Para Ileana desde ahora, desde cualquier parte

Nos quitaron tanto que se llevaron nuestro miedo.
Graffiti

Introducción

Antes del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieran a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales, en este estado los desaparecidos por el narco eran casos de todos los días que nadie volteaba a ver. Desde que en mayo de 2010 se localizó en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres —cuyo rescate duró más de una semana— hasta las narcofosas descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala, los hallazgos no pararon.

Hice un reportaje para la revista Esquire sobre esta atrocidad. Antes, en julio de 2014 lo había enviado a otro medio nacional que no le dio mucha importancia. Esquire aceptó publicarlo cuando el caso de los normalistas desaparecidos ya era noticia internacional. ¿Por qué a nadie le interesó antes lo que estaba pasando en Guerrero? ¿Por qué nadie volteó a ver los cientos de desaparecidos, no en pueblos perdidos, sino en lugares tan conocidos como Taxco, Acapulco, Chilpancingo? ¿Por qué se creyeron el discurso del Estado de que todas las víctimas tenían algo que ver con el narco?

Mientras seguía el caso de una chica de 15 años que había desaparecido en Zumpango en diciembre de 2013, conocí a Leonid Arreaga Martínez, el antropólogo forense que la halló seis meses después en una fosa clandestina junto con otras 13 personas. Leonid, único en su tipo en Guerrero, empleado del Servicio Médico Forense, me hizo entender muchas cosas. Me dijo que el estado estaba plagado de fosas que seguramente nunca descubrirían porque no tenían cómo hacerlo. Recuerdo que le planteé usar una especie de escáner para monitorear el suelo en los focos rojos y con altos índices de asesinatos. Su respuesta fue una sonrisa de conmiseración hacia mí, y comprendí que eso jamás ocurriría. Y no ocurrió a pesar de que los familiares de otros desaparecidos, es decir, los ajenos al caso de los 43 normalistas, pidieron a la Procuraduría General de la República que usaran todos los medios disponibles para localizarlos.

Tuvieron que emprender ellos mismos la búsqueda y escarbar con sus uñas la tierra donde fueron hallando de a poco otros cientos más. Con Leonid y un colega suyo, el odontólogo forense Emilio Gregorio Ayala, contamos 197 desaparecidos de enero a agosto de 2014, y cuando le sumamos los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron 240. Una cifra espeluznante que nadie quiso ver hasta después de que el daño fue mucho mayor e irreversible: el monstruo creció alimentado de tantos cadáveres que cuando se le quiso parar fue imposible.

Quiero decir, nadie de afuera del estado había reconocido el tamaño del crimen que se estaba cometiendo en Guerrero, porque acá adentro, un puñado de hombres y mujeres ya se había armado en sus pueblos y comunidades para enfrentar con sus medios y sus armas a narcotraficantes y extorsionadores, los cuales, amparados por el cártel de los Beltrán Leyva, asolaban lo mismo ciudades que rancherías.

En junio de 2012, en Huamuxtitlán, región Montaña de Guerrero, surgió la primera autodefensa armada, antes incluso que en Michoacán, sólo que con una diferencia: acá las armas no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre, mientras que en Michoacán, aunque el fenómeno emergió más tarde, los cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato para las fotos de los titulares de los grandes diarios nacionales e internacionales.

El alzamiento de Huamuxtitlán fue visto por muchos medios sólo como una turba embravecida que rescató a unos secuestrados de un grupo que saqueaba la región y que casi linchó al alcalde sustituto en la plaza central. Pero fue más que eso. No fue el embrión, porque el embrión de la policía comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en noviembre de 1995, pero sí representó el inicio de una autodefensa más frontal contra un enemigo visible: el narco. Fue una declaratoria de guerra que la población lanzó contra un adversario inmenso e imbatible, cuando las cifras alcanzaban ya 10 mil asesinatos violentos en Guerrero (según datos forenses, los homicidios incrementaron 315% de 2004 a 2013).

En octubre de 2012, a Huamuxtitlán le siguió Olinalá, que tuvo mayor relevancia. A mediados de agosto de 2013, su comandanta Nestora Salgado García cobró notoriedad a partir de que la autodefensa que dirigía detuvo al síndico procurador del municipio, Armando Patrón Jiménez.

La comandanta había arrestado al síndico en Huamuxtitlán luego del asesinato de dos ganaderos en una carretera rural que conduce al municipio vecino de Cualac. Nestora tomó la decisión cuando se supo que después del atentado a los ganaderos había un sobreviviente desaparecido. La autodefensa fue en su búsqueda y llegó hasta Huamuxtitlán. En el sitio ya se encontraba Patrón Jiménez, quien había ido a recoger una camioneta en la que viajaban los ganaderos y transportaban una res. Nestora le reclamó que debería estar dirigiendo la búsqueda del sobreviviente de la matanza. El síndico no supo cómo explicar su presencia en el lugar. La autodefensa lo detuvo. El alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, entendió el acto como una provocación y ensanchó sus desavenencias con Nestora.

Se trataba de una lucha de poder. Las diferencias surgieron porque los narcos se paseaban por el pueblo sin que la policía municipal —que obedecía a Eusebio González— moviera un dedo. El propio González, que había asumido la presidencia municipal apenas un mes antes, fue denunciado de ser beneficiario de esa situación. La detención del síndico fue el error que el gobierno municipal buscaba que cometiera Nestora. El hecho se convertiría en la mejor coartada del gobierno para aprehenderla.

El 2 de diciembre de 2012, Telamacatzingo, pueblo perteneciente al municipio de Olinalá, siguió los pasos de la cabecera con otra mujer al frente: esta vez se trataba de la indígena nahua y profesora bilingüe Citlali Pérez Vázquez.

El 5 de enero de 2013, Ayutla de los Libres se sumó a los levantamientos, encabezado por otro indígena: el na’savi Bruno Plácido Valerio, tal vez de los dirigentes más sobresalientes junto con Nestora Salgado, pero con radicales diferencias en su forma de conducir las autodefensas. Mientras Nestora se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio recibió sólo una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptó cualquier cantidad de prebendas, desde playeras y radios para sus efectivos hasta una camioneta blindada en la que se transportaba; además, hizo de la residencia oficial del gobernador una casa donde entraba y salía sin mayores complicaciones.

De Ayutla de los Libres, Bruno y sus hombres saltaron 10 días después a Tecoanapa. Y ocho días más tarde, el 18 de enero de 2013, surgió en Iguala otra autodefensa, esporádica, sin mayores efectos ni dirigentes visibles. Para entonces, José Luis Abarca Velázquez ya era alcalde de ese municipio. Los sucesos violentos avanzaban con rapidez. El 8 de marzo de ese año, el síndico Justino Carvajal Salgado fue asesinado a unos pasos del ayuntamiento. En mayo, Arturo Hernández Cardona, dirigente de Unidad Popular, una organización de colonos y campesinos, fue desaparecido junto con otros siete integrantes. Tres, incluyendo a Arturo, aparecieron asesinados cuatro días después. De inmediato, las células sociales que conformaban Unidad Popular responsabilizaron al alcalde Abarca, quien posteriormente sería preso junto con su esposa, inmersos ambos en la trama que envuelve la desaparición de los 43 normalistas. No se sabía del todo por qué en Iguala no había surgido con fuerza alguna autodefensa hasta que el municipio se descubrió como el reino de Guerreros Unidos.

En enero de 2013 surgieron cinco diferentes autodefensas en Guerrero. Además de la liderada por Bruno en Ayutla y la llamarada de Iguala, el 21 de enero se rebelaron en Tixtla, a media hora de la capital, Chilpancingo; el 26 de enero en Cuetzala, Tierra Caliente, un movimiento que no terminó de germinar hasta febrero de 2014. Y una más en El Mesón, Ayutla de los Libres.

La de Tixtla fue una autodefensa diferente, más confrontada con el gobierno municipal al que acusaban de estar coludido con los narcos del lugar. El liderazgo más visible fue el de Gonzalo Molina González, muy cercano al de Nestora Salgado y Arturo Campos Herrera de El Paraíso, Ayutla.

¿Cómo se conformaron estos liderazgos en medio de una oleada de violencia que no respetaba a nadie? ¿De dónde sacaron valor estos hombres y estas mujeres para enfrentar, confrontar o al menos desafiar a una horda de nihilistas que como jinetes del apocalipsis sembraron y siguen sembrando el terror en Guerrero? Esta crónica busca hacer un retrato de las situaciones en las cuales el movimiento de autodefensas surgió, avanzó, creció y se extinguió al igual que sus dirigentes. De cómo el gobierno corrompió y tejió alianzas y de cómo encarceló a los que se mostraron renuentes.

Desde 2012, cuando emergieron en Huamuxtitlán, las autodefensas no han parado en Guerrero. No han parado porque los asesinatos, los hallazgos de fosas clandestinas, los desaparecidos, los secuestros y lo que se ha dado en llamar levantones no han dejado de ocurrir. La escalada de violencia no se ha detenido: no sólo en Acapulco —que fue desde 2005 el centro de la lucha entre el cártel de Sinaloa, aliado en ese momento de los Beltrán Leyva, y el cártel del Golfo—, sino en todo Guerrero. La cifra de muertes violentas va en aumento. Siempre en aumento. Y no es tremendismo.

La última autodefensa, surgida apenas el 11 de enero de 2016 en Teloloapan, región Norte, es un eslabón más de todas las que se han manifestado a lo largo de las siete regiones de Guerrero en muy diversos municipios: El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teloloapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande y Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla. En enero de 2014 emergió una autodefensa donde el gobierno del estado se resistía a que surgiera: Chilpancingo, y aunque si bien no fue en la mera capital, sí en seis pueblos pertenecientes al municipio: Ocotito, Mazatlán, Dos Caminos, Buena Vista, Barrio Viejo y Mojoneras. La autodefensa tardó otro año para acercarse 15 minutos a Chilpancingo: en febrero de 2015, al final, llegaron a la comunidad de Petaquillas, en la zona conurbada de la capital.

Todas estas irrupciones se formaron por un patrón, el mismo por el que continúan apareciendo: la población no quiere más, se niega a vivir atemorizada. Ha habido heroísmo en más de uno, pero también muchos excesos. No han tardado en aparecer las diferencias que han terminado en masacres. La más cruenta fue Xolapa, un pueblo cercano a Xaltianguis, donde el 7 de junio de 2015 dos grupos primero aliados y luego contrarios de la autodefensa se enfrentaron a balazos y hubo 16 asesinados. La explicación de uno de los comandantes, Salvador Alanís Trujillo, fue que se había tratado de una pelea por el control del territorio. Bruno Plácido, en cambio, ha dicho que al final la autodefensa terminó por ser infiltrada por el narco y minada desde adentro.

El fenómeno de las autodefensas en un estado con tres millones de habitantes, 500 mil de los cuales son indígenas empobrecidos, sigue tan vigente como desde el principio; por lo menos los motivos por los cuales se hizo presente. Al menos las razones por las que inicié esta crónica reporteada durante tres años. Desde Huamuxtitlán hasta Teloloapan, y desde Teloloapan hasta Tecpan, he contado 81 municipios donde grupos armados han desafiado al crimen organizado.

A pesar de todo, el narcotráfico sigue inamovible e imbatible: controla la ciudad más grande y más poblada, Acapulco, y el pueblo más recóndito y pobre, Zitlala; ha causado miles de muertes y ha desplazado a cientos de personas, imponiendo así la ley de la selva donde el Estado es débil o de plano inexistente. Sin embargo, ese vacío lo han llenado también hombres y mujeres que siguen creyendo en la armonía como norma y en la paz como sistema. Que si tuvieron que tomar las armas, que si siguen tomando las armas, ha sido para desarmar a los otros. Aunque en el intento pierdan la vida.

Huamuxtitlán, Montaña de Guerrero
Enero de 2016

1

—¿A dónde, jefe? —preguntó el chofer a Bruno Plácido Valerio, una vez que pagó la caseta de cobro de La Venta, en la entrada de Acapulco.

—Hacia Protur, Zarco —respondió Bruno sin dejar de atender el teléfono celular.

Zarco, un joven de veintitantos años, ojos aceitunados y barriga prominente, viró a la derecha. Aún quedaba un camino largo para llegar a las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero, el lugar donde Bruno se reuniría con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para tratar el cobro excesivo del servicio eléctrico en comunidades de la Costa Chica del estado.

—No te detengas por nada hasta llegar a Protur —instruyó.

Zarco pisó el acelerador.

Nunca pensé que el lugar donde me sentiría más inseguro en Acapulco sería dentro de una camioneta blindada. Una Denali GMC, blindaje nivel ocho, precisaría Zarco no sin cierta fanfarronería esa noche en Xaltianguis, el pueblo más grande de Acapulco, destino final de ese tercer día de seguir al comandante de una de las tres autodefensas más activas del estado. Los fraccionamientos de esta parte de la ciudad asomaron por la ventanilla mucho antes de llegar a nuestro destino. Los cristales blindados son tan gruesos que semejan anteojos de fondo de botella, de modo que vi la zona urbana desde una perspectiva diferente. Bruno iba haciendo llamadas. Nunca deja de atender cualquiera de los tres teléfonos que trae consigo. Escribe mensajes de Whatsapp en un smartphone, responde llamadas en una BlackBerry o contesta el Nextel Motorola Ferrari. Cada uno es para determinadas personas.

—No me gusta Acapulco, no me siento seguro —dijo Bruno, sin razón aparente, tras colgar para verificar dónde sería la reunión.

Salimos de Chilpancingo una hora antes, bajo una lluvia intensa. Era un lunes de julio de 2013 y pasaban de las cuatro de la tarde. Bruno venía saliendo de la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero donde concertó con el rector, Javier Saldaña Almazán, abrir cupo a treinta indígenas rechazados de nivel superior que se le acercaron para que mediara por ellos. La reunión la acordó un par de días antes, el viernes 26, en un restaurante del sur de la ciudad, donde además estuvo el recién nombrado presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava Romero, cuyo gremio pretendía que sus hombres entraran a patrullar la capital de Guerrero.

Muchos meses después, en enero de 2014, cuando por fin ingresen al valle de Chilpancingo, Jaime me contará cómo se acercaron al movimiento armado y cómo analizaron su incursión.

—Estábamos tan desesperados —recordará— que vimos en Bruno una especie de Robin Hood en esta jungla urbana.

El ingreso de un millar de hombres armados al municipio fue platicado muchas veces con el jefe de las autodefensas y los empresarios de la capital de Guerrero. Al menos en un par de ocasiones pude presenciar el hartazgo de esta gente de clase media frente al avance de la delincuencia y la creciente narcoviolencia. Durante los dos años anteriores, en Chilpancingo habían ocurrido escenas dantescas protagonizadas por los grupos locales de narcotraficantes que se peleaban la zona, los Rojos y el cártel de la Sierra. La pugna dejó cabezas cercenadas y desolladas regadas por la ciudad; hombres destazados arrojados afuera de una escuela secundaria a la hora de la entrada de los estudiantes; camionetas abandonadas con hombres amordazados, torturados y ejecutados dentro, muy cerca del ayuntamiento, en el centro de la ciudad. Mientras que el secuestro y la extorsión se extendían sin control como una plaga bíblica.

—Un año y medio intentamos acercarnos al gobernador para plantearle nuestra preocupación por la inseguridad y nunca nos hizo caso —dirá Jaime.

—¿Entonces vino el acercamiento con las autodefensas comandadas por Bruno?

—Y hasta entonces nos regresaron a ver. Voy a decirlo: nos acercamos a él porque estábamos desesperados y lo hicimos para ver si el gobierno nos volteaba a ver.

—¿Les funcionó?

—Sólo te digo que ahora he tenido reuniones para tratar el tema hasta con el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Pero para eso falta que pasen muchas cosas. Tantas o más como las que han pasado durante los últimos siete años en México y en Guerrero. Tantas o más como las que han pasado para que las autodefensas se extendieran de manera viral en Guerrero porque en todo este estado la violencia venida del narco se ha propagado como un virus mortal e inexorable. Tantas o más como para que uno de los jefes de la autodefensa viaje en una camioneta blindada, prestada por el gobierno del estado, rumbo a una reunión con delegados federales, por temor a que lo asesinen.

Y para eso Acapulco tuvo (y no, no es una metáfora) que bañarse en sangre. Y tuvieron que llegar los Zetas liderados por Tony Tormenta —entonces uno de los jefes del cártel del Golfo, asesinado en 2010—, en agosto de 2005, levantar a un jefe de la policía ministerial de Guerrero, Julio Carlos López Soto, ejecutarlo y dejar vivo a su escolta, Pedro Noel Villela Aguilar, para que diera el mensaje de que venían 120 Zetas más para partirle su madre a los Pelones. Los Pelones eran entonces los sicarios del cártel de Sinaloa, cuyo jefe, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, había escapado de una cárcel federal en 2001.

Y tuvo que ocurrir un enfrentamiento armado en la colonia Garita, Acapulco, en enero de 2006, donde policías municipales mataron a cuatro narcotraficantes. Y tuvo que venir la reacción de estos que, tres meses después, decapitaron a dos de los policías que participaron en la balacera y sus cabezas fueron dejadas en el mismo lugar donde fue el enfrentamiento con el mensaje: “Para que aprendan a respetar”. Y tuvieron que decapitar a ocho soldados en diciembre de 2008 y sus cabezas ser dispersadas en varios sitios de Chilpancingo. Y tuvieron que rodar más cabezas aún; y los transeúntes, los estudiantes y las amas de casa tuvieron que tropezarse con cuerpos destazados en calles y avenidas, afuera de escuelas y de parques públicos, afuera de hospitales y de centros comerciales.

Y tuvieron que morir docenas de niños alcanzados por las balas en fuegos cruzados e incrementarse en más de 315 por ciento el índice de muertes violentas de 2004 a 2013 —según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— y así sumar más de 10 mil asesinatos en ocho años para que miles de guerrerenses se alzaran en armas en Huamuxtitlán, Olinalá, Temalacatzingo, Ayutla hasta que sumaron cuarenta municipios, y gritaran todos, por fin, como un grito de guerra, que la delincuencia había dejado de ser organizada en el momento en que la gente comenzó a organizarse contra ella.

La primera vez que hice contacto con Bruno, también dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), membrete y apéndice civil y gestor de la autodefensa que comanda, fue vía telefónica. Una colega me proporcionó sus números con la advertencia de que nunca contestaba él, sino su secretaria; que no daba entrevistas largas, y que en cuanto se bajaba de la camioneta blindada sus escoltas lo cuidaban de tal modo que era difícil acercársele.

Cuando le marqué me respondió él. Le dije que quería entrevistarlo y me citó al otro día, el jueves 25 de julio, en un balneario de Chilpancingo, donde Jaime Nava asumiría la presidencia de la Coparmex. De un taxi se bajó un hombre delgado, de no más de uno sesenta de estatura, con huaraches, pantalón de mezclilla y camisa a cuadros, sin chofer ni escoltas, y me le acerqué sin problemas. Antes de que los reporteros se agolparan a su alrededor, me preguntó cuánto tiempo requería. Le dije que todo el necesario y aceptó. Entonces pensé en el mito que se construía en torno a Bruno desde aquel 5 de enero de 2013, cuando su grupo brotó como autodefensa en Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, y cinco días más tarde, el 10, en Tecoanapa.

Cubrí ese levantamiento armado que, en realidad, no había sido el primero. En 2012, en junio en Huamuxtitlán y en octubre en Olinalá, ambos municipios de la región Montaña, al oriente del estado, los pobladores ya habían decidido armarse para enfrentar a los delincuentes que se cobijaban en cárteles del narcotráfico para asolar sus cabeceras municipales. Sólo que ninguna autodefensa fue tan contundente, tan frontal y con tanta capacidad de expandirse como la que Bruno comandaría desde principios de 2013. Antes de la segunda semana de junio ya se había extendido a once municipios del estado, entre ellos Acapulco, donde tenía presencia en el poblado más grande: Xaltianguis.

Aquel 10 de enero llegué con otros reporteros a la cabecera municipal de Tecoanapa en un coche-sardina que fue detenido en la entrada por civiles armados y embozados; nos pidieron identificaciones y preguntaron a dónde íbamos. Eso hacían con todos los vehículos, así que decidimos cooperar. Al principio pensamos que los retenes eran de la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). La CRAC tiene una larga tradición en Guerrero. Fue fundada en noviembre de 1995 luego de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de ese año. Bien pudiera decirse que la CRAC fue una de las primeras expresiones de autodefensa que tuvo México desde el siglo pasado.

Bien pudiera decirse, pero no. Y no, porque ellos no se consideran autodefensas; no nacieron con ese espíritu sino como una policía con formación indígena popular forjada al amparo de los pueblos asentados en la zona donde se unen las regiones Costa Chica y Montaña. Bruno y su hermano mayor, Cirino, ambos nacidos en la Costa Chica, formaron parte de ella. La policía comunitaria fue creada en 1995 tras un largo debate en estos pueblos. El primer embrión brotó en Cuanacaxtitlán, poblado indígena de San Luis Acatlán, en septiembre de ese año, con un puñado de hombres que no rebasaban los cincuenta años de edad, mal uniformados y mal armados. Ahora, a diecinueve años de aquel acontecimiento, la CRAC tiene presencia en dieciocho municipios con un despliegue de más de dos mil quinientos hombres.

“La policía estaba en crisis”, dijo Bruno cuando por fin lo entrevisté en una fonda de Chilpancingo al octavo día de andar tras él. La crisis se debía a la matanza de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Costa Grande de Guerrero. Fue un episodio de violencia de Estado contra campesinos inconformes que ocurrió así: doscientos policías del estado masacraron a diecisiete miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur cuando se dirigían a una manifestación al ayuntamiento de Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de su compañero Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes antes. La versión salida del gobierno del estado fue que la tarea de los policías era persuadir a los campesinos para que no llegaran a protestar, pero las cosas se salieron de control y los agentes dispararon contra la camioneta en la que viajaban: mataron a diecisiete.

El gobernador de ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer, secundó a sus subalternos para cubrir la masacre y declaró, en el noticiero 24 Horas, el noticiero más visto no de Televisa sino de toda la televisión mexicana de entonces, que los campesinos eran violentos, que iban armados y que los policías no hicieron más que defenderse. No tardó mucho tiempo para que la misma empresa televisiva sacara un video de cómo se dio la matanza y de cómo la policía de Rubén Figueroa Alcocer le sembró un arma a uno de los cadáveres para simular un enfrentamiento. Nueve meses después de la matanza, antes de su tercer informe, Rubén Figueroa se vio obligado a renunciar.

Este episodio, al que desde entonces se le conoce como Masacre de Aguas Blancas, trajo más consecuencias consigo. Un año después, el 28 de junio de 1996, en el primer aniversario de los acontecimientos, surgió una guerrilla llamada Ejército Popular Revolucionario (EPR). El EPR —que en 1999 ya había sido diezmado por el Ejército mexicano— reivindicó la lucha armada como forma de autodefensa de los pueblos ante la violencia institucional y le declaró la guerra al gobierno. Los eperristas que se presentaron al acto conmemorativo formaban parte de las reminiscencias del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) que operó en la década de los ochenta en Guerrero y que a su vez era un reducto de la guerrilla que comandó Lucio Cabañas Barrientos en la sierra de Atoyac durante cinco años, de 1969 a 1974, con el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.

Aguas Blancas trajo, también, un intenso debate entre los pueblos indígenas que concluyó que ya no se podía confiar en la policía y, por lo tanto, se tenía que crear una propia. Los policías comunitarios, comandantes, coordinadores y consejeros que conforman la estructura de la CRAC son propuestos y nombrados por decisión de las asambleas, un método derivado de sus usos y costumbres. Sólo quienes gozan de mayor confianza entre la gente pueden formar parte de ella. Un par de años después crearon su sistema de justicia comunitario. Un sistema que hasta ahora les ha dado resultado: los principales, ancianos de las comunidades, y los consejeros imponen los castigos a los infractores. Si alguien es detenido por cometer algún delito se le somete a un proceso de reeducación: siembran, cosechan, desgranan maíz, pilan café, trillan frijol o reparan construcciones comunitarias, como la casa de salud, la iglesia o las escuelas. El tiempo que permanece en reclusión, que pueden ser semanas o meses, es de acuerdo con la falta cometida. A cambio, la gente le lleva de comer y tiene derecho a visita familiar.

Cuando descubrimos, aquel 10 de enero de 2013, que los embozados de Tecoanapa no eran de la policía comunitaria, fuimos a la Casa de Justicia de la CRAC en El Paraíso —una de las cuatro que entonces había en territorio indígena—, a menos de dos horas de distancia. Al llegar, por una carretera maltrecha y serpenteante, los principales y los consejeros ya se reunían en el atrio de la iglesia. A unos metros de allí están las celdas y alrededor se yergue un caserío de adobe y teja habitado por indígenas na savi. Un consejero regional, Arturo Campos Herrera, dijo que no eran ellos quienes hacían los retenes y que no respaldarían esas acciones, porque la CRAC no había nacido para combatir al narco.

La lucha contra el narcotráfico, en cambio, es el detonador de la autodefensa que comanda Bruno. Lo dejó en claro durante la entrevista que tuvimos en la fonda, cuando también me dijo que sumaban unos tres mil quinientos efectivos.

—La delincuencia dejó de ser organizada —dijo con triunfalismo— en el momento en que la gente empezó a organizarse.

Escribí la crónica de la irrupción de Tecoanapa para Cosecha Roja, una web de periodismo judicial con sede en Argentina auspiciada por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Cuando la mandé, excitado —debo decir que excitado—, el editor en jefe, Sebastian Hacher, me envió un mail para decirme que todo le parecía muy bonito, que escribí la crónica como si se tratara de un movimiento genuino, salido sólo del clamor de la gente, como si ningún otro factor estuviera atrás de él. Me planteó preguntas, me recordó que así había iniciado todo en Colombia, donde en muchos casos las autodefensas resultaron más demoledoras que el mismo narcotráfico y los paramilitares juntos, razones contra las que los colombianos agarraron las armas. Le respondí que sólo había descrito lo que había visto.

