VICENS bolsillo

APROXIMACIÓN

A LA HISTORIA

DE ESPAÑA

J. Vicens Vives

editorial vicens-vives

Autor: Vicens Vives, Jaime

©1997, Editorial Vicens-Vives, S.A.

Colección: Vicens bolsillo, 6

ISBN: 9788431614157

J. Vicens Vives

Nace en Gerona el 6 de junio de 1910. Muere en Lyon el 28 de junio de 1960. Discípulo de Antonio de la Torre y de Pere Bosch Gimpera en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. Licenciado en 1930. Doctorado en la Universidad de Barcelona en 1936. Tesis doctoral: «Ferran II i la ciutat de Barcelona». Dedícase a la enseñanza desde 1932 («Institut Escola» de Barcelona). Oposiciones para catedrático de Instituto en 1934. Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza (1947) y de la de Barcelona (1948). Miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y correspondiente de otras del extranjero.

Entre sus actividades científicas figuró, en primer lugar, la dirección del «Centro de Estudios Históricos Internacionales» de esta última Universidad, que publica las revistas «Indice Histórico Español» (cuatrimestral, desde 1953) y «Estudios de Historia Moderna» (anual, desde 1951). Publicó importantes estudios sobre el siglo XV en Cataluña («Historia de los remensas», «El Gran Sindicato Remensa», «Juan II de Aragón», etcétera), obras de sociología histórica («Noticia de Cataluña»), numerosos trabajos sobre temas de Historia Económica, obras sobre la Historia general española («Aproximación a la Historia de España») y mundial («Historia General Moderna»), y otras, escritas, que permanecen inéditas.

En su última etapa de historiador, pasó del campo de la Historia moderna al estudio de la coyuntura histórica de los siglos XIX y XX generada por la Revolución Industrial. En los últimos años de su vida desempeñó la cátedra de Historia Económica de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Barcelona, y fue miembro del Comité para el Progreso de las Ciencias Sociales de la UNESCO.

A GUISA DE PRÓLOGO

En la primera edición de esta obra, cuyo prólogo escribimos en octubre de 1952, señalábamos sus orígenes en las reuniones que por aquel entonces se celebraban cada lunes en el Seminario de Historia de la Universidad de Barcelona. El grupo no era muy numeroso: una docena de amigos, colaboradores en las tareas universitarias y licenciados de nuevo año que no habían perdido ni vocación ni entusiasmo a lo largo de la árida cuesta de los programas en vigor. Las charlas, que en general versaban sobre orientación metodológica, resultaban en extremo sugestivas, por el entusiasmo de los concurrentes y la absoluta libertad de discusión que era norma en ellas. Los temas sujetos a debate se desplegaban en infinidad de matices: desde el comentario al candente artículo del último número de una revista española o extranjera, hasta las más finas especulaciones sobre una apreciación general de Jaspers o Toynbee, entonces en boga. Desde luego centraba a menudo nuestra atención la problemática de la Historia de España, ya que éramos los primeros en lamentar la decadencia a que habían precipitado tales estudios, después de la guerra de los Tres Años, tanto la rigidez de los viejos moldes eruditos como las alegres intuiciones ideológicas de quienes no querían quebrarse la cabeza en el duro batacazo con los archivos.

Al calor de tales reuniones, llegué a pensar que quizá sería interesante estructurar en unas cuantas páginas las líneas esenciales de la historia española. Pero no con el propósito de dar a luz una nueva síntesis del pasado peninsular, sino de presentar una problemática general del mismo para que sobre ella pudieran trabajar mis amigos y colaboradores y todos aquellos que sentían de verdad el empeño de calar en el ser histórico hispano. Mientras maduraba esta idea, la amistosa presión de un amigo, Santiago Nadal, me hizo concretarla en forma de colaboración a un diccionario que se preparaba bajo su dirección. Habíamos convenido que, previamente, se publicaría en forma de opúsculo. Salió a los escaparates y tuvo un éxito inesperado, fulgurante. Ello desencantó a los editores del citado diccionario, quienes declinaron incluirlo en él. Lo digo por pura referencia bibliográfica, y justificar la omisión de la nota que aparecía en la contraportada de la primera edición de este libro.

Debo atribuir ese éxito de librería a que por vez primera después de quince años el público hallaba una lectura histórica imparcial. Mis aseveraciones, basadas en un concreto y desapasionado análisis de los sucesos —una monografía se resumía, a veces, en un adjetivo—, fueron presentadas como simples hipótesis de trabajo, destinadas a hallar su perfección en futuras investigaciones o a ser aventadas por ellas. Por esta causa, bauticé la obra con un título absolutamente modesto: sólo intentaba «aproximarme» a la verdadera Historia de España. Y ello sin retórica ni grandilocuencia, con un esfuerzo artesano de perseverancia y perfeccionamiento.

Mi APROXIMACIÓN pedía ser reeditada. Me lo requerían con especial insistencia hispanistas alemanes y norteamericanos, en cuyos países el libro había caído en gracia. Pero una APROXIMACIÓN necesita tiempo para salir por segunda vez a la calle. Hay que ver lo que acaece en un lapso determinado: cuál es el progreso de las investigaciones, cuáles las grandes obras de síntesis y las tendencias de las escuelas, cuáles las posiciones definitivas. Era prudente, pues, aguardar algunos años, tanto más cuanto desde hacía poco tiempo la ciencia histórica española salía de sus ensueños de retórica grandeza con una triple tendencia: la revitalización de la escuela filológico-institucionalista; el brusco florecimiento en el país del método económico-social preconizado por los Annales parisinos; y la extinción, menos rápida de lo previsto, del ideologismo de postguerra. Nos falta añadir a estas corrientes las aportaciones, a veces capitales, de los historiadores extranjeros que se han ocupado de España, y las no menos contundentes interpretaciones de dos de los astros intelectuales de la España peregrina.

Por lo tanto, los siete años que separan la segunda de la primera salida de mi APROXIMACIÓN podrán ser considerados capitales en el curso de la historiografía hispánica del siglo XX. En primer lugar, por la índole de las publicaciones que han visto la luz durante este tiempo. Figuran entre ellas tres historias generales (Menéndez Pidal, Valdeavellano, Soldevila), dos interpretaciones dramáticas del pasado peninsular (Castro y Sánchez Albornoz), varias aportaciones sociológicas de sumo relieve (Caro Baroja) y las realizaciones de la escuela catalana y propias en el campo de la historia económica, económico-social y regional; y además, cantidad notable de monografías, libros y artículos de revista, cuyo contenido es, en general, muy superior al de los dos decenios precedentes. La consideración de este material induce a creer —y éste es el segundo punto— que nos hallamos en una bisagra que podría caracterizarse, de un lado, por la liquidación de una serie de posiciones anacrónicas (en general, las de la escuela erudita y filológica nacionalista castellana); y de otro, por el nacimiento de un nuevo concepto de historiar, abierto a la vida real, hecho de sangre humana e incompatible con los grandes temas abstractos y la píldora política e ideológica que envenenó la historiografía hispánica. La difusión cada día creciente de los nuevos métodos auxiliares —demográfico, económico, sociológico, estadístico— permiten creer que muy pronto se impondrá una ley en la fronda caprichosa e ininteligible de la selva histórica española, y que la claridad y la medida barrerán de ella el follaje romántico y el oscurantismo barroco. En otras palabras, que permaneceremos fieles a nosotros mismos y no rehuiremos comprender la vivencia del pasado evadiéndonos hacia zonas de pura especulación histórico-metafísica.

En la evolución de esta dinámica historiográfica, la escuela barcelonesa ha ocupado durante los siete últimos años una posición de vanguardia. Desde ese mismo mes de enero de 1953 en que saliera la primera edición de este libro, sus miembros hemos bregado sin descanso. Años épicos, en los que desde las páginas de Indice Histórico Español y Estudios de Historia Moderna hemos luchado para abrir nuevos horizontes a nuestra ciencia y librarla de todo fetichismo; en los que hemos abordado temas inéditos en nuestra historiografía y presentado, sin hiel, facetas antes amargas o sistemáticamente eludidas. En nuestro avance hemos encontrado no escasas colaboraciones, gente que marchaba ya antes en nuestra misma dirección o compañeros que se nos han agregado en el camino; pero también hemos tenido que librar algunas escaramuzas —intelectuales, se entiende—. Victoriosos o vencidos, no guardamos ningún resquemor a nadie. Nuestra mano está siempre tendida a todos los historiadores de buena voluntad, procedan de cualquier campo, grupo o escuela. Sólo sentimos excluir de este círculo a los que descienden a la palestra con odios políticos y lanzan sus dardos parapetados en cómodos e inmerecidos reductos oficiales.

Espero que haya quedado justificada mi decisión de no reeditar esta obra hasta el presente. Por otro lado, ahora, después del desbordamiento de la última década, nos hallamos en un instante de cierta serenidad. Las aguas parecen remansarse. Puedo, pues, proceder al empeño y empujar mi APROXIMACIÓN hacia su segunda salida, que deseo tan feliz tomo la primera. Pero antes de darle el signo de partida, debo poner al lector en guardia sobre el mecanismo metodológico que la preside. No tengo más remedio que enseñar mi carnet de identidad como profesional de la historia, y para ello nada mejor que repetir algunos párrafos del prólogo de 1952, que he modificado en los lugares que me ha parecido necesario.

Todos sabemos —escribía entonces— la reacción acaecida entre nosotros; hará cosa de unos treinta años, respecto al método narrativo que prevalecía como norma de cátedra y, sobre todo, como línea fundamental del quehacer histórico. Desde entonces, la historiografía española ha buscado una nueva orientación metodológica, bien sea entroncándose con las corrientes aparecidas en el extranjero, bien sea intentando una propia conformación del estudio del pasado. Estas tendencias no han ahogado, sin embargo, la dedicación al viejo sistema narrativo, del cual subsisten todavía en nuestro país numerosos partidarios. Su existencia se razona por la imposibilidad en que nos hallamos de prescindir del más viejo de los métodos historiográficos. Basta contemplar las extensas lagunas de la historia hispánica para darse cuenta de que aún es preciso sacrificarse y mantener un sistema de trabajo que, si ya periclitó en sus fines, constituye un elemento imprescindible para llenar aquéllas. Lo épico que pedimos a los narradores de historia es puntualidad erudita y conocimiento de los nuevos métodos para sacar provecho —secundario o principal— de su labor. En todo caso, sepan que hoy por hoy todavía es útil publicar un buen corpus documental sobre cualquier cuestión de historia externa o interna.

He aquí dos calificativos que hemos escrito a propósito. Acusado el método narrativo de superficial —jamás llegaba a conclusión que fuera de alguna monta—, se le sustituyó en la metodología del país por lo que se dio en llamar, no sabemos exactamente la causa, historia interna. Fueron aquéllos los tiempos de invasión de nuestra ciencia por los procedimientos germánicos. El ídolo de nuestros maestros era Bernheim. Se desconocían exactamente los resultados de tal método, pero todos se rendían ante el empaque casi mítico del nombre. ¡Oh la historia interna! Desde luego, su difusión aportó grandes ventajas: se puso coto a la improvisación romántica, se exigió una imparcial crítica de las fuentes, se hizo imprescindible una amplia aportación archivística. Todo ello, bien llegado y bien recibido. Pero por el simultáneo desarrollo de los estudios de historia del Derecho, la nueva experiencia metodológica desembocó en una fría y estéril historia de las instituciones. Poco a poco fue olvidándose el factor humano, que es la base de toda historiografía; diose importancia al armazón despreciando el contenido, al poste de conducción de energía en lugar del fluido del que aquél sólo sirve de inerme soporte. Se puso el poste —la institución— hacia aquí o hacia allá, de ese lado o del otro. Tales cambios llenaron de letra impresa concienzudas monografías y dieron lugar a formidables polémicas eruditas. Hoy es triste contemplar el resultado alcanzado. Apenas se sostiene ni una sola de las tesis formuladas por los grandes maestros institucionalistas de principios de siglo.

Este virus penetró profundamente en el campo de nuestro medievalismo, en el que causó serios estragos al emparejarse con otro no menos peligroso: el puro filologismo, el mito del documento. Por esta profunda razón el actual medievalismo español se halla metido en el callejón sin salida en que se discuten las palabras y no los hombres. En general, se ha olvidado que toda palabra es un eco del pasado y que no refleja en absoluto la nueva realidad vital que intenta definir. Y, también, que toda institución, por el simple hecho de encajar en una tensión vital o reproducir un equilibrio de fuerzas, nace, si no muerta, por lo menos estática. Quienes le informarán de su contenido vital serán los hombres que en ella lucharán por realizar sus ambiciones. El transcurso del tiempo agrava el problema, pues el cuerpo institucional o deforma la realidad del ambiente social o se aleja cada vez más de expresar el verdadero carácter de éste. Prescindamos del caso en que se convierte en mito, pues entonces, como «realidad objetivada», pierde su lugar en el seno de la historia de las instituciones para hallarlo en el de las ideas.

En consecuencia, si la historia de las instituciones nos indica aproximadamente la línea por donde circulan las energías biológicas —lo que comporta, sin duda, un considerable progreso sobre la consabida sucesión de monarcas y batallas—, no detenta en absoluto la clave del secreto de la Historia. Ni los reglamentos, ni los privilegios, ni las leyes, ni las constituciones, nos acercan a la realidad humana. Son fórmulas que elevan límites, pero nada más que límites. La expresión de la vida se halla en la aplicación del derecho, de la ley, del decreto, del reglamento; en la forma cómo los hombres tergiversan la voluntad ordenadora del Estado, de una corporación o de una oligarquía. No en la institución considerada en sí misma, sino en el hervor humano que se agita en su seno. Para aprehenderlo históricamente es preciso prescindir del caparazón legislativo, ir directamente a la colectividad humana que representa, con sus apetencias, sus pequeños orgullos y sus profundos resentimientos, que de todo hay en la viña del Señor. Por esta causa, no me he cansado de preconizar un cambio radical de orientación en la elección de las fuentes de los estudios históricos; en lugar de las grandes colecciones legislativas, los humildes archivos en donde la ley choca con la vida: protocolos notariales, fondos consulares y mercantiles, archivos de policía, decisiones de los tribunales de justicia, etc.

Pero el hecho de que hoy no nos acaben de gustar ni el método filológico ni el de la historia de las instituciones, no significa que los pospongamos al más brillante, pero mucho menos eficaz, de la titulada historia de la cultura. Claro es que resulta provechoso explorar las capas ideológicas, jurídicas, sentimentales, estéticas, religiosas y morales de un pueblo. No negamos esta utilidad. Lo que negamos es que los «culturalistas aporten una contribución objetiva al conocimiento del exacto pasado del hombre español. Hallamos en su producción historiográfica tres importantes defectos. En primer lugar, hasta la fecha, toda historia de la cultura ha exigido un esquema mental previo: ortodoxo o heterodoxo, idealista o materialista, unitarista o evolucionista. Pero la vida rehuye cualquier encuadre. Es vida haciéndose a sí misma, salvo, claro está, en una acepción puramente biológica o teleológica, que en la inmensa mayoría de los casos cae lejos de las preocupaciones del historiador profesional. En segundo término, hasta hoy la historia de la cultura no es más que un estudio de minorías intelectuales, y por lo tanto representa el examen de una microscópica porción de la mentalidad actuante en un determinado período histórico. Tal punto de vista equivale a la miope concepción de la antigua historia política, limitada al examen de unas cuantas cabezas coronadas y de sus adláteres. Finalmente, la historia cultural no ha sabido hallar un método convincente para fijar el peso de las aportaciones espirituales y materiales de un país o de una sociedad. De aquí infinidad de controversias, que convierte a los culturalistas en punta de lanza no ya de la vanguardia de la ciencia histórica, sino de mesnadas políticas dispuestas a la conquista del poder.

Tales consideraciones justifican que desde mis primeros pasos universitarios recomendara a mis alumnos que se limitaran a hacer simplemente historia, pero la historia absoluta, la vida. Para hacer patente mi posición, escribí en el número inaugural de Estudios de Historia Moderna: «Creemos fundamentalmente que la historia es la vida, en toda su compleja diversidad. No nos sentimos, por lo tanto, atados por ninguna prevención apriorística, ni de método, ni de especulación, ni de finalidad. Despreciamos el materialismo por unilateral, el positivismo por esquemático, el ideologismo por frívolo. Intentamos captar la realidad viva del pasado y, en primer lugar, los intereses y las pasiones del hombre común».

La experiencia de estos últimas años, comprobada en la producción historiográfica española y extranjera, nos induce a ratificarnos en nuestro postulado. Pero para abarcar la vida es preciso definir un método apropiado. Ante la de un individuo, basta conocer los principios fundamentales del nuevo sistema biográfico: el tiempo presente (la coyuntura) abismándose en el hombre y éste reaccionando frente al espacio y el ambiente generacional, según sus posibilidades psicológicas. Pero la dificultad se acrece cuando tratamos de medir el pasado del hombre común.

La vida colectiva no puede descifrarse si no recurrimos, como primer instrumento, al método estadístico. En la historia, la estadística no es la mera acumulación de cifras; es el arte de aplicar porcentajes y constantes promedios y coeficientes. Sirve para definir claramente el número de veces que los hombres reinciden en los mismos actos, aunque sin implicar que estos hombres condenen, quizá, las cosas que realizan. Sirve para establecer las zonas de mayor afluencia de sucesos. Sirve, sobre todo, para cifrar los intereses materiales y espirituales de la humanidad. Y esto es lo que pesa en historia. No me duele, pues, repetir, que «es esencial para determinar valores, riquezas y mentalidades» y que «sin recurrir a él, a través de minuciosos análisis de precios, salarios, inclinaciones políticas y tendencias culturales, es imposible comprender nada».

Nada, bien entendido. Imaginémonos que estudiamos un período, un reinado o un país. Es de escasísima importancia que nos fijemos en un aparatoso hecho militar o político. Dos derrotas sucesivas en los campos de batalla de éste siglo no han mermado el peso de Alemania en el concierto europeo. Por definición, ningún cuerpo institucional revela el rumbo de la historia: gloriosos nombres han amparado sucesivos momentos de esplendor y decadencia. En cuanto a la medida ideológica, se puede incurrir en gravísimo error al afirmar que cinco, diez o veinte intelectuales, sea cual sea su talla mental, representan un reinado, una sociedad o una generación. Ni veinte en el siglo XVIII, ni mil en nuestra centuria. Toda clase intelectual sólo se representa a sí misma en cuanto a producción literaria (cuando un intelectual actúa en política o toma el tranvía el caso es distinto, pues se mide en función de su nueva actitud). En consecuencia, es preciso determinar los intereses que aquél sirve en su ocupación específica, los cuales son, en primer término, de tipo humano: intereses directos, vinculados al empleo y el cargo; intereses de los clanes de que forma parte; presión material y moral de quienes depende; complejos psicológicos, como rutina, miedo, ambición, envidia; intereses de tipo espiritual concreto, etc. Por tanto, al tratar de establecer una historia ideológica generacional no se puede incurrir en el defecto de generalizar y decir «Tal pensaba Zutano, tal pensaban todos». La historia de las ideas es mucho más capilar, y para abarcarla es preciso extender la investigación e ir a la consulta de archivos neutrales, o sea aquellos que reflejen ingenuamente la «pluralidad mental» de nuestros antepasados.

Esto nos conduce, de nuevo, al método estadístico. Sin su empleo el historiador se halla privado del mejor útil de trabajo, como el gobernante no puede prescindir de las cifras que le suministran los servicios de estadística. Si aun conociendo la realidad viva de un país es imprescindible sumergirse en el mar de datos de los anuarios para percartarse de lo que jamás se da en la pluma de los intelectuales, es decir, la posibilidad de medir el pulso exacto de aquél a través de cifras de población, producción, riqueza, cultura, sanidad, trabajo, etcétera, de mucha mayor utilidad será plantear de nuevo estas cifras en el caso del examen de las sociedades que fueron. La ciencia histórica, y en particular la española, avanzaría a grandes, pasos si tuviera rehecha la estadística del pasado. Marchamos ya felizmente por este camino, pero la mies es mucha y pocos los que pueden trabajar en ella.

Al rehacer la configuración de su propia historia, utilizando los nuevos métodos acabados de mencionar, el historiador español ha de contribuir con su aplicación a perfilar la metodología del futuro, sobre la que hoy continúa debatiéndose en los medios más progresivos del extranjero. El problema a resolver es el de la integración de los procedimientos demográficos, sociales, económicos y psicológicos —apoyados en la estadística— en un todo capaz de ser denominado «método de las ciencias del hombre». Su resolución tiene un doble aspecto: el epistemológico —sobre el que es mejor reservar la palabra a los filósofos— y el propiamente erudito. Y en este último caso sí que nos es dable opinar. Pero no recurriendo, como es común entre los escolásticos castellanos actuales, a la metafísica del ser o del evento, sino al simple y modesto trabajo de exploración, efectuado sobre material archivístico directo. Las dificultades vencidas en esta labor de buena ley contribuyen a hacer aflorar unas experiencias, de momento limitadas, pero que, con el tiempo, acaban soldándose en una fórmula más general. Durante los últimos años éste ha sido el sistema de cooperación más valioso que hemos prestado a nuestros colegas extranjeros y el que más hemos agradecido de ellos.

Antes de dar por finalizado este ya dilatado prólogo, debo expresar mi intranquilidad ante una posible reacción del lector. Quizás éste extrañe, en efecto, que mi APROXIMACIÓN no tome parte en la polémica que hoy divide a los historiadores hispanos, y a los hispanistas en general, mostrándose unos partidarios de las tesis de Américo Castro y otros de las de Claudio Sánchez Albornoz. Este libro no es ni una crítica ni un ensayo. Quiere proporcionar orientaciones y líneas de trabajo, señalar hasta dónde se ha llegado y hasta dónde es posible llegar en un futuro próximo. Por esta causa, no se aparta de su matriz inicial de absoluta adecuación a los resultados prácticos de la investigación. Si algo ha cambiado en sus páginas no es el criterio del autor, sino el desarrollo de la temática y el planteamiento de la problemática histórica española después de dos lustros de fructíferos trabajos de archivo.

Ahora bien, no querría abandonar este cómodo refugio preliminar sin echar mi cuarto a espadas. Las obras de ambos maestros representan, a mi juicio, una contribución singular e inteligente, por la que debemos de estarles reconocidos. Hoy sería ya inconcebible hacer historia de España sin contar con La realidad histórica de España o España. Un enigma histórico. Me importa poco en este momento hablar de su método, muy distinto en ambos autores, sobre todo en Castro, del que acabamos de preconizar; incluso afirmaría que uno y otro se hallan ampliamente superados, aunque al hacerlo bien sé que me haré merecedor de los fulmíneos rayos de los respectivos olimpos. Lo que de ambas obras me interesa es la amplia presentación de problemas, por lo que se refiere a la España antigua, media y moderna (hasta el siglo XVII). Se han discutido tantos datos y asuntos —a veces, con excesiva tolerancia erudita por parte de Castro y excesivo empeño castellanista por Sánchez Albornoz—, que entre don Américo y don Claudio, puestos a cerner, han dejado una harina finísima y de buena calidad. El salvado, el viento huracanado se lo llevó. Y cuidado que era mucho y de mucho empaque histórico. Este cernido no tiene precio y provocará un gran bien en todas las conciencias, sobre todo cuando sus resultados se divulguen y afecten a la conciencia castellana.

Castilla, en efecto, se encuentra enfrentada desde 1898 con una grave crisis de conciencia. Esta crisis, que la desasosiega, ha querido hacerla derivar de las actitudes negativas de otros pueblos hispánicos, tal el catalán. Reacción muy comprensible e incluso eficaz para la psicología colectiva castellana, teniendo en cuenta el juego de contradicciones internas entre Castilla y Cataluña que, desde el siglo XVIII, mantiene el estímulo vital y la cohesión del Estado español. Pero volviendo a la citada crisis, puede suponerse que entonces fue superada por un acto de voluntad nacionalista, extrañamente no vinculado a la historia, excepto en el caso de los universitarios que se agruparon alrededor de Menéndez Pidal y Gómez Moreno. Ni en Unamuno ni en Ortega hubo toma de contacto histórico; se acercaron al alma castellana a través de una experiencia que fue muy personal y, a la vez, eterna. De ella surgió una Castilla irreal, la que se ha llevado hasta la fecha por todos los hombres de la generación y, sobre todo, por sus epígonos.

Pero esta Castilla se ha planteado en 1955, a través de dos de sus más caracterizados historiadores, si no era ya realmente necesario hundirse en la historia para resolver lo que se cree acuciante problema de conciencia: en primer lugar, la imperfección de España para seguir el rumbo de la civilización occidental hacia el capitalismo, el liberalismo y el racionalismo en el triple aspecto económico, político y cultural; y luego, el fracaso de la misión de Castilla en la tarea de hacer a España como una comunidad armónica, satisfecha y aquiescente. Ambos temas van trenzándose en las páginas de Castro y Sánchez Albornoz, y se conciertan, aunque a ambos autores les parezca imposible, en un mismo y gigantesco acuerdo; no podía ser de otra manera, aunque este no poder ser lo busque Castro en el fin de la pluralidad mental castellana medieval y Sánchez Albornoz en lo que llama —y es difícil de reducir a síntesis más clara— «cortocircuito de la Modernidad»: paralización de Castilla en el siglo XVI por el triple esfuerzo europeo, colonial y dinástico.

Las dimensiones de polémica suscitada entre ambos historiadores, a la que se han añadido cuantos cultivamos la misma ciencia en la Península, hacen sospechar que será fructífera. Sobre todo si, para resolverla, se abandonan los tópicos y las frases hechas, y se plantean los factores básicos de la historia peninsular: hombres, miseria y hambre, epidemia y muerte, propiedad territorial, relaciones de señor a vasallo, de funcionario a administrado, de patrono a obrero, de monarca a súbdito, de sacerdote a creyente, de municipio a municipio, de pueblo a pueblo, de capital a provincia, de producción individual a renta nacional, del alma con Dios. Factores que no están tan alejados de los que han experimentado los países mediterráneos vecinos, por lo que es muy dudoso que España sea un enigma histórico, como opina Sánchez Albornoz, o un vivir desviviéndose, como afirma su antagonista. Demasiada angustia unamuniana para una comunidad mediterránea, con problemas muy concretos, reducidos y «epocales»: los de procurar un modesto pero digno pasar a sus treinta millones de habitantes.

Nos hemos alejado tanto del camino, que terminamos con brevísimas palabras para dar cuenta de algunas innovaciones introducidas en el texto: dos capítulos relativos a la vida prehistórica, otro al momento culminante de la vida medieval, y unos comentarios a cada capítulo que exponen mi criterio en puntos muy controvertidos o en afirmaciones tajantes. Los comentarios se hallarán al final de la obra. No son piezas críticas ni bibliográficas, sino una especie de itinerario de redacción.

J. VICENS VIVES

Barcelona, febrero de 1960.

Los primeros pobladores

Quinientos mil años antes de nosotros —siglo más, siglo menos— unos grupos de pitecantropienses dieron su pláceme a la Península hispánica y se establecieron en ella. No eran los primeros homínidas que divagaban por el planeta. A buen seguro, los que pueden considerarse como tales —los llamados australopitecienses, que aparecieron hacia el 700.000— no se alejaron muchísimo de su lugar de origen, en el Africa austral. La Península sólo conoció, pues, la segunda oleada de humanidad, mucho más evolucionada que la primera y posiblemente recriada en la zona ecuatorial y en el Lejano Oriente.

Los mencionados pitecántropos —el nombre no resulta muy favorecido, por cierto— habían avanzado hacia Occidente, llegando con el hombre de Mauer hasta Alemania occidental y con el Atlántropo hasta Argelia. Todo ello es evidentemente provisional y contingente, porque con dos hallazgos no puede escribirse la historia de los 200.000 años que duró el período de hegemonía pitecantropiense sobre la Tierra. Pero tenemos otros datos, éstos dimanantes del material lítico que nos han conservado los lugares en dónde permanecieron. Por ellos sabemos que los pobres y diseminados grupos de los primeros hispanos dejaron huellas de su existencia en varias partes de la Península, que vivían atosigados por la lucha contra fieras poderosas, que se defendían como podían con el fuego, que atacaban si les era posible con bastones arrojadizos, que avanzaban recolectando frutos y raíces y que no se alejaban en demasía de los lugares donde se hallaban filones de sílex. Ya que estos seres, de débil inteligencia, habían aprendido a desbastar groseramente esa dura piedra y a construir unos útiles en forma de «tallas» y «lascas». Impropiamente se les ha denominado durante mucho tiempo armas (como la famosa hacha de mano achelense); en realidad, su objeto principal, es decir su más común utilidad, era percutir y machacar sobre otros materiales.

Los prehistoriadores habían hecho sus cálculos y fijado unos períodos a los que denominaban y denominan Paleolítico inferior, a base de sucesiones de técnicas líticas. Hoy es inútil rememorarlos, porque el problema de la técnica —que es un hecho humano y no pétreo, y, por tanto, delicado— les lleva de cabeza. Es preciso dejar pasar cierto tiempo hasta que se resuelva a gusto de todos. Digamos que los ejemplares hispanos de tallas y lascas de este largo período son sobresalientes, y que los percutores bifaces del achelense de San Isidro, de Madrid, llenan de orgullo a nuestros arqueólogos.

Hacia el año 200.000 se produce un cambio de panorama, del que el territorio peninsular se benefició inmediatamente. Aparecieron entonces en el Viejo Mundo los hombres de Neandertal, mucho más capaces y activos que los pitecantropienses, pues ya se nos muestran dotados de una vida espiritual compleja, con atisbos religiosos y mágicos. Su aspecto, mucho más favorecido que el clisé que habitualmente se tiene de ellos por culpa de lamentables precipitaciones, les acerca bastante a nosotros. Con la expansión de la humanidad neandertaloide la cultura va a recibir un gran empujón. Por esta causa los prehistoriadores han decidido abrir un nuevo período arqueológico y llamar Paleolítico medio al lapso en que predominó este homínida.

Los neandertalenses llegarían a la Península por el Pirineo y prácticamente la ocuparían toda. Es curioso el hecho de que los restos óseos se hayan encontrado en la línea prelitoral mediterránea, desde Bañolas a Gibraltar, y en los promontorios atlánticos portugueses, mientras que los yacimientos líticos abundan en las cercanías de Madrid y en la desembocadura del Tajo. Ello indica, una vez más, que no hay concordancia todavía entre los hallazgos arqueológicos y la realidad humana y cultural de la época. Y a fe que sería interesante establecerla, porque el cazador neandertaloide hizo la primera síntesis técnica, reduciendo las tallas y las lascas a un complejo artesano en que predominaban los útiles pequeños: especialmente, puntas y raederas. A esa técnica se la denomina musteriense. Otro nombre raro. Aún se logró avanzar un paso más: el neandertaloide aprendió a sujetar una de esas piedras a un bastón endurecido. Había empleado cerca de cien mil años en obtener este enorme progreso técnico; los mismos que necesitó para organizar un rudimentario culto funerario. El ritmo de la historia se aceleró, como podemos ver, notablemente.

Con cuatrocientos mil años por la popa —nuestra narración no puede ser más rápida— pasamos ahora a saludar la entrada en la Península de nuestros directos antecesores: las bandas de cazadores evolucionados del Homo sapiens. Es posible que se realizara a partir del año 40.000, fecha mucho más asequible. La llegada de la verdadera humanidad, de cráneo bien desarrollado y características anatómicas idénticas a las nuestras, dio lugar a una dinámica social mucho más interesante. Los perigordienses y cromañonenses (variedades raciales del Homo sapiens), que constituyeron las primeras y nutridas invasiones, eran cazadores de aventura y salían a emprender amplias expediciones para capturar a los animales. Los tiempos eran fríos y duros y la caza mucho más huidiza que en el período anterior. Felizmente, el Homo sapiens logró vencer una serie de dificultades técnicas y elaborar un repertorio instrumental lítico completo. Su gran descubrimiento fue el cincel. Con este útil hizo maravillas. Talló primorosas hojas, cuchillos, taladros, buriles y puntas. Además, aprendió a trabajar el asta y el hueso, y con ello dio a luz el arpón y el anzuelo. Sus grandes conquistas técnicas fueron, sin embargo, la azagaya y la flecha. Con ellas iba a conquistar el mundo y a proclamarse rey de la creación.

Sobre los protagonistas de tales cambios, los arqueólogos no se han puesto de acuerdo. Arrellanados en el llamado Paleolítico superior, consideraban antes que existían tres fases culturales correspondientes a otros tantos pueblos: auriñacienses (asiáticos), solutrenses (africanos) y magdalenienses (nórdicos). Ahora los horizontes son más complejos, y esperamos que aún lo sean más cuando se realicen nuevas investigaciones. Porque son mucho los 30.000 años de duración de esta época, y no se ve claro qué hicieron los auriñacienses y los solutrenses. Es posible que aquéllos fueran más estables y éstos menos. Quizás los solutrenses fueran tribus nómadas, que en la Península marcharon muchas veces mezcladas con los perigordienses. En todo caso, parece que prefirieron establecerse en cinco regiones: Cataluña y Sudeste (Alicante-Murcia), Cantabria, Castilla la Nueva y desembocadura del Tajo. Por lo menos tal es el resultado que hasta hoy proporcionan el azar de los hallazgos y la densidad de los equipos regionales de prehistoriadores. Sin duda alguna, el hecho capital del Paleolítico superior es el establecimiento de los magdalenienses nórdicos en el Sistema Cantábrico, desde Navarra a Asturias. Al otro lado de los Pirineos, se extendían por la cuenca del Garona hasta los altos valles de su afluente el Dordoña.

Este grupo humano, culturalmente muy compacto, fue gran innovador. Se les atribuyen los progresos técnicos a que hemos hecho alusión —incluso el arco—. Y a ellos corresponde el mérito de haber desarrollado el arte parietal. Éste es fruto de una sociedad ya jerarquizada y especializada —la caza suele ser fructífera con las nuevas armas y un grupo puede permitirse la posibilidad de no trabajar para dedicarse a prácticas mágicas y propiciar a sus compañeros una buena expedición—. Aún hoy constituye un interrogante para cuantos nos acercamos a contemplarlo sin prevenciones. Una realización completa e insospechada, que tiene como exponentes supremos las pinturas rupestres de Ruffignac, Lascaux y Font de Gaume, en Francia, y Altamira y Castillo, en la Península. A esta provincia artística suele llamársele francocantábrica. Examinando su situación geográfica, más cabría rebautizarla con el nombre de aquitanocantábrica. Los elementos sueltos en otras partes de Francia y España no pueden alterar esta afirmación.

Tal es lo que lograron conquistar para la cultura los pueblos magdalenienses. Es lástima que su aportación artística no pudiera ser acumulativa. Con ellos pasó su fibra estética y las pinturas rupestres fueron decayendo, hasta desaparecer en formas esquemáticas. Sólo en la región prelitoral mediterránea, en época todavía insegura, pero posiblemente posterior al magdaleniense nórdico o sea hacia los años 7000 a 3000 a. de J.C., se desarrolla una réplica de la gran pintura animalística aquitanocantábrica. Réplica expresionista, vivaz, en la que la figura humana adquiere el papel de protagonista, en que se da testimonio de una existencia y de una sociedad. Posiblemente derivado del arte magdaleniense de Lascaux, ese nuevo estilo ahincaría fuertemente entre las tribus perigordienses del Oriente peninsular y las caracterizaría desde Cataluña a Andalucía, a lo largo del corredor prelitoral mediterráneo.

