El reputado periodista Jorge Cabezas nos ofrece una inquietante panorámica de la reciente corrupción policial en España. Un relato trepidante y unas historias más propias de la novela negra que de la crónica de sucesos, que nos plantean la perturbadora pregunta: ¿quién vigila a los que nos defienden del mal?

Asuntos Internos es una exhaustiva investigación de la corrupción policial de los últimos años a través de casos que reflejan en gran medida la situación en que se hallan nuestras Fuerzas de Seguridad. Desde la trama de agentes corruptos de la Guardia Civil en Málaga hasta el sombrío mapa de la crónica negra en Cataluña, pasando por el maltrato al que son sometidos quienes pretenden luchar contra la corrupción de los Cuerpos, las operaciones Carioca o Emperador o el esperpéntico asunto de El pequeño Nicolás.

El análisis del autor también se detiene en las policías municipales e incluso aborda el fenómeno de las mafias policiales.

Este libro pretende abrir el debate sobre la necesaria renovación de unos cuerpos intocables durante décadas por su condición de baluarte en la lucha contra el terrorismo.

Asuntos Internos

Las tramas de la corrupción policial en España

Jorge Cabezas

Título: Asuntos Internos. Las tramas de la corrupción policial en España

© 2016, Jorge Cabezas

© 2016 de esta edición: Kailas Editorial, S.L.

Calle Tutor, 51, 7. 28008 Madrid

Diseño de cubierta: Rafael Ricoy

Realización: Carlos Gutiérrez y Olga Canals

ISBN ebook: 978-84-16523-12-2

ISBN papel: 978-84-16523-01-6

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.

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A Ignacio Carrasco y a la AUGC de Málaga,

por su valor y honradez.

Al Comandante Virgilio López Rico,

por todas las injusticias que sufrió.

A la juez Pilar de Lara,

por su determinación y coraje.

Prólogo

En los últimos años la sociedad española se ha visto sacudida por infinidad de casos de corrupción que han conmocionado a la opinión pública. Se puede afirmar, sin ánimo de exagerar, que no ha quedado un solo sitio donde mirar que no se haya visto salpicado por esa lacra que sin duda es una de las amenazas reales que atenazan nuestro sistema democrático.

Desde la Casa Real hasta el más pequeño de los ayuntamientos, los escándalos se han ido sucediendo en lo que parece ser uno de los peores males de nuestro sistema.

Sin embargo, siempre me ha chocado el hecho de que las Fuerzas de Seguridad de nuestro país hayan permanecido aparentemente ajenas a esta oleada de corrupción, y ello por varios motivos.

En primer lugar, sus cúpulas directivas y en muchos casos los ascensos dependen directamente del poder político, y es en la clase política precisamente donde hemos visto los mayores escándalos de corrupción. En segundo lugar, los cuerpos policiales son los encargados de perseguir todo tipo de delitos, pero evidentemente su subordinación al partido gobernante puede provocar, y, de hecho, provoca, interferencias en su quehacer profesional.

Ahora que se habla tanto de la reforma de la Constitución es curioso que ninguna fuerza política ponga sobre la mesa la reforma de nuestro modelo policial, como si este, al igual que las demás instituciones, no hubiese ido envejeciendo con el tiempo y no se hubiese ido quedando desfasado en una sociedad que ya nada tiene que ver con la del año 1978.

Un modelo policial que no lo olvidemos partía en aquel año de unas estructuras ancladas en la dictadura que se fueron reformando paulatinamente.

Sin embargo, dos acontecimientos han influido sobremanera en la configuración de nuestro modelo policial: la lucha contra el terrorismo de ETA y la utilización de las Fuerzas de Seguridad en la llamada guerra sucia contra esa organización terrorista o, si se prefiere, la creación de los GAL por parte del Estado.

La crueldad y la dureza de las acciones terroristas de ETA en los primeros años de nuestra democracia supuso un cerrar filas con las Fuerzas de Seguridad para hacer frente a una organización que ocasionaba más de cien muertos al año. Durante demasiados años nos acostumbramos a pedir eficacia a los cuerpos policiales en esta descarnada lucha en la que hay que recordar que las principales víctimas fueron precisamente los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Se puede decir que toda la actividad policial, o al menos la visible, pivotaba en torno a esa lucha. Para las unidades encargadas de combatir a la organización terrorista hubo toda clase de medios y dinero. Cuando un estado sufre una amenaza de esa envergadura, nadie se atreve a plantear si nuestro modelo policial es el más adecuado. Lo único que se hace es arropar a las Fuerzas de Seguridad y utilizar sus éxitos en esa lucha como reclamo de eficacia del partido gobernante. Cualquier crítica o caso de corrupción policial se suele tapar para no desprestigiar precisamente a aquellos de los que depende, en buena medida, la supervivencia política.

La creación de los GAL tuvo sin embargo unos efectos más perniciosos para el sistema democrático de lo que nos imaginábamos en un principio. Al margen de la chapuza nacional en la que se acabó convirtiendo, y de los problemas éticos que plantea para una democracia el patrocinio de delitos tan graves como el asesinato o el secuestro, los GAL supusieron una especie de vía libre para que delincuentes de todo pelaje hicieran su agosto, en muchos casos protegidos por las Fuerzas de Seguridad. La utilización de mercenarios, muchos de ellos provenientes de la mafia marsellesa o italiana, hizo posible que el tráfico de drogas o de armas, las redes de prostitución, etc., gozaran de la vista gorda de los cuerpos policiales y se establecieran conexiones un tanto letales para la normal actividad de estas fuerzas.

Esas dos hipotecas, la lucha contra ETA y la creación de los GAL, han influido de manera decisiva en la configuración de nuestro modelo policial.

Otro de los problemas añadidos ha sido, como afirma la magistrada Margarita Robles, la doble dependencia de las Fuerzas de Seguridad, pues, por un lado, dependen de los jueces, pero, por otro, dependen de la jerarquía del Ministerio de Interior. Y esa doble dependencia causa comflictos poco deseables en el transcurso de determinadas investigaciones.

En muchos casos, las expectativas profesionales se pueden ver eclipsadas si uno no se somete a las directrices del mando.

El libro que tenemos entre las manos, Asuntos Internos, trata de analizar toda la problemática policial de los últimos años recurriendo a una serie de casos, de plena actualidad, que pueden reflejar una parte importante de la situación actual en la que se hallan las Fuerzas de Seguridad de nuestro país.

Su título obedece sin duda a la importancia creciente que han adquirido las brigadas de Asuntos Internos en la lucha contra la corrupción policial, porque es un reflejo de cómo la delincuencia ha ido cambiando en los últimos años: los grupos de crimen organizado necesitan constantemente intentar penetrar en las estructuras sensibles del Estado, y sin duda los cuerpos policiales son su primer objetivo.

Pero estas brigadas de Asuntos Internos adolecen de un fallo: no son independientes. Dependen directamente del mando en lo que se refiere a la Guardia Civil o de la cúpula directiva en lo que concierne a las demás policías. Y este hecho, como veremos, dificulta en muchas ocasiones su trabajo. Lo deseable, según he oído contar innumerables veces en el trabajo de campo previo para la elaboración de estas páginas, es que esas unidades no dependieran nunca de sus mandos, pero que sí lo hicieran de la Fiscalía Anticorrupción o de algún organismo en el que no pudiera haber interferencias de ningún tipo. Es decir, que su autonomía y su independencia estuvieran plenamente garantizadas.

Por otra parte, eso aseguraría que estas unidades no se convirtieran en una especie de brazo alargado de determinados intereses políticos o de otro tipo. Con frecuencia hemos visto en los últimos tiempos la intervención de estas brigadas en asuntos que nada tienen que ver con sus labores originales y sí con una utilización partidista de sus acciones.

El libro arranca con uno de los casos más escandalosos de corrupción policial de los últimos años: la existencia de una trama de agentes corruptos de la Guardia Civil en la ciudad de Málaga, vinculada al asesinato de una mujer, Lucía Garrido, ocurrido en el año 2008 en la finca de Los Naranjos, ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

El segundo capítulo de este libro nos lleva a Cataluña, donde reparamos en tres casos que han tenido mucha repercusión en la opinión pública y que dibujan un mapa sombrío en el panorama de la corrupción policial.

Una de las grandes dificultades en la lucha contra la corrupción policial es la soledad a la que se enfrentan muchos de los agentes que la detectan y quieren combatirla.

En el tercer capítulo de este libro abordamos dicha soledad, la incomprensión o incluso el castigo que sufren aquellos que se enfrentan a los corruptos, hechos que resultan incomprensibles. Y eso sucede no solo dentro de los cuerpos policiales, también entre los jueces que deciden combatirla con todas sus consecuencias. El caso de la jueza Pilar de Lara, responsable de la instrucción del caso Carioca, es una buena prueba de ello.

El libro también aborda de manera parcial los casos de El pequeño Nicolás y la operación Emperador, contra la mafia china, en su vertiente de corrupción policial y en la lucha soterrada de intereses que muchas veces mantiene el Centro Nacional de Inteligencia con los propios cuerpos policiales.

Una problemática tan extensa, con tantos matices, como la que nos ocupa no puede dejar pasar por alto el creciente número de casos de presunta corrupción policial que también salpica a las policías municipales. La trama que en estos momentos se investiga en Palma de Mallorca, con la imputación de cerca de treinta de estos agentes, nos da una idea de la dimensión del problema.

Por último, hacemos un somero repaso por la historia de algunas mafias policiales y de algunos hechos que creíamos desterrados para siempre, como los ocurridos en Murcia o Fuenteventura.

A pesar de lo que algunos puedan pensar, este libro no es un alegato contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todos somos conscientes de la importancia de su labor para el mantenimiento del estado de derecho. Es precisamente por eso por lo que yo creo, y afortunadamente la editorial también, que convenía hacer un análisis, superficial en todo caso, del mapa actual de nuestros cuerpos policiales, aunque a veces resulte duro leer determinadas cosas. Y ello con el fin de detectar los errores, poner el foco en los problemas y no rehusarlos, como ha sido la tónica general en los últimos años con todo lo que tuviera que ver con las Fuerzas de Seguridad. En todo caso, este libro tiene el humilde propósito de contribuir a abrir un debate que es necesario: saber qué tipo de modelo policial necesita la sociedad española actual y corregir todos los vicios y actuaciones de épocas pasadas con las que ya no nos identificamos.

Hemos de insistir una vez más en que la inmensa mayoría de nuestros policías y guardias civiles son personas honradas, abnegadas, mal pagadas y con pocas expectativas profesionales. La revisión de nuestro modelo policial también pasa por subsanar estas deficiencias. Además, no conviene que olvidemos la excesiva tasa de suicidios que se producen en nuestros cuerpos de seguridad, un síntoma evidente de que algo no está funcionando bien.

Para finalizar, quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que han colaborado conmigo en la elaboración de este libro, algunos se mencionan con sus nombres, otros no.

Y agradecer una vez más al editor Ricardo Artola y a la editorial Kailas la confianza depositada en mí. Su ánimo y su interés son las mejores palancas para poder seguir escribiendo.

Madrid, 1 de febrero de 2016

CAPÍTULO 1

Corrupción policial en Málaga

Preludio de un asesinato

Este libro investiga la corrupción en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Empezaremos con un caso sucedido en Málaga, un reflejo de un estado de cosas extensible a otras partes de España en los últimos años.

Para desentrañar toda esa maraña de casos vinculados entre sí que han llevado a la indignación a muchos de los propios agentes, uno tendría que preguntarse cuál es el nexo que une un asesinato de violencia de género, la muerte de dos jóvenes colombianos, un caso de narcotráfico que salpica a varios miembros del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de Málaga, precisamente los encargados de luchar contra este tipo de delincuencia, un asunto de presunta corrupción en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga, la incautación del mayor alijo de armas ilegales en España en el pueblo malagueño de Rincón de la Victoria y un caso de presunta corrupción urbanística, que afecta al ayuntamiento de la ciudad malagueña, conocido con el nombre de operación Yedra. Aparentemente todos dispares. Pero solo aparentemente. Enseguida comprenderemos por qué el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil, cuando decidió por fin entrar a investigar lo que se cuece en la ciudad malagueña, ha bautizado todo con un solo nombre: operación Telaraña. Pero eso no ocurriría hasta el mes de septiembre de 2014, y el asesinato de Lucía Garrido, la espoleta que iba a desencadenar todo, data del mes de abril de 2008. Así que tuvieron que pasar seis años antes de que se empezaran a aclarar las cosas. Aunque hagamos referencia constante a la investigación del SAI de la Guardia Civil, es necesario retener este dato: sus actuaciones comenzaron en septiembre de 2014. Antes pasaron muchas cosas, y son las que vamos a intentar contar.

La hermana, la madre, los amigos y familiares de Lucía Garrido y los dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga, Ignacio Carrasco y Alberto Robles, han mantenido y mantienen una lucha sin cuartel para esclarecer cuáles fueron los verdaderos motivos que se esconden tras su brutal asesinato ocurrido en la finca Los Naranjos, situada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, en abril de 2008. Una lucha que, como suele pasar con frecuencia en nuestro país, adquiere caracteres épicos y heroicos cuando uno se ha de enfrentar al muro del silencio, de la incomprensión o de la humillación de la propia Administración del Estado. Nadie podría creerse el calvario sufrido por esta familia por parte de aquellos que en teoría están para todo lo contrario, esto es, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y asentar una verdad policial/judicial. Nadie podría creérselo de no ser porque la verdad se va abriendo paso y los hechos empiezan a ser incontestables, por más que nos quedemos estupefactos. Nada de lo ocurrido a esta familia y a los que han luchado junto a ella para esclarecer la verdad es razonable que suceda en un estado democrático con unas fuerzas de seguridad al servicio de la ley y con unas instituciones que deben de velar por nuestros derechos. Pero las cosas son como son, y a la familia de Lucía y a los que les han acompañado en este viaje les ha tocado vivir posiblemente la pesadilla de la peor de las corrupciones: la policial. Y no solo eso. Han conocido de primera mano el silencio, cómplice o no (el lector juzgará), de otras instituciones, el miedo y la falta de integridad de muchas personas, que han dejado ver que aún vivimos en una sociedad atemorizada, con evidentes lagunas de democracia, que no es capaz de sobreponerse y responder a unos hechos denigrantes a pesar de las evidencias.

El calvario sufrido por Lucía Garrido se remonta a dos años antes de su asesinato, en 2006, cuando empezaron los conflictos con su entonces pareja Manuel Alonso Herrero. Este y Lucía habían levantado una casa trabajando duramente, poniendo ladrillo tras ladrillo, en una finca que Manuel había adquirido en Alhaurín de la Torre. Por aquellas fechas eran una pareja enamorada y tenían una hija en común, Sara, que en la actualidad tiene dieciocho años.

En un principio convirtieron la finca en un criadero de perros, pero el negocio atravesó dificultades económicas. Manuel Alonso conocía al entonces teniente del SEPRONA Alonso Gómez Ocón. La historia de este teniente es singular. Tiempo atrás había sido implicado en una causa seguida en el juzgado 14 de Málaga, la denominada operación Seprona, en la que se investigaba la relación del mando de la Guardia Civil con el empresario Rafael García Bueno y su empresa de expedición de certificados medioambientales de nombre ECMA, una empresa que además traslada frigoríficos usados a Marruecos y residuos ambientales en botellas a presión a Francia. En concreto se investigaba si el teniente de la Guardia Civil favoreció al empresario en detrimento de otras empresas, y si hubo alguna especie de extorsión para obligar a los empresarios del sector a que pasaran por «taquilla», es decir, que fuera ECMA la empresa que les hiciera los certificados, so pena de someterse a inspecciones duras y sus consecuentes multas. Como tantas y tantas veces, en distintos casos de corrupción policial, la causa fue archivada. Y ello en gran medida por el informe favorable emitido por la propia comandancia de la Guardia Civil de Málaga a favor del teniente responsable del SEPRONA, informe avalado por el SAI, dirigido por aquel entonces por el coronel Francisco Ortiz Clavero, que en septiembre de 2015 sería imputado por una juez de Granada por haber encubierto presuntamente las actividades de otro coronel encausado en un proceso de narcotráfico.

Los hechos que ocurrirían con posterioridad dejarán en evidencia este archivo de la causa. Pero como este es un libro que trata sobre la corrupción policial, conviene que nos detengamos en un detalle. El SAI y la comandancia de la Guardia Civil no observaron ningún tipo de actividad irregular en la conducta del teniente. Tal vez con un criterio más independiente, el SAI hubiese actuado de otra manera, a la vista de lo que luego sucedió. Si lo hubiese hecho en ese momento, tal vez nunca se hubiese producido toda la cadena de hechos lamentables que enseguida vamos a conocer. Existe una extraña y mala costumbre bastante extendida que tiende a tapar antes que a denunciar muchas de las actitudes corruptas de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Y eso, como es lógico, no hace más que agravar el problema y corromper más la institución. Pero sigamos con nuestro relato.

El teniente Gómez Ocón trabó amistad con el dueño de la finca Manuel Alonso Herrero, compañero de Lucía Garrido en esos momentos y, en vista de las dificultades económicas por las que atravesaba su criadero de perros, le propuso ponerle en contacto con su antiguo amigo Rafael García Bueno. El fin de esta nueva relación era, aparentemente, proporcionar el dinero suficiente a Manuel Alonso para que este reconvirtiera su criadero de perros en un centro de acogida de animales a nivel regional, para lo cual era necesario hacer una inversión y adaptar las instalaciones para su nuevo uso. El teniente Gómez Ocón, según informes posteriores del SAI de la Guardia Civil, que ya detallaremos, fue el artífice de tal reconversión, realizó las gestiones precisas para conseguir todos los permisos administrativos y garantizó el éxito del centro, pues él mismo se ocuparía de aportar los animales necesarios con la consiguiente subvención. No solo eso, también se encargaría de que en la finca se realizaran los correspondientes cursos de especialización y formación de otros agentes del SEPRONA y todas aquellas actividades vinculadas con su profesión.

Hasta aquí todo podría parecer un asunto de corruptelas entre agentes de la Guardia Civil, aprovechándose de sus funciones, y unos empresarios ávidos de conseguir beneficios gracias a sus contactos oportunos. Pero el negocio de la fauna ocultaba algo mucho peor.

La relación entre Manuel Alonso y el teniente empezó a ser fluida y beneficiosa para todos los implicados en el asunto. No solo eso. Otros agentes de su unidad empezaron también a colaborar en la finca.

Sin embargo, esta aparente sintonía de intereses empezó a tener un punto débil. En el año 2006 las relaciones de pareja entre Lucía y Manuel Alonso se deterioran. Manuel Alonso, que ya venía de otro matrimonio anterior con hijos a su cargo, tiene una nueva amante a la que quiere meter a toda costa en la finca y sustituir por ella a Lucía. Los malos tratos y las amenazas empiezan a hacerse frecuentes. Años atrás, siendo su hija Sara muy pequeña, Lucía ya había presentado una denuncia por malos tratos y amenazas, pero, tal y como sucede a muchas mujeres enamoradas, en aquella ocasión la retiró. El momento de reconciliación que siguió a aquella disputa fue aprovechado por Manuel para cambiar la titularidad de la finca y ponerla exclusivamente a su nombre, sirviéndose de un poder otorgado por Lucía como muestra de confianza en su futuro.

Sin embargo, todo lo que sucede ahora es diferente. Se ha iniciado una demanda de separación y Lucía quiere la parte correspondiente de la finca y una pensión de alimentos para su hija. Lucía se empieza a convertir en un problema no solo para Manuel Alonso, sino para la continuidad del negocio en el que ya están implicadas varias personas, entre ellas algunos agentes del SEPRONA y el empresario Rafael García Bueno. Además, Lucía sabe demasiadas cosas, asuntos que pueden complicarles la vida. Allá donde va, porta consigo una carpeta repleta de documentos y anotaciones. Es su salvoconducto, su tesoro, así lo considera ella.

Es difícil asimilar la situación por la que atravesó esta mujer. Según los relatos de los vecinos y de sus propias madre y hermana, Lucía vivía acosada desde que se levantaba hasta que se acostaba, sometida a un auténtico régimen de terror. Manuel Alonso le cortaba el agua, la luz, la dejaba sin dinero, sin comida. Le pinchaban las ruedas del coche. En muchas ocasiones tuvo que recurrir a los vecinos para poder paliar las circunstancias extremas en las que se encontraba.

Con frecuencia acude al cuartel de Alhaurín para presentar denuncias. Según su hermana Rosa, en muchas ocasiones no le hacen caso, o esquivan elevarlas al juzgado. Su madre relata cómo, tras presentarse varias veces al cuartel de Alhaurín, un guardia le dijo que no volviera más por allí, que fuera a Málaga a presentar las denuncias. Ese mismo guardia le tuvo que dejar dinero para volver en taxi a su casa.

Lucía se va convirtiendo en la sombra de sí misma. Su aspecto físico se va deteriorando. El temor a que a ella o a su hija les pueda pasar algo se va apoderando obsesivamente de su persona. Revisa una y otra vez su vehículo, antes de que Sara salga de la casa, en el que la lleva al colegio. No se fía. Es posible que una serpiente o un animal peligroso anden sueltos. Tampoco se atreve a abrir las ventanas de la vivienda. La casa huele a cerrado, pero su temor alcanza ya el grado de psicosis. Es posible que le cuelen algún animal si las abre.

Quieren que se vaya de allí. Y ella sabe que es inútil acudir a la Guardia Civil. La extraña red de complicidad creada entre Manuel Alonso y algunos agentes hacen imposibles todas sus denuncias. Acude a los juzgados, al ayuntamiento, a las instituciones que velan por el maltrato. No hay respuesta positiva para ella. Un juzgado de Málaga le deniega medidas de protección en el año 2007, un año antes de su asesinato. Así de crudo resulta leer el auto de la juez a día de hoy.

A pesar del mazazo que esta disposición judicial representa para ella, durante el mes de enero de 2007 Lucía vuelve a presentar nuevas denuncias por amenazas. Denuncias que son rechazadas, porque algunos guardias civiles de la supuesta trama corrupta testifican a favor de Manuel Alonso.

«Ha de observarse una serie de datos que esta juzgadora considera relevantes a la hora de analizar la veracidad del testimonio de la víctima y que incluso fueron manifestados por esta al reconocer que le dijo al Sr. Ordóñez [guardia civil] y a su mujer, “esta vez voy a por todas”, revelando con dicha expresión la existencia de una cierta animadversión hacia el acusado… que debo absolver y absuelvo a Manuel Alonso Herrero del delito por el que venía siendo acusado». (Sentencia 24/07 juzgado de violencia sobre la mujer n.º 1 de Málaga).

Es decir que el mismo guardia civil que acude por la tarde a trabajar en la finca de Manuel Alonso, incumpliendo la normativa, no duda en declarar en contra de una mujer a todas luces amenazada y maltratada hechos de los que él era testigo en primera línea.

Este mismo guardia civil, según obra en el sumario, le negó una estufa a Lucía y a su hija Sara alegando que era para los animales. También fue el mismo que, acompañado de su esposa, fue a recoger las armas de Manuel Alonso, tras presentar otra denuncia Lucía, las metió en el maletero de su coche, lleno de bolsas de Carrefour. Ante tan inaudito modo de proceder, Lucía preguntó a la mujer del agente si había derecho a todo lo que le estaba pasando, «sin obtener respuesta por parte de aquella, que le volvió la cara». A pesar de vivir en ese ambiente tan hostil y de no tener respuesta de las instituciones del estado, Lucía va a obtener una pequeña victoria en octubre de 2007: un juzgado de Málaga, el encargado de resolver sobre su demanda de separación, le reconoce a ella y a su hija el derecho a disfrutar de la vivienda de la finca y el pago de una pensión alimenticia por parte de Manuel Alonso. Este no la puede echar, aunque eso vaya a suponer su sentencia de muerte.

Lo escalofriante del caso es que, aparte del ya mencionado Ordóñez, son varios los guardias civiles que trabajan de manera presuntamente ilegal para Manuel y son testigos del drama de esta mujer. Nadie aporta ni un poco de humanidad para resolver esa situación.

La sentencia de octubre de 2007 encoleriza más a Manuel. Al negocio que en esa finca se desarrolla no le convienen ojos indiscretos que puedan suponer una amenaza. Por eso hace todo lo posible para conseguir que Lucía se vaya. Mete a vivir a familiares suyos para hacerle insoportable la vida diaria, se jacta de sus amenazas de que un día la va a echar a los leones.

Cuando su hermana Rosa habla por la noche con ella se escuchan de fondo unos ruidos atronadores. Son los leones, los tigres. Manuel lleva varios días sin darles de comer. El sonido de los mamíferos impregna toda la finca de un eco mortal. Es otra manera de torturarla.

De vez en cuando mi hermana me contaba que por la noche oía el ruido de un helicóptero aterrizar en la finca, dice Rosa. Un helicóptero oficial de la Junta de Andalucía. Eran personas que iban a cazar con nocturnidad y alevosía. Mataban a algún león dentro de la jaula y luego se hacían la respectiva foto en el exterior. Todo eso y muchas más cosas ya no se podrán demostrar por la cantidad de años que han pasado y la cantidad de pruebas que han destruido.

Manuel se siente protegido, seguro. Se jacta entre sus amigos de que la vida de una persona vale poco más de tres mil euros. Días antes de morir, Lucía le confiesa a su hermana el temor a ser asesinada.

—Si me pasa algo, quédate con mi hija, no la dejes aquí.

Pero Rosa cree que todo es producto de la tensión en la que vive. «No creí que Manuel fuera capaz de asesinarla, teniendo en cuenta lo mucho que le gustaba el dinero y la buena vida».

Y en efecto, él no fue el autor material del crimen. Aquella mañana del 30 de abril de 2008, Manuel Alonso tenía todo meticulosamente preparado. Aparentemente salió temprano de casa. Le acompañaba su nueva pareja ucraniana, la que hoy es su mujer, Galyna. Ambos se dirigieron al Parque Zoológico de Castellar de la Frontera en Cádiz. Manuel paró a repostar su vehículo en varias gasolineras del trayecto. Un hecho un tanto incomprensible a no ser, según la investigación desarrollada ulteriormente, que buscara expresamente que su imagen quedara grabada por las cámaras de seguridad de los establecimientos en los que se detuvo. Con cámaras y testigos que acreditaran que esa mañana no había estado en la finca, él quedaba libre de toda sospecha. Además, se encargó de recolectar todos los tickets de compra de aquel día, en todos los comercios en los que se paró.

Aquella misma mañana la situación vivida por Lucía fue un tanto diferente. Se sabe que compró un perfume en un comercio de Málaga a las 10.29, y que, como solía hacer siempre que se desplazaba a la ciudad, había dejado estacionado su vehículo en las afueras de Málaga para posteriormente ir al centro en autobús. Entre sus pertenencias apareció el ticket de ida. Lucía cogió el autobús a las 9.49. Pero no apareció el de vuelta. En su primera autopsia los forenses determinaron la muerte de Lucía alrededor de las 10.45. Sin embargo, otro hecho insólito en toda esta historia, un año después de su muerte rectificaron la hora del fallecimiento situándolo entre las 13.00 y las 14.30.

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE MÁLAGA

Servicio de Patología. Órgano Judicial: Jdo. Instr. n.° cuatro de Málaga

Procedimiento:

DP n.° 3013/2008 INFORME MÉDICO FORENSE

En Málaga, a 28 de abril de 2009. Comparece el médico forense Eduardo Ramos Campoy, quien en virtud del juramento que tiene prestado MANIFIESTA:

Que ha revisado las anotaciones de autopsia, así como la documentación analítica recibida referente a LUCÍA GARRIDO PALOMINO; a fin de emitir el presente Informe Médico Forense,

Que el médico forense que suscribe, NO ratifica el particular solicitado referente a la data de la muerte, debido a los motivos que se expondrán a continuación.

Que tales motivos en un principio se basan en una equivocación por parte de los médicos forenses firmantes del informe de autopsia inicial, de modo que unas simples notas de cálculo de la data se introdujeron por error en el informe definitivo que finalmente se entregó al Juzgado Instructor.

Si los dos años que precedieron a su muerte fueron de auténtica tortura y miedo, las circunstancias de su fallecimiento ponen aún más los pelos de punta. La transcripción siguiente es la realizada por el SAI siete años después de su muerte, esto es, en 2015.

… encontrándose Lucía con las bolsas que portaba frente a la entrada principal de su casa con la intención de abrirla, por autor o autores desconocidos que la esperaban ocultos tras la fachada opuesta a la que ella tomó para dirigirse desde su turismo a la puerta de entrada, fue atacada por la espalda y sin previo aviso, siendo golpeada en la parte posterior de su cabeza repetidamente con un ladrillo macizo de barro de los que había sueltos por los alrededores de la vivienda, resultando esta fracturada en cuatro trozos como consecuencia de la violencia empleada, causándole diferentes hematomas craneales.

Hay que recordar que el asesinato se produce a plena luz del día. Prosigamos con la narración del SAI.

La víctima, aterrorizada por la agresión que acababa de sufrir y por lo inesperado del asalto, comenzó a gritar desesperadamente en solicitud de ayuda, siendo oída por una vecina que inicialmente no supo reaccionar en su auxilio.

La vecina manifestó que a las 14.20 curiosamente miró su reloj y escuchó un grito muy fuerte, desgarrador, de mujer. «Fue un grito amargo, de sonido grave y seguido». A pesar de ello, alegó que ese día no se encontraba bien y decidió acostarse en la cama, sin darle importancia al hecho. Como en tantas ocasiones en este caso se trata de un comportamiento inaudito. Pero sin aventurar conclusiones, digamos que esta actitud de la vecina vuelve a remarcar el grado de soledad en el que vivía Lucía, el miedo que se había extendido entre todos aquellos que podrían haberla ayudado. Sigamos con el relato.

Logrado con los golpes el propósito de aturdir y debilitar a la víctima, fue arrastrada durante varios metros hasta una piscina próxima, trayecto durante el cual Lucía ofreció fuerte resistencia que fue brutalmente reprimida, lo que la hizo sufrir multitud de erosiones que dejaron un rastro de sangre hasta el punto de inmersión… En este estado le fue asestada una certera puñalada en el cuello que le atravesó la vena yugular externa justo por debajo de la oreja izquierda, pudiéndose encontrar en ese momento ya sumergida en el agua corrompida de la piscina. Aun así, Lucía, en un último conato de salvar su vida, intentó salir de ella, siendo sumergida por su agresor/es hasta su ahogamiento por asfixia.

Después de esto, el autor o los autores de tan horrendo crimen extrajeron el bolso de Lucía de la piscina, vaciaron todas sus pertenencias y sacaron una llave que daba acceso al lavadero, donde se encontraron tres gotas de sangre.

… este hallazgo… hace pensar que habría algo en el interior de ese habitáculo que era del interés del agresor/es, puesto que en la pared junto al lavadero existe un grifo exterior y útiles de limpieza suficientes que descartan la necesidad de abrir aquel para limpiarse.

El único móvil de estos hechos fue la desaparición física de Lucía. No hubo agresión sexual. El autor o autores del hecho no se llevaron nada, excepto su teléfono móvil. Y rebuscaron en aquel habitáculo probablemente intentando localizar la famosa carpeta que Lucía guardaba como su tesoro y en la que había ido almacenando documentos y anotaciones comprometedores para muchos.

Aparece entonces en escena un nuevo agente de la Guardia Civil que con el tiempo adquirirá un protagonismo relevante. Se trata del teniente Valentín Fernández, responsable de la unidad de Policía Judicial adscrita al EDOA y encargado de la investigación sobre el asesinato de Lucía. En los años noventa su nombre se vio vinculado a un caso de corrupción policial en Zaragoza, aunque nunca fue detenido ni imputado. Su voz aparece en una conversación mantenida con una mujer dedicada al narcotráfico.

A resultas de lo que más tarde se supo, aquella investigación iniciada por el teniente fue todo menos una investigación. Rosa recuerda la escena del crimen aquella mañana.

Allí no hubo, o ella al menos no lo recuerda, ningún equipo de Policía Científica de esos que salen en las películas como astronautas recogiendo pruebas, aunque sí muchos coches de la Guardia Civil y del juzgado. «Lo que sí recuerdo es la imagen del teniente vestido con pantalones vaqueros y un chaleco azul hablando por teléfono y con unos guantes de plástico que les cubrían las manos, como si fuera él el encargado de esa tarea». Otro dato que se le quedaría grabado en su memoria es lo que le contó un tío suyo.

Aquella noche, después de enterarse de la muerte de su sobrina, este acudió a la finca. No sabía si allí podría encontrar a alguno de los familiares. Era ya tarde. Casi las dos de la madrugada. Cuando llegó se encontró con la casa abierta, todas las luces encendidas; un agente bebía un vaso de leche en la puerta de la vivienda. No le dejaron entrar.

Hasta ese momento, Rosa, la hermana de Lucía, era una ciudadana normal que creía en la justicia y confiaba en la honradez de las Fuerzas de Seguridad. Pero todo lo que sucedió a raíz del asesinato de su hermana la sumergió en un mundo de recelos, sospechas e incertidumbres. No hubo nunca una disculpa, un acercamiento, un gesto de humanidad por parte de aquellos que se habían equivocado: jueces y Fuerzas de Seguridad. Lo más lógico en un estado de derecho es que tras el asesinato de su hermana alguien entonara un «mea culpa» por haber desatendido todas las llamadas de auxilio que en vano había lanzado Lucía, que hubiera una esmerada sensibilidad a la hora de tratar a la familia, dado los momentos por los que atravesaba, y, sobre todo, que alguien les asegurara que ese crimen se iba a investigar hasta sus últimas consecuencias, dada la cadena de errores que lo habían precedido. Lejos de todo ello, la actitud que siguió guiando a las instituciones garantes de nuestros derechos es sorprendente.

Para empezar, Rosa no entendía cómo el reloj de Lucía fue directamente a la clínica forense y no fue retenido como prueba por la Guardia Civil. Y es que, aunque parezca sorprendente, dice ella: «Quisieron aplicarle un protocolo de suicidio. Eso es lo que nos insinuó el agente instructor. Nos tomaron por tontos. Resulta que aparece acuchillada, con un golpe en la cabeza, ahogada en la piscina y nos insinúan que se ha podido suicidar. Esta insinuación, evidentemente, no coló y no aparece en el atestado. Pero nos trataron muy mal. Yo no entendía nada. Éramos las víctimas».

Lo del reloj de Lucía tiene mucha importancia. Su cadáver se encontró flotando en la piscina alrededor de las 18.30. Una amiga suya se extrañó de que no hubiera ido a recoger a su hija Sara al colegio a las 17.30. La amiga era conocedora de las amenazas que pesaban sobre Lucía, por eso inmediatamente telefoneó a una vecina que tenía llaves de la casa de esta para que se personara en el lugar. Una vez allí, la vecina comprobó que nadie abría la puerta, por lo que decidió llamar a la policía local de Alhaurín. Fueron ellos los que encontraron el cadáver y llamaron a la Guardia Civil. Cuando el equipo forense extrajo el cuerpo de la piscina serían alrededor de las doce de la noche. El reloj de Lucía, que aún conservaba en su muñeca, un reloj de manecillas comprado en un bazar chino, marcaba más o menos la misma hora, por lo que el secretario que levantaba el acta dedujo que aún funcionaba y así lo hizo constar. Lo más lógico hubiera sido que los investigadores de la Guardia Civil lo hubieran retenido, hubiesen comprobado si funcionaba o no y, en caso de no hacerlo, que era lo más lógico, hubiesen realizado pruebas con relojes de similares características para saber cuánto tiempo puede aguantar un reloj de ese tipo en el agua antes de pararse. De esa manera se hubiese datado con más exactitud la hora de la muerte de Lucía y no habría tantas contradicciones en el sumario.

Otro hecho sin explicación dentro de las coordenadas normales de una investigación es lo que sucedió con el teléfono de Lucía. El único objeto personal de Lucía que se llevaron los agresores fue su teléfono móvil. Sin duda esto debe de tener una explicación. Hay que recordar que solo apareció el billete de ida del autobús que llevó a Lucía a Málaga después de dejar su coche aparcado en las afueras. Pero no apareció el de vuelta. Cabe suponer que alguien pudo llamarla a la largo de esa mañana e incluso inferir que se montara en el coche de algún conocido para que la acercara hasta donde había aparcado su vehículo. A día de hoy, siete años después del asesinato, la familia de Rosa no ha tenido acceso a esos datos, a los de su teléfono móvil de aquella fatídica mañana, ni tampoco a los del teléfono fijo de su residencia. Y son datos cruciales que no constan en ninguna parte.

De las irregularidades o torpezas que se cometieron durante la investigación da fe el testimonio de la vecina que oyó el grito desgarrador de Lucía, en una declaración hecha ante los agentes del SAI siete años después del crimen. Entonces reveló un hecho importante para la investigación. Aquella mañana del asesinato, Manuel, a pesar de haber salido temprano de la casa, regresó a la misma sobre las once y se reunió con tres personas. Luego, posteriormente, se marchó.

Esto no lo pudo contar en su momento. Veamos por qué.

Que al mucho tiempo le llamó la Guardia Civil para declarar lo que sabía, que ellos le dijeron que era imposible que estuviera en la casa puesto que había tickets y paso de la matrícula por la carretera a las horas que ella recordaba y que acababa de explicar. Que por eso la dicente en aquella ocasión no contó esta historia.

Una vez más resulta inconcebible que una de las posibles testigos de lo que le sucedió a Lucía, tarde tanto tiempo en ser llamada a declarar y que sean los propios agentes de la Guardia Civil los que le hagan desistir de su testimonio.

Pero aún más sorprendente es lo que sigue contando esta mujer, que hay que recordar que es familiar de Manuel Alonso, el cual la había llevado a vivir a una vivienda contigua para hacer la vida imposible a Lucía. Ella era la encargada de prepararle la comida. Pues bien, a esta mujer aún le costó hablar, atenazada por el miedo, incluso siete años después del crimen.

A la mañana siguiente [del asesinato] vio a Manuel que llegaba a la casa con Galyna [su nueva pareja ucraniana] y decían que habían estado toda la noche con la Policía. Que sabe que Manuel estuvo a las ocho de la mañana del día siguiente después de haber muerto Lucía en el interior de la casa de Lucía, que de esto fue testigo su pareja sentimental José Bello, ya que este fue el que lo contó. Que no comprende qué Policía es la que permite que rompa el precinto tan pronto y limpie la piscina y la casa, que entre en la casa, que la Policía no recogió ni una sola cosa de la casa, que incluso escuchó a Manuel decir ese día «madre mía lo que tenía la hija de puta esta [refiriéndose a Lucía], si se lo da a la Policía me empapelan»… que con respecto a las visitas que tenía Manuel en la casa, recuerda que había uno del que Manuel decía que «este es mi padre», que no sabe qué era, si era cabo o no, pero era el que mandaba...

También manifestó que en los días posteriores al asesinato, Manuel se dedicó a recoger todo el dinero que tenía esparcido y oculto en los alrededores de la finca, incluso en las jaulas de los animales. Según ella, millones de pesetas. Sin duda esta mujer oculta aún cosas importantes. Su declaración, insistimos, hecha siete años después del asesinato, termina de la siguiente manera.

… que tiene miedo, que ustedes no saben quién es ese tipo [Manuel Alonso], que es malo con todo el mundo, que sabe que puede entrar por una puerta y salir por la otra.

El primer instructor de la Guardia Civil en el caso fue destituido de manera fulminante, seguramente porque ordenó la detención de Galyna, la compañera sentimental de Manuel Alonso, como un método de presión para esclarecer el asunto.

La hermana de Lucía recuerda aquellos días como un sinsentido.

No entendíamos por qué habían destituido al brigada que instruía la causa. Ni tan siquiera supimos cómo se llamaba el nuevo o los nuevos instructores. Cuando pedíamos que nos dijesen su nombre, solo nos decían «Juan», pero «Juan ¿qué más?» «Solo Juan», nos respondían. Nosotras, ya en tono de humor, el poco que nos iba quedando, le decíamos: «¡Pues nada, se llama Juan el Único!».

Las sorpresas se iban acumulando. El abogado de Lucía renunció a seguir con el caso. La familia tuvo que contratar a un nuevo letrado, que también desistió aduciendo que una mano negra movía todo este asunto. Ningún abogado quiso asumir la representación. La soledad de Rosa y su preocupación iban en aumento. El juzgado número cuatro de Málaga, encargado de instruir la causa por el asesinato de Lucía, sufrió un inusual baile de jueces. Hasta cuatro pasaron por él en el transcurso de la investigación. Era imposible hablar con ninguno de ellos. Una de las secretarias judiciales, ante la desesperación de la familia, sugirió a Rosa en voz baja que airearan el caso. En un principio Rosa no entendía qué es lo que tenían que airear. Luego ya sí lo comprendió todo. O aireaban el caso en los medios de comunicación o aquello quedaría empantanado en la sórdida maraña policial/judicial.

Rosa trabaja como dependienta en unos grandes almacenes de Málaga. Su nómina es de mil euros al mes. Ella peleó con uñas y dientes para que su sobrina, Sara, la hija de Lucía, permaneciera con ella, en contra del criterio de muchos de los funcionarios que intervinieron en la causa. Como la implicación de su padre, Manuel Alonso, no estaba ni mucho menos acreditada en base a la investigación policial, casi todos eran partidarios de devolvérsela a él. Todos menos un juez de familia que confesó a Rosa que se estaba creando muchas enemistades por mantener el criterio de que la niña debía de permanecer con ella, lo que finalmente ocurrió.

La investigación por el asesinato de Lucía duró poco más de un año. Durante ese periodo se establecieron escuchas telefónicas autorizadas legalmente por el juez instructor de la causa sobre los teléfonos y comunicaciones del principal sospechoso, Manuel Alonso. Aparentemente, estas escuchas no sirvieron para avanzar en la investigación.

Uno de los grandes problemas que plantea la corrupción policial es poder determinar hasta qué punto los jueces y los fiscales se pueden fiar de las transcripciones de las escuchas que ordenan, en el caso de que quien transcriba o sea el encargado de hacer llegar al juzgado sus conclusiones esté metido en una trama corrupta. A lo largo de los capítulos de este libro veremos cómo en ocasiones han sido apartadas conversaciones relevantes para la resolución de un caso o han sido tildadas simplemente con el epígrafe de «sin interés policial». El problema es complejo, porque se supone que los agentes están de parte de la ley y, en principio, gozan de toda la autoridad y la credibilidad posibles, pero también es cierto que el hecho de instruir las diligencias policiales otorga demasiado poder a quien se vale de su condición de policía para poder falsear, retrasar o manipular determinados aspectos de la investigación.

En el caso de la investigación de Lucía esto sucedió así. Y lo veremos cuando tres años después la familia y la AUGC consigan reabrir el caso.

Pero ahora nos interesa seguir cronológicamente esta narración de hechos, porque un nuevo mazazo psicológico esperaba a la familia de Lucía Garrido.

Prácticamente coincidiendo con el archivo de la causa del asesinato, Manuel Alonso volvía a tomar posesión plena de la finca. En el intervalo de ese año, su nueva mujer, la ucraniana Galyna, había sido detenida por la Policía por estancia irregular en nuestro país. Manuel Alonso movió entonces todos los hilos disponibles para evitar su expulsión, como así recogen las intervenciones telefónicas. Fue finalmente el teniente del SEPRONA Alonso Gómez Ocón el que elaboró un documento, de dudosa legalidad, para evitar su repatriación, documento por el que sería imputado años más tarde por el SAI de la Guardia Civil.

Pero lo que realmente sobrecogió a la familia de Lucía fue el hecho de que este teniente, junto a otros dos agentes que no tuvieron necesidad de hacerlo, declarara a favor de Manuel Alonso Herrero y en contra de la huérfana de Lucía, su propia hija, por la demanda de indemnización compensatoria solicitada tras la muerte de su madre. Transcribamos un fragmento de un informe del SAI elaborado años después.

La pugna se centraba en determinar si realmente Lucía ejercía algún tipo de profesión o colaboración también en la finca Los Naranjos o, por el contrario, era exclusivamente Alonso Herrero quien desarrollaba allí labores de limpieza y mantenimiento de los animales.

El teniente Alonso Gómez Ocón compareció voluntariamente en calidad de testigo para prestar declaración a favor de Manuel Alonso y «haciéndolo con el único fin», sigue el informe de Asuntos Internos, «de minorar la concesión de la compensación económica que sobre la hija [Sara Alonso Garrido] fruto del matrimonio entre aquel y la finada pudiera recaer».

Es decir, para el juez fue concluyente el testimonio de un oficial de la Guardia Civil para otorgar a Sara una indemnización de tan solo el 10 por ciento de lo que se reclamaba.

«Fue concluyente conocer este extremo, hasta el punto de que Sara Alonso Garrido fue indemnizada en el importe ponderado de 32.902 euros», que, según sentencia 43/2010 del citado juzgado, correspondería aproximadamente al 10 por ciento de la valoración de los inmuebles, al considerarse probado que Lucía «no trabajaba y estaba dedicada al cuidado de su hija y de su hogar». La parte reclamante solicitó el 50 por ciento del valor de los bienes adquiridos y negocios constituidos en común tras su unión de carácter extramatrimonial.

Al propio SAI le chocan algunas frases que se vierten en la sentencia. Es mejor verla.

No hay que ser un lince para saber que los testigos en los que se basa la sentencia eran fundamentalmente de parte, esto es, testificaron a favor de Alonso Herrero, y no se tuvieron en cuenta aquellos otros que hicieron todo lo contrario, testificar a favor de Lucía.

El informe del SAI concluye del siguiente modo:

… cuando el teniente Gómez Ocón asistió en noviembre del 2009 al juicio por el que se decidía sobre la indemnización a percibir por parte de Sara, hija de Alonso Herrero, sí lo hizo en su condición de TENIENTE JEFE DEL SEPRONA DE MÁLAGA. Cabe pensar que ahí estuviera en juego el buen desarrollo del proyecto empresarial en que presumiblemente participaba.

Uno puede solo imaginarse el grado de indignación que debía sentir la familia de Lucía. A esta no le habían hecho caso los jueces, le habían denegado una orden de protección, algunos guardias civiles habían declarado en su contra en las denuncias emprendidas para pedir medidas o sobre amenazas. Finalmente había resultado asesinada. Su causa se había archivado sin culpables y en el juicio para solicitar una compensación económica para Sara, dado que Lucía había trabajado del mismo modo que Manuel en la finca, un mando de la Guardia Civil había declarado en su contra, faltando en gran medida a la verdad. Ya no cabía ninguna duda. Lo que sucedía en torno a este caso se escapaba de las manos a la familia. No podían comprender el porqué de todo esto.

Y mucho menos después de que otro dramático suceso tuviese lugar en el mismo lugar donde fue asesinada Lucía. El día 25 de abril de 2009, un mes antes del archivo de su causa, se produce un suceso inesperado en la finca de Los Naranjos. Dos jóvenes colombianos son abatidos a tiros por Manuel Alonso, cuando, según su testimonio, entraron a robar. Insistimos en la fecha. Este nuevo suceso se produce un mes antes del archivo de la causa de Lucía. A pesar de las consecuencias que podía tener para el esclarecimiento de la propia muerte de Lucía, nadie, ni jueces, ni fiscales, ni investigadores conectaron, aunque solo fuera por precaución, los dos trágicos sucesos. Ningún juzgado se inhibió en otro, como hubiese sido lo más lógico. Nadie esperó a ver qué deparaba la investigación sobre este nuevo drama antes de archivar la causa de Lucía. No hubo ninguna referencia a la muerte de Lucía de los instructores de esta nueva causa. Pero quizás no nos sorprenda tanto si tenemos en cuenta que el agente encargado de esta nueva investigación fue el teniente Valentín Fernández, el mismo que no había sabido o podido resolver el asesinato de Lucía, lo que había desembocado en su archivo.

La muerte de dos colombianos

Aquella noche del 25 de abril de 2009, Manuel Alonso se encontraba solo en su finca. Alertado por los perros, en torno a las diez y media de la noche, salió de su casa armado con una escopeta. Había oído ruidos en el exterior. Entonces se topó con dos individuos también armados con los que mantuvo un supuesto tiroteo a resultas del cual los dos intrusos fallecieron por los disparos efectuados por Manuel. Esta fue su declaración el día de los hechos.

El colombiano Derian José Morales Feria fue la primera persona con la que se encontró. Era de estatura inferior al segundo. Portaba una pistola Walther de procedencia alemana, dato importante a tener en cuenta, como más tarde se verá. Según el testimonio de Manuel Alonso, este individuo le apuntó, a lo que él respondió apuntándole a su vez. «Entonces retrocedió hacia la puerta de acceso de vehículos, diciéndole al colombiano que no le disparara, que se marchaba de allí, pero que el joven no hizo caso y disparó, por lo que tuvo que responder con su arma». En ese momento, continúa su relato, apareció otro individuo disparando (Edward Andrés Gómez Tavares) que portaba un revólver Smith and Wesson y al que también tuvo que responder con otro disparo de escopeta. Derian José Morales recibió un disparo en el pecho y antebrazo izquierdo; su cómplice, Edward Andrés Gómez, lo recibió en el costado derecho. Según Manuel, los dos colombianos se encontraban a una distancia de siete metros cuando recibieron los disparos. Recuerda que ambos se quedaron de pie, sin decir nada, por lo que pensó que podrían llevar chalecos antibalas. Inmediatamente después de disparar saltó la valla y se dirigió a pedir ayuda a los vecinos, aunque en el camino observó la permanencia en el lugar de un vehículo con dos personas dentro. Cuando por fin llegó a la vivienda de su vecino, José Rueda, le dijo que llamara a la Guardia Civil. Mientras esperaban la llegada de los agentes, Manuel quitó el cartucho que aún contenía su arma.

El encargado de realizar la investigación sobre lo que allí había ocurrido fue de nuevo el teniente Valentín Fernández, como jefe de la Policía Judicial, el mismo que estaba llevando en ese momento la supuesta investigación sobre el asesinato de Lucía.

La versión de la Guardia Civil añade puntos de intriga a la efectuada por Manuel. Según esta, Manuel disparó a los dos colombianos en el camino de acceso de vehículos a la finca, existiendo dos charcos de sangre en este lugar. Siguiendo el reguero de sangre, los investigadores concluyeron que los dos colombianos se dirigieron a un plano superior y distante unos siete metros, desde donde, tras parapetarse, dispararon en dirección hacia donde se hallaba Manuel. Después de producirse estos disparos los dos jóvenes se dirigen hacia el interior de la finca, dejando manchas de sangre, y caen sin vida. Veamos el relato de los hechos, según el informe de la Guardia Civil.

… El día 27 de abril de 2009, tras la práctica de las preceptivas autopsias a los cadáveres, los forenses que las realizan avanzan las informaciones obtenidas de dicha actuación confirmando que:

Tras un examen externo del cadáver de Derian José Morales se observa que presenta un impacto de entre cuatro y seis centímetros de diámetro y tres centímetros de profundidad en la zona torácica, encontrándose alojado en el corazón «el taco» de plástico perteneciente al cartucho del calibre 12. Asimismo la dispersión de los plomos del citado cartucho se presenta de forma agrupada en la zona del impacto; estas circunstancias indican en un principio que la posible distancia a la que se efectuó el disparo sería de uno a tres metros. Finalmente hace constar que pese al grado de las heridas que presenta tuvo cierto grado de supervivencia, hasta que se produjo el fallecimiento, lo que le pudo permitir el desplazamiento. Asimismo y tras un examen externo del cadáver de Edward Andrés Gómez Tabares, se observa que el impacto es de tres o cuatro centímetros de diámetro, afectando al pulmón y al hígado… por lo que igualmente este disparo se produjo a corta distancia. En este caso, el interfecto tuvo más grado de movilidad/supervivencia.

Este autor ha tenido acceso a un documento importante, y con él tal vez nos hagamos una mejor composición de lugar.

Observando este croquis, inmediatamente surgen algunas preguntas.

Manuel declaró que una vez que disparó a los colombianos, estos se quedaron de pie, sin decir nada, mientras él abandonaba el lugar. Entonces, ¿cómo se explica que estos se desplazaran a otro lugar para hacer frente a Manuel si ya estaban heridos de muerte?, ¿cómo es posible que pudieran efectuar el mínimo desplazamiento, es decir, ascender una cuesta y recorrer más de veinte metros, si uno llevaba el taco del cartucho incrustado en el corazón y el otro en el pulmón, con la abundante pérdida de sangre que eso supone y el desfallecimiento casi instantáneo que ese hecho produce?

Se sabe por los casquillos y las balas recogidas que los dos colombianos dispararon hasta en ocho ocasiones. ¿Es posible tener tan mala puntería a una distancia de Manuel, según el análisis forense, que oscila entre los dos y los siete metros?

Pero hay más preguntas cruciales: ¿cómo es posible que en ese estado casi de muerte súbita pudieran portar sus armas sin que se les cayeran de las manos hasta fallecer?, ¿cómo es posible que la pistola que llevaba José Morales Feria apareciera unos treinta centímetros por encima de su cabeza cuando en la postura en la que se encontró este tenía los brazos debajo del pecho?, ¿cómo es posible que con unas heridas como las que presentaban, con abundante pérdida de sangre, tuvieran solo unas gotas en un zapato?

Los interrogantes que plantea la investigación de este caso son de un calado enorme. Ninguno de ellos se resolvió adecuadamente, según otros guardias civiles conocedores de los hechos. Creo que es necesario detallar algunas cuestiones más por su importancia en el futuro del caso.

Para empezar, la ubicación de los casquillos y de los proyectiles no se corresponde con el lugar donde en teoría se efectuaron los disparos.

En la autopsia se detallan lesiones erosivas en el cuerpo de uno de los jóvenes colombianos, el de José Morales Feria, que pueden ser compatibles con la caída, pero también lo pueden ser por un posible arrastre de los cuerpos, teniendo en cuenta que aparecen pequeñas piedras (grava) en el interior de la boca, propias del lugar donde sucedieron los hechos, erosiones en cara y dorso de las manos y una mancha marrón en la parte delantera del bañador de uno de los colombianos. Una caída en la zona de abundante grava donde se hallaron los cuerpos difícilmente podría causar este tipo de erosiones, dado que la densidad de este material amortiguaría el golpe. Más bien habría que situar este tipo de lesiones en la zona de entrada de vehículos de la finca, donde se encuentran las primeras evidencias de que allí se iniciaron los hechos con abundante pérdida de sangre. Todos estos indicios le llevan a uno a preguntarse si no es más lógico pensar que los cuerpos pudieron ser arrastrados, lo que explicaría el hallazgo de las piedras dentro de la boca y la ausencia de sangre en los zapatos. Incluso el arrastre podría haber originado la misteriosa mancha que aprecia el forense en el bañador. Pero si todo esto no basta, ahora llegamos por fin al hecho más sorprendente de esta investigación. Para dotarla de toda la veracidad posible, por si alguien puede dudar, es mejor que nos vayamos al informe oficial del servicio de criminalística de la Guardia Civil.

Conviene que nos fijemos en el punto 4 y analicemos esta circunstancia. En la pistola Walther de procedencia alemana que portaba uno de los colombianos y con la que efectuó varios disparos aparecen restos de ADN de una cuarta persona sin identificar y no aparecen los suyos propios. ¿Es posible que a los investigadores se les pasara por alto este hecho tan importante que, cuando menos, siembra dudas sobre la versión original ofrecida por Manuel Alonso? ¿Cómo es posible que los restos orgánicos de una cuarta persona aparezcan en esa pistola y no se desmonte, por precaución, toda la teoría inicial? Porque esa circunstancia significaba que en el lugar de los hechos había participado otra persona. Pero es difícil explicar también por qué no se sacaron las huellas que aparecían en el arriate en la inspección ocular que los agentes practicaron.