Y, en efecto, aquella ocasión, cuando comenzó todo en Tecoanapa, vi más entusiasmo que organización en la gente. En los filtros, en uno de los cuales habíamos sido retenidos, mientras unos hombres ordenaban a los automovilistas que se detuvieran, otros, casi al mismo tiempo, les pedían que avanzaran.

En otro punto, un anciano enjuto y nervioso revisaba la guantera de un vochito; luego regresó a su lugar, que no estaba tan seguro dónde era. Llevaba un machete y una mochila que le pesaba en la espalda. Cubría su cara con un pedazo de tela a cuadros, como de camisa, y sus huaraches estaban tan gastados que hacían pensar que no podría correr en caso de que fuera necesario.

Cerca de allí a un chico se le cayó la pistola que traía fajada en el cinturón. El incidente causó alboroto entre sus compañeros que estaban a un lado bebiendo Coca-Cola y almorzando tacos de pescado que la gente del pueblo les acarreaba.

—¡Cuidado con ésas, porque se disparan solas! —gritó un hombre entre la risa de los demás.

El chico, nervioso, con el rubor asomando entre los agujeros mal hechos del pañuelo que le cubría la cara, se agachó, levantó el arma y la metió otra vez en la pretina de su pantalón.

Cerca del lugar otro grupo de hombres encapuchados con escopeta al hombro hablaban con un poblador que se les acercó.

—¿Les gustó? —les preguntó el viejo de más de setenta años, refiriéndose a los tacos—. Yo les mandé los de birria.

Los hombres asintieron y agradecieron; luego les confesó que tenía miedo.

—Yo no tengo armas en mi casa —dijo—, y si los cabrones se enteran de que los estamos apoyando no sé qué vaya a pasar.

—Usted no se preocupe, nosotros tenemos controlada la situación —trataron de calmarlo.

El viejo se acercó más a los hombres y les platicó casi en secreto que había escuchado de un lugar donde había un cementerio clandestino.

—Allí van dejando a sus difuntos malogrados.

—¿Dónde es? —lo interrogó uno.

—Pues en un lugar que llaman Pochotes u Ochotes. ¡Sepa Dios!

—Tendríamos que buscar mucho y escarbar —intervino otro.

—Sí, será cosa de nunca acabar —dijo uno más.

—De todos modos, tarde o temprano nos va a dar la jediondeza —repuso el viejo como consuelo, y los demás asintieron con la cabeza.

La plática se interrumpió cuando un convoy de cinco vehículos, dos taxis colectivos y tres camionetas estaquitas, partió a una operación rumbo a las comunidades cercanas. Los carros iban llenos de ciudadanos armados, con más valor que estrategia en caso de que se hubieran topado con un convoy similar pero de narcotraficantes con rifles de asalto AK-47 y camionetas RAM.

La operación llamó la atención y causó expectación entre la gente que trataba de caminar, vender, comprar, estudiar, trabajar, de manera más o menos normal.

2

Crisóforo García Rodríguez, un hombre rechoncho y cincuentón que conocí coordinando los retenes en Tecoanapa, y que reencontré a la diestra de Bruno siete meses después, me contó que el 5 de enero de 2013 unos ochocientos pobladores de Ayutla sacaron sus armas de caza, escopetas, pistolas de bajo calibre, rifles calibre .22 y hasta machetes para rescatar a Eusebio Alvarado García, comisario de Rancho Nuevo y miembro de la UPOEG. Alvarado había sido secuestrado por narcos y fue liberado ese día, golpeado y maltrecho.

Los civiles organizaron redadas y se informaron con transportistas, campesinos y comerciantes sobre el posible paradero de los secuestradores y el comisario. En camionetas estaquitas y taxis colectivos iban y venían por toda la cabecera municipal y por los pueblos vecinos. Instalaron retenes en las entradas y las salidas. Y hasta dispararon contra un taxista que se bajó con su arma desenfundada cuando le hicieron el alto; los otros reaccionaron antes y le dieron seis balazos. Se llamaba Cutberto Luna Chávez, era chofer de la ruta a Acapulco y tenía cuarenta años. Los miembros de la autodefensa lo señalaron como halcón (informante de narcotraficantes).

Cutberto es uno entre tantos hombres que morirán ejecutados por las autodefensas desde que broten. Cuando surjan en Tixtla, el 21 de enero de 2013, matarán en un pueblo de este municipio, Atliaca, a otro chofer que se negará a detenerse. Se llamará Benito García Hernández, tendrá esposa y tres hijos, y esta vez la autodefensa lo acusará de ladrón. Más tarde, en febrero, matarán a un campesino en Ayutla, Adelfo Sánchez Hernández. Sus ejecutores dirán que era un narcotraficante que transportaba mariguana y armas largas. Será velado en su casa de bahareque. En junio, matarán en Xantianguis, Acapulco, a tres hombres a quienes acorralarán en el panteón del pueblo. La autodefensa alegará que fue un enfrentamiento.

Al otro día del levantamiento en Ayutla, los pobladores se reunieron y decidieron que ante el acoso de los narcotraficantes y el contubernio de la policía, ellos mismos iban a protegerse. Al tercer día instalaron puntos de revisión y control en los accesos y las salidas de la cabecera municipal, para identificar a los delincuentes y detenerlos. A los cinco días, el 10 de enero, llegaron a Tecoanapa, y antes de que terminara el mes detuvieron a 54 implicados en el narcotráfico; más tarde, anunciaron un tribunal popular para enjuiciarlos.

Sus acciones atrajeron la atención de los medios del país y el extranjero. El 31 de enero, en la cancha de usos múltiples de El Mesón, un pueblo caluroso de Ayutla, les leyeron los cargos: sicarios, halcones, dealers, secuestradores y hasta cobradores de piso (extorsionadores que exigen dinero a los comerciantes para dejarlos abrir sus establecimientos), y días después los entregaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bruno lideró la entrega, se reunió con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y éste lo llevó de la mano con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y su nombre cobró la notoriedad y la influencia que conserva hasta ahora.

3

En más de una ocasión fui testigo de episodios que revelaban justo cuánto pesaba el solo nombre de Bruno. No sólo que haya asistido a la juramentación de Jaime como dirigente de la clase empresarial, rica, de la capital de Guerrero, donde además se juntaron políticos de diferentes partidos y dirigentes de otros sectores adinerados, sino que pude ver la influencia que tenía en el gobierno. Sólo aquel viernes 26 de julio tuvo siete reuniones con gente del poder, del dinero y de la política: a las nueve de la mañana se reunió con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y una comisión de habitantes del poblado más grande del municipio de Acapulco, Xaltianguis, que se armó contra los ataques del narco el 12 de junio y que él supo capitalizar cuando entró con su autodefensa a hacerse cargo de la seguridad. Después, durante todo el mediodía estuvo con el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Marcelo Tecolapa Tixteco, y enviados federales de esa dependencia tratando el tema de ejes carreteros en pueblos de la Montaña y Costa Chica.

Más tarde, a las tres, se reunió con los jóvenes rechazados que le pidieron su intervención ante el rector, en las oficinas de la UPOEG. En este lugar, un galpón cuadrado de techo de lámina de asbesto, tres camastros al fondo, una parrilla con dos quemadores y unas cuantas bolsas de sopa de pasta y frijoles enlatados, ubicado a un costado del palacio de gobierno, conocí a su secretaria, Lupita. Morena, delgada, joven y recelosa, me preguntó qué quería de Bruno. Me lo dijo así, tuteándolo, como toda la gente cercana a él. Bruno esto, Bruno aquello. “Tus pastillas, Bruno”, le recordaban a menudo sus hombres cercanos. Nunca pude hablarle de tú. “Don Bruno”, le dije todo el tiempo que pude estar cerca de él para esta crónica. Y nunca me lo pidió.

De la breve estancia en su oficina salió a comer con Jaime y con el vicepresidente de la Coparmex, Francisco Osorio, en un restaurante de lujo al sur de Chilpancingo. También estuvo su hermano Cirino y el subcomandante de las autodefensas en el estado, Crisóforo. Aquí fue donde concertó la junta con el rector de la universidad que se llevaría a cabo el lunes siguiente. Javier Saldaña llegó solo; se sentaron en otra mesa. Conversó con Bruno acaso durante 10 minutos. Luego, ya parado, platicó un par de minutos más con Jaime, que le entregó unos papeles.

Cuando salimos Bruno no hizo intento de pagar; en cambio, le pidió a Zarco que lo hiciera. Zarco se fue hasta la caja de pago y pidió la cuenta. Fue una factura de más de 2 mil pesos. Zarco sacó una tarjeta de crédito o débito, no alcancé a mirar, y luego instruyó: “La factura será a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado”.

—Ésta es la comida más cara que he comido —dijo Bruno en la camioneta, luego de decirle al chofer hacia dónde dirigirse.

Nadie, nunca, sabe dónde estará la siguiente hora. Ni Zarco, ni Lupe, ni Cirino ni Crisóforo. Las recomendaciones acerca de hacia dónde dirigirse las da al momento, cuando el vehículo blindado está en marcha.

—A Casa Guerrero —había ordenado.

Antes, sin previo aviso, pasó a saludar a unos compadres de Ometepec que viven justo atrás de la residencia oficial del gobernador. Fue una visita rápida, casi de cortesía. En la camioneta iban, además de Bruno y yo, su hermano Cirino, Lupita y un escolta al que oí que sólo le decían Negro. Bajamos. Bruno tocó la puerta equivocada de una casa muy parecida a la que íbamos. En este lado de Chilpancingo todas las casas son muy parecidas: paredes altas rodeadas de alambrados electrificados, portones eléctricos y puertas con interfón y cámara de circuito cerrado.

Una vez en la casa correcta entramos todos, excepto Zarco y el escolta, que se quedaron resguardando la entrada. Bruno intercambió algunas impresiones con sus anfitriones. Le preguntó a su compadre, como para abrir la plática, sobre un asador de carne instalado en el patio de servicio y sobre la inversión que hizo en la casa. “Más de un millón de pesos”, le respondió. El asunto importante lo trataron a solas, adentro, en la sala, mientras los demás esperamos en el patio con un vaso de agua en la mano. Salieron a los cinco minutos, despidiéndose, afinando detalles de lo acordado. La comadre, de unos treinta y menos, se dio oportunidad de preguntarle por su mujer.

—En la casa, pues, con los chamacos —respondió Bruno.

Salimos.

—A Casa Guerrero —instruyó entonces.

La residencia oficial del gobernador del estado está a la vuelta. Bruno bajó de la Denali blindada, ordenó a Lupe y a sus escoltas que lo esperaran, y caminó hacia la puerta tres. Casi en cuclillas se asomó a la torre donde un guardia le dijo algo y Bruno marcó desde su celular.

—Compa —dijo—, ya estoy afuera.

“El compa”, que después supe era Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del gobernador, y el que le resuelve los asuntos de lobby, dio instrucciones para que lo dejaran entrar. Con él entramos Cirino y yo; más tarde se sumó Crisóforo.

—¿Usted viene con él? —me preguntó el guardia que abrió la puerta.

Bruno no esperó a que respondiera; sólo asintió con la cabeza. Entramos.

El vestíbulo estaba lleno. Funcionarios de distintos niveles en espera de ser recibidos. En el aire flotaba un olor a tabaco; era del puro que afuera chupaba el director de Transportes, Juan Larequi Radilla, en espera de su turno para pasar con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Bruno no tuvo que esperar. De inmediato fue cruzado a la oficina de Ernesto; el guardia que vigilaba la puerta lo dejó pasar sólo a él. Como Cirino no fue invitado aprovechó para dormitar en los confortables sillones del vestíbulo. En los intermedios, cuando tiene oportunidad durante el trajinar de su hermano menor, Cirino siempre dormita. Yo caminé por el pasillo donde tres secretarias hacían algo en sus escritorios separados por varios metros uno de otro. Hasta donde pude miré atrás de una puerta de cristal entreabierta a Ernesto alegar con Bruno. Sentado a un lado estaba otro hombre al que no logré identificar. Bruno se paraba, como amenazando salir. Oía la voz alta de Ernesto, lo veía caminar, tocar la mesa varias veces para reafirmar sus dichos... pero uno de los guardias se apresuró a cerrar la puerta.

Después de unos minutos Bruno salió con Ernesto detrás. Larequi y los hombres que esperaban al fin pasaron también. Esperaban al secretario de Gobierno para ser recibidos. Con ellos iba también un subsecretario. Ernesto y Bruno seguían hablando, hasta que por fin Ernesto lo llevó a una estancia más amplia, con paredes llenas de artesanías guerrerenses y espejos redondos de muchos tamaños en una esquina. Allí estaba Jesús Martínez Garnelo y otros funcionarios. Ernesto interrumpió lo que parecía una reunión previa y metió a Bruno. Bruno habló.

—Debemos reunirnos todos, todos los secretarios de despacho y la UPOEG para destrabar algunas cosas y caminar en los acuerdos —dijo.

—Sí, nos sentamos —respondió Ernesto.

—Pero antes siéntense ustedes, todos los secretarios, para que crucen información y cuando lleguen con nosotros ya no haya problemas.

—Eso déjanoslo a nosotros —repuso Ernesto.

—¿El lunes, a las nueve, entonces? —preguntó Bruno.

—El lunes.

El secretario de Gobierno y sus acompañantes apenas y atinaron a decir que sí o a asentir con la cabeza. Se despidieron de abrazo. Ernesto siguió dando instrucciones a los funcionarios.

Bruno se quedó con trabajadores del Departamento de Adquisiciones, esperando los papeles para que le entregaran una camioneta de doble rodada con 2 mil gorras, 2 mil playeras con las siglas de la UPOEG en el pecho y el escudo del estado de Guerrero en la espalda, rodeado de una leyenda: “Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana”; radios de telecomunicación y repetidoras para los efectivos de la autodefensa.

Hasta esa hora llegó Crisóforo, corriendo, pidiendo en la torre de la puerta tres que lo dejaran entrar porque venía con el señor Bruno Plácido Valerio. Los guardias confirmaron la información por radio. Adentro Bruno lo reconvino. “No, compa, ¿qué es eso de que se desaparece nomás como así?”

A la salida Bruno volvió a instruir a su chofer.

—Llévame a mi casa. Y, Crisóforo, lleva la camioneta a la oficina para descargarla y el lunes que se inicien a repartir con los muchachos. Que te acompañe Cirino.

La camioneta se marchó hacia un destino que nunca conocí. Bruno no muestra su primer círculo. No le gusta hablar de su familia; la ocasión que lo entrevisté me pidió que no le preguntara al respecto. Supe que su esposa se llama Paty porque a menudo hablaba de ella. Hacía referencia con su gente. Paty esto, Paty aquello. También supe que tiene cuatro hijos. Paty debe ser más joven que él, que tiene apenas 43 años.

Bruno me permitió estar en más de una ocasión en sus reuniones privadas; supongo que lo hizo para que atestiguara la influencia que tenía en las esferas de poder. Cuando íbamos para Acapulco, rumbo a la reunión que tendría con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad —que se hizo, luego de muchas vueltas, en un Sanborns de la Avenida Costera— nuestro destino final era, en realidad, Xaltianguis. Al siguiente día, el martes 30 de julio, el gobernador estuvo en el lugar en un acto oficial con todo su gabinete. Bruno se sentó mero frente de la mesa donde estaba Aguirre y todos sus funcionarios, además del alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto. Durante el programa habló el presidente municipal, disculpándose porque el ayuntamiento no tuvo la capacidad ni la facultad para solucionar las demandas a la gente; habló el comisario que una noche antes conocí, cabizbajo, rebasado por la población; habló una vecina del lugar, con más garbo que el primero, para agradecer la enorme ayuda de Bruno Plácido, y luego habló Ángel Aguirre.

Hay un viejo dicho en la política mexicana que dice que en estos menesteres la forma es fondo. Cuando el gobernante se hace del micrófono nadie parpadea siquiera, todos ríen de sus chascarrillos y, sobre todo, están a la expectativa de que termine su intervención para pararse de inmediato a palmearlo y a felicitarlo por sus encomiables palabras. Aguirre terminó de hablar y todo el gabinete se paró de inmediato para llevar a cabo el ritual, pero él no fue hasta donde estaban ellos, sino que se dirigió al lugar donde estaba Bruno sentado. Bruno se paró y quedó de frente al gobernador; enseguida se dieron un apretón de mano que duró casi un minuto y cruzaron algunas palabras. Entonces sonaron los aplausos y los asistentes, pobladores del lugar, gritaron vítores para el gobernador y el líder de las autodefensas.

Antes de que terminara el acto, todavía sentado frente al gobernador, Bruno fue informado de que el comisario de la Policía Federal lo buscaba. Un joven de ceja poblada, muy acicalado, Omar García Hurtuch, andaba, en efecto, con un séquito de sus efectivos federales rondando el lugar donde se celebraba la ceremonia oficial. La noticia causó expectativa entre la gente de Bruno. Un par de horas después se encontraron en la comisaría.

García Hurtuch venía de Michoacán, donde se estaba gestando un movimiento de autodefensa que meses después se tornó más agresivo que en Guerrero. La explicación, breve, acerca de por qué el fenómeno tomó matices distintos en ambos estados, a pesar de ser colindantes, puede ser así: primero, a diferencia de Michoacán, en Guerrero la presencia del cártel de los Caballeros Templarios es periférica (en Michoacán es hegemónica); sólo en las regiones donde comparte linderos, Costa Grande y Tierra Caliente, mantienen alguna presencia. Más al centro, en la Montaña, Norte, Costa Chica y Acapulco el narcotráfico está dividido en pequeñas células escindidas de los grandes cárteles que operan u operaban en México antes de que sus cabecillas fueran asesinados o encarcelados. Del cártel del Pacífico, de Joaquín el Chapo Guzmán, opera la Barredora y el Comando del Diablo; de la Familia Michoacana opera Guerreros Unidos y la Nueva Empresa. Del grupo que lideraba Edgar Valdez Villareal, la Barbie, antes de ser aprehendido, surgieron las células el Indio, la Oficina, el cártel Independiente de Acapulco, el Güero Güetamo, los Pelones —que años atrás su fuerza era hegemónica—, los Marquina, el Yey, Santa Ríos Bahena, Iguana, el Pelos, el Mudo, e Irving Eduardo Solano Vera. Y del cártel de los Beltrán Leyva operan los Granados, los Rojos, Nuevo Cártel de la Sierra, los Zafiros y los Ardillos.

El otro factor que diferencia la autodefensa surgida en Guerrero y la que brotó en Michoacán es que la mayor parte de las expresiones guerrerenses reivindica el derecho a la seguridad tanto como el derecho que tienen los pueblos al desarrollo humano. La autodefensa surgida desde las filas de la UPOEG que lidera Bruno tiene raíces comunitarias y posee una amplia base social cultivada desde la fe católica, sobre todo de aquella que viene de la Teología de la Liberación. En los pueblos de la Costa Chica, donde también opera la CRAC, en 1998 hubo un brote de guerrilla denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, una escisión del Ejército Popular Revolucionario surgido el 28 de junio de 1996 en respuesta a la matanza de Aguas Blancas), y aunque fue abatida a sangre y fuego por el Ejército mexicano, la semilla de la inconformidad social quedó sembrada en estas tierras.

En la reunión con el comisario de la Policía Federal y Bruno las dudas se disiparon. El jefe policiaco andaba buscando al jefe de las autodefensas para coordinarse, ahora que estaría al mando en Guerrero. García Hurtuch le dijo que la autodefensa de Michoacán, de donde venía, se estaba coordinando con su corporación de forma muy activa. Le contó a Bruno que en más de una ocasión los habían salvado de emboscadas de los Caballeros Templarios y que de coordinarse en Guerrero se podría implementar un esquema similar de cooperación.

—No queremos tener ningún tipo de roce con ustedes —dijo el jefe policiaco—. Si ustedes hacen su trabajo y nosotros el nuestro, podemos trabajar con respeto entre ambos.

Bruno accedió; luego mencionó un caso en el que policías federales detuvieron a un comandante de la autodefensa en Tierra Colorada, y pidió revisarlo.

—Lo que tenemos que parar —dijo Bruno— es la corrupción adentro de su policía.

El comisario volteó a ver a otro agente como buscando una explicación. No la obtuvo; entonces Manuel Vázquez Quintero, un muchacho na savi de unos 30 años de edad que es el abogado de la UPOEG, amplió la información.

—Revisemos ese caso y reunámonos cada 15 días para fijar metas —repuso Bruno.

—Es muy importante que ustedes sepan qué estamos haciendo —dijo el comisario.

—Estoy de acuerdo. Nosotros ya vamos a cargar uniforme con las siglas SSJC-PC para que nos identifiquen.

La reunión terminó con un apretón de manos y el acuerdo de tener una primera reunión dentro de los seis días siguientes, el 5 de agosto, en Tierra Colorada.

La reunión nunca se celebró. Por el contrario, a partir del 5 de agosto Omar García Hurtuch recibió la orden desde México de romper todo puente de diálogo con las autodefensas y le ordenaron desarmarla. El motivo fue lo que pasó en El Pericón, un pequeño poblado de Tecoanapa, la mañana de ese mismo día. Cuando cinco comandantes de la autodefensa se dirigían a Tierra Colorada para reunirse con Bruno y con el comisario de la Policía Federal, pasaron por un retén militar; los soldados los pararon y los revisaron. Les hallaron cuatro pistolas: dos calibre 45 y dos 9 milímetros, y una metralleta Uzi. Los desarmaron y los arrestaron.

Cuando la gente del pueblo se dio cuenta de lo que pasaba, tocaron las campanas, rodearon el convoy militar y exigieron la liberación de los comandantes de la autodefensa. Cuando los militares recibieron la orden de retirarse de la zona con los detenidos se dieron cuenta de que la carretera estaba bloqueada en los dos sentidos. Bruno venía rumbo a Tierra Colorada procedente de Chilpancingo para la reunión con el comisario de la Policía Federal cuando recibió la noticia vía telefónica. Entonces ordenó a Zarco avanzar hacia El Pericón.

Tan pronto estuvo en el lugar enfrentó al mayor Mauro González del 48 batallón de infantería con sede en Cruz Grande, que se trasladó al lugar para intentar rescatar a sus soldados y al final también fue retenido por la gente. La tensión entre los militares y los pobladores duró dos días. El 6 de agosto una comisión del gobierno acudió al lugar para mediar en el conflicto. Al llegar, Ernesto Aguirre buscó a Bruno y le pidió que le dijera a la gente que liberara a los militares, que eso no podía hacerse. Los pobladores los rodearon.

—Ándale, Bruno, dile a tu gente que libere la carretera y deje salir a los soldados —le decía Ernesto casi al oído, mientras se escuchaban los reclamos contra los efectivos.

Bruno permanecía estoico, mirándolo de perfil, como miran los pájaros. Respaldaba los motivos de la acción y buscó convencer a los funcionarios de la acusación de los pobladores al respecto de que los militares mantienen vínculos con grupos del narcotráfico y que ya no toleran eso. Les dijo que el temor de la gente era que la milicia estuviera entrenando a grupos paramilitares para enfrentar a la autodefensa o que mantuvieran relación con los narcos de la región para ayudarles a desmantelarlos.

Ernesto insistió y de nuevo Bruno intentó persuadir a su gente para que dejarán ir a los soldados con el compromiso de que el incidente no se repetiría. Los pobladores se mantuvieron en su posición y decidieron someterlo a asamblea. Durante tres horas y media se deliberó. Desde el día anterior los pobladores colocaron lonas para cubrirse del sol y el sereno de la noche en que pernoctaron sobre el asfalto. Las mujeres prepararon sancocho de pollo y arroz blanco para que todos comieran. Los funcionarios que primero rechazaron los alimentos —salvo Ernesto que apremió a Bruno durante la junta para que le consiguiera algo de comer— tuvieron que aceptar ya entrada la tarde y hasta fueron fotografiados cuando cuchareaban el caldo.

El convoy de soldados que permanecía en las Hummers, rodeados de pobladores por el rumbo a Cruz Grande y por el rumbo a Tierra Colorada, también fue convidado pero lo rechazó. Horas después bajó un helicóptero militar a dejarle provisiones, y en ese mismo helicóptero, a hurtadillas, se retiraron los oficiales que estaban retenidos. Cuando la carretera fue desbloqueada quienes salieron fueron puros soldados rasos.

Los funcionarios estuvieron hasta las ocho y cincuenta de la noche, y pudieron irse tras la firma de un compromiso de que serían recibidos por el gobernador, Ángel Aguirre, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El episodio marcó para Bruno y su organización un antes y un después. Cuando asistió con Aguirre a la Secretaría de Gobernación a los dos días del incidente, fue recibido por el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava sólo para reconvenirlo: el gobierno federal no toleraría actos similares. El gobierno del estado secundó el regaño y rompió toda relación con la UPOEG. Un año más tarde, en agosto de 2014, la distancia con el gobierno se reveló en toda su dimensión: la Procuduría General de Justicia del estado mandó aprehenderlo por los delitos de robo y despojo, luego de un bloqueo a la Autopista del Sol que sus seguidores hicieron ese mes durante dos días, y Bruno tuvo que esconderse hasta que le fueron liberados un par de amparos judiciales para evitar su arresto.

