© Cristina Lladó

Soledad Becerril Bustamante

(Madrid,1944) es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Inglesa por la Universidad Complutense. Sus primeros trabajos fueron en el campo editorial y, posteriormente, se trasladó a Sevilla donde impartió clases en la Universidad Hispalense. Fue fundadora de la revista de información general para Andalucía La Ilustración Regional en el año 1973 y trabajó en ella.

Comenzó su actividad en la vida pública en 1976, en el Partido Demócrata y Liberal, fundado por Joaquín Garrigues Walker. En junio de 1977 concurrió a las elecciones generales por la coalición Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Adolfo Suárez, en las que resultó elegida diputada por Sevilla, y también en las elecciones generales de 1979. Participó en la comisión redactora del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo la nombró ministra de Cultura y Deportes en 1981, siendo la primera mujer que accedió a una cartera ministerial en esta etapa de la democracia.

Es autora del libro Idea de Sevilla (1987) y, tras participar en las elecciones municipales de Sevilla, fue elegida, primero concejal, luego, primera teniente de alcalde y, en 1995, alcaldesa, por el Partido Popular (PP). Ha sido diputada en seis legislaturas, en una de ellas vicepresidenta del Congreso, y senadora en otra, siempre por Sevilla.

En julio de 2012 fue elegida por las Cortes Generales defensora del Pueblo, cargo que ejerció hasta el final de su mandato en julio de 2017.

Está en posesión de diversas condecoraciones, entre otras, la Gran Cruz de Carlos III, la Medalla de Andalucía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Actualmente está retirada de la vida pública y colabora en diversas ONG.

Soledad Becerril fue una de las veintiuna mujeres elegidas diputadas en las elecciones generales de 1977, en un Congreso donde había 350 escaños; fue la primera mujer nombrada ministra, de Cultura, en un Gobierno de la monarquía parlamentaria en 1981; fue, también, la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla, en 1995, ciudad a la que dedica páginas conmovedoras, y la primera mujer defensora del Pueblo, en 2012. Diputada en seis legislaturas, senadora en una, a veces en la oposición y otras veces con la mayoría ganadora, llegó a la política antes de cumplir los treinta años con el afán de tomar parte en los hechos y decisiones que permitieron alcanzar la democracia y el deseo de priorizar siempre la transigencia, el diálogo y la concordia.

En este libro recoge sus recuerdos de una larga etapa que empieza a comienzos de la década de 1970 y acaba a mediados de 2017. A lo largo de una gran parte de los años que rememora, la presencia de la mujer en la vida pública era casi inexistente, por lo que la actividad que llevó a cabo y su figura fueron seguidas con una atención inusitada y muy crítica.

Este libro está dedicado a los jóvenes para que valoren cómo se ha llegado a un Estado democrático y de derecho, y comprendan que este reciente capítulo de nuestra historia es uno de los que acaba bien. Y a las mujeres, que hoy lo tienen todavía difícil, para que el legado y el trabajo de personas como Soledad Becerril valga para que sean tratadas con respeto, igualdad y sin discriminación.

Edición al cuidado de María Cifuentes

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: octubre de 2018

© Soledad Becerril, 2018

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2018

Imagen de portada: © Juan Gyenes, VEGAP, Barcelona, 2018

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN: 978-84-17355-91-3

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Dedico estos recuerdos de los años de mi vida pública
a Sole, Celia, Gaspar, Inés y Pedro, los nietos
a los que quiero y que alegran mis días.

Índice

Prólogo

Introducción

1.PRIMEROS AÑOS EN SEVILLA

La ciudad y los libros

Otras Sevilla

La Ilustración Regional

2.DEL PARTIDO DEMÓCRATA A LA UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO

Joaquín Garrigues, Antonio Fontán y otros

Adolfo Suárez convoca elecciones generales

Diputada que vivió el golpe de Estado

3.MINISTERIO DE CULTURA

Una mujer en el Gobierno

Consejo de Ministros

Medios de Comunicación Social del Estado

Disolución del Parlamento

4.HACIA LA AUTONOMÍA ANDALUZA

Los difíciles comienzos

El referéndum del artículo 151

Elecciones al Parlamento

5.VOCACIÓN MUNICIPAL

La vida de concejal

Alcaldesa de Sevilla

Adiós al Ayuntamiento

6.EL PARLAMENTO

Una mirada atrás

De nuevo en el Congreso y en el Senado

Mi última legislatura, 2008-2011

7.LO QUE VE LA DEFENSORA DEL PUEBLO

La elección en el Congreso y en el Senado

La crisis

Emigrantes y refugiados: la otra crisis de los siglos XX y XXI

No olvidar

Epílogo

Prólogo

Lo que cuenta para Soledad Becerril, lo puedo asegurar, no es haber sido la primera (ministra, alcaldesa, defensora…) sino su batalla constante para no ser la única. Ha tenido siempre muy claro que de nada hubieran valido para las mujeres sus aparentes «triunfos» si no hubieran servido para abrir puertas a todas ellas.

Hoy, este trabajo suyo continúa. Y como comenta en este libro, nunca hubiera podido pensar entonces, ministra en 1981, que, a pesar de los grandes e indudables avances, nuestras hijas lo iban a tener tan duro como nosotras, que hay que seguir batallando y confiando en un mundo más justo para las mujeres.

Creo que, al terminar la lectura de este libro, pasarán a segundo plano sus logros políticos (relatados con tanta naturalidad como cualquiera de nosotros contaría su sencilla vida cotidiana) y nos quedará la imagen y el mensaje de una persona con un sentido clarísimo del bien público y de las obligaciones que su ejercicio conlleva.

Ejercicio que podríamos definir utilizando un término coloquial como «saber estar en su sitio». Con tesón, enorme tesón. Sin buscar el aplauso. Sin callarse nunca, planteando las preguntas adecuadas y exigiendo respuestas correctas. Y con una enorme comprensión, sentido del humor (¡sí!), capacidad de escuchar y transigencia. El poder concebido para que su ejercicio sirva al bien común.

El término transigencia es especialmente importante para los políticos que hicieron la Transición en España. ¡Cómo se trivializa hoy!, ¡cómo trivializamos!

Aquella generación tuvo una voluntad clara: se trataba de superar la guerra civil y la dictadura. La guerra civil entendida como un conflicto provocado por la intransigencia de las generaciones anteriores, con independencia de su ideología. Fue la generación de la transigencia, la reconciliación y el europeísmo.

Soledad Becerril era la parte joven, testigo y actor de aquella generación. Estaba en el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 1977, en la sesión conjunta Congreso y Senado (los primeros elegidos por sufragio universal desde 1936) cuando el Rey anunció «la democracia ha comenzado, ahora hemos de tratar de consolidarla».

Muchos de aquellos parlamentarios no habían luchado por la democracia, pero sí buscaban la reconciliación y todos utilizaban la política como «herramienta para la convivencia, para el diálogo, para el pacto». Soledad Becerril tituló su artículo de homenaje a Adolfo Suárez en 2014, año de su muerte, «La reconciliación como herencia».

Conviene, por todo ello, leer su libro detectando en cada capítulo que, detrás de una política de tesón, de ideas muy claras y de un liberalismo estricto en lo esencial y muy permisivo en el resto, ha habido una persona que ha priorizado siempre la transigencia, el diálogo y la concordia.

En estas páginas encontraremos, narrados en primera persona, momentos clave: restablecimiento de la Generalitat catalana, amnistía, aprobación de la Constitución, elecciones municipales, Estatutos de Autonomía.

Todo ello en un contexto enormemente difícil: crisis económica internacional, constante amenaza golpista, escalada terrorista, golpe de Estado…

Es, a mi entender, además de un análisis y una narración ajustada de los hechos, un homenaje al Rey, a Adolfo Suárez y a Felipe González.

Tiene Becerril, creo, una cierta esperanza de que la narración sirva a los actuales actores y a la memoria –instrumento indispensable– de nuestros nietos.

Si Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González están muy presentes a lo largo del libro, mucho menos explícitamente presente, pero dando sentido a todos, está Joaquín Garrigues.

Su liberalismo era de las grandes libertades públicas y también de las pequeñas libertades cotidianas. Hoy, esta ideología está extendida, entonces era excepcional.

Soledad Becerril estuvo con él desde el principio. En un partido que preconizaba una organización nacional descentralizada. No un Estado federal o una utópica asociación de soberanías inventadas. Un Estado «en el que las regiones de más acusada y reconocida diversidad histórica y cultural trabajarían con todas las demás para construir y recobrar una España democrática, liberal y abierta al entendimiento».

Probablemente las cosas en política hubieran sido muy distintas si Joaquín Garrigues no hubiera muerto. Pero esto son especulaciones y Soledad Becerril no es muy partidaria de ellas.

Otro momento que Becerril narra fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Ese dramático momento tuvo, paradójicamente, algunas ventajas: el nuevo, admirable y democrático Ejército, magníficamente preparado, cuyo honor fue defendido y representado por el general Manuel Gutiérrez Mellado; la conciencia nacional de los peligros para la democracia; el papel institucional que ese día asumió el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol; el reforzamiento nacional e internacional de la imagen del Rey, no sólo como impulsor sino como defensor de los valores democráticos.

Fue ministra de Cultura algo menos de un año. En un momento terminal del Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD). Cuando los compañeros se deslizaban hacia Alianza Popular. Cuando la cultura (con enormes avances, ¡la llegada del Guernica!) era todavía dependiente de un Estado intervencionista y, por supuesto, sin dinero y fuera de la entonces Comunidad Europea.

El monotema periodístico fue el pelo de la ministra, los trajes de la ministra, los hijos de la ministra... (no nos engañemos, hoy, disimuladamente, sigue pasando lo mismo, las formas de los comentarios son distintas, pero el fondo ha cambiado muy poco).

Becerril no tenía experiencia en la gestión, pero sí tuvo un magnífico equipo, al que recuerda, con toda justicia, en este libro. Tenía también, por su parte, unas ideas muy claras sobre el papel y la acción del Estado, sobre sus prioridades y sobre lo que significaba el artículo 149.2 de la Constitución en materia de cultura, de reparto y colaboración cultural con las comunidades autónomas. Un régimen de concurrencia total, particular y excepcional. Sólo en cultura, esencial para la cohesión interna de la nación española.

Estas prioridades fueron expuestas ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y se pueden resumir en algo que hoy nos parece evidente y que entonces no lo era: los límites a la intervención del poder político en materia cultural. No adoptar unos valores, sino «promover la vida de los distintos valores, esencial en el esfuerzo nacional de reconciliación. Garantizar la independencia de la cultura y proteger su libertad. Asegurar la igualdad de acceso a los bienes culturales y, para ello, dotarse de infraestructuras y de una política fiscal acorde con los artículos 44 y 46 de la Constitución y, por supuesto, de un esfuerzo presupuestario».

¿Todo esto puede parecer generalidades, buenas intenciones? Pongo algunos ejemplos de realidades en menos de un año:

–Museo Reina Sofía: primero iba a derribarse, luego a destinarse a viviendas sindicales, después a un variopinto contenedor cultural… Hoy, aquí está el magnífico museo, por decisión de Becerril y el proyecto del arquitecto Antonio Fernández Alba.

–Auditorio Nacional de Música: complejas expropiaciones, hoy extraordinario e inagotable auditorio, entre los más importantes de Europa. Proyecto de García Paredes y decisión de Soledad Becerril (¡antes íbamos a los conciertos los domingos a las 10 de la mañana en el cine Monumental, en Atocha!).

–Puesta en marcha y primera edición de ARCO: primera feria de arte contemporáneo... iniciativa admirable de Juana de Aizpuru. Punto de partida de una España vanguardista, abierta y plural. Visitada en aquel febrero de 1982 por más de 40.000 personas.

–Eliminación, consecuente, del impuesto de bienes de lujo que pesaba entonces sobre las obras de arte.

No, no fueron meses de generalidades. Sobran los comentarios sobre trajes y peinados…

La vida municipal de Soledad Becerril en la ciudad más bonita del mundo, Sevilla, exige una mención especial. Si alguien parece no nacida para ser alcaldesa es la severa castellana y cántabra Soledad Becerril. Y, si alguien ha sido admirada, querida, respetada, valorada en su trabajo constante veinticuatro horas al día es ella. La preciosa plaza «Alcaldesa Soledad Becerril» en el centro de Sevilla lo dice todo.

Y, a estas alturas, creo que es necesario hacer una nueva referencia a la política de la mujer.

Cuando Soledad Becerril llegó al ministerio, se habían tomado por el Gobierno de UCD importantes medidas para la equiparación jurídica: filiación, divorcio, ejercicio compartido de la autoridad parental y administración de bienes; reformas penales sobre adulterio, amancebamiento, anticonceptivos.

Avances, muy importantes en equiparación jurídica pero no en equiparación real.

Los obstáculos eran, y son todavía hoy, callados pero casi insalvables. Incluso, dentro de las propias filas.

Presencié –Soledad Becerril nunca lo cita y hace bien– la visita de una reputada política de uno de los partidos que formaron UCD y responsable en él de estas materias. Mantenía, defendía y presionaba para la no equiparación de los hijos legítimos y los naturales. Cuando la ministra, atónita, le preguntó «¿Y qué propones que hagamos con los hijos naturales?», ella respondió: «¡Mejorar los orfanatos, por supuesto!».

No, las cosas no fueron fáciles.

Este libro, decíamos al principio de esta nota, es necesario para la rendición de cuentas y para el no olvido. Es también, a mi avanzada, nuestra avanzada edad, una reclamación necesaria.

Con voz cortés, sonriente y suave, he oído a Soledad Becerril manifestar ante nuestros propios «superiores» políticos: «No puedo aceptar esta situación, no puedo aceptar esta respuesta. ¿Sabéis por qué? Porque ya no tengo edad para ello».

No, no tenemos ya edad para callar, para aceptar lo inaceptable, para asumir que nuestros nietos no vivan en una sociedad mejor; para dejar que sólo se oiga la voz de los que más gritan..., para olvidar.

Cuando ETA asesinó el 30 de enero de 1998 a Alberto Jiménez-Becerril y a su mujer, Ascensión García (¡treinta y siete años, tres hijos!), Soledad lloraba y lloraba ante sus cadáveres en el gran salón del Ayuntamiento de Sevilla. Hoy dice: «No olvidaré jamás la madrugada del 30 de enero. Pero tampoco quiero olvidarla».

BEATRIZ RODRÍGUEZ SALMONES

Introducción

En varias ocasiones, a lo largo del tiempo, he tenido el propósito de escribir sobre etapas de mi vida pública, pero reconozco que las dudas sobre el interés que pudiera tener me han llevado a posponerlo.

He vuelto sobre ello; he vuelto a pensar si haber sido una de las pocas mujeres que tuvo la posibilidad de participar de manera activa en la política española a comienzos de los años setenta, cuando estaba reservada a los hombres, como tantas otras actividades, y luego haber ocupado cargos públicos de alguna relevancia, lo justificaba.

Y aquí estoy con recuerdos de momentos que fueron buenos, que me ilusionaron, en los que me sentí animada por los proyectos o por los propósitos conseguidos, y ante otros que me entristecieron, me desanimaron, e incluso me provocaron deseos de abandonar porque en la vida pública una se pregunta, en ocasiones, si vale la pena ser siempre observada, dar todos los días explicaciones, saber que has hecho o dicho algo que ha molestado, que hay personas enfadadas contigo o, sencillamente, que te has equivocado y que tu error puede tener consecuencias.

Pero, al final, me ha vencido el consuelo y la tentación de la escritura. Porque he escrito artículos de opinión, documentos de trabajo o propuestas de actuación, pero esto es distinto. Ahora, describo situaciones que apenas he comentado; algunas, a las que jamás me he referido; otras, que al recordarlas me han hecho esbozar una sonrisa, y aquéllas que me recuerdan la tristeza vivida. Todo es mejor que el olvido.

Las pequeñas maldades escuchadas o recibidas por escrito a lo largo del tiempo, pues las ha habido, las he dejado de lado. He preferido recordar a personas que me merecen gratitud y reconocimiento, y hechos que pueden tener algún interés para dar a conocer momentos de la historia española contemporánea. Escribo sobre una etapa larga que empieza a comienzos de la década de 1970 y acaba a mediados del año 2017. Una etapa que creo que ha sido de aciertos, de grandes cambios y mejoras para nuestro país, y que hoy en día son estudiados y juzgados, por lo general, de manera favorable por los historiadores españoles, de lo cual yo me alegro mucho. Ya no es como ayer, cuando se hablaba de la España atrasada, de la España diferente, de la pintoresca, de los españoles enfrentados. Hoy, hablan de una democracia con problemas similares a las de nuestro entorno, a las más avanzadas; hablan de una nación donde se procura que el mayor número posible de ciudadanos vivan mejor y donde se respetan los derechos.

Estas páginas vuelven, en gran parte, sobre la Transición española: un período que supuso pasar de una dictadura a una democracia, no sólo de forma pacífica, sino con el empuje y el entusiasmo de la inmensa mayoría de los españoles, muchos de los cuales no habían olvidado el dolor y la división que produjo la guerra civil, pero quisieron mirar hacia adelante y construir un futuro para la nación en paz, con concordia y con libertad.

Son páginas que recogen, también, el momento en que desapareció el partido Unión de Centro Democrático (UCD), que tanto hizo por esa transición, y páginas que hablan de Andalucía: de lo que sucedió a lo largo del rocambolesco camino recorrido hacia la autonomía. La ciudad de Sevilla no podía faltar en este libro. Viví en ella más de cuarenta años; me sentí acogida y participé en todo lo que sucedía allí. Me asombró tanto, me gustó tanto y la quise tanto que se convirtió en mi ciudad. Sólo la dejé llegados unos momentos difíciles de mi vida.

Rememoro los años en las Cortes Generales hasta el momento del adiós, que no fue definitivo, porque después volvería a la vida pública cuando fui elegida defensora del Pueblo, un trabajo poco conocido, aunque son muchas y bien difíciles, incluso dramáticas, las situaciones en que los ciudadanos pueden necesitar de este organismo.

Es muy probable que otras personas puedan añadir, corregir, rectificar hechos o pareceres sobre los que opino o describo. Lo cierto es que a lo largo de estos años en la vida pública puse toda mi capacidad, mis conocimientos y mi entrega, y creo que ahora puedo valorarlos o enjuiciarlos con la distancia necesaria. He visto desaparecer a amigos y compañeros que me iniciaron y acompañaron, que creyeron en la necesidad de la democracia y de reconocer nuestra pertenencia a Europa; también a otros que me animaron y me orientaron cuando les pedí consejo; unos en Sevilla y otros en Madrid.

Cuando contemplo fotos, ya antiguas, en las que estoy con ellos en actos públicos, en reuniones de trabajo, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados o en la inauguración de una plaza en Sevilla les recuerdo con tristeza porque se perdieron muchos momentos muy buenos que yo he tenido la suerte de vivir y que merecían haberlos compartido. Hubo personas que criticaron mi participación en la vida pública, y lo hicieron con dureza; algunas se rieron de mí, pues les parecía que una mujer, y no de la izquierda, no merecía mucha consideración. Así eran las cosas hace algún tiempo.

A lo largo de una gran parte de los años a los que me refiero en este libro, la presencia de la mujer en la vida pública era casi inexistente, y por eso mi actividad llamaba la atención. Fueron muchas las personas que me dijeron no entender, en los prolegómenos de la Transición, cómo me dedicaba a semejantes cosas, y otras me expresaron su preocupación, no por suponer riesgo alguno para mí, sino por participar en actividades donde era muy rara la presencia de la mujer.

He visto cómo ha cambiado esa situación; he visto cómo la mayoría de las mujeres, en la democracia española, escogen su profesión y su vida, y cómo llegan a destacar en profesiones o actividades que hasta hace poco eran exclusivamente de hombres. Desde un punto de vista sociológico, seguramente el cambio más importante que se ha producido en la sociedad española durante la segunda mitad del siglo XX ha sido el de la situación y condición de la mujer. Hoy los problemas son de naturaleza distinta; no se trata de cuestiones de discriminación ante la ley, sino de conductas, usos y hábitos que incluso llegan a delitos muy graves, como asesinatos, violencia, abusos, sometimientos o malos tratos, bien sean hacia jóvenes o mayores. Son, también, muchas las exigencias que hay hacia la imagen y la indumentaria de la mujer, y es difícil compatibilizar una actividad profesional con una vida de familia y de atención a los hijos; y son mayoría, absoluta mayoría, las mujeres que se ocupan de las personas mayores.

En ocasiones, he dicho que las mujeres servimos para muchas cosas y para varias a la vez. Nuestra versatilidad, que es grande, y también nuestra capacidad de adaptación hacen que sepamos jugar diversos papeles y desempeñar varios roles simultáneamente.

Debo reconocer que tuve una educación en la que me hablaron del trabajo, del esfuerzo, y luego pude ir a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, donde me licencié en Filología Inglesa, y allí tuve la oportunidad de vislumbrar otros horizontes además de hacer las mejores amigas, mientras que la mayoría de mis compañeras de colegio dejaron los estudios cuando tenían catorce o quince años, como era habitual para las mujeres entonces, y ello nos distanció por completo. La familia, en mi caso, ha sido una ayuda fundamental a lo largo de toda mi vida pública, y en ningún momento, ni siquiera en los más difíciles o en los que cometí alguna equivocación, me ha reprochado algo.

Fui una de las veintiuna mujeres elegidas diputadas en las elecciones generales de 1977, en un Congreso donde había 350 escaños; fui la primera mujer nombrada ministra, de Cultura, en un Gobierno de la monarquía parlamentaria en 1981, del período democrático que comenzó a finales de los años setenta; fui, también, la primera mujer elegida alcaldesa de Sevilla, en 1995; y fui la primera mujer elegida como defensora del Pueblo, en 2012, institución creada en España en 1983.

Quisiera que todos estos recuerdos que quedan en mi memoria, y que había prometido a mis hijos que escribiría antes de olvidarlo todo, puedan servir para que jóvenes, que poco o nada saben de la Transición y de cómo era la España del último tercio del siglo XX y comienzos del XXI, se interesen por leer a los historiadores que han estudiado esa etapa, por saber quiénes fueron sus principales protagonistas, por conocer cómo fueron algunas instituciones a comienzos de la democracia, y que por las leyes, los usos y las costumbres entonces en vigor, fuimos muy pocas las mujeres en la vida pública. Así podrán valorar cómo llegamos a un Estado democrático y de derecho, apreciarán los bienes que la democracia nos ha deparado, dando lugar a la modernización del país y a su apertura a otras culturas y conocimientos. Y comprenderán que este reciente capítulo de nuestra historia es uno de los que acaban bien.

Y a los mayores, aquéllos que conocieron o supieron cómo sufrieron sus familias durante la guerra civil o cómo era España después de la guerra, aquéllos que saben o guardan en su memoria los nombres de los que murieron, de las personas desaparecidas o de los que tuvieron que marcharse, me gustaría darles las gracias por todo lo que hemos logrado juntos, por su generosidad, por su afán de concordia sin olvidar un pasado para muchos dramático y triste. A pesar de todo lo logrado, somos muy críticos con nuestra democracia; nos quejamos de sus defectos, de sus insuficiencias y de los males que observamos. Escucho, para mi sorpresa, proclamar por parte de algunos organismos internacionales, mayoritariamente constituidos por personas de países que no conocen la democracia y que conservan esa imagen de la insólita España que nos desagrada por tópica, por fea y por falsa, decir que en España no se respetan los derechos humanos, y eso no es cierto. Somos una nación donde esos derechos están garantizados y son respetados, y cuando hay dudas sobre decisiones, conductas o normas tenemos los instrumentos para denunciarlo y defenderlos.

Algo más podríamos hacer para difundir en el exterior cómo es nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. A pesar de que historiadores españoles y extranjeros han hecho una defensa de nuestra Transición y de la democracia lograda, no parece que sea suficiente en una sociedad que adquiere información y forma una opinión por medios que no son exclusivamente la lectura de libros de historia.

Hay, todavía, más propósitos en estos fragmentos de memorias. Son los deseos de reconocer que he sido una persona privilegiada por haber tomado parte en una etapa política de hechos importantes en la historia de España, por haber sido representante de la soberanía popular durante años, por haber podido trabajar por mi ciudad y por haber tenido la posibilidad de defender derechos y libertades.

Han sido muchos los momentos buenos de los que he podido disfrutar; muchas las personas que me han ayudado porque unas veces me han enseñado a hacer lo que no sabía o a actuar conforme a lo que se debía; otras veces me han corregido, y en momentos de falta de ánimo me han alentado. Por mi parte, he sido muy exigente a la hora de terminar los trabajos, solicitar datos y rehacer escritos; en ocasiones he hecho llamadas a horas inconvenientes para informar o ser informada. No me han faltado los medios y las personas necesarias para desarrollar mi trabajo, pero las decisiones las he tomado con absoluta libertad y por eso la única responsable soy yo.

1

Primeros años en Sevilla

LA CIUDAD Y LOS LIBROS

Llegué a Sevilla a comienzos de 1971 y, poco a poco, se convirtió en mi ciudad. Todo en ella me interesó, todo me inspiró curiosidad. No sé decir si fue un sentimiento de asombro o de admiración lo que hizo que me propusiera conocer su historia y leer aquello que me lo permitiera. Empecé por obras de algunos autores ya clásicos, entre otras, Historia de Sevilla, por Alonso Morgado, en la «que se contienen antigüedades, grandezas y cosas memorables en ella acontecidas desde su fundación […]», los Anales de Diego Ortiz de Zúñiga, que empiezan con la conquista de la ciudad por el rey san Fernando, e Historia de la ciudad de Sevilla del Bachiller Luis de Peraza, que exalta las gestas grandiosas de la ciudad imperial. Sevilla monumental y artística de José Gestoso y El Cicerone de Sevilla de Alejandro Guichot, también entre otros libros, me permitieron saber de los edificios notables, singulares, y de las artes y curiosidades existentes hasta el primer tercio del siglo XX, que dan cuenta de cómo fue el auge de la ciudad que por población se convirtió, en el siglo XVI, en la primera de España y en una de las diez mayores de Europa. Pero su esplendor no sería muy largo pues el monopolio del comercio con las Indias, que fue su gran fuente de riqueza, cesaría en 1717 cuando se trasladó a Cádiz la Casa de Contratación.

También las obras de autores modernos y contemporáneos, como las imprescindibles de Antonio Domínguez Ortiz, me permitieron saber de la sociedad y de la mentalidad de Sevilla en el Antiguo Régimen; las de Francisco Aguilar Piñal, conocer el Barroco y la Ilustración; las de Ramón Carande, adentrarme en la ciudad como fortaleza y mercado, o las de Francisco Morales Padrón, saber de la ciudad en el quinientos o sobre sus conventos. Las obras de Pedro Romero de Solís e Ignacio Vázquez me ilustraron sobre Sevilla y los toros, y las del profesor Antonio García Baquero, que tanto sabía de la Sevilla americana, de lo que sucedió cuando dejó de ser puerto y puerta de América. Los libros y artículos de Antonio Burgos añadieron hechos, datos y curiosidades que aprender.

Quise saber situar las calles, los lugares y los edificios que escuchaba mencionar con frecuencia: los conventos, las iglesias, dónde estuvieron las catorce puertas que se mencionaban, pero de las que sólo existía el postigo del Arenal y la puerta de la Macarena, y las murallas, de las que apenas quedaban unos pocos metros y que, sin embargo, seguían siendo lugares de referencia. Observé los grandes edificios del siglo XVI, aquéllos que datan de cuando Fernando de Herrera dijo que Sevilla se había convertido «no en una ciudad sino en un mundo», algunos alterados pero todavía en pie, y también la arquitectura de escala menuda, muy importante en el conjunto del centro histórico.

Me fijé en el caserío, en los colores que se usaban con frecuencia: el almagra y la calamocha; en los materiales que se utilizaban antes del hormigón, mucho antes del vidrio y del acero: el ladrillo y la teja árabe. Entré en las iglesias, en los conventos y en los monasterios de miles de metros construidos cuando las comunidades religiosas eran muy numerosas y la ciudad era casi una ciudad-monasterio, y pude hacer amistad con las hermanas que los habitaban y cuidaban de ellos con muchas penalidades. Admiré la singularidad de la vida en los corrales de vecinos que quedaban, donde se compartía la vida, y que en pocos años desaparecerían pues ya no eran viviendas para el siglo XX.

La ciudad era objeto de conversación habitual entre los sevillanos; también eran frecuentes, y seguro que así continúan siéndolo, las referencias y menciones a lugares que se suponía que todo el mundo conocía: la Encarnación, la Alfalfa, San Luís, Madre de Dios, el Arenal, la Puerta de la Carne, el Archivo, el Postigo, la Pasarela, las Cinco Llagas, Pilatos o las Dueñas.

El Libro de Descripción de verdaderos Retratos de Ilustres y Memorables varones de Francisco Pacheco me permitió saber de la vida, de las obras y de los personajes que concurrían a su tertulia en una etapa que diversos autores califican como «gloriosa». Conocer las obras de Hernán Ruiz, Alejo Fernández, Cristóbal de Morales, Pedro de Campaña, Juan de Roelas o Juan de Arfe era fundamental para entender cómo florecieron la arquitectura, las artes y las letras.

La bibliografía sobre Sevilla era muy extensa y muchos los autores importantes. No fue difícil, entonces, encontrar los libros, revistas, postales antiguas y dibujos que permitían conocer o imaginar lo que la ciudad había sido; las librerías de viejo eran una fuente inagotable. La Universidad Hispalense tenía, y tiene, desde hace muchos años, unos magníficos departamentos de historia, con profesorado de prestigio que hoy continúa realizando nuevos estudios e investigaciones sobre la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla contaba con un Servicio de Publicaciones de importantes colecciones y un archivo histórico de gran valor, a cuyo frente siempre hubo buenos profesionales con los que hice amistad, entre otros con Alfonso Braojos, que fue mucho tiempo su director.

En el archivo municipal, alojado donde luego estaría la sala de reuniones de la Comisión de Gobierno en mis tiempos de alcaldesa, pude conocer actuaciones de regidores y anteriores alcaldes, y leer, por ejemplo, las actas que daban cuenta de cómo habían empezado a caer las murallas almohades a partir de 1860, con la autorización de la Academia de Bellas Artes y del Cabildo, que consideraban que las puertas carecían de mérito artístico. Incluso este último animaba a los vecinos a llevarse las piedras a casa para ahorrarse el desescombro, y así abrir la ciudad, procurar su ensanche y seguir las pautas de higiene de la época.

Tuve ocasión, también, de ver en el mismo archivo planos y proyectos de las reformas del siglo XIX, la gran mayoría no llevados a efecto, y los preciosos dibujos de los arquitectos para puentes y algunos edificios de lo que se denominó arquitectura regionalista. Deambulé por la Alameda de Hércules, elegante paseo de carruajes en el siglo XVIII, como muestran documentos gráficos de la época. Rafael Manzano, arquitecto conservador del Real Alcázar de Sevilla durante muchos años, gran conocedor de la historia y de la arquitectura de la ciudad, me acompañó en ocasiones y también otro joven arquitecto y profesor, Víctor Pérez Escolano, especializado en el estudio de la arquitectura de Aníbal González y del movimiento regionalista, y que sería, tras las elecciones municipales de 1979, delegado de Urbanismo.

Como mi afición por conocer la historia de la ciudad crecía, empecé a formar una biblioteca de libros sevillanos, que con el tiempo se convirtió en voluminosa, y a recopilar grabados, estampas y postales de distintas épocas. Las reproducciones de edificios singulares, las puertas, las fachadas de la catedral o su interior, la fachada plateresca y el arquillo del ayuntamiento, el Archivo de Indias, el patio de la Montería del Alcázar, las vistas de la ciudad desde los alrededores, el palacio de san Telmo, el puente de Hierro y las escenas domésticas se conseguían con cierta facilidad. Los numerosos viajeros románticos ingleses, franceses y alemanes que pasaron por Andalucía y se detuvieron en Sevilla dejaron constancia en sus textos y con sus dibujos de edificios destacados y de escenas de la vida cotidiana. De entre todos ellos destaca el inglés Richard Ford, viajero culto e ilustrado, que como dice el profesor Alberto González Troyano está «entre los últimos románticos y los primeros hispanistas» y que contempla de manera detenida la ciudad anteriormente dibujada por el holandés Joris Hoefnagel en 1578.

La biblioteca que conseguí reunir no fue la de una bibliófila, sino la de una persona interesada por una ciudad que por su historia, por su presente y por su futuro, llegaría a ser la mía.

OTRAS SEVILLA

Fuera de la ciudad comprendida dentro de las murallas, es decir, lo que se denomina centro histórico, estaban los arrabales de Triana y San Bernardo, hoy bastante alterados aunque todavía se reconocen sus antiguos perímetros y sus trazados. Ser de Triana significaba ser de un lugar muy especial. Allí mandó levantar el rey Alfonso X, tras la conquista, la primera iglesia y la más bella, Santa Ana, y este arrabal estuvo unido a la ciudad solamente por un puente de barcas hasta bien entrado el siglo XIX. Los trianeros siempre se han sentido orgullosos de ser de Triana y de su «velá» cuando llega el día de su patrona, santa Ana, en el mes de julio.

En Triana había muchas cosas interesantes: los cimientos del castillo de la Inquisición, los pescadores sentados en las orillas del Guadalquivir y los alfareros, todavía con los hornos en funcionamiento, pero sobre todo tenían y tienen las hermandades de la Esperanza, la Estrella y el Cachorro, que cruzan el puente en Semana Santa, van a Sevilla y luego vuelven rodeados de los suyos, que son muchos, a sus iglesias, a sus casas, para recogerse. También, existía el «Morapio», bar con patio, sillas y mesas de madera, que olía a jazmín y donde se tomaba la «pringá», en el que nos reuníamos para hablar del proyecto de una publicación de información general, promovido con entusiasmo por Ricardo Sánchez de la Morena, economista del equipo del Banco Urquijo que acababa de realizar un interesante estudio sobre la economía sevillana.

El otro arrabal, San Bernardo, debe su origen al rey Fernando III. Es un barrio de pequeñas casas en torno a patios que llegó a estar muy poblado por su vecindad con la grandiosa fábrica de artillería y de bronces donde se fundieron los leones de la fachada del Congreso de los Diputados. San Bernardo vino a menos porque su población envejeció y sus casas se deterioraron pese al afán de su buen párroco, don José Allende, que montó una cooperativa para rehabilitar las casas que no llegó a buen puerto. Hoy es un lugar deseado para vivir, y mantiene algo de la tipología que tuvo y los nombres de las calles que nos recuerdan al rey Santo y al campamento que allí estableció.

Un tiempo después, mi actividad en la revista que fundamos unos cuantos sevillanos y las reuniones con los promotores del proyecto así como con los colaboradores me hicieron conocer situaciones y problemas de Sevilla y de gran parte de Andalucía que desconocía totalmente, y escuchar cómo unos y otros veían y planteaban el futuro de su región y el ineludible cambio de España hacia la democracia.

Además, para hacer algunas entrevistas tuve que enterarme de la importancia que tenían las fábricas de la Cruz del Campo, de Construcciones Aeronáuticas, de Fasa-Renault, de los Astilleros, de la Fábrica de Tabacos y de algunas más, en una ciudad con escasa presencia industrial. Y, en ocasiones, pude acompañar a Ramón Carande, autor de Carlos V y sus banqueros, en algunos de sus muy largos paseos y frecuentar las tertulias en torno a la camilla de su casa de la calle Álvarez Quintero, donde hoy hay una placa que le recuerda. Allí se escuchaba hablar sobre personajes notables y sobre otros asuntos que iban más allá del perímetro de Sevilla, por ejemplo, la educación, pues Carande había sido, en su fructífera y larga vida, rector de la Universidad Hispalense. A él le oí decir en varias ocasiones aquello de que «en España nos falta mucha escuela», algo que yo repetiría, a veces, a lo largo de mis años de vida pública.

También pude ver la destrucción del patrimonio monumental, los derribos de edificios de una arquitectura muy singular y su sustitución por una de «pastiches», como la denominaban los entendidos. Pero la memoria de la gran urbe que Sevilla había llegado a ser persistía por doquier, pese a la desaparición de edificios de valor, como se podía observar en libros y catálogos de los años sesenta y setenta, donde se veía un número muy alto de conventos, casas y otras edificaciones que acababan de desaparecer.

Las lecturas, los paseos por la ciudad y escuchar a quienes bien la conocían aumentaron mi interés por saber cómo evolucionó su arquitectura y cómo fueron los momentos de su máximo esplendor hasta el inicio de su decadencia. Y tanta riqueza, tantas huellas, vestigios y elementos distinguibles desde los tiempos de los romanos hasta esa ciudad decimonónica, recreada e inventada, en gran parte, por escritores y viajeros románticos, me llevaron a indagar no sólo acerca de su pasado sino sobre las decisiones y actuaciones de la corporación municipal del momento. Y así se iniciaría mi vocación municipal.

LA ILUSTRACIÓN REGIONAL

Fue en el año 1973 cuando un grupo de andaluces, la mayoría sevillanos, y entre ellos varios que trabajaban en el Servicio de Estudios del Banco Urquijo, que dirigía el catedrático de Hacienda de la Universidad Hispalense Jaime García Añoveros, fundamos la Sociedad Andaluza de Ediciones para publicar una revista mensual de información general, La Ilustración Regional, cuyo primer número saldría en septiembre de 1974. Los requisitos para la constitución de la sociedad y los permisos para la revista fueron innumerables, hasta el punto de que eran tantos los documentos y certificaciones a aportar que, como parecía que se había cumplido con todos ellos, nos dijeron en el Ministerio de Información y Turismo que resultaba muy sospechosa tanta diligencia.

Ignacio Romero de Solís, sevillano culto y exquisito, que volvía a su tierra tras obligados años en Francia por motivos políticos, fue de hecho su director y quien redactó mucho de lo que allí se publicó. Sin embargo, como eran tiempos en los que se exigía la condición de periodista para estar al frente de una revista, hubo que buscar un director titular: Javier Smith, primero, y luego Miguel Ángel Agea asumieron ese cargo. La revista Cambio 16, que dirigía Juan Tomás de Salas, se publicaba en aquellos años con gran éxito, y hacia ella mirábamos con envidia y admiración. Lo nuestro era una modesta empresa editorial que muy pronto se convertiría, además, en el germen de interesantes aventuras políticas, pues varias de las personas del grupo fundador nos afiliamos a diferentes partidos políticos tan pronto fue posible.

La Ilustración Regional empezó a publicarse en septiembre de 1974. Como decía su primer editorial, su propósito era informar sobre problemas de Andalucía en sus más variadas facetas, con una pluralidad de matices e incluso de puntos de vista divergentes y rehuyendo todo localismo. Se afirmaba que Andalucía vivía en una situación de postración económica y marginada del quehacer político del país cuando era una región rica en recursos materiales y humanos, y se advertía que el primer número tenía un tono pesimista y de amargura, si bien existía la posibilidad de un futuro prometedor, más acorde con el esplendoroso pasado.

Trabajé en la revista, en mi condición de secretaria del consejo y luego como gerente, durante toda su vida, que no fue muy larga debido a los problemas económicos. Mi trabajo consistió en hacer casi todo: buscar accionistas, conseguir suscriptores, realizar entrevistas y todo aquello que permitiera sacar el número cada mes, con toda suerte de problemas, desde su impresión hasta su difícil distribución, pues no había especial interés en una publicación que hablaba de democracia, regionalismo, economía, conflictos laborales, situación de los agricultores, libros y espectáculos. La búsqueda de la publicidad era una labor ardua que conseguimos gracias a algunos buenos amigos empresarios.