Desgraciadamente, los misterios de este caso no terminan aquí. Observemos estas dos fotografías.

A Edwar Andrés Gómez, uno de los jóvenes muertos, se le encontraron unas llaves envueltas en un papel que llevaba en el bolsillo. Fueron fotografiadas y reseñadas como parte de sus pertenencias. Hay que recordar que en la muerte de Lucía, el asesino o los asesinos dispusieron de llaves para entrar directamente en la casa. Sin embargo, misteriosamente, de estas llaves no se ha vuelto a saber nada, desaparecieron sin poderse cotejar con las de la finca y con las que utilizaba Lucía Garrido antes de su asesinato. ¿A nadie le extrañó su desaparición?

El teniente que dirigió esta investigación fue el mismo que lo hizo en la muerte de Lucía. Ninguna de las dudas planteadas anteriormente tuvo cabida en sus pesquisas. Desde un primer momento parece claro cuál es la línea de investigación que va a triunfar. Leamos el documento de ella.

Por todo lo expuesto, y a juicio de los instructores, los hechos investigados pudieran haberse desarrollado conforme a las siguientes circunstancias:

PRIMERO. Las dos víctimas son consideradas delincuentes habituales residentes fuera de la provincia de Málaga, siendo detectada la presencia de al menos uno de ellos, Derian José Morales Feria, en la provincia de Jaén a las 9.26 horas del día 26 de los corrientes, circulando junto a otras tres personas, no identificadas, en el vehículo Peugeot 207, matrícula 9767 GFX. Dicho vehículo está a nombre de una ciudadana colombiana residente en la provincia de Pontevedra y sus usuarios habituales se encuentran en la actualidad investigados por su posible pertenencia a una red organizada dedicada al robo en viviendas con violencia e intimidación y extorsión y/o secuestro.

Lo del coche de los colombianos es otro misterio sin resolver en esta deficiente investigación. La propia Guardia Civil da dos versiones de cuántos ocupantes iban en el vehículo. El día de su muerte los colombianos fueron parados por la Guardia Civil de tráfico a la altura de Bailén sobre las 9.30 de la mañana cuando se dirigían a Málaga. El agente que pone la multa por exceso de velocidad hace constar expresamente que en el vehículo viajan dos ocupantes, el conductor y el copiloto. Sin embargo, en otros lugares del sumario, y aludiendo a una foto que no puede visualizarse hecha por tráfico, la Guardia Civil dice que viajaban cuatro ocupantes. Entre las dos versiones la más creíble es la del agente que pone la multa, es decir, que iban solo dos. La otra versión es imposible de verificar. Todo esto tiene su importancia porque la investigación nunca determinó qué pasó con el coche en el que viajaban los colombianos y con el que llegaron a la finca de Los Naranjos. Si viajaban dos y los dos murieron, alguna otra persona tuvo que llevarse el coche. La multa está puesta a nombre de Derian José Morales, uno de los jóvenes fallecidos, con lo que se supone que él debía de llevar las llaves. Si viajaban cuatro, entonces no se entiende cuál fue la actitud de los otros dos acompañantes al oír los disparos que se produjeron en la finca. ¿Simplemente huyeron? Manuel Alonso tardó más de diez minutos en llegar a la casa de sus vecinos desde que se oyeron las detonaciones, un tiempo excesivo, dado que las casas se encuentran muy cerca. Allí alertó de lo que le había pasado, que habían entrado a robar y había tenido que disparar. También advirtió de que había visto un coche en las inmediaciones con otros dos ocupantes. Sin embargo, a pesar del hecho inquietante de la presencia de otros dos individuos que sin duda representaban una amenaza, lo primero que hizo al llegar a la casa de sus vecinos fue quitar los cartuchos de su escopeta. Un hecho que no tiene explicación, a no ser que sepas que ya no hay peligro.

Otro dato curioso es que cuando a Manuel Alonso se le hizo la prueba de la parafina no presentaba restos de disparos en la mano derecha, pero sí en la izquierda, siendo aquella la más cercana a la ventana de expulsión y por tanto la más expuesta a los gases. ¿Cómo es posible?, ¿no resulta extraño? Mucho más si sabemos que Manuel Alonso es diestro y que la escopeta repetidora que utilizó es precisamente para diestros. Además, en el salón de la casa había otra escopeta recostada sobre la pared a la cual no se realizó ninguna prueba de huellas ni de ADN. Puesto que en la pistola supuestamente utilizada por uno de los colombianos aparecieron restos de ADN de una persona sin identificar, no es descartable que esas otras armas tuvieran también restos de esa misma persona, lo que significaría situar en el lugar de los hechos a una cuarta persona.

Los que sí aparecieron muy cerca de los cadáveres fueron una maza y un solo guante. ¿Por qué una maza en ese lugar? La explicación que dio Manuel Alonso fue un tanto peculiar. Según él, el día anterior a los trágicos sucesos, habían intentado robar en la finca, y tras salir a husmear con los perros, los presuntos ladrones huyeron dejando allí la maza y un guante, a pesar de lo cual no puso ninguna denuncia.

En el momento de producirse las muertes de los jóvenes colombianos había en la finca cuatro grandes felinos. Uno de los jóvenes colombianos muertos recibió hasta diez llamadas de móvil una vez que ya se encontraba sin vida. ¿Pudieron estas llamadas hacer desistir a alguien de la intención de triturar los cadáveres para dárselos a comer a los felinos, por suponer la presencia en las inmediaciones de más personas? Es una pregunta que se hacen ahora los investigadores, una conjetura más en un puzle sin aclarar.

El caso es que cuando los investigadores de la Guardia Civil consultaron las bases del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), donde se coordinan y canalizan las investigaciones de los dos cuerpos, Policía y Guardia Civil, aparecieron datos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía en los que se especificaba que los dos jóvenes muertos estaban encuadrados en una organización dedicada al tráfico de drogas y especializados en secuestros y extorsiones derivadas del impago de deudas por dicho tráfico. Y añadían un párrafo inquietante plasmado en su escrito ante el juez.

Finalmente, los investigadores de la UDYCO central informan «fuentes de contrastada solvencia y fiabilidad, acreditada en anteriores investigaciones desarrolladas por dicha Unidad, indican que la muerte de Gómez Tabares y Morales Feria [los dos jóvenes abatidos por Manuel Alonso] se produjo al intentar asaltar un chalet unifamiliar con la intención de apoderarse de una importante cantidad de cocaína».

Los investigadores del caso de la muerte de los dos colombianos plasmaron esto en un informe, habida cuenta de que se lo encontraron al consultar las bases conjuntas de Policía y Guardia Civil. A pesar de ello, esta línea de investigación no se abrió paso. El informe final de la investigación sobre la banda de colombianos deja más dudas que certezas.

Tal y como se daba cuenta en escritos anteriores, por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de este Cuerpo en Pontevedra, estaban llevando a cabo una investigación sobre individuos de nacionalidad colombiana, dedicados entre otros al robo en el interior de viviendas con violencia e intimidación y extorsión.

Por parte de esta Unidad de Investigación, se están llevando las correspondientes indagaciones para determinar el nexo entre estos investigados y los fallecidos descritos anteriormente, dando como resultado que por parte de dicha Unidad de Pontevedra, recientemente culminó con la explotación de la investigación descrita, procediendo a la detención de varios integrantes de la organización.

Tras las correspondientes manifestaciones de los detenidos, no se pudo determinar esa posible conexión entre los mencionados en párrafos anteriores.

Así que nos quedamos sin saber cuántos colombianos viajaron a Málaga y cuál era el verdadero motivo de su viaje. Este informe presentado ante el juez tiene fecha de 9 de diciembre de 2009.

A pesar de todas las incógnitas que flotaban en la investigación y tan solo ocho meses después de ocurridas las dos muertes, el juez acuerda el archivo de la causa.

Con la causa archivada por el asesinato de Lucía en mayo de 2009, es decir, dos días después de la muerte de los jóvenes colombianos, y con el sobreseimiento de la causa de estos, a Manuel Alonso parecía irle todo sobre ruedas. Había podido esquivar las dos causas apenas sin obstáculos. Además, nadie parecía encontrar ningún nexo que las uniera. A nadie había llamado especialmente la atención esta concatenación de hechos trágicos en la misma finca de Los Naranjos y con el mismo protagonista de fondo.

Pero Rosa Garrido, la hermana de Lucía, veía con estupor todo lo que estaba sucediendo. Ante sus continuas quejas a la Guardia Civil, algunos agentes la tildaron de «chusma, drogadicta… decían que yo mordía nada más ver un tricornio. Nada más alejado de la realidad. Nunca pensé mal de la Guardia Civil. Lo que pasa es que lo que sucedía no tenía nombre».

Fueron momentos personales muy duros. Tanto sufrimiento ayudó a la aparición de un cáncer, a pesar de lo cual, Rosa no se desanimó y siguió peleando por saber la verdad de lo que le había pasado a su hermana.

Con el archivo de las dos causas todo parecía condenado al silencio, al abandono, al triunfo de la mentira. No es concebible que un estado de derecho dé la espalda en tantas ocasiones como se las dio a la familia de Lucía.

Cuando uno analiza este caso tan actual (aún, cuando se escriben estas páginas, la verdad no ha hecho más que empezar a asomar tímidamente) no puede dejar de preguntarse si habrán ocurrido otros casos parecidos en el pasado, todavía con mayor impunidad, si alguien que lleva placa y pistola, al servicio de los ciudadanos y de la democracia, es capaz de falsificar atestados, pruebas, o de poner a su servicio personal o de terceros el inmenso poder con que les dota la ley.

Afortunadamente para Rosa y su familia, otros hechos, otra investigación, iban a servir de puente para que no perdieran la esperanza.

El enemigo está dentro

En el año 2009 el SAI de la Guardia Civil puso en marcha una investigación en la provincia de Málaga sobre una presunta red de narcotraficantes con los que se presumía la complicidad de varios agentes de la Benemérita. Para aquel entonces, el teniente Valentín Fernández, el mismo que había instruido las dos causas ya narradas, era el responsable del EDOA en la comandancia de Málaga. Durante más de un año, el SAI vigiló, controló y grabó con autorización de un juez de Málaga todos los movimientos de un grupo de narcos y sus relaciones con los agentes. Entre estos agentes investigados figuraba el teniente Valentín Fernández. Entre el grupo de presuntos narcos se encontraba Manuel Alonso Herrero. La operación policial que desbarató todo este entramado se desarrolló en diciembre de 2010. Tanto Manuel Alonso como el teniente Valentín Fernández fueron detenidos e imputados en la misma causa, en un proceso que se conoce con el nombre de EDOA y cuyo juicio comenzó a finales de 2015 en la Audiencia Provincial de Málaga y sentó en el banquillo a cinco miembros del instituto armado: un comandante, un teniente, un sargento y dos agentes, además de otros treinta imputados.

Los guardias civiles fueron acusados de los delitos de encubrimiento, revelación de secretos, robo, proposición para cometer delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, blanqueo y cohecho. En el momento de redactar estas páginas el juicio continúa celebrándose en la Audiencia Provincial de Málaga.

Pero conviene que nos detengamos brevemente en algunos aspectos de esta causa judicial, pues la finalidad de este libro no es otra que la de radiografiar algunos comportamientos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se puedan extraer las consecuencias oportunas en aras de conseguir en un futuro una sociedad más limpia y transparente.

En el auto judicial fechado el 6 de junio de 2012, el titular del juzgado de instrucción número 12 da por concluida la investigación y narra los presuntos delitos a los que se enfrentan los guardias civiles encausados, siempre manteniendo su presunción de inocencia, dado que aún no han sido sentenciados. Detengámonos en el apartado 1.º. Revelación de secreto de operación policial en curso. En él se dice lo siguiente:

Con motivo de la investigación que se venía desarrollando por el Grupo Segundo de la Sección del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Costa del Sol junto al grupo segundo de estupefacientes de la UDYCO Costa del Sol en el juzgado de Instrucción número cinco de Torremolinos, diligencias previas 2822/09, ante la presunta existencia de una organización compuesta por ciudadanos españoles y marroquíes dedicados al tráfico de droga en playa, y que actuaban presuntamente en connivencia con guardias civiles para dar cobertura o desembarco de estupefacientes, entre los que fueron identificados Francisco Gómez Navarrete y Juan Jesús de las Heras, se tuvo conocimiento por parte de la Policía Nacional en fecha 15-10-2009 a través de los canales de comunicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuales están centralizados en el CICO, de la existencia de otra investigación denominada SABINA llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil de Málaga, donde se investigaba a algunas de las personas que también eran investigadas por los citados grupos de la Policía Nacional. Ante ello la investigación se desarrolló a partir de ese momento de forma conjunta y coordinada entre los grupos mencionados pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y el EDOA de la Guardia Civil de Málaga. Dado que no estaban identificados plenamente todos los miembros de la Guardia Civil que presuntamente estaban participando en el mencionado hecho delictivo, los jefes del grupo del CNP y del EDOA representados por el teniente Valentín Fernández y el agente de la Guardia Civil Juan Francisco Orellana conocido como Óscar recibieron instrucciones por parte del juez encargado de la investigación, dado que la aprehensión era inminente, que no se detuviera por el momento a los dos agentes de la Guardia Civil presuntamente implicados, y que podrían estar relacionados con los hechos, a fin de poder seguir investigando e identificar las posibles ramificaciones dentro de la Guardia Civil que pudieran estar relacionadas en la cobertura de seguridad que se ofrecía a la organización delictiva. Así, el día 19-10-2009 se produce la actuación policial y del EDOA de la Guardia Civil, deteniéndose a 13 personas e incautando 39 fardos que arrojaban un peso de 1.090 kilos de hachís, procediéndose esa noche por miembros del EDOA a la detención de los guardias civiles Juan Jesús de las Heras y Navarrete, lo que impedía continuar con la línea de investigación que se había fijado. Dicha detención fue comunicada por el teniente del EDOA Valentín Fernández Francisco a los respectivos jefes de los grupos de Policía Nacional, manifestándoles que había sido un error involuntario.

Tal vez en otro país ese «error involuntario» le hubiese costado el puesto al máximo responsable de la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en una ciudad tan «caliente» como la de Málaga. Un error que además desobedece una orden judicial y desbarata una acción policial conjunta donde los recelos y las sospechas de un cuerpo policial hacia otro no hacen más que aumentar con actuaciones de ese tipo. Pero, de cualquier forma, la pregunta es clara. Dado que pocas cosas suceden de manera involuntaria en las actuaciones policiales… ¿qué era lo que se pretendía con esa actuación? Para otros guardias civiles, la respuesta es también clara. Se pretendía cortar de raíz una investigación que afectaba a muchos más miembros de la Guardia Civil, se buscaba presuntamente encubrir a más agentes delincuentes. ¿Y por qué?, ¿qué motivos tan poderosos llevaron al teniente y al guardia Orellana a detener a sus dos compañeros de forma tan precipitada? La respuesta forma parte de todos los enigmas que se desarrollan en Málaga. Lo que sigue sorprendiendo es que una acción de ese tipo no tenga repercusiones inmediatas ni en el ámbito administrativo ni en el judicial. ¿No les sorprendió a sus mandos esa actuación tan prematura?

Pero lo que sigue narrando el sumario resulta también un tanto descabellado: más actuaciones a título personal sin ninguna tutela judicial, y con el silencio y la indiferencia de otros agentes que en muchas ocasiones prefieren callar antes que enfrentarse con sus mandos. En el transcurso de este libro intentaremos explicar por qué se ha llegado a esta situación.

Volvamos al auto judicial. En concreto al apartado 2.º. Robo en casa de De las Heras y asistencia de Lourdes García.

Una vez detenidas estas dos personas [se refiere a los dos agentes de la Guardia Civil], tras ser llevados a la comisaría provincial de Málaga se procede a ser reseñados y darles lectura de sus derechos, siendo posteriormente entregados los mismos al EDOA de la Guardia Civil para su custodia, tras petición efectuada a los mandos policiales por el teniente del EDOA Valentín Fernández, con motivo de ser el primero de los detenidos guardia civil retirado, y el segundo de ellos, sargento del cuartel de Rincón de la Victoria… Durante la noche del día 20 de octubre, por los miembros de la Policía Nacional y del EDOA encargados de la investigación, se solicitó realizar por la mañana de ese mismo día 20 los registros en las viviendas de los detenidos, si bien posteriormente los citados mandamientos por razones de trabajo no pudieron estar finalizados hasta las dos de la tarde. Antes de ser presentado en el juzgado, agentes del GRECO comunicaron al juez encargado de la investigación el hecho de que quedaba por detener a Carlos el Furi y que se conocía un piso de seguridad que utilizaba, y, además, a través de las intervenciones se preveía la posibilidad de detener a Carlos el Furi, por lo que tras la citada reunión se pospuso hasta el día siguiente la diligencia de entrada y registro en espera de que se pudiera detener a Carlos el Furi.

Con motivo de un dolor torácico, Juan José de las Heras [uno de los guardias civiles detenidos] tiene que ser trasladado por el agente del EDOA Juan Francisco Orellana al servicio de urgencias del Hospital Civil el día 20-10-2009 sobre las 12.25 horas, permaneciendo en el mismo hasta las 12.38, en que se emite el informe médico. Durante el trayecto y estancia en el hospital, Orellana le dice a De las Heras que él sabía por informaciones de otros detenidos que él no tenía nada que ver con la operación en la que lo detuvieron, pero que como se iba a realizar un registro en su domicilio, pudiera surgir alguna cosa comprometedora para el mismo y podían ayudarle a que no aparecieran en su vivienda efectos y dinero que le pudieran comprometer, por lo que De las Heras decidió contarle que en su casa tenía 40.000 euros en metálico, diciéndole que se los había encontrado y estaba decidido a devolverlos. Ante el ofrecimiento de Orellana, el mencionado De las Heras aceptó que fuera retirado el dinero de la vivienda antes de practicarse el registro, diciéndole Orellana que el dinero se quedaría en el EDOA para sufragar gastos de la Unidad, trasladándose ambos, tras el reconocimiento médico, nuevamente a la comandancia de la Guardia Civil, comunicándole Orellana al teniente el resultado de la citada conversación.

Simultáneamente, el teniente Fernández tanteaba a Navarrete de forma idéntica sobre el hecho de que le podría ayudar, llegando incluso a decirle: «cuéntame lo que tienes allí, que te podemos echar una mano», que era amigo del fiscal Gabriel, pero que necesitaba saber qué había en su casa antes de que se realizara el registro, contestándole Navarrete que un arma reglamentaria y sobre 15.000 a 17.000 euros, ocultándole la verdad, ya que realmente había mucho más dinero. Los citados ofrecimientos a Navarrete también fueron hechos por Orellana…

A pesar de conocer el teniente Fernández que el registro tendría lugar definitivamente por la tarde, y con el fin de apropiarse de los 40.000 euros, se trasladará con Orellana y el detenido al domicilio que De las Heras tenía en el cuartel de la Guardia Civil del Rincón de la Victoria en la mañana del día 21 de octubre, saliendo de la comandancia, según el libro de registro de detenidos, a las 12.15, y ello a pesar de tener confirmación oficial de que el registro se haría por la tarde. Una vez llegan al citado lugar sobre las 13.30, se entrevistan con el teniente Crespo, que estaba al frente del mismo y había acordado el precinto de la vivienda y la colocación de un servicio en la puerta del mismo por parte de los guardias civiles… desde que tuvo conocimiento de la detención de De las Heras, ante el previsible registro que se tenía que realizar, y ello a pesar de que tras consultar dicho extremo con el teniente Fernández, este no consideraba necesario el precinto. Una vez allí y con la excusa de que están a la espera de que se realice el registro judicial de la vivienda, y sin perjuicio del plan previsto por Orellana y Fernández para entrar en la vivienda, se encuentran con que surge la posibilidad de entregar antes del registro un rifle que se encontraba en la vivienda de De las Heras y que había sido vendido al guardia Osuna, y que además el detenido quería entregar el dinero de la Comunidad del Cuartel que él mismo gestionaba. Ante ello, se dirigen a la vivienda de aquel, y el teniente Crespo decide quitar el servicio de vigilancia al acudir De las Heras custodiado por Orellana. Como quiera que las llaves de la vivienda estaban en posesión del GRECO Costa del Sol, y ni Orellana ni Fernández le habían comunicado sus intenciones al citado grupo, Valentín Fernández simula con De las Heras sobre el olvido de las llaves, planteándose la necesidad de que Orellana saltara al patio y desde este pudiera entrar a la vivienda y abrir la puerta desde dentro, accediendo el teniente Crespo a que se hiciera con autorización de De las Heras. Una vez dentro los cuatro citados, se le hace entrega al teniente Crespo del rifle propiedad de Osuna, y se recoge el dinero de la Comunidad, para acto seguido llevarse el teniente Valentín a Crespo del citado lugar y marcharse con él a la terraza del pabellón, donde permanecen conversando y entreteniéndolo. En ese momento Orellana se queda solo con De las Heras, y aprovecha para preguntarle dónde está el dinero y, tras indicárselo y haber cogido una mochila del coche, vuelven a la vivienda e introducen los 40.000 euros en la mochila. Finalmente, para evitar ser vistos por el teniente Crespo, salen por una ventana del dormitorio que da a la calle, permaneciendo posteriormente ambos en el patio del cuartel hasta que llegó el teniente Fernández.

Tras ello, abandona De las Heras el citado cuartel en compañía de Valentín Fernández y Orellana, reingresando en los calabozos de la Guardia Civil a las 14.38 horas, según consta en el libro de registros de detenidos.

Posteriormente, tras haber realizado la sustracción del dinero, Orellana le va a decir a De las Heras que una parte del dinero será para sufragar sus gastos de abogado, y que su abogada sería su mujer, entregándole una tarjeta con el nombre de la abogada Lourdes Gema García Mañas…

La citada letrada Lourdes García Mañas, al tener conocimiento de lo acaecido a través de su marido Orellana, acepta el citado encargo de asistir como letrado particular a Juan Jesús de las Heras, ya que de esta forma podía tener control a la actuación procesal de este y evitar cualquier tipo de iniciativa de denuncia por los hechos acaecidos…

Posteriormente De las Heras no denuncia los hechos, pero sí decide contarle lo acaecido a otros presos con los que estaba en el centro penitenciario, como Francisco Navarrete y José Ernesto Esteban Villanueva, entre otros.

Una vez han tenido lugar los citados hechos, De las Heras realizó con fecha 14 de noviembre de 2009 una autorización a su letrada para que pudiera acudir a su vivienda a fin de recoger libros y realizara un reportaje fotográfico de la vivienda en aras a solicitar una rebaja de la fianza a imponer, siendo recibida la citada letrada cuando llegó a la vivienda en el cuartel por el teniente Crespo, comprobando cómo a la citada letrada le acompañaba su marido Juan Francisco Orellana, quien también entra en la vivienda, designando el citado teniente Crespo a un guardia civil para que le acompañara a la vivienda y estuviera presente, ya que queda extrañado por la situación existente de ser asistido De las Heras por una letrada que resulta ser esposa de Orellana.

Creo que es interesante detenernos en este punto por las conclusiones que se pueden extraer. No se puede considerar algo normal el hecho de que la abogada de un detenido sea la esposa de un guardia civil que ha llevado la investigación. Probablemente sea legal, pero chirría con los principios éticos de una buena actuación policial. Lo extraño no es que esto le causara consternación al teniente Crespo, sino que no llamara la atención de otros mandos de la comandancia de Málaga. En España, y en particular dentro de la Guardia Civil, hay que tener madera de héroe para denunciar los abusos, las tropelías, las irregularidades, cuando no, directamente los delitos. Muchos de los guardias civiles con los que he hablado para la elaboración de este libro comentan una frase que suena como un mantra: «Todo te va bien si no te metes contra el mando». Denunciar una supuesta actuación ilegal te puede acarrear muchos problemas, y quién más, quién menos, prefiere mirar hacia otro lado. Excepto unos pocos.

El presunto robo en casa de De las Heras (presunto porque todavía no hay sentencia firme) revela unas prácticas habituales, en el sentido de que se pueden hacer sin que a nadie les llamen la atención, fuera del control judicial, a iniciativa de los propios agentes. Por ejemplo, tanto el guardia civil De las Heras como el guardia civil Navarrete fueron interrogados varias veces en la comandancia sin presencia de abogado. Sacaron del cuartel a los detenidos sin autorización judicial, rompieron un precinto de una casa en la que se debía practicar un registro y lo hicieron ellos sin la presencia del secretario judicial, etc. ¿Es posible actuar así en un estado de derecho? Una vez más recordamos que la inmensa mayoría de policías y guardias civiles son gente honrada, abnegada y mal pagada, y que en muchos casos son ellos mismos las víctimas de estas actuaciones y los primeros interesados en acabar con ellas. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no son cotos particulares de nadie. Son instituciones al servicio de los ciudadanos y de la justicia. Pero parece que está extendida cierta cultura de la impunidad y de la arbitrariedad, y ello es la fuente de muchos comportamientos anómalos. Pero sigamos desmenuzando algunos aspectos del sumario que no dejan de sorprendernos. Para lo cual, vayámonos a otro apartado del sumario donde se narra la acción del guardia civil Orellana y otros agentes presuntamente corruptos en plena faena en una operación de desembarco de estupefacientes.

Posteriormente, ambos agentes de la Guardia Civil [se refiere a dos agentes presuntamente implicados en la red de narcotráfico] regresan al lavadero de la gasolinera mencionado donde permanecen hasta las 21.00 horas, en que se desplazan hasta una de las calles de la urbanización Monte Biarritz, a muy poca distancia, permaneciendo estacionados en actitud de espera, estando Orellana en posesión de un radioteléfono Sirdee de dotación, a pesar de estar de baja laboral [el subrayado es del autor], siendo la citada posición ideal para acceder rápidamente a la carretera N-340 en cualquiera de sus sentidos… Mientras que los agentes de la Guardia Civil Orellana y Mármol efectúan los servicios de vigilancia y seguridad, estos pueden estar escuchando todas las comunicaciones que a través del Sirdee realiza la Guardia Civil de Málaga, toda vez que Orellana va provisto de uno de estos radioteléfonos Sirdee de dotación cuyo uso le es adjudicado. Así, ambos habrían escuchado cómo a través de la red de comunicación Sirdee de la Guardia Civil se tiene conocimiento de que el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), a las 22.15 horas, ha detectado una embarcación semirrígida sospechosa de narcotráfico que se encuentra frente a las costas de Guadalmina; a continuación, la Central Operativa de Servicios (COS-Málaga), por transmisiones, alerta del avistamiento a las patrullas en servicio y distribuye a algunas de ellas para posicionarlas con el objeto de proceder a la interceptación de la embarcación que iba a realizar un alijo en la playa y la detención de las personas que participaran… Tener noticias a través del radioteléfono de la intervención, motiva que el citado vehículo conducido por Orellana salga del lugar donde se encontraba y comience a circular por la carretera N-340, pretendiendo localizar y conocer la ubicación de las patrullas de la Guardia Civil movilizadas, y a la vez no ser detectados en el lugar de su estacionamiento. Tras el citado aviso de que la embarcación ha sido detectada y de que la Guardia Civil pretende interceptarla, la embarcación emprende la huida, reseñándose en la central COS, «pone rumbo mar adentro sin motivo aparente», siendo así que sobre las 23 horas desisten del intento de alijo y la embarcación se aleja de la costa, iniciando la patrullera de la Guardia Civil la oportuna persecución, no pudiendo darle alcance con motivo de un problema en los motores, procediendo los usuarios de la embarcación a tirar los fardos al mar, siendo imposible la captura de la embarcación y la recuperación de ninguno de los fardos.

Podría parecer un asunto de humor negro o incluso una escena sacada de una película de Torrente, pero es necesario formularse la pregunta. ¿Es posible que un guardia civil de baja laboral, recordemos que está adscrito al EDOA, la unidad encargada de la represión del tráfico de estupefacientes, pueda tener en su casa tranquilamente un radioteléfono Sirdee, capaz de captar todas las conversaciones que se producen en el SIVE, el servicio que controla todo lo que pasa en nuestras costas, sin que a nadie le cause sorpresa, o sin que nadie eche en falta un medio de comunicación tan valioso para los narcotraficantes? ¿No hay control sobre estos aparatos?

Es interesante constatar en este momento que en una operación de narcotráfico en la que participan agentes corruptos, estos cobran de igual manera salga como salga la operación. Lo que se contrata son sus servicios para dar cobertura y seguridad, independientemente del resultado final de la operación.

Pero volvamos al sumario y atendamos a un nuevo episodio.

Tras diez minutos de reunión, Orellana se traslada con la furgoneta hasta su domicilio. Aquí cambia de vehículo y toma el Peugeot 206… A continuación, el sistema SITEL sitúa el teléfono de Orellana en la comandancia de la Guardia Civil de Málaga [sobre las 22.40], donde permanecería por espacio de unos diez-quince minutos, ya que habría venido a recoger un equipo de trasmisiones Sirdee, trasladándose nuevamente hasta Benalmádena (Málaga), lo que determina que estaría preparándose para la realización de un nuevo alijo de droga.

Esa misma noche Orellana sería detenido y el alijo de hachís decomisado. Los agentes del SAI le seguían la pista desde hacía varios meses. Lo que sigue sorprendiendo es que se pudiera pasar por la comandancia a las 11 de la noche para recoger el radioteléfono con toda la facilidad del mundo, sin tener que dar explicaciones a nadie.

No quedan aquí las sorpresas que proporciona este sumario. Creo que también es interesante analizar otros aspectos que pueden facilitar la eficacia de la corrupción policial.

Como antes ha quedado dicho, el inmenso poder y los más que sofisticados medios que el Estado pone al servicio de la Policía son un arma de doble filo si quien los utiliza lo hace para beneficio propio. Analicemos otra situación. Es la que se relata en el apartado 13.º, titulado: Filtraciones de investigaciones a confidentes por parte del teniente Fernández.

Sin embargo, la actividad delictiva que estaba presuntamente cometiendo HURRACO [nombre de un supuesto confidente] va a cesar o disminuir considerablemente en el momento en que supuestamente es informado por el teniente Fernández de que es objeto de investigación por parte de UDYCO-MÁLAGA y del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA).

Así, el teniente Fernández, para evitar que personas que él así lo consideraba pudieran ser sorprendidos en la comisión de hechos delictivos por parte de otras unidades de la Policía Judicial, decidía incluirlos en la base de datos CICO con la finalidad de que si surgía una coincidencia en la investigación con otras unidades de Policía Judicial se garantizaba que tendría que ser avisado a tenor de la coordinación policial que la citada base de datos en CICO pretende establecer, conociendo además la unidad de la Policía Judicial que tiene otra investigación. Así, el día 10 de marzo de 2010, el teniente Fernández es informado por UDYCO que en CICO tienen una coincidencia en la entidad Julio Hurraco con UDYCO-MÁLAGA. Dicha entidad estaría vinculada a la operación SANCHO de la Guardia Civil y a la operación SOJO de la Policía Nacional que no estaba judicializada. En la conversación que mantiene con el inspector Jorge, el teniente Fernández presenta a Hurraco como un buen informador [confidente] que no está cometiendo actividades ilícitas; que en la investigación SANCHO hay intervenciones telefónicas en las que aparece Hurraco, y ello a pesar de que dichas intervenciones ya han cesado y así se lo indica el teniente a Hurraco en conversación del día 09 de marzo de 2010.

Asimismo, y fruto de esta coincidencia, el teniente Fernández intenta obtener del inspector mencionado todos los datos posibles respecto a la investigación que realizan, llegando este, en aras a la coordinación, a informarle que Hurraco es el que contacta con el principal objetivo, y cuando dicen que van a informar a CICO de que son investigaciones diferentes, es cuando el teniente indica que es su confidente e incita para que no le investiguen («como veas, a nosotros, a mí, el pollo este sí que me interesa mantenerlo funcionando»)…

A continuación de esta entrevista que mantienen en torno a los 20.45 horas de ese mismo día y en la que el teniente Fernández informa a Hurraco de la investigación de UDYCO, se observa un progresivo descenso en el volumen de las llamadas telefónicas de este último (es usuario de varios teléfonos), así como en su interés para esta investigación, dificultando a la vez las vigilancias que se puedan realizar sobre esta persona.

El CICO es un organismo creado precisamente para intentar la coordinación de los cuerpos policiales en la lucha contra la delincuencia organizada. A menudo solía ocurrir y aún ocurre que Policía y Guardia Civil están llevando a cabo una misma investigación sobre unos mismos hechos delictivos, lo que ha supuesto muchas veces la duplicación de esfuerzos y medios, cuando no, una distorsión de la propia investigación, al aparecer agentes de uno y otro cuerpo en los mismos seguimientos, con el consiguiente peligro para ellos mismos y para la investigación. Por eso, a raíz de la puesta en marcha del CICO, los responsables de los distintos cuerpos policiales tienen que notificar a este organismo el inicio de una investigación, y cuando otro cuerpo policial coincide con una que ya está abierta, es necesario que se coordinen o se retire uno de ellos de la misma.

A la vista de las actuaciones reflejadas en el sumario, el teniente Valentín había encontrado un punto vulnerable en el máximo organismo de la lucha contra el crimen organizado. Bastaba con meter los datos de sus supuestos cómplices para tener el control de todas las investigaciones. Pero prosigamos con el sumario. En este caso, el párrafo seleccionado hace referencia a una operación de narcotráfico en Melilla con los mismos protagonistas, proveniente de la misma causa.

Así, y dado que el CICO, a través del Sistema de Registros de Investigaciones, tiene como misión la coordinación en la existencia de coincidencias detectadas por investigaciones llevadas a cabo por distintos grupos de la Policía Judicial, el hecho de grabar en la base de datos del mismo el nombre de José Aído [confidente] u otras personas con él relacionadas, así como los vehículos donde supuestamente se iba a transportar la droga, hacían que cualquier tipo de investigación policial por otro grupo tuviera que ser comunicada al EDOA de la Guardia Civil que dirigía el teniente Fernández, y ello a los efectos de coordinar cómo iba a llevarse a cabo la investigación policial sin interferencias entre ambos grupos.

Es decir, que el teniente se aseguraba no solo de grabar los datos de los presuntos narcos para que no fueran molestados por otras investigaciones policiales, sino que también lo hacía con las matrículas de los coches en los que se realizaban los transportes de droga para que tuvieran vía libre en sus itinerarios, en este caso, hacia la península.

Como siempre, el CICO y su sistema de coordinación, en principio una buena medida, están concebidos para su utilización por policías honestos. Pero nadie parece haber pensado qué ocurre cuando esas herramientas son puestas al servicio de funcionarios policiales que deciden pasarse «al otro lado».

Sin duda, todo esto supone un inmenso quebradero de cabeza para los servicios de asuntos internos de los distintos cuerpos. Pero el tema va un poco más lejos. Hay que tener en cuenta que uno de los atractivos de los agentes captados por organizaciones criminales es que tienen acceso a las potentes bases de datos policiales. Existen, evidentemente, protocolos para limitar la justificación de su uso y unas medidas de seguridad para el acceso a ellas. Pero una y otra vez hemos comprobado como esas medidas de seguridad pueden ser vulnerables y su mal uso solo se investiga ante unos hechos concretos, es decir, a posteriori.

Volvamos al sumario del caso EDOA y extraigamos un nuevo párrafo para visualizar lo dicho.

Las consultas del guardia civil Hamete sobre DNI n.º…. y a continuación sobre los apellidos «Ruiz Padilla» fueron ejecutadas en la base policial de antecedentes y/o señalamientos policiales, así como en la base de la DGS [Dirección General de Seguridad]; entendiendo que dichas consultas no estaban relacionadas con su actividad laboral, pues aún le quedaba casi media hora para iniciar la patrulla en el puerto de Melilla. Dichas consultas estaban orientadas a comprobar si dicho documento y apellidos constaban en la base Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) y, en su caso, comprobar las anotaciones que en la misma constasen tales como antecedentes, señalamientos policiales, etc., al ser estos los datos que constan en la citada base informática, siendo así que con ello la organización que vendía la droga se aseguraba con estas comprobaciones que la citada persona cuya documentación se pretendía utilizar no estuviera siendo objeto de algún señalamiento policial. Ciertamente, tras localizar a Ruiz Padilla, agentes del SAI comprobaron tras recibirle declaración que no había viajada a Melilla ni realizado reserva alguna de billete en barco a la citada ciudad, por lo que aquella consulta solo pretendía garantizar la impunidad de la organización.

Es decir, a la organización de narcos se les facilita el nombre y el DNI de una persona ajena a los hechos y además se comprueba en la base de datos que esa persona no está requerida por ninguna instancia judicial o policial.

Sin duda los medios con los que cuentan los policías corruptos son inmensos. Según recoge el sumario, no es de extrañar que el teniente Fernández y el guardia civil Orellana intentaran captar a otro agente, que en ese momento se encontraba en libertad provisional tras haber sido detenido en la operación conjunta ya mencionada de Policía y Guardia Civil, proponiéndole lo siguiente.

Fruto de lo expuesto el día 29 de enero 2010 se produce una entrevista entre Gómez Navarrete y el guardia civil Francisco Orellana. En dicha entrevista, el guardia civil Orellana le indica que es el teniente Fernández el que le ha estado diciendo que mantuviera esta reunión con él dos o tres veces, si bien en un principio intenta saber si este se ha entrevistado con la Policía Nacional, y si es confidente, o ha comunicado algo a la Policía Nacional, para acto seguido intentar captar a Gómez Navarrete con la finalidad de la comisión de hechos ilícitos sobre tráfico de drogas, ofreciéndole un 40% de lo obtenido, y ofreciéndole por cada mil kilos de hachís 150.000 euros, facilitándole todo tipo de medios, incluso le dice que dispone de hasta 20 balizas para colocar, y que él controla todo este tipo de cuestiones en temas de hachís, y para garantizar la impunidad del mencionado «Gómez Navarrete» le propone integrarle en la figura de «confidente» policial, porque de esta manera no se producirían problemas con operaciones policiales, le comunica las medidas de seguridad que debe adoptar y que posee diversos teléfonos móviles teniéndolos apagados. Asimismo le manifiesta Orellana que antes de llevar a cabo lo tratado deberá de mantener una entrevista con el teniente Valentín Fernández, ya que era este el que le había encargado entrevistarse con él. Incluso antes de terminar no duda en amenazarle con la expresión «a mí no me la juegues, porque a mí el que me la juega…» finalizando la entrevista.

Días más tarde, el teniente Valentín Fernández y Orellana se vuelven a reunir con el exguardia civil Gómez Navarrete.

Durante la citada entrevista vuelven los dos últimos reseñados a hacerle la misma proposición, llegando a decirle, «tú, depende de cómo te lo montes, puedes sacar incluso de los dos lados», llegando incluso a decirle «medios hay para meter cosas», lo que confirma el teniente afirmando «cada vez más». Asimismo en la citada reunión se establecen las medidas de seguridad para evitar que pudieran ser objeto de investigación, siendo advertido el mencionado Gómez Navarrete por parte del teniente Fernández de que cuando hablen por teléfono no digan nada de interés ni comprometido y que solo sería para quedar y realizar una entrevista personal. Asimismo le informan de que debe llevar el teléfono siempre apagado y establecer de antemano el lugar de encuentro, no realizándolo a través del teléfono, que la forma de quedar sería simulando un mensaje SMS y que la comunicación telefónica con Orellana sería con distinto número de teléfono. Finalmente… el teniente Fernández hace entrega a Navarrete de un teléfono móvil con número… con la numeración de la tarjeta SIM rayada para evitar su identificación...

A raíz de lo visto, uno puede hacerse muchas preguntas. ¿Existe algún tipo de control cuando un funcionario policial decide incluir a alguien como confidente?, ¿existe algún mecanismo judicial/policial que verifique que el citado confidente actúa realmente como tal y no hace lo contrario de lo que debería hacer? Me temo que a día de hoy esa figura puede ser un coladero para los agentes que dan el salto al otro lado. Otro asunto es el del dinero.

Estamos hablando de hachís, que, digamos, es una droga barata en el mercado en comparación con la cocaína. Si por cada mil kilos uno puede ganar 150.000 euros, será muy difícil en el futuro luchar contra la corrupción como lo ha sido hasta ahora. Con dos o tres desembarcos de 3.000 kilos ya puedes retirarte a las Bahamas. Pero hay otro asunto que conviene resaltar: la utilización de decenas de tarjetas de móviles en este tipo de clanes mafiosos. Una cosa sorprendente en este caso es que tanto en los registros llevados a cabo en los domicilios del teniente Fernández como en los del guardia Orellana aparecieron numerosas tarjetas de móviles cuya titularidad pertenecía a personas de los más variopinto y que en la mayor parte de los casos no eran conscientes de que se había utilizado su nombre y su carné de identidad para adquirirlas. Algo que pone una vez más los pelos de punta sobre la indefensión de los ciudadanos cuando los que deberían protegernos se olvidan de su compromiso. Tampoco deja de sorprender que el responsable del EDOA Málaga se exprese en esos términos: «cada vez hay más medios para meter hachís». Que cada uno saque sus propias conclusiones.

Para acabar con este capítulo del sumario EDOA, hay que decir que a día de hoy el guardia civil Orellana se encuentra en paradero desconocido y sobre él pesa una orden internacional de busca y captura al no haberse presentado en el juicio. Sin embargo, poco después de ser detenido por este caso y puesto en libertad, los agentes del SAI le volvieron a detener por estar implicado en una historia rocambolesca. Se prestó a hacer creer a una acaudalada ciudadana alemana, residente en un pueblo de Málaga, que su marido había muerto, falsificando unas fotos, con sangre comprada en una tienda de chinos, en complicidad con otros. El fin de esta historia es confuso y la causa sigue abierta en la Audiencia Provincial de Málaga.

Espero que a estas alturas el lector no se haya olvidado de lo importante de todo lo aquí narrado. Intentamos desenrollar una madeja muy confusa de supuesta corrupción policial en la ciudad de Málaga, en la que se unen o se superponen varios casos aparentemente inconexos, pero que a este autor no le cabe la menor duda de vinculación. Habíamos hablado del asesinato de Lucía Garrido, de la muerte de dos jóvenes colombianos y del caso EDOA, en los que aparece implicado el teniente Valentín Fernández, que fue el encargado de realizar las dos investigaciones primeras, la de Lucía y la de los colombianos, con el fin ya sabido de su sobreseimiento o archivo provisional. En la causa del EDOA aparece también implicado el que fuera compañero de Lucía, Manuel Alonso, propietario de la finca donde apareció asesinada y fueron abatidos los dos colombianos. Veamos un pequeño fragmento del sumario EDOA donde se le menciona.

Dado que la operación ya estaba negociada por la organización dirigida por José Aído con la organización inglesa, y a su vez aquel ya había cerrado el trato con la negociación árabe que le iba a vender el hachís, José Aído envió días antes del 27 de noviembre de 2010 a Manuel Alonso Herrero en labores de garantía y financiación a una zona no determinada entre Melilla y Marruecos a fin de garantizar a la organización que le iba a vender la droga y que se iba a producir la transacción, así como que la misma se iba a realizar como se había pactado, siendo así que la citada persona tuvo que permanecer varios días en el citado lugar. Así, el 27 de noviembre de 2010 sobre las 8.26 horas el citado Manuel Alonso y José Aído mantienen comunicación utilizando aquel un teléfono marroquí para indicarle que se encuentra todavía allí y que si se vuelve pueden pensar los vendedores que la operación es un «rollo», comunicándole José Aído que llegará mañana al citado lugar donde se encuentra Manuel Alonso Herrero.

No solo aparece en esta causa esta persona. El hermano de una antigua compañera de Alonso Herrero, la mujer por la que quiso sustituir a Lucía, antes de que definitivamente conociera a la ucraniana Galyna, fue también presuntamente partícipe en una operación en la que colaboró como transportista de 1.700 kilos de hachís. Un dato más importante de lo que parece.

Bien, pues a pesar de todo lo que reveló en su día la operación EDOA y lo que aún es previsible que revele, dado que, mientras que se escriben estas páginas, el juicio continúa, nadie a nivel oficial movió un dedo por aclarar y ahondar en el asesinato de Lucía y en la muerte de los colombianos. A nadie se le ocurrió revisar los casos, como si fuera un hecho normal que el dueño de una finca donde se habían producido tres muertes y el teniente encargado de investigarlas coincidieran tiempo después en una organización de supuestos narcotraficantes, en la que un supuesto confidente del teniente mantenía relaciones «empresariales» con Manuel Alonso. El sumario del EDOA revela muchos más datos de interés, conexiones con otros agentes, que sin duda serán clave en un futuro para desentrañar toda esta ingente madeja de irregularidades.

Lo que cuesta la verdad

Tras el archivo de la causa por el asesinato de Lucía y el posterior sobreseimiento de la muerte de los jóvenes colombianos, Rosa, la hermana de Lucía, acudió como último recurso en el verano de aquel año de 2010 a contarles su caso a los responsables de la AUGC Ignacio Carrasco y Alberto Robles. Rosa disponía de muchos datos dispersos que le había ido contando su hermana, pero sobre todo la embargaba la indignación de ver cómo algunos miembros de la Guardia Civil se habían puesto de forma descarada de parte de Manuel Alonso. Y no entendía las razones. En Ignacio Carrasco, y por supuesto también en su compañero Robles, Rosa no solo encontró a alguien que por fin la escuchaba, sino que además halló a una persona íntegra que se quedó desde el primer momento escandalizado por todo lo que le relataba la hermana de Lucía. Jamás se hubiese llegado hasta donde se ha llegado en la resolución de este/os caso/s, y todavía el camino es duro, de no ser por la voluntad, el tesón, las dotes de investigación y el conocimiento interno de todo cuanto sucede en el ámbito de la Guardia Civil que reúne este veterano agente de la Benemérita. Y todo ello a costa de dejarse muchas plumas en el camino, de ser zaherido y vilipendiado, de sufrir todo tipo de acosos, querellas y descalificaciones, de poner en riesgo su tranquilidad, la de su familia y, por qué no decirlo, incluso su vida. Ignacio Carrasco dio un paso al frente y con ello pasó a convertirse en un ser non grato para el mando y molesto para las autoridades. Algunos de sus compañeros empezaron a mirarle mal, otros le hicieron un doble juego y muchos callaron. También, en el lado opuesto, siempre tuvo la confianza y el apoyo de muchos otros y el respaldo sin fisuras de la AUGC, que lleva una lucha, a veces silenciada por los medios, denodada contra la corrupción.

Sin embargo, sigue entristeciendo saber que en este país el propósito de alcanzar la verdad o la justicia siga teniendo un precio a veces tan elevado. E Ignacio Carrasco lo ha tenido que pagar con creces.

Creo que es necesario detenernos en este punto para que el lector comprenda muchas cosas de las que pasan en una sociedad en la que el oscurantismo y la falta de transparencia siguen siendo notas dominantes en todo lo que se refiere a la actuación pública y, por supuesto, a la policial. Para nuestra vergüenza, hay que recordar que la democracia española ha tardado más de treinta y cinco años en dotarse de una ley de transparencia de la función pública y, vistos los resultados, es una ley a todas luces deficiente. Muchas de las actuaciones de orden interno que a día de hoy todavía se producen en la Guardia Civil siguen estando marcadas por el oscurantismo, por la falta de mecanismos democráticos, por la ausencia de una defensa eficaz e inmediata ante el peso de la disciplina militar que en ocasiones puede llegar a vulnerar determinados derechos de los agentes.

Ignacio Carrasco tiene una hoja de servicios intachable, y además pasa por haber servido en la provincia de Guipúzcoa en los años considerados de plomo, cuando la organización terrorista ETA, hoy felizmente desarticulada, tenía entre sus objetivos prioritarios a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Nunca se le abrió ningún expediente, nunca tuvo que responder por ninguna irregularidad. En el año 2008 recaló en la unidad del SEPRONA adscrita a la comandancia de Málaga. Cuando comprobó en primera persona todas las presuntas irregularidades que se producían en esa unidad, habló con sus superiores, se entrevistó con la SAI e impulsó una querella como representante de la AUGC en los juzgados contra el máximo responsable de la unidad, el teniente Alonso Gómez Ocón. Como ya hemos visto, esa querella fue desestimada por los jueces, previo informe de la comandancia de Málaga.

A raíz de estos hechos, Ignacio Carrasco fue víctima de acoso laboral en su unidad, le dejaron sin cometido, le ningunearon, le hicieron el vacío y le encomendaron como única ocupación la de mirar el techo. Como a tantos otros funcionarios públicos —y más especialmente dentro de la Guardia Civil— que denuncian irregularidades, solo le quedó una salida: solicitar una baja por motivos psicológicos.

Creo que es de interés ver el informe médico-psicológico realizado a este miembro de la Guardia Civil.

A juicio de este autor, se trata de una situación surrealista. La denuncia de prácticas anómalas en una unidad de Policía te puede llevar directamente a la calificación de «inútil para el servicio», con los aditamentos de rasgos obsesivos, paranoides y narcisistas. No se trata de investigar lo denunciado, se trata de callar al que denuncia con la complicidad de variados estamentos. Y en este caso todavía todo es más sangrante porque, como veremos más adelante, a Ignacio Carrasco le amparaba la razón.

Pero volvamos al verano de 2010. Rosa ha acudido, como último recurso para saber quién se esconde detrás del asesinato de su hermana, a la AUGC que en esos momentos dirige Ignacio Carrasco.

Para vergüenza del funcionamiento de nuestras instituciones en ese caso es necesario insistir en lo siguiente: la causa del asesinato de Lucía había sido archivada tras una más que deficiente investigación; la causa de la muerte de los jóvenes colombianos, ocurrida en el mismo lugar que la de Lucía, en la finca Los Naranjos, también había sido archivada, tras una investigación que no se sostenía y, para colmo, el encargado de esas dos investigaciones, el teniente Valentín Fernández, responsable del EDOA de Málaga, había sido detenido por el SAI por su presunta vinculación con una trama corrupta de guardia civiles y narcos, una operación en la que también había sido arrestado Manuel Alonso, el excompañero de Lucía y presunto autor de la muerte de los dos colombianos. Con todos estos mimbres es difícil creer que a nadie se le ocurriera o dispusiera reabrir todo, volver a investigar y tratar de establecer la verdad. Ni jueces, ni fiscales, ni policías parece que se detuvieron a analizar todos estos hechos.

Desde el primer momento, Ignacio y la asociación de guardias civiles que él representa pusieron a disposición de Rosa sus abogados. Se empezó a recabar información, solicitar datos y atestados de las dos investigaciones archivadas y se empezó a ver que demasiadas cosas no cuadraban. Hay que tener en cuenta que tanto Ignacio Carrasco como Robles, los dos dirigentes de la AUGC que se implicaron de lleno en esclarecer lo sucedido, habían sido buenos investigadores del cuerpo policial que ahora parecía darles la espalda. Para ellos era evidente que esto era una maraña de casos vinculados entre sí con el extraño objetivo de obstaculizar el paso a la verdad. Fue entonces cuando empezó una auténtica batalla en todos los estamentos judiciales, políticos y sociales para solicitar la reapertura de las causas archivadas y la aclaración de todo lo que allí había sucedido. Pero el camino no iba a ser y no está siendo fácil. Y la pregunta de fondo sigue siendo: ¿por qué?

Una vez obtenida la custodia de su sobrina Sara, contra viento y marea, como ya ha quedado dicho, Manuel Alonso no abonó un solo euro de lo que le correspondía como pago de la pensión por alimentos, y eso a pesar de haberlo fijado un juez, por lo que Rosa tuvo que acudir de nuevo a los tribunales para hacer valer los derechos de su sobrina. En aquella época Manuel Alonso no disponía de nómina o ingresos fijos contables, por lo que la única manera de garantizar esa pensión era de nuevo la finca.

Manuel Alonso había sido puesto en libertad provisional tras su detención por su presunta participación en una red de narcos. A pesar de hallarse en esa situación, Manuel Alonso pergeñó la venta de la finca Los Naranjos de una manera un tanto anómala, con el presunto objetivo de que no pudieran amenazar sus bienes por el impago de la pensión a su propia hija e incluso por su presunta responsabilidad civil derivada de la causa que en esos momentos tenía abierta por narcotráfico. Tan anómala fue la venta que años después sería encausado por un delito de alzamiento de bienes, proceso que a fecha de hoy aún se dirime en los juzgados con consecuencias imprevisibles.

La venta tuvo lugar en diciembre de 2011. Reproduzcamos este momento que obra en el sumario.

Don Manuel Alonso Herrero, titular del 100% del pleno dominio de la finca registral… vendió en escritura pública de compraventa de fecha 20 de diciembre de 2011, protocolo 3973 del Notario Don Manuel Tejuca García:

- A su cónyuge Doña Galyna Sokoliuk, el 58,62% de la totalidad de la finca.

- A Don Abdeslam Achemial y Doña Haquima Chemial, el 41,37 de la totalidad de la finca.

Es decir, que la mayor parte del control de la finca quedó en manos de su actual esposa. No nos detendremos a analizar todas las irregularidades de esta venta, pues exceden el interés de este libro. Pero sí en un hecho que a día de hoy nadie ha sabido explicar y que desde luego choca con los principios éticos que deben inspirar las conductas de los funcionarios públicos.

El abogado defensor de Manuel Alonso Herrero en la causa seguida por el impago de la pensión alimenticia a la hija de Lucía es José Luis Montesinos, ¡un guardia civil adscrito a la comandancia de Málaga! No solo eso. Ejerce en numerosas ocasiones como abogado del estado en distintas causas. Mostremos dos documentos.

En él se puede apreciar cómo José Luis Montesinos ejerce como abogado del estado en una causa, que nada tiene ver con lo que nos ocupa, en Melilla. Veamos el otro documento.

El mismo guardia civil que ejerce como abogado del estado en otras causas se encarga de la defensa de Manuel Alonso Herrero, en un momento en el que ya había sido detenido por un presunto delito de narcotráfico, y pesaban sobre él dudas razonables sobre su implicación en otros dos sumarios: el asesinato de Lucía y la muerte de los dos colombianos. ¿Un abogado del estado defendiendo a un presunto narco en una causa para negarle a una huérfana el pago de la pensión alimenticia? No es de extrañar que Rosa, la hermana de Lucía, creyera estar viviendo en un mundo irreal. Pero el asunto continúa con tintes más surrealistas y también más dramáticos. En el año 2014 la causa por el impago de la pensión alimenticia y el presunto alzamiento de bienes deriva en un procedimiento penal contra Manuel Alonso. Adjuntemos el documento. (Como esta historia tiene ribetes tan fuera de lo común, considera este autor que es mejor ir documentando todo).

Bien, a partir de ese momento se abre una causa penal en la que tienen que declarar los supuestos compradores de la finca, el matrimonio marroquí y la actual esposa de Manuel Alonso, y entonces surge una sorpresa inesperada. Reproduzcamos un fragmento de la declaración del comprador marroquí efectuada el 10 de marzo de 2015, tras la intervención del SAI de la Guardia Civil, ante el juzgado de instrucción número 6 de Málaga.

… que se dedica a la construcción, que necesitaba unas parcelas para dejar los materiales y poder trabajar, y esta es la única relación con este señor. Que salvo esta relación para comprarle la parcela, ni ha tenido ni tiene relación alguna con el mismo.