Dos provincias: la aquitanocantábrica y la provincia mediterránea. Éstas son las dos nociones que empiezan a surgir en aquellos nebulosísimos años correspondientes al Paleolítico. Sin más trascendencia que explicar las posibilidades de relación de unos veinticinco mil a cincuenta mil seres que, como cifra máxima, debían poblar por aquel entonces el territorio de la Península.

Colonizadores e invasores

La cultura de los grandes pueblos cazadores del Paleolítico superior en Occidente decae desde el séptimo milenio a. de J.C. al compás de las profundas alteraciones climáticas. En la Península asistimos a éste mismo proceso. Muchos lugares del país se desertizan y pierden parte de su población. Sólo las costas y algunas zonas montañosas ofrecen posibilidades de existencia a una fauna menor y a sus diseminados perseguidores. En los Pirineos habitan unos grupos de montañeses que adoran cantos pintados —los azilienses—, mientras que a lo largo del litoral cantábrico y atlántico hallamos establecida una población de comedores de mariscos —los asturienses—. En el andén mediterráneo, sobre todo en el Bajo Ebro y Almería, perviven tribus con un instrumental microlítico. Con él dan caza a ciervos y jabalíes. Su nombre es muy discutido: se les llamó capsienses (creyéndolos relacionados con pueblos africanos); hoy se les considera autóctonos, como una prolongación de los perigordienses del Paleolítico superior. Estas complicaciones no deben preocuparnos. Los hechos importantes son el descenso cultural de la Península durante el Mesolítico y la paulatina diferenciación de sus habitantes en áreas geográficas homogéneas.

Mientras tanto, en Mesopotamia y Egipto estalla la revolución mental y técnica que inaugura la historia moderna de la humanidad. Nos hallamos en el año 5000 a. de J.C. En muy poco tiempo sobrevienen las decisivas conquistas de la domesticación de animales, el pastoreo, la agricultura, la alfarería, la habitación, la fundición de los metales y la navegación fluvial y marítima. Es el triunfo del intelecto sobre la rutina de la magia. Llamada —con escasa fortuna— revolución neolítica, va a dar al Próximo Oriente la capitalidad mundial durante cuatro milenios. De aquellas tierras saldrán las innovaciones materiales y técnicas (la agricultura y la metalurgia, sobre todo); pero también las grandes religiones. Poco a poco, en sucesivas oleadas, irán integrando el mundo mediterráneo. Primero actuarán por mimetismo; después por colonizadores interpuestos; finalmente, ellos mismos se atreverán a navegar hasta el temible y lejano Occidente. Los pueblos de la Península hispánica quedarán entonces plenamente incorporados a la civilización nacida en el oriente del Mediterráneo.

Es posible datar las primeras infiltraciones del nuevo género de vida en la Península alrededor del año 3000 a. de J.C. En efecto, los arqueólogos han descubierto restos de grupos de hombres que vivían en cuevas o chozas de ramaje, y conocían el pastoreo y una agricultura muy rudimentaria. La practicaban con azadas y palos puntiagudos. Estos neolíticos antiguos pertenecían al mismo tipo humano que predominaba en el litoral mediterráneo desde los perigordienses. Ninguna invasión a registrar y mucho menos procedente de África del Norte, que en aquel momento está tan atrasada como los pueblos peninsulares respecto al desarrollo de la cultura en el Próximo Oriente. Esto hace sospechar que las primeras reformas neolíticas se transmitirían de modo muy lento, a través del Mediterráneo e incluso de Europa (aquí, partiendo de la cuenca del Danubio).

Pocos siglos después asistimos a la presión directa de los colonizadores orientales en la Península. Navegantes partidos de aquel punto del Mediterráneo se establecen en Liguria, Provenza, Cataluña y Valencia, aportan nuevas contribuciones materiales, y, sobre todo, una forma de cerámica típica (la cardial). Este impacto viene seguido por otro mucho más decisivo y penetrante: el del pueblo llamado almeriense, que levantó sus acrópolis en la región de Almería, y desde allí, paulatinamente, fue extendiendo la verdadera agricultura neolítica de un lado hacia Andalucía y de otro hacia Cataluña. Allí fue donde caló más hondo y de donde irradió hacia Portugal. El centro y el norte de la Península recibieron con gran retraso tan sustanciales adelantos.

Aproximadamente nos hallamos ahora sobre el año 2500 a. de J.C. Andalucía conoce un verdadero desarrollo, bajo la tutela de jefes tribales que pueden acumular tesoros y hacerse construir alguna que otra tumba monumental —lejano recuerdo del Egipto faraónico, núcleo, ya olvidado, de la nueva cultura hispánica—. Pero su esplendor máximo lo alcanzó poco después, cuando los navegantes orientales llevaron a España, a través de Almería, la metalurgia del cobre y la religión megalítica. En estos años, bordeando quizá el comienzo del segundo milenio, los primeros pueblos hispanos son arrebatados al paleoliticismo y puestos en el sendero de su existencia histórica.

El impacto de la tercera oleada oriental sobre la Península —quizá relacionada con la hegemonía cretense en el Egeo— provocó un florecimiento cultural inaudito. Los misioneros de los megalitos —las grandes catedrales de aquella época— no sólo enseñaban la labranza y el arte de obtener el cobre, sino una religión de altos valores morales, presidida por el culto a los muertos, dispensadores de toda fertilidad, y al fuego y al rayo, que purifican y consagran. Llevaron su buena nueva hasta Portugal y Galicia, que en este momento adquieren su primera plenitud cultural; más allá llegaron a Bretaña, Cornualles e Irlanda. En todas estas regiones triunfaron los megalitos, en sus varias formas: sepulcro de corredor y de cúpula, dólmenes, galerías y cistas.

Bajo la influencia de la cultura megalítica, el sur de España alcanza su primera edad de oro. Una serie de poderosos jefes, establecidos en Los Millares y en las ricas regiones agrarias de Carmona, Antequera, Sevilla y Huelva, gobiernan un pueblo activo y diligente, diestro en las más varias actividades artesanas. En su seno nace el vaso campaniforme, imitación de las finas cestas que tejían los campesinos del valle del Guadalquivir. Hay quien quiere relacionar la expansión de este vaso con la de un pueblo braquicéfalo, llegado de Asia Menor. Es muy posible que no sea necesario aceptar una hipótesis que complica enormemente el cuadro cultural hispánico del neolítico final. De la misma Andalucía o del litoral mediterráneo podría partir un grupo de artesanos nómadas, al que luego se halla en todas las encrucijadas estratégicas del comercio internacional de la época: en Cataluña y en Alsacia, en el Bajo Rin y en Moravia, en Sajonia y el Bajo Elba. La expansión del vaso campaniforme corresponde a la potencia cultural suscitada en Andalucía por la conversión al megalitismo.

Otra zona que los megalíticos conquistaron es la pirenaica. Grupos de pastores mesocéfalos, lejanos precursores de los actuales vascos, colonizan la cordillera desde el País Vasco a Cataluña. Así se dibuja una nueva área cultural, un área de transición entre el Lenguadoc y el valle del Ebro, que en muchos aspectos recuerda el ámbito aquitanocantábrico del arte rupestre y las supervivencias azilienses.

Después de esta época de fulgor megalítico, los pueblos peninsulares decaen paulatinamente. En Portugal, Andalucía, la costa mediterránea y los Pirineos, para no hablar de la Meseta y la orla cantábrica, se observa un bajón cultural. De él se saldrá con la introducción de la metalurgia del Bronce por un pueblo que se estableció en la misma región de Almería entre el 1900 y el 1600 a. de J.C., y que desde allí fue irradiando las nuevas técnicas del bronce y una serie de tipos artísticos, bélicos y culturales hacia el Levante, Centro y Poniente. Es posible que no sea un pueblo en movimiento, sino que, como de costumbre, se trate de grupos de colonizadores en sistema de factoría. En todo caso, su papel civilizador es el mismo. Los arqueólogos han bautizado esta cultura con el nombre de El Argar. Otra vez no han tenido acierto.

Con los argáricos el problema de la Península alcanza entidad mediterránea. Los Estados del Próximo Oriente necesitan estaño para fabricar sus armas y sus útiles, y el estaño sólo se encuentra en el más lejano Occidente o bien en las etapas hispánicas. Ello conducirá a los fenicios a hacer acto de presencia en la vida de Tarshish, un país rico en planta, minerales y objetos exóticos. Tarshish es la versión bíblica de Tartessos, la rica capital de Andalucía. En sus costas, y concretamente en Cádiz, se afincarán los fenicios a comienzos ya del primer milenio a. de J.C. Y desde aquel momento iniciarán una serie de fructuosas relaciones mercantiles, y culturales, que tuvieron gran repercusión en los puertos del oriente del Mediterráneo. En todos ellos se hablaba de los fabulosos tesoros de Occidente. Sucesores en cierto modo de los cretenses, los helenos decidieron repetir la aventura marítima de los púnicos. Y ya directamente desde Asia Menor o desde sus colonias en Italia, Magna Grecia y Provenza, dieron su salto a España (siglo VI a. de J.C). Una de sus principales fundaciones fue Emporion (golfo de Rosas), llave del Occidente griego en Iberia.

Mientras fenicios y helenos potencian la riqueza de los pueblos asentados en el litoral mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía, que conocen con el nombre genérico de iberos, en el interior de la Península ha acaecido un hecho a no dudar importante. El pueblo celta ha penetrado por los Pirineos (900-650 a. de J.C.) y después de ocupar buena parte de la Península, posiblemente hasta el Tajo y el Júcar, difunde en ella la metalurgia del hierro, que ha conocido en su patria danubiana. Esta invasión tuvo inmediatas repercusiones en orden a algunos factores materiales y culturales. Además, en determinados lugares impuso una casta guerrera sobre un pueblo de agricultores, mientras en otros se fusionaba con los indígenas.

Sobre todo ello estamos muy mal informados y lo estaremos siempre, porque los celtas introdujeron la incineración de los cadáveres y los iberos adoptaron esta práctica. Y los muertos no podrán hablar jamás. La lingüística y la arqueología aplicadas al caso son manzanas de discordia, puesto que en los celtas un grupo de autores halla los precedentes del germanismo en la Península —con todo lo que supone en relación con los visigodos y su monarquía unitaria—, mientras que otros ven en los iberos del Sur y del Este la expresión más adecuada de la futura idiosincrasia hispánica. Nada menos convincente. Tales iberos y tales celtas fueron grupos muy complejos, a los cuales no puede aplicarse ningún canon psicológico y mucho menos cuando sólo son intuitivos y generalizadores (los iberos: agrarios, urbanos, blandos y poco consistentes; y los celtas: pastores, rústicos, rudos y violentos). Sólo sabemos que sus lenguas eran distintas, así como también su actitud ante la vida. Pero entre los iberos y los celtas y los futuros hispani aún había de pasar un milenio.

En el instante en que Roma va a penetrar en la Península, ésta se presenta todavía como algo muy primitivo, con la excepción del área andaluza (o turdetana) y del área mediterránea (o ibérica), donde la influencia cultural y económica de los extranjeros ha sido más intensa. En todas partes se manifiesta un pujante cantonalismo, tanto entre los jefes de las ricas poblaciones ibéricas del litoral, como entre los príncipes celtibéricos y célticos del interior. Entre estos últimos descuellan los lusitanos (en Portugal) por sus mayores posibilidades económicas y sus crujientes estructuras sociales. En cuanto al Norte cantábrico y galaico, se mantiene arcaico y desconfiado contra cualquier novedad. Hasta el siglo X, allí se mantendrán en reserva las fuerzas de recuperación del país.

Hispania romana

Las peripecias de la segunda guerra púnica, en la que se dirimió el dominio del Mediterráneo occidental entre Roma y Cartago (siglo III a. de J.C.), convirtieron a la Península hispánica, por vez primera, en escenario de importancia en la historia universal. Adaptada febrilmente, por obra de la familia cartaginesa de los Bárcidas (Amilcar, Asdrúbal y Aníbal), como base estratégica para contrarrestar los éxitos de Roma en Sicilia, sus hombres se insertaron en la gran lucha mediterránea sin presentir que, al cabo de la misma, había de brotar una transformación completa en su panorama social y cultural. El contraataque desencadenado por los romanos contra la desbordante campaña de Aníbal en Italia llevó a las costas hispánicas no sólo un ejército —el de los Escipiónidas—, sino una compleja mentalidad, alumbrada en el opuesto litoral del Egeo y matizada por el temperamento y las costumbres del Lacio. Las legiones vencedoras de los cartagineses, gracias a la pericia de Publio Cornelio Escipión, incorporaron al naciente imperialismo romano una colonia: Hispania; pero, al mismo tiempo, iniciaron al país en las complejas perfecciones de la cultura helénica, de las que sus habitantes sólo habían gustado las primeras mieles a raíz del establecimiento en el litoral levantino de las colonias griegas.

Corno todo proceso de colonización profunda, la conquista romana del suelo peninsular implicó violentas reacciones de los nativos. No hay que buscar en las mismas un ideal patriótico singular; simplemente, fue la réplica del indígena ante las novedades y las expropiaciones impuestas por los extranjeros. Éstos, dotados de una organización superior, sofocaron con rapidez los sucesivos incidentes, que la fama ha elevado al rango de grandes epopeyas. Con todo, la pacificación de la Meseta resultó mucho más difícil que la de las regiones mediterránea y andaluza, donde una antigua tradición de intercambios con los pueblos extranjeros había preparado el terreno para aceptar el dominio de Roma. En la Meseta, resguardada por accesos montañosos de fácil defensa, tales los que se abrían en el fragoso país de los celtíberos, los romanos chocaron con una perseverante hostilidad, cuyo tono era mayor al alejarse las legiones de sus bases del litoral. Este hecho, explica la tenaz resistencia de los lusitanos, primero, y de los numantinos, después. Fue necesario que Roma modificara el sistema de reclutamiento de su ejército para domeñar Numancia, cuya independencia abatió Escipión Emiliano (133 a. de J.C.). Esta es una fecha básica para la colonización romana en la Península, ya que la sumisión de los astures y cántabros, llevada a cabo cien años más tarde por Octavio Augusto, fue, más que una guerra, una dilatada operación de policía.

En el transcurso de siete siglos de dominio, la presencia de los conquistadores y colonizadores romanos llegó hasta los últimos confines del país y se tradujo en hechos tangibles: renovación, construcción y embellecimiento de ciudades; apertura de vías de comunicación; aprovechamiento del suelo agrícola; explotación de minas. El entronque de la economía hispánica con el gran comercio mediterráneo de la época —metales, vinos, aceites, cereales— hizo posible el financiamiento de esa política de obras públicas. Pero debe tenerse en cuenta que los más beneficiados por esa actividad fueron los grandes capitalistas romanos. En las provincias hispánicas el florecimiento económico de los siglos I y II revirtió en provecho de los antiguos jefes tribales, convertidos en poderosos propietarios al amparo de la legislación de Roma, y de los funcionarios extranjeros, que aplicaron sus peculios a la adquisición de fincas rústicas en la periferia hispánica, sobre todo en el valle del Guadalquivir. Este hecho, conjugando factores geográficos y técnicos con la tradición tartesia y la conveniencia romana, dio origen a una de las estructuras económicas y sociales básica en la historia de España: el latifundismo agrario. En la época de su plenitud, este sistema se combinó con la práctica del trabajo esclavista y el desarrollo del sistema de obreros jornaleros, con paro estacional.

Así se formó paulatinamente una clase social privilegiada, la de los seniores, que desde sus posesiones urbanas o desde sus fundos y villas rústicas dominaban el mecanismo de la sociedad hispánica colonial. En sus manos se hallaba la riqueza del país: no sólo las explotaciones agrícolas, sino la participación en las empresas mineras y termales y en las asociaciones de exportación de aceite y cereales. Bajo este núcleo de aristócratas, que la evolución histórica fue reduciendo en número y aumentando en potencia a partir del siglo II, vivía una nutrida masa de agricultores y pastores; sin duda la porción de humanidad más considerable del país. Casi nadie se ha preocupado por su situación social y género de vida. Agricultores sometidos a la esclavitud en algunas regiones de Andalucía, costa mediterránea y valle del Ebro; campesinos semilibres en las villas de los grandes propietarios de la Meseta; pastores en Galicia y el litoral cantábrico; unos seis millones de seres sobre los cuales se ejercita poco a poco la presión de la urbe próxima, de la colonia recién instalada. De la ciudad aceptarán la administración, el progreso técnico y mucho más difícilmente la nueva lengua y las religiones orientales; en cambio, rechazarán siempre el sistema jurídico que les encadena a sus señores, ya sea como esclavos y semilibres, primero, ya sea como colonos en la última fase imperial. La oposición entre el campo y la ciudad es una constante en la dinámica de Hispania. Ello explica que algunas tribus pastoriles mantuvieran sañudamente una libertad que confundieron más de una vez con el bandidaje. De hecho, algunos pueblos del Norte jamás ingresaron en el dentado mecanismo político y burocrático establecido por Roma. Gente bravía e indómita, se incrustaron más que fueron aceptados en la comunidad hispánica.

Entre estos dos mundos tan estrechamente fundidos y tan escasamente solidarios —seniores, de un lado, humiliores, de otro— hay que intercalar el constituido por el elemento urbano propio, al que cabe atribuir, en definitiva, el éxito de la colonización de España por Roma. Las ciudades hispánicas cubrieron con relativa holgura la geografía peninsular, y sin ser ni excesivamente numerosas ni en extremo brillantes, cumplieron su papel de vértebras de la cultura mediterránea en la Península. Sucesivamente fueron incorporadas al sistema jurídico de Roma, hasta que en 212 recibieron de Caracalla los plenos derechos de ciudadanía. Ello vinculaba a sus habitantes a una idea imperial, no a un sentimiento de hispanización. Todo les hablaba de Roma: el curial enriquecido, el funcionario, el pedagogo... Hispania se provincializa hondamente en los siglos I y II, y este fenómeno se debe exclusivamente a la actitud mental de los ciudadanos. La aportación romana directa a través de las colonias —poco numerosas y mal distribuidas en el espacio y en el tiempo— fue tan escasa, que no es posible tenerla en cuenta como factor de alto bordo al hablar de la romanización de Hispania.

De esas ciudades, la mayoría con raíces en las culturas almeriense, argárica o ibérica, partieron los jóvenes hispanos atraídos por el deslumbrador foco romano. Alguno logró en la Urbe máxima ceñir los laureles de la fama en la política o en las letras. Pero los ilustres nombres de los Séneca, Marcial, Lucano, Quintiliano, unidos a los de Trajano y Adriano, sólo representan la espuma que ayer como hoy cubre reiterados y anónimos fracasos. Gracias a la fortuna de los primeros y a los reveses de los últimos, fue forjándose en ese elemento urbano la noción de una conciencia común vinculada a la idea de Roma. Así apareció la mentalidad de los hispani o hispano-romanos; más que una clase social, como pretendieron determinados historiadores institucionalistas de la escuela germánica, una mentalidad —cabe repetirlo, porque es importante— urbana y periférica.

Estas mismas ciudades fueron otros tantos semilleros donde creció y fructificó la palabra evangélica. Recibida a mediados del siglo I en la fachada mediterránea (probable misión de San Pablo), la doctrina de Cristo fue prosperando en ese medio urbano conquistado ya por el poder y la cultura de Roma, pero vacío de un ideal místico superior, que no podía ser colmado por el superficial y escéptico aparato de los cultos imperiales. Como en el resto de Occidente, la difusión del Cristianismo chocó en Hispania con el tradicionalismo de la religiosidad campesina, y sólo con agotadora lentitud ganó la batalla a los ritos paganos. Pero las ciudades acabaron imponiéndose al campo y la periferia al centro, de modo que a finales de la segunda centuria los cristianos hispanos ofrecían al Señor el mismo ramillete de mártires por la fe que las iglesias orientales. De este modo el Cristianismo, introducido con el latín y la secuela cultural mediterránea, completó la obra de romanización. En ciertos casos, como en los pueblos indígenas del Norte, se puede presumir que sólo a través del nuevo ideal religioso quedaría asentado en el país el espíritu de Roma. En algunos casos notables la evangelización sólo fructificó ya bien entrada la Edad Media.

El Cristianismo que irradió por Hispania en estos primeros siglos tenía, respecto al Imperio romano, una actitud muy otra que la adoptada después del Edicto de Milán de 313. Había crecido en plena lucha contra toda religión de Estado y, sobre todo, contra el culto imperial. Por esta causa no fue un elemento aglutinador de Hispania alrededor de Roma, sino un factor de disidencia en el seno de la sociedad urbana de los desheredados. Esta comprobación nos obliga a revisar gran parte de las ideas corrientes sobre el papel unificador desempeñado por Roma en Hispania. Ni los emperadores, ni el Senado, ni los cubículos administrativos romanos, tuvieron jamás una visión particularista de los problemas hispánicos, ni fomentaron ninguna tendencia en tal sentido. Ellos y la juventud durada hispánica sólo sintieron la grandeza y la unidad de la Urbe y sus dominios universales. Pero en el transcurso de su gestión, necesariamente impulsaron una serie de resortes que habían de contribuir a desarrollar un cierto sentido comunitario entre los pobladores de Hispania. No podemos referirnos al culto imperial —un culto celebrado por la escéptica burguesía de negocios del siglo I—, ni tampoco a la administración provincial —que estaba en manos de romanos y más ayudó a separar que a unir—. Las fuerzas unificadoras vinieron de los técnicos e ingenieros de comunicaciones, de los urbanistas y escultores, de los maestros y funcionarios que fue mandando Roma, y que se tradujeron en bellas ciudades, perfectas calzadas, puentes y viaductos, y en un cierto sentido de la administración. Todo ello, repetimos, al margen del mundo campesino, para el cual muchas de las cosas que se le enseñaban eran letra muerta: como el derecho y el idioma (que adulteró en seguida en formas propias, regionalmente diferenciadas).

La verdadera marcha hacia una personalización histórica de Hispania se inicia al desatarse la crisis del siglo III. Entre 264 y 276 las provincias hispánicas son bárbaramente devastadas por francos y suevos, sus principales ciudades saqueadas y destruidas, las campiñas arrasadas a sangre y fuego. El país se rehizo lentamente de aquella calamidad; las ciudades que pudieron recuperarse se rodearon de murallas y torreones. Comenzó un nuevo mundo, que externamente marchaba a compás de las drásticas medidas de los emperadores absolutos, aunque en su seno empezaba a alumbrar una sociedad sujeta a los más poderosos por vínculos de servidumbre jurídica y personal. Así mientras la vida urbana decae y el país se ruraliza, los hispanos empiezan a marchar por la senda de la historia. No de la gran historia que no explica ni justifica nada —como esa inútil reorganización administrativa imperial de principios del siglo IV en la que se instituye la diócesis de Hispania, bajo la prefectura de las Galias—, sino de la pequeñísima efemérides. Como, por ejemplo, el cambio mental que llevó a los obispos cristianos de Hispania a establecer la organización eclesiástica a imagen de la romana; a embeberse, pues, del espíritu estatal, jerárquico y cultural de Roma; y, en fin, a aceptar el hecho consumado de la cristianización del Imperio y la protección oficial. Así la Iglesia cruzó a finales del siglo IV las orillas que antes la habían separado del Imperio, convirtiéndose en el reducto esencial de las ideas de autoridad y universalismo impuestas por Roma en los países mediterráneos. A través de esta concepción del mundo, y de la directa experiencia de los obispos (que las invasiones iban a transformar, inopinadamente, en «defensores de las ciudades»), el Imperio se sobrevivió a sí mismo en Hispania.

El epigonismo visigodo

En 409 se registró la invasión de los pueblos germánicos por los pasos occidentales de los Pirineos, siguiendo la eterna ruta de las grandes aportaciones raciales de Europa a Hispania. Ni el caso era nuevo, ni importante el número de los invasores. Pero siendo relativamente pocos se beneficiaron de un factor decisivo: formaban bandas militares, ante las cuales los provinciales hispánicos, desmontado el caparazón defensivo romano en las fronteras del Rin, se hallaron inermes. De aquí la facilidad y extensión de las rapiñas de vándalos, suevos y alanos, la sensación de espanto que cuajó en las impresiones de los contemporáneos, el derrotismo general después de la dura experiencia recibida de los francos hacía apenas dos generaciones. Sólo se esperaba la salvación de Roma; pero ésta experimentaba idénticos apuros y sufría iguales horrores. Roma no era ya más que un mito.

Del espejismo romano sacó partido otro pueblo germánico para establecer su hegemonía en la Península en el transcurso de los siglos V y VI: los visigodos. Existe la impresión, desde luego errónea, de que la Hispania visigoda se inicia en 415, cuando Ataúlfo condujo su hueste hasta Barcelona y estableció allí una efímera capitalidad.

De hecho, los visigodos actuaron desde Tolosa de Francia como un ejército «federado» al servicio de Roma, gracias al cual fue posible arrinconar a los suevos en Galicia y expulsar a los vándalos de Murcia y Andalucía. Pero su principal campo de actividad fue el sur de Francia, rico conjunto agrícola, sobre el que Eurico (466-484) logró extender su autoridad. Simultáneamente, los jefes visigodos, bien como auxiliares del Imperio, bien en provecho propio, fueron adueñándose de importantes reductos en la Meseta. La periferia mediterránea, vinculada todavía al mundo imperial legítimo, el de Roma, primero, el de Constantinopla, en seguida, se mostró mucho más reacia a esa suplantación de poderes. En consecuencia, cuando los visigodos fueron expulsados de la Galia por los francos, después de la derrota de Vouglé (507) y buscaron refugio tras la cortina pirenaica, establecieron su capitalidad, después de algunas vacilaciones (Barcelona, Sevilla), no ya en las ricas y cultivadas regiones del litoral tarraconense, cartaginense o bético, sino en el corazón de la Península, en Toledo. Por vez primera la Meseta se convertía en centro político peninsular.

Este hecho aumentó las divergencias existentes entre los ochenta mil o cien mil godos que ocupaban la altiplanicie interior del país (Segovia, Soria, Burgos, Madrid, Toledo, Valladolid y Palencia) y los tres o cuatro millones de hispanos que habitaban en la costa mediterránea, desde la Septimania a la Bética, buena parte de ellos se libraron de la amenaza bárbara gracias al apoyo armado del Imperio de Oriente y se reincorporaron al juego de la economía y la cultura mediterráneas. Desde Cartagena hasta el Algarbe, este pedazo de la Hispania liberada —la España bizantina de los manuales— reconstituyó sus fuerzas y preparó la gran coyuntura histórica del desquite hispano sobre los invasores visigodos. Desquite en absoluto militar, sino de vitalidad y de cultura.

La última gran tentativa asimiladora de los germánicos la realizó Leovigildo (568-586). De hecho, este monarca había ya sido cautivado por la mentalidad hispánica, respondiendo al proceso registrado en las dos últimas generaciones entre la aristocracia goda, mediante el cual sus miembros habían dejado de ser jefes de bandas militares para convertirse en ricos hacendados territoriales, más o menos emparentados con los terratenientes hispanos. Leovigildo fue el primer soberano germánico que revistió las insignias de la realeza, al estilo romano, y el primero que consideró sus dominios bajo el prisma de un legado imperial. Sus campañas eliminaron los reductos gallegos en que se habían mantenido algunos jefes suevos con títulos de realeza y, asimismo, obligaron a los cántabros y vascones a reconocer la soberanía visigoda. También Leovigildo se propuso someter a la España meridional vinculada al Imperio bizantino. Pero si las operaciones militares le procuraron el valle del Guadalquivir, en cambio no pudo atraerse el favor de sus nuevos súbditos. Una oleada de insurrección levantó a los hispanos en 582, tanto más grave cuanto al frente de la misma se puso el propio hijo de Leovigildo, Hermenegildo. La rebelión fue sofocada después de no pocas peripecias. Hermenegildo cayó sacrificado, mártir de una lucha por la fe, y, desde luego, por lo que representaba esta fe como afirmación de un espíritu y una cultura.

Esta tremenda experiencia resultó definitiva. Hermenegildo es ajusticiado en 585; al año siguiente muere su padre; en 587, Recaredo, su sucesor, se convierte al catolicismo; en 589, el cambio de dogma del Estado visigodo, hasta entonces arriano, es celebrado públicamente en el III Concilio toledano. En cuatro años la sublevación de los hispanos, sofocada por las armas, triunfa en la misma conciencia de la minoría dirigente germánica. En adelante, este clan —compuesto por unas doscientas familias de la Corte y unos diez mil individuos de ambos sexos distribuidos por el resto del país— se convertirá en una oligarquía casi cerrada. Detentará el poder supremo, el mando del ejército, los cargos superiores de la administración provincial. Pero el país será llevado adelante por los hispanos. Estos son los que informan la legislación, la espiritualidad y el relativo esplendor económico de la monarquía visigoda durante el siglo VII, cuyas puertas abrieron San Leandro y San Isidoro, los dos gigantes de la intelectualidad hispana meridional. Gracias a los hispanos, la última etapa del dominio godo en la Península adquiere un marcado tinte unitario, cuyo recuerdo perdurará en algunos grupos diseminados después de la fácil y demoledora ofensiva islámica del siglo VIII.

Por esta causa, si el epigonismo visigótico peninsular sobrevivió a su propia incapacidad, ello se debió al ancho apoyo social que le brindaron los hispanos, y singularmente la Iglesia y la aristocracia latifundista. La vinculación de los mutuos intereses —pues la fusión de sangres fue siempre muy difícil— pesó gravemente sobre la suerte de las clases inferiores de la sociedad, de modo especial en el campo, donde sobrevivieron la esclavitud y el colonato. Y ello a pesar del desarrollo de los lazos de dependencia personal propios de la mentalidad germánica. Este proceso fue paralelo a la favorable actitud adoptada por la monarquía respecto a las inmunidades que se concedieron a determinados sectores de la población —nobles, iglesias, monasterios—. Todo ello, al lado del sentimiento de inseguridad social fomentado al socaire de las invasiones, preparó un ambiente prefeudal, bastante similar al de la Francia merovingia.

La ruina del municipio hispanorromano, preludiada antes de la invasión bárbara, se consuma en este período como consecuencia de la debilitación de la economía monetaria y el paulatino cese de las actividades mercantiles, cuyos únicos estímulos se recogen en algún puerto de la costa meridional mediterránea. Se extingue, pues, la clase urbana que había vertebrado la Hispania romana.

Sus elementos caen bajo la dependencia de los nobles visigodos o de los señores hispanos. Para ello sólo se abre una puerta de escape: la Iglesia, el único cuerpo realmente libre de la época. Desde los monasterios o las sedes episcopales, los eclesiásticos emprenden su muda y tenaz labor de rehacer un mundo cuyas glorias perciben, pero que sólo interpretan groseramente. Son ellos, en todo caso, los que dan la forma legal definitiva al Estado visigodo gracias a la obra de unificación legislativa iniciada por Chindasvinto y terminada por su hijo Recesvinto en 654. El Liber Iudiciorum tiene el valor de una voluntad de supervivencia romana en un mundo que le es absolutamente extraño e impermeable. Pero la Iglesia requiere tal instrumento como medio de acción entre el pueblo de los hispanos y la oligarquía goda. Entre una y otros no ha habido más contactos que los de dueño a siervo. A pesar de ello, la aristocracia visigoda, prepotente y bien instalada en el país, dejará tan profunda huella que incluso sus nombres de pila serán imitados. Sobre esta base de personal triunfo psicológico se erguirá la nobleza altomedieval.

Pero las relaciones del poder son muy distintas a las que derivan solamente del éxtasis social. Entre la monarquía visigótica y los hispanos hay abismos insondables. Para colmarlos, para tender un puente, allí está la Iglesia. Representante calificada del pueblo ante el trono y del trono ante el pueblo, se inserta en el aparato del Estado como intermediaria legítima entre el rey y sus súbditos. Así la monarquía admite la autoridad legislativa de los Concilios de Toledo. Pero en este movimiento la Iglesia pierde buena parte de su autonomía esencial —como la libre elección del episcopado— y deriva hacia una actitud conformista. Quizá sea ésta la principal causa de la ruina de la monarquía visigoda. En todo caso, la experiencia no se echó en saco roto. Al cabo del tiempo resurgiría, como reivindicación histórica, el dato visigodo de la unidad católica del Estado.

Edificio frágil, la realeza visigoda no pudo superar sus propias contradicciones —económicas, sociales, étnicas, religiosas— tan pronto tuvo que enfrentarse con el menor riesgo exterior. En 711 se vino abajo, sin pena ni gloria. La oligarquía goda capituló en muchas partes; restos de la antigua administración se salvaron en el Norte cántabro. En cuanto a la masa visigoda establecida en Castilla, fue trasladada al cabo de un siglo hacia Galicia. Aquí se extinguió pacíficamente en el seno del futuro pueblo galaico-portugués.

El triunfo del Islamismo

En 711, después de unos tanteos preliminares, se desató sobre la Península la oleada musulmana. El Islam, que se había ido adueñando de las zonas costeras meridionales del Mediterráneo hasta establecerse en la antigua Mauritania (Marruecos), intentó la empresa de sojuzgar el reino hispanovisigodo con escasas fuerzas y confusos propósitos. El hecho de que triunfara rápidamente en ella tras la afortunada batalla librada en las orillas del Guadalete se explica no sólo por una mayor capacitación técnica militar, sino por el derrumbamiento de la frágil estructura política e institucional de la sociedad goda. Incapaz de realizar la misión de coraza que se había atribuido la nobleza militar germánica, el Estado visigodo se desplomó ante el simultáneo desbordamiento de las masas hispanas. Carecemos de detalles auténticos para imaginarnos lo que acaeció durante la subversión hispana de 711 a 715, en los cinco críticos años que libraron el país, como fruta madura, a los generales del Califato de Damasco, Tarik y Muza. Pero nos parece muy posible que la generalidad del pueblo hispano se pronunciara contra el dominio ejercido por las clases dirigentes godas y que incluso se asistiera a sublevaciones contra la nobleza y los terratenientes. El cantonalismo hispano resurgió pujante después de la catástrofe visigoda, y algunas ciudades y ciertos caudillos aceptaron gustosos un régimen de autonomía local bajo el protectorado musulmán —como el caso de Teodomiro, en Murcia—.

De esta profunda transformación social surgió la España musulmana. No una España extraña a sus tradiciones, adversaria y merecedora de destrucción, como fue juzgada a partir del siglo XII, sino una España en no menor grado auténtica que las visigoda. Los elementos árabes, sirios y bereberes que formaron en los primeros ejércitos conquistadores (como siempre poco numerosos), se establecieron a gusto en el país, sin que durante aquella generación procuraran modificar la estructura mental del mismo. Su preocupación esencial fue abarcar el mayor lote posible de tierras procedentes de las confiscaciones del dominio público visigodo y de las grandes propiedades particulares. Estas apetencias promovieron duros choques entre los mismos invasores, hasta que la presencia en la Península del príncipe omeya Abderrahmán —fugitivo del desastre sufrido por su familia en el Califato— apaciguó la endémica guerra civil existente entre los distintos bandos raciales musulmanes. Abderrahmán (756-788) organizó el régimen islámico en España, rompió la dependencia política que vinculaba a los antiguos gobernadores (emires) con Oriente y echó las bases de un nuevo Estado, que debía perdurar durante dos siglos y medio con períodos de prepotente esplendor y otros de oscuro declive.