El objetivo y la mirada estaban puestos en la democracia, en el Estado de derecho y en el porvenir de Andalucía. Por las páginas de la revista, en colaboraciones o en entrevistas, pasaron personas de ideologías distintas como, por ejemplo, José Mario Armero, Manuel Jiménez de Parga, Joaquín Ruiz-Giménez, José Rodríguez de la Borbolla o Ramón Tamames. Todas con algo interesante que decir en aquellos momentos, y siempre con el riesgo de no pasar la censura debida. En otros números se entrevistó a Dionisio Ridruejo, que hablaba de su abandono del falangismo, de su travesía del desierto y de su apoyo a la democracia; a Joaquín Garrigues Walker, que exponía su defensa de las libertades y el porqué de su rechazo a todas aquellas ideologías que limitaban la libertad; a Raúl Morodo, profesor y abogado, próximo a Enrique Tierno Galván, que hablaba de la ebullición social que existía en el momento y del proceso que llevaría a una sociedad democrática; y a dirigentes del grupo de democratacristianos, Tácito, que jugaría un papel importante en la constitución de la Unión de Centro Democrático.

También eran frecuentes en la revista los asuntos de carácter laboral y sindical, pues sus representantes eran muy activos y nos visitaban todas las semanas para trasladarnos sus problemas. Las páginas de cultura eran fáciles de confeccionar porque los colaboradores nos traían regular y puntualmente artículos y trabajos sobre libros, teatro o cante, entre ellos el escritor y poeta sevillano Fernando Ortiz, que se convirtió en un asiduo colaborador. Conseguir que empresarios nos dieran sus opiniones sobre el momento de la economía andaluza nos costó mucho más trabajo; era más sencillo conocer las opiniones de trabajadores del campo a través de sus clandestinos representantes sindicales, y así escribir sobre la situación del olivar, del algodón o de los astilleros. Antonio Burgos y Roberto Mesa, que nos abría las ventanas hacia Europa, fueron también nuestros colaboradores.

Yo tenía mucho interés en que los contenidos fueran plurales, que mostraran posiciones diversas sobre política, economía y otros asuntos, pues intuía que de lo contrario, si se inclinaba hacia quienes eran más proclives a dar sus opiniones, sobre todo desde posiciones de la izquierda, el mantenimiento de la revista se vería amenazado, como así sucedió, aunque otros errores debimos cometer para no lograr prorrogar su vida.

Más tarde, muchas de las opiniones que se expresaron en la revista se tendrían por moderadas y cautelosas, pero aquéllos eran unos tiempos en los que había que medir las palabras. A pesar de nuestros buenos propósitos, la revista fue considerada una publicación peligrosa hasta el punto de que el número de febrero de 1975 en el que se entrevistaba a tres andaluces que acababan de participar en Bruselas en un coloquio denominado «La nueva España frente a Europa», Antonio Fontán, periodista y profesor, Santiago Roldán, economista y profesor, y Alejandro Rojas Marcos, abogado y dirigente político, que hablaban del futuro, de la necesidad de una transición a la democracia y del papel de las regiones en Europa, fue secuestrado en el taller donde se imprimía, por parte de la autoridad gubernativa del momento, el Ministerio de Información y Turismo, al cual había que enviar cinco ejemplares antes de que su distribución fuera permitida.

Según se nos comunicó, algunos artículos y declaraciones de los entrevistados sobre las regiones y sus posibilidades en el futuro atentaban contra la unidad nacional. Tuvimos que enviar una nota urgente a nuestros suscriptores en la que explicábamos nuestra sorpresa, pues la revista simplemente recogía reivindicaciones ante una situación económica y social que distanciaba a Andalucía de otras regiones, y se hablaba de regionalismo, pero no se decía nada que atentara contra la unidad nacional. La llamada «cuestión regional», aquélla que ya en el pasado había producido problemas, aunque planteada de forma muy moderada, no podía ser tratada.

La vida de la revista continuó con algún otro sobresalto o disgusto, como aquél que tuvimos con una portada que llevaba la foto del ministro de Información y Turismo, León Herrera, de color verdoso y bastante grotesca, aunque sin intención alguna: sencillamente se debió a problemas de la impresión. Pero aquello, además del contenido de ese número, molestó bastante.

La Ilustración Regional dejó de publicarse a comienzos de 1976, pero el interés por la evolución de la política, por saber cómo podría realizarse el tránsito necesario hacia un sistema democrático, continuó e incluso se acrecentó entre los fundadores y entre aquéllos que habían sido colaboradores. Unos y otros tomamos caminos distintos e incluso algunos seríamos rivales en las primeras elecciones de la democracia en 1977, pero nuestra amistad perduró y pudimos participar en la Transición que vendría.

2

Del Partido Demócrata
a la Unión de Centro Democrático

JOAQUÍN GARRIGUES, ANTONIO FONTÁN Y OTROS

El Partido Demócrata y Liberal fue fundado en mayo de 1976 por Joaquín Garrigues Walker y Antonio Fontán. Previamente, constituyeron la sociedad de estudios Cuadernos Libra, donde se abordaron cuestiones de filosofía política, organización del Estado, historia reciente de España y la situación económica; documentos que sirvieron de base para el programa e ideario del partido.

Joaquín Garrigues fue un liberal en la política española por la que trabajó con dedicación y devoción hasta su muerte a los cuarenta y siete años. El Estado que defendía sigue siendo válido para hoy en día: «Yo creo en un Estado que reconozca las libertades individuales y las colectivas, y que garantice los derechos humanos», escribió. Habló continuamente de las pequeñas libertades, de las de todos los días, del orden que nace de la confrontación de las ideas; de la tendencia de los políticos, ante los problemas de la economía, a recurrir a un mayor grado de intervención estatal, y de las tentaciones de medidas de excepción, y de limitación de derechos y libertades para resolver problemas inmediatos de orden público.

Antonio Fontán, catedrático de Latín, periodista y director del diario Madrid, cuyo edificio fue volado por orden de la dictadura, fue un demócrata antes de la democracia y un monárquico antes de la restauración de la monarquía y aportó su bagaje intelectual, sus conocimientos de derecho constitucional y su capacidad para aunar voluntades a lo largo de la Transición. El Rey reconoció su aportación y su hoja de servicios a la reciente historia de España al concederle el título de marqués de Guadalcanal, su querida tierra sevillana. El libro Antonio Fontán, un liberal en la Transición, del que es autor Miguel Ángel Gozalo, recoge muy bien su personalidad, sus muchos conocimientos y, también, su enorme desolación cuando murió quien había sido su compañero en la vida política y su gran amigo, Joaquín Garrigues.

En la presentación del primer libro de la colección Cuadernos Libra, Una política para España (1976), su autor, Joaquín, afirmó que la democracia había que traerla entre todos, aunque la iniciativa debía corresponder al Gobierno que todavía no había convocado las elecciones, y reconocía que, sin la presión protagonizada desde la oposición, no se estaría tan cerca del objetivo final de alcanzar la democracia plena. Señaló algo que llamó la atención sobre «el Estado fuerte», que a su juicio no era un Estado que dice lo que hay que hacer, sino que debía ser la propia sociedad organizada y capaz de expresarse desde donde naciera ese Estado fuerte y estable.

El Partido Demócrata y Liberal tomó la forma de una federación integrada por diversos partidos, y pasé a formar parte de su Comisión Ejecutiva, a la que pertenecían personas con mucha mayor trayectoria profesional y con mayor conocimiento de la política que yo. Las convocatorias a las reuniones de la comisión y a los consejos de la federación se sucedían constantemente y aunque para los que vivían fuera de la capital resultaba complicada la asistencia, por ejemplo para los canarios, los abogados Diego y Juan Cambreleng, solían acudir bastantes. Una de las personas que más trabajaron en el ideario del partido y en su difusión, que luego sería diputado y presidente de la delegación española en el Consejo de Europa, fue Joaquín Muñoz Peirats, Chimo, valenciano demócrata, monárquico y europeísta sin descanso, en tiempos todavía difíciles para España, pero que no alcanzaría a ver su sueño, nuestro país en la Comunidad Europea, hecho realidad. Chimo fue uno de los grandes y buenos amigos de Joaquín, y también lo fue mío.

Joaquín Garrigues, que desde los años sesenta escribía continuamente en medios de comunicación, nos remitía sus artículos, muchos publicados en el diario ABC, con sus opiniones sobre la democracia que resultaba imparable, y la necesidad de una etapa constituyente. Además, el abundante epistolario que también nos enviaba nos ilustraba sobre la defensa de las ideas liberales en todos los campos y sobre la fragilidad de la democracia, siempre amenazada por los distintos poderes. Todo ello nos proporcionaba argumentos para las declaraciones que constantemente se nos solicitaban y para las que, en muchas ocasiones, todavía no teníamos la respuesta. Fue amigo de Guillermo Luca de Tena, de Juan Tomás de Salas, y del joven Pedro J. Ramírez, entonces en ABC, y muchas fueron las entrevistas que concedió a lo largo de los años setenta; algunas sorprendían por lo rotundo de sus afirmaciones en defensa de todas las libertades, pues el liberalismo no era para él «un talante», como a veces se ha definido, sino toda una teoría política. Su gran tema fue la libertad: «las libertades con minúscula, las de todos los días», decía, pues eran muchos los que gritaban «Libertad, Libertad» y sin embargo pedían medidas para recortarlas.

La Federación del Partido Demócrata y Liberal se definió como demócrata, liberal, social, regional, nacional y de vocación europea, y a ésta se unieron los partidos de todas las, todavía, denominadas regiones, más la Acción Liberal Vasca y Acció Democràtica de Catalunya. El Consejo Federal llegó a contar con representantes o dirigentes en todas las regiones, entre otros, Francisco Burguera y Francisco Zaragoza en el País Valenciano; Juan Cambreleng en Canarias; Ramón Pais en Galicia; Vicente Sánchez Cuadrado en Extremadura; Julio Pascual, Eduardo Merigó y Miguel Mazarrasa en Castilla; Jesús Martínez Pujalte en Murcia; Antonio Aguilar y yo misma en Andalucía; José María Figueras representaba a la Lliga de Catalunya; Vicente López Pascual a las Juventudes Liberales y Enrique Monsonis a los españoles liberales en el exterior.

Los temas a tratar en las reuniones del partido no sólo nos interesaban, sino que nos divertían porque nos permitían tener información sobre quiénes eran los políticos que conspiraban en el momento y cuál era su actividad, y conocer las opiniones de los que estaban presentes en los medios de comunicación. Luego, cuando volvíamos a nuestro lugar de residencia, podíamos presumir de la información que teníamos. Muchas veces las reuniones eran en el restaurante Jai Alai, donde Joaquín y Antonio eran muy bien recibidos, y a los forasteros nos gustaba especialmente su merluza frita.

Una de las cuestiones a debatir largamente fue si era conveniente formar parte de la Junta Democrática, constituida por personas pertenecientes, fundamentalmente, al Partido Comunista y por personalidades no adscritas a ningún partido, todas conocidas por sus posiciones a favor de la democracia y contrarias al régimen. La Junta Democrática consideraba que era «objetiva y subjetivamente imposible la evolución democrática del Estado por vía de reformas legales», como decían sus documentos. Luego, la discusión sería en torno a si adherirnos a la Plataforma que integraban socialistas y democratacristianos. Las dos opciones fueron descartadas y continuamos en solitario.

Poco tiempo después se lograron las reformas hasta alcanzar, como dice la Constitución, un Estado social y democrático de derecho, lo cual significó una ruptura con el régimen anterior.

Un grupo de sevillanos, en el mismo año 1976, constituimos el Partido Demócrata Andaluz, dentro de la Federación de Partidos Demócratas y Liberales. Gabriel Navarro, empresario jerezano, monárquico y demócrata convencido, fue quien nos había presentado a Joaquín Garrigues. En una primera reunión, en casa de Gabriel, en la sierra norte sevillana, Joaquín nos animó a unirnos a su proyecto para participar en la vida pública, para defender un sistema político que hiciera posible la defensa de los derechos y de las libertades. No se habló, todavía, de partido político alguno, sino de la sociedad de estudios Cuadernos Libra, que trabajaba en los documentos sobre aspectos del presente y el futuro de España.

La mayoría de los asistentes a la reunión salimos convencidos de participar en aquel proyecto.

Las reuniones del grupo inicial se celebraban en Sevilla, en un despacho que servía de sala de reuniones, compartido con la pequeña empresa de unos buenos amigos. Nuestra actividad pasaba por conseguir suscriptores para los cuadernos, lo que ayudaba a sufragar algunos gastos y empezar a propagar el ideario del partido que se iba a crear.

En aquellos momentos la presencia de una mujer en toda esta historia era algo llamativa. Una mujer, de una familia conocida en la ciudad, que hacía propaganda política y que hablaba de la necesidad de tomar parte en la vida pública, no siempre era bien recibida. Las cosas se complicaron a raíz de una reunión de un grupo de personas que buscaban un lugar para escuchar a Fernando Soto, Eduardo Saborido y Francisco Acosta, sevillanos, miembros de sindicatos clandestinos, que tras el llamado «Proceso 1001» habían ingresado en la cárcel. La reunión se celebró en mi casa, lo cual trascendió y me llovieron las críticas por acoger a aquellas personas y por meterme en semejantes aventuras. Más agresivas y desagradables fueron las llamadas anónimas que recibí por haber participado en una manifestación en la que se pedía democracia, libertad y Estatuto de Autonomía. Se dijo que en ella se había quemado una bandera española, algo que yo nunca vi.

En octubre de 1976 la Fundación liberal alemana Friedrich Naumann nos invitó a un grupo de liberales españoles, de cinco partidos distintos, incluida Esquerra Democràtica de Catalunya, a asistir a un seminario en Bonn, con ocasión de las elecciones generales en la República Federal de Alemania, para observar cómo se hacía una campaña: preparación de actos electorales, el papel de la televisión y observar a los tres principales candidatos. Nos impresionaron los grandes actos de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y del Partido Socialdemócrata (SPD), y ver la modestia del entonces ministro de Asuntos Exteriores y líder del Partido Democrático Libre (FDP), Hans-Dietrich Genscher, subido en un cajón, en plena calle, para dirigirse a los ciudadanos.

La actividad política de nuestro grupo aumentaba; logramos conectar con personas, primero de Córdoba, donde fuimos muy bien recibidos por el abogado José Luis Fernández de Castillejos y por Carmelo Casaño, también abogado, y luego en Jaén, donde encontramos el entusiasmo de Ángel Gómez Calle, y muy poco a poco pudimos empezar a dar a conocer aquel proyecto que se convertiría en el Partido Demócrata Andaluz.

Pero pronto nos encontramos con que nos había nacido un adversario importante: el Partido Social Liberal Andaluz, cuyos principales fundadores eran Manuel Clavero y Jaime García Añoveros, ambos catedráticos de la Universidad Hispalense, personas respetadas y muy conocidas dentro y fuera de la ciudad. Nosotros teníamos que mencionar y volver a mencionar a Joaquín Garrigues para mostrar que también contábamos con personas conocidas, pero las fuerzas eran bastante desiguales en Andalucía, naturalmente a favor de aquéllos, y los medios de comunicación les prestaban mucha mayor atención.

Además, en una región con altos índices de desempleo y con un sector agrario de mucho peso, divulgar un programa liberal, de economía de mercado, donde el Estado no lo ocupara todo, resultaba complicado. La carencia de una burguesía fuerte, algo que se arrastraba desde el siglo XIX porque la revolución industrial no había llegado a Andalucía, excepto algunas iniciativas en Málaga, y las opiniones de quienes eran partidarios de una presencia del Estado que todo lo arreglaría, nos ponían las cosas bien difíciles.

Los dirigentes del clandestino Partido Comunista de España (PCE) mostraban interés por establecer contactos con algunos de nosotros, y a través de un amigo sevillano, Ignacio Vázquez Parladé, ingeniero agrónomo, fundador conmigo de la revista La Ilustración Regional y, para escándalo de muchos, miembro del PCE, establecimos los encuentros. Me reuní, en secreto, en su casa con el comunista Manuel Benítez Rufo, quien luego sería alcalde de Dos Hermanas, y hablamos de la democracia que tenía que llegar y a la que defendíamos desde posiciones muy distintas, y la amistad perduró a lo largo del tiempo.

En marzo de 1976 la asociación de vecinos del Cerro del Águila, de Sevilla, barrio de trabajadores de la industria textil, invitó a Joaquín a presentar su programa en el cine Olimpia. Con la sala abarrotada, defendió la transición a la democracia, el pacto social y el pacto entre las regiones. Hubo preguntas complicadas, cargadas de reticencias hacia quien encarnaba a la derecha y al capitalismo; hubo silencio y respeto para quien, con la convicción que le caracterizaba y en tono no solemne, defendió la democracia liberal, y hubo muchas risas cuando dijo que el ministro de Asuntos Exteriores, José María Areilza –su suegro–, que viajaba por Europa hablando de la apertura y de las reformas, «vendía» una mercancía que no tenía. Los correligionarios salimos del cine exultantes, después de haber temido que aquello fuera un desastre porque el lugar no era el más adecuado para la causa liberal en aquel momento.

ADOLFO SUÁREZ CONVOCA ELECCIONES GENERALES

A principios de 1977 se empezó a hablar acerca de una alianza de partidos de centro: socialdemócratas, democratacristianos, liberales y personas que procedían del régimen anterior. Se trataba de pequeños partidos que, como se decía, «cabían en un taxi». Eran varios los partidos existentes en cada una de las corrientes ideológicas, pero sus dirigentes tenían peso, incluso algunos creían tener mucho, y la integración entre los varios grupos dentro de la misma familia política resultaba imposible.

Joaquín Garrigues sentía una especial simpatía por quien lideraba el grupo socialdemócrata más destacado, Francisco Fernández Ordóñez, a pesar de que a Paco le gustaba situarse «un poco más a la izquierda» y de que, a veces, como decía Joaquín, le traicionaba.

Hubo que esperar a que Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, tocara a rebato al convocar elecciones generales para el 15 de junio de 1977 y llamara a los dirigentes de todos estos partidos para que se formara la coalición Unión de Centro Democrático. UCD resultó ser una iniciativa muy buena no sólo para concurrir a las elecciones, sino para dirigir todo el proceso de desmontaje del régimen anterior. Este proceso, así debe reconocerse, contó con la colaboración y con todo el empuje de la oposición. Hasta ese mismo momento la mayoría de los dirigentes de los partidos que formaron la coalición eran escépticos respecto a las intenciones del presidente Suárez, que les inspiraba reticencias por su reciente pasado en el Movimiento Nacional.

El encargado de organizar esta coalición fue Leopoldo Calvo-Sotelo. Quedó fuera de ella el Equipo de la Democracia Cristiana dirigido por José María Gil-Robles y por Joaquín Ruiz-Giménez. La sede estaba en un despacho de la calle Serrano, de Madrid, donde entraban y salían unos y otros para lograr influir en las listas que había que confeccionar con los candidatos de las distintas provincias. Las semanas de elaboración de las listas fueron de un enorme ajetreo; hubo constantes rivalidades por ver quién lograba más candidatos en puestos de salida, y desde los partidos seguimos con pasión las noticias que nos llegaban sobre quiénes y en qué número de la lista irían los elegidos para concurrir a las elecciones.

En Sevilla, encabezó la coalición Manuel Clavero, seguido de Jaime García Añoveros y de José Manuel Tassara. Me parecieron muy lógicos los nombres de los dos primeros, pero me disgustó mucho el del tercero pues yo me consideraba con mayores méritos, sin darme cuenta de que el mero hecho de ir en la lista era un lujo para mí. Cosas de la juventud. Y Antonio Fontán fue candidato al Senado.

La campaña electoral fue desorganizada, divertida y ruidosa. Los pueblos y ciudades amanecían empapelados y las caravanas de los partidos recorrían las calles con megáfonos que anunciaban mítines o eslóganes. Algunos de los candidatos estábamos bastante despistados y no era raro confundir los nombres de los oradores a presentar o el nombre del lugar en el que estábamos. El día grande era aquél en el que el líder del partido, en compañía del presidente Suárez, si era posible, aparecía en el mitin.

En Sevilla UCD se estableció en la calle Betis, frente a la Torre del Oro; allí, en medio de un inmenso trajín, se decidían los actos, las personas que intervendrían e incluso se nos daban papeles que nos ilustraban para los discursos. Hablábamos en los mítines del centro en la vida política, de la democracia y de la libertad.

En las elecciones de junio de 1977 obtuvimos en Sevilla cinco diputados y un senador, Antonio Fontán. No fue un mal resultado, pero ya se vio que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) era muy poderoso en toda la provincia, pues aunque tuvimos el mismo número de diputados nos superó en votos y sacó tres senadores. También se pudo ver la importancia de la figura de Felipe González.

Joaquín Garrigues murió en julio de 1980. Había sido ministro de Obras Públicas del Gobierno de Adolfo Suárez en 1977, donde contó con un equipo de buenos profesionales: Pedro López Jiménez, ingeniero de Caminos, Eduardo Merigó, economista, Bernardo Ynzenga, arquitecto, Daniel de Linos, economista, Juan Antonio Becerril, ingeniero de Caminos, y Pilar Lladó, periodista. Luego fue ministro adjunto al presidente en 1979, durante un breve tiempo a causa de su enfermedad, y en este cargo tuvo la ayuda de Conchita Rays, que le acompañó durante toda su vida en la empresa privada y en la vida pública, de Beatriz Rodríguez Salmones, licenciada en Filología y periodista, a la que yo pude recuperar, afortunadamente, para el Ministerio de Cultura, y de Antonio Papel, ingeniero de Caminos y escritor. En una conferencia titulada «Un nuevo modelo de Estado» en el Club Siglo XXI, en diciembre de 1978, Joaquín expuso todo un programa de gobierno que desarrolló en sucesivos artículos en la revista Cambio 16, pues sin rubor alguno había manifestado que quería el sillón de Adolfo Suárez. Miguel Herrero de Miñón, ponente de la Constitución, dijo al día siguiente de la conferencia: «Ha nacido una estrella».

Pero su mala salud de hierro, como decía el mismo, dejó de ser una broma inmediatamente después de la campaña electoral de marzo de 1979, al volver de su circunscripción electoral, Murcia. El diagnóstico de su enfermedad fue malo desde el primer momento; luchó contra ella con todas sus fuerzas y con el mayor humor que cabe imaginar. Todo había empezado por una inflamación de bazo y por eso escribió el «Anecdotario curioso del bazo más grande de todo el océano», artículo que publicó en el diario El País como «un divertimento en los ratos que pasé en la clínica y en el que quizás reconozcas a alguno de los personajes», según su nota a los amigos. Un trasatlántico navegaba por el océano y en los puertos recogía pasajeros ávidos de ver aquel bazo que se salía del mundo y que había truncado una de las carreras políticas más espectaculares desde Segerico. Por la cubierta del barco paseaban amigos y enemigos, que competían en amor y cariño, a los que el diputado-ministro Galinga Vázquez observaba y a veces trataba con benevolencia y otras sin ella.

Pero en febrero de 1980 publicó en el mismo diario «Maldición, el bazo ataca de nuevo». El viaje había terminado, el billete era sólo de ida y en un instante otros se subieron al puente de mando con la misma ilusión y el mismo énfasis. Para Joaquín Garrigues la escritura fue una gran afición, y se reía ante el aplauso, la desaprobación o el desconcierto que algunos de sus artículos producían. Pero para aplauso, aquél que los diputados, puestos en pie, le tributaron cuando entró en el hemiciclo en mayo de 1980, ya con las huellas profundas de la enfermedad, para asistir a la sesión de la moción de censura que el PSOE había presentado al presidente Adolfo Suárez. Felipe González, que presentaba la moción, le dio un abrazo en el centro del hemiciclo y esa imagen, que a muchos nos conmovió, quedó para la historia de los gestos de aquellos tiempos. Una larga entrevista realizada, poco tiempo antes de su muerte, por Josefina Martínez del Álamo se titulaba «¡Por favor, Sr. Garrigues, no se muera!».

Cuando Joaquín murió llovieron los artículos de amigos y de adversarios que hablaban de sus cualidades humanas, de sus risas, de su desconcertante humor, de sus abrazos y de la importancia de su concepto y defensa de la democracia. Un amigo socialista sevillano, Eusebio Vázquez, me escribió una carta en la que recordaba aquel mitin de Joaquín en el cine del Cerro del Águila en 1976, donde adversarios, escépticos y seguidores rieron y aplaudieron como nunca imaginaron que harían al escuchar a un «capitalista decadente», como él mismo se despedía de Eusebio por carta, ya muy enfermo.

Al cumplirse los veinticinco años de su muerte, Antonio Fontán, que tan bien lo conocía, escribió que su existencia había sido corta, pero no frustrada: «Su vida personal y de hombre público ha dejado huella y su firmeza y su lealtad fueron ampliamente reconocidas».

Yo creo que habría valido la pena la recopilación de todos sus escritos y haber contado con una edición comentada, pues son cientos de folios que contienen toda una concepción del liberalismo, de la democracia y de cómo se alcanza una sociedad moderna y civilizada. Como yo estuve allí, junto con otros, y escuchamos su insistencia en la defensa de las libertades, me parece de justicia recordar en estas páginas que su aportación a la Transición y a la democracia fue grande y no debería quedar en el olvido.

Tras la muerte de Joaquín Garrigues los liberales que le habíamos seguido y que formábamos parte de UCD nos sentimos desamparados e incapaces de organizar y mantener grupo liberal alguno. La muerte de un amigo joven, gracias al cual yo me había iniciado en la política, me desanimó y pensé que su sustitución era imposible. Nadie de entre los liberales tuvo capacidad para mantener unido al antiguo grupo a partir de entonces, pese a que algunos eran diputados y senadores muy valiosos.

La coalición inicial convertida en un partido nunca logró la total integración de los grupos originarios. Quienes habían sido los dirigentes de partidos liberales, socialdemócratas, democratacristianos, partidos de ámbito regional y de reformistas que procedían del régimen anterior, mantuvieron sus fieles, sus grupos y sus continuas reuniones en las que se trataba la política del Gobierno y los proyectos de ley que entraban en el Congreso.

Aunque el primer congreso de UCD, en el que Adolfo Suárez sería elegido presidente, se celebró con euforia y alegría en octubre de 1978, no se logró, a lo largo de la Legislatura constituyente, desde 1977 a 1979, un grupo cohesionado, aunque sí fue un grupo plenamente dedicado al trabajo parlamentario, que ya era mucho.

Pensar que la coalición se podía convertir, en poco tiempo, en un partido político como era el socialista o como ahora son algunos, con órganos que imponen disciplina, con documentos que los diputados firman asegurando su lealtad, y poder imponer sanciones a quienes se apartan de las decisiones tomadas por la dirección, era entonces impensable. Las cosas se complicaron en la I Legislatura, a partir de 1979, por discrepancias en proyectos de leyes como la de Autonomía Universitaria o la del Divorcio, de manera que las reuniones del grupo parlamentario, previas a los plenos, eran seguidas por los periodistas, a través de las rendijas de las puertas, para escuchar los apasionados debates y las polémicas entre diputados.

Transcurrido el tiempo, yo no entendí las razones de las diferencias irreconciliables dentro del grupo parlamentario en el Congreso. Unos y otros me convocaban a reuniones para hablar de la Ley de Centros Docentes o para hablar del proyecto de Ley del Divorcio, y yo acudía con la sensación de que aquello iba por mal camino. Para algunos, el partido se derechizaba; para otros, iba hacia la socialdemocracia y se acercaba a posiciones de los socialistas.

Mi papel no era relevante, pero muy posiblemente por el hecho de ser una mujer que en algunos momentos se había significado, varios grupos tiraban de mí para que me uniera a ellos. Existía un sector «oficialista» que seguía a la dirección del partido; había otro grupo llamado «los críticos», y otro que se autotituló «los jóvenes turcos». Todos se esforzaban por aumentar su influencia, y a los de procedencia liberal se nos invitaba a participar en clubs liberales o en otras formas de agrupación.

UCD fue un partido que contó con personas muy capaces, con trayectorias profesionales brillantes, y que hicieron un magnífico trabajo, pero muchos no alcanzamos a ver que el mayor activo político del partido era la persona que había sabido llevar a la nación desde una dictadura a una democracia: el presidente Suárez, quien siguió el camino anunciado por el rey Juan Carlos en su proclamación ante las Cortes.

El partido llegó dividido a su segundo congreso de febrero de 1981 en Palma de Mallorca, cuando ya Adolfo Suárez había anunciado su dimisión como presidente del Gobierno, y salió también dividido. Todos los movimientos que había dentro del partido transcendían a los medios de comunicación; además, fuera del Parlamento, había mandos del Ejército que no digerían el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en la Constitución, y la banda terrorista ETA continuaba con atentados que provocaban enorme dolor. Hubo, también, en el Congreso de los Diputados una durísima oposición del grupo socialista y de algunos otros grupos, que constantemente le recordaron al presidente Suárez su origen franquista y dijeron que su proyecto estaba agotado. Dentro del mismo grupo parlamentario hubo quienes defendieron la unión de lo que llamaban «la derecha natural», es decir UCD más Alianza Popular (AP). Es muy posible que la suma de todos estos hechos y circunstancias colmaran la paciencia del presidente y decidiera presentar su renuncia, cosa que hizo en enero de 1981.

Lo cierto es que no fuimos capaces de valorar, en ese momento, lo hecho en muy poco tiempo tanto por el propio presidente como por el partido: la supresión de las anteriores estructuras del Estado, las amnistías que propiciaron la reconciliación, la Ley electoral proporcional, que permitió una amplia representación de partidos, la Ley de Libertad Sindical, la reforma fiscal, la modificación de los códigos civil y penal, la firma de convenios internacionales sobre derechos humanos, el inicio de la transformación del Estado centralizado en uno plenamente descentralizado, los pasos para la integración en la Comunidad Europea y para el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y por encima de todo la Constitución, que aunque obra de muchos, el presidente puso especial énfasis en que fuera la de todos.

A los problemas internos existentes y a algunos de los externos hubo que añadir que una parte importante de los medios de comunicación fueron muy críticos con la labor del presidente, del que se dijo que carecía de ideas. En círculos y ambientes de la izquierda se habló constantemente de «desencanto», para expresar que las reformas avanzaban poco, hasta que ganó las elecciones el PSOE en 1982, y entonces muchos del desencanto pasaron a la ilusión.

Yo no podría añadir nada nuevo sobre los motivos o razones de la dimisión del presidente Suárez, pues acababa de ser elegida miembro del Comité Ejecutivo del partido y no estaba todavía en el Gobierno, pero sí puedo dejar constancia, por haber sido diputada en la Legislatura constituyente y en la I Legislatura, de que en su mandato de menos de cinco años como presidente, de julio 1976 a enero de 1981, se desmontaron la mayor parte de los organismos del régimen anterior y se levantó la arquitectura de uno nuevo, que sería el de la democracia. Me quedé muy pensativa cuando, mucho tiempo después, vi su sencillo enterramiento en el suelo del claustro de la catedral de Ávila, donde sobre la piedra dice «La concordia fue posible». Fue un gran personaje para la historia de España, pensé.

DIPUTADA QUE VIVIÓ EL GOLPE DE ESTADO

Las fotos que se han hecho al hemiciclo del Congreso durante las legislaturas de los años setenta y ochenta son reveladoras. Todos son hombres vestidos con traje y corbata, menos unas pocas mujeres que aparecemos de cuando en cuando y que se nos ve por llevar una indumentaria de color que destaca entre tanto gris y azul.

Como ya comenté en la «Introducción» de este libro, en la Legislatura constituyente que comenzó en junio de 1977 éramos veintiuna diputadas en un Congreso de 350 escaños, y seis senadoras en un Senado de 200 escaños. Luego, en la I Legislatura, desde 1979 a 1982, fuimos veinticuatro diputadas y cuatro senadoras. Mucho después, en la VII Legislatura, en el año 2000, se alcanzó el número de 132 diputadas y 74 senadoras. Y en la X Legislatura, en el año 2011, se llegó al máximo, hasta el momento, 175 diputadas y 124 senadoras.

Me han preguntado con frecuencia si sentí alguna discriminación en medio de tantos hombres durante los primeros años. Mi respuesta ha sido siempre que no, es decir, que no dejé de hacer ninguna función o trabajo que yo deseara por ser mujer, pero es indudable que el hecho de ser tan pocas indicaba que había una dificultad grande en llegar a ocupar un escaño. Esa dificultad tenía varias motivaciones, no muy distintas a las de otras actividades o profesiones poco habituales entre las mujeres. Estar en el Congreso significaba pasar varios días fuera del lugar de residencia y no saber cuándo se podía regresar porque las sesiones se prolongaban hasta bien entrada la noche durante días.

Por otra parte, existía un movimiento de feministas, muy reivindicativo, que exigía cambios en la legislación, en actitudes hacia la mujer y en posibilidades en formación y en trabajo. Varias diputadas socialistas y comunistas pertenecían a alguno de estos movimientos, que presionaban sobre todas nosotras. Para aquéllas que no estábamos afiliadas a ninguno de ellos resultaba difícil explicar que trabajábamos por cambiar la situación de la mujer, pero que no queríamos formar parte de organización feminista alguna. Recuerdo un acto, con mucho público, al que fui invitada en Barcelona, poco tiempo después de ser elegida diputada, sobre la condición de la mujer, y sin ni siquiera haber comenzado la intervención recibí un clamoroso abucheo. Las feministas pretendían ser consideradas las únicas defensoras del reconocimiento de los derechos de la mujer, y esto no fue así.

A lo largo de esos años de comienzo de la democracia y con mayorías de UCD, se trató en muchas ocasiones la situación de la mujer, pero los cambios importantes e imprescindibles no llegaron hasta que se aprobó la Constitución, en 1978, con el reconocimiento de igualdad en derechos y libertades y la no discriminación, lo que requirió la modificación del Código Civil y del Código Penal. Pero aquello no fue suficiente.

En una ocasión le dije al presidente Suárez que había que acelerar los cambios, que la presión a las diputadas era grande y que muchas los deseábamos pronto. Su respuesta, al concluir un pleno y mientras bajaba las escaleras por las que entonces salíamos a la calle, rodeado de diputados que hacían difícil acercarme a él, fue que no me inquietara, que comprendía la situación y que los cambios se harían, aunque eran muchos los que quedaban por hacer. Y sentí que los diputados de mi alrededor pensaban que mi petición no era muy oportuna, dados los problemas que teníamos. Efectivamente, los cambios legislativos se iniciaron entonces, pero su desarrollo y la necesaria evolución de mentalidad y de costumbres llevaron mucho tiempo.

En la legislatura que se inició en marzo de 1979 volví a ser diputada por Sevilla. A propuesta del portavoz del grupo parlamentario de UCD, José Pedro Pérez-Llorca, fui elegida secretaria tercera de la Mesa del Congreso, y ocupé un escaño junto al secretario primero, Víctor Carrascal, a la derecha del presidente; en el lateral de la izquierda se sentaban los otros dos secretarios, Leopoldo Torres y José Bono, del grupo socialista. Había entonces tres mujeres en la Mesa, un órgano rector de nueve personas: María Victoria Fernández España, vicepresidenta tercera, María Izquierdo, que sustituyó a Leopoldo Torres, y yo misma como secretarias.

Algo más de veinte años después, en la VII Legislatura, en el año 2000, hubo cinco mujeres, por primera vez, en la Mesa del Congreso, y entre ellas la presidenta, Luisa Fernanda Rudi; pero no fue hasta 2016, en la XII Legislatura, cuando nuevamente otra mujer, Ana Pastor, volvió a presidir el Congreso de los Diputados. Ambas han sido presidentas con sobradas capacidades para ordenar la compleja vida parlamentaria y ganarse el respeto de la Cámara.

La Mesa del Congreso, además de representar a la Cámara, recibe todos los documentos que en ella entran, los califica, resuelve su admisión si así lo estima y fija el orden del día con los portavoces de los grupos parlamentarios. Formar parte de la Mesa requiere mucha dedicación, y es un puesto muy deseado por los diputados, pues significa tener la confianza de tu grupo, y además algunas ventajas como disponer de despacho, coche y mejor sueldo. Reconozco que me sentí encantada de haber sido elegida para aquella función que me hacía llevar una vida ajetreada, con constantes viajes de Sevilla a Madrid y siempre acarreando papeles. Pero mis recuerdos eran tales que cuando un diputado amigo me preguntó, pasado el tiempo, si era un puesto por el que luchar le dije: «Ni se te ocurra. Te pasas todo el día leyendo documentos, clasificándolos y con ellos de un lado para otro. Además, tendrás que ir al aeropuerto a recibir a delegaciones y acompañarlas por la geografía española». Sin embargo, años después, volví a la Mesa del Congreso, como vicepresidenta tercera en el año 2000, en la VII Legislatura. Algo debe tener el poder que no me supe resistir a ello.

La sesión de investidura de un nuevo presidente del Gobierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez, comenzó el 18 de febrero de 1981. El candidato a presidente, Leopoldo Calvo-Sotelo, que era vicepresidente del Gobierno, concluyó su intervención, tras elogiar la labor del presidente Suárez, y afirmó que dirigiría su Gobierno «en la continuidad, pero sin la inercia de la continuación». Su programa se centró especialmente en cuestiones económicas: en la necesidad del crecimiento de la economía y en las reformas necesarias. Pero la mayoría de la Cámara no estaba por aceptar un sector público más reducido, ni por una mayor flexibilidad laboral. No obtuvo la mayoría necesaria en primera votación, como establece la Constitución, y la siguiente sesión quedó fijada por el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, para una segunda votación el día 23.

Ese día, el secretario primero, Víctor Carrascal, persona muy trabajadora y dedicada plenamente a sus electores zamoranos, llamó a los diputados para que emitieran su voto, y cuando llegó a mencionar el apellido Núñez Encabo escuchamos unos estrépitos fuera del hemiciclo, ruido de cristales y portazos. De repente, las puertas batientes se abrieron y aparecieron en escena guardias civiles armados con metralletas. Mi compañero de escaño en ese momento, José Bono, y yo misma nos preguntamos con la mirada qué era aquello. Por nuestra izquierda vimos a un guardia civil con pistola que se dirigía hacia el presidente del Congreso hasta situarse a su derecha y le dijo: «Quítate de ahí». Las fotos que pudieron hacerse instantes antes de sacar a la prensa del hemiciclo muestran nuestras caras de asombro que miran a Tejero. En la galería alta aparecieron más guardias armados. Y el teniente coronel Tejero, para mí totalmente desconocido en ese momento, con aire desafiante, pistola en mano, tricornio y bigote espeso, se subió a la tribuna de oradores, con el brazo izquierdo en alto, la mano bien abierta y en la otra la pistola, y gritó: «¡Todo el mundo quieto! ¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo, al suelo!». Yo me agaché sin entender nada, sólo que unos guardias nos amenazaban y que la gran mayoría de diputados se había puesto en pie mirando hacia aquel personaje en la tribuna.

Sí pude ver al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado dirigiéndose hacia los guardias, que le zarandearon y agarraron por las solapas. Él, que era además vicepresidente primero del Gobierno, debió comprender de inmediato qué significaba todo aquello. El presidente Suárez se levantó para ayudarle, pero tras los empujones que le dieron volvió a su escaño, donde permaneció sentado, y frente a él, al otro lado del hemiciclo, Santiago Carrillo también.

Fueron horas de mucha preocupación y gravedad. Al mismo tiempo que seguíamos secuestrados y apuntados con metralletas, se observaba un desorden de entradas y salidas de guardias, de conversaciones y movimientos de diputados; de cuando en cuando se escuchaba la voz de alguien que exigía que aquello terminara o que decía que todo era una vergüenza. Al cabo de unas horas, cuando noté que el desorden aumentaba, me levanté de mi escaño y subí a todo correr a mi despacho, en la primera planta, con intención de llamar por teléfono. Me asombró encontrarme con que un joven guardia civil dormía en el pequeño sofá con un fusil en el suelo. Salí corriendo, bajé las escaleras y se lo conté a los que estaban a mi alrededor, pues parecía una muestra del caos del golpe de Estado que pretendían.