Que sí, que le consta que Manuel Alonso sigue viviendo en una parte de la finca, si bien no es la parte que le vendió al declarante.

… Que si bien tuvo un asesoramiento para comprar la porción de parcela tal como lo hizo. Que el abogado que le asesoró se llama José Luis Montesinos, que también tiene documentación para acreditar sus servicios. Que no le consta que este abogado lo haya sido del Sr. Alonso, pero le consta que el Sr. Alonso le llevó a este abogado.

En fin, desmenucemos esta sorpresiva declaración. Según el comprador de una parte de la finca, la persona que le asesora sobre el modo de poder realizar esta compra tan surrealista y, en principio presuntamente ilegal, es José Luis Montesinos, abogado de Manuel Alonso. Todo un guardia civil, abogado del estado, asesorando a realizar una venta que años más tarde desemboca en un presunto delito de alzamiento de bienes.

La denuncia de estos hechos por parte de la familia de Lucía y del guardia civil Ignacio Carrasco, figura clave, insistimos, para desentrañar todo este marasmo de irregularidades, les originó nuevos problemas. Ni la propia comandancia que emitió un informe favorable a la actuación del abogado del estado, ni el propio subdelegado del Gobierno de la provincia fueron capaces de actuar como se supone que debieran hacerlo en un estado de derecho, como así lo exigieron los miembros de la AUGC y la familia de Lucía. Las asociaciones de mujeres maltratadas tampoco expresaron su estupor. ¿A nadie le chirriaba que personas al servicio del estado, que visten uniforme, se pusieran al servicio de alguien que trataba de eludir el pago de una pensión a su hija, y que estaba envuelto e implicado en varios sumarios?, ¿dónde quedaba ese ardor por proteger a las víctimas de violencia de género?, ¿dónde estaban las asociaciones de mujeres que combaten esta lacra, dónde las instituciones creadas para defenderlas? Para Rosa e Ignacio solo hubo silencio en aquel momento.

El laberinto del caso de Lucía era demasiado complejo para que alguien a simple vista lo pudiera detectar. Como buen investigador, Ignacio Carrasco desmenuzó los pormenores de ese sumario. Las diligencias policiales estaban ordenadas de manera inconexa. Después de organizarlas, hubo algo que le llamó especialmente la atención. Faltaban dos periodos de escuchas en la instrucción por el asesinato de Lucía. Hay que recordar que la causa por este crimen permaneció abierta cerca de un año, hasta que se decretó su archivo provisional por el juzgado número 4 en mayo de 2009. Durante ese periodo la jueza autorizó escuchas telefónicas a Manuel Alonso y personas de su entorno. Los encargados de esas escuchas fueron evidentemente los miembros de la Policía Judicial, integrados en el EDOA de Málaga y dirigidos por el teniente Valentín Fernández y el entonces capitán Martín, su superior, imputado también en la causa de narcotráfico del EDOA.

No era normal que esos periodos de escuchas hubiesen desaparecido de la causa. Además, hubo otro hecho que no tenía explicación plausible en una investigación oficial. Durante ese periodo de escuchas se había detectado la existencia de varios posibles delitos, entre otros el de tráfico de armas, entre Manuel Alonso y un tal Fernández Barea, e incomprensiblemente esos audios fueron tildados por los responsables de la investigación de «sin interés policial». Un tráfico de armas que, como se verá más adelante, podría vincular el asesinato de Lucía con la muerte de los jóvenes colombianos.

Con todas las irregularidades detectadas en la instrucción, con la cantidad de llamadas de interés que no habían sido transcritas, con periodos que no aparecen en el sumario y con la detención del teniente Valentín y del capitán Martín, responsables últimos de las investigaciones aludidas, por su presunta vinculación con una red de narcotraficantes, la familia de Lucía, con el apoyo de la AUGC de Málaga, instó la reapertura del sumario por su asesinato.

El 1 de abril de 2012, cuatro años después del asesinato de Lucía, Rosa, su hermana, comienza a ver un poco de luz al final del túnel. El juzgado número 4 de Málaga acuerda la reapertura del caso. Pero esta vez no van a ser los agentes de la Guardia Civil los encargados de llevar la investigación. El juzgado, en sintonía con la familia, acuerda que sea la Policía Nacional la que se haga cargo de las pesquisas.

Pero la reapertura también comienza llena de obstáculos. Dilaciones y maniobras difíciles de encajar en un estado de derecho.

A la vista del informe realizado por Carrasco, el juez, a instancias de la acusación particular de la familia de Lucía, solicita a la comandancia de Málaga los audios que faltan de las escuchas del asesinato de esta. Quince días después, el 27 de abril de 2012, en vista de que no ha habido respuesta sobre la petición, el juez vuelve a reclamar los audios. Esta vez la comandancia de la Guardia Civil de Málaga accede a la petición, pero hay un pequeño inconveniente. Los DVD que envía la Guardia Civil se hallan deteriorados, es decir, están rallados. Son inaudibles. Cabe entonces preguntarse el porqué de este hecho, y de nuevo surge la sospecha de que en ocasiones algunos prefieren tapar la corrupción policial. La demora de esos audios solo favorecía una cosa: la prescripción de los delitos. También cabe preguntarse lo que hubiera podido pasar en esta maraña de asuntos, si alguien, íntegro y conocedor de las técnicas de investigación, no se hubiese puesto nunca del lado de la verdad.

Un Cuerpo por otro

Entramos ahora en otro de los grandes problemas que no hemos sido capaces de resolver en el tiempo que llevamos de democracia. No era la primera vez que en el transcurso de una investigación un cuerpo policial era requerido para sustituir a otro. En este caso le tocó a la Policía sustituir a la Guardia Civil. Otras veces ha pasado lo contrario. Esto, en principio, es como mínimo chocante. El hecho de que un juez determine quitar la investigación de un caso a quien por jurisdicción le corresponde implica simple y llanamente que ese cuerpo policial ha perdido la confianza judicial. Y eso en un estado de derecho es sumamente grave, porque lo más lógico es que fuera el propio cuerpo policial, en este caso la Guardia Civil, la primera interesada en subsanar sus errores y en tomar medidas contra los agentes que empantanaron la investigación, bien por incompetencia, bien por intereses ocultos alejados de la ley a la que sirven. No cabe pensar que en nuestra democracia los cuerpos policiales tengan actuaciones encaminadas a enmarañar o a distorsionar la realidad. Pero, evidentemente, parece que a veces sucede.

Y la solución no es del todo buena, porque tanto un cuerpo como otro no quieren hacer sangre de sus dudosas actuaciones. No se quieren declarar la guerra y no quieren entrar en la espiral del «y tú más» tan propia de nuestra clase política. El dicho «perro no come perro» se puede aplicar aquí con todas las consecuencias.

El grupo de homicidios de la Policía Nacional de Málaga tardó algo más de seis meses en realizar su investigación. En su descargo es necesario decir que, cuando ellos se pusieron a investigar el caso, llevaba archivado cuatro años, y evidentemente muchas pruebas se habían perdido, otras se habían manipulado o silenciado y los testimonios recogidos se enfrentaban al paso del tiempo con la consiguiente inexactitud que ello acarrea. Pero también gozaban ya de una ventaja que no supieron o no quisieron aprovechar; se habían producido nuevos acontecimientos relevantes: la muerte de dos jóvenes colombianos en la misma finca en la que murió Lucía y la detención de los responsables del EDOA de la Guardia Civil (encargados de la investigación de Lucía) y de Manuel Alonso, implicados en un asunto de narcotráfico. Además, disponían de las escuchas realizadas por la Guardia Civil (salvo los periodos no entregados) durante la investigación, de las que se podían extraer muchas conclusiones sobre las peligrosas relaciones de Manuel Alonso con agentes del SEPRONA, pero que prefirieron obviar.

La Policía Nacional despachó sus conclusiones en un informe de unas 20 páginas. Su investigación se centró exclusivamente en las relaciones de pareja de Manuel y Lucía, es decir, todo apuntaba a un crimen relacionado con la violencia de género. Para ello, el grupo de homicidios de la Policía Nacional situó el epicentro del conflicto en la separación de Manuel y Lucía, y en el uso y disfrute que la justicia había otorgado a Lucía y a su hija de la casa enclavada en la finca de Los Naranjos. La descripción que hacen de Manuel es la de un hombre violento, amargado por este hecho, con testimonios recogidos en su entorno en los que se constatan las amenazas que vertía sobre Lucía, afirmando que la vida de una mujer apenas valía 3.000 euros, que Lucia iba a salir de la finca con los pies por delante o que la iba a echar a los leones. Se narra el hecho de que Manuel llegó a encerrar a Lucía y a su hija una semana sin alimentos y que los vecinos les acercaban comida a través de la reja, como si efectivamente se tratase de otros animales más. Es curioso que tantos años después se reconozcan estas amenazas y, sin embargo, no se reconocieran en los momentos en los que Lucía acudía a los tribunales para denunciarlas. Pero hay que recordar que los propios guardias civiles testificaban a favor de Manuel Alonso. ¿Pudieron hacer algo más el juzgado o la fiscalía?

Muchas de las incógnitas de la investigación no fueron despejadas, como por ejemplo el tráfico de llamadas del teléfono de Lucía, la hora de la muerte o el hecho de que no apareciera el billete de vuelta del autobús que supuestamente cogió Lucía. Aun así, se afirmó que el autor de la muerte conocía todas las rutinas de Lucía, era alguien cercano, disponía de una llave de acceso a la finca y se llevó su teléfono móvil y la famosa carpeta en la que ella anotaba todas las irregularidades que se producían en Los Naranjos. Fue un crimen por encargo, según la Policía.

No obstante, la investigación tuvo alguna virtud más. Se determinó que Manuel Alonso se había fabricado una coartada aquel día un tanto extraño y atípico en él. Había mostrado demasiado interés por aparecer en determinados sitios, tener demasiados testigos, recoger tickets de las cosas más baladíes, dejarse grabar por varias cámaras de gasolineras.

Veamos sus conclusiones definitivas.

Aún nos llama la atención el último párrafo de este informe. Se considera del todo improbable poder identificar al autor de los hechos. Es evidente que cuatro años después de un asesinato, la recogida de muestras o de perfiles genéticos del lugar del crimen ya no puede ofrecer ningún resultado. Pero tal vez sí en su momento oportuno.

Pero no abandonamos de momento el informe policial porque en él se detalla un interrogatorio a un empresario, Luis Andrés Fernández Barea, sobre unas escuchas interceptadas en su día por la Guardia Civil, cuando dirigía la investigación sobre la muerte de Lucía.

Reproduzcamos el fragmento.

Estas escuchas fueron catalogadas en su día por los responsables de la Guardia Civil en la investigación de Lucía de «sin interés policial». Bien, existe otro fragmento de esas mismas escuchas en el que Manuel Alonso (Manolo) habla con este empresario sobre la posibilidad de pedir a Alemania una funda para esa pistola, dado que la procedencia del arma es alemana.

Evidentemente, estamos hablando aquí de presuntos delitos de tráfico de armas y falsificación de documentos de esas armas, hechos que se pasaron por alto en la investigación. Cuando se produjeron estas conversaciones aún no se había producido la muerte de los jóvenes colombianos en la finca Los Naranjos. Pero cuando la Policía se hizo cargo de la investigación tras la reapertura del caso por la muerte de Lucía ya se tenía conocimiento del hecho. Hay que recordar que en la pistola que llevaba uno de los jóvenes colombianos apareció un perfil genético que no se correspondía con el del joven que en teoría disparó el arma. Un perfil genético que situaba en el lugar del crimen a una cuarta persona sin identificar. Y hay que recordar que esta pistola era una Walther, de procedencia alemana, inutilizada y vuelta a reparar. A pesar de todos estos datos, ninguno de los dos cuerpos relacionó los dos casos e inició alguna línea de investigación para saber qué podía deparar.

Si los investigadores de la Policía hubieran actuado de manera absolutamente independiente, lo más lógico es que hubieran llamado a declarar al cabo de la Guardia Civil que aparece en las escuchas para preguntarle sobre el hecho de que un miembro de las Fuerzas de Seguridad proporcionara un arma corta a un individuo (Manuel Alonso) que en ese momento estaba siendo investigado por el asesinato de su excompañera, e indagar en esa extraña relación. Lo que sí hizo la Policía fue mandar un escrito a la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Málaga para que se detallara qué armas dadas de alta disponía el cabo Arrabali en el año 2009. La Guardia Civil contestó que un rifle y un revólver inutilizados. Y ahí se quedó la cosa.

Lo más curioso del caso, asómbrese el lector, es que dos años después, en octubre de 2014, cuando el SAI de la Guardia Civil decide por fin entrar en toda esta maraña, el cabo Bernardo Arrabali fue detenido en Algeciras por ese departamento acusado de pertenecer presuntamente a una trama de narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales, junto con otros dos agentes y varias personas más.

El informe del grupo de homicidios de la Policía Nacional con sus conclusiones sobre el asesinato de Lucía fue remitido al juzgado número 4, que entendía de la reapertura del sumario. En vista de sus conclusiones, que circunscribían todo a un asunto de violencia de género con la figura de Manuel Alonso como inductor del asesinato, el juzgado, de acuerdo con las partes, optó por inhibirse a otro juzgado especialista en violencia de género. Conviene que veamos el auto de inhibición.

Conviene también que nos fijemos en algunas palabras de este auto.

Las sospechas policiales se centran, exclusivamente, en la persona de su excompañero sentimental Manuel Alonso Herrero.

Nada más alejado de la realidad. Pero aún tendrían que ocurrir nuevos acontecimientos para que esta frase del auto quedase en entredicho.

Con la inhibición del juzgado número 4 la causa empieza a bailar de un juzgado a otro. Primero cae en el juzgado número 2 de violencia de género. A su vez, el juzgado número 2 se inhibe a favor del número 1, también de violencia de género, al considerar que este juzgado es el competente, dado que en su día fue el que decidió sobre las denuncias de Lucía sobre maltrato y amenazas, y también el que le denegó las medidas de protección solicitadas por ella.

Rosa, la hermana de Lucía, nunca ha considerado el asesinato de esta como un crimen de violencia de género, sino como «una ejecución», un hecho cometido para quitarse de en medio a una persona que tal vez sabía demasiadas cosas sobre todo lo que sucedía en la finca de Los Naranjos.

El hecho de ser calificado el asesinato como de «violencia de género» beneficiaba a la supuesta trama que se escondía tras su muerte y podía delimitar bastante el alcance de la investigación.

No eran tampoco las mejores noticias saber que de nuevo la instrucción sobre la muerte de su hermana volviera a recaer en el mismo juzgado que no atendió sus demandas anteriores. Pero no era cuestión de volver a desanimarse. El caso es que, por lo menos, la causa seguía abierta y un pequeño avance se había logrado con la imputación de Manuel Alonso como inductor del asesinato de Lucía y por supuestos malos tratos continuados. Aun así, Manuel Alonso, tras su toma de declaración, fue puesto en libertad con cargos aunque con la prohibición de abandonar el país y sometido a la disponibilidad del juzgado. Recordemos que en esta fecha ya se hallaba también en libertad provisional imputado en otra causa de narcotráfico. Intervención de Armas de la Guardia Civil tardó su tiempo en retirarle el permiso de armas. Lo hizo en octubre de 2012, es decir, dos años después de ser detenido por un presunto delito de narcotráfico, hecho por el que estuvo en la cárcel en prisión preventiva.

Tocar todas las teclas

Tanto el informe del grupo de homicidios de la Policía como el auto de imputación de Manuel Alonso acusado de la presunta inducción del asesinato de Lucía Garrido y circunscribiendo todo a un caso de violencia de género, habían dejado un tanto insatisfechos a la acusación particular de la AUGC y a la familia de Lucía Garrido. Todos sospechaban que tras ese asesinato se escondía una verdadera telaraña de conexiones sin aclarar y de personas que permanecían en la sombra.

A pesar del pequeño triunfo que había representado reiniciar la causa, la familia de Lucía Garrido quería llegar hasta el fondo y establecer la verdad de las razones de su muerte. En realidad lo que nadie entendía de este asunto era por qué no se disponía de una vez de todos los mecanismos de un estado de derecho para esclarecer todas las incógnitas que rodeaban la muerte de Lucía. En este sentido, es desgarrador leer un fragmento de una declaración jurada de la madre de Lucía remitida al juzgado para instar a que se investigara hasta las últimas consecuencias.

Esta declaración jurada está fechada en junio de 2013. Ya habían pasado cinco años del asesinato de Lucía. Solo la pelea constante de esta familia y la determinación de Ignacio Carrasco como secretario provincial de la AUGC de Málaga han conseguido mantener viva la causa en un viaje que a veces parece una vuelta atrás en el tiempo. Pero para seguir desenrollando la madeja que envuelve todo, es necesario que ahora el juzgado número 1 de Málaga acceda a nuevas peticiones, a las que se suma la fiscal del caso, y que no son otras que las que mandan la lógica y el sentido común: el testimonio de Manuel Alonso en las diligencias de la muerte de los dos jóvenes colombianos, el informe pericial de las armas y el resultado del contenido de las intervenciones acordadas en el teléfono del mismo.

Para frustración de la familia, la juez lo deniega todo, aduciendo que no son necesarias. Afortunadamente, la decisión de un juez en un estado de derecho se puede recurrir ante una instancia superior. Y la Audiencia de Málaga consideró que tanto la fiscal como la acusación particular estaban en su derecho de reclamar estas diligencias. Vayamos al documento.

Pues bien, la juez «a quo» a la hora de rechazar la práctica de tales diligencias de prueba da por única argumentación que por ahora no son «necesarias», sin más explicaciones. Evidentemente ello no satisface a las partes recurrentes ni a esta Sala, por lo que examinadas las actuaciones y estableciendo que existe o puede existir una evidente conexión entre la causa o causas incoadas para esclarecer la muerte de dos personas en la finca Los Naranjos a manos del aquí imputado y la muerte violenta de la mujer del imputado, se hace necesario recabar cuantos datos sean precisos para esclarecer este último fallecimiento, por vía de la prueba directa y, fundamentalmente, de la prueba indirecta o circunstancial. En atención a ello esta Sala estima oportuno acceder a la práctica de todas y cada una de las pruebas solicitadas por el ministerio Fiscal y acusación particular.

Vistos, además de los citados, los preceptos legales de general aplicación.

LA SALA ACUERDA

DISPONEMOS: que debíamos estimar y estimábamos el recurso de apelación que se detalla en los hechos de esta resolución interpuesto en contra de la Providencia dictada en las Diligencias Previas nº 1351/12 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Málaga el día 7 de junio de 2013, REVOCÁNDOLOS en el sentido expresado en la precedente fundamentación jurídica, y declarando de oficio las costas de este recurso.

Pero aún faltan más piezas en el tablero. La comandancia de la Guardia Civil de Málaga sigue sin enviar al juzgado los periodos de escuchas que faltan en el sumario. Las que ha enviado son inservibles, están ralladas, no se pueden oír. Ante este hecho, los responsables de la AUGC de Málaga se reúnen con el jefe de la comandancia para solicitarlas nuevamente e incidir en su importancia. Se sospecha de comportamientos irregulares en algunos agentes de la unidad del SEPRONA de Málaga, relacionados con la muerte de Lucía Garrido.

Tras esa reunión en la que no se obtiene un pronunciamiento claro por parte del jefe de la comandancia, Ignacio Carrasco da un paso más y pide una reunión con los jefes del SAI.

Ante ellos realiza la oportuna denuncia sobre supuestos comportamientos irregulares detectados en algunos miembros del SEPRONA (los que presuntamente tenían relación con Manuel Alonso en la finca de Los Naranjos). Pero la denuncia se paraliza alegando el SAI que ha habido filtraciones de la misma, ya que un comandante se ha puesto en contacto con el servicio para interesarse por ella. En ese momento todo parece encaminado a obstaculizar una investigación de ramificaciones impredecibles. No obstante, el SAI asegura a los miembros de la AUGC que será la propia comandancia de Málaga la que se ponga en contacto con ellos para investigar esos supuestos ilícitos. Hecho que no ocurrió nunca.

A pesar de todas estas vicisitudes, ni la familia de Lucía ni Ignacio Carrasco tiran la toalla.

Ante la falta de respuestas oficiales, la AUGC de Málaga remite por conducto reglamentario una denuncia a la comandancia para que se investiguen comportamientos irregulares en la unidad del SEPRONA.

La contestación de los mandos vuelve a ser un jarro de agua fría: esas supuestas irregularidades, de existir, ya han prescrito, al ser acontecimientos ocurridos en los años 2008/9, y además incide en que esos hechos ya están judicializados «y que se obrará en consecuencia con las resoluciones judiciales que en su momento se produzcan sobre estos hechos», argumento no ajustado a la realidad, pues en ese momento la única causa que estaba judicializada era la de Lucía.

Parece la guerra total entre quienes buscan la verdad y los que tratan de ocultarla, y curiosamente todos visten o han vestido el mismo uniforme. Cegadas todas las vías reglamentarias, la asociación de guardias civiles decide dar un nuevo paso, una especie de órdago, y remitir al general de la Guardia Civil en Andalucía la citada denuncia. Y el general va a ser receptivo. La envía al juzgado número 1 de Málaga, el que investiga el asesinato de Lucía, «para los efectos que considere oportunos». Es entonces cuando el jefe de la comandancia de Málaga accede a remitir a su vez al juzgado la denuncia que le había planteado la AUGC.

Es sin duda otra pequeña victoria para la familia de Lucía.

La jueza que investiga el caso vuelve a solicitar de nuevo los DVD de las escuchas telefónicas sobre el asesinato de Lucía, aquellos que hacen referencia a los periodos no entregados, que han sido ocultados a la investigación, advirtiendo que los que se enviaron anteriormente están deteriorados. Para la investigación de la muerte de Lucía es crucial saber qué esconden esos DVD. Veamos el documento.

Han pasado más de dos años desde la primera petición de esas escuchas. Incomprensiblemente, se vuelve a contestar desde la comandancia al juzgado que ya han remitido con anterioridad esas grabaciones.

Finalmente, en septiembre de 2014, la fiscal del caso eleva un escrito a la comandancia requiriendo de forma inmediata esas escuchas, advirtiendo que de no entregarse se comisionará al SAI y se hará responsable de la obstrucción a la justicia al encargado de su custodia.

Las cintas por fin fueron remitidas al juzgado.

En el verano de ese año, 2014, otro hecho inesperado viene a sumar nuevos datos al sumario del asesinato de Lucía y de la muerte de los dos jóvenes colombianos. La Guardia Civil descubre el mayor alijo de armas ilegales jamás encontrado en España cuando investigaba un supuesto caso de corrupción urbanística en Málaga. Es la conocida como operación Yedra.

Cuando escala la hiedra

En febrero de 2013 el teniente del SEPRONA Alonso Gómez Ocón cesó al frente de la unidad en Málaga tras siete años de permanencia en el mismo puesto, y, como capitán, fue trasladado al cuartel de la Línea de la Concepción, sin duda una de las zonas más problemáticas de toda la península. Para aquel entonces su nombre ya figuraba señalado en los informes del SAI por su relación con el empresario Rafael García Bueno y con el propio Manuel Alonso Herrero.

La operación Yedra, llevada a cabo en el verano de 2014, fue realizada, curiosamente, por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, una vez que su máximo responsable había sido ya trasladado de destino. En ella aparece el nombre de Luis Andrés Fernández Barea como uno de los principales implicados en una causa que tiene su origen en presuntas irregularidades urbanísticas cometidas en la sierra de Churriana en Málaga. Como recordará el lector, Luis Andrés Fernández Barea apareció en las escuchas que la Guardia Civil realizó con motivo del asesinato de Lucía. Él fue la persona que dio a Manuel Alonso un arma corta de procedencia alemana, a instancias de un cabo de la Guardia Civil que más tarde resultaría implicado en otra supuesta trama de narcotráfico en Algeciras. Esas escuchas fueron calificadas de «sin interés policial» por los encargados de la investigación de la muerte de Lucía, a pesar de que claramente se podría estar cometiendo un delito de tráfico ilegal de armas. El caso es que tanto la Guardia Civil como, posteriormente, la Policía, al hacerse cargo de la investigación sobre el asesinato de Lucía conocieron de la existencia de este supuesto delito. Estos hechos se remontan al año 2009.

La investigación de la operación Yedra se inició por una denuncia anónima de varios vecinos alertados por las supuestas prácticas de parcelaciones ilegales en una zona de especial protección. Luis Andrés Fernández Barea había adquirido numerosas parcelas de esta sierra que no escrituró a su nombre y participó en las reuniones junto a otro grupo de propietarios con el ayuntamiento de Málaga en lo que se denominó el plan Albaricocal. Finalmente lograron la calificación de parte de estos terrenos como suelos urbanizables, tras las modificaciones aprobadas por la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM).

Hasta aquí todo parece un asunto de supuesta corrupción urbanística, como tantos que hemos visto a lo largo de estos años. Lo que nos interesa en este caso es que Luis Andrés Fernández Barea está considerado por la fiscalía antidroga como un presunto narcotraficante y confidente policial de la ciudad de Málaga. Y nos interesa también saber que su nombre aparece en el sumario por la muerte de Lucía Garrido en las citadas escuchas.

Las diligencias de esos audios «sin interés policial» fueron firmadas por el capitán Manuel Juan Martín López, superior del teniente Valentín Fernández, y también encausado en la causa del EDOA por un supuesto delito de narcotráfico.

Tras la detención de Luis Andrés Fernández Barea con motivo de su implicación en el caso de supuesta corrupción urbanística, y realizados los posteriores registros en su domicilio, los agentes hallaron, entre otras, un arma de similares características a la que en su día había dado a Manuel Alonso; un arma corta, inutilizada y vuelta a reparar. Tirando del hilo de las certificaciones expedidas como inutilizadas, aunque en perfecto estado de funcionamiento, y de los falsos nombres que figuraban como titulares de las armas encontradas en su casa, esto es, personas que no sabían que figuraban a su nombre, la Guardia Civil llegó al mayor arsenal jamás descubierto en nuestro país de armas ilegales en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Hay que felicitarse por esta actuación, pero también hay que decir que las pistas sobre este tráfico ilegal de armas se remontaban hasta cinco años antes.

Lo que encontraron los agentes en el taller de Rincón de la Victoria fue espeluznante. El catálogo bélico hallado es tan amplio que pone los pelos de punta: 55 armas cortas, 39 revólveres, 7 rifles, 8 subfusiles, 55 granadas de distintos tipos, minas anticarro, más de 16.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres, un cohete de artillería y un mortero pesado. La investigación de todo este arsenal plantea varias preguntas. ¿Cuál es el origen de esas armas, quién expedía los certificados de inutilidad, quién las volvía a reparar sin control, quiénes eran sus destinatarios?

A día de hoy, lo único que se sabe es que la Guardia Civil creó un equipo multidisciplinar para averiguar cómo era posible que un individuo, cabo del ejército retirado, dueño del taller donde se reparaban y almacenaban las armas, hubiese hecho tal acopio de ellas sin que saltaran las alarmas. Los datos de esta investigación siguen en el mayor de los secretos.

Lo que no cabe duda es que el hallazgo de este arsenal era la constatación una vez más de un mercado negro de armas en nuestro país. Y ya sabemos quiénes compran armas en el mercado negro: los grupos de delincuencia organizada o los terroristas.

Volveremos en otro capítulo a hablar de tráfico de armas, pero lo que nos interesa ahora es poner de relieve estas extrañas conexiones entre individuos relacionados con tres de los sumarios que nos ocupan: el asesinato de Lucía, la muerte de los jóvenes colombianos y la operación Yedra de corrupción urbanística. Prosigamos.

Luis Andrés Fernández Barea declaró ante los miembros del SAI de la Guardia Civil que conocía y trataba con asiduidad al teniente del SEPRONA Alonso Gómez Ocón. Este oficial de la Guardia Civil, como recordará el lector, fue el que declaró a favor de Manuel Alonso Herrero para denegar la indemnización a la hija de Lucía, Sara, y fue el que puso en contacto a Manuel Alonso Herrero con el empresario Rafael García Bueno para reconvertir la finca de Los Naranjos en un centro de explotación de atención de animales subvencionado por la Junta de Andalucía, además de permitir que otros agentes del SEPRONA trabajasen en la citada finca contraviniendo las normas del funcionamiento interno de la Guardia Civil.

La persona que puso en contacto a Luis Andrés Fernández Barea con el teniente del SEPRONA fue el empresario Rafael García Bueno, amigo y colaborador del mando de la Guardia Civil. El SAI de la Guardia Civil refleja en sus diligencias la estrecha colaboración que existían entre todos ellos y Manuel Alonso, propietario de la finca de Los Naranjos, escenario de tres muertes sin aclarar.

Además, Luis Andrés Fernández Barea reconoció ante el SAI que coincidió en varias fiestas celebradas en casa de Rafael García Bueno con el teniente Alonso Gómez Ocón y otros agentes. También en el sumario Yedra de corrupción urbanística figuran varias llamadas realizadas por Fernández Barea a un sargento del SEPRONA pidiéndole explicaciones del hecho de que desde esa unidad se hubiese solicitado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga copia de los expedientes urbanísticos sancionadores y preguntándole por la identidad de las personas que habían presentado denuncias por las actuaciones urbanísticas. Inaudito. En el informe de los investigadores de este caso se subraya otro dato de interés. Gracias a la amistad que unía a Rafael García Bueno con el mando del SEPRONA, surgió también una intensa relación de Luis Andrés Fernández Barea con otro mando de la Guardia Civil: el teniente jefe de la Intervención de Armas de la comandancia de Málaga.

No es de extrañar que el SAI de la Guardia Civil, cuando se decidió por fin a intervenir, llamara a su investigación operación Telaraña.

Los acontecimientos se iban sucediendo a ritmo de vértigo, y ante la opinión pública y por la celeridad de los medios en contar lo que sucede, todo aparecía como hechos aislados, dispersos, sin conexiones entre sí.

Sin embargo, a Ignacio Carrasco, el secretario de la AUGC de Málaga, no le pasó inadvertido el hecho de que en casa de Luis Andrés Fernández Barea se encontrara un arma corta, inutilizada y vuelta a poner en circulación. Él conocía y conoce a la perfección el sumario de Lucía y el de los dos jóvenes colombianos. Desde un primer momento supo de la importancia de este hecho. Por eso, en agosto de 2014, un mes después del hallazgo del arsenal de armas, en nombre de la AUGC de Málaga presentó un escrito ante la fiscalía pidiendo la reapertura del sumario de la muerte de los dos jóvenes colombianos.

A día de hoy resulta sorprendente que no se haya iniciado una investigación para saber qué hizo Manuel Alonso con la pistola que le facilitó Fernández Barea y que presumiblemente guarda características similares con la encontrada en manos de uno de los jóvenes colombianos fallecidos.

A pesar de la contundencia de la exposición de motivos razonada y organizada, la fiscalía no consideró oportuno reabrir la causa y siguió considerando todas las causas inconexas; la del asesinato de Lucía, la de la muerte de los colombianos y la detención de los miembros del EDOA por su supuesta participación en una red de narcotráfico.

Cerrada la vía de investigación por el SAI en ese momento (sus actuaciones comenzaron en septiembre de 2014) y también por parte del fiscal, Rosa, la hermana de Lucía, e Ignacio Carrasco, secretario provincial de la AUGC de Málaga, una vez más no se arrugaron. Después de que la vía oficial resultara una y otra vez infructuosa, acudieron a otras instancias, recurrieron a los medios de comunicación —Carrasco había creado una página en la red con el nombre de «Justicia para Lucía»— y solicitaron una entrevista con el coronel de la comandancia Jesús Esteban.

Rosa e Ignacio enviaron cartas a todos los posibles receptores. Se dirigieron a la ONU, al Parlamento Europeo, a la reina, al fiscal general del Estado, al defensor del pueblo… y acudieron a varias entrevistas en diversos medios. El problema de acudir a los medios es que nunca hay tiempo para tratar los temas en profundidad, y este asunto, como habrá podido comprender el lector, era y es tan sumamente complejo que en realidad todo quedaba circunscrito siempre a un presunto asesinato de violencia de género con algún ribete de actuaciones irregulares por parte de algunos miembros de la Guardia Civil.

La mayor parte de las respuestas de las otras instancias fueron también decepcionantes. Leamos con atención la respuesta del defensor del pueblo a las peticiones de Rosa. Esta se produce en mayo de 2015. Para ese momento ya habían sucedido numerosas novedades que enseguida desgranaremos, pero nos interesa ahora leerla como un resumen de la poca receptividad que encontraron una familia y una asociación que buscaban esclarecer unos hechos oscuros y restablecer la justicia.

Sorprenden de nuevo algunos párrafos de esta carta. Veamos. «De todo lo anterior, no considera el fiscal que existan datos suficientes para considerar, ni siquiera indiciariamente, una posible conexión entre todos estos procedimientos». El tiempo desmentirá esta afirmación.

Sin embargo, otras cartas enviadas a otras instancias sí es posible que tuvieran repercusión, eso es lo que piensa la familia de Lucía y el propio Ignacio Carrasco. El caso es que nueve días después de tocar la «tecla adecuada», el SAI movió por fin ficha. Pudo ser por alguna sugerencia real o porque el incendio se empezaba ya a propagar de manera caótica y había que controlarlo. Lo cierto es que la actuación del SAI coincidió en el tiempo con la entrega de los DVD que la comandancia de Málaga envió por fin al juzgado. Esas cintas, secuestradas al sumario desde el principio, contenían conversaciones comprometidas de agentes del SEPRONA, con los empresarios Manuel Alonso y Rafael García Bueno. Durante años el SAI había recibido distintas denuncias sobre los comportamientos presuntamente irregulares de agentes de la Guardia Civil vinculados al SEPRONA de Málaga. Los motivos por los que no investigaron antes tal vez nunca se sepan. Pero esta vez el SAI se personó en la fiscalía de Málaga con motivo de una denuncia anónima, a la que, ahora sí, decidieron hacer caso, sobre las extrañas vinculaciones de Manuel Herrero con miembros en activo del SEPRONA.

En la Guardia Civil hay tipos de dos clases: los que tienen sangre azul y todos los demás, dice Ignacio Carrasco. El SAI ha tenido siempre muchas reticencias a entrar en un caso de presunta corrupción en el que hay de oficiales para arriba. Ahora, eso sí, si son guardias, no hay ningún problema.

El juzgado encargado de esta investigación fue el mismo que entendía del asesinato de Lucía, y la jueza ordenó constituir una pieza separada y secreta de la nueva investigación a desarrollar. Estamos en septiembre de 2014. Había costado sangre, dolor y lágrimas, pero al fin se había conseguido. Sin duda era otra pequeña victoria que el SAI se personara en el asesinato de Lucía.

Dos días después de este hecho novedoso, el coronel de la comandancia Jesús Esteban recibe a Rosa, en representación de la familia de Lucía, y a Ignacio, como secretario de la AUGC e impulsor de las denuncias que afectaban a varios miembros de la Guardia Civil. Para Rosa aquella entrevista fue algo más que tensa. La hermana de Lucía sorprendió al coronel con una inusitada pregunta.

—¿Se considera usted un hombre íntegro? —Fue lo primero que le salió por la boca, después de tantos años de frustraciones. Durante casi un minuto el coronel permaneció callado, sin decir nada. El silencio cortaba el ambiente como un cuchillo.

—La verdad es que no me esperaba esa pregunta —fue su respuesta.

Rosa insistió en que quería respuestas de todo cuanto estaba pasando. El coronel se limitó a decir que había pocas respuestas, que él no se las podía dar. Pero tal vez lo que más indignó a la hermana de Lucía fuera el hecho de que este mando de la Guardia Civil intentara desprestigiar a Ignacio Carrasco en su presencia.

—¿Usted sabe que tiene una enfermedad psicológica que le incapacita como guardia civil? Y a pesar de eso, ¿sigue confiando en él?

—Más que en Dios —respondió Rosa—. Es la única persona que he conocido en los últimos años que me ha demostrado su honestidad y su lealtad.

La verdad es que muy pocas de las cosas que este autor ha vivido en relación con estos hechos son admisibles en un estado de derecho. Ignacio Carrasco y la AUGC de Málaga deberían haber sido ensalzados por los propios mandos de la Guardia Civil, y ello por un simple motivo: buscaban y buscan esclarecer una cadena de delitos, algunos de los cuales llegan a ser tan graves como el asesinato.

El primer día que este autor se entrevistó con Carrasco denotó en él una tranquila desesperación por todo lo que había vivido, una profunda decepción por el cuerpo al que había servido durante tantos años. No podía entender cómo las cosas habían llegado a ese extremo. Su carrera como guardia civil se había ido al traste por el mero hecho de denunciar unas prácticas corruptas en la unidad en la que estaba destinado. Y la lucha por restablecer la verdad de todo cuanto le había pasado a Lucía le había sumido en una extraña perplejidad por la cantidad de obstáculos que tanto él como la familia de Rosa habían tenido que sortear. Nada de esa lucha parecía importar a sus mandos. Para el coronel el dato más relevante de Ignacio Carrasco era que estaba apartado del servicio por baja psicológica, una baja producida precisamente por el vacío sufrido en su unidad tras denunciar actuaciones irregulares. Esto parecía lo más trascendente. No el hecho de que tanto él, como su asociación, como la familia de Rosa estuvieran luchando por establecer la verdad de lo que le había ocurrido a Lucía y desentrañar las prácticas corruptas de algunos agentes que estaban manchando el buen nombre de la institución.

Extirpar la corrupción

La llegada del SAI a la investigación del asesinato de Lucía ha supuesto un nuevo vuelco en el caso. No me cabe ninguna duda de que en un caso tan complicado de corrupción policial, con tantas ramificaciones, los agentes del SAI hayan intentado o estén intentando dinamitar todo de manera controlada para limitar el efecto de las explosiones. Pero sinceramente creo que es de agradecer, aun con su tardanza, la labor de investigación que desarrollaron y están desarrollando en base a establecer la verdad de todo cuanto pasó. La causa por el asesinato de Lucía ha pasado por tres momentos: su archivo, tras una investigación ineficaz; su reapertura, tras lo que se encomendó a la Policía Nacional una nueva investigación, investigación deficiente por cuanto se limitó el motivo de la misma a un asunto de violencia de género, sin querer entrar en más complicaciones; y, por último, un nuevo impulso dado por el SAI, donde se estableció en toda su crudeza y realidad las circunstancias del asesinato de Lucía. Esta vez los agentes del SAI no elaboraron un informe tenue, fueron directamente al meollo de la cuestión. A continuación reproducimos una parte del mismo.

Reconforta leer otros párrafos de ese exhaustivo informe, como, por ejemplo, el que afirma que los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil descartaron desde un principio lo que parecía más obvio: un móvil económico tras la muerte de Lucía. Creo que a lo largo de estas páginas ya hemos ido desgranando muchos de los aspectos que se recogen en este informe. Sí conviene que nos detengamos en una de sus reflexiones, pues en ella se analizan las dificultades a las que se enfrenta el SAI de cualquier cuerpo policial cuando se trata de perseguir conductas delictivas de los componentes de esos cuerpos, pues estos tienen «privilegio delincuencial».

1. Conoce con gran perfección los medios técnicos que pueden ser utilizados para investigar los delitos en los que ellos participan.

2. Identifica en muchos casos a las personas que se encargan de la labor investigadora de cada delito concreto.

3. Sabe de los avances tecnológicos en materia policial y las posibilidades de utilizar los mismos con total impunidad.

4. Posee una información privilegiada que le permite detectar con antelación cualquier actividad investigadora.

5. Se prevale de su condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad para realizar cualquier actividad sin levantar ningún género de sospechas.

6. Lo que es más importante y en lo que de manera decisiva entra en juego la prueba indirecta, normalmente su participación en los delitos dista mucho de la ejecución material y directa de los mismos, sino bien al contrario, se basa en hacer o no hacer algo que en sí no constituye ningún tipo de acto delictivo y en muchos casos ni siquiera ilícito administrativo, pero contribuye al fin último como es la comisión del delito con total impunidad.

Creo que en estos puntos están perfectamente resumidas todas las dificultades de la lucha contra la corrupción policial. Deberemos tenerlos muy en cuenta en los próximos capítulos de este libro.

La investigación del SAI de la Guardia Civil acabó plenamente por acreditar lo artificioso de la coartada de Manuel Alonso el día del crimen de Lucía. El interés de aquel por recoger todos los tickets del día 30 de abril de 2008, aduciendo que era para posibles desgravaciones fiscales, quedó en entredicho al comprobarse que solo conservaba los de ese día y no los de días anteriores o posteriores. Es más, Manuel Alonso viajó los días 28, 29 y 30 de abril al zoo de Castillar de la Frontera en Cádiz y no figuran sus gastos de los dos días que precedieron a la muerte de Lucía. Los investigadores coligieron que esos extraños viajes durante tres días seguidos al mismo lugar, cosa bastante inusual en él, fue porque el asesinato de Lucía estaba previsto para el día 28. Por razones que aún no conocemos, el crimen no se pudo llevar a cabo ni el día 28 ni el día 29. Finalmente, sí el día 30. Por eso, según la investigación, Manuel no conservaba los tickets de los días anteriores. Simplemente, se desprendió de ellos, pues no le servían de nada.

Tampoco supo aclarar el porqué de esos viajes tan frecuentes y cayó en varias contradicciones sobre el motivo último de ellos, cuando no directamente en falsedades, pues muchos de los testigos desmontaron sus argumentos. Habían pasado más de siete años desde la muerte de Lucía, pero aun así se pudo iniciar una investigación lógica, aunque mermada por el paso del tiempo.

Pero la investigación del SAI tuvo una nueva vertiente hasta ese momento desechada. Gracias a las escuchas telefónicas acordadas en su día por el juzgado que instruía la causa del asesinato de Lucía, a la entrega definitiva de todas las escuchas y a la toma de declaración de nuevos testigos, los investigadores pudieron trazar un mapa exacto de las relaciones de Manuel Alonso con distintos miembros de la Guardia Civil, tanto del SEPRONA como de la unidad de Policía Judicial. No solo eso. Se pudo determinar qué posibles delitos o irregularidades habían cometido en el transcurso de los años.

En febrero de 2015, tras cinco meses de una laboriosa investigación, el SAI detenía al ya capitán Alonso Gómez Ocón, antiguo responsable del SEPRONA, en la Línea de la Concepción. El SAI le imputa la comisión de diversos y presuntos delitos: falso testimonio, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos.

Junto a él otros cinco guardias civiles eran arrestados o imputados de diversos o parecidos delitos. También resultó imputado el empresario Rafael García Bueno por los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Conviene que nos detengamos ahora en un nuevo documento del SAI. En él se habla de la vigencia de los delitos que imputa a los arrestados, es decir, que para esa unidad policial los encausados no pueden escabullirse con la figura de la prescripción, tantas veces utilizada en casos de corrupción policial.

Los propios agentes del SAI de la Guardia Civil sitúan el inicio de las investigaciones irregulares de estos componentes de las Fuerzas de Seguridad en el año 2008 con motivo de la instrucción de la causa del asesinato de Lucía. A pesar de ello, y una vez más para desesperación de la familia y de la propia AUGC impulsora de todas estas denuncias, el fiscal jefe de Málaga consideró que la mayor parte de los delitos achacables a estos miembros de las Fuerzas de Seguridad habían prescrito.

Todo el trabajo de Asuntos Internos, todas las denuncias de la AUGC y todo el empeño de la familia por conocer lo relativo a la muerte de Lucía Garrido quedaban de un plumazo barridos aludiendo a los plazos de la prescripción.

Para cuando llegó el informe del fiscal jefe de Málaga, insistimos, pidiendo el archivo de casi todos los delitos, salvo los de cohecho para el capitán Gómez Ocón y otro agente, la causa secreta del SAI había sido enviada a otro juzgado, el número 4. La AUGC se había personado en esta causa con el objetivo de representar la acusación popular. Sin embargo, el escrito de personación y toda la documentación aportada se extraviaron extrañamente en el juzgado. Conviene que leamos con atención el párrafo 2 del siguiente documento.

Estaba visto que en toda esta maraña de asuntos nunca acabarían las dificultades. Pero a la familia de Lucía aún le quedaba una sorpresa un tanto desagradable que presenciar. En el transcurso de los primeros meses del año 2015, los mandos de la comandancia de Málaga accedieron a otorgar una condecoración a un miembro de la Guardia Civil imputado por el SAI en estas actuaciones.

El guardia Jesús Ordoñez recibió la cruz al Mérito con distintivo blanco en plena instrucción del sumario y con presencia en el acto del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Era el mismo que según sus compañeros del SAI declaró a favor de Manuel Alonso en las denuncias que por amenazas presentaba Lucía, el mismo que negó una estufa a Lucía y a Sara, el mismo que era testigo de todo cuanto sucedía en la finca de Los Naranjos, pues por la tarde acudía a trabajar en ella de manera irregular. Todas estas cosas no bastaron para que en los mandos de la Guardia Civil de Málaga se impusiera un poco de prudencia. ¿Era necesario humillar de nuevo la memoria de Lucía Garrido? Y sobre todo, ¿por qué?, ¿por qué había que premiar a un guardia investigado, imputado por unas actuaciones que dejaban mucho que desear para quien se considera un servidor público?, ¿por qué?

Esa pregunta se la han repetido mil veces los familiares de Lucía Garrido. Ya en el año 2013, el capitán Martín, imputado por un presunto delito de narcotráfico en el caso EDOA, recibió otras tres condecoraciones, alguna de manos del ministro de Defensa, a pesar de que sus mandos ya sabían que se tendría que sentar en el banquillo. Eso tampoco fue obstáculo para que ascendiera a comandante. El capitán Martín era el superior jerárquico del teniente Valentín Fernández, también imputado por narcotráfico y responsable de la primera investigación sobre la muerte de Lucía, una investigación que no sirvió para nada, ni tan siquiera para imputar a Manuel Alonso. Fue él el encargado de firmar algunas de las transcripciones de las escuchas producidas con el calificativo de «sin interés policial», aunque años más tarde esas escuchas sirvieran, en manos del SAI, para conducir al mayor taller de armas clandestinas descubierto nunca en España y abriera dudas más que razonables sobre las armas utilizadas en la muerte de los jóvenes colombianos. ¿Era necesario condecorar esa manifiesta incompetencia?, ¿era de nuevo necesario atentar contra la dignidad de las víctimas?, ¿no hubiese sido más lógico esperar a que acabara el juicio del EDOA sobre narcotráfico en el que se halla imputado para proceder entonces a esas condecoraciones si es que resulta absuelto? De nuevo surge la pregunta. ¿Por qué?

Durante los primeros meses de 2015, la AUGC de Málaga, representada por Ignacio Carrasco y Alberto Robles, siguió presentando denuncias y escritos para evidenciar lo que, según la asociación, eran hechos y actitudes intolerables. Se remitieron a la comandancia, al director de la Guardia Civil y al propio ministerio de Interior. En uno de ellos se llegó a pedir el cese del coronel Jesús Esteban como jefe de la comandancia de Málaga.

La respuesta del coronel no se hizo esperar. Prohibió la entrada de Ignacio Carrasco en la comandancia, a la que acudía con frecuencia, pues no debemos olvidar que es el representante en Málaga de la AUGC y atiende todas las quejas y reclamaciones de los numerosos guardias civiles adscritos a esta asociación.

También fue imputado por el mismo fiscal jefe de Málaga por un delito de supuestas injurias vertidas en la comandancia contra miembros del SEPRONA, hecho un tanto insólito dado que todas las actuaciones de Ignacio Carrasco han estado marcadas siempre por interponer denuncias por la correspondiente vía administrativa o judicial en representación de la AUGC y que la base de la demanda son supuestas afirmaciones oídas a terceros. Incluso sus comentarios en medios de comunicación han sido siempre medidos al milímetro. Resulta llamativo que esta demanda penal por supuestas injurias la realizase el fiscal jefe de Málaga coincidiendo con el periodo en el que también elaboraba el escrito de prescripción de las actuaciones supuestamente ilícitas de los miembros del SEPRONA, el mismo fiscal que tampoco vio nunca un nexo claro entre los distintos casos que vinculaban el asesinato de Lucía. Pero la realidad es tozuda.

Después de tantos años de luchar por la verdad y por esclarecer unos sucesos que hunden sus raíces en una maraña con muchas ramificaciones, el informe del SAI respecto a la muerte de Lucía vino a dar luz a las inquietantes sombras que rodean su asesinato.

Para los responsables de la investigación está claro que hay una conexión evidente entre la muerte de los dos jóvenes colombianos y el asesinato de Lucía. La finca de los Naranjos se había convertido en una guardería de droga y Lucía era un testigo incómodo de todo lo que allí se tramaba.

A finales de enero de 2016 el SAI de la de la Guardia Civil sorprendía con la detención en Málaga de un individuo que hasta ese momento parecía ajeno a los hechos. Se trata de AVG, conocido con el sobrenombre de el Rana. Para los agentes encargados de la investigación él fue el supuesto autor de la muerte de Lucía. A esta persona se la vincula con algunos actos violentos ocurridos en la provincia de Málaga, tiene variados antecedentes y tres condenas por lesiones, amenazas y falsificación. Fue una detención a la inversa, como se conoce en el argot policial. Una semana después era detenido un exguardia civil, en la actualidad, pero en activo en el momento del asesinato de Lucía y destinado en la unidad de policía judicial que investigó el caso. Es la pieza clave que puede ir desmoronando toda la encrucijada que se esconde en Málaga. Ambos se encuentran en prisión por orden del titular del juzgado número 1 de Málaga contra la violencia de género.

Tanto al exguardia civil, como al supuesto autor material de la muerte de Lucía, les une un mismo negocio: ambos poseen en Málaga pistas de mini cars.

Son demasiadas aún las preguntas que quedan por contestar.

Y esperemos que la madeja se vaya deshaciendo en el transcurso de los días. ¿Cuáles son las conexiones del exguardia civil con otros miembros de la benemérita en Málaga? ¿Qué relación ha mantenido este agente con los empresarios salpicados en toda esta maraña de casos, Luis Fernández Barea y Rafael García Bueno? ¿Cuál es el papel de estos en todo este laberinto? ¿Quién ordenó el asesinato de Lucía? ¿Fue Manuel, fue solo él, o fue una decisión en la que participó más gente? ¿Se llegó al presunto autor de la muerte de Lucía por los restos genéticos encontrados en una llave ocho años después o hay algo más? ¿Conocían los agentes del SEPRONA que la finca era una guardería de droga tal y como afirma el SAI?

A finales de diciembre 2015 el sumario por la muerte de los colombianos se volvió a reabrir en un juzgado de Málaga. Las actuaciones están en este momento declaradas secretas. El impulso para su reapertura lo dio el nuevo informe del SAI y la personación de las familias de las víctimas. A principios de febrero de 2016 Manuel Alonso, el excompañero de Lucía, fue llamado a declarar como imputado. Volvió a salir en libertad sin cargos. Curioso. En el momento en el que se escriben estas páginas, Manuel Alonso está acusado de un presunto delito relacionado con el narcotráfico, juicio que se celebra en estos días; de ser el inductor del asesinato de Lucía, con dos personas encarceladas ya por esta causa, y está imputado en la reapertura del sumario por la muerte de los dos jóvenes colombianos, además de otras causas que tiene pendientes. Otros por mucho menos estarían detrás de los barrotes.

A nadie se le escapa ya que gran parte de este puzle quedaría clarificado con una investigación en profundidad de lo que pasó aquel día en la finca de Los Naranjos cuando fueron abatidos a tiros dos jóvenes colombianos. En el ADN sin identificar hallado en la pistola que portaba uno de los jóvenes está gran parte de la resolución del misterio.

Para cerrar ya este dilatado capítulo, un último comentario. Cuando el SAI de la Guardia Civil entró en el caso, en 2014, su trabajo, a partir de ese momento, ha sido encomiable y es de justicia reconocerlo. El general de la Guardia Civil de la zona de Andalucía se ha felicitado de los dos arrestos producidos por la muerte de Lucía y ha afirmado que ello prueba que la Guardia Civil nunca dejó de investigar desde 2008. A los lectores que hayan seguido hasta aquí las páginas de este libro esa afirmación les planteará, cuando menos, alguna duda sobre si las cosas son como dice el general.

CAPÍTULO 2

Cataluña Zona Cero

Una de gambas

Uno de los casos más escandalosos de presunta corrupción policial que se han producido en este país es el conocido como operación Gamba Roja. La sentencia definitiva del caso emitida por el Tribunal Supremo se dio a conocer en octubre de 2015. Después de ella, los ciudadanos nunca sabremos ya qué miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieron colaborar o intervenir en la perpetración de un robo en un contenedor del puerto de Barcelona que almacenaba en su interior más de mil kilos de cocaína. Se miren por donde se miren los hechos, no hay por dónde cogerlos. En la madrugada del día 24 de enero de 2005 un grupo de narcos capitaneados por Javier Segura...

... accedieron al recinto portuario de Barcelona y forzaron el contenedor n.º MWCU.614717-6 que se hallaba ubicado en un segundo piso y sujeto a control para una entrega vigilada, pues se conocía que contenía una importante cantidad de cocaína, y actuando tal y como habían convenido, unos de ellos se introdujeron en su interior desde donde llenaban y entregaban a terceros bolsas de basura industrial llenas de mercancía, los cuales las sacaban del recinto, mientras otros vigilaban y dirigían la operación, logrando apropiarse de al menos 200 kilogramos de cocaína con una riqueza en base del 73,4%, con la finalidad de obtener todos un sustancioso provecho económico comercializando dicha sustancia, lo que hicieron.

El precio en el mercado ilícito de un kilogramo de cocaína de la pureza en base antedicha alcanzaba en las fechas de autos los 34.000 euros.

Conviene que nos detengamos a analizar algunos puntos de este pequeño fragmento recogido de la primera sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona.

El contenedor asaltado había llegado al puerto de Barcelona en noviembre de 2004. El Servicio Antidrogas Estadounidense (DEA) alertó entonces a los servicios policiales españoles de la sospecha de que ese contenedor, perfectamente identificado, ocultase en su interior una importante cantidad de cocaína camuflada como envío de gambas congeladas. Puesta sobre aviso la Guardia Civil, responsable de todo lo que ocurre en los puertos españoles, el asunto se judicializó. El contenedor en cuestión pasó a ser objeto de vigilancia y control a la espera de saber quiénes eran los destinatarios últimos. El caso es que antes de ser asaltado el contenedor estuvo más de dos meses en el puerto, lo que puede indicar que los destinatarios últimos de este envío tuvieron conocimiento de la vigilancia que sobre él pesaba y decidieron no hacerse cargo del mismo. Es otro de los misterios que rodea a la investigación. Lo que ahora nos interesa saber es que el citado contenedor era objeto de una investigación y estaba sometido a una somera vigilancia. La banda de narcos recibió un soplo. Según la sentencia, la información se la proporcionó una persona no identificada, pero relacionada con el puerto de Barcelona. Lo curioso del asunto es que el robo tuvo dos episodios. En la madrugada del día 23 de enero los narcos lo intentaron por primera vez. Recreemos someramente la escena. Un grupo de personas de número indeterminado, pero que debía rondar la decena, irrumpe por la noche en el puerto de Barcelona. Saltan la valla, acceden al perímetro portuario, buscan el contenedor, ubicado en una segunda planta, ponen escaleras, e intentan acceder a él. Pero las herramientas que llevan no son las adecuadas para forzar el contenedor. No hay problema. Recogen todo de nuevo y se marchan. Al día siguiente, provistos con las herramientas necesarias, repiten la operación. Esta vez se equivocan de contenedor. Abren uno que contiene pan congelado. Pero rectifican y acceden al bueno, al de las gambas rojas. Allí, insistimos, en un operativo que incluye a numerosas personas, con coches en las cercanías del puerto para poder transportar la droga, y toda la parafernalia de herramientas, e idas y venidas para poder llevarla hasta ellos desde el contendor, los integrantes de la banda logran extraer al menos doscientos kilos de la cocaína que almacenaba en su interior. Es una operación lenta y costosa. Invierten varias horas de la madrugada de ese día hasta que culminan la operación. En expresión de uno de los narcos: «Es un regalo de Dios». Pero el asunto adquiere tintes aún más surrealistas. Después de hecha la sustracción y de haberse ido del puerto con toda tranquilidad, un par de integrantes del grupo deciden traicionar a sus «jefes» y regresan de nuevo al puerto, vuelven a abrir el contenedor y sustraen cocaína en cantidad no determinada. Ese día las cámaras de seguridad del puerto no funcionaban, por lo cual no se registró nada en ellas. Inaudito.