Frente a las bandas de pastores que se habían mantenido irreductibles en las montañas cantábricas —fenómeno inevitable y ya tradicional—, el Estado de Abderrahmán I quiso representar la única y posible España. A tal fin sus sucesores debieron comprimir las libertades que disfrutaban los hispanos que no habían querido abjurar la fe católica, despreciando las ventajas que entrañaba tal acto. Se les llamaba mozárabes, en contraposición a los renegados o muladíes. Gente en su mayor parte residente en las ciudades, estos derelictos de la antigua burguesía y del artesanado de la época romana se habían mantenido adictos a sus creencias. Firmemente estructurados por la Iglesia visigoda, cuyos principales jerarcas habitaban el país conquistado por los musulmanes, los mozárabes se mostraron resistentes a toda tentativa asimiladora. Incluso después de la batalla librada alrededor de la herejía adopcionista (finales del siglo VIII) cuyo final significó la ruptura de la dependencia eclesiástica de los asturianos respecto de la jerarquía visigoda, el mozarabismo se mantuvo enhiesto y llevó al martirio a muchos elementos de las ciudades andaluzas bajo el emir Mohamed I (852-866), o bien estimuló rebeliones como las de Toledo, en el año 853. En estas circunstancias, el mozarabismo dejó de ser una distinción dogmática para transformarse en una disidencia, que incluso afectó a los grupos de renegados indígenas. La expresión política de este concierto de voluntades se localiza en la rebelión de Omar ben Hafsún, un renegado de estirpe goda, en las montañas de Ronda (899-917), y en el triunfo del indigenismo en Zaragoza, Toledo, Mérida y algunas otras ciudades de la España Musulmana.

El mozarabismo es, pues, un factor que no debe descuidarse al apreciar la vida histórica española durante los tres primeros siglos de la dominación musulmana. Al socaire de guerras y sucesos políticos varios, representa una manera de entender el sustrato espiritual de la sociedad del Emirato y, además, de abarcar la problemática de las relaciones entre musulmanes y cristianos. Su lengua, sus ritos religiosos, su arte, su cultura, su poesía, se difundieron y alcanzaron con mayor o menor intensidad Asturias, León, Castilla, Portugal, Aragón e incluso Cataluña. A veces los mozárabes cruzaron en masa la frontera que separaba el Islam de la Cristiandad y establecieron sus comunidades, al amparo de los ejércitos astures, en las tierras conquistadas por éstos, en curso de repoblación. Fueron especialmente importantes las emigraciones de finales del siglo IX, después que Alfonso III el Magno llevó los límites de su Estado hasta orillas del Duero. Imaginémonos el papel técnico desempeñado por estos grupos sociales en medio de la bárbara sociedad de los pastores y guerreros cántabros. El espíritu mozárabe debió influir en la transformación del reino astur en la ambiciosa y tradicionalista monarquía leonesa.

Pero tampoco debemos exagerar el impacto del mozarabismo y afirmar que incluso los emires y la administración cordobesa hablaban en su particular dialecto. La tesis contraria parece ahora mucho más sólida. Tres siglos después de la conquista, el mundo mozarábigo estaba por completo arabizado y sólo de vez en cuando los mozárabes cordobeses se acordaban de su procedencia gótica. Incluso los artesanos que pasaron al Norte tenían una idea vaga e inconcreta de lo que representaban, y sus triunfos técnicos no pueden reputarse en ningún modo como un sello espiritual, como testimonio del espíritu de romanidad o visigotismo entre los cristianos. En cambio, en las mismas tres centurias el Islam había logrado un triunfo sensacional: la conversión a la doctrina de Mahoma de los campesinos peninsulares al sur del Duero y de los Pirineos. Éste es un fenómeno del que no puede dudarse y sobre el cual va a girar la futura problemática hispánica, empezando por la repoblación, la Reconquista y las sucesivas inasimilaciones de los moriscos.

Hispania, a mediados del siglo X, es un país de mayoría musulmana. Mientras Al Andalus se prepara para vivir una etapa de singular esplendor, en el Norte cristiano las hondas y tensas raíces empiezan a dar achaparrados pero robustos tallos

El legitimismo astur

y la intrusión franca en España

Después de la invasión musulmana quedó rota la continuidad política del Estado visigótico y destruido el armazón económico, jurídico y espiritual de aquella sociedad. Nada puede esperarse ya de ella; pertenece a un nuevo campo, que acabará de deslindar la conversión de los campesinos al Islamismo. Entonces nacen las Españas en su plural unidad. Alineados desde Galicia a Cataluña, en el mejor de los casos simples islotes testimonio ante la marea musulmana, los núcleos cristianos empiezan su carrera histórica. No debemos imaginárnoslos empuñando las armas en tono heroico. Es mejor verlos con la óptica de los emires de Al Andalus: bandas indomables, que amenazaban desde las montañas las ciudades y las cosechas, las líneas de comunicaciones y las retaguardias de los ejércitos.

Por una paradoja histórica, astures y cántabros, que siempre habían sido los grupos más reacios a ingresar en la comunidad peninsular, se erigieron en continuadores de la tradición hispánica. Es posible que contribuyeran a este cambio algunos grupos de guerreros del ejército del rey Rodrigo, quienes, refugiados en Asturias, acaudillaron el innato sentimiento de independencia de los montañeses y dieron a la lucha contra los emires de Andalucía un cierto sentido de rescate del reino perdido en el Guadalete. Desde el siglo XII así se ha complacido en presentarlos, aun exagerando los detalles, la tradición. Sin embargo, las acciones guerreras registradas a lo largo del siglo VIII más tuvieron el carácter de las antiguas empresas de los montañeses contra las legiones romanas o las huestes godas, que no el de cualquier ideal de reconquista. Con todo, hay un hecho importante. Los astures —o quizá, los administradores y eclesiásticos hispanos allí refugiados— reivindicaron cierto principio monárquico, y aunque su valor político fue prácticamente nulo durante casi dos siglos, hizo posible la conservación de un elemento decisivo para sus ulteriores fines: el legitimismo. Bien se echó de ver cuando las primeras debilidades políticas del mundo musulmán permitieron a ese Principado emitir algunos destellos de gloria, ya en tiempos de Alfonso I (739-757), ya en los de Alfonso II (791-842). Cubriendo las tierras de Galicia y Asturias desde los altos puertos de los Montes de León y Sistema cantábrico, permitieron el desarrollo de un pequeño y viril mundo cultural, presidido por algunos eclesiásticos. Éstos fueron los que prepararon la ruptura del cordón umbilical que aún vinculaba el ideal astur al mozarabismo. En este orden de ideas, la batalla del adopcionismo, a que ya nos hemos referido, y el establecimiento del culto al apóstol Santiago en Compostela por Alfonso II, señalan hitos decisivos, aunque no sea necesario sacar de quicio las cosas y presentar la figura de Santiago como un anti-Mahoma. Desde mediados del siglo IX, el legitimismo astur, en la pluma de los escribas que confeccionaban los documentos, anunció el papel de heredero del mundo visigodo, en particular de la idea unitaria de Hispania bajo una sola monarquía. De 850 a 900, durante los reinados de Ordoño I y Alfonso III el Magno, tal ideología hizo, evidentemente, sensibles progresos.

Sin embargo, el papel que se habían atribuido los reyes astures frente al Islam era desconocido por los montañeses que habían hecho frente con el mismo éxito a los ejércitos musulmanes en los Pirineos. Desde Navarra hasta el Urgel, en Cataluña, comunidades hispanas se habían mantenido libres del dominio islámico. Pero en este frente pirenaico se registró la presencia de un elemento que afectó la línea de su futuro histórico: los francos. Por una serie de afortunadas circunstancias, recayó sobre las espaldas de este pueblo germánico, durante el siglo VIII, la empresa de poner coto a la expansión árabe en el Occidente de Europa (732, victoria de Poitiers) y de organizar las últimas reminiscencias del mundo romano en una fachada imperial, proyectada y sostenida por la Iglesia romana (800, Imperio carolingio). Como prosecución de la primera tarea, alimentada por los gobernadores de Aquitania, los guerreros francos acudieron en apoyo de los exilados hispanos a fin de restablecerlos en sus posesiones transpirenaicas. Estos propósitos, que hallaron cordial eco en la misma persona de Carlomagno, tendían a derruir la frontera musulmana mediante la conquista de Zaragoza, importante reducto mozárabe. Pero al fracasar este gran proyecto (778), fue preciso inclinarse hacia soluciones tácticas inmediatas. Así se procedió a la conquista sistemática de Cataluña.

Aunque los francos no pudieron pasar más adelante, su intervención en el antiguo territorio visigodo tuvo amplias repercusiones. De un lado, acreció el espíritu particularista navarro, el cual desembocó a mediados del siglo IX en la creación de una monarquía propia, la de Iñigo Arista. De otro, Carlomagno incorporó a su Imperio los condados catalanes surgidos en el curso de sus campañas entre 785-801, los cuales fueron englobados en un cuerpo político mal definido, denominado Marca Hispánica. En ella convivieron, sobre una población indígena muy removida a causa de las guerras, nobles francos con exiliados visigodos y emigrados hispánicos. Las condiciones defensivas de la Marca, que en los Pirineos protegía a Europa contra los posibles retornos del poder musulmán, la transformaron en un reducto militar de primer orden, en el cual la naciente organización feudal europea tuvo campo privilegiado de expansión. La colonización agrícola del país, la recia estructuración del vasallaje, la difusión cultural de los monasterios del sur de Francia y la misma dependencia política de ésta a Roma, crearon en Cataluña una sociedad distinta de la de los bravos montañeses astures, de los grandes potentados musulmanes o de los ensimismados mozárabes. Pese al establecimiento de una dinastía condal propia en Barcelona, por obra de Wifredo el Velloso (874-898), él mismo descendiente de Carcasona (en el Lenguadoc), es evidente que durante dos centurias los condados catalanes latieron al ritmo de Francia, aun sin olvidar el apremiante problema de defenderse a diario contra las potentes arremetidas de los musulmanes.

Califalismo y leonesismo

A comienzos del siglo X el Islam alcanza en la Península su cenit político, económico y cultural. La introducción de las nuevas técnicas agrícolas persas y nabateas, la mejora y desarrollo del sistema de regadíos, convirtieron el valle del Guadalquivir, la depresión del Genil y las hoyas de la costa mediterránea, de Málaga a Tortosa, en admirables vergeles, cultivados por una creciente población de esclavos y siervos, fatal degeneración del primitivismo igualitario y democrático del desierto. En las ciudades, sobre todo en Córdoba, Sevilla, Málaga, la actividad de los artesanos, en el tejido de la seda, en la metalurgia y en la cerámica, respondía a las crecientes demandas de la sociedad feudal europea. Almería era uno de los puertos más ricos de Occidente, llave del contacto mercantil entre Al Andalus y el califato de Bagdad. Capital de este mundo, Córdoba irradiaba prosperidad y elegancia. Circulaba el oro con profusión, y las monedas musulmanas, saltando las fronteras del mundo cristiano, señalaban hasta dónde llegaba la influencia exacta del Islam español.

Fue esta riqueza la que sirvió de base para la reorganización del poderío musulmán en España, que llevó a cabo Abderrahmán III (912-961), fundador del Califato de Córdoba (929). A fin de domeñar para siempre el separatismo provincial y el espíritu de rebeldía de los elementos inconformistas, Abderrahmán implantó un régimen unitario, auspiciado por su flamante autoridad en materia religiosa y, sobre todo, por el aumento de los efectivos de sus ejércitos. La superioridad económica y militar del Califato permitió a Abderrahmán III extender su influencia hasta Marruecos y rechazar hacia el Norte a los ejércitos de León y Navarra. Durante su reinado y el de su sucesor Alháquem II (961-976), Al Andalus fue, sin disputa, el Estado más poderoso de Europa. Sus destellos deslumbraban a las bárbaras cortes de Europa.

Pero el Estado militar instituido por Abderrahmán III llegó demasiado tarde para eliminar o reducir a los reinos cristianos de la frontera septentrional. Desde Alfonso III, el reino astur había llegado a las riberas del Duero. Su hijo Ordoño II abandonó los valles montañeses y estableció su residencia en la altiplanicie, en León (914), en el lugar de confluencia de las rutas hacia Galicia y Asturias y las comarcas fronterizas del Duero y del Ebro. Desde este centro, los reyes leoneses pudieron hacer frente a las acometidas de los ejércitos califales, en una sostenida lucha, de suerte varia, esmaltada por algunos notables hechos de armas (triunfo de Abderrahmán III en Valdejunquera, 920; de Ramiro II en Alhandega, 939). Pero, prescindiendo de la suerte de la guerra, debemos fijar la atención en hechos humanos de mucha mayor importancia: la repoblación de la meseta duriense. Ello dio lugar a un vivo proceso de democratización de la zona fronteriza, al otorgar los monarcas amplios privilegios a cuantos acudieron a poblar las ciudades y villas fortificadas de antigua y reciente fundación. Al mismo tiempo, engendró un espíritu llamado a desempeñar un notorio papel en la vida española: el castellano.

Vivía el leonesismo de sus dorados sueños restauradores heredados del legitimismo astur. Los curiales empleados en la redacción de los documentos cancillerescos utilizaban incluso la palabra imperator, aunque en sentido harto ambiguo para ser interpretado correctamente por la crítica histórica moderna. Pero ante la realidad de los problemas cotidianos, los reyes de León fallaron lamentablemente. Fueron incapaces de establecer una organización militar efectiva —cual la feudal imperante en Europa—; de combinar los intereses de los montañeses que habían acunado la monarquía y de los pequeños propietarios agrícolas que la defendían en las orillas del Duero, y de absorber el estimulante militarismo democrático engendrado en la zona de Castilla. Así se dejaron arrastrar por una serie de discordias civiles, que esmaltan la segunda mitad del siglo X y reflejan las discrepancias regionales y las contradicciones sociales a que antes nos hemos referido. A su amparo, Castilla logró hacerse independiente de León en la persona del conde Fernán González (961). Navarra y el Califato intervinieron ampliamente en los asuntos leoneses.

Sobre todo, los musulmanes creyeron llegado el momento de hundir la resistencia cristiana. Éste fue el sueño y la empresa del primer ministro de Hixem II, Almanzor. Con él, la solución militarista de Abderrahmán III se convirtió en una verdadera dictadura, mantenida por un ejército profesional de esclavos. Drenados los principales recursos financieros de Al Andalus hacia las empresas militares de Almanzor, pudo éste asestar durísimos golpes contra sus adversarios del Norte. León, Compostela, Barcelona, muchas otras ciudades y monasterios de León, Castilla y Cataluña conocieron el hierro y el fuego musulmán. Pero aunque los cristianos fueron impotentes para resistir a las huestes califales en campo abierto y aun tras de las ciudades muradas, las fronteras apenas sufrieron modificación. Ello demuestra que, en estos momentos, los límites entre la Cristiandad y el Islam eran ya límites humanos, de población, y no coberturas estratégicas.

Las aceifas de Almanzor , finalizadas en 1002, pusieron en quiebra los dos grandes poderes hispánicos del siglo X: el Califato y el reino leonés. Coincidiendo con la recuperación general del Occidente de Europa, iba a inaugurarse en España una época de profundas transformaciones sociales, políticas y culturales.

El retorno de Europa.

El navarrismo y el espíritu de Castilla

Superada la calamitosa centuria que ostenta el nombre de «Siglo de Hierro»; Europa renace de las ruinas causadas por las segundas invasiones bárbaras (normandos, magiares) y se despereza en un amplio movimiento de recuperación. La fuerza motriz de este proceso se localiza en la reforma cluniacense, que no sólo representa una reacción espiritual contra el feudalismo, sino también el comienzo de la reactivación de la economía agraria en Europa. Los Estados cristianos de España recibieron esta influencia a través de los monasterios cluniacenses del sur de Francia, los cuales establecieron filiales desde Navarra a Cataluña. Más entrado el siglo XI, las peregrinaciones a Santiago robustecerán tales influjos. El famoso camino que desde la cuenca del Garona conduce al sepulcro del Apóstol en Compostela se convertirá en ruta de comercio, de arte y de cultura, y gracias a ella incluso los reinos de la Meseta se vincularán directamente al espíritu de Occidente.

Dentro de este vasto proceso de renovación cultural, que dará lugar al Románico, Navarra se sitúa como lugar privilegiado, no sólo para recibirlo, sino para transmitirlo al resto de la España cristiana. Por allí, en efecto, pasaban las rutas de peregrinación y comercio que unían la Cristiandad occidental con la Cristiandad hispánica. De aquí el sorprendente cambio político registrado en el breve espacio de una generación, que culminó, durante el reinado de Sancho III el Mayor (1000-1035), dando Navarra la primacía entre los Estados cristianos de la Reconquista. Una afortunada intervención en los asuntos leoneses, le hizo dueño de Castilla, mientras que muchos condados pirenaicos aceptaban su soberanía y reconocían su realeza. La gloria de Sancho el Mayor llegó incluso a Cataluña, en un momento en que ésta empezaba a recuperarse del choque contra Almanzor y de la ruptura de hecho con Francia. Es la época del obispo Oliba, cuando cristaliza definitivamente la conciencia catalana de formar una personalidad aparte. Una generación más tarde, el conde barcelonés Ramón Berenguer I el Viejo (1035-1076), definirá, con el famoso Código de los Usatges, el carácter jurídico y social peculiar del país.

El navarrismo —espíritu hispánico montañés, doblado de europeísmo— fue llevado a la Meseta por un afortunado juego sucesorio, y se vinculó a Castilla con el hijo de Sancho el Mayor, Fernando (1035-1065). Éste eliminó a León en su calidad de reino hegemónico de la altiplanicie duriense y dio a Castilla el primer plano en la política hispánica. He aquí un momento trascendental en el devenir peninsular. Aparece ahora realmente Castilla en la historia. El pueblo castellano, de sangre vasca y cántabra, se conforma en una sociedad abierta, dinámica, arriesgada, como lo es toda estructura social en una frontera que avanza. Pueblo de pastores y campesinos, que conducen sus rebaños hasta más allá del Duero (Extremadura soriana) y labran las vegas del Arlanza o del Carrión, y que truecan cayado y arado por la espada y el arco tanto en la defensa contra el invasor como en el golpe de fortuna más allá de los montes del Sistema Central. En medio de choques quizá triviales, pero psicológicamente decisivos, se fragua el temperamento guerrero, la voluntad de mando y la ambición de un gran destino. Así surge este país revolucionario, sin clases sociales cerradas, en que el villano puede elevarse fácilmente a caballero y llegar a la riqueza si le favorece la suerte del botín. País aventurero, temerario, imprevisor, caudillista, incomprensible para los reposados leoneses del siglo XI.

Él armazón navarro-europeísta —monjes cluniacenses, artífices y ministeriales, inmigrantes francos— dio al nuevo reino de Castilla la solidez suficiente para llevar a cabo sus primeras empresas, las cuales no fueron de poca monta, demostrando el sentido explosivo y expansionista de muchas páginas de la historia castellana. Coincidiendo con la disgregación del Califato cordobés y la aparición del cantonalismo musulmán (reinos de Taifa), los Tentáculos de Castilla llegan a todas partes, desde el Atlántico al Mediterráneo. Las premisas militares y políticas establecidas por Fernando I —reducción a tributarios de los reinos de Taifa más importantes (Badajoz, Sevilla, Toledo) y ambiciones territoriales sobre la cuenca del Ebro (Zaragoza) y el litoral mediterráneo (Valencia)—, las desarrolló su hijo Alfonso VI (1065-1109). Afirmado en el trono después de una segunda guerra entre Castilla y León, demostrativa de la reticencia leonesa a admitir la hegemonía castellana en el Duero, Alfonso VI llevó las armas castellanas hasta Toledo, que conquistó en 1085, y el río Guadiana. La ruptura de aquella línea de defensa hizo tambalear el porvenir inmediato del Islam español y planteó el problema de las inminentes invasiones africanas. Un año más tarde, en Sagrajas, los almorávides logran equilibrar la lucha y dejar en tablas el resultado de la caída de Toledo en poder del rey Alfonso VI.

Mientras continuaba la lucha, Alfonso VI hizo gran figura de gran monarca. Repobló su retaguardia concediendo numerosas franquicias a quienes fueran a establecerse en ella: gallegos, astures y cántabros, sobre todo. Así aparecieron los poderosos concejos castellanos de entre Duero y Tajo, presididos por un patriciado de pequeños aristócratas: hidalgos y caballeros villanos. Gente de guerra, que vivían del producto de sus rebaños y de las tierras que poseían en el alfoz (distrito) concejil. Como fruto de esta repoblación surgieron las más típicas ciudades de Castilla: Ávila, Arévalo, Segovia, Guadalajara, Alcalá, Madrid, y al otro lado de la frontera leonesa, Zamora, Salamanca y Plasencia. Pero a lo largo del Tajo, empezando por Toledo, se planteó a los castellanos un problema considerable: la incorporación en masa de elementos humanos extraños e inasimilables: musulmanes y judíos, ambos comerciantes y artesanos en las ciudades, y aquéllos también excelentes cultivadores en las vegas; gente, en una palabra, de cultura superior y economía rica y compleja.

Prescindiendo, por de pronto, de las relaciones intelectuales y sentimentales entre moros, judíos y cristianos, que se plantearán con fuerza que no puede ocultarse desde el siglo XII, parece que la primera actitud castellana respecto a las poblaciones sometidas fue transigente y comprensiva. Abonaban tal actitud la tradición europea de la dinastía, el desbancamiento de los residuos del mozarabismo de cuño leonés, y la posibilidad de resolver la guerra contra el Islam con un amplio gesto de concordia. Este criterio se traduce en el empleo de títulos de soberanía propagandísticos (emperador de las dos religiones, de España, etc.), adoptados del ideal neogótico de la cancillería leonesa, en los cuales los filólogos modernos han intentado precisar, con evidente exageración futurista, el «destino manifiesto» de Castilla..

También se hallaría éste en otra dirección que expresarían la figura y los hechos de armas del Cid Campeador, quien en 1090 conquistó Valencia y gobernó la ciudad en nombre de Alfonso VI. Pero esta figura merece una revisión a fondo, puesto que el cantar que narra sus hechos es más moderno de lo que se creía y podría fundir dos héroes distintos: el Campeador de la leyenda duriense (el duro vasallo de Alfonso VI, el debelador de la morería andaluza, el de parias y tributos) y el Cid, personaje mozárabe, protagonista de las pequeñas rencillas cantonalistas en la cuenca del Ebro, Cataluña y Valencia (tolerante y humano, héroe sentimental y fabuloso).

Las invasiones africanas

y la difusión del ideal de Cruzada

Con el advenimiento del siglo XII acaece el despliegue de la contraofensiva musulmana en la Península. Hecho de larguísimo alcance, ya que, a consecuencia del mismo, se desarrollará el espíritu de Cruzada, que imbuye desde entonces el ideal castellano y lo transforma en fuerza «divina», y se consolidará la situación política de las Españas, definida por la presencia de los Tres Reinos: Portugal, Castilla y la Corona de Aragón.

El curso previsible de los acontecimientos después de la torna de Toledo —rápida eliminación del dominio político del Islam en España, integración de musulmanes y cristianos, restauración de la monarquía goda en el reino de Castilla— fue interrumpido bruscamente por la invasión de los almorávides. Eran éstos fanáticos guerreros del Sahara que, después de haberse adueñado de Marruecos, acudieron a España, en defensa de los reinos de Taifa. Desde 1086 plantearon la lucha contra los cristianos con una intolerancia primaria e intransigente que jamás había estado prendida a la bandera califal. Sus sucesores en la palestra hispánica, los almohades (desde 1146), aunque mucho más cultos y transigentes, recogieron su tendencia militar avasalladora. Esta dureza espiritual, encaramada en las crestas de las victorias militares (Sagrajas, 1086; Valencia, 1102; Uclés, 1108), produjo una reacción del mismo signo en sus oponentes castellanos y leoneses. En esta época, al filo del siglo XII, surge el ideal de Reconquista como eliminación violenta de los musulmanes de las tierras de España, tanto por su calidad de «usurpadores» de lo visigodo, como, y este hecho es esencial, de adversarios de la fe católica. Europa, llevada por la misma vía en el empeño místico de rescatar los Santos Lugares, no sólo no detiene a la Cristiandad hispánica, sino que la alienta en sus aspiraciones. Por esta causa, la Santa Sede adquiere desde esta centuria un papel relevante y a veces decisivo en el hacerse de España.

Durante la generación que siguió a la derrota de Uclés, el reino castellano se debatió en la impotencia. El empujón vital que había recibido en la centuria anterior se traducía ahora en desajustes de su estructura, tanto más sensibles cuanto redoblaban los golpes del adversario en la frontera del Tajo. La aristocracia se había beneficiado de las conquistas de Alfonso VI y planteaba constantes reivindicaciones a la monarquía, inaugurando así un proceso que culminó en la gran guerra civil del siglo XV. También en la fachada atlántica la intranquilidad era notoria. El recién establecido condado de Portugal se dirigía hacia la independencia y arrastraba en este movimiento a la rica Galicia del camino de Santiago y de los grandes monasterios. Es más, la repoblación había vaciado las comarcas del Cantábrico de sus reservas demográficas y las nuevas fronteras se humanizaban con desesperante lentitud. El caso del campo de Salamanca, es uno entre los muchos ejemplos que pueden esgrimirse. En resumen, la actividad de Castilla disminuye y se paraliza sensiblemente.

Tales son las circunstancias de base que parecen presidir la honda crisis castellana durante el reinado de doña Urraca (1109-1126), cuyo epicentro radicó en Galicia, y que dio lugar a la fragmentación del Estado a la muerte de su hijo Alfonso VII. León reivindicó su independencia con Fernando II y Portugal la obtuvo en 1143 infeudándose al Papado y desconociendo los derechos del unitarismo neogótico alegados por la cancillería castellana. Ésta había creado bajo el reinado de Alfonso VII (1126-1157) un título imperial castellano, en que se fundían el leonesismo, la realidad política peninsular (ocupación de Zaragoza, 1134, vasallaje de los monarcas aragoneses por este antiguo reino moro) y el deseo de contrarrestar las aspiraciones de Federico Barbarroja de Alemania. Pero el Imperio proclamado en León en 1135 —Imperio de nuevo cuño— fue flor de un día, puesto que se hallaba en íntima contradicción con la lógica de los hechos, sobre todo con la debilidad estructural castellana; de ahí que Castilla no pudiera resistir el violento tirón independentista de León y Portugal. La realidad del momento se expresa mejor en el tratado concertado por Alfonso VII con Ramón Berenguer IV de Barcelona (Tudilén, 1151), fijando los límites de las futuras zonas de reconquista peninsular.

La liquidación del ideal neogótico y su sustitución por el de Cruzada tiene su reflejo en dos fenómenos que acaecen en la segunda mitad del siglo XI. Uno de ellos es la colaboración de los distintos reinos peninsulares en empresas comunes (Almería, 1147; Cuenca, 1177). Evidentemente, su importancia es obvia porque pone de relieve el interés de cada Estado en las empresas comunes y establece las bases que llevarán al éxito colectivo de las armas cristianas sobre los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). El segundo proceso se refiere al establecimiento de las Órdenes Militares en la zona fronteriza musulmana, tanto en Aragón como en Castilla. Esas organizaciones religiosas y militares ocuparon extensas regiones en la Meseta Sur, e introdujeron en ellas el régimen de latifundios y economía pastoril contrario al primer signo de la colonización castellana de la altiplanicie duriense —comunidades concejiles de tipo agrario— y a la tradición agrícola musulmana. Además, en esta zona cuajó el tajante espíritu de intransigencia religiosa con que se dirimió a partir de entonces la Reconquista en España.

Pluralismo hispánico

e Imperio pirenaico

Del tronco común navarro surgió, al morir Sancho III el Mayor, la monarquía aragonesa. Era una monarquía, cierto es, con muy escasas pretensiones y pobre y poco poblado territorio; pero que desde los días de su fundador Ramiro I (1035-1063), tuvo la virilidad pirenaica y respondió a un fondo indígena remotísimo, apenas alterado por la cultura romana. Reanudando antiquísimas leyes geohistóricas, este pueblo de pastores empezó el ataque contra los reductos fortificados que defendían el acceso de sus rebaños a la llanura subpirenaica. La empresa resultó durísima, tanto más cuanto los musulmanes de la depresión del Ebro fueron reforzados, oportunamente, por los almorávides. Barbastro, Graus y Monzón cayeron en poder de los aragoneses durante el reinado de Sancho Ramírez; pero Huesca resistió hasta 1096, en cuya fecha se apoderó de ella Pedro I. Sólo durante el reinado de su sucesor, Alfonso I el Batallador (1104-1134), fue capaz Aragón de contar con auxiliares poderosos para sus propósitos: nobles franceses pirenaicos, caballeros de las órdenes Militares de Palestina. Con tales refuerzos pudo expugnar Zaragoza (1118) y defender su conquista con la victoria de Cutanda (1120). Ella abrió a los aragoneses las fértiles vegas del Jalón y del Jiloca. De un solo golpe quedaba constituido en sus líneas generales el Aragón histórico.

Era muy escasa la viabilidad política de un Estado encajado en la depresión ibérica. Castilla acechaba hacía tiempo la rica presa zaragozana (Fernando I, Alfonso VI), y al morir sin sucesión Alfonso el Batallador, el rey Alfonso VII planteó en seguida sus pretensiones. Fue a Zaragoza, y allí se hizo reconocer sus derechos (1135). Sin embargo, esta actitud resultó contraproducente, pues echó a los aragoneses en brazos de los catalanes, con los cuales mantenían buenas relaciones fronterizas. En 1137, el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona contrajo matrimonio con la infanta doña Petronila, hija de Ramiro II, y empuñó las riendas del poder en calidad de príncipe de Aragón. El asunto castellano fue resuelto con la retirada de Zaragoza de las tropas de Alfonso VII y la prestación del vasallaje de la realeza aragonesa a la castellana por la parte occidental del titulado «reino de Zaragoza».

Fue, pues, la decisión catalana la que contribuyó al nacimiento de la Corona de Aragón y no una supuesta tendencialidad aragonesa a ocupar la fachada marítima de su cuenca. Acostumbrados los condes barceloneses a la coexistencia de varias soberanías en el país catalán (condados de Barcelona, Urgel, Rosellón, etc.), implantaron la fórmula de un mutuo respeto a las características de los dos Estados que se unían en aquella ocasión, en un régimen de perfecta autonomía. También hay que tener en cuenta que la soberanía francesa sobre los condados catalanes y la discreta pero resuelta actitud del Papado obligaron en cierta manera a la aceptación de esta fórmula de convivencia. Ramón Berenguer IV evitó proclamarse o rey de Cataluña o rey de Aragón, y se satisfizo con el más modesto título de príncipe. En todo caso, la solución hallada en tal trance se reveló en extremo fructífera para el futuro, cuando se planteó el problema del gobierno de Valencia y de las Baleares, o bien el más extenso y complicado de las posesiones mediterráneas de la Corona de Aragón en Italia. El sistema comunitario catalán, derivado del concepto pactista (de pacto) de su mentalidad jurídica, conducía de este modo a un pluralismo político. En cambio, Castilla rechazaba esta posibilidad apurando el dilema, ya planteado a la muerte de Fernando I y de Alfonso VII, de unidad o separación respecto a los leoneses. Elan dos concepciones distintas de la organización peninsular, que deberían enfrentarse a lo largo de los siglos.

También se opusieron ya entonces el idealismo castellano y el realismo mediterráneo. Sobre este punto nada más ilustrativo que comparar la actuación de Alfonso VII de Castilla y la de Ramón Berenguer IV de Barcelona. Toda la literatura oficial favorece al primero: documentos, crónicas, ceremonias; todos los resultados políticos desembocan en el haber del segundo. El cancelamiento del fantasmón imperial y el nacimiento de una España viable, forjada con el tridente portugués, castellano y catalanoaragonés, éstos son los méritos incuestionables de Ramón Berenguer IV. Pluralismo que jamás excluyó la conciencia de una unidad de gestión de los asuntos hispánicos.

En la lucha contra el Islam, la unión de los esfuerzos de aragoneses y catalanes hizo saltar los últimos baluartes que aquél defendía en la Cataluña meridional. En breve plazo cayeron Lérida y Tortosa, y se pudo repoblar Tarragona. Pero no fue la Reconquista la sola dirección perseguida. Éste era únicamente el vértice de un triángulo, cuyos puntos opuestos miraban hacia el Mediterráneo, de un lado, y el Mediodía francés, de otro. El mar se revelaba de nuevo como fructífera senda comercial y, por el mismo camino que siguieron los mercaderes italianos hacia Egipto, podían lanzarse ahora, y de hecho lo hicieron, los navegantes catalanes. En cuanto al Mediodía de Francia el resurgimiento del tráfico y el paso de las mercancías del Mediterráneo al Atlántico por la región, le habían colmado de riquezas y refinamientos culturales. Lenguadoc y Provenza brillaban con el sin igual esplendor de sus cortes caballerescas y de sus vitales ciudades. En estas condiciones, y, además, dada la afinidad idiomática, es natural que los catalanes se dejaran tentar por el paraíso lenguadociano y hallaran en él poetas de quienes aprender y tesoros en que participar.

La orientación transpirenaica era consustancial con el reino aragonés y la Casa de Barcelona; pero fue Ramón Berenguer III (1096-1131) quien le proporcionó un objetivo claro al casarse con Dulce de Provenza y oponerse al expansionismo de los condes de Tolosa en aquel condado y el Lenguadoc. El mismo soberano apuntó sus deseos sobre las Baleares, que fueron conquistadas, aunque por breve tiempo, con el auxilio de una flota pisana. Su hijo, el ya citado Ramón Berenguer IV, persistió en estas mismas tendencias: la flota catalana auxilió a Alfonso VII en la empresa que este monarca dirigió contra Almería (1147); en el sur de Francia, numerosos señores lenguadocianos reconocieron la soberanía de Barcelona. Esta expansión llegó a su apogeo en época de Alfonso II de Aragón (1162-1196), quien volvió a recoger la herencia provenzal y estuvo en trance de crear un reino pirenaico que englobase las cuencas del Ebro y del Garona.

Los incidentes de esta dinámica centuria transformaron la mentalidad catalana. El pueblo feudal, campesino y románico de otros tiempos, dejó paso a una sociedad brillante, expansiva, colonizadora y mercantil. Con la avara parsimonia que caracteriza su historia, los catalanes acaudalaron enormes reservas morales y materiales, que les permitieron en el siglo XIII escalar, de un salto, el primer plano político en el Mediterráneo.