4

Antes del estallido en Ayutla, algo similar había ocurrido en Huamuxtitlán a mediados de 2012. Huamuxtitlán está ubicado entre un macizo rocoso de la región Montaña, casi pegado al estado de Puebla, en una zona conocida como La Cañada. Fue el 2 de junio la fecha que quedó registrada como la primera aparición de una autodefensa en Guerrero. Pero eso fue hace más de un año. Hoy que estamos con el fotógrafo Pedro Pardo y un colega de la región, Sergio Ferrer, el pueblo celebra su fiesta. Es 13 de agosto, la víspera del festejo de la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad, y nadie quiere acordarse del día en que los habitantes se armaron para rescatar a 17 secuestrados que un grupo de narcotraficantes levantó en menos de una semana.

En esa revuelta, que duró dos días y dos noches, participó mucha gente de Huamuxtitlán. Comenzó cuando alguien alertó que un convoy de camionetas con hombres armados se acercaba a la ciudad por la carretera a Puebla. Los vecinos hicieron sonar las campanas de la iglesia y los hombres salieron con sus armas de caza. Entre los secuestrados estaba el profesor Cristóbal Rendón Escamilla, ahora comandante de la autodefensa. Los habitantes se organizaron y fueron por el alcalde sustituto Juan Carlos Merino González. Unos meses antes, Juan Carlos era jefe de la policía del municipio, y cuando la alcaldesa Soledad Romero Espinal pidió licencia para buscar una diputación en las elecciones de julio de 2012, lo dejó en su lugar.

Por eso fueron por él, porque había sido jefe policiaco y creyeron que sabría qué delincuentes operaban en la zona y que él estaba coludido. Lo sacaron de la sede de la presidencia municipal, lo llevaron al zócalo, lo golpearon y lo desnudaron. Cuando los policías municipales quisieron intervenir la gente los desarmó, quemó la comandancia y volcó una patrulla. Al cabo de un par de horas se supo que a los secuestrados los tenían escondidos en el tiradero municipal de basura. Hasta allá fueron a rescatarlos en medio de disparos al aire, por si los delincuentes se hallaban en algún lugar cercano.

Durante esos dos días con sus noches la población tomó el control de la seguridad y tuvo que llegar la entonces procuradora de Justicia del estado, Martha Elba Garzón Bernal, a salvar a Juan Carlos y a otros nueve implicados que lograron detener en sus patrullajes. Juan Carlos estuvo en un hospital recuperándose, sin cargo alguno, al igual que los otros detenidos que sólo presentaron una declaración en la Procuraduría de Justicia del Estado y fueron liberados.

—Cuando ocurrió todo —afirma un comerciante de una tortillería a quien oigo que le dicen Güero y que ese día participó en las acciones de autodefensa—, hasta vino el senador Sofío Ramírez Hernández a tratar de convencernos de que no agarráramos las armas.

—Y ustedes, ¿qué le dijeron?

—Le dijimos que si nos decía dónde estaban los detenidos que le entregamos al gobierno, podríamos platicarlo.

—¿Y luego...?

—Pues nos dijo: “La neta, esos güeyes ya están libres porque tienen harto varo”.

El Frente Ciudadano de Huamuxtitlán, al que pertenecían los principales operadores de la revuelta, resolvió entonces conformarse como autodefensa. Fue cuestión de días para que la estructura quedará constituida. Con los meses buscaron la asesoría de la CRAC para estudiar su funcionamiento y poco después solicitaron adherirse a la Casa de Justicia de El Paraíso. Ahora tienen una estructura de mando formada por tres coordinadores de justicia, 10 consejeros, dos comandantes regionales, 12 comandantes de grupo y 12 segundos comandantes

Sólo que ahora nadie quiere hablar mucho de eso. El zócalo que hace un año estuvo agitado por la revuelta armada, hoy está ocupado por juegos mecánicos en espera de la noche para empezar a funcionar. Hoy, como hace más de un año, algunas calles están cerradas pero por asuntos menos terrenales. Once hombres vestidos de mujeres bailan alrededor de la Guapachosa de Tlapa, una botarga de mujer larga y esbelta hecha de trapo y alambrón, como parte de los festejos. La gente come pozole y bebe cerveza y mezcal. En la noche, en medio de la bullanga y los efectos del alcohol, los chicos quemarán los toritos, las chicas estarán atentas al más osado y los niños correrán sintiéndose perseguidos por los fuegos artificiales.

Entre el sonido de los tamborazos y de la tuba que interpretan La danza de las mojigangas, alguien me grita al oído.

—Ya está aquí Cristóbal.

Supe entonces que por fin habíamos podido contactar al comandante de la autodefensa. Desde que llegamos temprano no había noticias de él. Nos condujeron por unas callejas hasta la carretera federal. Las explosiones de los cohetones hacían eco en la cañada y los rezos de las procesiones rumbo a la iglesia se oían a lo lejos.

Los efectivos se congregaron en la casa de gestión que, por ahora, usan como comandancia y que está a orilla de la carretera. Cristóbal Rendón Escamilla llegó al final y dio las instrucciones para esa noche. Pregunté si podíamos acompañarlos y él aceptó.

—Antes —me dijo— vamos a mostrarles dónde construiremos nuestra Casa de Justicia.

Anocheció mientras estábamos en ese lugar, una zona alta y despoblada. Cristóbal me enseñó dónde estarían las oficinas y las celdas. La cañada se elevaba majestuosa a un lado y las luces del pueblo se fueron encendiendo poco a poco.

Cristóbal recordó cómo sucedieron los hechos aquel 2 de junio, cuando fue secuestrado y rescatado por la gente. Le pregunté cuál era su perspectiva a un año de lo ocurrido. Sin vacilar me dijo que seguía convencido de que sólo así, como autodefensa, podrían hacer frente a la delincuencia.

—Causaron mucha expectación —le dije.

—Sí, hasta el Ejército nos decía que saliéramos armados.

—Pero ahora los andan desarmando.

—Porque vieron que esto está creciendo. Eso ya no les gustó y en cuatro ocasiones el Ejército ha querido desarmarnos.

—¿Y qué va a pasar si se cumple la amenaza?

—No podremos defendernos de futuras represalias. Cuando sacamos de aquí a los sicarios tocamos muchos intereses, de eso estamos seguros. Ese día detuvimos a nueve; tres de ellos eran de la Policía Ministerial. De esos, la Procuraduría de Justicia acusó sólo a seis, pero no por secuestro, como nosotros solicitamos, sino por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Después salieron libres. Los delincuentes amenazan con regresar y traen armas de alto poder y nosotros apenas escopetas de un tiro.

Aunque no lo mencionó, el grupo de narcotraficantes al que se refiere son los Rojos, una banda ligada al cártel de los Beltrán que fue disuelta tras la ejecución del principal líder: Arturo Beltrán Leyva, a manos de la Marina, en diciembre de 2009, pero cuyas células, como los Rojos, como los Granado, siguen operando en el estado.

Un consejero, Manuel Alejandro Gutiérrez, interrumpió.

—Todos los que estamos aquí sabemos que arriesgamos el pellejo.

—¿Cuántos efectivos son en total? —pregunté a Cristóbal.

—Unos 400 en toda la zona de la cañada.

Cuando dijo “toda la zona”, se refirió a las ocho comunidades de Huamuxtitlán y a una de Alpoyeca, San José Buenavista, la última de esta área que se incorporó a la autodefensa.

Para ir a San José Buenavista se tiene que abordar una combi en la cabecera municipal, Alpoyeca, a una hora de distancia de Huamuxtitlán, hasta donde llegamos en el autobús que viene de Puebla rumbo a Tlapa. Alpoyeca es una población sin pretensiones de ciudad que conserva sus casas de teja con corredores anchos. En los patios los árboles de mamey, la fruta base de la economía de muchas familias, se yerguen altos y frondosos. El zócalo está adoquinado y adornado con senderos de flores coloridas, y el quiosco parece obra de un ilustrador de literatura infantil.

San José Buena Vista es diferente. Es una tierra blanca, brillante, y sus pobladores prefirieron tener concreto hidráulico en su calle principal que el suelo bruto. Una explanada de concreto resalta desde el puente por donde corre, caudaloso, el río Tlapaneco. El asfalto parece que se derrite por el sol del mediodía, pero no lo sentiremos en las plantas de los pies sino hasta que vengamos de regreso, cuando por idea mía volvamos caminando a la cabecera municipal.

Los mandos de la autodefensa no están en el pueblo; andan en el campo. A esta hora no hacen recorridos de vigilancia; están ocupados cultivando la tierra. Son campesinos como todos los demás varones. Las acciones ocurren en la noche. Una ronda empieza a las nueve y termina a las dos de la madrugada, y le sigue otra que vigila hasta las siete de la mañana, la hora en que los chicos entran a la escuela. Lo hacen así porque el día que se armaron, la mañana del miércoles 19 de junio de 2013, un grupo de sicarios entró al pueblo y se llevó a tres alumnas de sexto grado de primaria. Entraron en la madrugada y esperaron a que amaneciera. Cuando las chicas se iban muy de mañana a la escuela que está en la cabecera, las raptaron. Los padres dieron la voz de alerta y los varones se organizaron para ir a rescatarlas. Siguieron a los delincuentes hasta dar con ellos. Eran cinco y eran de la región, dice el comandante Hilario de Jesús Rosales. Unos eran de Igualita y otros de Tlalquetzala.

—Se los entregamos al gobierno pero no quiso hacer nada —recuerda Hilario.

A su lado, sentados en las gradas de la entrada de la comisaría donde una escasa sombra nos protege de un sol vertical, están un primer comandante y un principal (el anciano del pueblo) que forman parte de la autodefensa. Dejaron sus cultivos de maíz y arroz para contarnos lo que pasó ese día.

—La gente se molestó porque dejaron libres a los secuestradores —dice el principal, que no quiere darme su nombre, y no insisto. Lo mismo ocurre con el primer comandante.

—Si hasta una de las niñas los señaló —repone Hilario.

—¿Por qué no recurrieron a la policía, en vez de exponerse ustedes? —pregunto.

—¡Fuimos! ¡Fuimos! —dice el principal—. Pero ni los policías ministeriales ni los policías federales quisieron hacer nada.

Los otros asienten con la cabeza.

Antes habían ocurrido más delitos. Una adolescente de 15 años fue violada cuando iba a un baño rústico afuera de su casa, durante la madrugada; un ex comisario fue asesinado en medio de la comunidad, y lo último, lo que los alertó más: el secuestro de las tres alumnas. Por eso se armaron y fueron por los delincuentes. Cuando los entregaron para que los juzgaran, la policía los dejó libres.

Luego de eso vieron que nadie los defendería si no eran ellos mismos. Unas semanas después celebraron una asamblea con 400 pobladores y eligieron a 48 efectivos que conformarían la autodefensa. Hilario recuerda cómo lo eligieron. Dice que los de Huamuxtitlán siempre lo habían invitado a que se sumara a la autodefensa, y él siempre decía que no.

—Hasta que nos tocó a nosotros —suspira.

El mes siguiente, el 7 de julio, ya eran parte del sistema de justicia de la CRAC, adscritos a la Casa de Justicia de El Paraíso.

Cuando se enteró de lo que ocurría, el alcalde Marco Antonio García Morales mandó llamar al comisario para tratar de disuadirlo de que no se conformaran en autodefensa. El comisario acudió acompañado de los organizadores. Lo primero que le respondieron fue que eso ya había sido un mandato de la gente y que no había marcha atrás.

—El gobierno ahora anda buscando que nos disolvamos. Ahora que ya le hicimos el trabajo. Por eso nosotros decimos que ya no creemos que ellos puedan arreglar el problema. Aquí entraba el sicario y hacía lo que quería; a deshoras entraban en coches, en motos. Ahora ya no. Por eso estamos armados —acota Hilario.

Las acciones de la autodefensa en Huamuxtitlán comenzaron a las ocho de la noche y sólo tres grupos salieron a los recorridos. Después supe que fue porque los demás estaban enfiestados y prefirieron tomarse la noche libre. De todos modos tenían permiso de sus superiores. Pedro y yo nos subimos a una camioneta con cuatro efectivos. Uno de ellos me llamó la atención por el orgullo que se le notaba al portar el uniforme, que no era más que pantalón de mezclilla y una playera verde olivo. Era joven y flaco. Su gorra tenía cosido un resorte de calzón que se acomodaba como barboquejo. Buena idea, si se considera que siempre van arriba de la caja de una camioneta pickup o una estaquitas. Quién sabe cuántas gorras habrá volado el viento. Una credencial colgaba de su cuello y un rosario le asomaba del pecho.

Dimos varias vueltas. En los tres pueblos que recorrimos la gente saludaba con gusto a la caravana de vigilancia. Nos topamos con vecinos que cenaban en puestos de comida, con parejas de novios platicando en las canchas de basquetbol y hasta con algunos varones que bebían cerveza y oían música. A las nueve y cuarenta y cinco de la noche, cuando íbamos al último pueblo, Santa Cruz, en un cruce con Conhuaxo, los comandantes decidieron montar un retén. Pararon varios automóviles; la mayoría de los choferes bajaba con gusto cuando se percataban de que era un convoy de la autodefensa. La mayoría, excepto uno que viajaba en una camioneta último modelo.

Los efectivos ya estaban nerviosos por un incidente que había ocurrido 45 minutos antes, en la cabecera municipal. A las nueve de la noche una llamada de radio alertó que alguien había visto un carro sospechoso en un potrero de las inmediaciones del pueblo. Los efectivos acudieron rápido; podría tratarse de un robavacas. Conforme fuimos avanzando nos internamos en la oscuridad del despoblado. Metros más adelante un olor a bosta cundió el lugar. A lo lejos había un coche con las luces encendidas. Sonaron unos disparos. Pedro y yo nos agachamos. Los efectivos saltaron al suelo con las armas de bajo calibre listas y se fueron casi a rastras hacia el automóvil compacto. Dentro había un chico espantado al que no se le halló nada.

Un comandante sugirió ir a donde se habían oído los disparos, unos metros más arriba. Otro respondió que no, porque eran pocos y podían sorprenderlos en desventaja.

—Nos quieren amedrentar —comentó uno.

—Por eso yo digo que debemos darnos a respetar —dijo otro, ceñudo por no haber ido al lugar de donde salieron los disparos.

Ése era el nervio que traían, y en el lugar del retén, que era un punto despoblado en forma de i griega con dirección a Santa Cruz por la izquierda y hacia Conhuaxo a la derecha, todo era oscuridad. Los efectivos hacían señales con linternas para que los automovilistas se detuvieran. Cuando la camioneta se acercó y le hicieron la señal de que parara, no se detuvo; entonces un comandante se le puso enfrente. El vehículo frenó en seco. El chico que lo conducía no descendió.

—¿Qué quieren? —preguntó golpeado, con el cristal de la ventanilla hasta los ojos.

—Estamos haciendo una revisión de rutina. Somos de la policía comunitaria de Huamuxtitlán —le dijo el comandante—. ¿Puedes bajar un momento?

El chico no atendió el pedido.

—¡Ustedes no son policías! —increpó.

El comandante reaccionó molesto y ordenó someterlo. Los efectivos rodearon la camioneta e hicieron que bajara. Tuvo que intervenir Cristóbal para distender el ambiente. Explicó de qué se trataba la acción y a favor de quiénes estaban. Al final accedió a que revisaran su vehículo. Lo hicieron de manera minuciosa porque su actitud les pareció sospechosa. No hallaron nada y siguió su camino. La camioneta se alejó con un arrancón que dejó a los efectivos tragando polvo.

5

Cuando estaba con Sergio y Pedro en la carretera federal de Huamuxtitlán, en espera de que se congregara la autodefensa, un taxi colectivo se detuvo de repente frente a nosotros. Desde el vehículo la voz del hombre que venía a bordo brotó festiva.

—¿Qué onda, muchachos? —dijo en plural, pero mirando a Sergio.

Sergio respondió extrañado, como si se tratara de un conocido ocasional.

—Hay dos muertos en El Paraíso, en Cualac —agregó el hombre con excitación más que con congoja.

—¿Son comunitarios? ¿Cómo fue? —preguntó Sergio.

—No sé —dijo el hombre y pidió al conductor que continuara—. Los mataron en una emboscada —terminó de decir casi a gritos mientras el automóvil arrancaba.

Al día siguiente viajé a Olinalá, a tres horas y media de distancia. Olinalá, también municipio de la región Montaña, fue el segundo sitio donde surgió una autodefensa en Guerrero, el 27 de octubre de 2012. Hasta el 21 de agosto de 2013 era comandada por Nestora Salgado García, una mexicana con ciudadanía estadounidense desde 2008, con poco más de un año de haber regresado a Guerrero y encarcelada por el gobierno en el penal federal de Nayarit, acusada de secuestro cuando encabezaba las labores de autodefensa en su municipio.

Llegué con Sergio al mediodía del miércoles 14 de agosto. A esa hora ya sabíamos que los asesinados que había mencionado el hombre del taxi eran de Olinalá. Que eran el ganadero Nemesio Guevara Barrera y su hijo Carmelo, que con ellos iba otro hijo de Nemesio, Eduardo, quien logró escapar, y que cuando los emboscaron llevaban en su camioneta una vaca cuya propiedad la familia no pudo acreditar.

Buscamos a Nestora, pero su casa que funcionaba como la comandancia de la autodefensa estaba cerrada, al igual que las casas de al lado, donde viven parientes y familia cercana a la comandanta. El clima del mediodía era caluroso y en la tienda de enfrente las cervezas se veían refrescantes. El tendero, un hombre bajito, sesentón de barba saltada y canosa, nunca mencionó nada sobre lo que ocurría a pesar de que se lo preguntamos mientras destapaba nuestras bebidas. Su adhesión y su apoyo a la autodefensa nos quedó claro al siguiente día, y era claro también por qué no dijo nada. El temor a ser reprendido por el gobierno municipal rodea a todo aquel que simpatiza con Nestora.

Olinalá es considerado pueblo mágico y hay razones para que sea así. Su iglesia con pinturas de un infierno dantesco en las paredes; sus calles y callejas con casas de techos de teja que se yerguen en ocho barrios con nombres de santos; su cancha de basquetbol y su mercado en pleno zócalo, cuyas tardes transcurren como la calma de los ancianos sentados en las bancas metálicas. Sus tiendas de cajitas de lináloe con dibujos de flores carmín y pájaros de colores; 20 mil pobladores de predominancia mestiza en un municipio de indígenas nahuas; el olor a hierba de todas las mañanas... y el pipián. Una montaña de piedra lo resguarda a la distancia. Los soldados y los marinos que dan rondines a distintas horas parecen fuera de lugar. Pertenecen a otro orden. Están aquí desde hace un año, cuando surgió la autodefensa, y blanden la amenaza del desarme.

Nestora tomó el mando desde el primer día, un domingo 27 de octubre de 2012, cuando apareció el cadáver torturado y baleado de un joven del pueblo que había sido levantado dos días antes. Nestora le quitó la patrulla a un policía, su arma y su chaleco antibalas, y fue en busca de los sicarios seguida de docenas de pobladores. Todo el pueblo sabía quiénes eran y dónde se refugiaban. Entró a la casa de los delincuentes y halló rifles de asalto AK-47, conocidos acá como cuernos de chivo, chalecos antibalas y credenciales de elector. Luego llegó el síndico con la policía municipal y confiscó todo. Los sicarios huyeron para no regresar, y los 11 días siguientes la autodefensa montó retenes en las entradas y las salidas del pueblo. El gobernador Ángel Aguirre Rivero acudió al municipio a aplaudir “la acción valiente de la gente de Olinalá”.

—¡Está cabrón! —soltó Nestora al cruzar el quicio de la puerta, la mañana del jueves 15, cuando por fin pude verla.

Supe que era ella, no tanto por el gesto indicativo de Sergio como por la avanzada de efectivos que llegaron poco antes. Nestora entró a la casa, caminó por un pasillo de paredes adornadas con fotografías de caballos y gallos de pelea; caminó sobre la alfombra de la sala con cuadros de paisajes y retratos familiares y llegó al comedor donde más tarde servirían pollo en estofado para sus hombres. Se levantó la blusa hasta el obligo y se desfajó una pistola escuadra que traía en la cintura. Su piel blanquísima asomó por un momento. Dio algunas instrucciones y subió las escaleras de la sala a un sitio al que nadie puede entrar sin previa autorización, así sea familiar o comandante.

Las labores domésticas seguían su curso. Al lugar que ahora es el vestíbulo donde se hace antesala, llegaban señoras preguntando por ella, igual que varones de distintas edades; muchos eran comandantes o segundos comandantes que querían ponerla al tanto de lo que pasaba. Las empleadas domésticas estaban en la cocina haciendo sus labores, como si nada. Una más llegó momentos después para lavar un envoltorio grande de ropa. Es la misma que a las nueve de la mañana nos sirvió el almuerzo en la casa de un hombre adinerado a donde fuimos invitados una noche antes, primero sin motivos del todo claros, pero ya que estábamos en el lugar nos dimos cuenta de que era para hablar de la autodefensa. En esa casa con acabados de madera preciosa y servidumbre se apoyaba más en secreto que de manera abierta al movimiento. Había diferencias entre los integrantes que se sentaron a la mesa, pero en general todos coincidieron en la necesidad de su existencia.

En cuanto entró la empleada nos reconoció.

—Ahora ando por acá —dijo con una sonrisa pintada en su cara morena.

Nestora no se apareció la tarde del miércoles que llegamos a Olinalá porque andaba en Huamuxtitlán. Cuando se conoció la noticia de los asesinatos del ganadero y de su hijo, y se supo que era posible que uno de ellos, Eduardo, estuviera vivo, la familia fue a pedirle ayuda para buscarlo. Le dijeron que los dos cuerpos quedaron tirados durante horas en la carretera a Cualac (también municipio de la región Montaña), resguardados no por agentes del Ministerio Público de Olinalá ni por sus policías sino por efectivos de otra autodefensa. Una que se hace llamar Policía Ciudadana y Popular, de Cualac, a cuya comandanta conoceré semanas después. Tuvo que llegar el Ministerio Público de Huamuxtitlán para recoger los cadáveres.

La autodefensa que comandaba Nestora formó grupos y salieron a buscar a Eduardo. Peinaron los cerros colindantes desde las cinco de la mañana del miércoles, sin resultados. Pasado el mediodía terminaron en Huamuxtitlán, enterados de que el Ministerio Público de ese municipio se había llevado los cuerpos, la camioneta y la res. No encontraron a los difuntos, que ya habían sido trasladados a Chilpancingo para hacerles la necropsia. En cambio sí hallaron al síndico Armando Patrón Jiménez.

Nestora platicó los detalles en una junta con colonos celebrada el mediodía del jueves. Dijo que en cuanto vio a Patrón le reprochó el hecho de que, como autoridad, no hubiera ido por los cuerpos, pero que sí andaba reclamando el vehículo y la vaca.

—Tú no eres nadie, y no tengo por qué darte explicaciones —le increpó Armando.

Un efectivo de la autodefensa grababa con una cámara de video. Tan pronto se supo descubierto, Armando intentó esconderse atrás del vehículo, mientras su chofer se cubría la cara con una playera. La vaca estaba encabritada. Otro de los efectivos se acercó y le cortó una oreja con una navaja, para que sangrara y se calmara. El agente del Ministerio Público lo reprendió porque, le dijo, el animal no era suyo, sino del síndico que había ido a reclamarla.

—Pero si la vaca es de mi papá —respondió el efectivo—. Mire, aquí está el fierro con sus siglas.

Entonces Nestora dio la orden a los comandantes de la autodefensa para que lo detuvieran.

El síndico permanecería siete días en reeducación en la comisaría de Tlatlauquitepec, una comunidad de Atlixtac que se unió a la autodefensa el 23 de junio de 2013. Ese jueves el gobierno del estado envió dos emisarios para negociar su liberación. Justo cuando conversábamos en la sala de su casa, un comandante le dijo en voz baja que el subsecretario Misael Medrano Baza y Moisés Alcaraz Jiménez, director de Gobernación, iban a buscarla. El estruendo del helicóptero en el que llegaron se oyó en todo el pueblo.

—Esto se va a poner bueno —me dijo y suspendió la entrevista.

Se dirigió a la estancia de arriba en compañía de los comandantes para una junta urgente. Los enviados del gobierno llegaron al poco rato. En la puerta ya los esperaba Maricela Jiménez Navarrete, médico del pueblo y consejera de la autodefensa. Los condujo por unas escaleras exteriores al lugar donde se reunirían. El sitio estaba techado y también se podía llegar desde el interior de la casa. En uno de los descansos había un altar a San Francisco de Asís, patrono del pueblo, con veladoras apagadas y una Biblia abierta.

Sentado en la parte de atrás escuché los motivos de la autodefensa para armarse: los secuestros, las violaciones, los dealers, la impunidad con que los narcos al servicio del cártel de los Rojos andaban por las calles todos enfierrados, sin que nadie los molestara. La autoridad municipal no existía y la gente vivía con miedo. Hasta que se armaron y los enfrentaron. Los mismos motivos que en Tecoanapa, los mismos motivos que en Ayutla, los mismos motivos que en Huamuxtitlán.

Los funcionarios oían sin decir nada, incómodos. Más tarde irían al ayuntamiento, donde serían retenidos hasta el viernes 16 de agosto por una organización que se hace llamar Comité de Orden y Vigilancia. Este grupo parapoliciaco, comandado por Juan Rendón Mancilla, un hombre sesentón y mal encarado afín al alcalde Eusebio González Rodríguez, pugnaba por la disolución de la autodefensa con quien había tenido choques y porque, según sus denuncias, cometía abusos contra la población.

Nestora explicó el motivo por el que detuvieron al síndico en un informe escrito. El subsecretario Medrano lo leyó en voz alta: la petición de la familia para buscar a Eduardo tras el asesinato de su padre y de su hermano; la llegada a Huamuxtitlán, el hallazgo de la vaca en poder del síndico. La resistencia y el menosprecio de éste a la autodefensa. Y la detención. Un punto más: Armando Patrón Jiménez sería llevado a la Casa de Justicia de El Paraíso para ser reeducado y juzgado de acuerdo con los usos y costumbres que rigen a la CRAC.

