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Índice

Introducción

Transicionesde regímenes

Imperialismointegración

Del liberalismoal socialismo

Notas

Bibliografía

Datos del Autor

Introducción

Este libro se compone de tres ensayos complementarios, los cuales recurren —simultáneamente— a ópticas inherentes a las ciencias históricas y políticas, en el estudio de las transiciones en América Latina. El primer ensayo en orden de aparición describe las sucesivas estructuras que existieron en nuestro subcontinente. En algunas oportunidades —sobre todo en el precolombino— varias han coexistido a la vez, mientras en otras, se describe la sustitución de las viejas por las nuevas. Pero en dicho análisis casi no se abordan —aunque se mencionen— los procesos de lucha, fuesen políticas o militares. El objetivo es, que se comprenda en cuál contexto material se desarrollaba en cada momento la vida de los seres humanos, así como sus conflictos y anhelos. Esto, porque la Ciencia Histórica investiga, interpreta y narra la evolución pretérita de las sociedades, cuyo desarrollo se produce debido al influjo de las contradicciones. El devenir de cualquier sociedad es, ser sustituida por otra mediante una transición, proceso que analiza la Ciencia Política; esta aborda el arte de relacionar los movimientos sociales —que se concretan en acciones de individuos—, en lucha por ocupar el lugar que estiman debe ser suyo en la vida. En las transiciones se transforma el derecho y consecuentemente las formas de propiedad, el sistema económico, las relaciones sociales y la cultura. Igualmente sucede con la moral, siempre que el cambio haya sido anhelado; existen transiciones debido a conquistas, aunque aquellas sobre todo tienen lugar a causa de reformas y revoluciones. Las conquistas e indeseados regímenes impuestos, engendran resistencias o rebeldías de rechazo, que buscan retornar al estatus anterior; en cambio, llevar a cabo una revolución implica el deseo o propósito de alcanzar un mundo mejor. A veces, hábiles políticos son capaces de transformar las rebeldías en revoluciones. Estas perviven, mientras dure la metamorfosis en ascenso de lo viejo en lo nuevo, y el límite de dicho proceso lo establece la idiosincrasia o costumbres y aspiraciones socioeconómicas de la población; la actividad de los seres humanos es determinada por su conciencia, que se nutre —como reflejo— de una forma de pensar o mentalidad, de la manera de sentir o psicología, así como de su cultura, pues las personas actúan influidas por sus tradiciones o historia y motivadas por una ideología o concepción del mundo. Estos valores o elementos subjetivos pueden ser transmitidos, y por lo tanto tienen un carácter relativamente independiente de la realidad objetiva, pero esta —en última instancia— es lo determinante, pues se piensa como se vive, y no al revés.

Un segundo ensayo tiene un objetivo distinto, pues enfoca las luchas latinoamericanas por distanciarse del liberalismo —ya hegemónico en el último cuarto del siglo xix—, con el propósito de alcanzar una sociedad mejor. Esta, en el concepto de quienes la anhelaban, solo podía ser la socialista, cuyos más abnegados defensores con frecuencia fueron los comunistas. Por ello se subrayan las incidencias en América Latina de las Revoluciones Bolchevique y Cubana. Esta última marcó el punto de inflexión en las relaciones diplomáticas interamericanas, envueltas en los esfuerzos de sus protagonistas —desde tiempos de Bolívar— por lograr su integración; dicho proceso unificador representa el mejor antídoto contra el imperialismo, empeñado en impedirlo para mantener su dominio.

Al estudio de las luchas por el socialismo se dedica la tercera parte. Ninguna sustituye a otra, y todas tienen una coherencia entre sí. El final debe ser una mejor comprensión de los problemas, etapas y logros, alcanzados en el bicentenario combate de América Latina por su definitiva liberación.

Transiciones
de regímenes

Durante la conquista, en la parte oriental del subcontinente latinoamericano había seres con formas de subsistencia muy precarias. Algunos, como los guanahacabibes en el extremo occidental de Cuba, y los cainang, charrúas, pampas, puelches, tehuelches, en el Río de la Plata, vivían aglutinados en grupos menores de cien personas; estaban aún inmersos en el paleolítico o baja Edad de Piedra. El vínculo fundamental de aquellas hordas era la actividad laboral en colectivo, durante la que se desplazaban continuamente y sin un claro sentido de la orientación, pues eran errantes.

En otras comarcas como el archipiélago magallánico y la Tierra del Fuego, los chocos, onas, mapuches o araucanos, yamanas y alcalufes realizaban también frecuentes migraciones, pero tenían ya un preciso sentido de la orientación, pues habían transitado hasta ser nómadas mesolíticos. En sus desplazamientos empleaban canoas y usaban instrumentos complejos como el arco, la cuerda y la flecha, los que les permitían cazar animales de importancia. Estos elementos diferenciados y con cierto grado de especialización habían conducido a los cazadores de la media Edad de Piedra a la división natural del trabajo, según el sexo y la edad.

En la parte septentrional y central de la Sudamérica atlántica, los tres troncos étnicos más importantes —caribes, arauácos y tupís— representaban bien al conglomerado que en la región había transitado al neolítico o alta Edad de Piedra.

A pesar de que se encontraban en la misma etapa histórico-cultural, entre esos grupos existían notables desigualdades de desarrollo. Los caribes —habitantes de los contornos del mar de las Antillas— habían comenzado a remover el suelo con palos para depositar sus escasas semillas en los huecos, tapados enseguida con los pies. Aunque rudimentaria, esta práctica indicaba el comienzo de un proceso de sedentarización.

El importante conglomerado étnico formado por los arauácos cubría el territorio comprendido desde la rioplatense región del Chaco —en su límite meridional— hasta las grandes Antillas. Ellos, con avanzados instrumentos como la azada, obtenían de la agricultura sus principales medios de subsistencia. De ahí que las mujeres —quienes trabajaban la tierra— tuvieran funciones decisivas en la vida económica y social. Su cultura era superior a la de los caribes pues sabían contar hasta diez.

Aunque la importante rama étnica tupí-guaraní se hallaba muy dispersa por Sudamérica, en ninguna parte alcanzó el grado de desarrollo que tuvo en los actuales territorios paraguayos y regiones aledañas de Brasil y Argentina. Cultivaban la tierra en común y evolucionaban hacia métodos intensivos en la agricultura. Este importantísimo proceso facilitó la frecuente obtención de un producto adicional sobre el mínimo vital necesario. Las aldeas revelaban que los guaraníes estaban estructurados en tribus, de ahí que contaran con individuos dedicados a su dirección económica, religiosa y militar. Por eso habían surgido las asambleas donde se elegían y destituían a los jefes o caciques. Estos trataban de fortalecer y perpetuar sus funciones, pero aquella sociedad no estaba preparada aún para tal nivel de organización y además carecía de suficientes y estables excedentes. Por eso, cuando tuvo lugar la conquista, la diferenciación social recién surgida entre directores y dirigidos no había podido todavía trocarse en capas diferenciadas de trabajadores, sacerdotes, guerreros.

La transición de las sociedades aborígenes americanas hacia un escalón superior significaba una mayor organización y desarrollo del trabajo, así como un aumento de las cantidades de productos y riquezas disponibles, a la vez que una menor influencia de los lazos de parentesco sobre el régimen social. Ese fue el caso de la sociedad chibcha, que ya había alcanzado la Edad de los Metales. Entre ellos, los caciques habían incrementado la productividad al lograr diferenciar los oficios manuales de las labores agrícolas, trascendental paso de avance en la división social del trabajo, que contribuyó a la obtención sistemática de excedentes. Con estos recursos era posible dedicar grandes contingentes humanos a la construcción de canales y regadíos, diques o terrazas. Pero también los caciques empezaron a utilizar sus funciones en beneficio propio, y de manera paulatina se fueron apropiando de parte del producto acumulado. Cesó así la distribución igualitaria en el seno de la tribu; se forzaba a los campesinos a entregar a cambio de nada su trabajo adicional, que podía ser destinado a cultivar la tierra para provecho de los individuos situados más arriba en la escala social, o dedicado a las grandes labores comunes. De esta manera, aunque jurídicamente libre —pues no era esclavo personal de nadie—, el comunero carecía de libertad individual; estaba encadenado a la tierra y no podía abandonar su colectividad al padecer una extraordinariamente poderosa coacción extraeconómica, física y religiosa. En realidad, dicho sometimiento era una manifestación de la “esclavitud general” sufrida por toda la expoliada comunidad. Mientras el trabajo físico absorbía casi todo el tiempo de la inmensa mayoría de los miembros de la colectividad, se formaba un incipiente sector eximido de labores directamente productivas.

Así la creciente división social del trabajo provocaba la escisión de la sociedad en clases y descomponía la comunidad primitiva, por lo cual resultaba cada vez más necesario que un poder mantuviese dentro de ciertos límites la lucha social. Dichos embrionarios órganos estatales, dominados por los caciques, tenían como primer objetivo mantener la cohesión de los grupos y asegurar la lealtad de los súbditos —único elemento capaz de garantizar la producción del excedente económico—, para satisfacer las necesidades de la naciente clase explotadora. A la vez, dentro de esta empezaron a constituirse dos castas: la religiosa y la militar. Los sacerdotes, regidos ya por una selección hereditaria, monopolizaban la cultura, aplicada en funciones de coacción ideológica. En cambio, a la oficialidad o casta guerrera se podía ingresar aún por méritos alcanzados en los campos de batalla.

Mientras más avanzaba el proceso de desintegración de la sociedad primitiva, mayor era la atracción de los caciques hacia las riquezas de las comunidades vecinas, pues al resultar imposible incrementar la expoliación de los campesinos propios, dichos jerarcas se esforzaban por desplazar a los jefes de los poblados colindantes. El vencedor se convertía así en gobernante de un importante cacicazgo —en el Altiplano había unos cuarenta—, que controlaba varias aldeas.

A medida que la guerra se convirtió en práctica permanente para incorporar nuevos territorios, la población dominada se incrementó notablemente. Por ello, el gran cacique triunfador no eliminaba al vencido; sus propios y deficientes medios estatales no le permitían prescindir de la importante y forzada cooperación del derrotado, a quien obligaba a confederarse. Entonces imponía a este el pago de un tributo a partir de lo que arrebataba a sus campesinos. Surgían así vínculos tributarios entre dos explotadores, uno dominante y otro dominado, pero sin perder ninguno su condición social; el segundo solo entregaba al primero parte del plusproducto que percibía, con lo cual surgió un régimen socioeconómico despótico tributario basado en las relaciones esclavistas de producción.

Poco antes de arribar los castellanos, la lucha entre los incipientes Estados chibchas en pugna por confederarse y preponderar, era constante; los pequeños territorios sucumbieron, unos tras otros, hasta que los mayores estadillos terminaron por enfrentarse entre sí.

En la tradicional área maya de Centroamérica, a principios del siglo xv, la aristocracia de la ciudad de Mayapán además de expoliar a sus propios campesinos, percibía tributos de las dependientes urbes de Chichén-Itza y Uxmal; estas habían sido obligadas a confederarse con la primera —la cual fungía como capital de una incipiente Liga—, donde los sometidos jefes tenían que residir, mientras que desde Mayapán se enviaban a funcionarios designados para que administrasen los asuntos cotidianos. Pero en 1441, las exhaustas clases explotadoras de ambos centros sojuzgados decidieron realizar un ataque coordinado contra la tiránica metrópoli hegemónica. Aunque Mayapán fue arrasada, su derrota no condujo al predominio de otro centro urbano, pues junto con ella también sucumbieron las ciudades rebeldes, destruidas durante la horrible guerra. Entonces la selva devoró las impresionantes edificaciones de piedra, todas abandonadas para no volverse a poblar nunca jamás. Por ello, a la llegada de los conquistadores europeos, los mayas-toltecas estaban disgregados y formaban una veintena de estadillos, en constantes luchas entre sí.

En el valle de México, desde 1428 era hegemónica la Confederación de la Triple Alianza, formada por las urbes de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán. En teoría, los jefes de las tres ciudades tenían iguales derechos, pues cada uno gobernaba de forma autónoma su territorio y controlaba directamente los poblados que le tributaban, sin embargo Tlacopán recibía un porciento inferior del botín de guerra. En los asuntos internos los aliados también eran independientes. No obstante, las cuestiones de paz o guerra se decidían en común.

Las tribus dominadas empleaban una heterogeneidad de lenguas, y de ellas fluían hacia la Triple Alianza inmensas riquezas. Estas ciudades alcanzaron un gran poder, y en ellas se hizo más complejo su aparato administrativo. En las zonas donde habían prevalecido débiles clases explotadoras locales, las tribus perdieron el derecho de contar con un jefe propio. El gobierno pasaba entonces a un gobernador provincial, funcionario perteneciente a las elites hegemónicas, que acopiaba los excedentes producidos por las comunidades esclavizadas y los enviaba a las urbes dominantes. Para los campesinos agrupados en clanes, este saqueo no significaba más miseria, pues su monto nunca superaba lo antes exigido por la aristocracia nativa. En cambio, en las ciudades sometidas que contaban con importantes castas expoliadoras propias, se mantenían las tradicionales autoridades nativas, a las cuales se les obligaba a permanecer parte del año en las urbes hegemónicas y pagar determinados tributos en fuerza de trabajo y especies, que entregaban en intervalos regulares bajo la supervisión de un funcionario enviado. Esas exacciones perjudicaban a la aristocracia y a los trabajadores, pues con el fin de compensar sus pérdidas, los privilegiados oprimían aún más a los que producían.

Las tierras para la subsistencia de los sojuzgados, de igual forma que en las comunidades esclavizadas de los territorios dependientes, se dividían en dos: las trabajadas colectivamente, destinadas a satisfacer las necesidades comunales y las parcelas individuales, para la manutención de cada familia campesina.

En la Confederación la estructura socioeconómica se encontraba en rápida transformación. Las castas explotadoras se convertían en usufructuarias directas de enormes extensiones de terrenos fértiles para su consumo privado. En un inicio, estas adjudicaciones requerían una ratificación anual, pero pronto empezaron a ser transferidas de manera hereditaria. Esos terrenos pasaron a ser cosechados por individuos que habían quedado al margen de sus antiguos clanes, a los cuales les estaba prohibido abandonar los predios del señor cuyas tierras trabajaban, a cambio de una parcela. Surgían así entre los aztecas las primeras manifestaciones de tránsito hacia nuevas relaciones de producción.

Después de ocupar en 1503 el cargo de “Jefe de los hombres”, Moctezuma se acercó mucho a la casta sacerdotal. Tenía el propósito de convertirse en autócrata divinizado, capaz de transmitir por designación hereditaria su alta función. En ese contexto acometió las tareas de centralizar el régimen e imponer la lengua, la religión, y las costumbres aztecas en los territorios dependientes. También, en 1515 colocó a sobrinos suyos al frente de los gobiernos de Tlacopán y Texcoco, con la intención de integrar un imperio. Se encontraba en los inicios de dicha transición, cuando en 1519 empezó la conquista ibérica encabezada por Hernán Cortés.

El Tahuantinsuyo o Imperio de las Cuatro Partes, a principios del siglo xvi desarrollaba una política de asimilación llamada mitima; a los conquistados se les trasladaba a regiones sometidas anteriormente, y en su lugar se establecían colonos “quechuizados”. De esa forma se imponía en todo el imperio el idioma quechua y el culto al Sol. Entonces, en vez de la referida consanguinidad, surgió en el Estado incaico una nueva forma de comunidad humana: el pueblo, con principios basados en nexos comarcales entre los individuos antes pertenecientes a distintas gens. Se depuso a los antiguos caciques hereditarios de las comunidades esclavizadas y se les sustituyó por aristócratas cuzqueños; al frente de cada parte del Estado se colocó a funcionarios —familiares del monarca— quienes integraron el Consejo Supremo. Y en la cúspide del Tahuantinsuyo o Imperio de las Cuatro Partes se encontraba el Sapa Inca o Supremo Señor despótico y divinizado.

Este dispuso que las tierras de las comunidades campesinas —estructuradas ya a partir de principios territoriales—, se dividieran en tres partes. La primera era la porción destinada a garantizar la subsistencia de los comuneros y sus familias. Después se establecían las tierras de los religiosos —llamadas del Sol—, así como las del Inca, y ambas debían ser trabajadas por los esclavizados campesinos a cambio de nada. El producto de estas últimas se entregaba a los almacenes del Estado, que después distribuían dicho excedente según las necesidades de los explotadores. Desapareció así totalmente el principio de la tributación. Más tarde se acometió la costumbre de beneficiar a los favoritos del monarca con donaciones de terreno, segregadas de las “tierras del inca”. Estas extensiones se transmitían hereditariamente, pero no se podían enajenar ni subdividir. En realidad, esto no significaba más que una alteración en la forma de distribuir las cosechas, pues para los agraciados cesó la práctica de percibir el sustento de los almacenes, ya que en el futuro debían obtener todos sus alimentos de los suelos recibidos; el cultivo de estos seguía siendo realizado por los purics, atados siempre a su ayllu, y sin que percibiese incentivo económico alguno ni en parcelas ni en especies.

Pero el Tahuantinsuyo estaba aquejado de un grave problema político; el monarca o Sapa Inca Huayna Capac, había conformado una especie de segunda capital imperial en Quito, que rivalizaba con Cuzco. Entonces se desarrolló entre ambas ciudades una aguda pugna por preponderar. Esto, en un contexto en el que la autosuficiencia comarcal y la especialización regional del trabajo alcanzaban niveles ínfimos, por lo que el intercambio de productos solo se realizaba mediante el trueque. Y puesto que sin orden oficial se prohibía viajar o cambiar de residencia, los quechuas se encontraban unidos exclusivamente por mecanismos administrativos y de coacción. En síntesis, no existían entre las diversas regiones del Imperio fuertes vínculos económicos, ni sus partes estaban indisolublemente soldadas entre sí; la gran entidad estatal era nada más que un conglomerado de grupos supraestructuralmente unidos, poco articulada, con la facultad de separarse o unirse según los éxitos o derrotas de un conquistador, o de acuerdo al criterio del gobernante de turno. La unificación de esos territorios podía deshacerse en cualquier momento ante la indiferencia de los campesinos, mayoría aplastante de la población, que vivía ajena a los sucesos acaecidos fuera de su reducido campo de acción. Por eso, a la muerte de su padre, el quiteño Atahualpa intentó dividir al imperio, para luego derivar hacia una guerra civil en la que su medio hermano Huascar fue vencido. Este fue encarcelado en Cajamarca —ciudad equidistante entre Cuzco y Quito—, donde ambos se encontraban en 1532 a la llegada de Francisco Pizarro y demás conquistadores castellanos.

La conquista castellana de América engendró diversas rebeldías en todo el continente. Las valientes resistencias de Hatuey, Cuauhtémoc, Rumiñahui o Caupolicán, a pesar de representar la más admirable y tenaz oposición a la invasión foránea, solo tenían la intención de preservar las sociedades precolombinas tales y como se encontraban hasta el momento de la ocupación europea. No tenían entre sus propósitos el desarrollo de una sociedad superior. Sus heroicas gestas, no obstante, han perdurado a través de los siglos como inigualables tradiciones de valor y autoctonía. Muy pocos años después de esas notables luchas defensivas contra la dominación castellana, en Hispanoamérica colonial se produjeron tempranas rebeldías de los propios conquistadores. Estas fueron encabezadas por Gonzalo Pizarro, Rodrigo Contreras, Álvaro de Oyón, Sebastián de Castilla, Francisco Hernández Girón, Martín Cortés. Ellos se alzaron en armas contra las absolutistas Leyes Nuevas emanadas en 1542 de la metrópoli feudal, pues dichas disposiciones amenazaban privilegios suyos adquiridos durante la conquista. Por eso estas revueltas no dejaron huellas visibles de avance material ni gloria alguna en la historia de nuestro subcontinente.

La conquista ibérica impuso en América una dominación colonial que se caracterizaba por instituciones estatales de tipo feudal-eclesiástico-absolutista. Ellas ofrecían una aparente homogeneidad en el ámbito de la superestructura, mientras en el resto de la sociedad colonizada prevalecía la heterogeneidad. En este sistema, el monarca absoluto delegaba la mayor parte de su autoridad en los virreyes, quienes gobernaban los territorios americanos.

Las sociedades autóctonas que habían llegado a desarrollar algún tipo de Estado —citadino, confederal, imperial— fueron metamorfoseadas con relativa facilidad; el poder político preexistente había ya impuesto una autoridad, que diferenciaba socialmente a sus integrantes. Los conquistadores revalidaron a la antigua aristocracia indígena sus jerarquías, transformaron sus formas de propiedad, e hicieron que en lo adelante heredaran según el precepto feudal castellano del mayorazgo. Después en esta parte occidental del subcontinente, los europeos se fundieron con las elites explotadoras aborígenes y formaron un grupo de poderosos terratenientes laicos, a cuyos descendientes se les conocía como indianos. Además de ellos, la Iglesia emergió como una institución muy favorecida por la conquista; era la rectora de la ideología católica oficial respaldada por la Inquisición, cobraba el diezmo y a partir de esos ingresos se convirtió en notable fuente de crédito. Asimismo recibió considerables mercedes o asignaciones de tierra. Todo protegido por la legislación de las Manos Muertas, que dejaba estáticos para siempre dichos bienes de colectividad. Dentro de una similar concepción jurídica inmovilizadora se encontraban los resguardos indígenas; ellos establecían la inalienabilidad de las tradicionales tierras colectivas de las comunidades aborígenes, que no hubieran sido distribuidas gratuitamente a la institución eclesiástica o a los terratenientes civiles.

En síntesis, tras la conquista, en Hispanoamérica sobre los suelos antes dominados por las organizaciones estatales aborígenes, se conformaron cuatro grandes grupos de mercedarios de tierra o terratenientes: el de los propietarios privados laicos —fuesen aristócratas nativos o castellanos—; el de la Iglesia católica —se tratara de conventos o misiones—; el compuesto por los realengos del monarca, dueño en la práctica de los terrenos estatales; y el de los resguardos de las comunidades campesinas indígenas.

Sin vínculo alguno con las mercedes de tierras existían las encomiendas de indios, práctica que al aplicarse en América destruyó los fundamentos de la esclavitud generalizada y desarrolló las nuevas relaciones feudales de producción. Hasta entonces los indios que cultivaban la tierra habían sido forzados por sus caciques a entregarles a cambio de nada su trabajo adicional. Dichos campesinos habían carecido, en realidad, de libertades individuales, de esta manera el nuevo sistema para ellos poco se alteró. Solo que los encomendados pasaron a sufrir, además, relaciones personales de dependencia; surgía la servidumbre en el sentido estricto de la palabra, pues un señor feudal ahora se apropiaba directamente del plusproducto del campesino bajo la forma de renta del suelo. Esta podía manifestarse de dos maneras: en especie o en trabajo. Ambas modalidades beneficiaron a nobles indígenas y castellanos, que en los tiempos del tránsito de un régimen a otro, velaron porque las nuevas imposiciones no excedieran la cuantía de las existentes antes de la conquista.

Los favorecidos por las encomiendas adquirían la fuerza de trabajo necesaria para que funcionasen minas, obrajes —artesanías indígenas— y haciendas. Pero culminado el tránsito de la conquista a la colonia con la aplicación de las llamadas Leyes Nuevas, la Corona sustituyó las encomiendas por los repartimientos: bajo este nuevo precepto, los aborígenes deberían trabajar por temporadas en los sitios en que se les indicaran, para luego retornar con estricta regularidad a sus lugares de origen, donde laborarían en el sustento propio. Los caciques serían los encargados de suministrar la cantidad de trabajadores necesarios y recaudar sus jornales; estos representaban una metamorfosis de la renta del suelo antes entregada en especie o en trabajo, pues con el nuevo sistema los encomenderos debían vivir en las urbes y cobrar sus tributos en moneda. A cambio, a estos jefes indígenas y a sus primogénitos se les excluía de las coercitivas disposiciones, y se les autorizaba a apropiarse de una pequeña parte del dinero o capitación adjudicada a los encomenderos. Los éxitos en la aplicación de este procedimiento fueron alcanzados, porque representaba la más apropiada adecuación del sistema de laboreo periódico obligatorio que había sido empleado en los Estados prehispanos, para las tareas de relevancia social o de utilidad pública. Los repartimientos, también llamados mita y coatequil coloniales, fueron utilizados en haciendas, minas y obrajes. Su empleo enseguida se convirtió en pilar de la economía de México, Yucatán, Guatemala, Nueva Granada, Quito y Perú. No obstante, ni los terratenientes ni los mercedarios de obrajes y yacimientos mineros, podían apropiarse de todo el trabajo adicional producido por los siervos indígenas; so pena de perder la imprescindible mano de obra, tenían que pagar del plusproducto arrancado a los encomendados, el tributo asignado a los encomenderos. Estos, por su parte, dependían de la buena voluntad de las autoridades coloniales, que podían propiciar la revocación de los privilegios autorizados por la Corona.

En los territorios del oriente americano, desde el inicio de la conquista se evidenció que resultaba difícil explotar con beneficios a los indígenas; estos nada poseían que se les pudiera arrebatar, eran rebeldes y carecían de disciplina laboral. Esa realidad condujo a que fuesen refluidos o aniquilados, para más tarde ser sustituidos por fuerza de trabajo esclava africana. Esto implicó que desde el siglo xvi se desarrollara la práctica de invertir capitales en tierras —mediante la compra de realengos en subastas— con el propósito de establecer en ellas plantaciones. Después, más dinero tenía que utilizarse en importar esclavos y maquinarias, con el objetivo de poner los referidos latifundios en producción.

La Corona por su parte, se empeñaba en crear en América una economía complementaria y dependiente, conformada a las necesidades de la metrópoli. Por ello prohibió en el Nuevo Mundo los cultivos ibéricos, mientras estimulaba el de las especias y similares, cuyos derivados se podían transportar sin descomponerse. Y para monopolizar el intercambio mercantil atlántico, instituyó la Real Casa de Contratación de Sevilla, con escasos puertos habilitados en América para negociar —mediante un sistema de flotas bianuales—, con el de Cádiz en España.

A partir de las plantaciones se inició el desarrollo de una creciente división social del trabajo, que ligó diversos territorios entre sí, con lo cual se empezó a forjar una indisoluble unidad económica entre las diferentes regiones. De esa manera los pobladores comenzaron a constituir una colectividad social estable, con un mismo idioma junto a una conformación mental y ética propia, muy distinta a la de los peninsulares. Surgían los criollos. La nueva psicología de estos se reflejó en valores literarios originales, como Espejo de Paciencia, escrito en Cuba por Silvestre de Balboa en 1608 y la trascendente Historia do Brasil escrita en 1627 por Vicente de Salvador.

