Cuando se publicó por primera vez Así Cayó Alfonso XIII (1962), Miguel Maura quería contribuir a la liquidación del franquismo recordando la transición ejemplar que había llevado del Pacto de San Sebastián a las Constituyentes de la República, en julio 1931. Con la presente reedición de este texto, ya clásico, publicamos la continuación de las memorias que dejó escritas, junto a discursos, cartas y artículos coetáneos suyos que abarcan desde los últimos meses de su ejercicio de Ministro de la Gobernación hasta el 18 de julio de 1936. Situado en el ojo del huracán, Miguel Maura no dejó en momento alguno de percibir y avisar de lo que importaba, donde más útil podía resultar abogar por las soluciones aún posibles. Si el autor de estas páginas fue en cierto sentido el emblema de lo que la República pudo ser, también su biografía nos ayuda a comprender el peso de la experiencia de la monarquía constitucional en los hombres del 31.

Miguel Maura

Así cayó Alfonso XIII

De una dictadura a otra

Edición de Joaquín Romero Maura

ePub r1.0

Titivillus 25.10.2019

Título original: Así cayó Alfonso XIII

Miguel Maura, 1962

Edición de Joaquín Romero Maura, 2007

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

SOBRE ESTA EDICIÓN

Van siete ediciones de Así cayó Alfonso XIII. Conservamos en la actual, octava, el título, por el que se conoce lo anteriormente publicado, que sigue constituyendo aquí la porción mayor del texto; pero hemos añadido un subtítulo, para diferenciar claramente la versión que ahora presentamos al lector.

La primera edición, de 1962, llevaba el pie de imprenta en México, pero en realidad se imprimió en los talleres barceloneses de Ediciones Ariel, a cuyos meritorios directores, los Sres. Argullós y Calsamiglia, a los que pronto se sumó Juan Reventós Carner, debieron los lectores de la época el acceso a bastantes textos de calidad, improbables en el contexto de la Dictadura.

La segunda edición, primera autorizada en España, es de 1966. Las demás salieron igualmente todas de Ariel, Barcelona —la última en 1995—. Salvo ocasionales correcciones de gazapos, y alguna inexactitud menor rectificada, se trata de ediciones idénticas.

La gran preocupación de Miguel Maura en los años cincuenta, y hasta dar el libro a la imprenta, era la inadecuación, en su sentir, de los preparativos institucionales en vistas a la sucesión de Franco y el apercibimiento de alguna salida incruenta hacia un sistema democrático de libertades. Le parecía que la historia de la liquidación de la dictadura de Primo de Rivera y postrimerías, con la provisión de la «colchoneta» del Pacto de San Sebastián y el advenimiento de la República, inicialmente pacífica, podía constituir en sí un precedente útil. Al preparar el libro, llevó, pues, sus recuerdos hasta la sanción legitimadora de la República, con las elecciones y la instalación de las Cortes Constituyentes. Dejó fuera cuanto, en notas suyas anteriores, se refería a la fase ulterior de la República, aun los últimos tiempos de su presencia en el Gobierno. Y añadió un sonado epílogo de circunstancias, dando consejos al sucesor putativo de Franco.

La edición actual —que se concentra en presentar la percepción y actividad políticas del autor según él mismo y en los años de la República— prescinde de aquel epílogo, que, aunque acto bien político, corresponde al período ulterior, excluido. En cambio, traemos a la edición textos de Miguel Maura, relevantes, inéditos en la mayor parte y de todos modos poco accesibles, que cubren el período entre junio de 1931 y julio de 1936.

La Primera Parte, hasta el 14 de abril de 1931, y la Segunda, en que el autor es Ministro de la Gobernación del Gobierno Provisional, y que llega a las Constituyentes, en junio-julio del mismo año, consisten, pues, fundamentalmente en la reproducción de las ediciones de Ariel. Se injertan e intercalan, sin embargo, oportunamente, elementos complementarios.

La substancia de la novedad de la presente edición radica en lo siguiente. En otoño/invierno de 1945, MM escribe unos recuerdos sobre la República. Está exiliado, carece de fuentes, pero ha reflexionado mucho sobre lo ocurrido, y la febril actividad política de los políticos emigrados a finales de la guerra mundial le ha refrescado la memoria, que, de todos modos, la tiene superlativa, tras, como rezuma de sus páginas, haberse fijado mucho en la vida. El texto del 45 proveerá a su hora el cañamazo de la parte correspondiente de la edición del 62. Pero dista a veces de ésta, y la trasciende, porque cubre todo el período hasta el final de Bienio Azaña, en otoño de 1933.

Hay otros cuadernos de notas: en 1954, apenas regresado a España, MM se pone a preparar una eventual edición —o quizá artículos en la gran prensa de México o de Buenos Aires, que le solicitan—. Trabajo más sosegado, apoyado en una o dos colecciones de diarios de la época, es poco en lo que difiere de la versión finalmente editada. Estas notas ya no rebasan el período de la edición del 62.

Así que, cuando hay texto complementario interesante en las versiones del 45 o del 54, hemos procedido a insertarlo. Siempre, procurando no romper el hilo ni el rumbo de la narración. La pauta seguida es de sentido común, sin esas falsas pedanterías extemporáneas, de editor crítico de texto revelado, que, cuando se topaba con ellas, sacaban de quicio a don Miguel… Hemos pensado que las rarísimas veces en que el autor amplía el monólogo sobre nimiedades, si después lo silenció al hablar de igual período, por algo sería —y se lo respeta—. Si sólo difiere el modo de decir, o lo dicho resulta repetición escueta de lo que luego diría en otra parte del manuscrito que entregó al editor, omitimos toda inserción. Si el texto inédito es más completo, lo substituimos al previamente editado. Si hay contradicción, la señalamos. Las ocasionales discrepancias de interés posible también se señalan, todas.

El sistema de indicación seguido es muy simple: Cuando hay una inserción de texto procedente de las notas del 45, se la abre con el signo: <, y se la cierra a su hora con el signo inverso de: >. Si la inserción proviene de un cuaderno del 54, se usa de igual procedimiento, pero con corchetes: [, y luego: ]. A todo lo largo, como la estructura de los cuadernos de las diferentes épocas es palmaria aunque no sea idéntica, y, a eventuales efectos de compulsa, es muy poco el conjunto de documentación manejada, se ha prescindido del aparato de remisiones cansinas, aquí absolutamente innecesarias. Aparte de la guerra a los gazapos supérstites, cuando la preparación de esta edición lo ha requerido, se han añadido o retraído palabras o elementos de frase, o de párrafo. Las enmiendas son todas mecánicas. Los cortes respecto a las ediciones anteriores van señalados con: (…). Los añadidos se identifican claramente por ir siempre entre paréntesis normales. Algunas substituciones de palabras equivocadas pero sin ambigüedad (por ejemplo galicismos) lo han sido por estrictos sinónimos más correctos. Tratándose de los textos mecanografiados por MM personalmente, hemos remediado sin reparos a su desinterés por las reglas que rigen la puntuación escrita: no había en ello riesgo de error, porque puntuaba con pluma o máquina como se sabe que hablaba, y periodificaba perfectamente.

La Tercera Parte de este libro recoge el período que va desde la apertura de las Cortes Constituyentes hasta que, en octubre del mismo año, sale MM del Gobierno, con don Niceto Alcalá-Zamora, por votarse el artículo 26 («religioso») de la Constitución. Es decir, es el período en que sigue funcionando el que podríamos llamar «Gobierno del 14 de abril», aunque técnicamente ya no es el Provisional, habiendo sido confirmado por las Cortes en seguida tras su apertura. El texto de esta parte proviene enteramente de los cuadernos de 1945.

Lo propio sucede con la Cuarta Parte. El autor ya está fuera del Gobierno. Es el Bienio Azaña. MM mantiene estrecha y amistosa relación con miembros del Gobierno, y no deja de intervenir cuando le parece que el hacerlo puede obviar o siquiera ahorrar daños a personas o instituciones, o a las opciones de futuro de España. Ya no estamos ante un flujo de memoria continua, aunque los episodios puntuales que se suceden en la narración bien ligados están por sus claras implicaciones para el régimen.

Al final de esta Cuarta Parte se nos agotan los cuadernos inéditos. Antes de exponerle al lector cómo sigue, y por qué hemos optado por incorporar lo que forma las partes sucesivas, quisiéramos avisarle de ciertos aspectos del texto correspondiente a las recién anunciadas.

Las versiones sucesivas que dejamos mencionadas no difieren sólo por haberse originado en épocas distintas y contextos políticos a su vez parcialmente diversos. Los niveles de sinceridad varían también. El texto de 1945 está escrito para sí y en su caso para su familia, y los otros dos para su publicación, según ya mencionamos. En el primero, afloran a veces aspectos ligeros pero entretenidos, de ésos normalmente desechados por frívolos o por su poca monta. Lo íntimo, por otra parte, no siempre encierra mucho miramiento y la espontaneidad puede redundar en parcialidad distraída.

Pero, sobre todo, y es obvio, no se dice uno, ni cuenta, todo ni del mismo modo, confidencialmente o cuando prevé que la publicación acicateará la saña insaciable de los servidores de un régimen adverso. MM se quiere sincero, pero no se olvida nunca de quiénes son los circunstantes, que no son sólo aquéllos para quienes está hablando o escribiendo. Aparte de esperar interesar útilmente, su propósito constante es el de decir la verdad que cabe sin perjudicar a quienes no merecen daño, ni menos de su parte. O sea, que lo escrito para ser publicado puede venir parcialmente sesgado por una autocensura archijustificada, como cuando se trata de proteger a quienes ya cargan con su cuota de persecución. En este contexto, nos es útil la diversidad de intensidad y de enfoque de la iluminación en las tres versiones. Y utilísima la reacción del autor a sus críticos particulares.

Cuando salió la primera edición, y luego con la difusión mayor de la segunda, recibió MM un alud de correspondencia: de aquéllos a quienes mencionaba o de los que conocían bien a éstos, y habían compartido fatigas y recuerdos. Todos opinaban sobre el libro, y los más aludían al valor de las descripciones de situaciones por ellos vividas, o discutían la veracidad de las semblanzas. Ya se sabe lo quisquillosa que es la memoria de los españoles no desmemoriados. Esa correspondencia resulta del mayor interés, por una razón singular: de hecho, aporta poquísimo nuevo, y casi nada contencioso —y por eso mismo constituye un abundamiento poco menos que unánime de la fiabilidad de los recuerdos dejados por el autor, a veces sobre aspectos para los que el historiador independiente no tiene otro medio de informarse—.

Con ser eso útil en aquellas cartas, lo es más que algunas —prevalentemente de disconformes con algo preciso— suscitan del autor una confidencia que nos permite suplir silencios intencionales de la índole antes indicada. Y carta hay, de amigo, que acarrea tal o cual confidencia, que aflora los parámetros ocultos de la argumentación.

En algunos casos, consta lo que MM contestó, tanto si aceptaba como si rechazaba la enmienda propuesta, o la crítica. Cuanto tiene importancia al respecto ha sido incorporado en el texto, colocado entre paréntesis, de modo claro y expreso, y citando la correspondencia, con el texto del autor. Son pocas estas adiciones, pero añaden muchísimo a la perspectiva del conjunto, por cuanto rasgan en nuestro obsequio el velo antes interpuesto frente a la reconocida falta de pudor y de gusto del adversario de entonces.

En este sentido, la edición presente va tan lejos como los datos conocidos —incluida la documentación dejada por el autor— permiten, revelando la verdadera textura de las percepciones de uno de los protagonistas de ese acto de nuestra historia. Tres cuartos de siglo después de los acontecimientos, ¿había que proteger la intimidad de tesituras o de datos hasta hoy callados por preocupación táctica? A veces, por lo que sea, el dilema moral que se plantea el que está en el lance de optar es harto real y comprensible, y el consejo bien aquilatado puede muy bien ser el de enmudecer, o seguir mudo. Pero, por una parte, ha cambiado la sazón; por otra, diremos sencillamente que no nos hemos encontrado ante la dificultad apuntada porque este personaje se deja ver tal cual es.

Volvamos a nuestra edición. La Quinta y Sexta Partes son de índole diversa.

La Quinta parte corresponde al período de 19 de noviembre 1933 a 16 de febrero de 1936, fecha de la victoria electoral del Frente Popular. En noviembre de 1933, la derecha barre en las elecciones a Cortes. La capitanean dos hombres: Lerroux y Gil Robles. MM no tiene nada que ver con este grupo de dirigentes. Con el primero y su partido, MM no quiere saber nada, a pesar de las insistencias del jefe. Es una cuestión de moralidad, ampliamente documentada en las partes anteriores del texto.

El problema con Gil Robles es muy otro. Tan cerca, y sin embargo, a años luz de distancia. Las diferencias importantes, hasta insalvables, en la derecha no son, para MM, doctrinales, sino de modos. Se transparentan inmejorablemente en caliente. Hemos elegido el discurso que pronunció en las Cortes cuando la CEDA está ya en el Gobierno, la Revolución de Asturias ha sido aplastada y la derecha tiene la opción entre excederse en el castigo o pacificar. Analiza la situación, se deslinda de la CEDA, y explica por qué, y cómo, así, se va a la guerra civil.

La Sexta Parte corresponde al período hasta el 18 de julio. En junio, MM recurre a la pluma, y publica seis artículos consecutivos en El Sol, de Madrid. Los abre un análisis luminoso de la evolución política de la República hasta esa fecha. Describe luego perfectamente el problema político de la hora. Es una lección de historia política. Pero no historia por historiar, sino para convencer de la única solución que ve: una dictadura «del 14 de abril». Muy bien tenía que estar argumentada la cosa por quien tanto denigrara la anterior dictadura: lo estuvo. El texto es también un ejemplo antológico de retórica persuasoria de alto vuelo. Siempre consideró —y muchos de sus amigos— que esos artículos eran de lo más importante en su vida política. Aunque fueran a parar a la partida abultada de las profecías vanas que precedieron a nuestra guerra, no son para descuidados por quienes están interesados en constatar lo que era aparente y lo que podía estimarse posible, entonces.

En todo caso, no cayeron en seguida en saco roto. José Antonio, desde la cárcel, escribió una contestación en la prensa, pero la censura vedó su difusión. Por consiguiente, le escribió a MM comentándole personalmente los artículos. Publicamos esa famosa carta (de que ya dio noticia hace años José Luis Romero en sus Tres Días de julio, de 1967; ed. definitiva 1994), así como la contestación, inédita, de MM. La siguiente ocasión en que se discutió su propuesta de Dictadura Nacional Republicana, la dejó descrita MM con sus pormenores en una nota mecanografiada inédita, que reproducimos. Fue la noche del 18 de julio de 1936, en una reunión «republicana» de emergencia presidida por Azaña, en su despacho de Presidencia.

Este libro lleva una introducción algo dilatada. La razón de ese estudio preliminar es ésta. Cuando se inaugura la República, Miguel Maura, siendo el más joven, contrasta con la mayoría de los ministros en cuanto a la soltura y seguridad con que se mueve en la más delicada de las funciones. El lector apreciará el profesionalismo olímpico con que actúa desde el primer instante. Se trasluce clarísimamente que MM influyó mucho y bien en impartir sobre la marcha entre sus compañeros de Gobierno mejores maneras que las que traían de aprehender problemas y opciones. Aquello fue un descubrimiento, una sorpresa, pero no un milagro, ni una improvisación. Tampoco que de casta le viniera al galgo. El señorito, de hecho, se había pasado los años mirando y empapándose de política, en el sitio donde mejor se hacía, siquiera en su variedad substantiva aplicada que luego él se dedicó a practicar: la introducción trata de entender qué política se aprendía en el taller de don Antonio Maura.

Las fuentes de esa introducción incluyen páginas de unas «Memorias de medio siglo» emprendidas por MM poco antes de que la enfermedad suspendiera su redacción. Lo poco nuevo que contienen va incluido aquí. Los extractos van entrecomillados, y son evidentemente citas de Miguel Maura. Hemos prescindido aquí también de referencias más precisas, por la misma razón antes adelantada con otros textos.

El lector que no se interese directamente por tantos prolegómenos puede pasar a la primera parte, ya de MM: no se perderá con ello nada esencial.

Finalmente, un epílogo resume brevísimamente los hitos principales —los políticos sobre todo— de los años de la vida de Miguel Maura después del comienzo de la guerra civil.

Una edición como ésta no se lleva a bien sin concursos acreedores del agradecimiento explícito del responsable aparente de su preparación. Por eso, aún sin su permiso expreso, quiero dejar siquiera constancia de mi agradecimiento a Carmen Rivera, archivera de la Fundación Antonio Maura; Mariana Salvador, que ha cargado con toda la preparación de la edición; y Santiago Moran, mi instructor, al que harto necesité, en el buceo a por fuentes iconográficas de profundidad.

J. ROMERO MAURA

INTRODUCCIÓN

DON MIGUELITO EN EL TALLER DE DON ANTONIO

«Si mi padre viviera (…) la fraterna afectuosidad de llamarlo, como siempre lo hicieron sus compañeros de generación, “Don Miguelito”, cariñoso diminutivo para el más joven de los ministros de la República».

(Carlos Oteyza a MM, Caracas, 25 de octubre de 1962)

Primeras impresiones

Primeras impresiones

Política, desde el mismísimo amanecer

Nace el 13 de diciembre de 1887. El madrileñísimo bebé, bautizado Miguel, es el séptimo hijo de un matrimonio compenetradísimo. El autor de sus días, Antonio Maura, provinciano afincado en la capital desde que, bachiller, fue a estudiar a ella dos decenios antes, es, ya para entonces, uno de los abogados de mayor cartel del Colegio local. Diputado desde el 81, simultaneaba el ejercicio de la profesión con la política: aquélla le ocupaba desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, y la política le cogía el resto. La madre de Miguel era doña Constancia, alias «la Señoruca», hermana de Germán Gamazo, en cuyos bufete y mesnada política liberal empezó modestísimamente don Antonio, de mero amanuense, volviéndose luego estrecho colaborador suyo, tanto profesional como político, hasta la muerte de Gamazo al comenzar el siglo. La primera infancia de Miguel entra en una de las versiones clásicas de una niñez burguesa, con el aditamento de una buena salud. Una familia caracterizable de ejemplar, según los cánones de la España urbana de finales del XIX. Si acaso, viene acentuada la autoridad del padre, en quien sus hijos y adláteres en el despacho ven «la personificación de Júpiter Tonante».

«Nos inspiraba un respeto rayano en el pánico, pese a lo bondadoso que se mostraba siempre cuando hablaba con cada uno. Es curioso ese sentimiento de temeroso respeto que suscitó a todos un hombre tan afable y bondadoso. Sus pasantes y secretarios, por ejemplo, cuando tenían que entrar en su despacho para darle algún recado, echaban a suerte entre ellos para saber quién lo hacía. Sus hijos le llamábamos Don Antonio, y hubieron de pasar muchos años y tener edad madura para que yo departiese familiar y tranquilamente con él de temas profesionales o políticos.

He pensado muchas veces sobre el origen de ese efluvio de respeto que emanaba de su persona, y he llegado a la conclusión de que era debido a la constante e intachable rectitud de su conducta de todos conocida, en cualquiera de los múltiples aspectos de su vida privada o pública».

Miguel no dice que de esa reciedumbre anduviese exenta la relación entre sus progenitores, cosa que atestiguan otros. Su recuerdo final de doña Constancia se cifra en que «mi madre fue una verdadera santa, mártir de sus deberes de madre y esposa, la bondad personificada, siempre dispuesta al sacrificio, y eficaz mediadora entre nosotros, los hijos varones, un tanto alegres, y la autoridad paterna, terriblemente severa frente a nuestras aventuras de toda índole. La llamábamos la Señoruca y la adorábamos, aunque sin zalemas, porque ninguno de nosotros, ni varones ni hembras, fue dado al sentimentalismo afectivo. Así pues, entre don Antonio y la Señoruca, transcurrió mi vida en los primeros años, que mi memoria recuerda feliz y tranquila».

De diez hijos que tuvo doña Constancia, la mitad salieron varones. El mayor, Gabriel, venía separado por tres hembras consecutivas de otros tres varones también consecutivos y muy seguidos: por ese orden, Antonio, Honorio y Miguel, que formaban un núcleo estrecho y arremolinado. José María y otras dos hermanas vendrían después. Los del trío estudiaron juntos, con la consiguiente precocidad del benjamín de él, bachiller en 1901. Aficiones, las corrientes. Estudios, los congruos. Fueron, para ese medio social, los años bobos. Los resumirá Miguel como de vida sencilla, desapasionada, en la que los problemas se reducían a los familiares de cada cual…

En febrero de 1895 la insurrección cubana dio el «grito del Baire». En 1892, don Antonio había sido ministro de Ultramar, presentando entonces un proyecto de reformas de Cuba, cuya intención había resumido en las Cortes con un discurso de este tenor, para entendido literalmente, como solían serlo los suyos parlamentarios: «Me propongo que en los asuntos peculiares de Cuba, no más que en los asuntos peculiares de Cuba, prevalezca siempre la voluntad de la mayoría de la isla, no siendo para mí nada peligroso, y no debiendo ser para el Gobierno motivo de preocupación, que en aquella Diputación Provincial, prevalezcan los autonomistas (…) ¿Sabéis cuál es mi aliado predilecto frente a los insurrectos? ¡El pueblo cubano!…». Contra el proyecto se concitaron los intereses que se suponen, y el ministro dimitió. Si, para cuando muriera, más de cuarenta años después, habían de valerle a don Antonio aquellos sus esfuerzos un homenaje póstumo del Parlamento de Cuba, tuvieron antes la consecuencia de despertar a la política al jovencísimo Miguel, que lo cuenta así.

«Tanto Gamazo como nosotros veraneábamos en Santander. Gamazo tenía una gran propiedad, Altamira, en la parte alta de la ciudad (…), mi padre había construido una casa amplia, con gran jardín, en el Sardinero, cerca de las playas. Los tres hermanos íbamos a diario a la “segunda playa”, la “de Castañeda”, como se la llamaba por el nombre de su concesionario. El trayecto era largo, porque era la que estaba más alejada del centro del Sardinero, pero allí velaba por nuestra seguridad durante el baño el hijo del dueño, un mozarrón, gran nadador, simpático y alegre, y el viejo Castañeda supervisaba nuestra conducta y nuestras zambullidas, como amigo y correligionario que era de don Antonio.

Pues bien, en el verano de 1896, cuando la guerra de Cuba llevaba ya casi dos años de duración, nuestra sorpresa fue grande al llegar por primera vez a la playa, y observar que ninguno de nuestros habituales compañeros de juego se acercaba a nosotros; y aún fue ella mayor cuando al salir del balneario encontramos a seis o siete chavales, todos conocidos nuestros de antiguo, esperándonos en la plazoleta de acceso, y que apenas nos ven prorrumpen a gritos a una serie de insultos e improperios. “¡Filibusteros, traidores, marranos, Maceos!”, y no sé cuántos epítetos más caían sobre nosotros, proferidos con una ira totalmente desusada por ellos hasta entonces. Ni que decir tiene que en el acto fue entablada la primera batalla, a puñetazo limpio, revolcones, patadas y empujones. Esa escena se repitió ya infaliblemente cada día a la misma hora de la retirada, sin que nadie interviniese para separar o apaciguar a los contendientes.

(…) El número de los agresores aumentaba por días, y como era de esperar acabamos por llevar la peor parte en las refriegas. Un día, mi hermano Antonio, que era el más batallador de los tres, recibió un golpe serio en un ojo, propinado por el hermano de uno de los habituales agresores que había venido de refuerzo, y que era mucho mayor que nosotros. Habíamos tenido buen cuidado de no decir nada en nuestra casa para que no nos impidiesen volver a la playa y pudiesen creer nuestros enemigos que nos habían vencido. Pero, tras el ojo de Antonio en compota, no era ya posible ocultar la verdad. Hubimos de contar todo a don Antonio, que sin la menor vacilación nos prohibió volver a la playa.

En esas edades, los acontecimientos y sobre todo las contrariedades adquieren categoría de permanentes, y se nos antojan definitivas. Confieso que para mí fue terrible constatar que para todos esos antiguos camaradas habíamos pasado a ser unos traidores, malos españoles, merecedores del más profundo desprecio. No acertaba a juzgar los motivos de esa actitud, pero ella era tan clara que resultaba suficiente para calibrar la extensión del odio que inspiraba nuestro apellido en aquellos momentos.

Había preguntado al viejo Castañeda lo que sabía sobre las familias de nuestros adversarios, y no vaciló en decirme que eran todas familias acomodadas, veraneantes que habitaban en los alrededores de la playa. Era pues la burguesía la que repudiaba, no sólo al político, sino a su familia, como indeseable. Me propuse averiguar a fondo las causas de esa actitud que se me antojaba entonces como una definitiva catástrofe para todos y cada uno de nosotros».

Los tres hermanos pasaron el resto del verano sin trato con los compañeros de hasta hacía poco.

«No sólo no decrecía la animosidad contra nosotros, sino que cuando llegó la hora del regreso, la familia hubo de trasladarse, desde el Sardinero a la estación del ferrocarril en Santander, en los coches, las famosas cestas, cerradas las cortinas de hule para la lluvia, porque había serios temores de que fuéramos agredidos en el trayecto.

Al llegar a Madrid, me consagré a estudiar a fondo el origen o la causa de esa animosidad. Con la ayuda de uno de los secretarios de mi padre, me procuré todos los discursos que éste había pronunciado en las Cortes y en las reuniones públicas desde 1892 (en que presentó sus reformas en las Cortes). Los leí concienzuda y reiteradamente, al punto de que llegué a saber de memoria no pocos párrafos de los mismos.

El profesor que venía a diario para damos las clases del bachillerato era don Severino Aznar, publicista y escritor de gran mérito, sumamente culto y muy aficionado a la política. Terminada la clase, mientras mis hermanos salían de estampía, yo rogaba a don Severino que se quedase un rato más y me explicase en detalle el pleito colonial en todos sus aspectos, lo que hacía muy gustoso, con una claridad y precisión verdaderamente extraordinarias…».

Cierra Miguel su versión del episodio recordando: «Viví obseso con esas ideas (de profundizar en las causas y en el origen de aquello) hasta que logré aclarar en mi mente con toda precisión, el fondo del pleito». Resume también con ello un rasgo de carácter que será una constante en él. Tuvo después fama de impulsivo, y lo fue. Pero siempre se le verá o entreverá sometiéndose, en el peor de los casos después de un primer reflejo, a esta disciplina de obligarse a despejar lo esencial de situaciones complejas, y por ende los parámetros de la acción deseable, entre las estimadas posibles. Algo tuvo que deber a esa actitud la perspicacia política que siempre tuvo, y que llegaba a sorprender en quien tan poco alardeaba de estrujarse el cerebro. Las páginas de este libro encierran ejemplos llamativos de tal penetración, que, según veremos en seguida, se alimentaba en parte de la experiencia adquirida en su aprendizaje. Ello es que, a veces, parecería dotado del sexto sentido del adivino político. Cipriano Ribas Cherif, por ejemplo, le recordaba desde México el año 49 cómo, tras haberle vaticinado ya Miguel, a su hora y con razón, a Azaña la inminencia de la República, «una noche, de madrugada, en Gobernación, con la misma seguridad que a él le escandalizaba tanto, le predijo que se preparase a presidir el Gobierno de ahí a un mes. Lo presidió de ahí a dos».

Pero todo eso será más adelante. De momento, todo es mirar y escuchar lo que le dejan atisbar el entorno y sus propias entendederas infantiles. Materia, la había. Y sucesos políticos, algunos mayores. Como esa tarde, a comienzos del mes de agosto de 1897, en que, de nuevo en Santander,

«estando en el jardín de la casa de El Sardinero, cerca de la gran puerta de acceso a la finca, vi desde lejos venir el coche de Gamazo al trote largo de su magnífico tronco de caballos. Llega ante la puerta, y en el momento en que yo me disponía a abrir de par en par las verjas de hierro, Gamazo se apea apresuradamente y, pasando ante mí sin mirarme siquiera, entra en el jardín casi corriendo, y se dirige a la casa. Ni que decir tiene que, dejando las puertas a medio abrir, corrí tras de él.

Llega Gamazo ante la casa, sube deprisa los cinco escalones de acceso al dintel, y abriendo la puerta primera de la izquierda, que era la del despacho de don Antonio, penetra en él. Por fortuna, olvidó cerrar tras de sí la puerta y yo, que venía pegado a sus pasos, pude perfectamente oír la exclamación que lanzó como saludo a mi padre, sentado ante su mesa de trabajo:

—¡Antonio!, ¡han matado a Cánovas!

—No es posible. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuéntame.

Aquí terminó para mí el diálogo, porque fue cerrada por Gamazo la puerta, y aunque confieso que pegué el oído a ella con insistencia y afán, nada logré oír.

Recuerdo perfectamente la enorme impresión que la noticia me causó. Tanta que en vez de ir a contársela a mi madre y a mis hermanos, me senté en el primer peldaño de la escalera de acceso, y dejé correr mi imaginación entre suposiciones a cual más absurda sobre la forma en que podía haber ocurrido el crimen. (…) Duró varias horas la visita de Gamazo (…) Salieron al fin juntos del despacho, y fueron a la sala donde estaba mi madre con mis hermanas mayores haciendo labor. Tras ellos fui yo, y pude oír de labios de Gamazo el relato que hasta él había llegado por el teléfono desde Santa Águeda».

Sesenta años después, Miguel se declaraba «decididamente orientado» a la actividad política por esos dos primeros impactos políticos en su vida.

Breve interludio, entre el bachillerato y la carrera. Dos años en Suiza: práctica muy generalizada entre las familias burguesas, con, por principal objeto, el de que los muchachos aprendieran por lo menos un idioma extranjero. Y de paso conocían un ambiente distinto del familiar. En Vevey, en una Institución Sillig (por el apellido de quienes la regentaban, que en 1936 amortiguarían el primer impacto del lanzamiento al exilio de Miguel y familia recogiendo a sus dos hijos menores), situada sobre el lago de Ginebra, aprendió Miguel lo que tenía que aprender, incluso algunos deportes en serio y, a su ulterior parecer, útilmente. «Pasaron para mí aquellos dos años sin sentir, y cosa rara, sin que para nada recordase mis aficiones, mejor dicho mi pasión política. No pensé ni en las tertulias ni en la prensa, ni en nada de lo que había constituido el fondo de mi vida los años anteriores (…) de mi primera juventud». Hasta que un buen día del mes de junio de 1902…

«recibí una carta de mi padre que hizo revivir en mí de pronto, con más fuerza que nunca, aquella pasión dormida. Don Antonio me escribía con periódica regularidad cada quince días, y sus cartas, siempre cariñosas, me traían noticias de la familia, pero jamás me hablaba en ellas de política y aún menos de alta política, tema que, como es lógico, hasta entonces no habíamos abordado siquiera él y yo.

Esa carta del mes de junio de 1902, de tres pliegos escritos a mano con la magnífica caligrafía que siempre tuvo, no sólo me dejó perplejo, sino que hizo rebrotar en mí con auténtica furia toda la pasión por la política. La leí y releí cien veces porque no acertaba a comprender ni la causa ni el fondo de lo que con ella quería decirme o sugerirme para mi conducta.

Desde el principio hasta el fin era un canto a la obligación sagrada de sacrificarse por la patria, explicándome cómo ese sacrificio revestía a veces formas casi crueles, que entrañaban dolorosísimas renuncias. Era una carta hermosa, magnífica de estilo y de fondo, y era la primera que de mi padre leía sobre tema tan apasionante para mí. La he conservado años y años, y la perdí con todo mi archivo (desaparecido hasta la fecha —2007—), al día siguiente de la entrada de las tropas de Franco en Madrid.

La impresión que ella me causó fue enorme. De pronto, brotaron en mi mente todos los sujetos de dudas, de discusiones, de cavilaciones sobre temas políticos que habían llenado los cinco años anteriores a mi estancia en Suiza, pero las cavilaciones sobre el motivo y la verdadera finalidad de esa carta eran mucho más fuertes que los recuerdos. ¿Por qué me decía esas cosas tan hondas y tan serias ahora? ¿Qué había sucedido o iba a suceder en España para que don Antonio (…) me hiciese esas reflexiones y esas confidencias?

Hecho un mar de cabalas, Miguel, después de dos años de no ver más que La Gazette de Lausanne, y aún eso muy por encima, regresa a España: “Ya no volvió la despreocupación por el tema político de los meses anteriores, sino que ocupó él lo mejor y más constante de mis pensamientos”, escribe al final».

El circo por dentro: las candilejas y el gran espectáculo

Había o se presagiaban novedades en la política de entonces. Cambios de siglo, de reinado, de generación y por tanto de jefaturas a la cabeza de grupos o partidos, venían a incidir sobre la percepción cuasi unánime de la inadecuación del mecanismo político respecto a las funciones que se suponía corresponderle. Las críticas eran ya añejas, pero la intensidad con que ahora se tronaba contra el inmovilismo en los gobernantes era desacostumbrada. En cualquier caso, había, para el que se asomaba a tales cosas, mucho llamativo en la política de entonces, y no digamos en el Circo Maura, en el que aspira Miguel a participar, según le fuera correspondiendo, pero al máximo.

La crónica de la política general de esos años de su formación es harto conocida. Pero ¿qué política, qué oficio político, ve y aprende el joven Miguel, y cómo concebidos? Estaba en el epicentro, y no se perdía una. Siempre pensará que, en tal materia, tuvo la mejor escuela, tanto en cuanto a formas como en cuanto a contenidos. Sigámosle en el recinto, y entre bastidores. Empezando, como empezaría, por lo más vistoso.

La verdad es que no todo lo que le fue dado presenciar parecía doblegarse a incuestionables leyes naturales de la gravitación política. Así, dieciséis años tenía cuando asistió a la anómala investidura de su padre a la jefatura del Partido Conservador, que Miguel narra de primera mano.

Un breve paréntesis para recordar el contexto. En abril de 1903, gobernando Silvela, el entonces jefe conservador, y siendo don Antonio su ministro de la Gobernación, había favorecido éste, contra lo acostumbrado, una competición electoral sin excesivas trabas, con lo que habían salido elegidos numerosos diputados republicanos, por distritos (uninominales) y circunscripciones (plurinominales, con escrutinio de lista) urbanos de toda España. Al estupor en Palacio y su entorno, sucedió la caída del Gobierno: crisis con malos modos, extemporánea, por algo entonces mismo adjetivada de «oriental». Advino el segundo Gobierno de Villaverde, también de signo conservador, con la misión de evitar que los republicanos sacaran demasiados ayuntamientos en las sucesivas, obligadas, elecciones municipales. García Alix, cuñado del jefe del Gobierno, se encargaría de ello desde Gobernación.

Pero las municipales de noviembre fueron de todo punto un fracaso rotundo para Villaverde, sumándose el espectacular retraimiento, por atropellos, de los candidatos republicanos en Madrid y el triunfo inesperado de listas republicanas en muchas capitales de provincia. El 11 de noviembre, el Gobierno iba a tener que defenderse en las Cortes.

En octubre, Silvela se había retirado de la vida pública, para dedicarse, anunció, a escribir una historia de la ética en España. Se despidió del Congreso como un viejecito meditabundo: «Tened caridad al juzgarme por el único acto de que me considero culpable: el de haber tardado en declarar a mi país que no tengo condiciones para gobernar. En adelante, me dedicaré a tareas menos empeñosas y más acordes con mis fuerzas y con mis aficiones». Ovación prolongada. Largo abrazo de don Antonio. Sesenta años largos después, Miguel dirá: «Yo, desde la tribuna, confieso que me emocioné también». Y lo que estaba por venir: consecuencia de todo ello era que, con unas Cortes que no tenían ni un año, la sesión de noviembre era la pintada para alumbrar un cambio teatral de jefatura conservadora. «Viví esa jornada parlamentaria con tal intensidad, que aún hoy la recuerdo hasta en sus menores detalles. La cosa no fue para menos».

Melquíades Álvarez, que ya entonces llenaba las tribunas, atacó al Gobierno tanto por su origen como por las elecciones, y emplazó a Maura a repudiar a los intrusos posesionados del banco azul. Maura, como era natural, contestó que no podía acudir adonde le citaba el orador («Yo tengo deberes que él no tiene»). Añadiendo que no necesitaba el Gobierno de su defensa, calificó con toda la intención —más adelante veremos cuánta— la mayoría conservadora parlamentaria de «instrumento insuperable para llevar adelante una honda y renovadora labor legislativa». Se dijo del todo compenetrado con el partido al que, con el grupo gamacista, se había unido hacía tan pocos meses.

«La ovación de la mayoría duró largo rato, y la sesión hubo de permanecer suspendida durante ese tiempo. Al fin, el pobre Villaverde pudo levantarse en la cabecera del banco azul, y con palabra vacilante y visiblemente azorado, dio las gracias a Maura por sus declaraciones, en nombre propio y en el de su mayoría, “a la que había hecho justicia al considerarla incapaz de una traición”. Esta frase cayó muy mal entre los diputados conservadores. Explicó luego la tramitación de la crisis que le llevó al poder y, con una falta de habilidad increíble, se lanzó nada menos que a una explicación técnica de sus proyectos de Hacienda —que era lo único que sabía en política—, aburrida y totalmente fuera de lugar en tales momentos decisivos políticamente.

Al sentarse, la mayoría permaneció muda. Ni un aplauso se oyó, porque sus escasísimos amigos no se atrevieron a romper con los suyos el impresionante silencio que siguió a ese lamentable discurso de un jefe de Gobierno en circunstancias tales.

Para colmo, el bueno de García Alix, ministro de la Gobernación, tuvo el atrevimiento de levantarse para explicar, mejor dicho para intentar explicar lo ocurrido en las elecciones. El espectáculo que presenciamos fue algo insólito. Todos los diputados de la mayoría, sin hacer el menor caso del ministro y de su discurso, se levantaron y fueron desfilando ante Maura, sentado en su escaño, debajo del reloj, en el centro del salón, para estrecharle la mano. El presidente agitaba la campanilla sin que nadie hiciese de ello el menor caso. Al final García Alix dijo que otro día contestaría al Sr. Álvarez (don Melquíades), y se sentó.

Don Antonio se levantó y, cruzando el hemiciclo, se dirigió a los pasillos. Tras él, todos los diputados de la mayoría abandonaron también el salón, y al llegar al pasillo central ante la puerta de acceso, los diputados, con la sola excepción del reducidísimo grupo de los amigos de Villaverde, prorrumpieron en una interminable ovación a don Antonio.

En aquel momento entraba en la Cámara don Francisco Silvela, avisado por teléfono por su sobrino Paquín unos momentos antes de cuanto estaba pasando. (Se trata de Francisco-Agustín Silvela, Marqués de Silvela, senador vitalicio, mayordomo de semana de Palacio, amiguísimo de Miguel y fuente inagotable y exacta de lo que ahí se pensó y maquinó, todos esos años). Dirigiéndose al grupo en que estaba Maura rodeado de diputados, lo tomó por el brazo y, separándose con él, le mostró a los diputados todos, diciendo:

—¡Ése es vuestro jefe! ¡Tomadle!, y se apartó solo del grupo, abandonando la Cámara.

—¡Así se proclaman las jefaturas!, decían los diputados de todos los matices.

—¡Así se mata un Gobierno!, decían melancólicos los escasos villaverdistas que lo presenciaban».

No faltarían más momentos mágicos en los años inmediatos. Obra taumatúrgica de la palabra, algunas veces. Otras, atentados frustrados por un margen ínfimo. Vuelcos políticos de toda índole. Miguel adquiere para siempre la costumbre prudente de reservar, cuando aquilata y baraja posibilidades, una cuota tácita —diría que condigna, en todo caso nunca ínfima— que le asigna a lo muy improbable. Siempre fue generalmente optimista cuando había un resquicio para serlo, pero no se trataba de eso: se figuraba por dónde podía salir el toro, dispuesto, en su caso, a estar para recibirlo, fuera que lo aconsejara la estricta conveniencia o que se lo recabase la obligación moral, aún importuna. ¿Quién negará que hay veces —de Jericó a Berlín, pasando por el 14 de abril— en que la opción preferible del que quiere echar abajo una alta muralla al parecer bien defendida está en soplar decididamente en las trompetas hasta que éstas revienten… o caiga aquélla?

En alguna ocasión, Miguel rozó por aquel entonces lo decididamente anómalo. Como era creyente, si mediaba un elemento religioso, le hacía sin reservas ni secuelas el hueco correspondiente. Por aquellos años, asistió a lo que no tiene más nombre que el de milagro, en Lourdes —el primero de dos, casi idénticos, impresionantes—. Cuando se trataba sencillamente de episodios inexplicables, no caía en la engañosa tentación, tan corriente, de buscar a toda costa un sucedáneo de explicación, aun forzada. Reunidos datos fidedignos que no casaban, archivaba su asombro, sin interpolar. Los asumía con la naturalidad tamizada del que está razonablemente resignado a los límites de la comprensión humana. Véase cómo contaba el más extraño de los episodios políticos que recordaba.

«El 12 de abril (1904) estaba yo en mi despacho, cuya ventana era contigua a la puerta de la calle (de la Lealtad), cuando oí llegar al trote apresurado de los caballos un coche que se paraba ante la casa. Me asomé en el acto y vi a Sánchez Guerra que descendía rápido con la chistera hacia atrás, y corriendo materialmente entraba en el portal. Me apresuré a abrirle la puerta de acceso al piso de los despachos. Entra y, sin dirigirme la palabra, corre hacia la escalera privada que comunica el piso bajo con el principal, y sube precipitadamente por ella. Tras él iba yo, como era lógico, sin decir palabra, pero dispuesto a no perder un solo gesto de su acción.

Al llegar al principal, se dirige al cuarto de mi madre contiguo a la alcoba de mis padres, que conocía bien como familiar que era de muy antiguo de la casa.

Mi pobre madre había sufrido unos años antes un ataque de hemiplejía, y tenía paralizado el lado izquierdo de su cuerpo. Brazo y pierna impedidos, la obligaban a un reposo constante, que pasaba en su cuarto de estar, contiguo a la alcoba, sentada en una gran butaca, frente a la parte de acceso a la habitación.

Jamás olvidaré la escena. Entra Sánchez Guerra, que siempre fue un nervioso, con el sombrero de copa aún en la cabeza echado hacia atrás, jadeante por la prisa con la que había subido las escaleras, y exclama:

—¡Constancia, no se alarme! Acabo de hablar con Antonio por teléfono y está muy bien…

—Sí, ya lo sé… pero, no ha ocurrido nada grave, ¿verdad?

—¿Cómo que lo sabe? No es posible: acabo yo mismo de hablar con Barcelona, y nadie tiene aún la noticia.

—No se preocupe. Lo sabía ya antes de que ocurriese. Siéntese y cálmese, para contarme cómo ha sido la cosa.

Ni Sánchez Guerra ni yo salíamos de nuestro asombro, pero él sabía la verdad, y yo lo ignoraba todo, con lo cual mi impaciencia era ya casi paroxismo.

—Acaba de decirme Antonio que al salir de Capitanía (en Barcelona) por la puerta de la plaza de la Merced, un anarquista se ha subido al estribo del coche y le ha dado una puñalada dejando el puñal clavado en el pecho, pero sin que la herida tenga importancia. Él mismo lo ha sacado y lo tiene en su poder. Está perfectamente aunque ha perdido algo de sangre por la herida. Me ha encargado que venga en seguida a decírselo a Vd. para que no se intranquilice. Él la llamará cuando el médico le haya reconocido. Espera en este momento al doctor Alabem, que es el médico del Rey.

—Ya sabía yo que iba a pasar, dice mi madre con voz tranquila y sin inmutarse. Lo que ignoraba era cómo iba a ser el atentado y temía que fuese una bomba como esas que están estallando hace tiempo en Barcelona, porque entonces hubiese causado muchas víctimas, aunque Antonio saliese ileso.

No salía yo de mi asombro al oír a mi madre, y no hay para qué decir que Sánchez Guerra, que al fin se había descubierto y todo despeinado tenía el sombrero de copa sobre las rodillas, parecía como caído de las nubes. Miraba a mi madre asombrado, y no se atrevía a preguntarle el secreto de su información.

Estábamos en éstas, cuando suena el teléfono oficial, que estaba en la mesa de noche de mi padre, en la habitación contigua. Corro yo a él, y oigo a mi padre que dice:

—Constancia, Constancia…

—Ahora viene, papá; soy Miguel. Está en el cuarto de al lado, ahora la traen hasta aquí. Está con don José que nos ha contado todo. ¡Enhorabuena, don Antonio! Aquí llega la Señoruca.

Sostenida por su doncella y por Sánchez Guerra llegaba al borde de la cama de mi padre, se sentaba en ella y con la mano diestra, única hábil, tomaba el teléfono y sin inmutarse lo más mínimo empezaba un diálogo con mi padre, completamente normal como si se tratase de un episodio insignificante del viaje.

Acababa de reconocer la herida el doctor Alabem y según don Antonio se trataba de un verdadero milagro, hasta el punto de que el doctor había dicho que, si le mandaban a él hacer una herida semejante con el bisturí, lo pensaría mucho antes de intentarlo. Había entrado el puñal en el centro del pecho y, en el momento de asestar el golpe, el coche había arrancado, porque el cochero, al oír el grito de “¡Viva la anarquía!”, que al mismo tiempo había proferido el asesino, instintivamente fustigó a los caballos, y éstos arrancaron bruscamente. El asesino había resbalado en el estribo, y el golpe, en vez de ser perpendicular al pecho, había resultado envainado en la escasa carne que cubre el esternón. El cuchillo había quedado clavado y don Antonio, sumamente sereno, había ordenado al cochero que le llevase “a casa”, o sea, a la Diputación, donde se hospedaba.

Una vez en marcha había sacado con mucho cuidado el puñal de la herida y lo había tirado al suelo del coche. Había después probado si sangraba por la boca, y al ver que no, quedó totalmente tranquilo, al punto de que una vez en la Diputación, subió por su pie hasta la habitación del general Linares, entró en ella diciéndole:

—Mi general, vengo herido. No es nada. Hágame el favor de pedir en el acto comunicación con Gobernación, porque quiero ser yo quien dé la noticia a Pepe, para que tranquilice a Constancia.

El General obedeció “militarmente”, sin detenerse a inquirir más detalles, y a poco estaba puesta la comunicación con el Ministro y éste, enterado —tan sólo a medias, porque sus nervios le impidieron hacerlo debidamente— de cuanto había ocurrido, salía corriendo a la calle de la Lealtad, para dar la noticia a mi madre.

Cuando se hubo marchado Sánchez Guerra, sin saber una sola palabra del secreto de la información previa de mi madre sobre el asunto, me encerré con ella y Dios sabe lo que me costó arrancarle la verdad de lo que yo creía que era una premonición. Tras no pocos esfuerzos, supe que la Señoruca mantenía una correspondencia unilateral con cierta monjita lega, de un convento de Valladolid, a la que no conocía y de la que nada sabía sino que de tiempo en tiempo le escribía, anunciándole los sucesos graves que iban a ocurrir, sin que nunca fallase en sus informes, porque lo anunciado se cumplía siempre.

No hubo forma de que me autorizase a sacar del cajón del escritorio la famosa carta con el anuncio. Hizo falta que interviniese mi hermano Antonio, que era la gran debilidad de la Señoruca, para que pudiésemos leerla.

La lega del convento de Valladolid no sabía escribir o, al menos, no era ella la que lo hacía, sino que dictaba la carta a una monjita no más versada en las letras, porque hacía no pocas faltas de ortografía y de sintaxis, al repetir lo que de la otra oía. La carta era de fecha muy anterior al viaje, lo que significaba que mi madre lo sabía desde hacía mucho tiempo. Se anunciaba el viaje sin decir adonde, y se predecía “un atentado criminal que, por la voluntad de Dios, no tendrá consecuencias, y vuestro marido saldrá ileso de él”.

Tal fe tenía mi madre en lo que la monjita decía, que ni un instante dudó de que así sería, y por eso, cuando entramos en su cuarto Sánchez Guerra y yo, nos recibió como he relatado. Resultaba que desde el momento en que supo la llegada de la comitiva regia a Barcelona, había estado esperando hora tras hora la noticia del atentado, con lo que llevaba cuatro días de entrenamiento para recibirla sin pestañear.

Lo curioso del caso era que mi madre no contestaba jamás a esas cartas, por la sencilla razón de que no podía escribir desde hacía muchos meses por su parálisis. Pero ello no era obstáculo para que la monjita siguiera informándola de lo que le esperaba».

Así el ambiente. No era como para ahuyentar de la política a un joven con la querencia que traía Miguel.

Miguel se formó a lo que podía requerir la política según la entendía —y tan completamente como cabe de una formación— durante el cuarto de siglo desde la fase de preaprendizaje en que ayuda a juntar papeles y datos para la preparación de los discursos, y asiste a todos los debates públicos, hasta la interrupción de la actividad política normal consiguiente al golpe de Primo de Rivera, en 1923. La matriz no está tanto en la ideología, secundaria al respecto, sino en la asimilación de la quintaesencia del quehacer político tal y como lo entendiera y practicara siempre su padre. De él sacó Miguel la horma de su percepción política. Y, aunque no se le parecía de carácter, se consideraría siempre continuador de lo que significó su padre en política.

Siempre se sentirá «maurista». Se lo dice en público, como se verá libro adentro. En privado también. Así, en unas notas para sí escritas en el exilio del 45, recordaba, para remacharlo, una reunión del verano de 1930 con su hermano mayor. Hacía poco que Miguel se había despedido políticamente de don Alfonso XIII (del modo que verá el lector en el texto principal):

«Fui en visita a… (la finca de Gabriel), en compañía de Ossorio y Gallardo (que había sido amigo de don Antonio, y su gobernador en Barcelona durante el Gobierno de 1907-1909). Departimos durante más de una hora. De pronto, apareció mi cuñada Julia, (…) intransigente (…) (que) volcó sus iras contra la República y contra quienes la postulaban como posible solución (…) Tomaba la discusión mal cariz y decidí marcharme. Mas al tiempo de salir de la habitación, tomé a Gabriel por el brazo y le hice esta pregunta:

—Si nuestro padre viviera y hubiera oído esta discusión, ¿a quién crees tú que daría la razón? ¿A ti o a mí?

Gabriel, sin vacilar, como movido por un resorte, contestó:

—A ti, estoy seguro de ello.

Recuerdo, y Ossorio (que ese año de 1945 aún vivía en su emigración argentina) lo recordará también, la cara de mi cuñada (…) Tomé a Ossorio por el brazo y salí de la casa diciéndoles:

—Es cuanto me interesaba saber, porque es lo único que me importa.

Di comienzo a mi etapa revolucionaria».

El arte de guiar la mirada

El arte de guiar la mirada

La realidad sobre la que actúa cada cual está hecha de objetos corporales e incorporales, según percibidos por los sentidos y el entendimiento. Un somero inventario de lo que entra en determinar sus elementos nos lleva de materias primas sin elaborar a los más variados productos, acabados o semielaborados, propios de la época y lugar; luego se conjugan la creatividad y la rutina, según quién y en qué. Cuando estudiamos cómo se maneja el que persevera con éxito en la originalidad relativa de su recorte del mundo y de las posibilidades que éste ofrece, nos es a veces dado identificar características configuradoras especiales de su hacer. Seremos —se nos lo dice— prisioneros de nuestra cultura, pero no hay ninguna que nos constriña tanto que nuestros puntos de vista sean irremediables. Los que con el menor pretexto se escudan en que se les forzó, los engañaron, les metieron miedo, no podían comprender y demás, nos y se mienten: forzoso es reconocer lo insólito y efímero que resulta que a nadie en sus cabales le fuerce tanto su conciencia a no reflexionar que se encuentre impedido de alzarse hasta otra opinión, llegarse a una verificación, o intentar una perspectiva diversa. Por otra parte, eso no quita para que les quepa a algunos la fortuna de vivir libres dentro de sistemas mentales coherentes, cómodos y holgados, de los que no hay más que rara vez justificada urgencia por salir. El dichoso así beneficiado puede entonces mirar natural y tranquilamente al mundo en que se desenvuelve, confiado en que la nitidez de su visión ha de confrontarle tan fielmente con lo bueno como con lo malo. Así le sucedería a Miguel con cómo aprendió de su entorno a representarse el mundo y su lugar en él.

En su infancia y juventud, aprendió Miguel a representarse lo que tenía delante proyectándolo sobre un plano que nos es fácil discernir, porque forman sus ejes un par de familias de conceptos bien conocidas. En una primera aproximación, describiríamos el plano como determinado por la intersección de cierta educación cristiana y de una aprehensión peculiar de raigambre jurídica. En seguida especificaremos. Ni que decir tiene que el propio Miguel Maura, que era todo menos introspectivo y nunca se creyó intelectualmente «interesante», no se hubiese descrito así. Pero a nosotros, que lo vemos con la perspectiva de evoluciones ulteriores, el destacarlo nos ayuda a situar lo que luego narra él mismo de su actividad. Emergen unas constantes que, sin caer nosotros en la simpleza de darles fuerza de metasistema de su conciencia, se nos presentan con la clara disposición y propiedades de verdaderas cuadernas mentales, sólidas y flexibles que harto le convenían a MM para, metido a redentor, bandearse como supo hacerlo en sus circunstancias movidas, de reacción en reflexión, de acto en vaticinio, sin tener al final mucho —ni nada importante— de que arrepentirse.

«Cierto» catolicismo, decimos, y «cierta» hijuela de la cultura jurídica indígena, en un español de entonces: ámbitos trillados, se pensará, y no necesitados de mucha introducción con tal que se sea luego lo bastante explícito sobre detalles… Así debiera ser, y pido por adelantado perdón a los que de veras conocen ya esta clase de entorno de hace un siglo: mas no creo conveniente excusar el rodeo. Lo exige la disparidad entre lo que se suele recubrir con engañosas homonimias o aparentes sinónimos, sobre todo en lo que hace a la subespecie de catolicismo a que hemos de referirnos, del que nos separa la distancia sideral interpuesta por una guerra civil y su posguerra —ésas, las nuestras, precisas—. La digresión es inevitable para asegurarnos de que lector y presentador entendemos lo mismo, tratándose de unos personajes a los que, como hemos de ver, su catolicismo, al margen de lo propiamente religioso, aboca a percepciones y conductas que les son connaturales, y conforman facetas importantes de la vertiente pública de su paso por nuestra historia.

Por el laberinto de los catolicismos

No nos ocupamos aquí de cómo creen ser qué católicos actualmente, ni de cómo se los imaginan sus coetáneos descreídos: sólo intento coadyuvar a remover o soslayar tercos obstáculos a la comprensión adecuada de lo que en esta presentación nos ocupa, que resultan de las imágenes fuertes de la Iglesia española contemporánea. Estos iconos pueblan nuestras memorias y están fijos en nuestras retinas. Es tal la viveza de esas imágenes que vienen por lo común buenamente interpretadas como consubstanciales a lo que es ser o haber sido católico español: si no remediamos su interposición, y no alcanzamos a rechazar las metatesis anacrónicas, ha de resultarnos imposible describirnos con la mínima fidelidad aspectos cruciales del ambiente mental cristiano en que se desenvuelve nuestro personaje. Y si tal, malversará el lector su tiempo, porque tampoco acertará a leer a quien verdaderamente le habla desde las páginas que le dejó.

Tenemos que hacer un enorme esfuerzo si procuramos comprender el catolicismo de entonces. Es innegable que la adustez, el engreimiento, la angulosidad, el ademán pretencioso, exudan de la imagen proyectada por la Iglesia española, según viene percibida hoy por muchísimos y con todo candor, sin que se pueda imputar a mala fe la composición de lugar que se hacen. Sea ello trasunto de la realidad presente, de mera mala comunicación por parte de una jerarquía torpe en el manejo de los media, o de lo que se quiera, así resulta. No son sólo los anticatólicos quienes solidifican someramente en un bloque uniforme la Iglesia española del último siglo; muchos católicos, cuya presencia achica a sus otros correligionarios hasta que casi no se les ve, hacen exactamente lo mismo, aunque como es natural le inviertan el signo a lo que se representan. Con lo que el empeñado en la pugna contra interpolaciones que considera abusivas se encuentra bastante solo.

Había, sin embargo, lugar en la sociedad española de 1900, para un cristianismo de un tipo que podríamos describir como propio del carbonero despabilado: que retenía lo elemental de la ortodoxia definitoria, cuidaba de ofrecer pocos asideros para quien buscara complicaciones superfluas, era abierto, perfectamente apercibido para la navegación de altura por cuenta propia en un océano de catolicismo cerril. Éste, por su parte, precedió pero no equivalía al que se desbocó luego. Vale la pena pararse a reflexionar sobre cómo se ha llegado al desenfoque que tratamos de corregir. Sólo necesitamos un mínimo de paciencia, y poner cuidado en colocar las palabras enfrente de las cosas que apellidan, sin dejarnos desviar de tan eficaz convención.

Vamos adonde nos lleva el hilo, directamente a la guerra civil. El 18 de julio de 1936, a pesar de todos los pesares y apostasías, los españoles eran todavía, así fuera de los modos más enrevesados, en parte grandísima y significativa, católicos. La línea divisoria de las zonas no parece que conllevara un sesgo particular en la distribución resultante de las convicciones religiosas. Fue sin duda mucho menor de lo que suele implicarse la proporción de los que tuvieron la opción de decidir por qué bando luchar. No cabe pues la menor duda de que, si se atiende a las categorías más comunes a los adversarios, la guerra civil española fue, por muchos estilos antes que nada, una guerra entre católicos.

Los investigadores, o los políticos que hablan de estas cosas no han mencionado (¿casi?) nunca este aspecto. Han preferido factorializar otras variables (ideologías, intereses, oriundez) y, si es que se les ha cruzado por la cabeza atender a la que ahora nos ocupa, la han desechado en seguida por artificial o secundaria.

Y sin embargo, el factor movía a consideración. Se habla de personas, sometidas de la noche a la mañana a una guerra civil como aquélla, en la que todos los españoles casi siempre —y casi todos siempre— anduvieron bastante más que de costumbre a disgusto o famélicos, o adoloridos o enfermos, o exhaustos u oprimidos por la angustia, o mugrientos y rotos, o abismados en la tristeza, o ahítos de tanto malo, o a la greña con sus conciencias, o tanto otro equivalente… Pues, sumemos, un instante: la pugna del que pugna por aflojar el terror que le atenaza; el desconsuelo con sobrado motivo, y el que embarga idénticamente aunque sin tanta razón; el desamparo del miedoso ante la imposibilidad de negarse que la cobardía le arrastró, ya irreversiblemente, a algo grave; y la vergüenza del vindicativo puesto de pronto ante la evidencia de su injustificable acto de crueldad ya consumado; el sofocante acorralamiento del que se sabe hincado en un gravísimo conflicto moral indecidible; la exasperación disparada por la pura gratuidad que agrava la violencia padecida; la mala o la falsa conciencia que siempre rondan al mínimamente introspectivo, cuando decide aportar a su causa sacrificios ajenos en vez de ofrendarle los propios; la impotencia rabiosa que vanifica tantas veces la pulsión por librar de sufrimiento intenso a personas queridas, inocentes, o paliarlo siquiera; la consternación del incomunicado pendiente de lo peor, a vueltas, ¿para qué?, con la muda inmanencia; etcétera; y etcétera; y suma y sigue… Son decenas de miles de hombres y mujeres, multiplicados por todos aquellos millones de segundos, tres años y postrimerías… ¡En qué sentimientos y resoluciones no entrarían parcelas determinantes del acervo multiforme de la religiosidad de cada cual!

La densidad, el abigarramiento del sentimiento religioso de esa guerra: ¿quién habla de eso? Claro, no es noticia. No, naturalmente, para los estudiosos de estrategia, o de historia del capitalismo de guerra, o… pero tampoco en las historias de la Iglesia española, generalmente escritas por encargo de su jerarquía supérstite. Sería que ésta, protagonista antes que autora, no supo aguantarse la comezón de narrar prioritariamente cosas a la larga y a su parecer más importantes, relacionadas con la parte institucional, oficial de su aventura…; o, ¿qué?

Pero aquí nos aguarda otra sorpresa inmediata (relativa para los que recuerdan episodios históricos análogos). Porque, ¿qué historia religiosa tenemos del bando republicano? Sabido que hubo persecución religiosa, por momentos cruelísima. Se perseguía mucho a los curas y lo religioso por serlo. Todo lo que se ha dicho al respecto, y bien conocidamente, es archicierto. También lo es que, en el interior de las líneas republicanas, eran muchísimos —sí, cientos de miles— los católicos por una parte absolutamente opuestos a toda persecución religiosa (y más ésta, que como a correligionarios les amenazaba parcialmente), pero, por otra parte, también imbuidos de convicciones incompatibles con el fascismo y a él hostiles. Estos católicos capearon en su zona el temporal antirreligioso como pudieron, cuando arreciaba. Pasó entonces lo que pasa en tales casos: que la persecución aventó —por muerte, cansancio, emigración, abjuración— a la jerarquía perseguida; y como la comunidad de los católicos, para funcionar como tal comunidad, necesita seguir inexcusables normas canónicas organizativas y rituales, dejó ahí de funcionar como tal, salvo excepciones contadas. Pero eso no hizo desaparecer el catolicismo de los católicos de carne y hueso radicados en zonas republicanas.

Lo que más impacto había de tener en la Iglesia española, a los efectos que nos preocupan aquí, fue lo que devino en el otro bando. Cuando se trata de lo que apasiona es cuando más cuidado hay que poner en evitar amalgamas falsas: y aquí, hablar de la Iglesia española de entonces, es confundir las cosas. Aunque, según dónde, se oyera retumbar desde un bando los cañones posicionados tierra adentro del otro, en lo religioso la raya deslindaba universos. Del lado de Franco, todo eso de la persecución a los católicos se pasaba, con toda la emoción, sí, pero afortunadamente a salvo desde la barrera. Eso deparó a la jerarquía eclesiástica la ocasión de seguir luciendo el traje talar, y también de pensar cómo confrontar la nueva situación del modo más cristiano.

El que trae empatía y cierta familiaridad con la historia de las persecuciones de los católicos al estudio de cómo vive visiblemente la Iglesia española la guerra en el bando nacional, es fácil que experimente un momento de mareo: ¿no sería —se interroga ante los hechos— que hubo persecución religiosa, luego eficazmente silenciada, por parte del César de Burgos? ¿Siquiera secretas amenazas gravísimas, si no sevicias? ¿Acaso pudo bastar la sola, corruptora tentación en volcar la Iglesia de Franco a la idolatría que ésta abrazó con el mayor entusiasmo aparente? En todo caso, no hay ambigüedad en cómo emplearon su tiempo y sus facultades gran parte de sus eminencias de entonces. Aprovecharon el cobijo que les garantizaba la protección militar para dejar que holgadamente se apoderara de ellos la más flagrante impiedad: rendían culto constante a Franco; se auparon sin poner condiciones ni reparos a los palcos oficiales donde concelebraban lo que se estuviese celebrando; con sostenido arrebato beligerante y alarde desvergonzado bendecían a los verdugos, inmolaban entre ritos de nuevo cuño víctimas prohibidas por su religión original y se exhibían sacrificando en público a las erinias y las maniai, o como se dijeran las divinidades de turno del cainismo civil. Tan olvidados de Dios estuvieron que ni se curaron de definir a sus nuevos señores. Paradojas del Destino —siempre tan trabajador—: gracias a esa omisión se libraron de que luego se los asimilara, como hubiera correspondido, a cualquiera de esos movimientos cismáticos que la Iglesia siempre condenó durísimamente.

Termina la guerra —y restados muertos y emigrados—, se vuelve a reunir la grey española: millones de personas, de católicos por algún estilo. En el fondo, es media Iglesia española la que se incorpora en unos meses. Pero ¿qué pasa? Culpables indivisos del bando perdedor, sospechosos por no haberse pasado o no haber alcanzado el martirio, los católicos antifascistas de a pie del bando republicano pueden reintegrarse, siempre y cuando sigilosa, individual, humildemente. Sin sombra, escamoteados (como, por cierto, los miles y miles de católicos antifascistas que pasaron la guerra en zona de Franco). En cuanto a los restos de la jerarquía religiosa naufragada en el bando republicano, en la hora del jolgorio victorioso, aunque estén de enhorabuena las execraciones pertinentes, no interesan las lecciones traídas de las catacumbas. Los jerarcas de la Iglesia de Franco siguen en su propia organización el ejemplo del Caudillo: asumen el monopolio absoluto. Ahora, ellos, el de toda la Iglesia española, y de su expresión. Esto, naturalmente, afecta a cómo se cuenta lo ocurrido. Y afecta a cómo se digiere la bestial experiencia de que se sale.

Terminada la guerra, pues, por lo que se ve siguen y siguen cabalgando nuestros purpurados. Ad nauseam. Cuando, luego, amainan por ley de vida los entusiasmos, cambian los vaticanos, y se avista la curva al pie de la pendiente, se frena y se transiciona y se pretende más o menos que no pasó nada; y siempre que es útil se habla de los mártires en zona republicana, como si las pobres víctimas de una persecución pudieran cubrir a los victimarios de otra, éstos para colmo cismáticos inconfesos de la religión por la que fueron inmolados los primeros.

Lo que la jerarquía católica franquista hizo mal durante la guerra no la condenaba a errar la forma de salir de ella. La historia de la Iglesia católica, con sus veinte siglos historiados, abunda en persecuciones en su contra mal afrontadas, en caídas estrepitosas, situaciones comprometidas, altibajos de todas clases, incluidos en la calidad de sus pastores. Por eso sabemos, por numerosos ejemplos, lo propio de la Iglesia cuando sale bien de períodos que han sido terribles, confusos, con pérdidas de temple, cismas o apostasías. Y miramos a ver…

La Iglesia mancillada por sus pastores se decía muy tradicionalista, pero no se acordó de sus grandes santos patronos, de sus indigetes de tamaño natural —y mira que los tenía—. No ha habido recapacitación audible, ni ha escrito nadie el moderno De Lapsis español por el que clamaba la oportunidad. Si la jerarquía hegemónica hubiese digerido aquélla orgía, se hubiera interesado, aunque sólo fuera por curiosidad, por cómo mantuvieron su fe y a qué moral la tradujeron los católicos republicanos o sencillamente neutros políticamente, en zona republicana. Y se hubiera desvelado por buscar a los «justos» innumerables que ahí corrieron riesgos en una primera coyuntura por amortiguar la adversidad de católicos amenazados —y para muchos de los cuales, por cierto, podía haber resultado útil en la coyuntura sucesiva que se valorase públicamente su anterior conducta—.

Pero adolece aún más de deshumana la jerarquía hegemónica respecto a lo acaecido en el propio bando. Hubieran para empezar llorado, tras reconocerla, la escandalosa falta de caridad con la que ellos mismos, con sus estridencias destempladas, pusieron innecesariamente en peligro tangible a los que, situados en frente y siendo católicos y antifascistas, procuraban desmentir la ecuación roja: católico = fascista. Y, ¿ha oído alguien voces de contrición?: ni siquiera la han simulado. Se hubieran arrepentido perceptiblemente de haber inducido al salvajismo, o haberlo prolongado. Nadie ha sido, notoriamente, suspendido a nada, divino ni humano, por haberse sentado a la mesa de Saturno. ¿Se ha pensado públicamente en cómo —«merecer» sería mucho decir, pero al menos— implorar, tan eficazmente como cabe esperarlo, ese perdón verdadero del que un cristiano que se deje de frivolidades no puede no pensar que sólo Dios puede otorgarlo? El escándalo suscitado requiere, en buena praxis eclesiológica, que se lo contrarreste con actos públicos ejemplares. ¿Se maneja siquiera mínimamente la temática del propósito de enmienda, manera blanda pero constructiva de criticar una institución la propia conducta anterior? Y hubiérase, sobre todo, discutido de penitencia, ese concepto hoy poco menos que hueco y sin embargo instrumento de manejo siempre tan crucial para una jerarquía segura de sí en tiempos de reasunción de una vida religiosa normal en el seno de comunidades poscismáticas perplejas. Y, de haber mediado la más elemental vergüenza, ¿no habrían estado, y estarían aún, rastreando diligentemente, para exhibirlos, a esos otros «justos», los propios —que también aquí los hubo, salvadores de otras categorías de víctimas predestinadas en guerra y posguerra, y que también fueron afortunadamente tantos…—? Pero no sólo no los han lucido, sino que, por años, el ambiente era tal que alguno de los que personal e indiscutiblemente salvaron con esfuerzo ímprobo muchas vidas creyó prudente callar sus hazañas, de por vida, incluso de cara a su entorno inmediato, y, así, llevarse a su hora el secreto a la tumba. Un salvador vergonzante tal, que libró miles de vidas, franquista hasta las cachas, era pariente cercano de Miguel, que no llegó a saber nada de esto de él.

Así la historia pintada por los truculentos cruzados, es obvio que, por las trazas, tampoco sacarán del Purgatorio a esas sombras que en él moran olvidadas los celadores de rememoraciones contrapuestas: se lo comprende, pero eso no resuelve nada. Confiamos sin embargo haber dicho lo bastante para sugerir la importancia de desprenderse de las imágenes corrientes al considerar las especies católicas de antes de la guerra. Quienes permanezcan insensibles a la morfología y la fisiología precisas de la religión de personas para quienes era ésta lo más importante cuando tocaba traerla a cuento, pierden el tiempo musitando sobre la historia de gentes que se sentían ininterrumpidamente miradas, o siquiera vistas, por Dios.

Vindicado el interés de una atención particularizada, entramos en los detalles indispensables, que tampoco son tantos.

Cristianos sin adjetivos

No se pasan la vida, estos católicos, hablando de su religión. Ni en casa, ni —por poco que los dejen en paz— en público. La practican, y se atienen a ella, sin alharacas ni hacer proselitismo.

Si nos acoplamos estrechamente a lo que de sí dicen los protagonistas, sabedores cabales de qué creían en esta materia que les importaba, salimos de la indagación sin haber topado con la menor complicación doctrinal. Para empezar, y contrariamente a mucho canonista y vaticanólogo cuyos escrúpulos florecen exponencialmente según va magnificando la escala su lupa profesional, Antonio Maura, siempre egregio maestro de distingos por poco que creyera que cumplía levantarlos, manifestó una absoluta falta de interés por las contradicciones implícitas que a aquéllos les parecían insalvables. Aun siendo y diciéndose católico ferviente, le pasó lo que a tantos entre los creyentes liberales españoles de varias generaciones, que no comprendían en qué estribaba la tan pregonada dificultad de ser las dos cosas de vez. «No veo en esto discrepancia ni desacuerdo alguno, porque para mí el derecho público no es católico ni protestante. Dentro de las leyes no cabe semejante distinción». Nada hay de llamativo en la parte jugada por la doctrina religiosa personal en la percepción que de lo político emana de don Antonio y cunde en su derredor.

El aspecto de su catolicismo que sí en cambio debemos destacar, metidos como estamos a desentrañar las constantes de su percepción, es su absorción íntegra de la quintaesencia moral inherente. La razón de importarnos esto no es la más obvia, aunque ésta también cuenta, y por ella empezaremos. Tampoco aquí son necesarios tratados.

La moral cristiana es sencilla. Era nuestra magna carta social. Prescindiendo de si la practican, los católicos que la predican tienen razón contra quienes se la critican por antisocial. Redarguyen aquéllos que su moral se compone de todas las virtudes útiles a la sociedad: habla de igualdad fraternal, de caridad sin límites, de perdón de las injurias, de amor a los enemigos, de atención a no perjudicar a los demás, de hacer el bien a todos; aboga por las buenas obras, unión familiar, fidelidad, amistad, sumisión a las leyes. Estamos, en el caso que nos concierne, ante personas que se sienten cómodas con sus ideas morales, no ven necesidad de modificarlas, ni aun de transformar el modo de expresarlas. «Sigo —diría el académico de la Lengua— con el antiguo léxico: (…) para mí las palabras y las cosas significan lo que significaban en una lengua que está inspirada en el Decálogo y en las ideas tradicionales de las cosas rectas, justas y santas».

Al meternos a distinguir en qué esa forma de cristianismo influía en la conformación de las vidas y percepciones de quienes la compartían, nos obligamos a ejercitar una mirada acerada: en aquellos sociedad y medio era indistinguible la conducta a que correspondían las vidas observables de católicos, librepensadores, deístas, ateos, amén de religionarios, que habían optado por la vía de la ejemplaridad. Estamos aquí ante un tipo social, ni mucho menos reservado al católico, un tipo asumido de español: cortés con todos, cumplidor de su palabra, responsable en lo que le corresponde, absolutamente indiferente a los recursos que puedan tener los demás, individuos de una pieza, a menudo inalterables dentro de una banda muy dilatada de mutaciones de entrambas fortunas.

Lo que Miguel vivió al respecto en sus años de aprendizaje le marcó. Las soluciones que casi siempre se despejaban de esa moral católica, aunque a menudo arduas y costosas para quienes a ella suscribían, eran también casi siempre simples, lineales. Hasta cabía pensar que fueran obvias. En todo caso era muy rara la vez en que había que sacar a relucir la moral de referencia para explicar(se) especificidades de la conducta propia. Don Antonio la esgrimió algo más y a veces puso caras, pero luego veremos que entraban en ello requisitos de la imagen que creyó tener que proyectar. Miguel, más conocido por su simpatía contagiosa y su optimismo, practicó su moral sin aspavientos, aunque tampoco renunció siempre del todo en eso al ademán que podríamos calificar de «político-pedagógico». En consonancia con su temperamento, el estar convencido de las propiedades destructoras de la corrupción política no quitaba para que observara divertido, mientras no pasara a mayores, la curvitas de sus congéneres. Lo primero que veía en las maquinaciones inmorales era su aspecto más bien ridículo —de lo que testimonian páginas amenas de este libro—.

Para don Antonio, con esa idea de la moral, en general, las cosas se hacen, sin más, cuando se presenta la obligación. No hay para qué darle mil vueltas. No hay «caso». «¡Emplear bien la vida!». A la vista del contexto, las capacidades personales dictan la fuerza de esa obligación. La flojedad, la vanagloria, la concupiscencia —como ya entonces se estaba dejando de invocarlas aun cuando fuera oportuno referirse a ellas— hacían perder el camino; y desconsideraban, para empezar, a ojos propios. Así, se tiene obligación individual de participar en la vida pública, si parece que se puede hacer algo útil. La implicación es que se hace política mientras haya que hacerla, o en todo caso quepa una política que lo merezca. (¿Gérmenes, aquí, en don Antonio, de una actitud a veces mal compadecida con los requisitos de una acción prolongada de partido, con correligionarios en su mayoría pesebristas? Por lo que a él toca, Miguel contesta él mismo, hacia final de este libro, con lo que cuenta de su partido virtual).

Se sucedían las situaciones, y el temperamento amortiguaba o exacerbaba los dilemas morales de cada uno. Son cosas que no suelen salir a relucir explícitamente. Los últimos recuerdos de Miguel alumbran por un resquicio cómo vivió el generalmente insondable don Antonio («no interprete nadie mis silencios…») uno de los trances cruciales de su carrera política.

«Un atardecer del mes de diciembre de 1924 (…) regresábamos mi padre y yo, en su coche, de una cacería en la provincia de Toledo (…) Vino a la conversación, no sé cómo (…) la famosa carta (…) (la ya mencionada, que don Antonio le había escrito a Suiza, veintidós años antes) hablándome del deber para con la patria, y de los sacrificios que a veces impone (…) y pensé que el momento era propicio para aclarar el enigma de la misma.

—¿Te acuerdas (…)?

—¡No he de acordarme! Aquéllos fueron los momentos más decisivos y más agobiadores de mi vida. Me costaron muchas noches de insomnio y no era para menos como verás. Venía yo hablando con Silvela de la posible fusión de los gamacistas, cuya jefatura había heredado de Germán, con los conservadores. En el curso de las interminables conversaciones que manteníamos sobre el tema, Silvela no me ocultó ni un solo instante que estaba decidido a retirarse de la política tan pronto como hubiese asegurado su sucesión al frente del partido en persona idónea a su juicio para dirigirle. Su decisión era irrevocable, y creo que dado su profundo escepticismo sobre el porvenir político de España, era casi necesario para él y para todos, porque con ese espíritu no se puede actuar eficazmente en política.

De esas conversaciones salía para mí la terrible perspectiva de tener que hacerme cargo en fecha próxima de la jefatura del Partido Conservador. Yo había siempre dicho y pensado que un jefe de partido que ocupa periódicamente la cabeza del Gobierno, ni puede ni debe ejercer la profesión de abogado ante los Tribunales, porque es inevitable que su presencia en estrados ejerza influencia decisiva en los magistrados. Es una inmoralidad y un daño injusto causado al cliente adversario.

Para mí —continuó tras un momento de silencio que respeté cuidadosamente— la carrera, la profesión, era toda mi vida.

Le había consagrado tantas y tantas horas, me había proporcionado tantas y tantas emociones, éxitos, fracasos, luchas, cavilaciones… Por tanto, lo que tenía ante mí era nada menos que la necesidad, llegado el caso, de romper con todo ese pasado de mi vida, hasta entonces feliz en este aspecto tan decisivo. Además, en aquel momento, no podía yo soñar con que fuese posible para mí vivir dando dictámenes que una clientela, distinta de la que yo tenía de muy antiguo, me pidiese. Nadie hasta entonces había logrado ese privilegio, y no tenía por qué pensar que iba a ser yo el primero (como luego aconteció. Miguel y su yerno publicarían una antología de dictámenes suya en siete volúmenes). En resumen, iba a encontrarme en la imposibilidad de atender con mi trabajo a los enormes gastos de una familia como la nuestra, numerosa y en pleno desarrollo. Colegios, bodas, matrimonios de las hijas, todo ello resultaba abrumador desde el punto de vista económico. Si renunciaba a la carrera, me perecía imposible que pudiera atenderlo. Todo coincidía pues, mi amor por la profesión y las inevitables necesidades, en aconsejarme que me desviase a tiempo en el camino de la política, que me llevaba de la mano y a la fuerza a esa renuncia definitiva.

Por otro lado —continuó— la situación de España tras el Desastre del 98, y dada la descomposición interna de los partidos, lo mismo el liberal que el conservador, requería una acción enérgica, casi violenta, para despertar al país adormecido y anquilosado, renovando de arriba abajo las costumbres y los hábitos de la política. Lo que yo llamaba la revolución desde arriba, en la que entonces creía ciegamente, con verdadera fe, y que me sentía capaz de emprender y de realizar. No puedes imaginar cuántas y cuántas noches pasé en vela debatiéndome en ese terrible dilema.

Tenía que decidir definitivamente mi actitud antes de acudir a Valladolid, donde los gamacistas habían preparado un acto en el teatro Calderón, para que me hiciese cargo oficialmente de la jefatura del partido, y para que anunciase, de acuerdo ya con Silvela, nuestra próxima fusión.

Fui a Valladolid y la anuncié, pero mi intranquilidad interior no disminuyó lo más mínimo, y por eso, un día, al tomar la pluma para escribirte como de costumbre, sin poder remediarlo, me brotó en ella todo cuanto te dije en aquella carta. Estaba yo seguro, además, de que de todos mis hijos el único con auténtica vocación política eras tú, y no me equivoqué en ese juicio».

Aun siendo tan iguales, en lo que proponen como en lo que rechazan, tantos aspectos de las pautas que inspiran las morales laica y cristiana, hay puntos de comparación que las separan, y alguno cargado de consecuencias. Éste sobre todo a los efectos que nos ocupan. El de que por mucho que se quiera minimizar el impacto de la desigualdad de cuna entre las éticas, lo corriente entre quienes discurren de estas cosas con inteligencia es que la moral laica, así porfíe su sostenedor, no alcance a la postre a despojarse de su carácter de artefacto. La que recibe el creyente le resulta indudable porque revelada, y así tan natural que es intocable (salvo por deslizamiento semántico o «progreso dogmático»). Se comprende que el católico así pertrechado gane con ello un aplomo, envidiable cuando, como aquí, no lastra.

Corresponde observar ahora que con esta moral incuestionable va, en el modelo que nos ocupa, un socorrido contrapeso, neutralizador de cualquier inclinación a pronunciamientos del género de «mi conciencia ante todo, y que se hunda el mundo». La compensación proviene de la tradición inveterada que organiza la ética anclándola en la falibilidad insubsanable del entendimiento humano. Véase. Se puede creer a los mandamientos descendidos de lo más alto de la montaña, sin por ello olvidarse de cómo la inteligencia desigual, la información sesgada, los prejuicios, las prisas y más, bastan para que, en el trance de tipificar eventos, de descifrar voluntades, evaluar opciones, descontar resultados por venir, se deje uno la capacidad de exactitud que vendría a ser la condición primera de aferrarse a una intransigencia inocente. Eso, en política como en todo lo demás. Don Antonio habla aquí, a propósito, como Perogrullo: «La tolerancia significa enterarse cada cual de que tiene frente a sí alguien que es un hermano suyo, quien, con el mismo derecho que él, opina lo contrario, concibe de contraria manera la felicidad pública». Éste memento, en él machacón, de la posibilidad de equivocarse hace imperativa la institucionalización de la tolerancia de modo que, sin aflojar la exigencia de seguir uno la voz de su conciencia en vez de los dictados de las ajenas (o de las conveniencias propias), no mande aquélla tanto que imponga que los demás se plieguen a convicciones con las que disienten.

Parece poca cosa, pero con ese poco se libran todavía entonces hombres como don Antonio de trances embarazosos, como el enredo público (y la confusión mental) en que caen aquellos de sus antagonistas coetáneos que, aún y adhiriendo a principios morales igualmente intachables, pasan de sostener convicciones histórico-sociológicas por mucho tiempo consideradas progresistas a decir y creer que tienen bula nada menos que para inflexionar a su antojo positivamente el curso de la Historia. El antojo del más despierto es en estos casos el que garantiza la positividad. No carece de importancia que, entonces como luego, resultaran palmariamente invencibles las dificultades lógicas que se oponían a la presentación ordenada de la política por ellos propuesta sobre un perno distinto del liberal/democrático de siempre, a saber, el de asegurar la libertad práctica para que, sin que nadie pueda obstar eficazmente a ello, se coaliguen y se combatan sin fin, pacíficamente, certidumbres falibles y quienes las abrigan. (Los textos de la crisis de octubre del 1909 que luego se citan son ilustrativos al respecto).

Avisábamos, al lanzarnos a este largo excursus sobre el cristianismo y especialmente la moral de don Antonio y su entorno, de que su impacto calaba hondo. Surte ésta una influencia de hecho localizable donde no se la suele buscar tratándose de convicciones morales: más allá de las conductas que las reflejan, en el venero de la propia percepción del mundo social en que se halla inmerso el sujeto. En lo que nos atañe —lo directa o indirectamente tocante a la política y la gobernación— observamos cómo esa moral, verdaderamente metabolizada, induce una aprehensión y ordenación de los datos de la vida circundante que redunda en una visión coherente, ágil, determinada, receptiva a la vez a pormenores y opiniones, y todo ello sin gran necesidad de teorías refinadas. (Se refuerza ello al cruzarse con cierta cultura jurídica, como aludiremos luego). Suspenda un momento el lector su probable sorpresa ante lo que decimos, y considere la evidencia.

Prescindiendo de si otros orígenes pueden saldarse en configuraciones parecidas ¿en qué se fijan, los que por esa mirilla escudriñan su mundo político? El instinto doblado de hábito de esta escuela le hace privilegiar la observación del instante de la acción: el libre albedrío abre cada momento a la imprevisibilidad. El instante mismo, cada uno sucesivo, es el punto nodal. Entonces se salva o se condena el pecador, se obliga válida o defectuosamente el contratante, incurre en la responsabilidad el autor. Cruciales, aquí, el grado del conocimiento, y, cómo no, la intención. (Silvela, también católico ferviente, insistía en que antes había que juzgar a los políticos por la calidad de su intención que por los resultados de sus actos). Luego, vamos derecho al individuo. Éste, a su vez, traslucirá de su personalidad cognoscible…

Visto así el mundo, no hay posibilidad de confusión sobre la relación entre acto y autoría, ni sobre cómo se configura el receptáculo de la eventual responsabilidad compartida por la ejecución del primero. No hay confusión tampoco, tocante a lo colectivo. ¿Que hay varios actores?, pues se mira a sendas decisiones, además de al cúmulo de sus resultados. ¿Son varios los impactados, los beneficiados, las víctimas? pues, a ver quiénes, cómo, en qué aspectos subjetivamente experimentados. ¿Se habla de actores sociales colectivos? Hay eso que dicen muchedumbres, como existen naciones, pero si cabe llamarlos «sujetos» colectivos, no cabe reconocerles calidad de interlocutores racionales, puesto que, aunque tengan o sigan, en ciertos sentido y contextos, una lógica parcialmente asimilable a razón, carecen de la conciencia, sola y única capaz de guiar a la vera razón en la determinación de opciones, y de ponerle freno en el momento de seleccionar entre ellas: y ya se sabe que sólo el individuo tiene conciencia, y es propiamente sujeto moral.

Podrá parecer todo esto banal «psicologismo», como se decía en una época no lejana, siempre en son de crítica, o de burla. O puede, y es hasta probable, que nos parezca tanto más corriente cuanto que todavía en gran parte percibimos así por obra de la cultura que arrastramos, ésa. Antes de ir más allá al respecto, conviene que nos asomemos a otra veta de que habíamos dado preaviso. Porque, a garantizar la frondosidad de las interconexiones apreciadas y la riqueza de la diversidad de situaciones asimiladas en cualquier problemática precisa, entra el cruce con el tipo de cultura jurídica plenamente internalizada por don Antonio y numerosos coetáneos españoles suyos.

En el siglo que va desde la plenitud de esa generación, han pasado tantas cosas con el Derecho y cómo se lo percibe, que es mejor que, aquí también, nos detengamos a aclarar a lo que nos referimos. No habremos de dilatarnos tanto como con el elemento religioso.

Los prismáticos del ius

La cultura jurídica en que se forman los juristas españoles activos en las últimas décadas del siglo XIX era seguramente la mejor posible para absorber cuanta prudencia puede acrecer por el estudio del Derecho, sin perder nada de la que éste puede restar. Era la época de la codificación civil, asociada más que a otro cualquiera al nombre de Luis Alonso Martínez, pero en la que participan diversa pero activamente, entre otros muchos, Gamazo, Silvela y Maura: con todo lo que eso conllevaba de necesidad de conocer y tener meditado lo que se traía a la síntesis. La familiaridad con textos y personajes deja traslucir un fuerte contraste generacional en cómo se perciben las cosas de una vez para otra: procuraremos identificar en qué estriba.

Los antecedentes en la conformación de la manera estimada por aquellos juristas y políticos justa y correcta de representarse la regulación del funcionamiento de una colectividad nos retrotraen a otros tiempos. Sin meternos en detalles de escuelas, es indudable que, desde el siglo XVII, se habían realizado enormes progresos en partes de Europa continental —y especialmente en la vecina Francia— en la sistematización práctica del Derecho anterior. Se puede hablar en este caso de verdaderos progresos, en la medida en que, sacrificando un mínimo —que no es como decir que poco— del acervo de configuraciones y soluciones previamente inscritas en leyes y costumbres, se venía reordenando muy útilmente el Derecho, tanto en la forma de pensarlo como para los menesteres de su aplicación. Cuando se nos cuenta este movimiento, se suele sacar a relucir el iusnaturalismo —pero eso es lo de menos—.

Los agentes más destacados de esta transformación fueron principalmente, desde primera hora, magistrados en pos de la equidad concebible en Derecho vigente. Aparte de preconizarla en público, la fomentan o defienden mediante decisiones en sus propias jurisdicciones, procurando su multiplicación por imitación judicial o por la vía jurisprudencial de las instancias de recurso, o en su caso por fecundación de los organismos legisladores. También esperaron en la difusión doctrinal. Estos autores fueron grandes apóstoles cívicos que, contrariamente a lo que algunos de ellos pensaron de sí, no dedujeron ni indujeron nada que no se supiera: pero, conocedores incomparables del derecho, sí realizaron una dificilísima y vasta y urgente labor, racionalizadora de la presentación concatenada, trayendo coherencia a la interpretación, y un orden, que pronto había de parecer poco menos que de sentido común, en los criterios de aplicación de la plétora de principios y disposiciones que, desde las Pandectas hasta la última usanza local, habían ido complicando la lacería normativa hasta formar una verdadera jungla en la que se perdían el seso y la justicia.

Ante ellos, se erguía la en partes milenaria estratificación jurídica del aluvión de las innumerables soluciones prácticas aportadas por las más proteicas formas de organización al caleidoscópico cúmulo de los otros tantos problemas parciales constitutivos de la textura irregular y granulosa de la cotidianidad de sucesivas sociedades más o menos afines a la de los jurisperitos. Tan complicado como suena. Y, ¿cómo vemos que proceden?

Nos interesa hacernos una idea de ello, porque crean escuela, y habitúan a pensar las cosas de cierto modo. Ante todo, hay que acotar y repartir el campo de las instituciones que asoman a través del Derecho vigente —que era poco menos que todo el Derecho conocido, siquiera por la vía de la subsidiariedad de las fuentes—. Constatamos en esto el respeto que profesan hacia lo que tienen delante. Se decían que por algo existió lo que tuvo vida: tratan de columbrar lo que anidaba detrás de las disposiciones y vivía a su amparo. Como los arqueólogos coetáneos suyos, en cuanto creen haber identificado el significado de algún vestigio, se alzan con él y lo sacan de su contexto. Los fragmentos grandes de instituciones del Derecho son como las estatuas antiguas mutiladas: con razón o sin ella, se los carga de significado, y pasan a encapsular formas de ser, o a atestiguar la posibilidad de realidades alternativas discretas. Naturalmente, se suele restaurar según dicta la apercepción propia. Yuxtapuestas esas formas jurídicas, se elimina a las que salen perdiendo por implicar contradicciones insoportables con otras mejor establecidas, y se desecha asimismo a las absolutamente anacrónicas. Lo antiguo y lo nuevo van despejando figuras; toman cuerpo entidades, núcleos recurrentes. Se invierte mucho esfuerzo en definir, que es inseparable de redefinir, innovar un poco, presentar como tradicionales síntesis novedosas… Se va insinuando un principio de orden implícito. Una vez que se han impartido las definiciones cuidadosas, depuradas y elegantes que tienen visos de definitivas se puede tirar, desde ellas, de toda la ristra de sus implicaciones analíticas. Se tira. Ya parece que se está por tocar a los principios que subyacen a una presentación armoniosa.

Pero no. Porque, si por una parte no era, ya, posible levantar la estructura maestra sobre inapelables consensos seculares de ordenación de las materias jurídicas, tampoco lo era, todavía, fiarlo todo resignadamente, como se hace hoy, sin apoyatura, a la mera desaliñada positividad del Derecho. Entonces es cuando, para estar seguros de que lo vinculante vincula, para armar la trabazón de lo que se supone que el Derecho traba —desde la mismísima obligatoriedad común de las normas hasta la exigibilidad selectiva de lo libremente contratado— echan mano nuestros autores con todo pragmatismo del siempre disponible tesoro de fragmentos de éticas, de retazos de grandes categorías morales, tan ampliamente internalizados, aquéllos y éstas, que podían parecer pacíficos. Apoyada en las complejas pero en general serviciales jerarquizaciones éticas atinentes, soterradas o explícitas, la taxonomía resultante cobra un aspecto naturalísimo.

Henos llegados a una articulación por la que el Derecho se nos aparece como una dependencia ordenada de la moral. Asumido esto, podríamos hasta decir que así se lo convierte en una verdadera moral justiciable, si no la parte justiciable de la moral. Aunque se niegue que tal fuera la vocación originaria del Derecho, una vez endosado y ajustado el traje, con un poco de domesticación, podía trocársela en vocación adquirida, y no para mal de ninguno.

El ímpetu se prolonga desde el siglo XVII hasta los redactores de las primeras grandes leyes codificadoras, todos formados en el siglo XVIII en la generación anterior a Bonaparte, su promotor eficiente. Los últimos códigos en esa línea, mucho más tardíos, son los españoles. (Los alemanes secretan sus grandes códigos aún después —antes, no hay Alemania—. Admirables por muchos conceptos, pero que no nos conciernen, porque son producto de la intervención prioritaria de otros lóbulos cerebrales).

Estos españoles de que ahora hablamos reciben, practican, aquella manera de pensar la juridicidad, híbrida de moral. No nos importa el valor concreto del texto mismo, del que la máxima autoridad de Felipe Sánchez Román (padre) afirmaba solemne en 1904 que ¡no era «ni código, ni civil ni español en el valor jurídico y léxico de estas palabras»! A lo que vamos: don Antonio, puesto que de él hablamos, pero también otros otro tanto, saca en limpio una visión integrada, y la aplica a todo lo que se presta a ello, que es tanto para quien es abogado, político, gobernante, legislador, jurista, jefe de partido. No se puede resumir una visión de este tipo —ni sentido tendría llamar resumen lo que se propusiera al respecto—. Sólo mencionaremos, a título de ejemplo, un par de clases de énfasis metodológico, sistemáticas en él y particularmente eficaces en inflexionar el discernimiento en asuntos delicados.

Así, atiende, diríase que por reflejo, a desmenuzar lo mejor posible, sistemáticamente, el quod entrat en las relaciones entre sujetos —las precisas—; prueba de ver luego qué, en ello, merece que se lo facilite, garantice y proteja; piensa después por así decirlo «aisladamente» lo que entraña la relación en sí, política y socialmente además de en lo personal de los interesados directos; sólo entonces registra o dictamina según le parece convenir.

Siempre que no es un despropósito, selecciona, al analizar una situación o un problema, los datos reconductibles al diseño subjetivo de la acción que enjuicia u observa —todo ello en el doble e indisoluble aspecto de lo que necesita y conviene a la sociedad, y lo que al individuo—. ¿De qué datos y cosas se trata? Pues, v. gr., de lo que, gracias a la ley (o a pesar suyo), tienen que poder, y poder ambicionar, las personas, o conviene que no lo puedan, y que lo sepan; de los grados de comprensión o incomprensión admisibles para la eficacia de la voluntad; de cuál sea para el autor la exigible previsión de efectos; de qué presunciones son razonables; de las inferioridades de hecho necesitadas de protección para que quienes las sufren mantengan un ámbito crítico hábil, al abrigo de abusos previsibles; de los matices que es útil apreciar en la asunción indudable de empeños; de las graduaciones de capacidad y su impacto diverso; etc.

Andamos aquí, en nuestro colectivo español, entre gentes precisas que no redondean sin motivo. En eso sí que parecen romanos: que tenían un dios para cada acto posible, y publicaban listados o aprendían letanías para rememorar cómo emparejarlos, el dios y «su» acto. De mil modos, manifiestan su preocupación por el detalle que hace de algo otra cosa, o cualifica o descalifica, y por cuanto, aun nimio, puede asegurar el objetivo o echarlo todo a perder. Las discusiones sobre la Ley de Administración Local rebosan de ejemplos de esa atención. Otro reflejo de la misma preocupación, en un ámbito colindante, es el gran interés de nuestros hombres por lo procesal: «fundamental» en Derecho, para Canalejas como para Maura, quien, mucho después, le dedicaba sus postreras energías de jurista, aunque se las hiciera escatimar la conciencia de estar cerca de la muerte.

Llegados al final de estas consideraciones, se nos impone una conclusión interesante. Ésta, en dos partes. Una, que quienes, con ojos para ver y teniendo cabeza, se hallaban entonces en España en la intersección de esas dos culturas específicas cristiana y jurídica se zafaron de la dura necesidad de tener que desasnarse, como lo precisaron otros muchos, con otras formaciones entonces corrientes, y que llegaban a tener que formularse un juicio lastrados por toda suerte de distorsiones persistentes aunque subsanables. Hasta puede decirse que en lo de la claridad de visión, aunque, como es lógico, la compartieron con linajes culturales muy otros, no tuvieron en cambio que envidiarle sus prismáticos a otros grupos cualesquiera.

La otra parte es que lo mismo cabe decir, sin riesgo ahora de cometer un anacronismo, si comparamos su manera de analizar lo que les interesaba con la que podríamos proponerles hoy mismo. Es decir, prescindiendo de la necesidad trivial de tener en cuenta cambios en los tipos de datos disponibles, nos resultan totalmente modernos, cien años después. Esto nos importa como nosotros: merece como tal una ampliación inmediata. Quiere decir que a lo mejor toda esa experiencia encierra algunas lecciones de apreciación política que podemos sacar por así decir en directo, un poco como cuando se debate de lo que le acaba de pasar con un compañero —y si rezuma algún perfeccionamiento, mejor—.

Entre las muchas cosas sin fundamento que nos gusta decirnos y nadie se atreve a poner en tela de juicio —y que bien se lo podría en solfa—, está eso de que con el paso de los años hemos ganado capacidad en descifrar el devenir de sociedades coetáneas. Los adelantos en las ciencias sociales, ¿verdad? Nosotros, frente a aquellos hombres de antes, incapaces de liberarse del detalle irrelevante…; nosotros, doctores en atajos, que vamos en seguida «al grano», que pensamos en modelos de luengas y compactas implicaciones sean económicos o sociológicos; que derivamos (en el buen sentido de la palabra) que es una bendición; que conocemos y prevemos en sujetos colectivos discretos supuestamente guiados por tropismos estructurales; que despejamos a diario generalizaciones inconcusas; ¡ah!, nosotros, que convertimos lo que no sabemos en dudoso, lo dudoso en subjetivamente probable, esto en probable, y ya estamos en lo cuasi-seguro, con un margen científicamente discernible del monto del casi… Pero, sí que estamos buenos, nosotros. Con la vista despejada sobre el siglo transcurrido, ¿qué decir de tantos entusiasmos intelectuales, dignos de mejor causa, en tantos de esos ámbitos, hechos cuanto mayores más ínfimos añicos? Una vez en la Belle Époque original, y otra en su remedo de los sesenta y setenta: bastantes decenios de mentiras hemos tenido que aceptar, y de puestas en evidencia que soportar, en política, ciencia política, sociología, antropología o economía; ¿han visto venir, han avisado acaso a tiempo, han aclarado lo enturbiado, han deslindado jamás lo desconocido de lo mal o poco conocido, todos esos vendedores de sistemas, los escudriñadores de teodiceas inmanentes, los modelizadores entusiastas, o, por cierto, cada uno de nosotros?… Vivimos hoy en ciencias sociales con un saldo de fracaso abismal en la teorización solvente de lo macro, nada compensado por promesas exaltadas de que lo micro está grávido de brillantes teorías venideras.

En el contexto de nuestra presentación aquí, basta que nos digamos que no estamos comparando un sistema mediocre antiguo con un sistema moderno de la mayor eficacia. Haremos bien de empezar por reevaluar a la baja el segundo término de la comparación. Nada más —pero drásticamente—. Eso, naturalmente, puede cambiar cualquier día, pero, hasta más ver, no exageremos lo que sabemos, y de lo que somos capaces.

Así podremos apreciar mejor el sistema mediocre antiguo. No era tan malo, pese a las malas lenguas. A ver.

Nuestros personajes se resistían como gato panza arriba tanto a la reducción (de conductas sobre todo) como a la generalización precipitada. No suelen, claro, tener ocasión de hablar de estas cosas como tales, pero ocasionalmente se les escapa un indicio. En Molinar de Carranza, por ejemplo: «La complejidad inmensa de los problemas de la política de una nación, ¿qué digo de la política de una nación?, en la complejidad de todas las cosas de la vida humana, quienes mutilan la realidad son aquellos que la simplifican», les decía Antonio Maura a sus conservadores bilbaínos y santanderinos. Percibe inalterablemente el devenir como hecho del cúmulo de los actos originados por voluntades individuales capaces de despejarse un espacio de libertad decisoria. Hay conceptos, en cabezas individuales, antes que intenciones; éstas antes que actos. Conoce y reconoce la multiplicidad de los objetivos y las intenciones posibles. Conoce y tiene en cuenta las guisas de la voluntad y los conductos por los que puede fluir. Absurdo sería pensar que no se percató de que, en el espacio vectorial de la política, las sumas de voluntades no se recuentan con la tabla escolar elemental. Si el elemento básico es el individuo; si el método es… ¿por qué no llamarlo musivo?; si se conserva la rejilla perceptiva pormenorizada; ¿por qué obstaría todo ello a ver bien lo que se puede y hay que ver? La complejidad natural de lo que por estos procedimientos se considera tiene siempre perfecta cabida en la representación que se hace del panorama que va surgiendo, gracias al verdadero mapa de alta resolución de la sociedad, civil y política, en que redunda y que retransmite aquella tupida cultura mestizada jurídico-moral… Unos lo juzgaban entonces, y lo juzgarán hoy, lerdo; otros, lo dirán baconiano —por lo de guardarse contra generalizar a destiempo—, con la coletilla de que no se llega a más en estos lances. En todo caso, veremos en seguida lo acertado de la descripción que a comienzos de siglo hizo don Antonio de los problemas del caciquismo y de los requisitos —por él traducidos a programa de campaña— para sacar a España de ese régimen.

La generación ulterior a la codificación no se confronta ya con una misión, ni un derecho, que obligaran tan perentoriamente a conocer y reconocer las especificidades que habían impelido a que se desmenuzaran como se lo llegó a hacer problemas y situaciones; pero eso no afectaría a Miguel, que sin ser un jurista de ésos, aprendió a mirar, lo público en todo caso, como se lo hacía en su casa.

El ejemplo específico de contra-violencia gubernativa

El énfasis en la lucidez reconducible a la colocación de la atalaya de Maura padre no debe distraernos de otra consecuencia inherente a ésa su ubicación: los parámetros anteriormente apuntados inciden también en la amplitud de las alternativas concretas que se plantea el gobernante que discurre asumiéndolos. Es un influjo fuerte, y de todas horas. Tomaremos un ejemplo de violencia gubernativa, ámbito en el que se lo observa con particular relieve, y que jugó un papel esencial en las vidas políticas de padre e hijo. Aprovechamos otra de esas ocasiones en que don Antonio descubre sus verdaderos considerandos de fondo.

Como cabe esperar después de lo dicho, para él, frente al acto de violencia, política u otra, la consideración sociológica va en el furgón de cola de las preocupaciones. La articulación de su punto de vista es absolutamente coherente, compacta y, como siempre, irreductible en su prolijidad. Predominan, naturalmente, los elementos conocidos y clásicos —pero los sueldan consideraciones atípicas, determinantes de inflexiones cargadas de consecuencias—.

De la percepción y construcción del problema hasta la aplicación de la solución escogida, una línea que no se quiebra. El delincuente, primero. Llega a las manos, delinque como sea, un individuo. Desde este punto de vista, ante dilemas concretos de gobernación de lo antijurídico, se va o vuelve irremisiblemente a los términos de la acción individual. Si arde un convento, o se subleva una guarnición, o son ocupadas tierras, o roba un funcionario, o hay desacato a la autoridad, se empieza por decirse que siempre se trata de que éste o aquél, alguno, se ha levantado por la mañana, y, en vez de salir a pasear o irse a trabajar, ha cogido un arma, rociado un edificio religioso con un líquido inflamable, se ha puesto a dar gritos subversivos sabiendo que podían seguirle, o lo que fuera. La persona dotada de moralidad, la que considera los perjuicios que causa, no suele conducirse así. ¿Qué catadura moral tendrán, reo(s) y asociados, incluidos los inductores posibles?, ¿por qué fallaron el freno moral, la disuasión penal? ¿Hasta dónde llegarían, sueltos, si nadie obsta a sus caprichos?

Se recuerda luego por si acaso que los españoles tienen más que temer de sus conciudadanos de a pie que de la autoridad. Con todo y ser vital evitar extralimitaciones gubernativas, la mayor urgencia estriba en proveer protección contra eso otro.

Siempre y cuando se los sienta como ajenos, se debe cultivar la inmediatez de la percepción y en su defecto de la imaginación al considerar los daños y perjuicios sufridos por las víctimas: heridas físicas, miedo, deshonra, ansiedades respecto a expectativas, el mal ejemplo, daños materiales cuyo alcance está a menudo en proporción inversa a los recursos del perjudicado. Praesentia, pues, del mal que aqueja.

Las consideraciones de contexto son vitales si se desea, como se lo debe, procurar la máxima legibilidad de la voluntad pública que el gobernante manifiesta con su actitud y decisiones.

Aquí, si no pudo ése impedir daños punibles, la impunidad remediable es lo siguiente que hay que prevenir: constituye ésta un ejemplo pésimo, y la esperanza fundada de impunidad es un estímulo directo a la reincidencia multiplicada. Don Antonio político está siempre a vueltas con los problemas que ésta plantea, en vista de que se la dispensa sistemáticamente desde el poder, casi siempre designándola de tolerancia (en general reservada a ilegalidades inspiradas por la izquierda política, si no emanadas de ella). Comprende y explica perfectamente su potencial corrosivo. Porque, observa, la impunidad extensible de partida a cierto tipo de delitos dice a la sociedad en la que impera que los perjuicios que aquejan a las víctimas valen menos que el desasosiego que correspondería a los delincuentes por la congrua condena. Cuando cuenta de partida con la lenidad para obtener impunidad, el delincuente con ideas que (con razón o sin ella) se dice político ya quedó garantizado que la ley no reza seguramente más para los que la cumplen. En vez, la categoría de delincuente, o el prototipo a que corresponde la víctima, no tienen por qué tener la menor incidencia en la calificación, ni en la punibilidad de los delitos tipificados. Contra eso, la ley (justa, positiva —o legíslese para que se lo vuelva—) al pie de la letra, para todos. Su contrario es la injusticia garantizada.

En este ámbito, el liberalismo de Antonio Maura le enfrentó naturalmente con los violentos que practicaban agresiones discriminadoras escogiendo por víctimas a categorías de ciudadanos fáciles de deslindar de los demás, que así podían cerrar los ojos, pasando acaso vergüenza pero no miedo, una vez cerciorados de lo que se terciaba. En ese sentido, la contraviolencia gubernamental en el caso de desbordamientos anticlericales en España fue exactamente de la índole que siempre se echará de menos luego en la conducta de los gobernantes de Weimar frente al antisemitismo allí desatado. Conclúyase lo que corresponda.

En su forma de usar del poder represivo, Maura, como cabía esperar, repudia absolutamente la tortura. También consecuencia forzosa de su punto de vista, son sus remilgos frente al recurso al indulto. No que no indultara, entre otros a Nakens (encartado por el atentado de la calle Mayor, y que entonces albergó a Morral), pero no se desprendió de su sensibilidad exacerbada de las implicaciones, ineludibles en ese contexto, en materia de lo que hoy se llamaría sin duda alarma social: «Una de las dificultades mayores para la clemencia consiste en la forma de reclamarla, vituperando el fallo de los Tribunales y suponiendo que se exige la reparación de un agravio de manera que, juntamente, perezcan la acción represiva y el prestigio del órgano que la ejercita».

Es en filigrana de la en ciertas circunstancias inevitable acción represiva directa donde se descubre mejor la inflexión que sus ideas aportan a cómo lo hace. Su mayor pleito fue la Semana Trágica barcelonesa. Al contraponerse a los rebeldes, no violó ahí el Gobierno la ley, y dentro de ella fue atemperada la reacción en muchas cosas importantes —la que más, que, para que no sufrieran menoscabo los derechos procesales mantenibles de los mil y pico procesados por tribunales militares (muy mayoritariamente sobreseídos o absueltos), no hubo ni media docena de juicios sumarísimos (y éstos inevitables ex lege)—. Pero, sobre todo, en la represión inicial misma, con todo y resultar costosa en vidas, se optó por la lentitud para evitar más tragedias. Nada, de los textos que conozco, resume mejor lo que venimos diciendo acerca de la singularidad de la impronta cristiano-jurídica antes descrita —y la profundidad de su huella— que el argumento inesperado, y el aplomo, con que don Antonio contestaba, en caliente, a una crítica no-va-más «moderna» de Melquíades Álvarez, respetado, fino, técnico, de molde doctrinal jacobino. No pudiendo éste culpar a otros o al Gobierno de otra cosa, le afea la distribución temporal observable del esfuerzo represivo… El contenido del punto de vista del asturiano se transparenta muy bien de rechazo sin necesidad de glosarle ni citarle largamente. Maura cree que su crítico se deja lo que más importa. Éste es el cri du coeur revelador de la matriz oculta de tanta política, una tarde de julio de 1910:

«A. Maura: Antes de seguir adelante, tengo que felicitarme de que ya esté en el Diario de Sesiones una cosa que yo había oído otras muchas veces, pero que no se había impreso todavía; ya la tenemos en el Diario de Sesiones: la tesis de que, en casos tales (como los disturbios de la Semana Trágica), para lo que no hay tasa es para la represión material. Yo había oído decir a eminentes demócratas que lo que hay que hacer en estos casos es ahogar en sangre, en mucha sangre, y después…, pero luego hablaremos de lo que procede hacer después; ahora voy a hacer un a manera de análisis psicológico de esa doctrina democrático-liberal del Sr. Álvarez.

¿A título de qué ha de derramar la autoridad militar sangre innecesaria para restablecer el orden? ¿Qué divorcio es ése entre toda idea moral y de justicia y la idea de gobierno?

M. Álvarez: ¿Pero, quién ha dicho eso?

A. M.: Su Señoría, y consta en el Extracto de las Sesiones.

M. Á.: Está Su Señoría equivocado: dije la necesaria para restablecer el orden, no la innecesaria.

A. M.: Perdone Su Señoría si es así; pero me alegro de esa manifestación, porque entonces no hay ni mucha sangre, ni poca, sino el restablecimiento del orden, y el argumento desaparece; porque el argumento era que durante la rebelión ¡no importa la dureza!, mientras yo digo que en la represión no debe ejercitarse más que la fuerza necesaria para llevarla a cabo, que es el concepto que tenemos nosotros de la autoridad.

M. Á.: Y yo también.

A. M.: Me alegro mucho. (Rumores)».

Miguel, como se verá, aprendió entera la lección. Asimiló esa manera de filtrar los datos de su entorno. Los problemas del orden público y de su manejo ocupan gran parte del texto principal de su libro aquí reeditado. Miguel explica ahí cómo entendía gobierno y gobernación, y cómo actuó, y amplifica en las páginas inéditas a continuación (la parte tercera, sobre el Bienio de Azaña) los cambios y contrastes en la etapa Casares Quiroga. Más aún que la percepción viva del daño sufrido por la víctima, o la preocupación por la suerte de sospechosos o encartados inocentes, sorprende, como en su padre, el reflejo de no dejar de preguntarse por la propia persona sujeta a la represión.

«—¿Es verdad que (siendo tú ministro de la Gobernación) la Guardia Civil a veces pegaba a los ladrones de corral, en Andalucía?, preguntaba en cierta ocasión sin venir a cuento a don Miguel un justiciero en ciernes.

—No es posible una sociedad donde todos creen que pueden robar lo que sea sin que nadie trate de impedírselo. Un susto, con un buen zarandeo sin consecuencias mayores, puede ser lo más barato.

—¡Sin juicio! Mejor, si hay que pasar por ésas, juzgar al ladrón, aunque pase dos o tres días de calabozo…

—Sí… (con un deje de impaciencia). ¡Muy bonito!: y si, como es de suponer, se trata de un jornalero, ¿de qué come esa familia esos dos o tres días?…».

Volvamos al Miguel con apenas uso de razón política, a lo que ve y vive, a la política que aprende en el taller de su padre.

Antonio Maura, jefe del Partido Conservador: el decenio alfonsino de régimen parlamentario

Antonio Maura, jefe del Partido Conservador: el decenio alfonsino de régimen parlamentario

El lector interesado en la época anterior a la República se habrá cruzado mil veces con Antonio Maura, a la vuelta de libros y revistas. Pocos políticos han explicado más clara y completamente su designio y su actuación consiguiente. Y, sin embargo, lo que se lee sobre él e interpreta su significado no tiene generalmente ni pies ni cabeza. Se me perdonará que lo diga así de tajantemente, pero esto determina para nosotros una pausa, obligada y dilatada, porque de nada serviría reconocer en el hijo la fortísima impronta del oficio bien captado del padre, si luego erramos nosotros la interpretación del modelo paterno del que con tanto ahínco se reclama aquél.

De entre los diversos elementos que contribuyen a la confusión prevalente y a la distorsión sistemática, mencionaremos los que es más útil destacar a título profiláctico.

Creo que gran parte del sesgo puede retrotraerse simplemente al inconsciente efecto cumulativo del tipo predominante de fuentes a que necesariamente se recurre en esta clase de trabajos de reconstrucción histórica. Me refiero al engaño en que cae el que pierde de vista —como tan fácilmente nos ocurre— las reglas retóricas imperantes en aquel mundo, aparentemente tan cercano aún y sin embargo ya tan alejado del nuestro. Por suerte, avisados de ello, en seguida se lo ve. Y es que todavía no regía entre personas «con educación» la burda indiferenciación de modos y géneros que desde hace ya un buen rato desdibuja los contenidos de la comunicación. Había entonces infinidad de cosas que se decían, y cosas que no se decían, y formas pertinentes de decirlas, y hasta de callarlas, no sólo según el interlocutor, sino también según la forma circunstancial de la interlocución. El momentáneamente conferenciante, o abogado pleiteando, o el componedor in actu, el árbitro, el candidato trepado a la silla improvisada, el diputado desde su escaño, el miembro del Gobierno desde el banco azul, el jefe político en los pasillos, el articulista o el editorialista, el conferenciante según la circunstancia, amén del padre, o el amigo, no hablaban en absoluto igual, ni menos aún de todo: el hacerlo hubiera sido considerado una descortesía, o peor. Los prohombres de entonces, gentes generalmente formadas a esos distingos, y cultas, estaban al cabo de la calle al respecto; bien patente lo ve el que se cuida de ello. Mas quien, desde nuestra perspectiva, confunde todo eso, y se retrotrae mentalmente sin amortiguación, por ejemplo, del Diario de Sesiones al sentimiento privado, o meramente equipara un texto escrito para que se lo lea a otro pronunciado ante oyentes congregados, yerra completamente el personaje. Ocurre algo así como lo que cuando se atribuyen al dramaturgo los puntos de vista de tal o cual personajes suyos. Por el origen prevalentemente parlamentario de sus textos supérstites, y las circunstancias atinentes, Maura es, de sus contemporáneos españoles famosos, el que viene experimentando así más distorsión sistemática de perspectiva: y es lógico que así sea, porque doblegó siempre su oratoria política a las aludidas reglas —y consta que las conocía bien porque fue quien más completamente las explicitó, por más señas en su discurso de recepción en La Española—.

Pero hay, claro está, mucho más detrás del desenfoque a que nos referimos. Hay mucho residuo ideológico complaciente —restos del ¡Maura no!, de la noción franquista de la política, de qué sé yo más—. Pero a la postre, diré que no se discierne en absoluto en qué creen los autores de que hablamos que consiste la política, al menos en un régimen como aquél. Aun prescindiendo de los sesgos reconducibles a mera dejadez del autor —como esas antropologías, trasunto de asombrosa inexperiencia en quienes las aplican, y que todo lo arreglan colgándoles pulsiones inconfesables a los personajes—, lo cierto es que la forma en que se hace política hoy en España podría inducir a desenfoques de los que procuramos prevenir, referentes a cómo se la hacía cien años atrás. Por lo que sea —no es que no lo sepamos, pero no hace al caso—, en la actualidad, los políticos se nos antojan galgos en el canódromo, metidos a una sola y única competición, que los hace correr unidireccionalmente y con toda su alma en pos de la inalcanzable liebre mecánica de los sondeos de opinión. Con ello, todo hoy facilita, y por ende estimula, simplificaciones a la hora de estimar las actividades de los políticos más visibles, amén de los otros. Pero las cosas no fueron siempre tan sencillas, y primero se pierde el tiempo y luego se descarría el análisis, cuando se cae en acríticas transposiciones de método. Si algo hay que prohibirse, en este asunto, es ponerse a comparar sin antes preguntarse por la conmensurabilidad de lo que nos disponemos a yuxtaponer. ¿Qué comparten el que monta un sistema para que sus adversarios puedan construir lo suyo, y quien, con tal de que su contrincante no pueda disponer, es capaz de desmontar aquello de que él mismo gustoso se valdría? ¿Cómo comparar la política del que sólo considera los efectos benéficos para su imagen de una consigna, una promesa, o cualquier otro señuelo eufónico, con otra política, ahora con programa y bandera, empeño y racionalidad elaborada? ¿Cuánto importa que cualquiera, que se sabe sin poder para actuar, pero está resuelto a no marcharse, se diga y esté preocupado por la enseñanza, o que el de más allá, en idénticas tesitura y circunstancia, se manifieste embargado por la urgencia de lo social?

Pero vamos ya de una vez a mirar dentro del taller, lo que ahí se hace, para qué uso. El entorno en que se mueve Miguel le ofrece una panoplia variadísima, tanto que parece completa, de conceptos acabados, claros y tajantes, nítidamente organizados, imbricados en hábitos, propuestas y soluciones. Asimilado lo que ahí se le ofrecía, adiestrado a su manejo, bregado, no necesitaría buscar más lejos, a la hora de contender, en los entonces aún remotos Juegos de Abril, con las dificultades principales.

Diagnóstico de deficiencia crónica del sistema inmune

La percepción, en don Antonio, de los problemas solubles más acuciantes que aquejan al cuerpo político nacional no es original, ni por cierto abriga la menor pretensión de novedosa. Coincide en general con el diagnóstico de otros exponentes conocidos del regeneracionismo. Mirada con lupa, es prácticamente indistinguible de la de sus íntimos, con quienes, en la época en que nos situamos, y mientras vivieron, se veía a diario: Germán Gamazo, claro, pero más aún si cabe, Francisco Silvela. La coincidencia plena con éste, hasta en las palabras, nos resulta particularmente útil, porque los discursos impresos de Silvela, ya durante toda la década de los noventa, en academias y otros foros extraparlamentarios, sobre temas políticos relativamente abundantes, revelan exactamente concatenaciones y tramos mentales que es normal que falten en documentación exclusivamente perteneciente a otros géneros, como pueden ser las exposiciones de motivos gubernamentales o las peroratas galvanizadoras en las Cortes.

No es para extrañarnos el énfasis marcadamente político del diagnóstico. La consideración de las terapias posibles suele afectarlo y, ahí y entonces, la lacra visible y subsanable era política. En 1900, el que se desprendía de la resignación a largo plazo en los planes de mejora social hacía figura de iluso. La intensificación de la participación incremental en todo lo participable era la única vía en lo social. No salía nada sin porfiar. Paciencia, tesón y perseverancia eran virtudes cardinales del que oficiaba de constructor del futuro social —doblemente valiosas si sabía infundirlas en sus seguidores—, o por lo menos luchaba por conseguirlo —y Miguel contaría siempre que don Antonio lo apreciaba muy especialmente en Pablo Iglesias—. Los reformadores de entonces creen que lo político urge y tiene remedio, en tanto que lo social, aunque urja, no se lo puede mejorar mucho ni en seguida, lo que no quita para que se lo eche a andar cuanto antes, en lo posible.

En su más escueta expresión, el diagnóstico para en lo siguiente, que resumiremos a título de recordatorio.

Desde el famoso Pacto del Pardo y las grandes reformas políticas que acompañaron a la Constitución de 1876, los dos grandes partidos del arco constitucional alternaban sin excesiva dificultad en el poder. Cuando, por innegable desgaste terminal del que gobernaba o (más probablemente) sobreviniendo una comezón insostenible en quien venía aguardando, parecía agotada una situación, la Corona, ejerciendo su prerrogativa, llamaba al alternante, que hacía las elecciones y se traía, por poco que no se le negaran las mañas, las Cortes que le convenían —siempre con la salvedad importante («el refinamiento del sistema») de que los poseedores salientes se reservaban para la tanda de recambio una parte de los recursos de imposición—.

Constatan Silvela, Maura, y otros, que a esas alturas no falta, en el repertorio legislativo, ninguna ley avanzada en lo tocante a los derechos políticos: en eso, desde la década de los ochenta, España puede equipararse con los países a la cabeza, y hasta los aventaja en más de un aspecto. Por el modo peculiar en que los españoles han vivido la política en la primera mitad del XIX, se puede observar que las garantías concretas de las libertades personales, aunque también figuran, están mucho menos satisfactoriamente articuladas. De hecho, una mecánica viciosa se ha insinuado en norma del sistema político. Desgraciadamente, ni unas ni otras leyes son objeto de aplicación rigurosa. Los ciudadanos no las defienden ni explotan tan eficazmente como podrían.

En el ámbito político prevalece el macilento caciquismo. De haber sido despótica la hegemonía caciquil, el sistema no habría conseguido sin corsé asfixiante el grado de equilibrio precario pero prolongado que fue manteniendo a lo largo de tantos lustros. Hoy vemos asimismo que tampoco lo lograra si llegan a resultar incompatibles intereses percibidos por bastantes españoles como primordiales, y a la vez como susceptibles de una solución política asequible para ellos.

Mientras, en la vida cotidiana, grandes y pequeños funcionarios, así de las administraciones locales o central, la ejecutiva tanto como la judicial, hacen un poco lo que les parece. «Un poco», decimos: el Estado no es todavía bulímico. Tampoco, con ser muchísima la distancia que las separa —y harto se lo comenta—, vive la conciencia pública completamente divorciada de los valores que dominan la esfera privada. No hay por qué suponer que todo se resuelva ineluctablemente en desviación o abuso de poder, ni en prevaricación sistemática.

Habida cuenta de todo ello, lo que importa, y lo menos que puede asegurarse, es que no avanza sin embargo entre los españoles y las administraciones la internalización de las normas de convivencia. Cuando se encuentran, se agravian; y hasta cabe sostener que se están deseducando progresivamente en ciudadanía. Ello es que con rarísimas excepciones, subraya Maura, ideas, sentimientos y costumbres generales están ya acomodados al predominio de la arbitrariedad y al menosprecio del Derecho, que acaba siendo percibido como infortunada y extrema substitución del valimiento y del favor.

Es evidente que la preocupación de nuestros personajes no era de mera índole moral. Parecíales, a don Antonio como a Silvela, que aquello de unos cuantos políticos de profesión, fueran funcionarios, parlamentarios, periodistas, diputados provinciales, concejales o meros muñidores, que, formando «bandas cada vez más nómadas», todo (lo poco que había) se lo guisaban y comían al alimón, al margen de la voluntad de la nación, olvidados de que había algo más que ellos mismos y el pastel gubernamental, conllevaba riesgos políticos graves, por muy avezados que fueran aquéllos en desarmar conflictos en ciernes. El sistema era consubstancialmente ineficaz para lo pequeño y para lo grande. Los Gobiernos hacían mal lo que se proponían, cuando por un acaso se proponían algo más que durar. Y la opción de no hacer tampoco era de recibo: la mera inacción ministerial en su esfera respectiva exponía de rechazo pero cumulativamente a la Corona, que así cobraba figura de incompetente, ya que, detentadora del poder moderador, a nadie llamaba que hiciese lo necesario. Por otra parte, si la Corona intervenía con visible independencia —y se mostraba capaz de «pensar», como dirían más tarde los palaciegos relamidos—, socavaba con ello a su vez su propia indispensable irresponsabilidad constitucional, siempre necesitada, para quedar a salvo, ora de refrendo gubernamental, ora de respaldo justificablemente calificable de parlamentario.

Si había podido pasar aquello del 98, ¿qué no podría suceder, de torcerse —que ya se torcerían— las cosas en uno u otro campos, el internacional por ejemplo, aunque no sólo? Es verdad que no abundaban aquí, de momento, otros pleitos candentes de mayor cuantía. Y, en aquella bendita España todavía no se barruntaba —como ya sí, por ejemplo, en los guetos del norte— que Europa gestaba monstruos. Pero la historia bramaba, y no tan lejos que no bastara a intimarlo un ápice de atención y de sentido político.

Sin ir más lejos, al menor descuido, el propio «antes» de las interinidades españolas podía trasmutarse en prefiguración del «después». Y no hay que olvidar que esa generación, sin mencionarla, tiene la memoria del extraordinario toque de apercibimiento, verdaderamente apocalíptico, de la Commune de París, del 1871. ¿Qué se tenía, para hacer frente a cuanto surgiera? A las puertas del reinado, poca cosa:

«… nombrados los diputados en su inmensa mayoría por tolerancia o por voluntad de los Gobiernos, apartada la opinión pública y desentendida la inmensa mayoría de la nación de los negocios públicos, se levanta sobre el yermo el poder real: el poder real asediado por todos, bloqueado por todos, con intentos de sugestión por todos los lados y teniendo que suplir las deficiencias o la atrofia de otros órganos constitucionales: el poder real personificado hoy en una regencia que tiene contados los días, y mañana en un adolescente, en torno de quien es verdad que se arremolinan las esperanzas, pero también los sobresaltos del patriotismo.

En tal situación está planteado ante nosotros este terrible dilema. No esperemos, no mintamos, porque no lo creerá nadie, que un niño de dieciséis años no sólo va a poder ejercer las prerrogativas propias de la Corona, según la Constitución, sino que va a poder suplir y reemplazar la ausencia o la cooperación de las Cortes, de los comicios, de la opinión, de la prensa, de los partidos…».

La textura del problema se complica al comenzar el siglo, y el reinado. Por las alas del dispositivo partidista constitucional evolucionaban las facciones tradicionales, a las que se sumaban nuevas agrupaciones: presentes o no en las Cortes, accidentalistas cuando no abiertamente contrarias a la Constitución, preocupadas con sus solos tropismos locales o de clase, desolidarizadoras o centrífugas. Asoman los nacionalismos, va ganando terreno el socialismo; perduran los republicanos, o renacen, como se vio en 1903; los carlistas no han desaparecido, y no es prudente resumirlos a los vistosos discursos parlamentarios del pintoresco Vázquez de Mella, que los ensayaba previamente ante su sufrida perrita; el hosco potencial integrista sólo aguarda la coyuntura en que el aguijón anticlerical se conjugue con la distracción del Partido Conservador… Todos ellos, que, sin someterse explícitamente y de partida a ese derecho de gentes de la guerra política que son las elecciones, van a lo suyo, no sabiéndose fijamente qué marco si tal defienden de veras, ni hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar mediando una tentación oportunista, ni a qué verdadera jerarquía de intereses responden; y que salen por los cerros de Úbeda cuando razonablemente se los supone ubicados en tal o cual puntos precisos del espacio político ante cuestiones básicas que conciernen a toda la comunidad política española, marco efectivo de las opciones reales del momento… Las movilizaciones que hay —incipientes las unas, novedosas otras, esporádicas muchas— aún no preocupan enormemente, ni tampoco generan fuerzas con cuyas propiedades conocidas quepa ni haya que contar en un esfuerzo de transformación del sistema. Así que, con todo, el diagnóstico dice que el achaque principal estriba en el enervamiento de las energías por obra del caciquismo. El apremio no es catastrófico, pero es función del político velar por esas cosas y aun si se da con la solución hace falta tiempo para asenderear recursos y reposicionar instituciones hasta asentar el nuevo sistema.

«El nudo de la dificultad (en la lucha contra el sistema): (…) parece que reincidimos en el círculo vicioso, porque para remediar el desvío son indispensables las obras de gobierno, y para éstas el poder, que detentan los pseudo-soberanos (los caciques), sin cuyo destronamiento no hay salvación (…) Todo aquello en que podría consistir la osamenta del organismo nacional está caduco, o es advenedizo y efímero».

Nada de soluciones taumatúrgicas

¿Cómo gobernaría, el buen enderezador?

Por una parte, por lo que tenemos visto, parecía vano considerar que el problema español podía retrotraerse sensatamente a lo constitucional. Y no porque lo prohibieran principios sacrosantos. En las pocas ocasiones en que el contexto se prestó a hablar útilmente de eso, don Antonio declaró absurda la exclusión dogmática de una reforma constitucional, con la natural salvedad de que ésta no era concebible más que si consensuada.

Lo primero que importaba entender era que nadie iba a aceptar respecto a la ley fundamental un retroceso que menguase las libertades. Ni falta que hacía: Maura no ha dejado nunca constancia de que le preocupara la hipótesis de una crecida anticonstitucional catastrófica, que diera al traste con la legalidad democrática, una vez ésta instaurada, y por poco que se hicieran bien las cosas. La Corona estaría siempre, por definición constitucional, con la opinión: veremos que debía estarlo, comoquiera que ésta se resolviese. El peligro de tipo entonces llamado boulangista, del general demagogo, no le preocupaba. Los demócratas aún no habían tenido que confrontar las contradicciones planteadas por la popularidad de un Hitler o de un Perón. Para don Antonio, la dificultad al respecto estaba toda en pasar del tendido caciquista, que hacía agua por todas partes, a un régimen de alta presión uniforme que transportase sin pérdidas excesivas las energías políticas y sociales, de modo que todos comprendieran las consecuencias de iniciativas y decisiones. «El recuento», como lo llamaba, que ojalá le llegase pronto la hora, mostraría que el país es predominantemente templado, si no conservador. Somos demócratas, dice y repite; y para adornar el rejón, puntúa que demócratas porque conservadores: «eso lo he dicho yo quinientas veces en el curso de mi vida».

La dictadura, en todo caso, no entraba en el elenco de las alternativas: era una puerilidad dañina, aun si había de suponerse que la Fortuna pudiera acompañar momentáneamente al mandamás de turno. «La imposición de una voluntad, sin otro título que el hecho de avasallar las otras voluntades, cualquiera que fuese el suceso, débese mirar con doblado recelo en donde ello tiene tantos impuros y deshonrados precedentes». Por las dudas…

Si «no tenemos (nada); la sola organización vigorosa que existe es el caciquismo», ¿qué normalidad buscar, a qué volver, o dirigirse? ¿Qué salud ambicionar? La base, siquiera, estaba descontada: «… por lo mismo que en España no hay sino estado llano, sólo pueden tener verdadero asiento las instituciones políticas de esencia democrática; cabalmente aquellas que requieren perenne asistencia de todas las clases, civismo de todos los intereses, celosa y constante defensa de todos los derechos. He aquí el término obligado, el único razonable designio final de la obra política que nos preocupa; mas ahora la dolencia proviene de ser la realidad todo lo contrario».

Pero, «¿dónde hallar el punto de apoyo y la fuerza para la reforma?».

Don Antonio analiza las posibilidades y sugiere una vía de solución escalonada, en una exposición analítica compendiada en unas páginas de 1901 que envía acudiendo a la famosa invitación colectiva de Joaquín Costa a dilucidar el tema de oligarcas y caciques. Maura no es entonces todavía casi nadie, y en ese foro es pertinente que exprese sin rebozos cómo concibe la terapia que está meditando para aplicarla él mismo. Así que la contestación circunstanciada que formula en esa coyuntura resulta una descripción anticipada, razonada con sobriedad y asombrosamente exacta, del para qué y del cómo de su propia estrategia política consecutiva, hasta la explosión de la barrena de octubre de 1909 que se llevó por delante su llamado «Gobierno Largo» y mucho más. El cañamazo del informe de abril de 1901 ayuda también a que nos percatemos de lo práctico y coherente que era su designio.

Seguimos aproximadamente el informe, como el que viaja fielmente por el itinerario descrito en un buen diario de viaje de alguno de aquellos personajes de los siglos pasados, papas o emperadores, que, si describían con prolija exactitud lugares y personas, sin embargo, omitían añadir que, y cómo, dejaban tras sí transmutada la vida local. Procuraremos remediar esto segundo.

Puntualicemos antes, para evitar toda confusión, lo principal de lo que atrae nuestra atención y la principal división del panorama, que nos resultará con toda claridad a la llegada, tras el periplo.

Las fases constitucionales del reinado de Alfonso XIII

Explicitemos primero que dicta nuestra preocupación inmediata el interés por hacernos una idea clara de quién manda en (des)ordenar la vida de los ciudadanos en la España del siglo que comienza: nos preguntamos dónde están las verdaderas cumbres, y quién, dentro del mecanismo público, influye en última instancia de modo determinante en la política de lo tocante a leyes y reglamentos, los dicta y los aplica, y quién ejerce la potestad de ordenar; quién ejerce discrecionalidad, quién puede usar o abusar del poder, desviarlo, obrar arbitrariamente. Es decir, nos ocupamos de exhumar la Constitución real. Lo que queremos es descubrir la práctica constitucional que regulaba de hecho el uso del poder. Así que, aunque vayamos a topar continuamente con la letra, la precisa forma jurídica del aparato constitucional, obvio y señalado condicionante para los que ejercían el poder —no hemos de privarnos de las divisiones y los conceptos que describen mejor lo nuestro de la práctica del poder—.

La mayor parte de los conceptos de referencia que hayamos de usar nos resultan familiares, casi siempre por la sencilla razón de que los hemos heredado de los propios personajes que historiamos. Estado, Gobierno, administraciones, Parlamento, el poder judicial y su (in)dependencia, un sistema decisorio administrativo antes poco y ahora más desarrollado, etc. Nada de eso requiere para su buen uso mayores especificaciones. Pero avisamos sobre ese manejo porque conviene no confundir planos. Cuidado sobre todo con perder de vista que aquello en que nos fijamos ahora con prioridad no es la forma callejera de entender los españoles la articulación del poder —aspecto vital para cuando queramos dar forma a nuestra comprensión del conjunto dinámico de la opinión pública resultante a lo largo de este período, que será lo último a que hayamos de referirnos al culminar esta introducción—. Toques de atención, pues, nada más. Peligro de embarrancarse por distracción en los surcos tradicionales de esta clase de discusiones, como pasa si sólo atendemos a las divisiones de poderes, o las funciones. No perder de vista en todo momento que, por mucho que interaccionen, no se reducen recíprocamente las cuestiones atinentes a las formas de representación, las de legitimidad, y las de poder efectivo. Separar bien éste, y su grado de concentración, de su cuantía. En fin, un terreno sin misterio, pero por el que necesitamos andar con más tiento del normalmente requerido de nosotros.

Vamos a encontrarnos con que cobra forma hasta imponérsenos una visión del reinado de Alfonso XIII en la que se suceden tres regímenes de Constitución real. Las particiones resultan aproximadamente decenales. Helos a grandes rasgos —ya veremos luego cómo se lo corrobora—. Destaco de partida que no entraremos en cómo exactamente categorizar el período anterior de la Restauración, el de Alfonso XII y la regencia de doña María Cristina, ése del que Posada Herrera dijo una vez que los españoles vivieron en su mayoría convencidos de que mandaba un rey, criatura extraña, compuesta de dos mitades, que Cánovas una y la otra Sagasta.

Primero, hay un régimen de monarquía constitucional parlamentaria. Es decir que, sin perjuicio de cualesquiera defectos de los mecanismos imperantes de representación, gobierna prioritariamente el jefe de la mayoría parlamentaria, por serlo, y que lo es porque ostenta la jefatura del partido ahí prevalente. El monarca, se espera que no lo obste, y no lo obsta sea porque no puede o porque no estima oportuno usar de vetos y prerrogativas suyas según la letra del texto fundamental. Maura incoa este sistema, que dura hasta octubre 1909.

En esta fecha, sin violación formal de la Constitución escrita, muda radicalmente la Constitución real, desplazando bruscamente el rey el centro de gravedad del régimen, hacia Palacio. A pesar del forcejeo que le opone Maura al frente del Partido Conservador, ya no hay vuelta atrás, y en 1913 la mismísima señal inconfundible de que es el rey quien viene a nombrar al jefe de la mayoría gubernamental entrante consagra la irreversibilidad del cambio: es la época del segundo régimen, el constitucional palatino: desde ahora gobiernan los preferidos del rey, por serlo. Claro que, siempre que puedan, y mientras pueden: en un sistema consubstancialmente delicuescente. En 1923, como es sabido, pasa a imperar el régimen de poder personal, ya sin Constitución —hasta el batacazo—.

Nos ocupa ahora la primera fase. Volvemos a la descripción de Maura —conjuntamente de lo que cabe y cumple hacer, y de lo que emprende y hace—.

El Gobierno como punto de apoyo

Al desechar las soluciones autoritarias, objeta con un: «creo que en gran medida es imaginaria la dificultad de operar la restauración nacional dentro del régimen legal promulgado, más o menos vigente; creo que las ventajas superan los inconvenientes de respetar esta legitimidad externa». O sea, que mejor no gastarse en el andamio el capital (político) que debiera costear la casa.

Será todo lo débil que se quiera el Gobierno, «aquel cacicato universal», pero necesitan poseerlo intermitentemente siquiera las facciones dominadoras: con lo que importa mucho arrebatárselo a la oligarquía imperante, como talismán que es de su dominio. Pero importa por otro motivo también, sobresaliente: «y es la legitimidad, siquiera formal y externa (de que el Gobierno constitucional impregna) la obra redentora; legitimidad tanto más estimable que, por de pronto, están exhaustos los verdaderos manantiales de la soberanía» (v. gr. una participación masiva en elecciones sinceras y limpias).

Como es impracticable una conversión instantánea de la nación entera a la actividad ciudadana, hay que romper el circuito por la parte más accesible. Implícito en su diagnóstico de fragilidad sistémica, Maura da por supuesto que el alcázar del poder, si se lo asedia como corresponde, aun con los pocos recursos disponibles, caerá.

Viene la ampliación de por qué las funciones de Gobierno se presentan como el menos malo de los puntos de apoyo. «Por el Gobierno se llega antes a las obras necesarias para remediar el descrédito en que han caído las palabras. Sólo ellas (las obras) son capaces de recobrar para la esperanza un pueblo que ya padece la sordera del escarmiento, pero cuya vista se ejercita siquiera en el escandaloso ejemplo de quienes debieran educarle y dirigirle». Sin actos visibles es imposible restituirle al poder la estimación general y el respeto público. Obras son amores.

Este énfasis en el Ejecutivo es constante en don Antonio, para quien es superficial la simetría entre gobernar y estar en la oposición. Pero no hay que equivocar la interpretación de este paso de su análisis —que no es un punto de vista doctrinal—. El Gobierno provee la clave, no porque haga falta suplir ni amenguar al Parlamento, sino precisamente para el fin vital de poner cuanto antes en movimiento a las indispensables Cortes. En otra ocasión por entonces recordaría como positivo y aleccionador el sobresalto de las Cortes de Cádiz. Ahora, en el informe enviado a Costa, argumenta como sigue su plan al respecto —siempre anunciándolo en todo detalle, salvo que omite que ha de ser él quien lo ejecute paso a paso—.

… para revitalizar las Cortes

A su parecer, no pueden ser peores los hábitos ni el desprestigio del Parlamento, pero el daño es por diversos conceptos imputable, y enteramente, no a diputados y senadores del montón, cómplices y paniaguados, sino a los gobernantes: comenzando por la raíz electoral; siguiendo por la enajenación, la disolución, del poder ejecutivo, que cede sus funciones peculiares a trueque de la independencia fiscalizadora y del mismísimo mandato legislativo implícito que corresponde a los representantes a Cortes; acabando por esterilizar cualquier residuo de iniciativa, según se manifiesta en «el perenne certamen de docilidad (…) a que suelen ser dedicadas las mayorías». Pero, saneado y enderezado hacia el bien el poder ministerial, los más de los vicios y degeneraciones del Parlamento quedarán corregidos. El Parlamento en sí propio muy pronto recobraría prestigio y cumpliría «su irreemplazable misión constitucional», como las aguas vuelven al lecho del río.

No se idearía —sostiene—, ni se establecería, ni arraigaría institución política alguna que pudiese aventajar ni aún reemplazar a las Cortes: en tan corto espacio de tiempo como se necesitaría para su restauración, nada mejor que las propias Cortes. Porque, sin las Cortes, prosigue Maura, la obra redentora perdería la calidad de legítima, «que —añade, ¿en previsión de enfrentamientos ineludibles?— da título para todas las severidades que la causa pública demandare». Las Cortes, además, permiten encuadrar la presentación de los propios aciertos gubernamentales, aprovechar advertencias y colaboraciones, evitar acumulaciones de agravios que luego se vierten en favor de facciones… Las Cortes, «ni siquiera en lo íntimo de su actual depresión son (…) del todo infecundas para el bien», y saldrían pronto de su actual postración. ¿Cómo?

Aquí, la pieza personal con que necesitará contar el mecanismo: «operaría milagros una voluntad firme, sin las crepusculares tibiezas que tal vez suspiraron por el remedio a la cabeza del banco azul; determinaría contagio bienhechor un convencimiento sin balbuceos ni equívocos».

Vuelve la convicción silvelista de que el ejemplo tiene valor, los alientos nobles pueden propagarse. Y otra vez: «no considero temibles las resistencias del carcomido armatoste». «Sin duda ha de vencerse la inercia con el ahínco de una voluntad encumbrada».

En seguida tendremos que volver sobre el liderato. Completemos antes el análisis explícito.

Lo primero para el que llega al Gobierno con sus propósitos es establecer las precondiciones para la mutación. Cree Maura que, disparada por mano del Gobierno «la gran máquina» y conseguidos los primeros giros del volante, a la hora en que ya fuese obligado el concurso de la Cortes, el caciquismo estaría desorientado. La primera jornada del viaje, enderezada a descuajar el caciquismo, podría realizarse sin necesidad de disolución: trátase de la modificación de partes del ordenamiento que bloquean el progreso. Apunta a tres pilares notorios del cambio por él propuesto: el más urgente acaso, liberar la Administración local; y hacer efectiva la responsabilidad penal de los funcionarios (y sus inductores privados a la prevaricación); por fin, refundir la ley electoral para liberar y estimular el sufragio.

Después… tiempo al tiempo: «A las leyes quizá no se deba pedir mayor concurso para extirpar el caciquismo. Gran parte de esta saludable redención corresponde a las costumbres y al lapso del tiempo; pero (entiéndaselo con) la advertencia de que el tiempo agravará el mal y las costumbres empeorarán de día en día, según viene aconteciendo, mientras las leyes no hayan invertido el declive, enderezando la gravitación hacia la enmienda».

Esas líneas son importantes para nuestro propósito, porque sitúan el ámbito sobre el que debemos concentrar nuestra atención: Maura, gradualista, incrementalista, no se compendia en un ideario más una acción de gobierno, que es como se suele describir su paso por el firmamento político del reinado. Domina el primer período constitucional la presencia política de don Antonio. La gran sensación de oportunidad añorada que dejó entre muchos en su estela el paso político del primer Maura no es cosa de filosofía política, ni de teoría; no se cifra en moda, ni en modos, como tampoco principalmente en preñeces malogradas: proviene de una experiencia vivida, de cambios acaecidos, y a ellos se refiere. Los cambios de fondo, los iniciados tanto como los llevados adelante (aunque sin siempre vocearlo), afectaban a la práctica constitucional. Pero, para evitar complicaciones obviables, don Antonio incoa el parlamentarismo dentro del marco constitucional existente. Tenemos que fijarnos en esos parámetros, a los que se pliegan las iniciativas adoptadas.

El poncho de la Constitución formal

Las normas operativas que emanaban de la Constitución de 1876 eran, por obra y gracia del sabio Cánovas, un prodigio de indefinición, verdadero ejercicio político nacional de apercepción temática. Todo ello para lo que importaba, que era que tuvieran cabida en ella cuantos buscasen cobijo político en sus repliegues. Mirando ahora a su aspecto formal, vamos al recorte y la articulación de las piezas maestras, y los pernos y engranajes sobre que descansaba y giraba el mecanismo. Aunque nos importe poquísimo cuánta arcilla de qué costal —doctrinario o lo que fuera— entró o dejó de entrar en el texto final, veremos que la situación y el texto obligaron a echar mano de alguna doctrina para complementar en lo necesario lo que éste dejaba sin aclarar —pero poca y fácil—.

Las piezas inventariadas. Reconocidos no hay sino dos grandes protagonistas: la Corona y las Cortes válidamente designadas; ellos solos. ¿La soberanía?: Cánovas explicará, una de las veces, que todo el poder emana de la nación… representada por la Corona y las Cortes. ¿Prerrogativas?: para lo delicado, de lo que se habla es de «potestades» y «facultades». Las substanciales se pueden reducir a lo que sigue. La Corona convoca y disuelve las Cortes, y las debe reconvocar en sazón. La iniciativa de las leyes corresponde a la Corona o a cualquiera de las dos Cámaras. Corona y Cortes, juntos, legislan. La Corona, nombra y separa libremente a los ministros, que gobiernan en su nombre. Tiene veto efectivo. Está exonerada de responsabilidad. Recae ésta en vez en los ministros, gracias a que aún siendo ostensiblemente del rey cualquier acción gubernamental, (casi) ninguna puede surtir efecto legal sin el correspondiente refrendo ministerial, y los Gobiernos necesitan mayoría en las Cortes. Como se ve, estamos, o lo parece, ante el sistema clásico de la doble confianza… Entremos más adelante.

Así el texto, cabe evolucionar virtuosamente hacia una práctica de contrapesos institucionales, según la mecánica conocida de alguno de los múltiples ingenios que redundan en parlamentarismo. Con esa letra constitucional, a principios del siglo XX y en España, era poco menos que inevitable pensar que, supuestas elecciones generales reconocidamente limpias, y ganador un partido con jefe obedecido, el rey no tendría en el fondo más opción inicial que la de llamarle a formar Gobierno, situación que se mantendría mientras conservase la confianza de las Cámaras, o hasta llegar el término legal de vida legislativa.

Aun no habiendo elecciones tales, la letra de la Constitución dejaba expedita la vía que desembocaba en el mismo punto en lo que hacía al régimen. El texto mismo no basta a abonarlo. Pero no salgamos todavía al campo raso de la práctica y de lo que se presta a transacciones: para pensar más allá de la letra estricta del texto la aceptabilidad de la alternativa de que hablamos, o encontrarle justificación por lo menos, estaba la doctrina consensual latente.

La pregunta era, pues, la de si cabía, en el marco legal, asentar sin trampa un parlamentarismo anterior a la democratización anhelada, con sus elecciones sinceras e indiscutibles. ¿Quién, en tal caso, puede alegar con visos de credibilidad que expresa la soberanía popular, con qué consecuencias en los momentos vitales, como cuando se disuelven o constituyen Cortes y Gobierno? ¿Cómo se llega a pergeñar lo aceptable en este ámbito, siquiera a juicio de los constitucionales, que exigen una juridicidad inatacable?

La doctrina secretada por el siglo o siglo y medio transcurridos es tan clara, y está tan compartida, que el argumento que se funda en ella tiene visos de implícitamente analítico. Seguimos en el ámbito de lo formal, a estos efectos. ¿Quién no la conoce ni aprobaría, como no sea algún remontado? Recordémosla.

Si se plasma, la soberanía popular se plasma en voluntad general (u otro símil). Tiene ésa carta de naturaleza en el ruedo español, y no necesitamos detenernos imprudentemente a tratar de definirla: entendida la alusión, se pasa en seguida a identificar el soporte de su materialización. Aquí, a juzgar por cómo construyen sus argumentos, todos están contestes en que ocurre ésa bajo la especie de opinión pública vigente. Serán rudimentarias la referencia y la solución buscada, pero bastan. Y, solera, la tienen: así se las reconoció desde primera hora, nada menos que por un Mirabeau acosado que declaró a la opinión «soberana» de los legisladores, y lo hizo allí donde había quienes podían llevarle autorizadamente la contraria. Las intermitencias electorales en que se concentran normalmente sus manifestaciones eficientes suelen bastar si son transparentes; o se acelera la frecuencia de las consultas. Cuando, como en España en la época que nos concierne, deja que desear la transparencia electoral, hasta el punto de que se da por descontado que el llamado a gobernar y beneficiario del decreto de disolución recibirá Cámaras condicionadas a su medida, todo el peso de la interpretación justa de las exigencias de «la verdadera opinión pública» queda, mal que nos pese, «exclusivamente confiado a la Corona». No había otro intérprete. Las situaciones no siempre eran contenciosas, ni tenía por qué estar mal aconsejada la Corona. Pero todo ello iba, para ella, «con todos sus peligros evidentes», como decía Cánovas turbado.

Hasta aquí el marco impuesto por el texto de la Ley Fundamental y la doctrina inherente. La Corona, por religiosamente que se pegara al texto, necesitaba, para mantener su irresponsabilidad, aparecer imparcial al adjudicar el poder, o dejar que lo siguiera ejerciendo el agraciado de turno. No podía asumir ni favorecer una opinión, sino aparecer esforzándose por discernir la que parecía prevalecer de la que decaer, y coger y pasar el testigo. Sólo así podía mantenerse en la situación segura de «tener siempre razón». De la dificultad de ese ejercicio en condiciones de predominio caciquil, ya vimos el diagnóstico de Maura, Silvela y otros. En espera de poder mostrar las urnas rebosantes de votos verdaderos, Maura trae la solución transitoria que ha de aliviar a la Corona y a la vez resultar por lo menos aceptable tanto en doctrina como en la práctica. Volvamos pues a ésta.

Aludiremos a los hitos sobresalientes que comprueban la instauración y consecución del parlamentarismo hasta la crisis de 1909. Reconocida la lógica subyacente de la actividad de Maura, cualquiera de las historias del período permite espigar ejemplos otros que los a continuación aludidos, y que también comprueban su configuración.

Un partido fuerte y unido…

Don Antonio procura ir tan lejos como sea razonablemente posible en inyectar creciente representatividad al Parlamento, en espera de la movilización electoral a la que además cree así coadyuvar. Sabe perfectamente que un Parlamento fuerte, con un marco constitucional como el español, necesita contener, si no dos o tres, al menos un partido que sea fuerte.

A lo largo de los años, don Antonio construye ese partido, a su hora mayoría parlamentaria, a cuyo electorado no le falta más que hablar. Recapitulemos. Vimos la jefatura del partido parlamentario por aclamación al principio; veremos que al final (enero de 1913) habrá la petición unánime de retiro de la dimisión de la jefatura. Derrota parlamentaria y por su propio partido del competidor interno apoyado por la Corona (Villaverde II). Recogida o integración de los últimos rezagados del conservadurismo parlamentario disidente (los villaverdistas y los romeristas no tránsfugas). Castigo de los díscolos (Sánchez de Toca, el más visiblemente sancionado). La cohesión interna, se la ve en la oposición —y mientras en ella se está, ahí se la refuerza mejor—. Manifestaciones frecuentes de que el líder, cuando define, «expresa perfectamente», representa con exactitud, lo que siente y por qué lucha la mayoría. Alusión reiterada, por el jefe, a la existencia y cualidades del partido como instrumento inmejorable de gobierno. Articulación constante de las intenciones compartidas, y las razones de lo que se hace. Programa, remachado, de que en seguida volveremos a hablar. Exteriorización, que parece a veces espontánea, de un inconfundible orgullo de parcialidad. Compacidad máxima, cacareada, manifestada en actos diversos. Despedidas ruidosas en apoyo del jefe en varias ocasiones en que sus desplazamientos fuera de Madrid tienen la connotación política de que la postura anunciada del partido —la que sea— no es negociable. Labor legislativa intensísima y orquestada, de cuño partidista pregonado, en los períodos de gobierno. Subrayemos, luego, la alusión frecuente y el solemne al reconocimiento de las obligaciones del jefe hacia su partido, hacia «los que con su confianza —como lo decía en mayo de 1913— me hacen responsable a la vez que de mi conducta propia de la suya».

… con programa

El partido que quiere gobernar tiene que tener programa —designación que entonces se usaba siempre lato sensu, como estricto sinónimo de «una bandera», «una política», con toda perentoriedad—. Programa, de gobierno, claro está. Al conservador, no había de faltarle esa pieza decisiva.

Se ha despejado una línea que, aplicada, encarna gran parte de los puntos de vista comunes a, entre otros, los miembros conservadores del Parlamento. Y éstos no son janisarios. No está de más recordar al respecto hasta qué punto el Partido Conservador era un verdadero «hecho social», como con razón apuntara Cánovas en una de sus últimas alocuciones. Hay que destacar aquí la conciencia justificada de que el contenido de las labores gubernamental y legislativa pugna por corresponder, no a la racionalidad de una mesnada política, ni de una coterie económica restringida, sino a la de esa base socio-política entonces y luego por mucho tiempo en boca de tantos: la masa neutra. «Masa neutra» que, por cierto, como la mayoría silenciosa de tiempos más cercanos a nosotros, parecía complacida con el adjetivo.

El programa es, como iremos descubriendo, en cualquiera de sus mil aspectos, un elemento permanente de la política de esos años. Para resumir ahora su importancia en el esquema de Maura, extraeremos dos citas. Al banco azul, dice en noviembre de 1907, se llega «por (la) encarnación de ideas y de propósitos que cada cual representa». Y el fatídico 25 de octubre de 1909, a que luego aludiremos, aclaraba ante su mayoría parlamentaria: «He dicho antes que no tenían bandera (…) alusión a un concepto que para nosotros, que sincera y constantemente queremos que arraigue (…) la práctica del sistema constitucional en España, tiene una importancia capital (…), y exigimos (para poder gobernar) de los demás como de nosotros mismos».

¿Qué falta, qué más se quiere para que se reconozca al Partido Conservador su representatividad de un estado de opinión? En todo caso, no le faltó «el ahínco para cumplir (…) y responder (…) a esa corriente de opinión, de intereses y de sentimientos que son nuestro aliento y nuestra razón de ser en la política».

Repitamos. Lo anterior no subsana la ausencia del voto masivo, aún precipitado y apasionado, al que una moda duradera perfectamente explicable considera suficiente prueba de representatividad; pero tampoco se trata de un truco, de un efecto teatral. Unas Cortes constitucionales con partidos así son por lo menos una asamblea con poderes ejercitables, con una lógica propia que no es la sola de lo arbitrariamente personal, capaz de apoyar una actividad sostenida hacia objetivos, y capaz de descoser un Gobierno que le disguste. ¿Se lo negará? No es lo mismo, porque en estas cosas nada es nunca del todo lo mismo, pero, por ejemplo, las lacras de los burgos podridos ingleses no le hacen a nadie argumentar que el partido whig no reflejaba en su época hegemónica más que los intereses de los diputados correspondientes —o los privativos de la Corona—.

El programa cimenta la compacidad deseable entre Cortes, mayoría en ellas, y Gobierno salido de ésta. Llevarlo a cabo es lo crucial, naturalmente. Eso se hace siempre y cuando, queriéndolo luego de legislar la mayoría, y al consentir ésta la acción que va llevando a cabo el Gobierno, la legalidad resulta ejecutoria.

Legalismo

Se comprenderá que, una vez dado por bueno que la Constitución y leyes complementarias se deben considerar intocables pero también inexpandibles, el progreso no podía consistir más que en llenar de substancia las instituciones resultantes. La ilegalidad redundaba en retroceso. Maura lo dice, y lo expresa como punto de vista de su partido: quiere que en España «sea verdad lo que dice La Gaceta con la firma del Rey». Esa intención debe entenderse considerando que el espacio entre las leyes y la realidad nacional no es mostrenco: si no se las aproxima, infestan el intervalo la mentira y el caciquismo.

Así parezca remota la relación, el legalismo de Maura es parte imprescindible de su intento de insuflar representatividad a las agrupaciones partidistas en Cortes y Gobierno. Véase por qué.

Siempre palpita en Maura la consideración de la legalidad en relación con la acción de gobierno. Es constante el propósito de aplicar la ley, y hacer que se la aplique y cumpla: los gobernados se acoplan a una realidad que la supone y contiene, esperan igualdad ante ella, y lo más importante de gobernar es que no se la sustituya por la incertidumbre de la arbitrariedad. Tienen ésos que saber a qué atenerse, y qué exigir, empezando, claro, por las garantías de la Constitución. Si se mira a derechos y deberes, el ciudadano tiene derecho a exigir del Gobierno que ejecute su función, que nada define mejor que la ley —aunque ésta diste mucho de definirla toda—. No pierde Maura al respecto ocasión de afirmar que está contra cualquiera que pretenda vulnerar las garantías aludidas, y con cualquiera que venga dispuesto a defenderlas, trátese de dinásticos o antidinásticos, personas o grupos, socialistas o integristas. Por las dudas, aclara una y otra vez que el ordenamiento jurídico es uno y para todos: la legalidad no se suspende ni se pacta, los derechos se defienden aplicando a rajatabla toda la ley, que, en lo que no guste, se la puede cambiar, pero en las Cortes, de donde mana.

Bajo este constante bregar por una legalidad descamada, con sus nervios y músculos transparentados como se los observa en un transi barroco, anida la preocupación de que se comprenda perfectamente adonde va el gobernante. Para que se lo pueda enjuiciar, y luego seguir o combatir, tiene que podersele deletrear. En eso, las leyes conculcadas o sencillamente inobservadas no son las únicas que desorientan, ni solamente induce al cinismo la arbitrariedad ultra vires: el jurista clásico en don Antonio sabe que lo ostensiblemente incoherente puede tener las mismas consecuencias adversas que lo por otros estilos imprevisible. Las alineaciones políticas necesitan de proyección, y la acción partidista y gubernamental tienen que poder despertar sentidos de afinidad, de solidaridad, emulación, etc. Si no, ¿cómo se enjuiciarán en la práctica los actos de gobierno, más que tratando de ver cómo se puede obtener mejor el favor personal, o la exoneración puntual? Si los elementos del Gobierno del partido propio hacen cada cual lo que les parece de la exigibilidad de las leyes, queda reducido a nada el esfuerzo por darles —a Gobierno y partido— un programa.

El lugar de la Corona en el espacio político del régimen parlamentario pre-democrático

Es constante la necesidad que el Gobierno, situado en la sinapsis que une Corona y Cortes, tiene de gozar de la confianza real. Don Antonio no lo traduce en merma de la iniciativa gubernamental mientras esa confianza no viene retirada. No concede casi nada. En lo tocante a la puntualidad del rey a citas del oficio, a visitas y viajes a nombramientos militares u otros, a actividades que pueden juzgarse excesivamente peligrosas, este presidente del Consejo —«papá Maura»— no deja pasar una. El episodio más conocido es el de la «crisis del automóvil». No escarmentó, a juzgar por anécdotas sin fin. Así tenía que ser, juzgaría él, buen conocedor de la historia contemporánea inglesa, y que sabría como todos entonces la admiración que se había granjeado Robert Peel saltando por años el turno de Gobierno hasta que se le reconoció el derecho a fiscalizar algo tan aparentemente nimio como los nombramientos del personal femenino de Palacio de la joven reina Victoria.

En todo eso, la preocupación es siempre la misma: reservar a la Corona el papel de árbitro, tras acentuar ya —mediante partido(s) fuerte(s), con programa(s) claro(s), gobernando la mayoría en conformidad— la significación de las Cortes como el órgano co-soberano donde están representados los estados de opinión entre los que le cumple al rey escoger. Para que el Gobierno sea responsable de todo ante las Cortes, debe conservar la autoría de lo que al Parlamento cumple fiscalizar. El rey puede constantemente retirar su confianza, pero no imponer la acción como un íncubo constitucional.

El deslinde al que Maura quiere acostumbrar no es sólo de jurisdicciones, sino que, según vayan entendidas las prerrogativas de la Corona, impacta muy directamente en los mores de la práctica política. La «opinión pública» que en su momento debe interpretar el rey se vuelve un objeto mucho más concreto que antes: qué personas con qué proyectos conocidos dan pie a preferencias populares supuestas aunque tácitas. Cuando hay partido susceptible de mandar y con programa, éste sintetiza uno de los componentes de la opinión. Preferir un político y un grupo sin programa dilucidable a otro con un programa sensato y reconducible a la racionalidad imputable a sectores sociales reconocibles, es dejar el arbitraje entre opiniones, a trueque de un juego de favorecimientos.