Pasadas las diez de la mañana, dijeron por el micrófono que las mujeres podíamos salir. Vi cómo algunas, entre ellas Pilar Bravo, diputada del grupo comunista, decían que no; que o todos o que no salían. Dudé qué hacer, pero el ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, me hizo señas para que me acercara a su escaño. Me dijo que saliera lo antes posible y que informara de lo que sucedía. Cuando dejé el hemiciclo, algunos guardias se acercaron a mí y me pidieron que comunicara a sus familias que estaban bien. Y todavía algo aturdida por las horas pasadas, hice unas primeras declaraciones ante una nube de periodistas en plena carrera de San Jerónimo e inmediatamente después conté lo vivido al general José Antonio Sáenz de Santamaría, en un despacho del hotel Palace. Después, en la Dirección General de Seguridad, donde estaba su director, Francisco Laína, grabé un mensaje dirigido a las mujeres de los guardias civiles para que les instaran a abandonar aquella acción disparatada que les podía costar muy caro.

José Bono me contó, treinta años después, que cuando estábamos agachados los dos y parapetados tras los escaños de madera, yo decía: «Ay, mis niños, ¿qué va a ser de ellos?». El momento más angustioso del asalto fue cuando apilaron un montón de sillas en el centro del Salón de Sesiones, sobre la mesa de las taquígrafas, y un guardia dijo que si fallaba la luz y había algún movimiento las prendería fuego. Pensé que podíamos salir todos ardiendo porque en el hemiciclo todo eran maderas, alfombras y cueros.

Aunque unas horas después el asalto tomó el aire de tragicomedia, me pareció que todo aquello era un desastre: los titulares de los medios de comunicación serían «La Guardia Civil protagonista de un golpe de Estado», «El Gobierno y el Congreso secuestrados». ¿Cómo terminaría aquello?, ¿qué ocurriría al día siguiente?, ¿qué pasaría con la democracia?, me preguntaba yo.

El golpe se fue deshaciendo entrada la madrugada y por la mañana los golpistas se descolgaron por las ventanas del Congreso.

Los cuatro secretarios de la Cámara redactamos pocos días después un acta con los hechos que tuvieron lugar desde las dieciocho horas del día 23 hasta el momento en que el presidente Lavilla, pasadas las doce del mediodía del día 24, ordenó la salida de los diputados y anunció que el pleno se reuniría a las cuatro y media de la tarde del día siguiente. El acta, que se guarda en el Congreso, fue enviada al Consejo Supremo de Justicia Militar, y supongo que sería uno de los documentos utilizados en el juicio militar posterior.

La imagen del rey Juan Carlos en televisión, con uniforme de capitán general y en su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas, sus palabras de apelación al mantenimiento del orden constitucional y a no secundar intento de golpe alguno fueron absolutamente decisivas. Fue el Rey quien hizo que el golpe fracasara.

Cuando, al día siguiente, se reanudó la sesión y el vicepresidente Gutiérrez Mellado entró en el hemiciclo, todos en pie le dimos un largo aplauso. Su actitud fue la de un militar formado en el respeto a la autoridad y en la obediencia al superior, pero además la de un hombre valiente que se arriesgó ante unos matones por defender la democracia.

Pocos días después, el Rey nos recibió a los miembros de la Mesa del Congreso. Algo nos dijo sobre los momentos más tensos y difíciles de la noche, haciendo un clásico giro con la mano que indicaba que aquello había estado en la cuerda floja, y nosotros le dimos las gracias por su intervención, que fue decisiva para defender la democracia.

El juicio contra los autores del golpe de Estado se celebró al año siguiente. Los medios de comunicación siguieron con un espectacular despliegue de información lo que sucedía en este complicado juicio con numerosos inculpados y en un clima todavía enrarecido y dividido en medios militares. Yo, que era ministra de Cultura cuando tuvo lugar el juicio, seguí con mucha preocupación su desarrollo junto con todos mis colegas del Consejo. Mis notas de los consejos de ministros celebrados desde marzo a junio de 1982 recogen las preocupaciones que allí se expresaron por los incidentes graves a lo largo del juicio, pero muy especialmente por las benignas sentencias que se consideraron un pulso de las Fuerzas Armadas al Gobierno. Se aplicaron atenuantes por motivos políticos y por tratarse de patriotas, lo que no era admisible y podía sentar un precedente muy grave ante los terroristas de ETA. Fueron muchas las intervenciones de los ministros en los consejos sobre el intento de golpe y sobre sus autores, algunas vehementes y bien razonadas como la del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, y el ministro de Defensa, Alberto Oliart, propusieron que se recurriera la sentencia ante las benévolas penas y las absoluciones que encubrían, entre otros delitos, los de insubordinación y desobediencia. El presidente quiso que las sentencias fueran dictadas por un tribunal civil y que, además, fueran ejemplarizantes. Finalmente, en 1983, los cabecillas fueron condenados a penas de treinta años de cárcel.

Al cumplirse los veinticinco años del intento de golpe de Estado, el Congreso de los Diputados celebró un acto de recuerdo y de condena. Se leyó un texto que, a mi parecer, rebajaba el papel del Rey y lo equiparaba al jugado por instituciones democráticas, partidos políticos, sindicatos, ciudadanos y medios de comunicación en aquella noche. Me sentí en la obligación de escribir un artículo titulado «Sí, fue el Rey» en el diario ABC de Sevilla el 28 de febrero, y decir que no había sido así; que fue el Rey quien con su autoridad mantuvo el orden constitucional y que todavía éramos muchos los que podíamos dar testimonio de lo que sucedió, y de lo que vimos y escuchamos aquel día y los siguientes.

Leopoldo Calvo-Sotelo fue investido presidente con mayoría absoluta el 25 de febrero. Después del intento de golpe, las circunstancias requerían apoyos al presidente, pero los socialistas eran partidarios de un Gobierno de coalición y Manuel Fraga Iribarne de formar una mayoría entre el centro y la derecha. Comenzó un período muy difícil para el recién elegido: un golpe de Estado que juzgar, una mayoría parlamentaria no cohesionada, el abandono de diecisiete diputados que dejaron el grupo parlamentario centrista y un partido con grandes dudas sobre el camino a emprender. En el seno de UCD se debatió si era o no conveniente la formación de esa mayoría natural que contaba con destacados defensores dentro del Comité Ejecutivo, y se resolvió continuar el camino en solitario. No se pudieron, sin embargo, superar los muchos obstáculos que fueron surgiendo y que condujeron a las elecciones de octubre de 1982, que ganó el PSOE con mayoría absoluta.

El balance final de lo realizado por UCD fue positivo, a pesar del daño del terrorismo, que causó cientos y cientos de víctimas durante los años setenta y ochenta, estos últimos denominados los «años de plomo»; a pesar de los altos índices de desempleo y de los problemas de la incipiente organización territorial del Estado. Se vislumbraba ya que recordar lo hecho no sería suficiente para un electorado que parecía inclinarse por «una mayoría para el cambio», como decía el PSOE, y por una derecha representada por AP. Con la alternancia de partidos, traumática pero normal, a juicio de algunos, concluyó la Transición española a la democracia.

Pero antes de llegar el triunfo del PSOE me esperaba una importante propuesta del presidente del Gobierno.

3

Ministerio de Cultura

UNA MUJER EN EL GOBIERNO

Leopoldo Calvo-Sotelo me llamó para que acudiera a su despacho la tarde del 1 de diciembre de 1981, cuando me encontraba en el Congreso de los Diputados. La llamada me inquietó: era inesperada, no tenía la menor intuición sobre lo que me diría o propondría. Sin muchos preámbulos, me dijo que había pensado en mí como ministra de Cultura. Pregunté, ingenuamente, si podía tomarme un tiempo para pensarlo. Como luego he sabido, eso nunca funciona de ese modo. Una propuesta así requiere una respuesta inmediata. Llena de dudas y con cierta preocupación, dije que sí.

Cuando a última hora de la tarde llegué a una recepción que organizaba Diario 16 en el hotel Palace, todos sabían mi nombramiento y recibí muchas enhorabuenas. Me sentía abrumada y desconcertada. Jamás había pensado que podrían hacerme semejante propuesta.

Al día siguiente, tras tomar posesión de mi cargo en la Zarzuela ante los reyes, junto con otros nuevos ministros, me dirigí al ministerio. Me recibió el anterior titular de la cartera, Íñigo Cavero, demócrata frente al franquismo, trabajador siempre resuelto y bondadoso, que me relató los principales asuntos pendientes o en curso en diez minutos. Y comenzó mi tiempo.

No duró mucho el llamado traspaso de poderes. Todo el ministerio, con miles y miles de funcionarios en toda España, multitud de competencias y responsabilidades –museos, bibliotecas, archivos, promoción del cine y del teatro, ediciones de libros, conservación de monumentos, fomento de la música, la condición de la mujer, políticas de familia, política de juventud, deportes y medios de comunicación del Estado– recayeron sobre mí.

Fui responsable de Cultura y Deporte: de dirigir un ministerio de funcionarios de distintas procedencias, de competencias muy diversas, y en pleno proceso de transferencias y de disolución de órganos supervivientes del franquismo. Yo no tenía, en ese mes de diciembre, propuestas para todo ello. Sí conocía una prioridad: el peso de la cultura en nuestra sociedad, en la vida de cada individuo y en el ejercicio de su libertad. Era consciente de la necesidad del apoyo a la creación y de la escasez de las infraestructuras para acceder a ello. Y también de la dificultad de transitar de una dictadura a una democracia y de la complejidad del paso de la centralización al Estado de las Autonomías.

Mi nombramiento como ministra fue, en general, bien recibido. El líder de la oposición, Felipe González, dijo, exagerando sin duda, que era lo único bueno del nuevo Gobierno. Supongo que no quería reconocer al presidente muchos aciertos...

El hecho de ser mujer era lo más destacado y lo seguiría siendo durante bastante tiempo, porque no hubo más ministras hasta julio de 1988, cuando el presidente González, en su cuarto Gobierno, nombró como titulares de carteras a Matilde Fernández y a Rosa Conde.

En 2003, el presidente José María Aznar contó con cinco mujeres y once hombres en un Gobierno. Muy poco a poco fue aumentando el número de mujeres en los gobiernos, hasta llegar a nueve con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2008, entre ellas varias vicepresidentas, y representar el 50% del Gabinete. Luego, con Mariano Rajoy, el número descendió ligeramente, si bien contó con una mujer como vicepresidenta del Gobierno, y no debo obviar que yo misma fui propuesta y elegida la primera mujer defensora del Pueblo en el año 2012 bajo su mandato como presidente. En junio de 2018, el presidente Pedro Sánchez formó un Gobierno mayoritariamente de mujeres: once ministras en total, una de ellas vicepresidenta, entre diecisiete miembros, lo que ha supuesto un salto muy importante tras casi cuatro décadas desde mi elección en 1981.

Me alegro mucho de todos estos avances en la valoración y aprecio por la capacidad de las mujeres para ejercer, entre otras responsabilidades, cargos públicos. Se lo han ganado, no sin esfuerzo. Pero estos hechos hacen notar también que todavía hoy se destaca el nombramiento de ministras, pese al acceso de la mujer a toda clase de profesiones y actividades, y es frecuente mencionar si hay el mismo número de mujeres que de hombres o si hay menos. Si esto es así actualmente, en 1981 aquello resultó muy llamativo. Mi nombramiento era una noticia y como tal fue subrayado. En 1990, Leopoldo Calvo-Sotelo escribió en la dedicatoria de su libro Memoria viva de la transición: «A Soledad, que no necesitó del 25% para entrar en un Gobierno».

El nombramiento fue objeto del editorial de un diario en el que se decía que el presidente del Gobierno confirmaba el deteriorado papel asignado al Ministerio de Cultura. Me permití escribir una carta a su director, tan antipática como su editorial, para comunicarle que no aceptaba sus gratuitas descalificaciones. Otros afirmaron que se me exigiría más por ser mujer; alguno dijo que el nombramiento no era un regalo para mí ni para las mujeres, sino algo lógico y normal; y una periodista valenciana, tras yo declarar que me sentía abrumada, sostuvo que mis declaraciones eran bochornosas, más propias de una niña de la calle de Serrano; hubo quien escribió que la cuestión era que faltaba una señora en el Gobierno como falta una chica en una fiesta, pese a lo cual me deseaba suerte; y en una revista del corazón se dijo que, para ser mujer, yo era bastante antipática. También hubo comentarios menos apasionados y más afables, e incluso algunos me concedían generosamente un tiempo para mostrar lo que sabía hacer. Por otra parte, a varios diarios del organismo denominado Medios de Comunicación Social del Estado también les pareció muy mal mi nombramiento, y siguieron mis actuaciones de manera muy crítica, desde el mismo día de mi llegada al ministerio.

Pero fueron muchas, muy afectuosas, extraordinariamente expresivas y de procedencias diversas y plurales, las felicitaciones que recibí: diputadas y portavoces de varios grupos parlamentarios; colectivos feministas; asociaciones de mujeres empresarias; el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Amadou-Mahtar M’Bow; el presidente de la Comisión Europea, Gaston Thorn; la ministra de Cultura griega, Melina Mercouri, y otros ministros de Cultura europeos y no europeos; la Comisión por la Liberación de la Mujer del Comité Central del Partido Comunista; centrales sindicales; organizaciones empresariales; Federica Montseny, que me felicitó y se felicitaba porque una mujer hubiera sido designada; alcaldesas y alcaldes; amas de casa; hermandades sevillanas; Cristina de Arteaga, superiora de la orden Jerónima, me escribió que confiaba en que «dejara muy alto el pabellón femenino».

El lehendakari Carlos Garaikoetxea me deseó éxito y ofreció su sincera cooperación e incondicional disposición; Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, me envió una cariñosa carta manuscrita en la que me felicitaba por mi vocación y honestidad. El presidente Jordi Pujol, las Reales Academias, embajadores, profesores universitarios de distintas disciplinas estuvieron especialmente afables. Don Ramón Carande me dijo que le «emocionaba tener una amiga ministra». Me escribieron rectores de universidad, editores, galeristas, escritoras, mujeres periodistas y veteranas como Pilar Narvión, quien me aseguró que era difícil «estar al timón de un ministerio que parece un órgano por tantas teclas como tiene que tocar». Nuria Espert, con cariñosas palabras, me habló de los esfuerzos necesarios en la vida pública y Pilar Miró me deseó suerte, coraje y se ofreció a ayudar. Las religiosas rezaban por mí y algunas ya me anunciaron que acudirían para pedir ayuda. Hubo, también en las primeras horas, multitud de solicitudes, desgraciadamente inatendibles, y un número ingente de invitaciones imposibles de encajar en agenda alguna.

Las alumnas de un colegio me desearon un tiempo más largo que el de Federica Montseny, y directores de cine y actores, entre ellos Luis Berlanga, que incluso me propuso un papel para una película, se mostraron dispuestos a colaborar. Los directores de colegios, especialmente de Andalucía, pedían libros, y el Gremio de fabricantes y vendedores de pan de Barcelona también me felicitó. Fueron muchas las personas que me dedicaron palabras amables y de congratulación.

Recibí un telegrama de Adolfo Suárez que decía, escuetamente, «felicidades», y comprendí que no tenía ganas de celebrar decisiones de su sucesor ni de hacerlo por mí.

La mayoría de las personas que me enviaron felicitaciones añadían que estaban deseosas de colaborar en lo que estimara conveniente, me daban ánimos ante las dificultades de la labor que tenía por delante y se alegraban de que una mujer ocupara esa cartera. Antonio Mingote me dedicó una de sus viñetas cotidianas en ABC, en la que se veía ante el Ministerio de Cultura una multitud con una pancarta que decía «¡Socorro!». Y Forges, en El País, dibujó a unos tipos con batas a cuadros, también ante la puerta del ministerio, y uno comentaba: «Esto de la boatiné es indignante». Y el otro añadía: «Pues no se queje, que los jefes de negociado también tienen que llevar rulos».

Los periodistas empezaron a llamar y a pedir entrevistas sin ni siquiera haber tenido yo tiempo para despachar con los altos cargos del ministerio. Recuerdo, y las agradecí extraordinariamente, aquellas más de cientos de peticiones que querían saberlo todo: programa, prioridades, viajes, y qué hacía con los hijos y dónde pasaría los días de Navidad. El interés o curiosidad que despertaba el hecho de ser mujer no fue cosa de unos días; semana tras semana continuaron las entrevistas, hasta que decidí acabar con esa situación que me ocupaba tiempo y me distraía mucho.

Mi jefa de prensa, Pilar Lladó, lloraba por las esquinas cuando le dije que ni una entrevista más durante un tiempo; que me tenía que dedicar a trabajar. No conseguí del todo mis objetivos y cedí ante alguna televisión extranjera que grabó unas imágenes con mis hijos e incluso les hizo preguntas, lo que hoy seguramente no sería aceptado y ni siquiera se intentaría. El concepto del derecho a la intimidad y a la vida privada se ha extendido, y las mujeres, ministras o no, saben que tienen todo el derecho a preservar los aspectos de su vida no pública.

Los comienzos fueron difíciles. Había que priorizar las actuaciones. Es bien distinto ser diputada, miembro de la Comisión de Cultura del Congreso, donde tienes tiempo para estudiarte un asunto, que ser la responsable de toda una ingente organización a la que, además de hacer frente a sus problemas propios, solicitan ayuda alcaldes, parlamentarios y cuantas personas piden apoyo para celebrar un acontecimiento, editar un libro, organizar un concierto o arreglar el tejado de una iglesia.

Se trataba también de un organismo que había sido hecho, un tiempo atrás, a medida del régimen anterior: la cultura oficial al servicio de un sistema político con toda suerte de entidades –Sección Femenina, Frente de Juventudes, Medios de Comunicación del Estado o la asignatura de Formación del Espíritu Nacional.

Un Ministerio de Cultura puede abarcarlo todo o casi todo, pero si además quien llegaba a él era una mujer, la primera desde las elecciones de 1977, la primera de esa etapa de la transición a la democracia, hay que añadir la curiosidad o atención que, como ya he dicho, eso produjo. El Ministerio de Cultura y Deporte era heredero del antiguo Ministerio de Información y Turismo, y el personal tenía orígenes muy diversos, incluida la antigua Sección Femenina. Pero una de las virtudes de la Transición fue no discriminar en función de proveniencia o de posiciones anteriores, y, por supuesto, tener el máximo respeto a los derechos adquiridos de quienes se habían ganado su puesto de trabajo. Además, se contaba con funcionarios de varios cuerpos de la Administración General del Estado, muchos de los cuales constituían un personal muy cualificado y competente. Pero no puedo dejar de recordar que, cuando llegó el momento de hacer las transferencias de personal a las comunidades autónomas, algunas resistencias fueron muy grandes.

El vestuario de la ministra, para mi disgusto, se convirtió en un asunto de mucho interés. Como todo se desarrolló con tanta rapidez, no tuve tiempo de preocuparme y pensar en ello. Asistí a la toma de posesión ante los reyes Juan Carlos y Sofía, en la Zarzuela, con un traje de color fucsia que solía acompañar con cinturón azul. Parece, según dijeron los entendidos, que debía haber ido de oscuro. Algo mejor, comentaron algunos, fui al primer Consejo de Ministros, con un traje de falda y chaqueta. Debo confesar que, dos días antes, una prima mía se presentó en casa de mis padres, en Madrid, con una inmensa maleta llena de ropa para que yo escogiera. Mi madre, asustada ante tal cantidad de cosas, me dijo que lo devolviera todo porque aquello suponía un dineral, y tenía razón. Me quedé con algunas cosas, aunque no sé si todas acertadas, pues la ropa fue un tema seguido con atención por periodistas y, en consecuencia, objeto de toda clase de comentarios. En una ocasión llevé un traje verde chillón, de verano, a un partido de fútbol y el comentario del periodista deportivo fue exclamar que la ministra venía vestida de «verde demonio». El traje que llevé en un acto solemne, el premio Cervantes entregado por el Rey en la Universidad de Alcalá, no sólo dio lugar a que opinaran sobre él unos y otros, sino que también se dijo dónde lo había comprado y cuánto había costado.

En algún momento acudí al modisto Jesús del Pozo para que me ayudara a escoger ropa adecuada, y reconozco que me aconsejó muy bien y sin exagerar en ningún aspecto. Pero como la ropa que había usado durante la etapa de ministra fue tan comentada, cuando salí del ministerio no pude ponérmela durante mucho tiempo por la manía que le había tomado a toda ella y lo señalada que había sido.

A medida que ha ido creciendo el número de mujeres que acceden a altos cargos, los comentarios sobre cómo se visten han disminuido, pero no deja de ser un asunto seguido con atención en páginas no dedicadas a la moda. A lo largo de las legislaturas, en muchas ocasiones, las diputadas se han quejado de la atención que se prestaba a su modo de vestir, y jamás al de los hombres. Angela Merkel y Hillary Clinton han tenido que adoptar «uniformes», y han hecho bien. A Carme Chacón, buena ministra de Defensa, le recriminaron sus pantalones en la Pascua Militar, y esto no acaba.

No creo que este libro sea el lugar de hacer grandes alegatos y tomas de posición sobre el papel de las mujeres en todos los ámbitos, desde el de su vida privada y laboral a su presencia en la vida pública, pero quiero señalar, y me duele, que hoy nuestras hijas lo tienen todavía difícil, y que sólo esperamos que nuestro pequeño legado y trabajo valga para ver a nuestras nietas tratadas con respeto y sin discriminación.

Una de las cosas que más llamó la atención tras mi llegada al ministerio fue que mi gabinete, compuesto por personas de confianza, estuviera formado por tres mujeres. Ángeles Alén, jefa de gabinete, licenciada en Filología Clásica, había trabajado en el grupo de UCD en el Congreso y luego con el subsecretario del Ministerio de Presidencia y posteriormente ministro de Educación, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, y era compañera mía en la Facultad de Filosofía de Madrid en los años sesenta. Fue la persona capaz de ordenar las prioridades, escoger y distinguir entre lo que era urgente y lo que era importante. Beatriz (Betina) Rodríguez Salmones, licenciada en Filología Inglesa y periodista, también compañera mía de la Facultad de Filosofía, que antes de ser mi asesora lo había sido del ministro de la Presidencia, Joaquín Garrigues, fue la encargada de estudiar los asuntos de todas las personas y grupos a los que debíamos dirigirnos, además de redactar y supervisar las intervenciones para los innumerables actos. Nunca pensamos en aquellos años de la Universidad Complutense que volveríamos a estar, mucho después, juntas en la vida política y que viviríamos momentos tan buenos y, en varias ocasiones, tan amargos.

Pilar Lladó fue la jefa de prensa. Había trabajado también con Joaquín Garrigues, y mostró una enorme capacidad para resistir las presiones de los medios con amabilidad y sin perder jamás la paciencia, ni con ellos ni conmigo. Tampoco imaginé que la más pequeña de los hermanos Lladó, con quienes mis hermanos y yo jugábamos de muy jóvenes en Pozuelo de Alarcón, acabaría desempeñando un cometido tan imprescindible para mí.

Este equipo de mujeres al que llamé solicitando ayuda, más bien auxilio, jugó un papel fundamental en el ministerio. Ángeles y Betina me ayudaron a decidir mis actividades ante tantas competencias, analizar iniciativas y proyectos, decidir mi presencia en actos, congresos e inauguraciones de toda índole, y acercarme a personas a las que, a su juicio, debía escuchar. Esto último resultó ser de gran importancia, pues me permitió no sólo establecer buenas relaciones con personas de distintos ámbitos, sino prestar atención a los problemas que me señalaban y que yo desconocía. Pilar fue siempre la voz animosa y dispuesta a atender o a saber cómo decir no a las peticiones diarias para toda clase de medios de comunicación.

Ellas me acompañaron en viajes como el que hice para participar en la Conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales en julio de 1982 en México, donde aproveché la oportunidad para visitar a Luis Buñuel, y hablar sobre el valor del uso de la lengua española y recordar, en México tenía que ser, el fenómeno misterioso de la lengua del que hablaba Octavio Paz: «Decir lengua es decir civilización, comunidad de valores, símbolos, usos, creencias, visiones, preguntas sobre el pasado, el presente, el porvenir…». Me acompañaron, también, en aquellas campañas electorales que aguantábamos por ser muy jóvenes; los kilómetros no nos importaban y no pensábamos en derrotas.

Las que Forges llamó «las gabinetas» dedicaron muchas horas al ministerio y a la propia ministra; no se quejaron jamás de las dificultades para compatibilizar el trabajo con sus vidas de familia, ni me contaron sus propias preocupaciones; mantuvieron buen ánimo en los momentos más difíciles, trabajaron con inteligencia y amplitud de miras para servir al mayor número posible de personas que esperaban la comprensión y el apoyo de la Administración, dentro de los precarios medios de los que se disponía y de las circunstancias tan inestables del partido político que sostenía al Gobierno. Siempre les estaré muy agradecida.

La secretaría de la ministra funcionó en jornadas interminables, incluidos días festivos, y Lourdes G. Andoain, Conchita Rays y todo el magnífico equipo siempre mantuvieron su buen humor e inmensas ganas de ayudar.

En las primeras semanas, tras las cartas de felicitación y de ánimo, empezaron a llegar otras distintas: solicitudes de subvenciones para congresos sobre conservación de patrimonio, para actos en ateneos de varias ciudades, para aulas culturales, para asambleas y reuniones de asociaciones culturales o peticiones de fondos para rehabilitaciones de bienes como iglesias o monasterios y, naturalmente, muchas provenientes de Andalucía. Las religiosas escribían pidiendo ayuda para sus conventos, que se caían por las humedades o por las termitas.

La mayoría de las peticiones parecían dignas de ser tenidas en cuenta, pero las posibilidades de ayuda estaban muy limitadas por el presupuesto, y era muy incómodo tener que firmar cartas diciendo, en tono amable, que la aportación económica no era posible. En el presupuesto existía un capítulo de subvenciones a entidades sin fines de lucro y familias, pero no había todavía un reglamento que señalara con cierta claridad aquello susceptible de ser subvencionado ni obligación alguna de publicar lo que se concedía y a quién. Para muchas personas, el procedimiento para obtener la ayuda o subvención consistía en hacer llegar la solicitud por varios conductos, a través de diputados y de personas con cierta autoridad o conocimiento de la urgente petición que se presentaba. Los alcaldes llamaban para respaldarlas y, cuando se aproximaban elecciones, redoblaban los esfuerzos en favor de unos u otros. La selección era bien complicada y las cuantías que se podían dar eran bastante irrisorias. Los directores generales a los que remitía la solicitud, con una nota manuscrita que señalaba que la estudiaran con interés, me contestaban diciendo que la analizarían, pero que veían el asunto difícil. La correspondencia de aquel período muestra la costumbre muy extendida de solicitar subvenciones para toda clase de actividades promovidas plenamente por entidades privadas y los disgustos que se producían cuando se denegaban.

A los pocos días de tomar posesión de mi cargo, empezaron también a llegar multitud de peticiones o invitaciones para que asistiera a congresos e inauguraciones de actos muy diversos, algunos algo alejados de mis responsabilidades, como aquél que solicitaba mi presencia en el comité de honor de un congreso internacional sobre cirugía taurina, en Sevilla. Mi respuesta, en la que declinaba el ofrecimiento, me costó un gran disgusto en la ciudad porque estaba promovido por el doctor Ramón Vila, médico jefe de la plaza de toros, muy reconocido en Sevilla, pero no había más remedio que repartir el tiempo y las energías.

La mayoría de los funcionarios que ocupaban altos cargos en el ministerio a mi llegada continuaron en sus puestos; era bien sabido que la Administración General del Estado tenía excelentes profesionales. Contar plenamente con ellos fue una buena decisión, porque se trataba de personas competentes que hacían funcionar los servicios con eficacia, como fue el caso de los directores Tomás Gómez Ortiz y Juan Junquera. Además, los momentos de inestabilidad política y de grandes dificultades en el Congreso para el partido del Gobierno, que estaba en minoría, no permitían hacer planes a muy largo plazo.

En febrero de 1982, el presidente del grupo parlamentario de UCD, Jaime Lamo de Espinosa, escribió una carta a los diputados en la que decía que el grupo había perdido diecisiete escaños y que la situación requería el máximo esfuerzo de todos y la constante presencia en la Cámara. No sabíamos cuánto iba a durar la legislatura, pero estaba en el ambiente que no sería larga, como así sucedió. Y los cambios en el personal, cuando se estima que son necesarios, deben realizarse tan pronto se toma posesión del cargo, algo de lo que fui consciente con retraso, porque es siempre más doloroso y desagradable sustituir a una persona transcurrido un tiempo. Estas lecciones y otras más las aprendí con el tiempo, dado que yo no partía de algo que es habitual en la vida política: empezar por ejercer un cargo local o tener alguna responsabilidad anterior en la Administración. Nuestro tiempo fue distinto: muchos llegamos a asumir papeles destacados en la Transición sin experiencia alguna. No hubo tiempo para el entrenamiento.

Pero sí hice algunos cambios en cargos destacados. Pedro Meroño, abogado del Estado que había trabajado con Joaquín Garrigues, aceptó ser el subsecretario. Fue eficaz, honorable y siempre flexible, y me resultó de gran ayuda por sus conocimientos de la Administración, algo de lo que yo carecía, proporcionándome seguridad sobre lo que se podía hacer y lo que no. A lo largo del tiempo y tras ocupar otros cargos públicos, comprobé la importancia de contar con ese funcionario o esa funcionaria sin cuya firma una tampoco debe firmar.

El anterior subsecretario, Eugenio Nasarre, persona siempre querida y respetada, encareció a su sucesor y a mí misma atender a la Fundación José Ortega y Gasset, y pude firmar un acuerdo de cooperación con su presidenta, Soledad Ortega, para cinco años y también crear la comisión para conmemorar el primer centenario del nacimiento «del maestro universitario con quien España tiene una inmensa deuda de gratitud», como se decía en el documento. Las fotos de la firma, que hice llegar a la Fundación al encontrarlas en mi archivo hace poco tiempo, me hicieron recordar muy gratamente la figura de su presidenta.

Otra persona a la que pedí que viniera al ministerio como director general de Música y Teatro fue Juan Cambreleng, fundador en Canarias del Partido Demócrata y Liberal, pero, por encima de todo, un gran conocedor del panorama artístico y musical, de sus carencias y posibilidades. Fue él quien luchó por defender los 120 millones de pesetas que el Ministerio de Economía nos quería eliminar del presupuesto para pagar a Renfe los terrenos para el Auditorio Nacional de Música en Madrid y luego encargar al arquitecto José García de Paredes la construcción de ese bellísimo edificio, cuyo techo de madera parece inspirarse en un artesonado andaluz y cuya primera piedra se puso cuando yo ya no era la ministra. Hoy, es una pieza clave en el mundo de la música nacional e internacional. Y tuvo también que luchar con el Ministerio de Hacienda para lograr el aumento de la plantilla de la orquesta nacional y la integración del coro en ella, éxito extraordinario dadas las penurias presupuestarias, lo que siempre agradecieron los profesores.

Las ayudas a la creación literaria fueron una manera de estimular y fomentar el trabajo de escritores que se iniciaban en este campo, y los premios nacionales de novela, ensayo, poesía, traducción, edición y varios más significaban reconocimientos a los trabajos ya realizados. El director general de la Promoción del Libro y de la Cinematografía, Matías Vallés, persona que conocía muy bien el campo editorial, suspiraba a diario por aumentar las ayudas y las plantillas de bibliotecarios, y me recordaba que yo misma, desde el momento de mi llegada, había hecho hincapié en la importancia de la lectura en todos los informes y declaraciones. Todavía creo que no está escrita la importancia de los editores en España: en su relación con América Latina, como piezas clave en la educación y, a veces, en los medios de comunicación en su defensa de la libertad de prensa, pero ello excede a este capítulo.

El premio Cervantes, que data de 1975, fue una importante iniciativa. En 1982 lo obtuvo Luis Rosales, aunque yo, como miembro del jurado, me atreví a sondear la posibilidad de incluir otro candidato, José Bergamín, pero comprobé que los miembros del jurado no estaban por la labor y se le concedió por unanimidad a Rosales, que tenía méritos más que suficientes. Tuve la suerte de poder hacer la entrega del premio de la edición anterior, el de 1981, a Octavio Paz y así tener ocasión de escucharle en varios encuentros y conocer también a su mujer, Mary Jo.

Al llegar la Navidad me permití enviar unas cuidadas ediciones de las Églogas de Garcilaso de la Vega, de la obra poética de Juan Ramón Jiménez o de la Historia de la fotografía en España a algunas personas como gesto de recuerdo y buenos deseos, por ejemplo, a María Zambrano, Victoria Kent, Narciso Yepes, José Antonio Muñoz Rojas, Rafael Alberti, José Antonio Maravall, Gerardo Diego y otros más, y en alguna ocasión envié un par de entradas para una representación, patrocinada por el ministerio, por ejemplo, a Julio Caro Baroja para asistir a Don Pasquale, lo que me agradeció «aunque la ópera sea también aviso para viejos enamoradizos y atrevidos», me decía.

Las peticiones de libros desde colegios o bibliotecas públicas llegaban sin parar y, tras encontrar cientos y cientos de ejemplares apilados en los fondos del ministerio, consecuencia de aquel depósito previo de todo libro publicado que hubo que hacer durante años y años, fue posible acceder a sus modestas solicitudes.

Las relaciones con los productores de cine y actores fueron buenas, pero nunca a plena satisfacción suya por aquello de las ayudas insuficientes o con retraso para la producción. Los debates sobre cómo se podía apoyar mejor a la industria española fueron constantes. Y lo son todavía hoy.

Sí fue posible alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para que el edificio del antiguo cine Doré, una vez acondicionado, fuera utilizado para la Filmoteca Nacional, organismo a cuya creación y dotación de medios dedicamos mucho interés, y como había algunas discrepancias sobre los términos del acuerdo, el alcalde Enrique Tierno Galván dio por terminada la cuestión diciendo «que el acuerdo se haga con bien para todos». Así se hizo.

Puesto que UCD era el resultado de varios partidos políticos, me pareció conveniente y más realista contar con alguna persona procedente del sector democratacristiano, y nombré a Amalio Graiño director general de la Juventud y Promoción Sociocultural, que realizó el mejor trabajo posible en un ambiente de constitución de asociaciones juveniles, muchas vinculadas a los partidos políticos, y sus consiguientes reivindicaciones, que querían un lugar bajo el sol tras los tiempos de imposible actividad legal. El mismo nombre de la dirección general indicaba que reunía un conjunto de políticas que habrían requerido atención más diferenciada como, por ejemplo, la de la mujer, pero eso se alcanzaría un tiempo después. En este campo todas las reformas habidas a lo largo de los años han sido importantes y necesarias, pero no suficientes para cortar el mal del sometimiento, abusos, represalias y violencia extrema hacia mujeres, así como hacia menores de edad. La legislación no parece poder atajar estos males; es muy posible que el problema del que hablo en varias ocasiones a lo largo de estas páginas radique, como en otros asuntos, muy principalmente en la educación.

La estrella del ministerio era la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Tenía un presupuesto aceptable, el más elevado de todos los departamentos, dentro de lo exiguo de las partidas destinadas a cultura en aquellos años. Se ocupaba nada menos que de la conservación del patrimonio nacional: museos, bibliotecas, archivos, monumentos y toda clase de bienes artísticos; también de las exposiciones y conmemoraciones. El director general era Javier Tusell, persona muy cercana al anterior ministro, Íñigo Cavero, bien conocido por toda su actividad, muy especialmente por la relativa a exposiciones y por su papel en lograr la devolución a España del Guernica, si bien no fue la única persona que trabajó para lograrla: varios embajadores, el propio ministro de Cultura, el presidente Adolfo Suárez y la comprensión del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) jugaron papeles importantes, alegando que España era una democracia y que, por tanto, se daban las condiciones exigidas por el autor del cuadro para su regreso. Este hecho simbolizó, como ninguno otro en el mundo del arte, el cambio hacia la democracia de nuestro país.

Nunca tuve la menor duda sobre los muchos conocimientos demostrados y la capacidad profesional del profesor Javier Tusell, pero sí la tuve sobre su satisfacción con mi nombramiento. Debió sentirse muy defraudado con este hecho, lo que se podía percibir constantemente. Resultaba difícil conseguir cualquier tipo de información sobre su dirección general; también era llamativa la ausencia de referencia alguna a la ministra en actos o en escritos. En resumen, era complicado contar con su colaboración. Esperanza Aguirre, joven funcionaria del ministerio, me recordó que en una ocasión en que le solicité unas líneas para una intervención mía en una exposición me contestó que me leyera el catálogo. El malestar de Javier desde el primer día de mi llegada fue visible y creí, llegado un momento, necesaria su destitución (utilizo esta palabra a pesar de que hoy usan el sustantivo cese, lo cual es incorrecto pues cesar es un verbo intransitivo y sólo cabe que uno mismo lo haga), lo que resultó bastante desagradable. Mi decisión fue muy sonora y contestada de manera airada por algún medio de comunicación. Su sustituto, Alfredo Pérez de Armiñán, hasta entonces secretario general del Ministerio de Cultura y letrado de las Cortes, que conocía muy bien los complejos aspectos de la conservación del patrimonio, me facilitó mucho el trabajo, y las debidas comunicaciones entre la dirección general y la ministra volvieron a establecerse. Para el cargo de secretario general nombré a un buen funcionario del ministerio, José Muñoz Contreras.

Las exposiciones fueron entonces, y siguen siendo hoy, una actividad permanente de la acción cultural del Estado y una proyección hacia el exterior de nuestro rico patrimonio, y por ello procuramos la colaboración con otros museos, como en la exposición sobre «Murillo y su época» que se celebró en el Museo del Prado en octubre de 1982 para conmemorar el III centenario de su muerte, en colaboración con la Royal Academy of Arts de Londres, donde también se exhibió en enero de 1983. Asimismo, hubo una exposición en Sevilla para mostrar a los pintores que le precedieron en la ciudad a finales del XVI y principios del XVII, y se acompañó de un simposio en la casa del artista, que había sido restaurada por el ministerio y que estaba frente al convento conocido como las Teresas.

Sobre la obra de Picasso se hicieron dos exposiciones a comienzos de 1982, la primera en Barcelona en el Museo Picasso. La visita a Barcelona la preparamos con esmero; allí me entrevisté con el presidente Jordi Pujol y con el alcalde Narcís Serra; me reuní con un nutrido grupo de escritores y tuve ocasión de conversar y escuchar al expresidente Josep Tarradellas. A lo largo de la visita destaqué la colaboración del ministerio con el ayuntamiento y con la Generalitat, y expresé mi admiración por la Barcelona que acogió al artista y por la Cataluña creadora, abierta a las corrientes modernistas y a la vanguardia. La segunda exposición, «Picasso y Barcelona», fue en Madrid en el entonces Museo Español de Arte Contemporáneo, y en ambas subrayé la muy buena disposición para continuar la colaboración en la creencia de que ello sería posible.

Otra de las grandes exposiciones fue «El Greco y Toledo» en el Museo del Prado, inaugurada en abril de 1982. El comisario fue José Manuel Pita Andrade, y se celebró junto con el Toledo Museum of Art, de Ohio, el Dallas Museum of Fine Arts y la National Gallery of Art de Washington; a la espectacular inauguración de esta última también asistí en junio de 1982, acompañada por el embajador José Lladó, que me ayudó en todos los momentos.

Simultáneamente a la del Museo del Prado, se celebró la exposición «El Toledo del Greco» en el Hospital Tavera, en la que pude decir que «la ciudad no sólo acogió y supo comprender, hace cuatrocientos años, al pintor griego, sino que fue capaz de crear un clima favorable para que se manifestara su genio en toda su plenitud». Y para tratar de esclarecer las muchas incógnitas e incluso tesis contrapuestas de estudiosos y conocedores, como Jonathan Brown, sobre la obra del Greco se celebró un simposio en el Palacio de Fuensalida. Por toda esta actividad desarrollada y preparada durante largo tiempo, y por los estudios y catálogos que se publicaron luego, me causó gran sorpresa escuchar en 2014, año del IV centenario del fallecimiento del pintor, que se celebraba en España la «primera» gran exposición sobre el Greco. Hubo otras antes, la primera en 1902, en el Prado, y no debió ser cosa menor. A veces la memoria falla o quizá sea la insuficiente investigación.

