A Milagros, catalana de la Cataluña que es
y española de la España que no pudo ser

PREFACIO

La esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a otra gente a que cambie.

AMOS OZ, Contra el fanatismo¹

Escribíamos ayer:

Pero España todavía no es como Francia. En este sentido, en los últimos años es perceptible la recuperación del proyecto de construcción de un país como Francia […]. Algo similar sucede con la creciente discusión sobre la recuperación de competencias en Educación por el Estado. Las propuestas en tal dirección, lejos de atender a la calidad del sistema educativo y al bienestar y cohesión de los españoles del futuro, sufren de una enfermiza obsesión por «reconducir» las particularidades lingüísticas y culturales que se expresan en los sistemas educativos. Al fin y al cabo, la lengua y la cultura constituyen espejos donde se refleja la diferencia, y la diferencia incomoda, y distorsiona a la homogeneidad. ¡Se hace tan difícil vivir en un mundo complejo!

Temas como éstos van a marcar la agenda de la política territorial en la España que viene, y me parece plausible que conduzcan a cambios en la dirección que la mayoría (o, en todo caso, una parte suficientemente decidida) de la sociedad española desea. El resultado puede acabar siendo un país como Francia, que probablemente habrá dejado de ser la España que hemos conocido.

Estas palabras fueron escritas el 15 de abril de 2010, y son el final de mi libro España, capital París. Son reflexiones previas a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, emitida el 28 de junio de 2010. Antes, también, de que los estragos de la crisis económica llevaran a algunos a pensar que lo que está pasando en Cataluña es un resultado del malestar con la economía. Tanto esa sentencia como la crisis económica han podido desempeñar un papel importante en el proceso político en que se encuentra Cataluña. Pero ni son el punto de arranque del mismo ni contribuyen decisivamente a explicar su profundidad e intensidad. Es un proceso que no desaparecería si pudiésemos, mágicamente, regresar a la década pasada. Además, ya no se puede.

Durante la década de 1990 y los primeros años de este siglo compatibilicé la actividad académica y la actividad política institucional. Tras una legislatura como diputado en las Cortes Españolas, en agosto de 2004 partí para una estancia de dieciséis meses en universidades estadounidenses, primero en Cornell y después en Harvard. Además de constituir una gran aventura familiar y profesional, me parecía muy saludable tomar un poco de distancia para intentar entender mejor qué estaba pasando en España, y qué estaba pasando en Cataluña con relación a España. Porque algunas cosas se habían torcido mucho, ya desde algún tiempo atrás, y para mí no estaba muy claro el porqué.

El año 2005 estuvo dominado en la política catalana por el proceso de elaboración de la reforma del Estatuto de Autonomía. No procede avanzar ya aquí mi interpretación sobre la razón de esa reforma, que dejo para el capítulo tercero. Sí es oportuno decir que, visto desde la distancia, que facilita que las ramas no impidan ver el bosque, el proceso llegó a encadenar toda una sucesión de despropósitos.

La reforma fue elaborada sobre el pilar de una promesa de quien sería después presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero («Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña»),² pronunciada en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de 2003. Con esta posición, Rodríguez Zapatero marcaba una clara distancia con las posiciones territoriales del todavía presidente del Gobierno, José María Aznar, que había puesto en marcha una vigorosa agenda de recentralización política desde 1999. Agenda que, aunque se haya obviado frecuentemente, sumió en el desconcierto al catalanismo político —en sus diferentes variantes— y lo situó a la defensiva en la cuestión de la organización territorial del Estado.

El proceso de elaboración de la reforma en el Parlamento de Cataluña tuvo muchos aspectos desconcertantes. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, en el Gobierno) y Convergència i Unió (CiU, en la oposición) se enzarzaron sobre la marcha en una carrera que acabó perdiendo el sentido de la orientación. El principal partido en el Gobierno catalán, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), entonces el del presidente autonómico Pasqual Maragall, llegó a estar muy incómodo con la reforma que el propio Maragall había impulsado. Tanto que al día siguiente de la aprobación de la reforma en el Parlamento (30 de septiembre de 2005), José Montilla, en ese momento ministro de Industria y principal autoridad orgánica del PSC, anunció la presentación de un bloque de varias decenas de enmiendas cuando se tramitase en el Congreso de los Diputados.

El Congreso acogió la reforma con un estado de ánimo indescriptible. Bueno, no del todo indescriptible, si atendemos a la forma en que, con su habitual locuacidad, Alfonso Guerra (presidente de la Comisión Constitucional) presumía en mayo de 2006, tras la tramitación en Cortes, de «haberse cepillado el Estatuto».³ Mientras tanto, el Partido Popular (PP) llevaba a cabo, desde el 31 de enero de 2006, una campaña popular de recogida de firmas contra el Estatuto. La campaña fue encabezada por el futuro presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y uno de sus hits más persuasivos en plazas y calles de toda España (excepto en Cataluña) fue el de «Écheme aquí una firmita contra Cataluña» [sic]. El ambiente, que ya venía muy enrarecido, se cargó mucho; demasiado.

Aquel otoño de 2005 pude disfrutar una primera lectura de algunos libros recientes sobre confianza en la sociedad y confianza en las organizaciones que Jack Donahue, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, tenía en su despacho, que estaba intercambiando con el mío durante su estancia de investigación en mi facultad en Barcelona. Las cosas comenzaron a adquirir algún sentido. La confianza es un elemento imprescindible para el funcionamiento adecuado, tanto de las relaciones entre personas como de las organizaciones; pero su estado se encontraba bajo mínimos, y cayendo, en las relaciones entre Cataluña y España.

Entiendo, y también comprendo, que emplear expresiones como el de «relación entre Cataluña y España» resulta incómodo, e incluso inapropiado para mucha gente. Pero una de las lecciones más impresionantes que se extraen de la revisión de los estudios sobre percepciones y actitudes en España, de lo que se ocupa el segundo capítulo de este libro, es la naturalidad con la que muchos españoles que consideran que Cataluña es de España, consideran también que Cataluña no es España. O, por ser incluso más preciso, que los catalanes no son españoles. Es pertinente precisar en este punto, y dejar precisado para el resto del libro, que España y Cataluña ni son ni me parecen ser sociedades monolíticas. Ambas tienen pluralidad interna, afortunadamente, y las referencias genéricas a una y otra deben entenderse siempre en términos de opiniones, percepciones o posiciones mayoritarias en una u otra.

España, capital París era el proyecto que estaba preparado emocional e intelectualmente para emprender en la segunda mitad de la década pasada. A pesar de la fe religiosa en las infraestructuras que se ha profesado, y en gran medida se sigue profesando, en España, existen otras cosas que tienen más importancia para el desarrollo de una sociedad moderna como la sanidad, la educación o la investigación. Lo que hace particular a las infraestructuras es que ofrecen la posibilidad de analizar de una forma relativamente fría y aséptica cuestiones importantes vinculadas a la construcción nacional. Además, son relativamente fáciles de entender.

Por ejemplo, desde hace ya mucho tiempo la incapacidad del Estado en España de hacer algo tan sencillo y normal como renunciar al control directo de los aeropuertos (algo que ha sucedido hace tiempo incluso en Francia) se ha convertido en un indicador claro de la imposibilidad de transformar la concepción dominante del Estado en aspectos mucho más relevantes y cruciales. Si no se puede confiar en la disposición del Estado para renunciar a poderes relativamente menores, ¿cómo se puede confiar en que reforme la propia esencia de su construcción nacional?

En los últimos años, diversos trabajos han ofrecido reflexiones interesantes y perspicaces que nos han ayudado a entender diferentes aspectos de problemas entre Cataluña y España. Me parecen de especial interés los de Juan José López Burniol, Enric Juliana, Carles Boix y Joan Ridao,⁴ entre otros.⁵ Ningún fenómeno social importante suele explicarse por un único factor, y la pluralidad de visiones e interpretaciones configura una explicación más rica y completa.

Llegó también el momento para que este nuevo proyecto, Anatomía de un desencuentro, fuese llevado a cabo. Este libro pretende contribuir a entender por qué el apoyo a la independencia ha aumentado de forma tan rápida e intensa en los últimos años. También dilucidar si se trata de un fenómeno coyuntural y transitorio, o si bien es estructural; es decir, si ha llegado para quedarse.

Para cumplir este objetivo, me parecía necesario rehuir el relativamente cómodo análisis de coyuntura centrado en el impacto de hechos o acontecimientos singulares significantes. Al fin y al cabo, una explicación del fenómeno centrada en una determinada sentencia del Tribunal Constitucional, en una determinada tasa de paro o en un determinado porcentaje de déficit de la balanza fiscal se parece demasiado a aquella Historia que nos explicaban hecha de fechas de casamientos de reyes o de batallas, pero sin llegar a entender por qué se habían producido los casamientos o las batallas. O las historias sobre hechos que, siendo gotas que desbordaron un vaso, no nos explicaban por qué el vaso se había llenado antes de llegar a desbordarse.

Si el objetivo era estudiar la anatomía del desencuentro entre Cataluña y España, el método a seguir debía ser la disección de los problemas nucleares en esa relación. Acometer un análisis forense parecía la mejor forma de entender por qué las cosas han llegado donde han llegado.

De ahí que para analizar estas cuestiones y canalizar mis reflexiones haya recurrido a las enseñanzas de diferentes disciplinas: la dinámica del conflicto entre grupos, en la psicología social; las consecuencias del conflicto en el funcionamiento de las organizaciones, en la teoría de organizaciones; los desarrollos más recientes sobre estas cuestiones a partir de los hallazgos en la neurobiología y la neuroeconomía.

Finalmente, el análisis de políticas, para poner en relación ámbitos problemáticos de la política pública con los conflictos nucleares de los que son un reflejo. Con esta faceta estaba ya más familiarizado, pues la economía y la ciencia política ofrecen conceptos y métodos útiles.

Los terrenos de análisis elegidos son los de la lengua y la política educativa, por su conexión directa con la identidad y las diferentes visiones de «nación» y de igualdad de derechos; el de las transferencias interregionales en España, por su directa relación con el efecto de la acción del Estado sobre el bienestar material de los ciudadanos y la equidad; y el de las infraestructuras, porque —por su gran plasticidad— nos puede ofrecer algunas metáforas relevantes sobre las oportunidades de futuro. Identidad y sentido de comunidad, bienestar material y equidad, y oportunidades de futuro: no se agota con ellas la agenda de problemas cruciales para cualquier comunidad, pero constituyen una selección suficientemente expresiva y relevante.

Mi conclusión central es que la acumulación de desconfianza mutua entre Cataluña y España supone un obstáculo de gran magnitud para el funcionamiento eficaz del Estado español como organización. La percepción recíproca de deslealtad y de falta de confianza es un impedimento para el diseño de proyectos de futuro compartidos; y sin éstos, no hay cohesión, y no hay futuro en común.

Este proceso ha tenido un especial impacto en los últimos años sobre los catalanes que más esperanzas y expectativas tenían puestas en la transformación de España de un Estado uninacional a un Estado plurinacional. El fracaso en el proyecto de transformación de España ha llevado a muchos de esos catalanes a apoyar la creación de un Estado propio. Además, se trata a mi juicio de un fenómeno estructural, porque sus raíces se hunden en una larga historia de desencuentros, de experiencias fallidas de colaboración. Y no existe, ni se va a generar, el nivel necesario de confianza para pensar que, si se intenta de nuevo, esta vez pueda ser diferente.

Germà Bel

Ithaca (Nueva York)

26 de julio de 2013

Capítulo 1

¿QUÉ HA PASADO EN CATALUÑA?

(Y ALGUNAS EXPLICACIONES FALLIDAS)

Mejor sería reducir a estos aragoneses por las armas que no sufrir la arrogancia de sus Cortes.

ISABEL LA CATÓLICA, su época¹

En los últimos años, de forma visible desde mediados de la década pasada, y de forma más acelerada desde 2010, se ha producido una caída abrupta de la satisfacción con el grado de autonomía en Cataluña, y un aumento de la intención de voto en un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña, que se sitúa constantemente por encima del 50 por ciento del total de encuestados desde 2012.

La idea central de este libro es que la principal explicación para esta dinámica es que una parte importante de la población catalana ha abandonado la visión de la reforma de España como una opción viable para lograr lo que ellos consideran un encaje aceptable de Cataluña en el marco del Estado español.

Para comenzar a elaborar esta explicación es imprescindible presentar un retrato lo más claro posible de cuál ha sido la evolución de la cuestión en los últimos años. A ello se dedica este capítulo, así como a discutir algunas explicaciones fallidas que se han ofrecido sobre las causas de tal dinámica. Entre ellas, son especialmente destacables las que enfatizan el hipotético adoctrinamiento de los niños y niñas catalanes por el sistema educativo autonómico, la extensión del nacionalismo cual epidemia que trastorna a una parte creciente de los catalanes, y el deseo de los catalanes de ser diferentes. Comencemos por aquello que conocemos.

¿QUÉ HA PASADO EN CATALUÑA?

En Cataluña han pasado muchas cosas, como en tantos otros lugares. La más prominente, sin duda, es el advenimiento de la crisis económica, cimentada sobre un intenso crecimiento económico con pies de barro en la década previa. En 2008, el Producto Interior Bruto (PIB) decreció un 0,2 por ciento. La crisis se acentuó en 2009, con una caída del PIB del 4,2 por ciento. En los años siguientes, el crecimiento fue extremadamente modesto, y la economía catalana volvió a caer en 2012, como lo hace también en 2013. La principal y más grave consecuencia de esta evolución ha sido el aumento del desempleo. Si el año 2007 se cerró con una tasa de paro del 6,6 por ciento, según la Encuesta de Población Activa, en 2013 la tasa de paro había superado el 24 por ciento.² El aumento del desempleo se ha cebado en el sector privado de la economía, pero también han sido notables los efectos sobre el sector público, tanto en términos de contratación de personal, como de sueldos y de servicios ofrecidos a los ciudadanos.

Los efectos del aumento del paro sobre la sociedad catalana han sido demoledores, con consecuencias dramáticas sobre todo para aquellas familias —y son muchas— que se han quedado sin miembros con ingresos regulares.

Claro que muy pocos pueden pensar que esto sea la respuesta a la pregunta «¿qué ha pasado en Cataluña en los últimos años?». Porque es algo sustancialmente similar a lo que ha sucedido en España y en otros países del Sur de Europa. Son, desde luego, problemas muy importantes y urgentes, y a ellos he dedicado la mayor parte de mis reflexiones en medios de comunicación en los últimos años.³ Pero no procede extendernos ahora más en ellos, pues no se halla aquí la respuesta a la pregunta que nos ocupa. Por tanto, no son el objetivo central de esta reflexión.

Si algo ha caracterizado y distinguido la vida social y política en los últimos años en Cataluña ha sido la eclosión del debate sobre la soberanía. Es decir, la idea de que son los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña quienes deben decidir su futuro. También sobre la posible transformación de sus instituciones hacia una estructura estatal diferente. Algunos datos sobre la opinión de los catalanes son indicadores claros de esta dinámica.

La (in)satisfacción con el nivel de autonomía

En primer lugar, la trayectoria de la opinión sobre el nivel de autonomía de Cataluña muestra un crecimiento acelerado de la insatisfacción, como muestra el gráfico 1.1.⁴ A finales de 2006, tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, el porcentaje de catalanes que opinaban que el nivel de autonomía era insuficiente era el 50 por ciento, pero a principios de 2013 este porcentaje había superado el 70 por ciento. Por el contrario, el porcentaje de catalanes que opinaban que el nivel de autonomía era suficiente había caído desde alrededor del 40 por ciento en 2006, hasta por debajo del 20 por ciento en 2013. Mucho más estable se había mantenido el peso de quienes opinan que había demasiada autonomía y de quienes no saben/no contestan, ambos en porcentajes muy bajos.

GRÁFICO 1.1

Valoración del nivel de autonomía en Cataluña

Fuente: Centre d’Estudis d’Opinió.

Preferencias constitucionales en Cataluña⁵

Esta evolución de la opinión sobre el nivel de autonomía de Cataluña ha ido en paralelo a un cambio acusado en las preferencias constitucionales (preferencias sobre la organización política de Cataluña), como se aprecia claramente en el gráfico 1.2 (la tabla 1.A.1, en el Apéndice de este capítulo, muestra toda la serie de datos).⁶

En 2005, la preferencia por Cataluña como una comunidad autónoma de España era la más alta, con porcentajes alrededor del 40 por ciento, seguida de cerca por la preferencia de Cataluña como un Estado dentro de una España federal, cuyo apoyo oscilaba entre el 30 y el 35 por ciento. Muy por debajo, alrededor del 14 por ciento de los catalanes expresaban preferencia por un Estado independiente. Por debajo del 10 por ciento se situaban los partidarios de que Cataluña sea una región de España, y los que no saben/no contestan. A mediados de 2013, el cuadro había cambiado acusadamente. Los partidarios de un Estado independiente habían ascendido a casi la mitad, un nivel de apoyo que era similar a la suma del resto de preferencias explícitas.⁷

Entre el resto de preferencias, los partidarios de un Estado dentro de una España federal y los partidarios de que Cataluña sea una comunidad autónoma de España se situaban alrededor del 20 por ciento. Muy por debajo quedaban los catalanes que no sabían/no contestaban, y los que preferían que Cataluña sea una región de España. En suma, las preferencias por un Estado independiente se han multiplicado casi por tres, provocando un retroceso notable del resto de opciones, especialmente de la de una comunidad autónoma de España, y, en menor medida, de la opción de un Estado dentro de una España federal.

GRÁFICO 1.2

Preferencias constitucionales en Cataluña

Fuente: Centre d’Estudis d’Opinió.

La evolución de las preferencias de los catalanes respecto a la organización territorial de Cataluña contrasta de forma vívida con la evolución experimentada en España en el mismo período por lo que respecta a las preferencias sobre la organización territorial. Los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, Gobierno de España) ofrecen los datos que se presentan en el gráfico 1.3.⁸ El mantenimiento de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) en su forma actual retrocede con fuerza, desde alrededor del 55 por ciento hasta un escaso 30 por ciento. Esta caída tiene como correlato el aumento de los partidarios de un Estado central sin autonomías, que asciende en el período desde el 10 por ciento al 24 por ciento. El otro factor principal que parece asociado a la caída del porcentaje de apoyos a la situación actual es la introducción —a partir de 2012— de la opción de reducir la autonomía de las CC. AA. En dirección contraria, retroceden muy intensamente las opiniones favorables al aumento de la autonomía de las CC. AA., y crece de forma muy ligera el apoyo al reconocimiento de la posibilidad de independencia.

En suma, la comparación entre la evolución de las preferencias de organización territorial en Cataluña y en España muestra un camino radicalmente opuesto. En Cataluña se produce un ascenso vertiginoso de la preferencia por un Estado independiente. Por el contrario, en España se produce un fuerte ascenso de las preferencias por la recentralización, sea ésta, o bien en forma de centralización total, o bien en forma de reducción del nivel de autonomía. Se produce también un ligero aumento de la preferencia por el reconocimiento de la independencia, probablemente explicable por el aumento de esta opción en Cataluña.

De hecho, el contraste entre Cataluña y España sería todavía más agudo si de los datos de España se sustrajesen los correspondientes a Cataluña. Eso sí, una similitud entre ambos ámbitos parece también meridiana: tanto en Cataluña como en España se debilitan aceleradamente las preferencias por la preservación del statu quo.

GRÁFICO 1.3

Preferencias sobre organización territorial en España

Nota: Para 2012 y 2013 se ha obtenido el promedio de las oleadas en que se registró esta pregunta. La opción «CC. AA. con menor autonomía» sólo se ofrece como respuesta a partir de 2012.

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas.

La declaración de intención de voto en un hipotético referéndum sobre la independencia

Mucho más recientemente, desde mediados de 2011, el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, Generalitat de Cataluña) incluye entre sus preguntas la actitud que adoptarían los entrevistados en la eventualidad de la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Las sucesivas oleadas del barómetro ofrecen los resultados que presenta el gráfico 1.4, y que se recogen en la tabla 1.A.2, en el Apéndice a este capítulo.⁹

En los primeros barómetros que preguntaban explícitamente por un referéndum, en 2011, el apoyo a la opción de la independencia se situaba algo por encima del 40 por ciento. Este porcentaje crece hasta situarse por encima del 50 por ciento a partir de mediados de 2012. Por el contrario, la opción por el voto contrario se reduce desde casi el 30 por ciento hasta algo por encima del 20 por ciento, y una trayectoria similar muestra la opción «se abstendría/no iría a votar», que desciende desde el 23 por ciento al 15 por ciento. Por último, cabe señalar la estabilidad de la respuesta «no sabe/no contesta».

GRÁFICO 1.4

Actitudes en Cataluña ante un referéndum por la independencia

Fuente: Centre d’Estudis d’Opinió

No es posible comparar estos resultados con resultados recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas, pues este organismo no acostumbra a incluir esta pregunta a los entrevistados catalanes en sus barómetros periódicos. La última referencia explícita a esta cuestión en encuestas del CIS la encontramos en 2001, con la pregunta «Personalmente, ¿estaría usted a favor o en contra de que Cataluña fuera independiente?». Los resultados eran 36 por ciento a favor, 48 por ciento en contra, y 16 por ciento «no sabe/no contesta». Por tanto, carecemos de la posibilidad de contrastar la dinámica actual por comparación entre las encuestas de ambos organismos, posibilidad que sí teníamos al analizar las preferencias por el modelo de organización territorial o el sentimiento de pertenencia.¹⁰

La pregunta sí ha sido formulada en encuestas realizadas para diferentes medios de comunicación, especialmente en 2012. Los resultados para el apoyo a la independencia en las encuestas de medios de comunicación realizadas en tal año¹¹ se situaban entre el 49,5 por ciento y el 57 por ciento. El resto de las respuestas se dividía entre los votos en contra, y los «se abstendría/no iría a votar, no sabe/no contesta».

Toda esta serie de datos revelan que en los últimos años se han producido cambios importantes en las actitudes y opiniones de muchos ciudadanos de Cataluña sobre la organización territorial de España, y sobre el estatus institucional de la propia Cataluña. Tales actitudes y opiniones han evolucionado en forma opuesta a la evolución registrada en España sobre la organización territorial. Y, entre los cambios más significativos acaecidos en Cataluña, destacan el aumento de la preferencia por un Estado independiente como forma de organización territorial, y el aumento de la intención de voto favorable a la independencia en la eventualidad de la celebración de un referéndum.

Es procedente observar que existe una diferencia significativa entre la preferencia estricta por una Cataluña independiente (cuando ésta se elige entre cuatro alternativas posibles) y la preferencia restringida (cuando las únicas alternativas disponibles son la independencia o el statu quo). Que la preferencia sea restringida implica que para algunas personas su elección no será la óptima, sino la «segunda mejor». Como se puede apreciar si se comparan los gráficos 1.2 y 1.4, la preferencia estricta se ha situado habitualmente entre diez y quince puntos porcentuales por debajo de la preferencia débil (intención de voto en referéndum), aunque esta brecha tiende a reducirse. Explicar por qué existe esta diferencia y qué significa es uno de los objetivos centrales de esta reflexión, a la que retornaremos más adelante.

IDENTIDADES NACIONALES DE LOS CATALANES

La definición más sencilla y operativa del concepto de nación afirma «que es un grupo de gente que cree que es una nación; y puede muy bien pasar que tras realizar todo el refinamiento analítico al respecto, ésa sea la afirmación definitiva».¹² Esto implica que un grupo social deviene nación cuando sus componentes se perciben a sí mismos de tal forma, y están dispuestos a partir de esa percepción a perseguir sus intereses y emprender acciones que pueden ser costosas e implicar sacrificios.¹³

La identidad nacional no depende de la existencia de reconocimiento externo y no puede ser establecida por grupos externos. De la misma forma, la identidad nacional de un grupo social no puede ser eliminada por el simple hecho de que su estatus nacional no les conviene a otros.¹⁴ Es un ejercicio estéril decirle desde un grupo externo a un grupo con identidad nacional que su identidad no está justificada, que no puede ser una nación.¹⁵ Y también es estéril el recurso al argumento de manipulación en masa o seguidismo de grupos de interés privado; esto sólo revela una patética incapacidad de comprender la situación de quien usa tales argumentos.

Por tanto, en este marco la cuestión pertinente es si los catalanes se consideran a sí mismos, con un alto grado de consenso,¹⁶ como un grupo nacional.

Una primera pista nos la ofrecen (1) la consideración establecida en el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación»; y también (2) la Declaración de Soberanía y el Derecho a Decidir del pueblo de Cataluña, aprobada (una vez más) por el Parlamento catalán en enero de 2013, con 85 votos a favor y 41 en contra.

Por supuesto, no afecta a la consideración que aquí se realiza el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado, en su sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto, que el término «nación» empleado en el preámbulo del Estatuto carece de eficacia jurídica interpretativa,¹⁷ ni que se haya presentado un recurso contra la declaración de soberanía.

Lo que es relevante aquí es la expresión de voluntad ampliamente mayoritaria de los catalanes reflejando su identidad nacional. Estas declaraciones formales de una amplia mayoría parlamentaria, del 89 por ciento de los parlamentarios catalanes en 2005, y de 2/3 en 2013, es acorde con la expresión por los catalanes de su sentimiento de pertenencia, y los cambios experimentados en el mismo, que se pueden observar en el gráfico 1.5.¹⁸

La opción «tan español/a como catalán/a» recogía un 42 por ciento de las respuestas en 2006, y desciende hasta al 36 por ciento a mediados de 2013, si bien continúa siendo la respuesta individual que obtiene más apoyo. La respuesta «únicamente catalán» se duplica en el período, pasando del 14 por ciento al 31 por ciento. Mucho más estable es el peso de la respuesta «más catalán que español», en el 26 por ciento. Por su parte, el peso de las respuestas «únicamente español» y «más español que catalán» cae desde porcentajes bajos hasta otros aún más inferiores, alrededor del 3 por ciento.

Para interpretar estos resultados resulta útil el concepto de «identidad comparativa»,¹⁹ definido como la identificación con dos categorías a diferentes niveles de inclusión.²⁰ Por ejemplo, y en nuestro contexto, para quienes se identifican como catalanes esta categoría será más prominente si al mismo tiempo no se identifican o se identifican poco con España. Por el contrario, para quienes se identifican como españoles esta categoría será más prominente si se identifican nada o poco con Cataluña.²¹

GRÁFICO 1.5

Sentimiento de pertenencia declarado por los catalanes (CEO)

Fuente: Centre d’Estudis d’Opinió

Las opiniones que agregan preferencia exclusiva o superior por el sentimiento de pertenencia catalán, es decir, una identidad catalana prominente, suman el 57 por ciento, mientras que las que expresan preferencia exclusiva o superior del sentimiento de pertenencia español agregan el 6 por ciento. En medio se sitúa el 36 por ciento de respuestas «tan español como catalán», que expresan una identidad comparativa neutral.

Para la misma pregunta sobre el sentimiento de pertenencia de los catalanes también disponemos de una serie histórica de datos recogidos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, presentados en el gráfico 1.6,²² que ofrecen unos resultados sustancialmente similares a los de CEO en lo cuantitativo, e idénticos en la dinámica. Procede notar que las muestras para Cataluña en los barómetros del CIS son poco más de la mitad que las muestras de los barómetros del CEO.

GRÁFICO 1.6

Sentimiento de pertenencia declarado por los catalanes (CIS)

Nota: Para los años en que existe más de un barómetro que formula la pregunta (2006, 2010 y 2012) se ha computado el promedio de los barómetros de ese año. Se ha computado en 2012 el barómetro del CIS de febrero de 2013, pues el trabajo de campo se hizo en 2012.

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Habida cuenta de las características de la identidad comparativa en Cataluña, parece innegable la existencia de un amplio consenso entre los catalanes, en la existencia de una identidad nacional catalana, de la consideración de Cataluña como nación, tal y como han declarado por amplia mayoría y en reiteradas ocasiones los parlamentarios catalanes.

¿POR QUÉ AUMENTA EL APOYO A LA INDEPENDENCIA EN CATALUÑA? ALGUNAS EXPLICACIONES FALLIDAS

Siempre se puede insistir en que el término «nacionalismo» debe restringirse a las creencias de «otros». Cuando hablamos de nuestras «creencias», se pueden preferir otros términos diferentes, como «patriotismo», «lealtad» o «identificación social». Estos términos destierran la palabra «nación», y con ella el espectro del «nacionalismo», al menos por lo que respecta a «nuestras» adhesiones e identidades. El problema es que estos términos pasan por alto el objeto al que se muestra «lealtad» o «identificación»: el Estado-nación.

MICHAEL BILLIG,
Banal Nationalism

Me parece interesante discutir ahora algunas de las explicaciones que se han formulado frecuentemente en el debate público y político en España para explicar el avance del apoyo a la independencia en Cataluña. Las más destacadas son: (1) el adoctrinamiento realizado sistemáticamente por el sistema educativo catalán; (2) la extensión del «virus» del nacionalismo entre los catalanes; y (3) el deseo de los catalanes de ser diferentes.

¿Aumenta el apoyo a la independencia como consecuencia del adoctrinamiento del sistema educativo?

En primer lugar, y expresada aquí con la misma claridad con que se expresa a menudo en el debate político y social, nos encontramos con la idea de que el aumento del apoyo a la independencia sería la consecuencia de un adoctrinamiento sistemático ejecutado por el sistema educativo catalán sobre los niños y niñas en las escuelas. Una sencilla búsqueda por internet con los términos «adoctrinamiento», «educativo» y «Cataluña» (o «catalán») nos ofrece una muestra bien clara de la gran frecuencia con que se alude a esta hipótesis para explicar la evolución de las actitudes y las opiniones de los catalanes.

Sería demasiado extenso y reiterativo revisar con detalle la evidencia al respecto. Pero, por su alta significación, sí me parece procedente comentar lo que se ha convertido en ejemplo paradigmático de esta explicación.

El 1 de octubre de 2012, en una entrevista en Telemadrid, canal de televisión de la Comunidad Autónoma de Madrid, el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert declaraba que «hay algunas evidencias que relacionan el crecimiento del sentimiento independentista en algunas comunidades con la dirección que ha llevado el sistema educativo».²³ Pocos días después, el 10 de octubre, el diputado del grupo parlamentario socialista Francesc Vallès interpelaba al ministro con la pregunta: «¿De verdad considera, señor ministro, que hay evidencias que relacionan el crecimiento del independentismo en Cataluña con su sistema educativo?».²⁴

En su respuesta, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, tras ratificarse en su apreciación sobre el sistema educativo catalán, añadía: «Pues sí, nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes».²⁵

¿Está en lo cierto el ministro, y por extensión el Gobierno de España? ¿Se inculca independentismo a los niños en las escuelas catalanas? Mi experiencia personal, después de la escolarización desde P-4 a 5.º de primaria de mi hijo en una escuela pública de la ciudad de Barcelona, el CEIP Diputació, me indica lo contrario. Pero se podría pensar que mi sensibilidad hacia el adoctrinamiento de mi hijo es baja (aunque debo dejar constancia de lo ofensiva que resulta la acusación de permitir el adoctrinamiento de mi hijo, tanto para mi familia como para los excelentes maestros y maestras que ha tenido). Y, en todo caso, no se puede dar a una experiencia individual significación general.

En la práctica, la afirmación de que existe adoctrinamiento independentista en las escuelas catalanas no admite fácilmente una respuesta empírica, pues el propio concepto de «adoctrinamiento» es elusivo y poco susceptible de corroboración vía evidencia sistemática.

Sin embargo, sí es posible evaluar empíricamente el argumento del ministro cuando relaciona el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña con el sistema educativo. En términos de investigación de ciencias sociales, la hipótesis Wert a contrastar (Hw) sería la siguiente:

Hw: El aumento del apoyo a la independencia será significativamente más pronunciado entre los catalanes escolarizados después de que el Gobierno central perdió el control de la gestión del sistema educativo.

Una base empírica para comenzar a analizar la hipótesis del adoctrinamiento nos la proporcionan los cuatro últimos (hasta la fecha) barómetros realizados por el CEO, puesto que a partir de mediados de 2012 se incluye la desagregación por grupos de edad de la intención de voto ante un hipotético referéndum de independencia en Cataluña. Para no abrumar al lector con una profusión innecesaria de datos, y para dar mayor estabilidad a los resultados del sencillo ejercicio empírico, se han computado las medias aritméticas para cada opción, a partir de los datos de los barómetros de junio y de octubre de 2012, y enero y junio de 2013. El ejercicio puede ser replicado por cualquier lector, pues el acceso a los resultados de los barómetros es público. La tabla 1.1 presenta los resultados.

El único elemento adicional que se precisa para efectuar el análisis es recordar que, con respecto a la educación primaria y secundaria obligatoria, (1) el grupo de 18 a 34 años ha tenido toda su escolarización con el sistema educativo autonómico; (2) en el grupo de 35 a 49 años coexisten personas que han tenido toda su escolarización en el sistema autonómico con personas que fueron completamente escolarizadas bajo el sistema central; (3) el grupo de 50 a 64 años tuvo toda su escolarización con el sistema centralizado; (4) el grupo de mayores de 64 años ha tenido, en su práctica totalidad, su escolarización con el sistema central, excepto una franja superior muy pequeña, que comienza hacia los 85 años, escolarizada en la Segunda República o incluso antes.

TABLA 1.1

Intención de voto en un referéndum de independencia en Cataluña (en porcentaje)

Nota: El valor para Población total y para cada Grupo de edad es el promedio de los obtenidos en los barómetros de junio y octubre 2012, y enero y junio de 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió

Es evidente que, hasta ahora, la hipótesis del ministro no sale muy bien parada a la vista de los resultados obtenidos. El apoyo declarado al voto a favor de la independencia es hegemónico en todos y cada uno de los grupos de edad, tanto en los educados en democracia (sistema autonómico) como en los educados bajo el franquismo y en la transición a la democracia. La intención de voto favorable entre los más jóvenes es menos de 3 puntos porcentuales mayor que entre la población total (un 5 por ciento superior).

La intención de voto negativo en el grupo de menor edad es el mismo que en la población total. De hecho, los más jóvenes presentan una intención de voto contraria igual que la de los mayores de 64 años. Si bien es probable que la mayor frecuencia de la respuesta «no sabe/no contesta/otras», entre los mayores, sesgue ligeramente a la baja —en términos comparativos— su intención de voto negativo, y también el positivo en algún grado. Se sostiene en ocasiones que la intención declarada de voto negativo es un predictor sesgado a la baja del voto negativo en caso de celebración real de un referéndum, pues el voto negativo absorbería una gran proporción de quienes no declaran una intención explícita de voto. Pero esto, de ser cierto, no alteraría de forma relevante la evidencia general que indica escasa variabilidad entre generaciones, dadas las limitadas diferencias intergeneracionales en el voto no declarado. En el gráfico 1.7 se puede apreciar con gran claridad.

GRÁFICO 1.7

Actitudes en Cataluña ante un referéndum por la independencia, por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió de junio 2012 y octubre 2012, y enero y junio de 2013.

El asunto de la influencia de la edad en el apoyo a la independencia ha sido analizado con instrumental estadístico más sofisticado en varios estudios, que han usado como materia prima los datos de base de los barómetros del CEO, entre los que destacan el de Jordi Muñoz y Raül Tormos,²⁶ y el de Sebastià Prat.²⁷

El análisis de Muñoz y Tormos estudia los factores que explican el apoyo a la independencia en Cataluña, tomando como base de datos el barómetro del CEO de junio de 2012. Los autores usan técnicas de regresión multivariante que toman en cuenta diversas variables explicativas, entre las que destacan las relacionadas con la identidad nacional, las de tipo «instrumental» (como las motivaciones económicas) y características objetivas del individuo, como, por ejemplo, su edad. Sus resultados indican una influencia positiva y significativa de la identificación nacional catalana y de las motivaciones económicas. Sin embargo, la edad no tiene influencia sobre el apoyo a la independencia, ni por su dimensión ni por su (ausencia de) significación estadística.²⁸

El trabajo de Prat presenta el interés de analizar los factores que explican el apoyo a la independencia en 2012, y compararlos con los factores que lo explicaban en 2005. Los resultados que obtiene Prat mediante su análisis empírico señalan que entre 2005 y 2012 la identificación nacional catalana desempeña un papel predominante como factor para explicar el aumento del apoyo a la independencia. Como en el caso anterior (y como en nuestro gráfico 1.5) el grupo de edad más joven de 18 a 34 años presenta un nivel de apoyo algo más alto que los grupos de mayor edad (que no siempre alcanza significación estadística). Y es interesante observar cómo se reduce la diferencia en el apoyo a la independencia entre el grupo de menor edad y el grupo de mayor edad, el de los mayores de 64 años.²⁹

Con todo, hasta ahora hemos observado que los datos disponibles señalan que el apoyo declarado a la independencia es hegemónico en todos los grupos de edad, y marginalmente superior en el grupo más joven. Una perspectiva más amplia y definitiva para la evaluación de la hipótesis del ministro, la atribución del auge de la preferencia por la independencia al adoctrinamiento del sistema educativo autonómico, se puede obtener a partir del trabajo de Roger Civit.³⁰ En este estudio se usa una base de datos temporal más larga, formada por las encuestas realizadas desde 1991, por el Institut de Ciències Polítiques i Socials, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En este caso, la pregunta de referencia no es la de la decisión de voto en un referéndum (que sólo se introdujo muy recientemente, por lo que no permite observar la evolución desde inicios de los años noventa). La cuestión formulada es la elección entre (1) una región de España, (2) una comunidad autónoma, (3) un Estado dentro de una España federal y (4) un Estado independiente. El análisis se centra en la influencia de los factores relacionados con la identidad nacional, los instrumentales y la edad/generación. Además de la habitual influencia de identidad nacional y de motivos instrumentales, se observa, como es habitual, que la preferencia por la independencia es mayor cuanto menor es la edad del encuestado. Y, lo que es más importante para nuestro caso, que la diferencia entre los grupos de edad se ha reducido en los últimos años.³¹

El estrechamiento en las diferencias de apoyo a la independencia se hace muy claro si se observa la evolución de posición por grupos de edades, disponible en los tres últimos barómetros del CEO, como se mencionó antes. La tabla 1.2 recoge la evolución del apoyo declarado a la independencia en el caso de celebración de un referéndum. El aumento del voto favorable es más intenso en el grupo de personas de más de 64 años, seguido del de 50 a 64 años. En ambos, el aumento del apoyo a la independencia es más intenso que en el caso de los catalanes educados íntegramente bajo el sistema autonómico, incluidos en el grupo de 18 a 34 años, y de los educados parcialmente bajo el sistema autonómico, de 35 a 49 años.

TABLA 1.2

Intención de voto en un referéndum de independencia en Cataluña (en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del CEO.

Todavía más claras aparecen las cosas a la luz de los datos incluidos en la tabla 1.3, que refleja la evolución de la preferencia por un Estado independiente cuando se pide elegir entre una de cuatro opciones: (1) región de España, (2) comunidad autónoma, (3) Estado en una España federal, y (4) Estado independiente. La reducción de diferencias entre grupos de edad es aquí asombrosa. La preferencia por un Estado independiente aumenta más del 50 por ciento en los dos grupos de mayor edad, mientras que el aumento en el grupo de menor edad es algo más del 20 por ciento.

TABLA 1.3

Preferencia por un Estado independiente (porcentaje) al escoger entre cuatro opciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del CEO.

GRÁFICO 1.8

Evolución del apoyo a la independencia ante un referéndum en Cataluña, por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió, de junio y octubre de 2012, y enero y junio de 2013.

Los gráficos 1.8 y 1.9 dan una idea más plástica de los cambios comentados.

La explicación del auge del apoyo a la independencia por el adoctrinamiento del sistema educativo catalán, la hipótesis del ministro y su Gobierno, choca de frente con la realidad vista desde la perspectiva de la evidencia disponible. En primer lugar, porque el apoyo (declarado) a la independencia es mayor en todas las franjas de edad, también entre los educados en el sistema educativo del franquismo. ¡Vaya ironía; serán cosas del nacionalismo! Segundo, y más importante, porque confunde el volumen con la velocidad: en los últimos años, el apoyo a la independencia ha crecido más en los segmentos de mayor edad que en los más jóvenes. Por tanto, el auge del independentismo no puede explicarse por el adoctrinamiento del sistema educativo autonómico.

Otra vez, esto no dilucida la hipotética cuestión sobre si existe adoctrinamiento o no; pero está claro que, de existir, habría sido bastante incompetente e ineficaz. O quizá, en la medida en que el ministro de Educación, Cultura y Deporte postula el uso del sistema educativo para satisfacer su interés en «españolizar a los alumnos catalanes» [sic], se trata simplemente de que el señor ministro considera que todos son de su misma condición.

GRÁFICO 1.9

Evolución de la preferencia por la independencia entre varias preferencias constitucionales posibles, por grupos de edad

Fuente: Elaboración propia a partir de los barómetros del Centre d’Estudis d’Opinió, de junio y octubre de 2012, y enero y junio de 2013.

¿Es el «virus del nacionalismo» la causa del aumento del apoyo a la independencia en Cataluña?

Los estudios empíricos comentados anteriormente coinciden en encontrar una influencia importante de la identidad nacional catalana en el apoyo a la independencia. Por tanto, ¿podría ser cierto que lo que pasa en Cataluña se explique por el influjo de la extensión del nacionalismo, cual virus epidémico que exalta al propio grupo y posterga a los ajenos?

Para evaluar empíricamente este argumento no disponemos de respuestas demoscópicas a preguntas del tipo «¿Se ha convertido usted al nacionalismo?» o «¿Se ha dejado usted manipular por la élite burguesa de Cataluña?». Pero, afortunadamente, el barómetro de enero de 2013 del Centre d’Estudis d’Opinió proporciona evidencia demoscópica muy útil porque arroja luz sobre la cuestión.

La tabla 1.4 presenta las principales motivaciones enunciadas por los encuestados que declararon que votarían, o bien a favor, o bien en contra en un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Se han incluido en la tabla las seis respuestas más frecuentes en cada caso. La elección de este número de corte obedece a que esto permite la inclusión de todas las respuestas netamente relacionadas con la identidad nacional en ambos casos. Las respuestas restantes y su frecuencia se pueden consultar en el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió, disponible en la página web de este organismo.

Pues bien, si tomamos en cuenta las respuestas que son explícita y abiertamente identitarias en la tabla, la identidad nacional fue enunciada como motivación por la mitad de los encuestados, que afirman que votarían en contra de la independencia, pero los motivos identitarios son aducidos por menos de un cuarto de los que afirman que votarían a favor. ¿Debemos concluir a partir de esto que el nacionalismo como motivo del voto tiene el doble de peso en el caso del voto negativo? Y, por tanto, ¿sería el nacionalismo «negativo», el del statu quo, un obstáculo al aumento del apoyo a la independencia?

Pues no necesariamente. Ni tampoco la aún menos plausible interpretación, a la vista de la evidencia empírica, de atribuir al aumento del nacionalismo el auge del apoyo a la independencia. Estas interpretaciones adolecen de un defecto fundamental: la identificación entre los conceptos de «identidad nacional» y «nacionalismo». El concepto de «identidad» expresa el sentimiento de pertenencia a una colectividad, y se encuentra definido (definición aplicable a identidad nacional) en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española como «Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás». El concepto de identidad nacional puede definirse como «un sentimiento colectivo basado en la creencia de pertenencia a la misma nación y de compartir la mayoría de atributos que la hacen diferente de otra nación».³² Por su parte, el concepto «nacionalismo» se define como: «Ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas».

TABLA 1.4

Principales motivaciones para justificar el voto en un referéndum de independencia (en porcentaje)

Nota: Las preguntas en el cuestionario eran para respuesta espontánea y admitían más de una contestación.

Fuente: Barómetro de enero de 2013, Centre d’Estudis d’Opinió.

«Identidad nacional» y «nacionalismo» son categorías que operan en dimensiones distintas, y olvidarlo induce a menudo a confusión: «Denominar nacionalismo a una identidad o a un lazo explica poco por sí mismo».³³

Pero quizá este argumento sea tan sólo una distinción nominalista, y además esto ni es (ni podría ser) un tratado autoritativo de ciencia política. Quizá todo sea más sencillo, y refleje los otros dos significados (primero y tercero) que el diccionario de la Real Academia Española atribuye al término «nacionalismo»: «(1) apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece, y (3) aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores». Claro, que si seguimos esta ruta llegamos a un desenlace trivial: ¿quién no tiene apego a la nación de la que es natural, y a la que pertenece (es decir, respecto de la que siente «identidad nacional»)? ¿Quién no aspira a que su «nación» tenga una cierta independencia de órganos rectores? Haberlos los habrá, por supuesto, pero son números contados.

El énfasis recurrente en atribuir al nacionalismo el auge del apoyo a la independencia de Cataluña es una muestra bien expresiva de nacionalismo banal. «Banal» debe entenderse aquí en el sentido de «común», entre los distintos significados que puede tener el término en castellano, según el diccionario de la Real Academia Española.

Este concepto de «nacionalismo banal» ha tenido un gran impacto en la ciencia política a partir de su proposición por Michael Billig en Banal Nationalism.³⁴

Billig sostiene que en las naciones establecidas, las que tienen confianza en su continuidad, se produce un recordatorio permanente a los ciudadanos de su carácter de nación. Sin embargo, sus dirigentes políticos no son denominados «nacionalistas», aunque la nación proporciona el marco continuo para sus discursos políticos, para la producción cultural, etcétera. A sus ciudadanos se les recuerda permanentemente mediante pequeños detalles su posición nacional en un «concierto de naciones», pero este recordatorio es tan familiar y continuo que no se registra conscientemente como tal. La dimensión nacional se vive con naturalidad, expresada en multitud de actos cotidianos. De ahí que sea un nacionalismo banal, es decir, común y cotidiano.

En términos más directamente aplicables al objeto de reflexión en estas páginas, el nacionalismo banal tiene consecuencias relevantes al tratar del sentimiento de identificación nacional en las nacionalidades subestatales, como explica con precisión José Luis Sangrador García, profesor de Psicología en la Universidad Complutense, y autor de varios trabajos importantes sobre estereotipos regionales en España, que ocuparán nuestra atención más adelante:³⁵

Cuando los ciudadanos de estas «pequeñas» nacionalidades hacen gala de una fuerte identificación «nacional», pueden ser tachados de «nacionalistas» por los grandes Estados-nación, que no parecen entender que ellos mismos no son otra cosa sino un producto histórico del nacionalismo. De este modo, y como advierte Billig (1995), el nacionalismo propio se presenta por el Estadonación como una fuerza cohesiva y necesaria bajo la etiqueta de «patriotismo», mientras que el nacionalismo «ajeno», más aplicado a las nacionalidades subsumidas en tales Estados fuertes, se presenta como una fuerza irracional, peligrosa y etnocéntrica.³⁶

¿Les suena? Regresemos a nuestro entorno inmediato. Se ha mencionado anteriormente la intervención del ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso de los Diputados, en octubre de 2012, en la que éste expresaba, en nombre del Gobierno de España, «nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes»; la frase no acababa aquí, pues seguía enfatizando: «Y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes».³⁷ Bien: una cosa es tener identidad nacional, y la otra promover el orgullo por la misma. Esta última es una actitud netamente nacionalista para cualquier estándar del término que se pueda utilizar, lo postule quien lo postule, y se postule de la nación de la que se postule. Una vez más, es muy probable que el señor ministro considere, un tanto banalmente, que todos son de su misma condición.

ENIGMA 1.1

De educación nacionalista

La segunda autoridad de un partido político que ostenta posiciones de Gobierno defendió una iniciativa legislativa educativa en 2013 con la siguiente argumentación:

«Los docentes llevan a cabo la labor más importante que se puede realizar en una sociedad, que es enseñar a las generaciones venideras no sólo contenidos sino también a querer y defender a su país. Un modelo educativo vertebra a una nación y hace que los futuros […] sepan lo que es su país y sepan que deben sentirse orgullosos y defender su país».

¿Puede identificar de qué partido es responsable esta persona?

1. Coalición Canaria; 2. Convergència i Unió; 3. Partido Nacionalista Vasco; 4. Partido Popular; 5. Partido Socialista Obrero Español; 6. Unión del Pueblo Navarro

Nota: La solución se halla en la nota 38 del capítulo 1.

Es bien conocido en las ciencias sociales que las ideologías pueden funcionar como hábitos que operan de forma inconsciente y no intencional. Esto sucede también con el nacionalismo (o ideología nacional), como ha mostrado a nivel conceptual la reflexión sobre «nacionalismo banal». Este nacionalismo implícito ha sido confirmado recientemente por métodos experimentales.³⁹

Por tanto, abramos un tanto el foco. El nacionalismo banal puede adoptar expresiones estridentes y sonoras, o formas más sutiles. Entre las primeras, un buen ejemplo lo ofrece la fijación con las banderas grandes del expresidente del Gobierno central José María Aznar, mentor del ministro Wert e infatigable azote del nacionalismo (del de los otros, para ser más preciso). En su primer 12 de octubre en el Gobierno, el de 1996, se izó una nueva bandera española en la plaza Colón de Madrid que se convirtió, con sus 24 metros cuadrados, en la bandera española más grande jamás izada. Pero tal bandera debía de parecer demasiado pequeña al presidente de Gobierno, porque el 12 de octubre de 2001, en su segundo mandato, hizo izar en la misma plaza Colón una nueva bandera española. El mástil se elevó de 21 a 50 metros, y la nueva bandera tiene 294 metros cuadrados (21 × 14 metros) y pesa 35 kilos. Tan grande es su peso que la bandera cayó el 2 de agosto de 2012. Afortunadamente, no se produjeron daños personales, y una acción conjunta de los bomberos, la policía local y de personal de la Armada pudo reponer la bandera sin mayores incidencias.

Otra forma de nacionalismo banal estridente nos lo ofrece Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y preside el PP en esa región. En su intervención en una convención del Partido Popular en Menorca, el día 1 de junio de 2013, dijo la señora Aguirre: «Nosotros no nos disfrazamos de nacionalistas; estamos orgullosos de ser españoles, defendemos la Constitución y afirmamos que el sujeto de la soberanía es el pueblo español, porque la nación española no es cosa discutible ni discutida; España es una gran nación y ser español es motivo de orgullo».⁴⁰ Una nota pertinente: la señora Aguirre es admiradora confesa y seguidora ferviente de Friedrich von Hayek, padre del individualismo moderno en economía. Por cierto, Hayek detestaba la idea de nación, como es bien sabido entre los que han leído sobre él.

Entre las formas más sutiles de nacionalismo banal se hallan los autodenominados progresistas que identifican de forma natural el Estado-nación con el espacio obligatorio e inmutable para el ejercicio de la democracia y la igualdad. A partir de esta premisa, identifican a los partidarios de soberanías subestatales con el seguidismo de élites burguesas, y los hacen víctimas de la manipulación, además de otras expresiones ortodoxas muy en boga más de tres décadas atrás. Tienen al menos cuatro problemas:

1. Obvian la existencia simétrica de élites burguesas e intereses de clase en el Estado-nación que defienden.

2. Desprecian las enseñanzas de Rawls⁴¹ —entre otros— sobre igualdad, encerrados como están en el statu quo del Estado-nación existente. Son universalistas inconsecuentes, porque no proponen que la redistribución se dirija a Haití o a Uganda, donde mucha gente muere —literalmente— de hambre.

3. Por el contrario, como buenos nacionalistas banales encapsulan la redistribución dentro del Estado-nación existente e inmutable, es decir, entre comunidades e individuos relativamente ricos en perspectiva global. En la medida en que son nacionalistas y dicen defender la redistribución, ellos mismos desmienten de forma fehaciente su propio mantra de que ser nacionalista implica estar en contra de la redistribución.

4. No comprenden que la esterilidad de su argumento sobre el seguidismo y la manipulación es la mejor demostración de su falacia.