Don Antonio, super-respetuoso y archi-puntilloso en no pisarle su terreno constitucional a la Corona, no vacila en recalcar el que corresponde a un partido que se comporta en congruencia completa con una parte muy presumible y numerosa de una opinión pública que no se expresa. Al fin y al cabo, la publicidad del programa es palmaria, como lo es la representación pretendida sin engaño, y ahí están los canales para, en su caso, una intervención negatoria a la vista y oídos de todos… Proclamando con la máxima convicción que «más Cortes» no redundan en absoluto en «menos Corona» —sino todo lo contrario en vista de que eso la inmuniza en su crucial irresponsabilidad—, va formulando unos cuantos principios fuertes, absoluta y categóricamente parlamentarios, sobre el tema vital de la prerrogativa real. Cuando puede, acompaña este proceso definitorio de movimientos propios y apercibimientos varios, todos ellos orientados a fortalecer la actuación parlamentaria.

Como es lógico, cuando más encandiladas estaban las atenciones era cuando otros le bailaban el agua al monarca para obtener de él la disolución de las Cortes. Vamos a ejemplos anteriores a la crisis de 1909. En noviembre de 1906 encontramos uno en que queda muy bien definido, en las Cortes, lo que Maura exigía. Lo obtuvo. Sucesor de Montero Ríos y heredero de las Cortes liberales traídas por éste (con un respeto al equilibrio electoral que abundaba en la dirección benigna de la anterior convocatoria), Moret había pedido al Rey la disolución alegando que tenía un programa, que aún no conocía el Parlamento pero que se proponía lanzar de llegar a juntar una mayoría adicta. Vale la pena leer la objeción de Maura, para comprender el camino andado por la Constitución real, ya antes de empezar el Gobierno Largo.

«Eso es profundamente inconstitucional, esencialmente inconstitucional, lo más inconstitucional que puede haber, la supresión de la Monarquía constitucional (…) Un programa que no ha sido desplegado a los vientos, que no ha sido expuesto a las Cortes, donde el Gobierno (liberal) tiene una mayoría (liberal); un programa que está en ese caso no tiene derecho a entrar en la vida con la posesión del poder público. Ésa es mi tesis. Con ese programa se podrá ganar el poder al día siguiente; pero habrá de reconquistar el poder con el programa. Eso es lo que se hace en un país como Inglaterra (…). En España, con la noción que tenemos todos, desgraciadamente, de lo que representa el decreto de disolución, eso significa suprimir en absoluto la voluntad nacional; eso significa abreviar por un atajo el camino que las ideas han de seguir, y eso no puede hacerse, aunque no sea más que para evitar el peligro de que, honradamente creídas como interpretación de las aspiraciones de la mayoría del país, resulten en contra de la voluntad misma de la nación».

Eso, de pedir la disolución para un programa que, sin la disolución, se piensa dejar en el cajón es «trasladar a la Cámara regia toda la vida política, y hacer del asedio de la persona del monarca, de su voluntad y de su juicio todo el juego de la política, suprimir todas las instituciones constitucionales». Maura dice que si eso prospera, él se retira de la política. No hizo falta.

Sacamos otra definición pertinente, y ésta aún más directamente ad usum principis, del mismo 10 de noviembre de 1906: «Yo afirmo el derecho perenne de la Corona a disolver las Cortes. Siempre que haya conflicto entre el Gobierno y la mayoría puede decidir la Corona. Puede decidir aunque no haya conflicto entre la mayoría y el Gobierno; cuando lo haya entre el Gobierno y las minorías y (cuando) por obstrucciones, por escándalos, por perturbaciones políticas, por no marchar normalmente el juego parlamentario, se haga imposible la satisfacción de las necesidades públicas. Pero aquí no hay ninguno de esos conflictos (la mayoría liberal viene votando lo que Moret le somete). Porque no había conflicto, el poder moderador no tenía ocasión de intervenir». Por si no estaba claro, remata que, en este caso: «aunque (la Corona) tenía jurisdicción, porque ésta es permanente, no podía fallar porque no había pleito».

Otra consecuencia relativamente novedosa de cómo relaciona Maura a la Corona con el partido que actúa como un núcleo coherente de opinión consiste en la obligación, que ahora dice corresponder a su jefe, de abstenerse de aceptar el encargo de gobernar si lo cree incompatible con la fidelidad exigible (y la sensata) al programa anunciado y a los compromisos públicos del partido.

El régimen está transformado.

Un liderato de estilo inexcusable

Un liderato de estilo inexcusable

Tenemos que hacer un aparte para tratar del liderato. Visto el cómo, la cuestión de quién le ponía el cascabel al gato se convertía en prioritaria en el plan de Maura. Sabemos que lo asumió, y la estela que dejó. Atendió concentradamente a las funciones que se destinó a desempeñar, y lo hizo con tanto éxito que no se ve qué otra cosa hubiera podido ser o hacer. Tuvo, y desarrolló una a una las aptitudes de que en sus circunstancias le parecía importante estar en condiciones de disponer. Persiguió con excepcional ahínco la excelencia en ellas, y la logró. Esforzado si los hubo, es desde luego que por él no quedó. Y tuvo los defectos de sus cualidades.

De la musculatura de la estatua aún muy mutilada se deduce el deporte del atleta retratado: la oratoria y ademanes de este líder nos dicen para quiénes necesitó estar en candelera, y nos lo dicen con más seguridad y énfasis que otras fuentes que lo han callado por oportunidad bien entendida.

Maura se produce sobre el escenario para varios tipos de público, generalmente enterado luego de sus actuaciones, aunque no estuvieran presentes. El show está adaptado a esta condición. El joven Rey es un espectador aparte. Pasemos.

Espera, quiere que le vean los necesitados de un liderato radical: «para que los que están distraídos se enteren, para que nadie pueda abstenerse, para que nadie pueda permanecer indiferente, y tengan que actuar aún aquellos que asisten a la vida pública con la decisión de permanecer alejados…». (Haremos aquí el paréntesis de que Maura se ve, al frente del partido liberal-conservador, como Cánovas decía de sí y de su partido: garantía de que no había de buscar «ni aceptar», para conservar o recuperar el poder, alianzas con las facciones acampadas extramuros del cercado dinástico).

Existe una opinión que ya encarna, la que nocionalmente le sigue ya con sinceridad, pero a la que tiene que seguir dando forma porque no puede andar esperando a que ésta salga de motu proprio de las entrañas de un partido orgánico. Trátase de proyectar una voluntad —esa que ya conocemos, la «encumbrada»— explícita, cuyos pasos circunstanciados aparecen constantemente tendidos a objetivos claros y sus implicaciones palmarias. Cuando es visible, aún si sólo transparentada, ayuda ella mejor que nada a recomponer la interdependencia de principios profesados, retazos sucesivos de acción, el goteo de los resultados que se van alcanzando, y objetivos perseguidos o solamente declarados.

Maura es perfectamente consciente de la existencia de los partidos y facciones que le combaten desde la izquierda. Procura a la vez proveer un marco neutro y un metasistema, inducirles a alianzas programáticas en el seno del constitucionalismo, banderillearlos para que se organicen políticamente para la acción legal así sea en contra suya.

Hasta aquí, nada que no se suela tener presente. Pero hay un cuarto elemento, de la mayor importancia para él, al que no pierde un momento de vista, y con razón, que determina su retórica, su estilo, y toda su historia. Se olvida —y ya es olvidar— ese otro público que también veía y escuchaba, y temía a Maura: uno que sabía perfectamente que, de triunfar su estrategia, sería antes que nada contra, y en daño de, los inadaptados y los puramente oportunistas entre los jefes parlamentarios y sus mesnadas, y quienes fueran, de los de la vieja política, conservadores o liberales y cuantos otros no se convirtieran sinceramente al nuevo modo de hacer política. Y Maura también lo sabía, y que, por marcadamente que sus ideas le destacaran de los que las defendían más contrapuestas, no era en la palestra ideológica, ni en la vecina rotulada «Programática», donde se luchaba contra el caciquismo reacio. Ésta batalla, que no podía dejar de librar, si cabía ganarla tenía que ser donde él la llevó —no sin que inflexionara fuertemente su personaje—.

Detengámonos aquí. Es una lucha clásica, de resultados variables, pero con características visiblemente repetidas de un caso para otro. Procuremos definirla. Los que se enfrentan y se saben enemigos no forman una dicotomía clara. De una parte están los partidarios nuevos o viejos pero sinceros, que se lo proclaman, de ciertos principios y sistema sin trampa ni cartón, como, en nuestro caso, los oficialmente declarados de la monarquía parlamentaria constitucional. En su contra, hallamos a quienes, proclamándose de lo mismo que los primeros, de hecho socavan cuanto pueden los principios ostentados y, respecto al sistema constitucional que pretenden servir, conculcan o desnaturalizan a conciencia hasta las propias leyes recién votadas por ellos.

Se llega a eso por las razones que sean, pero el hecho es que nadie se aviene a desvestirse de la ortodoxia proclamada. Así que, uno por lo menos de los bandos a la greña, miente; ése, en vez de combatir lealmente los principios o la política proclamados, asiente públicamente pero va y los deshonra; sus miembros falsifican u ocultan los datos, disimulan intenciones, fingen, desorientan. Emponzoñan la calidad de la vida política. «Nunca —por su parte— acatamiento a la autoridad abstracta, ni neutralidad en las leyes, ni moderación en el mando, ni perseverancia para reivindicar el derecho, ni tenacidad en ejercer las funciones de la ciudadanía». Con los tales, si se los deja, sean o no morigeradas las costumbres, y aunque los atropellos cotidianos no rebasen cierta cota, ley, justicia, equidad, pierden la capacidad de denotar útilmente.

El que se enfrenta con los responsables de tal situación se encuentra pugnando por algo tan elemental como es restaurar urgentemente el prestigio de conceptos primarios que han perdido todo atractivo, drenados de una carga que es vital restituirles si han de volver a servir para pensar, no ya teorías políticas, sino hasta lo práctico para el bien común, y para tratar de aunar voluntades de modo racional y duradero. El propio deslinde entre los tipos de políticos presentes es en tales condiciones generalmente incierto.

Así las cosas, tarde o temprano, los metidos a redentores en esta clase de lucha paran en definirla como un enfrentamiento contra variantes de corrupción, o siquiera pasan a construir sus argumentos desde ese sesgo. Si las cosas llegan a agriarse malamente, a los adversarios se los configura útilmente agavillados en una masa entremezclada de sinvergüenzas y engañados, concentrándose el objetivo central del bando sano en separar a éstos de aquéllos, que son los menos pero, a fuer de embaucadores, responsables principales de cuanto no va.

No se llega todavía al uragán, en aquella España, y afortunadamente carece entonces lo nuestro de la resonancia escalofriante con que aún hoy retumban las postreras imprecaciones robespierristas contra «les fripons et les dupes». Pero es parecido el sistema meteorológico que toma cuerpo. La lógica subyacente, que hace que a ciertos alegatos respondan, casi inevitables, tales otras objeciones, no se despinta. Y hay que reconocer que no hay ochenta maneras de lidiar una situación como la que venimos definiendo, en un contexto donde es imprescindible persuadir a oyentes fluctuantes e inseguros, trátese de una asamblea parlamentaria que se va encandilando, o de algún sector de la opinión que se despereza, o, más aún, de ambos tipos de auditorios, juntos aunque a veces tan dispares. Disfrazado el adversario de correligionario, hay que forzar la trilla de amigos y adversarios, y separar, entre éstos, los enemigos definitivos de los acaso recuperables. Aunque se pongan las formas —y aquí se las pone—, los procesos de intención son parte imprescindible de la caja de herramientas. El indicio más obvio de que es falsa la determinación proclamada por el adversario se lo revela exhibiendo la falsedad de los datos que alega: y eso se demuestra razonando, con la verdad siempre por delante. O es crasa la improbabilidad de lo que vaticinan los otros: un razonamiento apretado exhuma las contradicciones disimuladas. O es más que dudoso que el contrario vaya a hacer lo que dice proponerse, cosa que se prevé acertadamente si hay motivos para dudar de su desinterés o de su rectitud. Etcétera.

En pro o en contra, todo va junto: firmeza, razón y moralidad del líder, calidad suya superior y previsibilidad mayor del futuro, de su mano. Las pruebas o indicios de la calidad del líder propio se encuentran donde cabe. ¿Ejemplos? El valor de su compromiso moral depende de la moralidad del jefe político, analizada con lupa su biografía. Sus principios tienen que ser justos y oportuna su selección: los declara, y probará su oportunidad demostrando sin cejar la razón con que espera de su aplicación consecuencias benéficas. El prestigio que da la razón es el nervio de la autoridad. Requiere la voluntad del jefe visos inconfundibles de esa firmeza de carácter que debe acompañar la moralidad del hombre que vive en medio de situaciones complejas: toda la vida propia debe atestiguarla, y no hay mejor forma adicional de acreditar el temple deseable que decirse, y presumiblemente estar, dispuesto en todo momento a dejar el poder si la conciencia avisa de un peligro inminente de contradicción.

En resumen: personalización máxima, tensión permanente por ligar cuanto debe aparecer ligado, y mantenerlo tal en la realidad viva del proyecto político. Un constante desmenuzar y exhibir cómo qué principios entrañan qué políticas, con qué esfuerzos y con qué resultados. Una racionalidad que nombra lo que se persigue y fuerza a querer las consecuencias de lo que se dice querer. «En tiempos normales, a una obstrucción injustificada (…) oponíamos el razonamiento, oponíamos la fuerza mágica, sugestiva, incontrastable, de la verdad…». Esa razón, en el político competente que se unce a ella, es entusiasmante, contagiosa. Pone en pie de igualdad, induce a prescindir de los complejos que podían sentirse hacia adversarios socialmente cohibientes. Este efecto, observado desde el siglo XVIII en lo que hacía a la izquierda política, se observa igualmente en la derecha liberal-conservadora. El lenguaje con que don Antonio acuñó y articuló el sistema como un todo permanecería por decenios el vehículo patentado para definir o adjetivar posiciones de la discusión política entre los representantes de la derecha modernizadora de persuasión liberal: en la correspondencia privada como en la retórica pública.

Era inevitable que a muchos, oligarcas o paniaguados, propios o situados enfrente, el perfil batallador de Maura les resultase excesivamente belicoso; anguloso al menos. Maura, sin gustarles, atraía a muchos; al rayo también. Irritaba. Asustaba. El que deriva fuerza de predicar verdades influyentes tiene con gran frecuencia que resignarse a que su influjo venga presentado por sus adversarios como trasunto de ambiciones tiránicas —como cuando los «Jóvenes Bárbaros» barceloneses decían con cierto gracejo eso de que Maura aspiraba a convertir España en… Mauritania—.

Se pensará que todo aquello era muy frágil, y fiaba demasiadas cosas a que no tropezase el tío sobre la maroma. Salvó éste sin embargo con éxito el espacio necesario por lo alto, y sólo cayó al soltarse el punto de enganche, que había esperado más firme. No se pensará, en cambio, que fue fácil. Miguel, que no necesitaba admirar para querer, se quedaba boquiabierto sesenta años después, recordando el avispero con que se enfrentó don Antonio:

«Causa asombro hoy, sabiendo eso, al leer y seguir paso a paso a través de estos diez años de prueba decisiva, la fuerza que representó una tenacidad inflexible, una palabra arrolladora, una limpieza de conducta ejemplar, un tesón y una claridad meridiana en la exposición y persecución de los fines de un programa anunciado y seguido inflexiblemente. La lucha fue terrible, y el triunfo del talento, de la razón y de la palabra, aparentemente decisiva.

Mas habría de terciar en la contienda la propia Corona, haciendo que el fiel de la balanza se inclinase definitivamente del lado de la oligarquía, que para ella era tan cómoda, tan manejable, tan sumisa, tan simpática…».

Vamos a ver el episodio y sus secuelas. Estamos por presenciar un golpe de Estado lícito, por el que la Corona se erige en consignataria única del poder constitucional.

El forcejeo con la Corona: octubre de 1909-1913

El forcejeo con la Corona: octubre de 1909-1913

Tenemos que enfocar primero brevemente el momento del verano de 1909.

El verano de 1909

El Gobierno «largo» de Maura es de apogeo del régimen parlamentario del reinado. El carro gubernamental chirría y cruje, como corresponde, pero el Gobierno también hace lo que a un Gobierno corresponde, bastante completamente y bastante bien: hace de poder «ejecutivo» por el rey, ejecutando las leyes; gobierna por sí en todo lo político, lo discrecional y lo jurisdiccionalmente propio a la administración; tiene a las Cortes en plena actividad, con mayoría maciza tras un Gobierno monolítico… Por lo que se ve, la Corona, detrás, amparada por el pararrayos gubernamental. Inconcebible un relevo displicente como el de 1904…

En cuanto al Partido Liberal, no estorba gravemente, pese a su aspecto deslavazado. El partido, muerto Sagasta, no ha reaccionado bien. Los más lúcidos de entre los parlamentarios liberales han percibido muy a las claras lo que se necesita. Ya Montero Ríos, el más prestigioso de los viejos líderes, hablando por todos los jefes, decía en 1905 que «al país le convienen grandes fuerzas militantes y gubernamentales y (…) es muy severo con estas divisiones nuestras». Pero no se ha hecho nada útil. Siguen las divisiones, y no se forma ni el embrión de un partido, organización o programa modernos. No aprovechan sistemáticamente los ejemplos que brindan los franceses —anticlericalismo, laicismo, escuela—, ni menos los ingleses —ya lanzados irreversiblemente a lo que entonces se llamaba «colectivismo», o gobierno post-liberal, orientado por principio y aunque fuera de modo incipiente a satisfacer necesidades elementales de capas sociales desfavorecidas—.

Eso sí, Maura les saca de quicio, y los liberales viven irritados con la salud si no la arrogancia de los conservadores. Aguzados por una raquítica prensa que remeda a los grandes órganos de opinión, algunos políticos liberales fraternizan con líderes republicanos y socialistas en mítines contra Maura y contra su Gobierno. Algunos descubren o redescubren así, en un supuesto Bloque de las Izquierdas, los efluvios de la popularidad. Maura, preocupado por obtener cooperación en legislar el marco administrativo local, suelta lastre y abandona su proyecto de ley de terrorismo de 1908, que había sido el pretexto para aquellas otras convergencias.

La Semana Trágica de Barcelona en julio 1909, que también afectó a varias otras ciudades catalanas, ha sido objeto de copiosos estudios. Compendiamos que estalló, según es sabido, con motivo de la inesperada movilización de reservistas para prevenir y rechazar ataques sobre Melilla, consiguientes a la desagregación del sistema de poder en el mal llamado Imperio de Marruecos. Incluyó la crónica gran parte del escandallo de desórdenes hasta entonces tradicional: huelga general, llamamientos a la deserción, quema de conventos, uso de armas de fuego contra las fuerzas del orden —pero en una cuantía mayor de la endémica: un centenar de muertos y muchos heridos entre la población; muertos también, aunque, claro, una fracción de aquéllos, y decenas de heridos entre las aludidas fuerzas; decenas de edificios religiosos destrozados; sin que nos paremos a contar los metros cuadrados de adoquinado levantado ni otras evaluaciones de desperfectos materiales causados—.

El Gobierno hizo primero frente como se solía en la época, cuando se hacía frente con serenidad y firmeza. No había Guardia Civil ni policía bastantes para tal contingencia, con lo que hubo que recurrir al Ejército. Tras la sorpresa, una reacción ordenada y pesada, como era poco menos que inevitable, dados el armamento, el tipo de desorden, la impreparación específica para esta clase de disturbios, en aquella Europa. Una vez cesados los disturbios, la maquinaria de la represión penal legal, con su cortejo de medidas administrativas, se puso en marcha: esta vez la aplicación fue insólita por lo metódica. También pesada, y lenta a gusto de los cientos de denunciados retenidos hasta que se aclaraban sus situaciones, y venían liberados o encartados, y juzgados éstos (con resultados muy mayormente liberatorios). No hay que olvidar que la arrolladora mayoría de los delitos perseguidos no eran contra el régimen ni contra la autoridad, sino perpetrados por unos ciudadanos contra otros. El sesgo de lo acontecido en la represión fue el que cabía esperar de una administración gobernada por quienes se decían convencidos de la necesidad de gobernar según las leyes del país. Eso era una novedad, pero, retrospectivamente, no ha quedado rastro —y no han faltado los rastreadores— de influencias políticas en las decisiones de los órganos de represión legal; ni de puesta arbitraria en indefensión procesal escandalosa; ni de sevicias. En suma, nada de lo que pasó antes y volvió a pasar después, en momentos comparables, en el arco del compás restaurador. (¿Habrá que añadir que no por ello redundó todo eso en justicia humana impoluta?).

Cuando están por abrirse las Cortes, van casi tres meses de los acontecimientos barceloneses. Lo que esta vez no falta, por las trazas, es opinión. ¿Cómo captarla, y describirla? Parece que se lo puede hacer, brevemente y sin excesiva caricaturización. Dejaremos sintetizado en dos datos el caso de la propia Barcelona y aledaños, donde los acontecimientos se habían vivido directamente, y se experimentaron de manera distinta al resto de España. Las actitudes barcelonesas se resumen mejor en de derechas y de izquierdas que según líneas de clase. La Veu, catalanista de derecha, titula un día con un resonante, conciso: «¡Delateu!». En frente, antes de nada, llamaban las izquierdas locales «Semana Gloriosa» a la famosa «trágica». (Sin que podamos entrar en detalles, debe tenerse en cuenta que esta cacofonía tenía que ver con el hecho de que los medios izquierdistas locales, que conocían bien su ciudad, no llegaron en ningún momento a temer que el indudable caos prevalente derivara en un desbordamiento social de los que llegarían luego).

Fuera de Cataluña, en Madrid sobre todo, las cosas se plantean de otro modo. Desde que terminaron los disturbios, y estando en curso la represión mecánica, y sobre todo tras la captura, juicio, condena y ejecución de Francisco Ferrer Guardia, ha surgido un nuevo elemento: una campaña arrecia por toda Europa contra la monarquía y/o su gobierno. Resuena Europa de improperios contra el gobierno caníbal, torturador, sanguinario, vesánico, inquisidor, asesino de Ferrer por sus ideas, embarcado en la aventura marroquí para satisfacer sucios intereses mineros de la oligarquía. La España Negra rediviva. Sería esto episódico, a no ser porque, amén de otros a su izquierda, políticos del Partido Liberal dinástico amplían y retransmiten, dentro o afuera, y dan credibilidad a los rumores interesados; y porque la prensa del llamado trust madrileño corea, a sabiendas de que es totalmente falso lo que se difunde. Eso tiene un indudable efecto de megafonía, porque, al parecer, ahora y de momento, sectores generalmente indiferentes de la población, deseosos de comprender lo de Marruecos y el escándalo europeo, se interesan por lo que cuentan esos periódicos. Así que tenemos una opinión caldeada, dividida entre los que de todos modos están con el Gobierno, los que de todos modos en contra, y los que contra ese Gobierno por lo que oyen y leen: es de suponer que, aunque incuantificables las proporciones respectivas, serían muchos los de la última categoría, hostiles al Gobierno por los solos métodos sanguinarios que falsa y súbitamente le venían achacados.

Maura abre las Cortes pudiendo no abrirlas. Llegaba con la emergencia resuelta, un Gobierno y una mayoría de una pieza, y, sobre todo, dispuesto a explicar, y ventilar todo lo ocurrido. No parece que diera excesiva importancia al ridículo sambenito de antropófago sobrevenido que traía a ellas. Maura resumió así ante sus mayorías su posición ante las noticias que se divulgaban: «no solamente falsas, sino monstruosas (…) parte de (…) una campaña infamante contra el honor del tribunal militar (…) del Ejército (…) del Gobierno y —añade— contra el honor del último de los ciudadanos españoles, que no merecería serlo si tolerase en España régimen de tal vileza que permitiera las monstruosidades imputadas (Muy bien, muy bien, ruidosa ovación)». No había despuntado en el horizonte político nada que pareciera configurar orientaciones novedosas ni alternativas políticas de aspecto gubernamental pero de signo opuesto, de esas impensadas la víspera y que a veces surgen y de la noche a la mañana parecen de cajón, urgentes —en lo constitucional, lo internacional, algo—.

El régimen parlamentario instaurado podía parecer establemente encarrilado. Sin embargo, el dispositivo no tenía seguro que impidiera un retroceso brutal a la otra punta del continuo de la soberanía constitucional. Tres días después, había saltado el mecanismo y tenía la Corona recobrada la plena posesión de aquélla. El vano pero instructivo forcejeo de Maura con el Rey por recuperar la normalidad parlamentaria duraría hasta el 27 de octubre de 1913, fecha del interdicto final confirmador de la traslación a Palacio.

Hay dramas cuya evolución y desenlace se entienden mejor siguiendo el trayecto de los proyectiles, o los movimientos del oro. Este de la muerte del régimen parlamentario sin violación expresa de la Constitución se representó íntegramente en el Congreso de los Diputados, así convertido en escenario de su propio expolio.

El golpe de octubre de 1909

Hay que leer atentamente el Diario de Sesiones. Los conceptos en los que transcurre la crisis revelan lo superficial que era todavía la internalización de la lógica de régimen parlamentario, aun en los principales actores políticos que más tenían que ganar, primero de entender a fondo el juego y las reglas de la monarquía del King in Parliament, «el Rey con las Cortes», y luego de jugarlo. Se trata de una verdadera incultura. Lesiva para ellos y para todo el sistema. Asombrosa en algunos, encanecidos en las labores legislativas, de pedagogía jurídica, o de comparación y evaluación de sistemas y transiciones.

En esto, llama singularmente la atención la posición de Moret en la crisis. Porque había sido, era, fino conocedor de las sutilezas constitucionales y de la teoría de la representación —hay textos suyos en las antologías coetáneas—. Y porque, como tenía observado Cánovas en la ocasión mencionada en que apuntó al carácter social del partido que él acaudillaba, el Partido Liberal tenía un arraigo y significación sociales menos vinculantes, con lo que traía una sensibilidad mayor a los modelos y abstracciones que imparten su forma momentánea a la subjetividad de la representación. Pero ya nos aguarda la sesión del 18 de octubre de 1909.

Se cierra el interregno parlamentario, más corto que el usual en verano, pero que ya era urgente acabar. Intervenía el primero Moret, como jefe de la oposición liberal, pero también, y según, como figura principal del Bloque de las Izquierdas —que no obligaba a nada a nadie, y no tenía más programa que el de hostigar a Maura—. ¿Cómo iba a definirse? En la interpelación de Moret, después del examen, la amenaza de consecuencias graves: «La primera es que delante de las faltas que habéis cometido en el período de clausura del Parlamento, delante de las imprevisiones que habéis tenido y de la manera como habéis luchado con los acontecimientos, nosotros no creemos que el Partido Liberal pueda otorgaros su confianza para aquella parte de la misión gobernante que en el Parlamento toca a las oposiciones…». En suma: Márchese Vd., Maura, o la obstrucción —dicho con toda claridad aunque de momento sin remacharlo demasiado—.

La política marroquí del Gobierno, contesta Maura resumiendo lo que ha explicado y rechazando acusaciones de imprevisión al respecto, sólo estuvo guiada por esta norma: «nosotros no íbamos a tener otra medida que la medida de la necesidad», en cuanto a intervenir en Melilla.

Llegamos a la sesión del 19 de octubre. Moret vuelve a la carga. Contrasta su discurso con lo que se sabe de sus tablas, y su fama de orador. Está empeñado en algo que no acierta a presentar. Criticando al Gobierno, habla de la vituperación en el extranjero: «Estamos en una situación verdaderamente desgraciada. Sin que yo sepa por qué, en esta ola general de maldición que parece levantarse sobre nosotros, todo se confunde, España y todos los españoles, las instituciones y las clases intelectuales. ¿Yo, qué he de decir? Cuando es la injusticia tan grande, cuando considero que se violan los fueros de mi Nación y se me ofende a mí propio como uno de tantos, confundiéndome con los actos del Gobierno, yo no puedo hablar…». Cita artículos que dicen si el Papa trató de intervenir por el indulto de Ferrer: «He aquí, Señores, cómo hay una repercusión íntima en todos los asuntos; cómo aquello que todos los creyentes tienen en la más alta estima aparece envuelto en la repercusión de una balas que han matado a una persona. Creo pues que importa mucho que nosotros hagamos a la opinión de Europa aquella justicia que ella reclama…». El jefe de la oposición de Su Majestad está en un brete: Sí, cúmplase la ley, nos dicen nuestros amigos en los periódicos de Europa, «pero, por Dios, hacedlo de manera que todos veamos claro lo que ha ocurrido y no quede sombra de duda acerca de la manera como se ha procedido. Como, por otra parte, nosotros no podemos menos de afirmar que todo se ha producido con arreglo a las leyes (y cita a Maura, del discurso de la víspera, al respecto), de aquí que todas estas ideas se mezclen y se confundan, y yo puedo decir en este momento que nuestro gran interés es que, haciéndose la claridad completa, la opinión de Europa se modifique y que si esto no sucede por uno de los medios que indicaba ayer, desaparezca este triste equívoco que para todos es perjudicial, porque la tranquilidad de espíritu, la seguridad de las fronteras, las cuestiones diplomáticas, el comercio, todo va mezclado y confundido y quizá llevado por falsos caminos por este extravío de la opinión de Europa, que nos considera casi fuera del marco de las Naciones civilizadas». Sigue Moret:

«Voy a concluir, acercándome a lo que más me importa afirmar. Srs., los momentos son realmente de una importancia extraordinaria (…) La crisis de los últimos días de julio era de tanta gravedad como ésta (…) Yo he sido siempre gubernamental (…) Yo, sin embargo, Srs. (…) en estas condiciones, con una guerra en Marruecos y una situación como la de Barcelona y sin legalizar la situación económica (quiere decir: siendo urgente que se vote el presupuesto que debe hacer frente a los gastos extraordinarios de la guerra, para lo cual el Gobierno necesita normalmente la cooperación de la oposición), y sin estar franca la prerrogativa real (¿quiere decir: debiendo el Gobierno someter su dimisión a la Corona, para que decida si quiere consultar?), yo vengo a deciros que el Gobierno no puede continuar (…) y llega a tal punto mi convicción, que si no lo dijera aquí de esta manera, y después de decirlo, no hiciera, por los medios parlamentarios a mi alcance, todo lo que es necesario para que no continuéis (…) no dormiría tranquilo (…) porque habría ocultado lo que llevo en el fondo de mi conciencia y lo que considero conveniente para mi Patria (Grandes aplausos en las minorías de la izquierda)…».

Siempre Moret:

«Yo necesito definir aquí cuál es la crisis y en qué consiste. Yo no he tenido ni ha salido de mis labios la idea de hacer intervenir al Poder moderador…: debe estar quieto hasta que las circunstancias obliguen por el movimiento parlamentario a que aquél resuelva; pero ahora no hay más que nosotros, no hay más que las fuerzas vivas del país representadas en la Asamblea que podamos resolver esto.

S. S. tiene la mayoría parlamentaria, la tendrá también en la otra Cámara (el Senado); esa mayoría no le ha de faltar (…); de suerte que la resolución de la crisis por un acto de vida parlamentaria es imposible; queda, pues, sólo la actitud y la conducta de S. S.

S. S. nos dijo ayer que era uno de sus deberes el estar ahí (en el banco azul, claro) todo el tiempo que él creyese conveniente. Está bien. (Pero:) Crea S. S. que la cuestión se va estrechando. Nosotros creemos que ese momento ha llegado. S. S. pide una muestra de la opinión pública; yo no puedo darle más que una, pero para mí es de una fuerza inmensa: nosotros y nuestra actitud (…)

(Explica —las cosas que hay que oír—) porque la opinión pública, señores diputados, no es una corriente cualquiera de cosas que andan por ahí; es un estado de conciencia que va poco a poco invadiendo los espíritus, que se traduce en malestar en la calle, en rumor en la prensa, en palabras que se escapan a los hombres que tienen alguna inteligencia y que luego va cristalizando en el poco número de entendimientos que son capaces de comprender la vida de la Nación. Entonces esos entendimientos son toda la opinión, son toda la fuerza, y en la vida política una docena de hombres en nuestro país y poco más en otros, son los que, cuando llega el momento, representan la solución de la crisis, la fuerza con la cual hay que gobernar en adelante, en la necesidad de evitar lo que viene sucediendo.

Yo represento, o creo representar, una porción de inteligencias ilustres, de fortunas, de clases al servicio del país, de compenetración con la vida política, y en nombre de ésas vengo a deciros: la crisis es inevitable; la crisis está ahí; respiramos una atmósfera caliginosa; ésta se hace más densa cada vez; sentimos la electricidad».

Llegamos: «¿Es que vamos a dejar que estalle el rayo y que vaya a herir, quizá, como los rayos hieren, a los que están más altos? (Grandes aplausos en las minorías). Yo he venido a decir esto».

Dice Moret no pedirle a Maura el poder —cosa del Rey—. Solamente que renuncie: «porque podría presentarse, quizá pronto, el momento de que el único poder (v. gr. el Parlamento) que puede sancionar las leyes y traer los recursos para ese ejército y esas dificultades se os presente con una necesidad absoluta, inmediata, rapidísima, y como eso (v. gr. la obstrucción oclusiva de la minoría dinástica) puede ser, hablé ayer previniéndoos. (…)

¿Es que el Sr. Presidente del Consejo de Ministros no cree que ha llegado todavía el momento de resolver esto? Pues nosotros acudiremos a todos los medios posibles para hacérselo comprender. ¿Es que todavía creerá que ésa no es la manifestación de la opinión? Bien, Srs., yo he cumplido con mi deber, y me siento tranquilo».

La contestación de don Antonio atiende al razonamiento político subyacente, fija los puntos de discrepancia, y da lugar a una agravación del disenso fundamental:

«Yo no sé qué valor conserva en el ánimo del Sr. Moret la Constitución del Estado, porque yo oigo a S. S. decir esta tarde que la opinión publica se condensa y expresa en una docena o dos docenas —no es el número—, en un conjunto de personas, eminentes sin duda ninguna, representativas, sintéticas, que recogen la voz y el latido de considerables fuerzas sociales, y que ésos son la opinión pública. Pero la de las minorías. ¡La mayoría, el número preponderante en una Cámara no es representación de opinión!

Yo, discutiendo con el Sr. Moret delante de los señores diputados, no necesito desenvolver el concepto; llamo la atención de S. S. sobre la gravedad de las consecuencias, porque tampoco yo, ya lo recordará S. S., he afirmado ayer ni nunca que matemática, automática y ciegamente con contar los votos en un Parlamento se haya resuelto siempre toda cuestión de esta índole.

Yo no he dicho eso, porque, en efecto, aun tomada la ingenuidad inicial de la representación de la voluntad nacional en una Cámara, en el curso de su vida caben dislocaciones, caben mudanzas, caben extravíos, sugestiones de pasión o de interés político que divorcian un día la voz de la mayoría de la voz de la Nación, y yo creo que me coloqué en el punto razonable de la doctrina constitucional y que no traté de extremar aquel sentido, que siendo estricta y jurídicamente irreprochable, prácticamente no se acomoda a las inflexiones de la vida.

Pero yo ayer decía a S. S. que algo más y algo diverso del estado de convicción —yo no diré de pasión—, del estado de resolución —yo no diré de impaciencia—, del estado —en fin— de conducta y de voluntad ya resuelta de las minorías: algo más que eso se necesita para que esos pleitos estén a punto de fallarse, porque comprenderá S. S. que la responsabilidad del que ocupa la cabeza de este banco, en determinaciones tales como las que S. S. requiere de mí, no se transfiere a la opinión y al juicio del jefe de las oposiciones, aunque todas a una le aplaudan (Muy bien).

S. S. no dudará de que llegan a mí muchas voces que dicen todo lo contrario de lo que S. S. escucha —pero muchas voces—, (Muy bien), y, sin embargo (aclaración vital), S. S. ve que yo no me entrego a declarar dogmáticas esas voces, y que traigo al seno del Parlamento y ante la opinión del país la cuestión desde esta tribuna».

Se acercan, dice Maura, unas elecciones en todo el país (las municipales inmediatas). Ya que esta discusión tiene lugar ahora, que se exprese contra el Gobierno el sufragio universal. «Risas en la minoría republicana», dice el Diario de Sesiones. Se repite la carcajada de la víspera, observa Maura: y sin embargo el sufragio sigue siendo medio para expresar la opinión. «¿Es que hacemos ahora barato de toda la doctrina relativa al sufragio universal, después de suprimir la doctrina de la Constitución? (Grandes aplausos en la mayoría)». Por lo demás, cabrían una censura, una división parlamentaria, inclusive dentro de la mayoría…

Moret rectifica, con tres puntos. Uno: «esta mayoría (…) no fue elegida (el año 1907) ni trae representación del país para las cuestiones que estamos tratando». Otro: no niegue ahora Maura los vicios conocidos del sufragio… Pero, sobre todo, amplía lo que dijera en la anterior acometida:

«… es más, señores, y yo apelo a lo que hemos dicho tantas veces: ¿no ha sido en ocasiones una sola persona la que ha simbolizado el sentimiento de la Nación? ¿No fue en nuestra Patria aquel parte del supuesto alcalde de Móstoles (etc.)? ¿Qué otra manera hay de llegar a la representación de los elementos sueltos y dispersos que forman la opinión? De manera que al decir antes que contra vuestra opinión y frente a ella tenemos aquí ésta, no he hecho más que traducir a un acto político lo que es la doctrina general de la psicología humana y de la filosofía de las masas.

Yo ayer oí sus (de Maura) últimas palabras respecto a las elecciones (…) Dejemos, pues, tranquilos los derechos electorales: nosotros en las condiciones actuales no podemos aceptar ese reto, no podemos aceptar más que lo que resulta de nuestros razonamientos y de nuestras discusiones. En un momento dado una voz lo es todo; el pobre e ignorante pastor que ve que el caminante se extravía por un sendero y va a caer por un precipicio, le grita: ¡por ahí no!; aquél ha dado en ese momento la nota de la salvación. Nosotros no somos eso; pero afirmamos que en este momento existe una gran crisis y una gran dificultad, S. S. no lo niega (…); la cuestión está planteada; veremos en cuantas formas y de cuantas maneras se manifiesta esa opinión pública hasta conseguir ser atendida. (Grandes aplausos en la minoría liberal)».

Y Maura:

«Muy mal debí expresarme yo para que el Sr. Moret entendiese que repugnaba reconocer en S. S. el legítimo verbo y la encarnación auténtica del pensamiento de las oposiciones. Aunque no escuchara esos aplausos unánimes, con sólo oír sus palabras lo comprendiera. (…)

Y queda lo de las elecciones, en que me permitirá S. S. que le diga que todavía hallo menos razonables sus palabras que S. S. las mías, quiero decir más apasionadas y erróneas; porque claro es que nosotros, hablando con lealtad y con sinceridad, no hemos supuesto nunca que ya todos los vicios y todos los males se hayan corregido y extirpado; pero el vicio de la intervención ministerial, y del amaño de las elecciones y de la falsificación de los resultados lo hemos extirpado radicalmente (…) separando en absoluto a todos los funcionarios públicos y otorgando al cuerpo electoral, que tendrá sus vicios y los tendrá en cualquiera de sus matices, la función interventora y la función escrutadora y toda la garantía de la legitimidad del voto, sin que hayan nunca bastado —aun en su período más álgido— el estado de las costumbres electorales de un país y los vicios del sistema electoral para reducir a la nulidad la significación de las elecciones, y sin que sea posible mantener la vida constitucional sin transigir con la parte de imperfección que las elecciones tengan y aceptar la parte de substancia que en medio de los defectos sobrevive, porque ésa es la base del régimen».

El 20, con motivo del despacho cotidiano del Presidente con el Rey, le planteó don Antonio la cuestión de confianza. Pensaba que pronto convendría cambiar, pero no en ese contexto, y lo razonó. Asintió don Alfonso. «No hay vacante», resumió Maura al salir. Esa misma tarde cruzaron palabras desagradables Moret y La Cierva, y se manifestaron cuasi-republicanos varios prohombres liberales en los pasillos del Congreso. Al suspenderse la sesión, Moret entregó al presidente del Congreso una notificación, corroboradora de la amenaza inicial, por la que quedaban rotas las relaciones parlamentarias con el Gobierno, absteniéndose en adelante los liberales de participar en las Comisiones. El 21 por la mañana, concordes en ello los ministros reunidos, se fue don Antonio nuevamente a Palacio: podrían, si mantenidos, seguir gobernando los conservadores, hasta que amainara: pero, ante la nueva situación, era correcto brindar al Rey nueva oportunidad de usar de su prerrogativa por antonomasia. Don Alfonso aceptó ahora la dimisión por él rehusada veinticuatro horas antes.

La secuencia del desbaratamiento del régimen parlamentario: octubre de 1909-octubre de 1913

La secuencia del desmantelamiento del parlamentarismo, con el deslizamiento constitucional al régimen palatino, cubre un período de cuatro años. Tiene unos cuantos puntos discretos, y es de muy fácil descripción.

El parlamentarismo que Maura se había propuesto afianzar quedaba, si no mortal, gravísimamente vulnerado con la aceptación regia de la dimisión del Gobierno ese mes de octubre 1909. Acaso no fuera ello absolutamente obvio para todos, ni siquiera para el Rey. En efecto: si era contrario a las reglas más elementales del régimen que se venía ensayando disolver, a la mitad del plazo legal de sus Cortes, un Gobierno, unido, con mayoría compacta, cuando no había (ya) verdadera emergencia nacional, cabía aducir que la alarma ostentada por el abigarrado bloque formado contra Maura constituía «opinión» suficiente como para determinar al Rey al uso de su prerrogativa máxima. Sin embargo, y no es cosa de definiciones, tanto la forma del ataque al Gobierno como lo que resultó iban en contra del poder parlamentario. Véase por qué.

No sólo los liberales que llevaron la voz cantante en el episodio, sino también quienes encabezaban, o hacían que encabezaban, los modestos destacamentos (de izquierda) esparcidos por el exterior del perímetro monárquico, anduvieron buscando al Rey, incitándole a intervenir, diciéndole prisionero de su Presidente, etc., y eso desde que, percatados de que compartían la comezón que Maura les producía, esa convergencia empezó a unirlos. Ya en 1908, visitaban al Rey directores de periódico con aire de alarmados, le pedían unos u otros que vetara —cuando le llegara— la ley llamada de terrorismo, invocaban supuestos asentimientos tácitos del Rey a contenidos de proyectos virtuales de futuro sobre los que no tenía por qué expresar punto de vista. El esfuerzo del movimiento y la inercia que cobraba se resumían en pedirle al Rey que descabalgase a Maura, y subsidiariamente a su equipo. Esto, ya en 1908. A mayor abundamiento tras la Semana Trágica. Y no sólo la movilización de opinión anti-Maura no tenía otro objetivo: estaba implícito, y se vio luego, que caer Maura y desolidarizarse los contrarios era todo uno, aunque siguieran agremiados en mantener la amenaza de volver a salir a la calle si reaparecía el peligro encarnado por aquél.

La presión de las facciones extradinásticas sobre el Partido Liberal (designación en la que incluimos la taifa de Canalejas, el Partido Democrático) ha llevado a quienes ostentan su liderato a recurrir al bloqueo obstruccionista, poniendo al Rey en la disyuntiva que sabemos. La «opinión» que entonces se puso a la Corona en el trance de tener que «reconocer» no llega en forma de anhelos traducibles a un programa, ni siquiera a un simulacro de «política», actuable por un Gobierno. No es un punto de vista centrado sobre cosas importantes para el país. No es trasunto de pleito alguno, ni de planes encontrados, o de una contienda. Carece de la estructura más primaria. No tiene partes, ni las aglomera criterio alguno de coordinación. No hay ni la sombra de una tesitura política reconducible a intereses, o lo que sea, comunes, imputables al menos, a sectores importantes del país; —como no se considere tal la restauración inicial de la mera intermitencia en la aplicación de las leyes—. No se habla de reformas, escuela, sanidad; ni hay la esperanza, ni la promesa, ni aun el germen de una nueva mayoría entrante consistente en apoyo parlamentario externo al Gobierno, para reforzarlo. De hecho, el Partido Liberal viene a recabar el poder por eliminación, como secuela de la exigencia principal, en cuyo nombre se amenaza a la Corona con lo peor: la petición pura y simple de que prescinda, a la cabeza del Gobierno, de un hombre que está donde está porque, según las reglas del juego que se vienen jugando desde algún tiempo, su partido parlamentario le había instituido y sigue considerándole jefe suyo.

Maura, que sangraba por la herida, no dejó de poner inmediatamente en claro cuál era la situación. El 25 de octubre 1909, reunida su mayoría parlamentaria saliente en el Senado, pronuncia un discurso, tan conocido por prometer en él al Gobierno Moret una implacable hostilidad. Se lleva cien años aludiéndolo, sin leerlo, como prueba del incontenible rencor de quien lo profirió: en vez, su interés está en la adhesión a la postura política que traduce, de puro parlamentarismo. «No hemos ventilado una sola cuestión de las que nos separan (…) ni (…) cosa en que podamos diferenciarnos por ser ellos liberales y demócratas, y nosotros conservadores». Más claro: «No han entrado los liberales en el poder desplegando una bandera, si tuvieran tal bandera»; «lo que nosotros exigimos, lo que nosotros tenemos derecho a exigir», es que quienes postulan gobernar den antes a conocer ampliamente lo que piensan hacer. Ahora, dice, «no estamos en la oposición enfrente del programa del Partido Liberal o del Partido Democrático que haya entrado en el Gobierno». En vez —y nótese esto— «puesto que nosotros no vemos en el Gobierno (Moret) la continuación del Partido Liberal ni del Partido Democrático, puesto que no existe la misma encarnación de ideas que los anteriores Gobiernos liberales y democráticos habían representado en el banco azul, nosotros, con los que ahora están en el Gobierno, no podemos tener más que una relación (: la) de la absoluta, de la implacable hostilidad». Circunscrita, sin embargo, como dice a renglón seguido: «Cuando se restablezca la normalidad constitucional, nosotros cuidaremos de restablecer las relaciones saludables (…), honradas (…), fecundas entre partidos de gobierno». (Muy bien, muy bien. Grandes y prolongados aplausos). De paso, quedaba don Alfonso apercibido, porque no podía ser eterna la situación.

Ese día, Maura creyó que el pacto dinástico estaba irremediablemente roto, y que los intereses, tanto nacionales como partidistas, que defendía no podían salvarse, si tal., más que a la condición de que el Partido Conservador rompiera radicalmente todas las complicidades locales tradicionales entre caciques, y echara por la ruta de la movilización partidista a ultranza, por la sola vía electoral, negándose de partida a cualquier alianza con las organizaciones de extrema derecha, y costara lo que costara («Aplausos grandes y vivas»).

Moret no prospera —dicen que porque Maura lo veta, pero no hay pruebas, ni importa mucho—. Le sucede, en febrero del 1910, Canalejas, a quien el Rey da la disolución. El Bloque de las Izquierdas se disuelve como previsto. Las facciones liberales, incluidos los periódicos del trust, orbitan hostigándose en torno del flamante Presidente, en el seno del Gobierno o por sus anillos exteriores, por los que gravitan. Mientras tanto, se aproximan y alejan republicanos y socialistas en la trayectoria elíptica de la Conjunción residual. Lo único que no se desaprende es el fructuoso «¡Maura, no!», recurso latente de eficacia asegurada. Maura no ha dejado de ser jefe del Partido Conservador. Lo encabeza en las Cortes. Pero, de momento, la eventualidad de una vuelta de sus conservadores no parece inminente.

¿Cómo describir, a los efectos que nos interesan, el período Canalejas, hasta su asesinato, el 12 de noviembre de 1912? Su final nimba su actuación. Como llegó a gobernar con prestigio pero sin partido digno de ese nombre, y no alcanzó a dominar las facciones liberales, la verdad es que fue trampeando. No bastaron sus capacidades reconocidas a vencer las dificultades de modo lo suficientemente unívoco como para que podamos despejar de sus casi tres años de gobierno una tendencia clara en sus propósitos, ni un balance de su actuación, en lo tocante al sistema del régimen. Parece que Maura esperó a su llegada: «el advenimiento de S. S. significaba, a mi juicio, puesto que era el mismo Partido Liberal quien gobernaba, la enmienda del error que se había cometido en 1909 asociándose a los revolucionarios para derribar aquel Gobierno». Maura, enmudeciendo, lo hizo todo por facilitarle la tarea —hasta en perjuicio parcial, por él asumido, de su propia credibilidad como líder—; calló, decimos, sistemáticamente, para dejarle toda la iniciativa y libertad de movimientos con los liberales, manteniendo a la vez estrecha relación confidencial con él. Si la última correspondencia entre ellos —harto conocida desde hace mucho— sugiere si acaso que Canalejas, a quien se le fueron acumulando las dificultades (vaticinadas) de toda índole, se estaba aleccionando y había comprendido la importancia de poner fin a la intermitencia en la aplicación de las leyes y a los flirteos vanos con las facciones, que ya le atacaban con virulencia cuando él había pensado que las atraería o las domesticaría, tampoco hay que poner demasiado en ello. El jefe liberal, aunque tenía dadas pruebas de una profundidad de miras excepcional en aquellas época y latitudes, nunca fue muy perseverante en sus designios y era, para actuar, bastante del último que le hablaba. Pero hay más, y es cuestión de mentalidad en contexto. Canalejas ha quedado como el político moderno por antonomasia, de los de entonces. Mas, desde nuestra ventana actual, ¿por qué vara medimos la modernidad si hemos de reconocérsela a un estadista —eso, lo era— que no ha acabado de asimilar que no hay libertad moderna, ni cabe acercarse a la igualdad posible, ni se sabría cómo proyectarlas siquiera, si la dimensión de la juridicidad llega a perder su condición de paramétrica, o prioritaria, en la gobernación de la complejidad abrumadora propia de la vida en un populoso Estado del siglo XX europeo? Nos importa mucho aprovechar un momento privilegiado de la expresión exacta de cierta manera —suya sí, pero entonces no tan sólo— de ver las cosas. La ocasión es la de uno de los grandes debates del reinado, en enero de 1912. Canalejas ha salido maltrecho de los avatares sociales y políticos del año transcurrido. En un mano a mano de gran gala con Maura, se acosan larga y recíprocamente con los argumentos ya de rigor, que conocemos o se suponen de lo que llevamos dicho: porfían ambos por llevar al otro a desvelar la matriz de su irreductibilidad a la posición genuina del adversario. Al final, Maura le arranca a Canalejas esta declaración solemne, calculada pero sincera, absolutamente asombrosa para pronunciada ante un Congreso de los Diputados rebosante de público y desbordante de expectación, por un presidente del Consejo de cuya concepción de la política dependía acaso (y lo sabía) la restauración del régimen parlamentario:

«Yo creo que el gobernante, liberal o conservador, en los tiempos modernos, no puede vincularse en la definición jurídica; que, en momentos determinados de grandes preocupaciones y agitaciones colectivas (Canalejas acababa de hacer indultar al “Chato Cuqueta”, condenado a muerte por destripador de un juez o un actuario —¿o se refería a la Semana Trágica?—) tienen (aquéllos, los gobernantes) que determinar (a) los tribunales de justicia, porque creo que la política en los tiempos de hoy, más que en otros algunos de otra época, ha de tener en aquel que la represente, y la encarne, y lleve sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar, aquella elasticidad que no se puede permitir a los inflexibles preceptos de la ley ni a las severas sanciones de los tribunales de justicia.

Si eso conduce a la impunidad, si eso quebranta los vínculos de la autoridad social y de la autoridad moral, lo deploro; pero ésa es una convicción absolutamente definitiva en mí, en la cual no puedo producir ninguna rectificación».

Canalejas había contribuido a accidentar en 1908-1909 el carromato del régimen parlamentario. Roto seguía, claro, el eje cuando él llegó a gobernar; si pudo repararlo, bastó a impedirlo su falta de ahínco. Prefirió, entre el arremolinamiento y el torrente de frases sentidas que suelen acompañar tales efemérides, trasvasar nuevamente las iniciativas políticas a las alforjas y los canastos de los pequeños transportistas caciquiles que, lanzadas luego sus reatas a suministrar el mercado político, iban a regatear con los jefecillos lo que éstos, con sus recursos entecos, estaban dispuestos a pagar por las mercancías que les iban llegando, todas deslucidas tras de tantos y tan interminables zarandeos. No es de extrañar que los dilemas sobre la legalidad conservasen la prominencia de que disfrutaron en esos años: las alusiones a 1909 no eran sino una forma abreviada de aludir a una disparidad constante en las actitudes y premisas de los partidarios del parlamentarismo (siquiera potencialmente) movilizador, y los demás. Ello es que la muerte de Canalejas acabó con la esperanza que pudo haber de que el parlamentarismo volviese a sus carriles.

Es tanto lo que no conocemos bien sobre toda esta época. Los tironeos internos del Partido Conservador indicaban un evidente desgaste de la disciplina. Le describía así a Maura en verano de 1911 la tesitura de sus correligionarios a los que veía en Madrid el diputado Salvador Canals, observador penetrante y autor de un difundidísimo y buen libro sobre los acontecimientos de julio de 1909: las rivalidades y emulaciones personales del estado mayor del partido reflejan su «absoluta disconformidad con la esencia y la sustancia de la política de Vd., y si es grave la falta de continuidad (en el…) otro partido, me parece muy más grave la falta de unidad consciente en el propio». El problema, augura, «se va a presentar en ese terreno de la lucha entre las dos políticas, la de gobernar y la de dejar hacer». Pero ni en vida de Canalejas ni luego le caería la breva de la escisión espontánea del Partido Conservador a don Alfonso.

Cuando Cánovas fue asesinado, hubo turno. Ahora, ¿qué? Convenía rematar una serie de negocios, y así se hizo. Luego, sin prisa, para cuando el Rey tuviera que zanjar, Maura tenía una nota preparada para él, un resumen de cómo se planteaba el problema: «allí no había —según diría luego— cosa que no conociese la Corona (…) hacía más de un año». En ella, explicaba que en la crisis de 1909, por el asalto combinado de liberales y facciones extradinásticas, «del régimen ordenado por la Constitución, nada esencial quedó entonces en pie». Añadía que las abnegaciones de los conservadores en el período siguiente, y hasta la fecha, habían resultado inútiles en reparar lo dañado. «Permanece rota, bajo mal guardadas apariencias, la normalidad, así en el funcionamiento constitucional de los diversos partidos, como en la actuación positiva del poder moderador». El partido conservador no puede turnar si ha de pensar que puede volver a caer como antes, para alternar con quienes optan por la comodidad propia en vez de la vida de las instituciones. De no remediárselo, hay que prever irreparables estragos. Búsquese la Corona un partido conservador, otro, idóneo para turnar con ese liberal, si no surge un partido liberal idóneo para turnar con el conservador, éste, de Maura.

Esta vez, no hubo turno, cosa más bien llamativa. Ni consulta: «No me causó (eso) gran sorpresa, sobre todo si el consultado había de ser yo». Pero, cabía acaso y todavía argumentar que podía don Alfonso tramitar la crisis como lo hizo, dado el contexto institucional preciso en que se abriera la sucesión. El 31 de diciembre de 1912, el Rey nombra al fin: el bisoño Conde de Romanones se ve confirmado jefe de Gobierno. Son las Cortes de Canalejas, todavía.

Maura, con fecha de 1 de enero 1913, dimite de la jefatura del partido, y da a conocer la nota «escrita —especificará poco después— en nombre del Partido Conservador», fechada la víspera, y cuyo contenido acabamos de mencionar. Se marcha al campo.

Explicará luego el porqué de la dimisión: tras enmudecer con Canalejas para facilitarle la evolución, y resultando que fue para nada, debía asegurarse de que su partido le renovaba su confianza a la hora de reemprender las hostilidades abiertas —«la autoridad no es clandestina»—. Quería saber si «hablaba en nombre de todos», entiéndase, los del partido.

Pese a los inevitables resquebrajamientos asistimos ahora al impulso por el que, unánimes ante la nota, las minorías parlamentarias conservadoras, y en masa el partido, rechazan la dimisión. Es obvio que la procesión va por dentro: Maura se describirá poco después en el Congreso como el que: «seguirán diciendo de mí “ése es el majadero incorregible; en su lugar yo hace tiempo que estaría en el banco azul”». No importa: don Antonio acepta, el 10 de enero, volver a asumir la jefatura, pero añade que sigue en pie lo que decía al final de la nota de marras: no se pueden traicionar las esperanzas suscitadas de que el partido siga por la recta política que tiene definida públicamente; ni puede el partido permitirse gobernar contra la opinión a la que representa —así que no sirve prestarse a turnar indefinidamente con los liberales si no cambian—. Sigue pues al frente del partido, tras esa ruidosa ratificación.

El plazo en que don Alfonso habría de tratar de corregir el giro tomado en octubre de 1909, o quemar sin remedio las naves del parlamentarismo de cara al futuro, se avecinaba. Cuando cayera Romanones, o de otro modo se agotara la vida de las Cortes canalejistas, ¿qué haría S. M?

En octubre 1913, Romanones no puede más —o, en todo caso, le conviene más que se cierren aquellas Cortes, quedando como jefe virtual de los liberales, que ver su vida prolongada acaso bajo algún rival de una facción ajena de su propio partido—. El 26 expira formalmente su Gobierno.

«Encargarme del Gobierno —escribe Maura al Rey el mismo 26 de octubre de 1913, tras entregar Romanones su dimisión— no podría significar sino la prosecución de la política practicada desde 1907 hasta 1909, salva su adaptación a circunstancias y casos. Arrostrar las naturales hostilidades (sigue el “¡Maura, no!”) y superar los obstáculos que en el curso de estos años se han acumulado metódica y ostensiblemente contra tal manera de gobernar, requiere apoyos proporcionados y, en cada tiempo y ocasión, la expectativa de obtenerlos ha de ser apreciada en conciencia por quien acepte el poder». Más claro que la luz.

El texto y el momento son enormemente instructivos, si queremos cerciorarnos del significado de esa crisis. ¿Cómo se resume, a qué alude, en esas fechas, el recuerdo del período 1907-1909 cuya reedición plantea Maura precisamente como consecuencia inevitable de su eventual vuelta a la presidencia? No habrá decaído la reserva de hostilidad del «¡Maura, no!», pero los años desde la Semana Trágica han confirmado que ni durante ella ni después violó el Gobierno los derechos inscritos en la legislación. Se ha hecho la luz sobre los acontecimientos, se han publicado los papeles de los procesos principales, se han cruzado publicaciones detalladas, y aunque no se podía resucitar las víctimas, no han quedado marcados victimarios ni ha habido —ante los tribunales ni tampoco ante la opinión— acciones en resarcimiento ni revelaciones indignantes. Por otra parte, no era cosa de que se sospechase al Gobierno de entonces de haber aprovechado leyes vetustas para acogotar: tampoco en esos años de mayoría liberal se ha reclamado con persistencia ni hecho nada por modificar el Derecho penal, el procesal penal, lo que atañe a derechos fundamentales, las leyes especiales, la organización de las fuerzas o de la justicia. Indultos extirpados aparte, tampoco era como para mirarse en ella la experiencia represiva del propio Canalejas: hasta nosotros resuenan todavía, por distintos conceptos, las referencias al Numancia, a Cullera, a la huelga ferroviaria…

Pero, aun dejando los problemas de la gobernación del orden público, y aun reconociendo que no había nada que pudiera suscitar temores fundados de deriva autoritaria, había, en esa experiencia del Gobierno «largo» de Maura, que éste proponía reanudar, materia que amedrentara a la izquierda —la liberal incluida—. Maura, además de preconizar, e instituir o reforzar soluciones sistémicas del tipo que considera deseables —«instituciones que permiten coexistir, que permiten tolerarse, que permiten colaborar a las más opuestas significaciones, las más irreconciliables y antagónicas ideas sobre lo más fundamental y sobre lo más nimio de la vida»—, sigue una política marcadamente partidista. Inflexiblemente partidista, para forzar a que se definan en su contra, con otra política, del otro lado del tablero. «No obsta —sigue la cita anterior, de un famoso discurso suyo de 1910 a conservadores del montón— el respeto escrupuloso del derecho ajeno y de esas instituciones para que actúen vigorosamente todos juntos los que forman un haz, un ejército frente al otro ejército»… Se percibe la fuerza potencial de una derecha que se despereza. El programa conservador proferido era coherente, y… conservador. Y era una versión reconocible de en qué había de reconocerse la opinión derechista si cuajaba. Además, era obviamente un coadyuvante a que cuajara. Se podía oír alentar a esa derecha. No era descabellado suponer que, aunque Maura permaneciese vinculado a su proclamada negativa a todo bloque de las derechas, e intransigente con los extremistas contiguos a su propia posición, no dejarían éstos, en caso de aprieto, de prestarle ayuda aprovechando la inevitable porosidad de tales membranas de separación.

El 27 de octubre 1913, había caído Maura, el jefe de partido: no habiendo renunciado cuatro años antes, reacio su partido a dejarle mientras se siguiera jugando a parlamentarismo —y hasta cerciorarse de que había de faltarle definitivamente la confianza real—, sólo el Rey podía quitarle ése mando, renovado por el mini-plebiscito partidista de enero. La ocasión obligada se presentó ante la necesidad de cambiar el turno, y tomó la única forma que ya cabía, persistiendo don Alfonso: llamando éste a gobernar a otro conservador. Don Antonio ya tenía avisado que si se daba ese caso, «siga la política su curso, que pocos habrán que importunan menos que yo».

Entra Dato.

La monarquía delicuescente

La monarquía delicuescente

Los amigos del Rey

El poder cambia de residencia. No podemos saber si el proyecto Maura hubiera sido viable. Los que aseguran que sí pueden reclamarse de la «República de los Duques» francesa, que, dentro de todo, llevó a un recambio pacífico; los que aseguran que no pueden echar mano de secuencias reales, o imaginarias pero clásicas, en esta clase de discusión, empezando por la pesadilla de la mayoría jacobita-estuardista que, con una representación más democrática, hubiera impedido la revolución hannoveriana a la que Inglaterra cree deber su prosperidad. Etcétera. Huyamos de argumentos contrafactuales. Nos interesan las opciones que se discutían, en el taller de don Antonio, y por la España de entonces. Las opciones, claro, según se las veía, lo que incluye lo previsto y lo previsible.

No proviniendo la representación de un electorado verdadero, escrito estaba a lo que se iba. Los caciques no eran los únicos cuyos apoyo y gratitud profesada constituían la cristalización conductista de esperados favores venideros. Eso no era novedad. Sólo que el favor, se va a buscarlo al nuevo hontanar, es decir, ahora, a Palacio, o sucedáneos imperfectos. Allí, también ahora, se compite de otro modo, con otros recursos. Se ejercita cómo mejor auscultar los últimos dimes y diretes y se combate con ardimiento en el mercado de las miradas entendidas o hasta, en días faustos, de los guiños. Y, ya se sabe, de librea.

Es un poco un decir, porque no es que las Cortes desaparezcan. Ni, sobre todo, conlleva nada de ello que se altere o desmerezca la capacidad personal de los políticos que van a jugar a lo que pasa a estilarse. Pero las consecuencias se siguen en cadena, y muy singularmente la de la debilitación irremediable del o de los partidos de Gobierno. En el caso que nos ocupa, la hendidura que separa las dos partes del período constitucional del reinado es palmaria. Maura había subrayado la incompatibilidad en las formas de tomar muchas decisiones en uno y otro casos. Sus frases al respecto han quedado en el lenguaje político español. Pasó todo como él lo describiera cuando temía que aconteciera. Como nuestra experiencia nos ha tenido alejados de esta clase de entorno, merece la pena recordar cuáles parecen ser —y ya lo parecían entonces— las leyes de la aerostática política al desplazarse a Palacio el terreno donde se elevan y se desinflan las carreras, en vez de radicar en las Cortes y en partidos verdaderos de un régimen calificable de parlamentario. Porque, no es sólo que donde antes había un jefe político ahora hay otro, más augusto.

Salvos los casos muy especiales, a menos de que la prudencia del monarca sea sideral, no basta, para contrarrestar los efectos de acciones como la que ahora nos retiene, que el Rey sea patriota y perseguidor ocasional y hasta frecuente del bien común. Ni que reciba a don Gumersindo, y platique en sus consultas con don Melquíades. Para seguir ejerciendo tanta influencia como don Alfonso manifiesta al ejercitarla contra Maura y el Partido Conservador en octubre de 1909, tiene que poder contar con otras Cortes, de cierta índole. Con hombres y partidos maleables: cortesanos en el alma aquéllos, y reducidos éstos a cotarros personalistas.

Para que la transmutación se opere, basta que todos comprendan eso tan sencillo de que el evento es trasunto de una voluntad unívoca en quien puede, y seguramente seguirá pudiendo. La mera real gana manifiesta de ejercer ese poder era lo bastante —y constitucionalmente lícito— para descomponer, y recomponer, la dinámica del juego, y modificar la entidad de sus elementos. Maura, cuando había explicado la necesidad de partidos idóneos para el turno, previo tanto como intimó: no hay juego posible si las reglas son intermitentes y encontradas según el jugador. Era el proceso ahora incoado tan de esperar y de tanto abolengo que hasta hay momentos en que, leyéndole, se creería que Maura analizaba y vaticinaba traduciendo —pero no consta, ni lo sugiere su biblioteca— de los textos clásicos en que Edmund Burke acometiera contra la política acaparadora de poder pro domo de Jorge III y de su entonces mismo llamado Partido de los Amigos del Rey. (Autores mauristas, más adelante, sí habrán de recurrir a Burke).

Éstas son las etapas de la excursión emprendida. Punto a quo: cuando el poder de referencia está en las Cortes, el partido gobernante en ellas tiene en el Gobierno una a modo de comisión orientadora, estructurante de su actividad tanto como de su percepción. Claro que la relación es simbiótica, pero lo normal es que en este caso, si el Gobierno gobierna, y quiere algo, influye por mil procedimientos y cuanto puede en mantener la correspondencia de las palabras y de las cosas, cierta coherencia de definiciones impartidas, actitudes anunciadas y observadas, legalidad pertinente, funciones descritas y desarrolladas según lo previsto, objetivos perseguidos según el designio declarado, disciplina interpretativa; mantiene al máximo el rumbo, se engarzan los actos según una discernible división del trabajo político; coordina;… o algo de todo eso. Si el rey quiere influir en el sistema de régimen ostensiblemente parlamentario para reforzar —el terminus ad quem— el peso de la Corona, necesita que cundan, en las filas parlamentarias, la desconexión, la desconfianza, la falta de principios rígidos, la debilidad individual de políticos que, si alguno parece imponente, hace a la vez efecto de una de esas grandes esculturas de bulto redondo sueltas y drenadas de significación precisa, en espacios que no les corresponden. No se consolidan oposiciones ni partidos cuando es imposible concertarse de modo duradero; hay demasiados incentivos a la deslealtad de partido para que prevalezcan orden y jerarquía en objetivos políticos de fondo; demasiadas ventajas inmediatas y aparentes determinan a la posposición de lo urgente por oportunismo, a eludir confrontaciones requeridas para avanzar, a emitir declaraciones fluctuantes y contradictorias. La discrecionalidad desviada, tras de catada, se vuelve sistema. Las pautas decisorias convenidas pronto quedan inobservadas. De todos modos, la inconsecuencia no desconceptúa. Todo ello, en grados variables, pero agravado de un momento para otro, por la ineluctable debilitación del propio sistema, cuyos componentes necesitan incrementar su capacidad de discriminar en favor de sus deudos a la hora de adjudicar recursos públicos, afín de mantener siquiera los vestigios de sus propias mesnadas. La suma y la interacción de tanto fragmento mudadizo, en circunstancias cambiantes, no podía redundar en nada sólido. «Weakening the State in order to strengthen the Court».

El proceso, una vez iniciado, entró necesariamente y en seguida en fase de aceleración vertiginosa: «¡como un solo hombre!». Para cuando llega la Primera Guerra Mundial, parece a efectos políticos que seguimos en 1900, o antes. Véase, como ejemplo, cómo resumía el año 1915 el panorama de la cara dinástica del túmulo uno de los estudiosos de la realidad política española coetánea con más justificada fama de enterado:

«La situación de los partidos políticos en España denuncia una crisis honda, reflejo quizá de una real descomposición o transformación social. Aparte la variedad de grupos, expresión de la desorientación nacional, todos se ofrecen incoherentes e inadecuados para recoger en núcleos organizados las aspiraciones del país y señalar sus necesidades reales; el momento es sin duda difícil para todos los partidos o agrupaciones, y para la nación, que carece de los indispensables elementos organizados, excitadores de la opinión pública y condensadores y directores de ella. Considerado el cuadro de los partidos políticos españoles en su distribución actual cabe distinguir: (…)

4.o… fuerzas de opinión y agrupaciones monárquicas, diferenciadas en estas dos tendencias: a) la conservadora, descompuesta sobre todo a causa del temperamento diverso de sus hombres directores; b) la liberal, o del viejo liberalismo español de la Restauración, que se diferencia en grupos, unas veces en franca disidencia, especialmente por motivos de incompatibilidad personal, y otras unidos para hacer posible su advenimiento al poder; al lado surgen algunas manifestaciones que parecen responder a las aspiraciones de una política de contenido, y que, prescindiendo del problema de la forma de Gobierno, querrían provocar una aplicación nacional del nuevo liberalismo con la reforma constitucional, la secularización del Estado y una política cultural intensa y de reforma social y económica, según las exigencias del ideal democrático».

¿Hubiera escrito así Adolfo Posada si llega a (re)editar su viejo Tratado de Derecho Político (de 1892) a comienzos de 1909, en vez de hacerlo en 1915-1916? Repitamos lo que nos importa subrayar: que si, para esta última fecha, la indiferenciación entrópica ha vuelto a hundir el paisaje político en el magma de 1900, había ocurrido entretanto que la «parlamentarización» del régimen durante el reinado, incoada en 1902-1903, estaba adelantadísima para mediados de 1909.

Es comprensible que los idóneos coetáneos lo oscurecieran, pretendiendo que con encaramarse ellos no había cambiado más que el protagonista, y que los resultados ulteriores eran achacables a otras causas eficientes. Pero hay un efecto generacional de perspectiva, que corrige la visión, con tal de que se fije el observador. Los que entran en uso de razón política durante el decenio de parlamentarismo de Maura registran la mutación de modo semejante a como la dejamos descrita. Para ellos, hay un cambio brusco de sistema, el año 1909. Hay que rectificar la versión tradicional, porque si no, aparte de que no encaja el puzzle, no entendemos ni la substancia de la experiencia de Miguel Maura en el taller de su padre ni tampoco la de los entonces jóvenes, aunque algo mayores que Miguel, que aparecerían sobre el tablero político republicano con una idea de la política —y no digamos de la monarquía— impregnada de aquella aventura. Y no se trata de explicar el maurismo originario de muchos harto visibles después en la derecha. Así como no se es anticlerical del mismo modo frente al catolicismo polaco que frente a la ortodoxia griega, la referencia del período que acabamos de describir pesó en muchos republicanos políticos. Al lector de este libro no dejará de interesarle una mención precisa al respecto.

Uno hubo, por lo menos, estudioso y de izquierdas, para quien, desde el puesto de observación generacional recién mencionado, la especificidad de aquella crisis no pasó desapercibida. Le impresionó también, tanto que la sacó a colación en circunstancias que no lo dejaban esperar. Se trata de Azaña, cuya opinión profesional al respecto merece que se la cite. Figura en un discurso suyo. Miguel, que asistió, tenía entre lo poquísimo que guardó, aunque no la acotara ni comentara, una copia mecanografiada. La ocasión fue el debate sobre las elecciones al Tribunal de Garantías de la República —el 6 de septiembre de 1933—. Última votación de confianza, al final del Bienio Azaña.

Fueron mal para el Gobierno esas elecciones. Lerroux deja caer que lo que Azaña debe hacer es irse. A propósito, le recuerda aquél la sesión, que conocemos, de octubre de 1909 en que Moret conminó a Maura en igual sentido. No parece al interpelado muy pertinente la referencia, pero, en vez de dejarlo, amplía con este sentido exabrupto, lo que sobre el episodio llevaba dentro:

«Se refería el Sr. Lerroux al caso aquél en que el Sr. Moret, jefe del partido liberal en la Cámara, se levantó a decir al Sr. Maura que no podía continuar en el Gobierno ni un día más. Yo entonces no era político, pero hago memoria de aquella fecha, y recuerdo, entre otras cosas, que aquella actitud del Sr. Moret vino precedida de un artículo en un gran diario liberal de aquella época, que se titulaba de este modo: “¿Pueden seguir siendo monárquicos los liberales?”. Lo recordará alguien en la Cámara [¿alude a Miguel, presente en aquella ocasión?], y el Sr. Moret tomó aquella disposición aquí y cayó Maura. Sería un poco vano que ahora nos pusiéramos a discutir aquellas peripecias políticas de hace veintitantos años, Sr. Lerroux; pero sí vamos a examinar las cosas. El ejemplo es tan inadecuado que lo que hizo aquel día el Sr. Maura, probablemente con gran sacrificio personal y político suyo —yo no entro en eso—, fue prestarle un gran servicio al Rey; y tan cierto es esto que cuando el Sr. Maura le llevó la dimisión del Gobierno, el Rey le dijo: “Qué gran servicio me presta Vd. hoy, Sr. Maura”; porque a la monarquía se le había creado el conflicto de la retirada de los liberales al campo republicano, nada menos que esto, y el Sr. Maura tomó esa determinación, a mi juicio, con error —no se dirá que yo era maurista—, porque desde entonces se emprendió en la vida constitucional española el camino tremendo y fatal para el propio régimen de decapitar a los jefes de los partidos y el libre juego de los partidos en beneficio del capricho real, y desde esa fecha vienen todos los desastres del régimen constitucional monárquico en su funcionamiento interno.

Esto es una cosa evidente, Sr. Lerroux, y lo dice un republicano; no lo dice un maurista; pero hay instituciones, como el Parlamento, que tienen dotes esenciales, a las que no se puede hollar impunemente, y entonces quedó hollada la institución parlamentaria en beneficio del interés regio, y al Sr. Maura le pagaron el servicio, pocos años después, expulsándole del Gobierno y de la jefatura del Partido Conservador definitivamente. Ésta fue una de las mayores atrocidades que se cometieron en el régimen monárquico, incluso con aquel hombre, cuya manera de pensar no era ciertamente la más análoga a la nuestra; pero la justicia es ésta y hay que hacérsela algún día».

El «¡Maura, no!», o la engañifa de la ínsula democrática

Lo que llevamos visto y el futuro entonces aún emboscado invitan a una reflexión sobre la política de las izquierdas en aquel contexto. La izquierda siempre, o casi, y no sólo en España, ha tenido dificultad en delimitar franca y lúcidamente el papel que de veras está dispuesta a dejar a los que disienten de ella, y en determinarse a las cortapisas, trabas y restricciones de diversas clases que se aviene a dar por buenas con tal que también recen para los demás. Consecuencia de este rechazo es que tampoco suele optar con providencia, cuando parece presentarse la oportunidad de configurarlas menos gravosas. Diremos que se lo comprende, en formaciones que, aunque gestionen bien, y hasta ejemplarmente, ciertos aspectos de su labor política y social, se asientan por decenios en la utopía, tan bien definida por Carlos Fourier (experto reconocido) como «sueño del bien sin los medios de ejecución ni método eficaz».

El modelo de los conservadores de Maura les daba cabida. Podían aplicárselo, los jefes de la izquierda, dondequiera que estuviesen situados respecto a la raya dinástica. O podían pensarlo y proponer otra cosa; pero no se oyó nada y esas cosas no pueden ser y a la vez ser clandestinas. El problema de partida era, en términos generales, el mismo para todos los políticos: no hay en España unanimidad en cuanto a valores y objetivos. Como lo describía el propio Maura: Hay diferencias en aspiraciones, pasiones, intereses, cada día más honda. «La divergencia cada día llega más a la raíz, es más fundamental. Delante de esta realidad, hay que actuar, hay que decidirse (…) De modo que es un problema de coexistencia, de tolerancia». Para eso, instituciones neutras, que bien se las podía levantar. Maura mismo había lanzado ese parlamentarismo partidista, representativo gracias a los programas, hasta la democratización plena, que dependía mucho de que se movilizaran a disputarla las izquierdas. Cada cual podía, debía, darse el programa que creyese convenirle: «¿Es que un partido va a tasar a otro los avances de su programa?». Ciertamente, con Maura, ya lo vimos, había el peligro de que subiera la marea derechista. Por otro lado, no dejaría que malmetiesen el sistema sus posibles partidarios improvisados: «El Partido Conservador, ¿qué palabra ha dicho, qué obra ha significado que no sigue estando donde ha estado siempre, donde es necesario que esté para responder a la significación propia de la derecha dentro del régimen constitucional?», preguntaba a sus seguidores en la misma ocasión, en julio de 1910.

Pero el mundo por el que Antonio Maura luchaba, y que proponía, era, fantasías aparte, soñado sólo para los que tuvieran asimilado que el progreso material no era para en seguida, y estuvieran apercibidos para un largo y penoso viaje. Eso del sistema de la juridicidad generalizada, de la ciudadanía «tenaz, modesta en sus esperanzas, (que) no busca más que lo posible», de la ley y la gobernación como resultantes del proceso político, pero cuya aplicación luego no se pacta, de la lucha palmo a palmo por la plena posesión de los derechos… era indudablemente muy poco sexy. Y menos aún había de parecerlo visto desde la izquierda, aunque correspondiera, desde la perspectiva española de cien años después, a lo que más falta hacía en seguida, dentro de lo posible, para una convivencia estable de ciudadanos libres. Sin embargo, tuvo que pasar mucho, tanto, para que se lo valorara hasta el punto de quererlo, luchar por ello y defenderlo… Verdad es que era aquélla una época desabrida para diagnósticos político-sociales esperanzadores y soluciones entusiasmantes y hacederas en vida. Si la política «no es más que la apropiación a una nación, en cada instante de su historia, de la parte de ideal que ella está en el caso de recibir», no era aquél un momento envidiable por ningún concepto.

Los atrasos de la química en un momento dado no han sido nunca motivo suficiente para echarse a la calle a vender trips contraproducentes. Y no sabemos cuántos, que hubieran soñado distribuir felicidad, se abstuvieron o colgaron los hábitos. Pero, los que quedaron, y lideraron en política a los que militaban o sencillamente venían a escucharles, ¿adonde creyeron ir, con esa política que se subsume en el «¡Maura, no!»? Hay que constatar la extrañeza de la situación. Porque, si bien el «¡Maura, no!», retrocediendo de la magnitud del impacto logrado al grito original, parece una consigna de una maestría política rara, cuando en vez tratamos de medir en qué los resultados obtenidos acrecieron a las facciones antidinásticas que apadrinaron el movimiento, es más bien para echarse las manos a la cabeza. (Para llegar al saldo que corresponde al Partido Liberal, hay que esperar a una futura revolución en los métodos de la cliometría).

Maura, el no va más del autoritarismo. Maura, el enemigo principal. No ya los gamberros lerrouxistas, sino nada menos que el concesionario en España de la marca de Bebel & Liebnecht, haciendo, todavía a mediados de 1910 de los desdenes de Maura caído poco menos que el freno personificado de la historia, y proclamando delante de él (naturalmente, «impávido», según la reseña), en sesión del Congreso de los Diputados, aquel «debemos llegar hasta el atentado personal» con tal que Maura no vuelva a gobernar… Atentado, lo hubo por entonces, con herida leve. Lo que no había de frustrarse, fue la profecía implícita que Maura lanzara unos días antes: «Nuestras izquierdas (con su actitud), ¡no comprenden que lo que a la autoridad quitan (…) a su propio derecho se lo merman!». El lector lo recordará cuando lea el análisis que Miguel haga de la Constitución real vigente en junio de 1936.

Pero, en la coyuntura que ahora nos ocupa, esas izquierdas, no era tanto que no se dejaron tentar por el llamamiento a compartir lo que se les proponía, sino que les faltó el mínimo sentido de la orientación política. En el embrollo de octubre de 1909, quizá, negándole al Gobierno el pan y la sal, sintieron un momento el cosquilleo de encontrarse en los escaños de la Convención del Año II. Pero en vez de un régimen de asamblea, aquello no eran sino las modestas Cortes de Maura, y con obstruirlas echando mano del reglamento no se devolvía el gobierno a las Cortes, ni éstas al pueblo: tan sólo se sustraía el rescoldo incandescente del hogar votivo del templo cívico, yendo en triunfante desfile popular a depositar las ascuas en el botafumeiro de Palacio. Valiosa hazaña. Como diría prosaicamente don Antonio tras el golpe sucesivo, «lo fácil es salirse de la carretera».

La izquierda, miope, desinteresada por las asperezas de la legalidad, incapaz de analizar con mediana seriedad la situación institucional cambiante, sin política o programa: bloque, conjunción o componentes individuales, todos y cada cual prefirieron que la formación en la que transitoriamente se hallaban se ensillase con el adversario blando, el más consentido a corto plazo aunque difícil de influir de modo duradero, impredecible. Algunos, aliviados por las formas, se dejaron convertir por las sirenas del posibilismo. «Con enorme repercusión», diría un sobrino de don Gumersindo. Llamaron lo suyo «reformismo». Casi una vida más tarde (3 de agosto de 1962), Justino Azcárate, exiliado en Caracas, le recordaba a Miguel que tras el paso a la Monarquía «de muchos y muy excelentes republicanos (…:) todos fueron borboneados como toda personalidad elevada o toda fuerza colectiva importante —socialistas, tu padre, Canalejas— y nos tuvimos que hacer (de nuevo) republicanos por razones personales, con escepticismo y con dudas».

Otros siguieron por las vías más frecuentadas, pero igualmente tradicionales en sus grupos: siempre insolentes, aficionados a desplantes a veces violentos. «La impunidad de la delincuencia política (…) arma principal de las izquierdas»; pero la secuencia de las experiencias colectivas no formaría aquí tampoco nada constructivo. En cuanto a aprender a estimar los límites de tolerancia de los resortes defensivos del cuerpo político, ni idea, ni la posibilidad de evaluarla. Ni siquiera en lo que hacía a la contraviolencia estatal: al que le tocaba la china, mala suerte —para el militante, un verdadero San Fermín político—.

Por no querer entrar en la competición reglada en el hipódromo, acabó la izquierda acomodándose al juego de sorpresas y sustos de la política aporética de los Amigos del Rey. Diez años cruciales en el laberinto. Y al cabo, como casi siempre que un pueblo, perdida la perspectiva, se distrae y no procura recuperarla, el Minotauro. Mejor llorara la izquierda su victoria pírrica sobre el mallorquín arrumbado.

El Rey, condenado a borbonear

Al asumir las consecuencias de la crisis de 1909 y de su ratificación en 1913, don Alfonso trocó un Gobierno más fuerte por uno menos fuerte, a cambio de la esperanza de que el cambio mismo condujese a una reducción drástica de la presión que recaía sobre él y el régimen. La presión se redujo, pero fue mucho más considerable la debilitación de Gobierno e instituciones a plazo relativamente breve. Ya vimos por qué. En todo caso, desde la «revolución de octubre» de 1913, el Rey estuvo condenado a usar cada vez más del poder personal del que, naturalmente, tras haberle impulsado palaciegos e izquierdas a que lo ejerciese, éstas y muchos otros le afeaban ahora que abusase. Pero, salvo por milagro, era irreversible el paso, y ni siquiera cabía esperar que el trazado del trayecto o la velocidad trajeran alguna estabilidad al movimiento lanzado.

Dígasenos lo que se quiera de la fase palaciega del régimen alfonsino constitucional, no hay programas, ni proyectos, salvo piadosos; impera el «repentismo», todo se remuda sin cesar, los ministros no sobreviven el tiempo de llegar a la cosecha siguiente; se vive de expedientes, se maneja a ojo, se va dando tumbos. Los tramposos trampean, y los que no lo son también. Las propias cortesías de S. M. resultan insignificantes. Así se hace la política, cuando es así el contexto.

El propio Rey, no se sabe bien cuánto entendió, cuándo, de lo que estaba pasando con la que venimos llamando «Constitución real». Como el proverbial chaval en la pastelería, habrá dejado bien pronto de saborear la oportunidad de borbonear, actividad suya ahora convertida en ineluctable y principal, y para colmo casi constante. En la política nacional, los toques de alarma seguidos de algún esfuerzo por sobreponerse que puntúan esos pocos años son meros reflejos inoperantes: aunque se trate de cosas tan solemnes como los Gobiernos Nacionales, que corresponden a desgracias sonadas. Don Antonio, al que se recurre para esos menesteres en situaciones que reconoce por haberlas profetizado, se presta a lo que le piden, pero no sin calificarlo de antemano, respetuosamente, de «monsergas».

Miguel acaba de formarse

Miguel no «entra en la política» hasta el ominoso 1913. Pero ha crecido en el ambiente donde se hace la política que hemos visto, como lo hemos visto. Su memoria ulterior acerca de la primerísima época de su vida adulta prueba que estaba sumergido en aquélla. Lo digno y lo vergonzoso, lo urgente y lo de menos, el foco y el meollo, la importancia de los entresijos, las funciones de la coherencia y la importancia de demostrarla o poder alegarla ante una masa neutra cuya capacidad de atención hay que suponer grande aunque se la sepa inexplotada… y tanto otro, son otras tantas cosas que ya entran automáticamente en su percepción de la política que presencia antes de empezar a actuar en pequeños papeles. De viejo, tras la emigración, cuando salía de visitarle alguno de los tantos que hacían proyectos políticos, decía muchas veces, meneando la cabeza: «No comprendo de dónde sacan que gobernar en democracia es fácil»…

El «maurismo» es el ambiente en que se desarrolla su primera actividad política pública. El tema de este pequeño movimiento, aunque ha dado lugar a pocos estudios, ha suscitado mucha polémica acerca de su fondo ideológico. Se ha sugerido sin razón que fue una ramificación de la flora proto-fascista. En general la argumentación es la de siempre, que atribuye algo de después a algo otro de lo que sólo es seguro que lo precede, sobre todo en biografías personales: la falacia que supone que el que primero iba por la llanura llevaba ya en el saco el equipo de alta montaña con que se le ve retratado más tarde —y en alta montaña—. Quien se ha pasado una parte de su juventud oyendo los sinsabores (cuya intensidad no hace al caso) padecidos por ex correligionarios mauristas a manos de autoridades franquistas necesitaría una información supletoria bastante considerable para fundamentar la filiación —sobre todo debiendo detraerse de ésta los tránsfugas meramente oportunistas atraídos por el consabido calor oficial que irradiaba de un tardofascismo longevo—.

No hemos de adentramos por ahí: para cuando se inaugura el maurismo, Miguel tiene ya bien dentro, y aprendidos directamente de su padre, los parámetros determinantes de su rejilla de percepción, y bastante prueba de lo que pensaba se encuentra en sus páginas a continuación. Nos bastará, pues, hacer hincapié sobre unos pocos extremos.

Es seguro que el maurismo es una forma de hacer política activa; de signo dinástico y constitucional, conservador; y con un fuerte énfasis movilizador, democratizador. Estamos, pues, en lo que era la significación de don Antonio, o cerquísima. Pero cumple un aviso sobre el lenguaje que esa modesta kábila comparte con una ínfima fracción de la derecha movilizada durante la República. Se trata de lo siguiente.

La afición a aludir a «la Patria»; sobre todo a la calificación elogiosa de «patriota», aún reivindicada por el orador para sí mismo; las a menudo ampulosas invocaciones a «España», pueden inducir a interpretaciones torcidas del mensaje. Sabedores nosotros de lo que ulteriores o coetáneas (de otros) alusiones homónimas encubrían, hay que decirse que en la mayoría de los casos durante el reinado constitucional la alusión a la Patria es un término para definir el ámbito del Estado, y dentro del que se ejerce la ciudadanía. Don Antonio, por ejemplo, la connota como «la patria, por el amor de quien debemos someter siempre el derecho propio al respeto del derecho ajeno».

Pero se vuelve progresivamente más frecuente luego el recurso a la adjetivación de «patriota» y de «español» —durante la República, y en la correspondencia durante la guerra civil—, en Miguel y entorno. El eslogan del partido de Miguel es: «España Primero». No hay ambigüedad en ello, ni se han corrido las tintas: siempre se trata de la preocupación pertinente por lo sistémico, por las personas incluidas en todo el conjunto de las fronteras nacionales. Es patriota el que es capaz de dejar oportunamente los intereses de partido o personales en aras del buen o mejor funcionamiento del sistema, el que busca soluciones conducentes al bienestar de los gobernados frente a alternativas violentas injustificadas. Miguel elogiará a un tal diciéndole «cien por cien español», en ese sentido, y nunca más que en ése. En su cabeza, no hay confusión: en la de sus oyentes contemporáneos, tampoco. Lo cual es común a los hombres de su parcialidad política. El peligro de interpretarlo mal es tanto mayor cuanto que hay un período, antes de la guerra, en que la extrema derecha utiliza un lenguaje muy cercano. El cruce de cartas de Miguel con José Antonio, al final del libro, es un buen ejemplo de ello —acentuada la proximidad porque Miguel trata de establecer jalones para un diálogo ulterior con su corresponsal—. No hay que creer, sin embargo, que entre ellos nada de esto resultase ambiguo. Los que tendemos a confundirlo todo somos nosotros, hoy, por la refracción propia al régimen intercurrente. Fin de aviso.

De terminar la formación del aprendiz a calar lo que tiene delante y a hacer lo que pueda corresponder se encargan sus campañas de esos años: en el Colegio de Abogados, en la concejalía madrileña, como diputado, en las giras mauristas. Como se verá en el texto, también entonces aprende a apreciar a futuros colegas, y en su caso amiga con ellos.

Ya está don Miguelito preparado. Cuando vaya, con su experiencia y su caja de herramientas, al campo republicano, se sucederán durante unas semanas cruciales los momentos en que él sea quien aporte la percepción y la reacción justas, y a veces urgentes, a un grupo de hombres —el Gobierno Provisional— deseosos de gobernar bien, pero faltos de tablas de cierto tipo. Aparte de su propia acción, será sin proponérselo, para sus compañeros, el agente oportuno de retransmisión de una parte del savoir faire «restaurador».

A la altura en que estamos —llegando a 1923 o más—, los que no lo conocen bien no dirían nada de eso. Para ellos, Miguel Maura es el perfecto señorito. Muy bien parecido, siempre impecablemente vestido. Bufete exitosísimo. Las mejores cacerías —una cliente agradecida por ganarle él un grandísimo proceso le cede las lagunas de Daimiel—. Los mejores automóviles —su mecánico recordará que tuvieron el tercer Hispano Suiza de no sé qué modelo revolucionario, que iba a 120 km/h (1921): los otros dos eran del Rey, que primero se había comprado uno, pero fue necesario otro porque, si no, no podía seguirle la escolta…—. De las primerísimas grandes canoas («Esterlyn»), Etcétera.

La Dictadura, hasta parece que, forzándole a un período de inactividad política, en realidad le da la ocasión de ejercer tranquilamente de señorito. De señorito se comporta, también, con la levedad indicada, cuando le parece apropiado, con el mismo dictador. Así, en el funeral de don Antonio, en 1925, Miguel, naturalmente en el duelo, oye que, en la fila sucesiva, de las autoridades, el embajador francés dice al general Primo de Rivera:

—Quelle perte pour l’Espagne!

—Vous croyez?, contesta aquél. Miguel se vuelve, y hace el ademán visible de darle un puñetazo.

Otra ocasión fue con motivo de la quiebra del Banco de Castilla. El suegro de Miguel, Álvaro Moral de Calatrava, era presidente. Como pasaba entonces a menudo entre los tales, no se había enterado de nada. Llegado el caso, aportó libremente toda su considerable fortuna personal a indemnizar a los depositantes. A pesar de eso, el General quiso apuntarse el tanto público de encarcelar al viejo del Moral, porque era pariente suyo y «para que se viera». Enterado Miguel, en cuya casa había pasado el viejo a morar, se lo llevó a Fuenterrabía, y lo sacó a Francia con la lancha rápida. Le pidió audiencia al dictador, y le comunicó personalmente la volatilización de don Álvaro.

Pero este señorito patriota no hace entrar sus intereses personales en lo que considera factible en política. Quizá fuera solamente buena educación, pero nunca, más adelante, expresó la nostalgia de la opulencia en que llegó a vivir entonces —y eso que el contraste llegó a ser muy grande—. El entorno palaciego le asfixiaba. Del establishment monárquico —su «sociedad»— le despegó cómo dejaron solo a su padre. De la aristocracia que no hacía profesión de la política, le alejó su, según él, ceguera social suicida, y nada «española». La Dictadura le hizo republicano.

Él mismo nos deja ver los varios aspectos de ese cóctel en la parte aún no transcrita de su ya referida última conversación larga con su padre sobre la política de éste. Se los ve a ambos, tal cual eran. Deja correr su relato:

«Qué lástima que te decidieses entonces por ese camino (de ir a por la jefatura conservadora) —no pude menos de decirle, porque hacía ya mucho tiempo que estaba plenamente convencido del error que ello significó por parte de mi padre—.

—¿Por qué lástima?

—Ya te lo he dicho otras veces y supongo que a estas alturas no necesitarás que te demuestre que aquello fue un enorme error, porque debes tener aún frescas en todo tu cuerpo las cicatrices de las heridas que los “conservadores” te hicieron (…), y aún hoy en plena Dictadura, que es para ellos el paraíso terrenal, y que es la negación absoluta de toda tu significación y tu política.

—No hay que exagerar —dijo conciliador.

—En efecto, no hace falta, porque con los hechos basta. Te proponías “descuajar el caciquismo” y fuiste a ponerte al frente del partido donde militaban los máximos caciques de toda España. Querías hacer la “revolución desde arriba” y cargaste con la jefatura de la suma de todos los apegados a los intereses y a los privilegios ancestrales, incapaces de comprenderte aunque te siguiesen e incluso te aclamasen. Te seguían y te aclamaban, porque eras el político que mejor que otro alguno les garantizaba el ORDEN Y LA TRANQUILIDAD, únicos objetivos de sus vidas regaladas, de egoístas y parásitos. Estabas desde el principio condenado a fracasar en tu empeño.

Se me quedó mirando un tanto asombrado de oírme hablar en tono tan tajante, y durante un buen momento guardó silencio. Al fin, lentamente me dijo:

—Puede que tengas razón en parte, pero olvidas algo que para mí era esencial. Acababa de subir al trono don Alfonso, casi un niño totalmente inexperto en su difícil misión. Si los partidos de la Regencia se disolvían y liquidaban, hubiese sido imposible articular rápidamente otros, y la Corona, todavía poco asentada en el nuevo Rey, se hubiese visto comprometida. En aquel momento no tenía por qué pensar que iban a dejarme en la estacada quienes me aclamaban como jefe un año más tarde en plenas Cortes.

—Lo comprendo perfectamente, pero reconoce que fue una lástima, que fue un error, y ahora, a posteriori, se ve clarísimo. Si en 1903 lanzas tú mismo, y no nosotros los mauristas, el movimiento de 1913, y llamas sin descanso a la opinión para esa “revolución desde arriba” que querías hacer, estate seguro de que los partidos del turno, en aquellos momentos acéfalos y divididos, hubiesen desaparecido y con ellos los caciques, y la opinión dormida hubiese despertado, y te hubiese seguido. Tú fuiste toda tu vida un liberal y un demócrata, no sólo convencido sino fanático, y fuiste a ponerte al frente de los que detestaban el liberalismo, como lo están demostrando ahora con la Dictadura, y aún más la democracia, que es el pueblo, al que desprecian profundamente. Era un contrasentido absurdo, que no podía dar fruto. Claro, que eso se ve hoy y no se veía entonces, pero reconoce que tengo razón.

—Y todo eso, ¿adonde conducía? ¿A la República? Yo viví la República del 73, y sigo creyendo que sería una calamidad para España como lo fue aquélla.

—En sí, la República no es mejor ni peor que la Monarquía. Depende de quiénes la gobiernan (…). Además, el Rey se hubiese visto obligado a seguirte si la opinión imponía tu política. Te hubiese jugado cien perrerías, como te las jugó desde el primer día, pero habría tenido que aceptar la voluntad de España, si de verdad lograbas despertarla. Los años desde 1903 hasta 1913 fueron años no sólo perdidos para ti, sino mortales para España, porque fueron los únicos hábiles para hacer de verdad la “revolución desde arriba” que predicabas, que querías hacer, que era indispensable. Una vez asentados de nuevo los dos partidos tradicionales contigo y con Canalejas, todo cambio dentro de la Monarquía era ya imposible, y los caciques habían de prevalecer siempre, como prevalecieron hasta la Dictadura, y prevalecerán después de ella si la Monarquía sobrevive, porque siguen de pie y son cada vez más fuertes.

—Después de la Dictadura… ¿Quién sabe lo que sucederá? El dictador es pasajero y temporal, pero no la Corona que le ha acompañado en todo el viaje, y que quedará en la cuneta, maltrecha y abandonada de todos el día en que el dictador desaparezca, lo mismo si lo hace por propia voluntad, que si es forzado a ello… Toda dictadura deja tras de sí la revolución, y por eso me negué siempre a oír a las Juntas Militares de Defensa, que me instaban para que la implantase. Es la negación de todas mis convicciones desde mi niñez… ¡Malos momentos le esperan a la Corona al liquidar esta etapa!

—Te confieso que no veo posibilidad de que el Rey se libre de la responsabilidad que ha contraído, y que considero a la Monarquía perdida el día de la caída de Primo de Rivera, pero te declaro que me parece que se tiene muy merecido lo que le venga, porque toda su vida ha hecho oposiciones a ello con su conducta, y tú eres el primero que puede certificarlo, porque has sido su víctima preferida.

—Con todo, le tengo afecto casi paternal y además creo que España, desgraciadamente, no tiene opción, porque sigue sin ciudadanos conscientes por obra de los caciques, y sería pura demagogia lo que viniese.

Así terminó el diálogo».

Ya tenemos a don Miguelito listo para actuar. En cuanto se tambalee la Dictadura…

… y corre la cinta de la Constitución alegórica

… y corre la cinta de la Constitución alegórica

Sería una lástima cerrar aquí al terminar la descripción de la evolución de la Constitución real —dentro de la que evolucionan los políticos— del reinado de don Alfonso, sin decir nada de las probabilísimamente predominantes percepciones coetáneas de la gente en estado de vigilia política, en el país. Y lo sería mucho más habida cuenta de lo sorprendentemente fácil que se nos presenta la opción de dilucidarlas, y seguir su itinerario.

Extrañará que se lo plantee así, pero creo que se puede. Las razones primero, y luego una breve aproximación a las claves de la transformación de la trayectoria seguida por la Constitución real en la composición de lugar tácita de gran parte de los españoles.

La Constitución real proyecta, más que una imagen, una película, porque se mueve. La ven los que la enfocan cuando buscan algo que creen que a lo mejor se encuentra ahí, pero también los que, simplemente, no pueden no verla, porque entra en su campo visual. Son muchos. Unas veces, todo queda en sombras chinescas. Otras, se distingue mejor, hasta con claridad, el contenido.

Como se trata de una percepción frecuentemente compartida —por ser los mismos o análogos el ángulo, la distancia, la pertinencia, las preocupaciones, tanto, y porque se la comenta—, la dinámica constitucional práctica que conocemos va cristalizando entre este público renuente, formándose otra cinta al compás de aquélla. Estamos ante la que cabría llamar la Constitución callejera.

Se dirá que, no bien deponemos la lupa, cogemos ahora el catalejo al revés: ¿cómo generalizar así, sobre cosa tan vasta?

El ejercicio merece que se le reconozca algún interés. Si cabe equivocarse de medio a medio, convéngase en que lo menos arriesgado, conociendo lo que sabemos del país y período, es generalizar sobre generalidades cuya difundidísima presencia a lo largo de ese pasado es palmaria. Sólo vamos a intentar una síntesis de lo que nos parece a la vez de importante, muy probable.

Suele describirse la política como la resultante de combinaciones de oportunidades y situaciones, ideas o ideologías, y percepciones. A éstas se las considera generalmente el trasunto natural de «lo que hay», o deformaciones de esto, epifenómenos de la (in)cultura popular, a veces precipitada en mero sentimiento. Sí y no: miramos aquí a lo que parece ser la configuración más generalizada de la percepción de la política que transcurre según las sucesivas constituciones reales del reinado (llegando hasta el final de su último régimen).

Es una visión que las precede: un molde, parte de un conjunto articulado de soluciones, desgajado de él porque ahora la parte pertinente es aquélla. Tiene una lógica interna. Es parcialmente adaptable. De todas formas, cuando lo que puede importar de la política se vuelve más complicado, se acercan los detentadores de la fórmula anterior, se fijan mejor, recurren a más o distintos conceptos de esa u otra reserva. Pero, mientras, como en el período de que venimos hablando, y hasta 1931, según para qué, basta percibir como vamos a ver, y en eso se quedan muchísimos, resultándoles práctico. La cinta, decíamos, corre al ritmo de la práctica del poder del régimen del momento. Es una refracción en forma de alegoría —una alegoría callejera sincrónica de la Constitución real—. Antes de pasar a las características del engendro, tomemos nota de que, por esquemático y vago que sea el simulacro, el que así percibe no deja de responder a él, con puntos de vista, filias y fobias. Ciertos juegos de sombras hacen reaccionar en busca de mejor información, fuerzan a reformular la primera impresión, pero no siempre.

Características de la alegoría

Lo de la alegoría suena un poco a algo infantil, apropiado para el pueblo necesitado de pedagogías. Pero se gana mucho tiempo partiendo de la hipótesis de trabajo de que la gente no es tonta. Tampoco «apático» (en lo que fuera) quiere decir «sin opinión ni composición de lugar». Ni es «simple» equivalente de «inculto»; ni, sobre todo, resulta por fuerza lo sencillo de una simplificación, apta o inepta. Por alguna razón, se comprende que el que se ve amenazado por un vehículo que se le echa encima no se entretenga en escudriñar el cubicaje de su motor, y en cambio se considera prueba de incultura política o general que el hostigado por un régimen al que no puede combatir útilmente no se abisme en las ficciones cultas de especialistas en el oscurecimiento de la prosa.

Creo que se puede estatuir que las alegorías dignas de ese nombre son relativamente sencillas, en todo caso, fáciles de seguirles el hilo.

Son, además, exactas en lo que utilizan como término de comparación con la realidad que alegorizan. Es decir, se entiende bien la alusión a conceptos generales que encierra la descripción que hacen. Eso no quiere decir que la relación de lo que pintan con lo pintado sea siempre de una claridad absoluta —ni lo pretende la alegoría—. Por otra parte, la aparente laxitud de la conexión puede asimismo deberse a la imprecisión invencible del referente inicial.

Luego, los elementos de una alegoría son coherentes.

En esa España, ¿cómo resultaba eso del poder?

La alegoría callejera del poder

La articulación de la secuencia se puede presentar del modo más sucinto describiéndola, en vez de tratar de reproducir alguna variante suya litteratim. Describiría su secuencia como sigue.

El Poder es algo: no alguien.

Se lo tiene, no se lo es.

Es poderío. Público.

Alguien tiene que ejercerlo.

El que lo ejerce maneja algo que no es suyo.

El poder es más o menos de todos, en indivisión forzosa.

Debe el que lo ejerce ejercerlo para algo común, bueno, reconocido como tal.

(No es que se lo espere —pero, debiera—).

Se pasean por la sociedad toda clase de plagas, abundan dificultades, a veces remediables; y también oportunidades favorables, aprovechables. Nota: la mera dejación puede redundar en desastre.

¿Hay materia para intervención útil del poder?

Si no, el caso no tiene interés. Dejar correr.

Pero,

en caso contrario, si cabe actuar,

¿qué hacen los que, comoquiera, detentan cuotas del poder —representantes, mandatarios, y otras distinciones irrelevantes y nebulosas—?

Los indicadores, los síntomas de que los detentadores del poder «hacen» son:

desvelos suyos visibles,

beneficios,

éxitos a ojos del que observa.

Los indicadores de que, pudiendo, «no hacen»:

quiénes se enriquecen en funciones públicas;

se cometen errores crasos, síntoma incontrovertible de dejadez, como son asimismo

los casos de incompetencia manifiesta, con resultados graves;

los bandazos en la política seguida.

En todos estos casos,

tanto el que no hace como el que yerra, amén del que barre para su casa, hacen figura de egoístas,

antojadizos,

arbitrarios.

El Antojo, personificado, es el personaje clave de nuestra alegoría.

Sigámosle.

Libre es el que puede rechazar las normas que se le imponen. Tener libre arbitrio es ser arbitrario.

El antojo es libre de razón.

Pero ¿dónde mora, quién lo hospeda?

Un momento:

Tratadistas y moralistas les dicen desde siempre a todos, desde Juan Pueblo en adelante, eso de que hay que subordinar Antojo a Razón. Pero no va por ahí la alegoría callejera.

En ésta, el que tiene poder, si obra como con libertad de antojo, de hecho la usurpa: porque no es suyo aquello,

y nadie le ha relevado de la razón vinculante de prestatario, apoderado, usufructuario, consignatario, o como se lo describa correctamente; pero:

no hace falta convenio, contrato social, ni jura.

Basta mirarle a los ojos:

¿Qué se ha creído?

El antojo es el privilegio supremo, la prerrogativa por antonomasia: de escoger razón, si se la escoge, y cuando sea.

Existe.

Se le encuentra donde no se le pueden imponer obligaciones ni razón: arriba del todo, y especialmente encima de ésta.

Fijarse: El arbitrio del individuo libre tiene un ámbito. Ya lo vimos. No ha de renunciar a mantener la oportunidad de optar en aquello en lo que se le brinde.

Del arbitrio de una institución, aunque no se sepa explicarlo se entiende perfectamente su lógica. Así, no se configura de otro modo que el arbitrio individual, la libertad de la institución que mejor y más ha luchado por definir la libertad que quería para sí: para asegurarla, el Parlamento-por-definición se tiene prohibida una sola libertad: la de vedarse por ley o estatuto la libertad de legislar cuando sea lo contrario de cualquier norma que él mismo dictó anteriormente.

A ver si no va uno a poder contradecirse. Basta que se le antoje.

No vamos a negar a los individuos juntos lo que reconocemos a los individuos sueltos y hasta a instituciones de intermediación política.

¿Resultará que no pueden hombres libres arbitrar colectivamente las reglas que el antojo dicta?

La razón es la caja de herramientas, con sus instrucciones de uso y detalles conocidos de las consecuencias inherentes a éste. Pero el uso queda supeditado a lo que Antojo decida respecto al Poder.

La indivisión del poderío resulta resolverse en la del antojo público. No es gestionarla bien el tratar de aumentar la potencia de éste a costa de cercenar la libertad individual. Es más, sería contradictorio hasta proponerlo.

Se cierra la secuencia. Es explosiva. Será poco sofisticada, pero no encierra contradicciones, cosa que no cabe afirmar de mucho discurso culto considerado canónico en estas lides. Y no parecía descaminado pensar que la secuencia servía perfectamente para entender cuanto necesitaban entender la gran mayoría de los españoles.

El reinado visto por la alegoría

La refracción de la historia del reinado, alegorizada la historia que hemos venido relatando, no podía menos de traducirse en desinterés y revulsión. Esquematicemos brevísimamente.

Bajo el caciquismo en estado químicamente puro, todo eran motivos para permanecer al margen, creyéndose la gente sin nada que agradecer. Con el período parlamentario, las esperanzas entre la derecha y los temores entre la izquierda fueron muy reales. Maura convenció a los primeros, con, por lo menos, sus desvelos patentes. Los segundos no vieron en ello más que los peligros de una política antojadiza. Con todo, hasta 1909, como dijimos a su hora, la política no desplazaba causas ni efectos con gran y notorio impacto en las vidas del español de a pie, ni de la masa neutra. A partir de entonces, súbitamente, parece que los detentadores del poder incumplen constante y gravemente su cometido: la ineficacia bochornosa del Ejército en Marruecos se dobla pronto de una aparentemente deficientísima dirección de la política económica durante y en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Ya la política del segundo régimen constitucional —el de los «Amigos del Rey»— no permitía reacciones útiles, pero la desconsideración de los egoístas que arrastraban sus casacas ministeriales por entre las miserias nacionales era irreversible. Con Primo de Rivera, a ojos callejeros, se resuelve lo de Marruecos y la economía va mejor —pero se pierde en libertades mucho de lo que se gana por el otro lado—.

Al final, no queda a los políticos del régimen, y al Rey, ni respeto, ni simpatía. Nadie se había movido en defensa suya en ninguno de los cambios; nadie se movería ahora. Pero esto lo explica ya Miguel Maura; y cómo se lanzaron todos, poco después, por otros derroteros, los de la dominación. Pero éstas son ya otras variedades de Constituciones formal y real, cuyo devenir tendrán los españoles que alegorizarlo de otro modo.

Abril de 2007.

J. ROMERO MAURA

PRIMERA PARTE

ASÍ CAYÓ ALFONSO XIII

(Del 1 de enero de 1930 al 14 de abril de 1931)

CAPÍTULO I

LA CAÍDA DE LA DICTADURA

Primeros síntomas

Primeros síntomas

¿Qué sucede en este Madrid de los últimos días del año 1929? ¿Por qué las fiestas navideñas, tradicionalmente tan animadas, apenas se celebran este año ni en público ni en privado, por los madrileños, siempre tan bulliciosos y verbeneros?

¡Ahí es nada! ¡Acontece que la Dictadura cae! Que todo el mundo lo sabe y lo dice. Que los pronósticos de lo que va a suceder son infinitos, y van desde la tragedia inminente hasta el alegre, confiado y castizo «¡vamos, anda, aquí no pasa nunca ná!». Sin contar con el milagrero que espera, seguro, la maravilla inverosímil.

¡Ahí es nada! ¡Va a caer la Dictadura! Hace exactamente seis años y tres meses que, un «buen» día, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, jerezano jacarandoso y alegre, se sublevaba en Barcelona lanzando un manifiesto amenazador y bravucón contra los políticos, los partidos y las Cortes anunciando que tomaba el poder para sí y para el Ejército. Dos días más tarde, el rey don Alfonso XIII le abría los brazos, le entregaba ese poder que el general se había tomado y daba comienzo una Dictadura.

Se acabaron los partidos políticos, sus hombres representativos quedan condenados al ostracismo, las Cortes disueltas, la Constitución «en suspenso» —según el General dictador—, pero, en realidad, violada, evaporada y atropellada cada día en alguno de sus más fundamentales principios. Una auténtica Dictadura personal de un militar, respaldado por un rey. ¡Y así durante seis años y cuatro meses!

De memoria de español no se recordaba un Gobierno de longevidad semejante. Los viejos muy viejos mencionaban el caso insólito de lo que en su tiempo se llamó el «Parlamento Largo», aquellas Cortes de 1886, que duraron, con un Gobierno de don Práxedes Mateo Sagasta, hasta 1890, es decir, cuatro años, y que fueron las que forjaron las leyes liberales del comienzo de la regencia de doña María Cristina. Lo recuerdan los viejos, porque ese larguísimo período de mando liberal había traído la dieta y la penuria a innumerables hogares del campo conservador, que esperaban su «turno», y porque era insólito eso de instalarse en el mando durante tan «excesivo» plazo. «Eso no podía ni debía repetirse».

Muchos años después, un Gobierno conservador, presidido por don Antonio Maura, había gobernado con unas Cortes en las que el partido contaba con gran mayoría, casi tres años seguidos —desde enero de 1907 a octubre de 1909—, y esos treinta y tres meses habían parecido eternos a la oposición, que acabó por amenazar hasta con la deserción al campo republicano si la «broma» continuaba. De entonces es aquella famosa frase lanzada por un bizarro general aspirante a ministro de la Guerra del partido liberal, en los pasillos de la Cámara, ante diputados y periodistas: «Me queda de monárquico el canto de un duro»… Unas horas más tarde, aquel Gobierno era limpiamente borboneado y abandonaba el poder para, que los liberales del «canto de un duro» lo ocupasen.

Mas esto de ahora es mucho más grave que aquellas «lamentaciones» de la política turnante. No sólo ha durado seis años, sino que durante ellos no ha sido posible, sin grave riesgo personal, exteriorizar la menor protesta. Todas las libertades han sido suprimidas —la de palabra, la de prensa, la de reunión, la de asociación—, y el menor desmán se castiga inexorablemente. ¡Es la fuerza bruta la que manda! Los partidos políticos, que en verdad carecían de auténtica realidad en el cuerpo nacional, se han evaporado o, al menos, no han dado la menor señal de protesta contra ese ostracismo, ni de rebeldía contra esa amputación de los derechos más elementales de los ciudadanos.

Algunos militares descontentos, animados y dirigidos por tal o cual político de relieve, han intentado, por dos veces, sublevarse, reproduciendo la clásica estampa española del «pronunciamiento», y las dos veces han sido vencidos y sometidos fácilmente por el dictador.

El pueblo, el auténtico pueblo español, no se ha movido durante ese período. Nadie sabe lo que piensa y qué hará cuando se le devuelvan sus libertades y derechos, pero lo cierto es que durante esos seis años ha guardado silencio y se ha mostrado, si no feliz, al menos satisfecho. Una política de jornales fáciles, aunque míseros, de obras públicas abundantes y espectaculares, ha permitido al obrero y al campesino vivir al día, y la ausencia de incitación a la rebeldía que la censura de la prensa y la supresión de las libertades de palabra y de reunión lleva consigo, han prácticamente adormecido al proletariado, antes tan excitable y rebelde.

La paz ha sido absoluta durante ese largo período, pero, repito, nadie sabe lo que ese pueblo piensa y qué hará el día en que «estallen las libertades». ¡Éste es, precisamente, el principal motivo de ansiedad y desasosiego que los madrileños muestran durante los últimos días de 1929!

La obra de la Dictadura ha sido varia y será discutida acaloradamente cuando su caída abra las puertas a la libertad de expresión. En el haber del dictador figura, ante todo, el final de la pesadilla que la guerra de Marruecos representaba para España. De acuerdo con Francia, logró vencer y hacer prisionero al cabecilla rebelde Abd-el-Krim, y la paz reina en el territorio del protectorado que en aquella región africana nos incumbe por acuerdo internacional.

En el aspecto político, el general dictador ha seguido la tradicional costumbre de las autocracias. Ha creado, a su imagen y semejanza, un nuevo organismo político que, con el nombre de Unión Patriótica (UP) y con el carácter de único partido autorizado, debe acoger en su seno a «todos los hombres útiles del país, vengan del campo que vengan». Los demás partidos quedan eliminados y fuera de la ley. Quienes deseen actuar en la vida pública han de hacerlo dentro de esa nueva y oficial organización.

¡Mala suerte ha tenido el engendro en sus comienzos! Para presidirle, ha sido designado cierto abogado modesto, hombre excelente, aunque no muy avispado ni elocuente. Don José Gavilán se llama ese director de la flamante Unión Patriótica, de la que espera el dictador milagros sin cuento. A poco de ser designado para esa jefatura, el señor Gavilán solicitó y obtuvo una audiencia del Rey para cumplimentarle y ofrecerse en su nuevo e importante cargo. A la salida de palacio, acosado por los periodistas para que dé sus impresiones sobre la audiencia regia, nuestro hombre lanzó esta frase lapidaria y solemne:

«—He dicho a Su Majestad que considero que ha llegado la hora de que cada español arrime su ascua a la sardina de su patriotismo».

¡Ha sido terrible! En el Madrid de 1924, pueblo grande con ínfulas de gran ciudad, en el que convivimos en perpetuo mentidero y tertulia constante, el ridículo es arma mortal que no perdona. La sardina y el ascua del pobre Gavilán han estado a punto de enterrar para siempre a la casi nonata UP.

Miguel Primo de Rivera, a fuerza de notas, a cual más pintoresca, ha logrado, al fin, devolverla algún aliento; el suficiente para que se acojan a su cobijo los innumerables arribistas y logreros de los viejos partidos condenados al ostracismo.

En 1924, la experiencia sobre esta clase de engendros permanece inédita en cuanto a la vida contemporánea. La Historia es para el dictador desconocida, porque ha respetado tanto a esa ciencia que ni ha osado asomarse siquiera a ella en el curso de su vida. La «Marcha sobre Roma», de Benito Mussolini, tiene dos años de fecha, y el fascismo italiano, como partido único, está en los comienzos de su vida oficial. Aún no ha nacido el nacionalsocialismo de Hitler, ni se vislumbran la serie de autocracias que en años posteriores han de asolar como una plaga a una parte del mundo. Es natural, pues, que confíe en esa experiencia con ilusión de innovador y con candidez de novato en tales lides.

Ignora Primo de Rivera que es ley inexorable, jamás desmentida en el curso de la Historia, que los órganos políticos que crean los autócratas para su servicio y su función de mando «jamás» les sobreviven. Mueren con ellos, sin remedio posible, y arrastran en su muerte a cuantos les sirvieron.

Si hubiese contemplado la evaporación de creaciones de la magnitud del partido fascista italiano, dueño y señor de la vida de Italia durante veinte años; del nacionalsocialismo alemán, atronador y vociferante durante diez años en Alemania; del justicialismo argentino, torrencial y asolador durante la vida de su creadora Eva Duarte de Perón; y de tantos y tantos otros similares, en Europa y América, no pondría tanta ilusión en su empeño, ni confiaría a ese desdichado engendro la misión de salvar a España.

En el aspecto económico, la obra del ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, ha dejado rastro beneficioso y perdurable. Ha nivelado el Presupuesto del Estado y ha creado monopolios estatales de primera magnitud, como el de petróleos (CAMPSA) y el de teléfonos (Compañía Telefónica Nacional de España), esta última en colaboración con una gran empresa norteamericana. Tales monopolios van a disfrutar larga vida y, por de pronto, ayudan no poco a la salvación de las finanzas del Estado.

Las obras públicas, en manos del conde de Guadalhorce, también pueden figurar en el activo de la Dictadura. Se han construido pantanos y saltos de agua, pero, sobre todo, se ha tendido una red de carreteras que, con la denominación de Circuitos de Firmes Especiales, permite, a los españoles y a los extranjeros que nos visitan, circular por una parte considerable del territorio nacional, sin correr el riesgo de desaparecer en uno de los innumerables baches gigantescos de una cualquiera de las carreteras españolas.

Junto a esa obra positiva, los inevitables y congénitos vicios de cualquier régimen de dictadura. La inmoralidad, el peculado, el cohecho, el favoritismo, el despilfarro, la soplonería, la arbitrariedad, la violencia brutal y desmedida en la represión del más ligero desmán han ido sedimentando no pocos odios y preparando el desate de las venganzas y de las represalias que nadie puede predecir a dónde llegarán el día que exploten.

Pues bien, ello forma lo principal del panorama que en estos últimos días de diciembre tiene en vilo a los madrileños.

Se daba por seguro que Primo de Rivera abandonaba el poder, y los que teníamos motivos para conocer la posible orientación de la crisis que se anunciaba, por nuestras relaciones familiares o sociales, sabíamos que ello era cierto, y también que las gestiones que el Rey llevaba personalmente, por supuesto a espaldas del dictador, para articular la situación, tropezaban con dificultades hasta entonces insuperables.

Una tras otra fueron pulsadas las opiniones de los hombres políticos de algún relieve, y las de las primeras figuras de los viejos partidos. Emisarios autorizados del monarca indagaban la posición de cada cual y la posibilidad de una colaboración efectiva en el nuevo equipo que se formase. Todos declinaban, más o menos hábilmente, la oferta y la sugestión que de arriba venía. Nadie mostraba —¡cosa rara!— el menor apetito de poder y nadie quería contraer compromiso con lo que había de nacer como herencia de la Dictadura. Esas negativas unánimes llevaban a la conclusión de que el rey se vería forzado a estar y pasar por lo que el dictador quisiera, falto de posibilidades para sustituirle.

Así las cosas, el 31 de diciembre aparece en el diario vespertino La Nación, de Madrid, una de esas famosas «notas oficiosas» anónimas, pero con el signo inconfundible, por su original estilo, de haber sido redactada por la propia pluma del general Primo de Rivera. Viene ella a poner al descubierto la verdadera situación del problema.

Es una nota triste, melancólica, dolida, quejumbrosa. Todo lo contrario de lo que venían siendo estos desahogos dictatoriales, pintorescos y reveladores de la temperatura del ambiente. En esta nota se lamenta amargamente del alejamiento notorio hacia su obra y su persona de una parte considerable del país.

Basta reproducir los párrafos más enjundiosos del documento para hacerse una idea de los conciliábulos que esta confesión, espontánea e imprevista, levantó en las tertulias madrileñas. Decían así éstos ya famosos párrafos, reproducidos en casi todas las obras que han historiado este interesantísimo período:

«Las clases aristocráticas, porque entienden mermados en los propósitos de la Dictadura los privilegios que les otorgan determinados puestos en el Senado, se resisten a aceptarlos y se distancian de la Dictadura y de su futuro programa.

Los conservadores se niegan a sumarse a la Dictadura y sus planes porque se han aferrado al artilugio de la Constitución del 76.

Los que más afinidades mantienen con la Iglesia, porque a pesar de las palabras y hechos constantes de la Dictadura en relación y acatamiento de ella, no llega tal vez al punto máximo que incluyen en sus idearios, tampoco asisten a la Dictadura ni aplauden sus propósitos.

La Banca y las industrias que han doblado sus caudales, porque pagan no más, pero si más estrictamente los tributos que les corresponden.

La clase patronal, porque la Dictadura se interesa para que al obrero no falten leyes de previsión y de justicia social.

Los funcionarios, porque aunque gran número ha logrado mejor retribución y todos más prestigio y disminución de descuentos, pero se les exige más puntualidad y trabajo.

La Prensa, por causas que a todos bien alcanzan y otros sectores por razones deleznables como las apuntadas, no apoyan con calor a la Dictadura ni su evolución, y se suman inconscientemente a los que dicen que ya es vieja, cosa en la que no les faltaría razón si no comprometiesen su herencia, propugnando como solución al problema, volver al punto de origen como si siete años hubiesen podido bastar —se precisaría el transcurso de una generación, treinta o cuarenta años—, para sanear la laguna y extirpar los anofeles».

Lo único que esta nota tenía de común con las innumerables que, hasta entonces, habían visto la luz en los diarios madrileños y muchos de provincias era la sintaxis, siempre original y arbitraria. Por lo demás, se situaba en el polo opuesto de la conocida tónica jactanciosa y optimista. Es claro que bastó su publicación para que nadie pusiese ya en tela de juicio la inminencia de trascendentales acontecimientos.

No fui yo uno de los menos sorprendidos. Sabía, repito, muy bien cuánto pasaba entre bastidores y seguía al día los esfuerzos y tanteos regios, pero nunca pensé, y creo que lo mismo les aconteció incluso a los íntimos del general Primo de Rivera, que estuviese tan bajo el nivel de su temple y tan colmado el caudal de sus desilusiones.

Antecedente personal

Antecedente personal

Cabalmente, unos meses antes, había surgido entre el dictador y yo una polémica epistolar bastante agria, aunque cortés, que adquirió cierta difusión en Madrid, y en ella el tono del general era bien distinto.

Venía yo dedicado a la labor de pulsar la opinión de las provincias, a través de conferencias públicas en locales amplios, sobre lo que quedaba en ellas de fervor monárquico tras los seis años de dictadura. Repetía en todas partes la misma conclusión: o la Dictadura desemboca en un cambio radical de procedimientos y de hombres en torno a la persona del Rey, y se inyecta por éste en el cuerpo político una sangre nueva y francamente popular con eliminación total de las viejas oligarquías, o la Monarquía no tendrá razón ni posibilidad de subsistir y para todos será llegado el momento de plantearnos un grave problema de conciencia. En todas partes encontraba asentimientos a mi punto de vista, sumamente significativos por su calidad.

El 7 o el 8 de junio, por la noche, había pronunciado una conferencia en un teatro de Sevilla. Acudió mucha gente, y las muestras de conformidad que prodigaron los asistentes fueron excepcionales. Positivamente, la opinión pública en España estaba desviada, casi hostil, a la persona del monarca y no sé si también a la institución misma. Éste era el ambiente que encontraba en todas las provincias, y, por supuesto, el que se respiraba en Madrid.

Muy de noche, volví al hotel donde me hospedaba, contando salir a la mañana siguiente camino de Córdoba, donde había comprometido otra conferencia en un teatro. Pero a las dos de la madrugada me llamó por teléfono el gobernador señor Cruz Conde, a quien no conocía personalmente, rogándome fuera sin demora al Gobierno Civil para comunicarme una orden que acababa de recibir del general Primo de Rivera. Me vestí de nuevo y acudí al llamamiento.

Amablemente me recibió Cruz Conde, hombre simpático y campechano. Me notificó que acababa de dar cuenta por teléfono al General de mi conferencia y del estado de espíritu del público que a ella había asistido. El Presidente, muy molesto, le había ordenado que me llamase inmediatamente y me notificase que «se habían, acabado las charlas mías por España; que yo era el único que venía gozando de esa libertad y que no estaba dispuesto a que ese privilegio continuase más tiempo».

No acertaba yo a comprender la orden. No había dicho en Sevilla ni más ni menos de lo que venía diciendo en tantas y tantas otras provincias y nada nuevo había ocurrido, al menos que yo supiese, para justificar esa medida tan severa.

Cruz Conde, entonces, me contó algo que yo ignoraba por llevar ausente de Madrid varios días. ¡El General acababa de romper con su prometida, la señorita Niní Castellanos, y estaba de un humor insoportable! Preparaba, según me dijo, una nota oficiosa dando cuenta al país de ese rompimiento y de sus causas. En efecto, al día siguiente vio la luz ese pintoresco y originalísimo documento. Gracias a él todo el país supo que habían naufragado los amores seniles del dictador, aunque nadie pudo sacar en limpio las causas verdaderas del naufragio.

Renuncié, forzado, a mi anunciada conferencia en Córdoba y regresé a Madrid.

Dos días después apareció otra nota, consagrada a mí y, para colmo, aludiendo a mi padre, fallecido en 1925. Decidí escribir al General. Copio a continuación mi carta, la contestación del General y mi réplica. Estas cartas han sido ya publicadas íntegramente en la obra de mi hermano Gabriel Bosquejo histórico de la Dictadura. Van dirigidas con carácter oficial al Presidente del Consejo de Ministros y dicen así:

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros

Muy Sr. mío: Hace dos años que vengo consagrado a la modesta, pero difícil labor, de convencer a las gentes que conservan la fe en el apellido que llevo de la necesidad de colaborar, al margen del Gobierno, al establecimiento de una nueva modalidad dentro de la Monarquía. No tengo otro modo en las circunstancias actuales de servir a España. Siempre que hablo en público cuido de hacer debida justicia a las cualidades de usted como patriota, aun a trueque de disentir de las gentes apasionadas que me escuchan, pero procuro, además, poner de manifiesto la verdadera realidad nacional, sobre la que ha de edificarse el porvenir.

Jamás he predicado «el retorno a las antiguas prácticas», que combatí como maurista de acción diez años antes del golpe de Estado, ni he sentido «concupiscencias fácilmente adivinables», tan incompatibles con mi apellido como con mi temperamento.

Por eso no puedo menos de lamentar que una lectura superficial o una referencia equivocada de mi modesto discurso de Sevilla haya servido a usted de pretexto para las manifestaciones que publicó la prensa de ayer, en las que, una vez más, achaca usted a mi padre responsabilidades que toda España sabe que no le incumben, con frases y conceptos no sólo injustos, sino irrespetuosos para su memoria.

Aparte del agravio innecesario que infiere a los que llevamos el apellido en momentos en que la defensa no está expedita, viene con ello a echar por tierra en un día el fruto de mis esfuerzos, porque es claro que quienes siguieron a mi padre en vida no pueden permanecer indiferentes ante la injusticia, ofensiva para su memoria, ni pueden prevalecer en su ánimo mis consejos prudentes, frente a los de los exaltados que, con más clara videncia, predecían la repulsa por usted de cuanto no fuera sumisión incondicional y servil a su persona y a su actuación.

Sólo el patriotismo me movió a actuar como lo hice, con un desinterés que en los tiempos que corren puede parecer absurdo, y con una fe cada día mayor en mis propias convicciones y en España, pero desearía saber si es lícito y posible continuar, a pesar de todo, esa actuación, para lo cual le ruego, respetuosamente, me conteste.

Suyo atto. s. s.

Miguel Maura

Sr. D. Miguel Maura.

Muy Sr. mío: No lectura superficial, sino detallada y contrastada en varias procedencias, me obligaron a intentar el enfoque del problema político español actual, que con dolor veía conducir por usted fuera de cauce conveniente y razonable tanto en su conferencia de Sevilla como en la de Valencia y otras. Yo no pido adulaciones ni incondicionalidades, y me niego a todo «primorriverismo», sí anhelo perfeccionar el magnífico movimiento de la UP que he promovido para que en él quepan todos los españoles de buena voluntad y juntos condenen y destierren la vieja política, aunque hayan figurado en ella, más si vivieron en rebelde protesta contra su idiosincrasia. En servicio de ese deseo me proponía aconsejar al Rey un gobierno para lo que resta de vida de la asamblea, en el que, no figurando yo, se atenuara el carácter de Dictadura y, prosiguiendo las afortunadas normas económicas y sociales de ésta, preparara para 1930 la legítima intervención del pueblo en la reconstrucción de la vida nacional, después de la crisis gloriosa y salvadora, pero crisis, de estos años.

Imagine usted mi sorpresa y contrariedad cuando la representación de elementos que pueden ser tenidos por afines comienza por querer destruir la base del sistema: la UP que pretendo sea la política menos política, sana y purificada después de hacer pasar por el crisol de la regeneración a los viejos y a los nuevos, refundiéndoles reunidos en un molde nuevo. Y no sólo esto, sino que en vez de acudir a la invitación, bien que expresando pudores y salvedades, se presentan a título de perdonarnos la vida, diciéndonos que ha llegado la hora de nuestra muerte. Bien sabe y expresa España que no; que si nos fuésemos sin afirmar bien el futuro, habría gozado la ventura sólo el lustro transcurrido, pero que la inversión de la vieja política lo destruiría todo. ¿Cómo puede usted pensar de otro modo si conoce y llora los estériles esfuerzos de su padre por sanear, conviviendo con ella, la política de su tiempo?

Por vanidad o por amor propio han sido muchos los que no han querido colaborar en la gran obra siendo aptos para ello, pues no a todos les era asequible este honor, y, equivocados al principio, ahora van de tropiezo en tropiezo, deseosos de laborar pero sin querer comprender que no hay otro modo de hacerlo que meter su pala en el horno y cocer ahí la masa, porque ese horno, que es la UP, es donde está encendida la pira de leña destinada a purificar la política arbitraria y corrompida de que tantos se lamentan. Por el contrario, piden que se licencie el equipo o cuadrilla de trabajadores, para que lo sustituyan otros que al país no ofrecen garantías.

Respecto a consideraciones personales a la memoria de su señor padre, me atengo a lo que tengo dicho a su hermano Gabriel, y repito que si hemos de contender sobre la política de hoy será mejor que dejemos en paz a los muertos, pues yo soy muy débil para combatir un día con la sombra de Cánovas, otro con la de Maura, y al fin con cualquiera otra respetable que quieran evocar.

Mi sincero afán de cordialidades y avenencias, lo frustran, cuantas veces las inicio, los que las interpretan por debilidades y agotamientos. No olvide usted que tras la retirada de Xauen pude hacer, acompañado del más glorioso ejército de mar y tierra que conocieron los contemporáneos, el desembarco en Alhucemas, y que siempre estoy dispuesto a repetir la maniobra.

Suyo affmo. q. e. s. m.

Miguel Primo de Rivera

P. D. ¡Ah! Puede usted continuar sus propagandas mientras las mantenga en límites de orden, pero yo me reservo el derecho de enjuiciar y replicar a tono con lo que usted diga.

Excmo. Sr. Marqués de Estella.

Muy Sr. mío: Agradezco su carta de ayer y, abusando de su tiempo y de su paciencia, permítame que con toda franqueza, porque no sé hablar ni escribir de otra manera, le de mi opinión, insignificante, pero leal y desapasionada, sobre el tema que ella plantea.

Yo no he «perdonado la vida» a nadie, ni he dicho en parte alguna que «ha llegado la hora de la muerte», del Gobierno, ni menos aún he indicado quiénes deban sustituirle. Lo primero hubiera sido una niñada, lo segundo una torpeza y lo último una petulancia ridícula. Lo que yo he sostenido públicamente es que la hora de emprender sin dilaciones ni titubeos el camino que conduce a devolver a los españoles una normalidad distinta de la anterior, pero con la plenitud de sus derechos ciudadanos, ha sonado ya, y que para esa labor son necesarias, imprescindibles, las colaboraciones de todos los sectores de la opinión nacional, porque si no, será obra efímera y traerá consigo inevitablemente perturbaciones de difícil remedio.

La vieja política ha muerto para no revivir, y nada ni nadie podrá resucitarla, pero la condena irrevocable al ostracismo, dictada contra todos los que de cerca o de lejos tuvieron con ella contacto, mientras no se depuren en el «crisol purificador de la UP» me ha parecido, me parece y me parecerá siempre un gravísimo error, porque resta colaboraciones inapreciables a la obra de reconstrucción y, además, una quimera, porque no hay fuerza humana capaz de impedir en el curso del tiempo que dé fruto una realidad notoria.

A despecho de sus patrióticas y nobles intenciones, la UP no es otra cosa que un partido político, cuyos directores ejecutivos en Madrid y sobre todo en los pueblos, actúan con los mismos procedimientos que desacreditaron a los viejos organismos políticos. No uno, sino cien casos podría exponerle de vejaciones y de atropellos ejercidos en pueblos de España por los reclutadores de adeptos a la nueva parroquia, y del modo, poco patriarcal, que tienen otros jefes rurales de ejercer su cometido.

Por eso y porque la ideología de algunos sectores de la opinión nacional no puede ser compatible con el apoyo incondicional a una dictadura que para ser eficaz ha de prescindir de miramientos y de respetos a las leyes, a los reglamentos y hasta a los dogmas, las fuerzas políticas disueltas o los individuos que a ellas pertenecieron no pueden ni deben adscribirse a la UP aun cuando hayan de resignarse a cumplir la condena al ostracismo.

Tal acontece con el antiguo maurismo, muerto no en 1923, sino en 1919, pero vivo siempre en la conciencia de no pocos españoles que conservan la fe en las ideas que durante cincuenta años sembró su iniciador. Aparte de los que sintieron la comezón del arribismo y buscaron acomodo proporcionado a su apetito, todos los que actuaron en aquella época heroica permanecen apartados y hostiles, no sólo a la Dictadura, sino, lo que es más grave, a la Monarquía, a la que, con razón o sin ella, hacen responsable de los males pasados y en la que no confían para el remedio en el porvenir.

La percepción clara de esta realidad, que me parece lamentable y hasta peligrosa, fue la que me obligó a emprender la actuación pública que vengo realizando; no para organizar un partido político, que no es hora para tales empeños, sino para tratar de convencer a esos buenos ciudadanos del error que padecen y de la necesidad de deponer rebeldías y actuar de nuevo en la vida de España. Lograr que lo hagan al margen del Gobierno en línea paralela sería para mí un gran triunfo: pretender que lo hagan dentro de la UP sería tan pueril como contraproducente. Mi propia convicción me vedaría predicarlo; la suya, repudiaría para siempre mis consejos.

Perdone esta larga carta en méritos de la noble intención que la dicta.

Bien sé yo y saben todos los españoles que es usted hombre capaz de «desembarcar todos los años en Alhucemas después del legítimo cansancio de la retirada de Xauen». A su patriótico criterio toca decidir si España ha menester hoy de ese nuevo esfuerzo de usted. Con el mayor respeto, si fuera preciso con la mayor humildad, yo me permito opinar que no.

Suyo affmo. q. e. s. m.

Miguel Maura

He querido reproducir aquí estas cartas no sólo porque revelan el tono habitual en el dictador antes de la nota del 31 de diciembre, sino también porque queda en ellas bien claro, y nada menos que ante el propio Jefe del Gobierno de entonces, cuál era mi modo de pensar sobre la Monarquía, su porvenir y sus posibilidades de perdurar tras la Dictadura. A fin de cuentas, fue la misma línea de conducta política que guió los pasos de los mauristas del año 1913 en lo que se llamó el «maurismo callejero», y la que pocos meses más tarde, ya colmado el desengaño, me llevó al campo republicano.

Por lo demás, bien claro se ve la diferencia de tono entre el de ésta su carta, peculiar en él durante su «reinado», y el que empleó el 31 de diciembre para sus lamentaciones.

El ambiente

El ambiente

Transcurría el mes de enero del nuevo año 1930, aumentando en progresión geométrica la expectación y la ansiedad de las gentes en la Villa y Corte.

Acudía yo, a la caída de la tarde y casi a diario, a casa de mi hermano Gabriel, donde solían reunirse los viejos y leales amigos que fueron de mi padre y ahora nuestros. Se comentaba con detalle el fracaso de las sucesivas gestiones que se venían intentando por encargo del Rey cerca de los hombres públicos. Todos reconocían que para el monarca el trance era grave, gravísimo, pero ni siquiera pasaba por la mente de los habituales contertulios que pudiese degenerar en catástrofe. Uno de ellos, persona muy allegada al dictador, afirmaba una y otra vez que los que hacían cálculos sobre el porvenir perdían el tiempo. El General repetía a toda hora su frase: «A mí no me borbonea nadie»… El Rey no lograría deshacerse del dictador por mucha que fuese su habilidad en intrigas y maniobras.

Lo cierto era que no se conocía el nombre de algún político solvente de alguno de los antiguos partidos, ni extraño a ellos, que hubiese aceptado las sugestiones que, en nombre del rey, brindaban los emisarios de éste. El Rey estaba solo, completamente solo en el campo político ante un dictador ensoberbecido y dispuesto a no abandonar la partida ni abdicar el mando.

La lucha aparecía, pues, emocionante, y yo la vivía hora por hora, impregnado de ese virus político que me ha acompañado, desgraciadamente para mí, durante mi ya larga vida.

Mi instinto, que rara vez me ha fallado en estas materias, me decía que asistíamos al ocaso del régimen, y que nada ni nadie salvaría al Rey de la caída y de la abdicación, lo cual representaría, dadas las lamentables circunstancias familiares de la dinastía, la caída de la institución misma.

El suicidio político del dictador

El suicidio político del dictador

En el Consejo de Ministros, celebrado en Palacio el mismo día 31 de diciembre en que se publicó la nota del General ya transcrita, había entregado éste al Rey una memoria explicativa de la forma en que, según él, debía de producirse el paso a una normalidad nueva, es decir, a la confección de un nuevo texto constitucional. No vale la pena de analizar la serie de quimeras que la tal memoria contiene. Quedó ella totalmente extramuros desde el primer momento porque don Alfonso, si la leyó, cosa dudosa, la dio de lado sin vacilar un instante.

El 2 de enero, probablemente el Rey le dijo al General que su propuesta no era viable, y en el curso de la audiencia el dictador, conocedor como pocos de la manera de ser del soberano, debió intuir que había terminado su privanza y se le preparaba el «borboneo» clásico para fecha inminente. Debió notarlo, digo, porque a partir de ese día su actuación, desordenada y fantástica, precipitó los acontecimientos. Se dirigió a los ministros trazándoles un plan de acción mucho más modesto, claro está, que el que había dejado en manos del Rey, pero que sentaba como base la continuación sin cambio alguno del mismo equipo gubernamental, la renovación parcial de Ayuntamientos y Diputaciones, y la reunión con carácter permanente de la asamblea consultiva que hacía las veces de Parlamento.

Tres ministros (Calvo Sotelo, el Conde de Guadalhorce y el Conde de los Andes) mostraron su disconformidad con ese plan en carta que le dirigieron al día siguiente. Por añadidura, la baja creciente de la peseta en el mercado exterior provocó, tres fechas más tarde, la dimisión, con carácter irrevocable, de Calvo Sotelo, ministro de Hacienda. Fue en el acto sustituido por el Conde de los Andes, y éste por el señor Castedo en la cartera de Economía.

Por fin, el domingo 26 de enero, salió a luz la famosa nota, total y genuinamente espontánea del dictador, puesto que nadie, ni sus más íntimos, tuvo de ella la menor idea antes de su publicación. Esa nota significa el suicidio político del dictador, porque es el pretexto ideal que pone en manos del Rey para dar al «borboneo» perfecto barniz de lógica y obligada solución.

La nota, de nueve párrafos, decía así en su sexto y noveno:

«Como la dictadura advino por la proclamación de los militares, a mi parecer interpretando sanos anhelos del pueblo, que no tardó en demostrarle su entusiasta adhesión, con la que, más acrecida aún, cree seguir contando hoy, ya que esto último no es fácil de comprobar con rapidez y exactitud numéricamente, y lo otro sí, a la primera, se somete y autoriza e incita a los diez capitanes generales, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, tres capitanes generales de los departamentos marítimos, y directores de guardia civil, carabineros e inválidos, a que, tras breve, discreta y reservada exploración, que no debe descender de los primeros jefes de unidades y servicios, le comuniquen por escrito, y si así lo prefieren se reúnan en Madrid, bajo la presidencia del más caracterizado para tomar acuerdos, y se le manifieste si sigue mereciendo la confianza del Ejército y de la Marina. Si le falta, a los cinco minutos de saberlo, los poderes de Jefe del Gobierno y de la Dictadura serán devueltos a S. M. el rey, ya que de éste los recibió haciéndose intérprete de la voluntad de aquéllos.

Y ahora sólo pido a mis compañeros de armas y jerarquía que tengan esta nota por directamente dirigida a ellos, y que sin pérdida de minuto, pues ya comprenderán lo delicado de la situación que este paso, cuya gravedad no desconozco, crea al régimen que presido, decidan y comuniquen su actitud. El Ejército y la Marina en primer término me erigieron dictador, unos con su adhesión, otros con su consentimiento tácito; el Ejército y la Marina son los primeros llamados a manifestar, en conciencia, si debo seguir siéndolo o debo resignar mis poderes».

El complot militar

El complot militar

En tanto que estos sucesos se desarrollaban en Madrid, dentro del ámbito oficial y palatino, otros acontecimientos más graves, aunque mucho menos serios, acaecían en cuarteles y guarniciones de provincias.

Yo no conspiraba entonces. No tenía para qué, puesto que nada ni nadie me llamaba a ello. Pero por esa especie de atracción que toda mi vida he ejercido, sin desearlo ni buscarlo, sobre cuantos en una u otra forma se salen, políticamente hablando, del campo trillado de la costumbre o de la legalidad, venía siendo uno de los confidentes de un grupo de oficiales, jóvenes y un tanto locos, que llevaban entre manos una conspiración militar encaminada a derribar la Dictadura, sin saber bien lo que habían de poner en su lugar una vez logrado el objetivo. Unos eran republicanos, los menos; otros, simplemente militares y, los demás, sencillamente locos. La cabeza suprema de toda esta parranda, decían ellos, era el general Goded, gobernador militar de Cádiz. Confieso que nunca creí en la verdad de las afirmaciones que sobre la conformidad, y hasta el entusiasmo de Goded por la aventura, me hacían los oficiales que me visitaban. Más tarde, uno de ellos, el comandante Franco, en uno de los libros que publicó, confesó sin rebozo que Goded nunca estuvo propicio a la algarada; aunque sí a oírles, aconsejarles y hasta empujarles por el camino de la sublevación.

El general Goded, hombre culto, jamás fue monárquico entusiasta. Era amigo político, y creo que personal, de don Melquíades Álvarez. Cuantas veces hubimos más tarde, bastante más tarde, de buscar contacto con él los hombres del Comité republicano, le encontramos distante aunque afable, y no logramos sacarle una sola palabra que representase un compromiso de acción.

Los oficiales que iban y venían por España urdiendo la trama de esa locura eran varios, pero los que a mi casa venían con regularidad y frecuencia fueron el comandante Ramón Franco, el comandante Sandino y el capitán Menéndez. Los dos últimos eran cien veces más sensatos, más capaces y más inteligentes que el primero.

He visto pocas personas más alocadas y menos reflexivas que el pobre Ramón Franco, hermano del futuro Generalísimo. Mis relaciones con él duraron algún tiempo. Llegué a tomarle verdadero afecto. El afecto que se siente por un menor de edad que le hace a uno confidente de sus locuras. Procuré por todos los medios a mi alcance hacerle sentar la cabeza y disfrutar del caudal que su aventura del Plus Ultra representaba para él, en orden a fama y prestigio entre sus compañeros y ante el país. No lo logré, pese a que, en más de una ocasión, salió de mi despacho, no sólo convencido, sino enternecido y hasta emocionado. Las gentes alocadas que le rodeaban, singularmente el mecánico Rada, compañero suyo en la gloriosa epopeya del Plus Ultra, fueron para él funestas.

Acabé viéndome obligado a detenerle la víspera de las elecciones a las Constituyentes, en la base aérea de Tablada (Sevilla), cuando preparaba nada menos que el bombardeo de la ciudad, con todos los aviones de los que había tomado el mando, como director general que era de la Aviación. El general Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, fue, por orden mía, quien ejecutó perfectamente esa desagradable misión.

Tras el debate en las Cortes sobre los sucesos de Sevilla, en el que intervino Ramón Franco rodeado de los escasos diputados anarcosindicalistas que vinieron elegidos a las Constituyentes, debate en donde el pobre Ramón no supo ni cómo hablar ni qué decir ante mis acusaciones, publicó un libro intentando demostrar que yo era «un monárquico disfrazado», un «traidor» y un «déspota» merecedor de ser barrido del mundo de los vivos.

Al comenzar la guerra civil, su hermano el Generalísimo, olvidando sus antecedentes, le perdonó, encomendándole el mando de la base de hidroaviones de Pollensa en la isla de Mallorca. Desde allí, partía con frecuencia hacia Barcelona, con su propio avión, a bombardear la misma ciudad que unos años antes le había elegido diputado por los votos de los anarquistas. Muchos cientos de esos electores suyos cayeron bajo la metralla de sus bombas. Hasta que un día, al emprender un vuelo más con ese «piadoso» fin, la Providencia dispuso que desapareciese el avión, no se sabe por qué causa, en aguas del Mediterráneo, con él a bordo y otros inocentes y obligados compañeros de acción castrense. Paz a su memoria.

Sandino y Menéndez con plena buena fe trabajaban sin descanso recorriendo las guarniciones de provincias en busca de adeptos para el movimiento subversivo contra el dictador.

Se daba el caso de que el capitán general de Andalucía era el infante don Carlos, cuñado del Rey, con el que Goded tenía estrecha amistad. Era inconcebible que el infante no estuviese, a través del propio Goded, al tanto de todos y cada uno de los propósitos de los presuntos sublevados. Y así era en efecto.

El Rey sabía al detalle cuanto se tramaba por las informaciones, que de Sevilla recibía. Por eso, cuando Primo de Rivera le dio ocasión de intervenir con carácter decisivo en el pleito político, lo hizo sabiendo que a la vez que acababa con el dictador lo hacía con la sublevación que se preparaba, puesto que «muerto el perro se acaba la rabia».

Nunca llegué a saber si era cierta la amplitud que al movimiento en preparación atribuían mis visitantes. Tengo para mí, que, aunque el descontento entre la oficialidad era grande, de haber surgido de verdad, muchos de los comprometidos hubiesen desertado de sus puestos. Tal venía siendo la norma de cuantos en estas andanzas cívico-militares comprometían su acción para fecha determinada.

La caída y la última nota

La caída y la última nota

La publicación de la nota del General causó al Rey hondo disgusto. Aquel mismo día llamó a Palacio al dictador y no le disimuló su enojo y su censura. Prácticamente, a partir de aquel momento, debió quedar abierta la crisis de la Dictadura, pero el Rey no tenía todavía apercibido el instrumento de la sustitución, aun cuando es de suponer que ya estuviese advertido secretamente el general Berenguer.

Las respuestas de los capitanes generales y jefes del Ejército y la Marina llegaron pronto a manos de Primo de Rivera. Todas, sin excepción, obedecían al parecer a la misma consigna. Adhesión al Rey y al poder constituido, fuese éste cual fuese. Parece que nadie hizo la menor alusión al dictador ni a la Dictadura en su contestación. Los allegados a Primo de Rivera referían luego el enorme desencanto que estas contestaciones habían producido en su ánimo.

Todo se hundía ante él. Mas no por eso precipitó la solución del ya inevitable traspaso de poderes. Siguió rumiando la «ingratitud negra» de sus compañeros de armas y aventuras políticas dos días más. Al fin, y precisamente el día en que don Alfonso encomendaba al Conde de los Andes la gestión de convencer al General de la urgencia de su dimisión, tras una larga conversación con Martínez Anido, Primo de Rivera fue a Palacio y presentó a don Alfonso su renuncia, que el Rey admitió en el acto. Era el martes, 28 de enero, a las ocho y media de la noche.

Habiendo sido éste el verdadero origen de la crisis, no cabe en justicia decir que hubo «borboneo». Se había suicidado el dictador como tal y como jefe de Gobierno, porque la insensata consulta a los jefes militares no podía traer otra consecuencia que su dimisión. Además de una botaratada era un agravio manifiesto al Rey, puesto que a sus espaldas se buscaba apoyo, nada menos que del Ejército y la Marina, contra él. No hubo «borboneo», y, sin embargo, tanto el general como su hijo José Antonio, con quien me unió una excelente amistad, consideraron que la separación del poder fue obra exclusiva y alevosa del rey. En más de una de las largas conversaciones que con José Antonio tuve más tarde, salió ese tema a relucir, y siempre pude observar el duro y agrio tono que, respecto a la conducta de don Alfonso en aquella ocasión, empleaba mi interlocutor.

Aquella tarde se reunió el Consejo de Ministros y la nota oficiosa que se dio a la prensa decía:

«El Consejo de Ministros ha conocido las razones personales y de salud que su Presidente ha expuesto como motivo irrevocable para presentar su dimisión al Rey, y los ministros, comprendiendo diáfanamente que la dimisión del Presidente envuelve la de todos, le han rogado presente la de éstos a Su Majestad».

No hay duda alguna sobre quién fue el autor de esta nota. Lleva «diáfanamente» la marca de fábrica.

Hay que reconocer que Miguel Primo de Rivera era un hombre original, y confieso sin rebozo que para mí, además, francamente simpático. Su espontaneidad desbordante y su primitiva hombría de bien —virtud que no le negaron ni sus mayores enemigos— obligaban a perdonar sus grandes defectos. Personalmente era, repito, simpatiquísimo. Pariente cercano de mi mujer y amigo mío de antiguo, rompí con él todo trato desde que advino al poder, pero seguía, regocijado, la evolución de sus pensamientos, conociéndole bien, a través de esas pintorescas notas oficiosas que periódicamente aparecían en la prensa. La última es el remate digno de esa copiosa literatura y una muestra más de las cualidades de que he hablado. He aquí sus principales párrafos.

«La madrugada del sábado, en que, dando suelta al lápiz, escribía a toda prisa las cuartillas de la nota oficiosa publicada el domingo, y sin consultarlas con nadie, ni siquiera conmigo mismo, sin releerlas, listo el ciclista que había de llevarlas a la Oficina de Información de Prensa, para no perder minuto, como si de publicarlas en seguida dependiera la salvación del país, sufrí un pequeño mareo que me ha alarmado y me obliga a hacer todo lo posible por prevenir la repetición de caso parecido, sometiéndome a un tratamiento y plan que fortalezca mis nervios y dé a mi naturaleza dominio absoluto de ellos.

Sin propósito de disculpa, he de declarar que no me pesa la esencia de mi acto, sino la forma que di a su desarrollo, pues que yo, atacado insidiosamente todos los días desde los puntos de vista de imputarme la usurpación de la voluntad y criterio de los cuadros de mandos militares, de cuya general confianza en mí vengo alardeando desde el 13 de septiembre, lo quisiera comprobar, no creo que sea injustificado; pero tomar como conducto y medio de hacerlo la publicación de una nota oficiosa, con riesgo de alarmar al país y de descomponer o, por lo menos, de agitar al Ejército, y Marina, hoy tan ponderados y tan firmes en la disciplina, infiriéndoles la ofensa de dudar de ellos por la acción de unos anónimos, unas hojas clandestinas y unos rumores, es inexplicable y me lo reprocho y sanciono.

¡Paz, españoles, cordialidad de clases, cultura y trabajo y adelante, adelante por el camino emprendido hace seis años hasta que nuevas generaciones formadas en las escuelas y colegios dé primera enseñanza, en los Institutos y en las Universidades, que son los verdaderos cimientos del edificio social, permitan dar al país una estructura más ciudadana y liberal, porque hasta ahora, es preciso confesarlo, la verdadera libertad, la que garantiza la propiedad y la vida, el pudor y la tranquilidad, necesita ir acompañada de guardias civiles, de parejas de ese noble instituto al que tanto debe España y que tanto la enaltece!

¡Paz, trabajo y cultura, que son la verdadera libertad que para estimarla cada día más vienen contrastando y apreciando nuestros hermanos españoles en América y los que, allí nacidos, sienten aún el calor de las entrañas de la madre Patria!

En muchos años de gobierno de Dictadura justiciera, liberal, culta, humana, considerada fuera y con consideración y respeto ella para el sentir de la conciencia universal, está la salvación y el engrandecimiento de España.

Vengan a servirla los hombres de toga y los hombres de ciencia, por muy radicales que sean, que sólo así, por la posibilidad de sus radicalismos, trabajarán asentando, con firmeza inconmovible, un sentido fuerte, recio y culto de la ciudadanía, capaz de digerir sin daño las drogas políticas más fuertes, si eso es el sino de la Humanidad.

No teman los hombres civiles el contacto con los militares. Éstos, salvo las características profesionales, que reservan para su ejercicio son de valor civil inapreciable, incluso las más modestas clases.

Únanse con ellos en fraternidad ciudadana y a servir todos juntos a la Patria grande e imperecedera, lo mismo bajo un Gobierno dictatorial que de régimen común, que cualquiera que el parecer patronal sea no exculpa a nadie del deber de adaptación al momento nacional y de obediencia al poder público.

Antes de escribir esta nota he sometido al Consejo de Ministros de hoy la resolución de resignar en manos de S. M. el Rey los poderes que el Gobierno que he presidido me tenía conferidos y ha sido aceptado con frases del mayor elogio, que acrecen mis sentimientos de gratitud para con el Soberano, y escribo mi “última nota oficiosa”, estas notas de que guardaré buen recuerdo, pues aunque una de ellas haya sido la causa sugerente de mi dimisión, a ellas debo la constante comunicación con el pueblo español que por ellas, tanto más que por la “Gaceta”, me ha conocido y fortalecido la adhesión suya, de que me envanezco; pero yo no puedo olvidar que la Prensa ha sido el vehículo, unas veces voluntario, otras veces obligatorio, que ha llevado mis palabras a través del país y aun fuera de fronteras, Prensa cuya actuación he vigilado más que ningún otro elemento porque sé bien, por afición periodística, que ella hace y deshace hombres y reputaciones y da color, cuando justo, cuando caprichoso, a las ideas, deslumbrando unas veces con el sofisma, otras con el argumento a los que carecen de medios propios de pensar. En ella reside la ciencia del bien y del mal y si no se interpretara como solicitud de benevolencia le dedicaría palabras más efusivas en esta ocasión.

Y ahora a descansar un poco, lo indispensable para reponer la salud y equilibrar los nervios.

¡Dos mil trescientos veintiséis días seguidos de inquietud, de responsabilidad, de trabajo! Y luego, si Dios quiere, a volver a servir a España, donde sea y como sea, hasta morir.

29 de enero de 1930».

No he podido menos de reproducir gran parte de esta última nota, porque su original galimatías es como un espejo de la personalidad intelectual y moral de Miguel Primo de Rivera. Noble, francote, la mente embrollada con ideas sanas pero sin digerir, espontáneo, campechano, pintoresco y castizo, todo a la vez. En una palabra: humano. Con humanidad primaria congénita y exuberante.

De entre la fauna de dictadores que han padecido pueblos y naciones, en las décadas que van del presente siglo, es, sin discusión posible, el más simpático, el más llevadero, el más inofensivo, el más pintoresco y el mejor intencionado. Si la eficacia no correspondió al propósito, no fue sólo por culpa suya, sino en buena parte, también, por la España de entonces.

El «pequeño mareo» de que habla, al comienzo de esta nota, fue el primer aviso de un fin ya cercano. Un coma diabético, de una diabetes avanzadísima, que acabó con su vida pocas semanas después —el 16 de marzo— en un modesto hotel de París.

Y así cayó la Dictadura.

CAPÍTULO II

EL GENERAL BERENGUER FORMA GOBIERNO

Las cuatro ficciones

Las cuatro ficciones

Es éste un período de nuestra historia contemporánea (el de la caída de la Monarquía) que ha sido, como es lógico, tema de innumerables estudios y publicaciones. Los historiadores profesionales, concienzudos y analíticos, al llegar al episodio de la sustitución del dictador, se detienen y alambican las causas y las consecuencias de la solución adoptada por el soberano. En cambio, los espontáneos no profesionales pasan sobre él sin prestarla la menor atención, dando por bueno que ésa era, y no otra, la solución obligada de la crisis. Tienen razón los primeros, sin duda alguna. El episodio es capital y decisivo, pero nunca me he explicado las vacilaciones de quienes lo analizan, ni veo por parte alguna la complejidad del fallo que el hecho merece. A mi modo de ver es sencillísimo.

Don Alfonso, al instaurar la Dictadura, se echó en brazos del dictador, quien, por su parte, cuidó desde el primer momento de cerrar el paso a cualquier intromisión regia en su gestión de los negocios públicos. El Rey vivió tranquilo y feliz durante los seis años del régimen, no sólo feliz, sino exuberante en sus demostraciones públicas de identificación con la obra de la Dictadura y demostró afecto y hasta admiración por la persona del dictador.

Recuérdense, entre otras, las palabras con que le presentó al rey Víctor Manuel de Italia en el viaje a Roma:

—Éste es mi Mussolini.

La verdad es que durante toda la etapa de la Dictadura vivió ausente de la realidad nacional en cuanto al verdadero sentir de la opinión pública.

Cuando el dictador fue paulatinamente perdiendo prestigio y mermando su popularidad, don Alfonso, que probablemente se congratulaba en su fuero interno del cambio, pensó que él nada sufría por ello. Ni su prestigio ni la Corona tenían nada que ver con ese desgaste. Que ambos, en fin, se mantenían y conservaban incólumes.

Por eso debió quedar sorprendido cuando llegó el instante de la decisión, y consternado ante la negativa unánime de los hombres políticos, no sólo a colaborar con la sustitución, sino a presentarse en Palacio para evacuar las protocolarias consultas en la crisis. Por primera vez, en el curso de su ya largo reinado, casi veintiocho años, el Rey no podía llamar ni a los presidentes de Consejo, ni a los de las Cámaras, ni a los jefes de partidos políticos. En trance tan decisivo y grave, don Alfonso, no sé si por impulso propio o por funesto consejo de alguien, adoptó una posición absurda, basada en cuatro gigantescas ficciones que dieron al traste con lo poco que de su prestigio y popularidad quedaba.