Por eso no puede extrañar que a partir de 1630, cuando se produjo la invasión holandesa a Pernambuco, los criollos —blancos, mulatos, negros libres— combatieran con persistencia y denuedo contra el dominio extranjero, hasta la recuperación de Recife a principios de 1654. Pero la conciencia emancipadora estaba lejos aún, el amor a la Patria se mezclaba todavía con sentimientos de fidelidad hacia el Soberano y la metrópoli colonialista. Por ello los criollos victoriosos, en vez de constituir un Estado independiente, restablecieron en Pernambuco la soberanía de Portugal.

Tras la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), el nuevo monarca Borbón descubrió que el intercambio mercantil con sus colonias americanas representaba solo la tercera parte del total comerciado; el resto se realizaba de forma ilegal. Entonces la Corona autorizó en América el surgimiento de algunas Reales Compañías de Comercio. Cada una de estas se concibió como una semiburguesa sociedad por acciones, cuyo capital podía ser aportado indistintamente por criollos o metropolitanos, quienes ineludiblemente debían entregar una participación en la empresa al rey.

El surgimiento de los referidos accionistas criollos fue un hecho extraordinario, porque significó el nacimiento en Hispanoamérica de un nuevo sector social, el de la burguesía comercial portuaria. Pero ello no alteró la disposición colonialista de mantener el intercambio hacia el exterior exclusivamente con España. A partir de entonces los plantadores disfrutaron la posibilidad de vender mayores volúmenes exportables, pero en escasas oportunidades vieron mejorar sus precios de venta. Aunque la supresión del sistema de flotas en 1748 agilizó aún más el comercio, los preceptos monopolistas de las Reales Compañías —en unos pocos y exclusivistas puertos—, entraron en crisis debido a la toma de La Habana por los ingleses; en escasos meses el comercio exterior de la parte ocupada de Cuba se multiplicó varias veces. Esto, y la creciente rivalidad con el capitalismo británico, convencieron a Carlos III de liberalizar todavía más el intercambio mercantil con las colonias.

Las disposiciones reales de 1763 autorizaron a veinte bahías americanas a comerciar con otras tantas en la Península, y al mismo tiempo en cada puerto se podían constituir cuantas casas comerciales se deseara, todas sujetas a la misma reglamentación. Solo un punto limitaba la libertad de las empresas que surgiesen: la obligación de traficar exclusivamente con la metrópoli. Resultaba imposible para el Trono autorizar que se transgrediera ese acápite, pues perdería su condición de potencia colonialista. Era una consecuencia del escaso desarrollo económico español, que no hubiera podido competir exitosamente con el inglés. Por ello la ascendente burguesía agro-exportadora criolla no se satisfizo con las medidas señaladas; estaba consciente de que el verdadero enriquecimiento sería alcanzable por vínculos mercantiles directos con Inglaterra.

Las artesanías criollas también sufrían gravámenes tributarios del absolutismo —alcabalas, peajes, diezmos—; la estrechez del mercado hispanoamericano; arcaicas formas organizativas —gremios, con su rígida jerarquización en maestros, operarios y aprendices—. Todas impedían la libre competencia entre los fabricantes, muy perjudicados por la ampliación comercial marítima de las Reformas Borbónicas.

El despotismo ilustrado también pretendía fortalecer su poder, en detrimento de los más viejos intereses feudales en América. Por ello, la Corona dispuso que fuesen incorporadas a la Real Hacienda todas las encomiendas vacantes o sin confirmar, así como las que en un futuro caducasen. De esta manera el soberano recuperaba el cobro en moneda, que hacía dos siglos había cedido a los encomenderos. Después el monarca empezó a eliminar muchos resguardos. Estas tierras pasaban al soberano o a la Iglesia, y eran frecuentemente alquiladas a cambio del pago de una renta por sus suelos. Esa “demolición” de los resguardos por lo general iba acompañada de un fortalecimiento de la mita, pues no extrañaba que se incrementara la cuota de aborígenes que debían trabajar como siervos, los cuales casi siempre terminaban como peones endeudados en las haciendas, fuesen estas nuevas o engrandecidas. Asimismo, las disposiciones reformadoras del absolutismo borbónico afectaron a la antigua aristocracia indígena; sucedía que funcionarios reales deponían a los caciques hereditarios, para en su lugar poner a otros, o simplemente sustituirlos por corregidores españoles designados, que asumieran las viejas funciones. Después, las nuevas autoridades aumentaban impuestos, cometían abusos, alteraban registros, arrebataban más tierras comunales, e imponían el llamado reparto mercantil, el cual consistía en obligar a los aborígenes a comprar y usar objetos o ropas traídos de Europa, en detrimento de los tradicionales artículos elaborados en los obrajes. Así, las tensiones no cesaban de aumentar.

Las novedosas transformaciones dispuestas en América por los Borbones conmovieron a la sociedad colonial de tal manera, que llegaron a producirse manifestaciones armadas de disgusto hasta en los más alejados confines. La primera fue en Cuba, cuando varios cientos de cosecheros de tabaco se alzaron en contra del estanco. En Paraguay, en protesta por el cese de nuevas encomiendas, el Cabildo se alzó y guerreó contra las tropas enviadas de Buenos Aires, aliadas de los jesuitas. En el Virreinato del Perú en 1742 tuvo lugar el alzamiento de Juan Santos Atahualpa. En 1780 una insurrección tomó rumbo a La Paz, con cuarenta mil aymaraes bajo la dirección de Tupac Catari. Poco después, José Gabriel Cóndorcanqui Tupac Amaru puso sitio al Cuzco con decenas de miles de campesinos quechuas. En Nueva Granada, a principios de 1781 se alzaron los comuneros del Socorro. Esta revuelta representó una síntesis de todos los movimientos armados de oposición en Hispanoamérica durante el siglo xviii. En el importante proceso participaron ricos criollos, pequeños burgueses, campesinos, indígenas y esclavos, todos al lado de la sublevación. Sin embargo, esta, no triunfó. Los inconformes participaban ya de la ascendente nacionalidad, pero sus proyecciones políticas carecían de la madurez requerida para orientarla hacia la independencia. No se había comprendido que la génesis del problema radicaba en el colonialismo, y no en los malos funcionarios absolutistas.

A principios de 1808, la invasión napoleónica a España expulsó del trono de Madrid al rey Borbón. Entonces, en todos los territorios bajo soberanía española se formaron juntas locales de gobierno. Hasta en el Nuevo Mundo, donde la ausencia del legítimo monarca absoluto puso en crisis el dominio colonialista. A partir de ese momento comenzaron en Latinoamérica las luchas por transitar de manera autónoma a un nuevo régimen socioeconómico; previamente en Haití, la gesta independentista —culminada en 1804— había tenido estrictamente un carácter anticolonial, porque en las comarcas bajo soberanía francesa se barrió con el feudalismo antes de que los haitianos guerrearan a favor de liquidar su estatus colonial. Por ello la emancipación latinoamericana tenía un doble carácter; independentista, con el propósito de romper el dominio de las metrópolis, y revolucionario para transitar hacia un sistema social mejor. El primer aspecto fue alcanzado, pero el segundo con frecuencia no se logró; las revoluciones independentistas solo triunfaron, y bajo mesurados preceptos —salvo en un caso—, en las zonas donde el modo de producción feudal era muy débil o no existía.

Dentro del complejo espectro estructurado por el absolutismo, el más moderado grupo progresista estaba constituido por la burguesía comercial portuaria —aliada, en el caso bonaerense, con los ganaderos—; esta había sido muy beneficiada por el colonialismo, que otorgó a sus puertos un carácter monopolista. Por eso deseaban conservar este privilegio mercantil heredado del antiguo régimen, pero enriqueciéndolo con las posibilidades de incrementar sus negocios mediante el disfrute de una elitista libertad de comercio. Estos mesurados proyectos fueron plasmados en parcos textos monárquicos constitucionalistas, que les aseguraban sus ganancias en la esfera de la circulación sin tener que soportar las inconveniencias del colonialismo.

Pero las dificultades existentes para implantar o mantener las monarquías constitucionales, motivaron el tránsito de los mejores hombres que habían defendido dichas concepciones —Bernardino Rivadavia o Camilo Torres— hacia posturas republicanas, como las ostentadas por la mayoría de los revolucionarios. En cambio otros —bien representados por los emperadores Agustín de Iturbide y Pedro de Braganza— pronto corrieron por la reaccionaria vía que llevaba al absolutismo.

En el otro extremo de los proclives a la independencia, estaban los adeptos a las radicales ideas de Juan Jacobo Rousseau. Este ideólogo francés precursor de los jacobinos, atacó la gran propiedad, reconoció al pueblo el derecho soberano, se pronunció por un Estado que garantizara los derechos democráticos. En América Latina los seguidores de sus preceptos —el doctor Francia, Morelos, Moreno, Castelli, Carrera, Carbonell—, en general se manifestaron a favor de regímenes republicanos, democráticos y centralistas, con el propósito de llevar a cabo homogéneas y profundas transformaciones revolucionarias en todo el país. Pero muchos de estos, se apartaron de los postulados jacobinos en lo concerniente a los resguardos de las comunidades agrícolas indígenas, y las mantuvieron íntegras. En general, estos radicales grupos revolucionarios no pudieron triunfar, porque una correlación de fuerzas adversas —agravada por su rechazo a lograr entendimientos políticos con los burgueses—, impidió que ocuparan de manera definitiva el poder, excepto en un caso.

Entre las posiciones extremas de ambos grupos políticos, se encontraba la burguesía productora agraria (anómala por ser esclavista y producir para el exterior), que había abrazado criterios liberales parecidos a los girondinos franceses. Este grupo —cuyos más relevantes miembros fueron Santander, Estanislao López, Francisco Ramírez, Torre Tagle, López Rayón— postulaba una amplía libertad de comercio y del librecambio. Eran enemigos de la fiscalización gubernamental en la economía y partidarios de subastar las tierras para auspiciar la centralización de la propiedad. Se oponían a cualquier intento de abolir la esclavitud.

A pesar de la importancia que al inicio de la independencia tuvo este grupo criollo, desde muy temprano dicha corriente empezó a perder vigor; sus más lúcidos integrantes comenzaron a separarse de la más ortodoxa aplicación de los preceptos liberales. Francisco de Miranda comprendió que nuestras diferentes estructuras socioeconómicas exigían la adecuación política de las teorías europeas a las realidades latinoamericanas. Y fue quien primero se alejó de las concepciones opuestas a la emancipación de los esclavos. Como resultaba imprescindible incorporarlos a la guerra, Miranda adoptó la pragmática postura de otorgarles la libertad a condición de que se incorporasen a las filas independentistas. Después, hombres como San Martín y Nariño siguieron este ejemplo. En lo concerniente a la tierra, Artigas y Bolívar fueron los únicos que entregaron la arrebatada al enemigo, o la de las colectividades agrícolas indígenas, según criterios ajenos a la subasta y proclives a multiplicar la pequeña propiedad en el agro. Con ambos se constató, que la fortaleza del movimiento patriótico libertador se encontraba directamente vinculada a la profundización del proceso político de justicia democrática. Claro, no perjudicaron ni afectaron los intereses fundamentales de la emergente burguesía, pues respetaron la integridad territorial de las plantaciones y haciendas ganaderas, propiedad de los patriotas.

Las concepciones favorables al proteccionismo —y contrarias al librecambio— tuvieron su mayor aplicación en Paraguay, donde los pequeño-burgueses tomaron el poder y dedicaron todas sus fuerzas a la construcción de un Estado nacional. En ese contexto, una preocupación del gobierno fue la diversificación de la agricultura para producir con destino al mercado interno. Esto se facilitó, porque la mayor parte de la propiedad territorial permaneció en manos del Estado; con los latifundios expropiados a la emigrada oligarquía se crearon las famosas Estancias de la Patria, de posesión estatal. En lo concerniente a las tribus guaraníes se respetó la posesión y cultivos colectivos de los resguardos, de cuya administración se eliminó a los caciques.

En lo relacionado con las artesanías e incipientes manufacturas, el Estado prohibió la competencia de artículos foráneos para que se desarrollaran las producciones nacionales. De esta forma se comenzó a vigorizar la economía paraguaya, que producía sobre todo para el consumo interno. En ese proceso se produjo una acumulación de riquezas en manos de los mejores productores, quienes transitaron a la clase burguesa. Luego, los integrantes de esta incipiente burguesía nacional hicieron suyos los preceptos liberales. Aunque su puesta en práctica restringió el poderío del Estado, este no perdió su lugar descollante en la economía. Después fueron expropiados los suelos de las veintiuna comunidades agrícolas guaraníes existentes. Una parte de los terrenos fue arrendada en parcelas a muchos de sus antiguos cultivadores, otra sirvió de base para crear nuevas Estancias de la Patria. El resto fue entregado a los que anhelaban extender sus cosechas destinadas al mercado nacional, que serían cultivadas por la fuerza de trabajo aborigen disponible, debido a la desaparición de sus resguardos.

En Paraguay la vida demostró que la burguesía nacional, fuerte en el agro y débil en las manufacturas, aún no tenía la capacidad económica para acometer el importante desarrollo industrial necesitado por el país. Para impulsarlo, dicho sector social implementó el capitalismo de Estado, con cuyo recurso se construyó una impresionante marina mercante nacional, fábricas bélicas con fundiciones de hierro y acero, industrias de implementos agrícolas y componentes de ferrocarril. El esplendor económico del país se reflejó en su comercio exterior; en menos de diez años este se cuadruplicó, y hacia 1860 más de trescientos buques a vapor atracaban anualmente en el puerto de Asunción.

Otro ejemplo de proteccionismo, aunque de índole circunstancial, tuvo lugar en el Imperio del Brasil, cuando las dificultades experimentadas por el fisco llevaron al gobierno liberal a emitir en 1844 una tarifa con elevados aranceles en las aduanas. A partir de ese momento una pléyade de burgueses se comprometió con el desarrollo industrial del país, y auspiciaron su crecimiento a pesar del impacto negativo de la esclavitud, que restringía la demanda solvente. Así, destacados representantes de la incipiente burguesía nacional llegaron a poseer talleres de fundición y fábricas que incrementaron notablemente sus volúmenes productivos. Pero el control del Estado se encontraba en manos de los plantadores esclavistas, no interesados en el mercado interno; bastó un giro político librecambista en el gobierno, para que los referidos negocios fabriles fuesen afectados. Esto sucedió en 1860, cuando la mencionada tarifa proteccionista fue sustituida por otra más conveniente al sector agro-exportador, que requería de grandes capitales con los cuales comprar más esclavos y tierras para sus cultivos en expansión.

Era esta la diferencia entre los regímenes de Brasil y Paraguay, ya que para el gobierno de Asunción, el proteccionismo constituía un recurso fundamental mediante el cual capitalizar los medios de producción y de vida del país, y así transitar a un moderno sistema de producción. Solo una gran derrota militar podría eliminar el financiamiento estatal a las fábricas y abolir los altos aranceles aduaneros exigidos por la burguesía nacional paraguaya.

En otras partes de América Latina el problema de la construcción de un Estado nacional —sin excluir la dicotomía proteccionismo vs. librecambio—, estaba aquejado por la disyuntiva de establecer instituciones federales o centralistas. Así sucedía en la región del antiguo Virreinato del Río de la Plata, donde los ganaderos habían emergido de las luchas independentistas muy fortalecidos. Pero la desvinculación económica entre los distintos territorios, y la incapacidad de cualquier sector de la heterogénea y ascendente burguesía del área para imponerse sobre los demás, provocaron una situación de constantes luchas de todo tipo. El Interior, por ejemplo, deseaba proteger sus producciones y a tal efecto le disgustaba los reclamos de libertad del comercio exigidos por el Litoral; también se oponía a las tendencias librecambistas defendidas por Buenos Aires. El Litoral, por su parte, rechazaba tanto el monopolio mercantil porteño como el proteccionismo del Interior.

En Buenos Aires, los comerciantes porteños sostenían tesis unitarias para imponerles a los demás territorios el obligatorio empleo de su puerto, cuyos ingresos aduaneros no compartían. Además propugnaban el crecimiento del intercambio mercantil con Inglaterra. Pero una parte de los ganaderos bonaerenses estaba vinculada con el negocio de los saladeros, cuyos tasajos se exportaban hacia países con plantaciones esclavistas, lo cual les brindaba cierta independencia con respecto a Inglaterra. Por eso, dichos intereses deseaban realizar la unidad nacional argentina mediante un entendimiento con las demás provincias. A esos efectos en 1831 firmaron en Santa Fe un Pacto Federal, que organizó en una descoyuntada asociación a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Luego todos se aliaron con La Rioja y derrotaron a Córdoba. Pero como el equilibrio entre las áreas debía alcanzarse en lo económico, y no debido a una contienda militar, en 1835 se dictó una Ley de Aduanas. Esta prohibía la importación de muchos artículos y ratificaba la prohibición de navegar por los ríos del Plata. Entonces las provincias del Litoral se apartaron de Buenos Aires y se acercaron a Uruguay, para emplear el puerto de Montevideo como vía de acceso hacia el exterior. Tuvo lugar entonces una larga guerra, en la cual las tropas federales vencieron y hubo que reconocer la exclusiva jurisdicción de Buenos Aires sobre las vías fluviales del Plata. Pero dado que esta ciudad portuaria se empeñó en suprimir la libre navegación que de hecho existía por los ríos, se gestó entonces una coalición nueva integrada por el Litoral, Brasil y Uruguay, para evitar el dominio bonaerense sobre el estuario del Plata. Finalmente en 1852, Buenos Aires perdió la guerra y los saladeros el poder. Así, el viejo proyecto de construir la unidad alrededor de Buenos Aires caducó. En su lugar surgió el del enriquecido Litoral, cuyo primer peldaño se alcanzó en el propio 1852 al establecerse la Confederación Argentina. Esta implicaba un esfuerzo muy serio por erigir un Estado nacional a partir de concepciones liberales; la avanzada Constitución de 1853 significaba libre tránsito por los ríos del Plata, reconocimiento de la independencia de Paraguay, supresión de las aduanas internas y nacionalización del puerto bonaerense.

Las provincias del Interior no rechazaron la Confederación porque las leyes proteccionistas defendían en cierta medida sus mercados tradicionales. Pero la anuencia de Buenos Aires era imposible. La burguesía comercial porteña recién había conquistado el gobierno de la provincia y rechazaba todos los objetivos de la Confederación, menos el de crear el mercado nacional. Por eso erigió un poder autónomo y se dotó de una Constitución unitaria que le conservaba los privilegios aduaneros.

Durante ese prolongado antagonismo, en contraste con la bonanza económica de Buenos Aires, el Litoral sufría una creciente asfixia mercantil, pues los buques europeos casi nunca atracaban en los puertos confederados. Por ello en septiembre de 1861, bajo el empuje de las tropas bonaerenses, la Confederación se disolvió.

La República Argentina heredó el aparato administrativo federal, lo transformó y unió al de Buenos Aires, acercándose a lo que sería el Estado nacional. Pero los vínculos bonaerenses no tenían la misma fuerza con el Litoral y el Interior; esta última región había preservado en buen grado su dominio sobre los mercados locales, y puesto que la victoria de Buenos Aires eliminaba el proteccionismo, comenzaron las sublevaciones. Contra estas, el liberal presidente republicano envió su mejor arma, el ferrocarril inglés, acompañado de abundante tropa. Se venció así a las montoneras del Interior, lo cual marcó el surgimiento en 1863 del Estado nacional argentino, caracterizado entonces por una creciente penetración de Inglaterra.

A Paraguay le llegó el turno después. Cinco años de continuos ataques por sus vecinos —Argentina, Brasil, Uruguay—, financiados y abastecidos por Inglaterra, fueron necesarios para sojuzgar a dicha república. Murieron el noventa por ciento de todos los hombres, y en total las dos terceras partes de la población. En 1870, en los campos y ciudades paraguayas solo sobrevivía la desolación.

Una situación distinta se desarrolló en Centroamérica, donde había componentes parecidos pero no iguales; allí se enfrentaron los proclives a una Federación, contra quienes estaban dispuestos a fraccionar dichos territorios en repúblicas independientes para hacer triunfar sus intereses. En ambos bandos había liberales y conservadores, y tanto unos como otros esgrimieron su ideología como argumento para prevalecer en la lucha. Hasta que la precaria unidad centroamericana, tantas veces intentada, finalmente se quebró.

Las Reformas Liberales representaron la continuación de la lucha iniciada con la independencia, por la revolución. Esta, interesaba tanto a la burguesía como a los pequeños propietarios, al campesinado servil y a los esclavos. Todos ellos deseaban transitar al capitalismo, pero mediante vías distintas, con diferente costo social.

En México, al comienzo de la vida republicana, los políticos defendían sus intereses —a favor o en contra del cambio— mediante variadas concepciones. Así, en la Constituyente se enfrentaron grupos de intelectuales, de tendencias no muy definidas. Sus debates giraban en torno a temas como laissez faire y librecambio, la Iglesia, el centralismo, la herencia hispana, el federalismo, los gremios y el proteccionismo. También se discutía sobre los indígenas, que constituían la población mayoritaria del país. Sin embargo, el problema fundamental de la república era la inmovilización de hombres y tierras por los bienes colectivos —resguardos e Iglesia—, que apartaba del mercado al núcleo mayor de la sociedad, fraccionada además por innumerables aduanas internas. Había que eliminar primero las formas feudales de propiedad y sus relaciones de producción, antes de plantearse el problema del desarrollo económico integral; se requería llevar a cabo una revolución social, pues las inversiones y avances técnicos por sí solos no resolvían el problema cualitativo del país.

La Constitución de 1824 finalmente estableció un sistema federal, con diecinueve estados y cuatro territorios; se desentendió de muchas cuestiones que remitió a las Constituciones estaduales; mantuvo los privilegios jurídicos del clero y los militares; aseguró la protección oficial a la Iglesia católica —el Patronato se transformó, de real en nacional—, y esta se convirtió así en eficiente aparato burocrático eclesial o brazo del gobierno con funciones jurisdiccionales.

Hasta entonces las actividades políticas mexicanas se habían desarrollado en las logias. En la de los yorkinos, surgieron individuos que estructuraron una novedosa fuerza ajena a cualquier rito masónico, a la cual denominaron Partido Popular, de tendencia liberal, republicana y federalista. Estos, en 1832 impulsaron la primera Reforma Liberal a la Constitución. Ese proceso transformador provocó la violenta oposición de la Iglesia católica, detentora de la tercera parte de las riquezas del país. También hería de muerte al ejército, cuyos gastos absorbían más de la mitad del presupuesto republicano. Entonces curas y militares, bajo el lema de “Religión y Fueros”, clausuraron el Congreso y derogaron la legislación liberal. Después centralizaron las rentas que percibían los antiguos gobiernos estaduales y decretaron la obligatoriedad de ser católico.

En contra de la dictadura conservadora muchos en el centro del país se sublevaron. Mientras, en los territorios de la periferia, la repulsa tomó la forma de separaciones temporales, en tanto no se restableciera el sistema federal. Ese procedimiento evidenciaba que no existían vínculos económicos indisolubles entre todas las regiones mexicanas; ellas aún tenían la facultad de separarse o unirse según el grupo que se encontrara en el gobierno. Todavía la república no había alcanzado la suficiente unidad para fundir en un haz indestructible sus diversas partes. Cierto es que en México existía ya una colectividad social históricamente formada, pero al carecer de una importante vida económica común, se evidenciaba que el país no había culminado su desarrollo nacional.

En Texas los acontecimientos tuvieron un desarrollo diferente; los Estados Unidos se anexaron ese territorio en 1845, y a los cuatro meses invadieron México. Al tener lugar esta agresión, el movimiento liberal se lanzó a ocupar el poder en todo el país. Se eligió un nuevo Congreso Federal, que restableció la Constitución de 1824, pero reformada; se estableció la venta por el Estado de los bienes eclesiásticos acogidos a la legislación de las “Manos Muertas”, con el fin de recaudar fondos para la defensa de la patria.

Los conservadores retornaron al gobierno por corto tiempo, pues fueron expulsados por quienes en el Partido Liberal enarbolaran el Plan de Ayutla. Entonces triunfó la corriente auspiciada por la pequeña burguesía, que aprobó en 1855 una ley que suprimía los fueros eclesiástico y militar, para someter a los miembros de estos dos grupos a la misma legislación que a los civiles. Luego se propuso disolver las fuerzas armadas profesionales para evitar un retorno al pasado. Así, el choque de intereses fue colosal. Los conservadores se levantaron en armas, en tanto el gobierno convocaba a una Asamblea Constituyente mientras simultáneamente decretaba la desamortización de los bienes del clero y las colectividades —fuesen eclesiásticas o civiles—, sin expropiar las tierras; solo obligaba a sus poseedores a venderlas, pues tenía por objetivo introducir dichos dominios en la circulación mercantil.

La Constitución de 1857 calificó al nuevo régimen como “representativo, democrático y federal”. Pero las pugnas entre los liberales fueron incrementándose, hasta desembocar en un entendimiento entre moderados y conservadores contra los pequeño-burgueses, cuya Constitución deseaban derogar. Se inició así una guerra civil de tres años, en la cual Benito Juárez dirigió las fuerzas de la revolución. Esta nacionalizó sin indemnización los bienes del clero para financiar la Guerra de la Reforma; separó la Iglesia del Estado; extinguió las corporaciones eclesiásticas; instituyó el registro civil; dictó la libertad de cultos. Gracias a esas disposiciones se eliminó la base material del poderío clerical en México, pues se estableció la soberanía estatal en todo lo concerniente a la vida del país.

Tras la victoria, el gobierno constitucional ordenó el receso por dos años de cualquier pago por concepto de pretérita deuda externa o indemnización. La respuesta no se hizo esperar, los representantes de Francia, Inglaterra y España acordaron una agresión contra México, que se inició el 1ro. de diciembre de 1861. Mediante negociaciones, el gobierno de Juárez logró la retirada de las tropas de Inglaterra y España. Pero el ejército de Napoleón III continuó hasta imponer en Ciudad México una regencia apoyada por connotados conservadores, el arzobispo, así como algunos moderados que se dejaron seducir por el Archiduque de Austria. El resto de los liberales rechazó traicionar la República y se sumó a la resistencia, hasta triunfar en junio de 1867.

En Centroamérica, los plantadores y comerciantes liberales ocuparon definitivamente el poder durante la octava década del siglo xix. El primer triunfo tuvo lugar en El Salvador, mediante una poderosa insurrección que estalló en abril de 1871. La victoriosa rebelión salvadoreña estimuló a los liberales guatemaltecos, cuyas filas se robustecieron al sumarse la tendencia moderada a la lucha iniciada por los más radicales, que organizaban en el México de Juárez un Ejército de Liberación. Con la fuerza armada los revolucionarios cruzaron la frontera y avanzaron hasta Quetzaltenango, donde a mediados de 1871 constituyeron un gobierno provisional. Unas semanas después, los insurrectos ocuparon la ciudad de Guatemala. Pero los conservadores no aceptaron su derrota, y se alzaron al grito de “Viva la religión” con el respaldo de Honduras. Ese apoyo engendró una guerra que solo terminó en mayo de 1872, con el definitivo establecimiento en suelo hondureño de un régimen liberal. Este no tuvo igual trascendencia que en los países vecinos, pues allí la Iglesia tenía pocas propiedades territoriales y no existían numerosas comunidades agrícolas indígenas.