En fin, en la medida en que defienden sin más el statu quo adoptan —paradójicamente— una posición netamente conservadora. Lo que realmente subyace en sus fatuos dicterios morales es que temen «que sus propias argumentaciones morales puedan devenir más ambiguas, menos autoevidentes, y por tanto más sujetas a debate, si reconocen, aunque sea implícitamente, que los argumentos de la otra parte también pueden tener alguna base moral».⁴²

Es pertinente precisar que el nacionalismo banal es moneda corriente también en otros conflictos territoriales. Por ejemplo, en el proceso que llevó a la escisión de Checoslovaquia en dos países, la República Checa y Eslovaquia, el 1 de enero de 1993, uno de los aspectos que se apreciaban en el corazón del problema era la existencia de un doble estándar:⁴³ «Cuando un checo se identifica con su nación, se le considera como un gran patriota. Pero si, de la misma forma, un eslovaco se identifica con su nación, la maquinaria política checa lo etiqueta como nacionalista, chovinista, fascista y destructor del Estado». Por nuestros pagos se inventan pocas cosas; pero, a menudo, se les añade acritud.

Vistas la falta de sustancia empírica del argumento del adoctrinamiento de niños y niñas por el sistema educativo catalán, y la trivialidad sustantiva y banalidad constitutiva del argumento de la extensión del virus nacionalista, unas reflexiones adicionales merecen ser escritas antes de abandonar esta discusión.

Los argumentos del adoctrinamiento de niños y niñas y del virus nacionalista los utilizan gente de tipo más bien intervencionista y adoctrinador, como el ministro de Educación y Cultura. Aún mucho más preocupante, por su posición de influencia social, me parece el uso realizado por destacados dirigentes de medios de comunicación de gran difusión, que asocian el catalanismo con el nazismo, como hizo Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, en su tuit del 3 de octubre de 2012, en el que asociaba el saludo nazi a la bandera catalana (https:// twitter.com/pedroj_ramirez/status/253447744042201089), o la comparación que en un informativo de Telemadrid (cadena pública autonómica) se hizo del presidente de la Generalitat de Cataluña (entre otros políticos catalanes) con Hitler;⁴⁴ por cierto, con gran menosprecio del Holocausto, como empieza a ser habitual, desafortunadamente.

O por aquellos que gustan de bombardear a sus lectores con espectaculares —y tergiversadas— portadas sobre la persecución de niños y niñas en las escuelas catalanas por motivos lingüísticos y otros desmanes «nacionalistas», como hace regularmente quien sea que decide las portadas de ABC. Véanse para muestra no exhaustiva, por ejemplo, las del 3 de enero de 2012, 1 de marzo de 2012, 7 de noviembre de 2012 y 20 de marzo de 2013. Por cierto, tales portadas son a menudo contradichas por la información interior.

ENIGMA 1.2

Palabras gruesas

El 15 de mayo de 2013, el Parlamento valenciano debatió una iniciativa del Partido Popular para prohibir el uso del término «País Valencià», aunque el mismo se utiliza reiteradamente en el Preámbulo del Estatuto de Autonomía de esa comunidad, y está incluido en el nombre oficial de varios de sus partidos parlamentarios. En el transcurso del debate sobre la iniciativa, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Maluenda, afirmó respecto a la unidad lingüística de la lengua catalana:

«Si encima hablamos catalán como dicen, pues como decía Hitler: si en Austria hablan alemán, pues veamos, eso es lo que ustedes defienden» [sic].

¿De qué partido con representación en el Parlamento de Cataluña es la persona con altas responsabilidades institucionales que tan sólo cuatro días antes había homenajeado a la División Azul, cuerpo de voluntarios que luchó en la segunda guerra mundial bajo las órdenes de Hitler?

1. Convergència i Unió; 2. Ciutadans; 3. Candidatures d’Unitat Popular; 4. Esquerra Republicana de Catalunya; 5. Iniciativa per Catalunya Verds; 6. Partido Popular; 7. Partit dels Socialistes de Catalunya

Nota: La solución se halla en la nota 45 del capítulo 1.

Me parece urgente e imprescindible que los que tienen estas propensiones⁴⁶ lean el libro de Mark Thompson Forging War. The Media in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina (Forjando la guerra. Los medios de comunicación en Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina), editado por Article 19, International Center Against Censorship.⁴⁷ Especialmente, la sección «Serbia marca el ritmo». Ahí verán reflejados sus adjetivos y actitudes preferidos en algunos medios serbios muy influyentes, que los arrojaban contra quienes poco después, una vez despersonalizados, serían objetivo de limpieza étnica. Porque las armas, aunque las dispare cualquiera, las carga el diablo. Y también en Serbia «En el principio era la palabra», como explican Branko Milinković y otros autores del Centro de Acción Contra la Guerra de Belgrado en Hate Speech: An analysis of the contents of the domestic media in the first part of 1993 (El discurso del odio: Un análisis de los contenidos de los medios de comunicación domésticos en la primera parte de 1993).⁴⁸ Otra lectura obligada.

Quiero ser muy preciso y claro en este punto: esto no es algo que pueda decirse, ni mucho menos, de todos los medios de comunicación de la capital política del Estado. Y, desde luego, no es algo que se pueda encontrar en los medios habitualmente denominados «provinciales». Sería injusto pretender lo contrario, y no se correspondería con la realidad. Y otra precisión aún más relevante: aunque la perfección no existe en ningún lado, NO cuecen las mismas habas en todas partes. Nadie encontrará el uso de este tipo de adjetivos ni actitudes por ningún medio de comunicación catalán de una mínima relevancia y difusión.

¿Se explica el auge del independentismo por que los catalanes quieran ser diferentes?

Este argumento me parece más sustantivo, y en la mayoría de los casos argumentado de manera más sincera que los revisados hasta ahora. Una respuesta rápida y demasiado superficial sería negar esta hipótesis por el hecho de que «porque quiero ser diferente» no es una motivación mencionada en las encuestas por los catalanes que votarían a favor de la independencia. El asunto merece un análisis más profundo y detallado, y por esto procede dedicarle un capítulo completo, el siguiente.

RECAPITULANDO: ¿QUÉ PASA EN CATALUÑA? (¿Y CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESTÁ PASANDO?)

En los últimos años ha caído de forma abrupta la satisfacción con el grado de autonomía en Cataluña. En paralelo, se ha producido un fuerte aumento de la intención de voto afirmativo en encuestas sobre un hipotético referéndum sobre la independencia de Cataluña, que desde 2012 se sitúa regularmente por encima del 50 por ciento. ¿Es esto un cambio coyuntural y transitorio, o es un cambio más estructural y permanente?

Es muy difícil formular conclusiones tajantes al respecto. No obstante, el hecho de que las preferencias constitucionales de los catalanes evolucionen en paralelo a la decisión de voto y con intensidad similar podría indicar que algunos de los cambios recientes han llegado para quedarse, pues las preferencias constitucionales pueden tener mayor estabilidad que la decisión puntual de voto. Habrá que tener una perspectiva temporal más larga para poder aprehender mejor esta cuestión.

De acuerdo con las encuestas de opinión de las que disponemos, las opiniones favorables a la independencia de Cataluña son hegemónicas en todos los segmentos de edad de Cataluña. Además, tanto el aumento de la preferencia constitucional por un Estado independiente como el aumento de la intención de voto a favor de la independencia en los últimos años han sido más intensos en los grupos de mayor edad que entre los más jóvenes. Esto contradice las hipótesis de que el apogeo del independentismo es consecuencia de un hipotético adoctrinamiento realizado por el sistema educativo catalán bajo gestión autonómica.

En Cataluña, como en cualquier parte, hay nacionalistas. Y, sin duda, existe un grado importante de asociación entre el sentimiento de pertenencia a Cataluña, la identidad nacional catalana y el apoyo a la independencia. Exactamente de la misma forma que la identidad nacional española es un factor determinante de las posiciones contrarias a la independencia. Aún más: la influencia del factor identitario en la oposición a la independencia es relativamente más importante que en el caso del apoyo a la misma. Sólo desde una posición consustancial al nacionalismo banal puede explicarse el auge del independentismo como una deriva nacionalista, cual epidemia que asola Cataluña. De hecho, el grado de adhesión a esta tesis es tanto mayor cuanto más fuerte es el grado de nacionalismo español de quien emite el dicterio. Y, adicionalmente, la historia nos muestra que en materia de nacionalismos cada cual tiene su propio currículo en materia de práctica democrática o de imposición por la fuerza. Queda a juicio del lector establecer las comparaciones que sean procedentes o no.

Podemos pasar a continuación a analizar la tercera hipótesis mencionada: la del deseo de los catalanes de ser diferentes como motor del auge del independentismo.

APÉNDICE

TABLA 1.A.1.

Evolución de preferencias constitucionales en Cataluña (en porcentaje)

Fuente: Barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió.

TABLA 1.A.2

Intención de voto en un referéndum sobre la independencia en Cataluña (en porcentaje)

Fuente: Barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió.

Capítulo 2

¿SOMOS COMO NOS VEN? PREFERENCIAS Y ESTEREOTIPOS REGIONALES EN ESPAÑA

(Y ALGUNAS CONSECUENCIAS PRÁCTICAS)

Pues no pareces…

MÚLTIPLES AUTORES

(Quizá el peor halago jamás regalado)

¿Se explica el auge del apoyo a la independencia porque los catalanes quieren ser diferentes? Es difícil asegurarlo, porque las encuestas, tanto las públicas como las privadas, no acostumbran a preguntar a los catalanes «Quiere usted ser diferente?». Quizá deberían hacerlo. Mientras tanto, puede ayudarnos a dilucidar esta cuestión cambiar el verbo y reemplazar el «querer ser» por «ser». O más precisamente, ¿se explica el auge del apoyo a la independencia porque los catalanes son diferentes?

Las encuestas tampoco tienen por costumbre preguntar «¿Es usted diferente?», ni está del todo claro qué quiere decir «ser diferente» (¿cuánto?, ¿en qué?, ¿de quién?). Las opiniones sobre sentimiento de pertenencia, que se analizan en el anterior capítulo, nos han ofrecido algunas pistas.

Afortunadamente, existe al menos otra forma muy operativa de abordar esta cuestión, si tenemos en cuenta que en términos de percepción socialmente compartida, somos (más o menos) como nos ven. Existen algunos estudios de psicología social en España que analizan las actitudes y estereotipos interregionales. Estos estudios ponen de manifiesto, en primer lugar, cómo nos vemos/ven, aunque esto no es relevante para nuestro objeto de reflexión. Y también cuán similares o diferentes nos vemos/ven, aspecto este que sí es central para nuestro interés.

En el resto de este capítulo se revisan primero las visiones y planteamientos que ha ofrecido la psicología social sobre los grupos sociales, las actitudes y los estereotipos: qué son, para qué sirven y cómo se forman. Esta revisión nos ofrece instrumentos y conceptos para entender e interpretar los estudios sobre actitudes y estereotipos regionales en España, y en particular sobre la singularidad que se atribuye a los distintos grupos regionales. Sobre esta base, podemos entender e interpretar mejor algunos de los conflictos que se producen de forma cotidiana.

GRUPOS SOCIALES, ACTITUDES Y ESTEREOTIPOS

Esta sección tiene por objeto proporcionar al lector algunas claves e instrumentos que le permitan una comprensión de los estudios en España que se presentan más adelante. El lector puede optar por prescindir de su lectura, y pasar directamente a la siguiente sección (página 63), o fijar su atención en los cuadros resumen que se incluyen al final de cada apartado. No obstante, entender los conceptos e ideas que se introducen aquí facilita una interpretación más objetiva y aséptica de los resultados presentados más tarde.

Grupos sociales

¿Qué es un grupo social? Dos o más personas que se perciben a sí mismas como miembros de una misma categoría social o comparten una identificación social común.¹ A su vez, la identidad social es la conciencia que tiene el individuo de su pertenencia a uno o varios grupos sociales, junto con el valor y el significado emocional que le atribuye a tal pertenencia.²

En gran medida, los individuos se definen a sí mismos en términos de su pertenencia a un grupo social y buscan una identidad social positiva.³ El grupo es una realidad social que se refiere a gente real que está interrelacionada, y que acomete actividades sociales concretas.⁴ Por tanto, si bien una sociedad está formada por individuos, los puntos de vista, opiniones y prácticas de las personas se toman de los grupos a los que pertenecen.⁵

En la práctica, además, los individuos muestran diferencias importantes cuando se relacionan como miembros de un grupo (por contraste con la forma de relacionarse de individuo a individuo).⁶ Es lo que se conoce como conducta intergrupal.

PUNTO CRUCIAL A RETENER 1

Identidad social

La identidad social es la conciencia que tiene el individuo de su pertenencia a uno (o varios) grupos sociales, junto con el valor y significado emocional atribuido a tal pertenencia. Las autopercepciones definidas en términos de grupo producen efectos en la conducta social.

Distinción entre grupos y actitudes intergrupales

En la práctica cotidiana se clasifica o distingue a los individuos en distintos grupos, basados en categorías⁷ o generalizaciones,⁸ que nos facilitan ordenar nuestro entorno. Hay que tener en cuenta, no obstante, que sólo cuando los grupos se perciben como realmente significativos la diferenciación entre grupos es relevante.⁹

La clasificación de individuos en distintos grupos induce a los individuos a percibirse como más semejantes a los miembros de su propio grupo (o endogrupo), y también más diferentes de los miembros del grupo externo (exogrupo). El resultado del proceso es una acentuación de las similitudes entre nosotros y nuestro endogrupo, y de las diferencias entre nosotros y el exogrupo.¹⁰

Entre las principales motivaciones que tiene esta acentuación de similitudes y diferencias se halla la preocupación por la autoestima:¹¹ tendemos a acentuar los aspectos positivos en nuestro propio grupo, y a acentuar los aspectos negativos en otros grupos. Por tanto, la diferencia entre «ellos» y «nosotros» refuerza nuestra autoestima.

Estas diferenciaciones dan lugar a actitudes y conductas intergrupales diferentes,¹² y provocan discriminación entre grupos.¹³ El resultado es el favoritismo hacia el propio grupo, y discriminación hacia el grupo externo.¹⁴

La actitud de los miembros de un grupo será más favorable hacia los miembros del propio grupo, y también hacia los grupos que se consideran más similares. Siguiendo la misma lógica, la actitud será más negativa hacia los grupos que se perciben como diferentes, y más negativa cuanto más diferentes se perciban.

La dinámica descrita hasta aquí se refleja en el grado de simpatía o inclinación que experimentamos: ésta será más alta hacia el propio grupo, más baja hacia otros grupos, y menor cuanto más diferente o distante se considere al grupo evaluado.

PUNTO CRUCIAL A RETENER 2

Actitudes intergrupales, favoritismo hacia el propio grupo y discriminación hacia el ajeno

La actitud de los miembros de un grupo será más favorable hacia los miembros del propio grupo, y también hacia los grupos considerados más similares. La actitud será más negativa hacia los grupos percibidos como diferentes, y más negativa cuanto más diferentes se perciban.

Estereotipos: qué son y qué funciones tienen

Cuando las categorías son sociales, estas representaciones reciben el nombre de estereotipos. Algunos estereotipos son perniciosamente falsos, y la construcción hostil de estereotipos puede tener consecuencias atroces, pero los hechos psicológicos no pueden evitarse: los estereotipos, verdaderos o falsos, son nuestra manera de pensar en categorías.

DANIEL KAHNEMAN,
Pensar rápido, pensar despacio

¿Qué son los estereotipos? Podemos definirlos como la atribución de características psicológicas generales a grupos sociales.¹⁵ Es decir, los estereotipos son generalizaciones sobre personas basadas en su pertenencia a un grupo; son creencias de que todos los miembros de un grupo tienen las mismas cualidades, que definen al grupo y lo diferencian de otros.¹⁶ Estas generalizaciones ignoran la variabilidad dentro del grupo.¹⁷

Para entender totalmente el contenido de los estereotipos se deben considerar tanto sus funciones como las dimensiones en que se producen. Los estereotipos cumplen funciones individuales y funciones sociales.¹⁸ Podemos resumir las funciones como sigue:¹⁹

CUADRO 2.1

Funciones de los estereotipos

Individuales

1. Cognitivas: Permiten un entorno bien delimitado y diferenciado, por tanto más comprensible.

2. Valorativas: Facilitan una evaluación propia positiva, por comparación con otros.

Sociales

1. Causalidad social: Facilitan la explicación social de eventos complejos y distorsionantes.

Una explicación social implica la identificación de un grupo social que sea acusado de ser el responsable directo del evento. Es el fenómeno denominado como «cabeza de turco».

2. Justificación social: Racionalización o justificación del trato a grupos sociales.

Implica la elaboración de estereotipos específicos sobre un grupo con el objeto de justificar acciones cometidas o planeadas contra ese grupo. La deshumanización del grupo hace que su explotación parezca justificada, natural y carente de problemas.

3. Diferenciación social: Acentuación y clarificación de las diferencias entre grupos.

Se produce cuando se percibe que la distinción entre grupos se está erosionando y deviniendo insegura, o cuando las condiciones sociales son tales que los grupos de estatus bajo perciben su situación como ilegítima y susceptible de cambio.

Fuente: Adaptado de Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 74.

Por tanto, los estereotipos nos ayudan a explicarnos nuestro entorno. También nos permiten ahorrar tiempo y energía en las relaciones con otros grupos, porque procesar información es una tarea compleja y costosa. Los estereotipos son creencias grupales compartidas, y esto es lo que los hace relevantes.²⁰ Se usan para predecir²¹ e interpretar la conducta de miembros de otro grupo. Una vez que un grupo se asocia con un comportamiento determinado, esto se convierte en una categoría comprensible y sustantiva para el perceptor, y guiará futuras percepciones sobre el grupo estereotipado.²²

Así pues, los estereotipos residen en la relación entre grupos, se derivan del proceso de acentuación de diferencias intergrupales,²³ y se elaboran para hacer más sencillas las relaciones complejas entre grupos.²⁴

Una característica destacada de los estereotipos es que tienen una gran estabilidad temporal, puesto que las experiencias y las percepciones se distorsionan para adecuarse al sistema de estereotipos preexistente.²⁵ Al fin y al cabo, cuando un sistema de estereotipos está establecido, los hechos que apoyan ese sistema atraen nuestra atención, y obviamos los hechos que la contradicen.²⁶

En el caso de los estereotipos hostiles,²⁷ la rigidez y la resistencia a la información que los contradiga es especialmente fuerte, sobre todo cuando los juicios basados en estereotipos se realizan en un contexto social muy proclive a las actitudes hostiles hacia un grupo particular.²⁸

PUNTO CRUCIAL A RETENER 3

Estereotipos: creencias compartidas estables en el tiempo

Los estereotipos son creencias grupales compartidas, que se usan para predecir e interpretar la conducta de miembros de otro grupo. Tienen una gran estabilidad temporal, pues las experiencias y las percepciones se distorsionan para adecuarse al sistema de estereotipos vigente.

ACTITUDES Y PREFERENCIAS REGIONALES EN ESPAÑA: ¿SON LOS CATALANES DIFERENTES?

El estudio empírico de actitudes y estereotipos hacia diferentes grupos sociales tiene una larga y asentada tradición en la psicología social.²⁹ En las últimas décadas se han llevado a cabo diversos estudios empíricos sobre actitudes y estereotipos regionales en España, algunos de ellos para toda España y otros para una región específica.

Sin ningún género de dudas, el estudio más completo y robusto es el publicado en 1996 por el profesor José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las autonomías,³⁰ que utiliza un amplio estudio demoscópico (con casi 3.000 entrevistas) realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en toda España en 1994. Es, por otra parte, el último y más amplio estudio realizado en el ámbito español.³¹ En lo que sigue se toma tal estudio como fuente principal de resultados para analizar la cuestión que nos ocupa (¿son los catalanes diferentes, según los otros grupos territoriales?), y se compara con los resultados de otros estudios cuando proceda.

Actitudes y diferencias

Sangrador García analiza las actitudes hacia cada uno de los grupos territoriales asociados a cada comunidad autónoma, y además a grupos definidos como «españoles» y «europeos».³² El análisis se basa fundamentalmente en la respuesta obtenida a una pregunta sobre el grado de simpatía hacia cada uno de los colectivos estudiados («¿Qué tal le caen los…?», puntuando de 0 a 10). Este análisis se complementa con varias preguntas,³³ entre la que destaca una dirigida a comprobar cuáles son los grupos hacia los que se dan preferencias o rechazos concretos («grupos preferidos/rechazados como compañeros de trabajo»).

¿Cuáles son los valores medios que se obtienen para las actitudes hacia cada colectivo territorial? La tabla 2.1 los muestra, ordenados de «actitud más favorable hacia» a «actitud más desfavorable hacia». Se han destacado en cursiva los valores más altos (en términos absolutos, tanto positivos como negativos), y en negrita los valores más bajos.

Los resultados hablan por sí mismos, y no es preciso describir con detalle los resultados para cada una de las regiones; baste destacar que los andaluces son los que suscitan una actitud más positiva del resto de CC. AA., aunque no son el grupo que tiene una mayor simpatía hacia sí mismos, posición que ocupan los asturianos.

Podemos centrarnos en la que es la cuestión básica de este capítulo: ¿son los catalanes diferentes? (según otros).

La actitud hacia los catalanes del resto de grupos territoriales es la que tiene el valor más bajo en todas y cada una de las regiones, y con diferencia. Es el único valor que queda por debajo del 5, que se suele considerar el límite psicológico del suspenso, y queda a gran distancia de los vascos, que reciben casi un 6.

Un primer resultado obtenido es que los catalanes son el grupo que se valora con menos simpatía, lo que es equivalente a ser visto como el grupo más distante, más diferente, aplicando las que son hipótesis comúnmente compartidas en el análisis académico de los grupos sociales.

TABLA 2.1

Actitudes hacia los distintos grupos territoriales

* Entrevistados en el resto de CC. AA.

** Entrevistados en la propia comunidad autónoma.

Fuente: Elaborado a partir de los valores para (1), (2) y (3) de la tabla 4.1 en Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 65.

El siguiente paso en el análisis es estudiar el grado de favoritismo (hacia el propio grupo) y discriminación (hacia otro). Esto puede hacerse a partir de la información disponible sobre la valoración de las actitudes por comunidad autónoma de residencia. Nuestra tabla 2.2 presenta este análisis para el caso de los catalanes.

TABLA 2.2

Actitudes hacia y desde los catalanes

* Sangrador García une ambas Castillas para ofrecer una valoración estadísticamente significativa de la actitud hacia los catalanes. El valor 6,75 de actitud de los catalanes hacia los castellanos pondera el valor dado por separado hacia castellano-leoneses y castellano-manchegos.

** Sangrador García no proporciona valores en este caso para aragoneses, asturianos, baleares, canarios, cántabros, extremeños, murcianos, navarros y riojanos, porque cada grupo por sí es una muestra demasiado reducida para alcanzar significación estadística. Integra estos grupos bajo la categoría «Resto», cuyo valor es 4,53, en la primera columna.

*** El valor 4,8 corresponde a toda la muestra excepto a los catalanes, y el valor 5,5 corresponde a toda la muestra incluidos los catalanes. Se usa este último para la diferencia, por homogeneidad.

**** Nd: No disponible, pues no se dispone del valor específico de la actitud de la región hacia los catalanes.

Fuente: Elaborado a partir de los valores en la tabla 4.2 en Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 66.

La valoración de la actitud hacia los catalanes es la más baja que se registra en todas y cada una de las CC. AA. consideradas, como puede comprobarse en la tabla 2.A.1 en el Apéndice de este capítulo. Procede recordar que las CC. AA. para las que singulariza valoración hacia el resto son Andalucía, Castilla (Castilla y León + Castilla-La Mancha), Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco (las restantes se agregan como «Resto»).

La actitud de los catalanes hacia el resto de grupos no es simétrica. En ningún caso, la actitud de los catalanes es la más negativa que recibe una comunidad autónoma. En sólo dos casos, madrileños y riojanos, la valoración dada por los catalanes es la segunda más baja. En el caso de baleares y vascos, la valoración de la actitud desde los catalanes es la más alta que reciben estas regiones (excepción hecha de la autovaloración que se dan desde la propia región).

Tampoco la actitud de los catalanes hacia el grupo «españoles» es la más negativa, pues tiene un valor similar a la de los gallegos y superior a la de los navarros y vascos. A este respecto, procede señalar que Sangrador García ofrece también información sobre la actitud hacia los «españoles» de los catalanes «de origen» (además de la de los catalanes de residencia, que es la incluida en la tabla 2.2). La actitud de los catalanes de origen hacia el grupo «españoles» tiene un valor de 7,64, y es superior a la expresada por navarros y vascos.³⁴

La diferencia para cada región considerada en la actitud desde y hacia los catalanes se computa en la tercera columna de la tabla 2.2. El caso más extremo es el de los andaluces, que valoran a los catalanes casi 3 puntos (sobre 10) por debajo de lo que los catalanes los valoran a ellos. Con gallegos, castellanos y vascos la diferencia es de 2 puntos. Más moderada es la diferencia para madrileños, y sobre todo para valencianos. En todos los casos, la actitud de los catalanes tiene un valor más o mucho más positivo que la actitud que reciben. El gráfico 2.1 permite apreciarlo claramente.

GRÁFICO 2.1

Actitudes hacia y desde Cataluña

En resumen, la percepción que reciben los catalanes es la más negativa en todas y cada una de las CC. AA. Además, se da la «notable paradoja», como menciona expresamente Sangrador García, de que «los europeos son percibidos sistemáticamente y en todas las CC. AA. de modo más favorable que los propios catalanes, precisamente uno de los grupos que se siente más europeo».³⁵

Es el momento de traer de nuevo aquí la enseñanza extraída de la teoría y evidencia empírica de la psicología social que indica que la actitud de un grupo será más negativa hacia los grupos percibidos como diferentes, y más negativa cuanto más diferentes se perciban. Se confirma por tanto que es generalizado en España percibir a los catalanes como un grupo sustancialmente diferente. Cabe decir, además, un grupo objeto de un elevado nivel de rechazo, según se desprende de la pregunta tomada como referencia por Sangrador García para medirlo: la preferencia y rechazo como compañeros de trabajo de los distintos grupos regionales. El grupo que suscita más rechazo como compañeros de trabajo es el de los catalanes, mencionado por el 60 por ciento de los encuestados del resto de regiones.³⁶ Y ésta es una tónica generalizada en todas las CC. AA.: «El importante rechazo hacia los catalanes, a lo largo de los entrevistados de todas las CC. AA. analizadas (excepto la propia Cataluña). Los catalanes son, en efecto, los más rechazados como compañeros de trabajo en todas y cada una de las CC. AA.».³⁷

Los datos y análisis ofrecidos por el estudio de Sangrador García no necesitan mucho mayor comentario, pues se explican bastante bien por sí mismos. Si acaso, y en cuanto a lo que más nos interesa aquí, que es la diferencia y no el rechazo, procede recoger la cuestión sobre la que se interroga explícitamente el propio Sangrador García: «¿Es percibida España, no ya como una suerte de entidad integradora de las CC. AA., sino como una entidad aparte, un grupo étnico más, como catalanes y vascos por ejemplo?».³⁸

La existencia de máxima diferencia o mínima semejanza con los catalanes ha sido corroborada en todos y cada uno de los estudios en una región específica realizados en las tres últimas décadas de los que tengo noticia, y cuyas características sustantivas se muestran en el cuadro 2.2.

Queda constancia, pues, de la regularidad con que los diferentes estudios señalan la intensidad con que los españoles perciben que los catalanes son «diferentes».

Adenda: Actitudes desde Cataluña

Aunque las actitudes de los catalanes no sean el centro de nuestra atención, procede informar sobre el estudio para Cataluña de Javaloy, Cornejo y Bechini publicado en 1990,³⁹ cuyos resultados sobre actitudes y visiones de los catalanes son bastante similares a los del profesor Sangrador García para el conjunto de España.

Un dato curioso de este estudio contradice todas las teorías y antecedentes empíricos disponibles sobre la percepción del grupo propio: un subgrupo de los catalanes, los votantes del PP (Alianza Popular en la época), daban a su propia región —Cataluña— la peor valoración entre todas las regiones consideradas en el estudio (además de Cataluña, Aragón, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco).⁴⁰

CUADRO 2.2

Estudios a nivel regional sobre actitudes y preferencias

Fuente: Elaboración propia, a partir de los estudios citados.

Notas: 41 42 43 44 45 46 47

¿Son los catalanes percibidos como un grupo social diferente como consecuencia de la dinámica del Estado autonómico?

Si bien el porqué de que los catalanes sean percibidos como diferentes es marginal para nuestro propósito, tiene un cierto interés apuntar que como posibles causas de esta «distancia» se han señalado razones como la política lingüística en Cataluña, su posible «desprecio por lo español»⁴⁸ o la percepción generalizada de que Cataluña ha sido la región más favorecida por los Gobiernos en las últimas décadas.⁴⁹ Es oportuno precisar aquí que los resultados sobre actitudes y su valoración presentados anteriormente (tabla 2.2) parecen sugerir que el «desprecio de lo español» no se corresponde muy bien con la actitud revelada por los catalanes en los estudios realizados. Claro, que es bien conocido que las percepciones no tienen por qué corresponderse fidedignamente con la realidad.

Por tanto, cabe preguntarnos si la percepción de los catalanes como grupo social diferente y distante es una consecuencia de la dinámica política y territorial asociada al desarrollo del Estado autonómico. Y para abordar esta cuestión resulta de gran utilidad el otro estudio realizado a escala española, aparte del que ya hemos revisado con detalle. Se trata del estudio del mismo profesor, Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España, publicado en 1981.⁵⁰

El trabajo de campo del estudio, realizado por el propio Sangrador García, se produjo en los años 1978 y 1979. Es decir, en plena Transición política a la democracia, antes del referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña (25 de octubre de 1979) y de las primeras elecciones autonómicas de Cataluña (20 de marzo de 1980). Se trata, por una parte, de un momento en el tiempo en que no pueden haber intervenido todavía los factores relacionados con el desarrollo autonómico. Por otra parte, no son pocas las personas que sienten nostalgia de la valoración (de actitud hacia) que consideran que recibían «los catalanes» en aquel momento histórico.

El estudio, previo a la configuración autonómica de España, se basó en alrededor de 500 encuestas a estudiantes universitarios de ciencias sociales realizadas en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla (fundamentalmente de Madrid). En lo que nos ocupa aquí, el estudio analizaba las preferencias mutuas (y también los estereotipos, pero de esto nos ocupamos en la siguiente sección). La escala de valoración era de 1 (mínima) a 4 (máxima). La tabla 2.3 muestra la preferencia por el resto de grupos y la preferencia por el propio grupo.

TABLA 2.3

Preferencias hacia los distintos grupos territoriales

* Entrevistados en el resto de regiones

** Entrevistados en la propia región

Fuente: Elaborado a partir de los valores para (1), (2) y (3) de la tabla 75 en Sangrador García, Estereotipos…, pp. 204-205.

La valoración de la preferencia hacia los catalanes es la más baja que se registra en todas y cada una de las regiones consideradas, como puede comprobarse en la tabla 74 de Sangrador García. La actitud de los catalanes hacia el resto de grupos no es simétrica. Sobre todo en el caso de los vascos, que precisamente reciben su mejor valoración externa en Cataluña. En el caso de gallegos y andaluces, reciben su menor preferencia en Cataluña, aunque con valores sustancialmente más altos que los que ellos manifiestan hacia los catalanes. De hecho, en todos los casos, el valor de preferencia manifestado desde Cataluña es superior al manifestado desde las otras regiones hacia Cataluña.

La tabla 2.4 muestra estas diferencias. El caso más extremo es el de los andaluces, con 0,67 puntos (sobre 4). Gallegos y vascos se sitúan en la zona intermedia, y la diferencia es mucho más moderada en el caso de los castellanos (mayoritariamente madrileños).

TABLA 2.4

Preferencia desde y hacia los catalanes

Fuente: Elaborado a partir de los valores en la tabla 74 en Sangrador García, Estereotipos…, p. 204.

Probablemente, la presentación y los comentarios sobre estos resultados obtenidos a partir de encuestas de 1978 y 1979 le hayan resultado al lector reiterativos respecto a los resultados del trabajo del mismo Sangrador García con las encuestas de 1994. Es lógico: son sustancialmente iguales, y revelan que poco cambió en España entre finales de la década de 1970 y mediados de la de 1990, en la visión de los catalanes como grupo social más diferente y distante en España.

No sería justo terminar esta sección sin dar cuenta del primer trabajo empírico realizado en España en la materia, el del profesor Francisco Rodríguez Sanabra en 1963,⁵¹ realizado con 390 miembros de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, en Madrid. Su resultado sustantivo en materia de semejanzas, diferencias y agrupamientos se puede resumir en las siguientes consideraciones: el grupo «catalanes» quedaba distante del grupo «españoles» y de las regiones peninsulares (aunque con alguna similitud con Valencia). Y en términos generales, el grupo «españoles» «se parece al italiano más que a ningún otro. Italianos y franceses se parecen bastante entre sí, mientras que los alemanes tienen un fuerte parecido con los catalanes».⁵² La percepción de que los catalanes «son diferentes» no es algo nuevo, desde luego. Y, a pesar de la falta de estudios hechos en toda España en las dos últimas décadas, no parece demasiado arriesgado sostener que los potenciales cambios recientes, de existir, habrán acentuado aún más estas tendencias.

ESTEREOTIPOS SOBRE CATALANES EN ESPAÑA: EL ESPEJO DE LA DIFERENCIA

Antes ya se ha señalado que los estereotipos son imágenes o percepciones compartidas sobre un grupo social, el propio (autoestereotipo) u otro (heteroestereotipo). Se usan para predecir e interpretar la conducta de miembros de otro grupo, y gozan de gran estabilidad temporal, pues las experiencias y las percepciones se distorsionan para adecuarse al sistema de estereotipos vigente.

Una vez más, el estudio de Sangrador García realizado a partir de una macroencuesta del CIS en 1994 nos ofrece la información más amplia y el análisis más completo sobre los estereotipos regionales en España. La tabla 2.5 recoge la información sintetizada en el trabajo de Sangrador García.⁵³

Si tenemos en cuenta que (1) la clasificación de los individuos en distintos grupos es el proceso sobre el que se edifican los estereotipos, y que (2) las actitudes y preferencias hacia los catalanes eran las más negativas de todos los grupos (europeos incluidos), y lo eran para todos y cada uno de los grupos regionales que evaluaban, no puede sorprender el carácter claramente negativo (y homogéneo) de los estereotipos que traducen la imagen externa de los catalanes. Se trata del grupo del que se destacan más rasgos negativos, y éstos son más prominentes. Esto encaja bien con la predicción sobre la mayor probabilidad de que emerjan creencias más extremas y más homogéneas sobre grupos externos que se perciben como competidores y hostiles.⁵⁴

Esta imagen está de acuerdo con la hallada en otros estudios realizados a nivel regional,⁵⁵ y también respecto al estudio de Sangrador García publicado en 1981. Por otra parte, el hecho de que el estudio del que recogemos la información haya sido realizado a mediados de la década de los noventa no perjudica su vigencia, dada la estabilidad temporal de los estereotipos. Si acaso, puede haberse acentuado en los últimos años la intensidad de la negatividad, lo que puede reflejar el aumento de la percepción de diferencias que ha caracterizado el desarrollo del Estado autonómico (preexistentes, pero menos visibles antes de la democracia).

Podemos aprehender un aspecto muy interesante en el análisis de estas percepciones si tenemos en cuenta las dos dimensiones de juicio o percepción grupal que han adquirido una trascendencia generalizada en este tipo de análisis:⁵⁶ (1) de competencia personal o instrumentalidad, y (2) de sociabilidad, expresividad o calidez de contacto social. Los estereotipos de los catalanes muestran una valoración positiva en las competencias personales y una valoración negativa en las competencias sociales, características que «parecen reflejar un rechazo a nivel afectivo, unido a un reconocimiento innegable a nivel instrumental».⁵⁷ Es lo que habitualmente definiríamos como una asociación de mera conveniencia, en la que no hay cariño pero sí intereses.

TABLA 2.5

Resumen comparativo de los estereotipos. Rasgos más atribuidos en cada caso (orden decreciente de frecuencia)

Notas:

— Mayúscula en cursiva: rasgo de máxima prominencia, en el que se obtiene la máxima frecuencia de atribución de entre todas las regiones

— Minúscula en cursiva: rasgo muy prominente, en el que se obtiene la segunda frecuencia de atribución de entre todas las regiones

— Minúscula: rasgo atribuido pero no especialmente prominente (otras regiones lo reciben mucho más)

Fuente: Adaptada de José Luis Sangrador García. Identidades, actitudes…, p. 144, tabla 5.20.

TABLA 2.5 (CONT.)

Resumen comparativo de los estereotipos. Rasgos más atribuidos en cada caso (orden decreciente de frecuencia)

Notas:

— Mayúscula en cursiva: rasgo de máxima prominencia, en el que se obtiene máxima frecuencia de atribución

— Minúscula en cursiva: rasgo muy prominente, en el que se obtiene la segunda frecuencia de atribución

— Minúscula: rasgo atribuido pero no especialmente prominente

Fuente: Adaptada de José Luis Sangrador García. Identidades, actitudes…, p. 144, tabla 5.20.

De hecho, una valoración muy similar es la que merece la comparación de la imagen de españoles y europeos: la de estos últimos es más distante en lo afectivo y más instrumental. Dadas las similitudes en la bipolaridad afectivo/instrumental, «emerge la impresión de que la imagen “instrumental” positiva de los catalanes se encuentra más cercana a la de los europeos, lo que implícitamente la aleja de la de los españoles».⁵⁸

No nos interesa aquí el detalle y discusión específicos de los estereotipos, aunque más adelante rescatamos algunos a efectos de análisis práctico de debates de política pública. Por una parte, porque como señala Sangrador García «los catalanes parecen ser percibidos así; y como ya fue señalado anteriormente, las actitudes y comportamientos hacia los distintos grupos (igual que hacia las personas) no se construyen sobre la «auténtica realidad de su modo de ser […] sino sobre la percepción que de ellos se tiene».⁵⁹ O sea, a efectos prácticos somos como nos ven; es lo que hay. Por otra parte, porque, al fin y al cabo, la percepción ajena sólo tiene la importancia que se le quiera dar; ni menos ni tampoco más.

Sí parece oportuno, para acabar esta sección, mencionar la aguda apreciación de Sangrador García, en su estudio de 1996:

Estos datos sobre la imagen de los catalanes en el resto de CC. AA., unidos a los ya comentados sobre las dimensiones actitudinales (actitudes no demasiado favorables hacia ellos, escasa aceptación como compañeros de trabajo, etc.), parecen reflejar un cierto grado de rechazo. Y, en conjunto, configura un panorama, cuando menos, problemático respecto a una adecuada inserción del pueblo catalán en el contexto del Estado español.⁶⁰

ALGUNAS APLICACIONES DE ACTITUDES Y ESTEREOTIPOS A LA POLÍTICA PÚBLICA

De la inaudita variedad de lenguas en el centro y el norte del Mediterráneo occidental

Cuando dos grupos entran en contacto bajo condiciones que presentan objetivos incompatibles (cuando uno sólo lo puede obtener a expensas de otro), la competencia por el objetivo se transforma en hostilidad entre los grupos.⁶¹ Se usan actitudes y estereotipos desfavorables hacia el grupo externo, que es desplazado a mayor distancia del endogrupo. En estas circunstancias, el conflicto entre grupos aumenta la solidaridad dentro de cada grupo. Esto lleva a sesgos que sobrevaloran las características de los miembros del propio grupo y minusvaloran la de los miembros del grupo externo.

Esta aportación de la teoría y evidencia de la psicología social nos ofrece instrumentos para entender mejor hechos como la aprobación el 9 de mayo de 2013 por el Parlamento de Aragón (con los votos del PP y el Partido Aragonés, y la oposición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida y Chunta Aragonesista) del cambio de denominación oficial del catalán hablado en algunas comarcas orientales de esta región, que pasa a llamarse Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO).

Esta iniciativa se añade a la que con éxito político (que no científico, y por el momento tampoco judicial) lleva tiempo desarrollándose para establecer que catalán y valenciano son dos lenguas diferentes, a partir de la denominación oficial de valenciano establecida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Recuerden del capítulo anterior la aseveración de Rafael Maluenda, diputado del PP en las Cortes Valencianas, el 15 de mayo de 2013: «Si encima hablamos catalán como dicen, pues como decía Hitler: si en Austria hablan alemán, pues veamos, eso es lo que ustedes defienden» [sic].

En un terreno más propositivo, procede mencionar aquí la iniciativa de 19 de junio de 2013 del PP en el Parlamento Valenciano que insta a la Real Academia Española a considerar catalán y valenciano lenguas diferentes. Para sustentar tal solicitud, sostiene la proposición del PP que «el habla de los valencianos, que parte sin duda de la más profunda prehistoria, se escribe ya desde el siglo VI antes de Cristo con el lenguaje ibérico» [sic].⁶² El único comentario pertinente por mi parte es que seguiré con atención este hallazgo filológico pionero; mi municipio de origen, Alcanar, es el más meridional de la Cataluña costera, y tiene un poblado íbero (La Moleta del Remei) de ocupación ininterrumpida entre mediados del siglo VII a.C. y finales del II a.C. ¡Somos tan iguales!

En mi opinión, estas políticas (o mejor, extravagancias) no tienen nada que ver con un potencial fantasma del pancatalanismo sobrevolando el cuadrante nororiental de la península. Tampoco me parecen acciones prioritariamente dirigidas contra Cataluña, aunque un tanto inamistosas hacia el catalán sí pueden considerarse. De hecho, los ciudadanos aragoneses antes catalanohablantes (ahora LAPAOhablantes) muy bien no se lo han tomado, pues más del 60 por ciento de los municipios de la franja oriental de la región habían ya solicitado la derogación de la denominación y de su ley a los pocos días de haberse aprobado esta ley.

Creo que la explicación de estos monumentales ridículos institucionales y científicos tiene un carácter básico diferente. Dada la existencia de un conflicto intergrupal de raíz antigua, y crecientemente hostil, algunos sectores de Aragón y del País Valenciano (me tomo aquí la licencia de usar coloquialmente esta expresión, que recuerdo que está incluida en el preámbulo de su Estatuto de Autonomía y en el nombre oficial de algunos de sus partidos con representación parlamentaria) dirigen hacia su propio grupo nacional muestras expresas de adhesión y de cohesión interna. Y lo hacen en uno de los ámbitos de la vida cotidiana en el que más intensamente se percibe la diferencia, como es el lingüístico.

Nótese que estas iniciativas de secesionismo lingüístico son impulsadas por algunos sectores castellanohablantes que imponen a otros ciudadanos de sus regiones de lengua no castellana qué es o no es, o cómo se llama o no se llama, su propia lengua. Con ello, declaran con rotundidad —mirando hacia su propio grupo nacional—: «No nos confundáis con ellos, no somos catalanes».

Nadie debería extrañarse de que los destinatarios de las muestras de adhesión reciban con comprensión, cuando no con agrado, la proliferación de lenguas en el este y nordeste peninsular.

Aunque, si acaso, cabe una pequeña objeción: es bastante sobreactuado. Incluso habiendo pasado por el trauma de una anexión forzosa a Alemania unas décadas atrás, no se conocen en Austria opiniones que sostengan que su lengua es distinta del alemán. Y, dicho sea de paso, Hitler nació y creció en Austria.

La amenaza del estereotipo

La amenaza del estereotipo es la preocupación del estereotipado por que una acción o su resultado sean vistos mediante las lentes de un estereotipo negativo.⁶³ La amenaza del estereotipo tiene un efecto particular cuando los miembros del grupo estereotipado se proponen destacar en el ámbito en que el estereotipo es significativo.⁶⁴ Una posible reacción de los miembros del grupo estereotipado es la desidentificación y la pérdida de la implicación en los ámbitos o funciones en que son estigmatizados más duramente.⁶⁵ Una reacción alternativa es perseverar en el objetivo, prestando una atención especial a desmentir los estereotipos.⁶⁶

Me permito usar una anécdota personal para ilustrar la primera de las reacciones. El 10 de marzo de 2011 presenté en Gandía mi libro España, capital París. En los momentos iniciales del coloquio, un asistente me preguntó qué alternativas referidas a la conexión con Europa para transporte de mercancías me parecían más convenientes para los valencianos. Mi contestación fue que no tenía una respuesta creíble que ofrecer, pues es bien sabido que los catalanes sólo analizamos las cosas desde el punto de vista de lo que más conviene a Cataluña. Si bien un tanto inesperada por explícita, esta observación no fue disputada, y enmarcó adecuadamente el resto del agradable e interesante coloquio.

El otro tipo de reacción a la amenaza del estereotipo, el énfasis en desmentir los estereotipos para destacar mejor en el ámbito en que éstos afectan más, lo ilustra el artículo «Apuntes sobre Cataluña y España», publicado el 26 de julio de 2010 en El País, cuya autora fue Carme Chacón, ministra de Defensa en ese momento y diputada socialista en el Congreso, cofirmado junto al expresidente de Gobierno Felipe González. El artículo comentaba la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Es obvio que cualquier opinión sobre el Estatuto, sobre la sentencia del TC y sobre la dinámica política consiguiente es admisible, sea de quien sea y proceda de donde proceda. Ahora bien, no es fácil comprender cómo personas con formación jurídica, como es el caso, afirmasen: «En rigor, los efectos jurídicos del fallo sobre la realidad del Estatuto son pequeños». Por poner sólo un ejemplo, los actuales avatares legales del conflicto (institucional) sobre la lengua y la educación en Cataluña hubiesen sido imposibles sin la revisión que la sentencia de 2010 hizo de la doctrina del Tribunal Constitucional afirmada en sentencias anteriores, como la STC 337 de 1994.

Dada la formación jurídica de los autores del artículo, ¿cómo se puede entender la calificación de «pequeños» de los efectos jurídicos del fallo de la sentencia del TC sobre el Estatuto? ¿Se debe quizá a una preocupación de la autora por desmentir los estereotipos que afectan a su grupo de origen (en este caso, el catalán), para no perjudicar sus posibilidades de éxito profesional en un ámbito en que esos estereotipos actúan eficazmente, como es el de la política estatal?

Un éxito garantizado: el persistente guión en las discusiones sobre financiación territorial

Nos guste o no, la historia entra dentro de la propia definición del problema de las actitudes intergrupales y de las imágenes que tenemos de nuestro propio grupo y de otros grupos.

MUZAFER SHERIF,
Group conflict and co-operation

Si bien puede parecer que la hostilidad es una consecuencia de las diferencias entre grupos, en la realidad lo que provoca la hostilidad es la amenaza o el conflicto entre grupos.⁶⁷ Y es esa hostilidad la que orienta la selección de las diferencias entre grupos, diferencias sobre las que se edifican los estereotipos.⁶⁸ Los orígenes sociales de los estereotipos responden a las necesidades explicativas e ideológicas de los grupos sociales como un conjunto en su lucha por la superioridad relativa y el dominio sobre otros grupos.⁶⁹ Una vez formados, están a la espera de ser activados.⁷⁰ En este sentido, pueden utilizarse como armas ideológicas y como propaganda en situaciones de conflicto intergrupal.⁷¹

Los regulares debates sobre financiación autonómica en España son uno de los principales activadores de estereotipos. La última muestra la tenemos en el esperpéntico debate sobre la flexibilidad del objetivo de déficit para las CC. AA., recogido en mi artículo «Sin pies ni cabeza», en La Vanguardia del 21 de mayo de 2013, que se reproduce en el Anexo. Dejo para una sección posterior una discusión más profunda y detallada de los asuntos fiscales territoriales. Sí procede mencionar aquí que el País Vasco y Navarra son las CC. AA. más ricas de España (con Madrid), pero su contribución a la solidaridad interterritorial es marginal, cuando no nula. Lo sabe cualquier persona que se haya aproximado a las cuentas territoriales. Sin embargo, no ha habido debate sobre financiación autonómica en que no haya eclosionado el estereotipo del egoísmo y la insolidaridad de los catalanes.

Una aclaración innecesaria, pero conveniente

Quizá algún lector no se haya percatado todavía de que esta sección (como su título indica) tiene a los catalanes por sujeto pasivo, y no activo. En tal caso, probablemente encuentre a faltar ejemplos de «catalanes». Efectivamente, aunque es conocido que la fijación de estereotipos es más exacerbada en los grupos mayoritarios y menos en los minoritarios,⁷² nadie tiene la exclusiva de la conducta estereotipada.

Un ejemplo claro es el ofrecido por Josep Antoni Duran i Lleida, presidente del Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso, y por lo general persona de expresión moderada. En la precampaña de las elecciones a las Cortes Generales de 2011, y en referencia clara a Andalucía, afirmaba el 7 de octubre: «En otros sitios de España, con lo que hacemos nosotros, reciben el Plan de Empleo Rural (PER) para pasar toda la jornada en el bar de su pueblo». Las continuas matizaciones que tuvo que hacer en los siguientes días no aminoran su carácter de desafortunada conducta estereotipada.

El guión de los catalanes egoístas e insolidarios es una apuesta de éxito asegurado, porque el origen de estos estereotipos encaja como anillo al dedo en el proceso social de su generación, ya explicado. Podemos ilustrar este conflicto y sus consecuencias en el contexto del siglo XVII, en el que el condeduque de Olivares formuló en 1626 su proyecto de Unión de Armas. El objetivo de la Unión era suprimir la soberanía tributaria y de reclutamiento de tropas de las Cortes de Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia. Por cierto, nótese que sólo se puede suprimir aquello que existe. Y produce cierta vergüenza ajena la obsesión que tienen algunos en negar lo que es de común conocimiento en el análisis académico internacional sobre la formación de los Estados en Europa: Pierre Vilar,⁷³ Charles Tilly⁷⁴ y Stein Rokkan,⁷⁵ entre otros muchos, sostienen expresamente que Barcelona y Cataluña operaban como una ciudad-Estado independiente antes de la guerra de Sucesión.

Las visiones contrapuestas eran las siguientes: en Castilla se opinaba que la aportación de esos territorios a los gastos militares, en dinero y hombres, estaba muy por debajo de lo que sería ecuánime respecto a Castilla. Por el contrario, en Cataluña se opinaba que esa política imperial, tras haber arruinado a Castilla, arruinaría también a Cataluña. No interesa aquí el mérito de cada punto de vista, sino el hecho de que éste fue un elemento fundamental en el proceso de tensiones crecientes que desembocaría en la guerra de Cataluña. Esta guerra, conocida en Cataluña como la guerra dels Segadors, enfrentó en la década de 1640 a tropas catalanas y francesas de una parte, y de la Corona de Castilla de otra.⁷⁶ María Soledad Arredondo ha analizado la literatura castellana sobre este episodio histórico en «Armas de papel. Quevedo y sus contemporáneos ante la guerra de Cataluña», y señala que «los reproches contra los catalanes ponen de manifiesto que la raíz de la guerra está en la singularidad catalana: sus fueros y privilegios, continuamente enarbolados para no participar en los gastos comunes de la monarquía, para no formar parte del ejército y para demostrar que son vasallos peculiares».⁷⁷

Es aquél un momento de declive político y económico en Castilla, a la vez que de gran vitalidad cultural en prácticamente todas las manifestaciones artísticas, y que dejaría una impronta cultural muy duradera. Entre todos los escritores del momento, el de mayor impacto popular era Francisco de Quevedo, «quien, incluso entre la plebe española, representa de modo más genuino a la intelectualidad», según Gregorio Marañón.⁷⁸

Es en este contexto cuando Quevedo formula en la obra La rebelión de Barcelona ni es por el güevo ni es por el fuero,⁷⁹ su indeleble caracterización de los catalanes: «Son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha», y continúa Quevedo: «Esta gente, de natural tan contagiosa; esta provincia, apestada con esta gente; este laberinto de privilegios, este caos de fueros, que llaman condado».

Se ha sugerido en ocasiones que la proverbial acidez de Quevedo pudo haberse visto acentuada en esta ocasión por su deseo de agradar al rey Felipe IV y al conde-duque de Olivares, desde su confinamiento en prisión. En todo caso, el trasfondo de esa visión fue el común entre los escritores que documentaron el episodio de la guerra de Cataluña formando la imagen al respecto en Castilla, entre ellos Calderón de la Barca y Matías de Novoa: «Todos los textos que manejamos, menos el de Gracián, señalan en algún momento la mala condición de los catalanes».⁸⁰

Éstos son los resortes tan poderosos que regularmente se activan cuando arrecian las discusiones sobre asuntos fiscales territoriales en España.

