomo y articuló progresivamente una estrategia defensiva y de oposición; c) el ingreso de los militares a la arena política, asumiendo, primero, un rol tutelar en el marco de regímenes semidemocráticos, y expandiendo, más tarde, su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas democráticas y las instituciones parlamentarias.

Argentina pos 1955: una comunidad política desarticulada

El derrocamiento del gobierno peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político que incluyó a todos los partidos no peronistas, los representantes corporativos e ideológicos de las clases medias y las burguesías urbana y rural, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Los miembros del frente antiperonista persiguieron objetivos dispares. Sin embargo, el frente pudo mantenerse unido durante un cierto tiempo bajo la bandera de la “democracia”, que fue levantada oponiéndola al carácter dictatorial y totalitario atribuido al régimen peronista.

Muchos antiperonista compartieron la noción, un tanto ingenua, de que los peronistas habían sido convertidos a ese credo político mediante una combinación de demagogia, engaño y coerción. En consecuencia, creyeron que la mera denuncia de los “crímenes de la dictadura”, acompañada de un proceso de re educación colectiva, resultaría en una gradual reabsorción de ex peronistas por partidos y sindicatos “democráticos”. Esta ilusión no duró mucho; el peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Sin embargo, en el corto plazo, dicha ilusión tuvo el efecto de permitir a los antiperonistas proclamar que la proscripción del peronismo –una medida que implicaba segregar políticamente entre un tercio y la mitad de la ciudadanía argentina-era en realidad una acción democrática. Naturalmente, una consecuencia adicional de la proscripción del peronismo fue su exclusión del gobierno.

El corolario de la exclusión del peronismo, tanto en el plano electoral como en el correspondiente a la acción política legal, fue particularmente complejo. En primer lugar, introdujo una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en la Argentina, que resultó en la emergencia paulatina de un sistema político dual. En el mismo, los mecanismos parlamentarios coexistieron, de manera conflictiva y a veces antagónica, con modalidades extra institucionales de hacer política. El principal resultado de este dualismo fue que los dos “bloques” principales de la sociedad –es decir, el sector popular y el frente antiperonista, compuesto por los sectores burgueses y de clase media-rara vez compartieron la misma arena política para la resolución de conflictos y el logro de acuerdos basados en mutuas concesiones. El sector popular, y especialmente la clase obrera, que es había expresado principalmente a través del peronismo, quedó privado de toda representación tanto en las instituciones parlamentarias semidemocráticas como en la maquinaria institucional del Estado. En contraste, sus adversarios sociales –quienes, por otra parte, habían sufrido una exclusión política parcial durante la época peronista-tuvieron la posibilidad de recurrir tanto a los mecanismos parlamentarios como a los extrainstitucionales. Gozaron de una acceso privilegiado al Estado y ejercieron una influencia decisiva sobre las políticas y los impactos de las acciones estatales.

Las presiones ejercidas por el sector popular fueron, en su mayoría, de carácter extra institucional. El movimiento sindical peronista se transformó progresivamente en la expresión organizada más poderosa de aquel sector. En última instancia, sin embargo, la presión popular se redujo a la capacidad de desestabilizar, desde afuera del escenario político oficial, a cada uno de los regímenes civiles y militares que es sucedieron durante el período. Tal desestabilización se logró tanto a través del planteo de demandas económicas que contradijeron y socavaron la viabilidad de las políticas de estabilización lanzadas entre 1956 y 1963 como mediante el apoyo a candidatos anti - oficialistas en elecciones nacionales, provinciales y locales.

A la limitada correspondencia que existió entre, por un lado, los conflictos y los alineamientos sociales y, por le otro, las modalidades institucionales de hacer política, fenómeno al que hemos caracterizado como de “disyunción”, se agregó un segundo factor que la acentuó. Éste podría ser considerado como una “disyunción dentro de la disyunción” y afectó al antiperonismo. Originalmente, el bloque social que enfrentó a los sectores populares se expresó plenamente a través del frente formado por los partidos no peronistas y los militares “democráticos” triunfantes en 1955. Poco a poco, sin embargo, esta situación se fue alterando y partidos no peronistas y militares comenzaron a expresar contenidos disímiles y, a veces, antagónicos. Esto se debió a dos razones. La primera fue que los militares “democráticos” de 1955 fueron perdiendo progresivamente su “vocación democrática”, para concluir respaldando es establecimiento de regímenes de carácter autoritario. Este “deslizamiento” autoritario de los militares los llevó a enfrentarse crecientemente con los partidos, pues a pesar de que éstos por lo general no renegaron de su antiperonismo, su razón de ser estaba obviamente ligada al funcionamiento de un sistema democrático - parlamentario y al mantenimiento de un mínimo de libertades públicas. La segunda causa que complicó las relaciones entre militares y político fue que los partidos no-peronistas se transformaron en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias que dominaron la escena política argentina luego de la caída de Perón. En 1955 el frente antiperonista se había coaligado en torno al estandarte “oposicionista”, es decir, el proyecto de destrucción del régimen peronista. Esta unidad, sin embargo, comenzó a desvanecerse cuando llegó el momento de ejercer el poder desde el Estado y hallar vías de resolución a las aludidas controversias.

La primera de estas controversias se definió en torno al rol del gobierno con respecto a la erradicación del peronismo. Las deferentes posiciones en ese sentido comprendieron un espectro que iba desde el “integracionismo” – el cual postulaba una gradual reabsorción del peronismo a la vida política, aunque sin desconocer la necesidad de una purga de sus aspectos más “dañinos”, como el mismo Perón-hasta el “gorilismo”, con su nunca abandona do propósito de “extirpar completamente el cáncer peronista” de la sociedad argentina. La segunda controversia estuvo vinculada al modelo socioeconómico que, presumiblemente, reemplazaría al que había prevalecido durante el período 1945-1955. En 1955 el victorioso frente antiperonista se unificó en torno a la denuncia de los problemas económicos que la Argentina había enfrentado desde fines de la década de 1940; inicialmente, resulto relativamente fácil para los distintos integrantes del frente coincidir en la condena de un conjunto de políticas poco efectivas y de una administración corrupta, como principales fuentes de las dificultades que enfrentaba el país. Sin embargo, esta transitoria unidad pronto se hizo trizas al aflorar diagnósticos opuestos de la crisis económica argentina. El perfilamiento de estos diagnósticos se tradujo en la formulación de recomendaciones alternativas acerca del curso a seguir en materia de política económica.

A partir de 1956 fueron emergiendo gradualmente tres posiciones divergentes en el campo del antiperonismo: la del populismo reformista, la desarrollista y la liberal. La primera no cuestionó las premisas básicas del modelo impulsado durante la década peronista.1 Por el contrario, alentó la posibilidad –y conveniencia-de promover simultáneamente los intereses de la clase obrera y la burguesía urbana, y propuso una política nacionalista moderada, que impidiera, o al menos limitara, la presencia del capital extranjero en sectores tales como energía, comunicaciones, y la producción de bienes de capital. Esta posición combinaba elementos reformistas y populistas y, en realidad, sólo formuló dos críticas importantes a las políticas económicas del gobierno peronista. Por una parte, el populismo reformista sostuvo que las políticas de Perón habían desalentado la producción agropecuaria, acusación que quedaba corroborada por el estancamiento de la producción en esa área a lo largo del gobierno peronista. Por otra parte, esta posición argumentó que se había fracasado en la promoción de la industria pesada y el desarrollo de la infraestructura económica, y que el Estado había expandido desproporcionadamente sus gastos corrientes, retrasando la inversión en obras públicas.2

Las consignas del populismo reformista fueron promovidas por el radicalismo, que es había transformado en la única oposición partidaria organizada después de 1946.3 En 1956 el partido se dividió; un ala, la Radical Intransigente o frondizista, era partidaria de una gradual legalización del peronismo; la otra, los radicales del pueblo, permanecieron cercanos a la posición proscriptiva, más dura, de los militares. En todo caso, las facciones mayoritarias de los dos nuevos partidos mantuvieron su adhesión al programa de Avellaneda, que proponía en lo económico una serie de medidas de carácter nacionalista y reformista.

Sin embargo, cuando el líder de los Intransigentes, Arturo Frondizi, fue elegido presidente en 1958, redefinió radicalmente la orientación económica del partido, articulando una posición enteramente distinta, la desarrollista, y fue la otra fracción, es decir los radicales del pueblo, quienes mantuvieron su apoyo a los postulados del populismo reformista.

Los desarrollistas, en cambio, sostuvieron que el estancamiento económico de la Argentina se debía principalmente a un retardo en el crecimiento de las industrias de base. Tal debilidad, según esta postura, sólo podía superarse mediante un proceso de “profundización” que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes de capital e intermedios, y de la infraestructura económica. Asimismo, la posición desarrollista postuló que el modelo de conciliación de clases del período 1945-1955 tenía, al menos en el corto plazo, una contradicción ineludible. La misma sólo podía ser resuelta disminuyendo el salario real de los trabajadores para aumentar la renta de los industriales; tal aumento era, a su vez, considerado un requisito indispensable para una elevación significativa del nivel de inversión. Finalmente, los desarrollistas abogaron por un cambio sustancial en las políticas relacionadas con el capital extranjero, aplicadas en el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollismo sostuvo que, dado que los recursos locales de capital eran insuficientes para lograr la deseada “profundización”, se requería una incorporación masiva de capital extranjero a la economía. El desarrollismo recién se terminó de articular en 1958, cuando Frondizi cambió de curso y tiró por la borda el programa “nacional y popular” que había contribuido significativamente a generar los apoyos sociales que le permitieron alcanzar la victoria en las elecciones de ese año.4

Como hemos visto, el desarrollismo no prestó un apoyo irrestricto al modelo de conciliación de clases, sino que propugnó la introducción de significativos ajustes del mismo. Tales modificaciones tuvieron por objeto inducir un cambio en la correlación de fuerzas a favor de la burguesía urbana. A pesar de ello, el programa desarrollista no cuestionó los aspectos centrales del proceso de industrialización sustitutiva inaugurado en los años treinta. Por el contrario, los políticos desarrollistas impulsaron tanto la aceleración como la ampliación cualitativa del proceso de industrialización.

Comparativamente, la última de las posiciones, la liberal, fue mucho más lejos en la crítica del proceso de industrialización iniciado en la década de 1930 y de las prácticas sociales y políticas asociadas al mismo. Los liberales no sólo criticaron el modelo de conciliación de clases; cuestionaron también la premisa según la cual el desarrollo industrial debía constituir el núcleo dinámico de una economía cerrada. Argumentaron en este sentido, que desde los años treinta –y particularmente desde 1946-la Argentina se había enfrentado con dos problemas críticos; el progresivo deterioro de la disciplina de los trabajadores y la ineficacia de amplias franjas de la burguesía industrial. Tales problemas tenían su raíz, desde la perspectiva liberal, en las políticas que habían cerrado la economía, favoreciendo la proliferación de industrias “artificiales”, y en el excesivo crecimiento del Estado. La imagen del mercado pasó a constituir, en un doble sentido, la piedra fundamental de la posición liberal. Por una parte, implicaba la apertura de la economía argentina y su reintegración al mercado internacional, mediante la reducción de los aranceles y la eliminación de otras “distorsiones” que protegían a los sectores artificiales. Por otra parte, suponía una drástica reducción de la intervención del Estado en la economía y la restauración, mediante adecuados incentivos, de la iniciativa del sector privado.

Como fuera ya señalado, cada una de estas tres posiciones abogaba por políticas económicas disímiles y, con frecuencia, antagónicas. Obviamente, tales políticas tenían la capacidad potencial de afectar de manera diferente los intereses de las principales clases de la sociedad argentina. Sin embargo, la política de ese período se caracterizó por una circunstancia muy poco común: los clivajes y alineamientos políticos no respondieron solamente a los cálculos que se hicieron del impacto que las políticas económicas producirían en cada clase social. Existió, además, otro factor que estuvo vinculado sólo en forma indirecta, cuando no contradictoria, a las respectivas evaluaciones de los intereses económicos particulares; ese factor no fue otro que la cuestión del peronismo. La presencia del proscrito movimiento peronista se expresó de un modo muy especial en la escena política. Dicha presencia, si bien implícita, fue uno de los factores determinantes de los modos en que las organizaciones políticas y sociales que encarnaron las tres posiciones descriptas más arriba definieron y resolvieron los conflictos surgidos durante este período.

A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas, a través de los cuales se expresaron el reformismo populista, el desarrollismo y el liberalismo, entraron en numerosas alianzas y conflictos. Como se adelantaba arriba, tanto los apoyos que tales partidos y organizaciones recibieron como las oposiciones que suscitaron tuvieron que ver con dos factores: 1)las predicciones de las consecuencias que previsiblemente tendría la implementación de las políticas económicas alternativas en relación con los intereses económicos de cada clase o sector social y 2) el modo en que la retórica, las plataformas y la ideología de cada partido o corriente aludieron a la cuestión del peronismo. Tales alusiones, a su vez, hacían referencia a las dos principales manifestaciones político - institucionales de la identidad peronista de los sectores populares, la exclusión política que sufrían como ciudadanos, y su renovada adhesión a un movimiento sindical que continuó definiéndose como parte del peronismo y no meramente como una red de organizaciones corporativas de la clase obrera.5

La complejidad de la política argentina del período 1955-1966 se debió en gran medida a que las adhesiones y oposiciones políticas generadas, por una parte, por las predicciones acerca de los efectos que tendría la aplicación de las políticas económicas alternativas sobre lo que cada grupo percibía como “sus” intereses, y, por otra parte, las reacciones de los distintos grupos con respecto a las estrategias alternativas de exclusión o reincorporación del peronismo a la escena política legal, estaban relacionadas pero no fueron totalmente coextensivas. La lógica de esta compleja interrelación fue gobernada principalmente por las oscilaciones pendulares de aquellos partidos, organizaciones empresarias y sectores militares que expresaron y articularon la posición liberal.

¿A qué se debieron, y de qué modo ocurrieron las oscilaciones pendulares de los liberales? Dichas oscilaciones en parte respondieron a una circunstancia relativamente contingente: los programas concretos de los dos partidos que dieron cuerpo a las posiciones del populismo reformista y el desarrollismo –es decir, los radicales del pueblo y los radicales intransigentes-combinaron la política y la economía de una manera contradictoria y, desde la perspectiva de los liberales, totalmente insatisfactoria. Ya desde 1956 sectores significativos del radicalismo del pueblo habían defendido políticas económicas reformistas y nacionalistas que poco se diferenciaron de las aplicadas durante la primera etapa del régimen peronista.6 Sin embargo, con respecto al peronismo, los radicales del pueblo tendieron a asumir posiciones cercanas al “gorilismo”; más específicamente, apoyaron la proscripción electoral del peronismo hasta principios de la década del sesenta y abogaron por el establecimiento de un sistema de afiliación sindical que hubiera tenido como consecuencia la atomización de la organización corporativa de la clase obrera. Esto último, naturalmente, despertó la oposición de la conducción sindical, predominantemente peronista. La fórmula del Radicalismo Intransigente era, prácticamente, el reverso exacto de la posición de sus viejos correligionarios. Luego de la asunción de Frondizi como presidente en 1958, los radicales intransigentes adoptaron un programa económico orientado a la expansión de las industrias productoras de bienes de consumo durable y de capital y la modernización y privatización creciente de los sectores de energía, transportes y comunicaciones. Este programa reservó un papel estratégico al capital extranjero e impuso inicialmente una drástica reducción del salario real. Los radicales intransigentes, sin embargo, nunca abandonaron los objetivos “integracionistas” que anunciaron desde 1956. Trataron de reforzar el predominio peronista en el movimiento sindical, pero, al mismo tiempo, indujeron (e incluso forzaron) a los líderes sindicales a actuar “responsablemente”, lo cual significaba: a) contener las “excesivas” demandas salariales de las bases y b) distanciarse del liderazgo ejercido por Perón.

Excluido el peronismo, los dos partidos radicales agotaron el espectro de fuerzas electoralmente significativas de fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte, con posibilidades reales de ganar una elección presidencial o, siquiera, de obtener una representación parlamentaria significativa.7 La coherencia interna de los programas liberales se equiparaba a su tremenda debilidad electoral. La síntesis programática liberal, es decir, la propuesta de: 1) erradicar definitivamente al peronismo y pulverizar el sindicalismo peronista, 2) producir una drástica reducción del intervencionismo estatal y 3) eliminar los sectores industriales ineficientes, obtuvo la adhesión de amplios sectores de la burguesía argentina. Empero, no sirvió para ganar votos. En consecuencia, luego de 1955, los liberales debieron enfrentar la dura realidad de que la derrota de su principal enemigo, el peronismo, no se tradujo en la resolución de sus problemas políticos. Así se vieron continuamente forzados a elegir entre lo que en última instancia percibieron como dos “males menores”: el desarrollismo y el reformismo populista. Sin embargo, la lógica de este juego político llevó a los liberales a modificar repetidamente su evaluación de cuál de esos “males” era realmente el “menor”.

Cuando eligieron dar prioridad a sus objetivos económicos, como entre 1959 y 1961, tendieron a aliarse con el desarrollismo. Pero esa alianza no fue fácil ni pudo alcanzar un grado satisfactorio de estabilidad. Si bien los liberales y desarrollistas coincidieron en la necesidad de aplicar programas de estabilización basados en fuertes devaluaciones y congelamientos de salarios, no alcanzaron el mismo grado de acuerdo con respecto a la estrategia económica a largo plazo. Por lo tanto, el éxito mismo del programa de estabilización, sobre el que habían coincidido previamente, agudizó y puso más de manifiesto sus conflictos más profundos.8 Además, y debido a que los desarrollistas nunca abandonaron su postura “integracionista”, los liberales frecuentemente se sintieron ofendidos y perjudicados por las actitudes conciliatorias que tuvo el desarrollismo hacia los líderes sindicales peronistas. Las negativas del gobierno frondizista a desmantelar la CGT y las idas y vueltas con respecto a la proscripción del peronismo en los comicios legislativos y provinciales agudizaron la tensión entre liberales y desarrollistas. En consecuencia, aquellos se inclinaron a menudo por resaltar sus orientaciones antiperonistas - como ocurrió en 1956-1958 y, menos claramente, en 1962-1963-, lo cual los llevó a unirse al populismo reformista. Pero, naturalmente, ésta también era una alternativa poco satisfactoria. Tanto en 1958 como en 1962 los radicales del pueblo ofrecieron una plataforma antiperonista y anti integracionista aparentemente atractiva, pero que constituía la antípoda del liberalismo en términos de política económica. Cada vez que le populismo reformista tuvo oportunidad de aplicar su programa económico - como ocurrió parcialmente en 1956 y de un modo más claro entre 1963 y 1966-los liberales se sintieron profundamente contrariados por políticas que no dejaban de asemejarse a las del peronismo.9

En consecuencia, uno de los rasgos sobresalientes de la disyunción que recorrió al antiperonismo a lo largo de este período fue que cada uno de los resultados sucesivos estuvo determinado por el sentido en que, alternativamente, oscilaron los liberales. Al mismo tiempo, sin embargo, los liberales ejercieron sólo una influencia mínima en el curso seguido por la política y la economía. Si bien inicialmente estuvieron en condiciones de imponer programas de estabilización, fueron más tarde obligados a renunciar a sus objetivos de largo plazo o, aún peor, forzados a abandonar las posiciones conquistadas en el gobierno. De tanto en tanto tuvieron éxito en lograr la proscripción del peronismo, pero fracasaron rotundamente en su objetivo de controlar el régimen semidemocrático que pretendieron fundar.

Los liberales, como cabía esperar, adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones, en cuanto al logro de sus objetivos de largo plazo, es decir, la erradicación del peronismo (y de su espectro) y la rectificación de la orientación económica estatista y pro industrialista. Hacia mediados de la década de 1960 esta progresiva toma de conciencia fue un factor decisivo que indujo a los liberales a optar por una estrategia abiertamente antidemocrática. Tal estrategia pudo énfasis en la necesidad de eliminar aquellas mediaciones políticas, los partidos y los mecanismos parlamentarios que, supuestamente, habían impedido por más de una década la implementación del programa liberal. Entre 1964 y 1966, a diferencia del período frondizista, el énfasis renovado puesto por los liberales en sus objetivos económicos no desembocó en otra alianza con el ala desarrollista del espectro político. A esa altura los liberales ya estaban convencidos de que para alcanzar sus objetivos económicos y políticos debían romper sus vínculos con el establishment partidario no peronista.

Los sindicatos peronistas en la oposición

El intento del régimen militar de 1955-1958 de fundar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios fracasó completamente. Sin embargo, el despliegue de tal intento tuvo consecuencias significativas para la sociedad argentina. Más allá de haber causado el colapso del régimen peronista, la intervención militar favoreció, a partir de 1955, el surgimiento de una especie, de una suerte de “parlamentarismo negro”. Este estilo de política se fue conformando a raíz de la frustrada implementación de los proyectos pertenecientes a los militares “democráticos” y de la no prevista configuración de nuevos patrones de acción política que fueron prevaleciendo subsecuentemente. Hasta cierto punto, la misma situación se produjo en relación con las políticas hacia la clase obrera y las relaciones laborales. El régimen militar fracasó rotundamente en sus intentos de erradicar al peronismo de la clase trabajadora. Asimismo, el régimen no logró imponer su proyecto de crear un sistema de afiliación y representación sindical múltiple, destinado a reemplazar las pautas establecidas por la ley peronista de los años cuarenta. Sin embargo, a pesar de que no cuajaron, estos intentos produjeron cambos importantes en el interior del movimiento obrero a partir de 1955.

En primer lugar, el estilo de control político de la clase obrera establecido durante la época peronista fue radicalmente modificado. Este estilo se había basado en el tutelaje benévolo de la clase obrera por el Estado y en la subordinación ideológica del movimiento sindical a Perón. Más aún, los líderes sindicales peronistas que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron, salvo contadas excepciones, efectivamente desplazados de la escena sindical, y nunca recuperaron su anterior influencia. En segundo lugar, el frustrado proyecto de los militares creó las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista enteramente diferente que ganó cierta independencia frente a Perón y fue capaz de desarrollar su propia estrategia política.

Sin embargo, Perón no desapareció de la escena política argentina ni del peronismo luego de 1955. Su rol, eso sí, sufrió cambios significativos. Para empezar, la naturaleza de su vínculo con las masas populares cambió, ya que Perón dejó detener la posibilidad de satisfacer sus demandas y de apelar periódicamente a ellas en forma directa. Alternativamente, la figura de Perón emergió como el principal símbolo del retorno. La imagen del retorno a un pasado mejor se constituyó en la base más importante del atractivo que el peronismo despertó permanentemente en las masas y, en particular, en la clase obrera. Otro cambio importante fue que Perón perdió, en parte, su poder de controlar a los líderes peronistas. Algunos políticos provinciales, sobre todo de zonas ajenas a las áreas metropolitanas de la región pampeana, y numerosos líderes sindicales, generaron bases propias de poder, lo cual les dio un espacio para desafiar ocasionalmente la autoridad del “líder”. Si bien los desafíos más serios y explícitos a la autoridad de Perón fracasaron invariablemente, el poder para sancionar las expresiones de rebeldía, otrora ejercido sin restricciones por el “líder”, se vio reducido sustancialmente.

Los desafíos abiertos a la autoridad de Perón no constituyeron la única manifestación de las transformaciones que su liderazgo sufrió a partir de 1955. Otra circunstancia importante fue que las connotaciones ideológicas del peronismo se fueron librando en parte de su influencia. La siempre ambigua ideología peronista empezó a reflejar en mayor medida la correlación de fuerzas internas del movimiento. Un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón, y reflejando más directamente el peso relativo de las fuerzas sociales que lo constituía, se transformó en un peronismo crecientemente proletario. Esta gradual transformación fue favorecida por un factor adicional: en cada ocasión que la proscripción electoral del peronismo fue levantada - aunque fuera de manera parcial - la esfera de acción de los líderes sindicales se vio considerablemente expandida al tener la oportunidad de incidir en la lucha política en torno a los comicios. El voto de los trabajadores se transformó así en un instrumento de presión y negociación, comparable a los paros y huelgas. Además, a diferencia de Perón y los políticos peronistas, los líderes sindicales tuvieron siempre la opción de replegarse a una esfera específica de acción: las negociaciones colectivas y las relaciones industriales. En consecuencia, los líderes sindicales del peronismo desarrollaron una aptitud de la que habían carecido hasta 1955, es decir, la capacidad de negociar con actores políticos no peronistas, tales como los partidos, las asociaciones empresariales y los militares.

El poder del movimiento sindical peronista se amplió después de 1955. Asimismo, este poder se apoyó en bases bastante diferentes. ¿Cómo empleó el sindicalismo su redefinido poder? Más arriba se sugirió que las acciones de los líderes sindicales fueron gobernadas, a partir de 1955, por una estrategia defensiva y de oposición. Esto estuvo estrechamente ligado al énfasis puesto por el peronismo en la imagen del retorno. Los sindicalistas peronistas de la época posterior a 1955 actuaron en una sociedad que cada vez se pareció menos a la Argentina del período 1945-1955. A partir de 1959 la economía fue gradualmente transformada por la expansión de los sectores industriales productores de bienes intermedios y de consumo durable. Dichos sectores eran más intensivos en el uso del capital y estaban más penetrados por el capital financiero que los sectores industriales desarrollados durante las dos décadas anteriores. Los nuevos sectores pronto desplazaron a estos últimos de su rol de núcleo dinámico del capitalismo argentino. Sin embargo, el discurso de los sindicalistas peronistas reclamó continuamente la restauración de los atributos prevalecientes antes de 1955. Estos atributos eran, en parte, rasgos reales de la Argentina de la década de 1945-1955 y, en parte, una destilación de la visión ideológica del peronismo: la alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera bajo el tutelaje protector del Estado; Políticas económicas redistributivas; nacionalismo; la definición de la oligarquía (agraria) como el principal adversario social de las fuerzas “nacionales y populares” y el poder arbitral de Perón.

El símbolo unificador de la recuperación de la época de oro lo constituía, por supuesto, el retorno de Perón a la Argentina… y al poder. Sin embargo, el retorno de Perón, y de la Argentina peronista, dejó de ser objetivo político fundamental del movimiento sindical peronista. Se transformó, más bien, en una especie de mito que cumplía dos funciones. En primer lugar, permitió a los líderes sindicales interpelar a los obreros como obreros peronistas, y por lo tanto rescatar una de las raíces de su identidad colectiva, que no llegó a ser borrada por los sucesivos regímenes posperonistas. 10 En segundo lugar, la proclamada adhesión a un objetivo político que, en el contexto de la Argentina de 1955-1966, era considerado inalcanzable por todos los sectores políticos importantes - peronistas incluidos - liberó a los sindicalistas de la responsabilidad de reconocer las consecuencias y corolarios políticos más concretos que tenía su estrategia. Dicho reconocimiento los hubiera forzado a auto limitarse en sus demandas económicas. En este sentido, el sindicalismo peronista no fue, como algunos han argumentado, un movimiento meramente economicista; en él, más bien, los objetivos económicos y políticos se entrelazaron de una manera muy peculiar.

Aunque las demandas impulsadas por los sindicatos peronistas eran de naturaleza económica y corporativa, contuvieron frecuentemente una invocación política. Los sindicatos argumentaron - a veces de un modo directo, otras de manera oblicua -, que las políticas económicas y laborales de los regímenes no peronistas no sólo perjudicaban los intereses inmediatos de los trabajadores, sino que además socavaban la posibilidad del retorno a la época dorada del peronismo. Y, aunque la invocación estuvo dirigida a los trabajadores, fue “oída” también por otras clases: la burguesía argentina también hizo la conexión entre el programa económico y corporativo de los sindicatos peronistas y la posibilidad de resurrección de una era acerca de la cual sus memorias eran enteramente diferentes a las de la clase obrera.

Las prácticas políticas del movimiento sindical combinaron dos elementos: 1) un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria que se manifestó a través de la limitada, aunque significativa, capacidad de los líderes sindicales para influir sobre la conducta electoral de los trabajadores; y 2) una acción de desgaste a largo plazo - algo así como un continuo e implacable asedio “desde afuera”- que se ejerció contra regímenes políticos que excluyeron al peronismo, al costo de ser altamente vulnerables a ataques cuestionadores de su representatividad y legitimidad.

Las administraciones del período 1955-1966, tanto civiles como militares, resultaron debilitadas por los efectos que produjo uno de sus propios axiomas operativos, es decir, la exclusión del peronismo de la escena política legal. En efecto, tal exclusión redundó en que la capacidad política de la clase obrera para obtener concesiones fue mayor toda vez que ésta se propuso quebrantar las reglas formales. En consecuencia, el movimiento sindical peronista se tornó, tal como se quejaban alguno de sus adversarios, una fuerza subversiva. Tal carácter subversivo, sin embargo, no estuvo asociado a un cuestionamiento de la naturaleza capitalista de las relaciones sociales. Reflejó, en cambio, que el sindicalismo - así como otros actores - recurrió, como último recurso, al quebrantamiento de las reglas formales del sistema. En realidad, el efecto desestabilizador de las acciones emprendidas por el sindicalismo fue siempre indirecto, como resultado del impacto que tales acciones produjeron en la conducta de otros actores, y en particular de las Fuerzas Armadas. Los sindicalistas contribuyeron a crear circunstancias que indujeron a los militares a deponer a las administraciones a las administraciones civiles, o frustraron los objetivos de los regímenes militares, induciéndolos de ese modo a abandonar el poder para evitar situaciones que, al menos en la percepción de los militares, hubieran requerido como solución la aplicación de medidas de represión masiva.

La estrategia del movimiento sindical peronista tuvo una ventaja importante: su poder materializó, en buena medida a través de las acciones de otros actores. Esto permitió a los sindicalistas disociarse de las consecuencias indeseables de los ciclos de golpes y repliegues de los militarse, como ocurrió reiteradamente entre 1955 y 1966. La estrategia sindical tuvo, además, otras dos características. Por una parte, que el movimiento sindical promoviera el logro de sus objetivos a través de otros actores dio lugar a que los objetivos de estos “intermediarios” interfirieran o modificaran parcialmente los propios del movimiento sindical. Por otra parte, que el poder del sindicalismo se manifestara principalmente a través de la imposición de restricciones a las acciones de otros actores, ocultó su incapacidad para formular un diagnóstico propio de la crisis estructural que afectaba a la economía argentina desde fines de la década de 1940 y para proponer respuestas.11

Finalmente, esta capacidad defensiva permitió al sindicalismo obstaculizar la implementación definitiva de las políticas de estabilización económica que se propusieron retrasar los salarios con respecto a los aumentos de otros precios, e inducir, de ese modo, un aumento de la inversión privada. A partir de 1959, el poder defensivo de los sindicatos fue ejercido con cierta “demora”, materializándose sólo después que las políticas de estabilización lograran algunos “éxitos” con respecto a la reducción de los salarios reales y la represión de las demandas obreras. En consecuencia, la capacidad defensiva del sindicalismo se manifestó principalmente a través de la articulación de “acciones de contraataque”. Las mismas tuvieron el efecto de anular, al menos parcialmente, el impacto negativo inicial que los programas de estabilización habían producido en los niveles de salario y empleo. Pero, aún así, la resistencia sindical no pudo revertir algunos de los cambios introducidos en la economía. Durante el período 1959-1961 –al igual que entre 1967 y 1969-se dio una importante expansión de los sectores industriales caracterizados por ser capitales intensivos y contener una presencia predominante del capital extranjero. Luego de la década de rápido crecimiento inaugurada hacia fines de la guerra, el nivel de empleo industrial se estancó hacia mediados de los años cincuenta; a su vez, los aumentos de la productividad de la mano de obra industrial fueron sustancialmente mayores que los aumentos de los salarios reales. En resumen, el despliegue exitoso de las acciones de contraataque del movimiento sindical impidió la completa ejecución y consolidación de los proyectos de estabilización y crecimiento de fines de la década del cincuenta y principio de los años sesenta, pero no pudieron revertir las significativas transformaciones sufridas por la economía argentina a partir de 1959.

Los militares del período posterior a 1955: nuevos estilos de intervención política

Los militares constituyeron el tercer elemento importante de la fórmula política que emergió a partir de 1955. El éxito de la insurrección militar de ese año inauguró un nuevo patrón de intervención militar en la política argentina. Entre 1930 y 1955, las Fuerzas Armadas se habían constituido en guardianes de los gobiernos constitucionales, derrocando tres administraciones civiles. Sin embargo, a excepción del corto período entre 1943 y 1945, los militares se abstuvieron de participar directamente en la conducción del Estado a lo largo de esos veinticinco años. Durante los gobiernos conservadores de los años treinta y principios de la década del 40, así como durante la presidencia de Perón entre 1946 y 1955, no tuvieron una participación significativa en el manejo de los asuntos públicos, más allá de su presencia al frente de algunas empresas del Estado.

Tampoco se propusieron institucionalizar regímenes no democráticos controlados permanentemente por las Fuerzas Armadas.

A partir de 1955, los militares modificaron gradualmente ese patrón de intervención. Durante una primera etapa, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en 1) la exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado, y 2) el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional instalado en 1958, con el propósito de imponer sus propias preferencias en los asuntos públicos. Por lo tanto, durante el período de intervención tutelar, los militares coartaron las prácticas y principios democráticos de dos maneras. Denegaron el derecho a elegir los candidatos de su preferencia a una porción significativa de la ciudadanía y recurrieron repetidamente a la amenaza de deponer las autoridades constitucionales si las mismas no satisfacían sus demandas. Por supuesto, todo esto se hizo en nombre de la democracia. El peronismo y, luego de 1959, el comunismo fueron equiparados con la “antidemocracia”. En consecuencia, las acciones emprendidas contra los peronistas, los comunistas y contra los políticos y funcionarios públicos que supuestamente los respaldaban o simplemente los toleraban, fueron justificadas con el argumento de que tales acciones estaban destinadas a proteger a la democracia de sus enemigos.

A principios de la década de 1960, importantes sectores de la Fuerzas Armadas comenzaron a darse cuenta de que los beneficios obtenidos mediante la intervención tutelar eran inferiores a los costos ocasionados por ésta. La invocación militar a un respaldo de las organizaciones políticas “democráticas” había forzado a las Fuerzas Armadas a restringirse a las alternativas políticas que ofrecían los partidos así calificados. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas concluyeron que eran percibidas por la opinión pública como responsables de la distorsión de las prácticas democráticas, sin siquiera obtener el beneficio compensatorio de que sus objetivos se cumplieran. Además, el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos implicó que debieran asumir con frecuencia posiciones específicas con respecto a asuntos de política económica, represión política, legislación laboral y cuestiones semejantes, lo cual, como fue de esperar, contribuyó a generar una profunda fragmentación interna. En ciertas ocasiones, tal fragmentación tuvo como origen el apoyo dado por algunos oficiales a la posición de determinados partidos políticos. Más a menudo, el discenso interno y la fragmentación surgieron cuando distintos sectores de las Fuerzas Armadas no estuvieron de acuerdo en relación a cuestiones tales como el alcance y la naturaleza de las presiones que se ejercían sobre las autoridades constitucionales, o las políticas que se aplicarían con respecto a los sindicatos y al partido peronista. La fragmentación militar alcanzó su punto más crítico entre los años 1959 y 1963, a raíz de confrontaciones entre facciones opuestas que, en dos ocasiones, culminaron en enfrentamientos armados. La victoria de una de estas facciones militares en 1963-los “azules”- y la emergencia del general Onganía como indiscutido hombre fuerte del Ejército abrió el camino a una profunda reevaluación de la estrategia política de los militares.12 En consecuencia, las prácticas de intervención tutelar, que habían prevalecido desde 1955, fueron rápidamente abandonadas, en la medida que se las percibió como responsables de la pérdida de prestigio y unidad de las Fuerzas Armadas. A partir de 1963, con el advenimiento de los radicales del pueblo al poder, los militares suspendieron en buena medida su intromisión en los asuntos de gobierno. Sin embargo, tal como los eventos pronto demostrarían, ese cambio no significó que las Fuerzas Armadas repentinamente hubieran aceptado que debían auto confinarse al cumplimiento de sus tareas específicas, con estricta subordinación a las autoridades constitucionales. Por el contrario, el interregno “profesionalista” de 1963-1966 –y la paralela reunificación del Ejército, y del conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor de Onganía-precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la “seguridad nacional”. Uno de los principales corolarios de la doctrina emergente fue que las Fuerzas Armadas deberían asumir la responsabilidad única en el manejo de los asuntos públicos, con la consiguiente exclusión de los partidos políticos y la abolición de los comicios y los mecanismos parlamentarios.

En algún momento, hacia la mitad de los años sesenta, Onganía y sus asociados llegaron a la conclusión de que el experimento semidemocrático iniciado en 1955 debía darse por concluido. La combinación que había prevalecido después del derrocamiento de Perón, es decir, un juego parlamentario permanentemente desbordado, pero no enteramente suplantado por las negociaciones y los enfrentamientos extrainstitucionales, tenía, desde el punto de vista de los militares, dos inconvenientes. En primer lugar, como ha sido señalado, creó condiciones que incentivaban la fragmentación militar. En segundo lugar, los militares interpretaron que esa situación inducía a los políticos a no trascender las demandas sectoriales de corto plazo de los diversos sectores sociales, haciendo de este modo imposible el crecimiento económico sostenido. A su vez, se sostuvo, la fragmentación militar y la proliferación irrestricta de conflictos sociales proveían un terreno fértil para la subversión.

El diagnóstico formulado por las facciones militares predominantes en 1966 tuvo profundas resonancias en el conjunto de la sociedad argentina; los grupos liberales, en particular, recibieron con beneplácito la posición antipartidista adoptada por las Fuerzas Armadas, ya que tales grupos habían llegado a la conclusión de que, en el juego planteado por la política parlamentaria, les tocaba invariablemente elegir entre alternativas igualmente insatisfactorias. Por lo tanto, el golpe militar y la posibilidad de fundar un régimen no democrático, permanente y estable, apareció ante los liberales como una opción tentadora. La misma no sólo parecía resolver el problema por su endémica carencia de votos, sino también - ellos esperaban - les proveería los medios para dar un golpe final, decisivo, a los sindicatos peronistas que tan exitosamente se habían constituido en uno de los actores políticos centrales del período 1955-1966.

Lo que resultó en parte paradójico, sin embargo, en 1966, fue que las consignas de los militares liderados por Onganía fueron acogidas con beneplácito no sólo por los liberales, sino también por el actor a quien, precisamente, los liberales querían liquidar: el sindicalismo peronista y la corriente hegemónica dentro de él, o sea el vandorismo.13 El hecho de que tanto los liberales como los sindicalistas aparecieron apoyando el golpe militar de 1966 reflejó dos cosas: la ambigüedad inicial de las propuestas de Onganía en materia de política económica y el atractivo que tuvo para el vandorismo la posibilidad del establecimiento de un régimen político autoritario. Esta última circunstancia fue una consecuencia de la afinidad de los sindicalistas peronistas con las invocaciones al orden; la unidad, verticalismo, el anticomunismo y la tutela estatal ocuparon un lugar preponderante en la ideología esbozada inicialmente por Onganía y la corriente paternalista organicista de las Fuerzas Armadas.14 Si bien las acciones obreras durante la segunda mitad de la década del cincuenta –cuando los peronistas habían restablecido su redefinido predominio dentro de la clase-habían resultado en transgresiones muy serias a aquellas invocaciones, los dirigentes sindicales redescubrieron rápidamente ingredientes de la ideología peronista que resultaban consonantes con los esquemas de militares como Onganía. Dicha consonancia se expresó tanto en las visiones de organización social que inspiraron las estrategias del vandorismo como en las modalidades de estructuración del movimiento sindical que procuraron implementar. Uno de los principales dirigentes peronistas del período 1957-1966 sugería estas coincidencias de manera muy gráfica:

…el movimiento sindical en los países en vías de desarrollo debe ser verticalista como los cuerpos estructurados –la Iglesia, el Ejército, la familia -, pues es la única manera de aunar criterios con el fin de presionar efectivamente y evitar el desorden, que tanto puede ser provocado por el afán desmedido de lucro de parte de los empresarios como por las demandas incontroladas de los obreros. Además, en la Argentina, un movimiento verticalista recupera la tradición caudillesca. El sindicalismo, asimismo, debe actuar al calor oficial. El Estado debe ser el padre protector así como lo es la industria, el comercio y el agro.15

Un acuerdo político con los militares golpistas se convirtió en una tentación cada vez mayor para dirigentes sindicales vinculados a un movimiento político cuya proscripción electoral renovada por los gobiernos semidemocráticos previos a 1966, se estaba transformando en un dato estable de la política argentina. La “intervención de los trabajadores en la orientación del futuro económico del país” que los sindicalistas peronistas venían demandando desde 1957 parecía poder llegar a materializarse sólo si se privilegiaban vías de participación alternativas al semibloqueado carril partidario electoral. La presencia de militares que, por una parte, condenaban el juego partidario in toto, y no simplemente al peronismo, y, por la otra, parecían responder a consignas de tono nacionalista, estatista y contra el gran capital fue, entonces, vista por los sindicalistas peronistas como el posible agente catalizador de un régimen político no parlamentario que sirviese para cimentar la alianza entre Fuerzas Armadas y sindicatos que, supuestamente, se había frustrado en 1955.