Gran Bretaña, al independizarse América Latina, era un país que se caracterizaba por la venta de mercancías hacia el extranjero. Por ello de inmediato firmó con los nuevos Estados importantes tratados comerciales. Sin embargo, la superioridad económica de Inglaterra también se evidenció en el control que tenía sobre las finanzas latinoamericanas. Esto se debía a la necesidad de las fuerzas patrióticas de recibir suministros para combatir a las metrópolis ibéricas. Gran Bretaña les vendía a los insurgentes de todo, mediante empréstitos. Así los emergentes Estados de América Latina —excepto Haití y Paraguay—, recurrieron a los banqueros de Londres. Después resultó imposible escapar del ciclo infernal, por el aumento de los intereses de la referida deuda externa y los nuevos empréstitos que se sucedieron. Su magnitud en 1833 era mayor que el conjunto de capitales situados en la importantísima industria textil británica, cuyas ventas al extranjero representaban la mitad de las exportaciones de Inglaterra.

En la octava década del siglo xix el imperialismo inglés era hegemónico en América Latina, en la cual tenía colocado el veinte por ciento de todos sus ociosos capitales exportados. Dicho monto se componía de empréstitos —Perú, Brasil, Argentina— e inversiones directas, cuya mitad se encontraba en Argentina y Brasil. En 1885 el total británico invertido en nuestro subcontinente ascendía a ochocientos treinta y cinco millones de dólares, de los cuales el cincuenta por ciento se encontraba en Argentina, Brasil y México.

Francia, a dos años de la fracasada aventura de Napoleón III en México, realizó su primera operación financiera de envergadura en América Latina. Se trataba de la compañía Dreyfus Fréres, que en 1869 firmó con Perú un trascendente contrato de consignación concerniente al guano, codiciado fertilizante natural. Luego la Dreyfus, asociada con otra compañía, suscribió un préstamo con Honduras. Pero el ascendente influjo francés en Latinoamérica se detuvo a consecuencia de la guerra franco-prusiana.

El regreso de Francia a sus actividades económicas en América Latina tuvo lugar en el segundo lustro de la propia década, cuando se organizó una empresa que dirigía Ferdinand de Lesseps, prestigioso constructor del Canal de Suez. Este proponía construir una vía interoceánica sin esclusas entre el Pacífico y el Caribe, por el istmo panameño.

De forma complementaria al empeño canalero, Francia se lanzó a una política prestamista en el área del Caribe. Pero su espejismo caribeño se derrumbó por donde mismo había comenzado; el anuncio en 1889 de la quiebra de la novedosa compañía canalera provocó un escándalo que llevó a Lesseps a la cárcel, y paralizó las obras en Panamá, donde la economía se estancó. Entonces el gobierno de París decidió labrarse un verdadero imperio en otras partes del mundo aunque mantuvo sus tres pequeñas colonias caribeñas y su hegemonía en Haití.

El capital alemán primero hizo su aparición en Guatemala, donde estableció una moderna empresa eléctrica y construyó un ferrocarril. Más tarde, en Perú —una vez concluida la Guerra del Pacífico—, los inversionistas alemanes adquirieron las devastadas plantaciones de la costa. También a Chile le otorgaron préstamos durante la presidencia de Balmaceda. Después los alemanes apoyaron la exitosa rebelión de los terratenientes negros del norte haitiano, lo cual les permitió irrumpir con su banca y comercio en ese país. Entonces el mercadeo alemán era especialmente fuerte en el Río de la Plata, sobre todo en Uruguay, donde se utilizaba Montevideo como centro reexportador hacia Sudamérica. A la vez la banca alemana se estableció en Perú, y en 1908 lo hizo en Brasil. Así, al estallar la primera guerra mundial, la presencia del imperialismo germano en América Latina estaba en rápido incremento. La inserción de los capitales tenía especial importancia en Argentina y Brasil, mientras ocupaba ya el tercer lugar por el volumen de su intercambio comercial con la región.

Los Estados Unidos, una década después de finalizar su Guerra Civil, sostenían débiles vínculos económicos con América Latina. A ella, en 1875 le compraba el doble de lo que le vendía y allí invertía poco, pues sus trescientos incipientes monopolios aún no tenían capitales ociosos. La exportación de dinero se limitaba a las actividades de aislados individuos, que aventuraban en Centroamérica sus escasos capitales. Impulsaban de esa forma la interconexión de las diversas redes ferroviarias en la región ístmica, entre sí y con México, para extraer con facilidad los anhelados productos tropicales cultivados en las plantaciones que se establecían en la cuenca del Caribe. Entre los frutos más deseados sobresalía el banano, cuyo comercio empezaba a controlar la Boston Fruit Co., que pronto operó también en Jamaica, Santo Domingo y Cuba. Esta colonia insular española se había convertido en el principal mercado exterior de los Estados Unidos, pues de ella obtenían sus importaciones azucareras. Por eso la industria norteamericana refinadora de la sacarosa —en proceso de monopolización— había comenzado a colocar su dinero en la Isla, la cual en 1895 absorbía ya cincuenta millones de dólares. Cifra que en América Latina solo se ubicaba detrás de las inversiones estadounidenses en México.

En América Latina, una vez que la burguesía agrominera-exportadora liberal se adueñó del poder político, vigorizó su alianza con los capitales imperialistas. Contra esa hegemonía dual, la lucha solo podía ser dirigida por la ascendente burguesía nacional, cuyas producciones autóctonas rivalizaban en el mercado interno con las mercancías importadas. Pero las fuerzas de ese emergente sector social urbano eran insuficientes para triunfar por sí solas; necesitaban algún acuerdo con la incipiente clase obrera de las ciudades. Entonces, quienes representaban los intereses de las manufacturas nacionales diseñaron políticas de compromiso tácito con los asalariados, para mejorar sus condiciones de vida; confiaban que el respaldo de los trabajadores les facilitaría dominar las instituciones estatales. Pero una vez controladas estas, los nuevos gobernantes no podían oponerse en bloque a todos los imperialismos; por ello se acercaron a Francia y Alemania, para con su interesada ayuda rechazar el asfixiante dominio de Inglaterra. Así, solo tres lustros después de la horrible derrota del Paraguay, en América Latina surgió el reformismo populista —conciliador de clases— de la burguesía nacional.

La primera manifestación de esta política tuvo lugar en Chile, debido a las consecuencias de la Guerra del Pacífico; entonces se amplió súbitamente el mercado interno, donde había una importante burguesía nacional y un numeroso proletariado minero. Dichos intereses, recogidos por el Partido Nacional —apoyado por la fracción progresista del Liberal—, en 1886 eligieron a la presidencia a José Manuel Balmaceda. Este proyectaba implantar el proteccionismo arancelario, nacionalizar el salitre y los ferrocarriles, establecer el capitalismo de Estado industrializador, apoyar los pequeños y medianos negocios, crear un Banco Nacional en manos del gobierno para trazar una adecuada política monetaria. Pero apoyada por Inglaterra, la burguesía minero-exportadora chilena que dominaba el Congreso, se opuso a su gestión. El choque de esos intereses contrapuestos, que al principio se manifestaba como una pugna política entre los poderes ejecutivo y legislativo, pronto se transformó en sangrienta guerra civil. Hasta que las vencedoras fuerzas retrógradas entraron en la capital y Balmaceda se suicidó.

En Uruguay muchas artesanías se habían metamorfoseado en manufacturas. Así, en 1883 existían más de trescientas fábricas propiedad de nacionales, cuyos intereses defendía José Battle Ordóñez. Este político en el Partido Colorado dirigía la tendencia defensora del mercado interno, la cual triunfó en los comicios del fin de siglo e inauguró un período de reformas. Surgió entonces el Banco Central, que trazó la política monetaria de la república; se estatizó la empresa eléctrica de la capital; se suprimieron los derechos de aduana para importar medios de producción; se elevaron los aranceles para evitar la competencia foránea. Después, en 1903, Battle intentó realizar alguna reforma en el sistema de propiedad agraria, para ampliar el mercado interno. Pero la insurrección de los grandes ganaderos del Partido Blanco, aunque derrotada, lo convenció de abandonar ese rumbo. Luego, con el propósito de calmar cualquier intranquilidad obrera, se dictaron algunas leyes sociales. Más adelante, como un primer paso en el surgimiento de un poderoso capitalismo de Estado, se instituyó el Banco de Seguros; se estatizó el Banco Central, cuyas funciones se ampliaron; se nacionalizó el Banco Hipotecario. Después, financiada por el gobierno, se auspició la industrialización del país. Se monopolizó la producción de energía eléctrica en las “usinas” del Estado, y también todo el cabotaje por las extensas costas uruguayas; se estatizó buena parte de los muelles del puerto de Montevideo; se comenzó a formar la red de ferrocarriles estatal mediante la compra a los ingleses de distintos ramales; se nacionalizó el suministro de agua a hogares e industrias. Todo ello se reflejó en la novedosa Constitución de 1918.

En Argentina en los comicios presidenciales de 1916 triunfó Hipólito Irigoyen, candidato del Partido Radical, respaldado por la ascendente burguesía nacional, la pequeña burguesía urbana y rural, así como por elementos del proletariado. Desde el ejecutivo, Irigoyen rebajó la jornada laboral; creó jubilaciones; estableció el pago en moneda nacional. Durante su mandato las industrias argentinas aumentaron sus producciones y se crearon nuevas fábricas. Pero ello se debió más a la merma de las importaciones a causa de la primera guerra mundial, que al establecimiento de aranceles proteccionistas. Por eso al terminarse este conflicto, las aduanas argentinas no estaban cerradas para las baratas mercaderías foráneas. Entonces estas regresaron en abundancia, y arruinaron a muchos productores de la república. Se debilitó así la burguesía nacional, mientras la pequeña y mediana burguesía agropecuaria exportadora se fortalecía, lo cual propició que se escogiera como nuevo presidente a un defensor de la doctrina del laissez faire. A partir de 1922 se vieron las consecuencias de esta política; cerraron industrias locales, bajaron los salarios, se multiplicó el desempleo.

En México en 1876, bajo los auspicios de la alta burguesía —comercial y agroexportadora—, el general Porfirio Díaz realizó un golpe de Estado inspirado en las prédicas positivistas de Spencer. Entonces se conformó un llamado gabinete de los “científicos” que tomaba las luchas sociales y de clase como manifestaciones reaccionarias, provocadas por agitadores ajenos a los humildes y explotados.

El porfiriato, para eternizarse, tergiversó las leyes de la Reforma en beneficio exclusivo de la cúspide burguesa; las ordenanzas porfiristas de 1883 organizaron en México “compañías deslindadoras” para delimitar tierras baldías, eclesiásticas, realengas y ponerlas a producir para la exportación. En pago estas empresas recibían la tercera parte de los dominios mensurados. Y una vez acabados los suelos estatales y de la Iglesia, se lanzaron sobre los resguardos. En resumen, estas compañías recibieron gratis dos millones setecientas mil hectáreas, y compraron a precios ínfimos catorce millones ochocientas mil más. También muchos ricos propietarios agrandaron sus ranchos y haciendas, y bajo los preceptos del positivismo, especializaron sus producciones para el mercado exterior. Pero a finales de siglo en este país también se había producido el surgimiento de la burguesía nacional, formada por intereses vinculados exclusivamente al mercado interno. La importancia de su aparición se comprende, al saber que entre 1886 y 1907 las inversiones de los mexicanos en las diversas ramas industriales superaron a las de los extranjeros. Ese innegable desarrollo acarreó la existencia de unos doscientos mil obreros industriales, frente al medio millón de artesanos que sufría —cada vez con más fuerza— la concurrencia de las producciones originadas por la burguesía nacional. Pero ese atropellado crecimiento económico, la injusticia generalizada, los intentos de Porfirio Díaz por continuar en el poder, condujeron a la Revolución Mexicana.

El estallido se inició en noviembre de 1910, cuando alrededor del Plan San Luis de Potosí concebido por Francisco Madero, se nucleó el descontento de la mayoría de la nación. Pero el problema de la revolución no consistía tanto en derrocar al viejo régimen como en determinar cuál grupo, clase o coalición social emergería triunfadora después.

La primera etapa de la lucha terminó al negarse el ya presidente Madero y los latifundistas, a legitimar el agrarista Plan de Ayala esgrimido por Emiliano Zapata. El asesinato de Madero en 1913 inició los empeños por regresar al porfirismo. Se rebeló entonces Venustiano Carranza, cuyo constitucionalismo tampoco reconocía el problema campesino. Por ello la masividad de esa tendencia solo se alcanzó tras el Pacto de Torreón —julio de 1914—, cuando Pancho Villa impuso a los carrancistas la práctica de repartos agrarios entre los desposeídos, y la convocatoria a una Convención en Aguascalientes. En ese evento, que inauguró la tercera etapa de la Revolución, también participó una delegación zapatista, cuyo Plan agrupó a los campesinos y elementos progresistas. Y en noviembre de 1914 los ejércitos de Villa y Zapata entraron en Ciudad México. Pero la incapacidad campesina de gobernar, evidenció que bajo su exclusiva dirección la revolución social no podía alcanzar un definitivo triunfo. Además, en México, el proletariado carecía de una conducción organizada y capaz, susceptible de aliarse con los campesinos y marchar hacia la victoria. Entonces la dirección burguesa emitió la primera ley agraria de carácter oficial —enero de 1915—, y constituyó los “batallones rojos” con proletarios, cuya clase al mismo tiempo recibió algunas mejoras. Con esos efectivos, en la cuarta etapa se venció a los ejércitos campesinos. Después el gobierno dispuso la disolución de los “batallones rojos”, cuando los principales núcleos obreros convocaron en julio de 1916 a la primera huelga general en la historia de México.

En el Congreso Constituyente de Querétaro, los asambleístas se escindieron en progresistas —encabezados por Álvaro Obregón— y moderados, acaudillados por Carranza. Los primeros resultaron vencedores al imponer en la Constitución de 1917 la prohibición del latifundio y la propiedad nacional del subsuelo. En definitiva, los principios de la nueva Constitución mexicana establecían que los intereses de la sociedad estaban por encima de los individuales, y no a la inversa. Por eso, aunque la esencia de la Carta Fundamental era burguesa, el documento resultaba democrático y nacionalista.

La primera guerra mundial y sus consecuencias alteraron la correlación de fuerzas en América Latina y en el orbe. Pero el principal acontecimiento vinculado con dicha conflagración fue —a finales de 1917— la Gran Revolución Socialista de Octubre en la antigua Rusia zarista. Dicho triunfo estremeció a la clase trabajadora en Latinoamérica y a su movimiento anarcosindicalista, así como a los pocos adeptos al socialismo que había en la región; ellos, al poco tiempo organizaron los Partidos Comunistas y se integraron a la Tercera Internacional, con sede en Moscú.

Por su parte, el derrumbe en 1929 de la bolsa de valores en Nueva York inició la mayor crisis cíclica en la historia del capitalismo. En solo cuatro años la producción industrial del mundo cayó en un treinta o cuarenta por ciento. Y las inversiones de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos en los países colonizados y dependientes mermaron. Durante ese cuatrienio (1929-1933) el comercio mundial se redujo en una cuarta parte de su previo volumen físico, y los precios de lo que se negociaba cayeron en un treinta por ciento respecto a cotizaciones anteriores; en total, el valor del tráfico internacional mermó en más del cincuenta por ciento, en relación con sus niveles precedentes. Era vital comprender que en los Estados dependientes la crisis había llegado por medio del comercio exterior, no tenía carácter interno.

A partir de entonces, en los países de América Latina donde la burguesía nacional había alcanzado un mayor desarrollo relativo, los gobiernos abandonaron las prácticas reformistas y se empeñaron en impulsar políticas antimperialistas. Surgió así el nacionalismo burgués populista.

En Brasil, las consecuencias de la crisis de 1929 y un gran fraude electoral, provocaron la insurrección de Getulio Vargas junto a los llamados “tenentistas”, o ex-oficiales rebeldes. Esta poderosa sublevación se extendió por todo el país y en treinta días triunfó. Pero Getulio se atemorizó ante las perspectivas revolucionarias que muchos “tenentistas” imprimían al régimen, y buscó un entendimiento con la burguesía agroexportadora; convocó a un Congreso Constituyente, abandonó la política restrictiva a las exportaciones de café y orientó comprar en moneda nacional —íntegramente— las cosechas del néctar negro. Por su parte, las instancias estatales captaban las divisas procedentes de las exportaciones y con ellas impulsaban la industrialización del país, cuya economía creció entre 1930 y 1937 al espectacular ritmo de 11,2 por ciento anual. Luego se plasmó un compromiso entre la burguesía agroexportadora, la nacional y los pequeño-burgueses en la nueva Constitución de 1934, que establecía la progresiva expropiación de las inversiones foráneas, así como salarios mínimos, jornadas laborales de ocho horas, descanso semanal obligatorio, vacaciones periódicas, retiros, jubilaciones, derechos a la maternidad.

En 1937, Vargas anunció el surgimiento de un “Estado Novo”, de carácter nacionalista, diseñado para fortalecer a la burguesía industrial; la relativa debilidad de este grupo social necesitaba que se impusiera un sistema autoritario y centralista. Entonces se eliminaron las autoridades estaduales, se liquidaron las aduanas internas y se erigió un poderoso capitalismo de Estado. Se conformaron así los famosos “entes” —con empresas nacionalizadas y de nueva creación—, en sectores como el acero, la energía, los transportes, yacimientos minerales. En poco tiempo —hacia 1940—, debido al éxito económico de esa política, los bienes de capital representaban ya el treinta y ocho por ciento de la producción fabril brasileña, y las filas del proletariado industrial comprendían a seiscientas mil personas.

En 1945, un golpe de Estado militar estimulado por la vieja oligarquía exportadora y los incipientes monopolios industriales, derrocó a Vargas. El nuevo presidente de Brasil abrió las puertas del país a la inversión del capital extranjero, mayormente estadounidense.

Un lustro de gobierno antidemocrático fue suficiente para que Vargas volviera a ocupar la presidencia, a principios de 1951. Entonces se decretó que los inversionistas extranjeros solo podrían extraer del país el diez por ciento de sus ganancias; se creó Petrobras o monopolio estatal encargado de importar, extraer y refinar el llamado oro negro; se propuso el Plan Salte. Este contemplaba una reforma agraria y diseñaba el proyecto de Electrobras, que otorgaba al Estado el monopolio de la energía. Pero a esta política gubernamental que provocó el descontento de los círculos monopolistas del país, se sumó la reducción —en sus tres cuartas partes— de la cuota brasileña de exportación de café a los Estados Unidos, lo cual lanzó a la burguesía agroexportadora contra la política nacionalista.

En México, la gran depresión iniciada en 1929 golpeó con rudeza la economía; en un año el producto interno bruto descendió un doce y medio por ciento. Crecía entonces con rapidez el descontento en el campo. Aunque las haciendas privadas superiores a las diez mil hectáreas ocupaban más de la mitad de la superficie nacional, en 1932 se proclamó concluida la reforma agraria en nueve Estados de la federación. Semejante política liquidó cualquier vestigio de alianza entre el campesinado y la gobernante burguesía rural.

En 1934 la candidatura presidencial de Lázaro Cárdenas triunfó, auspiciada por el sector industrial de la burguesía nacional y la pequeña burguesía urbana, los cuales impulsaban una política de entendimiento con el proletariado. El campesinado, sin embargo, obtuvo el mayor desvelo gubernamental, por la importancia de profundizar la reforma agraria para el restablecimiento de la paz social en los campos. Esto, al mismo tiempo, ampliaría el mercado interno para la burguesía industrial. A tal efecto se dictó un Código Agrario, según el cual los ejidos deberían convertirse en unidades económicas no fraccionables y operar como modernas cooperativas, con acceso a regadíos y entrega de parcelas a jornaleros o peones. A los dos años la reforma agraria fue radicalizada, al expropiarse las haciendas dedicadas a cultivos comerciales, cuyas tierras debían permanecer como entidades colectivas indivisibles. El conjunto de esas medidas permitió que más de dieciocho millones de hectáreas fueran entregadas al campesinado en el sexenio de Cárdenas, de las cuales casi la mitad pasaron al sector ejidal.

El capitalismo de Estado experimentó en esos años un considerable desarrollo, al adquirir la República importantes ferrocarriles propiedad de extranjeros. Las inversiones estatales se multiplicaron y el sector público se fortaleció aún más al expropiarse en 1938 el petróleo, hasta entonces monopolizado por diecisiete compañías de Inglaterra y los Estados Unidos.

En Argentina, Juan Domingo Perón fue electo a la presidencia en 1946. Su gobierno eliminó las inversiones extranjeras; nacionalizó el Banco Central, así como los ferrocarriles, electricidad, puertos, transportes urbanos. También impulsó la marina mercante nacional, constituyó las Aerolíneas Argentinas, creó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Luego se emitió la Constitución de 1949, en cuyos acápites se planteaban conceptos referentes a la función social de la propiedad y del capital en la actividad económica; asimismo otros capítulos hablaban de la estatización de los servicios públicos, las fuentes de energía y los yacimientos minerales. Dos años más tarde se concluyó el Primer Plan de Desarrollo Económico, y culminó el proceso de sustitución de importaciones al producir las industrias del país todos los bienes de consumo necesitados. Entonces se tenía que transitar hacia el desarrollo de la industria pesada. Pero los bajos precios a sus exportaciones, frustraron la posibilidad de financiar con recursos propios la industria pesada argentina. El régimen se vio entonces en una situación muy difícil; carecía de divisas, faltaba el petróleo, no había créditos internacionales.

Perón se apoyó entonces en la pequeña y mediana burguesías, así como en sectores del proletariado. Por eso su gobierno trató de impedir que los incipientes monopolios argentinos —que en 1954 ya controlaban el 20 por ciento de la producción industrial— arruinaran a sus débiles contrincantes o aumentaran la explotación de la fuerza de trabajo asalariada. Con ese objetivo se impusieron controles de precios y salarios, y se buscaron nuevas posibilidades al comercio exterior argentino en los países socialistas.

El Presidente también decidió mejorar sus relaciones con los Estados Unidos. Por ello reglamentó que las empresas foráneas podrían repatriar hasta el ocho por ciento de sus utilidades anuales. La nueva política no satisfizo a nadie; la oligarquía agroexportadora liberal, así como los emergentes monopolios argentinos aglutinados en la derecha justicialista, consideraron insuficiente esa medida. En tanto, los obreros así como la pequeña y mediana burguesías, no solo la consideraron excesiva, sino que pidieron al régimen su radicalización.

Entre la perspectiva de movilizar a las masas, o doblegarse ante la oligarquía y el imperialismo, Perón no escogió. Era nacionalista, pero no deseaba que se realizara un proceso revolucionario, lo cual sería la consecuencia lógica de armar a los humildes y desposeídos. Y esa era la única vía para vencer los levantamientos militares, que se sabía preparaba la reacción.

En Argentina —como en México y Brasil—, el proceso de sustitución de bienes de consumo importados por las producciones autóctonas, culminó a principios de la década del cincuenta. Entonces los logros de la burguesía nacional se trocaron en dificultades, pues los mercados internos estaban saturados. A su vez, la caída de los precios mundiales de las exportaciones latinoamericanas, provocó en el subcontinente —en solo seis años a partir de 1951— un déficit de treinta y cinco mil millones de dólares a favor de los Estados Unidos. Esto frustró la posibilidad de desarrollar la industria pesada con los exclusivos recursos financieros internos de cualquier país de la región. A partir de entonces la competencia entre los capitalistas de cada república se incrementó. Numerosos pequeños y medianos productores quebraron, y se aceleró el proceso que centralizaba las riquezas y concentraba la producción.

Los cambios estructurales condicionaron la creciente importancia de las grandes empresas, que empezaron a obtener súper ganancias, lo cual enfatizó la concentración del capital. Al mismo tiempo, los proyectos de ampliar las industrias requirieron tales magnitudes de inversión, que resultaba imprescindible centralizar mayores capitales. Entonces los mayores industriales se asociaron con los grandes bancos. La fusión de ambos capitales facilitó que unas pocas compañías empezaran a controlar gran parte de las inversiones en las principales ramas, con lo cual se eliminó la libre competencia. En los países latinoamericanos de mayor avance capitalista se inició así el surgimiento de los monopolios criollos. Pero en América Latina el crecimiento de la industria se había producido de manera preponderante en el sector II, dedicado a los bienes de consumo. Los empeños por hacer brotar fábricas de medios de producción solo habían alcanzado relativo éxito; los problemas de tecnología y financiamiento representaban valladares casi insuperables.

A fin de continuar su proceso de crecimiento, los monopolios criollos anhelaban asociarse con las transnacionales y vender en otros mercados, por eso, retiraron su respaldo a los gobiernos nacionalistas burgueses, que periclitaron. Así, en México, el Partido Revolucionario Institucional a partir de 1952 comenzó a favorecer a la tendencia monopolista. En Brasil, luego del suicidio de Vargas, el país se abrió a los capitales extranjeros. Argentina —tras el exilio de Perón— comenzó a liberalizar su economía.

El triunfo de la Revolución Cubana el 1ro. de enero de 1959 significó un gigantesco paso de avance en la historia del subcontinente. Desde entonces, los Estados Unidos comenzaron a buscar una alternativa burguesa para América Latina. Y el primer paso importante lo dieron en septiembre de 1960, cuando en la Conferencia de Bogotá anunciaron su nueva política de colaboración entre el capital imperialista y las compañías criollas.

Dichos proyectos alcanzaron mayor envergadura cuando en agosto de 1961 el gobierno estadounidense propuso la llamada Alianza para el Progreso, basada en un programa liberal reformista que tenía por objetivo modernizar el capitalismo latinoamericano.

En aquella época las repúblicas latinoamericanas no conocían la deuda externa, y de los dieciocho mil millones de dólares situados en ellas por los extranjeros, el 75 por ciento pertenecía a inversionistas norteamericanos, que en los diez años siguientes colocaron cuatro mil millones de dólares más. En definitiva, en 1975, las inversiones estadounidenses en América Latina representaban el 64 por ciento del total situado por los Estados Unidos en los países subdesarrollados.

Entonces un rasgo novedoso de la exportación de capital norteamericano era la creciente participación del Estado imperialista en dicha actividad. Otras manifestaciones nuevas en la exportación del capital fueron el incremento de las “inversiones en cartera”, así como el de los créditos a las ventas hacia el exterior. Debido a ambas modalidades, en 1975 solo el 36 por ciento del total de capitales estadounidenses colocados en nuestro subcontinente correspondió ya a inversiones directas.