Las necesidades del Museo Nacional del Prado, que era y es un gran tesoro, conocido universalmente por su historia y sus colecciones, eran muy grandes: necesitaba mayor presupuesto, ampliar salas y mejorar los talleres de restauración, cuyo trabajo pude conocer. El museo fue una preocupación constante hasta el punto de que empezamos a pensar en las posibilidades de su ampliación hacia el edificio que ocupaba el Museo del Ejército, parte del desaparecido palacio del Buen Retiro, pero se me aconsejó no mencionar semejante idea pues el clima no era el mejor para plantear traslados que afectaran a las Fuerzas Armadas. Tuvieron que transcurrir muchos años para que aquellas elucubraciones no sólo tomaran cuerpo, sino que se convirtieran en objetivo con fechas y planos.

Debo reconocer que el museo ha recibido la atención de sucesivos gobiernos, de ministras y ministros de Cultura, de las comisiones de Cultura del Congreso, muy especialmente durante un largo período para lograr la acertada ampliación proyectada por el arquitecto Rafael Moneo, y que gracias a ello y a todo el personal del museo, de su Patronato y de la Fundación Amigos del Museo del Prado han sido posibles muchas reformas trascendentales: estatuto de organismo autónomo, incremento de la colección, política de exposiciones y mayor apertura al público. El resultado es que el museo ha pasado del siglo XIX al XXI, de lo cual yo me alegro y se lo agradezco a todos los que lo han hecho posible.

El Centro de Arte Reina Sofía, antiguo Hospital General de Madrid, en Atocha, grandioso edificio trazado por los arquitectos Francisco Sabatini y José de Hermosilla, pasó por muchas vicisitudes hasta llegar a ser el actual Museo Nacional. El edificio estuvo a punto de salir a subasta pública y ser derribado para construir viviendas. Afortunadamente, se descartó esa opción y, tras un concurso de arquitectos, se le solicitó al profesor Antonio Fernández Alba un anteproyecto para albergar diversos usos culturales. En la visita que recuerdo haber efectuado al edificio en el mes de julio de 1982 pudimos observar los trabajos de consolidación que estaban en marcha, pero también constatamos lo inadecuado del inicial proyecto de alojar varios museos, filmoteca, salas para ballet, etcétera, porque resultaba un contenedor para actividades que requerían tratamientos muy distintos. Se decidió volver a estudiar el uso del edificio y, como le dije al arquitecto cuando me despedía de él, confié en su buen criterio. El profesor Francisco Calvo Serraller, cuyo saber siempre me mereció gran respeto, sacó mi nombre del baúl de los recuerdos al mencionarme en un discurso en la Real Academia de Bellas Artes en el año 2012 por el encargo efectuado al arquitecto, cosa que le agradecí mucho, pues los reconocimientos y recuerdos no son frecuentes en las acciones de la vida pública. Y con el tiempo, se logró el actual Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que ha sido de gran valor para la vida cultural moderna y contemporánea de España.

En el ministerio, las mujeres, a excepción de las que trabajaban en mi gabinete, en prensa y de dos cualificadas funcionarias, Carmen Enríquez de Salamanca y Carmen Llorca, llegaban, como mucho, a puestos de subdirectoras generales y, sin embargo, tenían capacidad para otras funciones de mayor rango profesional. Ésa era la situación de Ana Beristaín, Mabel Pérez Serrano, María Tena, María del Mar Vanaclocha, Paloma Notario y Esperanza Aguirre, después jefa del gabinete del subsecretario.

En aquellos momentos, las posibilidades profesionales de las mujeres solían estar muy limitadas: unas veces, por la legislación; otras, por las costumbres; y en la mayoría de las ocasiones por la educación. A todo esto me referí yo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en las Jornadas sobre la Condición de la Mujer y en la entrega de los premios por trabajos sobre la mujer, por ejemplo, los premios María Espinosa, jurista que promovió organizaciones de mujeres en los años veinte. Era de justicia mencionar las reformas legales habidas en el Código Civil desde 1977: filiación, patria potestad, régimen económico del matrimonio y regulación del divorcio; también las reformas en el Código Penal, y en el entonces aprobado Estatuto de los Trabajadores, y muy especialmente todos los artículos de la Constitución que establecen la no discriminación y la igualdad ante la ley. Pero también había que mencionar que quedaban por hacer reformas en el campo laboral, en prestaciones sociales y en la misma educación.

A pesar de todos estos déficits, desde mi punto de vista, uno de los cambios sociológicos más relevantes que han tenido lugar en España en el último tercio del siglo XX han sido los relacionados con la situación y condición de la mujer: la desaparición de discriminaciones y la abierta reivindicación de todos sus derechos y libertades. Esto es un hecho innegable y, sin embargo, cuando escribo estas páginas observo en la prensa una foto muy significativa: catorce dirigentes y altos responsables de la Unión Europea miran hacia el cielo para contemplar el vuelo de un dron en Bruselas, y sólo hay una mujer entre todos ellos, Angela Merkel. Podría hablar también de otras imágenes cotidianas: empresarios que reciben premios, reunión de consejeros de empresas o de patronatos, con nula o muy escasa presencia de mujeres. Es verdad que hay algunas excepciones en esos niveles, pero son sólo excepciones. Algo nos sucede u ocurre a nuestro alrededor, todavía.

Las competencias en deportes ampliaban mucho el campo de actuación del ministerio y eran objeto de un interés muy grande por parte de los medios de comunicación, como lo ha seguido siendo. Para algunos, la preocupación era que yo no sabía nada de la materia; a otros, les interesaba saber a qué deportes era yo aficionada y cuáles practicaba. Afortunadamente existía una Secretaría de Estado de Deportes, y Jesús Hermida, como secretario de Estado, me facilitó la labor que desde el primer día de mi mandato se centró en la preparación del Campeonato Mundial de Fútbol. El presidente del Real Comité Organizador, Raimundo Saporta, fue la primera persona a la que recibí nada más tomar posesión, pues parecía que el mundo se caía si no lo hacía con la máxima urgencia. El Mundial de 1982 se celebró sin grandes problemas; la organización, que fue buena, recibió todo el apoyo necesario del Ministerio de Cultura y Deporte y también del Ministerio de Interior. Y en cuanto a los resultados de la selección española, el ministerio no tuvo, por una vez, responsabilidades.

CONSEJO DE MINISTROS

Tras la remodelación del Gobierno, el presidente insistió en que no se trataba de un nuevo Gobierno, sino de una nueva etapa que se presentaba difícil, y nos pedía cumplir con el programa presentado en su investidura así como tener en cuenta que estábamos en un año electoral. También nos advirtió de la dificultad de iniciativas legislativas, dada la minoría del grupo de UCD en el Congreso. Supongo que todos procuramos lo primero, y, en cuanto a lo segundo, las elecciones se nos vinieron encima antes de lo previsto, pues el 27 de agosto el presidente disolvió las Cortes Generales y se convocaron nuevas elecciones.

Tan pronto pude elaborar un informe sobre mis objetivos, lo presenté en el Consejo a finales de enero de 1982. Mis colegas escucharon atentamente mi exposición y me felicitaron al acabarla, aunque supuse que algunos se preguntarían de dónde pensaba yo sacar medios para esos preciosos objetivos, pues hablé del esfuerzo presupuestario necesario y también del volumen de las nóminas por el alto número de funcionarios que se habían incorporado procedentes de antiguos organismos y que hacían que la suma de gastos de personal y de transferencias económicas a Andalucía, Galicia y Cataluña dejara las inversiones reales muy exiguas.

Jaime García Añoveros, ministro de Hacienda, era implacable en el control del gasto, lo cual supongo que debe ser así en ese cargo, y escuchaba a los demás ministros, con impaciencia no disimulada, solicitar más medios. Tras aguantar nuestros brillantes discursos solía decir: «Esto está muy bien pero deseo saber cuánto cuesta y de qué presupuesto sale». Y entonces se hacía un profundo silencio.

La correspondencia que mantuve con el ministro intentando lograr autorización para convocar plazas de archiveros, bibliotecarios, conservadores de museos o profesores de la orquesta nacional es indicativa de las resistencias a las que me enfrentaba y también de las carencias existentes en el campo cultural, algo tradicional a lo largo de los años en nuestro país.

El informe que expuse comenzaba con un poco de filosofía sobre el concepto del propio Ministerio de Cultura, aparentemente menor, pues no era Hacienda o Sanidad, pero tenía una gran carga política e intelectual. Quizá era especialmente importante para mí, que provenía del contexto liberal, en momentos todavía de salida de la dictadura, con un sistema muy intervenido y en proceso de transferencias. No hice definición alguna de la cultura, pues son muchas, decía, las maneras de expresar o definir lo que es, pero me referí a ella como factor de integración social que promueve «valores aceptados colectivamente, pues la cultura es mucho más que el saber, el arte, la instrucción o las costumbres». Hablé de la cultura como base sólida para que los ciudadanos alcanzaran un comportamiento cívico, para poder convivir pacíficamente, pagar los impuestos, evitar fraudes e incluso adoptar medidas de seguridad. También me extendí sobre la función de un Estado que promueve valores, pero ni dirige ni coacciona; por el contrario, fomenta la independencia de quienes crean y protege su libertad.

Subrayé la vinculación entre democracia y cultura, esta última como bien de primera necesidad para que la vida sea algo más que la lucha por la supervivencia. Mencioné el papel del Estado y su función para garantizar el pluralismo en la vida cultural. Y señalé alguno de los principales objetivos: fomento de la creación y su divulgación, conservación y disfrute del patrimonio, participación de la iniciativa privada, importancia de la presencia en el exterior y empleo de nuevas tecnologías que ya por entonces empezaban a utilizarse en este campo, y que llegarían a ser un instrumento fundamental para la creación, la conservación y la divulgación.

Mis apelaciones finales fueron más bien lamentos sobre el desequilibrio entre inversiones y gasto corriente. Hice referencia al papel que el sector privado podía jugar, sin atreverme a solicitar, todavía, una ley de mecenazgo de la que ya se hablaba, pero sí mencioné la necesidad de la colaboración con las comunidades autónomas, lo que resultó en algunos casos bien difícil, como con el consejero de Cultura de Cataluña, Max Cahner, pese a mis intentos en visitas y actuaciones para mantener buenas relaciones que no dieron mucho resultado, pues, por su parte, todo concluía con una reivindicación y dejar al ministerio relegado al último lugar en patronatos y demás organismos.

Treinta años después volví a comprobar la dificultad para mantener una buena relación y cooperación, por mucha voluntad que puse de mi parte, con otra institución de Cataluña: el Síndic de Greuges. Es decir, desde tiempo atrás, seguramente desde los comienzos del Estado de las Autonomías, algo no funcionó bien con Cataluña: ya fueran sentimientos doloridos fomentados, ya fueran reivindicaciones subrayadas o distancias provocadas intencionadamente. Hechos y palabras que han insistido en que los gobiernos de la nación y la Administración General del Estado no han apreciado los sentimientos de los catalanes ni han conseguido la suficiente aproximación a ellos. Creo que esto no fue así desde el Ministerio de Cultura, más bien todo lo contrario.

La voluntad de integrar por parte de los constituyentes del año 1980, seguramente basada en la confianza entre los dirigentes políticos del momento, duró poco tiempo. Creo que la mayoría de los españoles anhelamos alcanzar la mejor relación con la Comunidad Autónoma de Cataluña; compartir muchas cosas en común y ver desaparecer la hostilidad, la acritud y las distancias entre quienes queremos y aspiramos a vivir juntos en España.

El presupuesto para 1982, que era la pieza clave, estaba aprobado y, por tanto, lo que yo tenía que hacer era cumplirlo. Por escasa que sea la capacidad inversora de un organismo, es frecuente escuchar a la oposición decir que el gobierno en un ayuntamiento o en otra entidad pública no es capaz de gastarse el presupuesto, lo que a veces es cierto porque emplearlo requiere, afortunadamente, de diversos trámites que aseguren su correcto uso. En varias ocasiones, ante la intención del Ministerio de Hacienda, siempre vigilante, de embargarnos alguna cantidad por retrasos nuestros, tuve que dar explicaciones y suplicar tiempo.

Pese a las dificultades económicas sí fue posible llevar al Consejo de Ministros obras de mejora en el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Ciudad Real y otros. Se consiguió algo que siempre me ha preocupado a lo largo de mis responsabilidades públicas: el seguimiento de todas las iniciativas para poder observar si el presupuesto se ejecuta a su debido tiempo.

En la gran mayoría de los consejos de ministros no faltaron largas listas de declaraciones de «monumentos histórico-artísticos». Se aprobaron relaciones de iglesias, puentes, casas natales, silos, villas, yacimientos arqueológicos, ermitas y conjuntos monumentales que, tras la declaración, fueron considerados como protegidos. Una de estas listas incluyó la declaración sobre un bien perteneciente a un primo mío en Cantabria, solicitada por la Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico (Adelpha) que presidía Santiago Amón y gozaba de mucho predicamento por la labor que desarrollaba sobre la protección del patrimonio. Me pareció más honesto incluirla como otras más, dado que reunía todos los requisitos, que dejarla en un cajón. Fue una ingenuidad por mi parte pensar que era un deber llevar una declaración que suponía exigencias a la propiedad. Me llovieron las críticas por aquello de la familia.

Me produjo gran satisfacción proponer en un Consejo de Ministros la concesión de las medallas al Mérito en las Bellas Artes 1981: pintores, pianistas, actores, fundaciones privadas, donantes de bienes, directores de museos, y entidades públicas y privadas que cuidaban del patrimonio y ayudaban a su conservación. Son premios que se siguen concediendo todos los años y que suponen un reconocimiento a la acción de la iniciativa privada. Todos lo agradecieron mucho cuando se les comunicó, y luego se entregaron por los Reyes en el Museo del Prado. Pero recuerdo muy especialmente la gratitud de José Ángel Sánchez Asiaín, en nombre del Banco de Bilbao. Y al recordar medallas y reconocimientos merece una mención la concesión a Salvador Dalí, por parte del rey Juan Carlos, del título de marqués de Dalí de Púbol, «cuya obra constituye una de las más relevantes creaciones artísticas de nuestro tiempo…», como me permitía indicar en la solicitud del título.

Fue importante la aprobación en aquellos momentos de un decreto en Consejo de Ministros que fijaba las condiciones sobre depósitos de obras de arte, propiedad del Estado, en entidades públicas y privadas, ante tantas solicitudes de préstamos de obras para exposiciones que aumentaban a medida que se efectuaban transferencias de competencias.

Las transferencias de competencias a las comunidades autónomas fueron una preocupación y una ocupación constantes. Eran los momentos para ultimar las que quedaban por realizar a Cataluña; muchas se habían hecho ya mediante convenios a lo largo de los años ochenta, como las de archivos históricos, bibliotecas públicas, competencias sobre música, teatro, cine, fundaciones y asociaciones. Pero estaban en elaboración o en discusión los nuevos patronatos del Monasterio de Poblet o el del Archivo de la Corona de Aragón. Las relativas al País Vasco ya se habían realizado y se llevaban a efecto las de Galicia.

El presidente Calvo-Sotelo me hizo llegar a principios de junio una carta, supongo que parecida a la enviada a otros ministros, en la que se me instaba a realizar antes del día 1 de julio las transferencias que restaban a Galicia así como a iniciar los traspasos a varias comunidades más. La carta denotaba el afán y exigencia por cumplir todo lo acordado en las reuniones que se celebraban para llevar a efecto las transferencias, que además de competencias, incluían inmuebles, dinero y funcionarios. El texto, que no era complaciente, hablaba de retrasos e incumplimientos en los calendarios previstos, y hubo que ponerse a ello. No fue a principios de julio, pero sí a finales del mes, cuando se logró realizar las transferencias tan ansiadas.

El resultado de estos procesos de transferencias, con todas las dificultades y resistencias que hubo por parte de algunos de los altos cargos de los ministerios y de los propios funcionarios, especialmente de los destinados en las delegaciones provinciales, concluyó en un Estado mucho más que totalmente descentralizado. Es, como tantos expertos indican, lo más aproximado a un Estado federal o es sencillamente federal, aunque no lo digamos. Pero las tensiones, discusiones y reclamaciones de competencias o medios no han acabado, aunque parezca mentira. Los sentimientos de pertenencia a una comunidad, a una localidad, se han convertido en lo más importante y profundo que muchos pueden sentir, y ello es motivo de insatisfacción constante, de melancolía por lo no alcanzado, de creencia en que la tierra prometida está próxima pero todavía no se puede tocar.

Aquéllos que pensábamos que lo más interesante era y es ser ciudadanos, personas con derechos y deberes en una sociedad donde vivir y convivir, donde compartir, disentir y lograr prosperar, no hemos logrado que nuestras razones se extiendan por todas partes. Los sentimientos se imponen, alentados, fomentados en la escuela y exaltados por movimientos populistas que, contrariamente a lo que parecen, rebajan las aspiraciones, acotan el campo de actuación y, por encima de todo, reducen la libertad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO

Lo que no pude imaginar es que sobre la mesa de mi despacho me encontraría con una gran carpeta que decía «Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado», y que yo era su presidenta.

En ella se documentaba la situación en la que se encontraban 42 periódicos procedentes de la Delegación Nacional de Prensa del Movimiento, medios de que disponía el anterior régimen en toda España, desde el diario Alerta al diario Suroeste, algunos con nombres tan sonoros como La Nueva España, Patria o La Hora Leonesa. El organismo creado había sido adscrito al Ministerio de Cultura en 1977, de manera transitoria, hasta que las Cortes aprobaran el proyecto de ley enviado por el Gobierno que proponía su liquidación. El proyecto, ya aprobado en el Congreso, establecía los procedimientos para las ventas, las subastas, las indemnizaciones y las vías de supervivencia que se ofrecían.

Pero no se habían cumplido todos los trámites; quedaba la defensa y aprobación de la ley en el Senado. Y a ello me encaminé nada más jurar mi cargo, pues la fecha ya estaba señalada. Defendí su supresión con los argumentos que pude ordenar en unas horas y con la ayuda del diputado y periodista Guillermo Medina, que había trabajado bien el asunto. Dije en mi intervención que los periódicos del Estado eran un instrumento de propaganda del régimen anterior, con un presupuesto de 3.400 millones de pesetas; que ello suponía una flagrante anomalía en una democracia, y que el Estado no podía ser un empresario periodístico. Hablé sobre las libertades de expresión e información como unas de las conquistas de las democracias.

Mi sorpresa fue encontrarme con la oposición de varios grupos a esta liquidación y con propuestas disparatadas para su mantenimiento. Era impensable que el Estado mantuviera y sostuviera unos medios en un sistema con libertad de prensa. Su desaparición fue tan complicada que hubo que aplazar las subastas y ventas de sus cabeceras. Lograrlo llevó mucho tiempo pues comenzaron los litigios sobre los edificios y bienes de los propietarios, y el jefe de la asesoría jurídica del ministerio, Félix Benítez de Lugo, me aconsejó paralizar el desenlace. Mi sucesor, Javier Solana, pudo concluir los procedimientos y liquidar el organismo, uno más de entre aquéllos que hubo que desmontar durante la transición a la democracia. Se hizo como se hicieron la mayoría de las actuaciones: de acuerdo a la legalidad y con respeto a los derechos adquiridos.

DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

Las dificultades para la elaboración del presupuesto de 1983 eran evidentes. No había mayoría parlamentaria ni acompañantes previsibles para su aprobación, y de ello se trataba en los consejos de ministros del mes de junio, pero se nos dijo que los ministerios debían ultimar sus propuestas como si fueran a debatirse, y que se tuviera en cuenta que habría una convocatoria de elecciones. Se nos pedía, por una parte, suprimir organismos autónomos, reducir el déficit, y también pensar en inversiones. Todo era bastante ilusorio: trabajar como si nada fuera a suceder sabiendo, sin embargo, que todo ocurriría.

Algún ministro advirtió que, si lo que se sugería para el nuevo presupuesto era bajar las pobres pensiones y también las inversiones, era mejor que otros lo presentaran. Y eso es lo que sucedió. El presidente del Gobierno, ante la imposibilidad de aprobar un presupuesto, decidió disolver el Parlamento a finales de agosto y convocar elecciones para el 28 de octubre. Sabíamos que nos presentábamos en las peores circunstancias, y el ministro del Interior, Juan José Rosón, nos lo recordó: «En Sevilla no saldréis de diputados ni Añoveros ni tú», me animó con sus conocimientos de la cosa electoral. Juan Hormaechea, alcalde de Santander, me ofreció ser candidata por la ciudad, la capital de «la montaña», como se decía en la preciosa y querida tierra de mi madre, donde podía tener más posibilidades, pero rechacé su amable invitación e hice la campaña en Sevilla con todo mi afán, como si no supiera de las malas perspectivas.

En muchas ocasiones, Ángeles, mi jefa de gabinete, me ha recordado el entusiasmo con que me recibían en actos electorales o en fiestas populares donde se alegraban muchísimo de verme, y donde luego no me votaron. El PSOE obtuvo una gran victoria con doscientos diputados y UCD un estrepitoso fracaso al obtener sólo doce. AP se puso muy contenta con sus cien diputados, y se iniciaron los catorce años de gobiernos socialistas.

Desde UCD se nos pidió una nota sobre los aspectos culturales que el candidato a la presidencia del Gobierno, Felipe González, había expuesto en su intervención en el Congreso, y así lo hicimos, destacando la falta de compromiso presupuestario y la ausencia de mención hacia el pluralismo en la vida cultural, pero confieso que enviamos la nota con el desánimo propio del momento: la derrota y la convicción de que nuestras palabras tendrían poca o ninguna audiencia.

En el Ministerio de Cultura empezamos inmediatamente a preparar lo que el presidente Calvo-Sotelo nos pidió: hacer una transición ordenada, facilitar información y dar cuenta a los ministros entrantes de los asuntos más complicados. Dos equipos, uno del ministerio con el secretario general al frente y otro del PSOE encabezado por el diputado Salvador Clotas se ocuparon de todo ello. Procuramos que la documentación que se entregó permitiera un conocimiento exhaustivo del ministerio: estado de la ejecución del presupuesto, estado de las transferencias a las comunidades autónomas, memorias de todas las actividades, los compromisos adquiridos y todos los datos sobre el personal. Nunca supe si esta manera tan transparente y clara de transmitir los poderes se ha convertido en práctica habitual. Y llegado el día de la toma de posesión del nuevo Gobierno, salí a recibir al ministro de Cultura, Javier Solana, a quien entregué en mi despacho su cartera y le di unas breves explicaciones. Con el equipaje preparado al otro lado de la puerta, me despedí de mis secretarias, y Ángeles me llevó al aeropuerto en su Seat 127. Coincidí en el avión con Antonio Ordóñez, al que los amigos sevillanos llamaban «el Maestro». Se dio cuenta de mi recientísima condición de exministra, pues él sabía bien de éxitos y de cornadas, y estuvo muy cariñoso; me dio consejos, propios de su maestría, para la nueva vida.

Volví a mi ciudad, Sevilla, y a mi casa con sentimientos encontrados: me quitaba un peso de encima, sobre todo por los últimos tiempos, pero también me pesaba una amarga derrota. Tuvo que transcurrir algún tiempo para adaptarme a la nueva situación, para pasar de los días repletos de actos, llamadas, visitas y carpetas sobre la mesa a días de silencio y de pocas obligaciones.

Cuando llegué a casa, pues había vivido en Madrid en el último piso del ministerio, recogida en un par de habitaciones de una vivienda más propia para recepciones, me encontré con cosas como que la lavadora no funcionaba desde hacía días, y con que tenía que volver a ejercer de ama de casa. Un ministro compañero de Gabinete y experimentado en crisis me lo describió todo antes de despedirnos, y añadió: «Lo peor es el momento en que llegan a casa los de la compañía Telefónica, arrancan de la pared el cable del teléfono oficial y te dejan el agujero». Eso fue exactamente lo que sucedió. A las pocas horas de llegar me llamaron del Congreso de los Diputados para que devolviera un libro de la biblioteca que resultó que nunca me había llevado. Se trata de pequeñas cosas que suceden cuando se pierde el poder, pero que te dejan muy pensativa, con la sensación de un súbito abandono.

Por suerte, tenía una familia que me esperaba y unos hijos a los que recoger en la parada del autobús del colegio. Fue bueno volver a casa porque llevaba mucho tiempo con la cabeza en otros asuntos, y debía pensar mucho más en las personas de mi alrededor.

Cuando leo lo dicho por algunas personas que ocupan cargos públicos y quieren dar cuenta de sus innovadoras acciones pienso que no tienen memoria o no quieren tenerla; compruebo que apelan a las necesidades de la democracia, a los derechos o al progreso que debe llegar como si se partiera de cero. Pocos son aquéllos que hablan de continuar o proseguir cosas emprendidas, que reconocen los enormes cambios de España en anteriores décadas, y menos, todavía, los que mencionan cuándo y cómo se llevaron a cabo algunos de esos cambios. Podría ser por falta de conocimiento, pero son personas jóvenes, en su mayoría, y han tenido posibilidades para formarse e ilustrarse.

Por eso creo que es bueno recordar algunas decisiones tomadas, por ejemplo, en los años 1981 y 1982, años difíciles para una democracia tan joven como la nuestra, pero transcendentales para que nuestro país se alineara con las democracias occidentales. Hoy esto nos parece algo obvio: no nos íbamos a poner al lado de regímenes dudosamente democráticos o claramente autoritarios. Sin embargo, en los años ochenta eso no estaba tan claro para muchos dirigentes políticos que se inclinaban por la neutralidad en el campo de la seguridad y por la autarquía en el de la economía.

En su discurso de investidura en febrero de 1981, el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo afirmó que España no podía estar fuera de la Comisión Europea ni de la Alianza Atlántica porque supondría «quedarse en las tinieblas exteriores del aislamiento». En su Memoria viva de la transición cuenta las dificultades, primero como ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas y luego como presidente, del proceso negociador con la Comunidad Europea, muy especialmente con nuestra vecina Francia. También narra, con todo detalle, las sucesivas trabas y dilaciones en el Congreso de los Diputados presentadas por el grupo socialista, cuyo portavoz, hábil y buen conocedor del reglamento, Gregorio Peces-Barba, semanalmente planteaba una cuestión de procedimiento para impedir o posponer la toma de decisión sobre el ingreso en la OTAN.

El ingreso en la Comunidad Europea no tuvo lugar hasta 1985, pero la adhesión a la Alianza se aprobó en mayo de 1982, tras lograr el refrendo del Congreso y gracias a las gestiones del ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, por los países que después debían aprobar nuestra incorporación, y de las que nos daba cuenta en los consejos de ministros. Mientras, observábamos la intensa campaña del PSOE que culminó con el famoso eslogan, en su gran manifestación, «OTAN, de entrada, NO». La adhesión a la OTAN se produjo el 30 de mayo con la oposición socialista, y en el exterior la mayoría de los países votaron a favor, con la excepción de Holanda y dos abstenciones. La culminación del proceso se trató, finalmente, en el Consejo de Ministros del 4 de junio.

Los artículos que se publicaron cuando el presidente Calvo-Sotelo falleció, en mayo de 2008, le describieron como una persona fundamental para lograr que España estuviera en las instituciones internacionales. Yo, de lo mucho escrito sobre él, me quedo con el artículo de la periodista Victoria Prego, que llevaba por título «El gran olvidado», en el que decía: «El segundo presidente de la democracia española merece por todos los costados el reconocimiento público por una tarea difícil y llena de riesgos, pero conducida con pulso y sólidamente amarrada a un proyecto político de gran alcance, que fue la tarea que él desempeñó». Por mi parte escribí, más modestamente, que «recibió, durante su mandato, los ataques de la izquierda, la derecha y del mismo centro, a los que respondió con buen ánimo, siempre aderezado con su culta agudeza». Tenía razón cuando respondió pasado un tiempo, en octubre de 1985, al presidente González, quien se lamentaba de los problemas heredados, aquello de «permítame que le recuerde que sobre esa misma mesa de la Moncloa Adolfo Suárez había encontrado un papel con la historia de cuarenta años de régimen autoritario, y en la misma mesa yo había encontrado una historia de veinte horas de golpe militar; herencia por herencia, la suya fue mejor, señor Presidente». Y como era habitual en él, se fue sin ruido y con grandeza, dije yo cuando murió, y ahora lo quiero recordar.

4

Hacia la autonomía andaluza

LOS DIFÍCILES COMIENZOS

El camino recorrido por Andalucía para alcanzar la autonomía empezó a finales de 1977. El Estatuto que reconoció esa autonomía no entró en vigor hasta enero de 1982. Y luego, en 2006, cuando empezó la contagiosa fiebre de modificar Estatutos de Autonomía para ampliar competencias, el de Andalucía también se varió, y mucho.

Desde los comienzos, todo el proceso estuvo lleno de incidentes, pues los gobiernos presididos por Adolfo Suárez vieron con enorme preocupación una transformación rápida del Estado centralizado en uno totalmente descentralizado; trataron de explicar que este cambio debía hacerse paulatinamente a excepción de en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde los Estatutos de Autonomía se aprobaron nada más entrar en vigor la Constitución, pero no se contemplaba el que otras regiones alcanzaran el mismo grado de autonomía, el máximo que establece la Constitución, y por el procedimiento más expeditivo.

Una comisión de siete expertos, de cuya autoridad no se podía dudar, realizó un informe para el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en mayo de 1981 que advertía que el empleo inmoderado de las posibilidades de la Constitución para la transformación del Estado y de un sistema de autonomías generalizado hacía muy difícil que resultara una organización racional del Estado. Señalaba, también, que la Constitución establecía un tránsito prudente para alcanzar, al final, un modelo único, y que debía evitarse «una carrera desenfrenada» que hiciera complicada una razonable transformación del Estado centralizado. Aconsejaba, con sólidos argumentos, que las comunidades autónomas no debían seguir el modelo burocrático de la Administración Central, «no pertrecharse del mismo aparato público de que ha dispuesto el Estado centralizado», decía, y además que los procedimientos para lograr transferencias, basados en hábiles negociaciones, no eran lo más conveniente. El informe estaba repleto de recomendaciones, sugerencias fundamentadas y bien explicadas, pero las presiones de los políticos, las prisas por no quedarse atrás, por no parecer menos autonomistas que el prójimo, dejaron de lado todas las recomendaciones.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Andalucía alteró completamente los planes previstos porque decidió presionar al Gobierno y movilizar a los andaluces para lograr una plena autonomía mediante el procedimiento recogido en el artículo 151 de la Constitución. Las declaraciones, actuaciones y movilizaciones realizadas desde la Junta de Andalucía empezaron a inquietar y preocupar tanto al Gobierno como a la misma Unión de Centro Democrático (UCD) de Andalucía, empujada constantemente a favor de alcanzar esa autonomía plena.

Fueron varias las personas que jugaron papeles decisivos a lo largo de este recorrido, entre ellas el que era ministro de Cultura, Manuel Clavero, que dimitió en enero de 1980 por desacuerdo con la posición del Gobierno; Rafael Escuredo, diputado y presidente de la Junta Preautonómica, que se convirtió en el líder de todo el proceso y logró que su partido, que al principio no estaba por la labor, le siguiera en sus iniciativas; y Rodolfo Martín Villa, ministro para la Administración Territorial, que negoció y negoció con unos y otros, primero para aplacar los ánimos, luego para lograr un acuerdo con el Partido Andalucista que no dio satisfacción a los socialistas, y finalmente para aceptar que la autonomía de Andalucía se alcanzara por la vía rápida del artículo 151, como proponían los socialistas.

El inicio de todo este proceso tuvo lugar en una Asamblea de Parlamentarios en noviembre de 1977 que promovió grandes manifestaciones el 4 de diciembre en todas las capitales para solicitar autonomía para Andalucía. Primero se estableció un régimen provisional y, posteriormente, fue Rafael Escuredo, como presidente de la Junta Preautonómica en 1979, quien tomó la decisión de que la autonomía plena debía conseguirse por la vía que conducía a la máxima: el artículo 151 de la Constitución. Entonces comenzaron las movilizaciones y marchas para reivindicar la autonomía plena, y la posición de UCD en Andalucía empezó a ser difícil e incómoda: unas veces se sumaba a estos movimientos con escepticismo, otras con disgusto, y en algunas, pocas, con entusiasmo.

Quedarse atrás era una posición política peligrosa en lugares como Sevilla o Córdoba, donde existían mayores deseos de autonomía. En varias provincias, muchos cargos del partido se mostraron en desacuerdo, y se sintieron presionados y empujados a sumarse a ese proceso de autonomía. Esto fue así en las provincias de Andalucía oriental, donde existía un recelo hacia todo aquello que procedía de Sevilla, pues el Reino de Granada, se decía, en nada tenía que envidiar o seguir al Reino de Sevilla; y en Almería apenas había interés por una autonomía, y menos, propiciada desde Sevilla.

A partir de finales de 1978 empezaron las reuniones en distintas capitales de un grupo de personas de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados –entre las que estaba yo– para elaborar un primer proyecto de Estatuto de Autonomía, y a mediados de agosto de 1979 terminamos el que sería un primer documento en Carmona. En sus comienzos, las reuniones estuvieron repletas de buena voluntad para alcanzar un acuerdo, pero las discrepancias surgieron pronto por la definición de Andalucía y por quiénes tenían la condición de andaluces. Fue inevitable la inclusión del término «nacionalidad» pues, al estar recogido en la Constitución, optar por él parecía que le confería mayor rango. También se discutió la inclusión, entre los objetivos, de la consecución del pleno empleo, algo que los partidos de la izquierda, mayoritarios en el grupo de trabajo, consideraron irrenunciable. Hubo que abandonar muy pronto el intento, por parte de los que representábamos a UCD, de incluir las ciudades de Ceuta y Melilla en el Estatuto ante la rotunda negativa de la mayoría, pues hubiera supuesto que el partido con mayor número de escaños en Andalucía acabara siendo UCD.

El texto final no salió muy afinado; contenía errores de bulto por haber copiado literalmente párrafos de otros estatutos, como el de Cataluña, pero hubo que trabajar a toda prisa para concluirlo en la fecha fijada. Más tarde, el proyecto fue corregido, aumentado y concluido por otra comisión que se volvió a reunir en Carmona en 1981, y entonces fue cuando comenzó todo un período de negociaciones, fundamentalmente entre el PSOE de Andalucía, que presionaba, y el Gobierno, que no veía el momento oportuno para su debate en el Congreso, donde se tramitaba el Estatuto gallego, y además estaba muy preocupado con la vía rápida que los socialistas propiciaban.

La mayoría de los diputados andaluces de UCD sentimos una gran presión por tener pronto un proyecto de Estatuto con las máximas competencias posibles; pensamos que era peligroso retrasar los debates o intentar rebajar las aspiraciones de la autonomía, si bien comprendimos los argumentos del Gobierno para no dejarnos arrollar por las prisas y ambiciones del PSOE de Andalucía, que planteaba este proceso como un pulso al Ejecutivo, con posibilidades de ganarlo.

EL REFERÉNDUM DEL ARTÍCULO 151

En estas circunstancias, el Gobierno, viendo que la situación desbordaba sus previsiones, decidió reconducir los procesos autonómicos y defender la vía del artículo 143 de la Constitución como el procedimiento de acceso a la autonomía que establecía requisitos para asumir competencias de forma gradual y en varias etapas. Por ello, se inclinó por la abstención en el referéndum, convocado por el propio Gobierno para el 28 de febrero de 1980, para solicitar autonomía por el procedimiento del artículo 151. En ese momento la oposición y personas relevantes que se habían manifestado de manera clara y rotunda por solicitar esa vía rápida, entre otras Manuel Clavero, diputado por Sevilla, propiciaron una campaña apoyada por muchos medios de comunicación, entre otros el diario ABC de Sevilla, de gran influencia, en virtud de la cual Andalucía no podía rebajarse y se merecía lo mismo que habían logrado otras regiones.

El presidente de la Junta afirmó que lo que se votaba era «si queremos una Andalucía mejor o si no la queremos». Era la dignidad de Andalucía lo que estaba en juego, se decía. Ante este tipo de argumentos no cuantificables, a quienes apoyábamos las tesis del Gobierno nos resultó difícil explicar que no era una cuestión de dignidad ni de infravaloración de una región, sino de poner orden en pasar de un tipo de administración y organización a otro muy distinto, lo que suponía traspasar competencias, medios económicos, bienes y funcionarios. Argumentamos que se trataba de elegir un procedimiento como preveía la Constitución, que al final todos alcanzaríamos la misma autonomía y que lo que defendíamos era un camino seguro, sin riesgos. Pero el PSOE de Andalucía, que parecía hablar en nombre de todos, decía que Andalucía elegía el camino del artículo 151.

Como era de esperar, resultó imposible para UCD explicar y convencer a una gran mayoría de votantes que la vía que proponíamos y defendíamos no suponía menos ingresos ni menos aprecio. El resultado del referéndum alcanzó el porcentaje de los votos afirmativos necesarios en siete de las ocho provincias, excepto en Almería, de lo que la oposición dedujo, pese a la pregunta tan retorcida que se formulaba, que sí, que el camino debía ser el más rápido para lograr la máxima autonomía. Nuestro eslogan durante la campaña fue: «Andaluz, éste no es tu referéndum», lema que los adversarios nos recordaron como muestra de nuestra posición y que nos persiguió durante mucho tiempo. Seguramente nuestra abstención en este referéndum estuvo en el origen de lo que más adelante fue una gran derrota electoral.

La situación de UCD en Andalucía se volvió muy difícil y fue contestada desde la mayor parte de los medios de comunicación; las cosas también se pusieron muy complicadas para el propio Gobierno, que terminó por aceptar, tras muchas negociaciones, modificar la Ley de Referéndum de manera que el resultado pudiera significar, con el acuerdo de diputados y senadores de Almería, la obtención de los requisitos necesarios para alcanzar una autonomía semejante a aquéllas llamadas habitualmente «históricas», denominación que irritaba bastante porque si bien era una referencia a las que en el pasado alcanzaron, como parte de su historia, Estatutos de Autonomía, Cataluña, País Vasco y Galicia, todas las regiones alegaban que también tenían una historia.

Después de este complicado y rocambolesco proceso con enfrentamientos, polémicas y manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de meses y meses, el texto para la aprobación definitiva del Estatuto debió ser sometido a un nuevo referéndum que tuvo lugar en octubre de 1981.

En esta ocasión, UCD, después de dar marcha atrás sobre su posición inicial, se aplicó para explicar por qué decía ahora que había que votar que sí e intentar recuperar no sólo el terreno perdido, sino mostrarse partidaria de la plena autonomía para Andalucía. El secretario general de UCD de Andalucía, Carlos Rosado, y yo misma redactamos muchos papeles y escribimos artículos para explicar lo que significaba el Estatuto, las competencias, las instituciones, las decisiones que se podían tomar desde Andalucía y, por ello, las razones para apoyar un texto, que finalmente fue refrendado por los ciudadanos.

Pese a todos nuestros esfuerzos por recomponer la situación, quedamos muy debilitados por los vaivenes y por las opiniones contradictorias entre dirigentes del partido. Como ha sucedido en otras ocasiones, cuando frente a cuestiones de procedimiento se esgrimen sentimientos en pro de la tierra, se acude a argumentos que levantan pasiones, se dice que se minusvalora o agravia a una región o comunidad, a los ciudadanos les llegan mejor estos últimos, como ha quedado demostrado en otras ocasiones.

Andalucía accedió, finalmente, a la autonomía por la vía más rápida y completa posible; se dotó de una gran organización administrativa, que poco a poco, se amplió con organismos y empresas públicas, y con mucho personal de confianza. Este amplio despliegue de instituciones públicas ha sido una tentación constante para contratar a personas vinculadas al partido del Gobierno desde 1982, y tiene una difícil vuelta atrás. El Estatuto entró en vigor en enero de 1982.

ELECCIONES AL PARLAMENTO

Las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía, celebradas en mayo de 1982, supusieron un revés muy importante para UCD. Unos meses antes, el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo me planteó que yo, ministra de Cultura, fuera la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, propuesta que me produjo un enorme desasosiego pues suponía abandonar el ministerio poco tiempo después de haber llegado. Era, creía yo, abandonar una tarea que apenas había comenzado.