Estas cuatro ficciones eran:

1.a Don Alfonso había sido el primer sorprendido el 13 de septiembre del 23 con el pronunciamiento del general Primo de Rivera. Sólo ante el hecho consumado, la popularidad que él despertaba y la actitud favorable del Ejército, el Rey hubo de entregarle el poder.

2.a A lo largo de los seis años cumplidos que duró la Dictadura, don Alfonso no dispuso de medios adecuados para intervenir en la vida política, ni mucho menos para torcer el rumbo de los acontecimientos, porque el dictador le tuvo sometido y vigilado, impidiéndole toda iniciativa personal.

3.a El Rey no derogó en 1923 la Constitución del 76 que había jurado solemnemente cumplir y respetar ante las Cortes. Se limitó a «suspender su ejercicio y vigencia por corto tiempo».

4.a «La vuelta a la normalidad constitucional» y el restablecimiento de los partidos políticos, tradicionales desde la Restauración, es el único medio posible de dar a España una continuidad de orden y de justicia. Tan pronto como el rey ha quedado libre de las garras del dictador, ha reemprendido sin vacilar ese único y salvador camino.

Basta enumerar estas cuatro gigantescas ficciones para explicárselo todo: la carcajada pública, primero; la ira nacional, después; y la caída de la Monarquía como inevitable consecuencia, a la postre.

¡Toda España sabía al detalle cuánto había acontecido el año 23 y en los siguientes seis años de Dictadura! Todos los españoles habían de antiguo juzgado y sentenciado a los viejos partidos y sus hombres. El cómodo gesto de pasar la esponja y adoptar la fórmula del «decíamos ayer», como salida de la Dictadura, era, más que una torpeza, un suicidio.

El rey, co-autor

El rey, co-autor

¿Fue o no don Alfonso copartícipe, inspirador o gestor del golpe de Estado de 1923? Dejemos a un lado los varios episodios anteriores al decisivo, en los que don Alfonso mostró veleidades de asumir por sí mismo la gobernación efectiva del país.

Don Antonio Maura manifestó su severa advertencia en nota dirigida al soberano contra semejante locura, poniendo en evidencia los riesgos mortales que ella entrañaba.

Dejemos también al margen las gestiones, más o menos hábilmente llevadas, cerca de generales y políticos en los años 21, 22 y 23 para acabar con el sistema parlamentario, y, por tanto, con la Constitución, que al detalle conocíamos cuantos actuábamos en la vida pública. Basta, creo yo, exponer textos irrebatibles que están al alcance de cualquiera.

No menos de cinco páginas de su obra De la Dictadura a la República dedica el general Berenguer, testigo calificado para declarar en este pleito, a explicarnos sus vacilaciones ante el encargo que don Alfonso le hiciera de ir preparando la sustitución de Primo de Rivera:

«Yo le veía solo ante aquellas grandes dificultades; abandonado de unos, distanciado de otros. Combatido por el despecho y el malsano afán de represalias —escribe Berenguer en su citado libro—. Agotada la situación en que puso su confianza (las cursivas son mías) y en la imposibilidad de abrir consultas en aquel ambiente lleno de pasión, en aquellos momentos de excitación y de revancha; cuando se imponían las soluciones de urgencia…

… Consentí al darme cuenta del desamparo en que quedaba el régimen, abandonado el Rey en medio del fracaso de aquella experiencia política en que había puesto su confianza para la regeneración del país y que ya provocaba la rebeldía desbordante de la calle».

Para remate, algo más adelante, se expresa así el General:

«El Rey estimaba muy difícil que Primo de Rivera pudiera continuar, ante las dificultades que se le habían creado», acrecentadas por la consulta que el dictador acababa de hacer, sin la anuencia del soberano, a los jefes de las guarniciones de toda España.

Y en un arranque de sinceridad suprema confiesa:

«… acto de consulta interpretado por muchos como intento de un nuevo golpe de Estado, prescindiendo esta vez de la opinión y voluntad de la Corona».

Ciertamente que Dios no llamó al general Berenguer por el camino de las Letras, mas, con todo, hay que reconocer que el «esta vez» de esta vez supera en candidez a las otras muchas en que pone de manifiesto su impericia y que, por sí sola, tiene valor de sentencia definitiva.

Aún hay otra prueba tan concluyente como ésta de cuanto vengo diciendo. Está ella impresa en el Diario de Sesiones de las Cortes. Era ya en pleno funcionamiento de las Constituyentes de la República, y se celebraba la sesión dedicada a juzgar al Rey por el golpe de Estado de 1923. El Conde de Romanones había pronunciado el discurso de defensa de don Alfonso. No se atrevió el orador a afirmar la irresponsabilidad del Rey, pero cargó el hecho a la cuenta de la indiscutible popularidad que en toda España había alcanzado el gesto del general Primo de Rivera, no sólo, decía, entre las derechas, sino también entre los socialistas y las izquierdas, y, sobre todo, entre los catalanes. Con habilidad pasó sobre tema tan espinoso dejando un tanto vaga la defensa del Rey en este punto.

Se levantó a contestarle don Niceto Alcalá Zamora, jefe del Gobierno Provisional, y quiero transcribir, íntegramente, el párrafo de su discurso, no sólo porque es clarísimo, sino por su especial forma oratoria que ayuda a formar juicio concluyente. Dijo así:

«—El señor Conde de Romanones parecía preguntarnos a todos si tenemos en la conciencia el convencimiento de la responsabilidad del Rey en el golpe de Estado, y yo le digo que le tengo profundo, inconmovible, rotundo, terminante. Porque yo sé, como el señor Conde de Romanones, que nosotros fuimos al último Gobierno de la Monarquía sin saberlo entonces, enterándonos tardíamente del golpe de Estado que se preparaba y se concebía desde la noche misma en que el señor Sánchez Guerra dimitiera, y que la ejecución de él, supimos más tarde, que se aplazaba premeditadamente hasta después del 11 de mayo, cuando el príncipe de Asturias cumpliera los dieciséis años, y entonces si el golpe salía bien, adelante, y si salía mal abdicar con un seguro vital. El convencimiento lo tengo yo, como lo tendrá el Conde de Romanones y no le estrecho más, porque sé que en la distinción aristocrática hay refinamientos de lealtad, que aun en los espíritus aparentemente escépticos remueven los estímulos románticos, sellan los labios con un mandato de lealtad y curan la memoria con el deber del olvido».

Nada rectificó a estas rotundas afirmaciones el Conde de Romanones.

Y es que cuantos hemos vivido de cerca los episodios de aquella época de nuestra historia enlazados con los hechos mismos, tenemos de siempre juicio formado definitivamente sobre la cuestión histórica. Es cosa juzgada y resulta vano empeño el pretender desvirtuar, o siquiera paliar, la responsabilidad del Rey en el trascendental acto del advenimiento de la Dictadura.

El rey, cómplice

El rey, cómplice

Ni de pasada puede verse, en el relato que hace el general Berenguer de los sucesos de los días que precedieron a la dimisión del dictador, el esbozo de la idea de haberse liberado el Rey de la garra del general Primo de Rivera. Muy al contrario, machaconamente insiste en la confianza que don Alfonso había puesto en «esa experiencia política». En puridad, para don Alfonso aquellos seis años de dictadura fueron de saludables y alegres vacaciones. Ni crisis, ni consultas, ni problemas políticos; incluso el grave y obsesionante de Marruecos, abocado hasta el instante del golpe de Estado nada menos que a pasar a ser del dominio público, en sus más secretos e inconfesables reconditeces a través y por obra del famoso Expediente Picasso, había quedado extramuros, volatilizado en la noche de los tiempos.

El acierto personalísimo del general dictador para poner fin, de acuerdo con Francia, a la guerra del Rif, con la derrota total del cabecilla rebelde Abd-el-Krim, enterraba definitivamente toda responsabilidad sobre tan espinoso y trágico tema. Fueron, en verdad, años felices y tranquilos los que van de septiembre del 1923 a ese mismo mes de 1929, para don Alfonso y para la camarilla palatina, pese a los rigores, más supuestos que reales, del dictador para cuantos no mostraban gran fervor ministerial en las tertulias de la cámara y antecámara regias.

El rey, primer beneficiado

El rey, primer beneficiado

Presentar al soberano como una víctima sometida por el dictador durante este período es pintar como querer. Ni tenía por qué alzarse contra la dominación dictatorial ni hubiese encontrado en parte alguna sustituto idóneo para igualarla. De haberlo querido; de haberlo necesitado, ¿hay quien pueda dudar que don Alfonso XIII era capaz de «borbonear» al dictador como había «borboneado» a todos sus jefes de Gobierno a lo largo de su ya extenso reinado? Si no fuese extraño al tema que aquí examino, podría llenar páginas enteras de este libro transcribiendo episodios que en mis Recuerdos de medio siglo inéditos por ahora y quizá por siempre tengo relatados de las crisis políticas y de las triquiñuelas de don Alfonso con mi padre, que, sin temor a equivocarme, puedo decir que era el político a quien más respetaba y a quien más temía.

Esa segunda ficción, indispensable para articular la defensa del Rey en el advenimiento del general Berenguer al poder, es tan deleznable como la primera. El primer contacto con la realidad áspera de la verdadera opinión pública lo tuvo el soberano muy a fines del año 1929, cuando para preparar el «borboneo» del dictador dio comienzo a sus gestiones privadas cerca de los hombres públicos, a quienes había menospreciado durante los pasados años felices.

Ya he dicho que no fue menester llegar al extremo de la despedida porque Primo de Rivera se anticipó dimitiendo, pero de no haberlo hecho ese mismo día, es seguro que al siguiente el Rey hubiese puesto en práctica una cualquiera de las fórmulas que para tales menesteres tenía, de muy antiguo ensayadas, probadas y apercibidas.

El rey, perjuro

El rey, perjuro

En autores no sólo serios, sino doctísimos, he leído la afirmación sostenida por los incondicionales de la Monarquía en aquel entonces, de que el Rey no violó la Constitución, puesto que se limitó, según propia afirmación del dictador en su manifiesto inicial, a dejarla en suspenso por corto tiempo. Tercera ficción ésta, aún más pueril y lamentable que las dos anteriores. ¡De los preceptos fundamentales de la Constitución de 1876, ni uno quedó en pie ya en los dos primeros meses de Dictadura!

Cuando los presidentes de las dos Cámaras, Conde de Romanones y Melquíades Álvarez, fueron a palacio, el 12 de noviembre, para protestar de la violación de la ley fundamental que representaba la no convocatoria de las Cortes en el plazo legal, ya habían sido violados todos los preceptos que garantizaban a los ciudadanos sus derechos elementales y civiles. Unos y otros preceptos continuaron violándose durante los seis años que duró el régimen, y de la Constitución hecha jirones no quedó sino el recuerdo.

Pretender, en 1930, resucitar el texto de esa misma ley fundamental era, además de una insigne torpeza, un sarcasmo que el país no podía perdonar, y quizá fue la causa principal de la repulsa a la persona del monarca, que la masa de opinión tradicionalmente monárquica mostró en los votos del 12 de abril de 1931.

La última torpeza

La última torpeza

La cuarta ficción es de todas la más inconcebible. «La vuelta a la normalidad constitucional» con la misma Constitución, con los mismos partidos y hasta con los mismos hombres, era la oferta que el Rey hacía a los asombrados españoles, por el intermedio del Jefe de su Casa Militar como ejecutor del programa. Visto el hecho con perspectiva histórica parece cosa de locos. Si en 1923 fue necesario un golpe de Estado para acabar con la Constitución, con los partidos y con los hombres del régimen parlamentario liberal, ¿por qué regla de tres, esa misma Constitución, esos mismos partidos y esos mismos hombres iban a servir de algo a España en 1930?…

Nadie ha negado el regocijo popular que, en amplísimos sectores del país, levantó el golpe de Estado, precisamente porque los partidos y los hombres del régimen habían saturado a la opinión con sus miserias y sus inepcias. Contra esos partidos y ese sistema del turno «del grifo y el vaso», hacía ya muchos años que habían luchado don Antonio Maura en el terreno ciudadano, las Juntas de Defensa militares en el castrense, y las masas obreras en el social. Que se hacía indispensable un cambio radical de procedimientos y una reforma honda de la Constitución, por ser ello una necesidad, en fin, descontada y proclamada, incluso por los más significados miembros de los partidos llamados a desaparecer, era evidente y notorio.

Pues bien, ello se desconoce por el soberano, que pretende devolver a los sufridos españoles esas momias putrefactas, como prenda de paz, en la hora solemne de la reconciliación con la libertad, a la caída del dictador. ¿Cabe contrasentido mayor y mayor torpeza?

El porqué de Berenguer

El porqué de Berenguer

Porque el Rey era el máximo responsable de la violación constitucional y del advenimiento de la Dictadura; porque la había alentado y sostenido con calor y entusiasmo durante los seis años de su duración; porque nada quedaba ya en pie de la Constitución de 1876; porque nadie, ni los más conspicuos miembros de los partidos tradicionales de la Monarquía, creía posible su resurrección, aventados sus organismos tras los seis años de marasmo ciudadano impuesto por la Dictadura; porque esas cuatro ficciones, en las que el Rey apoyaba su conducta, producían la indignación popular, el soberano estaba solo, completamente solo en enero de 1930, y no podía sino apelar a uno de los generales incondicionales suyos.

Tres nombres había dejado en manos del Rey el dictador antes de abandonar el campo. Los de los generales Martínez Anido, Barrera y Berenguer. De los tres, sólo el último, amigo personal y antiguo de don Alfonso, merecía a éste confianza. Los otros dos hubiesen sido la continuación de Primo de Rivera por persona interpuesta, pues de quien eran incondicionales era del dictador. Y así fue designado Berenguer.

Para que la salida de la etapa dictatorial no acarrease males definitivos a la institución, habría sido menester que, en esa hora solemne, el Rey tuviese expedito el camino de la colaboración con elementos de los partidos de izquierda y también con las organizaciones obreras dotadas de autoridad moral y material entre las masas populares, sin contacto ni dependencia con las antiguas oligarquías causantes del desmoronamiento del régimen parlamentario.

Pero, desgraciadamente, nunca tuvieron aquellos menospreciados elementos acceso a Palacio, y, en esta histórica ocasión, sustentaban el firme convencimiento de la responsabilidad personal de don Alfonso en el advenimiento y desarrollo de la Dictadura, lo que hacía imposible el menor diálogo con el soberano, aun en el supuesto de que el Rey hubiese intentado entablarlo.

Por añadidura, la convicción que hasta el penúltimo día de su reinado tuvo don Alfonso, de que el caudal de su popularidad y su prestigio personal era prácticamente inagotable, hizo que durante los seis colmados años de la Dictadura no cuidase lo más mínimo de establecer y mantener contactos con los elementos liberales del país, lo mismo de la derecha que de la izquierda, dentro y fuera del régimen. Antes al contrario, aceptó y consintió sin protesta los vejámenes y las persecuciones que el dictador prodigó a los hombres liberales que disentían, más o menos públicamente, de su parecer. Por eso, llegada que fue la hora del cambio, la más completa soledad rodeaba al trono, como atestigua el propio general Berenguer en el minucioso relato de las gestiones que realizó para articular la sombra de un Gobierno.

Por ejemplo, nos describe su entrevista con los Duques de Alba y Maura y el señor Cambó en el Palacio de Liria, el 30 de enero, para lograr la colaboración de este último político en el Gobierno que intentaba formar, y reconoce:

«Flotaba en el ambiente del señorial despacho, severo y prócer, una impresión de desánimo y pesimismo muy suficiente para hacer perder la confianza en la posibilidad de encontrar solución favorable a aquella crisis, que parecía tomar el aspecto de no ser ya simplemente política, sino de régimen».

No logró, en efecto, la colaboración que allí buscaba, ni la de otros que porfiadamente solicitó.

Al fin, tras haber estado a punto de abandonar el empeño en dos ocasiones, ante los obstáculos, al parecer insuperables, con los que tropezaba en sus laboriosas gestiones, el 30 de enero logró Berenguer formar un Gobierno, de personas excelentes, pero sin la menor representación de fuerzas, ni partidos, ni siquiera tertulias políticas.

Todos ellos aceptaron sin ilusión en cuanto al éxito que les esperaba en su gestión ministerial, resignados a compartir, con el General y con el Rey, la tarea de presidir el desmoronamiento final de la Monarquía: ninguno abrigaba la menor esperanza, y, sin excepción, sabían bien la suerte que les esperaba.

He aquí los componentes de aquel Gobierno: Presidencia y Guerra: general Dámaso Berenguer. Hacienda: Argüelles (conservador). Fomento: Matos (conservador). Justicia: Estrada (conservador). Trabajo: Sangro, marqués de Uad el Jelú. Marina: contralmirante Carvia. Instrucción Pública: Duque de Alba. Gobernación: general Enrique Marzo.

El 3 de febrero se restableció el Ministerio de Economía: Wais (conservador), y el 22 del mismo mes el de Estado: Duque de Alba, que previamente abandonó el Ministerio de Instrucción Pública para dar paso al nuevo ministro, don Elias Tormo, rector de la Universidad Central.

Cada uno de estos ministros, repito, figuraba en el Gobierno por su propia y exclusiva cuenta, es decir, que ninguno ostentaba la representación del partido al que pertenecía.

Y así nació el Gobierno Berenguer.

CAPÍTULO III

DA COMIENZO EL PERÍODO REVOLUCIONARIO

La opción

La opción

En los albores del año 1930 sólo formaban en las filas de la oposición los hombres y partidos tradicionalmente republicanos y las organizaciones obreras. Éstas habían permanecido pasivas y tranquilas durante el período dictatorial. Con habilidad maquiavélica, Largo Caballero, el dirigente de la Unión General de Trabajadores (desde la muerte de Pablo Iglesias, en 1925) había aceptado la mano que Primo de Rivera le tendió con el fin de garantizarse por ese camino la paz social sin esfuerzos ni violencias. El propio Largo Caballero aceptó el cargo de consejero en el Consejo de Estado, y la influencia y poder de que gozaba en los organismos oficiales le permitió extender por toda España la red de la organización sindical y, además, la del Partido Socialista, hermano gemelo de la UGT. Incansable en el trabajo, hábil, admirablemente secundado por elementos de la organización, y con gran talento natural, Largo Caballero logró articular una fuerza social y política enorme durante los seis años de favor dictatorial. Al formarse el Gobierno Berenguer, el Partido Socialista resultaba ser el único verdadero existente en toda la nación, y la UGT la organización sindical que en este instante, peligroso y decisivo, agrupaba a la inmensa mayoría de los trabajadores españoles sindicados.

Frente a esas fuerzas de izquierda y a esas masas obreras nada había, absolutamente nada, en el campo monárquico. Y de los Partidos Liberal y Conservador, que habían jugado su triste papel en las postrimerías del régimen parlamentario, no quedaba sino el recuerdo.

Los seis años de ostracismo y de olvido dieron al traste con las oligarquías caciquiles que en pueblos y provincias formaban la red de sus seguidores. La desorientación que en los más diversos ámbitos del país se produjo al caer la Dictadura respecto al porvenir político inmediato, junto con el estallido de las libertades que Berenguer iba concediendo paulatinamente sin grandes regateos, crearon un ambiente prerrevolucionario.

Nadie sabía a dónde se iba y, por supuesto, nadie creía un solo instante en la llamada «vuelta a la normalidad constitucional», entelequia verbal que no contaba con un solo vocero ni en la prensa ni en la tribuna popular.

Para mí, que había predicho en mis conferencias por España este trance, y anunciado que si acontecía lo que precisamente estaba aconteciendo, esto es, que se intentase contra toda lógica resucitar el pasado íntegramente, sería llegada la hora de las grandes decisiones, la Monarquía había jugado y perdido su última carta. Toda esperanza de renovación dentro del régimen monárquico se desvanecía. La consecuencia inevitable e inmediata no podía ser otra que la caída de la institución, barrida por la ira popular.

Servir lo que había nacido por arbitrario mandato del Rey era imposible. Me lo vedaba mi convicción de siempre, supuesto que estaba donde estuve cuando nací a la vida política, en 1913, con el «maurismo de acción». Retirarme definitivamente de la política, ni pensarlo. Ya he dicho que llevaba el virus de esa terrible «dolencia» infiltrado hasta el fondo de mi ser. Había vivido la política desde los diez años, absorbido por lo que en mi casa veía y oía, y mi temperamento había centuplicado mi ardor combativo ante lo que en esas horas presenciaba.

Además, no era yo solo quien se enfrentaba con ese grave dilema. Muchos de los que habían combatido en las filas de la juventud y del partido maurista estaban en el mismo caso, y juntos analizábamos y pensábamos concienzudamente nuestra posible conducta.

El problema que se nos planteaba era el siguiente: la Monarquía se había suicidado, y, por lo tanto, o nos incorporábamos a la revolución naciente, para defender dentro de ella los principios conservadores legítimos, o dejábamos el campo libre, en peligrosísima exclusiva, a las izquierdas y a las agrupaciones obreras.

Estoy seguro que aún hoy habrá quien al leer esto se sonría displicente y exclame: ¡Pobre iluso! ¿No se daba cuenta de que no lograría sino figurar como comparsa de los energúmenos más extremistas, para ser finalmente arrollado por las masas ensoberbecidas?

Desde entonces han sido innumerables las veces que he oído esta estupidez. Es natural. Así son y así serán, quizá siempre, las derechas españolas. Su clima ideal fue siempre la dictadura. Un contratista de su tranquilidad, que les garantice, sin el menor esfuerzo por su parte, el uso y, sobre todo, el abuso de sus privilegios ancestrales, desterrados ya del mundo civilizado. Por fortuna, la realidad vino luego a dar a cada cual la razón en aquello que le correspondía, y por mi parte pude comprobar que acerté plenamente con el paso que di…; pero prefiero que sea el lector el que juzgue, si tiene la paciencia de leerme hasta el final de este relato.

Me despido del Rey

Me despido del Rey

Mi hermano Honorio, que entonces no actuaba en política, era amigo personal de don Alfonso y, por descontado, monárquico fervoroso. Cuando le hice confidente de mi decisión, ya bien madurada, de pasar al campo republicano, puso, como suele decirse, «pies en pared», y las discusiones que tuvimos llegaron a ser terribles, porque en punto a carácter nada teníamos que envidiarnos los dos hermanos, unidos por lo demás estrechamente por un entrañable cariño. A espaldas mías obtuvo de don Alfonso una audiencia privada para los dos, en sus habitaciones particulares, convencido de que tan pronto como yo hablase con el Rey, mis supuestas veleidades republicanas se esfumarían como el humo. No me hacía gracia la aventura, pero tanto insistió que accedí a la prueba.

Mis relaciones con don Alfonso habían sido muy someras. Sólo en tres ocasiones hube de solicitar y obtuve audiencia. Las tres con carácter estrictamente privado, con ocasión de sucesos familiares.

Toda mi actuación política desde 1913 (en que surgió el movimiento maurista como protesta por el proceder del Rey con mi padre, escindiendo el Partido Conservador para eliminarle de la jefatura del mismo) había girado precisamente frente a la conducta del Rey y en contra de los partidos de turno. Fui concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado a Cortes por Pego (Alicante), y jamás ocupé cargo alguno de designación oficial con la Monarquía. Digo esto para que quede claro que, pese a cuanto se ha dicho, no tenía yo en ese momento el menor vínculo con la persona del Rey, ni el del trato, ni el del agradecimiento, sino que, por el contrario, mi actuación pública había sido siempre forzosamente orientada contra sus intromisiones en la vida de la política.

Bajaba el Rey diariamente al tiro de pichón, y habían convenido con mi hermano que nos recibiría, a las dos y media de la tarde, unos momentos en sus habitaciones particulares, mientras se cambiaba de ropa para ir a la Casa de Campo. Así se hizo. Un día de mediados de febrero pasamos a su habitación tocador, donde terminaba de vestirse. Estaba, claro es, don Alfonso advertido por mi hermano del motivo de mi visita, que era oficialmente el de despedirme de él antes de dar el paso al campo republicano.

Sin la menor ceremonia, nos recibió afectuoso. Y, después de saludar a mi hermano, se dirigió a mí diciéndome:

—¿Qué te trae por aquí?

—Vengo, Señor —le dije—, a despedirme de Vuestra Majestad.

Hizo como si no comprendiera, y preguntó:

—¿A dónde te marchas?

—Al campo republicano, Señor —le contesté—, un tanto molesto ante su actitud de no darse por enterado de algo que ya sabía.

—¡Estás loco! —exclamó—. A ver, explícame eso.

Con el menor número de palabras posible, le dije que consideraba, tras la solución de la crisis a la caída de la Dictadura, perdida a la Monarquía; que mi deber era seguir el camino que había anunciado durante mis actuaciones públicas como inevitable, si acontecía lo que acababa de suceder; que no era prudente dejar solas a las izquierdas en el campo republicano, y que mi propósito era defender, dentro de él y desde ahora, los principios conservadores legítimos.

Me oyó atentamente y, al terminar, me dijo textualmente:

—Todo eso estaría muy bien si fuese cierta la primera premisa. Pero no lo es. Mientras yo viva, la Monarquía no corre ningún peligro —y, volviéndose hacia mi hermano y sonriendo, añadió—: «Aprés moi, le déluge!»…

Traté de demostrarle que no era ésa la realidad captada en mis viajes por España, y en el contacto que llevaba establecido desde hacía más de dos años con las gentes de todas las clases sociales en mis conferencias.

—El ambiente que en todas partes he encontrado —le dije— es hostil, y, en el mejor caso, indiferente a la Monarquía. Mucho me temo, Señor, que antes de dos años se haya acabado la Monarquía en España.

El rey se echó a reír y, tendiéndome la mano, me dijo:

—Nada de eso. Bueno, no tardarás en convencerte de que estás equivocado y volverás arrepentido.

Y con estas palabras dio por terminada la audiencia.

Me retiré solo, porque mi hermano le acompañaba a la Casa de Campo.

Trece meses más tarde se cumplió mi vaticinio, y don Alfonso, siempre «beau joueur», desde su destierro de Fontainebleau escribió una carta a mi hermano Honorio en la que le encargaba dijera al Ministro de la Gobernación de la República que había acertado y que le enviaba un abrazo.

Los políticos se definen

Los políticos se definen

El general Berenguer era una persona excelente y bien intencionada. Por todos sus antecedentes, por su modo de pensar, por la forma en que accedió al poder, había que considerarle como un hombre liberal. En efecto: desde el primer instante de su mando cuidó, con meticulosidad quizás excesiva, de dar la sensación de ser verdad, y muy verdad, que se habían restablecido las libertades enumeradas en la Constitución de 1876.

Sus subordinados, algunos de los cuales han dejado a la posteridad sus memorias, cuentan y no acaban sobre las trabas que sin cesar les ponía en el ejercicio de sus funciones, para que nadie pudiese decir con razón que la dictadura continuaba.

El pueblo de Madrid, siempre aficionado a los motes graciosos, desde sus comienzos llamó a este período «la dictablanda», y era en verdad acertado el neologismo.

Claro es, que el ambiente revolucionario latente en los últimos días de la Dictadura, al encontrar de par en par abiertas las puertas, irrumpió en la calle con violencia, al principio llevadera, pero pronto peligrosa y grave. La primera manifestación de este estado de los espíritus fue la serie de discursos políticos en que los hombres del campo de la Monarquía abandonaban éste y pasaban a colocarse en rebeldía contra ella, unos francamente en el lado republicano, y otros en posición intermedia, pero siempre hostil al monarca.

El primero en dar ese paso fui yo. Unos días después de mi audiencia con el Rey, el 20 de febrero, pronuncié en el Ateneo de San Sebastián una conferencia en la que razoné ampliamente los motivos de mi decisión de incorporarme a la República. Glosé las manifestaciones y anuncios que a lo largo de mis viajes por España venía sembrando desde hacía dos años. Lo acontecido al caer la Dictadura lo había yo previsto; y anunciado, desde mucho antes, cuál sería mi actitud en tal caso. El momento de dar el paso trascendental había, pues, llegado, y lo daba sin vacilar.

Lo curioso del caso fue que esa actitud mía, que, como es lógico, tuvo la suficiente publicidad para que todos la conociesen, no produjo entre los monárquicos, amigos y familiares míos, ningún sobresalto, ni menos indignación, en aquellos momentos. El hecho fue tema de innúmeras conversaciones, sin la menor acritud ni censura.

Cuando no era la hostilidad franca y declarada, era la más completa indiferencia el sentimiento que el Rey y la Monarquía inspiraban a sus adeptos. Fue más tarde, a partir de mi ingreso en la cárcel Modelo, cuando la ira de esas gentes contra mí se desató, llegando a límites inconcebibles.

Sánchez Guerra

Sánchez Guerra

Pocos días después, el 27 de febrero, le tocó el turno a don José Sánchez Guerra. Era don José el jefe del Partido Conservador, y había mostrado desde el primer momento su hostilidad a la Dictadura, y llegado a ser el portaestandarte de la rebeldía contra ella y hasta contra la persona del monarca.

Pocos meses antes había desembarcado en Valencia, viniendo de Francia donde residía emigrado, e intentando ponerse al frente de su guarnición, comprometida de antemano. Como de costumbre en tales casos, los comprometidos se negaron, llegada la hora, a salir de sus cuarteles, y don José fue detenido y encarcelado.

No se sabía cuál iba a ser la actitud que pensaba adoptar en su anunciado discurso, y la expectación era enorme, porque se comprendía la gravedad que para el Rey entrañaba que el jefe de su partido más dinástico abandonase el campo y alzase bandera contra el soberano. No obstante mi amistad con él y, sobre todo, mi identificación con su hijo Rafael, no logré saber de antemano lo que iba a acontecer aquel famoso 27 de febrero.

Sin embargo, según refiere en sus Memorias el general Mola, ya entonces director general de Seguridad, el Gobierno, por confidencias con alguna anterioridad, tuvo atisbos de la postura que adoptaría el jefe del Partido Conservador. Un inspector de policía, Luis Fenoll, amigo personal de Sánchez Guerra, logró oír directamente de él, unos días antes, el propósito que con su discurso perseguía. No se declararía republicano, pero tampoco dispuesto a servir a don Alfonso XIII, lo que, al parecer, equivalía a pedir su abdicación. ¿En quién? El pobre príncipe de Asturias, preso del terrible mal de la hemofilia, resultaba totalmente incapaz para reinar, y precisamente, en aquellos días, era víctima de uno de los ataques agudos que ese mal le proporcionaba.

La expectación despertada en Madrid era enorme, creo que pocas veces igualada en acontecimientos de carácter político. Allí fuimos. El gran Teatro de la Zarzuela, abarrotado hasta lo inconcebible, hervía de comentarios y discusiones antes de comenzar el acto.

Al aparecer en el escenario don José Sánchez Guerra, los asistentes, puestos en pie, le tributaron la mayor ovación que había oído en su larga vida de hombre político. Don José, quizá bajo el peso de la enfermedad que acabaría con él a principios de 1935, se emocionó y empezó a llorar ostensiblemente. No podía dar comienzo a su oración hasta lograr serenarse. Cuantos más esfuerzos hacía para ello, mayor era la intensidad de la prolongada ovación y los gritos entusiastas de los espectadores, con lo cual se hacía interminable la escena dolorosa y emotiva que presenciábamos.

Al fin, con voz entrecortada, que poco a poco cobró asiento hasta normalizarse, don José nos dijo lo que para él representaban la legalidad constitucional y las libertades ciudadanas y públicas, su dolor ante las violaciones y los atropellos a la una y a las otras durante los seis largos años de dictadura; la insoslayable responsabilidad que en su advenimiento y duración había tenido don Alfonso XIII y, para describir esta responsabilidad, apeló a la anónima décima —que muchos atribuyeron a Góngora—, tan conocida, sobre el asesinato del Conde de Villamediana, en tiempos de Felipe IV:

«—Mentidero de Madrid,

decidnos: ¿Quién mató al conde?

Ni se sabe ni se esconde:

sin discurso discurrid.

—Dicen que le mató el Cid,

por ser el conde Lozano…

¿Disparate chabacano?

La verdad del caso ha sido

que el matador fue Bellido

y el impulso soberano».

No puede describirse el estallido de entusiasmo que esa cita desencadenó en el auditorio. Minutos y minutos de ovación, de gritos, de sentarse y levantarse de los asientos. Algo inefable que en mi vida no había yo presenciado.

Y, llegado el momento del discurso en el que el orador había de definir su propia actitud con precisión, volvió a echar mano del romance poético, esta vez a cargo del Duque de Rivas, en el suyo sobre san Francisco de Borja:

«No más abrasar el alma

el sol que apagarse puede,

ni más servir a señores

que en gusanos se convierten».

Esta vez no una ovación, sino un estupor, un silencio impresionante fue la forma en que el público reaccionó. Hubo quien atribuyó ese silencio a censura y reprobación por el significado poco explícito de la cita poética. ¡Todo lo contrario! Para mí, y para la mayoría del auditorio, ella fue precisamente la más grave herida causada a la persona del Rey y a la Monarquía. Bastaba para cerrar el paso a todo intento de resucitar los viejos y desacreditados partidos en torno al soberano, que era precisamente el propósito públicamente declarado por el Rey y por el general Berenguer.

A la salida del histórico acto hubo disturbios provocados por jóvenes, en su mayoría estudiantes, que no habían conseguido acceso al teatro, pero ya enterados de lo ocurrido por las versiones de los que iban saliendo.

La fuerza, apercibida por el general Mola en los alrededores del coliseo, causó heridos, pero creo recordar que sin importancia. Éste fue el principio de una agitación callejera que, hasta entonces, no había surgido. A partir de ese día fueron pocos los que transcurrieron sin algún incidente.

Ossorio y Gallardo

Ossorio y Gallardo

Tras don José Sánchez Guerra, vino don Ángel Ossorio y Gallardo, abogado de merecida fama, elegido decano, hacía pocas semanas, del Colegio de Abogados de Madrid, y hombre político a quien se debía el nacimiento del llamado «maurismo callejero», en 1913, y el lanzamiento de la campaña maurista por España. Gran talento, gran palabra, exuberancia inagotable, mucho ingenio y, muy singularmente, prurito incoercible de originalidad; tales eran las características de este hombre a quien quise y admiré mucho.

En el Ateneo de Zaragoza, ciudad considerada por él como cuna de sus aventuras políticas, pronunció un discurso, como suyo ameno y original. Pidió unas elecciones «rabiosamente sinceras» y se declaró, ni más ni menos, «monárquico sin rey», lo cual equivalía a pedir la abdicación de don Alfonso. No fue menguada la repercusión de esta nueva postura política en el campo monárquico. Muchos antiguos mauristas, aún vacilantes e indecisos, tras ella pasaron, más prácticos y más lógicos, al campo republicano.

Para cuantos conocían la triste realidad familiar de la dinastía, la abdicación de don Alfonso significaba el desahucio de la institución, porque nadie concebía la posibilidad de una regencia de la reina Victoria Eugenia, durante la menor edad del infante don Juan, entonces un adolescente, único vástago de la dinastía en condiciones de llegar a reinar.

El entierro de Primo de Rivera

El entierro de Primo de Rivera

El 16 de marzo, murió en París el general Primo de Rivera. Su cadáver fue traído a Madrid y se le dio sepultura en la Sacramental de San Isidro. El cortejo fúnebre, que presidió el Gobierno en pleno, al atravesar las calles de Madrid en medio de bullicioso gentío, dio ocasión a las gentes para mostrar, sin saber bien el porqué, su hostilidad al Gobierno, Gobierno que hasta la fecha no había hecho sino devolverles unas libertades que desde hacía más de seis años les fueron suprimidas sin grandes protestas por su parte.

El aire que se respiraba estaba inficionado de rebeldía. Cualquier acontecimiento servía de pretexto para mostrarla, como si de verdad los españoles hubiesen aguantado los seis años de la Dictadura añorando aquellas libertades.

Alcalá Zamora, republicano

Alcalá Zamora, republicano

El 13 de abril pronunció en Valencia, en el teatro Apolo, un importante discurso don Niceto Alcalá Zamora.

Había vacilado mucho antes de decidirse. Nos veíamos casi a diario y no había yo logrado saber exactamente cuál sería su posición en el discurso anunciado. Resultaba curioso observar esa especie de pudor que los políticos sentían aquellos días para revelar sus interioridades mentales. Ninguno quería anticipar lo que ya tenía decidido en su mente, ni a quienes compartían los afanes de la diaria lucha. El espíritu de jurista de don Niceto le llevaba a formularse a sí mismo y en monodiálogos conmigo toda clase de reparos a la decisión clara y franca de incorporarse a la República. «Tales reparos (le decía yo) son de orden procesal, no de fondo. Déjelos a un lado y resuelva con vistas al fondo del problema político, que es el que importa».

Cuando se marchó a Valencia, sabía yo que se declararía enemigo irreconciliable del Rey, porque en este extremo no ponía veladuras en sus expresiones, pero ignoraba hasta dónde llegaría en su afirmación republicana.

El discurso del 13 de abril fue, como todos los suyos, elocuente, con esa elocuencia que yo llamaba «de cadeneta», porque no parecía sino que tejía los períodos lanzándolos al aire por separado para recogerlos luego y unirlos en una cadeneta perfecta. Anunció su alejamiento definitivo de la Monarquía y expuso cómo debía de ser la República que él estaba dispuesto a servir, y cuál la que no contaría con él si se implantaba. La síntesis va contenida en este párrafo que reproduzco:

«Una República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República convulsiva epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria».

La importancia innegable del paso dado por Alcalá Zamora acrecentó, en progresión geométrica, el entusiasmo popular por la República. ¡Un ex ministro del último Gobierno constitucional de la Monarquía, jefe de una de las fracciones liberales de la misma, pasaba de lleno a engrosar las filas de los republicanos, hasta entonces faltos de cabezas y figuras de suficiente prestigio para inspirar confianza a las clases medias, conservadoras por tradición y por instinto! Fue, en verdad, un paso decisivo en el camino del cambio de régimen, porque nos permitió, a los que ya estábamos en marcha, aunar en torno suyo nuestros desperdigados esfuerzos.

Indalecio Prieto

Indalecio Prieto

Unos días después, el 25 del mismo mes de abril, surge en Madrid el primer chispazo de la auténtica revolución, es decir, del movimiento con carácter subversivo contra las instituciones todas: rey, Gobierno y autoridades. Corre este hecho disolvente a cargo, ¿cómo no?, de Indalecio Prieto. En el Ateneo Científico y Literario de Madrid, de siempre centro nervioso de las inquietudes populares y, desde hacía algún tiempo, sede de las principales rebeldías nacientes, pronunció un formidable discurso revolucionario.

Prieto, cuya semblanza he de hacer a su tiempo en este libro, era, sin discusión, la cabeza visible del movimiento en gestación. Llevaba muchos meses trabajando de acuerdo con cuantos elementos civiles y militares conspiraban contra la Dictadura para derribarla, y siempre era él el eje de lo que se tramaba, aun para aquellos que no le veían con buenos ojos y se negaban a acatar sus directrices por su condición de socialista.

Con mucho, Prieto fue la primera figura política de esta época de la historia de España, porque desde el campo de la extrema izquierda pesó en las decisiones de uno y otro lado de la barricada.

Fue entonces cuando le conocí de cerca y dio comienzo nuestro trato cordial, que he guardado incólume a través de los años y de las mil vicisitudes de nuestras ajetreadas vidas.

La característica más destacada de Prieto fue siempre su realismo político. Jamás se dejó llevar por idealismos románticos ni por vaguedades ideológicas. Tuvo siempre una visión certera de cosas y, sobre todo, de personas, y del objetivo posible de alcanzar en cada momento. Sin vacilaciones se lanzaba, muchas veces un poco ciegamente, en busca del logro rápido y brutal de ese objetivo.

Digo que fue el primer chispazo de la revolución su explosivo discurso porque, hasta aquel preciso momento, nosotros habíamos definido nuestras actitudes y posiciones en el campo político, con miras evolutivas sobre el supuesto de un desahucio pacífico de la Monarquía y de la persona del Rey, culpable de perjurio. Prieto irrumpe en el terreno de la lucha con armas mucho más devastadoras. Para él, al enemigo que hay que abatir es el general Berenguer, quien es, según afirma, el «hombre de Annual» y el responsable, con el Rey, de los sangrientos desastres de España en el Rif. No sólo hay que acabar con ellos —afirma—, sino que además hay que exigir y ejecutar cuentas a los responsables de esa serie de catástrofes, y para ello no existe otro camino que la revolución y la República.

Es la brusca irrupción de la calle en la arena política. Ya he dicho que el partido socialista había logrado, durante la Dictadura y merced a la habilidad de Largo Caballero, colocarse en primer plano en el campo político por su fuerza numérica y la perfección de sus organizaciones. Los dos jefes más autorizados del socialismo, después de la muerte de Pablo Iglesias, eran Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro, ambos moderados en aquel entonces, y partidarios del procedimiento evolutivo para dar salida al régimen monárquico, ya cadáver.

Prieto, enarbolando la bandera de la revolución y de la violencia, ponía al socialismo en trance de crisis honda, pues era indudable que las masas se sentirían atraídas irresistiblemente por la postura del famoso líder.

Los episodios de esa lucha, sorda pero intensísima, fueron innumerables y los seguí apasionadamente, porque, en el fondo, eran los socialistas quienes tenían en su mano la suerte de España en esa hora y, más tarde, la de la República.

Los constitucionalistas

Los constitucionalistas

Dos días después, o sea el día 27, también en Madrid y en el Teatro de la Comedia, Melquíades Álvarez, jefe del Reformismo, elocuentísimo orador, abogado célebre, catedrático y una de las primeras figuras de la izquierda española, subió a la tribuna popular. Había presidido las últimas Cortes de la Monarquía y había, como es lógico, condenado pública y reiteradamente a la Dictadura durante los seis años de su duración. La posición de este político en su discurso originó el nacimiento del grupo denominado «constitucionalista», porque postulaba la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, en elecciones sinceras, con ausencia del Rey, para que fuesen ellas las que decidieran la suerte de la Monarquía y del régimen que a España debía darse. A esta posición se sumaron seguidamente los hombres liberales de los partidos monárquicos, entre ellos don Miguel Villanueva, don Francisco Bergantín, Burgos Mazo y, más tarde, don Santiago Alba, emigrado en París desde el nacimiento de la Dictadura.

Don Miguel de Unamuno

Don Miguel de Unamuno

Esta serie de actos y discursos de los políticos viene a condensarse en este balance trágico para el Rey: desde el 20 de febrero, fecha de mi discurso en San Sebastián, primero de la serie, hasta el 1 de mayo, es decir, en poco más de dos meses, todos los políticos de algún relieve, con excepción del Conde de Romanones y del Marqués de Alhucemas, que continuaban sin definirse, habían abandonado el campo de la legalidad monárquica, unos para pasar francamente al republicano y otros a postular la convocatoria de unas Cortes sin el Rey, para que ellas decidiesen. ¡Habían bastado setenta días de relativa libertad para dar al traste con la quimera de las cuatro ficciones ideadas por el Rey y servidas por el general Berenguer con el fin de salir airosos del trance a la caída del dictador!

El Rey estaba solo, irremediablemente solo en el ámbito de la política española, porque los que aún se decían monárquicos (y lo eran en su fuero interno) estaban, como el general Berenguer mismo, convencidos de lo irremediable de la situación y del próximo fin de la dinastía.

La calle, hasta este momento, no había exteriorizado en forma violenta su actitud. Algunas ligeras algaradas sin importancia real y con pretextos fútiles. Mas el 1 de mayo, Fiesta Nacional del Trabajo, cambió súbitamente el tono de la misma.

Se hizo venir desde Salamanca a don Miguel de Unamuno para que presidiese la tradicional manifestación, en desagravio popular por el tratamiento injusto y severo que le había infligido la Dictadura, deportándole a Fuerteventura y privándole de su cátedra y de la rectoría de la Universidad de Salamanca. Debía presidir la manifestación de dicho día y, además, dar una conferencia en el Ateneo y otra en el cine Europa.

Se le hizo un recibimiento apoteósico ya en la Estación del Norte, que se prolongó hasta el hotel donde se hospedaba, sito en la Gran Vía.

Se celebraron, con éxito indescriptible, los tres actos anunciados, en los que se mostró, sin subterfugios, incisivo a su manera.

—Hay la fuerza de la espada; pero también existe la fuerza de la pluma. Yo tenía la conciencia de que mi pluma vale por muchas espadas —dijo en el Ateneo, el día 5.

—Cuando alguien me decía en París que no creía que España estaba preparada para la República, yo contestaba: ¿pero es que acaso está preparada para la Monarquía? —dijo en el cine Europa, el día 6.

No hay para qué repetir que los tres actos fueron movidísimos. En tal fecha comenzó la agitación estudiantil en las universidades de España, agitación que, por desgracia, ocasionó, en Madrid al menos, víctimas entre los estudiantes y en la fuerza pública, y que obligó al Gobierno a cerrar las universidades de Madrid, Sevilla, Valladolid, Granada, Valencia, Santiago y Murcia.

Unamuno fue «invitado», por la policía, a regresar a Salamanca. Y el gran don Miguel, en una de sus proverbiales genialidades, se negó a pagar la cuenta del hotel donde se había hospedado según refiere el general Emilio Mola en sus Memorias:

«Para la delicada misión de darle conocimiento de la decisión del Gobierno, designé a un comisario, modelo de corrección, que a las ocho en punto de la mañana del día 7 le visitó. El señor Unamuno aceptó sin protesta la orden, y rápidamente preparó su pequeño equipaje; al pasar por la administración del hotel pidió la factura, mas cuando le iba a ser entregada, cambió de parecer y dijo: ¿Por qué voy a ser yo el que pague mi estancia en Madrid, si, después de todo, he venido invitado? Que la paguen los que me han traído. Y, sin más explicaciones, torció la boina que cubría su cabeza, colgó la cayada del brazo y subió al automóvil que la Dirección de Seguridad había puesto a su disposición para mayor comodidad. Una pequeña avería del motor retrasó el viaje y le decidió a parar en Peñaranda para almorzar, lo que hizo con buen apetito. Cuando terminó, dijo a los agentes: “Esto de ser perseguido político, no deja de tener sus ventajas, como por ejemplo, no pagar”. Y se salió de la fonda, dejando a los policías que abonasen la comida. Yo he admirado siempre, más que la sabiduría del señor Unamuno, su franqueza y humorismo».

Dejemos al general Mola con sus preferencias, pues sabido es que «sobre gustos nada hay escrito».

Los centros revolucionarios

Los centros revolucionarios

Los centros nerviosos de la agitación revolucionaria en Madrid, a lo largo de aquellas jornadas, fueron tres —el Ateneo, el Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia—; tres lugares bien ajenos por su carácter y cometido fundacional a la tarea que les asignamos.

Ya he referido lo que representó el Ateneo como tribuna pública para las disertaciones de políticos y agitadores. Su depositario, recién elegido por votación, era Manuel Azaña (meses después y en sustitución del doctor Marañón, fue elegido presidente), entonces simple escritor de no muy extendido renombre, pero persona de inteligencia extraordinaria, vasta cultura y ateneísta inveterado. El Ateneo servía a la vez de enlace, de punto de cita, de cuartel general, de puesto de mando y de tribuna pública a cuantos en una u otra forma intervenían en la acción revolucionaria. En aquel maremágnum de sus pasillos y habitaciones se perdían unos y otros en el más acogedor y tranquilizador anonimato.

Los otros dos locales —el Colegio de Abogados y la Academia de Jurisprudencia— tenían distinto carácter. Allí bullía la gente de toga, que desde el primer instante tomó a su cargo impulsar y dirigir la labor demoledora del pasado dictatorial y monárquico por medio de actos, razonados aunque no todos razonables, con fundamento jurídico.

El Colegio de Abogados había sido regido durante la Dictadura por una Junta de Gobierno que el Colegio elegía, salvo el Decanato, que era designado por la Dictadura. Cuando comenzó la agitación nacional a la caída del dictador, ostentaba el Decanato don Juan de la Cierva. Las peticiones de Juntas Generales, firmadas por innumerables letrados, muchos más siempre que los requeridos reglamentariamente para ello, se sucedían sin parar. Todas iban encaminadas a censurar y derribar a la Junta y, sobre todo, al Decano. Esas Juntas Generales, pequeños parlamentos que se celebraban en el suntuoso salón de actos del Colegio, instalado en el propio Palacio de Justicia, eran, ni más ni menos, que sesiones de una convención togada. Toda la obra de la Dictadura era disecada con el escalpelo de la ley, sin perdonar los ataques a las altas jerarquías del régimen. El Rey, el dictador y cada uno de sus ministros, sus obras y sus omisiones, se traían a colación y se discutían, haciendo al Decano copartícipe de las responsabilidades y uno de los de nuestros, sin lógica aparente pero con eficacia, puesto que una votación solía poner fin al ruidoso aquelarre.

En una de esas tormentosas y pintorescas sesiones apareció, creo que por vez primera en debates públicos, José Antonio Primo de Rivera, originando un incidente en el que hube de intervenir, sin desearlo ni proponérmelo, y que vale la pena, creo, de recordar.

Mientras duró la Dictadura, José Antonio (nacido en 1903) no figuró en acto alguno público de carácter político. Sus primeras armas en este campo de acción fueron, como he dicho, éstas en el Colegio de Abogados. El temperamento de José Antonio era, como el de toda su familia y raza, fácilmente excitable. Por un quítame allá esas pajas montaba en cólera, y era violentísimo. Imagine el lector lo que serían para él esas sesiones en las que se volcaban los epítetos más despectivos del Diccionario de la Lengua, y algunos inéditos aún no catalogados, sobre el fallecido dictador, su obra y sus colaboradores. Cuando empezaba la sesión José Antonio se encontraba en un extremo del salón y cuando terminaba en el opuesto, tras haber saltado materialmente de banco a banco para increpar, y muchas veces agredir, a los oradores. No había quién le calmase.

Un abogado y político conservador, Rodríguez de Viguri, que días más tarde había de ocupar la cartera de Economía en el Gobierno Berenguer, hombre culto y excelente orador, aludió personalmente al dictador sacando a relucir el asunto conocido con el nombre de «La Caoba». Se trataba de cierta lenidad de la justicia, por orden expresa del Ministro, en una causa seguida contra una mujer de la vida, conocida por «La Caoba», amiga personal de Miguel Primo de Rivera.

Rodríguez de Viguri hablaba desde la primera fila y José Antonio se hallaba sentado en el centro del salón, justo detrás de mí. Le había oído preguntar a uno de los amigos que le acompañaban quién era el orador; empleando para ello un calificativo impublicable. Su amigo también lo ignoraba y no me creí en la obligación de sacarles de dudas. De pronto, como si me cayese encima el techo de la sala, recibí un golpe en la cabeza y, por encima de mí, pasó José Antonio, que, como un gato, saltó los tres escaños que le separaban del orador. Cuando me rehice del golpe y del susto, José Antonio estaba lejos de mi alcance, pero vi con claridad la escena de la agresión. Tras una bofetada sonora y amplia, le había asido de la solapa y forcejeaba con los que intentaban separarles, lo que al fin lograron. Terminado el incidente, quedó lejos de mí José Antonio y no volví a cambiar la palabra con él durante aquella sesión.

A la mañana siguiente, muy a primera hora, me llamó al teléfono Rodríguez de Viguri. Me dijo que José Antonio le acababa de enviar sus padrinos —el Duque de Tetuán y un comandante, ayudante de su padre— y me rogó que con el general Cavalcanti, que ya había aceptado, fuésemos los suyos.

Mi vida ha sido lo suficientemente agitada en algunas de sus etapas como para brindarme ocasiones de pelea, pero siempre fui enemigo declarado de eso que algunos denominan «lances de honor», por parecerme que, inevitablemente, degeneran en farsa carente de seriedad y de verdadera hombría. Cuando he tenido que liquidar asuntos personales, lo he hecho directamente y sin otras armas que las que Dios me dio, no muy fuertes, pero suficientes para refrendar mi opinión. El Código de honor del Marqués de Cabriñana —Lances entre caballeros—, evangelio por lo visto de indiscutible vigencia para ciertos camorristas «honorables», me ha parecido siempre cosa de broma y jamás he podido prestarme a aceptar su jurisdicción. Así le contesté por teléfono a Rodríguez de Viguri. Pero insistió tanto, apelando a nuestra antigua amistad, que al fin cedí y acepté, por primera vez en mi vida, un padrinazgo de tal índole.

Fue el general Cavalcanti, por ser el de más edad, quien nos convocó, a su casa, para las doce de aquella misma mañana. Y allí acudimos.

Confieso que en esa reunión con militares de alta graduación, habituados sin duda a semejantes andanzas, me sentía desplazado y mal a gusto. Además, ninguno de ellos ignoraba cuál era mi posición política y yo conocía muy bien las suyas, situadas en mis antípodas, lo que hacía aún más tirante la situación. Tomó la palabra el Duque de Tetuán, el más calificado de los padrinos del supuesto «ofendido». Empezó por afirmar como verdad inconcusa que el duelo era inevitable, porque el ofendido, José Antonio, así lo exigía, ya que la ofensa había sido grave, eligiendo la espada como arma de combate.

No salía yo de mi asombro. Tanto más cuando vi a mi compañero de representación asentir a las afirmaciones de Tetuán. «Para estos señores, eso de batirse a espada sin más trámites carece de importancia —pensaba para mis adentros—, y lo hacen como quien se desayuna». Dejé que hablasen los tres y, por supuesto, sin que a ninguno de ellos se les pasase por la mente que daban vueltas alrededor de un desatino. Cuando me pareció que había llegado mi turno, les dije que la cosa no tenía ni pies ni cabeza, que el duelo era imposible y absurdo, que yo había sido testigo presencial de lo sucedido y afirmaba: primero, que el ofendido era mi representado, que había recibido una sonora bofetada de José Antonio; segundo, que me constaba, por haberlo oído, que José Antonio no conocía a Rodríguez de Viguri ni de vista, y que Viguri jamás había saludado ni quizá visto a José Antonio, y, por consiguiente, no podía haber voluntad de ofender, y sin intención no hay agravio; tercero, que el hecho de juzgar públicamente la obra de un gobernante, sea cual sea la materia sometida a juicio, es, no sólo natural y lícito, sino inevitable, y en modo alguno puede constituir ofensa, pues, de no ser así, andaríamos todos los españoles a puñaladas; y, cuarto, que no podía haber duelo y que bastaba consignar por escrito lo dicho por mí en un acta para dar por terminada nuestra misión y zanjado el incidente.

Se produjo un ligero desconcierto entre mis oyentes. No se resignaban fácilmente a dar por bueno que no habría duelo, puesto que habían sonado bofetadas e insultos en público. Al fin, y para no eternizar la «asamblea», les pedí autorización para redactar, allí mismo, el acta. Me lo concedieron, y en un ángulo del despacho redacté el documento, que luego leí en voz alta. Lo aprobaron, se hicieron las copias y firmamos.

Rogué a Cavalcanti que pusiese el hecho en conocimiento de nuestro patrocinado, rompiendo con ello la rigurosa etiqueta de Cabriñana, que según creo obliga a los padrinos a visitar juntos al apadrinado, y, más tarde, celebrar el buen fin en banquete fraternal. Di por terminada mi misión y volví a mi casa.

Una hora más tarde me llamó al teléfono José Antonio y se entabló el siguiente diálogo:

—Acaba de leerme Tetuán el acta que habéis firmado. Bueno tengo que darte las gracias; pero no te perdonaré, mientras viva, que me hayas impedido agujerear la tripa de ese ciudadano.

—¡Pero si me consta que no le conocías siquiera, puesto que te oí preguntar su nombre!

—Sí, pero quería hacer un escarmiento, para que todos se enterasen, y tú no me has dejado.

—Lo mejor que podías hacer es no ir más a las Juntas y dejar que pase la marejada.

—Ni lo pienses, no perderé una, y tú ya verás.

A partir de esa época, José Antonio intervino en no pocos actos públicos siempre con el mismo diapasón, hasta que tres años más tarde, concibió y organizó la Falange, que en su pensamiento y en sus manos tenía muy poco de común con lo que luego ha servido al régimen franquista. Es evidente que influyó en su ánimo y en su futura conducta política el hecho de verse obligado, en sus primeros pasos, a manejar la violencia como arma obligada contra los detractores de su padre. Ese tono nunca lo perdió en sus actuaciones, ni siquiera cuando el poeta que llevaba dentro dejaba correr su estro, y así alternaron, en nefasto maridaje, «los luceros» con «los puños y las pistolas».

Al fin, el Gobierno Berenguer autorizó a los Colegios de Abogados a elegir plenamente sus Juntas de Gobierno, incluso el decano, y el de Madrid procedió a nueva elección.

Presentamos una candidatura en la que aparecía como decano Ángel Ossorio y Gallardo, y yo como secretario. Los diputados que con nosotros figuraban en ella eran de la misma cuerda, en suma, una candidatura revolucionaria. Triunfamos por amplia mayoría y pasamos a ocupar nuestros puestos, desde los cuales, sin merma alguna de su eficiencia profesional y colegial, ayudamos no poco a la organización del movimiento, de protesta contra la Monarquía.

Ossorio, «monárquico sin rey», llevaba dentro, por su modo de ser, un perpetuo y amenísimo rebelde. Fue uno de los mejores decanos que tuvo el Colegio de Madrid y prestó a la clase servicios incalculables, organizando el Montepío y los Seguros de toda índole del Colegio y defendiendo siempre, ante autoridades y tribunales, el prestigio de la toga. Aun hoy se le recuerda con respeto y veneración.

En el otro lugar de agitación —la Academia de Jurisprudencia— fue elegido presidente, por unanimidad, Alcalá Zamora, y organizamos unas sesiones públicas los jueves, sesiones que pronto se convirtieron en espectáculo y en campo de batalla político y material.

Para la discusión pública se presentó, no recuerdo el nombre de su autor, una Memoria —La Constitución que España necesita—; tan sugestivo título era, claro es, nada más que la portada. Allí se discutía todo, absolutamente todo, del Rey abajo nadie se libraba del escalpelo y de la crítica feroz e insolente.

Asistían unos cuantos jóvenes monárquicos, miembros de la Academia, e, invariablemente, en los momentos culminantes del debate de cada día, iban al choque violento y material con sus adversarios, mucho más numerosos, acabando siempre la sesión en batalla campal.

Al fin, las autoridades decidieron cerrar las Academias, y la de Jurisprudencia no fue una excepción.

Trágico balance para el Rey

Trágico balance para el Rey

Llegamos al mes de junio: apenas habían transcurrido cinco meses desde la caída del dictador. Durante esos cinco meses el Gobierno Berenguer abrió una tras otra las compuertas de la libertad de prensa y la de reunión; las consecuencias de esas medidas fueron tales que nadie en las esferas gubernamentales dudaba ya de la marcha inexorable de la Monarquía hacia el abismo.

Mejor que yo lo registra quien, por su situación, resulta ser el más calificado para pulsar la verdadera opinión del país. Desde marzo, ocupa la Dirección General de Seguridad el general Mola, uno de los hombres más capaces con que contaba el Ejército.

Mola ha dejado varias obras publicadas en las que, casi al día, cuenta sus andanzas en cargo tan delicado y difícil. En una de ellas, Lo que yo supe…, que abarca precisamente este vidrioso período, describe reiteradamente el enrarecido ambiente que por doquier encontraba en sus viajes de inspección por España. Y en este mes de junio, en el que se cumplían los cinco primeros meses de vida del Gobierno Berenguer, la impresión del General quedó así reflejada:

«Yo estudiaba cuidadosamente los efectos de la propaganda, y me daba cuenta perfecta de los progresos que en el alma popular hacían las predicaciones antimonárquicas: las personas reales eran recibidas en los espectáculos públicos con frialdad; los periódicos extremistas cada vez tenían más lectores… ¡Sólo yo me sé los malos ratos pasados con motivo de la presencia del príncipe de Asturias en la plaza de toros! Es cierto que nunca faltaron al Rey aplausos en la calle; mas no he de negar, en honor a la verdad, que el escaso número de entusiastas contrastaba con la multitud que le veía pasar impasible: los aplausos hacían más palpable el abandono en que iba quedando.

Del resultado de mis observaciones di constante cuenta al Presidente del Consejo y Ministro de la Gobernación, y no he olvidado que en cierta ocasión en que aquél trató de refutar mis pesimismos hube de decirle:

—Desengáñese, mi general, que hoy rasca usted a cualquiera en la ropa e inmediatamente aparece la punta de un gorro frigio.

Esta frase, que en varias ocasiones repetí ante otras personas, llegó a Palacio».

CAPÍTULO IV

EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN

El pacto

El pacto

A partir del discurso de Alcalá Zamora en Valencia, emprendimos él y yo, juntos, la ardua labor de poner algún orden en el caos de grupos y grupitos en que la oposición se debatía.

Era indispensable, si se quería hacer labor útil y ordenada, aunar voluntades y reunir todos los elementos capaces de actuar, no sólo por el camino de la revolución en el que, dicho sea de paso, creíamos muy poco tanto él como yo, conocedores de la forma en que suelen desarrollarse gracias a los elementos militares comprometidos esas tragicomedias, sino también por el de la ciudadanía. Resultaba evidente que ya no podían demorarse mucho unas elecciones, generales o municipales, que aclarasen la caótica situación en que España vivía.

Los elementos revolucionarios o de acción estaban, en su inmensa mayoría, en manos del Indalecio Prieto, lo mismo los militares que los civiles, y, preferentemente, los obreros, aunque entre éstos ya empezaba a pesar en las provincias —singularmente en Barcelona— la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) enemiga declarada de la Unión General de Trabajadores (UGT) y del Partido Socialista. Los partidos republicanos, escindidos recientemente por la separación de la Alianza Republicana de los elementos que seguían a Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, actuaban poco en el camino revolucionario, pero sí en propaganda oral por provincias, aunque siempre en forma desordenada y sin rumbo preciso en cuanto a las metas de desenlace nacional del caos «reinante».

Al fin, logrose organizar, para el mes de agosto y en San Sebastián, una reunión de las representaciones autorizadas de los grupos y partidos para trazar un programa común. Y así llegó a celebrarse, con relativa solemnidad y extraordinaria resonancia, el tan traído y llevado Pacto de San Sebastián.

Han transcurrido muchos años desde entonces. Aún hoy, ese famoso Pacto constituye una especie de pesadilla y acarrea las maldiciones de una parte de las derechas españolas. Le atribuyen, sin saber por qué (puesto que estoy seguro que ignoran la verdad de lo que allí aconteció), nada menos que la responsabilidad exclusiva de la caída de la Monarquía y del matiz izquierdista de la naciente República. En una palabra, le maldicen y me maldicen a mí, como si hubiese sido yo su único autor y el máximo responsable de sus consecuencias.

Pues bien: quiero decir, quiero afirmar rotundamente en esta sincerísima narración que estoy hilvanando de mis pasos en esas horas cruciales para España, que jamás he colaborado en acto político más patriótico y más eficaz en toda mi vida.

Pronto estará el lector en condiciones de juzgar por sí mismo de la verdad de éste mi aserto.

En el verano de 1930 era ya un hecho cierto, ciertísimo, reconocido incluso por las autoridades del régimen, que la Monarquía se desmoronaba a ojos vistas y pronto se vería obligada a desaparecer. Lo que más importaba era encauzar su sustitución.

Quienes actuábamos en la vida política con la mirada puesta en el porvenir de España y palpábamos las reacciones, no siempre pacíficas y caritativas, que la visión del próximo porvenir suscitaba en ciertas masas populares, vivíamos bajo la obsesión de llegar cuanto antes a encuadrar las fuerzas políticas y sindicales dentro de un programa previamente madurado, y además designar a los hombres que habrían de asumir, llegado que fuese el momento, la función de gobernar. De la tónica de aquel programa y de la calidad de estos hombres dependería, íntegramente, la suerte del país. Se trataba, en una palabra, de preparar la colchoneta en la que había de caer fatalmente el cuerpo nacional cuando llegase la hora del cambio de régimen. Éste fue el objetivo principal de la reunión de San Sebastián, objetivo felizmente logrado como verá el lector.

Asistieron a la reunión, empezada a las tres de la tarde del 17 de agosto, las siguientes personas: Alejandro Lerroux, por la Alianza Republicana; Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza, por el Partido Radical Socialista; Manuel Azaña, por la Izquierda Republicana; Santiago Casares, por la Federación Republicana Gallega; Carrasco Formiguera, por Acció Catalana; Matías Mallol, por Acció Republicana de Cataluña; Jaime Ayguadé, por Estat Catalá; Alcalá Zamora y yo, por la Derecha Liberal Republicana; Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, por su propia cuenta, ya que el Partido Socialista, al que pertenecían, no había querido dar su conformidad hasta saber el resultado de la reunión. Asistieron, además, en concepto de invitados, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset. Gregorio Marañón, ausente de España, no pudo asistir, pero envió un telegrama de previa adhesión a los acuerdos que se adoptasen. Presidía la reunión, que se celebró en el Círculo Republicano de San Sebastián, el señor Sasiaín, su presidente.

Apenas abierta la sesión, Carrasco Formiguera planteó sin disimulo el pleito catalán en la siguiente forma:

—A nosotros, los catalanes, no nos interesa esta reunión si, previamente, no se conviene en que el advenimiento de la República entraña la más absoluta autonomía para Cataluña. A partir del nacimiento del nuevo régimen, Cataluña recaba su derecho a la autodeterminación y se dará a sí misma el régimen que le convenga. A este desatino, sucedió un silencio general y penoso.

Según mi pésima costumbre, en casos tales, mi temperamento me llevó a tomar la palabra y, con vehemencia quizás excesiva, arremetí contra los tres catalanes, queriendo demostrarles algo que estoy seguro que tenían bien sabido: que por tal camino se iba derecho a la guerra civil, que era lo contrario de la República que buscábamos.

Se generalizó la discusión. Intervinieron muchos, pero destacadamente Prieto, que en su patria chica tenía entonces como enemigos irreconciliables a los nacionalistas vascos, y veía que para ellos los acuerdos con los catalanes tendrían fuerza de ley.

Lo que sostuvimos los no catalanes, y lo que en definitiva prevaleció, con el voto unánime, es decir, incluso los de los catalanes, fue que la República no podía contraer más compromiso previo con Cataluña que el de llevar al Parlamento Constituyente un Estatuto de Autonomía, siempre y cuando el pueblo catalán, consultado mediante elecciones libres, declarase que deseaba ésa autonomía. Quedó, pues, bien entendido y remachado que hasta ese preciso instante, Cataluña no gozaría de ningún privilegio en relación con las demás provincias y regiones españolas.

Se pasó luego al examen del plan político. Se trató de la preparación del movimiento revolucionario, en el que pocos, muy pocos, tenían fe, pero que se consideraba indispensable como arma de desgaste y señal de alarma para los gobernantes. A continuación se nombró el Comité ejecutivo, que llevaría la dirección de la política republicana y la del movimiento, si éste llegaba a ser necesario. Figurábamos en dicho comité Alcalá Zamora, que lo presidía, Prieto, Azaña, Fernando de los Ríos, Domingo, Albornoz y yo.

No hubo más ni hubo menos en aquella famosa sesión, y con lo que hubo bastó para que pudiera nacer el Gobierno Provisional, para que se diera a la República la tónica que inspiró los primeros y más peligrosos meses de su vida; para que prevaleciera más tarde, en el seno de los partidos y de las organizaciones obreras, merced a la actitud de sus dirigentes, el deseo de apartarse de toda violencia llegada la hora de la victoria.

Fue el Pacto de San Sebastián, sólo él, lo que permitió al Gobierno Provisional, y muy singularmente al ministro de la Gobernación, prevalecer frente a las desbordadas pretensiones que, al instante de proclamada la República, exteriorizó don Francisco Maciá sobre la autonomía inmediata y total de Cataluña, sobre la designación de gobernadores y alcaldes, y, en fin, sobre tantas y tantas exigencias que Maciá, desde Barcelona, pretendía imponerme por teléfono, día y noche. Si acabé prevaleciendo, como verá el lector, fue gracias a la existencia previa del Pacto de San Sebastián. Sin él, los primeros días de la República hubiesen sido catastróficos para la paz de España, y para la suerte personal de los que, desde el campo de la derecha, le maldicen y le culpan de sus males.

Lo que, en 1936, aconteció en los diversos lugares de España en donde no triunfó inicialmente el alzamiento quedaría como un pálido reflejo de lo que hubiese acaecido en 1931 de no existir el repetido Pacto. Ni hubiera habido dirección del movimiento republicano, ni Gobierno Provisional, ni paz y orden en España. Con una particularidad; que, en 1931, ni el Ejército, ni los italianos, ni los alemanes, ni las fuerzas moras habrían actuado, como en 1936, al servicio de la causa de las derechas.

Accidente con suerte

Accidente con suerte

Al día siguiente del Pacto, sin perder un momento, dimos comienzo a los preparativos revolucionarios.

Pasaba yo los veranos en Fuenterrabía, donde tenía una casa al borde del mar, en el cabo Jaizquíbel, es decir, en la punta última de España en su frontera con Francia. En ella nos reuníamos a diario los miembros del Comité, al que vino a sumarse, desde el primer momento, mi gran amigo Felipe Sánchez Román, cuyo concurso, ponderado y reflexivo, y cuya privilegiada inteligencia fueron para nosotros preciosos a lo largo de la conspiración y, muy especialmente, después de proclamada la República.

Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos habían asistido a la reunión de San Sebastián —como he dicho—, a título personal, porque el Partido Socialista, dirigido en aquellos momentos por Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro, ambos partidarios de la evolución pacífica, no habían conferido su representación previa. Fernando fue a Madrid al terminar la reunión y dio cuenta al comité del partido de lo acontecido.

Unos días más tarde, desde Madrid nos pidieron que fuésemos algunos de los republicanos, con Prieto, para tratar directamente con ellos. Se decidió que haríamos el viaje Azaña, Prieto y yo, en mi coche, para ir y volver en un mismo día, si ello era posible:

A primera hora de la mañana salimos de Fuenterrabía. Guiaba yo y a mi lado iba mi mecánico. Detrás, Indalecio y Azaña. A primera hora de la tarde estábamos en Madrid y conferenciaron con los jefes socialistas Azaña y Prieto.

Las organizaciones de la UGT aportaban su colaboración en el movimiento que se preparaba, mas si éste había de tener carácter revolucionario, es decir, si había de salir a la calle, ponían como condición que el Ejército tomase parte activa y visible en él. La experiencia de 1917 les había escarmentado para siempre. En el aspecto político, la adhesión del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores a la causa de la República era de antiguo fervorosa. No existía, pues, motivo alguno de discrepancia ni de duda.

Al emprender el camino de regreso a Fuenterrabía, aquella misma noche, sufrimos un accidente que pudo costamos caro.

En el viaje de ida a Madrid había observado que Azaña, que, como ya he indicado, ocupaba con Prieto el asiento posterior del coche, iba, no sólo inquieto, sino aterrado por la velocidad a que yo conducía.

Por el espejo retrovisor veía su cara y sus gestos. Prieto, en cambio, después de contarnos algunas de las muchas peripecias vividas a lo largo de sus innumerables viajes —sin duda para tranquilizar a su compañero de asiento—, quedó dormido profundamente. Al regreso, cerca de Aranda de Duero, el freno de mano se calentó y me paré unos momentos para distenderle, quedando inservible. Las zozobras de Azaña aumentaron no poco a partir de ese momento. Cenamos en el Hotel de París, de Burgos, y, al filo de la media noche, proseguimos el viaje.

Cuando atravesábamos la región de los pasos a nivel, que entonces se sucedían casi sin interrupción, entre Burgos y Miranda de Ebro, al llegar a uno emplazado al final de una cuesta bastante pronunciada y en curva, al frenar con el freno de pie, único de que disponía, saltó su varilla. Marchábamos a 80 km por hora y nos separaban del paso a nivel —cerrado como es costumbre a tales horas— unos cincuenta metros. A mi derecha había un terraplén algo profundo; a mi izquierda, una fila de gruesos árboles.

Es increíble la cantidad de ideas que pueden desfilar por la mente humana en unos segundos. En los contadísimos de que disponía juzgué la situación con claridad absoluta. Ni a un lado ni al otro cabía la menor posibilidad de salir indemnes. No me quedaba, pues, otro camino que el de tirar por el de en medio, arremeter contra la barrera, relativamente frágil, compuesta de una vieja barra de madera y una cortina de alambres. Aún me quedó tiempo para prevenir a mis acompañantes:

—Sujétense bien, que vamos a pasar.

No pude ver la cara de Azaña, pero me la imagino cadavérica. Prieto, que dormía como un bendito, despertó, y lanzando uno de los tacos sonoros de su inagotable repertorio, exclamó:

—Dele usted fuerte para que se…

Chocamos, en efecto, contra la primera barra, que quedó rota, y pasamos. La sacudida violenta desvió al coche y no pude evitar el salirme de la carretera y quedar sobre el balasto de la vía.

El auto se paró entre las dos vías, la ascendente y la descendente. Fue cosa de segundos. Cada uno por su portezuela salió del coche y, en pie a cada lado de él, miramos con ansiedad por si, en la oscuridad de la noche, se divisaba algún tren. Azaña no podía hablar. Balbuceaba y no entendí lo que decía, aunque estaba junto a mí. Doy por supuesto que yo era el sujeto de la oración. Prieto, acordándose de que estábamos en la madrugada de un domingo y llevado de su «deformación profesional», exclamó:

—¡Menudo notición se ha perdido la Hoja del Lunes!

Se acercó el guardavías con un farol en la mano. A gritos le preguntamos si venía algún tren, y contestó que acababa de pasar el expreso.

Por fortuna, el coche no había sufrido deterioro en ninguna de sus partes esenciales: un faro volatilizado, una aleta prácticamente desaparecida y… nada más.

Reparó el mecánico la avería del freno y, tras dejarle al guardavías mi tarjeta para las ulteriores reclamaciones, seguimos a Fuenterrabía rindiendo viaje a las cinco de la madrugada.

Lo que Azaña sufrió en esta segunda parte del trayecto sólo Dios lo sabe. Prieto volvió a quedar dormido y dormido llegó a puerto.

Preludios de conspiración

Preludios de conspiración

Con la conformidad socialista quedaba el bloque republicano compacto y eficiente. Además, la seguridad de contar con Prieto y los elementos que él tenía acumulados por su cuenta desde hacía ya meses, representaba un gran alivio para nosotros. Indalecio, que conocía a las gentes más heterogéneas y más pintorescas, era un catador de hombres excepcionalísimo. Cuando hablaba dos veces con alguien, ya sabía a qué atenerse respecto a la solvencia moral de su interlocutor y, sin el menor eufemismo, le calificaba para siempre. ¡Cuántas veces hubimos de comprobar lo certero de su fallo!

En esto de las andanzas revolucionarias acostumbra pulular una clase de gentes, desecho de tienta de todas las demás actividades confesables, que hacen extremadamente difícil no caer en el ridículo, o en la trampa policíaca definitiva. Cada vez que recuerdo aquellas jornadas pintorescas pienso en la frase que se atribuye a don Antonio Cánovas, no sé si con razón, pero que merece muy bien haber salido de sus labios:

«Un hombre inteligente puede verse obligado a conspirar una vez, pero el español que conspira dos, es un imbécil».

En esta frase está condensada la experiencia de quienquiera que haya intervenido en una conspiración entre españoles.

No es fácil imaginar algo más incompatible con el carácter y la idiosincrasia del español que la misión propia del conspirador. La discreción, el disimulo, la constancia en el esfuerzo al parecer baldío, el tesón en trabajos casi siempre ingratos y peligrosos, la ductilidad en el trato con toda clase de entes más o menos gratos y, en fin, la visión constante de una meta lejana, meta que rara vez se logra, son otros tantos factores incompatibles con nuestro temperamento nacional.

Un ejemplo:

En octubre de 1936, apenas salido de la España en guerra civil, llegué a San Juan de Luz. Acudí un día al Bar Basque, lugar de reunión de los innumerables españoles que en aquellas luctuosas fechas pululaban por tales latitudes. Habría unas cien personas en el vasto salón. Al rato, oí el siguiente diálogo entre mi vecino, desconocido, y otro ciudadano en la punta opuesta del local:

—¡Tú por aquí! ¿Qué haces, hombre?

—Aquí me tienes. ¡Soy espía! —gritó mi vecino.

Si no lo grita, revienta.

Versión oficial del Pacto

Versión oficial del Pacto

No renuncio a exponer, porque lo creo útil para situar las cosas en esas horas, la inocente y cándida versión que el general Mola, director general de Seguridad, nos ofrece en su ya citada obra, Lo que yo supe…, del Pacto de San Sebastián.

«El día 20 recibí una información en la que se decía que en San Sebastián habían coincidido significadas personalidades del Partido Republicano y algunos destacados elementos catalanes, invitados previamente por aquéllas. En la información se aseguraba también que unos y otros habían celebrado una conferencia, adoptando como consecuencia de ella un programa sobre la forma que en lo sucesivo debía desenvolverse la propaganda, sin que de momento se pudieran concretar detalles por la reserva que guardaban los asistentes al acto. En esa forma y con tan escasos pormenores recibí la primera noticia del que fue llamado después “El Pacto de San Sebastián”.

Dos días más tarde, llegó a mi poder otro informe en el cual se daban algunos detalles de la conferencia, obtenidos por mediación de persona bien enterada. La reunión se había celebrado en el Casino republicano y a ella concurrieron, entre otros, los señores Alcalá-Zamora, Lerroux, Azaña, Sánchez Román, Sasiaín, Ortega y Gasset (don Eduardo), Carrasco Formiguera y Aiguadé; estos últimos eran los destacados elementos catalanes. En esa reunión quedó acordado emprender una activa campaña para derribar la Monarquía, aprovechando el malestar que se dejaba sentir en todos los órdenes de la vida nacional, aceptando todas las colaboraciones revolucionarias, fueran o no republicanas. Los catalanes —que iban muy bien aleccionados— sólo accedieron a prestar su concurso sobre la base de que, si llegaba a implantarse la República, ésta habría de reconocer a Cataluña su personalidad y dar satisfacción completa a sus aspiraciones, que no concretaron, lo que dio origen a bastantes reparos del señor Lerroux, conocedor mejor que nadie de la forma de proceder de los elementos extremistas catalanes. “Según me dicen —terminaba el informador— todo ha quedado prendido con alfileres, no obstante lo cual ellos se las prometen muy felices”.

Di cuenta de estos hechos al Ministro de la Gobernación y Presidente del Consejo, pero, a decir verdad, en aquella ocasión ni ellos ni yo concedimos gran importancia a los acuerdos…».

Ésta era toda la información que en conjunto y en detalle tenía el Director General de Seguridad de lo ocurrido aquel 17 de agosto en San Sebastián.

Leyendo con algún detenimiento los tres densos volúmenes de que constan las Memorias del general Mola, se llega a la conclusión de que el alto cargo le venía, evidentemente, más bien grande al bizarro militar. También es cierto que los medios de que disponía eran más que mediocres. Ni servicios eficaces, ni personal especializado, ni red de colaboradores y confidentes bien montada, pero seguramente para que esas tareas fuesen subsanadas por alguien capaz de realizarlo, fue para lo que el general Berenguer le designaría. No acertó con el secreto del oficio. Desparramó sus actividades por España persiguiendo fantasmas o semifantasmas y abandonó el nervio vital del asunto. Tras el capitán Galán, tras el capitán Sancho, tras otros militares más o menos alocados en aquellas horas, recorrió una y otra vez España entera y fue al norte y a Barcelona, y a Andalucía.

Entretanto, en Madrid, el cuerpo de policía, minado por el escepticismo en cuanto a la capacidad del régimen para sobrevivir a la tormenta, entraba en contacto cada vez más estrecho con nosotros, los del Pacto de San Sebastián, que para ellos representábamos el mañana próximo, porque ellos sí que vieron claro que ese Pacto, a cuyos acuerdos ni el General ni el Gobierno concedían la menor importancia, era la garantía del triunfo de los que en San Sebastián pactaron.

La suerte estaba echada y nada ni nadie podía evitar lo inevitable, pero esa especie de ceguera que aquejó a las autoridades policíacas y políticas ayudó, no poco, a nuestra labor organizadora del porvenir que se nos caía encima.

Leyendo ahora en sus respectivas Memorias lo que entonces pensaban esos hombres, podemos explicarnos pasividades que se nos presentaban como verdaderos enigmas, entonces imposibles de descifrar.

Versión periodística

Versión periodística

Como colofón a este capítulo, diré que el famoso Pacto de San Sebastián no se escribió en parte alguna, fue un auténtico pacto entre caballeros, unos acuerdos que fueron cumplidos íntegramente por todos.

Cierto es que Prieto, a la salida de la Junta, se dirigió, desde la calle de Garibay, a un local de por allí, el Bar España, y sobre una de sus mesas redactó la siguiente nota que entregó a la nube de periodistas que, ávida de sensacionalismos, le rodeaba.

«En el domicilio social de Unión Republicana, y bajo la presidencia de don Fernando Sasiaín, se reunieron esta tarde: don Alejandro Lerroux y don Manuel Azaña, por la Alianza Republicana; don Marcelino Domingo, don Álvaro de Albornoz y don Ángel Galarza, por el Partido Republicano Radical-Socialista; don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, por la Derecha Liberal Republicana; don Manuel Carrasco Formiguera, por la Acción Catalana; don Matías Mallol Bosch, por la Acción Republicana de Cataluña; don Jaime Ayguadé, por el “Estat Catalá”; y don Santiago Casares Quiroga, por la Federación Republicana Gallega, entidades que, juntamente con el Partido Federal Español —el cual, en espera de acuerdos de su próximo Congreso, no puede enviar ninguna delegación—, integran la totalidad de los elementos republicanos del país.

A esta reunión asistieron también, invitados con carácter personal, don Felipe Sánchez Román, don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto, no habiendo podido concurrir don Gregorio Marañón, ausente en Francia, y de quien se leyó una entusiástica carta de adhesión, en respuesta a la indicación que con el mismo carácter se le hizo.

Examinada la actual situación política, todos los representantes concurrentes llegaron, en la exposición de sus peculiares puntos de vista, a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.

La misma absoluta unanimidad hubo al apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras que en el acto previo de hoy no estuvieron representadas para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que, sin desmayos, pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político».

CAPÍTULO V

SE FORMA GOBIERNO PROVISIONAL

Primeras designaciones

Primeras designaciones

Ya de regreso todos en Madrid, a principios de septiembre, dio comienzo la organización política y revolucionaria del movimiento.

Nos reuníamos en mi casa, un hotel de la calle del Príncipe de Vergara (calle que hoy, por azares de la casualidad, lleva el nombre del general Mola). En mi biblioteca, sentados frente a la gran chimenea, pasábamos horas y horas discutiendo los temas más heterogéneos: programa de gobierno, designación de las primeras autoridades, forma de organizar el movimiento, repaso y análisis de las innumerables noticias que de toda España nos llegaban, y, en fin, las mil incidencias que el diario vivir nos aportaba.

En el aspecto político fue, desde el primer momento, clara la discrepancia entre las dos tendencias que dentro del Comité convivían merced a la presencia en él de Niceto Alcalá Zamora y yo, procedentes del campo monárquico. Para los demás, con excepción de Lerroux, que asistía intermitentemente a nuestras reuniones, siempre como ausente y rara vez opinaba, y de quien luego me ocuparé con algún detenimiento, salvo Lerroux, repito, para los demás el cambio de régimen, si se lograba, debería de ser considerado como una auténtica revolución. Para la mayor parte de los allí reunidos a diario (entre los que estaban personas ajenas al Comité propiamente dicho, como Galarza, Sánchez Román, y otros, que formaban de siempre en las filas republicanas), una revolución que no desarraiga inicialmente la fuente de poder de los partidarios del régimen caído es sólo una revolución a medias y está condenada, más tarde o más temprano, al fracaso. Eran partidarios decididos de practicar, inmediatamente después del triunfo, una siega implacable de cuanto representase el signo de poder de los elementos sociales que predominaban con la Monarquía. La gran propiedad rústica, y la riqueza mobiliaria en la proporción que se reputase excesiva, empezando por la Banca, deberían ser implacablemente nacionalizadas en beneficio del Estado.

Nos oponíamos a este criterio, como era lógico, Niceto y yo, haciendo de ello cuestión vital para nuestra permanencia en el Comité. Para nosotros la primera condición del régimen naciente había de ser la moderación. La República sólo podía arraigar en España siendo conservadora, sin perjuicio de cuantos avances evolutivos impusiera más tarde la voluntad nacional, y las Cortes, legalmente elegidas, sancionasen.

Otro tanto acontecía cuando abordábamos la conducta a seguir con la persona del Rey y con los ministros y demás personajes de la Dictadura. Había quien postulaba medidas de rigor, mientras que para nosotros dos era fundamental que habían de ser respetados en sus vidas y en sus personas, sin perjuicio de las sanciones que los tribunales u las Cortes, en su día, les impusiesen.

La máxima discrepancia surgía en el tema religioso. Todos los miembros del Comité, a excepción de Niceto y yo, eran, por convencimiento y por velocidad adquirida en sus vidas políticas, ferozmente anticlericales y, por supuesto, agnósticos, cuando no ateos. Para ellos, República era sinónimo de laicismo integral, y, dada la realidad española, ello equivalía a la persecución religiosa, puesto que habían de ser disueltas todas las órdenes monásticas y confiscados sus bienes en beneficio del Estado. La desamortización debía hacerse inmediata e implacablemente. Nosotros dos, convencidos de que ello representaba una guerra civil cruenta e inacabable, manteníamos el principio de la libertad, o sea el respeto a la conciencia individual de todos los españoles, que, siendo en su mayoría católicos, merecían el respeto y el amparo del poder público desde la escuela hasta el cementerio. Las discusiones sobre este vidrioso tema fueron durísimas y, en más de una ocasión, hubimos Niceto y yo de plantearnos, al terminar ellas, si había llegado o no la hora del rompimiento.

Después de mucho debatir, prevaleció el criterio moderado que representábamos Alcalá Zamora y yo, y, llegada la hora del triunfo, ésa fue la tónica de la conducta del Gobierno Provisional hasta las Cortes Constituyentes.

Visto el caso con perspectiva histórica, es forzoso reconocer que la experiencia vino aparentemente a dar la razón a los partidarios de la violencia, confirmando, una vez más, la exactitud del axioma de Saint Just: «Los que hacen las revoluciones a medias no hacen sino abrir sus propias tumbas».

Los que acabaron con la Segunda República mediante la guerra civil lo han comprendido así, y no se han dado reposo persiguiendo a los vencidos, algunos de los cuales han sido barridos incluso de los respectivos Registros Civiles. La historia dirá si de verdad es éste el camino, en un pueblo como el español, que jamás olvida, de convertir una revolución en eterna y perdurable, o si, por el contrario, no es él otra cosa que la antesala de una nueva y más trágica convulsión.

En el curso del mes de octubre, ya satisfactoriamente resueltos en principio los temas de discrepancia grave entre los miembros del Comité, decidimos formar, definitivamente, el Gobierno Provisional, para dar la impresión de seriedad y las necesarias garantías. Una tarde fueron convocados a una reunión en mi casa todos los miembros y, además, los habituales asistentes a nuestras reuniones. Asistieron puntuales, a excepción de Lerroux, que, según su tradicional costumbre, se retrasó considerablemente.

No se discutía la presidencia del Consejo. Todos reconocíamos que correspondía a don Niceto, puesto que se había considerado indispensable la tónica moderada en los comienzos del nuevo régimen. Se pasó en seguida a la cartera de Gobernación. No tenía yo el menor propósito de formar parte del Gobierno. Entendía que los jóvenes —yo era casi el benjamín de los reunidos— debían abstenerse de actuar en primera línea, dejando, a los que reputaba más capaces, la dirección efectiva en los primeros meses de República. Por eso propuse, sin vacilar, a Prieto como el más idóneo para el cargo. Su larga experiencia de las masas, su indiscutible talento, su reconocida habilidad política, le hacían casi indispensable en este puesto. Pero mi propuesta no prevaleció. Creí observar que el más hostil a ella era Largo Caballero, que, sin decir palabra, hizo un gesto, que claramente vi, de desagrado al oírme dar el nombre —ignoro el porqué, aunque lo imagino—. La discusión terminó teniendo yo que aceptar el cargo, pero no sin que antes les expusiese el grave error que, según mi entender, cometían. Era indudable que la presencia en Gobernación de un hombre de derechas, que, por añadidura, llevaba el apellido Maura, provocaría dificultades al Gobierno en el que iban a figurar ministros socialistas. Les dije, además, que yo tenía un modo especial de entender la autoridad y su ejercicio, y que resultaría difícil que las masas, y aun algunos políticos republicanos, aceptasen y compartiesen la responsabilidad de este criterio arraigado en mi ánimo. Fue inútil y hube de aceptar.

Se atribuyó a Prieto la cartera de Obras Públicas. No se pensó al principio en adjudicarle la de Hacienda. Hubiéramos deseado llevar a ella a don Jaime Carner, que la desempeñó más tarde, de modo insuperable, en el primer Gobierno Constitucional, pero la verdad fue que cuantos sondeos se hicieron entonces cerca de las personalidades republicanas de Cataluña cayeron en el vacío, porque ninguna tomaba en serio la posibilidad de un cambio de régimen.

Cuando hubimos de precisar el puesto que correspondía a Lerroux, surgieron vacilaciones. Se habló, primero, de la cartera de Justicia. Sin medir a fondo mis palabras, se me ocurrió decir que si se le adjudicaba dicha cartera, algunos de sus adláteres acabarían subastando las sentencias de los tribunales en la Puerta del Sol. Como era de suponer, no tardó la frase en llegar a oídos de Lerroux, que me la recordó, años después, en cierto momento delicado de crisis que luego expondré. Creo recordar que fue Largo Caballero quien propuso que se le asignara la cartera de Estado —hoy de Relaciones Exteriores— por llevar, de siempre, aneja la Vicepresidencia del Gobierno y porque era notorio que su nombre, en el extranjero, era el más conocido de entre los nuestros.

Estábamos en éstas cuando entró en el despacho don Alejandro. Como siempre, solemne y majestuoso, saludó cortés y tomó asiento. Un desagradable silencio siguió a estos saludos protocolarios. Parecía como si su llegada hubiese cortado el hilo de un diálogo que fuese indiscreto continuar delante de él. Fui yo quien, siempre espontáneo, le informé de cuanto acabábamos de tratar. Tenía don Alejandro una fisonomía sumamente expresiva. Cuando algo le contrariaba, enrojecía, y sus ojos emprendían una especie de rotación original. Esta vez, no fue sólo su fisonomía la que dio muestras patentes de contrariedad. Con voz acerada, nos lanzó una de sus famosas catilinarias. Nos dijo lo que él creía ser para la República: nada menos que «su encarnación desde los comienzos del reinado de Alfonso XIII»… Y lo que la República era para él: «el sueño y la meta de todas las aspiraciones de su vida»… Afirmó que aceptaba, resignado, que fuese otro, recién llegado al campo republicano, quien asumiese la jefatura del Gobierno, porque comprendía que era la hora de «las medias tintas», y con esta frase, de al menos doble sentido, pareció quedar un tanto desahogado. Añadió que, cuando había soñado con cargos al alcance de sus capacidades, que mejor que nadie conocía, siempre había pensado en la cartera de Gobernación. Salté sobre la oportunidad que se me brindaba y en el acto puse en sus manos el mochuelo que me habían adjudicado contra mi voluntad. Duró la discusión bastante rato.

Don Alejandro quería, a todo trance, que la cartera de Estado fuese adjudicada a Sánchez Román, presente en la reunión. Éste rechazaba categórico ésa y cualquier misión, afirmando que estaba decidido a no tomar sobre sí responsabilidad de cargo alguno.

Largo Caballero hizo ver a don Alejandro los riesgos que su popularidad en el campo republicano correría, en cargo tan expuesto como el de Gobernación, al choque con las masas. Razonó hábilmente, secundado por Prieto, la necesidad de que fuese él, Lerroux, quien llevase la representación de España y del nuevo régimen a las reuniones de la Sociedad de Naciones. Al fin, cedió don Alejandro.

Hago punto y aparte para aclarar, sobre el tema Lerroux, algunas facetas que mucha gente no ha logrado explicarse.

Don Alejandro Lerroux

Don Alejandro Lerroux

Además, me obliga a ello el hecho de haber don Alejandro, en el año 1945, publicado un libro, La Pequeña Historia —Editorial Cimera, de Buenos Aires—, verdadera enciclopedia de vilezas y bajas pasiones que no acierto a comprender cómo pudo salir de su pluma, siempre cortés, al menos desde los tiempos en que desempeñó el papel, adjudicado por sí mismo, de Patriarca de la República. Y me obliga más aún el hecho de ser yo el único de sus compañeros en el Gobierno Provisional que sale relativamente respetado y se libra de sus difamaciones y calumnias en ese vertedero de insidias. Comprendo, sin dificultad, que tan singular privilegio es debido a mi insignificancia, pero es posible que también tenga parte en esa excepción el hecho de haber yo aclarado, muy desde los comienzos, mi irreductible incompatibilidad con la indeseable corte que habitualmente le rodeaba, y con ello haberme eliminado voluntariamente del campo de sus posibles émulos. Mas, precisamente por ello, quiero ser yo quien deje sentado ante la Historia —pequeña, mediana o grande— la verdadera causa de este «fenómeno» ciertísimo: a ninguno de los miembros del Gobierno Provisional inspiraba la menor confianza Lerroux, y desde el primer instante quedó ello patentizado en nuestros tratos recíprocos.

Para mí, recién llegado al hogar republicano, todo constituía novedad en cuanto a prestigios, categorías, aprecios y desvíos entre quienes moraban de siempre en él. Para mí Lerroux era lo que él nos dijo en la reunión de mi casa que acabo de transcribir: la encarnación de la República durante la Monarquía.

No dejaba de pesar en mi ánimo, cuando le abordé por vez primera, el recuerdo, aún fresco, de las injusticias y los ataques feroces contra mi padre, durante la época del «Maura, no» y el «Maura, sí», que habían acaparado nada menos que ocho años de nuestra historia política. Sabía yo que, durante tan larga campaña, Lerroux hizo gala de llevar colgado de la cadena de su reloj una medalla de oro con la inscripción de Maura, no, medalla que, por cierto, el propio don Alejandro donó a mi hermano Gabriel, y figura hoy en la vitrina de recuerdos en el que fue despacho de mi padre.

Ello no obstaculizaba mi deseo de colaborar, sin acritudes ni resquemores retrospectivos, con él y otros republicanos igualmente adversarios nuestros, enconados y hasta feroces, en aquella época agitada de la política. Al pasar al campo republicano, no ignoraba que ello era indispensable, y de antemano borré todo recuerdo personal hiriente para el amor propio, sabiendo que la política es así, y que sólo tomándola tal cual es cabe actuar eficazmente en ella. Sabía también, y no tardé en comprobarlo hasta la saciedad, que la estima e incluso la admiración por los adversarios políticos más combatidos o denigrados suele estar en proporción inversa a la acritud de los denuestos. A unos y a otros oí juicios certeros y elogios justificados de actos de gobierno de mi padre que, en otros tiempos, fueron causa o pretexto de las máximas invectivas y de los más groseros ataques. El tiempo había hecho su callada labor, y la verdad ocupado su asiento.

Pronto supe, sin embargo, que para los republicanos no incondicionales de Lerroux, es decir, para las figuras relevantes del republicanismo (y no hay que decir que también para los socialistas) éste era hombre sumamente peligroso, de quien no cabía fiarse…

Indagando el origen de tan generalizada desconfianza, averigüé que la historia política y personal de nuestro hombre estaba impregnada de tratos y contratos inconfesables con las altas autoridades de los Gobiernos de la Monarquía. Lerroux había vivido siempre del milagro, que dejaba de serlo para quienes conocían sus relaciones con los ministros de la Gobernación y con los fondos secretos de este Ministerio: El emperador del Paralelo —así se le bautizó en Barcelona, en donde también se le conocía por El Caudillo— fue la mano oculta de algunos ministros de la Monarquía en el campo de las luchas políticas de la Ciudad Condal. El creador y jefe de los Jóvenes Bárbaros, el que les aconsejaba, en tristemente célebre proclama, que «levantasen el velo a las novicias y las elevasen a la categoría de madres para virilizar la especie», era un ferviente colaborador de ciertos políticos monárquicos que preferían sobornar a gobernar, que optaban por la inteligencia subrepticia con el que jugaba el papel de feroz rebelde a base de cuantiosa y periódica remuneración, para evitarse los sinsabores de la represión violenta.

Nuestro hombre era el garbanzo negro de la República; pero, a la vez, reconocíamos que su popularidad entre la masa del partido era tan considerable que no resultaba fácil edificar algo sólido sin su concurso, e imposible hacerlo contra él.

Con ser esto triste y lamentable, resultaba llevadero si lo comparábamos con la fama, bien ganada por lo visto, de quienes formaban el grupo de sus familiares y amigos en el seno del Partido Radical, que él presidía y capitaneaba. Sobre tal particular, el repertorio de anécdotas y sucedidos es inagotable. No tardé en comprobar por mí mismo la verdad de algunas de estas aventuras, y mi criterio quedó definitivamente fijado.

Por ello, los trabajos clandestinos que desde la Dictadura venían siendo la ocupación habitual de los republicanos de siempre habían sido hechos sin el menor contacto con Lerroux, que, aparte de algunos jóvenes militares incondicionales suyos, no conocía ni trataba a ninguno de los agentes utilizados por los conspiradores. A ese criterio y a esos juicios severos, pero inflexibles, hube de sumarme yo al incorporarme a la acción dentro del campo republicano.

Llegó esta desconfianza a formar parte del subconsciente de todos y cada uno de nosotros. Al punto de que, cuando se trató de designar los miembros del Comité en la reunión de San Sebastián, nadie pensó en incluir a Lerroux. Prácticamente, actuábamos sin contar con él, aun cuando fuese citado a las reuniones que celebrábamos en mi casa o en el Ateneo.

Para quien estaba acostumbrado a ser el árbitro del pensamiento y de la acción republicanos, este ostracismo tangible representaba una ofensa. Bien se trasluce en las páginas del libro de que he hablado. Todos somos, según el autor de La pequeña historia, unos pobres novatos en el oficio, incapaces de articular nada serio sin él, maestro en el arte de la política. Los desdenes y las insidias, amén de las calumnias que chorrean de ese voluminoso libelo contra los hombres del Gobierno Provisional y del Comité republicano, producen tal sensación de asco a quienes, por haberlo vivido, sabemos que son falsedades y mentiras, que renuncio a rebatir las versiones que de los mismos hechos por mí narrados aparecen en ese vertedero de la atrabilis lerrouxista.

En cambio, creo que el relato de un suceso acaecido mucho más tarde —en el verano de 1933—, del que fuimos protagonistas Lerroux y yo, pondrá en claro y de una sola vez la verdad sobre este desagradable pero obligado inciso histórico, y me excusará de mayores aclaraciones.

Era, repito, en el verano del 1933. Lerroux veraneaba, como de costumbre, en su casa de Gudillos, en San Rafael, situada en la vertiente norte de la Sierra del Guadarrama. Yo lo hacía en el mismo San Rafael, y no solía coincidir con él en parte alguna, puesto que nuestras respectivas residencias estaban bastante alejadas entre sí.

Cierto día, creo recordar que del mes de julio, uno de los secretarios de Lerroux, cuyo nombre no quiero dar por lo que luego verá el lector, vino a decirme —no disponía yo de teléfono— que don Alejandro deseaba hablar conmigo y me rogaba fuese a su casa, a las tres de la tarde. Fui en mi coche, y a la hora fijada entraba en su despacho, amplio y confortable. Siempre vivió muy bien Lerroux, nacido, sin duda, para gran señor. Tras los saludos y vaguedades de rúbrica, y ya a solas él y yo, me planteó el motivo de su llamada en esta forma:

—Quería hablar con usted, Miguel, porque sé, a ciencia cierta, que el poder se me viene a las manos. El Gobierno Azaña no puede continuar. Hay que disolver las actuales Cortes, que ya han vivido con exceso, y voy a ser yo el encargado de esta misión.

—Perdone, don Alejandro —le interrumpí—, ¿está usted seguro de lo que afirma? ¿Quién le ha dado esas seguridades? Mis noticias no son ésas.

—Personas bien situadas me han prevenido y estoy, desde hace días, preparándolo. Perdone que no sea más explícito. Si llegamos a un acuerdo, lo sabrá usted todo.

—Bien, siga usted adelante, pero conste que me sorprende usted con esas afirmaciones tan rotundas.

—El poder se me viene encima y he querido decirle que desearía contar con usted como mi hombre de confianza, como un segundo de a bordo, desde el primer instante. Mi política, bien lo sabe usted, estará exenta de todo extremismo. Vamos a centrar la República, gobernando para todos los españoles. Lo que usted y yo predicamos en los mítines. Esto, y sólo esto, es lo que pretendo. Quiero contar con usted desde ahora. Será usted mi hombre de confianza.

Mi sorpresa no venía de la propuesta que acababa de oír. Sabía, desde hacía meses, cuál era el pensamiento y el deseo de Lerroux, porque alguien, muy amigo y correligionario mío, aunque ajeno a la política activa, y amigo personal suyo, me lo había anunciado. Mi sorpresa estribaba en la seguridad que me daba del desenlace inminente de la coalición gobernante en aquellos momentos, que yo sabía, a ciencia cierta, falsa. Mas, como había meditado lo suficiente desde que se me anunció lo que acababa de oír, no vacilé un instante en darle mi contestación:

—Don Alejandro, me va a perdonar que sea franco, con abuso de franqueza, es decir, que llegue a ser quizá grosero. Creo que para usted y para mí es mejor que todo quede claro de una sola vez.

—No sólo le perdono de antemano, sino que se lo ruego. En efecto, cuanta más claridad más amistad.

—Bien, pues siento decirle, don Alejandro, que yo no puedo colaborar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana con usted en ningún Gobierno. Y quiero decirle, desde el principio, que no es precisamente por usted, sino por la gente que le rodea, que es totalmente indeseable y acabará perdiéndole a usted.

—¡Qué me está usted diciendo, amigo Miguel! ¿De quiénes se trata? Yo tengo amigos de siempre, que serán mejores o peores, pero que han sido fieles compañeros de luchas y de fatigas en los años heroicos, y que ahora he de recompensar y atender. Es, querido Miguel, obligado en mí, que usted sabe que siempre he sido agradecido y amigo de mis amigos. ¿Que algunos han cometido pecadillos en otros tiempos? ¡Qué le vamos a hacer! Eso para mí es, como dicen los franceses, «la rançon de la gloire».

—De la gloire de usted, don Alejandro, pero no de la mía, que nada tengo que ver con ese pasado de usted y tiemblo por el porvenir si va a parecérsele.

—No puedo creer que sea ésta la razón de su negativa. Si fuera la verdadera razón, como me temo, el recuerdo de la campaña que contra su padre llevé en los lejanos años del «Maura, no», quiero confesarle, querido Miguel, que aquello fue una gran injusticia mía, que la he lamentado en mi fuero interno cien veces desde entonces, pues su padre merece todos mis respetos y, sobre todo, mi admiración, porque fue un gobernante de cuerpo entero. Esto me lo han oído esos amigos que usted repudia sin conocerlos bien, y han compartido conmigo esta opinión.

—No, don Alejandro, nada de eso tiene que ver con mi decisión, que es irrevocable. Le agradezco muchísimo lo que me ha dicho de mi padre, y quiero que sepa que, si hubiese habido por mi parte el menor resquemor por el pasado, jamás habría cruzado con usted ni el saludo. Eso está olvidado y borrado… Don Alejandro, usted y yo nunca gobernaremos juntos. Tome usted nota de lo que le digo y de la hora y sitio en que se lo digo, porque lo recordaremos más de una vez.

Al llegar a este punto, Lerroux se destapó por otro lado:

—Cuando supe que usted había dicho, poco antes del advenimiento de la República, que si yo iba al Ministerio de Justicia subastaría las sentencias de los tribunales en la Puerta del Sol (y lo supe a la media hora de haberlo usted dicho), creí que era una boutade de señorito. Nunca pensé que lo creyese como posible.

Me sorprendió la inesperada salida, pero reaccioné al instante:

—Perdone usted, don Alejandro. No dije que usted subastaría las sentencias. Dije, y lo repito, que sus amigos de usted lo harían. Hay una gran diferencia entre ambas expresiones. Y no es el señorito el que lo dice, sino el político honrado que no está dispuesto a pringarse de m… del brazo de sus amigos.

Me puse en pie y me despedí. Lerroux quería seguir dialogando, esperando sin duda convencerme. Me acompañó hasta la puerta del jardín donde estaba mi coche.

Su secretario, el mismo que había venido a avisarme, me preguntó si podía acompañarme, porque debía bajar al pueblo, que está camino de la que fue mi casa. Accedí, como es lógico. Y apenas habíamos recorrido cien metros cuando mi acompañante me propuso:

—Don Miguel, ¿usted es muy amigo de Casares Quiroga, verdad?

—Sí. ¿Por qué?

—Hay un negocio formidable en estos momentos, en Gobernación, y podría usted ganarse limpiamente un montón de pesetas… Se trata de una subasta…

—Perdone usted —le interrumpo—, he olvidado decirle a don Alejandro algo importantísimo. Vamos a volver y, sin más, di rápidamente la vuelta al coche.

Entro, con el secretario de marras, que sube a llamar a Lerroux, quien, por lo visto, había comenzado su siesta tardía. Baja al fin, en bata. Me cierro con él en su despacho y le digo:

—Don Alejandro, perdone que le haya reventado la siesta. Pero es decisivo lo que tengo que decirle. Hace menos de un cuarto de hora que nos hemos separado. Pues bien, su secretario ha tenido tiempo bastante para proponerme un «formidable negocio» con no sé qué cosas del Ministerio de la Gobernación, en el que yo podría ganar limpiamente no sé cuánto. ¿Ve usted, don Alejandro, la razón de mi negativa? ¡Como ése, los tiene usted a docenas a su alrededor!

—¡Estos chicos! ¡Estos chicos! ¡Me deja usted asombrado!… Voy a tirarle de las orejas. ¡Qué torpeza!

—Adiós, don Alejandro. Perdone otra vez y comprenda.

Dos meses después (no unos días, como afirmaba él) cayó el Gobierno Azaña y subió Lerroux al poder, el 12 de septiembre.

De Palacio, vino Lerroux a mi casa a pedirme colaboración, personal o delegada. Naturalmente, se la negué recordándole nuestra conversación.

Durante el Bienio radical-cedista no hubo crisis, parcial o total, sin que dicho ofrecimiento se repitiese, viniendo él personalmente o algún emisario suyo, que, invariablemente, oía de mis labios:

—Dígale a don Alejandro que se acuerde del «convenio» de San Rafael. Que lo siento, pero no puedo colaborar.

Ni con él ni con ninguna de sus criaturas, despegadas del seno radical por los tirones de don Niceto, para zurcir delicadas situaciones, colaboré; ni colaboró mi partido, modesto pero inmaculado.

Siendo ésa el ala teóricamente afín a mi posición política, y siendo tan definitiva la causa de mi abstención, vine a parar a la siguiente conclusión: durante los seis años que vivió la Segunda República, participé en el Gobierno los seis primeros meses de su vida, y nunca más tuve la menor participación en el poder.

No faltará quien piense que eso fueron ganando la República y España. Si es así, ya saben que se lo deben a don Alejandro Lerroux García y a sus amigos.

Últimos nombramientos

Últimos nombramientos

Quedaron por cubrir las carteras de Hacienda, Economía y Comunicaciones. Esta última, de nueva creación, a propuesta de don Niceto, quien había recibido su solicitud de los cuerpos de Correos y Telégrafos. La de Economía, pronto fue ocupada por Nicolau d’Olwer, perteneciente al partido de Acció Catalana, único que en aquellos momentos admitió la posibilidad del triunfo de la República según pudimos comprobar, Rafael Sánchez Guerra y yo, en un viaje a Barcelona. Recuerdo el escepticismo, casi burlón, con el que hombres de talento y fama de hábiles políticos (como Amadeo Hurtado) contestaban a nuestros requerimientos. Igual visión de la realidad demostraban los de la Lliga Regionalista, que, en su diario y en sus conversaciones, afirmaban que nuestros asertos eran simples quimeras.

Hubo de decidirse la designación del futuro titular de la cartera de Hacienda. Tras no pocas vacilaciones, cuando parecía casi imposible hallar la persona idónea, en una de las reuniones en mi casa, alguien propuso que fuese Prieto el designado, pasando Álvarez de Albornoz a la cartera de Obras Públicas, o de Fomento, como entonces se denominaba. La protesta de Indalecio ante esta proposición fue pintoresca, según su costumbre. Como insistimos, hubo de rumiar la idea algunos días y terminó por aceptar, por fortuna para España, porque, gracias a él, las cosas se deslizaron, en su día, con suavidad milagrosa en un cambio de régimen. Ya trataré de ello más adelante.

Faltaba cubrir la cartera de Comunicaciones. Don Alejandro nos hizo saber que entendía que el Partido Radical se consideraba con derecho a ocupar al menos dos carteras, puesto que era el más antiguo y, al parecer, el más numeroso de la República. Nadie opuso la menor objeción. Y entonces Lerroux propuso:

—Tengo en Sevilla un correligionario, muchacho de gran talento, que llenaría a la perfección el cargo. Se llama Diego Martínez Barrios, y sé que está dispuesto a aceptar. Si ustedes me autorizan, le avisaré para que se ponga en camino y ustedes juzgarán al verle y oírle.

Aprobamos unánimes la propuesta de Lerroux, y unos días después compareció, en una reunión que celebrábamos en el Ateneo, Diego Martínez Barrio. A todos nos causó la mejor impresión < por su modestia y su discreción > y, a partir de aquel día, quedó incorporado a nuestros trabajos, distinguiéndose siempre por su silencio constante y tan acusado que jamás llegamos a saber lo que pensaba y ni aún si pensaba algo nuestro nuevo colega de Gabinete >.

¿Quién iba a decirnos que llegaría a ser él la verdadera «bestia negra» de Lerroux, que en su libelo, escrito en gran medida para ese fin, no perdona gesto, ni palabra, ni ocasión para mostrarle como el arquetipo del traidor?…

Sólo me toca decir, para restablecer la verdad, que cuantos con él convivimos, cuantos le hemos tratado desde entonces, tuvimos siempre a Martínez Barrio, y seguimos considerándole, como un perfecto caballero, inteligente, hombre de bien y compañero ejemplar. El hecho de compartir con Prieto y Alcalá Zamora las maldiciones olímpicas de Lerroux es un nuevo timbre de hombría de bien, a cargar en su activo.

Y así quedó constituido, gracias al Pacto de San Sebastián, el Gobierno Provisional, que llegó, sin la menor variación, compacto y pétreo, hasta las Cortes Constituyentes, prestando con ello a España un servicio pocas veces igualado.

CAPÍTULO VI

SE PREPARA EL ALZAMIENTO DE DICIEMBRE

El manifiesto al país

El manifiesto al país

A partir del día en que el Gobierno quedó constituido, nos reuníamos en el Ateneo. Era más discreto y más solemne. Los republicanos que hervían en los pasillos de la «docta casa» nos veían entrar en el Salón de Juntas, donde, en torno a una gran mesa, tomábamos asiento en el mismo orden que guardamos, pocos meses después, en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las deliberaciones diarias duraban tres o cuatro horas. Fueron examinados, con el mayor detenimiento, todos los problemas nacionales de la hora: el militar, quedando esbozadas las reformas que Azaña llevó más tarde al Parlamento y a la Gaceta; el religioso, del que ya he hablado; el agrario, sentándose las bases de la reforma agraria, luego articulada por la junta especial nombrada al efecto, que presidió Sánchez Román; el económico y financiero, en el que Indalecio Prieto nos expuso la pauta que siguió más tarde para su política prudente y eficaz; el ferroviario, entonces muy agudo y agobiador, pero que quedó inédito a través de los seis años de vida de la República. No creo, en fin, que omitiésemos el estudio de ningún tema esencial para la buena marcha del país, dando una continuidad ordenada al cambio de régimen cuando él llegase.

Precisamente mi separación y mis notorias discrepancias ulteriores con los miembros de aquel Gobierno, en el curso de la República, me permiten juzgar con imparcialidad. Por eso me importa declarar (pese a la pasión estúpidamente desatada contra los hombres y los hechos de esa página de la historia contemporánea), que en aquellas sesiones, como en las que más tarde celebramos en la cárcel Modelo, como en las deliberaciones del Consejo de Ministros una vez proclamada la República, vi siempre en quienes conmigo compartían la labor, no sólo un gran deseo de acierto, sino un celo y un afán de servir a España verdaderamente ejemplares.

Cierto que la capacidad de algunos era escasa. Cierto, también, que la inexperiencia de gobierno era casi absoluta en la mayor parte de nosotros. Pero afirmo categóricamente que en aquella hora, en que la realidad no venía a contrariar las intenciones, ni a pesar las capacidades, resultaba confortador y ejemplar el celo y el patriotismo desplegado por todos.

Parecíanos necesario tener dispuesto un manifiesto al país para el día del alzamiento. Acordamos que se redactasen cuatro proyectos para elegir de entre ellos al más idóneo. Fueron encargados de las redacciones Lerroux, Prieto, Marcelino Domingo y Alcalá Zamora. Los tres primeros gozaban de larga experiencia en esta clase de soflamas revolucionarias.

Unos días más tarde, trajeron a la sesión sus textos, excepto Marcelino Domingo, que se excusó de aportarlo por el trabajo abrumador de sus corresponsalías periodísticas.

Confieso que esta ceremonia movió mi ánimo a la risa más que al entusiasmo. Resultaba un tanto cómico en aquella hora, prematura para las andanzas revolucionarias, oír, entonada con voz campanuda y solemne, la letanía obligada de frases hechas encaminadas a encender el ardor popular. En aquellos momentos, la acción revolucionaria de verdad, la de la calle, se veía lejana y como irreal, aun mirándola con los ojos de la fe que yo sentía.

El texto que nos presentó Prieto era ceñido, preciso y excesivamente violento, tal cual su temperamento enemigo de eufemismos. El de Alcalá Zamora era una más de sus «cadenetas», que resultaba difícil, muy difícil de seguir con el pensamiento. Prieto, severo y franco, lo calificó, sin vacilar, de «mamotreto», y quedó en el acto eliminado. Quedaba el de Lerroux, que, sin discusión, era el más apropiado de los tres. Y se aceptó con alguna que otra modificación que los socialistas propusieron.

Cúpole a este manifiesto el honor de ser reproducido profusamente, y cientos de ejemplares en pergamino, con las firmas al pie de los miembros del Gobierno, figuraron enmarcados en no pocos despachos oficiales y particulares.

Paréceme conveniente reproducir su texto íntegramente, aun a riesgo de incurrir en excesiva latitud, para que el lector juzgue:

«¡Españoles!:

Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla.

Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en medio de la calle.

Para servirle hemos querido tramitar la demanda por los procedimientos de la ley y se nos ha cerrado el camino; cuando pedíamos justicia, se nos arrebató la libertad, cuando hemos pedido libertad se nos ha ofrecido como concesión unas Cortes amañadas como las que fueron barridas, resultante de un sufragio falsificado, convocadas por un Gobierno de dictadura, instrumento de un Rey que ha violado la Constitución y realizadas con la colaboración de un caciquismo omnipotente.

Se trata de salvar un régimen que nos ha conducido al deshonor como Estado, a la impotencia como Nación y a la anarquía como Sociedad.

Se trata de salvar a una dinastía que parece condenada por el Destino a disolverse en la delicuescencia de todas las miserias fisiológicas.

Se trata de salvar un Rey que cimenta su trono sobre las catástrofes de Cavite y Santiago de Cuba, sobre las osamentas de Monte Arruit y Annual; que ha convertido su cetro en vara de medir y que cotiza el prestigio de su majestad en acciones liberadas.

Se trata, por los hombres del pasado y del presente, de una cruzada contra los hombres del porvenir, para estorbar la acción de la justicia popular, que reclama enérgicamente las responsabilidades históricas.

No hay atentado que no se haya cometido, abuso que no se haya perpetrado, inmoralidad que no haya trascendido a todos los órdenes de la Administración pública para el provecho ilícito o para el despilfarro escandaloso.

La fuerza ha sustituido al Derecho, la arbitrariedad a la ley, la licencia a la disciplina. La violencia se ha erigido en autoridad y la obediencia se ha rebajado a la sumisión. La incapacidad se pone donde la incompetencia se inhibe. La jactancia hace veces de valor y de honor la desvergüenza.

Hemos llegado por el despeñadero de esta degradación al pantano de la ignominia presente. Para salvarse y redimirse no le queda al país otro camino que el de la revolución.

Ni los braceros del campo, ni los propietarios de la tierra, ni los patronos, ni los obreros, ni los capitalistas que trabajan, ni los trabajadores ocupados en huelga forzosa, ni el productor, ni el contribuyente, ni el industrial, ni el comerciante, ni el profesional, ni el artesano, ni los empleados, ni los militares, ni los eclesiásticos… nadie siente la interior satisfacción, la tranquilidad de una vida pública jurídicamente ordenada, la seguridad de un patrimonio legítimamente adquirido, la inviolabilidad del hogar sagrado, la plenitud de vivir en el seno de una nación civilizada.

De todo este desastre brota espontánea la rebeldía de las almas que viven sin esperanza, y se derrama sobre los pueblos que viven sin libertad. Y así se prepara la hecatombe de un Estado que carece de justicia y de una Nación que carece de ley y de autoridad.

El pueblo está ya en medio de la calle y en marcha hacia la República.

No nos apasiona la emoción de la violencia culminante en el dramatismo de una revolución, pero el dolor del pueblo y las angustias del país nos emocionan profundamente.

La revolución será siempre un crimen o una locura dondequiera que prevalezcan la justicia y el Derecho, pero es derecho donde prevalece la tiranía.

Sin la asistencia de la opinión y la solidaridad del pueblo, nosotros no nos moveríamos a provocar y dirigir la revolución. Con ellas salimos a colocamos en el puesto de la responsabilidad, eminencia de un levantamiento nacional que llama a todos los españoles.

Seguros estamos que para sumar a los nuestros sus contingentes, se abrirán las puertas de los talleres, de las fábricas, de los despachos, de las universidades, hasta de los cuarteles, porque en esta hora suprema todos los soldados ciudadanos libres son, y todos los ciudadanos serán de la revolución al servicio de la patria y de la República.

Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal, a meter la Monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. De ella saldrá la España del porvenir y un nuevo Estatuto inspirado en la conciencia universal, que pide para todos los pueblos un Derecho nuevo, ungido de aspiraciones a la igualdad económica y a la justicia social.

Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión y de nuestra responsabilidad, asumimos las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno Provisional.

¡Viva España con honra! ¡Viva la República!

Niceto Alcalá Zamora. Alejandro Lerroux. Fernando de los Ríos. Manuel Azaña. Santiago Casares Quiroga. Indalecio Prieto. Miguel Maura. Marcelino Domingo. Álvaro de Albornoz. Francisco Largo Caballero. Luis Nicolau d’Olwer. Diego Martínez Barrio».

Como podrá apreciar el lector, la literatura revolucionaria del siglo XIX, bien sazonada de tropos, más o menos fidedignos y exactos, pero sonoros como clarines, guarda en este documento una de sus páginas de antología.

Ya he dicho que su lectura primera me produjo entonces una rara sensación cómica. Leído hoy, a distancia histórica y fríamente, produce casi hilaridad. Mas confesemos que lo mismo acontece con todas las soflamas y todos los programas de Gobiernos nacidos en momentos convulsivos de la Historia. Desde que el mundo es mundo, «una cosa es predicar y otra dar trigo».

La acción revolucionaria

La acción revolucionaria

El último domingo de septiembre celebramos, en la plaza de toros de Madrid, un gran mitin. Abarrotada la plaza de gentes de todas las clases sociales y, en la tribuna alzada en el ruedo, el Gobierno Provisional, actuando ya a la luz del día sin el menor recato por nuestra parte y sin la menor traba por parte de la autoridad.

Hicieron uso de la palabra, entre otros, Diego Martínez Barrio, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Alcalá Zamora y Alejandro Lerroux.

El entusiasmo del público y el orden perfecto a la salida del acto causaron impresión en el ánimo de las autoridades, según refiere el general Mola en sus Memorias.

Mientras tanto, la preparación sistemática del movimiento revolucionario, cuya fecha aún no se había fijado, continuaba asiduamente.

Es curioso leer lo que sobre estos trabajos nuestros escribió el general Mola, porque ello revela la inocencia y el despiste que presidía su acción y que tanto facilitó nuestra tarea. No dejó de suavizar las inevitables asperezas que toda revolución lleva consigo por pacífica que ella sea, esa paradisíaca inconsciencia de las autoridades. Se expresa así el bizarro general:

«La acción revolucionaria en Madrid.

En la Corte la actividad revolucionaria no se daba punto de reposo. Diariamente concurrían al Ateneo Científico y Literario delegados de provincias para dar impresiones y recibir órdenes. Por momentos se hacía más difícil la labor informativa, pues el Comité se mostraba reservado incluso con los mismos comprometidos; las versiones recogidas en las tertulias de “La Cacharrería” carecían de la autoridad necesaria para formar un juicio exacto sobre los inmediatos propósitos y otros que eran indispensables para proceder policialmente con acierto. Y no era sólo en el Ateneo donde se actuaba; también se discutía, se hacían pronósticos y se buscaban prosélitos en el Colegio de Abogados, Academia de Jurisprudencia y otros centros tanto culturales como de recreo. A pesar de todo ello, el Gobierno podía hacer frente a la situación con los elementos con que contaba; pues una cosa es sentirse revolucionario en el café o en la logia, y otra muy distinta echarse a la calle o al campo a combatir por una opinión política, que la mayoría de los que la sustentan la llevan en el alma prendida con alfileres».

Reconozcamos que tiene gracia ese peculiar modo de ver el problema por el principal encargado de hacerle frente. Para los gobernantes de aquella hora, lo que no fuese «echarse a la calle» carecía de importancia. ¡Que rápidamente fuésemos minando las asistencias al régimen y que fuese aumentando en progresión geométrica el ardor republicano de las masas llamadas a traducir su voluntad en votos electorales, en fecha forzosamente ya muy próxima, no tenía, según Mola, el menor interés! ¡Era la visión puramente castrense, con ausencia total de la visión ciudadana y política!

Esas visitas que recibíamos en el Ateneo eran las de los emisarios de provincias, que nos traían detalles de las organizaciones, no sólo revolucionarias, sino también políticas, es decir, de los partidos y de la temperatura ambiente.

La preparación suprema del alzamiento la llevaba personalmente Alcalá Zamora, cuya capacidad revolucionaria no me inspiró el menor entusiasmo, porque le oía y veía actuar y había que estar ciego para no comprobar, con la mayor certeza, que no le había llamado Dios por esos vericuetos. La única verdad seria nos la facilitaba Prieto, que se movía en ese terreno, escabroso y difícil, como Pedro por su casa.

En realidad, existían dos movimientos en marcha. Uno, el que nosotros articulábamos, a base de los partidos republicanos y la parte del Partido Socialista que seguía a Prieto. No sabíamos con exactitud las fuerzas con que ésta contaba en la UGT que era lo importante, puesto que de ella dependía la extensión mayor o menor de la huelga, indispensable, el día de la acción. Otro, al margen de éste, en contacto con él, pero en contacto esporádico y nunca totalmente sincero, manejado, impulsado y organizado por los elementos militares jóvenes de que ya he hablado, cuya base radicaba en la CNT como masa de choque y acción social.

La CNT había conseguido en pocos meses una importancia enorme en Barcelona, Coruña, Zaragoza y Valencia. No tenía fuerza seria aún en Madrid ni en Castilla. Su actuación era ya (y fue siempre) auténticamente anárquica, en consonancia con su credo político. Nunca se sabía lo que pensaban o planeaban, ni con quién había que entenderse ni de quién fiarse. En su fuero interno, lo mismo los jóvenes militares que los obreros de esa organización sindical, hacían su juego propio, que consistía en aprovechar, ayudándole, al movimiento republicano, para desbordarle en el acto del triunfo y pasar, según ellos decían, al anarquismo libertario, o, lo que es lo mismo, al caos.

No ignorábamos estos propósitos y conocíamos a los portavoces de esas fuerzas sindicales, pero estábamos seguros de dominar, a su hora, esa rebeldía ulterior forzosamente caótica contra la legalidad republicana, si ésta llegaba a constituirse. Se ha dicho y repetido que en el Pacto de San Sebastián pedimos y aceptamos la ayuda de los anarquistas y de la CNT. Es falso de arriba abajo este aserto. Ni asistieron a la reunión ni tratamos con ellos, entre otras razones porque no hubiéramos sabido con quién entendernos. Lo que en San Sebastián quedó ligado, ligado llegó hasta las Cortes Constituyentes, y en ello no tuvo parte alguna la CNT, sino al contrario, dicha sindical fue el único obstáculo serio que la República encontró en su camino una vez proclamada.

Las huelgas revolucionarias a las que tuve que hacer frente desde el Ministerio de la Gobernación, desde el 10 de mayo al 14 de octubre en que salí del Gobierno, fueron provocadas exclusivamente por la CNT, que, cumpliendo el plan trazado previamente, pretendió desbordar a la República para derribarla, apenas instaurada. No corrió ningún serio peligro el régimen con esos ataques desordenados y sin otra finalidad que perturbar el orden, pero sí sufrió grave quebranto la paz pública y, por consecuencia inevitable, el prestigio del régimen recién nacido.

En estos meses que precedieron al alzamiento, es decir, en octubre y noviembre, la CNT y los militares que la seguían o la dirigían, según los casos, provocaron innumerables huelgas en Coruña, Valencia y Zaragoza, sin nuestra anuencia e incluso sin nuestro conocimiento previo.

En Madrid, y no ciertamente por culpa nuestra, sino por una fatalidad imprevisible, se desencadenó una huelga general. El 12 de noviembre, en una casa en construcción de la calle de Alonso Cano, ya muy adelantada, se produjo un hundimiento que causó la muerte a cuatro obreros.

Con ocasión del entierro de las víctimas y por torpeza de las autoridades (que prohibieron el paso de la comitiva por determinada zona de Madrid, sin duda para evitar el espectáculo imponente del acompañamiento), se registraron choques con la fuerza pública que ocasionaron varios heridos. Como protesta, se acordó la huelga general para el 15. Tomó parte en ella la UGT y duró tres días, menudeando los encuentros entre huelguistas y guardias de orden público.

Por solidaridad con los de Madrid, esta huelga enlazó con otra huelga general iniciada en Barcelona el 18 y terminada el 21, con un balance lamentable: cuatro muertos y numerosos heridos.

Fue un incidente aislado en dos tiempos, que, repito, no tuvo otra causa que la fatalidad.

Últimos preparativos

Últimos preparativos

Se había acordado dar la señal del alzamiento a los militares y civiles comprometidos en las provincias mediante décimos de lotería ya caducados. Venía yo abonado desde hacía años y en todos los sorteos al número 20 524, y poseía innumerables billetes no premiados de ese número. Recortamos los décimos y los enviamos a provincias, a los responsables de la dirección del movimiento, advirtiéndoles que, en el momento debido, recibirían otro décimo igual en el que, al margen, irían escritas estas palabras: «Juegan en este número tantas personas, tantas pesetas». El primer número sería el día, y el segundo la hora fijada para el alzamiento. Este sistema de notificación, un tanto novelesco y pueril, llegó, en efecto, a utilizarse el día fijado. Mas hubiéramos fácilmente podido prescindir de él y de cualesquiera otro. El teléfono hubiese bastado.

Ya tengo dicho que una de las características de aquella hora era la absoluta libertad de que gozábamos cuantos en una y otra forma interveníamos en la acción revolucionaria. Nos reuníamos en el Ateneo o en mi casa a diario. < Todo Madrid sabía que nos reuníamos y lo que acordábamos cada día >. Con frecuencia salíamos y entrábamos de Madrid en misión revolucionaria sin que se nos siguiese. (< Yo estuve personalmente en Barcelona, donde en unión de mi excelente amigo Felipe Solá Cañizares, organizamos, con los elementos de la CNT y los militares comprometidos, el movimiento que no llegó, claro está, a surgir por absoluta incapacidad de los comprometidos, pero en aquellos momentos constituía el tema de todas las conversaciones entre los innumerables republicanos de la Ciudad Condal >.). Algunos, los más escarmentados por pasadas andanzas, como Prieto y Domingo, no dormían en sus casas —< Prieto se alojaba (…) en casa de un amigo suyo, Sebastián Miranda, excelente escultor y hombre simpatiquísimo (que) se hacía llamar Roque el de Obras públicas (y) a (cuya) casa íbamos a ver a Prieto, sin perjuicio de que él asistiera a las reuniones del Ateneo >—; pero los demás seguíamos haciendo la misma vida de siempre. ¿No se enteraban las autoridades, o preferían que el tinglado estuviese a punto para yugular el movimiento de una vez? Ésta era la interrogante que a menudo nos planteábamos.

Más tarde quedó ella contestada por el propio director general de Seguridad. En sus Memorias dedica Mola un párrafo a lo que él llama «medidas de previsión», que copio, para aclarar este extremo.

«Se ha dicho y repetido que los acontecimientos sorprendieron a las autoridades; que el Gobierno no adoptó ninguna medida de previsión. Yo declaro solemnemente que esto no es cierto.

Quien vivió el ambiente nacional de aquella época no puede ignorar que el espíritu revolucionario lo invadía todo, absolutamente todo, desde las más bajas a las más elevadas clases sociales. Obreros, estudiantes, funcionarios del Estado, industriales, comerciantes, rentistas, hombres de carrera, militares y hasta sacerdotes tuvieron su representación en el alzamiento de diciembre, que constituyó el principio del fin de la Monarquía. Ante un movimiento de tal índole, no cabían disposiciones para impedirlo, sino medidas para dominarlo».

Y a continuación enumera las que él adoptó.

Ese párrafo es de tal claridad e importancia, que señalo el lugar en que podrá encontrarlo el lector desconfiado, que no serán pocos de entre quienes me lean. Está en la página 480 de las Obras Completas de Emilio Mola Vidal, que la Editorial Santarén, de Valladolid, publicó en 1940.

La gravedad de la confesión que la suprema autoridad del orden público hace en el trascrito párrafo es tal que, en realidad, yo debería poner aquí punto final a mi trabajo.

Porque si el título de éste es Así cayó Alfonso XIII…, con reproducir lo trascrito y repetir, «así fue», lo esencial estaría dicho.

Ya en diciembre de 1930, todos, absolutamente todos, desde el obrero al eclesiástico, pasando por funcionarios y militares, estaban representados y presentes en el movimiento revolucionario que los señores del Pacto de San Sebastián dirigían, según declaración del director general de Seguridad. Siendo ello así, ¿cuál había de ser el desenlace, pacífico o violento, pero inevitable, de la contienda entablada? ¿Qué más daba que prevaleciese o no el alzamiento preparado para diciembre? En una o en otra forma, un movimiento nacional de tanta envergadura no podía dejar de prevalecer, y lo que interesaba era que lo hiciese en forma ordenada y sin atropellos ni violencias excesivas. Y como esto es lo que vengo afirmando desde el comienzo del presente trabajo, quiero hacer patente mi absoluta identificación, a posteriori, con el General que, sin embargo, unos días después, me encarcelaba.

Al fin fue fijada la fecha del 15 de diciembre para el alzamiento. Caía en lunes y debía de comenzar por la huelga general en toda España, singularmente en Madrid, donde debían de parar todos los oficios y el tránsito rodado. Nos distribuimos entre los miembros del Gobierno Provisional los puestos de mando para este día. Alcalá Zamora y Lerroux habían de ir a Burgos, donde el general Villegas parecía comprometido con toda la guarnición. Prieto debía de ir a Asturias y Vizcaya. Casares, a Galicia. Martínez Barrio, a Sevilla. Marcelino Domingo, a Cataluña. Fernando de los Ríos y yo habíamos de tomar el mando en Cuatro Vientos, donde el general Queipo de Llano, con los aviadores comprometidos, que eran todos los de la base, según afirmaban ellos, se alzarían al amanecer. Queipo de Llano había sido el elemento militar más asiduo a nuestras reuniones, y el más activo propagandista del alzamiento entre las guarniciones de provincias.

Tenía yo dispuesto lo necesario para salir de mi casa la noche del domingo día 14, y no por la puerta, sino por la ventana de mi biblioteca, que daba a la calle de Núñez de Balboa, casi siempre desierta, eludiendo así el encuentro con la policía, que tenía encargo de vigilarme, pero que estaba en absoluto a mis órdenes desde hacía más de un mes. Un automóvil, previamente situado en una esquina próxima, debía de conducirme a Cuatro Vientos.

En esta disposición de ánimo, y lleno de ilusiones, me acosté en la madrugada del 13 de diciembre.

CAPÍTULO VII

LA CÁRCEL MODELO Y EL ALZAMIENTO DE DICIEMBRE

Un preso político en 1930

Un preso político en 1930

Al día siguiente, a las siete de la mañana —domingo—, cuando aún dormía, comparecieron en mi casa dos policías, que, correctos y respetuosos, mostraron su deseo de verme. Me levanté y bajé al despacho. Muy amablemente, me notificaron que venían a buscarme para conducirme a la cárcel Modelo. Me tomé el tiempo necesario para vestirme, me despedí de la familia, preparé el equipaje clásico en ocasiones tales y salí con ellos, en su coche, hacia la Modelo.

< No tengo para qué referir lo que quedó en mi casa. Mi mujer y mis (cinco) hijos quedaron en el estado que es de suponer. Mas tengo que decir que todos ellos estuvieron, en esa ocasión como en tantas otras desagradables para todos, a la altura debida y que ni un solo momento vacilaron en alentarme y animarme en mi empresa. Las innumerables complicaciones y los disgustos sin cuento que mis actividades políticas les han ocasionado han sido siempre soportados por todos ellos con ejemplar y conmovedora resignación, cuando no con entusiasmo por la causa que yo servía >.

Por el camino, uno de mis conductores, me contó que el Director General de Seguridad les había dado la orden de venir por mí a la una de la madrugada, pero ellos, «que son amigos, han dejado pasar la noche para no causarme esa molestia en hora tan inoportuna». Se lo agradecí y les pregunté quiénes más iban a ser detenidos. Me dijeron que Alcalá Zamora, Azaña, Domingo, Casares, Albornoz y Prieto. Pregunté si no estaba en la lista don Alejandro, y el inspector, sin la menor vacilación, exclamó:

—«¡Oh, no, a don Alejandro no le molestarán!»…

Don Alejandro tenía bula, sin duda alguna.

Resultó que fuimos a la cárcel los que nos dejamos detener. Cuantos se propusieron no ir se libraron del percance, o, por mejor decir, de la fiesta, porque declaro que los tres meses largos que pasé en la Modelo con mis compañeros de aventura fueron para mí amenos e instructivos.

Cuando recuerdo la forma en que fuimos tratados los presos de 1930 en la cárcel, casi siento vergüenza al escribir los incidentes de aquella etapa de mi vida. < Ha hecho falta que la barbarie de los regímenes totalitarios desprecie, hasta anularle, el respeto a la vida humana, para que hayamos llegado al punto en que hoy (1945) nos hallamos. Antes de la guerra civil de España y de la guerra mundial, las teorías totalitarias, según las que solo el peligro merece estima y sólo la vida arriesgada a cada instante por el ideal merece ser vivida, habían lanzado a las juventudes de muchos países a la aventura de crímenes y violencias sin cuento. En los años que precedieron a la guerra civil, la lucha a mano armada entre los jóvenes de los dos bandos, fascista y obrerista, causó, como se recordará, no pocas víctimas en España. Empezaba ya la época de desprecio a la vida humana, que la guerra civil primero, y la mundial después, han llevado al límite. Hoy, en efecto, la vida de los hombres no cuenta. Lo que antes era una verdadera catástrofe que conmovía el mundo no pasa de ser sino un sencillo fait divers, que apenas merece los honores de la publicidad >.

Entonces, un preso político era un personaje respetable y respetado por todos, desde el Gobierno, que había ordenado su detención, hasta el director de la prisión, que le acogía. Hoy, gracias a la barbarie aneja a los sistemas totalitarios que han padecido y aún padecen algunos pueblos del mundo, un preso político es un cliente seguro de una bestia, con uniforme o sin él, encargado de torturarle, y, a poco que las circunstancias ayuden, del verdugo que lo liquida. Me tocó en suerte vivir «peligrosamente» en una época en la que el peligro era escaso o nulo. No tengo la culpa de ello. Tal como acaecían las cosas he de referirlas, seguro de que más de un lector pensará que el lujo de la conspiración era entonces permitido a cualquier ciudadano a bien poca costa.

Al llegar a la cárcel, pasé por las formalidades de rigor: la filiación, las huellas dactilares, la entrega de cuanto llevaba encima, llaves, dinero, papeles, etc.; entrega puramente formularia, pues, unas horas más tarde, volvieron a mis manos todos los objetos depositados. No había libre ninguna celda de políticos, porque la afluencia de clientes había sido extraordinaria en los últimos días. Hube de resignarme a ocupar una de pago tres pesetas con cincuenta céntimos diarios: una celda de suelo de cemento, de unos tres metros de largo por otros tres de ancho con un catre, un colchón y ropas de más que dudosa pulcritud, un aguamanil y una cómoda. En una de las esquinas, un WC, sin tapadera, del que emanaba el fuerte olor característico de letrina, y que, además, por las noches servía de puerta de acceso a mi nuevo hogar a unas ratas como conejos, que con la zarabanda de sus correrías hacían más que problemático conciliar el sueño.

El régimen a que me sometieron fue, sin embargo, idéntico al de los demás presos políticos: plena libertad dentro del edificio durante el día; sólo de noche, después del toque de queda, a las nueve, debía de reintegrarme a mi celda y ser «chapado», o encerrado con llave, hasta las siete de la mañana siguiente, formalidad de la que estaban exentos los que ocupaban la galería de políticos.

Después de instalarme someramente en mi celda, bajé a reunirme con mis compañeros de aventura, con gran curiosidad por saber quiénes habían hurtado el bulto a la policía: sólo había ingresado Alcalá Zamora; poco después, Álvaro de Albornoz.

Dos días más tarde ingresaron los socialistas, Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Más tarde, Casares Quiroga, de regreso de Jaca, donde fue detenido en las condiciones que luego referiré y traído a nuestro lado, sin duda para que pudiese colaborar en los trabajos del Gobierno Provisional.

No aparecieron por parte alguna ni Lerroux, a quien nadie buscó, ni Domingo, ni Prieto, que en las mismas barbas de la policía se evaporaron, el uno, en pleno Madrid, en la calle del Príncipe, y el otro en Bilbao, pasando los dos la frontera francesa y permaneciendo en París hasta el 14 de abril. Tampoco apareció Azaña, quien no salió de Madrid, y escondido permaneció también hasta la misma fecha.

Cuatro días permanecí en la celda de pago, emplazada en la galería superior del «abanico». Cuando quedó libre una en la de políticos, pasé a ella, con la fortuna de estar enclavada la que me cupo en suerte en la parte orientada al mediodía, circunstancia nada despreciable, porque en diciembre el frío en aquel vetusto caserón resultaba verdaderamente terrible.

Daban las minúsculas celdas de políticos a una larga galería de cristales en la que hacíamos vida en común durante el día. Allí cocinábamos en hornillos de petróleo, comíamos, charlábamos y jugábamos al ajedrez o a las damas, únicos juegos permitidos por el reglamento. La vida diaria consistía en levantarnos cada cual a la hora que bien le parecía, prepararnos individualmente nuestros desayunos y, tras una toilette más bien somera, bajar al «patio grande», reservado exclusivamente para nosotros, donde se paseaba o se jugaba a la pelota hasta la hora del almuerzo. Éste se hacía en una larga mesa emplazada en la galería de cristales. Cada cual solía confeccionarse sus platos favoritos. Allí aprendí lo poco que sé de ese arte. En cambio, Ángel Galarza, que también ya desde el día 13 estaba detenido, era un verdadero maestro (más tarde, en la emigración, ha perfeccionado, según parece, sus dotes naturales, y hoy ocupa un puesto preeminente entre los cocineros de París). De la cantina no se obtenían sino huevos al plato y filetes de vaca, pero ello bastaba para estómagos más henchidos de ideal que de hambre física.

Tras el almuerzo, daban comienzo las visitas. Desde el primer día la muchedumbre que se agolpaba en las puertas de la prisión para visitarnos constituyó uno de los escándalos de la hora. Eran cientos los que desfilaban diariamente delante de las rejas de las celdas, tras las que estábamos cada uno de los presos. No había lugar ni tiempo para otra cosa que estrechar cientos de manos en un desfile mudo de correligionarios entusiastas. Hubimos de solicitar del director y sin dificultad obtuvimos que las familias viniesen por la mañana, fuera de las horas oficiales, para poder dialogar con ellas.

Al terminar las visitas, quedábamos en libertad de hacer lo que quisiéramos. Como teníamos permiso para circular por toda la cárcel, aprovechábamos para ver de cerca la clase de vida que cada rama de detenidos —distribuidos por galerías según su calidad penal— acostumbraba practicar dentro de su reclusión. Y ahí sobrevino un episodio que no renuncio a relatar.

Cierto día supimos que en la galería quinta, dedicada a los invertidos, había surgido la noche anterior un auténtico drama. Uno de los detenidos había agredido a otro por celos, ocasionándole una herida en el cuello. Fernando de los Ríos, verdadero santo laico, y hombre de una inocencia fuera de lo concebible, al oír el relato se negaba a creer posible el origen del hecho. Le convencí que viniese conmigo a visitar la galería quinta. Fuimos juntos. Estaba repleta de reclusos, todos ostentando sin el menor recato su condición de blandos de cadera, en sus atavíos y en su modo de expresarse. Nos refirieron con detalle el drama y nos acompañaron a la celda del agresor, también mal parado en la refriega. Al entrar nosotros se incorporó en la cama. Vestía una camisa de mujer, llena de puntillas y encajes y llevaba la cara pintada como una mesa de noche. La cosa en sí no tenía gran novedad para los que habíamos ya visitado esa zona de la prisión varias veces. La novedad estaba en la cara y en los gestos de Fernando de los Ríos. Tirándose de la barba, con los ojos desmesuradamente abiertos, me decía:

«—Pero Miguel, no es posible, no es posible».

De haber visto un buey volando, no hubiese sido mayor el asombro del bueno de Fernando. Repuesto del primer susto, empezó un interrogatorio del redomado sarasa, que no me atrevo a reproducir, pero que llevó el asombro de Fernando hasta el infinito. Tal impresión le hizo cuanto vio y oyó ese día, que muchas veces después pasado el tiempo, me lo recordaba todavía entre admiraciones y gestos de asombro.

Por las tardes, a las seis, nos reuníamos en mi celda los presuntos ministros, para cambiar impresiones y continuar el estudio de los problemas de gobierno. Desde nuestro ingreso en la cárcel, se había hecho cargo de la dirección del movimiento revolucionario don Alejandro, y una vez más hubimos de causarle grave decepción al negarnos a aceptar como intermediario, entre él y nosotros, a la persona que designó para tan delicada misión. Cuando nos notificó que quien haría de correo para estos menesteres sería Emiliano Iglesias, nos negamos rotundamente. Recibimos una carta de Lerroux y otra del interesado, a cual más heridas y hasta violentas. Al fin, fuimos nosotros quienes designamos al correo diario, que hablaba con Alcalá Zamora, a la hora de las visitas.

Por la noche, después de la cena, se jugaba al ajedrez o a las damas o se cantaba. Fernando de los Ríos hizo, en no pocas veladas, gala de su maestría en el auténtico «cante jondo», que verdaderamente dominaba.

Me he detenido en estos pormenores para mostrar al lector el modo en que eran tratados entonces los presos políticos. Creo que fue la última época de respeto y de auténtica humanidad en el trato del adversario político, momentáneamente vencido, que les ha sido dado contemplar a los españoles.

Dudo mucho que en lo sucesivo ese régimen carcelario para presos políticos vuelva a ser instaurado. Por de pronto, el de hoy, está a cien leguas de parecérsele.

El alzamiento de Jaca

El alzamiento de Jaca

Ya he indicado que fijamos la fecha del alzamiento para el 15, lunes. Al entrar en la cárcel, por ser domingo y haberlo hecho en las primeras horas de la mañana, ignorábamos cuanto había ocurrido en España la víspera. Los domingos no se concedían visitas matinales y no entraban los periódicos, que los demás días pasaban a profusión por las puertas de la Modelo. Sólo habíamos sabido, el sábado por la noche, algo de lo ocurrido en Jaca, pero sin la menor precisión, pues el levantamiento en aquella región había dado comienzo el mismo sábado por la mañana y las autoridades habían cuidado de que nada trascendiese al público, hasta dominar la rebelión.

Lo ocurrido en Jaca no fue sino una muestra tristemente práctica de lo que ya tengo manifestado. Los jóvenes militares y los anarquistas de la CNT campaban por su exclusiva cuenta y se lanzaban sin nuestra anuencia a la aventura de huelgas y sublevaciones. Nuestra relación con Fermín Galán había venido siendo tema constante de discusiones y disgustos entre él y don Niceto, que era quien, como ya sabe el lector, había asumido la dirección. La amistad personal de Galán con Lerroux para nada había servido, porque cada vez que salía de casa de don Niceto, con la orden de hacer o no hacer tal o cual cosa, iba a entrevistarse con él, quien le daba carta blanca. Estábamos seguros que acabaría por obrar a su antojo y provocar el alzamiento sin respetar nuestras órdenes. Y así, desgraciadamente, sucedió.

Lo ocurrido en Jaca fue un lamentable error, la locura de un exaltado, que redimió su grave culpa dejándose matar en vez de escapar, lo que le valió entrar en la Historia por la puerta roja de los mártires, cuando, en realidad, sólo censuras merecía, por, su insubordinación, por su ligereza y por la ausencia total de capacidad en el mando de la acción revolucionaria.

Todo el secreto del éxito de la empresa que emprendió Galán, al amanecer del 13, en vez de esperar al 15, estribaba en llegar a Huesca en horas, y lograr hacerse con la guarnición de esta plaza.

Cuanta menos sangre costase la operación mayores serían las probabilidades de arrastrar a la guarnición de la capital de la provincia. Corrió la sangre en Jaca sin la menor necesidad desde los primeros momentos. Se perdieron horas y horas en el trayecto, sin justificación posible, y se dio lugar a que desde Zaragoza llegasen cuantos refuerzos fueron precisos para yugular el alzamiento.

Ni política, ni estratégica, ni militarmente tiene la menor justificación la aventura de Fermín Galán.

Fueron fusilados tras el juicio sumarísimo, sin consulta ni conformidad del Gobierno, por el capitán general de la región, el capitán Galán y el teniente García Hernández, este último víctima de la locura de su amigo y jefe, sin la menor responsabilidad legal en el hecho del alzamiento. Ambos quedaron ungidos con el título de mártires de la causa y sus nombres sirvieron de bandera de combate en las calles durante los primeros pasos de la República. Pero no es cierto, como afirma Lerroux en su ya citada obra, que «sin esos fusilamientos no hubiese habido República». Nada de eso. Afirmarlo es negar la evidencia misma.

Acabamos de ver lo que las autoridades y el Gobierno pensaban de la realidad nacional de esta hora. Siendo ella lo que en verdad era, la causa de la República no precisaba héroes ni mártires. Sola, y con sólo tender las manos para recoger lo que yacía en medio del arroyo hubiese logrado su triunfo. La República era inevitable porque la Monarquía ya no era más —repito— que un cadáver en pie. Sin alzamientos, sin héroes, sin mártires y hasta sin republicanos hubiese venido lo mismo, con la única diferencia de que en vez de hacerlo pacífica, ciudadana, ejemplarmente, su advenimiento hubiese podido ser violento, anárquico y caótico sin «la colchoneta» del Gobierno Provisional.

No hay por qué ocultar que lo ocurrido en Jaca nos causó verdadera indignación a los miembros del Comité.

Alcalá Zamora había ordenado a Casares Quiroga que saliese para Jaca el día 12, en automóvil, si podía, y si no en tren, para tomar allí el mando y tratar de impedir que Galán anticipase la fecha, y con ello diese un golpe de muerte al movimiento en el resto de España. Casares se puso en camino, pero, por dificultades en las carreteras nevadas, cuando llegó a Huesca ya era tarde. El alzamiento de Galán estaba en marcha y aquéllas cortadas e intervenidas. El resultado fue que pasó detenido a la cárcel de Huesca. Unos días más tarde, aplastada ya la sublevación, pidió ser trasladado a Madrid para unirse con nosotros. El Gobierno accedió a ello, amablemente, y un buen día se presentó en la Modelo nuestro compañero.

De su relato detallado vinimos a sacar la convicción de que Galán había pretendido locamente llevar por su cuenta, y sin contacto alguno con nosotros, una revolución de carácter anárquico. Amigos de Galán, presos en la cárcel de Huesca, le habían referido que tenía preparados los decretos y las órdenes para instaurar un Gobierno libertario que pensaba había de residir en Zaragoza, hasta el momento de entronizarlo en Madrid —pura locura propia de un desequilibrado—. Cuanto nos dijo Casares quedó luego confirmado.

En la tantas veces mencionada obra de Mola aparecen las copias de los documentos hallados en la casa que Galán habitaba en Jaca, y en ellos está, en efecto, una faramalla de órdenes, decretos y proclamas prontas para ser impresas y lanzadas a la publicidad. Cabe preguntarse cuál hubiera sido la suerte de la República y con ello la de España si, por un milagro, hubiese triunfado esa locura. Hacer de Galán el protomártir de la Segunda República es quizá muy emotivo y muy poético, pero es una falsedad histórica. Galán no fue otra cosa que un anarquista suelto y desbocado, que hizo con su conducta grave daño a la República, daño sin duda irreparable y definitivo de no haber estado ya desahuciada la Monarquía.

Fracaso del movimiento

Fracaso del movimiento

Repito que nosotros nada sabíamos de los detalles del alzamiento de Jaca y de su trágico desenlace en la tarde del domingo 14.

El movimiento debía de comenzar el lunes con el paro en el tránsito rodado y la huelga general en Madrid. Al amanecer del lunes esperábamos, cada uno en nuestra celda, percibir los síntomas precursores, es decir, la falta de los tranvías que desde las celdas se oían perfectamente circular por la calle de la Princesa. A las seis de la mañana, los primeros tranvías empezaron a pasar, diríase que con más estrépito que nunca, por delante de la cárcel como si los tranviarios quisieran advertirnos a los que dentro estábamos que no secundaban las órdenes recibidas. Yo percibía perfectamente sus chirridos y esperaba ansioso que me «deschapasen», para bajar a la galería y hablar con mis compañeros. A las siete, cuando me abrieron la puerta, ya estaba yo «vestido y aparejado» y en el acto bajé a reunirme con ellos. Nadie se explicaba lo sucedido. < Durante varias horas estuvimos conjeturando las causas de ese fracaso. (Largo) Caballero, que era entonces el jefe indiscutible de la UGT, era el más extrañado y enfurecido de todos, y no acertaba a explicarse las causas de lo que ocurría >. Y, sin embargo, la explicación era sencilla. El estrépito causado por la sublevación de Jaca y las medidas que, pese a sus optimismos, hubo de adoptar el Gobierno en cuarteles y ciudades pararon en seco todo intento de sublevación militar en los regimientos comprometidos; ello en el supuesto de que fuese cierto cuanto nos habían asegurado los oficiales y jefes adictos a la causa. No saliendo las tropas, los obreros de la UGT, fieles a la consigna, permanecían pasivos y trabajando porque ésa era la orden recibida de sus jefes.

A mediodía, volaron por encima de la cárcel los aviones de Cuatro Vientos, y nosotros, desde el patio grande, les veíamos pasar una y otra vez sobre nuestras cabezas, mientras que sus pilotos, Ramón Franco, Sandino y otros nos saludaban con pañuelos y dejaban caer las octavillas con las que habían inundado Madrid. En ellas se animaba a los obreros a «persistir en su actitud de huelga» y se daban los vivas y los mueras de rigor en tales casos.

No supimos la verdad de lo ocurrido hasta el día siguiente, martes. Los periódicos, que entraban profusamente en la cárcel, nos informaron de todo. El único lugar de España donde el alzamiento tuvo efectividad fue en Cuatro Vientos. El general Queipo de Llano y los aviadores comprometidos habían tomado posesión del campo, deteniendo a los jefes, sin hacer a nadie el menor daño y, durante unas horas, las de la mañana, fueron dueños de la situación. El general Franco, a la sazón jefe del Estado Mayor y hermano del comandante sublevado, ordenó a un regimiento de artillería que avanzase sobre el aeródromo. Los artilleros emplazaron las baterías a la vista de los rebeldes y, al primer disparo al aire, los jefes del movimiento, y Queipo de Llano el primero, tomaron el avión y desaparecieron refugiándose en Francia. En definitiva, una revolución de opereta. Claro es que los obreros no se habían movido: < fieles a la consigna de sus organizaciones esperaban ver en la calle las tropas sublevadas. No viéndolas se negaron a iniciar la huelga, seguros de que el Ejército comprometido se trocaría en instrumento de represión contra ellos tan pronto como surgiera el primer encuentros

La prensa de la mañana adicta al régimen daba la noticia de nuestro encarcelamiento, y ABC pedía sin rebozo la cabeza de Alcalá Zamora y la mía, señalándonos como los principales responsables de cuanto había acontecido.

< Los días que siguieron fueron tristes, muy tristes. Parecía como si todo conspirara para anularnos y suprimirnos. Las visitas cesaron, no sé si porque fueron ellas prohibidas, o si porque los «voluntarios de la libertad» temieron que el viento cambiante les acarreara algún serio disgusto. Creo que esta última razón es la verdadera >.

(Pero) la depresión en el ánimo de las gentes adictas al movimiento duró muy poco. Fueron tantas las torpezas que la prensa ministerial y monárquica cometió, que muy pronto se enardecieron de nuevo nuestros partidarios. Las exageraciones de ésa prensa, pidiendo castigos ejemplares y cantando las excelencias del Gobierno Berenguer y del Rey, nos devolvieron el fervor, incluso acrecentado, de los republicanos.

Las Navidades de 1930 fueron, para nosotros, apoteósicas. De todas las partes de España nos enviaban platos regionales ya aderezados, que venían en manos de propios hasta las nuestras. El cocido madrileño confeccionado por los cocineros de Lhardy, la gigantesca paella valenciana traída en automóvil desde el Grao a la cárcel Modelo, la fabada asturiana, la escudella catalana, el pote gallego y hasta el gazpacho andaluz, amén de cuanto cabe imaginar de jamones, embutidos, mazapanes y turrones, llegaron a la cárcel en aquellos inolvidables días navideños. Constituía un verdadero espectáculo contemplar la fila de viandas suculentas expuestas a lo largo de la galería, sobre una amplia repisa de madera que habíamos mandado colocar al asistente que nos servía. Como es de suponer, todos los «huéspedes» de la cárcel comieron, en aquella noche de fin de año, mucho mejor que la mayoría de los burgueses madrileños, porque para todos hubo.

¡Asombra pensar que fuera ello permitido por las autoridades de un régimen cuya desaparición pedíamos los beneficiados con tan suculentos manjares!

Y así acabó para nosotros el año 1930. ¡Cuánto camino andado en sus doce meses! Sin presumir de profetas podía vaticinarse que el próximo a nacer sería decisivo para la Monarquía, para la República y para España.

CAPÍTULO VIII

LOS DOS PRIMEROS MESES DE 1931

El mes de enero

El mes de enero

Tras las rejas de la cárcel Modelo amaneció, para la mayor parte de los ministros del futuro Gobierno Provisional, el año 1931.

En verdad que nació preñado de fundadísimos temores sobre su pacífico desarrollo. Fueron pocos los españoles que se dejaron mecer por la beatitud que muestra el diario católico El Debate, en su editorial del primer día del año:

«No dudamos en afirmar que la situación política se presenta para España, a comienzos de 1931, más despejada que en fecha igual de 1930. En aquel entonces, la inminente caída de la Dictadura planteaba a todos los espíritus el enigma de los acontecimientos que podían acompañar o seguir al tránsito. No faltaban quienes abrigaban la creencia de un derrumbamiento isócrono de la Dictadura y de la Monarquía. Y apenas había nadie que no temiese un período de agitaciones y revueltas antes de llegar a la constitución de un Gobierno regular. Pero la realidad fue otra. El paso se realizó de un modo fácil y el Rey halló un Presidente del Consejo que la Nación acogió con benevolencia y que continúa en su puesto, conduciendo al país hacia la normalidad, sin tropezar con escollos verdaderamente graves».

Claro es que este exagerado optimismo nadie lo compartía. Es de suponer que ni el autor de ese editorial.

La realidad aparecía ya de tal modo alarmante que sólo un ciego o un demente podían ilusionarse con tales optimismos. El pesimismo, traducido en una especie de desgana en la actuación para la defensa de las instituciones, cundía en el campo monárquico. La característica del momento era, sin embargo, la inconsciencia y la ceguera de las clases dirigentes, que les llevaba a considerar despreciativa y hasta jocosamente, la actuación del Comité republicano que desde la cárcel dirigía la política de la oposición.

Decía El Debate:

«A los pocos días del movimiento, enfocando el curso de 1930, repetimos el juicio formulado a raíz de la intentona de Jaca. Fracasó el movimiento porque tenía que fracasar y porque España no está para revoluciones… De ahí no ha de venimos una revolución a corto plazo. Podrá venimos dentro de una década si no se la ataja el paso convenientemente».

Parece increíble esta ceguera. La lenidad de las autoridades hacía por sí sola más adeptos a nuestra causa que nuestra propia actuación. Los periodistas preguntaron al general Berenguer si el Gobierno no estimaba peligroso hacer coincidir la fecha de la apertura del período electoral con el aniversario de la Primera República, y el General contestó:

—No veo en ello el menor inconveniente. Para mí, ser republicano es una equivocación, pero no creo que sea pecado.

Tras esta categórica absolución previa, que apareció en los diarios del 20 de enero, los funcionarios al servicio del Gobierno se lo tuvieron por dicho y vinieron, los unos por convicción, los más por elemental prudencia previsora, a engrosar nuestras filas.

En los primeros días de febrero, nació a la vida pública la famosa Agrupación al Servicio de la República, cuyos fundadores fueron José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala.

El manifiesto inicial de esta docta Agrupación, nacida en el LVIII aniversario de la proclamación de la Primera República, comenzaba así:

«Cuando la historia de un pueblo fluye dentro de su normalidad cotidiana, parece lícito que cada cual viva atento sólo a su oficio y entregado a su vocación. Pero cuando llegan tiempos de crisis profunda en que, rota o caduca toda normalidad, van a decidirse los nuevos destinos nacionales, es obligatorio para todos salir de su profesión y ponerse sin reservas al servicio de la necesidad pública…».

Más adelante, y siempre sin ambages, de esta forma se expresaba:

«Llamaremos a todo el profesorado y magisterio, a los escritores y artistas, a los médicos, a los ingenieros, arquitectos y técnicos de toda clase, a los abogados, notarios y demás hombres de ley. Muy especialmente necesitamos la colaboración de la juventud…».