Expansión militar

en la Península

y el Mediterráneo

El hundimiento de la resistencia almohade en la batalla de las Navas de Tolosa (1212) ante el esfuerzo conjunto de castellanos, aragoneses y navarros, inauguró un siglo de grandes conquistas cristianas en territorio musulmán. La supremacía militar de los países del norte de la Península se hizo tanto más dicaz cuanto, finalmente, quedaron aglutinados bajo un mando común sus principales núcleos: Castilla y León, reunidos de nuevo por Fernando III en 1230, y Cataluña y Aragón, en la forma que quedó ya indicada. Los primeros en ocupar la ribera meridional marítima fueron los portugueses (Tavira, 1238); pero correspondió el mayor provecho del desplome del poder almohade a los castellanos, quienes se adueñaron de Andalucía (Córdoba, 1236; Jaén, 1246; Sevilla, 1248; Cádiz, 1250), excepto la región montañosa del Sudeste (Granada). Asimismo, Fernando III logró establecer un protectorado castellano sobre el reino de Murcia (1244), mientras hacia el mismo lugar acudían las tropas catalanoaragonesas, que acababan de expugnar los muros de Valencia (1236) y Játiva. El tratado de Almizra de 1244 entre los dos grandes monarcas reconquistadores, Fernando III y Jaime I, fijó definitivamente la suerte de Murcia en el seno de la corona castellana, aunque poco después, en 1266, fueron las mismas tropas de Jaime I las que conservaron para Castilla la ciudad de Murcia (sublevada contra su yerno, Alfonso X).

La extraordinaria ampliación de territorios procuró un considerable aumento de poder y de riquezas a las monarquías cristianas. Pero la organización de la conquista fue muy distinta en Andalucía y en Valencia. Allí Fernando III procedió a un reparto de tierras entre los nobles que le habían auxiliado en la empresa, respetando el régimen latifundista prevaleciente bajo los Taifa y la dominación africana. La sublevación de los campesinos musulmanes y su expulsión en 1263 facilitó esta medida, de tanta gravedad para el futuro. Ingentes propiedades pasaron así a poder de la aristocracia del Norte, que desde este momento quedó constituida en uno de los elementos más poderosos del Estado, sin contrapeso alguno por parte de una burguesía, casi inexistente, diluida en las ciudades norteñas. A este fenómeno cabe añadir el predominio de la mentalidad pastoril, dimanante de la trashumancia altomedieval, que en los territorios de las órdenes Militares (Castilla la Nueva y Extremadura) y en Andalucía occidental hallará una rápida expansión; y, además, la carencia de una flota de transporte —la marina estaba en manos de genoveses— que pusiera las mercancías producto de la artesanía y la agricultura andaluza al alcance de los mercados europeos. Sea cual sea el factor principal entre los citados, la evidencia histórica comprueba el hundimiento sensacional de la economía andaluza durante la generación que siguió a la conquista.

En cambio, la ocupación de Valencia se realizó de forma muy distinta. Aunque también hubo repartos de tierra, éstos tan sólo beneficiaron a los nobles en algunas regiones montañosas próximas a Aragón, precisamente aquellas por donde transitaban los rebaños pirenaicos y circulaban las caravanas laneras hacia el Mediterráneo. El resto del país fue repoblado por caballeros catalanes, los cuales se establecieron en las ciudades y villas cerca de los predios que les habían sido otorgados graciosamente por Jaime I, o bien por agricultores de la misma lengua, oriundos en buena parte de Lérida, que se adecuaron muy pronto al sistema de cultivo de la huerta propio de los musulmanes. Esta gente llevó consigo el espíritu democrático de las comunidades agrarias de Cataluña Nueva, establecidas según liberales cartas de repoblación, y la monarquía contribuyó a robustecerlo consignando amplios fueros a los neovalencianos dando al país el mismo sistema de gobierno autónomo prevaleciente en las relaciones entre Aragón y Cataluña. Este ágil mecanismo social y político favoreció el desarrollo de la región rescatada de los musulmanes, tanto más cuanto, en este caso, los moriscos continuaron trabajando a placer y la marina catalana fue capaz de movilizar los bienes producidos por los agricultores y el artesanado valencianos.

Esta experiencia de colonización en gran escala no era la única a la que se libraban los catalanes: simultáneamente, las Baleares, conquistadas por Jaime I en 1229, se veían afectadas por una política social y económica del mismo signo, aunque en este caso la masa de pobladores provino del Ampurdán y la Costa Brava catalana. La Ciudad de Mallorca (hoy Palma) se convirtió muy pronto en un emporio marítimo de primer orden.

La dirección marítima prevaleciente en la Corona de Aragón a partir de este momento no radica en supuestas inclinaciones de la monarquía frente a un continentalismo rechazado por la expansión castellana hacia Murcia. Desbaratado el impulso lenguadociano después de la batalla de Muret (1213), en la que pereció el padre de Jaime I, Pedro II el Católico, los catalanes sacaron enorme ventaja de aquel cataclismo que cerraba una exuberante civilización y una muy importante ruta de comercio. Mucho oro albigense debió refugiarse entonces en Cataluña, huyendo de la persecución de los cruzados franceses. Y este oro, cayendo propiciamente sobre las energías acumuladas por gente del Principado, fue la palanca sobre la que saltaron los mercaderes barceloneses hacia el gran tráfico de las especias con el Próximo Oriente: Alejandría, Rodas, Constantinopla. Sus monarcas tuvieron que plegarse a este ímpetu colectivo, sometiéndose a empresas mucho más azarosas que la quisquillosa disputa fronteriza con Castilla por Murcia.

El tratado de Corbeil (1259), firmado entre Luis IX y Jaime I señala que la dinastía acata el empuje mediterráneo nacional. Si Francia perdía su soberanía sobre los condados catalanes, la monarquía de la Casa de Barcelona pasaba la esponja sobre el ambicioso e inmediato pasado de expansión lenguadociana.

El sucesor de Jaime I, Pedro el Grande (1276-1285), se vio precipitado a una gigantesca lucha contra los dos primeros poderes de la época: el Papado y Francia, para reivindicar los derechos de su esposa sobre Sicilia, doblados, desde luego, por los requerimientos e instancias de los mercaderes catalanes. Sicilia cayó en poder del rey de Aragón en 1282, después de una serie de operaciones navales que revelaron la potencialidad de la flota catalana en el Mediterráneo occidental. Pero lo más sorprendente de esta atrevida empresa fue la respuesta que fueron capaces de dar los catalanes a la invasión de los cruzados franceses. Esta vez no se repitió lo de Muret; por el contrario, las huestes extranjeras fueron rechazadas con graves pérdidas (1285).

De todas formas, el peligro en que se vio envuelta la monarquía tuvo consecuencias políticas y sociales profundísimas. Así Pedro el Grande se vio obligado a conceder privilegios a la nobleza aragonesa (Privilegio General) y catalana y a la burguesía de este país. De aquí la consolidación de un clima peculiar de libertad, reflejado sobre todo a través de las Cortes. Pero no debemos engañarnos excesivamente sobre este particular. Libertad, sí, pero para las clases aristocráticas del campo y de la ciudad. Los campesinos, en cambio, cayeron por este mismo hecho en un peligroso régimen de servidumbre, que andando el tiempo había de provocar una vidriosa situación agraria en Cataluña.

El ápice medieval

En las cinco décadas que cabalgan entre los siglos XIII y XIV los pueblos de España vivieron el período culminante de su historia medieval —en términos más modernos, alcanzaron la fase dorada del patriciado urbano—. Ciertamente no puede hablarse de un período de paz; pero tampoco de graves complicaciones bélicas. La Corona de Aragón continuó empeñada en su política de expansión mediterránea; Castilla se situó vigilante en el Estrecho de Gibraltar, al objeto de evitar un nuevo asalto de la morisma en el país. Sus empresas, mucho menos brillantes que las de Aragón y Cataluña, fueron tan tenaces y costosas como aquéllas.

En el Mediterráneo, Jaime II de Aragón (1287-1327) firmó la paz con sus adversarios, el Papado y Francia, primero en Agnani (1295) y luego en Caltabellota (1302). La base del arreglo fue reconocer la soberanía de la Corona de Aragón sobre las islas de Córcega y Cerdeña y el trono de Sicilia en la persona del hermano de aquel monarca, Federico. La conquista de Cerdeña se retrasó hasta 1327, y con ella se inicia la posesión de la estratégica ruta de las Islas (Baleares, Cerdeña, Sicilia) por parte de los catalanoaragoneses. Entre una y otra lucha, el mundo asistió a las proezas de los almogávares en el Imperio bizantino, al que defendieron contra las primeras agresiones de los otomanos (1302-1305), y a su establecimiento como señores de los ilustres ducados de Atenas y Neopatria (1311-1388), que así se convirtieron en retazos del feudalismo catalán en el mismo solar de las grandes gestas de la Antigüedad clásica. Este momento heroico de la Corona de Aragón corresponde a una intensificación de su política peninsular. Jaime II practicó como ningún otro rey de la Casa de Barcelona un claro intervencionismo hispánico, ora ayudando a los monarcas de Castilla (como en la empresa de defender el Estrecho), ora aprovechándose de sus frecuentes dificultades internas para hacerse ceder porciones de territorio fronterizo. El caso más sobresaliente es la adquisición de la parte alicantina del actual reino de Valencia, incluida la ciudad de Cartagena, por el tratado de Agreda de 1304.

Mientras tanto, en Castilla se vigilaba a los benimerines, cuyo poder había sustituido al de los almohades en Marruecos. Los musulmanes cruzaban el Estrecho de Gibraltar con suma facilidad, pues al otro lado se les abrían los puertos de Gibraltar, Algeciras y Tarifa, y, detrás de ellos, las feraces tierras de la Baja Andalucía. En la retirada podían confiar con el apoyo de los granadinos, siempre que éstos no temieran más su alianza que su enemistad. En todo caso, el problema de la frontera bética y el de la marítima obligaron a Castilla a no desmayar ni un momento. El mar fue vigilado a menudo por catalanes, portugueses y, sobre todo, por genoveses. A estos últimos se les debía, en realidad, la apertura del Estrecho gracias a la actuación del almirante Zacharías, en tiempo de Alfonso X. Las tropas castellanas, después de reiteradísimos esfuerzos, se adueñaron de Tarifa y Algeciras. Gibraltar fue tomada y perdida. En fin, no hubo descanso hasta el éxito obtenido por Alfonso XI a orillas del Salado en 1340. Esta batalla clausura la época de las invasiones en España, iniciadas por los almohades dos siglos y medio antes.

Tal es la realidad superficial de los hechos. Su intimidad estructural es mucho más interesante y reveladora. En primerísimo lugar, los pueblos hispánicos aparecen fatigados por el gran esfuerzo militar y repoblador realizado en la primera mitad del siglo XIII. La misma generación que tomó Sevilla y Mallorca tuvo que encargarse de poblar Andalucía, las Baleares y el reino de Valencia. Por desgracia, las cifras fallan; pero se comprende fácilmente el retroceso que experimentó la Península cuando, hacia 1270, después de la expulsión de los moriscos andaluces y de la reducción y huida de sus congéneres valencianos, fue preciso que el país marchara con menos hombres y menos capacitados. El problema se resolvió ocupando unos las propiedades y los oficios mejores, y dejando otros los campos lares, siempre que los señores consintieran en ello. Esta convulsión demográfica alteró el ser de la sociedad castellana: feudalizó la Meseta Norte, vació de humanidad las tierras de Castilla la Vieja, dio prepotencia a los caballeros en los concejos castellanos y armó de codicia a los nobles afincados en Andalucía. En la Corona de Aragón, fue Cataluña quien más sufrió las consecuencias de la rápida colonización de las tierras del Sur. Sus hombres llegaron a establecerse hasta en Murcia, a pesar de ser ciudad castellana. Si a ello añadimos la repoblación de las Baleares y las empresas bélicas en el Mediterráneo, comprenderemos también el cansancio que revelan las acciones catalanas después de la generación de los hijos de Pedro el Grande. Pero a diferencia de Castilla, en Cataluña el peso del patriciado urbano era tan considerable que salvó el bache del confusionismo social creado por el desplazamiento de poblaciones. Barcelona, Perpiñán, Valencia y Palma de Mallorca, centran las nuevas articulaciones sociales. Pero no debe olvidarse ni la refeudalización del campo, con la constitución de la payesía de remensa, en Cataluña, y de los foráneos, en Mallorca, ni tampoco la tensión creada por la nobleza que se ha beneficiado, como en Castilla, de la distribución de tierras.

Los caminos de la vida económica fueron también muy distintos en la Corona de Aragón y Castilla. La guerra contra Francia suscitó en Cataluña la gran industria textil lanera, con una producción destinada a satisfacer los nuevos mercados peninsulares y, sobre todo, la venta en Cerdeña, Sicilia y Africa del Norte. A los paños añadían los catalanes el comercio de las especies y la exportación de hierro labrado, corales y cueros. Todo ello aumentó la producción y contrarrestó las tendencias inflacionistas provocadas por la demanda de bienes de consumo. En cambio, la evolución económica castellana fue completamente distinta. La falta de toda actividad industrial, la existencia de un mercado inextinguible de objetos de lujo, las necesidades del erario público, precipitaron a Castilla en el círculo infernal de la inflación, la alteración monetaria y el déficit permanente de la balanza comercial. Esto obligó a la monarquía —pese a las medidas de protección decretadas por Alfonso X— a admitir la presencia de negociantes extranjeros en las principales ciudades y a compensar la salida de moneda organizando el comercio de la lana. Ésta fue la gran solución: establecer la fiscalidad de la monarquía sobre los rebaños trashumantes, que los grandes vacíos de humanidad en ambas mesetas hicieron, nutridos, en el mismo momento en que Flandes e Italia se convertían en grandes compradores de lana. Así nació la Mesta, preparándose de esta manera la dramática paralización de la agricultura castellana. El tráfico lanero hizo muy pronto la fortuna de Burgos, convirtió la flota cantábrica en un instrumento del poderío marítimo castellano y estimuló el nacimiento de industrias textiles que, de no haber sido ahogadas por los intereses de la nobleza, es muy posible que hubieran dado lugar a un florecimiento económico capital en los siglos XV y XVI.

Pero para financiar las necesidades de la monarquía, incapaz de sujetarse a sus ingresos, los reyes de Castilla tuvieron que acudir a la bolsa de los judíos. En Italia y Francia hacía dos siglos que los hebreos habían sido eliminados del mercado de dinero; en Cataluña, uno. En tales países las operaciones de crédito habían sido absorbidas por los banqueros. En Castilla, en cambio, los judíos continuaron prevaleciendo, de acuerdo con la escasa madurez capitalista de su economía. Reyes, nobles, órdenes Militares, comunidades eclesiásticas, concejos, tuvieron que caer bajo las leoninas condiciones de los hebreos. No puede censurárseles que las impusieran, por las dificultades de la percepción de los tributos que se les confiaban y la mala fe de unos y otros en el pago de lo estipulado. Rueda necesaria en la política económica del momento, los judíos ricos se atrajeron el odio de los obispos y los aristócratas, quienes, además, lo comunicaron a las simples gentes de las ciudades contra las laboriosas comunidades judías. Bastaría una crisis económica profunda, para que el resentimiento acumulado durante generaciones estallara en forma irreparable.

Esta diferenciación pasional de las sociedades urbanas nada tiene que ver con la armonía que en este momento existió entre los intelectuales musulmanes, judíos y cristianos en los principales centros culturales. Es un tópico referirse a la labor de la escuela de traductores de Toledo, sobre todo en época de Alfonso X; por ella pasa un viaducto de la cultura occidental. Pero ya deja de ser tópico, para entrar en polémica viva e hiriente, saber hasta dónde llegó el impacto de la mentalidad judía y musulmana en el seno de la cristiana. La teoría de la triple morada del castellano del siglo XIV parece conformar una estructura espiritual que sólo se dio en casos muy especiales. Pero creemos que no puede negarse que las influencias fueron profundísimas, que el mejor nivel cultural de los judíos y el superior horizonte técnico de mudéjares y moriscos acabaron haciendo mella en resortes elementales de la sociedad cristiana. Así se planteó el más delicado problema que sufrió Castilla hasta comienzos del siglo XVII: el de la asimilación o extrañamiento de las minorías confesionales.

Comienzo de las

disensiones hispánicas

Tan pronto se hubo logrado la victoria sobre el Islam —con la única excepción del reino de Granada, que mantuvo durante dos siglos un anticuado cuanto peligroso encono en la infraestructura espiritual de Castilla—, se extendió sobre el suelo peninsular el problema de las reivindicaciones de la nobleza frente a la monarquía. Este fenómeno, general en la Europa de los siglos XIV y XV, correspondía a la necesidad de la aristocracia, feudal o señorial, de situarse en un preponderante plano político que consolidara su ventajosa situación económica. En todas las naciones del occidente de Europa, los monarcas hallaron en la burguesía un poderoso apoyo para contrarrestar los designios hegemónicos de la nobleza, no sin que aquél revirtiera, en último extremo, en provecho de quienes lo prestaban, En cualquier caso, la burguesía sirvió de elemento amortiguador del choque entre la aristocracia y la realeza. Tal es el reflejo europeo que se advierte en los sucesos de la Corona de Aragón. En la Meseta, la escasa densidad de la clase burguesa —revelada desde los tiempos de Alfonso XI— determinó que el choque entre los dos poderes antagónicos alcanzara dimensiones catastróficas.

Prescindiendo de la defensa del Estrecho, a que ya hemos hecho referencia, el tejido histórico castellano desde la muerte de Fernando III hasta el advenimiento de los Reyes Católicos está urdido a base de una sórdida lucha de intereses personales. Medirlo es darse cuenta de ese considerable vaivén en la historia de Castilla, en la que a los períodos de mayor exaltación creadora suceden etapas de profundo malestar, de ineficacia social, de devorador desasosiego. Durante el reinado de Fernando III y en los primeros años de Alfonso X, Castilla había conocido una época de plenitud; en ella lo que impresiona no son las conquistas militares, sino la amplia recepción de las corrientes europeas —el gótico, que levanta las catedrales de León, Burgos y Toledo; la Universidad, que se instala en Palencia y Salamanca— y el espíritu de comprensión y tolerancia intelectual respecto de lo antiguo y lo moderno, de lo musulmán y lo cristiano. Esto permitió a Castilla desempeñar el mismo papel de transmisor de conocimientos que en el siglo X había correspondido a Cataluña cuando Gerberto de Aurillac, el futuro Silvestre II, aprendió matemáticas en el monasterio de Ripoll. Pero en esta centuria la misión que cupo a Castilla, a través de la escuela de traductores de Toledo, fue mucho más amplia y tuvo consecuencias mayores para el futuro de la Sociedad Occidental, a la que inyectó un chorro renovador de ciencia y filosofía helénicas.

Pero la presión de las circunstancias sociales y económicas hizo decaer tan brillantes comienzos. Al país no le faltaban, ciertamente, ni ambiciones ni ideales ni grandes horizontes. Alfonso X revivió la esperanza imperial, aunque vinculada ahora a la corona alemana, que pretendió en los días del gran Interregno, cuando el Sacro Imperio Románico yacía inerte detrás de las huellas dejadas por los Staufen. Pedro el Cruel y Juan I reverdecieron las aspiraciones hegemónicas sobre los demás reinos peninsulares: el primero enfrentándose con Aragón; el segundo, con Portugal. Pero todo ello se hizo tanto más inestable cuando mayor fue el arresto con que batallaron por sus reivindicaciones políticas y económicas los nobles castellanos. En este campo de lucha social fue decisiva la terrible coyuntura de Montiel, que habían presagiado dos generaciones de confusas minorías dinásticas, ambiciosos infantes de sangre real, exacerbados príncipes de la Iglesia y violentísimas reacciones regias, seguidas por un cortejo de no menos drásticas depuraciones. En Montiel quedó sacrificado el último dique que separaba a la nobleza del poder. La rama bastarda de los Trastámaras, fundada por Enrique II (1369), matador de Pedro I, emprendió penosamente su camino claudicando ante los aristócratas que habían apoyado el movimiento revolucionario, a los que aseguró, con la plenitud de sus privilegios y nuevos donativos territoriales, extensas ventajas financieras. No fue la menor de ellas la consolidación del régimen de la Mesta, la poderosa organización de la trashumancia española, que enriqueció al Estado con el producto de los tributos del ganado y los derechos de aduanas y, además, dobló las fortunas de los nobles andaluces y extremeños. La aparición del espectro del hambre y, desde mediados del siglo XIV, los devastadores estragos de la Peste Negra, en sucesivas oleadas (1348, 1362, 1371, 1375), contribuyeron a desquiciar los brillantes comienzos de la recuperación económica castellana de la época de Pedro el Cruel. Sobre esta coyuntura global descansa la prepotencia de los «grandes» de Castilla, eje esencial de las futuras perturbaciones del país.

Entre los temas apuntados, cabe añadir otros dos capaces de más hondo desarrollo. De un lado, el estímulo mediterráneo, que llega a Castilla a través de los genoveses y el comercio sevillano, y al que se responde con las primeras navegaciones castellanas en el Mare Nostrum y la tentativa de Pedro el Cruel de asegurar un puerto (Cartagena) en la costa levantina para la exportación de lanas de Castilla. De Otro, el primer trasplante de instituciones catalanas a la Meseta, practicado por Enrique II, quien durante su exilio en la Corona de Aragón había tenido ocasión de familiarizarse con ellas.

Portugal y la Corona de Aragón se enfrentaron con idénticos problemas; pero pudieron resolverlos en forma muy distinta. Aparte las divergencias de sus trayectorias económicas respecto de la castellana, ambos países conocieron un incitante programa de expansión marítima, que facilitó una solución menos rígida de las reivindicaciones aristocráticas. En Portugal fueron resolutorias tanto la reacción nacional ante el ataque castellano de 1385, frenado en Aljubarrota, como la conversión de Lisboa en etapa preferente del comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico. Luego vino la política de expansión norteafricana (Ceuta, Tánger) y, empalmándose con ella, la aventura atlántica, en la que se emplearon unos esfuerzos tan generosos.

Algo parecido acaeció en la Corona de Aragón. Como hemos visto, a comienzos del siglo XIV, a remolque de Cataluña, alcanzó su cenit histórico. Heredera inmediata de la generación heroica de Pedro el Glande, la dinastía desplegó una ambiciosa política que no conoció límites en la rosa de los vientos.

Durante la centuria que estamos considerando, los objetivos principales fueron pacificar Cerdeña, reincorporar a la Corona las Baleares (que con el Rosellón habían sido segregadas por testamento de Jaime I) y preparar el terreno para la anexión de Sicilia (regida por la rama menor de Aragón desde 1304). Tales empresas, en las que los reyes aragoneses chocaron con la rivalidad perseverante e irreductible de Génova, exigieron la acumulación de ingentes recursos biológicos, militares y económicos, y, sobre todo, una paciente perseverancia, en la que no causarán mella ni los inevitables reveses ni la exaltación de las victorias. El gran agrupador del Imperio marítimo catalanoaragonés fue Pedro el Ceremonioso (1336-1387), dominador de Mallorca y Cerdeña. Pero su obra no se completó hasta la generación siguiente, cuando en un esfuerzo hasta cierto punto superior a las posibilidades del país, el trono de Sicilia fue incorporado a la dinastía mayor de Aragón y Cerdeña definitivamente quebrantada en sus reiteradas tentativas de independencia (1409).

Esta potencialidad expansiva se reflejó, asimismo, en la política peninsular de la dinastía. El contacto con Castilla se acentuó a lo largo del siglo XIV. Fueron frecuentes las luchas fronterizas, las relaciones dinásticas y los intercambios comerciales. Jaime II se convirtió por unos años en arbitro de España y aprovechó su hegemonía para ampliar hacia el Sur los límites del territorio valenciano. La reacción castellana descargó durante el reinado de Pedro el Ceremonioso; las tropas de Pedro el Cruel pusieron en grave aprieto a las aragonesas, demostrando la eficacia militar de Castilla. Pero no fue menos contundente la réplica, política y diplomática de Pedro el Ceremonioso, quien desarrolló a fondo el antagonismo existente entre los partidos aristocráticos castellanos y logró enfrentar a muerte a su rival y a su hermanastro, Enrique de Trastámara. Como resultado global de este período de luchas, no podía preverse a finales del siglo XIV qué reino acabaría prevaleciendo en la previsible fusión de los mismos en el seno de una monarquía común.

Por espectacular que resulte la visión de la política externa de la Corona de Aragón en el Trescientos, cede ante los ojos del historiador cuando contempla el hervor vital de los países que la constituían. La expansión marítima está refrendada por un hormiguero mercantil que lleva a los navegantes barceloneses y mallorquines desde el mar de Azov hasta las costas del Senegal, o bien hasta las playas de Inglaterra y Flandes. Barcelona tiene cónsules en los principales puertos del Mediterráneo y en los grandes emporios del Atlántico. Sicilia, Cerdeña y el centro de Berbería son sus feudos, aunque no cabe olvidar que los mercaderes catalanes compiten con los de Venecia y Génova en el tráfico de especias desde Alejandría a Tolosa de Lenguadoc y en el de productos mediterráneos desde Nápoles a Brujas. Hasta 1420 ocuparán el segundo lugar en esta ciudad, centro del comercio nórdico, y uno de los primeros en Alejandría, llave de los mercados del Lejano Oriente.

La oleada de prosperidad que invade la Corona de Aragón, pues Valencia y Zaragoza se benefician asimismo del acicate con que Cataluña y Mallorca estimulan las empresas comunes, se traduce en la consolidación del régimen de oligarquías urbanas en el gobierno de los cada vez más poderosos municipios. Oligarquías abiertas, en las que se admiten, junto a los primitivos patricios, a los comerciantes enriquecidos y a ese nuevo grupo social constituido por los banqueros. En su seno se engendra poco a poco el ideal «pactista», que constituirá una de las más genuinas aportaciones del patriciado urbano de Cataluña a la política del Cuatrocientos. De momento, gracias al poderío económico burgués, la monarquía catalanoaragonesa pudo hacer doblar la cerviz a la nobleza de Aragón, erguida sobre el Privilegio General otorgado por Pedro el Grande en los momentos de apuro de la guerra contra Francia y el Papado. La aristocracia aragonesa fue sujetada en la batalla de Epila (1348), y reducida a los justos limites que exigían su responsabilidad militar y sus franquezas políticas.

Pese a la liberalidad de la dinastía, la nobleza catalanoaragonesa no cesó de decaer desde finales del siglo XIV. A excepción de unos cuantos grandes magnates pirenaicos (los condes de Pallars, Urgel y Cardona), aragoneses (conde de Hijar) y valencianos, la aristocracia apenas contó con un poder territorial y económico de gran vuelo. Los mayores nobles de la Corona de Aragón figurarían en modestísimo lugar entre sus congéneres castellanos. Este hecho determinó que la responsabilidad de las grandes decisiones políticas del país recayera en la burguesía. En cuanto a las clases del campo, una prolongada confusión agravó su descontento desde que la Peste Negra arrebatara la vida a más de la mitad de ellos. Unos se hicieron ricos y otros cada vez más pobres. En todos, la nueva circunstancia les indujo a presentar unas elementales reivindicaciones de libertad personal. A partir de 1390 un gran clamor de emancipación vibra en el aire del campo de Cataluña.

La crisis del siglo XV

La palabra crisis sintetiza la evolución histórica española durante el Cuatrocientos. Tampoco ahora se trata de un fenómeno peculiar de los pueblos peninsulares, puesto que los demás países de la Sociedad Occidental son presas del mismo desasosiego.

Con el ocaso de los valores culturales del Medioevo y el orto de un nuevo proceso espiritual y artístico —el Renacimiento— se conjuga a lo largo de la centuria una etapa de abatimiento económico. Sus raíces se hallan en el siglo XIV: declive de la agricultura, retirada de capitales del negocio ultramarino, guerras que asolan regiones económicas capitales y, sobre todo, desencadenamiento de la Peste Negra (1348), azote que ya no abandonará a Europa y descargará sobre ella duros golpes hasta el siglo XVII. La peste y la mortalidad, seguidas por el abandono de los cultivos y las industrias, enlazaron con la miseria y el hambre en el círculo infernal de la despoblación y la inflación. Estos factores agudizaron las contradicciones sociales entre campesinos y señores, artesanos y patricios, nobles y monarcas, especialmente en los últimos decenios del siglo XIV, cuando los precios se derrumbaron, se paralizó la actividad mercantil e industrial y las clases superiores fueron acusadas por las inferiores de opresión y desgobierno. Flandes, Italia, Francia e Inglaterra acusaron el golpe desde 1380. Y otro tanto ocurrió en los pueblos de España.

La primera reacción violenta de las masas fue desviada contra los judíos. El movimiento antihebraico se había iniciado a mediados del siglo XIV como descarga sentimental y económica. Pero los pogromos de 1391 tuvieron un desarrollo gravísimo. Comenzaron en Sevilla y siguieron por Andalucía y la Mancha, donde las persecuciones fueron generales. Saltó luego a las ciudades más prósperas del comercio de la lana (Toledo, Madrid, Burgos, Logroño) y finalmente se abatió sobre la fachada mediterránea de la Corona de Aragón, donde fueron saqueados los barrios judíos de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca; para citar tan sólo las urbes primordiales. Este movimiento provocó la escisión entre la comunidad cristiana y la mosaica, los mutuos, inevitables y peligrosos recelos, y, sobre todo, la formación de una minoría indecisa: la de los judíos que entre 1391 y 1415 se convirtieron al cristianismo. Llamados conversos, influyentes por sus relaciones financieras y su prestigio intelectual, estos neocatólicos, en número de unos cien mil, acapararon muy pronto el odio de los cristianos viejos. Lo debían no sólo a las relaciones que seguían manteniendo con los hebreos, sino también a sus dificultades en adaptarse al cuadro mental de las actividades cotidianas, desde la comida a la indumentaria. Muy pronto se les acusó de herejes y se les llamó judaizantes y marranos. La animadversión la mantenían los grandes, los caballeros y los eclesiásticos, en general las capas aristocráticas, cuya vanidad les ponía siempre en aprieto la bolsa. Pero los Trastámaras protegieron a los conversos, tanto en Castilla como en Aragón, porque eran una fuente imprescindible de recursos en momentos apurados y un engranaje administrativo del que no era fácil prescindir. La situación en Cataluña fue más favorable para los conversos, por el hecho de que el préstamo dinerario recayera en banqueros e instituciones bancarias solventes. jamás hubo en este país un movimiento que reclamara una inquisición antijudaizante, como fue el caso en Castilla desde mediados del siglo XV.

La contracción económica tuvo repercusiones inmediatas en el aspecto social. Las más simples fueron las que se desencadenaron en Castilla, donde la nobleza aspiró a detentar el poder y asegurar, de este modo, su gigantesca fortuna (latifundios, propiedades arrebatadas a la Corona, juros y soldadas concedidos por reyes y regentes condescendientes), mediante disposiciones jurídicas apropiadas (establecimiento de mayorazgos y de señoríos) y concesiones económicas (la Mesta y sus principales cargos, las aduanas marítimas y terrestres, los servicios y montazgos, etc.). Con tan sublime aspiración la aristocracia precipitó a Castilla en el caos de cuatro guerras civiles, la última en extremo violenta. En cambio, en Cataluña el despliegue del conflicto fue más paulatino y abarcó a todas las clases sociales: los campesinos mostraron su inquietud desde 1395, las clases bajas urbanas desde 1435, el patriciado y la nobleza en época similar. Ello produjo tres movimientos subversivos simultáneos: de los remensas contra sus señores, de los gremios y artesanos contra los patricios, de éstos y los nobles contra la monarquía autoritaria. Alfonso el Magnánimo apoyó la causa de los payeses y de los menestrales en Cataluña (pero no la de los foráneos en Mallorca), de modo que en 1455 impuso soluciones realmente democráticas a las aspiraciones del pueblo. Pero ello provocó una reacción condigna en las clases privilegiadas que derivó, al amparo de las circunstancias, en el levantamiento contra Juan II de Aragón en 1461 y 1462.

Al socaire de esta subversión social, se plantea el problema de la organización de los pueblos peninsulares. Entre unos y otros se anudaron entonces tantas relaciones que era imposible su subsistencia en la forma política consagrada en el siglo XII. Magnates castellanos y aragoneses cruzan la frontera y se instalan en el corazón de los problemas políticos de los vecinos; buques vizcaínos y andaluces constituyen el equipo ligero de la navegación catalana y mallorquina en este período; y ante las arremetidas de Luis XI en el Rosellón en 1473 son los barceloneses los primeros que se ilusionan con las lanzas castellanas que su príncipe heredero podrá traer de Segovia. La monarquía del Renacimiento se está gestando en la Península —gestándose con signo castellano y no por videncia mística, sino por el simple empirismo de su demografía en auge, de la libertad de acción que reivindica su realeza, y de los recursos que, a pesar de la contracción, continúan proporcionándole los rebaños trashumantes de la Mesta—.

La unión de las coronas de los distintos reinos peninsulares en una sola cabeza venía precedida por una tradición histórica y unas relaciones de orden político, a veces amistosas, otras antagónicas. Robusteció la primera el ideal humanista, que resucitó, no ya la España visigótica, tal como la habían concebido el legitimismo astur o el pensamiento cancilleresco leonés, sino la anterior Hispania romana, con su régimen de dos grandes entidades provinciales —la España citerior y la España ulterior— que se amoldaban a la situación territorial legada por la lucha contra los musulmanes. Esta concepción fue particularmente cara al humanismo catalán, al cardenal Margarit, por ejemplo, mientras que en Castilla se notaba el fenómeno de endosarse el nombre de España, tergiversando la tradicional idea de mancomunidad hispánica medieval y apropiándose el vocabulario surgido en los medios mercantiles del extranjero (primero en Aviñón y luego en Flandes). Las relaciones dinásticas prepararon el advenimiento de la unidad monárquica —de la monarchia hispana— desde el momento que hicieron factible el establecimiento de una misma familia, la de los Trastámaras, en los tronos reales de Castilla y Aragón. La muerte de Martín el Humano, el último rey de la estirpe condal barcelonesa en la Corona de Aragón, condujo, ampliando la línea de la teoría pactista catalana, al Compromiso de Caspe, del que surgió la designación de Fernando I, nieto de Enrique II, como nuevo monarca aragonés (1412). Esta fue para Castilla una coyuntura afortunada, pues pudo aprovechar la riqueza fabulosa concentrada en manos de la rama menor de los Trastámaras (conversos burgaleses y medineses, Orden de Santiago, dinero de la Mesta) para atraerse a las facciones que en Valencia y Zaragoza se habían levantado contra Jaime de Urgel. Y no tanto contra este pretendiente, sino, sobre todo, contra la incapacidad de la burguesía de Barcelona de hallar una fórmula que la reconciliara con la aristocracia pirenaica y que diese a la Corona de Aragón una solución concreta al dilema político planteado: o bien pactismo, hasta las últimas consecuencias de una república aristocrática; o bien, el autoritarismo regio, con el inevitable cortejo de reformas sociales, políticas y administrativas.