2

EL PREDOMINIO MILITAR Y LA PROFUNDIZACIÓN DEL AUTORITARISMO

Como señalé en la introducción, las fórmulas políticas ensayadas a partir de 1966 tuvieron un carácter marcadamente más totalizador que las visiones y concepciones que subyacieron a los gobiernos militares y constitucionales del período 1955-1966. Durante la década posterior al derrocamiento de Perón, cada quiebra institucional no alteró, sino que, por el contrario, contribuyó a conformar una manera común de hacer política, al definir una fórmula que se basó en su propia crisis permanente dentro de los límites puestos por las pretensiones relativamente modestas de los actores predominantes: los políticos y los militares. Los primeros, que quisieron consolidar una democracia, pero la negaron permanentemente al no atreverse, o no poder, incorporar plenamente al peronismo, y los segundos, que pretendieron reservarse poderes de veto y de tutela, pero sin proponerse instaurar un régimen autoritario estable dominado por las Fuerzas Armadas.

A partir de 1966 subsistió el patrón de alternancia entre gobiernos militares y civiles; sin embargo, como ya se apuntó, la similitud con la década previa fue, en ese sentido, solamente superficial. En realidad, a pesar del naufragio de los proyectos de 1966, 1973 y 1976, cada cambio de gobierno estuvo asociado a una ruptura con respecto a las modalidades previas de hacer política e introdujo novedades significativas. En otras palabras, el retorno a una situación de equilibrio relativo no ocurrió que el despliegue y el agotamiento de las respectivas fórmulas políticas produjeran efectos deseados e impactos imprevistos y desataran procesos que, en cada caso, contribuyeron a redefiniciones sustantivas de la escena política y social; ejemplos de estos procesos fueron las movilizaciones sociales del período 1969-1973, la militarización de la política y el estilo de represión estatal ilegal y masiva inaugurado en 1974 y acentuado en 1976 y la profunda crisis económica desatada a partir de 1981.

Desde 1966, entonces, no ha habido una manera común de hacer política como ocurrió en el período previo. A pesar de que, por supuesto, existieron continuidades desde ese año hasta aquí, cada corte institucional redefinió cualitativamente el material político a disposición de los actores fundamentales de la sociedad argentina.

El golpe de 1966: la suplantación de la política por la administración

El transcurrir de los años del gobierno radical del pueblo inaugurado en 1963 sirvió para reforzar las tendencias que habían sido preanunciadas por los episodios que rodearon la caída de Frondizi en 1962: la cada vez más decidida inclinación de la gran burguesía y de los sectores liberales a apoyar la instalación de un régimen no democrático; la escasa predisposición de los sindicalistas peronistas a contribuir a legitimar y estabilizar gobiernos semidemocráticos que continuaban proscribiendo a su movimiento y el progresivo “deslizamiento” autoritario de las Fuerzas Armadas.

En junio de 1966, la culminación de la tarea de “profesionalización” de las Fuerzas Armadas encarada por el líder triunfante de los enfrentamientos militares de 1962-1963, el general Onganía, coronó la coincidencia implícita de liberales y sindicalistas en apoyo al golpe militar que derribó a Arturo Illia. O´Donnell (1982, p. 85) señala acertadamente que Onganía indujo la materialización del “factor ausente” entre 1956 y 1963 –la unidad militas-al conducir la

…reacción “profesionalista” (que apuntaba) a lograr cohesión interna, aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y capacitarlas para la comprensión de problemas sociales desde la óptica de las doctrinas de seguridad nacional que comenzaban a prevalecer en el continente. Este intento se conectaba con el diagnóstico de que el fraccionamiento interno se debía a la constante intervención en la política nacional en alianza con, y en función de, las metas de los partidos políticos y grupos civiles.

Los objetivos que se propuso la “Revolución Argentina” fueron congruentes con el aludido diagnóstico: por un lado, suspender sine die las actividades de los partidos políticos y de las instituciones parlamentarias, por el otro, consagrar expresamente la desvinculación de las Fuerzas Armadas del gobierno disponiéndose que éstas”… no gobernarán ni como gobernarán”.16 Todo esto ni hizo sino reconocer e intentar implementar los corolarios del consenso que rodeó al golpe: la erradicación de la “partidocracia” y la presunción, y la esperanza, de que el líder de la exitosa operación de unificación de las Fuerzas Armadas se transformaría en una especie de monarca autocrático ocupando la cúspide de un régimen en el que el único que haría política sería el gobierno.17 En otras palabras, producida la unidad (militar y social) y superado el conflicto, la política dejaría el lugar a la administración con el resultante predominio de técnicos situados por encima de los intereses sectoriales y capaces de proponer e implementar las soluciones óptimas. La fórmula institucional de la “Revolución Argentina” se vio coloreada, asimismo, por una retórica corporativística que puso el énfasis en la gradual articulación de “consejos de la comunidad” encargados de canalizar las actividades de las organizaciones sociales y de servir como mecanismos consultivos y asesores de las autoridades.

La centralidad que ocupó en la propuesta de Onganía la temática de la renovación (y simplificación) de la política argentina no fue casual. Respondió a la convicción de que el problema de la Argentina era un problema fundamentalmente político, y que de lo que se trataba era de barrer con la complicada, ineficiente, y eventualmente peligrosa intermediación de los circuitos partidarios, parlamentarios y corporativos para que se desplegaran plenamente las potencialidades de crecimiento económico. En el plano de la economía la fórmula del gobierno de Onganía no resultó demasiado novedosa. Consistió principalmente en reeditar, con algunas modificaciones, las recetas desarrollistas ensayadas entre 1959 y 1962, presumiblemente liberadas de los límites impuestos por las modalidades políticas prevalecientes hasta 1966. Los objetivos del desarrollismo habían sido los de reinsuflar dinamismo a la economía sobre la base de completar la integración vertical del sector industrial y el desarrollo y modernización de la infraestructura y, paralelamente, restaurar el predominio de las unidades oligopólicas y más transnacionalizadas dentro de dichos sectores.18

La política Argentina pareció por un par de años transitar por los carriles prescriptos por Onganía y sus asociados. Aparte de los éxitos económicos alcanzados hasta la primera mitad de 1969 –una normalización sin costos sociales demasiado elevados, aumento de la inversión, descenso de la tasa de inflación, mejora en la situación de la balanza de pagos-el gobierno se anotó una serie de importantes triunfos políticos: los partidos cayeron en un pozo de irrelevancia e inactividad, los sindicatos fueron forzados a aceptar sucesivamente la abolición, en la práctica, del derecho de huelga –a raíz de la sanción de la ley de arbitraje obligatorio de agosto de 1966-y la intervención gubernamental de los gremios industriales más importantes como resultado del rotundo fracaso del “Plan de Acción” de comienzos de 1967, y Perón fue convirtiéndose en una especie de muerto político aparentemente despojado de todas las armas que había utilizado tan eficazmente entre 1955 y 1966 para desestabilizar a gobiernos civiles y militares. Paralelamente, se generó por un lapso le impresión de que se estaba conformando un eficiente y armonioso sistema de decisiones en el que los protagonistas principales, y casi exclusivos, eran aquellos que ocupaban los despachos gerenciales de las grandes empresas y los cargos jerárquicos de las instituciones estatales encargadas de diseñar e implementar la política económica.

Sin embargo, durante los dos años y medio transcurridos entre fines de 1966 y mediados de 1969 hubo dos espacios, sobre todo, en los cuales fueron dándose fenómenos novedosos cuyas repercusiones sobre la política nacional sólo se manifestarían a partir de mayo de 1969. El primero fue la creciente gravitación que fue adquiriendo el mayor perfilamiento de las corrientes internas dentro de las Fuerzas Armadas – paternalistas, nacionalistas y liberales-cuyas respectivas características e interrelaciones analiza magistralmente O´Donnell en su ya citada obra.19 Las acusas subyacentes de las divergencias entre las corrientes no fueron nuevas; ellas, a menudo, giraron en torno a temas tales como la política a seguir con respecto al movimiento sindical, los objetivos de transformación económica a largo plazo, el modelo político a instaurar después de completadas las etapas de ordenamiento y depuración. Lo que sí cambió radicalmente a partir de 1966 fue que las disensiones internas de las Fuerzas Armadas se dieron dentro de un ordenamiento institucional en el que quedaba presuntamente excluida la permanente gimnasia conspirativa que los militares habían desarrollado entre 1955 y 1966 tanto frente a regímenes constitucionales como dentro de gobiernos de facto temporarios. A esto se agregó, como veíamos, que a las Fuerzas Armadas se les vedó expresamente la participación directa en tareas gubernativas; el efecto combinado de una y otra circunstancia fue que las tensiones y conflictos internos de los militares y los contactos con personajes externos clave perdieron legitimidad y pasaron a tener lugar cada vez más subterráneamente. La consecuencia previsible fue que el caudillo militar de los años previos fue quedando progresivamente aislado de sus camaradas de armas. Además, la rígida personalidad de Onganía contribuyó también a que se fueran evaporando las posibilidades de que éste respondiera a sugerencias o presiones de dichos camaradas a través de ajustes parciales o negociaciones. Como el “Estatuto de la Revolución Argentina” no había fijado los plazos a la gestión del presidente ni había previsto transiciones, el gobierno de Onganía no tuvo “fusibles”, con lo que el riesgo de que ante una situación de crisis el juego adquiriera rápidamente un carácter de todo o nada era enorme.

El segundo espacio en el que se produjeron modificaciones significativas fue el de una serie de ámbitos de la sociedad civil que, hasta 1966, había sido dominados, en buena medida, por la lógica de negociaciones y presiones extrainstitucionales, pero controladas, descriptas en la sección anterior. En ese sentido, resulta conveniente precisar, el significado del control al que se alude. Entre 1955 y 1956 algunas organizaciones fundamentales de la sociedad civil, como los sindicatos y las asociaciones empresariales, desbordaron permanentemente los canales institucionales gubernamentales; sin embargo, siempre lo hicieron procurando evitar el ser ellas mismas desbordadas por la movilización de sus propios miembros. Como este propósito fue generalmente alcanzado, las movilizaciones y las acciones colectivas de obreros y empresarios se subordinaron, casi sin excepciones, a una lógica de negociación de cúpulas que jerarquizó, particularmente en el caso de los sindicatos, la supervivencia de las respectivas organizaciones corporativas y la estabilidad de sus dirigentes. Dentro de este esquema, los dirigentes tendieron a utilizar la movilización como arma para el chantaje frente a otros actores y el Estado, valorizando no sólo su capacidad de generar dichas movilizaciones, sino también la de encausarlas e incluso refrenarlas.

Las medidas anta sindicales tomadas a partir de fines de 1966 no liquidaron a los gremios ni a sus dirigentes –tampoco esa era su intención-sino que lo forzaron a aceptar dócilmente las políticas gubernamentales. El éxito de la estrategia oficial de intransigencia se sumó a otras causas que venían minando el poder y el grado de control de la diligencia sobre las beses obreras desde antes del golpe de junio de 1966. Entre éstas pasaron preponderantemente las políticas de las grandes empresas de sectores de punta - como el automotor y el de los tejidos sintéticos - de promover la creación de sindicatos por empresa en desmedro de las uniones y federaciones que celebraban acuerdos salariales de alcance nacional, y la estrategia del gobierno Radical del Pueblo de favorecer el pluralismo sindical buscando, a través de una serie de mecanismos, el debilitamiento de los sindicalistas peronistas.20 En 1968 comenzó a insinuarse un proceso, que se profundizó a partir de 1969, por el cual se resquebrajaron las complejas ligazones que, desde principios de la década, había mantenido articulado un sindicalismo relativamente unificado con eje en el poderoso dirigente del gremio metalúrgico, Augusto Vandor.21 Entre 1959 y 1966 el poder del vandorismo había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común a los restantes nucleamientos sindicales peronistas y no peronistas, a pesar de que éstos habían perseguido, a menudo, objetivos diferentes a los de Vandor. Durante 1968 y 1969 el vandorismo comenzó a perder buena parte de esa capacidad al ser flanqueado por la derecha y desbordado por la izquierda. Los “blandos”, que inspirándose en la jerga oficial fueron re bautizados como “participacionistas”, se fortalecieron significativamente en la medida que, favorecidos por el patrocinio estatal, mantuvieron plenamente el control de la maquinaria y los recursos de los gremios en que predominaban. Asimismo, la ruptura por parte del gobierno del diálogo con los vandoristas privó casi totalmente a éstos de una de las dos patas en la que se apoyaba su estrategia, es decir, la negociación con el Estado. Esto último desvalorizó el argumento vandorista de que una postura menos intransigente (que la de los “duros” o “combativos”) producía mejores resultados. Y fue, precisamente, la desvalorización de la estrategia vandorista lo que permitió en marzo de 1968, en un congreso normalizador de la CGT convocado sin el reconocimiento gubernamental, una heterogénea combinación que incluía peronistas “duros” –en muchos casos influidos por una ideología de “izquierda cristiana”-, “independientes”, progresistas y a marxistas ajenos a la ortodoxia del Partido Comunista, se impusiera al vandorismo y designara a Raimundo Ongaro, un obrero gráfico, Secretario General de la CGT. Inmediatamente Vandor desconoció los resultados y convocó a un nuevo congreso que nombró otra mesa directiva, con lo que, en la práctica pasó a haber dos CGT. En parte debido a la represión oficial y en parte como resultado de sus tácticas erráticas, la CGT de los Argentinos –tal fue el nombre que adquirió la entidad dirigida por Ongaro-fue perdiendo rápidamente la adhesión de la mayoría de los sindicatos que originalmente la habían integrado. Sin embargo, su discurso de oposición frontal al régimen de Onganía y de condena a las tácticas de los “blandos” y los vandoristas fue acentuando los contenidos anticapitalistas y mantuvo vigencia, a menudo, a nivel de planta y de algunas regionales del interior del país. El discurso de la CGT de los Argentinos, en definitiva, se constituyó en un material ideológico y “práctico” disponible para ser apropiado por otros protagonistas en acciones colectivas más masivas.

Las insurrecciones populares de 1969, que tuvieron su episodio más significativo en el Cordobazo, fusionaron a obreros, empleados, estudiantes y pobres urbanos, y, como acota O´Donnell22

…expresaron, y en parte fueron, el disparador de las tensiones que se habían ido a cumulando desde la implantación del (gobierno militar).

El intento de Onganía de eliminar las trincheras del juego político, clausurando los múltiples mecanismos institucionales y extrainstitucionales a través de los cuales el compromiso había predominado en la sociedad y en la política argentinas y pretendiendo canalizar y “ordenar” los diversos intereses y orientaciones sociales desde un Estado supuestamente omnisciente y jerárquico terminó por producir lo que, de alguna manera, había venido a erradicar como posibilidad en la Argentina. A la inesperada y espontánea explosión popular, que expresó, entre otras cosas, el aislamiento e ignorancia del gobierno frente a la sociedad, se sumó la renuncia de las Fuerzas Armadas a desencadenar una represión más sistemática y severa que la aplicada hasta entonces, como lo requería un Onganía que había perdido noción, asimismo, de lo que estaba ocurriendo, bajo la superficie, dentro de las instituciones militares.

La imagen de un Estado aislado, cuyo discurso autoritario de pronto perdió resonancia en la sociedad y se quedó sin soportes activos, sectoriales e institucionales, no sólo socavó irremediablemente la legitimidad del gobierno de Onganía, sino que además impregnó a la misma sociedad atenuando la opacidad con que normalmente están recubiertos los fundamentos autoritarios de sus instituciones y de sus prácticas. A partir de 1969 se superpusieron, entonces, dos crisis: por un lado, la del régimen militar autoritario, crisis cuyo despliegue pasó a ser gobernado por el entrecruzamiento de los conflictos internos de las Fuerzas Armadas y las interrelaciones entre un gobierno cada vez más acorralado y un frente de oposiciones políticas que fue progresivamente convergiendo en torno a la persona de Perón; por el otro, la crisis de la dominación social que es expresó a través de incertidumbre acerca de

…la continuidad de prácticas y actitudes antes descontadas como naturales de clases y sectores subordinados. Esto puede aparecer en la caducidad de ciertas pautas de deferencia hacia el superior social, en diversas formas expresivas inusuales en cuestionamientos de la autoridad habitual en ámbitos como la familia y la escuela y como una impugnación del mando en el lugar de trabajo.23 (énfasis de M.C.)

Es en ese sentido que se puede afirmar que en 1969 se abrió un período inédito en la historia Argentina, en el que resultó profundamente cuestionada y corroída la autoridad de muchos de aquellos “que dirigían” las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en los casos de quienes aparecían más directamente “garantizados” por el Estado. Dentro de esta categoría quedaron incluidos dirigentes más propensos a la negociación y más dependientes de la tutela estatal, los profesores y autoridades de universidades y escuelas que se habían respaldado en, y habían sido promovidos por, las orientaciones tradicionalistas y jerárquicas del gobierno de Onganía, la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y los gerentes y empresarios que, debido a las limitaciones impuestas a la acción de los jefes sindicales, las comisiones de fábrica y los delegados obreros, se habían sentido con mayor respaldo para reorganizar el proceso de trabajo, “racionalizar” la producción y restaurar la disciplina laboral.

Desde el cordobazo hasta la defenestración del efímero sucesor de Onganía, el general Levingston, la agudización de la crisis del régimen militar jugó de modo de acentuar la seriedad de las amenazas a las bases mismas de la dominación social. El empecinamiento de Onganía en procurar el imposible salvataje de su esquema, primero, y el intento de Levingston de “profundizar” la “Revolución Argentina” dándole un carácter más nacionalista y movilizador, después, no sólo terminaron por alienarle definitivamente el apoyo del grueso de sus camaradas, sino que, además, sirvieron para acentuar la crisis social al superponer, y a veces fusionar, las contestaciones autoritarias con las primeras manifestaciones de otros tres tipos de cuestionamientos: 1) aquellos centrados en las políticas económicas “liberales” y que comenzaron a exigir cada vez más audazmente la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores más postergados a partir de 1967, como los empleados públicos y privados de niveles de calificación más bajos, los pequeños y medianos empresarios (afectados por medidas tales como la liberación de los alquileres urbanos y las restricciones impuestas a las cooperativas de crédito), los trabajadores de industrias y servicios más tradicionales especialmente perjudicados por el programa modernizante del gobierno militar, y la población de aquellas regiones, como Tucumán, que resultaron afectadas por programas de racionalización económica; 2) aquellos que, en un primer momento, reclamaron la liberación política del régimen militar, para pasar luego a exigir una plena democratización con la celebración de elecciones sin proscripciones ni condicionamientos, y 3) aquellos que, sobre todo desde el ámbito de la incipiente guerrilla peronista, plantearon el objetivo de promover la insurrección popular armada para instaurar un orden social y político alternativo de carácter no parlamentario y “socialista nacional”.

La agudización de la crisis tuvo como efecto que se desarticulara lo que podría denominarse, y perdóneseme el término, la habitualidad política construida desde 1966. Sacudidos el miedo y la pasividad política que por tres años había exitosamente impuesto la dictadura, los mecanismos políticos propuestos por ésta perdieron sentido de modo vertiginoso y dejaron de ser el referente orientador de las acciones de sus anteriores partidarios y de sus opositores. Al mismo tiempo, sin embargo, los proyectos de Onganía y Levingston de entrar en el “tiempo social” y de promover la creación de un “movimiento nacional” que siguiera postergando a los partidos y se basaría en un reacercamiento con los sindicatos, respectivamente, continuaron ocupando el centro de la escena política. ¿Cuál fue la consecuencia de la obstinación y ceguera de ambos presidentes?

Durante un lapso quedó bloqueada la posibilidad de emergencia de un proyecto alternativo del gobierno de rearticulación de las orientaciones y acciones de las distintas fuerzas que operaban en al sociedad argentina. Esta “demora” fue tornándose cada vez más peligrosa: al progresivo espanto que despertaron en la gran burguesía propuestas que se alejaban del esquema normalizador de Krieger Vasena, se fue sumando el aludido agudizamiento de la crisis social con la difusión de consignas más radicales; éstas alcanzaron su pico en el segundo Cordobazo, a principios de 1971, que tuvo contenidos más clasistas e insurreccionales que el primero. En realidad, la propuesta alternativa del gobierno militar no podía ser otra que la de un repliegue que admitiera las derrotas sufridas y reconociera que el reequilibramiento social debía transitar por una apertura política que incorporase temas y demandas de las fuerzas opositoras. En un primer momento, y coincidiendo con el postrer año del régimen de Onganía, lo que estuvo en danza fue una suerte de liberalización en torno a la figura del ex presidente Aramburu, cuyo secuestro y asesinato por la guerrilla peronista en mayo de 1970 precipitó la caída de Onganía. Con la desaparición de Aramburu y la “pérdida de tiempo” ocasionada por la “profundización” ensayada por Levingston, la única opción restante fue la de una promeza de democratización, en la que los militares, reflotando el argumento de que en realidad ellos se habían propuesto restablecer la “verdadera democracia”, consintieran en traspasar el poder a un gobierno surgido de elecciones.

La operación implementada por el tercer presidente militar, el general Lanusse, partió precisamente de reconocer el limitado margen de iniciativa del gobierno desplazando el eje de la política del plano de la crisis social al de la dilucidación de las características especificas del régimen que reemplazaría a la dictadura militar, a pesar de que Lanusse y los militares sufrirían una serie de derrotas en las pujas por la determinación de la naturaleza del régimen que reemplazo, esto no debe ocultarnos, si embargo, que durante esos meses cruciales se reentretejió, de alguna manera, el tramado de la política con la recomposición de una cierta habitualidad que sirvió para cerrar, al menos parcialmente, la brecha de imprevisibilidad e indeterminación ( acerca de la dirección y de los resultados de la crisis) abierta a partir de mayo de 1969. Este proceso tuvo como principal virtud – desde el punto de vista del reequilibramiento de la dominación social-la de rearticular la crisis social (y los cuestionamientos a la autoridad en ámbitos e instituciones de la sociedad civil) a las pujas y conflictos en torno a la cuestión del régimen político.

La reorientación y rearticulación de la crisis no resultó ajena a la operación gubernamental inaugurada por Lanusse. La asunción de la presidencia por Lanusse permitió al gobierno recuperar, en parte, la capacidad de determinar cuales serían los campos en los que se librarían las batallas políticas de la sociedad argentina; ello no significó, claro está, que el gobierno y los militares fueran a ganar dichas batallas.24 De todas maneras, el limitado “éxito” gubernamental tuvo sus costos. El poco ceremonioso reemplazo del segundo presidente de la “Revolución Argentina”, a menos de un año de la también abrupta salida de Onganía, sólo pudo ser justificado en la medida que Lanusse se comprometió a presidir la liquidación del régimen militar. El hecho de que las Fuerzas Armadas debieran limitar su objetivo a tratar de imponer las condiciones de su retirada de la cúpula del Estado les restó eficacia y credibilidad a sus políticas. Si bien eso no significó que los recursos, los valores y la capacidad represiva del Estado dejaran de ser datos de importancia, el horizonte obviamente limitado del gobierno militar pasó a influir decisivamente sobre los cálculos de todos los actores políticos. En suma, el gobierno recuperó parcialmente la capacidad de fijar los parámetros de la acción política a costa de renunciar a cualquier cuota de iniciativa que hubiera podido mantener, cediéndola irreversiblemente, por ende, a oposiciones que no controlaba.

A partir de marzo de 1971 las oposiciones capturaron decisivamente la iniciativa política. Los años de Lanusse resultaron bastante diferentes a los dos años anteriores. No tanto porque las turbulencias políticas disminuyeran – en realidad, éstas se incrementaron debido a la continuidad de los conflictos sociales y la creciente especularidad de las acciones guerrilleras y de la represión-sino, más bien, porque la política fue adquiriendo un carácter más pautado. Es decir, se pasó de una situación en la cual el gobierno fue desbordado (al pretender empecinada y autoritariamente imponer proyectos que no despertaban apoyos sociales significativos) y las acciones sociales quedaron sin causes definidos, a otra en la que dichas acciones se fueron “organizando” en torno a nudos generados a partir de la s iniciativas de actores políticos más o menos constituidos. En el caso de los actores que poblaban el campo de la oposición – es decir, Perón, los partidos no peronistas, los dirigentes sindicales y empresariales, y la juventud radicalizada conflúyete con la guerrilla-, estos se propusieron objetivos muy disímiles; sin embargo, todos compartieron una ocupación común: el percibir la crisis social abierta en 1969 como el terreno apto, o como un instrumento, para alcanzar, de diferentes maneras, los objetivos propios. Así fue como Perón maniobró utilizando la crisis en función de su aspiración a convertirse en el eje obligado de cualquier definición política que resultar, los partidos trataron de realzar su cualidad de mecanismos útiles para la contención de la crisis, los dirigentes sindicales y empresariales reaccionaron de manera de defender sus privilegios corporativos y de aumentar su capacidad de maniobra en el futuro gobierno constitucional y la guerrilla, prenunciando la visión instrumental que profundizaría más adelante, reinterpretó los cuestionamiento s celulares a la autoridad de aquellos que dirigían, como la manifestación de un reclamo colectivo de constitución de un liderazgo político autoritario que condujera a la Argentina hacia la meta del “socialismo nacional”.

Las tácticas gubernamentales y, sobre todo, las coincidentes orientaciones de las oposiciones políticas y corporativas en el sentido de encauzar la crisis social para favorecer los objetivos propios contribuyeron decisivamente a que ésta fuera reabsorbida en una proporción significativa. ¿Qué quiere decir que fue reabsorbida? Consiste en que una cuota significativa del sentido de las interacciones sociales para los individuos y grupos que las protagonizan -sean éstos patrones y trabajadores, padres e hijos, profesores y alumnos, dirigentes y miembros de un sindicato, hombres y mujeres-, por un lado, viene definido por agentes y referentes “extranjeros” como los aparatos del Estado y las elites políticas, sociales, culturales y religiosas y, por el otro, aparece como la materialización a esos grupos e individuos, como, por ejemplo, las costumbres y las tradiciones. Uno de estos elementos que define a una crisis de dominación es que el poder y la repercusión de los agentes y referentes externos y de las normas sociales se debilitan, con lo que la posibilidad de una redefinición “desde adentro” del sentido de las interacciones sociales aumenta correspondientemente. La reabsorción de la crisis consiste precisamente en el cierre o angustiamiento de la brecha por la cual se filtran esas dosis de sentido autogenerado, y la consiguiente recaptura por parte de los referentes externos de su capacidad de determinar el sentido de las interacciones sociales.

En ese sentido, entonces, se puede afirmar que en la Argentina de 1971 a 1973 las practicas de los agentes políticos, y particularmente de aquellos que componían el campo de la oposición política, contribuyeron a reabsorber o conjurar la crisis social. Todos esos agentes, incluso aquellos que se definían como los instrumentos del “cambio de estructuras” se situaron frente a las acciones sociales de carácter contestatario tratando de enhebrarlas a sus lógicas ( las de los agentes), es decir, a lógicas orientadas casi exclusivamente a la conquista del poder político. Durante esos años, esas lógicas se enfrentaron en dos planos diferentes: por una parte, se dieron luchas entre el gobierno militar y las oposiciones que, en una proporción abrumadora, concluyeron en triunfos para estas últimas; por la otra, se fueron perfilando propuestas alternativas en el campo de la oposición que, por lo general, no trascendieron el terreno de las consignas y las confrontaciones ideológicas. En general, los análisis del período se han concentrado casi exclusivamente en esos dos planos de la lucha política apuntando, correctamente, que ellas se dieron en el contexto de una inusitada apretura política y de un clima de agitada discusión ideológica. Asimismo, se han destacado las consecuencias de dichas luchas sobre los acontecimientos posteriores a mayo de 1973 señalando, por un lado, que la derrota total de los militares determinó su repliegue hostil durante los primeros tiempos del gobierno peronista y, por el otro, que las propuestas alternativas del período figuraron los salvajes enfrentamientos dentro del frente triunfante en 1973, y en particular dentro del peronismo, cuando desapareció el sustrato unificador proporcionado por el objetivo común de desplazamiento del gobierno militar.25 En todo, caso aquí no se pretende analizar la naturaleza de esas luchas; el propósito de los comentarios previos es, más bien, el de subrayar que la naturaleza de la crisis política entre 1971 y 1973 contribuyó a debilitar la autonomía de las contestaciones celulares de carácter antiautoritario. Esta circunstancia, que se acentuaría mucho más entre 1973 y 1975, en parte respondió a que los agentes políticos del período no privilegiaran la capacidad de las fuerzas actuantes en la sociedad civil de promover cambios en las relaciones sociales, excepto en los casos que previeron que dichos cambios contribuían a fortalecer sus respectivas posiciones de poder. Estas conductas de los agentes políticos probablemente fueron efecto de su renuncia a aceptar las elevadas dosis de impredictibilidad e incertidumbre acerca de la dirección y los contenidos de los cambios que caracterizan a las situaciones de crisis social. Asimismo, la reabsorción de la crisis resalta la dificultad para que procesos de cambio en las relaciones de dominación puedan trascender los ámbitos específicos de la sociedad civil en los cuales transcurren y logren, por ende, producir efectos perdurables en el conjunto de la sociedad a través de la universalización de sus discursos. Si a un nivel más abstracto se puede especular que esa circunstancia revela las resistencias que las sociedades modernas ponen a los efectos transformadores de las crisis, en el caso argentino podría estar señalando que las lealtades y las identificaciones políticas tradicionales anudadas en torno al peronismo, y en menor medida al radicalismo, resultan fundamentales en coyunturas criticas como la abierta en 1969. En efecto, la recaptura del centro de la escena política por parte de Perón (y, en alguna medida, también por Balbín, el presidente de la Unión Cívica Radical, a través de su co-protagonismo en el agrupamiento de La Hora del Pueblo y de su reconciliación histórica con Perón)no sólo consagró el fracaso de la transición controlada a la que aspiraba Lanusse y los militares. La vigorosa reaparición de los viejos astros de la política argentina y la repercusión alcanzada por sus discursos parcialmente renovados, también expresó la imposibilidad de las prácticas sociales contestatarias de generar un discurso propio pasible de difundirse en el conjunto de la sociedad. Este posible discurso propio no fue, en todo caso, el de las organizaciones guerrilleras. Éstas, en su premura por atribuir a las prácticas sociales sentidos que reflejan sus programas e interpretaciones también contribuyeron al proceso a través del cual las elites políticas argentinas enajenaron y reformularon los contenidos de la crisis social y las movilizaciones populares.

A pesar de los que se afirmaba en el párrafo anterior, sin embargo, en mayo de 1973 cuando el peronismo triunfante accedió al poder, la situación política era, obviamente, muy diferente a la de 1966. La apertura democrática del período lanussista había atenuado los riesgos de la crisis social a costa de reforzar el arrinconamiento político de las fuerzas que habían predominado durante la etapa ascendente de la “Revolución Argentina”. El cómo estas fuerzas revertirían la situación de un par años y cómo la apretura democrática se cerraría abriendo el período más trágico de la historia argentina contemporánea, se dilucidaría precisamente en el período constitucional que se inauguraba en forma aparentemente auspiciosa en 1973.

El retorno de Perón y fracaso de su proyecto de institucionalización política

A pesar de todas las diferencias que separaban a Perón del Onganía de 1966, el viejo líder retornó al poder en 1973 compartiendo uno de los puntos esenciales del diagnóstico original de la “Revolución Argentina”, es decir, que el problema de la Argentina era de carácter político. Claro está que a partir de ahí las recetas fueron radicalmente opuestas; mientras que Onganía trató de abolir la política, Perón se propuso encausarla institucionalmente.26

La fórmula de Perón apuntó a crear un doble arco de articulaciones de los actores sociales y políticos. El primero no fue enteramente novedoso para el peronismo y consistió en el intento de reedición, en una versión mejorada y ampliada, de los acuerdos entre asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios que habían comenzado a estructurarse durante el último par de años del anterior gobierno peronista. Como en aquella ocasión, se convocó a las entidades gremiales confedérales, la CGT y la Confederación General Económica (CGE) para que acordaran los niveles generales de aumentos salariales, comprometiéndose a respetarlos durante su vigencia y a someterse al arbitraje final del Estado en caso de eventuales desacuerdos. En varios aspectos la situación era más propicia que la de veinte años atrás. Por una parte, la coyuntura económica resultaba favorable debido a los buenos precios de los exportables en el mercado internacional y al apreciable margen de capacidad ociosa existente en el sector industrial. Por la otra, la CGE de principios de la década del 70 era una organización mucho más extendida y representativa que la versión original creada por el mismo José Gelbard. A su capacidad de aglutinar vastos segmentos del segmento del pequeño y mediano empresariado, la CGE había sumado asimismo la presencia de grandes empresas de capital nacional – de las cuales el grupo dirigido por Gelbard era un buen ejemplo – y, en las vísperas de la llegada del peronismo al poder, de las cámaras agrupadas en la tradicionalmente antiperonista Unión Industrial Argentina que se auto disolvió y fusionó a la CGE. Si bien esto último, en todo caso, constituyó básicamente un repliegue tácito de los empresarios que habían controlado la central empresarial de signo liberal, también contribuyó a conferirle mayor legitimidad a Gelbard, quien pudo asumir el Ministerio de Economía del gobierno peronista contando con el respaldo de prácticamente todo el frente empresarial.

Distinta era la situación, en cambio, en el campo sindical. En él: la conducción vandorista, que seguía al frente de la CGT, había perdido terreno desde 1968 a favor de grupos de oposición y activistas de planta quienes, cubriendo un espectro que iba desde el peronismo combativo hasta posiciones independientes y marxistas revolucionarias, le reprochaban a la vieja camada dirigente sus claudicaciones frente al Estado y las patronales. La campaña electoral que culminó con la elección de la fórmula de Cámpora y Solano Lima reafirmó la declinación de los sindicalistas y el auge de la izquierda peronista, dentro de la cual los montoneros habían anunciado expresamente que su objetivo era la exterminación física de los dirigentes sindicales. Si bien la suerte de los sindicalistas, y de sus enemigos de dentro y fuera del peronismo, comenzó a revestirse a partir del golpe palaciego en contra de Cámpora, que los mismos sindicalistas contribuyeron a producir, los primeros meses del gobierno peronista se caracterizaron por un auge de las movilizaciones de trabajadores, que a menudo se orientaron en contra de los gremialistas de cuño vandorista.27

En definitiva, el acuerdo entre sindicalistas y empresarios, el Pacto Social, fue firmado a los pocos días de llegado Cámpora a la presidencia, estableciéndose en él un moderado aumento de salarios y su posterior congelamiento, además de

…la suspensión de los mecanismos de negociación colectiva salarial por un plazo de dos años y su reemplazo por un compromiso del Ejecutivo de implementar las medidas necesarias para mantener el poder adquisitivo del salario… El Pacto Social incluía también medidas en otras áreas de política económica, además de la distribución del ingreso y el control de precios. (Jelin, 1977, p. 8)

El proyecto de Perón, asimismo, apuntó al establecimiento de un segundo conjunto de articulaciones que resultaba inédito dadas las tradiciones antiparlamentarias del peronismo y el antagonismo que históricamente lo había enfrentado a las corrientes partidarias argentinas. El propósito era el de convertir la Parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos, revirtiendo así la tendencia del peronismo a conferirles un aura de ilegitimidad tanto a las críticas opositoras como a las aspiraciones de los partidos de oposición de invocar intereses y orientaciones populares.

El rescate del Parlamento como ámbito de negociación y la propuesta implícita de crear un sistema de partidos representativo iba en contra del movimientismo del peronismo de la primera época. Este componente autoritario de la ideología y prácticas del peronismo, al que aparentemente Perón había renunciado en vísperas de su retorno al poder, era, sin embargo, reivindicado por importantes sectores del peronismo. Estos sectores sostuvieron posiciones diametralmente opuestas - desde el jacobinismo revolucionario de la guerrilla hasta las distintas variantes del autoritarismo de derecha apoyadas por segmentos del sindicalismo y por los grupos fascistas antes congregados en torno del secretario privado de Perón, López Rega -; sin embargo, todos ellos coincidieron en sus condenas de la “partidocracia” y a los formalismos de la democracia liberal. Fue por ello que los principales apoyos que encontró Perón a su proyecto de revitalización del Parlamento y los partidos estuvieron fuera del peronismo; ellos fueron el radicalismo, con cuyo líder, Balbín, Perón celebró una reconciliación histórica a fines de 1972 y los grupos más importantes de la derecha y la izquierda parlamentarias, la Alianza Popular Federalista y la Alianza Popular Revolucionaria.

Obviamente, la reconciliación entre el peronismo y el radicalismo no fue solamente el resultado del viraje ideológico de Perón; él respondió asimismo al cambio en las actitudes de los radicales, quienes comprendieron que la realización de la democracia en la Argentina pasaba necesariamente por la plena integración del peronismo a la vida política. Esto exigía que los radicales dejaran de lado el apoyo que, tibia o cálidamente, habían prestado a las cláusulas proscriptivas impuestas por los militares desde 1957. En ese sentido, la propuesta de Onganía de abolir la política obró como un catalizador del reencuentro en un terreno común de los polos antagónicos de la política partidaria argentina, que habían sido ejes entre 1955 y 1966 de los dos campos de un sistema político escindido y cuya norma de funcionamiento había sido la reproducción de sus propias crisis.

Finalmente, la propuesta de Perón contempló la redefinición del rol de las Fuerzas Armadas, tratando de quebrar el estilo de acción que había llevado a éstas a intervenciones recurrentemente en la política. Para ello procuró, por un lado, preservar una esfera de autonomía corporativa, lo que también introdujo un importante cambio con respecto a las “fuerzas armadas peronistas” que se había pretendido crear entre 1946 y 1955, período durante el cual se apeló a purgas, juramentos de lealtad al régimen y promociones politizadas. Por el otro lado, y como contrapartida complementaria de lo anterior, Perón, aprovechando la inercia generada por la derrota política de los militares, procuró que éstos se subordinaran efectivamente a las autoridades constitucionales del Estado, cuya cúpula pasó a ser ocupada por el viejo líder. A esas alturas resultó paradojalmente propicio, desde el punto de vista de la valorización de la figura de Perón en relación a los militares, que la llegada de aquél a la presidencia hubiera sido precedida por el breve interludio camporista. Las movilizaciones populares que se multiplicaron a partir del 25 de mayo y la elección y nombramiento de algunos funcionarios que respondían a la izquierda peronista – sobre todo en algunas administraciones provinciales y en las universidades-realizaron la moderación de Perón y el tono y el contenido de los mensajes que éste comenzó a emitir a partir de su nuevo retorno al país del 20 de junio. Dichos mensajes pasaron a enfatizar la necesidad de privilegiar la participación organizada y canalizada a través de los cauces “naturales” por sobre las movilizaciones populares inorgánicas y a refirmar los preceptos tradicionales de la doctrina justicialista en detrimento de las temáticas del socialismo nacional y la guerra revolucionaria impulsadas por la izquierda y a las cuales Perón había prestado eco a menudo durante los últimos años de su exilio.28

El complejo andamiaje político – institucional concebido por Perón fue apoyado por algunos sectores minoritarios del peronismo político y sindical, por la mayoría de los aliados del peronismo en el FREJULI y por la principal oposición partidaria, la Unión Cívica Radical.

Sin embargo, el esquema no llegó a implantarse ni siquiera mínimamente y el sucesivo desmoronamiento de sus engranajes, como bien señala De Riz, no sólo enhebró el proceso de licuación del gobierno peronista, sino también el de la desarticulación política del campo popular. Desde el punto de vista político, la consolidación del proyecto de Perón hubiera requerido una considerable disminución del grado de dramatismo de la política argentina. Para ello hubiera sido necesario desacelerar el tiempo político induciendo a los actores a privilegiar la eficacia a largo plazo de la reinstitucionalización de sus acciones en vez del impacto a corto plazo de triunfos espectaculares que se pudieran obtener sobre contendientes coyunturales. Dichos triunfos tuvieron, por supuesto, su contrapartida de derrotas que alienaron a quienes las sufrieron y, sobre todo, corroyeron la precaria legitimidad de las instituciones democráticas y parlamentarias; la resolución de los sucesivos enfrentamientos entre los distintos contendientes internos del peronismo se fue produciendo a costa de hacer estallar “desde adentro” a los mecanismos parlamentarios y corporativos, determinando por ende su vaciamiento como posibles canales de negociación de los conflictos y para el procesamiento de acuerdos.