Esto condujo a que el gobierno de los Estados Unidos empleara a organizaciones financieras supranacionales dominadas por ellos —Banco Internacional de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI)— en sus empeños por mantener el control sobre nuestras economías. Así, el FMI se dedicó a imponer programas llamados de “estabilización fiscal”, que en realidad implicaban la reforma o abolición de las reglamentaciones aduaneras y monetarias, antes de otorgar los préstamos solicitados.

Con la apertura de nuevos sectores económicos latinoamericanos a los capitales extranjeros, estos se dirigieron de manera preferente hacia los grandes países que en la región producían manufacturas. Por eso en 1975, el 73 por ciento del dinero colocado en esa esfera se encontraba en Brasil, México y Argentina, que fabricaban en conjunto el 78 por ciento de la producción industrial de América Latina.

A lo largo de la década del sesenta, en los países latinoamericanos de mayor desarrollo relativo, comenzó la puja por el predominio de la oligarquía financiera criolla. Al saturarse la demanda solvente interna, los representantes de las grandes industrias ya fusionados con los principales bancos, deseaban que los gobiernos sirvieran a sus intereses monopolistas privados, y les permitieran asociarse con las poderosas empresas estatales. A partir de la formación del capitalismo monopolista de Estado los funcionarios estatales se supeditaron a los intereses de la oligarquía financiera. Esto permitió que instancias de las repúblicas, importaran capitales para ofrecerlos abundantes a los monopolios, endeudándose las naciones.

En los países de América Latina donde la burguesía no monopolista —partidaria de un capitalismo autónomo apoyado por el proletariado y otras fuerzas progresistas— tenía posibilidades de afianzarse en el poder, las oligarquías financieras criollas se dispusieron a liquidar los tradicionales sistemas democrático-representativos, que dificultaban imponer el capitalismo monopolista de Estado. Por ello recurrieron a las cúspides militares que dominaban las fuerzas armadas, con el propósito de que ocuparan el tradicional poder político y transformaran al Estado burgués; era necesario imponer un régimen tiránico, que modernizara el capitalismo en función de la hegemonía monopolista, para lo cual esos gobiernos castrenses de nuevo tipo debían inmiscuirse en todas las esferas de la vida pública, social y política. Con el propósito de alcanzar esos objetivos fueron suprimidos los derechos, garantías y libertades democráticas; se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos obreros. Al mismo tiempo se eliminó la independencia de los tres poderes del Estado y se afianzó la supremacía absoluta del ejecutivo. De esta manera se instalaron equipos gubernamentales —en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay— formados por las cúspides militares, que utilizaron a la alta oficialidad como sustituta de las inexistentes formaciones partidarias fascistas. Aquella se entrelazó en la administración pública y en las empresas estatales con los jerarcas de la burocracia civil, que a su vez ocuparon importantes cargos en las compañías monopolistas. En otros casos, los representantes de estas pasaron a desempeñar cargos clave en las funciones administrativas nacionales y sus entidades económicas, transformadas todas por el fascismo militar. Se forjó así un sólido mecanismo unificador de las fuerzas oligárquicas y el ejército; se supeditó el aparato estatal y sus empresas a la burguesía financiera, mediante la ya conocida unión personal. Estos regímenes fascistas-militares, además de sus habituales rasgos represivos, ayudaron a implantar el capitalismo monopolista de Estado en asociación con las transnacionales; con denuedo promovieron un fuerte y acelerado endeudamiento público externo, acompañado de una política destinada a atraer grandes inversiones foráneas. El éxito de las nuevas recetas indujo a los Estados Unidos, en 1974, a cancelar oficialmente la Alianza para el Progreso.

En Brasil, desde mediados de la década del setenta se incrementó un movimiento a favor de una apertura democrática, que contemplase la amnistía de los presos políticos, así como la convocatoria a una Constituyente. La redemocratización se convirtió en la palabra de orden, sobre todo de la reaparecida Unión Nacional de Estudiantes, que también exigía la derogación de la represiva “Ley de Seguridad Nacional” y el castigo a las bandas terroristas de ultraderecha. Hasta la Confederación Nacional de Obispos Católicos Brasileños acordó luchar por una reforma agraria y defender los derechos de los indígenas. Pero nada se pudo comparar con el resurgimiento de la lucha proletaria para exigir libertades sindicales y protestar por el deterioro del nivel de vida de los asalariados; el Primero de Mayo de 1978 los obreros cesaron el trabajo en las fábricas de automóviles de Sao Paulo, lo que de inmediato se extendió a las otras industrias. La enorme huelga de medio millón de trabajadores estaba dirigida por el combativo líder metalúrgico Luiz Ignacio da Silva (más conocido como Lula), quien obligó al gobierno y a los empresarios a conceder aumentos salariales. Después el gobierno tuvo que suprimir el uso de las “actas institucionales”, restablecer el habeas corpus, otorgar independencia al poder judicial, suprimir la censura de prensa, autorizar un Primer Congreso Nacional por la amnistía. Este se inauguró simbólicamente presidido por los nombres de los héroes y mártires del movimiento antidictatorial, y se clausuró exigiendo total libertad de manifestación y pensamiento, así como el fin de todas las leyes represivas.

El ascenso democratizador coincidía con el estancamiento económico, el auge de la inflación, la caída de las reservas monetarias nacionales, el déficit de la balanza de pagos, y una creciente deuda externa que rondaba los cien mil millones de dólares.

La década de los ochenta se inauguró con la ley que autorizaba la desnacionalización de las industrias estatales, acompañada de otra que decretaba una amplia amnistía, debido a la cual regresaron al país una pléyade de políticos exiliados. Luego se legalizaron todos los partidos, lo que permitió el resurgimiento de algunos antiguos y la creación de otros. Entre estos descollaba el Partido Trabalhista (PT), formado por individuos de pensamiento avanzado y líderes sindicales, encabezados por Lula. El PT contaba con el fervoroso respaldo de los sindicatos obreros, de los trabajadores agrícolas, los campesinos sin tierra, y hasta de muchas comunidades religiosas de base. Así el trabalhismo pudo participar en la Asamblea Constituyente de 1987, que instituyó un régimen presidencialista y convocó a elecciones generales en noviembre de 1989. En ellas triunfó el conservador Fernando Collor de Mello, quien aplicó un drástico programa antinflacionario que tuvo por consecuencia una profunda recesión. Esta crisis, unida a la corrupción generalizada en su gobierno provocó su enjuiciamiento y dimisión a finales de 1992. Su vicepresidente, Itamar Franco, ocupó entonces la primera magistratura con el propósito de dar un espacio en su gabinete a otras fuerzas políticas. Así el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso ocupó el Ministerio de Hacienda con la encomienda de reestructurar la enorme deuda externa de Brasil. Su relativo éxito en el empeño incrementó su prestigio, y 1994 fue electo Presidente del quinto Estado más poblado del mundo, al frente de la coalición compuesta —además de su partido— por el Frente Liberal y por el Movimiento Democrático Brasileño. Luego de reducir la inflación mensual de la nación del 50 por ciento al 1,5 por ciento, Cardoso fue reelecto. En Brasil —a pesar de entonces ser una de las diez mayores economías del planeta— las desigualdades entre sus habitantes resultaban abismales: el uno por ciento de los propietarios poseía la mitad de las tierras del país, o más gráfico aún, veintisiete mil personas tenían ciento setenta y ocho millones de hectáreas; la mitad de la población acaparaba el noventa por ciento del ingreso nacional; en la Amazonia sobrevivía el trabajo forzado o esclavo; el sector informal contaba con el 58 por ciento de los aptos para laborar; en las grandes ciudades el desempleo abarcaba al 20 por ciento de los adultos. Fernando Henrique Cardoso no pudo cumplir sus promesas sociales; la crisis financiera, la devaluación de la moneda nacional, la elevada deuda pública, la dependencia del capital extranjero, lastraron su segundo período gubernamental. Este desolador panorama hizo que sectores empresariales se inclinaran hacia una alianza con Lula y su PT. La campaña electoral de este se basó en respetar durante un tiempo la ortodoxia macroeconómica acordada con el FMI por su predecesor, que incluía los pagos de la deuda externa, para después adoptar una política de crecimiento, en la cual otra vez el Estado desempeñaría una función esencial; impulsar la reforma agraria reclamada por el prestigioso Movimiento de los Sin Tierra —que agrupaba a millones de desposeídos en los campos—; desarrollar una fuerte campaña urbana para mejorar los peores aspectos sociales que sufrían los humildes y desposeídos. Para tales propósitos Lula contaba con la prolongada y exitosa historia de gobierno del PT en múltiples municipios y diferentes estados de la federación, así como por su destacada participación en el Congreso; con su Central Unitaria de Trabajadores, que aglutinaba a más de 22 millones de asalariados; con la Articulación Nacional de Movimientos Populares y Sindicales, inspirada por él. Con ese respaldo y aliado con otras fuerzas políticas Luis Ignacio Lula Da Silva ganó las elecciones de octubre con el 61 por ciento de los votos, lo que le permitió ocupar la presidencia de Brasil el 1ro. de enero de 2003.

De inmediato, el nuevo equipo gubernamental con acierto desarrolló una serie de programas sociales como el denominado Hambre Cero, que a la vez inducía a los necesitados a enviar sus hijos a las escuelas; mientras, paralelamente impulsaba una eficaz lucha contra el analfabetismo con la ayuda del práctico método cubano de enseñanza conocido como “Yo sí puedo” (leer y escribir). Al mismo tiempo, el equipo dirigido por el Presidente mantuvo la estabilidad financiera; rechazó renovar el acuerdo con el FMI rubricado por su predecesor; disminuyó el desempleo; acordó con Venezuela una alianza estratégica en los ámbitos comercial, energético y financiero.

Avalado con esos éxitos, en los siguientes comicios municipales el Partido de los Trabajadores ganó el doble de los municipios que antes controlara, lo cual le allanó el camino para la lid presidencial de 2006. Para acudir a esta, el máximo dirigente “trabalhista” conformó una nueva alianza electoral nombrada la “Fuerza del Pueblo” en asociación con los partidos Comunista del Brasil y Republicano Brasileño. Se pensaba así derrotar en las urnas durante la primera ronda a Geraldo Alckmin, principal candidato opositor al cargo, quien estaba apoyado por los partidos Social Demócrata Brasileño y Frente Liberal. Pero la división de la izquierda impidió la inmediata reelección del Presidente, pues su rival Heloísa Helena con el respaldo de los partidos Socialismo y Libertad, Socialista de los Trabajadores Unidos y Comunista Brasileño, logró el 6,85 por ciento de los votos que le hubiera permitido a Lula arrasar. En la segunda vuelta electoral, el fundador del “trabalhismo” obtuvo el respaldo del 60,8 por ciento de los ciudadanos para su nuevo mandato presidencial.

En Argentina, tras la catastrófica Guerra de Las Malvinas, el desprestigiado gobierno militar anunció el retorno a un régimen civil constitucional, mediante elecciones en octubre de 1983. En estas venció el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín —quien había acercado su partido a posiciones socialdemócratas—, y desde la presidencia estableció la indiscutible supremacía del poder civil sobre el militar, reorganizó las fuerzas armadas, enjuició a los tres jefes de la antigua Junta Militar, y ratificó las condenas a cadena perpetua de varios oficiales de alto rango acusados de violación de los derechos humanos. Después, visitó a Cuba socialista.

El peronista Carlos Saúl Ménem resultó electo presidente en 1989, cuando la economía del país estaba deprimida y sufría una inflación de cuatro dígitos. Ante esa realidad, el recién instituido gobierno decidió atar la moneda nacional al dólar norteamericano y dispuso que la circulación de aquella estuviese garantizada en un 80 por ciento con valores extranjeros, mediante lo cual se cortó la práctica de imprimir pesos devaluados para financiar los déficits fiscales. Este “plan de convertibilidad”, que establecía la paridad del billete argentino con el estadounidense, recibió el apoyo de los más influyentes sectores financieros internacionales que de inmediato empezaron a enviar sus capitales a Argentina, cuya producción se reanimó. Pero desde 1994, la sobrevalorada moneda austral comenzó a perjudicar la competitividad de los productos criollos, lo cual originó un desbalance negativo en sus cuentas corrientes. Esto coincidió con el impacto adverso del llamado “efecto tequila” en México, cuyos influjos desvanecieron el arribo de nuevos capitales al Río de la Plata. En esas circunstancias Ménem decidió emplear las reservas en divisas de la nación, para sufragar los referidos desequilibrios comerciales con el exterior, sin aumentar las emisiones monetarias. Esa política provocó una gran recesión económica, debido a la cual disminuyó los impuestos y con ello se desnutrió el presupuesto nacional. Así la república llegó a la disyuntiva de abandonar la austeridad fiscal o recortar los gastos públicos y sociales. Estos últimos fueron sacrificados por el reelecto Ménem, lo que hizo muchísimo más difícil la vida de los humildes. En el mercado interno se presentaba la dramática alternativa de comprar caros productos nacionales o baratas manufacturas importadas, con la lógica consecuencia de que se incrementaban el desempleo y las quiebras de negocios. Entonces el gabinete “menemista” vendió empresas estatales a consorcios foráneos, los cuales impusieron a los antiguos servicios públicos —agua, electricidad, transporte— altos precios monopolistas. Esto perjudicó a la población en general, y sobre todo a sus estratos más pobres. La política económica de Ménem provocó la censura de los sectores sindicales del peronismo, apoyados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Luego, al ascender el monto de la deuda gubernamental a la mitad del producto nacional bruto (PNB), dichas críticas se volvieron franca oposición, que se exacerbó cuando Brasil dejó flotar su moneda, la cual perdió casi la mitad de su valor. Así de golpe, los productos argentinos se hicieron carísimos para su principal socio comercial, por lo que una parte considerable de las inversiones extranjeras —sobre todo en la industria automotriz— abandonaron el país para establecerse en tierras de su gigantesco vecino. De esa manera la referida práctica fiduciaria gubernamental condujo a la recesión, al desempleo y a un mayor déficit fiscal.

En los comicios de octubre de 1999 la alianza del Partido Radical con el Frente de un País Solidario (FREPASO) triunfó sobre el desgarrado peronismo, en una república cuya profunda crisis se agravaba ante el inminente pago de doce mil trescientos millones de dólares, por concepto de intereses de la deuda externa. Con el objetivo de obtener fondos del presupuesto para realizar dicho desembolso, al ocupar la presidencia Fernando de la Rúa dispuso amplias medidas de austeridad y decretó alteraciones al Código Laboral, todo en perjuicio de los trabajadores. Esa conducta deshizo el endeble pacto electoral, ya desde antes resquebrajado por la renuncia del vicepresidente —miembro del FREPASO—, debido a la negativa del primer mandatario a enjuiciar a su corrupto predecesor. El gabinete “radical”, no obstante, mantuvo el esquema socioeconómico del “menemismo”, hasta que a mediados de 2001 se evidenció que el país marchaba hacia un precipicio; la fuga de capitales era indetenible y el propio FMI se negaba a socorrer al desconcertado gobierno, que poco después anunció su incapacidad de pagar los referidos intereses externos. Pero dada la vinculación de la moneda argentina con la estadounidense, dicha noticia provocó el pánico de quienes habían colocado algún dinero en los bancos, y sobre estos las multitudes se precipitaron en busca de sus ahorros. La respuesta de La Rúa fue, congelar todos los activos de la ciudadanía mediante un “corralito”. Entonces la población, cuyo desempleo atenazaba a la quinta parte de los asalariados, se lanzó a las calles, desesperada, sin dinero, con multitud de arruinados pequeños y medianos propietarios que habían visto desaparecer sus negocios, así como gran número de personas pobres ya hundidas en la miseria o deslizándose hacia ella.

El país vivía la peor crisis de su historia tras haber seguido fielmente los postulados del FMI. Ante la colosal hecatombe política, económica y social, el pusilánime o moralmente diminuto de La Rúa solo atinó a renunciar al cargo, como evidencia fehaciente de que el modelo neoliberal había fracasado.

En los comicios de 2003, para ocupar el vacante cargo presidencial se presentaron las candidaturas antagónicas de dos peronistas. La del muy progresista Néstor Kirchner resultó vencedora frente a la del emblemático payaso del neoliberalismo Carlos Saúl Ménem, quien pretendía retornar a la primera magistratura con el respaldo de la perversa derecha “justicialista”. En muy poco tiempo el nuevo gobierno argentino rompió con el FMI, acometió la favorable renegociación de la enorme deuda externa heredada, e impulsó una asombrosa recuperación de la economía con un crecimiento al año siguiente del 10,7 por ciento. Ello estuvo acompañado de un importante acuerdo de complementación energética con Venezuela. A la vez Kirchner permitió la existencia y desarrollo de un fenómeno desconocido, al que se le dio el nombre de empresas recuperadas. Mediante el inédito e impactante proceso, un centro laboral que hubiera sido abandonado por sus dueños durante la era neoliberal —estuviese en quiebra o simplemente se encontrara cerrado— podía ser reabierto y puesto a funcionar por los trabajadores en su propio beneficio, como si se tratara de una cooperativa.

A pesar de que deseaba impulsar el despegue económico, el gobierno también se empeñó por enviar a los tribunales a unos mil torturadores. A ellos antes se les había excluido de cualquier juicio vinculado con sus crímenes durante la dictadura militar, porque estaban protegidos por las ahora derogadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en favor de los mandos subalternos en 1986 y 1987.

A finales de 2007 se acometió un nuevo proceso de elecciones presidenciales, para el cual la senadora Cristina Fernández —con tres décadas de militancia en lo más avanzado del peronismo— encabezó las encuestas. En dicha organización política se había generado una metamorfosis, pues al margen de la vieja institucionalidad partidista, Kirchner había organizado una estructura paralela propia que denominó “Frente para la Victoria”, el cual la propuso como su candidata. Cristina, en sus afiebrados discursos, proponía combatir la pobreza y el desempleo, a la vez que aseguraba mejoraría la salud pública y la educación. En los comicios obtuvo una amplia ventaja sobre todos los demás aspirantes, con lo cual se convirtió en la primera mujer electa para la presidencia de esta nación.

En Uruguay, la represión fascista del ejército empezó a ser puesta en jaque por el reinicio de las movilizaciones populares, en buena parte impulsadas por el proscrito Frente Amplio. Con el objetivo de brindar una salida política al régimen que se deterioraba, la cúspide militar decidió en 1980 legalizar los tradicionales partidos Blanco y Colorado, a la vez que elaboraba una nueva Constitución. Pero esta fue rechazada en un referéndum, por lo cual hubo que realizar un recambio en la cúpula gobernante. El general Gregorio Álvarez, nuevo ocupante del ejecutivo, convocó entonces a elecciones para 1984, en las cuales —sin embargo— las fuerzas armadas se reservaban la posibilidad de vetar a los candidatos que no fueran de su agrado. En esas condiciones, en marzo de 1985 el colorado Julio María Sanguinetti ocupó la presidencia y al año dictó una ley de amnistía para los militares que hubieran atropellado los derechos humanos durante los años de dominio castrense. Después, en 1989 tuvieron lugar elecciones municipales, en las cuales un militante del Partido Socialista y líder de la coalición Encuentro Progresista —llamado Tabaré Vázquez—, ganó en la importantísima Intendencia de Montevideo. ¡Por vez primera se rompía en esta ciudad la tradicional hegemonía bipartidista “colorado-blanca”! Ese trascendental acontecimiento indujo al Frente Amplio encabezado por su fundador y dirigente, el general (retirado) Líber Seregni, a celebrar al poco tiempo un decisivo Congreso en el cual se acordó fortalecer su política de alianzas a partir de criterios anti-oligárquicos, antimperialistas e integradores de América Latina, rumbo a un proyecto nacional, popular y democrático. De este modo se pudo efectuar la unión de ambas organizaciones, encabezadas a partir de 1996 por Tabaré dada la jubilación de Seregni.

Los éxitos en la conducción de los asuntos públicos de la capital bajo la égida del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) produjeron tal crecimiento electoral de la izquierda, que en los comicios generales de 1999 estuvo a punto de imponerse en la referida lid. Esto se explica porque dicha urbe, que representaba el corazón económico del país y albergaba la mitad de su población, experimentó bajo el nuevo gabinete municipal considerables transformaciones tales como: una efectiva descentralización democrática, la equitativa redistribución de los impuestos y recursos llevada a cabo con verdaderos preceptos de justicia social, una profunda reforma del aparato estatal en el ayuntamiento, así como el desarrollo de vastas obras de infraestructura citadina. Esos avances contrastaban con el fracaso de la política neoliberal del gobierno republicano, que privilegió la actividad financiera sobre la productiva, abrió el mercado nacional a las importaciones y provocó la ruina de muchos pequeños y medianos propietarios, aumentó el desempleo y devaluó los salarios, mientras buena parte del proverbial y considerable patrimonio estatal se vendía a precios irrisorios a grandes inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros, mediante un muy cuestionable proceso de privatizaciones. Además la debacle económica argentina, principal socio comercial de Uruguay, significó una catástrofe para los orientales pues incluso el vital flujo turístico de los vecinos se redujo de manera considerable. Entonces el gobierno colorado tomó adicionales disposiciones restrictivas con los sueldos públicos y los subsidios sociales, lo cual agravó la miseria de los humildes e incluso la de muchos de los que hasta entonces habían pertenecido a los estratos medios de la sociedad. En ese deplorable contexto el país se aproximó a nuevas elecciones, para las cuales Tabaré lanzó un llamado Proyecto de Reconstrucción Nacional sintetizado en el lema de un Uruguay Social y Mejor, en interés de las grandes mayorías, dado que un tercio de los habitantes vivía en la pobreza y cien mil en la indigencia, la mitad de las personas carecía de seguridad social, y trescientos mil seres humanos no tenían cobertura médica. Al mismo tiempo el salario mínimo era solo ya la cuarta parte del existente casi cuatro décadas atrás, y con apenas tres millones de pobladores, unos treinta y cinco mil de ellos emigraban anualmente, en primer lugar los jóvenes. Con ese trasfondo, en los comicios nacionales de noviembre de 2004 la aún más ensanchada coalición, ahora denominada Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nuevo Espacio, obtuvo el 50,45 por ciento de la votación y ganó la presidencia.

En febrero de 2005 Tabaré conformó su gabinete con representantes de las distintas fuerzas de izquierda que integraban su vasta alianza electoral, entre cuyos componentes sobresalía el legendario José Mujica —más conocido como El Pepe—, uno de los fundadores del Movimiento Tupamaro, y senador electo con una avalancha de votos. El nuevo equipo gubernamental de inmediato puso en marcha un plan de emergencia social a favor de los desvalidos y afectados por el neoliberalismo, restableció con Cuba relaciones diplomáticas plenas —rotas por el colorado Jorge Batlle—, apoyó multifacéticamente la integración latinoamericana, impulsó el esclarecimiento de los horrendos crímenes cometidos durante la dictadura militar, dictó la jornada de ocho horas para los trabajadores rurales, y auspició el comercio con China que se convirtió en el tercer socio comercial —en rápido ascenso— del país, después de Brasil y los Estados Unidos.

En Uruguay, el gobierno del Frente Amplio logró que se reconociera al Estado gobernado por los militares como responsable de prácticas terroristas, de todo tipo de represiones, de violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante los horribles años de la dictadura castrense. En consecuencia, se ofrecieron reparaciones gubernamentales a los afectados por dicha política, y se argumentó que los tribunales deberían enjuiciar a los culpables. En ese ambiente, la República Oriental se encaminó al importante proceso electoral del 25 de octubre de 2009. José Mujica y Danilo Astori —destacado profesor universitario— representaban al Frente Amplio, en cuyo gobierno habían fungido como ministros de Agricultura y Economía. En su campaña electoral, el antiguo guerrillero hizo énfasis en el desarrollo, la equidad, la integración interna y externa, la transparencia en la gestión pública y la seguridad de la ciudadanía, como bases de su programa gubernamental, que incluía el diálogo social como propulsor de las relaciones laborales. En la primera vuelta electoral, Mujica y Astori superaron por amplio margen a todos los demás aspirantes, pero sin alcanzar el definitivo cincuenta por ciento más uno de los votos. Esto los llevó a una segunda ronda, en la cual se sumaron las organizaciones de izquierda que se habían presentado antes con candidatos propios. Así el binomio “frenteamplista” obtuvo el 51,2 por ciento de los votos electorales, con una ventaja de siete puntos sobre el candidato derechista.

En Argentina, Brasil y Uruguay, la derrota de los regímenes fascistas-militares fisuró la hegemonía de la oligarquía financiera, en alianza con el imperialismo estadounidense. Pero quebrar definitivamente ese poderío foráneo asociado a las dominantes elites criollas, requería de amplias y creadoras coaliciones. Ese fue el significado del Frente para la Victoria, del Partido Trabalhista y sus aliados, así como del Frente Amplio. El surgimiento de estas novedosas y vastas fuerzas electorales, implicaba una profunda comprensión de las características socioeconómicas de la población y de sus rasgos psicológicos; el conocimiento de las peculiaridades del desarrollo material y espiritual de la sociedad era imprescindible para metamorfosearla. Dicha transformación requería una dirigencia capaz, susceptible de ejecutar una política acertada que adecuase su ideología a la realidad concreta. Entonces se venció en las elecciones, y se formaron gobiernos progresistas con el propósito de avanzar —sin prisa pero sin pausa— hacia una sociedad mejor.

Imperialismo
integración

Francisco de Miranda, mantuano caraqueño, provenía de una familia de comerciantes en tela y plantadores de cacao del litoral de Venezuela. Se destacó a lo largo de la guerra de independencia de los Estados Unidos; participó en la captura de Pensacola, en el asalto a Providencia, y junto a Washington en la victoria de Yorktown. Posteriormente, su fama se acrecentó durante la Revolución Francesa, cuando los girondinos lo nombraron Mariscal de Campo con la misión de vencer a los ejércitos extranjeros. Austríacos y prusianos sufrieron sus primeros éxitos, que lo promovieron al cargo de Lugarteniente General de las fuerzas armadas francesas; después Miranda triunfó en Valmy y tomó la plaza fuerte de Amberes, considerada inexpugnable. Dichos méritos fueron reconocidos al inscribirse su nombre entre los grandes de la Revolución Francesa, en el Arco de Triunfo de París.