El establecimiento de una misma dinastía en Castilla y Aragón fue un factor no despreciable en el camino de la Unidad de la monarquía de las Españas, a pesar de que debamos desterrar la idea romántica de que los soberanos de una y otra de las dos ramas no descansaron hasta lograr tal propósito. Al contrario, nunca fue el nombre de Aragón tan odiado por los nobles castellanos como en época de Juan II de Castilla; ni tampoco ningún castellano como Alfonso el Magnánimo condenó y despreció tanto las intrigas de su país. Pero hubo un grupo que, sin doctrina ni programa, fue marchando en pos de la unidad: el de Juan II de Aragón, rey de Navarra y gran magnate castellano. Situado entre la espada de Luis XI de Francia y el muro de la Revolución catalana, no vio otro recurso de salvación que apoyarse en el auxilio castellano. Tal fue el Norte, pragmático, que alimentó el proyecto matrimonial entre su hijo Fernando y la princesa castellana doña Isabel.

Ese proyecto tropezó con considerables dificultades. Desde mediados de siglo la guerra civil causaba estragos en los reinos peninsulares. En Portugal fue un simple episodio, que liquidó la acción de Alfarrobeira. Pero en Castilla y Navarra se convirtió en mal endémico, en continuada acción de bandería, que poco a poco consumió los recursos de ambos países. La prepotente nobleza castellana escindióse en dos partidos en el reinado de Juan II (1406-1454), al calor de las contrapuestas ambiciones de los infantes de Aragón y del condestable don Alvaro de Luna, quien intuyó la eficacia de una monarquía autoritaria, pero no supo sacrificar sus propios intereses al ideal que pretendió servir. La derrota del bando aragonés en Olmedo (1445) consolidó las posiciones de sus rivales, al librarles los resortes del poder y los cuantiosos bienes materiales que poseían en el país. De aquí un constante motivo de suspicacias y recelos, de intrigas y golpes de mano, que no modificó la ejecución de don Alvaro (1452). A los viejos prejuicios de grupos y banderías se añadió, desde este instante, el terror moral provocado por la fatal suerte del favorito, y, en consecuencia, el deseo de buscar garantías para librarse de análogo destino. En este ambiente empezó a reinar Enrique IV (1454-1474), cuyos proyectos de reforma y restauración del país, verdaderamente revolucionarios, en cuanto socavaban el poder de la grandeza, chocaron con su propio temperamento, sentimental, tolerante y en exceso flexible. El programa de la Corte, que los conversos apoyaban con dinero, levantó contra Enrique IV a todos los grandes, los cuales olvidaron sus banderías para concertarse en una acción mancomunada que asegurara sus intereses: a saber, la posesión de tierras, mercedes y juros. El rey fue depuesto en Avila (1464), y en su lugar alzado su hermanastro Alfonso. Pero la presión popular, ampliamente manifestada en Castilla, y los inevitables recelos entre los caudillos del movimiento aristocrático, agrietaron el bloque revolucionario. La desaparición del pretendiente permitió una aparente reconciliación general en la entrevista de Toros de Guisando (1468). Pese a la fórmula allí concertada —los rebeldes reconocían el gobierno de Enrique IV siempre que éste admitiera la sucesión en el trono de su propio jefe (la princesa Isabel)—, la tranquilidad no renació en Castilla. Al año siguiente, el enlace de Isabel con el hijo del monarca aragonés volvió a plantear sobre el tapete no sólo la futura suerte de los partidos en lucha, sino también la orientación general de la política castellana. En aquel momento Castilla podía optar por una dirección atlántica o mediterránea. En la primera encontraba el apoyo de Francia, cuya alianza con Castilla remontaba a un siglo. En la segunda, la posibilidad de una apertura hacia Borgoña, cuyos mercados eran concurridos por sus vendedores de lanas. De hecho, no hubo una decisión intelectual. La suerte de las armas se encargó de resolver la dramática opción.

El éxito del matrimonio aragonés venía condicionado por la desesperada situación en que se encontraba el rey Juan II. Su hermano y predecesor en el trono, Alfonso el Magnánimo (1414-1458), había hecho gran figura en el Mediterráneo, dando a la causa política catalanoaragonesa el signo dinámico e imperialista de su estirpe castellana. Experimentóse entonces la eficacia de la colaboración entre los dos más importantes pueblos peninsulares (la conquista de Nápoles, la irradiación política en la cuenca del Mediterráneo oriental), pero también aparecieron los síntomas de futuros males: el desasosiego en la acción, la veleidad en los objetivos, el agotamiento del país ante empresas superiores a sus posibilidades inmediatas. Esta política fue creando una atmósfera de intranquilidad en Cataluña, donde se precisaron cada vez más los principios pactistas de la oligarquía nobiliaria y burguesa (Cortes de 1454-1458) ante las arremetidas revolucionarias de las clases bajas urbanas y de la masa campesina, El acceso de los artesanos y de los gremios a los puestos de mando del municipio barcelonés (1455), la exigencia de tierras y libertad por parte de los remensas, almacenaron en Cataluña gran cantidad de materias explosivas, que estallaron al socaire de la tirante relación entre Juan II y el príncipe de Viana.

Padre e hijo habían luchado desde 1451 en Navarra, donde representaban, respectivamente, el partido campesino y señorial de la Ribera y el grupo pastoril y tradicionalista de la Montaña. Este conflicto, fomentado por el oro castellano, se resolvió a favor del monarca, pero éste fue incapaz de pacificar el país. Más adelante, en 1460, llegóse a una concordia entre Juan II y el príncipe de Viana, que éste mismo quebrantó a los pocos meses lanzándose a una imprudente política matrimonial con Castilla. El monarca, exasperado por falsas delaciones, hizo arrestar a su hijo en Lérida (1460). El acto encendió la mecha de la Revolución catalana. En su primer período, el país, unánime, logró avasallar a la monarquía, arrancando de Juan II la libertad del príncipe y, lo que es más importante, un código de amplias concesiones políticas, que lo convertían en una república coronada (Capitulación de Vilafranca del Penedés). Pero meses más tarde, muerto ya el príncipe de Viana, la demagogia hizo fácil presa en un pueblo rápidamente sugestionable, y por este plano se deslizó la guerra civil. Al lado de Juan II lucharon parte de la nobleza, casi todo el clero y, aunque parezca sorprendente, la mayoría de los payeses de remensas; enfrente se alinearon la baja nobleza, el patriciado y parte de los artesanos, que en homenaje a Carlos de Viana olvidaron su posición monárquica de 1460 a 1461. Barcelona volcó sus tesoros en la lucha, de modo que el rey sólo pudo resistir al golpe revolucionario (mayo de 1462) buscando la protección de Luis XI de Francia. En estas condiciones, los catalanes destronaron a Juan II y proclamaron rey a Enrique IV de Castilla, proporcionando a esta Corona una oportunidad clarísima para extender su dominio hasta el Mediterráneo. Pero la Corte castellana claudicó ante las presiones francesas y la traición de los consejeros del rey. Una tentativa para captarse el apoyo de Portugal y Borgoña —el nombramiento del condestable Pedro de Portugal como «rey de los catalanes»— se disipó al poco tiempo, ante la serie de reveses militares y políticos del paladín portugués. En 1466, después de la derrota de Prats del Rei y de la rendición de Tortosa, Barcelona habría capitulado ante el monarca aragonés, si el partido francófilo no hubiera impuesto la candidatura de Renato de Anjou como sucesor del fallecido Condestable de Portugal. Elegir a Renato, conde de Provenza, equivalía a aludir a su sobrino Luis XI de Francia y abrir a este país las puertas de los Pirineos. Luis XI abandonó la causa de Juan II. Sus tropas obtuvieron resonantes triunfos, de modo que habrían logrado establecerse en Cataluña —e incluso preparar la desmembración de la Corona aragonesa— sin la complicada y astuta actividad diplomática del monarca. Juan II puso en juego el poderío de Inglaterra, Bretaña, Borgoña y Nápoles, y cuando lo consideró insuficiente, el de Castilla. La sumisión de Barcelona en 1472, salvando los principios teóricos del alzamiento revolucionario, indica el éxito del programa antífrancés de Juan II.

La última baza del juego se discutió sobre el tapete castellano. Enrique IV, eterno enamorado de la paz, había mantenido difícilmente el fiel de la balanza entre la grandeza castellana, entre Aragón y Francia, entre su hija y su hermana. A su muerte, estalló la inevitable contienda. Encendióse una guerra de sucesión en la que no sólo planteóse un problema jurídico —el de los derechos de las princesas Juana e Isabel, respectivamente—, sino el más vasto de qué papel ejercería Castilla en la organización peninsular y en la política internacional. Francia y Portugal apoyaron a doña Juana; Aragón y sus aliados (Nápoles, Borgoña, Inglaterra) a doña Isabel. La eficaz juventud de Fernando de Aragón, el sentido reformista de la intervención aragonesa y catalana en Castilla, el auxilio militar de los experimentados técnicos mediterráneos, dieron la victoria al partido isabelino. Resuelta la principal fuente de sus divergencias políticas —la duplicidad de influencias de los Trastámaras en el país—, Castilla pudo ser organizada para desempeñar su papel medular en el seno de la sociedad hispánica.

La ordenación hispánica

por los Reyes Católicos

Terminó la guerra civil castellana en 1479. A principios del mismo año había muerto Juan II de Aragón. Su hijo Fernando y su nuera Isabel, los llamados Reyes Católicos (1479-1504), inician desde entonces el gobierno mancomunado de las coronas de Aragón y Castilla bajo una misma dinastía. Ni nada más, ni nada menos. Es inútil poner adjetivos románticos a un hecho de tanto relieve. Vista desde el extranjero la antigua Hispania (de la que aún quedaba separada Portugal) tenía ya una sola voz y una sola voluntad. Y ello bastaba.

Un cierto clima de hermandad entre los pueblos reunidos bajo el mismo cetro presidió este gobierno. Es preciso decir que fue más intensamente sentido en el Mediterráneo que en la Meseta, sobre todo en los años de la regencia de don Fernando (1504-1516). En todo caso, unos y otros se beneficiaron igualmente de la dirección mancomunada de los asuntos bélicos, internos y externos. Resuelto el secular problema fronterizo aragonés, que hasta entonces había maniatado a Castilla, ésta pudo asestar un durísimo golpe al último reducto del Islam en la Península. En el transcurso de una ruda guerra de once anos, el territorio de los Nazaríes de Granada fue conquistado por el ejército castellano, que en esta porfiada empresa adquirió su definitiva consistencia militar. Granada sucumbió en 1492, dejando libre la potencialidad de Castilla en el mismo momento en que Francia planteaba de nuevo el problema de Italia. Ello permitió a Fernando el Católico obtener excelentes bazas en el juego diplomático europeo. Sin lucha, logró de Carlos VIII la devolución del Rosellón y de la Cerdaña (1493), condados que desde el anterior reinado habían estado ocupados por Francia, Así quedó cerrado este peligroso boquete en la frontera pirenaica de la Corona de Aragón. En el futuro, con el apoyo castellano, el monarca pudo lanzarse a las empresas italianas con una seguridad en las evoluciones de que habían carecido sus precursores aragoneses, incluso su tío Alfonso el Magnánimo. Ora aliándose con los reyes de Francia, ora confabulándose contra ellos con la Santa Sede y los potentados italianos, logró rescatar de la rama bastarda aragonesa el reino de Nápoles, bastión oriental de la expansión mediterránea catalanoaragonesa (1504). En este juego fue decisiva la aparición del ejército castellano en los teatros de guerra del continente, en los que debía señorear durante siglo y medio. El problema italiano condujo, poco después, a una coyuntura tal, que al Rey Católico le fue posible intervenir en Navarra para reivindicar este país para Castilla (1512). Este nuevo paso remachó la seguridad hispánica en los Pirineos, eliminando un terreno propicio para las maniobras francesas. Sin embargo, Navarra no perdió su régimen privativo; su incorporación a la corona castellana se hizo, por excepción, con la misma modalidad autonómica que había presidido la política integradora de los grandes monarcas de la Casa de Barcelona.

La atracción de la política mediterránea de la Corona catalanoaragonesa planteó pala Castilla el problema de Europa en sentido diametralmente opuesto al que había presidido su evolución medieval, o sea en contra de los intereses de Francia, su fiel aliada desde los tiempos de Enrique II Trastámara. Los Reyes Católicos concertaron una activa alianza con los duques de Borgoña y a través de ellos con el Imperio alemán. En definitiva, con la Casa de Austria, que en la cabeza de Maximiliano detentaba entonces ducado y corona imperial. Este pacto; preñado de graves augurios, no constituía en la política de aquellos monarcas más que uno de los hilos maestros de su trama diplomática; los otros se apoyaban en Inglaterra y Portugal.

Como hemos apuntado al referirnos a la incorporación de Navarra a la Corona castellana, la monarquía de los Reyes Católicos ofreció, en principio, a todos los pueblos peninsulares idénticas oportunidades en el seno de la nueva ordenación hispánica. Es preciso decir que el portavoz de esta política fue don Fernando, Isabel se sintió fiel al sentido integracionista de la monarquía castellana, como se demostró en la sujeción de Galicia a comienzos del reinado. Su esposo practicó el dualismo administrativo (creación del Consejo de Aragón, 1494) y consolidó el gobierno pactista en Cataluña y la Corona de Aragón. En este aspecto su juego político fue muy superior al de los monarcas de su época, puesto que conjugó un respeto verdadero a las instituciones de sus Estados patrimoniales con el pleno ejercicio de su autoridad regia (autoritarismo monárquico). Su concepción pluralista de la Monarquía hispánica no fue óbice para que tendiera a impulsar la asimilación de familias e instituciones catalanas y aragonesas por sus similares castellanas, como en el caso del Tribunal del Santo Oficio, cuya jurisdicción fue única para España, o bien la difusión en Castilla de algunas instituciones mercantiles y gremiales catalanas, como sucedió en la fundación de los consulados de Burgos y Bilbao.

A pesar de esta acción, fue difícil vencer las resistencias tradicionales que delimitaban las esferas de influencia de las respectivas Coronas. Así hubo una política oceánica vinculada a Castilla y una política norteafricana circunscrita a Cataluña-Aragón. Aunque la Corte empleara indistintamente hombres y recursos castellanos y aragoneses para alcanzar sus fines, el descubrimiento de América (1492) fue concebido como una empresa de la Corona castellana, como un monopolio que ésta habrá de defender a ultranza en favor de sus súbditos. Una interpretación más justa y usual del problema la dio Fernando el Católico durante su regencia, y no sólo en el caso de América, sino también en el de Africa Menor. Si la conquista de Orán, Argel y Trípoli (1509-1511) se desarrolló bajo los auspicios aragoneses, ello no fue obstáculo para la intervención de nutridos efectivos militares movilizados por el cardenal Cisneros en su calidad de arzobispo de Toledo.

La presencia de Castilla en las empresas mediterráneas revela que este país pudo aprovechar en grado máximo las oportunidades ofrecidas por los Reyes Católicos. Desde el primer momento adquirió el lugar preponderante en la Monarquía hispánica, no sólo por su territorio y población, sino por la decadencia coetánea de Cataluña, todavía convaleciente de la obstinada furia revolucionaria en que había disipado sus recursos. Valencia, rica, próspera y culta, habría podido ocupar el lugar de mando ejercido hasta entonces por el Principado en la fachada mediterránea peninsular, pero se limitó a servir de puerta hispánica del Renacimiento y a vaciar su generosa bolsa en los siempre exhaustos cofres del erario real. Por otra parte, muy pronto se rindió a los efluvios de la cultura castellana, en su precoz acatamiento de lo que había de ser la realidad hispánica en los siglos XVII y XVIII.

Esta situación de base inclinó a los Reyes Católicos a centrar su actuación en Castilla, tanto más cuanto aquí faltaban los parapetos legales que en la Corona de Aragón y Navarra frenaban los deseos de la monarquía. He aquí una tendencia que tuvo incalculables consecuencias, ya que comenzaron a aplicarse en todos los territorios de España soluciones políticas a problemas que sólo afectaban al reino castellano o que sólo en Castilla habían alcanzado virulencia. Uno de ellos, el de la subsistencia de las comunidades judías, y, a su lado, el de la infiltración de los conversos en los organismos directivos del país, provocó el establecimiento de la Inquisición en los primeros años del gobierno de los Reyes Católicos y, más adelante, el decreto de expulsión de los hebreos de la Monarquía hispánica (1492). La primera gran depuración española procuró la unidad de fe en torno a la Iglesia católica, engrandecida por tres siglos de dirección espiritual y militar de la Reconquista; pero eliminó de la vida social a los únicos grupos que habrían podido recoger en Castilla el impulso del primer capitalismo; socavó la prosperidad de muchos municipios, y movilizó una cantidad enorme de riquezas, gran parte de las cuales se aplicaron al financiamiento de la política exterior de los Reyes Católicos y otra se disipó en manos de la aristocracia y de los funcionarios encargados de la incautación de los bienes de huidos y expulsos. La oleada de espanto que levantaron estas medidas repercutiría en un futuro próximo en la mentalidad castellana, tan pronto echaran raíces las catacumbas de judaizantes y criptoconversos y afluyera a la escena pública, con el sentido de la honra, la necesidad de legitimar la sangre.

Los mismos principios de rígida vigilancia e insalvable intransigencia se aplicaron a la población morisca de antiguo cuño o a los mudéjares de reciente incorporación. Durante unos años no se acudió al empleo de medidas drásticas. Pero en 1502 se decidió eliminar toda disidencia confesional, y los musulmanes granadinos, a la par que los de Castilla, dejaron de existir como minoría ilegal. Se ordenó que se convirtieran al cristianismo o se marcharan del país. Ni qué decir tiene que se convirtieron en masa, con el inevitable resultado de crear un núcleo inasimilable y pronto a toda acción subversiva. En conjunto, quedaron en toda la Monarquía trescientos mil moriscos, de los cuales la mitad en la Corona de Aragón.

Rozamos en este momento el fondo de la política social de los Reyes Católicos. El liberalismo de que dio pruebas don Fernando en la resolución del pleito de los remensas catalanes mediante la Sentencia arbitral de Guadalupe (1486), forzada hasta cierto punto por una sangrienta sublevación campesina, fue una molécula perdida en el océano de medidas filoaristocráticas propias de este reinado en Castilla. A pesar del aliento que la realeza procuró insuflar en las clases medias, la nobleza castellana continuó incólume en sus privilegiadas posiciones políticas y territoriales. Desde luego, tuvo que renunciar a las expoliaciones cometidas en el patrimonio real desde 1466, pero en cambio recibió absoluta seguridad por las anteriores (que eran las más importantes); renunció, asimismo, a manejar a su antojo los asuntos del país, a su fiera independencia cantonal, a sus reductos de las Ordenes Militares. Pero tras la fachada del autoritarismo monárquico, tras la aparente sumisión política a la Corona de la nobleza, ésta se irguió, desde sus encomiendas, señoríos y latifundios, como gran dominadora del país, robustecida por continuas concesiones de grandeza, repartos de tierras (las de Granada) y establecimiento de mayorazgos. Estos hechos comprometieron el futuro de la agricultura castellana. La facilidad del negocio lanero, en que tantos intereses económicos había acumulado la aristocracia y tantas soluciones fiscales arbitrado la Corte, determinó la consolidación de los privilegios de la Mesta, con su inevitable secuela de ampliación de eriales y cotos cerrados a la actividad agrícola. Desde 1502 fue preciso tasar los granos, porque la producción del campo no respondía a las necesidades de la población; desde entonces, el espectro del hambre no dejó de amenazar a Castilla.

Sobre tan débiles bases agrarias era imposible levantar un sólido edificio económico. Los Reyes Católicos favorecieron la industria y el comercio mediante disposiciones proteccionistas; pero no practicaron una política mercantilista coherente. Esta, por otra parte, era imposible en un país donde faltaban capitales para aplicar a la producción. El descubrimiento de las tierras americanas era todavía demasiado reciente para pensar en el aprovechamiento de sus secretos tesoros para la expansión industrial. Más adelante, las guerras exteriores y la miseria agrícola dilapidarían el oro que la fortuna brindó tan pródigamente a Castilla.

Reinado, en suma, complejo e interesante, muy alejado de la nota monolítica con que suele ser juzgado por tirios y troyanos. Espléndido en sus empresas exteriores, sobre todo en la ejecución del descubrimiento americano, y vacilante en sus objetivos internos, porque eran muchas y notables las contradicciones existentes entre los distintos reinos que formaban la nueva Monarquía y entre las diferentes clases sociales de cada país. Pero al final, en el ritmo prometedor de la primera oleada de recuperación económica de Europa, se produce una sensación de bienestar y de riqueza, que incluso repercute en la decaída Cataluña. Ello permite las realizaciones arquitectónicas de la época —el plateresco primerizo— y la apertura cultural de un Cisneros en Alcalá. El humanismo castellano florece contemporáneamente al establecimiento de la Monarquía hispánica y la colorea con sus arrebatos de imperial grandeza.

La Monarquía hispánica

de los Habsburgo

Durante tres generaciones —las simbolizadas por Carlos I, Felipe II y Felipe III—, la Monarquía hispánica siguió en la estela legada por los Reyes Católicos. En ello influyó tanto el sentido de grandeza de las realizaciones internacionales de éstos en Europa y América como el armazón burocrático que constituyeron para el gobierno y la administración de justicia en sus posesiones. Nadie dudó en aquella época de que el sistema de unidad dinástica, con amplias autonomías regionales, era el mejor de los regímenes posibles para España, ni nadie puso cortapisas al papel preponderante ejercido por Castilla en la política, la economía y la cultura hispánicas. Mientras Aragón conocía un período de prosperidad relativa, Cataluña y Valencia vegetaban en un aislacionismo algún tanto sombrío, sólo perturbado por gravísimos problemas, como el de la amenaza turca, capaces de despertar antiguos y heroicos esfuerzos. La continua y lenta infiltración de elementos del Mediodía francés iba transformando, por otra parte, los rasgos del Principado, en donde fomentaban la agricultura en la costa y el bandolerismo en el interior. Energías dispersas en minúsculas luchas, sin ninguna aspiración colectiva.

El ideal hispánico se confunde en esta época con el que representa Castilla, eje de la monarquía. El trasiego de la importancia geopolítica del Mediterráneo al Atlántico acabó de robustecer esa misión. Pese a las deficiencias del sistema agrario, que precipita el país a grandes hambres y le obliga a comprar trigo del espacio báltico; pese al escaso rendimiento de la industria, cuyos productos no pueden competir en calidad ni en precio con los de Francia, Flandes e Italia; pese a la incompetencia financiera de la Corte, abocada de continuo a la bancarrota; pese a todo ello, Castilla está en pie, en lucha contra una Europa que se debate ante las sucesivas arremetidas de la marea protestante. Cierto que en los momentos críticos de la lucha cuenta con la inyección de los metales preciosos americanos; y ello es decisivo, como se demostrará en 1575, en el momento de colapsarse los pagos de la feria de Medina del Campo y sobrevenir la bancarrota del comercio lanero castellano. Pero América es también una constante sangría: para allí parten gentes emprendedoras, que no son reemplazadas en la madre patria.

En conjunto, la tarea castellana es obsesionante. Para realizar su misión va podando cuantos elementos generosos brotan en su seno: el ideal burgués, en la guerra de las Comunidades; las ramas erasmista y renacentista, en la tenaz contienda para mantener la ortodoxia. Este duro sacrificio halla su compensación en los profundos hallazgos espirituales realizados en el seno de una Iglesia que efectúa la síntesis entre el boyante esplendor de la dinastía, y el colectivismo democratizante del pueblo. Teólogos y misioneros, místicos y ascetas, esmaltan la época de oro de la vida eclesiástica española.

El desprecio profundo de lo terreno, el ideal de misión ecuménica de España, entierran definitivamente cualquier programa de recuperación económica de Castilla. Si los banqueros genoveses acaparan los beneficios de la explotación de las minas americanas y los armadores de la misma procedencia el suministro de las flotas; si los mercaderes italianos, flamencos y franceses se apoderan, tras las ferias de Medina del Campo y los embarques de Sevilla y Cádiz, del negocio colonial, la Monarquía, lejos de reaccionar, va enzarzándose cada vez más en un peligroso confusionismo financiero, que, atándola al carro capitalista de allende los Pirineos, lo hace primero indispensable, luego ruinoso y finalmente estéril. El patriarcalismo estatista de Felipe II agotó las posibilidades económicas de Castilla en un mercantilismo de vía estrecha, cuyos únicos reflejos en el país se hallan en el relativo auge de algunas pañerías provinciales, en el desbordante y opresivo esplendor de Sevilla y en las muníficas construcciones de algunos hidalgos andaluces y extremeños enriquecidos por las encomiendas americanas. Pero no hallamos ningún capital invertido en el país, ya sea en la bonificación del suelo agrícola, ya, sea en la constitución de sociedades mercantiles para la explotación del mundo oceánico, incluso en la trata de esclavos, dejada en manos de portugueses o franceses.

Esta incomprensión del mundo capitalista dejó a Castilla desarmada ante Europa.

He aquí un punto clave en la problemática actual de la historia de España. Y ello necesita aclararse profundizando no sólo en el mecanismo del negocio europeo y colonial, sino también buceando en la mentalidad castellana de la época de Felipe II. Si la burguesía en Castilla es un fenómeno transitorio, lo es más todavía si se la considera en su sector industrial. A pesar de vivir amparadas por el monopolio, las industrias de Segovia, Cuenca, Toledo, Córdoba y Sevilla jamás tuvieron un arranque propio. Y a la menor contrariedad producida por una crisis cíclica o el desencadenamiento de un nuevo empuje inflacionista, se derrumbaron, faltas de capitales, técnicos y reservas de materia prima. Desde 1590 las pañerías y sederías castellanas se paralizan y los obreros, despedidos, van a la Corte a nutrir la legión de pedigüeños o peones. En definitiva, los que poseen el dinero —aristócratas, hidalgos andaluces y extremeños, funcionarios retirados— lo petrifican en construcciones —templos, palacios, monasterios— o lo sacralizan en obras de arte. Pero ninguno cede a la tentación industrial o simplemente mercantil. Detrás de esta mentalidad se dibuja no ya la soberbia castellana, sino el empeño de honra, que en este caso es distintiva respecto al supuesto ideal judío de la usura y de la ganancia ilícita. Y con ello resurge el tema del cristiano nuevo, que llena tantas páginas de la historia íntima castellana de los siglos XVI y XVII.

Sólo más tarde Castilla comprobaría que la riqueza de un país es la base de toda política exterior afortunada; que una economía sana compensa mil batallas perdidas. Carlos I, monarca ecuménico, educado en el ambiente mercantil de Flandes, pudo haber dirigido la Monarquía hispánica en otro sentido (y así lo intentó al liberalizar el comercio americano en 1529); pero sus ambiciones le convirtieron en un forzado depredador de la riqueza castellana. Las guerras contra Francisco I de Francia revelaron la potencialidad de sus recursos, establecieron la hegemonía española en Italia tras la batalla de Pavía (1525) e iluminaron el continente con el esplendor de la coronación cesárea de Bolonia (1529). Pero ni lograron avasallar a Francia, ni atemorizar a los protestantes alemanes, ni frenar a los turcos osmanlíes, ni incluso detener la arrogancia de los berberiscos en las costas mediterráneas. Carlos I hizo su propia política, muchas veces vinculada al sentido heroico de lo borgoñón y al liberalismo erasmista y, por tanto, incomprensible para las altas esferas españolas. Pero de esta gran salida de Castilla a Europa del brazo del emperador, aquélla regresó a sus lares con una acentuada francofobia, un odio concentrado contra la heterodoxia y un desprecio mayúsculo respecto a la perversa y deslumbrante sociedad europea.

La arremetida calvinista —un credo, un dogma, una mentalidad tan absoluta como los católicos— halló a Castilla en plena reacción espiritual. Gracias a un rígido encuadre del país bajo Felipe II (1556-1598), fue posible convertirlo en centro de la resistencia ortodoxa en toda Europa, con un papel a menudo divergente de las propias miras del Pontificado. Castilla se cerró a las influencias del exterior, escrupulosamente fiscalizadas por la Inquisición y los tribunales administrativos; incluso se prohibió a los hispanos estudiar en las Universidades extranjeras, salvo Bolonia. Ése fue el viraje de 1572, la impermeabilización de España. De este modo se extinguió el compromiso intentado por la intelectualidad de las dos generaciones anteriores, en las que la defensa de la pureza de la fe, la inquebrantable ortodoxia, no habían vedado fecundísimas incursiones en el campo del humanismo occidental —pongamos por ejemplo Cisneros, Vives, Vitoria—. La unidad religiosa llenó en aquel entonces los huecos del pluralismo político, patentes en la obra de los Reyes Católicos.

Al cargar el peso de la defensa católica sobre las espaldas de la Monarquía hispana —desde Malta hasta el mar del Norte—, ésta perfeccionó los rudimentarios ensayos de centralización concebidos por los Reyes Católicos y Carlos I. El instrumento de este proceso fueron los Consejos, reunidos permanentemente en una corte fija, Madrid, que alcanzó su rango de capital histórica a fines del siglo XVI. El nombre no hace aquí la cosa, ni incluso teniendo en cuenta la excelente situación geofísica madrileña. Lo importante es el sistema: la polisinodia, concierto de aristócratas y letrados, de burócratas y empleados de todo rango, que Felipe II puso al servicio de su corona. Una oleada de papel se difundió desde todo el país, llegando en marea creciente al seno de los distintos Consejos, agotando la capacidad de los resortes administrativos, aturdiendo incluso al primer burócrata del Estado, el escrupuloso monarca reinante. Pero éste retuvo a los Consejos en su puño, de modo que sus orientaciones políticas sólo fueron retrasadas, pero no tergiversadas, por la administración. La alta esgrima ideológica quedó reducida a un escueto núcleo de colaboradores del Prudente: liberalizante, todavía, con Antonio Pérez; intransigente en absoluto después de la crisis de 1580, del peligroso rumbo de los acontecimientos exteriores, de la patente demostración del mal funcionamiento de la economía agraria castellana desde la gran hambre de 1582.

Y con todo, el dinamismo y la fe del pueblo castellano permitieron a la Monarquía vivir horas de euforia universal: los turcos, contenidos en el Mediterráneo después de la victoria de Lepanto (1571); el reino portugués, incluido en la Corona hispánica en 1581, y con él el inmenso mundo colonial africano e índico y la tierra de las especias; los Países Bajos, en revuelta, desde 1566, contenidos una y otra vez dentro del murallón defensivo español; Francia, cuidadosamente vigilada en sus amenazadores vaivenes religiosos, vuelta al redil de la ortodoxia por la ceñuda atención del Prudente. Sólo Inglaterra —y en auxilio inglés, la defectuosa preparación económica y naval, la bancarrota financiera y el espectro de la miseria— acibaró los éxitos de la Hispania Magna. Del desastre de la Invencible (1588) dependieron muchas aventuras del futuro próximo y lejano: la imposibilidad de reducir a los neerlandeses, la recuperación de Francia como gran potencia europea, la ya insoslayable separación de Portugal.

Muerto el gran monarca, que impuso a sus reinos un ritmo tan agotador, sin resultados prácticos concretos, el edificio de la Monarquía hispánica no se desplomó bruscamente porque un vivo deseo de paz se adueñó de Occidente después de aquel agitado período de luchas (1598, paz con Francia; 1604, con Inglaterra; 1609, con Neerlandia). Fue una coyuntura propicia para rectificar errores, modificar sistemas. Pero los Consejos seguían funcionando con su habitual tradición burocrática, y ellos impusieron, en definitiva, al incapaz Felipe III (1598-1621), sombra ya del primitivo tronco biológico de Austrias, Borgoñas y Trastámaras, el régimen de los validos. Se inauguró con el nuevo siglo la preeminencia política de los grandes latifundistas andaluces, gente dadivosa, infatuada, arbitrista e incauta. El duque de Lerma, prisionero de la omnipotente polísinodia administrativa, toleró la corrupción de la burocracia, el enquistamiento en el gobierno de los compradores de cargos públicos. Mal de la época en Europa, pero que en la Corte madrileña alcanzó ápices extremos. En estas circunstancias el aparato del Estado se limitó a vegetar, considerando venerable toda institución añeja y excelente cualquier arbitrio que permitiera mantener intacto el esplendor búdico de la Monarquía. Nadie puede sorprenderse, pues, de la drástica medida que puso fin a la diversidad religiosa de las Españas. Los moriscos valencianos y andaluces, y a su remolque los de Aragón y Castilla, en número de trescientos mil, fueron expulsados desde 1609. Se eliminó de esta manera cualquier peligro que pudiera proceder del litoral mediterráneo —como el experimentado por la generación filipina durante la gravísima crisis de la sublevación de las Alpujarras, en 1568—. Se logró, además, una completa unidad religiosa, remate de una lucha que había empezado seis siglos antes y en cuyos fines comulgaban todos los españoles de la época. Y ello, en primer lugar, porque, como en el caso de los judíos y conversos, a la sociedad de los cristianos viejos le había faltado mordiente para asimilar a la «nación de cristianos nuevos de moros», estrechamente solidaria y tradicionalista, y aun apegada al mundo musulmán exterior, fuesen los berberiscos argelinos o los turcos otomanos. La única medida que podía resolver aquel problema era la expulsión. Y así fue decretado.

El extrañamiento de los moriscos fue un negocio ruinoso, llevado a cabo sin la preparación que exigía el delicado problema de sustituir a aquella mano de obra agrícola, que detentaba además el tráfico de mercancías, gran parte del préstamo y la obligación de hacer frente a los intereses que gravaban sus fincas. Algunos prohombres se beneficiaron con el trasiego de bienes, propiedades y arrendamientos; pero el país perdió un nuevo chorro de energía en el mismo momento, en que debería hacer frente a la enorme crisis económica, social y política del siglo XVII.

El vuelco hispánico

y la quiebra de la

política de los Austrias

En el decenio auroral del siglo XVII se vislumbran en el seno de la Monarquía hispánica síntomas de gravísima crisis. La actividad económica retrocede en todas partes, incluso en el comercio con América, hasta entonces tan próspero. Las ciudades se despueblan y los telares enmudecen; sólo Madrid se agiganta con la inmigración de pícaros y miserables. El hambre viene del Sur y la peste del Norte, y ambos enloquecen a una humanidad harto castigada por los implacables azotes del destino. En las letras enmudece el reposado verbo humanista y la aparición del Quijote señala el desgarro de la conciencia del escritor entre la realidad del presente y la retórica del pasado. Ante aquel desastre, el gobierno recurre a la grave medida de la devaluación monetaria, practicada a expensas del país. Con ella se inicia un siglo de aventura financiera que acabará con el colapso de 1680. Ante ese horizonte los copartícipes en la empresa hispánica de Castilla empiezan a preguntarse hasta dónde han ido y si es posible continuar. Los portugueses viven a la expectativa, ya que, en definitiva, se han enquistado en los puestos de mando del Imperio en América y en los lugares de provecho económico en Madrid; pero les duele la pérdida de la Insulindia. En Cataluña se sale del amodorramiento del siglo XVI con un país dividido por el bandolerismo, que no halla en la Corte ningún alivio a sus preocupaciones. Se susurra que el rey es «castellano», que va a poner «orden» en la tierra destruyendo su gobierno pactista, y que de Castilla vendrán en adelante obispos y abades, virreyes y militares, para sojuzgar el país y preparar una explosión popular que justifique su conquista. Andalucía, Aragón, la costa cantábrica y Galicia, languidecen. Los pueblos hispánicos entran en el período de contracción del siglo XVII con una elemental intuición pesimista: la misma de Felipe III y sus validos. Hay que cerrar filas y aguardar tiempos mejores.