Un fracaso anunciado: el fomento de la visión de los catalanes como grupo social totalitario

Hemos tenido ocasión en el capítulo anterior de documentar la frecuencia con la que en la actualidad las expresiones de identidad catalana se asocian con el totalitarismo, incluso con el nazismo. Estos procedimientos son consistentes con lo que nos enseña el conocimiento científico sobre estrategias de deshumanización, previas a la agresión, que suelen dirigirse contra «grupos externos percibidos como de alta competencia y baja afectividad».⁸¹ Ésta es precisamente la percepción que los estudios revisados más arriba recogen sobre los catalanes.

Desde luego, es muy molesto, y sus potenciales consecuencias son graves. Pero en mi opinión no se dan las condiciones adecuadas para que esta visión se incorpore al acervo de imágenes sobre los catalanes. No goza de sustento en la percepción acumulada históricamente. Regresemos a sus cimientos fundamentales, en el período y vicisitudes históricas que acabamos de visitar.

Tiene interés indudable invocar de nuevo a Quevedo, cuando afirma: «Son los catalanes aborto monstruoso de la política. Libres con señor; por esto el conde de Barcelona no es dignidad sino vocablo y voz desnuda».⁸² O a Matías de Novoa,⁸³ quien señala sobre los catalanes que «ellos no saben lo que han de defender […] y con libertad de república tirana es oído mejor el ignorante que el letrado, más aplaudido el plebeyo que el noble», y sigue: «Y apeteciendo el Gobierno democrático, querían ser anarcos, y que cada uno viviese a su libre albedrío, sin policía, sin justicia».

No preocupa dirimir aquí cuán bueno o malo esto fuese. Además, es probablemente empresa imposible con los lentes y concepciones del siglo XXI. Ahora bien, no parecen desde luego los mejores mimbres para construir la cesta del estereotipo «totalitario».

Además y, sobre todo, porque es bien conocido que «el autoritario es alguien que tiene predisposición a juzgar a partir de prejuicios».⁸⁴

APÉNDICE

TABLA 2.A.1

Actitudes hacia el resto de grupos territoriales según la comunidad de residencia

Fuente: Tabla 4.2 en José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 66.

Capítulo 3

DESDÉN, DESCONFIANZA Y DISOLUCIÓN

En algunas situaciones, la salida es una reacción de último recurso, después de que la voz ha fracasado.

ALBERT HIRSCHMAN,
Exit, voice and loyalty

Estamos llegando a la rótula de este libro. Es un buen momento para recapitular. Desde mediados de la pasada década se ha producido entre los catalanes un aumento sostenido de la preferencia constitucional por un Estado independiente. Este aumento se ha acentuado especialmente desde 2010, de forma que el Estado independiente ha pasado a ocupar el primer lugar entre las preferencias de los catalanes. En todas las encuestas desde ese año en que se ha preguntado a los catalanes por su posición ante un referéndum por la independencia, la opción favorable supera con gran distancia a la contraria. La posición favorable a la realización de una consulta al respecto —a la expresión de soberanía— es todavía más mayoritaria, pues la suscribe incluso una parte importante de los catalanes que votarían no a la independencia.

Los argumentos improvisados y más socorridos en el debate político y público en España para explicar esta evolución de preferencias han sido (1) el adoctrinamiento de los niños catalanes perpetrado por el sistema educativo catalán desde que está bajo gestión autonómica y (2) la extensión de una epidemia de nacionalismo entre la población, que habría alterado la capacidad de discernimiento de la gran mayoría de los catalanes.

El argumento del adoctrinamiento de los niños catalanes se enfrenta con los datos de la realidad. La opción a favor de la independencia en las encuestas es ampliamente mayoritaria en todos los segmentos de edad. También entre las generaciones de catalanes que fueron educados bajo el régimen franquista, las generaciones nacidas a principios de la década de los sesenta o antes. Con toda seguridad, el argumento del adoctrinamiento de los niños es una proyección hacia Cataluña de lo que sería el deseo explícitamente expresado por los muy conspicuos representantes del nacionalismo español, que definen lo suyo como «patriotismo», en la lógica propia del nacionalismo banal: «Españolizar a los alumnos catalanes».

El argumento de la extensión del virus del nacionalismo entre los catalanes confunde «identidad nacional» con «nacionalismo». Y choca también contra los datos de la realidad. La apelación a argumentos identitarios y de tipo nacionalista es más del doble de frecuente entre los catalanes que dicen que votarían en contra de la independencia que entre los catalanes que dicen que votarían a favor. Otra vez, la intensidad del recurso a este argumento fallido es directamente proporcional a la intensidad del nacionalismo español del analista u opinador en cuestión. En el primer capítulo se han aportado muestras fehacientes y muy expresivas al respecto.

Un tercer argumento sostenido de forma generalizada y difusa es que el aumento del independentismo se explica porque «los catalanes quieren ser diferentes». No es muy fácil determinar la intensidad del deseo de ser diferentes de los catalanes, pues todavía no se dispone de diferenciómetros tan sofisticados. Pero sí es posible evaluar la percepción que tienen los ciudadanos del resto de regiones sobre la diferencia de los catalanes.

Los datos son abrumadores: los catalanes son vistos como muy diferentes a los españoles por los ciudadanos de todas y cada una de las regiones de España. Es más, son vistos incluso como más diferentes a los españoles de lo que se ve a los europeos. Esta percepción de diferencia expresa y naturaliza la percepción por los españoles de los catalanes como un grupo social de tipo nacional diferente. Vendría a traducir una posición del tipo «Cataluña es España, pero los catalanes no son españoles». Aunque esta percepción es generalizada, en la realidad no se traduce en un reconocimiento explícito de las identidades nacionales diversas en España.

Además de ser vistos como diferentes, los catalanes —como grupo social— generan un rechazo intenso y unánime en todas las regiones españolas. Son rechazados como compañeros de trabajo por la gran mayoría de no catalanes que se pronuncian al respecto. Además, y en general, se les asocia con las características de tacaños, egoístas, insolidarios, cerrados, ambiciosos, materialistas y antipáticos. Aunque con menor intensidad (y de forma decreciente), se les asocia también con las características de emprendedores, inteligentes, prácticos y serios. Esto define una relación emocional y anímicamente tóxica, aunque también instrumentalmente útil. Es decir, se trata de una asociación de conveniencia meramente material.

Dos incisos son procedentes en este punto. En primer lugar, ni la población de Cataluña ni la de región alguna son uniformes en sus opiniones, percepciones e identificaciones de grupo. Dicho esto, hay que recordar que las observaciones efectuadas se corresponden con actitudes y percepciones medias que son muy representativas del grupo respectivo.

En segundo lugar, es del todo irrelevante en qué medida estas actitudes son «ecuánimes» o estas percepciones se ajustan a la realidad. Al fin y al cabo, estas actitudes y percepciones son las que definen la realidad de las relaciones intergrupales con los catalanes. Podemos incluso asumir que hay muy buenas razones para percibir así a los catalanes, y que sólo reciben la simpatía y preferencia que merecen. Aun así, lo que queda meridianamente claro es que la percepción de (la mayoría de) los catalanes de amplio rechazo en el resto de España no es producto de ninguna obsesión paranoica. También está claro que la identidad grupal de los catalanes es diferente, y está claro sobre todo para los ciudadanos de otras regiones.

Concluyamos esta recapitulación con la observación de que las actitudes y percepciones observadas no son coyunturales, no son consecuencia del último rifirrafe sobre financiación autonómica, o del último proceso de reforma del Estatuto. Son muy estables en el tiempo. De hecho, se edifican sobre las situaciones de aguda hostilidad y amenaza entre grupos que definieron las relaciones entre Cataluña y la Corona de Castilla en el siglo XVII. Sobre todo, entre el período previo a la guerra de Cataluña (en la década de 1640, la guerra dels Segadors en Cataluña) y que culmina con la guerra de Sucesión.

Esta guerra se desarrolló entre 1702 y 1714. Comenzó como un conflicto internacional, y a partir de 1705 adquirió también una dimensión interna: los territorios de la Corona de Castilla y Navarra se alinearon con el bando francés, mientras que los de la Corona de Aragón lo hicieron con el bando austríaco. En su vertiente interna, como señala David Ringrose, la guerra «adquirió la forma de una conquista borbónica de Cataluña, Aragón y Valencia».¹ En el ámbito institucional, «fueron abolidas las Cortes locales, la Corona empezó a vender los puestos de regidor en los Consejos municipales, los tribunales se incorporaron al sistema castellano y los corregidores fueron nombrados desde Madrid. De este modo, la autoridad real no sólo quedó fortalecida dentro de Castilla, sino que las prácticas castellanas se extendieron a la Corona de Aragón».² España quedó transformada de hecho y de derecho en un Estado centralizado.³

Como explicaba en mi artículo «Desmitificando desmitificaciones» (en La Vanguardia, el 15 de enero de 2013, reproducido en el Anexo), no creo que el historicismo tenga un papel determinante en los debates actuales sobre Cataluña y España. Ahora bien, no podemos entender la realidad de dónde estamos y cómo hemos llegado a ella sin tener en cuenta cuáles son las bases y los antecedentes de los problemas. Recordemos de nuevo: «Nos guste o no, la historia entra dentro de la propia definición del problema de las actitudes intergrupales y de las imágenes que tenemos de nuestro propio grupo y de otros grupos».⁴

Éste es el cuadro de base del problema. Un antiguo y duradero problema de desconfianza recíproca entre grupos distintos que coexisten dentro de una misma organización estatal. Una relación que es vista por amplios sectores de España como, aunque instrumentalmente útil, emocionalmente tóxica. Una asociación de conveniencia. Ésta es la sustancia de la conocida aseveración de José Ortega y Gasset en su discurso parlamentario el 13 de mayo de 1932: «El problema catalán […] es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar». Desafortunadamente, la «conllevancia» no es un marco adecuado para las relaciones de cooperación en mutuo provecho. Además, es una situación de naturaleza inestable, que dificulta el correcto funcionamiento de la organización estatal en cuyo seno se produce.

Pues bien, la razón principal que explica el aumento del apoyo a la independencia en Cataluña es el fracaso de los intentos de generar un nivel suficiente de confianza que sirviese para conseguir grados aceptables y estables de cooperación dentro del Estado español, organización institucional de España. Es lo que se ha denominado en ocasiones, de forma un tanto metafórica, el problema del «encaje de Cataluña en España». Tal fracaso ha llevado a la mayor parte de los catalanes que habían participado activamente en este proyecto, o lo habían apoyado, a la conclusión de que el «encaje» es imposible. Enfrentados a una disyuntiva polarizada entre asimilación (es decir, disolución dentro un único grupo nacional en España) y secesión, la independencia es asumida como solución preferida en este menú restringido.

No se trata de nada tan grandilocuente ni épico como adoctrinamientos, epidemias de nacionalismo o ganas de ser diferentes. Es más sencillo de entender, aunque quizá más duro de aceptar: cuando ha fracasado la voz, la salida se convierte en una reacción de último recurso.

Este capítulo se propone diseccionar este proceso en las últimas décadas. De acuerdo con la cuestión que se pretende explicar, y a diferencia del capítulo anterior, ofrece una visión desde Cataluña. Para avanzar en tal dirección, necesitamos primero aprovisionarnos con algunos conocimientos generales sobre el efecto de los conflictos entre grupos, la función de la confianza, sus efectos, cómo se genera, cómo se pierde y los efectos de la desconfianza.

CONFLICTO ENTRE GRUPOS Y SUS CONSECUENCIAS

El conflicto entre grupos puede definirse como alguna forma de incompatibilidad de objetivos, creencias, actitudes y conductas.⁵ Presenta tres variables: existencia de una necesidad sentida de toma conjunta de decisiones, diferencia de objetivos, y/o diferencia de percepciones de la realidad.⁶

No resulta nada difícil identificar la existencia recurrente de estos factores en la dinámica de relaciones entre Cataluña y España. La incompatibilidad básica de objetivos es la diferencia entre (1) el proyecto de construcción nacional española basado en la existencia de una única nación que diluye en su seno cualquier entidad preexistente y (2) la persistencia de la identidad nacional en Cataluña, que rechaza su dilución vía asimilación en una organización estatal de matriz uninacional, y prefiere que tal organización estatal sea de tipo plurinacional.

Ambas aspiraciones son legítimas, pero también son incompatibles. La primera suprime por su propia naturaleza el propio concepto de toma conjunta de decisiones, que es una consecuencia lógica (el tradicional «pactismo») de la aspiración del Estado plurinacional. Éste es el nudo básico del problema. Nunca resuelto, y muy probablemente irresoluble.

Esto tiene como consecuencia una gran divergencia de actitudes y percepciones en diferentes ámbitos de la realidad, entre los que destacan el de la cultura y la lengua, el de las relaciones fiscales o el de las políticas de infraestructuras, por mencionar sólo algunos de los más visibles, y que posteriormente examinaremos con detalle.

Es visible la regularidad y persistencia con que tanto a nivel de órganos representativos (Cortes Generales y Parlamento de Cataluña) como de debate público y social se sostienen posiciones encontradas y por mayorías opuestas muy amplias. Estas diferencias no son productos de fallos de información o de diferencias en la disponibilidad de datos. Son sobre todo diferencias de perspectivas y enfoques, diferencias basadas en la existencia de principios y objetivos distintos. Sobre la diferencia de actitudes y percepciones no es necesario añadir demasiado, después del expresivo despliegue de datos efectuado en el capítulo anterior.

Todas las organizaciones presentan algún grado de conflicto. De hecho, un cierto grado de tensión conflictiva suele ser positivo, pues estimula el cambio y la innovación. Por tanto, ayuda a evitar la atrofia a la que inevitablemente se abocan las organizaciones que no reciben ningún cuestionamiento desde dentro ni presión competitiva desde fuera. Éste es el significado escueto y concreto del análisis de Ortega y Gasset en 1921 en su España invertebrada, cuando escribe, con la retórica propia de su momento:

Es preciso, pues, que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional, no como una coexistencia interna, sino como un sistema dinámico. Tan esencial es para su mantenimiento la fuerza central como la fuerza de dispersión […]. [L]a energía unificadora, central, de totalización —llámesele como quiera—, necesita, para no debilitarse, de la fuerza centrífuga, de la dispersión, del impulso centrífugo perviviente en los grupos. Sin este estimulante, la cohesión se atrofia, la unidad nacional se disuelve, las partes se despegan, flotan aisladas y tienen que volver a vivir cada una como un todo independiente.⁷

Sin embargo, las situaciones estructurales y permanentes de conflicto imponen grandes costes de funcionamiento a las organizaciones —lo que se denomina de forma más precisa en ciencias sociales costes de transacción—. La gran cantidad de tiempo, energía y recursos empleada en España en los debates territoriales es una buena muestra de ello. Además, los conflictos intensos suelen polarizar la organización en campos rivales.⁸ Éste ha sido un tema recurrente en todos los períodos democráticos en España desde el siglo XIX, y sólo ha podido ser «soslayado» transitoriamente mediante Gobiernos autoritarios o dictatoriales (en algunas ocasiones un tránsito muy largo, hay que precisar). Responde al hartazgo orteguiano de la «conllevancia», concepto aplicado al asunto por el filósofo en su etapa parlamentaria, sólo once años después de su España invertebrada.

En todo caso y situación, esto perjudica gravemente el grado de cooperación entre sus miembros/grupos que cualquier organización necesita para un funcionamiento eficaz. Especialmente, cuando una organización está formada por diferentes grupos que se perciben como tales unos a otros, aunque no haya reconocimiento formal de esa diferencia por parte de uno de ellos, el mayoritario.

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO PERSISTENTE: UN EJEMPLO RELEVANTE

En términos sociales y económicos, la redistribución es una forma de transferencia de rentas monetarias o en especie —servicios públicos—. Tales transferencias son progresivas si benefician con mayor intensidad a los ciudadanos más débiles socioeconómicamente, y/o son financiadas en mayor medida por los ciudadanos de mayor estatus económico. En un capítulo posterior nos ocuparemos con mayor detalle del estado retórico y práctico de la redistribución en España. El lector se sorprenderá de la distancia entre retórica y práctica.

La redistribución, sus funciones y su dinámica

En los Estados más grandes del mundo hay personas más favorables a la redistribución, y personas menos favorables. Pero son muy pocos los que están a favor de la redistribución total (altruismo extremo, igualando todo), y también son muy pocos los que están en contra de cualquier tipo de redistribución (egoísmo extremo). En los Estados más pequeños sucede lo mismo: hay una diversidad de opiniones sobre la redistribución, aunque en promedio en los Estados pequeños parece haber mayor propensión a la redistribución.⁹

Sin embargo, si atendemos a los ayatolás del debate territorial en España, Cataluña sería un caso particular en el mundo, porque está —se dice— llena de gente totalmente contraria a la redistribución. Pero como se hace difícil, especialmente para los predicadores morales residentes en Cataluña, soportar la idea de que viven en un lugar en el que una parte mayoritaria de la población sea tan mala, se completa el argumento con el recurso a la manipulación de la mayoría de «buena gente» por parte de una minoría que quiere evitar la redistribución por interés privado. Quede constancia de que tratar de ignorantes a mayorías bastante amplias de conciudadanos no es un comportamiento demasiado cívico, que digamos.

De nuevo, todo es más sencillo. Se trata de estar algo más al corriente del pensamiento social y de la literatura científica moderna, de entender que mucha gente —en ocasiones la mayoría— puede ser parte de un grupo diferente al que uno percibe y vive como el propio, y —sobre todo— de tener la modestia de reconocer la posibilidad de que haya también algún fundamento moral en la posición del otro.

Volvamos ahora al centro del asunto: ¿por qué las opiniones sobre la redistribución tienen mucha menos polarización que otras grandes cuestiones sociales? ¿Por qué hay mucho más apoyo moderado (sea mayor o sea menor) y muchas menos posiciones extremadas (a favor o en contra)? Porque la redistribución es una consecuencia de la dependencia recíproca obligatoria. Y en los grupos humanos la dependencia recíproca (interdependencia) es una estrategia evolutiva para la supervivencia a largo plazo.¹⁰

Hemos aprendido a lo largo de generaciones que las probabilidades de supervivencia mejoran si confiamos en otros respecto a información, ayuda y recursos compartidos. Esto, a su vez, nos obliga a dar información, ayuda y recursos a otros.¹¹ La reciprocidad es una base ineludible de la redistribución. Es una forma intermedia entre el altruismo y el egoísmo,¹² y puede ser vista como una inversión de altruismo a corto plazo con objetivos de interés propio a largo plazo.¹³

Esto es perfectamente perceptible en los períodos subsiguientes a procesos en que la supervivencia del grupo ha sido sometida a amenaza intensa. No debe extrañar que las décadas inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial, tras un período de grandes sacrificios compartidos, fueran tiempos de alta intensidad redistributiva. En ésta se asentó buena parte del Estado de bienestar en muchas sociedades de Europa Occidental. También tiene que ver con los altos niveles de confianza social y de confiabilidad de las instituciones públicas y los procesos de decisión colectiva en las décadas de 1950 y 1960.

A la vez que la redistribución refleja y estimula la cooperación entre grupos, está sometida a una tensión entre intereses individuales e intereses grupales. A nivel individual puede ser racional no cooperar, pues ya se encargarán de hacerlo los demás. Es la conducta del polizón. Pero a nivel de grupo, si nadie coopera el grupo no sobrevive. Ni el puro egoísmo individual ni el altruismo infinito garantizan la supervivencia del grupo, de ahí que las posiciones extremas en este ámbito gocen de tan escaso apoyo.

Un instrumento para lograr un equilibrio entre el egoísmo individual y la cooperación indiscriminada es establecer delimitaciones entre grupos. De esta forma, «los grupos definidos son comunidades acotadas de obligación mutua y confianza que delimitan el alcance esperable tanto de los beneficios como de los costes de la cooperación».¹⁴ En este sentido, los grupos limitan a sus miembros mutuamente reconocidos la ayuda, con lo que pueden reducirse los riesgos de la no reciprocidad. No es, por tanto, extraño que la lealtad dentro del propio grupo y su consiguiente confianza y cooperación se desarrolle más eficazmente en grupos relativamente pequeños,¹⁵ y que en los grupos pequeños la propensión a la redistribución sea relativamente mayor.

Una consecuencia de esta dinámica es que los miembros de un grupo prestan mucha mayor atención a las preocupaciones y bienestar de su propio grupo, sin preocupación relevante hacia la posición o los resultados de quienes están fuera del ámbito del grupo.¹⁶

Una aplicación al caso de España

Ahora estamos ya en posición de entender mejor algunas cosas en lo que concierne a nuestro caso, el de Cataluña y España, aunque no sea imprescindible compartirlas.

En España no existen propuestas relevantes, ni siquiera entre los más conspicuos proponentes de mucha redistribución, para orientar el esfuerzo redistributivo hacia colectivos en situación especialmente precaria en el mundo. Se considera preferible emplear los recursos en redistribuciones internas, lo que no deja de ser una redistribución entre personas relativamente ricas (casos de exclusión social aparte) en el contexto global. Más allá de programas muy delimitados de cooperación internacional, la redistribución se realiza dentro del propio grupo (la polis), que es donde se tiene la expectativa de que exista reciprocidad. El Estado es el instrumento organizativo a través del cual se procede a organizar la redistribución (entre otras muchas funciones).

Y aquí reside precisamente el problema que nos ocupa: el hecho de que existan diferentes grupos nacionales en España (sean reconocidos formalmente o no) complica las cosas. Quien no admite (contra toda la evidencia mostrada en el capítulo anterior) la existencia de más de un grupo nacional, quizá con la visión de que esto es imposible por definición en un Estado, tenderá a ver los debates redistributivos territoriales como un deseo de escapar de la redistribución. En cuanto no puede asumir que exista otro grupo diferente del suyo en el Estado (su «nación»), no puede entender que los miembros de otro grupo simplemente —y simétricamente— acoten la redistribución dentro de su propio grupo, habitualmente por la percepción de falta de reciprocidad entre grupos.

En el fondo, con todo, una pequeña paradoja subsiste. Una mayoría amplia y consistente de españoles tiene —desde hace mucho tiempo— una actitud más desfavorable y distante hacia los catalanes que hacia el grupo «europeos», como se documentó en el capítulo anterior. Entonces, ¿por qué esperan más cooperación (en este caso redistribución) de quienes son menos preferidos y son tratados como más diferentes? Incluso en el supuesto de que una larga historia de reticencia a la redistribución hubiese hecho comprensible que los catalanes sean postergados respecto a los europeos, eso no cambiaría la cuestión. Repitamos: ¿por qué esperar más redistribución de quienes son menos preferidos y son vistos como más diferentes? ¿Por el solo hecho de que están dentro del mismo Estado? Si la discusión de estas cuestiones dejase de lado las prédicas morales quizá lograríamos conversaciones más provechosas, incluso si el asunto no tiene solución.

Por cierto, el lector atento seguramente recuerda del capítulo anterior que las regiones más ricas y que menos aportan a la solidaridad en España, el País Vasco y Navarra, no son percibidas como insolidarias, pues quedan para los catalanes todos los puestos del podio con medalla en tal competición. En caso de que no se haya entendido todavía por qué es así, esto ayudará: «Las mismas conductas que son identificadas como cautelas razonables por parte de miembros del propio grupo al tratar con los de fuera, son interpretadas como “tribalismo” y traiciones potenciales cuando son exhibidas por miembros de otro grupo hacia el propio grupo».¹⁷ Al fin y al cabo, se tiende a desconfiar más del de fuera que del de dentro.

ESTRATEGIAS FRENTE AL CONFLICTO: UN SHOCK DE CARIÑO, OBJETIVOS DE ORDEN SUPERIOR Y GENERACIÓN DE CONFIANZA

Preliminar: lo que necesitas es amor

«Lo que necesitas es amor» fue un reality show que arrasó en televisión en la segunda mitad de la década de 1990, cuyo punto central era el fomento de la reconciliación de parejas «desencontradas». El asunto se iniciaba con el reclamo de reconciliación por una de las partes. A partir de ahí, la «Caravana del amor» del programa dedicaba todos sus esfuerzos a inducir a la otra persona a la reconciliación.

Éste es un programa que parece haber dejado una gran influencia cultural. No son pocas las personas que opinan que lo que necesitan los catalanes es cariño. Esto tiene su lógica, si uno atiende a los resultados de los estudios sobre simpatías y preferencias de los españoles, y ha tomado nota de las actitudes desde Cataluña percibidas como victimistas —con razón en algunas ocasiones, sin razón en otras— en el resto de España. De hecho, la «táctica del cariño» ha formado parte de la agenda de significados actores de la política española en las últimas décadas. Y esto pudo tener un cierto sentido en algunos momentos del último cuarto del siglo pasado.

Pero uno de los cambios que más desapercibidos han pasado en la opinión pública española y en el análisis sociológico territorial ha sido la llegada a la edad adulta de generaciones de catalanes nacidos en las décadas de 1960 y 1970, socializados en la Transición y en los primeros años de la democracia española, en un contexto de creciente apertura de España al exterior y de creciente integración con los países del entorno. Para esas generaciones de catalanes, la opinión o simpatía del resto de españoles hacia los catalanes (en cuanto grupo) ha dejado de ser un elemento relevante de su autoestima grupal. Es una consecuencia de lo que ha venido a denominarse como «desconexión emocional de España», que no ha dejado de crecer desde la segunda mitad de la década de 1990, y que se ha extendido también entre otras generaciones de catalanes. Es lo que reflejan los estudios demoscópicos sobre la evolución del sentimiento de pertenencia de los catalanes, y en particular la reducción del peso de la respuesta «Tan catalán como español».

Por muy bien intencionada que sea (cuando lo es), la «táctica del cariño» afronta como un problema psiquiátrico lo que es un problema de diferente orden. Se trata de ser respetado (para lo que no es imprescindible ser querido), y de tener el poder político imprescindible (éste sí) que garantice el respeto cuando falta el cariño. Porque el cariño es muy caprichoso e imprevisible en sus andares…, sobre todo cuando es instrumental. De ahí todo el saber contenido en «Mucho te quiero, perrito, pero pan poquito». Por ello, la táctica del cariño ha perdido gran parte de la eficacia que en algunos momentos pudo tener como paliativo de los síntomas del conflicto entre grupos. Al fin y al cabo, las aspirinas sirven para lo que sirven.

Por cierto, había olvidado mencionar que el programa «Lo que necesitas es amor» comenzó a perder popularidad después de que un solicitante de reconciliación apuñalase a su esposa porque ésta no había querido acudir al plató a pesar de los esfuerzos de la «Caravana del amor».¹⁸ Dicho sea de paso, cada vez que veía el vídeo electoral Nos gusta Cataluña,¹⁹ en la campaña de las elecciones catalanas de 2012, no podía evitar recordar ese desenlace en «Lo que necesitas es amor».

Objetivos de orden superior

Una respuesta más estratégica es la del establecimiento de objetivos de orden superior, que permitan aunar esfuerzos de todos y cada uno de los grupos dentro de la organización. Cuando los grupos se relacionan en condiciones que incluyen una serie de objetivos de orden superior, la cooperación hacia esos objetivos mejora las relaciones entre grupos y reduce la distancia social. Al fin y al cabo, si la incompatibilidad de objetivos provoca conflictos intergrupales, el establecimiento de objetivos comunes de orden superior que provoquen la cooperación reduce el conflicto intergrupal.²⁰

Efectivamente, al final del régimen franquista en España se definieron dos objetivos de orden superior que concitaron el apoyo y el esfuerzo de la gran mayoría de la población y de sus diferentes grupos «nacionales»: la restauración de la democracia y la incorporación de España a la dinámica social, política e institucional de Europa. La cooperación positiva para esos objetivos fue la nota dominante en la Transición a la democracia y en los primeros años del período democrático.

Pero esos logros, que muchos disfrutamos y de los que nos felicitamos, no llegaron a conseguir efectos estructurales, porque no afectaron a las causas estructurales del conflicto, singularmente una fuerte diferenciación nacional.²¹ Es decir, la mejor forma de reducir el conflicto entre grupos es remover o reducir las diferencias más prominentes entre éstos, y la interacción cooperativa mitiga el conflicto sólo en la medida en que se consigue tal resultado.²² Y para reducir las diferencias más prominentes había que resolver la incompatibilidad básica de objetivos, recordemos, entre (1) el proyecto de construcción nacional española basado en la existencia de una única nación, y (2) la persistencia de la identidad nacional en Cataluña, con la consiguiente preferencia por una organización estatal de tipo plurinacional. A falta de afrontar este conflicto fundamental de objetivos, la definición de objetivos de orden superior es equivalente a poner el carro delante de los bueyes.

Confianza

La «conllevancia» orteguiana ha acumulado un inmenso depósito de desconfianza recíproca entre grupos distintos que coexisten dentro de una misma organización estatal, la de España. Necesitamos entender algo mejor qué es la confianza, cuáles son sus efectos en la dinámica de las organizaciones, y cómo se genera.

La confianza puede definirse como la disposición a ser vulnerable a las acciones de otro,²³ e implica que creemos que el otro toma en cuenta nuestras preferencias o intereses en sus decisiones.²⁴ En tal caso, consideramos al otro como confiable. La confianza (y la correspondiente confiabilidad del otro) es especialmente necesaria para los grupos minoritarios y con escaso poder, porque son los que están en situación de mayor vulnerabilidad.²⁵ La confiabilidad es importante en las relaciones sociales, y de hecho las personas están dispuestas a castigar a «socios» no confiables aunque eso implique perder dinero.²⁶

La confianza es un componente fundamental en las relaciones que se mantienen de forma continuada en el tiempo:²⁷ promueve relaciones productivas, efectivas y cooperativas en organizaciones, dilemas sociales y situaciones de negociación.²⁸ Esto es importante especialmente en ámbitos como el económico, pues la confianza está entre los principales factores que explican el éxito en el desarrollo de las sociedades. En su ausencia se inhibe la inversión y la creación de riqueza,²⁹ y cuando la confianza falla se reducen significativamente los beneficios de la cooperación económica.³⁰ La falta de confianza está relacionada con los problemas de subdesarrollo y de atraso económico.³¹

El estudio internacional Values and Worldviews, cuya segunda parte fue hecha pública en junio de 2013 por la Fundación BBVA, aporta datos obtenidos a partir de un análisis en 10 países de la Unión Europea sobre diversos aspectos, entre ellos la confianza. La tabla 3.1 muestra los resultados para la pregunta: «¿En general, diría usted que se puede o que no se puede confiar en la mayoría de la gente?»; con valor 0 indica que no se puede y el valor 10 indica que sí se puede. En la tabla se han incluido también (1) los últimos datos disponibles relativos al Producto Interior Bruto per cápita (PIB pc) en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de 2011, obtenidos de Eurostat; y (2) la posición de cada país en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas para 2012 (un número bajo indica un nivel más alto de desarrollo humano). En negrita se ha resaltado la posición de España.

Parece indudable que la confianza tiene una asociación clara con el PIB per cápita. Los cuatro países con valores de confianza igual o superior a 6 tienen un índice de creación de riqueza muy superior al agregado de la Unión Europea. También es el caso de los países intermedios, como Italia y Reino Unido, aunque aquí destaca la excepción significativa de Francia (último país en confianza y único por debajo de España), y con un nivel de riqueza por encima del de la Unión Europea. La relación entre confianza y creación de riqueza no es perfecta, desde luego, pues hay muchos y diversos factores que contribuyen a la capacidad de creación de riqueza de un país; pero la relación parece bien clara.

TABLA 3.1

Confianza, creación de riqueza y desarrollo humano en 10 países de la Unión Europea

Fuente: Fundación BBVA para valores de confianza, Eurostat para PIB pc, y Naciones Unidas para el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Otra información de gran interés que nos ofrece el estudio de la Fundación BBVA confirma que el grado de confianza es menor a mayor en la distancia con el grupo de referencia, como muestran los datos presentados en la tabla 3.2. Éstos presentan el valor de la respuesta a la pregunta «¿Y en qué medida confía actualmente en los siguientes grupos y personas?» (0 significa que no confía en absoluto en ellos y 10 que confía totalmente en ellos). En el caso conjunto de los 10 países estudiados, la confianza disminuye siempre para el grupo más lejano. En el caso de España sucede lo mismo, con la excepción del grupo de personas del pueblo/ciudad, que suscitan más confianza que los vecinos inmediatos y los «superiores jerárquicos» en el trabajo o estudio.

TABLA 3.2

Confianza según diferentes grupos de referencia Europa España

Fuente: Fundación BBVA.

La falta de confianza en las relaciones de largo plazo tiene como consecuencia que aumenten los costes de relación (costes de transacción), porque la gente tiene mayor tendencia a adoptar actitudes autodefensivas y a tomar medidas ante el riesgo de comportamientos oportunistas de la otra parte.³² Las relaciones sociales de todo tipo en sociedades con un bajo nivel de confianza consumen mucha más energía y esfuerzos en actividades no positivas; son sociedades más agotadoras para sus miembros. ¿Les suena?

En contextos presididos por una desconfianza basada en el conflicto y en la experiencia de incapacidad en resolverlo, la generación de confianza es un requisito necesario para mejorar la cooperación entre grupos de forma estable, mediante la reducción de las diferencias más prominentes.

Aunque todavía no son conocidos con detalle los procedimientos mediante los que se genera la confianza, los desarrollos más recientes en el campo de la neurobiología y la neuroeconomía indican que el aumento de la empatía es el mecanismo que estimula la confianza. El cuadro de la página siguiente ofrece información sobre el mecanismo de transmisión.

La empatía se define en el Diccionario de la Real Academia Española como la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. En términos más coloquiales, es lo que se conoce como «ponerse en la piel de otro». El problema es que la empatía es menor hacia las personas de diferentes grupos sociales,³³ incluso en el caso de que las fronteras entre esos grupos sean tenues o arbitrarias.³⁴ Por tanto, el conflicto entre grupos modula fuertemente las respuestas empáticas,³⁵ y de hecho el sufrimiento del rival puede provocar incluso placer entre grupos rivales en conflicto.³⁶ Un ejemplo bien cotidiano de este punto lo encontramos, por ejemplo, en las competiciones deportivas, entre las aficiones de equipos que tienen gran rivalidad.

Cómo se estimula la confianza

El principio: La oxitocina

La oxitocina es una sustancia química vinculada tradicionalmente al ámbito reproductivo. Facilita el parto, inicia el flujo lácteo para el amamantamiento y promueve el cuidado maternal hacia los recién nacidos.³⁷ La oxitocina no es una hormona exclusivamente femenina.

La oxitocina promueve la reciprocidad y la confianza

La confianza es química.³⁸ Un nivel de oxitocina elevado está asociado a mayor reciprocidad hacia el agente causante de la emisión.³⁹ La emisión de oxitocina afecta positivamente a la confianza.⁴⁰ Es importante tener en cuenta que los resultados experimentales a este respecto se obtienen tanto a escala interpersonal como a nivel gubernamental. No obstante, generar confianza no es lo mismo que generar credibilidad: la tradición de confiabilidad del socio es importante, y puede limitar el efecto de la oxitocina.⁴¹

La empatía promueve la emisión de oxitocina

El desarrollo histórico, las normas sociales e incluso eventos actuales afectan a la confianza mediante la modulación de la emisión de oxitocina. El transmisor que sintetiza ese efecto es la empatía: la emisión de oxitocina está asociada con la experiencia subjetiva de empatía.⁴² Confiamos más fácilmente cuando entendemos a otros y sentimos empatía por ellos.⁴³

La empatía promueve la confianza

Cómo NO se estimula la confianza

En julio de 2006, el Estatuto de Autonomía de Cataluña fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP, entre otros. Comenzó un largo período de deliberación —cuatro años—, hasta la emisión de sentencia (junio de 2010).

La recusación infundada

El magistrado Pérez Tremps escribió un capítulo para un libro del Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat de Cataluña. Esta colaboración académica fue anterior a la reforma del Estatuto, y solicitada por un Gobierno anterior al que la promovió. El PP le recusó, y como el propio recusado no pudo votar su recusación, ésta se aprobó por seis votos del bloque «conservador» contra cinco del «progresista».

La no-reciprocidad de recusaciones

El magistrado Rodríguez Zapata, ponente en la recusación de Pérez Tremps, había hecho un informe similar para la Fundación Pi i Sunyer, entre cuyos patrones está la Generalitat. No fue recusado. Tampoco García-Calvo, que se había expresado públicamente contra el Estatuto.

Éste ha sido uno de los episodios más obscenos de la historia judicial, y condicionó directamente el debate y la sentencia del TC.

Epílogo

En junio de 2013, el Gobierno del PP designó candidato al TC a Enrique López. La mitad del TC (el bloque progresista) consideró que no cumplía los requisitos por no reunir la experiencia jurídica requerida.⁴⁴ El entonces presidente del TC, Pascual Sala, desempató a favor de la ratificación con su voto de calidad. El señor López ha realizado más de 50 colaboraciones con FAES,⁴⁵ fundación del PP. Son conocidas sus opiniones públicas sobre los procesos políticos en Cataluña.

¿Se abstendrá Enrique López en recursos sobre el conflicto catalán? Parece que no, según portada de 8 de junio de El Mundo: «El Gobierno apuntala la firmeza del TC ante el independentismo». Por cierto, el actual presidente del TC, Pérez de los Cobos, ha compatibilizado la condición de miembro del TC y de militante del PP: ¿se abstendrá en los asuntos que afecten a intereses o posiciones del PP?

Para decirlo todo, ¿alguien espera que el TC se comporte como órgano no partidario?: «Respecto a la influencia política, el voto sobre constitucionalidad parece dominado esencialmente por el recurso judicial interpuesto a nivel nacional por el partido que designó al juez. Los resultados de nuestra regresión confirman que la influencia política en la pauta de voto de los jueces del Tribunal Constitucional en España es máxima cuando afectan a los intereses de los partidos nacionales»⁴⁶

El aumento de la confianza tiene como requisito previo el aumento de la empatía. Éste era el reto que había que acometer para lograr una reducción del conflicto entre grupos que mejorase la cooperación en España. Pero el balance después de tres décadas es más bien el opuesto: nos encontramos en el punto más bajo de empatía entre grupos y en el punto más alto de desconfianza entre grupos que ha vivido la inmensa mayoría de españoles y de catalanes. Algunas cosas cruciales no han salido bien.

UNA CARACTERIZACIÓN SUCINTA DE LAS POLÍTICAS CATALANAS RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN ESTATAL

Las políticas catalanas en España se han producido en diferentes dimensiones (económica, social, territorial…) y han tenido muchos actores. Aquí no me propongo hacer un análisis completo y profundo de todas las políticas y de todos sus actores, tarea que requeriría en sí misma un libro completo. Tampoco me interesa aquí la vertiente de la acción política que ha promovido intereses privados de los propios actores o de actores privados con capacidad de presión e influencia. Al fin y al cabo, la acción del político está guiada por una combinación de principios ideológicos (relativos al interés colectivo) y de intereses personales (de poder y/o materiales), y en muchas ocasiones acaba siendo difícil distinguir dónde está la frontera entre una y la otra. Seguramente, la combinación varía para cada persona, y es muy habitual que el peso del interés colectivo decrezca con la antigüedad en la «profesión».

Todo esto es muy interesante. Pero aquí nos limitamos a lo que es crucial para nuestro objeto de análisis: las estrategias catalanas respecto a la organización estatal.

El punto de partida es el marco definido por: (1) el diseño —abierto— de la organización territorial del Estado en la Constitución de 1978, elaborada bajo todas las restricciones que durante tantos años nadie quiso recordar; (2) la puesta en marcha del Estado autonómico y la generalización del proceso guiada de arriba abajo por la pretensión de diluir la singularidad de las nacionalidades históricas, y de abajo arriba por las demandas territoriales generalizadas; y (3) el primer intento (fallido) de «armonización» mediante la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), una de las consecuencias del golpe de Estado de 1981. En este marco, las estrategias catalanas básicas han sido dos: (1) el proyecto nacionalista; y (2) el proyecto federalista.

1. El proyecto nacionalista perseguía el aumento de cuotas de poder y de consolidación del autogobierno mediante el aislamiento más amplio posible de ámbitos de la política catalana respecto de la política española. El nacionalismo catalán había ido abandonando la confianza en la posibilidad de la transformación de España en un Estado plurinacional. Esta confianza se había evaporado a mediados de la década de 1980. Se trataba por tanto de establecer zonas concretas de «soberanía» política de hecho, en un marco institucional y de organización estatal cuyo cambio se daba por imposible tras su institución en la Transición y sus primeros pasos. Por ello, su estrategia preferente fue, por un lado, el compromiso con la consolidación de la democracia y la integración en Europa.⁴⁷ Por otro, la singularización —la asimetría— y la apuesta por una interpretación lo más abierta posible de las ambigüedades constitucionales, para hacer más soportable la «conllevancia».

2. El proyecto federalista tenía como objetivo estratégico la transformación federal de España, el reconocimiento de un carácter plurinacional del Estado. Por esta vía, se lograría una mejor integración de Cataluña en España, que no pasara inevitablemente por la asimilación o disolución en un marco uninacional. Esta estrategia perseguía superar la «conllevancia» y mejorar la cooperación entre Cataluña y España. Se confiaba en que el compromiso de Cataluña con España fuese correspondido por el compromiso de España con Cataluña. Es oportuno notar aquí que el término «federal» en España se interpreta de forma libre; y de hecho, es un término abierto. En la mayoría del mundo se concibe, en síntesis, como reglas claras pactadas y observadas, que definen el poder de cada nivel de Gobierno, cuya relación no está sometida sistemáticamente a relaciones de subordinación jerárquica.

Las estrategias catalanas en política española han tenido dos actores principales en las tres últimas décadas: Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Éstas son las dos organizaciones que han ostentado las mayores cuotas de poder institucional en Cataluña y de influencia en la política española. CiU fue el actor principal en la estrategia nacionalista; el PSC fue el actor principal en la federalista.

El arranque: la década de 1980

Consecuentemente con la visión estratégica del proyecto nacionalista, CiU orientó su política española a apoyar externamente la estabilidad gubernamental en España. El método elegido para lograr la consolidación progresiva de mayores cuotas de autogobierno fue el proceso permanente de negociación política. Especialmente en los momentos más propicios, aquellos en los que el partido en el Gobierno central carecía de mayoría absoluta. Esta táctica fue bautizada coloquialmente en Cataluña como peix al cove (‘pescado a la cesta’ o ‘pájaro en mano’). CiU apoyó a todos los Gobiernos en minoría en España hasta la década de los 2000, como ya había hecho en la Transición política. Mientras tanto, tenía un gran control de la política autonómica en Cataluña, especialmente en el período de mayorías absolutas de 1984 a 1995.

La estrategia del PSC se orientó hacia la implicación directa en la política española, visualizada de forma plástica con la gran participación de ministros y de altos cargos en los primeros Gobiernos del PSOE. La influencia gubernamental del PSC se concentró en ámbitos diferentes al de la organización territorial del Estado. Por un lado, porque el actor relevante para la negociación política entre Gobierno central y poder autonómico fue siempre CiU. Además, el PSC era el principal partido de la oposición en la política catalana. Por otro, porque desde muy pronto adquirió relevancia la amenaza del estereotipo (recuerden del capítulo anterior): los miembros del PSC en tareas de Gobierno debían procurar que estuviese siempre muy claro que no perseguían un interés especial de Cataluña, restricción que nunca ha afectado a gobernantes procedentes de otras regiones. Respecto de sus regiones, claro está. De hecho, se vería como muy extraño y no natural que un presidente de Gobierno o un ministro (no catalán) dejase de «cuidar su territorio».

No es mi propósito enjuiciar los logros parciales de cada estrategia. De todo hubo. Me parece más relevante destacar que, en términos concretos, la no implicación directa de CiU en las tareas de Gobierno de España y la dinámica de negociación permanente sobre política territorial estimularon los estereotipos (claves de interpretación de una realidad compleja) ya asentados previamente: tacañería, egoísmo, insolidaridad… Hasta el punto de que se generó y difundió extraordinariamente el tópico de Cataluña como región más favorecida por la política de los sucesivos Gobiernos. Es un tópico absurdo si lo contrastamos con la realidad fría de los datos de las políticas públicas relevantes. Pero el contenido específico de las políticas siempre dio igual, por si acaso venía a desmentir las imágenes creadas sobre «el otro».

Esta evolución política reactivó la percepción en los sectores más nacionalistas de la política española, especialmente fuertes en el PP, de la necesidad de rearmar un «proyecto nacional» (recuerden que los «proyectos nacionales» sólo son nacionalistas si son los de los otros). Pasado el período de recogimiento e inhibición de la Transición y primeros años de la democracia, obligado por la frescura del recuerdo del franquismo y sus políticas «nacionales», esta pulsión se acentuó a finales de la década de 1980 y con más fuerza a principios de la de 1990.

La inflexión: los años noventa

España estuvo de moda en 1992, gracias a la Exposición Universal de Sevilla y a los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1994, el Tribunal Constitucional (sentencia 337 de 1994) avaló la constitucionalidad de la inmersión lingüística en el sistema educativo catalán y la adecuación de las políticas aplicadas en Cataluña para garantizar los derechos constitucionales en la escuela. Este período marcó el cénit de las esperanzas en el desarrollo de espacios de soberanía práctica, para los nacionalistas, o de transformación del conjunto de España, para los federalistas. Pero, en realidad, el ocaso ya estaba en el horizonte, tras la inflexión que se anunciaba.

El trienio 1993-1996 fue un período muy duro en la política española. Estuvo marcado por la decepción del Partido Popular por su derrota imprevista en las elecciones de 1993. El resultado de esas elecciones fue una mayoría parlamentaria muy estrecha del PSOE, que pudo seguir en el Gobierno con el apoyo de CiU. Pero la fuerza del PSOE estaba agotada, y un grupo de periodistas importantes en asociación con políticos del PP pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo del Gobierno. «Se rozó la estabilidad del Estado», como explicó más tarde con lujo de detalles uno de sus protagonistas, el entonces director de ABC Luis María Anson.⁴⁸

La política territorial era una de las vigas maestras de la estabilidad, y también fue minada. Una muestra bien expresiva de esto fue la portada de ABC del 12 de septiembre de 1993: «Igual que Franco pero al revés: Persecución del castellano en Cataluña».⁴⁹ Portadas posteriores como la del 22 de octubre de 1993 —«Felipe González, responsable de que no se cumpla la Constitución en Cataluña en la enseñanza del castellano»—,⁵⁰ mostraban que se trataba de dañar al partido en el Gobierno central, el PSOE, que se sostenía con el apoyo de CiU. Esto se producía en un contexto en que, como ahora, tanto el catalán como el castellano se usaban con normalidad en Cataluña. No es difícil de entender (no hace falta compartirla) la estupefacción que producían estas acciones en generaciones de catalanes que fuimos educados en un sistema en el que nuestra lengua estaba prohibida en la escuela (prohibida significa que no había una sola clase de catalán, para ser precisos) y en cualquier manifestación pública oficial. Pero el problema no era el huevo, sino el fuero. Posteriormente regresaré al asunto lingüístico.

En todo caso, algo muy hondo se rompió en ese período, como certificaron los gritos masivos de «Pujol, enano, habla castellano» en la noche del 3 de marzo de 1996, en la celebración ante la sede del PP de la victoria arrolladora que le daban las primeras estimaciones de voto. La bestia volvía a andar suelta.

Pero la victoria del PP fue más estrecha de lo previsto, y la política sigue vericuetos paradójicos. CiU, fiel a su estrategia de apoyar Gobiernos minoritarios, apoyó al Gobierno del PP. La reforma —periódica— del sistema de financiación autonómica realizada en otoño de 1996 fue criticada desde el PSOE como una cesión a CiU (tal y como el PP había criticado en 1991 un acuerdo muy similar entre PSOE y CiU). Posteriormente regresaré a la cuestión de las finanzas territoriales.

En 1998, España cumplió los requisitos para la entrada en el euro. Las elecciones catalanas de 1999 fueron ganadas en votos por Pasqual Maragall y en escaños por Jordi Pujol. CiU pudo elegir entre el apoyo del PP y el de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para lograr una mayoría estable. La elección de CiU fue el PP, y esto certificó el principio del fin del peix al cove. No se supo o no se quiso ver que el presidente del Gobierno central, José María Aznar, una vez tomada la medida a su socio, y con su fuerza determinante en el Parlamento de Cataluña, retomaría los propósitos de 1996 y pondría en marcha la agenda de la recentralización. CiU, protagonista principal de la política catalana, agobiado por su precariedad parlamentaria en Cataluña, no tenía margen político ni energías para oponerse.

El desencuentro: los años 2000

Asustados de lo que el futuro pudiese reservarles, los catalanes, aragoneses y valencianos de finales del siglo XVI comenzaron a atrincherarse detrás de las leyes y las instituciones, que eran los únicos obstáculos que se interponían entre ellos y la asimilación a Castilla.

JOHN H. ELLIOT, La revolta
catalana 1598-1640. Un estudi de
la decadència d’Espanya

El PP gozó de mayoría absoluta entre 2000 y 2004. El nacionalismo español había desconfiado siempre de la disponibilidad de los catalanes (o del catalanismo político, si se prefiere) a disolverse en un marco español uninacional. Con buenas razones. La agenda recentralizadora avanzó decididamente, y una de las características más salientes de la época fue el continuo recurso al desequilibrio de poder, a favor del central, para resolver las disputas sobre cuestiones territoriales cuya regulación no era detallada y precisa. La fuerza de la torna («devolución») en la dinámica de la política territorial liquidó el proyecto nacionalista catalán de intervención en la política española.

A su vez, la hegemonía cultural y social en el terreno nacional alcanzada por el proyecto del PP puso a la defensiva el proyecto federalista. Éste giró desde la estrategia de transformar España a la de apuntalar el autogobierno catalán y blindarlo de la discrecionalidad del Gobierno e instituciones centrales. Quien no entiende esto no puede entender el objetivo de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, impulsada por el primer Gobierno catalán no nacionalista, formado por PSC, ERC e IC, entre 2003 y 2006.

Reléase la cita que encabeza este apartado. El objetivo de la reforma del Estatuto era regular hasta casi la extenuación la relación de poder entre las instituciones centrales y las autonómicas. Las interpretaciones castizas llegaron a equiparar su énfasis regulador con el de Corea del Norte (como si un régimen como el norcoreano necesitase tantas regulaciones). Pero obviaron el aspecto crucial: las regulaciones no se imponían sobre los ciudadanos, sino que se imponían sobre las instituciones y poderes centrales.

Fue una estrategia defensiva, de repliegue interior y blindaje,⁵¹ que era —a esas alturas— épica y estéril. Épica por la batalla que iniciaba. Estéril porque no está en la genética del Estado-nación España, de matriz y vocación uninacional, limitar el ejercicio de su soberanía en ningún territorio sometido a su jurisdicción.

No podía salir adelante un proyecto dirigido a limitar la discrecionalidad del Gobierno e instituciones centrales, y no salió; por los defectos en su proceso, mencionados en el prólogo a esta obra; y, sobre todo, porque era imposible. Fue el canto de sirena del federalismo, para aquellos que lo interpretaban como pacto o asociación, que —dicho sea de paso— es su acepción internacional, en práctica política y análisis académico.

El hecho sustantivo es que el proceso de elaboración del Estatuto y su posterior tramitación en las Cortes Generales acentuó las desconfianzas bien asentadas en el sistema político español y el catalán. El largo proceso desde el referéndum y el recurso del PP al Tribunal Constitucional en 2006, hasta la tortuosa y partidistamente intervenida sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 agotaron el resto de esperanza de muchos catalanes que habían depositado su confianza en una transformación de España en un Estado plurinacional.

Territorios inexplorados: los años 2010

El desarrollo de este proceso certificó la defunción del proyecto federalista de transformación de España. Tras la defunción de los dos modelos de relación con intervención en el sistema político español, el del peix al cove y el de la transformación federal, el catalanismo político se había quedado sin modelo de intervención en la política estatal. Tuve ocasión de apuntarlo en el artículo «Modelos agotados; y ahora ¿hacia dónde?», publicado en el número 1 de la L’Antena de la Fundació CatDem el 29 de enero de 2009, que se reproduce en el Anexo.