Y terminaba así el enjundioso manifiesto:

«La República será el símbolo de que los españoles se han resuelto por fin a tomar briosamente en sus manos propias su propio e intransferible destino».

Desde el primer momento, esta Agrupación tuvo una acogida entusiasta entre aquéllos a quienes llamaba. La juventud intelectual de España encontró en esta organización, en sus comienzos, el cobijo que no había hallado en los partidos políticos. Desgraciadamente, la falta de sentido político y de la práctica indispensable para la dirección de un instrumento de esa naturaleza fue mermando poco a poco su prestigio y eficacia, hasta convertirle en inútil como instrumento de la política nacional.

El 11 de febrero, aniversario de la Primera República, recibimos en la cárcel miles de telegramas de toda España, que nos traían ya sin doblar y que yo iba almacenando en mi exigua celda de recluso. Al final de la jornada, la montaña de papel azul que invadía mi reducido espacio vital tomó tales proporciones que hubo de ser trasladada a la galería para que yo pudiese acostarme.

Estudiando retrospectivamente esta etapa de la historia de España, se va de asombro en asombro ante la extensión de la psicosis de suicidio que se apoderó de las clases dirigentes de la Monarquía. No se registra una sola voz autorizada que proteste por tanto abandono de las más elementales obligaciones de cualquier defensor de un régimen atacado. ¿No veían el peligro? ¿Les era indiferente el cambio de régimen? ¿Daban todo por perdido de antemano y estimaban inútil el esfuerzo de la lucha defensiva?… No lo sé ni creo que nadie pueda, con fundamento, aclararlo ya. Lo cierto es que, una vez más, se cumplió el proverbio clásico: «Los dioses ciegan previamente a quienes quieren perder».

Es tanto más de extrañar esa actitud de las clases dirigentes cuanto que la reacción de las clases populares que aún quedaban afectas a la Monarquía no perdonaban ocasión de manifestarse ostensiblemente, y a veces con estrépito.

El 23 de enero, con ocasión del santo del Rey, el desfile por Palacio para firmar en las listas no cesó en todo el día, y fueron las gentes modestas, clase media y hasta humilde, las que más nutrieron esa postrera manifestación de adhesión al trono. Al regresar dicho día don Alfonso a Palacio de la visita a la anciana infanta Isabel, el público estacionado en la plaza de Oriente le hizo objeto de una manifestación de entusiasmo que se prolongó largo rato, llevando el automóvil a rastras los manifestantes.

Unas semanas más tarde, al regresar de un viaje a Londres la reina Victoria Eugenia, organizóse otra manifestación imponente, en forma totalmente espontánea, en la estación del Norte, que acompañó a la soberana hasta Palacio a lo largo de la cuesta de San Vicente, entre vítores y aclamaciones de entusiasmo. Al llegar frente a la Puerta del Príncipe, la manifestación tenía casi carácter de alud popular.

Estas noticias llegaban a nosotros reflejadas con exactitud por las versiones de unos y otros y nuestro asombro crecía ante la facilidad con la que podíamos, tras ello, continuar nuestra tarea revolucionaria. No nos explicábamos el silencio absoluto de los partidos y de los hombres representativos dentro del campo monárquico. ¿Dónde estaban?

Se había abierto el período electoral, nada menos que para la elección de unas Cortes, y ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador daban señales de vida.

Carece hoy de interés histórico el relato de las múltiples incidencias que durante aquellos meses marcaron la actitud de los hombres de los partidos monárquicos. Todo eran intrigas y zancadillas para eliminar del Gobierno a cuanto no fuese la representación genuina de la más vieja de las viejas políticas que ellos, en común, representaban. Carece de interés porque ninguno de ellos sobrevivió al 14 de abril. Todos se esfumaron como lo que eran: una pura y vaga entelequia, sin la menor realidad en el campo nacional, supervivencia de provectas oligarquías montadas sobre ficciones.

Por aquellos días nació un nuevo engendro denominado Partido Centrista, verdadera libélula política de vida efímera, ya que apenas duró tres meses, desapareciendo, sin dejar rastro, una vez proclamada la República. La organizaron mi hermano el Duque de Maura y don Francisco Cambó. Seguían al primero los restos de lo que fue el «maurismo», es decir, prácticamente nada, porque, desde el advenimiento de la Dictadura en 1923, viose claro que la mayor parte de las gentes que habían seguido enfervorizadas y entusiastas a don Antonio Maura aceptaban, complacidas, el naciente régimen dictatorial, y se acomodaban lo mejor posible en él, o, lo que es lo mismo, daban pruebas de haber seguido a mi padre sin entenderle, puesto que pasaban a servir la antítesis de su credo político. A Francisco Cambó le acompañaban los elementos de la antigua Lliga Regionalista, que había perdurado, con mermas, a través de la etapa dictatorial, y que contaba con elementos de valía y de alguna experiencia política. Lanzó el nuevo partido un programa —uno más— lleno de buenas intenciones y de frases prometedoras. Organizóse un comité de estudios, una secretaría y un comité directivo, todos los adminículos, en fin, propios de esta clase de engendros, ficticios porque jamás se encarnaron en el cuerpo nacional. El caso es que en esas horas postreras del régimen monárquico, cuando los ataques de los republicanos llenaban la vida pública con sus actos y propagandas, no sintieron la menor comezón de mostrarse parte en el pleito y de actuar, también en la calle, en defensa de lo que para ellos debía de ser esencialísimo. No tuvimos, pues, contrincante formal en esta accidentada etapa preparatoria de la final, ni por el lado de la autoridad ni por el de los adversarios políticos.

Y así llegamos a la «Crisis de febrero», suceso importantísimo de este trozo de historia contemporánea.

La crisis de febrero. Sánchez Guerra

La crisis de febrero. Sánchez Guerra

La «Crisis de febrero» es la que da entrada al último Gobierno de la Monarquía, Gobierno que nace en un ambiente de pesimismo y relajo de todos los resortes vitales del Estado monárquico.

Venían intrigando los dos jefes del Partido Liberal para evitar que se fuese, como pretendían el Rey y el general Berenguer, a unas elecciones generales como primera consulta al país. Las idas y venidas del Conde de Romanones y del Marqués de Alhucemas a Hendaya y a París, para obtener el acuerdo de Santiago Alba (emigrado desde hacía años en la capital de Francia), eran conocidas al día. Berenguer, apoyado por lo que quedaba del Partido Conservador, es decir, por unos cuantos vetustos políticos seguidores de Bugallal, último jefe del partido, deseaba las elecciones generales como medio de aclarar la atmósfera, ya irrespirable, del campo político. Los liberales preferían las elecciones municipales, que se les antojaban más inocuas y más fáciles de dirigir por medio de los antiguos resortes electorales, que inocentemente creían aún en condiciones de servir.

Quien decidió la crisis fue el Conde de Romanones, que en ese mismo instante tomó sobre sí, no sé si consciente o inconscientemente, la suprema dirección de la catástrofe. Con una simple visita a Palacio provocó la crisis. La visita no fue oficial, pero sí la nota que, firmada por él y por el Marqués de Alhucemas, anunciaba su propósito de abstenerse en las elecciones generales a que llamaba el Gobierno para el mes de marzo —la misma actitud que ya tenían adoptada los partidos de la oposición—.

Ello obligó a Berenguer a presentar la cuestión de confianza al Rey. Éste, que ya tenía según su costumbre todo apercibido, aceptó sin vacilar un instante la dimisión y se dispuso a comenzar las consultas que a la caída del dictador no había podido celebrar.

El Rey sabía que esta vez acudirían a Palacio los convocados. Lo que ignoraba era que la mayor parte de ellos lo harían para volcar ante él sus legítimos agravios y mostrarle sus pesimistas augurios.

En efecto, el 14, sábado, comenzaron las consultas por los «amigos incondicionales». El Duque de Maura, el Conde de Romanones y el Marqués de Alhucemas fueron los que acudieron, por la mañana. No sé, ni creo que importe mucho saber, lo que cada uno de esos prohombres, incondicionales del Rey, le aconsejara. Por la tarde se reanudaron, y ya entonces empezó el calvario. El primer consultado fue Sánchez Guerra, el de «no más servir a Señor que pueda morir», quien, a la salida, dijo a los periodistas que había expuesto al Rey con toda claridad su criterio, y que «la historia tiene la coquetería de repetirse, merced a lo cual, una vez más, se comprueba que la realidad tiene más fuerza que la realeza». Traducido en lenguaje vulgar quería esto decir que, en aquellos momentos, ya no es el Rey quien manda, sino la realidad, que bien claro está hacia dónde apunta…

Aún resultó llevadera, gracias al eufemismo de la frase ingeniosa, dicha opinión, comparada con las que siguieron.

Después de don José compareció don Melquíades Álvarez. A la salida manifestó que había dicho al Rey que el momento era histórico y las circunstancias gravísimas, y que había propuesto, como única salida, la convocatoria de unas Cortes Constituyentes con un poder que estuviera por encima del real, es decir, con ausencia del soberano durante la elección… Estas manifestaciones de don Melquíades marcaron la pauta a los que tras él siguieron (identificados con este punto de vista) y que formaban el grupo de los llamados «constitucionalistas».

De las consultas salió la «realeza» hecha jirones. Salvo los incondicionales de siempre, los demás la desahuciaron verbalmente del trono.

A tal punto, que falto de otro más eficaz de entre los consultados, hubo don Alfonso de echarse en brazos de Sánchez Guerra, que, cuando menos, había usado de eufemismos para desahuciarle. El 15, a mediodía, fue encargado de formar Gobierno y aceptó el encargo. Mas no sin condiciones. A la salida de Palacio, con la investidura regia al hombro, se expresó así:

—El Rey me ha hecho el honor de encargarme de formar Gobierno. Le he dicho que la confianza no puede otorgarse con cuentagotas y que ha de ser absoluta.

En el ejercicio de esos poderes absolutos, don José realizó un acto «histórico» cuyas consecuencias fueron, sin la menor duda, decisivas para la marcha de los acontecimientos nacionales.

Tras las primeras visitas protocolarias, y antes de entrevistarse con los hombres políticos afines o allegados, don José se presentó en la cárcel Modelo.

Es éste un episodio trascendental que deseo narrar con algún detalle, puesto que me fue dado ser uno de los protagonistas del mismo.

En la tarde del 15, cuando los detenidos políticos, en número considerable, estábamos en la galería, entregados a diferentes quehaceres, el director de la cárcel, don José Elorza, compareció de improviso ante nosotros vestido de gran uniforme, y con voz grave, ademán solemne —siempre se mostraba muy ceremonioso, además de ser una excelente persona— y en medio del más profundo silencio de los allí reunidos, nos dijo:

—Señores, acabo de recibir la orden de comunicarles que, dentro de breves instantes, el señor Sánchez Guerra, encargado por S. M. de formar Gobierno, vendrá a la cárcel para hablar con los señores Alcalá Zamora, Largo Caballero, De los Ríos y Maura. La sala de abogados está dispuesta. Siento que el reglamento no me permita autorizarles para comunicar dentro de ella, en vez de hacerlo a través de la reja. Les avisaré tan pronto como llegue el señor Sánchez Guerra.

Cubriéndose, abandonó el director la galería, sin duda para no comprometerse con manifestaciones prematuras.

(El ser una excelente persona no le salvó al Sr. Elorza: en 1936, al iniciarse la guerra civil, fue encarcelado por los franquistas, en Burgos, y enviado ante el piquete de ejecución).

Nuestra estupefacción puede imaginarla el lector. Yo sabía, mejor dicho, lo sabían todos por mi conducto, la marcha de los acontecimientos, porque había logrado introducir en mi celda un pequeño radiorreceptor de galena, de los que entonces se usaban comúnmente. Con él seguía, a través del «Diario hablado», que en aquellos días se emitía con suma frecuencia, las incidencias de la crisis, pero, como es lógico, jamás se nos ocurrió pensar que iban a venir a la cárcel los encargados de resolverla.

Imagine el lector el rebullicio que la noticia causó en la galería, poblada, como he dicho, ampliamente, puesto que no quedaba celda libre y muchos moraban en las ordinarias, faltos de cabida en las de políticos. Todas las conjeturas y fantasías se dieron rienda suelta. Los designados pasamos a reunimos en mi celda, no tanto para deliberar, como para sustraernos a la curiosidad inquisitorial de cuantos allí estaban.

Serían las siete de la tarde, ya de noche, cuando un oficial nos anunció que «acababa de llegar a la prisión el Sr. Sánchez Guerra». Recuerdo que hacía un frío intenso cuando bajamos las escaleras que conducen al locutorio de abogados, y entramos en él. Era reducidísimo, y desde él los presos hablaban con sus defensores a través de la reja. También ésta era estrecha, lo que nos obligó a colocamos ante ella en dos filas: delante sentados Alcalá Zamora y Largo Caballero, detrás, en pie, Fernando y yo. Alumbraba la sala de abogados, bastante espaciosa, una luz mortecina de bombilla de cinco o diez bujías sin pantalla, que daba a la estancia un aspecto lúgubre. Esperamos unos minutos en silencio. De pronto, se abrió la puerta del fondo de la sala frente a nosotros, y entró, con su inseparable bastón, tocado con sombrero de copa y vestido con majestuoso abrigo de pieles, don José Sánchez Guerra.

Llega el visitante al centro de la habitación, se descubre con cierta solemnidad y, con voz temblona —< ya estaba don José aquejado del mal que había de llevarle al sepulcro >—, nos dice:

—Señores, he sido encargado por el Rey de formar Gobierno y he creído de mi deber venir a proponerles la colaboración en el que voy a formar, si logro reunir los elementos que considero indispensables.

Continuaba don José en medio de la sala, con el sombrero y el bastón en una mano y la otra en el bolsillo del abrigo. Parecía un fantasma, en aquella media luz de una habitación de paredes encaladas y desnudas, entre muebles desvencijados y cojos, frente a unas sombras que, acurrucados tras una reja, miraban asombrados sin llegar a dar crédito a sus ojos y oídos.

Niceto, siempre esclavo del procedimiento, tras un silencio bastante prolongado, con su característico acento andaluz, respondió:

—No podemos contesta a la pregunta, querido don José, sin antes sabe las condisiones y límites de ese encargo por usted resibido…

Ante un gesto de sorpresa o de impaciencia de Sánchez Guerra, calló Niceto un instante, y Fernando, creyendo sin duda que le ayudaba a salir de un mal paso, intervino, entrando en una disertación sobre el momento histórico que vivía España, que «nos obligaba a examinar…». Entonces yo, que vi claro que don José se impacientaba de veras, dejándome llevar una vez más de mi temperamento, adelanté el busto y, por encima de las cabezas de los dos compañeros sentados, saqué el brazo y exclamé:

—No hay nada que examinar que no esté examinado ya. Nosotros, con la Monarquía, nada tenemos que hacer ni que decir.

Se produjo un ligero frío colectivo. Sánchez Guerra, tras unos segundos de silencio, sonrió y, muy despacio, contestó:

—Ya suponía yo que ésa sería su respuesta, pero he querido comprobarlo oyéndolo de labios de ustedes. Señores, muchas gracias y muy buenas tardes.

Hizo una reverencia ligera, y salió de la sala mientras nosotros quedábamos un rato aún, silenciosos e inmóviles, más que asombrados. La escena no había durado más de seis minutos.

Al regresar a la galería, empezó Niceto a lamentarse de mi impetuosidad, que nos había impedido, decía, «conocer a fondo la razón de la propuesta», y lo decía a gritos, delante de aquel enjambre de curiosos arremolinados en torno nuestro:

—Este Migué siempre tan impetuoso y tan raudo… Pero hombre de Dios, ¿no veía usted que iba yo a sacarle a don José toa la verdá de la situasión?

Me molestó la impertinencia, porque era como echarme encima aquella jauría de alocados que me miraban igual que si yo hubiese dado siete vueltas a las llaves de la cárcel para cada uno de ellos. Los mandé a paseo, y me metí en mi celda, a esperar que se serenase el cotarro.

Al poco rato vinieron a reunirse conmigo —sin duda por la querencia, ya que fue siempre mi celda el lugar de reunión y en donde guardábamos todos los papeles— mis compañeros de aventura y los demás miembros del Comité.

Ya serenados, pudimos medir la importancia del paso dado por Sánchez Guerra. Había que considerar que estábamos sometidos a proceso por rebelión armada contra el régimen; que la causa iba a verse ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, unos días más tarde; que tras la visita de don José esta causa estaba ya fallada, puesto que era evidente que, pese a estar en el banquillo de los acusados, no se podía condenar a quienes no estaban en el Poder porque lo habían despreciado; quienes, en vez de enjuiciados, podían haber pasado a ser árbitros de la vida nacional, con sólo haber aceptado el ruego del encargado por el Rey de formar Gobierno; que, en fin, el refuerzo que con este ofrecimiento recibía la causa republicana era tal que fatalmente inclinaría la balanza hasta el límite máximo, puesto que representaba la confesión paladina de la impotencia del régimen para valerse por sí solo y el respeto que le merecía la popularidad y la fuerza del Comité encarcelado. El resto era secundario e insignificante, les decía yo a mis compañeros. Aparte de que era pura quimera del bueno de don Niceto pensar que don José, allí, de pie, helado y medio a oscuras, iba a darnos una referencia detallada de su conversación con el Rey, referencia que, por lo demás, nos importaba un comino. Acabaron dándome la razón todos, excepto Niceto, que no rectificaba jamás públicamente sus opiniones.

El asombro que el insólito hecho produjo entre amigos y adversarios no es fácil describirlo. Al día siguiente, El Debate, en su editorial decía:

«¡Intentar un Gobierno monárquico apoyado y sostenido en los enemigos declarados del Rey! Más que una paradoja es un desatino que no cabe en cabeza de hombre que conserve sereno su juicio».

No hay para qué hacer constar que la prensa republicana entonaba himnos de triunfo y auguraba el definitivo para fecha próxima.

Sería curioso averiguar de dónde partió la iniciativa de esta original gestión. ¿Fue el Rey quien la aconsejó? ¿Fue iniciativa personal de Sánchez Guerra? No es fácil aclararlo. Berenguer, en su obra, refiere así el episodio:

«En el Ministerio de la Guerra nos dijo Sánchez Guerra a Matos y a mí, que al salir de su entrevista con el Rey esa misma tarde, su hijo Rafael, que le esperaba en la puerta de Palacio, le había comunicado que se estaban circulando órdenes para lanzar manifestaciones republicanas por las calles; que estas órdenes habían partido de los presos políticos y que fue a verles para pedirles que retirasen esas órdenes y no perturbasen la marcha de los acontecimientos».

Esta versión es inadmisible y absurda. Ni nosotros habíamos cursado órdenes semejantes que no tenían razón de ser, puesto que sin nuestra actuación el régimen se desmoronaba a ojos vistas, ni Sánchez Guerra nos habló para nada de semejante cosa, ni ello concuerda con las declaraciones del propio don José, quien, al salir de la cárcel, interrogado por los periodistas, manifestó:

—No he logrado la colaboración de los presos, pero aún he de hacer otras gestiones.

Sinceramente creo que el origen fue una sugerencia de Rafael Sánchez Guerra a su padre, para que nos ofreciera la colaboración en el Gobierno. Rafael estaba totalmente identificado con nosotros, y don José había de ver con gusto una propuesta que demostrase, a propios y a extraños, su imparcialidad y serenidad de espíritu, por encima de tirios y troyanos. Era, en definitiva, un gesto muy acorde con su temperamento, gesto al que probablemente no concedió la menor importancia cuando lo realizaba. Pero, en definitiva, fue tal gesto un golpe de muerte para el régimen, porque ya nadie dudó de la suerte que le esperaba.

No pudo Sánchez Guerra formar Gobierno y, a la mañana siguiente, declinó el encargo recibido.

El día 17 transcurrió en un ambiente cargado de alarma y de augurios pesimistas, sin solución a la vista, y, ya de noche, fueron citados al Ministerio de la Guerra varios personajes del régimen, para celebrar una entrevista de «capital importancia», según se decía en la misma convocatoria.

Mas dejemos referir el suceso a dos de los más significados asistentes a esa reunión y miembros del Gobierno que en ella quedó formado. Uno de ellos se explicó textualmente de esta manera:

«Una tarde de febrero, recibimos algunas personas la convocatoria para una reunión de “capital importancia”, que se había de celebrar aquella misma noche en el Ministerio de la Guerra. Ya allí, por el procedimiento de la “encerrona”, se nos conminó a aceptar una cartera y se eligió presidente al almirante Aznar, que no estaba siquiera presente en Madrid. Se formó así el Gobierno, y aún viven testigos que pueden testimoniar lo que dije, que fue esto: “se acaba de constituir el último Gobierno de la Monarquía; yo voy a Trabajo; siempre había pronosticado que mi carrera política terminaría acompañando a la Corona hasta el cementerio. Lo que no sé es, si, después de la conducción, saldremos por la puerta o por la ventana”».

Estas palabras fueron escritas por mi hermano, el Duque de Maura, años más tarde, con ocasión de una correspondencia mantenida con un correligionario durante la guerra civil. Son, pues, de una autenticidad indiscutible y muestran, sin rebozo, cuál era el estado de ánimo de los forzados sepultureros de la Monarquía.

Por su parte, el general Berenguer, presidente dimisionario y a la vez ministro de la Guerra del nuevo Gobierno, relata así el suceso:

«Los momentos no podían ser más críticos, con gran algazara de los enemigos del régimen, que, ante el testimonio evidente de esas dificultades veían exaltado el enardecimiento de sus partidarios, acrecidas sus filas por los desertores y ventajistas y deprimida la moral de la desorganizada clase neutra que en apática indiferencia daba la impresión de no interesarse ya gran cosa por la suerte de la Monarquía».

Atribuye a La Cierva la iniciativa de la reunión, en lo que sufre error, porque la iniciativa estuvo a cargo, como todo cuanto aconteció más tarde, del Conde de Romanones, y dice de la encerrona:

«Tras largo debate que duró más de cinco horas, en gran parte dedicado a hacer aceptar por todos los reunidos el compromiso de entrar en el nuevo Gobierno, que aparecía ya con carácter de postrero y decisivo…».

Las cursivas son mías porque quiero que resalte el estado de ánimo y el ardor con que iban a ese Gobierno los titulares de sus carteras. El Gobierno formado por tan coactivo procedimiento fue el siguiente:

Presidencia: almirante Aznar. Estado: Conde de Romanones. Gracia y Justicia: Marqués de Alhucemas. Ejército: general Berenguer. Marina: almirante Rivera. Hacienda: Juan Ventosa Calvell. Instrucción pública: Gascón y Marín. Fomento: La Cierva. Trabajo: Duque de Maura. Economía: Conde de Bugallal. Gobernación: Marqués de Hoyos.

< (Tocaba la noticia lo personal:) Figuraba en (el Gabinete) mi hermano Gabriel. Cuando me dieron la noticia me resistí a creerla. Desde muy joven, había tenido Gabriel requerimientos apremiantes para entrar en los Ministerios que se formaban por el Partido Conservador, y siempre se había negado a ello. No tenía para mí explicación posible que viniera a formar parte de uno que, notoriamente, estaba condenado a presidir la liquidación del régimen. Por añadidura los ministros de ese Gobierno eran los viejos políticos más desacreditados e impopulares del campo monárquico, como Romanones, Alhucemas, Ventosa, es decir, los jefes de los partidos cuyos errores provocaron el golpe de Estado de Primo de Rivera. Estando yo en la cárcel, parecía además de mal gusto que mi hermano, sin necesidad alguna, entrara a formar parte del Gobierno que había de ordenar la vista del proceso que se nos instruía y en caso necesario había de revisar la sentencia que recayese. Cuando asumió ese cargo del Ministerio del Trabajo en tal Gabinete, lo haría seguramente por entender que ése era su deber, porque siempre fue hombre escrupuloso y exento de ambición.

El hecho fue que me encontré en la desagradable situación de tener nada menos que en el centro del campo enemigo a mi hermano mayor, a quien siempre he querido y respetado como él se merece. Me vi obligado a publicar un pequeño artículo aclarando la situación de cada cual, artículo que resultó, como no podía menos de suceder, algo violento y duro. La censura impidió su publicación y, en vista de ello, ignoro quién, un voluntario cualquiera, lo imprimió en pequeñas hojas que fueron repartidas profusamente por Madrid y aún por toda España. Esto vino a agravar la situación ya bastante tirante, entre Gabriel y sobre todo su familia, y la mía. Prácticamente quedaron rotas todas las relaciones familiares. Mis hijos y mi mujer vivieron desde entonces en el más absoluto aislamiento de cuanto había constituido para ellos, hasta ese momento, su medio social.

Por otra parte, la clientela de mi despacho de abogado, toda ella de la clase «pudiente», como si se hubiera puesto de acuerdo, me retiró su confianza y en una semana quedó mi despacho limpio de pleitos y de asuntos. Tuve que ordenar desde la cárcel la reducción del tren de vida de que los míos disfrutaban, reducción que al salir de la prisión y entrar en el Gobierno hube de llevar al extremo, abandonando mi casa de Príncipe de Vergara e instalándome en un modesto piso de la calle de Montesquinza >.

(Pero, vuelta al nuevo Gobierno, del Almirante Aznar:) Los ignorantes de la gestación y parto del engendro vieron en él un intermedio que permitiría esperar más amplios y eficaces concursos a la causa de la Monarquía entonces desamparada. Los enterados, y ellos eran legión, lo que el Duque de Maura y el general Berenguer reflejaban en los párrafos transcritos: el último estertor de un régimen que se muere sin remedio posible. Mas es curioso observar que aun entre los más enterados de la forma en que había sido resuelta la crisis, y por tanto del escasísimo valor que cabía atribuir al hecho del nacimiento del Gobierno así confeccionado, hubiese gentes más que optimistas, encantadas y eufóricas ante la solución.

Claro que quien así se dejaba llevar por su temperamento beatífico no podía ser otro que el inefable El Debate. Al día siguiente, 18, insertaba:

«Digamos, sí, que la situación es más que buena, excelente. Aquí no hay revolución. Las revoluciones tienen la cara más seria. Aquí no hay más que bullanga. Ni hay organización revolucionaria ni cosa parecida, sino tertulias de ilusos y conspiradores exaltados. Lo que necesitábamos era un Gobierno de prestigio y autoridad, exigencia que queda atendida con la nueva formación».

Decididamente, El Debate creía de verdad que a fuerza de repetir a diario que todo iba muy bien y que en lo sucesivo iría aún mejor, los más terroríficos males quedaban conjurados.

De cuanto queda relatado sobre esta última crisis ministerial de la Monarquía se deduce la convicción, ya generalizada entre las figuras representativas del régimen, actores de primer plano del drama que empezaba a esbozarse, que la Monarquía había entrado en período agónico.

Por tanto, resulta pueril la discusión más tarde entablada entre los monárquicos adictos incondicionales del Rey, sobre la responsabilidad efectiva del derrumbamiento. No hablemos de quienes nos culpan a Alcalá Zamora y a mí, a mí más singularmente, de la total responsabilidad. Aunque parezca mentira, son aún muchos los mastuerzos que lo piensan, o por lo menos lo afirman seriamente. Como si nuestra presencia en el campo republicano hubiese tenido la virtud taumatúrgica de acabar con una institución milenaria. Quienes culpan a unos y a otros del suceso deberían mirarse a sí mismos y hacer severo examen de conciencia. En aquellas jornadas, la ausencia en el campo de la lucha de quienes tanto y tan acerbamente criticaron luego a las figuras de primer plano, probó el escasísimo, o, mejor dicho, nulo, fervor monárquico que anidaba en el seno de la clase elevada de la sociedad. La soledad del Rey en aquellas horas fue el mayor baldón para los maldicientes a posteriori. Lo que en aquellos días aconteció evidencia hasta el máximo que la Monarquía era un cadáver en pie que el menor soplo popular tenía que derribar con estrépito. Sus adeptos, sus «leales», sus servidores de toda laya la habían prácticamente abandonado considerándola perdida. No era de extrañar que —quien más, quien menos— buscase acomodo con antelación al día próximo del desastre.

Y por ello, nosotros, desde la cárcel de Madrid, no nos sorprendíamos ante el aluvión de adhesiones significativas que recibíamos de los más allegados a la situación gobernante; policías, oficiales del Ejército, altos funcionarios de los Ministerios, nos ofrecían sus servicios y acataban nuestras órdenes como si de hecho estuviésemos ya investidos de las funciones de gobierno.

CAPÍTULO IX

EL MES DE MARZO Y EL CONSEJO DE GUERRA

Primeros disturbios

Primeros disturbios

Fueron llegando hasta nosotros detalles de la crisis de febrero a medida que nuestros visitantes nos informaban de sus interioridades. Así supimos que Sánchez Guerra, en la mañana del 17, había llevado a Palacio una lista de Gobierno integrada por los constitucionalistas, con exclusión de liberales y conservadores. Parece que don Alfonso fingió contrariedad por no haber logrado don José el concurso de los presos y, sobre todo, por no haber obtenido de ellos una tregua política hasta las elecciones; propuesta, esta última, que Sánchez Guerra no había mencionado siquiera en su visita a la cárcel.

Sánchez Guerra atribuyó la negativa republicana al hecho de ser él hombre de tendencia derechista, y propuso al Rey encargase de formar Gobierno a Melquíades Álvarez, que seguramente inspiraría menos recelos en el campo republicano-socialista. Por su parte, don Alfonso aún le propuso aceptar la lista que llevaba, con la sola condición de añadir a ella los nombres de Romanones y Alhucemas como ministros sin cartera. A esta pretensión se negó rotundamente don José, y declinó con carácter definitivo el encargo.

Positivamente, para el Rey, los únicos puntales de la Monarquía eran el Conde y el Marqués aludidos, es decir, los viejos partidos y los hombres anteriores al golpe de Estado de Primo de Rivera. Es increíble semejante ceguera, pero era ella evidente.

Estas noticias nos hacían pensar que podía estar justificada la desorientación que entre nuestros correligionarios advertíamos, tras la solución de la crisis. Decidimos publicar una nota aclaratoria, que se encargó de redactar Niceto. Suprimidas las frases elocuentes pero confusas que la improvisación de Alcalá Zamora había deslizado en ella, quedó al fin redactada así:

«La fuerza constituida por republicanos y socialistas sigue inquebrantablemente unida y en marcha, sin que pueda entrar en ningún Gobierno trazado por la Monarquía, ni siquiera como fiscal presente. Seguros estamos que unas elecciones verdaderas, proclamarían legalmente la República y seguimos resueltos a que ninguna intriga o influjo de los poderes tradicionales arrebate nuestra victoria».

Esta nota fue publicada en la prensa de Madrid, sin que la autoridad opusiera la menor dificultad. Para paliar su efecto, lanzó el Gobierno otra, con ribetes de Manifiesto, en la que, tras anunciar un programa para cuya realización hubiese necesitado contar con más años de vida ministerial que los que sumaba la edad de todos los ministros juntos, anunciaba que castigaría con el máximo rigor de la ley toda insubordinación y que actuaría inexorablemente contra los perturbadores del orden.

Hacía ya semanas que habíamos tomado la decisión de abandonar, por el momento al menos, el camino de la violencia y de la revolución en la calle con carácter general. Nos había inclinado a ello el hecho notorio de que, con sólo dejar correr los acontecimientos, el derrumbamiento de las instituciones estaba a la vista. Nos lo probaba el rosario de adhesiones que veníamos recibiendo de toda clase de funcionarios y elementos militares serios. En segundo lugar, nos alarmaba la tónica que, según nuestros informes, estaba dando Lerroux a su gestión revolucionaria. Sin duda, para seguir la línea de menor resistencia y lucirse ante nosotros, se había echado en brazos de los elementos más indeseables del campo libertario, lo mismo obrero que militar. Los informes que recibíamos probaban que, si le dejábamos seguir su actuación, lo de Jaca acabaría por ser un juego de niños comparado con lo que desencadenarían los flamantes amigos de don Alejandro. Se le hizo saber que nuestra decisión era desistir por el momento de violencias y se le rogaba que hiciese él lo mismo. Con gran protesta por su parte hubo de acceder, pero para sincerarse con sus nuevos amigos nos culpó a los de la cárcel del desistimiento. ¡Ahí nació, en buena parte, la enemiga que contra Alcalá Zamora y contra mí mostraron, apenas nacida la República, los elementos anarco-sindicalistas!

No nos produjo, pues, la menor impresión el anuncio por el Gobierno de sus rigores en la represión. Teníamos, además, suficiente información para saber que quedaría, al fin y a la postre, en agua de borrajas. Y así sucedió, en efecto.

El día 2 de marzo, se autorizó la reapertura del Ateneo, cerrado desde los sucesos de diciembre. Ese mismo día, se ordenó la apertura de los cursos en las universidades clausuradas, que eran todas las de España menos la de Barcelona.

El día 5, es decir, tres días más tarde, dieron comienzo en la Facultad de Medicina los sucesos que, ya casi sin interrupción hasta el 14 de abril, habían de tener en vilo, por su gravedad, a unos y a otros. Los estudiantes, en huelga pero asistiendo en número considerable diariamente al edificio de la Facultad, se hacían fuertes en ventanas y tejados y, desde ellas, acometían a la fuerza pública que el Gobierno —mejor dicho, Mola— enviaba para dominarlos. Todos los días habían bajas por ambas partes. Acudían en socorro de sus compañeros los estudiantes de la Universidad Central y con ellos se mezclaban quienes nada tenían de estudiantes, pero en cambio sí de técnicos en esa clase de contiendas.

Desde la cárcel no era fácil que pudiésemos influir eficazmente en el ánimo de los estudiantes. Una vez fuera de ella, logramos, no sin esfuerzos, paliar no poco las violencias durante una temporada, es decir, durante una o dos semanas.

El Gobierno no se atrevía a clausurar de nuevo las facultades, y la disparidad de criterio en cuanto a la represión, entre el Director General de Seguridad y el Gobierno, era la comidilla de Madrid. De ella resultaba patente que el nuevo equipo ministerial no podía presumir de enérgico. Cada día nos ofrecía de ello una nueva prueba.

Habían sido juzgados y ejecutados los dos jefes más directos de la sublevación de Jaca, pero quedaba aún por verse la causa contra otros elementos militares que habían también tomado parte en ella. Uno de los encartados, el capitán Sediles, estaba muy comprometido en el alzamiento, y el fiscal pedía la pena de muerte para él. El día 13, se celebró el consejo de guerra. Y, en efecto, se condenó a Sediles a la última pena, a otro capitán a reclusión perpetua, y a penas menores a dos oficiales y un sargento.

Así que fue conocido el fallo, los estudiantes y las organizaciones obreras pusieron el grito en el cielo exigiendo el indulto. No necesitaron esforzarse. Con antelación al propio consejo de guerra, el Gobierno ya había deliberado sobre el caso y acordado, por anticipado, que serían indultados los encausados sobre los que recayese la pena de muerte. Sin más trámites y sin conocer siquiera la sentencia aún inédita.

Claro es que este apresuramiento contribuyó no poco a inspirar alientos y confianza a los revoltosos de aquellas jornadas.

Para dar una idea al lector de la armonía que en el equipo gobernante reinaba en momentos tan cruciales para la vida del régimen monárquico, voy a copiar, del libro del inagotable general Mola, la impresión que le hizo la persona del Marqués de Alhucemas, ministro de Justicia, el día que le conoció. Uno a uno iba visitando a los principales personajes, y, al regreso de cada visita, fijaba en su cuaderno de notas sus propias impresiones. Más tarde, no vaciló en publicarlas en su obra titulada Tempestad, calma, intriga y crisis.

«He conocido —dice— a un hombre con dos tonos de voz, uno grave y otro atiplado; me refiero al Marqués de Alhucemas. Después del saludo y de hacerme sentar me ha largado una impertinencia: que era impropio de un director de Seguridad declarar que no entendía de leyes. Le he respondido, un tanto amoscado, que no tenía por costumbre decir sandeces. Me ha contestado que ya había supuesto que eran cosas de periodistas. El Marqués ha divagado sobre varios asuntos y, por fin, me ha despedido con un gorgorito. ¿Y este Señor, ¡Dios mío!, es uno de los jefes del Partido Liberal? ¿De quién será yerno? Comprendo perfectamente que el general Primo de Rivera le diera un puntapié. ¡Justificadísimo!».

Sin comentarios.

El consejo de guerra

El consejo de guerra

En ese ambiente francamente revolucionario y, además, de rebeldía general y de relajo máximo de la autoridad, fue señalado el día 20 para la celebración del consejo de guerra que había de juzgar al Comité encarcelado desde diciembre.

El hecho de figurar entre los encartados don Francisco Largo Caballero, consejero de Estado, atribuía la jurisdicción al Consejo Supremo de Guerra y Marina.

Presidía este alto tribunal el general Burguete, hombre de ideas avanzadas, muy aficionado a mostrar sus opiniones a través de diarios y revistas, e incluso de libros, y enemigo declarado, desde los tiempos de África, del general Berenguer, a la sazón, ministro de la Guerra. Un hijo del general Burguete, Ricardo, había colaborado en la rebelión de diciembre, y su nombre figuraba, innumerables veces, en el sumario. Y ello era conocido al detalle por nosotros.

No teníamos, pues, sino dejar hacer al Presidente del Tribunal y ayudar, si era necesario, con nuestra pasividad o nuestra protesta, para que el consejo de guerra fuese, como deseábamos, un gran espectáculo revolucionario.

En efecto, Burguete exigió, para empezar, que el acto se celebrase en la Sala de Plenos del Palacio de Justicia, que era, con mucho, la mayor de Madrid. Lo obtuvo sin dificultad por parte del Gobierno, pero no por parte del presidente del Supremo, señor Ortega Morejón, magistrado íntegro y capaz, pero de un derechismo cavernario. Prevaleció, sin embargo, el castrense sobre el jurista, y el Gobierno accedió a que se celebrase allí el histórico acto. El Presidente civil puso en manos de su colega militar no sólo la Sala, sino el edificio entero, y se fue a su casa durante los días que mediaron desde la decisión hasta el fallo de la causa. Tomó, pues, posesión del edificio la autoridad militar. Puso de patitas en la calle a la policía que el general Mola —otro enemigo para Burguete— había diseminado, desde hacía una semana, con carácter permanente, por el Palacio, y la sustituyó por… nadie, porque declaró que «tenía plena confianza en los procesados y en sus defensores». Como preludio no estaba mal.

El ministro de la Gobernación, por consejo de Mola, había ordenado medidas de seguridad dentro y fuera de las Salesas. Entre ellas la de que los encausados habían de ser conducidos, desde la cárcel al Tribunal Supremo, en coches del Centro Electrotécnico, es decir, del Estado; que los procesados, durante los descansos, no saldrían de la habitación que el Tribunal Supremo pondría a disposición, contigua a la Sala de Audiencia; que a esa habitación sólo tendrían acceso los abogados defensores y las familias de los encartados.

Cuando nos comunicaron tales medidas, nos negamos en redondo a pasar por ellas por considerarlas vejatorias para nuestra dignidad de encartados políticos. Exigimos, a cambio; que habíamos de ir por nuestra propia cuenta, y en coches particulares que nosotros nos proporcionaríamos, de la cárcel al Tribunal; que no admitíamos ni escolta ni acompañamiento dentro de nuestros coches; que una vez en el Palacio de Justicia, podíamos circular libremente por el local del Colegio de Abogados, del que yo era secretario general, y Ossorio y Gallardo, abogado defensor de Niceto y mío, el decano; que, en fin, almorzaríamos o merendaríamos en los locales del Colegio porque Ossorio y yo invitábamos a los procesados.

Se batieron largamente en retirada las autoridades haciendo propuestas absurdas, como la de sustituir a la policía en los coches de la conducción por los propios letrados nuestros, proposición que ellos y nosotros desechamos sin vacilar, sin perjuicio de utilizar, si lo considerábamos preferible, alguno de los coches particulares de nuestros abogados. Al fin, nos salimos con la nuestra, y, tal cual habíamos decidido que se harían las cosas, fueron ellas hechas.

Para colmo, al señalar hora, se fijó para la primera sesión de lectura del sumario, la de las cuatro de la tarde, pero a las dos y media nos comunicaron que se anticipaba una hora la apertura, y que, por lo tanto, debíamos estar allí a las tres menos cuarto. Cuando nos notificaron ese acuerdo nos encontrábamos comiendo en la galería. Se hizo saber a la autoridad que no estábamos dispuestos a precipitar nuestro yantar, y que iríamos cuando acabáramos de comer, fuese la hora que fuese. Fuimos, en efecto, a las cuatro menos cuarto.

Comprendo perfectamente la indignación que ello causó al bizarro Director General de Seguridad, que, al relatar estos pormenores en otro de sus amenos engendros literarios —El derrumbamiento de la Monarquía— lo hace con cierto dejo de admiración hacia nosotros, pero con furia bien lógica contra sus superiores, que le dejaban en el más espantoso de los ridículos.

Defendían a Largo Caballero, Felipe Sánchez Román; a Álvaro de Albornoz, Victoria Kent —la primera mujer española que intervenía en un consejo de guerra—; a Casares Quiroga, Luis Jiménez de Asúa; a Fernando de los Ríos, don Francisco Bergamín; a Niceto y a mí, Ossorio y Gallardo.

< Previa una toilette desusada en los tres meses que habíamos permanecido en la cárcel >, fuimos, pues, al Palacio de Justicia el día 20 por la tarde, en coches particulares y entramos en el edificio por la puerta de acceso de la calle de Bárbara de Braganza, que raramente se utiliza, pero que estaba abierta y guardada por la Guardia Civil para impedir el paso a los extraños. Por la galería interior, entramos en los coches mismos hasta la escalera que conduce al Colegio de Abogados. En éste, esperamos breves momentos, pues nos habíamos retrasado nosotros y no el Tribunal.

Al entrar en el local amplio y solemne de la Sala de Plenos, el público allí apiñado se puso en pie en medio de un absoluto silencio. Presidía el Tribunal el general Burguete, de gran uniforme, y lo integraban generales del Ejército y jefes de la Marina, que habían vestido, para la solemnidad, los uniformes de gala y ostentaban todas las condecoraciones que poseían. El efecto era realmente impresionante.

Tomamos asiento en los bancos de estrados. A nuestra izquierda estaban nuestros abogados de toga. A nuestra derecha el fiscal, y, detrás de él, los abogados extraños al proceso, pero igualmente vestidos de toga. Detrás de nosotros, el público, buena parte de él en pie. En la puerta que da acceso a las galerías, y que permanecía abierta de par en par, los curiosos se apiñaban.

La primera sesión de la tarde del día 20 fue consagrada a la lectura del apuntamiento, interrumpida por un largo descanso, durante el cual fueron obsequiados los procesados, los letrados defensores y cuantos amigos concurrieron a una suculenta merienda en los salones del Colegio de Abogados del que hacíamos los honores Ossorio y yo, como ya dije.

Reanudada la vista y terminada la lectura, el fiscal calificó, en un largo y plúmbeo informe, los hechos como constitutivos de un delito de conspiración para la rebelión militar, y pidió la pena de quince años para Alcalá Zamora, como jefe de la misma, y de ocho para cada uno de los demás encartados.

Al día siguiente, a las diez de la mañana, se reanudó la vista con los discursos de las defensas. Habló primero Ossorio, que consumió toda la mañana. < Hizo un informe esencialmente político, de ataque violento a la Dictadura y de canto a la libertad >.

Almorzamos opíparamente en el Colegio de Abogados y, a las tres y media, se reanudó el acto, en el que intervinieron los demás defensores. < Felipe Sánchez Román informó en jurista y su emoción fue tal que no pudo terminar sino entre sollozos. Asúa volcó su ciencia de penalista un tanto difusa e inoportunas (Pero) hago gracia al lector de los innumerables detalles. Basta decir que cada informe era una arenga de mitin republicano. La argumentación jurídica se encerraba en estas dos afirmaciones lógicas: la figura del delito que el fiscal invoca no existe, porque el régimen de que el fiscal habla no puede ser otro que el de la Constitución del 76, y ésta quedó anulada por el atropello del Rey y del dictador en 1923; ya no existe, luego no cabe alzamiento ni conspiración contra lo inexistente. Los procesados están en el banquillo porque no han querido estar en el Gobierno, que, de haberlo ellos querido, todos los jueces de hoy habrían de prestarles obediencia y acatamiento. Y ello, como puede imaginar el lector, con párrafos encendidos de ataque y defensa.

El público coreaba sin cesar a los oradores, y el Presidente sonreía y dejaba plena libertad a los letrados para que expusieran sus ideas.

Al terminar las defensas, el Presidente cedió la palabra a los procesados. Uno tras otro, Alcalá Zamora, De los Ríos, Albornoz, Casares Quiroga y Largo Caballero hicieron uso de la palabra. Desde el discurso altisonante de Niceto, verdadera soflama revolucionaria, pronunciada con el gesto y la voz en él acostumbrados, el público se desató. Aquello ya nada tenía que ver con un consejo de guerra. Era un mitin revolucionario en el que los gritos, los vivas y los mueras, que venían no sólo del fondo de la Sala, sino de las galerías abarrotadas de público, materialmente ensordecían.

Hay que confesar que fue un verdadero escándalo y que no está del todo exento de razón nuestro conocido el inefable Mola, cuando maldice la conducta del Presidente, que no sólo la consintió, sino que se mostró más que complacido, encantado a lo largo de la bacanal.

Y así terminó el consejo de guerra contra nosotros. Fue un acto revolucionario celebrado solemnemente ante el más alto Tribunal de la Nación, presidido por la plana mayor del Ejército y la Marina, en el Palacio de Justicia de Madrid, y en su Salón de Plenos. No cabía pedir más. No podíamos quejarnos.

La sentencia y la libertad

La sentencia y la libertad

La impresión en Madrid era que se imponía la absolución. Los tres días que mediaron entre la vista y la sentencia fueron muy agitados. La prensa comentaba con apasionamiento, según el matiz de cada diario, los discursos de abogados y procesados.

De «escándalo lamentable», calificaba El Debate del día 24, el que ofreció el Palacio de Justicia durante los dos días que duró el proceso. «No es, ciertamente —decía—, porque los abogados defensores y los procesados hayan convertido una sesión del Supremo de Justicia Militar en un acto político. Lo que no esperábamos es que se les consintiese realizar su propósito». Y luego añade: «Salvamos al señor Maura por haberse contenido en los límites que reclamaba su posición». Aludía con ello a mi silencio en el acto de la vista, silencio debido, tan sólo, a la hora avanzada en que me fue concedida la palabra y a lo notoriamente inútil que resultaba ya cualquier disquisición machacona sobre temas tan debatidos.

«El Gabinete no ha estado previsor —añadía El Debate— y ha sido blando y condescendiente en extremo. Para los partidos y los ilustres políticos que hoy ocupan el poder, no han sido buenas jornadas las de la última semana. Y no deben olvidar, que no ya la claudicación, la simple debilidad ante los revolucionarios de la calle, del foro, o del Ateneo, sería de efecto fulminante para el actual Gobierno».

El 23 se hizo pública la sentencia. Se consideraba el hecho como un acto de excitación a la rebelión militar, pero, por apreciarse «atenuantes muy calificadas», se imponía la pena inmediatamente inferior a la señalada como correspondiente al delito en su grado mínimo. Por tanto, se condenaba a todos los procesados por igual, a la pena de seis meses y un día, y se nos aplicaba la ley de condena condicional, por virtud de la cual quedábamos, en el acto, en libertad.

Mas lo que mayor ruido causó fue que, el presidente del Tribunal, general Burguete, y dos vocales formulasen voto particular proponiendo la absolución pura y simple de los seis encartados. Al ser conocido este hecho, que Burguete cuidó de dar a la publicidad con cierto estrépito en unas declaraciones muy largas a la prensa, se produjo no poco revuelo, no sólo por la categoría militar del general, sino por suponerse, creo que sin razón, que si había prevalecido un criterio de relativo, muy relativo, rigor en la sentencia, era debido a presiones del Gobierno, con lo que nada iba ganando la ya escasa popularidad de los ministros.

Vino un vocal a la cárcel, a notificarnos el fallo. Era un jefe de la Marina. En la sala de abogados de la prisión, y esta vez sin rejas, pues todos estábamos en ella, nos fue leída la sentencia y firmamos la notificación.

Tras un copioso almuerzo, el último celebrado en la famosa galería, fuimos saliendo de dos en dos, «para evitar manifestaciones». Tal era, al menos, el deseo del Gobierno y las órdenes dadas al director. Mas no fue logrado el objetivo, porque en el dintel de la prisión se agolpaba una muchedumbre de correligionarios de diversas clases sociales, predominando los obreros y los estudiantes, que tomaban en hombros a los liberados según iban apareciendo ante el rastrillo y los conducían en triunfo clamoroso por las calles. Yo salí con el jefe socialista Largo Caballero, pensando, con razón, que sería él y no yo quien atrajese el entusiasmo popular y así me libraría de los achuchones. No pude, sin embargo, librarme sino a duras penas de los manotazos y estrujones de aquellas gentes enfervorizadas.

Al fin, logré tomar el coche donde me esperaba la familia y desaparecer.

< La sensación que experimenté en aquellos momentos fue original. La vuelta al hogar, con sus comodidades habituales, la presencia de los míos y la sensación de verme de nuevo entre ellos hacían de sedante espiritual y dejaban mi ánimo como adormecido; mas al mismo tiempo, la sensación inconsciente de que acababa de doblar la hoja de una página decisiva de mi vida y de un período romántico y feliz desde el punto de vista del ideal ponían en mi espíritu un sedimento de pena y de tristeza. Todo ello vago e impreciso, porque la velocidad vertiginosa a la que se desarrollaban los acontecimientos no daba espacio para analizar y menos aún para saborear ésas ni otras sensaciones >.

Balance del alzamiento frustrado de diciembre

Balance del alzamiento frustrado de diciembre

Éste fue el final del alzamiento de diciembre. Alzamiento fracasado, como supusimos casi todos desde el mismo día que se planeó en principio, porque nadie soñaba con asaltar el poder a través de barricadas y motines. Ese género de revoluciones pasó definitivamente a la historia. Ante un Estado moderno que no quiere entregarse no hay violencia que logre prevalecer. Ya lo sabíamos, pero tampoco ignorábamos que la conmoción que el intento causaría en la opinión pública —incluso aceptando por anticipado el fracaso del mismo— sería más que suficiente para considerar rentable la aventura.

Por de pronto, gracias a ella, fuimos a parar a la cárcel la mayor parte de los miembros del Comité, hecho que tuvo no poca parte en el triunfo final, porque nada confiere mayor autoridad y prestigio que la persecución.

La visita de Sánchez Guerra a la cárcel y el consejo de guerra fueron otros valiosos tantos definitivos que pudimos apuntar al haber del alzamiento frustrado de diciembre.

A partir de este acontecimiento, la agitación revolucionaria en la Villa y Corte no cesó un solo día. El 23, se celebró un gran mitin en la Casa del Pueblo, pidiendo la amnistía. El 24, los estudiantes se sumaron estrepitosamente a la demanda de los socialistas y se lanzaron a una manifestación en las calles con ese fin. Intervino la policía con cierta violencia y la batalla se generalizó, no sólo en la calle de Santa Isabel, sino en la de Atocha y en otras de aquella barriada. El Gobierno, ya escarmentado con las anteriores algaradas, ordenó el cierre de la Facultad de Medicina. De nada sirvió la medida, porque desde dentro se abrieron de par en par las puertas y los estudiantes, mezclados con otras gentes, como antes he dicho, se hicieron dueños del edificio, y desde ventanas y tejados repitieron las pasadas hazañas, esta vez con mayor violencia y más víctimas por ambas partes. Murieron estudiantes y un sargento de la guardia civil, obreros y simples transeúntes o curiosos.

Esta agitación escolar se extendió a provincias, y con el lema de la amnistía como bandera de combate, en todas las universidades de España hubo motines y algaradas de diversa importancia, pero suficientes siempre para mantener caldeado el horno revolucionario.

La lenidad del Gobierno en la represión arrancó lamentaciones y gritos de alarma a la prensa adicta, del tono de este editorial de El Debate del día 27 de marzo:

«La gravedad radica más que en los sucesos mismos, en la impunidad que va a ampararles porque la autoridad así lo quiere. Comprendan el Presidente del Consejo y el Gobierno entero, que la situación es anárquica y, como tal, insostenible. ¡Intolerable! ¡Intolerable! Un guardia muerto y un Gobierno que no se atreve a intentar el castigo de los culpables, son figuras destacadas, al principio del camino, desembarazado y corto que conduce a la catástrofe definitiva».

No era sólo la prensa nacional la que mostraba su asombro por tanta lenidad. El diario de París Le Journal, del día 28, comentando la situación política en España decía textualmente lo siguiente:

«El Gobierno de Su Majestad es el más liberal, el más paternal y también, no hemos de ocultarlo, el más débil que existe en el mundo. Se puede conspirar contra el Rey, preparar abiertamente la revolución y cuantos lo hacen son invariablemente indultados. Si por casualidad una pena se impone, pronto llega la gracia del indulto que la borra».

Tal era en vísperas de las elecciones municipales, convocadas para el 12 de abril, el estado de la opinión pública y de la calle en la capital de España. La misma agitación reinaba en las provincias. Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca, Bilbao eran otros tantos focos de revolución en estrecho contacto con el Comité republicano.

Me importa hacer notar esta realidad bien notoria, porque es evidente que si el estado de los ánimos era éste, tan poco propenso al orden y a la tranquilidad, y si llegada la hora decisiva todo aconteció en forma ejemplar y ordenada, habrá que reconocer, quiérase o no, que los dirigentes del movimiento supieron cumplir con su misión trascendental, evitando al país, y singularmente a las clases conservadoras tradicionalmente monárquicas, horas de luto y amargura.

CAPÍTULO X

LAS ELECCIONES DEL 12 DE ABRIL

Panorama electoral

Panorama electoral

Cuando el Gobierno Aznar recién constituido tomó el acuerdo de convocar elecciones municipales, en vez de las generales que el anterior Gobierno, el de Berenguer, preparaba, trazamos sin vacilar nuestro plan de campaña: concentración de todos los esfuerzos en las capitales de las provincias y abandono absoluto de la lucha en los pueblos y pequeñas ciudades. Y ya desde la cárcel, en marzo, cursamos las instrucciones a todas las provincias con este fin.

El Partido Socialista, con mucho el más fuerte, por no decir el único verdaderamente organizado de la oposición, pronto tuvo a punto en casi todas las capitales sus candidaturas. Los partidos republicanos, cada cual a su manera, también organizaron sus representaciones. El bloque del Pacto de San Sebastián permanecía compacto y sin la menor fisura, de tal forma que, cuando salimos de la cárcel, prácticamente todo estaba resuelto y preparado para la lucha del 12 de abril.

Sin perder día, nos lanzamos los miembros del Comité, una vez en libertad, a la propaganda en toda España.

En Madrid, por acuerdo unánime, se formaron las candidaturas mixtas de republicanos y socialistas con los nombres de los miembros del Comité. Todos nosotros éramos candidatos por los distritos de la Corte. Yo opté por el distrito de Buenavista, que ya había representado como concejal maurista, en 1915 y 1920. Conmigo iban en candidatura Fernando de los Ríos, socialista, y Pedro Rico, republicano de izquierda.

Los dirigentes salíamos a provincias en rápidos viajes de propaganda oral, y en Madrid celebrábamos dos y hasta tres actos diarios. Para nada se hablaba en estos actos de los problemas municipales. Se comprendía que lo que estaba en pleito no era éste o el otro programa municipal, sino —nada más y nada menos— el fallo de la opinión del país en el pleito entablado entre el Rey y la oposición. El verdadero tema del plebiscito —pues de un plebiscito se trataba— era éste: ¿Ha sido o no, don Alfonso XIII, responsable y cómplice del golpe de Estado y de la violación de la Constitución? ¿Es o no, don Alfonso XIII, un rey perjuro?

Nos favorecía mucho la carencia absoluta de programa de altura en el campo monárquico. Todo cuanto enfrente de nosotros actuaba ofrecía al país, como única finalidad, la resurrección de los viejos partidos políticos, y la vuelta de los mismos hombres que habían ocasionado la aparición y el triunfo de la Dictadura. Nosotros representábamos, cuando menos, la novedad y la protesta contra el perjurio del Rey y los atropellos perpetrados durante seis años de dictadura. La cosa era clara y de un desenlace fácilmente previsible.

Y, sin embargo, es dato curioso, que no quiero pasar por alto, que precisamente durante esos días que precedieron al de la votación en las urnas electorales, fueron varios los síntomas de una especie de resurgimiento del fervor monárquico en algunas masas populares. Fue en la víspera de la designación de candidatos cuando regresó a Madrid la Reina, de vuelta de su viaje a Londres, y cuando tuvo lugar la manifestación de entusiasmo que ya he descrito.

El día 5 fueron proclamados concejales por el artículo 29, es decir, sin lucha, por no haber candidaturas opuestas, en toda España, 11 687 concejales monárquicos y tan sólo 1391 republicanos. En las provincias, con excepción de la de Madrid, los candidatos proclamados representaban, pues, una mayoría arrolladora a favor de la Monarquía.

Para nosotros no fue ello una sorpresa. Ya he indicado que habíamos decidido concentrar el esfuerzo de la propaganda y de la lucha en las capitales y grandes ciudades, abandonando el resto. Pero, en el lado monárquico, este hecho tan escandaloso levantó una ola de optimismo y de entusiasmo indescriptible. ¡Al fin, salían de su letargo nuestros adversarios!

El portavoz más calificado de ese despertar fue, como siempre, El Debate, que, regocijado, en su editorial del día 7, preguntaba:

«¿Dónde está ese ambiente republicano que consiente la constitución de ayuntamientos monárquicos sin lucha en núcleos de importancia?…».

La propaganda, hasta este momento nula, se desencadenó con verdadero ardor y gran lujo de medios materiales.

Incidente personal

Incidente personal

No renuncio a relatar un incidente personal, que considero sintomático del estado de los espíritus en aquellos días febriles.

El viernes anterior a las elecciones, es decir, el día 10, se presentó en mi despacho mi hermano Honorio. No le había visto desde mi ingreso en la cárcel, o sea desde el mes de diciembre. Era él, como ya sabe el lector, muy amigo personal del Rey, y pasaba las tardes de esos meses de primavera en el tiro de pichón, deporte favorito del soberano, en su compañía y en un ambiente de familiaridad no exenta de respeto, que autorizaba toda suerte de confidencias.

Entró mi hermano, como digo, en mi despacho y, sin preámbulos, me anunció que venía de parte de don Alfonso a decirme que todavía estaba a tiempo de rectificar la locura cometida.

—Todos, en el tiro —me dijo—, estamos convencidos del ridículo que vais a correr los republicanos pasado mañana. La mayoría monárquica será arrolladora, como lo ha sido el domingo pasado con el artículo 29. Don Alfonso está dispuesto a perdonarte y abrirte los brazos, si publicas hoy unas declaraciones retirando tu candidatura y volviendo al campo monárquico.

Me quedé estupefacto. Yo era de los que jamás dudaron, en aquellos días, no sólo del triunfo republicano, sino de lo que entonces parecía más problemático y muy pocos admitían, de la inminencia de la proclamación de la República. (Ya en cuanto se conoció la convocatoria electoral, aún en la cárcel) < yo era de los que dije que si las elecciones eran el 12, el 15 de abril estaría proclamada la República. Reían mis compañeros >. En cuantos actos públicos intervine (luego) anuncié que la República se proclamaría el 14 de abril, con gran disgusto de mi compañero obligado de propaganda, Fernando de los Ríos, que se enfadaba conmigo por esta «ligereza», que podía desacreditarnos para lo sucesivo.

Al oír a mi hermano afirmar con el calor de su temperamento, parejo del mío, que, en el tiro, todos consideraban seguro el triunfo, porque sí, porque la tarde había sido sin duda hermosa, y la tirada divertida y animada, y, lo que era peor, al oír la proposición más que molesta, hiriente para mi dignidad y mi amor propio, no pude menos de dejar correr mi temperamento y… ¡allí fue Troya!

Acabó muy mal la entrevista. Pero tuve tiempo para hacerle ver el error que cometían viviendo en el ambiente falso del tiro de pichón, de predecirle el triunfo republicano arrollador y augurarle que le quedaban muy pocos días a don Alfonso para tirar al pichón y aun para dormir en Palacio.

Optimismo monárquico

Optimismo monárquico

Entre los monárquicos era general este optimismo durante aquellos últimos días. La víspera, el 11, el editorial de El Debate afirmaba:

«Estamos convencidos de que la jornada de mañana domingo será brillantísima para los monárquicos. Ha penetrado en la mente de todos la importancia de estas elecciones. No se trata solamente de elegir nuevos administradores municipales, sino de ganar una batalla por el orden y la paz social, que en los actuales momentos aparecen vinculados a la Monarquía. Y para ésta el espectáculo que ofrece Madrid y toda España en estos momentos, no puede ser más confortador».

Ya aceptaban, ¡tan seguros estaban de su victoria!, que la contienda era mucho más que municipal, y en el juego arriesgaban su caudal alentados por el fervor creciente de sus adeptos.

«Publican en Madrid —continuaba—, diariamente la candidatura monárquica, ocho periódicos. Frente a éstos, sólo cinco republicanos».

Comenta luego el resultado de las proclamaciones por el artículo 29 en la proporción de ocho a uno a favor de los monárquicos y termina así su editorial:

«He aquí un hecho que para revelar el ambiente vale más que cientos de discursos y de artículos a base de tópicos caros a la demagogia. España es monárquica y mañana en las urnas votará como tal».

Ése era el ambiente que se respiraba en Madrid el día de la trascendental contienda.

Cómo nace un alcalde de Madrid

Cómo nace un alcalde de Madrid

Mis compañeros de candidatura eran —repito— el profesor Fernando de los Ríos, hombre ejemplar, cultísimo y amigo entrañable, y Pedro Rico, abogado muy conocido en los medios populares de Madrid, castizo y verbenero, obeso sobre toda ponderación, inteligente y simpático. Había sido contrincante mío dos veces en ese mismo distrito y las dos le había vencido. Esta vez íbamos juntos, seguros del triunfo.

Tenía yo bastante experiencia en esta clase de luchas por haber participado y dirigido aquéllas en las que el partido maurista había intervenido, es decir, en todas desde 1913.

El día 12, desde las primeras horas de la mañana, recorríamos Fernando y yo los colegios electorales, no sólo los de nuestro distrito, sino los de todo Madrid.

Desde el primer momento fue para mí indudable que la masa neutra se volcaba en tal oportunidad del lado republicano. Esa parte muy numerosa del cuerpo electoral, tan numerosa como la articulada en los partidos políticos, solía votar en anti, es decir, contra lo que en ese momento se llevaba, sin importarle un ardite el resultado de su voto. Así dio la República los bandazos que más tarde dio, con gran asombro de quienes desconocían esa especie de voluptuosidad de «reventar al que manda», en que se cifra el programa ético y político del burgués medio.

En los colegios que visitábamos encontraba yo conocidos pertenecientes de siempre a esa masa neutra que «abominaba de la política». Me llamaban a la fila en la que estaban incrustados y me mostraban la candidatura que tenían apercibida. Era la republicana íntegra, con lo que demostraban que les eran totalmente indiferentes las personas, y que sólo pretendían, con su voto, «reventar al rey». (Y no sólo los neutros:) < aristócratas conocidos por su gran amistad con el monarca, que formaban en las colas de los colegios de mi distrito, al verme aparecer me llamaban y me enseñaban la papeleta republicana >.

A mediodía nos reunimos los tres candidatos en el restaurante Buenavista, del final de la calle de Alcalá de entonces. Pedro Rico, que había pasado la mañana en el barrio de la Guindalera, barrio popular que integraba sus dominios electorales, se mostraba optimista, pero sólo en cuanto a nuestra candidatura, y no tanto en cuanto al resto de Madrid. Fernando, como era habitual en él, sentíase francamente pesimista o, al menos, lo aparentaba, no sólo en cuanto a nuestra suerte sino en cuanto al conjunto de la lucha. Yo les auguraba, entusiasmado, el triunfo total y definitivo. Tantas y tales cosas les dije que Pedro se atrevió a pedirnos autorización para abandonar el campo de la lucha e irse a los toros, para no perderse la excelente corrida de ese día primaveral de abril. Le aseguré que podía ir tranquilo, porque el triunfo estaba de tal modo asegurado que nos sobrarían varios miles de votos. Con gran contrariedad de Fernando, que acabó por considerarme loco, tras las «ligerezas» que me había oído en el curso de la campaña, nuestro voluminoso y simpático compañero de candidatura fuese a la plaza.

A la entrada, cuantos le conocían, que eran muchísimos, extrañados al verle en tal día y ocasión tan lejos del lugar de la contienda, le preguntaron el motivo de su deserción.

—Hemos ganado. Nos sobran miles de votos. Por eso estoy aquí. Corrió por la plaza la gran noticia, como el consabido manoseado «reguero de pólvora», y, al tiempo de ir a dar comienzo el paseo de las cuadrillas, la plaza entera, puesta en pie, rompió en una ovación cerrada y clamorosa a nuestro hombre. Pedro Rico hubo de subir al asiento de su barrera y saludar a la muchedumbre, como si acabara de matar, recibiendo, al miura más marrajo del cortijo de los Cuartos. La ovación se repitió cada vez que los matadores, advertidos por la primera, le brindaban su toro respectivo.

La prensa del día siguiente divulgó, con detalle, el suceso, y aquí me tienen ustedes al buen don Pedro, ungido, por virtud de esta sencilla casualidad, nada menos que alcalde de Madrid.

En efecto, unos días más tarde, al constituirse el Ayuntamiento, en el que faltaban todos los triunfantes que ocupaban cargos en la República recién nacida, hubo de elegirse alcalde. El recuerdo de aquella estrepitosa popularidad designó a Pedro Rico como insustituible, y así ocupó la Alcaldía, que desempeñó durante los seis años de vida de la República, hasta la guerra civil.

El triunfo

El triunfo

A la caída de la tarde, nos reunimos todos los candidatos por los distritos de Madrid en la Casa del Pueblo, para conocer los resultados.

Era la primera vez que entraba yo en aquel local, sede de la UGT, espanto de burgueses y pesadilla de gobernantes. Pronto empezaron a llover las noticias. Como había previsto, nuestro triunfo era arrollador.

Las candidaturas republicanas habían triunfado en todos los distritos de Madrid por mayorías aplastantes. En el mío, el de Buenavista, por ser como he dicho el más aristocrático, nuestra mayoría era tan sólo de tres mil votos; pero, en los otros, la proporción adquiría límites inconcebibles. En Chamberí, por ejemplo, Alcalá Zamora había obtenido 12 275 votos, y el candidato monárquico más aventajado, tan sólo 3227. No es fácil describir el entusiasmo delirante de los obreros reunidos en la Casa del Pueblo a medida que iban dándose semejantes resultados. El griterío era ensordecedor. El resumen total de Madrid arrojaba este resultado: treinta concejales republicanos contra veinte monárquicos e independientes sumados.

No eran sólo las noticias de Madrid las que originaban el entusiasmo frenético de los allí reunidos. Las demás que de provincias iban llegando coincidían en el triunfo indiscutible. Feudos tradicionales de personajes monárquicos, como Guadalajara para el Conde de Romanones, y Murcia para don Juan de la Cierva, se habían volcado del lado republicano. En todas las grandes ciudades, la República había triunfado. Cierto que en los distritos rurales, en pueblos y ciudades de menor cuantía, el triunfo monárquico había sido a su vez arrollador, y que, del cómputo de votos general, el resultado era desfavorable para la República, puesto que ese conjunto arrojaba la cifra de 22 150 concejales monárquicos, contra 5875 republicanos. Mas lo esencial era, como nosotros habíamos previsto, que en todas las ciudades de alguna importancia la República había obtenido un triunfo semejante al logrado en la capital de España.

Ya casi de día, hacia las cinco de la madrugada, abandonábamos la Casa del Pueblo Largo Caballero, Fernando de los Ríos y yo. Fatigados y silenciosos, bajamos a pie y marchando despacio, hasta el paseo de Recoletos. De pronto, Fernando dijo:

—El triunfo de hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en octubre, y entonces el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la República.

Miré a Largo, y con asombro vi que asentía a ese peregrino argumento. Por lo visto, ni el uno ni el otro habían medido las consecuencias inevitables de lo que había acontecido en la jornada. < Ello era lógico en Fernando, que siempre vivió lejos de esas contingencias políticas, pero el caso era incomprensible en Largo, hombre avezado a las luchas políticas y además extraordinariamente perspicaz y avispado en tales lides >.

Recuerdo la vehemencia con que les hice ver el error en que estaban. < Les dije que estaban locos >, anunciándoles que antes de cuarenta y ocho horas estaríamos gobernando, y advirtiéndoles del riesgo que podían correr muchas cosas vitales para todos si no era así, por timidez o vacilación nuestra.

Me llamaron iluso, y nos despedimos, tomando cita para unas horas más tarde en mi casa, que venía siendo, desde el primer momento, el cuartel general del Comité.

Quedé preocupado ante la cavilación observada en el ánimo de hombre tan avezado a las luchas políticas como Largo Caballero. Pensé que quizá me dejaba llevar por mi optimismo congénito al enjuiciar como lo hacía la hora que vivíamos. Pronto salí de dudas. En mis manos tenía dos horas más tarde la prensa de la mañana. Todos los diarios daban tal importancia y atribuían tal alcance al triunfo de la víspera, que los editoriales parecían cantos funerarios para el régimen monárquico. El más optimista, el eterno optimista, El Debate, rezaba así:

«Sería pueril negarle gravedad a la jornada de ayer. La tiene y muy grande. No recordamos otra parecida. Cierto que no hay en España una mayoría de concejales republicanos, pero cierto también que la hay en casi todas las grandes capitales de la Nación. Y esto quiere decir que un sector enorme de la opinión española se pronunció ayer en contra de la Monarquía. Votó contra ésta una parte crecidísima del pueblo, buena parte de la clase media y aun elementos pertenecientes a las clases elevadas. Volvemos a repetir que el acontecimiento ha de influir en nuestra política. Y añadiremos que de un modo radical, sin que al hablar así pensemos en resoluciones extremas».

Como se ve, hasta el último instante el beatífico diario católico mostraba la tozudez de su recalcitrante optimismo.

Las discrepancias en la apreciación del trascendental suceso y el tono de cada uno de los diarios marcaban, como era lógico, la respectiva posición de cada cual en el campo político. Era sin embargo unánime la afirmación de que el resultado tenía que acarrear graves, gravísimas consecuencias para la Monarquía.

Pero fue la calle la que se encargó, por sí sola, de aclarar las cosas, marcando el rumbo a los acontecimientos.

CAPÍTULO XI

LA JORNADA DEL 13

Lado monárquico

Lado monárquico

Espero tener la fortuna de narrar con absoluta escrupulosidad todos y cada uno de los incidentes de las memorables jornadas del 13 y el 14 de abril. Los relatos que de ellas han sido publicados por personas que jugaron un papel de capital importancia, alguno de ellos decisivo, adolecen, a mi juicio, de la falta de información cabal de cuanto aconteció en aquellos días al otro lado de la barricada. Por haber vivido intensamente en este lado aquellas horas, e incluso haber sido actor principal de su más capital episodio, creo poder completar aquellos relatos en forma que la fidelidad histórica quedará servida con escrupulosa exactitud difícilmente superable.

Al mismo tiempo que los miembros del Comité republicano seguíamos, desde la Casa del Pueblo, las noticias del resultado de las elecciones, los ministros de la agonizante Monarquía, reunidos en Gobernación, en las últimas horas del día 12, esperaban las que de provincias les comunicaban las autoridades.

«Al anochecer, las noticias eran francamente malas; las elecciones se habían perdido en casi todas las capitales de provincia».

Así refiere Berenguer lo ocurrido en la tarde del domingo. Ese laconismo está compensado por otras versiones más detalladas, según las cuales los ministros iban comunicando personalmente con las provincias en las que cada uno contaba con decisiva influencia.

El primero en lograr el resultado de la suya fue el Conde de Romanones, sin duda por la proximidad de su feudo electoral de siempre, la provincia de Guadalajara. Sus amigos le notificaron, sin rodeos, que el triunfo de la candidatura republicana había sido total, resultando elegidos seis republicanos y ocho socialistas contra seis monárquicos de diversos matices. Cuentan los testigos presenciales que al oír esto el Conde se demudó intensamente, y su primera reacción, que resultó ser la definitiva, fue exclamar:

—Ahora es cuando les digo a ustedes que todo está perdido.

Poco después tocó el turno a La Cierva, quien, en conversación telefónica con su sobrino Isidoro, supo que en Murcia, su feudo de siempre, había ocurrido algo semejante. Los republicanos habían obtenido veinticuatro puestos, mientras que los monárquicos de todos los matices, sólo veinte. El temperamento de este político era diametralmente opuesto al del Conde de Romanones, y así, refieren los testigos de esta escena, su reacción fue exactamente la contraria, y desde ese momento adoptó una posición de abierta resistencia por los medios que fuesen menester al paso de la República. Mantuvo, en efecto, esa teoría hasta el último instante, aunque, afortunadamente, nadie le siguió por tan peligroso camino.

Ya cerca de la medianoche, volvieron a reunirse los ministros en Gobernación, y allí compareció también el general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil. El Conde Romanones relata así la entrevista en su libro Historia de cuatro días:

«Sabiendo ya el resultado completo me trasladé al Ministerio de la Gobernación. Allí se hallaban los ministros y también el general Sanjurjo. Todas las caras revelaban consternación profunda, aunque no todos estaban persuadidos del alcance profundo y definitivo de la derrota, esperando todavía una solución salvadora. Me dirigí al General y le dije:

—Hasta hoy ha respondido usted de la Guardia Civil, ¿podrá hacer lo mismo cuando mañana se conozca la voluntad del país? Sanjurjo bajó la cabeza. Con esto, la última esperanza quedaba desvanecida».

Al retirarse a sus casas los ministros la noche del 12, sabían ya que la partida estaba perdida, mas no todos se dieron aún por vencidos en cuanto a las soluciones a intentar. Sólo Romanones dedicó el resto de la noche a planear el medio de hacer llegar al Rey, cuanto antes, la verdad de la situación, y a discutir las últimas y definitivas medidas de salvación del soberano y de su familia. Por su parte, el ministro de la Guerra, general Berenguer, solo, a esa hora de la noche en su despacho por no haber acudido a Gobernación, decidió dirigirse a los capitanes generales y a las autoridades militares de todo el territorio nacional. Al filo de la madrugada salió por los hilos del telégrafo la tan discutida orden del General, concebida en estos términos:

«Las elecciones municipales han tenido lugar en toda España con el resultado que por lo ocurrido en la propia Región de Vuecencia puede suponer. El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las candidaturas monárquicas en las principales circunscripciones; en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., se han perdido las elecciones.

Esto determina una situación delicadísima que el Gobierno ha de considerar en cuanto posea los datos necesarios. En momentos de tal trascendencia no se ocultará a Vuecencia la absoluta necesidad de proceder con la mayor serenidad por parte de todos, con el corazón puesto en los sagrados intereses de la Patria, que el Ejército es el llamado a garantizar siempre y en todo momento.

Conserve Vuecencia estrecho contacto con todas las guarniciones de su Región, recomendando a todos absoluta confianza en el mando, manteniendo a toda costa la disciplina y prestando la colaboración que se le pida al orden público.

Ello será garantía de que los destinos de la Patria han de seguir sin trastornos que la dañen intensamente, el curso lógico que les impone la suprema voluntad nacional».

Tal fue el telegrama circular que el General dice que «meditó mucho», y que más tarde levantó gran polvareda. He puesto en cursiva el último párrafo porque es él, el tema del debate. Para los monárquicos, esa redacción era, ni más ni menos, que el desahucio de la Monarquía, pues quedaba como inconcuso que «la suprema voluntad nacional» había de prevalecer, y, por tal, se tenía en el texto mismo de la circular, el resultado de las elecciones, que, según el propio general, habían sido perdidas.

El único ministro, sin embargo, que parece que formuló serios reparos al conocer el texto fue La Cierva, que mostró su indignación en el primer Consejo de Ministros, según refiere el mismo general Berenguer. Los demás ministros, totalmente entregados ya, por lo visto, a la resignación ante lo inevitable, aprobaron el texto sin la menor discusión.

Amaneció, pues, para el Gobierno y para cada uno de los ministros el día 13, triste y preñado de gravísimas incógnitas. «El soberano había tomado con calma la derrota aquella parcial, confiando en el resto de la prueba». Así habló el almirante Aznar, totalmente en las nubes siempre, al general Berenguer a su regreso de Palacio, aquella mañana. Tan sereno estaba don Alfonso, que no le fue posible al Presidente sacar en limpio la menor indicación del rumbo que iban a tomar las cosas. Es evidente que a esa hora de la mañana del 13, no tenía el Rey formado aún juicio cabal de la situación y de las consecuencias del fallo popular.

La calle permanecía, en esas horas matinales, tranquila y casi desierta.

Lado republicano

Lado republicano

Los miembros del Comité republicano iban llegando a mi hotel de la calle del Príncipe de Vergara (donde aún residía) y podía apreciar la reacción que, según el temperamento de cada cual, había producido el trascendental suceso.

Mis compañeros pensaban aún que el Rey, en una suprema reacción de defensa, decretaría el estado de guerra y echaría al Ejército a la calle para acabar a cintarazos con las ilusiones de la masa republicana. Por supuesto, ninguno de ellos preveía a esas horas la toma del poder por nosotros ni la proclamación de la República… Todos hablaban, como lo habían hecho Largo y Fernando a la madrugada, de las elecciones generales de otoño como meta final de nuestras aspiraciones. No participé ni un solo instante de sus temores y no hay que decir que menos aún de sus previsiones a largo plazo. Estaba seguro de que el Gobierno no aconsejaría el empleo de la violencia, que no había usado un solo momento a lo largo de su vida ministerial, como remedio de lo ya irremediable. Además, era dudoso que la fuerza respondiera al llamamiento del Gobierno en las circunstancias presentes, y el temor a que tal cosa aconteciera —estaba yo seguro— alcanzaba a todas las personalidades dirigentes, desde el rey hasta el último de los ministros.

Mi instinto, reforzado por mi entusiasmo, me decía que la hora había sonado y que el Poder venía a nuestras manos sin más demora. Mi preocupación la centraba en la reacción primera del pueblo. Si ella era pacífica y alegre, estábamos salvados. Si no era así, y surgía la violencia por alguna parte, nada ni nadie podría evitar las horas de anarquía en los comienzos, porque no teníamos en nuestras manos ninguno de los elementos coactivos del Estado a quienes mandar, seguros de ser obedecidos. Era inútil intentar dialogar sobre estos temas con mis compañeros. Cuando los iniciaba, me miraban como a un pobre iluso o un demente que soñaba despierto. Puedo afirmar que durante todo el día 13, el único del Comité que creyó y obró seguro de la victoria definitiva fui yo, a pesar de los rumores y las alarmantes noticias, en su totalidad falsas, que los correligionarios despistados nos traían sobre la inminente reacción del Rey y del Ejército contra nosotros. ¡Cuánto eché de menos en aquellas horas la presencia de Indalecio Prieto a nuestro lado! De haber estado él en Madrid yo habría tenido no sólo un apoyo para mi acción, sino la decisión definitiva desde el primer momento. Era, con mucho, el único verdadero político de entre los miembros del Gobierno Provisional.

Claro que no todas las noticias que corrían de boca en boca eran alarmantes para los republicanos. También las había alentadoras y hasta jocosas. El presidente del Consejo, almirante Aznar, al enfrentarse con los periodistas a su llegada a Palacio aquella mañana había lanzado este exabrupto:

—¡Qué quieren ustedes que les diga de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano!

No hay que encarecer lo que esta frase regocijó a los pesimistas despistados por tantas noticias contradictorias.

Desconcierto monárquico

Desconcierto monárquico

También había ido a Palacio a despachar con el Rey, por corresponderle el turno, el Conde de Romanones, en las primeras horas de la mañana. Dejémosle referir sus impresiones, vertidas en el libro antes citado:

«Acudí a Palacio y encontré al Rey sereno. No daba muestra de intranquilidad. Yo no acertaba con la fórmula de afirmar que todo estaba perdido, que no quedaba ya ni la más remota esperanza y, sin embargo, hablé con claridad suficiente, interrumpiéndome el Rey con la frase: “Yo no seré obstáculo en el camino que haya que tomar, pero creo que aún hay varios caminos”. Salí de Palacio lleno de amargura, seguro de que ya “pocas veces volvería a pisarlo”».

Coinciden las dos versiones, la del Almirante y la del Conde, en la serenidad impasible de don Alfonso en aquellos momentos. Todos los testigos presenciales de estas dos últimas jornadas en Palacio afirman que esa serenidad no se alteró un instante hasta el final de la tragedia, y que nadie pudo ver al Rey, ni en ese día ni en el siguiente, presa de la menor emoción visible, aunque debe de suponerse que por dentro iría, y bien solemne, la procesión.

También tiene importancia en el aspecto histórico el párrafo del Conde que acabo de transcribir. Queda con él probado que, ya en la mañana del 13, antes de que el Gobierno hubiese deliberado reunido y antes de que la calle hubiese mostrado síntomas de efervescencia, el Conde estaba decidido a forzar las etapas para que el monarca abandonase la lucha. En la mente del Conde, desde la víspera, desde que supo el triunfo republicano en Guadalajara, la monarquía de Alfonso XIII había pasado a la Historia. Dada la indiscutible autoridad que ejercía el Conde en Palacio, tal estado de espíritu fue el que dirigió los acontecimiento de esas dos jornadas por el lado monárquico de la barricada.

A media tarde dio comienzo el espectáculo de la calle. Habíamos acordado en el Comité republicano que no se cambiaría la bandera para evitar innumerables complicaciones que esta clase de pleitos llevan siempre consigo.

Sin que nadie pudiese decir cómo, desde el atardecer del 13, las masas obreras y burguesas que invadían las calles en coches y camiones, enarbolaban la bandera tricolor republicana. Lo mismo aconteció con el himno de Riego, que nos parecía, creo que con sobrada razón, malísimo e impropio. Habíamos acordado abrir un concurso para dotar al régimen de un himno razonable. Las gentes, en plena orgía, pacífica pero estrepitosa, entonaban a gritos el viejo sonsonete del antiguo canto republicano. No iba a ser fácil rectificar lo que el pueblo había espontáneamente decretado.

Por la tarde, en la Presidencia se celebró Consejo de ministros. Así lo refiere el Conde en su Historia de cuatro días:

«El Consejo se celebró a las cinco con asistencia de todos los ministros. El telegrama de Berenguer a las guarniciones fue aprobado sin modificación alguna».

Nótese que el Conde, a quien el famoso telegrama ayudaba en su labor de liquidación de la Monarquía sin violencias, calla en absoluto la protesta de La Cierva y la discusión que sobre ella siguió.

«La derrota a que en su telegrama se refería el Ministro, era ya tan evidente, que ante ella sólo existían dos caminos; someterse o emplear la violencia, único medio, aunque inseguro, de sostener la Corona que se tambaleaba. Este último camino implicaba el derramamiento de sangre y Alfonso XIII estaba resuelto a que, por él, no se vertiera una sola gota».

«Aquel Consejo, puede llamarse el de las lamentaciones, pues sólo salieron lamentos de labios de los responsables, y, al mismo tiempo, la viva impaciencia por verse libres de las responsabilidades que aún pesaban sobre ellos».

No cabe decir más finamente que ellos, todos, estaban ya en el trámite de ¡sálvese el que pueda! La Monarquía pesaba ya bien poco para ellos, según el Conde.

«Para poner término a una reunión que parecía inacabable, pedí al Presidente permiso para leer una Nota que a prevención llevaba en el bolsillo:

El Consejo de Ministros ha examinado el resultado de las elecciones municipales celebradas ayer. La afirmación expresivamente adversa a los partidos monárquicos en muchas de las más importantes ciudades de España, induce al Gobierno a facilitar a Su Majestad el Rey, el que pueda oír otras opiniones y resolver con plena autoridad. Y al mismo tiempo le obliga a aconsejar que en el plazo más breve posible ofrezca a la voluntad nacional la ocasión de pronunciarse más seguramente en unas elecciones parlamentarias con todas las garantías legales para la expresión libre de la conciencia ciudadana».

Esta nota fue —de hecho, el verdadero Presidente del Gobierno era el Conde desde el primer día— aprobada sin la menor objeción. Pero vale la pena hacer notar que el Conde, que había derribado al Gobierno Berenguer por exigir que las elecciones municipales pasasen antes que las generales, ahora no encontraba otra fórmula de salvación que volver al punto de partida de Berenguer. La seriedad del Conde, en cuanto a conducta política, fue siempre de material plástico, anticipándose con ello a su invención. Recordemos, de paso, su famosa frase en un discurso parlamentario: «Yo, cuando digo “jamás”, me refiero siempre al momento presente»… ¡Todo un tratado de política práctica! Perdone el lector esta digresión y volvamos al relato.

¿Era verdad que el Conde y los ministros pensaban —en la tarde del 13— en la posibilidad de dar salida al grave trance mediante unas elecciones generales? Es posible que algunos ministros lo creyesen así. De uno de ellos puedo afirmarlo, por lo que luego referiré. Pero el Conde no hacía sino enturbiar el agua para que no se viese su verdadero juego, que era acabar cuanto antes con el trance y con la presencia del Rey en Madrid, peligrosísima para todos, incluso para él, según su punto de vista. Prueba de ello es que a continuación refiere esta pequeña anécdota:

«Al salir del Consejo, uno de tantos periodistas de los que me asediaron me preguntó con verdadera inocencia en el momento en que yo subía al auto: “¿Cree usted que mañana habrá solución definitiva?”. “¡Y tan definitiva!”, le contesté».

Tanta prisa tenía el Conde en acabar con el pleito ya perdido, que nos echa en cara nuestra inacción en aquel día 13:

«Los republicanos y socialistas, aunque habían comenzado a repartir un manifiesto proclamando su triunfo, no se daban en aquella hora cuenta cabal de la trascendencia de lo ocurrido, de lo contrario no hubiesen esperado hasta el martes para imponerse».

Se equivocaba el Conde. El Comité reunido en mi casa seguía al minuto los acontecimientos que podía conocer. Nada sabía, ya lo tengo dicho, de las interioridades de los sucesos de la otra orilla, pero sí de lo que acontecía en la calle. En ningún caso hubiéramos forzado ese día la marcha de los sucesos, porque sólo usando de la fuerza de la masa popular podíamos prevalecer, ya que a esa hora ningún organismo del Estado había hecho adhesión a la República. Precisamente nuestro empeño principal consistía en lograr mantener, dentro del orden más perfecto y lejos de toda violencia, el entusiasmo popular.

Mas no deja de ser curioso observar que la idea del Conde, de esperar a unas elecciones parlamentarias para fallar definitivamente el pleito, viene a coincidir con el modo de enjuiciar el momento que Largo Caballero y Fernando me habían expuesto aquella madrugada. Y es que unos y otros discurrían entonces en pura abstracción, sin contar para nada con la realidad de la calle, que aún no se había manifestado en forma decisiva.

Una absurda embajada

Una absurda embajada

No era única esa coincidencia. Pocas horas después de aquélla en que el Consejo de Ministros aprobaba la nota del Conde, recibía yo la visita de un antiguo amigo, el Marqués de Cañada Honda, que traía una misión de mi hermano Gabriel, ministro del Trabajo. Estaba mi casa invadida por una muchedumbre de correligionarios, para mí desconocidos en su mayor parte, y en ella estaban, además, los miembros del Comité republicano, es decir, todos los presuntos ministros presentes en Madrid. A través de esa nube de entusiastas logró abrirse paso el Marqués y llegar a mí.

Mas dejemos al propio Duque de Maura la palabra, tomada de sus Recuerdos de mi vida:

«Acudí muy de mañana del 13 al Ministerio y conferencié con mis correligionarios el Marqués de Figueroa, Goicoechea, Silió, Montes Jovellar, mi fidelísimo subsecretario Colom Cardany y mi hermano Honorio.

El resultado de la deliberación fue creer todos inminente la formación de un Ministerio Constitucionalista y la expatriación, temporal por lo menos, del Rey; convenir en lo nocivo y quizás impracticable de esa solución, y buscar otra, no mucho más viable quizá, pero sí más propia para ser tanteada por nosotros, que era ésta: si el monarca, el Consejo de Ministros y el Comité republicano lo aceptaban, celebraríase el 10 de mayo, en vez de las previstas elecciones provinciales, unas generales a Cortes Constituyentes, presidiéndolas el mismo Gobierno que acababa de acreditar pulquérrima e irreprochable su corrección electoral. El nuevo Régimen, fuese el que fuese, nacería allí y no en la calle y ante esas Cortes y no ante el previsible motín, declinaría don Alfonso sus poderes cuando el resultado de la consulta al país lo requiriera así. Importaba, ante todo, conocer el dictamen del Rey y recibir, siendo favorable, expresa autorización para negociar con unos y otros. Habíanse de ganar los minutos y se encomendó la misión a mi hermano Honorio, amigo personal del Rey, puesto que le sería fácil y rápido el acceso a Su Majestad. Volvió Honorio poco después del mediodía, portador del regio asentimiento. También el Rey juzgaba irresoluble sin su eliminación el problema político.

Encomendé entonces a mi amigo fraternal, el Marqués de Cañada Honda, que lo era también de mi hermano Miguel, el primer sondeo cerca del Comité republicano…

Al filo de la media noche recibí en mi casa la visita de Cañada Honda. Le había sido imposible entrevistarse con Miguel hasta poco antes. Su interlocutor, sobre desahuciarle personalmente, le declaró, además, que aun cuando él Comité unánime aceptase la ya explicada fórmula, sería desobedecido y arrollado por las masas».

Tal es el relato del envío de la embajada y de sus resultados hecho por el Duque de Maura. No dudo de su escrupulosa veracidad por la parte que a él concierne. Es decir, doy por sentado que Cañada Honda le transmitió mi contestación tal cual la relata el Duque. Mas he de afirmar que semejante versión de mi respuesta es falsa en su expresión y, más aún, en su fondo.

La visita de Cañada Honda tuvo lugar cerca de la medianoche del 13, es decir, cuando la calle, desde las cinco de aquella tarde, en plena efervescencia, con banderas y cantos, descontaba y festejaba el triunfo total de la causa republicana. Que a dicha hora y en tales circunstancias viniese un emisario, no del Gobierno, sino de un grupo de amigos, por muy allegado a mí que fuese el mandante y muy amigo el mandatario, a pretender parar en firme el alud popular y emprender el largo camino de una nueva consulta electoral al país, bajo el mando del mismo Gobierno, ya cadáver para todos los españoles, era algo tan desorbitado y absurdo que, con la confianza que se merecía mi interlocutor, hube de negarme en redondo a ser el portavoz de semejante quimera, ante el Comité allí mismo reunido.

Además, no acierto a entender qué quiere decir la frase sobre desahuciarle personalmente. Nada de personal había en todo ello, y la hora era lo bastante dramática y tensa como para no pararme en consideraciones de esa índole. Es muy posible que mi contestación estuviese impregnada, merced a la tensión del momento, de frases tajantes y de expresiones poco académicas. Las usaba con relativa frecuencia aun en trances menos dramáticos. La confianza que con mi interlocutor tenía autorizaba plenamente la libre expresión de las ideas, sin mirar el color que tiñese el léxico empleado. Pero, en todo caso, afirmo categóricamente que jamás dije, pues ni siquiera pasó por mi mente, que el Comité pudiese ser desobedecido y arrollado por la masa. No sé si fue pura ilusión, pero es lo cierto que a lo largo de las jornadas del 13 y 14 y, por supuesto, también la del 15, tuve la sensación clara de nada tener que temer del pueblo. Cabalmente ello había sido mi máxima pesadilla en las horas que mediaron entre la madrugada del 13, al conocerse la totalidad de los resultados, y la tarde de ese mismo día, en que el pueblo de Madrid se echó a la calle y mostró la calidad de su regocijo. Desde ese instante quedé tranquilo.

Como se ve, aún se intentaban fórmulas de compromiso, y ellas venían a chocar con la imperiosa realidad de la calle, que, desde la tarde del 13, era quien mandaba, pacíficamente, alegremente, pero inexorablemente.

Esas fórmulas adolecían del mismo defecto: eran tardías. Cualquiera de ellas, propuesta antes de las elecciones municipales, hubiese quizá tenido audiencia cerca del Comité y, por tanto, cerca del pueblo, puesto que partían del principio de la eliminación, temporal o definitiva, pero eliminación al fin, de la persona del Rey. Pero a la hora en que la calle había ya saboreado las primicias del triunfo total y veía la impotencia del régimen ya caído, la única que cabía intentar era la rápida, cuanto más rápida mejor, transmisión de los poderes, para evitar males mayores

Así lo captó claramente el Conde de Romanones, que era, sin duda, el más avisado y ágil de los hombres de esa hora en el lado monárquico y tuvo el acierto y la suerte de prevalecer, como verá el lector.

CAPÍTULO XII

EL 14 DE ABRIL

El Rey, advertido

El Rey, advertido

«La noche transcurrió bajo la presión de aquel ambiente de agitación y revuelta», cuenta el general Berenguer.

No sé de dónde infiere esta impresión, porque lo cierto fue que no hubo el menor incidente y que la alegría popular se mantuvo dentro de los límites prudentes de un jolgorio sin trascendencia.

Mas parece que lo que de verdad apenaba al General era la «sensación de desgaste para la acción que requerían las circunstancias», y la falta de su propio prestigio, que las «campañas agresivas» contra su persona habían ocasionado. Tampoco es fácil conjeturar en qué hubiese podido consistir esta supuesta acción que echaba en menos el afligido ministro. ¿No había él mismo quemado sus naves con el telegrama circular a las autoridades militares del país? ¿Qué podía hacer el Ejército a sus órdenes, sino obedecerle, dejando que «los destinos de la Patria siguieran el curso que les imponía la voluntad nacional»?… Esa «voluntad», bien claramente mostraba sus deseos en las calles de las ciudades de España.

Muy de mañana, empezaron a llegar noticias de las provincias, reflejando que la agitación popular tomaba proporciones incontenibles.

La primera ciudad que proclamó la República fue Eibar, que, a las siete de la mañana del 14, izó la bandera tricolor en el Ayuntamiento y, en solemne sesión municipal, su alcalde proclamó el nuevo régimen. Cada hora traía nuevas proclamaciones: Valencia, Sevilla, Oviedo y Zaragoza proclamaron la República en la mañana del 14, en medio de manifestaciones delirantes de júbilo y sin el menor incidente grave.

De entre los ministros, sólo Romanones vio claro que no había un momento que perder. Mientras sus compañeros de Gobierno se esforzaban, cada cual por su lado, en buscar fórmulas de transacción para salir del trance evolutivamente, él, por sí solo, emprendió el camino derecho de poner al Rey frente a frente de la verdad desnuda. Para ello utilizó los servicios del dentista del Rey, doctor Aguilar, a quien dictó, para que la llevase personalmente a don Alfonso, la siguiente nota:

«Señor: El Conde de Romanones me ha llamado para que con toda urgencia transmita a Vuestra Majestad las palabras que van a continuación; los sucesos de esta madrugada hacen temer a los ministros, que la actitud de los republicanos pueda encontrar adhesiones en elementos del Ejército y fuerza pública que se nieguen en momentos de revuelta a emplear las armas contra los perturbadores, se unan a ellos y se conviertan en sangrientos los sucesos. Para evitarlo, en opinión del citado Ministro, podría V. M. reunir hoy el Consejo para que cada cual tenga la responsabilidad de sus actos, y el mismo reciba la renuncia del Rey, para hacer ordenadamente la transmisión de poderes. Así, se haría en su día posible, la pronta vuelta a España del Rey, por el clamoroso llamamiento de todos. (Sólo como servidor de V. M. cumplo el encargo de la urgente transmisión de las anteriores palabras.)».

Confesemos que era hábil, ya que no verídica, la nota transcrita. «Los sucesos de esta madrugada»… ¡No sé cuáles pudieron ser, porque ninguno digno de ser recordado había surgido en el curso de la noche! Pero era lógico que había que apoyar en algo extraordinario el argumento que motivaba la nota. No era fácil decir al Rey, por vez primera, que tenía que abandonar el campo y salir de España. Está ello dicho en este documento con claridad y hasta con elegancia. Es seguro que éste fue el primer aldabonazo que Alfonso XIII oyó encaminado a ese fin, que debió llegar a sus manos a primeras horas de la mañana, porque, alrededor de las siete, el subsecretario de Gobernación, Mariano Marfil, dignísima persona, y funcionario más que ejemplar, ya que no abandonó un solo instante su puesto durante esas cruciales jornadas, fue llamado por el hilo directo que unía el despacho del ministro con la cámara regia.

Don Alfonso preguntó a Marfil si era muy nutrida la manifestación que ya en aquella hora tan temprana ocupaba la Puerta del Sol.

Contestó Marfil que todavía no, pero que crecía por momentos.

El breve diálogo entre el Rey y don Mariano Marfil siguió exactamente en éstos o muy parecidos términos, según me contó el propio Subsecretario, unos meses después, en mi casa, (a la que vino) < para relatarme al detalle cuanto él vio y conoció de aquellos sucesos, para que, confrontados y completados esos datos con los que yo poseía, pudiéramos los dos reconstituir totalmente el episodio >:

—Y, ¿qué gritan?

—Señor, gritan de todo.

—¿Es verdad que gritan «muera el rey»?

—No es posible, señor, saber exactamente lo que dicen, desde aquí no se oye bien.

—Bueno. Pues tienen que cesar esas manifestaciones en seguida. Me importa mucho que en el día de hoy no haya tumultos. Mañana ya será otra cosa. ¿Quién está de guardia en Gobernación?

—El capitán… (No recuerdo su nombre. Se trataba de un capitán laureado, muy adicto al Rey).

—Dile, de mi parte, que salga con sus hombres a la Puerta del Sol y, sin violencia, despeje. Repito que hoy no quiero escándalos en la calle.

—Está bien, señor.

Llamó Marfil al capitán en cuestión y le transmitió la orden del Rey. El capitán se cuadró y, sin vacilar un momento, le dijo al Subsecretario:

—Dígale a Su Majestad que, por obedecer sus órdenes, estoy dispuesto a salir yo solo a la Puerta del Sol para que las turbas me despedacen si quieren. Pero no puedo ordenar a la fuerza que salga, porque no me obedecerían los soldados.

Llamó Marfil al Rey y le comunicó literalmente la respuesta del capitán. Don Alfonso le obligó a repetir las frases de éste, y, tras una pausa, dijo:

—Es lo que me quedaba por saber. Gracias, Mariano.

Creo que éste fue el instante en que el Rey adoptó la decisión suprema de abandonar España.

La nota del Conde tenía plena confirmación con la actitud sin disimulo del capitán laureado. ¡Nada menos que la Guardia Civil, el cuerpo de tanto abolengo de lealtad y disciplina, se negaba a salir contra el pueblo! La partida estaba, de verdad, perdida.

Breves momentos después, el Rey llamó de nuevo a Marfil por el hilo directo:

—Ponte al habla con los gobernadores y entérate del camino que tengo libre para salir de España. Lo mismo me da por un lado que por otro.

Marfil entra en comunicación con varias autoridades de provincias, y todas le advierten que es peligroso intentarlo, pues la agitación aumenta por momentos.

Al fin, el gobernador de Murcia, propone que, sin entrar en la ciudad, y tomando una carretera que antes de llegar a ella va directa a Cartagena, se gane así el puerto militar, a condición de que se haga rápidamente, porque no sabe cuánto tiempo podrá responder del orden.

Así se lo comunicó Marfil al Rey, y éste le encargó que estuviese un coche de escolta de la Guardia Civil, en la plaza de la Armería, a las cuatro de la tarde.

< Era Marfil novicio en estas lides. Acababa de llegar al cargo cuando estos sucesos se desarrollaban. Empezó por llamar al director de Orden Público, y le transmitió la orden del Rey. El funcionario le dijo que no era de su competencia esa clase de servicios. Llama a la Dirección de Seguridad y el propio general Mola sale al teléfono. Explica Marfil el deseo del Rey, y Mola con aire destemplado y descortés le dice.

—Yo no tengo nada que ver con eso ni con nada. Hace veinticuatro horas que no encuentro a un ministro en ninguna parte y ahora mismo me marcho de aquí y mando todo al…

Cuelga el teléfono y deja al pobre Marfil en el paroxismo del asombro.

Por consejo de los funcionarios del Ministerio, llama al fin al único que podía darle la solución del problema: al general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, y le transmite la orden del Rey. La estupefacción de Sanjurjo no tiene límites. Me refería Marfil que el General quedó, ante el anuncio de la huida del soberano, como petrificado, y que, llevándose las manos a la cabeza, exclamó:

—Vamos al desastre; pobres de nosotros.

Se ofreció, como era su deber, a poner la escolta que el Rey pedía, y atontado salió del despacho >.

¡Así supo el general, en las primeras horas de la mañana del 14, dos cosas decisivas: lo ocurrido en el Ministerio con el capitán de guardia, y la decisión del Rey! Tiene ello capitalísima importancia para juzgar la conducta de Sanjurjo, acusado también por los monárquicos de haber sido él quien asestó el golpe de gracia a la Monarquía, ofreciendo sus servicios a la República. La verdad es que, a las nueve de la mañana del 14, sabía Sanjurjo que la Guardia Civil a sus órdenes no salía contra el pueblo, puesto que el capitán de guardia en Gobernación se había negado a realizarlo, y que el Rey abandonaba la lucha y España, puesto que le había de proporcionar la escolta. El General optó por resignarse a la aceptación de los hechos ya consumados, y seguro estoy de que, con las máximas reservas mentales, decidió ofrecerse a la República en la forma que verá el lector.

A esa misma hora de las nueve volvió el Conde de Romanones a Palacio, y relata así lo sucedido:

«En los alrededores no se notaba nada anormal. El Presidente se hallaba en el despacho de S. M. Entramos y, sin preámbulos, don Alfonso abordó inmediatamente el tema electoral subrayando la derrota. Aznar intentó echar agua al vino y don Alfonso le interrumpió diciendo: —Déjese de consuelos. No los necesito. Sé cuánto debo saber y mi resolución es inquebrantable. No me olvido que nací Rey y que lo soy, y en seguida, rectificando la frase—: Que lo era. Pero hoy, por encima de todo, no olvido que soy español. No hay tiempo que perder; los acontecimientos se precipitan. Y dirigiéndose a mí: —Tú eres quien conoce mejor a Alcalá Zamora, y, añadió—: Recuerdo cuando le llevaste como uno de tus secretarios en mi viaje a Canarias. Entonces en el barco comía en la segunda mesa. Precisa que en seguida le veas para cambiar impresiones y convenir los detalles del tránsito de un régimen a otro, y además para precisar lo referente al viaje mío y al de toda mi familia».

Sin temor a errar, puede afirmarse que el Conde aprovecha gustoso la oportunidad que se le brinda para largar un alfilerazo a su afortunado rival de aquella hora. Es totalmente increíble que, en aquel trance y ante las mil congojas de su ánimo, el Rey sacase a relucir lo del viaje a Canarias y, marcadamente, lo de la «segunda mesa». Es ello absolutamente impropio de don Alfonso y, en cambio, de pura cepa romanonista. En todo caso, ahí lo deja impreso para la Historia y espera que, si el aludido llega a leerlo, la molestia que pueda causarle le sirva a él de desquite.

Refiere luego el Conde el plan que se trazó a sí mismo en el acto: le «repelía» hablar con Alcalá Zamora en casa de éste, y así combinó la entrevista en terreno neutral, en casa del doctor Marañón, amigo de ambos.

«En breves palabras dije al Doctor que en su casa me preparase una entrevista con Alcalá Zamora. Salió para buscarle, dirigiéndose a casa de Miguel Maura, pues que sabía que allí estaba reunido todo el Directorio republicano socialista».

El general Sanjurjo se ofrece a la República

El general Sanjurjo se ofrece a la República

Dejemos por el momento al Conde esperando al Jefe del Gobierno republicano en casa de Marañón, y vengamos al relato de lo ocurrido en la mía.

Creo recordar que eran las once, o las once y cuarto de la mañana, cuando mi secretario entró en la biblioteca donde estábamos reunidos los miembros del Comité, mientras el resto de la casa estaba totalmente invadido por la masa de correligionarios. Acercándose a mí me dijo al oído que acababa de llegar y aguardaba en el hall, en medio de aquellas gentes, el general Sanjurjo, vestido de paisano, que quería verme. Ordené que se despejase inmediatamente el despacho pequeño contiguo a la biblioteca y que pasase allí el visitante. Así se hizo rápidamente y en él esperé breves segundos al General.

Entró éste en el despacho, vestido, en efecto, de paisano, se cuadró ante mí y, saludando militarmente, me dijo:

—A las órdenes de usted, señor ministro.

Me quedé de una pieza. Todo cuanto había ocurrido en el campo contrario en aquellas jornadas, y que he relatado, era para nosotros totalmente desconocido aún.

Seguía hablándose en corros y corrillos de estado de guerra, de gobiernos militares, y nadie sabía que la Guardia Civil hubiese adoptado ya posición definitiva. Verme de pronto ante el general Sanjurjo, de paisano, que saluda y se ofrece, era para mí como caerme de las nubes. Le invité a sentarse y le rogué que me explicase el secreto de su actitud.

Con muy pocas palabras y con la premiosidad habitual en él, me dijo que la Guardia Civil y él personalmente acataban la voluntad popular y pasaban al servicio de la República, con la lealtad tradicional en el instituto. Que se ponía a las órdenes del ministro de la Gobernación y deseaba cumplimentar al señor presidente. No me dijo ni una palabra de lo ocurrido en Gobernación, ni de la decisión final del Rey.

Llamé a Alcalá Zamora, y ante él reiteró el General sus ofrecimientos. Se lo agradecimos cordialmente y en tono menor, porque la escena se tramitó con cierto aire familiar y sin solemnidad; el General abandonó mi casa dejando tras de sí un océano de comentarios entusiastas entre la muchedumbre que poblaba mi domicilio.

A partir de ese momento, consideramos, como es lógico, plenamente ganada la batalla.

Se hallaban en mi casa los miembros del Gobierno Provisional, pues ya lo era de verdad, que residían en Madrid: Niceto Alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero, Femando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Santiago Casares Quiroga. Estaba escondido, no se sabía dónde, creo que en San Rafael, Alejandro Lerroux. No cabía contar con los emigrados, aunque sabíamos que se habían puesto en camino desde París. Escondido también, en Madrid, pero sin que supiésemos dónde, estaba Manuel Azaña, que no nos había dado la menor señal de vida el día 13, a pesar de los sucesos.

Se imponía reunir a todos cuantos estuviesen al alcance, para decidir de la actuación inminente. Se avisó a Lerroux por conducto de un su amigo que por allí andaba, y, en efecto, no tardó en presentarse.

Me encomendaron mis compañeros la tarea de dar con Azaña. No fue fácil localizarle porque el secreto que envolvía su paradero era celosamente guardado por sus íntimos. Al fin, me indicaron el domicilio de su cuñado, Cipriano Ribas Cherif. Fui en su busca. Tras no pocas formalidades y teniendo que dar el nombre y esperar un buen rato, fui introducido en una habitación del fondo de la casa. Allí estaba, pálido, con palidez marmórea, sin duda por haber permanecido en aquellas habitaciones más de cuatro meses, Manuel Azaña.

Le hice presente el objeto de mi visita y le conminé para que me acompañase, sin pérdida de tiempo, a mi casa. Se negó rotundamente, alegando que nosotros habíamos sido ya juzgados y prácticamente absueltos, pero que él seguía en rebeldía, y cualquiera, un simple guardia, podía detenerle y encarcelarle. ¡No salía yo de mi asombro! Le expliqué la euforia del pueblo, la visita y el ofrecimiento de Sanjurjo y cuanto podía tranquilizar al espíritu más timorato, sin lograr conmover su decisión de permanecer oculto. Ya me disponía a dejarle encerrado, cuando apareció Rivas Cherif, que regresaba de la calle (impregnado del) estado de excitación y entusiasmo (…) de los republicanos en esa hora. Confirmó con pormenores cuanto yo venía diciéndole, y, por fin, Azaña, de muy mala gana, se decidió a seguirme.

Durante el trayecto en mi coche hasta mi casa, fue mascullando no sé qué cosas y de un humor de perros. Entró conmigo en la biblioteca y saludó uno a uno a los compañeros, y entonces supe, con asombro, que no había visto a ninguno de ellos desde el 13 de diciembre, es decir, desde hacía cuatro meses. Nadie había tenido con él contacto, ni sabido siquiera dónde se hallaba. Vino ello a confirmar lo que ya había tenido ocasión de apreciar: Azaña, hombre de una inteligencia extraordinaria y de cualidades excelsas, estaba aquejado de un miedo físico insuperable. Más de una vez, en lo sucesivo, pude comprobarlo. Era algo más fuerte que él, y él hacía lo inimaginable para disimularlo. Siendo ello fatalmente así, no cabe pensar lo que debieron ser para él los años de la guerra civil.

La entrevista en casa de Marañón

La entrevista en casa de Marañón

Al mediodía y en mi biblioteca, respetada por la multitud, nos hallábamos ocho de los doce miembros del Gobierno Provisional. No pude sino repartir bocadillos de jamón, y ello constituyó el único alimento que tomamos durante aquel día y toda la noche los miembros del Gobierno que iba a nacer.

A la una y media de la tarde vino Marañón en busca de Alcalá Zamora para la entrevista concertada con el Conde. Nos explicó, por encima, pues la urgencia no permitía ser más explícito, el objeto de la entrevista que se solicitaba y del que nosotros no teníamos en aquel instante la menor idea. Acordamos que Niceto exigiría, sin paliativos, la salida inmediata de don Alfonso de España, y yo insistí mucho, cerca de Alcalá Zamora, en la necesidad de que el traspaso de poderes, si ellos iban a ser traspasados oficialmente, se hiciese antes de la noche. Constituía para mí una pesadilla, aun viendo lo pacíficamente que se desarrollaban hasta entonces los acontecimientos, la idea de una noche más sin Gobierno y con el pueblo en las calles y la familia real en Palacio. Cualquier incidente desgraciado e involuntario podía desencadenar la violencia de la masa y, al olor de la sangre, la tragedia podía ser inevitable y terrible. Prometió Niceto tenerlo en cuenta y abandonó con Marañón mi casa.

Duró poco su ausencia. A las dos y media estaba de regreso y nos refería la entrevista con el Conde a presencia del famoso doctor. Pero dejemos al Conde, narrador siempre ameno, relataría:

«He pasado en mi vida muy malos ratos. Parecido a aquél, ninguno. A mi antiguo secretario le rebosaba la satisfacción por todos los poros. Inmediatamente empezó el diálogo. Le dije que el Gobierno no quería hacer uso de la fuerza y, por eso, lo que pedía era una colaboración con los propios enemigos. Alcalá Zamora me contestó:

—Usted me conoce muy bien desde hace muchos años y sabe que no soy hombre capaz de disimular la verdad; por eso no puedo recoger la noble invitación que me formula; la verdad se impone; la batalla está perdida para la Monarquía. No queda otro camino que la inmediata salida del Rey renunciando al trono. Lo que a usted le importa es determinar los detalles de su viaje y del de toda la familia real. Es preciso que esta misma tarde, antes de ponerse el sol, emprenda el viaje.

Esta imagen astronómica la repitió, acentuándola cada vez más. Me anticipó que sería más prudente que tomase el camino de la frontera portuguesa, porque en San Sebastián existía una gran excitación contra el Rey».

Duró, por lo visto, el forcejeo unos minutos más:

«Alcalá Zamora —dice el Conde— echó mano de un argumento supremo: poco antes de acudir a su llamamiento hemos recibido la adhesión del general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil. Al oírle me demudé. Ya no hablé más. La batalla estaba perdida irremisiblemente».

Coincide este relato con el que Niceto nos hizo a su regreso a mi casa. No tenía, sin embargo, mucha confianza en el exacto cumplimiento de la promesa dada sobre el viaje del Rey «antes de la puesta del sol», y, por supuesto, afirmaba que, si lo hacía, sería por un camino opuesto al señalado por Romanones. También nos dijo que habían acordado —y de esto guarda silencio absoluto Romanones— que la transmisión de poderes se haría oficial y solemnemente al día siguiente, 15, en la presidencia. Protesté con vehemencia. No era posible dejar correr las horas de la noche en ese estado de ausencia total de Gobierno. Me calmaban mis compañeros diciéndome que «no era cuestión de ser más papistas que el Papa, y si a ellos, primeras víctimas de toda posible violencia, no les interesaba la urgencia, no éramos nosotros los llamados a inquietarnos».

Error gravísimo, que un mes más tarde había de tener su segunda edición, éste de juzgar que la alteración del orden no perjudica sino a las víctimas del desorden. No entendían aún mis compañeros, venidos todos, menos Niceto, del campo de la eterna facción contra la Monarquía, que fuera de lamentar, para un Gobierno digno de ese nombre, la ausencia de autoridad frente al motín. ¡Bien caro habían de pagar más tarde el aprendizaje! La discusión sobre tema tan angustioso para mí duró largo rato, y llegó a términos de alguna violencia por mi parte.

¡A Gobernación!

¡A Gobernación!

Serían las seis cuando, convencido de la inutilidad de mis esfuerzos para convencer a mis compañeros de la urgencia de tomar por nuestra propia cuenta el poder aquella misma tarde, salí de la biblioteca y, atravesando el vestíbulo, subí los primeros peldaños de la escalera. Desde allí, dirigiéndome al público que llenaba la planta baja, pregunté en medio de un silencio absoluto:

—¿Estáis dispuestos a venir conmigo a ocupar el Ministerio de la Gobernación?

El griterío fue tal que mis compañeros salieron precipitadamente de la biblioteca y… ya no pudieron volver a ella, arrastrados por la riada humana tras de mí y de los que conmigo salían a la calle, en busca de los coches.

Cogí del brazo a Largo Caballero, que era el único que había asentido a mi propuesta durante la discusión, y subimos a mi coche. Guiaba mi mecánico, Antonio Milla. A su lado se había sentado un ciudadano (para mí entonces) totalmente desconocido (que resultó ser su luego gran amigo Arturo Soria Espinosa, «el Terremoto», uno de los líderes estudiantiles de la época de la Dictadura). Detrás íbamos Largo Caballero y yo. No me ocupé para nada de lo que les ocurría a los demás, y como mi coche estaba en el zaguán interior del jardín, cuando salimos a la calle todavía andaban mis compañeros en busca de los vehículos necesarios. Ganamos con eso algo de tiempo, porque el peligro de quedar embotellados, si nos reconocían las muchedumbres que poblaban las calles a esa hora, era serio.

Sin dificultad, y gracias a ese detalle, llegamos cerca de la Cibeles. A partir de allí nos fue forzoso ir muy despacio, porque la calzada estaba repleta de gentes. Pronto nos reconocieron, y entonces empezó nuestro calvario. Tardamos cerca de dos horas en recorrer el trayecto de la calle de Alcalá que une la Plaza de la Cibeles con la Puerta del Sol, o sea poco más de un kilómetro. El gentío nos abría camino a fuerza de empujones y apreturas, pero a la vez se subían en los estribos y las aletas de mi coche, en forma tal que cerraban materialmente las ventanillas y dentro nos asfixiábamos. Hube de propinar, lamentándolo, sendos puñetazos en los estómagos de los que cubrían las ventanas, para poder respirar.

En la Puerta del Sol, la aglomeración desbordaba ya toda medida imaginable. Las farolas, los tranvías, parados en medio de la Plaza, los balcones y los tejados eran ocupados por innumerables racimos humanos. El griterío ensordecía.

Los coches que conducían a mis compañeros tardaron aún en aparecer por la entrada de la Puerta del Sol que da a la calle de Alcalá.

Según luego supe, Azaña, que venía con Casares Quiroga en uno de los últimos, iba refunfuñando malhumorado, diciendo que seríamos ametrallados por la Guardia Civil, que aquello era una locura y llamándome «señorito chulo».

Por fin, llegó mi coche ante la puerta principal del Ministerio. La puerta estaba cerrada.

En el balcón principal, con gran asombro mío, ondeó de pronto la bandera republicana. Eran Rafael Sánchez Guerra y el que iba a ser mi subsecretario Manuel Ossorio Florit, que habían entrado poco antes por una puerta de la calle de Pontejos y, al ver que llegábamos, se apresuraron a izar la bandera. Ante la puerta cerrada sólo estábamos Largo Caballero y yo, rodeados, claro es, de una masa vociferante que pedía se abriesen las puertas.

De pronto, se abrieron éstas de par en par, y apareció en el zaguán un piquete de la Guardia Civil cerrando el paso. Me cuadré delante de ellos, me descubrí y les dije:

—¡Señores: Paso al Gobierno de la República! Los soldados, como si lo hubiesen ensayado previamente, abrieron el paso y, en dos filas, una a cada lado, presentaron armas.

Pasamos, saludando Largo Caballero y yo. Al llegar a la escalera principal, subí las escaleras de tres en tres, y fui directamente al despacho del ministro, que conocía bien de antaño. Allí me encontré con Mariano Marfil, amigo de siempre, y, repito, persona más que excelente. No había abandonado su puesto en los tres días transcurridos desde las elecciones, y noche y día había estado al pie del cañón, cumpliendo sus deberes. Me dirigí a él y le dije:

—Amigo Marfil: Aquí está usted de más desde este momento.

—Me hago cargo perfectamente de ello y ahora mismo me marcho —y, en efecto, desapareció.

Hubo de salir por la puerta trasera del edificio, porque las demás estaban abarrotadas de público.

Me arrepentí luego, y me he arrepentido varias veces más tarde, de la descortesía un tanto brutal con que traté en aquella ocasión a quien tanto respeto merecía por su conducta, y a quien tanto estimaba. Meses después, en extensa y cordial conversación con él en mi casa, solicité y obtuve su perdón, y reanudamos nuestra añeja amistad brevemente interrumpida.

Éste fue, querido lector, el ceremonial del famoso «traspaso de poderes» que nos habían anunciado los de la acera de enfrente, y que había provocado casi una batalla en el seno de nuestro Gobierno Provisional. Diez palabras de cada lado bastaron, y en realidad sobraron, para tomar las riendas de un poder que yacía en el arroyo.

Tomé en el acto el teléfono, y ordené a la central del Ministerio que me fuera dando las provincias según fueran ellas saliendo. Los demás ministros, que iban llegando con infinitos apuros al Ministerio, se reunieron en el despacho del subsecretario.

En el acto empezó a sonar el teléfono. Uno a uno los gobernadores se ponían al aparato y el diálogo se repetía.

—¿Quién está al aparato? —preguntaba yo imperiosamente.

—Aquí el gobernador —contestaba una voz más o menos serena, según el grado de información del interfecto.

—¿El gobernador de la Monarquía? ¿No es eso?

—¡Claro que sí! —decían unos, muy seguros de su prepotencia; otros, en cambio, vacilantes y como atontados.

—Aquí, el ministro de la Gobernación de la República. Ahora mismo entrega usted el mando al presidente del Comité Republicano, y, en su defecto, al presidente de la Audiencia. Le advierto que le hago responsable personalmente de la menor resistencia y de cualquier demora en cumplir esta orden. ¿Estamos?

A veces, el diálogo seguía con preguntas atolondradas, o con vacilaciones más que explicables en quienes se veían, de pronto, no sólo destituidos, sino entregados inermes a las masas enemigas. Sólo uno, el de Huelva, pareció resistirse. La rociada que recibió de mí, que no fue menguada, bastó para calmarle. El cambio de autoridades de todas las provincias se hizo en menos de tres horas, por teléfono y sin el menor incidente en parte alguna de España. No hubo un solo herido, ni los gobernadores sufrieron el menor vejamen por parte de los republicanos.

El Presidente dicta la Gaceta del 15

El Presidente dicta la Gaceta del 15

Entretanto, los ministros reunidos en el despacho del subsecretario presenciaban, maravillados y absortos, cómo nuestro presidente, Niceto Alcalá Zamora, dictaba, uno tras otro, sin la menor vacilación, sin tener ante sí una sola nota, nada más y nada menos, que los siguientes Decretos insertos en la Gaceta de Madrid del día 15, orlada con gran lujo:

Nombrando presidente del Gobierno Provisional de la República a don Niceto Alcalá Zamora.

Siete Decretos nombrando ministros de Estado, Justicia, Guerra, Marina, Gobernación, Fomento y Trabajo, respectivamente, a Lerroux, De los Ríos, Azaña, Casares, Maura, Albornoz y Largo Caballero.

Decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno.

Decreto concediendo amnistía a todos los delitos políticos, sociales y de imprenta.

Decreto declarando festivo el día 15, y disponiendo que en los años sucesivos sería fiesta nacional el día 14 de abril.

Decreto creando el Ministerio de Comunicaciones.

Decreto nombrando gobernador civil de Madrid a don Eduardo Ortega y Gasset.

Decreto nombrando subsecretario de la Presidencia del Consejo a don Rafael Sánchez Guerra.

Decreto nombrando subsecretario de Gobernación a don Manuel Ossorio Florit.

Decreto nombrando director general de Seguridad a don Carlos Blanco.

Todos estos Decretos, que pueden verse en la Gaceta del 15, fueron dictados, repito, por Niceto a los taquígrafos, tan absortos como el resto de los presentes, sin una nota, de corrido, y sin una falta ni una vacilación. El caso Alcalá Zamora, en este aspecto, era en verdad excepcionalísimo.

La tarde en el lado monárquico

La tarde en el lado monárquico

Suspendamos unos momentos el relato de lo que iba acaeciendo en el lado republicano y vengamos al de enfrente.

Dejamos al Conde en la puerta del domicilio de Marañón, tras la «desagradable» entrevista y con el «ultimátum» de Niceto aceptado por él. La hora en que había dado fin la entrevista era, exactamente, la de las «dos y cinco de la tarde», según nos lo refirió el doctor Marañón en un artículo que publicó en El Sol con ese título, precisamente. El Conde prosigue su relato en el libro anteriormente aludido:

«A las tres retorné a Palacio para dar cuenta al Rey de la conversación habida. En la antecámara, tres o cuatro grandes de España que ya comenzaban a acudir al conocer la gravedad de los sucesos.

La conversación con don Alfonso no la olvidaré mientras viva. Se mantuvo en una calma escalofriante. Sereno, cual nunca lo había visto, escuchó el relato de mi conversación con el futuro Presidente del Gobierno Provisional. Me dijo había encargado al Duque de Maura la redacción de un Manifiesto de despedida a la nación.

Marché a Gobernación. Por teléfono rogué al Presidente del Consejo y al Ministro que acudieran allí lo antes posible. No tardaron en llegar y también el general Berenguer. Les relaté la conversación mantenida con el Rey y les hice ver la necesidad de adoptar medidas que asegurasen el orden mientras se llegaba a la solución definitiva. Expuse la necesidad de declarar el Estado de Guerra… Cuando ya comenzaba a dictar las instrucciones que consideraba precisas aumentó el ruido en la Puerta del Sol en términos que, asomados al balcón, reconocimos que era materialmente imposible la lectura del Bando. Para ello hubiese sido necesario no un piquete, sino toda la guarnición de Madrid.

Al salir de Gobernación para Palacio, la Puerta del Sol hervía de gente en actitud clamorosa y hostil. Tuvimos que dar largo rodeo para llegar a la Plaza de Oriente. Apenas entramos en el despacho del Rey, recibió por teléfono el aviso de que el nuevo Gobierno se había ya instalado en Gobernación».

Hago aquí un alto en el relato del Conde. Quiero hacer notar, primero, que, como se ve, era en sus manos, y sólo en ellas, donde estaba la dirección de cuanto se hacía o se pensaba en el lado monárquico. Y, segundo, que la afirmación que el Conde hace, de que al llegar a Palacio a las cinco de la tarde, hora en la que, según las demás referencias, se celebró el último Consejo de Ministros de la Monarquía, recibió por teléfono la noticia de que el nuevo Gobierno estaba ya en Gobernación, prueba la confusión que reinaba en uno y otro bando en aquellas horas febriles.

Las noticias que circulaban, y que a veces se tomaban por ciertas sin controlar su procedencia, influían en las decisiones, y sólo más tarde nos era dado averiguar que eran equivocadas. Así, a las cinco de la tarde del 14, creyeron los ministros —y creyó el Rey— que habíamos tomado ya posesión del Gobierno los republicanos, cuando tan sólo a las ocho y media entrábamos en Gobernación. Es posible que el error de información, en un hecho tan grave, influyese en el ánimo de los reunidos en Palacio a esas horas, cuando la verdad era que, a la que dice el Conde (las cinco de la tarde) discutíamos aún en mi casa sobre la posibilidad y conveniencia de aguardar al repetido traspaso de poderes.

«El Rey permanecía sereno —continúa el Conde—, más tranquilo que todos nosotros. En seguida comenzó una discusión bastante viva. Al escuchar don Alfonso que había un ministro que sostenía que se podía resistir, exclamó: Yo no quiero resistir. Por mí no se verterá una sola gota de sangre. A preguntas que formularon varios ministros, el de la Guerra y el de la Gobernación manifestaron que no existía ya medio alguno de resistencia.

Leyó don Alfonso con voz firme el Manifiesto al país. Este Manifiesto, redactado por el Duque de Maura, decía así:

“Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en las más críticas coyunturas.

Un Rey puede equivocarse y, sin duda, erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el Rey de todos los españoles y, también, un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa.

Espero conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única Señora de sus destinos.

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios, que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles”».

(El Rey dio el visto bueno al texto redactado por mi hermano y lo firmó, previa una ligera modificación y una tachadura, ambas en el penúltimo párrafo: modificó su comienzo «Para» por «Espero»; y tachó «encargo a un Gobierno que la consulte convocando Cortes Constituyentes», después de «colectiva»).

Sigue expresándose el Conde:

«No era momento de comentar el contenido del Manifiesto, pero se reconoció la necesidad de no darlo a conocer hasta que la familia real se hallaba fuera de España. Cuando delante del Rey hablamos de los detalles del viaje, dijo: Pero ¿y mi familia? ¿Quién me responde de ella y de sus cabezas? En un movimiento primo, le contesté: Yo, con la mía.

Al salir de la Cámara, un compañero me dijo: “En qué poco estima usted su cabeza”. Me impresionó este comentario, pues yo, en realidad, no tenía más garantía que la palabra que me había dado el que horas después era el Jefe del Gobierno. Pero esta palabra la podía dejar incumplida la multitud exaltada y llena de encono. Los esfuerzos que hice para salvar lo que estaba tan amenazado yo solo los conozco. Mi conciencia queda tranquila y, por tanto, puedo desdeñar los comentarios que desde que se supo la visita a casa de Marañón se hicieron, algunos de los cuales oí al atravesar la antecámara y que llegaron al punto de casi tener que defenderme con las manos».

Creo sinceramente que el buen Conde exagera a posteriori el peligro que corría «lo que estaba tan amenazado», según él. No hizo el salvador otra cosa que la que podía hacer, y ya era suficiente: dejar correr los acontecimientos, que en ningún momento tuvieron, por fortuna, el más leve cariz de degenerar en sangrientos. Nada hizo, ni podía hacerlo. Porque las seguridades que de Niceto tenía, como las que hube yo de dar aquella noche misma al Conde de Aybar sobre la familia real en su viaje a Francia, no descansaban sino en la confianza que poníamos en la sensatez y cordura del pueblo. Salió bien porque el pueblo aquel día quiso que así fuese, y si quiso fue porque estaba seguro y contento de que su Gobierno estuviese ya en el poder. Si el pueblo hubiese querido desencadenar la tragedia, ni el Conde, ni nosotros, ni nadie hubiésemos tenido en las manos medios hábiles para evitarlo.

Una vez más, repito, y no me cansaré de hacerlo, la «colchoneta» nacida del Pacto de San Sebastián fue la auténtica salvadora de muchas, muchísimas cosas en la jornada, terrible para la Monarquía y para sus servidores, del 14 de abril. Pero no cabe esperar que los beneficiados por ella lo reconozcan, y menos que lo hagan públicamente.

Sigamos el relato del Conde:

«Nos despedimos del soberano. Fue un momento de gran emoción. En algunos, las lágrimas asomaron al rostro y hubo quien rompió en sollozos. La última reunión ministerial la tuvimos en el saloncillo japonés y allí se ratificó el acuerdo tomado por el Rey, de que el almirante Rivera le acompañase en el viaje.

Todavía no había concluido para mí el recorrido de la calle de la Amargura; el monarca me encargó diera cuenta a la Reina de la necesidad de emprender el viaje sin dilación alguna. Fui recorriendo los desiertos salones de Palacio hasta encontrar a la Augusta Señora. Cuando me oyó me dijo: Es imposible que ni mis hijos ni yo emprendamos el viaje esta noche. La advertí del peligro que podían correr de pasar la noche en Palacio; pero comprendí también lo fundado de su resistencia».

Siguen en este relato unos párrafos en los que se refleja el deseo del Conde de dramatizar esta jornada, en la medida necesaria para hacerla angustiosa para él y para los reyes. Reproduzco los referidos párrafos, que luego comentaré para dejar en su lugar la verdad histórica:

«Es posible que se acordara —la Reina— de esta conversación en la noche del 14 al 15, cuando percibía los gritos de la muchedumbre a las puertas de Palacio y las oía retemblar por los empujones de los asaltantes.

Obligado es en mí consignar los esfuerzos que hizo don Carlos Blanco, que acababa de ser nombrado director general de Seguridad, por defender la vida de la familia real. Días más tarde, me refería que hubo momentos en que lo creyó todo perdido, pues en los cacheos que se hicieron a los más exaltados se les encontraban armas cortas, de fuego y bombas de mano.

De lo que eran capaces aquellas gentes, no hay duda. Bien lo demostraron con la horrible serie de asesinatos en los treinta y tres meses que duró la orgía roja. Lo acontecido en Ekaterimburgo con la familia imperial rusa, hubiese sido igualado».

¡Así, nada menos que así! Parece increíble que hombre tan avisado como el Conde se atreva a dejar impresa una serie de inexactitudes y afirmaciones tan gratuitas, sólo para reivindicarse ante los aristócratas que le amenazaron en la antecámara, y que luego le colmaron, durante años, de humillantes desvíos, por considerarle el responsable de la tragedia final. ¿No comprendía el Conde que, tarde o temprano; alguien habría de demostrar que todo eso que refiere es un simple cuento de miedo sin pies ni cabeza? Compruebe el lector:

Primero: Mal pudo la reina oír «retemblar las puertas de Palacio por los empujones de los asaltantes», cuando es bien conocido y cientos de veces referido y loado, el hecho de que, a partir de las diez de la noche, la Guardia Cívica, ordenada por mí y organizada a la perfección por el gobernador republicano Eduardo Ortega y Gasset, acordonó Palacio a la altura de los jardines de la Plaza de Oriente, y nadie se acercó al edificio durante la noche.

Segundo: Mal pudo don Carlos Blanco hacer «esfuerzos por defender la vida» de nadie la noche del 14, cuando no fue nombrado director de Seguridad hasta el 15, que tomó posesión de su cargo y cuando pasó la noche del 14, mano sobre mano, con otros correligionarios, en Gobernación.

Tercero: Mal pudo don Carlos ordenar los cacheos de que habla el Conde, cuando la policía toda estaba de vacación obligada, hasta el punto de que fue preciso apelar a la formación de la Guardia Cívica para atender a las más elementales necesidades de vigilancia.

Cuarto: El solo hecho de hablar de «cacheos» en aquella ocasión muestra la total fantasía del relato. ¿Imagina el lector lo que hubiese acontecido si alguna autoridad, fuese la que fuese, hubiera intentado, en la noche del 14 de abril de 1931, cachear a alguien? El cacheador y quienes hubiesen ordenado el cacheo sólo habrían durado escasos minutos. De ser cierto que entre la multitud había gentes dispuestas a usar nada menos que… ¡bombas de mano!, seguro que no habría transcurrido la noche como transcurrió, sin un solo incidente serio, porque jamás hubo ocasión más propicia ni con mayor garantía de absoluta impunidad para cualquier violencia.

No, no es lícito apelar a fantasías de esa naturaleza para justificar un celo y un desvelo por una causa noble, como la que el Conde servía. Si fue don Carlos Blanco quien, para congraciarse con el Conde o con lo que el Conde representaba, le refirió lo que narra, fue miserablemente engañado, pero cuesta trabajo creer que don Carlos Blanco lo hiciese y, aún más, que hombre tan avispado como el Conde no cayese en la cuenta del burdo engaño.

La verdad pura y simple es que la familia real no corrió ningún peligro esa noche del 14, ni en el viaje que emprendió el 15. Durante esos días, el pueblo no quiso y no hizo otra cosa sino mostrar su júbilo, y hay mil pruebas que lo atestiguan. Una de ellas, lo ocurrido con la furia iconoclasta, propia de esta clase de revoluciones. Había empezado ella por el hecho de descolgar cuidadosamente de su pedestal a la efigie de la reina Isabel II y llevarla, en procesión, al convento de las Arrepentidas, donde la entregaron a las monjas para su «custodia y conversión». Bastó la acción de la Guardia Cívica para que cesase totalmente esa depredación tan usual, repito, en momentos como los de esos días en Madrid. Luego referiré otro caso similar, en el que yo intervine personalmente.

Lo que sí es verdad, y muy verdad, es que, como observa el Conde, ese pueblo era el mismo que, en 1936, desencadenó la horrible tragedia. Precisamente ese hecho indudable es la piedra de toque para medir el servicio prestado a la causa del orden y a España por los hombres del Pacto de San Sebastián. ¿Por qué el año 1931 no hubo ni asomo siquiera de esa violencia? ¿No se les ocurre pensar a quienes nos denigran y llenan de improperios que el Gobierno Provisional de 1931, con su sola presencia en el Poder, les libró de una verdadera hecatombe, puesto que en aquellos momentos no hubiesen tenido la menor posibilidad de defensa ni de contrapartida?

La razón de esa diferencia de conducta del pueblo es ésta: en 1931, el Gobierno Provisional daba a ese pueblo todo lo que en 1936 le arrebataban los militares sublevados.

Últimos momentos

Últimos momentos

El Rey se despidió de los presentes en la forma emotiva que el general Berenguer refiere:

«Poco después, el mismo Conde cortó la reunión diciendo que era preciso aprovechar los momentos y disponiendo que quedaran con él y con el Rey, para concretar los últimos detalles del viaje, el Presidente, el almirante Rivera y el Marqués de Hoyos. Nos dijo a los demás que esperásemos en el saloncito japonés, para acordar la forma y detalles del traspaso de poderes que había de tener lugar inmediatamente después de nuestra salida de Palacio.

Nos despedimos del Rey los que teníamos que dejarle, en rápida y penosa escena, llena de emoción que hacía resaltar aún más la serenidad y presencia de ánimo del soberano, y salimos, acompañándonos S. M. hasta el antedespacho como siempre, donde quedó con los que el Conde había designado.

Llevábamos en el saloncito japonés un rato reunidos, en el estado de ánimo que es fácil imaginar, agravado por la perspectiva de la desagradable entrevista con los triunfadores. Algunos de los ministros empezaban a impacientarse por la tardanza del Conde y de los que faltaban. A poco llegó Romanones con Hoyos y nos dijo que era preciso acordar la forma en que se había de hacer la entrega de los poderes antes de ir al acto. Al fijarse en que en la reunión faltaba el señor La Cierva, marchó en su busca hacia la antecámara. Pasados unos minutos regresaron ambos discutiendo vivamente. Después de una violenta escena en el saloncillo japonés, el señor La Cierva dijo que se marchaba, como lo hizo. Romanones, entonces, dirigiéndose a los que allí estábamos, dijo: “No, no, o todos o ninguno”. Con estas palabras quedó disuelta la reunión sin decidir nada de lo que había de hacerse».

Tiene este relato sumo interés desde el punto de vista histórico. Revela a las claras no pocas cosas. Primera: la absoluta autoridad de Romanones sobre sus compañeros de Gobierno, incluso sobre el soberano, hasta el final de la tragedia. Segunda: la falta total de solidaridad entre los ministros en trance de tal gravedad. Seguía imperando el ¡sálvese el que pueda! Y tercera: que es falsa la tan repetida cantilena de que el famoso traspaso de poderes se hubiese llevado a cabo aquella misma noche o a la mañana siguiente, si el Comité republicano no se hubiese adelantado «para jugar a la revolución», por sí y ante sí.

Véase lo que escribe el Duque de Maura en su ya mentada obra Recuerdos de mi vida, sobre este episodio.

«La más acerba de cuantas ingratas emociones me prodigó aquel día inolvidable fue la de oír al Conde de Romanones, en el consejillo del salón japonés, que, deseoso el Rey de proceder para bien de España dentro de la máxima legalidad compatible con la perturbación política, nos pedía que fuese el propio Consejo de Ministros quien, a la mañana siguiente, transfiriera los poderes soberanos al Comité revolucionario, ungiéndole así como Gobierno Provisional de la República. Creo recordar que hasta se señaló, como sitio para la solemnidad, la Presidencia del Consejo y, como hora, la de las diez y media.

Sólo cuando hube salido de Palacio me enteré con asombro de que tan amargo cáliz se apartaba de nosotros porque el Gobierno de la República había preferido deber al motín lo que le ofreció el Derecho, aun a trueque de señalar una vía extralegal, cómoda y expedita en ocasiones críticas, a los alborotados caudillos de ulteriores comités revolucionarios».

Innecesario decir que, como de costumbre, las cursivas son mias. Tal es el relato de mi hermano Gabriel.

Una vez más quiero hacer constar que las enormes discrepancias que en el terreno político me han separado de mi hermano mayor no han enturbiado lo más mínimo el hondo cariño y el gran respeto que siempre le he guardado. Pero sería pedirme lo imposible que estos dos sentimientos profundos apagasen mi protesta y coartasen mi libertad para exteriorizarla. Tanto más cuanto que, esta vez, esa protesta raya casi en la indignación, ya que no es lícito llevar a tal extremo la tergiversación de los hechos. Así, pues, con respeto, pero con claridad, voy a demostrar que esos párrafos hubiesen debido quedar inéditos.

Empecemos por reconocer que si el rey don Alfonso XIII hubiese siempre sido durante su largo reinado tan escrupuloso en el deseo de «mantenerse dentro de la máxima legalidad», a buen seguro que ni los ministros del Gobierno Aznar, ni nosotros, hubiésemos tenido ocasión de debatir tan espinoso tema. Ni habría habido revolución, ni habrá habido destronamiento. Pero puesto que, en sus horas postreras, como Jefe de Estado, mostraba ese escrúpulo legalista, parece lógico que sus «leales ministros» se desviviesen por dar cabal cumplimiento a esa última voluntad. Pues bien, está claro, clarísimo en el relato del general Berenguer, que los ministros no vacilaron en pasarse ese postrer deseo de su señor por la palomilla. Si hubiésemos esperado en mi casa los miembros del Gobierno republicano el aviso para la ceremonia, aún estaríamos en ella, porque ninguno, de los ministros del Rey pensó jamás en celebrarla. Salieron de estampía del saloncillo japonés a la calle, cada cual por su lado, sin pensar para nada en «el amargo cáliz».

Además, ¿de dónde se infiere que fuese un «motín» el vehículo de acceso al poder del Gobierno de la República? No hubo tal «motín» en el acto de la toma de posesión a las ocho y media de la noche del día 14. Hubo, eso sí, entusiasmo popular y, si se quiere, algazara. Pero el autor de esa crítica, que es académico de la Real Academia de la Lengua, sabe que, «motín» quiere decir «movimiento de rebeldía de una muchedumbre; disturbio popular»… Y ni una cosa ni otra aconteció el 14 de abril.

Por lo demás, resulta gracioso afirmar que podían aquellos caballeros «transmitirnos poderes». Ni eran ministros desde hacía cuarenta y ocho horas ni tenían poderes que transmitir, porque carecían ya de los inherentes a la función de gobernar, salvo el de sentarse en los sillones de los respectivos ministerios, y aun ello con graves riesgos físicos. Ni la fuerza pública, ni los funcionarios, ni la Gaceta, ni los más humildes servidores de cada Ministerio los tenían ya por ministros. ¿Qué podían transmitirnos?

Pocos años después, en efecto, «alborotados caudillos de ulteriores comités revolucionarios» supieron seguir, perfeccionándola, la «vía extralegal» con «auténticos motines», esa vez archisangrientos. Pero tengo entendido que, en aquella ocasión, «el amargo cáliz» se bebió alegremente hasta las heces. ¿Será que también la crítica refleja «el color del cristal con que se mira»?

El Rey se va

El Rey se va

A las nueve menos cuarto de la noche salió don Alfonso por la «puerta incógnita», que da al Campo del Moro, abandonando el Palacio Real para siempre.

Se despidió de los que estaban presentes, contadas personas, con un «¡Viva España!», y en automóvil, conducido por él mismo, y acompañado del infante don Alfonso, emprendió el viaje a Cartagena, a tal velocidad que el de la escolta, un poderoso Hispano-Suiza, le perdió de vista a los pocos minutos y viose obligado a renunciar al servicio, regresando a Madrid. En otros coches iban el ministro de Marina, almirante Rivera, el Duque de Miranda, tres ayudantes y el ayuda de cámara.

A las cuatro de la mañana llegó a Cartagena y, sin detenerse, entró en el Arsenal y embarcó en la falúa del crucero Príncipe Alfonso, que estaba apercibida.

Pocos momentos después de subir el Rey a bordo, el buque zarpó rumbo a Marsella.

De esto nada supimos los ministros republicanos hasta la madrugada del 15, como ahora referiré.

Barcelona al habla

Barcelona al habla

Hemos dejado al Gobierno republicano en el Ministerio de la Gobernación entregado a la tarea de redactar los decretos que habían de aparecer en la Gaceta del 15, mientras el titular del departamento entraba en contacto con las provincias e iba entronizando a los gobernantes a través del teléfono. Éste funcionaba sin descanso. A veces, con noticias alarmantes. Un ejemplo: Sale Barcelona al aparato. Pregunto por Emiliano Iglesias, el gran amigo de Lerroux, que, según los informes que habían llegado al Ministerio era quien por sí y ante sí se había hecho cargo del Gobierno Civil. Una voz aguardentosa me espetó:

—No hay Emiliano que valga. A Emiliano lo hemos arrastrado. Aquí es la FAI, que es la que manda. ¡Viva la anarquía!

No he de encarecer la impresión que me hizo la noticia. Rápido ordené que me pusieran, con preferencia a cualquier otro servicio, comunicación con la Capitanía General de Barcelona.

Unos segundos, sólo unos segundos después, tenía al aparato al general López Ochoa:

—Mi general, me dicen que los anarquistas han tomado el Gobierno Civil. ¿Es cierta la noticia? —le pregunté.

—No sé bien lo que ha ocurrido. En estos momentos he enviado un ayudante a informarse. El teléfono del Gobierno Civil no funciona. Pero recibiré sus órdenes con mucho gusto —me contestó.

—Le ruego que vaya usted en persona, con la fuerza que considere necesaria, y tome posesión del mando, cueste lo que cueste, hasta que vaya Companys, que es quien ha de asumir el cargo. Haga cuanto sea preciso para que esta orden se cumpla y me llama en seguida por teléfono —le dije.

Momentos después me llamaba, desde el Gobierno Civil, Companys, que me contó lo ocurrido. Emiliano Iglesias, que había ocupado, sin que nadie le autorizara para ello el Gobierno Civil, había sido expulsado de él por elementos de la CNT. Al presentarse Companys, le habían dado paso, sin la menor resistencia, los mismos cenetistas. Ni un herido, ni un tiro, ni una protesta.

López Ochoa se había personado en el Gobierno acompañado de unos cuantos oficiales del Ejército. Se retiró, después de haberle yo agradecido su diligencia en cumplir mis órdenes.

La madrugada en Gobernación

La madrugada en Gobernación

A la una de la madrugada se retiraron los ministros a descansar después de haber dejado terminada la más urgente labor.

Me quedé solo en el Ministerio. Solo de entre los miembros del Gobierno, pero no ciertamente en la abrumadora realidad, porque la muchedumbre de correligionarios era muy grande en el edificio. Mi despacho permanecía, claro es, respetado por todos, pero cada vez que asomaba la cabeza por una de sus puertas y me veían, tenía que dar un portazo y refugiarme de nuevo en mi covacha, para librarme de la curiosidad y el entusiasmo de aquellas gentes.

Sobre las cuatro de la mañana, me anunciaron al Conde de Aybar, intendente mayor de Palacio. Le recibí en el acto.

Vino a comprobar si las disposiciones para el viaje de la familia real estaban tomadas y para fijar la hora de la salida del convoy desde El Escorial, según lo convenido. Decidimos que fuese el mismo tren rápido que pasa por El Escorial a las diez de la mañana, al que se agregarían las unidades necesarias para la familia real, su séquito y fuerzas de la Guardia Civil. Convinimos en que había de ser el general Sanjurjo en persona quien asegurase tal servicio, y, tras las naturales y sentidas lamentaciones de tan viejo y leal servidor de la familia real, nos despedimos cortésmente, prometiéndole que desde el día siguiente le remitiría intacta la correspondencia que para el Rey y la familia real llegara.

Cumplí esa promesa escrupulosamente y no se abrió una sola de las innumerables cartas que el Rey recibía de todas las partes del planeta.

A dicha hora seguía yo creyendo que el Rey continuaba aún en Palacio, y que cuando se hablaba de la «familia real» se incluía en ella al soberano.

Ordené que se buscase al general Sanjurjo. No contestaban los teléfonos de su despacho ni de su casa. Al fin, fue hallado en La India, un café de la calle de Fuencarral, en alegre tertulia con sus amigos.

Compareció ante mí, y cuando le dije que sólo él podía garantizarnos el servicio del convoy de «la familia real», me rogó con verdadero énfasis que le relevara de ésa para él desagradable misión. Con ello confirmé, si cabe, la convicción de que el Rey formaría parte de «la familia», pues me parecía más que natural la contrariedad que había de causar a Sanjurjo hacer el viaje en el mismo tren que don Alfonso. Hube de ordenárselo como ministro y obedeció.

Apenas había salido de mi despacho el General, llamó el teléfono desde Cartagena, pidiendo urgentemente al ministro. Una voz bronca me dijo:

—Señor ministro: don Alfonso XIII acaba de embarcar a bordo del crucero Príncipe Alfonso, que ha zarpado con rumbo desconocido.

Pensé que se trataba de algún borracho, enardecido por el jolgorio de la hora y deseoso de darme una broma de mal gusto.

Mantuve, sin embargo, el diálogo mitad en serio, mitad en broma, para no herir la susceptibilidad del correligionario cartagenero en trance de juerga patriótica. Pero juró y perjuró tanto mi interlocutor que él «lo había visto con sus propios ojos», y me dio tantos detalles, que empecé a tomarle en serio.

—El Rey ha llegado a las cuatro de la mañana —me decía— en un enorme coche abierto y, sin detenerse, como es obligatorio en la puerta del Arsenal, que estaba abierta de par en par, ha entrado en el patio y, luego, con el mismo coche, en el muelle; allí ha tomado la falúa del crucero, que esperaba, y ha subido a bordo; poco después, ha zarpado el crucero, que llevaba horas con los fuegos encendidos…

Como era inútil insistir y me urgía saber la verdad, di las gracias al anónimo comunicante y corté el diálogo.

Llamé en el acto al Ministerio de Marina y pregunté al oficial de guardia si tenía noticias del paradero del Príncipe Alfonso. Me contestó que nada sabía. Le ordené pusiese un radio, preguntando al comandante del buque su situación y su rumbo. Tres cuartos de hora más tarde, me llamaba y me leía el siguiente despacho:

«Sin novedad a bordo. A la altura de Baleares. Tan pronto desembarque don Alfonso en Marsella será izada la bandera republicana. ¡Viva la República!».

Quedé petrificado. Tardé un rato en medir las consecuencias de la noticia. Hasta este preciso momento había vivido las horas decisivas con la idea (que pesaba en mi ánimo inconscientemente pero de modo cierto) de que cuanto estaba aconteciendo podía tener una segunda parte, quizá de violencia y lucha. De pronto, adquirí la certeza de que todo posible contratiempo había sido superado y que la República estaba definitiva y legalmente asegurada. ¡Qué rara y agradable sensación de alivio!

< En ese instante, quedó para mí proclamada la República. Llamé por teléfono en el acto a todos y cada uno de los ministros y les di la noticia. Cundo nos reunimos aquella mañana en la Presidencia, después de la toma de posesión de cada uno de los Departamentos, era ya el Gobierno de la República el que deliberaba, exento de temores, pero cargado de responsabilidades >.

La estatua de Espartero

La estatua de Espartero

Pasé en el Ministerio la noche del 14, el día y la noche del 15, hasta la madrugada del 16, sin salir de mi despacho, salvo las horas que interrumpí mi tarea para asistir al Consejo de Ministros, celebrado tras las tomas de posesión por sus componentes de los respectivos departamentos. Sostenido por los nervios y acuciado por la labor que ante mí tenía, no advertí el cansancio.

A las cinco de la mañana del 16 volvía, extenuado, a mi casa, pero satisfecho.

Al llegar a la altura de la estatua del general Espartero, en la calle de Alcalá frente a la de Velázquez, desierta en aquella hora, vi a unos mozalbetes que habían enlazado la estatua con un fino cable de acero e iban a derribarla. Mandé parar, me apeé apresuradamente del coche, y dirigiéndome a ellos les pregunté qué estaban haciendo:

Vamos a ejecutar a ese tío —dijo uno—.

Les advertí que lo que iban a hacer era una salvajada, primero porque ése «tío» había sido un liberal, y, luego, porque derribar una estatua lo es siempre.

—Bueno, pero vamos a ver ¿y usted quién es? —me preguntó con el más castizo acento madrileño uno de ellos.

—El ministro de la Gobernación de la República.

Se quedaron mirándome, dudando un instante, volvieron su vista al auto parado a pocos metros de nosotros, lo reconocieron como coche oficial, se quitaron las gorras y, rodeándome, empezaron a dar unos vivas estentóreos a la República y al ministro.

Tal estrépito armaron que los vecinos de las casas de la calle de Alcalá se asomaron a las ventanas al oír semejante griterío en hora tan temprana. Tomé de nuevo el coche y desaparecí de la escena.

Salvé, a bien poca cosa, la voluminosa efigie del general Espartero y su… bien constituido caballo de una «muerte» cierta.

(No corrió la misma suerte la estatua de Felipe III, en la Plaza Mayor, la única que fue destruida en Madrid).

Reconozcamos, lector, que este episodio, similar a tantos otros de aquellas jornadas, coloca al ambiente madrileño de aquel histórico mes de abril a muchos miles de leguas de la «tragedia rusa de Ekaterimburgo».

Suavemente, alegremente, ciudadanamente, había nacido la Segunda República española. A partir de este momento es ella quien talla.

¡Así fue!

¡Así fue!

Así fue, querido lector, cómo cayó Alfonso XIII…

No soy solamente yo quien te lo ha referido. Otros te lo han contado, los principales actores del suceso en el campo de la Monarquía, los que tenían en sus manos la iniciativa, el poder y la fuerza. Cada uno de ellos ha publicado su libro narrando los sucesos, y de esas narraciones he tomado lo que acabas de leer. Por mi parte, me he limitado a referir con escrupulosa exactitud los hechos presenciados y vividos por mí, al otro lado de la barrera que de ellos me separaba.

Ahora te toca juzgar. El pleito que se somete a tu fallo es éste: ¿Quién derribó a Alfonso XIII?

Habrás visto cómo cada uno de esos personajes se lamentaba a lo largo de su obra de su propia impotencia para remediar el mal. Habrás intuido, a través de sus frases, que cada uno culpa a otro u otros de la principal responsabilidad en la tragedia. Así Berenguer culpa a Romanones atribuyéndole, con razón, la dirección del último acto del drama, pero dando por supuesto que ese acto es el único. Otros culpan al Duque de Maura, autor del documento de despedida del Rey. Otros, al general Berenguer, que la noche del 12 lanzó aquel telegrama circular a las autoridades militares, que dejaba a la Monarquía inerme ante sus adversarios. Otros, al general Sanjurjo, que se ofrece espontánea y prematuramente, según ellos, a la República con toda la Guardia Civil tras de sí. El Duque de Maura carga a la cuenta del Comité republicano el prurito de querer «jugar a la revolución», lo que impidió, por lo visto, el desenlace «legal» y hasta «solemne» de la tragedia. Ninguno confiesa que todos juntos y cada uno de por sí, sin poder remediarlo, faltos de razón moral y fe en su obra, van abriendo la fosa en la que iba a ser enterrada la institución, cadáver ya desde el fatídico 13 de septiembre de 1923.

Cualquiera que sea la edad de que goces, querido lector, habrás oído cien veces a ciertas gentes que unos desalmados, confabulados en nefando maridaje con «la peor calaña de anarquistas y comunistas», fueron quienes, engañando a la opinión desorientada, asaltaron el poder por sorpresa, barriendo a la Monarquía «consustancial con la patria, modelo de virtudes, y garantía única de la paz y la justicia en España». De entre esos facinerosos, los más responsables, habrás oído decir, son los que, traicionando unos su historia, otros el apellido que llevan y hasta la leche que mamaron en su infancia, pusieron el prestigio de sus nombres o de su historia al servicio de causa tan proterva.

Pues bien por escasa que haya sido la atención prestada al relato que acabo de hilvanar, habrás comprobado que NOS REGALARON ÉL PODER. Que nosotros no hicimos sino recoger en nuestras manos cuidadosamente, amorosamente, pacíficamente, a España, a quien esos mismos hombres habían dejado caer en medio del arroyo.

NOS REGALARON EL PODER, repito, y por fortuna para ellos, de antemano estaba constituido el órgano rector, que, con defectos y cualidades, pero con celo ejemplar y rectísima intención, cuidó de evitar al país todo sobresalto, y a sus adversarios toda crueldad.

¿Qué hubiese acontecido en estas jornadas de no existir el Gobierno Provisional?… En nada hubiera variado el ritmo de los acontecimientos, porque el plebiscito del 12 de abril estaba de antemano perdido por el Rey, que se había suicidado, como soberano, el 13 de septiembre de 1923, al violar la Constitución, dando paso a la dictadura del general Primo de Rivera. La revolución habría seguido inexorablemente el mismo curso e idénticas etapas; mas ¿quién o quiénes habrían dispuesto en sus manos de la autoridad necesaria para contener, encauzar y dirigir a esas masas, locas de entusiasmo y sensación de poder, al ver que derribaban nada menos que a una Monarquía milenaria?… Lo que el año 1936 presenció y padeció España, en uno y otro lado de la guerra civil, ¿no habría resultado ser un pálido reflejo de lo que hubiésemos padecido en 1931, de no estar apercibidos?

Lejos de mi ánimo el menor prurito de vanagloria y de ufanía. Pero sería pueril negar que llegado el momento —mil veces repetido desde entonces—, del examen de conciencia severo y estrecho, encuentro la mía no sólo limpia de culpa, sino orgullosa de lo que entonces hicimos y recompensada con cuanto evitamos de malo y logramos de bueno para España los hombres del 14 de abril.

¿Que no lo han agradecido ni lo agradecerán jamás ni aun lo reconocerán los principales beneficiados? ¡Nunca pensé en ellos al obrar, ni fue para ellos mi desvelo y mi esfuerzo!

Otro amplio y consciente sector de la opinión supo objetivamente apreciar y agradecer lo que los hombres del Gobierno Provisional logramos. Mas podía haber faltado ello también, y en nada se alteraría mi interior satisfacción, porque de antiguo tengo sabido que el agradecimiento nunca fue una virtud colectiva y jamás obré pensando en lograrle.

Y después de haber visto cómo fue la caída de Alfonso XIII, vas a ver, querido lector, lo que, con el poder recogido del arroyo, hicieron los hombres del 14 de abril.

SEGUNDA PARTE

EL GOBIERNO PROVISIONAL

(Del 15 de abril a julio de 1931, y la apertura de las Cortes Constituyentes)

CAPÍTULO I

LA INSTAURACIÓN

Primeros decretos

Primeros decretos

No se interrumpió la vida nacional. Fue declarado festivo el día 15, para dar lugar a que el regocijo popular, que no había decrecido ni un instante durante la noche, tuviese espacio suficiente para manifestarse.

La prensa relataba los sucesos trascendentales de la víspera y acataba, unánime, el nuevo régimen. Los diarios, incluso los de notoria significación derechista, encabezaban sus editoriales con la expresa declaración de acatamiento al poder constituido.

Uno de ellos decía:

«La República es la forma de gobierno establecida “de hecho” en nuestro país. En consecuencia, nuestro deber es acatarla».

Publicaban todos, además de los decretos de nombramientos de los ministros, la reproducción literal del importantísimo en el que se fijaba el estatuto jurídico del nuevo régimen. En él se reconocía el carácter provisional del Gobierno, que aceptaba «la misión de establecerse como Gobierno de plenos poderes». No se fijaba la carta de derechos ciudadanos, por ser misión reservada a las Cortes Constituyentes, que se convocarían cuanto antes. Mas para que la situación de pleno poder no entrañase ejercicio arbitrario de las actividades ministeriales, quedaban éstas sometidas a reglas jurídicas que marcarían las limitaciones que el propio Gobierno se imponía a sí mismo. Las reglas eran:

«1.a El sometimiento de cuanto haga el Gobierno al fallo, en su día, de las Cortes Constituyentes, ante las que el Gobierno Provisional habrá de declinar sus poderes.

2.a Que se procedería inmediatamente a someter a “juicio de responsabilidades” los actos de gestión y de autoridad pendientes al ser disuelto el Parlamento por el golpe de Estado de 1923, y a la apertura de un expediente de revisión de toda la obra de la Dictadura.

3.a El Gobierno Provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y de cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.

4.a Se reconoce el derecho sindical y la libertad corporativa.

5.a El Gobierno Provisional declara que la propiedad privada queda garantizada por la ley. En consecuencia, no podrá ser expropiada sino por causas de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno adopta, como norma de su actuación, que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra.

6.a El Gobierno se reserva la facultad de someter los derechos ciudadanos a un régimen de fiscalización previa, dando cuenta de ello a las Cortes en su día».

Esta medida iba naturalmente encaminada a proporcionar al Gobierno armas legales para el caso de ataques posibles ya de la derecha, ya de la izquierda del régimen.

Lo importante de este decreto eran los apartados tercero y quinto, o sea la declaración de libertad de conciencia, que ponía a los católicos al amparo de cualquier abuso de poder por parte del Gobierno laico, en el que tan sólo dos de sus miembros éramos católicos practicantes, y el reconocimiento pleno del derecho de propiedad, es decir, la declaración de que el nuevo régimen no se atribuía en tal materia poderes revolucionarios, sino que mantenía el principio de la propiedad privada como sagrado.

Eran esos apartados el fruto de la transacción lograda en el seno del Comité revolucionario por Niceto y por mí. Prácticamente, la República nacía sin alterar en lo más mínimo el Estatuto jurídico de los españoles, o, lo que es lo mismo, sin revolución. Cualquier alteración de ese Estatuto habría de ser función de las Cortes Constituyentes, en las que, lógicamente, tendrían representación todas las clases sociales, y, en definitiva, encamarían la auténtica soberanía de la nación.