Luego habló Nestora. Dijo que lo único que le han pedido al alcalde es coordinarse con la policía municipal, pero que él buscaba un enfrentamiento. “Sabemos que tienen fuero, pero sólo les ha servido para defender a los narcos”, añadió. “¿Usted cree que los narcos pueden venir a sacarnos de nuestros pueblos? No, nos vamos a defender, aunque perdamos la vida. Si vamos a morir, vamos a morir. Va llegar el día en que si el alcalde no hace lo que le corresponde, vamos a ir por él”.

Medrano dijo que si todo lo que decían era verdad, levantaran una denuncia de hechos ante el Ministerio Público. Pidió que dejaran en libertad al síndico y que fuera la autoridad la que lo juzgara. Nestora rechazó esa posibilidad.

—Si liberan a delincuentes peligrosos, con mayor razón a un síndico. Esto va a ser largo. No lo vamos a soltar hasta que lo destituyan o nosotros lo destituimos —persistió.

En la mesa, además de Nestora, doña Maricela y los funcionarios, estaban dos consejeros, Carlos Romano, un militar retirado de más de 60 años de edad, y otro hombre que no dijo su nombre.

—La gente del alcalde también está enardecida —intervino Moisés—. Con ellos hemos recibido una actitud hostil.

Antes, contestó a los reclamos de Nestora, aunque ésta no le prestó mayor atención.

Don Carlos fue más directo: “Lo que tienen que decirle a Eusebio [González Rodríguez, el alcalde] es que le baje de güevos. Que detenga a los mariguaneros, a los envenedadores: la Panocha y ese grupo de 60 hombres que está bien identificado. Aquí vino el senador Sofío Ramírez Hernández a decirnos que dejáramos las armas. Le dije: ‘Senador, ajá, nos van a desarmar y nos van a poner de nalguitas con el crimen organizado. ¿Y cuando vengan qué, le vamos a tirar con la tele o con la olla exprés?’. Y luego, la gente del ayuntamiento dice que no quiere trabajar con nosotros porque somos unos inditos”.

La reunión se prolongó un par de horas más. En ese tiempo se supo que el Comité de Orden y Vigilancia estaba armando a la gente para ir a enfrentar a la autodefensa. Y sí, escuché por unos altoparlantes que, en efecto, se estaba convocando al pueblo para concentrarse en la explanada del zócalo e impedir más abusos de la autodefensa. La situación se tensó. Nestora reunió a sus comandantes para que estuvieran alertas en caso de que fuera necesario recurrir a sus compañeros del corredor de la cañada: Huamuxtitlán, Alpoyeca y Tlatlauquitepec. Misael pidió calma, nervioso, y habló por celular con el alcalde para recordarle que el primero en procurar la paz en el municipio debería ser él.

—Alcalde, alcalde... soy Misael Medrano Baza, estoy platicando con Nestora y su gente, pero oiga, estamos oyendo un voceo en el que se está convocando a la gente.

El alcalde le respondió.

—Sí, alcalde —replicó Misael—, pero el primero que debe garantizar la seguridad del municipio es usted, alcalde. El primer obligado en mantener la calma es usted, alcalde... Sí, también vamos a ir para allá —dijo tras escuchar otra vez a su interlocutor.

Una vez reanudada la reunión, Nestora dijo a los funcionarios:

—Una muchacha que detuvimos y que ahora está en la Casa de Justicia de El Paraíso, nos confesó que vivió con un narco y que éste le dio cuatro millones de pesos a Eusebio para su campaña. Yo he sido víctima de esa gente. ¡Esto no puede seguir pasando! Y el Ejército en vez de actuar la hace de escolta del alcalde. Lo lleva y lo trae. Lo transporta incluso a las peleas de gallos.

Los funcionarios pidieron un par de horas para ir a platicar con la otra parte y mientras tanto no hicieran nada. Cuando se retiraron, don Carlos, el ex militar, dijo a los comunitarios presentes:

—Si yo caigo primero, el objetivo es el presidente, muchachos.

Esa noche la autodefensa veló armas.

Los enviados del gobierno se dirigieron al ayuntamiento donde los reclamos fueron airados. El encuentro en el que participó Juan Rendón Mancilla, del Comité de Orden y Vigilancia, fue a puerta cerrada, pero los gritos se oían hasta el zócalo, que siempre estuvo rodeado por efectivos de la Marina. Los funcionarios quedaron retenidos hasta las tres de la tarde del viernes 16. No se supo qué trataron. Antes de regresar a Chilpancingo alcanzaron a participar en una conferencia de prensa cuyo ingreso fue supervisado por el jefe de la policía preventiva municipal, un hombre moreno y de cabello hirsuto, miembro de una organización ligada al PRI, llamada Antorcha Campesina.

En la conferencia el alcalde se dijo agraviado como institución por la detención del síndico y ofreció explicaciones sobre qué es lo que estaba haciendo en Huamuxtitlán. Dijo que él lo había mandado a petición de la familia de los difuntos y que la autodefensa, de quien exigía su desarme y disolución porque lo único que le estaba causando eran problemas, sólo buscó una excusa para detenerlo. Luego, Juan Rendón se proclamó vocero de otros detenidos, a los que llamó víctimas, y exigió su inmediata liberación.

El tiempo que tardó la conferencia fue el mismo que duró la misa de cuerpo presente de Nemesio y de su hijo Carmelo, tres días después de que fueron asesinados, en la iglesia que está enfrente del ayuntamiento. El cortejo fúnebre cruzó el mercadito y la calle principal y pasó al lado del palacio municipal, donde el alcalde discutía cómo desarmar a la autodefensa.

Cinco días después, el 21 de agosto, la Marina liberó al síndico Armando Patrón Jiménez y a cinco personas más que estaban detenidas y en proceso de reeducación en la Casa de Justicia de El Paraíso. Ese mismo día la Marina también detuvo a Nestora en medio de una operación estudiada y numerosa en la gasolinera del pueblo, bajo la acusación de secuestro agravado.

6

El tiempo en que estuve en Tlapa, una semana antes de que la Marina capturara a Nestora, hice contacto con Citlali Pérez Vázquez, comandanta de la autodefensa surgida el 2 de diciembre de 2012 en Temalacatzingo, un pueblo nahua perteneciente al municipio de Olinalá y con presencia también en Cualac. Fue en la noche. Nos internamos con Sergio Ferrer por la periferia donde nos citó pasadas las nueve. Caminamos un tramo hasta la salida de la ciudad, donde pudimos tomar una combi que nos acercaría al lugar; luego bajamos en plena oscuridad y anduvimos otro tramo más. Hubo un momento en que ni Sergio supo dónde estábamos y le sorprendió que Citlali nos citara tan lejos.

—En todo caso —recuerdo que le dije mientras lo seguía de cerca—, eso refleja la desconfianza y el temor en el que viven los principales mandos de la autodefensa en cualquier parte de Guerrero.

Sergio sólo asintió con la cabeza y siguió caminando deprisa.

Cuando llegamos, Citlali ya estaba en el lugar, el convento de Tonantzin Guadalupe, a la salida de Tlapa, donde indígenas y mestizos de la zona asisten a estudiar teología y a ordenarse como sacerdotes. La vi entre sombras; me pareció muy joven, al igual que su acompañante, la comandanta Yoltzin Zeferino Santos. Sergio las saludó con confianza —él estuvo cuando esta autodefensa salió a la luz pública— y luego me presentó. De inmediato Citlali me hizo preguntas como para qué quieres platicar conmigo, qué necesitas saber, y negó su rango hasta el final. Dijo que sólo coordinaba algunos asuntos. Sabré de su nivel de mando ocho días después, el 24 de agosto, cuando en la colonia Emiliano Zapata se arme un grupo de autodefensa creada con su asesoría. En cualquier caso, yo estaba enterado de que si accedió a hablar fue por la intermediación de mi colega.

En el jardín del convento había un quiosco apenas iluminado por lámparas mortecinas y una vieja luna de piedra que se colaba entre los arbustos. No había nadie salvo nosotros. Era un viernes frío de agosto. Citlali usaba una sudadera deportiva azul oscuro, y Yoltzin llevaba un suéter negro o gris; ambas usaban pantalones de vestir. Hablamos mucho, aunque por la oscuridad fue difícil distinguir sus gestos. Le pregunté hacia dónde iban, cuál era su plan a seguir como grupo. Pequeña, morena, de no más de 30 años, robusta pero no gorda, con un perfecto dominio del español y del náhuatl, Citlali respondió que plantearon armarse para luchar por la seguridad en sus pueblos, para no dejarla en manos del gobierno.

—Fue una forma de autoorganización que se concretó tras una larga etapa de concientización con la gente. De ver que la policía no frenaba la violencia.

Recordó casos específicos, como el que ocurrió en Santa Cruz Lomalapa a mediados de 2012, cuando asesinaron a Moisés Vázquez, un vecino de la zona, en medio de un levantón. Luego de eso se vino una ola de extorsiones, robo de ganado y de camionetas que fue subiendo de intensidad hasta que se preguntaron si se sentarían a esperar a que ellos fueran las próximas víctimas.

—Entonces nos armamos. Aunque nuestras armas son simbólicas.

—¿Cómo es eso?

—Surgimos para autoprotegernos. No buscamos ni queremos una guerra contra nadie. Nuestra lucha es por la vida.

Ésa fue una primera etapa. En el fondo —explicó después— lo que se plantean es el resguardo de su patrimonio y la defensa de su territorio. Y así lo han hecho, no sólo contra la violencia venida del narcotráfico y las bandas criminales que operan bajo la sombra del narco, sino del propio gobierno. Recordó la vez en que soldados del Ejército mexicano instalaron un campamento en su ejido. Fue en junio de 2013, seis meses después de que hicieron público su levantamiento. Los militares catearon las viviendas en busca de armas y acosaron y detuvieron a los pobladores durante todo el mes, hasta que los confrontaron. Fueron a decirles que nada tenían que hacer ahí porque estaban dentro de su núcleo agrario, que estaban violando su autonomía como pueblo indígena, y que si buscaban permanecer más tiempo en el lugar tendrían que pedir permiso a la asamblea de la comunidad. Al oficial al mando no le quedó otra opción que ordenar a sus efectivos salir de la zona.

La desconfianza de los pueblos indígenas hacia el Ejército no es gratuita. El 7 de junio de 1998 un convoy de militares ejecutó a 11 indígenas de la comunidad El Charco, en Ayutla de los Libres. La versión que la Secretaría de la Defensa Nacional hizo pública fue que los na savi estaban reunidos con una columna del naciente Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente —escisión del Ejército Popular Revolucionario, surgido el 28 de junio de 1996, un año después de la masacre de Aguas Blancas— y que estaban armados, listos para declararle la guerra al Estado. En diversos testimonios en la prensa, la sobreviviente Erika Zamora Pardo contó que los soldados llegaron al pueblo en la madrugada, rodearon la escuela primaria donde unos campesinos pernoctaban luego de una reunión de núcleos agrarios y les gritaron que salieran, que sabían que eran guerrilleros. Siete indígenas salieron primero, los llevaron hasta la cancha de basquetbol del pueblo y allí los ejecutaron. Luego hubo más disparos y cayeron muertos otros cuatro indígenas; cinco quedaron heridos de gravedad. En la primaria Caritino Maldonado Pérez aún se ven los agujeros en las paredes ocasionados por los disparos. Los pobladores no quieren que el gobierno los tape ni que derrumbe la escuela, en memoria de los caídos y para recordar de lo que ha sido capaz el Ejército.

“Como pueblo hemos sobrevivido por más de 500 años. En todo este tiempo hemos aguantado marginación, exclusión, abuso de poder. Pobreza. Ahora es nuestro turno. ¿Qué tenemos que hacer? Uno: organizarnos; dos: analizar nuestra situación, y tres: diseñar estrategias que fortalezcan nuestra soberanía popular para llegar a un estado de desarrollo y democracia”, dice Citlali, convencida. En esa búsqueda, lo que han encontrado de sobra son acusaciones de transgresores de la ley y riesgo de choque con grupos parapoliciacos. Por ejemplo, Antorcha Campesina, una organización de filiación priista con suficiente fuerza en Temalacatzingo, que hizo campaña en su contra y presionó a comisarios y a comisariados para que no participaran con ellos.

Después, el Ministerio Público de Olinalá les interpuso averiguaciones por diversos delitos: privación ilegal de la libertad, por ejemplo, o violación a los derechos humanos. Ahora tienen 100 demandas en contra de sus efectivos y mandos medios y altos, algunos de los cuales han sido detenidos. La embestida oficial ha sido inútil. El 10 de febrero de 2013, dos meses después de que surgieron, su movimiento se extendió al municipio de Cualac, vecino de Olinalá. En Cualac los talabosques depredaban sin consideración. Los pobladores temieron que sus cerros y sus montañas quedaran como los de Olinalá, pelones y muertos, y se organizaron como autodefensa para protegerlos. La experiencia, según Citlali, ha sido exitosa.

—¿Cómo eligen a sus efectivos?

—Primero buscamos hombres y mujeres que estén por conciencia y voluntad. Deben tener sentido de solidaridad; respeto por el otro, responsabilidad y compromiso. Ahora somos más de 200 efectivos en los cuatro barrios del pueblo que se eligieron y se legitimaron mediante actas de asamblea.

—¿Cómo ha sido este proceso de agrupación?

—El sistema imperante se basa en la ley del dinero. Nosotros hemos roto esa ley y hemos aprendido que lo fundamental es la organización para alcanzar seguridad y desarrollo social y humano. Tenemos que romper con ese esquema mental de ambición y avaricia que al final de cuentas es lo que nos ha llevado a este estado de caos y violencia en el que nos hallamos. Las leyes nos amparan. El artículo 2º de la Ley 701 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Cuando terminó la plática, cerca de las 11 de la noche, más por insistencia de los veladores del seminario que nos apremiaron a salir porque tenían que cerrar, anduvimos un tramo oscuro por la carretera federal y de pronto caímos en la cuenta de que no había modo de regresar hacia el centro de la ciudad más que caminando. La idea se les hizo peligrosa a las comandantas y entonces preferimos esperar un taxi. Tras varios minutos en la oscuridad, pasó una camioneta cuyo chofer accedió a llevarnos, tal vez porque vio que nos acompañaban dos mujeres. En el camino, Citlali me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que era periodista.

—¿Nada más? —volvió a preguntarme, y todos reímos.

—Sí, nada más. ¿Y tú?

—Yo, además de coordinadora, soy madre de familia y profesora de primaria —me dijo.

Entonces entendí cuál era el sentido de su pregunta y en todas las generalidades que podemos caer si acaso no hablamos claro. Entendí también por qué cuando caminábamos en busca de un transporte, precisó con insistencia que ellos no son ni les gusta que los consideren autodefensas.

Momentos antes, cuando aún no nos sacaban del jardín del seminario, Citlali también me dijo las diferencias que hay entre ellos y la autodefensa de Huamuxtitlán y Olinalá, incluso la que comanda Bruno Plácido Valerio, surgida en Ayutla. Dijo que mientras que en Huamuxtitlán, Olinalá y Ayutla la gente se armó de la noche a la mañana porque hubo casos muy específicos de embates de grupos ligados al narco, ellos surgieron del consenso de la gente. Fue en Cuernavaca, Morelos, en julio de 2000, donde empezaron a organizarse dentro de la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia. Y no es que desde esa fecha se hayan constituido como autodefensa o grupo de autoprotección; no. Esa fecha la tienen marcada como el momento en que empezaron a organizarse como sociedad civil. Eso llevó, 12 años después, a constituirse primero como un Consejo de Seguridad y Vigilancia, y luego, el 2 de diciembre de 2012, como la autodefensa que ahora son bajo el membrete de Policía Ciudadana y Popular.

En todo caso, esta tendencia es más próxima a la policía comunitaria que opera desde hace 18 años en Guerrero como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que a cualquier otro grupo armado de autodefensa surgido de 2012 para acá. Sus coordinadores y sus comandantes son elegidos del mismo modo, tienen un Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia que funciona como órgano político y jurídico de los pueblos y también tienen a sus efectivos, llamados policías ciudadanos y populares.

Cuando por fin vimos las primeras luces de la ciudad, todavía en las afueras de Tlapa, el conductor nos dijo que él iba por otro rumbo; entonces las comandantas pidieron bajar y nosotros con ellas, para que no quedaran solas. Todavía caminamos un tramo más, entre cantinas y cantinas que abundan en esta zona y en cualquier rincón de la ciudad. Hubo oportunidad de platicar de otras cosas.

Yoltzin y Sergio iban adelante. Es notoria la confianza que se tienen. Citlali, en cambio, me fue preguntando de otros trabajos que he tenido y qué cosas más he hecho en el oficio. No fue mucho lo que pude decirle, pero puedo asegurar que se quedó tranquila. Durante la entrevista, Yoltzin siempre se mantuvo atenta, atenta pero callada. La única ocasión en que la escuché hablar fue cuando pronunció unas palabras en náhuatl que quise escribir y no pude. Citlali tomó mi libreta de apuntes y escribió: “Totlajtol nejnemi”. Antes de que tomaran un taxi rumbo a su destino, Citlali me dijo que para su movimiento la palabra y el conocimiento son fundamentales.

—Con educación, al pueblo no se le manipula.

—Totlajtol nejnemi —repuso entonces Yoltzin.

Su voz me pareció encantadora, pronunciando en náhuatl esto que significa “la palabra que camina”.

Tlapa es una tierra yerma con un calor que abrasa en verano y un frío que quema en invierno. El cauce seco del río Jale atraviesa la ciudad y acentúa la sensación de estar en una ciudad erguida en medio de un desierto. Es una ciudad grande en la que convergen como en ningún otro sitio de Guerrero tres de las principales etnias del estado: nahua, na savi y me’phaa. Aquí ha florecido el comercio y los servicios. No por nada es considerada el corazón de la región Montaña, no por nada ha crecido sin control y la migración se acentúa año con año. Es una ciudad que sorprende a los recién llegados. Sorprende por su desorden urbano y por la proliferación de cantinas en cualquier sitio. Cuando caminábamos con Sergio hacia las afueras de la ciudad, rumbo a la entrevista con Citlali, con facilidad pudimos contar 30, muy pegadas, casi una con otra en ambos lados de la calle; conviviendo junto a cocinas económicas y abarroterías. No vimos, en cambio, ningún parque, ningún centro deportivo, ninguna escuela o academia de artes y oficios.

En este contexto las noticias de la narcoviolencia que golpea a la ciudad son cada vez más frecuentes; cada vez más naturales. Horas antes de hablar con la comandanta de la autodefensa de Temalacatzingo, conocí a Arnulfo Cerón Soriano, un abogado promotor de las autodefensas en Tlapa. Lo conocí en el zócalo de la ciudad, previo contacto mediante un colega. Yo buscaba una sombra bajo una buganvilia para mitigar el calor cuando me saludó. Sugerí una cafetería para hablar pero él prefirió su despacho. La plática no fue extensa. Tan pronto llegamos encendió su ventilador que esparció por el ambiente un olor a estancia de perros (tiene varios como mascotas) mezclado con el calor.

Fue directo al tema. Dijo que desde mayo de 2013 en varias colonias y pueblos se acarició la idea de armarse para defenderse de la inseguridad ante la incapacidad del gobierno para socavar a la delincuencia que cobra pisaje a comerciantes de ropa, a cantineros y a tortilleros; a éstos les cobran hasta 1500 pesos semanales. Dijo que la gente está temerosa porque sabe que la policía ministerial está coludida con los delincuentes. Dijo que en las colonias Santa Anita, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata la gente anda muy alebrestada para integrar sus propias guardias aunque el ayuntamiento está presionando a los coordinadores para que desistan; lo mismo ocurre en las comunidades San Pedro Petlacala, Tlaquilcinapa y Ahuatepec Ejido.

Cuando mencionó esto recordé la ocasión en la que estuve en la conferencia de prensa que organizó el alcalde de Olinalá, Eusebio González, en el palacio municipal, un par de días después de que la comandanta Nestora Salgado apresara al síndico Armando Patrón Jiménez. Allí, un presentador de noticias del Canal 8 de Tlapa preguntó a Eusebio por qué permitió que se formarán las autodefensas en su municipio, si en Tlapa el presidente Victoriano Wences Real no los había dejado. No tengo precisión qué contestó Eusebio, pero sí recuerdo que se puso ceñudo cuando respondió. Entendí que su enojo era porque los ciudadanos no le pidieron permiso para tener su propia policía, como no ha ocurrido en ningún municipio. Bruno Plácido tuvo una respuesta oportuna una vez que un reportero le preguntó al respecto. “No le estamos pidiendo permiso al gobierno para defendernos.”

Cuando salimos de la conferencia con el alcalde de Olinalá le pregunté a Sergio cómo se llamaba el presentador.

—Mario Basurto Medellín —me respondió.

Luego preguntó por qué.

—Porque me pareció que su pregunta no fue pregunta, sino una afirmación de que la culpa de todo lo que está pasando con la inseguridad y los conflictos la tienen las autodefensas —respondí.

Luego escuché la voz de Arnulfo, lejana, apagada, como la voz de alguien que está adentro de un cajón.

—¿Gusta una Coca-Cola? —oí que decía.

Me lo dijo una, dos veces, y a la tercera respondí que sí, que hacía bastante calor. El abogado mandó a su hijo, un adolescente flaco y alto, a comprar los refrescos. Luego continuó. Recordó que en una asamblea general, el 25 de mayo, con delegados de colonias, comisarios y representantes de las tres etnias que viven en Tlapa, en el punto número dos de los acuerdos, se decidió impulsar la creación de una policía comunitaria.

—Pero por eso me han intimidado y descalificado en la prensa oficialista. Tememos por nuestra seguridad y la de nuestras familias porque ahora que ya se publicaron nuestros nombres las agresiones pueden ser directas.

Le pregunté de dónde o de quiénes pudieran provenir tales agresiones y no dudó en mencionar al alcalde Victoriano Wences. Luego me mostró un periódico del lunes 29 de julio de 2013, El ABC, un diario local donde le dedican una nota en primera plana con más adjetivos que verbos. Dice la cabeza: “La CRAC y policía comunitaria un peligro para el pueblo”, y en una parte del cuerpo de la nota se lee: “Algunos agitadores sociales como Ubaldo Segura Pantoja, Arnulfo Cerón Soriano y un licenciado de apellido Pacheco, encabezaron a un pequeño grupo de aproximadamente 20 personas y que se autonombraron [...] como un grupo perteneciente a la CRAC conformando a la policía comunitaria, acto que está fuera de ley...”

En otro párrafo acusa que los líderes de estas policías “se han hecho ricos [...] ya que tienen acuerdos con el gobierno estatal para que se les den cantidades millonarias [...] que sólo van a parar a sus bolsillos y los pobres policías comunitarios —a los que al final los califica de ‘verdaderos delincuentes armados’— andan sin tomar agua, sin comer y sin recibir sueldo alguno”. Ojeé el resto del periódico; me llamó la atención la nota de ocho columnas: “Otra presunta narcoejecución ocurrida en Tlapa; la víctima, torturada y maniatada”. Y en la contraportada, donde por lo general en estos periódicos se lleva la nota roja, dice otra nota de principal: “Grupo armado toma por asalto una casa en Tonalapa, Atlixtac, y mata a dos campesinos”.

Cuando leía esta parte, Alnulfo estaba parado a mi lado y señalaba con el índice las cabezas y diciendo cosas que no terminé de oír del todo. Luego me quitó el periódico que archiva como constancia de las acusaciones en su contra y continuó:

—Además, un presentador de noticias también nos ha atacado y criticado desde su noticiero.

—¿Quién es?

—Uno que se llama Mario Basurto.

Ocho días después Mario contemplaría, recargado como gárgola en un pilar del pasillo del ayuntamiento, una columna de 200 hombres de la autodefensa de Temalacatzingo a su paso rumbo a la colonia Emiliano Zapata, donde 16 hombres y mujeres, ese día, 24 de agosto, se conformarían como autodefensa bajo el cobijo de la policía ciudadana y popular del sistema de justicia que comanda Citlali Pérez Vázquez.

Fue la segunda vez que la vi. Eran las once y diez de la mañana. Llegó a la estatua de Emiliano Zapata, en la salida de Tlapa, poco después del contingente mayor de efectivos armados con rifles de bajo calibre, algunas escopetas y machetes. Vestía una playera caqui con la leyenda “Policía Ciudadana y Popular” en la espalda y una gorra negra; también llevaba un pantalón de mezclilla azul marino metido bajo unas botas negras de lona. Quise recordar a la mujer bajita, de treinta y tantos, que había entrevistado entre penumbras en el seminario de Tonatzin Guadalupe ocho días antes. La recordé más tangible, desprovista de esa autoridad que ahora mostraba ante los efectivos armados. Sus efectivos. Constaté entonces que Citlali era una de las comandantas de la autodefensa de Temalacatzingo, un rango que además de todo sabía cómo ejercer.

Antes de que ella llegara, los efectivos andaban dispersos, más bien platicando en pequeños grupos; algunos se cubrían del sol entre los arbustos ralos de la glorieta o a los pies del monumento de Emiliano Zapata. Habían almorzado tacos de carne y frijol que los vecinos llevaron para la ocasión y esperaban la llegada de sus comandantes para partir hacia la colonia Zapata. El punto de concentración no fue casual. Además de ser el nicho del líder revolucionario, el lugar era clave porque desde acá y hasta el barrio a donde sería la ceremonia se atraviesa toda la ciudad. Y así lo hicieron en marcha luego de que llegaron Citlali y otros comandantes para darle orden al recorrido.