A partir de aquí, la iniciativa vendría de la mano de otros actores diferentes del sistema tradicional de partidos. La sentencia del TC de 28 de junio de 2010 sobre el Estatut provocó la convocatoria de una manifestación el 10 de julio de 2010. La entidad convocante fue Òmnium Cultural, que tiene más de 30.000 socios, y un grado de autofinanciación de sus actividades con cuotas de socios muy superior a la de cualquier partido político u otros agentes sociales en España. La concurrencia fue multitudinaria, y expresó el rechazo de muchos catalanes a su disolución en una España de matriz exclusivamente castellana y de vocación uninacional.

Dos años más tarde, otra manifestación multitudinaria el 11 de septiembre de 2012 reclamó abiertamente la constitución de un Estado propio. Esta manifestación había sido convocada por Assemblea Nacional de Catalunya, asociación civil que ha logrado una gran extensión en número de asociados e implantación territorial en Cataluña.

Son ridículas las interpretaciones que ven este proceso como incentivado y dirigido por algunos partidos políticos catalanes. Sucede sencillamente que nos movemos por territorios inexplorados que han sido emprendidos por una parte muy amplia de la sociedad catalana, y que influyen de forma decisiva en el sistema político catalán. Si los amantes de banderas de récord Guinnes y los ayatolás del debate territorial tuviesen un poco de curiosidad por el concepto de capital social y leyesen el libro de Robert Putnam Making democracy work,⁵² entenderían mejor la situación. Aunque quizá prefieran no mirar de cara a la realidad.

Detengámonos aquí. El objetivo de esta reflexión no es especular sobre qué pasará en el futuro, sino analizar qué ha pasado. Más en particular, por qué ha crecido de manera tan rápida e intensa el apoyo a la independencia en Cataluña.

LA SALIDA, ALTERNATIVA AL FRACASO DE LA VOZ

En una memorable contribución a las ciencias sociales, Albert Hirschman instituyó la dicotomía entre los dos tipos de reacción al descontento con el funcionamiento de la organización de la que se es cliente o miembro: (1) manifestar la insatisfacción mediante la voz mientras se continúa en la organización, con el objetivo de mejorar las cosas, o (2) la salida, es decir, abandonar la organización.⁵³ La dualidad salida-voz, pensada inicialmente para las organizaciones que operan en mercados, ha sido aplicada también al funcionamiento de los Gobiernos y de los Estados.⁵⁴

La opción por la voz, por la reforma de la organización, será más probable cuando la lealtad de los miembros de la organización sea más fuerte y cuando la salida se perciba como más costosa, habida cuenta de las alternativas disponibles.

Cuando la voz se muestra ineficaz para la reforma, existen alternativas fuera de la organización, y la salida se percibe como menos costosa;⁵⁵ la salida adquiere más probabilidades como estrategia de reacción al descontento. El grado de lealtad hacia la organización es un factor influyente en la decisión entre soportar el descontento u optar por la salida.⁵⁶

Conceptos teóricos en funcionamiento

Entre 1990 y 1992, los partidarios de organizar Checoslovaquia como una federación/ confederación superaban ampliamente a los partidarios del Estado unitario y a los de la independencia, tanto en Chequia como en Eslovaquia.⁵⁷ El 1 de enero de 1993, Checoeslovaquia se escindió en dos Estados, la República Checa y Eslovaquia.⁵⁸

La incapacidad de resolver el conflicto: el fallo de la voz

Stanislav Kischbaum, profesor de Ciencia Política y de Estudios Internacionales en la Universidad de York (Reino Unido), nos ofrece esta interpretación del proceso previo a la escisión: «El debate constitucional en el período que precedió a la declaración de independencia de Eslovaquia indicó claramente que una mayoría de la población, según el apoyo que daban a los principales partidos, estaba dispuesta a continuar la cooperación, pero bajo nuevas condiciones. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo alguno. Esta incapacidad fue el fracaso definitivo del Estado checoeslovaco en proporcionar un marco aceptable para el desarrollo nacional eslovaco».⁵⁹

El problema fundamental en el desenlace: el factor de la salida

Karol Skalnik Leff, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign (Estados Unidos) ofrece esta interpretación del problema fundamental: «Sin embargo, en el análisis final ninguna de las respuestas al enigma del Divorcio de Terciopelo está completa sin un reconocimiento del legado de desconfianza que alimentó el proceso de negociación y ayudó a envenenarlo […] la mayoría de eslovacos no confiaban en que los checos los tratarían como socios iguales».⁶⁰

El enfoque salida-voz de Hirschman ayuda a dar respuesta a nuestra cuestión central, el motivo del cambio de posición de un amplio sector de los catalanes respecto a la independencia.

Nos dejó escrito Jaume Vicens Vives: «Y así, viendo que el juego de la catalanidad es inseparable de un intervencionismo hispánico, son muchos quienes se preguntan si no es hora ya de que Cataluña tenga plena responsabilidad de organizar su o sus parcelas de España y de plantear con Castilla un programa común para todos los pueblos peninsulares».⁶¹ Se intentó, mejor o peor, pero no se pudo. Fracasado otra vez el intento, ¿qué hacer si Castilla no acepta formular con Cataluña un «programa común para todos los pueblos peninsulares»? ¿Existen los pueblos peninsulares? De hecho, ¿existe siquiera «Cataluña»? ¿Cómo se va a considerar siquiera la formulación de un proyecto común con aquello cuya entidad ni siquiera se reconoce?

Pero nadie nos legó un plan B para el escenario del fracaso. Seguramente no lo hay. Es legítimo —quizá también algo ingenuo— seguir intentándolo. Sin embargo, en un escenario en que las alternativas disponibles quedan reducidas a la asimilación y disolución en una España uninacional o la creación de un Estado propio, muchos catalanes han optado por pasar a apoyar la independencia, aunque ésta no hubiese sido su opción óptima. Cuando la voz ha fallado, la salida se convierte en el último recurso.

Capítulo 4

LENGUAS QUE SE IMPONEN, LENGUAS QUE NOS HACEN DESIGUALES

Todo necio confunde valor y precio.

ANTONIO MACHADO,
Proverbios y Cantares

Algunos de mis colegas profesionales de universidades de la periferia no catalana me dicen que preferirían que la escolarización de sus hijos fuese íntegramente en inglés en lugar de en castellano. O español, para quien lo prefiera a castellano; a mí estas sutilezas ya han dejado de concernirme. El argumento de esos colegas es que el inglés es la lengua más útil del mundo, por lo que si la escolarización fuese en inglés, sus hijos lo aprenderían muy bien.

La verdad es que algo de razón no les falta. Piénsese que España no ha tenido en los últimos treinta años ni un solo presidente de Gobierno que departiese en inglés con sus colegas europeos y del resto del mundo, aunque uno (Felipe González) podía conversar en francés. Un caso único en la Europa de las últimas décadas, que explica algunas manías muy castizas, que analicé en mi artículo «Obsesión con los pinganillos», publicado en La Vanguardia el 3 de febrero de 2011, que se reproduce en el Anexo. También sé por experiencia propia que un dominio razonable del inglés abre muchas puertas y ofrece muchas y buenas oportunidades. Desde luego, sin saber inglés no se está preparado para el siglo XXI, para el mundo global.

El caso es que aunque no les falte razón a los que postulan las ventajas de la escolarización total en inglés, y de que su conocimiento es imprescindible en el mundo de hoy, no soy partidario de esa medida tan extremada. Primero, porque tengo dudas de que vaya en serio y sea algo más que una pose educada al comentar el asunto de las lenguas en la escuela, además de no registrar ningún apoyo significativo entre los ciudadanos de España. Segundo, porque no es imprescindible para aprender bien el inglés. Tercero, y más importante: porque aun siendo cierto que hay grandes diferencias de utilidad entre unas y otras lenguas, pensar que la importancia de las lenguas se define sólo por su utilidad es confundir valor con precio. Así lo ven también en los países más avanzados en Europa en materia escolar, como los escandinavos y sus vecinos…, pero no precipitemos argumentos.

La cuestión en esta sección no gira en torno al —manifiestamente mejorable— aprendizaje del inglés en el sistema escolar español, sino a la discusión existente sobre las lenguas en el sistema educativo catalán, que se reproduce también en otras CC. AA. con más de una lengua oficial.

Hay que ser bastante ingenuo para pensar que el asunto tiene que ver con el nivel de aprendizaje del castellano en Cataluña.

Éste no es un problema sobre el huevo, sino sobre el fuero. Aun así, y para ir resolviendo asuntos, procede comenzar con lo que sabemos sobre el grado de conocimiento del castellano por los alumnos catalanes, que no es poco, por cierto. Y después nos podemos dirigir ya a las cosas del fuero.

APRENDIZAJE DE LA LENGUA CASTELLANA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA

El Ministerio de Educación realizó una evaluación general de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 2010. Los resultados de esta evaluación fueron publicados por el propio Ministerio en 2011 con el título Evaluación general de diagnóstico 2010. Educación Secundaria Obligatoria. Segundo curso.¹ El estudio analizaba las competencias de los alumnos de segundo de ESO en toda España, y para cuatro competencias específicas: (1) la comunicación lingüística, (2) matemática, (3) conocimiento e interacción con el mundo físico y (4) niveles de competencia social y ciudadana.

Antes de presentar sus resultados, es pertinente una nota preliminar, porque ilustra muy bien cómo se extiende la desinformación y la distorsión de la realidad en temas tan sensibles como éstos.

Los circuitos de la distorsión y la desinformación

En algunos circuitos de distorsión informativa, que después son convenientemente rebotados por ciertos medios a escala española, se extendió la mentira de que en este informe la evaluación de las competencias lingüísticas en Cataluña se hizo en catalán.

Esta caricatura de la realidad se debe a un informe de un profesor de Filosofía de mi propia universidad (que es muy grande), ignoto en su especialidad profesional. La historia es muy ilustrativa. En 2009, el Ministerio de Educación realizó una evaluación similar para alumnos de primaria (cuarto curso).² Como habían acordado los institutos de evaluación del Ministerio de Educación y de la Generalitat de Cataluña, la competencia lingüística en la educación primaria se evaluó para la lengua catalana, y en la secundaria para la lengua castellana.³

Pues bien, a partir del hecho de que la evaluación en primaria se hizo para la lengua catalana, el profesor en cuestión decidió que sería mejor para la convivencia cívica en Cataluña mentir, y decir que —como en primaria— la evaluación de secundaria también se había hecho para la lengua catalana. Y la noria de la distorsión comenzó a girar, porque esta distorsión de la realidad alimenta circuitos endogámicos que gozan de gran acogida en algunos medios capitalinos. Aunque su percepción de la realidad sólo se pueda asemejar a la que proporciona el salón de los espejos del Tibidabo.

De todos modos, esta manipulación no ha llegado al nivel al que llegó un informe del mismo profesor de Filosofía sobre cuentas públicas regionales en Alemania…, basado en transferencias ¡públicas y privadas! Este informe dio lugar a entrevistas a su perpetrador en medios públicos catalanes (¿alguien se ha creído de verdad que en Cataluña no hay pluralidad informativa?). Y una de las entrevistas y sus secuelas han deparado algunos de los momentos más hilarantes de la reciente radiodifusión en Cataluña (como se puede oír y ver en los enlaces que se facilitan en la nota 4 de este capítulo, al final del libro).⁴

La competencia lingüística en lengua castellana de los alumnos de secundaria en Cataluña

No soy experto en pedagogía, y no sé valorar del todo bien qué quiere decir que los alumnos de una comunidad autónoma obtengan una determinada puntuación media en una determinada competencia. Seguramente, deberían estar mejor en todo. Lo que sí nos permite tal información es obtener una respuesta directa e inmediata a la cuestión del nivel comparado de competencia en lengua castellana de los alumnos de secundaria en el sistema educativo catalán.

La tabla 4.1 presenta las medias obtenidas en cada comunidad autónoma en cada competencia, estandarizados para Promedio España = 500. Las filas se han ordenado de forma decreciente a la puntuación obtenida en competencia en comunicación lingüística. Pues bien, la puntuación media de competencia en lengua castellana de los alumnos catalanes es algo superior a la media de España, aunque esta diferencia no sea significativa desde el punto de vista estadístico.

De hecho, sólo una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales en toda la región, el País Vasco, supera a Cataluña en competencias lingüísticas en lengua castellana. En cambio, Baleares, la Comunidad Valenciana y Galicia se sitúan por debajo. También están por debajo tres CC. AA. cuya única lengua oficial es el castellano: Canarias, Extremadura y Andalucía.

Por lo que respecta a las diferencias entre alumnos dentro de cada comunidad, existen diferentes factores que contribuyen a explicarlas. Como en tantos otros aspectos de la vida, la situación socioeconómica y cultural de la familia es un factor primordial. Y el factor singular que explica una mayor parte de las diferencias es el número de libros en el domicilio.⁵

Es conocido que las medias pueden ocultar situaciones muy diversas, y que una media puede encubrir situaciones muy polarizadas. En este caso, entre alumnos con muy alta competencia y alumnos con muy baja competencia. ¿Es éste el caso de Cataluña, por lo que respecta a la competencia lingüística en castellano?

Pues no. La evaluación del Ministerio de Educación distinguía entre cinco niveles ordinarios de competencia lingüística: del 1, el menor, al 5, el mayor; se añadía un sexto nivel —inferior a 1 (<1)— extremadamente bajo. Pues bien, en Cataluña se obtienen menores frecuencias que en el conjunto de España en los resultados más extremos, tanto el más alto (5), como los más bajos (<1 y 1). En cambio, las frecuencias correspondientes a los niveles medio y medio alto (2 a 4) eran superiores a las correspondientes del conjunto de España. Por tanto, la polarización en las competencias lingüísticas es menor en Cataluña que en el conjunto de España.

TABLA 4.1

Medias en cada comunidad autónoma para cada competencia

(Promedio España = 500)

Fuente: Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2010…,tabla 3.1, p. 235.

GRÁFICO 4.1

Niveles de competencia lingüística en Cataluña y España

Fuente: Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2010…, p. 237, tablas 3.3. y 4.8, p. 237.

Podemos dar todavía un paso más para profundizar en detalles específicos de la evaluación del Ministerio. El estudio define diez procesos vinculados con las habilidades y destrezas de comprensión y de expresión escrita,⁶ y ofrece los resultados medios para cada uno de ellos, para todas las CC. AA. y para el promedio de España. El gráfico 4.2 presenta los correspondientes a Cataluña y a España.

Los resultados hablan por sí mismos. En siete de los diez procesos, los resultados en Cataluña superan el promedio español, y en otros dos están prácticamente en la media. Los resultados de los alumnos catalanes sólo están significativamente por debajo de la media en uno de los procesos de expresión escrita: Presentación/Revisión. De hecho, el bajo resultado en este proceso perjudica el balance global de los catalanes, que sin el mismo estarían mucho más por encima del promedio de España de lo que está.

GRÁFICO 4.2

Rendimiento del alumnado en destrezas y habilidades de comprensión y expresión escrita. Competencia comunicación lingüística

Fuente: Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2010…, tablas 3.7. y 3.11, p. 329.

¿Cuáles son las destrezas que se valoran en Presentación/ Revisión? Se definen en la página 25 del estudio:⁷ «Este proceso se refiere a todas las habilidades relativas a los aspectos

que se pueden considerar como más básicos en la confección de textos como son la legibilidad de la caligrafía, la limpieza del texto en cuanto a la presentación de márgenes o la existencia de tachones». Desde luego, es deseable que el sistema educativo catalán logre que los alumnos mejoren su caligrafía y la rectitud de los márgenes, y disminuyan la cantidad de tachones. La pulcritud es cosa importante, en lengua castellana y en cualquier otra materia.

Aunque, si nos volvemos a fijar en los datos de la tabla 4.1, queda muy claro que los principales problemas en cuanto a resultados se presentan en competencia social y ciudadana, y competencia matemática.

En el primer caso, el de la competencia social y ciudadana, la diferencia por debajo del promedio de España (494/500) no es muy preocupante. Como explica el propio estudio,⁸ «al interpretar estos datos, conviene tener en cuenta que, haciendo uso de lo dispuesto en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas (art. 4.3), siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) imparten Educación para la ciudadanía en tercer o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, mientras que las restantes comunidades lo inician en segundo curso. Esto puede haber influido en los resultados de los alumnos que no habían cursado la materia en el momento en el que realizaron la prueba».

En el segundo caso, el de la competencia matemática, la diferencia (487/500) es mucho más preocupante. Déficits de este tipo son los que deben ocupar el centro de atención del sistema educativo en Cataluña, aunque el análisis de las causas de las carencias va más allá de mis propias competencias en la materia.⁹

También es preocupante el déficit del aprendizaje en inglés, por debajo de los países con que nos debemos comparar. No puede servir de consuelo en este aspecto que el European Cities Monitor 2011 (último estudio publicado) haya situado —otra vez— a Barcelona como mejor ciudad de España en términos de lenguas habladas (y globalmente como sexta mejor ciudad europea para establecer un negocio, tras Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam y Berlín).¹⁰ Dicho sea de paso, esta evaluación fue realizada a partir de entrevistas con directivos sénior de 501 compañías europeas, para quienes no parece haber mucho problema lingüístico en Cataluña; más bien al revés. Están en lo cierto: el problema lingüístico de Cataluña acontece en España; no en Cataluña, por mucho empeño que le pongan algunos.

Matemáticas e inglés; aquí están los retos principales para el sistema educativo catalán. Es evidente que la discusión del papel de la lengua castellana en el sistema educativo catalán no es una discusión por el huevo, sino por el fuero.

LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO CATALÁN

La metodología de enseñanza aplicada en el sistema educativo catalán (en los ciclos no universitarios) es la de la inmersión lingüística para los estudiantes que tienen como primera lengua la castellana. El Diccionario de términos clave de ELE, del Instituto Cervantes, define como inmersión lingüística «el programa de enseñanza de una segunda lengua en el que alguna de las materias del currículo escolar (o todas ellas) se estudia en una lengua que no es la lengua primera de los estudiantes. El objetivo último de un programa de inmersión es que los aprendientes sean competentes en ambas lenguas, es decir, sean bilingües».¹¹

No hay que confundir, por tanto, la inmersión lingüística con la submersión lingüística, que «son programas vehiculados a través de la lengua y cultura dominante y tienen como objetivo social y lingüístico la asimilación y la pérdida de la propia lengua y cultura».¹² Así, por ejemplo, cuando alguna familia de lengua no castellana se traslada a una región española en la que el castellano es la única lengua oficial, los poderes públicos sólo ofrecen programas de submersión, que prescinden totalmente del aprendizaje de la lengua primera de los hijos de esa familia, y de refuerzos en tal lengua para evitar la pérdida de la propia lengua y cultura.¹³ La diferencia entre inmersión y submersión —en procedimientos y objetivos— es clara y expresiva. El cuadro 4.1 recoge y sintetiza las características más importantes de los programas de inmersión y submersión.

CUADRO 4.1

Diferencias entre inmersión y submersión lingüística Inmersión lingüística Submersión lingüística

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones del Instituto Cervantes (Centro Virtual Cervantes).

Precisamente, la aplicación de programas de submersión lingüística en entornos y organizaciones estatales en que coexisten una lengua mayoritaria y otras minoritarias ha suscitado muchos debates a nivel internacional. Estos debates y reflexiones han dado resultados como, por ejemplo, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, emitida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Del artículo 4.3 de esta declaración se ocupa el enigma 4.1.

ENIGMA 4.1

La UNESCO y la promoción de la educación en la lengua materna

El artículo 4.3 de una declaración de la UNESCO dice: «Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, XXXXX puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno».

¿Puede adivinar qué términos se esconden debajo de XXXXX?

1. Todas las personas del mundo; 2. Las personas que emigran a un país diferente; 3. Las personas de lengua materna castellana; 4. Las personas pertenecientes a minorías; 5. Ninguna de las anteriores.

Nota: La solución se halla en la nota 14 del capítulo 4.

La inmersión lingüística en Cataluña tiene su pieza fundacional en la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que establecía el catalán como lengua propia de Cataluña y también de la enseñanza en todos los niveles educativos. El programa de inmersión incluye el aprendizaje de la lengua castellana, no sólo para los estudiantes para los que ésta es su primera lengua, sino para todos los estudiantes en el sistema.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña con sólo dos votos en contra, de los dos diputados del Partido Socialista Andaluz-Partido Andaluz, y todo el resto a favor. En el actual Parlamento de Cataluña, el Partido Popular y Ciutadans, que representan el 20,7 por ciento de la Cámara, se oponen a este método, mientras que el resto de los grupos (79,3 por ciento de la Cámara) le dan apoyo.

Los objetivos del programa de inmersión lingüística y de su forma de aplicación en Cataluña son variados. Primero, proteger la lengua minoritaria propia. Segundo, preservar la cohesión de la comunidad evitando la separación escolar por motivos lingüísticos. Tercero, dotar de instrumentos lingüísticos a los que no tienen la lengua catalana como primera y que no la aprenderían fuera del sistema educativo. Esto, por ejemplo, limitaría sus oportunidades en el mercado de trabajo, como ya sucedió en su momento a generaciones de catalanes llegados desde otras partes. Cuarto, conseguir el dominio de la lengua castellana por todos los alumnos, no sólo por quienes la tienen como primera lengua. Esto es así no sólo por imperativo legal; también porque la inmensa mayoría de las familias catalanoparlantes no son tan obtusas como para renunciar al aprendizaje, relativamente cómodo en términos de esfuerzo —dada la similitud con el catalán—, de una lengua como el castellano.

En la práctica, el programa funciona en los ciclos obligatorios del sistema mediante el uso en el aula de la lengua catalana en las asignaturas, excepto en lengua castellana y en lengua inglesa (y en segunda lengua extranjera, a partir de ESO). El sistema está dotado de cierta flexibilidad para aumentar la cantidad de horas en que se usan lenguas diferentes a la catalana, lo que queda a discreción de la dirección pedagógica del centro. Así, por ejemplo, en el curso 2012-2013, el 34 por ciento de los centros educativos utilizaban el inglés en materias diferentes a la asignatura de inglés, y el 13 por ciento de los centros utilizaban el castellano en materias diferentes de la propia asignatura de lengua castellana.¹⁵ Los resultados están a la vista, y han sido comentados en la sección anterior.

El sistema se completa con un esquema de atención individualizada a los estudiantes cuya primera lengua es el castellano y que son recién llegados al sistema educativo catalán, para facilitar y hacer más rápida la transición. Diversas sentencias del Tribunal Constitucional en la década de 1990 (a las que ya me he referido en el capítulo 2) habían validado la adecuación del sistema y el uso del mecanismo de atención individualizada para satisfacer todos los derechos concurrentes en materia de lengua.

Sin embargo, aprovechando la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, un Tribunal Constitucional de diferente composición reinterpretó la adecuación constitucional, y pasó a entender que el sistema educativo catalán no puede otorgar preferencia al catalán. Por tanto, el castellano habría de ser también lengua vehicular. La falta de definición precisa de lo que puede considerarse como uso vehicular de una lengua cuando lo son más de una ha provocado una indefinición que implica actuaciones judiciales sin fin. No soy experto en cuestiones jurídicas, por lo que no voy a profundizar más en estas vertientes del asunto.

Sí me parece oportuno destacar, en la vertiente de la acción institucional y política, el proyecto del Gobierno central recogido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Este proyecto establece la obligatoriedad para la Generalitat de Cataluña de pagar en colegios privados la escolarización en castellano de los estudiantes cuyos padres lo soliciten. Esto puede dar respuesta a las decenas de familias que han solicitado la escolarización en castellano en Cataluña, que quizá lleguen a convertirse en algún centenar en caso de que se apruebe (y se aplique) tal propuesta, que ha sido rechazada por el Consejo de Estado.

Es, eso sí, muy ilustrativo de las intenciones del ministro de Educación y de su Gobierno el hecho de que no se haya establecido ninguna previsión legal similar que haga posible la escolarización en valenciano de las doce mil familias valencianas que en el curso 2012-2013 solicitaron y no lograron la escolarización en su lengua primera, que es la propia de su región. Fue clamorosa la omisión de respuesta del ministro, al ser preguntado a este respecto en una entrevista radiofónica el día 20 de junio de 2013.¹⁶ Considero ajustado a los hechos calificar de colonial este enfoque de los asuntos lingüísticos en el sistema educativo. Y, como en cualquier sistema cultural colonial, el poder central promueve los intereses de su cultura y lengua, obviando los de los aborígenes de lenguas y culturas diferentes. Recuerden: unas decenas de familias en Cataluña merecen la protección que se niega a decenas de miles en Valencia. La única diferencia: las primeras quieren escolarización en castellano y las segundas en valenciano.

ENIGMA 4.2

Lenguas que se imponen

La declaración explícita de una única lengua oficial en las constituciones de los países de la Unión Europea es algo muy poco frecuente. Y sólo existe una (¡una!) norma constitucional en la Unión Europea que impone a los ciudadanos el deber de conocer una lengua y el derecho a usar esa lengua oficial.

¿Puede adivinar cuál de las siguientes normas establece el deber explícito de conocimiento de lengua oficial?

1. El artículo 22 de la Constitución alemana; 2. El artículo 2 de la Constitución francesa; 3. El artículo 3 de la Constitución española; 4. El artículo 6 de la Constitución portuguesa; 5. El artículo 5 de la Constitución italiana; 6. Ninguna de las anteriores.

Nota: La solución se halla en la nota 17 del capítulo 4.

¿Resultados del sistema educativo? ¿Competencias lingüísticas de los alumnos? Éstas son discusiones propias de países avanzados. El Gobierno central está más interesado en fomentar el monolingüismo y proteger la hegemonía del castellano en toda España.

La desigualdad de derechos lingüísticos entre ciudadanos del mismo Estado, y la coartada de la «lengua común»

Me parece muy respetable y muy legítimo que cualquier persona reclame el derecho de elegir la lengua en que quiere escolarizar a sus hijos. A mí también me gustaría elegir la lengua de escolarización de mi hijo en el Estado del que soy ciudadano, aunque entiendo perfectamente que ése es un derecho absolutamente excepcional en los sistemas educativos del mundo. También me parecen muy legítimas las opciones políticas que quieren establecer el derecho de elección lingüística en el sistema educativo catalán. Ésta es una decisión que se debe tomar por los mecanismos democráticos pertinentes, en particular mediante las mayorías parlamentarias correspondientes.

Y dicho con la misma claridad: cada vez en que se está reconociendo o promoviendo un derecho lingüístico a un ciudadano de lengua castellana y no se me reconoce a mí, ciudadano de lengua catalana, soy discriminado y se me está haciendo ciudadano de segunda categoría en mi propio Estado. El argumento al uso de que sólo se establece el derecho de elección entre la lengua que tiene el carácter de oficial en todo el Estado no hace más que certificar el estatus de desigualdad legal para mi lengua, y para mí como ciudadano.

Un término que ha sido recientemente introducido en el debate lingüístico en España ha sido el de «lengua común». La muestra más clara e influyente de su uso se produjo con el Manifiesto por una lengua común, presentado en el Ateneo de Madrid en junio de 2008. Dice este manifiesto en su mismo arranque: «Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles», y continúa algo después: «Sólo una de ellas [las diferentes lenguas en España] es común a todos»; y sigue: «Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia».

El término «lengua común» persigue superar la frialdad del término «lengua oficial», y busca ser así más persuasivo socialmente.¹⁸ Sin embargo, el propósito político e ideológico de su uso en estos debates de política pública (como se desprende de las recomendaciones que emite el Manifiesto) infringe diversos conceptos y categorías filológicas, de ciudadanía y políticas bastante asentadas, e incurre en contradicciones insuperables. Voy a destacar seis de ellas.

Primero, aplicar al castellano el concepto de lengua común de los españoles es contrario al concepto real de «lengua común» asentado en la filología, que se puede reproducir, por ejemplo, del Diccionario de términos filológicos de Fernando Lázaro Carreter: «Idioma conocido o supuesto que ha dado origen a un tronco lingüístico o a una familia de lenguas. Se supone, por tanto, una lengua común indoeuropea (o indoeuropeo común), una lengua común céltica (o céltico común), etc. El latín es la lengua común románica».¹⁹ Es decir, el latín es la lengua común del castellano, el catalán y demás lenguas derivadas de ese tronco.

Segundo, el Manifiesto también es contrario al significado establecido en la sociolingüística para el concepto de lengua común. Para la sociolingüística, los procesos históricos generan una variedad o forma lingüística estándar entre los diferentes desarrollos que ha tenido una lengua. Esta variedad es la que se usa en el habla formal o la que se emplea como estándar educativo. En este contexto, es frecuente que «la lengua común se identifique con esta variedad o forma ejemplar o estándar de la lengua histórica».²⁰ Esto quiere decir que el castellano estándar es la lengua común de las variedades empleadas en España y en casi todos los países de América Latina; o que el catalán estándar es la lengua común de las variedades empleadas en Cataluña, Valencia, Baleares, la franja de Aragón de lengua catalana y el sureste de Francia. Por supuesto, este concepto de lengua común carece de connotaciones políticas, y no tiene nada que ver con el uso, impropio y además desafortunado, de la expresión «países catalanes».²¹

Tercero, el Manifiesto proclama que las lenguas son de los ciudadanos, no de los territorios. Pero incurre en una contradicción flagrante cuando, por el solo hecho de residir en un territorio que forma parte de un Estado, impone a una parte de sus ciudadanos la lengua oficial de ese Estado como su «lengua común». También contradice la asociación universalmente aceptada entre espacio territorial y lenguas. La Declaración universal de derechos lingüísticos preliminares, de la UNESCO, define precisamente la lengua propia de un territorio: es «el idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio». Por cierto, a esta Declaración de 1996 se adhirieron el Gobierno y las Cortes Generales de España, por unanimidad.

Cuarto, asigna indebidamente a su «lengua común» única la función de instrumento para el ejercicio de la democracia y de los derechos de ciudadanía. En la realidad, Estados que son un ejemplo de democracia y de respeto a los derechos de sus ciudadanos, como Suiza, Finlandia o Canadá, asignan oficialidad a nivel federal/central a varias lenguas, y no reducen a una única lengua el funcionamiento de sus instituciones federales/centrales. En cambio, el establecimiento de una «lengua común» en China, mediante el chino mandarín, o en la Unión Soviética mediante el ruso, podían ser muy prácticas para el funcionamiento del aparato estatal, pero eran perfectamente inútiles para el ejercicio de la democracia y de derechos de ciudadanía, por motivos obvios. La confusión de conceptos del estatismo lingüístico es monumental. El asunto es sugerente, y lo recupero más adelante.

Quinto, los redactores del Manifiesto están desubicados en el espacio. Deberían prestar algo menos de atención a Miami, donde los ricos de Latinoamérica van a gestionar sus finanzas personales, y algunos españoles se instalan para reducir cargas fiscales en una atmósfera fiscal y lingüística amigable. Latinoamérica es importante, desde luego. Pero deberían prestar más atención a qué está pasando en la Unión Europea, que es nuestro espacio inmediato de relación económica, social, política y cultural. Parece que se les pasó por alto el Eurobarómetro especial 243, Europeans and their Languages, publicado por la Comisión Europea en 2006.²² Afortunadamente, se ha publicado otro más reciente con el mismo título en 2012, el Eurobarómetro especial 386,²³ con datos actualizados. Ofrece un panorama muy descriptivo de la situación lingüística en la Unión Europea, y de la significación y «utilidad» de cada una de las lenguas. De gran interés para cualquier concernido por la cuestión.

Sexto, último, y más preocupante, es una visión anclada en el siglo XIX, en la nostalgia del Estado-nación centralizador clásico, que revela una preparación muy deficiente para los retos económicos, sociales y culturales del siglo XXI. Si la existencia de una «lengua común» es un requisito para el ejercicio de la democracia y de los derechos de ciudadanía, ¿qué hacemos con la Unión Europea? ¿Congelamos el avance en la unión política y la gobernanza —ésta sí, común— hasta que haya una «lengua común» de los europeos? ¿O adoptamos ya como «lengua común» el inglés, que ha logrado casi estatus de lengua franca en Europa? O… ¿quizá se prefiera dificultar tanto cuanto se pueda las iniciativas para avanzar hacia una mayor integración lingüística basada en las lenguas más utilizadas en Europa, entre las que no está ninguna de las peninsulares? Esta última es la vía que se aplica a menudo desde España, como ilustré en mi artículo «Viva la unidad de mercado», publicado en La Vanguardia, el 16 de diciembre de 2010, que se reproduce en el Anexo.

Es bueno llamar a las cosas por su nombre.²⁴ En términos sustantivos, el castellano no es la lengua común de los ciudadanos del Estado español. El castellano es la única lengua oficial en todo el territorio estatal según dispone la Constitución española. Además, y lo que es más importante aquí, es la lengua franca, hablando en propiedad, en España: «Lengua o variedad dialectal única que adoptan para comunicarse individuos de lenguas o dialectos diferentes cuando han de mantener un contacto frecuente».²⁵

Esto es así por motivos históricos, demográficos y legales. Entre ellos su imposición obligatoria a partir del siglo XVIII. Es muy ridículo el negacionismo obstinado de la imposición legal del castellano, cuando es algo sobradamente conocido y documentado en textos legales. ¡Si es que hasta lo impone la actual Constitución española! (Seguro que usted ya había adivinado el enigma 4.2).

Para empezar —pues fue el inicio—, esto fue así por el artículo 5 del Decreto de Nueva Planta de 1716 (y equivalentes en los otros territorios de la Corona de Aragón), que lo impuso como lengua obligatoria de la administración de justicia y del Gobierno en Cataluña. Conviene evitar razonamientos absurdos: es evidente que si estableció la obligatoriedad del castellano era para forzar su uso. Ha habido muchas más normas de este tipo en los últimos tres siglos, y es tedioso y demasiado agotador tener que estar refiriendo normas y documentos para algo que es tan evidente, excepto para quien no quiere mirar. Y que, además, está ampliamente reconocido y aceptado en la literatura académica sobre cuestiones lingüísticas en España.²⁶ Si España no ha devenido monolingüe, como Francia, no ha sido por falta de empeño. Y la falta de una eficacia «a la francesa» ni desmiente el propósito ni niega la evidencia.

Asentado esto, que es de estricta justicia histórica y narrativa, lo realmente relevante en la actualidad es que el uso del castellano como lengua franca en España no genera problemas en la vida cotidiana. Pero de ahí a consagrar derechos diferentes para los ciudadanos en razón de su lengua primera media un gran trecho, que muy pocos Estados osan recorrer con la naturalidad con que se recorren en España. Hacernos a los ciudadanos de lengua primera diferente al castellano miembros obligatorios de la comunidad lingüística castellana —mediante la manipulación ideológica y política del concepto lengua común— para luego decirnos que de qué nos quejamos, porque somos todos iguales en derechos, es una verdadera tomadura de pelo. Dicho sin circunloquios.

Los países más avanzados y cohesionados que España han encontrado otras formas de gestionar la diversidad lingüística. Daré sólo algunos ejemplos. En Canadá se da igual estatus al inglés y al francés en el Gobierno federal, lo que las hace lenguas oficiales en pie de igualdad (Ley de lenguas oficiales, de 1969). En Suiza, alemán, francés, italiano y romanche tienen carácter de lenguas nacionales, y las tres primeras son lenguas oficiales a nivel federal (artículo 4 de la Constitución).

El caso de Finlandia es especialmente interesante. La sección 17 de la Constitución de 1999 dispone que el finés y el sueco son lenguas oficiales en pie de igualdad. Aunque la población de lengua finesa es más del 92 por ciento del total, y la sueca representa menos del 6 por ciento, ambas lenguas oficiales son de aprendizaje obligatorio en el sistema educativo: el finés para los suecoparlantes y el sueco para los finesparlantes. Todos los candidatos a empleos públicos con nivel graduado deben demostrar competencia en ambas lenguas oficiales. Por cierto, esto no afecta negativamente a la capacidad de los finlandeses de aprender el inglés, ni afecta negativamente a sus rendimientos educativos: Finlandia es regularmente el país europeo con mejores resultados en los informes PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Gente avanzada, desde luego.

Todos estos países han encontrado mejores formas de gestionar su diversidad, que es su riqueza, que los Estados que aplican a su realidad plural una vocación monolingüe. Por eso están mejor preparados para el siglo XXI que estos últimos. Es algo que debería ser motivo de reflexión en España. Aunque no albergo optimismo alguno al respecto. Me parece suficientemente indicativo al respecto el hecho de que en seis países de la Unión Europea existe —con respecto a su población— mayor número de universidades que ofrecen estudios en catalán que en la España donde el catalán no es lengua oficial. La tabla 4.2 presenta información reciente sobre los Estados en que se ofrece enseñanza de catalán a nivel universitario,²⁷ que aparecen ordenados por número de universidades según población.

La forma en que los países más avanzados gestionan la diversidad lingüística también debería ser motivo de reflexión en Cataluña. En un eventual Estado catalán, un enfoque monolingüe a una realidad lingüística que ha devenido plural no haría nada muy distinto que la aplicación del modelo monolingüe francés, nostálgico del siglo XIX e inadaptado para el XXI, se aplique donde se aplique. Las realidades plurales no reclaman obsesión monolingüe, sino gestión de la diversidad. Siempre hay que aprender de los que lo han hecho mejor que nosotros; siempre.

TABLA 4.2

Universidades y alumnos de catalán en países del Espacio Económico Europeo, 2011

* En España se excluyen las CC. AA. del espacio lingüístico catalán.

Fuente: Autor, a partir de datos del Institut Ramon Llull, http://www.llull.cat/catala/aprendre_ catala/mapa_llengua.cfm (descargado el 22 de julio de 2013). Población: INE para España y Eurostat resto de Estados.

LENGUAS EN CATALUÑA: EL PROBLEMA DE FONDO

Esta pequeña incursión en algunas discusiones del futuro no debe apartarnos de nuestro objetivo. El propósito de mi reflexión no es predecir futuros, sino entender el pasado y obtener enseñanzas útiles para el presente y el futuro. De ahí que sea pertinente analizar con frialdad qué ha pasado en los últimos veinte años; es lo que nos ha traído hacia el presente, y lo que nos lleva al futuro, sea éste el que sea.

En España, las tendencias, de la política central y de los órganos jurisdiccionales van en dirección contraria a las de los países que se acaban de mencionar. La dirección vigente es la recentralización de competencias lingüísticas en el sistema educativo y el refuerzo de la lengua mayoritaria. ¿Por qué ha reemergido y se ha acentuado esta tendencia en las dos últimas décadas, y con ritmo vertiginoso en los últimos años?

Pues no es demasiado difícil de entender, más allá de la consabida respuesta de la competencia por poderes y funciones en un mundo tan cambiante, cosa que explica un poco de todo y un mucho de nada. Los estudios científicos en estas materias nos resultan de gran ayuda para ello, y es momento de recuperar algunos conceptos que se han introducido anteriormente, en el capítulo 2.

La lengua castellana ha tenido una situación de estatus superior en España por motivos de tipo demográfico y legal. Esta superioridad de estatus se ha acentuado en algunos períodos mediante la simple y llana expulsión del espacio público de las lenguas no castellanas. La restauración de la democracia puso fin a la prohibición de las lenguas no castellanas en el espacio público, aunque se mantuvo el estatus legal de superioridad de la lengua castellana.

Pues bien, es conocido en la teoría de la psicología social que los grupos de estatus alto son «justos» sólo cuando su superioridad está completamente asegurada. De lo contrario, pueden discriminar para mantener su superioridad. Por su parte, los grupos de estatus bajo, o bien aceptan su inferioridad, o bien afirman su superioridad de acuerdo con las circunstancias.²⁸ En particular en el terreno lingüístico, si el grupo dominante percibe que la vitalidad del grupo subordinado está creciendo, puede aplicar estrategias para debilitar la vitalidad del grupo subordinado, a partir del dominio que mantiene en diferentes esferas la sociedad.²⁹

La reacción del grupo dominante en España al aumento de vitalidad de un grupo subordinado (el de lengua catalana) encaja muy bien en la dinámica de las controversias lingüísticas de las dos últimas décadas. Las profesoras Carmen Huici y María Ros, de la UNED y la Universidad Complutense respectivamente, estudiaban en un artículo de 1993 la diferenciación intergrupal de distintos grupos lingüísticos en España: castellanos, catalanes, vascos, gallegos y valencianos. Entre los diferentes aspectos analizados se encontraba el del favoritismo hacia el propio grupo.

Las autoras hallan que, contra lo que podría esperarse a priori, los castellanos son los que mostraban mayor favoritismo hacia el propio grupo, lo que les lleva a concluir que «el caso de los castellanos resulta un tanto paradójico. Son el grupo con menor identidad comparativa y, sin embargo, son los que muestran un mayor favoritismo endogrupal. Tal vez aquí el hecho de que las comparaciones se establezcan a partir de las categorizaciones lingüísticas y de que los castellanos sean un grupo de alto estatus cuya situación de lengua privilegiada se esté viendo amenazada, dé cuenta de esa mayor diferenciación mostrada por ese grupo».³⁰

No hace falta darle más vueltas. Ésta es la clave de bóveda del asunto: el grupo lingüístico de lengua castellana ha gozado históricamente de una situación privilegiada, en términos del propio análisis comentado. Esa posición de privilegio se ha visto amenazada por el aumento de vitalidad y promoción de otras lenguas, como es el caso de Cataluña. Los problemas que esto haya generado en Cataluña están perfectamente delimitados y acotados. Tanto el catalán como el castellano se usan con normalidad a nivel social, y casi toda la población tiene un nivel suficiente de comprensión de ambas lenguas. Los datos de la realidad social, política e institucional certifican la relevancia menor de esta cuestión entre los catalanes. Más en concreto, en 2011 entre la población catalana de 14 años o más, el 96,3 por ciento comprendía el catalán, el 80,5 por ciento lo sabía hablar y el 65 por ciento lo sabía escribir.³¹

Pero, sencillamente, hay personas o grupos acostumbrados históricamente a que su lengua fuese hegemónica en todos los niveles que reaccionan con creciente virulencia (muy especialmente fuera de Cataluña) al cuestionamiento que les supone la vitalidad y promoción de una lengua que no es la suya, porque limita su hegemonía. Mantener la hegemonía de la lengua propia puede, desde luego, ser más tentador y gratificante que gestionar la diversidad para quien disfruta de la hegemonía histórica. Humano, demasiado humano; pero inadaptado para el futuro.

Las instituciones centrales del Estado asumen su condición de parte, y actúan en defensa sólo de uno de los grupos lingüísticos que existen en su territorio, el de lengua castellana, que es su grupo nuclear. Éste es el motivo por el que el Gobierno central quiere obligar a pagar una escuela privada a las decenas (quizá ahora centenares) de familias en Cataluña que quieren escolarizar a sus hijos en castellano, pero no ha previsto una medida simétrica para las decenas de miles de familias que quieren y no pueden escolarizar a sus hijos en valenciano, lengua propia del País Valenciano. Estos enfoques y prácticas nos hacen ciudadanos desiguales, porque relegan el estatus y los derechos de los que no tenemos el castellano como lengua materna o primera. Ni más ni menos.

Quiero ser especialmente preciso en un punto. Creo que hay muchas personas en España que no comparten esta visión hegemonista para el castellano, y que entienden que la pluralidad y la diversidad hay que gestionarlas correctamente. Tampoco es una visión unánime en el sistema político español. Pero también estoy convencido de que la hegemonía social e institucional está del lado del hegemonismo lingüístico de la lengua castellana.

Es natural; al fin y al cabo, no deja de ser un problema de «los otros». Podría no ser así. Es más, sería genial que no fuese así. Pero, como sucede en tantas ocasiones, las cosas no son como desearíamos; son como son. Es lo que hay en los tiempos que nos ha correspondido vivir. De ahí que la gran mayoría de catalanes estén convencidos de que son los ciudadanos catalanes los que deben tomar las decisiones pertinentes sobre las cuestiones lingüísticas en Cataluña; los catalanes de lengua primera catalana y los catalanes de lengua primera castellana (¡y también el resto de los catalanes, casi el 10 por ciento, que tienen otras lenguas primeras!).³² Tiene mucho más sentido esto que mantener esta capacidad situada en unas instituciones y grupos para los que los catalanes son «los otros», y también lo es «su lengua».

Capítulo 5

TRANSFERENCIAS FISCALES EN ESPAÑA Y JUSTICIA COMPARATIVA

Las batallas por asuntos distributivos no suelen ser sobre «¿igualdad por qué?», sino sobre «¿igualdad de qué?».

AMARTYA SEN,
The Idea of Justice

En España abundan los seguidores de la visión platónica de la justicia. Para éstos, tan sólo con concebir la idea se ha convertido en realidad. Mucho menor seguimiento ha tenido la tradición aristotélica, que pone el énfasis en la importancia de la proporción y en la necesidad del conocimiento material. Es decir, de tocar la materia. Esta visión tiene mucho mayor seguimiento en otras culturas más propensas al debate y la contrastación con la realidad. Su influencia ha sido muy grande, y puede encontrarse en muchos ámbitos de la política pública. Por ejemplo, en el terreno distributivo una expresión de la necesidad de proporción la ofrece el uso del término «según» de Karl Marx en su Crítica del Programa de Gotha: «De cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades».¹

En España, por el contrario, existe una gran propensión a pensar que la simple mención de un concepto sagrado implica su transustanciación en la realidad. Esto se ilustraba muy bien con el exagerado y distorsionado uso del término «solidaridad» en la política de infraestructuras, como documenté en España, capital París. En el límite, la idea de solidaridad deviene justificación para una política que prescinde de la misma en la práctica, cuando no genera resultados contrarios.

En esta sección se ilustra un fenómeno de tipo similar en el terreno de la redistribución fiscal interterritorial, que se genera a partir de la acción del Estado en materia de impuestos y gastos en los diferentes territorios. No conozco mucha gente que discuta la idea de que en una comunidad política es justo que los más ricos contribuyan más que los más pobres. Puede haber mucha discusión sobre la intensidad apropiada de la redistribución, pero es poco frecuente encontrar personas totalmente opuestas a la misma. De ahí que haya un gran acuerdo en que el Impuesto de la Renta pagado por una persona B sea mayor que el pagado por una persona C, si B es más rico que C (dicho con más propiedad, si obtiene más rentas) (B>C).

Pero esto no es suficiente para la mayoría de la gente si en lugar de sólo dos personas, B y C, hay dos más: A (la más rica) y D (la más pobre). En tal caso, casi todo el mundo defiende que A pague más que B, B más que C y C más que D (A>B>C>D). De hecho, y en la práctica, uno de las grandes motivos de malestar social en las sociedades del sur de Europa en medio de la actual crisis económica es la percepción de que muchos A contribuyen menos que otros B o C, aunque contribuyan más que los D (los realmente pobres no pagan muchos impuestos).

Más en general, como la acción redistributiva se compone de impuestos y gastos públicos, casi todo el mundo apoya que el balance entre impuestos pagados y servicios/subsidios recibidos suponga un balance de cargas y beneficios más favorable para D, después para C, para B y para A. Es decir, la acción redistributiva ha de mejorar según el orden (D>C>B>A).

¿Se imaginan un sistema en que B paga más que A o en que A directamente no paga? ¿Y en que C recibe más que D? ¿Y que como resultado de todo esto C acaba con un mayor nivel de vida que B, después de la redistribución? Sería un sistema quebrado desde el punto de vista de la justicia comparativa, aunque D (el más pobre) esté mejor que antes de la redistribución. El conjunto de resultados sería fruto de un entramado de prácticas, instituciones y reglas injustas,² desde cualquier concepto aplicable de justicia.

Y esto es precisamente lo que nos muestra el análisis de las transferencias fiscales interregionales en España. Antes de documentarlo, sin embargo, puede ser muy conveniente despejar algunos equívocos muy populares en esta materia, sean espontáneos o inducidos.

ALGUNAS LEYENDAS URBANAS, MÁS O MENOS INDUCIDAS

Los impuestos los pagan las personas, no los territorios

Tan pronto como se mencionan las palabras transferencias fiscales interterritoriales, y se evoca su instrumento de análisis más adecuado e ilustrativo, las balanzas fiscales, se pone en marcha el conocido mantra: «Los impuestos los pagan las personas, no los territorios». Pues no es así exactamente, la verdad. Los impuestos los pagan las personas en un territorio determinado, y el componente espacial puede ser importante, y mucho, en la distribución de cargas fiscales. Despreciar el componente espacial implica presuponer una serie de cosas que no son ciertas.

Primero, implica asumir que en todas las regiones de España se pagan los mismos tipos de los grandes impuestos estatales. Esto no es verdad, al menos en lo que respecta a País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla.

Segundo, implica asumir que las actividades económicas sometidas a tributación favorable están distribuidas de forma equivalente en todas las regiones de España. Esto tampoco es verdad. El peso de las actividades sometidas a fiscalidad más favorable presenta grandes diferencias entre regiones, y es mucho suponer que las decisiones legislativas de los parlamentarios sobre actividades de tributación ventajosa son estrictamente independientes de la intensidad de la actividad en cada región.

Tercero, implica asumir que la intensidad de las inspecciones fiscales es la misma en toda España. Esto no es verdad. Por un lado, por motivos objetivos, puesto que los umbrales usados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para aumentar la intensidad de la acción investigadora afectan de forma diferente a las actividades en diferentes regiones. Por otro, por motivos objetivos; es conocido que la intensidad de la labor investigadora de la AEAT no se distribuye igualmente entre las diferentes regiones de España. En su conjunto, estas diferencias ocasionan discrepancias interregionales significativas en la declaración de ingresos empresariales, de ingresos tributarios y de fraude fiscal.³

Cuarto, implica asumir que los niveles de precios son los mismos en toda España, y que no existen impuestos progresivos. Esto tampoco es verdad. A diferentes niveles de precios, existen diferentes salarios y percepciones de otras rentas. En un sistema de tributación progresiva como es el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (IRPF), el aumento de rentas comporta un aumento más que proporcional de la presión tributaria, por el salto en la escala de tipos marginales aplicables al siguiente tramo de renta. De ahí que se produzca una diferente presión fiscal efectiva para similares niveles de poder adquisitivo de las rentas. El asunto de las diferencias interregionales de precios tiene otras implicaciones todavía más sustanciales, por lo que regresaremos al mismo más adelante.

Existe otro aspecto aún más importante que lo anterior: la actividad redistributiva del Gobierno central tiene una vertiente del ingreso y otra del gasto, tal y como recogen las balanzas fiscales. La vertiente del gasto público estatal tiene una dimensión territorial fundamental. No sólo en el gasto discrecional del Gobierno central; en España, por ejemplo en grandes infraestructuras. ¡Es que en el propio sistema de financiación autonómica se toman como indicadores estructurales de diferencias en la necesidad de gasto factores espaciales como la insularidad, la superficie y la dispersión! Así, con este tipo de factores (más otros demográficos) se define la población «ajustada», que se toma en lugar de la «real».

En suma, lo de «Los impuestos los pagan los individuos y no los territorios» como negación de la dimensión espacial de la actividad redistributiva del Estado quizá sea de aplicación más apropiada para países como Luxemburgo, Liechtenstein o Andorra, pero no en espacios fiscales amplios como es España.

«España nos roba»

Esta expresión, empleada por algunas personas en Cataluña, es incorrecta desde el punto de vista semántico, además de muy inapropiada en el debate público. Robar es, en sentido literal, apropiarse de algo indebidamente, con violencia, fuerza o engaño. Esto no describe adecuadamente la forma en que se han tomado las decisiones legislativas que tienen como resultado las transferencias interregionales en España, por lo que respecta a Cataluña.

Por lo que se refiere a la financiación autonómica, una parte importante del conjunto de las relaciones fiscales, todas y cada una de las reformas del sistema de financiación efectuadas desde la implantación del sistema en 1986 han sido aprobadas con la conformidad de los sucesivos Gobiernos catalanes, así como de la mayoría de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña. Por otra parte, y para completar el cuadro, los Presupuestos Generales del Estado (que prevén los ingresos y gastos del Estado) han sido aprobados con el voto favorable de la mayoría de diputados en el Congreso elegidos en Cataluña en casi todos los años desde la restauración de la democracia.