A juicio de este autor, la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona, ratificada casi en su totalidad por el Tribunal Supremo, no da las respuestas adecuadas a toda la serie de irregularidades y hechos anómalos detectados durante la laboriosa y costosa investigación. Es una especie de meandro en el que uno muchas veces se pierde pero en el que también encuentran argumentos y reflexiones a tener en cuenta. Por ejemplo, si al principio de ella se habla de una persona no identificada del puerto de Barcelona como la que facilita la información del contenedor, en un párrafo posterior leemos lo siguiente:

… entraron en el puerto de Barcelona y tras localizar el contenedor frigorífico, cuyos datos, ubicación y contenido les habían sido facilitados por persona o personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad cuya identidad se desconoce….

Está claro que para cometer semejante robo el grupo de narcos tuvo que tener acceso a la información exacta del contenedor a través de alguien que supiera de la existencia del mismo y de la carga que contenía. Eso, evidentemente, limita mucho las posibilidades. Pero hay todavía una cosa que causa más asombro en todos estos hechos. Buena parte de los integrantes que intervinieron en el robo estaban siendo investigados por las Fuerzas de Seguridad por su presunta actividad delictiva relacionada con el narcotráfico en otra causa. En concreto, el dirigente de toda esta operación, Javier Segura. Y tanto su teléfono como el de varios de sus cómplices estaban intervenidos. Con lo cual se produjo el hecho insólito de que el robo del contenedor fue «radiado en directo» a los agentes que en ese momento atendían las escuchas. Leamos otro párrafo de la sentencia. Conviene que insistamos en este punto. Los narcos que robaron el contenedor eran investigados en el momento de producirse el robo. Y este hecho lo recoge la sentencia de forma descarnada.

Tan inquietante [y la inquietud no se ha despejado siquiera después de finalizar el enjuiciamiento] como que «radiado en directo» el robo del contenedor y conocidos dos días después sus autores, no se busque y localice la ingente cantidad de cocaína que se afirma sustraída [¿y los seguimientos a los implicados?], se permita que la vendan con cuantiosas ganancias, la introduzcan en el circuito ilegal lesionando materialmente la salud pública, y no los detengan hasta un año y medio después con la única explicación de que estaba en curso una investigación más importante. ¿Cuál?.

Es decir que la propia Guardia Civil conoció casi al instante ¡quiénes eran los autores del robo! Aun así, estos tardaron más de año y medio en ser detenidos, tiempo de sobra para que la cocaína fuera vendida, y eso a pesar de que gran parte de los autores del robo estaban siendo vigilados por agentes que sin duda tuvieron que percatarse de los movimientos que realizaron para dar salida a la mercancía. Es precisamente gracias a esas escuchas que obraban en poder de los agentes por lo que se ha sabido cuales fueron los pasos inmediatamente posteriores al robo del contenedor. Montaron una fiesta a lo grande en un puticlub.

Las conductas extrañas y las irregularidades en la actuación de las fuerzas de seguridad en este procedimiento conforman una madeja difícil de desentrañar. Javier Segura, ya sentenciado en firme por el Tribunal Supremo como uno de los autores del robo de la cocaína, tenía un establecimiento de compra-venta de vehículos, algunos de cuyos clientes eran precisamente guardias civiles, y eso a pesar de que estaba siendo investigado. Estas incongruencias las vuelve a resaltar la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Los motivos son tan sencillos como que, por un lado, son muy numerosos los guardias civiles que han adquirido vehículos a Javier Segura, y entre ellos, el denominado «teniente Cesar», que aparece y desaparece como el Guadiana a lo largo de la investigación del robo del contenedor… sin que por ello pueda desprenderse sin más que se dedicaban al tráfico de drogas o colaboraban con él en la ilícita actividad y que recibían como pago un vehículo.

Lo que no parece muy acertado, desde luego, es adquirir coches al mismo sujeto que está siendo investigado por tu unidad sin que ello suponga, en principio, como dice la sentencia, ser cómplice de narcotráfico.

A día de hoy nadie ha dado una razón convincente, así lo recoge la sentencia, de por qué no se detuvo y se localizó la cocaína sustraída, siendo así que se disponía de todos los elementos para poder hacerlo. A ojos de este autor es incomprensible, a no ser que podamos inferir que ya que los autores del robo habían tenido tantas complicidades para conseguirla, no era lógico que luego se impidiera venderla. Alguno de los encausados declaró que las ganancias se repartieron al cincuenta por ciento entre los narcos y aquellos miembros de las fuerzas de seguridad cómplices del robo, pero insistimos en que, según la sentencia, la identidad de esos miembros de las Fuerzas de Seguridad quedará ya para siempre en la incógnita.

El asunto se complica y aparece más retorcido cuando indagamos en algunos aspectos más del sumario. El procedimiento contra el robo del contenedor, llevado a cabo por el juzgado número 3 de Martorell, quedó paralizado desde el 28 de septiembre de 2006 hasta el 30 de enero de 2008. La causa de esa paralización fue el miedo. Y si es verdad que a nadie, sea juez, fiscal o policía, se le puede achacar nada en lo relativo a este sentimiento, también lo es que ese temor extendido en aquellas instituciones que en principio deben saber con quién se la juegan y cuáles son los riesgos de su trabajo, hacen del todo vulnerable el sistema democrático de libertades. Este autor ha tenido ocasión de constatar que las amenazas, las coacciones, las insinuaciones y las macabras puestas en escena no son un hecho aislado cuando se trata de enjuiciar los comportamientos de determinadas mafias policiales. El caso de la jueza de Lugo, Pilar de Lara, instructora del sumario Carioca, del que se hablará más tarde, es una buena prueba de ello. Sin duda existen otros jueces que han sufrido amenazas veladas por la instrucción de sus causas, asuntos que rara vez se suelen hacer públicos. Unos abandonan, otros tiran la toalla, otros no se arredran, otros siguen hacia delante.

«No nos engañemos. Esta es una sociedad que tiene miedo, sin entrar a fondo en razones culturales e históricas. Nadie quiere líos. Todo el mundo suele mirar para otro lado. A nadie se le puede pedir que sea un héroe». Es la reflexión de una magistrada del Tribunal Supremo y exsecretaria para la seguridad del Estado en el gobierno de Felipe González, Margarita Robles.

Uno de los fiscales en la lucha contra la corrupción contaba a este autor la sensación de impotencia que se tiene cuando «determinados personajes te observan con descaro, amenazándote con la mirada». Ese mismo fiscal no tiene ninguna duda en manifestar «que él tiene más temor a la mafia policial que a cualquier otra mafia, sea rusa o italiana».

En el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el robo de cocaína en el puerto de Barcelona se narran las causas de este miedo que paralizó la instrucción más de un año.

… tales como la violencia inusitada que demostraron algunos de los miembros y actualmente ya procesados como Javier Segura y Daniel Ribelles que, al tomárseles declaración como imputados en su momento, el día 6 de abril de 2006, amedrentaron a la juez, secretario judicial y fiscal que estaban destinados en aquel entonces en el juzgado de Martorell número 3, con expresiones tales como «tiempo al tiempo», «en su conciencia queda», señalando seguidamente con el dedo hacia la jueza titular en aquel entonces del juzgado número 3 de Martorell, al tiempo que gritaban, profirieron expresiones deshonrosas tales como «perra», «hija de puta» y anunciaban en un futuro la muerte a los agentes que les custodiaban y menoscababan el mobiliario judicial, que aunque luego dieron lugar a unas diligencias previas no hicieron olvidar a los miembros de la administración de justicia de la falta de medios para hacer frente a tales situaciones.

Quizá no sea tan fácil contestar a esta situación del modo que lo hace la posterior sentencia, sin tener en cuenta que la prepotencia de aquellos «dos energúmenos» protagonistas de los hechos violentos en el juzgado podía obedecer a saberse poseedores de información muy comprometida y a gozar de la complicidad de determinados miembros de las Fuerzas de Seguridad.

La paralización fue objeto de análisis en la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona. Y así fue explicada por la sala.

Dicha conducta debió dar lugar a la correspondiente causa penal por dichos hechos (que se dice se incoó sin que la sala tenga constancia de su estado, si sigue viva doce años después o si recayó sentencia), pero de ninguna manera actuaciones como las descritas son susceptibles de amedrentar a un juez, cuya función es dirigir la investigación, hasta el punto de paralizar la misma. O dicho claramente, en ningún modo puede imputarse a los procesados, por el hecho de proferir amenazas y comportarse violentamente, la paralización de la causa debido a que amedrentaron a la juez, sino solo a esta, que, por lo menos formalmente, no puede dejarse amedrentar por unos energúmenos.

Si hemos traído aquí a colación este episodio en la instrucción de este sumario es para que el lector tenga un amplio abanico de perspectivas de todo lo que envuelve la instrucción de un procedimiento cuando hay agentes policiales implicados en presuntas corrupciones. El miedo, sin duda, es una baza que juega a favor de la impunidad.

El sumario de la operación Gamba Roja tiene dos fases. Una primera, que quedó paralizada en el año 2006 por las razones expuestas, y una segunda que comienza en 2008 tras conocerse nuevas declaraciones de los imputados que salpican a determinados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una supuesta trama de corrupción. Entre ellas, la de Juan Pedro Lozano, acusado y sentenciado por un atraco a un furgón blindado en Terrassa en el que resultaron asesinados dos guardias de seguridad privada. Lozano se ha cansado de denunciar siempre que ha podido que él no fue el autor de esas muertes y que le tendieron una trampa para que se comiera el marrón. La Policía, para la resolución del caso, empleó los servicios de un confidente, Gutiérrez Carbajo, un personaje un tanto siniestro y enigmático que aparece, como veremos, en todas las salsas donde se presume la existencia de algún tipo de corrupción policial en Cataluña. Para la fiscalía alguna sombra de duda quedó en la resolución de este caso, ya que desaparecieron de comisaría unas imágenes recogidas en cámaras de la calle del día de los hechos. Aun así, Lozano fue sentenciado en firme. Y aparentemente sin nada ya que perder, empezó a contar todo lo que sabía sobre la denominada «banda del puerto». Su testimonio sería clave para que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona decidiera dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre el robo de cocaína en el puerto de Barcelona, apoyada por la titular del juzgado número 3 de Martorell. Los hechos que va conociendo la fiscalía van llenando de estupor a sus responsables.

Según su escrito de acusación, los orígenes de este grupo delictivo se remontan al año 1999, y permanece activo hasta el 2002. Su estructura se conformaba de la siguiente manera; por un lado, algunos de los presuntos narcotraficantes procesados en la operación del robo de cocaína en el puerto de Barcelona y, por otro, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La supuesta banda de guardias civiles estaba capitaneada por Antonio Sáenz, conocido como Tete, y Roberto de Prádena, que a su vez se servían de otros agentes que eran llamados «los soldados». Por parte de la Policía Nacional figuraban dos inspectores del cuerpo, los hermanos Antonio y Carlos Giménez Raso, si bien este último quedó exonerado de todos los cargos antes de que se produjera el juicio. Veamos ese documento.

El catálogo de delitos que enumera la fiscalía es amplio y da una idea de lo que presumiblemente puede pasar si los encargados de la seguridad de los ciudadanos deciden aliarse con aquellos a los que deberían combatir. Veamos otro ejemplo.

Es decir, guardias civiles y traficantes presuntamente confabulados para dar palos a otros narcos. No acaba ahí el capítulo de presuntas fechorías. En su escrito la fiscalía narra otro hecho en el que conviene que repararemos, ya que, como veremos más adelante, la falta de control de las sustancias estupefacientes almacenadas en dependencias policiales ha originado numerosos y llamativos casos de supuestas corruptelas.

Según el escrito de la fiscalía, todas las operaciones que se detallan parten principalmente de la confesión de un miembro de la banda, Juan Pedro Lozano, pero son corroboradas a posteriori por la unidad de Policía Judicial de la VII zona de la Guardia Civil en Cataluña.

Otro giro sorprendente de esta rocambolesca historia es la imputación en el proceso del teniente coronel Alfonso López Rubio. Y resultó sorprendente porque, a finales de los noventa, este había elaborado un informe conocido como «Claudia Pandora» en el que se detallaban supuestos indicios de corrupción en el comportamiento de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este informe fue elevado a sus superiores, y de la existencia del mismo queda constancia en las declaraciones del general Fuentes y del coronel Gómez Alarcón efectuadas durante la fase de instrucción. Allí ambos relataron que tras recibir los citados informes se acordó abrir una investigación interna. Ya en esos informes se aludía al guardia civil Antonio Sáenz, alias Tete. De las investigaciones realizadas a nivel interno sobre esta supuesta trama de agentes corruptos nunca más se supo. Como en tantas y tantas ocasiones a lo largo de la investigación de este libro, en este y en otros hechos, debió de primar más la decisión de esconder los trapos sucios y lavarlos en casa, que acometer una decisión valiente de poner freno a las corruptelas.

El giro sorprendente se produce cuando años después, reiniciada la causa en el año 2008 por la Fiscalía Anticorrupción, esta imputa al teniente coronel López Rubio de un presunto delito de prevaricación y amenazas. Veamos el relato.

La gran duda, nunca resuelta, es por qué el teniente coronel decidió dar ese salto al otro lado, si previamente había denunciado esa supuesta trama de corrupción.

La jueza titular del juzgado de Martorell impuso entonces una fianza de 12.000 euros al teniente coronel, fianza que, para sorpresa de muchos, fue abonada por el dueño de un club de alterne. Finalmente, antes de que este complejo sumario llegara a juicio, el teniente coronel fue absuelto de todos los cargos por haber prescrito en el caso de que hubieran existido.

Conviene que retengamos dos aspectos. El primero, y de nuevo, la aparición del confidente Gutiérrez Carbajo, que fue quien relató los hechos objeto de la acusación del teniente coronel. El segundo es que los mandos de la Benemérita conocían ya las supuestas andanzas de Antonio Sáenz, alias Tete.

En el año 2004 el despliegue de la Policía Autonómica en todo el territorio catalán supuso el cambio de destino de algunos de los agentes supuestamente implicados en esta trama, dado que los cuerpos nacionales de seguridad tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. El guardia civil Antonio Saénz, Tete, fue destinado como miembro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Barcelona a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIF) del puerto de Barcelona. Tan solo unos meses después, en enero de 2005, tal y como hemos relatado antes, se produjo el famoso robo del contenedor.

Conviene recordar una vez más, para que veamos el sinsentido de todo lo que ocurrió en este caso, que el grupo de delincuentes que ejecutó el robo tenía los teléfonos intervenidos y que los agentes que escuchaban las conversaciones no solo tuvieron acceso al suceso en primera fila de audición sino que también lo tuvieron cuando el jefe de la banda se percata de que uno de sus compinches ha vuelto a por más cocaína al contenedor traicionándole. Al día siguiente del robo, le citan, le obligan a subirse en una furgoneta, y allí le golpean y acaban dándole un tiro en una pierna, para dejarlo después a las puertas de un centro hospitalario. Los gritos de dolor y angustia fueron oídos por los agentes, dado que la víctima llamó varias veces desde la furgoneta a otro de sus cómplices para contarle lo que le estaba sucediendo. En las conversaciones se observa claramente que todos hacían alusión al robo de cocaína en el puerto. Estaba claro quién había robado la cocaína. Lo que no está tan claro es por qué dejaron que la vendieran. Este es uno de los pocos puntos que corrigió el Tribunal Supremo, al considerar estos hechos como detención ilegal y lesiones, cosa que incomprensiblemente no contemplaba la sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona.

Lo que parece evidente es que todas las papeletas apuntaban al guardia civil Antonio Sáenz, alias Tete, como la persona que suministró la información al grupo de narcos para realizar el robo del contenedor, por su relación anterior con el grupo y por su destino en el puerto. Así lo expresa la fiscalía.

Y ¿por qué Antonio Sáenz? Por una razón aplastante: la larga investigación realizada ha puesto de manifiesto ser el único guardia civil que realmente tiene una relación estrechísima, de gran confianza y absoluta camaradería, con Javier Segura y el resto de la banda.

Para la Audiencia, sin embargo, no existió tan larga investigación. Y pone en tela de juicio que el guardia civil destinado en el puerto, con contactos y relaciones con los principales encausados por el robo, tuviera que ser la persona que facilitó la información.

Y no solo eso, sino que se sospechó/presumió que quien había dado el soplo era Antonio Saénz, precisamente porque era de común y general conocimiento en la Unidad que investigó los hechos que Javier Segura y Daniel Ribelles, a los que Antonio Sáenz conocía desde hacía tiempo porque eran o vivían en el mismo barrio, eran sus confidentes, se relacionaba habitualmente con ellos y con el resto de los «chicos» de Javier Segura.

El coronel Gómez Alarcón, encargado de dirigir la investigación, afirmó en el juicio que estrecharon el cerco sobre Antonio Sáenz porque era el único del puerto que se relacionaba con las personas que robaron el contenedor. Según consta en estas pesquisas, Antonio Sáenz se reunió con Javier Segura el día 26 de enero, tan solo dos días después del famoso robo.

A juicio de la Audiencia, y creo que es interesante resaltarlo, no se investigó a nadie más porque ya tenían la cabeza de turco a tiro. El ponente se pregunta si dado que toda la Unidad del Puerto de Barcelona sabía que había un contenedor vigilado, por qué no se investigó a otros agentes, entre ellos al teniente César, encargado de la ubicación, control y vigilancia del contenedor, máxime si había una llamada realizada por aquel al cabecilla del grupo, Javier Segura, el 7 de enero de 2005. La respuesta, dada por otro agente de la guardia civil en el juicio, fue que no se le investigó porque el teniente tenía una relación con Javier Segura por el coche, esto es, «porque le había comprado un coche, un BMW [y al parecer otro para su novia], a Javier Segura, extremo que corroboró dicho guardia civil, a la sazón capitán, manifestando que “a Segura se lo presentó el Tete”».

La sentencia sigue preguntando sobre otros interrogantes no resueltos en la fase de instrucción.

… ¿por qué no se investigó al capitán Zarza, superior entonces del teniente César, que después del robo trasladó fuera del recinto a una empresa el contenedor que con otros custodiaba con los 1.100 kilos de cocaína restantes?.

Cuando se analiza el sumario y la sentencia se llega a la conclusión de que existía una extraña madeja difícil de desentrañar entre agentes y narcos que desembocaba en comportamientos un tanto extraños. El mismo capitán Zarza declaró en el juicio que fue objeto de un robo en su domicilio en el año 2004 en el que le sustrajeron armas y dos ordenadores con información confidencial, y que por ese motivo acudió al taller de Javier Segura a pedirle explicaciones, hecho que aprovecha la sentencia para lanzar sus dudas sobre la investigación.

Extraña historia, porque las personas normales denuncian el hecho y esperan que las fuerzas de seguridad hagan su trabajo, mientras que él opta por personarse en el taller de Segura, es de suponer el de Motoser [la empresa de Segura], que desde julio de 2004 estaba bajo vigilancia y sospecha de la Unidad por posible tráfico de estupefacientes, según se dijo en el oficio que dio lugar al [primer] auto de intervención telefónica de 29 de diciembre de 2004. Algo debía de haber en los ordenadores, peligroso en manos de un delincuente/confidente, o tal vez las armas no estaban registradas, para que un capitán de la Guardia Civil, víctima de un robo en su casa, visite no se sabe a qué fin al sospechoso y en un taller bajo vigilancia policial. Como decíamos, extraño.

También le resulta extraño al tribunal juzgador que no se tomase en consideración la frase de uno de los «arrepentidos» cuando afirma que «lo obtenido en el robo el 50% era para las Fuerzas de Seguridad», en plural, y no para el Tete «en singular». Todo realmente extraño y desacertado, por emplear calificativos moderados.

En definitiva, para el tribunal, los investigadores construyeron una sospecha y, sobre ella, una autoría, «que incomprensiblemente acogió el ministerio fiscal». El impulso decidido que dio la fiscalía a una investigación paralizada y que en cierto modo constituía un escándalo por su paralización, lo desacredita la sentencia de la siguiente manera.

Una investigación como la efectuada, totalmente carente de rigor policial, solo era susceptible de conseguir dos cosas de las cuales una se habrá cumplido al dictarse esta sentencia [si deviene firme]: o arruinar la vida de una persona inocente y dejar de perseguir al culpable o la absolución de un culpable.

En fin, si no entendemos mal el sentido de la sentencia, el tribunal critica la investigación policial, apoyada por la fiscalía, se sonroja al considerar que se buscó un chivo expiatorio en la figura del guardia civil Antonio Sáenz, por su relación de tiempo ha con los narcos autores del robo y critica seriamente que no se consideraran otras líneas de investigación sobre otros agentes. ¿Está acusando veladamente de tapar una investigación más profunda y quedarse solo en lo aparente con el Tete como cabeza de turco?

Todos los casos de corrupción policial tienen un denominador común; son confusos, contradictorios, están llenos de pistas falsas, de apariencias engañosas. Nunca se sabe el último motivo que se esconde del hecho aparentemente más intrascendente.

Por las intervenciones telefónicas se tiene constancia del continuo tráfico de llamadas entre los componentes de la banda y los agentes encausados por la fiscalía. Todas estas conversaciones, así como la declaración de otros componentes de la banda, no fueron motivo suficiente para que la Audiencia de Barcelona condenara a ninguno de los agentes supuestamente implicados. Según su repetitiva expresión, no quedaba fehacientemente probado que configuraran una banda organizada, que colaboraran en la perpetración de los delitos antes señalados, que alguno de ellos interviniera en el robo del puerto o que suministraran información confidencial y secreta al grupo de narcos, a pesar de que en determinadas conversaciones los narcos solicitan información sobre las sospechas de seguimientos policiales. Sería prolijo detallar todas estas conversaciones que, cuando uno las lee, al menos le dejan una gran duda sobre el comportamiento correcto de los agentes y sus conexiones con los narcos. También excedería la capacidad de este autor valorar una sentencia que, insistimos, fue ratificada por el Tribunal Supremo y que acabó absolviendo a todos los componentes de las Fuerzas de Seguridad implicados.

Pero sí conviene que leamos con atención algunos párrafos de la sentencia y que de ellos extraigamos nuestras propias conclusiones.

Aún cuando la continua relación existente entre algunos miembros de las fuerzas del orden con —esencialmente— los confidentes Javier Segura, Daniel Ribelles, Antonio Blas y David Barba que ha resultado acreditada, entre otros a los que aludiremos ahora... no cumple las exigencias legales que permitan afirmar que integra una asociación ilícita o una organización criminal… sí pone de manifiesto un extraño y anómalo maridaje entre unos y otros que perdura en el tiempo y en el que tienen lugar y se entrecruzan toda una suerte de relaciones, incluso negociales, compadreos y «favores» de todo tipo, que no solo no compaginan sino que exceden en mucho de lo que, desde la ética profesional, es esperable de la necesaria relación entre policía y confidente/colaborador, incluso en el supuesto posible de que llegue a establecerse entre ellos vínculos de amistad.

Así, no parece al uso que Fernando Gutiérrez Valero (guardia civil) disfrute como invitado de la casa que Javier Segura posee en Punta Cana, ni que en dicho lugar se haya dedicado igualmente a la pesca Antonio Sáenz Martínez [guardia civil]; como no lo parece que Antonio Sáenz recabara facturas del hostal l’Arganda [hoy Calipso], propiedad de Francisco García Montoya, dedicado a los negocios de la noche, o sea a puticlubs, expedidas a nombre de diversos guardias civiles sin que exista constancia de que realmente se alojaran allí y «para cobrar dietas» (testifical de los agentes nº…) o que Francisco García Montoya conociera a determinados agentes de sus visitas a dichos locales nocturnos, en uno de los cuales —y sin que ello objetivamente suponga descrédito alguno— halló trabajo como seguridad Fernando Alarcón, del mismo modo que otros agentes, esta vez mandos, lo hallaron como jefes de seguridad en locales como el Saratoga.

Tampoco son de recibo la mayoría de las conductas llevadas a cabo por agentes de la autoridad… aun cuando no pueda probarse su relevancia penal, ni lo es reunirse habitualmente a tomar cervezas cuando no a homenajearse con opíparos banquetes en conocidas marisquerías pagadas por «los confidentes» como la que tuvo lugar en una marisquería del Puerto a 2 de agosto de 2005 y en la que fueron comensales Stefano di Profio, Segura y Gutiérrez Valero, según testificó el agente nº…, quien aludió además a otra reunión en la que participó también otro guardia civil llamado Vázquez o la que compartieron Antonio Jiménez Raso y David Barba en la marisquería La Solera Gallega admitida por el primero, a todas luces innecesaria, para, como dijo, «preguntarle una cosa», para lo que basta un café en una barra de un bar; ni desde luego que numerosos agentes y mandos de la Guardia Civil o sus familiares adquirieran vehículos (algunos de gama alta) a un confidente/Javier Segura, cuando se sospecha —y así se conoce policialmente— que puede dedicarse al negocio de la doble matriculación de vehículos. Y fueron muchos.

Los anteriores hechos, enumerados a título de ejemplo, ponen de manifiesto un escenario que no solo no es justificable desde la ética profesional sino que, desde la lógica de lo razonable que debe presumirse de los actos humanos, evidencia un estado de cosas en el que necesariamente tienen lugar qui pro quo, favores, avisos, corruptelas y tratos de favor que, aún no integrando en todos los casos un tipo penal (que muchas veces rozan peligrosamente), sí constituyen, desde luego, el paradigma de lo que no debe ser la relación policía/confidente en un país en el cual el Estado Democrático de Derecho —con el que tantos se llenan la boca— no lo sea sobre el papel.

Es por párrafos como estos por los que esta sentencia llega a desconcertar a este autor. No se puede probar la relación entre agentes y narcos, pero, sin embargo, la sentencia considera que muchas de las actitudes de los agentes encausados rozan lo ilegal y desde luego suponen un atentado contra la ética policial y un aviso de lo que no debe ser nunca la relación policía/confidente. Así que no es de extrañar que la propia sentencia haga suya una de las frases de la defensa de uno de los encausados oídas durante el juicio: «Este proceso no es ni lo que es ni lo que parece, es otra cosa».

Con el enigma de lo que haya sido este proceso nos quedamos. La conclusión, para el ciudadano, es clara. Ni la investigación, ni la sentencia, ni el pronunciamiento del Supremo aclaran qué es lo que pasó realmente en el puerto de Barcelona. Nada sabemos de las medidas que tomó o debió tomar la Guardia Civil o la Policía, a nivel interno, para aclarar estos hechos. Tampoco nada sabemos si se investigó por el SAI todo ese cúmulo de irregularidades manifestadas en la sentencia y que se conocían desde hace años. Nada sabemos de si se realizó una investigación para determinar qué había fallado en el dispositivo de vigilancia del puerto. Y tampoco nada sabemos de la reacción de la DEA al enterarse del suceso aunque nos la imaginamos. Hay demasiado oscurantismo en este y en otros casos, demasiada tibieza a la hora de abordar situaciones un tanto anómalas.

No abandonaremos aún los pormenores de esta sentencia sin antes tratar otros aspectos interesantes de la misma. Durante las escuchas practicadas en fase de instrucción y posteriormente por las declaraciones de uno de los procesados se tuvo conocimiento de un posible hecho un tanto escalofriante: la muerte del magistrado Guillermo Castelló, presidente de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, pudo ser provocada y no deberse a un accidente de tráfico.

Los fiscales que investigaban el caso se tomaron muy serio estos indicios y se abrió una pieza separada para investigar las posibles causas de ese accidente.

En palabras del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo:

Claro que nos lo tomamos en serio. Muchos de los encausados eran expertos en coches, tenían talleres y sabían muy bien cómo manipularlos.

El magistrado falleció el día 28 de septiembre de 2005. Su coche, un Audi 3, se salió de la autopista a las 14.48 horas.

Y continúa:

Hicimos una investigación profunda. Se cortó el tramo de autopista donde se salió de la carreta el magistrado. Era una recta, y el accidente sucedió a plena luz del día. Los agentes de la Guardia Civil de tráfico examinaron concienzudamente ese tramo. No tenía explicación posible. Ese día había buena visibilidad, buen tiempo. El coche era un modelo de alta gama, técnicamente muy dotado. No se pudo llegar a ninguna conclusión. Había pasado ya mucho tiempo, el coche del magistrado había sido desguazado. Siempre nos quedamos con la duda de saber si fue verdad.

El magistrado Castelló tenía una carrera dilatada. Pero tal vez la sentencia que le granjeó más relevancia fue la dictada contra el exjuez Pascual Estevill en 1999, por la que este fue condenado a siete años de cárcel por defraudar a Hacienda durante tres periodos consecutivos. Era la primera vez que se dictaba una sentencia de ese tipo en España.

Esa duda jamás se resolverá. Volvamos a la sentencia. En el transcurso de la instrucción de este endemoniado caso resultó imputado, aunque también finalmente absuelto, un periodista del diario El Mundo, Nando García, por supuestamente haber participado en un complot orquestado por el grupo de narcos y agentes imputados en aquel momento con el fin último de desacreditar al coronel Alarcón, encargado de realizar la investigación sobre esta supuesta trama. Sirviéndose de informaciones facilitadas por sus fuentes, el periodista publicó que el coronel Alarcón había avisado a un presunto narcotraficante, el ya famoso y citado Gutiérrez Carbajo, de que un grupo de delincuentes pretendía robarle la cocaína que almacenaba en su domicilio. El coronel se querelló contra el periodista por un delito de calumnias.

Lo rocambolesco de esta historia es que en el juicio quedó demostrada la veracidad de esa información, por lo cual el tribunal rechazó la imputación al periodista, independientemente de las zonas oscuras en las que se movió el informador de El Mundo. Lo que nos interesa resaltar aquí es de nuevo la reflexión que hace el tribunal sobre este hecho.

Pero es que, además, las irregularidades [procesales] existieron en la instrucción y así se está evidenciando en esta resolución; irregularidades existentes y graves para cualquier espectador objetivo [el ciudadano medio lector] e incluso para quien conoce las servidumbres que para las fuerzas de seguridad conlleva la necesidad de «confidentes» y «colaboradores», pues resulta inquietante no tanto [que también] que se advierta a un confidente de que le quieren robar la droga con violencia para preservar su integridad, sino que, a continuación, se le deje continuar con «el negocio», negocio que tenía que ser importante si al parecer los procesados en esta causa [alguno de ellos] estaban planeando «dar el palo» a quien [Gutiérrez Carbajo] curiosamente se dedica formalmente al negocio «de los coches» [la doble matriculación de la que se habla alguna vez en la causa] al igual que Javier Segura Ruiz.

El enigmático Gutiérrez Carbajo era una fuente de investigación de la Guardia Civil. Se le avisa de que le quieren robar la droga, pero se le deja seguir con el negocio. Un tanto inquietante. Este es el informe de la Guardia Civil.

Se llevó a cabo dicha advertencia en la mañana del 6 de febrero, aconsejándole que abandonara las zonas donde se movía habitualmente, tanto él como la familia, hasta que el grupo de delincuentes desistiese de sus intenciones.

De acuerdo. Todo es una maraña demasiado compleja. El resultado final de todo este proceso es desalentador y evidencia las dificultades de la lucha contra la corrupción policial.

Pero conviene que nos detengamos en otro asunto no resuelto del todo por los tribunales españoles. La Audiencia de Barcelona anuló una parte de las escuchas telefónicas ordenadas en la segunda fase de instrucción de este sumario. Como resultado de ello, todas las pruebas obtenidas a partir de esas escuchas quedaron anuladas. Los motivos para que los tribunales anulen las escuchas ordenadas por el juez de instrucción, previo informe de las Fuerzas de Seguridad reclamando esas escuchas por interesar a la investigación, son variados. Este autor se ha cansado de ver sentencias, con implicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad o sin ella, en las que los tribunales juzgadores, las audiencias o finalmente el Supremo invalidan toda la instrucción porque consideran que esas escuchas no debieron nunca producirse al no estar lo suficientemente motivadas. Debemos considerar, y este autor así también lo considera, que las intervenciones de las comunicaciones invaden uno de los principales derechos consagrados en la Constitución, como es el de la intimidad. Cuando un juez o la Policía solicitan o proceden a esas intervenciones, tienen que concurrir situaciones extremadamente graves, como el hecho de que se vayan a cometer delitos importantes. Pero, a juicio de este autor, la confusión sobre cuándo se debe y cuándo no ordenar esas escuchas sigue siendo muy grande. Así hemos visto sentencias en las que el Supremo ordena validar esas escuchas, a pesar de que el tribunal juzgador las consideró nulas, o viceversa. En manos de un buen abogado, esta herramienta de la investigación, las escuchas, puede ser un auténtico coladero para evitar condenas a sus clientes. Cuando el juez accede a la petición de las Fuerzas de Seguridad para la intervención de las comunicaciones, se puede estar abriendo, sin pretenderlo en absoluto ni las Fuerzas de Seguridad ni el propio juez, el camino para la absolución de los presuntos delincuentes. Lo hemos visto en demasiadas ocasiones. Y es que en el ordenamiento jurídico español, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos europeos, no está tasado con claridad cuándo se debe o no proceder y por qué delitos a la realización de esas escuchas, quedando a criterio del juez instructor, lo que origina demasiada incertidumbre y resoluciones de doble dirección.

El mejor empresario del año

Todo parecía una rutinaria operación policial de lucha contra el narcotráfico. En julio de 2009, la UDYCO de la Policía Nacional había puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional una información procedente de una agencia británica que alertaba sobre el intento de introducir en nuestro país por vía marítima una importante cantidad de droga. Con este escrito se iniciaron las actuaciones.

La investigación comenzó interviniendo los teléfonos de determinados sospechosos que actuarían bajo las órdenes de esta organización en nuestro país. Durante meses los responsables policiales controlaron las andanzas de un buen número de personas que planificaban la manera de introducir por vía marítima un importante cargamento de cocaína.

En sus informes, la Policía habla de hasta cuatro organizaciones coordinadas para la entrada del cargamento: una colombiana, otra británico-holandesa, una gallega y otra española. De esta última se hace referencia a un tal Higinio Alonso, antiguo chatarrero, que participaba en una empresa que había adquirido una nave en las afueras de Madrid para almacenar la mercancía.

Las andanzas de Higinio Cano fueron objeto de seguimiento de la Policía. Cano les llevó hasta un extorero afincado en Madrid, Olmer Valencia, que servía de enlace a su vez con un grupo de narcotraficantes cuyo cabecilla era el mexicano Héctor Murillo. Valencia viajó a Panamá. Allí se puso en contacto con aquel y diseñaron la estrategia para transportar la droga. A mediados de marzo de 2010, Murillo viajó a España, y lo que hasta ese momento era, más o menos, una operación de narcotraficantes se convirtió en algo más problemático. La persona con la que contactó Murillo en Barcelona era ni más ni menos que el famoso empresario catalán José Mestre, del que conviene que repasemos brevemente su biografía.

Es sabido que la historia de esta familia empezó desde cero. El padre de José Mestre, Juan, tuvo una infancia de esas que podemos calificar de dickensiana. A los ochos años transportaba alfalfa en un carro tirado por burros. Se introdujo en el sector del transporte merced a un préstamo de 25.000 pesetas de la época, y a mediados de los cincuenta aceptó descargar la mercancía de un barco en un día festivo con su camión. A partir de ahí, el puerto de Barcelona sería su hábitat natural. A finales de los setenta se alió con la compañía estatal soviética Morflot para crear la agencia consignataria Intramar para todos los fletes de la antigua Unión Soviética, más tarde vendría la adquisición de la agencia marítima Samuel M Bull y la constitución de la emblemática Tercat, que se instalaría como terminal de contenedores en el muelle Príncipe de España. Los Mestre fueron tejiendo así un entramado de empresas que abarcaban todas las actividades; desde las terminales de carga, el transporte por vía marítima o carretera, hasta el almacenamiento, distribución y terminal de contenedores. En los años noventa, Tercat ganó posiciones en el puerto de Barcelona desbancando a su rival TBC. La obra maestra, ya del hijo José Mestre, fue la alianza con la empresa china Hutchinson, y lo hizo con buen ojo. Estaba en juego la concesión de la futura terminal de contenedores del muelle del Prat del puerto de Barcelona, la terminal más importante de las licitadas en España, con 93 hectáreas de superficie y capacidad para manipular cuatro millones y medio de contenedores anuales. Los Mestre se aliaron con los chinos y ganaron el concurso, superando a su competidor español TBC y a la americana DubaiPorts. Luego cedieron el 70% de su empresa Tercat a los asiáticos. Se supone que por esta operación José Mestre ingresó 170 millones de euros.

El día que los agentes grabaron a Mestre en una reunión con el narco mexicano en una terraza de Barcelona temblaron algunas personas. El entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, otorgó en mayo de ese año el premio al mejor empresario nacional de logística a José Mestre, premio patrocinado por el Salón Internacional de Logística (SIL), que dirigía su amigo y dirigente popular Enrique Lacalle. Es decir, que recibió el galardón cuando los agentes ya sospechaban lo peor.

La investigación siguió su curso. A Mestre le fotografiaron al menos en un par de ocasiones más en reuniones poco recomendables. Los narcos hicieron dos ensayos previos en las terminales de carga del puerto de Barcelona para asegurarse de que no iba a haber problemas. Y, en efecto, no los hubo. Los contenedores, que solo almacenaban chatarra, entraron y salieron libremente por el puerto. Convencidos de ello, se decidieron a enviar un nuevo contenedor procedente de Panamá a la terminal del puerto de Barcelona gestionada por Tercat. Pero esta vez sí los hubo. La Policía vigiló y controló toda la operación. Incluso solicitaron a Mestre que les facilitara una nave para abrir el contenedor sospechoso. El empresario se quedó de piedra cuando acto seguido los agentes de la UDYCO procedieron a su detención. En las intervenciones telefónicas se refieren a él con el alias de Don. Estas intervenciones y las reuniones grabadas dejaban poco margen de defensa al empresario. La sentencia por la que fue condenado a doce años de cárcel por un delito de tráfico de estupefacientes así lo da por probado.

El 25 de mayo de 2.010, Héctor Murillo July vuelve a viajar a España, esta vez viaja desde México a Barcelona, llegando al aeropuerto del Prat sobre las tres de la madrugada, cogiendo un taxi a su llegada hasta el hotel BH Constanza sito en la calle Den i Mata. Al día siguiente llamaría a Sandra para comunicarle que el procesado José Mestre Fernández, mayor de edad, … le había adelantado la reunión a las once de la mañana. De esta forma, sobre las 11.30 horas, Héctor se reuniría en la parte exterior del hotel con José Mestre Fernández y con Daniel Martín Travis. Posteriormente, sobre las 12.30, las tres personas citadas se trasladarían a uno de los salones del citado hotel, terminando la reunión sobre las 13.25 horas, momento en que José Mestre Fernández se dirigía al parking sito en la planta de abajo del local, y cogería el vehículo Mercedes Benz de su propiedad… Sobre las 18.25 horas, en el vehículo anteriormente citado, llega al establecimiento hotelero José Mestre Fernández, volviéndose a reunir con July en un salón de la primera planta.

Todo perfecta y minuciosamente detallado. No cabía la menor duda de que Mestre se había metido en la garganta del lobo.

Sin duda la detención de Mestre conmovió a la clase política y empresarial catalana. Figuraba entre los amigos del rey Juan Carlos, y sus vínculos con todos los actores de la política catalana de los últimos años incluía a dirigentes como Pujol o Lacalle. La gran incógnita que nadie ha sabido despejar es por qué un empresario de estas características, con una economía más que saneada, por muchas pérdidas que tuviera en el mercado inmobiliario (recibió 170 millones de euros de los chinos por la venta de parte de Tercat), dio el paso arriesgado de aventurarse en el tráfico de cocaína. No es ninguna novedad el decir que una parte importante de este tráfico se realiza a través de los puertos, en contenedores cuyo examen se antoja imposible habida cuenta del inmenso volumen de operaciones que se realizan a diario. La inspección de todos y cada uno de ellos colapsaría las terminales de medio mundo. Es lógico que solo se revisen aquellos en los que cabe alguna sospecha merced a una intervención policial. Pero que exista tráfico de cocaína no necesariamente tiene que implicar a los directores o ejecutivos de los puertos, pues ellos son o deben ser ajenos a lo que pueden ocultar en su interior, al margen de su carga declarada. La pregunta que nos hacemos, como se la han hecho tantos otros, es si era la primera vez que Mestre accedía a implicarse en este tráfico de cocaína. La segunda es por qué jugártela de este modo si gozas de una economía más que saneada. ¿Por qué competir con el clan Jodorovich, cuyos componentes eran los que tradicionalmente controlaban el tráfico de cocaína en la zona franca de Barcelona? Y no hallamos respuestas. Solo hipótesis. Algunas como las que plantea el abogado Jacobo Teijelo, conocedor de varios sumarios judiciales que se solventan en Cataluña.

No se puede perder de vista el robo de cocaína producido en el puerto y en el que resultaron absueltos varios miembros de las Fuerzas de Seguridad cuando analizamos el caso Mestre. En la hipótesis de que hubiera barra libre, algunas personas también la querrían. Pero en el caso concreto de Mestre, hay que tener en cuenta que en la concesión de los contenedores del puerto su empresa era seguramente la peor valorada, y aun así consiguió la adjudicación. Inmediatamente después vende un importante paquete de acciones a los chinos y le dan 170 millones de euros. Como hipótesis se puede plantear la pregunta de si Mestre tenía que pagar algún tipo de comisión por esa adjudicación, y la experiencia me dice que las empresas cotizadas en bolsa no tienen caja, no tienen dinero en efectivo de libre uso como el que pueda tener una frutería o un bar. Entonces, muchas veces se necesita «ennegrecer dinero». De todos es sabido que la mayor parte del dinero negro viene de la droga. Si, como hipótesis, Mestre tenía que pagar una comisión del 5 o 10 diez por ciento, necesitaba agenciarse de 8 o 10 millones de euros. Es una posible explicación de por qué se metió en ese abismo. Tal vez tuviera la sensación de que había cierta cobertura para realizar esas operaciones de cocaína.

Cuando uno bucea en un caso importante de corrupción policial, como los que han sucedido en Barcelona o en otras partes de España, observa cosas que llaman la atención; salen a la luz figuras conectadas con la corrupción política, blanqueadores que aparecen y desaparecen en los distintos sumarios, individuos inmersos en causas de todo tipo. Es como si al final todos los casos de corrupción, sean de la índole que sean, tuvieran que pasar siempre por un mismo cuello de botella. A este autor no le cabe la menor duda de que la corrupción policial es en buena medida un reflejo de la corrupción política, de la lucha de intereses ocultos de distintos sectores del poder, e incluso en ella se reflejan aspectos de esa lucha soterrada de los servicios de inteligencia por controlar parcelas de poder y por favorecer determinados intereses de los países considerados aliados. Además, en España arrastramos hipotecas tan pesadas como la existencia de los GAL o la lucha contra el terrorismo, extremos estos que, como veremos más adelante, han favorecido la aparición de algunos de los fenómenos de corrupción policial.

Excede el objetivo de este libro bucear en todos estos aspectos, pero sí conviene que tengamos en cuenta determinados factores, como los que se dan en Cataluña. La estrategia económica de Mestre, como, en cierta medida, la de la clase política catalana gobernante, ha pasado por alianzas no bien vistas por los servicios secretos españoles; empresas rusas y chinas se han asentado en sectores estratégicos de Cataluña. Nuestro país ha sido uno de los que más han combatido el asentamiento de las mafias rusas en Cataluña y, en general, en toda la costa mediterránea española. Se puede decir que hemos desarrollado una auténtica guerra contra este tipo de mafias. Aun así, su grado de penetración en la economía y en distintas instituciones ha sido notable, como se desprende de las numerosas actuaciones llevadas a cabo contra este tipo de mafias. Los chinos tampoco se han librado. La operación Emperador que en estos momentos se desarrolla en la Audiencia Nacional es un extraño conglomerado de blanqueo de dinero, fraude, presunta corrupción policial y servicios secretos españoles en acción. Conviene tener presente este panorama de fondo para analizar en su conjunto los casos más notables de corrupción policial.

Existe otro factor en el caso Mestre que conviene analizar para seguir teniendo una visión global del problema. La investigación que da origen a su procesamiento, detención y posterior sentencia condenatoria parte de las autoridades británicas. España, como país democrático, tiene suscritos infinidad de acuerdos y convenios tanto a nivel de la ONU como europeo para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, así como contra el blanqueo de capitales. Es más, muchos de estos organismos tienen capacidad para sugerir o incentivar determinadas actuaciones en los casos de corrupción política o en aquellos en los que se detecten fraudes en ayudas o en fondos europeos o internacionales. Las fuerzas de seguridad dependen evidentemente del Ministerio del Interior, y hemos visto muchas veces cómo esta dependencia es absolutamente nefasta para la persecución de la llamada corrupción policial o política. Son muchos los agentes que se ven mediatizados por las presiones que sufren a la hora de abordar un caso de corrupción. En muchos casos tienen que dar cuenta a sus superiores de sus investigaciones, en otros, las brigadas de asuntos internos se convierten en un largo brazo ejecutor de los intereses del gobierno. En el caso de la Guardia Civil hay circulares que sugieren a los agentes dar cuenta de todo lo que se hallan investigando.

Todo esto choca de frente contra lo que debe ser la organización policial en un estado democrático. Se necesita una buena Policía Judicial que solo responda ante los jueces de sus actuaciones sin interferencias políticas. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos es por qué, aparentemente bajo ese control político o esa falta de independencia a los que están sometidas las Fuerzas de Seguridad, estallan los casos de corrupción que afectan a los gobiernos y no los pueden parar por mucho empeño que hayan puesto. Mal que bien, este es un estado de derecho y hay parcelas en las que afortunadamente nadie puede interferir. Las investigaciones judiciales no pueden ser bombardeadas fácilmente y, aunque sea a trancas y a barracas, como hemos visto en tantas ocasiones, los agentes cumplen su mandato de investigar lo que el juez o el fiscal les ordena, sin atender a los intereses del partido de turno.

Este autor ha tenido ocasión de observar resoluciones judiciales en las que expresamente se pide a las Fuerzas de Seguridad que solo den cuenta de sus actuaciones al juzgado y no a sus superiores. Un síntoma evidente del grado de desafección al que hemos llegado. Así lo resume la magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles:

Uno de los fallos de nuestro sistema policial es la doble dependencia de los cuerpos de seguridad. Funcionalmente pueden depender de los jueces, pero orgánicamente dependen del Ministerio del Interior. Esa doble dependencia impide muchas veces que la Policía o la Guardia Civil obedezcan única y exclusivamente a los jueces, y eso crea muchas disfunciones.

En cuanto a los organismos extranjeros que impulsan determinadas investigaciones, sería difícil intentar boicotearlas. Así pues conviene que tengamos en cuenta que la estructura policial en España no es algo absolutamente controlado por el poder político, no es monolítica, tiene muchas aristas y presenta muchos puntos de fuga para ser todos dominados. Así podemos entender que muchas de las investigaciones avancen, a pesar de todo. Sobre este aspecto del modelo policial en España volveremos más adelante, un modelo policial que evidencia muchos fallos pero que curiosamente ningún partido político parece querer abordar.

Como hemos dicho antes, José Mestre había diversificado sus negocios. Entre esa diversificación encontramos uno que nos llama poderosamente la atención: un gimnasio de alto standing al que acudía la cúpula de la Policía en Barcelona. Es un hecho anecdótico. Pero quizá vaya más allá de la anécdota saber que uno de los mejores clientes de la lujosa joyería Rabat en Barcelona era el propio Mestre, como se descubrió en la instrucción de otro sumario, también complejo, que sigue abierto y que inmediatamente abordaremos: el caso Macedonia. Veamos un pequeño listado de las adquisiciones de Mestre en esta joyería.

Durante años, José Mestre y varios de sus familiares adquirieron numerosas joyas, relojes de alta gama o móviles de titanio en esta tienda de lujo, y tanto el juez como la fiscalía investigan esas compras por si hubiera un posible delito de blanqueo de capitales a través de ellas. Pero lo que llama la atención, por ser un hecho un tanto sorprendente, es que el confidente Gutiérrez Carbajo, del que ya hemos hablado en páginas anteriores, dispusiera también de una cuenta en la misma sofisticada joyería. Así lo desveló la investigación del caso Macedonia, que investiga las supuestas corruptelas de algunos miembros de todos los cuerpos policiales en Cataluña y que abordaremos enseguida. Veamos otro extracto.

La cuenta que poseía Gutiérrez Carbajo en Rabat fue utilizada, según se desprende de la investigación, para hacer algunos pagos a miembros del cuerpo de Policía y de los Mossos. No solo eso. También algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad eran titulares de cuentas en la joyería de Esteve. Gutiérrez Carbajo invirtió más de quinientos mil euros en adquisiciones de joyas o relojes. Algunos de los regalos que Gutiérrez Carbajo hacía eran devueltos en los siguientes días por los afortunados, convirtiendo en dinero tan suculentos regalos. Una sofisticada y presunta manera de pagar favores y blanquear dinero. Veamos otro documento.

El caso Macedonia, llamado así por salpicar a todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña, guardia urbana incluida, deparó esta sorpresa y la investigación de la joyería Rabat por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Pero Gutiérrez Carbajo ya había hecho referencia a estos regalos a funcionarios policiales en otro sumario: el de los clubs Riviera y Saratoga, sumario en el que, cómo no, este extraño personaje también aparece como una pieza fundamental para su desarrollo. La investigación de los clubs citados se sitúa justo en medio de los sumarios de la Gamba Roja y de la operación Macedonia, por eso, y por seguir un orden cronológico, vayamos primero a desmenuzar sus pormenores.

Los largos tentáculos de la prostitución

Este caso sería mejor llamarlo «operación Ilusionista», que es como la denominaron los encargados de la investigación. Ya se sabe que el arte del ilusionismo consiste en hacer desaparecer o aparecer cosas de la nada. Y si nos atenemos al resultado de la sentencia definitiva emitida por el Supremo en octubre de 2015, el ilusionismo ha vuelto a aparecer, pues la mayor parte de las condenas que en su día impuso la Audiencia de Barcelona han desaparecido como por arte de magia, se han esfumado, y nosotros, pobres espectadores, nos hemos quedado con cara de tontos digiriendo los argumentos que esgrime el Supremo para tal fin e intentando razonar dónde está el «truco» de tan misteriosa desaparición. Como siempre, es difícil valorar una sentencia del tribunal más competente de nuestro país, sobre todo cuando no se tienen los suficientes conocimientos en derecho para hacerlo, pero uno observa el ímprobo trabajo de una sentencia que ocupa algo más de seiscientas páginas, las horas de escuchas, de seguimientos, de interrogatorios y de investigación, los interminables días de juicio oral... y se queda con la sensación de que todo eso, todos esos argumentos, pruebas, evidencias, se han transformado en otra cosa, cuando no han desaparecido directamente. No es que el tribunal llegue a desmentir que en torno a los clubs Riviera y Saratoga existiese una trama de corrupción policial que protegía y cobraba por ello a los dueños de los clubs, es que, si se mira desde otra perspectiva, el cometido de esos mandos policiales tal vez no fue hacer, sino dejar de hacer. Y así se pueden escapar por tipos penales más benignos que los que impuso la Audiencia de Barcelona e incluso eludir la cárcel y los años de inhabilitación. Y no solo los policías, también los presuntos proxenetas. Pero Supremo dixit o Roma locuta, causa finita.

Una vez que ya sabemos que las cosas no son lo que parecen, conviene que analicemos algunos aspectos de este caso, desde la perspectiva que nos ocupa, que no es otra que las dificultades que conlleva la lucha contra la corrupción en los cuerpos policiales.

La operación Ilusionista (Saratoga-Riviera) comienza un día de julio de 2007 con una espectacular persecución policial en coche por las calles de Barcelona. El coche perseguido iba pilotado por el inspector de Policía Nacional Martín Pujal. En el vehículo que iba detrás a toda pastilla, con las luces puestas identificativas de la Guardia Civil, aunque camuflado, iban dos oficiales de la Benemérita. El inspector intentó en todo momento zafarse de la persecución, conduciendo en contrasentido y saltándose semáforos en rojo, hasta que un atasco le inmovilizó, momento en el cual fue detenido por los dos miembros de la Guardia Civil. Los agentes registraron al inspector y el vehículo, pero no hallaron lo que buscaban: los tres mil euros que hacía apenas unos instantes se supone que le había entregado Carmelo Sanz, uno de los dueños del club Saratoga. Habían desaparecido, se habían esfumado como por arte de magia, y Martín Pujal pasó a ser el ilusionista, habilidad que al parecer ha contagiado todo este procedimiento.

En noviembre del año 2005, Martín Pujal, policía experto en información y en la lucha antiterrorista, pasó a desempeñar el cargo de jefe del grupo 1.º de la Unidad Central para la Lucha contra las Redes Ilegales y Falsificación (UCRIF) en Barcelona. No tardó mucho tiempo el inspector en darse cuenta de que en el ambiente de trabajo se movía algo raro. Las primeras redadas en las que participó no dieron el resultado apetecido, y ello solo se podía deber a una causa: alguna fuente policial alertaba con anterioridad del inicio de las actuaciones policiales. Según consta en la sentencia, eso era un secreto a voces en la UCRIF. Los dueños de los locales eran alertados con el suficiente tiempo como para que las mujeres en estancia irregular en nuestro país pudieran abandonar los clubs en taxis, o, en algunas ocasiones, según declaración de nuestro ya conocido y viejo confidente Gutiérrez Carbajo, en coches policiales. Cuando no daba tiempo a esto, los clubs disponían de habitaciones ocultas donde las mujeres se camuflaban hasta que las inspecciones cesaban. Así que el inspector afiló su instinto, se puso el alias de Jordi y empezó a atar cabos. No tardó mucho en propiciar un encuentro con el dueño de uno de los locales. En palabras de la sentencia de la Audiencia de Barcelona…

… con el ánimo de enriquecerse ofreció protección al Club y posible ayuda aludiendo a un problema que el Club Saratoga tenía pendiente con Hacienda, a cambio de dinero, indicándole que por el puesto que ocupaba estaba en condiciones de crearles dificultades mediante inspecciones o llevando a la Inspección de Trabajo, lo que se podría, evitar con contraprestación económica.