¿Acertamos o erramos al adoptar ese camino? Abierta está aún y lo estará siempre, ante la Historia, la discusión sobre tan sugestivo tema, y no es probable que sea resuelto con carácter definitivo. Los argumentos en pro de cada cual de los dos términos de la alternativa se valen y se compensan. Mas el hecho fue que la Segunda República española nació sin el más leve atropello al derecho de propiedad ni a la conciencia religiosa de los españoles. No sé si mis compatriotas esperaban o no esta tónica en el nuevo régimen, pero parece evidente que la izquierda, la masa proletaria y una buena parte de la clase media se sintieron defraudadas ante tanta generosidad, y la clase poseedora, principal, casi única beneficiada con la generosa medida, no lo agradeció un solo instante, antes al contrario, desde el primer día puso su conato en desprestigiar, zaherir, socavar y, por supuesto, deshonrar con sus ataques al régimen y a sus hombres representativos.

La Historia acostumbra repetir sus enseñanzas, y no es impensable que un día, próximo o lejano, las mismas o parecidas circunstancias que se dieron en 1931 aparezcan en el tablero nacional como consecuencia de la desembocadura de un régimen de autocracia. Dudo que otros repitan el gesto que en aquella coyuntura hicimos Alcalá Zamora y yo. No será fácil hallar voluntarios para tan ingratísima labor ni hacedero que se presten a esa generosidad los hombres y los partidos de la izquierda. Quizás entonces haya alguien que, repasando los hechos de la Historia, nos haga justicia.

La familia real sale de España

La familia real sale de España

Continuó el jolgorio popular el día 15 sin que hubiese que lamentar, repito, el menor incidente.

La familia real, que había pasado la noche en Palacio, emprendió el viaje a la frontera francesa a la hora convenida.

Véase cómo relata el suceso un testigo presencial, según El Debate:

«A las nueve y cuarto de la mañana, la Guardia interior de Palacio tuvo noticia de que iban a salir las reales personas y se reunió en la galería formando dos filas, una a cada lado de la cancela. En efecto, momentos después aparecieron llorando la Reina y las Infantas, quienes, al ver a los reales guardias rindiendo honores, comenzaron a llorar más copiosamente, y la Reina balbuceó:

—¡Mis fieles guardias!

Éstos dieron zaguanete por toda la galería hasta el ascensor.

—¡El último servicio que me hacéis! —volvió a decir la Reina a la vez que estrechaba la mano del más próximo, añadiendo con la voz velada por la honda emoción:

—Me despido de todos en ti —y tomó con sus augustas hijas el ascensor.

Por la puerta “incógnita” salieron a la explanada inmediata donde los coches estaban dispuestos. El Príncipe de Asturias ocupaba ya el que había de conducirle. Allí estaban reunidas las mismas personas que despidieron ayer al Rey. La escena de la despedida fue de gran emoción y todos los presentes lloraban. La Reina y las Infantas no podían llorar ahogadas en sollozos. Alguien dio un viva y todos, para hacer menos dolorosa la despedida, recomendaron no dar viva ninguno. Por último, para no prolongar la emocionante escena, tomaron su coche la Reina y las Infantas y partieron por la avenida del Campo del Moro, quedando todos los presentes sin poder contener el llanto. La comitiva de coches tomó la carretera que conduce a El Escorial, adonde, con una marcha ajustada al tiempo de que disponían, llegaron a tiempo a la estación. La presencia de las reales personas fue acogida con un respeto absoluto. Una máquina enganchó al vagón real, retrocedió al llegar el tren rápido y le unió a él. El tren arrancó en medio del mayor respeto».

(Vuelvo a repetir que las cursivas son mías).

Este relato, hecho, como puede verse, por alguien adicto a la familia real, muestra la verdad detallada de lo ocurrido en El Escorial.

Mas el Conde de Romanones, que también acudió, refiere de esta forma la escena:

«Creí de mi deber despedir a la Reina y allí fui, seguro de encontrar muchos gestos desabridos. La Reina y sus hijos con el acompañamiento llegaron a la estación de El Escorial a las nueve de la mañana. En sus alrededores se agolpaban buen número de gentes que olvidando los favores recibidos de la Casa Real, mostraban su entusiasmo por la República con escarnios y denuestos. La hora de espera en la estación de El Escorial debió ser para la Reina un verdadero martirio. Llegó un momento en que yo, rendido por el cansancio y dominado por la tristeza, me senté en un banco del andén. Desde él vi arrancar el tren que llevaba a tierra extranjera a la familia real, últimos representantes de la Monarquía caída».

Es muy emocionante esta versión del postrer episodio de la tragedia hecho por el anciano Conde. Es la exteriorización de la herida causada a un fiel servidor de la dinastía por la injusticia con que se le juzga y se le trata. Es, también, una muestra más del empeño en probar, aun contra toda evidencia, que ha salvado a los desagradecidos miembros de la familia real de un gravísimo peligro. La versión primera que he transcrito coincide, punto por punto, con la que me llegó por conducto oficial al Ministerio de la Gobernación minutos después de la salida del tren. Es, pues, la auténtica y la exacta. ¿Por qué, entonces, el empeño del Conde en probarnos que hubo «escarnios y denuestos»? La respuesta la tiene el lector en las últimas palabras de ese relato.

El Conde, a quien la familia real ni siquiera saludó al llegar a la estación, «vio salir el tren rendido por el cansancio y dominado por la tristeza, sentado en un banco del andén».

Existe, en efecto, una fotografía, ya clásica, en donde se ve al Conde en tan duro trance. No le habían perdonado, no sé si lo hicieron más tarde, el haber sido el maestro de ceremonias de la tragedia, y le culpaban del destronamiento, como si de verdad hubiese sido él, y sólo él, el responsable del hundimiento de las instituciones. No hubo el menor incidente en El Escorial ni durante el viaje hasta Hendaya. En las estaciones del tránsito, el público se agolpaba en los andenes, dando muestras de vivísima curiosidad, pero a la vez de respeto y compasión hacia la familia real. El que atraía más miradas y casi todas las compasiones era el desdichado Príncipe de Asturias, que, convaleciente y con aspecto verdaderamente enfermizo, iba tendido en su compartimiento y asomaba la cabeza, saludando lloroso y emocionado al gentío silencioso.

El relato detallado me fue hecho dos días más tarde por el general Sanjurjo. En ningún momento hubo necesidad de apercibir siquiera la fuerza de escolta del convoy.

La prensa extranjera

La prensa extranjera

En el transcurso del día fueron llegando noticias de la acogida que el nuevo régimen merecía a la prensa extranjera.

La característica destacada del trascendental acontecimiento había sido la sorpresa. Creo que nadie, fuera de España, esperaba este cambio tan traumático en la cabeza del Estado español. Por eso era más bien vacilante y tímida la acogida con que era recibida la República.

En París, el acontecimiento produjo enorme expectación. Los extraordinarios de los grandes diarios relataban los incidentes de la jornada del 14. La prensa de izquierda cantaba, como era lógico, la victoria; y la de derecha rendía homenaje al Gobierno caído, por haber sido neutral en la contienda electoral, pero, principalmente, al Rey, que seguía gozando de gran popularidad en la capital francesa. Por ejemplo, el Excelsior, daba por bueno que se trataba de un eclipse pasajero, porque en las elecciones a las Constituyentes sería restablecida la Monarquía, dada la gran popularidad de don Alfonso en España.

La prensa inglesa, salvo raras excepciones, también lamentaba el alejamiento de don Alfonso y auguraba su pronta restauración.

Donde mayor interés y expectación despertó el suceso fue en Portugal, sometido al régimen dictatorial de Oliveira Salazar. En las calles de Lisboa, la multitud aprovechó la ocasión para manifestar su júbilo ruidosamente, y el Gobierno se vio obligado a prohibir toda manifestación pública «con objeto —decía— de evitar toda complicación internacional mientras la situación no quedara completamente definida».

La prensa americana achacaba a la Dictadura la culpa de la caída de la Monarquía, y afirmaba que el pueblo español ansiaba las libertades individuales y políticas. «Las dictaduras acaban siempre por sublevar al pueblo», decía el New York Herald. Parece que, con el tiempo, este modo de pensar ha sufrido seria variante en la libre América.

A mediodía del 15 recibí en mi despacho la visita del corresponsal de Le Temps, el periódico oficioso del Quai d’Orsay y el de mayor autoridad entonces en Francia. Venía alarmado ante el espectáculo de la calle y temeroso de que no pudiésemos ya controlar el desmán popular que podía muy bien —me dijo— «degenerar en anarquía». Le tranquilicé plenamente, asegurándole que al día siguiente los obreros volverían al trabajo y se terminarían las manifestaciones callejeras. Se mostró escéptico y le di cita en mi despacho para las primeras horas de la tarde del 17, con el fin de poder, juntos, comprobar la exactitud de mi augurio.

En la prensa de la noche se publicó la siguiente nota:

«La República española naciente ha visto con satisfacción haber sido recibida con expansiones populares de regocijo y a estas manifestaciones espontáneas ha prestado su más solicito asentimiento. Mas transcurridos los dos primeros días, es preciso que renazca la tranquilidad en la vía pública y que todos, cumpliendo sus elementales deberes cívicos, cooperen al mantenimiento del principio de autoridad. No hacerlo así sería tanto como colaborar con los enemigos de la República interesados en la merma de su prestigio y su autoridad. Por tanto, a partir del día de hoy, los funcionarios encargados de velar por el orden público, siguiendo las instrucciones recibidas, tomarán las medidas necesarias para evitar que la tranquilidad del vecindario esté a merced de quienes, con el alboroto, sólo se proponen sembrar la desconfianza en el poder constituido».

Esta nota bastó para que el orden quedase restablecido. El 16 entraron al trabajo todos los obreros y las calles recobraron su aspecto normal. Aun aquellos diarios que habían intentado, más o menos solapadamente, sembrar la desconfianza en la autoridad del Gobierno para encauzar de nuevo la vida del país, se rindieron a la evidencia.

El Debate, que la víspera había publicado un editorial mostrando su alarma, parecida a la mostrada por el corresponsal de Le Temps, hubo de publicar el 16, en su edición de provincias, o sea por la tarde, y en la mañana del 17, una breve noticia, porque no se dignó darle mayor cabida en sus páginas, en la que, bajo el epígrafe «Normalidad», decía así: «En la mañana de hoy, el trabajo se ha reanudado con normalidad y el aspecto de la ciudad es completamente tranquilo». Al final de una de las columnas de la primera página, esta breve noticia colmaba, por lo visto, la conciencia profesional del diario católico.

En cambio, el corresponsal de Le Temps, que vino al día siguiente a mi despacho según lo convenido, me mostró el telegrama largo y detallado que había cursado a su diario y al Gobierno francés, llenando de elogios y de frases encomiásticas al pueblo español y al Gobierno de la República. Y, sin embargo, a los que habíamos vivido hora por hora aquellas jornadas, el hecho nos pareció totalmente natural.

No había asomado aún la menor discrepancia en el macizo bloque que desde el Pacto de San Sebastián funcionó como eficiente factor revolucionario primero, y a la sazón como asistencia fervorosa al régimen nacido.

Y vuelvo a repetir que en aquellas inolvidables jornadas históricas tuve siempre la subconsciente certeza de que nada había que temer del pueblo que, alegre y confiado, en las calles mostraba su euforia. («Siempre», pero no sin resquemores: el 45 recordaba así el detalle de otro de los momentos de la agitada madrugada del 15 de abril, en que < seguía creyendo firmemente que el Rey estaba aún en Palacio >:)

< Ignoro qué hora sería, comparece en mi despacho uno de los hijos del Duque de Tilly, amigo mío aunque mucho más joven que yo. Venía despeinado, con la corbata deshecha y un aspecto de hombre perseguido y acorralado. Trémulo y balbuciente, me dice:

—No sabes lo que está pasando en Palacio. Las turbas han asaltado el edificio y han puesto ya en el primer piso la bandera republicana. La familia real me pide que te lo diga. Están solos porque no ha quedado ni un solo criado y soy el único grande que ha pasado la noche con ellos. Los demás que estaban de servicio y los gentilhombres no han aparecido.

Vivíamos unos momentos tan excitantes, que los nervios de todos se hallaban descentrados. Debí contestarle amablemente, mas dejándome llevar del tono heroico propio de la hora, le dije:

—Tú no conoces al pueblo de Madrid, que es incapaz de hacer el menor daño a la familia real en un día como el de hoy. Vete de aquí y no insistas porque yo respondo del pueblo.

Apenas se marchó, reflexioné que lo que acababa de hacer echándole de mi despacho, era una insensatez. Podía muy bien ser cierto cuanto él decía. No sólo podía serlo, sino que resultaba más que probable que el pueblo, enardecido poco a poco ante la visión de su poder omnímodo, acabara cometiendo alguna tropelía en Palacio, y al olor de la primera sangre vertida tuviéramos que lamentar una verdadera tragedia. Reaccioné en el acto, y, llamando a los que estaban en el despacho contiguo, di la orden de que se formara una Guardia Cívica con algún distintivo en el brazo, y que esa guardia de voluntarios acordonase Palacio al límite de los jardines de la Plaza de Oriente, para que nadie pudiera acercarse al edificio. (…) Es un hecho, bien conocido de todos, que media hora más tarde una Guardia Cívica, con brazaletes tricolores, acordonaba el Palacio Real y permanecía toda la noche firme en su puesto, impidiendo que nadie pasara los límites de los jardines de la Plaza >.

(Lo anterior no quita para que el Gobernador de Madrid, artífice de la solución, le comentara a don Miguel mucho después que se había rozado la catástrofe: «Si aquello resultó tan pacíficamente fue porque llegué a tiempo de parar el motor de un enorme camión que iba a ser lanzado contra la puerta del Palacio; porque desde esa improvisada tribuna calmé a las gentes y, sobre todo, porque practiqué el verdadero concepto de la defensa del orden que es el de no provocar con la exhibición de la fuerza. Allí había un piquete de la Guardia Civil. Obligué al capitán, incluso agarrando la brida de su caballo, a que abandonase aquel sitio con sus fuerzas»).

CAPÍTULO II

LOS «MODOS» DEL GOBIERNO PROVISIONAL

El primer Consejo de Ministros

El primer Consejo de Ministros

Se celebró en la tarde del jueves 16 de abril el primer Consejo de Ministros. No era sino una reunión más del Comité republicano, pero, por vez primera, tenía lugar en la Presidencia del Consejo y en torno a una mesa más solemne que la del Ateneo.

La víspera, o sea el mismo día en que abandonaban España los miembros de la familia real, habían llegado a Madrid los del Gobierno Provisional emigrados en Francia y otros republicanos también obligados a expatriarse a raíz de los sucesos de diciembre. En la estación del Norte esperaba a los viajeros una multitud de gentes de diversas clases sociales, que les hicieron objeto de un recibimiento estrepitoso y entusiasta. Con la llegada de Prieto, Marcelino Domingo, Martínez Barrio y Nicolau quedó completado el Gobierno, que el día 16, repito, celebró su primera reunión ministerial.

Tras el despacho de los decretos de nombramientos del alto personal de cada departamento, el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, nos comunicó la noticia, que sabía de fuente inmejorable, de que empezaba una emigración de capitales en gran escala, emigración que patrocinaba uno de los ministros del último Gobierno de la Monarquía. La indignación que dicha noticia fidedigna produjo en el seno del Consejo fue muy seria, y estuvo a punto de desencadenar un torrente de medidas severísimas contra cierta clase social.

El 7 de febrero de 1963, rechaza así el autor, por la vía epistolar, ciertas tergiversaciones acusatorias que le había dirigido, también por carta, el hijo mayor del Ministro en cuestión: Cuando Prieto dio cuenta de ello al Consejo, el primer acuerdo de éste fue meter en la cárcel y procesar a esa persona, confiscarle sus bienes, y averiguar los nombres de cuantos hubiesen seguido sus consejos para hacer lo mismo con ellos. Entonces Prieto dijo textualmente:

—Bien, pero se da el caso de que esa persona preeminente es el Duque de Maura, hermano de Miguel. Vds. dirán si eso se puede hacer.

En el acto contesté:

—Eso se puede y se debe hacer, pero claro que sin mí en este puesto.

Me levanté de mi asiento dispuesto a marcharme a mi casa. Unánimes los ministros desistieron de toda medida de rigor, y se limitaron a redactar la nota oficiosa, que se cita en seguida.

Era verdaderamente lamentable que, tras la forma ultrapacífica que había presidido el advenimiento de la República, las mismas clases sociales beneficiadas con ello fueran las que diesen comienzo a los actos de sabotaje, no sólo del régimen, sino de España. (…). Se adoptaron acuerdos severos, pero circunscritos a la sanción de hechos ya realizados, y no, como algunos proponían, al castigo colectivo de los presuntos culpables.

La nota oficiosa de aquel Consejo, el primero, repito, del nuevo Gobierno, contenía esta severa advertencia:

«El Gobierno, a base de información auténtica, ha deliberado detenidamente sobre la emigración de capitales, agravada estos días merced a insinuaciones y consejos de una persona preeminente del último Gobierno de la Monarquía. El Gobierno ha adoptado resoluciones firmes que se reserva publicar».

(Añade la misiva de Miguel Maura a su sobrino que el ex ministro descubierto «vio la nota en la prensa, y unos días más tarde salía con todos vosotros hacia Biarritz, comprendiendo que había jugado y perdido una carta peligrosa. Desde allí continuó haciendo cuanto pudo para que la emigración de capitales continuase»).

Con aquella nota tomó cuerpo la noticia, y los diarios republicanos excitaban al Gobierno para que sancionase severamente los hechos y diesen a la publicidad los nombres de los culpables para que el castigo fuese ejemplar y definitivo. La prensa de la derecha, alarmada a su vez por el cariz que el tema iba tomando, se vio obligada a terciar en el debate, y así, el diario más calificado de ese matiz de la opinión, El Debate, en su número del 17, publicó un editorial del que entresaco el siguiente párrafo:

«Ni patriótico ni gallardo. Presenciamos estos días, con honda pena, algunos hechos que no hacen honor al espíritu cívico, al patriotismo, ni aun a la gallardía personal de quienes les realizan. Nos referimos al éxodo de personas pudientes que, sin oídos más que para el temor pusilánime y el egoísmo ciego y duro, cruzan la frontera en busca de cómoda y segura tranquilidad. Es un proceder indefendible. ¿Cómo lo diríamos?… Poco honroso, poco gallardo. El estrago que pueden causar es incalculable. En el orden económico, porque a esos emigrados de lujo les precede o acompaña una buena parte de sus caudales, hurtados a la economía nacional con patente daño para la peseta. En el orden internacional, ese éxodo tanto vale como proclamar a los cuatro vientos el desahucio de España, país en descomposición, reino de la anarquía. Y, gracias a Dios, no es así».

Como ve el lector, desde el primer día, a pesar de las manifestaciones traducidas en medidas de gobierno, tranquilizadoras para sus derechos y hasta para sus egoísmos de clase, esas gentes de la zona más elevada de la sociedad española, las que más tenían que perder, emprendieron labor de dañar, por todos los medios a su alcance, al régimen. Y aun siendo ello patente al punto de provocar la reacción de sus afines en intereses y en ideología, el Gobierno de la República no salió de su paso mesurado, equitativo, generoso y prudente.

¿Qué otro régimen hubiese, en caso semejante, usado de esa discreción, de esa generosidad y de esa prudencia? ¿Y a quiénes se debía que ello fuese así, cuando la opinión y la prensa de la izquierda y del centro acuciaban con sus demandas de castigo a los culpables, y cuando las medidas de rigor habrían gozado de máxima popularidad en aquellos momentos?

Otro tanto acontecía en el aspecto religioso. El Debate, portavoz oficial de la jerarquía de la Iglesia, publicaba el día 16 este telegrama de Roma:

«En los círculos autorizados del Vaticano se mira la situación de España sin graves aprensiones. Tanto porque la Santa Sede es indiferente a las formas de gobierno y está dispuesta a tratar con todos los poderes constituidos que representen la mayoría verdadera y respondan a criterios de equidad y justicia, como porque en el caso de España, los promotores del actual régimen republicano han hecho declaraciones de respeto hacia la Iglesia».

También en este aspecto cabe preguntar: ¿Por qué un Gobierno republicano, integrado por partidos fundamentalmente anticlericales y por hombres que, salvo dos, vivían fuera de todo trato con la Iglesia, es recibido por ésta de manera tan respetuosa y acogedora? ¿Medían los católicos españoles lo que hubiese acontecido desde el primer día en el campo religioso de no haber sido ésa la tónica del régimen a su nacimiento?

En aquellos momentos, la derecha española, y no hablemos de su zona específicamente confesional, estaba inerme y desamparada. Cuando más tarde se organizó en forma de partido, de prensa, de elementos de acción y de resistencia, hasta dar el fruto en las urnas en 1933, no sólo no existía, sino que habría sido imposible articularlo si la voluntad del régimen no lo hubiese permitido. La guerra religiosa, la persecución religiosa habría sido la secuela del menor intento reaccionario de esa parte de la opinión, si desde su nacimiento la República hubiese emprendido el camino de la lucha. Y no habría sido ella una novedad en la Historia.

Sin apelar al recuerdo de lo ocurrido en Francia en los comienzos del siglo, el ejemplo de Méjico flotaba muy reciente en la memoria de los a clericales españoles para impulsarles por ese lado. Si en vez de ser evolutiva la marcha de la República hubiese sido revolucionaria, como tantos y tantos deseaban y postulaban, en los primeros meses habría quedado desarticulada y rota, con carácter definitivo, toda posibilidad de resistencia, porque la clase social conservadora yacía en aquellos momentos inerme, desunida y desamparada del exterior.

El Gobierno Provisional salvó muchos, muchísimos valores vitales para la Iglesia española. Es claro que jamás fue ello agradecido, ni siquiera reconocido por los beneficiados.

Revisión de normas

Revisión de normas

Con verdadero entusiasmo y fervor patriótico comenzó el Gobierno sus tareas. Estábamos sus componentes acuciados por el deseo de acertar, de realizar obra constructiva y duradera. Trabajábamos intensamente. < Fiel al acuerdo que habíamos adoptado >, cada cual en su departamento procedió a la revisión de las normas que le regían desde tiempo inmemorial. Pocas reformas de estructura fueron, sin embargo, intentadas, porque optamos por respetar la organización administrativa existente y, sobre ella, basar las modificaciones que aconsejaran las circunstancias.

Lo mismo que acontecía en el plan político sucedía en el administrativo. Dos caminos se ofrecían ante nosotros: uno, prescindir de los servidores del régimen caído, introducir en los puestos, singularmente en los principales cargos de la Administración, a los adictos incondicionales de la República, y emprender, después, la radical transformación política y económica del Estado; el otro era el de respetar las bases del Estado monárquico, su estructura tradicional y acometer, paulatinamente, las necesarias reformas para obtener una democratización de los resortes de la Administración estatal.

El primer camino ha sido seguido comúnmente en toda verdadera revolución. No otra cosa ha hecho el régimen franquista después de la guerra civil. Es, en efecto, el medio de garantizar al régimen que nace la fidelidad ciega de sus servidores y el aplastamiento de cuanto le es hostil —o simplemente tibio— para servirle. Lleva, claro es, consigo innumerables injusticias, tragedias de orden familiar, implica una fiscalización odiosa en las conciencias de los servidores del Estado y desata, inevitablemente, la epidemia delatoria, soplonería y ruines venganzas en el ámbito nacional. Lo descartamos, sin vacilar, y para ello hubo unanimidad. Nos pareció injusto, antiliberal, antidemocrático e impropio, dado el tono pacífico y ordenado que había presidido el advenimiento del régimen.

Por añadidura, tuvimos la nobleza de considerarnos y proclamarnos como un Gobierno Provisional, un Gobierno de hecho, que sólo hasta el advenimiento de las Cortes retendría en sus manos la dirección transitoria del régimen y del país. Lo proclamábamos nosotros mismos, pero, además, permitíamos que nos lo recordaran nuestros adversarios por si lo habíamos olvidado, mostrando también con ello una generosidad desusada en casos similares.

El diario más hostil al régimen nacido, insertaba el día 17 en su editorial:

«No se desvanezcan los nuevos ministros, ellos no constituyen sino un Gobierno de hecho; ni más ni menos. ¿Quién les ha nombrado? Nadie desde luego con facultad legítima para hacerlo. El Gobierno está en posesión del poder a título precario, y por ello su misión muy concreta no puede ser sino ésta: dictar disposiciones para resolver las cuestiones inaplazables y preparar unas Cortes Constituyentes que legitimen su obra. ¡A las Constituyentes sin demora!».

Consentir ese tono en la prensa enemiga declarada del régimen a los tres días de triunfar era prueba quizá de excesivo liberalismo. Muestra lo transcrito un dato curioso de aquellos momentos; y es que fueron muchos los adversarios de la República que abrigaban la certeza de que unas nuevas elecciones devolverían a la Monarquía lo perdido. Creían sinceramente que lo ocurrido el 12 de abril había sido debido a una circunstancia transitoria y fortuita, a una especie de sorpresa. No habían medido el hondo, hondísimo cambio sufrido en el campo de la política nacional por el acceso de las masas proletarias organizadas a la vida pública y a las luchas electorales.

La Guardia Civil

La Guardia Civil

Dedicado a esa labor de revisión escrupulosa de las normas que regían lo organismos del Estado, consagré, por mi parte, varios días al estudio de las famosas Ordenanzas del Duque de Ahumada, que crearon el cuerpo de la Guardia Civil y que eran su estatuto. La impopularidad del cuerpo entre las masas obreras, muy principalmente entre las campesinas, era extraordinaria. No sé si con razón o sin ella, pero lo cierto era que la Guardia Civil constituía para muchas gentes la encarnación de la supervivencia de los sistemas inquisitoriales en la averiguación de hechos delictivos y en la depuración de responsabilidades, además de representar la violencia en la represión.

Mis compañeros, incluido el Presidente, me pedían que disolviera el Cuerpo, o, al menos, que lo modificase en tal forma que diésemos la sensación de que lo habíamos disuelto. Tras largas horas de estudio y reflexión me negué categóricamente no sólo a disolverlo, sino a alterar una sola coma de las famosas ordenanzas. Son ellas, en verdad, un modelo de previsión, de organización y de espíritu de disciplina. Me negué, incluso, a la sustitución del tradicional tricornio charolado por otra prenda diferente, como ya, en última instancia, me pedían mis compañeros. La realidad vino pronto a darme la razón, porque en los meses que siguieron, de haber sido disuelta la Guardia Civil o su autoridad y disciplina interna mermadas, nadie habría podido responder del orden y de la paz pública.

Naturalmente que esta conducta implicaba el riesgo de poner enfrente del ministro a una parte de la opinión exaltada de la izquierda del régimen. Era lógico que fuera yo quien sufriera el primer encontronazo. El cargo que me había caído en suerte llevaba aparejado tal sinsabor.

< Los demás organismos dependientes del Ministerio, la Dirección de Administración Local, la de Orden Público y otros servicios secundarios, tampoco ofrecían campo para reformas sustanciales en su reglamentación. Sólo en la Dirección General de Sanidad introduje grandes novedades, gracias al nombramiento del doctor Pascua para director, quien, con gran competencia y no poco valor cívico, arrostró la impopularidad entre sus compañeros y dio a este servicio una tónica moderna y eficaz de que hasta entonces carecía >.

Surgió el primer choque con ocasión de mi conducta con el general Berenguer.

El general Berenguer

El general Berenguer

La animosidad popular contra el General no decrecía. Los gritos que durante las jornadas de regocijo popular se lanzaron contra él habían, claro es, cesado, pero raro era el día en que una parte de la prensa no reclamase sanciones severas contra el Jefe de Gobierno que había encarcelado al Comité republicano y, lo más grave, que había consentido el fusilamiento de Galán y García Hernández.

Corría el rumor, que ésa prensa recogió, de su huida al extranjero, con la aquiescencia del Ministro de la Gobernación.

Así las cosas, la noche del 17 de abril, casi de madrugada, se presentó en mi despacho del Ministerio, el general Berenguer. Vino, por cierto, sin su bigote tan característico y tradicional. Pretendía, según me dijo, que yo le enviase a prisiones militares, para evitar que continuasen los denuestos y las persecuciones de que era objeto por parte de cierta prensa.

Como sobre el suceso y sus detalles publicaron los diarios del 18 una nota redactada por mí, voy a reproducirla para abreviar el relato. He aquí la nota:

«Esta madrugada, a la una, se ha presentado al ministro de la Gobernación, el general don Dámaso Berenguer Fuste, y le ha manifestado que, ante las afirmaciones reiteradas de la prensa de que había huido al extranjero, consideraba un deber presentarse al Ministro para solicitar de él su inmediato encarcelamiento a las resultas del proceso anunciado en una nota oficiosa del Gobierno.

El Ministro, que desde que tomó posesión de su cargo conocía el paradero del General y, por tanto, le constaba no ser cierta la noticia de su evasión, manifestó al General que apreciaba en su valor el acto que realizaba, pero que no podía acceder a su deseo de reducirle a prisión, por estas razones:

Primera: porque no estando iniciado el proceso por el fusilamiento de Galán y García Hernández, habrían forzosamente de pasar, antes de que recayese auto de procesamiento y prisión contra el General, más de veinticuatro horas, que es el plazo que la ley marca como límite a las detenciones gubernativas, y es criterio inconmovible del Ministro no realizar una sola detención ilegal.

Segunda: porque no habiéndose iniciado el proceso, no existe autoridad competente para ordenar el encarcelamiento por los hechos que en él van a perseguirse. Ni la Dirección General de Seguridad, ni el Capitán General, ni mucho menos el Ministro de la Gobernación tienen hoy jurisdicción razonada para ordenar la prisión del general.

Y tercera: porque el Ministro está seguro hoy, como lo estuvo desde el primer momento, de que llegado el instante en que sea precisa la presencia del General ni éste ha de faltar a la comparecencia, ni el Ministro ha de ignorar el lugar en que el General se encuentre.

El General dio al Ministro su palabra de honor de que en todo momento estaría a su disposición para acudir al requerimiento judicial con todas sus consecuencias, y el Ministro rogó al General que volviese a su domicilio».

Añadiré hoy que, para mayor seguridad del visitante alarmado, el Ministro dio orden de que fuese su propio coche oficial el que condujese al General al domicilio de su hermano Federico, donde se alojaba entonces.

Que este «tono» era proceder insólito en circunstancias como las que vivíamos, es más que posible. Insólito y, además, gratuito, porque basta leer el relato de dicho episodio en la obra del propio general Berenguer para comprender que mi gesto no fue «ni agradecido ni pagado». Se limita a referir su presentación, como un acto de valor personal y de gallardía, y silencia lo demás y, por supuesto, la nota publicada en la prensa.

No hay que decir que ese acto del Ministro desencadenó las iras de la zona ya enervada de la izquierda, y fue el principio de una campaña que no cesó, mientras permanecí en el Ministerio, contra mi persona y mi política.

Las voces discordantes que de la extrema izquierda partían fueron las primeras resquebrajaduras del bloque compacto que desde el Pacto de San Sebastián venía actuando con eficacia insuperable. Cierto que esas voces no provenían de ninguna de las fracciones o partidos representados en el Gobierno, pero en aquellos momentos, en los que la delimitación de las fronteras entre los grupos aún estaban en embrión, el resultado venía a ser el mismo: una merma del prestigio y de la autoridad del Gobierno, que la prensa de la derecha, enemiga del régimen, aprovechaba y explotaba a placer.

Para afianzar la demostración de los «modos» que yo entendía debían ser los del Gobierno de la República, para que ésta llegase a encarnar de verdad en la conciencia de las gentes, cuidaba de hacer buena la afirmación que en mis propagandas había reiterado, de que la República sería «para todos los españoles», y no sólo para los republicanos.

Cuando comparecían ante mí las nutridas comisiones de Madrid y también de provincias, en solicitud de alguna medida de gobierno, solía acontecer que, al dar comienzo el portavoz de los comisionados a su preparado y ensayado discurso, sentaba como requisito previo esta afirmación:

—Nosotros, señor ministro, somos republicanos…

En el acto le cortaba el hilo del discurso, y con aire un tanto brusco le advertía:

—No siga por ese camino. Me trae completamente sin cuidado lo que piensen ustedes y si son o no republicanos. Son ustedes ciudadanos que vienen a solicitar algo del poder público. Si ello es justo, lo tendrán ustedes, sean lo que sean. Si no es justo, no lo tendrán, aunque sean más republicanos que Riego. ¿Estamos? Pues adelante.

En las caras de los oyentes leía el asombro, y no pocas veces la satisfacción ante esa rociada. La verdad era que bien pocos de entre ellos eran lo republicanos que decían, ni tenían por qué serlo, saliendo del túnel de los siete años de la Dictadura que había impedido toda vida ciudadana, y cuando los partidos estaban aún en embrión y sin programas definidos.

Los Fondos Secretos

< Los Fondos Secretos

Poco (…) después de llegar al Ministerio, recibí al habilitado del mismo, que venía a cumplimentarme oficialmente. Se trataba nada más que de Prudencio Rovira, secretario que había sido de mi padre durante treinta años, que casi me había visto nacer, con quien me unía una relación de cariño, de confianza y de absoluta identificación de ideas, no ciertamente políticas pero sí humanas y sociales. Era habilitado del Ministerio desde tiempo casi inmemorial, porque había gozado, con sobrada razón, de la confianza de todos los hombres y partidos que por allí habían pasado.

Al darme cuenta de sus servicios, me habló de los fondos secretos. Le pregunté cómo funcionaba ese apartado y cuál era su mecanismo y me dijo lo siguiente:

—El día primero de cada mes, al tiempo de entregar al ministro su paga en cartera de piel de Rusia, tradicional, le hago también la (entrega) de los fondos secretos, que ascienden a setenta mil pesetas. El ministro mete esa cantidad en un cajón de su mesa y nada se vuelve a saber de su destino. Éste ha sido el régimen invariable de siempre, salvo en los dos años que ocupó la cartera tu pobre padre. Cuando en 1902 fue tu padre ministro, ordenó al habilitado que abriera un libro especial para estos fondos, que guardara él la tesorería de ellos y que anotara en contabilidad minuciosa todos los gastos que por orden expresa y escrita del Ministerio fuera preciso hacer a cargo de tales fondos. Apenas salió tu padre del Gobierno, su sucesor volvió al sistema tradicional y hasta hoy así se ha practicado.

—Bien está, le dije yo. Desde hoy volvemos al sistema de 1902. Tú me harás el favor de abrir esa contabilidad y de hacerte cargo de esos fondos. No pagarás un céntimo de ellos sin orden escrita mía y con destino nominal.

No sabía yo en aquel momento lo que encima me echaba con esa decisión. Mi inexperiencia y mi excesiva buena fe no me advertían del aluvión de disgustos que iba a proporcionarme este candado que ponía al libre chorreo de ese maná ministerial. Era el día 16 del mes de abril cuando esto ocurría. Ya no había un solo céntimo de las setenta mil pesetas que el día 1 habían sido entregadas por Rovira al último ministro del Rey. No tenía pues nada que hacer sobre el particular en lo que quedaba de mes.

El 1 de mayo, o por mejor decir el 3, por ser festivos los dos primeros días de ese mes, viene Rovira con la paga de ministro. Diré al pasar que esta paga se reducía entonces a dos mil trescientas pesetas, encerradas, eso sí, en magnífica cartera de piel de Rusia. Con esa paga un ministro de entonces no podía atender ni siquiera a los gastos de comida que forzosamente había que hacer en el Ministerio los días en los que su presencia era indispensable en todo momento en él. Era inconcebible esta parquedad en la remuneración de cargos tan importantes. Para ser ministro, resultaba indispensable contar con fortuna personal, pues de lo contrario, quienes desempeñaban las carteras salían entrampados o arruinados sin remedio. La honestidad y hasta el altruismo de los hombres públicos durante los años de la Monarquía restaurada había sido proverbial. Todos ellos habían muerto, si no en la miseria, notoriamente pobres, y algunos en franca y declarada ruina. Las dos o tres excepciones a la regla general eran conocidos de todo el mundo, y la sanción del desprecio y de la mala fama de los interesados había caído inexorable sobre ellos.

Diome cuenta Rovira de haber abierto la contabilidad según lo convenido. Me preguntó qué pensaba hacer con los sueldos de periodistas y «chicos de la prensa» que de tiempo inmemorial cobraban «por Gobernación» mensualmente. Como desconocía la lista y aún el hecho mismo, le pedí que me procurase una completa y detallada con nombres, no sólo de los agraciados, sino también de los periódicos a que ellos pertenecían. Así lo hizo en breves instantes y pude comprobar que, salvo contadísimas excepciones, toda la prensa madrileña recibía cantidades de manos del ministro en persona, cada mes. No constaba en parte alguna la cifra que cada cual solía recibir y en esto consistía por lo visto el «secreto» de esos fondos. Decidí suprimir sin más trámites todas estas subvenciones, dejando tan sólo en pie, para ser percibidas de manos del habilitado y previo recibo, las gratificaciones de tres muchachos de la prensa que venían, en nombre de sus compañeros, a la información diaria en el Ministerio. Fijé en mil pesetas cada una de estas gratificaciones, en vez de las quinientas que hasta ese momento percibían los interesados.

Con esta decisión, adoptada, claro es, a sabiendas de lo que me esperaba, volqué sobre mí la enemiga irreconciliable de todos los diarios madrileños, que necesitaban por lo visto de ese maná para ir tirando. De los diarios, pero sobre todo de sus directores y jerarcas. (Amplía sobre) cuantos medios (…) infinitos tiene la prensa para hacer daño a un ministro. El romanticismo con que había yo emprendido la obra republicana unos años antes, y mi deseo de sanear lo que yo creía que estaba, si no podrido al menos manchado de impurezas, me llevaron a esta determinación impolítica y peligrosa. (…) El hecho fue que, de todos los ministros del Gobierno Provisional, fui yo quien gozó de «mala prensa» con más acusada y tenaz persistencia. No me inquietaba el hecho, ni alteró, creo yo, en nada, la fatal trayectoria de mi destino político, pero resultaba enervante para mis amigos la injusticia, a veces escandalosa, con que era tratado por la prensa republicana, que hacía coro descaradamente a las censuras y hasta las injurias con que me gratificaba la prensa monárquica. Declaro que nada de esto me afectaba personalmente, sino que, por el contrario, me hacía cierta gracia verme traído y llevado de mala manera por quienes yo sabía mejor que nadie lo que pretendían con sus ataques. Condición ésta de mi carácter, que me ha proporcionado en mi ya larga vida no pocos disgustos y malos ratos, pero que jamás he podido desarraigar de mi largo repertorio de defectos.

Aparte de la prensa, era por lo visto también consuetudinaria, a la entrada de un partido en el Gobierno, la formación de una lista más o menos larga de adeptos y partidarios que habían de percibir mensualmente una pequeña remuneración, por sus desvelos por la causa. Está claro que siendo el provisional el primer Gobierno del régimen, esa lista no existía. Pero como esas costumbres tradicionales tenían carta de naturaleza entre los madrileños, todos lo sabían y los aspirantes a la sucesión de los paniaguados monárquicos en la lista republicana cayeron sobre mí en alud arrollador. Fue esta legión mucho más difícil de batir y soportar que la de la prensa y los plumíferos. Es increíble la suma de servidores de la República en trance de miseria que desfiló por mi despacho. Toda la gama de tonos para justificar su «derecho» era utilizada por los interesados. Desde el suplicante, humilde y casi llorón hasta el bravucón y chulo, pasando por el silogismo con premisas y conclusión, que demostraba, como dos y dos son cuatro, que sólo el exponente tenía derecho a percibir la mitad por lo menos de los fondos destinados a esos menesteres patrióticos. Resultaba divertido y lo hubiera sido en verdad, si otras más graves y terribles ocupaciones no hubieran embargado mi tiempo, día y noche, en forma abrumadora. Como no era el buen humor lo que podía caracterizar aquellos momentos para mí, hubo no pocos de estos desdichados que recibieron chaparrones seguramente desproporcionados con la pretensión y con las circunstancias.

Entre las innumerables proposiciones que me fueron sugeridas, recuerdo, por lo original, la que formuló cierto ciudadano a quien había yo conocido vagamente meses antes en el Ateneo, al atravesar los pasillos para acudir a las reuniones del Comité Revolucionario. Era, como tantos otros de su género y estirpe, un perfecto bohemio de pelo largo, cara rasurada, pulcritud deficiente, uñas negras, manchas y lamparones profusa y artísticamente diseminados por toda la vestimenta, y ésta, tan lustrosa y brillante que, viéndole venir cara al sol, diríase que quien se aproximaba era un coracero.

Este personaje me desarrolló ampliamente la siguiente tesis. Mis peores enemigos eran y serían siempre los católicos y gentes de Iglesia; yo no quería convencerme de ello, porque era un ingenuo demasiado bueno y caritativo y no comprendería nunca la maldad que esas gentes atesoraban; si no me defendía con armas eficaces, sería fatalmente deshonrado y arrollado por ellas; como mi interlocutor había sido siempre un furioso anticlerical, se había dedicado a reunir datos precisos sobre la vida y milagros de innumerables sacerdotes influyentes en las parroquias de Madrid; con muy poco esfuerzo podía él poner al día estos datos, y se brindaba a poner sobre la mesa de mi despacho, en brevísimo plazo, una relación detallada de los devaneos de párrocos, vicarios, coadjutores, canónigos y, por supuesto, del obispo, con detalles precisos de horas, días, cómplices y lugares en que los santos varones se dejaban deslizar por la pendiente del pecado: para tener al día este trascendental registro, bastaba que el exponente pudiera dedicarse de lleno a ese trabajo, abandonando todos los demás que le ocupaban, que ni él hubiera podido decir en qué consistían, bastando mil quinientas pesetas al mes para que este arma decisiva en mi lucha contra «la carca» estuviera siempre a punto y apercibida.

Con mayor o menor resignación oía yo éstas o tras parecidas sugestiones, según las preocupaciones que en aquel momento me embargaban. Alguno hubo de salir de mala manera de mi despacho, porque sintiéndose alano, no soltaba la presa hecha sobre mí y eternizaba su visita. Salvé íntegramente el peculio del Estado de esta jauría de hambrones y de vivos. No me abandoné, ni cuando me presentaban una larga serie de letras impagadas, aceptadas por algún colega de Gobierno años atrás en la época heroica de la oposición y de la miseria: mas todo ello redundaba en una impopularidad hostil y hasta enconada entre los innumerables correligionarios aquejados del mal —no por lo crónico menos doloroso en aquellas horas— del «cocido a la funerala».

Aún más difícil y delicada era la negativa a las pretensiones de los candidatos a Cortes que, tan pronto como quedó abierto el período electoral, acudían a mí en demanda de medios económicos para hacer frente a la lucha contra «la carca» enemiga. Hombres pertenecientes a todos los partidos republicanos y algún que otro socialista —aunque éstos fueron pocos—, y de dudosa calificación moral y hasta política, venían a pedirme cantidades crecidas que sólo del Gobierno podían obtener, porque sus medios personales y sus relaciones eran impotentes para procurarlas. Si hubiera dejado correr la liberalidad en esa ocasión, hubieran sido notoriamente insuficientes las setenta mil pesetas, para atender a la tercera parte de las demandas. Mi argumento de la necesaria y obligada neutralidad del ministro en la contienda electoral les enfurecía. Eso no sólo no lo entendían, sino que lo censuraban con acritud y vehemencia, porque la República no podía ser neutral en esa lucha en la que se jugaba su vida y porque el apoyo y auxilio a los correligionarios era el más elemental deber de un Gobierno que se preciaba de republicano. Comprendía yo sin dificultad la serie de enemigos más o menos encubiertos que me estaba haciendo en ese período de constante y tenaz negativa a esta clase de demandas, pero sabía bien que cuantos peligros me anunciaban los demandantes eran puramente imaginarios, porque ni la fuerza de los adversarios era la que ellos decían, ni la República corría más riesgo por tener una oposición derechista que por deshonrarse empleando los fondos del Tesoro en la contienda ciudadana. En cualquier caso, el sistema era incompatible conmigo.

A través de estas graves vicisitudes, llegó sana y salva la consignación de fondos secretos al término de mi gestión. El día en el que hice entrega a mi sucesor, Casares Quiroga, del Ministerio, recibió éste de mis manos la cantidad de cuatrocientas siete mil pesetas, importe de la suma de las 70. 000 mensuales durante los seis meses que había regentado el Departamento, con la sola merma de las 3000 mensuales que percibían los periodistas que hacían información en él y algún pequeño gasto adyacente. De esta entrega se levantó acta solemne que conservo según creo todavía en mis archivos, a menos que la angurria falangista no haya entrado a saco en ellos, en el curso de estos años de emigración y de destierro (que ya sabemos que sí).

El fruto de este rigor administrativo lo recogí sazonado, meses más tarde, en las Cortes y en la oposición. Pocos hombres de la República del 14 de abril fueron menos populares que yo. Disfrazaban la oposición que se me hacía con colores varios, y se alegaba mi derechismo, mi procedencia, mi carácter impulsivo y poco conciliador, mis arranques peligrosos ante los Gobiernos que se sucedían en el poder, y, en fin, toda suerte de taras que quizá tenga en efecto, pero que jamás fueron obstáculo para otros, aquejados de ellas en mayor o igual medida que yo. La verdad era que resultaba para muchas gentes un político poco comprensivo y dúctil, excesivamente puritano y esclavo de una pulcritud incompatible con la defensa de la República, gravemente amenazada siempre por los «cavernícolas» millonarios >.

Los «modos» de otros ministros

Los «modos» de otros ministros

No era sólo el Ministro de la Gobernación el que con sus actos mostraba el deseo de no dañar ningún interés legítimo. Otros ministros hacían lo propio. Por ejemplo, el de Hacienda, el socialista y «revolucionario» Indalecio Prieto, dos días después de la toma de posesión de la cartera, hizo a la prensa unas manifestaciones de las que prefiero copiar literalmente el párrafo siguiente:

«En la entrevista que he celebrado con el Consejo Superior Bancario, les he expresado en primer lugar mi gratitud por el ofrecimiento que de su adhesión me ha hecho la Banca privada, en el que he visto algo más que una mera fórmula de cortesía y de deferencia hacia el nuevo régimen. En cuanto a los empréstitos, conversiones, créditos, avales, etc., realizados por la Dictadura, les he manifestado, que por grandes que sean los defectos legales que presenten, se respetarán religiosamente. Mi presencia en el Ministerio de Hacienda es garantía de que tales operaciones serán respetadas y atendidas con toda escrupulosidad».

No es fácil que hoy se mida con exactitud lo que esta posición, frente a los actos financieros de la Dictadura, representaba para la Banca privada y para los intereses personales de sus principales gestores. Habían sido innumerables las operaciones de crédito realizadas por la Dictadura, y la oposición había dicho y reiterado que no se haría solidaria de su cumplimiento y buen fin si lograba el triunfo de su causa. Para la mayor parte de las entidades bancarias, y para muchos particulares, ese repudio habría entrañado la quiebra sin remedio, o un quebranto gravísimo e irreparable. Era un ministro socialista y del prestigio «revolucionario» de Indalecio Prieto, quien tranquilizaba en forma tan categórica a los alarmados capitalistas… Huelgan comentarios.

Otro ministro, también socialista, Fernando de los Ríos, que desempeñaba la cartera de Justicia, tan propensa a choques con la autoridad eclesiástica, dos días después de posesionarse del cargo decía a los periodistas que le preguntaban si era cierta la noticia de la inminente separación de la Iglesia y el Estado por decreto ministerial, lo siguiente:

«No es cierta la noticia. Ésa es una cuestión estatal, que sólo puede resolver el Parlamento. Serán, pues, las Cortes Constituyentes, en las que estarán representadas todas las opiniones y todas las fuerzas sociales, las que decidan. El Gobierno sólo podrá preparar una ponencia que llevará ante las Cortes, pero serán ellas las que decidan».

Ni siquiera para calmar la impaciencia de la extrema izquierda del régimen, que ya empezaba a mostrar su nerviosismo, este Ministro socialista quiso eludir o enmascarar la auténtica posición del Gobierno en tan espinosa materia.

Estos «modos», junto con la limpia ejecutoria de su nacimiento, proporcionaron a la República recién nacida el privilegio de ser reconocida por la totalidad de los países extranjeros antes del octavo día de su vida.

En efecto, el 22 de abril, todos los Gobiernos extranjeros habían reconocido al nuevo régimen.

CAPÍTULO III

LAS TRES FIGURAS DEL GOBIERNO PROVISIONAL

Por qué sólo tres

Por qué sólo tres

Antes de seguir adelante con el relato un tanto somero que vengo haciendo de los sucesos acaecidos en estos meses históricos, quiero dejar bosquejadas las siluetas de los hombres que jugaron los principales papeles. No tengo la pretensión de trazar la biografía de cada uno. Sería impropio de la naturaleza de este libro y, probablemente, empresa superior a mis escasas facultades de escritor. Voy a presentárselos al lector tal cual les vi y juzgué en su acción y en sus respectivos caracteres, con sus cualidades y sus defectos. Como ello no empece lo más mínimo a la gran estima que por los tres sentí, amén del hondo afecto y amistad estrecha que con uno de ellos me une, espero me habrán de ser perdonados mis juicios, si en algo pecasen de molestos.

Son tres las figuras que deseo presentar al lector. No porque los demás miembros del Gobierno fuesen gente baladí, sino porque, en estos meses cruciales, sólo tres de entre ellos tuvieron ocasión de mostrarse como factores decisivos en la gestión gubernamental. Algún otro que muchos meses después llegó a desempeñar papel importantísimo en la vida del régimen republicano —me refiero a Martínez Barrio—, en esos primeros de la República no tuvo ocasión de mostrar sus indudables cualidades de hombre de gobierno y de político sagaz y honrado.

Otro de los miembros del Gobierno de quien ya nada he de decir en este capítulo es precisamente el que, por su historia republicana y por su popularidad indiscutible, descollaba sobre nosotros. Me refiero, claro es, a don Alejandro Lerroux, de quien ya tengo dicho lo suficiente.

Los tres ministros, cuyas siluetas intento bosquejar son: nuestro presidente, Niceto Alcalá Zamora; el de Hacienda, Indalecio Prieto; y el de la Guerra, Manuel Azaña.

Niceto Alcalá Zamora

Niceto Alcalá Zamora

Nuestro Presidente era un hombre originalísimo y excepcional. En primer lugar era bueno, de gran corazón y de una honradez y limpieza de conducta, en todos los órdenes de la vida, inigualables. Gran orador, grandilocuente al estilo castelarino, pero con ribetes gongorinos, poseía tal caudal de palabra y tal fluidez de expresión, que resultaba difícil acompañarle en su razonamiento a través de sus filigranas oratorias. Tras un discurso suyo de más de una hora, el oyente de verdad atento quedaba molido y para el arrastre.

Abogado célebre, jurista y jurisperito a la vez, versado como pocos en leyes y especialmente en las de procedimientos, que siempre cultivó con ahínco, ayudado por su memoria sencillamente colosal, venía a ser un Alcubilla viviente. No existía ley ni precepto de alguna importancia en cualquier materia que él no conociese con su fecha y las circunstancias de su promulgación. Culto en grado sumo, con cultura general lo mismo filosófica que histórica, resultaba un amenísimo conversador. Le ayudaba, además, su especial gracejo andaluz, que dejaba correr sin freno en ocasiones, no siempre oportunas, como verá el lector a continuación.

La más excelsa de sus muchas cualidades era su memoria. Creo que no cabe en lo humano llegar a más. Véanse dos ejemplos, entre cien que podría referir.

Cierto día, en la cárcel Modelo, se hablaba, entre los reunidos en la galería de políticos, de la retentiva. Afirmaba Niceto que el secreto estribaba en la memoria visual, y que guardando en ella la imagen de lo que se ha leído o visto lo demás viene por añadidura. Como algunos no opinaban lo mismo, nos brindó una demostración práctica realmente asombrosa.

Tenía entre sus libros, traídos a la celda para lectura nocturna, El Criticón, del jesuita aragonés Baltasar Gradan, en una edición en octavo, obra escrita, como es sabido, en un castellano difícil y alambicado. Pues bien, nos dio a elegir una de sus páginas; la elegimos buscando la más enrevesada posible, y afirmó que le bastaban minutos de encierro en su celda para grabarla en su memoria, en forma de repetirla a continuación sin una falta. En efecto, transcurridos los diez minutos le llamamos, y, entregándonos el libro, recitó sin un solo error la página entera. Nos dejó, claro es, más que asombrados. «Nada tiene de particular —decía—, la tengo reflejada aquí dentro tal y como la he visto…».

El otro ejemplo que voy a referir es aún más expresivo de esa asombrosa cualidad.

Habíamos sido convocados para un Consejo extraordinario, que había de consagrarse al estudio y aprobación de los decretos que, sobre legislación social, había preparado Largo Caballero. Eran numerosos y sus copias nos fueron entregadas, a cada uno de los ministros, la antevíspera del día del Consejo. Ni que decir tiene que nos había faltado el tiempo material, a mí al menos, para leerlos tan sólo, cuanto más para escudriñarlos y analizarlos. Fui al Consejo, pues, más bien de oyente.

Me sorprendió que el Presidente llevase el montón de decretos consigo. Supuse, conociéndole, que los habría estudiado a fondo y me tranquilizó tal supuesto, porque ello me permitiría conocer su contenido. Llegamos al momento de la exposición de los decretos por su autor, y el Presidente, que tenía el montón a su lado, lejos de su vista, tomó la palabra y empezó así:

—Vamos a ver, don Francisco. Decreto número uno, página primera; línea doce: donde dice usted «quien», debe decir «quienes», porque es plural; línea 22, donde dice usted «decreto» de tal fecha debe decir «ley», porque no fue decreto sino una ley que dio Canalejas; página segunda, línea tres, donde dice… debe decir…

¡Y así, sin vacilar un segundo, durante cerca de media hora, sin consultar un papel ni una nota, sin tener delante los decretos, con los ojos entornados que parecían cerrados, como un vidente!

Estábamos asombrados, con las miradas fijas en el artista y sin atrevernos casi a respirar. El más sorprendido era Largo Caballero, el autor de los decretos, que no daba abasto para seguir en las páginas mecanografiadas las acertadas correcciones que iba haciendo el censor.

De pronto, Prieto, que siempre se mostraba con ufana naturalidad y sin la menor ceremonia, soltó una estrepitosa carcajada.

El Presidente, sin variar siquiera de tono y sin parar un segundo, preguntó:

—¿De qué se ríe el gran Indalecio?

—¡De que es usted un tío de circo!

La carcajada se generalizó y respiramos. El Consejo continuó al mismo ritmo y con idéntico sistema, aceptado ya, unánimemente, como normal.

Reconozcamos que esa portentosa memoria era una cualidad de doble filo y, no pocas veces, peligrosa. También le servía para no echar en olvido el más ligero agravio o supuesta ofensa que se le infligiera. Por eso, solía decirme cuando le frenaba, o pretendía frenarle, en sus iras contra alguien:

—Yo, Migué, no soy rencoroso, pero el que me la hase, me la paga.

En efecto, tuve ocasión de comprobarlo por mí mismo en ocasión que más adelante referiré.

Fue el Presidente de un Gobierno heterogéneo y complicado, pero supo aunar voluntades, y, lo que era más difícil, logró mantener la cohesión de sus miembros, a través de no pocas vicisitudes inevitables, sólo a fuerza de bondad y rectitud personal. < Es forzoso convenir que Niceto jamás presidió de verdad el Consejo de Ministros. No fue nunca presidente en el verdadero sentido de la palabra. Cada uno de nosotros era soberano en su Departamento. En los Consejos, cuando algún tema vidrioso y difícil surgía a debate y los ánimos se apasionaban, Niceto metía la cabeza en el papel que tuviera delante (…) >. Los ministros sentíamos por él verdadero afecto y pasábamos la esponja sobre sus rarezas y manías, algunas de las cuales alcanzaron carácter enfermizo. La figura de Niceto Alcalá Zamora, pese a sus errores, que los tuvo, sale nimbada de una aureola de bondad, de patriotismo, de rectitud, de honradez acrisolada y de ferviente deseo de acierto, virtudes congénitas en él que plasmaron su respetable personalidad.

Su mayor defecto era su manía persecutoria, que fue acentuándose debido, sin duda, a la fatiga que el trabajo que sobre él pesaba llegó a causarle. Por cualquier futesa, ignorada de nosotros, imaginaba un complot, urdido contra él y nos presentaba la dimisión, dejando encima de su cartera del Salón de Consejos una carta cerrada cuyo sobre decía: «Para los señores ministros».

La primera vez que nos hizo la faena nos alarmó, y hasta llegó a preocuparnos. Cuando supimos que estaba en su despacho, es decir, tres puertas más allá del salón, fuimos en colectividad a buscarle y darle las necesarias explicaciones, si de veras le habíamos ofendido involuntariamente en algo. No logramos saber la causa imaginaria o recóndita de su decisión, porque se negó a decírnosla, pero pronto cedió, y juntos volvimos al Salón de Consejos.

Como ese gesto se repetía con frecuencia, se convirtió en trámite normal. Ya no leíamos siquiera la carta, generalmente llena de agravios encubiertos para todos nosotros, por dudar, sin la menor razón, de nuestra lealtad hacia él. Los demás ministros permanecían en el salón y era yo el encargado de traer al redil a la oveja descamada. Invariablemente, entraba en tromba en su despacho y, sin la menor ceremonia, le tomaba por el brazo diciéndole:

—Basta de bromas, don Niceto. Ahora mismo viene usted al Consejo, que hay algo más que hacer que ocuparnos de zarandajas y visiones.

Cruzaba con él los tres despachos intermedios, mientras iba él protestando:

—Que no, Migué, que no vuervo, que no se me considera ni se me respeta. ¿Que se busca mi dimisión? ¡Pues ya la tienen! Llegábamos a la Sala de Consejos, le sentaba en su sillón presidencial y… no volvía a hablar del asunto.

Lo que demuestra su auténtico valer y su indiscutida hombría de bien es el hecho de que esas escenas, un tanto pueriles, no mermasen en forma grave su autoridad presidencial. Eran «cosas del Presidente», por las que pasábamos sin darles mayor importancia que la que en realidad tenían.

Otra manía —ésta más agradable— era la jocosidad que de pronto se apoderaba de él y le impulsaba, en los momentos más serios, a lanzar una cadena de chistes y de frases intencionadas, frecuentemente con gracejo andaluz de buena ley, pero algunas veces inoportunas para quien no estuviese en esa hora con ánimo propicio a la ironía. Esta pequeña manía sufrió rudo golpe, y hasta quedó cortada algún tiempo, debido a un incidente que voy a referir, por ser significativo como muestra de su carácter y, a la vez, retrata al otro protagonista del mismo: Manuel Azaña.

Creo recordar, aunque no estoy seguro, que fue ello en el Consejo al que Azaña llevaba sus reformas del Ejército. Desde luego, era un día dedicado al Ministro de la Guerra, que, sentado como siempre, junto a mí, tenía ante sí la mesa llena de documentos y papeles. Hizo la casualidad que, en aquellos momentos, Niceto sintiese fluir su jocosidad, y, sin cesar, interrumpía al Ministro con frases más o menos ingeniosas.

Notaba yo que mi vecino empezaba a descomponerse y, conociéndole, esperaba de él una reacción violenta y desagradable.

En efecto, de pronto, sin parar su disertación, oprimió el timbre que cada uno de los ministros tenía a mano en la mesa.

Justo, en ese instante, surgió una de las interrupciones cómicas del Presidente: se abrió a la vez la puerta y apareció el portero mayor que, respetuoso, se inclinó y esperó.

Azaña, sin inmutarse, se volvió hacia él y le ordenó

—Que traigan una guitarra, a ver si acompañamos estas peteneras.

Hice señas al portero de que se retirase. Azaña siguió impertérrito su exposición, sin variar el tono de la misma. Niceto calló definitivamente. Los demás quedamos silenciosos.

Indalecio Prieto

Indalecio Prieto

De Indalecio Prieto cabría decir tantas cosas que sería menester un voluminoso tomo para narrar su larga y agitada vida.

No es éste, ni con mucho, mi propósito. Sólo quiero apuntar lo que a esta época de su vida y de la mía se refiere. Entre otras razones, para que quede constancia impresa de la opinión, desinteresada e imparcial, de alguien emplazado políticamente en el polo opuesto que, por haber convivido con él intensamente durante tan largo período, afirma que cuanto se dice, se propala y se inventa por las incorregibles gentes de la derecha española, es falso, calumnioso y, por añadidura, estúpido.

Digan cuanto digan, la Historia hará al fin justicia, tanto más severa cuanto mayores hayan sido el encono y la maldad de los impostores. No dude nadie que la figura de Indalecio Prieto será respetada por los españoles del mañana, más, mucho más, que la de tantos y tantos falsos santones de la España de los años de autocracia.

La primera cualidad de Prieto es su gran corazón. Una vez le oí decir, en momentos en los que una gravísima afección cardiaca ponía su vida a un paso de la muerte:

—Es el corazón. Lo he dado tanto, que me quedo sin él.

No es exagerada esa frase. Si de verdad el corazón se gastase al prodigar la bondad, hace muchos años que lo habría perdido.

He conocido pocas, poquísimas personas más abnegadas, más prontas a sacrificarse por sus amigos, más dadas a la compasión, más desinteresadas, en una palabra, más buenas, que Indalecio Prieto. Ese Prieto que ciertas gentes pintan como un desalmado un forajido, arquetipo de la maldad, es una auténtica encarnación de la bondad y de la rectitud.

La segunda cualidad fundamental es su talento. En el curso de mi larga vida he tenido mil ocasiones de tratar de cerca a personas inteligentes, con inteligencia aguda y, a veces, extraordinaria. Pues bien, no he conocido talento natural más despierto y más ágil que el de Indalecio Prieto.

De formación autodidacta, de un origen más que modesto, casi misérrimo, logró elevarse en la escala social hasta desempeñar papeles de primer plano, no sólo en España sino en otras partes del mundo, lo que no hubiese sido posible sin esa cualidad —que debe a la Providencia—, aunque quizás él no lo crea.

Ese don le permitía intervenir y opinar en toda suerte de materias, aun las más ajenas a su habitual ocupación, con tal acierto que los versados en ellas se veían obligados a reconocerle la máxima beligerancia. Muchas veces, por ejemplo, comentábamos, Felipe Sánchez Román y yo la precisión del juicio de Prieto sobre temas de Derecho totalmente desconocidos para él, y que, sin embargo, mantenía y razonaba como un auténtico jurista.

Fruto de ese talento natural fue cuanto hizo en el Ministerio de Hacienda, al que llegó sin la menor preparación previa y que desempeñó, según juicio unánime, en forma ejemplar. Bastaron los meses que en ese cargo permaneció, para capacitarse en materias económicas y financieras suficientemente, para debatir con éxito notorio en las Cortes con Calvo Sotelo sobre la obra económica de la Dictadura.

Otra de las cualidades excepcionales era su rectitud. Resultaba como una reacción física en él, la protesta airada, y a veces violenta, contra toda inmoralidad o injusticia que se cruzase en su camino. Como nunca disimulaba su pensamiento, sino que acostumbraba expresarlo en los términos más crudos, bastaba que barruntase una intención torcida en alguien o algo para que exteriorizase su oposición cerrada e inconmovible al intento. Dada su capacidad extraordinaria para juzgar con exactitud a las personas y la completísima información, que nunca supe cómo se procuraba, sobre la vida y milagros de las gentes, resultaba un vigía avanzado dentro del Gobierno, de la limpieza de conductas y de personas llamadas a prestar servicios o desempeñar cargos en la República.

Innumerables ocasiones hubo en el curso de esos primeros meses de vida del Gobierno en que al presentarnos un ministro cualquiera la propuesta de alguien para un cargo más o menos importante, singularmente para los Gobiernos Civiles, Prieto, con una sencilla exclamación, dejaba fuera de combate al propuesto. «Ése es un imbécil» o «Ése es un sinvergüenza», decía, y a renglón seguido refería su vida y su historia como si lo conociese de siempre; su certero anatema bastaba para eliminar al candidato. Los pocos gobernadores que él me propuso fueron, no sólo inmejorables, sino que resultaron casi los únicos supervivientes de la implacable poda que en los seis meses de Ministerio hube de hacer, de entre los que me facilitaban los partidos republicanos por intermedio de sus ministros.

No dejaba de ser importante el servicio que con ello nos prestaba, porque los partidos, aún amorfos e inéditos en cuanto se refería a funciones de gobierno, era natural que careciesen de hombres de probada capacidad para los puestos de mando en la Administración o en la política.

He referido en un capítulo anterior que Prieto fue quien llevó en su mano la única actividad seria de carácter revolucionario en el período anterior a nuestro ingreso en la cárcel y a su expatriación. También he relatado su irrupción en el campo de la propaganda oral con carácter abiertamente violento y revolucionario, a partir del discurso que pronunció en el Ateneo el 25 de abril de 1930. Pues bien, la mejor demostración del talento político de Indalecio Prieto está en el hecho, bien notorio, de que bastó su acceso al Ministerio de Hacienda, es decir, a un puesto de máxima delicadeza y de suma responsabilidad, para adaptarse al tono y a la mesura propia de un hombre de gobierno. Ni una palabra destemplada, ni un gesto violento, ni una medida de venganza, o de represalia, o de persecución. Fue el ministro más «conservador» del Gobierno Provisional, pese a sus antecedentes y a su temperamento tan conocidamente exaltado.

Muestra de su carácter, de su bondad y de ese modo conservador que adoptó en el Ministerio, fue su actitud con la familia real. Como ministro de Hacienda le incumbía la guarda y custodia del Palacio Real, que había pasado a ser propiedad nacional. Para desempeñar el papel de encargado de tal misión nombró a cierto capitán de carabineros, amigo suyo, llamado Cueto, persona ejemplar y adicto incondicional suyo.

Por su salida precipitada, la familia real había dejado tras de si todo el ajuar familiar, lo mismo de efectos personales que de muebles y hasta alhajas. Una de las damas de la reina, Concha Heredia, pidió a Prieto un plazo para recoger y embalar esos enseres y efectos, rogándole que durante él se prohibiese la entrada en Palacio al pueblo, que estaba, como es lógico, impaciente por visitarlo. Accedió Prieto, sin dificultad, exigiendo tan sólo de la señorita de Heredia su palabra de honor de que nada saldría de Palacio que no fuesen objetos estrictamente personales de la familia.

Durante ocho días, el pueblo de Madrid vio negado el acceso al Palacio que creía haber conquistado para sí con el desahucio de sus habituales inquilinos.

En innumerables cajones fue almacenado, y más tarde expedido al extranjero, dicho ajuar, sin que Prieto exigiera otra formalidad que la vigilancia, atenta pero cortés, de su representante Cueto. Puede afirmarse que este gesto magnánimo fue el primer acto oficial, como ministro de Hacienda, del máximo paladín de la violencia revolucionaria hasta el 14 de abril.

El celo escrupuloso que ponía en las tareas que le incumbían le amargaban la vida. Dos grandes preocupaciones le agobiaron durante esos primeros meses a los que me estoy refiriendo: el daño causado a la moneda española, primero por la emigración de capitales, luego por la campaña sorda, pero constante, de difamación que determinadas clases conservadoras emprendieron con ahínco desde el primer día, y un mes más tarde, por la quema de los conventos, fue para Prieto la causa de un verdadero martirio. La baja de la peseta en el mercado internacional le sacaba de quicio y le angustiaba en forma quizás exagerada, porque llegó a convertirse en obsesión.

Otra no menor le afectó: el ligero aumento de la circulación fiduciaria, que, inevitablemente, hubo de producirse por las mismas razones que la baja de la peseta y, además, por el déficit natural en la recaudación de los impuestos en los primeros meses del cambio del régimen. Alcanzaba entonces la circulación de billetes la cifra, hoy irrisoria, de cuatro mil ochocientos noventa y tres millones de pesetas, y merced a las necesidades perentorias del momento, hubo de subir a los cinco mil millones. El día en que se vio obligado a autorizar esa pequeña subida, nos presentó en el Consejo (que celebrábamos a diario) un cuadro tétrico y angustioso.

Recuerdo que yo, que no compartía ese miedo al hecho en sí, por juzgarlo insignificante, dadas las circunstancias, le dije para tranquilizarle:

—Bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene de particular que lleguemos a los cinco mil o cinco mil quinientos millones, en horas como éstas, en las que se ha cambiado nada menos que el régimen? ¿Qué significa eso para la marcha del país y a quién ha de extrañarle?

—Usted es el hombre del «¿y qué?». Todo lo arregla con eso —me contestó, enfadado.

Tenía yo razón, como el tiempo demostró, puesto que nada vital sufrió el menor quebranto por ese hecho; pero las angustias de Prieto no cesaron mientras ocupó la cartera de Hacienda, que abandonó gustosísimo más tarde (cuando yo ya no formaba parte del Gobierno) para pasar a la de Obras Públicas, donde realizó una labor meritísima.

Aún hoy, más de un cuarto de siglo después, se utilizan y se continúan, claro es que en forma vergonzante —sin duda para no contribuir a la gloria de su iniciador—, las obras que él planeó y, en gran parte, terminó.

Era Indalecio, en el Gobierno Provisional, la cabeza política del mismo. Como político, estaba a cien codos por encima de sus compañeros, por su visión realista, por su concepto de la autoridad, por su flexibilidad en el enfoque de los problemas y, muy destacadamente, por la dosis ingente de conocimiento de los hombres, de sus cualidades y sus defectos.

Yo veía en él el compañero de Consejo verdaderamente eficaz para ayudarme en mi labor, abrumadora desde que se desencadenó la violencia en la calle por obra y gracia de la CNT.

No obstante los múltiples quehaceres que le agobiaban venía casi todas las noches a Gobernación, y juntos velábamos hasta el amanecer, atendiendo yo a las incesantes llamadas telefónicas de los gobernadores que, en el ochenta por ciento de los casos, no eran sino la muestra palpable de la inconcebible incapacidad de mando que les caracterizaba. Fue para mí, en aquellas horas amargas, un gran amigo y un generoso cireneo. Con ello aumentó, si cabe, el hondo afecto y la alta estima que, desde que le conocí, le profesaba.

No abrigo la pretensión de pintar a Indalecio Prieto como un hombre perfecto. Sería pueril pretenderlo. Tuvo, como es lógico, defectos, los defectos propios de sus grandes cualidades, pero ellos aparecieron más tarde, mucho más tarde, cuando yo había ya abandonado el Ministerio y desde la oposición (que para mí duró lo que el resto de vida de la República) juzgaba y censuraba los actos de los Gobiernos. Por eso no voy a analizarlos ahora, y menos a mostrar las dolorosas e irreparables consecuencias que ellos acarrearon a la República.

Baste con decir que los defectos que pude achacarle en los años que le traté con la máxima frecuencia, es decir, desde 1930 hasta 1936, fueron, su peligrosísima impulsividad, lo que yo llamaba las «prietadas», equivalentes a verdaderos terremotos políticos, y su ciega obediencia a la disciplina del Partido Socialista, que frustró para España y para la República el magnífico caudal de capacidad de gobierno que llevaba consigo, metiéndole en la vía muerta de un partido de clase. Jamás se prestó a romper, ni siquiera a consentir el diálogo sobre un posible rompimiento de esa lamentable disciplina, que le incapacitaba para desempeñar su auténtica misión de jefe de Gobierno, que habría aunado en torno suyo a cuantos veíamos en la política que representaba él (no el Partido Socialista) la suprema garantía de buen gobierno.

Como síntesis de mi juicio sobre Prieto, quiero decir, sin rebozo, que el único político en activo —excluyo de este calificativo a Felipe Sánchez Román, que sólo pretendió ser un político circunstancial—, el único político, repito, bajo cuya dirección y jefatura habría yo vuelto a desempeñar funciones de gobierno durante la República, habría sido él, Indalecio Prieto.

¡Cuán diferente la suerte de España, de la República y de los innumerables españoles víctimas de la guerra civil, si, al tiempo de encargar Azaña la formación de su primer ministerio como presidente de la República, el 13 de mayo de 1936, Indalecio Prieto hubiera asumido tal misión! ¡Y, para colmo, existía un solemne compromiso contraído por los principales hombres del régimen con Azaña la antevíspera de su elección presidencial, para que fuese ése el camino a emprender al tiempo de inaugurar sus funciones de presidente!

El veto del Partido Socialista lo impidió, y ahí dio comienzo la catástrofe del régimen y de España.

Pero dejemos este tema, que, aunque apasionante para mí, es propio de otra parte de mis Recuerdos y extraño a mi propósito de hoy.

Quiero sólo para terminar esta ligerísima semblanza, hacer constar mi ferviente deseo de que este bosquejo de su silueta sea algo así como un homenaje, quizás el último que me sea dado rendirle, al político que me inspiró el mayor respeto y la más honda estima de cuantos traté en mi etapa de intensa actividad pública.

Manuel Azaña

Manuel Azaña

La labor de trazar la silueta de Manuel Azaña es, por sí sola, mucho más difícil que la de los otros dos juntos. ¡Tantos meandros tiene su personalidad y tantas esquinas su carácter! Voy, sin embargo, a intentarlo, advirtiendo que puedo estar equivocado en mis juicios, pero he de describirle tal cual yo le conocí, le traté, le padecí y, en alguna ocasión, le admiré.

Nunca he presumido de psicólogo, ni mucho menos de catador de genios, pero he vivido lo bastante para frecuentar tantos y tantos personajes, auténticos o falsos, que creo haber llegado a distinguir y ser capaz de juzgar. Al fin y a la postre, es siempre verdad que «más sabe el diablo por viejo que por diablo».

Mis primeros contactos con Azaña no fueron propicios para que naciese una mutua simpatía. Me pareció, y creo que a él le sucedió lo mismo conmigo, francamente antipático.

He conocido y tratado a tres Azañas diferentes en tres etapas sucesivas. El de entonces, el primero de la serie, era, con mucho, el peor: despectivo, soberbio, incisivo sin piedad y sin gracia, reservado para cuantos no fuesen sus habituales contertulios, despiadado en los juicios sobre las personas y los actos ajenos; en una palabra: insoportable.

Ignoro el juicio que sobre mí formó al conocerme. Creo no equivocarme si digo que, en aquellos momentos prerrevolucionarios, me despreciaba profundamente. Lo más probable es que me tuviera por un auténtico señorito metido a conspirar. Algo así como un apellido viviente, y aun ese apellido con dos vertientes, una de las cuales le merecía, seguramente, toda suerte de reparos. La verdad es que durante esa etapa previa de la revolución no intimamos, y apenas si cambiamos más palabras que las precisas.

Las invectivas que lanzó contra mí el 14 de abril en el trayecto desde mi casa al Ministerio de la Gobernación, y que me fueron repetidas momentos después, eran, estoy seguro, reflejo del verdadero fondo de su pensamiento sobre mi modesta persona. Señorito chulo debía ser, en efecto, la definición que in mente me atribuía. La misma que durante el viaje entre Madrid y Fuenterrabía, que en otro capítulo he referido, debió prodigarme también mentalmente.

Con el tiempo, tanto él como yo aprendimos a conocernos y, al fin, llegó el momento en que a la antipatía recíproca sucedió la estima y, a ésta, quiero creer, que cierta sincera amistad.

Como ya indico, conocí a tres Azañas diferentes: el del período revolucionario y el Gobierno Provisional; el de la Presidencia del Consejo y de la máxima responsabilidad de Gobierno; y el Azaña físicamente acabado, moribundo, pero con su cerebro privilegiado no sólo intacto, sino afinado por la enfermedad y la desgracia, un mes justamente antes de su muerte.

Tres hombres que tenían en común, claro es, las cualidades innatas que le adornaban, y los defectos incorregibles que le aquejaban, pero que en punto a carácter ninguna relación guardaban entre sí.

El primero fue un símbolo de la acritud, del desdén por todo y por todos, nacido de la convicción que le poseía de ser un genio incomprendido y menospreciado. Abonaba esta natural inclinación la vida que había llevado. Ignoro la clase de relaciones que hasta ese momento frecuentó, pero sé que su existencia se había deslizado en las reconditeces de una covachuela de la Administración del Estado, en no sé qué oficina polvorienta del Ministerio de Justicia y, como expansión espiritual e intelectual, en la «cacharrería» del Ateneo. El Azaña que conocí en 1930 carecía del más elemental trato de gentes. Cuando quería ser amable era adusto. Cuando alguien le era indiferente, resultaba el prototipo de la grosería. La expansividad un tanto estrepitosa de mi carácter se estrellaba contra esa manera de ser diametralmente opuesta. No era posible que simpatizáramos.

En aquellos tiempos, nada permitía entrever el brillante porvenir que la fortuna y su gran talento le depararon más tarde. El día en que vio ante sí esa nueva fase de su vida, el cambio de su carácter y modo de ser fue radical. Y así nació el segundo Azaña, mucho más humano, más comprensivo, consciente de sus responsabilidades, dejando a su enorme talento emplearse a fondo en una función creadora de gobierno en vez de buscarle los defectos y las cosquillas al prójimo; todo lo contrario, en fin, del Azaña del Gobierno Provisional del que va a ver el lector unas cuantas muestras, en breve.

Sobre el Azaña de esta segunda época caben todas las apreciaciones y discusiones, pero nadie podrá negarle su indiscutible talento, ni la visión acabada de una obra de gobierno, siquiera faltase las más de las veces la constancia para realizarla y, sobre todo, el tesón para imponerla.

Mucho tiempo después —en junio de 1942—, me fue dado conversar largamente con él en Pila-sur-Mer, pueblecito enclavado en la rada de Arcachon. Tres días más tarde, la inminencia de la entrada de las tropas alemanas en Burdeos le obligaba a salir a uña de caballo de su casa y de la región y a refugiarse en un modesto hotel de Montauban, donde murió a las pocas semanas.

La guerra civil le afectó física y moralmente de tal forma que no parecía la misma persona que había yo perdido de vista en 1936.

No olvidaré aquella conversación mientras viva. La tengo relatada, con minucioso detalle, en mis Recuerdos, y no creo posible darla a la publicidad. Se abrió conmigo mostrándome su alma dolorida y desgarrada con un afecto, una claridad de juicio y una profundidad de pensamiento insuperables y emocionantes. ¡Todo se había hundido para él en esos dolorosísimos años de la guerra civil! Su claro talento había calibrado la pequeñez de las ambiciones y de los sueños de poder y de popularidad, que quizás algún día habían constituido la meta de sus aspiraciones y su ideal. Desengañado, triste, pero, repito, con el juicio más claro y lúcido que nunca, me trazó un cuadro de lo que fueron para él moralmente los tres años terribles. En aquel grave momento tuve ante mí a un hombre superior a todo encomio, humano, con humanidad casi sobrenatural por su desinterés y su renuncia a toda vanidad y a toda ambición…

Desgraciadamente, para lo que a mi narración de hoy interesa, es al primero de los tres Azañas al que debo referirme y al que el lector va a contemplar en plena acción. Lo siento muy de veras, porque me sería gratísimo poder cantar las alabanzas merecidas de cualquiera de los otros dos, y mostrarle al lector un tipo de hombre totalmente distinto del que ahora voy a diseñar.

Ese primer Azaña resultaba la quintaesencia de la demagogia, que en él era tan sólo verbal, pero que se traducía en obras por aquellos que le oían y le seguían.

En un próximo capítulo verá el lector el detalle de lo acaecido en los días 10 y 11 de mayo y la parte más que principal, decisiva, que en ambas tristes jornadas correspondió a Manuel Azaña. Mas antes de llegar a la narración de ese grave trance para la República, quiero referir brevemente lo que constituyó en su primera etapa de ministro de la Guerra su máximo empeño y su indiscutible acierto, a la vez que su gravísimo error. Me refiero al decreto sobre retiros de la oficialidad del Ejército, y al que fijaba la reducción de éste.

La designación de Azaña para el Ministerio de la Guerra por el Comité republicano no fue hecha a humo de pajas. Sabíamos que era para él tema preferente de estudio el tema militar, y que sobre ello había escrito, y no sé si publicado, no pocos trabajos, amén de haber actuado como corresponsal de guerra en Francia durante casi toda la contienda del 1914 al 1918.

A las reuniones del Comité en mi casa y en el Ateneo había ya llevado los anteproyectos de sus reformas. Recuerdo que la primera, la de retiros de la oficialidad, mereció un examen detenido por parte de algunos de los miembros del Comité y suscitado no pocas discusiones.

La medida que ese decreto adoptaba era una apremiante necesidad nacional. De siempre había sido notoria la desproporción enorme entre las auténticas necesidades del Ejército permanente y la plantilla de oficiales de toda graduación, de generales a tenientes. Sobraban, de muy antiguo, innumerables jefes y oficiales, pero el final de la guerra en Marruecos, tras la derrota del cabecilla Abd el Krim, agravó el problema en forma ya imposible de soslayar.

Los anteriores proyectos, elaborados durante la Monarquía constitucional unos, y durante la Dictadura otros, tropezaron, sin duda, con «obstáculos tradicionales», o con la resistencia amenazadora de los que repugnaban toda amputación en los haberes, ya de por sí míseros, de oficiales y jefes. El hecho es que habían quedado en simples proyectos.

Pues bien, el decreto de Azaña consistía, sencillamente, en esto: «se concedía, a cuantos lo solicitaran, el pase a la segunda reserva o a situación de retirado —según se tratase de oficiales generales o particulares— con los mismos sueldos, gratificaciones y demás devengos que si estuviese en activo». No cabía mayor generosidad. Ningún proyecto anterior había llegado, ni de lejos, a semejante liberalidad. El éxito fue superior a las esperanzas que sobre él tenía su autor. ¡Pasaron de diez mil los oficiales y jefes que se acogieron a la medida ofrecida!…, con lo que quedó descongestionada la plantilla del Ejército en forma, quizás, excesiva.

Hubiera sido lógico que acto tan generoso inspirara elogios y alabanzas de cuantos, interesados o no, seguían de cerca los problemas militares. No dudo de que así habría acontecido si el propio autor de la reforma no hubiese, con su demagogia verbal, desatado las iras y los temores de unos y otros.

No más tarde que el 8 de junio, es decir, antes de cumplirse los dos meses de vida de la República, Azaña dio comienzo a la propaganda electoral para las Cortes Constituyentes, pronunciando el primer discurso de esa clase en Valencia. Era la primera voz del Gobierno Provisional que salía a la palestra electoral y a la propaganda pública desde el advenimiento del régimen. Vea el lector el tono y el contenido de una parte de ese discurso en sus párrafos más enjundiosos, que transcribo para proyectar la debida claridad sobre mi relato.

«Ya sé yo que a estas horas, convocadas las Cortes Constituyentes, habrá docenas de hombres estudiosos que estarán en los gabinetes compulsando libros y afilando las plumas para redactar a cual mejor un texto constitucional; pero esto tiene muy poca importancia.

En realidad, cualquiera que sea la Constitución escrita, unitaria o federal, con una Cámara o con dos, con Iglesia o sin Iglesia, todo esto no tendrá más realidad que la que el pueblo español quiera darle: pero para mi gusto la mejor Constitución será aquella que consista en la menor cantidad de Constitución posible. El problema no es la elaboración del Código constitucional; el problema es otro y todos los discursos sabios que vamos a oír en las Cortes y todas las disertaciones jurídicas yo os lo cambio por trescientos hombres decididos, por trescientos diputados constituyentes unánimes que estén dispuestos a levantarse y a fulminar el rayo de la cólera popular sobre los culpables de la tiranía española, pidiendo su cabeza si es menester.

Mientras queden en los pueblos y en las capitales las confabulaciones personales, económicas, bancarias, territoriales de las gentes que durante más de un siglo han venido monopolizando el esquilmo de la nación; mientras que eso no sea triturado por la acción gubernamental y por los partidos, no podemos tener la seguridad de que un día no nos han de dar una sorpresa, bien en unas elecciones, bien destruyendo organizaciones municipales, bien apoderándose del Gobierno.

Esto hay que triturarlo y hay que deshacerlo desde el Gobierno y yo os aseguro que si alguna vez tengo participación en él pondré en triturarlo la misma energía y resolución que he puesto para triturar otras cosas no menos amenazadoras para la República».

¿Cabe imaginar algo más demagógico y procaz en labios de un ministro de la Guerra? Pues de ahí arrancó la terrible campaña, secundada a placer por la derecha española, contra la famosa trituración del Ejército por Azaña. ¡Cuando acababa de darse a la Gaceta el decreto más generoso, más liberal que puede concebirse para los elementos armados, esa verborrea demagógica vuelca sobre él y sobre la República las iras de cuantos se sienten aludidos en esos planes de trituración!

Con la agravante de que no era verdad semejante trituración. No lo era entonces, y pese a sus reiterados anuncios siguió sin serlo a través de los dos años largos que ocupó el Ministerio de la Guerra, además de la Presidencia del Consejo. Si se quiere la prueba concluyente de este aserto que hago, basta considerar que a ese Ejército triturado le bastaron siete meses de ocupar la cartera de Guerra el señor Gil Robles, con el general Franco en la subsecretaría, para estar en condiciones de alzarse, el año 1936, frente a la República.

Habría de ser verdad que pensaba triturarlo, y por elemental deber de gobernante y hasta por sentido común debió callar el propósito porque era lógico que, a partir del famoso discurso, la batalla del Ejército contra Azaña no ofrecería cuartel ni respiro, buscando la manera de ser él quien triturase al Ministro aprovechando cuantos concursos apareciesen posibles en el horizonte nacional o extranjero. Y así fue, en efecto.

La reducción del Ejército permanente formado entonces por 16 divisiones de infantería y 3 de caballería, a 8 y 3 respectivamente, fue la otra reforma honda que Azaña introdujo en nuestras fuerzas armadas. No sólo era justo, sino que ello fue alabado por técnicos nada sospechosos de parcialidad a su favor. También había sido esa reducción planeada por otros ministros de la Guerra anteriores, y algunos en forma mucho más drástica, puesto que Miguel Primo de Rivera llegó a proponer dejar reducidas las fuerzas permanentes a tan sólo «cuatro divisiones bien nutridas de hombres y perfectamente dotadas de material en el interior del país». ¡Las ocho divisiones de Azaña eran, pues, un lujo castrense, para cuantos conocían los planes dictatoriales anteriores!

Pero fuese cual fuese la obra de Azaña en el Ministerio de la Guerra, estaba de antemano condenada a tener enfrente, con animosidad feroz y encarnizada, al Ejército, tras la famosa frase, reproducida día tras día, ampliada, comentada, envenenada por una prensa desbocada enemiga del régimen, que, al fin, había encontrado un arma ideal, perfectamente forjada por el propio adversario, para combatirle con eficacia.

Nuestro ya conocido general, don Emilio Mola, entre sus varios libros dedicados a ese período de la Historia de España, ha dejado uno que titula El pasado, Azaña y el porvenir. En él analiza, y por supuesto «tritura» a su vez, toda la obra del Ministro, su bestia negra, al que reconoce tanto talento como maldad, y tanta ignorancia como soberbia. No vale la pena de transcribir párrafos de esa enciclopedia de denuestos más o menos razonados. Si el lector tiene curiosidad por conocerlos ya sabe dónde puede hallarlos.

Para completar la silueta de Azaña hay que decir algunas palabras sobre el orador. Porque fue, en efecto, un gran orador, y un orador originalísimo.

Desde los comienzos del siglo, mejor dicho, desde 1903, no creo haber perdido un discurso parlamentario digno de ser oído, ni una sesión de las Cortes españolas —las verdaderas— digna de ser presenciada. He oído y admirado a cuantos oradores han desfilado por la gran tribuna parlamentaria, desde Pi y Margall y Salmerón, hasta Melquíades Álvarez y Prieto. Toda la gama de tonos y gestos me es conocida, al punto de que en otros tiempos podía reproducir de memoria párrafos enteros de discursos de los grandes tribunos que había escuchado. Digo esto para intentar mostrar que, en este aspecto, sí que estoy capacitado para juzgar.

La oratoria de Azaña ofrece la particularidad de que no se parece a ninguna anterior. Es fría, helada, dura, incisiva, monótona, sin matices de voz ni de gesto y, sin embargo, demoledora y fascinante. ¿Cuántas veces oyéndole sentado frente por frente a él en los escaños del Congreso me hacía esta reflexión?: «¿Cómo es posible que la oratoria de ese hombre convenza, subyugue y arrastre a las masas?»… ¡Nunca llegué a explicármelo!

Tenía la facundia de Canalejas y era el orador más parecido a él que he oído, pero le faltaba la tonalidad de voz que Canalejas matizaba de cien distintas maneras, los énfasis y los apostrofes, que prodigaba, arrastrando al auditorio subyugado por aquella facundia. Azaña por el contrario, empezaba y acababa en el mismo tono de voz, siempre escasa de vibración, acerada y gris. Repito que no llegué a explicarme el éxito, indiscutible y fuera de lo normal, que alcanzó como orador de masas. Y, sin embargo, el hecho es que en el famoso campo de Comillas, en las cercanías de Madrid, el 20 de octubre de 1935, consiguió concentrar más de 400 000 oyentes, que, electrizados, le aclamaron como jefe indiscutible del Frente Popular. ¡Nadie había logrado jamás en España un triunfo parecido como orador de masas!

Como orador parlamentario era difuso, pero compensaba ese defecto, con su amenidad, porque la cultura que poseía le permitía pasearse verbalmente por las regiones más variadas, como por su casa. Sus famosas frases incisivas e hirientes contribuyeron, no poco, al terrible odio que las derechas llegaron a dedicarle. «¡Que se pacifiquen ellos!», «Ladran, señal que cabalgamos». Y tantas otras que lanzaba con auténtico regodeo y, sabiendo su alcance, como un verdadero masoquista de la enemiga y del odio hacia su persona.

Una vez, ya muy adelantada su segunda etapa, es decir, cuando era ya tratable para mí, le pregunté la razón de esa manía de herir por herir, que hacía que no perdiese ocasión de despreciar al adversario, y me contestó: «Lo hago porque me divierte». Estoy seguro de que era cierto. Positivamente gozaba pensando en lo que contra él desencadenaba. Reconozcamos que no era un carácter corriente y vulgar.

Casi todos los biógrafos de Azaña que he leído abordan el tema de su escaso valor personal, por no decir de su cobardía. Este aspecto de su personalidad es desagradable de tratar, pero a la vez creo que tal defecto tuvo en la vida de Azaña influencia decisiva en muchos de sus actos más trascendentales, porque marcaba su acción y matizaba su carácter.

Podría escribir sobre ello largo y tendido, pues tuve ocasiones varias de comprobar el hecho. Azaña padecía de un miedo físico insuperable. No quiero referir más que un caso que personalmente viví, como muestra, para que no parezca que juzgo de ligero.

Tras no pocas vacilaciones, cuya causa ignoro, al fin se decidió el Ministro de la Guerra a licenciar, con carácter definitivo, al general Martínez Anido, que venía figurando en nómina aun después del advenimiento de la República. Apenas adoptada esa medida, llegó al Ministro de la Gobernación, por conducto de la policía de Barcelona, la noticia de que los sindicatos libres de esa ciudad habían acordado matar a Azaña y así vengar la ofensa hecha al general, y para tal finalidad habían salido camino de Madrid dos miembros del mismo, cuyas fotografías remitía la policía con la noticia y el aviso.

Nada dije a Azaña del particular, limitándome a poner el asunto en manos del director general de Seguridad, Ángel Galarza, y a recomendarle con el máximo interés que no perdonase medio para dar con los dos sujetos en cuestión. Me costaba trabajo creer en la veracidad de la noticia, que tenía el aspecto de una de esas «confidencias» que se hacen para pasar a renglón seguido la cuenta. Dada la penuria por la que atravesaba desde el cambio de régimen el famoso sindicato libre, obra de Martínez Anido, era lógico que hubiese quien utilizase ese procedimiento de la confidencia para ir saliendo de apuros.

Unos días después, al llegar al Consejo de Ministros, y ya sentados en torno a la mesa, Largo Caballero, que era siempre aficionado a esta clase de noticiones, se me acercó y, al oído, para que no le oyese Azaña, sentado a mi lado, me preguntó si tenía noticias del caso. Le dije que sí, y que ya había tomado las medidas que cabía tomar, pero manifestándole mi incredulidad.

—Hay que decírselo —me dijo, señalando a mi vecino.

—¿Para qué?

—Nada más que para que lo sepa. O se lo dice usted o se lo digo yo.

—Yo no se lo digo. Usted haga lo que quiera —le contesté.

Ni corto ni perezoso, pasó al otro lado mío, y también, al oído de Azaña, le colocó con detalles la noticia.

No oía yo el diálogo, pero sí veía la cara de Azaña.

El cuchicheo no acababa, y las preguntas de Azaña debían ser apremiantes, porque Largo empezaba a enervarse.

Llevaba ese día el Ministro de la Guerra la cartera abarrotada de papeles, y ante sí la tenía sobre la mesa. Llegó en ese momento el de despachar ante el Consejo y, con gran asombro mío, dijo:

—No traigo nada para el despacho.

Y pasó el turno a mí, sentado a su lado, como de costumbre. Terminado mi turno, apenas había yo cesado de hablar y empezaba a guardar los decretos en la cartera, me preguntó Azaña:

—¿Le ha dicho a usted Largo lo que ocurre?

—No necesitaba decírmelo porque lo sé desde hace cuatro días.

—¿Y qué medidas ha tomado usted?

—Ninguna; como no sea la de poner el caso en manos de la policía, que está desde hace tres días buscando a esos ciudadanos.

—Eso no puede ser. No basta. Tenemos que hablar despacio.

—Bueno; al acabar el Consejo, hablaremos.

Duró más de dos horas la reunión. El suplicio interior de Azaña, que seguí al minuto, porque tenía su cara a medio metro de la mía, y disimuladamente percibía cada uno de sus gestos, fue épico. Llegó a inspirarme lástima, porque le veía materialmente sufrir, y, para tranquilizarle, le dije:

—No se preocupe. Nada pasará. Eso es un cuento chino sin la menor realidad. Ni hay tales pistoleros, ni hay tal acuerdo, nada; créame, y no piense más en ello.

La cara de Azaña al oír esto fue un auténtico poema. Me miraba como si fuese yo un loco, un insensato o un suicida. Otra vez el señorito chulo salía a relucir. Lejos de tranquilizarle le amargué aún más la hora y pico que todavía duró el Consejo, porque debía estar pensando que con un ministro de la Gobernación así, era seguro, segurísimo, que serían liquidados uno tras otro todos los miembros del Gobierno. Si hubiese podido traspasarme con la mirada, me hubiera dejado allí clavado para siempre.

Acabó el Consejo, y fuimos a un extremo del salón, donde entablamos el siguiente diálogo:

—Dígame, ¿qué medidas ha tomado usted?

—Ya le he dicho que ninguna más que la de encargar a Galarza que, por los medios que sean necesarios, dé con ese par de sujetos. No sé si lo logrará, porque dudo mucho que sea verdad que hayan venido a Madrid, y hasta que existan los tíos de los retratos.

—¡Qué está usted diciendo! Pero usted es un temerario. ¿Cree de verdad que con eso lo arregla? No estoy dispuesto a pasar por ello y exijo que se me ponga escolta. No tengo ganas de caer en la calle como Dato o como Canalejas, sabiendo lo que se trama contra mí.

—Eso no, querido Azaña. Ni hablar. Mientras yo esté en Gobernación los ministros de la República no llevarán escolta. Prefiero que caigamos uno a uno, al ridículo de pasearnos por las calles de Madrid escoltados por autos de la policía.

—¡Cómo se conoce que no es usted el amenazado!, —me lanzó furioso.

Me indigné y le solté unas palabras quizás excesivamente fuertes, que, con asombro, vi que le calmaban instantáneamente. Le dije, además, que en estos mismos días en que la huelga de la Compañía Telefónica tiene en la calle a miles de huelguistas contra mí, que les hago frente, estoy recibiendo decenas de anónimos amenazándome de muerte. Que a diario voy al Ministerio de Hacienda (donde se celebraban en verano los Consejos), a las cuatro de la tarde, a pie y solo, desde Gobernación, y paso cada día ante los huelguistas, que están ahí, al lado, en Teléfonos y, además de nada pasarme, muchos se quitan la gorra y me saludan.

—¡Con que ya ve usted el caso que puedo hacer de ese par de macacos retratados por alguien en Barcelona, que le dan a usted tanto miedo!, —le expuse, ya dispuesto a terminar—. Le repito, que como no puedo hacer más de lo ya hecho, se acabó la presente historia.

—¡Puesto que usted es incapaz de guardarme, me guardaré solo! —me contestó airado, retirándose.

A la mañana siguiente, a primera hora, se instalaba en el Ministerio de la Guerra, en las mismas habitaciones que había ocupado el general Primo de Rivera, y luego Berenguer. Se montó un servicio de guardia personal dentro del edificio de tal naturaleza que resultaba mucho más difícil llegar a presencia del Ministro, en el Palacio de Buenavista, que a la del Papa en el Vaticano. Como yo suponía, no se volvió a saber una palabra de los dos presuntos asesinos. Pero confirmé una vez más la convicción, que de tiempo atrás tenía, de esa flaqueza física del entonces terrible revolucionario.

Para terminar este ligero bosquejo paso la palabra al propio personaje.

El autorretrato que ofrezco al lector fue trazado por el mismo Azaña en las Cortes, en la sesión del 3 de octubre de 1933, debatiendo con don Alejandro Lerroux, entonces jefe del Gobierno. He aquí el párrafo:

«—Pero ¿cree Su Señoría que a mí me estorba? No; a mí no me estorba nadie, señor Lerroux, por dos razones: en primer lugar, porque yo, en el fondo, tengo de mi raza el ascetismo; todas las cosas de la vida las tengo ya echadas a la espalda hace muchísimos años, y habiendo gozado de casi todas, me son absolutamente indiferentes; en segundo lugar, porque tengo del demonio la soberbia, y a un hombre soberbio nadie le estorba».

A confesión de parte… Y, sin embargo, tengo para mí, que ni tan asceta como blasona, ni tan soberbio como se pinta. En cambio, ese tono sí que era el del auténtico Manuel Azaña.

CAPÍTULO IV

CATALUÑA, EL 10 DE MAYO

Cataluña

Cataluña

El primer mes de vida de la República se deslizó pacífico y alegre en toda España. Las únicas pequeñas contrariedades de tipo político vinieron para mí de Cataluña, mejor dicho, de Barcelona.

Ya he referido el incidente que el 14 de abril surgió en el Gobierno Civil de la Ciudad Condal. Una vez terminado con la toma de posesión del cargo por Luis Companys, todo quedó en regla.

Al margen del gobernador, Maciá, verdadero líder de Cataluña porque gozaba de una popularidad y un respeto máximo en el país, había discurrido, sin consulta previa con el Gobierno de Madrid, instituir a Cataluña como un «Estat Integrant de la Federació Ibérica», dando por sentado, de buenas a primeras, que la República iba a ser federal, y que uno de los Estados de esa supuesta federación era ya Cataluña.

Maciá no había asistido, ni personalmente ni por persona delegada, al Pacto de San Sebastián. No podía decirse, pues, que éste le obligaba, aunque fuese evidente que sí obligaba a los partidos catalanes, al menos a cuantos habían estado presentes o representados en aquella reunión. Una vez sentado este principio federal, Maciá empezó por nombrar gobernadores provinciales, alcaldes y demás autoridades dentro de su «Estado». Al menos, tales eran las noticias que al Gobierno llegaban desde Barcelona, y todos los síntomas mostraban que si ello no era ya un hecho consumado no tardaría en serlo.

Aparecía grave el caso, porque una de las mil patrañas que habían corrido por España durante la lucha electoral era la afirmación, lanzada por las fuerzas monárquicas, de que la República representaba por sí sola la desintegración de España y la secesión de Cataluña y del País Vasco. Aparte de esto, era imposible que el Gobierno aceptase semejante estado de cosas. Para nosotros, el Pacto de San Sebastián era sagrado y, precisamente, en este punto delicado del problema de Cataluña, habíamos puesto nuestro máximo empeño, por juzgar que él zanjaba de antemano cuantas espinosas y delicadas cuestiones pudiesen surgir.

El gobernador, Companys, que me telefoneaba varias veces al día, era el primero en reconocer que lo que Maciá estaba realizando encerraba grave peligro, y me secundaba eficazmente en mi empeño de cortar por lo sano tales excesos y venir al terreno de la realidad. Pero no existía modo hábil de convencer a Maciá, que, rodeado de un ambiente de enorme popularidad y entusiasmo, se sentía fuerte y omnipotente. Como los diálogos entre él y yo por teléfono llegaron a tonos desagradables, Maciá decidió prescindir de mí, amortizándome como ministro, y rogó a Alcalá Zamora que fuese él quien tomase en sus manos el asunto.

Nada consiguió con ello, porque ni el Presidente intentó relevarme de la obligación que me incumbía de velar por el fuero del Gobierno en materia tan delicada, ni yo hubiese consentido semejante relevo. Tampoco hubo avenencia entre los interlocutores telefónicos en las interminables conversaciones que el Presidente y Maciá mantenían a diario. El jefe catalán no cedía un milímetro de su posición, y don Niceto no podía moverse más allá de lo convenido y pactado en San Sebastián, porque no sólo yo, sino el Gobierno en pleno mantenía esa posición como inconmovible.

Fue preciso, al fin, que tres ministros del Gobierno de Madrid se desplazasen a Barcelona para tratar de viva voz los temas de la desavenencia, y hallar un modus vivendi que lograse la concordia. Allá fueron Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos y Nicolau d’Olwer. Tras no pocas discusiones, lograron prevalecer en el empeño, que para ellos era consigna de Gobierno, de dar por íntegramente válido el Pacto de San Sebastián, a cambio de acelerar al máximo los trámites para llegar cuanto antes al plebiscito, base del futuro Estatuto.

Parecía zanjada la cuestión a gusto de todos. Pero Maciá, verdadero apóstol de un ideal, muy noble, aunque peligrosísimo en aquellos momentos, jamás se daba por vencido. Unos días después de abandonar Barcelona los ministros del Gobierno, Maciá discurrió dar forma definitiva a la «Generalitat de Catalunya», y, por sí y ante sí, nombra ministros de esa Generalitat. Daba a entender con ello, dentro y fuera de Cataluña, que de hecho la autonomía del Estado Catalán estaba ya implantada. No medían Maciá y los que le empujaban y alentaban por ese camino el grave daño que acarreaba ese peligroso juego. España entera estaba en aquellos momentos pendiente de lo que en Cataluña acontecía, y si de verdad hubiese resultado que la autonomía o, lo que era peor, la secesión de la región catalana, se llevaba a cabo por acto unilateral salido de la propia Cataluña, el prestigio de la República habría quedado anulado para siempre, la guerra civil entre castellanos y catalanes iniciada, y el problema envenenado sin remedio posible en el futuro.

Para mí, que sabía de antemano que el Estatuto catalán de autonomía, mayor o menor, pero siempre amplia, sería un hecho consumado dentro de unos meses, tenía enorme importancia que hasta ese momento no hubiese, ni pretexto siquiera, para culpar a la República, a Cataluña y al Gobierno de llevar a cabo, a espaldas del país, reforma de tal envergadura.

Había realizado un viaje triunfal por Cataluña el presidente Alcalá Zamora, y las muestras de entusiasmo y los abrazos y exhibiciones en común de Maciá y él habían sido prodigados y reproducidos por la prensa.

Quizá fuera ese entusiasmo legítimo que la concordia entre Madrid y Barcelona despertaba al ver unidos y abrazados a los Presidentes, lo que animó a Maciá a dar un paso más en su camino soñado de la autonomía total.

Por mucha que fuese mi voluntad de quedar apartado de la cuestión, no podía dejar pasar en silencio el hecho del nombramiento de ministros de la Generalidad por Maciá. La prensa empezaba a protestar seriamente.

El 29 de abril di la siguiente nota a la publicidad:

«Mucha gente se pregunta cómo es que la Generalidad de Cataluña ha podido designar ministros de la misma Generalidad. Me importa mucho que conste que cualquiera que sean los nombres con que se designen a sí mismas las autoridades de Cataluña, las atribuciones del Poder Central ni se delegan, ni se renuncian, ni se entregan. El Pacto de San Sebastián se cumplirá al pie de la letra, y hasta tanto que no hayan procedido los Ayuntamientos de Cataluña a redactar el proyecto de Estatuto, que éste haya sido aprobado en plebiscito regional, y, por último, discutido y votado en las Cortes Constituyentes, el Poder Central no hará cesión de ninguna de las atribuciones que le competen».

Esta nota, que se publicó en la prensa de la noche del 29 y de la mañana del 30 de abril, produjo la indignación de Maciá, que aquella misma tarde daba a la publicidad su contestación:

«Sorprendido ante las declaraciones atribuidas al ministro de la Gobernación don Miguel Maura, y ante las diversas versiones que de ellas dan los distintos diarios, me inclino a suponer que no son verídicas. Me inclino a creerlo de esta suerte, porque desvirtuarían lo acordado entre los ministros Femando de los Ríos, Marcelino Domingo, Nicolau y nosotros. Además, dado su tono; empañarían estos momentos de concordia que tantas esperanzas daban a unos y otros y que tan llenos estarían de eficacia, agravando el problema catalán, cosa que no puedo creer que esté, ni de lejos, en el ánimo del Gobierno Provisional de la República Española. Después de la efusión con que se ha recibido en Cataluña al Presidente de la República Española don Niceto Alcalá Zamora; después de las palabras que dirigió al pueblo; después del abrazo de los dos Presidentes que todos creyeron y aclamaron como símbolo, no se pueden creer, si fueran auténticas, las manifestaciones de don Miguel Maura».

Tenía importancia para mí la cuestión. No estaba dispuesto a transigir en lo que consideraba vital para la República y para mi dignidad de ministro. La menor alteración de lo pactado en San Sebastián ocasionaría mi salida inmediata del Gobierno. Quise aclarar en el acto la situación y visité a Fernando de los Ríos y a Marcelino Domingo, aludidos por Maciá en su nota. Les di lectura de los dos textos, que no conocían, les expliqué el porqué de mi declaración y recabé de ellos la conformidad con mi actitud y la solidaridad con mi conducta.

A mediodía del 30 recibí a los periodistas y les dicté la siguiente declaración:

«No han debido reproducir con exactitud mi nota de ayer los periódicos de Barcelona, porque lo dicho por mí no puede molestar a nadie. La máxima molestia sería suponer que el señor Maciá fuese capaz de incumplir un Pacto que todos los partidos catalanes aceptaron. Lo peor en este asunto de Cataluña es el equívoco, porque puede envenenar el ambiente nacional sobre tema tan delicado.

Y como a mí han llegado protestas por los nombramientos de ministros de la Generalidad, me importaba hacer constar que sus atribuciones no podrán ser otras que las reconocidas en el Pacto de San Sebastián, porque el Poder Central no puede renunciar a ninguna de ellas. Por lo demás, esto no lo digo yo. Esto lo dice el Gobierno de la República, que piensa unánime como pienso yo sobre este problema».

Era el único modo posible de plantear la cuestión de confianza ante el propio Gobierno. Quedé esperando las declaraciones, que no podían menos de aparecer, de mis compañeros De los Ríos y Domingo. En efecto, el primero, preguntado por los periodistas, dijo:

«—El señor Maura está en lo firme y no se ha separado de lo pactado en San Sebastián. Seguramente hay una mala interpretación de las palabras del señor Maura, que está identificado en este orden de cosas con el Gobierno, e interpreta perfectamente sus resoluciones».

Por su parte, Marcelino Domingo hizo la expresa declaración siguiente:

«—El Pacto de San Sebastián constituye un compromiso de honor y eficacia al que catalanes y castellanos permanecen obligados con toda fidelidad. Nada ni nadie nos apartará de él, porque representa revestir a las Cortes Constituyentes de toda autoridad y ser ellas, en la plenitud de su soberanía, las que decidan sobre la estructura jurídica del Estado Español».

Quedó con esas dos declaraciones sentenciado el pleito entre Maciá (a quien yo admiraba y estimaba al máximo, pero que me proporcionaba un disgusto diario con sus impaciencias y sus decisiones unilaterales) y el Gobierno de la República.

[A partir de este incidente, que no tuvo ulterior desarrollo, las relaciones del Ministro con la Generalidad y sobre todo con Maciá quedaron, claro es, prácticamente cortadas, mas mi autoridad para defender las prerrogativas y atribuciones del Gobierno de Madrid quedó sentada en forma definitiva. Por lo demás, el gobernador de Barcelona, Luis Companys, nombrado por mí, e identificado por entonces aún conmigo, permaneció fiel y colaboró intensamente a resolver los innumerables problemas sociales y de orden público que, en floración tropical, surgían en toda Cataluña, pero singularmente en Barcelona, donde la CNT tenía mucho arraigo y donde los elementos mismos de la generalidad les ayudaban].

Como es sabido, se forzaron las etapas para el plebiscito, y al nacer las Constituyentes estaba, punto menos que en condiciones, el pleito catalán de presentarse ante ellas para el fallo definitivo.

He referido con excesivo detalle este incidente con Maciá porque me importaba mucho, cara a la Historia y a la incorregible maldad de ciertas gentes, que quede constancia de la auténtica y enorme eficacia que tuvo el Pacto de San Sebastián, tan vilipendiado por la derecha española. Si prevalecimos sin mayores dificultades sólo a él fue debido.

El 10 de mayo

El 10 de mayo

Eran varios los síntomas que reflejaban que la zona de la izquierda avanzada de la opinión, o de lo que hacía las veces de tal, empezaba a sentir impaciencia por la marcha moderada de la obra del Gobierno. Los elementos seudointelectuales del Ateneo y los que, azuzados por la prensa extremista, reclamaban una política auténticamente revolucionaria, se agitaban ya con ostensibles deseos de alterar el orden.

Por su parte, la Confederación Nacional del Trabajo (o CNT, como se la denominaba), integrada por los elementos anarquistas y anarquizantes de la masa obrera, tampoco disimulaban su decepción por el tono moderado de la revolución que ellos habían previsto desbordar y rebasar apenas iniciada. Era muy difícil, casi imposible, controlar y vigilar esas masas de descontentos. Los primeros, los intelectuales de menor cuantía del Ateneo, eran individuos sueltos sin organización aparente. Los segundos, los anarco-sindicalistas, carecían de jefes conocidos, de cuadros de mando y de locales oficiales sobre los que pudiese recaer la vigilancia previsora de la autoridad gubernativa.

Al mes de proclamada la República, el ala izquierda iba a dar comienzo a sus ataques que durarían, sin interrupción apreciable, hasta la última hora del régimen, facilitando con ello la propaganda y la preparación de la subversión de las fuerzas de la derecha.

Amaneció el domingo 10 de mayo como un auténtico día primaveral de la siempre espléndida primavera madrileña. Se respiraba una perfecta calma. Ni un solo telegrama había en mi mesa de despacho del Ministerio cuando llegué aquella mañana. Decidí aprovechar tan feliz coyuntura para descansar unas horas, por vez primera desde el 14 de abril, y dispuse un almuerzo con la familia en el restaurante de Fuente la Reina, en El Pardo.

Serían las dos de la tarde, puesto que aún no nos habíamos sentado a la mesa, cuando me llamaron al teléfono desde el Ministerio y me comunicaron que había surgido un motín en la calle de Alcalá, que las gentes, excitadas, se agolpaban en el lugar del suceso y que habían empezado manifestaciones en el centro de Madrid. No necesité de más informes para dar por sentado que había comenzado lo que desde hacía varios días venía temiendo. Con cualquier insignificante pretexto, los elementos descontentos de la extrema izquierda pasaban a la acción.

Sin perder un instante, fui en mi coche al lugar señalado en la referencia telefónica.

En la calle de Alcalá, entre la Cibeles y la plaza de la Independencia, frente al palacio de Bailén, la multitud se agolpaba profiriendo gritos y amenazas. Ante la puerta de una de las casas, cerrada herméticamente, un furgón de la policía esperaba no sé qué, y algunos guardias de seguridad de infantería y otros a caballo rodeaban a los manifestantes, sin hacer el más leve ademán de utilizar, no ya sus armas, sino sus propias personas y sus caballos para despejar la calle.

Me acerqué a pie y pregunté al jefe de la fuerza la causa del motín.

Averigüé que, por la mañana, unos jóvenes monárquicos reunidos en el piso tercero de aquella casa, que era, por lo visto, el nuevo centro del partido, y a la hora en que el público regresaba del concierto del Retiro, es decir, en el momento en que era más numeroso, los mal aconsejados señoritos habían colocado un gramófono en la ventana y puesto, con amplificador de sonido, el disco de la Marcha Real.

El público fue parándose poco a poco, frente al edificio, hasta llegar a formar una respetable masa en actitud hostil. Intentó, repetidamente, forzar la puerta de entrada al edificio, cerrada desde dentro, y a gritos reclamaba que fuera abierta para propinar una severa lección a los imprudentes.

Los guardias, llamados por teléfono desde el interior de la casa, acudieron para impedir el asalto al local.

Comprendí fácilmente que el estado de los ánimos era ya excesivamente tenso para que mi presencia sirviera de algo útil, y sin más averiguaciones fui al Ministerio y llamé urgentemente al Director General de Seguridad, para que viniese cuanto antes. Era esa autoridad don Carlos Blanco, general del Cuerpo Jurídico Militar, hombre maduro, de unos sesenta años, excelente persona, muy hablador y muy redicho, de escasa estatura y sumamente timorato. Nunca comprendí el porqué de su designación, que don Niceto había hecho, por sí y ante sí, sin consultárnoslo. Si existía un cargo incompatible con las cualidades, sumamente meritorias por otra parte, que adornaban a don Carlos Blanco, era ese de director general de Seguridad. Además, nuestro hombre procedía del campo liberal de la Monarquía y guardaba las más estrechas relaciones con sus antiguos jefes y amigos. Era contertulio del Conde de Romanones, amigo personal del general Berenguer y frecuentaba cuantos corros políticos subsistían en Madrid de los tiempos de la vieja política. Ni sentía la República ni tenía el menor contacto espiritual e ideológico con nosotros.

Acudió a mi despacho, y con gran abundancia de palabras me explicó, a su manera, lo ocurrido. Por primera vez, oí que la víspera, el propio Director General de Seguridad, sin contar conmigo, había concedido la autorización a los monárquicos para inaugurar, al día siguiente, domingo, el Centro del partido en su nuevo local de la calle de Alcalá.

Ya ello representaba una libertad de conducta por la que yo no estaba dispuesto a pasar, pero además constituía una insigne torpeza. ¡Que al mes de instaurada la República se autorizase la inauguración solemne, en pleno Madrid, de un centro monárquico, equivalía a provocar un conflicto por orden gubernativa! Así se lo dije al autor de tal medida y me explicó que se lo habían pedido con insistencia Luca de Tena y el Conde de Romanones y, por tanto, tuvo que acceder. Me bastó esa confesión para juzgar la capacidad que para el cargo tenía el pobre don Carlos. No cabía contar con él para nada en lo sucesivo.

Según mi interlocutor, se habían dispuesto las medidas necesarias para que la calle de Alcalá, lugar del suceso, quedase despejada, y de un momento a otro esperaba la noticia de su confirmación.

Le demostré en el acto su error, diciéndole que venía yo de allí precisamente, y que el ambiente no era, ni con mucho, el que él imaginaba.

En efecto, segundos después, el teléfono nos anunció que las turbas en tropel se dirigían hacia el ABC, en la calle de Serrano, con la intención de asaltar el edificio de Prensa Española. La razón de este proyecto venía del hecho de ser Juan Ignacio Luca de Tena, director y propietario de ese diario, enemigo mortal de la República, el principal instigador de la provocación.

Pedí, en el acto, que me pusieran comunicación telefónica con el cuartel de la Guardia Civil del alto del Hipódromo, el más cercano al edificio cuyo asalto se preparaba y, personalmente, di al jefe de la fuerza allí acuartelada (si no recuerdo mal, un comandante) la orden de que saliese con los números necesarios para acordonar la calle e impedir el acceso de las turbas al edificio de Prensa Española.

Don Carlos, al oírme dar estas órdenes en tono imperativo, me dijo que pensara bien lo que hacía, porque «el pueblo, al ver los tricornios, va a enfurecerse y puede desencadenar una revolución».

Le contesté que si los tricornios no estaban para tales ocasiones, sobraban en absoluto. Que nada me importaba lo que las turbas pensasen, tanto más, cuanto que era la primera oportunidad que se me ofrecía para demostrar que República no era sinónimo de anarquía.

Aterrado, desapareció de mi despacho. Luego supe que fue al teléfono del subsecretario para rogar a Alcalá Zamora que viniese en el acto a Gobernación para «calmarme», pues de lo contrario tendríamos «que lamentar una desgracia».

Bajaban ya las turbas vociferando por la calle de Alcalá e iban invadiendo la Puerta del Sol, emplazándose frente al Ministerio en actitud hostil. Se trataba en su mayoría de muchachos, encuadrados por diversa suerte de curiosos, ávidos sin duda por presenciar en qué paraba aquello, seguros de que nada arriesgaban personalmente.

Llamé a mi despacho al jefe de la Guardia Civil de retén en el Ministerio. Era un comandante, hombre, como los del instituto, acostumbrado a esta clase de servicios, y le ordené que preparase la fuerza para salir por las puertas traseras del Ministerio y tomase las bocacalles de acceso a la Puerta del Sol vecinas y próximas al edificio; y que una vez emplazadas las fuerzas y sin hacer uso de las armas, a menos de agresión con armas de fuego, diese la orden de avanzar, previos los tres reglamentarios toques de atención.

Antes de que el comandante se retirase de mi despacho apareció Alcalá Zamora, quien me rogó que dejara en suspenso la orden que acababa de dar, y el jefe de la Guardia Civil se retiró sin saber a qué atenerse… A partir de ese preciso momento, dio comienzo mi impotencia y, con ella, mi martirio…

No es fácil imaginar situación más denigrante que la que me vi obligado a padecer durante la tarde y la noche del 10 de mayo. ¡El Ministro de la Gobernación recluido en su despacho oficial, cuyas ventanas dan a la Puerta del Sol, repleta de mozalbetes y de gentes vociferando injurias contra él y contra la Guardia Civil, que desde el patio del Ministerio, donde está concentrada, oye cuanto se grita esperando hora tras hora la orden de sus superiores para intervenir, sin que esa orden llegue!

Los manifestantes pedían a gritos la cabeza del Ministro y la disolución de la Guardia Civil, a los que calificaban de asesinos.

A poco, era ya el Gobierno en pleno el que se hallaba reunido en mi despacho, a excepción de Lerroux, que había salido aquella misma mañana para Ginebra, como representante de España en la Sociedad de Naciones.

Pugnaba yo porque me dejasen libertad de acción. Intentaba hacerles ver lo sencillo que resultaría cortar de raíz la revuelta con sólo acordonar la Puerta del Sol en la mitad de sus accesos y dar los toques de atención. Seguro que la masa de alborotadores evacuaría en el acto la plaza, y, una vez dispersada la aglomeración, resultaba un juego de niños impedir que volviera a formarse. En modo alguno permitieron mis compañeros semejante cosa. Todo, menos «sacar un tricornio a la calle contra el pueblo»: el que más categóricamente se opuso a toda acción fue Azaña y, como es lógico, su actitud influyó decisivamente en los demás ministros, salvo en Largo Caballero y Prieto, que, por su parte y a solas conmigo, me daban la razón a la vez que me decían la imposibilidad de ser ellos quienes decidiesen la salida de la fuerza. El bueno de don Niceto iba de uno a otro y nada decidía por si. ¡Era desesperante!

A las seis de la tarde llegaron al Ministerio y conferenciaron con Azaña unos mozalbetes del Ateneo, del cual seguía siendo presidente. Ignoro lo que le dijeron, pero pronto supe lo que decidió el Ministro. Fue ello asomarse a una de las ventanas del entresuelo del Ministerio y, desde allí, dirigir la palabra a los manifestantes para decirles que se calmaran porque «iba a hacerse justicia», y a renglón seguido dejó la palabra a uno de los ateneístas, casi un chiquillo, que leyó unas a modo de conclusiones en las que se anunciaba como inminente la dimisión del Ministro de la Gobernación, el castigo de los monárquicos culpables de los incidentes de la mañana y, principalmente, la disolución inmediata de la Guardia Civil. ¡Y ello desde el mismo edificio del Ministerio, sin mi conocimiento, y con la tropa de la Guardia Civil en el patio oyendo cuanto se decía y gritaba!

Cuando me enteré del hecho ya había él ocurrido y fui rápido en busca de Azaña, a quien apostrofé y dije cuanto me vino a la boca (que, le aseguro al lector, no fue poco). Aumentó mi asombro al infinito al oírle decir que aquello no era más que una «añagaza de buena ley» para calmar los ánimos, porque ni un solo momento había pensado que se pudiese tomar en serio lo prometido por los jóvenes ateneístas a los manifestantes. Mi asombro iba en aumento. La ausencia de toda idea de gobierno que mostraba en aquellos momentos Manuel Azaña rebasaba la medida de lo imaginable. Y lo más grave era que esa actitud suya obligaba a los demás ministros de izquierda, es decir, a todos menos al Presidente, a no quedar atrás en la puja demagógica que Azaña iniciaba, con lo que mi impotencia corría el peligro de eternizarse.

Mi paño de lágrimas era Indalecio Prieto, a quien comunicaba mi desesperación, que él compartía, pero sin tener en su mano el remedio, pues no iban a ser los ministros socialistas los que decidiesen la salida de la Guardia Civil asumiendo las posibles consecuencias del choque con las turbas. Al fin, Indalecio salió del Ministerio, según me dijo para ver lo que ocurría en el resto de Madrid, pero creo que para ahorrarse el bochornoso espectáculo que estábamos presenciando.

Así las cosas, nos llegaron las primeras noticias de lo ocurrido frente al edificio de Prensa Española, en la calle de Serrano. Las turbas habían intentado, en efecto, llegar hasta él, pero se encontraron frente al mismo con la fuerza de la Guardia Civil del cuartel de Hipódromo que, como yo había ordenado, acordonaba la calle. Las turbas continuaron avanzando hacia el ABC. La fuerza dio los toques de atención reglamentarios. En ese momento sonó un tiro de pistola, y un niño, subido a un árbol, cayó herido, levemente, por fortuna. No hizo falta más para que los manifestantes se abalanzaran sobre los guardias que, en legítima defensa, se vieron obligados a disparar, causando dos muertos y varios heridos entre los asaltantes.

Cuando llegó al público aglomerado en la Puerta del Sol la noticia de estos hechos, la marea subió al máximo, lo que aumentó, en igual proporción, el pánico de algunos ministros. Con ello perdí la última esperanza de que mis compañeros reaccionasen, porque si la Guardia Civil había sido la causante de las víctimas, iba a quedar para siempre estigmatizada como «enemiga de la República». ¡Cuántas veces hube de escuchar ésta y otras afirmaciones por el estilo de labios de algunos ministros durante aquella interminable «noche triste»!

Apareció una vez más, pero ésta yo padecía directa y personalmente sus consecuencias, la famosa teoría escuchada el 14 de abril cuando discutíamos sobre la toma del poder aquella tarde. Para la mayor parte de mis compañeros de Gobierno, el desorden no perjudicaba sino a sus víctimas reales. «El Gobierno nada sufre con ello, con tal de que no haga sangre»…; «La autoridad tiene que ser paternal», me decía uno de los ministros, frase que me repitió innumerables veces al día siguiente, mientras los conventos ardían en Madrid. ¡Era la natural consecuencia de la posición que la mayoría de ellos había mantenido de siempre en el campo de la facción contra la Monarquía! No calibraban aún que las circunstancias les habían situado al otro lado de la barricada. Era su aprendizaje del ejercicio de la autoridad, que un año más tarde tuvo, para Manuel Azaña, ya jefe del Gobierno, y para todos ellos, su triste y obligada expresión en las sangrientas revueltas de Manresa, Castilblanco y Casas Viejas.

Agravaba el caso el que, en aquel entonces, no existía otra fuerza a disposición del ministro para reprimir los desórdenes que la Guardia Civil, porque la que se denominaba Guardia de Seguridad, además de estar ridículamente armada con sólo unos charrascos del año de la chupa, estaba formada por veteranos licenciados del servicio activo, de edad provecta. Condenar a la inacción a la Guardia Civil equivalía, pues, a permanecer inermes frente al motín.

A última hora de la tarde, el capitán Arturo Menéndez, uno de los jóvenes militares de quien ya he hablado, vino a comunicarme en secreto que, en el Ateneo, los jóvenes que habían estado poco antes en el Ministerio preparaban para el día siguiente, lunes, la quema de los conventos de Madrid, como protesta por la lenidad del Gobierno en materia clerical. Mi informador me aseguraba haber oído a los que dirigían el intento dar las órdenes a unos cuantos mozalbetes a quienes repartían, con las listas de los conventos que habían de ser incendiados, la gasolina y los trapos necesarios para tan culta labor. El dirigente de esos gamberros era el mecánico Pablo Rada, que acompañó a Ramón Franco en el vuelo del Plus Ultra.

Busqué una vez más a Azaña. Lo hallé en el despacho del subsecretario, merendando tranquilamente. Le abordé con cara poco apacible, como era lógico, y le referí la confidencia que acababa de hacerme. No se inmutó. Siguió comiendo y me dijo:

—No crea usted en eso. Son tonterías. Pero si fuese verdad, sería una muestra de la Justicia Inmanente.

Se negó en redondo a ir al Ateneo, como le pedía, para impedir, con su autoridad en aquella casa, que se llevase adelante el intento. Tras decirle muy claro lo que sobre él pensaba, le dejé masticando y fui en busca del Presidente. El pobre don Niceto, en esta clase de trances, estaba a la altura de su amigo el Director General de Seguridad. Los dos poseían la misma incapacidad para decidir algo que representase un riesgo para la «popularidad» del Gobierno. Para consolarme, el infeliz Presidente me decía:

—Tranquilícese, Migué, mañana, a las nueve, nos reunimos en Consejo y todo se arreglará.

¡Como si semejante noticia pudiese calmarme tras el espectáculo que el Consejo daba aquella tarde!

Se retiraron los ministros a sus casas a medianoche. La madrugada transcurrió, hasta al amanecer, sin que disminuyese el gentío aglomerado en la Puerta del Sol, que, sin duda, se renovaba sin cesar, porque los madrileños acudían unos tras otros a «dar un vistazo» a la «juerga patriótica» que se celebraba.

A eso de las cinco sonó un disparo de pistola en la acera misma del Ministerio. Cesó en el acto el griterío y la gente se arremolinó en torno a un hombre que, caído en el suelo, hacía esfuerzos para levantarse. Se trataba de un borracho que había sacado una pequeña pistola y, jugando con ella, se le disparó; del susto cayó al suelo, y entre risas y bromas se liquidó el incidente. Como si hubiese sido una señal convenida, a poco quedó despejada la Puerta del Sol. Sin duda los curiosos allí apiñados durante la jornada, al oír el disparo, pensaron que la cosa podía pasar a mayores, y se apresuraron a reintegrarse a sus hogares, seguramente muy satisfechos de la espléndida jornada que habían proporcionado a «su» República.

A las seis de la mañana apenas se veía un ser viviente en la Puerta del Sol. < Aproveché para ir unos instantes a mi casa para lavarme y tenderme, porque la paliza moral, cien veces superior a la física, que había recibido en las trece horas que había durado la tragicomedia, me había extenuado.

Tendido en mi cama unos instantes, sin conciliar, claro es, el sueño, vi con claridad meridiana —es la madrugada mi hora favorita para la reflexión— el porvenir que esperaba a la República, y por supuesto el que yo había de padecer inevitablemente. Aquel día quedé en mi fuero interno, no sólo dimitido de mi cargo de entonces, sino de toda colaboración ulterior con esos hombres de la República, imbuidos de prejuicios absurdos, ciegos a la realidad más estrepitosa y palpable, y, sobre todo, sectarios en proporciones incompatibles con toda conciencia medianamente humana.

Mas se trataba por el momento de evitar, si ello era posible, que las amenazas y preparativos de unos cuantos malvados tuvieran realidad. Mi optimismo y mi convicción me arrastraban todavía a la acción para que cuanto tenían planeado los ateneístas no llegara a ser realidad. Me vestí de prisa y volví en el acto al Ministerio >.

Aproveché esta soledad de la calle y del Ministerio para obrar por mi cuenta y tratar de prevenir, en la medida de lo posible, dados los escasísimos medios de que disponía tras una tal jornada, lo que para el día se había anunciado. Por teléfono, levanté de la cama al Director General de Seguridad y le hice venir al Ministerio.

También él conocía, por referencias, lo que se tramaba en el Ateneo. Le conminé para que, sin vacilaciones, me secundara en la labor de salvar lo que se pudiese con sólo la Guardia de Seguridad, puesto que con la Benemérita no podíamos contar.

Lógicamente, los jesuitas serían las primeras víctimas. Los conventos de las calles de Zorrilla y de la Flor debían de ser, pues, vigilados expresamente. Le ordené que desde la Dirección trazase un plan completo de distribución de las escasas fuerzas de que disponíamos entre los principales conventos y, sobre todo, las principales iglesias de Madrid.

Me prometió don Carlos, con solemnidad teatral, que así lo haría, y hube de decirle con claridad que le hacía personalmente responsable del resultado de la jornada.

Don Carlos se despidió de mí con una prosopopeya digna del escenario de la Opera.

< No me era dado hacer más, ni menos. En el estado en que había quedado la Guardia Civil tras la terrible jornada del 10, que fue para ella tan dolorosa como para mí, no podía pedirles, ni era discreto hacerlo, que interviniera en lo que pudiera acontecer el 11. Esperé ya tranquilo la hora del Consejo de Ministros, convocado para las nueve de la mañana en Presidencia. Recuerdo que cuando salí del Ministerio y tomé el coche según costumbre en el patio, los guardias civiles, que allí estaban en número considerable, se acercaron a mí y sin decir una palabra se cuadraron respetuosos y me saludaron con mayor fervor que nunca, como si quisieran decirme con ello que habían oído la víspera a las turbas unir mi suerte a la suya y que me tenían por una víctima, como ellos, de la demagógica jornada. Les contesté en forma también expresiva y creo sinceramente que, ese día, quedó sellado entre el Cuerpo y yo, una especie de pacto que dio frutos sazonados en los meses que siguieron, según luego referiré >.

CAPÍTULO V

LA QUEMA DE LOS CONVENTOS

El 11 de mayo

El 11 de mayo

Esta lamentable jornada ha sido descrita cien veces por unos y otros, es decir, por quienes la vieron del lado republicano y quienes la juzgan desde la otra vertiente de la política. En general, se atienen en sus relatos a lo que trascendió al público durante ese fatídico día. No conozco ninguno detallado de alguien que viviese de cerca el triste episodio. Voy, pues, a narrar lo que yo viví, o sea cuanto aconteció en el seno del Gobierno y el desenlace a que se llegó. Lo haré con el detalle suficiente para que, cuando menos, quede constancia de la verdad y el lector pueda juzgar con acierto.

A las nueve de la mañana, se reunió el Consejo de Ministros en la Presidencia. La mayor parte de los reunidos se mostraban satisfechos de «la muestra de templanza y prudencia que había dado la víspera el Gobierno». Seguían creyendo en la fórmula «la autoridad tiene que ser paternal», que tantas veces había oído en la jornada anterior y tantas otras había de escuchar en la que comenzaba.

Creo que los únicos ministros que habían medido las consecuencias de la ocurrido eran Largo y Prieto. Su posición, sin embargo, era delicada en el asunto, porque, dada la actitud adoptada por Azaña, los ministros republicanos de la izquierda no podían menos de secundarle, y los socialistas no podrían estar a mi lado a la hora de votar, si a votar se llegaba.

Comprendía que estábamos atravesando el período, siempre desagradable, del aprendizaje de un oficio tan difícil como es el de gobernar. Hizo falta que transcurriesen cerca de dos años, y durante ellos una serie de duras pruebas, teniendo el Gobierno que hacer frente a los asaltos de las turbas anarquistas en los más dispersos lugares del territorio nacional, para que esos mismos ministros republicanos y sus partidarios aplaudiesen fervorosos a Manuel Azaña, jefe del Gobierno, en las Cortes Constituyentes, una tarde del año 1932, cuando, hablando de la huelga revolucionaria de Manresa, dijo lo siguiente:

«—El capitán general de la IV Región ha recibido de mí, personalmente, la orden de enviar a la zona donde se ha producido el levantamiento las fuerzas necesarias para aplastarlo. Le he dicho al general que no le doy más que quince minutos entre la llegada de las tropas al lugar de los sucesos y la extinción de éstos».

¡Cuán lejos estábamos, el 11 de mayo de 1931, de esa tónica azañista! Ese segundo Azaña era impensable por entonces. Por el momento, personalizaba la más pura demagogia que se impuso a la mayoría del Gobierno.

El tema del Consejo que iba a comenzar no podía ser otro que los sucesos de la víspera, y los que se anunciaban para las primeras horas del día. Ninguno de mis compañeros sospechaba que yo pudiese sentirme herido, ni siquiera molesto, por lo ocurrido en la Puerta del Sol durante la jornada del 10. El más natural y despreocupado era el autor del inconcebible episodio de los discursos pronunciados desde una de las ventanas del Ministerio.

No habíamos aún tomado asiento en torno a la mesa de Consejos, cuando nos llegó la noticia de que estaba ardiendo la Residencia de los jesuitas de la calle de la Flor. Recuerdo que hubo ministro que tomó en broma la noticia, y a otro le hizo gracia que fuesen los hijos de San Ignacio los primeros en pagar el «tributo» al «pueblo soberano». La famosa «justicia inmanente» ensalzada por Azaña ya estaba ahí. Prieto y yo cruzamos una mirada en la que lo que teníamos que decirnos quedó dicho. Era el único con quien estaba seguro de coincidir en tan graves momentos, aunque, desgraciadamente, sin la menor esperanza de que sirviese para algo tal coincidencia.

Intenté demostrarles la urgencia de tomar medidas y recabé los poderes necesarios para actuar, anunciando que si no los obtenía me iba en el acto a mi casa. Niceto Alcalá Zamora, verdadera calamidad presidencial en momentos difíciles, se limitaba a decirme:

—Cálmese, Migué, que esto no es sino como desía su padre, «fogatas de virutas». No tiene la cosa la importancia que usted le da. Son unos cuantos chiquillos que juegan a la revolución y todo se calmará en seguida. Usted verá.

—¡Conque «fogatas de virutas»! Es usted un insensato —le contesté—. O me dejan ustedes sacar la fuerza a la calle o arderán todos los conventos de Madrid uno tras otro.

—Eso, no —exclamó Azaña—. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano.

Es muy posible que este exabrupto produjese en el ánimo de la mayoría de mis compañeros la misma indignación interior que en el mío. Pero el hecho fue que a él siguió el más completo silencio. ¿Quién de entre ellos iba a mostrarse, en tal momento, partidario de la fuerza, cuando el jefe indiscutible de la «izquierda» afirmaba, en forma tan categórica, su posición?

Ese silencio puso fin a mi paciencia. Salí de la Sala de Consejos y me refugié en el despacho del subsecretario, Rafael Sánchez Guerra, quien, como era lógico, compartía conmigo la indignación por cuanto estaba ocurriendo.

Cada cuarto de hora llegaba la noticia de un nuevo incendio de otro convento, y era Sánchez Guerra quien la transmitía al Consejo. Al cuarto notición (que nos notificaba que ardía el Colegio de los Padres de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, inmenso edificio donde recibían enseñanza miles de niños de aquella barriada, en la que las escuelas del Estado brillaban aún por su ausencia) vino, al despacho de Rafael, el bueno de Fernando de los Ríos, a rogarme, en nombre del Consejo, que volviese a la Sala.

Se habían acabado las risas y las bromas. Mis colegas empezaban a darse cuenta de que estaban frente a un principio de revolución iniciada por unos chiquillos, pero que, ante la impunidad más absoluta de que gozaban, podían dar al traste con otras muchas cosas más que los conventos, y eso ya no les parecía tan divertido.

—Venga usted acá, Migué —me dijo, conciliador, el Presidente—. Puede que tenga usted rasón. Habrá que intervenir, pero para eso lo primero es que vuelva usted a su sitio.

Busqué con la mirada a Prieto y no le hallé. Había salido, según luego supe, de la Presidencia, hacía un buen rato, para ver de cerca lo que ocurría. Pero en este momento preciso entró en el salón y nos informó:

—Vengo de Gobernación y he hablado yo mismo con Barcelona y Valencia. No pasa nada en ninguna parte y todo está tranquilo. En cambio, he visto, por la calle de Alcalá, las bandas de golfos que están quemando los conventos con latas de gasolina y estropajos, y digo que es una vergüenza que se paseen por Madrid impunemente haciendo daño. Hay que acabar con eso en el acto. Tiene razón Miguel.

—Nada pasa en Barcelona y Valencia, hoy. Verán ustedes, mañana, si pasa o no pasa —les advertí—. Por lo demás, es bien sencillo acabar con esos golfos que ha visto Indalecio. Con que den ustedes la orden a la Guardia Civil de que salga a la calle, yo les garantizo que en diez minutos no queda en ella ni uno.

—He dicho que me opongo a ello decididamente —amenazó Azaña— y no continuaré un minuto en el Gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez.

—Bueno, vamos a ver, señores —propuso el inefable Niceto—, vamos a poner a votación si sale o no la fuersa, pero siéntese usted en su sitio, Migué.

—Ya nada tengo que ver con lo que pase —contesté—; ni me siento, ni voto. Me considero fuera del Gobierno.

Y en vez de sentarme me fui junto a la ventana del fondo del salón que da al Paseo de la Castellana, a esperar el resultado.

Votó primero Azaña, porque quien debía hacerlo, que era el ministro de Estado, Lerroux, estaba ausente. Con Azaña, que había votado «no» votaron los ministros republicanos. Al llegar el turno a Largo Caballero, que había permanecido callado durante la mañana, éste exclamó:

—Yo creo que tiene razón Maura. O esos golfos van inmediatamente a la cárcel o vienen a sentarse aquí, y los que estamos de más somos nosotros. Pero yo, ante todo, soy socialista y no tengo por qué cargar con la responsabilidad de lo que pase si sale la fuerza. No voto, me abstengo.

La actitud de Largo Caballero fue, como no podía menos, seguida por Prieto y Fernando. La disciplina en el Partido Socialista era algo férreo e inconmovible. Azaña ganó, pues, la votación.

Iba a retirarme a mi casa, cuando, desde la ventana junto a la que estaba, vi llegar hasta la verja cerrada del edificio, en el Paseo de la Castellana, unos veinte o treinta mozalbetes descamisados que, a gritos, reclamaban se les abriera la cancela para que entrase una comisión a hablar con el Gobierno.

Me volví hacia los ministros y, llamándoles, les apostrofé:

—Vengan y vean a los que han obligado a la República a capitular. ¿No les da a ustedes vergüenza?

—Lo que debemos hacer —dijo Marcelino Domingo— es dejar que una comisión suba, y procurar, por la reflexión, que desistan de sus locuras y se retiren a sus casas —y sin esperar más, ordenó al portero mayor que diera paso a la comisión de manifestantes.

Segundos después, apareció en la puerta del Salón de Consejos, en mangas de camisa, despechugado, un individuo, acompañado de otros dos descamisados.

Marcelino fue hacia él y, tendiéndole las manos, exclamó:

—¡Amigo Rada!

No escuché más. Salí de la Presidencia y fui a mi casa, decidido a enviar al Presidente mi dimisión irrevocable. La cosa no tenía remedio. De cuando en cuando, Rafael Sánchez Guerra me llamaba por teléfono y me daba cuenta de lo que iba ocurriendo. Seguían los incendios. Ardía, entre otros, la Escuela de Artes y Oficios que los jesuitas poseían en la calle de Areneros, escuela en donde habían obtenido el título de peritos electricistas y mecánicos innumerables muchachos de origen humilde, dotada de material técnico y docente de primera calidad.

Alrededor de las cuatro de la tarde, me dio a conocer Sánchez Guerra el acuerdo que acababa de adoptar el Consejo de Ministros. No cabía medida más absurda ni más antirrepublicana. Comprendiendo, al fin, que algo había que hacer para acabar con la orgía incendiaria, acordaron, nada más y nada menos, declarar en Madrid el estado de guerra, para que fuese el Ejército, y no la Guardia Civil, quien sofocase la revuelta.

Cuando lo supe, no salía de mi asombro. Había venido la República principalmente como protesta popular contra el predominio militar de una Dictadura, y, en torno a los abusos del Ejército, se habían centrado las propagandas que condujeron al triunfo de la causa republicana. ¡Y al primer contacto con la minúscula realidad de la calle, porque unos cuantos jovenzuelos desalmados sin fe ni ley organiza una salvajada, el Gobierno de la República no encuentra otro medio para dominar el ridículo motín que echarse en brazos del Ejército!

¡Y ello por no «ofender al pueblo» sacando a la calle los «tricornios» de la Guardia Civil! Si ésa iba a ser la tónica del Gobierno, en materia de orden público, pensaba yo, era evidentísimo que nada tenía que hacer en el Ministerio de la Gobernación. Cuanto antes lo abandonase, mejor para todos, pero principalmente para mí.

En efecto, con la solemnidad de las viejas costumbres, fue proclamado el estado de guerra. Los piquetes de la tropa, con sus cornetas, recorrieron Madrid anunciando al vecindario la «buena nueva», y el general Queipo de Llano, capitán general de la I Región, se paseó, de gran uniforme, triunfante y pinturero, por las calles jugando el papel de salvador del orden. Al minuto desaparecieron las partidas de gamberros, se acabaron los incendios y el orden quedó restablecido instantáneamente. Durante la jornada no hubo ni un herido leve, ni una víctima personal de los incendios. Las mujeres humildes, en los barrios extremos, ayudaban a las monjas a salvar lo que creían indispensable y las acompañaban hasta donde ellas pedían, para que nada les ocurriese durante el trayecto. Fue una de esas jornadas inexplicables para cuantos no conocen a fondo el carácter del pueblo madrileño, uno de los más originales y desconcertantes que cabe imaginar.

El hecho de que la triste jornada resultase incruenta mostraba, bien a las claras, la calidad de la revuelta. Se había tratado tan sólo de quemar iglesias y conventos, no por espíritu revolucionario, ni por deseo de venganza contra frailes y monjas a quienes respetaron, sino como simple manifestación sectaria de un puñado de falsos intelectuales del Ateneo, y como diversión o entretenimiento de una turba de verdaderos golfos, a quienes se aseguraba la más absoluta impunidad.

Por su parte, los católicos madrileños no consideraron ni un solo instante obligado, ni siquiera oportuno, hacer acto de presencia en la calle en defensa de lo que para ellos debía ser sagrado.

Cabe pensar en lo que habría ocurrido en Madrid si unos cuantos «señoritos» se hubiesen lanzado ése u otro día a quemar las Casas del Pueblo y los centros obreros. ¿Hay alguien capaz de creer en la posibilidad de realizar tales propósitos durante horas impunemente? Pero así era, entonces al menos, la clase conservadora española. Todo se le debía sin el menor esfuerzo por su parte.

Ya en mi casa, me puse a redactar la carta al Presidente razonando mi dimisión. Dado mi estado de ánimo, en aquellos momentos mi propósito era, no sólo dimitir el cargo, sino retirarme de la política. Mis ilusiones se habían venido al suelo estrepitosamente. No acertaba con la fórmula epistolar adecuada y rompía una tras otra las cartas que iba escribiendo. Al fin, sin que ella fuese a mi completa satisfacción, por parecerme aún pálida, logré redactar una que reflejaba objetiva y claramente mi actitud. Siento no tener hoy la copia, desaparecida, como todo mi archivo político y personal.

En mi carta a nadie culpaba pero mostraba la herida abierta en mis ilusiones y hasta en mi fervor republicano por los sucesos acaecidos. Acababa expresando que ni mi significación política, ni mi conciencia de católico, ni mi dignidad de ministro, ni siquiera mis ideales ciudadanos, podían aceptar, resignados, lo acontecido. Mi convivencia en el seno del Gobierno se hacía para mí imposible.

Consulté la carta con mi lealísimo y excelente subsecretario Ossorio Florit, persona no sólo ejemplar y capaz como pocas, sino de una lealtad y una bondad perfectas. Me dio plenamente la razón, pero hizo sus reservas sobre la posibilidad de lograr mi propósito, porque suponía, como en efecto aconteció, que iban a caer sobre mí toda suerte de presiones para hacerme desistir de mi empeño. En todo caso, me hizo saber que su suerte era la mía, y que su dimisión irrevocable iba aparejada con la que yo enviaba al Presidente. Envié la carta al domicilio particular de don Niceto, para así tener tiempo suficiente, antes de que llegase a leerla, de apercibir mi defensa contra el intento de retenerme.

Corrió la noticia de mi dimisión por Madrid y pronto empezaron a llegar a mi casa gentes calificadas para rogarme que permaneciera en el Gobierno.

El más apremiante de estos ruegos me vino por teléfono. El nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, personalmente en el aparato, me hizo durante un largo cuarto de hora toda suerte de súplicas y consideraciones, perfectamente lógicas desde su punto de vista, pero incompatibles con el mío, para demostrarme que «no podía desertar». Como no lograse su propósito, porque sin vacilar le manifesté que era para mí cuestión resuelta y no volvería de mi acuerdo por nada ni por nadie, me envió una carta autógrafa, que lamento no tener en mi poder. Era apremiantísima y basaba preferentemente su ruego en la necesidad de evitar, a toda costa, que lo ocurrido en Madrid, en el día que vivíamos, se corriese al siguiente a las demás provincias de España, peligro inevitable, decía, si el Ministro de la Gobernación sale del Gobierno «echado por los revoltosos». Esta perspectiva había ya asomado a mi mente durante la jornada, pero la dejé a un lado al tiempo de dimitir. Tal era el respiro que mi dimisión trajo a mi ánimo fatigado y desilusionado hasta el límite. El Nuncio hacía de ese argumento la base de su razonamiento.

Gregorio Marañón, además de amigo entrañable, persona del máximo consejo para mí, vino también a mi casa con el mismo ruego, no sólo en su propio nombre, sino además con el de otras gentes, que, según me afirmaba, le habían rogado se hiciese portavoz cerca de mí, de su opinión de que era indispensable que permaneciese en mi puesto sin abandonar la lucha.

El que más hincapié había de hacer en convencerme del desistimiento de mi dimisión fue Ossorio y Gallardo, mi decano como ya vimos, amigo de siempre y padre de mi subsecretario, que le había informado de mi decisión. [Por él supe que, si yo mantenía mi dimisión, sería Álvaro de Albornoz mi sucesor, lo que declaro que me llenó de espanto, porque si así hubiese sido, es fácil que no hubiese quedado en el curso de los días venideros, ni un convento, ni una iglesia en todo el territorio nacional. La más absoluta incapacidad para prever, para mandar y hasta para ejecutar lo que otros ordenan se reunían en bloque compacto en la personalidad de este excelente y simpático amigo, republicano «de toda la vida», honrado a carta cabal y muy culto, pero petrificado en (…) 1793].

Ossorio y Gallardo publicó en Buenos Aires en el año 1946 unas Memorias de su vida, en las que claramente se ve que escribe de recuerdos tan sólo, sin tener a la vista datos precisos de los sucesos que narra. Al llegar a este episodio dejó correr un tanto su fantasía, inagotable por fortuna para las letras españolas, porque ha dejado no pocas muestras de ella, siempre amenas y bien escritas.

Del relato que hace de su intervención cerca de mi modesta persona en aquella ocasión, tomemos lo esencial, que es el consejo que me dio y que él refiere textualmente. Lo demás carece de importancia, aunque se aleje en varias ocasiones, sin duda por olvido, de la «realidad histórica», como acontece, por ejemplo, con el episodio del general Berenguer, que también recoge a su modo a continuación.

Pues bien, el consejo que de don Ángel recibí, fue, según él mismo cuenta, éste:

«La opinión que le voy a dar a usted le pesará toda su vida y le hará mucho daño. Pero pienso que debe usted seguirla porque no tiene otro camino decoroso. Usted no puede dimitir aunque le sobre razón para hacerlo. La República del 73 cayó porque ningún ministro duraba ni quince días en su sitio. Si ahora, a menos de un mes de instaurada la Segunda República, empieza usted el mismo camino, todo el mundo pensará que el mismo camino que el 73 se va a repetir. Y, sin duda alguna, se repetirá, porque detrás de usted cada cual querrá salvar su criterio personal en cuanto apunte la menor divergencia. Si ahora se va usted, las derechas enemigas de la República le ensalzarán y glorificarán, pero usted no tiene derecho a salvar su figura hundiendo la institución para cuyo establecimiento tanto ha trabajado. La actitud digna tiene que ser la contraria: salvar la República aunque perezca usted. Tal es mi dictamen, pero de nuevo le repito que éste es el mayor sacrificio que puede usted prestar al nuevo régimen, porque de hoy en adelante las derechas se revolverán airadas contra usted y le acusarán de ser el verdadero culpable de la quema de las iglesias. Prepárese usted a sufrir, pero cumpla su deber.

Miguel me atendió (cosa rara en él) y no dimitió. Mi vaticinio se cumplió puntualmente. Desde aquel instante las derechas acentuaron contra él su odio y le trataron siempre como si fuese él —católico por convicción y por herencia— quien había ido personalmente a pegar fuego a los templos».

Confieso que lo que hubiese podido suceder a la República del 73 me importaba tres cominos en ese instante, otros tres mi «figura», y otros tantos la opinión que pudiese merecer a las «derechas», que de antemano sabía que no tenían ni tendrían nada que ver conmigo ni con nadie que pensase en liberal. Por eso no podía Ossorio hacerme cambiar de propósito, pese a lo que afirma.

Ni los unos ni los otros influyeron en mi ánimo. Mi decisión estaba tomada y creía yo, en aquellos momentos, que nada ni nadie la haría variar.

Por otra parte, me llegaban noticias de los conventos e iglesias librados de la quema, gracias a las escasísimas medidas adoptadas por mí en la madrugada anterior. Los jesuitas de la calle de Zorrilla habían sido salvados por dos veces, durante la mañana, simplemente por una pareja de Guardias de Seguridad apostada en la puerta, sin más armas que sus arcaicos sables. Los incendiarios, al verla, desviaron su ruta las dos veces dejando en paz la iglesia y el convento el resto del día. Igual aconteció con los frailes del famoso Jesús de Medinaceli, de la calle de ese nombre, y con otros muchos más.

¡Cuantos conventos habían tenido ante sí una de esas pintorescas parejas de Guardias de Seguridad se libraron, sin el menor choque entre los guardias y los asaltantes! ¡Estas noticias ponían de manifiesto la calidad de la revuelta, que el Gobierno había consentido!

El cansancio de las dos jornadas y la depresión subsiguiente a mi decisión me obligaron a acostarme a las nueve de la noche, quedando, al minuto, dormido profundamente.

Serían las once, es decir, dos horas más tarde, cuando el teléfono oficial, colocado a la cabecera de mi cama, me llamó insistentemente. El Presidente, desde el Ministerio de la Guerra, donde estaba reunido el Consejo de Ministros, me rogaba acudiera cuanto antes, cualquiera que fuese mi actitud. No podía excusar mi ausencia, y acudí al momento.

Al llegar, me bastó tender la vista por las caras de mis compañeros para tener por cierto que el ambiente había cambiado por completo. Mi entrada fue acogida con un silencio, que esta vez me guardé muy bien de romper, como tenía por costumbre en otros casos. Al fin, el Presidente tomó la palabra y dijo:

—Hemos examinado, Migué, la situasión creada por su dimisión. Si la mantiene yo también me marcho del Gobierno, porque no puedo seguir en él sin usted. Reconosemos que tiene usted rasón y que se ha debido prevenir lo ocurrido, pero eso es ya cosa pasada. Todos los ministros ponen en usted su confianza para cuanto se refiera al orden público. Le suplico que antes de contestar reflexione en el daño que puede causar a la República y a España si mantiene su dimisión.

Hubo un largo silencio.

No me sorprendieron las palabras de Alcalá Zamora. Ello lo tenía más que pensado, triturado en las reflexiones que durante el día habían constituido mis conversaciones con unos y otros. Aun dando por supuesto que fuese verdad (cosa que no creí un solo instante) que el Presidente me siguiese en la dimisión, mi sola salida del Gobierno, por esa causa, era un grave golpe para el régimen, por muy justificada que estuviese mi conducta. Mas, por otra parte, asumir de nuevo la responsabilidad del orden público atado de pies y manos como lo había estado en los días transcurridos era para mí inaceptable. Jamás me prestaría a ello.

Al fin, decidí poner condiciones tales para mi vuelta a la cartera, que fuese difícil a mis compañeros el aceptarlas. Las condiciones fueron:

1.a Plenos y absolutos poderes para todo cuanto al orden público se refiriese, en tal forma, que con nadie habría de consultar, ni siquiera con el Presidente, cuando tuviese que actuar en previsión o en defensa del orden, o me viese obligado a hacer uso de la fuerza, advirtiéndoles que pensaba usar en lo sucesivo y desde el primer instante de la Guardia Civil, sin el menor reparo, por ser el único instrumento a mi alcance para garantizar la paz. Si en mi actuación me excedía, a juicio del Consejo de Ministros, después de restablecida ella, podrían hacer conmigo lo que quisieran, pero mientras la perturbación durase, a nadie habría de rendir cuentas de mis decisiones.

2.a Libertad completa para nombrar y destituir gobernadores, sin tener que pasar forzosamente, como hasta entonces, por las listas que los partidos me proporcionaban.

3.a Facultad para destituir aquella misma noche a las autoridades que habían dado palmarias pruebas de su incapacidad, empezando, claro es, por el Director General de Seguridad, amigo incondicional del Presidente.

En el acto, sin un segundo de vacilación, y como si viese el cielo abierto, aceptó don Niceto íntegramente las tres condiciones y espontáneamente añadió esta otra, que por lo visto habían ya adoptado los Ministros en mi ausencia:

En caso de declaración del estado de guerra, sería el Ministro de la Gobernación quien diera las órdenes a la autoridad militar, porque el de la Guerra se desentendía totalmente de cuanto se refiriese al orden público.

Me encontré preso en mis propias redes. Lo que me ofrecía el Presidente era pasar a ser Ministro de la Gobernación, cosa que hasta este momento, sin yo sospecharlo, había estado a cien leguas de la realidad. A mis manos venía todo el poder, toda la responsabilidad. No podía negarme. A esto se añadió la expresión amistosa, y hasta emotiva, que algunos de mis compañeros mostraron para decidirme y para desagraviarme por cuanto comprendían había sido mi padecimiento durante esas jornadas. Mostré, pues, mi conformidad y les dije:

—Ya veremos cómo suceden las cosas en lo venidero, pero por el momento me voy ahora mismo a Gobernación para ver si evito que mañana ardan todas las iglesias de España.

Corrí al Ministerio. Entré en contacto con los gobernadores de Barcelona, Valencia, Bilbao, Zaragoza y Sevilla, que eran las capitales que yo juzgaba más peligrosas. Las instrucciones que di a los gobernadores no pudieron ser más severas y precisas. Quien me hubiese oído aquella madrugada hablar por él teléfono oficial con las autoridades, después de haber presenciado durante el día lo que en Madrid había acontecido, jamás habría creído que fuese la misma persona quien regía los destinos del orden público en España.

Ya de madrugada, vino a mi despacho el inefable don Carlos Blanco, llamado por mí. Venía un tanto mohíno y cabizbajo. Sin la menor acritud, le hice ver la imposibilidad en que se hallaba de seguir regentando la Dirección del Orden Público, y le pedí la lista de los comisarios de policía que habían ejercido sus funciones durante el día en los distritos donde se incendiaron los conventos. La traía apercibida y pronta, y al extrañarme de esta coincidencia, averigüé que también él consideraba necesario hacer una limpia «a título de ejemplaridad»…

Le hice ver que en tal caso no debía romperse la cuerda por lo más delgado, y que aun cuando lo lógico habría sido que fuese yo el primer sancionado, por la punible lenidad de las autoridades, no había dependido de mí el que así ocurriera, ya que, con harto sentimiento, no podía precederle ni acompañarle en el ostracismo al que me veía forzado a condenarle.

Lo comprendió sin dificultad, y en la Gaceta del 13 salieron su dimisión y el relevo de cuatro comisarios.

El 12 de mayo

El 12 de mayo

En las primeras horas de la mañana, las noticias que iban llegando de las provincias no eran buenas. En Sevilla, Valencia y otras ciudades las turbas, que se enteraron por la prensa de lo ocurrido en Madrid la víspera, se echaban a la calle con ánimo de repetir la hazaña. A decir verdad, lo que colmó toda medida, por su magnitud y por la forma en que se desarrollaron, fueron los sucesos de Málaga.

Era gobernador de esa provincia cierto amigo de Alcalá Zamora, llamado Antonio Jaén, hombre culto, catedrático y excelente persona, pero notoriamente incapaz, como verá el lector, de concebir qué es la autoridad. Mandaba la guarnición de Málaga el general Gómez Caminero, a quien yo no conocía ni de vista, pero que ese día reflejó una cortedad de alcances fuera de lo usual, aun entre los castrenses más castrenses.

Parece que, desde la primera hora de la mañana, las gentes del barrio del Perchel se echaron a la calle, arrastrando en la riada a cuantos hallaron a su paso. El gobernador, que acababa de llegar de Madrid en el expreso y que había sido testigo de lo acaecido en la capital, propuso a Gómez Caminero hacer frente al conflicto, los dos «al alimón», sin necesidad de declarar el estado de guerra.

Ambos del brazo, salieron al encuentro de las turbas y, tras unos discursos de circunstancias, acordaron que podían los manifestantes quemar simbólicamente no sé qué capilla desafectada, situada en las afueras de la ciudad. Allá fueron juntos, autoridades y turba; para dar la representación del espectáculo pegaron fuego a la capilla, y el pueblo, entusiasmado, aclamó a las autoridades verdaderamente «populares» que, una vez consumado aquel insólito hecho, pretendían que la manifestación se disolviese. Pero no lo entendieron así los manifestantes, sino que, tomando a los dos peleles jerarquizados en hombros, les condujeron, entre aclamaciones y vítores, frente a otras iglesias y conventos, y uno a uno y siempre en presencia de las dos autoridades —el Excmo. Sr. Gobernador Civil y el Ilmo. Sr. Gobernador Militar— ardieron los 22 conventos e iglesias de Málaga en aquella «memorable jornada laica».

Más de cuarenta veces llamé por teléfono a los Gobiernos Civil y Militar durante aquel infausto día. No me cupo la suerte de poder dialogar con ninguna autoridad. Ambas estaban entregadas a otros más «luminosos» menesteres. Hube de conformarme con oír a los subordinados que se ponían al aparato.