En otro orden de cosas, también merece algún comentario el uso del concepto «expolio fiscal». La cuestión es sustancialmente diferente de la discutida anteriormente. No lo parece en castellano porque, en esta lengua, «expoliar» significa «despojar con violencia e injusticia» (Diccionario de la Real Academia Española). Pero en catalán «espoliar» significa «desposeer a alguien de aquello que le pertenece» (Diccionari del l’Institut d’Estudis Catalans). Por tanto, el empleo del término «espoliació» en catalán es equivalente al del término «expropiar» (sin suficiente contraprestación).

Personalmente, siempre me ha parecido más adecuado evitar el término «espoliació» en catalán, y emplear «saldo fiscal» o «desequilibri fiscal» (terminología más común, por cierto). Estos términos son más asépticos y menos susceptibles de ofender a quien ignora las diferencias entre conceptos de fonética similar. Afortunadamente, esto sucede cada vez menos en Cataluña porque el sistema educativo proporciona un dominio razonable de catalán y castellano. Aunque, en cualquier caso, si un angloparlante dice que el Gobierno hace una «terrific policy», y alguien lo entiende como «política terrorífica» (en lugar de «política excelente», que es el significado preciso), el error no es del angloparlante, sino del traductor. Esto, con independencia de que la política haya sido realmente excelente o terrorífica.

La reforma (cada una de ellas) del sistema de financiación autonómica se ha hecho para favorecer a Cataluña

No ha habido una sola ocasión en las cinco reformas del sistema de financiación autonómica efectuadas desde 1986 en que no se haya extendido la percepción de que la reforma ha favorecido a Cataluña. La valoración ha sido más sonora en los casos en que el partido político en el Gobierno central no tenía mayoría absoluta en el Congreso: así lo proclamaron urbi et orbi desde la oposición el PP en 1991, el PSOE en 1996 y otra vez el PP en 2009. Desde luego, ha ayudado a esta percepción que todas las reformas fuesen calificadas como acuerdos históricos por los sucesivos Gobiernos de Cataluña.

¿Se corresponde esta percepción con la realidad? No. Excepto en 2009, la financiación autonómica de Cataluña nunca se ha situado por encima del promedio agregado del sistema común (de las CC. AA. de Régimen Común (RC); sin contar a las forales, País Vasco y Navarra, que están muy por encima). El gráfico 5.1 muestra la posición relativa de la financiación de Cataluña respecto a la media de España (España RC = 100 euro/habitante) en la última década, que ha sido la mejor para Cataluña. Nótese que en 2002 entra en vigor la reforma de la financiación de 2001, y se completó el grueso de competencias de las regiones, con la transferencia de la sanidad a las que aún no la tenían. En las décadas de 1980 y 1990 la financiación de Cataluña estuvo aún más lejos, por debajo, de la agregada de España RC.

GRÁFICO 5.1

Financiación autonómica de Cataluña (€/habitante «ajustado») en proporción a España (CC. AA. Régimen Común = 100)

Competencias homogéneas

Fuente: Ministerio de Hacienda (liquidaciones anuales del sistema de financiación autonómica) y Generalitat de Catalunya.

Ciertamente, en cada acuerdo de financiación se ha producido para Cataluña (y para muchas otras regiones) una mejoría respecto al año anterior, pero esa mejoría se diluye totalmente o en gran medida con posterioridad.

Esto no es todo: se ha mencionado ya la población «ajustada», que es una transformación de la población real basada en criterios demográficos y territoriales que lleva a la conclusión de que el coste de los servicios públicos en algunas regiones son mayores: si son regiones grandes y dispersas, si tienen poca densidad de población, si son insulares. Estos criterios acaban reduciendo relativamente la financiación de algunas regiones y aumentando las de otras (de forma bastante artificial, cabe añadir). Si se quiere saber cuánto cuesta una cosa en una región, no hay más que preguntar cuánto cuesta.

Esto nos lo dice el nivel de precios regional…, pero el nivel de precios en cada región no recibe consideración alguna en el sistema público español. Esto implica suponer que la cesta de la compra de un empleado público en Madrid o un solar para un hospital en Cataluña le cuesta a la correspondiente administración regional lo mismo que el equivalente en…, bueno, mejor no singularizar a nadie todavía. El efecto de las diferencias de precios es sistemático e importante, y al final de esta sección volveremos a ello con detalle. Ahora es más oportuno, habiendo mencionado a Madrid, pasar a otra cuestión.

Análisis forense de la desinformación

El 5 de noviembre de 2012, la página web del Partido Popular de Madrid anunciaba la participación en la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de Esperanza Aguirre, líder regional del partido y presidenta autonómica hasta dos meses antes. A la vez, nos trasladaba algunas de sus opiniones sobre el sistema vigente de financiación autonómica. Bajo el titular «Aguirre advierte que la financiación ideada por Zapatero es “injusta para Madrid”»,⁴ sostenía Esperanza Aguirre que el nuevo sistema «estaba pensado para favorecer a Andalucía y a Cataluña», y que Cataluña recibía mejor trato que Madrid con el nuevo sistema.

Un rebote, como es bastante habitual, lo proporcionó más adelante el diario ABC, cuyas portadas ya han sido objeto de comentario en el capítulo primero, en su «noticia» «Los mitos de la financiación autonómica»,⁵ publicada el 29 de abril de 2013. Se dedicaban seis puntos a tratar cuestiones de la financiación en España; los cuatro primeros estaban centrados en Cataluña (el sexto también, de refilón), lo que —dicho sea de paso— no deja de sorprender desde el punto de vista del interés informativo, dada la paupérrima cuota de mercado de este periódico en la región objeto de tanta atención.

La pieza periodística merece ser leída en su totalidad, pero podemos centrarnos en los primeros argumentos para no extendernos innecesariamente. Resumen: la reforma se hizo para favorecer a Cataluña y Andalucía, y Madrid está peor financiada que Cataluña.

ANÁLISIS FORENSE DE LA DESINFORMACIÓN

ABC, 29 DE ABRIL DE 2013

1. Cataluña no está castigada

En los dos últimos años, la Generalitat ha dispuesto de unos recursos de 2.627 euros por habitante cada año, un 3 por ciento más que la media de las autonomías del «Régimen Común» —todas menos los regímenes especiales del País Vasco y Navarra—. La media ha sido de 2.556 euros […]. Si hubiera disfrutado de los mismos recursos per cápita que Madrid, habría obtenido 3.500 millones menos entre 2011 y 2012.

2. Los que sí podrían quejarse

Madrid, con un 10 por ciento más de PIB que Cataluña, disfruta de un 7,3 por ciento menos de ingresos públicos que la Generalitat […]. La comunidad de Madrid es el mayor contribuyente neto a la caja común de la solidaridad interterritorial.

La tabla 5.1 muestra la financiación por habitante para las regiones protagonistas del análisis. Por un lado, en la primera serie de columnas, los datos directamente procedentes de las liquidaciones del Ministerio de Hacienda, que toma como referencia la población «ajustada». En la segunda sección, el resultado de aplicar a los datos del Ministerio de Hacienda la población real, la de verdad, en lugar de la «ajustada».

TABLA 5.1

Financiación euro/hab. (España Régimen Común = 100)

Competencias homogéneas

Notas: Datos de las liquidaciones del Ministerio de Hacienda.

Los datos oficiales publicados por el Ministerio desmienten a Esperanza Aguirre. Si nos atenemos al concepto de población usado para el sistema de financiación autonómica, la «ajustada», la comunidad que ella presidía presenta mejores resultados de la reforma de 2009 que Cataluña y Andalucía. No deja de extrañar que una persona que ha sido tantos años presidenta de una autonomía tenga una información tan deficiente sobre su financiación y la de sus vecinos. Aunque quizá la expresidenta autonómica de Madrid se esté refiriendo a los datos teniendo en cuenta la población real (vaya complicación que supone usar población «ajustada» en lugar de la real, dicho sea de paso). Si ésta es la referencia que tiene en mente, el resultado se recoge en la sección 2 de la tabla 5.1. Vaya, las tres regiones están peor que la media a partir de 2010 (en 2009, Cataluña y Madrid ligeramente mejor). Y Andalucía la peor de las tres.

¿Por qué se ha confundido (si es que se ha confundido) y nos induce a confusión el periodista de ABC?

Primero, porque al periodista le han dicho algo del 3 por ciento por encima de la media (año 2009, población ajustada), y cree que son todos los años igual. No sabe que es el resultado de un fondo específico que sólo se ha aplicado en 2009. De ahí el salto ese año de Cataluña, en el 103,6. Claro, que para salto el que da Madrid, aunque parece que eso no se lo han comentado al periodista.

Segundo, porque, obviamente, si Cataluña hubiese tenido los mismos euros por habitante que Madrid, tal como los define el sistema, habría tenido más recursos, y no menos, como se puede apreciar comparando ambas comunidades año a año en la tabla 5.1, sección 1. Si se compara por población real, tanto Cataluña como Madrid deberían tener más recursos.

La cosa ya llega al delirio cuando la crónica afirma que Madrid tiene un 7 por ciento menos de recursos que Cataluña. Y la clave de todo esto nos la da el primer número de la pieza del ABC, 2.627 euros por habitante en Cataluña. Este número que le han colado al periodista suma a la financiación básica de Cataluña (la homogénea con el resto de comunidades de Régimen Común), la que corresponde a policía autonómica, instituciones penitenciarias y otras singulares… Y claro, el periodista, en lugar de comparar competencias homogéneas (financiación para idénticas competencias), compara la financiación total de Cataluña (competencias singulares incluidas) con la de Madrid (y otras regiones), aunque en las mismas esas competencias las gestiona y paga la Administración General del Estado.

Cualquier comparación rigurosa, incluida la que proporciona oficialmente el Ministerio de Hacienda, distingue entre competencias homogéneas y competencias singulares. Pero si el periodista hiciese lo mismo, llegaría a conclusiones opuestas a las que llega. Y todavía más si computase a la Comunidad de Madrid el gasto estatal en políticas de competencia autonómica, como en el terreno de la Cultura. Claro que ése no era el objetivo del director del ABC, inspirador de la línea del medio, ni del informe tal y como se lo han filtrado.

No hay que comparar peras con manzanas…, y si se hace hay que explicarlo.

Más en general, es importante dejar constancia aquí que son habituales las informaciones periodísticas y estudios (en los que se suelen basar aquellas informaciones) que se arrojan sobre la población española en los que se compara la financiación autonómica total de cada región (sin incluir al País Vasco y Navarra, por supuesto), sin corregir por las singularidades competenciales; es decir, las diferencias competenciales entre unas regiones y otras.

Un ejemplo importante de cómo se confunden peras con manzanas (y no se explica) nos lo proporciona el estudio Las disparidades regionales del sector público español,⁶ de la Fundación BBVA. En la extensa nota de prensa divulgada para presentar tal estudio, en la página 13, se comparan los recursos por habitante del sistema de financiación autonómica 20022009, y se obtienen para Cataluña por encima de 100 en todos los años desde 2002, excepto en 2007, con marcadas diferencias respecto a los datos del Ministerio de Hacienda, usados para el gráfico 4.1, en la página 131.

El autor(es) de la nota de prensa no precisa, sin embargo, que se están incluyendo las competencias singulares, por lo que se vulnera la homogeneidad de la comparación. Y no parece causar sorpresa, ni provocar curiosidad, que cuando se segregan las dos principales partidas de gasto autonómico, Salud y Educación, Cataluña esté por debajo, de media, en ambas. Tampoco sorprende que Cataluña ocupe una posición absurdamente excéntrica en su gráfico 10, que muestra el peso del gasto en Educación y Salud en el gasto autonómico total de cada región.

Dado el peso cuantitativo de Cataluña en las competencias singulares, la comparación no homogénea distorsiona absurdamente la realidad, con intención o sin ella. El resultado es que al hacerlo reconcilia a una gran parte de la opinión pública con el estereotipo quevediano: «¿De qué se quejan los catalanes, si se llevan más que nadie?».

Por cierto, y ya llegados aquí, vale la pena reproducir la diferencia entre lo que cada región de Régimen Común aporta y obtiene en el sistema de financiación autonómica. La de 2011, último año liquidado por el Ministerio de Hacienda, es bastante ilustrativa. Los datos se toman respecto a población real (sin distorsiones por características territoriales).

La tabla 5.2 compara, con base 100 para todas las regiones de Régimen Común, la aportación de recursos tributarios al sistema de financiación autonómica (su capacidad propia) y los recursos finales del sistema de financiación autonómica (sus recursos finales). Retrata muy bien la aplicación del principio de equidad en España. Regiones relativamente ricas y con buenas bases fiscales ganan incluso posiciones en la distribución final de recursos, mientras que regiones relativamente pobres pierden incluso posiciones en la distribución final de recursos. Pero todo esto es aún insuficiente para determinar qué pasa con la solidaridad interterritorial en España, pues los gastos autonómicos de Régimen Común son menos de un tercio del total. Tenemos que considerar también los gastos del Estado, así como incorporar al País Vasco y Navarra, grandes ausentes hasta aquí.

Las balanzas fiscales nos permiten obtener el cuadro global de la acción distributiva entre las regiones y el Estado, y nos facilitan dilucidar quién contribuye y quién no a la solidaridad interterritorial, y esto merece toda una sección. Antes, sin embargo, unas breves consideraciones sobre el tan traído y llevado «principio de ordinalidad» en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

TABLA 5.2

Capacidad fiscal inicial y recursos fiscales en el sistema común de financiación autonómica. Euros per cápita (población real) para competencias homogéneas

Fuente: Liquidación del sistema de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda 2011, y Generalitat de Cataluña.

La esterilidad práctica del principio de ordinalidad incluido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña

¿Qué quiere decir «principio de ordinalidad»? Mantener la ordinalidad entre una serie de unidades supone que las acciones que se tomen no deben dar lugar a resultados que alteren el orden previo a las acciones. Es decir, pueden alterarse cantidades de cada unidad, pero no el orden de las mismas.

El 6 de julio de 2013, el Consejo Territorial del PSOE reunido en Granada aprobó el documento Hacia una estructura federal del Estado, que incluye la siguiente posición respecto a la financiación autonómica: «En lo que se refiere al modelo de financiación […] que la contribución interterritorial no coloque en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quién se beneficia» (Fundamento Jurídico sobre la ordinalidad contenido en sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña).⁷

Muy pocos días después, el 10 de julio, el diario ABC publicaba una crónica con el expresivo título «La propuesta territorial del PSOE, en beneficio de Cataluña».⁸ En ésta se hacía eco de un informe de urgencia del Gobierno de Extremadura en el que señalaba que, de aplicarse esa propuesta, Cataluña ganaría recursos, tanto si se calculaba la ordinalidad (evitar cambios de orden en los resultados) según la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma, como según la renta per cápita. En la primera, Cataluña ganaba 1.518 millones de euros, y en la segunda ganaba 520 millones. El hecho de que Madrid ganase mucho más dinero que Cataluña según esos cálculos, y que otras CC. AA. ganasen proporcionalmente más que Cataluña, no evitaba en el titular la expresión «en beneficio de Cataluña». Ya saben, desde Quevedo cualquier cosa así cuela muy bien.

Sin embargo, tanto la Junta de Extremadura como ABC tuvieron un acceso de sobrerreacción. Veamos. Primero, ¿qué dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre la ordinalidad? En su punto 5 del artículo 206 dice: «[el] Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las CC. AA. antes de la nivelación». El buen lector entenderá que:

1. El concepto de nivelación es un concepto jurídicamente aplicable sólo al sistema común de financiación autonómica. De ahí que los únicos «mecanismos de nivelación» a considerar sean los del propio sistema de financiación.

2. Además, observará que el texto legal no dice que no se altere la financiación autonómica per cápita, como era la idea inicial del Parlamento de Cataluña, sino que no se altere la renta per cápita entre las CC. AA. El orden de la financiación autonómica es algo diferente a la ordenación de las rentas per cápita. Para hacerse una idea, basta decir que el promedio de Régimen Común (homogéneo) de financiación autonómica per cápita en 2011 es de 2.149 euros. En cambio, la renta per cápita promedio de España en 2010 se situaba entre 18.000 y 19.000 euros, según Eurostat.⁹

No resulta nada difícil entender que la aplicación de los mecanismos de nivelación en la financiación autonómica sólo per se incluye unas cuantías de una dimensión tan reducida que es prácticamente imposible (aunque no del todo) que alteren el orden de la renta per cápita de alguna región, excepto en el caso de regiones casi empatadas antes de la distribución de fondos autonómicos. Es por este motivo por lo que el anterior presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que la situación considerada en ese artículo del Estatuto no se había producido nunca. Y tenía razón, de acuerdo con la redacción literal usada en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Pero hay más. Por si las cosas no estaban bastante claras, la interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional acaba de aclararlas: «La garantía del Estado a que se refiere este precepto sólo operaría cuando la alteración de la posición de la Comunidad Autónoma de Cataluña se debiera, no a la aplicación general de los mecanismos de nivelación, sino exclusivamente a la aportación que realizase Cataluña como consecuencia de su posible participación en dichos mecanismos. Con ese limitado alcance, así interpretado, el precepto no es contrario a la Constitución».¹⁰ Es decir, al efecto de la previsión del artículo, sólo puede computarse la posible participación de Cataluña en dichos mecanismos.

Pueden quedar tranquilos tanto el Gobierno de Extremadura como el ABC. Lo que no puede ser es imposible. Tal y como está redactado el artículo 206.5 del Estatuto de Cataluña, y además con la apostilla interpretativa del Tribunal Constitucional, no generarán obstáculo alguno para que las cosas continúen como han ido hasta ahora. Otra vez, el anterior presidente de Gobierno estaba en lo cierto al decir que la circunstancia, tal y como estaba definida, no se había producido nunca, ni se producirá previsiblemente en las próximas décadas.

Pero ampliemos un tanto el foco, y atendamos a lo que realmente importa a los ciudadanos, que es su nivel de vida. Pues bien, el orden de las CC. AA. según el nivel de vida se altera cada año, si tenemos en cuenta el conjunto de la acción distributiva del Estado y las diferencias interregionales en el nivel de precios. Vayamos primero al conjunto de la acción distributiva del Estado, y posteriormente a los precios y el nivel de vida.

TRANSFERENCIAS FISCALES INTERREGIONALES EN ESPAÑA: DE PAGANOS RICOS Y POBRES, Y DE ALGUNOS POLIZONES

La justicia exige que casos sustancialmente similares sean tratados de forma similar y que casos sustancialmente diferentes sean tratados de forma diferente, en proporción directa a las diferencias relevantes entre ellos.

JOEL FEINBERG,
«Noncomparative Justice»

La intensidad de las transferencias fiscales en España constituye un caso muy singular entre todos los países para los que se han efectuado análisis de flujos fiscales interregionales, cuyo instrumento son las balanzas fiscales. El caso de España es un caso único en el mundo, ya estudiado, que incluye —además de España— a Canadá, Australia, Bélgica, Estados Unidos y México,¹¹ aunque del no estudiado nada sabemos, claro está. Es así por la intensidad de las transferencias fiscales a que están sujetas… algunas regiones. No se conocen casos similares de sistemas en que una región que está lejos de ser la más rica (Baleares) transfiera el 14 por ciento de su PIB: otra, que también está lejos de ser la más rica, Cataluña, el 8,5 por ciento; y una más pobre que la media (Valencia) transfiera tanto como el 6 por ciento de su PIB.

Pero es sobre todo así por un aspecto totalmente olvidado en el debate sobre solidaridad territorial en España: la observación de reglas básicas de equidad entre regiones por lo que respecta a la contribución a financiar la solidaridad. Esto es más significativo todavía cuando se intensifica el debate buscando parámetros de referencia exteriores que validen la «justicia distributiva» de la carga soportada por regiones como Cataluña, mientras que no se presta atención a las reglas de equidad que presiden la aportación de las regiones ricas en España. Es decir, de justicia distributiva comparativa.

Una nota metodológica preliminar

A continuación se hace uso de las balanzas fiscales. En particular, de las que reflejan los flujos monetarios entre el Estado y las CC. AA.

La lógica de tomar las balanzas de flujos monetarios es aplastante: nuestra cuestión no tiene que ver con la valoración de servicios públicos de provisión central, sino con el efecto económico efectivo de los ingresos y gastos públicos, y por tanto con los flujos reales. Por eso, en los demás países en que se calculan balanzas fiscales se usa el método del flujo monetario, con la excepción de México. El caso de Australia, por curioso, merece una nota específica: el territorio de la capital es un distrito especial sin poderes políticos equivalentes a los del resto de estados. Por ello, los gastos federales en la capital, Camberra, se dividen entre todos los estados, y su Territorio de la Capital Australiana (del que Camberra es la única ciudad) es excluido del análisis de las balanzas fiscales. Camberra no es sino la octava ciudad del país por población, y en el territorio capital reside el 1,5 por ciento de la población australiana. Es decir, una auténtica capital federal. En suma, el cálculo de las balanzas fiscales según el flujo monetario es el único que permite hacer comparaciones internacionales, con los países mencionados anteriormente.

Esto no es posible con el método de carga-beneficio, pues en los análisis internacionales no se toma en cuenta al considerar las balanzas fiscales, excepto en México. El método de carga-beneficio en las balanzas fiscales intenta responder a la pregunta de cuál es el beneficio que obtienen las diferentes regiones de los servicios prestados por el Estado. Esto obliga a hacer imputaciones muy complicadas. De hecho, si se quiere aproximar la valoración de los servicios públicos (y no estamos ante bienes públicos puros como la defensa), los economistas recomiendan averiguar la disponibilidad a pagar de los ciudadanos por recibirlos.

Así, por ejemplo, tomemos el Museo del Prado, cuyo efecto económico se concentra indudablemente en el territorio en el que está instalado. No entro aquí en valoraciones de tipo simbólicas o «nacionales», puesto que estamos hablando de flujos fiscales, de la materia (y no de la «idea nacional»). Pues se podría hacer una subasta por la instalación del Museo del Prado en la que participaran ciudades respaldadas por sus Gobiernos regionales. Si hay candidatos dispuestos a pagar por tenerlo es que genera un beneficio, y por tanto el beneficio debe ser imputado al lugar de localización. Si se quiere tomar como fija e inamovible la localización, se puede preguntar a los ciudadanos —a través de sus Gobiernos territoriales, su agente cuando hay distancias espaciales— cuánto están dispuestos a pagar para financiar el Museo del Prado en su actual ubicación, y presupuestar gasto e imputar beneficio de acuerdo con las respuestas recibidas. Como se ha mencionado ya, esto sería inapropiado en el caso de un bien «público puro» como la defensa; pero el Museo del Prado no lo es.

Lo que no hay forma de resolver es la distribución territorial de los efectos de los sueldos pagados a su personal, o los gastos en restauración y hostelería de sus visitantes, que tienen una localización espacial clara: donde está el museo.

Hay otro problema que daña irreparablemente la utilidad del método carga-beneficio para el análisis de los flujos fiscales interregionales, y al que nunca se presta atención. Detengámonos por un momento: distribuyamos los sueldos del personal del Museo del Prado entre todos los españoles, ya que es un museo «nacional» (¿recuerdan lo del nacionalismo banal?). Con esto, reducimos de forma arbitraria el gasto del Estado en Madrid. Pero ¿y todos los ingresos impositivos derivados de sueldos, compras y actividad generada por el museo? Éstos se computan a la Comunidad de Madrid, sea cual sea el método que se use. Por tanto, el método del beneficio trata asimétricamente los gastos e ingresos impositivos generados por la actividad estatal, sesgando a la baja el saldo de la comunidad donde está la capital (es decir, sobrestimando el déficit en nuestro caso).

En suma, la diferencia más ilustrativa entre el método del flujo monetario y el de carga-beneficio se puede expresar de la siguiente forma: ¿qué pasaría si el Museo del Prado se traslada de Madrid a Valencia? El método de flujo monetario registrará ahora en Valencia los gastos estatales en el Museo, así como los ingresos tributarios derivados de la actividad del mismo. Según el método de carga-beneficio, no pasa nada; seguirían existiendo exactamente los mismos empleos, actividad turística derivada e ingresos fiscales en una y otra ciudad. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta?

Por último, en España (que no en otros países) se ha puesto de moda hablar de «balanzas no neutralizadas». Es muy poco frecuente que el presupuesto del Estado acabe un ejercicio en equilibrio (sin déficit ni superávit). ¿Qué es la neutralización? Neutralizar quiere decir asignar los costes por el pago futuro por mayor deuda (cuando hay déficit) o ahorros (cuando hay superávit). La neutralización no es una opción, es una obligación al calcular balanzas fiscales. Se puede hacer previendo mayores impuestos futuros, menores gastos o una combinación de ambos.

No obstante, hay gente que sostiene que hay también balanzas fiscales no neutralizadas. Bueno, esto es lo mismo que sostener que se puede hacer una tortilla de patatas sin huevos. Podemos discutir sobre si la tortilla tiene que tener sólo patata (flujo monetario) o patata y cebolla (carga-beneficio), y las diferencias y usos de una y otra. Pero si cuando las patatas (sin o con cebolla) están sofritas no se echa el huevo, pues no tenemos una tortilla de patatas; sólo tenemos patata (con o sin cebolla).¹²

Por cierto, la idea de balanza no neutralizada gusta mucho a los partidarios de que otros países paguen las deudas del sector público español, o a quienes creen que las cargas de la hacienda pública son algo diferente y distinto de las cargas de los contribuyentes. Obvia decir que la frecuencia con que se esgrimen en España estos conceptos subyacentes explica una parte del nerviosismo de nuestros socios y financiadores externos.

Es procedente una breve consideración final para comentar algunos detalles que suscitan gran confusión en la discusión sobre balanzas fiscales. Sobre gastos: (1) las compras de armamento, aviones incluidos, se imputan a todas las regiones (sí, a todas), no a ninguna en particular; (2) nada es perfecto, tampoco el método del flujo monetario. Algunos gastos del Estado (embajadas, misiones del ejército en el exterior) quedan sin imputar a territorio alguno; se asignan a «exterior» por coherencia con el propio criterio. En el cálculo de las balanzas fiscales entre Cataluña y el Estado realizado para 2010 para el Gobierno catalán, quedaban sin imputar territorialmente 11.000 millones, el 4,7 por ciento del gasto total estatal a distribuir…, una imperfección inferior al 5 por ciento.

Sobre ingresos: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no se asigna al territorio de ubicación del productor, sino que se imputa según el nivel de consumo en cada región: se usa el indicador de consumo final estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), calculado para la asignación regional del IVA a las regiones de Régimen Común en el sistema de financiación autonómica. Pueden quedar por tanto tranquilos quienes están preocupados por que sus compras de productos catalanes aumenten la financiación autonómica de Cataluña o aumenten su déficit fiscal con el Estado: no es así. Más en general, confiemos en que estas cuestiones no generen ya más dudas al lector de estas páginas.

¿Es equitativa la redistribución mediante transferencias interregionales en España?

Esto se puede analizar gracias al único —hasta ahora— informe sobre balanzas fiscales disponible para el conjunto de España, el del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con datos relativos para 2005, publicado en 2008.¹³

A modo de radiografía de partida, la tabla 5.3 ofrece los datos promedio (por simplicidad y operatividad posterior) de las tablas 5 y 6 del informe del IEF, correspondientes a las balanzas de flujos monetarios fiscales interregionales. Las CC.AA. están ordenadas de acuerdo con su PIB por habitante.

Los datos de la tabla revelan una gran disparidad de situaciones. Dos regiones con el PIB per cápita inferior al de España tienen déficit fiscal (signo negativo): Valencia y Murcia. Por otro lado, dos regiones con el PIB per cápita superior al de España tienen superávit fiscal (signo positivo): La Rioja y Aragón. A su vez, entre las regiones pobres que tienen superávit fiscal, el peso de las transferencias no tiene relación con su riqueza relativa: Andalucía y Castilla-La Mancha entre las regiones más pobres, reciben menos transferencias (en porcentaje del PIB) que algunas regiones más ricas que ellas (aunque sean relativamente pobres), como Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria. Por último, entre las cinco regiones ricas que tienen déficit fiscal, las dos menos ricas, Baleares y Cataluña, transfieren con mucha mayor intensidad que Madrid y, sobre todo, que Navarra y el País Vasco.

TABLA 5.3

Transferencias interregionales en 2005

Nota: La suma de las cifras de flujos fiscales no suma cero, dada la diferencia entre ingresos considerados y gastos considerados a nivel agregado en el cálculo del IEF (2008).

Fuentes: Población: INE. Resto de Datos: Instituto de Estudios Fiscales, Las balanzas fiscales…, pp. 17-18.

El gráfico 5.2 (que no incluye a Ceuta y Melilla por simplicidad) presenta los datos reales de las regiones en comparación con lo que sería de esperar como promedio, dado su PIB per cápita. Las regiones que se hallan por encima de la línea de pendiente tienen una desviación favorable respecto de lo que sería esperable como promedio. Resultan relativamente beneficiadas. Mientras que las regiones que están por debajo de la recta de pendiente tienen una desviación negativa respecto a lo que sería esperable como promedio. Resultan relativamente perjudicadas.

GRÁFICO 5.2

Posición relativa de cada comunidad autónoma respecto de lo que sería de esperar según su PIB

Nota: Las regiones por encima de la línea de pendiente reciben más o aportan menos de lo que correspondería a su PIB. Las regiones por debajo de la línea de pendiente reciben menos o aportan más de lo que correspondería a su PIB.

Fuente: Autor, a partir de los datos del Instituto de Estudios Fiscales.

Los problemas de equidad en la redistribución en España son evidentes. Estos problemas mejorarían con la aplicación de cuatro criterios normativos muy sencillos, de los que me parece difícil discrepar demasiado:

1. Las regiones pobres no tienen que transferir recursos a otras regiones. Sobre todo si estas últimas son más ricas que aquéllas. Esto implica que Valencia y Murcia no deben tener déficit fiscal (con el Estado). Así ganarían, al menos, las transferencias que se ahorrarían: Valencia el 6,4 por ciento de su PIB, y Murcia el 2,1 por ciento de su PIB.

2. Las regiones ricas no tienen que recibir transferencias de otras regiones. Sobre todo si estas últimas son más pobres que aquéllas. Por ello, deberían suprimirse las que reciben regiones más ricas que la media: Aragón (1,8 por ciento del PIB) y La Rioja (0,6 por ciento del PIB).

3. Las regiones ricas tienen que contribuir a las transferencias según su riqueza: más las más ricas, y menos las menos ricas. Por eso, además, La Rioja y Aragón deben incorporarse al grupo de regiones que transfieren a las más pobres.

4. Las regiones pobres tienen que recibir transferencias según su riqueza: más las más pobres, y menos las menos pobres. Por eso, además, Valencia y Murcia deben incorporarse al grupo de regiones que reciben transferencias.

Transferencias interregionales y equidad entre regiones ricas. Reestructuración de las transferencias con redistribución progresiva

¿Cuál es la implicación del criterio 3 para las regiones ricas? ¿Qué pasaría si toda región rica «transfiere lo que le toca», es decir, según su capacidad? Supongamos en lo que sigue que el actual nivel de redistribución global financiado por las regiones ricas es el adecuado; es decir, que en España no hay ni muchas ni pocas transferencias, sino las adecuadas.

La aplicación de un principio equitativo de redistribución lleva a considerar que los más ricos deben aportar proporcionalmente más a las transferencias hacia los más pobres, como si se tratase del IRPF o del impuesto sobre el Patrimonio. Este criterio se puede aplicar fijando un mínimo exento para todas y cada una de las regiones ricas, equivalente a su cantidad de PIB, que las sitúa en el PIB per cápita de España. La cantidad de PIB que supera este umbral sería objeto de «tributación» para determinar el nivel de transferencias que cada región rica debe asumir.¹⁴ Con este procedimiento, además, se evita que ninguna comunidad pierda posiciones a raíz de la redistribución.

Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 5.3 (las regiones se ordenan de forma decreciente según el déficit fiscal en porcentaje del PIB de 2005). Las cantidades específicas se muestran en la tabla 5.A.1, en el Apéndice de este capítulo. En ambos casos se incluye a Valencia y Murcia, que recuperan los recursos que habían transferido. Se aprecia con claridad que los cambios que resultarían de un tratamiento equitativo de la distribución son muy importantes. Las regiones forales —País Vasco y Navarra, sobre todo, y también las del valle del Ebro (Aragón y Rioja)— tendrían que aportar más recursos al sistema. También debería aportar más, aunque en menor medida que las anteriores, Madrid; al fin y al cabo, en 2005 era la región más rica de España.

Transferencias interregionales y equidad entre regiones pobres. Reestructuración de las transferencias con redistribución progresiva.

La equidad no está quebrada sólo entre las regiones ricas. También entre las regiones pobres. ¿Cuál es la implicación del criterio 4 para las regiones pobres? ¿Qué pasaría si toda región pobre «recibe lo que le toca», es decir, según su necesidad? De nuevo, supongamos en lo que sigue que el actual nivel de redistribución global financiado por las regiones ricas es el adecuado; es decir, que en España no hay ni muchas ni pocas transferencias, sino las adecuadas.

GRÁFICO 5.3

Redistribución equitativa para las regiones ricas

La aplicación de un principio equitativo de redistribución lleva a considerar que los más pobres deben recibir proporcionalmente más de las transferencias de los más ricos. Siguiendo la misma metodología (de forma simétrica) que en el caso anterior. Ahora se puede tomar para cada región pobre la diferencia entre su PIB per cápita y el PIB promedio de España. La distancia de cada región con el PIB per cápita promedio es la que hay que considerar para determinar el nivel de transferencias que cada región pobre debe recibir. Con este procedimiento, además, se evita que ninguna comunidad autónoma «pobre» pase a ser más rica que la media gracias a la acción distributiva del Estado.

Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 5.4. Las regiones se ordenan de forma decreciente según el superávit fiscal con el Estado en porcentaje del PIB de 2005. En ambos casos se incluye a Valencia y Murcia, que participan ahora de la recepción de transferencias. Ceuta y Melilla no se incluyen en el gráfico, por ser casos no comparables, aunque sí en la tabla 5.A.2, en el Apéndice de este capítulo, y que muestra las cantidades específicas.

Valencia y Murcia son las dos regiones que más mejoran cuando se da un trato equitativo a las transferencias interregionales, porque en 2005 eran pobres y aportadoras netas. Además, Castilla-La Mancha y Andalucía también mejoran significativamente. Por el contrario, perderían las regiones que han sido más arbitrariamente favorecidas por la redistribución del Estado, que no son generalmente las más pobres, excepto en el caso de Extremadura. Aunque incluso en este caso la intensidad de la redistribución recibida está muy por encima de lo que sería equitativo según se trata al resto de regiones pobres.

GRÁFICO 5.4

Redistribución equitativa para las regiones pobres

En general, los resultados obtenidos son muy elocuentes, y no necesitan mucho comentario adicional. La justicia en el sistema redistributivo español está quebrada, tanto por lo que respecta a las cargas asumidas por las regiones ricas respecto a las trasferencias regionales, como por lo que respecta a la distribución de los beneficios netos. El mapa 5.1 presenta el cambio que resultaría de un ajuste de acuerdo con reglas básicas de equidad en el sistema de redistribución español. Los saldos positivos indican mejoras (estas regiones están perjudicadas por el sistema actual) y los saldos negativos pérdidas (estas regiones están beneficiadas por el sistema actual).

MAPA 5.1

Ganancias (+) y pérdidas (-) en porcentaje del PIB con un sistema que respete reglas básicas de equidad

Aunque hasta ahora sólo tenemos información del Gobierno central para un año —2005—, es muy plausible que esto sea una característica regular del sistema, dada la gran estabilidad del nivel relativo de transferencias que se observa en las regiones que calculan su balanza regularmente, como Cataluña.

Este ejercicio ha tomado como dato el actual nivel de transferencias global que reciben las regiones pobres. Aunque sería muy interesante reflexionar a fondo sobre los efectos del grado de distribución existente acerca de los incentivos al crecimiento económico, algo importante en materia de eficiencia. Sin embargo, esta extensión escaparía al objetivo del ejercicio realizado, para el que es suficiente adoptar como restricción el statu quo, el mantenimiento del nivel de transferencias de las regiones más ricas.

El nivel de precios y su efecto sobre la equidad en la acción distributiva del Estado

Un análisis más relevante aquí es la consideración de las diferencias de nivel de precios entre regiones. Esto sí es importante en materia de equidad, pues determina diferencias en el poder adquisitivo real de las familias en las diferentes regiones, en su nivel de vida real. Por ejemplo, 100 euros de financiación en una región de nivel de precios alto sufragan menos servicios que en una de nivel de precios bajo.

¿Qué sabemos sobre diferencias regionales en el nivel de precios en España y sus efectos sobre el nivel de vida? La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha venido publicando (hasta ahora) las estimaciones provinciales y regionales de renta familiar corregida por nivel de precios, en sus periódicos «Balances Regionales». Sus análisis encuentran de forma regular diferencias en nivel de precios hasta un 30 por ciento entre las provincias españolas,¹⁵ las más ricas con precios generalmente más altos, y las más pobres con precios generalmente más bajos.¹⁶

La tabla 5.4 reproduce las estimaciones ofrecidas por Funcas para el nivel de vida (renta ajustada de las familias) para el último año disponible, 2010 (muy similar a los anteriores), comparadas con el nivel de producción (PIB per cápita), todo ello a partir de España = 100. En ambos casos, Funcas corrige las cifras por las diferencias en el nivel de precios, obteniéndose en Paridad de Poder Adquisitivo —PPA— (columnas 2 y 3). En la columna 1 de la tabla se ofrecen los índices de PIB per cápita antes de la corrección por nivel de precios.

El paso de la creación de riqueza a nivel regional (PIB) al nivel de vida de las familias de la región (renta ajustada de las familias) se debe en su práctica totalidad a: (1) la acción presupuestaria del sector público (impuestos pagados y subsidios recibidos), que en su vertiente extrarregional se recoge en las balanzas fiscales; y (2) los efectos del nivel de precios regional sobre el coste de la vida. Las regiones se ordenan según el nivel de vida de sus familias.

El efecto combinado del nivel de precios y de la intervención pública provoca cambios muy importantes, y que no tienen que ver con lógica redistributiva alguna. Hay regiones relativamente ricas que consiguen superar a otras que, aun creando más riqueza que las anteriores, son objeto de un mayor drenaje por la intervención pública central. Los casos más señalados de ganancia de renta y posiciones son Castilla y León y Asturias: cada una de ellas gana tres posiciones.

Por el contrario, Madrid pierde dos posiciones; Cataluña pierde cuatro, y pasa del quinto lugar en producción de riqueza (PPA) al noveno en nivel de vida. Procede observar que si la comparación se hubiese hecho con el PIB sin corregir por precios, el retroceso de Cataluña sería aún mayor, de cinco posiciones. Pero este último procedimiento sería menos homogéneo que el empleado.

También hay mejoras de posición y de orden variadas y contrarias a la equidad en las regiones más pobres, aunque las alteraciones son algo menos intensas que en el caso de las más ricas. La tabla permite verlas con facilidad, por lo que no son necesarios comentarios adicionales.

TABLA 5.4

Creación de riqueza (PIB per cápita PPA) y nivel de vida (Renta familiar ajustada PPA)

Nota: Los cálculos de PIB per cápita de Funcas presentan ligeras discrepancias con los del INE. Esto no distorsiona el análisis

Fuente: PIB per cápita (España = 100) y Renta Familiar Ajustada se han obtenido del Balance Económico Regional Autonomías y Provincias. Años 2000 a 2010 (Funcas), pp. 43, 44 y 38.

¿TIENES UN PROBLEMA? PUES ES «TU» PROBLEMA

Las transferencias fiscales interregionales en España tienen una distribución que contraviene los principios más elementales de equidad y de justicia comparativa. La explicación es inmediata. Entender qué pasa en España nos ayuda a ver quién transfiere más y quién menos «de lo que debería»; también quién recibe más y quién menos «de lo que debería». Aplicando unos criterios sencillos de equidad sería fácil conseguir que cada cual aportara según su capacidad o recibiera según su necesidad.

Por supuesto, la cuestión tiene una solución técnica sencilla: establecer las reglas que fuercen a que a mayor riqueza mayor sea la contribución a la solidaridad, y a menor riqueza mayor sea la solidaridad recibida. Se trata del denominado principio de ordinalidad (real, no la estéril conceptualización del Estatuto de Cataluña): la acción redistributiva del Estado no debería poder alterar la posición de las regiones en renta per cápita. Se entiende que no guste; pero sin esto no hay solución al problema de la equidad en España.

El problema es, por una parte, de viabilidad política. Existe un gran desequilibrio entre el peso y la fuerza de las coaliciones que se puedan dar entre partidarios del statu quo (todos los que reciben algo —ganadores— y todos los que transfieren poco o nada —no perdedores—) por un lado, y entre los perdedores netos por otro.

Por otra, el problema de voluntad, en el sentido más básico de la palabra. A casi nadie de los ganadores les preocupa demasiado que el sistema sea tan inequitativo. ¿Que el País Vasco y Navarra, gracias a los respectivos acuerdos de cupo, aportan mucho menos de lo que deberían? Bueno, no importa mucho, son de los «nuestros». ¿Que lo de las Baleares no tiene equivalente mundial? Bueno, ya se sabe, hay muchos extranjeros (europeos, sí, pero extranjeros), y si pagan impuestos y reciben pocos servicios tampoco pasa mucho; no son de «los nuestros». ¿Y lo de los catalanes? Bueno, muy de «los nuestros» tampoco son. Es su problema. ¿Y los valencianos? Bien: creo que es una pregunta que deberían tratar de responder los valencianos. En síntesis, en España hay diferentes grupos nacionales, y la empatía se reserva para el propio. Por tanto, el problema del otro es «su problema».

Por último, no está en la naturaleza del sistema político español limitar la discrecionalidad del Gobierno central, como exigiría una solución razonable al problema. Las soluciones federales son reglas acordadas, y respetadas por todos, que no se pueden vulnerar a voluntad del más poderoso. España ni tiene ni tendrá vocación federal como para aceptar estas limitaciones a la discrecionalidad del Gobierno y las instituciones centrales.

Sin empatía no hay confianza, y el depósito de confianza está demasiado vacío como para seguir creyendo que un arreglo federal es posible, a mi juicio. De ahí que la gran mayoría de catalanes estén convencidos de que son los ciudadanos catalanes los que deben tomar las decisiones pertinentes sobre las cuestiones fiscales en Cataluña, y en su caso acordar las relaciones fiscales con otras comunidades con las que compartan un espacio político. Tiene mucho más sentido esto que mantener esta capacidad en unas instituciones y grupos para los que los catalanes son «los otros», y también lo son sus problemas de desequilibrio fiscal.

APÉNDICE

TABLA. 5.A.1

Reestructuración de las transferencias con redistribución progresiva entre regiones ricas

Fuente: Autor

TABLA. 5.A.2

Reestructuración de las transferencias con redistribución progresiva entre regiones pobres

Fuente: Autor.

Capítulo 6

DE PEAJES, MERCANCÍAS Y ASIMETRÍAS

A veces las verdades no se pueden explicar, cuando no pueden ser entendidas responsablemente.

FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS,
ministro de Fomento 2000-2004,
Catalunya Ràdio, 16 de mayo de 2012¹

La que aparece sobre estas líneas es una máxima que Francisco Álvarez Cascos aplicó sin problemas en su gestión al frente del Ministerio de Fomento entre 2000 y 2004. Hasta el punto de que el Ministerio del que era responsable no tenía ningún problema para mentir abiertamente ante los intentos de control parlamentario y social de su gestión, como ha quedado acreditado documentalmente.²

Su antecesor en el Ministerio de Fomento, Rafael Arias Salgado, ya había destacado por comunicar en actos privados los objetivos reales de su política. Según recoge el Acta, que trascendió públicamente, de la reunión de 29 de septiembre de 1997 con la Comisión Nacional de Infraestructuras para las Comunicaciones del Partido Popular, la política de infraestructuras del Gobierno estaba presidida por «la intención de un fortalecimiento del centro peninsular». El ministro expuso sin ambages que el eje prioritario de la política de su Ministerio era «poner en marcha una serie de inversiones que tengan en cuenta lo que podríamos denominar los 200 kilómetros a la redonda de Madrid, y la conexión de ciertas regiones de España con el centro peninsular».³

Con diferentes grados de intensidad, el enunciado de una política y la ejecución de otra diferente ha sido una constante de la política de infraestructuras desde la segunda mitad de los años noventa, con la probable excepción del período en el que fue ministra Magdalena Álvarez, cuyas palabras siempre reflejaron fidedignamente su política. En el resto de casos, no fue así. Hay que admitir —no obstante— que no siempre ha sido fácil distinguir cuándo se ha tratado de mentira o simulación consciente, o cuándo era sencilla y llanamente incompetencia en la materia.

Conviene dejar sentado de entrada que este capítulo no se propone realizar una evaluación global de la política de infraestructuras que se ha aplicado en España en las últimas décadas, y de sus patrones y regularidades. En primer lugar, porque ése fue el objetivo de mi España, capital París, y no tengo mucho más que decir al respecto. Se puede visitar el post scriptum en su última edición para entender por qué en España se construyen más infraestructuras de las que se usan (y se usarán). Una explicación algo menos sutil se puede leer en mi artículo «Matrix», publicado en La Vanguardia el 2 de julio de 2013, que se reproduce en el Anexo. También se puede disfrutar con algunos programas de televisión, como por ejemplo «Cuando éramos ricos», que «Salvados» (La Sexta) dedicó en octubre de 2011 a las infraestructuras en España, y al que puede accederse con facilidad surfeando la web.⁴

En segundo lugar, y más importante, porque este capítulo está dedicado a la quiebra del principio de equidad en la política de infraestructuras, lo que me lleva a escoger algunas políticas muy específicas: la de autopistas libres y de peaje, y la de ferrocarril de mercancías. Ciertamente, éstas no tienen tanto glamur ni han atraído tanto interés comunicativo —en España e internacionalmente— como el ferrocarril de alta velocidad o los aeropuertos. Pero el hecho es que las políticas del ferrocarril de alta velocidad, de aeropuertos y de puertos no infringen la noción de igualdad.

POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD, LA EQUIDAD, LA SOLIDARIDAD, LA COHESIÓN TERRITORIAL, LA VERTEBRACIÓN TERRITORIAL…

Ciertamente, la política del ferrocarril de Alta Velocidad (AVE) no infringe la noción de igualdad, porque su máxima divisa es precisamente tratar por igual a todos los españoles, colocándoles a través de sus respectivas capitales provinciales en iguales condiciones de acceso a la capital política, Madrid. Como ha dicho literalmente Ana Pastor, actual ministra de Fomento, «a los españoles el AVE nos hace iguales»;⁵ afirmación que, por cierto, ha llegado a superar la técnicamente más precisa de Magdalena Álvarez en una entrevista el 11 de mayo de 2008: «Estamos cosiendo España con hilos de acero. Ésa es la verdadera forma de hacer país, de defender la unidad de España: coserla con hilos de acero».⁶

Es cierto que las élites económicas y políticas de todas las provincias pueden así acceder más fácilmente a Madrid para cuidar sus negocios, con una generosa ayuda pública, por el monumental despilfarro de recursos públicos que supone el AVE en España, y además bien regresivo. Aunque quizá a los interesados en Madrid les hace algo más iguales que a todos los demás de España (y del mundo mundial, cabría añadir),⁷ porque ellos pueden ir y venir a las provincias (todas, según lo previsto) con una generosa subvención pública. Pero, bueno, tampoco hay que buscarle los tres pies al gato. Quizá es mejor invertir la inteligencia en ver cómo se soluciona el problema explosivo de la deuda embalsada en ADIF, gestor de infraestructuras ferroviarias, provocada por ese AVE tan rentable según los publirreportajes de entes y organismos públicos.

Tampoco la política de aeropuertos infringe la igualdad entre los españoles, porque son todos los españoles quienes tienen sus aeropuertos (los que funcionan de verdad, y casi todos los que no se usan también) gestionados igualmente por el Gobierno central, a través de AENA. Nada que ver con los países más desarrollados y con un sector aeroportuario con un volumen total de tráfico mínimamente relevante (por ejemplo, al nivel de las islas Baleares), donde los ciudadanos son tratados muy desigualmente porque los aeropuertos dependen de las autoridades locales y regionales, sean gestionados de forma pública o privada. Nada que ver tampoco con Francia, país muy sensible —como es bien sabido— a la diversidad territorial; en Francia sólo los ciudadanos de París pueden gozar de la gestión estatal de sus tres aeropuertos (a través de una empresa mixta cotizada en bolsa); pero el resto de ciudadanos franceses están privados de la bondad estatal y de la solidaridad, y están abocados a la gestión local, lo que les debe hacer muy desiguales. Aunque, extrañamente, no se oigan quejas al respecto.

Una vez más, si nos ponemos puntillosos, se podría pensar que los usuarios de Madrid-Barajas disfrutan un poco más que muchos otros de la gestión central. Al fin y al cabo, las pérdidas de Madrid-Barajas y su deuda acumulada son el gran agujero negro de las cuentas de AENA (por mucho que se haya puesto tanto énfasis sobre los pequeños aeropuertos innecesarios). Para 2011, último año para el que están disponibles datos económicos desagregados por aeropuerto, Madrid-Barajas representó el 43 por ciento de las pérdidas de AENA y el 45 por ciento de la deuda acumulada de AENA (en su gran mayoría por la expansión de la Terminal 4, mucho más pretenciosa de lo razonable),⁸ aunque sólo absorbía el 24 por ciento del tráfico. La acumulación de deuda de AENA ha provocado grandes subidas de tasas en todo el sistema, y la búsqueda de la forma de hacer algo de caja con una parte de la propiedad. Algunos piensan que mantener un aeropuerto de bandera es cosa de todos; pero esto no es una estrategia práctica y empresarial sino una visión simbólico-nacionalista.

Por el contrario, no se puede atribuir una gran responsabilidad al puerto de Madrid por la deuda de Puertos del Estado. Además, ésta, aunque importante —pues supera los 3.000 millones de euros— no llega (ni tampoco en términos relativos) a las dimensiones de la de AENA o de ADIF. En el sistema de puertos de interés general en España también se trata a todos por igual. En España existen 47 puertos y 28 autoridades portuarias clasificadas de interés general. Aunque existen algunos grados de autonomía en los asuntos cotidianos de gestión, la aprobación de inversiones y tasas está centralizada. El conjunto del sistema de Puertos obtuvo beneficios moderados en 2011, último ejercicio del que se dispone de datos desagregados.⁹ Los puertos con resultados positivos más importantes eran, por este orden, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tarragona y Cartagena. Además de financiar su operación e inversiones propias, éstos y otros puertos hacen cuantiosas aportaciones a un fondo de compensación que subsidia a otros puertos que no cubren sus costes.

Aunque la naturaleza no puso mar ni vías navegables en la capital política, el hombre tuvo a bien disponer la localización en la misma del ente público Puertos del Estado, el gestor aeroportuario más alejado del mar y de vías navegables en el mundo desarrollado (no conozco todos los detalles del resto). Además, también tuvo a bien dotarle con un bonito presupuesto financiado por los puertos con beneficios, que le permitió gastar, en 2011, 9 millones de euros en personal y 17 millones en otros gastos de explotación (contratos de servicios, contratos de asesoría…). La garantía de la igualdad bien vale una buena burocracia, que ha resistido mucho mejor los embates de la crisis presupuestaria sobre el empleo público que otros servicios como la sanidad y la educación, que parece que se consideran menos importantes para la igualdad. Por cierto, los entusiastas del método carga-beneficio para las balanzas fiscales pueden observar que para este tipo de entes se asigna el beneficio (¿?) derivado del gasto a todos los españoles, pero los ingresos fiscales que genera directa e indirectamente su actividad se asignan a la región donde se produce el gasto, es decir, la de la capital.

Ahora sí, todo esto, en ferrocarril, en aeropuertos, en puertos…, en nombre de los sagrados principios de la igualdad entre españoles y de la solidaridad con los más desfavorecidos. Principios que parecen andar mal de geografía, todo lo cual lo analicé a fondo en España, capital París: no hay nada como ondear banderas de conceptos sagrados para lograr apoyo a políticas de interés particular…, al coste de destrozar la legitimidad de esos conceptos. Por eso, los países con mejor gobernanza, que son muchos, hacen estas cosas de otra manera.