Finalmente, para mí tranquilidad, se decidió que el candidato fuera el abogado y anterior alcalde de Málaga, Luis Merino, y yo resulté elegida presidenta de UCD de Andalucía en el congreso celebrado en Torremolinos en enero de 1982. Mi discurso en el acto de clausura consistió en repasar los cambios que UCD había hecho en España: las instituciones y las leyes, y apelar a su sentido de la convivencia y de la tolerancia. Dije que «incluso tenemos más voto obrero que otros partidos que alardean de esa denominación en sus propias siglas» y que para detener la avalancha socialista no necesitábamos la súbita aparición de algún político gallego que había estado ausente mucho tiempo. En honor a la verdad, tengo que reconocer que yo, que en aquellos momentos no estaba para discursos ajenos a las cuestiones del Ministerio de Cultura, me apoyé en el texto escrito por Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, secretario de Programas en UCD, texto propio para una campaña electoral que ambos hemos recordado en varias ocasiones, pero que no guarda relación alguna con la fina pluma de su autor en otras muchas ocasiones.

Amparo Rubiales, entonces destacada dirigente del Partido Comunista de España (PCE) y una de las pocas mujeres en la vida pública en ese momento, dijo que yo era una defensora de los intereses de la reaccionaria oligarquía andaluza. A pesar de sus amables calificativos, mantuve con ella buenas relaciones cuando fue delegada del Gobierno en Andalucía en los años noventa y cuando las dos fuimos vicepresidentas del Congreso de los Diputados en la VII Legislatura. Seguramente yo he sentido más aprecio por ella que a la inversa, pero esos sentimientos son de difícil comprobación.

Hice la campaña electoral, acompañada, entre otros, por un joven Javier Arenas; nuestro adversario más próximo era Alianza Popular (AP), que contaba con sólidos candidatos como Miguel Arias Cañete, Antonio Hernández Mancha, que luego sería presidente de AP, y José Ramón del Río.

Ya imaginaba yo, al comienzo de la campaña, que sería blanco de maldades y de bromas, algunas más graciosas y otras más antipáticas. Desde AP, Miguel Arias se refirió a mí como la marquesa a la que acompañaba el vizconde, Javier Arenas, lo que le he recordado a Miguel en algún momento. Yo dije que las maldades que decía Alfonso Guerra le producirían llagas, y él me contestó que yo tenía llagas en la boca de tanto chupar. Y tan pronto fue nombrado vicepresidente del Gobierno colocó a su hermano Juan como asistente durante siete años, en la Delegación del Gobierno de Andalucía en Sevilla. Ni más ni menos.

En una campaña así, mis apelaciones a una Andalucía moderna, europea, no sometida a la intervención constante de los poderes públicos ni a la política populista, como las de las coaliciones de socialistas y comunistas, no sirvieron para parar esa mayoría absoluta del PSOE de Andalucía de 66 escaños. Tampoco para evitar que AP nos sobrepasara con diecisiete y que nosotros nos quedáramos en tercer lugar con quince escaños, lo que no estaba dentro de nuestras previsiones. El PCE obtuvo ocho escaños y el Partido Socialista de Andalucía (PSA), tres. Yo tuve que pasar el trago amargo de presentarme la noche del recuento de votos en el hotel Macarena de Sevilla donde el PSOE celebraba una gran victoria, una de sus muchas en Andalucía, para felicitarles y comprobar la inmensa alegría de los electos de AP por haber ganado a UCD. Aquella comparecencia mía me la recordaron durante años algunos socialistas, pues se debió notar el mal rato que tuve que aguantar. Ya Peridis había avanzado un resultado negativo en una viñeta. En ella yo preguntaba al presidente del Gobierno: «¿Qué puedo yo hacer en UCD de Andalucía?». Y el presidente Calvo-Sotelo respondía: «Reza».

Este revés de UCD en Andalucía del mes de mayo tuvo consecuencias importantes para el partido y para el Gobierno. Los ánimos se vinieron abajo y empezó un tiempo de mayor preocupación y también de deserción de personas, tanto en el grupo del Congreso como en las filas del partido. El secretario general, Carlos Rosado, me escribió una carta de dimisión y yo no tuve ánimo para pedirle que la reconsiderara. Ante el mal resultado conseguido, yo misma le dije al presidente del Gobierno que presentaba mi dimisión como presidenta de UCD de Andalucía, pero él me dijo que me estuviera quieta. Fue algo así como decirme: «Déjate de tonterías en estos momentos y trabaja». No debía tener ganas de más cambios ni de nuevos nombramientos; su preocupación estaba centrada en la situación del Gobierno para proseguir la legislatura, pues cada semana resultaba más difícil encontrar diputados que apoyaran las posiciones del grupo parlamentario o del propio Gobierno, y comprendí sus razones.

A los pocos días de celebrarse estas elecciones, comparecí en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados para exponer la política cultural del ministerio. La comparecencia fue larga y, a juzgar por los comentarios que escuché, no fue brillante; algunos diputados me dijeron que se me notaba muy cansada. Cometí el error de tratar de describir en una sesión todos los campos en los que el ministerio actuaba, y detallar todas las acciones previstas o ya en marcha, algo que no debe hacerse en las comparecencias y, desde luego, estaba agotada después de aquella campaña y entristecida por el resultado.

Muchos de los avatares por los que pasó el largo camino para conseguir la autonomía de Andalucía y quienes fueron sus principales protagonistas se recogen, entre otros documentos, en un libro titulado Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Andalucía, dirigido por el periodista Juan de Dios Mellado. Los textos, escritos por once periodistas, lo que llamó mucho mi atención, y las fotos en blanco y negro de los actos, las manifestaciones, las proclamas y las principales reuniones muestran que la política también era cosa de hombres, con alguna muy rara excepción como la mía; sin embargo, para otras facetas de la vida como para el cante, el baile y alguna manifestación de jornaleros del campo, sí se podía contar con las mujeres en Andalucía, como se muestra en el libro.

A partir de 1982, el PSOE de Andalucía ha gobernado tras todas las elecciones habidas en la Comunidad Autónoma, unas veces en solitario, en varias ocasiones con el apoyo de Izquierda Unida (IU), y en 2015 con el del partido Ciudadanos (Cs). La alternancia, ese rasgo tan característico de las democracias y tan sano, no se ha producido. La larga permanencia en el poder hace muy difícil evitar, por parte del partido gobernante, la tentación de ocupar todo el espacio posible, de extender la acción del Gobierno a través de muchas instituciones y organismos a toda la vida pública y también a la que debería estar en manos de la iniciativa privada. Parece difícil revertir una situación como ésta.

En los ayuntamientos las cosas son distintas; se han terminado las mayorías absolutas de socialistas y hay mucha más pluralidad. Sabemos que la influencia que pueden tener los candidatos en las elecciones municipales es muy grande, mientras que toda una gran y potente administración, como es la de la Comunidad Autónoma, acompañada de medios de comunicación públicos y volcada en una determinada dirección es mucho más difícil de ser superada. Pero no debemos buscar las escusas de esta carencia de alternancia siempre en los otros.

5

Vocación municipal

LA VIDA DE CONCEJAL

Mi dedicación al ayuntamiento duró algo más de trece años: cuatro en la oposición, cuatro como primera teniente de alcalde, cuatro como alcaldesa y vuelta, por algún tiempo, a los bancos de la oposición. Éstos fueron los años que viví con mayor intensidad a lo largo de los muchos de mi vida pública.

Cuando se aproximaban las elecciones municipales de 1987, yo sentía mucho interés por todo lo que sucedía en el ayuntamiento, donde el alcalde era Manuel del Valle, que gobernaba con una amplia mayoría. Mis circunstancias no eran las más favorables para concurrir a las elecciones, pues no tenía partido político que me apoyara desde la desaparición de Unión de Centro Democrático (UCD). Mis relaciones con Alianza Popular (AP) no habían sido muy cordiales tras haber competido en las elecciones autonómicas de 1982, y haberles lanzado calificativos poco amables en reiteradas ocasiones.

Con estos antecedentes, no era fácil dirigirme a AP y postularme como candidata a la alcaldía para las elecciones de mayo sin ser militante del partido. Pero los mensajes que yo lanzaba a través de amigos y conocidos comunes, y el hecho de que no parecía que tuvieran candidato hizo que me convocara José Ramón del Río, persona destacada de AP, a una reunión para conocer mis intenciones, tras la que se apresuraron a decir que yo estaba muy interesada en la candidatura, lo que era verdad.

El acuerdo final llegó después de una conversación con Ricardo Mena, médico de prestigio y diputado por Sevilla, que me facilitó la candidatura, pero contó con la oposición de varios sectores y dirigentes de AP a quienes disgustó mucho mi presencia. Tuve que explicar ante la Junta Directiva mis propósitos, apaciguar ánimos y empezar a ganarme el apoyo del partido con el que no contaba. Luego vinieron toda clase de problemas sobre la propia campaña y la advertencia de que la lista se haría sin contar con mi opinión. Y así sucedió, puesto que yo apenas conocía a posibles candidatos a concejales y sólo contaba con Antonio Fontán Meana, sobrino de quien había sido presidente del Senado y ministro de Adolfo Suárez, abogado y compañero mío en los años setenta en el Partido Demócrata y Liberal Andaluz, como candidato para la lista.

Fue entonces cuando conocí, para sorpresa mía, a Alberto Jiménez-Becerril, joven presidente de Alianza Popular de Sevilla, sin relación familiar alguna conmigo, y que formó parte de la candidatura. También conocí a una de las personas más apreciadas en AP, Manolo García, comerciante del mercado de la Encarnación, quien me acompañó y ayudó durante aquella campaña llena de tensiones con los dirigentes del partido por lo que yo decía o dejaba de decir. Pero no todo fueron problemas: tuve también la inmensa ayuda, desinteresada y generosa, de dos personas: mi prima Fátima Medina, cuya presencia en el cuartel general de la campaña me tranquilizaba, y María Beca, a quien apenas conocía, que se presentó de forma voluntaria también para ayudar, y que un tiempo después se incorporó a mi equipo en el ayuntamiento y fue una colaboradora competente, eficaz y una gran amiga; también me acompañaron algunos de los militantes históricos de AP, como Juan Bermudo y Miguel López Torróntegui, a los que aprecié mucho y con los que continué la amistad.

A este complicado y, en ocasiones, agrio panorama se añadió la presencia del candidato Alejandro Rojas Marcos, líder histórico del Partido Andalucista, desde el que me echaban en cara no haber nacido en Sevilla y mi falta de acento sevillano. Su novedosa e imaginativa campaña estaba basada en el uso de unos corazones rojos que aparecían por todas partes con el lema «Yo amo Sevilla». Alfonso Guerra, a quien aclamaban y vitoreaban en todos los actos públicos, decía que yo era una señorita desocupada, miembro de un club deportivo de gente bien de la ciudad, lo que provocaba grandes aplausos de los asistentes.

En una cadena de radio de mucha audiencia me hicieron la primera entrevista como candidata y me presentaron como una recién llegada, casada con un marqués. Fue tal la presentación que tuve que protestar ante la entrevistadora y decir que no mencionaba ni mi formación ni mis anteriores tareas profesionales ni mi participación en la vida pública, desde antes de los comienzos de la Transición, en favor de la democracia. En la siguiente entrevista, también en radio, afirmaron que yo tenía el privilegio de disfrutar de los jardines del Alcázar y callaron que esos jardines eran de entrada gratuita para todos los sevillanos. Así empezó la campaña.

Además, no conseguí disuadir a los democratacristianos del Partido Demócrata Popular (PDP) para hacer una candidatura conjunta, por lo que tuve también como adversario a Javier Arenas, que con pocos medios y mucha habilidad estaba presente en todas partes, incluida la Feria de Sevilla por la que sobrevolaba una avioneta con su propaganda. Pero su resultado, como él ha recordado en varias ocasiones, no fue espectacular porque no logró ni un concejal. Las rivalidades de aquellos momentos entre Javier y yo pasaron a la historia cuando en 1989 le propuse ser candidato en la lista que yo encabezaba al Congreso de los Diputados, para la que me propuso Rodrigo Rato, y que yo debí elaborar para las elecciones generales. Javier aceptó y fue el inicio de su actividad como diputado, tan destacada que al poco tiempo de llegar al Congreso él ocupó un escaño en la primera fila de la dirección del grupo parlamentario, mientras yo ocupé el habitual de una diputada más por Sevilla.

Mi programa electoral municipal se llamó «Nuevos tiempos en Sevilla» y trató de la modernización de las infraestructuras de la ciudad, de la construcción del metro, de cómo se debía aprovechar la Exposición Universal de 1992 a la que el ayuntamiento había prestado, a mi juicio, escaso interés, y su posterior uso, de la recuperación del centro histórico y de la mejora de la seguridad ciudadana, que atravesaba muy malos momentos. Algunos de los datos de la ciudad eran verdaderamente alarmantes: el porcentaje de población que no sabía leer, el desempleo, las casas del centro histórico que estaban abandonadas, la falta de centros escolares y de muchas zonas verdes. Para la redacción de un programa muy documentado y bien elaborado, además de contar con varios candidatos a concejales, tuve la ayuda de Federico Trillo y de Beatriz Rodríguez Salmones, ambos asesores del grupo parlamentario de AP en el Congreso, que tenían mucha práctica en la elaboración de documentos de manera sistematizada y ordenada, aunque los programas no tuvieron mucha influencia en los resultados, como ocurre con frecuencia.

Yo sostuve que el alcalde, Manuel del Valle, había sido muy sumiso con el Gobierno de la Nación y que había parado la obra del metro iniciada tiempo atrás. Bien es cierto que aquella obra causó muchos problemas por su profundidad y por las características del suelo, pero la decisión de no continuar ni buscar otras alternativas daba ocasión a toda clase de críticas porque el ayuntamiento había hecho una campaña de grandes carteles en negro que decían: «El metro, un túnel sin salida».

El metro se convirtió en una batalla que duraría mucho tiempo, pues cuando yo fui alcaldesa en 1995, es decir, ocho años después, y decidí volver a plantear la necesidad de un medio de transporte rápido y ligero no obtuve colaboración ni apoyo alguno por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, a quien habían sido transferidas esas competencias. Tampoco tuve el apoyo de mi socio de gobierno municipal, Alejandro Rojas Marcos, al que no le interesaba que bajo mi mandato se pudiera iniciar semejante obra, hasta el punto de decir que mientras el proyecto no cruzara por el centro de la ciudad no había nada que hablar.

El metro, hasta hoy, no atraviesa el centro de Sevilla, lo que sería bien difícil y arriesgado por los restos de yacimientos arqueológicos, porque la catedral está asentada sobre parte de la antigua mezquita y en las excavaciones de 1995 apareció el patio de abluciones, a la entrada de la misma mezquita, con todo su sistema de circulación de agua. Y por si estos obstáculos fueran pocos, el antiguo cauce del arroyo Tagarete discurre por todo el centro. Sin embargo, el metro en el extrarradio contó con los entusiásticos apoyos necesarios tan pronto dejé de ser alcaldesa.

Esta historia sobre el metro siempre me disgustó mucho porque significó una política sectaria que nunca pude compartir: un proyecto no se realiza sólo porque al adversario no se le facilita la vida y se ponen todas las dificultades posibles por razones exclusivas de simpatías políticas; no importa que esa actitud sea perjudicial, como lo fue el retraso en la ejecución de una obra imprescindible y modernizadora porque la alcaldesa era de otro partido y el consejero de Obras Públicas, el socialista Francisco Vallejo, que tenía su despacho a pocos metros del mío, tardaba meses en recibirme para luego ponerme todas las pegas posibles. Hubo que esperar a que el alcalde fuera Alfredo Sánchez Monteseirín, mi sucesor socialista, para que desde el Gobierno andaluz se encargaran los proyectos y luego comenzaran las obras.

La mayor parte de mi programa electoral se basó en las ideas de los artículos que desde 1983 había publicado, fundamentalmente, en el diario ABC de Sevilla. Escribí sobre la conservación del patrimonio histórico, sobre los conventos que se caían, sobre la ciudad que vivía de espaldas al río, sobre la necesidad de un transporte moderno, sobre la inseguridad, sobre las propuestas del reciente plan urbanístico, sobre las razones para que Sevilla fuera la sede de la Exposición Universal de 1992, sus beneficios para la ciudad y la posterior utilización de su infraestructura como ciudad universitaria.

Recopilé muchos de estos artículos en un pequeño libro que titulé Idea de Sevilla, en cuya presentación dije que, a pesar de que llevaba unos años fuera de la política activa, no me había mantenido al margen de la vida de Sevilla porque, como había escuchado decir a José Bergamín, que por entonces frecuentaba la ciudad con un amigo editor, Manuel Arroyo, aunque Sevilla había perdido parte de su cuerpo era de las pocas ciudades que conservaban su alma. El libro, de portada en blanco y negro con el Guadalquivir, la Torre del Oro, la Maestranza de Artillería detrás y al fondo la Giralda, del que guardo algunos ejemplares, me enternece todavía, pues aquélla fue una etapa de la juventud llena de pasión y afán por conocer los problemas y luego poder servir a los sevillanos.

Estudié, con cierto esfuerzo y dificultad, el proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), escrito en un lenguaje muy al uso por arquitectos de la época, que hablaba de la «articulación estructural del casco en el marco de las nuevas relaciones centro-periferia» y del «tejido urbano como sumatorio de unidades de edificación», y que añadía más derribos a los ya habidos en el centro histórico. Algunas personas, no muchas, se leyeron este documento, entre ellas el escritor Antonio Burgos, muy buen conocedor del patrimonio histórico material e inmaterial de la ciudad, que me dedicó un artículo que traducía el lenguaje del plan: «A Soledad sobre el PGOU», y que dio una batalla grande por detener lo que eufemísticamente se denominaban «operaciones de transformación morfológica», simples demoliciones del caserío para alinear calles, lo que cambiaba el trazado urbano de ese centro que, mal que bien, se había conservado durante siglos y era una herencia árabe donde la calle transcurría por los espacios que el caserío permitía.

En las campañas electorales de entonces la prensa y las emisoras de radio locales jugaban un papel fundamental con sus opiniones y con la mayor o menor cantidad de publicidad que insertaba un partido, lo que permitía medir cada día el poderío de unos y de otros. La capacidad de hacer publicidad era objeto de constante comparación y ponía nerviosos a los militantes y candidatos, a los que siempre les parecía escaso lo que se hacía.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) era claramente el ganador en asistentes, con diferencia respecto a los demás, en todos los actos públicos, y lo siguió siendo durante mucho tiempo en las campañas electorales en Andalucía. El lugar que los socialistas escogían para celebrar los actos era el enorme Prado de San Sebastián, solar que sirvió en el pasado de cementerio tras las varias pestes habidas en la ciudad. Ningún otro partido osaba competir con ellos en capacidad de convocatoria ni en organización. Otros nos refugiábamos en escenarios mucho más pequeños, como nosotros en el parque de los Príncipes, y confiábamos en que un conjunto musical atrajera público y calentara el ambiente. En mi primer gran mitin, con mucha parafernalia, escenario, sesión de maquillaje y potente megafonía, mi intervención no fue buena, pues era difícil entrar en cuestiones concretas de la ciudad, pero tampoco acerté a hilar un discurso conservador o liberal; debí estar un poco gritona, según me comentaron luego, pero recuerdo que me aplaudieron cortésmente.

La campaña también tuvo lugar durante la semana de la Feria, una de las Fiestas Mayores de la ciudad, y por ello me dijeron que tenía que vestirme de flamenca, por primera vez en mi vida, y me hice un vestido blanco con lunares rojos para pasearme. Aquel traje me ha dado mucho juego, año tras año, y lo recuerdo como el más bonito que he tenido a lo largo de los cuarenta y dos años que he vivido en Sevilla.

El resultado de las elecciones de mayo de 1987 no fue un éxito ni para AP ni para mí pues obtuvimos ocho concejales de 31; el PSOE fue el claro vencedor con trece; el Partido Andalucista consiguió siete, e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, tres. Esta última estaba encabezada por un conocido abogado, Adolfo Cuellar, siempre tenido por un hombre de bien, que, al igual que yo, se presentaba como independiente y que debió padecer algunas situaciones parecidas a las mías. A lo largo del mandato tuve un trato muy bueno con él, pues era imposible llevarse mal con Adolfo.

Y así comenzó la nueva etapa de mi vida pública como concejal en 1987, en condición de no afiliada hasta que se produjo la refundación del partido, convirtiéndose en Partido Popular (PP), y José María Aznar fue elegido presidente.

Poco tiempo después recayó sobre mí la presidencia del partido de Sevilla. Estuve en el cargo durante los tres años que establecían los estatutos, pero nunca fue la tarea más gratificante; todo mi interés y dedicación estaban puestos en la vida municipal, y los quehaceres de la reorganización del partido –las constantes reuniones de militantes en la capital o en municipios, muchos de los cuales me veían con recelo como una recién llegada, procurar el aumento de nuevos afiliados, las discusiones sobre si lo que hacíamos en el ayuntamiento era lo adecuado o no– me quitaban tiempo y me aburrían bastante. A pesar de ello, me propuse la renovación del partido y, por tanto, incorporar nuevas personas a cargos directivos. Conocí, entre otras, a dos personas de gran valía, militantes del PP, y les animé a jugar papeles más destacados: me refiero a Amalia Gómez y a Manuel Pimentel. Amalia sentía por mí una animadversión no disimulada cuando la conocí en su calidad de catedrática de instituto, pero comprendí que era de las personas que necesitábamos en aquellos momentos y conseguí pacificarla. Fue una diputada excelente en el Parlamento de Andalucía, con verdadera vocación de servicio, no sólo querida por los amigos y por los adversarios políticos, sino especialmente por mí. Luego sería secretaria general de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo, donde pudo mostrar su valía. Manuel Pimentel supuso una revelación para la vieja organización del partido en Sevilla; joven, brillante diputado, con imaginación y cabeza para toda clase de temas, sería más adelante ministro de Trabajo. Sentí mucho que presentara su dimisión, siendo presidente del Gobierno José María Aznar.

Manuel del Valle fue elegido alcalde de nuevo, y Francisco Moreno, primer teniente de alcalde, que se convirtió en su guardián y hombre duro, era capaz de descalificar a quien se pusiera por delante con mucha facilidad. Yo sufrí sus ácidas respuestas a mis intervenciones, pero quien recibió las más burlonas fue Alejandro Rojas Marcos, si bien éste tampoco se mordía la lengua en sus respuestas. Todo ello sucedía en una solemne Sala Capitular, bajo una bóveda con 36 reyes castellanos, desde Carlos I hasta Alfonso III el Magno, labrados en piedra por varios imagineros. En una pared, un cuadro de grandes proporciones de una vista de Sevilla desde Triana de 1726, de gran valor documental, que representa el Guadalquivir, el arenal, el caserío, la catedral y la Torre del Oro. Y frente por frente, otro cuadro grande, obra de Juan Espinal, desde el que parecían ser testigos de nuestros debates y altercados las santas alfareras patronas de la ciudad, Justa y Rufina, con sus piezas de cerámica y las palmas de la victoria, santas tan veneradas que también fueron pintadas por Murillo, Zurbarán, Velázquez y Goya.

Las reuniones de las mañanas de los lunes en la Gerencia Municipal de Urbanismo, presididas por el delegado del área, Isidoro Beneroso, persona de absoluta confianza del alcalde y acompañado por el gerente, Emilio Molina, eran duras y me hicieron pasar algunos malos ratos. En aquellas sesiones se decidían asuntos de mucha importancia para la ciudad en general y para propietarios de suelo, en particular, pues se fijaba por dónde crecía la ciudad y cuánto se podría edificar.

En el urbanismo municipal se puede decidir con un lápiz en la mano, entre otras cuestiones, dónde empieza una recalificación de suelo y dónde acaba, lo que tiene importantes y beneficiosas repercusiones económicas o ninguna.

Aquéllos fueron los años de la llamada «reparcelación discontinua obligatoria», conocida vulgarmente como un «impuesto revolucionario», declarada luego nula de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Era una manera de financiar los ayuntamientos, faltos de medios para cubrir necesidades de equipamiento. Pese al tiempo transcurrido, las arcas municipales siguen siendo insuficientes para atender necesidades que son muy básicas, y para financiarlas se recurre al impuesto de bienes inmuebles, del que se quejan muchas veces, con razón, los vecinos.

Después de aquellos modos de actuar se pasó a otro modelo: los convenios urbanísticos, que fijaban acuerdos entre la Administración y un particular para establecer las condiciones de la urbanización a realizar. Esta modalidad, que requiere negociación y acuerdo, nunca me ha parecido la más conveniente; sus trámites no suelen ser transparentes y los beneficios que unos y otros obtienen, tampoco.

El llamado «Equipo de Gobierno», según la legislación entonces vigente, exhibía una superioridad total por sus conocimientos y dominio de los documentos que nos presentaban, siempre con el menor tiempo posible para su examen. Aquellos documentos y planes requerían estudio y análisis complejos, el manejo de mucha documentación y la interpretación de oscuros textos con grandes pretensiones técnicas.

Antonio Fontán Meana era el concejal de nuestro grupo capaz de interpretarlos y de dar respuestas lacónicas cuando llegaba el momento de señalar nuestra posición. En los comienzos de esta etapa fue cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana que preparó la infraestructura de la ciudad para la Exposición Universal de 1992. Resultaba difícil sostener una posición contraria a la mantenida por el Gobierno, pues había poco tiempo para obras imprescindibles como eliminar la vía del tren que pasaba por la ciudad, derribar el muro de la calle Torneo, que ocultaba la vista del Guadalquivir, hacer posibles las rondas urbanas necesarias para la Exposición Universal y disponer de los terrenos para la llegada del primer tren Ave y para la construcción de la estación de Santa Justa.

Todo este plan y las obras que de él se derivaron cambiaron totalmente la fisonomía de una ciudad que, salvo el barrio de la burguesía, los Remedios, y alguna barriada –así se han denominado en Sevilla– fuera del perímetro histórico, parecía haberse detenido a finales del primer tercio del siglo XX. También fueron tiempos en los que surgió la fiebre por las llamadas «plazas duras», plazas totalmente enlosadas, con farolas y bancos de diseño, sin árboles, sin agua y sin sombra. Eran varias las ciudades que competían en esos momentos por la llamada «arquitectura espectáculo», con edificios de costoso mantenimiento pero que llenaban de orgullo a los gobernantes, que no se planteaban qué hacer con ellos en el futuro y mucho menos cuánto costaría conservarlos. Se hicieron tales cosas que, al mismo tiempo, había que crear «centros de interpretación» para poder explicarlas.

Fueron muchas las obras necesarias que urgían la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, antes mencionado. Con el propósito de no obstaculizarlo, dimos nuestra aprobación al documento que presentaba el Gobierno y fuimos objeto de las críticas de los andalucistas. El hecho de apoyar al Gobierno en determinados momentos, al menos en la vida municipal, a veces es bien recibido, pero en otras ocasiones llueven las críticas por colaboración. Es muy difícil acertar. El alcalde, Manuel del Valle, apreciaba lo que se denominaba el «espíritu constructivo» de la oposición, y Alejandro Rojas Marcos nos atacaba con toda su capacidad dialéctica por esa colaboración, exactamente igual que ahora sucede, con otros protagonistas y otros partidos, cuando se llega a un acuerdo entre Gobierno y oposición.

Durante los cuatro años de oposición del grupo municipal que yo dirigí procuré arrimar el hombro en innumerables ocasiones a algunas tareas de gobierno, pero en 1991, a la vista de los resultados de las nuevas elecciones municipales, comprobé que la oposición pura y dura había sido más valorada.

Los años de oposición en el Ayuntamiento de Sevilla me hicieron conocer bastante bien la ciudad porque una de mis tareas fundamentales fue visitar los barrios acompañada de concejales y, si era posible, de vecinos. Las fotos en las páginas de los diarios locales del día siguiente eran muy importantes. Las mañanas las dedicábamos a estudiar los documentos, leer la correspondencia y recibir a los vecinos, y las tardes a pisar la calle, tras concertar las visitas con las asociaciones. La recepción por parte de los vecinos era mejor o peor según las simpatías que sintieran por nosotros, pero había que intentarlo todo, si bien inmediatamente se notaba si les gustaba nuestra presencia o se limitaban a mostrarnos lo más imprescindible y con el menor número de palabras posible. Debo subrayar que en ningún lugar, en ninguna ocasión ni por ningún grupo de personas fuimos agriamente recibidos o tratados. Éstas son las buenas maneras de Sevilla, que no sé si se dan en otras grandes ciudades. Muy posiblemente si no hubiera estado esos cuatro años en la oposición, si no hubiera recorrido varias veces los barrios de la ciudad, no hubiera llegado a ser alcaldesa.

Entre las visitas a realizar estaban las que hacíamos a las hermandades, que juegan un papel muy importante en la vida sevillana. Sus actividades, además de las de sus reglas fundacionales, que señalan sus fines de culto y devoción, desarrollan, a través de sus hermanos, labores de carácter social. La vida de las hermandades no se limita a la cofradía que hace su recorrido en la Semana Santa el día señalado.

En nuestras visitas nos contaban las necesidades para comedores sociales, centros de atención a mayores o sencillamente ayudas a familias del barrio o de la propia hermandad y, desde luego, la atención a la conservación de sus imágenes y de sus pasos. Si algún concejal del grupo era hermano de una de ellas, lo que era bastante frecuente, la visita no podía faltar.

Los actos institucionales en los que participaba la corporación municipal eran muy numerosos porque las visitas habituales al ayuntamiento de delegaciones, alcaldes, representantes de corporaciones nacionales o extranjeras eran frecuentes. Mi grupo municipal solía asistir a todos aquéllos a los que se nos invitaba, pues lo considerábamos parte de nuestras funciones. Quien fue durante muchos años jefe de protocolo del ayuntamiento, Mauricio Domínguez, es autor del libro Protocolo y ceremonial en la ciudad de Sevilla, compendio de las normas, símbolos, usos, honores y costumbres en las ceremonias civiles y religiosas. Este libro, junto con otros anteriores sobre privilegios, fueros, preeminencias, etiquetas, usos del escudo de la ciudad, de los estandartes o del propio emblema de la ciudad, «no-madeja-do» (dado, al parecer, por el rey Alfonso el Sabio al permanecer la ciudad fiel cuando otras se levantaron, que significa «no me ha dejado», «no me ha abandonado»), son prueba de la importancia que se ha concedido siempre a las diversas ceremonias y de cómo se han querido mantener las tradiciones en Sevilla.

La corporación y su alcalde asisten, desde tiempo inmemorial, a muchos actos religiosos, fundamentalmente en la catedral: la festividad de san Clemente, día de la toma de la ciudad; el día de san Fernando, patrón de Sevilla; la fiesta de la Inmaculada, cuando los niños «Seises» bailan, tocados con sombreros, por privilegio y tradición en el altar mayor de la catedral durante la misa; el día de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla; la festividad de la Hiniesta, patrona del ayuntamiento.

Pero la Fiesta Grande de Sevilla, como la denomina el profesor Vicente Lleó en sus estudios sobre su origen y evolución, es la festividad del Corpus Christi. Los primeros datos de su celebración en la ciudad se remontan al siglo XV y dan cuenta de una procesión de carácter religioso y pagano que discurría por el corazón de la urbe con autoridades eclesiásticas, civiles y representaciones de los gremios. A esta fiesta, que ha eliminado el carácter pagano de sus gigantes y tarasca, asistía nuestro grupo municipal en pleno: los hombres con chaqué, como manda un ceremonial muchas veces discutido, y las mujeres de oscuro, si bien yo cambié, cuando fui alcaldesa, el traje negro por uno blanco. El alcalde encabezaba la representación de la corporación, con fajín y medalla, aunque siempre había varios miembros de su grupo que no asistían y la ausencia total del grupo de Izquierda Unida (IU). A lo largo del recorrido de la procesión se levantaba toda una arquitectura efímera: arcos decorados con vegetación, toldos, altares montados por vecinos o entidades que se sumaban a la celebración, imágenes, romero y juncia por el suelo, y miles de personas que esperaban, desde muy temprano, su paso por las calles. Este tipo de arquitectura, que sólo dura horas o pocos días, es característica de la ciudad, pues incluso la misma Feria es toda una ciudad efímera para siete días.

A lo largo de la Semana Santa, la presencia de la corporación es, también, muy importante. En la plaza de San Francisco, ante la fachada plateresca inacabada del ayuntamiento, se levantan los palcos que indican que la Semana Santa se aproxima y que acogen no sólo a la corporación sino a muchas personas que muestran interés por asistir o a invitados nacionales o extranjeros, a los que se quiere atender de manera especial.

Como saben muy bien los sevillanos, todas las cofradías deben pasar por delante del ayuntamiento en su recorrido hacia la catedral y, antes de iniciar su paso por la plaza, deben solicitar la venia de la autoridad municipal que presida en ese momento. La costumbre es que el alcalde o la persona en quien él delegue ostente la representación municipal, y como son tantas las horas y los días de presencia, se establecen turnos a lo largo de toda la semana. Éste suele ser el momento de mostrar las preferencias de cada concejal para representar a la corporación cuando pasa una u otra cofradía, en función de a qué hermandad se pertenezca, y a la que se ha visitado por la mañana cuando ultimaba los preparativos para su salida.

La Semana Santa requiere, también, mucha atención y asistencia del ayuntamiento en los aspectos de seguridad, pues en las últimas décadas del siglo XX congrega a cientos de miles de personas en la calle. Los problemas que se pueden presentar no disminuyen lo más mínimo las aspiraciones de los concejales a ocupar la Concejalía de Fiestas Mayores, que incluye la Semana Santa y la Feria, y así ser una verdadera autoridad durante unos días muy importantes.

El resultado de las elecciones municipales de 1991 no permitió al PSOE mantener la alcaldía. La candidatura de Luis Yáñez obtuvo doce concejales, lejos de la mayoría absoluta que ni siquiera alcanzó con los dos votos de IU. Sí fue posible un acuerdo entre Alejandro Rojas Marcos, con nueve concejales, y el PP, con ocho, para formar un gobierno municipal.

La negociación duró varias semanas y estuvo llena de problemas, desacuerdos y amenazas de ruptura: Rojas Marcos quería ser elegido alcalde y después formalizar un acuerdo con el PP, lo que me parecía que no era pacto alguno, sino un trágala. Yo proponía pactar un programa de gobierno y que el alcalde fuera Alejandro Rojas Marcos por tener un concejal más y porque, de no alcanzarse el acuerdo, Luis Yáñez, candidato socialista, obtendría la alcaldía aunque sin mayoría, y sería una ocasión perdida para quitársela al PSOE tras dos mandatos de gobierno municipal.

Los medios de comunicación de la ciudad y también los de ámbito nacional daban mucha importancia a lo que podía suceder en Sevilla. El mismo presidente del PP, José María Aznar, pidió a los andalucistas que superaran sus contradicciones para alcanzar el acuerdo. Alejandro Rojas Marcos se resistió y se hizo valer mucho más de lo que le correspondía, apoyado además por las declaraciones de su compañero y alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que anunció su marcha del partido si el pacto se producía, amenaza que no cumpliría al final. El PSOE reconoció su fracaso y culpó de ello al anterior alcalde, Manuel del Valle, que según decían no había sabido exhibir todo lo hecho.

Ocurrió lo que sucede en muchas ocasiones ante fracasos: la culpa, si el resultado es malo, siempre es de otro; si el pacto es necesario, se hacen afirmaciones categóricas que indican superioridad y se promete no hacerlo. A los pocos días, cuando el calendario apremia, las exageraciones y megalomanías suelen dar paso a la conveniencia, y se acaba por aceptar lo menos malo. Esto es lo que también pasó en Sevilla. Las negociaciones las hicieron el secretario general de los andalucistas, Antonio Ortega, y el vicesecretario del PP, Javier Arenas. Al final se logró la formación de una coalición en la que el alcalde era Alejandro Rojas Marcos y yo fui primera teniente de alcalde. El acuerdo sobre el programa de gobierno tuvo mucha menos importancia que el reparto de las delegaciones que le correspondieron a cada uno.

La pérdida de la alcaldía de Sevilla para los socialistas fue algo muy duro después de haberla ocupado durante dos mandatos. La toma de posesión del nuevo alcalde, el 15 de mayo, en el gran salón del Alcázar con los tapices de la conquista de Túnez por las tropas del emperador sobre las paredes, se convirtió en todo un espectáculo: peleas por los sitios a ocupar, amenazas de suspensión del acto y, al final, discursos altisonantes. Ignacio Camacho tituló el acto en Diario 16 de Andalucía como «Crónica bufa de la toma de Túnez», y algo de razón tenía.

A nosotros nos pareció que era muy importante lograr la Delegación de Hacienda, y Antonio Fontán Meana, que consiguió el cargo, tuvo que pelear, año tras año, el presupuesto no sólo con la oposición, sino dentro del propio grupo de la coalición. Todos querían un presupuesto mayor y hubo que subir algunos impuestos locales, lo que acarreó el enfado lógico en la opinión pública, para hacer frente a las deudas de las inversiones realizadas para la Exposición Universal. A nuestra llegada existía un gran endeudamiento y dejamos otro, aunque algo menor. Nuestro empeño en obtener la Delegación de Hacienda no fue un objetivo acertado, pues las finanzas de los municipios siempre son insuficientes, y hubiera sido más interesante la Delegación de Urbanismo, que, sin embargo, le correspondió al arquitecto del grupo andalucista, José Núñez. En aquellos años hubo que desarrollar lo que restaba del plan general y decidir las grandes zonas verdes de la ciudad y, por tanto, dibujar lo que se llamaba «un modelo de ciudad».

La convivencia dentro del equipo de gobierno tuvo sus momentos delicados y sus amenazas de ruptura. Mi papel, sin delegación específica alguna, consistió en asistir al alcalde en todo aquello que él permitía, ser vocal de los consejos de las empresas municipales y participar en las decisiones del gobierno. El alcalde se reservó para sí mismo las funciones más destacadas de la Exposición Universal para envidia mía, y me propuse hacer el mayor seguimiento posible de toda su actuación, lo que al principio le debió molestar bastante, aunque acabó resignándose. Decidí participar en todos los actos y no perder la proximidad a los problemas de los vecinos.

Uno de mis empeños más grandes durante estos años y los posteriores fue hacer una Sevilla más verde, aumentar el número de parques, de pequeños jardines y plantar árboles. Me parecía que aquello mejoraría mucho una ciudad mediterránea; se trataba de una actuación no muy costosa, pues se insistía en la vegetación, justamente lo opuesto a esas terribles plazas duras de años anteriores, y se daba satisfacción a los vecinos. Yo sostenía que las mejoras y cuidados de todos los días, las pequeñas cosas, son las que hacen más agradable o menos difícil la vida en una ciudad.

Por este empeño mío en los jardines me propuse evitar que el Prado de San Sebastián, terreno central en Sevilla, de más de cinco hectáreas, deseado durante décadas para proyectos disparatados, se convirtiera en una gran plaza, toda ella bien enlosada, tipo la de Tiananmén, aquélla de mal recuerdo por la matanza de estudiantes. Defendí que el Prado fuera, como su nombre indicaba, un lugar para pasear y acabó siendo un frondoso jardín con fondos provenientes de la Unión Europea. Más tarde, el alcalde que me sucedió, Alfredo Sánchez Monteseirín, autorizó a la Universidad Hispalense que construyera en el mismo jardín una biblioteca pública, con un proyecto de la arquitecta Zaha Hadid, pese a que muchos advertimos, desde el primer momento, de su ilegalidad. Emilio Molina, abogado y anterior gerente de Urbanismo y, creo yo, uno de los autores del propio Plan de Urbanismo, denunció este hecho en el juzgado y, al final, tuvieron que derribar toda la obra realizada, que no era poca. Me he preguntado, en ocasiones, quién respondió del dinero malversado, pero no he logrado saberlo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, en el último Gobierno del presidente Calvo-Sotelo, presentó en la Oficina Internacional de Exposiciones en París, en marzo de 1982, la candidatura de Sevilla para conmemorar el V Centenario del Descubrimiento.