Fue una verdadera catástrofe para Málaga y para la República, que desde entonces perdió la estima y el apoyo de los malagueños sensatos, ganando con ello terreno los elementos comunistas, que, por excepción en España, tuvieron en esa ciudad fuerza suficiente para enviar un representante a las Cortes. Hube de pasar por el desagradable trance de dar cuenta al país, a través de una conferencia de prensa, de tan lamentables sucesos, añadiendo, claro es, la noticia de la destitución del Gobernador Civil y mi lamentación por no poder hacer lo mismo con el militar, que no estaba, para esos efectos, bajo mi jurisdicción.

Tras lo dramático, lo bufo. Dos días después, se presentaron en el Ministerio, a mediodía, dos señores cuyas tarjetas me revelaron que eran malagueños o, cuando menos, que su domicilio radicaba en Málaga. Supuse de quién se trataba y les recibí en seguida en el despacho pequeño. Saludaron corteses y me notificaron:

—Venimos en nombre del general Caminero, que nos ha conferido su representación para decirle que se considera ofendido por las manifestaciones que la prensa ha puesto en sus labios y para rogarle designe sus representantes con el fin de llevar el asunto al «terreno del honor».

Hice un esfuerzo para no soltar la carcajada. ¡Era lo que me quedaba por oír! Me contuve, sin embargo, y les pregunté:

—El general Caminero, ¿está en Málaga o en Madrid?

—Ha venido con nosotros. Hemos llegado esta misma mañana en el expreso —me contestó uno de los caballeros.

—Bien, pues le van a decir de mi parte lo siguiente: primero, que no me bato ni con él ni con nadie; y segundo, que lo que he dicho a los periodistas y ha publicado la prensa no es sino la milésima parte de lo que pienso de él y de su conducta. Y que como me consideraría feliz de poder soltarle lo que me queda dentro, le espero esta tarde, desde las tres hasta las cuatro, no aquí, sino en mi casa particular; ahí tienen mi tarjeta, para decírselo de viva voz. Y díganle, además, que le aconsejo que no falte, porque le prometo que quedará servido.

—Señor Maura, usted no ignora que el código del honor…

—Ese código me lo paso yo por la palomilla. Señores, tengo demasiado que hacer para perder más tiempo con el señor Caminero. Y dando media vuelta me metí en mi despacho.

Le esperé hasta las cuatro y media, con verdadera impaciencia. Hubiera dado cualquier cosa por verle. En el estado de excitación en que me hallaba aquellos días, la escena habría sido de antología. No vino, y nada he vuelto a saber del personaje en cuestión.

Comprenderá el lector que, con autoridades de semejante calibre, era milagroso que no ocurriese a diario una catástrofe en cada una de las provincias de España. Ello confirmó mi firme decisión de prescindir cuanto antes de los gobernadores que los partidos me proporcionaban y buscarlos entre las personas que, afiliadas o no, tuviesen el sentido de la autoridad y, además, el común, que, por lo visto, escaseaba tanto como el otro.

El triste balance de estas dos jornadas se cifró en más de un centenar de conventos y templos incendiados, y muchas obras de arte destruidas, pérdida ésta irreparable de verdad, porque las edificaciones no tardaron en ser reconstruidas. Tampoco hubo víctimas en las capitales de provincia, lo cual ratifica la calidad de la revuelta.

En las ciudades en que el gobernador conocía su obligación, nada en absoluto pasó. Tal aconteció, por ejemplo, en Zaragoza, donde el gobernador, don Manuel Pardo, que permaneció al frente de la provincia todo el tiempo que yo estuve en el Ministerio, y que dejó fama de ejemplar, cortó de raíz los intentos de la CNT de aprovechar la ocasión para lanzarse, una vez más, a la calle.

Ya he indicado que Lerroux había salido para Ginebra el mismo día 10, con lo que se libró de vivir esas jornadas. Mucha gente se ha preguntado sobre la conducta de Azaña y de los hombres de la izquierda si don Alejandro hubiese estado presente en aquellas horas. Para mí, que le había visto actuar en el seno del Gobierno desde antes de su formación oficial, la respuesta no era dudosa. No habría probablemente despegado los labios durante los tres días, y en modo alguno se habría prestado a poner su autoridad en juego exigiendo la represión de los desórdenes. No estaba en su línea de conducta tanta energía ante sus compañeros ni ante la calle. Al menos, en esta etapa primera de la vida del Gobierno Provisional.

Para comprobar la exactitud de este mi punto de vista, basta leer el párrafo que a la quema de los conventos dedicó en el discurso inaugural de su campaña electoral para las Constituyentes, pronunciado en Burgos, un mes más tarde, el 13 de junio. Tras entonar un canto al tono ejemplar y pacífico que presidió el advenimiento de la República se expresó así:

«—Pero me diréis: “¡qué poco tiempo pasó, qué cerca estaba la quema de los conventos!”. Quiero mostraros cuánto ha avanzado el pueblo en cultura y dignidad. Recordad el año 1834. Basta traer a la memoria aquella carta del alcalde de Reus al ministro de la Gobernación, en la que decía: “Continúa la matanza de frailes sin ninguna novedad”. Es que los hechos se desarrollan según la conciencia de los tiempos. Ved cómo han cambiado. Ahora, hubo una provocación y se incendiaron los conventos, pero no se ha cometido ningún atentado personal. Las religiosas eran asistidas por el pueblo que las proporcionaba trajes y las acompañaba a los hogares particulares que ellas designaban».

Lo que me faltó, sin duda, para mi definitivo consuelo: que Lerroux hubiese estado presente en las reuniones del Consejo, y me hiciese ver y admirar cómo había progresado la conciencia de los tiempos, puesto que no se mataban frailes sin ninguna novedad, mientras los templos ardían. ¡Ese gran consuelo me faltó a lo largo y a lo ancho de las jornadas del 11 y del 12 de mayo!… Mas, pensándolo bien, resultó preferible para él y para mí que estuviese en aquellas horas a muchas leguas de Madrid.

Resumen

Resumen

Forman estas tres fechas —10, 11 y 12 de mayo— el único bache en la vida del Gobierno Provisional. Bache que estuvo muy cerca de ser definitivo y crucial para su vida y para el régimen; pero que se salvó, al fin, aunque con grave daño para ambos.

No quiero hacer comentarios y aún menos señalar responsabilidades. Lo que para mí representó de molestia o de agravio pronto fue perdonado, aunque no echado en olvido, porque «de los escarmentados nacen los avisados».

El lector juzgará por sí: Yo puedo afirmarle que el relato es rigurosamente fidedigno y preciso, que no hay en él un ápice siquiera de fantasía, de suerte que, con esos resultandos, creo fácil para él dictar su fallo.

Pudieron y debieron evitarse tales sucesos, pero ya he precisado que constituyeron un aprendizaje del oficio de gobernar para la mayor parte de los miembros del Gobierno. Fue una severa lección que no se hizo necesario repetir, porque, a partir del 13, la autoridad volvió por sus fueros en la forma y medida que el lector verá a continuación.

CAPÍTULO VI

EL PROBLEMA DEL ORDEN PÚBLICO

¡Los gobernadores!

¡Los gobernadores!

Como si la quema de los conventos hubiese sido una señal convenida, a partir de este suceso no hubo para mí un solo día de paz y de respiro.

La experiencia que me había aportado lo acontecido se condensaba en estas conclusiones:

1.a Necesidad de un director general de Seguridad activo, capaz y apto de verdad para el cargo.

2.a Imprescindible urgencia de revisar los nombramientos de gobernadores que habían ido cayendo sobre las provincias durante el mes transcurrido de vida de la República.

3.a Comprobar que la única fuerza a mi disposición, por el momento, la Guardia Civil, no había sido desmoralizada y su eficiencia enervada por lo ocurrido, y, caso necesario, galvanizarla para que volviese a ser lo que siempre fue, un instituto ejemplar por su disciplina y su eficacia.

4.a Crear rápidamente otra fuerza, para hacer frente a las alteraciones del orden en las ciudades, más ágil y con más moderno armamento, dejando a la Guardia Civil la custodia del campo, su auténtica misión.

5.a No consultar con el Gobierno, y menos con su Presidente, las medidas a adoptar en materia de orden público, sino ponerle ante el hecho consumado para que sancionase, si quería, mi conducta, pero no para que me maniatara.

Éstos eran los cinco eslabones de la cadena que había yo de forjar para ejercer con eficacia mi misión, que prometía ser ardua.

Para sustituir a don Carlos Blanco fue nombrado por el Consejo de Ministros Ángel Galarza, que desde el advenimiento del régimen desempeñaba la Fiscalía de la República. Hombre joven, dinámico, un tanto atrevido, por no decir osado, abogado criminalista de cierta fama, periodista de ideas «avanzadas», como entonces se decía para designar a los innumerables anticlericales que pululaban en las filas republicanas. Ha sido este político muy discutido posteriormente. Yo debo decir que mientras permanecí en el Ministerio fue para mí un colaborador ejemplar, discreto, capaz, activo y leal. El primer eslabón de la cadena del orden público estaba, pues, resuelto.

El segundo era el de las autoridades provinciales, que tenían que responder ante el ministro del orden en las ciudades y pueblos de España. ¡Los gobernadores! Ellos fueron los sayones del suplicio a que estuve sometido los cinco meses que aún permanecí en el potro de tormento de la Puerta del Sol.

¡Los gobernadores! ¡Sólo con evocarlos, al cabo de treinta años, aún se me pone la carne de gallina!

El lector va a ver, brevemente, el mecanismo de sus designaciones y la calidad de esos instrumentos de… desgobierno.

El procedimiento para su designación era el siguiente. Los partidos republicanos, a través de los ministros respectivos, entregaban al de la Gobernación la lista de los miembros de cada uno de ellos que se consideraban aptos para desempeñar el cargo. Tales listas se formaban teniendo en cuenta no la capacidad cultural y temperamental del interesado, sino sus «servicios a la causa», su veteranía republicana y, por descontado, su amistad con el ministro proponente o con los directivos del partido.

Con los nombres venía en la lista, al margen, la provincia que el interesado deseaba gobernar, bien entendido, que ello era tan sólo a título de «indicación» y en modo alguno con carácter preceptivo, porque hasta ahí no habría llegado mi resignación.

Esas listas pasaban a manos de mi subsecretario, encargado del primer expurgo después de recibir y dialogar lo más estrechamente posible con los propuestos. La indicación, siempre severa, de Manuel Ossorio, pasaba confidencialmente a mis manos y me servía de guía para decidir, tras mi investigación personal en diálogo con el interesado. Reconozca que era imposible mejorar el sistema en los primeros momentos. Se precisaba recompensar los innumerables servicios prestados a la causa republicana durante tantos y tantos años de oposición, y se consideraba natural que fuesen las provincias el vertedero de esa pléyade de «beneméritos».

Recibía siete u ocho cada mañana, pues había de proveer las 49 provincias de sus respectivos Poncios, y no era tarea baladí seleccionar a tanta gente. La primera indicación me la daba su veteranía en la causa. Cuando el aspirante empezaba diciéndome «Yo soy republicano desde que nací» y me explicaba el porqué de esa pequeña anomalía, mi juicio quedaba de antemano formado. A éstos les llamaba republicanos uterinos, y casi sin excepción resultaban una perfecta calamidad como autoridades.

Aun había quienes remontaban su ilustre prosapia republicana más arriba del nacimiento, y me decían: «Yo, antes de nacer, era ya republicano, porque mis abuelos tenían en su casa a Ruiz Zorrilla cuando venía a España desde París de tapadillo para conspirar»… y salían a relucir Villacampa y el cuartel de San Gil y la Gloriosa y la Biblia en pasta. Éstos me aterraban desde el primer momento. Yo les llamaba republicanos de placenta previa, y, como no podía menos, eran la catástrofe en la provincia donde caían. Ni un solo placenta pudo mantenerse en el cargo más de dos semanas.

¿Qué concepto de la autoridad y del mando podían tener unos sujetos que desde que nacieron no habían visto ni oído otra cosa que revueltas, conspiraciones, cuarteladas, huelgas, motines; y respirado odio contra la fuerza pública, contra las autoridades y contra todo lo constituido? ¿Cómo iban a pasar de pronto al otro lado de la barricada para representar y ejercer lo que siempre habían odiado?

En la lista que guardaba en mi cartera del despacho iba apuntando al margen las indicaciones: P para los placentas; U para los uterinos; C para las calamidades, salvo milagro, que no eran pocos, y luego añadía un «¡ojo!», para advertirme que debía vigilar de cerca desde la toma de su posesión a través del teléfono y así evitarme sorpresas irreparables.

La flor y nata me venía del campo radical-socialista. Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz disponían de una clientela sencillamente única e indescriptible. Claramente se veía que a ese partido habían ido a parar los viejos elementos tradicionalmente rebeldes a lo constituido. Todos los placentas y la mayor parte de los uterinos de ahí me venían. No sin que la parte cómica de la cosa compensase la tristeza del espectáculo que ese desfile representaba para mí. Voy a ofrecer al lector dos pequeñas muestras:

Álvaro de Albornoz me propuso un candidato, «con el máximo interés», para gobernador de Segovia. Previamente, lo recibió y analizó Manolo Ossorio y puso al margen la calificación de «imposible». Álvaro de Albornoz me llamó por teléfono y me pidió «por cuanto más quiera» que atienda personalmente a su candidato, que «es un hombre muy culto, republicano de toda la vida, que ha prestado servicios incalculables y ha estado tres veces en la cárcel por la causa».

Me decidí a comprobar esas excelencias de visu y vino esa perla a mi despacho. Para la ceremonia se había vestido con las prendas de cristianar, porque traía un traje que olía a alcanfor a cien leguas y, además, reventaba dentro de él, lo cual demostraba que no se vestía «de calle» ni los domingos. Contaría unos cuarenta años, bastante mal encarado, sin el menor tronío para el cargo.

El diálogo fue, poco más o menos, el siguiente:

—Siéntese. Álvaro de Albornoz me ha dicho que tiene por usted una gran estima y me ha pedido que hable despacio con usted sobre sus pretensiones. Dígame, ¿tiene algún título académico, o el de bachiller?

—No, señor, nada de eso. Yo, ¿sabe usted?, al morir mi padre, que tenía un puesto de libros de lance en la cabecera del Rastro, lo vendí y compré dos en la calle de Claudio Moyano, ya sabe, donde se dice que es la feria de los libros, y me dedico a eso de toda la vida. Así conoció mi padre a don Álvaro y yo le he proporcionado verdaderas gangas de libros rarísimos. Don Álvaro me quiere mucho.

—Comprendo. Me dice Álvaro que ha prestado grandes servicios a la causa republicana. Cuénteme.

—En mi casa, desde mis abuelos, somos republicanos. En todo el distrito de la Latina se nos conoce de siempre. A mi padre le llamaban Dantón, porque hablaba muy bien, ¿sabe usted? Yo he estado en la cárcel tres veces. Lo gordo fue el 17.

—¿Qué pasó el 17?

—Nada, que le arreé un leñazo a un guardia que a poco le deslomo para toda la vida. ¡Tres meses estuvo en cama! Pero otro guardia, un hijo de mala madre, que me había visto desde la esquina, viene y me echa mano por detrás, ¡y a la cárcel! Me largaron tres años. Una pequeñez, usted verá.

—¿Y cuánto tiempo estuvo usted?

—Nada más que dieciocho meses, porque me cogió la amnistía que dio el Gobierno de su padre, ¿no recuerda?

—Sí, claro; y dígame, ¿por qué prefiere la provincia de Segovia?

—Verá usted, no es por nada. Es que mi compadre, el padrino de mi hija, ¿sabe?, tiene un hermano que está establecido en Segovia y tiene una casa de bebidas en el mismo Azobejo, ¿sabe usted?, y los veranos vamos allí a pasar dos semanas y lo pasamos muy bien. Y ahora, con esto de los gobernadores, pues hablé con don Álvaro y le dije a ver si podía ser, porque desde el cargo podría ayudar a mi amigo, que quiere establecerse arriba, en la Plaza, y poner ya un café serio, ¿sabe?

—¿Y no le asusta a usted el cargo? ¿De verdad cree que es tan sencillo ser gobernador de una provincia?

—Yo no sé, pero le pregunté a don Álvaro y me dijo que era cosa de mano izquierda y de quinqué —señalando el ojo con el índice—, de mucho quinqué, y eso, aunque me esté mal el decirlo, yo tengo para vender, porque usted sabe que en la Latina somos…, que, ¡bueno!, nos perdemos de vista.

Le despedí amablemente, diciéndole que hablaría con Álvaro para decidir.

Cuando le conté al detalle, tal cual lo he referido, este diálogo a Albornoz, creí que se ponía malo de tanto reír. Se retorcía de risa exclamando:

—¡Es magnífico ese hombre, es magnífico! Tengo que felicitarle.

—Felicítele cuanto quiera, querido Álvaro, pero no se le ocurra ni ahora ni nunca enviar ese bárbaro a una provincia, porque sería para ella peor que el terremoto de Mesina.

—No lo crea, querido Miguel, esa gente es utilísima y hace republicanos con sus entusiasmos. Son como misioneros.

—Querido Álvaro, vive usted, como siempre, en la Vía Láctea. En todo caso, mientras yo esté en Gobernación, ese hijo de Dantón no sale de la Latina a deslomar guardias y menos de «misionero» a provincias.

También Marcelino tenía una clientela deliciosa. «Con el máximo interés» me envió directamente un ciudadano de no mal aspecto físico y que se expresaba muy bien. Me refirió que era amigo de toda la vida de Marcelino, pero de momento no logré averiguar a qué consagraba esa vida ni de qué vivía. Solicitaba ir a Soria. Accedí, poniendo en la lista la U de uterino, que le correspondía y el «¡ojo!», al margen, porque, sin saber bien la causa, me inspiraba recelos el personaje.

Cuando entregaba personalmente a uno de estos placentas o uterinos el decreto del nombramiento, confieso que me corría una culebrilla de escalofrío desde la nuca, pasando por la espalda y… lo demás, hasta los pies. Me hacía el efecto de que ponía en manos de un niño de seis años una pistola cargada y amartillada. En este caso del candidato nombrado para Soria me sucedió lo mismo.

No había transcurrido una semana cuando empezaron a llegar al Ministerio unos «oficios», enviados por los Ayuntamientos de la provincia de Soria, todos iguales, en los que el gobernador requería al Consejo para que, «en el más breve plazo posible y a su comodidad, remitiese al gobernador la cantidad de mil pesetas, con cargo a los fondos municipales para atenciones especiales de este Gobierno Civil». Sumaban doscientos los Ayuntamientos sorianos, la mayor parte misérrimos. La colecta prometía, pues, ser fructífera, pese a todo…

No podía yo creer que ese uterino hubiese pensado en guardar para sí el fruto de la derrama, pero fulminantemente le destituí por teléfono sin vacilar. Ordené una averiguación seria del origen y procedencia del fracasado Poncio, y supe que era el dueño de un salón de limpiabotas de la Puerta del Sol, amigo de siempre de Domingo y su cireneo económico en los innumerables trances de penuria por los que había atravesado el gran Marcelino en el curso de su agitada vida. Resultó que esa cuestación pensaba destinarla a organizar una corrida de toros para las fiestas de septiembre, en la plaza de Soria, y como no había fondos en el Gobierno Civil, ideó que los aportasen los pueblos, puesto que contaba invitar a sus alcaldes a la corrida. ¡Y ése había sido el primero y más urgente quehacer de la primera autoridad provincial republicana en la provincia, puesto que aún no habían transcurrido seis días de su toma de posesión y ya estaba destituido!

< Otro gobernador, que envié a Logroño, también procedente de las listas radicales-socialistas, me llama una madrugada a las tres, al teléfono, y me dice:

—Señor Ministro, unos huelguistas están asaltando la casa de Correos y han prendido fuego a la sala de reparto. ¿Cree Vd. que ha llegado el momento de mandar a la Guardia Civil, que salga del cuartel y haga acto de presencia?

—El momento que ha llegado, le contesto yo furioso, es el de que entregue Vd. el mando al presidente de la Audiencia, pero ello sin perder un minuto. ¿Ha entendido Vd.?

Otro gobernador original fue el que designé como primer representante de la República en Huelva. No recuerdo su nombre, pero el hecho es que, este ciudadano, al llegar a la capital de su provincia, lo primero que discurrió hacer, minutos después de su toma de posesión, Fue ir en procesión a depositar una corona e la tumba del Litri, torero de Huelva, que había sido su amigo. Parece que no se encontraba la tumba entre las innumerables del cementerio, porque el admirado coletudo había fallecido hacía ya varios años, sin dejar parientes. No hay para qué decir, la serie de bromas y chistes (…)

Los hombres de las listas del Partido Radical de Lerroux tenían otras taras no menos lamentables >.

No acabaría de relatar episodios, no siempre cómicos, entre gobernadores y Ministro, pero hago gracia de ello al lector en aras de la brevedad del presente relato.

Sí, confieso que fueron para mí la mayor desilusión en el desempeño del cargo. Había soñado con imprimir a esas autoridades provinciales un nuevo espíritu y había redactado e impreso una circular que entregaba a cada uno, con el decreto de su nombramiento. Esa circular, que reprodujeron los diarios, contenía instrucciones para hacer de cada gobernador un gestor imparcial y celoso de los auténticos intereses provinciales:

«Es deseo del Gobierno dar al país la sensación de que el cambio de régimen no consiste tan sólo en un cambio de personas, sino que afecta a lo más hondo del sistema de gobierno. Por eso las instrucciones dadas a los gobernadores son las siguientes:

Las autoridades gubernativas se abstendrán en absoluto de intervenir en cuanto sea política partidaria, y en lo que afecta a las organizaciones de los partidos republicanos en la provincia de su mando, así como en los que se refiere a las cuestiones electorales. Esta abstención ha de ser llevada a tal extremo que la más leve transgresión de ella implicará la destitución fulminante de la autoridad que la cometa.

Deberán los gobernadores, en el plazo máximo de quince días a partir del de la toma de posesión, recorrer detenidamente la provincia de su mando, apreciando personalmente las necesidades de cada una de las regiones de ella y, singularmente, las que afectan a las clases trabajadoras y campesinas. Una vez girada esta visita, redactarán una Memoria comprensiva de cuantas deficiencias y necesidades hayan observado y propondrán al ministro las medidas que consideren necesarias para obtener la máxima eficacia de su gestión.

Es propósito del Gobierno que las autoridades gubernativas cuiden de llevar hasta las últimas aldeas las mejoras en materia de cultura, beneficencia y administración que sean posibles, fomentando por todos los medios la formación de Sindicatos agrarios, agrupaciones profesionales, cooperativas y cuanto represente organización colectiva de esfuerzos para un fin común. Cuidará, también, de mantener vivo el espíritu ciudadano, organizando conferencias de carácter cultural y político en las ciudades y en los pueblos.

Se abstendrán los gobernadores de concurrir con carácter oficial a las ceremonias religiosas que se celebren en la provincia de su mando, pero mantendrán con las autoridades eclesiásticas el trato obligado de la máxima cortesía y atención. Entiende el Gobierno, dada su especial composición y la naturaleza del régimen implantado, que las autoridades gubernativas tienen que ser totalmente neutrales en la esfera religiosa».

¿Mide el lector la sima que separa a estas cándidas ilusiones de la dura y pobre realidad que me tocó vivir? ¡Pues ése fue el abismo al que cayó mi decepción para no levantarse más!

Cierto que en los seis meses que permanecí en el Ministerio no había espacio de tiempo para grandes transformaciones, pero no fue tiempo lo que faltó, sino voluntad y capacidad a los encargados de llevar a efecto esos planes.

Téngase en cuenta que los gobernadores eran la única representación del nuevo régimen en las provincias, esperados en ellas con ilusión por unos, con curiosidad por otros y con franco temor por no pocos. La tónica que con sus decisiones y actos imprimiesen a la autoridad y a la vida provincial tenía que ser decisiva para el juicio que el país había de formar del régimen que acababa de nacer.

No, la República no pudo vivir sus primeros pasos como una auténtica y salvadora novedad. En las provincias no aportó nada nuevo al viejo vivir de los Gobiernos y autoridades de la Monarquía, y ésa fue, sin duda alguna, la causa primera de que no llegase a encarnar en la totalidad del alma nacional como algo indispensable para su propia existencia, es decir, a nacionalizarse.

La Guardia Civil

La Guardia Civil

Mi gran preocupación en los momentos que siguieron a la quema de los conventos era cuál sería la conducta de la Guardia Civil y sus jefes en el primer encuentro con los revoltosos tras lo ocurrido en la Puerta del Sol. ¿Se habría mellado o no el instrumento del orden? Daba importancia a la pregunta la certeza que ya tenía de que el anarquismo, con la CNT a la cabeza, pasaba a la acción.

Para salir de dudas, llamé al general Sanjurjo, jefe del instituto, y mantuve con él larga conversación. Me aseguró que nada había cambiado en el espíritu del Cuerpo y que podía contar con él incondicionalmente. Sin embargo, creí útil convocar a mi despacho a los jefes del mismo que estuviesen en Madrid y próximos a la capital, para celebrar con ellos una entrevista colectiva y hacerles partícipes de mis preocupaciones sobre la posible alteración sistemática del orden.

Así se hizo, y creo recordar que fue el día 16 de mayo cuando vinieron a mi despacho hasta diez coroneles, unos cuantos comandantes y el general Sanjurjo. Les dirigí la palabra brevemente para hacerles ver lo triste que había sido para mí lo que habíamos presenciado en las calles de Madrid el 10 y el 11 de mayo. Les referí el episodio de mi dimisión y las razones de mi vuelta al cargo con los plenos poderes en materia de orden público, lo que me permitía garantizarles que se habían acabado las vacilaciones y las claudicaciones de la autoridad, y terminé pidiéndoles que hiciesen confianza al Gobierno y prestasen su concurso incondicional para garantizar la paz y el orden de España.

El General, con su habitual premiosidad, hizo patente en nombre de todos su adhesión y lealtad al Gobierno y al Ministro, y prometió redoblar el celo en el servicio.

Un viejo coronel no se dio, sin duda, por satisfecho con la oración de Sanjurjo, y tomó la palabra para manifestar que habían sido para ellos y para el Cuerpo unos días muy tristes los 10 y el 11, pero comprendían perfectamente la causa y tenían confianza en que se restablecería la normalidad. Terminó haciendo una alusión al apellido que llevo como garantía de que así sucedería.

No quise dejar pasar esa alusión, y les dije que no era mi apellido ni yo los que afirmaban que se habían acabado las claudicaciones de la autoridad, sino todo el Gobierno, quien lo comprendía y lo ordenaba, pero que agradecía las palabras del coronel y les aseguraba que, mientras yo permaneciese en el puesto que ocupaba, no habría la menor vacilación en la autoridad superior para mantener el orden costase lo que costase.

Luego les puse al tanto de las noticias que sabía sobre la amplitud de las huelgas revolucionarias que la CNT y los anarquistas de distintas provincias tenían proyectadas en forma escalonada, y les ordené que en sus jurisdicciones respectivas vigilasen con atención y me transmitiesen cuanto averiguasen sobre esos planes de los revoltosos.

Cordialmente nos despedimos y quedé esperando la primera ocasión de comprobar la veracidad de las seguridades recibidas sobre el espíritu del Cuerpo.

No tardó en llegar esa ocasión, como verá el lector en el próximo capítulo.

La Guardia de Asalto

La Guardia de Asalto

Lo ocurrido los días 11 y 12 de mayo me había confirmado el temor de la imposibilidad de hacer frente a los conflictos de orden público en las ciudades con la Guardia Civil, como único instrumento. Ni su armamento —el tradicional fusil Mauser, de largo alcance y de un manejo lento—, ni el uniforme del Cuerpo, ni su rígida disciplina, podían adaptarse a las luchas callejeras y a la labor preventiva en las ciudades. Cada vez que intervenían era inevitable que el número de bajas fuese elevado, dado su armamento y su obligado modo de proceder. Tras los tres toques de atención reglamentarios, si eran agredidos, habían de disparar en legítima defensa y los fusiles hacían inevitablemente una carnicería en las filas de los revoltosos. Es otra muy distinta la táctica moderna de represión de tumultos callejeros, las más de las veces insignificantes en el fondo.

Tan pronto como Ángel Galarza estuvo al tanto de su misión en la Dirección General de Seguridad, planeamos juntos la creación del nuevo cuerpo de policía armada, al que desde el principio acordamos dar el nombre de Guardia de Asalto. Galarza se puso en contacto con el coronel del Ejército Muñoz Grandes, hombre capaz y organizador excepcional, y éste aceptó la misión de ser el creador del cuerpo que proyectábamos.

El entonces coronel Muñoz Grandes fue, más tarde, después de la guerra civil, jefe de la División Azul que Franco envió a Rusia, ministro de la Guerra y, en la actualidad (1962), es el único capitán general del Ejército español.

En aquella misión dio pruebas de su gran capacidad de organizador, porque, en menos de tres meses, creó de la nada un cuerpo perfecto de tropa entrenada, uniformada, seleccionada y disciplinada en forma impecable. Fue un verdadero milagro la rapidez y la perfección con que fue creada la Guardia de Asalto. El reglamento del cuerpo era extraordinariamente rígido, no sólo en cuanto a disciplina, sino también en cuanto a las condiciones requeridas para el ingreso en él. Se exigía la estatura mínima de un metro ochenta centímetros, una constitución física verdaderamente excepcional. Quien al presentarse como candidato mostraba la más leve tara física era rechazado sin piedad. Su entrenamiento era intensivo, y pasaban los hombres horas y horas en el gimnasio del Cuerpo. Toda la organización de cuarteles, uniformes, armamento, material rodado, etc., fue materialmente improvisado a la perfección. Hay que reconocer que Muñoz Grandes mostró unas aptitudes de organizador fuera de lo común y que Galarza le secundó con la máxima eficacia. Yo me limité a facilitarles los medios que me pedían y necesitaban sin regateos y sin tasa, y a alentarles en su labor, porque cada día era más urgente la presencia en las calles de una fuerza ágil, entrenada, movible y bien armada con armas que no fuesen por necesidad mortales.

Ello dio por resultado que, habiendo sido iniciada la labor de la creación del cuerpo a fines del mes de mayo, pocos días antes de abandonar yo el Ministerio, es decir, el 14 de octubre, el ministro contaba con un cuerpo de Guardias de Asalto de ochocientos hombres formidablemente entrenados y preparados para la acción, armados con porras y pistolas como armamento normal, y dotado de un material móvil que permitía a sus secciones estar presentes, a los pocos momentos, en el lugar preciso.

Su primera salida fue, según creo recordar, en el mes de agosto, en Madrid, con ocasión de un motín de verduleras en la plaza de la Cebada. Salieron las camionetas de bancos con los flamantes guardias perfectamente uniformados y armados con matracas de caucho, además de las pistolas que llevaban al cinto. Llegaron al lugar de la refriega con el mayor estrépito posible de las sirenas de sus coches, echaron pie a tierra y, matracas en mano, en dos minutos disolvieron la manifestación, dispersaron a los contendientes y volvieron a saltar a sus camionetas, desapareciendo del lugar. El éxito fue rotundo, y la popularidad del Cuerpo ganada definitivamente desde entonces.

Constituyó dicho Cuerpo un elemento básico del orden para los ministros que me sucedieron en el cargo, y quedó la Guardia Civil descargada de la misión de enfrentarse en las calles de las grandes aglomeraciones con las turbas o con grupos de revoltosos, concentrando su acción eficacísima en los pueblos y en el campo.

Pasados los años, es forzoso convenir en que las mismas cualidades que hicieron la fortuna del Cuerpo en sus comienzos fueron la causa de su degeneración. Las condiciones físicas exigidas a los guardias, el metro ochenta, la recia musculatura y el brillante uniforme sedujeron a las predispuestas modistillas madrileñas y a otras muchas ciudadanas extrañas al oficio de la costura, y trocaron a los bizarros guardias en repugnantes chulos.

En los últimos tiempos de la República, en los comienzos de la guerra civil, este Cuerpo fue el terror de los ciudadanos pacíficos, de los maridos predestinados y de los enamorados enclenques.

CAPÍTULO VII

LA OFENSIVA ANARQUISTA

La gravedad del problema

La gravedad del problema

El auge que los elementos anarquistas habían adquirido en muchas provincias, junto con los planes que de antiguo conocíamos, de desbordar a la República apenas nacida, constituían la principal indicación de una próxima e inevitable ofensiva de ese sector del elemento obrero nacional. Por lo demás, era muy difícil saber con exactitud qué métodos y planes pensaban emplear para esa ofensiva. De un lado, una deficientísima organización policíaca heredada del régimen monárquico, aún no subsanada, y, de otro, la forma especial de actuar de esa zona del obrerismo sindical, sin jefes conocidos, sin domicilios sociales registrados, sin exteriorización de sus intenciones a través de la propaganda pública, hacían punto menos que imposible conocer de antemano el lugar en el que el ataque iba a producirse.

Agravaba la situación la falta de elementos con que el ministro contaba para hacer frente a lo que pudiese surgir. Sólo la Guardia Civil, y ésta en número escasísimo y repartida forzosamente por todo el territorio nacional. Así, cuando por casualidad se conocía, con alguna antelación, el propósito de desencadenar en una provincia la huelga revolucionaria, era forzoso concentrar en ella elementos de la fuerza que guarnecía otras provincias, algunas veces lejanas, dejándolas indefensas. Total: un verdadero rompecabezas la distribución de los medios defensivos.

Lo que más preocupaba en aquellos momentos era la comprobación que había de hacerse en la primera oportunidad, de las seguridades que los jefes de la Guardia Civil me habían dado en la entrevista del 16 de mayo en el Ministerio. Esperaba, pues, con cierta zozobra, la hora en que fuese necesario apelar a la fuerza para comprobarlo.

San Sebastián

San Sebastián

No tardó mucho en llegar. A fines de mayo, no recuerdo bien el día, el gobernador de San Sebastián, Ramón Aldasoro, gran persona, vasco cien por cien, compañero nuestro en la cárcel Modelo, republicano de siempre, noblote, simpático y enérgico, me comunicó telefónicamente que los huelguistas del puerto de Pasajes, que desde hacía días provocaban incidentes locales, habían recibido grandes refuerzos de afiliados a la CNT de La Coruña, y preparaban, para el día siguiente, nada menos que el asalto a la ciudad de San Sebastián, dispuestos a saquear tiendas y casas.

En la provincia de Guipúzcoa no disponía más que de ocho parejas de la Guardia Civil, porque, tres días antes, había sido menester enviar el resto de la fuerza a Logroño, donde se anunciaban serios disturbios. Estaba en San Sebastián, por fortuna, el coronel de la región, uno de los asistentes a la reunión del Ministerio el 16 de mayo, según pronto supe.

En conversación telefónica con Aldasoro y con el coronel dispuse la operación defensiva con los medios de que disponíamos. El gobernador militar era un apuesto general a quien conocía de antiguo, uno de los pintorescos colaboradores militares en el movimiento de diciembre, colaborador solamente verbal, claro es, pues no había tenido oportunidad de mostrar su bizarría en la acción revolucionaria. El general se me ofreció con la fuerza de que disponía a actuar en vez de la Guardia Civil, y daba toda suerte de seguridades sobre la eficacia de su intervención. Me negué en absoluto al paso de los mandos, primero porque me importaba mucho saber a qué atenerme en cuanto a la Guardia Civil, y luego porque lo ocurrido en Málaga bastaba para justificar la máxima desconfianza.

Así, pues, dispusimos la defensa de la ciudad en la siguiente forma: los 16 guardias civiles estarían emplazados en el lugar de acceso a San Sebastián viniendo de Pasajes, conocido con el nombre de Puente de Mira Cruz, sumamente angosto y paso obligado para cuantos, viniendo por esa carretera, quieran entrar en la ciudad. Se halla ese puente privado en el barrio de Ategorrieta y pasa sobre la carretera, más bien estrecha, en el largo tramo flanqueado de villas con altos muros de mampostería a lo largo de la vía pública. Era, en definitiva, un lugar ideal para cerrar el paso a los manifestantes.

Hablé personalmente con el coronel que había de mandar la fuerza y con el gobernador, para que las instrucciones partieran de mí y de antemano supieran ambas autoridades que quedaban cubiertas por el ministro de toda responsabilidad.

A la mañana siguiente, a las siete, en comunicación permanente con el Gobierno Civil de San Sebastián, fui siguiendo al momento la marcha de los graves sucesos. Llegaron las turbas frente al lugar en que estaba emplazada la fuerza. Eran, según me afirmaban, más de mil, y entre ellos mujeres, armados de palos, escopetas y otras clases de armas improvisadas. La actitud era airada, y los gritos y ademanes descompuestos probaban la excitación que les habían comunicado los revoltosos extraños a la región, nunca propensa a la violencia.

Cerraban los guardias la carretera, colocados en dos filas a lo ancho de la misma. Al aproximarse las turbas, el cornetín dio el primer toque de atención. Siguieron avanzando los asaltantes. Segundo toque, sin el menor efecto entre las turbas. Y, al fin, el tercer toque, que provocó un furioso asalto de los manifestantes a los guardias, que ya, rodilla en tierra, se prepararon para disparar.

Hubieron de hacerlo, en descarga cerrada, para contener el alud que sobre ellos venía. Ocho muertos y no pocos heridos quedaron en la carretera. En su mayoría, mejor dicho, todos menos uno resultaron ser extraños a la provincia de Guipúzcoa. Los asaltantes, en desbandada, volvieron carretera arriba hacia Pasajes, y la manifestación quedó disuelta. Horas más tarde, fueron detenidos los cuatro dirigentes gallegos de la CNT causantes de la triste jornada.

Fue verdadero milagro que la descarga cerrada no causase mayor número de víctimas en lugar tan angosto y con la potencia de las armas que empleaban. Ello confirmó mi decisión de acelerar la formación de la Guardia de Asalto que, probablemente, sin necesidad de disparar un tiro, hubiese disuelto la manifestación utilizando sus porras y, a lo sumo, sus pistolas de corto alcance.

Eran éstas mis primeras armas en el duro oficio de gobernante, y confieso que para mí fue dolorosísimo el balance de la operación que había yo mismo ordenado y mandado. < Fue ello doloroso para mí, porque no hay nada que mitigue la contrariedad y el sinsabor que produce verse obligado a utilizar en esa medida la fuerza que está bajo las órdenes de quien en cumplimiento de su deber y para evitar malos mayores ha de utilizarla. Salvé ese día, estoy cierto de ello, a San Sebastián de un verdadero desastre, ya que las turbas de gallegos y aragoneses, que sobre la ciudad marchaban, iban, según se comprobó más tarde en la encuesta que la policía hizo al detener a los principales responsables, decididos a saquear la población, sin ninguna clase de miramientos, y emprender luego la dispersión de los responsables. Con ser ello importante, lo era aún más para mí la certeza, que aquel día adquirí, de que el instrumento de defensa estaba aún íntegro en mis manos. La Guardia Civil respondía a su tradición y a su historia, y era factor suficiente para inspirar confianza a las autoridades superiores >. Pasé varios días amargado con el recuerdo, pero seguro de haber evitado un día de luto a San Sebastián y quizás a otras ciudades y pueblos de la región, puesto que toda la fuerza de que disponía en la provincia era la que había estado presente en la refriega. Si hubiese fallado, o hubiese sido arrollada, nadie habría evitado el desastre.

Quedaba, como vulgarmente se dice, el rabo por desollar. Faltaba saber qué opinaría el Consejo de Ministros al conocer el balance de la jornada.

Como era evidente que este suceso sólo representaba el prólogo de lo que me esperaba en los días sucesivos, importaba mucho que cierta prensa no envenenase el asunto con sus comentarios mal intencionados o procaces. Convoqué, con urgencia, a los directores de diarios de Madrid a una conferencia, en mi despacho, para las dos de la tarde. Acudieron todos, incluso los que lo eran de periódicos suspendidos desde el 12 de mayo —enemigos míos irreconciliables, que desde entonces no perdonaron (y los que sobreviven, aún hoy, tras más de treinta años, no perdonan) ocasión de dedicarme sus acerados epítetos que me dejan, los de hoy como los de entonces, perfectamente indiferente—. Les recordé que se hallaban frente a un ministro que disponía de plenos poderes en materia de orden público y, por tanto, de cuanto a la prensa concierne. Les referí con detalle lo ocurrido en San Sebastián y el número de víctimas causadas por la represión del motín. No sólo no me oponía a que se publicase la noticia, sino que les rogaba se diese a conocer con escrupulosidad y veracidad, porque me interesaba que España supiese que había un Gobierno en su sitio, con el cual no se jugaba. Ahora bien —continué—: «el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio». Se dieron por enterados y abandonaron mi despacho.

Como de costumbre, se celebró el Consejo de Ministros por la tarde. Preferí no relatar lo sucedido hasta terminar la reunión, para que la prensa estuviese ya al alcance de los que quisiesen consultarla.

Al terminar los despachos de los ministros, ya de noche, Fernando de los Ríos, que sin duda tenía alguna noticia de lo sucedido, preguntó si había algo sobre el orden público.

Referí, entonces, con el máximo detalle, lo ocurrido; y las caras de consternación de algunos ministros, al oír el número de víctimas, me dio a entender la reacción que esperaba.

Albornoz exclamó:

—¡Qué enormidad! ¿Qué van a decir los periódicos? A este paso nos echamos encima toda la prensa.

—No lo sé ni me importa —le contesté—, porque ya les dije el día 11, al volver al Ministerio, que esto sería inevitable. Ustedes tienen la palabra. Si este modo de actuar en defensa del orden les parece mal, con decírmelo, pronto está resuelto, porque no deseo otra cosa que irme a mi casa. No sé qué dirán los periódicos, pero podemos verlo.

Pedí los diarios de la noche, que al momento estaban sobre la mesa del Consejo. Se precipitaron algunos ministros sobre ellos, y resultó que, salvo La Voz, que en su última página daba escuetamente la noticia sin el menor comentario, los demás diarios nada publicaron del suceso. El respiro que ello proporcionó a los timoratos fue visible. El mismo que tantas veces había repetido el 10 y el 11 de mayo la fórmula «la autoridad tiene que ser paternal», exclamó:

—Sí, sí, es preciso que sea mantenido el principio de autoridad.

No se volvió a hablar del asunto y fue para mí gran alivio, pues las noticias que de innumerables provincias me llegaban hacían prever una larga serie de verdaderas batallas campales en los días venideros.

Los graves sucesos de Sevilla

Los graves sucesos de Sevilla

Hago gracia al lector de las innumerables peripecias de la lucha desencadenada por la CNT y los anarquistas contra la República en las provincias donde tenían ya sus fuerzas organizadas, que no eran pocas, gracias a las debilidades de los gobernadores, que, o no se enteraban, o preferían dar a esas fuerzas la beligerancia máxima, a cambio de la paz en la calle. Zaragoza, Valencia, La Coruña, Logroño, pasaron días de agitación y la huelga fue, en cada una de esas capitales, general. La tónica de la represión varió según la calidad del respectivo gobernador, pero la intranquilidad y el marasmo de la vida mercantil durante los sucesos fue, por igual, lamentable en todas ellas.

< En los cinco meses que mediaron de entonces hasta mi salida del Gobierno, hube de hacer frente a 508 huelgas revolucionarias. Recuerdo bien la cifra porque, en la campaña intensa que contra mí hacían los anarquistas en su prensa y en sus propagandas orales, me culpaban siempre de haber causado 108 muertos con la represión de sus «manifestaciones pacíficas» y hube de encargar a mi secretaría que hiciera un balance exacto de los movimientos subversivos que afronté en ese período. Resultaba que la cifra de víctimas causadas por la fuerza pública en los encuentros con las turbas era insignificante, habida cuenta de la clase y magnitud de los choques entre ellas y la autoridad. Por eso, cuando tenía ocasión, en mítines y reuniones públicas, de enfrentarme con mis adversarios, les decía siempre que habían sido según ellos 108, pero podían haber ascendido a 1800, porque si ello hubiera sido necesario para restablecer el orden y defender los intereses de los ciudadanos pacíficos que ellos atropellaban, no hubiera vacilado un instante en hacerlo.

De entre esas 508 huelgas revolucionarias, las que adquirieron proporciones verdaderamente alarmantes fueron las dos que desencadenaron los anarquistas en Sevilla, la huelga de la Compañía Telefónica y los asaltos a cortijos de la provincia de Córdoba. Aparte de estos graves y extendidos movimientos de tipo esencialmente revolucionario, las huelgas y motines de casi todas las provincias constituían una verdadera pesadilla para el Ministro, porque la incapacidad notoria de los gobernadores me obligaba a permanecer toda la noche al teléfono dando instrucciones y propinando a los remisos o timoratos verdaderas duchas de energía. No dormía sino dos o tres horas por día, y ello en tal estado de excitación y de alarma, ante el temor de ser despertado por el timbre del teléfono situado a la cabecera de la cama, que puede decirse que más que de reposo, servían ellas para aumentar mi fatiga. Perdí catorce kilos en cinco meses y sólo me mantenía en pie, muchas veces realmente atontado, gracias a unas inyecciones de Cortical que diariamente venía a ponerme una mala bestia polaca, que atendía por madame Federica, quien manejaba la jeringa como podía haberlo hecho Machaquito el estoque taurino. Estoy seguro de que, de haberse prolongado más mi estancia en el Ministerio, mi salud hubiera quedado quebrantada para siempre. No es cargo que pueda ser desempeñado por un hombre solo y sin las asistencias debidas (…) >.

< El estado de nerviosismo que esa fatiga extrema provocaba en mí estuvo a punto de ocasionar un serio disgusto al Gobierno. Era durante los días febriles de la huelga sevillana. Llevaba yo cuatro noches sin desnudarme, durmiendo unos instantes tendido en la cama contigua al despacho del Ministerio, y me hallaba realmente fuera de mis goznes, cuando llego a las diez de la mañana al Salón del Consejo. Había acordado el Gobierno dos días antes ordenar un paseo militar de maniobras, de dos divisiones, por la región vasca, en previsión de ciertos manejos que los carlistas preparaban según había comprobado yo mismo, a través de un enviado especial que hube de destacar a esa región. El acuerdo adoptado, se convino que permanecería secreto. Al día siguiente, un diario de la noche publicaba con grandes titulares la noticia, con todos los pormenores. Lo había visto al hojear la prensa la víspera del día de mi relato, pero no le había concedido mayor importancia y, sobre todo, no pensé (…) que pudiera nadie culparme a mí de tamaña indiscreción.

Al llegar, como digo, al Salón del Consejo ese día, se hallaban en el quicio de la ventana del fondo del Salón, departiendo tranquilamente, Niceto, Largo, Lerroux y Azaña. Al verme con la cara desencajada propia de las rindientes jornadas que venía haciendo, los reunidos me preguntan con interés cómo marchan las cosas. Les contesto que mal, pero que todo tendrá arreglo, si logro resistir físicamente a la fatiga. En ese indiscreto y sobre todo inoportuno momento, Azaña, sin venir a cuento, dice con notoria acritud:

—Peor andarán un día, si el Ministro de la Gobernación se dedica a contar a los periodistas, con pelos y señales, los acuerdos secretos del Consejo.

Fue como un relámpago de ira lo que pasó por mi mente. Vi rojo, y ciego dejé caer la enorme cartera que bajo el brazo llevaba, y abalanzándome sobre el imprudente y osado Ministro, le cogí del cuello, le zarandeé como un pelele y le dije entre insultos, injurias y palabras gruesas, que le machacaba el cráneo contra la pared, si no rectificaba lo que acababa de decir. Reconozco que fue desproporcionada mi agresión, y sobre todo que el tono, las palabras y los ademanes eran totalmente impropios del lugar, de las personas y del rango de éstas; pero tengo como disculpa de todo ello el estado de insuperable nerviosidad y fatiga que aquellos días me habían producido. Azaña, blanco como un lienzo… blanco, no se defendía siquiera. En palabras entrecortadas me decía que me calmara, que no había querido ofenderme, que había creído que era yo quien había contado el caso a los periodistas, y, en fin, que me quería y estimaba lo bastante para no herirme innecesariamente. No cedía yo en mis apretones y amenazas. Los demás ministros se interpusieron y nos separaron. En ese momento, Marcelino, que había entrado en el Salón durante el momento álgido de la escena, se confiesa sin reparos autor de la indiscreción y se excusa humildemente por ella. Todavía furioso, y sin querer ceder a los requerimientos de Azaña, que deseaba a todo trance hacer las paces y olvidar el incidente, me senté a su lado en la mesa del Consejo y durante todo él no cesó de darme explicaciones y decirme amabilidades para desagraviarme. Le contestaba de mala manera y creo que, desde aquel día, me tomó tal miedo que venía a ser una especie de dominio físico el que yo ejercía sobre él. Tuve posteriormente muchas ocasiones de comprobarlo >.

Como muestra ejemplar del tipo de revueltas organizadas por esas fuerzas obreras, (voy a) contar al lector lo ocurrido en la capital de Andalucía, que adquirió proporciones serias, causó no pocas víctimas, y repercutió en las Cortes.

Entre los Poncios que Lerroux me propuso al tiempo de iniciar las designaciones, figuró, muy recomendado, cierto amigo suyo, don Antonio Montaner, para gobernador de Sevilla. Me produjo excelente efecto en la larga conversación que mantuve con él. Fue, pues, a Sevilla el señor Montaner.

No tardaron en llegarme noticias laudatorias de la conducta y prestancia de la primera autoridad designada por la República en la capital andaluza. Cuantos me hablaban del señor Montaner hacían elogios de su afabilidad, de su competencia y de la aparente justicia con que actuaba. También supe que se dejaba invitar, casi a diario, por los miembros del Círculo de Labradores, casino aristocrático sevillano, y asistía, en unión de los propietarios y terratenientes, a las fiestas nocturnas que, durante los veranos, son cosa corriente en aquella capital.

Esta última circunstancia no era muy tranquilizadora para mí, porque parecía inevitable que lo que por ese lado ganase de popularidad, habría de perderlo por el lado obrero, ya que dar gusto a todos, allí y en cualquier parte, es milagro difícilmente practicable.

La región de Sevilla, al tiempo de proclamarse la República, era una de aquéllas en las que la UGT, o sea el Partido Socialista, tenía mayor preponderancia. La organización de esa sindical obrera y del partido era tan fuerte que se consideraba el único auténticamente organizado.

En el mes de junio, con gran sorpresa por mi parte, dieron comienzo en el campo sevillano ciertas revueltas y huelgas provocadas por elementos que nada tenían que ver con el Partido Socialista. Tomó cuerpo ese proyecto de subversión cuando Ramón Franco decidió presentar su candidatura para diputado por la provincia de Sevilla, además de hacerlo por la de Barcelona, donde mantenía estrecho contacto con el elemento anarquista de la Ciudad Condal.

Habían sido convocadas las elecciones para las Constituyentes, por virtud de decreto del 4 de junio, para el domingo día 28: Ramón Franco, desde los primeros días del mes, casi a diario iba y venía de Barcelona a Sevilla en su avión militar. < (Había sido nombrado director general de Aeronáutica, cargo que correspondía entonces al de jefe superior de Aviación. Creía Azaña que era un deber suyo adjudicar puesto tan delicado a quien había personalmente colaborado con el movimiento revolucionario [y así] aprovechaba las facilidades que el cargo le proporcionaba)>. Hice vigilar estrechamente sus andanzas y averigüé que, en el campo andaluz, un tal doctor Vallina, anarquista libertario que gozaba de gran popularidad entre los campesinos de la región, había, de acuerdo con Franco y otros militares amigos de éste, proyectado el asalto a la ciudad de Sevilla para la víspera del día señalado para las elecciones, o sea, el 27, sábado. Ello se tramaba bajo la advocación de una «Andalucía Libre» y las proclamas que se repartían hablaban de la «independencia de Andalucía» y del «Estado republicano andaluz», prometiendo a los campesinos un sinfín de venturas.

Colmó la medida la noticia que el día 26, es decir, dos antes del señalado para las elecciones, llegó muy de mañana a mi conocimiento de que el capitán Rexach, uno de los amigotes de Franco, se había personado en la Maestranza, donde ordenó se cargasen en unos camiones que le acompañaban las 500 bombas, con sus respectivas espoletas, que en el depósito existían. Ante la extrañeza del oficial encargado del almacén, Rexach dijo:

—Esta vez va de veras y todo hará falta.

< Era absolutamente inútil acudir al Ministro de la Guerra con la queja. Más de una vez le había hablado de ello y siempre había Azaña o eludido el tema o afirmado que eran exageraciones y pesimismos míos, porque Franco era incapaz de hacer nada coordinado y serio. En definitiva no era otra cosa que una manifestación del miedo insuperable que Azaña tenía a enfrentarse con esos bárbaros, como pude comprobar bar horas más tarde. Decidido a obrar por mi sola y exclusiva cuenta >, sin perder un momento, llamé a mi despacho al general Sanjurjo y le di cuenta de lo que ocurría, ordenándole que, en avión y cuanto antes, saliera para Sevilla y procediese a la detención de Franco y sus amigos y a la incautación, por la Guardia Civil, del campo de aviación de Tablada.

Salió Sanjurjo en avión, y cuatro horas más tarde me telefoneaba dándome cuenta de la misión cumplida perfectamente. No había sido posible detener a Franco, porque la víspera se había fracturado una pierna al derrumbarse el tinglado de un escenario improvisado en Lora del Río para un mitin libertario. Los demás oficiales sí que habían sido detenidos.

No llegó, pues, a alterarse el orden esos días, y las elecciones se celebraron con normalidad, siendo elegido Ramón Franco, en uno de los últimos lugares, diputado por la provincia.

Apenas terminadas las formalidades electorales, el gobernador Montaner me llamó una mañana por teléfono, y, sin preámbulos, me notificó que se veía en la obligación de abandonar el cargo por razones de índole familiar, que dejaba el mando de la provincia en manos del presidente de la Audiencia y que salía para Barcelona aquel mismo día. No hubo medio de convencerle de que aplazase, al menos por unas horas, su decisión. Dejó al presidente de la Audiencia su puesto y abandonó Sevilla.

Indagué entre las personas allegadas para buscar y hallar a alguien capaz de hacerse cargo de una provincia que, según muchos síntomas, iba a entrar en convulsión seria muy pronto. Al fin, conocí y hablé detenidamente con un hombre joven, sereno, preparado, capaz, alto empleado de un gran Banco de Madrid, y persona recomendable para cuantos le trataban. Se llamaba José Bastos y era de familia conocida de siempre como inmejorable. Al hacerle el encargo, le advertí de lo difícil que iba a resultar la misión que le encomendaba, pero se mostró dispuesto a afrontarla sin vacilar.

Llegó al día siguiente a su puesto el nuevo gobernador, y pronto supo el motivo de la fuga precipitada de su antecesor. El señor Montaner, desde su llegada a Sevilla, había comenzado su labor destructiva de las organizaciones de la UGT y del Partido Socialista, dando las máximas facilidades a la CNT para que sustituyera a su rival. Con ello lograba, a la vez, dos objetivos: cobrarse, como amigo de Lerroux, la cuenta que éste tenía con el Partido Socialista por los desvíos y repulsas de que le hacían objeto continuamente; y, segundo, evitarse convulsiones de orden público teniendo propicios a los únicos elementos que podían alterarle.

Se había llegado al punto de dar la entrada en Sevilla a armas y municiones para los cenetistas, pistolas automáticas Parabellum, de inmejorable calidad, que todavía ignoro cómo se habían procurado los anarquistas, haciéndolas pasar al mercado de frutas y verduras en los capazos de los hortelanos y campesinos que a él concurrían.

En realidad, cuando Bastos llegó a tomar posesión del cargo, la UGT había prácticamente desaparecido de la región, y la CNT, su rival, tenía afiliada a la casi totalidad de la masa obrera y campesina de la provincia, se hallaba armada y preparaba, no sólo una huelga general en la capital, sino el asalto a ella por las masas campesinas dirigidas y capitaneadas por el doctor Vallina.

El 14 de julio se abrieron las Cortes Constituyentes, y el 18, cuatro días más tarde, dio comienzo la huelga general en la provincia de Sevilla. Con gran asombro de las gentes y de las autoridades, desde el primer momento, la revuelta tomó matices de una violencia extraordinaria. Desde las terrazas y azoteas de las casas particulares, los anarquistas tiroteaban a la fuerza pública que transitaba por las calles.

Durante los días 19, 20 y 21 fue en aumento la revuelta. El 20, murieron en la calle, asesinados desde las terrazas, tres guardias civiles y cayeron cuatro obreros ante los disparos de la fuerza pública.

Cuando el gobernador me llamaba al teléfono, y lo hacía innumerables veces al día, oía yo perfectamente los impactos de las balas que entraban por las ventanas en el despacho de Bastos, disparadas desde las terrazas de las casas cercanas al edificio del Gobierno Civil.

La serenidad, el valor y la prudencia de Bastos durante esas tremendas jornadas fueron insuperables, y la ciudad entera se mostró decidida, ante su ejemplo, a secundarle con ardimiento. Los transportes y los servicios urbanos se llevaban a efecto por voluntarios que, en número considerable, se ofrecieron a la autoridad y actuaron sin temor a las balas que barrían materialmente las calles de la ciudad. Fue un gobernador de cuerpo entero, verdadera rara avis en aquellas horas.

Tanto Bastos como yo teníamos decidido no resignar el mando en la autoridad militar sino en última instancia. Desde el 18 hasta el 22 de julio logramos hacer frente al conflicto con sólo las fuerzas de la Guardia Civil, pero el 22, por la mañana, se recrudeció aún más la ofensiva merced al refuerzo que, por lo visto, lograron los amotinados de los campesinos de los alrededores, no obstante haber sido detenido y encarcelado el doctor Vallina en el momento en que emprendía la marcha sobre la ciudad capitaneando una verdadera caravana de camiones repletos de revoltosos.

La evidente fatiga de la fuerza había llegado al límite. Fue indispensable pasar la mano a la autoridad militar. Mandaba la División de Andalucía el general Ruiz Trillo, que se hizo cargo del mando proclamando el estado de guerra.

No cesó la lucha en todo el día 22, y de madrugada, con ocasión de un traslado de presos desde Sevilla al puerto, para conducirlos al penal de Cádiz, al cambiar de furgoneta en pleno Parque de María Luisa a varios de los detenidos, éstos intentaron escapar y la fuerza del Ejército, al mando de un joven teniente, disparó, matando a cuatro. (Este párrafo no resume bien lo que el autor pensaba sobre los incidentes del Parque María Luisa: el lector verá en el capítulo I de la Tercera Parte, a continuación, que se había quedado —en todo caso hasta 1945— con la sospecha de que hubo ley de fugas).

Este suceso levantó increíble polvareda, no sólo en Sevilla, sino también en las Cortes Constituyentes, que desde el día 14 estaban reunidas. Se acordó, por éstas, nombrar una comisión de su seno que fuese a investigar sobre el terreno la verdad de lo sucedido en la capital andaluza.

Como prueba del estado de espíritu y de la tónica de estos flamantes representantes de la democracia republicana española, quiero citar al lector, tomándolo del Diario de las Sesiones, un trozo del discurso que el diputado Antonio Jaén, miembro de la comisión, pronunció en las Cortes. Este Antonio Jaén es conocido del lector; es el mismo gobernador de Málaga que, el 12 de mayo, con el general Caminero «presidió» la quema de los conventos en la forma que tengo relatada. Sin duda el regusto que aquello dejó en su mente le hizo juzgar este otro episodio de la revuelta sevillana en forma un tanto original. Vea el lector la muestra.

«—El campesino andaluz votó el 12 de abril contra la Monarquía; el 12 de mayo afirmó con los sucesos de Madrid y de Málaga su sentido radical y el 23 de julio afirmó su sentido social. En Andalucía no hay guerra civil, hay guerra social, que viene organizada genésicamente desde los principios de la Reconquista hasta nuestros días, guerra social que tiene vibraciones en todos los movimientos y que se refleja incluso en los romances y en las coplas. Quiero recordar una copla que se canta en Andalucía que indica perfectamente el sentido de vibración de nuestra tierra:

Cuándo querrá Dios del cielo

Que la justicia se vuelva

los pobres coman pan

los ricos coman… hierba.

He cambiado el consonante por respeto a la Cámara; pero este anhelo que la copla refleja tiene hondas raigambres y es todo el sentido social de la tierra andaluza».

Como ve el lector, lo de Málaga no fue casualidad. El ex gobernador se había mostrado tal cual era en aquella «gesta heroica», y ahora encontraba justificación «genésica» a las revueltas anarquistas de Sevilla, con coplas y todo para ilustrarla.

El 24 quedó restablecida la normalidad, y las detenciones de los principales responsables pusieron fin, con carácter definitivo, al alzamiento anarquista. El balance fue lamentable: 20 muertos e innumerables heridos.

No podía faltar la nota tragicómica. El general Ruiz Trillo, por sí y ante sí, dispuso que como sanción a posteriori de los sucesos debía de castigar, en forma ejemplar, al domicilio que los rebeldes habían utilizado como cuartel general durante la revuelta; cierto edificio, conocido por la «Casa de Cornelio», ubicado en lo alto de una calle que del río sube a la ciudad, debía ser destruido. Para tan edificante fin, fue emplazada una pieza de artillería del 75 en la parte baja de la calle en cuestión, frente a la «Casa de Cornelio», previamente desalojada de todo ser viviente, incluso de dos gatos que tenían allí su cobijo. A la hora del mediodía, y con la máxima solemnidad, la autoridad militar, representada por un coronel del Ejército, dio la orden de fuego por tres veces consecutivas. Cada disparo de la pieza fue a incrustarse en la fachada de la «Casa de Cornelio», despanzurrándola a placer y ampliamente. Al tercero, podían contemplarse desde la calle ascendente todas las tripas de la culpable de haber alojado a los cabecillas de la revuelta. La casa destripada y en escombros quedó meses y meses expuesta al pueblo, como muestra de la ejemplaridad de la justicia militar, simbólica, pero inexorable. Hasta que su propietario, tras largo y costoso pleito, logró de los Tribunales de Justicia el fallo que reconocía su derecho a la indemnización de los perjuicios y daños causados al inmueble, cuya absoluta inocencia proclamaba la sentencia. Hubo de ser pagada esa indemnización cuantiosa, pero la «Casa de Cornelio» quedó incorporada a los anales sevillanos y a la «chunga» andaluza, por los siglos de los siglos.

La CNT presenta la factura en las Cortes

La CNT presenta la factura en las Cortes

El relativo fracaso de la revolución andaluza hizo ver a los anarquistas que no era fácil el logro de sus designios, y, como era lógico, me culparon a mí de ese «fracaso».

La base principal de la organización radicaba, de siempre, en Barcelona, donde los elementos de izquierda de la Generalidad utilizaban los votos de la CNT como base de sus triunfos electorales, y donde la relación amistosa entre los dirigentes de la sindical y los de la Esquerra Catalana eran casi siempre cordiales. Por eso designaron al que actuaba como jefe de esa agrupación política en las Cortes, Luis Companys (que acababa de cesar en el cargo de gobernador civil de Barcelona, cargo desempeñado lealmente durante cerca de tres meses) para que fuese él quien, en forma disimulada, tratase de derribar al ministro que positivamente estorbaba los planes revolucionarios.

El 29 de julio, el Gobierno presentó a las Cortes la cuestión de confianza, tras la constitución definitiva de la Cámara. Era un Gobierno Provisional hasta ese instante y, para continuar su vida ministerial, necesitaba el refrendo de las Cortes recién constituidas. ¡Magnífica ocasión, pues, para definir actitudes y lograr, quizá fácilmente, la eliminación del estorbo dentro del Gobierno!

En efecto, Companys se levantó, en esa sesión del 29, para decir que los catalanes no podían votar la confianza al Gobierno, porque, habiendo triunfado la izquierda en toda España, no tenían razón de ser las representaciones de la derecha que en el Gobierno figuraban. Había llegado la hora de dar al Gobierno su verdadera significación, a tono con la voluntad del país, y debían abandonarlo los que nada representaban, según los votos de la nación en las urnas. Mas por el respeto que le merecían los hombres, sin excepción, que «habían traído la República y se habían sacrificado por ella desde su advenimiento», no votarían en contra, sino que se limitarían a abstenerse.

Como no era posible ni lógico que esa especie de veto de los catalanes alcanzase al presidente Alcalá Zamora, con quien se hallaban en plena luna de miel tras su viaje triunfal a Barcelona, quedaba claro que el verdadero aludido era yo: así servían los deseos de la CNT, omnipotente en Barcelona, al socaire de un voto de confianza política en las Cortes, sin relación alguna con el tema del orden público.

Nunca me han gustado las medias tintas ni los equívocos, y me levanté a contestar al jefe de la Esquerra poniendo crudamente sobre el tapete la integridad de la cuestión. Le dije que no era sincero cuando atribuía a la falta de representación parlamentaria nutrida la necesidad de mi exclusión del Gobierno, pues, evidentemente, eso era lo que más o menos veladamente la Esquerra reclamaba. Le recordé las innumerables horas que por teléfono me había dedicado durante su mando como gobernador de Barcelona, para explicarme lo imposible que resultaba dominar a la CNT, siempre rebelde e inorgánica. Cómo había sido él conmigo la víctima primera de las absurdas rebeldías de aquélla, y cómo había, en mi nombre, reiterado cien veces a dicha sindical el deseo del Gobierno de reconocer la legalidad de su existencia y darle la beligerancia debida como parte integrante de la masa obrera española, siempre que acatasen las leyes vigentes y respetasen la autoridad del Gobierno.

Si la Cámara pensaba como ellos, yo me sentiría feliz al abandonar un cargo que estaba acabando con mi salud, pero a la hora de votar quería yo que la Cámara supiese por qué votaba y lo que votaba, y ello estribaba sencillamente en esto:

«¿Tiene la CNT, dentro de la legislación española, un territorio exento de obligaciones y deberes, mientras goza, o pretende gozar, de todos los derechos que las leyes conceden a los ciudadanos españoles?…».

Ésta era la verdadera cuestión, y, para concretarla, fijé así mi posición dentro del Gobierno:

«—Mi deber es decir aquí a la CNT y a la FAI y también a SS. SS. que la legislación española forma un todo, y que si, en efecto, hay para ellos, en cuanto a lo que son sus deberes, un territorio exento dentro de esa legislación, puesto que no aceptan las leyes que regulan el trabajo, desconocen los comités paritarios, los tribunales mixtos y, sobre todo, la autoridad gubernativa, también en cuanto a sus derechos habrá un territorio exento y no existirá para ellos ni la ley de reunión, ni la de asociación ni ninguna otra que les ampare. Que cumplan las leyes de trabajo, que cumplan todas las leyes que regulan la vida de relación, y entonces tendrán derecho a vivir la vida normal de relación con el Gobierno».

La Cámara ratificó ésta mi posición con una prolongada salva de aplausos, con lo que el pleito quedó fallado ante ella.

No pude dimitir, como era mi deseo, y todavía continué el calvario cerca de tres meses más, haciendo frente a la subversión absurda y suicida de esa agrupación obrera, que no se daba cuenta que con su conducta engendraba y justificaba una reacción brutal y duradera de las fuerzas de derecha, como aconteció, primero, en las elecciones que se celebraron en noviembre de 1933, y, al fin, en la rebelión de julio de 1936.

La huelga de Telefónica

< La huelga de Telefónica

Otra huelga revolucionaria representativa de los tiempos aquellos fue la organizada y sostenida por los empleados y obreros de la Compañía Telefónica. Ésta, como la que acabo de reseñar, puso de relieve las fallas que había en la cabeza del régimen, porque ni la una ni la otra hubieran tomado las proporciones que llegaron a adquirir si todos los ministros y las autoridades a sus órdenes hubieran estado imbuidos del necesario espíritu de cohesión y de inteligencia para el desarrollo de la obra común.

El pretexto para la huelga de la Telefónica no fue otro que el tan traído y llevado pleito de la concesión hecha por el dictador a la compañía americana Standard. Había sido ella objeto de una gran campaña contra el régimen de Primo de Rivera, afirmándose que se trataba de un fabuloso negocio de unos cuantos paniaguados, en el que los intereses nacionales habían quedado no sólo postergados, sino francamente atropellados. En realidad, todo lo que en ese contrato y en esa concesión había no era sino la consecuencia natural de la notoria incapacidad en que estaba y estuvo siempre España de proveer por sí sola a la renovación de su material, anticuado y arcaico, por otro apropiado a la técnica moderna. Tuvo la Dictadura —como hubiera tenido que hacerlo cualquier otro régimen— que aceptar las condiciones relativamente onerosas que la técnica americana impuso en el contrato. De ello hablaré con más detalle más adelante; por ahora sólo importa decir que, aprovechando la atmósfera creada contra la compañía por estas campañas, los empleados y obreros de la entidad juzgaron que era momento oportuno para presentar un cuadro de reivindicaciones, totalmente inadmisible por exagerado en aquellos momentos. Dio comienzo la huelga entre los obreros, y más tarde se extendió a casi todos los empleados. Pronto tomaron la dirección del movimiento los dirigentes de la CNT y, como era de esperar, dieron comienzo las violencias y las amenazas a quienes se mantenían dispuestos a continuar el trabajo.

Por tratarse de un servicio dependiente del Ministerio de Comunicaciones, era natural que fuera el titular de este Departamento quien hiciera frente al conflicto, mas el Gobierno entendió, sin que yo hiciera lo más mínimo para que así fuera, que debía ser el de Gobernación el que llevara el asunto y le diera solución. No agradó a Martínez Barrio, que, mudo siempre y como indiferente, calló cuando se adoptó el acuerdo, pero empezó desde entonces sus maniobras, no sólo para congraciarse con los huelguistas, sino para poner trabas a la acción que yo había emprendido, con el caritativo fin, sin duda, de que fracasase. Notaba yo que la resistencia de los elementos revoltosos estaba apoyada por alguien, porque los acuerdos y tratos de principio eran siempre incumplidos por ellos alegando que las autoridades competentes les daban la razón. La Compañía, que tenía, como es lógico, mayores medios de información que yo entre esos elementos, me advertía del doble juego que mi compañero de gabinete estaba realizando. Cada vez que yo hablaba del particular a Diego, éste se excusaba y eludía toda respuesta categórica.

Así estaban las cosas, prolongándose sin razón alguna la huelga con grave daño de los servicios públicos, cuando empiezan los actos de sabotaje en proporciones escandalosas. Los postes derribados, las centrales saboteadas, los asaltos a las oficinas donde el trabajo no había sido interrumpido, las amenazas de muerte a los directores de la empresa —y por supuesto a mí, que recibía todos los días una serie de anónimos en los que se me condenaba a muerte, con precisión del día, la hora y el sitio en que sería ejecutado—. Como este escándalo no podía ni debía continuar, dicté públicamente unas disposiciones, ordenando a la fuerza pública que disparase sin previo aviso contra quienes fueran sorprendidos en flagrante delito de sabotaje contra postes o servicios de la red telefónica, encarcelé a los principales dirigentes del movimiento y cerré los centros de reunión en los que se fraguaban todas las medidas de violencia y se daban las órdenes por los huelguistas de Madrid.

Las amenazas que me dirigían en forma anónima decían que sería ejecutado en plena calle. Cerrados por mí los locales del sindicato, se reunían los huelguistas en número considerable en la Central de Teléfonos de la calle de Alcalá, próxima al Ministerio de Hacienda. Daba la coincidencia de que, por ser pleno verano y resultar excesivamente caluroso el Salón de Consejos de la Presidencia, nos reuníamos todas las tardes para celebrar Consejo en el Ministerio de Hacienda, más sombrío y por lo tanto más fresco. Cuando empecé a recibir esos anónimos, decidí ver lo que acontecería si afrontaba la presencia de los huelguistas cada día, a hora determinada; y en efecto, cuidando de despistar a la policía que me custodiaba, a las tres y media de la tarde salía a pie del Ministerio y subía la calle de Alcalá hasta Hacienda, pasando siempre a la misma hora por entre el grupo de huelguistas estacionados en la acera de la calle, frente a la Central de Teléfonos. Al verme venir, como todos ellos me conocían, se producía un silencio en el corro de voces y discusiones, se me abría paso por ellos mismos y por medio de entre ellos pasaba yo, saludándoles amablemente con el sombrero. Esta divertida operación, reiterada varios días consecutivos, me probó que sólo unos cuantos provocadores tenían verdaderamente interés en mantener la huelga, pero que ésta era, en verdad, impopular entre la mayoría de los huelguistas.

Al fin, fue la huelga vencida en toda la línea. No se transigió en ninguno de los extremos que los revoltosos exigían como condición indispensable, y volvieron al trabajo, tras un mes de huelga violenta y agitada. No satisfizo esta solución a mi compañero de Gobierno el Ministro de Comunicaciones, como pudo comprobarse, lamentablemente, en las Cortes algunas semanas más tarde, con ocasión del debate que este asunto provocó. (Más adelante lo) referiré > (así como lo acontecido con los asaltos a los cortijos de Córdoba, también aludidos luego).

Resumen

Resumen

Como resumen de este aspecto de mi etapa ministerial que estoy reseñando muy someramente, he de manifestar que, a partir de mayo, o sea, al mes de entrar en posesión del cargo, yo dejé prácticamente de ser ministro de un Gobierno para pasar a ser cabo de vara o loquero mayor de un manicomio suelto y desbordado. Casi no podría decir hoy, porque apenas lo recordaría, cuál fue la auténtica labor ministerial del Gobierno Provisional durante esos meses. Ni oía, ni veía, ni participaba en verdad en ninguna de sus deliberaciones, atrofiada la mente cada una de las horas del día y de la noche con el obsesionante problema del orden público, y de la lucha a brazo partido con las bandas de insensatos que estaban hiriendo de muerte a un régimen recién nacido, régimen que les había devuelto libertades y derechos que durante seis largos años les habían sido negados por el dictador.

Esa lucha continuó para mis sucesores sin interrupción durante toda la vida de la República. Y, al sobrevenir la guerra civil, esos ardores bélicos sirvieron para obrar en los campos de batalla a su antojo y por sí, sin disciplina y sin cohesión con el resto de las fuerzas que defendían la República.

Triunfó en la guerra civil el franquismo. La violencia de la represión al menor intento de revuelta, la «purga» cruel y severa del pasado, y la privación de todos los derechos civiles y sindicales que lleva en sí el régimen instaurado, han bastado para que, durante más de cuatro lustros, esas fuerzas obreras y quienes a ellas pertenecían adopten el camino del silencio, de la sumisión, de la obediencia y hasta de la colaboración con la autocracia. ¡Ni una sola voz se ha oído, en los veintitantos años transcurridos, que recuerde aquel tono revolucionario de los tiempos de la República!

Reconozcamos que el caso da margen sobrado a la meditación. ¿Será verdad que el único camino para lograr la paz en España entre españoles sea la fuerza bruta? ¿Será verdad que la única paz posible en nuestro país sea lo que hoy se llama «Paz de Franco», y que no es otra que la «Paz de los Sepulcros», en los que yacen enterradas y ya putrefactas todas las libertades, sin excepción alguna, desde hace más de veinte años?… El tiempo dirá si la lección ha servido de escarmiento.

Por mi parte, pese a las afirmaciones que oigo y a, las promesas que escucho, me permito ser escéptico. He llegado a la conclusión de que la rebeldía contra la ley, sea ella cual sea, forma parte de la composición química de la sangre del español, como el plasma, como los hematíes, como los leucocitos. Por eso el anarquismo será siempre indesarraigable del campo político de nuestra patria por el camino de la libertad y del respeto a los derechos individuales y colectivos.

Y, siendo así, ¿cuándo llegaremos a ser de verdad un país constituido?… Nuestro sino viene siendo el de ser una nación en perpetuo y agitado «período constituyente». Desde 1923, en él estamos sumidos y nadie, por zahorí que sea, puede hoy (1962) adivinar lo que falta para dar con el manantial que nos redima de la sed que padecemos.

CAPÍTULO VIII

ME ENFRENTO A DOS PRELADOS BELICOSOS

Preámbulo

Preámbulo

Entre las mil patrañas que como artículo de fe han circulado por la España franquista, la que primero tomó carta de naturaleza fue la de pintar a los hombres del Gobierno Provisional como unos masones, ateos, judaizantes, perseguidores de la Iglesia y de sus ministros, incendiarios y sacrílegos. Para justificar una parte al menos de esos piropos suelen sacar a colación el trato, mejor dicho el maltrato, que, a su parecer, di a dos prelados durante el corto espacio de tiempo que duró mi paso por el Ministerio de la Gobernación.

Según esas versiones, yo, sin más ni más, porque no me era simpático o porque se resistía a obedecer mis órdenes, había deportado a Francia al obispo de Vitoria y le había prohibido el acceso a su diócesis durante el tiempo de mi mandato. En cuanto al cardenal don Pedro Segura, primado de España y arzobispo de Toledo, porque era hostil a la República le había prendido entre guardias civiles y conducido, también a la frontera francesa, poco menos que esposado y como un vulgar criminal, impidiéndole igualmente el retorno a España.

Pues bien, va el lector a enterarse con detalle de ambos episodios y tras el relato, que juro será, como todo lo que llevo escrito sobre este período, fidelísimo, juzgará por sí mismo de una y otra patraña.

Réstame advertir que si traigo a colación ambos episodios en este relato que vengo haciendo es tan sólo en legítima defensa, ya que por varías y notorias razones nada tuvieron para mí de gratos.

Monseñor Múgica

Monseñor Múgica

Ocupaba el cargo de gobernador de la provincia de Álava un señor Gabriel Martínez Aragón, amigo de Prieto, que me lo había presentado al tiempo de nombrar los primeros gobernadores. Era una persona ya de edad, correctísima, sumamente competente y ponderada. Un verdadero gobernador del que no cabe hacer sino elogios, y que permaneció en el cargo a plena satisfacción mía el tiempo que permanecí en el Ministerio.

En varias ocasiones había llamado mi atención sobre los manejos que, al parecer, se practicaban en el palacio episcopal, donde entraban y salían a todas horas los más significados miembros de los partidos nacionalistas vasco y carlista, que, por aquel entonces, eran a cuál más enemigo de la República. (Nota: véase al final de esta sección la discrepancia expresada por F. J. de Landaburu, y la respuesta de M. Maura).

Le tenía yo muy recomendado que sin disminuir la vigilancia extremase los miramientos con la persona y la autoridad del obispo, para evitar que en provincia tan católica como la de Álava tuviésemos que intervenir en forma violenta enfrente de la jerarquía eclesiástica.

Así lo procuraba Martínez Aragón; mas no cesaban los manejos políticos en el obispado, sino que, por el contrario, resultaba ya evidente que en él se tramaba una conspiración de tipo político que podía provocar un gravísimo conflicto en la región vasca.

Un sábado por la mañana, el Gobernador me anunció que el Obispo había decidido salir al siguiente día para «girar una visita pastoral» a Bilbao, donde los carlistas y nacionalistas le esperarían con banderas y emblemas, preparándose una gran manifestación en las calles. Por su parte, el Gobernador de Vizcaya me dijo que los elementos obreros y republicanos, al conocer el plan «religioso» que se tramaba, le habían anunciado que no estaban dispuestos a tolerar en silencio esa clase de manifestaciones y que estarían en la calle para impedirla. En resumen, la perspectiva de un grave conflicto de orden público a la vista, al mes y medio del advenimiento de la República y en una región que, por verdadero milagro, había permanecido hasta entonces tranquila en el aspecto político.

Ordené al Gobernador que se entrevistase en mi nombre con el Obispo y le manifestase mi deseo y mi consejo de que suspendiese sine die la visita pastoral anunciada, para evitar males mayores.

Cumplió Martínez Aragón mi encargo, pero encontró a monseñor Múgica totalmente decidido a realizar el viaje costase lo que costase. Según me explicó, se trataba de un prelado sumamente enérgico y tenaz, impulsivo en extremo y de espíritu intransigente. Mi subordinado no acertaba con la fórmula capaz de remediar el conflicto que amenazaba. Me sugería que acudiese yo al nuncio para que éste trajese a razón al prelado. Parecíame inusitado e impropio de la autoridad del Gobierno tener que pedir auxilio al representante de la Santa Sede porque un obispo, sometido como los demás ciudadanos, a las leyes del país, se sintiese con deseos de campar por sus respetos. Le hice presente, pues, que no era ello necesario ni conveniente, y habíamos de bastarnos para resolver el conflicto.

Volvió el Gobernador a visitar al Obispo, reiterándole en mi nombre la orden, esta vez conminatoria, del aplazamiento de la visita pastoral, advirtiéndole del daño que causaría a la Iglesia y al orden público si, por pretender pasar por encima de mi decisión, me obligaba a tomar medidas radicales, que, sin rodeos, le dijo estaba decidido a adoptar.

Lejos de ceder, el prelado, < con tonos nada evangélicos >, siguió mostrando su firme voluntad de realizar el viaje, alegando que no podía dar a los fieles que le esperaban la sensación de miedo o de cobardía ante un requerimiento amenazador, aunque partiese de un ministro.

Ya no era prudente vacilar. Sin más diálogo y como orden definitiva, dispuse que el Gobernador notificase al Obispo que, sin demora y en su compañía, debía pasar la frontera de Francia por Irún, en el curso de la tarde o de la noche. Le encargué, además, que le advirtiera de que el regreso a España y el acceso a su silla episcopal le estaba vedado hasta nuevo aviso.

El Obispo, haciendo constar «su enérgica protesta por el atropello», se dispuso a obedecer, asegurando que ante la «fuerza mayor» su prestigio no sufría y que sus feligreses serían los encargados de sancionar mi conducta, tan pronto como se enterasen.

Quedó cumplida la orden a la perfección. Con los máximos miramientos, aquella misma tarde, en el coche del obispo, escoltado por el gobernador y uno de la policía, el prelado acompañado de la autoridad civil pasó la frontera por Irún al anochecer. El gobernador de Guipúzcoa, Ramón Aldasoro, que el lector ya conoce, esperó en la aduana al prelado y le facilitó, en ambas zonas, los trámites indispensables con las autoridades fronterizas.

Nada quise decir a mis compañeros de Gobierno, y menos aún al Presidente, hasta el día siguiente, que era domingo. Había meditado bien este aspecto del problema. Al volver al Ministerio, en la noche del 11 de mayo, quedó precisado que los plenos poderes que en materia de orden público reclamaba alcanzaban no sólo a reprimir, sino también a prevenir los conflictos que pudiesen surgir. Era notorio que la medida adoptada no era sino la prevención indispensable de un gravísimo conflicto de orden público. Entraba, pues, dentro de mis poderes cuanto había ordenado.

No me preocupaba lo más mínimo lo que opinasen los ministros. De antemano sabía que me darían plenamente la razón y nada censurable encontrarían en mi proceder. No así respecto al Presidente, a quien conocía bien. Suponía que montaría en una de sus aparatosas cóleras y habría que pacientar para no llegar al rompimiento. El domingo por la mañana, cuando supe que, con su mujer, había marchado como de costumbre al campo, redacté una nota explicativa y detallada de lo ocurrido y se la remití a su casa, para que al regreso conociese de ese modo, un tanto amortiguado, lo sucedido.

En efecto. A las ocho de la noche, el teléfono oficial reclamó mi presencia. La furia presidencial se desató contra mí en tal medida que hube de dejar el aparato sobre la mesa para no quedar sordo para el resto de mi vida. No obstante esa precaución, aún se oía perfectamente cuantos improperios lanzaba contra mí. Me gratificó con una diatriba feroz a grito pelado, que era su modo habitual de hablar por teléfono. Me dijo que era un hombre terrible, decidido a darle un disgusto diario, me anunció que en aquel mismo momento dimitía, y que su carta de dimisión la tendrían los ministros en su poder dentro de unos instantes.

Dejé pasar la ola con el aparato a distancia, y cuando se agotó el caudal de la furia, le dije que había obrado dentro de los poderes conferidos para prevenir conflictos de orden público; que asumía íntegramente la responsabilidad ante el Gobierno, ante la opinión y ante el nuncio de Su Santidad, del acto realizado; que estaba dispuesto a repetirlo cuantas veces me encontrase ante otro caso semejante y, en fin, que me sometía al fallo del Consejo de Ministros, que el lunes se reuniría en la Presidencia. Este último argumento acrecentó aún más su furia, porque comprendía bien que los compañeros de Gobierno juzgarían baladí eso de pasar al lado de allá de la frontera a un obispo. Lo que no tenía perdón era que yo, «un católico como él, hubiese realizado un acto semejante». Para terminar la polémica le pregunté si él me habría autorizado de haberle consultado previamente, y a gritos me contestó:

—Yo jamás autorizaré una locura semejante.

—Pues eso demuestra que hice muy bien en no consultarle —le repliqué—, porque si lo hago y le obedezco, a estas horas tendríamos que lamentar, usted y yo los primeros, innumerables víctimas en el País Vasco —y colgué el teléfono.

Terminó el acto conciliatorio no sólo sin avenencia, sino con notorio y estrepitoso rompimiento.

Esperé tranquilo el desenlace inevitable tras la forzosa reacción del Presidente. Pero esta vez me equivoqué de medio a medio. No sólo no cedió en su postura con la facilidad acostumbrada, sino que movilizó uno a uno a los demás ministros, obligándome a velar toda la noche oyendo argumentos conciliadores que ya para nada servían, puesto que el obispo se hallaba al otro lado de la frontera desde hacía más de veinticuatro horas.

La discusión degeneraba en el ridículo. Les hice ver que la opción era ésta: o la dimisión del Ministro si sus compañeros le desautorizaban, lo que equivalía a dar la razón a quienes preparaban un acto de rebeldía contra el régimen, o la aprobación de la conducta del que obró dentro de sus plenos poderes para evitar una gravísima perturbación del orden público. Los ministros tenían la palabra. No hay que decir que, unánimes, me dieron la razón, acabando el Presidente por calmarse, retirando por enésima vez la dimisión que había cursado unas horas antes a los ministros.

(Emigrado permaneció monseñor Múgica durante unos meses. Reintegrado a su diócesis, tuvo que volver a salir de ella cuando los falangistas le expulsaron de mala manera a comienzos de la guerra civil. Volvió a repatriarse al cabo de unos años. En 1962, fecha del texto de MM, vivía aún, con noventa y un años, en Zarauz).

(En octubre de 1962, F. J. Landaburu escribía en Euzko Deya, de París, unas rectificaciones a esta sección. Se han ido incorporando algunas, desde la segunda edición en adelante. Lo esencial de la crítica, sin embargo, se resume en que F. J. Landaburu niega que conspiraran los nacionalistas, solos ni acompañados. «No estábamos ya entonces carlistas y nacionalistas para sublevarnos juntos»).

Esto dio pie a que MM dejara ver cosas que no había querido exponer públicamente. «¿Por qué le molesta tanto que yo haya dicho que en aquel entonces eran Vds. enemigos de la República? —le pregunta en carta personal, desde Barcelona, el 1 de diciembre de 1962—. ¿Cree Vd. que se me han olvidado los quebraderos de cabeza que me proporcionaron con los preparativos de un alzamiento en todo el País Vasco, que al detalle sabía por los enviados por mí a la región durante aquel dichoso verano? No sé la parte que cada uno de Vds. llevaba en la empresa, pero sí sé que carlistas y nacionalistas unidos preparaban en todas las parroquias de los pueblos a los jóvenes militarmente y fabricaban bombas y armamento en las sacristías de los templos parroquiales. Cuando comprobé por uno y otro lado la veracidad de los informes, llevé al Consejo de Ministros la propuesta de lanzar unas maniobras militares de una o dos divisiones en el País Vasco en el mes de agosto, para evitar así lo peor. Se tomó el acuerdo, (…) se practicaron, (…) y no pasó nada.

(Menciona MM el libro de Lizarza, Memorias de una Conspiración, 1931-1936, y otros:) Quiero que sepa que ese libro y otros muchos más que han tratado y ensalzado esa furia revolucionaria de los vascos y navarros en 1931 no han sido citados siquiera por mí en mi libro por respeto y afecto a Vds. He suprimido todo lo que a ese tema, nada despreciable como anécdota, se refiere, pese a que fue uno de los mayores quebraderos de cabeza que tuve durante el veranito famoso, por no herir la posible susceptibilidad de Vds. tan buenos amigos míos desde los días de la emigración mía en tierras vascas de Francia.

Tiene gracia que me ocurre con Vds. lo que con mi entrañable amigo el general Emilio Herrera y el cardenal Segura. Me reprocha que le trate de guerrillero (cosa que MM hace en la sección siguiente de este mismo capítulo) cuando ha conspirado con él desde Sevilla contra Franco. Hubiera conspirado con su sombra en otra ocasión cualquiera. Precisamente por eso le llamo guerrillero.

No tienen Vds. por qué avergonzarse de haber sido el año 1931 enemigos de la República, puesto que todos los católicos de España, el que más, el que menos, lo eran empujados por los obispos y cardenales. Pero tampoco se me olvidan las intervenciones del amigo Leizaola en las Cortes, en los primeros días de su vida, del brazo de los partidos de derechas, todos hostiles hasta el límite máximo al régimen recién nacido. Todo ello ha quedado en silencio en mi relato en honor de Vds., para evitar entre estos sinvergüenzas de por aquí críticas y regocijos a posteriori»).

El cardenal don Pedro Segura, arzobispo de Toledo

El cardenal don Pedro Segura, arzobispo de Toledo

Para nadie era un secreto que las altas jerarquías de la Iglesia española veían con muy malos ojos al régimen recién instaurado. Cualquiera que fuese la actuación del Gobierno, y en forma destacada la de los dos miembros del mismo reconocidamente católicos, habíamos de contar de antemano con la condenación de los prelados españoles.

Por fortuna para nosotros, es decir, para Alcalá Zamora y para mí, el nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, no participaba ni a cien leguas de esa enemiga sistemática y ciega contra la República y su Gobierno. Fue nuestro paño de lágrimas y, además, gran colaborador para evitar un rompimiento definitivo y estrepitoso entre la Iglesia y el Gobierno. Yo, personalmente, acudía a él a cada instante cuando había de enfrentarme con algo relacionado con la Iglesia, en las funciones de mi cargo.

Tampoco era un secreto que quien más se distinguía en su odio al régimen republicano era el cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, don Pedro Segura. No perdonaba ocasión, en sus predicaciones en la catedral de Toledo, de lanzar anatemas bien sonoros contra la República y sus servidores. Le atribuían una frase lanzada en una de sus sabatinas desde el púlpito de la catedral toledana, según la cual «debería caer la maldición de Dios sobre España, si la República se consolidaba».

Fuese o no cierta esta versión, muy difundida entre los medios católicos que se mostraban orgullosos de la valentía que ella entrañaba, lo cierto fue que sabíamos que el Cardenal arzobispo era un enemigo irreconciliable. En efecto, a poco (de instaurada la República) lanzó el prelado una carta pastoral plagada de censuras a los actos del Gobierno, que hasta el momento se había limitado a proclamar la libertad de conciencia en su decreto del 15 de abril. Dicha pastoral, dada en forma de carta circular a los prelados, advertía que la Iglesia se sentía profundamente alarmada por el rumbo que el régimen recién nacido llevaba.

Puso fuego al polvorín, ya bastante cargado, la aparición en la Gaceta del decreto del 22 de mayo, estableciendo la libertad de cultos y de conciencia, cuya parte dispositiva quedó definitivamente así redactada:

«Art 1.o Nadie, en ningún acto de servicio ni con motivo de su relación con órganos del Estado, está obligado a manifestar su religión: en su virtud, los funcionarios así civiles como militares se abstendrán de inquirir sobre las creencias religiosas de quienes comparezcan ante ellos o les estén subordinados.

Art. 2.o Nadie está obligado a tomar parte, cualquiera que sea su dependencia respecto del Estado, en fiestas, ceremonias, prácticas y ejercicios religiosos.

Art.3.o Todas las confesiones están autorizadas para el ejercicio, así privado como público, de sus cultos, sin otras limitaciones que las impuestas por los Reglamentos y por la Ley de Orden Público».

Este decreto desencadenó las iras del primado y la censura de una parte del episcopado español. Como no era posible mantener esa tirantez de relaciones con la máxima autoridad eclesiástica, el Gobierno solicitó de la Santa Sede, por conducto del nuncio, la remoción del primado. La solicitud se tramitó, a fines de mayo, por el conducto oficial del legado pontificio.

No habían realizado algunos prelados, y muy especialmente el cardenal Segura, el cambio radical que en la política religiosa representaba el advenimiento de la República, en la que, por el momento al menos, la preponderancia absoluta correspondía a elementos, no sólo anticlericales de siempre, sino en gran número enemigos declarados de la Iglesia. Era ello una realidad notoria e inevitable en aquella hora. Pues bien, en vez de colaborar y ayudar a quienes desde dentro del Gobierno luchaban a diario para paliar, en cuanto fuese hacedero, la acritud de la izquierda, daban con sus estridores y sus ataques armas nuevas a los enemigos de la Iglesia y de ellos mismos. ¡Cuántas horas de conversación con el Nuncio pasé yo, buscando con él el camino para domar esas peligrosísimas rebeldías de las autoridades de la Iglesia española y de los católicos organizados!…

Por más que el Nuncio predicaba con el ejemplo y exhortaba a los prelados y a los jefes de las organizaciones católicas a la cordura y a la sensatez, el abismo entre ellos y el régimen se agrandaba por momentos, llevando camino de convertirse en auténtica guerra religiosa que daría al traste con muchas cosas sagradas.

Cuando menos lo esperaba, me visitaron en mi despacho un secretario del Nuncio y don Ángel Herrera, fundador y director del diario El Debate, persona de la máxima influencia en los medios eclesiásticos, y gran autoridad en materia religiosa por su amplia cultura y por el puesto preeminente que, desde el diario que dirigía, ocupaba en la vida política.

Oí de sus labios la noticia de que el cardenal Segura había decidido marchar a Roma y solicitar de mí el indispensable pasaporte. No hay que decir que me apresuré a ofrecérselo para el día siguiente, sin falta. No era leve el peso que me quitaba de encima ese deseo del primado. Nada me dijeron, como era lógico, de las causas de esa decisión del Cardenal, pero no es aventurado suponer, al menos así lo entendí entonces, que el viaje obedeciese al llamamiento de Roma, para dar curso a la solicitud del Gobierno del relevo del primado, oyéndole antes de fallar.

Al día siguiente, el Cardenal tuvo su pasaporte y salió para Roma vía Irún. Permaneció allí varios días, y la prensa católica de Madrid cuidó de referir los agasajos de que era objeto y su entrevista con el Sumo Pontífice, que, según afirmaban, había durado hora y media. Al cabo de una semana estaba de regreso en España, pero por muy poco tiempo, porque, con gran asombro mío, volvió a salir por la misma frontera y se instaló, en compañía de un paje o secretario, en el pueblecito del Pirineo francés, Saint-Jean-Pied-de-Port, a pocos pasos de la frontera española.

El paje o secretario entraba y salía de España continuamente con una gran cartera al brazo, pasaba el día en San Sebastián y regresaba por la noche a Francia.

Como no parecía claro ese continuo ir y venir, ordené que se montase el servicio de forma que pudiésemos salir de dudas, porque, confieso sin rebozo, que todo lo temía, absolutamente todo, del cardenal Segura, y la menor imprudencia podía desencadenar la catástrofe, dado el tono y la temperatura que veía en el Gobierno y leía en la prensa de la izquierda.

En efecto, pocos días después, a la una de la tarde, vino a mi despacho uno de los policías de la frontera llegado en viaje expreso, portador de una serie de documentos hallados la víspera en la cartera del secretario del Cardenal en el registro que se le hizo. La gravedad que estos documentos entrañaban era, a juicio mío, enorme.

Había un informe extenso y prolijo de cierto conocido letrado, uno de los jefes de la Acción Católica, en el que se mantenía la tesis de que los bienes (eclesiásticos en) España podían ser enajenados (por sus propietarios), y su producto exportado al extranjero, por tratarse de bienes exentos de toda fiscalización por parte del Estado, con arreglo al Concordato, aún vigente, con la Santa Sede.

No recuerdo al detalle los argumentos que empleaba para justificar tal conclusión, pero sí que el documento estaba perfectamente hilado y repleto de doctrina canónica y civil. Desgraciadamente, desaparecieron también dichos documentos con mi archivo, y hoy lamento no tenerlos en mi poder. Junto a ese informe venía una orden del Cardenal primado, redactada en latín, con su traducción castellana, en la que el primado ordenaba a los párrocos que procediesen a la venta, «por lo mejor», de cuantos bienes muebles y valores poseyesen las parroquias e iglesias y tuvieran apercibido el importe de esas enajenaciones para hacer lo que en momento oportuno les sería indicado. Los dos documentos, el redactado en latín y el traducido al castellano, venían firmados por el Cardenal Primado y de ambos pendía el gran sello de lacre con el escudo arzobispal de Toledo.

Leídos concienzudamente aquellos documentos me planteé el siguiente grave problema: ¿Daba cuenta de ellos a mis compañeros de Gobierno en el Consejo de Ministros que íbamos a celebrar a las cuatro de la tarde, es decir, tres horas después? ¿Los guardaba para mí solo? Todo, menos ponerlos en manos del Presidente, que me tenía archiescarmentado con sus vacilaciones y debilidades.

Comprendía que si, en aquellos momentos de tensión de relaciones con las autoridades eclesiásticas, salían tales documentos a relucir, sería inevitable que se desencadenase la ofensiva contra los bienes de la Iglesia. Mi posición era delicadísima. No quería faltar a la lealtad con mis compañeros, pero tampoco podía ser yo el causante de una auténtica guerra religiosa.

Resolví acudir, como siempre, a mi paño de lágrimas, y pedí al Nuncio que me recibiese en el acto. Allí fui, con los documentos recién llegados a mis manos. El asombro y la indignación de monseñor Tedeschini ante lo que veía era consolador para mí. Mientras la representación del Vaticano permaneciese neutral en la contienda y juzgase con equidad los actos de cada cual, no había que temer graves rompimientos. Me aseguró que haría cuanto estuviese en su mano para activar la decisión de Roma respecto al emplazamiento de la residencia definitiva del cardenal Segura, y que velaría para que no tuviese realidad lo que en aquellos documentos se ordenaba.

Debido, sin duda, al fracaso de este intento, comenzó el prelado en su retiro fronterizo a impacientarse. Su secretario no fue detenido, puesto que ninguna razón legal había para ello, pero no volvió a pasar la frontera de Irún como era ya su costumbre.

Unos días más tarde, la policía del paso fronterizo de Bourg-Madame, en el Pirineo catalán, me notificó que «el cardenal Segura, vestido de paisano y acompañado de otra persona, ha pasado la frontera en un coche de la matrícula de Toledo, número…, ha pernoctado al parecer en Montserrat y ha continuado su viaje de madrugada, ignorándose su paradero».

Confieso que la noticia me produjo algo más que contrariedad. Resultaba intolerable que las habilidades y rebeldías de un prelado español tuviesen en jaque a un ministro que estaba evitando por todos los medios, incluso faltando a sus deberes de compañerismo y lealtad, el desencadenamiento de algo que barrería muchas cosas vitales para la Iglesia y para los católicos. Hube de guardar también secreta esa noticia, pues de lo contrario habría de revelar la anterior y la existencia de los documentos que obraban en mi poder.

Tardé nada menos que cuatro días en dar con el paradero del habilidoso Cardenal. Tengo que declarar que Ángel Galarza me secundó eficazmente, guardando absoluto secreto conforme a mis órdenes, pese a su furioso anticlericalismo y a su declarada animadversión contra el cardenal Segura. Era indispensable utilizar la policía para dar con el paradero del prelado y, por tanto, había de contar con su jefe. Obtuve de él la promesa del más absoluto secreto, promesa que fue cumplida «religiosamente» por este «feroz ateo», como le calificaba la prensa de la derecha.

La noticia me llegó por conducto del gobernador de Guadalajara. Era esta autoridad don José León Trejo, afiliado al Partido Socialista, por tanto, de extrema izquierda, pero que se condujo con una discreción, un tacto y un celo ejemplares. Me informó esta autoridad que, en el pueblo de Pastrana, se alojaba desde hacía tres días el Cardenal con «un amigo», en la «rectoría», o sea en la casa del párroco. Se había averiguado la noticia por haberse cursado, en nombre del prelado, órdenes a todos los párrocos de la diócesis para que asistieran a una reunión que había de celebrarse, en Guadalajara, el domingo. Una de estas órdenes había caído en manos de la policía y, por ese hilo, se devanó el ovillo.

Las medidas que era preciso adoptar requerían cierta publicidad. Opté, sin embargo, por obrar antes por mi exclusiva cuenta, poniendo una vez más al Presidente y al Gobierno ante el hecho consumado, es decir, dándoles cuenta en un mismo acto de la aparición del Cardenal y de su salida definitiva de España: era el único camino a seguir si quería evitar lo que hasta ese momento había logrado eludir, o sea el envenenamiento del problema por la prensa de izquierda, que nada sabía aún de lo ocurrido.

Pronto estuvo todo preparado. Por mí y ante mí lo declaro hoy como lo declaré entonces, porque me gusta asumir las responsabilidades que me incumben ordené al gobernador de Guadalajara que notificase al Cardenal en mi nombre y con la máxima cortesía, pero a la vez con la máxima firmeza, la orden de acompañarle sin demora a la frontera de Irún. Cuando el gobernador se disponía a dirigirse a Pastrana para cumplimentar mis órdenes, supo que el Cardenal venía a Guadalajara precisamente para celebrar, al día siguiente, domingo, la reunión con los párrocos de las diócesis que él había convocado.

Se hospedaba el Cardenal en el convento de los Padres Paúles, y allí fue el gobernador a visitarle tan pronto como llegó. Le notificó mi orden. Se ha dicho que el Cardenal ofreció resistencia. No es exacto. Se limitó a decir que no le parecía normal que se le expulsase de España sin decirle la causa por la que se adoptaba tal determinación. El gobernador no pudo sino manifestarle que cumplía órdenes del ministro. Como era ya tarde para emprender el viaje, se acordó hacerlo al día siguiente, muy de madrugada, tras la misa que el prelado diría en la capilla del convento.

Ordené al comisario de policía de Madrid, señor Maqueda, uno de los veteranos del cuerpo que me merecían de muy antiguo el mejor concepto, que fuese él quien acompañase hasta Irún al Cardenal. Se trasladó Maqueda a Guadalajara aquella misma noche, y se presentó al prelado poniéndose a sus órdenes. A las seis de la mañana del domingo emprendieron el viaje, durante el cual fue tratado el Cardenal con las atenciones debidas a su rango.

Previne por teléfono al gobernador de Guipúzcoa, Ramón Aldasoro, del paso del convoy, ordenándole que estuviese en el límite de la provincia con la de Álava para unirse a la comitiva compuesta por tres coches, el del prelado, el del comisario y otro de policía de escolta. Cuando Aldasoro recibió este nuevo y a la vez repetido encargo me preguntó, entre bromas y veras, si le tenía destinado al transporte de obispos y cardenales con grave daño de sus relaciones familiares. Estaba, en efecto, casado este excelente vasco con una hija de familia de Lequeitio, de extremísima derecha. La perspectiva que para sus relaciones con la familia le ofrecía tal trasiego de obispos y purpurados era, en verdad, pavorosa. Lamenté la desagradable coincidencia, pero no pude relevarle de la obligación que le confiaba y aún menos ofrecerle amparo contra las iras familiares. Cumplió su cometido, una vez más, con exquisita corrección.

A las ocho de la tarde pasó la frontera el Cardenal, sin el menor incidente en el curso del viaje.

Al día siguiente, lunes, di cuenta de lo ocurrido al Presidente, al Gobierno y a la prensa. Como suponía, el hecho de dar a la vez cuenta de la presencia del prelado en España y de su expulsión por orden mía, simplificó totalmente la acritud de la noticia. Los diarios de extrema izquierda no podían sino dar cuenta de lo ocurrido, puesto que a todo habían de llegar menos a elogiar al ministro —que para ellos era la auténtica bestia negra—, por su decisión, y tampoco podían censurarle en ocasión semejante. Los ministros aprobaron, sin excepción, la medida, pero… ¡el Presidente!… ¡No puedo relatar ahora con detalle la tormenta, el seísmo, que se desencadenó por teléfono primero, de viva voz después, en mi propio despacho donde compareció el gran Niceto a las primeras horas de la mañana del lunes!

Reconozco que, en el fondo y hasta en la forma, no le faltaba razón al Presidente para protestar y hasta para indignarse conmigo, pero estoy cierto, ciertísimo, de que jamás me hubiese autorizado para adoptar medida tan absolutamente indispensable para la paz religiosa en el país. Por eso, y porque el 11 de mayo me había jurado a mí mismo que no me volvería a ver maniatado por las indecisiones y las debilidades del Presidente, había asumido solo y sin consulta previa la decisión. Cuarenta y ocho horas duró esta vez la tormenta, con la secuela inevitable de la intervención de los «hombres buenos» —aunque algunos fuesen los peores—, que nos rodeaban a él y a mí, para… nada, porque la cosa ya no tenía remedio (por fortuna), salvo la dimisión del Presidente, hipótesis que yo sabía bien que no llegaría a formalizarse. Creo que desfilaron por mi despacho todos los miembros del Partido Progresista, que era el de don Niceto en aquel entonces, pero que se integraba por los que habían sido correligionarios suyos y míos en la Derecha Liberal Republicana, liquidado por mi parte desde hacía unas semanas. Como la cosa, repito, por fortuna no tenía ya remedio, esas visitas a nada conducían, sino a hacerme perder un tiempo que necesitaba para otros problemas más serios.

Al fin cedió el buen don Niceto y, para colmo, hubo de ser él quien justificase ante la Santa Sede lo ocurrido, mediante una nota, por cierto sumamente prolija y confusa, que no llegué a entender y que la prensa publicó.

Quedó al parecer zanjado el nuevo incidente entre el Presidente y yo, y por mi parte no es necesario decir que, a la media hora, quedó también olvidado. No estaba, sin embargo, muy seguro de que así sucediese por la suya, conociéndole como le conocía, mas la verdad es que en los meses sucesivos nada me dio a entender que lo recordase. Pasaron más de cuatro años y, en 1935, con ocasión de la penúltima crisis ministerial que él tramitó como Presidente de la República, me llamó para conferirme el encargo de formar Gobierno. Cuando comparecí ante él aquella mañana me recibió con estas exclamaciones:

—¡Aquí está el gran Migué! Le ha llegado su hora de gobernar. Esta mañana le he dicho a mí mujé: ¡Prepárate, Pura, porque va a gobernar Migué, y uno de estos domingos, cuando volvamos del campo, nos enteraremos de que la mitad de los obispos de España está en la cárcel y la otra mitad en el destierro, porque este Migué es grande, muy grande!

No lo había olvidado. Cuatro años para él eran un día.

Un periodista había tomado unas fotografías en la puerta del convento de los Paúles, en el momento de salir el Cardenal, acompañado del comisario Maqueda y del gobernador. A cada lado de la puerta había un guardia civil, en posición de firme, elemental precaución adoptada por el gobernador. Pues bien, esa fotografía, reproducida a miles de ejemplares, sirvió durante los seis años de vida de la República, y de vez en cuando sigue sirviendo después de «liberados», para probar documentalmente la «saña feroz de un ministro servidor de los masones», que se llevaba a los cardenales y prelados al extranjero, poco menos que a culatazos de la Guardia Civil.

No causó mucho revuelo, como he dicho, la noticia. La prensa de la derecha, bien enterada de los factores que habían mediado en la determinación ministerial, cuidó de no exagerar el tono de la protesta, temerosa de que yo pusiese las cartas sobre la mesa y todo se fuese al traste.

El epílogo de este episodio lo rubricó, entonces ya, la Santa Sede. Un mes más tarde recibió el Gobierno la comunicación de Roma, por conducto del Nuncio, «admitiendo la dimisión al cardenal don Pedro Segura de la Silla Metropolitana de Toledo» y dejándole adscrito en Roma a la Congregación de Preces.

Si, actualmente, hubiese menester de justificación de mi conducta, me bastaría alegar lo ocurrido luego con este Cardenal, para quedar absuelto con todos los pronunciamientos favorables por el tribunal más severo.

En Roma permaneció el cardenal Segura hasta la guerra civil española. En 1937 fue designado para la mitra de Sevilla. Desde el primer día planteó innumerables problemas a la autoridad militar primero y luego al gobierno de Franco, viviendo constantemente en plena rebeldía y lanzando, desde el púlpito catedralicio, los anatemas más procaces contra las autoridades y contra el régimen. ¡Cuántas veces habrán añorado los gobernantes franquistas mi libertad de acción en 1931! ¡Cuánto me habrán envidiado! Pero se han visto obligados a soportarlo durante diecisiete años.

La Santa Sede, aprovechando una ausencia del Cardenal de su diócesis, nombró un obispo auxiliar coadjutor para la sede de Sevilla. El Cardenal no sólo no permitió al nombrado desempeñar sus funciones, sino que desencadenó una campaña de panfletos y de escritos contra el régimen que obligó al Gobierno a encarcelar a no pocas personas de Sevilla, cómplices del purpurado en tales manejos. Al fin, la Santa Sede se vio obligada a ordenar al Cardenal que se recluyese «voluntariamente» en un monasterio de la provincia de Burgos, dejando al prelado coadjutor la mitra sevillana. Mas tampoco obedeció la orden don Pedro Segura, sino que permaneció en el palacio arzobispal de la capital andaluza hasta su muerte.

Fue el único ciudadano español que ha osado hacer frente, durante años —claro que parapetado tras la púrpura cardenalicia— al autócrata de El Pardo.

Se trataba, como ha visto el lector, de dos figuras descolgadas de un retablo ochocentista. De haber nacido como debían, un siglo antes, los dos hubiesen andado por montes y valles de Navarra y Vasconia, con el trabuco al hombro, desorejando cristianos y destripando liberales. Retrasaron, contra toda lógica, su nacimiento, y vinieron a topar conmigo en pleno siglo XX.

< Bien hubiera yo preferido no tener que chocar con el uno ni con el otro. No era ello menester, para tener frente a mí toda la gama de católicos cerriles (…) por el solo hecho de haber formado parte de un Gobierno republicano. Estos incidentes con altas jerarquías eclesiásticas acabaron de granjearme el odio de esas gentes, y el terror que inspiraba a una buena parte del gremio femenino de ella. Recuerdo que saliendo un día de aquel verano de mi casa para tomar el coche, una dama de la aristocracia madrileña que acertó a pasar a nuestro lado —iba yo con mi mujer—, al verme, se santiguó precipitadamente y emprendió una huida rápida sin el menor disimulo. Había topado con el diablo. En otra ocasión, hallándonos mi mujer y yo en la pequeña iglesia de las monjitas de Mallorca, próxima a nuestro domicilio, fundación (…) de mi tío Miguel Maura (Montaner), en plena misa, unas muchachas de la aristocracia, hijas de un antiguo y buen amigo mío, vuelven la cabeza, nos ven y sin el menor reparo nos sacan un palmo de lengua cada una, durante unos segundos. El asombro de los fieles allí aglomerados fue extraordinario; el nuestro no llegó a brotar, tan acostumbrados llegamos a estar a éstas o parecidas muestras de popularidad entre los católicos anticristianos de nuestra Patria >.

Narrados quedan, sencilla y claramente, los detalles del choque, no del Gobierno de la República, sino de Miguel Maura, católico, apostólico, romano, pero a la vez ministro de la Gobernación, con dos jerarcas de la Iglesia. Estoy seguro, segurísimo, de haber evitado con ello graves daños a la paz religiosa y a los maldicientes católicos españoles.

CAPÍTULO IX

LAS ELECCIONES A LAS CONSTITUYENTES

Los Ayuntamientos monárquicos

Los Ayuntamientos monárquicos

Tengo dicho que el triunfo republicano del 12 de abril fue arrollador en las grandes ciudades, pero no así en los pueblos y en las medianas localidades, donde, a su vez, los monárquicos alcanzaron las mayorías o fueron elegidos por el artículo 29. Esta realidad ocasionó, como no podía menos, una larga serie de conflictos en muchas provincias. Los republicanos, de nuevo o de viejo cuño, no admitían que regentasen los Ayuntamientos personas adscritas a los partidos monárquicos, y menos a los tradicionales caciques provinciales o locales.

Fue preciso adoptar una medida que, aun siendo inevitablemente un tanto arbitraria, se acercase lo más posible a la estricta justicia. Decidí abrir un período de quince días para que los candidatos derrotados o los que tuviesen algo que alegar contra la proclamación de concejales por el artículo 29, es decir, sin lucha, presentasen sus quejas razonadas, reservándose el ministro la facultad de resolver. Mientras los expedientes se tramitaban, los gobernadores nombrarían en esos Ayuntamientos comisiones gestoras interinas y neutrales, sin que pudiesen figurar en ellas ninguno de los aspirantes a los cargos concejiles.

Como era de esperar, llovieron las reclamaciones y hubieron de ser nombradas comisiones gestoras en gran cantidad en toda España. Los alaridos de la prensa de derechas y los ataques contra la persona del Ministro, durante unos días, fueron la nota descollante de la oposición al Gobierno. Véase lo que sobre el particular publicó El Debate.

«Lo peor de todo lo hecho por el Gobierno en estas tres semanas: la política electoral. Más que de su ilustre padre, de Romero Robledo parece haber recibido lecciones don Miguel Maura. La persecución encubierta contra los Ayuntamientos monárquicos; la formación del nuevo censo con peligrosas premuras y sin garantías procesales, todo acusa un criterio partidista, que no nacional, y algo muy dañoso políticamente para la situación gobernante; miedo al fallo de la voluntad popular».

Como muestra de mala fe y de hipocresía, esta censura era perfecta. Criticar la premura con la que el Gobierno cuidaba de formar el censo para las elecciones a las Constituyentes, que nos habían exigido perentoriamente las derechas, rebasaba la medida de lo lícito.

Fue naturalmente preciso forzar las etapas de la formación del censo, pues que debían de celebrarse en el mes de junio las elecciones, ya que cuanto antes debía cesar la provisionalidad del Gobierno. Cuando para ello se daban órdenes encaminadas a suprimir trámites ociosos, las derechas protestaban, suponiendo que ello llevaba oculto alguna maniobra electorera, de la que estábamos tan lejos como de la luna.

Se dictó por decreto la ley electoral que había de regir. Se estableció el sistema de las grandes circunscripciones provinciales. Cada provincia sería una sola circunscripción que, a la vez, elegiría a los candidatos en listas de partidos. Las ciudades de Madrid y Barcelona formarían, por sí solas, una circunscripción independiente cada una. Quedaba derogado el artículo 29, es decir, la proclamación de diputados sin lucha cuando fuese uno solo el candidato. Serían elegibles las mujeres y los sacerdotes. Nadie podría ser proclamado diputado sin haber obtenido, en el primer escrutinio, a más de la mayoría relativa, el veinte por ciento de los votantes. En el segundo escrutinio, el voto quedaba restringido al número de votantes. Se extendía la fe pública a los funcionarios activos o excedentes que tuviesen la condición de letrado.

El texto de esta ley mostraba el deseo de cambiar radicalmente la vieja tradición electoral española, por virtud de la cual los caciques de cada comarca disponían a su antojo del voto popular. Las grandes circunscripciones provinciales hacían imposible la resurrección de aquellas artimañas electorales de siempre. No agradó a las derechas la ley, y acusaron al Gobierno de querer suplantar la «legítima influencia» que en pueblos y provincias tenían los partidos y los hombres de la Monarquía, por la irrupción de las masas obreras y campesinas en las urnas.

Sobre mi mesa se alzaba una montaña de expedientes de Ayuntamientos suspendidos y sustituidos por comisiones gestoras. A los que habían formulado reclamaciones contra la elección o la proclamación por el artículo 29, debía sumar los que había suspendido en la provincia de Córdoba en aquellos días por causas que creo interesante recordar.

Los cortijos de Córdoba

Los cortijos de Córdoba

Las organizaciones socialistas de las provincias y de los pueblos raramente provocaban conflictos de orden público, y cuando lo hacían solía bastar una indicación mía a Largo Caballero para que éste, interviniendo personalmente, pusiese fin al desorden.

Mas, en la serranía de Córdoba, empezaron una serie de atentados a los cortijos y fincas de los grandes propietarios, que llegaron a tomar carácter peligroso. Los vecinos de dieciocho pueblos de la serranía, con sus alcaldes a la cabeza, irrumpían en los grandes cortijos de la región y hacían tabla rasa de cuanto hallaban a mano, llevándose al pueblo el botín, el cual era repartido entre los vecinos, en el propio Ayuntamiento, por los alcaldes.

Hube de concentrar en la región toda la Guardia Civil que hallé a mano, no mucha, pero que al menos permitía organizar la fuerza para terminar con esa peligrosa orgía campesina. Al mismo tiempo acudí a Largo Caballero para que frenase el ímpetu revolucionario de sus correligionarios, puesto que, de los dieciocho pueblos en cuestión, catorce tenían alcaldes socialistas y mayoría de este partido en el Ayuntamiento. No logró esta vez su propósito mi compañero de Gobierno, y los asaltos a cortijos continuaron a más y mejor. Fue preciso intervenir en forma decisiva.

Empecé por suspender a todos los alcaldes y concejales de esos pueblos, nombrando comisiones gestoras con los mayores contribuyentes de cada pueblo, concentré en ellos cuanta Guardia Civil pude, y encarcelé a los primeros que, tras la orden severa que se publicó y repartió profusamente por los pueblos, cometieron el primer desmán. Quedó cortado de raíz el mal y la paz volvió a la serranía cordobesa.

En uno de los Consejos de Ministros de aquellos días, un ministro preguntó cómo iban las cuestiones preelectorales y la formación del censo. Iba yo a contestar, cuando Largo Caballero, con el aire de mal humor que le conocíamos, dijo:

—¿Cómo quieren ustedes que vayan, si el Ministro de la Gobernación se dedica a suspender los Ayuntamientos socialistas y a encarcelar a los alcaldes, y pone los cargos en manos de los señoritos?

Me subió a la cabeza una ola de cólera irreprimible. Era una injusticia y además una auténtica maldad. Arremetí contra él dejando correr mi léxico vulgar a chorro libre y no sé bien cuánto brotó de mi boca, porque confieso que perdí los estribos. Como tampoco Largo era mudo, la disputa llegó a tonos violentísimos y duró buen rato. No podía negar que le había requerido varias veces para que fuese él quien lograse de sus correligionarios el desistimiento de sus tropelías, y como era evidente que yo estaba obligado a poner fin a ellas, fuese como fuese, su posición era falsa, pero sustituía las razones con epítetos.

Planteé la cuestión de confianza y declaré que si el Gobierno no aprobaba, sin la menor vacilación, mi conducta, dejaba en el acto de ser ministro. Anuncié que estaba dispuesto a repetir la medida con cuantos Ayuntamientos —socialistas, republicanos o monárquicos— se saliesen de la legalidad antes del período electoral, porque no me prestaba a que las elecciones se celebrasen a base de «partidas de la porra» organizadas por alcaldes, fuesen del color que fuesen. Se votó y, salvo el voto de Largo, los demás ministros me dieron la razón. Fernando de los Ríos y Prieto se abstuvieron esta vez de votar, sin protesta por parte de Largo Caballero.

Al terminar el Consejo, vi que Caballero tardaba en recoger sus papeles, como esperando a que yo pasase delante de él, cosa obligada por la posición que ocupábamos en la mesa de Consejos. Sospeché que contaba dirigirme algún nuevo desplante y preparé la respuesta, si tal era su propósito. Salí, pues, de mi sitio, y al pasar ante él, vino hacia mí y, tendiéndome sus dos manos, me oprimió en un apretado abrazo. En silencio siempre se desprendió de mí, y volvió a su puesto para seguir recogiendo sus papeles. Tampoco yo pude pronunciar una sola palabra y seguí mi camino.

Largo Caballero

Largo Caballero

Aprovecho la oportunidad para consignar que, pese a su carácter conocidamente adusto, mis relaciones con Largo Caballero fueron siempre cordiales. (Podía haberse augurado en contra de tal resultado: cuando, en su famoso discurso del atentado personal, Pablo Iglesias ejemplificó la «nota de rigor» empleada por el Gobierno el 2 de agosto 1909 en la represión de la huelga anti-guerra en Madrid, reconoció que del recibido por él mismo no podía quejarse —se le llevó en coche a la cárcel—, pero singularizó sin nombrarle el caso de Largo: «un compañero mío, ex concejal, vocal del Instituto, [que] estaba enfermo, y enfermo se le lleva a la cárcel, y allí estuvo entre la vida y la muerte […] ¡A un hombre que se encontraba en tan penosa situación, que no había hecho nada, llevarlo en tal estado a la cárcel! Los que allí estábamos sentimos pena, rabia, dolor al ver el estado de aquel compañero»).

[Largo Caballero era el prototipo del socialista obrerista, es decir nacido y criado en los medios auténticamente obreros. Había sido estuquista y se enorgullecía de ello, contando su vida de pobre jornalero siempre que venía a cuento. Tenía un talento natural extraordinario que suplía con creces su falta de cultura. Era sobre todo un trabajador infatigable y un luchador incansable. Prácticamente había sido él el organizador de la UGT fundada por Pablo Iglesias y en la que Largo desempeñó desde el principio el cargo de secretario].

Le conocía desde muy antiguo, desde 1915, cuando llegué al Ayuntamiento de Madrid como concejal maurista y encontré en él a la plana mayor del socialismo, puesto que formaban esa minoría, Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Andrés Saborit y Anguiano. Siendo yo el único concejal de mi partido en pugna constante con los de turno, conservador y liberal, coincidía con los socialistas siempre en las cuestiones administrativas, y sobre todo en las de índole moral, frente a la corrupción, tradicional en aquella casa. Aunque algunas veces tuvimos encontronazos serios en discusiones de tipo político, la mutua estima por nuestra limpia conducta, que en las funciones administrativas manteníamos, hizo que el trato fuese cordial con todos ellos, salvo con Pablo Iglesias, que llevaba su rigidez obrerista al límite de no querer tratar con quien llevaba mi apellido, en aquellas fechas símbolo de una encarnizada lucha política nacional, que con el ¡Maura, sí!, y el ¡Maura, no!, por lemas, ocupaba casi toda la actividad de los partidos.

[En nuestras deliberaciones (del Gobierno, Largo Caballero) intervenía siempre, y en asuntos que parecía ajenos totalmente a sus conocimientos, con un acierto, una claridad de juicio y un tesón, que las más de las veces arrastraban a los compañeros vacilantes y decidían los acuerdos. Por eso, yo le temía más que a ninguno otro de los ministros. Por fortuna, y aunque parezca extraño, coincidíamos casi siempre (…) Era de entre los ministros quien tenía más arraigada la noción del principio de autoridad y en algunas ocasiones duras estuvo con Prieto a mi lado frente a todos los demás ministros. En su Departamento, llevó a cabo una labor social avanzada, pero sin excesos demagógicos (…) Más tarde ya en el curso del segundo Bienio Azaña, los que le rodeaban le hicieron creer en su misión revolucionaria (…) Fue, sin duda alguna, uno de los causantes del malestar que engendró la guerra civil. Emigró a Francia (…) y los alemanes le prendieron y llevaron a un campo de concentración y de exterminio, librando la vida por verdadero milagro. Le liberaron los rusos, y tras una larga estancia en un sanatorio de Odessa, regresó a París en 1946, donde tuve en el acto su visita departiendo con él largamente durante varias semanas, hasta su enfermedad postrera, que fue terriblemente dolorosa y cruel].

El «Maura» de Pablo Iglesias

El «Maura» de Pablo Iglesias

Como episodio curioso, quiero recordar que en el verano de 1913, cuando aún no actuaba yo en política, alquilé una casa en El Escorial, con la «suerte» de estar ella emplazada frente por frente a la que poseía Pablo Iglesias, y donde él veraneaba también, con su familia. Ignoraba yo ese detalle, y a los pocos días de instalado en mi residencia, oí gritos reiterados de «¡Maura, Maura!», en la puerta de mi jardín, exactamente enfrente de la casa de Iglesias. Salí a ver quién me llamaba en forma tan apremiante, y vi a una mujer —sin duda una sirviente— que continuaba dando sin cesar los mismos gritos. A poco, apareció en la esquina, con el rabo entre las patas, un perro bastardo y feote, que, sumiso, se echó a los pies de la voceadora. El perro de Iglesias atendía por «Maura».

Me hizo gracia la cosa y me propuse, y logré sin la menor dificultad, hacerme amigo de mi homónimo canino, que acabó entrando y saliendo en mi casa como por la suya.

Ignoro si Iglesias aprobó o no esa conducta de su perro, pero cierto estoy de que no la ignoraba, porque, en más de una ocasión, me vio salir en su compañía. Sin duda, la notoria bastardía de la raza del can servía de eximente a sus infidelidades al partido que a diario cometía, aceptando golosinas y caricias de un «despreciable burgués», por añadidura maurista.

De entre los (otros) socialistas compañeros míos con funciones municipales, el más asequible y comprensivo era Julián Besteiro, a quien entonces aprendí a conocer y a estimar, lo que fue el primer peldaño para la sincera admiración que llegó a inspirarme más adelante, ya en tiempos de la República, como luego recordaré.

Resuelvo los expedientes

Resuelvo los expedientes

Pidiendo perdón al lector por ese inciso, vuelvo al tema. Urgía resolver los innumerables expedientes de los Ayuntamientos suspendidos, antes de que diese comienzo el período electoral. Anuncié, pues, mi decisión de encerrarme en mi despacho los días necesarios para realizar esa ardua labor, puesto que pasaban de dos mil quinientos los que habían de ser resueltos. Así lo hice los días 5 y 6 de mayo, y gracias al concurso impagable de Manuel Ossorio y del director de Administración local, Luis Recasens Sitches —uno de los entonces jóvenes más capaces con los que contaba la República— pudimos en dos jornadas rematar la labor. Del resultado di cuenta a la prensa con esta declaración:

«El criterio que he seguido es el de estricta justicia. Según un primer cálculo, habrá tan sólo un cinco por ciento de nulidades, porque he respetado todas las constituciones de Ayuntamientos, salvo en los casos en los que la protesta es fundada y los atropellos manifiestos».

¿Apreciaron esta conducta los adversarios políticos? Vea el lector lo que dijo El Debate:

«Sólo en un cinco por ciento, y son más de dos mil los expedientes electorales, acordará el Ministro de la Gobernación la nulidad de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril. Véase con cuánta ligereza perturbadora ha procedido el Ministro. Es claro que ese resultado indica un propósito justiciero no doblegado por la presión partidista. Por ello merece elogio. Mas por lo ocurrido comprenda el señor Maura cuán necesario es en el Gobierno hacerse superior a interesadas sugestiones y huir de toda suerte de prisas».

Creo difícil dar una muestra más acabada de tartufería, de injusticia, de propósito decidido de agraviar y desacreditar a un gobernante. No sólo no se le hace justicia, sino que, vergonzantemente y de pasada, se le culpa de «prisas», por haber puesto entre el archilegítimo deseo de los republicanos y la más estricta justicia, unos días de plazo sin daño para nadie, pues durante ese plazo los Ayuntamientos estuvieron en manos neutrales.

¿Qué habría dicho ésa prensa si se hubiese adoptado la sencilla medida semirrevolucionaria y absolutamente lógica de dejar en cada ciudad y en cada pueblo a los republicanos constituir los respectivos Ayuntamientos a su imagen y semejanza? Más, muchísimo más que eso se ha hecho más tarde, puesto que se han enviado ad patres, a innumerables elegidos en pueblos y ciudades en las elecciones legales de la República, a título de republicanos o de socialistas. Mas ello no parece haber impresionado a los que se llaman «católicos» y de su «catolicismo» hacen bandera.

Como era de suponer, y como yo esperaba, la prensa republicana de izquierda acogió con auténtica indignación la solución dada por mí al pleito de los Ayuntamientos. Ni los diarios ni los partidos me lo perdonaron, y los más variados epítetos del repertorio habitual cayeron sobre el «cándido», el «prevaricador» o el «traidor» ministro, que entregaba a los enemigos, nada menos que la casi totalidad de los Ayuntamientos de pequeñas ciudades y de los pueblos. Una vez más la limpieza de conducta se saldaba con la fórmula obligada de «ni agradecido ni pagado», que, en política suele ser moneda corriente en casos tales.

[Las Diputaciones Provinciales al advenir el régimen republicano estaban integradas por comisiones gestoras nombradas por los gobiernos de la Dictadura o por el último de la Monarquía. Es claro que fueron todas ellas disueltas, y en su lugar designadas otras afectas al régimen republicano. No provocó ello protestas. La función política de estos organismos era escasa, y, aparte las pequeñas rivalidades de campanario, en todas las provincias funcionaron normalmente].

Se convocan las Cortes Constituyentes

Se convocan las Cortes Constituyentes

La composición del Gobierno Provisional, heterogéneo por naturaleza y por las circunstancias de su formación, hacía delicada la postura del régimen. No debía correrse el riesgo de que esa coalición, de tan dispares y hasta contrapuestos elementos, se dislocase un día, quedando España huérfana de mando. Ésta fue la principal consideración que movió a los ministros a mantener la tesis de acudir sin demora a las elecciones a Cortes Constituyentes, para crear cuanto antes el órgano que estabilizara y garantizara la vida de la República. [No participaba yo de esa opinión y fui quien con más ahínco mantuvo la oposición a ese camino].

Casi unánimemente reconocíamos que el país, recién salido del largo período de la Dictadura y, por tanto, de total ausencia de vida política y ciudadana, aún no estaba capacitado para juzgar de los programas de los partidos, programas, por lo demás, sumamente vagos e imprecisos, dada la premura con que habían sido articulados.

Por otra parte, salvo el Partido Socialista, que tenía sus organizaciones en los pueblos y ciudades de casi toda España, desde antes del advenimiento del régimen, por haber gozado de notorio privilegio durante la Dictadura, los demás partidos republicanos eran, ni más ni menos, una entelequia. Ni programas meditados ni cuadros preparados, ni masas conscientes de su responsabilidad y de su destino. Nada que se asemejase a verdaderos partidos, aptos para enfrentarse con las organizaciones obreras bien encuadradas, y para asumir la abrumadora tarea de orientar y dirigir la vida nacional nada menos que en período constituyente.

[Prevaleció el criterio de los impacientes en el seno del Gobierno. Decidió, como era lógico, el Partido Socialista que, por más seguro de sí mismo y por más capaz en todos los órdenes, deseaba verse libre cuanto antes del desgaste que notoriamente le ocasionaba la obligada templanza del programa del Gobierno Provisional. Se adoptó el acuerdo por votación dentro del Gobierno y creo recordar que fuimos tan sólo tres los ministros que optamos por el aplazamiento].

Acordóse, pues, dar comienzo a la preparación inmediata de las elecciones. El 3 de junio, es decir, al mes y medio del advenimiento de la República —marca que yo sepa jamás igualada por régimen alguno— se publicó en la Gaceta el decreto de convocatoria cuya parte dispositiva transcribo a continuación:

«Art. l.o Las Cortes Constituyentes, compuestas de una sola Cámara elegida por sufragio popular directo, se reunirán para la organización de la República, en el Palacio del Congreso, el día 14 de julio próximo. La Junta preparatoria de diputados electos se reunirá el 13 a las diecinueve horas.

Art. 2.o Las Cortes se declaran investidas con el más amplio poder constituyente y legislativo. Ante ellas, tan pronto queden constituidas, resignará sus poderes el Gobierno Provisional de la República, y, sea cual fuere el acuerdo de las Cortes, dará cuenta de sus actos. A las mismas corresponderá, ínterin no esté en vigor la nueva Constitución, nombrar y separar libremente la persona que haya de ejercer con la Jefatura provisional del Estado, la Presidencia del Poder Ejecutivo.

Art. 3.o Las elecciones se celebrarán conforme al decreto de 8 de mayo último y a la ley electoral de 1907, en toda España el 28 de junio. Si en alguna circunscripción o capital hubiese lugar a una segunda elección, ésta se celebrará el 5 de julio. El Ministro de la Gobernación dictará las disposiciones conducentes a la ejecución del presente decreto.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1931».

Seguían las firmas de todos los miembros del Gobierno Provisional.

Vio la luz este Decreto de convocatoria casualmente el día del Corpus, que se celebró aquel año con gran esplendor de fiestas y procesiones tradicionales, en muchas provincias. No dejaba de ser alentador el hecho, porque una de las preocupaciones de cuantos deseábamos ver a todos los componentes del cuerpo electoral, sin distinción de tendencias, tomar parte activa en la lucha, era la actitud que adoptaría la derecha católica.

Los que hasta ese momento habíamos defendido con éxito indudable, pero con sudores copiosos, el principio del respeto a los derechos de los católicos y de la Iglesia, una vez elegidas las Cortes, habríamos terminado nuestra misión. Sólo logrando que en ellas tuviesen asiento número apreciable de representantes de fuerzas conservadoras y católicas, podrían seguir defendiéndose sus intereses y sus derechos.

El entusiasmo público en las ceremonias y procesiones de ese día se me antojó como un anuncio venturoso. Mas no fue así desgraciadamente, porque aquello resultó como un último brote de la ciudadanía católica, pues a partir de ese momento las derechas se retrajeron de toda actuación cívica hasta muy entrado el año 1932.

Las elecciones municipales, para cubrir las vacantes producidas por las anulaciones decretadas por mí, se celebraron el domingo siguiente, o sea tres días después del Corpus. El retraimiento del cuerpo electoral fue enorme y, como era lógico, venía del campo de la derecha, ya que en todas partes triunfaron, sin dificultad, los candidatos republicanos y socialistas.

Tan notorio fue este retraimiento que obligó a la prensa católica a reaccionar, alarmada por el síntoma que representaba el hecho en vísperas nada menos que de unas elecciones a Cortes Constituyentes, de las que había de salir la ley fundamental para la vida de la nación.

El Debate decía, entre otras genialidades, en su artículo de fondo del día siguiente:

«Deben convencerse los elementos de orden de que, no la República, sino los ideales e intereses representados por ellos están amenazados actualmente por dos peligros graves: la abstención y la violencia. La legalidad que por ahora más nos importa son las elecciones políticas. La legalidad en cuanto a las elecciones es participar en ellas…, mientras sea posible».

Para salir al paso de tal insidia, que hacía suponer que los candidatos derechistas no tendrían el amparo de la autoridad contra las violencias de las izquierdas, dicté, el día 8 de junio, una orden circular a los gobernadores, cuyo texto se publicó en la prensa del día 9 y que se expresaba así:

«1.a Es obligación inexcusable de V. E. mantener una neutralidad absoluta en la contienda electoral, limitando su actuación al mantenimiento del orden público y al cumplimiento estricto de la ley. Esta norma, que siempre había de recomendarse por imperativo de respeto a la opinión ajena, resulta más necesaria habida cuenta de la composición heterogénea del Gobierno Provisional de la República y la absoluta compenetración existente entre sus componentes. En consecuencia, debo advertir a V. E. que me veré obligado a sancionar la conducta de cuantos gobernadores dejen de observar la imparcialidad más absoluta en el ejercicio de su cargo.

2.a Se abstendrá V. E. durante el período electoral de enviar delegados de su autoridad a los Ayuntamientos y de suspender éstos en sus funciones, sin previa autorización expresa mía y justificación plena de la necesidad de orden público que aconseje la medida.

3.a El ejercicio de los plenos poderes que el Gobierno de la República se ha reservado y ejercitará si la salud pública lo exige, no queda transferido a los gobernadores, que no podrán decretar detención alguna gubernativa ni otras medidas de rigor, sino con sujeción estricta a la ley de orden público, cuya plena vigencia se restablece. Podrá V. E., en todo momento, dirigirse a este Ministerio en consulta, si las circunstancias especiales aconsejaran adoptar medidas de carácter extraordinario.

4.a Autorizará V. E. los actos públicos encaminados a la propaganda de los partidos políticos en lucha en las próximas elecciones, y los delegados de la autoridad en dichos actos velarán por el mantenimiento del orden a toda costa y tomarán nota detallada de las manifestaciones de carácter delictivo que pudiesen hacer los oradores, pasando acto seguido el tanto de culpa al fiscal.

5.a Si al amparo de esta libertad legal que el Gobierno reconoce, trataran algunos elementos de producir excitaciones del ánimo público con fines de desorden, o realizaran actos encaminados a perturbar la paz pública, proceda V. E. con toda energía a reprimir tales desmanes, entregando a la autoridad judicial a los autores clausurando, previa consulta conmigo, los centros o domicilios de las agrupaciones políticas o sociales causantes del desorden.

6.a Respetará V. E. la libertad de prensa para criticar la obra del Gobierno y exponer ideas o tendencias políticas, pero procederá sin demora a la recogida y clausura de los periódicos que aconsejen la violencia o prediquen la rebelión, cualquiera que sea su tendencia, pasando al fiscal un ejemplar del mismo y otro a este Ministerio a los debidos efectos».

He querido mostrar con esta reproducción literal, la corrección observada por el Gobierno en la lucha electoral para las Constituyentes.

Ello suena hoy, en España, tras más de veinte años de mordaza ciudadana y anestesia cívica, a cosa antediluviana y arcaica, pero es la muestra de cómo se producía un régimen auténticamente liberal, respetuoso con todas las opiniones y tendencias, en el trance cumbre del libre ejercicio de la ciudadanía para elegir unas Cortes Constituyentes.

Declaro que la conducta de los gobernadores, ya muy expurgados por mí de la primera hornada caótica, fue muy superior a lo que yo esperaba. Cumplieron sus deberes con la más absoluta imparcialidad, como lo prueba el hecho de que no hubo protestas de parte de ninguno de los partidos en lucha, ni en la prensa política de ninguna tendencia. No cabe, pues, atribuir a la actuación de la autoridad o al temor que ella pudiese inspirar a los elementos de la derecha, la enorme abstención ciudadana que, llegada la hora de la votación, observaron ellos y que proporcionó el triunfo arrollador a las izquierdas.

Las elecciones

Las elecciones

El 28 de junio se celebró la primera vuelta de las elecciones y el 5 de julio la segunda. El orden más perfecto reinó durante aquellas jornadas, en toda España. Las operaciones de escrutinio en las provincias fueron largas y complicadas, porque era la primera vez que se practicaba el cómputo de votos en la totalidad de la provincia. En algunas capitales —Salamanca y Sevilla— menudearon los incidentes, que luego hubieron de ser resueltos por las Cortes.

(Recuerda del de Salamanca:) < Dos días después de la elecciones, vino a mi despacho Ángel Herrera, director de El Debate, de quien ya he hablado, pájaro de mal agüero para mí, enemigo ya declarado de mi persona y por supuesto de mi política (…) Venía acompañado de un joven para mí desconocido, de cara redonda, semejante a un garbanzo tallado, mal trajeado, pero sumamente pretencioso, casi pedante, con aires de tribuno. Me lo presentó. Se trataba de José María Gil Robles.

Me explicaron ambos lo ocurrido en las elecciones de Salamanca. En dos o tres pueblos, habían sido robadas las plicas que contenían las actas verdaderas, en el trayecto desde el pueblo a la capital. En esos pueblos la mayoría de Gil Robles era indiscutible y de su cómputo dependía la elección de éste, muy comprometida en aquellos momentos. Como era de toda justicia evitar ese atropello, no vacilé en llamar en el acto por teléfono al gobernador y darle las órdenes más severas para que se deshiciera el entuerto, si entuerto había. Me puse además al habla con don Miguel de Unamuno, candidato también por Salamanca, quien me informó que había irregularidades en las actas de esos pueblos, lo que me hizo reforzar mis instrucciones a la autoridad provincial para subsanarlas.

El resultado fue que, en el escrutinio general, quedó proclamado Gil Robles diputado, aunque sus adversarios interpusieron cuantos recursos les daba la ley electoral, para que en su día, en las Cortes, se revisara el acta. Esta imparcialidad mía, bien desinteresada pero de estricta justicia, no sólo no fue agradecida por los dos personajes que me visitaron, sino que al parecer aumentó sus iras contra mí >.

Hasta los adversarios más irreductibles confesaron que las elecciones habían sido un modelo de ciudadanía y de imparcialidad por parte del Gobierno. La ejecutoria de ambas afirmaciones la dio el diario menos propenso a reconocer méritos al ministro de la Gobernación. Así se expresó El Debate:

«Mostraba ayer satisfacción el Gobierno por el desarrollo de las elecciones. Y no sin motivo, ciertamente. El ejemplo de Madrid y el de toda España bien valía esa satisfacción. Unas elecciones como las del domingo para Cortes Constituyentes, a poco más de dos meses de proclamada la República, han transcurrido sin incidentes. En cualquier país, póngase el más culto, no se habría atravesado por momento de tal importancia con menos inquietud en el orden material».

Repito que esa declaración, tan laudatoria del diario más hostil al Ministro, constituye la ejecutoria de limpieza de conducta de la autoridad y del alto ejemplo de ciudadanía dado por el pueblo en ese día, tan decisivo y solemne, en el que se elegían las primeras Cortes del régimen.

La satisfacción por la parte material no alcanzaba, sin embargo, a cuanto hacía relación al resultado práctico, para quienes juzgábamos las cosas desde el punto de vista de la futura vida política del país. El hecho relevante lo constituía la gran abstención ciudadana durante la jornada. No había votado sino el 65 por ciento del cuerpo electoral. El 35 por ciento abstenido pertenecía, en su inmensa mayoría, a la derecha social, es decir, a las clases poseedoras y a los católicos, que habían coronado así la táctica que desde el 14 de abril venían practicando.

La Cámara nacida de estas elecciones, modelo de pulcritud y sinceridad, iba a resultar totalmente izquierdista, porque su composición definitiva fue como sigue:

Como estaba previsto, los socialistas, que disfrutaban de una seria organización, fueron quienes de verdad habían triunfado y quienes tendrían con la Cámara en sus manos la suerte de los Gobiernos y, por tanto, del país. La incompatibilidad, cada día mayor, entre socialistas y radicales de Lerroux hacía por otra parte imposible centrar la vida de esas Cortes, uniendo a esos dos elementos los más numerosos de ella. Por el contrario, esa pugna había de ser la que impulsara, primero a la izquierda hacia la demagogia, y la que más tarde, ya en las postrimerías de la vida de esas Cortes, desencadenara la violencia dentro y fuera del Parlamento.

Si la derecha española hubiese actuado en aquellas elecciones con el vigor y el entusiasmo que mostró dos años más tarde, ¡cuán distinta habría sido la suerte de España y cuánta sangre se habría ahorrado! De haber venido a las Constituyentes un fuerte núcleo de diputados auténticamente conservadores, es decir, sin prejuicios ni atavismos de clase, conscientes de la hora que España vivía, ni la Constitución habría sido lo que fue, ni los odios que acabaron por desencadenar la más bárbara e incivil guerra fratricida se habrían asomado siquiera a la política nacional.

No faltarán gentes que den por buenos esos males a cambio de los largos años de disfrute de un poder absoluto que aquella táctica suicida les ha proporcionado. Allá ellos con su conciencia.

La apertura de las Cortes

La apertura de las Cortes

En las Cortes Constituyentes rinde viaje el Gobierno Provisional.

El 14 de julio, exactamente tres meses después de proclamada la República, se celebró con gran solemnidad la apertura de las Cortes.

< Habíamos acordado que, para dar al acto la mayor solemnidad posible fuera obligatorio vestir de trajes oscuros, y, para el Gobierno, el frac reglamentario en tiempos de las Cortes de la Monarquía. Dio esto lugar a episodios cómicos. La mayor parte de los ministros no habían usado jamás semejante prenda. Todos se encargaron en sus respectivos sastres su frac, y el día de la apertura fueron llegando a la Presidencia del Congreso ataviados con él. Prieto, se había confeccionado un frac enorme. Literalmente le daba dos vueltas a su corpulenta humanidad. Estaba realmente graciosísimo. La camisa planchada y el cuello duro eran para él un verdadero suplicio que, con su gracejo habitual y sobre todo con su léxico empedrado de tacos, hacían las delicias de todos nosotros. Maldecía a cada instante con la más sazonada literatura, el suplicio que para él representaban los pellizcos que el cuello duro, enorme y alto, le propinaba, la rigidez de la pechera almidonada, las faldillas del frac que le trababan las piernas, y mirándose al espejo reía a carcajadas, con risa comunicativa y contagiosa, que nos hacía a todos corearle estrepitosamente en su hilaridad.

Largo Caballero, en cambio, parecía realmente haber vestido toda su vida esa prenda. Bien es verdad que tiempo atrás había vestido el esmoquin en ocasión que creo bueno recordar, porque es muestra del carácter especial de este hombre público. Me contó en cierta ocasión el Vizconde de Eza, que cuando el Instituto de Reformas Sociales, del que era presidente el Vizconde en tiempos de la Monarquía, acordó acudir a un congreso de organismos similares que iba a celebrarse en los Estados Unidos, fueron designados en representación del Partido Socialista Español Largo Caballero y Fernando de los Ríos. Advirtió el Vizconde a los dos miembros del obrerismo que debían proveerse de esmoquin, porque, en el barco de lujo en el que habían tomado pasaje los comisionados, era obligado bajar por las noches al comedor vestidos. Embarcaron en efecto en uno de los grandes trasatlánticos de la época, y al zarpar a media tarde el barco y pasar todos a sus respectivas cabinas para vestirse, Largo manifestó que no iría al comedor porque no se sentía bien. Llegó la hora de comer y Caballero, como había anunciado, no concurrió. Mas durante toda la comida en el comedor a la altura de la cubierta, Largo paseando por ésta, miraba al interior con detallada curiosidad, estudiando las postura y ademanes de los comensales sin perder detalle. La misma escena se repitió a la hora del almuerzo del día siguiente y, aquella noche, ya vestido de etiqueta, Largo compareció en la mesa de sus compañeros y comió con tal corrección, que nadie hubiera podido imaginar que era la primera vez en su vida que se sentaba a una mesa así servida, y con esa indumentaria >.

El Gobierno, en automóviles oficiales, desfiló desde la Presidencia del Consejo hasta el Palacio del Congreso. Las tropas cubrían la carrera, y daba escolta al automóvil del Presidente una sección de caballería. Ante la gran escalinata de la Carrera de San Jerónimo, adornada con reposteros y tapices, se paraban los coches, y los ministros eran recibidos por la comisión de las Cortes designada la víspera para tal ceremonia. Pasó la comitiva al Salón de Sesiones.

Aun cuando se había recomendado a los diputados el uso de trajes oscuros, la indumentaria dejaba no poco que desear, porque los claros y un tanto veraniegos propios de la estación eran muy numerosos. Las tribunas se hallaban abarrotadas de público, principalmente femenino, y en la diplomática todo el Cuerpo acreditado en Madrid, y muchas damas.

Presidía la sesión inaugural el diputado de más edad, cuyo nombre no recuerdo, pero sí que era alto, delgado, casi esquelético, un auténtico Don Quijote vestido de frac, es decir, modernizado, bastante acorde con la hora histórica que vivíamos.

Los ministros ocupamos el banco azul, y en su cabecera se levantó Alcalá Zamora para pronunciar el discurso de apertura. Como suyo, fue elocuente. La síntesis del mismo está contenida en estas dos frases:

«Para el Gobierno, la pasada es la última de las revoluciones políticas y la primera de las revoluciones sociales».

«Traemos a las Cortes la República intacta y plena de su soberanía que el Gobierno ha respetado y defendido contra quienes la atacaron».

La primera de estas frases podía y debía haberla pronunciado el Don Quijote que nos presidía y habría estado más acorde con el futuro. La segunda, en cambio, era cierta y contenía la gloria de unos hombres que habían cumplido una misión histórica en forma ejemplar, y rendían viaje tras breve, pero peligrosísima travesía, poniendo en manos del país, representado por sus Cortes, lo que del arroyo recogieron el 14 de abril.

< Declaración (luego) por el presidente de la Cámara de que quedaban abiertas las Cortes y pasamos en seguida a ocupar nuestros puestos en la escalinata de la fachada, para presenciar el desfile de las tropas.

Cuando desfiló la Guardia Civil con sus uniformes de gran gala, la masa del público que rodeaba el edificio, compuesta de gentes de todas las clases sociales, aplaudió con calor. Este aplauso provocó una reacción entre los obreros presentes en el público, y una silba estrepitosa, acompañada de gritos y de insultos al instituto, sucedió a la ovación primera. Durante varios minutos, las manifestaciones contrarias se sucedieron y todo el tiempo que duró el desfile de ese Cuerpo fue para mí desagradabilísimo oír las enormidades que la turba hostil lanzaba a los guardias que, en perfectísima formación, pasaban delante del edificio.

Entre los que ocupaban las escaleras de las Cortes, las opiniones estaban también divididas. Los diputados noveles, de origen obrero, participaban en sus iras contra el Cuerpo, y algunos periodistas, para hacer eco a esos nuevos personajillos, decían también sus ocurrencias, groseras, y lamentables en tal ocasión. Ya enfurecido, me volví al grupo que detrás de mí gritaba y maldecía, y con aire seco y tajante les dije:

—Háganme el favor de callar. Son Vds. unos insensatos. Si no fuera por esos hombres que pasan delante de nosotros, no habría nadie que pudiera pasar una noche en el Ministerio de la Gobernación.

La prensa del día siguiente reprodujo literalmente estas palabras mías, comentándolas cada diario a su gusto y según su tendencia. Me valió ello la enemistad de las extremas izquierdas, como luego referiré, pero, desde ese día, la Guardia Civil me guardó un agradecimiento sincero. Todos los días de mi santo desde entonces, llegaban a mi despacho miles de tarjetas de jefes, oficiales, suboficiales y soldados, felicitándome >.

Al día siguiente, fue elegida la Mesa definitiva, pasando a ocupar la Presidencia de la Cámara Julián Besteiro. Gran figura, mártir de sus ideales y de su amor a España, a la que siempre sirvió con verdadero fervor. Alma noble y generosa, en cualquier otro país habría actuado de patriarca de la política y de definidor escuchado por amigos y adversarios. Su trágico fin en el penal de Carmona, tras una severa condena a muerte, conmutada por veinte años de prisión, agiganta su figura a la que la Historia hará la debida justicia. Murió en un penal, cubierto de gloria y de gratitud de sus conciudadanos madrileños, con quienes convivió sin desmayar un instante durante los tres años de asedio de la capital, atendiendo sin descanso a su aprovisionamiento y al orden interior, desoyendo las sugestiones que le llegaban para que abandonase Madrid y aceptase una misión diplomática en el extranjero.

Culminó su actuación ejemplar de esos tres años haciendo frente, con magnífico valor personal y cívico, al postrer asalto comunista a la capital, en 1939, logrando la victoria que evitó a los madrileños los horrores del saqueo.

Por último, fue él quien pactó con la representación de las fuerzas franquistas la rendición de Madrid. El pago de estos altos servicios a España y a los españoles fue su condena a muerte y su muerte en el penal, en espera de la hora, que no puede fallar, en que España entera le haga justicia honrando, como se merece, su memoria.

TERCERA PARTE

DESDE LAS CONSTITUYENTES HASTA MI SALIDA DEL GOBIERNO

(De julio a noviembre de 1931)

(Cuadernos de 1945)

Abiertas las Cortes, dio comienzo una nueva etapa de la vida de la República, y de la mía porque mi obligatoria presencia en el Parlamento durante toda la sesión, que a veces se prolongaba hasta las altas horas de la madrugada, aumentó en forma considerable el cansancio que había ya agotado mi resistencia sin ese nuevo y extraordinario esfuerzo.

No es mi propósito trazar la historia de esas Cortes en forma detallada y precisa. Ni podría hacerlo (…) Sólo he de recordar los episodios en las que fui actor de manera activa, hasta mi salida del Gobierno en octubre de aquel año.

CAPÍTULO I

LAS CORTES CONSTITUYENTES

La redacción del proyecto de Constitución fue tema debatido en los Consejos de Ministros, casi desde los comienzos del régimen. Pensamos en un principio en hacer una ponencia ministerial, sobre la que pudieran deliberar las Cortes. Pusimos en el empeño toda nuestra buena fe y nuestro esfuerzo. No tardamos en convencernos de que ello era labor imposible. Aparte la dificultad que entrañaba poner de acuerdo las diferentes tendencias representadas en el seno del Gabinete, el temor que algunos Ministros tenían a enfrentarse con sus propios partidarios en la discusión y votación de un texto salido de nuestro propio seno hizo que nadie quisiera afrontar ese riesgo, prefiriendo dejar a la comisión parlamentaria, formada por representantes de todos los partidos, la misión de redactar el proyecto que había de ser sometido a discusión.

Mientras se elegía la comisión especial y se constituía definitivamente la Cámara, los temas a debate en ella se reducían a las actas en entredicho y a los ruegos y preguntas de los noveles diputados, casi todos deseosos de dar a sus electores la impresión de su actividad, o simplemente ansiosos de la publicidad que aquellas primeras armas parlamentarias habían de adquirir a través de la prensa de toda España.

Las actas de Sevilla

Las actas de Sevilla

No intervenía yo en las discusiones de las actas, sino en las contadas ocasiones en las que estaba en tela de juicio la acción de las autoridades a mis órdenes o la mía propia. Sólo, según creo recordar, las actas de Sevilla dieron lugar a un debate interesante por los sucesos que allí se habían desarrollado, la víspera precisamente de las elecciones. Ya he referido lo que aconteció con el movimiento subversivo que Ramón Franco y sus secuaces habían preparado para ese día en la capital andaluza. La repercusión de estos hechos en las Cortes puso de relieve la lamentable calidad de sus actores.

Los amigos de los revoltosos de entonces formaban un grupo de unos siete u ocho diputados, anarquistas más o menos notorios, entre los cuales figuraba un tal Samblancat, personaje bastante conocido en los medios anarquistas de Barcelona y por supuesto de la policía, a la que había dado no poco que hacer en tiempos de la Monarquía. Se sentaba ese grupo bajo el reloj del Salón de Sesiones, es decir, a la derecha del banco azul y en el centro del hemiciclo. Entre ellos halló cobijo Ramón Franco, y rodeado de esa gente paseaba por los pasillos de la Cámara, como un pequeño jefecillo, de tribu integrada por melenudos y bohemios de mala catadura y peor entraña.

El día señalado para la discusión de las actas, tachadas de nulas por los propios republicanos por coacciones y malas artes, sobre todo en lo que a los últimos puestos se refería, es decir, al que correspondía a Ramón y otro elegido con él cuyo nombre no recuerdo, había cierta expectación en las Cortes. Habían anunciado los interesados revelaciones sensacionales contra el Ministro de la Gobernación, dando por supuesto que mi intervención había impedido que obtuvieran actas mayor número de forajidos de esa especie. Esperaba yo tranquilo el debate. Tan tranquilo, que ni pensaba en él, seguro de que me bastarían pocos minutos para dejar en su sitio las cosas y en su debido lugar a los revoltosos anarquistas o anarquizantes.

Hablaron uno a uno casi todos los miembros de ese grupo y el último en hacerlo fue Ramón Franco. Con palabra torpe y balbuceante explicó el pobre hombre como pudo lo que, según él, había acontecido. El Ministro había perseguido y atropellado a las masas de izquierda, prohibiendo la entrada en Sevilla de los electores y deteniendo la víspera a los jefes de la coalición de campesinos mediante la intervención del general Sanjurjo, que, expresamente enviado por mí a Sevilla para tales fines, había hecho imposible la libre expresión del voto popular.

Al terminar su lamentable perorata Ramón, me levanté y en cinco minutos conté a la Cámara cuanto ya he referido en estas cuartillas, sobre lo acontecido en Sevilla aquel día. Leí las proclamas que los aspirantes a la «independencia de Andalucía» lanzaban desde los aviones, referí con algún detalle las andanzas de Ramón en los días que precedieron al del suceso. Y sin ensañarme con el pobre hombre, que ante esta rociada para él inesperada se limitaba a decir con voz bronca. «Eso no es verdad, no es verdad, es mentira» terminé mi relato y me senté. Sus compañeros le empujaban para que se levantase, a lo que él se negaba. Al fin le ponen en pie y aún más balbuceante que en su primera intervención, sin saber lo que decía, explicó que yo había falseado los hechos, que todos eran buenos republicanos, perseguidos por un Ministro monárquico, y que si no estaban allí sentados más representantes de los campesinos andaluces era porque yo había cometido desmanes sin cuento ni medida, para impedirlo.

No quise extremar mi venganza. En pie de nuevo y ante una Cámara fría hacia mí, pero indecisa, precisé las responsabilidades que con sus locuras habían contraído Franco y sus huestes de bárbaros, y para condensar mi pensamiento en una frase, le dije «Si S. S. hubiera estado bajo mi jurisdicción, no estaría hoy sentado en ese banco, porque estaría en la cárcel». Con gran asombro mío la Cámara entera rompió en un aplauso cerrado. Azaña, sentado a mi lado en el banco azul, hizo un gesto ostensible de desagrado, considerando, con razón, que esa frase entrañaba una censura para él, puesto que la jurisdicción a la que estaba y aún seguía sometido Franco era la suya. No se atrevió sin embargo a pedir la palabra. Franco quedó convertido en un guiñapo viviente, encogido y tembloroso. No osó levantarse de nuevo y quedó el incidente terminado.

No se volvió a tratar ese tema, ni volvió Ramón a intervenir en los debates de la Cámara durante todo el tiempo que aquellas Cortes duraron, ni volvió como es lógico a saludarme

Se limitó a publicar, poco después, un libro en el que, tratando del tema, me llamaba reaccionario, clerical, monarquizante, retrógrado, asesino y no sé cuantas cosas más. Fue este suceso para mí una experiencia directa y personal de algo que de antiguo sabía, y es que en el ambiente parlamentario no cuenta sino el momento mismo de la batalla oratoria.

Los preparativos y las impresiones de pasillos pueden quedar anulados si en el calor de la discusión sabe el orador aprovechar el momento para hacerse con la casi unanimidad del espíritu de los oyentes. Mi ya larga experiencia de las Cortes, adonde acudía desde mi infancia casi a diario durante los debates de toda la época de la Monarquía, me sirvió en aquella ocasión, y en otras posteriores, a las mil maravillas.

Azaña no quedó contento con el resultado del debate. Se le hacía muy difícil, después de lo ocurrido, dejar a Ramón dueño y señor de la escasísima aviación del Ejército, y no se atrevía por otra parte a destituirlo por temor a las iras de la banda que le rodeaba. Tardó varias semanas en retirarle del cargo. Quedó Franco inactivo y consagró sus ocios, como ya he dicho, a escribir, o al menos a firmar, un libro en el que relataba sus andanzas pintándolas como heroicas y en el que descargaba sus iras contra mí (…)

Debate sobre los hechos del Parque María Luisa

Debate sobre los hechos del Parque María Luisa

Otro de los debates que adquirió cierta importancia fue el consagrado a otros sucesos de Sevilla, y sobre todo a lo ocurrido en el Parque de María Luisa en los primeros meses de la República. La huelga revolucionaria que los elementos de la CNT desencadenaron en esa ciudad duró (como llevo referido), diez o doce días. El gobernador, Bastos (como también sabemos) hizo frente al conflicto con verdadero valor personal y, sobre todo, cívico.

Desgraciadamente, por haber sido necesario declarar el estado de guerra en la plaza, los militares tuvieron en aquellos días intervención directa en la contienda y algunos de ellos, verdaderos señoritos sevillanos, ligeros y matonzuelos, decidieron hacer una de las suyas, suprimiendo a unos cuantos factores decisivos de entre los elementos huelguistas.