ALGUNAS LEYENDAS URBANAS, MÁS O MENOS INDUCIDAS

Cataluña, la región más favorecida por (todos) los Gobiernos

El año 1992, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue un gran año para España. El apoyo del Gobierno central a este evento, simultáneo a la Exposición Universal de Sevilla, supuso un hito en la inversión del Estado en Cataluña. Justo en vísperas de la celebración de los Juegos Olímpicos, la inversión estatal alcanzó un récord en Cataluña, el 11 por ciento del total invertido en España; nunca había llegado (desde que se regionaliza) a un porcentaje tan alto, y tardaría casi una década en volver a él.

Que ese 11 por ciento de la inversión regionalizada fuese un porcentaje muy inferior al peso de Cataluña en la población y el Producto Interior Bruto español (PIB), no fue óbice para que fuese confirmado el papel de región más favorecida por el Gobierno, como recogían todos los estudios sobre percepciones regionales revisados en el capítulo 2 que preguntaban por la cuestión. El hecho de que el porcentaje del 10 por ciento del total estatal no volviese a producirse hasta final de la década tampoco logró que la realidad desmintiese el estereotipo.

Pero es más gratificante mirar el lado claro de la vida. Las cosas cambiaron en la década de los 2000, seguramente la mejor década para la inversión estatal en Cataluña. El gráfico 6.1 nos muestra el porcentaje que supuso la inversión presupuestada para Catalunya respecto de la total regionalizable del Estado. El gráfico la compara con el peso de Cataluña en la población y en el PIB español. Cabe precisar que hasta 2001 el porcentaje de Cataluña puede estar sesgado a la baja alguna décima, pues algunas CC. AA. no gestionaron Sanidad hasta 2002. Por otra parte, las competencias singulares de Cataluña son sobre todo de gasto corriente y no de inversión. Queda con esto satisfecho el principio de no comparar peras con manzanas.

GRÁFICO 6.1

Porcentaje de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado correspondiente a Cataluña respecto al total regionalizable de la inversión estatal. Peso de Cataluña en la población y en el PIB

Nota: Corresponde a la inversión del Estado, organismos autónomos, agencias estatales, otros organismos públicos, Seguridad Social, sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y fundaciones estatales.

Fuente: Presupuestos Generales del Estado e Instituto Nacional de Estadística.

Ciertamente, incluso hubo un ejercicio, el de 2003, en que la inversión presupuestada llegó a superar el peso de Cataluña en la población, aunque en el resto de la década estuvo por debajo de la población, y aún más lejos del peso de Cataluña en el PIB español. Con todo, y aunque en términos relativos la inversión siguiese por debajo de las referencias del conjunto del Estado, esos porcentajes de inversión presupuestada no se habían visto nunca en Cataluña. Su principal protagonista fue, por mucho, la inversión en el ferrocarril de Alta Velocidad en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera, en su trayecto dentro de Cataluña. De hecho, los porcentajes del Ministerio de Fomento fueron algo superiores a los del agregado de la inversión estatal.

Del dicho al hecho

Claro que prever una inversión en los Presupuestos Generales del Estado no es lo mismo que ejecutarla. Gracias a los profesores José Caamaño Alegre y Santiago Lago Peñas (de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo, respectivamente)¹⁰ podemos conocer el porcentaje de ejecución de la inversión presupuestada por el grupo del Ministerio de Fomento en todas las CC.AA. y en el conjunto de España durante la década de los 2000. Con sus datos se ha podido elaborar el gráfico 6.2, que compara el grado de ejecución (inversión liquidada/inversión presupuestada) en Cataluña y en España.

El Ministerio de Fomento nunca ha llegado a ejecutar la totalidad de su inversión presupuestada, y el grado de ejecución presenta una gran variabilidad entre las diversas CC. AA.: en el caso de Cataluña, en todos y cada uno de los años de la década, el grado de ejecución fue significativamente menor al global del Estado. Las diferencias llegan a ser espectaculares en muchos años. Más recientemente, en 2011, el grado de ejecución descendió hacia niveles más propios de los de inicio de la anterior década, con un 68 por ciento.¹¹ Quizá con el propósito de no seguir aumentando la brecha entre presupuesto y ejecución, el Gobierno del PP ha reducido en 2013 la inversión presupuestada en Cataluña hasta porcentajes por debajo del 12 por ciento, por debajo de los del inicio de la década pasada. Otra vez, a la casilla de salida.

GRÁFICO 6.2

Porcentaje de ejecución de la inversión presupuestada por el grupo del Ministerio de Fomento hasta 2010. Cataluña y España

Fuente: José Caamaño Alegre y Santiago Lago Peñas, «La inversión territorializada de Fomento: Análisis de las diferencias entre proyecto, presupuesto y ejecución», Revista de Economía Aplicada, 20 (60), 107-126 (p. 112).

Análisis forense de la desinformación

El hecho de que de la previsión presupuestaria (el dicho) a la ejecución real (el hecho) pueda haber un gran trecho es de sobras conocido por todos los estudiosos de los presupuestos públicos de inversión. Por este motivo, los especialistas acostumbran a trabajar con presupuestos liquidados y no con presupuestos aprobados, aunque esto obligue a demorar algún tiempo los análisis de inversión.

Pero los altos cargos del Ministerio de Fomento pasan esto por alto a menudo. También lo hacen los medios que se hacen eco de las informaciones de aquéllos. El resultado es la extensión de una serie de falacias que encajan como anillo al dedo con lo que su público espera oír de la insaciabilidad catalana.

Comencemos por la falacia del «por mayor». El día 15 de enero de 2013, el diario Expansión (el «económico» de mayor difusión en España) titulaba «Andalucía y Cataluña copan la inversión».¹² En tal crónica se nos comunica que el Gobierno central está molesto con las quejas de la Generalitat por la inversión estatal, y se relacionan una serie de datos que sostienen que Andalucía y Cataluña se llevan la parte del león de la inversión estatal. Concedido: en Cataluña, el Estado invierte más euros que en La Rioja. Esto es igual de cierto que la afirmación que dice que la República Democrática del Congo crea más riqueza que Luxemburgo; de hecho, casi el triple. Claro, que difícilmente el periodista y su medio titularán «La República Democrática del Congo es más rica que Luxemburgo». De hecho, en la recta final de la crónica aparecían los datos relativos, y resultaba que la inversión en Cataluña está bastante por debajo del valor español por población, y aún más por PIB, como muestra el gráfico 6.1. Y también que la dotación de capital público en Cataluña está muy por debajo del valor español. Pero ¡que la realidad no desmienta un buen titular!

No debe extrañar que algunos medios periodísticos se confundan con estas cosas, dada la pedagogía que ejercen los máximos responsables del ramo. Así, la ministra Ana Pastor afirmaba en el Senado el 15 de enero de 2003, en el transcurso de un debate parlamentario y refiriéndose a Cataluña: «Para 2013, la inversión que tenemos prevista es de 1.112 millones, que es 2,6 veces la media nacional».¹³ La ministra olvidó, sin embargo, especificar de qué era la media a la que se refería. Y la cosa no dejaba de ser chocante si se comparaba con la información oficial ofrecida por el propio Gobierno que indicaba que la inversión presupuestada para Cataluña en 2013 era menos del 12 por ciento del total del Estado. Quizá la ministra había confundido los datos de inversión con los de población, pues la población de Cataluña es, precisamente, ¡2,6 veces la «media nacional» (si dividimos el total español por las diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas)! ¡Con lo claro que sería decir: «en 2013 Cataluña representa menos del 12 por ciento de la inversión del Estado, aunque su población es el 16 por ciento de la de España y su PIB es el 19 por ciento del español»!

Y eso que no era la primera ocasión en que la ministra mencionaba lo de 2,6 veces la media nacional. En una entrevista en el diario La Razón el 25 de noviembre de 2012, la ministra ya había mencionado ese mismo multiplicador, aunque la cifra de inversión que señalaba para Cataluña era de 1.176 millones, más alta de la que mencionaría dos meses después en el Senado (¿?). Con todo, la cosa quedaba modesta comparada con el titular que dio a la entrevista Francisco Marhuenda, entrevistador y director de La Razón: «La inversión de Fomento en Cataluña es 26 veces mayor que la media nacional».¹⁴ ¡Veintiséis! Nada razonable.

El Ministerio de Fomento anduvo realmente sembrado el mes de enero de 2013 en su acción comunicativa. El día 9 de enero logró también colocar el titular «Fomento invertirá en Cataluña en 2013 más del doble que la media nacional» en otro medio capitalino, El Economista.¹⁵ En esta crónica se usaba la falacia del «deja para mañana lo que puedes hacer hoy», pues bajo la dirección de «un portavoz oficial de Fomento» se comentaba la inversión de Fomento para 2013, y a Cataluña se le añadía también a 2013 la que (se decía) se hará en años siguientes con proyectos iniciados en 2013.

De acuerdo, en todas partes cuecen habas, y la línea entre los datos y la interpretación es delgada. Pero estos niveles de manipulación y monolitismo informativo son imposibles de encontrar fuera de la capital política. Precisamente porque a ella no llega nada de fuera. Es un sistema informativo sofocantemente endogámico. Desde luego, no es extraño que haya mucha gente por ahí que perciba lo que percibe habida cuenta de la pluralidad informativa a la que están sometidos en estos y otros asuntos territoriales. Y, por el contrario, si más catalanes leyesen la prensa de la capital política, disponible para su compra en cualquier lugar de Cataluña, quizá serían más felices, y además hasta igual todavía se creerían algo de lo que explica el Gobierno central en estas materias.

No hay que comparar peras con manzanas (II)

En los últimos años, otro elemento se ha incorporado a la discusión española sobre la oferta de infraestructuras en cada territorio: el «stock de capital público». Desde luego, analizar la relación entre la dotación de capital público de una región, sus otros indicadores económicos y la comparación con el resto de regiones con el agregado estatal nos ofrece información de gran relevancia. En este sentido, son de mucha utilidad los informes que periódicamente realiza el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que ha publicado recientemente una actualización a 2011 de datos sobre dotación de capital.¹⁶

En este informe, y para Cataluña, se informa que el capital neto en infraestructuras públicas representa el 15,9 por ciento del total español, porcentaje similar a la población y tres puntos inferior al PIB. Cuando analizan las fortalezas y debilidades de la dotación de capital en Cataluña, los autores del informe concluyen que «su mayor debilidad son las infraestructuras públicas y el equipo de transporte».¹⁷

Las cifras de estos estudios generan las consabidas reacciones del «efecto al por mayor», tomando la dimensión absoluta de la dotación sin relativizarlas por actividad económica (que es la mejor aproximación al concepto de «uso de las infraestructuras»). La ministra Pastor, en la ya mencionada intervención en el Senado, obviaba esta comparación, y enfatizaba la relación con la superficie (que es la mejor aproximación al concepto de «tener las infraestructuras» —se usen o no—). Aunque obviaba también que en España existe una correlación directa corroborada entre la «superficie» próxima a Madrid y el peso de la inversión estatal en infraestructuras de red, carreteras y ferrocarriles.¹⁸ Este factor, junto con los explicados en la primera sección de este capítulo pueden ayudar a entender mejor por qué el European Cities Monitor 2011, que sitúa a Barcelona como sexta ciudad más atractiva de Europa para instalar negocios (Madrid, séptima), sitúa en cambio a Barcelona como decimosegunda en enlaces de transporte externo (Madrid, séptima).¹⁹ Curiosamente, en transporte metropolitano Madrid es quinta y Barcelona sexta.

Añadía la ministra explicaciones metodológicas sobre depreciación de las infraestructuras, entre las que me parece más destacable que ninguna la siguiente «Un hospital que se construyó hace cincuenta años computa muy poquito en el cálculo del stock de capital».²⁰ Es lógico que la ministra escoja un ejemplo del campo de la sanidad, que le es mucho más familiar que el de las infraestructuras; pero uno se queda pensando qué harán en un hospital que se haya construido hace cincuenta años y no haya sido objeto de renovación (¿?). Eso, por no profundizar más en cuestiones metodológicas.

Pero el asunto central aquí es que es un error, como el de confundir peras con manzanas, confundir stock de capital público con (1) inversión efectuada por el Estado y (2) inversión pagada por el presupuesto estatal. Por tres motivos:

1. No todo el stock de capital público lo crea la inversión estatal: los Gobiernos que actúan en el ámbito de la inversión pública son los de todos los niveles, no sólo el central. De este modo, una buena parte del crecimiento del stock de capital público en la segunda mitad de los 2000 en Cataluña se explica por la inversión de los Gobiernos territoriales, que ha dejado un lastre de deuda pública de la que responden los contribuyentes catalanes.

2. No todo el stock de capital público lo crea la inversión del sector público: aunque esto no sea bien percibido en algunos foros y ámbitos, hay stock de capital público que no es fruto de la inversión pública, sino de la inversión de empresas privadas que han obtenido concesiones del sector público para invertir y explotar infraestructuras o equipamientos de «tipo público». El ejemplo más habitual de esto son las autopistas privadas de peaje, cuya financiación corre a cargo fundamentalmente del usuario (subsidios o rescates aparte).

3. No toda la inversión del sector público está financiada por los presupuestos: aunque con los Presupuestos Generales del Estado se aprueben también —por exigencia legal— los presupuestos del sector público empresarial, en algunas de esas empresas sus inversiones no están financiadas por el presupuesto, sino por los usuarios. En concreto, es el caso de los aeropuertos y los puertos: como sistemas, no consumen recursos presupuestarios significativos. Sus usuarios financian con sus tasas los costes de operación y de financiación de la inversión (cabe precisar que con beneficios en unas instalaciones y con pérdidas en otras). En referencias ya ofrecidas en este capítulo se pueden encontrar fuentes de información al respecto. Por cierto, es normal que muchos ciudadanos no lo sepan si tenemos en cuenta que hay responsables parlamentarios del ramo que aún no se han enterado después de años de «responsabilidad», y todavía hablan o escriben como si el Gobierno «pagase» (a través del presupuesto) los puertos y los aeropuertos, cuando en España los pagan los usuarios de cada sistema respectivo. ¡Y, en cualquier caso, como si el dinero de los impuestos fuese suyo! Se nota que por aquí no ganó la Ilustración.

Por eso resulta muy ilustrativa la información proporcionada por la Fundación BBVA para 2008 sobre la participación de cada territorio en las distintas infraestructuras públicas (que es la última con este tipo de desagregación que conozco). La participación actual de Cataluña puede ser algo superior a la de 2008 en infraestructuras ferroviarias (por la culminación posterior de la línea de AVE Barcelona-Frontera y la línea 9 del metro) y portuarias (por la ampliación del Puerto de Barcelona). No así en las aeroportuarias (pues en 2008 se había culminado ya prácticamente la expansión del aeropuerto de Barcelona) ni del resto. El gráfico 6.3 presenta los datos relativos a Cataluña en 2008.²¹

Sólo en un tipo de infraestructura, las ferroviarias, el stock relativo en Cataluña supera el ratio de PIB y población. Los dos principales elementos que han contribuido a esta evolución en los últimos años han sido la implantación por ADIF del AVE en Cataluña y la inversión de la Generalitat en la línea 9 del metro. Ambas actuaciones se han financiado con los presupuestos públicos, estatales y autonómicos respectivamente.

GRÁFICO 6.3

Porcentaje del stock de capital público en Cataluña respecto al total de España. Población y PIB

En aeropuertos, la dotación es equivalente al PIB, y queda por debajo en puertos y educación, aunque alineado con el porcentaje de población. Con respecto a estos tipos de infraestructura, procede notar, por un lado, la relativamente importante participación del sector privado en la titularidad de instalaciones educativas en Cataluña, muy por encima de la media de España. Y, sobre todo, es necesario recordar que aeropuertos y puertos financian su operación e inversiones mediante el pago de sus usuarios, y no mediante el recurso al presupuesto público.

Carreteras y —sobre todo— sanidad se sitúan muy por debajo de los ratios de PIB y de población. Las carreteras, por su peso cuantitativo, son las que más lastran a la baja el peso del capital público en Cataluña. Además, en el caso de Cataluña (como —en menor medida— en el de algunas otras regiones periféricas), gran parte del stock de autopistas está financiado por los usuarios y no por los presupuestos públicos. El asunto de los peajes presenta muchas más dimensiones, por lo que más tarde regresaremos al mismo.

En conclusión, no se trata sólo de que la dotación de capital público en Cataluña se halle muy por debajo del PIB. Además, el grado relativo de financiación del capital público mediante los presupuestos públicos en Cataluña es mucho menor que la media del de España. Esto es así por la mayor frecuencia e intensidad del recurso a los peajes o tasas. Es algo que merece ser precisado en estas materias, para evitar el riesgo de comparar peras con manzanas desde el punto de vista de quién paga qué.

La garantía de inversión en infraestructuras en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (y su esterilidad práctica)

La Disposición Adicional Tercera (DA3) del Estatuto de Cataluña establece, en su punto 1: «La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas». Si han leído las páginas precedentes entenderán por qué se quería establecer esta garantía en el Estatuto; todo es un problema de desconfianza, vistos los antecedentes. Esta disposición fue una de las recurridas al Tribunal Constitucional.

Una de las primeras controversias acaecidas al poco de la entrada en vigor del Estatuto fue la discusión sobre el concepto de «infraestructuras». Algo un tanto absurdo, dado lo preciso que está definido este término en los diccionarios lingüísticos y en los económicos, como se puede comprobar en mi artículo «¿Qué es una infraestructura?», publicado en La Vanguardia el 13 de abril de 2007, que se reproduce en el Anexo. Pero lo más absurdo estaba todavía por llegar. Mientras tanto, el Gobierno catalán, conocedor de que una cosa es la inversión presupuestada y otra la ejecutada, firmó un acuerdo con el Gobierno central sobre la metodología de cumplimiento de esa disposición. Tal acuerdo incluía un punto 5, sobre liquidación, que preveía la transferencia de los recursos oportunos a la Generalitat en caso de que la ejecución estatal no cumpliese la previsión estatutaria.²²

El incumplimiento de la DA3 en 2007 fue compensado en 2010, pero en 2011 no se produjo la compensación por el incumplimiento de 2008. Una de las interpretaciones que se dio a este incumplimiento fue que en 2010 el Gobierno central y el autonómico tenían presidentes del mismo partido, pero en 2011 ya no era así. La compensación no se ha cumplido en ningún otro año posterior. Y de hecho, desde que el Partido Popular accedió al Gobierno, ya ni siquiera se cumple la DA3 en los Presupuestos Generales del Estado.

Ciertamente, ni el Gobierno ni el Parlamento centrales tienen ninguna obligación de hacerlo. La sentencia del TC de junio de 2010 precisó cómo debía interpretarse esta disposición: «La Disposición Adicional Tercera, apartado 1, debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones. Interpretada en esos términos, la Disposición Adicional Tercera, apartado 1, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no es contraria a la Constitución y así se dispondrá en el fallo».²³

Traducción: la DA3 es constitucional en el bien entendido de que no es necesario cumplirla. Regreso a la casilla de salida. Dejemos de lado la paradoja de que las previsiones de garantía similares en el resto de Estatutos que las incluyeron son vigentes, pues no fueron objeto de recurso al Tribunal Constitucional.²⁴

Centrémonos en lo relevante. Este episodio pone de manifiesto con mucha precisión la visión diametralmente opuesta de la lealtad que existe entre las instituciones españolas y las catalanas. Para las instituciones españolas, las catalanas pecan de deslealtad porque no admiten el principio de orden jerarquizado que subyace en un modelo de Estado uninacional carente de vocación federal (y, por tanto, adverso a reglas que limiten la discrecionalidad del poder central, como la DA3). Por su parte, las instituciones catalanas ven deslealtad en el incumplimiento por las instituciones centrales de acuerdos que se han contraído formalmente, como si en la política española pudiesen ser vinculantes los «pactos» entre un poder regional y el poder central; como si fuesen pactos entre iguales. El concepto de lealtad en España tiene significados opuestos según quién lo decline. Esta contradicción es de tipo nuclear, y no tiene solución.

PEAJES SÍ, PEAJES NO…, DEPENDE DE DÓNDE, DEPENDE DE SOBRE QUIÉNES

No se ha tomado esta decisión porque entendemos que afectaríamos fundamentalmente a un sector que está ya en situación límite, en el que hay miles y miles de empresas.

ANA PASTOR, ministra de Fomento, entrevista
en Radio Cero, 31 de julio de 2012

En el país del Gobierno de España hay miles y miles de empresas del sector del transporte en una situación límite. Por este motivo, decía la ministra de Fomento en una entrevista en Onda Cero el 31 de julio de 2012,²⁵ no se había tomado la decisión de implantar peajes en las autopistas libres. El Gobierno de España también tiene jurisdicción sobre otras miles y miles de empresas del sector del transporte que sí pagan peaje por usar las autopistas; o bien considera que esas empresas no tienen problemas; o, más probablemente, que eso no forma parte del mapa mental de su país.

El modelo de financiación de autopistas en España es absurdo, y ha logrado generar un debate público e institucional tan absurdo como el propio modelo. No me propongo aquí ofrecer un análisis similar al que ya ofrecí en el capítulo 4 de España, capital París. El modelo está ya suficientemente diagnosticado, en éste y otros muchos trabajos.²⁶ Me limito en este sentido a presentar la red de autopistas de peaje de titularidad estatal (todas ellas bajo gestión privada) en el mapa 6.1. Procede precisar que los tramos de autopista de peaje de acceso a Madrid —las llamadas «radiales»— tienen alternativas libres de peaje para la totalidad de su trayecto. Éste es, precisamente, el principal motivo de que estén en proceso de rescate con cargo a los impuestos de los contribuyentes españoles, tras un proceso nada ejemplar de concesión, desde el punto de vista técnico y contractual, como relata César Molinas en Qué hacer con España.²⁷

MAPA 6.1

Autopistas de peaje (red de titularidad estatal) en servicio en 2013

Mi propósito en esta sección es mostrar que en España se aplican diferentes criterios de equidad dentro del territorio bajo jurisdicción del Gobierno español. El análisis académico y de política pública de los desequilibrios en los peajes en España está ya sólidamente establecido, y es redundante repetir hechos e interpretaciones. Sobre todo, porque los interesados en preservar el statu quo miran permanentemente a otros lados. Y para mirar a otros lados el debate llega a extremos delirantes.

En ocasiones, estos argumentos están incluso estimulados por las propias instituciones del poder central (como ya se documentaba con la desinformación sobre las inversiones del Estado), que no dudan en activar los estereotipos regionales con el objetivo de tirar pelotas fuera y no afrontar de cara las peticiones de reforma del statu quo. Al fin y al cabo, recuerden, su jurisdicción es sobre todo el territorio del Estado, pero su mapa mental de su país es el que es. Algunos de los argumentos «excéntricos» que se han ido vertiendo en el debate merecen ser referidos y sometidos a la oportuna clarificación.

Como es sabido, las primeras concesiones otorgadas y efectivamente ejecutadas en España fueron las de la Autopista del Mediterráneo, en su trayecto entre la frontera francesa y Tarragona (ACESA). Esta autopista había sido la que había señalado como necesaria el Banco Mundial en su conocido informe de 1962. Algunas veces se señala que esta concesión recibió apoyo financiero del Banco Mundial. No es cierto. Lo que recibió financiación del Banco Mundial en esa misma época fue el plan Highway Improvement Project,²⁸ aprobado el 24 de octubre de 1963, y que financiaba actuaciones en la red de carreteras (sin peaje) del Estado.

Todas las concesiones de autopistas que se otorgaron en España recibieron numerosos incentivos fiscales y financieros, que impusieron una fuerte carga sobre la hacienda pública española, y más que ningún otro el seguro de tipo de cambio. De hecho, cuando el Gobierno intentó que los tramos de la autopista Tarragona-Valencia (AUMAR) fuesen otorgados en 1970 sin seguro de cambio ni aval del Estado el proceso quedó desierto de ofertas. Se adjudicaron más tarde, en 1971 y 1972, con ambos incentivos incluidos.

Muchas de las autopistas concesionadas quebraron una vez en servicio; en algunos casos, incluso antes de entrar en servicio. Algunas fueron rescatadas por el Estado vía nacionalización. En cambio, otras fueron integradas en concesiones que no tenían problemas financieros. La Sevilla-Cádiz fue integrada en la Tarragona-Valencia (AUMAR), a cambio de lo cual AUMAR recibió una extensión del plazo de su concesión (más una suma en efectivo). De forma similar, la Zaragoza-Mediterráneo fue integrada en ACESA, que también recibió una extensión de su plazo de concesión como compensación.²⁹

Es pertinente notar que cuando el Estado decide rescatar una concesión, los efectos distributivos son tremendamente diferentes según la modalidad de rescate elegida. Si se nacionaliza una autopista en quiebra, todos los contribuyentes se hacen cargo del problema. En cambio, si se decide integrar una autopista en quiebra en otra que no tiene problemas a cambio de una extensión de la concesión de esta última, son los usuarios de la «receptora» los que soportan el coste del rescate de la quebrada, con más pagos futuros de peaje.

Esto explica por qué se avivaron las movilizaciones contra los peajes en Cataluña ante las noticias de marzo de 2012 que indicaban que para resolver la quiebra de las radiales de Madrid se perfilaba su integración en autopistas rentables (especialmente en ACESA y AUMAR). A cambio de esta integración, ACESA y AUMAR recibirían extensiones de sus rentables concesiones, con lo cual sus usuarios hubiesen sido los que cargarían con los costes del rescate. No hubiese sido la primera ocasión en que esto sucedía, como ya se ha explicado.

Nunca ha llegado a esclarecerse si la iniciativa de usar este método partió del Ministerio o de las empresas interesadas, o si bien fue un movimiento conjunto. Pero la amenaza de una verdadera revuelta social e institucional la desactivó. Y, paradójicamente, nunca se ha llegado a valorar la solución real y equitativa al problema: integrar la gestión de todas las autopistas de acceso a Madrid (de peaje y libres) y someterlas a la regulación adecuada para lograr los ingresos necesarios, pagados por los propios usuarios de esos corredores viarios. Por falta de tráfico y poder adquisitivo no será, desde luego. Y tampoco faltan ejemplos en España de inevitabilidad de los peajes para el acceso a un área metropolitana.

Repitamos de nuevo, en su origen todas las autopistas privadas recibieron incentivos del Estado. Pero no todas tuvieron que ser rescatadas. Por ejemplo, no es cierto, como en algunas ocasiones se afirma, que ACESA tuvo que ser rescatada por el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD). De hecho, ¿qué haría el FGD, cuyo objetivo era hacer frente a crisis bancarias, rescatando autopistas? Nada, claro. Cuando Bankunión, el banco propietario del 58 por ciento de ACESA, fue rescatado en 1982, el FGD absorbió las acciones de ACESA, que ya era rentable, para aliviar las pérdidas del rescate del banco. Cinco años después, el FGD vendió esas acciones por más del doble por acción de lo que había pagado por su adquisición.³⁰

La discusión llega al paroxismo cuando se alude al hecho de que la principal gestora de autopistas en España tenga su sede en Cataluña para justificar la intensidad de los peajes en la región (mayor que en el resto de regiones con peaje). ¿Se imaginan que alguien sugiriese que el coste del servicio de electricidad sólo lo paguen los usuarios de las regiones donde tienen sus sedes las empresas distribuidoras correspondientes? ¿Y los de los servicios de línea básica de telefonía fija? O sea, si la sede de la empresa operadora de servicios públicos no está en tu región no pagas el servicio, y lo paga el Estado, como las autopistas libres de peaje. Adivinen en qué región se producirían las mayores movilizaciones de plantearse este modelo. Absurdo, ¿verdad? Esto es lo que da de sí el debate público en España.

Las máximas autoridades ministeriales no son ajenas en absoluto a tal nivel del debate. Por sólo citar un ejemplo, la ministra Pastor no cesa de repetir que los precios por kilómetro de las concesiones de autopistas de peaje de la Generalitat de Catalunya (27 por ciento de los kilómetros de peaje en Cataluña) son más altos que los de las concesiones de autopistas de competencia estatal en Cataluña (73 por ciento de los kilómetros de peaje en Cataluña). ¡Pues claro! ¡Es que las primeras tienen muchos más túneles y viaductos, por lo que el coste de construcción es mucho más alto! No debe sorprender que la ministra no entienda la lógica de lo que le escriben; al fin y al cabo, como ya se ha mencionado, su especialidad es la sanidad, no las infraestructuras.

Ésta es sólo una pequeña muestra del tipo de distorsiones que convoca el debate público sobre los peajes en España, que se ha convertido en algo similar a un paseo por el Salón de los Espejos del Tibidabo; devuelve unas imágenes totalmente deformadas de la realidad. Sólo me parece necesario añadir un episodio reciente de la política pública que integra y muestra todas las variantes de cómo se hace y cómo se dice la política pública de los peajes en España.

Todos los españoles pagan los peajes de las autopistas catalanas [sic]

A mediados de 2012, el Gobierno central suprimió las transferencias con las que compensaba desde 2000 a varias regiones con autopistas de peaje por el aumento del IVA del 7 por ciento al 16 por ciento (ahora 21 por ciento). El proceso de explicación por parte del Gobierno y la difusión pública fue delirante. La ministra Pastor explicó por activa y por pasiva que con la supresión de esa compensación se eliminaba una subvención que «anualmente pagaban todos los españoles», que suponía «cientos de millones de euros anuales», y de los que Cataluña en 2011 se llevaba 71 millones, el 53 por ciento (el total era 134,3 millones), mucho más que Castilla y León (11,5 por ciento) y Galicia (10 por ciento).³¹ El efecto de las palabras de la ministra fue sísmico. Hubo incluso titulares de prensa que señalaron: «Fomento desmonta un mito nacionalista: paga el 53 por ciento de los peajes catalanes».³² Encaja a la perfección: esos catalanes se llevan casi todo y encima se quejan. ¿Cómo? El asunto merece un poco de análisis forense. Veamos.

Como se ha dicho, el fondo de compensación suprimido se había creado para evitar que la subida del IVA repercutiese en los usuarios de los peajes. En general, el tráfico por autopistas de peaje genera muchos ingresos para la hacienda del Estado, por IVA, por IRPF de empleados de las empresas, por Impuesto de Sociedades. De este modo, los usuarios de las autopistas de peaje no sólo pagan por el coste de un servicio que en las autopistas libres paga el presupuesto; además, pagan unas repercusiones fiscales que en su conjunto pueden representar entre el 30 y el 40 por ciento del precio final del peaje.

Dicho en términos estrictos: el Estado no sólo se ahorra el coste de financiar con presupuestos la autopista de peaje (de su titularidad) y su mantenimiento, sino que obtiene abundantes recursos vía impuestos pagados por los usuarios, impuestos que se pagan por uso de las autopistas de peaje, tanto si son estatales como autonómicas. Por tanto, los usuarios (1) pagan el coste de la autopista (beneficio empresarial incluido, cuando existe), (2) sufren los impuestos estatales sobre ese coste (excepto en las autopistas forales, donde la recaudación fiscal va a las haciendas forales); y (3) contribuyen con sus impuestos a pagar la inversión y el mantenimiento de las autopistas libres de peajes (excepto los contribuyentes forales, que contribuyen a las haciendas forales). El negocio para la hacienda del Estado es redondo, y para los usuarios de las autopistas libres, también.

Aunque algunas concesiones del Estado comprenden tramos en más de una región, no es muy complicado estimar los ingresos fiscales que obtiene el Estado en cada comunidad por peajes de autopistas. Su primera aproximación son los ingresos por peajes de las concesionarias en cada región, excepto en las concesiones en el País Vasco y Navarra, que nada tienen que ver con los ingresos de la hacienda estatal ni con las compensaciones. Hay que incluir también las concesiones autonómicas no forales, pues el Estado también cobra impuestos sobre esos peajes, ingresos fiscales que no se trasladan a las haciendas autonómicas.

Primera clave para descifrar los porcentajes de cada región: los peajes pagados en autopistas en Cataluña (la mayoría en concesiones estatales y la minoría en autonómicas) suponen casi el 45 por ciento de los peajes pagados en autopistas en toda España (no forales) en 2011.³³ Los peajes pagados en Galicia suponen alrededor del 10 por ciento, y los pagados en Castilla y León suponen alrededor del 11,5 por ciento. Vaya sorpresa: el porcentaje de participación en la compensación es bastante similar al porcentaje de participación de cada región en los ingresos por peajes, en las regiones mencionadas por la ministra y también en las no mencionadas explícitamente. En el caso de Cataluña, la similitud se aproxima a la perfección si se tiene en cuenta que las concesiones catalanas son más rentables que el promedio de España, por lo que generan mayores ingresos para la hacienda estatal por Impuesto de Sociedades.

Pero aún hay más: ¿qué suponía la compensación que suprimió en 2011 el Gobierno central? ¿Una subvención pública del 53 por ciento de los peajes pagados en Cataluña, como se llegó a titular? No. La compensación suponía menos del 10 por ciento de los peajes pagados en Cataluña. Y alrededor de un cuarto (o menos) de los ingresos fiscales que la hacienda estatal obtiene de los peajes pagados en Cataluña por concepto de IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF. Las cuentas serían similares para el resto de regiones que recibían compensaciones. Pero estas compensaciones «que pagaban todos los españoles» ya no existen. Fueron suprimidas en julio de 2012.

Concluyamos. En Cataluña, como en otras regiones periféricas (aunque en Cataluña con más intensidad, por el mayor peso de la red estatal de peaje, y por el aún mayor peso de su tráfico en la red), los usuarios de las autopistas pagan el coste de las mismas y los cuantiosos impuestos que recauda la hacienda estatal a partir de los peajes. Además, vía impuestos, los usuarios de los peajes (excepto los forales) pagan una parte del coste de las autopistas libres, que en algunas regiones son muy mayoritarias, o incluso únicas. Por su parte, los usuarios de las autopistas libres pagan con sus impuestos tan sólo una parte del coste de las autopistas que usan; y si son empresas disfrutan de ventajas competitivas frente a empresas competidoras que sí que pagan por un servicio de calidad similar. Y punto.

Por supuesto, el Gobierno podría enviar un cheque anual a los usuarios de los peajes con el retorno de los impuestos pagados por usar unas vías cuyo coste de servicio ya pagan, a diferencia de los usuarios de las autopistas libres. Pero aquello de «los impuestos los pagan las personas y no los territorios» es un principio que nunca ha fundamentado la práctica de los Gobiernos en política territorial, aunque no se hayan enterado los abonados a ese mantra.

Todas estas cuestiones podían ser objeto de discusión razonable cuando se comenzaron a implantar las autopistas libres en España, a mediados de la década de 1980. El argumento de que los peajes habían permitido adelantar la oferta en algunos corredores tenía su punto de razón (aunque los usuarios hubiesen pagado por ello). Pero dejó de tener sentido una vez concluida la primera gran expansión de autopistas libres, en 1993. Y todavía más en la década de los 2000, cuando España accedió al primer lugar en el podio europeo de autopistas libres y de peaje (por kilómetro, no por uso).

La solución es técnicamente sencilla. Hacer como en Estados Unidos, donde el Gobierno federal transfirió a todos los estados las autopistas interestatales. En España así se hizo en el caso de las autopistas de peaje en territorios forales, al transferirlas a los respectivos Gobiernos forales. En ese contexto, los Gobiernos regionales tomarían decisiones sobre presupuestos y peajes que repercutirían sobre sus propios ciudadanos. Por ejemplo, los Gobiernos forales han mantenido los peajes en las autopistas de su titularidad.

Pero la orientación de la política española no es ésa, sino la contraria. Todas las concesiones de las autopistas del corredor Mediterráneo, del valle del Ebro y del litoral atlántico de Galicia hubiesen vencido ya de no haberse aplicado extensiones de la concesión inicial. A veces, para absorber quiebras de otras autopistas; a veces, como compensación de actuaciones en la propia concesión. Siempre con escasa transparencia. Y siempre en perjuicio de sus usuarios y en beneficio de concesionarios y, aún más, de la hacienda estatal.

Es lógico. Para las instituciones españolas las autopistas de peaje se han convertido en una fuente de ahorro de gastos y de extracción de rentas fiscales. Como los peajes afectan con gran intensidad a una minoría de la población de España, no hay demasiado interés en cambiar el statu quo. ¿Para qué homogeneizar el sistema de financiación de autopistas en España? El actual tiene demasiados ganadores, y los perdedores están acostumbrados a pagar. Aunque sea al coste de quebrar, también aquí, el principio de equidad dentro de un mismo Estado, generando una extracción de rentas que en otras latitudes se calificaría como colonial.

Con todo, lo peor es tener que dedicar tantas energías y esfuerzos colectivos a controversias sobre unas cuestiones que son obvias…, igual de obvio que es lo contrario para tantos y tantos usuarios de autopistas libres, así como para el Gobierno de su país mental. No tiene solución.

¿EL CORREDOR MEDIQUÉ?

El transporte de mercancías ha suscitado mucho menos interés entre políticos, altos funcionarios y electores que el transporte de viajeros. Su glamur es menor, cierto, aunque su función en el fomento de la productividad de la economía sea crucial, como saben bien todos los países de economías más exitosas. En España, la productividad nunca ha sido un elemento influyente en la política de infraestructuras (ni de la política en general), cuya prioridad ha sido la de jerarquizar las relaciones sociales e institucionales definiendo a la capital política como hipernodo del sistema.

A principios de 2003, la Comisión Europea puso en marcha una Comisión para definir un número preciso y limitado de proyectos de infraestructuras de Transporte que habían de gozar de prioridad financiera y cofinanciación de la Unión Europea, y de los propios presupuestos a nivel estatal. ¿Cuáles eran los datos sobre necesidades para la exportación de mercancías de que disponía el Gobierno español para tomar su decisión? Los datos más detallados los había publicado a mediados de 2002 el propio Gobierno español, juntamente con el francés, en el Observatorio Franco-Español del Tráfico en los Pirineos, organismo conjunto de los ministerios de Transporte francés y de Fomento español.

El mapa 6.2.A presenta los datos de mercancías exportadas por carretera desde España a Francia, obtenidos mediante una detallada encuesta realizada por el Gobierno francés.³⁴ El mapa 6.2.B presenta los datos de mercancías exportadas por carretera desde España al resto de Europa (sin Francia) a través de Francia.³⁵ Los mapas son tan elocuentes que no precisan demasiados comentarios.

MAPA 6.2.A

Tráfico de mercancías de la Península Ibérica con destino a Francia

MAPA 6.2.B

Tráfico de mercancías de la Península Ibérica con destino al resto de Europa a través de Francia

El volumen de mercancías exportadas a Francia por el corredor Mediterráneo era mayor que el exportado por el corredor Atlántico (mapa 6.2.A). En el caso de las mercancías exportadas al resto de Europa, el volumen del corredor Mediterráneo casi doblaba al del Atlántico (mapa 6.2.B). Aún más relevante, el volumen de mercancías exportadas a través del corredor Central (Madrid-Zaragoza) era marginal en ambos casos.

MAPA 6.3

La Red Transeuropea (RTE-E) y los ejes y proyectos prioritarios en la Península Ibérica

El Gobierno del Partido Popular no atendió a las necesidades del sistema productivo español, sino que garantizó la centralidad de Madrid en cualquier definición de prioridad. Y ésta fue la opción que acabó trasladada a las prioridades definidas por la Comisión Europea (CE), recogidas en la Decisión n.º 884/2004/CE, de 29 de abril de 2004, «Sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas de transporte».

El mapa 6.3 presenta los ejes y proyectos prioritarios en la Península Ibérica en el marco de la Red Transeuropea (RTE-E).³⁶ La decisión tomada fue declarar como prioritario a todos los efectos (viajeros y mercancías) el corredor Central Algeciras-Madrid-Zaragoza. Desde ahí, habría una salida para mercancías hacia Europa por el Pirineo Central. Para viajeros, la línea de alta velocidad de pasajeros con trazado hacia Barcelona y frontera francesa. Asimismo, el corredor atlántico quedó priorizado en el marco del eje multimodal Portugal-España-Europa Central.

Así pues, el corredor Mediterráneo quedaba postergado en la definición de prioridades de programación y financiación española y cofinanciación de la UE, aunque el mercado seguiría dándole la hegemonía en demanda de transporte para exportación.

La decisión del Gobierno central no hizo sino responder a una lógica multisecular, que obliga a que toda prioridad en el ámbito de las infraestructuras pase por la capital de España, sea necesaria o no.

El PSOE, entonces en la oposición, sostenía tener otra visión de España. En la Declaración de Santillana, adoptada el 30 de agosto de 2003, el PSOE declaraba su «apuesta por la potenciación de los corredores del Mediterráneo (de Algeciras a La Junquera), de gran utilidad para toda la red portuaria española del Mediterráneo, el del Ebro que unirá el corredor del Mediterráneo con la Cornisa Cantábrica, que a su vez aportará gran potencialidad a la plataforma logística de Zaragoza…».³⁷ En 2004, el PSOE ganó las elecciones legislativas y accedió al Gobierno. Una vez en él, y a pesar de lo declarado en su Consejo Territorial de Santillana, el PSOE confirmó las prioridades para las redes europeas establecidas por el Gobierno del PP, que habían dejado postergado el corredor Mediterráneo. Y la historia siguió su curso.

Así hasta 2010. A ese año se llegó con una creciente contestación en las regiones del Mediterráneo, acentuada tras el inicio de la crisis económica y las vocales manifestaciones de algunos grandes grupos manufactureros acerca del sobrecoste que les infligía la precariedad del transporte de mercancías por el corredor Mediterráneo. También con un creciente malestar con las prioridades españolas de las autoridades de transporte de la Unión Europea, que tienden a creer que hay que hacer las infraestructuras donde son necesarias.

MAPA 6.4

Corredores ferroviarios declarados prioritarios en octubre de 2010

En este contexto, la Comisión Europea (CE) abordó el proceso de redefinición de prioridades para la red transeuropea de mercancías. Y sobrevino el milagro de los panes y los peces. El Gobierno español consiguió que la CE declarase como prioritarios, no ya dos, sino tres corredores españoles: además, el Gobierno declaró de motu proprio dos corredores más como prioritarios a efectos de presupuesto interno. El mapa 6.4 incluye todos los corredores declarados prioritarios en España, tanto a nivel europeo como a nivel español. El pequeño detalle que quedó soslayado en el proceso es que la multiplicación de los corredores no llevó aparejado un aumento de los fondos europeos que se preveía asignar en el futuro a actuaciones en España. El milagro de los panes y los peces se hizo verbo, pero nada más que verbo.

La política siguió como tenía que seguir, y el 16 de marzo de 2011 se produjo un hecho muy relevante. El ministro José Blanco presentó en Barcelona el Estudio Técnico del corredor Mediterráneo, que preveía una inversión de más de 51.300 millones de euros en el corredor, como si no hubiese una crisis presupuestaria. En la página 191 del estudio presentado por el ministro se señalaba que en el corredor Mediterráneo ya se habían invertido 8.400 millones hasta 2010 «debido al notable avance de las inversiones en las líneas de alta velocidad en ejecución en el corredor Mediterráneo, correspondientes a la línea de Barcelona a la frontera francesa y a la línea de Madrid a la Comunidad Valenciana y Murcia [sic]. En suma, el ministro inauguraba una nueva vertiente de la línea comunicativa del Gobierno central, que era asignar al corredor Mediterráneo cualquier inversión que conecte Madrid con la costa mediterránea.³⁸

Las autoridades centrales no habían tomado nota de que el 10 de julio de 2010 una gran parte de la sociedad catalana ya había desbordado a sus representantes políticos, expresando su rechazo a la tomadura de pelo que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, tanto en su proceso de elaboración como en su resultado.

El Gobierno del PP recogió el testigo y se ha aplicado con fervor a la tomadura de pelo sobre el corredor Mediterráneo. Mientras se regatean hasta la extenuación recursos para inversiones en líneas provisionales (que quedarán como definitivas) para la circulación de mercancías, todavía muy deficientemente conectadas con los puertos mediterráneos, continúan emprendiéndose actuaciones y haciendo inauguraciones de líneas radiales de Madrid que «modernizan el corredor Mediterráneo».

Algún botón bastará para muestra, y un mapa de España a mano será suficiente para evaluar la política. El documento Ministerio de Fomento. Proyecto de Presupuesto 2013, en su página 13,³⁹ incluye en el corredor Mediterráneo la extensión del AVE Madrid-Murcia a Almería (¡sin conexión al norte de Valencia!). Aún más, incluye inversión en Algeciras-Antequera y Bobadilla-Granada. Cierto, Algeciras está en el Mediterráneo, y por Granada se podría llegar a Almería (otra vez en el Mediterráneo)…, pero el tramo Granada-Almería ni está ni se lo espera (ni falta que hace en AVE, por cierto). O sea, gracias a la inversión en el «corredor Mediterráneo» Madrid enlaza con Granada para AVE de pasajeros y con Algeciras para mercancías (que es lo que se pretendía). De este modo, el Mediterráneo acumulará cinco salidas directas al mar.

Y qué decir de los comentarios del Gobierno enfatizando la contribución al corredor Mediterráneo de la entrada en servicio del AVE Madrid-Alicante…, gracias al cual ya es más rápido el viaje entre Madrid y Alicante que entre Valencia y Alicante. Además, ha logrado, contraviniendo todas las leyes de la geometría, que el tiempo en vehículo (aparte conexión) del viaje entre Barcelona y Alicante sea casi más corto por los catetos (Barcelona-Madrid-Alicante), que por la hipotenusa (Barcelona-Alicante): son sólo veinte minutos más para el doble de kilómetros. Todo esto para viajeros. La vertebración de mercancías, como ya se comentó, tiene poco glamur.

Algún día se unirán mejor Valencia y Alicante, y más hacia el sur, y más hacia el norte, y quizá habrá una línea ferroviaria en el Mediterráneo que no sea un conjunto de parches y desconexiones. Y algún día se arreglará lo del tramo de más de 30 kilómetros de vía única de ferrocarril (única para todo, mercancías y viajeros) entre Vandellòs y Tarragona (puede revisitar por un momento los mapas 6.2.A y 6.2.B), que llevan veinte años estrangulando al corredor ferroviario mediterráneo, y acumula retraso tras retraso. Constituye todo un aparador de la lógica de la política de infraestructuras en España. Cierto, hay necesidades en muchos sitios. Pero algunos tienen sus necesidades totalmente cubiertas; otros tienen la oferta cubierta, aunque la demanda ni haya estado ni estará a la altura (¡este mercado!). Y ninguno de ellos es el corredor del sur de Europa por el que circulan más mercancías.

Efectivamente, todo esto se arreglará algún día. Aunque bien podría pasar que no sea antes de que la alternativa preferida por los viajeros haya pasado a ser el teletransporte, y de que se hayan perdido demasiadas oportunidades productivas por las dificultades para transportar mercancías, si no se han perdido ya.

Con todo, y como en el caso de los peajes, lo peor es tener que dedicar tantas energías y esfuerzos colectivos a controversias sobre unas cuestiones que son obvias desde el punto de vista de la productividad de la economía y del bienestar de los ciudadanos…, igual de obvio que es para la política de infraestructuras española, que tanto apoyo ha concitado durante tanto tiempo, que lo importante es tener, no usar. Y que Europa comienza y acaba en la capital del Estado.

TODOS IGUALES, TODOS DESIGUALES

Una de las acusaciones más injustas que se ha hecho a los líderes regionales en los últimos años es responsabilizarles de tantas infraestructuras sin usar como hay en España. La demanda de todo tipo de infraestructura que tenga otro, especialmente si comunica con la capital política, no es nada más que una consecuencia lógica de la oferta política realizada desde el Gobierno central, que siempre ha sido quien ha mandado en España, y más en este ámbito de la política. Esto quedó suficientemente documentado en España, capital París. Tres años después de su publicación, los recursos presupuestarios disponibles se han reducido, lo que restringe la acción del Gobierno. Pero la metodología y aproximación de los poderes públicos centrales a la política de infraestructuras no se ha alterado un ápice, sino que se reafirma continuamente.

Al inicio de este capítulo se rememoraban las palabras de la ministra Ana Pastor en abril de 2012: «A los españoles, el AVE nos hace iguales». Sólo dos meses antes, en febrero de 2012, la ministra había presentado públicamente la decisión del Gobierno de volver a solicitar la inclusión de la travesía central de los Pirineos como prioridad para transporte de ferroviario de mercancías en la red europea. La propuesta acabaría siendo derrotada por 26 a 1 en el correspondiente Consejo Europeo de ministros de Transporte. El voto a favor fue el de España.

Es muy interesante rescatar la argumentación que la ministra ofreció con tal ocasión: «¿Por qué es fundamental el corredor Central? Pues es fundamental porque nosotros no queremos una España asimétrica. ¿Cómo les explico yo a los españoles que los de una comunidad autónoma determinada son más importantes que los de la otra?».⁴⁰ De entrada, se podría quizá probar con el mapa 6.1 de autopistas de peaje de titularidad en España, y con los mapas 6.2.A y 6.2.B sobre volumen de mercancías exportadas por carretera desde España. Efectivamente, el principio de equidad se declina de forma diferente en las instituciones españolas según el qué y según el dónde.

Claro que, de acuerdo con la metodología de la política de infraestructuras en España, tiene toda la lógica del mundo que las autoridades de Aragón insistan en reivindicar la prioridad de la travesía central de los Pirineos, y movilicen el apoyo de los Gobiernos de las regiones por las que discurre el corredor Central. Saben, por el Gobierno de España, que sin esa prioridad son menos importantes que los de otra comunidad autónoma determinada. Aunque esa opción sea una barbaridad económica, de movilidad y ambiental.

También tiene toda la lógica del mundo que el presidente de Extremadura insista en tener el AVE a Madrid, porque el Gobierno central le ha explicado que eso hace iguales a sus ciudadanos, y sin su AVE serían menos que los de otra comunidad autónoma. Por eso me parecen injustas algunas críticas que se han hecho sobre este asunto al presidente de Extremadura, aunque desde luego sería de desear que se expresara con unas formas algo más europeas.

Es imposible que esta forma de entender la política de infraestructuras en España cambie. Sobre todo, porque esto exigiría nada menos que cambiar su modelo de construcción nacional, que goza de un apoyo hegemónico y sostenido entre sus élites políticas y económicas, y también entre la población. Y los problemas que crea este modelo para los que son menos «iguales» son, al fin y al cabo, los problemas de «los otros». De ahí que la gran mayoría de catalanes estén convencidos de que son los ciudadanos catalanes los que deben tomar las decisiones pertinentes sobre la política de infraestructuras en Cataluña, incluida la cesión de soberanía a las instancias europeas, cuando corresponda. Tiene mucho más sentido esto que mantener esta capacidad situada en unas instituciones y grupos para los que los catalanes son «los otros», y también lo son «sus infraestructuras».

EPÍLOGO

LO QUE NO PUEDE SER NO PUEDE SER, Y ADEMÁS ES IMPOSIBLE

La segunda mitad de 2007 fue un semestre horribilis en Cataluña. El 23 de julio se produjo un Apagón eléctrico (sí, con A mayúscula) que llegó a afectar a más de 300.000 abonados de Barcelona y duró dos días y medio. Como acreditó un informe posterior de la Comisión Nacional de la Energía, la parte fundamental de la responsabilidad del apagón correspondió a la empresa Red Eléctrica, controlada por el Gobierno central, que designa a su presidente.

Luis Atienza, entonces presidente de Red Eléctrica, compareció en el Parlamento de Cataluña el 13 de agosto, y declaró que a pesar de que había habido incendios parecidos en otras subestaciones como las de Atocha y de Mediodía (ambas en Madrid), «en ninguno de estos casos se ha producido una pérdida de mercado que haya tardado casi tres días en su reposición. ¿Por qué? Por la configuración de la red de distribución. Porque la red de distribución en lugar de estar exclusivamente radial […] está mallada».¹ La solución era, claro está, mallar la red en Barcelona; pero a la vez que defendía los esfuerzos que había hecho Red Eléctrica en los últimos años, sostenía que no era posible avanzar más deprisa debido a la propia precariedad de la red.

En 2007, el aeropuerto de El Prat batió un récord histórico, con casi 33 millones de pasajeros, que sólo se ha superado a partir de 2011. El mes de julio, el aeropuerto, gestionado por la empresa estatal AENA, vivió un colapso permanente, que comenzó el 2 de julio con las maletas, y también afectó a los pasajeros a medida que avanzaba el mes. Felizmente, la inauguración de una nueva terminal en 2009 solucionó este problema, aunque no otros.