El dueño del Saratoga, Carmelo Sanz, ya estaba un poco escamado por la cantidad de mordidas que tenía que pagar. Así que decidió grabar las conversaciones que mantuvo con Martín Pujal. Volvamos a la sentencia.

39.- El día 25/6/07 se reunió de nuevo en el mismo hotel, esta vez solo con Carmelo Sanz después de haberles pedido la cantidad mensual concretando la petición en «la mitad de lo que le dais al otro», diciéndole Carmelo «pues tres mil», tal conversación fue grabada por Carmelo.

Discurriendo en los términos siguientes «hombre, espero que el otro día con Raúl se aclararan las cosas», diciéndole Carmelo «hombre se aclararon algunas cosas, pero se quedó nervioso el hombre, joder… pues si vas con Trabajo, Jordi, nos jodes, tenemos que cerrar el negocio», contestándole Jordi, «por eso te lo dije, por eso te lo dije, llegamos a un tipo de acuerdo discutido y ya está, y ya nunca te vendré con Trabajo… yo no te voy a decir lo que te decía el mangante aquel»... Carmelo manifiesta «bueno, pues a mí me ha dejado un margen de negociación. Me ha dicho entre 1.000€, 1.500€, lo haces tú, hasta 2.000€, de ahí palante, a mí me ha dado potestad hasta ahí… y si me dices 3.000€ lo llamo a él», contestando Jordi «hombre, yo te dije lo que yo considero, joder, la mitad de lo que le dabas al otro, sería una cosa razonable… yo creo que sería razonable, porque voy a evitar varias cosas, te voy a proteger los dos sitios… me parece que él cobraba mucho y hacía poco… los tratos los llevamos tú y yo… Cuando te tenga que dar algo, yo te lo doy a ti y cuando tú tengas que darme algo, me lo das a mí… o que me dejes cinco o me dejes dos, ¿me entiendes?... aunque eso no va a quitar que, que te tenga que hacer alguna, ¿me entiendes?... porque yo tampoco soy gilipollas», diciéndole Carmelo «eso es lógico», y contestándole Jordi «eso es lógico, que te hagan una aquí, pero vamos, vendré yo».

Con las grabaciones en la mano, el dueño del Saratoga puso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, y de acuerdo con la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil se dispuso a hacer una entrega de dinero controlada por los agentes. El encuentro sería vigilado, y una vez que el dinero estuviera en poder del inspector, el empresario se metería las manos en el bolsillo, como señal de que ya había cambiado de manos y los agentes procederían a su detención. Martín Pujal fue interceptado a la salida del hotel donde se había producido la fugaz reunión. Pero lejos de aceptar los hechos, emprendió una carrera alocada por las calles de Barcelona. El dinero se había esfumado.

Carmelo Sanz acudió a denunciar los hechos no porque le hubiese venido un súbito arrepentimiento, sino más bien porque consideró a Martín Pujal un intruso. De hecho, nada dijo sobre los otros pagos que realizaba a otros policías. Quiso quitarse un muerto de encima. Para bien o para mal, ese fue el inicio de la investigación sobre los burdeles Saratoga y Riviera. El exceso de ambición de un policía desembocó en una investigación que aun con la sentencia confirmada en firme, solo destapó la punta del iceberg, según reconocen los responsables de aquellas pesquisas y según apunta un párrafo un tanto inquietante de la sentencia.

En este juicio sin duda se ha visto solo una parte de lo que ocurrió en realidad, y de la vista se concluye, no sin tristeza desde el punto de vista institucional, que había una situación de rumores de sospechas mutuas, y en algunos casos de verdaderas disputas, que no se canalizaron ni se percibieron como graves o no se quisieron percibir desde la superioridad y que evidentemente mantuvieron tanto tiempo una situación enquistada con grave perjuicio no solo para la imagen y el corazón del Cuerpo Nacional de Policía sino para la confianza de la ciudadanía, que tiene derecho a esperar un comportamiento policial acorde con la legalidad.

La novedad de este caso, importante sin duda, fue que la investigación de la supuesta trama de corrupción policial corrió a cuenta de los Mossos d’Esquadra, en concreto de una unidad adscrita especialmente a esta investigación, y la persona que volvió a ejercer de confidente, esta vez para los mossos, fue, cómo no, nuestro hombre Gutiérrez Carbajo, pues mientras que las cosas discurrieron más o menos bien, él fue el jefe de seguridad de los burdeles y el mediador de los pagos con los policías implicados.

Según se desprende de la investigación y de los datos confirmados en la sentencia, desde el año 2002 hasta el año 2009, algunos de los responsables de la UCRIF y otros policías bajo sus órdenes recibieron una serie de pagos mensuales que para los de mayor implicación alcanzaban la cifra de 6.000 euros. Gutiérrez Carbajo había sido confidente de uno de los dirigentes de la UCRIF con anterioridad a que ocupara este puesto y eso le convertía en un intermediario ideal para que en su taller de coches se realizaran estos pagos.

Según se recoge en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona:

Nos basamos respecto a los pagos en efectivo, a parte de la indicada declaración del testigo Manuel Gutiérrez Carbajo T-97, cuando a la pregunta: «¿En su concesionario de San Andrés dejaban sobres de dinero para Otero y Gómez?» contesta «Sí, el día 31 o 1 me llamaban y decían quedamos a comer en tu tienda, Raúl me ha dicho dame un sobre, ha metido 6.000 euros y se los ha dado, tanto a Otero como a … en enero de 2002, Otero se cayó... y luego venía Luis. Tanto el Raúl como Carlos y Carmelo eran amigos... y clientes de mi concesionario. Como yo era cliente de ellos del club de señoritas que tenían. Mi concesionario lo usaban para que nos les vieran las chicas, los otros...».

Pero no solo fue dinero en efectivo. Viajes, regalos, operaciones de estética, tratamientos de desintoxicación para el hijo de uno de los funcionarios, relojes y joyas de la joyería Rabat. Todo un catálogo de dádivas no precisamente altruistas, teniendo en cuenta que los clubs facturaban más de seis millones de euros al año y que en ellos llegaron a ejercer la prostitución jóvenes menores de edad.

Sigamos profundizando en esta sentencia. En ella hay una reflexión del tribunal que nos viene muy bien para poner sobre la mesa una práctica que ha sido muy habitual, y que aún lo sigue siendo: la de aceptar regalos por parte de los agentes, aunque esos regalos tengan un valor insignificante. El problema es que quien los hace, busca algo más que una satisfacción generosa.

A la Policía le corresponde un nivel muy exigente de honestidad, y de comportamiento transparente, también en su forma de estar y relacionarse cuando desarrolla su función, que queda muy lejos del amiguismo, y el trato de colegueo que se ha visto en este caso, y ello aunque no haya o no hubiera en la época un código ético de la Policía.

Se exige una distancia, en el trato y la actuación, que no permite dejarse agasajar ni aceptar regalos, ni obsequios que individualmente tomados por el precio incluso podrían ser calificados de mínima insignificancia, lo dice la Defensa de Herrero, pero no lo son. Aceptarlos marca una pauta en la relación, y más si el oferente lo hace como parte de su actuación para conseguir sus objetivos. Tener contentos a los mandos policiales, mantener la fuente directa, procurar no excederse en el negocio (hacer extravagancias) y mantener los resortes engrasados para cualquier eventualidad, ese es el objetivo de los dueños de los prostíbulos.

Por ello lo importante es fijar las claves en las que se efectúan estos regalos y la vinculación al puesto que se ocupe por quien los recibe, en relación a los fines que persigue el oferente; y desde el lado del receptor es imprescindible una especial atención e interrogación sobre ello.

No deja de ser un tema interesante para reflexionar, habida cuenta de que en muchas ocasiones los policías deben de tener tratos más o menos cordiales con quien puede ser una fuente de investigación. El problema, según apuntilla la sentencia, es que mediante el goteo de regalos (jamón, vino) y atenciones (comidas y encuentros en lugares especiales) se va entrando en una dinámica en la que se baja la guardia, se da información y se hacen confidencias. Claro que estas mismas reflexiones se podrían extender a otros y variados colectivos.

La considerable disminución de las penas impuestas por la Audiencia Nacional por parte del Tribunal Supremo no debe haber dejado contentos a los mandos policiales, ni mucho menos al Ministerio de Interior. Aunque los delitos se hayan aminorado y los efectos de este mediático caso hayan desaparecido, existen en la sentencia demasiadas sombras de duda que alguien tendría que analizar para extraer sus consecuencias.

Uno de los episodios que se narran en la sentencia tiene que ver con una actuación policial sumamente irregular que esta vez el Tribunal Supremo no ha corregido, es decir, que ha mantenido, fijando la pena de tres años inicialmente solicitada para el inspector de Policía Abundio Navas por parte de la Audiencia de Barcelona.

Los hechos resumidos son los siguientes. Poco después de que el inspector Martín Pujal fuese detenido por aquella fuga alocada en la que desparecieron los famosos 3.000 euros, y trasladado a otro destino mientras se resolvía su procesamiento, su taquilla, la que ocupaba en la UCRIF, apareció un día forzada. En ella se encontraron cosas inexplicables: joyas, sustancias estupefacientes y fotocopias de pasaportes de mujeres. Todas esas pertenencias se sacaron y se fotografiaron, y se hizo llamar al inspector Martín Pujal. Una vez fotografiados y consignados todos esos objetos, se procedió a depositarlos en un nuevo armario, cuya llave se quedó el inspector Martín Pujal. Por razones difíciles de comprender, el atestado instruido inicialmente omitió el hallazgo de todas estas cosas por orden del inspector Abundio Navas, aunque con posterioridad le comunicó los hechos a su superior, quien le ordenó redactar un nuevo informe en el que debía de incluir todo. Para cuando se redactó ese nuevo informe y se volvió a abrir la taquilla donde se habían consignado los objetos hallados… ¡todos habían desaparecido! Ahora volvemos a entender más claramente lo del nombre de el Ilusionista dado a Martín Pujal. Un nuevo «truco», esta vez llevado a cabo en las propias dependencias policiales, hizo desaparecer pruebas que podrían haberle incriminado en la perpetración de otros delitos, máxime si tenemos en cuenta que el inspector había colaborado en la operación Constanza años atrás, de resultas de la cual habían desaparecido en la comisaría de Verneda una serie de joyas cuya dueña era una ciudadana rumana que denunció los hechos.

No estaban las joyas, ni las sustancias estupefacientes, ni las fotocopias de los pasaportes. Pero existían las fotos que había hecho la Policía Científica. ¿Seguro? Como por arte de magia, las fotos también habían desaparecido. Alguien las había borrado. ¿Es o no es la operación Ilusionista? Sin duda alguien o algunos querían proteger a Martín Pujal, pero que pudieran hacerlo con tanta facilidad en un centro policial es lo que critica severamente la sentencia.

Pero la realidad es que nunca más se supo de estos objetos. Después de haber sido fotografiados los efectos por la Policía Científica, esas fotos desaparecieron del reportaje con la pobre excusa de que lo que se investigaba era el robo de la taquilla y no su contenido, lo cual no puede entenderse más que en clave de los manejos de unos y otros para que se perdiera el rastro, pues lo habitual es que, en la duda, la Policía lo guarde todo, y en el fondo, que no se encontraran esas joyas, que no se pudiera comprobar si correspondían a la denunciante Daniela Enfimescu, ni tampoco si la sustancia estupefaciente hallada pertenecía a algunas diligencias policiales —que quizás por mala práctica se hallaba en la taquilla de un policía en lugar de en un depósito de efectos o haber sido destruida dejando constancia—, solo beneficia a Martín Pujal, lo que parece imposible que pase desapercibido.

Sigamos con la sentencia, que ahonda en los males que propicia la corrupción policial.

Por tanto, más allá de la percepción desagradable e inquietante que hemos tenido de luchas internas dentro de la sección de investigación de la UCRIF, entre esta y la Brigada Científica, y de la evidencia de mutuas sospechas, rencillas y venganzas para apoyar o desacreditar a uno o a otro según lealtades que no comprendemos; declaraciones para exculparse, de pruritos personales para encabezar la investigación, posturas justificables solo desde la prevención y la autoprotección, que solo hacen daño al Cuerpo Nacional de Policía, ya que salpican innecesariamente al conjunto de quienes lo integran y siembran dudas sobre su manera de proceder cuestionando su trabajo diario, debemos constreñirnos al análisis del hecho de la omisión en el atestado. Una omisión que falsea el documento, pues, al no hacer constar la existencia de los efectos, se omiten elementos que, de haberse reflejado, hubieran sido objeto de investigación.

Pero aún más duro resulta leer este párrafo:

Debemos significar con la mayor contundencia que los hechos son muy graves. En nuestro trabajo diario, en la judicatura, en el ámbito penal, en los tribunales, partimos de la total credibilidad que ofrecen los agentes de Policía que intervienen, y de lo que reflejan en los atestados que confeccionan. Un alto porcentaje de las sentencias condenatorias se basan en testimonios de policías que van al juicio a explicar lo que consignaron en el atestado y su correspondencia con los hechos en los que intervinieron y denunciaron, en definitiva, sobre lo que hicieron constar en los atestados. Los jueces y las juezas de instrucción se basan en los atestados para apreciar la concurrencia de indicios, para acordar medidas cautelares restrictivas de libertad a ciudadanos y ciudadanas, y es en base a los atestados y los datos que aportan que se acuerda proseguir la investigaciones, por ello la conducta tiene una dimensión y gravedad en la forma de hacer que nos parece merecedora del reproche penal que se hace por el Ministerio Fiscal.

Esta reflexión última viene a poner de nuevo el dedo en la llaga en un asunto que resulta crucial: la necesidad de que sean policías honestos, éticos y profesionales los que confeccionen los atestados. Un estado de derecho no se puede permitir la existencia de agentes que distorsionen la realidad, la manipulen o, lo que es peor, la falseen. Solo la posibilidad de que eso llegue a pasar ya es la peor de las noticias para la credibilidad de nuestras instituciones.

Hay otro hecho que conviene resaltar. En sus sentencias los jueces insisten una y otra vez en poner sobre la mesa actitudes que son poco compatibles con el estado de derecho por parte de determinadas prácticas de algunos de los componentes de los cuerpos de seguridad. Y no solo eso. Sus críticas se encaminan en numerosas ocasiones a ese estado de permisividad o inacción por parte de los últimos responsables de estas fuerzas incapaces de atajar los problemas. Las sentencias absolutorias, o con penas mínimas, las prescripciones, la «comprensión» de determinadas actitudes contribuyen a orillar un problema que existe, que es real, aunque afecte a una mínima parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que nunca se ha querido abordar por miedo a saber hasta dónde pueden llegar las raíces. «La mierda es mejor no menearla», hemos oído ya en numerosas ocasiones.

Pero profundicemos un poco más en la sentencia. Se da la circunstancia de que el policía peor parado de esta causa ha sido precisamente el inspector Abundio Navas, autor de esa falsificación en el atestado que aparentemente tenía como objeto proteger al inspector Martín Pujal, conocido como el Ilusionista.

Esa extraña y supuesta protección le ha acarreado a este inspector una de las penas más severas del Supremo. Tres años de cárcel. Durante el juicio, el inspector Navas afirmó cosas sorprendentes, hasta el punto de que fue interrumpido en algunas ocasiones por los magistrados para que aclarara lo que estaba diciendo. En otras palabras, Abundio Navas puso en marcha el ventilador y acusó a sus jefes directos de impedirle investigar sobre las actividades de Martín Pujal por la sencilla razón de que tenían miedo, miedo a lo que este pudiera contar o decir sobre las supuestas conexiones del entonces jefe policial de Cataluña, José Irineo López, con la mafia rusa. Según declaró en el juicio el inspector Abundio, aquel le llegó a decir que «no meneara la mierda, porque Martín Pujal amenaza con poner el ventilador».

Supuestamente, Martín Pujal conocía a través de su esposa, también funcionaria de Policía, datos comprometedores del exjefe de Policía que le podrían vincular con la desaparición y borrado de algunos discos duros de la Subdelegación del Gobierno, donde se tramitaron los permisos de residencia de un buen número de ciudadanos rusos de manera presuntamente irregular y que pasarían así a engrosar las huestes de la mafia rusa en España, asunto por el que aún está imputado el exsubdelegado de Gobierno en Barcelona, Eduard Planells.

Fuera cierta o no esa insinuación del inspector, lo cierto es que la propia Guardia Civil denunció en su día el borrado de infinidad de datos en los ordenadores de la Subdelegación del Gobierno. Conviene aportar otro dato más. Todas estas presuntas irregularidades se conocieron a raíz de la puesta en marcha de la operación Avispa en el año 2005, la mayor acometida policial contra la mafia rusa que se había hecho hasta entonces en ningún país europeo y que tuvo como epicentro la ciudad de Barcelona. Fue vendida como un éxito policial y de la Fiscalía Anticorrupción, siempre muy atenta a las infiltraciones de esta peligrosa mafia en nuestro país. Pero en cierto modo también fue un fracaso. El principal cabecilla de la red mafiosa, Tariel Oniani, consiguió escapar de la Policía y evitar su detención instantes antes de que los agentes irrumpieran en su lujoso chalet de la Ciudad Condal. Si lo hizo fue gracias a un chivatazo desde dentro, desde la propia estructura policial. Eso empañó la operación y puso sobre aviso a los fiscales de que la penetración de las redes mafiosas rusas en España era algo más que una amenaza. Sus contactos con la clase empresarial y política catalana así lo demostraban. El juez Andreu tomó declaración como testigo a un veterano expolicía de la ciudad de Barcelona, Rafael Álvarez, antiguo jefe de la brigada de antiatracos de Barcelona y posteriormente jefe superior de Policía en Bilbao. Fue condenado por su relación con el secuestro del ciudadano vasco Segundo Marey, acción reivindicada por los GAL. Según consta en el sumario, Álvarez ejerció como asesor en materia de seguridad de la mafia rusa y fue contratado por el número 3 del escalafón mafioso Malchas Tetruaschvili. También fue interrogado como testigo el diputado de CiU Fernández Teixedó. Nunca se supo cuál fue el origen de aquella filtración.

José Irineo López, el jefe policial de Cataluña, abandonó el cuerpo y pasó a desempeñar un cargo como jefe de seguridad en Cataluña Caixa. Las puertas giratorias en la profesión policial son también una constante no lo suficientemente aclarada. Casi todos los altos cargos acaban desempeñando funciones como jefes de seguridad en las grandes empresas, corporaciones, bancos, empresas de seguridad o entidades de todo tipo. Se va tejiendo así una telaraña donde no se sabe bien dónde empieza lo privado y termina lo público. Un asunto que requeriría otro libro por sí solo. Dejaremos el proyecto quién sabe si para el futuro.

Precisamente uno de los dueños del club Riviera, el empresario Antonio Herrero, en su afán por diversificar negocios, contribuyó a la creación de una empresa de seguridad, Abymatic, donde dio trabajo a algunos exmiembros de las Fuerzas de Seguridad y a cuya cabeza situó como delegado de la zona norte a un exjefe de la Ertzaintza. Otro policía vasco figuró como administrador único de Abymatic. Un tanto sorprendente. El mundo es diverso y variado, y en las sociedades actuales es posible regentar un club de alterne y una empresa de seguridad. Nada que objetar. Pero el hilo conductor de Antonio Herrero nos lleva a abordar un tema del que hasta ahora se ha hablado poco y creo que conviene hacerlo.

Un paseo por las alcantarillas

Cuando los clientes del Riviera pagaban con tarjeta, los ingresos revertían directamente en una sociedad radicada en el País Vasco que extendía sus tentáculos hasta el tristemente famoso club La Rosa de Oyartzun, en Guipúzcoa. Una de las personas que regentó este club en la década de los ochenta fue precisamente Antonio Herrero. Tanto él como su socio Luis Astiazaran figuran en algunos informes de la propia Guardia Civil de la época vinculados con lo que se conoció como la trama verde Intxaurrondo, esto es, un grupo de personas dedicadas al contrabando, al tráfico de drogas y a la prostitución que gozaban de la protección de determinados elementos de la Benemérita adscritos al cuartel de Intxaurrondo, cuyo máximo responsable era el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, uno de los buques insignia en la lucha contra el terrorismo de ETA, si bien ya sabemos que su carrera terminó con la sentencia a setenta y cinco años de cárcel dictada por el Supremo contra él por el asesinato de los jóvenes Lasa y Zabala.

No es de extrañar que el abogado de la defensa de Antonio Herrero esgrimiera en su alegato final durante el juicio del Riviera y el Saratoga un argumento que llama la atención: la importancia de los burdeles en la lucha contra el terrorismo como fuente de información.

En noviembre de 1988, el capitán Juan Manuel Castañeda Becerra y el guardia segundo Garcilaso Casado Muñiz, ambos pertenecientes a la unidad de servicios especiales del Servicio Central de Información de la Guardia Civil, pusieron en conocimiento del entonces fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, una información que alertaba de «la evidente implicación» de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el narcotráfico y el contrabando. En concreto, estos miembros de las Fuerzas de Seguridad estarían protegiendo tres redes ilegales de contrabandistas y narcos gallegos, vascos y franceses. El capitán Castañeda aseguró al fiscal Navajas que sus informaciones procedían de dentro de las propias redes y de las confidencias realizadas por los narcotraficantes. El informe citaba a un total de 13 guardias civiles, un inspector de Policía y 17 civiles. Estos nombres originales citados en el informe Navajas aparecieron posteriormente en investigaciones internas llevadas a cabo por la propia Guardia Civil a finales de los ochenta.

La investigación de la propia Guardia Civil también fue cortocircuitada de manera interna, a pesar de que algunos informes secretos daban veracidad a lo relatado por Navajas.

En la última página de este informe se insiste en la veracidad de las informaciones y se avisa de las dificultades para poder realizar una investigación en profundidad.

Lo que se describe en el informe Navajas y en los posteriores informes de la propia Guardia Civil, como el utilizado aquí, que alerta de la posible realidad de todo lo que se detalla en él, puede llegar a poner los pelos de punta. Posiblemente, y a pesar de que el informe, o una parte del mismo, ya se publicó en su momento, aún esté muy cerca el impacto que el terrorismo etarra causó sobre la sociedad para que podamos abrir esa caja de Pandora, máxime teniendo en cuenta que han sido los agentes de la Guardia Civil los que más han sufrido el zarpazo de la organización terrorista. No quita, de todos modos, que reconozcamos su labor y su sacrificio, y que a la vez alertemos de las zonas oscuras que esta lucha tan difícil fue dejando en la sociedad española.

Hay que insistir, sin embargo, en un aspecto. Fueron los mandos de la propia Guardia Civil los que visitaron al fiscal Luis Navajas para poner en su conocimiento hechos que eran lo suficientemente graves como para ser investigados. Otra de las visitas que recibió Luis Navajas fue la del teniente coronel Quintero, responsable del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, acompañado de nuevo por el capitán Castañeda. Con todos esos datos, y las comprobaciones y entrevistas que el propio fiscal realizó, Luis Navajas elaboró un informe, el conocido como «informe Navajas», que elevó al fiscal general del Estado, Javier Moscoso. Ni que decir tiene que el informe maldito quemaba las manos de todo el que lo contemplaba, y que tanto Moscoso como su sucesor, Leopoldo Torres, loe dejaron dormir en un cajón.

El propio Luis Navajas recomienda en sus conclusiones que las investigaciones deberían ser llevadas por 15 o 20 guardias civiles del servicio central de información. Recomendaba la investigación de los patrimonios de las personas denunciadas y de sus familiares, y la interceptación de los teléfonos, pero no en las centrales telefónicas, sino fuera de las mismas «para evitar ser detectadas». Del informe Navajas no se volvió a hablar hasta que en al año 1993 una denuncia presentada por una asociación de lucha contra el narcotráfico lo puso otra vez de actualidad.

El entonces juez de San Sebastián, Fernando Andreu, hoy titular de un juzgado en la Audiencia Nacional, fue el encargado de investigar estas supuestas conexiones de guardias civiles y narcotraficantes. La Guardia Civil, a instancias del juzgado, elaboró un nuevo informe conocido como «Arca de Noé», en el que definitivamente exculpó a los mandos de Intxaurrondo, aunque reconoció conexiones de miembros de las Fuerzas de Seguridad, también de dos ertzainas, con contrabandistas y con proxenetas. Finalmente, la causa fue archivada. Del informe Navajas nunca más se volvió a saber. Entre las circunstancias malditas de este informe figura el hecho de que algunos de los que lo conocieron o estuvieron implicados en él fueron asesinados a manos de ETA: los presuntos contrabandistas Olarte y Santamaría, el guardia municipal Morcillo, el inspector Enrique Nieto, el concejal del PP Gregorio Ordóñez o un guardia civil conocido como Tolo.

El problema de todas las cuestiones que ha planteado el informe Navajas es que no se investigó en su momento. El miedo a descubrir si podía haber algo de verdad en todas aquellas manifestaciones y denuncias paralizó a quienes en su momento algo podían hacer para aclararlo. Por eso este informe ha permanecido como una sombra del pasado en la sociedad española, un monstruo oculto al que nadie se atrevió a mirar. La sospecha de la conexión entre mafias policiales y narcotraficantes no se disipó nunca. Las sociedades maduras democráticamente afrontan sus problemas de cara, sin temor a que resplandezca la verdad. Pero a finales de los ochenta, con el terrorismo etarra golpeando y recién salidos de la llamada «guerra sucia» del GAL, el horno no estaba para bollos, y la madurez democrática aún estaba, tal vez todavía lo esté, por llegar.

De lo que no cabe duda es de que después de este informe, en los años siguientes, hemos asistido a hechos un tanto desconcertantes, y que de una u otra forma están conectados con lo que allí se contaba. En el año 1992 la Guardia Civil puso en marcha la denominada operación Pitón contra una red de narcotráfico controlada por la mafia calabresa en la provincia de Cádiz. En aquella ocasión resultaron detenidos cuatros guardias civiles y dos policías nacionales acusados de favorecer las operaciones de narcotráfico. Uno de los guardias civiles detenidos había pasado con anterioridad por lntxaurrondo, fue el responsable fiscal del puerto de Pasajes y, gracias a su seguimiento, se obtuvo precisamente una de las pistas para el desmantelamiento de la red.

En el año 1993 se inició el caso UCIFA, la unidad de la Guardia Civil destinada a la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero. Por primera vez en la historia de este país, un juez entró en las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil para llevar a cabo un registro en aquella unidad. El juez Garzón, magistrado entonces de la Audiencia Nacional, tenía pruebas fundamentadas de que los componentes de la misma favorecían el tráfico de cocaína con el objetivo de apuntarse méritos y que además pagaban a sus confidentes con una parte de la cocaína que sustraían de las incautaciones. El Supremo confirmó las sentencias a altos mandos de la Guardia Civil y dio un espaldarazo a la investigación iniciada por el juez, no exenta de problemas y de dificultades. Entre los condenados figuraban el coronel Quintero, el mismo que había acompañado al capitán Castañeda a hablar con el fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, y el comandante Pindado, proveniente también de Intxaurrondo, de los grupos de élite de la Guardia Civil en la lucha contra ETA.

En agosto de 1999 fue detenido el teniente coronel Máximo Blanco López, tras una operación de la Guardia Civil en Sant Carles de la Rápita, Tarragona. Los agentes acababan de incautar 5.400 kilos de hachís en un yate amarrado en el puerto cuando vieron merodear por los alrededores un coche que les levantó sospechas al intentar zafarse de su vigilancia y realizar extrañas maniobras. Una vez parado el vehículo, los guardias civiles comprobaron que en su interior viajaba Máximo Blanco, quien no supo dar razones convincentes del motivo de su estancia en el lugar. Los agentes le tomaron declaración y le dejaron en libertad, pero su teléfono apareció en la agenda de uno de los narcotraficantes detenidos en la operación. Además era socio del dueño del yate en donde se apresaron los más de cinco mil kilos de hachís. En sus cuentas figuraban también ingresos millonarios realizados por alguno de los detenidos. Con esos datos, la jueza encargada de la operación ordenó su detención y su entrada en prisión.

Máximo Blanco fue hasta 1993 la mano derecha del coronel Enrique Rodríguez Galindo en la comandancia de Intxaurrondo. Su traslado ese año se vendió como un cambio voluntario de destino. Sin embargo, fueron otras las razones reales del cambio. Blanco había pedido dos millones de pesetas a José Manuel Olarte, alias Plomos, presunto contrabandista y narcotraficante, que con posterioridad sería asesinado por ETA. Así lo confirmaron los informes internos de la Guardia Civil. En el ya comentado informe Navajas, Oliarte aparecía como una de las figuras clave en todo el entramado y el encargado de pagar a los agentes que trabajaban para su servicio sueldos que podían rozar el millón de pesetas mensuales.

Olarte mantenía excelentes relaciones no solo con miembros de la Guardia Civil, sino también con los responsables de la brigada de estupefacientes de San Sebastián. La presencia del supuesto contrabandista fue detectada en la cena despedida de un alto mando de esta unidad cuando cambió de destino. Sus relaciones también se extendían a la Ertzaintza. Algunas conversaciones telefónicas grabadas a instancias del juzgado número 1 de Guipúzcoa también detallan los favores de algunos miembros de la Policía vasca sobre la petición de matrículas de coches que le seguían.

Desde luego, no era muy ético que un mando de la Guardia Civil hubiese solicitado un «préstamo» a un presunto contrabandista. Una vez más se prefirió mirar para otro lado. Y Máximo Blanco gozó de otros destinos en Extremadura y Madrid. Incluso su condena por narcotráfico de seis años, dictada por la Audiencia de Tarragona, no le impidió seguir ascendiendo en el escalafón. Según denunciaron las asociaciones de lucha contra el narcotráfico, Máximo Blanco ascendió a coronel en la época de José Bono como ministro de Defensa. Imaginamos que pudo mediar un indulto, cosa difícil de verificar en el país de la transparencia.

En el año 2001, otro mando de la Guardia Civil destinado en el País Vasco durante los años ochenta, el teniente coronel Masa, fue detenido en Valencia acusado de narcotráfico y de estar relacionado con una organización de un cártel centroamericano dedicado al tráfico de drogas y de armas. Masa estuvo implicado en episodios de «guerra sucia» como el del asesinato del dirigente de HB, Santiago Brouard, aunque finalmente quedó exonerado de dichos cargos. Sí fue condenado en firme por un delito de torturas en el año 1993. Tampoco se pudo librar de la condena por narcotráfico. El Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que le condenó a once años de prisión. La sentencia da por probado que Masa actuó como cabecilla de una banda que en enero de 2001 introdujo a través del puerto de Santurce 188 kilos de cocaína, aunque los agentes vigilaron la mercancía hasta su destino final en Valencia, donde Masa fue arrestado.

Pero tal vez el caso más sorprendente de todos cuantos hemos visto sea el del teniente coronel Castañeda. Como recordará el lector, al entonces capitán Juan Miguel Castañeda se le atribuyó una buena parte del informe Navajas, en el que se vertían duras acusaciones contra algunos miembros de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo por sus presuntas vinculaciones con redes de contrabando y narcotráfico. Veinte años después de la realización de este informe, el ya teniente coronel Castañeda, destinado entonces en la comandancia de Guadalajara, fue citado a declarar por el juez Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional. En aquel verano de 2009, el teniente coronel, después de su declaración, salió imputado por una serie de diversos y presuntos delitos, entre otros, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. Castañeda había sido llamado a declarar en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales dirigida contra uno de los grandes capos gallegos del contrabando y del narcotráfico: Marcial Dorado.

La noticia cayó como un jarro de agua fría dentro de la propia Guardia Civil, habida cuenta del expediente y el prestigio del que gozaba el teniente coronel. Su currículo profesional así lo atestigua. Castañeda fue oficial de enlace durante ocho años en la Embajada de España en Rabat, fue miembro del Servicio de Seguridad de la Casa de su Majestad el rey Juan Carlos, perteneció a la Unidad de Servicios Especiales de Información y a la Jefatura de Investigación e Información de la Benemérita. Castañeda, como queda dicho, fue uno de los impulsores del informe Navajas y mantuvo a dos agentes infiltrados en Intxaurrondo, agentes que a su vez trabajaban para los contrabandistas, entre otros, Marcial Dorado. Por si fuera poco, el padre del teniente coronel había sido jefe de protocolo de la Casa Real de Marruecos durante el reinado de Hassan II. Por esa circunstancia, Castañeda nació en Tánger y en los ambientes íntimos se le conocía como El Califa.

Entre los implicados en esta supuesta trama de blanqueo había otro nombre peculiar: el del exguardia civil José Manuel Sánchez Zabala que, junto con su esposa, también resultó imputado. Sánchez Zabala mantenía estrechas relaciones con el teniente coronel Castañeda, que había pertenecido a la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil, encargada de la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo, que, como hemos contado anteriormente, fue desmantelada por el juez Garzón y cuyos máximos responsables acabaron condenados por la Audiencia Nacional, pena que fue ratificada por el Supremo. Esa unidad fue finalmente disuelta en el año 1998.

Uno de los trabajos de Sánchez Zabala en su paso por aquella dependencia fue el de actuar como gancho para atrapar a Dorado. De perseguirle pasó años después a estar en su nómina de trabajadores. No solo eso. Tanto él como su esposa figuraban como administradores de una de las principales empresas de Dorado, Progamallo SA, con sede en Málaga. En el domicilio del matrimonio, sito en la localidad sevillana de Espartina, la Policía halló infinidad de documentos en el ordenador y un pendrive clave para la investigación de todo el entramado de blanqueo. Por esa documentación se pudo saber que Marcial Dorado había lavado dinero en distintos paraísos fiscales, en Suiza y en Marruecos. Y también que el teniente coronel Castañeda se había prestado a colaborar presuntamente en una maniobra elaborada por Dorado para desprestigiar al juez gallego José Antonio Vázquez Taín, que años atrás se atrevió a ir contra él y acusarle de un delito de narcotráfico tras el hallazgo en uno de sus barcos, el South Sea, de 6.000 kilos de cocaína, hechos por los que finalmente sería condenado. La maniobra consistía en elaborar denuncias falsas, con el membrete de documento oficial, e implicar a la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil que se encarga de investigar todo tipo de asuntos relacionados con la delincuencia y el crimen organizado, con la finalidad de enturbiar la reputación del juez y del servicio de vigilancia aduanera, la unidad dependiente del Ministerio de Economía y que tiene como misión la lucha contra el tráfico ilícito en nuestras fronteras y el fraude fiscal.

Tras su imputación, el teniente coronel Castañeda fue apartado de la comandancia de Guadalajara y trasladado a Madrid, donde formó parte del servicio de retribuciones de la dirección general. Un traslado cómodo a la espera de saber cómo evolucionaban los acontecimientos. El juicio por la trama de blanqueo se desarrolló en los primeros meses de 2015 y la Audiencia Nacional condenó a Marcial Dorado a seis años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y le decomisó un patrimonio de 23 millones de euros, en el que se incluyen fincas y numerosas propiedades inmobiliarias. La sentencia fue recurrida al Supremo. Respecto a otros de los acusados, como el exguardia civil o su esposa, fueron condenados a penas más leves, un año y medio de cárcel, por el delito de blanqueo, ya que pactaron con la Fiscalía al haber colaborado en la investigación. Otro de los condenados por blanqueo de capitales fue el abogado madrileño Félix Pancorbo, que ejerce como abogado de ANELA, la asociación de hosteleros y empresarios ligados al mundo nocturno de los clubs de alterne. Todo está más conectado de lo que parece a simple vista. El juicio se celebró sin la presencia del teniente coronel Castañeda, aquejado de una grave enfermedad, por la que acabaría falleciendo.

Todas las incógnitas que puede suscitar este caso quedarán en la sombra, me temo que para siempre. ¿Qué es lo que llevó al teniente coronel a colaborar presuntamente con Marcial Dorado? ¿Por qué un hombre de su trayectoria se vio envuelto en un caso tan deplorable? ¿Cuál fue su auténtico papel en la elaboración del informe Navajas? ¿Cuándo y por qué comenzó esa colaboración? Hasta hoy nadie de la Guardia Civil ha dado una explicación sobre el hecho. También ignoramos si se realizó algún tipo de investigación interna, dado que Castañeda ocupó puestos muy relevantes dentro de la estructura policial. Silencio una vez más.

Uno de los argumentos utilizados por la defensa de Dorado consistió en afirmar que su fortuna procedía, no del narcotráfico, sino del contrabando de tabaco —cuando esa actividad no estaba perseguida con la gravedad penal que tiene actualmente— y de haber sido comisionista de la multinacional Reynolds. Y este argumento nos lleva de nuevo a finales de los años ochenta, cuando la justicia helvética puso en marcha una investigación que se conoció con el nombre de la Peseta Connection y que conviene que repasemos.

En los mismos años que se elaboraba el informe Navajas, que también le rozaba, Marcial Dorado aparecía vinculado a una investigación abierta por las autoridades suizas y francesas sobre tráfico de divisas en algunas entidades del país helvético; se calcula que se movieron unos 26.000 millones de pesetas de la época, una cantidad excesiva de dinero para provenir solo del contrabando de tabaco, lo que indujo a pensar que los ingresos por narcotráfico también merodeaban por allí. La investigación corrió a cargo del juez francés Germain Sengelin y del fiscal suizo Jorg Shild. En esta red de contrabando de tabaco, tráfico de armas y lavado de dinero se cruzaban muchos caminos: se hallaban involucrados agentes de la aduana francesa, miembros de los servicios secretos galos, la mafia gallega y ETA. Es decir que, según las primeras investigaciones, la organización terrorista usaba la misma vía para lavar el dinero de sus extorsiones y la adquisición de armamento que la empleada por los contrabandistas gallegos. La causa fue archivada y reabierta en tres ocasiones.

Uno de los personajes que aparecen en esta trama es Michael Haengi, delegado de la multinacional Reynolds en Europa y que era el encargado de suministrar tabaco a los clanes gallegos del contrabando, entre ellos el de Marcial Dorado. Michael Haengi tenía un apodo: Roberto el Suizo. Y una empresa, Porespa, que se encargaba de vender el tabaco a los contrabandistas gallegos y a su vez de blanquear presuntamente el dinero de estos, a través de una tercera sociedad radicada en Liechtenstein, algo a lo que nos hemos habituado en los últimos años. Otro de los actores de esta trama era un tal Georges Philippe, dueño de casas de cambio de moneda y que, según la investigación policial, movía el dinero entre los distintos países. Relacionado con Georges Philippe aparece un nombre que ha dado mucho que hablar en años sucesivos al aparecer involucrado en distintos sumarios en nuestro país, como el de la Gürtel, corrupción política dentro del PP, o la operación Emperador contra la supuesta mafia china: el de Arturo Fasana, bróker suizo, ligado o muy cercano a los servicios secretos españoles y gestor de la ya famosa cuenta «Soleado», descubierta a raíz de un registro con ocasión de la trama Gürtel en su despacho suizo y que oculta los secretos inconfesables de una buena parte de las fortunas de este país.

Las investigaciones de los jueces franceses y suizos no desembocaron en buen puerto, y no se pudo determinar fehacientemente las conexiones de ETA con ese oscuro entramado que concitaban aduaneros, intermediarios financieros, contrabandistas y servicios secretos. Uno de los motivos por los que esta investigación no llegó a ningún sitio fue precisamente por el escaso entusiasmo de las autoridades españolas en investigar la trama. Así lo hizo saber el magistrado francés Sengelin, quien no entendía esa falta de colaboración para desentrañar el posible lavado de dinero de ETA procedente de la extorsión, siendo las finanzas uno de los puntos claves para el desmantelamiento de la organización. Era la época en la que el informe Navajas situaba a varios miembros de las Fuerzas de Seguridad en el ojo del huracán por sus conexiones con los GAL y las redes de narcotráfico y contrabando vascas, francesas y gallegas. Parecía mejor no mover ese avispero.

En el año 1988 se produce otro hecho sorprendente. Faustino Orbegozo es detenido en Barcelona por su relación con una trama de narcotráfico. Orbegozo es hijo del industrial vasco del mismo apellido, Saturnino Orbegozo, secuestrado por la organización terrorista ETA en 1982. Fue detenido por policías de la brigada de estupefacientes en pleno centro de Barcelona cuando conducía un vehículo cargado con 30 cajas de pintura plástica, cada una de las cuales contenía un kilogramo de cocaína. La Policía le seguía la pista después de saber que un cargamento con más de 1.125 kilos de pintura, proveniente de Venezuela, había sido desembarcado en el puerto de Barcelona y depositado en un almacén de la zona franca.

Entre los efectos incautados a Orbegozo figuró una agenda con distintas anotaciones que se añadió al sumario de la causa instruida por un juzgado de Barcelona. En ella aparecieron algunos de los mismos nombres que en esa época eran objeto de investigación por parte de las autoridades francesas y suizas en relación con la llamada Peseta Connection. La empresa Porespa y un tal Roberto, que como ya hemos contado anteriormente corresponde al alias que utilizaba Michael Haengi, delegado de la Reynolds en Europa. Con ello, las sospechas de que la supuesta red no solo blanqueaba el dinero del contrabando de tabaco y de las extorsiones de ETA, sino que también podía blanquear el dinero del narcotráfico, quedaban de nuevo al descubierto.

Orbegozo fue condenado por la Audiencia de Barcelona por un delito de narcotráfico, pero sorprendentemente le vemos de nuevo en acción en el año 2005, en una operación dirigida contra el narcotráfico por parte de la Guardia Civil y que se denominó Renacuajo.

El escenario era el mismo: el puerto de Barcelona. Esta vez la droga procedía de Panamá y una buena parte de los cómplices de Orbegozo pertenecían a clanes colombianos. El hijo del industrial vasco fue de nuevo condenado, a nueve años de cárcel, por un delito contra la salud pública. La sentencia recoge que la organización de Orbegozo «operaba en el puerto de Barcelona… y contaba entre sus miembros con aduaneros, guardias civiles, transportistas, capataces y administrativos del puerto, y que, por dinero, aseguraban a los narcotraficantes la entrada segura en España por dicho puerto de la droga».

De hecho, la sentencia más dura fue para un guardia civil destinado en el puerto. Fue condenado a catorce años de cárcel. Sorprende que en esa misma época, mayo de 2005, cuando se produce la segunda detención de Orbegozo, se acababa de cometer el robo del puerto, la denominada operación Gamba Roja de la que ya hemos hablado anteriormente. Tal vez no le faltara razón al escritor italiano Roberto Saviano, especialista en la mafia de este país, cuando afirmó que Barcelona era el centro europeo del abastecimiento de la cocaína. Tal vez tampoco le faltó la razón al fiscal anticorrupción José Grinda cuando afirmó que en los cuerpos de la Policía y de la Guardia Civil en Barcelona había un problema de corrupción, frase que fue inmediatamente matizada por el mismo fiscal ante el ataque en tromba sufrido por los representantes del Ministerio de Interior. El fiscal se refería a su experiencia con la mafia rusa. Y una vez más tuvo que insistir en la honradez, la entrega y el sacrificio de estos cuerpos en la lucha contra la delincuencia. Aprovechamos para insistir una vez más en los mismos argumentos. No se trata de atacar a las Fuerzas de Seguridad, sin las cuales es imposible el funcionamiento de un estado de derecho. Se trata de desvelar aquellas zonas oscuras que ensombrecen la labor de un colectivo mal pagado, compuesto en su inmensa mayoría por funcionarios honrados y nobles, sin expectativas profesionales en muchos casos, en un país en el que se priman las vinculaciones políticas o los clanes antes que las labores profesionales, un país que tiene pendiente, sin duda, un nuevo modelo policial.

Según Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo:

Por culpa del terrorismo de ETA no se ha hecho nunca un análisis exhaustivo de cómo estaban funcionando los cuerpos policiales. La prioridad era otra, era la eficacia en la lucha contra ETA. Se tenían que hacer buenas operaciones, se tenían que primar los servicios de información y había que detener terroristas. Para esa lucha no había nada que escatimar. Luego los políticos se colgaban las medallas. Siempre que se realizaba una buena operación antiterrorista, allá estaba el ministro de turno apuntándose el tanto. Ante esa prioridad de la eficacia, se dejaban pasar otras cosas. A nadie le interesaba abrir en canal a las Fuerzas de Seguridad y ver qué podía estar ocurriendo. Esos dos fenómenos, la lucha contra ETA casi en exclusividad durante muchos años de las fuerzas policiales y la utilización de los políticos en esa lucha, han marcado la dinámica policial de los últimos años.

Cierto día, hablando con el antiguo secretario de Seguridad Rafael Vera, este me confesó un hecho que me llenó y me sigue llenando de desconcierto. La primera pista que surgió del comando itinerante francés de ETA la proporcionó la mafia marsellesa. Durante años este comando actuó en la sombra y nadie supo nunca de su existencia hasta que Henri Parot, su cabecilla, fue detenido en 1992 casualmente en un control rutinario establecido en la ciudad de Sevilla con motivo de la inauguración de la Expo. El comando francés dependía directamente del dirigente de turno de la organización terrorista y era el secreto mejor guardado de la organización. ¿Cómo pudo saber la mafia marsellesa de la existencia de este comando y que sus componentes eran de nacionalidad francesa? Otra pregunta que ya nunca tendrá respuesta. El caso es que el secretario de Estado pasó esa información a los responsables de la lucha antiterrorista y fue descartada por inverosímil. Probablemente los marselleses, para seguir soltando información, exigieron también algún tipo de contrapartida. El asunto quedó olvidado hasta que tiempo después los hechos dieron la razón a la mafia marsellesa.

La existencia de los GAL, esto es, del terrorismo de Estado, abrió sin duda una vía de agua en el Estado, asunto este que algunos se resisten a tratar o a analizar. Esa extraña unión de miembros de la seguridad y componentes de las mafias, muchos de ellos franceses y con conexiones con antiguas organizaciones paramilitares como la OAS, estampó unas relaciones que casan mal con un estado de derecho y que en algunos casos sobrevivieron más allá de su desaparición oficial. Y la razón es más que evidente. A cambio de sus actuaciones, o de sus silencios, se les permitió establecerse en determinadas zonas del país, especialmente en la Costa del Sol, desde donde siguieron gozando de cierta protección policial para todo tipo de actividades delictivas, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la prostitución o el blanqueo de capitales. Ya en los años noventa se oían voces desde dentro del aparato policial quejándose de esta situación que llevaba a que muchas de las investigaciones emprendidas por funcionarios de Policía contra este tipo de mafias quedaran paralizadas por órdenes superiores. Esas hipotecas del Estado se suelen pagar muy caras, y no solo por la desmoralización que produce en las propias Fuerzas de Seguridad el no poder perseguir delitos. También porque generan un caldo de cultivo propio para la corrupción, para que algunos puedan pensar que ya que lo hacen los de arriba, ellos también pueden hacerlo.

La lista de personas protegidas por las cúpulas policiales es larga, pero tal vez uno de los casos más emblemáticos sea el de Carlos Gastón. Afincado en Estepona desde 1977, siempre mantuvo una buena relación con el comisario de esta localidad Ricardo Ruiz Coll, que, antes de ocupar su cargo en la localidad malagueña, fue jefe en Bilbao de los policías Amedo y Domínguez, y cuyo nombre apareció vinculado a los GAL. Gastón, junto con su cuñado Eduardo Mari Chica, Doudou el Grande, dirigieron el denominado «clan Burdeos», cuyos componentes participaron de manera activa en la «guerra sucia» contra ETA. Gastón tenía una orden de detención en Francia por el presunto asesinato de un matrimonio vasco. También está acreditado que fue él quien pagó en Málaga, en abril de 1985, al mercenario Guy Cantavenera y a los demás miembros de la banda que intervinieron en el asesinato del periodista vasco Javier Galdeano. A pesar de las reclamaciones francesas, Gastón nunca fue molestado por las autoridades españolas. En la Costa del Sol llegó a montar un verdadero emporio de empresas dedicadas al sector inmobiliario, las discotecas, las saunas y los coches de lujo. También controlaba los prostíbulos My Lady Palace y Play Boy de Marbella, así como otros locales y restaurantes en distintas localidades de la Costa del Sol. Como el de casi todos los componentes de estas mafias, su final fue trágico; se ahogó en la piscina de su chalet de lujo en Estepona.

Su heredero al frente de la «empresa» fue Alian David Benhamou, conocido como Chacal. Este fue víctima de un atentado en diciembre de 2004 en el lujoso hotel Andalucía Plaza de Marbella. Él pudo salvar la vida, pero los más de setenta casquillos disparados con una ametralladora segaron la de un niño de siete años y la de un trabajador del hotel.

No merece la pena extenderse en todas estas conexiones contadas muchas veces por los medios de comunicación, pero sí resaltar que las protecciones policiales por intereses de Estado son y han sido a menudo caldo de cultivo para la corrupción policial.

Entre los desastres que también originó la estrategia de la «guerra sucia», hay que contabilizar las vidas rotas de numerosos componentes de las Fuerzas de Seguridad que participaron o se vieron involucrados en sus acciones. Muchos de ellos pasaron definitivamente al otro lado. Aquí también el recorrido sería largo, pero tal vez el nombre del exinspector Michel Domínguez sea uno de los más emblemáticos. Años después de cumplir su condena por su pertenencia a los GAL, fue detenido por su vinculación con una organización de narcotráfico.

Toda esta reflexión sobre narcotráfico, tramas oscuras de financiación y blanqueo de capitales partió de la sentencia del Saratoga y Riviera, y es hora de ir volviendo de nuevo a ella para concluir este capítulo con otro aspecto de la misma.

Como hemos dicho anteriormente, Antonio Lázaro figura como el dueño del club Riviera. Al margen de la sospecha ya contada de lo que significó el clan de la Rosa (proxenetas) y su relación con agentes de Policía, narcotraficantes, confidentes y contrabandistas a finales de los ochenta y principios de los noventa, otro hecho vuelve a ligar a Lázaro con Intxaurrondo: el empresario contrató al mismo abogado que defendió al general en su proceso por el asesinato de Lasa y Zabala, el catalán Josep María Fuster Fabra. Nada sospechoso tiene por qué haber en ello. Fuster Fabra ha estado muy vinculado a la defensa de diversos miembros de las Fuerzas de Seguridad en variados procesos, y algunos le sitúan como persona muy cercana al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La construcción de infraestructuras y numerosos hoteles para los acontecimientos de las Olimpiadas en el año 1992 dejaron, una vez pasados estos, muchas oportunidades de negocio. Aquellas torres hoteleras en la autovía de Casteldefells fueron sustituidas años después por macroburdeles o supermercados del sexo. España se convirtió poco a poco en un paraíso de la prostitución, a lo que en buena medida contribuyó el famoso boom inmobiliario y la alegre circulación del dinero. El despacho de Fuster Fabra realizó los informes jurídicos para evaluar la viabilidad de la aparición de estos macroburdeles.

Pero el Riviera no era el único burdel que controlaba Antonio Herrero. Sus tentáculos se extendían por el País Vasco, otras zonas de Cataluña o Madrid, con algunos tan conocidos como el Flower’s o el Mississipi. Era en esta última ciudad donde Herrero también tenía bajo sueldo, según denuncia que recoge el sumario de la instrucción por la causa de estos macroburdeles, al jefe de la Policía local de la localidad madrileña de Coslada, Ginés Jiménez, procesado en la llamada operación Bloque, un presunto caso de corrupción que salpicó a un buen número de agentes de la Policía local de este municipio.

Según declaró el empresario Manuel Adolfo García, exsocio de Herrero, Ginés se encargaba de todo lo relacionado con los trabajadores de los clubs de alterne y con los clientes más conflictivos, también, de no recibir visitas inoportunas. En su declaración, Adolfo García dijo haber presenciado en persona los pagos que Herrero efectuaba al sheriff de Coslada en la marisquería Casa Nemesio y que oscilaban en torno a los diez mil euros mensuales, hecho que ha negado Ginés Jiménez siempre que se le ha preguntado.

Pero los pinchazos telefónicos a los que fue sometido Herrero durante la investigación policial revelan otros contactos del empresario con miembros de las Fuerzas de Seguridad en Madrid. El 19 de mayo de 2008 Herrero es informado por un policía nacional de una redada que se va a producir en el club Factory. Otros pinchazos alertan de nuevas redadas en otros clubs de su propiedad, pero finalmente quedan en nada gracias a que algunos agentes de los que intervienen están supuestamente en la nómina del empresario. El fiscal Fernando Bermejo, que dirigió la investigación del Saratoga y el Riviera, solicitó a los juzgados de Majadahonda que abrieran una investigación sobre esta supuesta trama en Madrid.

De lo que nadie duda ya es de que Herrero gozaba de buena protección allá donde instauraba sus macroburdeles. El empresario también disponía de buenas relaciones con dirigentes del PP. Según la prensa vasca, compró el palacete que la familia de Mayor Oreja poseía en Donostia y adquirió dos inmuebles en una zona de lujo de Madrid, propiedad ambos de Romualdo Hernández Mancha, hermano mayor del expresidente de Alianza Popular.

En la causa del Saratoga y del Riviera también fue imputado el abogado y dirigente del PP en Cataluña, Fernando Martínez. Este ejercía como abogado asesor de los empresarios de locales de ocio nocturno catalanes.

La Audiencia de Barcelona le condenó a él y a otros dos abogados de su mismo despacho a seis años de prisión por un delito de extorsión ejercida contra esos mismos empresarios, en una dinámica que consistía, en supuesta complicidad con el inspector Martín Pujal (recordará el lector que este inspector dio nombre a la operación Ilusionista), realizar redadas en sus clubs y luego exigirles una cantidad de dinero, ya en comisaría, para que el procedimiento no siguiera hacia adelante con la amenaza de que pudieran acabar en la cárcel.

El informe realizado por la brigada de Asuntos Internos de la Policía llamado «Gata» constató esas prácticas, si bien durante el juicio no se pudo probar con rotundidad que el inspector formara parte de esas extorsiones, por lo que él finalmente resultaría absuelto de ese delito. Aun así, la sentencia deja la duda en el aire…

Solo queremos insistir en algunos datos que reflejan, como también hemos puesto de manifiesto, que aunque no se prueba la connivencia, entre el inspector y los letrados había más que una relación profesional; e insistir en que como jefe del grupo primero podía y tenía capacidad de propuesta para realizar inspecciones.

Los abogados serían también finalmente absueltos por el Tribunal Supremo, pues no se entendía muy bien, dice el razonamiento del alto tribunal, que después de haber sido extorsionados los empresarios, estos siguieran contando con sus servicios.

Como ya dijimos anteriormente, fueron los Mossos d’Esquadra los encargados de realizar las investigaciones policiales sobre la trama de corrupción en el Saratoga y en el Riviera. Para ello se conformó una unidad especial que se denominó unidad adscrita. Esta misma unidad va a ser la protagonista del siguiente caso, pero con una novedad: por primera vez en la historia de este país, los servicios internos de los tres cuerpos policiales que operan en Cataluña, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, van a tener que intervenir en una misma causa ante las sospechas de irregularidades en los tres cuerpos. Por eso, la causa recibe el nombre de operación Macedonia.

El postre

El caso Macedonia es complejo y prolijo. Constituye una mezcla variada de episodios y relatos en los que sería necesario tener una guía especializada para no perderse. La virtud del mismo, desde la perspectiva de la información, es que vuelve a reflejar un mapa preocupante, con conexiones y actuaciones difíciles de entender y que aún requieren muchas explicaciones. A juicio de este autor, y para una mejor comprensión por parte del lector, es mejor comenzar por el final.