Tras unos meses de dudas, pues Chicago también competía, la elección recayó sobre Sevilla y comenzaron los preparativos.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, afirmó que la Exposición sería el gran reto modernizador de Andalucía, y otros dirigentes aseguraron que Andalucía se situaría a la cabeza de la alta tecnología. No fue tanto, ni mucho menos, pero supuso la modernización y la transformación de la capital.

Se derribó todo un largo muro que tapaba la vista del Guadalquivir; se construyeron nuevas rondas exteriores y surgió una moderna arquitectura de mucho vidrio, inadecuado para la climatología de Sevilla, pero acorde con lo que se hacía en otras ciudades, muy especialmente Barcelona, donde trabajaban los arquitectos de mayor renombre del momento para los Juegos Olímpicos de1992.

Escribí mucho sobre la huella que podía dejar la Exposición, similar, salvadas las distancias, a la de la Iberoamericana de 1929, que dio lugar a una gran expansión de la ciudad hacia el sur y a una arquitectura original que pervive, de la que fue su máximo autor Aníbal González. Comencé a defender que, para su emplazamiento, se tuviera en cuenta el centro histórico, así como los edificios que podían ser rehabilitados y luego utilizados. Escribí un largo artículo en el dominical de ABC local sobre «La Sevilla de 1992», para lo que me volví a sumergir en el conocimiento de la ciudad, de los edificios singulares que se caían y que inútilmente esperaban poder ser rehabilitados, como los conventos de clausura, de miles de metros cuadrados, estudiados por autores como los profesores Francisco Morales Padrón, Enrique Valdivieso y Alfredo Morales Martínez. Éstos eran edificios de gran valor monumental e histórico de los siglos XIII, XIV y XV, cuando las comunidades religiosas tenían extensas propiedades en toda Andalucía.

En diciembre de 1983, una vez aceptada la candidatura de España, se resolvió que los terrenos fueran los situados en la denominada isla de la Cartuja, más de doscientas hectáreas entre el meandro del río que tantas veces había inundado la ciudad y el nuevo y feo cauce de los años sesenta, realizado para alejar las crecidas del Guadalquivir. La Exposición Universal de 1992 fue, desde el primer momento, motivo de planes, proyectos, debates y también de polémicas. Se discutió si el nombre de lo que se iba a conmemorar era el de Descubrimiento o si se trataba, según afirmaban algunos, de un «encuentro entre dos mundos». Prevaleció, como la inmensa mayoría de los historiadores lo denominaron siempre, el término Descubrimiento.

La Exposición se vislumbró como un gran acontecimiento. Seguramente se exageraron sus posibles beneficios y existieron toda clase de teorías sobre en qué podría consistir. La primera discusión fue en torno al nombramiento del comisario. El secretario de Estado para Iberoamérica, Luis Yáñez, apuntó el nombre del arquitecto Ricardo Bofill y todas las alarmas saltaron, unas de manera más suave y otras más vehementes, con el argumento de que era necesario alguien con mayor vinculación y conocimiento de la ciudad. Ricardo Bofill se retiró discretamente y aparecieron nuevos nombres, candidatos y polémicas hasta que el presidente Felipe González nombró a Manuel Olivencia, profesor de la Universidad Hispalense, gran jurista, respetado y apreciado, cuyo nombre pacificó la situación. Es de justicia recordar al embajador Manuel Prado y Colón de Carvajal, que trabajó mucho por la candidatura de la ciudad en aquellos momentos.

El comisario empezó a esbozar sus planes sobre el posible emplazamiento. Quedó claro que la Exposición no podía hacerse en la ciudad misma, pues no se daban las condiciones necesarias para el altísimo número de pabellones y los millones de visitantes que se preveía acudirían a lo largo de seis meses. Así pues, mis teorías sobre la reutilización del centro histórico quedaron fuera de la discusión, aunque no abandonadas del todo, y cuando llegó el momento de pensar que debía haber un pabellón en el que mostrar la historia y el patrimonio de Sevilla, el alcalde aceptó mis propuestas y se inclinó por la utilización de la antigua estación de Córdoba, ejemplo de arquitectura de fundición de la segunda mitad del siglo XIX, y por el convento de San Clemente, del siglo XIII, situado frente a los terrenos de la Exposición.

El comisario pudo trabajar los primeros tiempos con cierta libertad y margen de maniobra, pero en la primavera de 1987 empezaron a surgir voces, desde el PSOE y el propio consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner, nunca entusiasta con el nombramiento, que hablaban de la necesidad de cambiar al comisario y remodelar su equipo. Manuel Olivencia debió lidiar con muchas dificultades, que soportó con paciencia e indulgencia. Todo el mundo quería participar en la preparación de la Exposición: partidos políticos, sindicatos, empresarios, colegios profesionales, asociaciones de toda índole, ayuntamientos del entorno y otros más alejados, e incluso otras ciudades de Andalucía que aspiraban a celebrar actos relacionados con la Exposición.

El comisario viajaba por Europa, América y España para explicar el proyecto; por un lado, recibía medallas, condecoraciones y adhesiones, y por otro, aguantaba críticas y no contaba con todos los apoyos necesarios. Supongo que tantas dificultades en su trabajo le llevaron a presentar su dimisión en 1991. Fue sustituido por el embajador Emilio Casinello con el refuerzo de un consejero delegado, el ingeniero Jacinto Pellón, que contó con todos los apoyos negados al comisario anterior.

Manuel Olivencia falleció a comienzos de 2018. Fue mucho más que comisario de la Exposición. Fue el jurista a quien apelar en múltiples ocasiones difíciles dentro y fuera de España; el docente de verdadera vocación; el andaluz culto, de conocimientos infinitos y de memoria privilegiada. Es una lástima que no se le haya reconocido suficientemente su aportación a Andalucía, donde las medallas se reparten, año tras año, con alegría y generosidad.

ALCALDESA DE SEVILLA

Transcurridos cuatro años y tras nuevas elecciones en mayo de 1995, por fin el PP superó con diez concejales al Partido Andalucista, que obtuvo nueve, y el pacto fue justo a la inversa. Yo sería alcaldesa y Alejandro Rojas Marcos primer teniente de alcaldesa, como yo le decía. En junio empezó un nuevo mandato en el que por primera vez una mujer sería la alcaldesa de Sevilla. La oposición estuvo dirigida por el socialista y anterior presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, quien aguantó todo el mandato en su nuevo y mucho más modesto papel que el anterior como concejal. Con él mantuve una relación buena y respetuosa, con acuerdos y comprensión en muchas ocasiones, siempre más fácil que con mi propio socio de gobierno, que procuraba que yo tuviera la menor información posible sobre las decisiones o acciones de las áreas que habían correspondido a su grupo tras el acuerdo de coalición.

La vida municipal no tiene descanso; no existen vacaciones; no se permiten ausencias; no tiene límites de tiempos ni de responsabilidades. Todo es susceptible de ser solicitado a una alcaldesa o alcalde, que jamás puede responder que un asunto no es de su competencia pues, aunque no lo fuese, los vecinos piensan que algo puede hacer si se lo propone. Si una persona está decidida a que su alcaldesa le escuche, antes o después, lo consigue; basta con un poco de paciencia y esperar que entre o salga del ayuntamiento ya que es impensable que salga por la puerta de atrás.

En mis años de alcaldesa muchas veces me encontré en las escalinatas del ayuntamiento con personas que esperaban verme. Unas veces para mostrarme su enfado: durante semanas, un grupo me gritó «¡fascista!» cuando salía o entraba, hasta que, cansada de aguantar los insultos, se lo comuniqué a la fiscalía, que debió actuar porque aquello acabó.

Otras veces me esperaron para solicitar ayuda o mostrar gratitud, y por la calle los vecinos me pararon para contarme sus problemas. En una ocasión, desde la misma puerta de un bar un vecino me gritó: «Sole, que si no me arreglas la calle no te voto…». También una alcaldesa puede ser observada, de manera muy atenta. Un día, cuando caminaba al frente de la corporación municipal en la fiesta del Corpus Christi, se pudo escuchar una voz bien alta entre las muchas personas que estaban en la calle para ver pasar la procesión, que dijo: «Ahí va la alcaldesa con el mismo vestido que el año pasao». Aquella vecina era buena observadora.

Pese a todas las polémicas y quehaceres que acompañan a la política municipal, y con la repercusión que tienen entre los vecinos las decisiones cotidianas, la vida municipal es seguramente la actividad pública que más satisfacción puede dar a una persona con vocación de servicio. A mí, así me lo pareció. La proximidad a los problemas, la sencilla comunicación con los vecinos, el conocimiento de lo que falta o de lo que es accesorio, las obras que no acaban, las quejas y los enfados, todo llega a la alcaldesa de manera fácil, espontánea y directa.

Un caluroso día de julio salimos del ayuntamiento a la hora de comer Alfredo Goyeneche, presidente del Comité Olímpico Español, mi amigo sevillano Pio Delgado y yo misma cuando vimos sentada en la escalinata a una chica joven, a todas luces extranjera, que lloraba desconsolada. Al acercarnos a ella nos dijo que en una calle cercana unos individuos le habían quitado el dinero que llevaba. Comprendí que se trataba de los «trileros», que con tres cubiletes sobre un tenderete engañaban a los turistas. Le dije a uno de los guardias municipales lo que sucedía, y allí esperamos a que regresara con el dinero en la mano, momento en el que la joven norteamericana y yo nos abrazamos largamente. No sé si aquello era una competencia de la alcaldesa, pero había que hacerlo.

En esta etapa municipal se dio la circunstancia de que en Andalucía fuimos tres las alcaldesas del PP, Teófila Martínez en Cádiz, Celia Villalobos en Málaga y yo en Sevilla. Y en las otras cinco capitales de Andalucía los alcaldes también eran del Partido Popular, circunstancia que no ha vuelto a producirse, simultáneamente, en las ocho ciudades. Además, otras mujeres del PP alcanzaron alcaldías de grandes ciudades en el mismo mandato: Luisa Fernanda Rudi en Zaragoza y Rita Barberá en Valencia. La gestión de las alcaldesas tuvo una valoración, en general, muy favorable.

En los años noventa la participación de la mujer en la política había cambiado mucho con respecto a décadas anteriores, pero su presencia seguía siendo muy minoritaria en puestos destacados y objeto de interés por cuestiones banales de indumentaria, peinado e incluso por sus piernas. En una ocasión, un diario de la ciudad nos sacó en portada a Amparo Rubiales, delegada del Gobierno en Andalucía, y a mí sentadas en una primera fila mostrando las piernas, con comentarios poco oportunos. Ella se refirió muchas veces a aquellas imágenes como prueba de la importancia que se daba al aspecto físico, por encima de hechos o dichos importantes. Y Amparo tenía razón. Hoy, al recordar aquella foto y algunos momentos pasados a lo largo de los años, pienso que la valía o no valía de mujeres en cargos públicos ya no se mide exclusivamente por apariencias ni aspectos físicos. Hoy se valora la gestión, los proyectos y el cumplimiento de lo prometido, aunque la imagen no deja de tener su valor, pero nos ha costado bastante lograrlo.

Tras mi elección como alcaldesa, comprendí de inmediato que tenía que dejar mi escaño en el Congreso de los Diputados para dedicarme plenamente a Sevilla y estar de manera permanente en la ciudad. El portavoz de mi grupo, Rodrigo Rato, me pidió que no lo hiciera, que esperara un tiempo antes de dejarlo, pero debió ser una de las pocas ocasiones en que desobedecí al portavoz y le envié por fax mi renuncia al escaño.

Manuel Barros, abogado sevillano que trabajaba con nuestro grupo desde hacía tiempo, se incorporó a mi equipo como jefe de gabinete. Él conocía muy bien la vida municipal, tenía el temple necesario en una actividad de muchos sobresaltos y momentos agitados, y fue para mí un gran apoyo a lo largo de toda esa etapa y, posteriormente, en la que fui defensora del Pueblo. La jefa de la secretaría fue Fátima Feu, funcionaria competente, cuya experiencia era un valor a tener en cuenta, como sucede con personas de la Función Pública, con las que procuré, la mayoría de las veces, seguir contando.

En el equipo de gobierno municipal que constituí inmediatamente jugó un papel importante Carmen Diz, funcionaria, con muy buena formación y también buen carácter, que participó en la candidatura. Con su trabajo como delegada de Medio Ambiente dimos forma a aquel proyecto de hacer la ciudad más verde. Tres años más tarde le pedí que se hiciera cargo, en momentos muy dramáticos, de la Delegación de Hacienda, y ella aceptó la ayuda que le solicité.

El área de Seguridad fue siempre difícil y delicada de manejar en una ciudad donde suceden muchas cosas en la calle; pude contar para ella con el abogado Luis Miguel Martín Rubio. Luismi, así le llamaban, contaba con la simpatía de todos fuera y dentro del gobierno; fue un concejal que logró apaciguar los ánimos, muchas veces revueltos, en la policía local y entre los bomberos, y que ha relatado innumerables veces anécdotas suyas y mías que todavía hacen reír a los auditorios. Seguramente la más ingenua fue aquélla del gorila, escapado del circo de la Feria, que subido a un árbol atraía a cientos de sevillanos, mientras yo no podía dar crédito a lo que él me comunicaba por teléfono. Los vecinos, que jaleaban al gorila, no querían que la policía interviniera y hubo que hacer venir a la ciudad a un tirador, capaz de dispararle un somnífero mientras la multitud crecía en número y el jolgorio aumentaba. Luis Miguel, siempre optimista, me pregunta cada vez que nos encontramos: «Alcaldesa, ¿cuándo volvemos?».

Las relaciones con la prensa estuvieron a cargo de Belén Martínez, cuyo optimismo y permanente disposición me hizo más llevadero tener que informar a diario de algún asunto, pues los periodistas vivían en el ayuntamiento, como ellos mismos decían, y todos los días, para mi sorpresa, había que celebrar una rueda de prensa y decir algo de interés, lo que no siempre era posible. Hoy debe ser mucho peor.

La Hacienda local seguía siendo un problema pues a la deuda habitual se añadía la de las inversiones y los gastos de la recién celebrada Exposición Universal. Las grandes infraestructuras no corrieron por cuenta del municipio, pero la mejora en edificios y en calles, las nuevas avenidas, la seguridad local y las recepciones y actividades culturales, sí. Encomendé esta área al concejal Alberto Jiménez-Becerril, abogado de treinta y siete años, tras la marcha de Antonio Fontán Meana, que dimitió, lo que lamenté mucho, por desacuerdo con la política de la coalición que me obligaba a ciertas concesiones. Alberto era experto en la materia; tenía muy buena cabeza y la capacidad de entenderse con todo el mundo: funcionarios, sindicatos, vecinos, concejales de la coalición y de la oposición, como demostraba su amistad con el andalucista José Luis Villar, con la socialista Montserrat Badía y con los concejales de Izquierda Unida Rosa Bendala y Luis Pizarro. Siempre tenía una respuesta amigable y tranquilizadora para todos.

Las cosas marchaban suficientemente bien con él en su delegación, pues además habíamos tomado una buena decisión: hacer partícipe a la oposición de la Comisión de Contratación, de tal manera que se contaba con ella para tomar todo tipo de decisiones y disposiciones económicas, y recibía toda la información. Esta transparencia en el gasto resultó fundamental para evitar problemas, usos o prácticas indebidos. Lo cierto es que con Alberto nunca hubo ni sospechas ni acusaciones por mal empleo del dinero público; la suya fue una actuación muy ejemplar.

En enero de 1998, la banda terrorista ETA cometió un atentado en el que murieron Alberto Jiménez-Becerril, segundo teniente de alcalde y delegado de Hacienda, y su mujer, Ascensión García Ortiz. Tras aquel atentado he escrito y hablado en muchas ocasiones sobre el mal del terrorismo de ETA, sobre el daño que ha causado, sobre cómo preservar el recuerdo de quienes han sido las víctimas, y también sobre cuántos son los crímenes y los autores que todavía no han sido juzgados. Y he conocido a muchas personas que fueron víctimas o familiares de víctimas; he visto y escuchado, en los juicios, a quienes pusieron bombas, dieron las órdenes para apretar los gatillos o secuestrar a ciudadanos que tenían derecho a vivir en una democracia donde se respeta un derecho fundamental: el derecho a la vida.

Sin embargo, he guardado silencio sobre lo que vi y viví en Sevilla el día 30 de enero de aquel año. Un silencio no interrumpido, pese a que, en ocasiones, me han solicitado hablar de ello, incluso narrar los hechos para llevarlos a una novela, con todo respeto a las víctimas, pero novela.

El silencio, como supongo que ha sido el de otras personas que han visto de cerca crímenes, horrores y abusos, no es por causa del olvido, de la desmemoria o de la poca significancia de los hechos para mí; es justamente lo contrario: es el dolor, quizás el trauma o la huella que me ha dejado, lo que hace que me cueste volver a ello.

Conservo una caja verde de archivo con una etiqueta que dice: «Alberto y Ascen». He visto la caja muchas veces, pero no la abro desde que, un tiempo después del atentado, guardé en ella documentos que son la memoria de lo que aquel día ocurrió: la prensa que daba cuenta del atentado; mi intervención en el pleno extraordinario del ayuntamiento para declarar el luto oficial y concederles la Medalla de la Ciudad; el bando como alcaldesa para convocar a los vecinos; el libro en el que se recopilaron artículos, informaciones y opiniones de concejales compañeros y periodistas amigos, que fueron muchos, y también fotos. Son las fotos de los padres con sus hijos pequeños en la puerta del ayuntamiento; los padres, sus hijos y yo, como alcaldesa, con el heraldo de los Reyes Magos; Alberto hablando en el pleno del ayuntamiento; Alberto visitando conmigo un colegio en obras, y otras más.

La caja contiene también las actas de las declaraciones del 23 de marzo de 1998 de los autores del atentado en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, de Madrid; el escrito del fiscal que solicitó su procesamiento; las actas del juicio posterior y las sentencias. Documentos que, con todo detalle, dan cuenta de quiénes fueron los autores: Mikel Azurmendi, Maite Pedrosa y José Luis Barrios Martín, integrantes del comando Andalucía. Las actas describen, también, cómo se movían por varias ciudades para vigilar a cargos del PP y cómo actuaron el 30 de enero en Sevilla.

Llegado el momento de escribir sobre estas etapas de mi vida pública pienso que debo contar lo que sucedió y cómo sucedió: «Una ruina para esta familia», como resumió, en una frase muy sevillana, Carmen Vega, que quiso mucho a Alberto y a toda su familia.

La tarde del 29 de enero di una conferencia en el Colegio Mayor de los Salesianos sobre la Transición; luego me fui a casa, pero Alberto y algunos amigos asistentes a la conferencia decidieron ir al bar donde con frecuencia se reunían concejales. Era ya el 30 de enero cuando sonó el teléfono de mi casa, bien entrada la noche, y escuchar la voz del concejal delegado de Seguridad, que se dirigió a mí llamándome alcaldesa, me sobresaltó. Luis Miguel Martín Rubio me dijo: «Acababan de matar a Alberto en la calle Don Remondo». Sin darme tiempo para decir nada, añadió que también habían matado a Ascen, su mujer. Sumida en un desconcierto total me levanté y corrí hacia esa calle, muy cercana a la mía. A media altura de la misma estaban Luis Miguel, el inspector jefe de la policía local, Juan José García, y varios policías más, y en el centro de la estrecha calzada que da a la fachada lateral del palacio arzobispal yacían los cuerpos de Alberto y Ascen, a pocos metros ya de su casa. Me dijeron que una vecina que escuchó disparos avisó a la policía. Los dos habían fallecido, y ahora el grupo estaba esperando al juez, con la calle cortada.

Yo me sentí, primero, desconcertada, luego confusa, y preguntaba cómo había sucedido, cómo era posible lo que veía y lo que me decían. Sin pensar en autores, subí rápida a mi casa para buscar un abrigo con la idea de irme al ayuntamiento inmediatamente, y al salir me llamó el ministro del Interior, Jaime Mayor, y me dijo que no tenía duda de que había sido la banda terrorista ETA, y lo mismo me confirmó Javier Arenas, vicepresidente del Gobierno, instantes después.

En compañía de un policía municipal, en total silencio, caminamos los dos por las calles Argote de Molina hasta tomar Francos, bajar por Chapineros, todavía oscuras y desiertas, y alcanzar el ayuntamiento. Siempre que he vuelto a hacer este corto recorrido, cientos y cientos de veces después, he recordado nuestros pasos de aquella noche por estas calles habitualmente llenas de gente. Las grandes puertas de madera del ayuntamiento estaban cerradas a esas horas, y yo, sola y como sonámbula en aquella inmensa primera planta y sin saber bien por dónde empezar, me senté ante mi mesa de despacho para llamar a personas de mi equipo de trabajo: a Manolo Barros, María Beca, Paloma Bernal y a algunas más. En muy poco tiempo todas estuvieron allí. Cuando conseguí sosegarme y ordenar mentalmente lo que debía hacer, decidí no llamar a la madre de Alberto, Tere, a quien conocía mucho porque venía a visitarnos con frecuencia, pero no me atreví; pensé que era mejor buscar a su querido tío, Gabriel Rojas, y al hermano de Ascen, Rafael García Ortiz. Me resultó difícil decirles por qué les llamaba a esas horas; no sabía cómo iban a resistir lo que tenía que comunicarles. Por eso tensé la voz, sin pausa alguna y sin dar respiro a quien me escuchaba, dije lo que acababa de suceder y, dada la incredulidad y turbación que mostraban, tuve que repetírselo varias veces. Debió ser terrible para ellos escucharlo.

Las luces de los despachos se encendieron, y nos distribuimos lo que debíamos hacer entre quienes estábamos en el ayuntamiento: dos buenas amigas de los padres, Paloma Bernal, que trabajaba conmigo desde hacía tiempo, y Ester Soriano, que trabajaba con Alberto, fueron a la casa para estar allí cuando los niños, de ocho, siete y cuatro años, se levantaran para ir al colegio. Duele sólo pensar lo que les dijeron a Ascen, Alberto y Clara para explicarles que sus padres no estarían esa mañana en casa. He pensado en ello en muchas ocasiones. Paloma y Ester todavía lloran al recordarlo.

Al ayuntamiento empezaron a llegar unos y otros, y las emisoras comenzaron a dar la noticia. Llegó también Fátima Feu y todas las personas de la secretaría. Después de volver a hablar con el ministro y con el delegado de Seguridad, todavía con cierta confusión y dudas en la cabeza, me fui a la estación a recibir a los tíos de Alberto y allí, en lo alto de la escalera donde nos encontramos, apenas pudimos y supimos decirnos algunas palabras.

Luego supe que la madre de Alberto, Tere, suplicaba y pedía desesperada e inútilmente, cuando se enteró del atentado, que «a la madre de los niños, no, no». Pasado el tiempo, cuando me encuentro con ella, recuerdo aquellas súplicas suyas, y debo decir que ha sido una abuela mucho más que ejemplar, que supo sacar fuerzas y ánimo para acoger a los niños, darles un hogar y ocuparse de su educación.

Ascen, la madre de los niños y mujer de Alberto, era procuradora de los tribunales; tenía treinta y cinco años cuando murió, y llevaba en la mano unos claveles rojos que acababa de comprar en la calle para que sus hijos los llevaran al colegio para celebrar el Día de la Paz. Venía con frecuencia al ayuntamiento a recoger a Alberto, a veces con los niños, que se instalaban en el despacho de su padre. Ella era la suma de la bondad, de la dulzura y del buen carácter. Así la recordamos muchos.

La Plaza Nueva, frente al ayuntamiento, empezó a llenarse de gente. De mi despacho entraban y salían concejales, amigos y funcionarios de la casa llenos de dolor y prestos a ayudar. El arzobispo, fray Carlos Amigo Vallejo, me llamó muy temprano y me dijo que oficiaría el funeral; también me llamó el presidente Aznar, y al mediodía ya estaban Jaime Mayor y Javier Arenas en Sevilla. Por la tarde, los concejales subieron los féretros por la imponente escalera imperial al salón isabelino, lleno de terciopelos y damascos rojizos, conocido como Salón Colón, y los ataúdes se cubrieron con las banderas de Sevilla. Vinieron las alcaldesas de Málaga y Cádiz, el presidente y los consejeros de la Junta de Andalucía, varios ministros y ministras del Gobierno, el presidente del Congreso, Manuel Fraga, el expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo, Manuel Clavero Arévalo, mis amigas Betina Rodríguez Salmones y Amalia Gómez, muchos diputados, compañeros muy queridos, como Juan Manuel Albendea, que me abrazaron, y entre ellos Carlos Iturgaiz, que conocía otros momentos así de dramáticos y tristes, y recibí la cariñosa y conmovida llamada de la reina doña Sofía. En un determinado momento me encontré con la mirada, tras varias filas de personas todas apretadas y en silencio, de mi hijo Gaspar, que por entonces estaba fuera de Sevilla.

Mauricio Domínguez, funcionario de gran experiencia y querido por todos, se ocupó de poner orden en medio de todo el caos y del no saber cómo actuar mejor, y esa misma tarde celebramos un pleno extraordinario en el que intervinieron los portavoces, Carmen Diz, Alejandro Rojas Marcos, José María Romero y Luis Pizarro, para condenar el atentado y expresar, conmovidos, el mayor dolor ante la muerte de dos sevillanos ejemplares, servidores públicos y compañeros nuestros. Yo concluí aquella triste sesión dando cuenta de la concesión de la Medalla de la Ciudad a Alberto y a Ascen en reconocimiento y gratitud por su dedicación a Sevilla, y lo hice con lágrimas en los ojos.

Durante la tarde, oscura y de agua, subieron al Salón Colón miles de sevillanos, y miles más se reunieron en la misma plaza, muchos de ellos estudiantes, frente al ayuntamiento. Los féretros reposaron en aquel salón hasta que, al día siguiente, fueron llevados a hombros, también por sus compañeros, a la catedral bajo la lluvia, despacio, paso a paso, como cuando pasan las cofradías por la avenida. Llovía y llovía, y marchamos tras ellos hasta la misma iglesia.

En la catedral se celebró el solemne funeral, y la marcha fúnebre que tocó en el órgano don Enrique Ayarra sonó fuerte y triste; presidieron la infanta doña Elena y el duque de Lugo. El presidente del Gobierno, José María Aznar, y su mujer, Ana Botella, estuvieron allí, y sobre los féretros, en el altar mayor, se extendieron las banderas de España. Me quise sentar junto a las dos familias, y yo misma arrimé una silla, pues me habían situado con la corporación, en otro lugar. El arzobispo habló del terror producido, se refirió a nuestros compañeros con especial afecto y gratitud y dijo que había que hacer justicia. Nosotros mirábamos y volvíamos a mirar los féretros sin dar crédito a lo que estábamos viendo y viviendo.

Después del funeral hubo una nueva concentración ante el ayuntamiento de miles y miles de sevillanos que querían expresar su dolor y también su indignación, y desde el balcón principal me referí a Alberto y Ascen como vecinos ejemplares, di las gracias a todos por acompañarnos, dije que el terrorismo no era un problema de los vascos, sino de todos los españoles, y acabé con unos versos de Rafael Laffón, sevillano, que hablaba del «camino desolado». Tenía razón porque todo era desolación.

El comando Andalucía, integrado en ese momento por los tres miembros de ETA autores del atentado, llevaba un tiempo en Sevilla en la calle José Laguillo, donde habían alquilado un piso, cerca de la estación de Santa Justa, desde donde viajaban a otras ciudades de Andalucía. No teníamos noticia alguna de su presencia, aunque el delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, nos había advertido del riesgo y de la necesaria precaución, y habíamos tratado de ello. Justamente el año anterior, tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el ayuntamiento y la Junta de Andalucía organizamos una gran manifestación para mostrar la indignación y el rechazo por aquel asesinato, y Alberto fue quien recibió en el aeropuerto al alcalde de Ermua, Carlos Totorica, como se ve en las fotos que conservo.

Lo que yo no podía sospechar en aquel momento era algo que me reveló por teléfono, pocos días después, tras la declaración de los autores, el director del diario ABC, Paco Giménez Alemán: que tres días antes del atentado, el 27 de enero, me esperaban con un coche bomba al salir de mi casa, en el paso obligado que debía hacer por una estrecha calle, cuando me dirigía hacia un café con el equipo de Diario 16 de Andalucía. El dispositivo que uno de los miembros del comando manejaba desde la calle para accionar el receptor, colocado en un coche con explosivos, no funcionó cuando pasamos, según su propia declaración. El conductor Diego Gago, el policía municipal y yo misma nos libramos de aquel atentado, pues el coche en el que íbamos no tenía sistema de inhibición alguna. Los terroristas continuaron con su persecución, y Alberto y Asen no pudieron librarse tres días después, cuando les dispararon por la noche al volver a su casa. Una vez localizado el coche con los explosivos, el delegado del Gobierno me preguntó si quería ir a ver lo que contenía, pero rechacé su amable invitación.

En su declaración ante la Guardia Civil y luego en la Audiencia Nacional, los autores del atentado revelaron toda la información que habían recabado sobre varios cargos públicos del PP y lo que hicieron aquel día en Sevilla. Supieron que el bar Antigüedades, situado muy cerca de la catedral, era lugar de reunión de concejales y amigos del partido, y observándoles desde la barra del bar reconocieron a varios de ellos. Perdieron de vista al primero que se marchó de todos y volvieron a entrar. Cuando salieron Alberto y Ascen siguieron a la pareja a unos veinte metros de distancia. En un momento dado, Alberto se volvió hacia ellos y, al continuar su marcha, aceleraron el paso. Cuando faltaban unos pocos metros para llegar a su casa, José Luis Barrios Martín y Mikel Azurmendi Peñagaricano dispararon, primero a Alberto, y luego a Ascen, mientras ella trataba de ayudar a su marido en el suelo. Después, huyeron a la carrera hacia el piso en el que les esperaba la otra integrante del comando, Maite Pedrosa Barrenechea, donde guardaban armas, explosivos y la documentación recopilada desde hacía meses.

Alberto y Ascensión descansan en ese bello y viejo cementerio de San Fernando, al norte de la ciudad, en la zona donde antiguamente también se ubicaban hospitales como el de las Cinco Llagas y el de San Lázaro. En él reposan sevillanos ilustres y personas queridas, cerca de hileras de hiedras y viejos cipreses que se elevan hacia esa eternidad que les deseamos.

Todos los años, el día 30 de enero, un grupo de concejales les rinde homenaje ante sus tumbas y, por la tarde, se celebra una misa en su recuerdo en la capilla de la Virgen de los Reyes. Después, se coloca una corona de laurel sobre una lápida de mármol en la pared del palacio arzobispal, justo en el lugar donde fueron asesinados, cuya leyenda, redactada por la concejala Lola Meléndez y por mí, dice: «La corporación municipal que tanto dolor ha sentido, desea que la ciudad guarde en la memoria el recuerdo de estos dos sevillanos, ejemplares servidores y buenos vecinos, y que la paz y la no violencia vivan en nuestro pueblo». Finalmente, se dicen unas palabras y concluye el breve acto la hermana de Alberto, Teresa.

Dos meses después del atentado, la Guardia Civil, en una eficaz y compleja operación, detuvo en la estación de servicio de Alcalá de Guadaira al comando que traía más explosivos a los etarras que estaban todavía en la ciudad, y los apresaron a todos. Me acerqué al cuartel de la Guardia Civil de Montequinto para agradecerles el trabajo realizado bajo el mando del teniente coronel José Píriz. Saludé a los guardias que habían intervenido en la operación y les pregunté qué podía hacer para mostrarles mi gratitud. Me contestaron que poner una parada de autobús cercana para ir a Sevilla. Ésa fue toda su petición.

Esta visita me hizo recordar que, en noviembre de 1990, habíamos concedido, por acuerdo unánime, la Medalla de la Ciudad a la Comandancia de la Guardia Civil por haber evitado una masacre al detener a la entrada de la ciudad al terrorista Henri Parot, que traía explosivos para colocar en unos grandes almacenes. El nombre de este terrorista volvería a mencionarse tiempo después porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó la doctrina conocida comúnmente como «doctrina Parot», relativa al cómputo de años de las condenas, lo que significó la inmediata excarcelación de autores de atentados terroristas y de presos condenados por violaciones. Lamenté mucho esta sentencia que produjo inmenso dolor entre las víctimas.

En junio de 1999 los etarras José Luis Barrios y Mikel Azurmendi fueron condenados como coautores de un delito de homicidio terrorista, concurriendo la circunstancia agravante de alevosía, a treinta años de prisión por cada uno de los delitos, y Maite Pedrosa a una liviana pena de diez años como autora de un delito de conspiración. En el mes de julio del mismo año, para asombro mío y de otros más, Barrios salió de la cárcel para tomar posesión de su cargo como diputado foral en el Parlamento de Navarra y luego regresar a la prisión. Escribí cartas a ministros, a los presidentes del Congreso y del Senado, a portavoces de grupos parlamentarios y a los colegios profesionales de Procuradores y de Abogados diciendo que ello atentaba a la dignidad de las familias. Esta aberrante situación dejó de producirse tras modificarse la legislación en 2002.

Una amiga mía periodista de origen danés, Guddie Lavaetz, que conocía bien la historia reciente de España, fue quien me dijo a las pocas horas del atentado: «No permitas que esto se olvide».

Constituí la Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril con el acuerdo de todos los concejales, muy poco tiempo después del atentado, con el fin de que Sevilla guardara su memoria, perseverara en el recuerdo de todas las víctimas, no olvidara el daño del terrorismo y explicara a los jóvenes lo que ha significado en la historia de España la banda terrorista ETA. Siempre le agradecí la sugerencia.

En el vigésimo aniversario del atentado, el escritor sevillano Ignacio Camacho decía en el diario ABC de Sevilla: «Reclamo memoria indeclinable para recordarlos, dignidad honorable para enaltecerlos, justicia irrenunciable e íntegra para respetarlos. Hoy como ayer, ahora y siempre, así que pasen otros veinte, cuarenta, cien años».

Doce meses después del asesinato, los tres terroristas fueron nuevamente condenados, esta vez a treinta y seis años de cárcel cada uno por los intentos de atentar contra el alcalde de Granada, Gabriel Díaz Berbel, y contra mí como alcaldesa. El secretario del Ayuntamiento de Sevilla, Enrique Barrero, abogado de larga experiencia que representaba al consistorio en el juicio, me dijo a su regreso que estaba impresionado por la actitud desafiante de los autores y por la suma de las garantías de nuestro Estado de derecho.

Mis lecturas sobre los juicios celebrados en Núremberg, tras el genocidio perpetrado por los nazis contra los judíos, me han hecho pensar en muchas ocasiones sobre la justa actuación de perseguir a quienes planearon la limpieza étnica y señalaron a las víctimas allí, y en nuestro país a quienes dieron órdenes como las de José Javier Arizkuren, alias Kantauri: «Levantar a un concejal, ya». Sería muy importante conseguir que ningún delito, de los más de trescientos sin esclarecer, cometido por la banda terrorista ETA prescribiera, y, además, que quienes planearon los atentados pudieran ser juzgados por delitos de lesa humanidad, que suponen persecución por motivos religiosos, raciales o políticos y son imprescriptibles, pues los atentados de la banda fueron todo un plan para exterminar.

En 2013 solicité al presidente de la Audiencia Nacional, en función de mi cargo de defensora del Pueblo, asistir al juicio contra Kantauri, que fue quien impartió las órdenes al comando Andalucía a través de varias cartas, que fueron leídas, y facilitó las armas así como el dinero a los autores del atentado. También a mí me impresionó la frialdad del acusado, su fingida desmemoria, las habituales denuncias de malos tratos que tanto él como los otros tres terroristas realizaron, y pude escuchar al fiscal decir que el atentado se había cometido con la mayor crueldad posible. Estas palabras me impresionaron y me trajeron a la memoria el dolor y el llanto de aquellos momentos. Luego supe que el inspirador de tanto daño fue condenado a cincuenta y seis años por ordenar los asesinatos.

La actividad municipal debía continuar y así lo procuré inmediatamente después del atentado. A los pocos días aprobamos el presupuesto para 1998 que había dejado preparado Alberto como delegado de Hacienda y que en aquellos momentos ningún grupo quiso objetar. Días después asistí a un acto de la Hermandad de la Macarena en su basílica, repleta de hermanos y de invitados en el que interveníamos el arzobispo y yo misma. Cuando llegó mi turno y me disponía a decir unas palabras sonó un aplauso muy, muy largo, que interpreté como gesto de apoyo y consuelo ante los hechos de los días anteriores, y que siempre recordaré porque aquello me conmovió.

Durante un largo tiempo trabajamos en una actuación importante y laboriosa para reagrupar gran parte de los servicios municipales, dispersos en varios inmuebles y pisos por la ciudad, en un nuevo edificio en un solar de propiedad municipal, junto al famoso Prado de San Sebastián. Tras consultar con el secretario del ayuntamiento, José Luis Vila, cuya opinión siempre merecía el respeto de todos, si se podía encargar el proyecto directamente al arquitecto Rafael Moneo, su repuesta fue favorable, pues afirmaba, entre varios argumentos, que al tratarse de un profesional tan singular no era preciso concurrencia alguna. El arquitecto, además de contar con gran prestigio, conocía bien la ciudad, la evolución de su arquitectura, y los materiales y colores tradicionalmente utilizados en ella.

La obra debía cumplir el objetivo de albergar una administración de más fácil acceso y que resultara cómoda para los vecinos, proporcionar a los funcionarios lugares de trabajo racionales, y el nuevo edificio debía integrarse fácilmente en la ciudad y ser respetuoso con el entorno. Fueron meses y meses de trabajo para determinar las necesidades, los metros que requería la ubicación de las distintas áreas de trabajo y atención al público, la evaluación de lo que se obtendría por la venta o alquiler de lo que se liberaba, y la preparación del concurso para ejecutar el proyecto. Los primeros trabajos comenzaron en el solar señalado; los planos y una bonita maqueta del edificio, en madera, fueron expuestos en uno de los grandes patios del ayuntamiento para que los vecinos pudieran verlos.

Pero todo lo que había supuesto casi dos años de trabajo tanto para el autor del proyecto como para los servicios del ayuntamiento no sirvió de nada porque el alcalde que me sucedió, Alfredo Sánchez Monteseirín, tan pronto tomó posesión dijo que el nuevo edificio no se construiría. Tuvo que pagar todos los gastos realizados e indemnizar a la empresa adjudicataria. Fue todo un ejemplo de esas decisiones que tienen por objetivo básico no continuar lo que otros han iniciado, hacer siempre algo que se diferencie y distinga mucho, con la aspiración de pasar a la posteridad y así poder poner una placa con su nombre. Ello supone todo un desconocimiento de que la ciudad es, a modo de palimpsesto, el resultado de miles y miles de años de acciones humanas superpuestas, y que el contribuyente es el que paga los afanes de revancha.

Una de las grandes cuestiones que más me preocuparon durante el mandato fue el abastecimiento del agua porque un largo período de sequía amenazaba el suministro a la ciudad y a municipios del entorno, y ya era necesario bombear agua desde el río a una depuradora. Por ello, a los pocos días de tomar posesión tuve que dar un bando municipal para explicar los cortes de agua y pedir la colaboración de los ciudadanos, que lo soportaron con paciencia y comprensión. La situación que se padecía ya había sido pronosticada desde hacía mucho tiempo por quien fuera presidente de la empresa municipal de agua Emasesa, José Luis Prats. Este ingeniero, al que Sevilla tiene mucho que agradecer, me explicó, desde mis primeros años en el ayuntamiento, la necesidad de disponer de más recursos hídricos. José Luis confiaba en que yo, como hermana e hija de ingenieros de caminos, cuyo padre, Enrique, dedicó su vida profesional a la construcción de presas, entre otras muchas Iznájar, en el valle del río Genil, comprendería la importancia de lo que me hablaba. Me apliqué a conseguir que el proyecto de la construcción de la presa de los Melonares, en la sierra norte de Sevilla, fuera una realidad y garantía para el suministro en años posteriores. Defendí su construcción en diversos foros y comités. Los más duros e incisivos en las exigencias de explicaciones fueron los organismos de medio ambiente de la Unión Europea, preocupados por la población de águilas del entorno y temerosos de que el agua se destinara a regadío. Al final, tras mucha insistencia sobre las carencias para la población, la presa se construyó pese a los años que tuvieron que transcurrir para salvar estas y otras nuevas dificultades, como las conexiones con las redes de la ciudad; dificultades absurdas de falta de diligencia de la Administración autonómica.