Ya vencida la huelga en su aspecto revolucionario, fueron detenidos los jefes del movimiento. El gobernador ordenó su traslado a la cárcel del Puerto de Santa María, más alejada del lugar de sus hazañas. El día en que el traslado iba a efectuarse, unos cuantos oficiales jóvenes prepararon un golpe de mano. Al llegar la camioneta que conducía a los presos al Parque de María Luisa, hizo alto y los conductores, confabulados con esos oficiales, ordenaron que se apearan los presos para cambiar de vehículo. En ese momento unos individuos apostados entre los árboles y arbustos del parque dispararon sus pistolas, matando a tres de los detenidos. Otro logró escapar y permaneció oculto entre la maleza y muerto de miedo varias horas. Cuando fue habido, relató con detalle, no sé si verídico, lo que había ocurrido y el escándalo que este relato produjo adquirió pronto, como era de esperar, proporciones extraordinarias.

Pasaba yo aquellas noches en mi despacho del Ministerio, en contacto constante con el gobernador de Sevilla. Me acompañaban casi toda la noche, para hacerme más llevadera la carga, Prieto y Casares Quiroga. Cuando surgió este incidente desagradable, Prieto fue testigo de mi indignación, y de las continuas y apremiantes órdenes que daba por teléfono al gobernador para inquirir la verdad de lo ocurrido. Tanto él como yo teníamos vehementes sospechas de que era cierto el hecho, mas no podíamos hacer otra cosa sino confiar a los informes que el gobernador nos trasmitía, la versión oficial del suceso.

Al abrirse las Cortes y plantearse el tema por los elementos extremistas, fui yo quien propuse, para aclarar con carácter definitivo y sin que la intervención del Gobierno pusiera trabas a la verdadera depuración de lo sucedido, que se nombrara una comisión parlamentaria que fuera a Sevilla y en nombre de las Cortes realizara la encuesta. Así se acordó y fue designada la comisión con representaciones de todos los partidos. Recuerdo entre los designados a Rodrigo Soriano, Pedro Armasa, Sigfrido Blasco Ibáñez y Baeza Medina que con Pérez Madrigal representaba al Partido Radical-Socialista.

Tras unos días de juerga y diversión en la capital andaluza, regresó la comisión y dictaminó sobre el caso. Como era de esperar y como suele acontecer generalmente en casos tales, el dictamen no esclarecía nada ni adoptaba decisión alguna, por la sencilla razón de que los viajeros informadores ni pudieron averiguar nada concreto, ni se atrevieron a asumir la responsabilidad de decir con firmeza si eran ciertos o no los hechos de que se hablaba. Mi papel, durante la discusión del dictamen, no podía ser otro que el de mero espectador. Era a los diputados designados por las Cortes a quienes incumbía la misión de decidir, y de su decisión era a la Cámara entera a la que correspondía juzgar. Si el fallo de ésta era adverso para el ministro, por considerarle responsable por acción u omisión de los hechos incriminados, mi salida del Gobierno estaba siempre propicia. Si, por el contrario, quedaba claro que no me incumbía responsabilidad por lo acaecido, no sería lícito volver sobre el tema como arma política contra mí.

Los elementos de la Confederación General (sic, léase CNT), que habían salido maltrechos del debate sobre las actas de Sevilla, consideraban esa ocasión como excelente, para un desquite sonoro de su fracaso pasado. Arremetían día tras día, durante los que duró la discusión, contra el Ministro, dando por supuesto que era yo el verdadero instigador del hecho criminal, que ellos reputaban ciertísimo. En honor a la verdad, estuvieron solos en estas acusaciones. Cuantos diputados pertenecientes a los partidos políticos, aún a los más distantes de mí, intervinieron en el debate, hicieron siempre la salvedad de que en modo alguno podía ser imputable al Ministro lo ocurrido y que, en caso extremo, lo que podría achacárseme era no haber procedido inmediatamente a una encuesta directa y a la sanción severa contra los culpables del crimen.

Ante mi silencio obstinado, los enemigos crecían en sus ataques y en su procacidad, que yo escuchaba tranquilo en el banco azul sin pedir la palabra. Esto desconcertaba a los que de buena fe intervenían en el debate, y hube de levantarme para decir en brevísimas palabras cuál era mi posición, primero de oyente y de enjuiciado después, y cómo sería no sólo inútil, sino indecente, que pretendiera influir con mis intervenciones, en el juicio sereno y desapasionado que la Cámara tenía obligación de hacer. Prieto, que asistía a mi lado a la discusión sin perder un detalle de la misma, al fin indignado por las reticencias de algunos y por los ataques descarados y falsos de los otros, pide la palabra y hace un discurso, en el que relata los episodios vividos por él a mi lado noche tras noche en el Ministerio, mis esfuerzos para esclarecer lo ocurrido y da fe de mi indignación y de la imposibilidad en que me vi de llegar a un completo y cabal conocimiento de la verdad.

Hizo de mí elogios calurosos y salió fiador, no sólo de mi limpieza de conducta en esta ocasión, sino de toda mi actuación ministerial, solidarizándose conmigo en la responsabilidad si la hubiera. Este rasgo, tan noble como inhabitual entre mis compañeros, me conmovió profundamente. Era la primera vez que oía a uno de éstos hacerme públicamente justicia y salir, clara y abiertamente, en mi defensa, en temas que al fin y a la postre eran de común responsabilidad para todo el Gobierno. Desde entonces, para mí, adquirió Prieto tal estima y tal afecto, que creo que es aún, en la actualidad (1945), el único político al que me prestaría a secundar y ayudar en obra de gobierno, de cuantos conozco y trato en el campo republicano.

Terminó el debate como era de esperar, con la declaración votada por la Cámara de no existir indicios que permitieran asegurar que habían tenido lugar los hechos delictivos de que se hablaba. Mas, como yo tenía la íntima convicción de que cuando menos había existido una extralimitación por parte de las autoridades militares, y quizá una excesiva benevolencia por parte del gobernador en la depuración inmediata de lo ocurrido, relevé a éste de sus funciones y le sustituí por el que ejercía el cargo en Badajoz con aplauso unánime de todos los elementos de esa provincia. Bastos se retiró a su casa y no volvió a ocupar cargo alguno durante la Segunda República. El que designé ejerció sus funciones con aplauso general una temporada, fue captado por los señoritos sevillanos, y, siendo como era un simple ferroviario de humilde origen, perdió la cabeza con esos tratos y halagos y acabó de mala manera, teniendo que ser destituido por mi sucesor en el Ministerio. Recuerdo ahora que el nombre de esta víctima del señoritismo andaluz era Vicente Sol.

Los ruegos y preguntas solían formularse por la noche, en sesiones nocturnas interminables, porque en realidad cada intervención podía dar lugar a un verdadero debate. Nuestro presidente de la Cámara, Julián Besteiro, era en esta materia de una bondad rayana en la exageración. Decidí advertir a los señores diputados que no estaría presente, y a su disposición en el banco del Gobierno, sino dos días a la semana, porque no era posible pasar las noches enteras en el Congreso, cuando eran tantas y tan acuciadoras las atenciones que requerían mi presencia en el Ministerio. Los días señalados para el pim, pam, pum de Gobernación, ya sabía de antemano lo que me esperaba. Los noveles Padres de la Patria, aquejados del mal de publicidad, hablaban por hablar de los más heterogéneos temas, pero sobre todo del orden público, reclamando de mí medidas de rigor, no contra los revoltosos, sino contra la Guardia Civil, que según ellos se había extralimitado criminalmente en tal o cual ocasión. Resultaba verdaderamente anacrónico y absurdo que los diputados de la mayoría día tras día arremetieran contra el Ministro, exigiendo de él que desarmase al Gobierno, inutilizando el único instrumento que en sus manos tenía para garantizar a todos, empezando por los propios interpelantes, su tranquilidad, su seguridad, y su existencia.

Recuerdo que en una ocasión un diputado socialista —que por cierto se llamaba García Prieto, como el político de fausta memoria presidente del Consejo varias veces— (…) se enfureció conmigo ante mi negativa rotunda a tomar represalias contra la Guardia Civil y ante el elogio que hice sin reservas del cuerpo benemérito en el que descansaba toda mi tranquilidad y hasta mi existencia como ministro. En una interrupción exclamó:

—Habla S. S. lo mismo que podía hablar Martínez Anido.

—Como hablaría Martínez Anido —le repliqué en el acto— como hablaría quienquiera que, sentado en este sitio, tenga conciencia de su deber y de su responsabilidad

Este apostrofe, lanzado con sincera indignación, pudo provocar una tormenta en aquella Cámara de bárbaros, mas por el contrario una vez más, sin saber porqué, levantó una salva de aplausos, que confieso que me dejaron perplejo y asombrado. Los mismos diputados que día tras día me interpelaban pidiéndome castigos a la Guardia Civil, dejándose llevar en ese momento de su verdadero y sincero sentir, aplaudían al fiel reflejo de su pensamiento. Y era que cuanto allí decían más o menos elocuentemente no tenía otra finalidad que la de contentar a sus electores y mantener su clientela. Extraña manera de adular al soberano de la hora, al pueblo todopoderoso, que allí les había llevado.

Julián Besteiro

Julián Besteiro

He hablado de Julián Besteiro y no quiero seguir más adelante sin decir de este hombre público que sinceramente pienso (que) no eran necesarios los episodios postreros de su vida para que su nombre y su recuerdo fueran venerados por los buenos españoles. Toda la vida de Besteiro es un continuo ejemplo de patriotismo y de desvelos por la causa del proletariado, que en fin de cuentas era la causa de España, porque de la elevación del nivel de vida y de cultura de la masa popular obrera dependía siempre y sigue aún hoy dependiendo, la paz de nuestro país y su prosperidad material e intelectual.

Conocí yo a Besteiro, según tengo recordado, el año 1914 en el Ayuntamiento de Madrid, donde ambos éramos concejales. Tenía entonces Julián Besteiro todos los ardores de un luchador infatigable y apasionado y de esos ardores se resentía su trato con quienes no eran afines a sus ideas. Este carácter un tanto hosco y desabrido le hacía pasar por hombre intransigente y sectario, cuando en realidad pocos luchadores de su temple fueron más asequibles a la razón y más amantes de la justicia. Como en nuestras comunes tareas municipales había de tratarle con cierta intimidad, pronto cedió el tono suyo en sus conversaciones conmigo, y pronto aprendí yo a estimarle y hasta quererle sincera y lealmente.

Vino la huelga revolucionaria del 17 y su fracaso. Fue Besteiro con sus compañeros de aventura al penal y le perdí de vista, hasta que el Gobierno nacional de aquel mismo año, presidido por mi padre, les amnistió y vinieron a ocupar sus escaños en el Congreso, donde reanudé mis relaciones de amistad y trato con él. Salió de esa dura prueba fortalecido en sus ideales obreristas, más calmado en su carácter y sobre todo más humanizado en sus juicios sobre la burguesía. Éste fue su caballo de batalla durante los años heroicos de sus luchas. No se resignaba a considerar a un burgués como a un hermano. Para él, era siempre un enemigo hasta prueba en contrario, mas como la prueba que exigía era desproporcionada con los medios usuales del trato diario y eran contadas las personas a quienes abría él su corazón, podían contarse con los dedos de la mano las personas de esta clase social a las que Besteiro estimara y con las que se prestase a alternar y, convivir. Al limarse esta faceta de su carácter, quedó libre su natural bondadoso y hasta ejemplar y ganó tanto más su trato y su prestigio entre la burguesía, sin desmerecer en nada el que gozaba entre sus camaradas.

Desde entonces, en todas las ocasiones y en circunstancias las más varias he visto a Besteiro siempre ponderado, sereno, justo, español cien por cien, generoso y dispuesto al sacrificio de su tranquilidad y de su persona, en aras del bien común. Seguí siempre con el interés que inspira la amistad sus andanzas entre sus compañeros y sus luchas dentro del partido. Sin entrar en las interioridades de ellas, que me eran forzosamente desconocidas, de antemano consideraba que la posición que Besteiro mantenía era la cierta y la justa. En efecto, tarde o temprano, venían los hechos a darle la razón, con lo que su prestigio aumentaba entre los suyos y su figura se agigantaba entre sus adversarios.

Hace falta toda la cerrilidad consuetudinaria de nuestras clases burguesas para desestimar y hasta para perseguir a un hombre de la catadura moral de Besteiro. En cualquier otro país verdaderamente progresivo y moderno, Besteiro hubiera sido un verdadero patriarca de la política en sus últimos años y antes, un definidor siempre, escuchado y respetado por todos, amigos o adversarios. En nuestro país, para las clases conservadoras, este hombre cristiano cabal, de alma noble y generosa, fue un petrolero, un incendiario y un enemigo nato, no sólo de ellos, sino hasta de España, por la que hubiera sacrificado Besteiro cuanto tenía y era; cuanto sacrificó sin vacilar un instante, en 1936, 1937 y 1938, al servicio de la paz y del pueblo de Madrid.

En la época de mi relato, Besteiro ya encanecido y con esa figura de lord inglés que le caracterizaba, presidía las Cortes Constituyentes con una autoridad que todos le reconocían. Los escasos monárquicos y los derechistas más numerosos y aún más intransigentes, pronto se dieron cuenta de la garantía que para ellos representaba la presencia de Besteiro en la Presidencia y le respetaron como él se merecía. Fue el presidente de todos y ni mayorías ni minorías tuvieron en ningún momento que apelar al voto de censura, tan generalizado en la Cortes de la Monarquía contra los presidentes de todos los matices políticos.

José María Gil Robles

José María Gil Robles

Volviendo a mi relato diré que en la discusión de las actas de Salamanca hicieron su debut parlamentario dos figuras, que más tarde la una, y de siempre la otra, tenían renombre nacional. Ya he referido lo que aconteció con estas actas el día de las elecciones y cómo salvé de un fracaso a Gil Robles, con mi intervención justa y obligada, cerca del gobernador de la provincia. Claro, que la proclamación de los candidatos por la Junta Provincial del Censo en Salamanca no convenció a los adversarios de Gil Robles. Al llegar las actas a la comisión de las Cortes, todos los agravios y las cuestiones se reprodujeron, esta vez con el propósito decidido de volcar la fuerza de la mayoría contra él para eliminarle de la Cámara.

Vino el tema al Salón de Sesiones y Gil Robles, a quien nadie conocía, se levantó a defender su acta. Con una serenidad rayana en el desparpajo hizo este personaje sus primeras armas parlamentarias. Las interrupciones y el griterío de sus adversarios, que eran legión, puesto que era la mayoría compacta, lejos de amedrentarle le excitaban, y con rapidez y oportunidad contestaba y replicaba a sus interruptores. Hizo impresión entre aquellos diputados noveles este presunto adversario. Había yo seguido desde el banco azul todo el debate, y como viejo parlamentario que era ya entonces comprendí que el debutante daría juego en los futuros debates. No sabía yo hasta qué punto había ello de ser cierto y funesto a la vez, para España y para su paz y su tranquilidad futuras. Lo cierto es que hablando al terminar la discusión con algún diputado de la derecha que rodeaba a Gil Robles, hice el pronóstico del porvenir que le esperaba a este nuevo y joven agitador. Pronto fue repetido al interesado este juicio mío y, al salir del Salón de Sesiones, se me acercó y dándome la mano me dijo:

—Le agradezco a V. mucho el juicio que ha hecho de mí y que me han repetido. Su experiencia parlamentaria me alienta con su opinión, porque le confieso que no sabía si me había excedido en mi intervención.

—Excedido es una cosa y defendido es otra. He dicho que tiene V. grandes dotes de parlamentario. No he dicho que no se exceda V. Eso el tiempo lo dirá. En todo caso le felicito por su éxito de hoy. Todo ello era menester para salvar su acta, que estaba bien comprometida.

—Eso no me preocupaba gran cosa —me contesta engallado, con ese gesto antipático y chulín que le es peculiar—. Si hubiera fracasado aquí hubiera ido al pueblo y al país buscando el desquite. Mejor para todos que haya prevalecido aquí. ¿No lo cree V. así, señor Maura?

Confieso que me quedé de una pieza. Que un pequeño macaco, principiante integral en las luchas no ya parlamentarias, sino políticas, se permitiera decir a un ministro de un régimen popular, y por ende peligroso para él, que iría al pueblo en demanda de desquite y de revancha pasaba los límites de lo normal y previsible. Me limité a decirle que el tiempo daría en todo caso la razón a quien la tuviera, porque las Cortes eran, en fin de cuentas, el instrumento legítimo de la voluntad del país.

Cuando pasados algunos meses se fue dibujando la figura de este lamentable personaje, y supimos todos quiénes eran los que tiraban de las cuerdas que le hacían gesticular y moverse, comprendí el secreto de su pedantería inicial y de la seguridad con que se auguraba a sí mismo éxitos futuros y sonados. Ya entonces era él un juguete en manos de los jesuitas y de los elementos de la extrema derecha, bautizados a sí mismos como católicos, sin ser cristianos siquiera, y decididos desde esa hora primera a socavar los cimientos del régimen recién nacido, para retornar al ambiente único en el que pueden y saben vivir: la tiranía de una dictadura, cuanto más zafia y bárbara, mejor.

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

El otro debutante de aquella hora y creo que del mismo día fue don Miguel de Unamuno. Buena diferencia entre ambos oradores, diputados ambos por Salamanca. Había aterrizado el gran don Miguel en las Cortes por pura casualidad. No creo que hubiera puesto de su parte ni un adarme de esfuerzo, para lograr que le incluyeran en la candidatura republicana por su provincia, y aún menos en la lucha electoral propiamente dicha. Para «prestigiar» la candidatura, como entonces se decía, no sé si en puro castellano, le habían requerido los otros aspirantes a la representación en Cortes de la provincia. Había cedido por bondad natural y sobre todo por curiosidad. Fue don Miguel el hombre más dado a experimentar, personal y directamente, todas las sensaciones de la vida intelectual. El hecho es que allí cayó este gran español, como podía caer un seminarista en una casa de lenocinio. Todo, absolutamente todo cuanto allí veía y oía, le comprimía el cerebro. Estaba asombrado y asombrado permaneció muchos meses, si es que alguna vez llegó, que lo dudo, a familiarizarse con el ambiente. El caso es que en aquellas primeras sesiones, sentado frente al banco azul, permanecía con los ojos muy abiertos, retorciéndose la barba con su gesto familiar y sin decir palabra. Yo le contemplaba regocijado, porque, conociéndole, no podía menos de pensar en la retahíla de acerbas críticas que estaban seguramente desfilando por su imaginación, ante lo que presenciaba.

De pronto le dicen sus compañeros de candidatura que pida la palabra y defienda su acta y la de los demás, y, sobre todo, que eche todo el peso de su autoridad y de su nombre sobre Gil Robles, para ver de aplastarle. Vacila no poco don Miguel, poco propenso a dejarse manejar por nadie, en público sobre todo, y con gestos ostensibles de repulsa y negativa se obstina en su silencio. Mas el propio Gil Robles, arrastrado por su calurosa elocuencia y como siempre inconsciente, le requiere en alusión directa, para que diga si es o no cierto que habían sido robadas las famosas plicas en cuestión. Ya no puede don Miguel, sin notoria descortesía, seguir negándose a intervenir. Con gesto brusco, el suyo de siempre, y con voz un tanto atiplada, también muy personal y característica, pide la palabra. En el acto corre por el hemiciclo el clásico rumor de expectación tan conocido de quienes han frecuentado esa jaula de locos, y la atención se desvía del orador y de sus razonamientos. Comprende Gil Robles que ha llegado la hora de acabar su discursos y pone fin al mismo, rápidamente y de modo imprevisto.

Se levanta don Miguel. Murmullos y arrellanamiento en los respectivos asientos, en todos los escaños. El preludio, en fin, de todas las intervenciones parlamentarias sensacionales, desde que el Parlamento existe. Unamuno, sereno, al menos en apariencia, haciendo unos gestos con los brazos como dando a entender que todos estamos locos, tarda unos segundos en romper a hablar y al fin, con tono sencillo, como si dialogara en la intimidad, nos dice poco más o menos:

«Yo, Señores, no sé una palabra de estas cosas de que habláis. Me dijeron unos amigos que debía presentar mi candidatura por Salamanca y acabé por acceder. Me han hablado luego de cosas raras, de “pucherazos” y de otras cosas por el estilo. Yo no sé lo que eso es, ni me interesa saberlo. Haced lo que queréis. Si queréis que me quede aquí, me quedo, y si no, me vuelvo a mi casa».

La expectación quedó, aunque parezca mentira, perfectamente servida. Era la primera vez en la historia del Parlamento que alguien con solvencia indiscutida hablaba en este tono familiar y sincero, nada menos que de su derecho a ocupar el escaño tan codiciado. Ni dijo más, ni dijo menos don Miguel en aquella ocasión. Con lo que dijo, fue bastante para que el debate se enfriara en tal forma que quedó acabado momentos después. Era como si en medio de una turba que asaltase una joyería, alguien, autorizado por sus ímpetus y su arrojo, hubiera dicho a los asaltantes que todo lo que allí había era vidrio y piedras falsas. Declaro que disfruté mucho y muy justamente con ese incidente del que no perdí detalle, sentado frente al protagonista.

La carrera política de don Miguel duró lo que duraron las Cortes Constituyentes. No perdía sesión, a pesar de su profundo desprecio por cuanto allí se hacía, pero dedicaba las tardes a estudiar los tipos humanos y los caracteres de la fauna política, que en variedad verdaderamente zoológica pululaban por los pasillos de la Cámara. Solía yo acompañarle hasta su casa al terminar la sesión o cuando, hartos él y yo de oír sandeces en los pasillos, decidíamos marcharnos. Disfrutaba con su conversación y con las originales observaciones que le sugerían los incidentes que había presenciado durante la tarde de «oficina», como el llamaba a la Cámara.

Actuaba por entonces mucho, y siempre en tono furiosamente extremista, cierto pájaro apellidado Pérez Madrigal. Se jactaba este ciudadano de ser el más «jabalí de entre los jabalíes» de la Cámara, lo que equivalía a presumir de ser un bárbaro desencadenado e insolvente. Estábamos un día en el pasillo de la rotonda que circunda el hemiciclo, hablando don Miguel y yo, cuando acertó a pasar a nuestro lado este personaje.

Don Miguel no le conocía personalmente, mas, a pesar de ello, tocándole en el hombro al pasar, le dice:

—Venga Vd. pollo, quiero decirle que tenga cuidado, porque el jabalí domesticado se llama, en castellano, cerdo.

Y sin más volvió su cara hacia mí, y continuó el diálogo interrumpido. Resultó profética esta advertencia. El Pérez en cuestión fue de tumbo en tumbo cayendo hacia las más bajas y despreciables concesiones y acabó en las filas del fascismo, y en la adulación servil y rastrera de sus hombres representativos. Parece que en la España de Franco este repulsivo ciudadano tiene predicamento, no sólo como persona, sino hasta como literato, lo que da la medida exacta de la calidad moral de sus servidores y apologistas.

El debate sobre la huelga de Telefónica

El debate sobre la huelga de Telefónica

He hablado, al tratar de las huelgas revolucionarias, de la huelga de la Compañía Telefónica. Tuvo ella su epílogo en las Cortes. Los sindicalistas, que no perdonaban ocasión de arremeter contra mí, llevaron el asunto al Salón de Sesiones pidiéndome cuentas de las medidas un tanto rigurosas que había yo adoptado, y singularmente de la orden dada de disparar sin previo aviso sobre los saboteadores de postes o material telefónico. El debate fue breve, pero muy violento. Hube de decirles cuanto venía al caso, sin traba y sin escrúpulo de tipo político. Cuando ya parecía vencida la discusión y a punto de terminarse, el ministro de Comunicaciones, Diego Martínez Barrio, que había asistido a todo el debate silencioso y sonriente (…) pide la palabra y se levanta. Con gran asombro mío, y creo que de toda la Cámara, tras brevísimas palabras de justificación a su intervención en el tema debatido, dice textualmente:

—Yo, señores diputados, tengo que declarar que he estado siempre, y sigo estando, del otro lado de la barricada y que los huelguistas tienen mis simpatías.

Era tal la monstruosidad del caso que la Cámara entera quedó perpleja. Que cuando se debatía un ministro contra los ataques de la única oposición desmedida y grosera que dentro de las Cortes tenía el Gobierno, otro ministro venga sin razón alguna que lo justifique, ni aún lo disculpe, a ponerse del lado de los atacantes, era algo que sólo en aquella jaula de grillos podía verse. Rompen en aplauso cerrado y caluroso al Ministro todos los miembros del grupo sindicalista, y el Buda ministerial se sienta orgulloso y satisfecho de su hombrada. Me levanto en el acto, como era lógico, para decir brevísimamente, que el hecho de que mi compañero estuviera donde bien le pareciera me dejaba totalmente indiferente y no alteraba ni alteraría en nada mi decisión de hacer frente a las perturbaciones del orden público con la debida energía.

Parecía lógico que, tras este exabrupto, al terminar la sesión me diera (su autor) alguna explicación de lo ocurrido. Nada de ello pensó siquiera el «fraterno» amigo. Como si nada hubiese pasado, hablaba conmigo de todo, menos de la sesión y de su desenlace. Como no he tenido nunca madera de consentido, tomé yo la iniciativa y en pocas, pero sonoras frases, le dije lo que pensaba de su acto. Sonreía maquiavélico mi interlocutor y dándome palmaditas en le hombro, me decía:

—Son deberes más altos que los otros los que me hacen obrar así. V. no se ocupe de ello, porque en nada altera nuestra excelente amistad, ni nuestro común trabajo en el Gobierno.

Traducido al castellano este jeroglífico triangular quería decir que en no sé que «tenida» los «hermanos» le habrían obligado a mostrar las cuatro herraduras en pleno hemiciclo, en momento oportuno para los rebeldes consuetudinarios y contumaces. Del incidente no saqué yo otra consecuencia, que la de aumentar considerablemente mi deseo de salir del Gobierno y poner, entre ese ciudadano y yo, el mayor espacio físico y político posible.

José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset

Seguía la preparación del texto del proyecto constitucional. La comisión que había sido elegida era presidida por Jiménez Asúa, penalista de fama, inteligente en su profesión, muy redicho y pedante y con la cabeza abarrotada de prejuicios anticlericales y antiburgueses, propios para envenenar, no ya el texto, sino hasta la encuadernación de la futura Ley Fundamental del Estado. Formaban además la comisión representantes de todos los partidos, seleccionados entre los más capaces… de tenérselas tiesas con los «cavernícolas», es decir, con las derechas de la Cámara.

La presentación a las Cortes del proyecto dio lugar a un gran debate de totalidad en que hubo un discurso magistral de Niceto y en el que intervinieron todas las grandes figuras de las Cortes. De entre ellas, se esperaba con verdadera expectación la de José Ortega y Gasset, que aún no había sido oído por la gran mayoría de los diputados, y que gozaba de justa fama de gran orador. Fue en efecto su discurso un modelo, si no de oratoria parlamentaria, por excesivamente doctrinal y profundo en ideas, sí de oratoria a secas. Recuerdo que hubo de pronunciarlo a altas horas de la madrugada, en una sesión nocturna que se prolongó, como tantas otras, hasta las siete de la mañana. No le llegaba el turno por la prolijidad de los oradores que le antecedían en el uso de la palabra, y Ortega, nerviosísimo y contrariado en sus hábitos de orden y de método en la vida diaria, se paseaba por los pasillos haciendo visibles esfuerzos por mantenerse sereno y no dejar escapar la ira que dentro de él llevaba. Al fin, le llegó su turno y en medio de gran expectación se levantó a hablar, pronunciando, repito, uno de los mejores discursos que se han oído en la Cámara durante la República.

Fue una exposición metódica de la hora de España, y de la misión que según el orador incumbía al régimen y a sus Cortes, con censuras claras y fundadas sobre cuanto malo había sido ejecutado y con severas advertencias sobre los peligros que corría la Cámara de deslizarse hacia una chabacanería lamentable y deshonrosa. De este discurso salió el epíteto de «jabalí», que merecieron tantos y tantos diputados de aquellas Cortes. Dijo Ortega, que habían, los diputados, de huir de tres cosas inadmisibles en aquella hora, porque en esas Cortes no tenían cabida ni «el pedante, ni el payaso, ni el jabalí». Terminó su discurso con aquella otra conocida frase, aludiendo a la marcha que debía ser la del régimen, diciendo «debéis caminar sin prisa pero sin pausa, como la estrella».

Hizo gran impresión en todos los ánimos… capaces de impresionarse, de entre los presentes. Desde luego afirmo que en el mío hizo excelente efecto. Le oí atentísimamente y le felicité tan efusiva como sinceramente al terminar. No creo que volvió a tomar parte en otra discusión hasta el Estatuto de Cataluña, según referiré a su hora. Asistía en un principio con bastante regularidad a las sesiones. Fue aburriéndose, como tantos otros, de la esterilidad y del vacío intelectual que allí se observaba, y acabó desistiendo de ejercer sus funciones de diputado y brillando por su ausencia de la Cámara.

Gregorio Marañón

Gregorio Marañón

También había sido elegido diputado, no sé por que provincia, Gregorio Marañón, otro de los dirigentes del Grupo al Servicio de la República. Éste, que también concurría en un principio con asiduidad a las sesiones, no pronunció una sola palabra en toda la legislatura. Nadie oyó su timbre de voz en el Salón de Sesiones, lo que motivó una sátira de dudoso gusto de los enemigos del régimen, (contra) el simpático y sabio Doctor. Se editó un libro en octavo, lujosamente empastado, con el título de El Doctor Marañón en el Parlamento. Intervenciones y Discursos Completos. Se sucedían las páginas en blanco y de tiempo en tiempo, en medio de una de ellas, se leía: «El Sr. Marañón: Sí», o: «El Sr. Marañón: No», y así hasta el final de las trescientas páginas del tomo. Ignoro quien fue el autor de esta pesada broma. Malas lenguas aseguraban que la idea y hasta la ejecución eran de mi pobre hermano Honorio, mas nunca llegué a comprobarlo a pesar de que lo intenté seriamente. Creo que en el fondo esta burda ironía no molestó al interesado, hombre lo suficientemente bondadoso y sobradamente inteligente, para no dar importancia a esa maldad.

Como persona, como médico y sobre todo como amigo, he conocido pocos hombres de la talla moral de Marañón. Hago todas las reservas imaginables, en cuanto a Marañón como político. Una mezcla de mala suerte en sus pronósticos y en su visión de los problemas, junto con un espíritu político inquieto y desmadejado que le permite (sic) y aun le impulsa, a tomar posiciones siempre prematuras adaptadas a lo que se ve nacer o brillar, hacen de él un verdadero saltimbanqui de la política. Mi afecto por él permanece, sin embargo, incólume y aun acrecentado por días, porque todo es perdonable y debe ser perdonado a quien marcha por la vida con el corazón sano y abierto al bien de los demás antes que al suyo propio.

Avanza la discusión del proyecto constitucional

Avanza la discusión del proyecto constitucional

Desde que dio comienzo la discusión del proyecto constitucional, las sesiones nocturnas fueron frecuentes. Se llevaba el debate a la máxima velocidad, porque era unánime el deseo de tener cuanto antes el camino expedito para realizar obra positiva de carácter social y económico. Cuantos decretos-leyes habíamos promulgado los ministros durante el período provisional anterior a las Cortes fueron sancionados por éstas, en simple lectura y sin despertar siquiera interés entre los diputados. Los numerosísimos que había yo dictado pasaron en un solo momento, al principio de una sesión, sin que nadie pidiese la palabra.

El texto del proyecto constitucional era, al llegar al Salón de Sesiones, desmenuzado, sobre todo en sus primero artículos, con verdadera furia por innumerables oradores. Tomaban todos aquellos diputados noveles su papel tan en serio que les parecía que su misión consistía en lanzarse como una jauría sobre la presa que se les brindaba, descuartizarla hasta hacer de ella verdaderas tiras y lograr que cada cual introdujera al menos una palabra de su propia cosecha en la redacción definitiva de la Ley Fundamental.

El artículo primero (…) quedó al fin redactado y aprobado así: «España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo». Lo de «trabajadores de toda clase» dio lugar a una verdadera batalla. Eran los socialistas los que tenían empeño especial en que constase en el texto esta estupidez tan anacrónica y tan falsa, tratándose de un país como el nuestro en el que tan poco se trabaja. No valieron las innumerables advertencias que las gentes sensatas de la Cámara hicieron para prevenir esta ridícula redacción. Acabó ella imponiéndose y causó, como no podía menos, una verdadera tempestad de ironías en el pueblo y en la prensa, al día siguiente de aprobada.

Creo recordar que era el artículo tercero el que prescribía la laicidad del Estado, diciendo que éste no tenía religión oficial. Esta redacción tan natural y este principio elemental en una república liberal sirvió de pretexto a las derechas para desencadenar una ofensiva, la primera de una larga serie de ellas, contra la República y contra sus hombres. Empezaban ya a tomar cuerpo las concentraciones de fuerzas derechistas hostiles a todo principio liberal, que más tarde dieron muestras de una pujanza y de una organización extraordinarias, muy superiores a los entecos y raquíticos partidos republicanos. La cabeza visible de esas fuerzas fue desde el primer instante Gil Robles, que no perdía ocasión de lucir sus facultades de polemista y de orador parlamentario. Le secundaba un diputado carlista de Navarra, llamado Beúnza —gran persona en privado, pero de una intransigencia en política, al menos públicamente, que le granjeó el título de «cavernícola número 1» entre los diputados de la mayoría—.

Fue con ocasión de uno de estos debates cuando surgió mi disparidad con el grupo reducido de la Derecha Liberal Republicana. No recuerdo ya exactamente cuál fue el verdadero motivo, pero sí que en la discusión y sobre todo en la votación discrepamos fundamentalmente y para no dar motivo a comentarios, callé en la discusión pero voté en sentido contrario a la minoría. Todos lo advirtieron y no tardó la prensa en hacerse cargo del chisme y preguntarme la razón. Para cortar de una vez con lo que ya consideraba como una carga para mí, les dije a los periodistas que a partir de ese momento «me consideraba más solo que la una», frase que sirvió para que mis enemigos, sobre todo los diarios que me distinguían con sus ataques, me lo lanzaran diariamente como una repulsa nacional a mi persona. Desde entonces, campé por mis respetos en las Cortes e hice cuanto me parecía debido, sin tener que mirar a lo que discurrían o acordaban los demás miembros de la agrupación nicesista.

Se adoptó la costumbre, por demás original, de que los ministros que querían intervenir en el debate constitucional para hacer uso de la palabra abandonaban el banco azul y tomaban asiento en un escaño. Nunca comprendí la razón de esta medida. Parece querían con ello demostrar que no había criterio de Gobierno en cuanto a los temas constitucionales se refería. Ya era ello sabido, mas con este sistema aconteció, que en varias ocasiones los ministros de diferentes partidos abandonaron el domicilio parlamentario común y fueron a los bancos a sostener puntos de vista contrapuestos o dispares. No era ello como para fortalecer el prestigio del Gobierno ni la seriedad de la Cámara y de los debates constitucionales.

Bien que mal, se avanzaba en la discusión del articulado de la Ley Fundamental. Los ataques al régimen por parte de las derechas, coaligadas en grupo bastante numeroso, aumentaban cada día, y proporcionalmente crecía la demagogia de los elementos izquierdistas, que cuidaban de infiltrarla en el texto del dictamen, como venganza y castigo a los perturbadores. El tono de los debates iba adquiriendo matices de disputa. Mal ambiente para la discusión que se aproximaba del tema vidrioso y delicado de las órdenes religiosas, del que trataba el artículo 24, que pasó a ser el 26 del texto definitivo.

CAPÍTULO II

EL ARTÍCULO 26

Viendo venir la tormenta, Niceto y yo empezamos con gran antelación el trabajo de coordinar las voluntades y las posiciones dispares, en un texto aceptable para todos. Uno y otro fracasamos rotundamente. Lejos de calmarse la excitación de los miembros de la izquierda en la comisión, cada día aparecía un nuevo texto más radical y más agresivo, texto que al ser conocido provocaba, como era de esperar, verdadera indignación en el campo derechista, no sólo de la Cámara, sino de la prensa de ese matiz. La atmósfera estaba cargada hasta el límite cuando llegamos, al fin, al tema peligroso tan temido.

La redacción del texto definitivo de la comisión era sencillamente una monstruosidad. Quedaban disueltas de golpe todas las órdenes religiosas y sus bienes nacionalizados. Ninguna se libraba de la medida. La enseñanza religiosa quedaba suprimida. No cabía mayor desastre para la Iglesia en España, ni mayor pretexto y hasta razón para que la guerra religiosa quedase virtualmente desencadenada. Desde el primer momento comprendimos Niceto y yo que nuestra permanencia en el Gobierno era imposible tras la aprobación de esa enormidad. Yo personalmente veía con ello el cielo abierto, pero mi satisfacción extraordinaria por esa coyuntura, tan esperada en vano hasta entonces, quedaba enturbiada por el dolor que me proporcionaba la visión clara y diáfana que tenía de lo que ello representaba de mortal para la República y para España.

Recuerdo que en mis conversaciones con Niceto le decía que ese artículo de la Constitución era la guerra civil a plazo incierto en la fecha, pero ciertísimo en el hecho. Él, más optimista, fiaba mucho en su intervención en el debate. Creía, infeliz, que aquellos bárbaros iban a dejarse convencer, o cuando menos ablandar, por su oratoria. Yo, que oía a unos y otros, en los pasillos y en mi despacho, razonar y babear sobre el tema, no tenía la menor esperanza de reducirles.

El debate fue, como no podía menos, terrible y apasionado. La intervención de Niceto y sus rectificaciones, a cual más elocuentes, fueron oídas con respeto, pero cayeron en el vacío más absoluto. Las derechas, cada día más alentadas por el ambiente exterior, en el que ya había prendido el tema con carácter popular, veían sus fuerzas centuplicadas por la adhesión de elementos de la masa neutra, que sin vacilar se inclinaban a su lado, como protesta de la barbarie que ello representaba y del hecho de dejar sin enseñanza a miles y miles de niños, por el solo placer de hacer anticlericalismo sin contrapartida.

Los argumentos que Niceto y yo hacíamos en privado a los promotores de la enormidad eran sencillos y evidentes. Les decíamos que era contada la familia española que no tuviera entre sus miembros o afines un cura, un fraile o una monja. Que la enseñanza religiosa no podría ser sustituida, sino a través de muchos años, y de no pocos esfuerzos por parte del Estado, incapaz por el momento de arbitrar los maestros, las escuelas y los elementos todos necesarios para ello. Que en cualquier caso, por grande que fuera la prisa que los partidos de izquierda tuvieran en ver esa parte de su programa realizado, era mayor el quebranto que se producía al régimen, mal consolidado aún y en franca organización preliminar, que el beneficio que reportaría la popularidad que adquiriese entre unas masas de antemano adictas a la República. Que, en fin, ello implicaba el rompimiento de la solidaridad del Gobierno Provisional, puesto que habíamos de abandonarle Niceto y yo, antes de la aprobación definitiva del texto constitucional, y ello con notoria infracción de lo convenido en el Pacto, que nos había unido al formar el comité revolucionario. Todo ello era reconocido como cierto y hasta como evidente por todos, mas no bastaba para insuflarles el necesario valor cívico para enfrentarse con sus masas y decirlas a la cara la verdad de su pensamiento. Se trataba, ante todo y sobre todo para todos ellos, de no perder su popularidad, antes bien de acrecentarla, entre esas huestes de traga-curas y mata-frailes. Era desconsolador y trágico. Nada podíamos hacer los elementos moderados, porque todo el apoyo con el que contábamos en la Cámara se reducía a una docena de diputados acobardados y pusilánimes, que casi no iban por el Congreso, para eludir el trance de tener que opinar y votar.

En esto estábamos, cuando mi cuñado, José Semprún, católico a macha martillo, pero católico docto, casi doctísimo, liberal, republicano como yo, es decir, español cien por cien antes que cualquier otra cosa, me sugiere la idea de redactar un texto que permitiera salvar de la disolución y liquidación total a las órdenes religiosas con excepción de una, la de los jesuitas, que por ser la más impopular y sobre todo la más notoriamente entrometida en la vida política y social del país, había de ser seguramente la más visada por las iras de aquellos salvajes. Me proponía redactar el artículo, autorizando la existencia y permanencia de las órdenes religiosas acogidas a la ley vigente de asociaciones, y declarar excluidas de toda autorización aquellas órdenes que, por «haber hecho un cuarto voto de obediencia a autoridades extrañas al Estado español, se hallaran sometidas a un poder extranjero». Esta fórmula no era nueva en la historia de España. Fue la empleada por Carlos III para el mismo fin. Bastaba que ella fuera incluida en el precepto constitucional para que más tarde la ley especial idónea eliminara a los jesuitas como orden española, pues que son éstos los únicos que hacen el cuarto voto de obediencia al Papa.

Almorzamos aquel día juntos mi cuñado y yo con Romero Otazo, sacerdote muy liberal entonces y republicano conocido, también muy versado en estas materias, y completamos entre los tres el texto del artículo, limando cuanto nos fue posible las asperezas que en el resto de su redacción habían forzosamente de subsistir, ya que no era posible eliminar de él totalmente lo dañino y exagerado. Con ese texto fui a las Cortes y reuní a los ministros en el despacho del Congreso antes de dar comienzo la sesión. Les hice presente con el mayor ahínco la conveniencia de adoptar este término de transacción, advirtiéndoles de la trascendencia que tendría para la pacificación de los espíritus, que tras las noticias que habían circulado profusamente aquellos días, sobre la intransigencia de la Comisión, resultase que todo quedaba reducido al solo caso de la Compañía de Jesús. El Gobierno aprobó en principio mi punto de vista y quedaron con el texto del proyecto mío algunos ministros, para conferenciar con los elementos más extremistas de la comisión y ver de convencerles.

No volví en el resto de la tarde a saber la suerte que había corrido mi propuesta, entre los diputados encargados del dictamen. Dio comienzo la sesión, en medio de un ambiente cargadísimo de pasión, y a ojos vistas aparecía la ruptura con las derechas como inminente. De pronto Azaña, que parecía inhibido de este problema y que nada hacía suponer tuviera el menor interés en él, pide la palabra y pronuncia aquel famoso discurso, excelente como pieza oratoria, pero de una intención y sobre todo de una acritud tal, que todo se vino al suelo en el acto. Creo sinceramente que lo peor de ese discurso fueron el tono y el matiz que inevitablemente tenían todas las intervenciones parlamentarias de Azaña, de violencia, de acritud, de desafío y de menosprecio para el adversario, fuese el que fuese. Lo cierto es que la famosa frase de «España ha dejado de ser católica» que tantas y tantas veces le ha sido echada en cara por los católicos españoles, no fue dicha con la intención que esas derechas han supuesto. Lo que quiso entonces decir Azaña fue que el pleito de la religión en España había dejado de ser tal, desde hacia más de un siglo, porque la posición confesional del Estado había dejado de constituir una bandera de lucha, ya que cuando ella había sido declarada nadie la había combatido, y cuando se trataba como ahora de volver al laicismo del Estado, no había el menor motivo para desencadenar una lucha de carácter religioso, pues nadie pensaba en perseguir a los católicos, sino en dejarles que mantuvieran y sufragaran por sí mismos el culto que quisieran. Ésta fue, a no dudarlo, la verdadera intención de Azaña. Como el tono y los acentos despectivos le eran peculiares, daban a entender otra cosa y como sobre todo era interés de las derechas envenenar lo más posible el problema, no vacilaron en achacarle la declaración tajante y agresiva que dejó dicha.

La mayoría, que por primera vez oía a este gran orador pronunciar un discurso, y que además se consideraba representada en el tono y en los gestos que él empleó, rompió en calurosísimos aplausos al terminar Azaña su discurso. Tuvo esto la virtud de enfurecer a Niceto, quien sin más trámites abandonó el Salón de Sesiones y hasta el edificio del Congreso sin decir palabra, fue a su casa y allí permaneció hasta terminar el debate. Recuerdo que uno de los más conmovidos por la oración de Azaña fue el inefable Ossorio y Gallardo. Se sentaba frente al banco azul, de suerte que veía bien sus gestos. Estaba encantado y no lo ocultaba, no sólo del discurso, sino del hecho de que fuera Azaña su autor. No tardó cinco minutos en salir a los pasillos y decir «coram populo» que había surgido el hombre de la República; que, pasase lo que pasase, ya había quedado asegurada la solución del problema del régimen, porque había el hombre providencial (…) (Ossorio acompañó lo anterior de) otro elogio tan caluroso o más del contenido del discurso, (lo que) acabó de acreditar a este mete muertos y saca sillas, entre las gentes de izquierda, como uno de ellos y aún de los más conspicuos y lanzados.

Entretanto, la comisión había tomado en sus manos el texto de mi propuesta y entresacando de él lo del cuarto voto, había suprimido todo lo demás guardando íntegro el que ella tenía redactado. Los ministros y sobre todo Azaña, ungido ya con autoridad superior a todos los demás compañeros por el aplauso unánime y enfervorecido de la Cámara, impidieron que ese texto de la comisión prevaleciese. Lograron al fin y a la postre que se dejase en paz a las órdenes religiosas salvo a la del cuarto voto, quedando, eso sí, en pie todo el resto del artículo con su tono agresivo y sectario.

Diose cuenta en el Salón de estas modificaciones, y las derechas solicitaron que fuera suspendida la sesión, para examinar la reforma. Se acordó así, y nos separamos con la impresión de que el momento crítico para la unidad del Gobierno Provisional se aproximaba. Serían las ocho de la noche cuando la suspensión fue acordada y había de reanudarse la sesión a las nueve y media. Aproveché esa hora para entrar en contacto con Niceto, que en su casa, sumamente enfadado, me recibió francamente frío y hasta desagradable. En su imaginación, propensa siempre a la manía persecutoria, se había fraguado una verdadera conjura de todos nosotros sin excepción contra él, para eliminarle del Gobierno y sustituirle por Azaña. No se atrevió a decírmelo claramente, pero las reticencias e indirectas que me lanzó y que entonces no comprendía, por estar a cien leguas de sospechar semejante absurdo, quedaron para mí explicadas horas más tarde, cuando dimitió por carta.

La única conclusión que pude sacar de mi conversación con el Presidente fue la de que éste no iría, ni votaría, ni aparecería siquiera por el Congreso. No hubo medio de saber exactamente el porqué de estas determinaciones. Volví sin haber comido a la Cámara y dio comienzo de nuevo el debate. No hay para qué decir el tono a que se llegó en estas últimas interminables horas de discusión, sobre tema tan apasionado y desquiciado. Las derechas, en un último esfuerzo encaminado no a prevalecer, sino a escandalizar lo más posible con vistas al exterior y a la campaña subsiguiente, pusieron en juego todas las artes buenas y malas, de los más viejos trucos parlamentarios. En resumen, se llegó a las siete de la mañana del 14 de octubre.

Dio comienzo la votación. Las derechas en masa abandonaron la Cámara en señal de protesta. Lo mismo hicieron no pocos de los diputados del centro y de la derecha republicana, que no quisieron comprometerse votando en contra, ni se prestaron a votar en pro de esa enormidad. Yo permanecí en el banco azul y voté, como era lógico, en contra. Aún hube de esperar a conocer el resultado total de la votación y a las ocho de la mañana salí del Congreso. Al verme en la calle, en aquella hora matinal, fresca y deliciosa, tras las horas interminables de la asfixia física y moral del Salón de Sesiones, respiré hondo y dije a mi acompañante: «Acabo de dejar para mucho tiempo, quizá para siempre, de ser Ministro».

Me parecía un sueño verme libre de la pesadilla que la mezcla de las obligaciones del cargo y de las responsabilidades anejas a la redacción de la Constitución representaban. Me sentía feliz al verme libre de todo ello, pero no se me ocultaba que se había dado una paso nefasto y decisivo hacia el descrédito definitivo del régimen en España. Era muy difícil que los católicos españoles aceptasen de buen grado lo que acababa de aprobarse y siendo ello parte integrante de la ley fundamental, las consecuencias eran inevitablemente catastróficas.

Marché a mi casa, y rendido y extenuado, pero casi feliz, declaro que me quedé dormido. Duró poco mi reposo. A las diez y media el teléfono, colocado a la cabecera de mi cama, me despierta y Prieto me da la noticia que el Presidente ha dimitido, mediante una carta ofensiva para todos nosotros. Le tranquilicé diciéndole que esta vez iba en serio para él y para mí, pero que no valía la pena hacer nada hasta la tarde, ya que hasta la hora de la sesión, a las tres, no podría tramitarse la crisis. Quedamos citados en casa de Prieto a las dos, encargándose él de convocar a los demás ministros y a Besteiro, que como presidente de la Cámara pasaba a asumir las funciones de jefe de Gobierno y de Estado.

Es claro que ya no pude conciliar el sueño. Por teléfono encargué a mis secretarios del Ministerio que, guardando el mayor secreto, procedieran a la clásica «recogida de papeles», y que me enviaran el coche oficial a las dos. Eran las últimas órdenes que me cabía dar como ministro. Hacía varias horas ya que sabía a ciencia cierta que ya no lo era.

CAPÍTULO III

LA CRISIS DEL 14 DE OCTUBRE Y MI SALIDA DEL GOBIERNO

A las dos de la tarde nos reuníamos en casa de Prieto los ministros todos, a excepción del Presidente, y Julián Besteiro que debía presidirnos. Vivía Indalecio en un pisito modestísimo de una casa del Marqués de Urquijo. En el comedor, único cuarto capaz para dar cabida a las doce o catorce personas que componíamos la reunión, en torno a la mesa redonda, dio comienzo el último Consejo de Ministros al que he asistido en mi vida.

Dio Indalecio lectura de la carta de Alcalá Zamora, dirigida según era en él costumbre, a «los Sres. Ministros». En ella, nos acusaba claramente de haber tramado una conjura contra él, para eliminarle del Gobierno. Me incluía a mí entre los conjurados sin nombrarme, porque hablaba de los más afines en ideas y en el afecto. Daba por supuesto que toda la trama del artículo 26 famoso estaba urdida con ése solo fin y que el crimen había culminado en la preparación minuciosa de la salva de aplausos, con la que las tribunas de la Cámara habían acogido el resultado de la votación de ese artículo, a las siete de la mañana de ese día. Era cierto este extremo. Cuando el secretario dio lectura del resultado de la votación, en la que éramos contadísimos los que habíamos votado en contra, en las tribunas ocupadas por amigos de los elementos de izquierda, que habían pasado como nosotros toda la noche disfrutando del espectáculo, los aplausos se dejaron oír, no muy nutridos ni calurosos, pero suficientes para dar color de manifestación popular al incidente. Así al menos, fue coreado el hecho por la prensa izquierdista de la noche.

No causó gran impresión entre los ministros la lectura de la carta presidencial. Estábamos tan acostumbrados a esta clase de exabruptos, que uno más nos dejaba totalmente indiferentes. No ocurrió lo mismo a Besteiro, nuevo ante esta clase de chifladuras. Quedó desconcertado. Siguiendo la costumbre, los ministros todos me propusieron que fuera a buscar al tránsfuga, para traerle una vez más al redil. No habían medido la trascendencia del acto que la votación del artículo 26 representaba. Les dije que estaban en un error, porque no sólo no era ya posible insistir acerca de Niceto para que volviera a la Presidencia, sino que ni él ni yo podíamos seguir un instante más en el Gobierno. Salvo Prieto, que sabía por mí desde la mañana mi decisión, los demás presentes en la reunión quedaron sorprendidos. Besteiro fue quien más insistía para que depusiera mi actitud, con toda clase de frases cariñosas y de elogio, que agradecí, pero como es lógico no modificaron mi decisión. Al fin, hubieron todos que aceptar lo inevitable.

Se planteó entonces el pleito de la sustitución de Niceto. Hubo un largo momento de silencio. Besteiro, con habilidad y tacto, hizo presente que el más indicado para sustituir al Presidente dimisionario era don Alejandro. Entonces Lerroux, muy conmovido, nos pronunció otra de sus famosas y magníficas oraciones, mitad sentimentales y mitad heroicas, en las que es realmente maestro. Nos dijo todos y cada uno de sus títulos para ser en efecto el jefe del Gobierno en aquellas circunstancias, en las que, sin él haber tenido la menor parte, quedaba vacante el puesto, que por derecho propio le correspondía desde el advenimiento de la República. Pero, agregó, él se había sacrificado y continuaría sacrificándose en el propio interés del régimen, cuanto tiempo juzgara necesario, puesto que era evidente que el momento no era para que la política que él representaba pudiera ser desenvuelta desde el poder. Terminó con un canto sentidísimo al compañerismo, a la amistad, al servicio común a la República de sus amores, que quienquiera que le hubiera oído sin haber convivido don él durante los seis meses anteriores, pensaría que había sido para nosotros más que un compañero, un padre, cuando en realidad vivió siempre alejado de nosotros y ausente del empeño común.

Volvió a reinar el silencio tras esta brillante intervención y nadie parecía dispuesto a marcar el rumbo de la solución. Como era evidente que, a falta de Lerroux, el único que podía ocupar la Presidencia era Azaña, puesto que los ministros socialistas estaban impedidos para desempeñarla, por acuerdo formal de su partido, me parecía ridículo no abordar de cara el problema y sin rodeos dije que no había otra solución posible que Azaña, debiendo darse por terminada la reunión para seguirla en el despacho del Presidente de la Cámara, donde debía ser resuelta con carácter oficial la crisis que había surgido. Uno tras otro, fueron todos dando su conformidad a la única propuesta viable, hasta que Azaña, último en hablar por natural modestia, declaró que no aceptaría si yo no continuaba en el Ministerio de la Gobernación. Esto volvió a plantear en toda su integridad el pleito de mi dimisión, y hube de batirme de nuevo contra todos, incluso contra Besteiro, que, sintiéndose apoyado, era quien más hincapié hacía para convencerme.

Se prolongaba con todo ello peligrosamente la reunión. Las Cortes estaban reunidas, los diputados, impacientes ante la ausencia del Gobierno, podían dejarse llevar de sus ímpetus partidistas y sería lamentable —les decía yo— que un incidente desagradable manchara esta jornada de la primera crisis grave del régimen. Besteiro y Azaña, como si se hubieran puesto de acuerdo, alegaban que no había ministro apto en aquellas horas para sucederme, y yo, que había tenido durante los últimos meses en mi despacho todas las noches a Casares Quiroga, y le había visto aprobar todas y cada una de mis intervenciones con los gobernadores en las conferencias ininterrumpidas, mediante las que resolvía los problemas de orden público que se me planteaban, dije que mi sucesor estaba de antemano designado, porque sabía de mi Ministerio y de los problemas pendientes tanto como yo mismo.

Casares se negaba, alegando falta de salud, y hube de predecirle que en la Puerta del Sol sanaría por fuerza de todos sus males, porque en aquella santa casa la opción era: sanar o morir. Sin resolver nada en firme, dejando la solución para la tramitación oficial de la crisis en el Congreso, salimos de casa de Prieto. Al bajar la escalera, Besteiro me pidió que subiera en su coche, porque quería hablarme. Así lo hice y en el camino me confesó sus dudas sobre la capacidad de Casares para el carga. Le tranquilicé, convencido que estaba en aquellos momentos de la capacidad de Casares para desempeñar a la perfección ese Ministerio, ya que le había visto noche tras noche, interesado y conforme con toda mi actuación. Observé en Besteiro un pesimismo que me sorprendió y me alarmó. Se lo dije claramente y entonces este hombre bueno y noble me confesó sus dudas sobre el ritmo que iba a emprender el régimen en manos de los hombres de la izquierda extrema, sin el freno que al fin a la postre representábamos dentro del Gobierno Niceto y yo.

Los pasillos de la Cámara estaban como yo había supuesto, en plena efervescencia. Todas las cabalas y rumores corrían de boca en boca, y la presencia del Gobierno llegó a punto para evitar escenas desagradables. Había quien proponía abrir la sesión presidida por un diputado cualquiera, proclamar la Convención y elegir un comité de salud pública. Claro que el promotor de esta genialidad no podía ser otro que un discípulo aventajado de Álvaro de Albornoz —perteneciente a la minoría radical-socialista de grata memoria—. Entramos enseguida en el Salón de Sesiones, y dio comienzo la sesión en medio de una expectación impresionante. Ocupó la cabecera del banco azul don Alejandro, como ministro de la cartera más antigua, según tradicional costumbre, y levantándose acto seguido, pronunció un discurso, inferior en estilo oratorio al que acabamos de oírle los ministros en casa de Prieto. Explicó la crisis y anunció que el Gobierno se retiraba, para que el Presidente de las Cortes pudiera resolverla. Se guardó muy bien, como es lógico, de decir una palabra de la carta de Alcalá Zamora a los ministros y achacó la crisis al problema de conciencia que se les había planteado a los dos miembros del Gobierno pertenecientes a la derecha de la Cámara, tras la aprobación por ésta del artículo 26 de la Constitución.

Apenas hubo terminado su discurso don Alejandro y fue levantada la sesión, abriendo el portillo que en el centro del banco azul había en los pupitres, me lancé fuera y derecho fui a ocupar un escaño enfrente precisamente del Gobierno. Los diputados, que ignoraban las interioridades de la crisis, creían que ésta quedaría reducida a una pequeña comedia, que terminaría con la vuelta de todos y cada uno de los ministros a sus respectivos puestos. Era, en efecto, muy grave la ruptura del Pacto que ligaba a los componentes del Gobierno Provisional, antes de estar terminada la obra común de la Constitución del Estado. Por eso sin duda, cuando me vieron el gesto dicho, se precipitaron a mi nuevo escaño y todos a la vez inquirían de mí noticias de lo ocurrido. Cuando les dije que salíamos definitivamente del Gobierno el Presidente y yo, vi en ellos sincera y grave contrariedad. No dejó de extrañarme, porque quienes más contrariedad mostraban eran quienes más se habían distinguido en la obra de barbarizar y hacer indispensable con sus actos nuestra salida.

Poco después fui llamado al despacho del Presidente de la Cámara. Besteiro, tras darme cuenta de la resolución de la crisis, se creyó obligado a insistir de nuevo cerca de mí para que modificara mi actitud y me prestase a continuar mi colaboración en el Gobierno. Y entonces, a solas y con mayor calma, le hice presente mi convicción de que la obra que inevitablemente iba a emprenderse por parte de los partidos de izquierda iba a ser de tal naturaleza, que exigía en ellos mismos una libertad de acción incompatible con mi continuo batallar en el seno del Gobierno. Le dije, además, que era preciso salvar la responsabilidad de las derechas republicanas, para no dejar íntegra y exclusivamente en manos de los enemigos declarados del régimen la defensa de los intereses de las clases conservadoras y católicas del país. Lo comprendió así Besteiro y acabó aprobando plenamente mi actitud.

Acto seguido pasé al despacho de los ministros, y allí se desarrolló una escena, que casi no he logrado explicarme todavía. Me despedí de ellos, puesto que en aquel instante cesaba de hecho de colaborar en la obra que desde 1930, durante casi dos años, habíamos realizado juntos. Uno tras otro, vinieron a mí y me abrazaban con lágrimas en los ojos y al acabar los abrazos, todos, todos sin excepción, estábamos tan conmovidos que resultaba casi ridículo. Era, sin embargo, sincera esta emoción en ellos y en mí. Habían sido muchos meses de convivencia íntima, de luchas de toda índole, incluso agrias y enconadas entre nosotros, pero de vida intensa al servicio de un ideal, que todos de buena fe habíamos servido, cada cual con sus ideas y según su temperamento. El 14 de abril era una fecha que imprimía carácter por sí sola y para ellos era yo un poco la encarnación de esta fecha, y ellos eran para mí a su vez la fecha misma. Algo de tono sentimental sincero, que visto a distancia y tras tantos y tantos errores y calamidades parece ilógico y hasta absurdo, pero que en aquellos instantes removía todo un pasado común de realidades y de sueños o quimeras, no por fracasados hoy, menos sentidos a la hora de vivirlos.

Salí del despacho, cuidando que nadie advirtiera mi emoción y me reintegré a mi escaño.

Dio comienzo de nuevo la sesión y Azaña presentó el Gobierno a la Cámara. Al llegar al relato de mi dimisión, apenas me hubo nombrado, la Cámara entera —las derechas seguían ausentes de las Cortes— se puso en pie y me gratificó con una ovación prolongada. No sabía yo qué hacer ante esta insospechada muestra de afecto. Me puse, al fin, también en pie, y así permanecí hasta que cesó la ovación, sinceramente conmovido. No deja de ser curiosa la reacción de una Cámara, en la que no tenía yo un solo diputado adicto a mi persona ni a mi política, con la que había batallado desde su nacimiento en temas de mi departamento, rara vez de acuerdo con ella ni en la doctrina ni siquiera en el tono. Los aplausos no podían ir dirigidos sino al republicano de honradas convicciones, que por servirlas abandona voluntariamente un puesto preeminente, que con la mayor facilidad pudo conservar sacrificando principios e ideales.

Tan pronto como terminó Azaña su discurso, abandoné el Congreso sin ser visto y fui a mi casa. No es fácil describir la sensación que experimentaba en aquellos momentos. Sentado en los sillones frente a la chimenea de mi biblioteca, testigos mudos de tantas y tantas ilusiones y proyectos generosos, fallidos algunos, realizados otros, pasé horas, hasta que rendido por la fatiga hube de acostarme.

A las siete y media de la mañana siguiente me despiertan, anunciándome que está en mi despacho don Alejandro Lerroux. No había estado él presente en la despedida del día anterior en el Congreso. Siempre que podía, acostumbraba el gran don Ale evitarse trances sentimentales o engorrosos y la víspera, tan pronto como se hubo anunciado a la Cámara la crisis, salió de las Cortes y no regresó a ellas. Me pongo la bata y bajo a la biblioteca. De pie, en el centro de la habitación me esperaba don Alejandro, quien, apenas entro, me tiende los brazos, me oprime fuertemente entre ellos y me dice:

—He venido en esta primera hora de la mañana a darle un abrazo. El abrazo que le debía a V. por V. mismo, y por él —y me señala con el brazo tendido un gran retrato de mi padre, que sobre la chimenea tenía siempre instalado—. Sin sentarse siquiera, vuelve a oprimirme afectuoso y conmovido, y sale de mi casa sin decir una palabra más. También le agradecí este gesto y esta visita.

Así quedé fuera del Gobierno, y así terminó mi primera y última experiencia de ministro.

CUARTA PARTE

ALGUNOS MOMENTOS DEL BIENIO AZAÑA

(De octubre de 1931 a noviembre de 1933)

(Cuaderno de noviembre de 1945)

A partir de mi salida del Ministerio de la Gobernación, perdí el contacto diario con los hombres y con la política del Gobierno. Sólo a través de las Cortes mantuve relaciones con mis antiguos compañeros, pero ya de un modo episódico y sin entrar en los secretos de la actividad ministerial. Por eso, y por no haber hallado aquí en París ninguna colección de diarios de aquella época que me sirviera de índice y guía para recordar los incidentes de la vida de España de entonces, me veo en la imposibilidad de ordenar mi narración, como habría sido mi deseo. Opto, pues, por referir tan sólo aquellos episodios en los que tomé parte más o menos activa y que vienen a ser los más salientes de la época, ya que, como es lógico, siempre que ellos acaecían, era yo llamado por unos y otros a intervenir.

CAPÍTULO I

LAS CORTES HASTA LA SANJURJADA

Tras una larga temporada de descanso bien ganado, que mi quebrantada salud requería, volví a concurrir a las sesiones la las Cortes. Como era de esperar, la tónica del ambiente había subido de tono. El izquierdismo demagógico de los hombres del Partido Radical-Socialista alcanzaba proporciones sencillamente ridículas. Seguían los debates sobre el proyecto de Constitución y estos beneméritos traga-curas no perdonaban ocasión de hacer gala de sus apetitos anticlericales, envenenando el ambiente ya suficientemente cargado desde la retirada de las derechas, con ocasión del artículo 26. El tema de la educación fue, como no podía menos, otra excelente ocasión para el pugilato de los oradores jacobinos que pululaban en la Cámara. Como era notorio que todo intento de frenar esta carrera hacia la estupidez había de resultar no sólo inútil sino contraproducente, cuantos veíamos el camino desastroso que el régimen llevaba nos abstuvimos de intervenir en los debates. Ni Niceto, ni otros muchos diputados sensatos, consternados por cuanto veían y oían, tomaron parte en ellos.

Mi sucesor en el Ministerio seguía, en los primeros meses de su actuación, las normas trazadas por mí como tónica del régimen en materia de orden público y de trato a las gentes que venían en demanda de amparo o de consejo. Nada por ese lado parecía haber cambiado, con gran satisfacción mía, que veía así confirmada mi predicción de la capacidad de Casares Quiroga para el cargo. Seguían, claro es, las huelgas revolucionarias, porque los elementos anarquistas, que las desencadenaban y mantenían, no consideraban que había cambiado gran cosa la política del Gobierno con mi salida de Gobernación. Para ellos, se trataba solamente de perturbar la vida de la República, con la quimérica ilusión de dar al traste con el régimen y sustituirle con nadie sabe qué. Inconscientemente, estaban ya preparando la reacción, que no tardó en empezar en las calles y en las Cortes, y que acabó por dar al traste con todo, unos años más tarde, incluyendo en ése todo las libertades de que ellos disfrutaban entonces y hasta sus propias vidas.

Creo recordar que fue a los tres meses de mi salida del Ministerio, es decir, en los primeros días del año 1932, cuando fui insistentemente invitado por los miembros de la Junta directiva del Círculo de la Unión Mercantil, para dar una conferencia sobre temas políticos y, singularmente, sobre la situación en que se hallaba la República en aquellos momentos. Estas gentes —al frente de las que figuraba Mariano Matesanz, uno de los ballenatos más insaciables de la política española, hombre de un derechismo intransigente y de (…) apariencias liberales, que cuidaba de pregonar para encubrir su cerrilismo congénito— esperaban que mi amor propio, herido por mi salida del Gobierno, iba a lanzarme a una campaña desenfrenada y escandalosa contra mis antiguos compañeros y contra el régimen. Tuve que aceptar la invitación para desvanecer de una vez los rumores y suposiciones, francamente ofensivas para mí, que por todo Madrid corrían aquellos días.

Llegado el momento de la conferencia, que debía celebrarse por la noche, en el gran salón de actos del Círculo de la Unión Mercantil de la Gran Vía, la aglomeración del público era verdaderamente extraordinaria. Nada más llegar al edificio comprendí que la expectación iba a quedar no solamente defraudada sino enfurecida, porque la clase de público allí congregado decía bien a las claras cuáles eran las intenciones que con aquella manifestación exagerada perseguían.

Hablé con la sinceridad de siempre de mi actuación ministerial y de mi salida del Gobierno. No sólo no culpé a nadie de ella, sino que cuidé de hacer constar el voluntario y libérrimo designio que me movió a renunciar a la colaboración gubernamental, para dejar expedito el camino a los partidos de izquierda que en aquella hora, por abandono de sus obligaciones ciudadanas por parte de las derechas, eran la mayoría del Parlamento, única representación legítima de la voluntad del país. A medida que avanzaba en esta explicación, el frío del auditorio y su desvío se acentuaban. Cuando pasé al examen del porvenir y de los deberes que a todos nosotros incumbían de no entorpecer ni enervar la acción ordenada del Gobierno legítimo, sino de procurar ciudadana y democráticamente ganar la mayoría del país con propagandas serias y ordenadas, que despertasen la masa neutra tradicionalmente ausente de la política, los rumores y murmullos del público se acentuaron en forma casi hostil. Lejos de calmarme, esta animadversión del auditorio me excitó más, y el final del acto fue un verdadero canto a la República, que sonó en los oídos de mis invitantes como una blasfemia. Al día siguiente, la prensa de derecha —y singularmente el ABC— se dio el placer de ponerme como no digan dueñas, y de augurarme mi muerte política sin remedio.

Llegose en la discusión constitucional al tema de las dos Cámaras y al de las funciones del presidente de la República, que de antemano se sabía que habían de ser caballos de batalla entre los mismos partidos republicanos. Niceto, hasta entonces ausente de las Cortes por el resentimiento injustificado que la forma de tramitarse la crisis tras su carta de dimisión le había causado, creyó oportuno pronunciar dos discursos magníficos, escuchados con gran atención y respeto, pero que de nada sirvieron para la orientación del texto definitivo. Planteó ello de nuevo en los corrillos de las Cortes y, lo que era peor, en el seno mismo del Gobierno, el problema del candidato a la presidencia de la República, que estaba en suspenso desde la salida del Gobierno de Niceto el 14 de octubre. Las opiniones se dividieron. Los socialistas, por la gran amistad que todavía entonces mantenían Largo y Prieto con Niceto, eran decididos partidarios de la elección de éste, pero entre los republicanos parecían mayoritarios quienes le consideraban como un perturbado capaz de contagiar al régimen de su chifladura. Tras no pocas vacilaciones, hubieron todos de atenerse a lo acordado en un principio, por no hallar la persona idónea para confiarle tan delicada misión, como la de presidir la República en los primeros años de su vida. Lerroux, que hubiera sido el más indicado por su historia, por su edad y hasta por su físico, tenía que ser descartado, ante la convicción unánime de la inmoralidad de las gentes que le rodeaban. La designación de algún intelectual significado de mundial nombradía, como Ortega o Altamira, ponía pavor en el ánimo de muchos, no sé si con razón o sin ella. La verdad es que cuanto estos superhombres han hecho después, en el curso de los años trágicos de la guerra y del fascismo en España, no ha sido como para confiar gran cosa en ellos.

Llegose, al fin, al voto de la Constitución, que bien que mal quedó definitivamente aprobada, y se preparó con la debida escrupulosidad todo el aparato propio del acto solemne de la toma de posesión del presidente de la República y del juramento, o promesa, por él, del texto de la Ley Fundamental. Se convino en que cuantos diputados pudieran vestir el frac, así lo hicieran, y en todo caso se recomendó el porte de trajes oscuros, para evitar el espectáculo que venían dando algunos miembros del Partido Socialista, que asistían a las sesiones sin corbata y poco menos que en traje de faena campestre. La ceremonia resultó solemne. Niceto prestó su juramento en el estrado de las Cortes, ante el presidente de éstas, Besteiro, que desempeñó su papel con verdadera maestría y con un atuendo sumamente apropiado a las circunstancias. Por pura fórmula, el Gobierno presentó su dimisión, le fue ratificada la confianza, y continuó la obra legislativa.

En el curso del invierno de 1931-1932 se presentó a las Cortes el Estatuto de Cataluña. Las derechas, que habían vuelto a la Cámara, no recuerdo ya con qué pretexto o fórmula de arreglo, aprovecharon este magnífico tema de protesta para encender aún más los ánimos y dio comienzo la campaña de prensa y de actos públicos más encendida y estrepitosa que España había conocido. Poco a poco se había ido condensando la fuerza toda de la derecha en una especie de conglomerado denominado Confederación Española de Derechas Autónomas, o sea la CEDA, de triste memoria para cuantos han estimado que el bien más preciado de cuantos puede apetecer el pueblo español es la convivencia de las ideologías y tendencias, bajo el signo común de la patria. El jefe indiscutible de este amorfo conglomerado fue desde el primer momento Gil Robles, cada día más seguro de sí mismo y más alentado, en sus andanzas y provocaciones, por quienes manejaban en la sombra la dirección efectiva de la organización. Disponiendo como disponía ésta de medios económicos cuantiosísimos y de prensa abundante —y sin duda alguna mejor dirigida y confeccionada que la republicana—, era de esperar que alcanzasen, como alcanzaron pronto, una enorme resonancia sus propagandas. Puede decirse que a partir de ese primer semestre, es decir al dar comienzo el segundo de la vida del régimen, la guerra civil estuvo latente en España, hasta que fue ella desencadenada el 36. Ni un solo instante se procedió en el juego de la política con el espíritu y los tonos propios de una verdadera democracia. Ello fue debido principalmente a la CEDA y a sus dirigentes, ocultos pero poderosísimos. La Iglesia española no aceptó ni un solo instante la derrota que para ella representaba el artículo 26 de la Constitución y se propuso desde entonces derribar el régimen que había osado enfrentarse con ella, en vez de aceptar sus directivas y sus indicaciones. Todo se consideraba como un atropello. Hasta las más elementales medidas de libertad y de ejercicio del poder legítimo del Estado en sus tratos con el poder espiritual se presentaban al país en forma tal que el atropello parecía evidente.

El Estatuto de Cataluña debutó en las Cortes con un discurso mío, en contra de la totalidad. Pasaba yo, como tengo dicho, por enemigo irreconciliable de toda autonomía, y ello desde el Pacto de San Sebastián. Mis diferencias y peleas con Maciá en los comienzos del régimen habían venido a reforzar esta opinión que sobre mí tenían los catalanes. Como ello no era cierto y como veía claramente que la campaña de las derechas iba a envenenar el problema en forma irreparable, pedí el primer turno en contra del dictamen de la Comisión para ver de orientar la posición de quienes, siendo opuestos a todo abuso autonómico, estaban conformes en la necesidad de reconocer «el hecho diferencial» y de darle un cauce legal y definitivo.

Recuerdo perfectamente los términos de mi discurso, sumamente moderado y pronunciado sin la menor pasión. Fundé mi oposición en los extremos más esenciales de las delegaciones de función estatal a la Generalidad: el orden público, la Justicia, y la autoridad suprema del presidente catalán para dirimir las cuestiones que pudieran surgir entre los dos poderes. Las razones que alegué estaban sacadas de la experiencia por mí vivida en el Ministerio de la Gobernación, y del espíritu notoriamente hostil a toda injerencia de la autoridad central en la vida de Cataluña —aun la más sensata y fundada— que Maciá y sus amigos habían mostrado en esos seis meses. No sé si estuve afortunado en la expresión. Mi modo de ser es generalmente incompatible con exposiciones doctrinales, en las que no juegan la polémica o la contradicción. Sólo el calor de ésta anima mi pobre oratoria y me da la suficiente tonalidad de palabra y de gesto para interesar el auditorio. He preferido siempre en los actos públicos tener enfrente enemigos cuanto más numerosos y enconados mejor, a verme obligado a pronunciar el discurso en tono menor, sin calor ni pasión enemiga que lo maticen y caldeen. El hecho es que una vez acabada mi oración, los elementos catalanes, sorprendidos por el tono mesurado de ella, creyeron que no había dicho sino la mitad de mi pensamiento y los enemigos declarados del Estatuto, es decir, todas las derechas y una buena parte de los radicales, pensaron que había desertado del campo que según ellos era el mío, de franca y escandalosa oposición al proyecto.

Otro de los tumos en contra fue consumido por José Ortega y Gasset, que por segunda vez habló en tal ocasión en las Cortes Constituyentes. A los oradores de la oposición al Estatuto, había contestado el catalán de fama un tanto separatista, Amadeo Hurtado, elocuente y razonador pero de una mala fe y de un estilo incisivo y mordaz bien conocido de todos, y sumamente hiriente y molesto. Había, sin razón alguna que lo disculpase, arremetido contra mi padre y contra el de Ortega, pintándoles como la quintaesencia del centralismo, con notoria injusticia, al menos por lo que al mío se refiere, puesto que sus discursos y sus actos de gobierno demostraron siempre bien a las claras lo contrario. Ortega, con palabra serena y precisa, empezó su discurso diciendo:

«El Sr. Hurtado que se ha sentido hiena en la tarde de ayer, ha venido a escarbar en las fosas donde yacen nuestros padres…».

Molestó este exordio al interesado y al protestar vehemente, y casi enfurecido por ello, arrastró en la protesta a todo el grupo catalán, muy numeroso y sobre todo muy aguerrido y excitable. A partir de ese momento, el discurso magnífico y sereno de Ortega fue interrumpido y coreado sin cesar por la minoría catalana, perdiendo no poco de su fuerza dialéctica y de su belleza oratoria. El argumento de Ortega venía a parar al reconocimiento del hecho diferencial y a la necesidad de arbitrar el sistema, que permitiera a catalanes y castellanos «conllevarse» mutuamente. Esta palabra bastó para que los catalanes y no pocos otros republicanos llamaran desde entonces a Ortega «el tío de la conllevancia» —muestra pequeña, pero perfecta, de la clase de democracia que se practicaba entonces en las Cortes Soberanas españolas—.

Entre los furiosos y monomaniacos enemigos del Estatuto, desde su primera palabra hasta la última, y ello sin razonar ni analizar nada, sino por el solo hecho de tratarse de catalanes y de «enemigos de la patria» figuró desde primera hora el inefable y pintoresco don Antonio Royo Villanova, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Valladolid, hombre muy liberal y viejo y experto parlamentario. Este infatigable y tozudo —como buen aragonés que era— luchador, tomó en sus manos la empresa de «hacer obstrucción» al Estatuto. Para ello, apeló al clásico procedimiento de pedir la palabra desde el primer instante, hacer que se contara el número de diputados presentes, tan pronto como el Salón quedaba desguarnecido de Padres de la Patria, leer en el curso de sus reiteradas e interminables intervenciones libros de todas clases, sin la menor relación con el tema debatido, pedir votación nominal para el más leve acuerdo y, en fin, todas las conocidas y vetustas maniobras de los parlamentarios españoles desde que el Parlamento Constitucional existe.

Junto a esta labor incansable y embrutecedora, don Antonio mantenía el fuego sagrado de la protesta de mil maneras en la calle, en la prensa, en viajes de propaganda por las provincias de España, predicando la guerra económica contra los catalanes y sus productos industriales, en chistes más o menos graciosos que corrían de boca en boca y de columna en columna de los diarios derechistas de toda España. Todo lo necesario, en fin, para que el ambiente de guerra civil, no sólo no se enfriara o adormeciera, sino que adquiriera nuevos y más encendidos tonos de oposición nacional, contra el proyecto y contra Cataluña. Arrastrado por el ímpetu de su propia carrera, este buen liberal acabó por ser un verdadero chiflado y el hazmerreír de todos, con sus manías anti-estatutistas, hasta el punto de que en teatros y cines recibía ovaciones y aplausos cada vez que en ellos se presentaba como simple particular a disfrutar el espectáculo. Su vanidad acabó por arrastrarle al ridículo.

Cierta noche, en la que el tema seguía siendo debatido en las Cortes casi desiertas, Royo, único campeón presente en la Cámara de entre los enemigos declarados del Estatuto, por haber comido con exceso, o por haber llegado a un agotamiento nervioso en su desaforada labor, tomó tan a pecho su trabajo demoledor que habló sin parar tres horas consecutivas en un tono tan excitado y tan vehemente que yo, que estaba sentado inmediatamente detrás de él, temí que una súbita congestión viniera a dar al traste con el enfurecido adversario de los catalanes. En el banco detrás del Gobierno, es decir enfrente de nosotros, estaba el doctor Negrín, entonces todavía hombre razonable y simpático, nada extremista y con quien se podía dialogar sobre temas políticos sin gran esfuerzo. Como doctor y como simple diputado veía por muy mal camino al orador enfurecido y, dejándose llevar de su instinto profesional, me envió un papelito en el que me decía que le hiciese callar cuanto antes, porque la congestión era inminente si seguía por ese camino. Estaba, en efecto, don Antonio rojo, casi amoratado, con convulsiones nerviosas en brazos y busto, y visto de cerca como yo estaba en situación de verle, inspiraba lástima y miedo a la vez. Aproveché los escasísimos segundos de una pausa, para tocarle el brazo y decirle que debía cesar, al menos unos momentos, en su esfuerzo. Furioso y violento, me contestó en voz alta y chillona: «Déjeme en paz. Estoy decidido a morir o a enterrar el Estatuto». Siguió su perorata dos horas más y como no podía menos, al acabar hubieron sus amigos de conducirle a su casa, enfermo y descentrado para varios días, durante los que hubo de guardar cama.

En otra ocasión hablaba Gil Robles, también desde el escaño inmediatamente anterior al que yo ocupaba. El tono de su discurso era el habitual en él. Agresivo, provocador, sin gracia y sin medida, hasta insultante e injurioso para el adversario. Observaba yo a Negrín sentado enfrente, y veía cómo iba enrojeciendo de ira, mientras miraba con ojos desorbitados al orador. De pronto, le veo levantarse y con gesto violento quitarse las gafas y emprender por fuera del salón, o sea por el pasillo de la rotonda, su marcha hacia el lugar en que estábamos Gil Robles y yo. En efecto, unos segundos más tarde se abre la puerta del sector nuestro y entra por ella Negrín, como podía haberlo hecho un toro furioso. Se precipita con los puños cerrados y el rostro contraído por la furia sobre Gil Robles, que seguía hablando de espaldas a él, y va a agredirle. Me levanto precipitadamente de mi escaño y abalanzándome sobre Negrín, le enlazo fuertemente entre mis brazos y entablamos un pugilato en plena escalera del hemiciclo, en el que llevaba yo todas las de perder, porque la fuerza física de ese bárbaro era extraordinaria.

Al fin, logro sacarle del salón por el alto de la escalinata de nuestros escaños y en el pasillo, nos explicamos. Me echó en cara que hubiera impedido con mi gesto su decisión de «asestar un buen puñetazo en las narices a ese malvado» —como decía todo tembloroso de ira—. Como nada hacía suponer que tuviera motivos razonables para esa actitud, aguardé a que se calmara y le pregunté, una vez serenado, la razón de su furia.

Entonces me confesó que de vez en cuando y sin saber por qué, le asaltaban esta clase de accesos, ¡que luego era él el primero en lamentar! Cuando andando el tiempo, ocupó este personaje el puesto preeminente que desempeñó, nada me extrañaron los límites a que supo llegar, en sus desafueros y en sus actividades.

Llegó el verano. Yo, que no tenía para qué soportar la canícula, fui con la familia a veranear al pueblo de San Rafael, en la Sierra (…). Fue interrumpido en parte el veraneo por cierto suceso que tuvo, más en la apariencia que en la realidad, suma importancia entonces.

CAPÍTULO II

LA SANJURJADA

El 10 de agosto fui a Madrid, como tenía por costumbre de vez en cuando, para ocuparme de mis asuntos. Nada observé en el camino, ni fuera ni dentro de la población. Apenas llego a mi despacho de la calle de Montesquinza, unos transeúntes, desconocidos para mí, que cruzaban delante del portal en el momento de apearme del coche, se acercan y uno de ellos, tomándome de la solapa, me dice con ademán excitado:

—Don Miguel… ¡Viva la República!…

Y sin agregar una palabra más, sigue su camino en compañía de los otros que habían asistido, también con ademanes expresivos, a esta salida de tono, para mí inexplicable entonces.

Pronto supe lo ocurrido. La noche anterior, unos jóvenes monárquicos se habían lanzado a la calle y habían pretendido tomar por asalto el Palacio de Comunicaciones y no se sabía cuáles otros edificios públicos. Las fuerzas se seguridad y la Guardia Civil de retén en el edificio de Correos, mandadas por el propio director general de Seguridad, capitán Menéndez, habían hecho frente a los revoltosos y habían causado dos o tres víctimas entre ellos. Hasta esa hora primera de la mañana no se tenían noticias de otros incidentes coordinados con éstos, en ninguna parte de España.

Hablé por teléfono con Casares, quien me dio los mismos informes con algún mayor detalle. Según el Ministro, era fácil que el movimiento tuviera ramificaciones en provincias y singularmente en Sevilla, donde el general Sanjurjo se había presentado la víspera, sin motivo conocido de antemano por el Gobierno Civil, y donde aún no tenía detalles precisos el Ministerio de haber ocurrido algo anormal.

Algunas horas después se supo asimismo lo ocurrido en la capital andaluza. Sanjurjo había intentado sublevar la guarnición de acuerdo con las fuerzas de la Guardia Civil y había fracasado en su intento. Le habían secundado los elementos derechistas de la ciudad, y había dirigido toda la operación desde casa de un aristócrata conocido por su monarquismo. Al ver el fracaso de la intentona, había huido y se ignoraba su paradero.

Recuerdo que durante todo el día paseé por Madrid, y pude observar la más absoluta indiferencia de los madrileños ante lo ocurrido. Ni se comentaba el hecho, ni parecía él inspirar el menor interés a los innumerables contertulios de cafés y casinos de la capital. Al día siguiente fue detenido el general Sanjurjo en un pueblo de la frontera portuguesa, cuando se disponía a pasarla. Fueron hallados su fajín y su quepí en el Parque de María Luisa, donde por lo vista los dejó caer del coche que le llevaba, al abandonar la partida y emprender la huida. La detención fue llevada a cabo por un soldado de carabineros y no ofreció en General la menor resistencia para dejarse prender. Todo ello revelaba la falta absoluta de preparación minuciosa del golpe intentado y además la poca extensión que el movimiento tenía y la falta de fe en el mismo, por parte del jefe que lo dirigía.

Cuando al día siguiente se reanudaron las sesiones de las Cortes. La Cámara estaba abarrotada de público y, en una de las tribunas, el director de Seguridad, Menéndez, esperaba recibir, como en efecto recibió, el homenaje de los diputados republicanos, por el comportamiento de las fuerzas a sus órdenes y el suyo propio, frente a los revoltosos. Al relatar los hechos el Ministro, adornando no poco cuanto había acontecido, los diputados de la mayoría corearon como debían los pasajes más salientes del discurso y al llegar a la intervención personal del director, la Cámara, puesta en pie y mirando hacia la tribuna donde estaba el interesado, le ovacionó durante algunos minutos. Es claro que las intervenciones de los jefes de las minorías, ceremonia obligada y consuetudinaria en casos tales, no hicieron sino caldear más la atmósfera, hasta arrancar al Ministro la declaración solemne de su propósito de proceder con toda severidad contra los culpables de este atentado contra la vida del régimen.

Volví a mi retiro de San Rafael, convencido de que daba comienzo una etapa de persecuciones y venganzas, que sólo por verdadero milagro quedaría circunscrita a los auténticamente responsables del hecho del 10 de agosto. En efecto, al día siguiente supe que estaban en la cárcel Modelo mi hermano Honorio, (José)-Felix Lequerica, Juan-Ignacio Luca de Tena y otros monárquicos significados, que, estaba yo seguro, nada tenían que ver con el intento. Fui a Madrid, y obtuve sin dificultad la libertad de Honorio y de Lequerica, que me parecieron los menos responsables, no por ser hermano el uno y amigo el otro, sino porque, conociéndoles mejor que a los demás, estaba seguro de que eran incapaces de haberse mezclado en esa inocente estupidez.

A los pocos días de detenido Sanjurjo, vino a mi casa de veraneo cierto amigo de entonces y correligionario llamado Cano López, a quien había yo nombrado gobernador de Huelva en los últimos tiempos de mi mando y que había desempeñado el cargo a la unánime satisfacción de todos los partidos en aquella provincia. Venía en nombre de Sanjurjo, a rogarme asumiera la defensa de éste ante el Consejo de Guerra, que iba a celebrarse enseguida, según afirmaban los propios ministros. Como la cosa tenía innegables inconvenientes para el mismo procesado y para mí, me negué lisa y llanamente a intervenir en el asunto. Le anuncié, por la mediación de Cano, que llegado el momento, que consideraba inevitable, de pasar el asunto al Consejo de Ministros, aun cuando no tenía yo como era notorio y conocido ningún amigo político en el seno del Gabinete, haría cuanto estuviera en mi mano para evitar un desenlace funesto para el interesado. En el curso de esta conversación, supe por Cano, que había tenido varias entrevistas con Sanjurjo, todos los secretos del abortado pronunciamiento. Contaba el General con la guarnición de Madrid, que, según promesa formal y solemne de la mayor parte de los coroneles con mando en la plaza, debía haberse alzado aquella noche, saliendo a la calle con sus tropas y ocupando los Ministerios. Como era natural y perfectamente previsible para cuantos conocen lo que son esta clase de compromisos, todos sin excepción le habían faltado a la palabra dada. Contaba asimismo Sanjurjo con la guarnición de Sevilla, que tampoco hizo el menor ademán de cumplir su compromiso, y, por último, contaba con algunos jóvenes alocados, procedentes de las filas del partido recién nacido de Renovación Española, monárquicos impacientes, que habían sido los que habían provocado la algarada de un año antes, la víspera de las quemas de los conventos. De entre éstos, únicos que cumplieron en parte su compromiso, tres habían caído en medio de la calle en lucha absurda y desesperada contra las fuerzas que guarnecían el Palacio de Comunicaciones. Uno de ellos, hermano de Cayo del Rey era conocido mío, y pariente de amigos íntimos. Sanjurjo desesperado y asqueado por la falta de seriedad de cuantos con él se habían comprometido, al ver fracasado el intento, se negó a derramar sangre en Sevilla y partió para la frontera, decidido de entregarse al primer guardia civil que le diese el alto en el camino. Así lo hizo, y se mostraba orgulloso y satisfecho de este rasgo de generosidad, que, en efecto, había evitado toda víctima en la parte de la zona en la que había asumido él el mando.

La primera y casi única consecuencia que este lamentable episodio trajo fue la aprobación inmediata, casi por aclamación, del Estatuto de Cataluña y de las leyes que se hallaban pendientes de discusión y sometidas a la oposición tenaz y machacona de las minorías de derecha. Ante el rebullicio que el suceso produjo y el enardecimiento semi-revolucionario de los diputados de la mayoría, los enemigos de las leyes en discusión, incluso Royo Villanova, juzgaron peligroso, para ellos y sobre todo para los encausados y perseguidos con motivo de los sucesos, excitar aún más los ánimos. Cesaron rápidamente en su obstrucción y en tres días quedaron aprobadas las leyes en cuestión y votado el Estatuto de Cataluña. Recuerdo las lamentaciones que a grito pelado lanzaba el buen Royo en los pasillos de la Cámara y más tarde entre los pinos de San Rafael, donde también veraneaba, ante la imperiosa necesidad, en la que se había encontrado, de ceder en su oposición al Estatuto. Maldecía de los mal aconsejados locos que habían causado —decía— a España el gravísimo mal de escindirla, ya que sin este lamentable episodio, él se hubiera bastado para hacer naufragar la nave estatutaria.

Antes de cerrarse las Cortes para unas cortas vacaciones estivales, llevó el Ministro a ellas el plan de castigar a los culpables y comprometidos en el alzamiento. Y, aparte del juicio que se seguía a Sanjurjo ante el tribunal militar, ordenó Casares la deportación a la Guinea o Río de Oro, de cuantos más o menos directamente habían intervenido en la conspiración. Estoy seguro de que no había sido posible aquilatar la responsabilidad de ninguno de ellos, y que sólo por suposiciones, más o menos fundadas, se había mantenido la acusación policíaca contra todos y cada uno de los inculpados. Desde luego, no intervino en la causa ninguna autoridad legal competente y si lo hizo, hubo de desistir rápidamente de todo procedimiento, falta en absoluto de pruebas precisas. El hecho es, que con aplauso de una parte de la mayoría y con la censura de la otra que juzgaba benigno y leve el castigo se procedió al envío en condiciones francamente lamentables e inhumanas, a Río de Oro, concretamente a Villa Cisneros, a dos docenas de ciudadanos, en las calas de unos barcos, los «Españas», absolutamente desprovistos de lo más elemental para ese servicio, porque eran barcos de cabotaje, de poco tonelaje, viejos y en mal estado.

Parece que el viaje y la estancia de estos castigados en Villa Cisneros fueron una serie ininterrumpida de padecimientos inhumanos. Alguno de los expedicionarios, Fernando Roca de Togores, marqués de Torneros y amigo mío de la infancia, sufrió, según me refirieron, no poco en esta triste aventura y acabó cayendo ante el pelotón de las checas de Madrid el 36, en compañía de su hermano y de su padre. Conociéndole, estoy seguro de que si alguna intervención tuvo en los sucesos fue en calidad de enterado bien a pesar suyo, porque pocos hombres he conocido más pusilánimes, para cuanto fuera tener que habérselas con la ilegalidad, en cualquiera de sus manifestaciones. Algunos de los deportados lograron fugarse, asistidos en sus intentos por los indígenas, y tras no pocos sustos y peripecias llegaron a Portugal, donde permanecieron hasta que, pasada la efervescencia, pudieron volver a España, tranquila e impunemente.

Se celebró el juicio contra Sanjurjo y, como era de esperar, fue éste condenado a muerte. Desde el primer instante, (tras ser) la sentencia conocida por el público todo de Madrid, empezaron las cabalas y las intrigas. La opinión de la mayoría de las Cortes se escindió. Como la gracia de indulto, que estaba constitucionalmente atribuida al presidente de la República, no podía ser ejercida sino a instancias del Gobierno (…), todo el secreto de la vida o la muerte del General condenado, estribaba en la decisión que adoptase el gabinete.

Se reunieron los ministros en su despacho de la Cámara, cosa ya de por sí absurda, porque el lugar menos apto para deliberar serenamente en materia tan vidriosa era precisamente aquél en el que el ambiente estaba más cargado de pasión. En efecto, mientras ellos deliberaban, los diputados en corros exaltados y chillones opinaban y controvertían sobre el tema de la deliberación ministerial. Observaba yo cómo iba subiendo la ola enemiga contra el condenado, y como para no ser menos los unos que los otros, hasta los partidos y los hombres más inclinados por natural bondad a la clemencia iban contagiándose de la idea de hacer en este caso un castigo ejemplar, que quitase en lo sucesivo a todo general, nacido o por nacer, el apetito y la veleidad de pronunciarse. Los discursos, a media voz y a grito destemplado, que hube de escuchar aquella tarde en los pasillos de la Cámara, fueron innumerables.

Llegó un momento en el que consideré perdida la esperanza de que Sanjurjo salvara la cabeza. Los ministros que salían del saloncito del Consejo traían unas caras tristes y preocupadas que nada bueno auguraban. Me acerqué a alguno de ellos y pude comprobar que no había recaído acuerdo, porque eran muy opuestas y contradictorias las posiciones que los miembros de los partidos representados en el Gobierno adoptaban en sus reuniones de minorías y en los pasillos de la Cámara. Puso digno remate a mi alarma el encuentro en los pasillos con el propio Azaña, quien me dijo sin rodeos que era partidario del fusilamiento, para acabar de una vez para siempre con la impunidad de esta clase de hechos vergonzosos, que habían llenado las páginas de nuestro historia durante todo el siglo XIX.

Sin esperar más, y abusando de la confianza que me daba mi antigua colaboración en el seno del Gobierno que estaba reunido, entré tras Azaña en el Salón de Consejos y en pie, porque no me parecía discreto tomar asiento, les dije cuánto martirizaba mi mente toda aquella tarde ante el espectáculo que estábamos dando, de someter asunto de esta magnitud y seriedad a las pasiones desatadas de una Cámara, elegida para fines bien distintos por el país. Les hice presentes además todos los argumentos que militaban en pro del indulto: la necesidad de no abrir una era de sangre, por un suceso que debía ser tomado más en broma que en serio; la conducta del General, negándose a derramar sangre en Sevilla donde tan fácil le hubiera sido provocar una revuelta; la forma sencilla y hasta ridícula en que se había rendido a la primera sombra de autoridad, que frente a él se había presentado en su fuga; y, en fin, el error que representaba erigir en mártir de una causa perdida de antemano a un hombre de la historia militar y de la popularidad en el Ejército como Sanjurjo, con el peligro que ello traía de encender el ardor por una causa que por sí sola estaba muerta, si no cometíamos la torpeza de darla vida los republicanos.

Duró la discusión más de media hora y con calor y entusiasmo contesté e hice frente a los más exaltados, que eran, como no podía menos, los ministros radicales-socialistas Albornoz y Domingo. Logré, al fin, conmover o convencer a casi todos y, cuando estuve cierto del resultado de la votación que iba a empezar, salí del despacho, dejándoles en esa tarea formal, extraña a mi cometido. En efecto, unos minutos más tarde salieron los ministros, anunciando a todos que había sido acordada la gracia de indulto, que se propondría al presidente.

Ignoro cuál fue en toda esta tramitación la posición de Niceto. Desde luego, estoy seguro de que su voto u opinión fueron desde el primer instante favorables al indulto. Hizo bien, sin embargo, al no poner el peso de su opinión prematuramente en la balanza, porque hubiera bastado que los exaltados supieran que él era partidario del ejercicio de la gracia, para que hubieran adquirido mayores proporciones las ya suficientemente excitadas pasiones.

No sé hoy, tras los acontecimientos que se desarrollaron en España el año 36, si hice bien o mal en tomar parte tan activa en aquella ocasión. El hecho de que fuera el mismo Sanjurjo quien tomó la dirección del movimiento insurreccional en junio del 36, revela que no había nunca desistido de su propósito de derrocar la República, a la que se adhirió de mala gana en 1931 y sólo como tengo ya relatado, por haber sabido a tiempo que nada cabía hacer para salvar la Monarquía de la caída. Cabe preguntarse si un castigo ejemplar y solemne en aquella ocasión hubiera bastado para evitar cinco años más tarde lo ocurrido. No lo creo, antes bien me parece que los elementos que en estas andanzas intervenían por nada ni por nadie hubiesen desistido de su propósito de alzarse contra un régimen que para ellos encarnaba la negación de todos sus privilegios tradicionales. Si Sanjurjo hubiese caído en 1931 ante un pelotón de ejecución, su sangre y su recuerdo hubieran sido bandera más eficaz y visible que la que podían enarbolar los rebeldes del 36. Esta clase de mártires son siempre sumamente fecundos para el proselitismo de una causa. En todo caso, mi conciencia no me remuerde de lo que entonces hice. De los muchos errores cometidos por mí, en mi vida política, no agobia éste mi conciencia, sino todo lo contrario. Creo que vuelto a encontrarme en caso parecido, no vacilaría en repetir cuanto realicé en aquella ocasión histórica.

Desde el punto de vista de la norma de gobierno en cuanto al orden público se refiere, tuvo este incidente de Sanjurjo el efecto de descentrar absolutamente la tónica del Ministro en tal materia. A partir de ese día, Casares Quiroga, que había venido tratando los problemas del orden con mesura y sensatez, perdió totalmente la ecuanimidad y con ella los estribos. La más acerada acritud y las medidas más extremas y hasta bárbaras salieron a partir de ese momento de su despacho. Poco a poco fue cayendo en esa especie de salvaje tiranía que culminó en el episodio de Casas Viejas del que hablaré a su hora.

CAPÍTULO III

EL PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR

Desde mi separación del grupo de la Derecha Liberal Republicana, estando aún en el Gobierno, no había yo intentado siquiera aproximarme a ninguno de los grupos o partidos que se repartían el campo republicano. No había, en efecto, ninguno que me pareciese apto para el desarrollo de la política de transigencia y convivencia nacionales que era, a mi entender, la única capaz de nacionalizar el régimen. El partido más afín en cuanto a ideología era el Partido Radical, pero ya tengo dicho cómo en mi conversación con don Alejandro dejé precisadas las poderosas razones que impedían mi colaboración con él y su partido.

No debí nunca prestarme a organizar un partido político. Carezco, en absoluto, de las más elementales condiciones para dirigir esta clase de organismos. La primera y más necesaria condición de un jefe de partido es la paciencia para escuchar y atender las peticiones, las más veces injustificadas o minúsculas, de los partidarios de todas las categorías. Nunca pude hacerme a esta especie de suplicio. La segunda es la de desconocer o dar por inexistente toda desviación de la moral, en los personajes o personajillos provinciales y locales, cuando tienen ellos verdadera fuerza electoral y son necesarios para el partido. Esa especie de laxitud en los principios más elementales de la moral pública o privada, que hacen que las faltas y hasta las mayores inmoralidades han de ser desconocidas e ignoradas, cuando el autor resulta factor necesario para la organización partidista, obliga al jefe a soportar y a considerar como amigo predilecto al más sucio personaje. Como jamás pude habituarme a esta clase de compromisos, di al traste cien veces con lo más granado del tinglado del partido, en las provincias y en los pueblos de España. Por último, otra de las incompatibilidades congénitas de mi carácter con la jefatura de un partido estriba en la obligación tácita que todo jefe contrae por el solo hecho de serlo, de conducir a sus huestes al disfrute del poder, o cuando menos a su aproximación en medida suficiente para disfrutar de las delicias de la influencia, que permitan mantener alerta y dispuesto el celo de los partidarios en el distrito o la circunscripción electoral. Cada vez que rechazaba las ocasiones que se me brindaban de acceder al Gobierno o de dar ministros al que se formaba, las huestes políticas que me seguían en las provincias disminuían a ojos vistas y sólo los verdaderamente incondicionales, por conveniencia o por arraigado afecto personal, sobrevivieron, en los cinco años que vivió el partido, a estas continuas y descorazonantes negativas.

Aparte de estas razones de índole personal, había otras que debieron aconsejarme el desistimiento de la empresa de crear un nuevo partido político. En el estado de divorcio latente, pero suficientemente claro, en que se hallaba la República desde los primeros meses de su nacimiento en relación con la masa neutra del país, era evidente que esta cantera de aportación al partido político que yo formase estaría para mí cerrada. No era fácil que quienes habían permanecido sordos a los requerimientos reiterados y elocuentísimos de mi padre durante veinticinco años atendieran los míos lanzados al servicio de un régimen desacreditado nada más nacer, y lleno de sobresaltos y de zozobras para su tranquilidad y habitual sesteo. Por añadidura, el tono mesurado y componedor, propio de todo partido de centro político, hacen poco halagador su seno para las masas retraídas de la vida ciudadana. Cuando éstas se deciden a salir de su retraimiento, siquiera sea temporalmente, es al calor de una propaganda semi-revolucionaria, que prometa cambios radicales y violentos en el tren de vida diaria del país y, por ende, en el de los afiliados. La hora de pujanza del maurismo llamado callejero fue la del «Maura, no» y el «Maura, sí», porque quienes se lanzaron a la acción política en aquella ocasión creían entrever tras ese movimiento una auténtica revolución. Los términos de la propaganda que los hombres del maurismo hacíamos por toda España tenían todos los caracteres de una lucha a brazo partido con la legalidad de entonces y sobre todo con el Rey, primer y más firme apoyo del «Maura, no». Por eso, cuando se obtuvo el triunfo, y mi padre accedió al poder el año 1921 con un Gobierno esencialmente maurista, esas masas volvieron instantáneamente al retraimiento y, llegadas las elecciones, fueron escasísimos los diputados que obtuvo el Gobierno. Es probable que si yo hubiera alzado bandera contra la República al tiempo de salir del Gobierno en octubre de 1931, el éxito de mi empresa hubiera sido extraordinario. El mismo éxito que alcanzó la famosa CEDA después, incorporando a ese conglomerado los más heterogéneos elementos sociales, ansiosos de ver derrumbarse la República.

El hecho es que, cediendo a requerimientos de no pocos amigos, y hasta de los adversarios que consideraban conveniente la formación de un núcleo de fuerzas adictas al régimen en el campo de la derecha, decidí fundar y organizar un partido político. Tras los naturales tanteos y preparativos, quedó convenido que el nacimiento del nuevo engendro se haría público por mí en una conferencia que debía pronunciar en un teatro de Madrid, con la debida solemnidad. Así fue, en efecto. En el cine de la Ópera, uno de los más capaces de la Villa y Corte, pronuncié la oración esperada. El público llenaba completamente el local y en palcos y butacas no pocos republicanos, de otras tendencias y partidos, esperaban oír de mis labios lo suficiente para despellejarme apenas traspuestas, una vez terminado el acto, en las puertas del teatro.

En uno de los palcos estaba José Ortega y Gasset, con todo su estado mayor de intelectuales agriados y zumbones. Entre el areópago de pseudo-pensadores de la Revista de Occidente y yo, venía habiendo desde hacia tiempo ciertos coqueteos, encaminados a no sé aún qué contubernio o colaboración. Jamás he llegado a poner en claro este extremo. Lo cierto es que las visitas que recibía de los más significados elementos de aquella corte orteguista me daban a entender el deseo del pontífice de marchar en el campo de la política de acuerdo conmigo, desempañando naturalmente yo el papel de discípulo predilecto en esa disciplina y él, actuando en calidad de máximo definidor y cabeza visible de la empresa. Por más que me esforcé en poner en claro, antes de hablar en público, la verdadera posición de estos hombres y los verdaderos deseos de su jefe, no logré nunca saber a que atenerme. «Hable V. y luego veremos» —me decía mayestáticamente don José—.

Cuando le hacía partícipe de algún proyecto de los que bullían en mi mente sobre la forma y los modos de dar alma y vida a la acción del partido en ciernes, no encontraba en él sino críticas severas, gestos de desdén o, lo que era peor, sonrisas enervantes para mí, que veía en ellas la eterna monomanía de la definición ex cathedra, que hasta cuando comía cocido madrileño emanaba de toda su persona. Teniendo de antiguo un justificadísimo recelo hacia la intervención de los intelectuales en política, este trato tan ambiguo e impreciso no hacía sino acrecentar mis recelos y confirmar mis prevenciones hacia ellos. Hasta el nombre del partido fue para Ortega motivo de censura. Lo de Conservador le sonaba mal, porque afirmaba que no había nada que conservar y que el nombre solo anquilosaba para siempre su acción y su eficacia. Claro, que quien tal decía en 1932, predica hoy (noviembre 1945) por España —en tono menor pero con la difusión que todo lo que él dice tiene siempre— la tesis del Despotismo Ilustrado como régimen ideal y conveniente para nuestro país amén de haberse vaciado en elogios hacia el bárbaro dictador en los primeros años de la guerra civil y en los siguientes a la llamada paz, bajo la férula de ese tirano.

Durante mi discurso en el cine de la Ópera pude observar las reacciones del grupo que en el palco le rodeaba, y comprendí que sin desaprobar por entero ni la doctrina ni el tono, estaba lejos de satisfacer sus aspiraciones. Cuando insistí sobre lo que a mi entender había que «conservar» todavía en España del acervo común a todos los españoles, en peligro por el avance irreflexivo de la demagogia, alguno de sus habituales contertulios, y de los más significados, aplaudió, pero el pontífice hizo un gesto mitad de duda, mitad de ironía, que me excitó e impulsó a decirle una de mis habituales desvergüenzas. Guardé para el final este bocado y, en efecto, llegado al término casi de mi discurso, dirigiéndome claramente a él le dije: «El Maestro de Maestros, Ortega y Gasset, presente en el acto, estoy seguro que aspira fundamentalmente a cuanto acabo de exponer como programa político. Él va por la vida sobre un aeroplano niquelado entre las nubes de la ilusión, y yo tengo que marchar a ras de tierra, a codazos con la realidad de la vida. Siga él su camino etéreo lleno de ilusiones, yo seguiré el mío preñado de obstáculos y de miserias terrenales y esté seguro el Maestro que algún día nos encontraremos».

Me guardé muy bien de decir dónde nos encontraríamos, mas en mi fuero interno pensé, que por lo mismo que las líneas de nuestras trayectorias políticas eran paralelas no llegaría jamás el día en que se encontraran, con gran ventaja para mí. Esto del «aeroplano niquelado», que entonces no causó gran escándalo entre sus enfervorizados discípulos, se hizo popular entre los republicanos, que se lo decían a toda hora y en toda ocasión a Ortega. Un día, estando sentados en el mismo escaño del Congreso él y yo, alguien que hacía uso de la palabra le repitió en tono de elogio el mismo piropo, y Ortega, descompuesto y furioso como jamás le había visto hasta entonces, me dijo airado:

—El aeroplano niquelado… Bien que me ha j… Vd. con esa dichosa frasecita… Ya puede Vd. estar satisfecho del éxito.

Quedé de una pieza. Repito que no estaba habituado a ver al filósofo de los filósofos descompuesto por la ira, pero, además, el tono y el léxico me parecían absolutamente impropios de él. Tuve la fortuna de tomar a broma la salida, porque si me dejo llevar en aquella ocasión de mi habitual temperamento, allí hubiera dado fin para siempre nuestra amistad y hasta nuestro trato. Reflexionando sobre este incidente, comprendí más tarde que este hombre, excepcional por tantos y tantos conceptos, estaba aquejado de la manía de querer ser el primero en todo, incluso en aquello para lo que jamás sirvió, y sin disgustarle aparecer como el idealista soñador en determinadas ocasiones, tenía la pretensión de que se le reconociera como un gran político práctico en aquellas otras en las que el serlo le convenía. Nuestras relaciones se enfriaron desde entonces en medida tan apreciable que quedaron limitadas a lo estrictamente necesario.

Confieso que fue para mí una sorpresa el éxito inicial del partido. Fueron muchas y sobre todo muy valiosas las adhesiones que en los primeros momentos recibí para la organización del mismo. No podía entonces calibrar debidamente la calidad de éstas, en su fondo ideológico. El social era excelente. Ingenieros, médicos, abogados, industriales acudían a mi despacho y se afiliaban al parecer con entusiasmo al partido. Poco a poco fui dando a estas filiaciones su auténtico valor. Casi todos ellos buscaban en él un cobijo para guarecerse de posibles persecuciones, o una catapulta bien camuflada para lanzar sus tiros contra el erario público mediante negocios de todas las cataduras imaginables. Era, como tantos otros partidos de derecha que han existido en el mundo, un sindicato de apetitos, elegantes si se quiere y muy educados, pero tan feroces en sus procedimientos y en sus instintos como los proletarios.

Organicé una Oficina de Estudios Económicos, con la colaboración de verdaderas eminencias en la materia, que preparó un detallado programa de cuantas reformas se imponían en aquellos momentos en la marcha de la economía nacional. Teníamos reuniones casi todas las tardes, y las presidía yo. Allí fue donde vi nacer la exteriorización de las apetencias de los unos y de los otros. Cada cual barría para casa en la confección de los proyectos, y hube de sostener verdaderas batallas con los tiburones de las finanzas y de las grandes empresas, singularmente las ferroviarias, que habían destacado subrepticiamente sus guerrilleros dentro del organismo. Acabó todo aquello de mala manera. Descorazonado y a la vez furioso, del papel que pretendían hacer jugar al partido y a mí como inevitable consecuencia, disolví más tarde la Oficina, y los preclaros varones que en ella habían trabajado se dispersaron, en busca de mejor acomodo para sus apetitos. Todos, sin excepción, fueron a engrosar las filas de la CEDA y en ellas encontraron todo el calor y todos los medios necesarios al éxito de sus empresas.

A pesar de estas realidades tristes, logramos redactar e imprimir un amplísimo programa de acción política y de gobierno que, sin falsa modestia, afirmo que es el único completo y acabado que salió de los partidos republicanos durante toda la vida de la Segunda República. La asamblea general del partido, que se celebró en la primavera del 33 fue un verdadero éxito, por el número de asistentes a ella, por su calidad y por el fervor patriótico que durante las sesiones celebradas en el teatro de la Zarzuela mostraron los oradores. Cerrose la asamblea con un acto público en el hotel Palace, y, tras el consabido banquete, pronuncié el discurso de clausura.

Recuerdo que los miembros del Gobierno me habían anunciado que estarían a la escucha por la radio de lo que dijera. Azaña, cuando más tarde comentó mis afirmaciones, se mostró dolido del tono y de las críticas que había yo empleado y formulado en mi oración. Acusé al Gobierno de insincero y de falso en su política y en sus declaraciones, de demagogo sin provecho, y de esclavo de las masas socialistas que eran quienes en verdad dirigían la vida nacional bajo la cobertura de la República, con todos los inconvenientes que la tiranía amorfa de la masa irresponsable lleva siempre aparejados.

El fruto de estos esfuerzos y trabajos fue recogido en las elecciones del 33. Creo recordar que fueron hasta 15 o 16 los diputados que obtuvo el partido en las Cortes del llamado «Bienio negro». No era, en efecto, cosa mayor, pero dada la enorme pujanza de los partidos de derecha aglomerados en la CEDA, y la oposición desatada de las izquierdas, que ciega y torpemente equiparaban en sus iras a esa derecha hostil al régimen y a mi partido, no deja de ser apreciable el número de sufragios logrado en aquella ocasión. Con todo, resultaba notoriamente insuficiente para jugar papel decisivo en la vida política del régimen. Esto bastó para que los entusiasmos de los arribistas y logreros se enfriasen y para que las deserciones en las filas fueran en aumento por días.

Tengo que declarar, sin embargo, que los diputados que desde ese primer momento me acompañaron en la labor parlamentaria permanecieron fieles, no sólo a la doctrina, sino a la amistad y lealtad hacia mí. Con sólo dos excepciones, en parte justificadas, cuantos desde entonces estuvieron a mi lado continúan (1945) fieles a la política de paz y transigencia entre españoles, que es la mía desde la primera hora.

Después de la guerra civil y de la perversión total de las ideas y de los valores morales que la tiranía franquista ha traído consigo, estos hombres siguen hoy fieles al ideal y adictos a mi política, a pesar de no haber tenido conmigo el menor contacto durante los cinco años de la guerra mundial y de mi exilio. Esta realidad me compensa con creces de muchos de los sinsabores que en aquellos tiempos me proporcionó el espectáculo de las miserias personales y de las traiciones políticas.

Del episodio que en mi vida política representa la vida del Partido Republicano Conservador, sólo vale la pena retener, como enseñanza provechosa para el porvenir de quienes se consagren a estos menesteres, una realidad evidente y comprobada: en nuestro país, mientras no cambien sustancialmente las clases directoras de la masa llamada conservadora, no será posible la articulación de partidos sinceramente democráticos en la derecha. Ni con Monarquía ni con República, las gentes de las clases llamadas, repito, conservadoras, se avendrán a colaborar democráticamente con los partidos obreros y con las fuerzas dinámicas de la izquierda española. Para estas gentes, sólo la facción cuenta y sólo en el campo de ella encuentran acomodo satisfactorio. Podrán encubrir por un tiempo sus apetitos y sus deseos de derrocar el régimen liberal y democrático, pero desde la primera hora de su implantación trabajarán sin descanso a su ruina. Quien se aventure a fiar en la lealtad de tales gentes para fundar en ella la vida de un organismo político de carácter democrático va derecho al fracaso y por añadidura al ridículo. En el momento más decisivo, se verá abandonado y traicionado por sus huestes.

Esta verdad, inconcusa hasta hoy, será aún más cierta en el mañana inmediato. La irrupción inevitable ya de las masas obreras en la vida del Gobierno y en la dirección de la política del país acrecentará en medida extraordinaria la enemistad de estas clases conservadoras hacia la democracia y soñarán cada día con mayor fervor en las épocas de tiranía y dictadura, bajo las que sus intereses y apetitos han tenido siempre plena y cabal satisfacción.

CAPÍTULO IV

LA PROBIDAD DE JAIME CARNER

(Se suceden algunas anécdotas y críticas acerca de granujas y pintorescos de la época, sin interés especial, visto cuanto se conocía ya o es hoy de dominio público. En contraste con tales personajes, y cuando surge, de refilón, el nombre de Carner, el autor se detiene; y siente la necesidad de sincerarse:)

A propósito de Jaime Carner, quiero aprovechar la ocasión de haberle nombrado para confesarme públicamente, es decir, para mí solo pero por escrito, de un grave e imperdonable error que cometí y de una injusticia de que le hice víctima. Quiero hacerlo ahora, porque quizá no se me depare ocasión en el resto de estas anécdotas, para realizarlo.

La probidad y honradez de este político eran absolutas y perfectas. Su fama bien ganada de hombre probo le acompañó a todas partes y el respeto que inspiraba a sus propios enemigos no era sino el debido a una reputación sin tacha ni sombra. No hay para qué decir que yo participaba de esta admiración y además tenía de sus dotes intelectuales el más acabado concepto. Con tosquedad y sencillez en la expresión de sus ideas, era un consejero ideal para cualquier problema que se le plantease. No en vano había sido uno de los abogados de más justa fama en Barcelona, durante casi toda su ya larga vida.

Pues bien, cuando se discutía en las Cortes, siendo él Ministro de Hacienda, la ley de contabilidad y finanzas que había de regir las relaciones entre la Generalidad de Cataluña y el Estado, alguien, que yo creía bien enterado y conocedor del problema, me dijo que Carner era quien había introducido en la ley las ventajas, y hasta los abusos, que en ella se contenían en beneficio de la Generalidad y con daño evidente para los intereses del Tesoro.

Como la entrada de Carner en el Ministerio había sido acompañada de una declaración solemne hecha por todos los ministros, según la que el nuevo titular de la Cartera de Hacienda se había comprometido a no intervenir en ningún tema que el acoplamiento del Estatuto a la realidad suscitase, al terciar yo en el debate, creí de mi deber arremeter contra Carner por haber faltado a este compromiso.

Agravó el mal, el hecho de hallarse en aquellos momentos ausente de la Cámara el interesado. Fui mesurado en mis expresiones, porque bastaba la amistad que con él tenía para ello, pero no por eso dejó de ser grave la acusación salida de mis labios. Prieto, que asistía al debate, con gestos me hacía ver que estaba en un error, y yo, en vez de aceptar estas indicaciones como hubiera sido mi deber, por amor propio mal emplazado persistí en ellas. Cuando más tarde pude comprobar que carecían en absoluto de fundamento, puesto que Carner, fiel a su compromiso, había permanecido totalmente ajeno a la redacción y discusión del proyecto de ley en cuestión, me apresuré a desagraviarle. Estaba ya Carner herido de muerte por la enfermedad que le llevó al sepulcro y aun cuando llegó a conocer mi arrepentimiento y mi rectificación, quedó en mi ánimo siempre el remordimiento de no haber podido hacer pública manifestación del uno y de la otra. Creo que es ésta la única ocasión de mi vida política en la que fui injusto por ligereza y falta de cuidado en la compulsa de los antecedentes de un discurso parlamentario.

CAPÍTULO V

EL CONTRATO CON LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA

Ya he hablado de las consecuencias que en materia de orden público trajo, apenas llegada la República, el contrato celebrado por la Dictadura con la casa americana Standard sobre los servicios telefónicos de España. La realidad era que estos servicios estaban montados en forma perfecta y que los teléfonos españoles nada tenían que envidiar a ningunos otros del extranjero. Cierto que en el convenio de concesión habían introducido los americanos algunas condiciones un tanto leoninas, como, por ejemplo, aquella que obligaba al Estado español a pagar, el día que desease efectuar el rescate de las líneas y de la empresa, las aportaciones hechas por la Compañía, al precio que resultase de la contabilidad oficial de la sociedad explotadora de la concesión.

Se había difundido por todas partes, en las horas revolucionarias, la especie de que en torno a esta concesión había no sé cuantos cohechos y prevaricaciones de altos funcionarios y hasta se afirmaba que el Rey no era ajeno a todo ello, puesto que había sido gratificado, con no sé tampoco cuántas acciones liberadas de la nueva sociedad. Como esta clase de afirmaciones prenden siempre con gran facilidad en el ánimo de las gentes de nuestro país, llegó a ser artículo de fe para el vulgo que cuanto se relacionaba con la Telefónica era inmoral, protervo y merecedor de graves sanciones. La realidad era, sin embargo, bien distinta. Puedo hoy afirmar, por haber tenido ocasión posteriormente de indagar a fondo el tema, que pocas concesiones han sido otorgadas en forma más limpia.

Llegada que fue la hora de buscar las cosquillas a los beneficiarios del régimen dictatorial, fue este tema traído a las Cortes, no por el Gobierno, sino por los diputados de la mayoría, que en proposición espontánea pidieron la revisión del contrato, y hasta su anulación. Nombrada la comisión y traído a la Cámara el expediente, sobre él se lanzaron las más expertas ratas de legajos procesales, en busca de los secretos del sumario y con lupa rebuscaron en los entresijos de la concesión cuanto pudiera ser indicio de culpabilidad de altos o de bajos funcionarios.

Tengo entendido que nada hallaron de cierto ni aun de dudoso en ese espulgo, más no por ello podían desistir del escándalo, indispensable para calmar los ánimos de quienes ellos mismos habían puesto sobre la pista la pieza mayor que se perseguía.

Es increíble la facundia de que puede hacer gala un español, puesto en trance parlamentario. Duró la llamada discusión varios días. El tono del debate, que casi era monólogo, porque las derechas no mostraron el menor interés en defender la obra del dictador, fue subiendo en proporciones alarmantes para el prestigio no sólo de la Compañía misma, sino de los americanos que habían intervenido. Llegó un momento en el que parecía averiguado que las Cortes iban a declarar la nulidad de la concesión, con todo lo que ello representaba de perjuicio para los intereses americanos, que en cantidad nada despreciable figuraban en la empresa.

Asistí al debate y seguí sus incidencias paso a paso, cada vez más convencido de la inutilidad y hasta del peligro del mismo. Me abstuve, sin embargo, de intervenir en él, porque era ya absoluta la sensación que todos teníamos de que nadie, por grande que fuese su autoridad, y con más razón careciendo de ella, desviaría lo más mínimo ninguna trayectoria emprendida por los jenízaros de la mayoría.

Así las cosas, una tarde me anuncian la visita del embajador de los Estados Unidos. Le recibo en el acto y me hallo ante un hombre joven —no recuerdo su nombre—, tipo perfecto del norteamericano, tajante en sus expresiones y práctico en sus propuestas. Sin inútiles circunloquios, me dice que había recibido de su Gobierno instrucciones apremiantes para salvaguardar los intereses americanos en la empresa. Que antes de adoptar una determinación grave, como la del rompimiento de las relaciones comerciales entre España y los Estados Unidos, deseaba hallar una fórmula pacífica y conciliadora. Que había pensado que podía ser yo el mediador entre él y el Gobierno, para que se diese fin definitivo a la discusión escandalosa que las Cortes mantenían, poniendo en entredicho la honorabilidad de hombres y empresas de su país. Acepté sin vacilar el encargo. Me pareció un deber ineludible, puesto que se trataba de evitarle al país un quebranto serio y al régimen algo más que su descrédito, ya que ese rompimiento si llegaba a surgir, podía dar al traste con todo.

Pedí hora por teléfono a Azaña, que vivía en el Palacio de Buenavista y me citó a las once de la noche, advirtiéndome de las dificultades que encontraría para acceder al piso principal del edificio, porque la guardia era reforzada por la noche.

En efecto, desde la calle de Alcalá, o sea desde la puerta principal del Ministerio, hasta la entrada de éste, fui parado tres veces por las parejas de ordenanzas armados que custodiaban el jardín. Una vez en el gran portal, resultó difícil hacerme abrir la puerta del ascensor. Tres esbirros uniformados me miraban de arriba abajo y de abajo arriba sin acabar de reconocerme y vacilaban en darme paso. Ya era extraño que el dueño de la casa no hubiese advertido a estos perros de presa que había yo de llegar momentos después. Mas mi sorpresa se elevó al infinito cuando una vez en el piso principal, otros tres ciudadanos, ya sin uniforme, seguramente de la policía llamada en tiempos «secreta» y ya despojada de ese calificativo ante la publicidad que su propia vitola confería al cargo, me rodean y me preguntan el motivo de mi presencia en el lugar y hasta mis intenciones. Al fin, me dan paso y soy conducido al salón contiguo al despacho. Se abre la puerta de comunicación y Azaña me recibe, sonriente y afable. Tuve la suerte de caer en día de buen humor del interesado, cosa nada despreciable para el éxito de la misión que llevaba, porque cuando el viento soplaba de mal lugar era más que difícil, imposible, entenderse con él.

Cuando le hube expuesto el objeto de mi visita, tras haberle gastado la broma debida por las precauciones de que se rodeaba, broma que aceptó sin el menor rubor, empezó por protestar de la injerencia del embajador en pleito tan esencialmente español. Luego de haberse calmado, analizó conmigo las consecuencias de la negativa y, por último, se irguió ante él el espectro de la impopularidad que iba a arrastrar, si quitaba este juguete a las masas de izquierda que por el momento lo disfrutaban. Este último aspecto del problema era, sin duda alguna, el más importante para él. Buscaba el pretexto que habría de utilizar para retirar de la discusión el tema, y sopesaba las reacciones que esta determinación produciría en cada uno de los grupos y hasta de los hombres de la mayoría. Seguía yo con cierta malicia este inventario y esperaba ver las conclusiones que deducía del balance.

A medida que éste se aproximaba, era mayor la distancia que le separaba de la posibilidad de acceder a la propuesta de que era yo portavoz.

Pude en aquella ocasión comprobar algo que tenía bien sabido y es que el valor cívico necesario para enfrentarse con la propia clientela política cuando es ello necesario es una virtud rara, incluso en hombres de talento extraordinario y de visión clara de la realidad imperiosa de la hora. Cuántas veces habrán incurrido los gobernantes en errores irreparables por carecer del valor necesario para decir con toda franqueza la verdad, e incluso para confesar públicamente su error y rectificar lisa y llanamente el camino equivocado que emprendieron. Con lo fácil que resulta decir a propios y extraños que nos hemos equivocado. Nadie puede pretender el acierto en todo cuanto emprende, singularmente en empresas de gobierno, y nadie puede tampoco extrañarse que al tiempo de comprobar el error se rectifique una conducta o se modifique un criterio, antes bien, los sensatos y cuerdos habrán de elogiarlo, y los insensatos y locos, con sus críticas mismas, reforzarán la popularidad de la medida, porque por fortuna son siempre más los primeros, en todo país normalmente constituido.

Cuando se hubo debatido en la maraña, que él mismo se creara, de los pros y contras de su decisión, acudí en su ayuda, con un argumento a mi parecer decisivo.

—En fin de cuentas —le dije— tiene Vd. que confesar que no sólo no hay nada de nefando en el Contrato de la Telefónica, sino que es lo más natural del mundo que en él figuren condiciones que puedan ser excesivas. Cuando alguien posee una yegua, y desea cruzarla con un pura sangre, sabe que ha de pagar el salto de éste sumamente caro. Es ello doloroso o molesto, pero tras ese sacrificio tiene un potro excelente, que sin haberle consentido no tendría. Ha gastado su dinero, pero tiene lo que deseaba. Pues lo mismo nos ha pasado a los españoles en esta ocasión, y nos pasará en cuantas deseemos tener unos servicios técnicos bien montados. No siendo poseedores del pura sangre, es decir, de los elementos necesarios en técnica y en material para realizarlos por nosotros mismos, hemos de acudir al extranjero y éste es lógico que abuse un tanto de su posición ventajosa e insustituible. Sin el concurso americano, jamás hubiéramos llegado a disfrutar de una red telefónica como la que hoy tiene España, una de las mejores del mundo, y es perfectamente explicable que ello nos haya costado más caro de lo debido. Con sólo obtener, mediante negociación amistosa más tarde, la nacionalización a precio razonable del total del servicio, habremos compensado el defecto único que tiene el contrato. Por el momento, es indispensable que se resigne Vd. a confesar que el salto americano fue caro, pero que ahí está ese magnífico potro, que sin aquel salto no tendríamos. Con decirlo así, clara y paladinamente, está el pleito resuelto.

Soltó la carcajada y calló durante unos momentos. El «salto» estaba entrando en él, y vi cómo poco a poco llegaba a preñar su imaginación.

—Entonces —me dijo al fin—. Vd. me aconseja que me presente a las Cortes mañana y al comenzar el debate las diga que nos han j… y que no hay sino resignarse y dar el pecho a la criatura.

—Poco más o menos —respondí yo muy serio— lo que hay es que no veo la necesidad de contar con detalle a las gentes las intimidades de la alcoba. No tiene Vd. para qué señalar dónde ésta el verdadero precio del salto. Con sólo decir que altos intereses nacionales exigen que cese la discusión del tema, bastará para que los miembros de la mayoría se aquieten. Si Vd. lo necesita, yo me encargaré de hablar con los radicales y las demás minorías.

—Tiene Vd. razón —termina diciéndome— es absurdo comprometer lo que puede comprometerse, por una cosa que no lo merece. Diga Vd. al Embajador que mañana quedará terminado el debate y que no se volverá a tratar del tema.

Le di las gracias y aplaudí con calor el gesto que acababa de hacer. Hablamos luego de política general y le aconsejé que acortase en lo posible la duración, no sólo del Gobierno mixto de republicanos y socialistas que presidía, sino de las Cortes, divorciadas ya totalmente del país, por haber rebasado la medida del mandato que recibieron. Le hice ver que la salud del régimen dependía de la masa neutra, y ésta se hallaba en aquellos momentos solicitada por las propagandas intensas y escandalosas de la derecha intransigente. Si se quitaba a éstas el pretexto de continuar esa labor y se iba francamente a la consulta electoral con un programa netamente republicano separado de los socialistas, una buena parte de esa masa neutra se incorporaría definitivamente al régimen. Si así no se hacía y se persistía en el empeño de mantener la coalición con los socialistas, no era dudoso el resultado. En la primera consulta electoral, la mayoría derechista, hostil en el fondo a la República, acabaría poniendo a ésta en trance de muerte o de rebeldía contra el Parlamento.

Durante dos horas discurrimos sobre el tema y su claro talento, que hacía sumamente agradable siempre la conversación con él, desarrolló ante mí todas las perspectivas que la realidad ofrecía. Como la argumentación que yo le hacía era de una solidez evidente, la compartía casi íntegramente y sólo venía la discrepancia en cuanto al posible resultado de unas elecciones, convocadas en momentos que él juzgaba de exagerada pasión. Creía que con el tiempo las pasiones se calmarían y entonces sería el momento propicio para ir a las urnas, en demanda de una ratificación y consagración definitiva del régimen. Yo entendía, por el contrario, que cuanto más se retrasase esta consulta, peor sería el estado de espíritu de las masas neutras, porque no cabía esperar sino agravación en el camino emprendido por las Cortes en su obra demoledora y demagógica, más ciertamente en palabras y gestos que en la realidad legislativa.

Llegamos al fin a un acuerdo, y afirmo hoy solemnemente que al terminar nuestra entrevista quedaba convenido que, en un plazo de días, buscaría y hallaría él el pretexto o motivo para plantear la crisis y con ella, la ocasión de disolver las Constituyentes, ya sobradamente manoseadas y distantes de la opinión nacional que las eligió. Salí de la entrevista altamente satisfecho y hasta orgulloso de mí mismo. Estaba convencido de que había prestado no uno, sino dos grandes servicios a España y a la República con esa larga e interesante conversación. Pase por todos los desfiladeros y trampas del cobijo presidencial, esta vez con el saludo respetuoso de los interfectos, que debieron pensar que había abusado del tiempo del amo con grave daño para su reposo y salud, y esperé el día para comunicar con el embajador.

Ante el temor de que la reflexión, u otra cualquiera circunstancia, hiciera cambiar de rumbo el ánimo de Azaña, me limité a decir por teléfono a la embajada americana que esperaba poder ver al embajador aquella tarde, para darle una buena noticia. En efecto, apenas abierta la sesión y al dar comienzo el debate sobre la Telefónica, Azaña pide la palabra y en brevísimas frases nos dice que altos intereses de Estado aconsejan que esta discusión quede aplazada sine die, y que el Gobierno se reserva la facultad de negociar con las autoridades diplomáticas americanas, sobre los términos de posibles modificaciones al contrato de concesión. Un silencio absoluto sigue a esta declaración terminante. Nadie pide la palabra, y se pasa a otro asunto. Cuando, un instante después, me acerco a Azaña en los pasillos, le digo:

—Ha visto Vd. con qué sencillez se resuelven en esta santa casa los pleitos más difíciles.

—Tiene Vd. razón —me contesta— eso demuestra que los que ahí dentro vociferan son borregos, disfrazados con pieles de jabalíes.

—Lo malo no son las pieles —digo yo— sino los colmillos, que también se ponen y que son los que están haciendo tiras a la República. No olvide Vd. el final de nuestra conversación de anoche.

—También tendrá Vd. la contestación de ello dentro de unos momentos en el Salón de Sesiones, porque se va a plantear un debate político y allí me oirá Vd. lo que pienso sobre el particular.

Quise indagar lo que con ello quería decir, mas no me fue posible. Cortó el diálogo y precipitadamente se alejó de mí, para no tener que ser más explícito.

En el curso de la tarde se planteó por los radicales, no recuerdo qué debate, y esperé la intervención del jefe del Gobierno.

Cuando este momento llegó, Azaña, encarándose conmigo sin nombrarme, dijo que la pesadumbre de las responsabilidades que el ejercicio del poder lleva consigo, inclinan a veces el ánimo al abandono de la tarea.

«Singularmente de noche —añadió— cuando la dura labor de la jornada deja fatigado el espíritu, y la conciencia se pregunta si es necesario y útil tanto sacrificio, flaquea a veces la voluntad y se llega hasta entrever la posibilidad del desistimiento en la tarea. Pero amanece el día, y la luz del sol nos trae a la realidad de la vida política y con ella a la convicción de que sería desertar el deber, con gravísimo daño para la República y para España».

Sorprendió no poco a todos los oyentes esta frase, que no sabían a qué atribuirla. Y como me la había brindado ostensiblemente, las gentes me preguntaban la razón de ella. Me guardé muy bien, claro está, de descifrar el enigma, bastándome con tenerlo yo descifrado.

Perdí la esperanza de lograr lo que pretendía y en lo sucesivo no volví a intentarlo. Andando los años, puede en cierta ocasión recordar con él este episodio, y no vaciló en confesarme, que hubiera sido para todos mejor que en aquella ocasión la luz del sol no le hubiera sugerido la rectificación de su propósito de las tres de la madrugada aquélla.

Nadie volvió a hablar ni en las Cortes, ni en la prensa, ni en la calle en actos públicos, del contrato de la Telefónica. Demuestra esto cuán ficticias y falsas son las corrientes de opinión que se forman en torno a problemas de este tipo de escándalo, y cómo las gentes que a esta clase de menesteres políticos se consagran y hacen de ellos eje y base de sus actuaciones son despreciables y poco temibles. La opinión que el embajador americano sacase de este episodio debió de ser lamentable. Por fortuna, me cupo todavía en esta ocasión darle una muestra palpable de que en España, no todo es ruido y corrupción.

Tres días después de esta solución del pleito de la Telefónica recibí la visita de un americano, que venía acompañado por Gumersindo Rico, representante oficial de la Compañía, y amigo mío de antiguo. El americano integral que era mi visitante, muy jacarandoso y movido, a las primeras palabras cambiadas entre nosotros, me dice en un español absurdo:

—Veamos, señor Maura… Cuánto dice que vale…

No entendí la pregunta, y miré a Gumersindo. Éste, rojo de vergüenza, me hizo un gesto como pidiéndome que disculpase la brutal franqueza o la plancha del americano. Entonces comprendí claramente lo que quería decirme. En pocas palabras, venía a pagar la cuenta de mi intervención. Me desaté con exagerado tono y le dije las cuatro verdades al «businessman» que delante de mí tenía. Reía él sin enfadarse, antes bien con cierto gesto como de lástima o menosprecio hacia mí. Al fin se despidió, tan movido y jacarandoso como entró. Cuando días más tarde comenté este episodio con Gumersindo, que por estar a su servicio les conocía bien, me explicaba que por ser tal la costumbre en su país, les parecía mentira encontrar en el nuestro gentes que ellos reputan absurdas por desinteresadas. Me refirió otros episodios por el estilo, que él había presenciado, encareciéndome el suplicio que representaba para él tener que acompañar a esta clase de agentes en visitas de tal índole. Por eso, cuando el americano en cuestión le anunció su propósito de visitarme, sin decirle el objeto de la visita, tembló ante la idea de tener que acompañarle.

Así terminó para siempre el llamado pleito de la Telefónica, uno de los que más ruido hicieron en el período revolucionario, y uno de los más traídos y llevados durante los primeros meses de la República. «Fogatas de virutas», como decía mi padre, son esta clase de campañas de la llamada opinión pública. Todo el ruido que ellas provocan queda reducido a nada, tan pronto como el objeto de la maniobra política que le inspira deja de ser obstáculo al disfrute del poder. El concepto de la moralidad en el ejercicio de las funciones públicas varía para la masa, según al punto de mira en el que se emplace para juzgar: desde la oposición, toda concesión es un cohecho y toda adjudicación de un servicio una prevaricación. Una vez en el poder, todo tiene disculpa y cuando no la tenga, el esfuerzo necesario para perseguir y castigar la falta o el delito resulta anacrónico, innecesario y baldío.

CAPÍTULO VI

CASAS VIEJAS Y EL FIN DE LAS CORTES

Ya tengo dicho cómo, a raíz de la Sanjurjada, el ministro Casares Quiroga perdió la serenidad, en el trato de los problemas del orden público. La agresividad de que hacía gala en toda ocasión, el tono de sus intervenciones parlamentarias y la clase de medidas desorbitadas que adoptaba como sanción de las perturbaciones y algaradas mostraban una falta de medida rayana a la demencia.

Así por ejemplo, con ocasión de una huelga planteada por los mineros de Suria, en reclamación de mejoras en sus haberes, en la que abundaron, como venía siendo costumbre, los atropellos y los sabotajes, el Ministro no discurrió cosa mejor que disponer la deportación a Río de Oro de los dirigentes de la huelga. En los mismos barcos inconfortables que habían servido para el traslado de los «señoritos» monárquicos que participaron en la sublevación de Sanjurjo, fueron trasladados a nuestras posesiones de África los obreros víctimas de la sanción. Con ello creía el Gobierno dar un ejemplo de equidad y de justicia distributiva, cuando en realidad no hacía sino duplicar la injusticia y la arbitrariedad.

El escándalo que esta medida produjo entre las masas obreras de todos los matices fue, como era lógico, enorme. Las acusaciones y los ataques al Gobierno por parte de los elementos dirigentes de las organizaciones sindicales vinieron a sumarse a los ya bien orquestados de las fuerzas de la derecha. Tuvo pues desde entonces el Gobierno que combatir en dos frentes, que para tales efectos venían a ser uno solo, porque ni en el tono, ni en las acusaciones, ni siquiera en el escrúpulo para elegir las armas empleadas, había la menor diferencia entre los anarquistas y los católicos.

Fue éste uno de los fenómenos más inexplicables de aquella época. Nunca hasta entonces se había visto a los partidos y periódicos de la más exagerada derecha acusar a un Gobierno por ser excesivamente enérgico en la represión de los desórdenes causados por los extremistas de la izquierda. Entonces, el pugilato de ataques por tal causa fue sin duda alguna ganado por los diarios de la derecha extrema y por los diputados y personajes de los partidos católicos o monárquicos. Al menos, ponían éstos en sus intenciones y en sus palabras mucho más veneno y malicia que los anarquistas.

Contribuía no poco a esta excitación mutua el temperamento de Azaña. Siendo como era hombre no ya pacífico, sino baboso de puro blandengue, enemigo de toda violencia por miedo físico y por finura espiritual e intelectual, tenía el arte de irritar en grado sumo los ánimos de sus adversarios, cada vez que tomaba parte en algún debate parlamentario o hablaba en público. El Diario de Sesiones de las Cortes de aquella época está lleno de frases despectivas, de citas clásicas molestas y agresivas para los adversarios, de posiciones polémicas de máxima violencia, pronunciadas o adoptadas por Azaña, con ejemplar inconsciencia. Recuerdo algunas de ellas: «Nos hablan de paz y de pacificación. Que se pacifiquen ellos»; «Los alaridos y protestas de la derecha nos llegan a diario. Está bien. Digo con el clásico: Ladran, señal que cabalgamos»; «La República, a través de su Gobierno, está dispuesta a hacerse querer, pero sobre todo a ser temida de sus adversarios».

Cuando el Jefe del Gobierno utilizaba este tono en sus discursos, no era de extrañar que temperamento tan excitable como el del Ministro de la Gobernación se dejase llevar en sus actos a los más extremos límites de la violencia. Todo en el ambiente respiraba y trascendía a guerra civil no ya latente, sino declarada. Es inconcebible que hombres de notorio talento, conocedores de la idiosincrasia del pueblo español, no vieran el peligro inminente de tal camino emprendido por ellos. No sé hasta dónde hubiese llegado la tirantez entonces existente entre los dos bandos de españoles, si una pura casualidad no hubiera proporcionado el pretexto para cambiar el rumbo del régimen.

He sostenido siempre que el secreto de la convivencia pacífica entre gobernantes y gobernados en nuestro país está en el tono que aquéllos empleen en sus tratos con éstos. El pueblo español no admite ni admitirá jamás que se le trate de arriba abajo, que se le menosprecie, que se le suponga sometido o juzgado, que se le imponga en vez de ordenarle, que en las alturas del poder se muestre soberbia, en vez de razones, mandatos imperativos y tajantes, en vez de razonamientos sensatos y lógicos. Los MODOS, son para los españoles todo el secreto del buen gobierno. Cuando ellos faltan, ya puede el gobernante esforzarse en lograr el acierto y hasta obtenerle: su impopularidad irá en aumento progresivo, hasta convertirse en franca odiosidad generalizada, que le asfixiará sin remedio.

Tan cierto es esto que basta para comprenderlo recordar lo ocurrido con la dictadura de Primo de Rivera. No es fácil imaginar período de mayor arbitrariedad y antojo en el poder público, que los cinco años de este régimen. Las medidas más absurdas y caprichosas se sucedían a diario en las columnas de la Gaceta. Sin embargo, es forzoso reconocer que el régimen fue popular durante los cinco años. Fue ello debido al tono y a los MODOS que el dictador empleó. Era él un señor, es decir, un hombre acostumbrado a mandar sin imponerse, a obtener la obediencia sin necesidad de gritos y amenazas, a respetar las debilidades ajenas sin transigir con ellas, a explicar en tono llano las razones de sus fechorías, aun de las más absurdas, sin pretender que tales razones fueran aceptadas por fuerza por el común de los gobernados, sino haciéndoles jueces del pleito con lo que les daba a todos la sensación de ser ellos quienes conducían el carro del Estado, cuando en verdad no eran sino muñecos en sus manos.

Esta cualidad o este defecto del pueblo español viene de antiguo. Es el producto de ese matiz del temperamento de la raza, que en su grado inferior se llama soberbia y en su plano superior se llama hidalguía, una y otra tradiciones en toda nuestra historia. Un verdadero Señor manda sin que el que ha de obedecer se sienta mandado.

Un parvenu manda de tal forma que la obediencia resulta para un español humillante y depresiva. No hay raza en el mundo con más conciencia de su señorío que la raza española. Comprende al señor y detesta al parvenu. Acepta la obediencia debida si es ella rogada y se subleva, por dentro o por fuera, si es ella impuesta.

La política más avanzada y hasta temeraria puede realizarse desde el poder en España, si los MODOS que para ello se empleen son adecuados. No está en el fondo de las medidas que se adopten desde el Gobierno el secreto de la popularidad o impopularidad de un gobernante, sino en la forma y el tono que utilice para desarrollar su política. Son innumerables los fracasos que han esterilizado las mejores iniciativas, debidos precisamente al tono y a los modos empleados para hacerlas prevalecer. Durante la Monarquía, el ejemplo de La Cierva es uno más de la larga serie. Siendo sus intenciones y su política las mismas que las de mi padre, la odiosidad que con sus tonos y modos despertó hicieron fracasar la obra común. Los mismos argumentos y las mismas doctrinas puestas en sus labios adquirían caracteres de violencia y de imposición tales, que eran repudiados por cuantos le escuchaban, incluso por sus afines o partidarios.

Volviendo a mi relato, diré, que en este estado de los espíritus fue decisivo un incidente de los innumerables que amargaban la vida del gobierno en aquella época. En la región de Cádiz, cerca de Medina Sidonia, huelguistas creo que campesinos, apelaron como de costumbre a la violencia. En un pueblo llamado Casas Viejas, los revoltosos se hicieron fuertes y la Guardia de Asalto enviada para reprimir los desórdenes, hubo de tomar por la fuerza el pueblo. La represión que se hizo, una vez dominada la revuelta, debió de ser brutal. En todo caso, el jefe de la fuerza, Capitán Rojas, dio órdenes severísimas a sus tropas y cuando al día siguiente alguien recorrió el lugar del suceso, fueron hallados en un patio de una de las casas asaltadas por la tropa, quince o veinte obreros con las manos atadas, que habían sido fusilados, a posteriori, por los soldados.

Inútil encarecer el escándalo que este hecho comprobado causó entre derechas e izquierdas, que desde el primer instante rivalizaron en sus ataques al gobierno por su barbarie. No sé quién afirmó que la orden de la represión había salido del despacho del Ministro de la Gobernación y que el propio Azaña había pronunciado la frase fatídica en el teléfono, en conversación directa con el Capitán Rojas: «los tiros a la barriga para acabar antes».

Llevose el asunto a la Cámara y el debate fue penosísimo para todos los espíritus sensatos. Lo que estaba ya en juego no era la vida del Gobierno, sino la verdadera guerra civil que latía en el hemiciclo, entre enconadas y groseras pasiones de los unos y de los otros. Defendíase Casares torpemente, pretendiendo culpar, de los hechos que no podían ser ocultados o negados, al capitán Rojas, a quién había depuesto de su mando y encausado. El tono, siempre altanero y agrio de su oratoria, adquirió en este debate su máximo de destemplanza, lo que irritaba y acuciaba más a las derechas (…) Azaña, más dueño de sí mismo, pero también agrio como de costumbre, procuró distraer la atención de los diputados, haciendo uno de sus excelentes discursos hablando de lo humano y lo divino y soslayando el tema principal del debate. Todo fue inútil.

Sentado en mi escaño frente por frente del banco azul, hacía, con gestos dirigidos al Presidente del Consejo, que orientase éste el debate en el sentido de reconocer lo innegable y anunciar la sanción del abuso que fuese probado, poniendo fin con ello a una discusión que iba degenerando en disputa de plazuela. Azaña, o porque no entendiera mis gestos o por estar apasionado y ciego, contestaba a mis gestos con otros negativos. Alguien que hacía uso de la palabra notó estas señas clandestinas y protestó medio en broma medio en serio de ellas. Hube de pedir la palabra e intervenir en el debate para decir en voz alta lo que por señas quería mostrar al Gobierno. Las derechas apenas me dejaron hablar y con voces e insultos pretendieron imponerme el silencio. Al fin pude decir brevemente lo que quería, y con ello el Gobierno, al contestarme por boca de Azaña, asió el cable tendido y prácticamente quedó el debate acabado.

Entretanto, la intriga del Presidente de la República había seguido su camino por los entresijos de partidos y grupos. Con cierta habilidad y sobre todo con absoluto secreto había logrado Niceto que el Partido Radical-Socialista se escindiera a propósito de la cuestión de Casas Viejas. Un grupo numeroso de diputados, manejados por Gordón Ordás, veterinario competente en su disciplina, orador grandilocuente y cerebro cerrado a toda idea generosa y amplia de convivencia y concordia, al llegar el momento de la votación anunció que votaría en contra del Gobierno. Por esta vez, la intemperancia del veterinario sirvió a las mil maravillas los deseos de Niceto y a decir verdad de la mayoría del país, que estaba saturado de extremismo izquierdista y de los destemples de los ministros.

Surgió (en aquel octubre de 1933) la crisis y con ella la disolución de las Cortes Constituyentes, que habían durado dos años, habían realizado una labor legislativa copiosa y habían orientado desgraciadamente la República por un camino apasionado y unilateral que había de ser su propia ruina.

QUINTA PARTE

DERECHAS INCOMPATIBLES

(El Bienio Negro)

CAPÍTULO ÚNICO

EL DESLINDE DE LAS DERECHAS

Discurso de 16 de noviembre 1934

Vimos por qué Miguel Maura no estaba dispuesto a entrar en acuerdos estables con la gente de Lerroux. El discurso que aquí reproducimos explica, en la mejor sazón posible —recién aplastada la Revolución, asturiana sobre todo— lo que separa a MM de Gil Robles y sus derechas, y, sobre todo, lo que, según aquél, iba en ello para todos los españoles.

(Reproducimos la edición especial impresa por el Partido Republicano Conservador de MM, con sus encabezamientos y presentación).

UNA GRAN POLÍTICA REPUBLICANA

Frente a los gritos de guerra, una bandera de paz y de unión sagrada en torno a la Patria

Discurso pronunciado por don Miguel Maura en el Congreso de Diputados el día 16 de noviembre de 1934

En estas horas, atormentadas y delirantes, de nuestra vida pública, cuando la política del Estado y las relaciones sociales parecen inspirarse exclusivamente en el rencor, en el afán de desquite, en el espíritu de destrucción mutua, cuando los españoles se tratan entre sí, no como compatriotas que discrepan respetuosamente en los modos de concebir y desear la felicidad y la grandeza de la Patria, sino como enemigos mortales a quienes impulsara el odio de las tribus selváticas, se ha dejado oír en el Congreso la voz del patriotismo más encendido, y ha quedado trazada una política que es austeridad, grandeza moral y llamamiento a la unión sagrada en torno al ideal de una España justa y feliz. Esa voz es la del Jefe del Partido Republicano Conservador, don Miguel Maura. En este discurso, que sus amigos editan para que llegue a conocimiento de los españoles, se halla contenido el programa de una gran política republicana. ¡Ojalá sirva la lectura de este documento histórico para que los hombres de responsabilidad pública reflexionen tan hondamente como las circunstancias reclaman y guíen a nuestro pueblo hacia destinos más altos que los actuales!

El Sr. Maura habló así:

Celebro, señores diputados, haber logrado no intercalar este debate en el relativo a los sucesos de Asturias, primero porque yo no tengo el propósito, ni quiero, hablar para nada de los sucesos de Asturias, y segundo porque en ese debate iba implícito un pleito político que quedó ayer saldado y hoy ventilado, y hubiera sido lamentable que yo hubiera cruzado en él esta intervención mía que nada tiene que ver con aquel pleito.

Vengo, señores diputados, exclusivamente a fijar una posición política, sin ánimo de contienda ni de debate, y casi sería esta labor inútil si no fuera porque en torno a esta modesta representación que yo tengo en la política española se vienen forjando tal serie de mitos y atribuyéndome tales cosas que, a pesar de que es una línea recta y clara toda mi conducta política, es menester que yo venga a decir aquí una vez más dónde estoy y por qué estoy donde estoy.

Fruta del tiempo

Cualquiera que me conozca, cualquiera que haya seguido, aunque sea de lejos y a través de mis discursos y propagandas, mi actuación política, se quedará asombrado de que yo, al empezar mi discurso, me vea obligado a proclamar que nadie puede aventajarme en execrar hasta el límite los crímenes cometidos. Y, sin embargo, es obligado tener que comenzar por decir eso. ¿Por qué? Pues porque el mito ha llegado a cuajar de tal forma que el mismo día en que estallaba y era sofocada la revolución de la Generalidad de Cataluña, determinada prensa, que me distingue y me atrevo a decir que me honra con sus ataques y aún con sus calumnias, afirmaba rotundamente que yo estaba allí y detenido, cuando la noche antes había yo hablado por teléfono desde Torrelodones con el director de Seguridad a fin de pedir un pase para venir a Madrid. Pero, en fin, eso ya está dicho; dejémoslo de un lado, porque al fin y al cabo los ataques, de cualquier clase que sean, que se dirigen a los hombres públicos son fruta del tiempo. La política en España se hace así y a eso hay que atenerse.

Vamos, prescindiendo en absoluto de los hechos pasados, a recoger las alusiones que aquí se me han dirigido. Da la casualidad de que recogidas las dos, la que me dirigió el Sr. Gil Robles y la que me dirigió el Sr. Álvarez (don Melquíades), quedará plenamente fijado el fondo y la forma de mi posición política.

El Sr. Gil Robles me dirigió una sola alusión en su discurso. Dijo que yo no había sabido concebir ni conservar el calificativo con que me adornaba. No creo que hubiera para mí una alusión más en su discurso, porque, Sr. Gil Robles, le hago a S. S. la justicia de suponer que cuando en el calor de la improvisación lanzó sobre todos estos bancos nada menos que la acusación de traición a la Patria, yo no iba incluido en eso. Quiero hacerle esta justicia, porque en otro caso no habría diálogo posible. Aquélla fue la alusión que me dirigió el Sr. Gil Robles, y ello me va a dar pie para que, serenamente, sin ánimo alguno de contienda ni de debate, que yo no vengo a plantear, examinemos algo que en estos momentos de la política española tiene un singular interés.

Dos modos de entender la función histórica de las clases conservadoras

Uno de los motivos de discrepancia —y son muchos— que hay entre S. S. y yo —que coincidimos, por otra parte, en nuestros programas en cosas muy sustanciales— es precisamente éste: el modo que tiene el Sr. Gil Robles y el que tengo yo de entender la función de las clases conservadoras en este momento histórico de España. Vamos, pues, a tratar de ello, porque vale la pena.

El Sr. Gil Robles se encuentra hoy al frente de un poderoso movimiento de opinión, que se ha llegado a plasmar, dentro de esta Cámara, en una minoría numerosísima, la más numerosa de la Cámara. ¿Cómo se ha iniciado y cómo se ha desarrollado ese movimiento? Ese movimiento nació apenas los errores, las torpezas, las equivocaciones cometidas por los Gobiernos de la República empezaron a herir los sentimientos —sobre todo los de sentido religioso— del pueblo español, y el arranque de ese movimiento fue la protesta airada, viva, que el Sr. Gil Robles inició contra esa política equivocada y absurda de los Gobiernos de la República.

La reacción del sentimiento religioso español

De todas las frases que el Sr. Gil Robles ha dedicado a esto, en sus largas campañas por España, hay una que yo creo que condensa fielmente, estrictamente, la posición y el arranque de esa campaña. En un discurso posterior, muy posterior al momento de iniciarla, su señoría pronunció esta frase, que es, como digo, a mi juicio, terminante: «Al fin de aquella noche triste, cuando, por las ventanas del edificio del Congreso, veía yo la luz lívida de un tristísimo amanecer, sintiendo en el alma el dolor de la herida que el sectarismo acababa de inferir al corazón de España, hice juramento de no aceptar nunca, jamás, pactos ni transacciones de ninguna clase, mientras no sea derogado el artículo 26, funesto, de la Constitución». Ésta era la síntesis de la campaña en sus comienzos: la protesta contra lo que significaba el artículo 26 de la Constitución.

A medida que el Gobierno del Bienio iba aumentando sus errores y sus torpezas, a medida que la representación socialista en el Gobierno iba introduciendo su política en la legislación del Estado y causando con ello daño evidente a los intereses de las clases conservadoras de España, esa campaña fue matizándose en un sentido distinto, porque llegó un momento en que eran mayores, y es posible que más justificados, los alaridos y las protestas que producía, en la masa conservadora de España, la política socializante del Gobierno, que aquella otra política que hacía referencia al sentimiento y a las creencias. Pero todo ello aumentaba la tensión de las clases conservadoras en su protesta, y al frente de esa protesta siguió el Sr. Gil Robles, incansable, con sus extraordinarias, con sus enormes dotes de agitador, levantando y uniendo esa protesta para encauzarla. Y así se llegó, a través de las elecciones de los «burgos podridos» y de las del Tribunal de Garantías, a la caída del Gobierno Azaña y a la disolución de las Cortes Constituyentes, y, entonces, esa campaña dio su pleno fruto: recogiendo todo lo que se había levantado en torno a esa campaña y sumándolo a todo lo que representaban las fuerzas de derecha, aún no unidas a ella, se formó la gran coalición de las derechas que fue unida a las elecciones. ¿Con qué bandera?

Recuerdos de un programa electoral. Antimarxismo y contrarrevolución

El día 15 de octubre de 1933 —un mes antes de las elecciones— el Sr. Gil Robles pronunciaba el discurso inaugural de la campaña electoral en el cine Monumental, de Madrid. A la misma hora y el mismo día iniciaba yo mi campaña electoral en otro cinematógrafo de Madrid. Ya hablaremos luego de cómo inicié yo esa campaña y de cómo la seguí; vamos a ver ahora cómo la empezó y cómo la siguió el Sr. Gil Robles.

Lo fundamental, lo que representa la parte, podemos decir, programática de la campaña electoral, está en estos dos párrafos que voy a leer. Uno: «es necesario, en el momento presente, derrotar implacablemente al socialismo. Por eso es conveniente extender algunas alianzas, y en lo más glorioso de la historia de los partidos de derecha de España podría citar ejemplos. No prejuzgo hasta dónde ha de extenderse; pero os digo que cuanto más amplia, mejor. Hay que llamar a todas las fuerzas sociales y antirrevolucionarias; a todas las que vayan contra el materialismo y contra todos los errores que se cifran en una palabra: marxismo». Y este otro párrafo: «Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No necesitamos el poder con contubernios con nadie. Necesitamos el poder íntegro, y eso es lo que pedimos. Entre tanto no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento, o se somete o lo hacemos desaparecer. Sintamos aliento para tan magna empresa, para la que llamo preferentemente a la juventud. Hemos conseguido frenar la revolución; ya ha cesado su etapa violenta. Esperemos el final viendo cómo se deshacen los partidos conservadores de la revolución». Es decir, que la campaña llegaba a centrarse en estas dos afirmaciones: antimarxismo y contrarrevolución. Y, en efecto, en torno a este programa se hizo la gran coalición de derechas, y toda la campaña de las derechas durante el período electoral iba cifrada en estos dos postulados: antimarxismo y contrarrevolución.

Fórmulas negativas

¿Cómo entendían las derechas en esa campaña el antimarxismo? Conste que vuelvo a repetir que al hacer este análisis dejo aparte, como si no existiera, el último movimiento revolucionario; estamos analizando el fondo de una doctrina, de unas posiciones que no tienen nada que ver con el movimiento revolucionario pasado, que eso es cosa aparte y tiene, además, otra terapéutica. ¿Cómo entendían y entienden las derechas coaligadas el antimarxismo? No es que tratasen de reducir el movimiento socialista triunfante en aquel instante en España, por haber estado durante año y medio o dos años en el poder, procurando desarmarle en su fuerza moral mediante una política de avances progresivos; no, no era ése el antimarxismo que las derechas predicaban. Ya sé yo que en el programa de la CEDA, en el de la Confederación de Derechas Españolas hay una parte muy considerable de avance social; pero no es eso lo que unía a las fuerzas de derecha en la campaña electoral. Lo que unía a las fuerzas de derecha era el ansia de derrotar al socialismo, el odio al socialismo y, en algunos casos, el miedo al socialismo.

¿Como entendían las derechas el sentido de la contrarrevolución? Dejemos a un lado la cuestión del régimen; no quiero entrar en ella; doctores tiene la Iglesia monárquica que sabrán qué clase de compromisos las unían y si se han cumplido o no; a mí no me toca esa papeleta. La contrarrevolución para vosotros era —ya lo dijo S. S. en ese discurso; se ha dicho después y ha llegado a ser una frase estereotipada en las luchas políticas y, sobre todo, en vuestras propagandas—: «hay que deshacer el espíritu del 14 de abril» que, interpretado por la masa de derechas, quiere decir que hay que acabar con toda la obra de la República, la buena, la mediana y la mala, que se hizo desde el 14 de abril hasta el instante en que vosotros llegasteis aquí. Es decir, que esa campaña de derechas tenía como aglutinante, como bandera, dos cosas negativas, absolutamente negativas. Lo único que unía a las fuerzas de derecha entre sí en esa campaña era una cosa negativa, el antimarxismo, y otra cosa también negativa, la contrarrevolución. En cuanto se trata de puntualizar cosas de tipo positivo, obra realizable desde el poder, empiezan las discrepancias. ¿Cómo no ha de ser así, si dentro de estas organizaciones de derecha hay fuerzas que son francamente monárquicas, fuerzas que no lo son, y dentro de la CEDA hay fuerzas que son indiferentes a la forma de Gobierno y hay gentes de espíritu avanzado y progresivo y personas que, en uso de su perfecto derecho, sueñan con el retorno al pasado en materia social? El verdadero aglutinante, el verdadero empuje, el verdadero motor de esas fuerzas de derecha, y esa campaña formidable de las derechas durante el período electoral, es una cosa negativa.