Culminado su extraordinario accionar internacionalista, Miranda se dedicó a estructurar una organización que aglutinara a los más abnegados latinoamericanos que anhelaran luchar por un mundo mejor. Y en aquella época, nada permitía escapar tan bien al control ideológico de la Inquisición como las Logias. La de Miranda fue solo en apariencia masónica, pues en realidad era paramilitar y revolucionaria. La creó en Londres en 1800 y la denominó “Gran Reunión Americana”. Esta contaba con filiales en París, Madrid y Cádiz. En ellas se forjaron próceres como Simón Bolívar, San Martín, O’Higgins, Servando Teresa de Mier, Domingos José Martins. Todos dispuestos a librar decisivas batallas políticas e ideológicas por la independencia y la integración de América Latina. A esta, Miranda la concebía soberana y unida, como un grandioso resurgimiento del Tahuantinsuyo, cuya capital debería estar en Panamá. Decía que la confederación se denominaría Colombia y abarcaría todos los territorios desde México hasta el Cabo de Hornos, incluyendo a Cuba. En su opinión, el Estado republicano debería plasmar la simbiosis de los aspectos modernos con la tradición histórica, por lo cual deseaba que el ejecutivo tuviese dos cónsules, llamados Incas, acompañados de un Poder Legislativo independiente, el cual contaría con dos cámaras, una de senadores vitalicios y la otra —electa— denominada de los Comunes.

Derrotada la Segunda República de Venezuela —presidida por Bolívar— debido a las mismas contradicciones que había padecido la Primera —encabezada por Miranda—, muchos revolucionarios se refugiaron en Jamaica. Allí, en septiembre de 1815, Bolívar escribió su célebre “Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta isla”, en la cual retomó los postulados integradores de Miranda; expuso sus criterios acerca de cómo tal vez sería la América Latina independiente:

“Los estados del istmo de Panamá hasta Guatemala formarán quizás una asociación”; “La Nueva Granada se unirá con Venezuela (...) esta nación se llamará Colombia”.

Y añadió:

“Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres, y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse”.

Al no encontrar en Jamaica apoyo inglés para la causa independentista, Bolívar zarpó hacia Port au Prince, ciudad en la que el 1ro. de enero de 1816 se entrevistó con Alexandre Petión, presidente de la República de Haití, quien se interesó en colaborar con el destacado revolucionario venezolano de manera igual a como una década atrás lo había hecho con Miranda. Así, gracias a esta solidaria ayuda y decidido a continentalizar la guerra, Bolívar zarpó rumbo a Venezuela, donde en 1819 fue proclamado de nuevo presidente de la República. Después dispuso el cruce de los Andes hacia Nueva Granada y en agosto derrotó a los colonialistas en Boyacá. A los cuatro meses, urgido de impulsar la integración latinoamericana, regresó a Angostura. Allí el Congreso —en diciembre de ese año— constituyó la República de Colombia, integrada por neogranadinos y venezolanos.

El segundo jalón integrador latinoamericano tuvo lugar poco después al emanciparse Panamá del yugo absolutista el 28 de noviembre de 1821, y por voluntad propia incorporarse como nueva provincia a la gran república que Bolívar construía.

El tercer intento de integración, sin embargo, no avanzó por los mismos derroteros; en 1801 los rebeldes bajo el mando de Toussaint Louverture también habían liberado los contiguos territorios hispanos de esa isla antillana. Pero en 1804 al alcanzar Haití su independencia, dicha región oriental quedó bajo el dominio del colonialismo francés. Siete años más tarde, no obstante, luego de producirse la invasión napoleónica a España, la incipiente nacionalidad dominicana se rebeló en solidaridad con la idealizada antigua metrópoli. Aunque en la práctica los dominicanos se autogobernaron después con entera libertad, fue con la bandera peninsular que el jefe insurrecto ejerció el cargo de Capitán General, mientras José Núñez de Cáceres desempeñaba el de Teniente Gobernador. Ello funcionó así hasta 1814, cuando París aceptó devolver al Trono español esa parte de la isla, a la que retornaron los funcionarios absolutistas. Entonces se terminaron las libertades burguesas aportadas por la Constitución de Toussaint, y que en buen grado mantuviera el control bonapartista. El 30 de noviembre de 1821 una insurrección dirigida por el mencionado Núñez de Cáceres proclamó la independencia de Santo Domingo, que de inmediato solicitó su incorporación a Colombia. Todo se desarrolló normalmente hasta enero de 1822, cuando el sucesor del fallecido Petión ordenó la invasión de la recién emancipada y colindante zona; en efecto, Jean Pierre Boyer se había erigido en tiránico gobernante de su propio pueblo y anhelaba además anexarse la referida región oriental. Y al llevarse a efecto ese despreciable plan, se propinó un rudo golpe al hermoso empeño bolivariano de integración.

En Guayaquil se organizó una Junta Independentista en octubre de 1820, un mes después del desembarco por las costas de Perú del ejército compuesto por rioplatenses y chilenos, al mando de José de San Martín. Pero estas fuerzas latinoamericanas, inicialmente no pudieron socorrer a los insurrectos de la referida ciudad portuaria. Entonces los rebeldes solicitaron el auxilio de Bolívar, que en mayo de 1821 envió a su más joven y brillante general: Antonio José de Sucre. Tras recibir en Huachi el único revés de su carrera, este extraordinario militar venezolano pidió ayuda a San Martín, quien pudo en ese momento enviarle desde Perú un cuerpo de granaderos, comandado por Andrés de Santa Cruz. Con estos refuerzos, Sucre atacó a los colonialistas y los derrotó en la formidable batalla de Pichincha. Después la Junta organizó un Congreso, que el 29 de mayo de 1822 decidió incorporar a Ecuador —en esos momentos designado como “Distrito del Sur”— a la Colombia bolivariana.

Una etapa nueva del proyecto integrador de América Latina fue acometida el 6 de julio de 1822, con la firma del tratado de Alianza y Confederación eternas entre Perú y Colombia. Su articulado planteaba acuerdos de complementación económica, y el compromiso de incorporar a los demás Estados hispanoamericanos a una Liga de Unión Perpetua, que debería constituirse mediante una Asamblea General de Plenipotenciarios a celebrarse en el istmo de Panamá. El histórico acuerdo fue ratificado a los veinte días, cuando en Guayaquil se entrevistaron Simón Bolívar y José de San Martín: era un 26 de julio. En esa fecha ambos próceres se reunieron para dialogar acerca del futuro de la América meridional, dentro de cuya temática analizaron las perspectivas de la Federación creada unas tres semanas antes, y debatieron sobre la conveniencia de establecer su capital en Guayaquil. También se estudió la probable incorporación a la alianza establecida, de otros países hermanos. Durante la entrevista San Martín se manifestó enfermo —vomitaba sangre— y expuso a Bolívar su disgusto por las constantes intrigas de la oligarquía peruana. Llegó incluso a confesar su intención de renunciar a la primera magistratura de Perú tan pronto regresara a Lima. Así el 20 de septiembre de 1822, ante el Congreso de Perú, San Martín depuso los mandos supremos civiles y militares de los que estaba investido.

Bolívar alcanzó el segundo eslabón confederativo de su proyecto integrador a los tres meses de la Entrevista de Guayaquil; el 21 de octubre, con el Chile presidido por O’Higgins, Colombia firmó un tratado similar al anterior, que de igual manera establecía la unión en la paz como en la guerra. Al año, también la República de México, presidida por el antiguo insurgente Guadalupe Victoria, rubricó un convenio semejante a los precedentes; pero además, este subrayaba lo imperioso de expulsar a España de sus remanentes colonias en Cuba y Puerto Rico, así como la necesidad de establecer un acuerdo defensivo para enfrentar el expansionismo de los Estados Unidos.

El Congreso de Perú emitió un decreto el 14 de mayo de 1823, que solicitaba a Bolívar su presencia en Lima con el fin de otorgarle plenos poderes. Pero el impaciente general tuvo que soportar una larga espera, hasta que el Congreso de Colombia lo autorizara partir hacia el extranjero. Recibido el anhelado permiso, el venezolano arribó el 1ro. de noviembre a esa ciudad. Luego, el 6 de agosto de 1824 Bolívar ganó la gran batalla de Junín, en la cual el expresidente chileno Bernardo O’Higgins combatió al frente de un cuerpo colombiano. Y a los cuatro meses tuvo lugar la concluyente victoria de Sucre en Ayacucho; ese día un virrey, catorce generales y nueve mil trescientos diez soldados se rindieron a los batallones internacionalistas de los revolucionarios latinoamericanos. Después, en 1825 culminó la liberación del Alto Perú, redenominado en honor del Libertador como República de Bolívar o Bolivia.

En América Central, la previsión expresada por Bolívar en su Carta de Jamaica —acerca de la posibilidad de que los Estados del istmo formaran una asociación—, comenzó a hacerse realidad con la proclamación de la independencia el 15 de septiembre de 1821. Pero la aristocracia guatemalteca temía la emancipación; sus privilegios estaban amenazados por insurrecciones de los aborígenes mayas, como la dirigida en 1820 por Atanasio Tzul. Por ello, el absolutista Capitán General en funciones logró un acuerdo con la nueva y contigua monarquía mexicana, y el 5 de enero de 1822 incorporó a toda Centroamérica al vecino imperio. La arbitraria disposición anexionista provocó repulsas y protestas, que en julio se transformaron en luchas armadas, entre las que sobresalía la encabezada por el salvadoreño Manuel José Arce. A la vez, en México se generalizó el disgusto contra la Corona de Agustín de Iturbide, que entró en crisis a causa de sublevaciones como la de Vicente Guerrero. Entonces, mientras en México se proclamaba la República en marzo de 1823, en Centroamérica de nuevo independiente, se constituía una Federación tres meses después. Su Congreso Constituyente, dominado en un inicio por los liberales acaudillados por Arce, la nombró Provincias Unidas, que aglutinaba a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Pero los conflictos políticos generalizados pronto se incrementaron sin cesar; no solo pugnaban los conservadores por el control de las diversas instancias de poder, sino también se producían crecientes choques entre los gobiernos provinciales y el federal, pues sus respectivas funciones estaban muy mal delimitadas. Además, en realidad la Federación solo constituía un conjunto administrativamente unido, poco articulado, con la facultad de unirse o separarse según la victoria o derrota de una tendencia política; no existían sólidos vínculos económicos entre los diversos territorios que la integraban, y la unificación temporal de ellos solo abarcaba el nivel de la superestructura. Por esta razón, las Provincias Unidas podían quebrarse o reconstituirse en cualquier momento, ante la indiferencia de la mayor parte de la población, ajena a lo que sucedía fuera de su reducida esfera de actividad. Como se sabe, más de la mitad de los habitantes de la Federación vivían en Guatemala, y en esta preponderaba el campesinado maya, agrupado todavía en múltiples y rivales tribus.

En su calidad de presidente de Perú, Simón Bolívar convocó el 7 de diciembre de 1824 a los gobiernos de Colombia, Chile, México, Río de la Plata y Centroamérica, a enviar sus delegados al istmo de Panamá para formar una Confederación. En su misiva escribió:

“Diferir más tiempo la asamblea general de los plenipotenciarios de las repúblicas que de hecho están ya confederadas, hasta que se verifique la accesión de las demás, sería privarnos de las ventajas que produciría aquella asamblea desde su instalación”.

Con respecto al lugar añadió:

“Parece que si el mundo llega a elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino, colocado como está en el centro del globo, viendo por una parte el Asia, y por la otra el África y la Europa. El Istmo de Panamá ha sido ofrecido por el gobierno de Colombia para este fin, en los tratados existentes. El Istmo está a igual distancia de las extremidades; y por esta causa podría ser el lugar provisorio de la misma asamblea de los confederados”.

Y concluyó:

“El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público y recuerde los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto a los protocolos del Istmo. En él encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?”.

Bolívar excluyó de participar en el cónclave anfictiónico a solo dos Estados latinoamericanos. Haití, al cual no se le invitó a causa del anexionismo practicado por Boyer contra los independentistas dominicanos, y Brasil. Este país, tras su emancipación política no se había constituido en república sino en un Imperio, que además oprimía a la Banda Oriental del Río de la Plata. Al mismo tiempo, la magnitud de su enorme masa esclava solo era superada en el mundo por la de los Estados Unidos. Y Bolívar era abolicionista.

Entusiasmado por las perspectivas de crear una gran Confederación, Bolívar escribió a los delegados colombianos al Congreso de Panamá sus célebres instrucciones, en las cuales ante todo planteaba aprobar la liga militar reclamada con persistencia por México. Pero también Bolívar pensaba que el referido acuerdo defensivo resultaba imprescindible, debido a su trágica experiencia en la península de La Florida; como es sabido, en junio de 1817 ciento cincuenta combatientes despachados por él habían desembarcado en la isla Amelia —situada en la costa atlántica— donde proclamaron una República independiente, cuya capital gubernamental se estableció en el estratégico puerto de La Fernandina. Esta audaz operación tenía por objetivo permitir el almacenamiento allí de los materiales bélicos que fuesen adquiridos en los Estados Unidos, con el propósito de luego enviarlos hacia Sudamérica. Al mismo tiempo los navíos de dicha avanzada revolucionaria, por estas aguas debían capturar los suministros adquiridos por los colonialistas a los comerciantes de ese país norteño, quienes luego los embarcaban para las fuerzas absolutistas en Venezuela. Eso fue lo que sucedió cuando una flotilla de los patriotas capturó las goletas norteamericanas Tigre y Libertad, que transportaban armas y abastecimientos estadounidenses para las tropas del rey de España. Entonces Bolívar escribió al representante del gobierno de Washington —país formalmente neutral ante la guerra de independencia— en Angostura, una protesta que decía:

“La imparcialidad que es la gran base de la neutralidad desaparece en el acto en que se socorre a una parte contra la voluntad expresa de la otra.

”Hablo de la conducta de los Estados Unidos del Norte con respecto a los independentistas del Sur, y de las rigorosas leyes promulgadas con el objetivo de impedir toda especie de auxilio que pudiéramos procurarnos allí.

”El resultado de la prohibición de extraer armas y municiones califica claramente esta parcialidad. Los españoles que no las necesitan las han adquirido fácilmente, mientras que las que venían para Venezuela se han detenido”.

Los sucesos inmediatos corroboraron la inadecuada conducta estadounidense respecto a los revolucionarios latinoamericanos; el 23 de diciembre del propio año, las fuerzas armadas norteamericanas —al mando de Andrew Jackson, futuro presidente de ese país (1829-1837)— ocuparon La Florida y expulsaron a los independentistas de La Fernandina. Luego, el gobierno estadounidense en 1819 propuso al Trono absolutista un acuerdo general sobre límites en Norteamérica; este determinaba la intangibilidad de la frontera en Texas, a cambio de una compensación económica para el reaccionario monarca, quien debía también reconocer la pérdida por España de La Florida. Fernando VII, por supuesto, aceptó.

El éxito alcanzado en la aventura floridana revitalizó las tendencias expansionistas de los Estados Unidos sobre el Caribe, que en 1823 reiteraron sus deseos —expuestos desde tiempos de Thomas Jefferson— de anexarse a Cuba. Pero esas pretensiones fueron detenidas por Gran Bretaña, con ambiciones propias, la cual despachó en este momento hacia las Antillas una poderosa flota de guerra. Esa pugna entre ambas potencias, indujo al presidente Monroe a publicar en diciembre de 1823 su ambigua doctrina, que en realidad anunciaba las apetencias estadounidenses sobre América Latina. Pero la incapacidad entonces de ese gobierno para llevarla a cabo, condujo a la política llamada de la “fruta madura”; mediante ella, los Estados Unidos preconizaron que el archipiélago cubano se mantuviera en las débiles manos de España, en espera de condiciones propicias para efectuar su proyectada anexión.

En contraste con tan repudiable oportunismo, Bolívar señaló a los delegados colombianos a la anfictionía, que uno de los temas de mayor importancia era el de liberar las islas de Cuba y Puerto Rico, y en ellas abolir la esclavitud. Sabía él que, en relación con esta, existían en la mayor de las Antillas diversas posiciones políticas. En efecto, una conspiración de adeptos a la independencia había sido descubierta en 1810, cuya Constitución esclavista redactara Joaquín Infante, quien luego huyó a Venezuela. Pero a los dos años un movimiento de artesanos libres y esclavos, llamado la “Conspiración de Aponte”, aterrorizó a los plantadores y los apartó de las tendencias emancipadoras. La actividad revolucionaria resurgió en Cuba a partir de 1821, al ser creada la sociedad secreta “Soles y Rayos de Bolívar”, que tenía por objetivo proclamar la República de Cubanacán; pero en 1823 esos proyectos fueron descubiertos poco antes de que se produjera el alzamiento. Entonces muchos de quienes lograron escapar buscaron refugio en Colombia, donde pensaban junto a Bolívar promover nuevos planes de independencia para la Isla. En esta, por esa época, el presidente mexicano Guadalupe Victoria también auspiciaba otra conspiración, llamada Gran Legión del Águila Negra, que tenía un propósito similar al anterior.

El gobierno estadounidense conminó en términos muy enérgicos a Colombia y México a abstenerse de incitar a los esclavos de las Antillas a sublevarse, y a no realizar expedición alguna para emancipar a dichas colonias insulares hispanas. También en diciembre de 1824, Monroe rechazó el planteamiento colombiano de prohibir la trata y perseguirla por doquier. Tan prolongada sarta de contradicciones, indujo a Bolívar a excluir a los Estados Unidos de cualquier participación en la reunión anfictiónica, pues además este país era el mayor esclavista del mundo. Quizá por ello estalló en ira, cuando Santander —encargado interino del poder ejecutivo colombiano en ausencia del Libertador—, le comunicó haber “creído conveniente invitarles a la augusta Asamblea de Panamá”. Indignado, Bolívar le respondió que los estadounidenses “por solo ser extranjeros tienen el carácter heterogéneo para nosotros. Por lo mismo jamás seré de la opinión de que les convidemos para nuestros arreglos”.

En cambio, sí invitó en calidad de observadores a Holanda y Gran Bretaña, únicas potencias europeas que no participaban en la Santa Alianza. Este reaccionario pacto, que había restablecido el absolutismo en España a finales de agosto de 1823, tenía como otra de sus principales metas, reimplantar el régimen colonial sobre Iberoamérica.

El Congreso Anfictiónico o Asamblea de Diputados a la Confederación, se inauguró en Panamá el 22 de junio de 1826 con delegados de cuatro Estados: Colombia, México, Perú y Centroamérica. No estuvo presente el gobierno de Buenos Aires, porque Rivadavia durante su presidencia rechazó participar, y tras su renuncia quien lo sustituyera aceptó enviar a sus representantes, pero estos no tuvieron ya la posibilidad de llegar a tiempo. Por su parte el Alto Perú no había sido emancipado aún en el momento de la convocatoria. Y cuando la nueva república se instituyó, Sucre —presidente interino por Bolívar— tampoco logró mandar a sus diputados antes de que el cónclave finalizara.

En Chile la situación fue distinta, pues los conservadores —eclesiásticos, aristócratas, comerciantes monopolistas o vinculados con los estancos—, estaban tan disgustados con O´Higgins, a quien acusaban de haber aprobado la Constitución liberal emitida en 1822, que finalmente le obligaron a abandonar el poder ejecutivo. Después, los nuevos gobernantes esgrimieron los argumentos más banales para no tomar parte en la magna reunión.

Los Estados Unidos tampoco llegaron a participar en la anfictionía, aunque habían aceptado la invitación de Santander, pues uno de sus delegados murió en camino y el otro arribó al sitio cuando todo había terminado.

En la sesión inaugural del referido Congreso en Panamá, se produjo el canje de credenciales de los diputados y se aprobó el sistema de trabajo. A la mañana siguiente Perú adelantó un proyecto de Confederación que se puso en debate. Luego se acordó elegir una comisión que elaborase una contrapropuesta. Dicha tarea absorbió el trabajo de los congresistas durante diecisiete días. Y después, a partir del 10 de julio, se acometió la aprobación del texto, por partes, en reuniones plenarias que ocuparon hasta el día trece. Veinticuatro horas más tarde, se discutió la posible mediación británica en el conflicto remanente con España. Asimismo se discutieron las posibilidades de trasladar las actividades a otro lugar, pues en el istmo se confrontaban demasiadas dificultades materiales. Por último, a las once de la noche del 15 de julio de 1826, en la sala capitular del antiguo Convento de San Francisco, los delegados firmaron el texto. Solo faltaba que las instancias pertinentes en cada república lo ratificaran para que el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua fuera efectivo y entrara en vigor. Poco después, el general Andrés de Santa Cruz —presidente interino peruano en ausencia del Libertador— cumplió los anhelos de este, y firmó el 15 de noviembre de ese año el acuerdo mediante el cual Bolivia y Perú se convertían en una Federación. Era un paso imprescindible hacia la unión con la gran República de Colombia, lo cual culminaría el sueño de Bolívar de conformar una poderosa Confederación de los Andes.

En América Latina una vez alcanzada la independencia, no fueron los sectores burgueses —en general— los que emergieron con mayor poderío económico. Muchos de ellos habían perdido considerables porciones de sus bienes —o todos ellos— durante el conflicto; buena parte de los plantadores vieron sus propiedades destruidas por la guerra o sus esclavos emancipados en la lucha, mientras no pocos mercaderes se arruinaron por las confiscaciones llevadas a cabo, o a causa del deterioro de la actividad comercial. Era, por lo tanto, solo una cuestión de tiempo hasta que los despojaran de la supremacía política temporalmente alcanzada.

En contraste, los intereses más conservadores —por no decir reaccionarios— apenas habían sufrido menoscabos, pues las leyes revolucionarias se aplicaban exclusivamente en los sitios donde permanecían los ejércitos liberadores. Así los terratenientes, y en primer lugar la Iglesia católica, siguieron viviendo de la aparcería y de la servidumbre indígenas, prácticas con frecuencia acompañadas de monopolios portuarios y estancos de cultivos o productos.

La ofensiva conservadora que se había iniciado en Chile —al perder O’Higgins la primera magistratura—, continuó luego por Perú; allí, los oligarcas dificultaban crecientemente el abastecimiento de las tropas internacionalistas, a las que tildaban de “ejército de ocupación”. Hasta que lograron el retiro de los soldados colombianos, a partir de cuyo momento cambió en ese país la correlación de fuerzas en perjuicio de la revolución. Los terratenientes convocaron entonces a un Congreso nuevo, que derogó las leyes de Bolívar y San Martín, con lo cual fueron restablecidos la mita y el tributo, arrebatadas las tierras repartidas a los indígenas, reimplantada la esclavitud de los negros y emitida una Constitución que eliminaba las libertades públicas.

A la represión interna siguió la guerra hacia el exterior contra los regímenes bolivarianos donde quiera que estos se encontraran. Y en ninguna parte era este más débil que en Bolivia, en la cual se repetían los acontecimientos ya acaecidos en el vecino país andino. Pero aquí la reacción altoperuana fue auxiliada por una invasión de los terratenientes procedentes de Perú; la cual indujo a Sucre a renunciar al poder y marcharse hacia Colombia junto con sus fuerzas, para no convertirse en una excusa que justificara la conducta de los agresores.

En la propia gran Colombia el panorama político se hacía cada vez más complejo; en Venezuela, los conservadores auspiciaban el separatismo escudándose en la recia figura de Páez; en Quito, los terratenientes feudales llegaron a sublevarse; en Cundinamarca, los conspiradores enemigos de Bolívar se aglutinaban alrededor del vicepresidente Santander.

Con el propósito de estabilizar el caldeado ambiente político, Bolívar convocó a un Congreso —más conocido como Convención de Ocaña— que se desarrolló de abril a junio de 1828 y en el cual preponderaron los santanderistas; ellos derogaron la llamada Constitución Vitalicia e incluso intentaron asesinar al Presidente. En la noche nefanda del 28 de septiembre, Bolívar solo salvó la vida gracias a la corajuda actuación de su querida Manuela Sáenz, apodada desde entonces La Libertadora.

Frustrado el magnicidio, Bolívar destituyó a Santander, suprimió su cargo, asumió poderes omnímodos, y dictó nuevas medidas transformadoras. Así, redujo las alcabalas, afectó el diezmo, suprimió los mayorazgos, y aumentó los aranceles de aduana a los productos rivales de los autóctonos, mientras rebajaba los impuestos pagados por las exportaciones. De esta forma deseaba auspiciar el restablecimiento del quebrantado potencial económico de los plantadores, sin afectar la capacidad productiva de los artesanos ni establecer el librecambio.

Estas disposiciones adicionales de Bolívar exacerbaron todavía más, por doquier, los ánimos de los reaccionarios. En Pasto y Popayán se sublevaron los terratenientes feudales. Perú envió en enero de 1829 una belicosa flotilla a ocupar Guayaquil, a la vez que su ejército penetraba en Colombia. El exiliado Santander se confabulaba con William Henry Harrison, agente norteamericano en Bogotá —y futuro presidente de ese país—, para derrocar a Bolívar. Exasperado por esa inaudita actitud, Bolívar el 5 de agosto de 1829 escribió:

“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad”.

Luego se enteró de la gran victoria de Sucre contra los invasores peruanos en Tarqui, así como de la recuperación de la estratégica ciudad portuaria guayaquileña.

El régimen bolivariano, sin embargo, estaba condenado a muerte. La poderosa coalición que lo había engendrado, se deshacía con rapidez tras su colosal victoria sobre el colonialismo; las variadas fuerzas que la integraran, luego de la desaparición del enemigo común, tomaban rumbos opuestos. Cada una en busca de satisfacer sus propios objetivos. Por lo tanto en noviembre de 1829 los conservadores venezolanos definitivamente se escindieron, seguidos a principios de año por los de Quito. Y hacia allá Sucre marchó, anhelante de impedir lo inevitable. Pero lo asesinaron en las montañas de Berruecos, el 30 de junio, para que ni siquiera lo intentara.

Muy afectado por el crimen contra el Mariscal de Ayacucho, Bolívar decidió no sumir al país en una larga y sangrienta guerra civil. Tampoco deseaba convertirse en centro de polémicas. Solo quería paz y estabilidad en la república. Para sí, nada pedía. Se había convertido en un hombre pobre al emancipar sus esclavos, distribuir sus tierras, donar sus casas de Caracas, repartir entre sus oficiales y amigos en dificultades el dinero heredado. Rechazaba, además, cualquier pensión que gravara las finanzas estatales. En reconocimiento a su gesta, le bastaba el respeto y generalizado agradecimiento, que a su paso la gente humilde le patentizaba.

Enfermo de gravedad, muy delgado, el rostro descolorido, apenas lograba subir la escalera de la casa con la ayuda del hijo de Miranda. Sufría intensos dolores de cabeza y del hígado. ¡Estaba tuberculoso!

Pasaba los días contemplando el espléndido paisaje de la Sierra Nevada, desde su ventana en la finca de un conocido, en Santa Marta. Poco antes de morir, a un íntimo amigo musitó: “Hemos arado en el mar”. Después, a la una de la tarde del 17 de diciembre de 1830, falleció, Simón Bolívar: el Libertador.

En Centroamérica una guerra civil generalizada duraba ya dos años, cuando en 1829 el hondureño Francisco Morazán organizó en la provincia de Nicaragua un gran ejército liberal. Con este venció en su patria chica, en El Salvador y en Guatemala, cuya ciudad capital —sede de la Federación— ocupó. Pero el ejecutivo estadual guatemalteco decretó la disolución de las comunidades agrícolas indígenas, lo cual dejaba sin tierras a los aborígenes, hasta ese momento protegidos por la vigente legislación feudal emitida por los colonialistas. Entonces, las desposeídas masas de campesinos originarios acudieron a los terratenientes, aliados de la Iglesia católica —también perjudicada por semejantes disposiciones liberales—; guiados por los conservadores, todos se alzaron en armas y a partir de 1833 pusieron en crisis a la Federación, que a los cinco años se disolvió.