Los casi tres años del gobierno peronista presentaron una constante aceleración del tiempo político que, si bien en un episodio nada trivial como la muerte de Perón, reconoció una causa natural incontrolable, en la mayor parte de los casos fue resultado de la premuta de los actores internos del peronismo por consolidar ganancias inmediatas y desalojar a sus adversarios de toda posición de poder, sin reparar en el costo resultante. Así, sobre el trasfondo de la intensificación del terrorismo guerrillero y paraestatal, se fueron proyectando episodios que, además de dificultar enfrentamientos fueron minando la viabilidad del gobierno constitucional y, por ende, del régimen democrático. La salvaje limpieza de los sectores de izquierda, el Navarrazo, o sea, la destitución del gobernador y vice de Córdoba por el jefe de la policía provincial, convalidada por el ejecutivo nacional ejercido por Perón, el alejamiento de Gelbard, el Rodrigazo, la defenestración de López Rega y su camarilla y la renuncia del ministro de Economía Cafiero ante el sabotaje sindical a su programa fueron algunos de los ejemplos más importantes de dicha secuencia.

Los jefes sindicales, y principalmente los dirigentes que controlaban las 62 Organizaciones, fueron precisamente uno de los actores que contribuyeron más decisivamente a generar un patrón político en el que predominaron las consideraciones de corto plazo y la despreocupación por la consolidación institucional. En ese sentido, y con la excepción parcial de los meses en que Perón ocupó la presidencia, los dirigentes sindicales no se apartaron mayormente de las tácticas defensivas y oposicionistas que habían aprendido y ejercitado desde 1956 frente a gobiernos que proscribieron al peronismo. Ante la amenaza que las oposiciones sindicales representaron para su predominio, los dirigentes de las 62 y la CGT reaccionaron no solamente impulsando una mayor centralización del aparato sindical –lo que les dio mayor poder para controlar tanto a las bases obreras como a los disidentes-sino también minando esfuerzos, como los de Gelbard y Cafiero, de vincular la política de ingresos a las otras variables fundamentales de la economía. Parece exagerado, en consecuencia, caracterizar al proyecto de los dirigentes gremiales como un programa autoritario movilizador sindicalista orientado a determinar la naturaleza del sistema político global.29 El programa sindical tuvo solamente, en realidad, proyección sectorial, manteniendo, eso sí, la capacidad de bloquear proyectos más globales como los impulsados por la izquierda peronista, por Perón, y por los sectores fascistas antes agrupados en torno a López Rega.

Hacia mediados de 1975 ya habían sido excluidos de la lucha por el poder, y pulverizados políticamente, la izquierda peronista y los sectores empresariales y políticos vinculados a Gelbard. A esa altura, la camarilla agrupada en torno a López Rega intentó liquidar al único contendiente de peso que se le oponía dentro del peronismo, o sea: la dirigencia sindical. La operación, tanto en lo económico como en lo político, tuvo características inéditas para un gobierno peronista. Por un lado, se procuró contener mediante un retraso salarial la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974. Por el otro, se trató de lograr la involucración de las Fuerzas Armadas –a través de la designación de un oficial en actividad como ministro de Interior y de un comandante en jefe del Ejército partidario del “profesionalismo integrado”- con la pretensión de que los militares se convirtieran en el sostén principal de un régimen político que tendiera inexorablemente a la liquidación completa de las instituciones parlamentarias y de las libertades públicas.30 La operación política concebida en torno al Rodrigazo resultó un descalabro total que culminó con la defenestración de López Rega y sus asociados más cercanos y el irreparable deterioro de la figura de Isabel Perón.31 Sin embargo, ella constituyó un importante hito de la historia del gobierno peronista, pues marcó el momento en que las Fuerzas Armadas recuperaron plenamente la iniciativa política, y junto con ellas, los sectores de la gran burguesía que habían quedado a la defensiva desde 1973. A partir del tercer trimestre de 1975, los militares, que ya habían ganado un espacio considerable desde principios de ese año al serles asignada la responsabilidad de la represión de la guerrilla en la provincia de Tucumán, empezaron a manejar el tiempo de la política en función de un proyecto de liquidación del régimen democrático que iba mucho más allá de la coparticipación que, cada vez más desembozadamente, les ofrecía Isabel Perón.

Durante el lapso que medió entre el Rodrigazo y la caída de Isabel Perón en marzo de 1976 se fue configurando aceleradamente el síndrome de una sociedad desgobernada. Por una parte, esto consistió en la completa desarticulación del frente de fuerzas que se había expresado a través del FREJULI y del arco de partidos parlamentarios que compusieron la oposición leal a su gobierno, es decir el radicalismo y la Alianza Popular revolucionaria, fundamentalmente. El plano más visible del proceso fue la descomposición misma del gobierno peronista; éste perdió totalmente el contacto con la sociedad quedando despojado de toda posibilidad de regular o influir sobre los procesos sociales en medio de una sucesión de episodios de histeria presidencial, complots palaciegos y parálisis de las cúpulas del Parlamento y los partidos. En un nivel más profundo, la desarticulación abarcó el plano de la política global; ésta se redujo a la salvaje confrontación entre distintas fuerzas armadas y a la caza de víctimas indefensas; la violencia se transformó en el recurso cotidiano, y casi exclusivo, mientras la abrumadora mayoría de los sectores movilizados a partir de 1969 completaron una parábola de desactivación y de repliegue al cual contribuyeron, en dosis comparables, la decepción ante la crisis y el fracaso del peronismo y el miedo. Los comportamientos económicos de las principales clases sociales mantuvieron un paralelismo con la política: la búsqueda de la negociación y el acuerdo cesó prácticamente por completo y tanto los trabajadores como los empresarios tornaron a vivir al día. Los primeros procuraron que los salarios n se retrasaran excesivamente, lo que llevó a los dirigentes gremiales a demandar reajustes cada vez más frecuentes, contribuyendo de paso a que el gobierno perdiera los vestigios de autoridad y credibilidad que le quedaban. Los segundos desbordaron fácil y casi provocativamente todo control o regulación que el Estado pretendió imponer a los precios modificándolos cotidianamente; asimismo, paralizaron totalmente la inversión. Todo ello conformó un patrón de economía de saqueo que redondeó la imagen de caos e incertidumbre absoluta que ofrecía la sociedad Argentina de fines de 1975 y principios de 1976.

Pero, por otra parte, la imagen de caos y desgobierno no fue simplemente el resultado de las torpezas y la ineficacia del gobierno y a la parálisis de los actores ligados a él. A partir de mediados de 1975 dicha imagen fue fomentada deliberadamente por los dos actores que, desde la política y la economía respectivamente, fueron constituyéndose en los censores severos y externos no sólo del gobierno sino también de toda una manera de organización de la sociedad argentina; es decir, las Fuerzas Armadas y la cúpula empresarial liberal que reaparece espectacular y exitosamente con la creación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales). En efecto, unos y otros formularon críticas cada vez más demoledoras que, en principio, denunciaron a un gobierno incapaz de “poner orden”, tanto por su supuesta ineficacia en la represión como en su imposibilidad de regular los comportamientos de los distintos sectores sociales, incluso de aquellos que habían constituido su soporte social. Sin embargo, las críticas fueron mucho más allá, apuntando por elevación a toda una sociedad, con respecto a la cual el populismo –qua régimen político y qua estilo de comportamiento de las clases sociales fundamentales-fue postulado como arquetipo de un estilo de organización en el cual los actores, acostumbrados a la tutela de un Estado protector y omnipresente, desarrollaban conductas perniciosas que finalmente conducían a un estado de desorden cuya manifestación más diabólica era la subversión.

La negativa de las Fuerzas Armadas a involucrarse con un régimen en descomposición, prolongando una situación en la cual la sociedad argentina se vio sometida a niveles de desgobierno, incertidumbre y desquiciamiento económico sin precedentes hasta 1976, no sólo gratificó el antiperonismo visceral de la gruesa mayoría de los miembros de la corporación militar y de sus aliados sociales. Además, ello tuvo como objetivo dejar sentada una moraleja ejemplarizadora, sobre la cual pudiera basarse legítimamente la fundamentación de la propuesta de construcción de un orden social alternativo a la sociedad populista de “los últimos treinta años”. La cuestión pasaba a ser, entonces, la creación de una nueva sociedad y no simplemente la depuración y ordenamiento de las modalidades de organización política de la vieja.

El golpe de 1976: revolución burguesa en contra de los proletarios… y de los burgueses

Como sugería en la sección anterior, en 1976 el diagnóstico de los militares argentinos tuvo un carácter más global que los que precedieron las irrupciones en la política que las Fuerzas Armadas habían venido protagonizando desde 1955. En realidad, las sucesivas intervenciones militares fueron jalonando un crescendo de multiplicación de los planos de la sociedad argentina cuestionados por las Fuerzas Armadas y, paralelamente, de intensificación del nivel de involucración militar que se estimó necesario para corregir los presuntos vicios. Así, mientras en 1955 y 1962 los militares se limitaron a impedir la continuación de regímenes políticos a los cuales se oponían, ya en 1966, como vimos, la ideología golpista fue más allá y propugnó la instalación de un régimen no democrático sostenido, en última instancia, por las Fuerzas Armadas. En 1976, finalmente, la ideología del golpismo fue todavía más revolucionaria. Al proyecto de establecer un gobierno de las Fuerzas Armadas, y no meramente apoyados por ellas, se agregó la visión de la necesidad de producir un cambio profundo en la sociedad argentina.

El desafío de la guerrilla y la aguda crisis social que durante varios años se superpuso con dicho desafío fueron interpretados por los militares como la manifestación de una sociedad enferma –y por lo tanto indefensa frente a la penetración del virus subversivo-cuyos orígenes se remontaban a 1945, e incluso a 1930. Desde esta visión el populismo y el desarrollismo modernizante aparecieron como las dos caras de una misma moneda. El primero había predominado entre 1946 y 1955 y entre 1973 y 1976, pero además durante 1955 y 1973 había estado presente como oposición de los sucesivos proyectos desarrollistas. Esta oposición había sido inicialmente derrotada, pero finalmente había rebotado triunfalmente contribuyendo al bloqueo de los proyectos desarrollistas a menudo apoyados por los militares e impidiendo su consolidación. La otra cara de la moneda, es decir el desarrollismo, había intentado dos veces –en 1959 y en 1967-alterar los términos de la relación de fuerzas intentando favorecer a los sectores más concentrados de la burguesía, nacional y extranjera, y las nuevas clases medias asociadas a la expansión de los servicios y consumo más modernos en desmedro de los sectores populares y los segmentos más atrasados de la burguesía. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollismo no se había propuesto en modo alguno alterar la ecuación social básica de la Argentina. Para el diagnóstico de los militares de 1976, una de las pruebas más contundentes de los límites del desarrollismo, y en definitiva de su confluencia con la premisa básica del populismo –es decir, la utilización del crecimiento industrial como eje dinámico de la economía argentina-, fue el hecho de que el desarrollismo no dejó de propiciar un pacto con el sindicalismo peronista, demandándole o imponiéndole sacrificios, pero al mismo tiempo sentando las bases para la creación y expansión de su formidable poder organizativo: Frondizi en 1958-1962 al sancionar la ley de asociaciones profesionales, que reafirmó la vigencia del principio del sindicato único por rama de actividad y de la central obrera única, y devolviendo la CGT a los sindicalistas peronistas; Onganía en 1966-1970 al no derogar aquella ley y expandir significativamente el sistema de obras sociales que otorgó a los sindicatos el control de una voluminosa masa de recursos.32

En síntesis, para los militares victoriosos de 1976 el desarrollismo se transformó, malgré lui, en el correlato del populismo. La condena simultánea dejó el campo abierto a los postulados liberales ya sus sostenedores.

¿Cuáles fueron las razones para que el liberalismo se impusiera tan decisivamente? En primer lugar, los liberales pudieron aducir su inocencia en relación a las políticas económicas implementadas desde 1943. Si bien después de la caída de Perón algunas de las figuras del elenco liberal, como Verrier, Alsogaray, Krieger Vasena, Martinez de Hoz y Pinedo, habían alcanzado a encaramarse en la cima de la conducción económica, ellos pudieron argüir que nunca habían tenido la vía libre para ejecutar a fondo las “verdaderas” políticas liberales. Así, en 1959-1961 y 1967-1969, cuando Alsogaray y Krieger Vasena fueron ministros de Economía por períodos un tanto más prolongados en el contexto de gobiernos cuya estabilidad era presumiblemente mayor, se llegó a implementar el programa liberal.

En ambos casos, los respectivos ministros tuvieron que ejecutar sus políticas en el contexto de administraciones cuyos titulares, Frondizi y Onganía, no compartían los preceptos del liberalismo. Los dos presidentes, por ende, concibieron la gestión de sus ministros liberales como un interludio cuyo fin sobrevendría una vez que se cumplieran los objetivos a los que sirvieron las respectivas designaciones, el alivio de las presiones militares, en un caso, y la “estabilización” económica, en el otro. En consecuencia, durante la década del 60, las políticas de los ministros liberales fueron a menudo saboteadas por otros sectores de los propios gobiernos y, además, fueron implementadas bajo la permanente espada de Damocles que pendió sobre sus ejecutores. No casualmente, y a pesar del control que ejercieron sobre las respectivas políticas económicas, no Alsogaray ni Kriger Vasena pudieron nunca cuestionar la premisa básica de las políticas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el énfasis puesto en la industrialización. A su llegada al Ministerio de Economía, Martinez de Hoz pudo, entonces, reclamar creíblemente que les había llegado el turno a aquellos a quienes se les había negado por más de treinta años.

No todo se limitó, empero, a que los liberales pudieran exhibir un pasado sin mácula, relativamente hablando, se entiende. En la Argentina de mediados de la década del 70 la ideología liberal tuvo una virtud adicional que resultó fundamental para garantizarle audiencias más nutridas y predispuestas dentro de las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia argentina contemporánea los viejos preceptos liberales –es decir, la reivindicación del mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos y la crítica de las industrias “artificiales” y del “excesivo” intervencionismo estatal-tendieron a armonizarse con el pensamiento militar, proporcionando una filosofía fundante a una reformulada Doctrina de Seguridad Nacional. Desde el momento en que surgieron los primeros esbozos de esa doctrina –bajo la argumentación de la creación de las fronteras ideológicas-allá a fines de la década del 50, los temas liberales habían traído y repelido, a la vez, a los sectores hegemónicos dentro de las Fuerzas Armadas. El liberalismo había sido la única corriente consecuentemente antiperonista y, además, había virado consonantemente con la profundización antidemocrática que los militares habían protagonizado a partir de 1958. Sin embargo, y como bien destaca O´Donnell (1981, p. 214), de las doctrinas liberales se desprendía una serie de consecuencias que habían repugnado tradicionalmente a los militares: el redimensionamiento industrial, loa revigorización del mercado de capitales y la crítica de las prácticas nacionalistas y estatistas. En 1975-1976, finalmente, los liberales pudieron articular un discurso en el que se integraron tres núcleos temáticos que hasta entonces habían permanecido dispersos y que definieron la matriz del orden a erradicar; la subversión, caracterizando como tal no simplemente a las acciones guerrilleras sino también toda forma de activación popular, todo comportamiento contestatario en escuelas y fábricas y dentro de la familia, toda expresión no conformista en las artes y la cultura, y, en síntesis, todo cuestionamiento a la autoridad; la sociedad política populista: el peronismo, los sindicatos, las oposiciones “complacientes” (es decir, los radicales y la izquierda parlamentaria) y el Estado tutelar; y, por último, la economía urbana apoyada en la dinámica del sector industrial, y sus soportes sociales básicos, una clase obrera “indisciplinada” y un empresariado “ineficiente”.

Contrariamente a lo que una visión poco informada acerca de la naturaleza del liberalismo argentino pudiera suponer, el recetario liberal de 1976 enfatizó la idea del Estado fuerte.33 A mediados de la década del 70, los gobernantes militares y sus socios civiles combinaron el dogmatismo monetarista de boga y una fuerte dosis de activismo estatista; el resultado fue una suerte de”liberalismo desde arriba” que, probablemente sin que los protagonistas se percataran, no hizo más que retornar a las fuentes del liberalismo en el siglo XVIII. Partiendo de una critica del Estado democrático populista-desarrollista como un estado Débil sometido a las vivencias de las excesivas demandas sectoriales e incapaz, en el límite, de poner coto al caos y a la subversión, los liberales reivindicaron la necesidad de que el Estado subordinara los privilegios sectoriales –es decir, las conquistas sociales según la terminología a superar-y los derechos y las garantías individuales a la “razón de la guerra” contra la subversión, sus aliados y las costumbres sociales y comportamientos económicos que constituían su “caldo de cultivo”.Por un lado, se trataba, entonces, de caracterizar a la argentina como una sociedad en guerra, con lo que se configuraban como prioritarias las tareas militares de extirpación del cáncer subversivo en todas sus ramificaciones. Las Fuerzas Armadas, por ende, fueron presentadas como “responsables principales y últimas del destino nacional”, con una seria de manifestaciones institucionales y simbólicas de tal preeminencia: la negación absoluta y a menudo explícita del estado de derecho, la suplantación de derechos constitucionales del gobierno por las tres armas, que repartieron hasta el último cargo de intendente del pueblo más remoto y sus prebendas, y el ejercicio del poder supremo en el Estado por la junta de Comandantes en jefe, y no un déspota semimonárquico al estilo de Onganía o Pinochet.34 Los militares y sus mandatarios quedaron asimismo a cargo de detectar y castigar todas las formas de comportamiento contestatario, o meramente crítico, en los distintos ámbitos de la sociedad civil, las que fueron condenadas como excreencias foráneas que contradecían la utopía reaccionaria de una sociedad rígidamente estamentada. Sin embargo, la cosa se detuvo ahí; por el otro lado, el Estado se perfiló como el instrumento fundamental en la subversión del “viejo orden” populista, interviniendo activamente para “destruir el modelo de acumulación hacia le cual la economía se inclinaba naturalmente” después de más de cuarenta años durante las cuales las distintas clases habían internalizado gradualmente comportamientos que presuponían, entre otras cosas, el Estado tutelar, los precios sociales, la economía semicerrada y el mercado de capitales regulado.35

La revolución en serias que proponían los liberales exigía, en principio, que el Estado se disciplinara a sí mismo, eliminando empresas públicas y empleos “superfluos”, desmantelando el sistema de subsidio y absteniéndose de fijar precios sociales para sus servicios. Sin embargo, la reforma del Estado avanzó muy lentamente; los mandos militares permanentemente sabotearon las iniciativas de Martínez de Hoz sometiendo al frustrado reformador a numerosos vetos a sus propuestas de achicamiento del Estado. Asimismo, encararon proyectos que resultaron incrementos significativos del gasto público, como la construcción de estadios para el campeonato mundial de fútbol de 1978, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y, espacialmente, el desarrollo de grandes obras para la generación de energía. En cambio, el ministerio de economía tuvo más éxito en difundir la consigna acerca de la conveniencia de destruir los “viejos hábitos” de trabajadores y empresarios. El objetivo de disciplinamiento de los principales actores de la sociedad urbana, empero, no fue concebido para que tuviera consecuencias simétricas para unos y otros. En cambio el caso de los trabajadores, la apelación a la idea del mercado, es decir de un universo en el cual sus componentes son átomos, y se conciben como tales, respondió al propósito de destruir los mecanismos mediadores, principalmente los sindicaros y las estructuras de representación obrera en las plantas, que habían permitido a obreros y empleados promover sus intereses y presionar al Estado a y a la patronal a partir de definirse como integrante de un sujeto colectivo. La disolución de las centrales empresariales y de trabajadores y la intervención de los gremios fue presentada por el gobierno militar como una depuración de una de las numerosas ramificaciones del Estado corporativo populista con consecuencias parejas para todos en la medida que se afectaba tanto a uno como a otros actores el proceso de producción. Sin embargo, los efectos de la irrupción del Estado fueron particularmente perjudiciales para el movimiento obrero. Esto se debió, en buena medida, a las modalidades de construcción de la clase trabajadora argentina como sujeto colectivo. Su emergencia como tal estuvo enmarcada por le marcada por el desarrollo del movimiento sindical a nivel nacional, que alcanzó la posibilidad de formular las demandas de los trabajadores a través de sus organizaciones de segundo y tercer grado. A su vez, la cohesión del movimiento había sido fortalecida por el cemento ideológico provisto por el peronismo, tanto en su etapa de fomento de las organizaciones sindicales masivas (1945-1955) como durante en el período en el que constituyó el principal núcleo integrador del oposicionamiento obrero (1955-1973). Asimismo, la disolución simultánea de la CGT y la CGE alteró radicalmente el tanteador de la puja a favor de la burguesía debido a una razón más general. Mucho más que en el caso de otras clases sociales, la fuerza de la clase depende de sus posibilidades de actuar colectivamente. En cualquier sociedad capitalista la fuerza de trabajo está atomizada en el interior de cada firma individual, mientras que el capital se encuentra ya integrado bajo un comando único.36 La creación de sindicatos y de otras formas de asociación obrera no es sólo teórica, sino también históricamente, una respuesta a la “asociación” que ya ha tenido lugar del lado del capital.37 En consecuencia, un proceso de atomización que debilita la capacidad de acción de ambas clases inevitablemente trae como resultado el reducir considerablemente más poder de negociación de los trabajadores que el de los empleadores.

Los resultados de las políticas del gobierno militar en el campo obrero fueron espectacularmente exitosos. El año de Videla marcaron el poderío más extenso de la inactividad sindical desde 1943.38

Las transformaciones económicas proyectadas por los liberales, como veíamos más arriba, no se limitaban empero a “poner en su lugar” a la clase trabajadora obligando a sus integrantes a negociar salarios y condiciones de trabajo de manera atomizada y, por lo tanto, desventajosamente.39 El objetivo más global fue el de modificar el sistema todo de relaciones sociales. Para ello, por lo tanto, también había que reformar a los empresarios. La estrategia adoptada fue la de la instauración de un sistema económica de libre mercado a través, principalmente, de la apertura del mercado interno a la competencia exterior, partiendo de la constatación de que

…bajo un sistema de protección, las actividades locales gozan de un margen de protección excedente que hace del precio de competencia de la oferta extrema un límite superior virtual pero no efectivo. Por debajo de ese límite las empresas, no individualmente, pero sí como conjunto dentro de una determinada actividad, gozan de la facultad de filar sus propios precios. Pueden ajustar precios a costos sin restricciones de competencia. Esto hace posible que las empresas y los asalariados convengan entre sí salarios y precios dentro de cada una de las ramas de la producción con exclusión de todo otro interesado (gobierno, clientes y consumidores). El instrumento es el convenio colectivo de trabajo… y los concertantes son las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores. La protección aparece, entonces, como la razón económica última de la legitimación de las negociaciones y su vigencia desde la década del 30, como la explicación histórica del vigoroso desarrollo que éstas alcanzaron. (Canitrot, 1980, p. 7.)

En ese sentido, a pesar de su brutalidad, el retraso salarial inicial no carecía de antecedentes –como el de 1959-y las novedades doctrinarias recién comenzaron a producirse desde mediados de 1977. una de las instancias decisivas fue la reforma financiera sancionada en junio de 1977m que implicó prestar

… atención excluyente al sistema financiero, (tomando) decisiones expresamente dirigidas a cortar el proceso de auge económico (no dudando) en herir los intereses inmediatos de los miembros de las clases sociales que configuraban la sustentación política (del gobierno militar). (Ídem, p. 26.)

El hito crucial, de todas maneras, lo constituyó la adopción de la política de cambio futuro pautado en diciembre de 1978; dicha política apareció como el desideratum en materia de política antiinflacionario y termino llevando a la economía argentina a un callejón sin salida que la sumió en la crisis más profunda de su historia. Independientemente de la euforia consumista que el dólar barato generó en ciertos sectores sociales, y de la contribución que dichos consumos hicieron a la generación de la crisis, lo más significativo fue que el grueso de los empresarios continuó comportándose como antes de 1978 y que la formación de los precios reflejó la persistencia de los patrones de cálculo empresarial previos. Como señala Canitrot.

…(no se logró) regular el mercado de trabajo a través de los precios industriales sometidos a la competencia externa, de modo de suprimir el sistema de fijar salarios y precios en la industria mediante los convenios colectivos de trabajo… La presencia de un sector de bienes intrínsecamente no comerciables y la dualidad en la formación de precios (hicieron) imposible lograr la regulación “externa” de los precios. (1980, p. 43.)

Canitrot ofrece una explicación convincente de las principales razones económicas del fracaso de la reforma promovida por Martínez de Hoz entre 1978 y 1981. Sin embargo, cabe señalar que falta de efectividad y la inestabilidad de las políticas que aspiraban a erradicar el viejo modelo tuvieron que ver, también, con elementos políticos.

El fracaso no hizo más que resaltar la resistencia del viejo-el de la economía semicerrada y el Estado asistencialista-a ser destruido. Lo que subsistió de él fueron sus componentes más negativos, es decir, los comportamientos rentísticos, mientras que resultó arrasado lo que tenía de cooperativo y solidario.

El fin del autoritarismo: viejos y nuevos dilemas.

Con el epílogo de la experiencia autoritaria iniciada en 1976 se tornaron visibles antiguos vicios de los gobiernos militares argentinos; sin embargo, las juntas del “proceso” los reiteraron con una intensidad y brutalidad inéditas. En los primeros años de la década del 80 se fueron revelando, en toda su magnitud, la barbarie de la represión y el gangsterismo que dominó la gestión pública a partir de 1976.

Pero, además, como ya había sucedido entre 1970 y 1973, los conflictos dentro del Ejército, a los que se sumaron las pugnas entre esta arma y la marina comandada por el ambicioso almirante Emilio Massera, llevaron a los militares a quebrantar las normas que se habían dado a sí mismos para pautar las sucesiones presidenciales en el contexto del gobierno de facto. Asimismo, los gobernantes autoritarios dieron un nuevo ejemplo de su incapacidad para redefinir el curso de políticas económicas que probaban su agotamiento, sin hacer estallar sus delicados equilibrios internos. Cuando el efímero reemplazante de Videla, el general Roberto Viola, intentó reformas que respondían a demandas de sectores empresarios afectados por las políticas de Martinez de Hoz, su colega Galtieri comenzó a conspirar para desplazarlo calificando a Viola de débil y claudicante.40Bajo la presidencia de Viola, los militares fracasaron en su intento de orientar en su favor la liberalización política de un régimen autoritario, una vez tornados inviables los objetivos iniciales. Inmediatamente, y como había sucedido en la década anterior, recayeron en practicas que contribuyeron significativamente a minar la estabilidad del régimen autoritario.41Reiterando lo ocurrido en 1970 y 1971, los altos mandos comenzaron a conspirar contra el presidente militar que ellos mismos habían designado, a quien demoraron sólo nueve meses en echar.

La única sucesión ordenada producida dentro del régimen militar, es decir, el reemplazo del general Videla en marzo de 1981, sólo sirvió para precipitar la ya inevitable defenestración de Martínez de Hoz y el abandono de las políticas económicas de disciplinamiento y reforma implementadas a partir de 1978. Este hecho abrió un convulsivo proceso durante el cual los sucesores de Videla. Los generales Viola y Galtieri, pretendieron, cada uno de acuerdo a su estilo, ignorar que la suerte del régimen militar estaba irremisiblemente atada al éxito de su política económica. Viola intentó imponerle un tempo reposado a la política y fue barrido por los embates producidos a raíz del descalabro del proyecto económico y las urgencias de sus compañeros de armas. Su verdugo y sucesor, Galtieri, tras fracasar rápidamente en sus pasos iniciales, en los cuales aspiró a retomar la ortodoxia económica liberal con el nombramiento de Roberto Alemann como ministro de economía, apostó a todo con la aventura de Malvinas. El desastre militar del atlántico sur no sólo contribuyó a la mutilación de otra generación de jóvenes argentinos y el agravamiento de la crisis económica.42También consumió la última esperanza de la cúpula militar de redefinir las bases del poder del régimen y la forzó a convocar a los partidos políticos para convenir la entrega de gobierno a plazo corto y cierto. Paralelamente, los militares abandonaron toda aspiración de imponer condiciones al gobierno civil que los sucedería, excepto en lo referido a la “guerra sucia”, con respecto a la cual las Fuerzas Armadas no renunciaron al objetivo de sus sucesores no innovaron con respecto a la auto amnistía dispuesta por el gobierno del general Bignone, último presidente militar.

De todos modos, el inesperado desenlace de las elecciones de octubre de 1983, en las cuales la Unión Cívica Radical vencería por primera vez en su historia al peronismo, frustraría las intenciones de las Fuerzas Armadas de enterrar el tema de las violaciones a los derechos humanos. A ese tema, sin embargo, me referiré más adelante; ahora, más bien, quiero concluir este capítulo analizando algunas tendencias del período 1975-1983que fueron temporariamente veladas por la espectacularidad de los eventos que marcaron, primero, el ascenso y ocaso de la dictadura militar y, luego, la primavera democrática de 1983.

Como ya se ha señalado, en 1975, en un contexto de severa perdida de eficacia de las herramientas de política económica, se había desatado una crisis aguda que resultaba incontrolable para el gobierno peronista. En realidad aunque prácticamente nadie lo percibió en ese momento, la Argentina al último ciclo expansivo de la matriz económico-política que se había desplegado en el periodo de entreguerras.43En ese año se quebró el proceso de crecimiento ininterrumpido del Producto Bruto Interno iniciado en 1964, la inflación alcanzó el record histórico del 182% anual, y las exportaciones (al menos, aquellas registradas oficialmente) cayeron un 50% con respecto al año previo, generando, de tal modo, un déficit en la balanza comercial de casi 1000 millones de dólares.44Describiendo una parábola casi perfecta, durante los dos últimos años del gobierno militar, los indicadores económicos tornaron a reproducir la situación de mediados de la década anterior. La inflación, después de haber sido “reducida” a índices levemente inferiores al 100% anual, se descontroló nuevamente y en 1982 y 1983 alcanzó niveles del 164 y el 343% anual, respectivamente. El PBI cayó el 6,24% en 1981 y el 5,09% en 1982, afectando especialmente por una pronunciada recesión de los sectores de la industria y la construcción. Por último, los saldos de la balanza de pagos se tornaron crecientemente negativos y en 1983 alcanzaron niveles diez veces superiores al promedio de los déficit del periodo 1970-1976: en 1983 el saldo negativo era de 2,565 millones de dólares (en dólares constantes de 1973), mientras que en 1970-1976 el promedio del déficit no había superado los 252 millones de dólares.45

Y, precisamente, la duplicación del déficit de balanza de pagos constituyó uno de los indicadores más relevantes de que la crisis de las postrimerías del gobierno militar era cualitativamente diferente a la del lustro anterior. Entre las dos coyunturas mediaba, por una parte, el fracaso del intento de reforma dirigido por Martínez de Hoz y las onerosas consecuencias que este fracaso impuso a la economía (y la sociedad) argentinas y, por la otra, las profundas modificaciones económicas y político-ideológicas que se produjeron en el mundo entre 1975 y 1983, y como ellas afectaron a la Argentina. Examinaremos ambos procesos.

La desarticulación del pacto fiscal.

En su excelente análisis de la evolución del sector público en la Argentina, Ricardo Carciofi utiliza la expresión con que titulo este punto para referirse a la perdida de efectividad de las herramientas tradicionales de política económicas que habían permitido implementar las acciones del Estado a partir de la década del 40.46Ese fenómeno, cabe anotar, estuvo vinculado, a su vez, al estallido de los consensos políticos implícitos sobre los que se sostuvo el modelo de economía dirigista y autárquica.

Carciofi señala como en la coyuntura de 1975 ya estaban prácticamente deshechos los mecanismos a través de los cuales de los cuales el sector público generaba, gestionaba y transfería recursos financieros. Los principales mecanismos a los que me refiero eran: 1)el sistema impositivo, 2)el “contrato intergeneracional”sobre el que descansa el sistema de jubilaciones y pensiones, 3)el financiamiento de la infraestructura pública y 4)los subsidios al sector productivo privado. El fracaso de la reforma económica intentada por el gobierno militar a partir de 1978, que se torno evidente a partir de la devaluación dispuesta en febrero de 1981 por el propio Martínez de Hoz antes de abandonar su cargo, hizo reaparecer los síntomas de la crisis que ya habían manifestado seis años antes. Sólo que, como apuntaba en el punto anterior, en 1981-1983 esos síntomas reaparecieron significativamente agravados, al incrementarse y tornarse totalmente inmanejable el déficit fiscal. Las políticas económicas implementadas entre 1978 y 1981, que en la practica constituyer5on un híbrido de dogmatismo monetarista y activismo estatista, tuvieron un fuerte impacto negativo sobre las finanzas públicas. Tanto la política antiinflacionaria basada en la sobre valuación del peso, como los elevados gastos en obras pública-sobre todo en emprendimientos hidroeléctricos, inversiones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, proyectos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y autopistas urbanas-y en compras de armamentos se financiaron preferentemente a través del aumento de la deuda externa. La deuda, medida en millones de dólares corrientes, casi se cuadruplicó durante los años en los que Martínez de Hoz recurrió al enfoque monetario del balance de pagos, es decir 1978-1981.47

Cuadro 1. Crecimiento de la deuda externa argentina (1973-1983)

Fuente: Farulli y Freubel, 1990.

En la coyuntura de 1981-1982 confluyeron factores externos e internos para hacer estallar la crisis. Las manifestaciones más directas de los factores externos se vincularon a la suba de los tipos de interés a nivel internacional y a la brusca interrupción de la afluencia de nuevos capitales a la región, fenómeno que afectó especialmente a los grandes deudores, es decir, Argentina, Brasil y México. Los nuevos prestamos que continuaron incrementando la deuda externa a partir de 1982 no constituyeron, en realidad, más que un reciclaje de los intereses devengados que fueron capitalizados.

A su vez, el factor interno más importante tuvo que ver con la acelerada deslegitimación que sufrió el gobierno militar desde 1981. Por un lado, se sucedieron pronunciados virajes políticos: marzo de 1981 (golpe de Galtieri en contra de Viola), abril de 1982 (invasión de las islas Malvinas), junio de 1982 (reemplazo de Galtieri). Estos cambios coincidieron con medidas económicas contrapuestas y cada vez más desesperadas, que sumadas a los cambios políticos alimentaron un fenómeno de total pérdida de confianza en el gobierno y en su capacidad para manejar la economía.

A ello se sumó una fuga masiva de capitales que alcanzó una magnitud sin precedentes gracias a la apertura financiera. Como buena parte de esos capitales eran propiedad de residentes argentinos, las remesas al exterior destinadas al pago de intereses pasaron a constituir transferencias entre argentinos, induciendo así una drástica reversión del sentido de los flujos financieros con el exterior; a partir de esa coyuntura, por ende, el aumento del monto de la deuda respondió a la capitalización de intereses devengados. La crisis de la deuda, desatada a partir de agosto de 1982, fue el proceso más general que discuto en el capítulo siguiente.

Por el otro lado, y como sugieren en parte las cifras del cuadro precedente se produjo la licuación de una porción significativa de la deuda privada al ser transferidas las deudas externas e internas de las empresas al sector público. Estas operaciones, al permitir que las empresas privadas recuperaran su viabilidad, lo hicieron a costa de agravar aún más la vulnerabilidad de las finanzas públicas. Esta fue una de las herencias más pesadas que recibió el nuevo gobierno democrático en 1983.

III

EL AGOTAMIENTO DE LA MATRIZ ESTADO-CÉNTRICA Y LA EMERGENCIA DE LA SOCIEDAD DE MERCADO:

1983-1996

El derrumbe del régimen militar del “proceso” producido entre abril de 1982 y diciembre de 1983 marcó una divisoria de aguas en la historia argentina contemporánea de parecida importancia a las de 1880 y 1930. No debe resultar sorprendente que el hito demarcatorio asociado a la coyuntura de 1982-1983fuera un cataclismo que combino fracasos en tres frentes tan decisivos como el económico, el político y el militar. De hecho, la imagen del derrumbe resulta una metáfora apropiada para marcar la entrada en la nueva época que se estaba inaugurando. La derrota argentina en la guerra de Malvinas y la crisis abierta en toda América latina por la declaración unilateral de moratoria de la deuda externa mexicana dos meses más tarde fueron dos eventos de tremenda importancia. Ellos constituyeron indicios que sugerían dramáticamente los contrastes entre el siglo previo, es decir el que se había abierto con la organización nacional de 1880, y la nueva época que comenzaba con dos circunstancias inéditas para el siglo XX argentino: la derrota militar y la bancarrota externa.

A lo largo de cien años, y especialmente en los hitos decisivos de 1880, 1916, 1930 y 1945el signo dominante había sido el despliegue de las fases del proceso de integración nacional asociado a la construcción del Estado y la progresiva expansión de sus funciones. En cambio, la época abierta recientemente se caracteriza por el enorme impacto transformador que han tenido los fracasos de las políticas públicas y la desarticulación de los mecanismos estatales. El Estado se derrumbó a partir de 1981-1982 y, asimismo, se achicó desde 1990-1991en adelante; tanto el derrumbe como el achicamiento han cambiado radicalmente la trama de la sociedad argentina.

En este capitulo analizo cómo a partir de la coyuntura de 1982-1983 se ha desplegado una matriz societal alternativa, a la que se puede definir preliminarmente como de una sociedad de mercado. Si bien han aparecido nuevos actores y algunos de los viejos se han adaptado exitosamente a la desregulación y a la apertura externa, el proceso de expansión de la sociedad de mercado se ha caracterizado por desorganización y desarticulación de los comportamientos económicos, políticos y culturales estructurados en torno al Estado durante el siglo previo, especialmente a partir de 1930. Ahora bien, ¿qué fue lo que se vino abajo? El rasgo dominante de la matriz societal previa, a la que en el texto defino como la matriz estado-céntrica (en adelante MEC), fue la incorporación de las masas a las distintas arenas sociales y la integración. Bajo la superficie turbulenta, e incluso cruenta, de la inestabilidad de la política y las imperfecciones y los permanentes desequilibrios de la economía, una y otra esfera funcionaron integrativamente.48 Es decir, la gran de los argentinos y las argentinas se incorporaron material y simbólicamente a las arenas colectivas que tuvieron como ingredientes sustantivos algún modo de regulación estatal y el predominio de grados significativos de consenso. Los mecanismos de integración más importantes fueron: 1) la inclusión en espacios modelados por las políticas públicas (especialmente las políticas sociales y laborales y la educación pública); 2) la movilización política, tanto la inducida “desde arriba” como la contestataria y 3) el ingreso en los mercados de trabajo.

En otras palabras, durante muchas décadas, la Argentina se caracterizó por la inestabilidad política y la sucesión cíclica de éxitos y fracasos en la implementación de políticas estatales. Ni la inestabilidad ni los ciclos, empero, obstaculizaron la progresiva estructuración de la MEC.

Las dos características centrales de la MEC fueron la regulación política de los mercados y la expansión de los niveles de participación política; sin embargo, aunque la participación se amplió, al mismo tiempo quedó sujeta a diversos mecanismos de control político-estatal.49 En Argentina, a semejanza de lo ocurrido en otros países de América Latina como Uruguay, Chile, Brasil y México, el despliegue de la MEC no eliminó las diferencias de clase, ni tampoco implicó necesariamente una reducción de las disparidades de riqueza e ingreso. Pero sí promovió la incorporación de los sectores medios y populares urbanos, y en el caso argentino también de los rurales, a las arenas de las cuales habían sido excluidos en la etapa oligárquica, es decir, las arenas del régimen político y de la ciudadanía regulada por las políticas estatales.50 Los mecanismos estado-céntricos, y las ideologías nacional-populares asociadas a ellos, permitieron desplegar el impulso de integración social y cultural vinculado a la industrialización sustitutiva y al modelo económico autárquico y semicerrado, extendiéndolo tanto a los planos simbólicos como a los materiales.

Desde mediados de la década de 1970 se tornó evidente que la MEC argentina estaba agotándose. Primero estallaron sus mecanismos internos: se disolvieron los consensos implícitos en torno a los mecanismos de acción estatal; se evaporaron las auto limitaciones a los comportamientos políticos más destructivos e intolerantes y, finalmente, se agudizaron tanto la crisis fiscal como la inflación. Como vimos en el capítulo anterior, los militares del “Proceso” pretendieron en 1976 reordenar la Argentina. Empero, seis o siete años más tarde, se hizo claro que las Fuerzas Armadas y sus ideólogos, más allá de su retórica antiestatista, no habían resuelto la crisis; al contrario, la habían agudizado. En realidad, la crisis había sido temporariamente opacada por políticas que, en el fondo, pecaron de un ultraestatismo hasta cierto punto paradójico. En campos tan diversos como la represión y las inversiones en obras públicas y reequipamiento militar, el Estado comandado por las cúpulas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se expandió y se tornó más despótico. Pero el espejismo no duró mucho, a principios de la década de 1980 la represión, que había cohesionado a las Fuerzas Armadas, se atenuó y las inversiones se interrumpieron: la crisis argentina reafloró al compás de las disensiones internas de los altos mandos, para tornarse finalmente irreversible con la derrota en la guerra de las Malvinas y la explosión de la deuda.