Durante ese mismo verano se fueron haciendo cada vez más frecuentes los graves problemas de servicio en la red de cercanías ferroviarias, gestionada por la empresa estatal RENFE, a medida que las obras de infraestructura para la llegada del AVE a Barcelona se hacían más intensas en su área metropolitana. La precariedad de la situación de la infraestructura de cercanías y convencional, dependientes de la empresa estatal ADIF (al igual que la inversión en la línea de alta velocidad), acabó provocando la suspensión durante el otoño de los servicios en tres líneas de cercanías del sur de Barcelona y los traslados en autobús a/de Tarragona para usar el ferrocarril del corredor Mediterráneo. Los efectos fueron devastadores para decenas de miles de ciudadanos, por el impacto en su movilidad cotidiana. Con el tiempo, se acabó la obra del AVE y se inauguró su servicio a Barcelona en febrero de 2008. Pero esos otros problemas de infraestructura básica no se han resuelto apropiadamente.

Pues bien, en septiembre de 2007 asistí a una agradable y entrañable boda en una ciudad del sur de España. En el correspondiente banquete se ofreció muy buena comida, excelentes vinos peninsulares y cava de Almendralejo. En los momentos sociales que, como es habitual, siguen al banquete, una conocida me preguntó con vívido interés qué estábamos haciendo en Cataluña con la luz, los trenes y el aeropuerto, porque es que estábamos tan mal…

Como esto de las infraestructuras me es familiar desde hace un tiempo, le respondí que lo de hacer-hacer era cosa del Estado, pues era el Gobierno central quien controlaba Red Eléctrica, la red de ferrocarril (infraestructura y servicio) y el aeropuerto; y lo que estaba pasando era el resultado de muchos años de insuficiencia en la inversión y de negligencia en la gestión. Mi interlocutora, para quien debo tener alguna credibilidad, me interrogó entonces: ¿y por qué el Estado no invertía más, si hacía tanta falta? Mi respuesta fue precisa: porque invertir en Cataluña quita votos en el resto de España. ¡Ah, claro!, fue su apostilla al asunto.

El malestar de muchos catalanes se expresó el 1 de diciembre de 2007 en una manifestación, bastante multitudinaria para los estándares del momento, que había sido convocada con el lema «Som una nació i diem PROU! Tenim dret a decidir sobre les nostres infraestructures». («¡Somos una nación y decimos BASTA! Tenemos derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras»). Un lustro después, las manifestaciones son bastante más concurridas, y su objetivo es el derecho a decidir en sentido integral. Es decir, la soberanía, de la que se derivan políticas como la educativa, la fiscal y la de infraestructuras. Y todas las demás políticas, tanto las que se ejercen directamente como las que se transfieren a organizaciones integradas de las que se forme parte, dado que muchos elementos importantes del ejercicio clásico de la soberanía han devenido caducos.

Los cambios importantes nunca se producen en un día, ni por un solo factor. Tampoco el aumento acelerado del apoyo en Cataluña a la constitución de un Estado propio. Las raíces profundas de esta evolución se hallan, por una parte, en su percepción como grupo nacional de la mayoría de catalanes. Por otra, la gran mayoría de españoles también perciben a los catalanes como un grupo nacional de tipo diferente, más diferente incluso de lo que se percibe a los europeos, en sentido genérico del término.

Esta percepción es corroborada de forma sistemática, a veces demoledora en algunas de sus manifestaciones, por los estudios de percepciones y actitudes que se han realizado en España en las últimas décadas, en especial al fijar la atención en las actitudes y estereotipos hacia los catalanes. Definen con claridad una relación de tipo eminentemente instrumental, pero emocional y anímicamente tóxica. Es decir, se vive por la gran mayoría de españoles como una mera asociación de conveniencia material. Como es lógico, claro está, su interés puede apreciarse de forma diferente por unos y por otros.

La percepción práctica de la existencia de diferentes grupos nacionales en España nunca se ha traducido en un reconocimiento explícito de esa realidad en la organización constitucional e institucional del Estado. Tal reconocimiento de la realidad es imposible, porque exigiría la transformación del concepto francés de «nación» que ha guiado el proceso de construcción nacional de España. Por eso, no ha cambiado ni cambiará la vocación de España como Estado uninacional, que tiene un respaldo masivo entre las élites políticas, funcionariales y económicas españolas, y un respaldo muy mayoritario entre la población. Pero la mayoría de catalanes han rechazado y rechazan su disolución dentro de un Estado uninacional. Ésta es la contradicción básica que está en la base del desencuentro.

Por ello, cuando se reflexiona con un cierto detenimiento no resulta tan extraño que exista tan gran divergencia de actitudes y percepciones en diferentes ámbitos de la realidad. Entre ellos, destacan los relacionados con la cultura y la lengua, las relaciones fiscales, o las infraestructuras. Al fin y al cabo, estos ámbitos son fundamentales por lo que respecta a la identidad nacional y la vitalidad cultural, a la contribución (o perjuicio) del sector público al bienestar material de los ciudadanos y a la provisión de servicios públicos modernos, y a las oportunidades de bienestar para el futuro. Es lógico que se generen, por tanto, conflictos de equidad y distributivos.

La empatía entre grupos nacionales en España nunca ha gozado de buena salud, y el paupérrimo estado que ha alcanzado en las últimas décadas hace que se polaricen todavía más las percepciones de la realidad, tan contradictorias como han reflejado los análisis de políticas públicas efectuados. Mirado en frío, ésta es una dinámica muy habitual cuando grupos diferentes son forzados, por las circunstancias de la historia, a participar en una misma organización.

Pero la acumulación de desconfianza mutua supone un obstáculo de gran magnitud al funcionamiento eficaz de la organización; en nuestro caso, del Estado español. La percepción recíproca de deslealtad y de falta de confianza es un impedimento para el diseño de proyectos de futuro compartidos; y sin éstos, no hay cohesión, y no hay futuro (que realmente valga la pena).

Reconozcamos que todos (o la gran mayoría) lo hemos intentado. La España de la Transición intentó cambiar sus estructuras de poder e institucionales para dar una respuesta a su pluralidad real, pero había demasiadas restricciones de entorno, y la pretensión de mantener el control centralizado y la jerarquía del poder en España fue irresistible. Los proyectos catalanes de intervención en la política estatal, a veces puestos en práctica de forma no muy ejemplar, fueron agotándose paulatinamente, pasada la «edad dorada» de la restauración de la democracia y de la incorporación al espacio social, económico y cultural europeo. La recentralización activada abiertamente a partir de la segunda mitad de la década de 1990 aceleró el proceso.

Muchos catalanes habían depositado la confianza en el proyecto federal de reforma de España. Ciertamente, el federalismo es un término que puede entenderse de diferentes formas, pero esto ya ha dejado de tener importancia. En lo sustancial, se trataba de convertir un Estado de matriz castellana y vocación uninacional en un Estado plurinacional, la España plural. También ya da bastante igual que lo de «España plural», que tuvo su momento álgido de corrección política, haya adquirido un significado distinto cada vez que se esboza el concepto.

Ésa era, seguramente, la única fórmula capaz de crear una nueva historia de encuentros satisfactorios, un nuevo registro de confianzas recíprocas que permitiese mejorar el funcionamiento de la organización estatal y diseñar proyectos compartidos. Pero el federalismo (el que pretendía transformar la naturaleza uninacional de España) incurrió en un pecado original: querer obligar a cambiar a quien no quiere cambiar. Me parece muy instructiva la afirmación de Amos Oz, eminente novelista y pacifista israelí, en su libro Contra el fanatismo: «La esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a otra gente a que cambie». Lo sabemos de sobras en las relaciones interpersonales; necesitamos aprenderlo, todos, para las relaciones colectivas.² La mayoría de españoles desean un Estado uninacional, porque otro tipo de estructura les produce una sensación de pérdida de control, de inseguridad; la mayoría de catalanes prefieren un Estado propio a una España uninacional. Nadie debería obligar al otro a cambiar.

Por supuesto, aún quedan catalanes que creen que la respuesta apropiada a los problemas que han centrado esta reflexión es seguir intentando cambiar España; aunque una parte de ellos saben para sí que es imposible, si lo que se trata realmente es de cambiar a España. Hay también catalanes a quienes España les gusta como es. A otros catalanes nunca les gustó España y nunca creyeron que pudiese ser de otra forma; son quienes desde siempre han preferido tener un Estado propio.

Todos estos «tipos» de aproximación a la cuestión son importantes y dignos de respeto, pero en ninguno de ellos se encuentra la respuesta a nuestra primera cuestión central: ¿por qué ha aumentado tanto y tan rápidamente el apoyo a la independencia en Cataluña?

A mi juicio, el factor principal ha sido la frustración de las expectativas y esperanzas puestas en la transformación de España.³ Para muchos catalanes, esta experiencia se ha convertido en un encuentro fallido, en un desencuentro. Y, una vez fracasada la estrategia de reforma, las alternativas disponibles quedan reducidas a dos: la asimilación y disolución en una España uninacional, o la creación de un Estado propio. La mayoría de estos catalanes ha optado por pasar a apoyar la independencia, aunque ésta no hubiese sido su opción óptima. Cuando la voz ha fallado, la salida se convierte en el último recurso.

La otra cuestión central era: ¿esta evolución es coyuntural —pasajera—, o estructural —permanente—? Es difícil responder con seguridad. Dicho esto, me parece muy probable que sea estructural, puesto que se ha vaciado el depósito de confianza, y sin un cierto grado de confianza no veo cómo puede persuadir cualquier propuesta de persistir en el intento. Además, recordemos, hemos aprendido que ni es bueno —ni se debe— obligar a que otros cambien.

Es un afán vano intentar predecir cómo se va a resolver el conflicto existente. Tampoco es mi principal preocupación adivinarlo. He aprendido que la incertidumbre sobre el futuro es nuestra compañera inseparable para el siglo XXI, aunque tanta angustia genere a los nostálgicos de seguridades pasadas, pagadas con rigideces insostenibles. Eso sí, lo que está muy claro es que ni Cataluña ni España pueden funcionar bien estando las cosas como ya hace mucho tiempo que están. Son demasiados esfuerzos empleados en recelar, desconfiar y defenderse del otro. Y demasiado poco tiempo y energía disponibles para proyectos positivos, que ayuden a dar más cohesión y vigor a unas sociedades, ambas, aturdidas por todos los cambios que las últimas décadas han traído, y para los que no nos habíamos preparado adecuadamente.

Suele suceder que las cosas son como son, y no necesariamente como nos gustaría que fueran. Sería muy diferente una España en la que todas las lenguas y culturas fuesen tratadas en pie de igualdad, sin hegemonismo de la lengua y cultura mayoritarias, y con los pragmatismos cotidianos necesarios. En la que las políticas públicas en los ámbitos fiscales, de infraestructuras y tantos otros no aplicasen diferentes reglas de equidad dentro del mismo Estado, vulnerando nociones básicas de justicia. En la que no hubiese esa obsesión por sujetar a todo un país anclándolo físicamente a su capital. En la que… Pero esa España no pudo ser.

Ser catalán de la Cataluña que es y español de la España que es, resulta agotador, demasiado agotador. Y, además, es imposible.

AGRADECIMIENTOS

Somos hij@s, también, de nuestras experiencias. Y este libro lo es, desde luego. De experiencias en situaciones y con personas, de conversaciones, a veces sólo tangencialmente relacionadas (pero relacionadas) con mis preocupaciones en estas cuestiones. Muchas personas han contribuido, a veces sin tener conciencia de ello, a que germinaran y se desarrollaran los análisis y reflexiones contenidos en estas páginas.

Comencemos por el principio, en el que se encuentran los maestros académicos como Jordi Nadal, que me incitó a interesarme por los problemas fundamentales de la relación entre Cataluña y España, y mi mentor, Antón Costas, cuya principal enseñanza ha sido que siempre hay que tener presente que existen otras formas y enfoques, diferentes de los propios, de observar y analizar los problemas.

Algunos compañeros y amigos han tenido la paciencia de leer uno o varios capítulos del libro, y de enviarme sus sugerencias y comentarios para que pudiese considerarlos antes de dar por cerrado el texto. Estoy agradecido por ello a Daniel Albalate, Alberto Antorán, Joan Ramon Borrell, Alejandro Brocato, Marta Espasa, Alejandro Estruch, Ester Franquesa, Matilde Gombau, David López-Rodríguez, Alicia Orta-Ramírez y Jordi Rosell. Han contribuido, y mucho, a que el texto sea mejor de lo que hubiese sido sin su amabilidad. También lo han hecho Marta González Aregall y Anastasia Yarigina, prestándome su asistencia de investigación de forma ágil y eficaz.

En ámbitos directamente relacionados con algunas de las políticas tratadas en el libro, es de justicia mencionar lo mucho que he aprendido de Núria Bosch y Ángel de la Fuente sobre financiación autonómica, y de Marta Espasa y Guillem López-Casasnovas sobre balanzas fiscales. Con Daniel Albalate y Xavier Fageda he aprendido una gran parte de lo que conozco sobre infraestructuras de transporte. El profesor José Luis Sangrador García merece mi reconocimiento por sus impresionantes trabajos sobre percepciones y actitudes en España, y por su amabilidad en responder a mis cuestiones aun sin conocerme personalmente. Carme Amoròs, Cristina Crespo, Esther Domingo, Mar Jiménez y Mercè Solé me han proporcionado muy valiosa ayuda en cuestiones relativas a la lengua y el sistema educativo. Jordi Alberich, Toni Brunet, Agustí Clavell, Santiago García-Milà, Teresa García-Milà, Albert Martínez Lacambra, Antonio Miralles y Carme Redó me han regalado sus agudos puntos de vista sobre algunos de los problemas abordados en el libro, además de su amistad.

La parte final de este proyecto, la realización de este libro, se ha producido durante una estancia de investigación en las universidades de Cornell y Princeton, en Estados Unidos, gracias a la amabilidad y hospitalidad de, respectivamente, Mildred Warner y Karen McGuinnes. Esto me ha permitido tomar una cierta distancia de las cuestiones inmediatas, e intercambiar opiniones y puntos de vista con colegas y amigos asentados transitoria o establemente por esas latitudes, entre los que procede mencionar a Alicia Adserà, Carles Boix, Lourdes Casanova, Elena Costas, Jack Donahue, Soumitra Dutta, Linda Farthing, Pilar Fernández, Rick Geddes, Jordi Graupera, Davydd Greenwood, Ben Kohl, Mary Ann Newman, Clara Ponsatí, Sidney Tarrow, Susan Tarrow, Eduard Vallory, David van Slyke, y a los miembros del Foro Zorba de Washington D. C., un grupo de jóvenes profesionales españoles y catalanes expatriados, inteligentes y perspicaces.

Como ya he expresado en alguna otra ocasión, diversas conversaciones con los presidentes Pasqual Maragall y Jordi Pujol me han permitido conocer de primera mano sendas visiones cruciales sobre las cuestiones de fondo, sobre los objetos de la disección en este estudio de la anatomía del desencuentro. Tienen mi reconocimiento por lo que consiguieron, y también por haber intentado aquello en que no tuvieron tanto éxito. Su experiencia nos ha revelado los límites, y nos han obligado a formularnos las preguntas pertinentes. Y, hablando de preguntas pertinentes, debo mencionar lo mucho que aprendí, y todavía aprendo, de Joaquín Almunia, el político más competente que ha generado la política española; el político más europeo de un país extraviado en su propio ombligo.

De hecho, este libro sería muy difererente, quizá no hubiese siquiera existido, sin mi exposición a la actividad política durante muchos períodos de la vida. Mucha gente piensa que la actividad política y la amistad son cosas contrapuestas por naturaleza. Se equivocan; no tiene por qué ser así. Discutiendo sobre estos y otros temas he trabado relaciones duraderas y profundas con muchos amigos, que han trascendido a la propia actividad política. Sus ideas y reflexiones están también, de una u otra forma, incorporados en este libro: Rosi Altès, Jaume Antich, Rosa Barenys, Ricard Bort, Lourdes Calvo, Rosa Camins, Martí Carnicer, Toni Carretero, Andreu Castellet, Ricardo Castro, Vicenç Coscollà, Santi Díaz, Montse Duch, Joan Ignasi Elena, Dolors Fernández, Ricard Fernández Burato, Joan Ferran, Joan Ferrando, Rosi Ferreiro, Mateu Fornós, Miriam Galindo, Irene Gisbert, Marta Gómez Sorribes, Isabel Lluís, Francesc López, Josep Maria Maceira, Joan Masferrer, Carme Miralles, Rosa Maria Molló, Frederic Monell, Domingo Moreno, Meritxell Munné, Montse Palma, Carmina Pardo, Joan Pluma, Josefa Reverter, Josep Maria Simó, Anna Terrón, Francesc Trillas, Xavier Ulldemolins… y Xavier Soto, demasiado tiempo ausente. Son todos los que están, aunque seguramente no estén todos los que son. Afortunadamente.

Capítulo aparte merecen mis amigos, muy amigos, de Málaga. Hemos conversado abiertamente acerca de todos estos temas y, sobre todo, han tenido la sensibilidad de tener a mano más cava catalán de lo habitual cuando más falta hacía: Inma y Joseba, Tere y Juan, Fran y Margot, Maurizio y María José, Marta y Josele y, por fin, pero no por menos, Paco, María, Pablo y Carmen. También lo merecen muy buenos amigos que he acumulado en mis períodos de residencia y/o trabajo en Madrid: Marisa Asperilla, Alain Cuenca, Miguel Herrero, Juan Miguel Márquez y Merche Ramos. Todos ellos representan para mí lo mejor que hay en España, que no es poco.

Emili Rosales me abrió en 2007 las puertas de Destino, que cruzo por segunda vez con este libro. Ramon Perelló es un gran editor. Supo comprometerme para realizar este proyecto, y ha sabido dar un empujoncito en la espalda cuando la cuesta se hacía muy empinada, como los amigos saben hacer. Ana Camallonga ha procesado con eficacia mis envíos de materiales, y los cambios —a veces extemporáneos— con que iba alterando su ritmo de edición. La Vanguardia ha tenido la amabilidad de facilitar la reproducción de algunos artículos cuyas ideas había ensayado en sus páginas, gracias al impulso de Ramon Aymerich y Manel Pérez.

Siempre queda para el final el agradecimiento más especial, el que merecen tantas horas robadas y tantas preocupaciones y reflexiones compartidas con mi compañera —en sentido integral de la palabra—, Milagros, catalana de la Cataluña que es y española de la España que no pudo ser. Y a Anton, mi hijo, que cuando sea mayor será lo que quiera ser.

ANEXO

¿QUÉ ES UNA INFRAESTRUCTURA?

(Publicado en La Vanguardia el 13 de abril de 2007)

La garantía de la inversión estatal fue pieza estelar del Estatuto, pero el cumplimiento de dicho precepto en el 2007 ha suscitado controversia. El Gobierno central afirma que la inversión de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente representa en torno al 18,5 por ciento del total, lo que satisface el Estatuto. Otras valoraciones, como la de la Cambra de Comerç de Barcelona, concluyen que la inversión en Cataluña es el 14 por ciento del total, lejos de la previsión estatutaria. ¿Quién tiene razón? Difícil decirlo. ¿Qué quiere decir infraestructura? La mayoría de los economistas usamos el término en sentido amplio, asimilable a capital público en general. Pero el análisis económico tiene poca influencia práctica sobre la política, y ésta no será una excepción.

En última instancia, nos hallamos ante un proceso de decisión política, y la autoridad competente hará una interpretación política. Por tanto, más que con la lógica del economista, procede analizar el asunto a la luz de una regla de oro indiscutible de la buena política: hacer lo que se dice, y decir lo que se hace. Para ello, se puede elucidar el significado de infraestructura por dos vías complementarias.

En primer lugar, ¿qué se entiende por infraestructura? La Real Academia Española la define así: «f. Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo. 2. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Infraestructura aérea, sociopolítica, económica». La primera definición es poco operativa para interpretar el concepto, pues sólo se aplicaría a los túneles y, en general, a las partes subterráneas de las construcciones programadas en los presupuestos. La segunda, evoca claramente el concepto de «capital público» sin restricciones. Es decir, sin limitar a un sector específico (como transporte o medio ambiente) el alcance del término.

Segundo, ¿cuál fue la voluntad del legislador al aprobar el Estatuto? Por brevedad, reproduzco sólo la expresión de los dos grupos mayoritarios en la Comisión Constitucional del Congreso. El resto de los grupos se expresaba de igual forma. En la sesión del 17 de marzo de 2006, el portavoz socialista, López Garrido, decía: «La inversión del Estado está garantizada en torno a los próximos siete años como mínimo al porcentaje del PIB de Catalunya, sin contar los fondos europeos a este respecto [...] estamos ante el tema de las inversiones que nacen de los Presupuestos Generales del Estado...». En la misma sesión, la portavoz del PP, Rodríguez Herrer, decía: «Además, habría que añadir un compromiso que no forma parte del modelo de financiación propiamente dicho [...]: la garantía de inversiones estatales en cuantía equivalente a la participación del PIB en Cataluña durante siete años...». Todas las referencias reflejan claramente una interpretación global del concepto «inversión en infraestructuras» («inversión del Estado»), no restringida a las específicas de algunos sectores o ministerios.

En un contexto de decisión política no es necesario interpretar el término infraestructura como sugiere el análisis económico. Pero sería deseable seguir el significado usual en la lengua, indicado por el diccionario, y la voluntad manifestada por el legislador. Sobre todo en casos como éste, en que el diccionario y la voluntad del legislador coinciden con tanta claridad.

MODELOS AGOTADOS; Y AHORA, ¿HACIA DÓNDE?

(Publicado en L’Antena de la Fundació CatDem el 29 de enero de 2009)

A finales de 2008, el Gobierno central dio a conocer los ejes genéricos de la revisión de la financiación autonómica, pero no los detalles, ni los más concretos ni los más prácticos. Es muy probable que sigan siendo desconocidos unas cuantas semanas más. Las reacciones desde Cataluña han sido de insatisfacción, manifestada con intensidades y tonos diversos. Y ha sido muy ilustrativa la respuesta del entorno del Gobierno central, que ha expresado comprensión hacia las reacciones catalanas. Y, por añadido, ha recibido esta insatisfacción con alivio, porque en el resto de España habría causado malestar una eventual satisfacción catalana.

¿Todo esto es bueno o es malo? Es así. Es una consecuencia de muchos años de política de «más vale pájaro en mano», lo que en Cataluña se conoce como política del peix al cove. Se puede discutir si este método ha dado mucho o poco de sí; se puede discutir también si había mejores alternativas o no. Lo que parece indiscutible es que varias décadas de «pájaro en mano» han llevado a la consolidación de un fuerte prejuicio negativo en capas muy amplias de la sociedad y del sistema político institucional español hacia las negociaciones entre los Gobiernos de Cataluña y de España en muchos asuntos: financiación, inversión y gestión de infraestructuras, lengua, etcétera. Desde el sistema político se ha cultivado este tipo de reacciones, que no han tenido un único protagonista; pero la grosería y la manipulación aplicada por el PP es difícilmente superable. Y hemos llegado a un punto en el que cada vez se requiere más esfuerzo y desgaste de energía del sistema político catalán (que no pasa por sus mejores momentos) para obtener resultados que —a la postre— no son satisfactorios.

El gran modelo alternativo al del «pájaro en mano» ha sido la implicación directa en la gestión del Gobierno central. Este modelo también ha dado resultados en el pasado. ¿Muchos o pocos? Eso es discutible. Lo que parece claro es que desde hace tiempo es cada vez más conveniente —o necesario— que los políticos catalanes con responsabilidades centrales se distancien de los debates y decisiones (al menos en los aspectos más públicos) que afectan de forma más directa y singular a Cataluña, como ha pasado en las cuestiones relativas a la financiación y a las infraestructuras. El éxito de los políticos catalanes con altas responsabilidades centrales se relaciona cada vez más con la distancia —como mínimo pública— que toman de los asuntes centrales en Cataluña. Sería demasiado simplista limitarlo a los partidos de ámbito estatal. Creo que es una lógica que afectaría también a políticos de partidos de ámbito exclusivamente catalán que, eventualmente, accedieran a los niveles superiores del Gobierno central.

Hemos llegado a un punto en que los modelos tradicionales de relación con la política española han entrado —dicho en términos económicos— en rendimientos marginales muy decrecientes. El nuevo Estatuto, como propuesta dirigida a introducir una relación más reglada y menos sometida a la discrecionalidad y a las relaciones coyunturales de poder, nació muy cojo. Y el camino recorrido desde que entró en vigor ha sido muy poco satisfactorio. Veremos qué pasará en el futuro. En cualquier caso, si es cierto que los modelos tradicionales de relación con la intervención en la política española ya no son lo que eran, la búsqueda y la consecución de nuevos métodos más —digamos— favorables en términos de coste/beneficio es uno de los requisitos necesarios para que el sistema político catalán recupere un vigor que realmente necesita.

¡VIVA LA UNIDAD DE MERCADO!

(Publicado en La Vanguardia el 16 de diciembre de 2010)

O algo por el estilo es lo que yo esperaba oír a los voceros de la unidad de mercado en España, por la decisión de once países europeos, impulsada por el comisario Barnier, de Mercado Interior, de crear una patente común que se tramitará y traducirá en tres lenguas: alemán, francés e inglés. Esto hará más competitivo el sistema europeo de innovación, pues ahora validar una patente en 13 países de la Unión Europea puede costar hasta 20.000 euros, de los que 14.000 son gastos en traducciones, muy por encima del coste de registrar la misma patente en Estados Unidos, inferior a 2.000 euros.

Pero no ha sido así. Tanto desde ámbitos gubernamentales como desde la patronal se ha objetado que el régimen lingüístico no incluya al castellano. Contundente ha sido la CEOE, que se opone a la creación de la patente común porque se impone [sic] a las empresas españolas que innoven y defiendan sus innovaciones en alemán, francés, o inglés. De hecho, se ha organizado una coalición de las patronales de España, Italia, Polonia y Portugal, para hacer frente al acuerdo auspiciado por Alemania, Francia, el Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Eslovenia, Luxemburgo, Estonia y Lituania (y pronto Irlanda). Esta división también puede leerse como una escisión entre los que no innovan (donde está España), y los que innovan (Alemania…). El año pasado, por ejemplo, de las patentes presentadas ante la Oficina Europea 40 por ciento eran de Alemania y 15 por ciento de Francia, pero sólo 1,26 por ciento de España (por cierto, en primer lugar de la Universitat Politècnica de Catalunya, cuya lengua propia es el catalán).

Visto así, se diría que aquí tenemos un grave problema con las patentes; y no es precisamente el idioma en que se registren, sino más bien innovar y solicitarlas, para salir así de la cola europea en innovación. Por ello, no creo que España haga muy bien oponiéndose a la reducción de coste de las patentes. Cierto, el castellano es la tercera lengua más usada en el mundo, tras el inglés y el chino mandarín. Y muy querida para mí, que la estoy usando aquí. Pero en la Unión Europea el alemán y el francés son hablados por muchas más personas, y mucho más usados para patentar. Y qué decir del inglés, lengua común de la ciencia y la innovación en Europa y en el mundo entero… aunque oír que la lengua común es otra suene raro —incluso algo ofensivo— a quienes pasan el día afirmando que la lengua común es la suya.

Procede, pues, que la ministra de Cultura llame —confidencialmente— al comisario Barnier y le comente lo «antinaturales» y provincianos que son quienes se oponen al aumento de la competitividad, así como le comentó al embajador de Estados Unidos lo «antinatural» que es la legislación lingüística catalana en el cine (gracias Wikileaks). Total, el porcentaje de películas proyectadas en catalán supera al de las patentes concedidas a españoles. Así, al menos, cuando alguien desvele estas confidencias en el futuro sabríamos que aún quedan en España creyentes auténticos en la unidad de mercado.

OBSESIÓN CON LOS PINGANILLOS

(Publicado en La Vanguardia el 3 de febrero de 2011)

Lo de la derecha nacionalista española con los pinganillos (¡carámbanos!; pedazos de hielo, según el diccionario de la RAE) es obsesivo y, como toda obsesión, precisa algún tipo de descodificación, y quizá de ayuda. Además, revela que los incentivos económicos funcionan justo al revés de cómo deberían en esa parte del paisaje político español, lo que no es bueno para la productividad de la economía. Veamos.

El expresidente Aznar tuvo que sufrir mucho usando pinganillos —humanos o materiales— en todas sus actividades internacionales (fuera de América Latina), dadas sus habilidades lingüísticas, que sólo hemos podido apreciar tras su abandono de la presidencia. Estas cosas dejan huella indeleble; de ahí quizá la manía que le profesa al pequeño artefacto. Su sucesor en el PP también necesita pinganillo en sus actividades internacionales, por lo que tampoco se entiende su aversión al mismo. Lo normal sería que fuesen más comprensivos con su uso por parte de tanto senador monolingüe como hay. Al cabo, mecidos por esa ola de demagogia y populismo, bien podría decirse que su coste anual es muy inferior al infligido al presupuesto del Estado por el señor Aznar, dada su condición de expresidente del Gobierno. Pero en un país normal se respeta y se protege a los expresidentes… y también a las lenguas minoritarias que son propias de millones de ciudadanos.

El problema de fondo es la obsesión real del nacionalismo español: igualarnos por abajo. De ahí el culto al monolingüismo. Debe ser por aquello del «¡Viva la ignorancia!» que ocasionalmente atrona el paisaje español. No es este un incentivo adecuado para mejorar las capacidades lingüísticas de los españoles, y para mejorar sus capacidades productivas en un mundo cada vez más global. En un país normal se incentiva la capacidad plurilingüe de sus ciudadanos; en cambio, para el nacionalismo español, cuanto más monolingües mejor.

Y claro, fruto de la ignorancia se dicen cosas como que el castellano es la lengua común de todos los españoles. El hecho de que todos conozcamos el castellano no implica que sea «lengua común». De la misma forma que aunque en Holanda el inglés sea de común conocimiento, los holandeses no forman parte de la comunidad lingüística del inglés. Ni yo tampoco, aunque el inglés no se me dé nada mal; como el castellano, lengua que me gusta mucho. De hecho, a mí no me importaría que escolarizaran a mi hijo en castellano en Andalucía, de donde por cierto es su madre; a diferencia del señor Arenas Bocanegra, que trona su beligerancia ante cualquier intento de escolarizar a un niño andaluz en una lengua que no sea la suya. Muestra supina del «Viva la ignorancia»… Aunque quizá lo que quiere decir es que los españoles de lengua castellana son ciudadanos de primera, y el resto somos de segunda.

Los países normales hacen de su riqueza interna un factor de estímulo y de mejora. Pero el nacionalismo español no es normal, imbuido como está de supremacismo, que está en la base de su obsesión monolingüe. Nada bueno tampoco para la economía.

DESMITIFICANDO DESMITIFICACIONES

(Publicado en La Vanguardia el 15 de enero de 2013)

John Elliot es un gran y ponderado estudioso de la España del XVI y XVII, que nos recuerda que Cataluña no era un paraíso de la democracia antes de 1714. Cierto, «democracia» como concepto universal y operativo es de finales del siglo XIX. Con todo, más que entrevistas sueltas, tiene interés leer una obra capital de Elliot: La Revolta Catalana. 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d’Espanya (1598-1640), publicada en inglés en 1963, y en catalán en 1966, edición ésta que cito.

La obra ya despliega sus claves en el primer capítulo, «Castilla y Aragón». ¿Cuál era el entorno que presidía la dinámica política del período? Elliot nos dice (página 13): «El resultado lógico de la premisa que Castilla representaba ella sola la verdadera España, era el deseo instintivo de hispanizar, que en realidad significaba castellanizar, las otras provincias de la península y el imperio, y esto significaba ni más ni menos que abolir las leyes y libertades individuales, abolir también el marco contractual de su Gobierno, y la consiguiente reducción de aquellas provincias al estatuto legal de Castilla». O sea, abolir las leyes y las libertades individuales, y el marco contractual del Gobierno (pactismo, en Vicens Vives). ¿Bueno o malo? Esto.

¿Y cuál era la potestad tributaria de los territorios de la Corona de Aragón? ¿Qué pasaba cuando el rey quería nuevos ingresos? Otra vez, que hable Elliot (página 12): «Esto sólo podía hacerse en Cortes, que no se podían celebrar a menos que el monarca estuviera personalmente presente. Pero las Cortes de los Estados de la Corona de Aragón, a diferencia de las de Castilla, eran difíciles y personalistas. Los subsidios sólo se podían votar después de tratar los agravios y, como la lista de los agravios era siempre larga, la obtención de un subsidio de las Cortes podía ser extremadamente costosa en términos de concesiones políticas y administrativas». Ahora esto se llama soberanía tributaria. ¿Antiguo o moderno? Soberanía.

¿Y cuál era la situación económica en el XVII, a inicios del reinado de Felipe III?: «Los ministros castellanos del rey se encontraban obstaculizados en su Gobierno de la monarquía por las leyes y libertades de las demás provincias y, al mismo tiempo, Castilla estaba inundada por una crisis económica de tal magnitud que tarde o temprano se vería obligada a mirar hacia las otras provincias en busca de alivio fiscal» (página 18).

Es necesario, ahora sí, desmitificar un Mito: el del declive económico de Cataluña en el siglo XVII. Lo que estaba en declive era el centro peninsular. Por contraste, el producto por habitante creció en el XVII en regiones periféricas como Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia, como muestra el artículo del 2007 en European Review of Economic History de los profesores Álvarez Nogal y Prado de la Escosura (de la Universidad Carlos III de Madrid). La explicación del Mito del declive catalán al XVII es sencilla: la historiografía tradicional proyectó el declive de la economía castellana al conjunto de España, y entonces proyectó la evolución del conjunto a Cataluña. Por cierto, si quieren saber qué pasó en la primera mitad del XVIII, después de la guerra de Sucesión, en Castilla la Nueva (que incluye Madrid) y Cataluña, lean el artículo. Espectacular.

No creo que el historicismo tenga un papel determinante en los debates actuales. Pero si se quieren legitimar así las posiciones, que sea —al menos— una historia bien leída, y también lo más actual posible. Si no, sólo se consigue mitificar la «desmitificación».

SIN PIES NI CABEZA

(Publicado en La Vanguardia el 21 de mayo de 2013)

Imaginen que va un ministro español al Eurogrupo y propone que el objetivo de déficit público sea más flexible para los países más cumplidores, y más inflexible para los que cumplen menos. Dejaría a todos de piedra. España, la mayor incumplidora de la eurozona y de la UE en el 2012 (con Grecia) no la tendría, y se la darían a Alemania, Luxemburgo y Finlandia.

Absurdo ¿no? Pues es lo que proponen a efectos internos los presidentes autonómicos no mediterráneos del PP. También el del País Vasco, la comunidad más insolidaria de España (con Navarra), aunque en financiación come aparte, y mucho más. Exigen que no se beneficie a Cataluña con más flexibilidad, porque no es cumplidora: ¡la flexibilidad para quien cumple! Vamos primero a la métrica, y luego a los conceptos.

Como la eurozona no sigue los criterios de los presidentes no mediterráneos del PP y del País Vasco, España tendrá un objetivo de déficit hasta el 6,5% del PIB en el 2013. Desde Cataluña hace tiempo que se sostiene que como las comunidades tienen una tercera parte del gasto, deben tener una tercera parte del déficit. O sea, 2,1 por ciento. Bastante lógico, dado el carácter de servicios universales en educación y sanidad que prestan las comunidades. Si se hubiera hecho, aquí se acabaría la discusión y también la columna.

En el 2012 hubo tres comunidades autónomas que acabaron el año con más déficit que Cataluña: Valencia, Murcia y Andalucía. Y otra, Baleares, poco por debajo. Son las del Mediterráneo, lo que quizá guardaría una relación genética con el déficit, si no fuera porque son también sistemáticamente las peor financiadas. Además de los méritos propios, que no han sido pocos. Once autonomías hicieron menos esfuerzo de reducción del déficit que Cataluña en el 2012. Entre ellas, casi todas las más locuaces, País Vasco incluido.

Tener más déficit no significa recibir más financiación. El déficit lo financian los recursos de la propia hacienda autonómica. Como los intereses del fondo de liquidez autonómica. Iba a decir que lo financian los contribuyentes de la propia región, pero esto es una exageración tosca en un Estado en que los contribuyentes del Mediterráneo pagan una parte desproporcionada de lo que es déficit y lo que no es de muchas de las regiones «locuaces».

Más allá del déficit del 2013, la circunstancia es de estructura, y no tiene solución. Revisen «De paganos ricos y pobres, y de algunos polizones» (publicado en este diario el 11 de febrero de 2012): «el statu quo es defendido por los pobres que reciben, por los ricos que no aportan, y por los que manejan el tinglado». Tenemos ahora una representación teatral, a cuenta de próximas discusiones sobre financiación.

Esta función teatral tiene gran éxito de público y crítica. No podía ser menos, inspirándose como se inspira en don Francisco de Quevedo, principal forjador de los estereotipos territoriales en España. Volveremos a ello, porque lo que viene de lejos tiene vocación de permanencia.

MATRIX

(Publicado en La Vanguardia el 2 de julio de 2013)

Hace tiempo que sigo la regla de no escribir más de una columna por semestre, aquí, sobre infraestructuras, para evitar el encasillamiento. Así voy haciendo si no lo impiden la actualidad o alguna petición razonable de Ramon Aymerich. Por eso ya hace demasiado tiempo que había prometido cintas de vídeo, en el artículo «Sexo, mentiras y cintas de vídeo» (29 de enero). Hay que cumplir la palabra dada, y ha llegado el segundo semestre. Además, muchas cosas han pasado en los últimos días, sobre todo con la alta velocidad: La inauguración completa del Madrid-Alicante, el anuncio del Gobierno francés de que —como no tienen suficiente dinero— no harán en las próximas décadas las líneas de TGV que no estén ya a punto de terminar; la demora sine die incluye Montpellier y Perpiñán y Frontera...

En este contexto, la política del Ministerio de Fomento parece el guión de la película Matrix (1999). En Matrix coexisten dos mundos paralelos, uno de los cuales es una realidad virtual creada por una comunidad de máquinas con grandes poderes. En las infraestructuras en España esta comunidad son las autoridades ministeriales y los escribanos de sus discursos. La última perla ha sido la entrevista a la ministra en uno de los principales diarios económicos: «No hay nada peor que una infraestructura innecesaria» (Cinco Días, 20 de junio de 2013). Esto, dicho por la ministra que aprobó las obras de la autovía Benavente-Zamora, con tramos de menos de 5.000 vehículos día, menos de la mitad de lo recomendado para desdoblar. Y eso cuando circulan muchos vehículos pesados, que no es el caso. Es también la ministra que ahora busca mil millones de euros más vía deuda para seguir extendiendo la red de AVE a Madrid, y que... Ésta es la realidad cotidiana, aunque en el mundo paralelo de la retórica que se ha convertido en políticamente correcta se diga que no hay nada peor que una infraestructura innecesaria.

Pero ¿qué significa necesaria? ¿Necesaria para qué? Es aquí donde nos ayudan los vídeos. Lo que es necesario para la ministra en transporte de mercancías quedó claro en febrero de 2012, cuando intentó volver a poner en el mapa europeo la travesía central de los Pirineos (minuto 32 y 25 segundos de este Singulars: http://www.tv3.cat/videos/4106970). En Europa perdió por 26 a 1. Y lo que es necesario para el transporte de pasajeros lo explica la ministra en el momento 1h 03’ 40 del publirreportaje que TVE dedicó al AVE a los 20 años de su inauguración: «el AVE para todos nos hace iguales» (http://www.rtve.es/ alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-21-04-12/ 1382803/).

De acuerdo, Zamora es la provincia natal de la ministra, y el AVE debe llegar sí o sí, y con máximas prestaciones, a su región política, un poco más al noroeste. ¿Se podría pensar que es maquiavelismo político? Quizá todo es más sencillo; igual la ministra, experta en sanidad y profana en infraestructuras antes de su designación, no entiende lo que le escriben, y confunde vías de tren con hospitales. Es lo que tiene estar en Matrix.

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Notas

1. Amos Oz, How to cure a fanatic [Cómo curar a un fanático], Princeton University Press, Princeton, 2002, p. 57.

2. Véase en http://www.ara.cat/el_radar/Apoyare-Estatuto-zapatero-suport-promesa_3_455384458.html (descargado el 27 de julio de 2013).

3. Véase en http://www.youtube.com/watch?v=9MlCyPy7jJY (descargado el 27 de julio de 2013).

4. Se trata, respectivamente, de Juan José López Burniol, España desde una esquina: Federalismo o autodeterminación, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007; Enric Juliana, La deriva de España. Geografía de un país vigoroso y desorientado, RBA, Barcelona, 2009; y Carles Boix, Cartes Ianquis. Un passeig sense servituds per Catalunya i el món, A Contra Vent Editors, Barcelona, 2012 y Joan Ridao, Catalunya i Espanya, l’encaix imposible, Editorial Proa, Barcelona, 2013.

5. Sin ánimo de exhaustividad, otras reflexiones más recientes, de un tenor diferente y que me parecen de interés son las de Xavier Vidal-Folch, ¿Cataluña independiente?, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2013, y de Antonio Baños, La rebel·lió catalana. Notícia d’una república independent, La Butxaca, Barcelona, 2013.

1. Citado en John H. Elliot, La revolta catalana 1598-1640. Un estudi de la decadència d’Espanya, Vicens Vives, Barcelona, 1966, p. 13. [Versión original en inglés: The revolt of the catalans. A study in the decline of Spain (1598-1640), Cambridge University Press, 1963; trad. en castellano: La rebelión de los catalanes (1598-1640), varias ediciones.]

2. Los datos económicos de este párrafo se han obtenido del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) y de la Encuesta de Población Activa (EPA).

3. Sobre todo en La Vanguardia y en Ebre, y esporádicas en otros medios. Pueden consultarse en: http://www.ub.edu/graap/belpais.htm.

4. Estos datos proceden de las sucesivas oleadas de los barómetros de Opinión Pública realizados por el Centre d’Estudis d’Opinió (Generalitat de Catalunya), que los realiza de forma periódica desde el año 2005. Los estudios se pueden consultar en la página web del CEO: http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages.

5. El término ‘constitucionales’ no hace referencia aquí a la Constitución Española, sino a la constitución política de Cataluña. He tomado la terminología constitucionales de los análisis realizados para Escocia por el Gobierno británico [UK Government. Scotland’s constitutional future (Futuro constitucional de Escocia). Gobierno del Reino Unido, Londres, 2012]. Se utiliza en la literatura sobre el referéndum de Escocia con independencia de la posición del autor. Véase, por ejemplo, Ian McLean, Guy Lodge y Jim Gallagher, Scotland’s Choices: The Referendum and What Happens Afterwards (Las decisiones de Escocia: El referéndum y lo que sucede después), Edinburgh University Press, Edimburgo, 2013.

6. Datos procedentes de las sucesivas oleadas de los barómetros de Opinión Pública del CEO.

7. En mayo de 2013 se dio a conocer el resultado de los barómetros regionales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, Gobierno de España). El correspondiente a Cataluña se basaba en entrevistas realizadas en septiembre y octubre de 2012, y venía a certificar el acceso al primer lugar de la preferencia constitucional por la independencia, que se había registrado por primera vez en junio de 2012 por los barómetros del CEO. El porcentaje de preferencia por la independencia en el barómetro del CIS era similar al del CEO de junio de 2012, e inferior al del CEO de octubre del mismo año.

8. Datos procedentes de las sucesivas oleadas de los barómetros del CIS.

9. Datos procedentes de las sucesivas oleadas de los barómetros de Opinión Pública del CEO.

10. Centro de Investigaciones Sociológicas, encuesta Situación social y política de Cataluña (XVI), 2001.

11. Medios que publicaron este tipo de encuesta en 2012 fueron La Vanguardia, El Periódico, ARA, RAC1 y Telecinco.

12. Rupert Emerson, From empire to nation (De imperio a nación), Harvard University Press, Cambridge (MA), 1960, p. 102.

13. Herbert C. Kelman, «Israelis and Palestinians: Psychological Prerequisites for Mutual Acceptance» (Israelíes y Palestinos: Prerrequisitos psicológicos para la aceptación mutua), International Security, 1978, 3 (1), 162-186 (p. 169).

14. Herbert C. Kelman, «The role of national identity in conflict resolution» (El papel de la identidad nacional en la resolución de conflictos). En Richard D. Ashmore, Lee Jussim y David Wilder (eds.), Social identity, intergroup conflict, and conflict resolution (Identidad social, conflicto intergrupal y resolución de conflictos), Oxford University Press, Nueva York (NY), 2001, pp. 187-212 (p. 194).

15. Herbert C. Kelman, «Israelis and Palestinians…», p. 170.

16. Ésta es la traducción operativa de la definición de Emerson por parte de Henri Tajfel. «Individual behaviour and intergroup behaviour» (Comportamiento individual y comportamiento intergrupal). En Henri Tajfel (ed.), Differentiation between social groups. Studies in social psychology of intergroup relations (Diferenciación entre grupos sociales. Estudios en psicología social de relaciones intergrupales), London Academic Press, Londres, 1978, pp. 28-60 (p. 29).

17. Sentencia del Tribunal Constitucional, Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad, BOE de 16 de julio de 2010, n.º 172, p. 273.

18. Datos procedentes de las sucesivas oleadas de los barómetros de Opinión Pública del CEO.

19. María Ros, Carmen Huici y Ángel Gómez, «Comparative identity, category salience and intergroup relations» (Identidad comparativa, saliencia de categoría y relaciones intergrupales). En Dora Capoza y Rupert Brown (eds.), Social identity processes (Procesos de identidad social), Sage Publications, Londres, 2000, pp. 81-95 (pp. 81-82).

20. Véase también Camilla Matera, Marco Giannini, Amalio Blanco y Peter B. Smith, «Autostereotyping and National Identity in The Spanish Context» («Autoestereotipación e identidad nacional en el contexto español»), Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 2005, 39 (1), 83-92.

21. María Ros, Carmen Huici y Ángel Gómez. «Comparative identity…», pp. 81-82.

22. Datos procedentes de las sucesivas oleadas de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, del Gobierno de España.

23. Véase, por ejemplo, El País, 2 de octubre de 2012.

24. Francesc Vallès, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, año 2012, n.º 64 (10 de octubre), p. 20.

25. José Ignacio Wert, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, año 2012, n.º 64 (10 de octubre), p. 21.

26. Jordi Muñoz y Raül Tormos, Identitat o càlculs instrumentals? Anàlisi dels factors explicatius del suport a la independència, Papers de Treball del Centre d’Estudis d’Opinió, Barcelona, abril de 2012.

27. Sebastià Prat i Guilanyà, El suport a la independència de Catalunya. Anàlisi de canvis i tendències en el període 2005-2012, Papers de Treball del Centre d’Estudis d’Opinió, Barcelona, noviembre de 2012.

28. Jordi Muñoz y Raül Tormos, Identitat o càlculs instrumentals?, Papers de Treball del Centre d’Estudis d’Opinió, Barcelona, abril de 2012, pp. 17-21.

29. Sebastià Prat i Guilanyà, El suport a la independència, Centre d’Estudis d’Opinió, Barcelona, noviembre de 2012, p. 21.

30. Roger Civit i Carbonell, Anàlisi dels efectes de l’edat, la generació i el període en el suport a la independència de Catalunya 1991-2011, Institut de Ciències Polítiques i Socials (Universitat Autònoma de Barcelona)-WP n.º 312, Bellaterra, 2013.

31. Ibid., p. 17.

32. Montserrat Guibernau, The Identity of Nations, Polity Press, Cambridge, 2007, p. 11. [Trad. cast.: La identidad de las naciones, Ariel, Barcelona, 2009; trad. cat.: La identitat de les nacions, Deria, Barcelona, 2010.]

33. Michael Billig, Banal Nationalism (Nacionalismo banal), Sage Publications, Londres, 1995, p. 7. [Trad. cat.: Nacionalisme Banal, Editorial Afers, Catarroja, 2006.]

34. Michael Billig, op. cit.

35. Entre ellos destacan Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981, e Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las autonomías, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1996.

36. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes y estereotipos…, p. 28.

37. José Ignacio Wert, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, año 2012, n.º 64 (10 de octubre), p. 21.

38. Se trata de Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en declaraciones realizadas a raíz de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el 17 de mayo de 2013. Las declaraciones fueron recogidas por Europa Press: http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-cospedal-apoya-lomce-papel-docentes-ensenar-futuras-generaciones-querer-defender-pais-20130517131722.html (descargado el 17 de mayo de 2013).

39. Ran R. Hassin, Melissa J. Ferguson, Rasha Kardosh, Shanette C. Porter, Travis J. Carter, y Veronika Dudarevac, «Précis of implicit nationalism» (Compendio de nacionalismo implícito), Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, 1167, 135-145.

40. Diario de Mallorca: http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/06/01/aguirre-alaiorel-pp-unico-partido-autenticamentenacional/849938.html (descargado el 2 de junio de 2013). La cursiva es mía.

41. John Rawls, A Theory of Justice, Belknap, Cambridge (MA), 1971. Rawls define el principio de mejorar la situación del que está peor como prioritario en términos de justicia. Los defensores del Estado-nación existente encapsulan la solidaridad dentro de su comunidad nacional, su ‘nación’. Por tanto, hacen exactamente lo mismo de lo que acusan a los soberanistas subestatales.

42. Herbert C. Kelman, «Israelis and Palestinians…», p. 170.

43. Stanislav J. Kirschbaum, A history of Slovakia. The struggle for survival (Una historia de Eslovaquia. La lucha por la supervivencia), St. Martin’s Griffin, Nueva York (NY), 1995 (ed. 1996), p. 260.

44. Véase www.telemadrid.es/programas/zoom-telemadrid-/laimposicion-y-perversion-del-lenguaje.

45. Se trata de María de los Llanos de Luna Tobarra, delegada del Gobierno central en Cataluña, que había sido diputada autonómica del Partido Popular hasta su nombramiento para aquella responsabilidad: http://www.lavanguardia.com/politica/20130516/ 54374144592/polemica-entre-llanos-luna-miembro-hermandad-division-azul.html (descargado el 17 de mayo de 2013). Esta información no trascendió públicamente hasta el día 16 de mayo, día después del debate en las Cortes Valencianas. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/catalunya/1368708685_692728.html (descargado el 17 de mayo de 2013).

46. No merece la pena mencionar en cuerpo de texto a algunos anteriores altos responsables gubernamentales de la Comunidad de Extremadura y de la ciudad de Coruña, que parecen tener dificultades en asimilar su paso a una situación de menor popularidad. En una escala menor, pero también criticable, se encuentran los esporádicos y regularmente distribuidos por la geografía, incluida Cataluña, calentones retóricos en campañas electorales, por los que a menudo sus autores han de matizar el sentido de sus palabras o excusarse por ellas.

47. Mark Thompson, Forging War. The Media in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina (Forjando guerra. Los medios de comunicación en Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina), Article 19, International Center Against Censorship, Avon, 1994. Article 19 es un organismo no gubernamental con estatus de centro consultor del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. http://www.article19.org/.

48. Branko Milinković, Vojin Dimitrijević, Ivan Čolović, Branka Mihajlović, Lolas Stamenković, Biljana Kovačević Vučo, Georgije Marić, Vladimir Derić, Elena Popović, Vladimir Badovinac, y Spasa Bošnjak, Hate Speech: An analysis of the contents of the domestic media in the first part of 1993 (El discurso del odio: Un análisis de los contenidos de los medios de comunicación domésticos en la primera parte de 1993), Center for Antiwar Action, Belgrado, 1994, p. 9.

1. Henri Tajfel, «Individual behaviour and intergroup behaviour» (Conducta individual y conducta intergrupal). En Henri Tajfel (ed.), Differentiation between social groups…, pp. 28-60 (p. 29).

2. Henri Tajfel, «Social categorization, social identity and social comparison» (Categorización social, identidad social y comparación social). En Henri Tajfel (ed.), Differentiation between social groups…, pp. 61-76 (p. 63).