También hubo otros malos, muy malos, momentos en la vida municipal que creo no debo dejar de mencionar: a finales de diciembre de 1998, una tapia muy alta que rodeaba toda una obra en una ronda principal de la ciudad se derrumbó, en un día de tormenta y vientos fuertes. Cinco personas que estaban en una parada de autobús cercana fallecieron. Lo sucedido fue un drama que produjo, además del dolor, polémica por si la obra estaba o no suficientemente protegida. Recuerdo los momentos tan dramáticos para las familias, los conmovedores entierros y también las inmediatas declaraciones improcedentes de algún cargo público, cuyo nombre prefiero no mencionar. En los momentos trágicos, antes de empezar con las responsabilidades, una espera, y yo así lo esperaba, encontrar palabras de apoyo para afrontar los hechos y también poder confortar, mínimamente, a las familias.

Se aproximaban las elecciones municipales de 1999 y me disponía a redactar un programa electoral con verdadero conocimiento, creía yo, de lo que hacía falta mejorar, modificar o rectificar. Las actuaciones realizadas para hacer la ciudad más verde con muchos árboles, pequeños y grandes jardines habían sido muy bien recibidas; la limpieza en las calles era muy aceptable, incluso habíamos recibido un premio llamado Escoba de Oro por ello, pues a la limpieza le dábamos mucha importancia y yo misma presidía las constantes reuniones de la empresa municipal donde se analizaba, barrio por barrio, la situación. Nos habíamos preocupado de mejorar el estado de los colegios, que nunca es todo lo bueno que debería, y la austeridad, algo que yo había prometido, permitió reducir el déficit, aunque esto no fuera un asunto demasiado apreciado.

Me parecía que se había logrado un buen entendimiento con todo tipo de organizaciones e instituciones presentes en la ciudad, salvo las dificultades para contar con la Junta de Andalucía en algunos asuntos. Habíamos procurado mantener una actitud abierta y comprensiva, no limitada por las directrices de un partido político, pues en muchas ocasiones recordaba que la ciudad era plural, diversa; como decían algunos autores, había «varias Sevilla» y yo creía que había que atender a todas. Y por eso pensaba que la manera de gobernar durante los cuatro años de mi mandato como alcaldesa había estado dirigida a servir a todos los vecinos, que no habíamos tenido grandes conflictos y que todo esto se valoraría.

La percepción que yo tenía de lo realizado era buena y, aunque sabía que las campañas electorales son siempre feroces y que ésta también lo sería, me sentía optimista.

En el mes de abril, antes de comenzar la campaña, solicité a Jaime García Añoveros que me presentara en un acto donde yo iba a exponer «Un manifiesto por Sevilla», documento que había elaborado con mucho cuidado, tras diversas lecturas sobre el concepto de ciudad a lo largo del tiempo, y que pretendía alejarse de los aburridos programas habituales. Jaime, catedrático de Hacienda Pública, ministro de Hacienda en los gobiernos de Adolfo Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo, creador de toda una escuela de Derecho Financiero en la Universidad Hispalense, estaba apartado de la vida pública desde hacía años. No obstante, las opiniones que con regularidad exponía en el diario El País, conferencias y actos, como cuando le solicité su intervención para conmemorar el Día de la Bandera y nos dijo, con mucha razón, que Andalucía debía dejarse de lamentos y hacerse cargo de las responsabilidades que tenía por su autonomía, siempre eran muy lúcidas y merecían atención. En la presentación que hizo de mí vino a decir que yo me había ganado el sueldo como alcaldesa, pero que la opinión pública no era fácilmente predecible. Algo que fue una gran verdad y que produjo algunas sorpresas, como a mí me ocurriría.

En el mencionado manifiesto yo afirmaba que la ciudad no acababa de hacerse nunca, y me refería a sus distintos conceptos como ágora, mercado, fortaleza, para acabar con la descripción de lo que debía ser una urbe abierta, de gran vida cultural y emprendedora, donde las preocupaciones del ayuntamiento fueran las que los ciudadanos tienen todos los días, sin megalomanías ni sueños irrealizables. Pero este tipo de discursos o de programas, en los que no había proyectos deslumbrantes o extravagantes, no solían llamar la atención de los medios de comunicación, que preferían propuestas llamativas. Lo mío resultaba, como algún amigo dijo, algo «minimalista».

Ante las nuevas elecciones municipales de mayo de 1999 nos hacíamos la ilusión de alcanzar una mayoría suficiente para no necesitar de coaliciones tras la difícil experiencia de los cuatro años anteriores. No lo conseguimos o, mejor dicho, no lo conseguí. El resultado fue mejor, trece concejales, que en las anteriores y nuestra lista fue la más votada, pero sin la suficiente mayoría, lo que supuso para mí una gran decepción. Las necesarias negociaciones para una nueva coalición resultaron imposibles.

Las condiciones que el Partido Andalucista (PA) exigía para la coalición no me parecían aceptables. Ellos pedían la Delegación de Urbanismo, en momentos en los que era necesario revisar el Plan General de Urbanismo, y la experiencia no había sido buena en esta materia porque me había resultado muy difícil que me informaran sobre decisiones importantes de las que me enteraba por los medios de comunicación, como, por ejemplo, un acuerdo ultimado con una caja de ahorros para recalificar suelos en la zona denominada Tablada. El PA también pedía, entre otras cosas, la responsabilidad en un nuevo proyecto de transporte metropolitano. Pero, como suele ocurrir, ellos dijeron que la culpa de no haber llegado a un acuerdo fue toda mía, y es posible que fuera así.

Pensaba entonces, y también después, que una alcaldesa no es una figura meramente representativa; su función, creo yo, supone dirigir la andadura de la ciudad, gestionar aquellos asuntos que son los más destacados, supervisar la acción de todo el equipo y trazar el camino para el futuro. Y a estos propósitos no quise renunciar, tras haber tenido más del doble de concejales que el PA.

La propuesta de Alejandro Rojas Marcos me parecía muy disparatada y hecha con la finalidad de no ser aceptada; sin embargo, el PSOE de Andalucía tenía tantas ganas de recuperar la alcaldía perdida hacía ocho años que estaban dispuestos a conceder aquello a lo que yo no estaba dispuesta. Y así sucedió.

La posición que mantuve, mi rotunda negativa a aceptar lo que se me solicitaba, no sentó bien en el PP y yo lo comprendí; me llamaron varias personas, no todas del partido, para pedirme que recapacitara. Un partido lucha, como es natural, por obtener poder y no presta atención a historias de si un determinado acuerdo es un disparate, un exceso o algo verdaderamente no aceptable. Pero dije no, y el acuerdo para elegir alcalde y gobierno lo alcanzaron andalucistas y socialistas. Cuando llegó mi turno en el pleno en el que se debía votar un nuevo alcalde, en el solemne Salón Colón presidido por el retrato del rey Juan Carlos, y tras conocer el acuerdo al que habían llegado, agradecí a los concejales del PP su trabajo y les animé a continuar su labor; expresé mi reconocimiento a los funcionarios por su profesionalidad y vocación de servicio, y dije que había sido «un honor haber sido la alcaldesa de la mejor ciudad, la más bella y con el mejor pueblo», para acabar recordando aquellas palabras de El alcalde de Zalamea: «Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma…».

Nos fuimos. Bajé la gran escalera imperial del edificio con mis concejales, que esta vez estaban muy hundidos, acompañada de mi amiga Amalia Gómez, que tantas veces estuvo a mi lado en momentos difíciles, y con una tristeza que yo no quería mostrar. En los soportales del ayuntamiento había un pequeño grupo de personas que gritaron, para mi asombro: «Sevilla es andalucista», pese a que habían perdido cuatro concejales y el Partido Popular había sido claramente el ganador. Ya en la calle muchos sevillanos se acercaron a nosotros para animarnos o consolarnos. Y pocos días después volví a sentarme en los bancos de la Sala Capitular, esta vez en los de la oposición.

ADIÓS AL AYUNTAMIENTO

Después de haber sido alcaldesa, volví a ser, sencillamente, concejal durante un tiempo. Esta tarea me resultaba muy ingrata: los nuevos gobernantes creían haber sido los fundadores de la ciudad y aquéllos que iban a arreglar todos los problemas existentes desde tiempos inmemoriales porque los anteriores no habíamos hecho absolutamente nada. El adanismo es habitual en la política municipal; resulta difícil reconocer lo que se hereda y, sobre todo, lo que se ha hecho anteriormente. Sin embargo, a mí me gusta mucho constatar lo que otros hicieron antes si está bien hecho o ha tenido alguna utilidad. Es decir, guardar la memoria de quienes trabajaron por la ciudad y dar las gracias.

Transcurrido casi un año desde mi nueva condición de concejal, consideré que para hacer la labor de la oposición era bueno que alguien con renovadas energías me sustituyera. Tras casi trece años en el ayuntamiento, me fui en abril de 2000. En mis palabras de despedida hablé de que no quería que la melancolía por lo que ya no era me invadiera o invalidara mi labor.

A los pocos días de marcharme, el recién llegado teniente de alcalde, Emilio Carrillo, dijo en rueda de prensa que en algún momento revelaría las dietas millonarias que había cobrado la alcaldesa. Por fortuna, yo había tenido la previsión de guardar las copias de todas las cartas enviadas por mí, desde mi llegada, a las empresas municipales o estatales, en las que decía que renunciaba a cualquier remuneración o dieta que pudiera corresponderme; incluso una de las cartas iba dirigida al Comité de las Regiones de la Unión Europea para devolver el ingreso que me habían hecho llegar por mi participación en alguna reunión y solicitar que se lo ingresaran al ayuntamiento, porque no me correspondía. Había sido extremadamente cuidadosa en estos aspectos pues consideraba que mi sueldo de alcaldesa incluía las asistencias a consejos de empresas municipales, desplazamientos a actos o participaciones en foros. Y mostré las nóminas íntegras que me habían correspondido y los costes de los viajes realizados. Son maldades y mentiras de algunos, a los que se les suponen unos ciertos conocimientos, que acusan sin datos ni pruebas y una tiene que probar su inocencia, justo lo contrario de lo que debe ser.

La Ley de Transparencia aprobada en 2013, es decir, mucho tiempo después, ha sido un gran acierto, un instrumento para acabar con historias, mentiras, malas lenguas y dar cuenta, debidamente, de lo que gana una persona que ejerce un cargo público. Yo la he seguido al pie de la letra, incluso antes de su promulgación, cuando volví a tener responsabilidades públicas, y mostré en la página web del Defensor del Pueblo todos los datos debidos sobre el personal de una institución pública.

Transcurrieron dos mandatos municipales, los iniciados en 1999 y en 2003, y cuando se acercaban las elecciones municipales de 2007, siendo yo senadora, Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía, me enseñó el resultado de un trabajo realizado para conocer quién estaba mejor situado, entre tres posibles candidatos del PP, para concurrir a las nuevas elecciones municipales. Los datos mostraban que mi situación era bastante buena porque los sevillanos me conocían bien y recordaban con aprecio la gestión que había llevado a cabo. Me dijo que pensara sobre ello y que contara con toda su colaboración.

Mi respuesta se hizo esperar unos días, no fue un rechazo inmediato. Por el contrario, yo guardaba un recuerdo tan bueno de mis relaciones con los vecinos, de mis contactos con tantas personas, de la aceptación que, en general, había sentido, que tuve dudas. Sin embargo, pensé que mi momento había pasado; que si en 1999 hubiera sido reelegida alcaldesa me habría sentido capaz de continuar dedicada totalmente a la ciudad, pero transcurrido ya un tiempo no contaba con las mismas fuerzas. Mi nombre sonó durante unos días como posible candidata en medios de comunicación y en el PSOE estaban un poco preocupados por ello, según me contaron algunos amigos, pues se daba la circunstancia de que la Junta de Andalucía me había concedido la Medalla de Andalucía en 2006, reconocimiento que todos los años se hace a algunas personas a las que se les supone que han prestado algún servicio, y que yo agradecí mucho.

Como he dicho anteriormente, la vida municipal es de tanta intensidad que, cuando se deja, la idea de regresar es como si apareciera una gran montaña difícil, muy difícil, de escalar. Nunca sabré qué habría sucedido de haber sido capaz de volverlo a intentar.

6

El Parlamento

UNA MIRADA ATRÁS

A lo largo de años en la vida pública he recorrido un camino con etapas muy diferentes, con responsabilidades y quehaceres bien distintos en unos y otros momentos. Seguramente, los años como alcaldesa de Sevilla fueron los que viví con mayor intensidad, día y noche, día y noche. Yo era la alcaldesa a todas horas del día. Si tomaba un café cerca del ayuntamiento la persona que me lo servía aprovechaba para contarme el problema de su calle llena de baches, y si alguien de entre las mesas lo escuchaba se levantaba, animado, para contarme que lo suyo era peor porque la recogida de basuras en su barrio era muy mala y que muchos bares no usaban los contenedores. Cosas muy menores comparadas con desgracias que presencié o a las que llegué nada más ocurrir; sin embargo, produce una satisfacción muy grande andar por la calle, observar algo y pensar que una lo puede cambiar o mejorar, y de inmediato ponerse a ello.

Una ministra está mucho más protegida. Es difícil llegar hasta ella. Trabaja en una fortaleza a la que no se accede sin cita previa y sin enseñar los documentos. Un ministerio dispone de verjas, policías y guardias de seguridad. El edificio tiene muchas plantas y hay conserjes que preguntan o acompañan a las visitas. Ver a la señora ministra tiene algo de solemnidad. Pese a visitar museos, inaugurar exposiciones o asistir a partidos de fútbol, yo pasaba muchas horas en el despacho escuchando informes, proyectos o noticias que quedaban sobre la mesa para volverlos a leer y recapacitar sobre ellos. Venía el subsecretario, me contaba que había malestar en la casa porque no se convocaban las plazas vacantes, que hablara con el ministro de Hacienda; que los editores también estaban muy enfadados con Hacienda y que lo tuviera presente en la entrega de premios de la semana próxima. Y entraba la jefa de gabinete con un borrador de discurso para los premios. Eran muchas horas en el despacho y entre papeles.

El Congreso de los Diputados era otra cosa. Llegabas a él y podías estar perdida durante meses sin saber bien cuál podía ser tu cometido. Te prestaban poca atención salvo que tú te ocuparas de situarte, de saber quién era quién dentro de tu grupo, si tenías derecho a despacho o con quién lo compartías. Luego venía la decepción porque la dirección de tu grupo te había adscrito a una comisión que no te interesaba porque nada sabías de la materia, aunque te decían que era provisional. En la primera reunión del grupo de diputados te sentabas con los que conocías de tu circunscripción electoral, y a tu alrededor veías muchas caras nuevas; también echabas de menos a alguna compañera que se había quedado fuera de las listas porque había cumplido años y querían caras nuevas.

Te hablaban de disciplina, de tomar la iniciativa, de presentar preguntas, incluso interpelaciones, pero siempre debían pasar antes por el filtro de la dirección que resolvería si era adecuada o no.

Si tenías alguna duda sobre cualquier materia, te decían que siempre encontrarías a alguien que te daría las explicaciones que necesitaras, pero que no olvidaras mantener la disciplina, es decir, votar lo que el secretario indicara en cada momento con los dedos de las manos. Debías recordar que existe un código de disciplina y conducta que has firmado, y que si no lo observas serás sancionado.

Hasta finales de los años setenta, el edificio del Congreso tenía pocos medios para el trabajo que se realizaba. Había cuatro salas donde reunir mejor o peor a los diputados y unos pocos despachos. Las cabinas de teléfonos estaban junto al llamado Salón de los Pasos Perdidos y, tras el mostrador de madera, estaban las telefonistas a las que dar el número deseado y que suspiraban porque los procuradores eran más finos y educados que estos recién llegados. Una de ellas me comentó, a los pocos días de llegar yo al Congreso, que recordaba a un almirante «muy bien parecido, mejor que estos desconocidos que vienen de provincias». Un tiempo después se podía marcar directamente el número, tras guardar la cola para la cabina. La entrada habitual al Congreso se hacía por la puerta de la calle de Fernanflor; se subía a la planta principal por una escalera muy estrecha para el número de diputados, y nos teníamos que apretar para la salida. Los despachos que había eran de otra época y los únicos lugares en los que se podía esperar el comienzo de una sesión eran el pasillo central o el que rodeaba y hoy rodea el hemiciclo, llamado la M-30.

En aquel edificio del Congreso, el presidente Adolfo Suárez, los siete ponentes de la Constitución y los líderes de los partidos presentes en la legislatura que comenzó en 1977 fueron capaces de redactar un texto que supuso para unos la ruptura, para otros la reforma total, del Estado construido después de la guerra civil. Ellos fueron los autores, con la ayuda de algunos ministros, diputados, senadores y letrados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Libertades Públicas, de elaborar una Constitución que, tras su aprobación por referéndum con un 80% de votos afirmativos, el 6 de diciembre de 1978, fue sancionada por el rey Juan Carlos el 27 de diciembre, y entró en vigor.

Los siete autores del texto bien merecen ser mencionados y agradecerles su trabajo, una vez más: José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gabriel Cisneros, Gregorio Peces-Barba, Miquel Roca Junyent, Jordi Solé Tura y Manuel Fraga Iribarne, porque esta Constitución ha dado lugar a un largo período de paz, de estabilidad y de progreso, seguramente el mejor período de toda nuestra historia.

Al cumplirse los veinticinco años de la Constitución en 2003, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, primera mujer que presidió la institución, propuso la edición de un libro que fuera homenaje al texto, a los ponentes que la elaboraron y a todas aquellas personas que participaron en su redacción. El libro, La Constitución en el Parlamento 1977-1978, es un interesante documento que permite una visión del resultado del trabajo que los españoles de aquel tiempo supieron y decidieron hacer: la transición de una dictadura a una democracia, alcanzada mediante el pacto y la concordia, mediante una voluntad de convivencia que permitió iniciar una nueva etapa en la historia de España.

Las fotos de las reuniones de los ponentes, de su brindis al acabar el trabajo, de los diputados y senadores de la Comisión, puestos en pie aplaudiendo la aprobación del dictamen, y de los reyes Juan Carlos y Sofía, que acudieron a votar al colegio electoral el día 6 de diciembre de 1978, más los textos de los propios autores que hablan de reconciliación, de renuncias para alcanzar acuerdos, son valiosas muestras del espíritu y de la decisión que resume la voluntad de una inmensa mayoría de españoles.

El Congreso de los Diputados se amplió con un nuevo edificio en 1980, a cuya inauguración por los reyes asistí en mi condición de secretaria tercera de la Cámara en esa I Legislatura. El nuevo edificio significó un cambio enorme: amplias y modernas salas, muchos despachos, mobiliario adecuado para el trabajo y mucha luz.

En diciembre de 1981 dejé mi despacho tras haber sido nombrada ministra de Cultura, y el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, de quien admiré sus conocimientos, la precisión de su lenguaje y la educación con que a todos trataba, vicepresidentes y secretarios me regalaron, como recuerdo de los años de trabajo, una caja de plata con sus firmas que siempre me ha acompañado.

DE NUEVO EN EL CONGRESO Y EN EL SENADO

Volví al Congreso en 1989 con el Partido Popular y nuevamente como diputada por Sevilla tras haber estado ausente desde que Unión de Centro Democrático (UCD) perdió las elecciones en 1982 y yo el escaño.

Esta nueva etapa parlamentaria duró seis años porque repetí en las elecciones de 1993. Durante el tiempo en que compatibilicé el trabajo en el Congreso con la concejalía del Ayuntamiento de Sevilla, la mayor parte de mi actividad, por esta doble condición, estuvo centrada en asuntos de Andalucía y de Sevilla: presupuestos, transporte ferroviario, abastecimiento de agua, precios agrarios y cuestiones de seguridad.

Me dediqué, muy especialmente, a seguir de cerca y a proponer iniciativas relacionadas con los actos de la Comisión Nacional del V Centenario del Descubrimiento, y también con la preparación de la Exposición Universal de 1992. Estos asuntos fueron encomendados al ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, que aguantó con paciencia y buen talante las muchas preguntas que le formulé y las múltiples ocasiones en que solicité su comparecencia y también la del consejero delegado de la Sociedad Estatal Expo Sevilla 92, Jacinto Pellón.

Me interesé por conocer las razones de la dimisión presentada por el comisario de la Exposición, Manuel Olivencia, pues yo pensaba que era merecedor de la confianza del Ejecutivo. Creo que fue la presión desde el Gobierno de Andalucía, no partidario de personas que actuaran con independencia de criterios, la causa que forzó su dimisión, y me consta que le hicieron pasar muy malos momentos, lo que no se merecía.

Por ese tiempo se supo que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, tenía a su hermano Juan empleado como asistente personal en la Delegación del Gobierno de Sevilla, lo que produjo gran escándalo, y Javier Arenas y yo, ambos diputados, conseguimos autorización para ver el libro de visitas que allí se custodiaba, donde, efectivamente, constaban los muchos nombres de personas, la mayoría empresarios, que diariamente pasaron durante años por aquel despacho, en principio se dijo que para tomar café, pero debió ser para lograr influir en el Gobierno y conseguir los asuntos que solicitaban.

Como ya he mencionado, en 1995, cuando fui elegida alcaldesa, entendí que no podía compatibilizar mi trabajo de diputada con la alcaldía y renuncié a mi acta, lo que significó un adiós al Congreso, por un tiempo.

En el año 2000 regresé al Congreso en la VII Legislatura, cuando el Partido Popular (PP), presidido por José María Aznar, obtuvo mayoría absoluta en las elecciones generales, lo que produjo verdadera euforia dentro del partido.

Fui elegida vicepresidenta tercera de la Mesa de una Cámara donde la presidenta era Luisa Fernanda Rudi, que ya en anteriores responsabilidades había demostrado su solvencia y capacidad de trabajo. Entre los ocho miembros de la Mesa, tres mujeres éramos las vicepresidentas: Margarita Mariscal de Gante (que sustituyó a Francisco Camps), Amparo Rubiales y yo misma, y dos las secretarias: María Jesús Sainz y Presentación Urán.

Todas ellas fueron competentes y desarrollaron su trabajo, que fue enorme y sin límites de horario, con un gran sentido de la responsabilidad. La relación entre nosotras fue muy buena, a pesar de las discrepancias que mantuvimos con Amparo Rubiales, diputada del grupo socialista, por Sevilla como yo, que manifestaba sus posiciones con firmeza, a veces de manera contundente e inamovible. Lo curioso era que, en Sevilla, en muchas ocasiones, nos confundían a las dos y, cuando yo cogía un taxi, el conductor me llamaba Amparo.

Tras dejar el Congreso, continuó mi amistad con Luisa Fernanda, Margarita y María Jesús. También con Teresa Lara, solvente diputada portavoz de Medio Ambiente, y con Beatriz Rodríguez Salmones, que fue una ayuda fundamental en mis tiempos del Ministerio de Cultura, luego diputada portavoz de las Comisiones de Cultura y de Defensa, cuya voz se ha echado de menos en los últimos tiempos en el Congreso. Todas ellas diputadas de enorme valía por sus conocimientos, por su sentido del deber y del compromiso adquirido ante los electores. Nuestra relación ha seguido a lo largo del tiempo, pese a ocuparnos de tareas muy distintas, pero siempre con la mirada atenta a lo que sucede en la vida pública española.

Las funciones como vicepresidenta requirieron mi presencia continuada en Madrid y un seguimiento muy atento y de muchas horas a las sesiones. Además se me encomendaron otras funciones más, pese a que intenté resistirme a alguna con todas mis fuerzas, como fue la de ocuparme del personal de las Cortes Generales, que, si bien asistida por un letrado y sin muchos conflictos, fue compleja porque había numerosos sindicatos entre las dos cámaras.

La otra función consistió en lograr que el sistema informático que existía fuera un instrumento útil y habitual para el trabajo de los diputados. Mis conocimientos de informática eran muy escasos, pero intuía por las lecturas que seguía con interés y curiosidad que serían medios fundamentales para las iniciativas de los parlamentarios, y para disponer de la documentación necesaria. Conté con la ayuda del diputado socialista Rafael Estrella, que era un verdadero experto. Poco después, nadie en el Parlamento concebiría la actividad diaria sin esos instrumentos que, entre otras funciones, permitían la rápida localización y comparación de todas las actuaciones habidas a lo largo de los años.

Los llamados Grupos de Amistad también me ocuparon. Eran una tradición que venía de tiempo atrás y que relacionaba al Congreso con parlamentos de otros países. De entre los varios grupos que presidí y de los que me ocupé para decidir desde los lugares de las reuniones hasta los temas a tratar, dos fueron los de mayor interés por razones bien distintas. Uno de ellos fue el Grupo de Amistad con la Duma de Rusia. Las reuniones que tuvimos allí con diputados que luego vinieron a España, con el presidente de su Comisión de Exteriores y con su ministro de Asuntos Exteriores, en octubre de 2002, fueron interesantes para conocer cómo evolucionaba su sistema político y poder ofrecerles nuestra colaboración para las reformas de las que nos hablaron.

El grupo español podía alardear de un sistema parlamentario que estaba muy lejos del que ellos tenían en esos momentos, en el que apenas se podía distinguir los grupos que apoyaban al Gobierno y los de la oposición, pero hablaban de reformas que, a juzgar por las informaciones y estudios que hoy existen, no han debido ser las suficientes para perfeccionar la democracia. Nuestra presencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que era secretario general Javier Solana, y la intervención de la misma para acabar con la masacre que se produjo en el conflicto étnico de Kosovo en 1999 causó gran enfado a los rusos, y hubo que explicarles las razones por las que la intervención había estado justificada, aunque fue demasiado tardía a juzgar por las atrocidades que se perpetraron.

El presidente del grupo de la Duma, el diputado Mijaíl E. Bugera, se presentó amablemente a despedirnos en el aeropuerto de Moscú y me ofreció como regalo una vasija de barro llena de miel. Tuve que hacer algún esfuerzo para, tras darle las gracias, poder dejar la miel en las manos de una persona de la embajada española sin que se notara demasiado.

El otro Grupo de Amistad que también presidí, y que celebró varias reuniones en Madrid, Sevilla y Londres entre 2001 y 2003, fue el hispano-británico. Se trataba de un grupo compuesto por parlamentarios que exhibían sus conocimientos sobre España. Los temas a tratar, de interés mutuo, fueron cuestiones de seguridad, el insuficiente presupuesto de defensa de España, que no dudaron en resaltar, el terrorismo internacional y, naturalmente, Gibraltar, con posiciones bien alejadas unos de otros. En algún momento se habló del terrorismo en España, que para ellos seguía siendo una cuestión de independentismo, y yo, para concluir el tema que se prolongaba cuando íbamos por una calle de Sevilla, les señalé que entre las ocho personas del grupo español había dos diputados del País Vasco, uno del Partido Popular, con escolta, y otro del Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin ella. No quise poner la nota amarga y mencionar que muy cerca de esas calles, unos años atrás, en 1998, la banda terrorista había asesinado al primer teniente de alcalde de la ciudad y a su mujer, y unas pocas calles más allá al médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, en el año 2000. Seguramente debí haberlo hecho para ver si, de una vez, comprendían lo que significaba ETA.

Cuando parecía aproximarse la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas en 2004, a las que el presidente José María Aznar había anunciado que no se presentaría y que ganaría el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le dije a Javier Arenas, vicepresidente del Gobierno y diputado por Sevilla, que me gustaría ser candidata al Senado, y fue él quien me facilitó esta opción. Yo pensaba que cambiar de Cámara me iba a propiciar tareas distintas y salir de algunas rutinas, aunque nada de esto sucedió.

El Senado en esta VIII Legislatura, después de la victoria socialista en las elecciones, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno, no me proporcionó ningún cometido nuevo y apasionante. En la Comisión para la Unión Europea (UE) que compartíamos con diputados no conseguí encargarme de asuntos de gran interés y mis intervenciones no requirieron de mucho esfuerzo. Sólo fueron estimulantes los tiempos que dediqué al análisis del texto de la Reforma del Estatuto de Andalucía de 2006 que venía del Congreso, que a su vez estudiaba el texto enviado por el Parlamento de Andalucía, y me apliqué a ello.

A partir de la modificación del Estatuto de Cataluña de 2006, alentada por el presidente Rodríguez Zapatero, las comunidades autónomas se pusieron a reformar los suyos con pretensiones de mayor autonomía. El documento que provenía del Parlamento de Andalucía, aprobado allí por el PSOE y por Izquierda Unida (IU), era un puro disparate: no se ajustaba a la Constitución, invadía competencias del Estado, intervenía de manera grave toda la economía, se atribuía facultades sobre cajas de ahorro y entidades financieras sin límites geográficos, abría el camino para la ruptura de la unidad del poder judicial y se obviaba toda referencia a la nación española.

El preámbulo con el que se iniciaba el documento hablaba de una Andalucía que no era reconocible, que dejaba fuera la historia del Reino de Granada, y estaba escrito en un lenguaje críptico, rocambolesco, de una pretensión descriptiva cursi y desmesurada. Era tal el cúmulo de disparates que el propio Grupo Socialista del Congreso presentó más de cien enmiendas al texto remitido por sus compañeros.

Finalmente, se llegó a un acuerdo en el Congreso sobre un documento reformado y definitivo, y yo, senadora, tuve que contener mis impulsos de hacer más cambios y mejorar la redacción, y limitarme en mi intervención a defender el proyecto, relatar lo que se había logrado modificar, que hacía referencia a la nación española, y explicar que el texto era acorde con la Constitución. No pude evitar señalar que el preámbulo donde se hablaba del pasado de Andalucía carecía de rigor, pues no mencionaba la Bética Romana ni lo que significó Andalucía en la Monarquía Hispánica, ni hacía referencia a su vocación americana ni tampoco a la aportación al constitucionalismo de las Cortes de Cádiz. Sin embargo aludía, como gran hecho histórico, a un manifiesto autonomista de Córdoba de 1919, totalmente desconocido para los andaluces. Se me dijo que era mejor no tocar más el texto, pues los acuerdos alcanzados parecían ser frágiles y pesaba sobre el PP el riesgo, si había oposición, de reeditar aquel error de UCD de febrero 1980, cuando defendió la abstención en el referéndum sobre la vía de acceso a la autonomía y se convirtió en el partido que estaba contra Andalucía.

Dejar un texto tal como entra en el Senado en vez de empezar un nuevo debate es algo que ha sucedido con frecuencia, y es lo que hicimos en aquella ocasión. Pero esto contribuye a que el Senado, como Cámara para una segunda lectura, lo que al comienzo de la Transición pudo tener sentido para volver a pensar sobre los muchos textos que salían del Congreso, sea hoy poco valorado, que se hable constantemente de su escasa utilidad y de que necesita una reforma que podría convertirla en auténtica Cámara para debates y conferencias de las comunidades autónomas.

Sí ha existido una ocasión en la que el papel del Senado ha resultado fundamental: la aprobación en octubre de 2017 de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno de la Nación asumiera las competencias que hasta el momento ejercía el Gobierno de la Generalitat. La decisión se tomó tras las actuaciones y aprobación de resoluciones del Parlamento de Cataluña, que desde hacía tiempo vulneraban la Constitución y la legalidad. Entonces el Senado sí resolvió.

En la Comisión de Asuntos Exteriores, a la que también pertenecí, tampoco tuve muchas cosas que tratar, salvo interesarme por un presupuesto que se dedicaba sobre todo a cooperación internacional pese a que existían quejas por la falta de medios en el Servicio Exterior, lo que ha continuado durante mucho tiempo, aunque no hay nada más eficaz que la diplomacia para mejorar la imagen de España y quitarnos de encima los prejuicios que todavía existen sobre nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. Y en la Comisión de Cultura, de la que fui portavoz, nada tuve que objetar a la política del entonces ministro, Cesar Antonio Molina; sólo seguir con atención toda la actividad y proyectos del Museo del Prado, e insistir en la ampliación del Instituto Cervantes a otros países.

Tras este tiempo en el Senado, en el que no me sentí especialmente útil, pensé en dejar la vida pública, y cuando estaba con esta idea, en un viaje con una amiga sevillana a la ciudad que más me gusta del mundo, Florencia, sonó el teléfono y Mariano Rajoy, presidente del PP, me dijo que quería que encabezara la lista por Sevilla para las elecciones de marzo de 2008. Le contesté que pensaba en la retirada, pero sus argumentos me convencieron. Creí que negarme sería un gesto de difícil explicación ante los electores sevillanos, con los que había procurado mantener las relaciones que exige ser su representante, y acabé por decirle que sí, que aceptaba su propuesta, aunque no podía asegurarle que terminara toda la legislatura. Pero sí llegué hasta su final.

MI ÚLTIMA LEGISLATURA, 2008-2011

Al comenzar la IX Legislatura, en 2008, tras haber ganado de nuevo las elecciones José Luis Rodríguez Zapatero y yo volver al Congreso, se me encomendó la tarea de ser portavoz del grupo del PP en la Comisión para la Unión Europea.

Miguel Arias Cañete fue el presidente de la Comisión, siguiendo la costumbre de que la presidencia fuera para una persona del grupo mayoritario de la oposición. Miguel era la persona que sabía todo sobre la complejidad de las instituciones europeas, que hablan y escriben en un lenguaje imposible de ser entendido salvo para quienes trabajan en ellas, y era, quizás, el único diputado capaz de descifrar el presupuesto de la UE. Mi modesta objeción a su trabajo como presidente era que no perdonaba las horas de la comida y las sesiones se alargaban mucho, a mi pesar, por las tardes.

La Comisión tuvo una inmensa actividad y esto me animó durante toda la legislatura, pese a que los asuntos europeos no parecían interesar a los diputados en el hemiciclo, que nada más escuchar que en el orden del día había un asunto sobre la UE abandonaban los escaños. En una ocasión algo dije desde la tribuna de oradores sobre los que se ausentaban, y creo que fue el diputado Gaspar Llamazares quien me dijo que me parecía al cura que en la iglesia regaña a los que asisten a la misa. Tenía razón el diputado, pero es que resultaba muy desalentador tomar la palabra y ver cómo muchas personas se levantaban, hacían ruido y charlaban entre ellas. En las sesiones también resultaba aburrido escuchar largas lecturas, desde la tribuna de oradores, de documentos escritos por asesores para los intervinientes, lo que para los veteranos era absolutamente inadmisible, salvo en las grandes ocasiones cuando los discursos deben quedar para la historia. Pero esto sucedía en muy pocas ocasiones porque la mayoría de las intervenciones estaban destinadas a fastidiar al adversario, aunque todavía se hacía con cierto grado de educación y de lo que antiguamente se conocía como «buenos modales», hoy, la mayoría de las veces, desaparecidos.

Como la Comisión se ocupaba de la presencia de España en la UE y se seguía la tradición de procurar una política exterior acordada entre los partidos políticos, no hubo discusiones desagradables o violentas. Por el contrario, la relación con el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, fue buena, y el portavoz socialista, Juan Moscoso, experto en los temas europeos y persona de trato siempre afable, facilitó el entendimiento.

La UE desarrollaba en ese momento un programa, llamado Agenda de Lisboa 2000-2010, que subrayaba la importancia del conocimiento; fijaba especial atención en la educación, en la cualificación e instaba a España a aplicarse, pues había, aunque suene increíble, un 30% de abandono escolar prematuro. Además, la presidencia de la UE correspondió a España durante seis meses, a partir de enero de 2010, lo que significó que presidía los consejos sectoriales que se celebraron en España. Estos hechos nos hicieron seguir muy de cerca los objetivos de la presidencia y su cumplimiento.

Los datos españoles sobre el déficit y el desempleo eran muy malos, y los de Grecia todavía peores. Esto supuso que los objetivos de crecimiento quedaran completamente desdibujados, y que el rescate a Grecia, incluida la contribución económica de España al mismo, ocupara toda la atención. A España también se le impusieron deberes tales como reducir su déficit y la mencionada tasa de abandono escolar. Pero lo más preocupante fue la amenaza que ya apareció en el horizonte: «el rescate a la economía española», posibilidad de la que se hablaba a diario.

Recuerdo muy bien las discusiones en la Comisión sobre si procedía o no acudir en ayuda de las entidades financieras españolas, pese a que era un asunto para ser tratado fundamentalmente en la Comisión de Economía, pero tenía una importante vertiente de política europea, y Juan Manuel Albendea, diputado por Sevilla de plena dedicación y buenos conocimientos en el campo de la economía, me ayudó en varias ocasiones.

Muchas entidades financieras, aunque no todas, se habían lanzado a una política de atractivos y engañosos préstamos e hipotecas que les proporcionaban una inflada expansión de los negocios, especialmente del inmobiliario. Izquierda Unida y algún otro grupo clamaban contra esa posible ayuda, mientras que socialistas y populares veíamos con preocupación las consecuencias que podrían suponer la quiebra o suspensión de pagos de algunas entidades, fundamentalmente las cajas de ahorros, para los ahorradores.

Esta enorme crisis financiera, junto con el disparatado crecimiento del negocio urbanístico, tuvo sus peores consecuencias en un breve espacio de tiempo y produjo un enorme daño en familias españolas, como pude comprobar personalmente durante mi mandato como defensora del Pueblo a partir de 2012.

El trabajo de esta Comisión para la Unión Europea fue muy intenso. La documentación que debimos manejar fue enorme porque los organismos europeos constantemente producen informes, resoluciones, directivas, muchas veces difíciles de valorar en un principio, pero que acaban teniendo gran transcendencia y repercusión, incluso en la vida cotidiana de los estados miembro y, por tanto, para los españoles.

Cuando a comienzos del verano de 2011 la legislatura tocaba a su fin, y antes de la disolución de las Cortes, me pareció que debía decirle a Mariano Rajoy que ahora sí estaba decidida a no volver a ser candidata en las próximas elecciones. Así lo hice, y le expuse algunos de los motivos que me habían llevado a ello.

Yo sentía que mi lugar no era el Congreso de los Diputados, donde otra generación muy distinta, de personas más jóvenes, había tomado el relevo y lo hacía con un tono diferente. La mayoría de los debates entre Gobierno y oposición me resultaban agrios, y además me costaba aceptar la disciplina para votar de acuerdo con aquello que la dirección del grupo fijaba cuando en algún caso importante no compartía la decisión. Me daba la impresión de que yo era representante de un ayer que ya no interesaba mucho; de que mi voz y mi opinión sonaban a tiempos pasados, de persona que no estaba en la batalla de todos los días, y seguramente era así: una especie a extinguir en aquel hemiciclo.

A estas circunstancias se añadía otra muy personal, pues arrastraba desde hacía algún tiempo una fractura de hombro muy compleja que me producía grandes dolores desde la cabeza a los pies, casi de continuo, y quizás esto pudo influir en mi falta de ánimo.

Tras tomar la decisión de no presentarme nuevamente a unas elecciones escribí un artículo en septiembre de 2011, en el diario El Mundo de Andalucía, que se titulaba «Despedida y gratitud». Agradecí, como era lógico y debido, a los votantes la confianza y esperanzas que habían depositado en mí a lo largo de los años, y volví a reiterar el respeto hacia quienes habían mostrado sus discrepancias con mis actuaciones. Di las gracias a todo el personal con el que pude contar en las varias instituciones en las que tuve alguna responsabilidad; recordé mi amistad con Javier Arenas, con quien había trabajado mucho tiempo y bien en Andalucía, y agradecí muy especialmente a los presidentes de Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, bajo cuyos mandatos había ejercido cargos públicos, su confianza. No me olvidé de Adolfo Suárez ni de Leopoldo Calvo-Sotelo, pero ya no me podían leer.