A esta altura debiera resultar más o menos evidente por qué el título de este capítulo, que cubre el período de 1983 a 1996, no contiene referencias directas ni a la transición democrática simbolizada por la victoria de Alfonsín en las elecciones presidenciales de 1983, ni a las reformas implementadas por el gobierno de Menem. Sin negar la importancia de dichos procesos, el énfasis sugerido por el título apunta a subrayar que los cambios de la última década y media abarcaron la democratización y las reformas de mercado, pero también fueron más allá de ellas.

Las tendencias de los últimos quince años han sido particularmente contradictorias. Por una parte, la transición puso fin a la dictadura militar más violenta y tenebrosa de la historia argentina, clausurando de forma verosímil la posibilidad de una reversión autoritaria. Sin embargo, la democratización también coincidió, y en cierto sentido veló, la pérdida parcial del sentido de la política. En otras palabras, paralelamente a la consolidación del régimen democrático se erosionó, en buena medida, el papel que jugaba la política en la organización y el sentido de múltiples dimensiones de la vida cotidiana de los argentinos.

Por otra parte, las reformas de mercado facilitaron técnica y políticamente la salida de la hiperinflación de 1989 y permitieron la recuperación del valor de la moneda en niveles que, por lo estables, resultaban desconocidos desde los años de la Segunda Guerra Mundial. El agotamiento del paradigma keynesiano y del dirigismo económico tal como había funcionado desde la posguerra, ya resultaba irreversible en las postrimerías del gobierno de Alfonsín. La virtual desaparición de la moneda encarnaba dramáticamente la total pérdida de credibilidad de las herramientas tradicionales de la política económica a las que todos los gobiernos, civiles y militares, habían recurrido durante el medio siglo previo. En el marco de las privatizaciones, la apertura comercial y la desregulación de la economía que la legitimaron, la sanción de la ley de convertibilidad permitió extender al conjunto de los actores económicos el disciplinamiento que se auto impuso creíblemente el Estado en materia de emisión monetaria. Empero, el reordenamiento del Estado y la reorganización de parte de los comportamientos colectivos de los argentinos tuvo un costo significativo. Este costo estuvo asociado a la desorganización de las conductas estructuradas en torno a las funciones del Estado interventor y desarrollista. Es decir, los actores, por un lado, le prestaron consentimiento a patrones relativamente estables de fijación de los precios, aumentando así la certidumbre de los costos y beneficios de sus transacciones. Pero por el otro lado, esos mismos actores se enfrentaron a novedosas incertidumbres creadas por la evaporación, total o parcial, de las acciones del Estado en las áreas de generación de empleo, creación y expansión de empresas públicas, provisión de servicios sociales (sobre todo en salud, educación, vivienda y previsión) y apoyo a la empresa privada a través de subsidios y protección.51

En síntesis, la democracia no solo no sirvió para impedir el derrumbe del Estado sino que, además, durante los primeros tres o cuatro años de gobierno de Alfonsín el encantamiento democrático actuó, en parte, como un velo que ocultó dicho derrumbe. Por su parte, las reformas económicas implementadas a partir de 1990 sirvieron para recuperar mínimos de viabilidad para el Estado, pero también contribuyeron al derrumbe de la sociedad argentina, es decir, de la matriz societal que se había articulado progresivamente durante más de un siglo.

Este capítulo contiene tres secciones; en las dos primeras describo los principales aspectos de la “primavera democrática” alfonsinista y los rasgos específicos del estilo de hiperpresidencialismo reformador llevado adelante por Carlos Menem. En la última sección contextualizó los cambios de los últimos quince años en la Argentina analizando el proceso de desestatización que afectó a toda América latina.

La primavera democrática y su ocaso

La transición de 1983 difirió radicalmente de la anterior, es decir la de 1973. Si bien la condena al “proceso” militar y la oposición a sus políticas económicas Y represivas figuraron preponderantemente en los mensajes de los principales partidos políticos, se puso un énfasis paralelo en la temática de la construcción de un orden democrático como tarea central que se abría a partir de las elecciones y el cambio de gobierno. El motor de este vuelco fue, sin duda, Raúl Alfonsín y una de sus consecuencias más significativas fue que la votación de octubre de 1983 no sólo fue un plebiscito contra el gobierno militar, sino también una elección entre dos candidatos y dos partidos. Esto implicó un desplazamiento del eje del enfrentamiento en relación a 1973 –cuando los polos opositores habían sido el justicialismo (Perón) y el gobierno militar (Lanusse).

Alfonsín articuló una doble ruptura con el pasado; esto le permitió postularse creíblemente como pívot de la transformación de algunos rasgos centrales de la política argentina. El primer quiebre fue hacia adentro de su propio partido, la UCR, donde después de más de una década de operar como oposición interna a la cúpula balbinista que había controlado el partido desde 1957, la desplazó al vencerla en una seguidilla de elecciones internas a lo largo de todo el país; la muerte del viejo caudillo Balbín ciertamente favoreció a Alfonsín. Uno de los ingredientes de la transformación que el agrupamiento alfonsinista, no accidentalmente denominado Renovación y Cambio, produjo dentro del radicalismo fue el cuestionamiento exitoso de la imagen de partido perdedor. La UCR bajo el liderazgo de Balbín Había aparecido como un partido a la saga de los acontecimientos y sempiterno segundo en las elecciones en las que, precisamente, Balbín había sido candidato y símbolo de los radicales.52 Alfonsín, entonces, logró transformar la imagen pública del radicalismo al capturar decisivamente la iniciativa política. Este éxito se debió en alguna medida a la utilización de las movilizaciones callejeras y los actos públicos y un intenso activismo de los cuadros de Renovación y Cambio y de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud para penetrar clientelas hasta entonces impermeables a las consignas de la UCR. Pero, además, la eficacia del radicalismo estuvo vinculada al segundo quiebre que protagonizó Alfonsín, esta vez hacia afuera del partido.

La UCR pasó a disputar al peronismo un terreno que siempre le había cedido: el campo del pueblo, es decir de los sectores populares que habían apoyado consistentemente al peronismo desde 1945. La operación de Alfonsín fue atrevida, teniendo en cuenta que el peronismo había más que doblado en votos a la UCR en las elecciones presidenciales de 1973; los dirigentes peronistas no dejaron de ridiculizar al líder radical. Pero ni los peronistas, ni la mayoría de los analistas políticos percibieron que las consignas de Alfonsín, su democratismo y su apelación a construir un orden institucional tuvieran una enorme resonancia en una porción significativa de los sectores populares. Estos, como así también otros actores, no dejaron de relacionar las políticas que los habían afectado adversamente entre 1976 y 1982 con el catastrófico derrumbe del gobierno de Isabel Perón. Quienes temían que el peronismo repitiera la debacle de 1974-1976, que habían legitimado la irrupción militar autoritaria, vieron reforzadas sus prevenciones frente a la preeminencia que asumieron en el peronismo figuras que reiteraban tácticas violentas y prácticas antidemocráticas. La centralidad que alcanzaron algunos personajes como Herminio Iglesias, controvertido candidato a la gobernación de Buenos Aires, el arrollador avance de la dirigencia sindical sobre los políticos del peronismo y la proyección de una imagen débil por parte del candidato presidencial, Ítalo Luder, parecían augurar una repetición de la experiencia de la década anterior, cuando la guerra interna que se había desatado dentro del movimiento había contribuido largamente a la generalización de la violencia política y al colapso de la democracia.

Quizás la imagen que articuló más efectivamente el dudoso posicionamiento del peronismo en el campo de la democracia efectuada por Alfonsín de un supuesto Pacto Militar-Sindical, circunstancia que nunca llegó a ser demostrada plenamente. La idea del pacto, sin embargo, resultaba creíble pues en 1983 los militares tenían buenas razones para preferir a los peronistas, ya que estos aparecían más predispuestos que los radicales a aceptar una legislación que bloqueara toda posibilidad de castigo de las transgresiones a las normas constitucionales y las violaciones a los derechos humanos que las Fuerzas Armadas habían cometido.53 La eficacia política de la denuncia del pacto no residió tanto en los presumibles efectos reales de su implementación, sino en que simbolizó convincentemente la connivencia de los peronistas con el poder autoritario.

El campo de la economía la UCR utilizó como argumento central de la campaña electoral la postulación que la grave crisis económica que afectaba a la Argentina desde 1981 era el resultado de las políticas calificadas como ortodoxas aplicadas durante el gobierno de Videla. El autoritarismo, desde la perspectiva del discurso radical, quedó estrechamente asociado a la crisis económica. El reverso de la moneda fue la esperanza, alimentada por el tono de la campaña alfonsinista, de que la formula opuesta también era válida. Es decir, la postura de Alfonsín compartida por la mayoría de los argentinos, era que democracia y recuperación económica se realimentarían recíprocamente, o más literalmente, que la vigencia de la democracia constituía la garantía para que la población tuviera, tal como rezaba la plataforma del candidato victorioso, “salarios justos, pan, educación y vivienda”.

Cuando Alfonsín y sus correligionarios asumieron el gobierno, quedaron presos en la trampa montada por la operación discursiva desplegada durante la campaña. La centralidad que le otorgaron los radicales al rechazo político y moral de los gobiernos militares contribuyó a velar la percepción de que la mera reversión de las políticas adoptadas por el régimen militar no resultaría suficiente para superar la crisis. En última instancia, el nuevo gobierno democrático negó la crisis por la que estaba atravesando el Estado. Alfonsín, y todavía en mayor medida los miembros de su partido, se transformaron en los cautivos políticos y psicológicos de la MEC. Fracasaron en percibir que el nuevo contexto tornaba totalmente improductivas a las políticas estado-céntricas y le restaba efectividad a los reflejos populistas. Como ya señalé, un problema adicional fue que las expectativas de la mayoría de la población pecaban también de falta de realismo, ya que no se apartaban demasiado de las visiones del partido triunfante (que, por supuesto, también compartía el peronismo). Esa mayoría creía que la democracia corregiría, sin grandes sacrificios ni mayores dilemas, las dificultades económicas y que compensaría las perdidas sufridas durante el periodo autoritario.

Una vez asumido el poder, el gobierno radical descansó inicialmente en la premisa que era posible un retorno a la”normalidad perdida”. Alfonsín nombró en las principales posiciones del gabinete económico a un gripo de políticos radicales tradicionales que habían desempeñado funciones veinte años atrás bajo Illia. Encabezados por Bernardo Grispun en el ministerio de economía y Alfredo Concepción en la presidencia del Banco Central, los responsables del área económica creyeron que la solución a la crisis consistía en reciclar las políticas de ingresos y las recetas keynesianas que habían funcionado, aunque fuera con sobresaltos, entre 1946 y 1975.

En la cuestión militar, los radicales fueron más innovadores que en el plano económico. El gobierno, después de fracasar en sus intentos de inducir a las Fuerzas Armadas para que castigaran a través de la justicia militar a los responsables del golpe militar de 1976 y de las violaciones a los derechos humanos, decidió promover un juicio a las juntas que habían presidido el régimen autoritario hasta 1982. Asimismo, resolvió encargar a la justicia ordinaria del juzgamiento de los casos de desapariciones y torturas promovidos por particulares en contra de oficiales y suboficiales individuales.

Durante el primer año del gobierno de Alfonsín, la crisis económica, y la in efectividad de las políticas gubernamentales para superarla, ocupó el primer plano pues la situación empeoró rápidamente. La esperanza que la negociación de la deuda externa sería facilitada por una decisión política del gobierno norteamericano de apoyar a la nueva democracia pronto se disipó, y tanto la inflación como el déficit fiscal aumentaron dramáticamente mes a mes. En el contexto de agudización de las presiones inflacionarias y de extrema vulnerabilidad externa, la inoperancia del gobierno radical durante 1984 determinó que el impacto de cualquier desequilibrio, aún los de pequeña magnitud, repercutiría amplificadamente sobre la economía. Ya en este año se tornó evidente que el lema que les había permitido a los radicales ganar inesperadamente la elección que marcó la transición democrática, es decir “la democracia garantiza la justicia social”, no resultaba convincente para la mayoría del electorado.

El deterioro económico agudizado presagiaba ya a fines de 1984 la caída en la hiperinflación. Sin embargo, durante los primeros meses de 1985 Alfonsín percibió la gravedad de la situación, la comparó con una economía de guerra y reemplazó al gabinete económico, con excepción del presidente del Banco Central. Los nuevos funcionarios, cuya figura más prominente era el ministro de economía, Juan Sourrouille, constituían un grupo de economistas de gran prestigio académico, pero casi desconocidos a nivel público. Además, la prosapia radical de la mayoría de ellos era, en el mejor de los casos, cuestionable y tampoco gozaban de gran simpatía del empresariado.

A pesar de la adversa situación, las medidas estabilizadoras, conocidas como el Plan Austral, alcanzaron un cierto éxito inicial. En solo meses, las tasa inflacionarias y el nivel del déficit fiscal fueron reducidos significativamente e incluso se logro generar cierto dinamismo en los sectores productivos. El congelamiento de precios y salarios concitó un apoyo significativo, a pesar de las reiteradas críticas de peronistas, sindicalistas y algunas franjas del empresariado. Más aún apoyándose en la efectividad del plan de estabilización, el partido radical alcanzó una victoria más amplia en las elecciones parlamentarias de 1985; en ellas sobrepasó los logros de 1983 pues también batió al peronismo en algunos de sus reductos tradicionales en las provincias del norte del país. El efecto favorable del Plan Austral reforzó el prestigio de Raúl Alfonsín; la significativa centralidad que adquirió la figura del presidente no solo tuvo impacto sobre el régimen político, sino que también alcanzó a la UCR incluso en detrimento de su protagonismo.

El partido radical en su conjunto fue marginado del ejecutivo y del aparato estatal, asimismo sufrió las consecuencias del lugar más secundario que ocupó el parlamento en esa etapa. El eje del sistema político pasaba por el presidente y el gobierno se hacía fundamentalmente por decretos. En parte, esta centralidad de la figura presidencial resultaba un rasgo normal de una coyuntura de crisis económica como la que atravesaba la Argentina a mediados de los ochenta.

Por ello, la marginación del parlamento, el gobierno por decreto y el sigilo con el cual se concibieron y ejecutaron las medidas económicas no constituyeron características necesariamente perversas de la gestión alfonsinista durante el periodo inicial del Plan Austral.54 Pero por otra parte, también es cierto que Alfonsín, apoyándose en la evidente necesidad de reforzamiento del Poder Ejecutivo, fue más allá y enfiló en la dirección de conformar un sistema político cuyos diferentes planos de negociación, gestión de gobierno y de “invención” política, pasaran necesariamente por él. La tentación era enorme, loa presuntos beneficios también, y la fascinación que esto ejerció sobre el presidente veló su percepción de los riesgos asociados a un desgaste abrupto y potencialmente irreversible. Esto último quizás podría haberse atenuado por la presencia de un partido compartiendo efectivamente las responsabilidades en algunos espacios relevantes de la acción política, por ejemplo el de las relaciones con el peronismo. Ello no ocurrió.

De todos modos, el éxito tuvo muy corta vida. Alfonsín, velaba su percepción por los logros temporarios del Plan Austral, sobreestimó el grado de maleabilidad de la economía. El presidente pensó que podía subordinar el ritmo y el contenido de las reformas en el plano económico a sus objetivos políticos. Durante 1986 Alfonsín y sus colaboradores más cercanos, especialmente Enrique Nosiglia y Leopoldo Moreau, apuntaron a cooptar a un sector del peronismo para conformar un “Tercer Movimiento Histórico”que, presumiblemente, consolidaría el predominio electoral del radicalismo al estilo del peronismo del periodo 1945-1955. Ya durante 1987, menos de dos meses después del Plan Austral, eran evidentes los signos de su fracaso. Frente al agravamiento de la crisis económica y el derrumbe del Estado, el gobierno siguió ensayando propuestas ambiguas. El discurso político empezó a girar en el vacío, reiterando los argumentos acerca de la necesidad de la modernización, la reforma del Estado, el cambio en el patrón del capitalismo subsidiado y la reforma fiscal. En la práctica, sin embargo, a menudo se subordinaron esos principios a las urgencias puntuales. En otras palabras, de la ambigüedad en el diseño y la ejecución que caracterizó al bienio 1985-1986 (durante la cual la innovación en la retórica se combino en, la práctica, con las contramarchas y los compromisos), se pasó a la hibridez de las respuestas reactivas a los problemas que se multiplicaron en todos los frentes. El Plan Austral perdió toda consistencia y se transformó en una típica política de parches. Entre las ambigüedades propias, las obstrucciones peronistas en el parlamento y las de los gremios empresariales y de trabajadores dentro y fuera del gobierno, la gestión alfosinista perdió capacidad de iniciativa, abriendo paso al retorno de la vieja Argentina: la de la inflación, la pugna distributiva salvaje y el bloqueo de las corporaciones a la gestión de gobierno.

También a comienzos de 1987, los militares reaparecieron dramáticamente en la escena política, en lo que seria el primero de una serie de replanteos de las Fuerzas Armadas. La crisis militar de semana santa, durante la cual se vivieron momentos de gran tensión, puso al desnudo la extrema debilidad de las instituciones civiles y socavó irreversiblemente la autoridad del presidente tanto en un área clave de todo proceso de consolidación democrática-es decir, la vinculada a la subordinación militar, a las autoridades y reglas constitucionales-como en su capacidad más general de inspirar confianza a la población. Los planteos posteriores al de la semana santa de 1987 acentuaron el desgaste del presidente que se vio obligado a recurrir a soluciones ad hoc como la ley de obediencia debida; éstas aparecieron ante la población como concesiones que, al mismo tiempo, no satisfacían los reclamos militares.

El firmamento del ocaso del alfonsinismo, y por ende de la primavera democrática, fue surcado por una estrella fugaz: la Renovación Peronista. Este nuevo agrupamiento postuló la democratización interna de un movimiento que, desde su surgimiento, se había caracterizado por el verticalismo y la violencia modalidad de solución de los conflictos. Inicialmente, Herminio Iglesias y sus seguidores, entre los que se incluían los sindicalistas colaboracionistas del régimen militar rebautizados como los 15, controlaron casi sin contrapesos el aparato partidario. Las derrotas sucesivas de los renovadores tuvieron lugar en una serie de congresos partidarios que consolidaron la imagen de un peronismo carente de reglas y sometido al imperio de la prepotencia.

Sin embargo, ya durante 1984 se insinuaron dos novedades que contribuirían más adelante a la reversión de la relación de fuerzas internas. La primera fue la conformación de un mapa sindical más pluralista que surgió como resultado de elecciones gremiales en las cuales la fiscalización oficial, obviamente ejercida por el gobierno radical, permitió que las agrupaciones opositoras a las conducciones establecidas tuvieran posibilidad real de éxito. La segunda modificación estuvo asociada a la influencia progresiva que fueron obteniendo los gobernadores y senadores peronistas que, salvo en el caso de Santa Fe, provenían de las provincias más pequeñas y pobres del país. Gradualmente estos últimos se fueron enfrentando con los dirigentes cercanos a Iglesias, quienes en su mayoría provenían de los distritos electorales mayores en los cuales el peronismo no había alcanzado influencia institucional significativa. Por un tiempo los grupos herministas se aferraron a sus cargos partidarios y llevaron al partido a la que fue su derrota electoral más catastrófica, la de noviembre de 1985 cuando, al renovarse la mitad de la Cámara de Diputados, el peronismo sólo obtuvo el 34% de los votos y fue derrotado en todas las provincias con excepción de tres. Y, precisamente, en 1985 los renovadores decidieron romper con las autoridades partidarias presentando listas propias en las elecciones parlamentarias. Sus triunfos relativos en el marco de una derrota claramente atribuible a la conducción oficial marcaron el eclipse definitivo de Herminio Iglesias y el comienzo de un nuevo retorno del peronismo, cuyo protagonista, claro está, no sería la propia Renovación.

La primera etapa que la Renovación debió enfrentar fue la de reforzar el ala propiamente política del partido. Ello implicaba prácticamente la formación de una clase política dentro de un partido que se había caracterizado por su débil estructura. 55 Los sindicatos, definidos por Perón como la columna vertebral del movimiento, fueron sin duda el obstáculo mayor que tuvo que enfrentar la Renovación. Uno de los cambios más notables en el discurso de dirigentes como Cafiero, De la Sota, Manzano y Grosso, que fueron las figuras más visibles del nuevo argumento, fue la valoración positiva que hicieron la política, los políticos y los partidos. Esto contrastó en el tono peyorativo usado por Perón cuando se refería a la partidocrácia y a la política como algo nocivo. Hubo también una preocupación por superar la ambigüedad del peronismo con respecto a la democracia y la representación política.

Una vez lograda la primera, y decisiva, victoria sobre la ortodoxia herminista, la estrategia de los renovadores a separar económica y políticamente. En la esfera de la política, el tema de la democracia fue, a la vez, el ariete para sus embates finales contra la ortodoxia partidaria y el eje de un discurso dirigido a la sociedad en su conjunto. Este discurso, montándose sobre la popularidad de Alfonsín y de su mensaje institucionalista, le cuestionó al presidente el monopolio que ejerció inicialmente en ese terreno. La Renovación, por consiguiente, se postuló como el otro pilar de la estabilización democrática, con la aptitud para constituirse en la opción al radicalismo en el juego de la alternancia institucional; esto no era un cambio de circunstancias insignificante para el partido que siempre había llegado al poder en elecciones que había clausurado regímenes de facto. En este plano, empero, la presumible confluencia entre el partido de gobierno y un peronismo aggiornado se vio dificultada por la paralela emergencia de la pretensión del alfonsinismo de mantenerse en el poder durante en segundo período presidencial a través de una reforma de la Constitución que permitiera la reelección inmediata del ejecutivo.

El intenso nivel de confrontación entre radicales y peronistas tuvo como una de las causas la vocación hegemónica manifestada por los primeros; sin embargo, los segundos contribuyeron, a su vez, a la agudización de la misma al oponerse frontalmente en el plano económico a todos los pasos que dio el gobierno, incluso cuando los programas en esa área alcanzaron algún éxito circunstancial. El núcleo del discurso de los renovadores en materia económica fue la caracterización del Plan Austral como una continuidad de las políticas del gobierno militar arguyendo que, amén de materializar la sumisión a los dictadores del Fondo Monetario Internacional y los intereses de los acreedores externos, aquel resultaba ineficaz para reactivar la economía. Por ende, los slogans que repitieron insistentemente los políticos de la Renovación fueron los de la moratoria de la deuda externa y de “levantar las persianas” de las fábricas presuntamente paralizadas por las políticas del gobierno. Las críticas renovadoras, sin duda, tuvieron una dosis de cálculo político menudo; pero, además adolecieron de una miopía que las afectó sustantivamente. Los renovadores no reconocieron que, independiente de sus logros temporarios y posteriormente recaídas, los problemas que buscaba atacar el Plan Austral, es decir las tasas inflacionarias superiores al 100% anual y el déficit fiscal que superaba al 10% del producto, eran indicadores de la crisis irreversible de la MEC a la que aludo en este capítulo. Implícita o explícitamente, los renovadores postulaban un retorno imposible al modelo intervensionista y de acuerdo de clases vigente durante el primer peronismo. De tal modo, elegían ignorar que el ajuste y la reestructuración que el Plan Austral había acometido, si bien retóricamente, eran pasos ineludibles en la búsqueda de recuperar la viabilidad de la economía argentina.

En suma, los renovadores dieron en lo político una muestra de un compromiso firme con la construcción del sistema democrático. En ese sentido, jugaron un rol visible y predominante al producirse la crisis militar de Semana Santa, al contribuir a la movilización de la opinión pública opuesta a los planteos de los militares. En los económico, en cambio, la Renovación se mantuvo, en un doble sentido, dentro de las tradiciones del peronismo. Por un lado, obstruyó la gestión del gobierno sin proponer, al menos públicamente, alternativas visibles; por el otro, reiteró las recetas anticuadas e inaplicables del populismo de la década del 40.

Las contradicciones de los renovadores no fueron del todo ajenas a su heterogeneidad. A los dirigentes modernos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y las provincias sureñas, se sumaron caudillos más tradicionales como Menem y el santiagueño Juárez. De todas maneras la heterogeneidad renovadora resultó funcional para su éxito electoral más resonante, que resultaría el postrero, es decir el de 1987. En efecto, en la “Argentina moderna” la imagen de estabilidad, tolerancia interna y el pago a las reglas institucionales sirvió para reconquistar a aquellas franjas del electorado que, descontentos con la situación económica, consideraban asimismo a la democracia como un valor en sí mismo y durante una década habían visto al peronismo como una amenaza a aquella. En cambio, en las áreas más tradicionales, los caudillos populistas retomaron un discurso que, dentro del contexto aggiornado de la Renovación, no suscitó las resistencias y desconfianzas que habían surgido en 1983. en la elección crucial de 1987, ya que se sepultaron definitivamente las esperanzas reeleccionistas, el alfonsinismo y la Renovación fueron los grandes protagonistas, si bien la relación de fuerzas se revirtió en compensación con 1985.

Que dos fuerzas, los actores centrales de ’87, estuvieran ausentes en las elecciones presidenciales de 1989, más allá de rasgos específicos de los procesos internos de cada uno de los partidos de cada uno de los partidos e incluso de factores accidentales, sugiere que algo fundamental estaba cambiando en la política argentina. Por cierto que ni Alfonsín ni la Renovación aquilataron adecuadamente este cambio, y por eso perdieron. En la próxima sección analizo los principales aspectos de dicho cambio.

Si bien el gobierno radical evitó el cataclismo hasta que sobrevivió la explosión inflacionaria de 1989, en realidad el golpe de gracia lo recibió en 1987. en esas elecciones los radicales perdieron la mayoría de las gobernaciones en juego, incluso en la decisiva provincia de Buenos Aires donde el candidato derrotado, Juan Manuel Casella, esa el preferido de Alfonsín para la elección presidencial que se avecinaba, en el caso de que no pudiera conseguir la reelección. A partir de esa coyuntura, el gobierno careció totalmente de iniciativa, incluso en aquellos terrenos donde la había gozado previamente.

¿Por qué el derrumbe del intento heterodoxo de desestabilización no se tradujo, sin embargo, en una nueva instancia de ruptura institucional como aquellas que habían abundado en la Argentina contemporánea, incluso en contextos de crisis de menor amplitud que la de 1989? Los errores de los radicales les resultaron dramáticamente costosos, primero en relación al mantenimiento del poder político y, ya más adelante, en términos de la probabilidad de supervivencia del propio partido. La experiencia negativa de la Unión Cívica Radical, empero, sería aprovechada por sus principales adversarios partidarios, y especialmente por el segundo presidente democrático, Carlos Menem. Éste, en particular, se beneficiaría, asimismo, con una transformación que se produjo bajo la superficie de los eventos políticos más espectaculares de la década del 80: las franjas superiores de las clases capitalistas, que tradicionalmente habían apoyado las soluciones autoritarias a las crisis, revalorizaron la importancia del mantenimiento de las reglas democráticas.56

En 1987, la avalancha de votos peronistas, el triunfo de Antonio Cafiero en Buenos Aires y los éxitos, no tan previsibles, de candidatos de la Renovación en Entre Ríos, Mendoza, Chubut y Misiones opacaron otro resultado, ciertamente menos sorpresivo, la reelección de Menem en La Rioja. Sin embargo, la contundencia del triunfo del gobernador riojano, que prácticamente duplicó la votación de su oponente radical, reforzó sus intenciones de disputar la candidatura presidencial de su partido, como ya había anunciado largo tiempo atrás. En realidad, la estatura nacional que había adquirido la figura de Menem durante los tramos iniciales del gobierno radical, a pesar de no haber sido debidamente tomado en serio por la mayoría de la dirigencia política, fue resultado de una decisión temprana de aquel trascender las fronteras políticas de su provincia. Obviamente, la candidatura de Menem implicó una ruptura del frente renovador que se alineó mayoritariamente detrás de Cafiero. En realidad, los renovadores optaron por aceptar que fueran los afiliados, y no la convención partidaria, quienes seleccionaran al candidato, debido a su temor que Menem presentara su candidatura por fuera del partido, en caso de no ser designando.

Finalmente, las internas se celebraron en julio de 1988 y Menem logró derrotar holgadamente a Cafiero convirtiéndose en el candidato oficial del peronismo. ¿Cuáles fueron las razones de este resultado, para muchos inesperado? Cafiero, a pesar de su éxito de 1987, no había logrado superar las imágenes negativas asociadas con su pasado político, es decir el desprecio que le había demostrado siempre Perón y la acusación de supuesta corrupción en la gestión de las bodegas Giol en Mendoza. Pero la principal causa de la victoria de Menem, que un año más tarde le permitiría también alcanzar la presidencia de la República, tuvo que ver con la habilidad de éste para lograr que su mera persona evocara una serie de contenidos y mensajes políticos que captaron los humores del momento y se instalaron hábilmente en dos carriles. El primero no fue del todo sorprendente: de un modo u otro Menem apeló a la identidad peronista, al mismo tiempo que recurriría la estilo político enteramente opuesto al de la transición de 1983. pero, además, supo encara un pronunciado viraje en las opiniones y sentimientos de los argentinos en relación a la política. A partir del fracaso de los planes gubernamentales, con el consiguiente deterioro de la situación económica, y la percepción, correcta por otra parte, que Alfonsín y sus ministros estaban perdiendo completamente el control, el juicio negativo de la población no sólo alcanzó al gobierno, sino también al conjunto de la dirigencia política. Más genéricamente, los argentinos comenzaron a dudar crecientemente de la eficacia de las instituciones políticas y de la democracia para lidiar con la crisis económica cada vez más aguda y para alcanzar un cierto bienestar. En este contexto, perfilada ya en 1988 y acentuada la hiperinflación en 1989, una figura como la de Menem que podía creíblemente presentares como situado en cierto modo fuera de la política, llevó una ventaja significativa en relación a los renovadores. Éstos, y especialmente Cafiero, fueron arrastrados por la declinación del prestigio de Alfonsín y de las instituciones de las cuales el presidente aparecía como garante central.

La vorágine política y económica de mayo y junio de 1989, cuando a la elección de Menem la siguió inmediatamente la hiperinflación, configuró un verdadero desplome de la sociedad argentina que había comenzado en febrero cuando, al desatarse una estampida del dólar, se agotó el postrer intento de Sorrouille de controlar siquiera mínimamente las variables económicas.57 En esos meses se evidenció con toda claridad el fracaso del gobierno radical en superar la crisis global de la Argentina abierta en 1975, con el Rodrigazo, y profundizada en 1982. En cierto sentido, se volvió, descendiendo descontroladamente varios escalones más, a la situación imperante cuando se había venido abajo el gobierno militar.

Devaluación de la política e hiperpresidencialismo

La elección que consagró el triunfo del candidato peronista, celebrada en mayo de 1989 en medio de la escalada hiperinflacionaria, involucró algo más que un simple cambio de gobierno. El reemplazo de la Unión Cívica Radical por el peronismo coincidió con un cambio fundamental en la manera que la mayoría de la gente de la gente se vinculaba a la política. Los sucesivos fracasos, todos catastróficos, del gobierno de Isabel Perón, del régimen del “proceso” y del primer gobierno civil democrático, al contribuir a erosionar seriamente las rutinas de la vida cotidiana, alimentaron una desilusión generalizada en relación a las soluciones propuestas por los que detentaban autoridad política, independientemente de cual hubiera sido la modalidad de origen de esa autoridad. El corolario de los quince años de fracaso que mediaron entre 1975 y 1989 fue una profunda retracción colectiva con respecto a la política; en otras palabras, la política se devaluó. Esta devaluación tuvo efectos ambiguos. Por una parte contribuyó a aumentar la aceptación de la gente con respecto a políticas que apuntaban a la contracción drástica de las esferas de acción y regulación estatal. Pero, por otra parte, el repliegue debilitó las actitudes y normas, y en un sentido más amplio el consenso moral, sobre los cuales el Estado, la sociedad, e incluso el mercado, están basados.58

El proceso de despolitización de la segunda mitad de la década del 80 implicó, por lo tanto, una reversión de las tendencias de politización estatista que habían predominado durante más de medio siglo. En otras palabras, durante esa coyuntura se amplió el espacio disponible para la implementación de reformas radicales en la dirección de una nueva matriz que combinara “menos” Estado y “más” mercado. Este espacio se vinculó a una aceptación pasiva de las reformas, inducida por el temor al retorno de la situación de inestabilidad extrema. Durante los primeros años de la década del 90 el presidente Menem aprovecho hábilmente la oportunidad que se le presentó para desplegar los proyectos de reforma económica. Si bien la estrategia menemista tuvo bastante de tornar a la necesidad en virtud, resulta claro que se avanzó decisivamente en la dirección de apartar a la Argentina del riesgo de la disolución del orden social y político. De todos modos, todavía no resulta claro si el aprendizaje político realizado durante este último periodo servirá para conformar establemente una formula política de largo plazo. El patrón predominante de aquiescencia ha reducido significativamente las amenazas a la estabilidad política. Pero, al mismo tiempo, ha generado un nuevo desafío, el de crear e implementar mecanismos donde apoyar políticamente e institucionalizar las reformas de mercado; para ello resultará imprescindible subvertir, tanto en el plano económico como el político-cultural, las tendencias desintegrativas predominantes durante la última década.

A partir de 1989, cada elección marcó la reconquista por parte del peronismo del predominio electoral que había disfrutado entre 1946 y 1976. pero, a diferencia del periodo pos 1955, cuando el atractivo peronista se había basado principalmente en su capacidad para expresar el rechazo mayoritario a los gobiernos de turno, a partir de 1989, el éxito menemista descansó en la demostración de su efectividad para recuperar la estabilidad a partir de la reconstrucción del principio de autoridad política.

La estrategia de Menem contuvo importantes innovaciones. Durante la campaña, él no se apartó del más rancio estilo peronista: criticó a los radicales y a su candidato, Eduardo Angeloz, por sus “políticas neoliberales” y prometió que a su llegada al gobierno implementaría un “ salariazo”. Sin embargo, apenas fue elegido, Menem dejó en claro que su principal objetivo era la estabilización de la economía y que su programa abandonaría los postulados nacionalistas y estatistas tradicionalmente apoyados por su partido. Esta postura fue adelantada antes de que Menem accediera a la presidencia y fue confirmada por las políticas implementadas a partir de diciembre de 1989, cuando el novel presidente se vio forzado a reemplazar a su primer equipo económico, el vinculado a su acercamiento al grupo Bunge y Born, a raíz de una recaída en la hiperinflación. La respuesta del presidente a la nueva crisis pareció, en un principio, confirmar los pronósticos pesimistas de aquellos que habían presagiado que el país había sido dejado en manos de un político provinciano capaz de las peores excentricidades. El reemplazante de Néstor Rapanelli, el ministro renunciante, fue un oscuro contador democratacristiano que había colaborado con Menem en el gobierno riojano. Erman González, el nuevo ministro, era prácticamente un desconocido para los políticos, los empresarios y los operadores económicos. Esto incrementaba el riesgo que la falta de confianza agravara la inflación y los desequilibrios económicos, Sin embargo, González se reveló como un funcionario tenaz dedicado a recortar el gasto público, a pesar de la resistencia de numerosos sectores, como los empleados públicos, los maestros y la mayoría de la población de las provincias más pobres, cuyos ingresos dependían principalmente de las transferencias del gobierno nacional. Las medidas también incluyeron restricciones a la oferta monetaria, la reducción de la inversión pública a niveles bajísimos y una política cambiaria que apuntó a estabilizar el dólar en términos absolutos. El efecto combinado de las políticas fue la profundización de la recesión y una caída pronunciada de la producción industrial.

El plan de González, al que irónicamente se rebautizó como superman, tuvo un segundo componente de efectos prácticos y simbólicos de extraordinaria importancia: las privatizaciones. A diferencia del gobierno radical, que había anunciado programas de privatización pero no los había implementado, Menem llevó adelante enérgicamente las privatizaciones de empresas y servicios públicos sin reflejar prejuicio alguno, demostrando escasas preocupaciones por las prerrogativas del Poder Legislativo. El principal indicador de la decisión con las que se encaró el programa de privatizaciones fue una ruptura dramática con una practica peronista de más de cuatro décadas: se anunció que el programa abarcaría a las grandes empresas de servicios públicos que habían sido creadas o nacionalizadas durante el primer gobierno peronista. Fueron convocadas las licitaciones de dos de las más importantes, ENTEL (la compañía de teléfonos) y Aerolíneas Argentinas y se puso a cargo del proceso de liquidación de la primera a María Julia Alzogaray, cuyo apellido constituía uno de los emblemas de la derecha liberal argentina. Las dos empresas fueron entregadas a los compradores a fines de 1990.

De todos modos, la importancia política de las primeras privatizaciones fue mucho más allá de la contribución que supuestamente haría a la reducción del déficit fiscal. En realidad, la contribución potencial en ese sentido fue mínima porque Aerolíneas y ENTEL eran dos de las compañías más rentables, en contraste con los ferrocarriles y Obras Sanitarias. Las privatizaciones constituyeron uno de los eslabones –quizás el más importante-que conectaron dos aspectos esenciales de la estrategia política de Menem.

El primero de dichos aspectos fue el achicamiento del Estado. Concebido como un bien en sí mismo, el achicamiento se apoyó en un diagnóstico dogmático según el cual toda acción del Estado -y las actividades de las agencias y funcionarios encargados de implementarlas-era simplemente percibida como un concepto adicional que contribuía a la expansión del déficit fiscal. Pero además, la política de privatizaciones fue un de los pilares que permitieron articular y reforzar un mensaje dirigido a los capitalistas nacionales y extranjeros. Este mensaje coincidió sustancialmente con las recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial había formulado por un largo tiempo. Las acciones de gobierno y la creciente capacidad de los medios para conformar una agenda de temas terminaron por focalizar el discurso político alrededor de las prescripciones del llamado Consejo de Washington –disciplina fiscal, tasa de cambio comparativa, liberalización del mercado de trabajo, privatizaciones, desregulación de la economía y respeto irrestricto de los derechos de propiedad-. Este conjuntos de reglas de “buen comportamiento” para los países deudores, sistematizadas por le economista John Williamson, tuvieron mucha mayor capacidad de ser impuestas a partir de 1985. ese año, el secretario del Tesoro del gobierno de Reagan, James Baker, vinculó prácticamente la cuestión de la deuda externa argentina y latinoamericana con recetario antiestatista: el diagnóstico propuesto por el plan que llevó su nombre postuló que la insolvencia de los países de América Latina era una consecuencia directa de la MEC, es decir del intervensionismo estatal y sus inevitables ineficiencias.

El plan Baker, entonces, concluyó que para recobrar niveles satisfactorios de solvencia, y poder pagar la deuda, se debía recuperar un dinamismo económico que era bloqueado por el dirigismo. Por ende, el Estado debería achicarse radicalmente limitándose a cumplir las funciones básicas de mantenimiento del orden y la seguridad pública, y acometer la reforma estructural.

El mensaje del achicamiento del Estado tuvo, además, otro tipo de audiencia: los sectores medios y populares. El bienestar de estos sectores dependía directamente de los servicios públicos y otros beneficios del Estado; el deterioro progresivo de unos y otros a partir de 1975 había hecho caer significativamente los niveles de vida de aquello sectores. En ese contexto, los argentinos recibieron el mensaje que la privatización de los servicios públicos permitiría el reemplazo de beneficios mediocres y crecientemente deteriorados por bienes y servicios producidos por el sector privado. Estos últimos serían más baratos, se argumentó, porque se librarían del lastre de los impuestos –tanto de los explícitos como de la taza inflacionaria-que financiaban a un Estado que administraba malamente y prestaba los servicios peor. Este mensaje antiestatista no cayó en oídos sordos: los comunicadores y los políticos que los propagaron se aprovecharon del terreno fértil compuesto por mujeres y hombres afectados cotidianamente por el derrumbe del Estado. El deterioro, por cierto, no sólo abarcó los servicios y la infraestructura física, sino también el chocante espectáculo de oficinas públicas colmadas de empleados inactivos y que para cada trámite solicitaban coima.