Cuando se bajó de la camioneta estaquitas en la que llegó, saludó de mano a casi todos los que de inmediato la rodearon. Saludó a algunos reporteros. Cruzó algunas impresiones sobre el viaje desde Temalacatzingo, a unas tres horas y media de distancia. Preguntó a un primer comandante si ya habían llegado todos y éste se lo confirmó. Entonces ordenó:

—Que se organicen en fila. En fila de dos.

—¿Ya? —preguntó un comandante.

—¡Ya, en este momento!

El subalterno dio instrucciones en náhuatl. Los efectivos atendieron de inmediato. Pareció que recomendaba tomar distancia, porque levantaron el brazo derecho hasta el hombro de sus compañeros de adelante y se fueron ajustando.

—¡Adelante, marchen! —gritó Citlali.

Los hombres empezaron a marchar, los rifles en ristre. Un convoy de soldados en una Hummer artillada se les cruzó en el camino y por un instante el ambiente se tensó. Había razón para ello, pues apenas habían pasado tres días desde que la Marina detuvo a Nestora en la cabecera de Olinalá. Adelante de los comunitarios un carro con un altoparlante informaba a la gente por qué marchaban. “Ante la creciente violencia en el estado —decía— debemos organizarnos.” Pasaron afuera de comercios y casas, cuyos habitantes salían a presenciar su recorrido y en algunos casos aplaudían. Pasaron por oficinas y delegaciones de gobierno, por bancos y casas de usura. Por cantinas. “Continuaremos por este camino aunque al gobierno no le parezca. Nada nos detendrá”, seguía el del altoparlante.

Cruzaron la calle Morelos, luego la Fonseca, hasta que llegaron al primer cuadro de la ciudad. El reloj del palacio municipal marcaba las doce y cincuenta y cinco. Era sábado y no había tráfico, no como suele haber entre semana. Pararon frente al palacio municipal donde, bajo las órdenes de la comandanta Citlali, hicieron maniobras de armas. Y allí lo vi, observando desde un muro del ayuntamiento: Mario Basurto contemplando incómodo, más bien incrédulo, la escena donde se anunciaba la creación de una célula de la autodefensa armada en una colonia de Tlapa. Un chico de unos 10 años arengó con su voz infantil, aguda: “¿Qué queremos los indígenas?”, y todos gritaron: “¡Seguridad!” Cuando el chico siguió gritando consignas, los que atestiguaban desde el pasillo del ayuntamiento y desde el zócalo que está enfrente hicieron gestos de sorpresa, una sorpresa aprobatoria por el más joven de los activistas.

Los efectivos se colocaron en descanso. Citlali se trasladó hasta el frente de la columna y leyó un manifiesto con algunas posturas que reconocí de la vez que la entrevisté. Es insistente cuando dice que no están haciendo la guerra contra nadie, que sólo se están organizando para protegerse de la violencia que ya tocó a sus familias. Luego pidió la salida del Ejército y la Marina de Olinalá, y siguieron su marcha rumbo a la colonia Zapata. El chico continuó con las arengas: “¡El pueblo no se vende, el pueblo se defiende!” Marcharon sobre asfalto, sobre terracería. Marcharon sobre piedras y guijarros en el cauce seco del río Jale. Marcharon por este páramo que da lugar a transportistas de las rutas alimentadoras hacia las comunidades cercanas y los municipios más distantes. Es un lecho que a veces, en temporada de lluvia, tiene agua. Vendedores de todo tipo recorren el área de cruce peatonal. Perros flacos y sin dueño deambulan y pelean desperdicios que con un poco de suerte hallan a su paso. En parte, el Jale es un reflejo de su pueblo, de esa gente que lo dejó perder, que lo contaminó y taló los bosques de donde se alimentaba, y que le sigue saqueando su arena y su grava. Lo último que le queda.

La colonia Zapata está en la periferia de Tlapa. Es un caserío desordenado que se yergue en un cerro en pleno cinturón de miseria, como todos los cinturones de miseria que se forman en toda ciudad que crece desproporcionada e injusta. Desde el centro hasta acá la marcha se dilató 40 minutos. El camino fue sinuoso y hubo momentos en que se me antojaba no llegar. La pendiente más larga, la última cuesta, en una carretera en partes de concreto y en partes de suelo bruto, con maleza asomando por las orillas, no desanimó a ninguno de los efectivos. El chico que arengaba las consignas, aunque sudoroso y asoleado, siguió gritando hasta llegar a la cancha de basquetbol de la colonia, donde el comité de colonos ya los esperaba.

Conforme fueron llegando, un grupo de señoras los recibió con jarras de agua en vasos desechables. Todos iban sedientos, con los pies hirviendo por el reverberar del sol en el piso, y saciaron su sed. En la media cancha había un círculo enorme hecho de pétalos de flores de cempasúchil con un contorno ancho de maíz morado. Por fuera, cuatro líneas de pétalos representaban los cuatro elementos de la naturaleza y señalaban los puntos cardinales. En el este y el oeste dos copas de barro quemaban copal. Los efectivos se colocaron alrededor hasta cerrar el círculo; más adentro, sin pisar los granos de maíz estaban los 16 nuevos miembros de la autodefensa que ese día asumirían su responsabilidad. Se dispusieron sillas para los invitados al derredor de la cancha, vecinos y, en su mayoría, delegados de otras colonias interesadas en seguir este modelo de autodefensa.

—Nos reunimos para hacerle frente a la inseguridad y a la violencia —dijo uno de los organizadores desde el micrófono—. No podemos quedarnos quietos ante los asesinatos que están ocurriendo. Hombres y mujeres, padres y amas de casa, nos unimos para luchar por la vida.

Un principal tomó una de las copas y dijo unas palabras en náhuatl mientras se acercaba al primero de los guardias. En cada uno de los puntos cardinales se colocó una autoridad. En el norte un consejero de la colonia Emiliano Zapata, en el sur un coordinador de la Policía Ciudadana y Popular, en el este un miembro de la Renacid, y en el oeste, por donde se oculta el sol, el principal o anciano de Temalacatzingo que encabezó el rito de iniciación. Pasó con cada uno de los nuevos miembros de la autodefensa, los bañó del humo del copal, les rezó en su idioma y luego les puso un collar de flores de cempasúchil en el cuello.

Al terminar se colocó en el centro del círculo y empezó a dar consejos y a hacer reflexiones para los nuevos guardias.

—Con el permiso de los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, que nos dan fuerza para luchar por la paz y la justicia —decía en náhuatl mientras Citlali me traducía—. Que todos los corazones se abran para juntar nuestras manos por la paz, la justicia y la seguridad. Queremos que nuestras familias vivan en paz, armonía y bienestar.

Los guardias asintieron con la cabeza y dieron las gracias. Entendí que la ceremonia había terminado, pero Citlali me dijo que no, que seguía un acto cívico, y ordenó la alineación de sus efectivos. Se colocaron en columnas, formando un rectángulo, tomaron distancia y luego guardaron posición de firmes.

—¡Saludar! —ordenó una voz desde el micrófono.

Todos saludaron a la bandera montada en el mástil de una escolta integrada por seis miembros de la autodefensa, de fondo el toque a la bandera, que salió de pronto de atrás de los presentes. Cantaron el himno nacional, primero en náhuatl, enseguida en español, y volvieron a saludar a la bandera en su retirada. A las dos y treinta de la tarde los 16 nuevos efectivos juramentaron de forma protocolaria. Todos aplaudieron; fue la primera vez que aplaudían. Luego el chico de las arengas gritó unas cuantas y fueron respondidas al unísono.

Citlali habló al micrófono. Dijo que su movimiento nació, echó raíces y estaba floreciendo en Tlapa como floreció en Cualac. Apremió a los nuevos guardias civiles a actuar dentro y fuera de la colonia contra los delincuentes. A unos metros, protegidos bajo el alero de una casa donde había un tendajón, dos policías municipales armados escuchaban todo. Cuando noté su presencia, recordé lo que me dijo el abogado Arnulfo Cerón en la entrevista en su despacho, sobre las medidas que tomó el ayuntamiento ante la formación de las guardias civiles en las colonias. Me contó que un día el alcalde llamó a uno de los promotores, Jorge Villamil, también delegado de la colonia Santa Anita, una de las más grandes y antiguas de Tlapa.

—Amigo Jorge —dijo el alcalde—, dime: ¿qué obra necesitas en tu colonia? Te la autorizamos, pero, por favor, no formes policías comunitarias.

—No soy yo, presidente, no soy yo —respondió el delegado—. Es la gente la que está impulsando la iniciativa por tanta inseguridad.

—Si es por eso te mando policías de manera permanente.

Y, en efecto, mandó un par de municipales a las colonias Santa Anita, Lázaro Cárdenas y a la Emiliano Zapata, donde este día los colonos tomaban la seguridad bajo su control y a la que asistió como invitado Jorge Villamil.

Cuando dejé de mirar a los policías y de pensar en el episodio contado por Arnulfo, Citlali dictaba las reglas que rigen a la autodefensa. Apremiaba a no rendirse, a actuar con honestidad, a alinearse a principios, normas y estatutos del sistema de seguridad y justicia, y advertía que su movimiento era independiente, soberano y no recibía dinero del gobierno. “Nadie, coordinador o coordinadora, comandante o comandanta, o miembro del consejo de gobierno, seguridad y justicia, podrá negociar a título personal con las autoridades sin que sea mandatado por la asamblea. Ningún grupo puede actuar descoordinado de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia. Totlajtol nejnemi. Nuestro movimiento llegará lejos. Seremos muchos; muchos hermanos y hermanas nos reuniremos y entonces los gobernantes nos verán.”

En la marcha y a lo largo de la ceremonia una figura silenciosa presenció todo. Gabriela García Salgado, sobrina de Nestora, que estaba allí para reclamar la libertad de su tía, buscar la solidaridad de grupos afines y denunciar el acoso por el que estaba pasando su familia desde aquel arresto. A pesar de que las autodefensas de Temalacatzingo y de la cabecera de Olinalá tienen diferencias sustanciales, en principio porque la segunda tuvo acercamiento con el gobierno del estado mientras que la primera no quiere saber nada de la oficialidad, Citlali decretó alerta máxima y repudió lo que llamó represión contra las casas de justicia de Ayutla y Olinalá. Los delegados de las colonias presentes, entre ellos Jorge Villamil de la Santa Anita, la respaldaron.

Gabriela, una chica con la adolescencia apenas dejada atrás, un metro con sesenta, pelo quebrado, blanca, de ojos cafés claros y grandes, como es la gente de la cabecera municipal de Olinalá, tomó el micrófono para responsabilizar al gobierno del estado de cualquier cosa que pudiera sucederle a su familia, que estaba siendo vigilada por la policía. En su tono de voz que de pronto se ahogaba advertí miedo. Y luego lo confirmó cuando los reporteros que cubrían la ceremonia se le acercaron para entrevistarla. Acotó que daría algunos datos sobre la situación que estaba atravesando su tía, pero que, por favor, de ningún modo le tomaran fotografías. A nadie le proporcionó su número de celular por más que se lo pidieron.

Días después me la encontré en Chilpancingo, en un paradero de peseros. Iba sola; se bajó de una combi, dio un saltito grácil hacia la acera y quedamos de frente. Me miró vacilante y bajó la vista. Le recordé quien era y le pregunté la situación de su tía. Me dijo que estaba mejor, que al menos su mamá (hermana de Nestora) ya había logrado verla en el penal federal de Nayarit. La noté más relajada, aunque de todos modos no quiso darme más información. Se me hizo extraño verla en la capital de Guerrero y se lo dije; me respondió que allí tiene familia y que en ese momento estaba viajando mucho de Tlapa a Chilpancingo para darle seguimiento al caso. Quedamos en escribirnos; me dio una dirección de correo electrónico que me pintó una mueca de risa en la cara. Supo que fue porque su mail iniciaba con “gatita” y casi se vio obligada a aclararme que lo tenía desde que estudiaba la secundaria.

Mientras servían la comida, el ambiente relajado después del rito y el acto cívico, un rap sonó desde el aparato de sonido en toda la cancha de la colonia Zapata y más allá.

Me metieron en pozos, me arrojaron al mar

allá en los setenta no se nos va a olvidar.

Esto es de Guerrero va pa’ los de Atoyac,

los mineros en Taxco también lo van a escuchar.

Soltar el mandil y tomar el fusil

ritmo más potente que cualquier misil.

Ritmo que es terrestre, del sur para el este,

ganar esta lucha, cueste lo que cueste.

Orden de aprehensión en contra la comunitaria,

no quieren justicia algo les enfada.

Ya son diecisiete de la reeducación,

venga resistencia, venga fuego a Babylon.

Policía ciudadana en Huamuxtitlán;

en Temalacatzingo también la vas a encontrar;

sí hay honestidad, autoridad comunitaria.

Allá en Ayutla líder quieren apresar,

mas Montaña y Costa Chica la fuerza van a integrar,

es autodefensa y autonomía sembrar,

pueblo que decide la palabra demostrar.

La situación es crítica, lo dice la métrica

quieren ver lo tétrico con escena trágica.

No hacen faltan halcones, hacen falta más leonas,

leones, dones qué es lo que antepones.

[...]

Protegen su pueblo allá en la Cañada

cansados de los robos y todas las patrañas.

Descubrieron mañas y malas telarañas,

cúspide de acción es la revelación.

Fuerte, mujer, fuerza cuando ríe y cuando piensa;

carga en su escudo la esperanza de mortales.

Aroma a lináloe opaca todos los males,

es la historia viva que pronunciará el futuro.

[...]

Policía comunitaria no te dejes corromper

es la esperanza que debemos cultivar

que crezca como milpa desde el alma del jaguar...

La letra es de Sergio Ferrer. Se llama “Guerrero se defiende”, y si bien el ritmo no atrapa a los mayores tanto como a los jóvenes, que los hay, y muchos, dentro de las filas de las autodefensas, se ha convertido en una especie de banda sonora para este movimiento. Aquí era la primera vez que la ponían y no bien terminaba cuando muchos de los presentes quisieron saber de qué se trataba. Sergio les explicó que la canción venía en un disco llamado Kukulkán, sonido antisistema, grabado en 2013 junto con otras 13 canciones, mezcla de ritmos y alegorías nahuas. Quisieron saber cómo o dónde lo conseguían y Sergio sacó de su mochila unos cuantos y los repartió a quienes se interesaron. No aceptó vendérselos; en cambio, aceptó una cooperación voluntaria.

La primera vez que la oí fue en un toquín en Chilapa, en la casa del colega Arturo de Dios Palma donde, entre mezcales, celebrábamos la presentación del semanario Debate. Un compa rompió el hielo con una guitarra y unas canciones más como de bohemia a las que los presentes no les hicimos el feo; pero luego Sergio prendió a todos cuando puso su reproductor donde trae las pistas y empezó a cantarla.

Más tarde me dijo que le dio por escribirla tras vivir de cerca la mayoría de los levantamientos y que quería contarlo de tal forma que fuera comprendido por un sector que no lee periódicos o que no sabe leer, o por aquellos a los que les gusta el rap y el hip-hop (hay muchos en Tlapa) pero que no se fijan que los contenidos tienden más a la apología de la violencia y los vicios. Ese día en Tlapa me di cuenta de que sí tiene su efecto. El rap de Sergio es como los viejos corridos. Cuenta lo que pasa, suena en las radios comunitarias y se sabe que Guerrero está levantado contra el narco.

Cuando ya nos íbamos, unos chicos que estaban sentados en las gradas afuera de una casa se le quedaron mirando. Sergio les preguntó si querían uno de los discos y ellos respondieron que no tenían dinero. Él sacó dos y se los obsequió.

7

Con los acontecimientos de El Mesón, en Ayutla, que tuvieron más cobertura mediática, las autodefensas tomaron mayor relevancia. Se trataba de un fenómeno reciente y recurrente, que se convertía en patrón en un estado mexicano (más tarde se daría en Michoacán, Veracruz y Oaxaca). En Cosecha Roja publicaron un link en Twitter haciendo alusión a la crónica que les había enviado. El tuit decía: “México: un pueblo ve que el Estado no va a defenderlo y decide armarse contra los narcos. ¿Embrión paramilitar?” Yo insistí en que las autodefensas en Guerrero no tenían otro interés más que brindar seguridad a los pueblos donde operaban, y que su autenticidad era tanta como su improvisación.

Pero eso había sido a principios de 2013.

El 20 de junio de ese 2013, en Tecpan, surgió otra autodefensa comandada por Leopoldo Soberanis Hernández. En esa región de la Costa Grande que comunica con Michoacán, un nuevo grupo del narco, Guerreros Unidos, formado con reminiscencias del cártel la Familia Michoacana, se peleaba el corredor para el trasiego de drogas con los Caballeros Templarios, a su vez escindidos de los michoacanos.

Este hecho ocurrió cuando los grupos de autodefensa existentes hasta ese momento adoptaron su eufemismo favorito y definieron el rumbo que tomarían en la legalidad. Bruno, por ejemplo, le puso a su grupo Policía Ciudadana y constituyó un Sistema de Seguridad y Justicia; las autodefensas de Huamuxtitlán, Alpoyeca, Olinalá y Tixtla —en este último municipio surgieron comandados por Gonzalo Molina González el 21 de enero de 2013—, se nombraron Policías Comunitarios y se adhirieron a la CRAC, y en Temalacatzingo y Cualac escogieron llamarse Policía Ciudadana y Popular.

En la Costa Grande nadie se había atrevido a organizarse, y menos en San Luis la Loma, donde vive Leopoldo. A mediados de 2008 dos capos locales pelearon a muerte y casi hasta el exterminio por el control del corredor: René el Nene Granados Vargas y Rogaciano Alba Álvarez. El Nene pertenecía al cártel de los Beltrán Leyva, y Rogaciano era lugarteniente de Joaquín el Chapo Guzmán. Ambos están presos en la cárcel federal del Altiplano, Estado de México.

Las masacres ocurrieron así: en mayo de 2008 un comando ejecutó a ocho hombres en Petatlán, entre ellos a Alejandro y a Rusbel Alba de la Cruz, hijos de Rogaciano. A su hija Ana Karen, de 18 años, se la llevaron y nunca apareció. El mismo día, en Iguala, Rogaciano se salvó de ser ejecutado, pero siete hombres que iban con él no tuvieron la misma suerte. Tres meses después, otro comando entró a la casa de el Nene en San Luis la Loma y ejecutó a sus hijas de ocho y 12 años, Yaneli y Oralia Granados Ávila, a su esposa Judith y a su cuñada Sonia. El único hijo que quedó vivo, Jorge, se salvó porque se escondió atrás de la puerta. Cuatro años después, en septiembre de 2012, Jorge murió en un supuesto enfrentamiento con el Ejército en El Tule, en la sierra de Tecpan. Tenía 17 años.

Leopoldo se presentó con el membrete de presidente de la Alianza de Desarrollo Regional Guerrero Unido, que aglutina a agricultores y ganaderos de la Costa Grande, en un acto que periodistas celebraron el 7 de junio en Acapulco para hablar sobre los riesgos en las coberturas en zonas con narcoviolencia. Su llegada pasó inadvertida hasta que alzó la mano y se presentó ante los periodistas. Con las miradas fijas en él, apremió al gobierno a combatir la inseguridad y la narcoviolencia generada por los Caballeros Templarios en San Luis la Loma. Trece días después encabezó un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Lázaro Cárdenas con cientos de vecinos para anunciar la creación de grupos de autodefensa en siete poblaciones de Tecpan.

Estuve en su casa dos meses más tarde, el 23 de agosto. Ya había visitado San Luis la Loma hacía cinco años, para el funeral de la familia del Nene Granados, a quien conocí y entrevisté. Era claro que el Nene formaba parte de un cártel poderoso del narcotráfico y que la célula que se mantenía cercana a él estaba pertrechada como para una guerra. Con este antecedente regresé al pueblo, previo contacto con Leopoldo.

En la sala de su casa, que sirve de oficina, había una mesa larga con hojas blancas y lapiceros. Por las sillas desacomodadas parecía como si acabara de terminar una reunión. Me senté un momento a petición de un joven de menos de 20 años que traía una pistola fajada en la cintura. El ambiente no me pareció como en otros lugares donde hay autodefensas y los hombres van armados. Aquí percibí tensión y recelo. Leopoldo no estaba, pero me dijeron que venía en camino. No tardó más de cinco minutos en aparecer.

Llegó en una camioneta cuatro por cuatro con hombres con armas largas, rifles de asalto y pistolas. Por las armas, la escena me remitió a las exequias de la familia del Nene. Me pareció reconocer algunas caras; también me pareció que algunos quisieron reconocer la mía. Cortés, Leopoldo me saludó y me invitó a pasar a su privado. Un aire acondicionado empotrado en la parte baja de una pared mantenía el lugar como un frigorífico. Era cómodo de todos modos; afuera la temperatura rebasaba los 37 grados.

Con él venían seis hombres de sombrero y huaraches. Eran de San Miguel Totolapan, un municipio de Tierra Caliente con el que Tecpan comparte linderos en la parte de la sierra, y eran las cabezas de seis familias de un total de 33 que habían huido de la narcoviolencia y vivían en una escuela habilitada como refugio en la cabecera municipal, a una media hora de allí. Como ellos, en Guerrero se han desplazado miles de familias de sus tierras, en una disyuntiva que va de tomar las armas para defenderse contra los narcos o emigrar a zonas donde puedan vivir en relativa paz. Cuando los vi y Leopoldo me dijo que eran desplazados, supuse que se habían acercado a él para organizarse e ir a recuperar su pueblo.

Mientras entrevistaba al comandante de la autodefensa ellos permanecieron en silencio, atentos a lo que decía. En algunos casos asentían con la cabeza y en otros se miraban entre sí. Leopoldo tuvo que salir llamado por uno de sus hombres y entonces nos quedamos solos. Allí me dijeron que eran de Las Mesas Dos, un poblado de la sierra calentana, y que con ellos había 150 pobladores más, 70 niños, 30 mujeres y 50 varones, que salieron de su pueblo porque la mañana del 4 de agosto un grupo de narcotraficantes entró echando bala. Ellos repelieron la agresión pero los narcos eran más. Al final, después de un tiroteo de muchas horas, salieron huyendo a las cuatro de la tarde entre sus casas en llamas. Treinta y cinco familias más quedaron atrapadas.

—¿Qué quieren? —les pregunté.

Uno de ellos, Isidro Urióstegui Hernández, me dijo que sus tierras.

—Allá arriba hay mucha amapola y quieren más terreno para extender sus sembradíos.

Le pregunté por qué no iban con la Policía Federal, con el Ejército, y en respuesta hasta mencionó la fecha en que fueron a verlos.

—El 8 de agosto (cuatro días después de la irrupción en su pueblo) fuimos a la 35 Zona Militar en Chilpancingo.

—¿Y qué les dijeron?

—Que iban a ir.

—Nunca fueron —adiviné.

—Pero eso no fue todo —acotó Isidro—; el gobierno dijo que éramos familias de delincuentes.

Les pregunté qué pensaban hacer, esperando que me dijeran que iban a regresar a pelear por sus casas. No fue así. Dijeron, en cambio, que aunque les preocupaba la situación de las familias que se quedaron allá, estaban seguros que regresar sería un suicidio.

—Permaneceremos en el refugio mientras haya condiciones. No volveremos.

Al poco rato regresó Leopoldo. Blanco, bajo, rechoncho y casi calvo, con un sombrero de la Tierra Caliente que desentona con la región costeña en la que vive, tiene una voz delgada y apacible que se acentuó más cuando lo tuve enfrente.

En cuanto le pregunté sobre la naturaleza de su movimiento, me dijo que los Caballeros Templarios tenían asolados a los pueblos y que por esa razón no tuvieron más remedio que armarse. Dijo que los mandos del Ejército estaban coludidos con los Templarios y que han cometido múltiples asesinatos, como el de Jorge Granados Vargas, el hijo del Nene. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Jorge se enfrentó junto con otros seis jóvenes a un convoy militar y todos murieron en esos hechos. Ningún soldado resultó herido.

Leopoldo, en cambio, aseguró que ésa fue una masacre. “Los chicos fueron levantados en una fiesta en la sierra de Tecpan, donde despedían a uno de ellos porque regresaba a estudiar a la ciudad, para luego fusilarlos. Eso y las extorsiones y los asesinatos que han cometido los Templarios fue lo que nos empujó a armarnos.”

Le pregunté sobre las acusaciones que lo señalan como miembro de la célula de los Granados que todavía opera en la sierra bajo el mando de Chava Granados, hermano del Nene. Me respondió que es parte de una guerra sucia para desprestigiarlo. Le recordé que una semana después de que anunció la conformación de las autodefensas, aparecieron mantas en varios sitios del municipio acusándolo de lo mismo y firmadas por los Caballeros Templarios.

Antes, en abril de 2013, los Templarios o Templetes, como los llaman los vecinos, ejecutaron a una familia. Eran cinco hombres, entre ellos dos adolescentes de 16 y 17 años. Encima de uno de los cuerpos había una cartulina con el siguiente mensaje: “Esto les va a pasar a todos los violadores, extorsionadores y secuestradores, y a todos los que apoyen a Chava Granados. Atte. la Limpia, los Caballeros Templarios”.

—Es parte de lo mismo —me dijo—. Los grupos delictivos nos han amenazado, pero no daremos un paso atrás.

—No es cualquier cosa...

—Estamos haciendo frente con presencia fuerte de grupos para responder a estas amenazas e intimidaciones. Lo que queremos es establecer de manera permanente un clima de paz y tranquilidad, y vamos a buscarlo hasta lograrlo.

—¿Y cómo le van a hacer?

—Con una mano trabajando y otra en la pistola.

Le mencioné la capacidad bélica que han demostrado tener los grupos del narcotráfico.

—También nosotros la tenemos. Iniciamos con presencia en 30 comunidades con unos 600 hombres; ahora somos más de 90 pueblos y unos 3 mil efectivos.