En 1621 toma el poder de España una nueva generación: la de Felipe IV (1621-1665) y el conde-duque de Olivares. Sigue en la privanza la grandeza latifundista andaluza, con uno de sus mas característicos representantes. Pero el nuevo valido, hombre eufórico y vital, dio un rumbo distinto a la política de la monarquía; sustituyó el pesimismo faraónico del duque de Lerma por un dinamismo imperialista, como si fuera capaz de desviar el inevitable rumbo de los acontecimientos. La primera medida consistió en sujetar los organismos burocráticos a su omnipotente voluntad; los Consejos, depurados y atemorizados, se le sometieron incondicionalmente. Con ello se frustró el equilibrio administrativo ideado por los Reyes Católicos para conjugar el autoritarismo real con el interés de los cuerpos privilegiados. Este importante paso en la centralización del poder en una sola mano fue seguido por otro no menos decisivo: el de forzar a los territorios autónomos de la Monarquía a marchar a compás de la política desplegada por el gobierno de Castilla.

Puede discutirse esta política del conde-duque en cuanto su principal obligación consistía en rehacer la economía de Castilla, ordenar la hacienda del Estado y salvar el Imperio americano del desastre. En lugar de meterse en los incómodos conflictos europeos, donde le aguardaba la potencialidad de Francia y Holanda, Olivares debía restañar las primeras heridas causadas en el mar Caribe por los neerlandeses y poner las Indias en pie de guerra. Por el contrario, con el oro reunido en Andalucía para practicar esta sana política, costeó las operaciones militares de la guerra de los Treinta Años. Su resultado fue liquidar en Europa el futuro del Imperio americano. Bien se vio en 1628, a raíz del desastre naval de Matanzas (Cuba). Las líneas de comunicación imperial saltaron destrozadas, y desde entonces incluso los piratas de La Tortuga pudieron atreverse con el antiguo coloso de los mares. Ahí, en América, se halla la clave del fracaso del conde-duque en Europa, la razón de los reveses navales (Las Dunas, 1639) y militares (Rocroi, 1643), el motivo de la secesión de Portugal y Cataluña. La llegada del tesoro americano será cada día más aleatoria y la flota de Indias no podrá cruzar el Atlántico en el crucial año de 1639.

Pero prescindiendo de estas luces con que las recientes investigaciones iluminan los insensatos malabarismos del noble andaluz, es imposible dejar de reconocer que el programa del conde-duque tenía aspectos convenientes; entre otros, a la larga, la inevitable participación de los hombres de la periferia en la colonización americana. Pero frustraron sus intentos desde el primer instante —ya en 1622 hubo viva polémica en Barcelona respecto a los límites de la autoridad real—, el tono amenazador de su aplicación y, sobre todo, los oblicuos caminos que siguió para reducir Portugal y la Corona de Aragón a la dictadura gubernamental. Ni los portugueses ni los catalanes habían contribuido a las necesidades de la Monarquía con los sacrificios de los castellanos; ni unos ni otros habían experimentado la sangría económica y biológica de estos últimos. Pero tampoco habían obtenido las colosales compensaciones otorgadas a Castilla: la exploración del continente americano, la primacía cultural y política en el seno de España. Es, pues, de buena lógica que al sentir en sus carnes el trallazo del conde-duque de Olivares, quien sólo les ofrecía participar en las responsabilidades, mas no en los beneficios de las futuras y quiméricas empresas, se parapetaran, recelosos, tras los sólidos muros de la legislación autonómica fernandina.

La guerra de nervios entre el poder central y los territorios periféricos habría quizá derivado hacia un compromiso más o menos satisfactorio para los deseos de ambas partes, si la intervención de Francia, en la guerra de los Treinta Años y su declaración de guerra a España (1635) no hubiesen abierto rápidamente la brecha de la desunión política hispánica. En París hallaron los descontentos catalanes y portugueses el apoyo exterior que necesitaban para declararse en abierta rebeldía contra su monarca. Esta escisión, de marcado carácter tradicionalista en Cataluña, donde aún pervivía la teoría de gobierno paccionado, fue precedida por dos fenómenos que es preciso considerar para formarse idea del complejo mental de aquella coyuntura, Uno es el desarrollo de la propaganda austracista, fomentada en Madrid por el oro del conde-duque de Olivares; al mismo borde de la ruina, su trompeteo furioso clamaba por la universalidad de la Monarquía hispánica, rubricada por un infantil altanerismo subversivo. Otro es la inquietud general entre los campesinos de toda España, que en Cataluña provocó movimientos de violenta desesperación a causa de los inevitables choques con las tropas mercenarias y, sobre todo, a causa de la peligrosísima actitud del gobierno central, dispuesto a que estallara el polvorín con la esperanza de recoger el poder absoluto una vez el país hubiese saltado en mil pedazos.

Esta política suicida condujo a la revuelta armada en el campo catalán desde finales de 1639 y a la feroz explosión del descontento campesino en la jornada barcelonesa del Corpus Christi de 1640. Pero todavía se habría podido limitar y sofocar la pasión popular, si el conde-duque de Olivares no hubiera decidido aprovechar el momento para realizar su programa en Cataluña, y si Francia, a la expectativa de lo que ocurría, no se hubiera propuesto aprovechar a fondo aquella coyuntura. De este modo reverdeció en el Principado la lucha que ya lo había dividido en el Cuatrocientos entre las presiones castellanas y las ambiciones francesas. Y, a compás de la misma, dando un nuevo tirón a la cuarteada unidad de la Monarquía hispánica, Portugal declaróse en rebeldía y eligió su propio soberano en el seno de la familia de los Braganza (1640).

Después de veintidós años de jactanciosa omnipotencia, el conde-duque de Olivares fue exonerado de la privanza ante el fatal desenlace de su experiencia política (1642). Mientras en los campos de batalla de Europa el ejército español, mal equipado, iba dejando a jirones las glorias de su bandera (Rocroi, 1643; Lens, 1648; Las Dunas, 1658), en la Península, Portugal lograba consolidar su independencia (1668) y Cataluña obtenía el reconocimiento de sus libertades peculiares (1653); En resumen, Castilla, agotada, caía en un siniestro pesimismo, y Cataluña, por reacción al programa del conde-duque; se aferraba desesperadamente a un orden legal que para ella significaba, de un lado; una seguridad política; pero, a la vez, el anquilosamiento dentro de una estructura económica y social ya periclitada. Lo más grave del caso fue que el triunfo de Cataluña y la pérdida de Portugal impresionaron tan vivamente a la Corte y a sus órganos, que durante el reinado de Carlos II la doctrina oficial fue respetar a fondo los privilegios de los territorios y de los individuos —incluso de los «beneméritos» encomenderos americanos—. El neoforalismo coincidió, paradójicamente, con el desarrollo en la periferia de vivos intereses económicos y de reiteradas peticiones de reformismo de la administración de la Monarquía.

La efervescencia catalana, no colmada por los mezquinos resultados de la actuación gubernamental, que para el país habían representado la pérdida del Rosellón y parte de la Cerdaña por el tratado de paz de los Pirineos (1659), apoyó en 1669 el primer golpe de Estado que en la Edad Moderna partió de la periferia de la Península para reformar la administración y la política de la Monarquía: el de Juan José de Austria. Pero, ni las circunstancias ni los personajes permitieron recoger aquel deseo de renovación, que se esterilizó en un frívolo mesianismo. España, juguete en la política internacional de los ejércitos y en la vida económica de los mercaderes de Luis XIV, se convirtió en presa fácil para la absorbente ambición de Versalles. En la contradanza de paces y guerras que caracteriza el reinado de Carlos II (1665-1700), culminó la incapacidad de la burocracia austracista para dar a la monarquía una relativa eficiencia militar o bien una precaria pero aprovechable paz. Sucesivamente se fueron desgranando posesiones: el Artois, el Franco Condado, las grandes plazas que defendían la frontera de Flandes. Pero lo más grave no fueron estos reveses, sino la absoluta pérdida de prestigio. Todos podían a España, no sólo en el campo de batalla, sino en las actividades económicas, caídas tan bajo que la Monarquía se había convertido en mera colonia de las grandes potencias europeas.

Ya en estos sucesos se advirtió que el aparato estatal estaba muy por debajo de las posibilidades del país, aunque cien años de frivolidad gubernamental hubiesen extendido la corrupción y el egoísmo en las distintas clases sociales. En esta nueva estela de sufrimientos, a Cataluña le correspondió la peor parte, ya que fue el principal teatro de operaciones en las guerras libradas contra Francia. Pero en esta ocasión no se quebrantó su fidelidad monárquica; antes bien, aceptó gustosamente su responsabilidad hispánica, en el ara de un oficioso amor a la dinastía reinante, específicamente centrado en la personalidad del doliente Carlos II.

Ante la impotencia de España para mantener sus posesiones territoriales en Europa —posesiones clave, como Flandes y el Milanesado—, Europa decidió proceder a una desmembración de la Monarquía española. Iba en ello su seguridad y, claro está, la satisfacción de muchas ambiciones históricas. Favoreció los proyectos de las cortes europeas la falta de sucesión de Carlos II: Francia y Austria apetecían para sí la fabulosa herencia; Inglaterra y Holanda deseaban evitar una aplastante hegemonía continental en manos de cualquiera de aquellas potencias. Las intrigas se anudaron alrededor del lecho de Carlos II, hasta que éste, frustradas algunas soluciones que parecían satisfactorias —la candidatura de Fernando José de Baviera—, se inclinó hacia los designios del partido francés. El deseo de mantener la unidad de la Monarquía hispana en el mundo fue el peso decisivo en la opción de la Corte. Como heredero de Carlos II se señaló, pues, a Felipe de Anjou, quien, de momento, fue aceptado por el país sin ninguna oposición.

Las rencillas internacionales lanzaron a España a una larga guerra de sucesión: Los adversarios de los Borbones emplearon todos los recursos para debilitarlos, entre ellos el fomento del arraigado tradicionalismo político en la Corona de Aragón. Es necesario decir que, por prudencia o conveniencia, Felipe V se presentó ante los catalanes como celoso amante de sus libertades. La obra de las Cortes de 1701-1702 —las primeras que tuvieron conclusión desde las de 1599— no fue vana, tanto en la consolidación de los fueros del país como en abrirle las puertas del futuro mediante el reconocimiento de su derecho a comerciar con América. Pero las dificultades creadas por la guerra fomentaron el espíritu legitimista de unos catalanes y el deseo de desquite de otros —desquite de la situación creada en 1660—. A ello se mezclaron las eternas inquietudes sociales entre los campesinos y los artesanos. En 1705, una afortunada conjura, preparada por Inglaterra, libró a los austracistas la ciudad de Barcelona, que quedó convertida en capital hispánica del pretendiente. Esta vez los catalanes lucharon obstinadamente para defender su criterio pluralista en la ordenación de la Monarquía española, aun sin darse cuenta de que era precisamente el sistema que había presidido la agonía de los últimos Austrias y que sin un amplio margen de reformas de las leyes y fueros tradicionales no era posible enderezar el país. Lucharon contra la corriente histórica y esto suele pagarse caro. En todo caso, ni la actitud de Cataluña fue unánime, ni el gobierno establecido por el Archiduque en Barcelona demostró hallarse a la altura de la tarea que le incumbía en una futura España. Por el contrario, perpetuáronse los vicios y defectos de la administración anterior, haciendo imposible la organización sistemática de los recursos de la Corona de Aragón. Sin la ayuda extranjera, aquel gobierno habría entrado en colapso en cuestión de meses. Pero los catalanes que seguían al Archiduque creían de buena fe, y estaban por ello bien convencidos de que defendían la verdadera causa de España y no tan sólo un puñado de privilegios.

Castilla, algún tanto recalcitrante primero ante la presencia de un Borbón y de ministros franceses en Madrid, acabó abrazando con entusiasmo la causa de Felipe V. Los altos cuerpos de la Corte y la administración contribuyeron a este cambio, pero el impulso fue de base muy popular. En una de esas sacudidas inexplicables de su historia, se convirtió en el más firme puntal de la dinastía borbónica. Sobre todo cuando Luis XIV se vio obligado a mendigar la paz ante la victoriosa coalición enemiga. Es posible que en ese cambio influyera la acción de una eficaz propaganda, dirigida no sólo contra el Archiduque, sino contra los catalanes, a quienes se atribuían tenebrosos propósitos de avasallamiento de Castilla. En síntesis, el ejercito francocastellano se impuso al angloaustrocatalan en Brihuega (1710). Cuatro años más tarde, Barcelona se rendía a las tropas de Felipe V y España quedaba llana como la palma de la mano para aplicar una política objetiva y realista (1714). Pero a la mística del foralismo sucedió la mística de la centralización a todo trance, no sólo administrativa, sino incluso mental. Y en esta empresa fracasarían también la dinastía borbónica y sus colaboradores.

El reformismo borbónico

Durante un siglo, de 1700 a 1808, la nueva dinastía borbónica llevó a cabo una serie de hondas reformas. Unas venían impuestas por la liquidación del régimen austricista; hubo otras que respondieron al arbitrismo ministerial estimulado por el ejemplo europeo en la época del Despotismo Ilustrado; las más tendieron a resolver acuciantes problemas domésticos suscitados por la recuperación de la vitalidad española, vista en el aumento de población y en el auge de las actividades comerciales y manufactureras. En conjunto, el reformismo borbónico tuvo éxito en cuanto rehizo la potencialidad de España en Europa y América; pero encauzó el Estado por las vías de un rígido racionalismo, contrario al sentido histórico de lo hispano. Por otra parte, sus mismas reformas contribuyeron a suscitar nuevos problemas: el de la burguesía periférica, deseosa de expansionismo mercantil, y el del campesinado interno, ávido de tierras para el cultivo.

Una «nueva planta» echó por la borda del pasado el régimen de privilegios y fueros de la Corona de Aragón; pero, en cambio, se conservaron en el País Vasco y Navarra, adeptos a la causa de Felipe V (1700-1746), que por tal causa fueron denominados Provincias Exentas. Cataluña quedó convertida en campo de experimentos administrativos unificados: capitán general, audiencia, intendente, corregidores, todo al objeto de que el país pagara el ejército de ocupación encargado de vigilar el cobro del impuesto único o cadastro. La transformación fue tan violenta que durante quince años estuvo al borde de la ruina. Pero luego resultó que el desescombro de privilegios y fueros le benefició insospechadamente, no sólo porque obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir, sino porque les brindó las mismas posibilidades que a Castilla en el seno de la común monarquía. En este período —aunque en realidad provenga de 1680— se difunde el calificativo de laborioso que, durante siglo y medio, fue tópico de ritual al referirse a los catalanes. Y, en efecto, se desarrolló entonces la cuarta gran etapa de colonización agrícola del país, cuyo símbolo fue el viñedo y cuyo resultado, el aguardiente, suscitó un activo comercio internacional, beneficioso para todas las poblaciones de la costa y, singularmente, para la marina catalana, que en pocos decenios renovó ajados laureles. En cuanto a la industria, lo decisivo fue la introducción de las manufacturas algodoneras, financiadas por los capitales sobrantes de la explotación agrícola y el auge mercantil, Estos signos de revolución industrial, estimulados por la presencia de entidades rectoras, como la Junta de Comercio de Cataluña, se difunden por toda la periferia peninsular: Valencia, Málaga, Cádiz, La Coruña, Santander, Bilbao, resurgen vivamente. Hacia 1760 las regiones del litoral superan a las del interior en población, recursos y nivel de vida. El cambio de centro de gravedad económico es un hecho inevitable, y su influencia explica la medida decretada por Carlos III (1759-1788) en 1778, quebrantando el monopolio andaluz sobre el comercio americano y liberalizándolo entre varios puertos españoles y americanos. En un decenio decuplicaron las exportaciones y una riada de dinero permitió nuevas inversiones industriales y el lujo de una política exterior independiente, basada en una eficaz flota de guerra.

Este proceso de integración social entre los distintos pueblos de España, en el que los catalanes tomaron parte decisiva mediante una triple expansión demográfica, comercial y fabril, fue de mucha mayor enjundia que cualquier medida legislativa ideada desde la época de Felipe II. Sin embargo, la Corte perseveró en su empeño de no ver las cosas más que a través de una administración en extremo celosa de sus derechos y de sus prebendas, y también de los intereses de la aristocracia de Andalucía y Extremadura, que continuaba detentando el poder o sus aledaños a través de los cuerpos administrativos y de sus ramificaciones en los organismos de Estado: manufacturas reales, compañías privilegiadas, Banco de San Carlos, etc. Sólo bajo Carlos III, entre 1770 y 1788, a todos los españoles se les dieron, por fin, idénticas posibilidades. Pero con la lamentable obligación de tener que renunciar a hermosas parcelas de su personalidad en aras de un sacrosanto uniformismo estatal. Contra esa espiritualidad aristocrática, superficial y helada, el pueblo reaccionó diversamente según las regiones: en general, procuró captar lo más vivo, que dirigió en formas folklóricas; pero, ante la imposibilidad de forzar la barrera que separaba los dos mundos, dio a luz el casticismo hispánico. De mediados del siglo XVIII es el triunfo de la corriente popular que, partiendo del vacío de la época de los últimos Austrias, crea el marchamo de la España costumbrista: los toros, en primer lugar, y, en torno, el flamenquismo, la gitanería y el majismo.

Frente a este movimiento, en las alturas se desarrolla la polémica del pensamiento francés. La filosofía de la Ilustración introdujo en España el concepto de la necesidad de una reforma educativa y social del país que le pusiera al nivel alcanzado por otras naciones en el aspecto económico, científico y técnico; y también, el espíritu de crítica respecto al legado religioso de Occidente concretado en la obra de la Iglesia católica. Estas ideas fueron difundidas por cuatro generaciones de intelectuales —que se presentan respectivamente por los nombres de Feijoo, Flórez, Campomanes y Jovellanos— y aceptadas poco a poco por una minoría de aristócratas, hidalgos, clérigos, intelectuales y estudiantes universitarios. Los núcleos difusos del nuevo pensamiento se centraron en las Sociedades de Amigos del País, organizadas desde el gobierno (1774) a imagen de la Sociedad Vascongada, que se fundó en 1765. La burguesía apenas respondió a este movimiento, porque en realidad aún no existía en España como tal clase social.

Los ministros que gobernaron en esta época, procedentes de la nobleza o la clase media acomodada y oriundos en su mayor parte de la periferia (Ensenada, logroñés; Campomanes y Jovellanos, asturianos; Aranda, de Aragón; Floridablanca, murciano; los Gálvez, malagueños), aplicaron sus esfuerzos a resolver el problema decisivo de la economía española: el de la agricultura meridional. Un aumento de tres millones de almas en la población obligaba a esta concentración de la óptica ministerial. Las medidas arbitradas fueron de orden vario: equipamiento de las vías de comunicación, con la apertura de canales y el desarrollo de la red de carreteras; programa de colonización interior, como la emprendida por Olavide en Sierra Morena; proyectos de desvinculación de los mayorazgos y de desamortización eclesiástica. Una de ellas fue tajante: el fin de los privilegios de la trashumancia encarnados en la poderosa organización pastoril, la Mesta. Cabe calibrar ese cambio de rumbo teniendo en cuenta la mentalidad económica prevaleciente en Castilla desde el siglo XII. Pero, sin embargo, esa política no alcanzó las raíces del problema, cuya solución exigía unos recursos económicos y una buena voluntad muy alejados de la posibilidades españolas de la época: la de los arrendamientos rústicos a corto plazo, la de las comunidades agrarias empobrecidas por los abusos señoriales aún persistentes, la de los latifundios baldíos y las «manos muertas». En Castilla no faltaba tierra para el ejército de 150.000 mendigos que pululaban por el país. Pero los obstáculos fueron insuperables e incluso las reformas propuestas por Jovellanos en su Informe sobre la ley Agraria no pasaron de ser un testimonio de previsor patriotismo.

Nadie desconocía que se vivía sobre un volcán o por lo menos sobre la posibilidad de un grave estallido de descontento popular. En 1765 se había decretado la libertad del comercio de cereales —medida muy atinada para provocar el progreso de la agricultura, pero no para asegurar el abastecimiento de las urbes—. Al año siguiente, una cosecha corta, incidiendo sobre el precio de los cereales, levantó a las masas urbanas en Madrid y varias ciudades de Castilla y Aragón. El movimiento, canalizado en la capital contra la privanza del marqués de Esquilache (1766), reveló la gravedad del problema de la tierra y motivó la primera ley de reforma agraria que conoce la historia de Andalucía y Extremadura. Pero la dificilísima peripecia de su aplicación y fracaso final (1766-1793) ha quedado oculta tras el diversionismo de los ministros ilustrados de Carlos III, quienes hicieron recaer la culpa de la agitación popular en la Compañía de Jesús. Esta fue expulsada de España y América en 1767, y suprimida luego por la Santa Sede al socaire de una campaña organizada por los gobiernos borbónicos de España, Francia e Italia. Con ello no se logró pacificar el país, pero sí terminar a favor de los intereses de la Monarquía la lucha de ésta contra el Papado en defensa de sus regalías: o sea, la sumisión de la Iglesia a los intereses del Estado. Y el primer peldaño estribaba en ganar la batalla de la instrucción pública, eliminando de Universidades y colegios a los jesuitas que detentaban la enseñanza en ellos.

La polarización de gran parte de los anhelos reformistas bajo la égida de Carlos III ha convertido a este monarca en el paradigma del Despotismo Ilustrado en España. Su misma personalidad revela la amplitud de objetivos propuestos y la timidez en los recursos empleados para alcanzarlos. Es evidente que dio al país un tono de modernidad política y desahogo económico, a la vez que una sensación de fortaleza en las guerras marítimas que libró contra Inglaterra en defensa del Imperio americano: desafortunada la primera (1761 a 1763), ventajosa la segunda, en que apoyó a los colonos ingleses de Norteamérica en su lucha por la independencia (1779-1783). Su obra habría alcanzado mayor desarrollo, incluso teniendo en cuenta la menguada categoría humana de su sucesor, Carlos IV (1788 a 1808), si el desencadenamiento de la revolución en Francia no hubiese motivado un viraje peligroso para la política interna española. Echando por la borda el programa reformista, el ministro de aquel monarca, Godoy, sólo conservó el aparato externo del Despotismo Ilustrado: la omnipotencia ministerial, la dictadura de la administración sobre el país. Durante dos decenios (1788-1808) se incubó en muchas almas el espíritu revolucionario que habría de estallar en 1808, con motivo de la crisis de la Monarquía. Alimentóse, en unos, con la llama de la tradición dinástica, y, en otros, con el alborozado deseo de sumergirse en el desbordante océano de ilusiones surgido de la Revolución francesa.

Política y economía

en la España del siglo XIX

El motín de Aranjuez (17 de marzo de 1808) fue el primer síntoma evidente de que el humor político y social había cambiado en España. La intervención del pueblo —agitado por elementos provocadores— a favor del príncipe Fernando, motivó la abdicación de Carlos IV y el fin del régimen dictatorial de Godoy. Simple anécdota en los textos históricos, debe medirse en la profundidad del cambio de signo; un monarca había sido destronado a causa de una acción popular. Amanecía una nueva época, aunque fuera al amparo de las bayonetas de Napoleón. Pero éste tenía otros planes: el primero, adueñarse del Estado español e imponerle un aparato administrativo eficaz. Ni los afrancesados ni el pueblo comprendían aquella maniobra. A las pocas semanas, temerosos del regreso de Godoy, un grupo de conjurados aprovechó el sentimentalismo popular para echarse sobre el francés. Así se dio la trágica jornada del 2 de mayo, en la que lo más notable fue la dramática aparición de la masa popular como primer sujeto de la vida política española

Derrumbado el aparato burocrático de la Monarquía en parte por la forzada abdicación de los reyes, en parte por la claudicación de los organismos gubernamentales, la presión popular se reveló en su plenitud en las decisivas jornadas de la última semana de mayo y primera de junio de 1808. En aquellos días, las clases medias, los intelectuales y los hidalgos asumieron el poder, respaldándose en el fervor de artesanos o campesinos dispuestos a partirse el pecho y combatir a las autoridades que, siguiendo el ejemplo madrileño, colaboraban con los franceses. En definitiva, se trató de una acción destinada a librar a Espalta de los godoyistas más que de expulsar a las tropas napoleónicas. Pero una vez éstas se quedaron para imponer a José I y la Constitución de Bayona, entonces el movimiento se concentró en un arrebatado impulso —que estuvo muy lejos de ser unánime— contra los invasores y lo que ellos representaban en Europa. Y, además, en otro no menos transparente de aprovechar aquellas circunstancias para dar a la Monarquía una nueva orientación que hiciera imposible el despotismo ministerial y la humillación que todos estaban sufriendo.

En la revolución de mayo de 1808 lo que menos interesa es el fenómeno cantonalista, producto de las circunstancias en que había estallado el movimiento. Lo decisivo es el deseo de reformas que aparece en los propósitos de cada una de las Juntas provinciales y, más adelante, en el seno de la Junta Central Suprema. La sacudida popular había sido tan fuerte, que el reformismo político y social se convirtió en uno de los objetivos principales de la lucha, al lado del evidente deseo de mantener la independencia del país. El pueblo, peor o mejor encuadrado por unos mandos militares dudosos, activo siempre en la guerrilla, dando sus ardientes pechos en la defensa de las plazas fuertes, combatía por unos ideales concretos y primarios: por su casa, por su Dios y por su rey; en definitiva, por el país. Pero sería craso error ignorar el fermento de renovación social, incluso la tendencia antiaristocrática, que estimulaba a los garrochistas de Bailén, a los somatenes del Bruch o a los guerrilleros zaragozanos.

La élite del país aparecía, por el contrario, dividida en cuatro grandes direcciones: los que aceptaban —y eran los menos— el estado de cosas anterior al movimiento de mayo; los que habían acatado a José Bonaparte y consideraban que el mejor régimen para España descansaba en la incitación de la Francia napoleónica (se les llamó afrancesados); los tradicionalistas, que buscaban la panacea de la reconstitución estatal en el respeto de los antiguos moldes de la Monarquía (ya fueran foralistas, ya centralizadores); en fin, los reformistas, que, combatiendo a los franceses por invasores, creían en la oportunidad de la redacción de una Carta constitucional de corte revolucionario: intelectuales, curas de abolengo más o menos jansenista, grandes propietarios y parte de las clases. medias de la periferia peninsular.

El apoyo inglés y el desarrollo de las circunstancias —el ataque de la Grande Armée entre 1809 y 1812— favorecieron los propósitos del último grupo. Obtuvieron la reunión de unas Cortes generales en Cádiz, entregadas incondicionalmente a su causa. En ellas, sucesivamente, proclamaron la soberanía nacional y la libertad de imprenta y dieron al país la Constitución de 1812, más española en el fondo de lo que parece en la forma. Las divergencias de criterio sobre muchos puntos discutidos en la asamblea gaditana coagularon las principales corrientes de opinión: unos fueron llamados serviles, otros liberales. La controversia sobre la supresión del Santo Oficio —la primera polémica pública sobre el pasado de España— abrió un foso insalvable entre ambos bandos, sobre todo cuando el episcopado se opuso de modo tajante a admitir aquella medida.

La expulsión de los franceses de España y el retorno de Fernando VII (1814-1833) coincidieron en plantear una delicada situación política. En la pugna entablada entre liberales y serviles, el monarca optó por la solución más cómoda: la restauración del puro absolutismo, desoyendo no sólo las exigencias liberales (lo que era lógico en aquel momento), sino también las demandas de los persas, realistas de cuño tradicionalizante, pero partidarios de algunas reformas en la Monarquía que evitaran el despotismo ministerial. La decisión del rey arrojó a los liberales al seno de las sectas secretas, en filas cuales se concertaron con los oficiales del ejército que habían regresado de las cárceles francesas o con los jefes de los guerrilleros. Ambos grupos habían sufrido hondo desengaño al ser rechazados a posición secundaria, mientras se daban las prebendas a los supervivientes del Viejo Régimen, entusiastas godoyistas que habían sido vapuleados por las tropas napoleónicas. Así, en el seno de la masonería y del carbonarismo, males endémicos de la época, se preparó la larga etapa del ejército liberal en España.

En 1820, después de varias intentonas frustradas, los oficiales de esa tendencia lograron pronunciar contra el absolutismo a las tropas que, en Andalucía, esperaban el embarque para América. Nombres y episodios carecen de importancia. El hecho evidente es el triunfo del movimiento en las guarniciones de la periferia, la defección final del ejército del Centro y la aceptación por el monarca de la Carta constitucional de 1812. En el seno de la Europa atónita, España se convirtió en faro de la revolución liberal, del que partieron los rayos que encendieron movimientos análogos en Portugal e Italia. Pero excepto en las masas urbanas, el país continuó adscrito a su credo tradicional. Ello explica la intrascendencia de la batalla política que libraban en Madrid las dos nacientes ramas del árbol del liberalismo español: los doceañistas y los exaltados. Mientras tanto, el campo del norte de España daba prueba de creciente intranquilidad, la cual desembocó en el levantamiento realista del verano de 1822, especialmente violento en Navarra y Cataluña. Aquí quedó constituida una regencia, la de Urgel, cuyo programa se remonta no ya al caprichoso absolutismo de la última experiencia fernandina, sino a la tendencia reformista y foral del Manifiesto de los persas de 1814.

Con los exaltados en el poder, el constitucionalismo perdió la simpatía de los terratenientes y de los nobles —amenazados en sus derechos señoriales— y de los burgueses. Algunos capitalistas se vieron amenazados por los primeros conatos de agitación obrera que registró la historia de España. Bastó, pues, un simple paseo militar —el del ejército francés denominado los Cien Mil Hijos de San Luis— para desmontar el aparato de la segunda experiencia constitucional en España (1823). De nuevo los liberales conocieron una oleada de persecución y depuraciones, réplica aguda a las que ellos mismos acababan de ejercer. La mayoría partió para el exilio, siguiendo el ejemplo de tantos otros movimientos políticos españoles. Pero el de 1823 tuvo especial relieve, porque los constitucionalistas eran gente joven, deseosa de novedades. Y entre otras cosas, descubrirían el movimiento romántico en su plenitud creadora. En Francia y, sobre todo, en Inglaterra, el liberalismo y el romanticismo se dieron la mano, y así habían de regresar a España en 1833.

Mientras tanto, en la Península algo había cambiado en el seno del partido realista. La fracción más importante del mismo, dirigida por el audaz grupo de los «apostólicos», empezó a desconfiar de Fernando VII. Se le reprochaba su excesiva indulgencia respecto a los elementos moderados del ejército; el crédito que daba a los altos funcionarios del Estado de tendencia afrancesada; la negativa a admitir en bloque a los oficiales y tropa del voluntariado realista de 1822-1823; su posición suspecta en cuanto a rehabilitar el tribunal del Santo Oficio. Este grupo puso sus ojos en la persona de Carlos de Borbón, hermano y probable sucesor de Fernando VII. Esperaban que aquél acogería la integridad de su movimiento, empeñado ahora de modo concreto en la defensa del ideal católico español y una forma absoluta de gobierno compatible con la tradición foral del país. La ruptura entre Fernando VII y los apostólicos acaeció en 1827, con motivo del alzamiento catalán de los «malcontents» (agraviados). Desde este momento se dibujó el partido carlista, mientras en las altas esferas se buscaba ansiosamente una fórmula que permitiera gobernar entre los grupos extremistas: carlistas, de un lado; liberales, de otro. No queriendo caer ni en un sistema ni en otro, Fernando VII prefirió ir gobernando dictatorialmente, apoyándose en una burocracia «ilustrada», que le era muy afecta, y cuyos tentáculos alcanzaban, de un lado, a los banqueros afrancesados en el exilio, y, de otro, a los industriales del algodón de Barcelona, a los comerciantes de Cádiz y, también, a no pocos grupos de emigrados liberales moderados.

El liberalismo moderado —o sea, la libertad bien entendida— era, precisamente, la fórmula que apoyaba la burguesía de las ciudades del litoral y los hombres de negocio que empezaban a surgir en Madrid al compás del incipiente desarrollo de la economía nacional. Por esta causa, la inclinación de la Corte hacia el bando moderado liberal no sólo representó una actitud de defensa de los derechos sucesorios de la recién nacida princesa Isabel (1830), sino una tendencia de la burocracia fernandina a orillar el violento choque que se presentía entre exaltados y carlistas. La proclamación de Isabel como heredera de la Corona no fue, pues, el resultado de un mero cabildeo cortesano. La burguesía festejó en todas partes el acontecimiento con singular aplauso.

El levantamiento carlista de 1833, muerto ya Fernando VII y en la regencia del Estado su viuda María Cristina de Borbón, se localizó en las regiones donde era más vivo el espíritu foral y los campesinos gozaban de relativa independencia económica: Vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña. Ello obligó al gobierno a acentuar sus disposiciones liberales. El poder fue confiado a los moderados (liberales doceañistas más burócratas ilustrados), los cuales creyeron hallar la panacea a los conflictos que dividían el país promulgando el Estatuto Real, especie de Carta otorgada que, salvaguardando el principio monárquico, permitía la intervención de las clases adineradas en el gobierno del país. Este era, precisamente, el ideal burgués; de forma que el Estatuto fue recibido con emocionada gratitud por esta clase social, que entraba en una época de franco empuje con la introducción de las primeras máquinas de vapor (Barcelona, 1833). Pero el régimen moderado previsto por ese instrumento legislativo se frustró ante la virulencia de las pasiones desatadas por la guerra civil que asolaba el Norte de España. Mientras los carlistas tenían en jaque a las desorganizadas columnas del ejército cristino, en las principales ciudades sobrevenían feroces explosiones anticlericales, motivadas por oscuros resentimientos seculares y la propaganda demagógica de los liberales exaltados. En 1834 y 1835 numerosos conventos fueron quemados y saqueados y sus moradores acosados y, en algunos casos, asesinados. Lo mismo aconteció en los grandes monasterios que todavía dominaban la vida rural del país. Pero en este caso es más comprensible la actitud de los campesinos, cuya vida había sido muy dura en los últimos tiempos.

Aprovechando esta situación, el ministro Mendizábal puso en práctica una idea, albergada ya por los burócratas de la época de Carlos III y Carlos IV y vivamente defendida por la familia liberal desde 1812 en las Cortes de Cádiz: la desamortización de los bienes del clero. Esta medida (1837) tiene la mayor importancia en el cuadro de los sucesos político-sociales del siglo XIX. Pudo ser una verdadera reforma agraria, que estabilizase la suerte del campesino castellano, extremeño y andaluz, y se limitó a ser una transferencia de bienes de la Iglesia a las clases económicamente fuertes (grandes propietarios, aristócratas y burgueses), de la que el Estado sacó el menor provecho y los labradores gran daño. Consecuencias inmediatas de esa medida fueron la consolidación del régimen liberal (los conservadores, compradores de bienes nacionales, se vincularon por interés a la causa de Isabel II) y la expansión del neolatifundismo, mucho más poderoso y, sobre todo, más egoísta que el creado durante los siglos XIII a XV.