La unidad adscrita de los Mossos d’Esquadra interviniente en la investigación que destapó la trama de corrupción en el Saratoga y Riviera fue requerida por el titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para investigar una supuesta trama de narcotráfico. El inicio del procedimiento había tenido su origen en 2009 en una actuación dudosa de la Guardia Civil, a juicio del instructor, con la detención de un presunto narcotraficante, y en el posterior atestado realizado sobre la cantidad de droga aprehendida (los dos agentes de la Benemérita serían con posterioridad absueltos en enero de 2015 por la causa que se abrió contra ellos). A partir de ese momento, el juez requirió al SAI que investigara el comportamiento de los guardias civiles que habían participado en esa detención y ordenó a los Mossos abrir una investigación sobre esa supuesta trama de narcotráfico de la persona detenida. Casi seis años después, enero de 2016 (fecha en la que se ultima este libro), varios de los componentes de esa unidad de los Mossos d’Esquadra permanecen imputados por el juez Aguirre, entre ellos, uno de sus responsables, el subinspector Antoni Salleras, y cinco subordinados, por los presuntos delitos de omisión de perseguir delitos, ocultación de documentos, revelación de secreto, falsedad en documento público, obstrucción a la justicia, encubrimiento y tráfico de estupefacientes. Es decir, que los investigadores pasaron a ser investigados y posteriormente imputados por proteger supuestamente a narcotraficantes y a varios agentes de la Policía catalana que guardaban relación con ellos. También a día de hoy el juez mantiene una soterrada guerra contra la fiscalía, partidaria de archivar la causa contra estos policías, en los que no observa una actuación delictiva aunque sí a veces un comportamiento irregular o incomprensible. De momento, la Audiencia de Barcelona ha dado la razón al juez para que siga instruyendo la causa, pero le recomienda que cierre ya el proceso y fije sus conclusiones.

Advierte la Audiencia del peligro de fiscalizar toda la actuación policial. Tal y como se ha desarrollado esta causa, no es difícil pensar que el juez Aguirre debe de tener muchas dudas y sospechas a la hora de poner punto final al procedimiento. Cuando a uno le ponen pantalla tras pantalla sobre los ojos, es difícil acabar manteniendo la objetividad y más difícil saber cuál de todas esas pantallas es falsa o cual refleja la realidad. Con esta reflexión no dudo de la capacidad del juez Aguirre, simplemente expongo una situación un tanto extraña en la que el juez ha tenido que lidiar no solo con las investigaciones cruzadas de tres cuerpos de Policía, sino también con los informes cruzados de los servicios de asuntos internos de esos tres cuerpos.

Para seguir contando el final de esta historia hay que resaltar un hecho novedoso: el confidente de todas las salsas y de todos los cuerpos, Manuel Gutiérrez Carbajo, que como recordará el lector intervino en el caso de la Gamba Roja (del puerto de Barcelona) y de los clubes Riviera y Saratoga, resultó imputado en esta causa por el juez Aguirre por un presunto delito de tráfico de drogas. Parece que la impunidad de la que gozaba ha encontrado un dique de contención en la decisión del juez. Lo llamativo del caso es que la causa también ha servido para desvelar que Gutiérrez Carbajo no solo gozó de la protección del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en épocas anteriores, sino que también presuntamente había empezado a gozar de la protección de los Mossos.

Finalmente, lo último que se sabe de la causa es la realización de un informe extenso de la Policía Nacional en julio de 2015 y remitido al juzgado, en el que se concluye que los Mossos cometieron irregularidades al no investigar indicios evidentes y al omitir informaciones que involucraban a Gutiérrez Carbajo en una trama de narcotráfico. También omitieron datos deliberadamente sobre un tal Tarek, al que finalmente localizó y detuvo la Guardia Urbana. El informe policial también arremete contra el modo de proceder de la Guardia Civil en la defensa de sus agentes implicados hasta el punto de acudir a un senador de CiU, Jordi Casas, para que mediara ante la Fiscalía. También apunta que para costear la defensa de los agentes implicados pudieron tantear a un empresario que previamente había sido investigado por narcotráfico. Señala el informe que la Guardia Civil debió investigar a su vez al confidente Gutiérrez Carbajo, pues tenía datos sobre su implicación en asuntos de tráfico de drogas. Tampoco se libra de las críticas la propia actuación de la Policía Nacional, pues, según indica, los agentes encargados de la investigación sobre una posible trama de narcotraficantes iniciada en la comisaría de Cornellá tenían datos suficientes como para haber procedido de otra manera y considera la actuación de esos policías «al menos de irregular».

Por último, el informe detalla el constante tráfico de llamadas que hubo entre Gutiérrez Carbajo con distintos mandos de los Mossos y con un alto cargo de la Oficina Antifraude de Cataluña, que, a pesar de haber recibido una moto como regalo de aquel, también resultaría absuelto.

Hemos empezado por el final y ahora conviene que vayamos al principio. Pero antes una pequeña aclaración. No es fácil entender este caso en toda su magnitud si uno no tiene en cuenta que en él se entrecruzan guerras de confidentes, utilización de los cuerpos de seguridad por parte de estos, y conflictos entre los distintos cuerpos policiales que operan en Cataluña. El puzle es complicado de resolver y muchas veces uno puede perder la perspectiva del trasfondo de todo esto, aunque lo que sí es seguro es que no parece asumible tanta pérdida de medios y de efectivos en resolver asuntos internos que debieran ser evitados a toda costa. Es posible que todo quede disuelto como un azucarillo, pero vuelve a poner encima de la mesa un debate pendiente: el modelo policial en España.

El 28 de mayo de 2009 la Guardia Civil recibió una llamada anónima (más tarde se sabría que procedió de un miembro de la Guardia Urbana) alertando de que un presunto narcotraficante, Juan Miguel Bono, iba a recoger una importante cantidad de droga en el centro de Barcelona. Una patrulla de miembros del instituto armado acudió a las inmediaciones del lugar y allí observó cómo el supuesto traficante acudía con su moto y se detenía al lado de un vehículo estacionado. Tras abrir el maletero y comprobar lo que había dentro, se introdujo en el auto, momento en el cual fue interceptado por los agentes. Las diligencias instruidas a partir de ese momento causaron cierto asombro en el juez, que no entendía muchos de los hechos que constaban en ellas, como que no se tuviera previamente identificado el coche donde se ocultaba la droga, o que no constase que en el momento de la detención de Bono se le había intervenido un teléfono móvil. El informe sobre la droga hallada también desató sus recelos. En él se decía que los paquetes encontrados en el maletero contenían cocaína, en cantidad de 9 kilos y medio, meta-anfetamina (10 kilos, 550 gramos), supuesta anfetamina (10 kilos, 250 gramos), codeína, (11 kilos, 950 gramos) y sustancia sin determinar (11 kilos, 850 gramos). La apreciación de todas estas sustancias se basaba en sus características organolépticas (a través de los sentidos), a la espera de la confirmación por un posterior análisis toxicológico. El posterior estudio dio como resultado que todo era azúcar y yeso, salvo un paquete de cocaína que no llegaba a pesar un kilo. El juez se mosqueó definitivamente y requirió los servicios del SAI para que aclarara el entuerto. En un principio sus sospechas le hicieron pensar que se había producido un cambiazo (cocaína por azúcar y yeso) dentro del propio cuartel de la Benemérita. Veamos escritas las dudas del juez.

Con estas dudas sobre la actuación en la detención del presunto narcotraficante comenzó el caso Macedonia, dudas que se incrementaron cuando al detenido, Juan Miguel Bono, le fue a visitar en el cuartel de la Guardia Civil un inspector de la Policía Nacional de la comisaría de Cornellá, inspector que a su vez dirigía una investigación sobre la misma trama delictiva del detenido y que con autorización de un juzgado de Gavá tenía pinchados varios teléfonos de la misma. El grupo 2.º de la comisaría de Cornellá había iniciado las escuchas sobre la trama el día 20 de mayo de 2009, es decir, ocho días antes de que uno de los investigados, Juan Miguel Bono, fuera detenido por la Guardia Civil. En el transcurso de esa semana, las escuchas depararon algunas sorpresas a los miembros de la Policía Nacional. Veamos un informe del SAI.

En fin, algo olía a chamusquina en esas intervenciones telefónicas. Los agentes de policía no tuvieron ocasión de oír muchas más cosas. Pero los responsables de la investigación fueron a hablar con el comisario José Bolívar, citado en las conversaciones. Así lo recoge el informe del SAI.

El día 28 de mayo, la Guardia Civil detiene a Bono en el centro de Barcelona a través de una llamada anónima. Y el 8 de junio, diez días después, los funcionarios policiales de Cornellá remiten un escrito al juzgado en el que solicitan el cese de las escuchas y el final de la investigación. Para el juez todo resultaba demasiado raro y demasiado inquietante. Se supone que una investigación abierta por la Policía debía constar en el CICO por aquello de la coordinación, y se supone que la Guardia Civil, a través de una llamada anónima, no interviene de modo tan directo en una operación, sin saber exactamente lo que está en juego, y en un lugar, el centro de Barcelona, que se supone no es de su competencia directa. El resultado final de todo este embrollo es que la investigación policial de Cornellá quedó cortocircuitada.

Pero las dudas siguieron acrecentándose cuando el famoso confidente Gutiérrez Carbajo llamó a un agente de la Guardia Civil para informarle de que todo era una trampa, que les habían utilizado en una supuesta guerra de confidentes y de distintos grupos mafiosos, porque el destinatario de esa encerrona era él mismo.

Con todos estos elementos y algunos más, el juez ordenó que la investigación sobre la supuesta red de narcotraficantes pasara a manos de la unidad adscrita de los Mossos d’Esquadra, ya que las diligencias previas del juzgado de Gavá habían sido archivadas y el juzgado se había inhibido a favor del de Barcelona. Asimismo, requirió la intervención del SAI de la Guardia Civil para que investigara la intervención de los agentes en la detención del traficante y en el posterior atestado sobre la droga. También solicitó el concurso del SAI de la Policía Nacional para que investigara los comportamientos de la Policía de Cornellá y su más que sospechosa visita al detenido en un cuartel de la Guardia Civil. El sumario se empezó a llenar de piezas separadas, declaradas secretas.

Pero la causa estaba llamada a complicarse. El juez se enteró, a través de un informe realizado por un perito de la acusación particular, de que la unidad adscrita de los Mossos estaba presuntamente ocultando información de las escuchas que practicaba sobre la banda de presuntos narcotraficantes y que estaba protegiendo a Gutiérrez Carbajo y sus conexiones con otros policías catalanes. Entonces solicitó la intervención del SAI de los Mossos para que investigara esas posibles omisiones. Aun así, no debió fiarse mucho de la independencia de esta unidad, cuando, en un hecho sin precedentes, ordenó que la Policía Nacional registrara la sede central de los Mossos en Sabadell y se hiciera con todos los discos duros de las intervenciones telefónicas practicadas, algo que debió herir profundamente la susceptibilidad de los propios Mossos. Ahora entendemos mejor, eso al menos creo, por qué se llama Macedonia a esta operación.

El resultado de tantos servicios de Asuntos Internos interviniendo en el sumario fue la rápida detención de los presuntos narcotraficantes, así como las de Gutiérrez Carbajo y tres policías autonómicos, por su presunta vinculación con la trama.

Pero el juez no se quedó satisfecho. Supuestamente, los mossos de la unidad adscrita le habían ocultado parte de la verdad, datos sobre la trama, y habían incumplido con sus deberes policiales protegiendo a agentes presuntamente corruptos y a narcotraficantes. Así que les abrió una nueva pieza y citó a seis agentes como imputados. Estas son sus reflexiones en el auto.

El sumario de Macedonia también trajo consigo aparejado el registro de una de las joyerías emblemáticas de Cataluña: la joyería Rabat. Como ya dijimos en páginas anteriores, el confidente Gutiérrez Carbajo era un antiguo y buen cliente de tan distinguida joyería, y poseía una cuenta abierta en ella con la que supuestamente obsequiaba con relojes y joyas a algunos de los policías con los que se relacionaba. El registro del establecimiento lo llevaron a cabo los Mossos. En sus archivos los investigadores hallaron cuentas abiertas a nombre de varios jefes de la Policía Nacional y de los Mossos. El SAI de la Policía Nacional investigó uno por uno los casos en los que aparecen los nombres de los mandos u otros agentes.

En sus conclusiones, la brigada del SAI no aprecia la existencia de ningún delito, aunque admite la dificultad de llegar hasta el fondo de la cuestión dado que la joyería no controlaba mediante el número de serie todos los relojes vendidos. A día de hoy, el joyero Esteve Rabat tampoco ha resultado imputado por delitos relacionados con el blanqueo, aunque llama la atención que el que fuera jefe superior de la Policía en Cataluña, el máximo responsable de la UDYCO o un excomisario vinculado a los GAL tuvieran cuenta en la misma joyería que su confidente Gutiérrez Carbajo. También llama la atención que otros presuntos narcos utilizaran la misma joyería para adquirir joyas o relojes de alta gama. Extrañas conexiones.

Como extraño resulta que el guardia urbano que formuló la denuncia ante la Guardia Civil y que dio origen al inicio de todo este procedimiento formule después a su vez otra denuncia en el juzgado por el supuesto acoso y presiones que está recibiendo por parte de miembros de ese cuerpo, lo que ha motivado la apertura de una nueva pieza separada.

Sin duda, una ensalada de frutas difícil de digerir en un estado de derecho, en el que, insistimos, los cuerpos policiales han de actuar como garantes de los derechos de los ciudadanos.

De todos estos casos que hemos visto en este capítulo dedicado a Cataluña a este autor le llama la atención la sorprendente colección de contactos que manejaba el confidente Manuel Gutiérrez Carbajo: policías, guardias civiles y mossos d’esquadra. La pregunta me surge de inmediato. ¿Quién es en realidad Gutiérrez Carbajo? ¿Es posible que un simple confidente tuviera tal poder de convocatoria que pudiera moverse como pez en el agua en las altas esferas de las cúpulas policiales y en los niveles más bajos del escalafón? ¿Es posible que pudiera controlar tanto y que todos los cuerpos trataran de protegerle? Ello, a pesar de que, como hemos visto, ha tenido que ir dejando algunas víctimas en el camino y a pesar de que muchos de estos mandos o miembros de los cuerpos de seguridad conocieran las actividades supuestamente ilegales del citado confidente. ¿Era algo más que un confidente?

Es difícil penetrar en ese mundo, y es difícil hacer un pronóstico sobre los métodos policiales en relación con estas figuras que, por otro lado, parecen necesarias en el mundo de la información policial. Sin embargo, no deja de ser inquietante toda la trayectoria de este personaje. No podemos abandonar Cataluña sin hacer una mención rápida sobre otro hecho que recoge el sumario de la Macedonia y que nos conecta con Andorra.

El dirigente sindical del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchet Fornet, ha denunciado recientemente lo extraño que parece que en los últimos veinte años no se haya montado un control policial nunca en la autopista que va de la Seo de Urgell a Andorra. Confesiones que amplía a este autor.

… los miembros de la Unidades de Intervención Policial (UIP) la llaman “la autopista del dinero”. Sería muy interesante tener acceso al libro de registro de los telefonemas del puesto fronterizo, aunque ese libro está custodiado y guardado bajo siete llaves hoy en la comisaría de Lleida. En él se podrían ver todas las llamadas que se han recibido en los últimos años alertando del paso de autoridades hacia Andorra. Por allí ha pasado mucha gente, desde los Pujol hasta secretarios de Estado.

Sabido es que Andorra ha sido durante años un paraíso para el blanqueo de capitales. Recientemente una de sus filiales en la capital de España, el Banco de Madrid, fue objeto de una intervención policial y administrativa, instigada por las autoridades americanas. Tal vez de fondo esté de nuevo esa lucha silenciosa que también se desarrolla en nuestro país, y que conviene no olvidar para analizar en su totalidad el fenómeno policial, para la defensa de determinados intereses geopolíticos. Una de las razones que podrían explicar la intervención del banco andorrano en Madrid es la presumible fuga de capitales que la mafia rusa organizó desde Chipre a Andorra, en reflexión del abogado Jacobo Teijelo, cuando aquel país cayó en bancarrota. Las autoridades españolas ya sabían (o disponían de elementos para saberlo) mucho antes de esta intervención que en las entidades andorranas se blanqueaba presumiblemente dinero de, entre otros, la mafia china asentada en nuestro país. Pero en el tablero europeo somos, junto a Suecia, el país más afín a los intereses norteamericanos, concluye Teijelo.

En el sumario de la Macedonia se relata un extraño caso que nos conecta con Andorra. Cuando el SAI de los Mossos practica un registro en la vivienda de Gutiérrez Carbajo, tras su detención, está apoyado por el SAI de la Guardia Civil. Los hechos suceden en diciembre de 2010. Según consta en el informe remitido al juez por el SAI de la Benemérita, en el momento de practicarse ese registro Gutiérrez Carbajo esgrimió una pistola marca Walter con parte de la numeración borrada. Así continúa el escrito.

El SAI de la Guardia Civil confirmó esos hechos, y en efecto se constató la existencia de una operación policial conocida como Hierros, llevada a cabo por un juzgado de Barcelona en el año 2008, en la que se incautaron numerosas armas cortas inicialmente inutilizadas, pero luego reparadas en una armería de Viladecans, algo que hemos visto pasa con más frecuencia de lo habitual.

Lo sorprendente del relato policial es que cuando se está practicando el registro en casa de Gutiérrez Carbajo y se está teniendo esa conversación con el detenido, aparece en su domicilio el guardia civil retirado Manzanaro, director de la empresa de seguridad SECURITAS de Barcelona en aquellos momentos.

Casualidades sorprendentes. Sin embargo, el informe incluye de manera sorpresiva otro hecho que nos llama la atención. Días antes del registro practicado en casa de Gutiérrez Carbajo, la Policía de aduanas francesas había detenido a un guardia civil destinado en Núcleo de Servicios de Lleida, aunque de baja en ese momento, como supuesto autor de un delito fiscal al transportar más de 400.000 euros en el interior de su vehículo con la pretensión de introducirlos en territorio español a través del paso fronterizo de Puigcerdá (Girona). Con el citado guardia también fue detenido un empleado de la empresa SECURITAS. Durante el arresto, por parte de los aduaneros franceses, sus terminales móviles recibieron varias llamadas de otra persona, identificada también como vigilante de seguridad y escolta privado de la misma empresa, que estaba actuando como «lanzadera», es decir, como la persona que les abría camino para advertir de algún control policial.

Entre los efectos hallados en la bolsa del dinero se les intervino una hoja con la anotación: «ARMAS: hk. CLOK y WALTER [sic]», figurando en la misma el nombre GEORGIA, sin que ninguno de los dos detenidos diese razón sobre la referida nota.

Por lo que declararon las dos personas detenidas ante los aduaneros franceses, se puede intuir que ambos fueran contratados para transportar dinero desde Andorra a Italia por un empresario ligado al mundo de la construcción. Así concluye esta información del SAI.

Las incógnitas de Gutiérrez Carbajo no hacen más que acrecentarse y sus tentáculos parecen tocar todos los palos. Agentes de la Guardia Civil y empleados de una empresa de seguridad transportando dinero de manera ilegal hacia España son hechos que merecerían algún tipo de investigación, máxime si están trufados con tráfico de armas. Nada hemos vuelto a saber de los mismos.

El responsable de este informe es el coronel del SAI de la Guardia Civil Francisco Ortiz Clavero. En otro hecho sin precedentes en la historia policial española, este coronel fue imputado a finales de 2015 por una jueza de Granada. Se le acusa de haber encubierto presuntamente a otro coronel de la Guardia Civil, Francisco García Santaella, a punto de ascender a general, implicado en una causa contra el narcotráfico y al que los narcos supuestamente llamaban Padre.

CAPÍTULO 3

¿Por qué tapar?

Un coronel en la banda

Todo comenzó en el año 2014 con las escuchas que el EDOA de la Guardia Civil, por orden del juzgado n.º 2 de Granada, realizaba a unas personas sospechosas de estar involucradas en tráfico de estupefacientes. Los agentes habían grabado una conversación que les causó extrañeza.

En esta conversación los presuntos narcos hablaban del Padre, una figura enigmática hasta ese momento.

Una vez reventada la operación y detenidos los integrantes de la red, fueron interrogados por miembros del EDOA de Granada. El primero en declarar fue el marroquí Rachid Zairi.

El detenido siguió contando cosas, en principio, difíciles de creer. La relación con Padre la había iniciado un tal David, acusado por un delito de estafa. Aquel se hizo confidente de Padre. Supuestamente, el mando de la Guardia Civil le exigió como primera acción «la preparación de un alijo para que se pillara, por lo que él mismo preparó en Marruecos dos o tres mil kilos de basura, que eran los restos de desecho de la planta y al que dieron forma de paquetes. Que este alijo se llevó en una goma mala, la cual llegó a la playa, después metieron los fardos en una furgoneta y en una casa. Que no podía haber detenidos, ya que esto fue un acuerdo al que llegaron».

Después de todo lo que contaba el detenido y lo graves que parecían las acusaciones, los agentes del EDOA suspendieron la declaración y le preguntaron si podría reconocer al mando de la Guardia Civil si le enseñaban una fotografía. El detenido dijo que sí y los agentes procedieron a enseñarle una serie de ellas. Marcó la que tenía el número 6.

Más tarde, los agentes tomaron declaración a David García Moreno, otro de los presuntos narcotraficantes detenidos en la operación Golia.

El detenido siguió contando cómo efectuó un pago de 120.000 euros en las mismas dependencias de la Guardia Civil de Granada, donde ahora se hallaba arrestado. Relató con pelos y señales dónde se encontraba el despacho del entonces comandante Santaella, cómo accedió a él y cómo el mando de la Guardia Civil le recriminó por haberle llevado la bolsa con el dinero hasta el despacho.

Una vez destapada la caja de Pandora, los detenidos empezaron a contar toda la relación que supuestamente mantuvieron con el entonces comandante Santaella, en los años 2005 y 2006. Contaron cómo se fraguaban las operaciones, cuál era el grado de implicación del mando de la Guardia Civil en la dirección de las mismas, cómo se simulaban aprehensiones, generalmente de residuos de hachís, o cómo el propio comandante les entregaba en mano fardos de droga que él mismo requisaba de los operativos para su posterior venta. También contaron que en el verano de 2006 detectaron la presencia de un coche que seguía sus pasos. Anotada la matrícula y el modelo del vehículo, uno de los detenidos le pasó los datos al comandante Santaella, que averiguó que se trataba de un vehículo del SAI, y cesó a partir de ese momento la colaboración entre ellos.

Los hechos eran de una gravedad tan inusual que los propios agentes de la EDOA realizaron una investigación exhaustiva para tratar de confirmar todos esos extremos. Para ello se entrevistaron con numerosos guardias y oficiales que habían prestado servicio en la comandancia de Granada bajo las órdenes del comandante Santaella. También requirieron al SAI que aportara informes sobre la investigación que en su día se realizó de las presuntas actividades ilícitas del mando. Las gestiones de los agentes fueron confirmando presuntamente y uno por uno todos los hechos relatados por los narcos. Aún sorprende ver la imagen del mando situada en lo más alto de un organigrama de una red criminal.

Los agentes fueron categóricos en sus afirmaciones. El entonces comandante tenía dos maneras de operar. Por un lado, organizaba, planificaba y aseguraba la introducción de alijos. Por otro, utilizaba las aprehensiones de droga que realizaba el EDOA para escamotear fardos, sacarlos y entregarlos a sus colaboradores. Según manifestaciones de los agentes entonces bajo su mando, Santaella se aprovechaba de su condición de comandante para entrar el primero en la playa y centrarse en el aseguramiento de la droga, lo que le permitía coger esos fardos impunemente o hacer que otros miembros de la Guardia Civil los tomaran y se los entregaran a él creyendo que iban a ser trasladados a dependencias oficiales. Los investigadores recogen en su informe la declaración de uno de los agentes encargados de operar con la cámara térmica con la que se captan los movimientos en la playa. Observó, a través de ella, cómo el comandante metía fardos en un coche. Acto seguido, el propio comandante llamó al operador para preguntarle si veía lo que estaba haciendo. A lo que este le contestó que sí.

El informe sigue narrando con pelos y señales toda la presunta actividad delictiva del comandante. Con el paso del tiempo llegó a ejercer el control absoluto de todas las actividades del EDOA y pasó a controlar personalmente todas las fuentes de información de la unidad. Las operaciones que el EDOA realizaba, y que no estaban contaminadas, las presentaba como una prueba de efectividad de su buen hacer. También elaboró una estrategia de «transparencia y plena colaboración» que incluía involucrar a cuantas más personas mejor. Según el informe policial, y gracias a su puesto, tenía capacidad para mover todos los hilos y dar la apariencia de una buena relación con todos los agentes. «A su vez, esta política de transparencia-colaboración y máxima eficacia era reforzada con recompensas, condecoraciones y méritos para los agentes actuantes».

La conclusión de por qué seguía esta estrategia roza lo maquiavélico.

Es parecer del instructor que la finalidad de esta conducta no es otra que controlar la fuerza que normalmente participa en este tipo de servicios, y que pueden interferir en sus planes, en el caso de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), controlar un servicio sobre el que no tiene mando, por lo que le interesaban las operaciones conjuntas y así poder dirigirlos.

El relato de las operaciones en las que intervino el comandante es amplio, pero todas tienen el mismo denominador común: la supuesta manipulación y control del comandante sobre ellas. Él era el único mando que conocía todos los entresijos de las operaciones. En ocasiones los agentes se colocaban en lugares en los que no tenían observación directa de lo que pasaba en las playas, o participaban en operaciones de entregas de droga, supuestamente controladas por el comandante, pero sin autorización previa por parte del fiscal o del juez. Además, los agentes de estos operativos manifestaban continuamente su malestar, dado que en muchas ocasiones presenciaban cómo se introducían los alijos sin que hubiera control, seguimiento o detención de sospechosos. El informe de los agentes de la Guardia Civil resalta la gravedad de todo lo investigado.

En él se define al comandante como «el titiritero que movía los hilos de la comandancia en aquel entonces, siendo todas las unidades y especialidades de la Guardia Civil, así como la DAVA, marionetas en sus manos, no teniendo las mismas conciencia de lo que estaban haciendo con ellas, ni los entresijos que significaban las órdenes dadas a cada agente, órdenes secretas, individuales, que de este modo no despertaban sospecha, pero que analizándolas desde un prisma superior y de conjunto, se configuran y encajan en un puzle delictivo de proporciones colosales».

Supuestamente, el comandante lo hacía todo por dinero. Cobraba 120.000 euros por alijo, en los casos en los que este llegaba finalmente a su último destino, y 60.000 en los que él mismo sacaba fardos de la playa y se los entregaba a sus colaboradores. Las conclusiones del informe son tajantes.

Con este informe en la mano, a la jueza de instrucción le quedaba por despejar una duda: saber qué reflejó en su momento el documento elaborado por el SAI sobre las presuntas actividades ilícitas del comandante Santaella. Y lo requirió a la Dirección General de la Guardia Civil.

El informe elaborado por el SAI constaba de dos fases. La primera se inició tras las denuncias de irregularidades de los propios agentes, tanto de la comandancia de Málaga como de Granada en el año 2006. Según la jueza, llama poderosamente la atención que de esa investigación, como consta en el propio expediente, tuviera conocimiento de su existencia el propio comandante, «cuando, de hecho, cualquier tipo de investigación llevada a cabo por el SAI debe ser “reservada”, esto es, no conocida por el propio investigado, ni, por supuesto, por otros miembros del Cuerpo». EL informe del SAI lo refleja de esta manera.

Tras haber detectado la vigilancia uno de los presuntos narcos, el SAI interrumpió su investigación. El comandante movió entonces sus hilos y supo que el coche que seguía a uno de sus colaboradores era del SAI. A este le recomendó que si le preguntaban algo adujera que era un confidente de la unidad. Las conclusiones de ese primer informe exoneraban al comandante de cualquier actividad ilícita.

El segundo informe relacionado con el comandante Santaella se elaboró a partir de una nueva denuncia efectuada por un agente de la Guardia Civil cuando en el año 2008 se entrevistó en la cárcel con uno de sus colaboradores. El confidente le aseguró que el comandante formaba parte de su organización y que, a cambio de dinero, aseguraba los alijos. El SAI no tuvo más remedio que volver a investigar el asunto. Dos agentes se trasladaron a la prisión, tomaron declaración al preso y volvieron a emitir un informe. De la entrevista realizada con el preso se obtienen nuevos datos que llaman la atención. Veamos parte de este informe.

La investigación tendrá que determinar si todos estos supuestos son verdaderos, pero, de serlo, volverían a poner en evidencia las vulnerabilidades de nuestro modelo policial, máxime teniendo en cuenta que la Guardia Civil tiene una estructura jerárquica y militar que imposibilita en la práctica cuestionar cualquier decisión del mando. Controlar las cámaras del SIVE directamente desde la comandancia, sin tener que explicar por qué se toma esa decisión, o reunir a todos los agentes en un acuartelamiento para dar instrucciones, momento que es aprovechado por los supuestos narcos para realizar sus operaciones, reflejan debilidades del sistema, a veces, demasiado ingenuas.

El segundo informe del SAI fue exhaustivo y trató todos los temas en los que se barruntaban sospechas de actuaciones irregulares del comandante. Pero una vez más, a pesar de recoger todas las dudas e incertidumbres que pesaban sobre la actuación de este mando, el SAI, en sus conclusiones, afirma que no se puede concluir que el ya teniente coronel García Santaella llegase a lucrarse personalmente del tráfico de hachís durante el tiempo que estuvo destinado como comandante jefe de Información y Policía Judicial de Granada.

En las mismas conclusiones se afirma que existen indicios de una manipulación irregular de las fuentes vivas que aportaban información relacionada con el tráfico de hachís. Gracias a estas fuentes se realizaron varias operaciones en la comandancia de Granada. Pero el informe vuelve a exculpar al mando de la Benemérita: todo apunta a que podría haberse permitido el tráfico de drogas a narcotraficantes a cambio de que estos facilitaran información que originara la detención de otros delincuentes. Todo ello debido a un exceso de celo por parte del comandante.

Conclusiones un tanto ambiguas, pues facilitar el tráfico de hachís a unos para detener a otros es más o menos como quedarse en las mismas. Y justificar determinadas actuaciones irregulares por exceso de celo deja abiertas muchas puertas por las que salir indemne de cualquier actuación irregular.

A la vista de estos informes, lo que extrañó a la jueza fue que, teniendo tanta información sobre las presuntas andanzas delictivas del comandante, el SAI no hubiese judicializado el asunto y se hubiese limitado solo a exculparle; ello, a pesar de todas las denuncias de orden interno, de los propios agentes, que pesaban sobre él. Todo quedaba en casa. Y así hubiese sido de no volver los presuntos narcos a hablar de Padre en la operación Golia que se desarrolló en 2014.

Por primera vez en la historia reciente de nuestro país, una jueza de instrucción citaba a declarar a un coronel del SAI como imputado, acusándole de un presunto delito de encubrimiento.

El coronel Ortiz Clavero declaró el pasado mes de noviembre de 2015 ante el juzgado y adujo que él era un simple intermediario entre lo que le transmitían desde el escalón de abajo y lo que él hacía llegar al escalón de arriba.

El coronel García Santaella se encontraba destinado en Madrid, en la Dirección General de la Guardia Civil, en el momento de ser imputado por la jueza de Granada. Había realizado ya el curso de general y su nombramiento solo dependía de una decisión política del gobierno, hecho que es probable que se hubiese producido en breve de no mediar esta imputación. Según consta en su expediente, García Santaella fue investigado por el Servicio de Información de la Guardia Civil de Málaga en los años 1990 y 1992, cuando estaba destinado como capitán del subsector de tráfico en aquella comandancia. La investigación se basó «en las sospechas relativas a supuestas relaciones con narcotraficantes, actuaciones irregulares en la realización de servicios facilitados por confidentes, así como un incremento patrimonial injustificado derivado de la adquisición de vehículos de importación, viviendas e inversiones en una empresa de construcciones».

También en ese primer informe se le relaciona con un cuñado suyo, expulsado de la Policía local de Campillos (Málaga) y sospechoso de dedicarse al narcotráfico. Este primer informe concluye que todas estas informaciones no llegaron a acreditarse nunca.

Tal vez, salvando la presunción de inocencia, dado que el coronel Santaella aún no ha sido ni tan siquiera juzgado, uno se puede preguntar si con todo este elenco de actuaciones del SAI, el coronel Santaella era el mando mejor situado o más idóneo para su ascenso a general. Y debemos preguntarnos también qué méritos priman a la hora de ascender en tan preciado escalafón.

La otra parte de este sumario nos lleva de lleno a la independencia con la que actúan o debieran actuar los servicios internos de los cuerpos policiales.

Es una protesta generalizada de estos agentes la falta de autonomía con la que muchas veces actúan. Ellos hacen su trabajo, pero sus mandos, tanto en la Policía como en la Guardia Civil, deciden hasta dónde llegar. Es sin duda un punto flaco de nuestro modelo policial. Para la exsecretaria de Estado Margarita Robles, actual magistrada del Tribunal Supremo, las cosas deberían ser de otro modo.

Faltan mecanismos de control en la actividad policial. Las unidades de Asuntos Internos tendrían que ser unidades muy potentes, que en ningún caso dependieran del gobierno correspondiente. Deberían de depender de otros organismos, tal vez de la fiscalía anticorrupción o de la comisión de Policía Judicial. Si tú eres un funcionario que está en esa unidad, pero sabes que en función de lo que hagas vas a tener o no una recompensa, pues la capacidad se ve muy limitada. Siempre he pensado que fallan los mecanismos de control. En un colectivo de más de cien mil personas, el 95 por ciento son honradas, pero, para ese cinco por ciento restante que hay de posibles delincuentes, no están funcionando bien los mecanismos de control. El sistema no está preparado para un control de verdad, para que los funcionarios de Asuntos Internos sean auténticamente independientes y no tengan miedo a ningún tipo de represalia.

De la misma opinión son muchos agentes de policía y guardias civiles. Distintos fiscales anticorrupción también abogan porque esas unidades no tengan dependencia orgánica del Ministerio de Interior. Todos consideran que las unidades de Asuntos Internos pueden estar mediatizadas por los mandos y que cuesta mucho llegar hasta el fondo de muchos asuntos, pero, cuando estas unidades intervienen en un caso y dependen exclusivamente de los jueces, realizan una labor sumamente eficaz aunque no exenta de dificultades.

En el caso que nos ha ocupado, las denuncias de varios agentes de la Guardia Civil a la unidad de Servicios Internos cayeron en saco roto. Sin duda, el problema principal fue que la investigación no se judicializó, a pesar de que ya obraban en la misma los suficientes elementos como para considerar esa decisión.

El camino de la denuncia interna en ambos cuerpos no es fácil. Y en ocasiones se puede volver contra uno. Es lo que le pasó al comandante Virgilio López Rico.

Ajuste de cuentas

Quise conocer la historia del comandante Virgilio López Rico de primera mano. Se habían publicado muchas cosas sobre sus avatares, sobre todo en medios locales asturianos, y cuanto más me adentraba en ellos más inverosímil me parecía su historia. Cuando contacté con él, acababa de salir de la prisión militar de Alcalá. Cumplía una sentencia de seis meses por insultos a un superior. Desde el primer momento el comandante se mostró interesado en que habláramos. Mantuvimos distintas charlas a través del teléfono y posteriormente me trasladé a su lugar de residencia, a caballo entre la provincia de Lugo y Asturias. El comandante López Rico tiene una buena costumbre, sobre todo a ojos de un periodista: documenta todo. También, cuando hablé con otros guardias civiles en distintos casos, como el de Málaga ya relatado en estas páginas, observé la misma obsesión por acompañar el relato de lo que contaban con documentos oficiales; las cosas que les pasaban eran tan complejas y difíciles de creer que necesitaban argumentarlo con atestados, diligencias, informes, resoluciones judiciales. Así el relato de lo que contaban tenía o debería tener su correlación con esa verdad oficial que suministran tales documentos. Tal vez hubiera en ello una especie de deformación profesional. Pero sin duda, cuando uno quiere explicar hechos como los que vamos a narrar ahora, necesita sustentarlos con todo tipo de pruebas.

Probable y lamentablemente la historia del comandante no hubiese trascendido en su interés de no haber ocurrido en un escenario de funesto recuerdo para la sociedad española. Todo lo que le pasó está ligado a la comandancia de la Guardia Civil de Asturias, y además en las mismas fechas en las que se estaba fraguando el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país; los ataques yihadistas de Atocha que dejaron 200 muertos y más de 1.000 heridos, en el año 2004. Hay que recordar que la dinamita utilizada para esos atentados partió de las minas asturianas.

Gracias a las comisiones de investigación, a la instrucción sumarial y al juicio realizado por ese atentado, los ciudadanos de este país pudimos saber muchas cosas que en ocasiones rozaron el estupor o la indignación. Yo ni creí entonces ni creo ahora en ningún tipo de teoría conspirativa tan en boga en aquellos momentos y que ha coleado durante muchos años en distintos medios y en distintos sectores de la clase política, como si el origen de aquella masacre hubiese partido de las mismas entrañas del Estado.

Cuando uno conoce lo que le pasó al comandante López Rico se da cuenta de que la conspiración tiene sin duda menos base, por no decir ninguna y, sin embargo, las hipótesis que más terreno ganan son las de la chapuza, las de los intereses personales, las de la falta de planificación, las de las lealtades mal entendidas, las de la ausencia de coordinación, las de la escasez de medidas puntuales contra actuaciones irregulares, las de la utilización de medios y funciones públicas para vendettas personales, y así un largo etcétera de comportamientos que describen un estado de cosas lamentable y que desembocaron en el 11M no por conspiración sino por inacción, al menos en lo referente a Asturias.

Esta historia arranca a finales del siglo pasado, cuando el entonces teniente Virgilio López Rico fue destinado a una comarca asturiana.

En el año 1998 fui destinado a la localidad de Navia, como teniente adjunto del capitán jefe de la compañía con sede en Luarca. Mi nuevo trabajo consistía en sustituir al capitán en sus ausencias, planificar y controlar todos los servicios a realizar en toda la compañía, así como todo lo que afectase a la delincuencia en sus distintas vertientes.

En su nuevo destino las cosas empezaron a no cuadrarle al entonces teniente López Rico.

Había un guardia que impuso tres denuncias a un establecimiento por motivos personales, a lo cual me opuse. Cuando quise, como mando de la Guardia Civil, evitar tal injusticia, se me contestó por parte de la Superioridad que como yo era de la zona no quería que se denunciase. En fin, ahí quedó la cosa. Pero había otras cosas que clamaban al cielo; un reducido grupo de guardias civiles competía entre ellos a ver quién sancionaba más en el tema de denuncias por la Ley de Seguridad Vial. El sargento de puesto mimaba a ese pequeño grupo, con el consiguiente perjuicio para los demás, llegó a anotarles horas de servicio en días festivos que no hacían y luego cobraban. Volví a dar parte a la Superioridad, y esta vez impuso la correspondiente sanción. Era evidente que ese pequeño grupo de agentes me declaró la guerra.

Ese pequeño grupo de agentes tenía, según el parecer del hoy comandante López Rico, un apoyo evidente por parte de la Superioridad.

Había uno de los agentes de ese grupo que yo llamo de bolígrafo rápido. Su aportación conllevaba a que la estadística fuese muy alta. El grito de guerra con el que el sargento le incitaba a él y al resto del grupo a denunciar era el de ¡caña! Lo sorprendente es que todo el mundo conocía que realizaba actividades irregulares en la comarca. Era representante artístico de grupos de música y curiosamente prestaba servicio por los lugares donde resultaba más fructífero el desarrollo de su actividad artística. Pero un buen día un ciudadano decidió denunciarlo por sus arbitrarias denuncias y por la ilegal competencia que le hacía. Así que el sargento, con una denuncia en curso, tuvo que poner en mi conocimiento las presuntas irregularidades, aunque de sobra eran conocidas por él. Me pasaba la pelota. La ponía en mi tejado. Muy propio de él. Yo realicé una investigación minuciosa, contacté con un grupo de personas, las cuales declararon que el citado guardia era el encargado de vender las orquestas y demás espectáculos. Obtuve incluso contratos firmados por él. Con todo lo obtenido, lo elevé a la Superioridad. Mi sorpresa fue mayúscula. A pesar de la docena de testimonios escritos, a pesar de los contratos, a pesar de las denuncias de ciudadanos agraviados, se limitaron a hacerle una llamada de atención por escrito. En sus razonamientos decían que no existía la certeza de que se dedicase a esa actividad ilegal. Lo más grave es que hubo denuncias por amenazas, presiones y coacciones por parte de los que testimoniaron contra el guardia para que se retractaran de lo dicho. Pero no le hizo falta nada. Quedó impune. El apoyo del que gozaba este grupo por parte de algún mando era total y sumamente eficaz.

Tiempo después, el teniente recibió otra carta certificada en la que otro ciudadano se quejaba de lo mismo: el guardia seguía contratando orquestas.

Me limité a meter todo en un sobre, lo nuevo y lo ya investigado, y enviarlo por conducto reglamentario. Entonces el guardia fue expedientado, pero «sin declaración de responsabilidad». Lo antiguo estaba acreditado, pero ya había prescrito. Lo nuevo no se había podido comprobar. Desde mi punto de vista, la situación en el puesto de Vegadeo era de acoso y persecución al ciudadano por parte de un grupo reducido de agentes. Pero de nada valía recurrir a la Superioridad.

Así que con el tiempo fueron surgiendo informes internos por parte de esos agentes contra el entonces teniente López Rico. Su presencia molestaba. Esos informes hacían referencia a tratos de favor a algunos de sus más estrechos colaboradores y otros cuya finalidad última, según López Rico, eran desprestigiarle.

Pero, para desgracia de lo que luego ocurrió, y por eso yo, en cierto modo me siento culpable del 11M, en uno de esos informes se hace un análisis profundo del gasto del vehículo oficial que yo utilizaba. El patinazo que cometieron fue de tal magnitud que nadie podía imaginar las consecuencias de todo aquello…

En vista de que ese informe hacía referencia a la utilización de su vehículo, el entonces teniente se puso a analizar su repostaje y el de todos los que estaban bajo su mando, no solo los del puesto de Vegadeo, sino también los de las patrullas del fiscal y los del SEPRONA.

Y empezaron a aflorar multitud de irregularidades en los repostajes. Vales que se habían falsificado, albaranes que no cuadraban, coches repostando mientras estaban averiados en el taller o agentes que repostaban estando de vacaciones.

Ya durante la investigación empecé a tener problemas con algunos mandos, que me insinuaban que era mejor no continuar, no dar mala imagen. Uno de los que, sin embargo, me dijeron que le echara «cojones» fue el capitán Pedro Amable Marful, uno de los responsables de la investigación sobre los explosivos del 11M. Una vez concluida la investigación, elevé a este capitán, el 27 de junio de 2000, un parte por escrito de toda la problemática acompañado de toda la documentación. Y curiosamente, este mismo capitán, que me había dicho que tirara para adelante, fue el que me devolvió toda la documentación en mano, días después, diciéndome que el jefe de la comandancia, el entonces teniente coronel y hoy general Pedro Laguna, le había dicho que no se hiciese nada. Y allí me quedé como la novia a la que abandonan en el altar. Pero no me acobardé. Entonces decidí enviar el informe por escrito de la compañía a la comandancia con sus correspondientes números de entrada y salida. De este modo quedaban anuladas todas las intrigas y corruptelas cuarteleras.

El no ceder ante las insinuaciones de sus mandos, le empezó a costar caro al teniente López Rico. Según sus palabras, le amenazaron con echarle de la casa en el cuartel de Vegadeo y le retiraron el plus de productividad de 50.000 pesetas.

El complemento era dado de forma discrecional bajo criterio del mando y, como me dijo el comandante Jambrina, yo no me adaptaba a dichos criterios. También me llamaron a la comandancia de Oviedo, donde me sugirieron que anulase lo que llevaba actuado. En definitiva, me pedían que prevaricase, que ante un delito mirase para otro lado.

Como consecuencia del nuevo escrito presentado por el teniente López Rico por conducto oficial, el comandante Jambrina ordenó la instrucción de una Información Verbal clarificadora el 27 de julio de 2000. Fue un comandante de la comandancia el encargado de realizar ese informe, el cual vino a ratificar todo lo denunciado por el teniente López Rico. Entonces se dio cuenta del hecho a la Dirección General y se ordenó que el capitán Pedro Amable Marful instruyera diligencias.

Pero, según la versión del teniente López Rico, el capitán que instruía las diligencias no era ya el mismo que meses atrás le había animado a seguir investigando.

Me quedé perplejo. Desde el primer momento me di cuenta de que no se iba a realizar una investigación objetiva. De las diez preguntas que me hizo siete fueron dirigidas a descubrir si tenía algún tipo de animadversión hacia los presuntos falsificadores. Solo aceptó una parte de la documentación. Ni una sola pregunta sobre la falsificación de firmas o albaranes. Todo iba dirigido a hacer pasar las burdas falsificaciones de combustible como pequeños gastos de los puestos con los que se cuadraban las cuentas. Hubo infinidad de irregularidades y falsedades en la confección de esas diligencias y, como consecuencia, el fiscal no pudo ver con claridad el fondo del asunto. El objetivo era salvar el pescuezo de aquellos que habían cometido presuntas irregularidades o más bien delitos, porque en el auto de archivo de las actuaciones el juez afirma que de todo lo actuado se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, y acabó archivando la causa.

A pesar de ello, el teniente López Rico no se dio por vencido.

Únicamente hice lo que marca la Ley y actué de acuerdo a lo que me enseñaron a lo largo de mi vida: denunciar la corrupción a toda costa, caiga quien caiga.

Tal vez sus superiores no se esperaban las nuevas acciones del teniente. Tras el archivo de las actuaciones por parte del juzgado, elevó al Excmo. Sr. director de la Guardia civil una instancia en la que no solo hablaba del presunto fraude en los vales de gasolina, sino que también lo hacía de las presumibles irregularidades cometidas durante la instrucción de las diligencias. La respuesta de la Dirección fue la de no acceder a lo solicitado. El teniente pidió entonces una audiencia con el director del Cuerpo para exponerle personalmente todos los pormenores del asunto, a lo que la Dirección de la Guardia Civil le respondió denegando la audiencia solicitada.

Cerradas las puertas internas de la Guardia civil, el teniente elevó una nueva instancia al secretario de Estado de Seguridad. Desde ahí se le contestó que acudiera a la autoridad judicial.

Mis escritos no iban dirigidos principalmente a denunciar el fraude en las gasolinas, sino a denunciar las irregularidades y falsedades de las diligencias instruidas, así como la ocultación de pruebas a la Autoridad Judicial, lo que devino en el archivo de las actuaciones. Yo no cesé en mi empeño de denunciar esta situación. Por último, me dirigí al Ministerio de Interior. De este último no tuve ni contestación.

Ante tal cerrazón de todos los conductos reglamentarios para exponer y denunciar unos hechos calificados de delictivos, aunque archivados, en virtud de la instrucción policial, el teniente decidió remitir una carta en términos muy duros al entonces jefe de la zona de la Guardia civil de Asturias, el entonces coronel Pedro Laguna. La carta buscaba un propósito: la sanción. Así podría explicar la situación. En ella también se ponían en entredicho muchas de las actuaciones del coronel y le hacía responsable de la paralización de las investigaciones sobre los presuntos delitos cometidos por un grupo de agentes por el parentesco de alguno de ellos con un alto mando de la Guardia Civil. El coronel respondió que acudiera a los tribunales. Y el teniente lo volvió a hacer.

Incomprensiblemente, el juzgado de Castropol se inhibió a favor de los de Oviedo. La causa cayó, por reparto, en el juzgado número 8 de esa ciudad, pero, curiosamente, y a mano, alguien cambió el número 8 por el 3. Ni este juzgado ni ningún otro me llamó nunca para declarar, ni para clarificar ningún extremo. El resultado fue una vez más el archivo. Tal vez la explicación esté en lo que en nuestra sociedad se conoce como favores recíprocos.

Hasta aquí llegó la insistencia del teniente López Rico para que, según su parecer, se hiciese justicia ante unos hechos graves. Nadie le hizo caso. Todo se fue capeando, y finalmente empezó a comprender que nadie tenía interés por investigar un caso de presunta corrupción dentro del Cuerpo.

Si alguien hubiese puesto las cosas en su sitio en el momento adecuado, tal vez no hubiese venido lo que después vino. ¡Si hubiesen puesto los medios, el tiempo y las ganas de trabajar en perseguir a unos delincuentes de medio pelo que traficaban con dinamita y de los que tenían informaciones! Pero esos medios, esas ganas de trabajar las dedicaron a algo totalmente inútil, a buscar mi destrucción.

En octubre de 2002, la carta que el teniente había dirigido al coronel Laguna salta a los medios de comunicación. Y no por él. La AUGC de Asturias se interesa por la lucha hasta entonces solitaria del teniente, y todas las denuncias de este se empiezan a hacer públicas.

Eso les puso de los nervios. Siguiendo el consejo de alguien que sabía muy bien lo que me podía deparar toda esta nueva situación, me di de baja psicológica, puesto que en caso de no hacerlo iba a ser fulminado por el rayo de la arbitrariedad, de la sinrazón, por el de la represalia. Mi baja les cogió por sorpresa y les hizo trastocar sus planes. La baja me garantizaba que de momento no podían hacer nada contra mí, pero el escándalo ya había estallado, y eso no podían pasarlo. Así que se inventaron una falta muy grave: una infracción contra la subordinación/disciplina.

El 10 de diciembre de 2002, el director general del Cuerpo ordena la instrucción del expediente gubernativo correspondiente.

A partir de ese momento y basados en que me hallaba expedientado, me sometieron a una persecución vergonzosa, además de ilegal. Como consecuencia del expediente, fui suspendido de funciones, perdí mi destino, tuve que marchar de la vivienda oficial de la que disfrutaba, sufrí retraso en mi ascenso a capitán, pasé a percibir el 75 por ciento del sueldo base y trienios. ¿A quién había matado yo? A nadie. Simplemente había denunciado a unos delincuentes uniformados.

El teniente recurrió la sanción impuesta a todas las instancias posibles hasta llegar al Supremo. El alto Tribunal le daría la razón en el año 2007. Pero sigamos con la narración cronológica.

Una vez que saltó el escándalo de la carta enviada al coronel Laguna, vecinos de distintos municipios asturianos se unieron en torno a una plataforma de apoyo al teniente Virgilio López Rico. En su acta de fundación afirman:

Que en vista de la falta de transparencia y aclaración de los hechos denunciados por el teniente López Rico, por parte de las instancias superiores, que, según parece, cuando menos tratan de entorpecer por todos los medios a su alcance las investigaciones, acuerdan: nombrar una representación para llevar a efecto y reclamar los derechos que como contribuyentes y ciudadanos tenemos…

El día 20 de enero de 2003 el presidente de la plataforma de apoyo al teniente López Rico, Manuel Evaristo Villamil, sufrió una agresión por parte de dos jóvenes al tiempo que le decían: «Para que no te metas en lo que no te importa». El ataque se produjo en la madrugada del día 21 de enero. Villamil tuvo que ser atendido en el hospital a causa de los golpes recibidos. A su salida del centro hospitalario presentó la correspondiente denuncia. Los componentes de la Policía Judicial de Luarca se hicieron cargo de la investigación. Pero algo escamó al teniente y a la persona agredida. La mayor parte de las gestiones fueron encaminadas a reconstruir los pasos que durante la tarde-noche del día 19 habían efectuado el teniente Rico y el presidente de la plataforma de apoyo. Los datos aportados por el agredido, según cuenta el hoy comandante López, no fueron tenidos en cuenta, entre otros, los relativos a la matrícula del coche de los atacantes, de la que la víctima había logrado ver algunos números. Las diligencias fueron inmediatamente entregadas al juzgado de Castropol, sin que de ellas se desprendiera algún tipo de interés por identificar a los agresores y sí mucho por saber cuáles habían sido las andanzas de López y Villamil aquella tarde-noche. El día 23 el juez archiva la causa. Según López, lo hizo sin tomar declaración al lesionado, sin informe forense de las lesiones, sin ordenar ninguna gestión.

Pasados unos días, tres miembros de la plataforma de apoyo al teniente y el teniente mismo, que en ese momento se encontraba de baja psicológica, son llamados a declarar en el cuartel de la Guardia Civil de Luarca. También son citadas dos personas que al teniente le llaman la atención: el dueño y el encargado de un prostíbulo de la zona. A todos les toma declaración el comandante Jambrina Rodríguez, segundo jefe de la comandancia de Oviedo.

El motivo de llamarnos a declarar era que, según las gestiones practicadas por «ellos» para aclarar las lesiones del señor Villamil, resultaba que las mismas no se habían producido tal y como se habían denunciado sino como consecuencia de una discusión en el club de alterne conocido como El Edén, lugar donde, según ellos, habíamos estado de «putas» la noche de la agresión, el agredido, y todos los demás, desde las 0.30 horas del día 20 hasta las 3.30. Según su exposición de los hechos, entre las 3.00 y las 3.30 horas se produjo un incidente verbal con otros dos clientes, de donde se pudo derivar la agresión que posteriormente sufriría el señor Villamil.

En esas diligencias se identificaba perfectamente a las cuatro personas dichas, tres de la plataforma de vecinos y el teniente López. Pero de las otras dos personas con las que en teoría se habían peleado en el club no se tenía noticia. Era todo demasiado burdo, pero el daño ya estaba hecho. Todo se transmitió convenientemente a la opinión pública. A las tres de la mañana, hora en que la investigación oficial situaba a todos en el club, el teniente López y el presidente de la plataforma habían intercambiado numerosas llamadas de teléfono interesándose el guardia civil por la agresión sufrida por Villamil. Llamadas fácilmente comprobables a través de los móviles.

Además, dos de los supuestos acompañantes de la plataforma llevaban años sin hablarse por cuestiones políticas. Parecía raro que tras esa larga enemistad confluyeran en un club de alterne. Evidentemente, todos negaron los hechos tal y como se los formularon, incluidos el dueño y el encargado del club. Nadie reconoció su presencia en el club.

Resulta extraño, sin duda, que una agresión sufrida por el presidente de la plataforma de apoyo al teniente Rico desembocara en ese camino. Había pruebas de sobra que confirmaban que la agresión no se produjo en el club El Edén y que ningunas de las personas citadas habían estado juntas esa noche.

La pregunta es inmediata. ¿Se utilizó un tema de prostitución para socavar la credibilidad del teniente y de los demás miembros de la plataforma?

Y tal vez la respuesta haya que buscarla en lo siguiente. El 10 de febrero de 2003, un mes antes de que se produzcan las citadas declaraciones, la comandancia de Oviedo, en coordinación con la Policía Nacional, creó un equipo mixto de trabajo para investigar una supuesta trama de prostitución en el occidente asturiano. El origen de esa investigación partió de un fax recibido en la comisaría de Policía de Oviedo, enviado por la embajada brasileña, en el que se interesaba por la suerte de una súbdita de aquel país, ya que podría estar siendo víctima de explotación laboral en el club El Edén. Tanto la Policía como la Guardia Civil actuaron con rapidez. Al día siguiente se desplazaron dos inspectores de la Policía al citado club y, sin que se descubriera su identidad, hablaron con una tal Bruna, una camarera del local. Un día después se desplaza una patrulla de la Guardia Civil al mismo club y vuelven a hablar con la misma persona, la tal Bruna. Lo que sucede es que en esta ocasión la mujer, presuntamente, relata al sargento de la Guardia Civil un hecho sorprendente: que el día de la agresión sufrida por Villamil, el presidente de la plataforma de apoyo vecinal y el teniente López se encontraban en el club El Edén y que la pelea se había producido dentro del local. Así consta en las diligencias instruidas por el sargento. El caso es que la tal Bruna desapareció, se fue a su país y nunca se le pudo tomar declaración para que confirmara estos extremos, extremos que, por otra parte, tenía difícil de confirmar. Su pasaporte de entrada en nuestro país tenía fecha del día 28 de enero de 2003. La agresión se produjo en la madrugada del 19 al 20 de enero. Era difícil que la tal Bruna hubiese podido saber algo de lo que había ocurrido ese día.