La perdida de prestigio y credibilidad y la atrofia generalizada erosionó al Estado en sus roles de proveedor de servicios, benefactor de los desposeídos regulador de los actores económicos más poderosos. Pero, además, el proceso alcanzó también la arena más amplia de la política, y particularmente a los actores e instituciones que supuestamente estaban a cargo de articular y procesar las demandas de intereses de los distintos sectores de la sociedad para traducirlos, de algún modo en alternativas de políticas públicas. Se produjo, de tal modo, una verdadera devaluación de la política, esto es, de los partidos, los políticos y el parlamento. En otras palabras, la gente desarrolló actitudes de sospecha y disgusto hacia las instituciones que habían sido revalorizadas durante la transición de 1983 y, como consecuencia se desconectó de los procesos y las instituciones políticas normales.

Durante 1990, y especialmente cuando Domingo Caballo finalmente accedió al Ministerio de Economía a principios de 1991, la adopción de una estrategia de libre mercado condujo a bruscos recortes de los servicios y de los subsidios del Estado y a la privatización de prácticamente todas las empresas públicas. La constancia con que fueron aplicadas las políticas de privatización y de reducción del gasto pública le valió a Menem conquistar y retener el apoyo de los grandes grupos empresariales basados en la Argentina y de los círculos financieros internacionales. Los grupos empresariales más grandes de la Argentina, junto a inversores extranjeros, principalmente de origen norteamericano, español, chileno y francés, fueron los beneficiarios de las privatizaciones muchas de estas privatizaciones en especial las concretadas durante la primera tanda de 1990, se caracterizaron por la corrupción con que fueron implementadas.

Menem no se limitó, sin embargo, a llevar a adelante con mayor consistencia medidas que su predecesor había acometido de manera pusilánime. Además, reivindicó la energía con que estaban siendo aplicadas las políticas estabilizadores y privatistas como una muestra de su capacidad de decisión política. Convertir a las políticas económicas a partir de 1990 en el indicador de un rasgo positivo de su estilo político no resultó una operación simple y automática para Menem. A pesar de que las políticas estabilizadoras afectaban drásticamente el nivel de vida de los sectores más pobres de la población y de las clases medias que dependían, directa o indirectamente, del gasto público, Menem aprovechó el clima predominante en la coyuntura para presentar el programa de ajuste como la única salida posible frente a una alternativa aún más negativa: la profundización de la inestabilidad y el desorden económicos.

Pero la astucia política del presidente peronista, sin embargo, no se agotó con el éxito en dar ese primer paso. La siguiente operación fue su convincente postulación de que la efectividad de la s medidas de estabilización y reforma económica requerían el reestablecimiento de una autoridad política fuerte y ejercida sin grandes pudores. Este fenómeno tuvo dos dimensiones claramente diferenciables. Por una lado, implicó una recuperación parcial de la capacidad del Estado para inducir, a través de castigos y recompensas, a los sectores sociales y a los individuos, a que sujetaran sus comportamientos a reglas.59 Uno de los aspectos más significativos de este proceso tuvo que ver con la revitalización del poder de negociación estatal en relación a los empresarios.60 Si bien, especialmente a partir de marzo de 1991, los sectores más concentrados de la burguesía fueron beneficiados por las privatizaciones de empresas y servicios públicos, el gobierno también adoptó medidas que una mayoría de los empresarios estimó perjudiciales, en particular el aumento de la carga impositiva y la aceleración de la apertura comercial.61Obviamente, la posibilidad de implementar efectivamente la legislación fiscal y la política comercial dependía de la credibilidad de la autoridad pública; esta credibilidad fue en aumento a partir de la llegada de Domingo Caballo al Ministerio de Economía.

El otro aspecto del reforzamiento de la autoridad política bajo Menem estuvo vinculado directamente a un proceso de “represidencialización” del sistema político argentino y de intensificación de las orientaciones antipolíticas; ambos fenómenos no han dejado de tener connotaciones negativas desde la perspectiva del funcionamiento de las instituciones democráticas. Cultivando un estilo político no enteramente ajeno a las tradiciones que su partido había alimentado a partir del mismo Perón, Menem se posicionó como un outsider de la política. En esa vena minimizó la importancia de la palabra como portadora de un mensaje político y apeló incluso a la promoción de su figura como alguien habituado a circular en arenas extrapolíticas, como el deporte, la televisión y el mundo del espectáculo.

El éxito del estilo antipolítico de Menem fue uno de los factores que contribuyó a la represidencialización del sistema. Su crítica a los mecanismos tradicionales de la negociación política y parlamentaria que en todo caso nunca había funcionado con eficacia en la Argentina, descansó en la premisa que ellos constituían procedimientos pocos útiles, y hasta prescindibles, en una coyuntura de emergencia económica. Menem intuyó acertadamente el clima político de fines de la década del ’80 y, de ese modo, contribuyó a reforzar la marginación del Poder Legislativo, y también la imposición de severas restricciones a la autonomía del Poder Judicial; este último, en especial, había llegado a ocupar un espacio ineditamenta amplio bajo el gobierno radical.

El aumento del desequilibrio de fuerzas entre los poderes del Estado, que alimento un fenómeno de concentración en el ejecutivo, se combinó con otro proceso del cual también se benefició el nuevo ocupante de la presidencia: la creciente faccionalización y consiguiente perdida de prestigio de los partidos políticos frente a la opinión pública. Esta última tendencia se manifestó de manera más aguda en la UCR. La lucha entre las facciones del radicalismo, o sea las denominadas “internas”, se hicieron visibles a fines del gobierno de Alfonsín y se tornaron despiadadas durante la década del 90. a pesar de su derrota, el partido radical no resultó excesivamente dañado por la elección presidencial de 1989: el partido obtuvo un tercio del total de los sufragios, e incluso su candidato presidencial, Eduardo Angeloz, se acercó al cuarenta por ciento del total. Por lo tanto, la elección no careció de competitividad, puesto que Menem tampoco alcanzó la mayoría absoluta de los votos. Sin embargo, en las elecciones legislativas de 1991 y 1993 los radicales continuaron perdiendo apoyo electoral, con lo que su representación parlamentaria, especialmente en el Senado Nacional, fue encogiéndose paulatinamente. A su vez, la perdida de posiciones institucionales, tanto a nivel nacional como provincial y local, exacerbó las pugnas faccionales que terminaron por aparecer, frente al público en general, como una descarnada competencia por los cargos y el control de recursos públicos cada vez más menguados.

Otro factor que contribuyó a minar el atractivo de la UCR fue la reticencia del ex presidente Alfonsín a ver menguado su protagonismo dentro del partido y de escena política. Alfonsín no llegó a percibir adecuadamente que su paso por presidencia, a pesar de los avances en el proceso de institucionalización, había quedado indeleblemente marcado por la hiperinflación y su forzada renuncia varios meses antes que finalizara su período constitucional. Su mera persona tendió a evocar, después de su salida del poder, imágenes contrapuestas a la estabilidad monetaria y económica tan valorada por los argentinos a partir de 1989.

La tendencia declinante de los radicales se reforzó a partir de 1993 cuando Alfonsín, una vez que asumió nuevamente la presidencia de su partido, redefinió drásticamente la estrategia de la UCR en relación al gobierno. Abandonando la posición duramente opositora que había mantenido desde el comienzo del gobierno de Menem, Alfonsín accedió a que su partido prestara el consenso legislativo requerido para reformar la Constitución y abrir las puertas, por ende, a la posibilidad de reelección presidencial. El acuerdo peronista-radical, conocido como el Pacto de Olivos, produjo una verdadera debacle de la UCR en las elecciones de convencionales constituyentes de 1994; su caudal electoral se redujo a alrededor del 20%, siendo superada en varios distritos por una coalición de izquierdas de recientes formación, el Frente Grande. En cierto sentido el Pacto de Olivos operó de manera perecida al pacto militar-sindical denunciado por Alfonsín durante su campaña electoral casi una docena de años atrás, aunque, claro está, con resultados exactamente opuestos para el partido radical. Como en 1983 importaron poco los presumibles efectos objetivos que, Alfonsín adujo, tuvo la firma del Pacto de Olivos; es decir “la contención del desbirde institucional desbaratando un cambio constitucional que se pretendía imponer por medio de interpretaciones legales que desvirtuaban el texto original”. Los que sí resultó políticamente significativa fue el efecto simbólico del pacto: esta fue tomada como demostración de la connivencia de Alfonsín y su partido con el gobierno de Menem. El resultado fue que, en términos simbólicos aunque no necesariamente institucionales, la UCR fue desplazada como la ocupante del estratégico lugar de la oposición al régimen de Menea.

La grave crisis de la UCR se acentuó aún más en las elecciones presidenciales de 1995, en las cuales la conjunción de un débil candidato presidencial, el ex gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, y una campaña desacertada llevaron a que la UCR obtuviera solo el 17% de los votos, siendo superada por el triunfante presidente reelecto, Carlos Menem y la coalición de centro-izquierda rebautizada como el FREPASO. La irrupción del FREPASO de todos modos, no pareció un fenómeno pasajero favorecido simplemente por las tácticas erradas de los radicales. La formula presidencial de la alianza, integrada por José Octavio Bordón –quién se había alejado del peronismo poco tiempo atrás-y Chacho Álvarez –uno de los fundadores del Frente Grande-, obtuvo un sorprendente 30% de la votación. Y, a pesar de la inesperada renuncia de Bordón a la agrupación, el FREPASO se mantuvo posteriormente con niveles elevados de apoyo popular.

Sin embargo, ya antes de las elecciones presidenciales de 1995 la significativa reactivación económica iniciada tras la sanción de la ley de convertibilidad de 1991 se interrumpió, los efectos de la brusca devaluación del peso mexicano a fines de 1994 se hicieron sentir en toda América Latina y, especialmente, en la Argentina. El índice de crecimiento de 1995 fue casi nulo y la desocupación alcanzó niveles inéditos para la Argentina moderna en torno al 17 o 18%. El crecimiento retomó niveles satisfactorios en 1996, pero la desocupación no se redujo. La desocupación, al autonomizarse en buena medida de los ciclos económicos, se transformó a mediados de la década del ’90 en uno de los indicadores más críticos del proceso de desestatización experimentado por el país a partir de 1981-1982. Esa es una de las cuestiones centrales que discuto en la sección final del capítulo

Economía y política dela desestatización argentina

El proceso de desestatización operado en la Argentina a partir de la década del 80 abarcó la economía, pero también, y en el mismo nivel de importancia la política. En el plano económico, la desarticulación de la vieja matriz estado-céntrica achicó el Estado en un triple sentido: 1) reducuendo las actividades productivas y de servicio que aquel desarrollaba diracta o indirectamente; 2) desarmando los mecanismos públicos que regulaban a los mercados, o limitaban su influencia, y, finalmente, 3) desplazadondo decisiones economicas fundamentale hacia fuera de los ámbitos nacionales. En el plano de la política, la desestatización tuvo efectos contradictorios: por un lado, facilitó una salida a la crisis terminal de la MEC, en la que la conflictivilidad político-ideologica –principalmente durante la dpecada del 70-y la inestabilidad económica aguda –sobre todo durante la década del 80-amenazaban lña continuidad misma de la vida social. Pero, por el otro lado, la desestatización arrasó con modalidades de hacer políticas que, a pesar de sus efectos perversos, habían imbuido de sentido a la vida cotidiana de los individuos. En la transición de la MEC hacia la sociedad de mercado, la política se ha justificado como administración de la crisis estado-céntrica, relegitimándose a partir de su propia auto limitación.62 Pero también, y esta fue la otra cara de la moneda, se han desencadenado procesos de desintegración de los ciudadanos y de la desubicación de los políticos.

La desintegración es un proceso multidimensional en el que, a la perdida de importancia de los mercados de trabajo tradicionales y el deterioro de los servicios estatales, se suma el descentramiento de la política, que ve reducida, por ende, su capacidad de contribuir decisivamente a la organización de la vida cotidiana de los individuos. En esa medida, la política pierde sentido; dicho de otro modo, se desdibuja que hace la política en la sociedad, o incluso “para que sirve”.

La contracara de los ciudadanos desintegrados son los políticos desubicados; franjas significativas de los dirigentes partidarios y los lideres de las organizaciones de los sectores populares, incluidos los sindicatos, continúan funcionando como si la política estado-céntrica no hubiera estallado. De ese modo reiteran comportamientos clientelisticos y discursos tradicionales que aparecen cada vez más alejados de las demandas y percepciones de la ciudadanía. Como boxeadores al borde de knock out, operan en muchos agentes políticos reacciones reflejas que abarcan desde la invocación a los símbolos y los rituales de las ideologías nacional-populares hasta la recaída en las prácticas clientelísticas minimalísticas.

La desintegración de los ciudadanos y la desubicación de los políticos generan, de hechos, un proceso de exclusión social que operan a pesar de la política, ya que esta resulta sobrepasada. Así la política pierde, al menos en parte, su potencialidad de transformar a la sociedad y de revertir los procesos de entropía desencadenado recientemente.

El desencanto con la democracia. Durante la década del ’80 se produjo en la Argentina, así como en otros países en América del Sur, un fenómeno de aprendizaje colectivo que contribuyó a la revalorización de la democracia y de los atributos de ésta, necesariamente antitéticos a los del autoritarismo. En otras palabras, el repudio a la arbitrariedad al discrecionalismo y a las transgresiones a la legalidad, llevó a que una sociedad, que históricamente había estado asociada de manera contradictoria con los valores democráticos, concluyera desvalorizándolos. El imperio de la ley, los equilibrios resultantes del juego de las instituciones representativas y la previsibilidad de las políticas estatales se transformaron en virtudes esenciales de la política para la mayoría de la ciudadanía argentina.

Sin embargo, pocos actores percibieron con claridad que la democratización se superpuso con las tendencias de desestatización. En otras palabras, el retorno de la democracia coincidió con la crisis de lo que se podría definir como el quehacer “normal” de la política, es decir, se evaporó lo que había estado colectivamente en juego a través de la política en etapas previas, como la de la MEC. Si la política había estado organizada en torno al Estado, no resultó accidental, entonces, que el repliegue del Estado desorganizara la política. Este fenómeno se hizo más evidente cuando se desvaneció el encantamiento inicial con la democracia. A partir de mediados de la década del 80, comenzó a agotarse la euforia despertada por la clausura catastrófica de la dictadura militar y su reemplazo por una democracia política que se inauguró con el vasto respaldo de la ciudadanía. Como consecuencia, segmentos mayoritarios de la ciudadanía llegaron a la conclusión que la democracia no solucionaba, por si misma, los problemas sociales y económicos que se agudizaron durante aquella década. Como consecuencia de ello se extendió el síndrome del desencanto con la democracia, que se fue intensificando en la medida que la crisis económica y social pareció tornarse irreversible.

En la Argentina, como en Perú, Bolivia y Brasil, apareció un síndrome que podría ser definido como de desorden de la política. Los casos del Perú y Argentina durante los periodos de ocaso de los gobiernos de Alan García y Raúl Alfonsín, y el de Brasil desde el fracaso del Plan Cruzado bajo José Sarney hasta el impeachnent de Fernando Color, constituyeron ejemplos de este síndrome. El rasgo predominante de este síndrome no fue la inestabilidad política y los riesgos de quiebre democrático, posibilidad esta última que, por cierto, no estuvo ausente en los casos de Perú y Venezuela. Más bien, lo que define al síndrome del desorden de la política es la perdida casi absoluta de la capacidad de gobierno, y de la acción política en general, para efectuar el curso de los procesos económicos y sociales. Estos, entonces, quedan librados a los espasmos de la especulación financiera y de la falta de confianza: así mismo, esos procesos resultan sometidos a los efectos más perversos de los dilemas de acción colectiva, límite en el cual se desvanecen casi todas las posibilidades de concreción de las conductas sociales.

Una respuesta al desorden el hiperpresidencialismo. El desorden de la política tuvo una consecuencia paradojal, si se analiza desde la perspectiva del éxito de las transiciones democráticas. Hacia fines de la década del 80 y principios de la siguiente se definió una respuesta política al desorden que, sin configurar una regresión autoritaria, de todos modos, implicó el abandono parcial de las expectativas iniciales con respecto a los contenidos progresivos de los procesos de democratización. Esta respuesta se vinculó a la aparición del fenómeno del hiperpresidencialismo en las situaciones de hiperpresidencialismo exitoso, se regeneraron las condiciones de orden y estabilidad perdidas en los periodos previos de desorden de la política. Sin embargo, también se reforzaron, en cierta medida las tendencias de desintegración y perdida del sentido de la política.

Además de la Argentina, el caso más típico de hiperpresidencialismo latinoamericano fue el de Perú donde Alberto Fujimori recurrió incluso a la ruptura de las reglas institucionales para recomponer el poder presidencial. Otro ejemplo, más bien frustrado, fue el de Fernando Collor en Brasil, que vio interrumpido institucionalmente su periodo presidencial al ser sometido exitosamente al impeachment parlamentario. Los casos exitosos de hiperpresidencialismo fueron coronados por victorias electorales muy significativas: las reelecciones de Menem y Fujimori se produjeron después que sendas reformas constitucionales las tornaron posibles. Examinemos los principales rasgos.

El primer aspecto del hiperpresidencialismo está vinculado a la recomposición parcial de la capacidad política del Estado a través de la reconcentración de la autoridad en el ejecutivo. Esta reconcentración de autoridad descansa en un sentido común dominado por la política partidaria y parlamentaria y, a la vez, alimenta dicho sentido común. Los hiperpresidentes explicita o implícitamente, se dirigen a la gente con slogans del estilo de “déjenme hacer” o “yo me encargo”. Así se montan sobre la aversión a la política “ normal”, que se instaló como uno de los rasgos principales del repliegue y la privatización que experimentan franjas importantes de la población. Además, la reconcentración de la autoridad en el ejecutivo se ha apoyado en otros elementos que valen la pena destacar:

1. La emergencia o reforzamiento de roles tecnocráticos estratégicos, especialmente en el ámbito de las políticas económicas, que tendieron a relacionarse simbióticamente con el presidente; durante los cinco años de su gestión en el ministerio de economía, Domingo Caballo constituyó el ejemplo más significativo de este fenómeno;

2. La pasividad o baja autonomía de los congresos; por ejemplo, los decretos presidenciales de extrema urgencia se trasfomaron en un mecanismo habitual para la sanción de medidas económicas;

3. La transferencia formal de responsabilidades a los niveles provinciales y municipales; esta transferencia. Sin embargo, generalmente no fue acompañada por una descentralización real de la gestión de los recursos financieros: y

4. El debilitamiento del Poder Judicial; tanto a nivel de los tribunales superiores, como de los niveles inferiores de aplicación de la ley con mayor impacto sobre las practicas cotidianas de la gente, la posibilidad de recurrir a la justicia resultó erosionada por la corrupción y el mismo desplome del Estado.

El segundo aspecto del hiperpresidecialismo fue la promoción de estilos de hacer política que resultan funcionales con la apatía y el repliegue de la política. Los hiperpresidentes favorecieron el predominio de un tempo acelerado en la acción política, procurando convertirse en los protagonistas de incesantes iniciativas que tendieron a posicionar a los ciudadanos como consumidores, o incluso como meros espectadores de la política. Esta cuestión se vincula con la enorme centralidad que adquirieron los medios de comunicación (sobre todo, la televisión y la radio, y también la prensa escrita). Los medios se transformaron en verdaderos generadores de políticas, o incluso en constructores de políticos como lo evidenció el caso de Fernando Collor en Brasil.

En el marco del hiperpresidencialismo, en tercer lugar, resultó minimizado el espacio de la negociación. Esta quedó sometida al efecto de pinzas del decisionismo centrado en el ejecutivo, por un lado, y la transformación de la política en un espectáculo que alimenta sensaciones de participación, más que practicas más o menos reales, por el otro. El estrechamiento del espacio de la negociación le restó relevancia y legitimidad a la política partidaria y parlamentaria, con la cual sus agentes naturales, los políticos, quedaran reubicados, pero en una posición marginal y muchas veces cuestionada. Bajo el hiperpresidencialismo se recreó el espacio de la política, que había resultado total o parcialmente arrasado por fenómenos de las hiperinflaciones y la violencia política y social. Es decir, se recuperaron, y al mismo tiempo se redefinieron, las herramientas de gobierno, especialmente en el campo de la economía. Sin embargo, los políticos quedaron prácticamente fuera, tanto de los mecanismos de debate, y formulación de las políticas, como de los procesos de creación de instrumentos simbólicos.

El retorno de la demanda política en el contexto de estabilidad económica y reconstrucción de la autoridad. Hacia 1994, como Fujimori en Perú, Menem había coronado el reordenamiento de la política que había encarado desde el comienzo de su mandato; su reelección en 1995 fue el corolario de dicho proceso. Como examiné en la sección anterior, uno de los principales pilares de su éxito fue su capacidad para presentarse verosímilmente como el principal articulador del proceso de reconstrucción de autoridad pública. Ésta fue concebida, a su vez, como el soporte de la reorganización y redefinición (en torno al mercado) de las conductas colectivas.

La reconstrucción de la autoridad descansó, en parte, en los que podía definirse como una administración eficiente del miedo; este miedo no es un fenómeno irracional ni denota carencias o vicios de los argentinos, más bien responde a la aversión a las situaciones de incertidumbre extrema, especialmente en etapas de crisis prolongadas. Pero, además, la autoridad pudo reconstituirse porque se produjo una refundación del patrón de imbricación entre el Estado y los sectores capitalista. Este es, ciertamente, un proceso de largo plazo que está todavía muy lejos de haber culminado; sin embargo, el establecimiento de relaciones más armonicas entre el Estado y los capitalistas contribuyó al reforzamiento de la autoridad, pues aquellos la había erosionedo sistemáticamente a través de comportamientos que recaian a menudo en la desestabilización política y desinversión. Debe subrayarse, empero, que el resultado estuvo lejos de responder a las visiones idílicas de los ideólogos dogmáticos del antiestatismo. La remercantilización de las relaciones sociales impulsada por la apertura de la desregulación y las privatizaciones se combinó con una novedosa variante de capitalismo asistido. Dentro de esta nuevo modelo, un número reducido de grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros adquirió activos en condiciones extremadamente favorables y obtuvo concesiones en situaciones monopólicas u oligopólicas que dejaron despreotejidos a los consumidores. Esto configuró una suerte de acumulación originaria en la que la intervención del Estado resultó decisiva y la corrupción adquirió un perfil renovado. La corrupción era un rasgo ya presente bajo la MEC en asociación con diferentes mecanismos, tale como los contrato de obra pública, la tolerancia de la evasión fiscal y los créditos subsidiario. Pero en la etapa contemporánea la importancia de la corrupción, en vez de disminuir como predicaban los comunicadores y políticos antiestatistas, se acrecentó. Ello se debió a la magnitud de las operaciones y a que muchas de las transacciones implicaron un compromiso estatal de abstenerse en el futuro de modificar las condiciones iniciales en las que se habían producido.

Los problemas del gobierno de la economía y de consolidación de un mínimo de orden no han desaparecido; ellos definieron una suerte de umbral mínimo cuyo resguardo resulta imprescindible para el logro de otros objetivos. Sin embargo, a partir de la reelección de Menem, y especialmente durante 1996, se percibieron signos claros de que ya resultaba insuficiente el argumento de un régimen razonablemente capaz de gobernar la economía y mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas. Emergieron nuevas demandas asociadas con la reversión de las tendencias de mayor desigualdad económica y marginación sociocultural y con el desmantelamiento de la red de protección estatal. Las nuevas demandas replantearon la posibilidad de una redefinición de las características de la acción política, que se había devaluado durante la década previa. Estas demandas, al trascender la temática de la estabilidad, apuntaron potencialmente a la eventual recuperación del sentido de la política.

La desarticulación de los mecanismos estado-céntricos de ejercicio de las presiones y demandas sociales ha tenido, como ya he sugerido efectos contradictorias sobre el funcionamiento de las instituciones política. Por un lado, contribuyó a la estabilidad de dichas instituciones incluido el funcionamiento normal de los procedimientos electorales y de alternancia en el gobierno. Por le otro, sin embargo, reforzó el alejamiento de los ciudadanos de la gestión de gobierno, debilitando el sustento mismo de la legitimidad de las instituciones, y especialmente los partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. El achicamiento del Estado contribuyó a reducir la explosividad de la política, aumentando así la posibilidad de que se institucionalizara las reglas pero, a mediados de los 90, pareció llegarse al punto en el cual el riesgo de que las reglas se quedaran sin sustancia; en otras palabras, que la mayoría de la población concluyera que la política no resultaba un mecanismo efectivo para prosesar sus necesidades y demandas.

En el límite, el proceso de despolitización conllevó un riesgo adicional; Esto es, el de desvanecer el sustento de la acción estatal misma. Y, precisamente, la reconstrucción del Estado argentino se replanteó como uno de los principales desafíos de la sociedad política, y de la sociedad toda, a partir de la coyuntura posterior a la reelección de Carlos Menem en 1995. ¿Cómo se podrían recuperar las capacidades dinámicas del Estado y regenerar su papel como articulador simbólico de la cooperación y la solidaridad colectivas sin recaer en las espirales perversas asociadas con las conductas rentísticas y la inflación? La respuesta a esta pregunta no dejara de tener significación frente a las reiteradas, pero incorrectas, postulaciones en el sentido que la dinámica del mercado resolverá, por sí misma, los problemas de desintegración y fragmentación que afectan a la Argentina. Como apunté en un texto reciente sobre América Latina que resulta pertinente para la Argentina contemporánea: “en la década del 90 el desafío que enfrentan tanto políticos como ciudadanos es el de utilizar la política para refundar, sobre nuevas bases, un Estado desarrollista que revierta los términos de la relación que prevaleció bajo la MEC. En otras palabras, se tratará de remplazar la ya agotada lógica estatista, no por una sociedad de mercado desestatizada, en la que el Estado se limite a mantener el orden público. Esto implicará construir una lógica alternativa apoyada en la negociación pluralista de los roles del Estado y de los limites a su acción. Es decir, en vez de una política anclada en el Estado –como funcionaba en la MEC.- un Estado anclado en la política. Y salvo que emerja alguna variante de fundamentalismo político-religioso, resulta difícil imaginarse que esa nueva política no sea democrática.63

CRONOLOGÍA

1955

El 16 de septiembre, el general del Ejército Eduardo Lonardi inicia la llamada Revolución Libertadora al liderar la sublevación de la Escuela de Artillería de Córdoba contra el gobierno del presidente constitucional Juan Perón. La insurrección de Lonardi es acompañada por la sublevación de otras unidades del Ejército y por el alzamiento de las principales bases navales del país. En respuesta, Perón declara el estado de sitio y encomienda la represión de los rebeldes al ministro de Guerra, el general Franklin Lucero. En los días siguientes, la posición de los rebeldes del Ejército se agrava. El día 19, la represión final de los rebeldes parece inminente. Pero, ese mismo día, la armada amenaza con bombardear la refinería de petróleo ubicada en las cercanías de la ciudad de La Plata, luego de haber hecho lo propio en las costas de la ciudad de Mar del Plata. El 20 de septiembre, Perón se refugia en la embajada de Paraguay para luego exiliarse del país.

El 23 de septiembre, el general Lonardi, próximo a los sectores nacionalistas y católicos, asume como presidente provisional del país. El almirante Isaac Rojas, de orientación liberal, lo secunda como vicepresidente. Ese mismo día, Lonardi pronuncia un discurso en la Plaza de Mayo y afirma, en un intento de acercamiento a los sindicatos y a las masas peronistas, que no hay “ni vencedores ni vencidos”.

El 13 de noviembre, Lonardi es depuesto como presidente de la Nación ante la presión de los sectores liberales y antiperonistas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Quienes propician la represión del peronismo y del sindicalismo. Ese mismo día, Pedro Aramburu, un general representativo de esos sectores, asume el cargo de presidente provisional. Rojas mantiene su cargo de vicepresidente. El primer gabinete de Aramburu está integrado, entre otros, por Eugenio Blanco como ministro de Hacienda, Atilio Dell´Oro Maini como ministro de Educación, Julio Alizón García como ministro de Finanzas, Eduardo Busso como ministro del Interior y Álvaro Alsogaray como ministro de Industria. El nuevo gobierno dispone la intervención de la Confederación General del trabajo (CGT), proscribe al Partido Peronista, prohíbe el uso y exhibición de los símbolos peronistas, inicias juicios contra Perón, deroga la Constitución Nacional de 1949 y declara vigente la Constitución de 1853.

El 23 de diciembre, se promulga el Decreto-ley 6403 que establece la necesidad de la reorganización universitaria. Dicho decreto, preparado por Dell´Oro Maini, declara la posibilidad de que las universidades privadas (libres) expidan diplomas académicos y títulos habilitantes, facultad hasta ahora exclusiva de las universidades públicas.

1956

El 9 de junio se produce la sublevación de un grupo de oficiales y suboficiales peronistas dirigida por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco y apoyada por algunos civiles. La sublevación, que no cuenta con el aval de Perón, es duramente reprimida y termina con el fusilamiento del general Valle y otros militares y civiles.

En noviembre, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) se reúne en la ciudad de Tucumán para lanzar –anticipadamente-su fórmula presidencial. Los principales líderes del partido, Ricardo Balbín y Arturo Frondizi se disputan la candidatura presidencial y polemizan sobre el método de elección del candidato. Mientras Balbín propicia el voto directo, Frondizi afirma la preeminencia de la Convención Nacional –cuya mayoría domina-como cuerpo elector. Finalmente la Convención proclama la fórmula presidencial Arturo Frondizi-Alejandro Gómez. Como consecuencia, la UCR se divide en dos: la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Fondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encolumnada tras la figura de Balbín.

1957

En julio, se realizan elecciones para integrar una Convención Constituyente que tendrá como tarea acordar una nueva Constitución. En esas elecciones se impone el voto en blanco propiciado por el proscrito peronismo. La UCRP obtiene el segundo caudal electoral y la UCRI el tercero. Una vez reunida, la Convención Constituyente ratifica la derogación de la Constitución de 1949 pero no logra consensuar una nueva Constitución. En consecuencia, se considera vigente la Constitución de 1853, a la cual se agrega un artículo –el 14 bis-que reconoce a los trabajadores nuevos derechos tales como el derecho a la participación en las ganancias de las empresas y el derecho de huelga.

En septiembre, se reúne el Congreso Normalizador dela CGT en respuesta a la convocatoria del interventor militar. Durante el Congreso se forman las 62 Organizaciones Peronistas, las cuales, luego de copar el Congreso, se constituyen en la principal fuerza organizadora del sindicalismo y el partido peronistas.

Hacia final del año, en virtud de la convocatoria a elecciones presidenciales para febrero del año próximo y ante la expresa prohibición de la candidatura de dirigentes peronistas, Frondizi inicia negociaciones con Perón para obtener el apoyo electoral del peronismo.

1958

El 23 de febrero se realizan las anunciadas elecciones presidenciales. Los peronistas tienen el mandato de Perón de votar por el candidato de la UCRI. Frondizi es electo presidente al obtener, con el apoyo de la mayoría del electorado peronista, cuatro millones de votos. Balbín, el candidato de la UCRP, alcanza el segundo lugar con dos millones y medio de votos.

El 1° de mayo Frondizi asume como presidente contando con la desconfianza de las Fuerzas Armadas –quienes acusan al nuevo presidente de ser demasiado tolerante con el peronismo-y la simpatía de sectores de izquierda. Alejandro Gómez lo secunda en la vicepresidencia. El primer gabinete de Frondizi está integrado, entre otros, por Emilio Del Carril Economía), Alfredo Vítolo (Interior), Luis Mac Kay (Educación) y Gabriel Del Mazo (Defensa Nacional). Rogelio Frigerio, un empresario industrial que ejerce gran influencia sobre Frondizi, asume como secretario de Relaciones Económica-sociales. Las primeras medidas del nuevo gobierno incluyen una amnistía política, un aumento salarial del 60% y la derogación del decreto que prohíbe la utilización de los símbolos peronistas. Esa derogación no se extiende, con todo, a la proscripción del peronismo y de Perón. En materia económica, y contrariando sus postulados previos, Frondizi realiza contratos de perforación con grandes empresas petroleras de origen extranjero y promueve la radicación de capitales extranjeros en los sectores siderúrgico y automotor. Todas estas medidas le acarrean el rechazo de los sectores nacionalistas de derecha e izquierda. En materia sindical, el Congreso promulga la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales, la cual otorga importantes ventajas al sindicalismo peronista en tanto estipula el reconocimiento de una sola unidad negociadora por rama de actividad –principio de sindicato único-y de una sola central obrera, abole la representación de la minoría en la dirigencia sindical para restablecer el sistema peronista que asigna a la lista ganadora todo el control del sindicato y establece la devolución del control de la CGT a las organizaciones peronistas. La promulgación de la ley 14.455 incrementa el rechazo de las FF.AA. hacia Frondizi.

En agosto, un grupo de religiosos y políticos de extracción católica –entre ellos, el ministro de Educación Mac Kay-redacta un proyecto para la reglamentación del Decreto-ley 6403 de 1955 que establece la necesidad de la reorganización universitaria. En los próximos meses se desarrolla un duro enfrentamiento entre quienes rechazan la posibilidad de que las universidades privadas otorguen títulos habilitantes y quienes la apoyan, estos últimos vinculados, en su mayoría, con el catolicismo. La disputa, que va desde la calle hasta el Congreso, es conocida bajo el slogan “laica o libre”. Luego de varias movilizaciones públicas y de intensos debates en el parlamento y en el propio partido gobernante, el Congreso promulga una ley que propone una solución a la discordia: las universidades privadas podrán expedir diplomas académicos pero la habilitación profesión será otorgada por el Estado. Esta solución no satisface a los defensores de la educación laica y permite la posterior fundación de varias universidades privadas, entre ellas, la Universidad Católica de Buenos Aires y la y la Jesuítica Universidad del Salvador.

En Noviembre, el vicepresidente Gómez se enfrenta con Frondizi y renuncia a su cargo.

En Diciembre, el gobierno lanza un Plan de Estabilización económica como resultado de las negociaciones con el FMI para la obtención de un crédito externo.

1959

El 14 de enero, ante el anuncio de la privatización de la empresa, una asamblea de 9.000 obreros decide la ocupación de la planta de Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre, ubicada en el barrio porteña de Mataderos, ese hecho desencadena una serie de protestas obreras, las cuales se generalizan tanto a nivel dirigencial –las 62 Organizaciones Peronistas convocan primero a una huelga general de 48 horas y luego a un paro por tiempo indeterminado-como a nivel de las bases. En respuesta, el gobierno ofrece una severa represión policial y militar, ocupa varias centrales sindicales y arresta a algunos dirigentes, entre ellos, Augusto Vandor. Pese a ello, las protestas laborales continúan durante todo el año.

En junio Frondizi designa a Álvaro Alzogaray (de orientación liberal y antiperonista) como ministro de Economía. El nuevo ministro implementa un programa económico ortodoxo que incluye el congelamiento de los salarios, la devaluación de la moneda y la desregulación económica. Ese programa provoca la fuerte oposición de los sindicatos, quienes responden al gobierno con nuevas huelgas.

También en junio Perón da a conocer públicamente, desde Ciudad Trujillo (República Dominicana), el supuesto pacto electoral que había establecido con Frondizi en el verano argentino de 1958. mediante ese pacto, Frondizi se habría comprometido a devolver los sindicatos al peronismo y a levantar las proscripciones que pesaban sobre los dirigentes peronistas a cambio de obtener –como lo obtuvo-el apoyo del electorado peronista en los comicios presidenciales de febrero de 1958. Mientras Frondizi niega la existencia del pacto, las declaraciones de Perón comprometen aún más la posición del presidente frente a las Fuerzas Armadas, las cuales tomaron actitud mucho más ofensivas y tutelar respecto del gobierno.

En agosto, el general Carlos Toranzo Montero, declarado y ferviente antiperonista, asume como comandante en jefe del Ejercito. Desde su nuevo cargo, Toranzo Montero se dedica a tutelar todos los movimientos del gobierno.

En la primavera, un grupo de jóvenes se instala en los montes tucumanos, en el noroeste del país, y crea el primer grupo guerrillero rural del siglo XX. El grupo guerrillero, conocido como Uturuncos, es liderado por Enrique Mena –el Comandante Uturunco-y exige la renuncia de Frondizi, la anulación de los contratos petroleros, la devolución efectiva de la CGT al peronismo y el retorno de Perón.

El año cierra con una estadística laboral impactante: durante 1959 se han perdido más de diez millones de días de trabajo como consecuencia de las numerosas protestas laborales contra el gobierno y los empleadores.

1960

En enero, es desbaratado el grupo guerrillero Uturuncos. Paralelamente, las Fuerzas Armadas aumentan su recelo hacia Frondizi, a quien no sólo acusan de pro peronistas, sino también de ser cómplice de una “penetración comunista”. Con el objetivo de poner fin a la ola de protestas laborales mediante la represión estatal, se pone en vigencia, a partir de marzo, el Plan Conmoción interna del Estado (Plan CONINTES), el cual otorga a las FF.AA. una amplia jurisdicción en la lucha contra los “disturbios internos”. Como consecuencia de ese y otros factores, el nivel de protesta laboral desciende drásticamente en el presente año.

1961

El 1° de febrero Alfredo Palacios, veterano dirigente socialista, triunfó en las elecciones porteñas para senador nacional con un mensaje filo castrista que atrae a votantes peronistas y de izquierda. Aumentan los recelos anticomunistas de las FF.AA. El 22 de marzo el general Raúl Poggi reemplaza a Toranzo Montero en la comandancia del ejercito. Este reemplazo otorga cierto alivio al gobierno.

En julio Alzogaray (Economía) es reemplazado por Roberto Alemann. Frondizi de por terminada la política de estabilización.

1962

El 18 de marzo se realizan elecciones para legisladores y gobernadores. El peronismo, levantada la proscripción que pesaba sobre sus dirigentes desde 1955, se presenta bajo distintas denominaciones, principalmente bajo el nombre de Unión Popular. Los candidatos peronistas obtienen la gobernación de cinco provincias, entre ellas, la crucial provincia de Buenos Aires, donde resulta ganadora la fórmula Andrés Framini-Anglada. Estas victorias provocan la inmediata presión de las FF.AA. para anular los comicios y, en algunos casos, para destituir a Frondizi. A la sazón, los militares se encuentran divididos en dos bandos: los bandos legalistas (quienes, con base en la caballería del Ejercito, intentan conservar el orden constitucional y se identifican con los azules liderados por el general Juan Carlos Onganía) y los golpistas (quienes, como gorilas o colorados y representados por los altos mandos del Ejercito y la Marina, son antiperonistas a ultranza y antiintegracionistas y se oponen a las elecciones). Entre ambos bandos existen disidencias respecto al rumbo a seguir: mientras los golpistas proponen el derrocamiento de Frondizi y la toma directa del poder, los legalistas esgrimen las tesis de la destitución constitucional.

El 19 de marzo ordena la intervención de las provincias ganadas por el peronismo para tratar de sobrevivir a las presiones militares. A los pocos días, aumenta la apuesta y cambia todo el gabinete. Es en vano: el 29 de marzo, ante la presión de los militares gorilas, Frondizi es depuesto como presidente y detenido en Martín García, una isla ubicada en el delta del Río de la Plata. Sin embargo, la destitución de Frondizi precipita el enfrentamiento de los bandos militares y da comienzo a un duro enfrentamiento entre azules y colorados. El mismo 29, la Corte Suprema de Justicia, ante la rápida iniciativa del ministro de defensa Roberto Martínez, toma juramento a José María Guido –entonces presidente provisional del Senado-como presidente de la nación. Los colorados aceptan transitoriamente esa solución y ocupan puestos estratégicos del gobierno –el ministerio de Guerra y la comandancia del Ejercito-. Guido, por su parte, anula las pasadas elecciones generales y proscribe nuevamente al peronismo. En el primer gabinete de Guido figuran, entre otros, Jorge Wehbe (economía) Hugo Vaca Narvaja (interior) y Rodolfo Martínez (defensa). Luego de Wehbe, el Ministerio de Economía sería ocupado su sucesivamente por Federico Pinedo, Álvaro Alzogaray Eustaquio Méndes Delfino y José Martínez de Hoz.

En abril, los colorados transitan los primeros pasos para establecer un gobierno de facto, dando inicio a un enfrentamiento abierto con los militares legalistas.

En agosto, el general colorado Toranzo Montero, con el apoyo de la Marina de la Marina y de la gendarmería nacional, se atrincheraban en Lanús con el objetivo de obtener la destitución de Guido y establecer una “dictadura democrática”. Como consecuencia inmediata, los colorados aumentan su poder en el gobierno.