Durante el desarrollo en Panamá de las sesiones del Congreso Anfictiónico, mucho se discutió acerca de las dificultades materiales existentes en el sitio. Por ello México ofreció a Tacubaya como sede de las futuras reuniones latinoamericanas, donde el 9 de octubre de 1828 se reunieron los delegados, pero sin consecuencia práctica alguna. No obstante, las continuas violaciones de su frontera por los estadounidenses indujeron a México a convocar en 1831 —de nuevo en Tacubaya— a otra Conferencia; poco antes, durante la presidencia de Vicente Guerrero su gobierno había rechazado vender Texas a los Estados Unidos y había prohibido la inmigración de ciudadanos de ese país a los territorios fronterizos mexicanos. Finalmente la reunión fue celebrada en 1833 pero sus conclusiones se limitaron a un proyecto de liga aduanera iberoamericana. Esta, sin embargo, tampoco prosperó. Los Estados Unidos se opusieron con todo tipo de argumentos y amenazas; rechazaban cualquier intento de unión latinoamericana pues anhelaban apropiarse de la mayor cantidad de tierras meridionales posible.

La oportunidad del arrebato se les presentó, cuando el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna revirtió el revolucionario proceso de la primera Reforma Liberal; bajo el lema de “Religión y Fueros” clausuró el Congreso, derogó toda la legislación progresista y en 1835 centralizó rígidamente la administración del país. En repulsa al tiránico régimen impuesto, en los territorios periféricos de México —Yucatán, Alta California, Texas— los liberales recurrieron a la separación temporal de sus gobiernos estaduales, con respecto al restablecido gobierno conservador. En Texas, por ejemplo, se emitió una declaración que decía:

“El pueblo de Texas se considera con derecho, en tanto que dure la desorganización del sistema federal y reine el despotismo, a segregarse de la Unión, a establecer un gobierno independiente o a adoptar aquellas medidas que consideren las más adecuadas para proteger sus derechos y libertades conculcadas pero que permanecerá fiel al Gobierno mexicano siempre que se gobierne por la Constitución y leyes que se dio la nación para el gobierno de la asociación política”.

En Texas, sin embargo, el más poderoso hombre entonces era Samuel Houston, antiguo y cercano colaborador —desde la anexionista aventura floridana— del ya presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Aquel aventurero era reconocido como general en jefe por los efectivos armados de la enorme oleada de inmigrantes, que pretendía segregar definitivamente dicha provincia para incorporarla a los Estados Unidos. Ese proyecto fue facilitado debido a la captura de Santa Anna el 21 de abril de 1836 por los tejanos, quienes devolvieron al dictador su libertad personal a cambio de que reconociera la independencia del territorio. Luego vino la anexión; el Congreso estadounidense incorporó Texas a la Unión como estado federal esclavista el 29 de diciembre de 1845, y a los cuatro meses el ejército de ese país invadió a la República Mexicana. La resistencia a los agresores —ejemplarmente simbolizada en la heroica conducta de los Niños Héroes de Chapultepec— no pudo compensar el desequilibrio militar. Los vencedores impusieron en 1848 un tratado de paz que arrebataba a México su mitad septentrional y separaba a los ciudadanos de esa región de sus hermanos al sur del Río Grande. Empezaba así la insólita existencia de una población a la que de súbito se le consideraba extraña en su propia tierra, al ser transformado el norte mexicano en el sudoeste de los Estados Unidos.

En Sudamérica, mientras tanto, se perseveraba en los intentos de integración. En enero de 1829 el general Andrés de Santa Cruz fue proclamado presidente en Bolivia, dictó progresistas medidas socioeconómicas y creó la provincia de Antofagasta en el desierto de Atacama; cumplía así las disposiciones de Bolívar de dotar al país de una efectiva salida al mar, pues en su litoral orientó habilitar un puerto comercial. Después lanzó una ofensiva contra los conservadores peruanos, envueltos en una sangrienta guerra civil en el vecino país. Victorioso, Santa Cruz decidió aprovechar la complementariedad de los vínculos económicos que siempre habían tenido ambos territorios surandinos, y decretó en octubre de 1836 el restablecimiento de la integración peruano-boliviana. La nueva Confederación se estructuró en tres Estados: el Nor-peruano, el Sur-peruano y el Altoperuano. Pero el nuevo empeño asociativo desde sus inicios tropezó con la oposición de la aristocracia conservadora gobernante en Chile; temía que se perdiera la preponderancia comercial del puerto de Valparaíso por las aguas del Pacífico meridional. Por eso el gobierno chileno desató la guerra contra la Confederación, cuyas tropas detuvieron a los invasores en la batalla de los Balcones de Paucarpata en diciembre de 1837. Entonces se firmó un tratado de paz, que estipulaba un acuerdo comercial entre las dos partes beligerantes. Pero los agresores pronto repitieron otro desembarco, que avanzó desde las costas de Perú hacia el norte y en 1839 derrotaron a Santa Cruz en la batalla de Yungay, lo cual provocó el fin de la Confederación.

Una vez resurgidas las Repúblicas de Bolivia y Perú, en Lima el Congreso ratificó en la presidencia en abril de 1845 al general mestizo Ramón Castilla. Meses después comenzaba la guerra de despojo de los Estados Unidos contra México, la cual coincidió con los preparativos de una agresión a Ecuador, dirigida por su expresidente Juan José Flores y respaldada por España. Entonces Castilla convocó en noviembre de 1846 a una conferencia latinoamericanista. A ella asistieron representantes de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Nueva Granada —como se había renombrado a Colombia—, con el propósito de alcanzar acuerdos defensivos. Pero la derrota de la “expedición floreana”, y la evidente superioridad bélica de los agresores en la guerra contra México, provocaron que los acuerdos alcanzados en marzo de 1848 quedaran sin consecuencias prácticas. Dicho precedente sirvió, no obstante, para que en 1855 Castilla enviara importante ayuda financiera a las tropas centroamericanas, en combate contra la aventura en Nicaragua del filibustero estadounidense William Walker.

Estos acontecimientos en América Central eran una distante consecuencia de recientes sucesos en los Estados Unidos; en este país, en 1850 se había forjado un compromiso entre los gobiernos estaduales del sur esclavista con sus homónimos del norte abolicionista, que endilgaba a cada estado de la Unión Americana el problema de autorizar o no en su ámbito la existencia del repugnante sistema explotador de los negros esclavos. Desde entonces y con el objetivo de preponderar en el Congreso de la Unión, los políticos del sur se lanzaron con desenfreno a buscar otros territorios que incorporar a los Estados Unidos. Por ello de inmediato pensaron en Cuba, donde intentaron repetir la experiencia tejana con ayuda de un aventurero llamado Narciso López, quien había nacido en Venezuela y allá luchara contra la independencia. Su segundo al mando era William Crittenden, coronel sureño e hijo de un íntimo amigo de Jefferson Davis, futuro presidente de los escisionistas Estados Confederados de América.

El sureño William Walker contaba con una poderosa fuerza filibustera conocida como Falange Americana, aliado en Nicaragua con el bando liberal —durante la guerra civil contra los conservadores—, desembarcó por Realejo y allí recibió la ciudadanía de ese país, así como el grado de General en Jefe. Después, en 1855 se autoproclamó Presidente de Nicaragua con el apoyo del Embajador de los Estados Unidos, y de inmediato decretó un torrente de medidas que preparaban el camino hacia la anexión; restableció la esclavitud, oficializó el idioma inglés, repartió tierras entre sus mercenarios. Ello estimuló la celebración de una conferencia latinoamericanista entre Perú, Ecuador y Chile. En la capital chilena el 15 de septiembre de 1856 se acordó un Tratado de Unión de las Repúblicas Americanas, al cual se adhirieron Bolivia, México y Paraguay, así como la propia Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Esta república centroamericana fue la primera en enviar tropas contra el filibustero, las cuales pronto fueron seguidas por contingentes militares de Guatemala, Honduras y El Salvador. De esa manera Walker y sus hombres fueron arrinconados en el istmo, entre los grandes lagos y el Pacífico. De allí en mayo de 1857 pudo escapar gracias a un destacamento de la infantería de marina de la fragata estadounidense Saint Mary, que lo protegió mientras embarcaban. Tras rehacer su pandilla, el vapuleado aventurero regresó, hasta que el buque de guerra británico Icarus lo capturó y entregó a Honduras, donde en septiembre de 1860 fue fusilado.

España volvió a manifestar sus anhelos recolonizadores en abril de 1864, al enviar un destacamento de sus buques blindados para ocupar las peruanas islas Chinchas —Lobos, Gañape y Mancabi—; eran muy codiciadas por su abundante estiércol o excrementos de aves, que representaban un excelente abono animal exportado hacia Europa en crecientes magnitudes con pingües beneficios. A la vez, la propia escuadra española bloqueó el importante puerto chileno de Valparaíso. Esto indujo al gobierno de Perú a celebrar ese año otro congreso latinoamericanista en Lima, donde acudieron delegados plenipotenciarios de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y El Salvador. También se invitó a participar al México presidido por Benito Juárez, en cruenta guerra contra las tropas francesas de ocupación (1862-1867) que Napoleón III había enviado en auxilio de los conservadores para instituir el Segundo Imperio. En el referido cónclave, el 13 de marzo de 1865 fueron rubricados cuatro tratados, entre los cuales sobresalía el de alianza y unión defensiva, al que unos meses más tarde se adhirió Bolivia. Con el respaldo de esa voluntad conjunta, en noviembre de 1865 los buques de guerra chilenos obligaron a los agresores a levantar el bloqueo del asediado puerto. Poco después, navíos peruanos se unieron con la flota del vecino meridional, y el 7 de febrero de 1866 en una decisiva batalla naval cerca del archipiélago de Chiloé, derrotaron a los barcos españoles. Esta escuadra, en represalia, regresó a Valparaíso y lo bombardeó, para luego dirigirse hacia El Callao con el propósito de repetir la acción. Pero allí fueron derrotados. Entonces optaron por retirarse definitivamente.

En América Central, un nuevo empeño de unidad fue impulsado en el último cuarto del siglo xix por Justo Rufino Barrios, quien con esos propósitos ocupara en 1873 el poder en Guatemala. Pero desde esta fecha, él no había podido convencer a las autoridades de los Estados contiguos para restablecer la disuelta Federación; aunque todos poseían la misma ideología liberal, los gobernantes de los países fronterizos discrepaban de las prácticas injerencistas del presidente guatemalteco. Frustrado en sus intentos políticos integradores, Barrios recurrió a las armas para conseguir sus propósitos; el 28 de febrero de 1885 decretó la unión de América Central e invadió El Salvador. Allí, al cabo de un mes, en la batalla de Chalchuapa, murió.

Por esa época, en Guatemala se acrecentaba la inmigración de alemanes, cuya presencia era notable en la región de Verapaz; desarrollaban el sistema de plantaciones cafetaleras más eficiente en Centroamérica, con propiedades mayores y mejores que las de los criollos. Aunque los germanos solo eran dueños del diez por ciento de las haciendas, sus cosechas ya significaban unas tres quintas partes de las demás. Dominaban asimismo el negocio del beneficiado del grano, que representaba el 90 por ciento de las ventas al extranjero, enviado en sus dos tercios a los financistas de Hamburgo y Bremen. El creciente control de la economía por los referidos inmigrantes, también se expresaba en su posesión de bancos, ferrocarriles y de la compañía eléctrica de la capital. Esto preocupó mucho a la burguesía agroexportadora guatemalteca, cuyo dominio absoluto sobre la vida política de la república, no correspondía ya a la verdadera correlación de fuerzas entre propietarios. Además, estaba el eterno peligro de nuevas insurrecciones de los indígenas mayas, como la de finales del siglo en San Juan Ixcoy. Por eso los plantadores criollos respaldaron la ocupación de la presidencia en 1898 por Manuel Estrada Cabrera; político famoso por sus medidas represivas, con criterios tiránicos de corte liberal-positivista semejantes a los de Porfirio Díaz en México.

El gobierno de los Estados Unidos en 1881 lanzó la idea de convocar una Conferencia Panamericana. Entre sus propósitos se encontraba equilibrar el comercio de su país con América Latina, pues a esta le vendía la mitad de lo que le compraba; solo Cuba era importante para ellos, pues representaba su principal mercado exterior. Pero Latinoamérica no mostró interés en esta invitación hasta 1889, cuando finalmente se celebró la primera de las conferencias. En esta se acordó el surgimiento de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, con un buró u oficina que radicaría en la capital estadounidense.

Eloy Alfaro se exilió en Nicaragua, donde había triunfado un proceso revolucionario encabezado por José Santos Zelaya. Junto a este se solidarizó con el presidente venezolano Joaquín Crespo —en dificultades con Inglaterra y los Estados Unidos—, y a la vez se relacionó con los liberales sublevados en Colombia contra el opresivo régimen conservador. Luego propició que entre todos ellos se acordara el Tratado de los Cuatro, mediante el cual las partes firmantes se ofrecían ayuda recíproca en aras de alcanzar el triunfo por un mundo mejor. Con esos mismos propósitos, en Costa Rica, Antonio Maceo y José Martí se reunieron con “el bravo Eloy Alfaro, uno de los pocos americanos de creación” —como lo calificara Martí—; en esa república centroamericana, ambos revolucionarios cubanos ultimaban los preparativos de la inminente guerra de independencia en la isla caribeña. Después, el “Jefe Supremo de la Revolución Liberal” logró que sus insurrectas fuerzas tomaran Quito, lo cual le permitió ocupar el poder el 1ro. de septiembre de 1895. Tres meses más tarde, Alfaro convocó a los presidentes hispanoamericanos a participar en julio del año siguiente en un Congreso Internacional, cuyo primer punto sería el reconocimiento de la independencia de Cuba. Retomaba de esa manera el ideario de Simón Bolívar, a la vez que se esforzaba por arrebatar a los estadounidenses el protagonismo que alcanzaran en 1889, cuando celebraran la Conferencia Internacional Americana. Pero el magno evento convocado por Alfaro no llegó a celebrarse, debido a la oposición de los Estados Unidos al proyecto latinoamericanista, y al escaso respaldo que le dieron los gobernantes del subcontinente bajo la influencia de Washington.

José Martí, en su trabajo de 1889 acerca de la Conferencia Internacional Americana, fustigó las proyecciones estadounidenses hacia América Latina, al decir:

“Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera más sensatez, ni obligue más vigilancia ni pida examen más claro y minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos invendibles, y determinados a extender sus dominios en América Latina a las naciones americanas de menos poder, ahora (...), después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia”.

Y a principios de 1891, de nuevo criticó las referidas posiciones de los Estados Unidos, durante las sesiones de la Comisión Monetaria Internacional Americana, cuando escribió:

“Creen en la necesidad, en el derecho bárbaro, como único derecho: ‘esto será nuestro porque lo necesitamos’. Creen en la superioridad incontrastable de la ‘raza anglosajona contra la raza latina’ . Creen en la bajeza de la raza negra, que esclavizaron ayer y vejan hoy, y de la india que exterminan (…). Mientras no sepan más de Hispano América los Estados Unidos y la respeten más (…), ¿pueden los Estados Unidos convidar a Hispano América a una unión sincera y útil para Hispano América? ¿Conviene a Hispano América la unión política y económica con los Estados Unidos?”.

En Cuba, el 24 de febrero de 1895 estalló la guerra preparada por Martí, quien semanas más tarde desembarcó por las costas de Oriente para morir poco después, el 19 de mayo, en el combate de Dos Ríos. La víspera había escrito:

“(...) ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país, y por mi deber —puesto que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo— de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”.

En 1898 proseguía la guerra de independencia cubana, cuando a mediados de febrero en la bahía habanera misteriosamente explotó el acorazado norteamericano Maine, buena parte de cuya tripulación pereció. Entonces el Congreso estadounidense reconoció que “el pueblo de la isla de Cuba, es y de derecho debe ser, libre e independiente”. Tras esa declaración, el país se incorporó a la conflagración armada. Así, a la guerra de liberación nacional se superpuso la de dos potencias —una decadente y otra en ascenso—, en un mismo conflicto; las fuerzas norteamericanas —parcialmente integradas por los Rough Riders de Teodoro Roosevelt— desembarcaron a mediados de año para combatir junto a los cubanos en San Juan y El Caney, mientras su flota hundía a la española en solo una hora. Rendidas las tropas colonialistas, las estadounidenses se comportaron como un verdadero ejército de ocupación: impidieron la entrada de los mambises —revolucionarios independentistas— en las principales ciudades de la isla; trataron en igualdad a los efectivos armados patriotas y a los de la antigua metrópoli, sin hacer distinción entre oprimidos vencedores y opresores vencidos. Luego ambas potencias acordaron un armisticio que soslayó a los heroicos soldados insurrectos; con la total ausencia de cubanos, se firmó un Tratado de Paz que traspasaba Cuba, Puerto Rico y las Filipinas —donde también se combatía por la independencia— a los Estados Unidos. Después Cuba padeció un cuatrienio de total dominación militar por su vecino del norte, período en el que este se apropió de muchas de sus riquezas, y al final del cual impuso a la emergente República mediatizada la espuria Enmienda Platt. Esta cercenaba la soberanía cubana, al permitir que en cualquier momento se repitiera —por voluntad norteamericana— la ocupación de la Isla. En ella, además, para su marina de guerra los estadounidenses implantaron en la enorme bahía de Guantánamo una poderosa base naval, que al dominar las aguas del Caribe alteraba en el área la correlación de fuerzas.

El salto de calidad que para los Estados Unidos representó la dominación de Cuba, estimuló que en 1899 se organizara la United Fruit Company, la cual estructuró sus intereses en el Caribe de manera monopolista. También pudieron forzar entonces a Inglaterra, a sustituir el Tratado Clayton Bulwer —firmado entre los dos países medio siglo antes— por el Hay-Pouncefote; mediante dicho acuerdo, en 1901 los ingleses reconocieron el hipotético derecho norteamericano, a construir por el istmo caribeño un canal interoceánico hasta el Pacífico, con sus fortificaciones correspondientes y bajo su exclusivo control. Por ello, en ese año, los Estados Unidos convocaron la Segunda Conferencia Panamericana. Se celebró en México, donde mucho se discutió y nada se decidió acerca del arbitraje en los conflictos entre Estados del continente; los latinoamericanos insistían en su obligatoriedad, mientras los norteamericanos afirmaban que dicho proceso debería ser a voluntad de las partes.

En Panamá, la sublevación liberal acaudillada por el “cholo” Victoriano Lorenzo, mantenía la provincia fuera del control del gobierno centralista colombiano. Entonces, para resolver el conflicto interno, los conservadores que detentaban el poder en Bogotá aceptaron la mediación de los Estados Unidos; este país recién había adquirido la compañía francesa —en quiebra— del prestigioso Ferdinand de Lesseps, constructora del canal interoceánico. Finalmente, en octubre de 1902 se logró que ambas partes rubricaran un acuerdo pacificador; ello facilitó a funcionarios estadounidenses negociar con el Embajador colombiano en Washington un proyecto de tratado canalero. Pero el Congreso colombiano lo rechazó. Entonces, el ya presidente norteamericano Teodoro Roosevelt decidió respaldar la independencia de Panamá, y en octubre de 1903 despachó sus escuadras en ambos océanos hacia las aguas del istmo. Esto era determinante, porque las impenetrables junglas del Tapón de Darién impedían a Colombia enviar por tierra soldados de refuerzo hacia Panamá. Allí, tras el fusilamiento del popular jefe insurrecto, las tropas liberales habían quedado bajo la dirección de la oligarquía “rabiblanca”. Estas ocuparon el Palacio de Gobierno, depusieron a las autoridades impuestas por Bogotá, ondearon la bandera panameña y organizaron una Junta. En respaldo a ella, al día siguiente los marines desembarcaron. Cuarenta y ocho horas más tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconocía la nueva república y le imponía una variante de la Enmienda Platt; los Estados Unidos, cuando lo estimaran pertinente podrían intervenir con sus efectivos armados en el novel Estado, al cual además le impuso a perpetuidad una colonialista zona canalera ajena a cualquier jurisdicción panameña.

Roosevelt emitió en 1904 su famoso “corolario”, que para el Caribe inauguraba la política del Big Stick (garrote), mediante la cual se arrogaba el derecho de intervenir en los países que estimara pertinente, y en ellos alterar tarifas aduaneras, tasas fiscales o disposiciones legales. Por ello a los dos años, durante la Tercera Conferencia Interamericana —celebrada en Río de Janeiro—, los Estados Unidos defendieron dicha política, cuando algunos delegados del subcontinente discreparon de su hipotético derecho a ocupar militarmente cualquier país caribeño. Después, en la reunión de 1910 —en Buenos Aires—, se decidió metamorfosear la organización existente en Unión Panamericana; en esta, el gobierno del presidente William H. Taft anunció que complementaría la política de su predecesor, con otra propia, a la que llamó Diplomacia del Dólar. Su esencia radicaba en incentivar la penetración de los monopolios estadounidenses en la región. Aunque entonces en el Caribe preponderaban los capitales norteamericanos con mil quinientos millones, en Sudamérica apenas habían colocado doscientos; por esa época, en América del Sur las inversiones inglesas eran mayoritarias, seguidas de las francesas y las germanas. A pesar de que los Estados Unidos tenían ya la mayor producción industrial del mundo —el 38 por ciento del total—, su posición como país imperialista era todavía relativamente débil; mientras que en su propio territorio albergaba inversiones europeas por cinco mil quinientos millones de dólares, las suyas en el extranjero no rebasaban los tres mil seiscientos setenta. Es decir, que el monto de los capitales estadounidenses fuera de sus fronteras no llegaba a la mitad de los franceses o de los alemanes, y no era ni la cuarta parte de los británicos.

En Guatemala, el tirano Estrada Cabrera se había dedicado a contrarrestar el poderío económico de los inmigrantes alemanes, mediante un acercamiento a los Estados Unidos; en 1901 había entregado gratis a la United States Fruit Company (UFCO) 1 500 caballerías de la mejor tierra en Quirigua y Virginia, para la siembra del banano. Después, sin costo alguno, también le concedió al enorme consorcio los muelles de Puerto Barrios —como base para su Great White Fleet—, así como los principales ferrocarriles nacionales; algo más tarde, la UFCO vinculó dichas líneas con las restantes de su propiedad en los países vecinos, y luego todas fueron aglutinadas en su importante subsidiaria monopolista ferroviaria llamada International Railways of Central America (IRCA).

En Nicaragua, sin embargo, la situación era por completo diferente; su presidente —el liberal José Santos Zelaya— rechazaba las pretensiones hegemónicas norteamericanas, y gestionaba con inversionistas de Japón y Alemania la construcción de un canal alternativo al estadounidense. Por ello el gobierno de Washington rompió sus relaciones con el de Managua, y hacia las costas nicaragüenses envió sus amenazantes buques de guerra. Con el propósito de no servir de pretexto a una invasión, Zelaya renunció a su alta magistratura. Pero los “marines” de todas maneras desembarcaron en 1912 e impusieron en el país el poder de los conservadores. Ellos, a su vez, firmaron con los Estados Unidos el Tratado Bryan-Chamorro; este les otorgaba el derecho exclusivo de construir a través del país un canal interoceánico, y por 99 años les arrendaron —a pesar de compartirlo con El Salvador y Honduras— el Golfo de Fonseca.

Los Estados Unidos, hegemónicos ya en el Caribe, invadieron Haití a mediados de 1915 con el pretexto de mediar en una guerra civil; esta oponía a los plantadores mulatos del sur —apoyados por Francia— y a los terratenientes negros del norte —respaldados por Alemania—. Una vez ocupado el país, tras derrotar la resistencia guerrillera de “les cacós”, el subsecretario norteamericano de Marina —Franklin Delano Roosevelt— le redactó una nueva Constitución. Como en la Enmienda Platt, esta permitía ulteriores intervenciones militares estadounidenses, pero además autorizaba a sus inversionistas a tener en la isla tierras, algo que antes ningún extranjero podía poseer. Culminada esta operación, los “marines” desembarcaron el 7 de mayo de 1916 en República Dominicana, donde cañonearon Puerto Plata y derrotaron al Ejército Nacional. En su lugar, conformaron una Guardia Nacional a cuyo frente quedaría Rafael Leónidas Trujillo; su principal objetivo era, combatir a los “gavilleros” o guerrillas populares que pululaban en el oriente de la ocupada república.

En el contexto de la primera guerra mundial, el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson (1913-1921) —intelectual con fama de profundas convicciones democráticas—, también dispuso reiteradas agresiones contra la Revolución Mexicana; en 1914 ordenó que los “marines” de su flota de guerra ocuparan el puerto de Veracruz, y en 1916 despachó la frustrada “Expedición Punitiva” —al mando del general Pershing, con seis mil soldados y aviones de combate—, para que liquidase a Pancho Villa. Después, al finalizar la referida guerra mundial, se evidenció que la correlación de fuerzas entre los países imperialistas había cambiado; en América Latina, las inversiones francesas pasaron a ser mínimas, e incluso la de los ingleses disminuyeron. Pero la de los alemanes casi desaparecieron, menos en Argentina y contados países, que se mantuvieron neutrales durante el conflicto. Sucedió así por haberles sido rematadas sus inversiones a causa de deudas, o sobre todo por concepto de las cláusulas del Tratado de Paz firmado en Versalles. En Guatemala, por ejemplo, el gobierno de Estrada Cabrera gustoso declaró la guerra a Alemania —tras haberlo hecho el de los Estados Unidos—, con el propósito de secuestrar cautelarmente las propiedades enemigas, hasta que un acuerdo posbélico definiera el estatus definitivo de las mismas. Igual procedimiento se llevó a cabo en Panamá, Cuba, Nicaragua, Haití y Santo Domingo.