Un nuevo corrimiento hacia la izquierda —provocado por unos sargentos en La Granja— iluminó la Constitución de 1837, una de las más liberales de la época. Fue expresión de la inquieta minoría progresista (antiguos exaltados), que contaba con la adhesión de unos cuantos intelectuales, de varios jefes de alta graduación militar y de las masas del recién nacido proletariado industrial. Algunos éxitos alcanzados en la guerra civil, subsiguientes a la desmoralización del partido carlista, hicieron del progresismo, que ofrendaba al país la pacificación (Convenio de Vergara, 1839), un partido decididamente ambicioso. Su jefe, el general Espartero, se vio con arrestos para enfrentarse con la regente y obtener la renuncia de María Cristina. Ésa fue, en esencia, una victoria del bajo pueblo —concretamente, de los obreros y menestrales barceloneses— contra la burguesía urbana. Pero en la escena política española levantó el telón sobre un episodio no previsto: el gobierno de los espadones. Puesto que nadie tenía autoridad —ni la Corona, ni los partidos, ni el pueblo— alguien había de ordenar el gobierno respaldándolo con las bayonetas del ejército. Y en este punto, con Espartero, empezó la trayectoria del militarismo romántico español, esmaltado con numerosos y a veces sangrientos pronunciamientos.

El gobierno de los progresistas y de Espartero (1840- 1843) no fue convincente. Sobre todo, la burguesía de Barcelona no podía perdonarle el apoyo que en él hallaban los obreros, ni éstos le exculpaban del incumplimiento de sus promesas. En aquel entonces, la vitalidad económica de la capital de Cataluña la había convertido en punta de flecha del dinamismo político español. La situación degeneró muy pronto en abierta oposición entre la Regencia y los barceloneses, cuya ciudad fue bombardeada por las tropas del gobierno (1842). Ello provocó, al año siguiente, la caída de Espartero, pues la misma Barcelona se erigió en adalid de la facción que, al socaire del pronunciamiento de Torrejón de Ardor (1843), había de dar el poder a los elementos modelados. Cataluña salió desilusionada de la prueba: había creído poder dirigir la política española a través de una Junta General y se encontró sitiada, vencida y amordazada por un permanente estado de guerra. La única compensación fue que, en estas circunstancias, la burguesía se vio con las manos libres para industrializar la región.

El gran período moderado (1844-1868) fue, políticamente, una época gris. Bajo la égida de la Constitución de 1845, lógicamente conservadora y censitaria, los gobiernos se fueron sucediendo, presididos realmente o tras cortinas por el general Ramón Narváez, el espadón del moderantismo. Cuando le pareció necesario, no vaciló éste en acudir a los procedimientos de una dictadura larvada en los mismos pliegues de los artículos constitucionales. El episodio de la Vicalvarada (1854), un pronunciamiento de abolengo liberal, entrañó una consecuencia inesperada: la brusca aparición de las masas urbanas en la escena política española, en un movimiento cuya amplitud sólo puede medirse por el precedente de 1808. Esto dio lugar a una nueva y breve experiencia progresista, reflejo del movimiento democrático europeo de 1848. Los hechos más interesantes de esta etapa fueron el desencadenamiento de una inesperada oleada de prosperidad, a causa de la guerra de Crimea y de la flexión al alza de la coyuntura, y la aparición de movimientos obreros ampliamente organizados. Cataluña asistió a la primera huelga general, declarada por los trabajadores para arrancar del gobierno —donde de nuevo se hallaba Espartero— el derecho de asociación (1855); Andalucía y Castilla contemplaron extensas manifestaciones de campesinos, en son de protesta por la terrible condición en que habían caído desde que la Iglesia había perdido sus bienes y éstos habían pasado a manos de capitalistas sin escrúpulos. El gobierno de Espartero no pudo resistir ni las presiones de base ni las intrigas de altura. Y así se esfumó el bienio de la Vicalvarada.

La reacción subsiguiente fue frenada por la devoción liberal del ejército, que facilitó una nueva apertura política, intermedia entre progresistas y moderados: la Unión Liberal, en la que brilló la estrella del general Leopoldo O'Donnell. Los unionistas estimaban representar la verdadera tradición del moderantismo liberal frente a las desviaciones conservadoras de Narváez y su equipo. En realidad, estas disputas constituían un entretenido juego personalista, en que se dirimían ambiciones de bajo cuño, estimuladas por la desgraciada intervención de Isabel II y sus consejeros en la vida política. El país se mantuvo ausente de esta farsa. Se cuidaban de dar testimonio de él los «caciques», intermediarios políticos entre el pueblo y el Estado, surgidos al calor de la atonía de la masa neutra, o sea de aquellos que nada tenían a ganar jugando las cartas de la reforma o las de la reacción. El balbuciente parlamentarismo español había de contar con los caciques para hacer verosímil el supuesto palenque constitucional.

En otros aspectos, resulta mucho más interesante la actuación de la generación moderantista isabelina. En primer lugar, garantizaron el nuevo orden agrario, llegando a un acuerdo con el Papado sobre la expropiación de los bienes del clero (Concordato de 1851); el Estado, o sea la generalidad de los españoles, se comprometía a sostener el culto y a los eclesiásticos mediante una retribución anual. Luego favorecieron la desmembración de los bienes de propios y comunes —base de la economía de muchos municipios rurales— a lo largo de una costumbre jurídica fundada en especiosos textos legales. Con esta redistribución de la propiedad, se duplicó la superficie cultivada, de modo que el país contó de momento con suficientes recursos alimenticios, pero sin que ello contribuyera a mejorar el nivel de vida y la situación social de la gran mayoría del campesinado. Por el contrario, el rapidísimo auge de la población creó una creciente masa de proletariado agrícola, sobre todo en Andalucía (braceros) y en Extremadura (yunteros). Soluciones específicas al problema agrario, como la de convertir en regadío los terrenos de secano, no pudieron aplicarse en gran escala a causa de la falta de capitales. No obstante, a esta época corresponden las primeras grandes iniciativas de una política hidráulica eficiente (canal de Urgel, 1860).

La misma escasez de capitales comprometió el porvenir de la red ferroviaria española. Desde 1840 este asunto sirvió de base a procelosas fintas financieras, en que anduvieron emparejados la banca, la política y el capital extranjero. Las primeras instalaciones corrieron a cargo de compañías locales, que tendieron tramos de rendimiento seguro (Barcelona a Mataró, 1818). Pero para el establecimiento de la red territorial fue preciso contar con más poderosas inversiones. Así acudieron los capitales extranjeros, guiados por los Rotschild o los Pereyre: franceses, belgas e ingleses. Con este dinero pudo construirse parte de la vía férrea española; el resto procedía de Cataluña. Pese a los errores económicos cometidos, el ferrocarril vinculó a las regiones españolas con más fuertes lazos que los del liberalismo centralista de cuño francés. El nuevo sistema de comunicación permitiría desde 1880 el trasiego de poblaciones en gran escala y afirmaría la mutua relación entre el proteccionismo cerealista castellano y el proteccionismo industrial catalán. Criterio contrario al prevaleciente en la Europa coetánea, pero absolutamente necesario para evitar desastrosos hundimientos del precio de los cereales o de los tejidos.

La industria ligera, en efecto, se afirma en Cataluña siguiendo la estela de la textil algodonera. Una industria casi doméstica, dispersa, poco racionalizada, pero llevada hacia adelante con enormes sacrificios individuales e inquebrantable voluntad de triunfo. El vapor se impone en todo el país, provocando un tirón de la gente del campo hacia la ciudad. Barcelona crece desordenadamente, en medio de asonadas y bullangas. En cambio, la industria pesada choca con mayores dificultades, ya que la hulla y el hierro están lejos y son muy insuficientes. Algunos establecimientos aparecen en la ciudad, en un alarde de entusiasmo creador. Pero ya para aquel entonces los principales centros de la industria pesada española se sitúan a lo largo de la costa cantábrica, en Asturias y Vizcaya, donde la abundancia de hulla y mineral de hierro, respectivamente, explican el funcionamiento de altos hornos y fundiciones de metal.

Los gobiernos moderados isabelinos prestaron relativo interés al equipamiento industrial. El país, por otra parte, sólo pedía al gobierno que se inmiscuyera lo menos posible en la vida económica, excepto para garantizar su futuro contra la competencia extranjera. En cambio, aprovecharon el apaciguamiento de las discordias civiles para darle una nueva estructura administrativa. Ellos fijaron las bases de la hacienda, de la instrucción nacional y del orden público. Sobre todo causó época la fundación de la Guardia Civil (1844). Ella mantuvo el orden en el campo y en la ciudad, no sólo contra bandoleros y criminales, contrabandistas y salteadores, sino contra los campesinos sublevados por años de miseria y los obreros mediatizados por leoninas condiciones laborales. Hacienda, instrucción, gobierno, milicia, dieron vida y eficacia a la organización provincial, nacida en 1833 como instrumento de combate contra el carlismo. La provincia fue la quintaesencia del liberalismo centralizado. En ella acabó de moldearse la mentalidad del funcionario público, que en esta época no brilló precisamente por su ilustración e integridad. El funcionario cesaba a cada cambio de gobierno y había de aprovechar su gestión para equilibrar el futuro presupuesto

El régimen moderado sucumbió a causa de la falta de grandeza en sus ideales internos y externos. La guerra de Marruecos (1859), la titulada pomposamente del Pacífico (1861), la intervención en México (1861), fueron campañas de propaganda patriótica, que ocultaban tremendas impreparaciones militares. La sistemática negativa a ensanchar sus horizontes, la eliminación perseverante de toda posibilidad de cambio, a derecha o a izquierda, la corrupción administrativa, la frivolidad del Trono, redujeron el partido a unos cuantos hombres ya gastados y a una escueta estructura burocrática. Su caída, provocada por el ejército, todavía liberal, arrastró consigo a la realeza, con la cual ni los mismos prohombres del grupo conservador —Cánovas del Castillo, entre ellos— se avenían ya a tratar. Pero el pronunciamiento de 1868, triunfante en el Puente de Alcolea, alcanzó un desarrollo mucho más lejano de lo previsto por sus adalides: Prim, Serrano, Topete. El movimiento de la «España con honra» desembocó en un levantamiento revolucionario general, que intentó una experiencia singular en la vida española del siglo XIX: dar al país la posibilidad de gobernarse a sí mismo. Tal fue el sentido profundo de la Revolución de Septiembre.

La primera experiencia democrática realizada por España puso de relieve la buena voluntad de una minoría y la indisciplina del pueblo, sometido a presiones mucho más tremendas que las que requerían su intervención como simple coeficiente en la vida pública a través del sufragio universal. Aparte el nuevo brote de carlismo, que afectó a Navarra y Cataluña como herencia directa de la insatisfacción del campesinado católico del Norte, los gobernantes tuvieron que luchar con el ambiente de bandería que machacaba toda acción conjunta, con la pereza mental de la burocracia y con el infantilismo místico de nuevas ideologías acrecidas al calor de una inesperada libertad. En pocos años el federalismo se adueñó de la costa mediterránea y andaluza, mientras le seguía en pos el extremismo obrerista, reflejo de la Primera Internacional. Esta corriente debía hallar entre los braceros andaluces y un grupo de obreros catalanes una franca acogida. Sobre ellos había ya caído la doctrina de Proudhon, a través de las obras de Pi y Margall.

Del Gobierno Provisional, con Juan Prim, a la monarquía de Amadeo de Saboya (1871 a 1873), con ineficaces y puntillosos ministros a su servicio; de esta monarquía a la Primera República, el país conoció un vértigo político condigno de su exaltación y de los problemas que realmente experimentaba, sobre todo, el agrario y el obrero. Las soluciones se agotaron en escasos meses, hasta desembocar en el frenesí cantonalista, ápice del federalismo pimargalliano y contramarca del foralismo carlista. Después de tan manifiestas divergencias, en plena guerra civil en la Península y en Cuba, sólo era posible arbitrar una fórmula que hiciera un Estado viable y capaz de cobijar imparcialmente a todos los españoles: la monarquía legítima, ampliamente constitucional. Esta fue la idea que preconizó Antonio Cánovas del Castillo y que impuso después de la liquidación de la República por el golpe de Estado de Pavía (1874), con la restauración de los Borbones en la persona de Alfonso XII.

La Restauración fue, esencialmente, un acto de fe en la convivencia hispánica. Aún hoy cabe admirar el tacto con que se procedió a la redacción de la Carta constitucional de 1876, la imparcialidad que presidió la redacción de los grandes códigos legales: el Código civil, la Ley Hipotecaria, las leyes de Enjuiciamiento civil y criminal. Cánovas quiso hacer un Estado legal, no arbitrista, respaldado por las fuerzas vivas del país: propietarios agrícolas, industriales y burgueses, y por un ejército sin veleidades de pronunciamiento. Su política fue, pues, conservadora, sin más concesiones que las necesarias para dar al juego parlamentario una vertebración dialéctica activa, pero limitada a intereses no trascendentes. El hecho de que obtuviera la colaboración del antiguo jefe liberal P. Mateo Sagasta para establecer un turno pacífico en el poder no hace más que acreditar su sagacidad de estadista.

Coincidiendo con la gran etapa de expansión burguesa, la Restauración prestó un impulso decidido al equipamiento industrial. Partiendo de la legislación librecambista, impuesta en 1869 por el ministro Figuerola, el país salió del atolladero a que lo había conducido el proteccionismo en la década anterior. Con tal medida, se abrieron las riquezas minerales de la Península a la voracidad de las finanzas extranjeras, y el cobre, el plomo y el hierro fueron embarcados con destino a Francia, Inglaterra y Bélgica. Pero era preciso empezar de nuevo, y a nadie puede acusarse de pensar con su época en bien del país. De esta manera se pudo hacer frente a la instalación de nuevos ferrocarriles, al desarrollo de los servicios públicos, a la ampliación de la industria textil catalana y a la creación e inverosímil expansión del complejo industrial y financiero de Vizcaya. Gracias a los beneficios obtenidos con la venta del mineral de hierro, los vascos subieron en veinte años al primer puesto hispano en la industria pesada, el transporte marítimo y la banca. Por su parte, la potencialidad financiera catalana quedó plasmada en la Exposición Internacional de 1888 y en el desbordamiento de Barcelona fuera de sus muros medievales. Pero este auge estuvo siempre limitado por un factor importante: el de la escasísima capacidad de consumo de la masa agraria. De aquí la exigencia de medidas proteccionistas, el exiguo acrecentamiento de los capitales, la imposibilidad de reconversiones e instalaciones industriales de nueva planta en gran escala. Pero contra aquella barrera se estrellaron tanto los denodados esfuerzos del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, bastión de la alta burguesía catalana, como los desinteresados proyectos de unos cuantos intelectuales: tal Joaquín Costa. El campo movilizó con una gran parsimonia sus efectivos, introduciendo una fatal cuña en el seno de la vida económica española.

La pasividad campesina —mantenida, desde luego, por Cánovas— explica que la Restauración tuviera que recurrir a la ficción legal para mantener el mecanismo parlamentario que la centraba. Sin o con sufragio universal, un pueblo de esquilmados agricultores había de desinteresarse de la cosa pública, concentrando sus esfuerzos en una lucha directa, estéril y agotadora, para obtener mayores retribuciones para su trabajo. Esta es la principal causa del desarrollo del caciquismo en este período. La superestructura general española preconizada por Cánovas quedó minada por su base, durante una generación, por una primaria organización tribal, ajena por completo a las grandes exigencias nacionales, y, lo que es más, insegura, pronta a levantarse al lado del primer agente provocador o del primer propagandista subversivo.

El activismo español floreció grandemente bajo la capa reposada de la Restauración. En primer lugar, activismo intelectual. Aparecieron grupos que no se sintieron satisfechos tal como España era, no ya en el aspecto político, secundario para ellos, sino en su esencia histórica y en sus relaciones con la cultura europea. Uno de ellos fue el equipo de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos y otros discípulos y admiradores de Sanz del Río, quien había introducido en España la filosofía de Krause. La intelligentsia krausista preparó la intelectualidad española insatisfecha del siglo XX, deseosa de nuevos horizontes científicos, de incorporarse a Europa. Antitradicionalista, para ella España era un mundo incomprendido, que debía rehacerse no según la tradición católica, sino con las líneas apenas esbozadas de un pasado singular; europeizante, volcó sobre Castilla el aluvión de novedades librescas, en especial germánicas, que renovaron y revolucionaron las cátedras universitarias; nacionalista, practicó un credo castellanizante, que, como Olivares, tendía a confundir España con Castilla. Otro grupo fue el catalanista, heredero del provincialismo del siglo XVIII, del espíritu literario de las promociones románticas y de la debacle moral del federalismo y del carlismo. El catalanismo no negó a España en cuanto a realización histórica; negó la interpretación que de esta historia había dado el liberalismo centralizante, el ajuste de la marcha del país al ritmo de Castilla y las consecuencias políticas y económicas que se desprendían de tales hechos. Por esta causa, negativo en cuanto a la tónica de la Restauración, el catalanismo fue, desde sus primeros años, un movimiento de juvenil optimismo, expresado con mentalidad e idioma distintos al castellano, pero no por ello menos necesariamente hispánicos,

Otra fuente de activismo la constituyó el movimiento proletario. Este fenómeno acaeció en el país como irradiación de la corriente socialista general europea, con las variantes propias de las circunstancias económicas y de la idiosincrasia de las masas obreras españolas. Desde 1830 aparecieron en Cataluña sociedades de resistencia entre los obreros de la industria textil, las cuales tuvieron una vida incierta, más o menos complicada por las alteraciones políticas de la época. El momento de mayor auge del societarismo catalán corresponde a 1854-1855. El ímpetu ideológico subversivo fue una adaptación del utopismo de un Cabet y, sobre todo, del individualismo antiestatal proudhoniano. Ello explica la aceptación del credo bakuniniano, difundido por Fanelli, discípulo de Bakunin, en 1869, y la fundación en Barcelona de la Federación Regional Española de la Internacional (1870), de declarada tendencia anarquista. Esta corriente se difundió por Valencia, Murcia y Andalucía, mientras que el grupo madrileño se orientaba, conforme a un espíritu burocrático y ordenancista, hacia la posición autoritaria marxista. Disuelta la Internacional en 1874, este último grupo engendró, sucesivamente, el Partido Socialista Obrero Español (1879) y la Unión General de Trabajadores (1888). Su organizador fue Pablo Iglesias. El socialismo logró escasos adherentes en la periferia mediterránea y andaluza; en cambio, los obtuvo en la zona de la industria pesada del Norte (Vizcaya y Asturias). En Cataluña, Valencia y Andalucía continuó prevaleciendo el ideal sindicalista, pero sobre él se sobrepusieron grupos de anarquistas de varias procedencias, dispuestos a liquidar el mundo burgués mediante actos de violencia personal. Entre 1892 y 1897 Barcelona fue teatro de una endémica manifestación terrorista, que mucho antes de la guerra callejera de 1917 a 1922 le dieron triste fama en los anales del subversivismo mundial. Esta expansión anarquista costó la vida a don Antonio Cánovas, primero de los presidentes del Consejo que había de ser inmolado en el ara de la batalla social.

La crisis del siglo XX

Durante la primera mitad del siglo XX, España fue sacudida por una profunda crisis. No le quita importancia el hecho de que pueda considerarse como una versión regional de la crisis general europea de esta centuria. Si muchos problemas fueron idénticos y paralelos, hay algunas facetas de este proceso que afectan exclusivamente a la vida española.

En primerísimo lugar, el desasosiego español se manifestó mucho antes que el europeo, en plena época del dorado y prosaico fin du siècle. Aunque muchos indicios apuntaban hacia un hondo cambio espiritual, éste cristalizó al amparo de la derrota experimentada por España ante los Estados Unidos en 1898. El frívolo optimismo oficial, el fácil patriotismo callejero, dejaron paso a una consternación universal, que en unos fue simple rellano para otra etapa intrascendente y en otros sentimiento de humillación y vergüenza, de jurada voluntad de cambio, ya por los caminos de la exaltación nacionalista, ya por los del internacionalismo revolucionario. Estos dos últimos grupos estaban de acuerdo en que aquello —el gobierno, la sociedad, la vida cursi y boba, el engaño, la rutina y la pereza— no podía seguir sin provocar la extinción de España. Pero ¿qué era España? A esta pregunta se contestó en forma muy varia: España era Castilla, España era Africa, España era una entelequia, España era la suma de las regiones autónomas de la época de los Reyes Católicos, etc. Aquella generación, sin embargo, lanzó dos afirmaciones unánimes y tajantes: España no les gustaba tal como era y era preciso europeizarla a toda costa. Sobre qué forma se daría a la futura España que ambicionaban aquellos hombres, hubo divergencia de miras: los periféricos, sobre todo los catalanes, predicaron una solución optimista, constructiva, burguesa e historicista; los castellanos, en cambio, se caracterizaron por su pesimismo, el desgarro de su pasado, su aristocratismo y su abstractismo. Ambos grupos tenían su razón de ser en un nacionalismo ardiente, que deseaba quemar etapas y restaurar la grandeza de España. Si ello no era posible, si España estaba muerta, los catalanes, los vascos, los gallegos habrían de renunciar a sobrellevar el peso de Castilla. Todo el problema estaba ahí. El impacto de esta inquieta mentalidad en la masa española suscitó, de momento, una recuperación intelectual y literaria de primer orden, que no cedió a lo largo de los decenios sucesivos, Pero las ideas que contenía —ideas explosivas, capaces de hacer saltar al país en pedazos— sólo trascendieron a la política hacia 1917, después de una condigna elaboración filosófica e histórica.

La divergencia generacional a que hemos aludido —y que expresamos en el doble grafismo: 1898 para Castilla, 1901 para Cataluña— provocó un disentimiento de criterios entre Castilla y Cataluña respecto a cuál había de ser la organización del Estado español. En el ápice de la polémica intelectual y del juego político se llegó a posiciones especulativas abocadas al mutuo separatismo ideológico, que no dejaron de ser aprovechadas por los captadores de fáciles entusiasmos. La estricta realidad de los hechos revela, dentro de la corriente nacionalista mencionada, una intervención de los catalanes en la vida científica, social y económica de España superior a cualquiera de la que tuvieron en el pasado. En el fondo de este asunto se debatió no sólo la posibilidad de admitir una cultura autóctona y auténtica como representativa de una modalidad de lo hispánico, sino también la posibilidad de dar al Estado una estructura eficiente y moderna, cuyos dirigentes, en lugar de politiquear, lo abocaran a la solución de los mas urgentes y dramáticos problemas del país. Para cohonestar ambas tendencias, los nacionalistas catalanes solicitaban un régimen de autonomía. Su propuesta fue envidriada por anquilosadas concepciones y por el temor de que iba a producirse el cuarteamiento del Estado español surgido del Renacimiento o bien el declive de la misión histórica de Castilla como entidad nacional fundadora del mismo.

El tercer problema fue el religioso. Eran generales en Europa, desde luego, el ataque contra el catolicismo y la separación de las masas del seno de la Iglesia; pero específicamente español fue el modo de presentarse, de combinarse con la política e incluso con la guerra. El liberalismo aristocrático y burgués decimonónico había sido regalista y moderadamente laico; su gran objetivo consistió en eliminar a las Ordenes religiosas y proceder a la adquisición de sus bienes. Pero la Iglesia secular debía ser defendida y protegida por el mismo Estado (Constitución de 1845, Concordato de 1851). Mientras tanto, las corrientes democráticas, republicanas y federales predicaron no sólo un anticlericalismo general, sino también, y por vez primera en España, una actitud atea. La escisión que se produjo en el seno del país en 1869 cuando se discutió el tema de la unidad católica de España debía repercutir hondamente en el futuro. Desde 1868, la propaganda antirreligiosa abrió anchos boquetes en el antiguo bloque católico español, sobre todo en las zonas industriales proletarizadas. La reacción de la Iglesia fue bastante débil a lo largo de la centuria, si exceptuamos el grupo de apologetas dirigido por Balmes; a finales de ella, sólo una personalidad, Menéndez y Pelayo, se elevó sobre la vulgaridad para defender la raíz católica de la vida hispánica. No obstante, en estos años de la Restauración, la mano abierta de los gobernantes favoreció a la Iglesia mediante la difusión de la enseñanza por antiguas y nuevas congregaciones religiosas. Un nuevo factor a señalar es el de la vinculación regionalista de gran parte del clero periférico, impulso que suscitó una poderosa corriente de recuperación religiosa. Así, también la Iglesia española tuvo su generación del 98. De esos focos locales —Cataluña, Valencia, Asturias, País Vasco, sobre todo— partió una oleada de restauración litúrgica, que halló nuevos arrimaderos de fervor popular, sobre todo entre la nobleza, la burguesía y las clases medias. En estas condiciones de recuperación católica, fue más vivo el choque con la primera oleada anticlerical del siglo, que se desencadenó en 1901 a remolque de las campañas francesas y portuguesas. La demagogia desbordó su cascada sobre las masas proletarizadas y preparó su ruptura con la Iglesia, acusada de ser instrumento de la burguesía y de los propietarios contra sus reivindicaciones de clase. Esta psicología de defraudación puede explicar los atentados contra los templos de que tan pródiga ha sido la reciente historia española, a partir de la Semana Trágica barcelonesa de 1909. Sin embargo, la Iglesia no abandonó el camino que se había trazado: la reconquista de la sociedad por las vías de la educación.

En el campo social sus tentativas fueron muy tímidas, aunque muchas y variadas, tanto en las zonas industriales como en las agrarias. Por desgracia, los dirigentes de esta acción, incluso las más altas jerarquías, no hallaron el apoyo de que eran merecedores. En 1917 —crisis general en las relaciones laborales— el movimiento obrero católico fue sacrificado y dejado a su suerte. El sindicalismo amarillo se nutriría de este grupo, desviándolo hacia posiciones de combate que no favorecieron ni la paz social ni la tolerancia religiosa.

La actitud de las clases conservadoras respecto a las reivindicaciones obreras fue en España más intransigente que en otros países de Occidente a causa de la presencia de un movimiento anarquista desbordante y demoledor. Todavía hoy está por aclarar si el anarquismo se desarrolló a consecuencia de la falta de visión y la dureza del patronato español, o bien si éste adoptó su posición de fuerte resistencia ante la tendencia del sindicalismo anarquista a la acción subversiva o declaradamente revolucionaria. En todo caso, mientras la burguesía e incluso los gobiernos llegaron a poder negociar con la Unión General de Trabajadores (U.G.T.), organización laboral del Partido Socialista, y éste participó en la vida política y municipal española, el sindicalismo anarquista fue inmanejable. De hecho, hay que distinguir en él dos corrientes: el sindicalismo puro, de invitación francesa, apolítico y partidario de la acción directa, que se organiza en Barcelona desde 1901 (y da lugar a la Solidaridad Obrera, a la Federación de Sociedades Obreras de Barcelona, a la confederación Regional del Trabajo de Cataluña y a la Confederación Nacional del Trabajo, o C.N.T., y los Sindicatos Unicos, 1918), y el anarquismo militante. Esta corriente, decaída después del fracaso del terrorismo individualista de finales de siglo, fue adueñándose poco a poco del sindicalismo laboral, hasta someterlo (después de 1909) a sus ideales de revolución social, cataclismática y definitiva. Así se fue concretando el anarcosindicalismo, cuya simbiosis hicieron indestructible las luchas callejeras barcelonesas entre 1919 y 1923. Sindicalistas, anarquistas teóricos, profesionales del terrorismo, pistoleros, se mezclaron en uno de los conjuntos subversivos más explosivos —y todavía menos estudiados— del complejo social europeo surgido de la guerra del 14. Gente dispuesta a arrebatar el poder de manos de la burguesía y de sus fuerzas coactivas, a aniquilar el Estado en un gran empujón revolucionario, y a iniciar una vida de propiedad colectivizada en el seno de municipios libres, de economía agraria y patriarcal. Utopía desmadejada, sin parangón posible en el mundo, pura reacción del campesino analfabeto transformado en obrero mecanizado de una empresa urbana.

En fin, el último rasgo hispánico de la crisis del siglo XX es el agrario. No es exclusivo, pues fue compartido con los países de la Europa oriental y balcánica; pero sí diferencial, en cuanto no lo presentaron los demás países de Occidente. Este arduo problema, a la vez moral, económico, técnico y social, quedó orillado en la obra de gobierno de los partidos turnantes —selección de los grandes propietarios—. La Primera Guerra Mundial le dio una solución momentánea con las demandas de productos del campo y de materias primas por parte de los países beligerantes. Pero la caída de precios y el desempleo subsiguiente agravaron el ya inquietante horizonte del campo español.

Las demás facetas de la crisis hispánica son idénticas a las europeas generales: diversidad de miras entre dirigismo y libertad económicos; entre autoritarismo y democracia; entre propiedad privada y colectivización de los medios de producción; entre concepción humanista y concepción materialista de la vida. Pero dado el temperamento hispano y la entidad de los problemas aludidos, se desarrollaron en el suelo peninsular con una violencia extremada.

Hasta 1936 se intentaron tres soluciones para vencer las dificultades con que tropezaba la organización de la sociedad española. La primera fue, bajo el reinado efectivo de Alfonso XIII (1902-1931), la aplicación correcta del régimen parlamentario, tal como se presentaba en la Constitución de 1876 y como Cánovas, su autor, no había querido desarrollarlo. El artífice de esta política fue Antonio Manta; su gran idea, la reforma de la administración local, que consideró en la doble vertiente de descuajar el caciquismo en Castilla y dar cabida a los deseos autonomistas de Cataluña. Pero la explosión obrerista de 1909 en Barcelona —presentida desde 1901, pero no evitada por quienes consideraban el problema obrero bajo una óptica de orden público— determinó el fracaso de tal política. Una orientación a la izquierda, preconizada por José Canalejas, representó algunos avances por un espacio limitado de tiempo. Su asesinato y la declaración de la Primera Guerra Mundial cancelaron aquella esperanzadora experiencia reformista.

A pesar de que España se mantuvo neutral, la guerra provocó el desquiciamiento de la sociedad decimonónica. El doble chorro que se inyectaba desde los campos de batalla de Europa —dinero para abastos, ideas para mantener la fe en la lucha— alentó el proceso de transformación. Incluso el ejército experimentó el impacto subversivo: en su seno se constituyeron las Juntas de Defensa. Sus actos, sus proclamas, contribuyeron a demoler los principios en que se basaban los gobiernos parlamentarios, gobiernos de pura gestión, atosigados por las reivindicaciones políticas, sociales y autonomistas.. En 1917 esta situación hizo crisis. La huelga obrera de aquél año fue sofocada por el ejército y la burguesía catalana, que acaudillaba un movimiento de renovación política, se dejó arrastrar por las apetitosas alamedas del poder.

La crisis de 1917 preparó unos años de exasperación. Insolidaria e invertebrada —ésta fue la coyuntura que definió Ortega—, cada porción de la sociedad buscó soluciones drásticas: el sindicalismo obrero, entregándose a una ciega lucha en las calles, lugar elegido precisamente por los elementos más reaccionarios de la burguesía, especializados en llamar al ejército en su auxilio; el regionalismo catalán, que había recibido una primera estructura política en la Mancomunidad de Cataluña (1913), reclamando un texto legal definitivo en sus campañas de autodeterminación, derivadas de los principios del presidente Wilson; el radicalismo castellano, acechando la menor ocasión para echarse sobre cualquier gobierno; y todos, a coro, exclamando que debía buscarse una nueva solución política.

Contrariamente a las previsiones de muchos, la solución fue el establecimiento de una dictadura por el general Primo de Rivera en 1923. Se derogó la Constitución de 1876 y quedó roto el mismo principio de legitimidad de la Corona; pero en aquellas circunstancias —terrorismo, campañas coloniales desfavorables, disgregación del Estado— el monarca y el ejército creyeron que debían intervenir y reorganizar la vida del país. Era un momento propicio para intentar este propósito, pues el Occidente europeo se reorganizaba en el sentido conservador y Mussolini había ya dado su golpe sobre Roma. Primo de Rivera aplicó un sistema de gobierno paternalista, puramente defensivo, que vivió tanto cuanto duró la oleada de prosperidad general que siguió al fin de la I Gran Guerra. La crisis económica de 1929 le alejó del poder. Su caída reveló la inmensidad de su fracaso: aparte la pacificación de Marruecos y la realización de algunas obras públicas, todo estaba por hacer. Aún más, los problemas se habían enconado a causa de su persistencia y de la oleada de radicalismos que la gran crisis estaba suscitando en toda Europa.

La mística de la reforma revolucionaria, generalizada en buena parte del pueblo español en 1931, dio vida a la tercera solución: la Segunda República. Llevada al poder gracias a un inicial movimiento de entusiasmo popular, preconizó un Estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales. Era un sistema conveniente a una burguesía de izquierdas, de clase media liberal y de menestralía, precisamente las fuerzas menos vivas —excepto en algunos territorios periféricos, como Cataluña— del panorama español. De este modo. el camino de la República fue totalmente obstaculizado por las presiones de los obreros (los sindicalistas de la C.N.T., inducidos por la mística de la Tercera Revolución, y los socialistas de la U.G.T., por el revolucionarismo marxista) y la reacción de los grandes latifundistas (sublevación de Sanjurjo, 1932). También los católicos, que se sentían amenazados en sus conciencias, hostilizaron a la República y en lugar de apoderarse democrática y sinceramente de sus puestos de mando, contribuyeron a minarla. Sobre estos profundos desgarrones en la piel de toro hispánica, no cayó otro bálsamo que la apología de la violencia, aprendida de la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la Austria de Dollfuss, la Rusia de Stalin y hasta incluso de la Francia de febrero del 34. Europa se echó sobre España, enturbió sus ojos y la precipitó hacia la tremenda crisis de octubre de 1934 en Cataluña y Asturias, de la que salió con una mentalidad revolucionaria en la derecha y en la izquierda. Y así, de la misma manera que muchas gotas de agua forman un torrente, los hispanos se dejaron arrastrar hacia el dramático torbellino de julio de 1936.

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Los primeros pobladores

En la primera edición de esta obra dejé de lado lo prehistórico. No me sentía con fuerzas para vencer la desconfianza que me inspiraba el método arqueológico desde que, concluida la guerra de Tres Años, muchos prehistoriadores se lanzaron alegremente al campo de la más pura divagación. Y ello con tanto mayor motivo por cuanto, como discípulo de P. Bosch Gimpera, había seguido con avidez inagotable la aventura intelectual y humana de los prehistoriadores. Mi actitud fue criticada por mis buenos amigos los arqueólogos; pero no prometí enmendarme. En efecto, me parece que la prehistoria española trabaja sobre bases documentales muy reducidas y con estudios monográficos más reducidos todavía. Basta un simple cálculo para darse cuenta de que los yacimientos líticos apenas cubren una milésima del tiempo y del espacio que sería necesario conocer para formular una teoría que tuviera ciertas probabilidades de sostenerse con éxito; basta mirar un mapa arqueológico para convencerse de que la distribución de los yacimientos corresponde más a la proximidad de un centro universitario o a la de un servicio prehistórico que a la posible realidad de la difusión de una cultura. En fin, es muy difícil la papeleta del prehistoriador, en España y fuera de ella.