Triunfasteis, en efecto; con aquélla ciudadanía primaria, simplista que gozamos en España, las reacciones de sentido negativo tienen más probabilidades que las de tipo constructivo. Triunfasteis; ya analizaremos luego cuál ha sido el resultado del triunfo y el éxito que habéis obtenido con él. Dejemos esto al margen y examinemos esto otro, que es más interesante. A través de esa campaña y a través de ese triunfo ¿adonde conduce el Sr. Gil Robles a sus huestes? ¿A qué puerto conduce el Sr. Gil Robles a las derechas españolas? En este punto es forzoso atenernos un poco a las hipótesis, porque yo declaro que he seguido y sigo atentamente todas las propagandas que el Sr. Gil Robles ha realizado por España. Le he oído hablar muchas veces —en ese discurso habla también— del nuevo Estado. Declaro que no he podido nunca precisar en qué consiste, cuál es la concepción que del nuevo Estado tiene el Sr. Gil Robles. El otro día en estas Cortes, en un debate magnífico y luminoso entre el Sr. Calvo Sotelo y el Sr. Gil Robles, quedó algo más precisado el concepto. Defendía el Sr. Calvo Sotelo el Estado totalitario —por lo menos incidentalmente habló de él— y el Sr. Gil Robles le salió al paso diciendo que él era tan enemigo del Estado liberal del siglo XIX como del Estado panteísta del siglo XX. No es como para aclarar mucho el horizonte, pero como el Sr. Gil Robles habla de una democracia organizada y, por otra parte, afirma que para él la democracia no es un fin, sino un medio para la conquista del Estado, yo declaro que me pierdo. Lo único que puedo decir sin miedo a equivocarme, es esto: que un Estado organizado en democracia sobre la base de unas fuerzas conservadoras dueñas del Estado, que se apoderan del Estado a través de la democracia como medio y no como fin para forjar el Estado a su imagen y semejanza, es todo menos un Estado democrático, es todo menos una República democrática.

Política de guerra. Examen de la contextura social de España

Pero, en fin, sobre esto ya nos aclarará del Sr. Gil Robles el arcano. Lo que yo digo es que hoy las fuerzas de derecha están adscritas a una política de guerra; el clarín de guerra ha sido lo que les ha unido; para el clarín de guerra y para la bandera de la guerra se han unido en torno al Sr. Gil Robles. Ésta es la concepción que el Sr. Gil Robles tiene de la misión de las clases conservadoras en el momento presente. Pues vais a ver cuán diametralmente opuesta es la nuestra. Para mí, Sr. Gil Robles y señores diputados, la primera obligación de quien quiera que aspire a gobernar a un país es tener en cuenta, pero muy a fondo, la contextura social del cuerpo que ha de gobernar, del país que ha de gobernar, y quien prescinda de este hecho tan formidable, tan pesado, tan abrumador, inevitablemente va al fracaso. Pues bien, yo me he hecho esta consideración siempre. Y voy ahora a argumentarlo con datos oficiales.

¿Cuál es la contextura del cuerpo social español en estos instantes, como hace un año, como hace año y medio? Se ha hecho recientemente por la Dirección General de Seguridad una estadística curiosísima de la afiliaciones y fuerzas respectivas de los partidos obreros organizados y de las fuerzas de derecha en España. Esta estadística está hecha en los primeros meses de 1934 y arroja las siguientes cifras: Partido Socialista, entre capitales y provincias, 1 444 474 afiliados cotizantes; sindicalistas o anarco-sindicalistas, 1 577 547; comunistas, 133 266; fuerzas de derecha organizadas, es decir, personas adscritas a los partidos de derecha, cotizantes o no, porque en las derechas no todos cotizan, 549 946. (Rumores. Un señor diputado: ¿Sabe S. S. cómo se ha hecho esa estadística? Con la honrada palabra de los directivos de las organizaciones. Nada más). Pues me va a perdonar el señor diputado que me ha interrumpido que le diga que eso no es exacto, porque estas informaciones se han tomado directamente de las organizaciones, de los sindicatos, de las agrupaciones. (Un señor diputado: Entonces no son socialistas, son de la Unión General de Trabajadores. ¿O es lo mismo?). Naturalmente. Pero ¿vamos a descubrir ahora un Mediterráneo si decimos que la Unión General de Trabajadores está controlada por el Partido Socialista? (El mismo señor diputado: Es que yo quería que se dijese aquí y precisamente por su señoría).

No estoy dispuesto a recoger interrupciones, y menos cuando son impertinencias.

Esta estadística revela, señores, con los errores que queráis ponerle; probablemente los máximos errores estarán entre socialistas y sindicalistas, porque esas dos agrupaciones de UGT y sindicalistas vienen a ser como dos vasos comunicantes: hay momentos en que la UGT sube y baja la CNT, y viceversa. Pero es igual; poned todos los márgenes de error que queráis. Para cualquiera que pretenda penetrar en serio en el problema de la organización del cuerpo social español, esto es sumamente instructivo. Por de pronto, sugiere esta idea: entre estas fuerzas obreras, que suelen estar entre sí muy mal, que han estado tradicionalmente enemistadas en España, y las fuerzas de derecha, que podéis multiplicar por lo que queráis, hay un sector positivo, efectivo, en el cuerpo social nacional, compuesto por todos los demás partidos políticos que no son organizaciones de derecha, que han demostrado en las pasadas elecciones que si hubieran ido todos unidos frente a las organizaciones pujantes de derechas, en ese instante, en muchas provincias hubieran obtenido el triunfo; y además, y esto es lo esencial, existe una enorme masa neutra fluctuante, vacilante, que es la que, cada vez que se inclina a un lado o a otro, decide. Esto es una cosa sabida y conocida por todo el mundo. Pero como la ciudadanía en España es una ciudadanía primaria, no puede educarse, no puede llegar a foguearse en la vida política más que a través de estos vaivenes enormes, gigantescos, que en torno a programas de tipo negativo se vienen produciendo en España desde el 14 de abril —porque las elecciones del 12 de abril no fueron más que esto: un voto negativo, y las de 19 de noviembre fueron esto mismo: un voto negativo en contra de los que habían estado gobernando durante dos años—; a través de estos vaivenes, que hacen el papel de cedazo, va filtrándose, va quedando posado definitivamente en las organizaciones políticas, un sector de fuerzas de esa masa neutra, que sigue ya por vocación adscrito a la vida pública; el resto se dispersa, se va, se distrae, se aburre, se cansa, se aparta y espera a otra ocasión, pasional las más de las veces, para volver a actuar con intensidad en la vida política. Pero el que esto sea así, y con esas cifras que he leído, es algo para preocupar, si me apuráis un poco, para aterrar; porque la realidad demuestra que cualquier política, y singularmente una política bajo el signo conservador, que conduzca a que estas organizaciones de tipo proletario, que están entre sí tradicionalmente enemistadas, pero que tienen un fondo común en cuanto a reivindicaciones; cualquier política que conduzca a que estas fuerzas de tipo obrerista se unan es una política suicida para cualquiera, pero para las fuerzas de sentido conservador, archisuicida.

La organización del Estado, fin primordial de una política conservadora

¿Cómo entiendo yo, ante esta realidad del cuerpo nacional, la función de las clases conservadora en España? Pues así: que no es posible que en España se haga una política fundamentalmente conservadora si no es una política de convivencia, que no quiere decir de debilidad ni de transigencia; de convivencia y encaminada a este fin —que en España es hoy primordial—: a la organización del Estado, que no existe. Porque en España no hay Estado, y si acaso hiciera falta una prueba concluyente la hubiéramos tenido en el último movimiento revolucionario, pues un Estado moderno organizado, señores diputados, ni se deja sorprender, ni deja a los enemigos que se armen en las proporciones en que se han armado los adversarios del Estado español, ni reprime en la forma que lo ha hecho, porque no me podréis decir que es una muestra eficaz y positiva de la fortaleza del Estado el ejemplo dado en Asturias, de 250 hombres libertando a 900 encerrados durante siete días en un cuartel. (Rumores). Eso quiere decir que los organismos del Estado —los preventivos y los represivos— no han funcionado como debían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque no es verdad que en España hayamos tenido el acierto de organizar el Estado. ¿Qué Estado hay que organizar? ¡Ah! Éste es todo el problema.

El equilibrio entre el Derecho y el deber, o sea, entre la libertad y la disciplina base del Estado democrático moderno

Yo digo que para cualquiera que considere con reflexión, con detenimiento y con patriotismo el momento que España está viviendo, lo fundamental, lo urgente, es organizar el Estado dentro de las normas trazadas, y necesitadas de muchos retoques, en la actual Constitución. Si esto es así, el Estado que se ha de organizar tiene que ser un Estado democrático y liberal. ¿Quiere esto decir que tiene que ser un Estado liberal del siglo XIX? ¿Que hemos de respetar todas las antiguallas del siglo XIX? No; yo no creo que haya alguien, por muy liberal que se considere, ni siquiera el Sr. Royo Villanova, que sea capaz de sostenerlo. (El Sr. Royo Villanova: Yo sostengo, en cuanto a la libertad, lo que Canalejas. Ya lo explicaré. Pido la palabra. Risas). Lo que hay es que el concepto de libertad en el Estado moderno es totalmente distinto o por lo menos muy distinto del concepto de la libertad en el Estado del siglo XIX. El único objetivo de cualquier política, de cualquier organización estatal, el principal objetivo tiene que ser el hacer la felicidad del pueblo, el conseguir la prosperidad del país. Pues es evidente que no hay prosperidad sin paz y es evidente que no hay paz sin autoridad, que no quiere decir fuerza, que quiere decir autoridad, irradiación de autoridad; y es evidente que no hay autoridad sin justicia, que no quiere decir magistrados con bocamangas de bolillos, sino justicia efectiva, justicia social implacable, único modo de que haya paz. Pues con esos cuatro postulados, unidos en una haz, formo yo en mi imaginación el fiel de la balanza; pongo en uno de los platillos de la balanza el Derecho, que es la libertad, y en el otro platillo el deber, que es la disciplina, y digo que en un Estado moderno esa balanza tiene que estar de tal modo equilibrada que el platillo del deber no tenga ni un gramo menos, pero ni un gramo más de lo necesario para que el fiel permanezca en su punto. ¿Hasta dónde tiene que llegar el peso del deber? Hasta donde haga falta, a través de las leyes, pero hasta donde haga falta. Ése es el concepto de la libertad en un país moderno, que no tiene nada que ver con el del siglo XIX, aunque no sé si será el del Sr. Canalejas.

Así concibo yo la organización del Estado en sentido conservador. ¡Ah! Pero en estos instantes, en que el Estado está por hacer, en que el cuerpo social español está todavía ineducado y, por consiguiente, que puede un día escindirse, apartarse, desviarse de la actuación política, y están enfrente unas organizaciones de tipo proletario que, unidas, son de una fuerza aterradora, lo más fundamental, a mi juicio, que tiene que hacer una política conservadora es cuidar por todos los medios de no azuzar, de no herir, de no retar, de no empujar a quienes, por el momento, pueden ser más fuertes que el Estado débil, que las fuerzas sociales no organizadas. (Rumores). Vuelvo a repetir que estoy hablando doctrinalmente. (El Sr. Gil Robles y otros señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).

El Sr. Presidente: Sr. Maura, los taquígrafos no oyen a S. S.

El Sr. Maura (don Miguel): Yo tengo mi conciencia y mi convicción: vosotros tenéis la vuestra. (Siguen los rumores). Os ruego que tengáis un poco de calma. (El Sr. Gil Robles: Ruego a su señoría que perdone; luego trataremos de todo ampliamente). Yo estoy exponiendo noblemente mi posición y mi criterio. (Un señor diputado: Pero es que algunos diputados de esa minoría han pertenecido al bloque antimarxista). (Rumores).

¿Qué tiene que ver una cosa con otra, si no estamos hablando ahora de la lucha electoral?

Necesidad de la convivencia

He empezado por decir que iba a tratar el problema desde el punto de vista de la doctrina, y desde el instante en que arranca la organización de derechas, poderosas, que logró esta lucida representación de 114 diputados, hasta el momento presente, que no tiene nada que ver con la lucha electoral. Nada, porque para la lucha electoral, el mismo día en que habló el Sr. Gil Robles en el cine Monumental, a la misma hora, decía yo en el cine de la Ópera: «No me cansaré de repetirlo: el momento que estamos viviendo es de una gravedad extrema, extremísima. España tiene, de aquí al momento de las elecciones, que cambiar radicalmente de rumbo arriba, en medio y abajo; pues de no hacerlo así —y tengo la seguridad de que no me equivoco al hacer esta afirmación— nuestra patria pasará por convulsiones aún no conocidas en nuestra Historia».

Esto decía yo el día 15 de octubre, antes de las elecciones, y explicaba luego (no os leo para no fatigaros) cuál era el remedio, a mi juicio, con estas palabras: «No hay más que un camino: dejar a un lado todo lo que ha representado el partido del Bienio y el Partido Socialista; dejar a otro lado todo lo que no sienta ni pueda sentir contacto con el régimen republicano, y dentro de la República, unidas todas las demás fuerzas sociales que no quieren la perturbación y que quieren la convivencia, ir con una bandera común y con un programa común a la lucha electoral, con esa base: reorganización del Estado, reorganización de la economía nacional, en todos sus aspectos: paz espiritual y paz material; con un programa hecho de común acuerdo entre todos, unidos, a las elecciones a pedir el voto al pueblo»; y acababa diciendo —y aquí está el texto— que si para esta unión de fuerzas afines (y afines entendía yo que era toda esa zona neutral de la vida nacional), era yo un obstáculo, yo me eliminaba en el acto de la vida política, que no quería cargar con la responsabilidad de ser el culpable de que España entrara en el camino a que yo la veía llegar.

Ésta fue mi posición entonces. ¿Cómo me iba a negar yo a que gentes que luchaban con mi bandera, lucharan unidas en las coaliciones antimarxistas? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que en la lucha electoral se vaya a derrotar el marxismo, con el hecho de que en la lucha civil corriente y diaria se conviva con todo el que dentro de la ley quiera vivir? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?

Un recuerdo del Gobierno Provisional

Pues bien: a esta política y a esta concepción de la misión de las clases conservadoras ha obedecido absolutamente toda mi actuación en el régimen republicano.

Yo estuve en el Gobierno Provisional mientras el Gobierno Provisional cumplió literalmente los compromisos contraídos por el Comité revolucionario, que eran de transigencia.

El Sr. Presidente: ¡Orden, señor Tejera!

El Sr. Maura (don Miguel): El Gobierno Provisional, mientras cumplió los compromisos del Comité revolucionario, fue la transigencia. ¡Y qué transigencia! Vale la pena recordarlo, señores diputados. Porque a través de la leyenda se ha llegado a forjar sobre aquel Gobierno, en su comienzo y hasta después que murió (que murió el 14 de octubre, cuando se aprobó el artículo 26), una atmósfera que vale la pena desvanecer. Podría hacerlo con cien ejemplos, pero voy a citar uno que para vosotros, hombres de derechas, que gozáis de situación preponderante en esta Cámara, tiene que ser concluyente. En el mes de mayo de 1931, aquel Gobierno, cumpliendo los compromisos del Comité revolucionario, mandó a la Gaceta el siguiente decreto, que seguramente habéis olvidado todos: «Uno de los postulados de la República, y por consiguiente de este Gobierno Provisional, es la libertad religiosa… Libertad religiosa es, en la escuela, respeto a la conciencia del niño y del maestro… Art. 1.o La instrucción religiosa no será obligatoria en las escuelas primarias ni en ninguno de los demás centros dependientes de este Ministerio. Art. 2.o Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que aquéllos la reciban en las escuelas primarias, lo obtendrán en la misma forma que hasta la fecha. Art. 3.o En los casos en que el maestro declare su deseo de no dar esta enseñanza, se le confiará a los sacerdotes que voluntariamente quieran encargarse de ella, en horas fijadas de acuerdo con el maestro». Este decreto lo firmaba Marcelino Domingo. ¡Pasmaos, señores diputados! (Rumores). ¿Por qué? Porque dentro de este Gobierno Provisional y de aquel Comité revolucionario había dos hombres de derecha. Mientras el Gobierno Provisional fue fiel a lo que representaban los compromisos del Comité revolucionario, yo estuve en el banco azul. En cuanto se votó el artículo 26, a pesar de los insistentes requerimientos de mis compañeros, lo abandoné, porque entonces empezaba bien claramente la lucha de media España contra la otra media. El sectarismo, la incomprensión y la demagogia que tenían una mayoría abrumadora en aquellas Cortes, era inevitable que produjeran su efecto. Frente a aquel Gobierno estuve yo durante todo el tiempo que permaneció en el banco azul, luchando con tanta intensidad como pude, en muchas ocasiones con tanta como las fuerzas de derecha que había entonces aquí, hasta que cayó, y porque sigo pensando lo mismo no he formado parte de los Gobiernos nacidos en estas Cortes, elegidos bajo el signo de la revancha, de la lucha, de la pelea inevitable —ésa era vuestra bandera— con los que habían gobernado durante el Bienio; por eso no he querido tener participación en Gobierno alguno de los que se han ido sentando en el banco azul. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se entienden).

Supongo que no diréis que esto no es verdad, porque hay aquí testigos de mayor excepción que han formado Gobiernos.

Antiguo pleito español. Inmortal doctrina de don Antonio Maura

Este pleito es antiguo, muy antiguo, en España. Me vais a permitir —y ahora sí os pido con más ardor, si es posible, vuestra benevolencia— que lea unos párrafos, que no puedo leer nunca sin verdadera emoción, pronunciados por don Antonio Maura en 1910 en un discurso en Molinar de Carranza. Son instructivos, y vais a ver si tienen o no conexión con el momento presente: «El partido conservador no puede prescindir de un hecho que olvidan constantemente los que nos combaten, así desde la izquierda como desde la derecha, y es el hecho de la composición actual del pueblo español. En otro tiempo eran unánimes los intereses y el sentimiento de respeto y acatamiento para multitud de instituciones que los siglos habían consagrado y que nadie pensaba desconocer y modificar para el porvenir; pero hoy no existe esta unanimidad y cada día es más fundamental la diferencia en las aspiraciones, en los intereses, en las impulsiones sociales». Fijaos en esto: «El poder político que se asiente sobre uno de los extremos, cualquiera que sea, podrá dar un día el grito salvaje de la victoria sobre sus enemigos, pero deberá apercibirse para la resignación del día siguiente, porque no tendrá paz ni durará. De modo que es un problema de coexistencia, un problema de tolerancia, que significa enterarse cada cual de que tiene frente a sí alguien que es un hermano suyo, un conciudadano suyo; quien con el mismo derecho que él opina lo contrario, concibe de contraria manera la felicidad pública. El partido conservador representa esto. Representa, en lo que se refiere a la convivencia de los partidos, el respeto de todas las opiniones políticas, de todas las legítimas acciones políticas, de todas las aspiraciones que en el seno de la sociedad se formulan; representa, al mismo tiempo, el llamamiento a todos, la convocación de todas las energías defensivas pugnando por su propia causa, y, dentro de esa forma externa y jurídica, actuar en la política, en la sociedad en la vida toda, defendiendo los ideales que son comunes a todos cuantos no queremos el trastorno, ni queremos la ruina de las instituciones, de los sentimientos, de las creencias, de los intereses que forman el ideal común de todas las derechas. Por esto nosotros, en el derecho político, en el terreno constitucional, somos más respetuosos de la libertad y del derecho que las izquierdas y no somos menos firmes en la defensa de nuestras creencias y de nuestros intereses que las extremas derechas».

Esto decía don Antonio Maura en 1910. Eso quiso don Antonio Maura que fuera el partido conservador de la monarquía, y no lo logró porque aun aquellos que parecían más entusiastas y más enfervorizados en la campaña aquella que se llamó maurista, en cuanto vieron la posibilidad, como clases conservadoras tradicionales de España, de cobijarse al amparo de un régimen de fuerza, de dictadura, abandonaron tranquilamente aquellas doctrinas y bajo la dictadura se cobijaron. Y por eso, entre otras cosas por eso, por ese grave error cometido por las clases conservadoras, que no supieron cumplir su misión histórica, cayó la Monarquía y vino la República. Esto he querido yo que fuera el partido conservador de la República, y no creo que revele ningún secreto si digo que tampoco lo he logrado. (Murmullos). Yo vengo a hablar con sinceridad, como hablo siempre. No lo he logrado.

Frente a una bandera de paz, un grito de guerra. La experiencia de un año tristemente perdido

A esta bandera de paz que representaba lo que yo significaba en la política española, las fuerzas conservadoras han preferido un grito de guerra y la bandera de la lucha. Está bien; yo no me quejo; yo no me quejo; ni siquiera lo siento. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo la experiencia. Que siga hacia donde pueda. ¿Acertáis? El éxito de una empresa política no está en el mayor o menor concurso que temporal, accidentalmente, la opinión preste a esa empresa; no; no está más que en esto: en lograr, por esta empresa, la felicidad del país. Es el único éxito posible de una empresa política. ¿Acertáis? ¿De verdad lográis por vuestro camino llevar a las clases conservadoras, detrás de esa bandera al poder? ¿Hacéis la felicidad de España? Pues yo os bendeciré desde un rincón de mi casa. Yo no vivo más que para servir a España; no tengo más anhelo que el bien de España; bastante satisfacción será para mí ver a España feliz, para compensarme de los insignificantes arañazos que pueda recibir mi amor propio. (Aplausos). ¿No me equivoco yo? ¿Os equivocáis vosotros? Pues aquí estaré para servir a España. Ya veis qué cosa más sencilla, qué modo más sencillo de entender yo mi deber y de entender el vuestro. No hay por qué pelear; estáis haciendo la experiencia. Habéis triunfado hace un año. ¿Qué ha pasado en este año? El triunfo ha sido clamoroso, Sr. Gil Robles. ¡Clamoroso!, como es posible que no se vuelva a repetir en la Historia de España en mucho tiempo. ¿Qué ha pasado en este año? Yo no quiero recargar las tintas negras del cuadro actual, pero es evidente que con sólo hacer el enunciado queda fallado el pleito. ¿Paz espiritual? ¿Paz material? ¿Reorganización de la economía? ¿Hacienda del Estado? ¿Organización del Estado? ¿Qué ha sido este año? Año perdido; no nos engañemos; ¡año perdido! Un año perdido. ¡Qué año! El otro día decía el Sr. Cambó que España tiene déficit porque España quiere, que en España hay paro obrero porque España quiere. ¡Y qué verdad más grande! Un año perdido para los intereses de España y para la significación y la política de las clases conservadoras de España, que triunfaron arrolladoramente y que han perdido todo este tiempo para construir un Estado, no a su imagen y semejanza, sino inspirado en principios que para mí y para ellas son sagrados, fundamentales para la sociedad española. ¡Año perdido! ¡Y qué año! Cuando está todo el horizonte de Europa cargándose de nubes que amenazan descargar una tormenta de tal naturaleza que sólo dejará en pie los países que estén unidos férvidamente por un patriotismo arrollador, España, en estos momentos en que tiene por delante nada menos que una colosal tragedia posible, debía estar unida, pero estrechamente, entre sí, pensando en su porvenir, que es su gloria.

Y yo digo, señores: ¿tengo derecho yo, que vengo predicando esto, aunque no me queréis entender; yo, que, a pesar de todas las campañas que contra mí se hacen, no sueño con otra cosa más que con eso; tengo derecho a decir que siento el alma desgarrada al ver que los esfuerzos que he hecho para llevar a esas clases conservadores a esta obra de España, aun sin mí, pero para España, se frustran y vemos venir la catástrofe, la división, la lucha, el odio, el encono entre los españoles, cuando es más necesaria que nunca la unión de todos?

Respuesta a don Melquíades Álvarez

Recogida esta alusión, voy a hacer brevemente lo propio con la que me dirigió el Sr. Álvarez (don Melquíades), lo que me servirá además para fijar, sin ningún género de rodeos, mi situación política. El Sr. Álvarez examinó las notas de los partidos republicanos a raíz de la crisis, formuló sus resultados y considerandos y dictó su fallo: el fallo del Sr. Álvarez era trágico; nos condenaba al ostracismo perpetuo a todos los firmantes de las notas. Yo tengo desde muy antiguo una enorme admiración por las dotes de tribuno y de orador del Sr. Álvarez: le oí su primer discurso en estos bancos, sobre el presupuesto de Instrucción Pública me parece que fue el año cinco. [El Sr. Álvarez (don Melquíades)]: No; el año uno; y no sobre Instrucción Pública, sino sobre la cuestión religiosa. Dato histórico que conviene recoger; y creo que no he perdido un discurso parlamentario de S. S. y habré perdido muy pocos de fuera del Parlamento, y he llegado a conocer al señor Álvarez de tal modo en sus gestos oratorios de gran tribuno, que cuando leo un discurso del Sr. Álvarez que no he oído, me lo imagino como si lo estuviera viendo. El otro día leía el discurso del Sr. Álvarez —porque no estaba yo en el salón cuando lo pronunció— y me quedaba perplejo, porque yo me decía: «Pero ¡qué cosa más rara! ¿Por qué se enfada tanto el Sr. Álvarez de que nosotros hayamos adoptado, de que yo haya adoptado esta postura, que no es siquiera de rebeldía, que es de protesta respetuosa y de apartamiento?». (Un señor diputado: Es disolvente). El señor Álvarez, por mucha que haya sido su transformación última, por virtud de la cual el reformismo heterodoxo está colocado en la quintaesencia de la ultraderecha de la República, no puede olvidar sus antecedentes. El Sr. Álvarez ha sido un revolucionario nato; ha actuado en todos los movimientos revolucionarios de España, menos en uno: en el que trajo la República; tuvo esa mala suerte. (Risas). El Sr. Álvarez fue el director del movimiento del año 17, estuvo en la sanjuanada, estuvo en el movimiento que casi derribó la Dictadura, en los últimos días de la Dictadura… (El Sr. Primo de Rivera: Lo dijo por presumir; pero no le creímos). (Grandes risas). ¡Hay «jettaturas»! Y yo me atrevo a decir, porque son amigos de S. S. quienes lo dicen, que tuvo una participación directa en los sucesos del 10 de agosto. Es igual; el hecho es que S. S. ha conspirado siempre, y por cierto revelando unas dotes excepcionales de conspirador, porque S. S., Sr. Álvarez, a pesar de haber estado metido en todos esos fregados, es quizás uno de los pocos españoles que a la hora presente no sabe lo que es una cárcel por dentro. (Risas y rumores). Lo cual demuestra que S. S. es un maestro maravilloso en el arte del disimulo.

El técnico de la espera

Y yo me decía: «Cómo es posible que un hombre que tiene estos antecedentes se sienta aterrado, indignado por un acto de rebeldía, suponiendo que sea rebeldía una cosa tan pacífica como un apartamiento». Luego me tranquilicé, porque vi que, en efecto, su S. S. no rechazaba sus antecedentes, y encarándose con el Sr. Lerroux, le decía: «Su señoría y yo hemos sido revolucionarios, Sr. Lerroux». ¿Se acuerda S. S. ? (El Sr. Álvarez: ¿No me he de acordar? Risas). Y al ver eso llegué a caer en la cuenta: no era eso lo que le molestaba al Sr. Álvarez en nuestras notas; en el fondo no le molestaba nada. Lo que pasa es que el Sr. Álvarez, desde hace yo creo que veinte años, viene estando en potencia a la cabecera del banco azul o a punto de entrar en setenta ocasiones. Su señoría ha estado tantas veces a punto de ser jefe de Gobierno, sin haber llegado a serlo, que sus amigos y correligionarios dicen de su señoría, en tono de gran respeto y afecto, que S. S. es el técnico de la espera. (Risas). Y, claro, desde que vino la República parecía la cosa un poco más difícil. ¡Ah!, pero desde que estas Cortes vinieron al Parlamento, esas brujas de Macbeth que, en forma de contertulios de casino, rodean a S. S., le han hecho muchas veces al oído esta pequeña predicción: «Su señoría, Sr. Álvarez, presidirá el Gobierno mayoritario». (El Sr. Álvarez pronuncia palabras que no se perciben). Y es verdad: cuando S. S. leyó las notas vió el cielo abierto, y dijo: «Muy bien; de un manotazo aparto a cuatro competidores». (Exclamaciones).

Examen y explicación de unas notas. Posición ante el Jefe del Estado

Pero ¿en qué forma los aparta? Fijaos en el argumento del Sr. Álvarez. El Sr. Álvarez decía, poco más o menos esto: «Los firmantes de esas notas han comprometido su carrera política, porque si el Jefe insigne del Estado, después de esas notas, los llamara a consulta, la opinión diría, ante esa actitud claudicante, que eso más que una cobardía era una vileza». ¿No era así, poco más o menos, como decía el Sr. Álvarez? Pues yo le voy a tranquilizar al Sr. Álvarez, le voy a tranquilizar por mi parte, en absoluto, Sr. Álvarez. Por mi parte, si su señoría logra que el Sr. Lerroux revoque la cláusula testamentaria que el otro día formuló aquí nombrando heredero universal de todos sus bienes políticos al Sr. Gil Robles, y el Sr. Gil Robles se aviene a eso, pase S. S. ahí. (Señalando al banco azul). Por mi parte, no hay inconveniente. (El Sr. Lerroux: Pienso vivir tanto, que no me preocupo de hacer testamento. Aprobación). No, Sr. Álvarez, no; eso no me preocupa, porque, aun suponiendo que fuera cierto que en esas notas, o en esa nota mía, había algo que pudiera representar molestia, lesión, daño, ofensa al Jefe del Estado —que no es así, como verá luego S. S.—, aun suponiendo eso, tampoco me preocuparía. ¿Sabe S. S. por qué? Pues por esto: yo actúo en la vida pública con una significación que es la que, a grandes rasgos, acabo de indicar; sólo con esta significación y sólo para servir a esta significación estaría yo, en cualquier caso, en el banco azul. De suerte que una de estas cosas puede pasar: que esto que yo represento, que yo significo, que yo postulo, no sea necesario, porque otras políticas den fruto y no sea menester acudir a esta que yo represento; en cuyo caso, me muero sin gobernar, tan tranquilo, porque en ninguna parte está escrito que yo deba gobernar (lo que sí está escrito es que yo, si gobierno, gobierno a mi gusto y con mis ideas: esto sí está escrito), o lo contrario: las circunstancias exigen o el país impone, por cualquiera de los dos medios, la política que yo represento, y en ese caso, Sr. Álvarez, quienquiera que en ese instante esté en la Jefatura del Estado no antepondrá jamás, aun suponiendo, repito, que hubiera habido el menor agravio en esa nota, no antepondrá jamás una cosa de tipo personal al servicio de España y de la República. (Muy bien). De manera que fíjese su señoría si estoy yo tranquilo. Pero, además. Sr. Álvarez, es que no hay tal cosa, es que en esa nota no hay nada molesto ni hiriente ni siquiera irrespetuoso para el Jefe del Estado: y va a ver su señoría por qué.

Problemas de afecto y problemas de convicción

A mí me une con la persona que representa hoy la alta magistratura de la nación un estrecho vínculo, estrechísimo, de esos vínculos que son difíciles de borrar: un vínculo nacido, no sólo del respeto que guardo a su alta jerarquía intelectual y moral, sino un vínculo de afecto, nacido en horas en que, juntos, pasamos trances muy amargos, con horizontes muy cerrados, que son las horas en que se mide el temple moral de los hombres, las horas en que se sabe hasta dónde el hombre puede llegar en servicio de un ideal, de su sacrificio, y en las que yo aprendí a conocer a fondo a don Niceto Alcalá Zamora. Esas horas de afecto, esas horas de lucha común, me unen con él estrechamente, estrechísimamente. (El Sr. Fuentes Pila: Desde el Pacto de San Sebastián. El señor Presidente reclama orden). Pero todavía habláis del Pacto de San Sebastián. (Un señor diputado: Nunca nos habéis hablado del Pacto de San Sebastián). Ése es el vínculo que a mí me une con el Sr. Alcalá Zamora; pero ese vínculo, Sr. Álvarez y señores diputados, jamás, fijaos bien, jamás ha sido suficiente para que yo abdicara, no ya de una convicción, de un ideal, ni de un acto siquiera, al servicio, que yo creyera que debía realizar, de ese ideal o de esa convicción: jamás, jamás abdicaré. Y ¿cómo voy a abdicar ante esto, si no he abdicado, ni abdicaré jamás ante los lazos de sangre común, que son mucho más fuertes, mucho más hondos y mucho más sagrados? (Muy bien, muy bien). No he abdicado, ni abdicaré.

Y en la nota no hay más que eso: una discrepancia honda, hondísima, que subsiste íntegra, con la política que el señor Presidente de la República creyó que debía imprimir al país. Ya ve su señoría que soy franco, ya ve S. S. que digo claramente cuál es mi posición. ¿Agravio personal? Ninguno. ¿Agravio a la institución? Tampoco. Lo que la nota dice y quiere decir es esto: que mientras la República sea la lucha de un bando de españoles contra otro, la pugna, que yo considero suicida, de unas ideas frente a otras, en el campo de la lucha civil, yo a esa República no le sirvo, porque no la quiero; que no me siento de ninguna manera con vocación de adscribirme a ninguno de los bandos; que no quiero ser beligerante en esa lucha; que considero que esa República es una República desnaturalizada de su origen; que no fue ése el espíritu del 14 de abril; que no es ése el espíritu de la Constitución republicana; que, por consiguiente, no puedo servir a eso, porque fue a esa otra República a la que me adscribí y no a ésta. Y cuando los órganos de la República sirven a esa política, la impulsan y además la fomentan, yo me aparto, me aparto de toda solidaridad con ellos, no quiero responsabilidades con ellos, no quiero contactos con ellos. Me aparto y espero. ¿Qué? Una de dos: que la realidad aleccionadora muestre que eso es un error, o que el país y la opinión pública reaccionen y digan que no quieren seguir por este camino. Para que la opinión pública reaccione, esté seguro su señoría que yo no faltaré a mi deber: la primera rendija de libertad que haya —si es que vuelve a haberla alguna vez en España en mucho tiempo—, fijaos bien, la primera rendija de libertad que haya la he de aprovechar para volver a entrar en contacto con el país, con la opinión pública, para decirle lo que pienso y lo que la realidad enseña, y es ahí donde yo busco, Sr. Álvarez, todo el apoyo y toda la fuerza de mi política; por eso no hay nada de irrespetuoso, ni mucho menos nada de agravio, en esa nota al Jefe del Estado. (El Sr. Álvarez González: Pido la palabra para contestar a unas alusiones).

El Sr. Presidente: Su señoría, Sr. Álvarez, está ya inscrito entre los oradores, pero lo estaban antes el Sr. Martínez Barrio y el Sr. Gil Robles. Continúe el Sr. Maura.

El Sr. Maura (don Miguel): Pocas palabras más, señores diputados. Yo no quiero acabar sin llamar vuestra atención, sin llamar la atención de todos los diputados de la Cámara, pero singularmente de los diputados republicanos, sobre esto que, a mi juicio, es algo substancial en los momentos presentes.

La sangrante realidad de la España de hoy

Señores diputados todos, no nos hagamos ilusiones, no queramos jugar aquí, dentro de este recinto que debe ser la representación legítima, auténtica de la voluntad del país; no nos hagamos la ilusión que porque callemos las cosas, porque no las abordemos, porque no las examinemos con crudeza, las cosas no existen; no; la realidad de España hoy es que España está más intranquila que nunca, que no es cierto, como afirman algunos, que todo esto que ha pasado ha pasado para no volver. No es cierto eso; el deber de los hombres que son hombres está en ponerse frente a la realidad tal cual ella es, para vencerla o para dominarla o para desviarla, pero no para desconocerla; y la realidad es, señores, que España está hoy agitada hondamente, hondísimamente, en muchas de sus capas sociales, y que frente a esa realidad sangrante de hoy lo que importa sobre todo es que haya paz entre quienes debe haber paz; paz, sí es posible, entre todos los españoles que quieran y sean capaces de sentir el amor a España y de vivir dentro de una legalidad; y para eso lo primero que hace falta es que no empecemos a envenenar los problemas de España, ya bien envenenados de por sí, con nuevos problemas de tipo constituyente. Señores diputados republicanos, en España hoy no hay opción: o República o anarquía y caos, y la República no puede ser más que una República democrática; pues bien, yo, que quiero y aspiro a ser algún día representante auténtico de fuerzas conservadoras, os digo que una República democrática, apoyada tan sólo en las fuerzas esencialmente conservadoras y teniendo enfrente la pugna, el odio, la lucha de todos los sectores que no son conservadores socialmente, no es una República ni se puede llamar una República, ni será jamás una República: será cualquier cosa, menos eso.

Apelación al patriotismo

Tened todos presente esto (y perdonadme que os haga estas advertencias, pero no quiero más que servir a España), tened presente todos esto y hacedme caso: no sigáis por el camino que estáis siguiendo estos días en que yo, que estuve aquí sentado unas horas, rememoraba en mi mente aquellos días aciagos de las Cortes Constituyentes en que no se respiraba más que pasión y odio y encono; aquello trajo la reacción vuestra: que vuestra obra de hoy no traiga otra reacción, porque si ella viene no quedará en pie nada; nada de lo que es común a vosotros y a mí. (Aplausos).

SEXTA PARTE

LA OPCIÓN ENTRE TRES DICTADURAS

(Entre las elecciones del Frente Popular y la guerra civil: de febrero a julio de 1936)

CAPÍTULO I

LOS ARTÍCULOS DE EL SOL (JUNIO DE 1936)

Entre los 18 y 27 de junio de 1936, Miguel Maura publica su análisis de la evolución política de la República desde el primer día hasta la situación planteada por la coincidencia del triunfo del Frente Popular y de la guerra civil social. Preconiza una solución in extremis: la que le parece la menos costosa para los españoles. Esta vez, recurre a la prensa: son seis artículos en El Sol, de Madrid. La serie se titula La República en lo presente y en lo porvenir. Reproducimos a continuación esos textos, con las cabeceras de las ediciones en las fechas respectivas

Una política de suicidas (18 de junio)

Una política de suicidas (18 de junio)

Que la situación política y social que atraviesa España no es normal ni pacífica, es cosa tan notoria que no ha menester de encarecimiento; mas no resulta fácil discernir las causas hondas y auténticas de este estado pasional en la vida pública, y es ello, sin embargo, indispensable, si se quiere trazar con probabilidades de acierto el marco que ha de encuadrar la vida nacional en un porvenir próximo. Importa, pues, analizar desapasionadamente los hechos que han originado la presente convulsión político-social.

Las elecciones de 1931, que ocasionaron la caída de la Monarquía, que abandonó el campo sin lucha y sin protesta, revelaban un despertar de la conciencia nacional, adormecida por siete años de régimen dictatorial, en el que era difícil discriminar la participación que había tenido cada una de las clases sociales que forman el cuerpo de la nación.

Votaron en aquellas elecciones por la República zonas extensas de la clase privilegiada y poderosa, gran parte de la clase media y la masa del proletariado organizado no contaminada del apoliticismo que predica y que hasta hoy practicó la Confederación Nacional del Trabajo. ¿En que proporción contribuyó cada una de estas zonas de la opinión al triunfo de la República? Nadie podría con razón atribuir a la una o a la otra la causa del éxito. Votaron unidas y acordes en la repulsa y condenación de un régimen gastado, caduco, que tras haber secuestrado durante años las libertades individuales y colectivas, daba muestras inequívocas de agotamiento y de persistencia en los pasados errores. Pero al día siguiente del triunfo cada una de ellas atribuyose, no la parte alícuota que de él podría correspondería, sino la totalidad del mismo; y la conservadora creyó que «su hora» había sonado, y esperó confiada no sé qué milagro, por virtud del cual habían de quedar, no sólo satisfechas, sino ahítas, las apetencias más dispares de todos y cada uno de sus componentes.

Y aconteció esto en las clases socialmente conservadoras —que no son sólo las poderosas, sino una buena parte de la clase media—, contra toda lógica y a pesar de las advertencias que tan noble como inútilmente veníamos haciéndoles los hombres de temperamento conservador incorporados hacia tiempo al movimiento revolucionario. No se nos hizo caso. Cuando les predicábamos la necesidad de unirse a lo que representaba aquel movimiento, yendo a él con espíritu de sacrificio y de renuncia a cuanto pudiera representar privilegio arcaico, incompatible con una justicia social inexorable, con el ánimo dispuesto a la pérdida por entrega voluntaria, de una buena parte de lo superfluo, esa entrega hubiera sido título legítimo para disfrutar en paz y sin trastorno el resto que en su poder conservaran, prefirieron asirse a tales o cuales párrafos de algún elocuente discurso pronunciado por uno de los hombres representativos de esa tendencia en el movimiento revolucionario para tomarlos, si no en prenda, al menos como talismán contra los males de una posible demagogia, y con ese talismán en las carteras, seguir pasivas en la acción y activas en la murmuración y en la crítica, el desarrollo de los sucesos.

Apenas llegaron a 20 los diputados de la derecha republicana que lograron asiento en las Cortes Constituyentes, integradas por 470 diputados representantes del pueblo. Y sucedió lo que tenía que suceder. La mayoría de fuerzas de la izquierda, que en España se cifra y compendia en el obrerismo y en sus servidores y cortesanos de la pequeña burguesía, emprendió la construcción del nuevo Estado republicano, forjándolo a su imagen y semejanza en lo doctrinal, y a la vez, y como reacción lógica contra el absolutismo derrocado, matizándolo de un liberalismo arcaico en su parte orgánica. A partir del nacimiento de las Constituyentes, las clases conservadoras no podían esperar nada bueno de su quietismo y apartamiento, porque era evidente que el sectarismo demagógico triunfante en ellas no habría de dar cuartel a quienes hicieran el más leve ademán en pro de la vuelta al pasado, al que seguían aferradas tozudamente.

No dejaron de comprenderlo así y, por eso, apenas se abrió por los ocupantes del poder un resquicio de libertad, lo aprovecharon los más exaltados, y con llamamientos a la pasión, más que con apelaciones a la lógica, lograron algunos levantar una corriente de opinión entre las masas neutras socialmente conservadoras, de magnitud, empuje y espíritu de lucha, jamás igualado en la historia política de España. En ese movimiento llegó a congregarse cuanto en nuestro país existe de fuerza social de sentido burgués y aun los más alejados tradicionalmente de las luchas de la política pusieron en él su esperanza y su ilusión, y en mayor o menor medida, a él contribuyeron con su apoyo económico y su labor proselitista. Magnífico despertar de la conciencia ciudadana de unas clases sociales inveteradamente alejadas de la práctica de las virtudes cívicas, que pudo y debió ser el principio de una era de convivencia y de paz interior, que permitiera el resurgir de España como nación, mediante la organización de un Estado liberal fuerte y justo, tan distante del Estado oligárquico y caciquil de la Monarquía caída como del Estado invertebrado y demagógico que venía siendo el Estado republicano desde el advenimiento del régimen.

De hecho, aquellas predicaciones dieron pleno fruto, porque en noviembre de 1933 obtuvieron las fuerzas de derecha coaligadas para la lucha electoral un triunfo clamoroso e indiscutible, trayendo al nuevo Parlamento, el segundo de la República, una gran mayoría de diputados de esa tendencia, hasta el punto de que apenas pesaron en esas Cortes, desde sus comienzos, las fuerzas de izquierda, aun aunadas y unidas todas ellas después de la derrota, por el instinto natural de la defensa. Mas el esfuerzo magno y sin precedentes que esas fuerzas conservadoras habían realizado en la oposición y en la contienda electoral y el resonante triunfo obtenido en las urnas, se frustraron íntegramente apenas andadas las primeras jornadas del camino en la administración de la victoria, y precisamente en esa dilapidación del caudal de energía nacional que aquel movimiento había acumulado, se halla el origen de la triste realidad de hoy y la fuente de responsabilidad histórica que a los dirigentes de aquellas fuerzas incumbe. Vale la pena, pues, analizar el caso con algún detenimiento.

¿Por qué fracasaron tan rápida y ruidosamente las llamadas derechas españolas, en su corta, estéril y perturbadora etapa de mando?

Juzgando los sucesos, vividos con intensidad y quizá con apasionamiento, suele ser fácil incurrir en error; pero pocas veces será ofrecida al hombre público, aun cuando haya sido parte en la contienda, ocasión tan propicia para sacar de los hechos enseñanzas decisivas como las que depara la historia de nuestra vida pública de los últimos tres años, y aún resulta ello más llano y hacedero cuando los sucesos han venido a confirmar las advertencias, que a tiempo y sin eufemismos, hiciera quien hoy los analiza y enjuicia.

En todo el curso del movimiento de derechas que dio comienzo en 1932, se advierten dos graves errores: uno, la apreciación equivocada de la realidad nacional; otro, el desconocimiento del instrumento que las mismas derechas juzgaban apto, puesto que lo aceptaban para lograr su triunfo.

Equivocada apreciación de la realidad nacional. Las derechas y sus dirigentes más calificados y activos creyeron de buena fe que el advenimiento de la República había sido más bien obra de casualidad y del agotamiento de la Monarquía, que fruto de un cambio hondo y sustantivo de la dinámica política y social de España. Consideraban a los hombres que habían implantado el nuevo régimen como unos audaces embaucadores de la conciencia de las masas incultas, que habían logrado, al socaire de los errores de la Dictadura, y de las torpezas de los políticos que revivieron a la caída de aquélla, encaramarse en el poder mediante un triunfo electoral discutible, o cuando menos efímero y accidental.

Esta convicción, sincera pero equivocada, preside toda la actuación de los dirigentes de esa corriente de opinión, en la que no se vislumbra ni atisbo siquiera de un conocimiento exacto de la auténtica realidad nacional. Bien avenidos con la Dictadura, que llenó sus apetencias de orden externo, sin arañar demasiado sus tradicionales egoísmos, o colaboradores activos del régimen caído en la vida rural y provincial, no habían tenido ocasión de pulsar la honda transformación que a través de los siete años de absolutismo se había operado en las masas populares y singularmente en las proletarias, a las que el dictador mimó y atendió, callada pero intensamente.

Al advenir la Dictadura en 1923, las organizaciones proletarias, singularmente la Unión General de Trabajadores, controlada por el Partido Socialista, pesaban ya en la vida nacional por su disciplina, su cohesión y su espíritu de lucha; mas no habían logrado todavía extender su influencia a los obreros del campo, y aun entre los de las ciudades eran muchos los oficios en los que la sindicación no había prendido o se hallaba en estado embrionario.

La Dictadura cuidó de tener propicias a esas organizaciones, facilitándoles los medios de aumentar su pujanza a cambio de una neutralidad muy parecida a la colaboración activa. La legislación social que en sus últimos años de mando impuso el dictador sentó los primeros jalones de la sindicación forzosa a través de los Comités paritarios y de la Acción Social Agraria, que fue en realidad la puerta de acceso a la sindicación de las masas campesinas abierta a las organizaciones proletarias de tipo nacional.

Al caer la Dictadura, en 1930, el poderío y la extensión de esas fuerzas sindicales alcanzaban proporciones extraordinarias, y en ellas hubo de apoyarse principalmente el movimiento revolucionario que triunfó en abril de 1931.

Junto a la masa proletaria organizada y en dirección paralela, la mayor y mejor parte de la clase media, que empezaba a sentir los efectos de la crisis económica en sus tradicionalmente humildes y casi míseros presupuestos familiares, se incorporó con ahínco al movimiento revolucionario. Instaurada la República, toda esa masa de ciudadanos irrumpió en la política, haciendo sentir desde el primer instante a los poderes públicos, su presencia activa y exigente, y a la vez, gracias a las mejoras que rápidamente lograron en sus jornales y sueldos, tomaron posiciones en la vida social, disfrutando legítimamente de las comodidades que el vivir moderno pone al alcance de los más modestos. La práctica de los deportes, las giras al campo y a la montaña y los cinematógrafos influyeron no poco en el cambio sensible operado en la mentalidad de las clases medias y proletarias en los últimos cinco años.

Los censos de las organizaciones sindicales hechos por la Dirección General de Seguridad en los primeros meses de 1934 arrojaban ya cifras aleccionadoras para cuantos considerasen el tema sin apasionamiento. En aquel entonces, la UGT contaba con 1 444 474 afiliados cotizantes; la CNT, 1 577 547, y los comunistas, con 133 266; en conjunto, más de tres millones de afiliados cotizantes, y ello en momentos en que el triunfo arrollador de las derechas en la contienda electoral de noviembre de 1933 había producido, como era inevitable, no pocas deserciones ante el temor de la persecución o la represalia.

Quiere esto decir que no era posible ni mucho menos sensato, emprender la tarea de gobernar al país prescindiendo de esa ingente masa de ciudadanos, cuyo espíritu de solidaridad y de sacrificio por la causa, dobla su fortaleza en las contiendas políticas. Por grande que fuera la unión y por esforzado el espíritu y el ánimo de las derechas, la presencia en el campo de la lucha de esa masa obrera organizada —a la que lógicamente habría de sumarse la parte de la clase media proletarizada de hecho, por la miseria de sus sueldos y su haberes— debería haber aconsejado a los gobernantes no sólo un criterio político, sino también unos modos bien distintos de los empleados por los Gobiernos que se sucedieron desde fines del 33 hasta fines del 35.

Dos políticas se ofrecían a esas fuerzas de derechas triunfantes al iniciar su obra de gobierno; la del exterminio del adversario, acompañado o seguido de una revolución efectiva que diera fin al sistema liberal y parlamentario instaurando un nuevo Estado, o la de la convivencia con esas fuerzas adversas y su desarme moral mediante reformas audaces que implicaran un positivo y extraordinario avance en la legislación social y una más justa distribución de la riqueza, singularmente en la propiedad agraria. La primera tenía, sin duda alguna, gran número de partidarios entre la masa de fuerzas sociales que habían realizado esfuerzos cuantiosos, y hasta verdaderos sacrificios, para obtener el triunfo. Estaba, además, acorde con el fondo de las propagandas que los dirigentes habían realizado para levantar la corriente de opinión, y cuadraba bien al temperamento de alguno de los jefes del movimiento. La segunda política requería un gran espíritu de sacrificio en la masa, condiciones selectas en los jefes, era ingrata y no exenta de peligros de fracaso ruidoso, pero, en cambio, garantizaba la continuidad de la paz interior y una vez implantada, normalizaba para muchos años la vida de España.

No se siguió ni la una ni la otra de esas políticas. Se provocó primero a título de desquite y venganza del primer Bienio, a todas las organizaciones obreras, e incluso a los republicanos burgueses, con persecuciones del más viejo estilo caciquil; se retaba a diario en las Cortes y en las propagandas públicas por los hombres más representativos del conglomerado gobernante a los elementos obreros a que llevasen a efecto sus amenazas de revolución. Entre tanto, en el Parlamento se sesteaba pasivamente, y cuando en arranques nerviosos y esporádicos se emprendía la marcha era tan sólo para derruir la obra de las Constituyentes a granel, sin tono ni medida, lo bueno y lo malo, poniendo en tela de juicio a diario con tal conducta, la fidelidad al régimen republicano de los partidos que ocupaban el poder.

El fruto de esta política suicida fue la Revolución de Octubre, que pudo muy bien dar al traste con el régimen político y social, que costó innumerables víctimas, y cuyas consecuencias pesan hoy y pesarán durante mucho tiempo con peso abrumador, en la realidad nacional. Dominada la revuelta, jactáronse los gobernantes pública y reiteradamente de haberla ellos mismos provocado para tener la satisfacción de vencerla, «aplastarla» decían ellos con candidez propia de neófitos en estas lides, con lo cual ponían al desnudo la absoluta ausencia de una dirección de su política, porque la realidad era que ni la vencieron en su espíritu ni en su raíz, ni siquiera supieron sancionarla con justicia y castigar a los culpables con equidad.

Subversión y definitivo desprestigio del sistema parlamentario (20 de junio)

Subversión y definitivo desprestigio del sistema parlamentario (20 de junio)

Apenas había transcurrido un año de la Revolución de Octubre y de las persecuciones y atropellos que al amparo de su represión se desencadenaron contra hombres públicos republicanos ajenos totalmente al movimiento de Asturias y a la sublevación de Cataluña, cuando la reacción del espíritu de las masas populares encumbraba a los perseguidos, elevando a la categoría de mitos sus cualidades y sus virtudes.

No supieron las derechas extinguir de raíz la revolución, ni fueron capaces, después de dominada ella, de dar cauce legal y político a la causa verdadera del malestar que la había engendrado. No supieron ser dictadores ni acertaron a ser gobernantes de un régimen liberal y democrático; ni siquiera lograron dar la sensación de una severa justicia, porque en el castigo de los sucesos puede hallarse toda la gama de arbitrariedades, excesos y torpezas. En 1934 como en 1931, las organizaciones de derecha seguían apreciando la realidad nacional equivocadamente, torpemente, desconociendo la pujanza de unas organizaciones proletarias y practicando la política de unir a esas organizaciones tradicionalmente separadas por odios irreconciliables, tanto más vehementes de ordinario cuanto mayor es la afinidad de intereses sociales y políticos de quienes las sienten. Al terminar el año 1935, por primera vez en España, las fuerzas proletarias de todos los matices y credos estaban estrechamente unidas con la burguesía republicana de izquierda; el Frente Popular era un hecho consumado, que aparecía en el horizonte próximo como una realidad arrolladora, y el Estado republicano, en cambio, era aún más débil, se hallaba más desarticulado, menos apto para ejercer sus funciones rectoras de la vida nacional, que en 1933, al advenir las derechas al Gobierno. La política de desquite, la política de guerra civil practicada durante el Bienio 1933-1935 pudo conducir a una dictadura derechista y a la implantación de un nuevo Estado; mas, no habiendo desembocado en esa solución, no podía acarrear otra cosa que el desquite, cien veces más cruel y sectario, de las masas perseguidas, acosadas y maltratadas, que inevitablemente habían de beneficiarse de los errores de los gobernantes y, unidas, lograr la victoria.

El día 16 de noviembre de 1934 hube de intervenir en el debate que se ventilaba en las Cortes sobre los sucesos de Asturias, y terminé mi discurso con estas palabras dirigidas a las derechas y a sus aliados en el Gobierno: «Hacedme caso; no sigáis el camino que estáis siguiendo, que rememora en mi mente aquellos días aciagos de las Cortes Constituyentes, en que no se respiraba más que odio, pasión y encono; aquello trajo la reacción vuestra; que vuestra conducta de hoy no traiga otra reacción, porque si ella viene no quedará en pie nada, nada de lo que es común a vosotros y a mí». Bastaba para sentar la profecía apreciar justamente la realidad nacional de entonces.

Cumplido hoy en gran parte aquel vaticinio, sólo cabe esperar que la lección y el escarmiento no sean baldíos.

De no menor trascendencia para el porvenir de la política y para el normal funcionamiento del régimen es el otro error en que incurrieron las fuerzas políticas y los partidos triunfantes en las elecciones generales de noviembre de 1933. A decir verdad este error no es exclusivo de esas fuerzas porque en igual o quizá en mayor medida lo han padecido los partidos de la izquierda y los socialistas. Mas incumbe a las derechas la responsabilidad de no haber rectificado de una vez y para siempre con su conducta la causa de ese mal al advenir al poder, y de no haberlo extirpado definitivamente de nuestros hábitos políticos mediante una actuación continuada. Me refiero al error de haber desconocido la esencia del instrumento constitucional para llevar a cabo su propia obra: el Parlamento.

La Constitución de la República, elaborada en momentos de reacción contra el absolutismo de los últimos años de la Monarquía, da a las Cortes el primer lugar en el engranaje de las instituciones del Estado republicano; es una Constitución parlamentarista y ultra-liberal que modera y limita hasta el máximo las atribuciones y competencias de los demás órganos del poder, supeditándolos, en forma casi impracticable, a la voluntad de las Cortes. Bueno o malo, este sistema —la realidad se ha encargado de demostrar sus evidentes errores— dentro de él hay que moverse, so pena de romper abiertamente con la legalidad y dar cauce a una transformación del Estado.

Al aceptar las derechas la legalidad vigente y hacer reiteradas protestas de que dentro de ella querían actuar en la vida pública, quedaban adscritos a la normalidad constitucional todos los sectores sociales que integraban el cuerpo nacional, puesto que las izquierdas todas, por aquel entonces (1933), aceptaban también el régimen y sus instituciones y hasta cuidaban de mostrarse como sus más celosos y auténticos guardadores. Esta unanimidad en la aceptación de lo que pueden llamarse las «reglas de juego» permitía dar cauce pacífico a las contrapuestas aspiraciones de los distintos sectores de la opinión nacional, pudiendo cada cual de ellos aspirar a un prevalimiento legítimo en la dirección de los negocios públicos.

Mas la realidad fue siempre bien distinta. El sistema parlamentario sólo puede vivir y ser eficaz a base de la convivencia y el diálogo entre las dispares tendencias de la opinión que en las Cortes están representadas. Diálogo, que supone a su vez la práctica de una tolerancia que venga a ser como el derecho de gentes en la vida parlamentaria y política. El respeto a la opinión del adversario, el reconocimiento de la razón o de la justicia que puedan albergar sus pretensiones, la transacción entre los más opuestos puntos de vista que trace la línea media por la que discurra la obra legislativa, son postulados esenciales del sistema, porque desconociéndolos o contrariándolos dejan las Cortes de ser la representación del país, para trocarse en el brazo ejecutor de las pretensiones de un bando, y las leyes que ellas alumbran tienen siempre vida efímera y sin autoridad, con grave daño de la normalidad ciudadana y del prestigio del sistema mismo.

Desgraciadamente, estos elementales principios fueron desconocidos por las primeras Cortes de la República, porque las Constituyentes eliminaron en sus primeras jornadas cuanto de oposición a la mayoría izquierdista que en ellas logró asiento, y hasta su disolución, obraron en perpetuo monólogo, arbitraria y caprichosamente. En la obra legislativa de las Constituyentes no tuvo el menor influjo, ni siquiera proyectó la más leve sombra la opinión representativa de los sectores extraños a la mayoría de izquierda y socialista que sostenía a los Gobiernos, y por eso en la opinión del país fue ganando terreno hasta llegar a convertirse en alud, la repulsa, no sólo a las Cortes mismas, sino también a toda su obra, sin que en el clamor de esa repulsa fuera hacedero salvar y respetar lo que en verdad era digno de ser conservado.

Aleccionadas con este ejemplo, parecía natural que las derechas triunfantes el 33 no incurrieran en el mismo error, sino que dieran a las Cortes, en las que ellas tenían preponderancia, otra tónica más acorde con el sistema mismo. Y sin embargo, las segundas Cortes de la República hicieron buenas a las Constituyentes por su espíritu de intransigencia y la cerrazón con que la mayoría se negaba sistemáticamente al diálogo fecundo con los partidos de la oposición. Traídos al Parlamento en hombros de una opinión hostil hasta el frenesí a la obra de las Constituyentes, los diputados de las segundas Cortes no dieron paz a su esfuerzo hasta que no hubieron derogado o desdibujado todas y cada una de las leyes de sus predecesores que tuvieran rango de innovadoras. Puro monólogo, apenas cortado por escándalos hasta entonces sin precedentes, fueron las Cortes derechistas; con lo que quedó consagrado en nuestras costumbres parlamentarias el principio de que el vencedor en la contienda electoral podía prescindir de la opinión adversa, que acosada y perseguida fuera de las Cortes y arrollada y menospreciada dentro, acaba por abandonar el campo de la lucha legal y refugiarse en la facción.

Esta subversión del sistema parlamentario había de ser para la derecha funesta, porque en definitiva el desprestigio de la institución democrática lleva consigo la apelación a la lucha en la calle, lucha en la que las clases conservadoras han de llevar inevitablemente la peor parte.

Perdida la ocasión que brindaba el nacimiento de las Cortes del 33 de normalizar la vida del sistema parlamentario con la práctica escrupulosa y hasta atildada de los hábitos propios de la institución misma, era fácil predecir la muerte del sistema, y que en lo sucesivo habría de apelarse a la lucha violenta para prevalecer en la contienda social y política entablada hoy con más acritud que nunca en todos los países del mundo entre capitalismo y proletariado. Las reglas del juego democrático no fueron observadas en las Constituyentes; pero pudieron ser puestos en pleno vigor, con beneficio notorio para todos y singularmente para las clases conservadoras, en las segundas Cortes; y lejos de esto, cayeron en desuso con ello, en total desprestigio la institución, abriéndose de par en par la puerta a la guerra civil en la que hoy estamos sumidos. Grave responsabilidad la que este error, por ellas cometido, hace recaer sobre las derechas españolas.

La suma de estas dos equivocaciones ha engendrado la actual situación de España. Roto el único vínculo posible entre los partidos en lucha, que era la normalidad parlamentaria y democrática; abierta la guerra civil, las elecciones de febrero del 36 no podían tener otro carácter que el que tuvieron, el de una lucha a muerte entre la revolución fracasada en octubre, pero viva en el espíritu de las masas proletarias unidas por vez primera en España para la contienda electoral, y las fuerzas de derecha, gastadas por dos años de ineficacia en el Gobierno y faltas del espíritu y del entusiasmo que las llevó al triunfo del 33.

Por fortuna, el ala izquierda de los partidos republicanos, dirigidos por hombres conscientes de su responsabilidad y de su misión, logró a tiempo articular un programa electoral y de gobierno que fue aceptado por las organizaciones obreras, que se incorporaron, con mayores o menores reservas mentales, a lo que desde entonces se llamó Frente Popular. No es frecuente que sobre este hecho, tan sencillo al parecer, recaigan las debidas alabanzas porque lo impide, de una parte, la pasión y, de otra, el mismo desconocimiento de la realidad nacional que llevó a innumerables gentes de derecha a cometer en los dos años anteriores los errores trascendentales que quedan examinados; y sin embargo, tiene él tal importancia en la historia política de nuestro país, que probablemente cuando se haga el examen imparcial de la hora presente, a él habrá de atribuir la primacía entre los muchos y variados sucesos que la llenan.

Al disolverse las segundas Cortes de la República y aún antes de ese momento —desde aquél en que fue notoria la impotencia de los Gobiernos nacidos de esas Cortes para extinguir el espíritu revolucionario que animó la Revolución de Octubre—, la lucha entablada entre «derecha» e «izquierda», o entre «republicanos» y «vaticanistas» o entre «proletariado» y «fascismo» —que de todas éstas y muchas otras maneras se apellidaban a sí mismos los contendientes cuando era tan fácil dar con los términos exactos llamándose «capitalismo» y «marxismo»—, esa lucha tenía todas las características de una guerra civil en la que los bandos contendientes, el obrerismo y la burguesía, habrían de apelar a todas las armas a su alcance para prevalecer. La burguesía tenía hasta el momento de las elecciones a su favor y a su disposición todos los órganos del Estado, los represivos y los preventivos, y es claro que apoyada y parapetada en ellos podía esperar sin gran sobresalto la hora en que hablaran las urnas electorales. No era en cambio aventurado suponer que, unidas como estaban las organizaciones obreras, incluso las que venían practicando sin interrupción el apoliticismo, de las urnas saldría una gran masa de diputados obreros que si lograban articular una mayoría habrían decidido la contienda sin apelación posible, aplastando a la burguesía e instalando la dictadura del proletariado, antesala probablemente, no del régimen comunista, incompatible con la idiosincrasia del español, sino de la más feroz y estúpida anarquía. Que las masas emplazadas frente a las derechas del segundo Bienio eran masas casi exclusivamente proletarias y que sólo ellas podían dar el triunfo a la coalición que se formase para batir a las fuerzas llamadas conservadoras era cosa tan evidente que nadie lo ha puesto en duda ni antes ni después de la lucha electoral. Los actos de propaganda en que se reunían centenares de miles de ciudadanos para oír la voz del Sr. Azaña eran ni más ni menos que concentraciones obreristas. Los cuatro millones de votos que la candidatura del Frente Popular logró en las urnas son en su casi totalidad obreros, porque si ya en 1934 alcanzaban esas organizaciones la cifra de tres millones, el año 1936, después de la Revolución de Octubre, de las torpezas cometidas en su represión, del fracaso ruidoso de las derechas en el Gobierno, del estado pasional creado por todos estos precedentes, no es aventurado suponer un aumento de una tercera parte en los afiliados y cotizantes de esas organizaciones.

Así pues, de haberse llevado a cabo la lucha entre los dos bandos, sin intervención ni participación de la burguesía republicana en el Frente Popular, el resultado electoral en cuanto a votos hubiese sido sensiblemente el mismo; pero en cuanto a composición de la mayoría parlamentaria totalmente diverso, porque hubieran tomado asiento en las Cortes 230 obreros que hubieran decidido en veinticuatro horas la contienda, sumiendo a España en la anarquía, porque su falta absoluta de preparación y hasta de esperanza en la victoria era de todos, incluso de ellos mismos, bien conocida.

Que tal cosa no haya ocurrido se debe tan sólo a los hombres representativos y dirigentes de los partidos de izquierda republicana, sin que puedan recabar para sí los jefes de la derecha la más leve parte del éxito, porque se superaron a sí mismos en imprevisión durante todo el período electoral y acumularon torpezas en número ingente en sus propagandas y en la organización de la lucha.

El Frente Popular se formó en torno a un programa cuyo primer enunciado es que la administración del triunfo incumbe tan sólo a los partidos republicanos, y cuyo contenido es el desenvolvimiento de una política avanzada en lo social y en lo económico, pero de tipo netamente burgués y republicano con repudio expreso de cuanto pueda representar una política marxista y aun de clase.

Consecuencia natural y obligada de estos enunciados del programa había de ser, y fue, que en las candidaturas comunes del Frente Popular se atribuyera a los partidos burgueses el número de puestos indispensables para articular los grupos parlamentarios de ese matiz en cantidad y proporción suficientes para el necesario desembarazo en la función de gobernar. Si las Cortes actuales no han sido ya el instrumento fugaz, pero decisivo, del paso a la dictadura del proletariado y a la anarquía, se debe exclusivamente a la previsión y patriotismo de los dirigentes de los partidos de izquierda, que supieron a tiempo traer a la razón a las organizaciones obreras, dueñas de la auténtica fuerza electoral que había de proporcionar el triunfo común. No cabe, ni es lícito hacer el análisis del momento histórico sin rendir justicia cabal a los adversarios.

Los comités jacobinos del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas españoles (21 de junio)

Los comités jacobinos del Frente Popular, el fascismo español y la gravedad de los problemas españoles (21 de junio)

Es el programa del Frente Popular una recopilación de las aspiraciones ejecutivas y legislativas de los partidos republicanos, en las que hay concesiones de no poca monta a la ideología socialista; pero el verdadero aglutinante de las fuerzas heterogéneas que componen el Frente Popular estaba expresado en los primeros apartados del programa: amnistía, sanciones a la represión de la Revolución de Octubre y readmisión de los obreros despedidos con ocasión de aquel levantamiento. Sin estos postulados en el programa, y singularmente sin el de la amnistía, no se hubiese logrado la unidad de acción de las fuerzas proletarias, porque no hubiese salido de su habitual retraimiento electoral la Confederación Nacional del Trabajo, que por sí sola aportó a las urnas más de un millón de votos, que decidieron, como es lógico, la contienda.

Por eso hubiese sido política hábil, y además, como luego se verá, beneficiosa para todos, descartar de la contienda electoral estos temas, propicios a la pasión y de transitoria eficacia, mediante la concesión previa de esas medidas de clemencia y de justicia antes de la disolución de las pasadas Cortes, utilizando para ello la vía gubernativa con el concurso de la Diputación permanente. En fin de cuentas, no de otro modo han logrado los vencedores de febrero implantarlas, no sin antes haberles arrancado de hecho por la violencia y a guisa de botín de la victoria. Cuando yo intenté formar Gobierno en diciembre del 35, adscribí mi labor a ese empeño previo, y en el programa de ese Gobierno nonato figuraban en cabeza esa y otras medidas conducentes a restablecer la paz, limpiar de pasiones —negativas como toda pasión— el campo de la lucha, para iniciar después, ya serenado el ambiente, la auténtica lucha electoral sobre bases positivas, proyectadas sobre el futuro de la República y no sobre el pasado preñado de rencores. Nadie quiso secundarme y los partidos de derecha juzgaron severamente mi propósito, atribuyéndome, como ya es hábito en ellos, no sé qué contactos clandestinos y sórdidos con los extremismos de la izquierda. Dos meses después hubieron de padecer pasivamente las consecuencias de su error.

La amalgama de partidos y de masas que representa el Frente Popular, obtenido ya el triunfo en las urnas, no era fácil que pudiese subsistir en la vida provincial y rural, en la que las pasiones personales y las diferencias de clase abren abismos infranqueables. La misma distancia separa a un labrador burgués adscrito por su ideología a los partidos de izquierda del socialista o comunista del lugar, que a éstos del hombre de derechas, y con idéntico coraje busca el obrero campesino el desquite de lo que él considera explotación indigna cuando el patrono pertenece a la anémica y clorótica organización de los partidos de izquierda que cuando forma en las filas de los partidos de derecha. El choque, la vejación, el atropello, el asalto y hasta el crimen, que una vez desatada la pasión en la embriaguez del triunfo habían de ser el pan nuestro de cada día en villas y lugares, era lógico que no distinguiera de matices políticos en las víctimas. Por eso era inevitable, y así ha acontecido, que el Frente Popular no sobreviviera al logro del éxito electoral en las provincias, cualquiera que fuese la conducta de los Gobiernos en punto al mantenimiento del principio de autoridad y la severidad en el castigo de la infracción de las leyes. Una política de justa e imparcial severidad para cuantos al calor de la victoria pretendiesen tomarse por su mano el desquite hubiese dejado desasistido al Gobierno del apoyo, más bullanguero que efectivo, pero ostensible, de las masas proletarias; una política como la que España ha padecido estos tres últimos meses, de abdicación total por parte del Estado de sus más elementales y primarias obligaciones, cual es la de amparar el derecho, las haciendas y las vidas de todos los ciudadanos, sin distinción de colores ni matices, habría de enajenar al Gobierno el concurso, el apoyo y hasta la estima de las víctimas, que no son sólo los adversarios políticos, sino cuanto en España hay de pequeña y mediana burguesía, incluyendo en ella a los propios correligionarios de los ministros republicanos.

Porque esto había de ser así, importaba mucho dar desde los comienzos su auténtico valor a lo que era nervio y médula del conglomerado, al programa aprobado y firmado por todos los partidos coaligados. El Frente Popular no debía ser otra cosa que un programa cuya administración y cumplimiento correspondía, por declaración expresa en él contenido, a los partidos republicanos. En modo alguno podía considerarse el Frente Popular como una amalgama de partidos confundidos en la tarea de gobernar unidos la República, porque esta interpretación no podía llevar aparejada otra cosa que la máxima anarquía. O los partidos marxistas se avenían y aquietaban después del triunfo con la obra de los Gobiernos republicanos, a reserva de su actuación estimulante y acuciadora dentro de las Cortes para el rápido y cabal cumplimiento del programa, o esos partidos se llamaban a la parte en la dirección efectiva de la política, en cuyo caso, inevitablemente, sus masas, únicas auténticas animadoras de la acción en la calle, rebasarían la dirección de sus propios organismos y, por supuesto, la capacidad de resignación de cualquier Gobierno por débil y consentido que fuese.

La realidad ha sido que tampoco en esta ocasión se ha seguido ni uno ni otro camino. El Gobierno, exclusivamente republicano, en las Cortes asume y hasta la saciedad repite que solo él interpreta, administra y dirige el cumplimiento del pacto o programa; pero en la vida provincial y rural, en lo que más íntimamente atañe a la paz pública y a la gobernación del país, son las masas anónimas y exaltadas las que mandan y gobiernan a través de gobernadores sometidos a los comités jacobinos del Frente Popular —cuyos excesos y desmanes tiene aquella autoridad que refrendar, so pena de traslado y destitución— y a través de los alcaldes y presidentes de Comisiones Gestoras, verdadera plaga bolchevizante que está asolando España. Conjugada esta política absurda del Gobierno efectivo de los irresponsables, servidores a su vez de los apetitos de las turbas desmandadas, con la táctica de la inhibición sistemática de la autoridad del Estado y la consigna a la fuerza pública de absoluta abstención cualquiera que sea la naturaleza del desmán que presencie o del agravio que sufra, se ha llegado a entronizar en España un estado de anarquía sin precedentes, en el que los ciudadanos pacíficos, cualesquiera que sea su color político, viven con la sensación de que las leyes son letra muerta y que los incendios, asaltos, allanamientos de morada, homicidios, insultos y agresiones a la fuerza armada, han dejado de figurar por arte de magia entre los preceptos del Código Penal para quienes pueden alegar como eximente el uso habitual o circunstancial de una camiseta roja o la insignia estrellada con la hoz y el martillo. El puño en alto es salvoconducto y talismán que permite los máximos excesos, y ante el brazo en alto con el puño cerrado, la fuerza pública ha de permanecer pacífica y pasiva, aunque el ademán vaya acompañado del más provocador e insufrible de los agravios.

Claro es que la reacción del espíritu público ante este estado de anarquía, ni podía faltar, ni era posible que se encuadrara en ninguno de los partidos o agrupaciones existentes en el campo político constitucional. El exceso del ademán, lo desaforado del libertinaje lleva la reacción al límite máximo de la defensa por cuenta propia. Y así ha tomado cuerpo, hasta llegar a ser realidad preocupante, lo que se llama «fascismo». Del auténtico y legítimo fascismo italiano no tiene este movimiento de la opinión española sino el nombre, y tal cual postulado doctrinal, que la mayoría de los afiliados desconoce, y aun muchos de los que tienen de él conocimiento cabal lo arrinconan en el desván de la memoria, pensando, como buenos españoles, que «eso será lo que tase un sastre». La masa incorporada a ese movimiento se ha formado por aluvión y la integra la burguesía netamente conservadora, que habría de ser la primera víctima de esa fuerza si ella llegara a prevalecer. Se ha sumado a ese movimiento, ha ingresado en las filas de ese partido, porque en él figura desde hace años en la vanguardia una juventud magnífica de espíritu y patriotismo, llena de abnegación y rebosante de valor personal, que llega hasta el desprecio temerario de la muerte, que al calor de un ideal —yo creo que no bien precisado— actúa violentamente en la guerra civil empeñada sobre el suelo español, aplicando la ley del Talión a sus adversarios los marxistas, mientras van llenando la lista ya cuantiosa de sus mártires caídos en la estúpida y criminal contienda. La burguesía, pacata y encogida, ve en estas juventudes valientes y decididas su escudo y su salvaguardia, y tras ella se parapeta, comprando —creen los honrados burgueses de buena fe— su seguridad de hoy y su salvación de mañana al precio de una modesta cotización mensual en las cajas del partido. Para esta masa, el fascismo es un sindicato de defensa ciudadana, que en la vacación obstinada y contumaz del Estado, ausente de su misión primaria, constituye la única garantía de amparo de sus vidas y sus haciendas.

Analizando fríamente el contenido y la actuación del fascismo en España, queda el ánimo tranquilo, aunque dolorido. En su base es el cauce de las apetencias renovadoras de una espléndida juventud henchida de patriotismo, alucinada por las grandezas espectaculares que regímenes similares brindan a la admiración de propios y extraños en países europeos, cuyas gestas quieren emular y hasta tratan de copiar en los detalles mínimos y pueriles, sin lograr, en cambio, preñar de contenido sustantivo su actuación. Cuantas veces contemplo el espectáculo que ofrece el entusiasmo, rayano en el fanatismo, de esos jóvenes fascistas españoles, no puedo menos de pensar en el triste sino que parece pesar sobre España, porque cuando una juventud enardecida decide salir de la tradicional indiferencia para lanzarse con ímpetu patriótico a preparar el resurgir de la patria como nación, los hados adversos hacen que el único camino que hallan para verter sus entusiasmos sea la lucha a mano armada contra el adversario, siempre en la clandestinidad y en la sombra, en vez de desplegar al viento su ideal patriótico, contagiando con su entusiasmo juvenil a sus conciudadanos pasivos y aletargados, y dando a propios y extraños el magnífico espectáculo de una generación nueva, que no se resigna a seguir siendo juguete de tópicos manidos ni de incapacidades consagradas, sino que quiere con voluntad firme levantar a España de su postración secular, resucitando nuestras gloriosas tradiciones en lo que tienen de forjadoras de una raza, y moldeando el futuro mediante el esfuerzo aunado y cordial de todos los españoles.

La estructura del fascismo tras esta vanguardia, hoy por hoy, no pasa de ser un campamento de refugio de los tímidos, de los escarmentados, de los indignados, de los impacientes, de los egoístas, de los exaltados, de los mesiánicos y de cuantos en mayor o menor medida fían siempre el remedio de los males presentes a un cambio de régimen o por lo menos a un cambio de postura en el sistema de gobierno. Se me dirá, con razón, que los españoles comprendidos en estas categorías forman muchedumbre, que son la inmensa mayoría; mas esa afirmación cierta sólo es valedera ante una apelación a las urnas electorales, de la que estamos hoy tan lejos que no creo haya telescopio capaz de adivinar sus contornos; pero, en cambio, toda esa masa ingente de ciudadanos normales repudia por instinto y por egoísmo cuanto represente intervención activa en una lucha cruenta y da la casualidad de que para eso, y sólo para eso, se la convoca en las filas de esa organización de combate, que no puede aspirar al triunfo si no es a través y como resultado de la victoria en la guerra civil entablada.

Con todo, sería negar la evidencia desconocer el hecho de que esa organización tiene hoy entre afiliados y simpatizantes, agrupados a la casi totalidad de la burguesía española que ha ido vertiéndose en ella o poniendo en ella sus esperanzas, abandonando las filas de otros partidos políticos, sobre todo de los emplazados en la extrema derecha. Queda con ello escindido en dos bandos irreconciliables y poderosos el campo nacional, sin que las voces, más o menos sensatas de quienes permanecen en el centro de la vida política logren hacerse oír y menos aún obedecer.

Este fenómeno, naturalísimo, dada la idiosincrasia del pueblo español, tan fácil a los extremismos, lleva aparejado el definitivo descrédito de las instituciones democráticas y parlamentarias, repudiadas por igual y con idéntico encono por los partidarios de la dictadura del proletariado que por los fanáticos del Estado totalitario. Y así acontece que las predicaciones de los cándidos que, permaneciendo fieles a las viejas tradiciones liberales pretenden cantar aún sus excelencias y llamar a la cordura a los desaforados beligerantes, caen en el vacío y además provocan la hilaridad y la mofa de cuantos tienen la paciencia de escucharles, que no son muchos, aunque sean selectos.

Entre los dos bandos opuestos, el Estado republicano, cada vez más débil, aparece minado en sus órganos más esenciales por la mismas doctrinas de los combatientes. La debilidad congénita de los Gobiernos nacidos de la entelequia del Frente Popular y sostenidos por otra ficción no menos absoluta, la mayoría de las Cortes, va minando día tras día, con velocidad creciente, la capacidad de resistencia del Estado y sus medios de acción para la defensa. De nada sirve, para el desenlace fatal de este estado de cosas, que los Gobiernos pretendan apoyarse en uno de los bandos, proclamándose descarada e imprudentemente «beligerantes» frente al bando opuesto, porque el apoyo mismo, minado a su vez por disensiones intestinas e irreparables, flaquea por momentos, y porque, si no flaqueara, no tardaría en trocarse en sojuzgador y avasallar o suprimir al equipo gobernante y a los partidos en él representados.

Entre tanto, los problemas vivos y reales de España se agravan por instantes, y algunos de ellos llegan a sazón de ruina colectiva o de quiebra de pilares fundamentales del Estado. Dejando a un lado el pavoroso interrogante que abre para España la delicadísima situación internacional en estos momentos, con la amenaza de supuración del quiste austriaco; con la situación equívoca y peligrosa de Italia en relación con ese problema y en su posición frente a Inglaterra; con la interna debilidad de Francia, víctima también de un triunfo clamoroso de un Frente Popular, hermano gemelo del que España padece; con la tensión patriótica exacerbada en Alemania, ansiosa de recuperar su imperio continental y colonial y aun de acrecentarlo, y atenta a las debilidades y flaquezas de sus tradicionales enemigos; con la insostenible posición de Rusia, amenazada en su frente occidental por una Alemania en plena fiebre de rearme y en el oriental por la osadía provocadora del imperialismo nipón, pertrechado y apercibido para atacar; con el avispero balcánico en plena ebullición por la natural aspiración de los pueblos a seguir los mandatos que trazan las razas y la misma geografía, rebelándose contra las utopías nacidas de la Paz de Versalles; dejando, digo, todo lo que esto representa para España de incertidumbre agobiadora, ¿qué decir de tantos y tantos problemas, como el de la moneda, el de la Hacienda, el del paro obrero, el de la ruina de nuestra economía en general, pero singularmente de nuestra industria pesada, nervio fundamental de nuestra defensa nacional y de nuestra independencia; el de nuestro comercio exterior, el de nuestro Ejército y nuestra Marina, y tantos otros, entre los cuales ocupa el primer lugar por ser la clave del arco, el de la articulación del Estado republicano, hoy casi desguazado e inservible?

Para ser sincero y trazar en pocas palabras la síntesis de la situación actual de España conforme a lo que queda dicho, habría de condensarla en estas palabras: desgobierno absoluto arriba, anarquía desatada abajo; como trabazón constitucional en medio, la ficción insostenible de las Cortes, y amenaza de ruina en todas partes. Está claro que esta situación no puede prolongarse, y no hallando en el juego normal de las instituciones mecanismo hábil para remediarlo, es forzoso examinar cuál podría ser el que, a juicio mío, debiera seguirse sin demora.

Para lograr que este camino conduzca a lugar seguro, aunque su trazado sea atrevido y difícil, basta tener en justa y cabal consideración las causas mismas del mal presente, calibrándolas en su medida exacta, rompiendo de una vez —ya va siendo hora— con los prejuicios que atenazan las voluntades más firmes y prescindiendo de postulados hasta hoy reverenciados como eternos e intangibles, poner la vista exclusivamente en la salud suprema de la Patria. Sin este estado de espíritu previo, sin esa firme decisión en el ánimo, sería inútil el empeño y hasta podría trocarse en nocivo todo intento de remedio, porque colmaría el descrédito del régimen republicano, abriendo la compuerta de otra guerra civil política que vendría a sumarse a la social que hoy nos aflige y nos arruina.

Nos equivocamos… La salvación está en una dictadura nacional republicana (23 de junio)

Nos equivocamos… La salvación está en una dictadura nacional republicana (23 de junio)

Los republicanos que colaboramos en el advenimiento de la República, aquellos que tuvimos el honor —lo digo hoy como ayer, con plena satisfacción interna— de guiar sus primeros pasos desde el Gobierno Provisional, tenemos la obligación sacratísima de salvarla, y, por añadidura, la de no defraudar con engaño, que sería criminal, al país, dejando que se consume su ruina por el empeño mezquino de nuestro amor propio, de no reconocer los errores cometidos o de no prestarnos a rectificarlos.

Cuando lo que está en tela de juicio es la vida misma de España, cuando la sombra de la anarquía y de la ruina pasa por delante de las miradas atónitas o enfurecidas de los españoles, no hay consideración alguna que tenga rango de primacía sobre el indeclinable deber de acudir al remedio arrollando cuanto estorbe, desgarrando ideales muy queridos conservados en el altar de nuestras ilusiones, si son ellos los causantes del mal o los que ponen trabas al remedio.

Y aun cuando es bien notorio que yo no he tenido parte alguna en cuanto ha venido ocurriendo en la política de la República desde que salí del Gobierno Provisional en octubre de 1931; aun cuando consta por escrito mi protesta, algunas veces airada, contra la marcha de la cosa pública; aun cuando desde que salí del Gobierno ha sido consultada libremente la voluntad del país en dos ocasiones a través de elecciones generales y en ambas las clases conservadoras repudiaron mis predicaciones y me negaron su apoyo, sus votos y su concurso, quiero incluirme entre los responsables del mal estado actual de la vida española recabando un puesto en la solidaria responsabilidad de los hombres del régimen.

Empecemos, pues, por proclamar nuestros errores.

Nos equivocamos al convocar a las Constituyentes y emprender la obra de redactar y votar la Constitución del Estado a los pocos meses de instaurado el nuevo régimen, porque era inevitable que, de un lado, la inexperiencia en la función de gobernar y, de otro, la tensión revolucionaria de las masas, dieran como fruto una ley fundamental plagada de errores en su parte orgánica y de sectarismos y de demagogia en su parte dogmática.

Nos equivocamos al vestir al nuevo Estado con el traje arcaico y ya en desuso en todo el mundo moderno de un liberalismo integral siglo XIX y de un parlamentarismo cerrado, que eleva a la enésima potencia los vicios tradicionales del sistema y multiplica las trabas a la función de regir la vida nacional con desembarazo y eficacia, a través del Ejecutivo.

Nos equivocamos al poner en práctica el sistema, y negar el diálogo y la convivencia a los adversarios políticos, incluso a los servidores del régimen, porque falseamos la función de las Cortes, desnaturalizamos su misión, abrimos el cauce para la protesta justificada de la opinión, engendramos el alud ambiguo y enervador de 1933, y, sobre todo, desprestigiamos la institución misma, haciendo perder a la opinión su confianza en ella.

Nos equivocamos en el ritmo reformador o revolucionario, dejando transcurrir los años primeros y decisivos empeñados en fútiles menesteres, en vez de atacar a fondo y con gran estilo la obra de dar estructura al nuevo Estado, modelando sus instituciones económicas, políticas y sociales a la medida de las auténticas exigencias del país, que votó fervorosamente la República en 1931.

Nos equivocamos al emprender, apenas transcurridos los primeros meses, una política de tipo partidista y de clase, no sólo divorciada, sino hostil a cuanto no fuese la fracción gobernante, en vez de practicar una política nacional que incorporase a la obra de los Gobiernos a la masa ingente de intereses legítimos y de ciudadanos capaces, que desde fuera colaborasen con ardor y entusiasmo patriótico en la edificación del régimen.

Nos equivocamos en los modos ásperos y violentos de practicar la función de gobierno, provocando la protesta y el desvío de los ciudadanos, que en España son legión, que repudian y execran la violencia y el atropello, en vez de practicar sin regateos ni escrúpulos los principios liberales escritos en la Constitución, perfectamente compatibles con una autoridad inflexible y con la energía en el castigo de quienes faltan a las leyes.

Nos equivocamos al buscar el remedio a males transitorios y de origen conocido en la promulgación y aplicación de leyes excepcionales, siempre injustas y vejatorias, pero francamente insufribles para todo español cuando la norma punitiva en ellas contenidas no es ya lo discrecional, sino el antojo del gobernante.

Nos equivocamos cuantas veces —y no son pocas ciertamente— faltamos sin fundamento sólido a los principios constitucionales agrediendo a la ley fundamental con alfilerazos, cien veces más nocivos para su prestigio que la franca y abierta declaración de ruptura o de suspensión de sus preceptos.

Nos equivocamos cuando atentos a circunstancias del momento o a conveniencias minúsculas de los Gobiernos, consentimos y estimulamos el relajamiento de los resortes de la autoridad, y con él el desprestigio de los órganos encargados de mantenerla, en vez de considerar el mantenimiento inflexible del orden público como norma obligada y común a todos los partidos del régimen.

¿Vale la pena de seguir la enumeración de los errores? No sería difícil; mas con lo dicho basta, porque en fin de cuentas todos los enumerados y los que podrían añadirse cabe compendiarlos en estas tres causas: primero, insinceridad en el cumplimiento y observancia de los preceptos constitucionales, por la imposibilidad material de cumplirlos como consecuencia de sus propios defectos; segunda, postergación del auténtico interés nacional, altamente concebido, al interés de partido o de clase, y, tercera, inexperiencia de las funciones de gobierno y falta de preparación en los encargados de ejercerla.

Conocido el mal, está andado la mayor parte del camino para hallar el remedio cuando para lograrlo se pone la vista, repito una vez más, tan sólo en el alto interés de España y de la República. No nos incumbe la corrección de los vicios y errores que hayan padecido o padezcan las fuerzas sociales y políticas que actúan en los linderos del régimen, ni es prudente esperar de su cordura y de la rectificación de su conducta el remedio de los males que la República padece: nos importa sólo nuestra propia responsabilidad, la de quienes contrajimos con el país el compromiso de darle un régimen estatal justo, que fuese la base de su prosperidad material y de su bienestar moral. Quiere esto decir que somos los republicanos y aquella parte del socialismo no contaminada de la locura revolucionaria quienes hemos de asumir la tarea de rectificar el rumbo de la República, so pena de vernos en el trance de soportar que de fuera venga, por la derecha o por la izquierda, no sólo la rectificación, sino el barrido total de las instituciones republicanas. Adviértase además que si el cambio en la estructura del sistema político es inevitable y se impone con la fuerza avasalladora de una realidad imperiosa, la única vía exenta de convulsiones, incruenta y civil, es la que pueda tender el régimen mismo anticipándose con el reconocimiento paladino, noble y sincero de sus propios defectos. Cualquiera otra solución llevaría consigo, por de pronto, violencias y transformaciones de magnitud insospechada.

Son las Cortes actuales fruto de una corriente de opinión negativa, de protesta contra el pasado Bienio; y por eso son limitadísimas —hasta el punto de que pueden reducirse a la unidad— las combinaciones de grupos y de minorías que dentro de ellas pueden hacerse para articular una mayoría que apoye a los Gobiernos. Fuera del Frente Popular no es fácil hallar medio de reunir bajo un programa de gobierno número suficiente de diputados para formar una mayoría parlamentaria. Mas habría de ser ello posible y sería igualmente inútil el empeño, porque la realidad es que la práctica viciosa del sistema desde las primeras Cortes de la República ha hecho inservibles las Cortes para su misión privativa. No cabe esperar de éstas, como no fue posible lograr de las anteriores, la transigencia a través del diálogo que resuelva armónica y nacionalmente los problemas que agobian al país —y son ellos de tal naturaleza que la demora en resolverlos acarreará la ruina de la economía y de la Hacienda del Estado—. Por otra parte, el divorcio casi tradicional entre la vida parlamentaria, con sus intrigas y sus cubileteos, y la vida efectiva social y económica del país ha llegado ya a límites insostenibles, y así vemos hoy que la realidad nacional nos muestra el Frente Popular roto y deshecho en toda España; las huelgas provocadas y mantenidas por los partidos obreros adscritos a la mayoría parlamentaria, arruinando al país y provocando conflictos inacabables a los Gobiernos; los desórdenes, algaradas y atropellos de las masas obreras que forman en las filas del Frente Popular, entronizando la anarquía rural a despecho de los Gobiernos, que dicen ser los directores de la política del conglomerado, y, sin embargo, en las Cortes aparece unido, exteriormente al menos, el Frente Popular, desdibujándose por momentos los contornos de cada uno de los partidos que lo integran.

Tal situación equívoca no puede durar, porque a nadie beneficia su prolongación, y aun los que con más estrépito cantan las excelencias del Frente Popular y la necesidad de su permanencia en el poder, se verían comprometidos si hubieran de formular una razonada justificación de sus asertos.

Roto el Frente Popular, queda el actual Parlamento inservible, por la imposibilidad de formar un Gobierno salido de su seno que goce de mayoría. ¿Y entonces? Esta pregunta está hoy en todos los labios, y se da la extraordinaria circunstancia de que en la respuesta a ella llegan a coincidir hombres de significación políticamente contrapuesta, y de que son contados —yo apenas los conozco— quienes postulan una solución dentro de las puras normas constitucionales; ello revela la extensión que el mal ha llegado a tener y cuánto pesa él en la conciencia de todos. Pues bien: si no se quiere abrir un período caótico en la vida de España, llegado ese momento no habrá sino una solución, la de reconocer todos los errores, los vicios, los defectos que el sistema creado por la Constitución del 31 ha puesto de relieve en la experiencia de cinco años, y rectificar de una vez y sin paliativos el rumbo de la República, dejando en suspenso los preceptos de la Constitución, clausurando el Parlamento; es decir, despojando a la República del traje arcaico con que la vestimos y emprendiendo una nueva ruta con ella desnuda tal cual advino el 14 de abril, y tras un período cuya duración han de fijar las circunstancias y los sucesos, pensar en la confección del nuevo ropaje más acorde con las necesidades nacionales y con las exigencias de la vida de un Estado moderno.

Es inútil emplear eufemismos cuando se trata de una realidad notoria: dictadura republicana se llama esa solución que postulo. Es indiferente que a ella se arribe a través de fórmulas de plenos poderes otorgados por las Cortes —suponiendo que los otorguen— o derechamente y sin rodeos. Cuanto más claro aparezca el deseo de abrir una nueva etapa en la vida del régimen, mayor será la autoridad del Gobierno que nazca y más extensas las zonas de opinión que lo asisten con su concurso y su entusiasmo.

Dictadura republicana. Pero ¿quién o quienes han de ejercerla? La mayor catástrofe que podría sobrevenir a España es que esa dictadura fuese unipersonal o partidista. En el acto surgiría, de un lado, el mesianismo, al que tan propenso es el pueblo español, y del otro se concitarían contra el dictador todos los odios de los sectores y partidos que no participasen en el Gobierno. Por generoso y liberal que fuera el dictador, una dictadura de ese tipo tendría que ser cruel, y en fin de cuentas sería la antesala de una revolución violenta o el prólogo de una etapa de pronunciamientos. No, la dictadura que España requiere hoy es una dictadura nacional, apoyada en zonas extensas de sus clases sociales, que llegue desde la obrera socialista no partidaria de la vía revolucionaria hasta la burguesía conservadora, que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y de la renuncia, en aras de una justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles. Dictadura regida por los hombres de la República, por republicanos probados, que, unidos y juramentados para no escindirse ni separarse hasta terminar su labor, antepongan el interés supremo de España a toda mira partidista y de clase, gobiernen para toda la Nación y acometan la obra de construir el Estado. Dictadura avanzada y atrevida en su política social y económica y conservadora en sus procedimientos y en su actuación gubernativa. Dictadura en la que los hombres representativos del régimen que figuraran en el Gobierno ocuparan los puestos para los que les califica su preparación, o su historia, o su vocación, sin miramientos a jerarquías ni entorchados, con la sumisión propia de quienes, requisados, se movilizan al servicio del alto interés. Gobierno de plenos poderes, limitándose a sí mismo, como lo hizo el Gobierno Provisional al de la República, sus propias atribuciones, por los postulados eternos y sagrados de la equidad y de la justicia, pero dispuesto a renovar rápida y radicalmente cuanto perdure viciado, corrompido o inservible en el acervo ingente de la legislación española.

Ésta y no otra es la solución que España tiene ante sí para los males que padece. ¿Sigue prevaleciendo en el ánimo de los responsables dirigentes del Estado el prejuicio de conservar la apariencia de respeto a principios que de hecho vienen ellos mismos violando y atropellando día tras día? ¿Se anteponen esos prejuicios y otra clase cualquiera de escrúpulos al interés supremo de la República y de España? ¡Ah! Pues si tal acontece, nadie se forje ilusiones engañosas. «De fuera vendrá quien de casa nos echará».

Los plenos poderes (25 de junio)

Los plenos poderes (25 de junio)

Sería igualmente lamentable y pernicioso negarnos a reconocer la realidad y contemporizar con el mal presente poniendo una vez más en práctica el sistema tan español de «ir tirando», como desnaturalizar el remedio, reduciéndolo en su dimensión y en su alcance y perdiendo así la ocasión postrera de nacionalizar el régimen republicano a través de la obra de un Gobierno de esa composición y carácter.

Síntomas hay de que ambas cosas son posibles. De un lado oímos a diario en las esferas del Gobierno la afirmación de que nada pasa de extraordinario ni de anormal en España, de que nada aconseja siquiera un cambio de orientación en su política, de que bastan unos telegramas circulares a los gobernadores ordenándoles que despierten de su letargo para que la paz renazca como si semejantes sablazos en el agua tuviesen ya la virtud de amedrentar y corregir a nadie. De otra parte, surge en los comentarios políticos y de prensa en las últimas semanas el propósito atribuido no se sabe a quién, de que las Cortes otorguen a éste o a otro Gobierno del Frente Popular plenos poderes para desarrollar el programa prescindiendo del Parlamento.

Con sobrada razón fue el Gobierno mismo quien puso fin a tales comentarios afirmando que ni puede pedir esos poderes, ni, según él asegura, los necesita. Para justificar lo primero, basta considerar la naturaleza y origen del Gobierno y de las Cortes y pasar la vista por el artículo 61 de la Constitución. El Frente Popular, mientras permanezca vivo y entero, al menos en apariencia, sólo puede desenvolver su actuación dentro de las Cortes y a través de sus votos. El día que no pueda ser así, el Frente Popular habrá pasado a la historia.

Se da la paradoja de que el colapso de la vida constitucional y parlamentaria, tan patente que mueve a gentes de todos los matices políticos a poner los ojos en remedios extraordinarios, sobreviene en ocasión en que las apariencias dan a las Cortes un valor de perfecta autenticidad dentro de las reglas del sistema parlamentario. Nunca como el 16 de febrero vio el cuerpo electoral con mayor conocimiento de causa y de las consecuencias que su voto traería aparejadas. El Frente Popular lo solicitó de los electores para desarrollar un programa de gobierno perfectamente articulado, en el que se detallaban con escrupulosidad rara vez igualada todos los temas que habían de ser abordados y resueltos en caso de triunfo, y, por su parte, las derechas basaron su propaganda en la afirmación, un tanto torpe, de que el triunfo del adversario sería la revolución. Los electores dieron el triunfo por escasa mayoría al Frente Popular, y éste tomo el poder para desarrollar su programa a través de un Gobierno exclusivamente republicano, según rezaba el programa mismo. Y en esto estamos. No cabe mayor normalidad en el desarrollo externo y formal de los acontecimientos, y, sin embargo, es ahora, en esta ocasión, cuando al parecer surge el tropiezo que hace tambalearse a la institución parlamentaria y pone en entredicho la eficacia de todo el sistema político vigente.

Y es que una vez más la realidad se impone con fuerza inexorable, y la realidad de hoy es que, pese a los buenos propósitos del Gobierno e incluso a los vehementes deseos de los responsables de la dirección de las fuerzas obreristas, la indisciplina nacional es ya insoportable; el poder público es ya impotente para dominarla; los bandos beligerantes —y son ya más de dos— se entregan al bárbaro deporte de la caza del hombre; las huelgas ilegales y las desobediencias patronales a los mandatos de la autoridad brotan con fertilidad tropical; la ruina irreparable de la economía y el colapso de la Hacienda del Estado se ven en proximidad aterradora; por la derecha y por la izquierda del régimen las fuerzas agrupadas, organizadas y armadas, presionan al Estado poniéndole en punto de asfixia y anuncian su propósito de asaltarlo y derrocarlo; y todo esto acontece porque el Frente Popular, que fue un excelente instrumento electoral, no es ni puede ser un instrumento de Gobierno, porque es una amalgama, además de híbrida, explosiva y destructora de la paz y de la riqueza del país. Viniendo el mal de donde viene, nada remediaría esa solución de los plenos poderes que algunos preconizan.

La decisión de abandonar el camino real de la legalidad constitucional —dentro de la que no es posible arbitrar semejantes poderes— para tomar el atajo de la anormalidad que salve el agobio de la hora presente requiere plena justificación de la imposibilidad material de seguir la ruta legal sin gravísimo daño para el interés público, y, además, la firme decisión de buscar y hallar en el nuevo derrotero remedio efectivo a todos los vicios del sistema que se abandona. Sin uno y otro requisito cabalmente cumplidos se corre el riesgo de acrecentar el daño, gastando en balde y desacreditando para siempre el recurso supremo al que se apela en última instancia.

La justificación de esa medida de naturaleza tan excepcional como la que suponen los plenos poderes de que se habla, lo mismo que el Gobierno dictatorial que yo preconizo, no puede ser otra que la notoria y probada incapacidad del órgano creado por el sufragio popular para desarrollar el programa que votó, o sea el fracaso del Frente Popular como instrumento de gobierno, porque ese fracaso cancela el resultado electoral y releva a los órganos del régimen de la obligación democrática de respetarlo. Mientras ese fracaso no sobrevenga, mientras el Frente Popular subsista —y su duración perniciosa y abusiva es de la responsabilidad exclusiva de los partidos que le integran— no se puede hablar ni de plenos poderes ni de dictadura. El respeto que todos debemos a la voluntad popular nos lo impide. El pleito puede, y a mi juicio debe, quedar planteado al tiempo de quebrarse, con quiebra sin lañadura posible, el Frente Popular y con él la mayoría de estas Cortes, porque sólo entonces podrá tener plena justificación lo excepcional e insólito de la medida.

Cualquier republicano sincero que de veras ame y defienda al régimen habrá de reconocer en estos momentos, aun cuando no lo proclame, aun cuando diga públicamente lo contrario, que la República no puede subsistir si ha de continuar por los derroteros que le traza la política del Frente Popular, tal como ella se practica y entiende. Hoy, la República no es otra cosa que el instrumento —quiero creer que inconsciente— de la parte exaltada y revolucionaria de la masa proletaria, que al socaire del sistema democrático y liberal y de la ceguera de algunos hombres representativos de los partidos republicanos, prepara con prolija minuciosidad el asalto al poder y el exterminio de la organización social capitalista y burguesa.

Cuando esa preparación esté ultimada, cuando la ruina de la grande y pequeña burguesía sea un hecho consumado a través de huelgas y perturbaciones; cuando los órganos coactivos del Estado, enervados por la pasividad que se les impone ante el agravio, pierdan su eficacia o se relajen, habrá sonado la hora decisiva y entonces, en forma casi incruenta, suavemente, el asalto a la fortaleza quedará consumado.

Que esto no es afirmación caprichosa y vana, que éste es su propósito nos lo dicen ellos mismos en sus propagandas en la prensa y en los actos públicos. No se perdona medio de elevar la tensión revolucionaria de la masa proletaria, haciéndole promesas de un triunfo rápido y total sobre el régimen burgués y anunciando en artículos y discursos la intención de pasar por encima del Estado democrático —al que hoy adulan y en el cual se amparan— para instaurar la dictadura del proletariado.

Por desgracia, la República se apoya hoy tan sólo en esas fuerzas obreras, porque en la política al uso quien no es marxista puro y exaltado es considerado y tratado como fascista, si no por el Gobierno mismo, por sus agentes y delegados subalternos, al servicio directo de las masas populares. República de nombre y de apariencia externa burguesa; pero de hecho, República de clase, que tiene enfrente, desviada de su servicio y de su apoyo, a toda la clase opuesta, a la burguesía media y alta, que cuantitativamente representan por lo menos la mitad de España, y cualitativamente, el único asiento posible del sistema político y social que la República misma dice representar.

Las cárceles rurales y provinciales están hoy pobladas de ciudadanos afiliados desde el advenimiento del régimen a partidos republicanos, culpados de fascistas y privados de libertad a instancias de los dirigentes de las Casas del Pueblo, por el delito de haberse dejado arruinar por exacciones absolutamente arbitrarias e ilegales impuestas por los organismos rojos, y verse ya en la ruina y por tanto en la imposibilidad material de seguir pagándolas. Las asociaciones patronales, que por juzgar ruinosas las reclamaciones de sus obreros inician la defensa colectiva que la ley ampara y reglamenta, son reputadas como fascistas, y no sólo se les priva de su derecho, sino que a gritos se pide su encarcelamiento y expoliación como enemigos de la «democracia y de la República». Los republicanos que con más ahínco y mayor sacrificio personal colaboramos al advenimiento del régimen —mientras no pocos de los revolucionarios de hoy torpedeaban y ponían trabas a nuestra obra, al servicio clandestino del régimen caído— somos fascistas y merecedores como tales del exterminio, porque no nos avenimos a presenciar impasibles el espectáculo del régimen entregado estúpidamente a quienes no tienen más designio que derrocarlo para sustituirlo por la anarquía.

Si la República ha de ser eso, la República está inexorablemente condenada a muerte próxima, a manos de esos mismos que hoy se dicen sus únicos defensores, o, lo que es más probable, a manos de la reacción opuesta que, aunando las voluntades de todas las víctimas del atropello y de la barbarie imperantes, labora su organización y prepara en la clandestinidad sus cuadros de ataque y de asalto, sin que los castigos y persecuciones del poder público sirvan para otra cosa que para aumentar el número de los fanáticos de la idea, como por propia experiencia saben, aunque parezca que lo han olvidado, los promotores y dirigentes de la política del día.

Ante esta perspectiva que la realidad nos ofrece, fácilmente se comprende la gravedad que encierra el pleito que se planteará fatalmente al sobrevenir el rompimiento del Frente Popular: o los republicanos todos —e incluyo en esta denominación a los que por la derecha o por la izquierda desean el mantenimiento del régimen republicano, aun cuando aspiren legítimamente a su evolución— se deciden a posponer los intereses de partido al interés supremo del régimen, y unidos se comprometen solemnemente a dar a la República la significación nacional que no ha logrado alcanzar desde su advenimiento, o se resignan a verla morir en las convulsiones de una guerra civil cruenta, cuyo desenlace sea, o a dictadura roja o la dictadura fascista, o más exactamente, la anarquía o los pronunciamientos. Quiero creer que no habrá en tal situación un solo republicano, un solo político, que no preste con fe y con entusiasmo su concurso.

¿Hay nada más humano que el derecho a la legítima defensa? ¿Puede alguien poner reparo al ejercicio por la República y sus servidores de ese derecho ante la agresión, encubierta o declarada, venga ella de donde viniere?

Un régimen que no se defiende no merece vivir; pero un régimen que se entrega pasivo y regocijado a sus adversarios declarados, además de merecer la muerte, merece el desprecio de la Historia. La República sabe que los enemigos la acechan, unos en la sombra y otros a la luz del día, entre elogios y zalemas, pero con demostraciones públicas de sus propósitos revolucionarios. La República sabe que si al amparo de sus leyes democráticas en momentos de pasión y merced a uniones circunstanciales y efímeras, logran unos u otros prevalecer, habrán muerto en España a la vez, la República, las libertades y la democracia. La República sabe que si tal cosa acontece, España se verá asolada por calamidades aún desconocidas en su historia, porque ninguno de sus adversarios está capacitado para asentar un régimen político y social humano y habitable. La República tiene contraído con los españoles, con todos los españoles, el compromiso solemne de regirlos y gobernarlos en Paz y con Justicia —ambas con mayúscula— y no puede traicionar ese compromiso poniéndose al servicio de una parte de unos españoles para ampararles en la obra criminal de exterminar a los restantes. «La República es un régimen para hombres» —según hemos oído días atrás en las Cortes de labios autorizados— y un régimen para hombres no puede envilecerse entregando, por miedo, los atributos de su poder a los más audaces de entre sus enemigos.

¿Qué republicano que lo sea de verdad puede negar la justicia de estas afirmaciones? Pues si es así, ninguno, desde al más alto al más humilde, cualquiera que sea el campo político en que está emplazado, puede omitir su aportación personal a la obra apremiantísima de restaurar la confianza en el régimen de todos los ciudadanos sin distinción de clases, sin más excepción que la de quienes, por ser profesionales de la revolución, serán siempre inadaptables a cualquier legalidad dentro del sistema social que vivimos. La burguesía española ha perdido esa confianza y un ambiente de incertidumbre y de congoja atenaza hoy el espíritu de todos los españoles que no quieren verse envueltos en el remolino de la barbarie anarquista.

El «todo menos esto», que es la última expresión de la repulsa a un estado de cosas y a una política, está hoy en los labios de la inmensa mayoría de las gentes, incluso en aquellas que por militar en las filas de los partidos de izquierda pusieron toda su ilusión en el triunfo del 16 de febrero.

Lo que no sea «esto» no puede ser otra cosa que la dictadura republicana, el Gobierno Nacional de los hombres más aptos y capaces que tenga la República en sus cuadros, único Gobierno para el que es más que lícito, obligado, pedir esos plenos poderes de que se habla a nombre de la salvación de España a cuyo servicio exclusivo ha de consagrarse.

Gobierno Nacional (27 de junio)

Gobierno Nacional (27 de junio)

La extraordinaria gravedad del momento y las dificultades que la propaganda oral ofrece en las actuales circunstancias me han aconsejado emplear el camino de la publicación de estos artículos en la prensa, rompiendo con ello por vez primera mi costumbre de no utilizar ese medio de difusión de mis posiciones políticas.

No se trata hoy —al menos no ha sido ése mi propósito— de convencer a nadie de nada, porque cuanto llevo dicho, o, por mejor decir, escrito, sobradamente lo conocen, saben y padecen los españoles todos. Se trata tan sólo de salvar, por el único medio a mi alcance en estos momentos, la parte alícuota de responsabilidad que pudiera alcanzarme en los acontecimientos futuros, y además, de formular la declaración honrada y sincera de mi convencimiento de que aún es hora de evitar a España días amargos, por si esta declaración sirviera para orientar a la opinión pública, que es, en definitiva, quien debe marcar el rumbo de la vida nacional.

No abrigo la menor esperanza de que mis razonamientos logren convencer a quienes tienen sobre sí el peso de la mayor responsabilidad en la hora actual de España. Sé muy bien que, aun llegando a coincidir en lo esencial, o sea en la gravedad del momento y en la urgencia del remedio, consideraciones de orden político y partidista harían imposible la coincidencia en la solución, porque los alaridos de quienes desempañan en la vida pública el papel de energúmenos —que forman muchedumbre, porque es hoy ese papel el único de rendimiento seguro— apagarían las voces de la razón con sus estridores y captarían la voluntad de los vacilantes con sus amenazas. Mas esa convicción no me releva del deber que todo hombre político, por modesto que sea, tiene siempre en horas graves para el país de decir su opinión y dejar consignado en forma pública su consejo. Hecha esta aclaración, vamos al tema.

Cuando afirmo que, a mi juicio, no hay otro remedio para la caótica situación presente que la formación de un Gobierno Nacional, atribuyo a las dos palabras que forman el concepto todo su auténtico significado, sin las mixtificaciones en uso en nuestras costumbres políticas. Según ellas, se llama Gobiernos a las reuniones de trece ciudadanos salpicados al azar de las idas y venidas de los encargados de formarlos, en los distintos Ministerios adonde van a parar como caídos de las nubes, la mayor parte de las veces ayunos hasta la anemia de todos los conocimientos de las funciones propias de su departamento. Cuando en el lenguaje usual de la política se habla de Gobierno Nacional, las gentes sobreentienden que ese Gobierno ha de formarse por igual sistema: pero siendo todos los partidos, sin excepción, los encargados de suministrar al jefe del mismo los nombres de los ciudadanos que han de ser espolvoreados sobre las poltronas ministeriales.

Al tiempo de formarse esa clase de Gobiernos, los ministros reunidos han de articular en el espacio de unas horas, las menos posible, lo que se llama un «programa mínimo» —que es la fórmula que en el lenguaje político se emplea para designar el vacío— y ya queda el engendro lanzado a la misión azarosa de dirigir una vida nacional agitada por las pasiones más opuestas. Y da comienzo la caza. A trancas y barrancas logra ese Gobierno tenerse en pie con apariencia de unidad unas semanas, hasta que abierta la primera grieta y percibida o adivinada por la jauría de la oposición —que llega para estos efectos hasta los ministeriales sin plaza ni acomodo— entran por ella y no se dan reposo hasta lograr descuartizarlo, pudiendo considerarse felices los ministros si les es dado evitar que de la fiereza del agarre salgan incólumes su reputación y su honra. Emplear hoy tal sistema sería la postrera y decisiva calamidad que caería sobre el régimen republicano y sobre España.

No; un legítimo Gobierno Nacional no es eso. Es el formado por los aptos para cada función de entre los hombres al servicio del régimen, estén donde estén, sean o no militantes de los partidos políticos, que por su significación y su historia en las actividades o disciplinas a las que se hayan consagrado gocen de tal reputación ética, social y técnica, que su designación inspire el respeto y hasta el aplauso de los gobernados. Un Gobierno Nacional es el que puede asumir la misión difícil, pero patriótica, de dirigir la vida nacional desligado de toda disciplina de partido, buscando para su obra la asistencia de todos los ciudadanos sin distinción, y acometiendo la labor de dar solución a los problemas que agobian al país con el espíritu libre de todo prejuicio y de toda otra ligazón que no sea la del interés colectivo. Un Gobierno Nacional es el que por su composición y por la naturaleza de la obra que realice, al dirigirse a los gobernados puede solicitar de todos el concurso y pedirles en nombre de España y para servirla, y no a nombre del interés de una clase o de una tendencia o de un partido, los sacrificios obligados. Un Gobierno Nacional es el que entre los dos bandos en lucha cruel y sangrienta sobre el campo español, encarna al Estado, impone a los unos y a los otros el cumplimiento de las leyes, desarma, castiga, reprime, recompensa, administra justicia, remedia los males, proporciona trabajo y no tolera que, sin él y menos contra él, pueda nadie imponer su voluntad por la fuerza. Un Gobierno Nacional es, en suma, el «Estado republicano en pie».

¿En quiénes ha de apoyarse una dictadura republicana nacional? Los Gobiernos dictatoriales que llegan al poder mediante el asalto, un golpe de Estado o una revolución, se asientan sobre las masas o las instituciones que les encumbraron. Este apoyo unilateral, reducido tan sólo a una parte de la opinión nacional, pasa a ser el vivero de donde toma el dictador sus servidores y asistentes, y es a la vez su guardia y su brazo ejecutor, desplazando de toda función directiva a quienes no son feligreses de la parroquia e imponiendo silencio perpetuo, y si es preciso exterminando físicamente, a los heterodoxos.

La repulsa que a todo espíritu liberal inspira ese sistema de gobierno hace que en España —país ultra liberal con ribetes de anarquista— sea imposible implantarlo con probabilidades de permanencia, como ha demostrado el ejemplo aún reciente, y es esa realidad la que pone pavor en el ánimo de quienes presentimos su posibilidad, ante las perspectivas de las calamidades que tal solución traería consigo para España.

La dictadura circunstancial y transitoria —que puesto a pedantear podría llamar romana, con sus tres conocidas y manoseadas características— nacida de un régimen democrático, ha de ser cosa totalmente diversa, por su nacimiento incruento y normal dentro de la anormalidad inevitable, por su composición extraña a todo poder personal y por su base de sustentación y apoyo, que ha de ser toda la masa de la opinión que acepte el régimen político vigente, aun cuando entre sí discrepe respecto al sistema para articular su funcionamiento posterior y definitivo. Esta zona de opinión llega hoy en España desde el socialismo llamado reformista hasta la derecha conservadora comprensiva —séame permitido no ser yo quien deslinde y amojone este campo de mis afines, cuya vidriosa suspicacia conozco bien, porque ni quiero provocar polémicas, ni me incumben funciones definidoras—. Un Gobierno Nacional que se apoyara por su obra y para su obra en ésta extensa zona de opinión tendría además, en el acto, el concurso y el apoyo de una gran masa de ciudadanos adscrita hoy sin convicción, y hasta sin conocimiento de su doctrina, al fascismo en busca de amparo y protección de sus derechos, porque repuesto el Estado en su lugar y en su función primordial, serían contados de entre esa masa de burgueses —generalmente bien avenida con las compensaciones que ofrece la existencia— quienes sentirían la necesidad de jugar el papel de héroes, ni siquiera el prurito de desempeñar el de militantes de una centuria.

A toda esa zona de opinión pública habría de tenerla el Gobierno Nacional no sólo conforme, sino enardecida de entusiasmo y activa y presente en la vida pública, mediante contacto diario a través de los medios modernos de difusión de la palabra y de la imagen y merced a la obra incansable y dinámica que realizara.

¿Cuál habría de ser esa obra? Sería pretensión absurda querer encerrar en los límites de un artículo de prensa diaria el programa de un Gobierno de esa composición y naturaleza, y además petulancia ridícula en mí pretender ser yo quien la defina. Mas lo urgente y apremiante de esa obra a voces lo está diciendo la realidad angustiosa que todos presenciamos y padecemos.

Tiene, sin discusión, la primacía el restablecimiento integral de la disciplina en todos los sectores de la vida nacional, incluso, claro es, en los órganos al servicio del Estado.

Una parte de la disciplina es el orden público, tan quebrantado hoy por toda suerte de desmanes y por esas manifestaciones que, con título de jubilosas, encubren la vulgar algarada y pretenden justificar los más reprobables excesos. El orden público en un Estado moderno es algo tan elemental que las ruedas de la máquina que lo garantiza y lo mantiene han de funcionar solas, con la intensidad y dureza proporcionada a la magnitud del desorden que reprimen, sin que ningún ciudadano de ese Estado haya de formular la menor protesta ni mostrar siquiera extrañeza por ello. Cuando las ruedas de esa máquina se oxidan o se entorpecen en el Estado moderno, puede decirse que está en quiebra su autoridad y en peligro su existencia, porque en la vida moderna los desmanes colectivos y aun los individuales suelen producirse por quienes cuentan con medios extraordinarios para el ataque.

Cuenta el Estado español por fortuna con elementos inmejorables para garantizar el orden; por eso es más imperdonable su flaqueza o su abandono. Puede el Estado republicano confiar en ellos, porque todos sin excepción han dado prueba de su lealtad al régimen y de su disciplina. No creo haya en ningún país instituto comparable a nuestra Guardia Civil para tales menesteres, singularmente en los campos y pueblos y si no se hubiera abandonado el propósito iniciado por mí con el advenimiento de la República de dotar a ese instituto de medios motorizados y de armas modernas, a estas horas su eficacia sería perfecta. No cabe mayor ejemplo de disciplina y abnegación que el que tiene dado ese cuerpo benemérito en los últimos años, ni es fácil señalar un organismo del Estado que haya prestado más relevantes y singulares servicios que los prestados por él a la República.

A él debimos el día 14 de abril de 1931 que el advenimiento del régimen se produjera en forma incruenta y auténticamente jubilosa, porque con lealtad perfecta acató la voluntad popular manifestada en las urnas y se ofreció incondicional y noblemente al Gobierno republicano aún no posesionado del poder. Desde entonces, cuantos hemos pasado por el Ministerio de la Gobernación hemos bendecido la fortuna de tener en nuestras manos un instrumento tan perfecto y una fuerza de tal disciplina y abnegación para hacer frente a los agobiadores y enervantes problemas de orden público que constituyen, por desgracia, en estos agitados tiempos la única ocupación posible del inquilino eventual del caserón de la Puerta del Sol.

Y causa asombro comprobar cómo a través de tantas vicisitudes —muchas de ellas vejatorias y enervadoras del espíritu de disciplina y de obediencia— como los que ha atravesado ese cuerpo en los últimos años, se mantiene rígido e intacto el principio de sus ordenanzas de respeto, sumisión y servicio incondicional y abnegado al poder constituido.

No es fácil predecir la calidad e intensidad del esfuerzo necesario para reponer en todo su vigor la disciplina, y con ella el orden público, en la España de hoy; mas sea él cual fuere, costase lo que costase, ese restablecimiento habría de ser completo y fulminante, porque es la premisa de todos los demás menesteres y empresas a que ese Gobierno habría de consagrarse. Claro es que la disciplina no es sólo el orden público y que su imperio es aún más indispensable en quienes han de mandar que en quienes tienen por misión obedecer; lo cual significa que el celo en cumplir las órdenes del Gobierno y el servicio escrupuloso y de intachable lealtad al Estado habrían de hacerse ostensibles y en caso contrario habría de ser rígida y severamente impuesto a todos su órganos, uniformados o sin uniformar, y que, a la vez, las organizaciones sindicales, políticas o sociales de todas clases, color o tendencia, habrían de renunciar, sin esperanzas de retorno por flaqueza o debilidad del Gobierno, a todo género de privilegio o de inmunidad para el incumplimiento de las leyes.

Restablecida la disciplina y restaurada con ello la confianza de los ciudadanos en el poder público, sería posible emprender la pesada pero urgentísima tarea de levantar la economía nacional de la postración en que se halla. La industria y la agricultura atraviesan hoy un período de colapso que, de prolongarse unos meses más, acarreará la muerte de muchas empresas y la desorganización para muchos años de la producción agraria, con su secuela inevitable del hambre y del paro campesino. En un país como España, de una economía pobre y reducida a muy pocos factores de producción, la existencia de cerca de un millón de parados y la perspectiva de que esta cifra sea doblada en plazo breve hacen insostenible la situación.

El sistema, tan preconizado hoy, de enjugar ese paro mediante obras públicas planeadas y emprendidas con la inevitable precipitación propia de un remedio de fortuna, que se arbitra para salir de un atasco, es, a mi juicio, un dislate político y un grave error económico, porque acarrea a plazo corto un mayor paro y conduce, además, a una inflación innecesaria y perjudicial. A las obras públicas extraordinarias no deben a parar más brazos que los que no sean absorbidos por la industria y la agricultura en plena actividad y rendimiento, y la misión propia del Estado consiste, a mi entender, en poner los medios precisos para que esa actividad se produzca.

Una política de salarios altos que aumente la capacidad adquisitiva de la masa obrera es, en efecto, necesaria y útil, pero a condición de que la subida no sea prohibitiva y ruinosa y de que esté previamente apercibido el mercado consumidor de los productos encarecidos por la elevación del costo de la mano de obra.

Prescindir de estas condiciones y entrar alegremente en la política de acceder a todas las pretensiones de elevación de salarios acarrea la ruina de las industrias, el colapso de la vida agraria, aumenta el paro y agrava hasta el límite el mal, como lo demuestra la realidad de hoy. Díganlo tantos industriales a quienes la elevación exagerada de los salarios pone en la imposibilidad de dar salida a los productos de su industria, faltos hoy de mercados. Dígalo nuestra Marina mercante, cuya flota está hoy en gran parte amarrada en los puertos, porque el aumento recientemente impuesto a los jornales y sueldos imposibilita la competencia en el mercado de fletes con las Marinas extranjeras.

Una política de salarios altos y de justicia social en la retribución del trabajo es obligada y necesaria, pero ha de tener como límite y tope infranqueable la posibilidad económica que impongan las circunstancias de los mercados interior y exterior. Y es el Estado quien, con conocimiento exacto de esas circunstancias, ha de regular, con espíritu generoso pero inflexible, los límites de esa política, haciendo sentir a todos el peso de su autoridad.

Habría de emprender este Gobierno de verdad y en serio la reforma agraria, renunciando al mito y al engaño espectacular y populachero de los asentamientos indotados e indotables, y de las roturaciones arbitrarias y anti-económicas de los majadales, llevando el Estado la reforma al límite de sus posibilidades financieras, delimitando las zonas de las experiencias y no aplicando los sistemas y métodos sino sobre seguro y allí donde fuese de verdad necesaria su implantación.

A la par que esta obra urgente de puesta a punto de la normalidad de la vida nacional, habría de emprender ese Gobierno la más elevada y difícil de dar estructura definitiva al Estado republicano mediante una auténtica reforma de los órganos de la Administración pública y una atención constante y preocupada a los elementos de nuestra independencia y nuestra seguridad, el Ejército, la Marina, la Aviación y las bases navales, en los que no es aventurado afirmar que en plazo más o menos corto habrá de descansar la posibilidad de conservar nuestra existencia como nación dueña de verdad de sus destinos.

Y sólo cuando la reforma de todos los órganos del Estado sea un hecho, cuando de verdad la eficiencia y el rendimiento de todos y cada uno de ellos garantice la función rectora de la vida nacional, será llegado el momento de pensar en el sistema político y constitucional más apto para encuadrar, con marco sólido y respetable, el desenvolvimiento del régimen.

Así concibo yo el Gobierno Nacional cuya formación considero urgentísima e indispensable para salvar a la República democrática del fracaso y de la ruina. La última posibilidad que se ofrece a la democracia de sobrevivir a las convulsiones que agitan al mundo es la de acoplarse a la realidad de la hora y poner de su parte, voluntariamente, los medios necesarios para que los pueblos no se dejen alucinar por el espejismo que producen los regímenes totalitarios, en los que la aparente unión de los nacionales todos en el desarrollo de la empresa colectiva dirigida por el Estado, presta eficacia indiscutible a la acción y produce efectos tales que para los espíritus profanos y simplistas alcanzan la categoría de milagros. Las democracias que aún subsisten en Europa si quieren salvarse de esa ola de autoritarismo más o menos bárbara, impulsada en fin de cuentas por el ansia de los pueblos de sentirse dirigidos y gobernados, tienen que evolucionar en la medida necesaria para lograr ese mismo objetivo sin perder su esencia, que no consiste sino en la legitimidad del origen del poder, que ha de nacer de la voluntad nacional, pero renunciando a cuanto sea traba u obstáculo a la eficacia de la acción del Gobierno. De no hacerlo así, la ola las barrerá sin remedio, porque vivimos en el siglo de las realidades imperiosas y los principios y postulados razonables o utópicos no pesan un adarme en las conciencias colectivas de los pueblos, que miran al mañana con ilusión, apoyándose en el hoy con ahínco, y si es preciso con violencia.

Y nada más. He cumplido con mi deber haciendo un postrer llamamiento, a través de estos mal pergeñados artículos, a quienes tienen la responsabilidad suprema en esta hora trascendental de nuestra España. Demócrata de toda mi vida —ni tan larga que pueda renunciar a presenciar el mañana, ni tan corta que no esté preñada de experiencia— pensando y, sobre todo, sintiéndome español, me veo en el trance de renunciar a determinados principios incompatibles con la realidad del momento, y aspiro a salvar la esencia de la doctrina por el único camino expedito dentro de esa realidad innegable.

¿Me quedo solo una vez más en este empeño? Cancelada desde hoy mi responsabilidad si tal caso llega, sin vacilar antepondré el servicio de España, al que he consagrado mi vida, a toda otra consideración y a todos los demás afectos. Lo que ese servicio me ordene, será cumplido sin tibieza.

CAPÍTULO II

DOS ECOS INMEDIATOS A LOS ARTÍCULOS DE EL SOL

Carta de José Antonio Primo de Rivera a Miguel Maura desde la Prisión Provincial de Alicante, 28 de junio de 1936

Carta de José Antonio Primo de Rivera a Miguel Maura desde la Prisión Provincial de Alicante, 28 de junio de 1936[1]

Querido Miguel,

He leído tus artículos con el interés que su contenido merece, aparte del que le da tu firma, y hasta he creído del caso formular a ellos algunas afectuosas objeciones. Con este propósito, mandé a Informaciones un artículo titulado por mí «El Ruido y el Estilo[2]», que Víctor de la Sema se apresuró amablemente a acoger y aun a destacar con llamativos subtítulos. Este trabajo (que creo conocerás, porque me han prometido mandarte las galeradas) fue tachado de arriba abajo por la censura de la inmunda chusma que nos gobierna. Igual suerte hubiese corrido si tratara de la Osa Mayor. Yo ya no tengo derecho ni a firmar en los periódicos, estoy proscrito de la vida civil. Bueno, esto es un incidente. Ya veremos quién ríe el último.

Ahora bien, entre la falta de publicidad del artículo y lo que el artículo no decía, queda en tu favor un saldo de gratitud mía, por las palabras de generoso elogio que dedicabas a mis camaradas de la Falange. Lástima que no amplíes tu generosidad hasta entender lo que había de clarividencia histórica y política —quizá inexplicada, como todo lo de tipo religioso— en aquellas primeras muertes prematuras. Entonces verías que si la bravura de miles de muchachos, que yo no he dado a luz, que ya existían al fundarse la Falange, se ha visto expresada en la Falange, hasta el punto de arrostrar el ofrecimiento de la propia vida, es porque en ella está la verdad: la de los principios permanentes y la de las mejores calidades entrañables españolas.

Tú, ahora, después de los extravíos, que tienes la nobleza de confesar y que se avaloran en ti —ya te lo dije otra vez— con el sacrificio de las cosas más costosas (familia, amigos de siempre, medio social…) andas barruntando la verdad en nuevas pesquisas. Lástima que aún no te atrevas a llamarla por su nombre. Cuando analices en frío lo de la «Dictadura nacional republicana» verás que lo de republicana, si quiere decir algo más que no monárquica (nota negativa en que todos ahora, menos los insensatos, tienen que estar conformes) ha de aludir a un contenido institucional incompatible con la idea de dictadura. De ahí que para salir de la contradicción tendrás que concluir aspirando a un régimen autoritario nacional capaz de hacer (¿recuerdas?) la revolución desde arriba, que es la única manera decente de hacer revoluciones. ¿Y a qué otra cosa aspiramos nosotros?

Pero ya verás: ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas), acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patrioterismo alicorto a cargo de algún figurón de la derecha: ¡Qué Dios nos libre de lo uno y de lo otro!

Recibe el afecto de tu buen amigo.

José Antonio Primo de Rivera.

Contestación de Miguel Maura a José Antonio Primo de Rivera, Madrid, 7 de julio de 1936

Contestación de Miguel Maura a José Antonio Primo de Rivera, Madrid, 7 de julio de 1936[3]

Querido José Antonio:

Te agradezco mucho tu carta. No he recibido las galeradas de Informaciones. No quieren por lo visto ni ese trato conmigo. Hacen bien.

La persecución absurda de que eres víctima no debe afligirte. Los que venimos a la lucha política con el lastre de un apellido y además con fama bien ganada de señoritos, necesitamos el espaldarazo de la injusticia para consagrar nuestra autoridad. El mayor servicio a la causa que tú representas lo prestan los hombres del Gobierno con su conducta.

Creo haber sido justo en mis apreciaciones sobre el fascismo de hoy. No ignoro su contenido doctrinal, pero creo que lo que impulsa a esos jóvenes al sacrificio y al heroísmo no son los postulados del programa, sino un patriotismo magnífico en su fondo, que yo lamento ver empleado en los menesteres de una guerra civil. Reconozco que hoy no pueden verter esos entusiasmos en otro cauce, pero temo que sea luego imposible despojarles del espíritu de violencia y que una vez más vengamos a parar a una pura negación incapaz de construir nada después de satisfecha la venganza.

Pero lo esencial para mí no es tanto eso —con serlo mucho— como esta otra consideración. Ese movimiento, a pesar de su auge rápido y casi vertiginoso, está hoy todavía en embrión. No puede aspirar a prevalecer en la lucha contra el Estado por muy estúpido que éste sea —y lo es mucho— si no utiliza la fuerza del Ejército como apoyo decisivo. Si el Ejército interviene en el asalto nadie logrará luego apartarle de la función de mando directo o por lo menos de la intervención de los cuartos de banderas en la marcha y rumbo del Gobierno. La significación de esto sería forzosamente bien distinta de lo que vosotros representáis. Acabaríamos fatalmente en una etapa de pronunciamientos. Toda nuestra historia del siglo XIX reviviría para vergüenza de la nueva generación que ni quiere eso ni puede sentirse satisfecha con semejante resultado. Por otra parte, el desenlace de la experiencia que el Frente Popular representa no puede tardar en producirse. Por días se resquebraja más y es mayor el malestar interno de sus componentes y por supuesto más evidente la catástrofe para la economía y la paz del país. El día próximo en que el derrumbamiento del Frente Popular sea notorio, España se encontrará en plena guerra civil sin que ninguno de los contendientes pueda legítimamente aspirar a regir sus destinos por tener apercibidos los medios necesarios para ello. Ni vosotros podéis afirmar seriamente que estáis hoy en condiciones de asumir la dirección de la vida nacional, ni los marxistas pueden soñar con la posibilidad de articular otra cosa que la más bárbara anarquía. Ni cuadros de mando, ni preparación técnica, ni hombres capacitados, ni disciplina colectiva, ni asistencia efectiva y depuradora de las masas que hoy os siguen, o quizá os empujan, a los unos y a los otros, nada de eso podéis garantizar para después del triunfo con lo cual la realidad sería que entrabais en un mundo de responsabilidades sin rumbo inmediato conocido, al azar de mil peripecias más que posibles seguras. El auténtico salto en las tinieblas.

Pues mi posición ante esta realidad para mí innegable es ésta: todo esto acontece porque es verdad que el Estado republicano actual, tal cual lo forjaron quienes hicieron la Constitución es inservible e ineficaz para la hora histórica que vivimos. Reconozco que no se ha ensayado de verdad la experiencia democrática, con sentido moderno, pero ya es tarde para realizar la experiencia. Lo que ha fracasado ha sido la República democrática y parlamentaria, pero el Estado republicano, aún débil y casi desguazado, tiene la obligación de salvar, de la democracia, su esencia, que es la legitimidad del origen del poder en quienes lo ejerzan (y) del liberalismo, las libertades individuales que se han llamado indispensables, compensándolas con los deberes de disciplina que son correlativos, y, dando por definitivamente muerto el parlamentarismo, tiene que defender su propia existencia, la de Estado dueño de los resortes estatales, e imponer a todos por igual sin la menor parcialidad el respeto a sus leyes.

Sólo así se evitará el salto en las tinieblas por el momento. Claro que eso lleva implícito la articulación de un nuevo Estado, porque la medida es sólo transitoria y de urgencia. ¿Cuál ha de ser éste? Ahí es donde podremos tú y yo empezar a estar de acuerdo porque tenemos de común lo fundamental, que es el concepto de una España jerarquizada y grande donde los intereses personales o colectivos estén sometidos hasta la esclavitud al supremo interés de la nación y en la que las gloriosas tradiciones morales y sociales que fueron la base de nuestra pasada grandeza se repongan en todo su vigor y sean respetadas como sagradas.

El tránsito de la actual anarquía a este nuevo Estado no puede hacerse sin que exista ya el Estado mismo con sus órganos capacitados. Sobre escombros y en guerra civil no se edifica nada sólido. Yo quiero que la base del Estado futuro sea el Estado republicano, limpio de faramallas arcaicas y reorganizado en la medida necesaria para que sirva de cimientos al nuevo edificio. Tú aspiras a derribar hasta el subsuelo lo actual para edificar sobre los despojos.

El sentido que yo doy a la Dictadura republicana que preconizo es ése. Dictadura frente al parlamentarismo y a la monserga democrática falseada. Republicana porque conserva la esencia de la democracia buscando su base de sustentación en el pueblo, y sometiéndose a su fallo a posteriori. Y todo ello como tránsito obligado entre el caos actual y el nuevo Estado del que hasta hoy nada he dicho ni quiero decir, entre otras cosas porque cada día tiene su afán y el de hoy es ya bastante y aun excesivo para cuantos tenemos alguna responsabilidad política.

Soy optimista, querido José Antonio. Creo firmemente en el pueblo español, cargado de buen sentido y de instintos certeros. La experiencia que se está haciendo, de hacer compatible la democracia con la revolución social, es una quimera. Pronto habrá fracasado. Estoy seguro de que entonces el pueblo español sabrá orientarse. Mi esfuerzo va hoy encaminado a poner lo que yo pueda para que esa orientación conduzca a levantar a España de su agarbanzamiento, inyectándola el orgullo nacional, hoy inexistente.

Ya ves si hay campo común en lo tuyo y en lo mío. En todo caso quiero que sepas que no soy de los que te denigran ni mucho menos de los que te desprecian.

Conozco bien tu patriotismo, tu desinterés y tu valía y sé, porque las he pasado, todas las amarguras que sufres.

Un gran abrazo de tu buen amigo.

Recuerdos del 18 de julio

Recuerdos del 18 de julio[4]

En el mes de junio de 1936, entre los días 16 y 27, publiqué en el diario de Madrid El Sol una serie de artículos (…)

(…) cayeron en el vacío como yo esperaba, pero un mes más tarde estallaba el alzamiento, justo al día siguiente de haber emprendido yo el veraneo, con toda mi familia, en La Granja. Apenas instalados en nuestra casa, la noche del 18 de julio, me llamó al teléfono el presidente de la República, Manuel Azaña. Me dijo que se hallaban reunidos con él en Palacio todos los hombres representativos de la República y me rogaba que me pusiera en el acto en camino para asistir a esa reunión.

Le contesté que sólo me pondría en camino si se me garantizaba que iba a adoptarse la resolución que yo había preconizado unos días antes en mis artículos de El Sol, suponiendo que fuera aún tiempo para ello, puesto que, según él mismo me informó, el alzamiento estaba en marcha. Me dijo Azaña que transmitiría a los reunidos mi contestación y volvería a llamarme cuando hubiera recaído acuerdo.

A las cinco de la madrugada, volvió a sonar el teléfono, y el Presidente de la República me notificó que, habiendo dado cuenta a los reunidos de mi contestación y propuesta, habían coincidido conmigo la mayor parte de los reunidos, pero Largo Caballero había manifestado que él se oponía y que se desencadenaría la revolución social, por las masas obreras. Le manifesté que entonces era completamente inútil mi viaje, así como mi presencia en la reunión porque cualquiera otra solución era, a mi modo de ver, inaceptable.

Aquella misma noche, ya en la madrugada, llamaron a la puerta del jardín de mi casa y yo mismo salí a abrir. Un correligionario de Segovia, trémulo y emocionado, venía a decirme que al amanecer se pondría en marcha en Segovia la columna de falangistas que vendría a La Granja para hacerse cargo del palacio y del pueblo, amén de purgarla de republicanos; que aunque muchos de ellos me conocían y estimaban, me aconsejaba que me marchase inmediatamente con toda mi familia, porque nadie podría responder de nada.

Lo comprendí perfectamente y en el acto movilicé a toda la familia (éramos once con el servicio), y en los dos coches que había traído emprendimos el regreso a Madrid a las seis de la mañana.

Al día siguiente Sánchez Román me contó con detalle lo ocurrido en la reunión de Palacio al dar cuenta Azaña de mi propuesta. Fue él el primero que se adhirió a mi proposición y tras él lo hicieron Martínez Barrio, Giral, Prieto, Besteiro, Viñuales, Amos Salvador, Fernando de los Ríos, y no recuerdo si alguno más. Largo Caballero entonces, siguió diciéndome (Sánchez Román), tomó la palabra para decir que la UGT no podía aceptar esa fórmula y que si ella prevalecía, declararía la huelga general en toda España y desencadenaría la revolución social. Sánchez Román, que tenía gran ascendiente sobre Largo Caballero, trató de disuadirle y de convencerle de la locura que ello representaba, pero en vano. En vista de la cual los reunidos, unánimes, desistieron de adoptarla, y Azaña me llamó por teléfono, como ya tengo dicho.

Miguel Maura.

EPÍLOGO

En las semanas sucesivas, Miguel Maura y su familia inmediata —su mujer y sus cinco hijos, con la mayor, única hembra, de veintidós años— estuvieron, juntos o separados, según el momento, escondidos por Madrid. Hubo parientes valientes, los Redonet-Maura más que otros. Y protección oficial intermitente, y de catadura por lo visto variable.

A finales de septiembre los amigos en el Gobierno dijeron no poder garantizar la seguridad personal de Miguel, y recomendaron la emigración pura y simple. Presidía entonces Largo Caballero, que llevaba también la Cartera de Defensa. En Gobernación estaba Ángel Galarza. Bernardo Giner de los Ríos, en Exteriores, firmó el pasaporte. Prieto, que ostentaba la poco lucida función de Aire y Marina, metió a toda la familia en un avión que iba rumbo a Moscú.

Siempre que salía el tema comentó luego Miguel que a Prieto le debían seguramente la vida —y él mismo el que más probablemente—. Lo comentaba como se lo hacía en aquellos tiempos, en que nada ajeno extrañaba, ni, tratándose de lo favorable, se lo esperaba, ni menos se lo consideraba debido, aun por los amigos. No era que uno no se fijase, por la cuenta que traía hacerlo, pero nadie estaba para contabilidades, morales u otras.

Apenas rebasada la frontera, el avión se posó en una pista del aeropuerto de Toulouse. De él se bajaron los siete pasajeros, con lo puesto. En seguida el aparato despegó nuevamente. Eran las tres de la mañana del 1 de octubre, memorable porque fue cuando Franco asumió el título de Generalísimo, nada menos.

Nueva vida.

Los tumbos de la emigración (exclusivamente europea, asentándose en Francia ya en 1938) y los altibajos hasta asegurada la supervivencia económica del núcleo familiar así deslocalizado, no hacen al caso ahora, salvo que debemos asignarles la cuota correspondiente de energía y atención, en mengua de otros quehaceres. Miguel conservó los contactos políticos que pudo, como pudo, pero negándose siempre en redondo a cualesquiera declaraciones o actos banderizos, pese a las incitaciones que se suponen, de ambos bandos. No podían faltar, y harto tentadoras para cualquier náufrago. Pero, «hasta ahí podíamos llegar…».

En 1940, cuando se veía venir la ruptura de las hostilidades más generales, recorrió Miguel casi toda Francia, visitando a cuantos jefes republicanos y obreros se hallaban a la sazón en el país, que eran la gran mayoría. Según una nota de febrero de 1945.

«Mi punto de vista era el siguiente: Para evitar esta suprema calamidad (la “más que probable” entrada de Franco en la guerra del lado de las Potencias del Eje) (…) proponía yo a los jefes responsables del campo vencido en la guerra civil la incorporación de todos los españoles a una fórmula de paz y concordia nacionales consistentes en una regencia nombrada por el Rey, una amplia y generosa amnistía y una consulta plebiscitaria al país, que sería el que dijera la última palabra, comprometiéndose todos a estar y pasar por su fallo. Todos, absolutamente todos los consultados por mí, desde el sindicalista Peyró hasta don Niceto Alcalá-Zamora, pasando por don Manuel Azaña, aceptaron con entusiasmo la fórmula, (con) su vivísimo deseo de evitar a toda costa nuevos derramamientos de sangre y sobre todo la intervención de España en la contienda europea».

No logró el contacto a tiempo con los monárquicos, que se negaron a la entrevista, según él por temor a Franco. Lo primero que faltó fue tiempo: cayó Francia fulminada, en días, exactamente como y por donde se lo vaticinara Azaña a Miguel antes de la ofensiva. Siquiera, Miguel pudo despedirse de sus amigos; no sabía que, en bastantes casos, era hasta el valle de Josafat.

Le coge, pues, la guerra mundial en Francia. Transcurre para él en localidades diversas de los desnivelados Alpes Marítimos. Dicta esos desplazamientos la sola lucha por el sustento. Hasta que llega el día inevitable en que, transpuesta por los alemanes la línea de demarcación, se lo llevan a declarar a la Kommandantur de Niza. No bien iniciada la retahíla de preguntas, con ademán imperioso, se niega Miguel a satisfacer la curiosidad impertinente del jefe local, y le dice que, si quiere saber más de él, vaya a preguntarle al embajador de Franco en Vichy. Eso puso fin a la entrevista.

Era el referido José Félix Lequerica, con quien Miguel había compartido la pasantía en el despacho de don Antonio. Habían sido amigos. Le constaba a Miguel que Lequerica no era franquista ideológico, ni sufría de tropismos fanáticos: una vez que Miguel había tenido que hablar con él, se había abierto el diálogo con un:

—Pero José Félix, ¡tú carlista!…

—No, Miguel: «carguista», de «cargo»… (Carcajada).

Además, había recurrido Miguel a él una vez antes, y con éxito, ocupando ya Lequerica su puesto de entonces: para salvar a un allegado suyo de muerte segura a manos alemanas.

Aunque la subsiguiente desaparición y muerte de conocidos suyos —españoles, franceses, belgas, judíos y católicos— le diera en seguida a Miguel amplios motivos para recordar como temerario su exabrupto con el jefe alemán, la verdad es que no volvieron a molestarle los teutones. Más adelante, todavía antes de terminar la guerra y de que el embajador sucediese a Jordana como ministro de Asuntos Exteriores de Franco, pudo Miguel contarle a Lequerica en París aquello de la Kommandantur.

—¡Ah!, sí, me preguntaron por ti. Yo les dije: «¡A mi Miguel, no me lo toquéis!».

Y pasaron a otra cosa.

Miguel siempre pensó después que también a Lequerica le debía la vida.

Los historiadores militares de la guerra mundial tienen cada cual su teoría de cuándo situar el cambio definitivo de tendencia. Como es natural, testigos y actores de entonces proyectaban cada cual a su modo los acontecimientos venideros, al compás del ajetreo de las banderitas de colores que se entrecruzaban por sobre los mapas maltrechos y acribillados, pugnando por plasmar la evolución de los frentes. En contraste flagrante con el tamaño creciente de sus cuellos de camisa según las fotos sucesivas de la época —conocida función monotónica de la dieta prevalente en tiempos de guerra—, Miguel se mantuvo firme en el bando de los generalmente optimistas. Y, a la postre, se confirmó el pronóstico-incantación de los años negros entre los refugiados españoles, que rezaba que «de derrota en derrota vamos de paso firme hacia la victoria».

Con el desembarco de junio del 44, ya no cupo duda: Franco iba a convertirse en un anacronismo, un lastre insoportable para sus propios partidarios, confrontados con opciones a cuál más desagradable. A lo mejor Franco se revelaría tan patriota como don Alfonso, que no quiso que por él se vertiera sangre española; o vería que si no negociaba su salida, acabarían por echarlo de mala manera.

El problema central era, para Miguel como para muchos otros de una minoría nutrida, el de encontrar la forma de evitarle a España un segundo baño de sangre en la transformación ineluctable.

Miguel está entonces en condiciones de pleno vigor. Tiene menos de sesenta años, buena cabeza, su estado de salud es excelente; está perfectamente enterado, tiene contactos entre los aliados, se ha ganado un perfil creíble para los papeles que parece que puede exigir la coyuntura dentro de los parámetros de la victoria aliada. Se echa a la tarea con un ahínco enorme.

En vano.

Es una historia de un año, poco más o menos, llena de trampas y vueltas de las que todavía no se conocen bien los entresijos. Resumiremos tan sólo la lógica claramente transparentada que subyace a la actividad de Miguel.

Su búsqueda de soluciones corresponde a una composición de lugar bastante constante en él durante toda esa época, acerca de la clase de mundo en que ha de desembocar esa posguerra. Destaca en su análisis la presencia arrolladora de masas obreras movilizadas políticamente, de tal forma que han de ser sus representantes los que lleven la voz cantante: los socialistas van a dominar directamente la política, en y desde los Gobiernos, en toda Europa. «El imperio de las masas obreras organizadas será casi absoluto». Todo lo que sea enfrentarse con ellas con el propósito de excluirlas es cortejar la explosión, el desastre. Con este corolario obligado:

«La única política posible y viable es la de hermanar los intereses y las aspiraciones de esas masas con los de la pequeña y media burguesía, aunque ello fuera a expensas de la clase privilegiada, cuyos intereses legítimos ciertamente hay que amparar, pero que ha de comprender, si ha de sobrevivir, que esa categoría de “legítimos” no alcanza a cuantos ha disfrutado hasta hoy considerándolos como intangibles y sagrados. La hora de la gran penitencia ha sonado para ella, no sólo en España sino en el mundo, y sería torpeza imperdonable en sus dirigentes querer cerrar el paso al alud, en vez de darle cauce, aun a costa de grandes sacrificios».

Para comprender el dramatismo acuciante que acompañaba las premisas despejadas de su análisis, hay que recordar que nadie en absoluto, entonces, preveía un crecimiento económico como el que esperaba a los asolados países industrializados, o, más bien diríamos, «re-industrializables». Él paso de los meses, según progresaba la guerra hacia su término, recargaba por otra razón la urgencia de figurarse una solución española relativamente indolora: el clima de violencia civil interna se iba enseñoreando de los países conforme venían siendo liberados, a Este o a Oeste, dándose cada día más por descontado que era natural pasarles la factura, y cobrársela, a los colaboracionistas vencidos, de cualquier índole. La Unión Soviética, por otra parte, seguía corriendo sus fronteras y extendiendo su hegemonía hacia el Oeste.

Miguel volvió al modelo de transición autoritaria, pero le faltaron los elementos para acabar de articular una propuesta a gusto suyo, y que fuera también congrua con las disposiciones cambiantes de los actores interesados. Hubo, sí, mucha, muchísima actividad. Se hicieron y deshicieron toda clase de amalgamas. Pero no se hizo el milagro, que Miguel no esperó realmente, aunque procurara propiciarlo, y estuviera personalmente en estado de plena disponibilidad para cualquier oportunidad aparente, en aras del objetivo de amansar. Por lo visto, no faltaba ni la proclama al atravesar la frontera. Pero holgarían los pintores de esta historia… Los generales de Franco no iban a llegar hasta respaldar la destrucción del falangismo por evitar los peligros de una amenaza que, aunque se cernía sobre el régimen, no terminó de cobrar de modo lo bastante seguido la inmediatez y los visos de una urgencia candente. La Iglesia española vivía en su planeta, y todo lo arreglaba con improperios. Los republicanos exiliados, en cuanto una coyuntura de las muchas que hubo les dejaba entrever la vuelta de la tortilla, perdían los estribos y se esfumaban, junto con la paciencia requerida, los propósitos de unión y de moderación de la víspera.

Miguel, de hecho, suelta primero prenda casi definitivamente a mediados de 1945. Todavía no es por convencerse de que hay Franco para siempre, sino en un momento en que, pareciéndole (todavía o de nuevo) inevitable la caída del franquismo, estima irremisiblemente perdido el tren del acuerdo pacífico —así que, cuando prevalezcan sus amigos los vencidos de ayer, ya no se podrá evitar la reedición de la tragedia—.

Lo expresa con gracia muy propia dentro de la confianza amistosa que tenía con Vicente Silió, el historiador, hijo de César Silió, ministro éste de Educación de don Antonio. Silió había estado metido en todas las negociaciones, y había realizado muchas misiones interiores en los meses previos, como enviado de Miguel. Éste le explica, el 28 de junio, que acaba de dejar libres de todo compromiso a cuantos lo tenían con él, porque, tras «lo de San Francisco», con los laboristas por triunfar en Inglaterra, y las presiones de la Resistencia francesa, la psicosis de violencia que se ha adueñado de la emigración lo arrollará todo antes o después, y caerán cientos de miles de víctimas.

«Por moderado y enérgico que sea el Gobierno que venga, habrá de fusilar a miles de responsables para evitar que el pueblo lo haga con centenares de miles. Comprenderás que es absurdo que sea yo quien tenga que fusilar a los Serrano Suñer, Mayalde, Lequerica, Castillo, Aunós, Carceller y tantos y tantos otros amigos o conocidos de siempre, en cumplimiento de un deber y para evitar males mayores, cuando son legión los españoles que están deseando hacerlo ellos. Dejo a éstos esa desagradable misión, y yo vuelvo a mi retiro».

«Lo de San Francisco» fue el voto unánime de la resolución mexicana, en la Conferencia epónima, exigiendo un cambio de régimen en España para que ésta pudiese sentarse a la mesa de las naciones.

Ya sabemos en qué quedó. A comienzos del 46, Franco hacía su discurso dando la noticia de que «si no podemos vivir mirando al exterior, viviremos mirando al interior». Y, para que no hubiese lugar a duda y no se le supusiera solo, nombrado el «católico» Martín Artajo a Exteriores en sustitución de Lequerica, el Caudillo destacaba que la suya era «una solución inédita, social, católica y española».

Miguel se retira a Pau, como antes doña Isabel II y Salmerón. Tiene este enésimo piso un balcón desde el que se ve estirarse toda la cordillera de los Pirineos.

Detrás, España.

Fue Trifón Gómez, refugiado en Tarbes y secretario general de la UGT cuando la liberación de Francia, el que le dio por teléfono, creo que desde Nueva York, la noticia de algún detalle que confirmaba definitivamente que se iba al acuerdo de Franco con Estados Unidos. «Hay Franco de por vida». Estaba escrito desde que comenzara la Guerra Fría.

Miguel se retiró del todo de la «actividad» política en 1947. Siguieron las visitas intermitentes, inclusive las más o menos espontáneas para ver de atraerle al campo franquista. Sin más éxito que antes, se marchaban por donde habían venido —alguno, como Serrano Suñer, acaso extrañado de la desacostumbrada catarsis de oírse, y dejarse, llamar copiosamente asesino—.

Piensa en la vuelta, cuidando de no prestarse a que le utilicen. Sondea, y le comunican que puede volver, a su riesgo, y siempre que no pretenda residir en Madrid. Decidieron que la molécula de Miguel —ahora compuesta de mujer, hija, y los hijos de ésta— iría a radicarse a Barcelona, donde su yerno tenía trabajo y él podría encontrar qué hacer.

En junio de 1953, la familia atravesaba el biombo pirenaico, penetrando por el foro de Canfranc, bien amarrados los bártulos remanentes de diecisiete años de emigración y otras tantas mudanzas, sobre el techo de un sufrido Citroen 11 caballos no excesivamente viejo.

Había todavía mucho miedo en España, aun de lo que ya no era muy peligroso. Otra emigración —esta vez, interior—.

Resueltos los problemas más urgentes, se pone Miguel a preparar el texto completado en 1954: compulsa prensa y lo arma para su eventual publicación.

La lectura de la biografía profesional de un empresario, o un investigador, del sacerdote o del funcionario, induce generalmente en nosotros un tipo de representación que recuerda, en versión dinámica, la de esos «retratos de condición (social)» del siglo XVIII, en que, junto a los retratados, aparecían siempre los aperos y símbolos de su quehacer respectivo: dejándonos a menudo con la impresión de que el protagonista se define por —y vive para— las funciones predefinidas que mansamente ejecuta. Nos figuramos en cambio, con razón, a los más interesantes de entre los políticos como artífices que conforman con relativa libertad el contorno de la actividad a que se dedican: por ejemplo, como definidores de sus propios papeles, o si originaron opciones significativas que no parecen haber tenido otros genitores o padrinos disponibles. Sujetan larga y firmemente entroncado mucho que, a no ser por ellos, quedaría descoyuntado, a los efectos que fueran. Por ellos, ideas y actitudes que antes quedaban en suspenso pasan a conllevar actos. Por ellos, viene, además de reconocida, asumida moralmente la obligación de prever lo razonablemente previsible, y de formular lo que se columbra, para luego atenerse a ello, o rectificar a la vista de todos. Y así… Miguel Maura fue un político así. Se asignó bastante pronto un derrotero que le pareció importaba que figurase entre los destinos optativos de los españoles, y lo siguió, con la ductilidad de la sola inteligencia, mientras el entorno y las fuerzas se lo permitieron. Puso, como ya su padre, todas sus energías en confrontar, con la competencia requerida para el caso, la, según él, fortísima improbabilidad política de que sus compatriotas —viniendo de donde venían— llegaran a convivir pacíficamente por mucho tiempo en el mundo en que se encontraban. Que el derrotero escogido era el único orientado a buen puerto, bien se lo ve desde hoy. Que fracasó entonces el intento, sí —como todos los que eran confesables, entonces—. Siquiera, cabía incitar a jóvenes y sucesores al escarmiento ex post…: lo hizo.

En los años en que conservó las fuerzas críticas —o sea hasta los ochenta años— vivió constante y constructivamente obsesionado con que los arreglos de Franco para la sucesión no eran sensatos, y que no se hacía lo bastante para asegurar una transición pacífica hacia un régimen de libertad. No le extrañaba la insinceridad de Franco —«No tiene lado izquierdo», resumía siempre—. Por otra parte, la pasividad aparente de la masa neutra española le parecía tan inconsciente (e inexplicable) como cuando en la República sus componentes hacían figura de «verdaderos anarquistas del sufragio». Igualmente incomprensible, pero ya culpable, además de positivamente suicida, le parecía el que los intereses capaces de organizarse, y las capas pudientes, no estuvieran por la labor. Debería haber más españoles dispuestos a ir a la cárcel, le dice a un periodista francés.

Una confidencia en borrador de 1962, contestando a una crítica amigable de José Bergantín, deja constancia de lo presente que, aunque subálvea, está esa preocupación en Así cayó:

«Lo curioso es que al escribirlo, he caído en la cuenta de que Niceto y yo hicimos un flaco servicio a España y a la República entrando en juego desde la primera hora. La moderación y la elegancia versallesca de las primeras horas le costaron la vida como no podía menos de suceder.

Es claro que no he podido llevar mi sinceridad hasta proclamarlo hoy. Hubiera parecido despecho. Pero es una verdad que chorrea del relato mismo sin que yo lo diga. Espero que será una enseñanza que no echarán en olvido los que intervengan, en un mañana ya próximo, en episodios históricos similares.

Si es así, será el mejor fruto que podría yo esperar de mi modesta obra».

Esa comezón por contribuir a evitar el probable tropezón fatal a la salida de la Dictadura dicta sus últimas, muy esporádicas, intervenciones, en 1966, con motivo de la reedición de su libro, ya oficialmente en la España —en que se entreabre «la rendija»— de la nueva Ley de Prensa.

Mi abuelo Miguel no pudo ver el triunfo de lo que siempre anheló, que tomó la forma inesperada de la reversión constitucional sincera de la monarquía de don Juan-Carlos. Es seguro que hubiera asistido feliz, y con plena sensación de complicidad política y profesional, al show en que éste, solo delante de todos, transformó en charlotada el espectáculo inaugurado con el paseíllo de Tejero, y rectificó así, de una vez mediante insólita y verdadera anamorfosis, la imagen de la Corona incrustada en retinas y memorias desde el golpe y el perjurio y otras efemérides de 1923.

Mientras tuvo facultades, Miguel Maura fue el de siempre, genio y figura. Acabó por llegar el lapso —una eternidad— durante el que fue encogiéndose rápidamente el poliedro de su albedrío. Hasta que se encontró en el punto obligado en que todos, rendidos, acabamos por tener que abrir la mano y dejar caer cuanto, poco o mucho, mantuvo unido nuestra atención. Cuando así yacen los añicos, presos ya de determinantes otros que nuestra voluntad, es cuando se ve el destrozo: en el despilfarro encontramos la medida justa de la persona.

De Zaragoza, un día de junio de 1971, salió don Miguel para su último viaje. Antes de salir se dijo bien preparado para él. Plañeron bastantes, algunos con sinceridad, y muchos sobre sí mismos, como si les hubiera gustado ser un poco así… No faltaron condolientes insospechados. «¿Y qué…?».

A poco, el mismo año, moría doña Rosario, intensa, inseparable suya, republicana aun más improbable que él. («¡Ay, Miguelito, qué amigos tienes!»). Llevaban casados desde 1909.

J. ROMERO MAURA

MIGUEL MAURA GAMAZO (1887-1971) aprendió la profesión política trabajando con su padre, Antonio Maura. Fue concejal, diputado y militante activo del «maurismo» desde 1913. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) le hizo republicano. Fue uno de los artífices del Pacto de San Sebastián, protagonista destacado del 14 de abril 1931 y Primer Ministro de la Gobernación de la República. Aunque salió del Gobierno en invierno de 1931, se le oyó hasta el final. Sus análisis del devenir del régimen, de los que aquí reproducimos los más llamativos, son sobrecogedores. Emigró en octubre de 1936. Dejó la política en 1946, y regresó a España en 1953. Murió en Zaragoza en 1971, y sus restos recibieron sepultura en la Sacramental de San Isidro de Madrid.

NOTAS

[1] Por ser conocida esta carta del figurón vaticinado, en cuanto entraron sus tropas en Madrid, el entonces director general de Seguridad, Conde de Mayalde, fue al archivo de MM, todavía intacto, y, no encontrándola en seguida, se lo llevó entero, para ulteriores búsquedas. Con eso, como quedó dicho, el archivo acabó por volatilizarse del todo. La carta se conservó porque Juan Linde, el secretario de don Miguel de toda la vida, pensó que podía ser útil. Se la entregó a éste apenas regresado a España. <<

[2] El artículo referido se publicó finalmente el 6 de enero de 1940, en el periódico Baleares. Es un texto de combate, que no hace al caso aquí. <<

[3] En papel con membrete del diputado a Cortes por Zamora. <<

[4] Nota mecanografiada, sin fecha, de Miguel Maura. <<