3. John C. Turner y Howard Giles, «Introduction; The social psychology of intergroup behavior» (Introducción: La psicología social de la conducta intergrupal). En John Turner, y Howard Giles (eds.), Intergroup behavior (Conducta intergrupal), The University of Chicago Press, Chicago (IL), 1981, p. 1-32 (p. 24).

4. Ibid., p. 27.

5. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications. A social psychology of intergroup relations and group processes (Identificaciones sociales. Una psicología social de las relaciones entre grupos y de los procesos intergrupales), Routledge, Londres, 1988, p. 2.

6. Darío Páez, «Relaciones intergrupales». En Darío Páez, Itziar Fernández, Silvia Ubillos y Elena Zubieta (eds.), Psicología social, cultura y educación, Pearson Educación, Madrid, 2004, pp. 752-769 (p. 752).

7. Allport, Gordon W., The nature of prejudice (La naturaleza del prejuicio), 1954 (2.ª ed., Doubleday Anchor Books, Garden City, Nueva York, 1958, p. 166).

8. Henri Tajfel, M. G. Billig, R. P. Bundy y Claude Flament, «Social categorization and intergroup behaviour» (Categorización social y conducta intergrupal), European Journal of Social Psychology, 1971, 1(2), 149-178.

9. Vincent Yzerbyt y Steve Rocher, «Subjective essentialism and the emergence of stereotypes» (Esencialismo subjetivo y la emergencia de estereotipos). En Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears (eds.), Stereotypes as explanations. The formation of meaningful beliefs about social groups (Estereotipos como explicaciones. La formación de creencias sustantivas sobre grupos sociales), Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 38-66 (p. 65).

10. Henri Tajfel, «Cognitive aspects of prejudice» (Aspectos cognitivos del prejuicio), Journal of Social Issues, 1969, 25 (4), 79-97; Henri Tajfel y A. L. Wilkes, «Classification and quantitative judgement» (Clasificación y enjuiciamiento cuantitativo), British Journal of Psychology, 1963, 54 (2), 101-114; Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 21.

11. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 23.

12. Willem Doise, Groups and individuals. Explanations in social psychology (Grupos e individuos. Explicaciones en psicología social), Cambridge University Press, Cambridge, 1978.

13. John C. Turner, «The experimental social psychology of intergroup behavior» (La psicología social experimental de la conducta intergrupal). En John Turner y Howard Giles (eds.), Intergroup behavior…, pp. 66-101 (p. 82).

14. Henri Tajfel, M. G Billig, R. P Bundy y Claude Flament, «Social categorization… (p. 172); Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 23.

15. Henri Tajfel, «Cognitive aspects…», p. 177.

16. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 65.

17. Darío Páez, «Relaciones intergrupales…», p. 760.

18. Henri Tajfel, «Social stereotypes and social groups» (Estereotipos sociales y grupos sociales). En John Turner y Howard Giles (eds.), Intergroup behavior, pp. 144-167.

19. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 74.

20. Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears, «Social, cultural and cognitive factors in stereotype formation» («Factores sociales, culturales y cognitivos en la formación de estereotipos»). En Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears (eds.), Stereotypes as explanations…, pp. 2-12.

21. Por eso, han sido también definidos como predicciones de probabilidad respecto a las características que distinguen a unas categorías de personas de otras [Clark McCauley, Christopher L. Stitt y Mary Segal, «Stereotyping: From prejudice to prediction» (Estereotipar: Del prejuicio a la predicción), Psychological Bulletin, 1980, 87 (1), 195-215 (pp. 197-198)].

22. Patricia M. Brown y John C. Turner, «The role of theories in the formation of stereotype content» («El papel de las teorías en la formación del contenido de los estereotipos»). En Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears (eds.), Stereotypes as explanations…, pp. 67-89 (p. 70).

23. Russell Spears, «Four degrees of stereotype formation: differentiation by any means necessary» («Cuatro grados de formación de estereotipos: diferenciación por cualquier medio necesario»). En Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears (eds.), Stereotypes as explanations…, pp. 127-156.

24. S. Alexander Haslam, John C. Turner, Penelope J. Oakes, Katherine J. Reynolds y Bertjan Doosje, «From personal pictures in the head to collective tools in the world: how shared stereotypes allow groups to represent and change social reality» («De imágenes personales en la cabeza a instrumentos colectivos en el mundo: Cómo los estereotipos compartidos permiten a los grupos representar y cambiar la realidad social»). En Craig McGarty, Vincent Y. Yzerbyt y Russell Spears (eds.), Stereotypes as explanations…, pp. 157-185 (p. 167).

25. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 80.

26. Walter Lippmann, Public Opinion (Opinión Pública), McMillan Company, Nueva York (NY), 1922, p. 119.

27. En las democracias occidentales, las personas que sostienen estereotipos extremos e impertinentes puede que no superen el 10 por ciento, de acuerdo con algunas estimaciones. Pero esa fracción del 10 por ciento es peligrosa, porque configura el conocimiento común sobre sesgos intergrupales [Susan T. Fiske y Shelley E. Taylor, Social cognition. From brains to culture (Cognición social. De los cerebros a la cultura), Sage Publications, Londres, 2013].

28. Henri Tajfel, «Cognitive aspects…», p. 181.

29. Desde el estudio seminal de Daniel Katz y Kenneth Braly, «Racial stereotypes of one hundred college students» («Estereotipos raciales de cien estudiantes de Universidad»), Journal of Abnormal and Social Psychology, 1933, 28 (3), 280-290.

30. José Luis, Sangrador García, Identidades, actitudes y estereotipos en la España de las autonomías, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1996.

31. Tras el primero, también de Sangrador García, realizado con una muestra interregional obtenida entre 1978 y 1979, y publicado en 1981: José Luis Sangrador García, Estereotipos de las nacionalidades y regiones de España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981.

32. En el estudio se usa el término técnico ‘grupos étnicos’. Este término es habitual en la investigación en psicología social, e indica «un conjunto de personas con una identidad cultural compartida y una conciencia de pertenencia común», José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 24.

33. Ibid., p. 63. También se usan algunas preguntas para explicar los resultados obtenidos. Para nuestro propósito el porqué tiene menos interés que el qué, por lo que les prestamos una atención más marginal.

34. Ibid., p. 72.

35. Ibid., p. 71. Énfasis del propio autor.

36. Cómputo realizado a partir de los datos en ibid., pp. 82-84. Si se incluye a los catalanes, el índice de rechazo sería del 49 por ciento, porque los catalanes se rechazan muy poco a ellos mismos como compañeros de trabajo, como era de esperar.

37. Ibid., p. 84. Énfasis del propio autor.

38. Ibid., p. 76. Énfasis del propio autor.

39. Federico Javaloy, J. Manuel Cornejo y Albert Bechini, España vista desde Cataluña. Estereotipos étnicos en una comunidad plural, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1990. Existe otro estudio en Cataluña, el de Andrés Barrera González, La dialéctica de la identidad en Cataluña. Un estudio de antropología social, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1985. Es anterior al de Javaloy, Cornejo y Bechini, muy poco representativo como muestra, y menos comparable con los estudios revisados por su metodología.

40. Federico Javaloy, J. Manuel Cornejo y Albert Bechini, España vista desde Cataluña…, p. 297.

41. Fernando Chacón Fuertes, «Estereotipos regionales de los madrileños», Papeles del Psicólogo, 1986, 4 (25), 23-30.

42. María Soledad Rodríguez, José Manuel Sabucedo y Constantino Arce, «Estereotipos regionales y nacionales: del conocimiento individual a la sociedad pensante», Revista de Psicología Social, 1991, 6 (1), 7-21.

43. R. Rodríguez y M. C. Moya, «España vista desde Andalucía. Estereotipos o e identidad», Psicología Política, 1998, 16, 27-48.

44. Ibid., p. 41. El énfasis es mío.

45. Enric Ramiro, «Un país de tòpics (Els adolescents valencians i els estereotips comunitaris de l’estat)», en Vicent Martines (coord.), Patrícia Alberola, Josep M. Baldaquí, Vicent Beltran, Joan Borja, Vicent Brotons, M. Antònia Cano, Héctor Gonzàlvez, Josep Martines, Sandra Montserrat, Miquel Nicolàs i Carles Segura (eds.), Llengua, societat i ensenyament, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant 2003, volumen III, 5-34.

46. Anna Zlobina, «Estereotipos nacionales y regionales en Europa y España». En Darío Páez, Itziar Fernández, Silvia Ubillos y Elena Zubieta (eds.), Psicología, social, cultura y educación, Pearson Educación, Madrid, 2004, pp. 776-789. Además de los grupos mencionados también se preguntaba por ‘gitanos’, grupo que no resulta de interés aquí.

47. Juan Montabes Pereira, Carmen Ortega Villodres, Inmaculada Szmolka Vida, Óscar García Luengo, Enrique Pérez Nieto, Rafael Vázquez García, Ángel Cazorla Martín, Ángel V. González Martos, Esperanza Estévez Toledo, Carmen Martín-Lagos Guerrero, Continuidades y cambios en los estereotipos y autopercepciones de los andaluces en los inicios del siglo XXI, Centro de Estudios Andaluces (Junta de Andalucía), Sevilla, 2007.

48. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 125.

49. Ibid., pp. 90 y 125; Juan Montabes Pereira y otros, Continuidades y cambios…, p. 51.

50. José Luis Sangrador García, Estereotipos…

51. Francisco Rodríguez Sanabra, «Estereotipos regionales españoles», Revista de Psicología General y Aplicada, 1963, 68-69, 763-771.

52. Francisco Rodríguez Sanabra, «Estereotipos…», p. 769.

53. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 144.

54. Tajfel, Henri, «Social stereotypes…», p. 113.

55. Por ejemplo, Francisco Rodríguez Sanabra, «Estereotipos regionales…»; Fernando Chacón Fuertes,«Estereotipos regionales…»; María Ros, J. Ignacio Cano y Carmen Huici, «Language and Intergroup Perception in Spain» (Lenguaje y percepción intergrupal en España), Journal of Language and Social Psychology, 1987, 6 (3/4), 243-259; Anna Zlobina, «Estereotipos nacionales…».

56. Darío Páez, «Relaciones intergrupales», p. 758. Véase también Verónica Betancor, Amando Rodríguez, Ramón Rodríguez, Jacques-Philippe Leyens y María Nieves Quiles, «El efecto del estatus en la atribución de las dimensiones estereotípicas de sociabilidad y competencia», Psicothema, 2005, 17 (2), 297-302.

57. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 123. Conclusiones idénticas se formulan en María Soledad Rodríguez, José Manuel Sabucedo y Constantino Arce, «Estereotipos regionales…», pp. 12-14, y en María Ros, J. Ignacio Cano y Carmen Huici, «Language and Intergroup…», p. 254.

58. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 141. Énfasis del propio autor.

59. Ibid., p. 125. Énfasis del propio autor.

60. Ibid., p. 125.

61. Muzafer Sherif, Group conflict and co-operation (Conflicto de grupos y cooperación), Routledge and Kegan Paul, Londres, 1967.

62. Véase http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/ 06/19/pp-dice-valenciano-viene-siglo-vi-cristo-exige-rae-revise-definicion/1008633.html (descargado el 19 de junio de 2013).

63. Jenessa R., Shapiro, «Types of threats. From stereotype threat to stereotype threats» («Tipos de amenaza. De la amenaza del estereotipo a las amenazas del estereotipo»). En Michael Inzlicht y Toni Schmader (eds.), Stereotype threat. Theory, process and application (Amenaza del estereotipo. Teoría, proceso y aplicaciones), Oxford University Press, Nueva York (NY), 2012, pp. 71-88 (p. 71).

64. Laura J. Kray y Aiwa Shirako, «Stereotype threat in organizations. An examination of its scope, triggers, and possible interventions» («Amenaza del estereotipo en organizaciones. Un examen de su alcance, impulsores y posibles intervenciones»). En Michael Inzlicht y Toni Schmader (eds.), Stereotype threat…, pp. 173-187 (p. 175).

65. Lee Jussim, Richard D. Ashmore, y David Wilder, «Introduction. Social identity and intergroup conflict» (Introducción. Identidad social y conflicto intergupal). En Richard D. Ashmore, Lee Jussim y David Wilder (eds.), Social Identity…, pp. 3-14 (p. 8).

66. Toni Schmader y Sian Beilock, «An integration of processes that underlie stereotype threat» («Una integración de los procesos que subyacen en la amenaza del estereotipo». En Michael Inzlicht y Toni Schmader (eds.), Stereotype threat…, pp. 34-50 (p. 38).

67. Robert A. Le Vine y Donald T. Campbell, Ethnocentrism (Etnocentrismo), John Wiley & Sons, Nueva York (NY), 1972, pp. 30-31.

68. Clark McCauley, Christopher L. Stitt y Mary Segal, «Stereotyping: From prejudice to prediction» (Estereotipar: Del prejuicio a la predicción), Psychological Bulletin, 1980, 87 (1), 195-215 (p. 204).

69. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 90.

70. Stangor, Charles y James E. Lange, «Mental representation of social groups: advances in understanding stereotypes and stereotyping» («Representación mental de grupos sociales: Avances en la comprensión de los estereotipos y la estereotipación»), Advances in Experimental Social Psychology, 1994, 26, 357-416.

71. José Luis Sangrador García, Identidades, actitudes…, p. 99.

72. Vincent Yzerbyt y Steve Rocher, «Subjective essentialism…», p. 53.

73. Pierre Vilar, La Catalogne dans l’Espagne moderne : recherches sur les fondements économiques des structures nationales (Cataluña en la España moderna: Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las estructuras nacionales), SEVPEN, París, 1962 (existen varias traducciones al castellano y al catalán).

74. Charles Tilly, «Food supply and public order in Modern Europe» («Provisión de comida y orden público en la Europa Moderna»). En Charles Tilly (ed.), The formation of National states in Western Europe (La formación de los Estados nacionales en Europa Occidental), Princeton University Press, Princeton NJ), 1975, pp. 380-455 (p. 450).

75. Stein Rokkan, «Dimensions of state formation and nationbuilding: A possible paradigm for research on variations within Europe» («Dimensiones de la formación de Estados y de la construcción nacional: Un posible paradigma para investigar variaciones dentro de Europa»). En Charles Tilly (ed.), The formation…, pp. 562-600 (p. 590).

76. John H. Elliot, ibid. John H. Elliot, The Count-Duke of Olivares. Yale University Press, New Haven (CT), 1986. [Trad. cast.: El Conde-Duque de Olivares, varias ediciones.]

77. María Soledad Arredondo, «Armas de papel. Quevedo y sus contemporáneos ante la guerra de Cataluña», La Perinola. Revista de Investigación Quevediana, 1998, 2, 117-151 (p. 133).

78. Gregorio Marañón, El Conde-Duque de Olivares, Espasa Calpe, Madrid, 1936 (1956), p. 107.

79. Francisco de Quevedo, La rebelión de Barcelona ni es por el güevo ni es por el fuero, 1641 (reimpreso en Obras de don Francisco de Quevedo Villegas, Colección Completa, tomo 1, 2.ª ed., M. Rivadeneyra, Madrid, 1859, 1.ª ed. 1850), pp. 281-286 (p. 284).

80. María Soledad Arredondo, op. cit., p. 131.

81. Susan T. Fiske, «From dehumanization and objectification to rehumanization. Neuroimagining studies on buildings blocks of empathy» (De la deshumanización y la objetificación a la rehumanización. Estudios de neuroimagen sobre la construcción de bloques de empatía), Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, 1167, 31-40 (p. 33). Este artículo forma parte de un número especial de esta revista con muchos artículos de interés. Sus editores invitados son Scott Atran, Arcadi Navarro, Kevin Ochsner, Adolf Tobeña y Óscar Vilarroya.

82. Francisco de Quevedo, La rebelión de Barcelona…, p. 284. El énfasis es mío.

83. Citado en María Soledad Arredondo, op.cit., p. 136.

84. Michael A. Hogg y Dominic Abrams, Social identifications…, p. 31.

1. David Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 139.

2. David Ringrose, «Madrid, capital imperial (1561-1833)», en Santos Juliá, David Ringrose y Cristina Segura, Madrid. Historia de una capital, Madrid, Alianza Editorial, 1994 (ed. 2000), pp. 153-314 (p. 296).

3. John H. Elliott, La España Imperial 1469-1716, CL y Vicens Vives, Barcelona, 1996 (1ª. ed. en inglés, Edward Arnold Publishers, Londres, 1963), p. 306.

4. Muzafer Sherif, Group conflict…, p. 22.

5. Lee Jussim, Richard D. Ashmore y David Wilder, «Introduction. Social identity…», p. 6.

6. James G. March y Herbert A. Simon, Organizations (Organizaciones), John Wiley & Sons, Nueva York (NY), 1958 (3.ª ed. 1961), p. 6.

7. José Ortega y Gasset, España invertebrada, 1921 (2.ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 1967, pp. 36-37).

8. Henry Mintzberg, Power in and around organizations (Poder en y alrededor de las organizaciones), Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), 1983.

9. En Europa, los Estados escandinavos y los del centro-norte continental (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica…) parecen responder a este patrón.

10. Linnda R. Caporael, «The evolution of truly social cognition: The core configurations model» (La evolución del conocimiento social verdadero: El modelo de configuraciones cruciales), Personality and Social Psychology Review, 1997, 1 (4), 276-298.

11. Marilynn B. Brewer, «Superordinate goals versus superordinate identity as bases of intergroup cooperation» (Objetivos de orden superior versus identidad de orden superior como bases de la cooperación entre grupos). En Dora Capoza y Rupert Brown (eds.), Social identity processes, Sage Publications, Londres, 2000, pp. 117-132 (p. 122).

12. Bar Noteboom y Frédérique Six, «Introduction» («Introducción»). En Bar Noteboom y Frédérique Six (eds.), The trust process in organizations (El proceso de confianza en las organizaciones), Edward Elgar, Cheltenham, 2003, pp. 1-15 (p. 1).

13. Robert D. Putnam,Bowling alone: The collapse and revival of American community (Jugando solo a los bolos: el colapso y recuperación de la comunidad estadounidense), Simon & Schuster, Nueva York, 2000, p. 134.

14. Marilynn B. Brewer, «Superordinate goals…», p. 122.

15. Marilynn B. Brewer, Intergroup identification and intergroup conflict. When does ingroup love become outgroup hate? (Identificación intergrupal y conflicto intergrupal. ¿Cuándo el amor al propio grupo se transforma en odio al exogrupo?). En Richard D. Ashmore, Lee Jussim y David Wilder (eds.), Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Reduction (Identidad social, conflicto entre grupos y reducción del conflicto), Oxford University Press, Nueva York (NY), 2001, pp. 17-41 (pp. 29-30).

16. Ibid., p. 23.

17. Ibid., p. 30.

18. http://elpais.com/diario/1999/01/13/cvalenciana/916258689_850215.html (descargado el 15 de junio de 2013).

19. http://www.youtube.com/watch?v=eEkqRmUXIiw (descargado el 15 de junio de 2013). Es interesante observar que estos mismos líderes políticos habían encabezado una campaña de recogida de firmas contra la reforma del Estatuto de Cataluña. La campaña se inició en febrero de 2006 y tuvo una gran acogida popular en toda España. En Cataluña no, por razones obvias: «Écheme una firmita contra Cataluña» fue el eslogan peticionario que hizo más furor en el trabajo de campo, como han acreditado numerosas fuentes por experiencia directa.

20. John C. Turner, «The experimental social psychology of intergroup behavior» («La psicología social experimental de la conducta intergrupal»). En John Turner y Howard Giles (eds.), Intergroup behavior (Comportamiento intergrupal), University of Chicago Press, Chicago, 1981, pp. 66-101 (p. 68).

21. Ibid., p. 85.

22. Stephen Worchel, «Co-operation and the reduction of intergroup conflict: some determining factors» («Cooperación y la reducción del conflicto intergrupal: algunos factores determinantes»). En William G. Austin y Stephen Worchel (eds.), The social psychology of intergroup relations (La psicología social de las relaciones intergrupales), Brooks/Cole, Monterrey (CA), 1979, pp. 262-273.

23. Roger C. Mayer y James H. Davis, «The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment», Journal of Applied Psychology, 1999, 84 (1), 123-136 (p. 124).

24. Rusell Hardin, «Conceptions and explanations of trust» (Concepto y explicaciones de la confianza). En Karen J. Cook. (ed.), Trust in society (Confianza en la sociedad), Russell Sage Foundation, Nueva York (NY), 2001, pp. 3-39 (p. 25).

25. Carol A. Heimer, «Solving the problema of trust» («Resolviendo el problema de la confianza»). En Karen J. Cook. (ed.), Trust…, pp. 40-88 (p. 43).

26. Benoit Hardy-Vallée, «Decision-making: A neuroeconomic perspective» («Toma de decisiones: Una perspectiva neuroeconómica»), Philosophy Compass, 2007, 2 (6), 939-953 (p. 946).

27. Paul J. Zak, Karla Borja, William T. Matzner y Robert Kurzban, «The neuroeconomics of distrust: Sex differences in behavior and physiology» («La neuroeconomía de la desconfianza: Diferencias de género en conducta y fisiología»), American Economic Review, 2005, 95 (2), 360-363 (p. 360).

28. David de Cremer y Tom R. Tyler, «The effects of trust in authority and procedural fairness on cooperation» («Los efectos de la confianza en la autoridad y la justicia procedimental sobre la cooperación»), Journal of Applied Psychology, 2007, 92 (3), 639-649 (p. 639).

29. Paul J. Zak y Stephen Knack, «Trust and growth» («Confianza y crecimiento»), Economic Journal, 2001, 111 (470), 295-321 (pp. 296-297).

30. Robert D. Putnam, Making democracy work: Civic traditions in modern Italy (Haciendo funcionar la democracia: Tradiciones cívicas en la Italia moderna), Princeton University Press, Princeton (NJ), 1993.

31. Kenneth Arrow, The limits of organization (Los límites de la organización), Norton, Nueva York (NY), 1974, p. 26.

32. Robert Axelrod, The evolution of cooperation (La evolución de la cooperación), Basic Books, Nueva York (NY), 1984, pp. 3-4.

33. C. Daniel Batson & Nadia Y. Ahmad, «Using empathy to improve intergroup attitudes and relations» («Usando la empatía para mejorar las actitudes y relaciones entre grupos»), Social Issues and Policy Review, 2009, 3 (1), 141-177 (p. 148).

34. Carrie L. Masten, Cari Gillen-O’Neel y Christia S. Brown, «Children’s intergroup empathic processing: The roles of novel ingroup identification, situational distress, and social anxiety» («Procesamiento empático intergrupal de los niños: Los papeles de la identificación novel de ingrupo, la distorsión situacional, y la ansiedad social»), Journal of Experimental Child Psychology, 2010, 106 (2/3), 115-128 (p. 125).

35. Mina Cikara, Émile G. Bruneau, y Rebecca R. Saxe, «Us and them: Intergroup failures of empathy» («Nosotros y ellos: Fracasos intergrupales de la empatía»), Current Directions in Psychological Science, 2011, 20 (3) 149-153 (p. 150).

36. Richard H. Smith, Caitlin A. J. Powell, David J. Y. Combs, y David R. Schurtz, «Exploring the when and why of Schadenfreude» («Explorando el cuándo y el porqué del regocijo con el daño de otros»), Social and Personality Psychology Compass, 2009, 3 (4), 530-546.

37. Paul J. Zak y Jacek Kugler, «Neuroeconomics and international studies: A new understanding of trust» («Neuroeconomía y estudios internacionales: Una nueva comprensión de la confianza»), International Studies Perspectives, 2011, 12 (2), 136-152 (p. 142).

38. Ibid., p. 143.

39. Paul J. Zak, Robert Kurzban y William T. Matzner, «The neurobiology of trust» («La neurobiología de la confianza»), Annals of the New York Academy of Sciences, 2004, 1032, 224-227 (p. 227).

40. Jorge A. Barraza y Paul J. Zack, «Empathy towards strangers triggers oxytocin release and subsequent generosity» («La empatía hacia extraños promueve la emisión de oxitocina y la generosidad subsiguiente»), Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, 167, 182-189 (p. 188).

41. Moïra Mikolajczak, James J. Gross, Anthony Lane, Olivier Corneille, Philippe de Timary y Olivier Luminet, «Oxytocin makes people trusting, not gullible» («La oxitocina hace confiada a la gente, pero no crédula»), Psychological Science, 2010, 21 (8), 1072-1074 (p. 1073).

42. Paul J. Zak y Jacek Kugler, «Neuroeconomics…», p. 143.

43. Jorge A. Barraza y Paul J. Zack, «Empathy…», p. 188.

44. El argumento era claro: igual que ser alto cargo del Ministerio de Sanidad no da experiencia de cirujano, ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, no confiere experiencia en la carrera judicial.

45. Véase, El País de 7 de junio de 2013: http://politica.elpais.com/ politica/2013/06/07/actualidad/1370607260_574200.html (descargado el 15 de junio de 2013).

46. Nuno Garoupa, Fernando Gómez-Pomar y Veronica Grembi, «Judging under political pressure: An empirical analysis of constitutional review voting in the Spanish Constitutional Court» («Juzgando bajo presión política: Un análisis empírico de los votos en recursos de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional de España»), Journal of Law, Economics and Organization, 2013, 29 (3), 513-534, (p. 530).

47. Véase un relato, por ejemplo, en Jordi Pujol, El caminant davant del congost. Quan tot és difícil. I necessari, Editorial Proa, Barcelona, 2012, pp. 22 y ss.

48. «Anson: La confesión», entrevista a Luis María Anson en el semanario El Tiempo, 23 de febrero de 1998. Este número fue el más vendido de la historia del semanario.

49. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ abc/1993/09/12/001.html (descargado el 15 de junio de 2013).

50. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ abc/1993/10/22/001.html (descargado el 15 de junio de 2013).

51. Que ya se había expresado de forma implícita en escritos como el de Pasqual Maragall, «Madrid se va», El País, 27 de febrero de 2001.

52. Robert D. Putnam, Making democracy work…

53. Albert O. Hirschman, Exit, voice and loyalty. Responses to decline in firms, organizations, and states (Salida, voz y lealtad. Respuestas al declive de las empresas, organizaciones y Estados), Harvard University Press, Cambridge (MA), 1970.

54. Por ejemplo, Albert O. Hirschman, «Exit, Voice, and the State» («Salida, voz y el Estado»), World Politics, 1978, 31 (1), 90-107; o Samuel E. Finer, «State-building, state boundaries and border control: An essay on certain aspects of the first phase of state-building in western europe, considered in the light of the Rokkan-Hirschman model» («construcción estatal, fronteras estatales y control de fronteras: Un ensayo sobre ciertos aspectos de la primera fase de construcción estatal en Europa Occidental, considerados a la luz del modelo Rokkan-Hirschman»), Social Science Information, 1974, XIII (agosto-octubre), 79-126.

55. En este sentido, los patrones de globalización y democratización en las últimas décadas han aumentado las ventajas de los Estados pequeños. Véase Alberto Alesina y Enrico Spolaore, The Size of Nations, MIT Press, Cambridge (MA), 2003. [Trad. cat.: La mida de les nacions, Lid editorial, Barcelona, 2008.]

56. Albert O. Hirschman, «Some uses of the exit-voice approach: Discussion» («Algunos usos del enfoque de la salida-voz: Discusión»), American Economic Review, 1976, 66 (2, p&p), 386-389 (p. 388).

57. Karol Skalnik Leff, The Czech and Slovak republics. Nation versus state (Las repúblicas checa y eslovaca. Nación versus Estado), Westview Press, Boulder (CO), 1997, p. 138.

58. Veinte años después: Desde 1993, el PIB pc checo ha crecido de 3.200 a 14.500 euros, el 350 por ciento. En 2000, su PIB pc (PPA) era el 71 por ciento de la UE; en 2011 llegó al 80 por ciento. El PIB pc eslovaco ha crecido de 2.100 a 13.200 euros, el 530 por ciento. En 2000 su PIB pc (PPA) era el 50 por ciento de la UE; en 2011 llegó al 73 por ciento. Eslovaquia es el segundo socio comercial de Chequia; y Chequia el segundo socio comercial de Eslovaquia, muy cerca de Alemania, mayor socio de ambos. Ambos países están en la UE. Eslovaquia es miembro del euro; Chequia, no. Ni en Chequia ni en Eslovaquia hay propuestas para reunificarse en un solo Estado. Datos de PIB pc de countryeconomy.com. Datos de PIB pc (en PPA) en base UE = 100 de Eurostat. Datos de comercio exterior, de The Observatory of Economic Complexity, MIT y Harvard U.

59. Stanislav J. Kirschbaum, A History of Slovakia…, p. 271.

60. Karol Skalnik Leff, The Czech and Slovak republics…, p. 142. El énfasis es mío.

61. Jaume Vicens Vives, Noticia de Cataluña, Editorial Destino, Barcelona, 2012 (1.ª ed. 1954).

1. Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2010. Educación Secundaria Obligatoria. Segundo curso, Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación, Madrid, 2011: http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/informe-egd-2010.pdf?documentId= 0901e72b80d5ad3e (descargado el 14 de julio de 2013).

2. Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto Curso, Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación, Madrid, 2010: http://www.mecd.gob.es/ dctm/ievaluacion/evaluaciongeneraldiagnostico/pdf-completo-informe-egd-2009.pdf?documentId=0901e72b8015e34e (descargado el 15 de julio de 2013).

3. La metodología general de la evaluación puede consultarse en Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2009. Marco de la evaluación, Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación, Madrid, 2009: http://www.mecd.gob.es/dctm/ ievaluacion/evaluaciongeneraldiagnostico/egd-2009-marco-evaluacion.pdf?documentId=0901e72b8044a2e5 (descargado el 15 de julio de 2013).

4. En entrevista en Catalunya Ràdio, don Francisco Caja se niega a dejar copia (incluso facilitar el título) del informe en ‘alemán’ en que basa su ‘estudio’ que concluye que los déficits fiscales son mayores en Alemania que en España. Pero la toma de imágenes de la entrevista fija unos segundos la portada del documento ‘en alemán’, a partir del minuto 2’ 37’’: http://www.youtube.com/watch?v=ucID_k1jZdA (descargado el 15 de julio de 2013), A partir del título en pantalla, Alberto Antorán —profesor de la UB—, obtuvo el documento, que puede consultarse en http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/ publication_summary1439_en. htm. Resulta que el documento analiza transferencias financieras globales (públicas y privadas) a los Lander del Este y, como dice su autor (literalmente, p. 3), «el método no permite calcular que parte de las transferencias es respectivamente impuesta por el Gobierno o voluntaria, por ejemplo, un occidental invirtiendo en propiedades inmobiliarias del Este». El desenlace del episodio puede verse/oírse en http://www.catradio.cat/audio/623672/ Els-estudis-i-els-informes-que-cita-el-senyor-Caja-senzillament-no-existeixen y en http://www.youtube.com/watch?v=rFM8XY1Cwiw (todos los enlaces descargados el 15 de julio de 2013).

5. Ministerio de Educación, Evaluación general de diagnóstico 2010…, p. 115.

6. Ibid., pp. 24-25.

7. Ibid., p. 25.

8. Ibid., p. 72.

9. Sugiere el ministro Wert que una región relativamente rica como Cataluña debería tener mejores resultados. Y no le falta razón…, si estuviésemos en un Estado normal. Pero en España (excepto el País Vasco y Navarra) la riqueza no dice nada acerca de la financiación de servicios. El gasto público en educación no universitaria en Cataluña en 2006 (o sea, aun antes de la crisis) era el 2,3 por ciento del PIB (segundo más bajo después de Madrid) El total de España fue el 3,0 por ciento del PIB. El de Grecia, quizá el más bajo de la UE, era el 2,5 por ciento del PIB (Fundación Alternativas, http://www.falternativas.org/laboratorio/alternativas-en-educacion/sistema-de-indicadores/ 10-financiacion-educativa/10-2-proporcion-que-supone-el-gasto-publico-en-ensenanza-no-universitaria-sobre-el-pib-en-porcentaje (descargado el 19 de julio de 2013). Dado que la financiación de las CC. AA. de Régimen Común está determinada a nivel central en su casi totalidad, quizá el ministro Wert podría reenviar la sugerencia al ministro de Hacienda.

10. Cushman & Wakefield, European Cities Monitor 2011, Cushman & Wakefield, 2011, p. 21. Disponible en http://www.berlinpartner.de/fileadmin/chefredaktion/pdf/studien-rankings/2011_en_European-Cities-Monitor.pdf (descargado el 18 de julio de 2013).

11. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/ diccionario/inmersionlinguistica.htm (descargado el 16 de julio de 2013).

12. http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/ diccionario/ensenanzabilingue.htm (descargado el 16 de julio de 2013).

13. Una expresión menos aséptica de esta paradoja la ofreció Suso del Toro en «España y Catalunya, refundándose», La Vanguardia, 4 de noviembre de 2012.

14. La respuesta correcta es (4): «Las personas pertenecientes a minorías». Se trata del artículo 4.3 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, http://www2.ohchr.org/spanish/law/minorias.htm (descargado el 16 de julio de 2013).

15. Esta información procede del informe de la inspecció educativa de Cataluña, Ús de les altres llengües com a llengua vehicular, Centres públics i privats de primària i ESO, curs 2012-2013. Fue difundida por Irene Rigau, consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, en entrevista en «Els Matins de Catalunya Ràdio», 20 de mayo de 2013: http://www.catradio.cat/ videos/4581771/Irene-Rigau-reitera-que-no-pot-aplicar-la-llei-Wert (descargado el 17 de julio de 2013).

16. La entrevista se produjo en la emisora RAC1: http://rac1.org/ blog/noticies/programes/el-mon-a-rac1/wert-estudia-retocar-la-politica-de-beques/ (descargado el 16 de julio de 2013).

17. La respuesta correcta es (3): la Constitución española en su artículo 3. De hecho, las constituciones de Alemania, Italia y Portugal no hacen ninguna declaración expresa de oficialidad. La francesa incorporó la declaración de oficialidad en 1992.

18. María Antonia Martín Zorraquino, El español como lengua común, Ciclo de conferencias El Espacio ibérico de las lenguas, Instituto Cervantes, Madrid, 2010, p. 5; http://www.cervantes.es/imagenes/File/lengua/jornadas/M_Antonia_Martin_Zorraquino.pdf (descargado el 16 de julio de 2013).

19. Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, Biblioteca Románica Hispánica, Madrid, 1968 (Editorial Gredos, Madrid, 2008, pp. 101-102).

20. María Antonia Martín Zorraquino, El español como lengua común, p. 1.

21. El término ‘Países Catalanes’ es impropio por carecer de sustento histórico, social y político. Y además es desafortunado si atendemos a consideraciones de tipo lingüístico y cultural: no conozco otros casos en que la coincidencia de lengua en diferentes territorios genere el término ‘Países XXXX’. Ni existen los ‘Países Franceses’, ni los ‘Países Españoles, ni los ‘Países Portugueses’, ni los ‘Países Ingleses’, ni los ‘Países Alemanes’… De hecho, en Europa sólo existen los ‘Países Bajos’. Los tiempos que corren imponen ir superando las concesiones estéticas propias de la minoría de edad; madurar es condición necesaria para la mayoría de edad.

22. Europan Commission, Europeans and their Languages (Europeos y sus lenguas), Eurobarómetro especial 243, Comisión Europea, 2006; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ ebs/ebs_243_en.pdf (descargado el 21 de julio de 2013).

23. Europan Commission, Europeans and their Languages (Europeos y sus lenguas), Eurobarómetro especial 386, Comisión Europea, 2012; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf (descargado el 21 de julio de 2013).

24. Un buen ejemplo de llamar a las cosas por su nombre lo encontramos en la conferencia La lingüística y el nacionalismo lingüístico español, dictada por Juan Carlos Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística general de la Universidad Autónoma de Madrid, el 22 de mayo de 2009; https://www.youtube.com/watch?v=37HoQMqgeQc (descargado el 19 de julio 2013). Véase también Juan Carlos Moreno Cabrera, El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva, Península, Barcelona, 2008.

25. Fernando Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, p. 263.

26. Por ejemplo, en María Ros, María-José Azurmendi, Richard Y. Bourhis e Iñaki García, «Identidades culturales y lingüísticas en las comunidades autónomas bilingües (CAB) de España: antecedentes y consecuencias», Revista de Psicología Social, 1999, 14 (1), 69-86 (p. 72).

27. Generalitat de Catalunya, Informe de Política lingüística 2011, p. 42. Accesible en http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/ Documents/InformePL/Arxius/IPL2011.pdf (descargado el 21 de julio de 2013).

28. John C. Turner, «Fairness or discrimination in intergroup behaviour? A reply to Branthwaite, Doyle and Lightbown» («Justicia o discriminación en comportamiento intergrupos? Una réplica a Branthwaite, Doyle and Lightbown»), European Journal of Social Psychology, 1980, 10 (2), 131-147 (p. 142).

29. Howard Giles y Patricia Johnson, «The role of language in ethnic group relations» («El papel de la lengua en las relaciones de grupo étnico»). En John Turner y Howard Giles (eds.), Intergroup behavior (Conducta intergrupal), The University of Chicago Press, Chicago, 1981, pp. 199-243 (pp. 231-232).

30. Carmen Huici y María Ros, «Identidad comparativa y diferenciación intergrupal», Psicothema, 1993, 5 (Suplemento), 225-236 (pp. 229-230). El énfasis es mío.

31. Generalitat de Catalunya, Informe de Política lingüística 2011, p. 6.

32. Ibid., p. 8

1. Marx, Karl, Critique of the Gotha Programme (texto de 1875, primera publicación en 1891. Esta versión es de The Electric Book Company, 2001, p. 16).

2. Phillip Montague, «Comparative and Non-Comparative Justice» («Justicia comparativa y no-comparativa»), The Philosophical Quarterly, 1980, 30 (119), 131-140 (p. 137).

3. Un estudio detallado sobre estrategias empresariales para eludir la intensidad de la inspección fiscal, y su distribución regional, se puede encontrar en Miguel Almunia y David Lopez-Rodriguez, The Efficiency Costs of Tax Enforcement: Evidence from a Panel of Spanish Firms (Los costes en eficiencia de la aplicación de la normativa fiscal: Evidencia a partir de un panel de empresas españolas), Working Paper 2012 (Munich Personal Repec Archive, Paper n.º 44153, febrero de 2013).

4. Véase http://www.ppmadrid.es/aguirre-participara-en-la-campana-electoral-en-cataluna/ (descargado el 9 de julio de 2013).

5. Véase http://www.abc.es/espana/20130427/abci-mitos-financiacion-autonomica-201304271312.html (descargado el 9 de julio de 2013).

6. Francisco Pérez García (dir.), Las diferencias regionales del sector público español, Fundación BBVA, Madrid, 2011. La nota de prensa de presentación del libro es accesible en http://www.ivie.es/downloads/2011/11/NP_sector_publico_FBBVA_ Ivie_28_11_2011.pdf (descargado el 19 de julio de 2013).

7. Partido Socialista Obrero Español, Hacia una estructura federal del Estado, Consejo Territorial del PSOE, Granada, 2013 (pp. 15-16). Véase http://www.psoe.es/source-media/000000562000/000000562235.pdf (descargado el 11 de julio de 2013).

8. Véase http://www.abc.es/espana/20130710/abci-federal-extremadura-ordinalidad-201307091839.html (descargado el 11 de julio de 2013).

9. Véase http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-035/EN/KS-SF-12-035-EN.PDF (descargado el 11 de julio de 2013).

10. Sentencia del Tribunal Constitucional, Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, publicada en el BOE n.º 172 de 2010, p. 383.

11. Gerard Montasell Piñol y Esther Sánchez Rata, Comparació internacional de les balances fiscals de les regions amb el sector públic central: una anàlisi de l’efecte redistributiu, Conselleria d’Economia i Hisenda, Papers de Treball XII, 1/2012.

12. La mejor publicación existente en España sobre la metodología de las balanzas fiscales es: Antoni Castells, Ramón Barberán, Núria Bosch, Marta Espasa, Fernando Rodrigo y Jesús Ruiz-Huerta, Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas (1991-1996), Análisis de los flujos fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central, Ariel, Barcelona, 2000. Para la metodología de la tortilla de patatas, fuentes diversas y muy variadas.

13. Instituto de Estudios Fiscales, Las balanzas fiscales de las CC.AA. españolas con las AA. Públicas Centrales 2005, Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda), Madrid, 2008.

14. Se pueden consultar los detalles técnicos de la aplicación de esta computación en Germà Bel, Transferencias fiscales interregionales en España: ¿quién paga y quién no?, WP-2012, SSRN.

15. Véase, para los datos más recientes (para 2009 y 2010), las publicaciones de Funcas, Balance Económico Regional Autonomías y Provincias, años 2000 a 2009 (p. 33, cuadro 24) y Balance Económico Regional Autonomías y Provincias. Años 2000 a 2010 (p. 36, cuadro 24), Desafortunadamente, todo indica que Funcas ha decidido interrumpir la publicación de esta serie de estudios estadísticos a nivel regional, por lo que quizá nos veamos privados de esta fuente de información a partir del ejercicio 2011.

16. Algunas personas atribuyen la responsabilidad por estas diferencias de precios a las políticas autonómicas. Esto indica que tienen escaso conocimiento de los mecanismos que generan el nivel de precios, y también de las competencias reales de regulación económica que tienen las regiones en España. En este contexto, las diferencias en regulación regional de actividades comerciales (una política significativa en este terreno, hasta 2013) tienen efectos marginales sobre el nivel de precios agregado. M.ª de los Llanos Matea Rosa y Juan S. Mora-Sanguinetti, «Comercio minorista y regulación autonómica: Efectos en la densidad comercial, el empleo y la inflación», Revista de Economía Aplicada, 2012, 20 (59), 5-54.

1. Entrevista en «El Matí» de Catalunya Ràdio, 16 de mayo de 2012; http://www.catradio.cat/noticia/6041/Francisco-Alvarez-Cascos (descargado el 19 de julio de 2013, en 26’ 40”).

2. Germà Bel y Xavier Fageda, Aeroports i Poder, Edicions 62, Barcelona, 2007, pp. 16-18.

3. Acta de la Reunión de la Comisión Nacional de Infraestructuras para las Comunicaciones, de 29 de septiembre de 1997, del Partido Popular (pp. 2-3), Diversos medios de comunicación, como El País (22 de febrero y 3 de marzo de 1998) y La Vanguardia (25 de febrero), entre otros, dieron cumplida cuenta del contenido de la intervención del ministro.

4. Un recuento actualizado de dislates inversores puede encontrarse en Pere Macias y Gemma Aguilera, La gran bacanal. La política desorbitada de les infraestructures a l’Estat, Deu i Onze Edicions, Barcelona 2013.

5. Se puede ver a partir de 1h 03’ 40” en este programa de informe semanal, que incluía un publirreportaje del AVE en conmemoración de su 20 aniversario; http://www.rtve.es/alacarta/ videos/informe-semanal/informesemanal-21-04-12/1382803/ (descargado el 20 de julio de 2013). Claro, que si el espacio fuese formalmente «publicidad» podría ser denunciado por «publicidad engañosa».

6. La entrevista fue publicada en varios medios escritos «provinciales», y se puede ver, por ejemplo, en http://www.lasprovincias. es/valencia/20080511/espana/estamos-cosiendo-espana-cables-20080511.html (descargado el 20 de julio de 2013).

7. Ciertamente. La experiencia española se puede comparar con la del resto del mundo en Daniel Albalate y Germà Bel, The Economics and Politics of High Speed Rail: Lessons from Experiences Abroad (Economía y política del ferrocarril de Alta Velocidad: Lecciones de experiencias en el exterior), Rowman and Littlefield Publishers (Lexington Books), Lanham, 2012.

8. Las cuentas de los aeropuertos de AENA de los últimos años se pueden consultar en http://www.aena.es/csee/Satellite/Aena/es/Page/1237547269043/ (descargado el 22 de julio de 2013). El año 2011 era el último disponible al redactar este texto.

9. Puertos del Estado, Informe de gestión del sistema portuario de titularidad estatal 2011, Ministerio de Fomento, Madrid, 2013 (pp 68-69); https://www.puertos.es/sites/default/files/informeptos_2011.pdf (descargado el 22 de julio de 2013).

10. José Caamaño Alegre y Santiago Lago Peñas, «La inversión territorializada de Fomento: Análisis de las diferencias entre proyecto, presupuesto y ejecución», Revista de Economía Aplicada, 20 (60), 107-126.

11. Ministerio de Fomento, Anuario Estadístico de 2011, Ministerio de Fomento, Madrid, 2013 (pp. 47-48).

12. Expansión, 15 de enero de 2013; http://www.expansion.com/2013/01/15/economia/1358205429.html (descargado el 23 de julio de 2013).

13. Ana Pastor, Diario de sesiones, Senado, n.º 49, 15 de enero de 2013, p. 3967.

14. La Razón, 25 de noviembre de 2012; http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_500355/824-la-inversion-de-fomento-en-cataluna-es-2-6-veces-mayor-que-la-media-nacional#.Ue4rrI1dBWU (descargado el 23 de julio de 2013).

15. El Economista, 9 de enero de 2013; http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4515859/01/13/Fomento-invertira-en-Cataluna-en-2013-mas-del-doble-que-la-media-nacional-.html (descargado el 23 de julio de 2013).

16. Matilde Mas Ivars, Francisco Pérez García, Ezequiel Uriel Jiménez (dirs.), Inversión y stock de capital en España (1964-2011), Evolución y perspectivas del patrón de acumulación, Fundación BBVA, Madrid, 2013.

17. Ibid., p. 103.

18. Albalate, Daniel, Germà Bel y Xavier Fageda, «Beyond the efficiency-equity dilemma: Centralization as a determinant of government investment in infrastructure» («Más allá del dilema entre eficiencia y equidad: Centralización como un determinante de la inversión del Gobierno en infraestructuras»), Papers of Regional Science, 2012, 91 (3), 599-615.

19. European Cities Monitor 2011…, pp. 14 y 22. El lector especialmente interesado en esta cuestión puede profundizar en la misma en mi España, capital París, y también en Óscar Pazos, Madrid es una isla. El Estado contra la ciudadanía, Los libros del lince, Barcelona, 2013.

20. Ana Pastor, Diario de sesiones…, pp. 3967-3968.

21. Francisco Pérez García (dir.), Las diferencias regionales… Accesible en la nota de prensa de presentación del estudio, p. 11.

22. Metodología de aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía sobre inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras; http://www20.gencat.cat/docs/eco nomia/financament/arxius/inversiopublica/acta%20grupo%20metodologia.pdf (descargado el 24 de julio de 2013). Un análisis más detallado de este tema se puede encontrar en Joan Ridao i Martín y M. Àngels Cabasés i Piqué. «La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya durant el període 2007-2012. Impacte i virtualitat de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 2013, 17 de abril, 221-252.

23. Sentencia del Tribunal Constitucional, Sentencia 31/2010…, p. 386.

24. Véase, por ejemplo, Xavier Vidal-Folch, ¿Cataluña independiente?, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2013 (pp. 46-47).

25. Se puede oír a partir del punto 21’ 12” en http://www.ondacero.es/herrera-en-la-onda/entrevistas/ana-pastor-aeropuerto-que-tiene-vuelo-dia-puede-estar-abierto-horas-que-sentido-comun_2012073100023.html (descargado el 23 de julio de 2012).

26. Véase Germà Bel, «Financiación de infraestructuras viarias: la economía política de los peajes», Papeles de Economía Española, 1999, 82, 123-139. El más actualizado, y de gran calidad, es el capítulo correspondiente a España de Daniel Albalate, Daniel. The privatisation and nationalisation of european roads: Success and failure in public-private partnerships (La privatización y nacionalización de las carreteras europeas. Éxitos y fracasos en los partenariados público-privados), Edward Elgar, 2014. Este trabajo permite comparar con el resto de modelos en Europa.

27. César Molinas, Qué hacer con España, Destino, Barcelona, 2013 (pp. 175-176). A estos factores hay que añadir los desorbitados costes de expropiación impuestos judicialmente. Se puede completar la información sobre éstas con la lectura de Germà Bel, Antonio Estache y Renaud Foucart, «Transport infrastructure failures in Spain: Mismanagement and incompetence, or political capture?» («Fracasos de las infraestructuras de transporte en España: Mala gestión, incompetencia o captura de los políticos?»). En Tina Søreide y Aled Williams (eds.), Corruption, grabbing and development: Real world challenges (Corrupción, captura de rentas y desarrollo: Retos del mundo real), Edward Elgar Publishing, 2013.

28. Los detalles pueden consultarse en la página web del Banco Mundial http://www.worldbank.org/projects/P037483/highway-improvement-project?lang=en (descargado el 24 de julio de 2013).

29. José A. Gómez-Ibáñez y John R. Meyer, Going private. The international experience with transport privatization (Privatizando. La experiencia internacional en la privatización de transporte), Brookings Institution, Washington D. C., 1993.

30. Las acciones de ACESA habían sido valoradas por 23.172 millones de pesetas en 1982 por el FGD, y éste obtuvo 43.669 millones de pesetas por la venta del 90 por ciento de su paquete accionarial en 1987 (Josep Planas y Josep Vicens, «El possible rescat de l’autopista en el tram de Girona», Revista de Girona, 1988, 131, 54-62 (p. 56). La revalorización de las acciones de Acesa el día posterior a su venta fue del 19,5 por ciento. Entre las privatizaciones que se produjeron en la segunda mitad de la década de 1980, tuvieron una revalorización mayor Repsol (20,1 por ciento) y la eléctrica GESA (22,5 por ciento), y Endesa (6,2 por ciento) y la papelera ENCE (15,4 por ciento) la tuvieron menor [Germà Bel, «Privatization: public offerings and political objectives» («Privatización: ofertas públicas y objetivos políticos»), Applied Economics, 2002, 34 (11), 1421-1432, (p. 1425)].

31. Se puede oír, por ejemplo, en la entrevista en Onda Cero mencionada más arriba. Existen numerosos rastros en prensa escrita.

32. Véase El Confidencial, http://www.elconfidencial.com/espana/2012/09/14/fomento-desmonta-un-mito-nacionalista-paga-el-53-de-los-peajes-catalanes-105408/ (descargado el 24 de julio de 2013). El tema tuvo repercusión en la mayoría de la prensa capitalina.

33. Los cálculos se pueden hacer a partir de la información de la página 135 de: Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de las Autopistas Nacionales de Peaje, Informe 2011 sobre el sector de las autopistas de peaje en España, Ministerio de Fomento, Madrid, 2013, con los correspondientes ajustes por autopistas forales y por concesiones que discurren por más de una comunidad autónoma.

34. Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos, documento n.º 2, abril de 2002, ministerios de Transporte de Francia y España (Fomento), 2002, p. 46.

35. Ibid., p. 48.

36. Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos, documento n.° 5, diciembre de 2008, ministerios de Transporte de Francia y España (Fomento), 2008, p. 13.

37. Partido Socialista Obrero Español, La España Plural: La España Constitucional, La España Unida, La España en Positivo. Consejo Territorial del PSOE, Santillana, 2003, p. 13.

38. Véase p. 191 en http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/1C7244AD-1CB8-46A5-8B3F-D515D2BBBF85/100282/20110314_ESTCORRMEDITERRANEObajo.pdf (descargado el 25 de julio de 2013).

39. Ministerio de Fomento, Proyecto de Presupuesto 2013 (http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/42782AAF-CD0C-4481-9995-4275F32D50F2/113353/Presentacion_PGE2013_Fomento.pdf (descargado el 25 de julio de 2013).

40. Puede verse en el minuto 32 y 25 segundos de este «Singulars»: http://www.tv3.cat/videos/4106970 (descargado el 25 de julio de 2013).

1. Luis Atienza, Diario de Sesiones del Parlamento de Cataluña, VIII Legislatura, Serie D, n.º 2, 13 agosto de 2007, p. 72.

2. Amos Oz, How to cure a fanatic (Cómo curar a un fanático), Princeton: Princeton University Press, 2002, p. 57.

3. Y también una cierta percepción de humillación y sentido de la dignidad, como sugiere Salvador Cardús, «What has happened to us Catalans?». En Liz Castro (ed.), What’s up with Catalonia?, Catalonia Press, Ashfield (MA), 2013, pp. 95-100.

Anatomía de un desencuentro

Germà Bel

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