En Guatemala, las victoriosas revoluciones de México y Rusia tuvieron gran repercusión; animados por la primera, integrantes de la incipiente burguesía industrial —propietarios de centrales azucareros, cemento, cervezas, textiles— conformaron en 1919 el Partido Unionista. Este se proclamaba contra la eterna reelección del tirano, pedía un gobierno parlamentario y anhelaba reconstruir la disuelta Federación en el aniversario de su centenario. La revolución bolchevique, por su lado, estimuló la evolución de una parte del incipiente mutualismo proletario hacia una Liga Obrera; ella respaldó manifestaciones de descontento popular y algunas huelgas —como la ferroviaria—, así como las demandas de elevar el nivel de vida de los humildes y mejorar su educación. La situación se hizo más crítica a principios de abril de 1920, cuando el descontento generalizado se encauzó hacia intensas protestas políticas; estas indujeron a factores del poder a deponer al viejo dictador con una excusa intrascendente —enfermedad mental—, y a convocar a una llamada Asamblea del Estado. Dicho cónclave, en entendimiento con Honduras y El Salvador, proclamó una República Mayor de Centroamérica que reunificaba a esos tres países; Nicaragua se encontraba bajo la ocupación estadounidense. El nuevo gobierno guatemalteco pronto anuló algunas concesiones a la UFCO, estatizó la capitalina planta eléctrica exalemana recién entregada a la U.S. Electric Bond and Share, rechazó instituir un Banco Central con participación de capital norteamericano y se opuso a contraer un oneroso empréstito con la banca de Wall Street. Eso bastó para que el 5 de diciembre de 1921, presionado por los Estados Unidos, el ejército nacional derrocase a las novedosas autoridades democráticas y restableciera al viejo Congreso cabrerista; este dispuso el retiro de Guatemala de la naciente República federal tripartita, que así dejó de existir. En contraste, los más avanzados elementos revolucionarios de la región, en 1922 conformaron el unitario Partido Comunista de Centroamérica.

La V Conferencia Interamericana se celebró en Santiago de Chile en 1923. Entonces, entre los representantes latinoamericanos surgía el sentimiento de que se debía cerrar el paso a los desmanes de los Estados Unidos en el área del Caribe. La convicción se concretó a los cinco años en La Habana, durante la VI Conferencia, cuando algunos delegados plantearon con fuerza el principio de la “no intervención” en las repúblicas del subcontinente. Pero este no prosperó, pues el representante del presidente Calvin Coolidge afirmó que el intervencionismo era algo “natural”.

En Nicaragua, durante la lucha contra las tropas estadounidenses de ocupación, las ideas unificadoras resurgieron impulsadas por Augusto César Sandino. Este, desde 1927 al frente de su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN), declaró:

“El vínculo de la nacionalidad me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua, y por ende, de la América Central y de todo el continente de nuestra habla (…). Somos noventa millones de hispanoamericanos y solo debemos pensar en nuestra unificación y comprender que el imperialismo yanqui es el más brutal enemigo que nos amenaza y el único que está propuesto a terminar por medio de la conquista con nuestro honor racial y con la libertad de nuestros pueblos (…) en las Segovias proclamaremos la Unión Centroamericana, regida la acción por obreros y campesinos de Centroamérica (…). Tomaremos como campo de operaciones todo el territorio centroamericano, para combatir a los ejércitos yanquis y a los aliados de ellos en Centroamérica. También nosotros contaremos con todos los obreros y campesinos para combatir la política yanqui en Centroamérica (…). Nuestro movimiento de Unión Centroamericana quedaría desligado de los elementos burgueses (…).

Las tropas estadounidenses, antes que ser derrotadas, abandonaron Nicaragua el 1ro. de enero de 1933. Pero al retirarse, dejaron constituida la Guardia Nacional dirigida por Anastasio Somoza. Después, unos “acuerdos de paz” firmados con Sandino derogaron el Tratado Bryan-Chamorro y disolvieron el EDSN, tras lo cual el Héroe de las Segovias regresó a sus montañas. Así el poder quedó en manos de las recién electas autoridades liberales.

El martes 29 de octubre de 1929, el mercado de la bolsa de valores de Nueva York —situado en la calle Wall Street— se desplomó, con lo cual se inició un cuatrienio de profundísima crisis cíclica mundial del capitalismo; el único país no afectado por ella fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El problema residía en la gigantesca disparidad entre la enorme capacidad productiva de los Estados Unidos y la disminuida posibilidad de consumo de su población. A los tres años, durante la campaña electoral por la presidencia de la nación, el candidato del Partido Demócrata —el pragmático Franklin Delano Roosevelt—, propuso una política de intrusismo gubernamental en la economía basado en las concepciones del británico John Keynes Maynard; su contrapartida en la esfera internacional contemplaba establecer vínculos diplomáticos con la URSS, mientras para América Latina diseñaba un futuro de “buena vecindad”. Su esencia radicaba en retirar a los “marines” de los países caribeños que ocupaban y cesar la práctica de las intervenciones militares; al mismo tiempo prometía la creación de un banco financiero gubernamental (EXIMBANK), el cual incluso otorgaría créditos a los Estados latinoamericanos, algo impensable antes. Electo presidente, sus delegados a la VII Conferencia —celebrada en Montevideo en 1933— aceptaron el principio de igualdad jurídica de los Estados, así como el de la “no intervención” en los asuntos internos o externos de otro país; también acataron la inviolabilidad territorial y la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones interamericanas. Después, los Estados Unidos retiraron sus tropas de las repúblicas caribeñas ocupadas y reconocieron a Cuba el derecho de eliminar la Enmienda Platt, que en este país antillano la “Revolución del 33” había abolido.

En 1938 al tener lugar en Perú la VIII Conferencia Interamericana, el contexto de América Latina se encontraba en mutación; cinco años antes, luego de ocupar el poder en Alemania, Adolfo Hitler había decidido incrementar el exiguo comercio existente entre su país y América Latina. Por ello para esta parte del mundo diseñó una variante de su ostpolitik practicada con la Unión Soviética y Turquía; envió hacia Centroamérica, Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina una importantísima misión, que debería establecer equilibrados acuerdos mercantiles a través del trueque. De esa forma, en poco tiempo el intercambio entre las partes se multiplicó. Incluso al nacionalista gobierno brasileño de Getulio Vargas, que incentivaba las industrias estatales, Alemania le ofreció armas —que los Estados Unidos le negaban— y el financiamiento en Volta Redonda de una proyectada siderurgia, que podría emplear la avanzada tecnología de la Krupp. Por eso, en Lima la diplomacia estadounidense propuso una alianza defensiva de las naciones americanas contra cualquier agresión extracontinental. Pero encabezados por argentinos y brasileños, muchos delegados latinoamericanos rechazaron el pacto. No obstante, el cónclave aprobó que se instituyeran reuniones de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores Americanos, la primera de las cuales tuvo lugar al año siguiente en Panamá.

Al declararse la segunda guerra mundial, el gobierno de Brasil dio un giro a su política internacional; rompió relaciones con las naciones vinculadas al “Eje Roma-Berlín-Tokio” y envió a combatir en Italia tropas suyas, integradas al V Ejército estadounidense. México tuvo un proceder semejante, pues despachó hacia las zonas de batalla del Pacífico a uno de sus destacamentos aéreos, incorporado a la US Air Force. Dicha conflagración también tuvo otras consecuencias para América Latina. De una parte eliminó las inversiones europeas en el área subcontinental del hemisferio. De la otra, facilitó que se fortalecieran las industrias nacionales en países como Argentina, Brasil y México, donde se aplicaba el proteccionismo económico para satisfacer con recursos propios sus respectivos mercados internos. Por ello en febrero de 1945, cuando —en la Conferencia de Chapultepec— Washington presentó su Carta Económica para las Américas, los gobiernos nacionalistas latinoamericanos discreparon. La propuesta, denominada Plan Clayton, contaba con tres puntos cruciales: un proyecto de estabilización fiduciaria regido por el Fondo Monetario Internacional; eliminación de las barreras arancelarias para liberalizar el comercio; facilidades en el hemisferio para los inversionistas privados norteamericanos. En respuesta, el I Congreso Nacional de las Industrias Transformadoras de México, manifestó:

“El Plan Clayton no es más que un plan de establecimiento del dominio mundial y de la abolición de la competencia y de la libertad. En él se atribuye a los Estados Unidos el papel de metrópoli, en tanto que los demás Estados quedan en la posición de satélites. Solo los Estados Unidos defienden este neoliberalismo”.

La postura de los Estados Unidos respondía al asombroso poderío que ese país había alcanzado debido a la segunda guerra mundial; su Producto Nacional Bruto (PNB) equivalía al 61 por ciento del total engendrado por las naciones capitalistas aglutinadas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto implicaba que el 60 por ciento de todas las manufacturas del orbe eran “Made in USA”; el dólar era, debido a los acuerdos de Bretton Woods, la única moneda universalmente aceptada; en Fort Knox estaba acumulado casi todo el oro del mundo; el Fondo Monetario Internacional estaba controlado por Washington. En dicha privilegiada situación, el Gobierno estadounidense se enfrentó al creciente prestigio del socialismo en los países europeos asolados por la guerra. Para ello diseñó el Plan Marshall, que significaba una considerable inyección de dinero y recursos en su reconstrucción. Pero en América Latina aún gobernaban los nacionalistas burgueses, que en sus respectivos países habían expropiado todas las inversiones extranjeras. Por ello, la histeria antisoviética de los Estados Unidos tuvo que centrar sus empeños hegemónicos en el aspecto militar. Ese fue el significado del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), constituido en 1947 en la ciudad de Río de Janeiro, el cual establecía conceptos según los cuales las fuerzas armadas latinoamericanas debían reorganizarse y reentrenarse bajo patrones comunes. Esto significaba forzosamente que se subordinaran a las estadounidenses, de hecho las más desarrolladas. La Argentina presidida por Juan Domingo Perón lo firmó con displicencia pero solo tras haber incluido en este, coordenadas que abarcasen las islas Malvinas y sus dependencias, ocupadas por Gran Bretaña.

Los Estados Unidos convocaron a la IX Conferencia Interamericana, a celebrarse en Bogotá a principios de 1948, con el objetivo de transformar la Unión Panamericana en Organización de Estados Americanos (OEA). Según el criterio de Washington la nueva entidad debería sustraer las relaciones continentales del marco de la recién conformada Organización de las Naciones Unidas (ONU); incorporar el Tratado Interamericano de Asistencia Recípocra como parte integrante y vital del sistema político hemisférico; propiciar el libre flujo de comercio e inversiones privadas entre los países del área. Al año este aspecto fue reforzado con un hipotético programa de ayuda del presidente Harry Truman, que lo denominó Punto IV.

Guatemala vivía en democracia luego del triunfo de un movimiento revolucionario en octubre de 1944. Pero Juan José Arévalo, primer presidente del nuevo régimen, tuvo dificultades con los Estados Unidos por respaldar a los obreros en sus reclamaciones laborales contra los monopolios norteamericanos y por sus empeños en lograr que estos disminuyeran sus tarifas. También por su decreto que imponía el control nacional sobre las concesiones petrolíferas. Pero sus fricciones con Washington sobre todo se debieron al auspicio que brindó a la Legión del Caribe para que derrocase los despreciables regímenes de Trujillo y Somoza.

Jacobo Árbenz tras ser electo en 1950 a la presidencia de la república, permitió la formación del Partido Comunista, rechazó la exigencia de la OEA de participar en la guerra de Corea y se propuso quebrar los monopolios de la Electric Bond and Share, de la IRCA, y de la Great White Fleet. También su reforma agraria expropió decenas de miles de hectáreas no cultivadas a la UFCO, y cuando en dichos consorcios se produjeron graves conflictos laborales, impuso en ellos la intervención o gestión gubernamental.

Los Estados Unidos, a pesar de que la Tercera Internacional había sido disuelta hacía más de una década, logró en 1954 que la X Conferencia Interamericana —en Caracas— emitiera una resolución —con los votos adversos de Argentina y México— que decretaba la muerte del régimen de Árbenz. Su texto decía: “la dominación o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional, extendiendo a este hemisferio el sistema político de una potencia extracontinental, constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos, haciendo peligrar la paz en América y suscitaría un encuentro de consulta para considerar la adopción de una política apropiada en acuerdo con los convenios vigentes”.

La agresión del imperialismo norteamericano se inició, al disponer el presidente Dwight Eisenhower que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) preparase una invasión con exiliados guatemaltecos. Esta comenzó el 18 junio de 1954, y tras once días de lucha triunfó, al renunciar Árbenz a la presidencia e instituirse un régimen proclive a los Estados Unidos.

Argentina y Brasil, a principios de la década de los años cincuenta habían culminado el proceso de sustitución de importaciones, al producir las industrias de sus respectivos países todos los bienes de consumo necesitados. Tenían que pasar por lo tanto, a la exportación de dichas manufacturas criollas o hacia el desarrollo de la industria pesada. Pero esto último era imposible por la carencia de capitales y tecnología. Entonces esos regímenes nacionalistas —cuyo modelo de desarrollo burgués hacia el interior se agotaba— promovieron a partir de 1953 una política latinoamericanista. Esta consistía en establecer tratados de unión económica con los Estados vecinos, con el objetivo de ampliar las fronteras para sus propias producciones. Brasil firmó uno de estos acuerdos con Perú. Argentina varios, que incluyeron a Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. También en ese año el gobierno de Buenos Aires acordó con la Unión Soviética un importante convenio mercantil y de pagos, ventajoso para ambas partes. Después ese enorme país euroasiático otorgó a Argentina un crédito para adquirir equipos con los cuales perforar o explotar nuevos yacimientos petrolíferos. El ascenso de dichas relaciones fue tan rápido, que ya en 1955 el 9 por ciento del comercio internacional argentino se realizaba con empresas soviéticas. Pero tras el derrocamiento de Perón —a finales de ese año— el nuevo gobierno canceló los contratos con los soviéticos, se convirtió en miembro preterido del Fondo Monetario Internacional, se adhirió a los convenios de Bretton Woods.

En Brasil, hacía un año que el presidente Getulio Vargas se había suicidado. Antes había soñado junto con Perón en crear el Pacto ABC, que vincularía sólidamente ambos países entre sí y con Chile. Sin embargo, a las dificultades internas —para las cuales el mandatario brasileño no encontraba solución— en poco tiempo se añadieron las externas; en junio de 1954 los Estados Unidos redujeron en sus tres cuartas partes la cuota de café que importaba del gigante sudamericano, lo que representó un golpe demoledor para la economía de esta república. Entonces Vargas se quitó la vida.

Electo a la primera magistratura en 1956, Juscelino Kubitschek decidió revertir la política de su predecesor y vincularse con los Estados Unidos; se había asociado con los incipientes monopolios criollos y pretendía ampliar el mercado interno por medio de la colonización de zonas apartadas. Pero le faltaban capitales y tecnología. Por ello el nuevo presidente concibió la Operación Panamericana, que hacía apelativos al gobierno de Eisenhower para que los transfiriese al Brasil. No obstante, Washington solo le respondió protocolarmente. Los Estados Unidos insistían en que América Latina brindase mayores facilidades a sus inversionistas privados, para atraerlos y así resolver los problemas.

Luego del triunfo de la Revolución Cubana el 1ro. de Enero de 1959, Fidel Castro clamó por la unidad de América Latina; en Montevideo, el 5 de mayo de 1959, el joven y carismático dirigente planteó: “Unámonos primero en pos de nuestros anhelos económicos, en pos del mercado común y después podremos ir superando las barreras aduaneras y algún día las barreras artificiales habrán desaparecido. Que en un futuro no muy lejano nuestros hijos puedan abrazarse en una América Latina unida y fuerte. Ello será un gran paso de avance hacia la unión política futura, como fue el sueño de nuestros antepasados”.

En contraste, los Estados Unidos convocaron a mediados de 1959 a otra reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores con el propósito de afianzar la “democracia representativa” en el hemisferio; se pretendía evitar que Cuba tomara un camino independiente. En agosto del año siguiente, en la VI Reunión de Cancilleres de la OEA, se emitió la Declaración de San José (Costa Rica), que decía: “el sistema interamericano es incompatible con toda forma de totalitarismo”, y añadía “los Estados miembros tienen la obligación de someterse a la disciplina del sistema”. El texto condenaba a muerte a la Revolución Cubana y pretendía justificar la agresiva política estadounidense contra la isla rebelde; Eisenhower le suspendió el suministro de combustible, prohibió la venta de su azúcar en el tradicional mercado norteamericano, rompió relaciones diplomáticas, impuso un bloqueo económico absoluto, alentó la organización de atentados y sabotajes, equipó a grupos de insurrectos contrarrevolucionarios. El fracaso de estos empeños por la firmeza del pueblo cubano, así como por la ayuda de la Unión Soviética, indujo al gobierno estadounidense a disponer que la CIA preparase un ataque por Playa Girón —Bahía de Cochinos— en abril de 1961. A la invasión mercenaria del día 16 le precedió el bombardeo de los aeropuertos cubanos por aviones procedentes de Centroamérica. En el entierro de las víctimas del criminal ataque, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución. Después, en 72 horas, se derrotó a la brigada invasora.

El presidente John Kennedy aceptó su culpabilidad por el fracaso imperialista en Playa Girón. Después, en febrero de 1962, convocó a la VIII Reunión de Cancilleres —en Punta del Este, Uruguay— para expulsar a Cuba de la OEA. En este cónclave se acordó que todos los países del continente rompiesen relaciones con la república socialista. Solo México no acató la medida, ni Canadá, que entonces no pertenecía a la organización hemisférica. Algo más tarde en Washington se consideró muy seriamente recurrir a una agresión directa, lo cual condujo en ese mismo año a la crisis de octubre o de los “misiles”. Pero sus resultados se tradujeron en un éxito de las fuerzas del socialismo.

En República Dominicana, a los tres años del fallido intento guerrillero del 14 de junio de 1959 contra Trujillo, se ajustició al tirano. La inesperada muerte y ulterior fuga de su familia, abrió el camino para que un improvisado Consejo de Estado confiscase en 1962 todas las propiedades del difunto y su parentela, de enorme envergadura; solo en la industria el dictador y sus familiares poseían el 51 por ciento del capital invertido. Pero el proceso democratizador fue cortado por la cúpula militar, que apresó al referido Consejo y derogó las disposiciones antitrujillistas. Entonces sucedió lo imprevisible; las fuerzas armadas se dividieron, su sector más sano canceló el golpe de Estado y convocó a elecciones. En estas resultó triunfador Juan Bosch, quien emitió una nueva y progresista Constitución en abril de 1963, la cual no pudo poner en práctica porque el 25 de septiembre otra asonada golpista lo expulsó de la presidencia. Entonces, violentas manifestaciones estudiantiles engrosaron el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que inició los combates guerrilleros en noviembre del propio año. Pero al cabo de unas pocas semanas fueron derrotados. La supremacía reaccionaria parecía asegurada, cuando el 24 de abril de 1965 un grupo de jóvenes oficiales encabezados por el coronel Francisco Caamaño Deñó, se sublevó en defensa de la derogada Constitución.

Restablecida la legalidad democrática, el resto del ejército casi de inmediato se volvió contra ella, para reinstaurar el viejo régimen de privilegios. Ante la gran desigualdad de efectivos, Caamaño y sus compañeros tomaron la trascendental decisión de armar a las masas populares, conducidas con frecuencia por los antiguos guerrilleros. Esta conjunción de fuerzas debía ganar el 28 de abril la batalla decisiva frente a la reacción, cercada en la base militar de San Isidro. Pero esa misma noche Lyndon Johnson —heredero en la presidencia del asesinado Kennedy— anunció el envío de sus tropas contra la República Dominicana; tenía el beneplácito de la X Reunión de Cancilleres de la OEA. Al día siguiente Caamaño llamó a luchar contra los invasores, mientras el 5 de mayo ambas Cámaras del Congreso dominicano lo elegían presidente de la República. Pero el desequilibrio de fuerzas era descomunal; ante el desembarco de 42 000 “marines”, los patriotas tuvieron que aceptar un alto el fuego el 20 de mayo. Este fue seguido por un “Acta de Reconciliación” que entregaba la presidencia a un dócil moderado. Después se desarmaron las milicias constitucionalistas y se preparó el camino para la reacción, que venía acompañada del dinero de la Alianza para el Progreso. Esta había sido concebida cuatro años antes por Kennedy, como una alternativa burguesa para América Latina. Sobre ella, Fidel Castro dijo:

“Después de Roosevelt, fue el único presidente de los Estados Unidos que tuvo una política para América Latina, que fue la política de la Alianza para el Progreso, una política inteligente, que estuvo inspirada en la idea de frenar la revolución. A partir del trauma que produce la Revolución Cubana, el hecho de que se produjera una revolución y tan próxima a los Estados Unidos despertó el temor de que pudieran existir condiciones objetivas para la revolución en América Latina. Y Kennedy no concibió una estrategia de represión, sino de reformas sociales para frenar la revolución en América Latina. Entonces habló de Reforma Agraria, de Reforma Fiscal, planes de educación, planes de salud, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, ofreció ayuda económica, 20 mil millones de dólares.”

A partir del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos revirtieron su tradicional política de hostilidad hacia la integración latinoamericana. Lo anunció en la Conferencia de Bogotá, a cambio de que se excluyera de ella a la isla antillana. Así, en 1960 surgió sin la presencia de Cuba la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que inicialmente agrupó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta forma representaba la posibilidad más primaria de cuantas existían, pues solo se planteaba terminar con el bilateralismo mercantil e iniciar paulatinamente el tránsito hacia nuevos objetivos; en el acuerdo no se incluían disposiciones concernientes a los pagos derivados del flujo de productos, ni se adoptaron medidas sobre el transporte. Desde entonces el comercio “intrazonal” casi se duplicó, y llegó a representar el trece por ciento del total intercambiado. Pero a partir de 1965 el porcentaje no creció más. Al mismo tiempo, los beneficios fueron muy desiguales; la participación de Argentina, Brasil y México, que antes del acuerdo representaba el cuarenta y cinco por ciento del tráfico mercantil dentro de la zona, alcanzó el sesenta y seis por ciento en el año referido. Mientras, los países menos industrializados de la región acumularon notable déficit comercial. Esto se reflejó en una cifra: el setenta y nueve por ciento de las exportaciones de manufacturas en el interior de la ALALC era efectuado por las tres naciones señaladas, que albergaban las mayores inversiones foráneas. En realidad, fueron las transnacionales asociadas con los monopolios criollos las que mejor aprovecharon las mayores economías de escala; incluso con frecuencia esos intereses de los grandes consorcios industriales promovieron acuerdos de complementación productiva entre las repúblicas, con el fin de incrementar sus ganancias. Los perjuicios sufridos por los burgueses-fabricantes de los países de menor desarrollo económico relativo, no protegidos en forma alguna de la penetración de capitales extranjeros por el tratado en vigor, y los reiterados saldos negativos en su intercambio con los Estados más industrializados de la región, provocaron el rechazo de Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia a las prácticas de que eran objeto. Por eso, estos cinco países firmaron en mayo de 1969, dentro del marco de la ALALC, el Acuerdo de Cartagena.

Ese tratado, que originaba el Pacto Andino, tenía como objetivo propiciar que sus integrantes llegaran a competir con los de mayor desarrollo relativo dentro de la asociación. Para alcanzar la meta de intensificar la industrialización subregional, el nuevo acuerdo contemplaba programas conjuntos e, incluso, el surgimiento de empresas multinacionales. Estas, cuya creación fue aprobada por la Decisión 46, podrían reunir capital de los integrantes y contar también con inversiones de otros países de América Latina. En lo concerniente al intercambio comercial, el Pacto establecía plazos progresivos, automáticos e irreversibles, de once años de duración en total, al final de los cuales la unificación mercantil culminaría con un arancel exterior común. Se contemplaba, no obstante, un tratamiento preferencial a Bolivia y Ecuador pues se les consideraba como de menor desarrollo económico relativo. El progreso del comercio “intrazonal” fue acelerado y en solo cinco años su magnitud se multiplicó por seis. Además este acuerdo instituyó un banco financiero multinacional llamado Corporación Andina de Fomento; aprobó la Decisión 24, que regulaba la inversión extranjera en vista de la cual las compañías foráneas tenían un plazo de quince años para transformarse en nacionales o mixtas; prohibió nuevos capitales provenientes del exterior en bancos e instituciones financieras, seguros, servicios públicos, empresas de transporte interno y publicidad o medios masivos de comunicaciones. En febrero de 1973 el Pacto Andino se engrandeció con la adhesión de Venezuela, pero en julio de 1974 el gobierno de Pinochet en Chile emitió el Decreto-Ley 600 que contravenía lo estipulado por la Decisión 24, con lo cual se inició una pugna resuelta a los dos años, cuando se excluyó a Chile del Acuerdo de Cartagena.

El Tratado de Managua firmado en diciembre de 1960 agrupó a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Su meta era establecer en el plazo de cinco años un mercado común para impulsar el crecimiento fabril mediante la sustitución de importaciones, aunque este proceso no significaba la exclusión de capitales foráneos pues la burguesía industrial del área tenía poca importancia. A la vez se creó un Banco Centroamericano de Integración Económica (BICE), que funcionaba en un 86 por ciento con créditos extranjeros. En solo once años el comercio “intrazonal” se multiplicó por ocho y la unificación arancelaria alcanzó un 95 por ciento del tráfico mercantil con tarifa externa común. Se debe señalar, no obstante, que los veintiún rubros no incluidos en el libre comercio abarcaban las exportaciones tradicionales que representaban las principales ventas al exterior: café, algodón, azúcar, bebidas alcohólicas y bananos. Además, el saldo deficitario de la balanza comercial común se incrementó en unas tres veces y media, sobre todo en provecho de los Estados Unidos.

En 1963, durante la Segunda Reunión Ministerial del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), se acordó crear la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana. Entre los objetivos básicos perseguidos con su constitución, se encontraba el de excluir a la Revolución Cubana de las discusiones económicas sobre América Latina, pues solo los Estados representados en el CIES podían participar en dichas reuniones.

El triunfo de la Revolución Cubana puso en crisis al dominio colonialista en el Caribe. Entonces para tratar de encubrir esta anacrónica forma de sojuzgar, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda constituyeron en 1961 la Organización del Caribe, cuya sede estaría en Puerto Rico. En ella participaron los territorios coloniales de las referidas cuatro potencias, y su existencia representó una variante caribeña de la Alianza para el Progreso. Sin embargo, la independencia de Jamaica y Trinidad y Tobago, en agosto de 1962, asestó un golpe mortal a dicha agrupación que languideció hasta ser disuelta a los tres años. Luego la emancipación de Guyana y Barbados en 1966, inclinó definitivamente a todo el Caribe anglófono hacia el fin del colonialismo. En esa circunstancia surgió el primer esfuerzo autóctono de integración económica en el área; en mayo de 1968 Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago y siete territorios bajo régimen autonómico formaron la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA, por sus siglas en inglés). Su objetivo era expandir y diversificar el intercambio mercantil, estimular el desarrollo equilibrado de los países miembros y dar un trato especial a los de menor desarrollo económico relativo. Para cumplir su objetivo, dentro del conjunto se creó un subgrupo integrado por las islas de Sotavento —Antigua, Montserrate, San Cristóbal, Nieves, Anguila— y las de Barlovento —Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente—, al que se otorgaba el doble de tiempo (diez años) para eliminar sus aranceles. En lo concerniente a su progreso industrial, CARIFTA planteaba sustituir los artículos manufacturados de importación por otros que se produjeran en la zona, cuyo financiamiento sería realizado mediante la creación del Banco Caribeño de Desarrollo, que tenía como entidad especializada para el subgrupo a la Corporación de Inversiones del Caribe, dedicada a disminuir la brecha con los de mayor desarrollo relativo. A partir del surgimiento de la referida asociación librecambista, la tasa de crecimiento del comercio “intrazonal” se triplicó, hasta alcanzar el veinte por ciento anual, de forma que sus integrantes pronto pasaron a ser sus principales socios mercantiles, superados exclusivamente por Gran Bretaña. Así, a principios de 1973, CARIFTA podía ufanarse de haber cumplido dos postulados básicos: implantación de un arancel aduanero externo único para todos y el ejercicio de una política comercial exterior común. Semejantes logros indujeron a los asociados a reunirse para ampliar sus perspectivas.