En Septiembre, los coroneles legalistas Alcides López Aufranc, José Herrera y Alejandro Lanusse establecen, en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo, un estado mayor clandestino cuyo jefe es el general Julio Alzogaray. Onganía acepta luego la condición de los militares rebeldes, quienes se auto designan como azules. Según sus objetivos declarados, los azules se proponen acabar con los colorados, dar curso a la democracia y alejar las tropas de la política.

El 20 de Septiembre, las guarniciones de Campo de Mayo, en las afueras de la Capital Federal, se declaran en rebeldía bajo el mando de Onganía y el general Carlos Caro. Luego de cuatro días de enfrentamiento armado, los azules logran vencer a los colorados con el apoyo de la Fuerza Aérea y la neutralidad de la Marina. El 23 de Septiembre, los colorados rinden ante las fuerzas azules comandadas por Onganía, quién luego asume como comandante en jefe del Ejercito. Los vencedores publican un comunicado cuyo principal redactor es el periodista Mariano Grondona –el comunicado 150-afirmado que las Fuerzas Armadas deben someterse al poder civil, garantizando la Constitución Nacional y contener cualquier empresa totalitaria. El comunicado invita a la participación electoral aunque advierte que el peronismo ha de seguir proscrito.

1993

En abril, los colorados, encabezados por el general Benjamín Menéndez y el almirante Isaac Rojas, se sublevan en oposición a la propuesta del ministro del interior de no proscribir al peronismo en las próximas elecciones y de crear un frente entre peronistas y ucristas. Luego de cruentos enfrentamientos, los azules del Ejercito logran derrocar a las Marías. Sin embargo, abandonan al proyecto frentista y asumen la posición del sector más antiperonista de los legalistas, el llamado sector violeta, cuyas figuras más representativas son Julio Alsogaray y Alejandro Lanusse.

El 7 de julio se realizan las elecciones presidenciales, para las cuales persiste la proscripción del peronismo bajo cualquier nombre, fórmula o alianza. La dupla Arturo Illia-Carlos Perette, corresponde a la UCRP, obtiene el 25% de los votos. El segundo lugar, con casi un 20%, corresponde al voto en blanco promovido por el peronismo.

El 12 de octubre Illia asume como presidente de la Nación. Su primer gabinete está integrado, entre otros, por Eugenio Blanco (Economía), Juan Palermo (interior) y Carlos Alconada Aramburu (Educación y Justicia). El nuevo Gobierno se propone eliminar gradualmente las prohibiciones electorales que pesan sobre el peronismo manteniendo firme la disposición que impide a Perón postularse como candidato.

El 15 de diciembre se decreta la anulación de los contratos petroleros firmados en tiempos de Frondizi, dejando a salvo los derechos de las empresas afectadas.

1964

A principio de año Perón promueve desde Madrid la reorganización del peronismo bajo el nombre de Partido Justicialista.

El 15 de agosto, Juan Carlos Pugliese reemplaza a Eugenio Blanco, recientemente fallecido, como ministro de Economía.

El 2 de diciembre , se intenta ejecutar el llamado operativo retorno: Perón abandona Madrid con rumbo a Río de Janeiro y el propósito de llegar a Buenos Aires, sin embargo, ante las presiones de Illia, las autoridades brasileñas impiden a perón seguir su vuelo hasta la capital argentina. El frustrado viajero debe volver a Madrid. En respuesta, los sindicatos peronistas lazan un Plan de Lucha: se ocupan escalonadamente 10.000 fábricas y se reeditan las violentas huelgas de la época de Frondizi.

1965

En enero, la justicia electoral niega al Partido Justicialista la personería legal.

En marzo, se realizan elecciones parlamentarias. Si bien su partido sigue proscrito, los dirigentes peronistas pueden presentarse con otros sellos. En algunas provincias, surgen partidos neoperonistas. En otras, se presentan fórmulas pro sindicalistas o vandoristas. Paralelamente, se deteriora la ya delicada relación entre Vandor y Perón. Los peronistas logran bancas en el congreso.

En Noviembre, el gobierno debe superar un grave incidentes fronterizos con Chile por la región llamada Laguna del Desierto.

En Diciembre, la revista Confirmado predice un golpe de Estado, luego de haber criticado duramente todo el año, junto con Primera Plana y otras publicaciones, la gestión de Illia. Para entonces, el golpe de Estado en anunciado y fomentado desde distintas fuentes.

También en Diciembre, Onganía se retira de la comandancia del Ejercito y es reemplazado por el teniente general Pascual Pistrarini. El gobierno cree que el retiro de Onganía ayuda a impedir el anunciado golpe de Estado.

1966

El 29 de mayo Pistarini, pronuncia un mensaje que preanuncia el golpe de Estado.

El 28 de junio el almirante Benigno Varela, el teniente general Pistarini y el Brigadier mayor Adolfo Álvarez derrocan al gobierno constitucional de Illia. Se inicia la Revolución Argentina. El golpe es apoyado por buena parte del sindicalismo. Desde Madrid, Perón surgiere “desensillar hasta que aclare”.

El 29 de junio se crea el Consejo Nacional de Seguridad y Onganía es nombrado presidente de la Nación con el apoyo de los militares liberales. Ese mismo día se promulga el Acta de la Revolución Argentina, la cual se constituye, junto con la Constitución Nacional, en el estatuto del nuevo gobierno. El primer gabinete de Onganía está integrado, entre otros, por Jorge Stalimei (Economía y Trabajo), Enrique Martínez (Relaciones Externas).

El 2 d junio el gobierno promulga un decreto que disuelve los partidos políticos y suspende sine die la actividad política partidaria y parlamentaria.

El 7 de julio el ministro del interior declara que la gestión de Onganía no tiene fecha de terminación, pudiendo durar hasta 10 años

El 15 de julio Estados Unidos reconoce el gobierno de Onganía.

El 24 de julio, Álvaro Alsogaray es enviado al exterior con la misión de explicar los objetivos de la Revolución Argentina. Estando en Nueva York, Alzogaray recibe las felicitaciones de Spruille Braden, ex embajador de Estados Unidos en Buenos Aires.

El 29 de julio se intervienen todas las universidades nacionales.

En agosto, se disuelven las asociaciones estudiantiles y se sanciona la Ley de Arbitraje Obligatorio, la cual abole, prácticamente, el derecho de huelga.

El 6 de septiembre Vandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), acude a la Casa de Gobierno para firmar un nuevo convenio salarial.

El 7 de septiembre, en una manifestación estudiantil realizada en Córdoba, es baleado el estudiante Santiago Pampillon, quien muere a los pocos días.

El 30 de septiembre Perón declara desde Madrid que el gobierno d Onganía es gorila y reaccionario.

El 18 de octubre comienza una importante huelga portuaria como consecuencia de la cual el gobierno interviene el Sindicato de Trabajadores Portuarios (SUPA).

En Noviembre, se anuncia la liberación del mercado de cambios, se devalúa la moneda y se aclara que no se congelarán los salarios.

También en noviembre, los sindicatos ferroviarios realizan una huelga en oposición al plan gubernamental reorganización ferroviaria. El 1° de Diciembre la CGT decreta la huelga general para el día 14 luego de declarar que el costo de vida aumentó un 32,4% en los que del año. La huelga se realiza con mayor acatamiento en las provincias del interior que en el conurbano bonaerense.

El 6 de Diciembre Pistarini es reemplazado por el general Julio Alzogaray como comandante en jefe del Ejército.

El 18 de Diciembre Eustaquio Tolosa, dirigente portuario es detenido durante un acto obrero en el Luna Park.. La CGT protesta y Vandor amenaza con tomar medidas. Tolosa es liberado para luego poner fin a la huelga portuaria.

El 29 de Diciembre renuncia todo el gabinete. Adalbert Krieger Vasena asume como nuevo ministro de Economía y Trabajo y Guillermo Borda como ministro del Interior.

1967

El 1° de febrero la CGT lanza su plan de lucha: huelga de 24 horas para le 1° de marzo y huelga de 48 para le 10 de marzo.

En 14 de febrero el gobierno rompe las relaciones con la CGT a raíz del plan de lucha.

El 2 de marzo el gobierno suspende la personería jurídica de cinco sindicatos: UOM, AOT, FOTIA, FOETRA y FTIQ.

El 4 de marzo Onganía firma la Ley de Defensa Nacional.

El 13 de marzo se devalúa la moneda en un 40%.

El 27 de marzo la CGT renueva sus relaciones con el gobierno a través de una reunión con el secretario de Trabajo.

El 31 de marzo el gobierno congela los salarios.

El 15 de abril el gobierno interviene la Unión Ferroviaria.

El 2 de mayo el FMI concede créditos por 75 millones de dólares a la Argentina.

El 15 de junio el Banco Central anuncia la eliminación de las restricciones a las importaciones.

El 5 de julio se reduce el impuesto a las inversiones industriales y agropecuarias. El día 10 Krieger Vasena anuncia nuevas medidas tendientes a la promoción de inversiones. El día 30 se crea una subsecretaría de promoción de inversiones.

El 25 de agosto se promulga una ley contra las actividades comunistas. El 7 de septiembre la Argentina se une al GATT.

El 16 de octubre Onganía recuerda a las FF.AA. que ellas no cogobiernan.

El 28 de octubre el gobierno aprueba un plan para la erradicación de villas de emergencia.

El 19 de Diciembre la CGT denuncia que la economía del país está dirigida por monopolios extranjeros.

1968

El 27 de enero el gobierno restituye la personería jurídica a los sindicatos textil y metalúrgico.

El 30 de marzo la lista opositora obtiene la conducción de la CGT –hasta entonces bajo dominio vandorista-y Raimundo Ongaro gráficos designado secretario general. El vandorismo no acepta los resultados y se atrinchera en la sede oficial de la CGT, en la calle porteña Azopardo, finalmente, la Azopardo, liderada por Vandor.

El 1° de mayo la CGT de los Argentinos organiza manifestaciones en La Matanza, Rosario y Tucumán.

El 20 de mayo Perón anuncia, a través de su flamante delegado, Daniel Paladino, la disposición de las 62 Organizaciones Peronistas.

El 14 de junio, en ocasión de una huelga de estudiantes, se producen incidentes en Rosario, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y La Plata. En junio y septiembre hay nuevas manifestaciones estudiantiles en Córdoba, en ambos casos el saldo de un herido de bala.

El 22 de junio comienza el plan de erradicación de villas de emergencia.

En agosto, la CGT-Azopardo solicita infructuosamente una audiencia con Onganía. El 23, Julio Alzogaray es remplazado por el general Alejandro Lanusse como comandante en jefe del Ejército. En septiembre, es descubierto y desbaratado un grupo guerrillero en Taco Ralo, Tucumán.

El 10 de octubre en intervenido el SUPE (petroleros) luego de organizar una huelga el día 26 de septiembre.

1969

El 18 de marzo es detenido Ongaro.

En abril trabajadores del azúcar de Tucumán y Santa Fe realizan distintas manifestaciones de protesta. Ese mismo mes, se suceden numerosos ataques armados a establecimientos militares.

El 3 de mayo Ongaro es detenido nuevamente. Es liberado a los dos días.

El 15 de mayo Juan José Cabral, estudiante de medicina, es herido de muerte por la policía de Corrientes durante una manifestación de protesta por el aumento de precios en el comedor universitario. Ese mismo día, los trabajadores metalúrgicos de Córdoba iniciaron una huelga de 48 horas, los días 16 y 17 se realizan manifestaciones en protesta por la muerte del estudiante Cabral en casi todas las ciudades del país. En Rosario, el estudiante Alberto Bello es herido de muerte por un oficial de la policía. El día 19, es clausurada la Universidad de Córdoba. Se producen nuevas manifestaciones en todo el país. En Córdoba, una estudiante es cegada por una granada de la policía. En Rosario, se realiza una marcha del silencio que, prácticamente, se convierte en una toma de la ciudad. La policía hiere de bala a un joven de 15 años. La ciudad es ocupada militarmente. El día 23 la CGT de Rosario declara la huelga general y Ongaro es detenido nuevamente. El 29 estalla una bomba en el departamento central de la policía porteña. En Córdoba, estudiantes y obreros salen a la calle, se enfrentan con la policía y copan la ciudad. Interviene el ejército y, al día siguiente, se recupera el control de la ciudad. Los enfrentamientos, conocidos con el nombre de Cordobazo, dejan un saldo de 14 muertos. El día 31 se establecen tribunales militares que condenan a prisión a Elpídio Torres (dirigente de SMATA) y a Agustín Tosco (dirigente de Luz y Fuerza) por su participación en la insurrección cordobesa.

El 14 de junio todos los miembros del gabinete presentan su renuncia a raíz de los enfrentamientos callejeros del mes pasado. Krieger Vasena será reemplazado por José Dagnino Pastore como ministro de Economía.

El 30 de junio es asesinado Vandor en su oficina de la UOM. Ese mismo día es detenido nuevamente Ongaro y el gobierno implanta el estado de sitio.

El 1° de julio la CGT de los argentinos realiza una huelga general. Según el Ministerio del Interior, el acatamiento de la huelga es bajo.

El 14 de julio, el gobierno interviene la CGT-Azopardo.

El 27 de agosto se realiza una huelga general con el apoyo de las principales organizaciones sindicales.

El 8 de septiembre obreros ferroviarios de Rosario se declaran en huelga a raíz de la suspensión de un delegado sindical que participó en la huelga general del 1° de julio. El día 15 las autoridades militares movilizan al personal ferroviario en huelga y dos días después el Ejercito ocupa sectores de la ciudad. Los días 22 y 23 se realiza una huelga ferroviaria nacional convocada por la Unión Ferroviaria en la resistencia. Mientras la huelga tiene poca efectividad a nivel nacional, la ciudad de Rosario se convierte en un verdadero polvorín. Las centrales sindicales acuerdan convocar a una huelga general. El gobierno amenaza con la represión armada contra quienes acaten la huelga La CGT-Azopardo levanta la huelga y la CGT de los Argentinos la convoca para los días 30 y 31de octubre. Onganía recibe a los dirigentes de la CGT-Azopardo luego de que éstos deciden levantar la huelga.

El 9 de octubre el ministro de Economía anuncia que las próximas reuniones paritarias no discutirán aumentos salariales sino condiciones de trabajo. Paralelamente, el gobierno otorga un aumento salarial general.

Los días 30 y 31de octubre, se realiza la huelga general convocada por la CGT de los Argentinos con epicentro en la ciudad de Córdoba.

En noviembre, 15 empresas extranjeras sufren ataques con bombas.

El 1° de diciembre Onganía firma una ley de amnistía para los presos políticos.

El 4 de diciembre el gobierno levanta la intervención de la CGT-Azopardo. A los dos días son liberados Torres y Tosco (CGT de los Argentinos). El día 10 la comisión de los 23 asume la dirección de la CGT-Azopardo.

1970

El 3 de enero se presenta en sociedad una nueva organización guerrillera: las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) toman una villa de emergencia y reparten juguetes a los niños al son de la marcha peronista.

El 8 de enero las 62 Organizaciones Peronistas retiran su apoyo a la dirección de la VGT-Azopardo por considerar que la misma no acata las órdenes de Juan Perón. Paralelamente, Torres asume la dirección de la CGT de Córdoba y Tosco busca aliarse con los estudiantes rebeldes.

El 1° de marzo entra la nueva ley de obras sociales.

El 12 de abril las FAP copan un destacamento de la Prefectura Naval y roban armamento.

El 23 de abril se realiza una huelga general.

A fin de mes, asaltan por lo menos 3 comisarías de distintos puntos del país. Los asaltantes roban armas y uniformas.

El 1° de mayo Onganía otorga mayores poderes a la policía para combatir a la guerrilla.

El 29 de mayo, mientras en Córdoba se festeja el primer aniversario del Cordobazo el general Lanusse preside los festejos del Día del Ejército, el grupo guerrillero Montoneros hace aparición en escasa con el secuestro y posterior asesinato de Pedro Aramburu, ex presidente de facto. El 2 de junio obreros ocupan ocho plantas automotrices de Córdoba.

El 8 de junio los altos militares deponen a Onganía y, una semana después, nombran en su reemplazo al general de Brigada Roberto Levingston. El nuevo presidente asume el día 18. su primer gabinete está integrado, entre otros, por Carlos Moyano Llerena (Economía y Trabajo), Eduardo Mac Loughlin ( Interior), Francisco Manrique (bienestar social) y Adolfo Ferrer (Obras y Servicios Públicos). Como primera medida, el nuevo ministro de Economía dispone una devaluación de la moneda.

El 3 de julio finalizan la ocupación de fábrica y la huelga en la industria automotriz cordobesa.

El 4 de julio el congreso normalizador de la CGT proclama a José Rucci (dirigente metalúrgico de San Nicolás) como secretario general. El nuevo secretario cuenta con el aval de Perón.

El 16 de julio es hallado el cadáver de Pedro Aramburu.

Durante todo el mes de julio, se registran varios atentados tipo comando en distintos puntos del país.

A fines de julio, el congreso del minúsculo e izquierdista Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT) decide crear su propio brazo armado: nace el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El 27 de agosto es asesinado el dirigente sindical José Alonso.

El 14 de septiembre son detenidos los sacerdotes Carlos Mugica y Hermán Benítez, a quienes se acusa de incitar a la violencia.

El 16 de septiembre en ocasión de un nuevo aniversario del golpe militar de 1955, se registran 23 atentados con bomba.

El 9 de octubre se realiza con alto acontecimiento una huelga general convocada por la CGT-Azopardo.

El 14 de octubre Moyano Llaerena es reemplazado por Alfredo Ferrer al frente del Ministerio de Economía.

El 22 de octubre se realiza una nueva huelga general.

El 9 de noviembre el ministro Aldo Ferrer anuncia un nuevo plan económico que incluye, entre otras, las siguientes medidas: expansión del crédito, restricciones de las importaciones y suspensión de impuesto a la exportación de carnes.

El 11 de noviembre seis partidos políticos –entre ellos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical-firman un documento, conocido como “la Hora del Pueblo”, mediante el cual se comprometen a organizar una alianza una alianza política.

Los días 12 y 13 de noviembre se realiza, con alto acatamiento, una huelga general de 36 horas convocada por la CGT.

El 15 de diciembre hace su presentación, con el asalto a una banco, un nuevo grupo guerrillero: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al día siguiente, las FAR asaltan un puesto policial y asesinan a un oficial de policía.

El 23 de diciembre Levingston anuncia un plan de desarrollo y de argentinización de la economía. Cinco días después, el ministro Ferrer anuncia la ley de compre nacional. El día 29, Ferrer anuncia un aumento salarial del 6% y el comienzo de las reuniones paritarias para el próximo 1° de febrero.

El 30 de diciembre Montoneros asalta un correo de Córdoba y roba una importante suma de dinero.

1971

El 1° de febrero comienzan las reuniones partidarias.

El 9 de febrero Manrique se enfrenta con Levingston y se aleja del gabinete nacional.

El 12 de febrero El ERP perpetra un asalto en Córdoba y roba una importante suma de dinero.

El 2 de marzo Lanusse asume como presidente de la junta de Comandantes en jefe y declara que el gobierno militar es temporario.

El 3 de marzo se imponen precios máximos para artículos de primera necesidad.

El 7 de marzo el gobierno de Córdoba pronuncia un discurso público que provoca una fuerte reacción y desencadena una movilización masiva conocida como el Viborazo. El 18 de marzo se produce la cuarta huelga del mes en la provincia de Córdoba. El Ejercito declara zona de emergencia a la ciudad de Córdoba. El día 22 asume un nuevo gobernador de la provincia. Ese mismo día Levingston releva a Lanusse como comandante en jefe del Ejército. Al día siguiente, Levignston es obligado a renunciar. Tres días después, Lanusse asume la presidencia de la Nación. Su primer gabinete está integrado, entre otros, por Aldo Ferrer (Economía y Trabajo), Arturo Mor Roig (Interior) y Francisco Manrique (bienestar Social). El Brigadier Ezequiel Martínez reemplaza a Manrique como secretario de la Junta de Comandantes en Jefe. Desde el gobierno, Lanusse y Mor Roig proyectan un acuerdo con Perón (conocido como Gran Acuerdo Nacional o GAN) mediante el cual el gobierno se comprometería a levantar las proscripciones que pasan sobre el peronismo si Perón acepta la candidatura presidencial de un hombre aceptable para los militares –se habla de la candidatura del propio Lanusse-. Para lograr ese acuerdo, Lanusse designa al coronel Cornicelli como su emisario ante Perón en Madrid y entabla negociaciones con el delegado de Perón en Buenos Aires, Jorge Paladino.

El 1° de abril el ministro del Interior declara levantada la veda de los partidos políticos, pero persiste la proscripción política de Perón.

El 13 de mayo es declarada proscripta la causa por el estupro contra Perón iniciada durante la Revolución Libertadora.

El 21 de mayo el ERP rapta a Stanley Silvestre, cónsul británico y gerente dela empresa Swift. Silvester es liberado nueva días después.

El 26 de mayo se elimina el Ministerio de Economía y se crean cuatro nuevos ministerios.

El 1° de junio se realizan elecciones para consejos académico en la universidad de Buenos Aires.

El 18 de junio se sanciona la ley de Represión del Terrorismo.

El 1° de julio se promulga la ley Orgánica de los Partidos Políticos.

El 15 de julio comienza su tarea un nievo fuero antisubversivo: la Cámara Federal en los Penal.

El 26 de agosto el frente La Hora del Pueblo se reúne con Lanusse. El 2 de septiembre el gobierno dispone medidas para la tregua social: congelamiento de precios y aumentos salariales y de pensiones.

El 3 de Septiembre se hace pública la devolución de los restos de Eva Perón a Juan Perón.

El 17 de Septiembre Lanusse presenta el conglomerado electoral: convocatoria a elecciones en octubre de 1972, elecciones generales el 11 de marzo de 1973 y asunción presidencial el 25 de mayo de 1973.

El 20 de Septiembre se realiza, con alto acatamiento, una huelga general convocada por la CGT.

El 8 de octubre las unidades militares de Azul y Olavaria se sublevan contra el gobierno nacional bajo la proclama de un movimiento nacionalista, social y democrático.

En noviembre, Perón expresa su resistencia al GAN al destituir a Paladino como su delegado en Buenos Aires. Designa en su lugar a Héctor Cámpora. A su vez, Paladino es reemplazado por Jorge Gianola como secretario general del Partido Justicialista.

El 7 de Diciembre Lanusse ofrece una conferencia de prensa y descarta la posibilidad de que se realicen reuniones paritarias y de que se declare una amnistía para los presos políticos.

1972

A principios de año, Perón es reisncripto en el padrón electoral.

A fines de marzo, el ERP secuestra a Oberdan Sallustro, director general de la empresa Fiat. El 13 de abril, luego de un tiroteo entre la policía y los secuestradores, Salluustro es hallado sin vida. Ese mismo día, es asesinado por la guerrilla Juan Sánchez, jefe del II Cuerpo del Ejército.

En julio, Perón hace públicas las gestiones secretas llevadas a cabo por Lanusse a través del coronel Cornicelli. Las declaraciones de Perón generan problemas entre los militares y Lanusse. Ese mismo mes, Lanusse anuncia una medida destinada a presionar a Perón: para ser candidato presidencial será necesario estar radicado en el país antes del 25 de agosto de 1972. el día 27 Lanusse pronuncia un discurso afirmando que si Perón no regresa al País entes del 25 de agosto es “porque no le da el cuero”.

El 15 de agosto un grupo de guerrilleros detenidos en la ciudad patagónica de Rawson protagoniza un levantamiento. Tras asesinar a un cabo, los sublevados logran huir. Seis de los guerrilleros fugados –entre ellos, los líderes del ERP Santucho y Gorriarán Merlo-llegan hasta Santiago de Chile, donde obtienen salvoconductos oficiales para viajar a Cuba. El día 22, 16 guerrilleros recapturados por las fuerzas de seguridad son muertos por los guardias cárceles. Según la versión oficial, los guerrilleros muertos habrían intentado una segunda fuga.

El 25 de agosto vence el plazo para que Perón vuelva al país y pueda ser candidateable. El líder peronista permanece en Madrid.

El 3 de octubre los mecanismos para las futuras elecciones generales. Para la elección presidencial, se establecen la votación directa y el ballottage entre los dos candidatos más votados en caso de que ninguno obtenga la mayoría absoluta. También se establece que el período presidencial durará cuatro años.

El 17 de noviembre Perón regresa a la Argentina luego de 17 años de exilio. Perón permanecerá un mes en el país para luego volver a Madrid.

El 20 de noviembre Perón se encuentra con Balbín, candidato presidencial de la UCR.

El 12 de diciembre se forma el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) liderado por el peronismo. El 14, Perón viaja a Paraguay. Desde allí, lanza la fórmula presidencial del FREJULI: Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima. Por otra parte, Perón consigna la dirección del Justicialismo a Juan Manuel Abal Medina –dirigente vinculado con la izquierda del partido y con Montoneros.

1973

El 11 de marzo, la fórmula presidencial Cámpora-Solano Lima se impone con el 49% de los votos, Balbín (UCR) obtiene el 21, 30% y Manrique (Alianza Popular Federalista) el 14,9%. El candidato de los militares, Ezequiel Martínez, sólo obtiene el 2,91% de los votos. La UCR reconoce la victoria peronista pese a que la fórmula Cámpora-Solano Lima no cuenta con la mayoría absoluta. De ese modo, se evita la segunda vuelta y Cámpora alcanza la presidencia de la Nación. El 25 de mayo, Cámpora asume la presidencia. Su primer está compuesto por representante de los distintos sectores del peronismo: José Gelbard (titular de la Confederación de la Confederación General Económica –CGE-) asume como ministro de Economía, José López Rega (de orientación derechista) como ministro de Bienestar Social, El sindicalista Ricardo Otero como ministro de trabajo y el dirigente Ángel Robledo como ministro de Defensa: por su parte, Esteban Righi y Juan Puig (vinculados con el ala izquierda del partido) ocupan respectivamente las carteras de interior y de relaciones Exteriores. La izquierda del partido obtiene también el rectorado de la Universidad de Buenos Aires y cuatro gobernadores provinciales (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz). La misma nuche del día 25 Cámpora un decreto de indulto para los presos políticos tras la organización de una manifestación de la izquierda peronista frente a una importantes cárceles porteñas.

El 1° de junio la CGE, la CGT y el Ministerio de Economía refrendan al acta de Compromiso Nacional mediante la cual se pone en vigencia el Pacto Social, esto es, un acuerdo tripartito orientado a complementar y apoyar un plan de estabilización económica de coto plazo. El acta de Compromiso Nacional incluye las siguientes medidas: el conglomerado de precios a los niveles existentes en marzo de 1973, el conglomerado de los salarios por los años por dos años, previo aumento salarial nominal de 200pesos, la creación de una comisión controladora de precios, la creación de una línea de créditos para las empresas que tengan dificultades para absorber el aumento salarial, la prohibición de trasladar a los precios cualquier aumento en los costos de producción por los años de las convenciones colectivas de trabajo.

El 20 de junio, Perón regresa definitivamente al país. Mientras una multitud espera el arribo del líder en el aeropuerto internacional de Ezeiza, se produce un enfrentamiento armado entre grupos de derecha vinculados con López Rega y grupos de la izquierda peronista, dando lugar a la llamada Masacre de Ezeiza con un total estimado de 200 muertos. El avión donde retorna Perón es desviado hacia el aeropuerto militar de Morón, desde dónde Perón se traslada hacia su domicilio en el barrio residencial de Vicente López. Al día siguiente, Perón dirige un mensaje a la población en el cual, contrariando las expectativas de la izquierda peronista, omite hacer referencia al violento episodio de Ezeiza.

El 13 de Julio Cámpora y Solano Lima presentan sus renuncias. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri (vinculado política y familiarmente con López Rega), asume provisoriamente la presidencia de la Nación. Lastiri conserva a todos los ministros de Cámpora, exceptuados aquellos de extracción izquierdista: Righi (Interior) es reemplazado por Benito Llambí y Puig (Relaciones Exteriores) es reemplazado por Alberto Vignes. Lastiri convoca a nuevas elecciones presidenciales para el 23 de septiembre.

El 11 de agosto luego de que surgieran rumores sobre una posible fórmula Perón-Balbín, se confirma la nueva fórmula presidencial del peronismo: Juan Perón es candidato a la presidencia y su esposa, Isabel Perón, es candidata a vice.

El 23 de septiembre día de las elecciones, la fórmula Perón-Perón se impone con el 61,85% de los votos. La fórmula Balbín-De la Rúa obtiene el segundo lugar con el 24% de los votos.

El 25 de septiembre el Secretario de la CGT, José Rucci, es asesinado por la guerrilla.

El 12 de octubre Perón asume la presidencia y mantiene al gabinete de Lastiri.

En noviembre, la inflación alcanza el nivel cero, lo cual expresa el éxito inicial del Pacto Social.

Hacia fines de año, Perón, la UCR y otros partidos menores establecen un acuerdo tendiente a obtener una convergencia parlamentaria respecto de las principales políticas de gobierno.

1974

En enero, luego de un ataque del ERP a la guarnición militar de Azul, Perón fuerza y obtiene la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Poco después, Perón promueve un golpe palaciego en la provincia de Córdoba y provoca la destitución de su gobernador, Obregón Cano.

En marzo, la CGT reclama un aumento salarial que compense la inflación acumulada desde julio de 1973 (9%). A instancias de Perón, la CGT y la CGE inician una serie de negociaciones salariales. Ante el fracaso de esas negociaciones, Perón lauda entre las partes y dispone un aumento salarial del 15%, valor que casi duplica el índice de inflación. El aumento otorgado por Perón marca el inicio del fracaso del Pacto Social: de ahora en más, los empresarios vulnerarán crecientemente los límites y controles de precios.

El 1° de mayo Perón preside un acto multitudinario en Plaza de Mayo en conmemoración del Día del Trabajador. Durante ese acto, Perón expulsa a los Montoneros de la Plaza tratándolos de “imberbes y estúpidos”.

La mañana del 12 de junio Perón habla sorpresivamente por la cadena nacional de radio y televisión y esgrime la posibilidad de su renuncia. Inmediatamente, la CGT convoca para esa tarde a un paro y a una movilización en la Plaza de Mayo en apoyo de Perón. La respuesta a la convocatoria sindical es multitudinaria.

El 1° de julio muere Perón. Isabel Perón asume la presidencia. Jorge Taiana (Educación) y Ángel Robledo (Defensa) son reemplazados, respectivamente, por Oscar Ivanissevich y Adolfo Savino. López Rega, principal asesor de la nueva presidente, activa el funcionamiento de la organización paramilitar AAA (Alianza Argentina Anticomunista).

A los pocos días de la muerte de Perón, la UOM y las 62 Organizaciones Peronistas, lideradas por Lorenzo Miguel, Obtienen el control de la CGT, cuyo nuevo secretario general es Casildo Herrera.

En septiembre, Montoneros pasa a la clandestinidad.

En Octubre, ante la presión del lopezrreguismo y del sindicalismo liderado por Miguel, Gelbard renuncia al Ministerio de Economía. Es reemplazado por Adolfo Gómez Morales, un técnico prestigioso dentro del peronismo y sin filiación directa en puja interna del partido, Gómez Morales propone un Plan gradual de estabilización.

1976

En febrero, la presidente Perón asigna al Ejército la tarea de reprimir a la guerrilla en la provincia norteña de Tucumán. En consonancia, el Ejercito organiza el llamado Operativo Independencia.

A fines de mayo, tras considerar que no cuenta con el apoyo del gobierno para llevar a cabo su plan económico, Gómez Morales decide renunciar al Ministerio de Economía.

El 2 de junio Celestino Rodrigo, hombre de López Rega, asume como nuevo ministro de Economía. El día 5 el nuevo ministro presenta un programa de Shock, conocido como el rodrigazo, orientado hacia la estabilización de precios y salarios. Las principales medidas del Rodrigazo incluyen la liberación de los precios, la devaluación del peso (100%) y el aumento de la nafta (175%) y la electricidad (45%).

A mediados de junio, se suscriben las nuevas convenciones colectivas de trabajo. Todos los convenios suscriptos superan el 70% de aumento salarial, lo cual contraría las expectativas del gobierno. Como respuesta, el Ministerio de Trabajo no homologa los convenios y el gobierno otorga un aumento salarial escalonado(50% a la fecha, 15% dentro de tres meses y el 15% dentro de seis meses).

El 7 de julio la CGT inicia un paro general de 48 horas en protesta contra la política económica y política del gobierno. El paro logra adhesión casi absoluta. El día 8 el paro es levantado luego de que el gobierno de que cede ante los reclamos sindicales y aprueba los convenios colectivos de trabajo firmado el mes pasado, los cuales, en algunos casos, otorgan un aumento salarial cercano al 200%. El día 11 López Rega renuncia al Ministerio de Bienestar Social y siete días después abandona el país. El día 21 Rodrigo renuncia al Ministerio de Economía dejando tras de sí una inflación del 80%% (junio a agosto de 1975). Rodrigo es reemplazado por Pedro Bonanni, Quien renuncia a los 21 días de asumir.

También durante el mes de julio, Ítalo Luder, un tradicional y moderado político peronista, es elegido presidente provisional del Senado. El presidente del senado es el primero en la línea de sucesión presidencial.

A principios de agosto, surge la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias APEGE), integrada por principales organizaciones rurales, comerciales y de la industria de la construcción. La nueva organización toma distancia tanto respecto del gobierno como de la CGE.

El 14 de agosto Antonio Cafiero asume como nuevo ministro de economía con el apoyo de la UOM y las 62 Organizaciones Peronistas.

Durante el mes de agosto, las principales organizaciones del sector realizan un lockout agropecuario que tiene una gran repercusión.

También en el mes de agosto, Vicente Damasco, coronel en actividad, es nombrado nuevo ministro del Interior. El nombramiento es rechazado por los jefes del Ejército, quienes critican al comandante en jefe del arma, general Numa Laplane, por haber permitido, y se presentan ante Isabel para manifestar su rechazo y solicitar a renuncia de Numa Laplane. La presidente cede ante los planteos de los generales y reemplaza a Numa Laplane por el general Jorge Videla.

El 13 de septiembre, la presidente toma una licencia por salud y es reemplazada por Luder. Otro político tradicional del partido, Ángel Robledo, reemplaza a Vicente Damasco como ministro del Interior.

En noviembre se produce un segundo lockout agropecuario.

El 13 de diciembre oficiales de la Fuerza Aérea se subleva bajo la dirección del brigadier Jesús Capellini. La sublevación es reducida cinco días después. Como consecuencia de ese episodio, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas es remplazado por el brigadier Orlando Agosti.

El 23 de diciembre el ERP despliega un gran operativo destinado a atacar el Batallón 601 de Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. El Ejército conoce de antemano el operativo y reprime implacablemente a los guerrilleros. Al día siguiente, el general Videla pronuncia un mensaje desde la selva tucumana y exhorta al gobierno a “solucionar los problemas del país”.

1976

En enero se renueva sorpresivamente la mayor parte del gabinete nacional. Si bien Cafiero permanece al frente de Economía, el nuevo cambio tiene como objetivo desplazar al sindicato del gobierno. En respuesta, el grueso de los dirigentes sindicales, excepto Lorenzo Miguel, toma distancia respecto de Isabel Perón.

A comienzos de febrero, Cafiero es reemplazado por Emilio Mondelli al frente del Ministerio de Economía. El día 16, la APEGE organiza, como amplio acatamiento, un lockout empresario.

El 24 de marzo las Fuerzas Armadas deponen y arrestan a Isabel Perón. Asume el poder la Junta de Comandantes en Jefe integrada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. La Junta designa presidente a Videla y promulga los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. Se suprime toda actividad política y sindical. El primer gabinete de Videla está integrado, entre otros, por Alfredo Martínez de Hoz (Economía), Albano Harguindegey (Interior), Ramón Díaz Dessone (Planeamiento) y Horacio Liendo( Trabajo).

El 2 de abril Martínez de Hoz presenta su plan económico. El mismo está orientado a reducir el aparato estatal y a fomentar la apertura de la economía. Para ello, se eliminan los mecanismos de protección a la producción local. Se reducen, especialmente, los aranceles de importación.

El 4 de julio cinco religiosos palotinos son asesinados mientras dormían en la parroquia porteña de San Patricio. El día 19 Mario Santucho, dirigente máximo del ERP, es ultimado en un operativo militar.

El 16 de septiembre estudiantes secundarios de La Plata que reclaman tarifas especiales en los transportes públicos son secuestrados y posteriormente asesinados por comandos militares. El episodio es conocido como “La noche de los lápices”.

1977

El 15 de abril es detenido el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman. El periodista es liberado posteriormente, pero se lo priva de la ciudadanía argentina.

El 2 de mayo se conoce un fallo arbitral sobre el canal del Beagle que es desfavorable la Argentina y favorable para Chile.

En junio se implementa una reforma financiera que libera las tasas de interés, flexibiliza la creación de bancos e instituciones financieras y diversifican las ofertas de títulos y valores emitidos por el Estado. El Estado, a su vez, se convierte en el garante de los depósitos tomados a tasa libre por las entidades privadas.

En noviembre Jimmy Carter es elegido presidente de los Estados Unidos. El nuevo presidente estadounidense ejerce presiones sobre el gobierno argentino en relación a la cuestión de los derechos humanos.

En diciembre las Madres de Plaza de Mayo (madres de personas desaparecidas en operaciones militares) realizan su primera ronda frente a la Casa Rozada.

1978

El 25 de enero el gobierno declara la nulidad de laudo arbitral por el canal de Beagle. En consecuencia, aumenta la tensión con Chile y la posibilidad de una guerra aparece en el horizonte militar.

En el mes de junio, el país es sede del Campeonato Mundial de Fútbol, en el cual Argentina se consagra campeón mundial. La utilización política de este hecho tiene objeto contrarrestar las críticas extranjeras a la violación de los derechos humanos en el país.

En julio Videla es reemplazado por el general Roberto Viola como comandante en jefe del Ejército.

El 1° de agosto Montoneros coloca una bomba en las proximidades del domicilio porteño del general Lambruschini. En el atentado, mueren la hija del general y dos personas más.

El 20 de diciembre, se produce el secuestro de la diplomática Helena Holmberg, quien será encontrada muerta en el próximo mes de enero. Se sospecha del gobierno. También en diciembre, se implementa un nuevo esquema cambiario –conocido como “la tablita”-, el mismo pretende garantizar la previsibilidad a futuro de los valores del dólar.

Para fin de año, las organizaciones guerrilleras ya están prácticamente aniquiladas en virtud de la represión ilegal desplegada por las Fuerzas Armadas.

1979

El 8 de enero Argentina y Chile firman el Acta de Montevideo mediante el cual someten el litigio por el canal del Beagle a la mediación papal.

El 27 de abril se realiza una huelga general convocada por sectores combativos del sindicalismo. La misma culmina con una violenta represión oficial.

El 6 de septiembre llega al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

E fin de año, el general Luciano Menéndez encabeza un frustrado levantamiento contra el gobierno.

1980

El 29 de marzo el Banco Central dispone la liquidación del Banco de Intercambio Regional (BIR), una de los bancos privados más importantes del país.

En abril se produce una devaluación de la moneda del 30%.

Entre abril y junio salen del país 1.900 millones de dólares obtenidos mediante maniobres especulativas en el mercado financiero.

El 3 de octubre tras complicadas negociaciones entre las tres Fuerzas Armadas, la junta designa al general Roberto Viola como sucesor presidencial de Videla

En octubre el sistema financiero está al borde del colapso. El monto de la deuda externa alcanza altísimos niveles. Entre Noviembre y diciembre, se reorganiza la CGT. El 12 de diciembre Saúl Ubaldini, dirigente cervecero, es designado secretario general.

1981

El 3 de febrero, se produce una nueva devaluación monetaria, la cual produce corridas en el mercado financiero. Gran cantidad de empresas endeudadas en dólares se declaran en quiebra.

El 29 de marzo Viola asume la presidencia de la Nación. Su gabinete está integrado, entre otros, por Horacio Liendo (Interior), Lorenzo Sigaut (Economía), Oscar Camilión (Relaciones Exteriores), Eduardo Oxenford (Industria y Minería) y Carlos Burundarena (Cultura y Educación).

El 30 de mayo, es atacado Manfred Shönfeld, periodista del conservador diario La Prensa. Se presume que el gobierno es responsable del ataque.

En junio, los principales partidos del país, encabezados por el peronismo y la UCR, forman la Multipartidaria. La nueva alianza comienza a reclamar una apertura política.

En junio, la CGT convoca a una huelga general. La huelga es reprimida por el gobierno y varios dirigentes son encarcelados. El 9 de septiembre muere el dirigente radical Ricardo Balbín.

En noviembre, la CGT dispone un paro con movilización. Ese mismo mes, se produce una nueva devaluación de la moneda.