El mismo día que son citados en el cuartel de Luarca el teniente y los demás afectados, la Policía y la Guardia Civil solicitan la intervención telefónica de una serie de números, entre los que se encuentran los del encargado y el dueño del club, en el marco de la operación que se está desarrollando contra la prostitución. Una de estas conversaciones, sacada de contexto y cortada convenientemente, según el parecer del teniente López, va a servir de base para las posteriores actuaciones contra su persona.

Todo fue tan irregular que incluso otra llamada que yo mantengo con el encargado del club a la salida de las declaraciones y en la que hablamos de que todo es un montaje contra mi persona es suprimida a la hora de su transcripción judicial, porque en ella queda claro que ninguno teníamos nada que ver con todo aquello.

Pasados dos meses de la primera declaración, la Policía y la Guardia Civil revientan la operación contra la trama de prostitución y detienen al encargado y al dueño del club El Edén. A pesar de encontrarse en dependencias de la Policía Nacional, son dos agentes de la Guardia Civil los que toman declaración al encargado José Antonio Narros. De las diez preguntas que le formulan, ocho tienen que ver con el teniente López y con lo que pasó aquella noche en el club El Edén. Narros ya había declarado con anterioridad que aquella noche ninguno de los aludidos se encontraba en el club El Edén. Sin embargo, en esta ocasión cambia su testimonio. Y afirma lo contrario.

Tan poco ortodoxo fue aquel interrogatorio que el instructor de la Policía que actuaba conjuntamente con el sargento de la Guardia Civil en las diligencias decide tachar su número como instructor. Y en las citadas diligencias solo aparecen los números de identificación de los dos guardias civiles, aunque estas se escriben en un folio con membrete del Cuerpo Nacional de Policía.

Pasado un tiempo y ya en la cárcel, Narro escribirá una declaración de su puño y letra en la que afirma que el cambio de testimonio se debió a las presiones ejercidas sobre él con la promesa de que le ayudarían en la situación que en ese momento atravesaba. En ese documento afirma que la declaración verdadera fue la primera, la realizada en marzo de 2003, donde afirmaba que ninguno había estado en el club.

Pero esta nueva declaración se conocería en julio de ese año. Antes, con la anterior cambiada, y con las intervenciones telefónicas practicadas, la Guardia Civil procede a las detenciones de los tres miembros de la plataforma de apoyo vecinal con gran despliegue de medios humanos y materiales. Todo para que en teoría ningunos de ellos se pudieran poner de acuerdo en sus declaraciones. Un escarmiento público. El teniente López es citado telefónicamente para que acuda al cuartel. Una vez allí, sufre la misma suerte que sus compañeros. Es detenido. La acusación para proceder a la detención de todos ellos es un tanto sui géneris: falso testimonio. Todos, según la investigación, habían mentido. La supuesta agresión que sufrió el señor Villamil se había producido en el club El Edén.

«¿Falso testimonio?, ¿cometido ante quién? Si ni tan siquiera habíamos estado ante juez alguno y mucho menos habíamos declarado en sede judicial», protesta López Rico.

En su informe sobre esta controvertida detención, realizado con posterioridad, el 12 de julio de 2003, la fiscal deja claro la ausencia de delito.

El delito de falso testimonio consiste en faltar a la verdad… La sentencia del Tribunal Supremo del 22 de septiembre de 1999 dice que es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o auto de sobreseimiento firme. En este caso, no existe una verdad procesalmente establecida (la forma en que se causaron las lesiones sufridas por Manuel Evaristo Villamil), por ello, no puede entenderse cometido el delito de falso testimonio.

«Creo que este escrito de la fiscalía fue para “ellos” un varapalo, aunque les importaba poco que hubiera delito o no. Lo que buscaban era mi destrucción familiar, personal y profesional», afirma el hoy comandante López Rico.

Pero el asunto puede revestir matices más graves. No solo no se daban motivos objetivos para proceder a la detención por falso testimonio, es que comunicaron a los arrestados que existía una orden judicial de detención. ¡Una orden verbal!

¿En qué estado de derecho se emiten órdenes de detención verbales?

Tal fue el dislate que cometieron que siempre que un guardia civil es detenido por la presunta comisión de un delito, el servicio de Régimen Disciplinario le abre, inmediatamente, el correspondiente expediente, el cual queda paralizado, por imperativo legal, a expensas de la decisión que adopte la autoridad judicial. Pues bien, a mí no se me abrió ningún expediente.

Tras su paso por el cuartel y tras tomarles declaración, los cuatro fueron puestos en libertad y días después fueron a declarar como imputados en el juzgado por un delito de falso testimonio. Tanto el fiscal como el juez no apreciaron indicio de delito y el caso fue archivado.

Cuatro días después de esas detenciones, la comandancia de la Guardia Civil de Oviedo solicita que el teniente López sea sometido a reconocimiento por el servicio de psiquiatría del Hospital Militar Central Gómez Ulla con el fin de determinar su aptitud para el servicio. (En ese momento el teniente se encontraba de baja psicológica voluntaria).

Al fallarles mi ingreso en prisión así como la expulsión del Cuerpo, lo que pretendían era tirarme por la ventana trasera al patio de los trastos inútiles, circunstancia esta con la que yo no estaba en absoluto de acuerdo, puesto que si un tribunal médico me daba por loco, la guerra la habrían ganado ellos.

En previsión de que ese reconocimiento fuese una encerrona más, el teniente López acudió previamente a un psiquiatra a título particular para someterse a una revisión. El informe fue favorable. El del Hospital Militar, también, a pesar de que le dieron todo tipo de facilidades para la jubilación, pero con el informe que portaba en la mano la balanza se inclinó a su favor. Quería trabajar, seguir cumpliendo con su obligación.

El teniente fue reincorporado al servicio en activo, pero con una orden añadida: el teniente coronel jefe de la comandancia de Oviedo, Fernando Aldea, mandó que no realizara ningún servicio ni asumiera ninguna responsabilidad aduciendo que ya estaba en situación de suspenso en funciones por el expediente abierto por la Dirección de la Guardia Civil, pero esa suspensión no se produjo hasta quince días después, con lo cual el teniente coronel se adelantó al mismo ministro de Defensa.

En las mismas fechas en que se producía todo este calvario de detenciones y falsas imputaciones en un tema aparentemente menor, el comandante Jambrina y el capitán Pedro Amable Marful tuvieron conocimiento, según declararon ante la autoridad judicial, de la segunda nota de la UCO, recibida el 6 de marzo de 2003, alertando del tráfico ilegal de explosivos. ¿Por qué le prestaron más atención esos días y en todos a investigar la falsa presencia nuestra en el club que al tema de la dinamita?

El comandante Jambrina fue quien procedió a efectuar nuestras detenciones ya comentadas el día 23 de mayo de 2003. Era el comandante que también estaba al frente del grupo de investigación creado para desenmascarar la trama del tráfico ilegal de dinamita en Asturias. Este grupo estaba formado por personal de la comandancia de Oviedo y de Gijón, así como de la UCO. Pero no funcionó. Tal vez era más importante perseguir al teniente Rico.

El comandante Jambrina fue también el que se negó a destruir, el 26 de julio de 2004, a petición de un oficial de la UCO, el segundo informe que esta unidad había enviado al jefe de la zona de Asturias el día 6 de marzo del año 2003. Estos informes narraban las andanzas de la trama de la dinamita en la región. El coronel Laguna declaró en su día que en febrero de 2003 un equipo investigó sin éxito todo este asunto. Sin embargo, sorprende que a lo largo de la investigación sobre los atentados del 11M se resaltara una y otra vez la falta de coordinación entre Policía y Guardia Civil como uno de los obstáculos para seguir la pista de sus propios confidentes. Como hemos visto, en el caso de la prostitución asturiana, la coordinación funcionó de manera inusual. También sorprende que se utilizaran tantos medios y tanto personal para una de tantas redes de prostitución, sin especiales aristas de peligrosidad, y que en las mismas fechas no se prestara atención a un asunto del calado de la dinamita y no se solicitara ni un solo registro ni la intervención de uno solo de los teléfonos de los componentes de la trama asturiana del 11M.

El confidente Francisco Lavandera ya había informado también al guardia civil Campillo del tráfico de dinamita y de que los traficantes buscaban personas que supieran explosionar bombas con teléfonos móviles. El guardia Campillo había grabado todo aquel testimonio en una cinta y se la había pasado al capitán Marful. La cinta se conocería después como la cinta de Cancienes, y cuando apareció, meses más tarde de los atentados, causó una honda convulsión en la Guardia Civil asturiana. El capitán Marful no informó a la fiscalía de tal cinta. En declaraciones también del coronel Laguna, este afirmó que apartó a sus hombres del caso para dejar libre a una operación más importante que estarían realizando agentes de la UCO. ¿Qué operación era esa?

Otro hecho sorprendente es lo declarado por el fiscal de Avilés cuando le preguntaron sobre la entrevista que mantuvo con el capitán Marful en la fiscalía en el año 2003. El fiscal dijo que el teniente se entrevistó con él por otro asunto, pero ninguno de los dos se acordó de cuál era el otro asunto. A pesar de todos los datos que obraban en poder de la comandancia de Asturias, nadie investigó a fondo todo lo relacionado con la dinamita.

Sin embargo, el teniente López siguió siendo objeto de presiones. Algunos desconocidos entraron en su domicilio en distintas ocasiones y se realizaron seguimientos sobre su persona. No eran guardias civiles de Asturias los encargados de esos seguimientos, según su testimonio. El teniente volvió a denunciar los hechos ante las autoridades judiciales y al capitán de la compañía de Luarca. También tuvo que sufrir un nuevo intento por desacreditarle. Se hizo correr el rumor de que mantenía relaciones con una prostituta de un club, incluso se llenaron las calles de pasquines y pintadas alusivos a ese hecho.

Los atentados del 11M supusieron sin duda un mazazo para la Guardia Civil de Asturias. Se mostraron muchas debilidades de la comandancia en el transcurso de las investigaciones posteriores. Muy pocos conocían entonces y conocen hoy en día todo el calvario padecido por el comandante López Rico, y que, como ya hemos visto, coincidió de pleno con las informaciones recibidas en esa comandancia sobre la trama de la dinamita. También le acusaron a él de haber filtrado la famosa cinta de Cancienes, cosa absolutamente incierta, pues con el tiempo se supo que fue un agente de la Guardia Civil, hoy ya retirado, quien la facilitó al diario El Mundo.

El Tribunal Supremo acabó dando la razón al teniente en el año 2007. Su expediente por falta grave y su suspensión de un año fueron revocados.

El tribunal afirma:

Lo razonable es entender que actuó no solamente de forma lícita, sino también en cumplimiento de un deber, sin que pueda pasarse por alto que tales irregularidades eran reales. La Sala quiere subrayarlo, por cuanto es un dato singularmente importante.

… resulta que este oficial dispuso lo que estaba obligado a hacer: investigar lo denunciado. Pero es que además sucede que difícilmente puede imputarse esa lesión (daño a la dignidad de la Guardia Civil) a quien intentó que los autores de una infracción real penal fueran descubiertos y castigados… No puede sostenerse que con ellas el recurrente desprestigiara al Cuerpo de la Guardia Civil, porque, en casos similares, si esta consecuencia se produce, la causa no se encuentra en quien se ha empeñado en descubrir la verdad.

Fue sin duda una victoria para el entonces teniente, de quien el tribunal afirma que su historial profesional es intachable. Sin embargo, López Rico ha seguido peleando por denunciar todos aquellos hechos que le trastocaron de manera dramática la vida. Fruto de ese deseo para que resplandezca la verdad de todo lo que pasó, López Rico envió diversas cartas a quienes consideraba culpables de esos supuestos comportamientos indignos. Reproduzcamos un fragmento de una de ellas.

Yo fui expedientado. Me suspendieron de funciones, primero tres meses, después otros seis más. Me quitaron el destino. Fui expulsado de la vivienda oficial en la que tenía mi domicilio, el cual fue violado varias veces, la última la noche del 18 al 19 de agosto de 2003. Ha sido violada mi correspondencia. He sido seguido en mis movimientos. He sido sancionado con un año de suspensión de empleo. [Sentencia ahora anulada por el TS]. He sido detenido por un delito inventado, aportando al juez pruebas adulteradas. He sido sometido, en tiempo récord, a un humillante reconocimiento psiquiátrico. Por toda la comarca del occidente asturiano se han hecho pintadas de la índole ¡teniente cornudo! Se han pegado cientos de copias de las resoluciones por las que yo pasaba a la situación de suspenso de funciones, así como por la pérdida de destino y suspensión de empleo. Mi mujer ha tenido que dar de baja el teléfono de su domicilio en Oviedo por las impertinentes e intempestivas llamadas que recibía desde teléfonos públicos ubicados en Vegadeo y zonas limítrofes… Pero lo peor, lo más difícil de digerir, fueron las dos veces que intentaron matar a Brako, mi amigo, mi perro, en el cuartel de la Guardia Civil de Vegadeo. A este lugar lo considero la cuna del 11M por haberse iniciado allí, con el apoyo de ciertos personajes de la capital, la persecución e intento de derribo de que fui objeto, y que, obviamente, les apartó de otros menesteres. Y todo ello, según palabras del Alto Tribunal, por actuar, no solamente de forma lícita, sino también en cumplimiento de un deber y por hacer lo que era mi obligación.

Por una de estas misivas enviadas al comandante Jambrina, López Rico fue condenado a seis meses de prisión por insulto a un superior. A pesar de solicitar el indulto, el ya comandante López Rico tuvo que cumplir los seis meses de condena, dado que aquel le fue denegado. Hoy López Rico, ya retirado de la Guardia Civil, sigue luchando para que resplandezca la verdad de todo lo que le sucedió. Y ha vuelto a la carga con una nueva denuncia en la fiscalía.

La Sicilia de Lugo

La aparente calma de una ciudad como Lugo se empezó a quebrar en el año 2009, cuando una prostituta latinoamericana se atrevió a denunciar a un agente de la Guardia Civil por una supuesta agresión sexual. Hasta ese momento, a pesar de las sospechas de su comportamiento irregular que se remontaban años atrás, nadie se había atrevido a llegar tan lejos. La supuesta agresión sexual se había producido aprovechando el miedo que sentía aquella mujer ante la perspectiva de ser expulsada de nuestro país. Según se desprende del sumario, el cabo Armando movía todos los hilos para legalizar la situación de las mujeres que ejercían la prostitución en la ciudad. Ella lo supo desde el primer día que llegó a Lugo. Era un secreto a voces. También lo era, entre las mujeres que trabajaban en los clubs de la ciudad, que los dueños de los locales mantenían excelentes relaciones con determinados policías y que muchas de ellas habían sido objeto de canje en esas relaciones atípicas. Pero aquella mujer, convertida de ipso facto en testigo protegida, no estaba dispuesta a pasar por el aro y decidió contarlo en un juzgado.

Tras subir y entrar dentro, tras ser saludado por la declarante y una tal Patricia, se sentó en el salón y tras sacar una pistola de color negro y ponerla sobre la mesa, le dijo a la declarante: «Que sus días en España como legal se estaban terminando, que le diese el pasaporte que él le arreglaría los papeles para estar otros meses más en el país», ante lo cual la manifestante accedió entregándole dicho documento. Acto seguido y tras recogerlo, se sienta al lado de la dicente, acariciándole el cabello, pasando a los pechos, y tras besarla y despojarla de su ropa de calle y de su ropa íntima y bajarse él los pantalones, le solicitó le hiciese una felación, a lo cual ella le dijo que no, que ella no mantenía ningún tipo de relación sin preservativo con nadie... accediendo la dicente contra su voluntad a dicho acto por miedo a que si no lo hacía sería deportada... que el acto fue realizado en contra de su voluntad por miedo a posibles represalias de expulsión y ante el temor de que él tenía el arma encima de la mesa del salón, lugar donde ocurrieron los actos.

El mismo día que se presentó esta denuncia, otro informe de la Guardia Civil alertaba de «la Coslada de Lugo».

Significar que el agente secretario de las presentes diligencias y de modo casual, cuando una noche se encontraba tomando una copa en un pub de Lugo, se le acercó un individuo de nombre..., el cual, a sabiendas de su condición de Guardia Civil, se dirigió a él y le comentó: «Pareces una buena persona, pero no me fío de mí mismo, y de vosotros, menos, pero si estás interesado en conocer la Coslada de Lugo, llámame, que te presento a unas personas que te pueden informar...».

… que está sufriendo un acoso policial por determinadas personas hacia sus locales, debido a que no paga su «impuesto revolucionario», añadiendo que todos sabemos quién hay detrás de todo esto, nombrando a un tal Armando y gesticulando con la mano «poner el cazo».

Las denuncias cayeron en el juzgado número 1 de instrucción de Lugo, cuya titular es la jueza Pilar de Lara, y empezó entonces la construcción de un sumario que seis años después aún no ha concluido. Y si no lo ha hecho, no es en absoluto por la falta de diligencia o capacidad de trabajo de la magistrada. La dilación de ese sumario obedece, desde mi punto de vista, a dos motivos. Uno, porque cuando se empezó a investigar al agente implicado en la supuesta agresión, surgieron también, como si fueran capas de cebolla que hasta ese momento habían permanecido ocultas, tramas y tramas de corrupción que se iban extendiendo mucho más allá de un hecho puntual; se fue dibujando un mapa de una ciudad y de unas instituciones profundamente tocadas por comportamientos presuntamente delictivos. Tal vez no haya sumario más claro que el de la operación Carioca para poder apreciar con nitidez que la corrupción policial, con cierto nivel de organización, tiene su correlato en otras esferas sociales y políticas. Y todo junto configura en sí mismo una trama única donde todos los actores intentan tapar actitudes y comportamientos ilícitos sabedores de que a todos les interesa callar, por aquel dicho tan sabio de que «si cae uno, pueden caer todos».

Es sorprendente lo que día a día, tras una investigación minuciosa y dirigida a llegar hasta las últimas consecuencias, fue deparando el sumario de la operación Carioca. El rosario de presuntos delitos fue tan amplio, las conexiones tan evidentes, que prácticamente toda la vida institucional lucense quedó tocada.

El segundo motivo por el que este sumario se ha prolongado tanto en el tiempo tiene que ver con las dificultades de su propia instrucción. A lo largo de la misma han pasado cosas que nos deben avergonzar como país. Las dificultades de los investigadores, los propios agentes de la Guardia Civil boicoteados por otros agentes, las amenazas, los seguimientos, la falta de colaboración institucional. Nunca he leído escritos de un juez quejándose ante los mandos de la Guardia Civil, ante el ministerio o ante el poder judicial con tanta dureza e indignación. Nunca ha sido tan evidente la soledad de una jueza por desentrañar una maraña de corrupción que amenazaba con convertir la ciudad de Lugo en una pequeña Sicilia, una jueza que tuvo que solicitar escolta, que cambiar de vida, y acostumbrarse a las amenazas y a los insultos. De igual modo, los agentes adscritos a su juzgado, tanto del SAI como de la Policía Judicial, han tenido que lidiar con situaciones incomprensibles en un estado de derecho.

No nos detendremos mucho en el aspecto de la corrupción política, dado que el objeto de este libro es otro. Pero sí conviene que tengamos en cuenta que de la operación Carioca surgieron otras investigaciones que afectan de lleno a empresarios y políticos de todos los partidos que actúan en la comunidad gallega. Los sumarios conocidos como Campeón o Pokemon, ambos relativos al cobro de comisiones por la concesión de contratos públicos o subvenciones, hunden sus raíces en la Carioca.

Cuando la denuncia de la mujer latinoamericana llegó a su juzgado, la jueza emitió un oficio al SAI de la Guardia Civil para que fuera esta unidad la que se hiciera cargo de las investigaciones. No solo existía la posibilidad de que se hubiese producido un delito de índole sexual, también parecía desprenderse de los primeros datos de la investigación la organización de una trama que favorecía la prostitución y la explotación de cientos de mujeres extranjeras, que eran captadas en sus países de origen y controladas y manipuladas desde su llegada a España. Mujeres condicionadas por la deuda que contraían con los dueños de los clubs, que no podían abandonar hasta haber satisfecho el pago de la misma. De esos primeros datos también se desprendía una actuación un tanto insólita en cuanto a la tramitación de los permisos de residencia y legalización de su situación en España.

Los primeros pinchazos sobre el teléfono del cabo Armando y algunos dueños de los clubs empezaron a poner de manifiesto las conexiones que todos tenían con más agentes de la Guardia Civil, con policías nacionales, algunos adscritos a la Brigada de Extranjería y otros a la Subdelegación del Gobierno, con policías locales, abogados y con distintos funcionarios de la administración. La jueza y los investigadores se encontraron con una trama llena de ramificaciones.

... estarían realizando una actividad de inmigración clandestina de personas extranjeras, trayendo a España mujeres de nacionalidad brasileña, en clara situación de estancia irregular, con la finalidad de ejercer la prostitución en sus clubs, siendo tal actividad conocida por algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, lejos de perseguir tal actividad, la favorecerían en diversos sentidos:

• No realizando inspecciones en tales locales.

• Comunicando con antelación suficiente la práctica de tales inspecciones.

• Realizando actuaciones ilícitas para regularizar la situación de tales extranjeras, ya sea facilitando documentación falsa, ya sea realizando trámites irregulares en Extranjería.

• Solicitando y obteniendo favores sexuales de mujeres que ejercían la prostitución en tales clubs de alterne, bajo la amenaza de proceder a su expulsión en caso de negarse a ello.

• Todo ello a cambio de favores sexuales y/o contraprestaciones económicas.

La tela de araña no hacía más que crecer y cada vez enredaba a más personas y a más estamentos. Para hacernos una idea de la gravedad de la situación, la jueza acuerda, ante los informes del SAI, las siguientes diligencias:

• La completa identidad y filiación de los informes de los funcionarios policiales adscritos a la Comisaría Nacional de Policía de Lugo, con indicación de sus teléfonos móviles y fijos.

• La completa identidad de los funcionarios policiales y civiles adscritos a la Brigada de Extranjería de Lugo.

• Informe sobre la identidad de funcionarios policiales nacidos o domiciliados en Lugo con destino en el aeropuerto de Barajas y quien se encontraba en la ventanilla 16 de ese aeropuerto en determinadas fechas.

• Informe sobre la identidad de personas (funcionarios, policías y civiles) encargadas de la tramitación de expedientes de extranjería en la Subdelegación del Gobierno de Lugo.

• Informe sobre el funcionamiento de los terminales informáticos desde los que se realizan los expedientes de extranjeros y su tramitación.

La investigación contó con excesivos obstáculos desde el principio, entre otras cosas, porque las mujeres objeto de explotación sexual tenían miedo a declarar la verdad, habida cuenta de las relaciones que mantenían los dueños de los clubs con determinados agentes policiales. También puso de manifiesto la existencia de una organización perfectamente conjuntada para la entrada de mujeres extranjeras en nuestro país y que incluía contactos en el aeropuerto madrileño de Barajas. Veamos una hoja de los últimos informes desarrollados por los agentes de la Guardia Civil de Lugo adscritos al juzgado número 1.

Los cimientos de la apacible y burguesa sociedad de Lugo se empezaban a remover. Lo que sorprendía de esas investigaciones era la aparente impunidad con la que se movían todos los investigados. Pero la jueza no se detuvo en ningún momento y siguió tirando del ovillo.

La trama contaba presuntamente en su haber con unos jefes policiales que parecían mover los hilos en complicidad con los dueños de los clubs, especialmente con uno de ellos, José Antonio Adán. Pero al calor de ella, otros tantos policías y agentes de la Guardia Civil se veían atrapados en los mismos comportamientos presuntamente delictivos en su trato con las prostitutas. Era difícil romper aquel círculo vicioso so pena de quedar relegado, marginado o parecer un «quisquilloso». Además, cuantos más agentes estuvieran implicados en el asunto, aunque solo fuera por el paso fugaz en una habitación de un club, mucho mayores serían el silencio y la impunidad necesarios para la supervivencia de todo el tinglado. Parece que en las Fuerzas de Seguridad hay poco margen de maniobra y denuncia cuando los que están por encima o son más veteranos se comportan de manera anómala. Cuando esto sucede, en gran parte de los casos, la mancha de aceite se va extendiendo sin control y acaba por enfangar todo. Ya hemos visto cómo las actitudes de reproche o las negativas a transigir se suelen pagar caras, cuando lo normal debiera ser exactamente lo contrario. Y en el sumario de la Carioca encontramos de nuevo un hecho que debería hacer reflexionar mucho sobre nuestro modelo policial.

Leamos la declaración de una trabajadora social de Cáritas sobre un hecho ocurrido en el año 2005, es decir, cuatro años del inicio de la investigación.

Asimismo se indigna porque Armando [cabo de la Guardia Civil] en fecha 04/05/05 le comenta a las trabajadoras municipales de los pisos de acogida que a las mujeres prostituidas las iría a recoger otra mujer y las trasladaría a un club de alterne. Lógicamente, la trabajadora le dice que eso no puede ser.

Ante la negativa de la trabajadora municipal, Armando le pide que entonces conduzca a las dos mujeres prostituidas que tenían en los pisos a un punto concreto de la avenida de las Américas de esta capital y desde allí que pidan un taxi para que las lleve al club Luxor de Rozas-Lugo y que allí habrá gente que se hará cargo de la carrera del taxi.

Negándose a todo ello la trabajadora municipal, entonces Armando le dice que no haga nada, que él mismo las iría a recoger al portal de los pisos de acogida. Pudiendo observar cómo llega Armando y pide un taxi para las mujeres.

El cabo Armando era el responsable del Equipo de Mujer y Menores (EMUME) en la ciudad de Lugo. Eso significa que era uno de los máximos responsables de la atención a las mujeres y a los menores. ¿Cómo es posible que ostentando ese cargo pudiera dar el teléfono o la dirección de los pisos de acogida a las «mamis» de los clubs? ¿Cómo es posible que pudiera poner en peligro la seguridad de las mujeres a las que debía de proteger? ¿Cómo es posible que actuara con tal impunidad? Esas preguntas no tienen respuesta. Que estas cosas pudieran suceder ya implica el descontrol, el caos o la corrupción de otras instancias por encima del cabo incapaces de atajar esas situaciones. Y la pregunta sigue siendo la misma… ¿por qué?

Pero la situación aún es más grave si consideramos que el responsable policial del EMUME (insistimos, equipo dedicado a la atención de mujeres y menores) se permite pedirle a una trabajadora social que está protegiéndolas que las meta en un taxi y las envíe de vuelta al club, a lo que con toda sensatez ella se negó. No contento con eso, es el propio cabo el que se presenta en el piso de acogida, para sacar a las dos mujeres de allí y llevarlas de vuelta al club. ¿Puede suceder esto en un país con unas instituciones serias?

Es evidente que las trabajadoras sociales no se quedaron quietas. La responsable de Cáritas se lo comunicó a la entonces concejala de Asuntos Sociales, Carmen Vasadre, y posteriormente mantuvieron una entrevista con el subdelegado del Gobierno Jesús Otero. Según la declaración que hicieron ante la jueza cuatro años después, el subdelegado tomó notas manuscritas en aquella reunión, les dijo «que estuvieran tranquilas, que él se encargaría de llevar la investigación, y que tendría que hacerlo con sigilo, porque podría haber personas interesadas en dificultarla». De estas buenas palabras nunca se supo nada más. El subdelegado Jesús Otero acabaría siendo imputado por la jueza por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos.

Las trabajadoras sociales también acudieron a hablar con dos mujeres agentes de la Guardia Civil también destinadas en el EMUME. Las dos agentes se quedaron estupefactas ante lo que les contaban y decidieron poner los hechos en conocimiento del capitán de su unidad presentándole un escrito. Pero la respuesta del oficial fue un tanto desalentadora. Así lo narran ante la jueza.

Que ese escrito se lo dan el 5 de junio, que se lo entregaron y le dijeron que querían hablar con él de un tema importante y si podían cerrar la puerta, y dice que no. Que anteriormente ya le habían hecho algún comentario, que controlara a Armando, que vigilara todo lo que hacía. Que les llegaban comentarios, y nunca hizo caso, que nunca las tomó en serio.

Que le entregaron el escrito, lo leyó, lo subrayó, lo tachó, hizo anotaciones y después de muchos minutos les dijo algo así: «Que fuera, que ya vería lo que hacía con eso», una cosa muy breve y se fueron. Que estarían diez minutos.

Que después recibieron una llamada de Luciando, que estaba en la plana de aquellas, y les dijo que el capitán quería verlas, y fueron a su despacho y les dijo cogiendo el papel: «Yo no he visto nada…», no les dejaba hablar, ni explicarse, que Armando estaba en la oficina de al lado, con la puerta abierta, que tampoco les dejó cerrar la puerta y les dijo que no estaban poniendo cosas objetivas.

Que si lo hacían por conducto reglamentario que lo investigaría, pero al primero que le iba a dar cuenta era a Armando. Que a Armando se le iba a dar cuenta desde el primer momento.

Que no les dejaba razonar con él, Armando en la oficina de al lado, y la puerta abierta, y al final Velarde se marchó de la oficina dejándolas a ellas dentro, por lo que se marcharon.

Que a los pocos días de la reunión con el capitán Velarde, la dicente y su compañera decidieron dar traslado de este escrito a Madrid, a una unidad superior de información.

Que no recibieron ninguna respuesta de Madrid.

A pesar de otros avisos que se recibieron en la comandancia durante esos años, nunca se abrió una investigación interna por aquellos hechos tan graves.

Como contrapartida, las dos agentes denunciantes sí resultaron afectadas en sus puestos de trabajo.

Que las consecuencias que les trajo la nota a nivel profesional fue que las apartaron del tema relativo a la prostitución de plano y por ejemplo las volvieron a poner a trabajar solas hasta que se marchó Sonia, y a nivel personal, compañeros que les retiraron el saludo y les torcían la cara.

Se supone que este gravísimo hecho sucedido en la casa de acogida también fue conocido por el entonces teniente coronel Herrera, jefe de la comandancia de Lugo, hoy coronel destinado en Canarias, dada la jerarquía imperante en la Guardia Civil. Sin duda, lo fue por el entonces subdelegado del Gobierno, Otero, y el alcalde de Lugo, según consta en otra nota interna de la propia Guardia Civil. Nadie movió nada.

Pero más sorprendente resulta todo cuando acudimos a la declaración de un guardia civil ya jubilado y que fue compañero del cabo Armando en su destino en la Audiencia Provincial de Lugo, antes de que aquel fuese a parar al EMUME. El citado agente se cansó de denunciar los comportamientos irregulares de su compañero. Incluso llega a hablar de un caso ciertamente preocupante con respecto a una violación.

Que el dicente advirtió al capitán Mato de todo lo que pasaba, que este hombre estaba pagando dinero a Armando por quedar absuelto en una causa de violación, pero Mato no le hizo caso, le dijo que hablaría con Armando… pero continuó haciendo de las suyas… que Armando tenía apoyo pleno del mando, que el último teniente coronel que hubo le apoyaba plenamente, que como mucho le echaba una bronca, pero mucho tampoco podía decir, porque Herrera también estaba metido en las noches. Ambos se jugaban el puesto y mejor, por tanto, tenía que estar calladito.

Otra vez la pregunta sigue siendo por qué tapar comportamientos tan anómalos, por utilizar una palabra suave. Lo que narra el compañero del cabo Armando es desolador. Como nadie le quiso hacer caso, al final no le quedó otra, según su declaración, que asistir impasible a todo tipo de comportamientos irregulares y extraños. Incluso se quedaba en el coche esperando a que el cabo acabase los asuntos que le llevaban a los clubs.

Sorprende además que alguien que no tenía carnet de conducir, como era el caso del cabo, condujese vehículos oficiales y tuviese a su disposición los coches de la comandancia en sus escapadas nocturnas y a horas, en teoría, fuera de servicio. A pesar de su comportamiento problemático, el cabo Armando fue destinado al EMUME, cosa que su compañero no logró entender nunca, dado lo mucho que iba por los clubs.

Parece que lo que salvaba al cabo eran sus buenas relaciones con el mando y con determinados estamentos de la ciudad. Todo se puede solucionar con una buena cacería o montando algún sarao.

En el sumario sorprende ver actuaciones tan poco deseables como la intervención telefónica de números ubicados en las propias dependencias policiales; era la única manera de avanzar en las investigaciones, ya que muchos de los agentes imputados se valían de su condición de funcionarios para realizar sus presuntas actividades delictivas. Al margen de todo lo ya relatado, lo que dibujaba la investigación era un mundo aún más inquietante, donde se daban cita los matrimonios amañados con prostitutas para buscar su legalización, las presuntas estafas a trabajadores inmigrantes de países africanos, con bufetes de abogados por medio, el tráfico de armas, el de drogas, las intrigas entre distintos integrantes de las Fuerzas de Seguridad, investigaciones de unos sobre otros, agentes que no detienen a un taxista con cocaína a cambio de que se haga confidente sin darle de alta como tal o sin mediar fiscal por medio, otros que llevan a sus amigos a los clubs en coche oficial, las turbias contrataciones para la realización de obras en los cuarteles, las andanzas extrañas del jefe de la comandancia en compañía de su chófer, los rencores, los miedos y las amenazas de todos los implicados, las fiestas en clubs privados donde se celebraba la adjudicación de contratos públicos, con droga y mujeres incluidas, un exguardia civil dueño de un club, empleados municipales con intereses económicos en los burdeles y ligados a las empresas adjudicatarias de la ORA, policías municipales trabajando a favor de los proxenetas, reuniones y celebraciones de una especie de sociedad secreta a las que acudían lo más selecto y variado de todos los estamentos sociales y políticos de Lugo.

Pero con ser grave todo ello, del sumario se desprenden otros hechos inquietantes: la desaparición de algunas mujeres e incluso el presunto asesinato de al menos una de ellas, de origen brasileño. La jueza Pilar de Lara se tomó muy en serio esta posibilidad y se hicieron registros en los clubs en busca de un posible cadáver. Existen en la causa declaraciones inquietantes de testigos protegidas que hablan de este extremo con profusión.

Conviene no olvidar que detrás de esta trama de prostitución hay mujeres de carne y hueso, que huyen de la pobreza y de la miseria de sus países de origen, lo que las convierte en seres especialmente vulnerables cuando caen en manos de las mafias.

El sumario está cargado de historias dramáticas, personales, donde se evidencia el submundo que se esconde tras las luces brillantes de neón y las barras de metacrilato. Una de las historias más conmovedoras es probablemente la de la joven brasileña Cilenes Domingues, que vino a nuestro país por la necesidad de alimentar a su familia en Brasil.

La jueza se interesó por su caso tras escuchar la declaración de otra trabajadora de un club. En ella contó que conocía a una chica que se había quedado embarazada del dueño de uno de los locales de alterne imputados en la causa. La mujer se había enamorado de él, pero una vez que se quedó embarazada, aquel se desentendió de su suerte. La mujer contó que la joven acabó tirándose por una ventana y quedó tetrapléjica.

Los investigadores de la Guardia Civil llegaron hasta la joven brasileña tras numerosas pesquisas. Y confirmaron la historia que había contado la trabajadora del club. La joven Cilenes vivía en un centro hospitalario especializado en lesiones medulares. Sus informes psiquiátricos son cuanto menos un tanto confusos. Hablan de presiones y coacciones. Como consecuencia de la caída le habían amputado un brazo y su cadera había resultado totalmente destruida, por lo que se tenía que mover en silla de ruedas. Un mes antes de intentar quitarse la vida, Cilenes había dado a luz a una niña a la que le fue imposible inscribir en el registro por la cantidad de trabas burocráticas que le pusieron, entre otras, no tener el pasaporte en regla. Al final dio a su hija en adopción. Así lo relató en el juzgado.

Que entró varias veces en un hospital psiquiátrico por depresiones sufridas en el mundo de la prostitución. Que una vez, estando ingresada en un hospital de Pontevedra, se escapó del centro y sufrió un accidente, motivo por el cual sufrió una invalidez del 99 por ciento de su cuerpo y quedó en estado tetrapléjico. Que no recuerda bien cómo sucedió el accidente, si bien cuando despertó se encontraba en el hospital.

Que la dicente, treinta días antes, había dado a luz una hija, la cual tuvo que dar en adopción, porque la dicente no tenía ni papeles, ni trabajo, ni dinero, ni nada, ni tan siquiera una salida. Que posiblemente por este hecho se trastornó y tomó una decisión fatídica que la llevó a su estado actual. Que quiere añadir que en el centro de monjas donde estaba internada también la presionaban diciéndole que tenía que salir a buscar la vida porque los de arriba pedirían explicaciones [refiriéndose a sus superiores]. Que fueron tantas las presiones a las que fue sometida por parte de la monja superiora, llamada Isabel, del centro Rebaño de María, que aún hoy es el día que siente un deseo de venganza hacia esa persona. Que durante el tiempo que estuvo en el centro fue sometida a un trato humillante, obligándola a realizar jornadas intensivas de todo tipo de limpieza.

Que siempre quiso abandonar la prostitución, que fue lo que persiguió, si bien no pudo hacerlo porque no tenía papeles y su familia en Brasil dependía totalmente de los ingresos económicos suyos, y esa situación era conocida por los dueños de los clubs, que en numerosas ocasiones le ofertaron poder conseguir papeles a cambio de dinero… y que todos esos intentos siempre fueron engañosos, si bien no hizo ninguna aportación económica al respecto.

Cilenes contó muchas más cosas que coincidían plenamente con la investigación en marcha.

A raíz de su declaración, la jueza abrió una nueva causa por presuntas adopciones ilegales, y actualmente se investigan otros casos de prostitutas que dieron a sus bebés en condiciones un tanto irregulares.

Al sumario de la Carioca no le falta de nada. Es un cóctel donde se mezclan todo tipo de presuntas corrupciones. Una vez que comenzaron las detenciones y las imputaciones, que incluían a un buen número de policías y guardias, entre ellos al entonces jefe de la comandancia, coronel Herrera, al jefe superior de Policía de Lugo, Máximo Losada, o al exsubdelegado del Gobierno, Jesús Otero, el proceso se fue volviendo cada día más tenso. Se practicaron registros en la comisaría provincial de Lugo y en la comandancia de la Guardia Civil, se volcaron los ordenadores y se requisaron archivos. Todos los encargados de la investigación empezaron a notar el aire hostil en el que se movían.

Ante el escaso entusiasmo por parte de la dirección de la Guardia Civil para facilitar más agentes del SAI al juzgado, la magistrada comisionó a varios agentes de la Policía Judicial de la comandancia para que permanecieran adscritos a la causa, agentes que estuvieron sometidos a una presión constante. Por parte de la Policía Nacional también hubo denuncias de agentes que afirmaron sufrir las mismas presiones. Se produjeron escenas lamentables, como la discusión y las amenazas entre miembros del SAI y otros agentes de Lugo en la puerta del juzgado.

El sumario recoge la entrevista que mantuvieron los agentes del SAI con el jefe de la comandancia de Lugo, Gonzalo Borrás, un día después de los supuestos enfrentamientos entre miembros del mismo cuerpo a requerimiento del mando. La declaración de lo agentes puede resultar confusa, pero es interesante en muchos de sus extremos.

Nos presentamos en el despacho del teniente coronel Borrás… con todo respeto y subordinación en su despacho, este tras interrogarnos de cómo iban las cosas y nosotros contestarle que no podíamos hablar nada del caso que nos ocupa, haciendo saber el por qué, este nos contesta: «Es igual, ya lo sé todo, no creáis que a mí no vienen a verme, la verdad es que no sé por qué, pero ya me explico los pormenores de la operación… El otro día vino también a verme un teniente de Internos y un sargento que tiene tatuajes en las manos, comentándome más de lo mismo y la verdad es que no entiendo el por qué vienen a verme... También quisiera enseñaros algo que el teniente coronel Miguel Ángel González Arias me enseñó cuando tomé el mando de esta comandancia, sobre algo que tuve que firmar cuando ejercía las funciones de jefe y que le obligaba a no comentar nada de lo sabido sobre la operación en sí, pero bueno, ahora no lo encuentro… eso no va conmigo, en nuestro régimen interno no tiene por qué meterse el poder judicial, somos una institución con nuestras propias normas de funcionamiento interno, es más, hemos elevado consulta a la unidad técnica de Policía Judicial, para saber el grado de oficialidad que pudiera tener vuestra comisión, pero bueno, Madrid, como siempre, se fue por los cerros de Úbeda. Yo simplemente os he llamado por la cuestión de confianza y lealtad hacia el mando, y de confianza, de los dos, lo cual en altas esferas se esta dirimiendo en estos momentos y pudiera afectaros el día de mañana».

A lo cual, con todo respeto y subordinación le dijimos que no entendíamos lo que quería expresar, contestando que nosotros no habíamos seguido las normas de régimen interno y no se lo habíamos comunicado a nuestros mandos inmediato superiores… «con vosotros no se puede hablar…».

Desde el principio empezaron a pasar cosas inusuales en el juzgado, como la desaparición de diligencias de los ordenadores. Así lo manifiesta un escrito de la jueza.

Era imposible acceder a las diligencias previas. 4449/2008 [Sumario Carioca], dado que según la información facilitada por el sistema el procedimiento había sido suprimido. Textualmente ponía «procedimiento no encontrado».

Se acudió al decanato, a fin de comprobar si por alguna razón el procedimiento se había mandado desde el juzgado, informándonos que dicho procedimiento no figuraba como existente, ni con el número de Diligencias Previas, ni con el número de registro general, ni tampoco por el de los intervinientes.

Al margen de que dicha situación ha producido numeroso retrasos por las declaraciones previstas, es preciso destacar la incomprensible situación que se produce y los problemas derivados:

Así, en dicho procedimiento penal existen numerosos testigos protegidos, cuyos datos figuraban informativamente y no así en el soporte de papel para dar debida protección a tales testigos, por lo que dichos datos han sido perdidos

En segundo lugar, resulta incomprensible absolutamente que, entre la totalidad de procedimientos penales que se siguen en este juzgado, haya desaparecido casualmente este proceso penal en el que existen implicados numerosos intereses.

Es inconcebible que con el nivel de seguridad que debe exigirse a las aplicaciones informáticas haya podido desaparecer un procedimiento penal…

Solicito se realice una auditoría para saber el procedimiento utilizado para desaparecer o suprimir dichas diligencias.

La fecha, hora y usuario que ha realizado dicho trámite.

Indagación de todos los usuarios y administradores del sistema que hayan podido acceder a dicho procedimiento, desde el 17 de octubre de 2009 hasta el momento de la desaparición o supresión, todo ello con el fin de comprobar si personas ajenas a este juzgado han podido acceder a sus documentos o tan siquiera intentarlo. Se hace constar que el procedimiento está declarado secreto.

Sin destruir los rastros que permitan practicar las averiguaciones de tan graves hechos, se proceda a la inmediata recuperación del procedimiento que pudiera estar almacenado en las copias de seguridad del servidor.

El sumario de la Carioca se iba convirtiendo a su vez en un metasumario, dado el tiempo que había que invertir en investigar todas las incidencias extrañas que se iban produciendo. Otro de los hechos insólitos de la instrucción de esta causa fue el forzamiento y fractura del despacho utilizado por los agentes de la Guardia Civil comisionados para esta causa. Leamos de nuevo a la jueza en un escrito dirigido al jefe de la comandancia de Lugo.

El mencionado oficio se fundamenta en la seriedad, gravedad y trascendencia de los hechos revelados en el atestado instruido por el forzamiento y fractura de la puerta del despacho del EMUME, sito en las dependencias internas que la Policía Judicial ocupa en la sede de la Guardia Civil y en la que trabajan habitualmente los citados guardias, por el que se han incoado diligencias previas, ante la escasa seguridad que parece ofrecer el recinto de Policía Judicial y sobre todo en la necesidad de preservar el secreto de las actuaciones y otorgar debida protección y privacidad a la identidad de testigos y víctimas, obligación prioritaria de esta instructora, máxime cuando algunas de las personas que pudieran aparecer citadas en las presentes diligencias pudieran tener relación con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con posterioridad remite otro al general de la zona. Resulta un tanto extraño tener que leer estos autos en un estado de derecho.

Aunque desde diversos organismos oficiales y autoridades se ha pretendido restar importancia al citado incidente, le comunico que ante este juzgado se ha incoado el procedimiento por un delito de obstrucción a la justicia....

Asimismo, con independencia de que los mismos tengan relación o no con la operación Carioca así como de su autoría o de la pertenencia o no al cuerpo de la Guardia Civil… dada la revelada falta de seguridad en las dependencias oficiales de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil, en el día de la fecha me he visto obligada a dictar la orden a los dos guardias civiles comisionados para la investigación a fin de que adopten las medidas precisas para preservar la obligada seguridad y protección tanto de las actuaciones relacionadas con la presente investigación como de los datos personales de los testigos, víctimas e imputados y en particular en lo referente a su almacenamiento, absteniéndose en lo sucesivo si fuera preciso de utilizar las dependencias de la Guardia Civil de Lugo para la prestación de declaraciones relativas a la presente investigación, poniendo a su disposición tanto la sede y despacho de este juzgado como sus medios informáticos.

Finalmente, los guardias civiles comisionados tuvieron que desempeñar su trabajo en dependencias judiciales por el ambiente hostil que percibían en la propia comandancia. Otros hechos que denunció la jueza fueron las filtraciones a la prensa, a pesar de estar declaradas secretas las actuaciones, con el ánimo de frustrar la investigación. O el hecho insólito de que uno de los detenidos, en prisión provisional, fuera presentado sin esposar a una declaración en el juzgado. O los expedientes disciplinarios a los agentes que colaboraban con el juzgado.

Seguimientos, coches rayados, amenazas en la red, pintadas, infundios, insultos… Finalmente, la jueza Pilar de Lara tuvo que solicitar protección policial.

CAPÍTULO 4

Cuando el CNI enreda

El pequeño Nicolás

Nunca vamos a saber lo que se esconde de verdad detrás del caso de El pequeño Nicolás. Tiene tantas ramificaciones, hay tanta gente implicada… al final es posible que intenten limitarlo a una trama de corrupción policial dentro del ayuntamiento madrileño, pero sorprende entre muchas otras cosas que El pequeño Nicolás tuviera el teléfono personal del rey, o mantuviera relaciones con el que fuera secretario de las infantas, García Revenga…

Quien así habla es Carlos Bahón, portavoz de la Asociación Unificada de Policía Municipal en Madrid personada en la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 2 de Madrid contra El pequeño Nicolás por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental. También tiene otra causa abierta en otro juzgado madrileño a instancias del CNI por injurias.

Desde luego lo que revela el sumario de El pequeño Nicolás es de nuevo un estado de cosas preocupante en lo que se refiere al funcionamiento de determinadas instituciones. Es difícil saber, a día de hoy, lo que se esconde realmente detrás de este caso (que aún se instruye), pero sin duda es mucho más grave que lo que algunos han intentado insinuar: las andanzas de un joven con aires de grandeza o las de un aprendiz de estafador.

Su nómina de contactos era tan amplia (incluía a políticos y empresarios de elevado nivel), su facilidad para requerir los servicios de los Cuerpos de Seguridad del Estado tan sorprendente, su capacidad de movimientos tan descarada (hay que recordar que asistió a la coronación del rey Felipe VI), que mucho nos tememos no encontrarnos ante el típico caso de un estafador avispado, sino ante un personaje difícil de encuadrar en un estado con un mínimo de seriedad y tocado en sus estructuras por una corrupción no precisamente coyuntural. Tal vez todo lo relacionado con este joven cuadre mucho mejor con un esperpento valleinclanesco; caravanas de coches oficiales o pseudo oficiales arribando a un pueblo donde en teoría va a acudir el rey a comer, reuniones con secretarios de Estado y correos sospechosos de todo tipo de influencias, palacetes de la nobleza como sedes de desconocidas reuniones con todo tipo de altas personalidades financieras y políticas, con vigilancia de no se sabe quién, recogida del alcalde de Miami en la misma capital de Madrid con parafernalia oficial sin ostentar ninguna representación oficial de tal institución. Y así hasta el infinito.

Por lo que al objeto de este libro se refiere, el caso Pequeño Nicolás no solo ha destapado una trama de presunta corrupción policial en el ayuntamiento de Madrid, Policía Nacional y Guardia Civil, también ha puesto sobre la mesa las guerras intestinas dentro de la Policía Nacional, con el SAI como protagonista, o las andanzas del CNI revoloteando en torno a todo este laberinto policial.

De antemano hay que recordar que El pequeño Nicolás fue detenido por el SAI de la Policía Nacional, cosa nada frecuente, dado que esta unidad no suele arrestar a nadie que no sea componente del cuerpo. Pero, según denuncian algunos agentes de la policía, el SAI de la Policía se ha ido convirtiendo, poco a poco, en los últimos años, en una unidad dependiente del mando, con incursiones en esferas que nada tienen que ver con la lucha de la corrupción policial desde dentro, y su utilización en investigaciones de todo tipo resulta evidente.

En el inicio de sus pesquisas, el SAI, dirigido entonces por el comisario Marcelino Martín Blas, solicitó la realización de una serie de diligencias que llaman la atención por los nombres citados en ellas. Veamos algunas.

La lista se completa con nombres tales como Jorge Cosmen, presidente del grupo de transportes Alsa, el financiero Javier de la Rosa, el expresidente del club del Barcelona, José Luis Núñez, Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, Arturo Fernández, presidente de la patronal CEIM, el empresario Juan Miguel Villar Mir, Miguel Bernard, presidente del sindicato Manos Limpias, o Emilio García Grande, coordinador de Emergencias del ayuntamiento de Madrid.

También el SAI se interesa por la declaración de Carlos García Revenga.

Sin duda, el tema parecía mucho más complicado que una simple estafa. La lista incluía agentes de la Guardia Civil destinados en la Casa Real, policías municipales del servicio de escolta o personal de la Embajada de Estados Unidos.

Las investigaciones fueron poniendo de manifiesto las estrechas relaciones de El pequeño Nicolás con algunos agentes de la Policía Municipal con los que llegó a crear un grupo de Whatsapp denominado «Departamento de Seguridad Nacional».

Gracias a estos contactos, Francisco Nicolás Gómez Iglesias utilizaba los medios y recursos públicos como si fueran de su propiedad.

Según la investigación, de todas estas andanzas era conocedor el máximo responsable de la Policía Municipal en Madrid, Emilio García Grande.

Emilio García Grande dimitió de su puesto una vez que resultó imputado por el juez. Pero la gran duda es saber el por qué de su comportamiento. No parece lógico que el responsable de la Policía Municipal madrileña estuviera sometido a la influencia de un joven de veinte años.

En el sumario se recogen fragmentos de conversaciones donde se deja ver que algunos policías municipales podían recibir contraprestaciones económicas por parte de El pequeño Nicolás.

Según la Policía, «las lechugas» a las que hace referencia esta conversación son en realidad dinero.

Pero los contactos del joven Francisco Iglesias se extendían a otros componentes de las Fuerzas de Seguridad, a los que no dudó en llamar cuando se percató de que era seguido por vehículos camuflados pertenecientes al CNI.

Las consultas de coches con matrículas reservadas que seguían al joven también significaron la imputación de un comisario de policía nacional por un delito de presunta revelación de secretos oficiales. Demasiados tentáculos para un joven con ansias de grandeza, tentáculos que también llegaban a tocar a funcionarios policiales adscritos a las oficinas de emisión del DNI, que presuntamente facilitaron la expedición de carnets a nombre del joven pero con fotografías distintas.

Carlos Bahón, portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), intenta explicar por qué no se detectó nada dentro de la Policía Municipal.

Un partido que está tantos años en el poder, como es el PP en el caso del ayuntamiento de Madrid, al final se hace prepotente, se acaba creyendo que «el cortijo» es suyo. Eso explica en parte estas actitudes incomprensibles. Por otra parte, la brigada de Asuntos Internos de la Policía Municipal no está para lo que en teoría tendría que ser su función. Se dedica a investigar nimiedades, los trabajos extra que puedan hacer los policías, sin atender a lo fundamental: las posibles tramas de corrupción dentro del cuerpo.

La guerra interna de distintos clanes dentro de la Policía con intervención del CNI estalló en el sumario cuando la Brigada de Asuntos Internos identificó al veterano comisario José Villarejo como la persona que contactó con El pequeño Nicolás en las inmediaciones de unas instalaciones deportivas en la ciudad de Madrid. Veamos las fotografías.

Evidentemente, no era el comisario José Manuel Villarejo. Entonces, ¿por qué involucrarle en esta investigación?

Conviene que nos detengamos brevemente en el perfil de este comisario. Oficialmente no ha existido durante muchos años. Es alguien acostumbrado a trabajar en la sombra, una especie de agente secreto dentro del cuerpo. Según los que le conocen, ha realizado grandes trabajos para la seguridad del Estado, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sus actividades llegan hasta montar empresas en Uruguay para controlar a los refugiados de ETA o en nuestro país para desmenuzar los entresijos de otros casos como el de la operación Malaya en Marbella. «Es un policía que siempre ha ido por libre, acumulando información y metiendo el ojo en infinidad de tinglados», aunque en teoría depende de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), a cuya cabeza está el comisario Eugenio Pino.

Según estas mismas fuentes policiales, Villarejo ha manejado más de cuarenta empresas en los últimos años, con sede en Estados Unidos, Uruguay, España y Panamá. No es extraño que la policía cree empresas pantalla para realizar algún tipo de investigación, como no lo es el hecho de que algunos agentes dispongan de variadas identidades para desarrollar sus trabajos. Lo que es curioso es la defensa a ultranza de este comisario por parte del actual ministro de Interior, Jorge Fernández, a pesar de que Villarejo no parece casarse con nadie y ha denunciado hechos tan graves como la utilización de la Brigada de Asuntos Internos para controlar el caso Gürtel o la «pérdida» de una parte del rescate pagado por el CNI para la liberación de dos periodistas secuestrados, Javier Espinosa y Marc Marginedas. Villarejo, buen conocedor de todo lo que se mueve en los ambientes políticos catalanes, ha intervenido en la investigación sobre el patrimonio de los Pujol y conoce los entresijos del caso Gürtel por su trabajo con la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), encargada de la investigación y que no ha estado exenta de sufrir presiones por parte de la cúpula policial.

La pregunta es quién protege a quién. ¿Quién está siempre en el ministerio? ¿Quiénes son los que pasan? Los ministros. Con lo cual quienes controlan siempre el ministerio son personas como Villarejo, gente con poder e información y todo lo que eso significa.