Antes de despedirnos, le pregunté qué trato había firmado con el gobierno de Aguirre el día que bloquearon la Carretera Federal 200. Me dijo que sus hombres serán entrenados a través del Instituto de Formación y Capacitación Policial, para luego integrarlos en una Policía Rural cuya creación era apenas un anteproyecto que ni siquiera había recibido el Congreso local; no obstante, cuando salía del pueblo me ofreció trasladarme a Chilpancingo en un autobús dispuesto por el gobierno del estado para sus muchachos y resguardado por la policía. Supe entonces que la firma había sido literal. Después me dio una tarjeta de presentación. En ésta ya no decía Alianza para el Desarrollo Regional, como en las que repartió el 7 de junio a los reporteros que lo entrevistaron en Acapulco, sino Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido.

8

De regreso de San Luis la Loma quise pasar a la colonia Brasilia, en Coyuca de Benítez, donde el 24 de febrero de 2013 hubo un brote de autodefensa que no duró más de una semana. En cuanto se dieron a conocer el gobierno les mandó un emisario y pronto pactaron un acuerdo, un acuerdo como el que el gobierno quiere establecer con toda la autodefensa: el desarme incondicional, aunque signifique quedar a merced de los narcos y los criminales, una de las razones por las que se oponen. Quise pasar para saber qué había ocurrido, por qué después de la estridencia de la insurrección de pronto se apagaron, pero Ossiel Pacheco, un colega que radica en esta ciudad, buscó la forma de convencerme de que no lo hiciera. Hablé con él por celular cuando todavía estaba en San Luis la Loma. Me dijo que los muchachos ya no querían hablar y que sólo hallaría animadversión y resquemor. Le insistí y entonces él le marcó a quien encabezó el movimiento, un hombre llamado Carlos García Jiménez.

—Para que te desengañes —me dijo.

Nunca le contestó. Días después fui solo. En el barrio de callejuelas de arena fina como si una marea hubiera bajado de pronto, nadie supo darme razón. O no quisieron. Después llamé a un número que Ossiel me pasó y fue lo mismo. Cuando tuve oportunidad le pregunté a Manuel Vázquez Quintero, el abogado de la UPOEG, si él sabía lo que había pasado.

—Se nos acercaron —me dijo—, querían que los asesoráramos, estar con nosotros, pero el gobierno entró antes y guardaron sus armas.

Aquel día, después de hablar con Ossiel, me fui de paso hasta Chilpancingo; al siguiente día tendría que ir a Tlapa, donde el grupo de la autodefensa que encabeza Citlali Pérez asumió el control de la seguridad en la colonia Zapata.

9

Un día antes de ir a San Luis la Loma regresé a Xaltianguis. Había ido con Bruno durante el tiempo que anduve tras él, un mes antes. Aquella ocasión pernoctamos con una familia adinerada que nos ofreció su casa, la víspera de la visita del gobernador. Bruno se quedó en el piso de arriba con Zarco y Negro. En la parte de abajo, junto con Manuel Vázquez y un ex alcalde de Acatepec que seguía a Bruno desde Chilpancingo, me quedé yo, recostado en una hamaca sin poder conciliar el sueño del todo. Ese día me percaté de la efusividad que Bruno despierta en la gente. Xaltianguis, además de ser un pueblo clasemediero, de pequeños empresarios, profesores y burócratas, de agricultores y ganaderos, es racista, como muchos lugares de la Costa Grande, donde no hay presencia de comunidades indígenas; al contrario, en la zona serrana los genes caucásicos se notan en la piel blanca y en los ojos de color de los pobladores.

En la zona cafetalera de Atoyac, por ejemplo, en la mera sierra, el desprecio hacia los indígenas es marcado desde el adjetivo de chante para referirse a ellos hasta la sobreexplotación de la que son objeto en los cafetales donde se alquilan para la pizca del café. Sólo que esta vez en Xaltianguis la situación fue distinta. Me llamó la atención cómo había crecido el liderazgo de Bruno entre estos mestizos desde aquel 12 de junio de 2013 cuando entró por primera con sus autodefensas echando balazos hasta que orilló a una célula criminal con la que se enfrentó en el panteón. La autodefensa mató a tres, detuvo a dos y otros tres lograron escapar entre los tiros.

El antropólogo Abel Barrera Hernández tiene una explicación: “Su discurso es bastante mestizo”, me dirá cuando hable con él sobre la personalidad de Bruno. Los varones le mostraban su respeto incondicional y las mujeres le flirteaban de algún modo. El grupo de mujeres que lo seguía se hizo cada vez más numeroso y activo, tanto que luego de un mes de que visitara el pueblo ellas se organizaron para conformarse como el grupo femenino de autodefensas. Y a propósito de esto formularon un neologismo: “cabrunas”. Una fusión de dos palabras, el adjetivo cabronas y el nombre propio de Bruno, de allí el término. Cabrunas para las mujeres y cabrunos para los varones.

—¡Póngase cabrunas! —escuché en distintas ocasiones que se decían entre ellas.

En esa nueva tipología decidió entrar Amir Zapata Jiménez, una mujer de más de 30 años, oriunda de Xaltianguis, madre soltera y una de las que reclutó a sus paisanas para enlistarse en la autodefensa. Estuvo con Bruno en el acto de juramentación del presidente de la Coparmex, Jaime Nava Romero; estuvo en la reunión con el gobernador al día siguiente, en la casa oficial, cuando los recibió y donde se acordó que visitaría el pueblo; estuvo en el Distrito Federal cuando lo mandaron llamar a la Secretaría de Gobernación, un par de días después del incidente en El Pericón.

Antes de que se conformaran como autodefensa, Amir discutió la situación con Bruno. Le dijo que consideraba pertinente que anduvieran armadas. Él respondió que no, que era mejor que se armaran de valor, que ésa era la mejor arma ante cualquier delincuente. Ella le insistió sin conseguir disuadirlo. Esa convicción me la expresó.

—Yo le dije: “Deberíamos de andar armadas. ‘No’, dijo él, sin dar lugar a discusiones”. Pero sigo pensando que era buena idea.

Cuando me lo confió, antes de que se supiera en la prensa sobre el proyecto, me pidió una opinión. Yo no supe qué decirle y así se lo expresé.

—Estamos formando una policía comunitaria de mujeres —me dijo un 11 de agosto en la noche, vía telefónica.

—No sé, pero a ver, platícame más...

—Claro, no con la misma responsabilidad de los hombres pero sí con el mismo manifiesto y dándoles el apoyo total. Es para reforzar el movimiento.

—¿Y cuándo?

—A la brevedad posible. Creo que esto será algo fuerte, aunque por ahora sólo en Xaltianguis.

Por eso estaba de regreso en Xaltianguis, buscando a las mujeres que habían decido armarse, unas de valor y otras —al final sí, desde luego que sí— con armas de verdad, aunque algunas aún con miedo. Aquel martes 30 de julio en que Bruno estuvo con el gobernador y todo su gabinete no salieron a relucir tantas historias de muerte como esta vez que llegué con Pedro Pardo y un colega enviado de la revista Forbes, Nathaniel Parish. Historias que se cuentan como anecdotario popular. La vez que mataron a cuatro chicos y a un hombre mayor en una cancha de futbol; la vez en que el Ejército se balaceó con un grupo de sicarios que vivían en el pueblo y mataron a ocho, después de más de cuatro horas de tiroteo y correderas por el pueblo; la vez que sicarios vestidos de militar fueron por un campesino luego de una pelea de gallos y éste apareció días después en un predio, muerto, en estado de descomposición; la vez que mataron a una familia completa cerca del panteón; la vez que secuestraron al tendero, al farmacéutico, al hijo del director de la escuela...

Aquí la vida empieza muy de mañana. A las cinco, aún de madrugada, los ganaderos van a ordeñar sus vacas, y a las seis los burócratas que trabajan en el puerto se alistan para trasladarse hasta la ciudad. Son 45 minutos de camino y no querrán llegar tarde. A la misma hora, los campesinos, aunque cada vez son menos, van a labrar sus tierras y las señoras amas de casa se quedan preparando el almuerzo. Más tarde, a las siete, otras mujeres se levantan a vestir a los hijos para ir a la escuela. Van al kínder o a la primaria; a los chicos de secundaria sólo los apremian para que no lleguen tarde.

Unas 100 mujeres también se visten de playera azul marino con una leyenda en la espalda que dice “Policía Ciudadana”. Se enfundan jeans o bermudas, se ponen su gorra gris y se alistan para vigilar los accesos de las escuelas. Las que tienen hijos estudiando van rápido a dejarlos y se dirigen a la comandancia general para pasar revista. Y si bien no todas usan armas no es porque Bruno se haya opuesto sino porque no saben dispararlas. Otras ni siquiera habían agarrado una pistola hasta antes del 18 de agosto, cuando se sumaron a la autodefensa surgida dos meses atrás.

—Ya aprenderán a usarlas —me dice el comandante Miguel Ángel Jiménez Blanco cuando platicamos en la comandancia de la autodefensa.

La policía femenina, como ahora les dicen los varones con cierto respeto, es un ejército de viudas, huérfanas, madres sin sus hijos, chicas sin sus primos, o sin sus tíos, que la delincuencia les mató. Todas tuvieron motivos de sangre para enrolarse.

En la comandancia general donde están las celdas para los infractores y donde pasan revista las mujeres, un efectivo me dice que brotaron para dar seguridad a la gente; porque ya no confiaban en la policía municipal. En el lugar hay unos ocho detenidos de diferentes edades que hacen trabajo comunitario, la forma de castigo o reeducación a la que son sometidos los infractores, de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas, trasladados por Bruno a estas zonas mestizas del estado. Acarrean arena y aplanan un terreno en lo alto del área, bajo un árbol, donde se reúnen los consejeros y los coordinadores de la organización para discutir y deliberar asuntos internos.

Celsa Zarco Téllez, comandanta de la autodefensa femenil, dice que está cansada de recordar cómo perdió a su familia. Trato de entenderla. Una vez que se supo que un centenar de mujeres de un pueblito de Acapulco se estaba armando para irse a la autodefensa, la noticia se regó en los medios del país y el mundo y ha dado muchas entrevistas.

—No sé, muchas, como unas 15 —recuerda cuando le pregunto las veces que ha sido requerida por reporteros.

Hasta una “mentada Denise Maerker” le hizo una entrevista un día, dice.

Y ahora que junto con Nathaniel le decimos que queremos que nos platique su historia, cómo es que además de ser ama de casa y carnicera en el mercadito del pueblo se decidió a entrarle a las autodefensas, Celsa arruga la cara.

—Ya estoy cansada de recordar —se excusa.

Está parada atrás de la barra de azulejos más bien cochambrosa, con un mechudo de tiras de plástico en la mano. Espanta las moscas a los trozos de carne de res y de puerco que de vez en vez pesa y vende mientras platicamos. Dice que nadie se sentía seguro antes de que llegara la autodefensa. Dice que los secuestros y las violaciones eran recurrentes y la policía municipal ni se paraba por ahí.

Antes de llegar a su carnicería, un local pequeño rodeado de puestos de comida y frutas de temporada, un grupo de 10 mujeres no bien se enteraron de que tres periodistas andaban en el lugar salieron a nuestro encuentro para contarnos las anécdotas que los marcaron como comunidad: el 2 de mayo de 2010 hubo cinco asesinatos. Eran cuatro chicos y un hombre de unos cincuenta y tantos años de nombre Jesús Almazán que estaban viendo una final de futbol femenil en la cancha del pueblo. Hasta allá llegaron unos hombres armados, unos dicen que echando bala, otros que iban por don Jesús, quien repelió la agresión pero las balas se le acabaron. Mató a dos. Los sicarios eran más y lo mataron a él y a otros cuatro que nada tenían que ver.

Afuera de la casa donde cayeron los muertos una anciana nos mira con recelo. Luego, cuando reconoce al viejo que nos guía, don Abundio, un vecino del pueblo que nos asignó el comandante Miguel para acompañarnos, sale a recibirnos.

—¡Jesús!, nomás escuchaba los balazos. Fueron muchos; miren, hasta aquí en mi casa vinieron a dar. Dios quiso que yo no estuviera afuera, si no sí me matan, pues —dice cuando nos sentamos en su pretil, bajo un almendro adulto y frondoso.

El viejo repone que sí, que estuvo muy fea la cosa, que fue un milagro que no le pasara nada.

—Pero, a ver —dice la anciana—, ya estamos aquí. Que sea lo que Dios diga.

El patio donde están esparcidas las cruces de madera en memoria de los difuntos está bien regado y barrido, y el calor del mediodía ni se siente. En ellas apenas se lee: Samuel, José de Jesús, Jesús Almazán; hay otro nombre ilegible, y una cruz más que sólo tiene el madero vertical: la parte horizontal y el nombre inscrito se desprendieron con el tiempo.

Uno de estos muertos era esposo de Brenda Castillo Hipólito, profesora de primaria y ahora jefa de una unidad de las autodefensas. La conoceré en la tarde, en la comandancia, como conoceré también a Angélica Romero Manrique, una guardia que se distingue de sus demás compañeras por su bravura y cuyo marido se siente orgulloso de ella “aunque descuide la casa”. Brenda tiene apenas 28 años, y cuando le pregunte qué hace en la bola me aclarará que es viuda y que en ese asesinato sumario del que todo mundo habla estuvo su esposo. Recordará que aquel domingo él fue a ver el futbol, y que como a las ocho de la noche le llevaron el aviso.

—Sé fuerte —le dijeron, y luego le dieron la noticia que la derrumbó.

Eso, y sus dos hijas de seis y nueve años que le quedaron huérfanas de padre, fueron el motivo para que se animara a entrarle.

—Pensaba en ellas, en la vida que les iba a dejar —dirá.

Mientras hablemos de pronto dará la espalda a un grupo de hombres que tendrán rato observándonos. La notaré nerviosa. Le preguntaré qué pasa. Ella responderá que uno de aquellos varones es hermano de uno de los presos que tienen en la comandancia y tiene miedo de que tome venganza. Fuera de ese tipo de congojas, la notaré convencida.

—Antes no éramos libres de salir ni al balcón. Allá en mi escuela donde doy clases, en el pueblo Las Marías, asaltaban la camioneta pasajera y unos muchachillos iban empistolados a extorsionar a los maestros. Pero eso se acabó, fueron los comunitarios y huyeron —me seguirá contando.

La casa de la anciana, en cuyo alero descansamos don Abundio, Pedro, Nathaniel y yo, es de adobe y techo de teja. En esta parte de Xaltianguis es común ver este tipo de construcciones. Incluso hay callejas sin pavimentar y charcos de aguas negras. Un arroyo que arrastra drenaje y pececillos de colores que se niegan a morir en la polución se cruza por un puente. En el centro del poblado es otra cosa: allí casi todas las casas son de concreto y de dos pisos; algunas incluso tienen bardas altas y portones con interfón y pinos de granja asomando en lo alto.

Por allí también está el mercado donde las comerciantes y los clientes nos hablaron del asesinato sumario y de los demás crímenes que estuvieron ocurriendo hasta antes de que apareciera la autodefensa de la UPOEG. Recordaron que el mismo año de la matanza en la cancha de futbol, 2010, asesinaron a Asunción Pineda Almazán. Y unos días después a Ricardo Flores Bello, el 23 de mayo. Ricardo era dueño de un predio que rentó para que se hicieran peleas de gallos, las mismas que se hacen cada año durante la Feria de San Isidro Labrador, el santo patrono del lugar. Este episodio lo contó su hijo.

—¡Vayan a llamarlo, chamacos! ¡Vayan a llamarlo! —pidieron las mujeres a unos chicos que pateaban una pelota a esa hora por la calle del mercado.

Los chiquillos salieron corriendo mientras la pelota rodaba a toda velocidad delante de ellos; luego regresaron gritando, como informando a todos y a ninguno a la vez, sin perder de vista el balón.

—¡Ahí viene! ¡Ahí viene...!

Los pistoleros llegaron como a las seis y quince, lo recuerda bien su hijo, un treintón regordete y moreno que nos pidió que no anotáramos su nombre. No es que él haya estado allí, pero se lo dijeron quienes presenciaron el crimen. Lo primero que pensaron fue que eran guachos que iban a revisar el permiso para hacer peleas de gallos, porque iban vestidos con uniformes militares. Don Ricardo, que sólo había rentado el lugar, no se preocupó. La sorpresa fue que llegaron directo a él.

—Todos al suelo, hijos de su chingada madre —entraron gritando.

Y en cuanto vieron a don Ricardo, fueron por él.

—Por ti venimos —le dijeron y le dieron un culatazo con un cuerno de chivo en la cabeza.

—Si me van a matar, mátenme —se engalló don Ricardo.

Pero no lo mataron. Lo subieron a una de las camionetas en las que iban. A los dos días le hablaron a su hijo para avisarle que habían matado a su padre y el lugar donde lo habían dejado. Él mismo se lo reclamó a los soldados el 24 de julio de 2013, cuando los militares amenazaron con desarmar a la autodefensa y la población bloqueó la carretera federal para impedirlo. Les gritó que el día que levantaron a su padre fue a pedirles ayuda, y aunque le dijeron que luego iban, nunca lo hicieron.

Más tarde, en 2011, mataron a Óscar Basilio Manzo, a su esposa Mariana Almazán, y a Yareli Basilio Almazán, de 12 años, hija de ambos. Cuentan que la niña quedó viva. Una vez que la camioneta que manejaba su papá perdió el control y fue a dar a un estero, a unos cinco metros de la carretera, hasta allá fueron a rematarla de un balazo en la cabeza. Y en 2012 mataron al esposo de doña Mago, una vecina del lugar. A él lo levantaron y pidieron rescate a cambio de dejarlo libre. Como pudo, la mujer pagó 80 mil pesos, pero con todo y eso se lo mataron.

Cuando recuerdan estas historias las mujeres se miran unas a otras, conmocionadas. En septiembre de 2012 también secuestraron a Josúe Orozco González, un chico de 21 años que estudiaba educación física en Acapulco. Era hijo del director de la primaria Ruffo Figueroa. Se lo levantaron y le pidieron dos millones de pesos por él. Unos dicen que los entregó, aunque a los ocho días hallaron muerto a Josúe en un cerro aledaño. Y en diciembre un sicario les disparó desde una moto a los hermanos Eduardo y Giovanni Sánchez Sandoval. Primero mató a Eduardo; Giovanni trató de escapar y se metió a una tienda para esconderse. El sicario fue por él y lo mató adentro.

Las mujeres empiezan a hablar casi al mismo tiempo. Que en febrero de 2011 asaltaron en pleno día la sucursal de Bansefi. Que mediante anónimos los narcos mandaban a la gente para que no salieran a determinadas horas del día. Que imponían toques de queda. Que antes, como a las siete de la noche, ya no había nadie en las calles y los comercios estaban cerrados. Que los sicarios ordenaban que cuando vieran camionetas de tales características se tirarán al suelo con las manos en la nuca y no regresaran a verlos.

Andando con don Abundio por las calles calurosas del pueblo, noté que Xantianguis es un pueblo envejecido; no es que haya pocos chicos, sino que se nota la predominancia de los adultos y los ancianos; aunque muchas familias se han desplazado, huyendo de la violencia, como los Noh Colli, unos migrantes yucatecos que tenían muchos años viviendo en el pueblo pero que terminaron por abandonarlo cuando arreció la violencia. Su casa está allí, vacía, como si el tiempo no hubiera pasado. El jardín de rosas de la señora Colli todavía se ve vivo, reverdecido por los temporales de lluvias que acá son abundantes. Con las cortinas aún puestas, pero emblanquecidas por el sol.

En otro lugar no muy lejos de allí está la casa de los Almazán, con cientos de marcas de tiros en sus paredes. Los cristales aún quebrados por los proyectiles y con los portones agujerados. En esta casa donde parece que tampoco ha pasado el tiempo se dio una balacera que duró varias horas entre narcotraficantes y soldados. En el enfrentamiento, en octubre de 2012, murieron ocho civiles del bando de los criminales y un mayor del Ejército fue herido, recuerda el viejo Abundio.

—Fue una balacera que duró más de cinco horas. Empezó en la mañana y terminó entrada la tarde. Los que habitaban la casa eran cuatro. Ellos eran del pueblo y los conocíamos; sabíamos que andaban en malos pasos y a veces hasta se propasaban con nuestra misma gente. Eso les acarreó enemistades y rencor. Cuando llegaron los del Ejército se vieron rodeados pero aguantaron el tiroteo; luego les llegaron refuerzos quién sabe de dónde y la balacera y la persecución se regó por el pueblo. Todos nos encerramos. Recuerdo que nomás oíamos gritos, disparos, ráfagas. “Ahí vienen, ahí vienen”, gritaban. Y más disparos.

Celsa tiene 43, es robusta, de lentes y bien vestida. Sus fotos con zapatillas y bermudas entalladas y un fusil de bajo calibre en las manos han aparecido en páginas web de sitios de información nacional. Cuando platicamos con ella sobre su decisión nos aclara que no la motivó la venganza, a pesar de haber perdido a tres miembros de su familia a manos de los narcos.

—No —dice—. Nunca busqué venganza. Busqué paz y tranquilidad para los que vienen atrás de nosotros.

Entre septiembre de 2010 y julio de 2011 mataron a su tío, a su hermano y a un cuñado. Al primero le cortaron la cabeza. A su hermano mayor, que fue la única figura paterna que conoció, ante el abandono de su padre, lo asesinaron el 27 de diciembre de 2010, cuando era comisario del pueblo. Y a su cuñado lo mataron en julio de 2011 luego de ser secuestrado.

—Él le decía a mi hermana que no pagara rescate de nada si algún día lo secuestraban. Llegó ese día, y no sé si fue porque él les dijo a los secuestradores que no pidieran nada porque nada les darían, lo mataron sin pedir dinero. Lo hallaron después, muerto, en el río del poblado Kilómetro 48.

—¿Y cuándo se decidió por formar parte de las autodefensas?

—Yo decía: “Esto tiene que terminar hasta que la gente se arme de valor”, porque ya ni a los niños queríamos llevar a la escuela. Luego de que matan a mis familiares siguieron pasando cosas, cosas feas, y todo lo que pasaba me lastimaba porque yo ya había pasado por eso. Entonces apareció la comunitaria de la UPOEG y pensé que era la oportunidad. Primero fueron mis hijos los mayores los que se metieron. En realidad dije: “Yo voy primero, yo voy primero”. Pero no, mis dos hijos mayores y una de mis hijas son policías ciudadanas ahora.

—Y su marido, ¿cómo reaccionó?

—Al principio se puso celoso, pero ahora me comprende.

Él es consejero de la UPOEG en el pueblo.

—Usted es la comandante, ¿cómo la eligieron?, ¿quién lo decidió?

—La gente que asistió a la asamblea me respaldó y pues no pude decir que no.

Pedro le toma fotografía; Nathaniel, además de tomar notas, también hace fotografías. Los comerciantes vecinos sólo oyen. Algunos consumidores se paran por momentos a ver la escena. Una niña curiosa se detiene y cuando Pedro la enfoca con su Canon se esconde entre los demás locales de comida y licuados. Celsa sigue: “Ya se recuperó la tranquilidad. He visto que los muchachos van a las canchas a jugar, y yo digo: ‘Qué bueno’ ”.

La convicción que muestra Celsa no es fortuita; tiene mucho que ver con sus creencias.

—Tenemos fe en Dios de que él nos va a dar fuerza para recuperar la paz, porque ya no había.

Cerca del mercado donde hablamos con la comandanta también vive Daniel Muñoz García, un gay cincuentón que no fue admitido, por su preferencia sexual, entre las autodefensa de varones, aunque sí en las de mujeres. Él mismo me lo contará en la tarde, durante la reunión de su grupo en la comandancia para participar en una actividad de difusión. Tiene una cicatriz grande en el brazo derecho, y cuando habla tartamudea y a menudo repite las palabras. Dirá que él se metió porque le mataron a dos sobrinas y a un hermano, y que aunque tiene miedo no se echa para atrás.

—Estaba bien feo, sí, sí; estaba bien feo —dirá cuando recuerde que le mataron a sus familiares.

Por la tarde, durante una ronda de vigilancia en las calles con sus compañeras, reconvendrá a una mujer que, le dijeron, había hablado mal de su inclusión en las filas de la autodefensa.

—Ahora, por chismosa, la vamos a meter presa, la vamos a meter presa —amenazará, y todas reirán por la ocurrencia.

En la comisaría despacha Alberto Castillo Castillo, un hombre güero de más de 50 años que acogió bien al movimiento. Lo que es más, lo apoya. Algo que me llamó la atención, porque muchos comisarios se han portado disciplinados, más bien sumisos, frente al fenómeno armado y ante el poder que emana desde los ayuntamientos. En Temalacatzingo, Olinalá, por ejemplo, el presidente municipal Eusebio González Rodríguez presionó al comisario de tal modo que éste terminó por no apoyar el alzamiento que surgió en diciembre de 2012 comandado por una mujer: Citlali Pérez Vázquez. Lo mismo ocurre en Tlapa, en Alpoyeca, en Huamuxtitlán, y en muchos de los 37 municipios con presencia de estos grupos armados y de la CRAC.

—Llegó el momento de alzar la voz —dice el comisario cuando le pregunto sobre las autodefensas en su pueblo—. Los comunitarios entraron porque el pueblo se los pidió.

—Pero usted no es ajeno...

—¿Y cómo? Aquí se hace lo que dice el pueblo. Ya era hora, ¿no?

—¿Y cuál es la diferencia de antes y ahora?

—Ha habido un cambio positivo. La gente ya sale a la calle y hay más actividad comercial.