El 11 de diciembre la junta depone al general Viola y decide reemplazarlo por el teniente general Leopoldo Galtieri, comandante en jefe del Ejército. El día 22, Galtieri asume la presidencia. Su gabinete está integrado, entre otros, por Nicanor Costa Méndez (Relaciones Exteriores), Roberto Alemann (Economía), Alfredo Sait Jean (Interior) y Amadeo Frugoli (Defensa). El nuevo presidente busca mejorar las relaciones con el flamante presidente de los Estados Unido, el republicano Ronald Reagan.

1982

En febrero fracasan las negociaciones que argentinos y británicos iniciaron sobre la soberanía de las Malvinas en la ciudad de Nueva York.

El 30 de marzo la CGT realiza una multitudinaria movilización en la Plaza de Mayo. El gobierno reprime violentamente.

El 2 de abril las Fuerzas Armadas ocupan las Islas Malvinas dando comienzo a la guerra de las Malvinas con Gran Bretaña.

En mayo un grupo de sindicatos no integrados en la CGT forman la CGT-Azopardo. La CGT de Ubaldini ahora se identifica como la CGT-Brasil.

En los primeros días de junio, mientras se sigue desarrollando la guerra de las Malvinas, el Papa Juan Pablo II realiza su primera visita oficial al país.

El 14 de junio las tropas argentinas se rinden ante las tropas británicas. El día 17 Galtieri renuncia a la residencia. La junta decide nombraren su lugar al general Reynaldo Bignone, quien asume al 1° de Julio. El gabinete de Bignone está integrado entre otros, por Llamil Reston (Interior), Ramón Aguirre Lanari (Relaciones Exteriores) y José Dagnino Pastore (Economía). El economista Domingo Caballo asume como presidente del Banco Central. El nuevo gobierno fija un calendario electoral: las elecciones presidenciales se realizan el 30 de octubre de 1983. en otro orden de cosas, el Banco Central dispone la nacionalización de las deudas contraídas por empresas privadas en el extranjero.

El 22 de septiembre la CGT-Brasil realiza una movilización. La misma es encabezada por Ubaldini y Miguel. Las Madres de Plaza de Mayo participan de la movilización.

En noviembre Miguel rechaza ser candidato presidencial por el peronismo. El 4 de diciembre la línea radical Renovación y Cambio prelanza la fórmula presidencial Raúl Alfonsín-Victor Martínez para enfrentar al balbinismo en la interna partidaria.

El 16 de diciembre, la Multipartidaria realiza una multitudinaria marcha en defensa de la democracia. Se producen graves incidentes.

1983

En febrero, se perfilan cuatro candidatos presidenciales por el peronismo: Antonio Cafiero (MUSO), Ítalo Luder (con el apoyo de Miguel), Ángel Robledo (apoyado por la CGT-Azopardo) y Raúl Matera.

En febrero, la CGT-Brasil incorpora nuevos sindicatos y pasa a llamarse CGT-República Argentina o CGT-RA.

En abril, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, precandidatos presidenciales de la UCR, denuncian un pacto entre las Fuerzas Armadas y Lorenzo Miguel. El peronismo, las 62 Organizaciones y la CGT-RA rechazan que la denuncia sea fidedigna.

El 28 de julio la Convención Nacional de la UCR proclama la Fórmula presidencial Alfonsín-Martínez y aprueba la plataforma presidencial del partido. Alfonsín, a su vez, es designado presidente del partido. En agosto, Herminio Iglesias se impone sobre Antonio Cafiero como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

El 1° de septiembre queda integrada la lista de candidatos peronistas para la cámara de Diputados. Encabeza el sindicalista Diego Ibáñez. El día 4, el Congreso Nacional Justicialista proclama la fórmula residencial Ítalo Luder Deolindo Bittel.

El 26 de octubre la UCR cierra su campaña electoral con un acto multitudinario. El día 28 hace lo propio el peronismo con un acto también multitudinario. En dicho acto, Herminio Iglesias quema un ataúd con símbolos de la UCR e imágenes de su candidato presidencial. El día 29, se levanta el estado de sitio vigente desde 1974.

El 30 de octubre se realizan las elecciones generales en todo el país: la fórmula presidencial de la UCR triunfa con el 52% de los votos. El peronismo sufre su primer revés en elecciones libres.

El 2 de diciembre, mientras Lorenzo Miguel es duramente criticado por dirigentes sindicales y peronistas por el fracaso electoral de octubre, la UOM realiza su primer paro nacional en ocho años.

El 10 de diciembre, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. Su primer gabinete está integrado, entre otros, por Antonio Trócoli (Interior), Bernardo Grinspun (Economía), Dante Caputo (Relaciones Exteriores) y el sindicalista Antonio Mucci (Trabajo).

El 15 de diciembre se crea, en el ámbito del Poder Ejecutivo y bajo la presidencia del escritor Ernesto Sábato, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

El 17 de diciembre el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley de Reordenamiento Sindical que es duramente criticado por el sindicalismo.

1984

En enero, se unifican las centrales sindicales –Azopardo y República Argentina-en una misma CGT –la CGT Unificada o CGTU.

En marzo, luego de que Diputados la aprobara, el Senado rechaza la Ley de Reordenamiento Sindical.

A fines de abril, Mucci es reemplaza por el dirigente sindical Juan Manuel Casella al frente del Ministerio de Trabajo.

En julio, luego de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la CGT, el Senado sanciona la ley 22071 que establece el Código Electoral Sindical.

El 3 de setiembre la CGT organiza el primer paro general contra el gobierno de Alfonsín.

El 20 de setiembre Alfonsín recibe el informe de la CONADEP según la cual son 8960 las personas desaparecidas durante el Proceso.

En octubre, Hugo Barrionuevo reemplaza a Casella como ministro de Trabajo.

El 25 de noviembre se realiza una consulta popular no vinculante con referencia a un posible acuerdo con Chile por el canal de Beagle. La moción afirmativa obtiene el 81% de los votos. Posteriormente, Argentina y Chile firman un tratado de paz por el diferendo limítrofe.

En diciembre se reúne el Congreso Nacional del Peronismo –máximo órgano partidario-para renovar el Consejo Superior de l Partido. Luego de que los congresales se dividen entre quienes quieren una renovación parcial y quienes quieren una renovación total, los primeros eligen sin quórum un Consejo presidido por Isabel Perón –ausente del país-, José Vernet, Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias. Ubaldini rechaza integrar el Consejo.

1985

en enero Muso (Antonio Cafiero), Convocatoria Peronista (Carlos Grosso), Frente de Unidad Peronista (Luder) y Gestión Trabajo (Triaca) conforman el Frente Renovador Peronista en oposición al Consejo partidario elegido en el mes anterior. Carlos Menem también integra el Frente Renovador.

En febrero se realizan dos congresos peronistas. Los congresales oficialistas se reúnen en la Capital Federal y los disidentes en la ciudad santiagueña de Río Hondo. El Congreso de Río Hondo elige un Consejo Nacional paralelo encabezado por Isabel Perón –ausente del país-, Oraldo Britos, Olga de Flores y Juan Manuel de la Sota. La justicia reconoce como única autoridad partidaria al Consejo de Río Hondo. En marzo, dicho Consejo dispone la intervención del PJ-Buenos Aires y convoca a elecciones internas para la normalización del partido para el día 9 de junio.

El 22 de abril comienza el juicio oral y público a los miembros de las juntas militares del Proceso acusados de violación a los derechos humanos.

El 26 de abril se realiza en la Plaza de Mayo un multitudinario acto en defensa de la democracia convocado por el gobierno luego de que Alfonsín denunciara la existencia de maniobras golpistas. Durante el acto, Alfonsín, en vez de denunciar a los supuestos golpistas, anuncia sorpresivamente una “economía de Guerra” Varios concurrentes se retiran indignados de la plaza.

El 23 de mayo la CGT organiza el segundo paro general en democracia y convoca a 15000 personas en Plaza de Mayo.

El 14 de junio luego de reemplazar a Grinspun por Juan Vital Sorrouille, el gobierno presenta en sociedad un nuevo plan económico: el plan Austral.

En julio, luego de que los dos Consejos Nacionales decidieran renunciar para facilitar una realización de un congreso único, los congresistas peronistas se reúnen en la ciudad pampeana de Santa Rosa y eligieron un nuevo Consejo Nacional encabezado por Isabel Perón –siempre ausente-, Vicente Saadi, Jorge triaca. A. Rodríguez Saa y Herminio Iglesias. Los congresales renovadores se abstienen de votar.

En agosto, el sector liderado por Cafiero se separa del PJ de la provincia de Buenos Aires, liderado por Herminio Iglesias. El día 29 la CGT organiza un nuevo paro general.

En setiembre se normaliza la CGT y Ubaldini es elegido secretario general. Ese mismo mes Cafiero y Eduardo Duhlade son expulsados del PJ-Buenos Aires, el cual, liderado por Herminio Iglesias, se presenta a elecciones bajo la sigla el FREJULI. Triaca integra la lista de diputados del FREJULI. Cafiero se presenta a elecciones fuera del peronismo.

El 25 de setiembre, se sancionan reformas al Código Civil en materia de filiación, tutela y patria potestad.

El 25 de octubre el gobierno dispone el estado de sitio por 60 días tras una ola de atentados y de amenazas.

El 3 de noviembre la UCR se impone en las elecciones de renovación legislativa con el 42,93% de los votos. En la provincia de Buenos Aires la UCR obtiene el primer lugar, la lista encabezada por Cafiero el segundo y FREJULI el tercero.

El 10 de noviembre los renovadores del peronismo piden que se reúna el Congreso Nacional y que se elija un nuevo Consejo Nacional mediante el voto directo de los afiliados.

El índice de inflación acumulado durante 1985 asciende al 385,4%.

1986

El 24 de enero la CGT organiza un nuevo paro general.

En febrero el costo de la vida aumenta sólo el 1,7%.

El 25 de marzo la CGT realiza otro paro general.

El 15 de abril Alfonsín anuncia la intención gubernamental de reformar la Constitución Nacional y trasladar la Capital Federal a Viedma/Carmen de Patagones.

El 13 de junio la CGT organiza otro paro general.

El 6 de julio la corriente peronista Federalismo y Liberación proclama la precandidatura presidencial de Carlos Menem. El 9 de octubre la CGT realiza un nuevo paro general.

El 3 de diciembre el gobierno cierra los contratos petroleros comprendidos dentro del llamado Plan Houston.

El 16 de diciembre se realiza una multitudinaria marcha contra la ley de punto final. El día 23 el Congreso sanciona la Ley de Punto Final, la cual pretende acelerar y reducir los juicios contra los militares acusados de violar los derechos humanos durante el anterior Proceso militar.

1987

El 5 de enero el PJ de la provincia de Buenos Aires lanza su fórmula para la gobernación: Cafiero-Macaya.

El 26 de enero la CGT realiza un nuevo paro general.

En febrero la UCR lanza su fórmula para la gobernación de la provincia de >Buenos Aires: Casella-Posse.

En marzo, Triaca reconoce formalmente la existencia del grupo de los 15 dentro del sindicalismo. El grupo de los 15 mantiene intensos contactos con el gobierno y es acusado de colaboracionista por Ubaldini. Alfonsín le pide la renuncia a Hugo Barrionuevo. Como resultado de las negociaciones entre el gobierno y los 15, el sindicalista Carlos Alderete asume como nuevo ministro de Trabajo.

El 6 de abril el Papa Juan Pablo II inicia su segunda visita al país.

En Semana Santa, un grupo de oficiales del Ejército liderado por el teniente coronel Aldo Rico se rebela y se acuartela en Campo de Mayo. Los rebeldes reivindicaron el accionar del Ejercito en la lucha “antisubversiva” y reclaman una “Solución política” para los juicios entablados por violación a los derechos humanos. A los tres días de iniciada la sublevación, Alfonsín se dirige hacia Campo de Mayo y se entrevista con los rebeldes. Ese mismo día, concluye la sublevación.

En mayo, se sanciona la Ley de Traslado de la Capital.

El 3 de junio se convierte en ley el divorcio vincular.

El 4 de junio se sanciona la Ley de Obediencia Debida.

El 29 de junio son profanados los restos de Juan Perón en el cementerio porteño de la Chacarita. Los profanadores roban las manos del líder.

El 6 de setiembre se realizan elecciones generales en todo el país. La UCR pierde la mayoría en Diputados. El peronismo le arrebata a la UCR las gobernaciones de Buenos Aires –importante victoria de Antonio Cafiero-, Entre Ríos, Mendoza, Misiones y Chubut. Al día siguiente de las elecciones, aparecen carteles en las calles de Buenos Aires que proclaman a Carlos Menem como candidato presidencial para 1989. como consecuencia de la derrota electoral de la UCR, se producen varios cambios en el gabinete: Trócoli (Interior), por Enrique Nosiglia, Alderete (Trabajo) por Ideler Tonelli y Conrado storani (Salus) por Raúl Barrios Arrechea (gobernador saliente de Misiones).

El 15 de setiembre Antonio Cafiero y Carlos Menem son nominados candidatos a presidente y vice para el congreso nacional del peronismo.

El 4 de noviembre la CGT realiza un nuevo paro general.

El 28 de noviembre el Congreso peronista –convocado por los renovadores-declara la caducidad del actual Congreso Nacional del partido y convoca a lechones directas el día 6 de marzo de 1988.

Los días 8 y 9 la CGT realiza un paro general de 34 horas.

El 23 de diciembre se sanciona la Ley de Convenciones Colectivas de trabajo.

1988

El 10 de enero los afiliados peronistas eligen mediante el voto u nuevo Consejo nacional: se imponen los renovadores encabezados por Cafiero (presidente) y Menem (vicepresidente).

El 16 de enero Aldo Rico lidera una nueva sublevación militar con epicentro en Monte Caseros, corrientes. Los rebeldes se subordinan en los días siguientes.

En febrero el peronismo convoca a comicios internos para elegir la fórmula presidencial de 1989.

En marzo el Congreso sanciona la Ley de asociaciones Profesionales.

El 14 de abril la CGT realiza un nuevo paro general.

Entre mayo y junio la UOM hace público su apoyo a Menem como candidato presidencial del peronismo.

El 3 de julio la fórmula presidencia Angeloz Casella se impone en las elecciones internas de la UCR.

El 9 de julio los afiliados peronistas votan los candidatos presidenciales. La fórmula Menem Duhalde triunfa sobre Cafiero De la Sota.

El 1° de agosto el gobierno lanza un plan antiinflacionario llamado plan primavera.

El 9 de setiembre la CGT realiza otro paro general, el último de los 13 paros generales realizados durante la gestión de Alfonsín.

En octubre Alfonsín convoca a elecciones presidenciales para el 14 de mayo de 1989.

El 3 de diciembre el coronel Mohamed Alí Seineldín encabeza una nueva sublevación militar. Los rebeldes se desplazan desde campo de Mayo hasta villa Martelli, en el límite de la capital federal. El día 4, se pone fin a la sublevación luego de que algunos civiles son muertos y heridos frente a los cuarteles de Villa Martelli. Seineldín es arrestado.

1989

El 6 de enero es establecen cortes de luz escalonados a raíz de una crisis en la provisión de energía eléctrica.

El 23 de enero el Movimiento Todos por la Patria (MTP) ataca el regimiento 3 de infantería de La Tablada con el objetivo declarado de evitar un golpe e estado. El ejército responde con una feroz represión. El día 24 el gobierno crea el consejo de seguridad nacional.

El 7 de febrero, luego de un feriado cambiario y bancario, se produce una fuerte devaluación del peso que produce pánico y corridas en el mercado financiero.

En abril Juan Sorrouille (Economía) es reemplazado por Juan Carlos Pugliese. Ese mismo mes, el costo de vida aumenta un 33,4%.

El 14 de mayo se realizan las elecciones generales. Se impone la fórmula presidencial Menem Duhalde con el 49% de los votos.

El 19 de mayo se inician saqueos y asaltaos en supermercados en el gran buenos Aires, córdoba y rosario.

El 28 de mayo el gobierno dispone el Estado de sitio por 30 días.

En mayo el costo de vida asciende a un 78,5%.

El 6 de junio, Alfonsín anuncia su decisión de renunciar a la presidencia con anterioridad a la fecha establecida para el traspaso del mando –10 de diciembre.

En junio la inflación mensual trepa hasta el 200%.

El 1° de julio Alfonsín y Victor Martinez presentan su renuncia ante el Congreso.

El 8 de julio Carlos Menem asume la presidencia de la Nación. Su primer gabinete está integrado por, entre otros, Eduardo Bauzá (Interior), Domingo Caballo (Relaciones exteriores) Ítalo Luder (Defensa) y Jorge Triaca (Trabajo). Sorpresivamente, Menem incorpora en el gobierno a los liberales Álvaro y maría Julia Alzogaray, designa al frente del Ministerio de economía A miguel Ángel Roig (un directivo de la empresa Bunge & Born) y ofrece una orientación económica de corte liberal. Roig fallece a los pocos días de asumir y es reemplazado por Néstor Rapanelli, también vinculado con Bunge & Born.

En agosto, se levantan les restricciones económicas con Gran Bretaña.

El 1° de setiembre la empresa telefónica estatal, ENTEL, es privatizada mediante un decreto.

En octubre la CGT se divide en dos: CGT-Azopardo, conducida por Ubaldini, y la CGT-San Martín, liderada por el grupo de los 15. ubaldini pierde el apoyo de los principales sindicatos.

En diciembre, Rapanelli (Economía) es reemplazado por Antonio Herman González. Ese mismo mes Menem ofrece el indulto a 280 militares y civiles acusados de violación a los derechos humanos durante el Proceso y de sublevación durante el gobierno de Alfonsín.

1990

Entre enero y marzo, el costo de vida aumenta más del 230%.

El 5 de febrero se reanudan las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

El 5 de abril el Congreso aprueba la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 9 miembros.

Entre agosto y setiembre el congreso sanciona las leyes de reforma del Estado y de emergencia económica. Las nuevas leyes otorgan a Menem facultades extraordinarias para tomar decisiones fundamentales en el ámbito económico.

El 21 de noviembre la empresa estatal Aerolíneas argentinas es traspasada al grupo español Iberia. Ese mismo mes, la CGT-Azopardo rompe con la UOM.

El 3 de diciembre se produce un nuevo levantamiento militar por Seineldín, esta vez en el regimiento de patricios de la Capital Federal. El levantamiento es duramente reprimido con un resultado de 13 muertos y más de 20heridos. Posteriormente, Seineldín recibe una condena a prisión perpetua.

El 29 de diciembre Menem otorga el indulto a los jefes militares del proceso y al montonero Mario Firmenich.

A fin de año el costo de vida registra un aumento anual del 1343,9%.

1991

El 28 de enero domingo caballo reemplaza a González al frente de economía. Caballo es reemplazado en cancillería por Guido Di Tella.

El 26 de marzo Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman en asunción el acuerdo del Mercado Común del sur (MERCOSUR).

El 27 de marzo el Congreso aprueba la ley de Convertibilidad, por la cual un peso(nueva moneda que reemplazará al austral) equivale a un dólar y sólo puede emitirse moneda mediante una ley del Congreso y con el debido respaldo. La nueva medida económica logra controlar eficazmente la inflación. En términos generales, la política económica de caballo está orientada a acelerar las privatizaciones, desregular la economía, continuar con la reforma administrativa y con la apretura económica, aumentar la captación impositiva, flexibilizar los costos laborales y reformar el sistema previsional.

En marzo Mario Caserta –presidente del Consejo Federal de Agua Potable y saneamiento-es detenido en el marco de una investigación que lleva a cabo el juez federal español Baltasar Garzón por el lavado de narcodólares. Meses después, también se verá implicada en el caso Amira Yoma, jefa de Audiencias de la presidencia y cuñada del presidente Menem.

El 7 de noviembre se establece por ley el cupo femenino para las listas de candidatos generales. 30%.

El 5 de diciembre Eduardo Duhalde renuncia a la vicepresidencia de la Nación.

A fin de año el congreso sanciona la Ley Nacional de Empleo y la Ley de accidentes de trabajo. Mientras la primera facilita el trabajo temporario, la segunda reduce los montos de las indemnizaciones.

1992

El 1° de enero comienza a regir la nueva moneda: el peso.

Durante los primeros meses del año se reunifica la CGT. Posteriormente se forman dos nuevas centrales sindicales: el congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Las nuevas centrales se oponen a la política reformista del gobierno.

El 17 de marzo una explosión derrumba el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires y deja un saldo de 18 muertos y 250 heridos.

El 20 de junio identifican a un falso diputado del bloque peronista durante la votación para la privatización de la empresa Gas del estado.

El 9 de noviembre la CGT realiza su único paro nacional contra la gestión de Menem.

1993

El 7 de setiembre el senado inicia el debate sobre la necesidad de la reforma constitucional.

El 22 de setiembre el Congreso aprueba la reforma del sistema previsional. Se autorizan las jubilaciones privadas.

El 3 de octubre el peronismo se impone en las elecciones legislativas. Triunfa incluso en las elecciones a diputados de la Capital Federal. El Modín, liderado por Aldo Rico, se constituye en la tercera fuerza y el frente Grande en la cuarta. La UceDé (Álvaro y María Julia Alzogaray) inicia una declinación definitiva.

En noviembre el gobierno y la UCR acuerda la necesidad de la reforma constitucional mediante el Pacto de Olivos o Pacto Menem-Alfonsín y se comprometen a garantizar la posibilidad de reelección presidencial.

En diciembre se producen importantes protestas en varias provincias a raíz de distintas medidas de ajuste. En Santiago del estero, una protesta de empleados públicos en reclamo del pago de sueldos atrasados se convierte en un estallido social: la población en general sale a la calle y son incendiadas las sedes de los tres poderes constitucionales y las residencias de algunos funcionarios y políticos. En La Rioja, se producen movilizaciones multitudinarias en contra de la sanción de la ley de Reforma del Estado. En Jujuy, el frente de Gremios Estatales, liderado por el Perro Santillán, organiza numerosas manifestaciones contra la reestructuración salarial de los empleados públicos.

1994

En marzo de 1994 el plan de lucha del Frente de Gremios Estatales de Jujuy en reclamo de aumentos salariales desemboca en una ola de manifestaciones callejeras violentas y enfrentamiento con la policía. Son atacados la residencia del gobernador y otros edificios públicos. Posteriormente, renuncia el gobernador y el Poder ejecutivo Nacional interviene la provincia.

El 6 de abril es hallado en un cuartel de Zapala el cadáver del conscripto Omar Carrasco.

El 10 de abril el peronismo se impone en las elecciones para convencionales constituyentes. El Frente Grande se constituye en la tercera fuerza electoral.

El 25 de mayo se inaugura en la ciudad de santa fe la Convención Reformadora de la Constitución Nacional.

Entre mayo y junio, trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego protagonizan una ola de paros y ocupaciones de fábricas en protesta por recientes despidos. La policía provincial reprime duramente y da muerte al trabajador Víctor Choque.

El 6 de junio la Mesa de Enlace Sindical (organismo que reúne a la CTA y al MTA) organiza una multitudinaria Marcha Federal que cuenta con la participación de la mayoría de los partidos de la oposición (Frente Grande, UCR, MODIN y otros) y de algunas entidades empresarias.

El 11 de junio el gobierno dispone la eliminación del servicio militar obligatorio.

El 18 de julio un atentado con bomba destruye el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y deja un saldo de 80 muertos y cientos de heridos.

El 2 de agosto la Mesa de Enlace Sindical organiza un paro general.

El 22 de agosto se sanciona en santa Fe la reforma constitucional. Queda consagrada la reelección presidencial y se establece que el mandato presidencial será de cuatro años. Se establecen, además, el mecanismo de ballottagge para la elección presidencial y la figura del jefe de gabinete.

1995

El 1° de enero los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ponen en marcha, en la ciudad de Ouro Preto, al MERCOSUR.

El 15 de marzo muere el hijo del presidente Menem al caer el helicóptero en el que viajaba.

El 14 de mayo Menem, secundado por Carlos Ruckauf, es reelecto presidente sin necesidad de ballottagge. En las elecciones legislativas, el FREPASO (unión del Frente Grande y de País Solidario –Octavio Bordón-) obtiene el segundo lugar y la UCR el tercero.

En junio se produce el momento más violento de una ola de protestas que los empleados públicos y los jubilados de la ciudad de Córdoba sostienen desde el mes de febrero en reclamo de pagos atrasados: un grupo que participa de una marcha callejera asalta y destroza la Casa Radical. Se origina una crisis institucional. En julio el gobernador radical Eduardo Angeloz adelanta el cambio de mando al recientemente elegido R. Mestre, también radical.

El 8 de julio Menem asume la segunda presidencia. Los ministros que lo acompañan en esta nueva gestión son: Carlos Corach (Interior), Guido Di Tella (Relaciones Exteriores), Oscar Camilión (Defensa), Alberto Mazza (Salud), José Caro Figueroa (Trabajo), Domingo Caballo (Economía), Jorge Rodríguez (Educación) y Rodolfo Barra (Justicia). Eduardo Bauzá asume el flamante cargo de jefe de gabinete.

En setiembre y octubre los empleados públicos de las principales ciudades de Río Negro aumentan el voltaje de las protestas que vienen protagonizando desde el mes de febrero en reclamo de pagos atrasados y otras demandas: son atacados e incendiados varios edificios públicos y la vivienda del flamante gobernador.

1996

El 30 de junio Fernando de la Rúa (UCR) se constituye en el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires elegido por el voto directo de los ciudadanos.

El 26 de julio Domingo Caballo se aleja del gabinete después de innumerables enfrentamientos con Menem y otros funcionarios del gobierno. Lo reemplaza Roque Fernández. Ese mismo mes, la popularidad del presidente Menem y del plan económico alcanzan su nivel más bajo desde 1989: 22 y 17%, respectivamente.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1955-1966

declaraciones de Héctor Di Pietro, secretario general de la CGT, dos días después del levantamiento militar de 1955

…todo trabajador luchará con las ramas y medios que tenga a su alcance para aniquilar definitivamente a los traidores a la causa del pueblo que se han levantado en contra del gobierno y los que intentaran hacerlo… (La Nación, 19 de setiembre de 1955.)

mensaje por radio de Héctor Di Pietro, secretario general de la CGT, al asumir la presidencia el general Lonardi

…Confiados los trabajadores en la palabra del presidente deben proseguir trabajando en sus respectivos empleos en paz y en tranquilidad contribuyendo al mantenimiento de la producción; deben continuar ejerciendo sus derechos sindicales en forma solidaria y disciplinada acatando únicamente directivas de la CGT sin prestarse a maniobras que tratan de inducir a los trabajadores a perturbar la normalización del país, cooperando así a afianzar el orden y la tranquilidad social para coadyuvar a la realización de los propósitos del gobierno de restablecer en el menor tiempo posible la normalidad constitucional de la República. (La Nación, 26 de setiembre de 1955).

Mensaje del general Lonardi horas antes de ser forzado a renunciar

El gobierno está muy lejos de creer que en la Junta Consultiva están representadas todas las corrientes de opinión de la política nacional… el dictador depuesto tuvo indiscutiblemente gran parte del pueblo a favor de su política en determinado momento. En vísperas de su primer período…antes de que las oposiciones exacerbaran su prepotencia y soberbia. No es posible calificar de antipatiotas o partidarios de la tiranía a todos los que prestaron esa adhesión desinteresada y de buena fe. Los delincuentes deben ser castigados más no directamente por la vía administrativa o por particulares celosos sino por obra del Poder Judicial restaurado en la plenitud de su eficacia. El gobierno prefiere que algunos culpables se libren y no que personas desprovistas de culpa padezcan una persecución que no merecen. Ha de quedar una gran mayoría del pueblo en condiciones de participar en la vida cívica sin inconveniente alguno, a pesar de la adhesión, muchas veces obligada, que algunos prestaron al régimen depuesto. Otros han alzado su voz para protestar contra la lenidad de la política del gobierno en relación con las organizaciones obreras. Mi opinión es más categórica aún. En ningún caso dividir a la clase obrera, para entregarla con defensas debilitadas a las fluctuaciones de nuestra economía y nuestra política. La libertad sindical no es la anarquía de las organizaciones obreras ni la supresión o la desnaturalización de los órganos de derecho públicos indispensables para la integración profesional. No es posible disfrutar tranquilos de la existencia aun para los más acomodados si el cimento social está constituido por una clase laboriosa en que se ha hecho carne la sensación de la injusticia. (La Nación, 12 de noviembre de 1955).

Declaraciones del teniente de navío Cabut, Director Nacional del Trabajo

…no existen en realidad conflictos entre obreros patrones, sino una mala interpretación de los métodos a seguir para solucionar esas pequeñas diferencias internas que hay en los establecimientos que llegan a crear lo que se ha llamado conflictos –palabra al parecer fuerte-que tienen su solución cuando se radican en esta dirección o en las regionales. Los directivos de los establecimientos deben saber cómo conducir al personal y la manera de conducir, métodos y normas es lo que nosotros aconsejamos cuando se produce un conflicto. Lo mismo hacemos con la parte obrera indicándoles los métodos a adoptar y la conveniencia de organizarse sin necesidad de que se tomen justicia por su propia iniciativa. A los obreros se les aconseja que no tomen una medida directa antes de haber agotado todos los recursos legales. Terminados éstos, entonces puede pensarse que tienen las puertas abiertas para una huelga. Otros de los consejos nuestros cuando se plantean estos conflictos es recalcar a quienes todavía no lo conocen, porque no se les ha enseñado o porque no han interpretado bien la situación, el concepto de defensa sindical. Tratamos de hacerles comprender cómo debe ser la organización, cómo deben organizarse, no sólo para discutir sino para crear, que es una de las bases más importantes de la organización sindical, plantear debidamente los problemas haciéndolos llegar debidamente con posibles soluciones, sin la necesidad de crear inconvenientes. (La Nación, 27 de diciembre de 1955).

Declaraciones de partidos y políticos a la llegada de Frondizi al poder

Del Ministro del interior, Alfredo Vítolo: Opino que es necesario derogar la ley de residencia y el decreto 4161 de propaganda peronista. No corresponde hablar de terroristas, sino de personas que en el desarrollo de su lucha hayan recurrido a medidas de fuerza. (La nación, 10 de mayo de 1958).

De la Unión Cívica Radical del Pueblo: Denunciamos la heterogeneidad del frente que logró el triunfo electoral: católicos e incendiarios de iglesias, luchadores por la libertad y quienes la aherrojaron por una década, liberales junto fascistas y colonialistas… trabajadores que sueñan con una organización gremial sin dependencias de gobiernos o partidos y expresiones máximas de la concentración capitalista y los que actúan contra el capital, la empresa y la propiedad privada… se advertirá muy pronto el vértice más agudo del debilitamiento del frente electoral que dio origen al gobierno. (La Nación, 12 de mayo de 1958.)

Del dirigente conservador, Vicente Solano Lima: La intransigencia quedó más para dar lugar a una forma superior de conducción política. Muchos de los planteamientos del actual gobierno coinciden con nuestra manera de pensar. (La Nación, 1 de julio de 1958.)

Del vicepresidente Alejandro Gómez: Yo compro los diarios, veo dónde hay conflictos, procuro ponerles solución. Con que consiga solucionar dos o tres por semana quedo conforme. (La Nación, 5 de julio de 1958).

Del director del Liceo Naval, Francisco Manrique: Nos preguntamos: ¿está el gobierno cumpliendo su parte? ¿están todos los ciudadanos cumpliendo la suya? ¿están los partidos políticos actuando como factores de dinámica democrática? ¿están la Fuerzas Armadas cumpliendo con su deber? Si estas preguntas fueran objeto de un plebiscito, el país sólo contestaría afirmativamente una de ellas: la Fuerzas Armadas están cumpliendo…la democracia en acción es un eslabón tras otro de la misma cadena que no puede quebrarse ni por la tiranía que veja ni por la fuerza que también veja, aunque la fuerza resulta ser el menor de los males cuando ya no existen soluciones para vivir de pie. (La Nación, 5 de julio de 1958).

Del dirigente Radical del Pueblo, Miguel Ángel Zavala Ortiz: …el totalitarismo aparece ahora como estado de derecho. La integración nacional se hace con el propósito de mantener unidos a los sectores antidemocráticos. El frondizismo se hace cada vez más peronista en vez de hacerse el peronismo cada vez más democrático…No se hace el banquete de las Fuerzas Armadas para que el presidente pueda decir que cuenta con la justicia, porque echa a los jueces que no convienen al gobierno; que cuenta con los obreros porque interviene a los sindicatos que no le son adictos; que cuenta con su partido porque lo mantiene intervenido; que cuenta con las fuerzas Armadas porque no deja oír su voz en la tradicional fiesta de camaradería. (La Nación, 8 de julio de 1958).

Del dirigente Radical del Pueblo, Ricardo Balbín: la aventura electoral sirve para llegar, pero no alcanza mucho para quedarse. (La Nación, 12 de julio de 1958).

Declaración de los 32 Gremios “Mayoritarios Democráticos”: Cada día se registra un nuevo avance hacia la restauración del peronismo. Las hordas totalitarias se lanzan al asalto de los hospitales. Los sindicatos se hallan frente a la alternativa de defenderse con sus propias manos o ser arrasados por el malón…Los títeres de la tiranía proceden a cortar la luz, gas, y teléfono a los médicos…después de lo cual lo cortarán a cada uno de los ciudadanos democráticos. Cuando tengan en sus manos la CGT nos someterán al sitio económico hasta obligarnos a la rendición. (La Nación, 13 de agosto de 1958).

***

Discurso del general Solanas Pacheco, secretario de Guerra, a los mandos militares. He notado cierta inquietud en jefes y oficiales por problemas que yo conozco cabalmente. La información ha llegado deformada a los cuadros especialmente por vías no militares. Hay cuestiones que admiten la justa crítica: funcionarios involucrados en negocios no debidamente aclarados e infiltración de marxistas en la administración pública. Pero así como reconozco esto, no admito dudas sobre la franqueza y limpios procederes con los que se conduce el Ejército. Hay quienes siembran inquietudes exageradas para subordinar a las fuerzas Armadas a los intereses de partidos o personales. La participación del ejército en la solución de los conflictos sociales que amenazan la paz interior es un deber ineludible de su misión al servicio del mantenimiento del orden…Guste o no guste a quienes nos atacan, la República descansa hoy sobre sus Fuerzas Armadas que son su columna vertebral. (La Nación, 26 de abril de 1959).

Arenga del general Solano Pacheco a jefes y oficiales en Corrientes: Profesionales de la aventura quieren volver las ramas de nuestros soldados contra las instituciones de la República…En el campo social los sectores del trabajo no pueden ser abandonados por falsos escrúpulos a la prédica disolvente de dirigentes irresponsables cuya finalidad es el desorden y la destrucción. Se han abierto en el país fronteras ideológicas cuya atención es tan de nuestra estricta competencia como la vigilancia de nuestras fronteras geográficas. (La Nación, 13 de junio de 1959).

Informe del presidente Frondizi a los altos jefes de las Fuerzas Armadas. He recogido la información de los servicios de que hay 68 comunistas en la función pública; 26 son nombrados por el actual gobierno y los restantes por el anterior. Señalo que se hará una amplia investigación para evitar injusticias, pero cuando se compruebe la verdad se les dirá que deben cesar en la función por la incompatibilidad con un régimen democrático. El comunismo será declarado definitivamente fuera de la ley en virtud de que el gobierno tiene perfectamente comprobadas sus actividades subversivas e insurreccionales… Quisiera agregar con respecto a Buenos Aires que no estoy de acuerdo con la reforma agraria ni con las expropiaciones pero que no se podía tildar por eso al gobierno provincial de comunista. (La Nación, 19 de agosto de 1959).

Declaraciones de dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, Augusto Vandor y Rosendo García, en su entrevista con el ministro Alzogaray a propósito de la huelga metalúrgica y un atentado terrorista en un bar del centro de Buenos Aires. Vandor: declaro mi estupor ante el atentado e informo que la comisión directiva del gremio ha separado de su cargo de protesorero a Moya hasta que es aclare su participación en el atentado. Ahora sí soy optimista con relación al conflicto y en la semana próxima se producirán contactos con los empresarios. Rosendo García: la noticia de Moya me ha producido una pésima impresión; en la UOM no se conocían sus actividades. (La Nación, 29 de agosto de 1959).

Declaración del ex presidente Aramburu. Estoy a favor de la implantación de un régimen de representación proporcional en el que el peronismo pueda organizarse como partido político sin agitar la bandera del peronismo. (La Nación, 19 de octubre de 1959).

Comunicado de un grupo de gremialistas peronistas –Augusto Vandor, Eleuterio Cardozo y Amado Olmos-. Hemos decidido la ceración de un comando electoral de coordinación del voto en blanco…Solamente el gobierno será responsable si las masas obreras se inclinan hacia las ideologías de izquierda. (La Nación, 2 de febrero de 1960).

Declaraciones del secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher, frente a la toma de una comisaría en la localidad santigueña de Frías por un grupo armado comandado por Uturunco, hacho que había sido calificado por los gobernadores de Santiago del Estero y Tucumán como aventuras de niños malcriados y por le juez interviniente como una parodia. La solución del asunto Uturunco estuvo a cargo de la autoridad civil y yo desconozco los resultados. Advierto que no se le ha dado la importancia que tienen esos hechos; no se ha procedido con la energía y la severidad necesarias. La repetición de esos hechos impondrá la intervención del Ejército para lo que se ha ordenado que en el futuro se le dé adecuada solución militar, que no es otra que el combate…La inoperancia de algunos gobiernos provinciales es la causante de esta situación…el Ejército debe intervenir cuando quienes deben hacerlo no lo hacen por debilidad. Así cumplirá el mandato constitucional de que las Fuerzas Armadas deben garantizar la paz interior impidiendo los vandalismos de un plan terrorista. (La Nación, 18 y 20 de febrero de 1960).

Declaraciones en un plenario de las 62 Organizaciones Peronistas, Amado Olmos: El nuevo secretario de Trabajo, Puente, ha agraviado a la clase obrera cuando en 1952 como delegado a la OIT había pronunciado un discurso donde encomiaba a las políticas peronistas. Jorge Elías: Las 62 resignarán su denominación una vez constituido el nuevo nucleamiento unitario en homenaje ala unidad total de la clase obrera… Es cierto que los legisladores peronistas aprobaron el Plan Conintes en 1948 pero ahora los jueces permiten su aplicación contra los trabajadores. Eleuterio Cardozo: la clase obrera tiene como objetivo conquistar el gobierno por el camino de la legalidad. (La Nación, 22 de mayo de 1960.)

Declaraciones del secretario de Trabajo, Galileo Puente: Al hacerme cargo encontré abusos, extralimitaciones y anarquía de todo orden de los obreros. Los empresarios habían perdido el comando de las fábricas; todo lo disponían las comisiones internas; mandaban los que tenían que obedecer debido a una mala interpretación del sindicalismo. Las primeras planas de los diarios estaban llenas de los nombres de Vandor, Framini, las 62, al MUCS; eran los protagonistas principales y por eso impresionaban a la masa que cataba sus directivas por miedo o por sugestión. Ahora hemos desinflado a esos dirigentes y la masa no los acompaña más en sus aventuras políticas… Además no se admiten más las arbitrariedades de las comisiones internas porque los empresarios deben retomar el comando de las fábricas. (La Nación, 23 de mayo de 1960).

Discurso del secretario de Guerra, general Larcher, el Día del Ejército: Las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la república. Las vértebras están cerca de la cabeza; la sostienen pero no pretenden reemplazarla. La patria no es hija de los políticos, sino de la espada. (La Nación, 3 de junio de 1960).

Documentos internos del ejército del 14 y 15 de marzo de 1960: El Ejército actúa apartado de todo interés partidista y se sitúa en le nivel institucional. El gobierno nacional con su línea política integracionista inicial estimuló las apetencias peronistas. Esta línea fue abandonada por la presión de las fuerzas armadas que abominaron siempre todo estímulo del peronismo…El proceso electoral actual puede considerarse desquiciado para el normal desarrollo de la recuperación moral del país. Pero es inevitable porque la Constitución obliga a la consulta. …Exhibirnos con una nueva dictadura militar ante el mundo nos traería un descrédito definitivo, moral, político y económico. De una u otra manera esta situación conduciría a un retorno de masas exaltadas que nos llevaría a una situación análoga a la de Cuba. …La recuperación debe hacerse en clima de tranquilidad y dentro del marco constitucional. …el peronismo no es un partido sino un conglomerado de delincuentes vinculados entre sí, con sentido de poder y cuyo objetivo es retornar al estado totalitario. Esto no puede ser admitido por las Fuerzas Armadas identificadas absolutamente con los fines de la revolución Libertadora. Sea cual fuere la fuerza electoral del peronismo, la cantidad de votos en blanco, la Fuerzas armadas impedirán el retorno peronista inclusive con la lucha. …En caso de catástrofe nacional o de acefalía política el Ejército podrá siempre asumir el control supremo del orden y aun el poder político si esto fuera una necesidad ineludible. … La descomposición de las dictaduras en el continente es fatal. No es posible que la Argentina involuciones porque no haya podido vencer sus problemas políticos. …Deben los altos mandos contribuir a esclarecer la situación a los oficiales jóvenes. Que no se dejen influenciar por las presiones que todos soportamos, incluso de hombres bien intencionados que golpean a la puerta de los cuarteles pero que están profundamente equivocados. (La Nación, 29 de junio de 1960).