Si en esta segunda edición me he decidido a incluir dos capítulos de prehistoria, lo hago, en primer lugar, para atestiguar que ni me siento indiferente al más remoto pasado de las Españas ni tampoco a la labor de mis colegas y amigos los prehistoriadores. Aunque de momento sus contribuciones tengan un valor puramente de repertorio, es evidente que han contribuido a abrir una ventana sobre esos seiscientos y pico de miles de años que nos separan de los primeros homínidas. Esta profundidad temporal es suficiente para que les agradezcamos sus entusiasmos y les perdonemos las intuiciones con que nos han hecho extraviar tantas veces por las veredas más antiguas del pasado español. Por otra parte, en los últimos trabajos de los arqueólogos se aprecia una cierta tendencia a la unificación de criterios, lo que siempre señala un progreso considerable.

En mi exposición totalmente libre de influjos directos de grupo o escuela, he seguido la línea moderada de los maduros, o sea la que puede representarse por los nombres de Luis Pericot, Martín Almagro y Julio Caro Baroja. Se me objetará que con esos nombres es imposible trazar una línea mínima común; pero como yo no soy ni prehistoriador ni antropólogo, puedo ver las cosas desde un ángulo más liberal. No tanto, sin embargo, como para convertir la prehistoria hispana en fuego de artificio.

En la presentación general del tema me he apoyado en las recientes obras de André Varagnac. En los detalles he seguido a los clásicos citados (y además, a Bosch Gimpera). Todo el capítulo sufre de la falta de datos auténticos, concretos y fidedignos. Pero esto no es culpa mía. El gran problema que se debate ahora es si Africa tuvo o no influencia en el desarrollo de las primeras poblaciones españolas. Hace treinta años todo era profundamente occidentalizante y africanista; diez años después, lo africano aún ganó entidad y prestigio; hoy, apenas nadie cree en ello. Misterios de la ciencia prehistórica. No sabemos, pues, si los australopitecienses pudieron establecerse en España cruzando el estrecho de Gibraltar —empresa muy difícil— o bien tuvieron que dar un rodeo por el mar Caspio —lo que es un señor periplo—. Lo mismo sucede respecto a los itinerarios de los pitecantrópidos y los solutrenses.

La ausencia de Africa hace cargar el peso de los influjos exteriores sobre Europa y el Mediterráneo. En el texto hemos ponderado el papel de los magdalenienses, porque parece que realmente ellos fueron los primeros que pensaron en el «cómo hacer las cosas y mecanizaron desde entonces el mundo. Es posible que ello no sea así. Pero, desde luego, nos gustaría a todos que los prehistoriadores se dejaran de pegar etiquetas a sus cacharros y nos ilustraran sobre las formas de vida de los hombres que los labraron. También puede resultar un error; pero cuánto más interesante que los que se cometen con tantos estratos como andan revueltos por esos libros que ya nadie consulta. Y no digamos nada respecto al problema del arte mediterráneo con que termina el capítulo. Todavía hoy nadie sabe dónde situarlo con justeza. ¡Benditos sean mis tiempos de estudiante, cuando creíamos que eran los capsienses de Africa los portadores de tal estilo! Después nos enteramos de que todo había sido gratuito y que la equivocación se debía al horrorem vacui, tan sensible entre los prehistoriadores.

Colonizadores e invasores

Este capítulo se puede trabajar con mucha mayor holgura que el anterior, porque hay más documentación —alguna, histórica— y las afirmaciones divagantes y las genialidades de los intuitivos quedan más fácilmente bloqueadas.

La temática se inscribe en la línea del más puro mediterraneísmo. En mis buenos tiempos, el neófito prehistoriador había de ser occidentalista, sobre todo en la cuestión de los megalitos. Ahora, al revés, todo proviene de Oriente. Soy el primer convencido de ello. Lo que ya no afirmaría con tal seguridad es la serie de oleadas que dan los autores más conspicuos. Es mucho ese Mediterráneo para necesitar tanta gente que se desplace de un lado para otro; hasta con buenas relaciones de playa a playa. Si en el siglo XVIII la técnica del bou tarda solamente medio siglo en avanzar del golfo de Rosas al de Vizcaya, podemos sospechar que todo fue posible siempre en el Mediterráneo occidental con veinte reinos y una vela cuadrada. En fin, que es cuestión de paciencia, de investigaciones in situ y de grandes monografías. Por ahora las echamos de menos. Así los problemas de los neolíticos antiguos y de los pueblos de la cerámica cordial quedan por entero sin resolver. Están solamente apuntados, pero no pondría la mano en el fuego para defender ninguna tesis. Sería peligroso.

El cuadro del pleno Neolítico, en cambio, me parece que casi es definitivo. Lo que en él estorban son los vasos campaniformes. Tal expansión me parece no sólo rara, sino incongruente con cualquier otra manifestación hispánica en tiempos más recientes. Pero detrás de ella hay una sólida tesis doctoral, y nadie —yo el primero— se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Donde la polémica se endurece es al llegar al primer milenio. Aquí continúa una batalla campal, de la que en el texto no hemos dado ni tan siquiera una lejana idea. Respecto a las colonizaciones, bastará significar que hasta hay quien niega la existencia de Tartessos, a pesar de las ilustres referencias bíblicas. Pero el caballo de batalla son los celtas y los iberos. Después de una fase de desbordante iberismo —etapa Bosch Gimpera—, se desencadenó una ofensiva celtista verdaderamente demoledora —etapa Almagro—, que coincidió con un reajuste draconiano de la cronología del arte ibérico —teoría García Bellido—. Todo ello, seguramente, para proclamar la marcialidad de la gens hispanica primitiva y establecer un posible unitarismo anterior a la colonización romana.

Esta última posición es absurda, porque por definición todos los pueblos primitivos son particularistas y sólo se transforman en mentalmente unitarios a través de presiones psicológicas colectivas —de tipo religioso, jurídico, histórico y lingüístico—, que implican un proceso histórico ya muy evolucionado.

Hispania romana

Este capítulo abarca numerosos problemas. El principal es, desde luego, el relativo a la supervivencia de lo romano en el mundo hispánico posterior. En este aspecto el espejismo ha sido tan sensacional como explosiva resultó ser la afirmación de Américo Castro negando todo parentesco entre la mentalidad romana y la España de la Reconquista. Ante esta postura, mantienen sus posiciones tanto R. Menéndez Pidal como C. Sánchez Albornoz y Luis G. de Valdeavellano. Este último es, quizá, el más convencido del poder unificador de la romanización (incluso en el aspecto social, «los pobladores indígenas se van fundiendo con los colonos itálicos y se unifica la organización social de la España romana»). Sánchez Albornoz vacila mucho más; pero después de afirmar «que tanto yerran quienes la tienen por decisiva como quienes la juzgan inoperante», escribe, a renglón seguido, «que la de Roma fue fecunda en el hacer de España... porque favoreció su comprensión (de los peninsulares) de la superior unidad hispana».

Después de haber hecho un buen repaso de mis clásicos y de haber recorrido la trayectoria de la historia económica de Hispania bajo Roma, me encuentro ahora en una posición empírica, no muy distante de la de A. Castro, aunque más aproximada a la de J. Caro Baroja. Por ello he tenido que rehacer buena parte de este capítulo, en que antes aceptaba, matizándolas, las conclusiones de Menéndez Pidal. De todas maneras, no esta dicha la última palabra, y todos deseamos la floración de una escuela de historia clásica que pudiera responder a los interrogantes que les formulamos. Sería interesante que se discutiera el papel de la burguesía provincial y de los funcionarios retirados en la romanización; el contraste entre campo y ciudad; el efecto, demoledor, de las invasiones francas del siglo IV y de las sublevaciones de campesinos de la centuria siguiente; el papel de la Iglesia en esta época. En la actualidad sólo podemos fluctuar entre afirmaciones generales, siempre gratuitas, y detalles mínimos, sólidos peso aún sin horizontes.

El epigonismo visigodo

Nada hay más sujeto a revisión en estos momentos que la historia de los visigodos. Prescindiendo de la inevitable polémica sobre el ser de España y de Castilla, una serie de medievalistas se han acercado de buena fe a la documentación y material arqueológico procedente de aquellos tiempos y han empezado a demoler un edificio retórico, construido por la erudición romántica y el institucionalismo de cuño germánico. A medida que se van logrando avances y el campo queda despejado, uno comprueba que los visigodos fueron una pura superestructura de poder. De modo que se confirma la hipótesis general de trabajo que adelanté en la primera edición de esta obra sobre el «epigonismo» visigótico.

Hay puntos en donde el cambio de ideas es fundamental. Por ejemplo, la no persistencia de los godos en la Meseta después de la invasión musulmana. Sánchez Albornoz había establecido una interesante teoría sobre los orígenes del pueblo castellano (coyunda de vascos, cántabros y visigodos). Esto está ahora arrinconado por la arqueología y la lingüística. También ha sido arrumbado el famoso proceso de la fusión de razas entre godos e hispanos. Aun después de promulgada la norma jurídica que autorizaba los matrimonios mixtos, estos fueron muy pocos, y en las listas de autoridades eclesiásticas figuraba muchas veces la mención de godos, romanos, griegos o africanos. Lo mismo puede decirse respecto al legado jurídico y artístico visigodo. Las conclusiones son siempre negativas.

«No puede sobrevivir —escribe un especialista en estas cuestiones, Ramón de Abadal— quien no ha vivido.» No obstante, el peso de la superestructura estatal goda legó un principio importante: la unidad política de la monarquía, que había de ser reivindicada lentamente por las cancillerías de León y Castilla.

El triunfo del Islamismo

En estas páginas culmina el problema de la continuidad hispánica. ¿Rompió el alud musulmán toda tradición con la Hispania romana y visigoda? Ésta es la tesis de Castro, con la que se han enfrentado C. Sánchez Albornoz y otros.

Ya en la primera edición de esta obra había subrayado mi parecer sobre el carácter catastrófico de la invasión musulmana, que derribó de golpe una estructura social. Sin embargo, estaba en aquel entonces convencido de la eficacia de las tesis sostenidas por Gómez Moreno sobre el papel de los mozárabes en la reconstitución de los valores culturales de la Cristiandad hispánica. Pareció que éstas iban a cobrar nueva firmeza con los descubrimientos de jarchyas y la brillante exposición de Maravall sobre la influencia del mozarabismo en el Norte. Pero la crítica de Millás Vallicrosa a las teorías de C. Sánchez Albornoz me ha convencido de que la verdad se halla en la comprensión de este doble fenómeno: conversión de los campesinos al Islam y disminución del papel atribuido a los mozárabes como elemento disidente en el Sur y nacionalista en el Norte.

Situar la ruptura de las dos Españas —la prehistórico-colonial y la cristiano-señorial— en el siglo VIII o en el X no parece que tenga mayor trascendencia. Lo importante es señalar la solución de continuidad entre las tradiciones de un mundo y otro. Y aun, en este caso, hechas todas las reservas respecto al desarrollo ininterrumpido de lo económico, social y psicológico. En la historia no hay ni pueden haber puertas que se cierren a cal y canto, ya que por capilaridades a veces imperceptibles se suelda lo que parecía roto y se injerta lo desgajado.

Legitimismo astur

e intrusión franca

No hay ninguna innovación esencial ni en la temática ni en la problemática de este capítulo respecto al de la anterior edición, excepto la de reducir el papel del mozarabismo y dar mayores oportunidades a los miembros de la oligarquía militar y administrativa visigoda en los orígenes del reino. Claro está que podríamos hablar largamente de la enojosa polémica alrededor de la invención del sepulcro de Santiago. Pero aquí estamos de acuerdo con Sánchez Albornoz en que lo importante no fueron ni el hecho ni el procedimiento de su hallazgo, sino la fuerza espiritual que lo reclamaba como adalid del pueblo cristiano en el transcurso del siglo IX.

En este mismo siglo aparece la cuestión de las intitulaciones de los monarcas. Atizada por la erudición germánica, la castellana ha dedicado largos desvelos a rehacer, interpretar y valorar las fórmulas cancillerescas. Afirmo de una vez para siempre que no creo en absoluto en la eficacia de este método. A pesar de ello, y para no hacerme demasiado incómodo, acepto en el texto las posibles «vivencias» históricas del legitimismo astur.

La tendencia francesa de Cataluña, que Maravall ha intentado rebajar, queda absolutamente probada en las últimas obras de R. de Abadal.

Califalismo y leonesismo

La exposición de las realizaciones califales del siglo X se reduce siempre a un esquema de las grandes obras de Lévy-Provençal. Es lástima, ya que el eminente historiador del Islam español jamás se preocupó —y desde su punto de vista, lo comprendemos muy bien— de problemas de estructura social y económica, de relaciones entre campo y ciudad, etc. Y así hoy por hoy aún no sabemos con exactitud por qué surgió el aspecto militarista del Islam, en qué bases sociales se apoyó, cómo fue posible instaurar la esclavitud en la milicia y la agricultura, etc.

De la misma manera, la excesiva literatura sobre los títulos imperiales leoneses descuida el planteamiento de las contradicciones económicas y sociales que precipitaron la ruina de tal monarquía. Sería muy posible llegar a una aproximación más directa del conocimiento histórico si las investigaciones tuvieran en cuenta problemas como el de la frontera, según ha indicado tantas veces Sánchez Albornoz, que en este terreno es autoridad capital. Recordemos brevemente que la marcha de los godos hacia Galicia en el siglo IX invalida el trípode en que tan ilustre autor hacía que se sostuviera el arranque histórico de Castilla.

El retorno de Europa.

El navarrismo y el espíritu de Castilla

La línea de trabajo que se sostiene en este capítulo no será aceptada fácilmente, aunque a mi juicio dé razón satisfactoria a muchos fenómenos. La fuerza cultural desarrollada por Europa incide sobre todos los reinos hispánicos, y de ella se benefician en primer lugar Navarra e inmediatamente después Castilla. Debemos señalar que esta corriente tiene un centro impulsor: el Papado. Millás y Vallicrosa ha puesto de relieve este punto en sentido espiritual y político. Pero no puede disminuirse el papel de cluniacenses y cistercienses en la renovación de las estructuras agrarias.

El Papado y Europa pesan de firme desde el siglo XI en el futuro hispánico. Me parece que esto se ha olvidado bastante, a la luz engañosa del nacionalismo castellano (Menéndez Pidal) y de la polémica sobre su pasado y futuro (aunque Castro y Sánchez Albornoz se preocupan del camino de Santiago, como no podía ser menos). De todas maneras, es un hecho cierto el surgimiento de Castilla con una poderosa personalidad, que hemos procurado caracterizar acudiendo al mejor conocedor de su espíritu primitivo —el ya citado Sánchez Albornoz—, aunque presentándolo con las reservas antropológicas y sociológicas que podrán apreciarse en el texto.

En la política de Alfonso VI, que tanto juego ha dado en la mecánica del imperialismo cancilleresco medieval, debería buscarse su base estructural, concretamente el desplazamiento de las comunidades pastoriles del Norte (navarros, cántabros, castellanos) hacia el Mediterráneo y Levante. Pero como sabemos muy poco de ello —en espera de una monografía que un notable medievalista nos tiene prometida—, nos marearnos con la interpretación de textos que no tienen más valor qué el de representar una retórica «corta». En cuanto a la figura del Cid, me parece que después de la contribución de Camón Aznar, que nos guió en la primera edición, y de los estudios del profesor Ubieto sobre la cronología del Cantar, ya ha llegado el momento de proceder a una revisión sustancial de las tesis menendezpidalianas.

Las invasiones africanas

y la difusión del ideal de Cruzada

Nos hemos metido en el mismo nudo de la problemática histórica española. Hemos medido cada palabra del texto para no desorientar ni al investigador ni al lector. De todas maneras, llamamos de nuevo la atención sobre estos hechos:

a) La aparición del ideal de Cruzada, que me parece una buena y comprobada línea de interpretación, parece estar en desacuerdo con la tendencialidad posterior de cristianos, moros y judíos a concertarse en una morada social e intelectual común. Esta contradicción existe, y se explica porque el integracionismo cristiano-islámico es un hecho urbano, mientras que el antagonismo entre cristianos y moriscos es un fenómeno agrario. La realeza oscila entre ambos bandos, ora protegiendo a unos, ora a otros, hasta la decisión, dramática por tantos conceptos, de la época de los Reyes Católicos.

b) Quizá la intervención del Papado no esté lo suficientemente recalcada. A las invasiones africanas Roma responde con una ofensiva espiritual, que se apoya en los monjes blancos del Císter. Unitaria, por su tendencia católica e incluso como heredera de los derechos del Imperio romano —he aquí otras supervivencias cancillerescas—, practica en la Península una política de apoyo al pluralismo territorial (casos de Portugal, León, Aragón y Cataluña). Otra contradicción a retener.

c) El cansancio castellano del siglo enmascarado por la cancillería y los cronistas de Alfonso VII, contrastando con la vitalidad de los pequeños Estados pirenaicos e incluso con el finisterre galaico.

d) La desgraciada fortuna de la Meseta meridional, concedida a los puros guerreros de las Órdenes Militares, los cuales deformaron el sentido de la repoblación primitiva castellana, elevaron una barrera de prevenciones sociales entre el norte y el sur del país, y dibujaron una figura nueva del castellano (ser antieconómico, anárquico, avasallador...).

Pluralismo hispánico

e Imperio pirenaico

Este capítulo presenta más dificultades de las que a primera vista parece, y en primerísimo lugar porque en él interviene Cataluña como uno de los protagonistas de la historia de España.

Eso no se ha comprendido ni bien ni mal. Hay que ver el desconocimiento que sobre la historia catalana tienen los más preeminentes profesionales castellanos. Su método de acercarse a ella es recurriendo a la anticuadísima y deformadora visión de A. Giménez Soler. Menos mal que hoy pueden hallar una versión mejor de esta problemática en la Historia de España de F. Soldevila.

Mis hipótesis descansan en los trabajos de Lacarra, Ubieto y Schramm, que han renovarlo la problemática desde un punto de vista absolutamente documental, y en la teoría que me he formado acerca del proceso histórico catalán, basada asimismo en documentos y situaciones históricas concretas. Las más recientes publicaciones concuerdan con las afirmaciones establecidas en el texto.

Quedan otras dos cuestiones pendientes, íntimamente vinculadas: la nomenclatura de la unión ente aragoneses y catalanes, de un lado y el valor de la participación de ambos pueblos en el quehacer común. Respecto a la primera, es imposible reducirla al uso de un solo término, excepto en casos específicos: para la expansión marítima, el de Cataluña o catalanes (de acuerdo con la documentación); para las relaciones con Castilla, el de aragoneses; para la obra conjunta, el de catalanoaragoneses o Corona de Aragón. Es fácil ensayar y menos fácil acertar, con absoluta buena fe respecto a la segunda cuestión, es mejor no suscitar antagonismos aldeanos: el hecho de que Aragón proporcionó la institución monárquica y Cataluña el mecanismo para hacerla fructificar demuestra la colaboración en una misma dinámica comunitaria.

Expansión militar

en la Península

y el Mediterráneo

Lo acaecido en la Península en el siglo XIII ofrece muchos puntos de vista discordantes, sobre todo en lo que se refiere a la movilización de las infraestructuras. Así, Sánchez Albornoz interpreta como un hecho similar la repoblación de Andalucía y Valencia, a pesar de las diferencias esenciales que hago resaltar en el texto y que concuerdan con los últimos estudios de Lapeyre en su Geografía de los moriscos. Esto quiere decir que no poseemos todos los conjuntos documentales deseables, o bien que parcelamos excesivamente nuestros conocimientos.

Habría podido intercalar en este capítulo varias consideraciones sobre la repercusión económica y social de la expansión territorial y política de las monarquías hispánicas. Al releerlo, no lo he considerado oportuno. He preferido introducir un nuevo capítulo en el que se asista al despliegue de las posibilidades hispánicas a comienzos del siglo XIV, o sea antes de la era de las grandes luchas civiles bajomedievales.

El ápice medieval

Tal como hemos advertido en el comentario anterior, este capítulo no figuraba en la primera edición. Creemos que su lectura no sólo servirá para descongestionar el capítulo siguiente, cuya organización no acababa de gustarme, sino para llamar la atención sobre una problemática económica, social, cultural y política que explica la acentuación de las características del pluralismo hispánico. Sobre este particular, es vano tratar de engañarse. En la vivencia de este período existe algo más que una experiencia histórica; hay el acuñamiento indeleble e irreversible de las personalidades colectivas.

Es posible que el espíritu de síntesis no me haya favorecido al señalar mi postura en el delicado debate que planteó Castro respecto al injerto de elementos islámicos y hebraicos en la mentalidad castellana. Aun considerando que el autor ha forzado la nota en alguna ocasión y que no se le puede seguir sin gran crítica por su itinerario espiritual —ideologismo de alta escuela—, encuentro su teoría más aceptable que la de C. Sánchez Albornoz, a pesar de que los hechos que éste exhibe parezcan quizá más contundentes. Pero al hablar del mundo judío, el ilustre medievalista actúa no como historiador que va a dar un testimonio, sino como juez —o a veces fiscal— de una secta peligrosa. Esto perjudica una posición que inicialmente podría serle favorable. En definitiva, y ello es lo que pesa más en mi ánimo, la hipótesis de Castro encaja más que la de su contraopinante con los documentos sobre economía, sociedad y cultura del siglo XV que yo he examinado directamente durante dos decenios y que quizá habría llegado el momento de publicar y comentar.

Comienzo de las disensiones hispánicas

No se me ha planteado ninguna dificultad de fondo al releer este capítulo. Su clave, por otra parte, es muy simple: los distintos caminos por los que Castilla y los países de la Corona de Aragón van a parar a la crisis del siglo XV se explican por el distinto peso de la burguesía en la estructura social respectiva.

Este argumento induciría quizás a dar alguna referencia en el testo a la hipótesis de C. Sánchez. Albornoz sobre la democratización de las Cortes castellanas entre Fernando III y Alfonso XI, cuando las constituían representaciones en masa de los concejos y no simples delegados de los más importantes. Es una línea de trabajo muy sugestiva. Pero son tantos los anticipos de tipo doctrinal y pragmático con que se las decora, que es posible que se haya pecado por futurismo. En todo caso, el desarrollo de la teoría pactista por las Cortes castellanas es mucho más tardío que en Cataluña y no tiene, ni con mucho, la fuerza constitucional que en el Principado. Este hecho me induce a sospechar que jamás existió en las Cortes de Castilla un verdadero estamento burgués. Hasta mediados del siglo XIV, en esa especie de Cortes abiertas, predominaron los representantes de labriegos y pastores; después, cuando la monarquía impuso su voluntad, los procuradores de las ciudades, osea los caballeros que detentaban su gobierno. Por otra parte, es bien sabido la lucha acérrima emprendida por los reyes de Castilla contra los primeros atisbos de organización gremial en las ciudades más masivas del país.

La crisis del siglo XV

Sigo en este capítulo la línea de mis investigaciones y la de mis discípulos sobre el siglo XV. Respecto a la edición anterior, he hecho algunas rectificaciones de importancia. Lo esencial es comprender la problemática social desencadenada por la larga etapa de contracción económica del siglo XV y el conflicto espiritual provocado por la disociación castellana entre cristianos viejos y conversos. Sobre este particular, dudamos de que pueda obtenerse verdadera luz si el investigador procede con ópticas ditirrámbicas o peyorativas. La oposición entre cristianos y conversos es un hecho que no admite réplicas. La pregunta que puede formularse desde el punto de vista sociológico es la siguiente: ¿por qué la inmensa mayoría de la población fracasó en la tarea de asimilar a la minoría, en un momento en que ésta todavía no había recurrido a las formas catacumbarias del siglo XVI?

La situación de la nobleza en Castilla me parece comprobada por los últimos trabajos publicados. Es una clase que va a más y no a menos. Los capítulos de su riqueza son considerables, pero todos ellos dependen de la Corona, ya que incluso sus propiedades territoriales dependen de las mercedes de Fernando III, Alfonso X, Sancho IV y Enrique II. Grandes parásitos del reino, beben también en una tercera fuente que ha señalado R. Konetzke: la expoliación de la morería granadina. En ello les ayuda la Corona. Una y otros hallan en Granada una cómoda fluente de ingresos. Y por eso no se termina la Reconquista, pese a la insistencia con que la Iglesia lo exige y la monarquía lo propugna —en plan puramente demagógico o diversivo—.

Mi retrato de Enrique IV, es el que se desprende de la lectura de documentos no viciados por la propaganda isabelina. La guerra civil castellana terminó con la victoria del bando que no defendía la causa legítima. Pero la historia da a menudo estas sorpresas.

La ordenación hispánica

por los Reyes Católicos

He redondeado este capítulo, aunque sin introducir en él modificaciones estructurales. Al cabo de ocho años, sus líneas de trabajo se mantienen útiles y efectivas. No obstante, he acentuado los rasgos de la concepción pluralista del Estado de los Reyes Católicos porque tal es la realidad que se observa cada día en el campo de investigación de las instituciones administrativas. Hasta 1714 éste será, por otra parte, el tema básico de la polémica política española.

También he dado nuevo carácter al párrafo sobre los moriscos granadinos e introducido un elemento psicológico valorativo de la influencia de la introducción del Tribunal del Santo Oficio en España. No podía prescindir de él para afrontar la temática del siglo XVI de acuerdo con los modernos horizontes de trabajo.

La Monarquía hispánica

de los Habsburgo

Escrito en 1952, el capítulo de los tres primeros Austrias ha resistido la publicación de obras capitales, como la de Lapeyre, Regló, Donglii, e incluso la conmemoración del V Centenario de Carlos V. Esto quiere decir que mi aproximación, inspirada en Braudel, Hamilton y Carande, había calado hondo. Creo que con los ligeros retoques que he introducido tendrá vigor algunos años más.

El más extenso se refiere a la problemática del meteoro burgués del siglo XVI. No es posible cargar toda la culpa a la imprudencia financiera del Prudente. Existe una deficiencia en la estructura bancaria castellana que permite definir como infantil el mecanismo de crédito de la monarquía española. El tesoro de Felipe II está en manos de genoveses, portugueses, alemanes y antuerpienses; el de su sucesor, incluso en las de los conversos. Es Castilla que no responde a la llamada del momento, a causa de las supervivencias militares, señoriales y religiosas de la última época de la Reconquista. Y una de ellas, como indicamos en el texto, es la cuestión del criptojudaísmo.

No me he metido en la discusión de la calidad del Imperio hispánico y si Carlos V se españolizó o fue un emperador universal. Este es un libro para mayores.

Ya sé que falta América, que sin el Nuevo Mundo no se explica nada de España entre los siglos XVI y XVIII. Pero para comprender esta APROXIMACIÓN basta tener presente que todo el mecanismo económico de la monarquía descansó en el suministro de productos de lujo y artículos de consumo a las colonias y en la importación de ellas de minerales preciosos del Perú y México. Todo ello monopolizado por los mercaderes de la Lonja de Sevilla, en remunerador contubernio con los funcionarios de la Casa de Contratación y con los factores extranjeros (genoveses y, después de su ruina, flamencos, ingleses y franceses).

La cifra de los moriscos ha sido rectificada de acuerdo con el último y definitivo estudio de Lapeyre.

El vuelco hispánico

y la quiebra de la

política de los Austrias

Hay temas interesantes en este dramático siglo XVII. Para aclarar el trasfondo de la dinámica política, he redactado unos párrafos para llamar la atención sobre el momento en que se inicia la crisis de la Monarquía hispánica (1604-1610) y el momento en que estalla a la faz del mundo (1640). Pierre Vílar ha sido quien más ha contribuido a orientar esta hipótesis de trabajo, que, por otra parte, empalma exactamente con el hundimiento de los últimos años de Felipe II. Sus compatriotas, el matrimonio Chaunu, nos han ilustrado sobre la poderosa incidencia del descuido de América en los asuntos europeos del conde-duque. Otras correcciones, menores, se inspiran en los trabajos de Jover, Elliott, Sanabre y Reglá sobre el siglo XVII. Añadamos que sería muy conveniente un estudio sobre los movimientos de los campesinos en España y Portugal a partir de 1615-1620 para poder aproximarnos a fondo a la crisis en que se hundió la política de Olivares.

He rectificado el juicio acerca de las Cortes de Barcelona de 1701 y los comienzos de la política catalana de Felipe V. Era un error grave, producto de la pervivencia de capas de historiografía caduca en el espíritu de los historiadores más prevenidos contra ellas.

El reformismo borbónico

El siglo XVIII español vive bajo los efectos de la influencia francesa. El reformismo borbónico es la adaptación de lo francés a España. Quebrantada la resistencia catalana —que exponemos en forma más acercada a la realidad después de los estudios de J. Mercader—, Castilla se entrega a lo francés, pero con una fuerte tendencia a buscar una personalidad original que encuentra y halla en lo andaluz. La hipótesis es de Ortega y Gasset; pero necesitaría ser desarrollada científicamente, como Clavería ha probado la difusión de lo gitano en la sociedad aristocrática de la época.

Los otros tres grandes temas de la España borbónica son: la hegemonía económica de la periferia (sobre la que hoy no hay duda); el dramático problema de la propiedad agraria en el Mediodía de España (sobre la que todavía no se ha dicho ni la primera palabra de conjunto); y el ya debatidísimo asunto de la difusión del enciclopedismo y la constitución de las llamadas dos Españas. Estamos conociendo más a fondo el grupo de intelectuales que sirvieran a la nueva filosofía y la política que practicaron —obras de Sarrailh, Deffourneaux, Sánchez Agosta, Corona, Heer, etc.—; pero es difícil todavía relacionarlos con la realidad ambiente. Lo que sí considero poco probable es que se vinculen enciclopedismo y burguesía. Repito por enésima vez —y ello a la vista de los documentos de la burguesía fabril barcelonesa y de la burguesía mercantil gaditana del siglo XVIII que no puede hablarse de revolución burguesa en la España de Carlos III y Carlos IV. Cuando estalle la revolución será un hecho de presión popular (menestrales, artesanos, campesinos), instigada por intelectuales.

Política y economía

en la España del siglo XIX

Las correcciones que he introducido en este capítulo son esenciales y numerosas. Se ha trabajado mucho sobre el siglo XIX en los últimos diez años y se han introducido muchísimas hipótesis de trabajo —y a la vez, se han afirmado algunas como tesis ya definitivas—.

La historia política continúa prevaleciendo, porque existe un público ávido de ella. Pero no puede aportar ninguna novedad esencial. En cambio, la historia de las ideas, de los movimientos sociales y económicos, de las estructuras, se enriquece cada día, deshaciendo tópicos y abriendo horizontes.

Los problemas capitales que preocupan al historiador formado a la moderna los he sintetizado en las páginas del tomo V de la Historia de España y América.

Espero que, si lo desea, el lector podrá hallarlo a mano. En caso contrario, sepa que los temas más interesantes y aún no aclarados son: a) relación de la demografía con la vida económica, social y política; b) la desamortización civil y eclesiástica y sus efectos sobre la agricultura y la sociedad agraria; c) la Iglesia y el catolicismo ante el cambio ideológico del país; d) el ejército como protagonista social de la historia de España a lo largo del siglo XIX; e) grandeza y servidumbre de la burguesía; f) la administración pública: el funcionarismo; g) todo lo referente al problema social, pero singularmente el régimen laboral en el campo; las minas y las ciudades, y el género de vida del proletariado; h) los partidos políticos, el caciquismo y la vida parlamentaria; i) los grupos regionales (Andalucía, Valencia, Cataluña, País Vasco, Navarra, etc.) como estructuras actuantes.

La crisis del siglo XX

La tarea historiográfica está casi toda por hacer. Este capítulo es, por lo tanto, más una esperanza que una realidad. Una aproximación limitada o una sinfonía inacabada...

Sin embargo, es preciso satisfacer al lector con algunas consideraciones. El dualismo de la generación del Desastre en Castilla y Cataluña es obvio. Pero así como aquélla ha tenido buenos historiadores, ésta ha pasado casi desapercibida, a pesar de su clarísima conciencia generacional, de la variedad y calidad de elementos que la integraron (pensadores, poetas, técnicos, industriales y políticos) y de los rápidos y sensacionales triunfos que logró en el espacio de un decenio, tanto en el terreno artístico como en el de la construcción de «carreteras negras» (o de asfalto). Sin embargo, no sólo ha existido, sino que lo ha hecho con mayor plenitud que la generación de 1898 en Castilla, reducida a un puñado de eminentes intelectuales ya unos políticos de mayores ambiciones que buena fe. En Castilla el país estuvo ausente de la labor de aquellos hombres en los momentos aurorales. Quizá ello motivara que sus ideas estuvieran condenadas, de antemano, a no ser comprendidas o bien a deslizarse por canales justamente opuestos a los que pretendían rellenar. En todo caso, me he preocupado de perfilar mi pensamiento sobre las dos variantes de la misma generación, y me reafirmo en la hipótesis de trabajo de la primera edición de esta obra: o sea, a medida que se progrese en la investigación se observará el peso decisivo que tuvo en la generación catalana el optimismo burgués y en la castellana el pesimismo profesoral.

Que este hecho se tradujera en la reivindicación por Cataluña de la teoría del pluralismo hispánico, estaba dentro de la lógica de los hechos. Desde 1812 había condenado las medidas jacobinas de los gobiernos constitucionales; luego, en el transcurso del siglo, había ido elaborando posturas pluralistas: provincialismo, juntismo, federalismo, regionalismo. En 1901 esta tendencia desembocó no ya en un pluralismo, sino en un dualismo polémico, que, en esencia, fue muy estimulante, quizá en grado excesivo para el apasionamiento castellano.

La problemática de la Iglesia en el primer tercio del siglo XX no puede ni tan siquiera esbozarse. He resaltado lo que, a mi juicio, son elementos esenciales y que merecen ser investigados: la reconquista de la burguesía a través de las congregaciones religiosas; la recuperación de la piedad popular a través de la liturgia y de las actividades intelectuales del clero; fracaso de la acción social popular. Este último punto parece bien establecido por las más recientes investigaciones.

En cuanto a la óptica de los acontecimientos, prefiero acomodarla a las repercusiones de los movimientos sociales y políticos de la Europa occidental sobre un país en buena parte feudalizante y subdesarrollado. No creo en el desarrollo cataclismático con tendencia a la catástrofe geológica de que hablan algunos pensadores. Así, como que las sacudidas europeas de la Primera Guerra Mundial cristalizaron en la revolución rusa, las de la gran Crisis suscitaron en la angustiada España vendavales apasionados que sólo se explican por la falta de sólidas y justas estructuras sociales y administrativas. Cargar el peso de la responsabilidad sobre las espaldas del pueblo español, cuando Europa fue provocadora de su fatal destino —y si no provocadora, cómplice—, me parece que sería cerrar con un baldón de infamia una historia tan emotiva como la que hemos visto en estas páginas.