Luego aclara que no están en contra del gobierno, que lo que quieren es paz y seguridad. Lo dice con un énfasis especial, como si quisiera convencernos. “Tenemos una ventaja sobre el gobierno —dice—. Nosotros aquí conocemos a los que andan mal y podemos ir por ellos y reeducarlos.” Lo otro es que todos se conocen y cuando llega gente de fuera luego luego la identifican. “Efecto cucaracha”, le llama, y pasó cuando en Río Verde, poblado de la sierra de Chilpancingo, entró el Ejército y sacó a un grupo delincuencial que secuestraba y extorsionaba.

—Se vinieron para acá. Acá se refugiaron y empezaron a secuestrar; secuestraron a Ofelio en febrero de 2013. La diferencia es que acá no entró el Ejército; acá fueron los comunitarios quienes los sacaron.

Son las cuatro de la tarde. Las mujeres se concentran en la comandancia de la Policía Ciudadana. El comandante Miguel las llama a una reunión para alertarlas sobre la intención del gobierno de desarmar a las policías comunitarias del estado. Recuerda el caso de Nestora Salgado García, comandanta de la autodefensa de Olinalá y cómo la detuvieron y la metieron presa en el penal de Nayarit. Les indica qué hacer en caso de que llegue a ir la Marina y los soldados.

La reunión transcurre muy cerca del lugar donde están las celdas con los detenidos porque el terreno que se está habilitando aún no queda listo. Desde allí, unas 50 mujeres policías comentan entre ellas la situación. Otras voluntarias llevan comida para los policías y los reos. Agua de fruta y pollo en guajillo. Por ahora todo se mueve por cooperación, me dijo Celsa cuando le pregunté cómo estaban funcionando.

—El gobierno tiene miedo de las autodefensas, pero no le tiene miedo al narco —dice una de las policías presentes mientras los varones comen.

—Ajá. Quieren desarmarnos, y luego, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Con los sartenes? —dice otra.

Se alarman entre ellas. Temen que si las desarman haya muchos muertos por represalias de quienes han detenido.

En la escalera de concreto para subir a la zona de las celdas, dos mujeres recargadas en la pared miran un anuncio. “Se busca, por intento de homicidio, secuestro, violación de menores y asociación delictuosa. Alias ‘El Takete’ ”, dice y una foto de un chico moreno se mira más abajo.

—Ésos son los que prefiere el gobierno —dice una.

—Sí, los prefiere a ellos —responde su compañera.

El comandante Miguel llama a la cordura. Pide atención, da instrucciones. Ir casa por casa para informar de la situación y pedir a los habitantes que pongan en sus fachadas banderas blancas “para demostrarle al gobierno que lo que queremos es la paz”. Luego las forma. Tarda en captar su atención. Daniel ríe con sus mohines de loca. “No me quisieron en la policía de los hombres, pero yo le dije a Miguel: ‘En ésta sí, en ésta sí’ ”, me dijo cuando vio que entrevistaba a Brenda, la viuda de 28 años, jefa de una unidad.

Dos mujeres de más de 50 años bajan para participar en la formación. Una de ellas se queja de sus reumas. Cojea. La otra dice que una uña enterrada le lastima al andar. Con todo y eso se forman y luego marchan a distintos puntos del pueblo a cumplir la última labor del día.

10

Conforme pasaban los meses el movimiento de autodefensa creció hacia muchos lados del estado. Brotó en comunidades no indígenas, en rancherías apartadas y en colonias de ciudades grandes, como en Tlapa. Quise hacer un ejercicio para control personal sobre estas irrupciones: busqué en Google un mapa de Guerrero y pensé en irlo pintando en Photoshop conforme el fenómeno se iba expandiendo por las siete regiones y los 81 municipios. Quise empezar con los que ya tenían presencia de la policía comunitaria. En la región Costa Chica: San Luis Acatlán, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Azoyú. Quise seguir así en la región Montaña: Acatepec, Metlatonoc, Malinaltepec..., pero los acontecimientos y el avance de las autodefensas iban más rápido: el ejemplo de Huamuxtitlán y Olinalá, en la región Montaña, lo siguieron en Temalacatzingo; luego Ayutla, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Marquelia, Cuatepec, Colapa en la Costa Chica; enseguida Teloloapan, Iguala, Cuetzala y Apaxtla en la región Norte; después Tixtla en la parte Centro; días después Cualac, en la Montaña; enseguida Coyuca de Benítez y Tecpan, en la Costa Grande.

El fenómeno dio vuelta y regresó a la Montaña donde Atlixtac se armó el 23 de junio, Alpoyeca el 7 de julio y Tlapa el 24 de agosto de 2013. En ese mismo año, pero en diciembre, la CRAC festejó su décimo octavo aniversario con la apertura de su quinta Casa de Justicia en Cochoapa el Grande, también la Montaña, y formalizaron sus actividades en Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca. Y entrando 2014, en enero, la autodefensa de Bruno ingresó a una docena de pueblos del valle de Chilpancingo. Otras expresiones brotaron en Cuetzala, en el norte de Guerrero, donde en 2013 la autodefensa había sido diluida por el alcalde Feliciano Álvarez Mesino, aprehendido el 8 de abril de 2014 por la Policía Federal, acusado de secuestro. Y en la segunda mitad de este año, en agosto, los pueblos de Chilapa, Hueycantenango y Zitlala también se armaron contra los narcos.

En cosa de un año las siete regiones del estado tenían presencia de estos grupos. Algunos más activos que otros, algunos con mayor protagonismo de quienes los comandan, algunos con acciones de mayor resonancia. Como fuera, en 40 municipios e incontables pueblos y comunidades la gente se estaba armando. Esos los conté a ojo de pájaro, siguiendo registros periodísticos e intercambiando información con otros colegas que habían ido a lugares en los que yo no había podido estar. Meses después, en diciembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un estudio del fenómeno en el que registró 46 municipios con presencia de autodefensas, en las siete regiones de Guerrero. Consulté el documento para tener la referencia y extraje dos párrafos del informe de 117 páginas:

A fin de ubicar en cuáles municipios de Guerrero se observa presencia de grupos de autodefensa o de policías comunitarias, esta Comisión Nacional se basó, por una parte, en las entrevistas y quejas que su personal recabó con víctimas de la delincuencia en esa entidad federativa y, por la otra, en la información periodística de los principales medios de comunicación sobre el particular. Con base en lo anterior, se advirtió la presencia de los mencionados grupos en las siete regiones y en 46 de los 81 municipios de Guerrero que, en consecuencia, son los que forman parte de este Informe, a saber:

De la región Acapulco, Acapulco de Juárez, aunque debe señalarse que la presencia de estos grupos se circunscribe a la comunidad de Xaltianguis; de la región Centro, Juan R. Escudero y Tixtla de Guerrero; de la región Norte, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Iguala de la Independencia, Pedro Ascencio Alquisiras, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecuacuilco de Trujano; de la región Tierra Caliente, San Miguel Totolapan; de la región Costa Chica, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, Juchitán, Marquelia, Ometepec, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca; de la región Costa Grande, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Tecpan de Galeana y Coyuca de Benítez, y de la región de La Montaña, Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Iliatenco, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas.

11

La inquietud del editor de Cosecha Roja, el colega argentino Sebastián Hacher, me dio vueltas en la cabeza durante meses. Él nunca vio con optimismo el surgimiento de las autodefensas en México. En una plática que mantuvimos por Skype me insistió que le parecía que los mexicanos estábamos ante un embrión del paramilitarismo, muy al estilo de Colombia o Perú.

En México, el investigador Andrés Rubio Saldívar había visto el problema desde 2001. Estudioso de los movimientos sociales en su fase más radical, recuerdo haberlo entrevistado por un ensayo que realizaba sobre la masacre de El Charco, Ayutla (cuando el 7 de junio de 1998 militares acribillaron a 11 indígenas en este pueblo de la Costa Chica de Guerrero y luego de lo cual apareció el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente). En esa entrevista me dijo que él veía venir un fenómeno de colombianización en Guerrero, en el que la guerrilla, el narco, las autodefensas y la militarización conformarían un coctel violento que golpearía con todo en los pueblos. Me lo dijo cuando el término ni siquiera sonaba en México, pero durante todo ese tiempo lo tuve registrado.

Cuando lo volví a ver, una vez que regresó a Guerrero, en julio de 2013, y se lo volví a preguntar, me dijo, desparpajado como es: “¿Eso te dije yo?”, quizá disimulando que no lo recordaba.

Y tal vez no.

—Sí —le recordé, y le pregunté cómo había logrado verlo y si seguía pensando lo mismo.

—Cuando estuve trabajando en las comunidades indígenas de Ayutla escuché muchas cosas. La gente estaba harta de la inseguridad. Pero también logré ver cómo el narco le estaba robando las tierras a los pueblos para sembrar amapola y mariguana, depredando los bosques de pino y ocote. Los pobladores, lógico, eran amenazados para cederlas. Los comisarios, asesinados. Había otros, y lo vi, que decidían mejor trabajar para ellos.

—¿Para los narcos?

—Sí, para los narcos. Rayaban amapola o la sembraban, lo mismo que la mariguana. Y no lo estoy justificando, porque eso es efecto, no causa. Los narcos se meten y ofrecen dos cosas: trabajo o el panteón, y esto lo hacen en unas comunidades indígenas muertas de hambre. Lo lógico es que terminen trabajando para ellos en lo único que saben hacer: como jornaleros.

No quiso abundar en eso. En cambio, me habló de la creación de la policía comunitaria, allá por 1995. Cuando eso ocurrió la Iglesia jugó un papel preponderante. Tanto, que el padre Mario Campos Hernández fue parte de su creación y había gente bien adoctrinada dentro de la Teología de la Liberación, como los hermanos Plácido Valerio, Bruno y Cirino. Ése fue un factor muy importante.

—Háblame más del padre Mario.

—Es un cura sesentón que está... no detrás, porque no está detrás, sino al frente de la creación de las autodefensas. Él lo ha dicho. Eso es un sesgo muy importante porque le da una cohesión cultural e ideológica al movimiento de autodefensa. Le da otras características.

Y así es, durante la entrega de los presos en El Mesón, Ayutla, aquel 31 de enero de 2013, el padre Mario, que estuvo presente, dijo algo que quedó registrado en la prensa: “Llevamos varios años organizándonos, preparándonos, y en este momento tan delicado que vive la nación, y ante el descrédito de las autoridades, hemos decidido movilizarnos. No es una llamarada de petate”.

La plática con Rubio duró más de una hora; estábamos en la habitación de su hotel, en el centro de Chilpancingo. Me dijo muchas cosas de su experiencia de haber trabajado en el corredor Marquelia-Malinaltepec, pasando por San Luis Acatlán, donde la Montaña y la Costa Chica se juntan, mero en la zona indígena de Guerrero. Conoció a Bruno por el año 2002 cuando salió de la CRAC para irse como jefe policiaco en el periodo del alcalde de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, hijo de Genaro Vázquez Rojas, un líder guerrillero de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de la década de los setenta.

Le pedí que me dijera más sobre Bruno.

—Yo he visto a Bruno consultando a las bases. Él es producto de las bases. Tiene mediaciones sociales muy fuertes. Él es un creyente verdadero; no es católico de cotorreo, él se la cree.

Cuando dijo esto recordé que estando en Xaltianguis, antes de ir a desayunar con un grupo de periodistas que venían de Acapulco, y antes del acto en el que estaría el gobernador con todo su gabinete, Bruno pasó a la iglesia del pueblo. Iba acompañado por un par de señoras adineradas que lo invitaron a su casa para que conociera a su familia. También iba Zarco y Amir. Cuando caminábamos sobre la calle húmeda por la lluvia de la noche anterior vio la iglesia; entonces pidió que lo esperaran. Yo lo seguí. Cuando entró bajó la cabeza, hizo un gesto de genuflexión y se persignó. “Ahora sí, vámonos”, dijo.

—Sin embargo —continuó Andrés—, por las necesidades del movimiento, Bruno ha destacado por su valor. En los momentos difíciles le ha respondido a la gente. Pero, te digo, en los momentos difíciles, no en los discursos ni en la asamblea, sino en momentos de vida o muerte.

—¿En qué terminará todo, Andrés? ¿Cuál es tu perspectiva?

—Bruno se puede desgastar como le pasa a cualquier liderzuelo y quizá surja otro. Porque lo que el gobierno quiere es eso, además de dividirlos con el asunto de los centavos, que ya está ocurriendo.

“Ya está ocurriendo”, dijo, porque sí, ya estaba ocurriendo. En esas fechas, mediados de 2013, la CRAC estaba dividida en tres facciones: la que dirigía Eliseo Villar Castillo, un mestizo cercano al gobierno del estado cuyo grupo operaba en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde mantiene su Casa de Justicia, que aceptó que el Ejército mexicano credencializara a los policías comunitarios, lo que motivó que fuera desconocido por los pueblos que conforman la CRAC. La otra facción surgió como consecuencia del desconocimiento de Villar. La encabezaba Abad García García, quien un año después recuperó para sí la Casa de Justicia matriz tras un enfrentamiento a balazos en el que murió el policía comunitario del grupo de Villar, Felipe Lorenzo Salinas, luego de lo cual echaron a Villar y a su gente y éste se refugió en una casa alterna construida por el gobierno del estado. La tercera facción la creó el grupo de los fundadores de la CRAC, un grupo de indígenas na savi encabezados por Cirino Plácido Valerio, el hermano de Bruno, cuya Casa de Justicia estaba en Santa Cruz del Rincón, en un municipio de la alta Montaña llamado Malinaltepec, y que, al igual que la facción de Abad, reivindica la asamblea de los pueblos como máximo órgano de gobierno de la comunitaria.

Andrés continuó con sus consideraciones: “Pero también se viene un endurecimiento. Traen a un fulano de Colombia (Óscar Naranjo Trujillo), dizque porque trató de forma eficiente las autodefensas allá y éste lo que viene a decir es: o son guerrilleros o son narcos; los de la autodefensa, digo. Cosa incorrecta por donde se le vea. Para empezar, Colombia no ha vivido los mismos procesos históricos que México. Son dos cosas opuestas, pues. Pero esa estigmatización justificó al Estado, o lo está justificando, para buscar desarmarla y encarcelar a sus dirigentes”.

Cuando dijo esto aún no encarcelaban a Nestora Salgado García, comandanta de las autodefensas de Olinalá, ni a Arturo Campos Herrera de Ayutla, ni a Gonzalo Molina González de Tixtla. Los tres fueron arrestados por el Ejército y la Marina y encarcelados en penales federales, acusados por el gobierno de secuestro, terrorismo, delincuencia organizada e incitación a la violencia. Cuando Andrés dijo esto, los tres comandantes se cobijaban en la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, una de las últimas que conformaron los comunitarios.

En la aprehensión de Nestora, Arturo y Gonzalo, Eliseo Villar Castillo jugó un papel fundamental. Villar, ya cercano al gobierno, decretó, sin consultar a la asamblea de los pueblos, que la Casa de Justicia de El Paraíso dejaba de pertenecer a la CRAC; eso desprotegió de manera legal las acciones de esa Casa de Justicia y se hicieron vulnerables a ser aprehendidos. Los detenidos que estaban encarcelados en El Paraíso pasaron de la condición de reos a secuestrados, de victimarios a víctimas, y los policías y los comandantes de las autodefensas pasaron de guardias comunitarios nombrados por los barrios y los pueblos a ser simples delincuentes. Se vino entonces la cuarta escisión en la CRAC. Los comunitarios de Huamuxtitlán, Olinalá, Tixtla y Ayutla, organizados a partir de 2012, crearon la Casa de Justicia Mi Patria es Primero, en El Fortín, una colonia de la cabecera municipal de Tixtla.

Ramiro Arroyo, un doctor en antropología social, autor de un ensayo sobre el nacimiento y el desarrollo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y profesor en la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Guerrero, vio esta atomización de la CRAC como una contradicción dentro de la organización indígena.

—Con esta fragmentación —dijo— lo que se pone en evidencia son las profundas contradicciones de la CRAC.

—¿De qué modo?

—Los dirigentes se dieron a las disputas por los recursos que les da el gobierno, el territorio que controlan y las venganzas internas.

Conversamos en Chilpancingo. Fue una plática que nos llevó varias horas en una cafetería del zócalo de la ciudad. Un amigo en común nos acercó cuando supo que ambos trabajábamos sobre el mismo tema. Le pregunté que si él tenía esa certeza, qué veía en el futuro.

—Para tener esa perspectiva, primero hay que revisar el pasado.

Entonces dijo que él no tenía duda de que la CRAC tiene un antecedente en la guerrilla que encabezó Genaro Vázquez Rojas, en la década de los setenta, en San Luis Acatlán, donde nació la CRAC hacía 19 años.

—Y no es una acusación —acotó—; es una certeza a partir de un estudio sociológico sobre la génesis de ese movimiento.

—De modo que...

—Que de guerrilla el movimiento pasó a ser autodefensa, y lo que veo a partir de allí es una involución, que una facción de la CRAC pasara a ser...

—¿Qué facción? —interrumpí.

—La encabezada por Eliseo Villar Castillo; ésa pasará al paramilitarismo.

—¿Por qué ve eso?

—¿O a dónde irá una vez que termine el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, si ya fue desconocido por la CRAC y lo único que lo sostiene es el reconocimiento del gobernador? Además, hay que recordar una cosa: esa facción fue la única que aceptó ser credencializada por el Ejército.

—¿Pero paramilitares de quién?

—De las mineras; de las empresas mineras que ya tienen concesiones en la región de la Montaña, pero que muchos pueblos no los dejan ingresar a su territorio.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, una ONG con 19 años de trabajo en las comunidades indígenas de la Montaña, no vio tal riesgo. Cuando lo entrevisté, recordó que en Guerrero las comunidades siempre han tenido sus policías, incluso antes de la CRAC, que se había formado 18 años atrás. “Las policías comunitarias —dijo desde Tlapa— no están surgiendo de la nada; hay un ancla comunitaria, una raíz profunda. Esto no significa que no se pueda, en un momento dado, desvirtuar el proceso organizativo de las comunidades.”

—¿No será que ese riesgo sí lo está viendo el Estado?

—Pero eso no debería ser una preocupación para el Estado. En Guerrero hemos visto que donde ha habido Ejército ha habido grupos delincuenciales para hacer su trabajo sucio. Desde los años setenta, durante la guerra sucia.

Abel, antropólogo social de profesión, vio a las autodefensas como una nueva forma de organización de los pueblos. “Una expresión, primero, de cómo las comunidades están respondiendo a un nuevo desafío que no se había presentado de manera tan grave, como es la inseguridad y la violencia; y segundo, de la descomposición en los sistemas de justicia y de seguridad del Estado, que ha sido tan devastadora que a las comunidades no les quedó más que recuperar sus propias formas de organización.”

—¿Se esperaba la respuesta del Estado que amaga con el desarme?

—Claro. Para el Estado esto es como la versión ciudadana de la rebeldía y de la insurgencia cívica, y se tiene que apagar, porque se está a un paso de que haya una reacción mucho más grande y activa que enfrente al sistema.

Le recordé que eso se argumentó en el caso de Olinalá, donde Nestora había mandado detener al síndico del lugar, motivo por el que fue encarcelada. Opinó que en Olinalá lo que se dio “fue la oportunidad de criminalizar a la autodefensa y darles un golpe ejemplar y contundente a sus integrantes y a quienes la miran con simpatía. En este caso, el Poder Ejecutivo suplantó al Poder Judicial. Se usó todo el poder militar y de la Marina para detenerla, y eso habla de cuán descompuesto está el sistema, cuán débil aparece. Hay una actitud poco inteligente de querer contener un movimiento que nace desde la sociedad”.

—Pero no es un movimiento homogéneo.

—Claro que no, pero las diferencias que percibo en los grupos de autodefensa las atribuyo a la pluralidad que hay en los sistemas normativos de los pueblos. No hay una regla ni un modelo único para responder a una situación de inseguridad y, sobre todo, de disfuncionalidad del sistema estatal de justicia y seguridad. Son expresiones diferentes de un mismo problema.

Le pregunté si en algunas de esas expresiones no veía otro tipo de influencias, como la del narcotráfico.

—Sí, sobre todo en la Costa Grande y en la zona norte. Las veo en otra lógica, pero es porque están en regiones donde la disputa por los controles territoriales entre los grupos delincuenciales es frontal. Ahí están permeados por este tipo de grupos, y las autodefensas, aunque tienen raíz comunitaria, están contaminadas, influidas o motivadas por otro tipo de intereses que socavan la lucha legítima que tienen los pueblos de garantizar su seguridad.

Le pregunté qué veía después de esta efervescencia. Dijo que el fenómeno seguiría reproduciéndose en los siguientes meses y años: “Esto se va a seguir multiplicando. Lo vemos en las comunidades de la Montaña que nunca se habían planteado este tema como ahora. Hay un replanteamiento acerca de cómo tiene que ser la seguridad en los pueblos, y la autodefensa es el modelo más fácil de construir para responder a la delincuencia en términos de buscar autoprotección y autocuidado.”

Un alto funcionario del gobierno estatal me dijo algo similar cuando lo visité en sus oficinas en Chilpancingo. “Para el gobierno el asunto de las autodefensas es un problema que no tiene solución. Es un problema sin fin”, aceptó resignado.

Sólo atiné a verlo con incredulidad.

—No al menos a corto plazo —aclaró.

—Pero, ¿tú qué opinas? —pregunté.

—No esperes que se solucione en este gobierno. Para eso se necesita atacar el problema de raíz, no con paliativos, como se están implementando ahora.

Hablé con él durante varios momentos mientras escribía esta crónica. En ese lapso detuvieron a Nestora Salgado, a Gonzalo Molina y a Arturo Campos. Cuando esto ocurrió volví con él para que me dijera qué estaba pensando el gobierno; por qué estaba actuando así. No fue del todo claro. Dijo, más bien, lo que como parte del gobierno él sabía al respecto de, por lo menos, dos de estos cabecillas de la autodefensa: Gonzalo Molina de Tixtla y Arturo Campos de Ayutla.

—Gonzalo tiene nexos o formó parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR) —aseguró.

Le pregunté que cómo sabían eso. Cuáles habían sido sus fuentes, sus evidencias para darlo por hecho. Calló por un momento. Pensé que lo diría. Me equivoqué.

—Sólo diré que en sus momentos más activos el EPR hizo muchas acciones en Tixtla, y desde ese tiempo se fichó a Gonzalo. Él, sin duda, perteneció a sus filas.

De Arturo Campos dijo lo mismo, pero lo ligó con la guerrilla que surgió en 1998, tras la masacre de El Charco, la del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, a su vez escindida del EPR, disuelta por el Ejército mexicano un par de años más tarde.

—De ese grupo quedaron reminiscencias —dijo el funcionario—. Ellos pasaron de la clandestinidad a la organización social, formando la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos en el año 2000. Era el brazo civil de la guerrilla y Arturo Campos hasta fue dirigente.

“Los tres, o cuatro, junto con Nestora Salgado García y Miguel Vitragos (de Huamuxtitlán) pretendían conformar un corredor de la autodefensa que cruzaría desde Tixtla, pasando por la Montaña, en Olinalá y Huamuxtitlán, hasta llegar a la Costa Chica, en Ayutla.”

—¿Y por qué Vitragos no corrió la misma suerte que los otros tres?

—Porque él se deslindó a tiempo de la Casa de Justicia de El Paraíso. Tengo entendido que es amigo del secretario de Gobierno (Jesús Martínez Garnelo), que ambos fueron compañeros en la secundaria y que él le habría advertido: “Van por ti, cabrón, también van por ti”.

12

Tres días después de que acompañé a Bruno a Acapulco y a Xaltianguis, por fin tuvimos oportunidad de conversar. Fue en la tarde, tras desahogar otra reunión en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sugirió ir a una fonda cuya dueña lo saludó como viejos amigos. Era jueves, el día en que llueve mezcal y se come pozole verde en Chilpancingo. Comimos con otros integrantes de la UPOEG, entre ellos Crisóforo y Manuel, que se retiraron tan pronto terminaron. Bruno pidió que cerraran el establecimiento y entendí que podíamos iniciar la entrevista. En el lugar sólo se quedó Negro, su escolta, y Amir Zapata, la promotora de las autodefensas de mujeres en Xaltianguis.

Le pregunté qué había pasado por su cabeza cuando se echaron a la calle, embozados, a poner retenes y a detener halcones y dealers. Lo único que cruzó su mente, me dijo, era que no podían seguir así, y que alguien tenía que atreverse a poner orden. “No íbamos a esperar a que la CIA viniera a resolver el problema de los narcos o de la delincuencia organizada.”

Con el paso de los días comprendieron que no todos los delitos que ocurrían eran cometidos por la delincuencia organizada: “Vimos que muchos aprovecharon la sicosis para hacer de las suyas”. Pero lo más importante que entendieron es que “la delincuencia dejó de ser organizada en el momento en que la gente empezó a organizarse”.

—Pero enfrentar un poder como el del narco no es cosa menor.

—Cuando un pueblo se une en un sentido común no es sólo un tema de armas. El pueblo es muy peligroso cuando se enoja y dice: “No puedo seguir así”.

—¿Se siente respaldado por la gente?

—Si fuera un asunto de Bruno esto ya hubiera fracasado. Hay una estructura que está operando en células.

Sin pregunta de por medio, me contó que la gente suele preguntarle si tienen miedo.

—¿Y qué responde?

—Claro que tenemos miedo, pero nos tenemos que curar, porque también es una enfermedad.

—¿No han recibido amenazas?

—La delincuencia no nos puede amenazar.

—¿Por qué? ¿No lo han hecho?

—Lo han hecho, pero sabemos lo que hacemos, el riesgo que corremos. Y tampoco vamos a morirnos de puro miedo.