Memorial entregado por las 62 Organizaciones en una entrevista con el Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Severo Toranzo Montero: Estructura y fines de las 62: Constituyen un movimiento gremial en defensa de los intereses del trabajador que es de extracción cristiana y de esencia nacional. … Si bien su función específica es la gremial no permanece indiferente al desarrollo de los restantes sectores del país, aspirando a participar en la solución de los grandes problemas nacionales y llegar a constituir un factor de gravitación en la conducción del país, en la gran política orientadora y en la custodia de su patrimonio y su acervo histórico como soldado de la soberanía, la justicia y la libertad. Ideológicamente en su seno se cobijan diversas corrientes, todas con sentido doctrinario de profunda raigambre nacional que hacen a su vez un gran movimiento patriótico que en su andar conforman actualmente la única esperanza civil. Nuestro movimiento contiene reservas existentes con fuerza real de combate para contener primero y extirpar después las corrientes internacionales del imperialismo ideológico, en especial el comunismo y su paralelo el trotskismo. …Como nuestros representados tiene un profundo sentido nacional en su formación ciudadana y además de asalariados son trabajadores con real concepto de patria, por lo que no les es igual trabajar en una empresa extranjera que para una nacional, aunque le paguen más en la primera, sin caer en nacionalismo extremo, en el cual se cobijan reaccionarios de todo tipo. Como fuerza popular no puede ser impermeable a la elección de sus gobernantes y conocidas sus plataformas, su conducta anterior y su tradición se expiden sobre ellas o sobre ninguna. (La Nación, 9 de febrero de 1961).

Comunicado de la CGT de Córdoba al arzobispo y los jefes militares en relación a la entrevista del presidente Forndizi con el “Che” Guevara: Criticamos la inclinación internacionalista de extrema izquierda que muy hábilmente por cierto se le imprime al quehacer nacional. …Se produce un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno con inclinaciones de poner en el medio a la Fuerzas Armadas y la Iglesia con la actitud del Poder Ejecutivo Nacional. …El presidente de la Nación tendrá facultades para recibir la visita que más le agrade, pero debe tener presente que pueden ser inoportunas para la tranquilidad del pueblo porque una sola de ellas puede crear un estado psicológico inconveniente para nuestra forma republicana. (La Nación, 16 de setiembre de 1961.)

Discurso del teniente coronel Vara con motivo de celebrarse el día de la Infantería: Se perciben en el ambiente declaraciones de guerra en que dirigentes y políticos amnistiados, que no significa absueltos de culpa y cargo, pretenden el acceso al poder en el que mancillaron el honor y la dignidad de los argentinos… Está muy lejos de nuestro espíritu realizar interferencias o presiones sobre el libre juego de las instituciones jurídicas pero apreciamos que tras tanta discusión y dialéctica está el propósito de crear un clima subversivo y la justificación de un movimiento revolucionario. No admitimos otra fuerza armada que no sea la nuestra, que es la constitucional, y no admitimos otra solución de fuerza que no sea la que nosotros impongamos si se hace necesario en bien de la patria. (La Nación, 2 de octubre de 1961).

Carta de Perón a Frigerio, 10 de julio de 1962:Ha habido desviaciones hacia un partido clasista, esto se ha manifestado por parte de muy contados dirigentes sindicales que yo he aprovechado para frenar interferencias y desviaciones de algunos dirigentes políticos…

Nosotros somos y sabemos que representamos un Movimiento Nacional, por lo que ni aun cuando estuvimos en el gobierno se nos ocurrió formar con él un partido político; siempre consideramos necesario mantener el sentido nacional en nuestra actividad política, porque el sectarismo no ha sido nunca defecto del justicialismo y porque sabemos que el sectarismo es un factor endémico de debilidad. (Correspondencia Perón-Frigerio).

Documento de la CGT sobre el Plan de Lucha

La realidad en la República sólo se determina para los trabajadores con:

Las detenciones, los allanamientos, las presiones oficiales, negando homologación a actos cubiertos por la Ley, el retiro de personerías, el reclutamiento de grupos organizados para introducir la discordia en los sindicatos, son hechos reales que ha conocido la opinión pública, gastados desde las esferas estatales, quienes instrumentaron medidas tendientes a disolvernos, porque vieron en la actitud del Movimiento Sindical Organizado, no sólo a ciudadanos que reclaman derechos sino que se constituían en fiscales en etapas decisivas o cruciales de la Patria, en las cuales era necesario el silencio y el ocultamiento, para consumar hechos que endeudaron e hipotecaron a nuestra Nación.

El Ministerio de Trabajo se constituyó en el cuerpo de avanzada tendiente a fulminar el movimiento obrero, mutilando o cercenando sus derechos, situándolo en algunos casos por medio de sus recursos económicos, mediante el retiro de sus personerías en un intento de someterlo a sus caprichos y al de sus mandantes, a fin de entregarlo finalmente maniatado ante el capitalismo nacional e internacional y del fondo Monetario, que exigen hambre y necesidad a cambio de préstamos.

Los derechos de elegir y ser electos fueron doblemente burlados y escarnecidos por los grupos que gobiernan, proscribiendo arbitrariamente sectores de la vida nacional, negando primero y desconociendo después, el veredicto popular, borrándose, como consecuencia de ello, las garantías constitucionales.

Sectores militares sin consultar al pueblo y manejando a sus ciudadanos como cosa propia dispusieron el envío de soldados en naves argentinas e defensa o en ataque de intereses, a países y posiciones que no queremos entrar a juzgar en forma parcial o ligera; pero sobre las cuales la única decisión soberana y valedera es la que debe pronunciar el pueblo, a quien se lo mantuvo como mero espectador. (El cambio total de las estructuras económicas, enero de 1963).

Entrevista al general Perón después de las elecciones presidenciales de 1963

Primera Plana: Cuando se habla del peronismo como movimiento revolucionario: ¿ello se refiere a la amplitud de los cambios que preconiza o a sus métodos de lucha para la reconquista del poder?

Perón: Bueno, eso depende de quién lo dice: para unos es la transformación profunda de la comunidad, para otros es el golpe de Estado. El diccionario admite ambas cosas. Pero cuando yo hablo de revolución me refiero a lo primero: en un mundo que evoluciona aceleradamente, no comprendo cómo puede estarse detenido, o retroceder, sin provocar el caos. Por lo demás, el peronismo realizó, entre 1945 y 1955, una revolución que transformó al país; pero llegó al gobierno por el voto de los argentinos y no por el empleo de violentos medios de lucha, como sucedió en 1955, cuando el peronismo fue despojado de su legítimo poder.

Primera Plana: En el país se ha restablecido la Constitución de 1853, a pesar de la impugnación peronista. También sus adversarios objetaron la Constitución de 1949, pero tuvieron que acatarla. En definitiva, ¿usted acepta la presente legalidad como el único punto de partida posible? ¿Prescribe a sus partidarios la necesidad de someterse a ella?

Perón: Eso es un sofisma. Sócrates, cuatro siglos antes de Cristo, ya definía el sofisma: cuando se acepta una afirmación falsa sobre la cual se apoyará luego una conclusión, que después resulta aparentemente justa. Usted da por aceptado que la reforma del ´49, realizada de acuerdo con todos los preceptos constitucionales, fue lo mismo que hicieron los gorilas en 1956, cuando derogaron la Constitución por decreto y reunieron una Constituyente de la estaba ausente el pueblo argentino. ¿Pueden los dos actos tener el mismo valor? Yo no acepto ni dejo de aceptar esta legalidad sui generis. No es asunto mío, sino del pueblo argentino. Pero el pueblo no puede manifestarse, porque carece de reales y fehacientes representantes, elegidos sin proscripciones y sin estatutos trampa.

Primera Plana: ¿Advierte usted en el actual gobierno –sean cuales fueren las críticas que puede merecerle por su origen-la voluntad sincera y el dominio efectivo para depurar de toda discriminación la vida política argentina? ¿Admite que ello no es fácil y que exige buena voluntad por ambas partes?

Perón: Advierto todo eso y mucho más. Lo que no veo son los actos. Para nosotros, ya se sabe, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar…

Primera Plana: Hay un nuevo estatuto de los partidos. Algunos legisladores neoperonistas convinieron en que es equitativa.

Perón: ese proyecto podrá ser elogiado por las minorías a cuyo servicio está redactado, o por algunos neoperonistas, que son otra minoría. Pero lleva un germen de discriminación, y tanto el Consejo Coordinador como las 62 Organizaciones lo han denunciado. Yo estoy completamente de acuerdo con ese juicio.

Primera Plana: Algunos peronistas juzgan incoherente la conducción del movimiento. Por ejemplo, se derribó al anterior gobierno constitucional, venciéndolo en las elecciones del 18 de marzo de 1962, y luego se aceptó integrar el frente Nacional y Popular con la UCRI.

Perón: A Frondizi no lo derribamos nosotros, sino los militares. Con elecciones o sin ellas, tarde o temprano ese gobierno se caía. La situación era insostenible. Pero no hubo rectificación alguna en la conducta del peronismo. El Frente no era sino un recurso electoral frente a la arbitrariedad y a la violencia.

Primera Plana: ¿No reconoce usted ese esfuerzo que hicieron los oficiales azules para eliminar el espíritu “gorila”?

Perón: Lo reconozco. Los gorilas llevaban al país a la guerra civil y fueron detenidos. Pero los jefes y oficiales azules se quedaron a mitad de camino. Faltó la ecuanimidad indispensable para un entendimiento constructivo a favor de la pacificación del país.

Primera Plana: Desde luego, el estado de opinión de las Fuerzas Armadas no admitía en ese momento una reivindicación total del peronismo. ¿Cree usted que fue prudencia o cobardía no acordar a su movimiento sino una participación electoral limitada?

Perón: No me interesa saber si fue prudencia o cobardía. Me basta con entender que los azules ganaron la batalla de abril, pero perdieron el 7 de julio. Quedaron a fija cero. Y el país está pagando las consecuencias. Yo no alcanzo a comprender de los designios de algunos hombres que, ofuscados por lo anecdótico, olvidan que ante todo está el país. (Primera Plana, 21 de abril de 1964).

Declaración de la CGT frente al paro nacional de diciembre de 1964

La radiografía nacional es bien conocida: Miseria – desocupación-desnutrición – retroceso cultural – crisis financiera y económica – hipoteca internacional – relajamiento y limitación de nuestra soberanía – sintetiza a un gobierno incapaz, falto de visión, con crisis de fe, desmoronamiento de nuestras instituciones y desintegración de nuestro acervo nacional.

Los conflictos estudiantiles, las marchas de hambre, las fábricas cerradas, la falta de productos alimenticios, la mayor parte de la prensa con sus imprentas paralizadas, gran cantidad de gremios en huelga, el derroche de nuestras divisas, los viajes proselitistas de representantes del gobierno en actitud de derroche y mendicante, la importación de productos que pueden elaborarse en el país; son algunos de los cientos de problemas a encarar y que se acumulan a los restantes que el país tiene en lo económico, social y político. (La Nación, 10 de diciembre de 1964).

Discurso del general Lanusse en el Centro de Instrucción Logística

El hombre argentino que desea mejorar su situación económica de golpe quiere hacerse rico; es ese hombre argentino que hot lo encontraremos manifestando en las expresiones que podemos escuchar en cualquier ámbito, ya sea en conversaciones con industriales, con financistas, con hombres de empresa, con hacendados y hasta con eclesiásticos, que al ver que el Gobierno no desarrolla la política acorde con sus propias ideas políticas, enseguida no piensa que la solución puede ser lograda por los procedimientos democráticos, sino que cae enseguida en la tentación de pensar en la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas diciendo con una ligereza propia de irresponsabilidad e inconciencia que “Esto no puede seguir así, que son las fuerzas Armadas las que tienen que hacerse cargo de la situación para imponer el orden, que no pueden estas permanecer al margen de la situación”. Así, conciente o inconscientemente pretenden influir en nuestro ánimo para inducirnos a que nuevamente las Fuerzas Armadas intervengan en la vida política del país.

No tengo ninguna duda de que esto es lo peor que les puede pasar a las Fuerzas Armadas…

Tenemos que proceder en forma tal que si se diera el caso de que quienes cayeron en abril del año pasado pudieran estar hoy con nosotros y preguntarnos la razón de su sacrificio debemos proceder, digo, en forma tal que sin ninguna dubitación estemos en condiciones de responderles que su sacrificio hizo posible el reencauzamiento en la vida institucional de nuestro país, que su sacrificio hizo posible que el país volviera a tener un gobierno surgido de elecciones y que su sacrificio nos sigue comprometiendo hoy, como siempre, a sostener ese orden institucional, a jugarnos cuantas veces sea necesario por el imperio de la Constitución y las leyes.

El fracaso de este régimen institucional que existe hoy en el país, que es el producto de las elecciones que se realizaron el 7 de julio de 1963, por voluntad de las fuerzas armadas, puede llegar a ser el fracaso de éstas, con esto va dicho en forma suficientemente clara, cómo debe y está dispuesto el Ejército a defender este régimen institucional. No deben sorprendernos ni afectarnos las versiones antojadizas que hoy corren y que hacen aparecer a determinados oficiales superiores con propósitos o intenciones no acordes con los esfuerzos que realiza la institución. Debemos tener plena conciencia de que la cohesión y la disciplina que son hoy realidad en el Ejército, molestan, son motivo de preocupación para quienes no desean que se materialicen los objetivos perseguidos durante las luchas de los recientes años… (La Nación, 5 de julio de 1964).

Discurso del general Onganía, Comandante en Jefe del Ejército, en West Point, EE.UU.

El sometimiento de las instituciones armadas a los poderes constituidos, hace a la esencia de la organización política americana, toda vez que sus gobiernos reposen sobre el principio de la soberanía del pueblo y que los poderes republicanos son los únicos en que la voluntad popular ha delegado el ejercicio de la autoridad.

Las Fuerzas Armadas son el brazo fuerte de la Constitución y ésta sobrevive, en tanto y en cuanto se desenvuelva en forma natural y pacífica, el ejercicio de los poderes de gobierno que sus normas estatuyen; no es, pues, legalmente concebible que ese brazo, creado precisamente para sostenerla, se vuelva par sustituir, injustamente, a la voluntad popular…

Es preciso hablar sin eufemismos, con el lenguaje preciso y directo que caracteriza al diálogo entre los hombres de armas.

La subordinación es debida a la autoridad del gobierno en cuanto ésta emana de la soberanía popular, en cuyo nombre la ejerce, conforme a los preceptos constitucionales. El acatamiento es debido y referido en última instancia a la Constitución y a sus leyes; nunca a los hombres o los partidos políticos que circunstancialmente pudiesen detentar el poder público.

Si esto fuese así, quedaría trastocada la misión fundamental que compete a las Fuerzas Armadas; dejarían de ser apolíticas y se convertirían en guardias pretorianas al servicio de determinadas personas o agrupaciones políticas…

Está claro entonces, que tal deber de obediencia habrá dejado de tener vigencia absoluta, si se produce al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno, o un violento trastrocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes, o un ejercicio de la potestad constitucional que presuponga la cancelación de las libertades y los derechos de los ciudadanos.

En emergencias de esa índole, las instituciones armadas, al servicio de la Constitución, no podrían, ciertamente, mantenerse impasibles, so color de una ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima, ya que es de toda evidencia el hecho de que contra el sistema de la democracia representativa, puede atentarse con menos efectividad desde el llano que desde el gobierno. (La Nación. Buenos Aires, 7 de agosto de 1964).

Artículo del teniente coronel Alberto Garasino

Para la ruptura de la legalidad han intervenido siempre, en la Argentina, tres factores objetivos: Gobiernos, Fuerzas Armadas y un clima o ambiente previo de agitación en la población civil, que al conjugarse en un determinado punto del proceso han precipitado la caída de las autoridades de turno. El Gobierno “interviene” con sus errores y su apatía, galvanizando a la oposición y desalentando a sus propios partidarios; los partidos políticos y los factores de poder, auxiliados por la prensa importante, crean el clima que hace aceptable el salto ene l vacío, y, finalmente, las Fuerzas Armadas actúan provocando la caída final…

Exceptuando el período presidencias frondizista, en cuyo lapso las autoridades militares abandonaron el papel tradicional de caja de resonancia, para convertirse en mayor o menor grado en partidarios definidos de la formación del clima necesario para la propia intervención…

Las fuerzas Armadas han comenzado a ser vinculadas otra vez, en el comentario público, con un golpe de Estado. La ola de rumores, vaga y dispersa durante los últimos meses, pareció haberse afirmado con la llegada de julio, coincidiendo así con el ya clásico período anual de grandes perturbaciones políticas…

En la medida en que pierda prestigio por incapacidad para resolver los problemas de orden general, precipitará la creación del clima necesario para que esa legalidad fracase, o para que la opinión pública dude de la misma como elemento clave en la vida nacional…

Otra nota característica del mecanismo golpista en la Argentina es que los errores gubernamentales no logran por sí mismos producir un derrocamiento a plazo breve, y, por lo tanto, es necesario subrayarlos repetidamente con dos acusaciones que tienen una profunda repercusión en la sensibilidad general: “infiltración comunista” y “corrupción”. El país asiste ahora a la apertura de esos frentes, y si esa acción se consolida, la Fuerzas Armadas, como ha ocurrido otras veces, serán el blanco de una intensa acción psicológica destinada a conmover sus fibras nacionalistas y su sentido moral. Luego deberán descubrir, en los momentos decisivos, cuál es la dosis de verdad que encierran campañas de ese tipo.

El panorama se complica porque existen actualmente equipos civiles autónomos que, en previsión del golpe que creen ineludible, preparan por su cuenta planes de gobierno para ser ofrecidos a las fuerzas armadas, a las que consideran, simultáneamente, inevitables ocupantes del poder e inhibidas de trazar sus propios programas de acción. (Confirmado, 23 de julio de 1965).

Acta de una presunta reunión del COMISE

En la ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre de 1964, siendo las 18.30 horas, se reúne el Consejo Militar Secreto (COMISE), en sesión periódica ordinaria, bajo la presidencia del S. E. El señor secretario de Guerra, general de brigada (R.E.) D. Ignacio Ávalos, e integrado en la oportunidad por el señor Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Juan Carlos Onganía; general de división Dr. Pascual A. Pistarini; generales de brigada Jorge Shaw, Juan N. En Iavicoli, Osiris G. Villegas y Adolfo C. López, y coroneles Roberto M. Levingston, Edgard Sydney Collin y D. Luis A. Betti.

Considerando:

1)Las exposiciones realizadas por el señor general López y el señor coronel Levingston, sobre las situaciones políticas internacional e interna, de las cuales se desprende:

a. Un aumento previsible, a corto plazo de la tensión entre Occidente y el mundo socialista.

b. La posible y rápida cubanización del proceso revolucionario boliviano.

c. El constante y progresivo deterioro de la situación política e institucional argentina, con las consiguientes repercusiones en los campos económicos y sociales.

d. La carencia evidente de un adecuado plan de gobierno por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

e. La aparición de síntomas de corrupción administrativa organizada, que comienzan a afectar la imagen creada en torno al Dr. Illia.

f. La falta de un adecuado e inteligente respaldo partidario al Poder Ejecutivo Nacional.

g. La vigorización del peronismo en lo que hace al espíritu de lucha y voluntad de irrumpir en la vida cívica nacional a cualquier precio.

h. El conocimiento concreto de la voluntad de Perón de influir con su presencia en el proceso político nacional.

i. El fracaso de la solución final del caso Perón (Operación Aurora).

j. El fracaso electoral que pueden presentar para el gobierno las elecciones de marzo próximo.

k. El proceso de imprevisibles consecuencias que puede desencadenar ese fracaso.

l. El cocimiento concreto de aspiraciones en el campo “colorado”, con ramificaciones en las esferas oficiales.

m. La falta de garantías que ofrecen las negociaciones con representantes oficiosos del peronismo, respecto al condicionamiento de la actuación de este movimiento en la política interna o su ni injerencia en la política exterior del país (acápite A) del capítulo II; su actitud ante los movimientos populares (de la resolución conjunta final de la última conferencia de comandantes en jefe de ejército americanos).

n. La debilidad manifiesta en la conducción política superior de las otras fuerzas, circunstancia que gravita desfavorablemente sobre sus respectivos cuadros y desplaza el centro de gravedad de la responsabilidad sobre la fuerza del Ejército.

o. La repercución desfavorable en los cuadros del Ejército de todos los puntos enunciados precedentemente.

2)Los informes de los señores coroneles Collin y Betti, referentes a sus conversaciones oficiosas con los doctores Atilio Palmero y Germán López, de los cuales se desprende:

a. Existe un infundado optimismo en las esferas del gobierno respecto a las posibilidades electorales del partido gobernante, en marzo próximo.

b. Análoga situación con respecto a la posibilidad de neutralizar a la CGT y al sector denominados “Las 62”.

c. Falta de sentido de la realidad nacional y en particular en sus campos de acción por parte de los citados funcionarios.

3)Las obligaciones que impone la resolución conjunta final de la última conferencia de comandantes en jefe de los ejércitos americanos, respecto a la necesidad de mantener, a cualquier precio, las situaciones de equilibrio interno creadas en los respectivos Estados, con el fin de asegurar las mejores condiciones de intervención ante cualquier foco subversivo internacional.

4)La impresión recogida por los señores generales Pistarini e Iavicoli en sus recientes visitas a México y Perú respecto a los peligros de una generalización del proceso revolucionario comunista en América Latina, lo cual obliga a alertar sus propias fuerzas.

Dentro de los fines superiores de lo establecido en los acuerdos internacionales dentro del marco de la Organización de Estados Americanos y ratificados en la última conferencia de comandantes en jefe de ejércitos americanos.

Se resuelve:

I. Hacer llegar al Poder Ejecutivo Nacional, en forma oficiosa y a título de sugerencia personal, las inquietudes que se desprenden a los acápites c, e, e, f, g, h, j, k, y o.

II. Sondear el pensamiento del Dr. Illia respecto a las posibilidades de reorganizar su gabinete conforme a las necesidades del actual momento y dentro de una línea extrapartidaria y afín con los intereses de la defensa nacional.

III. Adecuar la reorganización del Ejército en cuanto hace a los nombramientos y designaciones, adaptándolo a las posibilidades de tener que enfrentar y conjurar una situación de crisis total durante los primeros meses del año 1965.

IV. Organizar, con carácter de urgencia, la Operación Crepúsculo, con el fin de dar solución final e integral al problema.

V. Estimular la creación dentro del peronismo de nuevas líneas internas condicionadas a los objetivos externos del país, aprovechando para ello la influencia de personalidades dentro del propio movimiento, como las del doctor Matera y Sapag.

VI. Comenzar los contactos en forma oficiosa y reservada con las otras fuerzas, respecto al cumplimiento del punto III de esta resolución.

VII. Fijar como fecha tope para la ejecución de esta resolución el día 2 de diciembre próximo, para lo cual:

a. La ejecución de los puntos I y II resultan ser de competencia.

b. La ejecución de los puntos III y VI resultan ser de competencia exclusiva del señor Comandante en Jefe del Ejército.

c. La ejecución de los puntos IV y V es de competencia exclusiva del señor coronel D. Roberto M. Levingston. (Época, Montevideo, 13 de agosto de 1965).

Declaración de la CGT al producirse el golpe de junio de 1966

La Confederación General del Trabajo, que no puede constreñirse al papel de mera espectadora de los procesos sociales, políticos y económicos de nuestro País, lo que significaría eludir la responsabilidad que su representatividad le confiere, ante un nuevo hecho que altera sustancialmente el estado de cosas imperante hasta el día lunes 27 ppdo., considera ineludible asumir u ejercer el derecho de emitir su opinión al respecto ante la clase trabajadora y ante la Nación.

En tal sentido, dos aspectos tiene que ser debidamente considerados y evaluados a fin de emitir responsablemente la opinión de esta Central Obrera: primero, por qué se produjo la crisis que suplantó al Gobierno en la noche del 27 del corriente, y luego, qué espera nuestro movimiento de esta nueva instancia de nuestra coyuntura nacional.

En el primer aspecto, bastaría con reproducir literalmente las reiteradas y expresas advertencias que públicamente formulara esta Central a los Poderes Públicos, que ejercían el gobierno nacional; ello de por sí pondrá en evidencia que el estado caótico en lo social, político y económico, engendraban día a día la falencia del poder constituido, la falta de autoridad y la carencia total de representatividad.

Una vez más, el caos fagocitaba a sus responsables. Una vez más el gobierno fue víctima de sus propios actos.

La Confederación General del Trabajo no se regocija por esto. No es responsable de lo acontecido. Opinó cuantas veces fue necesario; peticionó y exigió las soluciones mínimas indispensables para los trabajadores y el País; luchó por esas soluciones en las calles y allí dejó el testimonio doloroso de las víctimas inocentes abatidas por un sistema que negó soluciones humanas e ineludibles; no colaboró en el ascenso al poder de ese gobierno.

El movimiento militar que el 27 de junio tomó el Poder, constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país. ¿Qué se espera de esta nueva etapa de la vida nacional? La Confederación General del Trabajo, en representación del movimiento obrero, le plantea objetivamente sus puntos de vista al respecto.

En primer lugar, sostenemos la necesidad impostergable de rehacer la unidad nacional, destruyendo para siempre el concepto antihistórico de réprobos y elegidos: la eminente condición humanista y de fuerte contenido nacional de nuestro movimiento, exige una clara y leal actitud positiva que, desterrando el odio sembrado por los ideólogos de la desunión, reivindique la dignidad de los argentinos en la comunión de los superiores intereses nacionales, dentro de un ámbito de libertad y justicia social.

En definitiva, al filo de la partida de una nueva etapa histórica nacional, la CGT, consciente de su responsabilidad propone soluciones y demanda la participación que le corresponde en un verdadero proceso de progreso argentino. La expectativa general intuye que es menester arrancar de esta hora cero hacia el futuro que todos ambicionamos. (Clarín, 30 de junio de 1966).

Informe de una presunta reunión de jefes militares en el Comando en Jefe del Ejército meses antes del golpe de 1966

Pistarini: se viene las elecciones de 1967 y 1968 y los peronistas nos van a taponar a votazos. Y el gobierno anda a los tumbos, sin acertar una. Y encima de todo, exhibe falta de autoridad.

Caro: Yo he sido uno de los tres generales con Rauch y Onganía, que encabezamos el movimiento legalista azul. Entonces, en setiembre y abril, cuando presidía Guido, echamos a más de 400 oficiales por querer hacer lo mismo que ustedes pretenden ahora. Y eso que ellos tenían más argumentos, justificativos más legítimos, porque nosotros, para decir la verdad y no engañarnos con filosofías, defendíamos un gobierno endeble, que sin nosotros se caía solo, soplándole un poquito nomás. ¿Qué justificaciones les daremos ahora a esos oficiales? No, señores, yo no me cambio de divisa. No pienso borrar con el codo lo que escribí con la mano y que nos costó bastante sangre. Y no era sangre de enemigos de la patria. Era sangre de hermanos nuestros, de conscriptos, suboficiales y oficiales. De este modo que, señor comandante en jefe, si usted piensa dar el golpe, desde este mismo momento le pido formalmente mi retiro.

Iavicoli: Pero, Negro, vos entendiste todo mal. Agarraste para le lado de los tomates. Esto es sólo una conversación amistosa, para cambiar ideas, nada más. No hay nada resuelto. No hay nada inmediato. A lo mejor las cosas se arreglan y aquí ni ha pasado nada. Créeme, Negro, estas ofuscado y no la pensaste bien. Estas totalmente erróneo (sic).

Alsogaray: si vos me decís cómo paramos a los peronistas, yo te aseguro que nos quedamos quietos.

Caro: le reitero, mi general, que en el momento que se decida a dar el golpe tendrá automáticamente mi pedido de retiro. Quiero salir por la puerta ancha… con la frente alta… yo respeto la Ley y la Constitución… yo no me olvido, vuelvo a repetírselo, que salimos con los tanques y derramamos sangre porque queríamos, de una vez por todas, la legalidad y que dejáramos de politiquear en los casinos (de oficiales)…

Pistarini:

Pero, Caro, termínela… ¿O usted cree que soy un golpista?

Caro: bueno, mi general, por las cosas que usted acaba de decir, creo que se inclina por esa salida. (inédito, 27, de setiembre de 1967.)

Acta del derrocamiento del presidente Illia

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 5.20 horas del día 28 de junio de 1966, en el despacho del Exmo. Sr. Presidente de la Nación Argentina, doctor Arturo Humberto Illia, se encuentran reunidos acompañando al primer Magistrado ministros, secretarios de Estado, secretarios de la presidencia, subsecretarios, edecanes del señor presidente, legisladores, familiares y amigos.

El señor Presidente de la república se encuentra firmando un documento, mientras que un colaborador aguarda a su lado para hacerse dedicar una fotografía. En ese instante irrumpe en el despacho un general de la Nación, precedido por el jefe de la Casa Militar, brigadier Rodolfo Pío Otero, una persona de civil y algunas otras con uniforme militar. El mencionado general se ubica sobre el lado izquierdo del señor presidente y pretende arrebatar una fotografía que el doctor Illia se presta a firmar…

El presidente de la República impide con gesto enérgico semejante actitud, produciéndose entonces el siguiente diálogo:

General: ¡Deje eso! ¡Permítame…!

Varias voces: ¡No interrumpa al señor presidente!

Presidente: ¿Cállese! ¡Esto es mucho más importante que lo que ustedes acaban de hacer a la República! ¡Yo no lo reconozco! ¿Quién es usted?

General: Soy el general Alzogaray.

Presidente: ¡Espérese! Estoy atendiendo a un ciudadano. ¿Cuál es su nombre, amigo?

General: ¡Respéteme!

Colaborador: Miguel Ángel López, jefe de la secretaría privada del doctor Caeiro, señor presidente.

Presidente: Este muchacho es mucho más que usted, es un ciudadano digno y noble. ¿Qué es lo que quiere?

General: Vengo a cumplir órdenes del comandante en jefe.

Presidente: El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas soy yo; mi autoridad emana de esa Constitución, que nosotros hemos cumplido y que usted ha jurado cumplir. A lo sumo usted es un general sublevado que engaña a sus soldados y se aprovecha de la juventud que no quiere ni siente esto.

General: En representación de las fuerzas Armadas vengo a pedirle que abandone este despacho. La escolta de granaderos lo acompañará.

Presidente: Usted no representa a las fuerzas Armadas. Sólo representa a un grupo de insurrectos. Usted, además, es un usurpador que se vale de la fuerza de los cañones y de los soldados de la Constitución, para desatar la fuerza contra el pueblo. Usted y quienes lo acompañan actúan como salteadores nocturnos que, como los bandidos, aparecen de madrugada.

General: Señor pres… Dr. Illia…

Varias voces: ¡Señor presidente! ¡Señor presidente!

General: Con el fin de evitar actos de violencia le invito nuevamente a que haga abandono de la Casa.

Presidente. ¿De qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes en la República. Ustedes provocan la violencia, yo he predicado en todo el país la paz y la concordia entre los argentinos, he asegurado la libertad y ustedes no han querido hacerse eco de mi prédica. Ustedes no tienen nada que ver con el Ejército de San Martín y Belgrano, le han causado muchos males a la Patria y se los seguirán causando con estos actos. El país les recriminará siempre esta usurpación, y hasta dudo que sus propias conciencias puedan explicar lo hacho.

Persona de civil: ¡Hable por usted y no por mí!

Presidente: Y usted, ¿Quién es, señor…?

Persona de civil: ¡Soy el coronel Perlinger!

Presidente: ¡Yo hablo en nombre de la Patria! ¡No estoy aquí para ocuparme de intereses personales, sino elegidos por el pueblo para trabajar por él, por la grandeza del país y la defensa de la ley y la Constituci+ón Nacional! ¡Ustedes se escudan cómodamente en la fuerza de los cañones! ¡Usted, general, es un cobarde, que mano a mano no sería capaz de ejecutar semejante atropello!

General: Usted está llevando las cosas a un terreno que entiendo no corresponde.

Dr Edelmiro Solari Yrigoyen: ¡Los que somos hijos y nietos de militares nos avergonzamos de su actitud!

Presidente: Con este proceder quitan ustedes a la juventud y al futuro de la República la paz, la legalidad, el bienestar…

General: Dr, Illia, le garantizamos su traslado a la residencia de Olivos. Su integridad física está asegurada.

Presidente: ¡Mi bienestar personal no me interesa! ¡Me quedo trabajando aquí, en el lugar que me indican la ley y mi deber! ¡Como comandante en jefe le ordeno que se retire!

General: ¡Recibo órdenes de las Fuerzas Armadas!

Presidente ¡El único jefe supremo de las Fuerzas Armadas soy yo! ¡Ustedes son insurrectos! ¡Retírense!…

Perlinger: Señor Illia, su integridad física está plenamente asegurada, pero no puedo decir lo mismo de las personas que aquí se encuentran. Usted puede quedares, los demás serán desalojados por la fuerza…

Presidente: Yo sé que su conciencia le va a reprochar lo que está haciendo. (Dirigiéndose a la tropa policial) A muchos de ustedes les dará vergüenza cumplir las órdenes que les den estos indignos, que ni siquiera son sus jefes. Algún día tendrán que contar a sus hijos estos momentos. Sentirán vergüenza. Ahora, como en la otra tiranía, cuando nos venían a buscar a nuestras casas también de madrugada, se da el mismo argumento de entonces para cometer aquellos atropellos: ¡cumplimos órdenes!

Perlinger: ¡Usaremos la fuerza!

Presidente: ¡Es lo único que tienen!

Perlinger (dando órdenes): ¡Dos oficiales a custodiar al doctor Illia! ¡Los demás vancen y desalojen el salón! (Inédito,21 de junio de 1967).

Análisis del dirigente peronista John William Cooke del golpe de Estado de 1966

La imagen que buscaba implantar en el pensamiento de la gente, de un gobierno al borde del abismo y las FF.AA. tratando de salvarlo de su propia locura y de salvar sobre todo al país, hasta que al final, viendo que no había ninguna esperanza de rectificaciones, no le quedó sino proceder quirúrgicamente, es una construcción de la propaganda y además, una de las expresiones del modo de pensar, de la imagen de sí mismos y de los otros nucleamientos que tienen nuestras corporaciones militares…

La afirmación sobre la prescindencia mantenida por las Fuerzas Armadas, salvo para orientar al gobierno con buenos consejos y llamados de atención sobre peligros que éste descuidaba es absolutamente falsa.

1ro. No es verdad que las FF.AA. intervinieron en última instancia, ante una situación anárquica. Ellas eran el factor principal de esa anarquía, pues no solamente constituían una amenaza permanente para el gobierno, sino que toda la política estaba condicionada por esa circunstacia. Los partidos y grupos opositores predicaban el golpe y actuaban en una forma que trataba de aumentar las apariencias caóticas de la situación nacional, porque sabían, como todo el mundo, que se podía jugar esa cartas con muchas posibilidades de acertar.

2do. Nadie se llama a engaño con respecto al sentido de esa “colaboración” de los hombres de armas. En todo caso, el argumento vendría a ser así: derrocaron al presidente porque no les hizo caso; para que lo dejasen gobernar debía actuar en la forma que el indicasen. ¡Bravo! Esa es la “sincera” y “desinteresada” colaboración. Claro que ésa, como las restantes afirmaciones del documento de la Junta Revolucionaria, parten del mismo dogma: el de que las FF. AA. Tienen razón, son la razón. Si hubiesen sido respetuosas de la misma legalidad que ellos impusieron, debieron haber asesorado, aconsejado y atenerse a lo que el P.E. resolviese. Para eso la Constitución ha establecido los centros de decisión, y los principios que dicen sostener las FF.AA. se basan en que no sean suplantados por otros.

3ro. De las discrepancias que existían con la acción del gobierno radical, la popular no tenía como expresarse. Nadie pensó, en el régimen, que valía la pena que se expresase. Pero las restantes, las que son parte del régimen, gozaban de todas las garantías y medios para hacerse conocer. Si el gobierno noles prestó atención, aparte deque no le aconsejaban nada que fuese más beneficiosos para el país que lo que ya se estaba haciendo, no hizo más que acogerse a la ley. Lo que ocurre es que una cosa son las opiniones, a favor o en contra del gobierno, y otra cosa las opiniones respaldadas con cañones, tanques, soldados, aviones, submarinos y portaaviones. No es la mayor dosis de verdad o de razón lo que confirió peso al asesoramiento militar, sino sus armas, que por cierto no se les han dado –y pagado-para que hagan valer sus opiniones políticas.

4to. Ni siquiera pueden alegar –lo que sería moralmente argumentable aunque constitucionalmente la calificación no variaría-que encontronazos con el gobierno se produjeron por defender posiciones populares y de interés para la Nación. Ya hemos definido negativamente al presidente depuesto, pero los puntos de irritación con el Ejército no demuestran que éste fuese el que sostuvo las mejores posiciones: las FF.AA querían mandar tropas de ocupación para ayudar a Estados Unidos en el crimen contra el pueblo de la República Dominicana, Illia no; querían que se interviniesen las universidades, Illia no; querían darle impulso a la Fuerza Interamericana de Paz para que existiese un guardián armado permanente que custodiase los intereses norteamericanos y de las oligarquías continentales, Illia no tenía igual entusiasmo; las FF.AA. querían medidas en Tucumán contra la “acción roja”, Illia no las tomó; en el problema limítrofe con Chile, las FF. AA. Querían proceder violentamente, Illia no. Esto es suficiente y no necesitamos seguir la enumeración con asuntos menores. En todas las controversias conocidas; aun dentro de una política que estaba subordinada a los designios imperialistas, la actuación del presidente si hubiese respondido al asesoramiento de las FF.AA. hubiese sido infinitamente peor y aún más grande el bochorno nacional. (El Peronismo y el golpe de Estado, 1966).

Declaraciones del ex presidente, Arturo Illia

Todo ha sido destruido. Desapareció el sistema Republicano, es decir la República… Actuando como subproductos de cualquier matonismo totalitario, erigen un sistema tribal de gobierno, primitivo e infrahumano.

Y casualmente se da como una de las excusas, la de combatir al comunismo. Pero contribuyen, por el contrario, a crear la previa mentalidad totalitaria, sirviendo –como todas las dictaduras-a facilitar el advenimiento de lo que dicen combatir.

Como todos los aprendices de brujo, aparecen como mortales enemigos de las construcciones permanentes, y así las improvisaciones, el aniquilamiento de la seguridad colectiva, la intimidación y el miedo; como su consecuencia, la reaparición de la casa de roedores donde cada uno hará su pequeña cosecha de despojos. (Inédito, 26 de octubre de 1966).

Discurso del presidente Onganía

La patria no es un conjunto de apetencias; no es una mera expresión geográfica ni es la suma de sus índices económicos y sociales. La patria es una empresa en la historia y una empresa en lo universal. La patria es una síntesis trascendentes que tiene fines propios que cumplir.

Los partidos políticos algún día tendrán que ser reemplazados por otras organizaciones, igualmente políticas, basadas en el ideal antes que en prejuicio, con lealtad primaria y viva a la Nación antes que el grupo y que miren más a la Argentina que hemos de construir que a la Argentina que hemos dejado atrás.

…La desaparición de los partidos políticos, del Congreso Nacional,atc., significa que el país no tolera formas vacías de contenido que ha sacrificado las apariencias formales para recuperar la verdad íntima con sujeción a la cual aspira a vivir. Por ello ha sido la primera preocupación del gobierno de la Revolución echar las bases de una sana comunidad. La comunidad tiene si célula en lo que al régimen político atañe, en la municipalidad, que debió constituir siempre la piedra angular de la democracia argentina, no de la democracia hueca, sino de la que nosotros queremos, rica en contenido, construida de abajo hacia arriba.

Para que esta democracia sea auténtica, el país tiene que revitalizar la comunidad. No lo será mientras no sean representativos sus órganos básicos.

El país se encamina resueltamente a su grandeza…No permitamos que problemas materiales inmediatos ofusquen una vez más nuestra visión. La crisis del país es de carácter espiritual. Se relaciona con el descreimiento i la falta de fe en las instituciones de gobierno (La Nación, 3 de diciembre de 1966).