El comisario Villarejo se hizo conocido para la opinión pública a raíz de una grabación efectuada al entonces presidente de la Comunidad de Madrid, José Ignacio González, sobre la adquisición de un ático en Marbella. Esta grabación salió publicada en los medios de comunicación dejando tocado políticamente a González. No es de extrañar que este comisario acumule tantos enemigos como lealtades. El comisario del distrito de Chamartín le acusó de estar detrás del apuñalamiento de la doctora Pinto, una mujer que presuntamente sufrió acoso sexual por parte del empresario y amigo del rey, Javier López Madrid, consejero delegado del grupo Villar Mir. La denuncia recaló en un juzgado madrileño, pero el SAI no ha entrado a investigar este turbio hecho. Quien sí salió derrotado fue el comisario de Chamartín, que fue traslado de comisaría y posteriormente expedientado por Interior por otro turbio asunto, en el que aparece mezclado Villarejo a través de sus abogados, en referencia a una supuesta extorsión a ciudadanos indios. Guerras cruzadas, disputas internas, clanes ideológicos.

Lo que parece evidente es que Villarejo es intocable. El periódico El País cifró en 16 millones de euros el patrimonio acumulado por Villarejo en los últimos años, lo que obligó al ministro Jorge Fernández a abrir una investigación sobre el asunto. El encargado de dicha investigación fue José Ángel Fuentes Gago, que tiene un rango inferior al del comisario, otro hecho poco frecuente, pues estas investigaciones las suelen hacer agentes del mismo o superior rango al investigado. La rápida investigación efectuada se saldó con un nihil obstat a favor del comisario, y Fuentes Gago pasó a disfrutar de un buen destino en la embajada de un país europeo.

Pero el enemigo más claro del comisario parece ser el propio CNI. La idea de que el actual director adjunto operativo Eugenio Pino haya apostado por la consolidación de una unidad de inteligencia dentro de la policía, con todo lo que ello significa, parece estar en el origen de los recelos del servicio secreto. Y Villarejo es o ha sido una figura clave en la configuración de ese servicio de inteligencia policial.

En esta guerra sorda del CNI con una parte de la policía también se escenifican otro tipo de luchas dentro del propio Partido Popular por el control de la información.

Uno de los damnificados en estas disputas silenciosas ha sido el comisario del SAI Martínez Blas. Villarejo le ha acusado permanentemente de trabajar antes para los servicios secretos que para la propia Policía. También se le ha considerado la mano larga del Ministerio de Interior para controlar las investigaciones más comprometidas de la UDEF en torno a personas del Partido Popular. El comisario Villarejo le achacó a él y al CNI su intento de involucrarle en la operación Emperador, referente a la mafia china y a una trama de blanqueo de capitales, a través de una grabación telefónica en la que aparecía su hijo. En la misma también resultó imputado el comisario del aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, íntimo amigo de Villarejo, aunque finalmente se retirarían los cargos contra él. Pero Villarejo también ha ganado esa guerra. Finalmente, la cabeza del comisario del SAI, Martín Blas-Aranda, rodó por los suelos en junio de 2015 y su actual cometido es el de seguir investigando el caso de El pequeño Nicolás.

Todas estas escaramuzas internas de la policía revelan un panorama desolador por el control de la información y el poder dentro del cuerpo en base a sus afinidades políticas o a la información sensible que acumulan. Un laberinto en el que parece haber entrado de lleno el CNI. La deriva de los últimos años ha llevado a algunos responsables de la cúpula policial a estar más atentos a las afinidades ideológicas que a las profesionales.

En cualquier entidad que maneje información siempre hay riesgo de actividades corruptas, y es verdad que en los cuerpos policiales se maneja mucha información, se producen actuaciones muy importantes. Ha habido un problema siempre con el manejo de esa información, porque esa información no es de la policía ni de un partido, es del Estado. Y lamentablemente, yo asistí en el año 1996 a un espectáculo lamentable, cuando algunos mandos policiales, viendo que iba a ganar el PP las elecciones, pasaban información con el ánimo de medrar en los nuevos puestos…

Son palabras de Margarita Robles, exsecretaria de Interior.

Si tuvo algo que ver o no el comisario Villarejo en algún aspecto de la investigación de El pequeño Nicolás, esperemos que acabe por determinarlo la instrucción judicial. Pero aquel agente secreto que se reunió con El pequeño Nicolás y al que confundieron con el comisario buscaba cosas muy concretas, entre otras, una grabación comprometida del comisario de Asuntos Internos, en aquel entonces todavía Martín Blas, con agentes del CNI en la que se deja entrever que las grabaciones telefónicas a las que fue sometido el joven Nicolás habían comenzado sin autorización judicial, lo que podría implicar la anulación de todo el sumario y la imputación de diversos delitos. Esa cinta finalmente aparecería en el juzgado y el tiempo dirá qué consecuencias acarrea.

Operación Emperador

Otra de las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional, la denominada operación Emperador, contra la mafia china y el supuesto blanqueo de capitales, nos depara infinidad de matices y aspectos en los que nos vamos a detener.

La operación contra la supuesta mafia china comenzó con una investigación sobre determinados integrantes de esa comunidad afincados en nuestro país en el año 2009. Para el abogado defensor de algunos de estos ciudadanos chinos, Jacobo Teijelo, la operación Emperador es el claro espejo de las nuevas técnicas policiales puestas en funcionamiento en nuestro país y que se basan, siguiendo el modelo sueco, primero en la inteligencia y luego en la utilización del derecho penal como fórmula para conseguir determinados objetivos. Sin duda, en esta nueva manera de entender la acción policial tiene mucho que ver el funcionamiento de los servicios secretos y lo que se ha dado en llamar la comunidad de inteligencia, una especie de cóctel en donde intervienen diversos y variados estamentos de la sociedad, policías, periodistas, profesores de universidad, fiscales, jueces, en favor del triunfo de determinadas tesis.

Según Teijelo:

En el caso de la mafia china, no había delito a priori. Es un modelo de investigación policial que la gente no conoce. Se decide ir a por un determinado objetivo político o económico y a partir de ahí lo focalizan en alguna persona… En el caso Emperador no sabían ni qué delito investigaban ni a qué personas. Si una revisa las publicaciones del año 2010, encuentra numerosas referencias a que España iba a aplicar la inteligencia a la economía… en cuanto a los chinos, se hablaba constantemente de un modelo parasitario de su economía, se asentaban en nuestros países, hacían sus negocios, se llevaban todo el dinero a su país de origen… En realidad toda la operación Emperador realizada en España hunde sus raíces en otra de similares características llevada a cabo en la ciudad italiana de Pratto. La cosa era muy sencilla. Los fabricantes de textil italianos se fueron a fabricar a China, con lo cual redujeron considerablemente sus costes de producción. Los chinos se dieron cuenta de la jugada y lo que hicieron fue desplazarse a fabricar en Italia con sus propios trabajadores. Empezaron a ganar tanto dinero que incluso se permitieron comprar las marcas textiles. ¿Qué hacían con ese dinero?

Lo enviaban a través de mensajerías a China. No solo se habían adueñado de las marcas y de la producción, sino que además el dinero tampoco se quedaba en la economía italiana; eran ventosas extractivas. Ese modelo lo aplicaron aquí en el año 2010, en plena crisis, y empezaron a buscar las consecuencias de la misma en ese sector. Investigaron en todos los juzgados de España y no consiguieron encontrar la causa grande contra los chinos. Al final tuvieron que pedir la lista a Aduanas de los importadores chinos y a los tres primeros chinos que figuraban en ella fue a los que empezaron a investigar. Ningún juzgado fue proclive a asumir la causa, de hecho, fue saltando de juzgado en juzgado hasta que anidó en la Audiencia Nacional, donde ya había sido rechazada con anterioridad.

En septiembre de 2009 tuvo lugar un robo muy singular en una estación de servicio situada en el kilómetro 101 de la autovía A2. Un camión que había salido del polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, y que se dirigía probablemente a la ciudad italiana de Pratto, fue asaltado por varios ciudadanos chinos con la cara cubierta y portando armas y cuchillos. El objetivo de esos asaltantes no era la ropa: era el dinero que se encontraba oculto entre ella. La sentencia posterior fija en un millón de euros la cantidad sustraída, pero esa cifra probablemente no refleje la cantidad exacta, que pudo ser más. Tras una investigación aún plagada de algunas sombras, los cinco ciudadanos chinos detenidos por el asalto fueron condenados a penas de cárcel de hasta catorce años. Pero sin duda lo que puso de relieve este suceso es que los industriales chinos asentados en nuestro país utilizaban los mismos o parecidos métodos que sus conciudadanos radicados en Italia. Generaban tal cantidad de dinero B, que lo exportaban a China utilizando mecanismos muy diversos, entre otros el transporte por carretera. Sin duda, este suceso alertó a las autoridades españolas del posible delito de blanqueo de capitales y sirvió de palanca de arrastre para las actuaciones posteriores.

Cuando comenzó la operación Emperador nadie sabía a ciencia cierta qué iba a deparar, pero los investigadores se encontraron sin duda con una bomba de relojería; una aparente trama de corrupción policial y de blanqueo de capitales que salpicaba de lleno a grandes empresarios y a miembros de la aristocracia española.

Las primeras imputaciones a policías nacionales, policías locales e incluso dos miembros de la Guardia Civil han dado mucho que hablar en todos los medios de comunicación. Veamos un resumen de los cargos elaborados por el SAI de la Policía en un informe remitido al juzgado.

El modo en el que la brigada de Asuntos Internos de la Policía se hizo cargo de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por diversos funcionarios policiales vuelve a chocar al abogado Jacobo Teijelo.

La investigación la estaban realizando la UDYCO y la UDEF de Policía Nacional. Los de Asuntos Internos llegaron a las dependencias de la UDYCO, pidieron las escuchas. Ellos no tenían nada concreto. Buscaban lo que había allí, entraron en sus bases de datos. Pero la investigación estaba bajo secreto sumarial y ya había un juez encargado de ella. Es la policía la que tiene que estar a las órdenes del juez. Desde mi punto de vista, la Brigada de Asuntos Internos de la Policía volvió a actuar como la larga mano del CNI en este asunto.

Se ha hablado mucho de las presuntas corruptelas de los policías implicados en el caso de la mafia china. Ha habido un continuo vaivén de continuas imputaciones y desimputaciones de estos funcionarios. Los jueces no se ponen de acuerdo a la hora de analizar los presuntos cohechos que se reflejan en las conversaciones. A día de hoy, permanecen imputados un total de ocho agentes, después de que la sala de la Audiencia Nacional atendiera el recurso de la fiscalía anticorrupción contra la absolución de los agentes. Quizás el caso más paradigmático de todo este berenjenal sea el del comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, quien finalmente ha quedado libre de polvo y paja, tras haber sido sometido a una profunda investigación por el SAI que incluyó su patrimonio personal. Al margen de las conversaciones registradas en las escuchas telefónicas que evidencian unas más que buenas relaciones con algunos de los empresarios chinos imputados en la causa por parte del comisario, existen otros dos hechos que pueden poner de manifiesto el interés de incluir a este comisario en la operación Emperador, a juicio del abogado Jacobo Teijelo.

El primero, su puesto relevante en el principal aeropuerto de España, el segundo, su amistad con el juez Andreu, encargado de la causa y de la que se tuvo que apartar al resultar imputado el comisario, dado la relación que ambos mantenían.

Las cloacas y maniobras turbias por parte de unos y de otros no han dejado de funcionar en todo este galimatías de sumario. Fue precisamente la denuncia de uno de los ciudadanos chinos implicados en la causa la que desató un mar de dudas respecto al objetivo último de la imputación del comisario Carlos Salamanca. Este ciudadano chino grabó una reunión mantenida con una tal María, supuesta agente de los servicios secretos, en la que esta le animaba a denunciar a todos los policías corruptos, entre ellos, especialmente, a Carlos Salamanca, a cambio de un trato favorable en su procesamiento, insistiendo, según la citada grabación, en la buena relación que el CNI mantenía con el fiscal anticorrupción José Grinda. El caso es que, cuando se produjo esta reunión, los miembros de las Fuerzas de Seguridad presuntamente implicados con la mafia china ya habían sido imputados por el fiscal, incluido Carlos Salamanca, con lo cual todo parecía un poco absurdo. Algunos atribuyeron esta maniobra a un intento de desgaste de la instrucción llevada a cabo por Grinda y el SAI. Para el abogado defensor de algunos ciudadanos chinos, detrás de estas maniobras se esconden otras razones.

Todo esto hay que encuadrarlo en la guerra soterrada que mantiene el CNI y algún sector de la policía. Los americanos tenían graves problemas para entrar por el aeropuerto de Barajas, necesitaban manos libres para hacer lo que les diera la gana. El CNI español siempre ha tenido una estrecha relación con los servicios secretos americanos, y quizás con estas actuaciones pretendían castigar a alguien que les había puesto demasiados obstáculos. No sé si es de recibo que la Audiencia Nacional se dedique a investigar qué policías han podido recibir un jamón o unas entradas para los toros, porque de todo lo investigado no se desprende que ninguno de los policías haya recibido dinero o cobros efectivos. No se investigan hechos, sino que se busca cazar personas. Uno de los posibles objetivos de implicar a Carlos Salamanca pudiera ser el de apartar al juez Andreu de la investigación, por su conexión con él y porque no estaba siguiendo las directrices marcadas por la fiscalía. De hecho, el juez acordó la puesta en libertad de la mujer de Gao Ping, el principal acusado, e ipso facto se produjeron las imputaciones de los policías. Es curioso que de unas corruptelas en Fuenlabrada se hayan ido a por la élite de los policías españoles.

Tampoco conviene olvidar en este laberinto de conflictos policiales y agentes secretos que el comisario Carlos Salamanca es buen amigo del controvertido José Manuel Villarejo, una de las bestias negras del CNI. También a este se le intentó involucrar en este sumario, a través de una conversación grabada entre uno de sus hijos y un miembro de la llamada mafia china. Los ajustes de cuentas internos parecen estar a la orden del día.

Los jamones, y las entradas a los toros y al fútbol, han dado mucho que debatir a los jueces españoles. Para unos, forma parte de esa costumbre del «favor» tan arraigada en nuestro país sin relevancia penal. Para otros, trasluce un comportamiento sumamente peligroso con consecuencias penales. Si nos atenemos a las escuchas policiales, las relaciones que muchos de estos funcionarios mantenían con los encausados de nacionalidad china rozaban peligrosamente, cuando no los transgredían, los límites de la buena educación o la cortesía. Consultar bases de datos policiales, tramitar favorablemente expedientes municipales, facilitar determinados trámites de extranjería, ser agasajados en reuniones o banquetes y acercar contactos son prácticas que en la mayoría de los casos se pueden considerar como comportamientos anómalos o poco deseables de las Fuerzas de Seguridad. Como hemos visto en otros casos, se va tejiendo así una relación extraña en la que impera el famoso dicho do ut des. Uno de los inspectores implicados se encontraba ya en segunda actividad, lo que no le impedía trabajar como jefe de seguridad de unos grandes almacenes y seguir manteniendo relaciones con sus compañeros de la policía para la obtención de datos. Unas conexiones, las de la empresas privadas de seguridad y las de los cuerpos policiales, que se repiten con frecuencia.

Pero tal vez lo que más preocupaba a los agentes del CNI era saber que algunos de los chinos encausados mantenían excelentes relaciones con la embajada de su país en Madrid. Esa relación de chinos comerciantes con tentáculos en la embajada y buenas relaciones con funcionarios españoles es una ecuación que los servicios secretos siempre consideran peligrosa, máxime si se trata de un país fuera de la «órbita amiga».

Esas operaciones de contrainteligencia las hemos visto en otros casos, como en la operación Clotilde, cuando la Guardia Civil detuvo al alcalde Lloret Xavier Crespo por sus vinculaciones con la mafia rusa, o en el caso del diputado de CIU Fernández Teixidó, que fue descabezado a raíz de que su nombre apareciera vinculado con la misma mafia tras la operación Avispa llevada a cabo en Barcelona en el año 2007.

La preocupación de los fiscales anticorrupción por detener la entrada de mafias rusas o chinas en el cuerpo institucional del Estado es evidente y tiene su lógica. Ningún país puede permitir que las mafias conquisten parcelas de poder institucional. Pero, una vez más, nos encontramos de lleno con unas disputas que van más allá de los intereses nacionales cuando los servicios secretos de distintas zonas geográficas luchan por su asentamiento o su prevalencia en determinados países. España no es ajena a esa contienda silenciosa que se dirime en el tablero internacional y en las que los cuerpos policiales y el CNI tienen un protagonismo fundamental. Se puede explicar así uno de los motivos de la operación Emperador, a la que una buena parte del poder económico de este país consideró un suicidio, por detener a Gao Ping, supuesto cabecilla de la trama y muy relacionado con la actual clase dirigente política china.

«Ir contra un país, China, llamado a dirigir la economía mundial y uno de los principales inversores de deuda pública española, era tirar piedras contra nuestro propio tejado», en palabras de un conocido empresario español que prefiere guardar el anonimato.

«Entre los intereses económicos y los de Inteligencia, primaron estos últimos. Tenemos unos servicios secretos en perfecta alianza con los americanos», según Jacobo Teijelo.

Al margen de estas interpretaciones, interesantes sin duda, de lo que no cabe ninguna duda es que la operación Emperador destapó una serie de delitos que minaban la economía española y podían poner en peligro a determinadas instituciones.

La otra gran sorpresa que deparó esta investigación fue desvelar la presunta red de blanqueo utilizada por la mafia china para lavar sus beneficios. Una red de blanqueo que utilizaba intermediarios israelíes y cuya mecánica consistía en buscar a personas acaudaladas en España con cuentas en paraísos fiscales. Los españoles adinerados hacían transferencias a bancos chinos desde sus paraísos fiscales y luego recibían ese dinero en metálico en España, previo pago de comisiones.

Lo que vuelve a sorprender de este hecho es que aparezca presuntamente implicado en toda esta dinámica de blanqueo el financiero suizo Arturo Fasana, una figura que resalta desde finales de los años ochenta ligada a todo tipo de operaciones cuyo fin es el lavado de capitales. Desde la Peseta Connection, ya relatada en páginas anteriores, hasta el caso Gürtel. Uno de los implicados en este sumario de corrupción del PP, Francisco Correa, utilizó el despacho de Fasana para blanquear presuntamente el dinero obtenido por la trama. Es famosa la frase que dijo Fasana cuando los miembros de la UDEF procedían al registro de su sede en Ginebra con autorización judicial y se toparon con un expediente llamado «Soleado».

Si abre usted ese expediente, cae media España.

Los policías no lo abrieron. Entre otras razones, porque solo estaban comisionados para investigar lo relativo a Correa. En realidad es un secreto a voces que contenía las cuentas de una parte de la clase política y empresarial española. Desde el despacho de Fasana también se pagaron los alquileres de aviones para sus desplazamientos a España a una tal Corinna, supuesta amiga del rey Juan Carlos.

Fasana aparece en multitud de conversaciones que la policía grabó a la red de blanqueo con el nombre de Arturo. Veamos algunas de ellas:

Hora de inicio del producto: 20/07/2012 17:48

Llamando: 41796889263

ID del producto: 5107940

Hora de fin del producto: 20/07/201217:58

Llamado: 669158256

Redireccionar número:

Anotación: MALKA con los cálculos:- para JOE teníamos 187 300 Y otro 106 700 total junto da 294. Te cuadra? - FRANCOIS responde:- si.- Sigue MALKA:- en BARCELONA entre 26,000 y ARTURO esos 90,000, los de 85,000. - MALKA empieza con los calculos del de los «caballos» y le informa que quedan 162.
Sigue MALKA:- a JOSE LUIS le di 20 175, sabes como llegamos a eso?-

FRANCOIS recuerda que estaba en la vieja cuenta y se da cuenta que no estaba. Le pregunta porque no le llamó (JOSE LUIS) y MALKA le informa que le llamó y seguramente le volvera a llamar. FRANCOIS quiere saber y pregunta:

Hora de inicio del producto: 12/06/2012 21:32

Llamando: 41796889263

Hora de fin del producto: 12/06/2012 22:00

Llamado: 669158256

Redireccionar número:

Anotación: Hebreo. FRANCOIS llama a MALKA. FRANCOIS le pregunta a MALKA cuándo va a poder estar en el restaurante para 100,000. MALKA responde que cuando FRANCOIS se lo diga y este último le dice el LUNES. MALKA le pregunta si es el restaurante de ARTURO y FRANCOIS confirma y añade: envía allí 90,000 o 250. A esto MALKA le responde que enviará un fax con 90 y la diferencia por otro sitio. FRANCOIS cambia de tema y le comenta sobre EMA y que tercera persona le dijo que MALKA no es honesta. FRANCOIS le cuenta que la defendió, y que cada vez que falta ellos son los culpables. Le cuenta que con lo del viejo se concluyó que él y tercera persona ponían la mitad cada uno. MALKA está segura que fue la doméstica de MARUECOS del viejo quien robó el dinero del viejo. MALKA le confirma que el lunes estará en el restaurante para la entrega de lo de ARTURO-100.

Al margen de estos datos y de hechos que le identifican plenamente en las conversaciones dada su afición a los caballos, el empresario Alfonso Banús, imputado por blanqueo, declaró en sede policial que el «tal Arturo» era realmente Arturo Fasana. Sin embargo, la Policía no le ha identificado en ningún momento. No solo eso. A pesar de las evidencias que obran en la causa y de que las partes hayan pedido su declaración bien como testigo o bien como imputado, a día de hoy permanece ajeno a la causa.

Está acreditado que Fasana está ahí como el gran proveedor. Y sin embargo nunca se le ha llamado a declarar. Su presencia en las conversaciones no era imposible de detectar. El único Arturo que tiene un caballo en las olimpiadas de Londres es él. Y es que el personaje tiene muchas conexiones: vinculado a la Casa Real, a la Gürtel, con Pujol, chinos. Es evidente que el CNI está detrás. Policialmente así se refleja. Cuando la Policía habla de una serie de personas se refieren a ellos como los «de las perdices», en clara alusión a la dirección de la sede de los servicios secretos. Está claro que Fasana colabora con el CNI y es el muñidor, el agente provocador, de la operación.

Cuando uno analiza el inmenso marasmo de la corrupción en España suele encontrar a los mismos personajes colocados en una u otra posición. El dinero siempre desemboca en los mismos cuellos de botella y con frecuencia la corrupción policial organizada forma parte de un entramado mucho mayor.

CAPÍTULO 5

Corrupción a pie de calle

En el capítulo anterior, al hablar del sumario de El pequeño Nicolás y de la operación Emperador han salido a relucir agentes de la policía local investigados por sus presuntas relaciones delictivas con los investigados. Lamentablemente, las policías locales no son ajenas a los casos de corrupción dentro de los cuerpos policiales. Con frecuencia algunos de estos policías también aparecen en las operaciones contra el narcotráfico, el tráfico de armas o de prostitución. Uno de los casos que más estupor causaron en la opinión pública fue la detención del policía local Antonio Guirado por su relación con el secuestro de la farmacéutica de Olot, Maria Ángels Feliu.

El policía local de Olot Antonio Guirado fue condenado a veintidós años de prisión, en sentencia ratificada por el Supremo, por el secuestro de la farmacéutica de Olot Maria Ángels Feliu en el año 1992. Fue el primero en llegar al lugar del secuestro y el que hizo desaparecer todas las posibles huellas del coche de la farmacéutica. Maria Ángels Feliu permaneció secuestrada 492 días en un zulo donde apenas se podía mover y apenas comía. Sus condiciones de cautiverio causaron una honda conmoción en los jueces que entendieron de la causa.

Pero es su trabajo, su cometido propio como policía local, lo que puede llegar a propiciar la caída en prácticas corruptas. La gestión de multas, la inspección y control de locales y ventas, las licencias municipales... posibilitan el que algunos de estos agentes puedan caer en la tentación de buscar un sobresueldo a base de cohechos o extorsiones.

Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que la mayor parte de las tramas de corrupción política de nuestro país se hayan producido en ayuntamientos pequeños o localidades costeras, vinculadas a la especulación urbanística y al descontrol en la tramitación de todo tipo de licencias. Los jefes de la Policía Municipal suelen ser cargos designados por los alcaldes o por los partidos que gobiernan las corporaciones, y esa letal relación de políticos corruptos y cargos nombrados a dedo ha hecho que en muchos ayuntamientos se relajaran demasiado las normas y criterios de actuación. Ningún cuerpo policial, ni ningún estamento social, está libre de la corrupción. Pero por eso mismo conviene poner el foco también en este aspecto de la actividad policial.

Y el problema añadido de muchas de estas policías es el de no contar con unidades de asuntos internos que verifiquen sus posibles prácticas corruptas.

Esa cercanía de los policías locales con los gestores de los ayuntamientos ha posibilitado casos estrambóticos, como el presunto amaño de oposiciones para la entrada en las policías municipales. Tal vez el más grave, por la cantidad de policías implicados, un total de treina y siete, sea el del ayuntamiento de Sevilla. Además de los policías presuntamente involucrados, el juez ha imputado también al superintendente de la Policía local, a cinco miembros del tribunal de las oposiciones, a un empresario y a un miembro de la junta de personal del ayuntamiento sevillano. El juez sostiene que a los policías imputados les filtraron los exámenes en las oposiciones celebradas en 2011 y 2012.

Los casos de presuntos amaños de oposiciones se repiten en distintas localidades españolas, que van desde Puerto Serrano (Cádiz) hasta la localidad catalana de Torredembarra, donde han sido imputados el inspector jefe de la Policía local de Tortosa, el jefe de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, el máximo responsable de la Policía local de Torredembarra y el interventor general del ayuntamiento de Barcelona en mayo de 2015.

Fue precisamente otro amaño de oposiciones detectado en el ayuntamiento de Palma de Mallorca lo que sirvió para poner al descubierto una gigantesca trama de corrupción policial local cuyo desenlace dista mucho de haber llegado al final. La llamada operación Sancus de la Policía Nacional dio origen a una serie de investigaciones iniciadas en 2013 y que arrancaron de las supuestas irregularidades detectadas en las oposiciones al cuerpo. Pero acabó destapando algo mucho más grave, una red corrupta de políticos y policías que tenían acceso a prostitutas, consumiciones, droga y viagra gratis. Como contrapartida, se evitaban las inspecciones o se avisaba de cualquier visita inesperada de las Fuerzas de Seguridad. Los empresarios que no entraban por el aro eran hostigados a base de inspecciones y multas. De momento se contabilizan treinta policías locales imputados, dos exconcejales de Seguridad y dos jefes del cuerpo. La mayor parte de ellos están acusados de pertenencia a banda criminal, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. Una pequeña mafia que presuntamente extorsionaba y coaccionaba a los empresarios de locales nocturnos de ocio de la capital balear. Como siempre en estos casos, sorprende ver a agentes, en este caso de la Policía Nacional, registrando otras sedes policiales, el cuartel general de la Policía local de Palma, y requisando ordenadores, como los de la Patrulla Verde, la encargada de realizar estas inspecciones a los locales.

De todos estos casos de presunta corrupción policial surgen infinidad de preguntas. ¿Servían los amaños de oposiciones para mantener un «ejército» fiel de policías corruptos? ¿Qué pasaba con los agentes que no consentían con estas irregularidades?

Significativo es el hecho de que el entonces intendente del cuerpo, Antonio Vera, y el director general de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento, Enrique Calvo (PP), tuvieran que dimitir al ser imputados y fueran sustituidos por otros dos cargos, Joan Mut y Guillermo Navarro, del mismo partido, que finalmente han sido imputados por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstaculizar las investigaciones en curso.

La investigación también ha desvelado que la presunta red de policías locales no denunció tampoco la presencia de menores como prostitutas en los locales y que algunos de los policías implicados trabajaban como personal de seguridad privada en los mismos. Asimismo, a través de la creación de empresas controladas por ellos, hacían el mantenimiento de limpieza, contrataban seguros o explotaban las máquinas de tabaco.

Cuando se ahonda en el sumario, choca saber que uno de los policías locales imputados, Carlos Vallecillo, había sido acusado con anterioridad por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por otro presunto caso de corrupción policial ocurrido en Mallorca. En la madrugada del 20 de septiembre de 2012, un miembro de la banda «Los ángeles del infierno» agredió con un cuchillo a un portero de un local del Arenal.

En las llamadas interceptadas por la policía a los miembros de la banda estos hablan de que el pitufo les había quitado la denuncia por la agresión. La policía constató que el pitufo era presumiblemente el agente de la Policía local.

En 2013 se decretó contra él prisión eludible bajo fianza de 20.000 euros, por cohecho, omisión de la persecución de delitos y encubrimiento. La fianza se la pagó otro policía local, presuntamente vinculado a la misma banda, según declaraciones de un testigo recogidas en este sumario de corrupción.

A pesar de todo, el policía volvió al cuerpo al no haber sentencia firme y fue imputado de nuevo en la trama de amaño de oposiciones. En julio de 2015 sería condenado por la Audiencia Provincial a un año de cárcel y tres de expulsión del cuerpo por participar en la agresión a un detenido. Las imágenes de esta agresión realizada en dependencias de la Policía local de Mallorca causaron una honda conmoción en la opinión pública. Uno de los policías lanza una patada a la cara de una persona que permanece esposada, mientras los demás agentes que se encuentran en la sala muestran su más absoluta indiferencia. Carlos Vallecillo es el agente que se percata de la existencia de una cámara grabando y con la porra extensible la gira de posición para que no siga captando imágenes.

El fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, el mismo que dirige la operación Sancus, hizo un duro alegato de estas prácticas policiales y llegó a denunciar el encubrimiento por parte de los responsables políticos y sindicales del ayuntamiento. Dada la pasividad de los agentes que contemplan la agresión, se pregunta si estas prácticas son habituales en ese cuerpo.

La operación Sancus aún deparará muchas sorpresas. Dos agentes de la Policía local, que actúan como testigos protegidos, han solicitado llevar armas, pues el ambiente es tan hostil que temen por su vida.

La práctica de presuntas torturas o malos tratos policiales nos lleva a otro caso ocurrido en Barcelona el 4 de febrero de 2006 y al que se conoce con el nombre de 4F. Recientemente un documental sobre aquellos hechos ha abierto un debate en la sociedad catalana sobre la sentencia dictada en su día por la Audiencia de Barcelona, ratificada por el Supremo, y en la que se acusó a nueve jóvenes de la agresión sufrida por un agente de la guardia urbana a resultas de la cual quedó en estado tetrapléjico. De los nueve jóvenes, cinco ingresaron en prisión para cumplir penas de entre tres y cuatro años. Otros cuatro no lo tuvieron que hacer al ser condenados a penas de un año y no contar con antecedentes penales.

Todos ellos siempre mantuvieron su inocencia, denunciaron malos tratos en dependencias policiales y sostuvieron que el atestado policial no se circunscribía a la realidad: buscaron en ellos unos chivos expiatorios.

La gran duda que no se despejó en absoluto en el juicio fue saber si la agresión sufrida por el guardia urbano fue como consecuencia de una pedrada o el resultado de arrojar una maceta desde un balcón en los incidentes que se produjeron tras el desalojo de un centro okupa en Ciutat Vella.

Uno de los argumentos defendidos en el documental es que dos de los policías que testificaron contra los jóvenes condenados se vieron implicados cinco meses después en un caso de torturas, por el cual fueron sentenciados a más de dos años de cárcel y a una inhabilitación de ocho. Los agentes condenados se vieron envueltos en una pelea en una discoteca con un joven de Trinidad y Tobago cuando iban vestidos de paisano. Posteriormente detendrían al joven y le golpearían en la furgoneta y en el interior de la comisaría de Zona Franca, causándole graves lesiones.

El documental sostiene la tesis de que el verdadero agresor de estos hechos se encuentra en libertad y que los nueve jóvenes detenidos lo fueron por su aspecto y por la condición de inmigrantes de varios de ellos.

Una de las chicas condenadas en el juicio se suicidó en el transcurso de un permiso carcelario.

El tema de las torturas en dependencias policiales locales y en otros cuerpos ha saltado también a los medios de comunicación en los últimos tiempos con relativa frecuencia, sobre todo en Cataluña. No en vano es en esta comunidad donde más medidas se han propuesto y se han implementado tendentes a evitar estas prácticas tan detestables. Entre esas medidas figura la instalación de cámaras en todas las dependencias policiales, incluidos pasillos, y la no utilización de salas en las que no existan estas cámaras.

Los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos confirman que en España la tortura no es una práctica sistemática, pero advierten de que las autoridades españolas no aplican las medidas necesarias para erradicarla y en muchos casos se ignoran las denuncias de las víctimas. En los últimos diez años se han denunciado más de 6.500 casos de torturas o malos tratos policiales. No existen en nuestro país, a diferencia de otros europeos, unidades policiales independientes que investiguen la existencia de estas prácticas, ni tampoco institución alguna que vele por la reparación de las víctimas de tortura o malos tratos policiales.

Las prácticas de comportamientos presuntamente delictivos dentro de los ayuntamientos también han tenido su correlato en ciudades como Madrid, con la conocida operación Guateque, desarrollada en 2007; una trama de funcionarios municipales que cobraban por agilizar permisos para la apertura de locales u otro tipo de licencias municipales. Tras una instrucción larga y dificultosa, treinta y dos personas irán finalmente a juicio por un caso que reventó tras la denuncia de un empresario de la noche madrileña.

Pero sin duda el caso más conocido en la capital de España es el denominado operación Bloque, que tuvo su epicentro en la localidad madrileña de Coslada. La investigación arrancó de una denuncia formulada por varias prostitutas en la comisaría del distrito madrileño de San Blas en la que afirmaban que varios policías vestidos de uniforme y con coches oficiales exigían tener relaciones sexuales con ellas sin pagarles. En un principio la causa alcanzó una dimensión gigantesca, al ser imputados más una veintena de agentes municipales por los delitos de asociación ilícita, fraude, agresión, consumo de estupefacientes y cohecho, entre otros. En teoría formaban un grupo, conocido como Bloque, en el que se amparaban para cometer sus fechorías. ElL jefe de la Policía Municipal de Coslada, Ginés Jiménez, tenía su propia autonomía. Él supuestamente se dedicaba a la extorsión a los empresarios de la zona y al blanqueo de capitales.

Finalmente se han retirado las imputaciones a diecinueve agentes de la Policía local. En el banquillo se sentarán Ginés Jiménez, por los delitos ya descritos, su mujer y su hijo, por presunto blanqueo de capitales.

La fiscalía acusa también al número 2 de la Policía local, Carlos Martínez, de los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y contra la administración de justicia. Otros seis agentes se enfrentan al delito de cohecho impropio.

Pero al margen de lo que haya podido probar la investigación, el sumario revela de nuevo un magma extraño de relaciones entre grupos mafiosos y agentes policiales por el control de las puertas en los garitos, discotecas y locales nocturnos de la capital y su extrarradio, una guerra sorda de mafias por situar a sus hombres en puestos clave desde donde se controla el suculento negocio del narcotráfico y se accede a la información que la noche depara.

Relaciones problemáticas a las que no son del todo ajenos determinados jueces, como reveló el sumario de Coslada.

CAPÍTULO 6

El magma de la corrupción policial

La corrupción policial y la lucha de las unidades de Asuntos Internos tienen demasiadas aristas para ser abordadas todas ellas en profundidad en un solo libro, pero no podemos cerrar este trabajo sin hacer un recorrido aunque sea superficial por otros aspectos sumamente importantes de esta problemática.

Los robos de droga en dependencias oficiales, esto es, custodiada por agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional y en todo caso dependientes de la correspondiente Subdelegación del Gobierno, han sido otros de los hechos que han llenado de indignación a los propios agentes de estos cuerpos y a los sindicatos y asociaciones policiales.

En los últimos años hemos asistido con estupefacción a la sustracción de importantes cantidades de droga dentro de los recintos policiales con investigaciones confusas que en la mayor parte de los casos no han revelado el destino final de la droga, ni la autoría de esos hechos.

En el año 2008 fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía (SUP) de Sevilla 154,5 kilos de cocaína y heroína. El robo se descubrió tiempo después, cuando al realizar un test en el Instituto de Toxicología se descubrió que la supuesta droga era en realidad azúcar y yeso. Durante algún tiempo alguien que tenía acceso a las dependencias policiales fue cambiando las sustancias sin que nadie se percatase de lo que sucedía.

En un primer momento, la investigación realizada por el SAI puso en la picota a varios agentes de la UDYCO. Una investigación llevada a cabo con métodos poco ortodoxos, según denuncia el portavoz del SUP.

En estas unidades nos podemos encontrar de todo; lo mejor y lo peor de la policía. Los métodos que emplearon para saber lo que había ocurrido en Sevilla fueron deleznables. Uno de los jefes de Sevilla se tuvo que venir a Madrid porque le amenazaron con meterle droga en el coche. Me consta que los de Asuntos Internos se iban a los clubs, a las discotecas, grababan a policías con mujeres… Luego les decían: «O me dices quién es el culpable del robo o le envío esta grabación a tu mujer». No son métodos. Estas unidades se utilizan muchas veces para saldar rencillas personales, para ajustes de cuentas internos. Pasó en el caso Faisán y ha pasado muchas veces…

Tras una larga investigación en la que muchos de los agentes de la UDYCO estuvieron en el punto de mira del SAI, al final se detuvo a un expolicía de aquella unidad, Lars Sepúlveda, como el responsable del robo. Una investigación que, sin embargo, dejó muchas dudas en el aire, y en la que el propio fiscal dejó abiertos muchos interrogantes sobre la posible existencia de más cómplices, habida cuenta de que las sustracciones se hicieron en un periodo dilatado de casi dos años. La droga sustraída pudo reportar un beneficio de cinco millones de euros.

Todos estos robos tuvieron además repercusión en los juicios de los narcotraficantes a los que se les incautó la droga, pues traficar con «azúcar y yeso» no se considera delito.

Tiempo después desaparecerían al menos otros treinta kilos de cocaína del Instituto de Toxicología sevillano.

Otro de los escándalos sonados por el robo de cocaína en dependencias policiales fue el perpetrado en marzo de 2012 en las instalaciones del puerto de Málaga. Lo curioso del caso es que esas instalaciones donde se almacenaba gran parte de la droga decomisada eran vigiladas por una empresa de seguridad privada que mantenía horarios de oficina y que no trabajaba los fines de semana. Las cámaras que rodeaban el perímetro de las instalaciones, conectadas con el destacamento de la Guardia Civil en el mismo puerto, tampoco funcionaron el fin de semana elegido por los ladrones para tan descabellado asalto. 500 kilos de cocaína se volvieron a poner en circulación arruinando toda la investigación precedente.

Huelva, Cádiz, Valencia, Castellón, Navarra, Irún, Pontevedra… la lista de instalaciones oficiales donde se almacenaba droga y que han resultado asaltadas en los últimos años es numerosa, y necesariamente implica algún tipo de complicidad desde dentro para poder realizar los robos.

También sorprende la lista de jefes antidroga detenidos en los últimos años por el SAI de la Policía Nacional. Los jefes de Lleida, Ourense, Murcia, Móstoles y Málaga han sido destituidos de sus cargos por su presunta relación con el narcotráfico, algunos con un expediente inmejorable y una óptima consideración profesional.

Por desgracia, la existencia de mafias policiales se ha venido sucediendo en nuestro país en el transcurso de la democracia. Probablemente la más detestable fue la que se descubrió tras la desaparición de Santiago Corella, El Nani, a principios de los ochenta.

El Tribunal Supremo condenó definitivamente a un comisario y dos inspectores a un total de veintinueve años de cárcel por estos hechos. El cadáver de El Nani nunca apareció. La sentencia reveló la existencia de una mafia policial que utilizaba a delincuentes comunes para cometer atracos en joyerías, facilitándoles información previa de dichos establecimientos. Luego les sorprendían in fraganti cuando estaban realizando el hecho delictivo. Toda la farsa se completaba con la detención o la muerte de los atracadores y la desaparición del botín. La investigación dejó infinidad de cabos sueltos y de sombras sin esclarecer.

Otro de los hechos más dramáticos ocurridos en 1994 fue el cuádruple asesinato de una familia en la localidad pontevedresa de Nigrán. Dos policías nacionales acabaron a tiros con la vida de un matrimonio, su hija y una empleada de hogar tras haberse apoderado de 20 millones de pesetas.

Grupo 7 no solo hace referencia a una presunta mafia policial que operó en Sevilla en los años ochenta (finalmente todos absueltos por el Supremo) y que sirvió de guion para una famosa película, también así se denominaban un grupo de agentes que operaban como un clan mafioso en la isla de Fuerteventura. La Guardia Civil desmanteló su puesto en Corralejo en 2013 tras la presunta implicación de nueve de ellos en delitos tan graves como tráfico de drogas, torturas, detención ilegal, contra las garantías constitucionales, falsificación de diligencias policiales o amenazas. El presunto grupo mafioso fue desarticulado tras una investigación del SAI que les pilló in fraganti cuando recogían parte del cargamento de una narcopatera en la playa de El Cotillo. La investigación reveló que conformaban una organización piramidal y perfectamente jerarquizada, se dedicaban a la importación de droga desde Marruecos y al menudeo en la isla. Los agentes tenían amedrentados a una buena parte de los ciudadanos y a otros miembros del cuerpo.

Una consecuencia colateral de estas actuaciones delictivas por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad es saber de qué modo se han instruido las diligencias policiales en las que hayan podido intervenir los agentes arrestados antes de ser detenidos. La revisión de muchas de ellas podría llevar a repasar algunas sentencias. En el caso de Fuerteventura, la propia Guardia Civil anunció el examen de todos los atestados en los que el presunto grupo mafioso había intervenido, dado que, con ellos, según palabras de los responsables policiales, se intentaba vender una imagen de eficacia policial, por un lado, y cubrir sus actividades ilícitas, por otro. Pero del resultado de esas investigaciones, si es que se hacen, nunca se tiene noticia.

La misma revisión de actuaciones se anunció en 2008 con la detención de otra mafia policial que operaba en la localidad madrileña de El Molar en la que participaban dos miembros de la Guardia Civil y el jefe de la Policía local.

También hemos asistido en los últimos años al desmantelamiento completo de unidades policiales por presuntas prácticas corruptas en las que se han visto implicados numerosos agentes de las mismas. Algunos ejemplos son los de la localidad alicantina de Santa Pola, en donde la práctica totalidad de los agentes encargados de los delitos contra el narcotráfico resultaron imputados; seis de nueve.

Tres inspectores y cuatro agentes de la Policía Nacional resultarían condenados por narcotráfico a finales de los noventa, en la ciudad gaditana de Algeciras. Todos pertenecían a la brigada antiestupefacientes.

En el año 2002, el comisario, el secretario y cinco agentes de la escala básica de la comisaría gaditana de Sanlúcar fueron imputados por narcotráfico.

Uno de los casos más sangrantes de corrupción generalizada se produjo en la comisaría malagueña de Ronda en el año 2007. Siete agentes fueron detenidos por el SAI de la policía por su relación con los clubs de prostitución y con los camellos de la ciudad. Los propios agentes de la comisaría que se opusieron al grupo se vieron sometidos a sus amenazas o coacciones, como meterles droga en los coches. Según el informe del SAI, los agentes corruptos llegaron a poner en busca y captura a empresarios de los que se querían vengar. Las denuncias que los policías honestos pusieron contra ellos eran respondidas con otras denuncias que los agentes mafiosos cruzaban a su vez. En los juzgados se acumularon más de treinta. El inspector jefe fue enviado a la comisaría de Ronda para poner orden y concierto, sin embargo, acabó cayendo en las redes del grupo mafioso y terminó siendo imputado de delitos como abuso sexual o detención ilegal.

En 2008, catorce guardias civiles destinados en la ciudad autónoma de Melilla resultarían imputados por su presunta relación con el narcotráfico.

Recientemente, en octubre de 2015, seis policías de la escala básica adscritos a la comisaría sevillana de la Macarena han resultado imputados por un juzgado de la capital, tras el informe elaborado por el SAI, por la presunta comisión de actividades delictivas.

El caso que investigan en estos momentos dos jueces de Murcia nos retrotrae lamentablemente a los peores recuerdos de una policía no democrática en nuestro país. De momento permanecen encarcelados cinco agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Cartagena acusados de estar tras la muerte de un ciudadano, Diego Pérez, que pidió ayuda al 091 tras sentirse amenazado en octubre de 2014. El hombre apareció muerto catorce días después flotando en las aguas de Cala Cortina, con fuertes golpes en su cabeza causados antes de su muerte. La versión de los agentes fue totalmente contradictoria, y en un primer momento no informaron a nadie de que ellos lo habían llevado hasta ese lugar, según su versión, para que se tranquilizara. Asuntos Internos sometió a vigilancia a ese grupo de policías, balizaron incluso los coches patrulla en los que desarrollaban su trabajo. Los resultados de esas intervenciones fueron unas grabaciones que llegan a estremecer viniendo de funcionarios cuya misión fundamental es proteger los derechos de los ciudadanos. Veamos un pequeño fragmento.

—Todos los que intervinimos. Hubo unas señoras torturas, subió en la cama, ahí sí que hubiéramos disfrutado pero todos, todos esos, todos los que estábamos allí, alguno más. Pero unas señoras torturas. Cogió el sanguinario, el Rubén, cogió el biombo ese que hay ahí en lo del DNI y lo puso, lo atravesó ahí en medio, para que ni, para que no vieran desde las casas lo que estaban haciendo. Entre Dani, el jefe de turno, el que ha ido, no veas. Hubo sangre, estuvo muy bien. Yo lo pasé muy bien. ¡Anda que estamos arreglados, macho! Ahora el turno cuarto, seis imputados, van imputados los seis, cuatro torturas y dos omisión de… eso, ¿cómo se dice eso?

—Del deber de socorro.

—No, omisión de perseguir delitos.

—Y lo otro también puede ser, te está pidiendo socorro y auxilio, ¡no me peguen más, señores policías, no me peguéis más, ayudarme, ayudarme, y los otros ahí… ¡dale, dale, dale!

¿Es posible que policías de un estado democrático puedan hablar así?

Ahora los jueces investigan más casos de presuntas torturas cometidas en Cartagena por más agentes de la misma comisaría, entre otros, una denuncia de un ciudadano realizada meses antes de la muerte de Diego Pérez. Según denunció ese ciudadano, los agentes le maltrataron tras negarse a bajarse los pantalones en plena calle para que le cacheasen.

Los agentes que registraron a este ciudadano pusieron a su vez una denuncia contra él por el supuesto delito de atentado a la autoridad y agresión.

La jueza, el fiscal y el SAI dan mucha credibilidad a lo narrado por ese ciudadano. La investigación sigue su curso.

Lo que ha pasado en Murcia es escandaloso. A este tipo de policías yo les llamo, «policías-primaveras», ignorantes. Gente muy joven, mal formada. Me hace gracia cuando dicen que hay que apoyar al policía por encima de todo. Y yo digo que no. Un chorizo es un chorizo, lleve uniforme o no. Yo no sé lo que ha pasado ahí, no sé si lo han matado o no, y para ellos debe regir la presunción de inocencia como para todo el mundo. Pero no se puede consentir que desde dentro del cuerpo, algunos hagan un escrito difamando al inspector que ha investigado los hechos, poniendo a parir a la jueza y al fiscal. Yo no firmo eso. Estamos hablando de seis policías que llevan a un ciudadano a una cala y no dicen nada. No es lógico que seis agentes mientan sobre una persona si no es porque saben que le ha pasado algo malo. Es todo un razonamiento lógico. ¿Por qué mentir para decir que lo dejaron en su barrio y ocultar que lo dejaron en una playa? ¿Qué sentido tiene eso? Yo soy policía para defender a los ciudadanos y proteger sus derechos, no a los policías que tienen comportamientos corruptos. Esto es parte de la deriva en la que estamos.

Hace poco oí hablar a otros agentes sobre un percance que tuvieron en la M-30 de Madrid. Se mostraban orgullosos porque habían sacado las pistolas y habían vaciado los cargadores. ¿Pero es que nadie les ha enseñado que no se puede actuar así en medio de una ciudad? Pocas cosas pasan para lo que podía pasar. La selección y la formación dentro de la policía es espantosa. Si dices que eres español y te arropas con el patriotismo, tienes muchas más posibilidades de entrar en la policía que si afirmas que estás a favor de proteger los derechos de los inmigrantes. Así estamos…

Son palabras de José Manuel Sánchez Fornell, portavoz sindical del SUP.

Si preocupante es que puedan darse actuaciones policiales como las de Murcia, también lo es el hecho de que se puedan falsear atestados e incriminar a personas por delitos que no han cometido.

Lo sucedido en la comisaría de Carabanchel de Madrid manifiesta esa deriva extraña, y desde luego ilegal, que a veces toman los responsables policiales. Un juez investiga las razones por las que un inspector y catorce policías adscritos a la Policía Científica colocaron presumiblemente huellas de distintas personas en los lugares donde se habían producido robos, sin que naturalmente esas personas hubiesen cometido tales hechos. La perfección de las huellas sorprendió a otros agentes de la Policía Científica, que pusieron el caso en manos del SAI. Las conversaciones grabadas revelaron aspectos inasumibles en la operativa policial. La comisaría del centro policial asegura en un pinchazo telefónico que «en todas las comisarías hay funcionarios irregulares e incluso funcionarios delincuentes y no por eso se echa a los superiores». En un auto, el juez que investiga los hechos afirma «que es razonable pensar que puede que esa conducta no constituya un hecho puntual, sino que se haya repetido en más ocasiones dando lugar a procesos penales basados en pruebas falsas como las de autos, de indudable trascendencia en la fundamentación de la imputación».

Por eso este mismo juez ha ordenado que se revisen las actuaciones de esa comisaría en los tres últimos años. Y si el objetivo final era, según el SAI, ganar eficacia y méritos, para engordar las estadísticas, los efectos que se han producido apuntan a todo lo contrario. Habrá que enflaquecer la estadística y poner en cuarentena la susodicha eficacia.

El inspector imputado ahora actuó como agente del SAI en el robo de cocaína en la jefatura provincial de Sevilla.

El tema del SAI y todo lo relacionado con la actividad policial daría para muchos tomos, entre otras cosas, porque las Fuerzas de Seguridad están incardinadas en la sociedad y son los primeros receptores de toda la problemática social, tan compleja y dispar.

Pero no podemos despedir estas páginas sin hacer mención a uno de los aspectos que sin duda requerirán en el futuro trabajos más amplios, como es el de la relación de las empresas de seguridad privada con los cuerpos policiales.

No es casualidad que algunas de las empresas donantes en la trama Gürtel fueran precisamente empresas de seguridad privada. El negocio de la seguridad privada en España alcanza cifras astronómicas y su implantación en distintos sectores de la sociedad española va en auge. El trasvase de información que se produce entre estas empresas y algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad es una realidad indiscutible, en algunos casos amparado en la legalidad, en otros, no tanto. Las puertas giratorias que se realizan en los distintos cuerpos de seguridad, que tras pasar a la segunda actividad o jubilarse pasan a desempeñar cargos en estas empresas, deberían ser objeto de estudio, al igual que lo ha sido la utilización de esas puertas en otras esferas sociales, como la política.

Los dirigentes del SUP han denunciado muchas veces esta simbiosis.

Lo de la seguridad privada es escandaloso. Adif, Renfe, Metro, Banco Central… están en todos los sitios. Es una situación ilegal. Un comisario principal debería permanecer un mínimo de años sin poder acceder a esos cargos. Todos los altos cargos de la Policía acaban en la seguridad privada. Nos hemos opuesto siempre a las competencias crecientes que van adquiriendo estas compañías, a que patrullen por las calles o a que puedan identificar a ciudadanos. Pasa algo similar con la escala ejecutiva de la Policía. Debe haber un gen específico para acceder a esa escala, porque buena parte de sus componentes son familiares directos de comisarios…

Acabaremos este libro con una reflexión de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles.

Desde la Constitución está pendiente una revisión de nuestro modelo policial. Mientras hubo o mientras haya amenaza terrorista, un enemigo exterior, nadie se atreve a abrir en canal a las Fuerzas de Seguridad porque le acusarían de estar poniendo en riesgo la eficacia del Estado. En ningún país del mundo pasa eso. Siempre se prima la eficacia, pero es indudable que hay muchas sombras y dudas que no se abordan respecto a nuestro modelo policial, entre otras, si la Guardia Civil tiene que seguir siendo un cuerpo militarizado. La realidad es que nadie habla de las Fuerzas de Seguridad. Se habla mucho de la transparencia en los partidos, en la vida pública, pero no se habla nunca de la transparencia en los cuerpos policiales. Todo el mundo quiere cuidarlos, y de eso se aprovechan ese uno o dos por ciento de corruptos que hay en los cuerpos. Mi experiencia profesional es que son gente muy sacrificada, muy mal pagada, con pocos medios, con unas expectativas profesionales muy limitadas. Me hace gracia cuando se habla de la politización de la justicia. En las Fuerzas de Seguridad sucede lo mismo. Y no debería ser así.

Nota. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen una tasa de suicidios que multiplica con creces las estadísticas que puedan sufrir otros colectivos sociales. Desde el año 1982, casi quinientos guardias civiles se han suicidado. Las estadísticas de la Policía Nacional hablan de un suicidio cada quince días. Un índice más elevado que la media presentan también los cuerpos de Policía local.

Datos y cifras para reflexionar.

Índice de siglas

APMU. Asociación de Policía Municipal

AUGC. Asociación Unificada de Guardias Civiles

CICO. Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado

CNI. Centro Nacional de Inteligencia

CNP. Cuerpo Nacional de Policía

COS. Central Operativa de Servicios

DAVA. Servicio de Vigilancia Aduanera

DEA. Servicio Antidroga Estadounidense

DGS. Dirección General de Seguridad

EDOA. Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas

EMUME. Equipo de Mujer y Menores

GRECO. Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado

POTAUM. Plan de Ordenamiento del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga

SAI. Servicio de Asuntos Internos

SEPRONA. Servicio de Protección de la Naturaleza

SIL. Salón Internacional de Logística

SIVE. Servicio Integral de Vigilancia Exterior

SUP. Sindicato Unificado de Policía

UCIFA. Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga

UCO. Unidad Central Operativa

UCRIF. Unidad Central para la lucha contra las Redes Ilegales y de Falsificación

UDAIF. Oficina de Análisis e Investigación Fiscal

UDYCO. Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado

UOPJ. Unidad Orgánica de Policía Judicial

El autor

Jorge Cabezas es periodista, escritor y experto en temas de Interior e investigación (Yo maté a un etarra, Infiltrados, Crónica negra de España). Ha desarrollado su labor profesional en distintos medios de comunicación (Antena 3, como responsable de Interior y colaborador de Espejo Público, TVE, Telemadrid, Radio Nacional y Onda Cero, entre otros). Es tertuliano habitual en programas de investigación, crónica negra y política.

Índice

Prólogo

CAPÍTULO 1. Corrupción policial en Málaga

Preludio de un asesinato

La muerte de dos colombianos

El enemigo está dentro

Lo que cuesta la verdad

Un Cuerpo por otro

Tocar todas las teclas

Cuando escala la hiedra

Extirpar la corrupción

CAPÍTULO 2. Cataluña Zona Cero

Una de gambas

El mejor empresario del año

Los largos tentáculos de la prostitución

Un paseo por las alcantarillas

El postre

CAPÍTULO 3. ¿Por qué tapar?

Un coronel en la banda

Ajuste de cuentas

La Sicilia de Lugo

CAPÍTULO 4. Cuando el CNI enreda

El pequeño Nicolás

Operación Emperador

CAPÍTULO 5. Corrupción a pie de calle

CAPÍTULO 6. El magma de la corrupción policial

Índice de siglas

El autor