Los periodistas sevillanos, que eran quienes mejor habían seguido mis pasos en los últimos años de vida pública, fueron generosos y condescendientes conmigo en sus escritos sobre mi retirada. Y ello contribuyó a que mi marcha fuera pacífica y casi dulce.

7

Lo que ve la defensora del Pueblo

LA ELECCIÓN EN EL CONGRESO Y EN EL SENADO

Pasados unos meses tras haber dejado de ser diputada y haber ganado ampliamente el Partido Popular (PP) las elecciones en noviembre de 2011, surgió la posibilidad de ocupar el puesto de defensora del Pueblo, que no había sido cubierto desde hacía dos años y que María Luisa Cava de Llano, adjunta primera de la institución, ejercía en funciones.

La idea de poder defender derechos y libertades en todos los campos, para todos los ciudadanos y sin los debates habituales y constantes entre el grupo del Gobierno y los grupos de la oposición, me parecía que encajaba con mis anhelos del momento, que quizás podría hacerlo con entera dedicación, con todo el afán necesario y sin la acritud de la política cotidiana.

La primera conversación sobre esa posibilidad la tuve con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien me mencionó que la elección para el cargo de defensora requería tres quintos de votos en las cámaras, lo que exigía, al menos, un acuerdo entre el PP y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Eran tiempos en que existían acuerdos en algunos temas entre los dos partidos mayoritarios, y éste fue posible con el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

No obstante, a comienzos de julio de 2012, tuve que pasar el examen requerido en la Comisión del Congreso y del Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde conté algo de mi vida: lo que había hecho durante las primeras legislaturas de finales de los años setenta en el Congreso, así como en mi etapa como ministra de Cultura y, luego, como alcaldesa de Sevilla. Subrayé mi vocación de servicio, de defender derechos, de cómo proteger libertades que, incluso en la democracia, pueden estar amenazadas por multitud de leyes y reglamentos que todo lo invaden, y esbocé algunos de los asuntos en los que pondría toda la atención: la situación económica de muchas familias por razones de la crisis que se vivía, la violencia hacia las mujeres y la situación de quienes habían sido víctimas de terrorismo.

No quise dejar de referirme a mis predecesores en el cargo, Joaquín Ruiz-Giménez, Álvaro Gil-Robles, Fernando Álvarez de Miranda y Enrique Múgica, y dije que yo no me podía comparar con ellos, que no tenía sus méritos, lo que no era un cumplido ritual. Escuché con mucha atención las intervenciones de los representantes de los grupos, que fueron, en su mayoría, pero no todas, generosas y comprensivas, y me indicaron algunos temas que les preocupaban especialmente, como las relaciones que existían en varias comunidades autónomas con los defensores, y muy especialmente con el Síndic de Greuges, de Cataluña. En efecto, esta relación no pudo ser satisfactoria, pese a mis buenas intenciones, porque se partía de discrepancias sobre las competencias de cada institución, y una sentencia del Tribunal Constitucional acabó dejando claro lo que correspondía a cada uno. Enrique Múgica, mi predecesor, que recurrió la Ley catalana del Síndic, se ganó todas las antipatías de algunos, pero tenía razón en sus argumentos y defendió el organismo recogido en la Constitución.

Mi candidatura se sometió a votación y obtuvo 38 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. Pocos días después, nuevamente, fue votada por los plenos del Congreso y del Senado y consiguió un resultado favorable superior a las tres quintas partes de sus miembros, como se exigía. Así fui nombrada defensora del Pueblo, y en un acto solemne en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso tomé posesión de mi cargo. Tras dar las gracias al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno y a los grupos del PP y del PSOE que habían presentado la candidatura, dije ante mis nietas y nieto, que estaban en primera fila sin entender muy bien aquello, pero con cara de admiración hacia la abuela, que esperaba que supieran cuidar y hacer mejor la España por la que trabajaron sus abuelas, porque veía entre el público varias amigas y compañeras de mi generación. Y de inmediato empecé a ejercer mi nueva función.

El Defensor del Pueblo es una institución que tiene como objetivo defender los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y también es alto comisionado para hacer valer los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948. Ha sido estudiada por juristas, profesores de Derecho Constitucional y por personas interesadas en el cumplimiento de los derechos de las personas. Su origen deriva de la figura sueca del Ombudsman, que data del siglo XIX y, pese a que su andadura es relativamente nueva en España, pues comenzó a funcionar en 1982, existen ya tratados que dan cuenta de su origen y explican cómo se dirige a las administraciones públicas para que atiendan a aquellas personas que exponen al defensor una queja razonada o para que rectifiquen una decisión que vulnera sus derechos.

Los asuntos que llegan al Defensor del Pueblo son muy diversos y sus campos de actuación alcanzan desde las decisiones importantes que puede tomar un Gobierno hasta la ordenanza de un pequeño municipio. Sólo se necesita una sencilla solicitud o petición, sin coste ni letrado que acompañe a quien la presenta, para que la actuación se ponga en marcha. Y la maquinaria no cesa hasta que se obtiene una respuesta suficiente, lo que no significa que siempre sea satisfactoria.

Es, pues, una institución al alcance y al servicio de todas las personas, que no obliga a la Administración, pero que tiene la autoridad y la fuerza moral para señalar con el dedo lo que está mal hecho, sus consecuencias y quién lo hace, y solicitar una rectificación. Las actuaciones que puede realizar el Defensor del Pueblo en un año son decenas de miles y da cuenta de ellas ante las Cortes Generales. Pero eso no basta: debe también informar constantemente a los ciudadanos de lo que hace, de cómo lo hace y de en qué gasta un dinero que proviene del contribuyente. Hoy, los medios informáticos permiten ofrecer toda esta información y mostrar los resultados obtenidos.

Con todas estas posibilidades y obligaciones ante mí, trabajé con todas mis fuerzas y puse todo mi ánimo en hacer que la institución prestara el mayor servicio posible y mostrara a diario su trabajo. La transparencia es algo exigible por ley y por un sentido de responsabilidad cívica, y además supone un empuje y estímulo para quienes trabajan sabiendo que su labor se da a conocer de inmediato. Contar con los medios que supuso la puesta en marcha de estos objetivos y su utilización diaria por todo el personal llevó algún tiempo y acarreó algunas incomprensiones, pero poco a poco, con la ayuda de algunas personas de dentro de la institución y la asistencia de otras, incluso logramos un premio por la transformación digital realizada, que dinamizó y agilizó nuestro trabajo.

Como dije el día de mi toma de posesión, me propuse trabajar de manera independiente, ajena a presiones de grupos ante las administraciones, pero no contra ellas porque supuse que mantener una buena relación facilitaría las resoluciones. Afirmé, también, que atendería a todos con independencia de su condición o lugar de residencia, lo que significaba que actuaría tanto en las comunidades autónomas que contaban con la figura de defensor como en aquéllas que no lo tenían, lo que creo que molestó a varios defensores presentes en el acto. Pero la ley me daba esa capacidad y no pensaba renunciar a ella. Tampoco quise dejar de mencionar que la austeridad tendría su valor. El rey Juan Carlos acababa de pedir responsabilidad, solidaridad, templanza y espíritu de sacrificio, pues los tiempos eran de gran crisis económica y las consecuencias se veían por todas partes. Había que tener estas circunstancias y estas virtudes muy en cuenta.

Trabajé, fundamentalmente, con personas que estaban en la institución desde hacía un tiempo, funcionarios y no funcionarios. No obstante, pedí a Manuel Barros, anterior jefe de mi gabinete en el Ayuntamiento de Sevilla, que se incorporara y que dirigiera el llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de los Malos Tratos, atribución importante hecha al Defensor del Pueblo desde 2009 por el Congreso de los Diputados para prevenir, como indica su nombre, tratos que puedan atentar contra los derechos humanos de personas privadas de libertad.

Con su trabajo y con el de un pequeño grupo de personas cualificadas que conocían bien los derechos que debían ser respetados y las normas a observar, se realizaron cientos de visitas a toda clase de instalaciones. Participé en muchas de ellas para conocer las condiciones de la vida de las cárceles, centros de internamiento de extranjeros y de menores, y estar atenta y vigilante a la exigencia del cumplimiento de esos derechos. Con el fin de que nuestras visitas fueran lo más rigurosas posible, contamos en numerosas ocasiones con la compañía de especialistas, forenses, psiquiatras y penalistas, y siempre nos ilustraron con sus observaciones y sugerencias.

Yo debía informar ante la Comisión del Defensor del Pueblo en las Cortes Generales de toda la actividad realizada. La Comisión estuvo presidida, durante la mayor parte de mi mandato, por el diputado Miguel Ángel Cortés, que facilitó nuestra presencia asiduamente porque comprendió la importancia de dar cuenta de todo lo que llegaba a la institución, de cómo y cuánto se tardaba en responder a los ciudadanos, y de las propias respuestas de las administraciones. En la Comisión también pudimos presentar los numerosos estudios y documentos realizados sobre los problemas que consideramos más acuciantes.

El trabajo llevado a efecto, especialmente el relativo al cumplimiento de los derechos humanos en lugares de privación de libertad, se presentó en varias ocasiones ante organismos internacionales, alguno de los cuales parecía conservar, increíblemente, una imagen de la España de otros tiempos, lejana a un país donde, como Estado de derecho, se respetan los derechos humanos.

Cristina Lladó fue la nueva jefa de prensa. La conocí por su trabajo en la Agencia Efe en el Congreso de los Diputados, y supo mantener buenas relaciones con los medios de comunicación y proporcionar la información sobre toda nuestra actividad.

También se incorporó María Beca, que había sido una ayuda imprescindible para mí en los años del Ayuntamiento de Sevilla y que ahora lo sería, nuevamente.

Sí hice algún cambio, aunque limitado, en puestos que creía que exigían personas que compartieran plenamente mis propósitos, como en la Secretaría General. Para ocuparla nombré a José Manuel Sánchez Saudinós, profesor de Derecho Constitucional que trabajaba en la institución y que me dio la seguridad jurídica tan necesaria, y que siempre he buscado, a la hora de tomar decisiones.

Carmen Comas-Mata continuó siendo la jefa de gabinete. Conocía muy bien la institución y me prestó asistencia en los foros internacionales a los que debía acudir, pese a mis deseos de reducir viajes a los imprescindibles y evitar dispendios. También me acompañó en las visitas a presos españoles en América Latina, que nos impresionaron por el mal estado de las cárceles, las lamentables condiciones en que se encontraban nuestros compatriotas y de donde salíamos abrumadas por lo visto, lo escuchado y por lo humilde de sus solicitudes. En la mayoría de los casos todo nuestro afán fue lograr que pudieran regresar a España para cumplir aquí sus penas, en situaciones muy distintas.

Hubo otra persona que jugó un papel importante para mis objetivos de actualización y de divulgación de lo que se hacía para así poder prestar servicio a un mayor número de ciudadanos: María José Pastor. Ella comprendió la importancia de dar a conocer, a diario, todo el trabajo de la casa y que se pudiera consultar sin esfuerzo. Mostrarlo en reuniones, conferencias y actos públicos, con tablas y cuadros comparativos que la informática permitía, facilitó la comprensión, hizo más didácticas las explicaciones y sirvió de acicate para el trabajo de todos nosotros. Su plena dedicación y novedosas iniciativas resultaron fundamentales para lograr agilidad, dar a conocer, de inmediato, nuestra reacción ante multitud de cuestiones y dotar de transparencia a la institución.

El jefe del Servicio de Documentación, Antonio Mora, tenía todos los documentos necesarios en la cabeza sin tener que acudir a Google; escribía con la precisión y claridad que yo creía necesarias para la comprensión de los miles de escritos que circulaban, la inmensa mayoría dirigidos a personas que ni eran abogados ni tenían por qué entender el lenguaje incomprensible de la Administración, que necesita de intérprete y que asusta. Fue, además, el autor del Libro del Defensor, que describe la historia, las funciones y también el edificio tan singular de 1913 que tiene como sede en la calle Fortuny de Madrid.

Al frente de estos propósitos de transformación y modernización de los procedimientos estuvo Francisco García Atanes, que supo introducir los cambios que la tecnología permitió y que fueron necesarios para agilizar los procedimientos y supusieron nuevas costumbres y usos en el trabajo porque mostraban los tiempos que nosotros, y también las administraciones, tardábamos en contestar y en resolver un asunto.

Seguí día a día con mucho ánimo y de manera exigente toda la transformación y los cambios producidos, y llegué a pensar en algún momento que podía parecerse, peligrosamente, a la sociedad que describe Aldous Huxley. Pero los resultados me llenaron de optimismo y me empujaron a emprender nuevas iniciativas para aumentar la transparencia y la información, mejorar el servicio al ciudadano y rendir cuentas como institución pública que éramos.

Los fiscales generales del Estado, Eduardo Torres Dulce, y luego Consuelo Madrigal, entendieron que pusiera en su conocimiento qué administraciones no respondían a una queja o a un escrito de la defensora, porque detrás de la queja había una persona a la que asistía un derecho. Las administraciones tienen la obligación de responder y es, también, un signo de respeto hacia el ciudadano. La Fiscalía nos prestó un gran servicio, pues apenas se iniciaba su actuación, los teléfonos sonaban, los correos llegaban y se producían las respuestas esperadas. Entonces las eliminábamos de la vergonzosa lista roja, donde a diario las exhibíamos como «administraciones entorpecedoras».

LA CRISIS

Las personas que se dirigen al Defensor del Pueblo describen situaciones y hechos que les suceden en los que creen que no se respetan sus derechos. Generalmente, lo hacen de manera sencilla, sin muchas complicaciones. Confían en que se les ayude; tienen la esperanza de que sus situaciones tengan remedio y que alguien se preocupe por ellas. El Defensor del Pueblo no es, por tanto, una institución desde la que felicitar a un Gobierno por lo realizado, sino que su cometido consiste en llamar la atención a alguien para que rectifique o enmiende un error cometido. Esto de no felicitar ni de felicitarme tuve que explicarlo en alguna ocasión ante diputados que consideraban que mis informes eran críticos con el Gobierno. Lo que llega a la defensora no son casos de éxito en un principio, como ahora gusta decir; pero sí pueden y deben, la mayoría, acabar en éxito.

Empezaré por contar lo que escuché a un periodista amigo, un sábado del mes de julio, pocos días después de haber sido elegida defensora: una mujer sola, en un municipio sevillano, sin medios económicos algunos y con un hijo con gran discapacidad sería expulsada de su vivienda por impago a un banco una vez pasado el fin de semana. Yo podía esperar al lunes para tener más información y después llamar al ayuntamiento local para pedir ayuda ante una situación de emergencia. Pero era impensable dejar pasar casi dos días a sabiendas de lo que iba a ocurrir, y decidí intentar localizar al presidente del banco en cuestión, que atendió a mis palabras con comprensión y benevolencia dado el día y la hora de mi llamada, y el desahucio pudo detenerse. Este hecho no fue más que una muestra de una situación que se producía con crudeza y frecuencia por las repercusiones de la crisis económica.

Al día siguiente, después de indagar cuántas quejas existían sobre situaciones similares, la jefa del área que trataba este asunto, Loreto Feltrer, juez, competente, aguerrida en sus argumentaciones y resolutiva, me mostró datos y contenidos de los cientos de casos parecidos que había. Las quejas contaban los desastres de una crisis económica que había comenzado hacía unos años y las repercusiones que tenía en muchas familias. Las situaciones que describían eran tales que decidí, además de la actuación obligada, transmitir personalmente lo que veíamos a la vicepresidenta del Gobierno.

Unos meses después, el Gobierno remitió al Congreso una ley para proteger a deudores hipotecarios en verdaderas dificultades, suspender de inmediato desahucios a familias en riesgo de exclusión y limitar los abusivos y escandalosos intereses de demora. El preámbulo de la ley lo explicaba todo: circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país por crisis económica y financiera, imposibilidad para muchos de hacer frente al pago de préstamos hipotecarios y el drama social que supone llegar a perder la vivienda.

Las dificultades económicas fueron uno de los temas más graves que llegaron a la institución durante mucho tiempo. Los endeudamientos de muchas familias eran tan altos que resultaba imposible hacerles frente y la exclusión social se avecinaba. Insistimos, repetidamente, en conseguir un procedimiento para alcanzar acuerdos entre deudores y acreedores para facilitar el pago ordenado de las deudas, como existía en otros países. Y finalmente se logró una ley llamada Mecanismo de Segunda Oportunidad para que una persona, a pesar del fracaso económico personal o empresarial, pudiera ver una luz en el camino y reiniciar una actividad sin tener que arrastrar para siempre una losa o piedra imposible de levantar.

Cuando tuvimos conocimiento del proyecto de ley nos alegramos mucho. Me hizo pensar que la insistencia, la reiteración de argumentos y los numerosos escritos habían contribuido a la ley, así como la perseverancia del adjunto primero al defensor, el economista Francisco Fernández Marugán, que fue un apoyo esencial en muchas ocasiones y con quien mantuve una excelente relación durante todo el mandato.

Pero la crisis económica trajo otras consecuencias más. Muchas personas nos contaban que habían comprado productos financieros en la creencia de que eran una forma de guardar sus ahorros, tal y como se lo había explicado el amigo de la sucursal de la caja o banco. Y esto no era así, ni mucho menos. Se trataba de unas llamadas «participaciones preferentes», con un nombre completamente engañoso, productos muy difíciles de rescatar y muchos vendidos a personas de edad y sin ningún conocimiento financiero.

Cuando se supo cómo se había realizado su venta se produjo un inmenso escándalo que llegó a los tribunales, que dieron la razón a la mayoría de los compradores. Esto era una lección que indicaba que las entidades financieras tenían que dar una información clara y realista, cosa que no hacían, de lo que vendían y valorar si ello era conveniente para esa persona, como marcaba la directiva de la Unión Europea. Las exigencias de estas normas de claridad y de veracidad ante los clientes fueron remitidas a las autoridades del Banco de España y a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que actuaron debidamente ante las entidades financieras.

EMIGRANTES Y REFUGIADOS:
LA OTRA CRISIS DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Hace más de treinta años ya se hablaba de que en Europa veríamos la llegada de miles de emigrantes procedentes de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se los llamaba entonces, donde las condiciones de vida eran muy duras, incluso insoportables: no había medios de subsistencia ni trabajo ni posibilidades educativas; las formas de gobierno eran dictaduras y no se podía pensar en reclamar derecho alguno. Transcurridos los años, las condiciones de algunos países del continente africano no han cambiado y se han añadido las consecuencias de guerras entre etnias y de guerras civiles. Enfrente, todo un continente alcanza unos niveles de vida muy aceptables: existen derechos a la sanidad, a la educación y hay posibilidades de trabajo. Conocemos esas situaciones dramáticas y podemos verlas a diario. Lo que no sabemos es ni cómo ni cuándo puede acabar esta gran crisis humanitaria.

Quienes llegan a nuestro país en situación irregular, en botes de goma o en embarcaciones de extrema fragilidad desde las costas del Mediterráneo, desde las ciudades de Ceuta y Melilla, y en ocasiones por algún aeropuerto, buscan cualquier manera para quedarse o para cruzar a otro lugar de Europa, pero la mayoría de las veces no lo logran. Les hemos visto en los Centros de Internamiento de Extranjeros, donde pasan las horas deambulando por un patio inhóspito o ante un aparato de televisión suspendido en lo alto de una pared a la espera de la llamada para ser devueltos al país de origen, y pensando en cómo lo intentarán de nuevo porque son jóvenes, fuertes y están decididos a ello sea cual sea el riesgo. La red de traficantes con la que vinieron les volverá a ayudar.

Las condiciones de quienes están en los Centros de Estancia Temporal son mejores: allí podrán intentar conseguir papeles provisionales para moverse con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y buscar, quizás, un medio de vida. Hay familias con niños que comparten una habitación con colchones por todas partes y ropa colgada que hay que retirar para entrar, como enseñan quienes les atienden con la mejor voluntad y hacen de su trabajo un verdadero servicio humanitario. Todos tienen la esperanza de que sus vidas puedan mejorar.

El número de emigrantes y refugiados que llegó a España en 2017 ascendió a 22.900 personas. La mayoría procedían de Marruecos y Argelia, pero también había sirios que solicitaban asilo, como la familia con dos niños y una niña, necesitada de una delicada operación cerebral, cuya llegada al aeropuerto fue emocionante, y más todavía, la oferta del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona para realizar la intervención de forma gratuita, cuando ningún otro hospital europeo se prestó a ello.

Las mujeres que están solas en estos centros, muy jóvenes en su mayoría, se sienten asustadas y son reacias a contar su situación, de dónde vienen y cómo han llegado. Si, tras superar sus miedos y romper sus silencios, se tienen indicios de que han podido ser objeto de trata de seres humanos, obtienen la ayuda de personas, religiosas como las Adoratrices y seglares ejemplares, que las acogen, les dan la confianza y los medios necesarios para poder pensar en otro tipo de vida. Son, como escribe Elena Arce, experta en asuntos de migración y refugiados en el Defensor del Pueblo, en sus muchos documentos sobre la trata de seres humanos, «las víctimas invisibles». Ellas acaban por contar su vida de miedos, de violencia y de abusos, y ahora, lejos de su país, de temor a represalias a sus familias.

Las vidas de las personas que se encuentran en campos de refugiados o en lugares de tránsito hacia otros países de Europa, donde probablemente acabarán por ser rechazados, tampoco tienen visos de mejorar.

El campo de refugiados de Zaatari, cerca de Amán, es una ciudad levantada a base de caravanas y tiendas de campaña en la que viven cerca de ochenta mil personas procedentes de Siria. Hay colegios, hospital, supermercado y clases para los niños, pero produce dolor pensar qué les espera a quienes están allí porque, aunque tienen las cosas más básicas para la subsistencia, se preguntan cuál será su futuro; suplican por el final de la guerra porque quieren regresar a sus casas, si es que aún están en pie, y a sus tierras.

Queda muy lejos la visita que hice a Siria con la presidenta del Congreso en abril de 2002, tras la invitación del Parlamento sirio. La ciudad de Palmira estaba en pie y se podía recorrer la impresionante calzada para admirar la avenida columnada hasta llegar al arco monumental. El jefe del Estado, Bashar al-Ásad, el joven de aires y formación occidentales que sucedió en la presidencia a su padre, nos habló, en un fastuoso palacio moderno construido con materiales tradicionales como mármoles, ladrillos y azulejos, de las reformas que se proponía llevar a cabo para la apertura y modernización del país. Aquellos propósitos debieron quedar olvidados y sepultados bajo los escombros de una guerra que no cesa.

Al escribir estas páginas, hace ya siete años que la guerra empezó en Siria. Varias ciudades han sido completamente destruidas y los sirios hacen colas para subir a autobuses que les llevarán a un nuevo campo para refugiados, levantado por la misericordia de aquéllos que no pueden parar la guerra.

Durante el año 2017 entraron en la Unión Europea de manera no regular 204.300 personas; la gran mayoría llegaron a Italia y Grecia. En ambos países visité campos de refugiados, centros para estancias temporales y centros de internamiento para emigrantes donde esperan identificación, reconocimientos médicos y, gran parte de ellos, la devolución a su lugar de origen. No hay queja alguna hacia estos países, donde las dependencias de que disponen son, en general, aceptables. Sin embargo, las escuetas historias de las huidas y de las travesías, las caras de angustia cuando preguntan cuántos días deberán esperar, y escuchar las historias sobre los miembros de la familia que se han quedado atrás hace que todos estos campos o centros, por muchos que sean los colores con que los puedan pintar, sean lugares de tristes recuerdos. Como los que presencié en Kumanovo, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, en Trapani, al sur de Italia, o junto al histórico lugar de las Termópilas, cerca de Atenas.

Las numerosas apelaciones que defensores y organismos no gubernamentales han hecho a los estados de la Unión Europea para que acojan refugiados nunca serán suficientes mientras continúen las guerras, las persecuciones por motivos étnicos, religiosos o de género. Sabemos que los orígenes del problema están allí, pero desconocemos cómo y cuándo podrán acabar. Tampoco sabemos con certeza cómo poder ayudar.

Hace algún tiempo, Europa se conmovió con la imagen de un niño sin vida sobre la arena de una playa a la que habían llegado embarcaciones repletas de migrantes. Una imagen de la inocencia y también de la crueldad. Luego, al llegar un invierno, vimos a niños calentando sus manos sobre la lumbre de unos bidones en un campo de refugiados. Ahora contemplamos al niño al que acarrean en una vieja maleta por la que asoma la cabeza y nos preguntamos, ¿a dónde le llevarán? Seguramente a otro campo para refugiados o desplazados sin saber ni cuándo ni de dónde regresará.

NO OLVIDAR

Durante años y años las víctimas de la banda terrorista ETA pasaron desapercibidas. Al día siguiente de cometerse un atentado, según ellas me han contado, aparecía una noticia en algunos diarios y la foto de una autoridad que se acercaba a dar su pésame a la familia. Apenas se volvía a hablar de ello. Si el atentado había sido en el País Vasco, la familia hacía las maletas y buscaba consuelo y refugio en algún otro lugar. Así lo hizo Charo Muela, joven concejal de UCD en el Ayuntamiento de Vitoria, casada con José Ignacio Ustarán, afiliado a UCD, asesinado en 1980, que volvió a Sevilla con sus cuatro hijos.

Fueron muchas las familias que tuvieron que marcharse por sentirse solas en un entorno hostil donde eran señaladas y recibían cartas amenazadoras o extorsionadoras. Otras se quedaron, decidieron resistir o no pudieron marcharse, pero vivieron bajo la amenaza y el temor constantes.

Las víctimas mortales de ETA hasta 2009 han sido 864, según los datos de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, y el número de personas que quedaron heridas, malheridas y con dolor para siempre es muy alto e imposible de cuantificar. Esto es lo que la banda ha dejado.

Las víctimas me han contado las dificultades de sus vidas, las secuelas que sufren y su esperanza en que los casos no resueltos no prescriban. Hablan de ello con valor, con serenidad, pero sin olvido.

Todas tienen derecho a pedir que la sociedad sepa y recuerde que fueron las víctimas de una banda que quiso atacar al Estado para acabar con la democracia, para suprimir el derecho y la libertad, para instaurar un régimen de terror. Ellas fueron las víctimas, pero pudimos haber sido otras. Por ello, siempre tendrán motivos para una queja porque sobre ellas recayó pagar un alto, muy alto, precio.

En abril de 2015, se aprobó en el Congreso de los Diputados una proposición que condenaba, una vez más, los crímenes de la banda terrorista y, como algo no frecuente, solicitaba al Defensor del Pueblo, en su condición de Alto Comisionado para los Derechos Fundamentales, que estudiara cómo se veían afectados los derechos humanos de las víctimas e hiciera las recomendaciones oportunas a las distintas instituciones del Estado.

Esta petición daba pie a escuchar a víctimas contar sus vidas, cómo y dónde fue el atentado, qué pasó después, dónde están los autores o por qué nunca se supo de ellos. También escuchamos a fiscales, a penalistas, a responsables de las oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia, a fuerzas de seguridad, a periodistas que habían seguido de cerca la historia de la banda, y a psicólogos y sociólogos para intentar saber algo más sobre las secuelas de los atentados, que son para toda la vida. Varios historiadores nos dieron su opinión acerca de cómo es o debería ser el relato de las décadas de terror, muy especialmente, en los libros de texto.

Año y medio después pudimos presentar en el Congreso el trabajo que nos habían encomendado y cuyo autor fue Andrés Jiménez, jefe del área de Justicia y Seguridad del Defensor, que dedicó al informe un número incontable de horas y todo su conocimiento de los hechos y del derecho, que era mucho.

Las conclusiones que quisimos destacar fueron dos. La primera, que, a finales de 2017, el número de actos terroristas de ETA cuyos autores eran desconocidos ascendía a 377 y señalamos cuáles eran los impedimentos para esclarecerlos. De los relatos escuchados se desprendían las dificultades de la persecución de los terroristas en años pasados: los escasos medios de que disponía la Guardia Civil, la hostilidad con que las fuerzas de seguridad eran recibidas en el País Vasco, el cobijo y encubrimiento a los autores, la no colaboración de varios países de Europa y América Latina y la dispersión de las causas judiciales y los datos de los delitos en más de nueve archivos diferentes.

La segunda conclusión, derivada de la gravedad de los hechos ya conocidos, pero de nuevo recordados, era que los libros de texto se centraban en los años de terrorismo antes de la democracia e ignoraban todo lo sucedido durante las décadas de democracia. Muy pocos mencionaban a las víctimas o hablaban del sufrimiento producido; incluso alguno reproducía textos de la banda terrorista, pero jamás el testimonio de una víctima. La explicación de las razones de la defensa y protección de los derechos humanos apenas existía en los textos.

Concluimos que la memoria de las décadas de terrorismo de ETA, sin ignorar el terrorismo yihadista, debía quedar no sólo en los libros de historia sino, con especial atención, en los libros de texto como un período sangriento y cruel de nuestro pasado muy reciente y así se lo transmitimos al gremio de editores; que niños y jóvenes debían conocer la verdad de los hechos; y que los mayores teníamos la obligación de que se recordara quiénes fueron los autores, el daño que habían causado y qué se proponían.

Tendremos que contar, una y mil veces, que no hubo conflicto alguno ni lucha armada mientras la banda amenazaba y atentaba contra una ciudadanía pacífica. Podremos, también, decir que su final llegó, no por mediadores, sino por una sociedad que se mostró fuerte, que utilizó los medios que tiene un Estado de derecho, y que no hubo motivos para agradecerles su rendición.

Sería muy justo que quienes, en una organización jerarquizada, dieron las órdenes y señalaron los objetivos para cometer los atentados pudieran ser procesados por delitos de lesa humanidad, por un ataque sistematizado contra grupos de la población civil, al igual que lo fueron aquéllos que ordenaron y planificaron el Holocausto.

Como defensora del Pueblo he visto, y en algunos casos se podría decir que he vivido, otras situaciones que necesitaron la actuación de la institución. Son muchas las personas que, en una sociedad próspera, con plenitud de derechos sociales, se encuentran excluidas o con grandes dificultades en su vida diaria: son menores, adolescentes o mayores. Todos tienen en común una vida llena de problemas y de obstáculos que solos no pueden superar. Para atenderles, pude contar con un equipo de personas de gran calidad humana, con sensibilidad y verdadera vocación profesional. Concepció Ferrer, adjunta segunda, estuvo al frente del grupo que a diario debía actuar, y cuyos principales actores fueron Bartolomé J. Martínez y Joaquín Trillo. Y Pedro Baena, magnífico funcionario, que comprendió en poco tiempo su cometido ante las quejas sobre vivienda y medio ambiente que aumentaban por días.

El último acto al que asistí, a finales de julio de 2017, en mi condición de defensora, fue la puesta en marcha de un artilugio en forma de plataforma para personas con discapacidad física en la sede del Defensor del Pueblo. Los antiguos propietarios y los sucesivos arquitectos jamás pudieron pensar que un día todos podríamos entrar por la misma puerta, pese a la escalinata, en aquel edificio de principios del siglo XX.

Epílogo

Había sido diputada en seis legislaturas, senadora en una, a veces en la oposición y otras veces con la mayoría ganadora; había sido ministra, alcaldesa y defensora. Había llegado a la política antes de cumplir los treinta años, con mucha energía, con ilusiones y con afán de tomar parte en los hechos y decisiones que permitieron alcanzar la democracia. Siempre tuve ánimo suficiente para cumplir los objetivos y conseguir las metas propuestas. Algún compañero de trabajo me decía que yo ponía el piloto automático en marcha y que era imparable. La verdad es que nunca me gustó dejar los proyectos a medias, los escritos sin concluir, las propuestas sin defender. Creo haber sentido la obligación del cumplimiento de lo que creía un deber o una promesa. Recuerdo que en el colegio nos decían aquello de «ante todo el deber; el deber siempre» y que, entonces, cuando lo repetían, nos reíamos.

El deber se sustenta en lo que una cree que es el suyo, y es muy posible que esa creencia acabe en un error que resulte perjudicial para alguien o para algo. Mi vida pública puede estar llena de errores, aunque creo no haber actuado con afán de machacar al adversario ni haberme ensañado con ninguno. También es posible que, de haberlo intentado, no lo hubiera conseguido.

He podido vivir desde joven en una democracia donde la soberanía reside en todo el pueblo, representado en las Cortes Generales, donde se toman decisiones que afectan a todos; he podido asistir y contribuir, en algo, al tránsito de un régimen de dictadura al Estado de derecho propio de una democracia.

Los años de aquella Transición estuvieron llenos de ilusiones y proyectos, aunque yo sé que fueron difíciles, que exigieron prudencia y, por otra parte, decisión y firmeza; que fueron muchas las personas que la hicieron posible, desde el Rey, el presidente Adolfo Suárez, aquéllos que redactaron las leyes, dirigentes de la oposición, entre ellos Felipe González y Santiago Carrillo, diputados y senadores que dieron sus votos afirmativos a los cambios legislativos hasta la inmensa mayoría de españoles, que acompañaron, entendieron las decisiones y quisieron la reconciliación entre todos.

También recuerdo muy bien que hubo huelgas y que la policía de entonces, vestida de gris, perseguía a los manifestantes; que hubo varios intentos de golpe de Estado; que hubo atentados terroristas, la mayoría llevados a cabo por la banda ETA, que causaron un inmenso dolor que siempre acompañará a las víctimas y a sus familias. Ahora quedan otras muchas cosas por hacer y decisiones que tomar porque la democracia siempre es imperfecta, y el paso del tiempo requiere cambios, pero permite lo que ningún otro sistema político: las reformas. Y, por encima de todo, tenemos la ley, la seguridad jurídica que tantos ciudadanos de otros países anhelarían tener.

Hoy, el rey Felipe VI es garantía de estabilidad en una nación que necesita de ella, como demuestra la historia del siglo XIX y de gran parte del XX. Ha sido, además, quien, investido de la máxima autoridad, ha solicitado el mantenimiento de la legalidad vigente cuando ésta se ha vulnerado, como ha sucedido recientemente desde el Gobierno de Cataluña.

La monarquía parlamentaria, que existe en países muy avanzados hacia los que miramos constantemente, supone un gran logro constitucional para hacer posible nuestra convivencia.

Cuando terminaba mi mandato de cinco años como defensora del Pueblo, me pregunté si no habría llegado el momento de abandonar la vida pública, de dejar de jugar un papel que me obligaba a estar en la primera línea todos los días, a instar a las administraciones a que hicieran o dejaran de hacer determinadas cosas, a decir lo que me parecía bien o mal de sus actos, a juzgar, a valorar. Me pregunté si no habría muchas personas que, conociendo mis años en la vida pública, se preguntarían, también, hasta cuándo seguiría yo en ella. Pensé un tiempo sobre todo esto y decidí, llegado el mes de julio de 2017, apartarme de su ejercicio.

Esta decisión se la comuniqué personalmente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su despacho de la Moncloa y, al decirle que sólo estaba allí para darle las gracias por haberme propuesto como defensora del Pueblo, me miró sonriente y me dijo que eran muy pocas «las personas que vienen a agradecer algo».

He querido recordar una parte de los años vividos en las distintas funciones que he desempeñado y, para ello, he escrito estos fragmentos de memorias que quieren ser un tributo o pequeño homenaje a todas las personas que hicieron posibles los hechos históricos de las mejores décadas de la historia de España. Y quiero dar cuenta de ello por si pudiera servir para informar a generaciones mucho más jóvenes.

Mi hermana mayor, Mariángeles, a la que debo mucho en mi vida y a la que siempre he sentido cerca, me preguntó cómo se llamaría el libro que escribía. No tenía yo título alguno, y ella me dijo: Años de soledad. Me quedé pensativa y concluí que ésa había sido la realidad, porque en momentos de los años de los que hablo en estas páginas me he encontrado muy sola; en algunos, rodeada de personas, pero sola en los más decisorios, sola con mis dudas y con mis pensamientos.

1. Soledad Becerril, a la izquierda, con sus padres, María y Enrique, y sus hermanos Mariángeles, Enrique y Juan Antonio. Madrid, 1945

2. El hemiciclo en la Legislatura constituyente, 13 de julio de 1977. Soledad Becerril está en el centro de la tercera fila.

3. Con el presidente Adolfo Suárez en 1977.

4. Un grupo de diputadas en el pasillo del Congreso: María Dolores Pelayo, Elena Moreno, Blanca Morenas, Carmela García-Moreno y Soledad Becerril.

5. Soledad Becerril y Víctor Carrascal, secretarios de la Mesa del Congreso. En segundo término los diputados Leopoldo Torres y José Bono, también secretarios de la Mesa del Congreso, noviembre de 1979.

6. Hablando con Francisco Fernández Ordóñez en el hemiciclo del Congreso en 1981.

7. Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sentada junto a José Bono, Soledad Becerril mira sorprendida al teniente general Tejero.

8. Toma de posesión como ministra de Cultura ante los reyes Juan Carlos y Sofía, 2 de diciembre de 1981.

9. Entrando en el palacio de la Moncloa para asistir al primer Consejo de Ministros, 4 de diciembre de 1981.

10. Soledad Becerril, única mujer del Consejo de Ministros. A su izquierda, José Luis Álvarez, ministro de Agricultura, y a su derecha el ministro de Sanidad, Manuel Núñez.

11. Con sus hijos, Sole y Gaspar, en Sevilla, verano de 1987.

12. Soledad Becerril, teniente de alcalde, saluda al papa Juan Pablo II en Sevilla, junio de 1993.

13. Grupo de mujeres del Comité Ejecutivo del Partido Popular en 1993. De izquierda a derecha en la segunda fila: Celia Villalobos, Loyola de Palacio, Teófila Martínez, María Jesús Sainz, Mercedes de la Merced, María Teresa Esteban y Luisa Fernanda Rudi. Sentadas en primera fila: Soledad Becerril, Rita Barberá e Isabel Tocino.

14. En su despacho del Ayuntamiento de Sevilla tras ser elegida alcaldesa, junio de 1995.

15. En Sevilla con su antiguo equipo del Ministerio de Cultura. De izquierda a derecha, Pilar Lladó, Soledad Becerril, Beatriz Rodríguez Salmones y Ángeles Alén, 17 de junio de 1995.

16. Reunión de alcaldes de las siete grandes ciudades: Bilbao (José María Gorordo), Málaga (Celia Villalobos), Barcelona (Pasqual Maragall), Sevilla (Soledad Becerril), Zaragoza (Luisa Fernanda Rudi), Madrid (José María Álvarez del Manzano) y Valencia (Rita Barberá). Madrid, 23 de enero de 1996.

17. Con el rey Juan Carlos en el pabellón de Sevilla en Arco, 1997.

18. Soledad Becerril con el presidente Manuel Chaves y el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín tras recibir la medalla de Sevilla, marzo de 2011.

19. En la inauguración de la plaza que lleva su nombre en Sevilla con su sobrina-nieta, nietos y el alcalde Juan Ignacio Zoido, noviembre de 2013.

20. Toma de posesión como defensora del Pueblo, 23 de julio de 2012.

21. Con sobrinas-nietas y nietos en la toma de posesión.

22. Audiencia con Juan Carlos I en julio de 2012.

23. Con el rey Juan Carlos un día antes de su abdicación el 19 de junio de 2014. De izquierda a derecha, Matilde Fernández, Soledad Becerril, el Rey, Rosa Conde y Ángeles Amador, todas ellas exministras.

24. Audiencia con el rey Felipe VI en La Zarzuela, septiembre de 2014.

25. Soledad Becerril junto a mujeres porteadoras en su visita a Melilla, mayo de 2015.

26. En el campo de refugiados de Zaatari (cerca de Amán, Jordania), octubre de 2015.

27. Con refugiados en el centro de tránsito de Kumanovo (Antigua República Yugoslava de Macedonia), febrero de 2016.

28. Intervención como defensora del Pueblo en el Congreso de los Diputados, marzo de 2016.

29. Familia Becerril Bustamante, diciembre de 2016.

30. Con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, entregándole estudios del Defensor del Pueblo en 2017.