Mencioné que había una discusión sobre el riesgo de que este tipo de movilizaciones terminara en paramilitarismo. Me respondió que eso podría pasar si el movimiento no fuera más que un grupo de gente. “Si hay una máxima autoridad, que es la asamblea de las comunidades, veo difícil que las cosas pueden salirse de las manos.”

—Pero ustedes son un grupo.

—Pero es un grupo al que la comunidad le delegó la responsabilidad para que la cuide, que no se manda solo. Hay una autoridad que lo regula de manera permanente.

Antes de entrar a la fonda donde estuvimos hasta entrada la tarde, y donde él se quedó con Amir terminada la entrevista, fuimos a una pozolería tradicional, concurrida de Chilpancingo, repleta de clientes y con un cantante de música grupera. La música no era música sino un ruido estridente, y el aparato de sonido no le hacía ningún favor a la voz del cantante vestido de norteño. Nos salimos. Y no es que a Bruno le moleste ese ambiente, no —“me gusta este ambiente”, me dijo—; la cosa es que allí era evidente que no podríamos platicar.

En la fonda, en cambio, todo era silencio; apenas el ruido de los vehículos que pasaban por la avenida Vicente Guerrero llegó a interrumpirnos. Saludó a la dueña, una indígena joven que le regresó el saludo con deferencia. Estando allí le pregunté también por su acercamiento con el gobierno del estado y hasta busqué una analogía muy usada en Guerrero.

—¿No fue como el beso del diablo la ayuda que aceptaron del gobierno?

—No. Nosotros antes que nada pusimos el diálogo, no la sumisión. La sumisión es para los gusanos. En el momento en que el gobierno quiera someternos ese día rompemos.

—Pero han recibido apoyo, prebendas —insistí.

—Apoyo no, apoyo no. Estamos en una etapa de diálogo. Apoyo significa cuando tenemos todo de él.

—Pero sí les ha dado recursos...

—Ah bueno, se nos ha apoyado con algunas camionetas, porque estamos contribuyendo con la seguridad. Porque la gente aporta las armas, aporta la comida y todo lo demás. Podemos decir que de todas las necesidades el gobierno nos aporta uno por ciento.

—Uno por ciento, dice usted, de los recursos para operar lo pone el gobierno. ¿Y el otro 99 por ciento?

—Lo pone la gente.

—Y esa camioneta que usted carga no va a negar que le fue dada por el gobierno.

—No, no lo niego, y es por lo mismo; no es a cualquier cosa a la que nos estamos enfrentando.

—¿No que no tiene miedo?

—Más vale.

Un año más tarde, en septiembre de 2014, volví a entrevistarlo. Lo busqué para preguntarle sobre las órdenes de aprehensión que el gobierno del estado había librado en su contra. No me dio muchas respuestas. Dijo que en el gobierno del estado hay un ala que quiere encarcelarlo y otra que quiere seguir coordinándose con su organización. Le pregunté cuál era cuál. A qué ala pertenecía el gobernador, por ejemplo. Me respondió con evasivas, aunque no fue necesario que lo dijera. Cuando llegó al lugar de la entrevista, una casona de Chilpancingo donde opera un canal de televisión local y donde también lo entrevistaron, traía la misma camioneta blindada otorgada por el gobierno, y Zarco venía al volante.

El sábado 3 de agosto, el noveno y último día que lo seguí de cerca, Bruno estuvo en Las Mesas, un pueblo de San Marcos en la Costa Chica. En la cancha de basquetbol hubo una asamblea regional de la UPOEG donde se rechazó adscribirse a la Policía Rural, una iniciativa que el gobernador ha propuesto para tratar de normativizarlos y que algunos pueblos de la región centro, no de la UPOEG, no de la CRAC, aceptaron. Participaron 51 comisarios de las comunidades donde tienen presencia, además de comisariados; también comandantes, consejeros y coordinadores de la autodefensa.

Desde las ocho de la mañana los miembros de la autodefensa ocuparon el pueblo. Recorrían la carretera y los callejones, como si se tratara de un Estado Mayor Presidencial; casi todos con armas de bajo calibre, aunque algunos con ametralladoras, rifles de asalto y pistolas calibre 38 o 9 milímetros. Bruno llegó hasta las 11 con su camisa a cuadros, jeans y huaraches para presidir la reunión. Zarco lo seguía de cerca. No vi al Negro. Cuando se anunció que estaba en el lugar la gente se agolpó a su alrededor para hacerle denuncias o para pedirle que gestionara alguna cosa. Ya había desayunado. Bruno se desayuna todos los días antes de las nueve de la mañana en establecimientos donde se sirven malteadas de Herbalife.

La asamblea se extendió varias horas entre discusiones por la tarifa alta a la luz eléctrica, la necesidad de ejes carreteros y caminos en pueblos de la Costa Chica-Montaña, y hasta por los abusos en los que han incurrido algunos efectivos. Durante ese tiempo Bruno atendió el teléfono una docena de veces, respondió infinidad de mensajes, y en su intervención aceptó que el movimiento de autodefensa de la UPOEG tiene errores, que han cometido excesos y que por eso se va a ir depurando.

—Nadie es perfecto —dijo—. Ni yo soy perfecto.

Este signo de megalomanía no había sido el primero que observé en Bruno. Desde que la autodefensa surgió, en enero de 2013, en Ayutla, hasta que se expandió y creció hasta llegar a la capital de Guerrero, en enero de 2014, periodistas, activistas simpatizantes y contrarios a él, políticos, medio mundo, dijo que Bruno buscaba algo, un puesto en el gobierno o, al menos, lazarse para diputado. Se lo pregunté varias veces durante el tiempo que lo tuve cerca y también cuando no lo tuve tanto. Siempre lo negó. Un día, en cambio, ya no fue necesario insistir para recibir una respuesta positiva. Fue el día en que de la nada me mandó un fotomontaje por Whatsapp. Era la foto del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sentado en la silla presidencial, aunque en lugar de la cara del presidente estaba la de Bruno Plácido.

—¿Y esto? —respondí—. ¿Ahora sí ya se decidió a lanzarse para la grande?

—Es para ti, preciosa —dijo, y entendí que se había equivocado de número.

—Ah, caray, pero si soy el reportero David Espino.

—Perdón, carnal —respondió—, ya te quiero echar a perder.

13

Durante el viaje a Acapulco con Bruno escuché los pormenores que Manuel Vázquez Quintero le iba contando acerca de las detenciones y las confesiones que habían logrado obtener sobre los nexos del narco con policías y políticos locales. El abogado narró cómo la autodefensa apresó a un sicario de 14 años que confesó quiénes eran los encargados de la plaza en Ayutla. El chico dijo que él podía señalarlos, siempre y cuando lo soltaran para huir. Bruno guardaba silencio mientras Manuel hablaba. Conversa bien. Escucha y responde hasta que tiene la respuesta que cree acertada.

—No nos metamos en más problemas —dijo Bruno—. Si de por sí nos quieren chingar... Tampoco tenemos por qué hacerle todo el trabajo al gobierno. Hay que reeducar a ese chamaco, pero hay que mantenerlo bien vigilado.

Manuel asintió con la cabeza. Luego habló sobre algunos problemas que había con comandantes y coordinadores en Copala y Marquelia, donde creía que muchos estaban deteniendo a gente por viejos rencores o por asuntos personales. Bruno frunció el ceño y gruñó: “Debemos tener mucho cuidado; si perdemos el respaldo de la gente estamos perdidos”.

Apenas con la secundaria terminada, comprende los alcances que tiene como autodefensa y como Sistema de Seguridad y Justicia. Por eso, cuando el 25 de marzo de 2013 sus hombres entraron a Tierra Colorada en respuesta al asesinato de Guadalupe Quiñones Carbajal, uno de sus comandantes ejecutado por el narco local, detuvieron al jefe de la policía Óscar Ulises Valle y no a la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz porque —me dijo— “tiene fuero”. Bruno acusó a Elizabeth de tener nexos con el narco y exigió su desafuero ante el Congreso del estado. Fue tal la inestabilidad que causó en el gobierno municipal de Tierra Colorada que los diputados tuvieron que intervenir como mediadores y sentar a ambos a dialogar.

La autodefensa de Bruno entró así: echando tiros y deteniendo a Óscar Ulises y a una media docena de policías que andaban con él; los entregó a la Procuraduría de Justicia del Estado que luego luego los liberó. Óscar se fue del estado; Zarco y Negro me platicaron el episodio en Xaltianguis.

—Bruno estaba muy encabronado por el asesinato de Lupe —dijo Zarco mientras comíamos picaditas en una fonda, aprovechando que su jefe bebía unas cervezas con unos reporteros de Acapulco que lo siguieron hasta allá.

Negro regresó a verlo, y sin dejar de masticar repuso:

—Pero lo encabronó más que el gobierno lo haya dejado ir. Él estaba seguro de que ese cabrón trabajaba para los narcos de la zona.

—Luego lo buscó personalmente —recordó Zarco— y le dijo que, si no se iba, él mismo lo iba a matar.

En la entrevista le pregunté a Bruno cómo había sido el acuerdo de entrar a Tierra Colorada y me dijo que los comandantes tienen la orden: “En el momento en que maten a un compañero no pidan permiso, actúen. Cuando mataron al compañero Lupe, me hablaron: ‘Bruno, qué hacemos’. Yo les dije: ‘Ya acordamos, y no hay reversa’ ”.

Epílogo

No tuvo que pasar mucho tiempo para comprobar lo dicho por el historiador Andrés Rubio Saldívar. El liderazgo de Bruno Plácido Valerio, cabeza de la autodefensa más activa en Guerrero que opera bajo las siglas de la UPOEG, se desgastó. Cuando Rubio me lo dijo no dudé en ello, sólo que, para ser sincero, no pensé que ocurriría tan rápido. La decadencia de Bruno comenzó en Xaltianguis en febrero 2014, meses después de que había entrado con sus hombres, en junio de 2013, en hombros y como salvador del pueblo. Bruno siempre puso por delante la asamblea de los pueblos para elegir a sus policías comunitarios y en una asamblea popular fue como perdió el control de la autodefensa que él ayudó a formar.

En octubre de 2014 regresé a Xaltianguis con los colegas Alejandra Sánchez, José Luis Pardo y Sebastián Liste, los dos primeros parte del colectivo Dromómanos. Me encontré con Amir Zapata, promotora de la UPOEG y parte importante de la estructura civil de la autodefensa. Los Dromómanos querían hablar con las milicias de la autodefensa, verlos operar. Amir, siempre dispuesta, nos llevó con ellos, pero hasta ese momento no nos dijo nada. Fue durante las acciones en varias comunidades aledañas cuando me di cuenta de que la UPOEG ya no formaba parte de la estructura armada del pueblo, o viceversa, que la estructura armada del pueblo se había deslindado de la UPOEG.

—¿Qué pasó? —le pregunté a Amir una vez que estuvimos de regreso.

—Nada, nos ganaron la comisaría en la elección y luego operaron para tener el control de la autodefensa —dijo.

—Y Bruno, ¿qué dice de todo esto?

—Que la recuperaremos.

Ocurrió todo lo contrario. En febrero de 2015 la UPOEG se había partido en dos. La autodefensa que opera en el corredor Chilpancingo-Acapulco, por la carretera federal 95, desde Mazatlán, pasando por el valle de El Ocotito y su docena de comunidades —todas parte de Chilpancingo, capital de Guerrero— hasta el municipio de Tierra Colorada, y Xaltianguis, el pueblo más importante, el de mayor población de Acapulco, se salió de la UPOEG y declaró que formarían otro grupo: el FUSDEG. El Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero pasó, entonces, en febrero de 2015, a ser otra expresión de la autodefensa en Guerrero y se acercó más a la capital del estado. Sus milicias entraron a donde la UPOEG no había podido hacerlo: Petaquillas, una comunidad a sólo 10 minutos de Chilpancingo y a una hora de Quechultenango, un pueblo controlado por una célula que habría pertenecido al cártel del Pacífico o de los Beltrán: los Ardillos.

Así fue que a principios de 2015 el FUSDEG incidía en la seguridad de tres municipios, dos de ellos los más importantes del estado: Chilpancingo y Acapulco, y Tierra Colorada. Cambié el mapa de Guerrero que había pintado de acuerdo con la presencia de determinada autodefensa y coloqué las nuevas siglas donde antes estaban las de la UPOEG. Y no es que esta nueva organización haya agrupado a la población contra el narco, como lo hizo la autodefensa de Huamuxtitlán, Olinalá, Temalacatzingo, Ayutla, Apaxtla, Tixtla, etcétera, un par de años atrás. No. Lo que hizo fue aprovechar que la gente ya estaba organizada, que ya había sido organizada por la UPOEG, y sólo cambió de membrete.

Al mes siguiente de la aparición del FUSDEG platiqué con Bruno. Lo vi más despojado de esa megalomanía que siempre llevó como un halo durante todo 2013. Llegó al lugar donde nos citamos esa mañana de marzo sólo con una mujer, una mujer que nunca había visto dentro ni fuera de la UPOEG en los más de tres años que reporteé este libro.

Bruno pidió un jugo de zanahoria y ella uno de naranja.

—¿Qué pasa, don Bruno? —pregunté directo.

—Pasa que cuando el crimen infiltra los movimientos los divide.

—¿Eso pasó en Xaltianguis?

—Y en Tierra Colorada y en el valle de El Ocotito.

Cuando entró a Tierra Colorada, en marzo de 2013, con su autodefensa, Bruno acusó a la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz de tener nexos con los Rojos. La alcaldesa se defendió como pudo y acusó a la gente de la UPOEG de criminales. Bruno no retiró su acusación, detuvo al jefe de la policía municipal y desarmó a sus agentes. Dos años después, cuando el FUSDEG desplazó a la UPOEG en ese municipio, Elizabeth Gutiérrez recibió con aplausos a la nueva autodefensa.

—¿Y qué va a hacer?

—Ya verás —dijo y se despidió excusando que viajaba rumbo a la Costa Chica a una asamblea donde se definiría si su organización participaba o no en las elecciones del 7 junio de 2015.

La respuesta fue que sí; supongo que la respuesta fue sí porque Bruno se hizo candidato a diputado federal por el distrito ocho por el Partido Humanista aunque, al igual que otros seis miembros de la UPOEG que se hicieron candidatos a alcaldes y una más diputada local, perdió. No sé por qué no me extrañó; no que perdiera, sino que se hiciera candidato. Ya Bruno me había mandado por equivocación, vía Whatsapp, muchos meses antes, aquel fotomontaje del retrato de Enrique Peña Nieto con la banda tricolor cruzada en el pecho y sentado en la silla presidencial, pero cuya cara, en vez de la del presidente de México, era la de él.

El hacerse candidatos fue un final común para varios líderes de autodefensas que surgieron a lo largo de Guerrero durante 2013. No con la misma suerte. Otros tuvieron un mejor desenlace. Por ejemplo, Leopoldo Soberanis Hernández, aquel dirigente que se presentó como productor de mango en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, y que lideró una autodefensa ligada más al narco que a la gente, cuya vigencia al final duró menos que el verano, se hizo candidato por el PRI a la alcaldía y ganó. En menos de dos años, Soberanis pasó de agricultor a cabeza de una autodefensa, y de cabeza de una autodefensa a promotor de los derechos humanos; luego a aspirante político, poco después a candidato y desde el 30 de septiembre de 2015 a presidente municipal.

Dos semanas después de que hablé con Bruno, efectivos de la UPOEG y del FUSDEG se enfrentaron en un pueblo de Tierra Colorada, San Juan del Reparo. Hubo cinco muertos, todos del bando del FUSDEG, docenas de detenidos y desaparecidos, y muchas acusaciones mutuas de cargo y descargo. Fue el 30 de marzo de 2015. Los del FUSDEG dijeron que habían sido emboscados por la UPOEG, y los de la UPOEG, que habían acudido al auxilio de un vecino, Juan Quiñones, que les había pedido su ayuda porque la gente del FUSDEG le estaba balaceando su casa.

Comoquiera que haya sido, no hubo detenidos por ningún bando. Aunque más tarde, durante una junta de intermediación, Bruno habría sido advertido por el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, de una posible detención por ese enfrentamiento. No ocurrió, desde luego, pero sí se siguieron matando entre ellos. Un día antes de la elección del 7 de junio, dos facciones del FUSDEG se enfrentaron en Xolapa, un pueblo cercano a Xaltianguis perteneciente a Acapulco. Hubo 16 muertos. Se trató, de acuerdo con lo declarado por un comandante de la autodefensa, Salvador Alanís Trujillo, de riñas por el control de territorio.

Por los dos enfrentamientos donde hubo 21 muertos no hay un solo arrestado.

Tampoco habrían sido los únicos. La noche del 8 de agosto Amir Zapata me confirmó por mensaje de Whatsapp que un promotor de la UPOEG en Xaltianguis, Miguel Ángel Jiménez Blanco, había sido asesinado.

—¿Qué pasó? —pregunté.

—Nada, que lo mataron. Además de mi comandante, era mi primo —dijo.

—¿Quién? ¿Cómo fue?

—No sabemos mucho; él iba en su taxi cerca del pueblo cuando lo asesinaron.

—¿Qué se viene Amir? —atiné a preguntar.

—No sé.

Miguel Ángel fue fundador de la UPOEG en ese pueblo en 2013; fue comandante de las autodefensas hasta que perdieron el control de las armas en 2014 y previó su muerte poco antes de que ocurriera. En un testimonio de 14 minutos subido al canal de EjeCentral en Youtube cuatro días después de ser asesinado, Miguel Ángel señala que quienes podrían beneficiarse con su muerte serían los comandantes Ernesto Gallardo Grande y Neftalí Villagómez Herrera. Durante la grabación habla de los asesinatos cometidos por ambos durante incursiones que hicieron como autodefensa en varios pueblos y declara que ya habían perdido el control. Asegura también que así como los asesinatos se hicieron comunes dentro de las filas de la autodefensa, también el narco terminó por infiltrarlos.

—Neftalí gritaba: “¡La negra quiere sesos!” —dejó dicho en el video, que aún puede consultarse en el sitio de internet, en aparente referencia a que el comandante deseaba disparar su arma en la cabeza de sus enemigos.

Tampoco tuvo que pasar tanto para que la sentencia de Ramiro Arroyo, el antropólogo social de la Universidad Autónoma de Guerrero con quien platiqué sobre el futuro de una de las facciones de la CRAC, la de Eliseo Villar Castillo coordinador de la Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán, se cumpliera. Una vez que el gobernador Ángel Aguirre Rivero cayó por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más, tres estudiantes entre ellas, en septiembre de 2014, en Iguala, Eliseo, que se dejó consentir por el malogrado gobernador, cayó con él.

De por sí ya había sido desconocido como autoridad por una asamblea regional en marzo de 2014, pero el gobierno de Aguirre insistió en que él era el único coordinador de la CRAC y a él le siguió dando el dinero que cada tanto el gobierno del estado le da a la policía comunitaria para gastos operativos. Sólo que cuando Ángel Aguirre dejó el gobierno, en octubre de 2014, no hubo quien lo sostuviera, y Eliseo Villar fue echado de la casa matriz. No fue sencillo. Eliseo y su gente se resistieron y pelearon a bala la comandancia. Perdieron.

Replegado en la Casa de Justicia de Cochoapa, municipio de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, y desconocido como miembro de la CRAC, Eliseo Villar se hallaba en el punto exacto en el que dejó a la Casa de Justicia de El Paraíso y en las mismas circunstancias en las que detuvieron dos años antes a Nestora Salgado García de Olinalá, Gonzalo Molina González de Tixtla y Arturo Campos Herrera de Ayutla. Aun así siguió operando, aunque sin la base jurídica que le daba el reconocimiento de la CRAC. Con esto, cada acción que hizo como policía comunitario fue desconocida por el gobierno y fichado como secuestrador.

El 30 de abril de 2015 la policía del estado lo persiguió en Igualapa, en Costa Chica, luego de que fue alertada del secuestro de un ganadero de Omepetec. La persecución terminó en un enfrentamiento en el que murieron seis de sus hombres y dos policías estatales. Eliseo Villar Castillo fue detenido por el gobierno y enviado a una cárcel de máxima seguridad en Veracruz, aunque a los pocos días fue trasladado al penal de Las Cruces de Acapulco. Fue recluido por secuestro y siete órdenes de aprehensión más, como aquellos a los que él contribuyó a encarcelar: Nestora Salgado en Nayarit y luego en el Distrito Federal; Gonzalo Molina en Oaxaca y luego en Chilpancingo, y Arturo Campos en el Altiplano, Estado de México, y luego en Ayutla de los Libres, Guerrero.

Desde la cárcel, los dirigentes de las autodefensas continúan su resistencia. Nestora sigue en ella. En Nayarit fue aislada por completo y se le negó la visita familiar. Su esposo, un migrante residente en Estados Unidos, emprendió una campaña para lograr su liberación y denunció violaciones a los derechos de la comandanta, como negársele la asistencia consular a la que podía acceder por ser también ciudadana estadounidense. Ella se puso en huelga de hambre con tal de que fuera trasladada de cárcel. Un mes más tarde, logró ser movida al penal femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, desde donde ha denunciado que, cuando tuvo de compañera de pasillo a la profesora Elba Esther Gordillo, ex dirigente del SNTE, ésta la amenazó con hacer todo para mantenerla encarcelada.

No les ha ido mal a todos. El alcalde de Olinalá que chocó con Nestora durante su primer año de gobierno y que fue pieza clave para que la encarcelaran, acusada del secuestro del síndico Armando Patrón Jiménez, el priísta Eusebio González Rodríguez, hoy es diputado local por un distrito de la Montaña. Aun no sé había estrenado en el Congreso de Guerrero, en septiembre de 2015, cuando ya estaba atestiguando la toma de protesta de otro priísta: el gobernador Héctor Astudillo Flores, en funciones desde el 27 de octubre del mismo año. Éste a su vez no había cumplido ni tres meses en el gobierno cuando la última autodefensa le reventó en Teloloapan, el 11 de enero de 2016. En este municipio de la región Norte de Guerrero y reino de la Familia Michoacana dio inicio el movimiento armado en 2013, pero fue frenado por el narco. El entonces alcalde, Jesús Valladares Salgado, había sido levantado por hombres armados, grabado y exhibido en Youtube haciendo tratos con ellos para poner a un jefe de la policía que no se metiera con ellos. Valladares aceptó, pero los siguientes tres años que estuvo como presidente municipal se mantuvo dentro de una burbuja de policías federales.

Algo similar le pasó a Astudillo. Siendo todavía gobernador electo, cenaba en un restaurante de la Costera de Acapulco, cuando unos sicarios dispararon hacia los bares cercanos a donde él y su familia se encontraban. Fue unas semanas antes de que tomara protesta, el 17 de octubre. Lo que ocurrió esa noche fue una revelación de lo que le esperaría en su gobierno. A pesar de que entró respaldado por el gobierno federal, la violencia en Acapulco sigue su desarrollo normal, ajena a los vaivenes de la política, ajena a los deseos de quienes gobiernan. Se ha mantenido en Chilpancingo y extendido a los pueblos donde termina la región Centro e inicia la Montaña y, como en Acapulco, en la Tierra Caliente que colinda con Michoacán y el Estado de México se conserva imbatible.

«Hacer crónica significa ver cara a cara a los protagonistas de los acontecimientos, tal como lo hace David Espino, quien domina a plenitud el ejercicio del periodista de campo. Su pluma magistral revela el trasfondo de las autodefensas en Guerrero, donde se gestó una de las crisis sociales más severas del país»

—J. Jesús Lemus, autor de Los malditos

coversinEn la última década, la tasa de homicidios en Guerrero ha incrementado más de 300 por ciento. Durante mucho tiempo, la gente ha tenido que atestiguar ejecuciones, tropezar con cabezas cercenadas y cuerpos apilados.

Decenas de niños, ancianos y estudiantes han muerto en fuegos cruzados, mientras secuestros y extorsiones ocurren casi a diario. Desde 2012, miles de guerrerenses se alzaron en armas en Huamuxtitlán, Olinalá, Ayutla, Tecoanapa, Tixtla, Tlapa, Tierra Colorada... Alrededor de 40 municipios se unieron en un grito de guerra contra la delincuencia.

¿Por qué hasta hace poco a nadie le había interesado lo que estaba pasando en Guerrero? ¿Por qué nadie volteó a ver los cientos de desaparecidos, no en pueblos perdidos, sino en lugares tan conocidos como Taxco, Acapulco o Chilpancingo? ¿Por qué se creyeron el discurso del Estado de que todas las víctimas tenían algo que ver con el narco?

Las respuestas a estas preguntas se entretejen con una impactante crónica que nos lleva al corazón de las autodefensas y las policías comunitarias. El reportero guerrerense David Espino explica el surgimiento de los movimientos y las estrategias del gobierno para corromperlos y amenazar o encarcelar a sus líderes, como Bruno Plácido Valerio o Nestora Salgado. Hasta ahora, en Guerrero prevalece la lucha territorial del crimen organizado, las autoridades prácticamente no existen, pero la población se mantiene en pie de lucha.

David Espino nació en un caserío de la sierra de Atoyac, municipio de Guerrero, México. Comenzó su carrera como periodista en 1992. Sus crónicas se han publicado en El Nacional, de Venezuela; La Razón, de España; El Tiempo, de Colombia; Cosecha Roja, de Argentina; Esquire Latinoamérica; Vice News; y Newsweek. En México ha publicado en El Universal, Milenio, El Sur, La Jornada Guerrero y Replicante; en el blog Nuestra Aparente Rendición y en las revistas Punto de Partida y Domingo. En la actualidad es freelance para diversos medios del país y el extranjero. Es autor de Acapulco Dealer (2012), un libro de crónicas sobre la narcoviolencia.

Aunque perdamos la vida

Viaje al corazón de las autodefensas

Primera edición digital: abril, 2016

D. R. © 2014, David Espino

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