La Octava Conferencia de los Jefes de Gobierno de los países del Caribe miembros de la Comunidad Británica de Naciones, celebrada en Georgetown en abril de 1973, decidió establecer la Comunidad del Caribe que incluiría como subconjunto al Mercado Común Caribeño. Los participantes se plantearon de esa forma perfeccionar el proceso de integración iniciado anteriormente. El Tratado de Chaguaramas, firmado en julio del propio año por Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, planteaba tres objetivos; integración económica; cooperación en áreas como transporte —aéreo y marítimo—, servicios meteorológicos, salud pública, asistencia técnica, enseñanza, legislación; coordinación de la política exterior de los signatarios, lo cual devino como punto más importante tras la incorporación a la Comunidad de Antigua, Dominica, San Cristóbal y Nieves Anguila, Santa Lucía, San Vicente, Belice, Monserrate y Bahamas.

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) surgió al firmarse el Convenio de Panamá, en octubre de 1975. De este se excluyó a los Estados Unidos, pero en él se incorporaron con todos los derechos a los Estados caribeños anglófonos. La pertenencia de Cuba socialista al SELA evidenciaba que, por mediación de este organismo flexible se podían identificar coincidencias y propósitos comunes en una etapa cualitativamente superior de la integración de América Latina. Entre los más notables objetivos que el convenio establecía podían citarse los siguientes: auspiciar la formación de empresas multinacionales latinoamericanas que contribuyesen a una mejor utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los países miembros; estimular niveles deseables de producción y suministros básicos, en especial de alimentos, en los cuales el subcontinente pudiera ser autosuficiente; propiciar que en la región se transformaran las materias primas para exportar productos elaborados; diseñar y reforzar mecanismos y asociaciones de productores para la defensa de los precios internacionales del café, banano y el azúcar. El SELA también llamó al disfrute para todos sus miembros de las concesiones comerciales y arancelarias que estipulara la primera ronda de negociaciones llevada a cabo por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Esta se había organizado en 1980 para sustituir a la ALALC, y poco más de una década después incorporó a Cuba como integrante plena. La ALADI denunció que los países de la región como promedio destinasen el cuarenta por ciento de sus ingresos por concepto de exportaciones, a la amortización de los intereses de la inmensa y creciente deuda externa.

En Argentina, el 1ro. de julio de 1974 murió el recién reelecto presidente Juan Domingo Perón. A partir del gobierno de su viuda exvicepresidenta, se multiplicó la aguda pugna entre la corrupta derecha justicialista en el poder y todos los partidarios del progreso. Estos eran: peronistas de izquierda, fuesen o no guerrilleros “montoneros”; insurgentes del Ejército Revolucionario del Pueblo; afiliados a la combativa Central de Trabajadores Argentinos; creyentes en el Movimiento de Sacerdotes Tercermundistas, promotor de la Teología de la Liberación. La ineficacia de la presidenta o incapacidad de su equipo gubernamental propició el 24 de marzo de 1976 un golpe militar que tenía por objetivo establecer en el país un régimen fascista, mediante la institucionalización del terrorismo de Estado. Se desató entonces, con militares entrenados por los Estados Unidos en la tétrica Escuela de las Américas —ubicada en Panamá—, una sucia guerra total contra la “subversión interna”. Esta barbarie oficialista generalizó los tormentos físicos y psíquicos tales como: aislamiento, capuchas, picanas eléctricas en órganos genitales y otras partes sensibles, palizas, colgaduras, lanzamientos de prisioneros vivos desde aeronaves hacia el mar, violaciones de mujeres y ulterior rapto de sus hijos tenidos fuera o dentro del cautiverio. Así, cientos de niños fueron entregados en ilegítima adopción a gentes del oficialismo que a sabiendas los aceptaron. El régimen fascista-militar por esa época también impulsaba el plan concebido por la CIA llamado Operación Cóndor, que se llevaba a cabo en alianza con los reaccionarios generales gobernantes en Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y el cual orientaba capturar en cualquiera de esos países a los militantes de causas populares, para asesinarlos o enviarlos a sus patrias de origen con el propósito de que en ellas lo hicieran. Pronto, de esa horrenda práctica represiva la Junta argentina pasó al ilegal y clandestino tráfico de armas, y después a solicitud del presidente Ronald Reagan acometió la exportación del terror reaccionario hacia el resto de América Latina. Esto fue especialmente intenso en el caso de la Nicaragua sandinista, donde oficiales argentinos asesoraban el frenesí destructor de la “contra” organizada por los Estados Unidos. El engarce entre ambos gobiernos fue completo, porque ambos compartían el criterio de que un nuevo conflicto mundial estaba ya en curso sobre el eje de fronteras ideológicas, sintetizadas en el lema de “contraposición Este-Oeste”.

El propio pueblo argentino puso en jaque a los sucesivos generales que ocuparon la presidencia. Así, a finales del año ochenta, el país se encontraba sumergido en la mayor crisis socioeconómica y política de su historia. Además, ya ni si quiera la violentísima represión lograba aplastar las crecientes y combativas protestas populares, que alcanzaban niveles superiores de unidad en fábricas, barrios, iglesias, grupos juveniles, universidades, e incorporaba incluso hasta algunos sectores de la burguesía. En ese contexto, la ilegalizada Confederación General de Trabajadores (CGT) llamó a los asalariados a desfilar bajo la consigna de “Paz, Pan y Trabajo”. De ese modo el 7 de noviembre de 1981, en Buenos Aires se produjo una impresionante marcha de decenas de miles de personas, lo cual significó el mayor reto contra las Fuerzas Armadas en los siete años y medio de su tiranía. Después, el 30 de marzo de 1982, al grito de “se va acabar la dictadura militar”, las masas convocadas por la CGT fueron de nuevo a la huelga y se lanzaron a las calles. En la capital, por ejemplo, los manifestantes se enfrentaron durante cinco horas a las brutales fuerzas represivas, que arrestaron a dos mil personas e hirieron de gravedad a varios cientos. Se evidenciaba de esa manera el abismo existente entre pueblo y gobierno, tal vez ni siquiera salvable por algún suceso que produjese una conmoción nacional.

El 2 de abril de 1982, ocho mil infantes de marina argentinos realizaron un precipitado desembarco en el enclave colonial británico formado por las islas Malvinas y sus dependencias, en una maniobra destinada a desviar la atención popular de la crisis interna hacia los asuntos exteriores. El gobierno militar estimaba que si la ocupación se realizaba con un mínimo de violencia y contaba al menos con la neutralidad estadounidense, la arriesgada aventura podría tener éxito; confiaban en las delimitaciones geográficas del TIAR, que incluían a las Malvinas, y esto —creían— dificultaría en el área las actividades bélicas de Inglaterra, potencia extra-continental. Pero desde el principio los Estados Unidos apoyaron a Inglaterra, no obstante lo establecido en el Acuerdo de Río de Janeiro. En definitiva, la guerra fue un desastre para Argentina: aunque los pilotos de su fuerza aérea hundieron unos buques de guerra británicos y averiaron otros, dos tercios de sus bombas lanzadas no estallaron; la alta oficialidad del Ejército rehusó abandonar sus comodidades y enfrentar los sacrificios propios del combate, tras haber enviado al archipiélago a jóvenes conscriptos mal entrenados y peor equipados. Además, la Marina retiró sus buques del campo de batalla y se refugió en aguas seguras. Y para colmo, los tres cuerpos armados se desempeñaron de acuerdo a concepciones totalmente distintas y sin la menor voluntad de mutua cooperación. En resumen, Argentina perdió la guerra y el TIAR por completo se desprestigió. Por ello en el futuro sería muy difícil para el gobierno de Washington reclamar su aplicación.

Panamá, en 1984 solicitó al gobierno de los Estados Unidos —y obtuvo— el cierre de la Escuela de las Américas, donde se formaban militares latinoamericanos. La petición fue realizada por órdenes de Manuel Antonio Noriega, jefe de las Fuerzas de Defensa. Pero dicho general a los dos años fue públicamente acusado por su segundo al mando de ser narcotraficante, colaborador de la CIA y haber sido cómplice —un lustro antes— de la sospechosa muerte de Omar Torrijos. Este fallecido oficial había ganado notoriedad en la séptima década del siglo, cuando los marines salieron de la Zona del Canal y reprimieron —veintiún muertos y quinientos heridos— a quienes protestaban contra la presencia estadounidense en el enclave colonialista. Después de ese día —10 de enero de 1964— los panameños no volvieron a ser los mismos. Ante la furia popular, el gobierno istmeño rompió momentáneamente relaciones diplomáticas con Washington y pidió modificaciones al espúreo tratado canalero en vigor, mientras ordenaba a la Guardia Nacional que atacase sin piedad la emergente presencia guerrillera en la región montañosa de Ciri Grande. Esto concientizó a muchos oficiales de ese cuerpo armado, entre los que se encontraba Torrijos; quien encabezó el derrocamiento militar del presidente de turno el 11 de octubre de 1968 y asumió el poder. Entonces disolvió el nada representativo Congreso de la República, suprimió los partidos burgueses, decretó una amplia amnistía para los presos políticos, derrotó un intento de golpe militar derechista, dictó una ley de reforma agraria. El texto contemplaba expropiar las tierras ociosas para organizar en ellas cooperativas llamadas asentamientos campesinos y tenía el propósito de liberar de su marginamiento a un sector mayoritario de la población rural, lo cual a su vez mejoraría el abastecimiento alimentario del mercado nacional gracias a las producciones de las siete mil familias beneficiadas. Al mismo tiempo el gobierno de los militares nacionalistas creó diversas instituciones crediticias para ayudar a los asentamientos, así como a los pequeños y medianos productores. El Estado también auspició el desarrollo del cobre, la pesquería, el turismo y diversas industrias agrícolas. Y en 1972 adquirió la Compañía Fuerza y Luz para colocarla al servicio de la nación. Pero nada pudo compararse con su vigorosa campaña a favor de establecer la soberanía panameña sobre el canal, lo cual se expresó diplomáticamente en un complejo proceso de puja entre Panamá y los Estados Unidos; al cabo de siete años se suscribió el Tratado Torrijos-Carter de 1977, ratificado en un referéndum nacional. Dicho acuerdo estableció que en el plazo de 23 años, paulatinamente, todos los derechos jurisdiccionales de la zona canalera pasarían a las autoridades istmeñas.

Panamá adoptó una original forma de institucionalización al conformarse un poder legislativo que se denominó Asamblea de Corregimientos. Después, tras la elección de un nuevo presidente, un sospechoso accidente de aviación provocó la muerte de Torrijos en 1981. Dos años más tarde, el jefe de la Inteligencia militar de la Guardia Nacional —general Manuel Antonio Noriega—, ocupó el cargo supremo de las ahora redenominadas Fuerzas de Defensa.

En las elecciones presidenciales de 1984 se impuso Nicolás Ardito Barletta, quien al año tuvo que renunciar por contradicciones con el nuevo jefe militar. Su vicepresidente —Eric Arturo del Valle— se instaló en el poder ejecutivo y en 1988 destituyó a Noriega, quien respondió con una orden de arresto contra el Presidente en funciones. Este se refugió en la embajada de los Estados Unidos, cuyo gobierno inició entonces el bloqueo económico a Panamá. En dichas circunstancias, en mayo de 1989 se convocaron a elecciones presidenciales, cuyos turbios resultados no fueron reconocidos por nadie, por lo que se instaló en la residencia ejecutiva a un allegado de Noriega. Este, a su vez, derrotó un intento golpista encabezado por el jefe de sus custodios, a quien fusiló con los demás complotados. Al perder confianza en su propio ejército, Noriega organizó bandas de sus adeptos civiles a las que llamó Batallones de la Dignidad, mientras la Asamblea Nacional lo designaba como Jefe del Gabinete de Guerra.

La invasión estadounidense a Panamá —denominada “Causa Justa” por el presidente George Bush (padre)—, comenzó sin previo aviso la madrugada del 20 de diciembre de 1989, con un total de 26 mil soldados de elite dotados de aviones y armamento de última generación. Atacaron instalaciones políticas y bases militares, así como los barrios populares donde la resistencia era mayor; en el Chorrillo la población fue masacrada y sus construcciones —todas de madera— incendiadas. Al cabo de unos pocos días, los muertos panameños —civiles y militares— eran más de 600, y unas 20 mil personas habían perdido todos sus bienes. Al final, mientras Noriega se asilaba en la Nunciatura Apostólica, la OEA condenaba la injustificada agresión, y en una base aérea estadounidense del canal, el excandidato opositor en las anuladas elecciones —Guillermo Endara— asumía la presidencia de Panamá. Pero en este país la repulsa popular a la presencia estadounidense era tal que se hizo imposible anular el tratado Torrijos-Carter. Y a los diez años la Zona del Canal tuvo que ser evacuada por las fuerzas de los Estados Unidos.

En Nicaragua, el anhelo de derrotar a la tiranía nepotista de los Somoza obtuvo tanto apoyo popular, que hasta la OEA rechazó la creación de una fuerza interventora sugerida por los Estados Unidos. Tras la victoria de la Revolución Sandinista —19 de julio de 1979—, la mejoría económica del país se vio perjudicada por la agresividad del gobierno de Washington; Ronald Reagan, nuevo presidente norteamericano, ordenó minar puertos y sabotear industrias a la vez que estableció bases militares estadounidenses en la vecina Honduras. Desde allá se enviaban al territorio nicaragüense bandas mercenarias que asesinaban gentes y asolaban bienes. La lucha armada se agudizó muchísimo a partir de la enorme e ilegal ayuda brindada por los Estados Unidos a los contrarrevolucionarios; en estos enfrentamientos perecieron sesenta mil personas, en una población que no rebasaba los cuatro millones de seres humanos.

En discrepancia con esa política estadounidense, representantes de los gobiernos de México, Venezuela, Colombia y Panamá se reunieron en la isla de Contadora en 1983. Allí se constituyeron en grupo mediador empeñado en extraer los conflictos de América Central, de la contraposición Este-Oeste engendrada por la “guerra fría”. Dicho conjunto de repúblicas latinoamericanas realizó avances hasta que el nuevo presidente de Costa Rica —Oscar Arias—, deseoso de asumir una posición protagónica, se opuso a este extra-ístmico conglomerado de países e impulsó el llamado “Foro Pro Paz y Democracia”. Conformado solo por los países centroamericanos y con el anunciado propósito de “democratizar” Nicaragua y pacificar El Salvador y Guatemala —donde también había intensa lucha armada—, Arias se vio compelido a clausurar las facilidades a la “contra” en Costa Rica, motivo por el cual tuvo fuertes roces con los Estados Unidos. Pero fueron las reiteradas victorias armadas sandinistas y el inicio del escándalo llamado “Irán-contras” —adverso a Reagan en el Congreso estadounidense—, lo que forzó al presidente costarricense a lanzar un nuevo plan, no ya en contradicción con el Grupo de Contadora sino como complemento de este y el cual incluía el cese de toda ayuda militar a la “contra”. Dado que dicha propuesta no significaba la eliminación del sandinismo en el poder, Nicaragua aceptó participar en las reuniones que se venían celebrando en Esquipulas —nombre del lugar de las citas—, con lo cual los cinco países del área comenzaron a dialogar de conjunto. Hasta que el 15 de febrero de 1987 entre todas las partes se acordó: cese del fuego, desarme de las fuerzas irregulares, suspensión de toda ayuda militar extra-regional, reducción de armamentos, no uso del territorio nacional para agredir a otros Estados, reconciliación nacional, democratización generalizada, elecciones libres, supervisión internacional, Parlamento Centroamericano, cronograma del cumplimiento de lo acordado. Esta solución traía consigo una acrecentada lucha política pero no militar y permitía la supervivencia del proceso revolucionario pues no pedía renunciar a la soberanía nacional ni a la autodeterminación del país.

El Acuerdo de Esquipulas tuvo gran significado, pues a pesar de no haber sido aprobado por los Estados Unidos, se aplicó. Y ello significó el resurgimiento contemporáneo de la diplomacia colectiva autónoma de América Latina.

La derrota de las dictaduras militares fascistas y el restablecimiento de los gobiernos civiles en Brasil y Argentina, facilitó el surgimiento de una política de paz y cooperación entre esos dos países. Un reflejo de ello fue la firma entre los presidentes brasileño y argentino en 1985, del Acta de Foz de Iguazú, que patentizaba la voluntad de impulsar el desarrollo e integración regional. Al año veinticuatro protocolos se habían acordado entre ambos Estados, los cuales deberían conducir en diez años al surgimiento de un mercado común mediante la desaparición de todas las barreras —arancelarias o no— y la armonización de las políticas comerciales. El éxito del proceso atrajo al poco tiempo a los contiguos Paraguay y Uruguay, por lo cual en marzo de 1991 entre los cuatros mencionados países se formó el Tratado de Asociación que daba vida al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), cuyo período de transición debería culminar el 31 de diciembre de 1994. El MERCOSUR se caracterizó por la simultánea apertura arancelaria, gradualmente aplicada con igual ritmo para todos los productos acordados, a diferencia del complejo y lento criterio utilizado para la negociación de cada producto, empleado en experiencias anteriores. También se redujeron las listas de productos que se exceptuaban de los procesos acordados para la desgravación, lo cual facilitó que el régimen de libre comercio abarcara en poco tiempo al noventa por ciento de las mercancías. A la vez, el arancel externo común (AEC) destinado a las importaciones provenientes de fuera de la zona entró en vigor a partir de 1995, y constituyó el principal instrumento de política comercial de la asociación en su primera etapa. La estructura básica del AEC incluía once niveles de tarifas, con valores de entre el dos y el veinte por ciento. Los sectores o productos transitoriamente excluidos debían ser objeto de una transición gradual, desde los niveles nacionales de protección hasta el AEC, y toda la convergencia se debía lograr para el año 2006. Asimismo se dinamizaron los flujos de capital dentro de la asociación y creció la inversión extranjera, sobre todo en los sectores automotores, alimenticio, petroquímico y textil. Todavía quedaban, sin embargo, negociaciones difíciles sobre los productos en las listas de excepciones o en los sectores temporalmente excluidos, y en el ámbito de los bienes de capital y las telecomunicaciones e informática. A la vez subsistían grandes diferencias en las regulaciones nacionales sobre finanzas, seguros, transporte aéreos y algunas áreas más. De igual forma se deberían acercar las legislaciones sobre condiciones y asuntos laborales, para facilitar el surgimiento de un mercado integrado en lo concerniente a la fuerza de trabajo. Y contemplarse el apoyo y ayuda a las regiones con situaciones económicas desfavorecidas. Por lo tanto, a diferencia de los acuerdos proteccionistas sustitutivos de importaciones precedentes —que pretendían aislar las economías internas de la competencia extranjera—, este acuerdo generó la interdependencia, notable en la industria automotriz, modernizada y ampliada.

Otra peculiaridad del MERCOSUR, era la importancia que en él desempeñaban las pequeñas y medianas empresas (PYME), aunque dadas las diferentes estructuras productivas en cada país, ese concepto implicaba tamaños distintos en las diversas economías; por ejemplo las PYME del Brasil, pudieran ser como de gran envergadura en Paraguay. Estas pequeñas o medianas empresas con frecuencia fabricaban productos intermedios como piezas y partes o componentes, o participaban de procesos de subensamblaje que se integraban a otras manufacturas, de forma que estaban fuertemente insertadas en variadas actividades industriales por su eficiencia, calidad y productividad, lo cual las convertía en muy competitivas en todos los países miembros.

Chile, no perteneciente a ninguna entidad integracionista, firmó un acuerdo de asociación con MERCOSUR el 25 de junio de 1996. En esa misma condición le siguió Bolivia, incorporada al Pacto Andino, pero con fuerte atracción hacia las economías de Argentina y Brasil. También en esta oportunidad los bolivianos lograron que los demás miembros del tratado le otorgasen la condición —como al Paraguay— de país de menor desarrollo relativo, lo cual implicaba condiciones preferenciales. Y en el año 2012, Venezuela hizo su entrada como miembro pleno en el MERCOSUR, lo cual convirtió a dicho bloque en la quinta economía del mundo.

La Unión Europea era el principal socio comercial del MERCOSUR, a donde aquella —además— enviaba el setenta por ciento de las inversiones que ubicaba en América Latina. No extrañó, por lo tanto, que entre ambas entidades integracionistas se firmara un Acuerdo Interregional de Cooperación Comercial y Económica, que se proponía incrementar y diversificar los intercambios comerciales, promover la cooperación económica, fortalecer la competitividad internacional, fomentar el desarrollo tecnológico, profundizar los lazos en la cultura y la educación.

Dentro del ámbito de la integración de América Latina, en 1991 surgió el fenómeno político de las Cumbres Iberoamericanas, la primera de las cuales tuvo lugar en Guadalajara, México. Esto fue trascendente, pues aunque en ella participaron España y Portugal, de estas se excluyó a los Estados Unidos. Asimismo se decidió celebrarlas anualmente, con un tema específico y diferente cada vez, a partir del criterio de que la cooperación política significaba una interacción entre las naciones; esta, fundamentada en el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y la independencia de todos los países, mediante el acatamiento a sus tradiciones nacionales. Se consideraba, por lo tanto, que las naciones latinoamericanas podían seleccionar por sí mismas los medios, mecanismos e instrumentos de gobernación que se estimara pertinente en cada sociedad. En virtud de ello, las declaraciones de las cumbres se caracterizaron por su reiterada condena a toda legislación unilateral de sesgo extraterritorial, por lo cual reiteradamente repudiaron la agresiva y anticubana ley Helms-Burton.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se constituyó el 24 de julio de 1994 por veinticinco países de la cuenca; participaban en ella doce Estados del CARICOM, cinco de Centroamérica, dos pertenecientes al Pacto Andino, México —incorporado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto a los Estados Unidos y Canadá—, así como Cuba, República Dominicana, Haití y Suriname, no integrados previamente a ningún acuerdo. También tomaban parte los territorios dependientes de Holanda, Francia y Gran Bretaña; sin embargo Puerto Rico e Islas Vírgenes no fueron autorizados por su metrópoli a incorporarse a la AEC. Este convenio se proponía “promover, consolidar y fortalecer el proceso de cooperación e integración regional del Caribe, a fin de establecer un espacio económico ampliado, que contribuyera a incrementar la competitividad en los mercados internacionales y a facilitar la participación activa y coordinada del área en los foros multilaterales”. No obstante, las naciones que se asociaron presentaban un alto grado de heterogeneidad; el 84 por ciento del PIB se concentraba en Colombia, México y Venezuela; el 10 por ciento en las Antillas —anglófonas e hispanas—; solo el 6 por ciento en Centroamérica. Además, con frecuencia el comercio exterior de dichos países era competitivo entre ellos y no complementario; algunos casi no tenían relaciones mercantiles entre sí, mientras otros las sostenían en un sentido nada más, pues exclusivamente importaban o exportaban de sus vecinos. Y las tres mayores economías sostenían un comercio importantísimo con los Estados Unidos; México, su inmensa mayoría; Venezuela, la mitad; Colombia, un 40 por ciento.

En 1995 la Asociación celebró su Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que formuló una Declaración de Principios y Plan de Acción sobre turismo, comercio y transporte. A pesar de ello la AEC se ha proyectado más como un espacio de cooperación que de integración. En sus empeños sobresalía la decisión de los gobiernos participantes de concebir una estrategia que promoviese al área como zona de turismo sostenible, lo cual definía un estilo de crecimiento de esa actividad a través de una serie de principios y estrategias que la convirtiesen en un conjunto armónico y coherente. Se podría así impulsar el multidestino, lo cual provocaría avances en los transportes aéreos y marítimos, que redundarían en la ampliación de los flujos comerciales de la región.

El ALBA, surgida como Alternativa Bolivariana para América Latina y redenominada al tiempo como Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América fue una propuesta del presidente Hugo Chávez, realizada en 2004 para contrarrestar los funestos empeños de los Estados Unidos por imponer a las repúblicas latinoamericanas el ALCA o Asociación para el Libre Comercio en las Américas. El ALBA resultaba novedoso y justo porque rechazaba la rivalidad o competencia económica, al auspiciar la complementariedad productiva e impulsaba un comercio avalado por una acertada práctica inversionista, que además propiciaba la interconexión energética y de las comunicaciones.

Tras exponer sus atractivos propósitos integracionistas, Chávez realizó una visita a Cuba donde se entrevistó con Fidel Castro y juntos firmaron los primeros planes conjuntos acordados en el marco del ALBA. A esta novedosa concepción integradora después se sumaron Bolivia y Nicaragua, mientras Ecuador anunciaba su intención de hacerlo también.

Una Cumbre Extraordinaria del ALBA —integrada ya por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras (nota 1), Dominica, San Vicente y las Granadinas, y con Ecuador, Paraguay, Antigua y Barbuda como observadores—, se produjo el 16 de abril de 2009. En este cónclave se anunció el surgimiento del novedoso Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), que no utilizaría divisa extranjera alguna e inicialmente fungiría como moneda virtual de cuenta entre las naciones y cuyo funcionamiento se regiría por un Consejo Monetario que regularía la política financiera y bancaria de todos los miembros de la zona monetaria común. También se dejó saber que el recién creado Banco del ALBA financiaría con 70 millones de dólares un proyecto para desarrollar un sistema latinoamericano de telecomunicaciones, que incluiría un cable submarino de fibra óptica entre Venezuela, Cuba y Jamaica, y en su segunda etapa sumaría a Nicaragua y Haití a la red. Igualmente se conoció que el referido Banco del ALBA ejecutaba más de cien planes de desarrollo en diversos países y entregaba fondos para proyectos como: ALBA-Salud, ALBA-Cultura, ALBA-Educación y otros, gracias al cual Honduras, por ejemplo, recibió un lote de implementos agrícolas venezolanos y esperaba declararse en enero de 2010 territorio libre de analfabetismo. Pero lo fundamental de esta Reunión Extraordinaria del ALBA fue, la unánime censura de sus miembros al impedimento que la Organización de Estados Americanos hacía a la participación de Cuba en la mal llamada V Cumbre de las Américas del 17 de abril de 2009. En ella, todos los Estados latinoamericanos y caribeños exigieron a los Estados Unidos que se reparase la injusticia histórica de haber expulsado a Cuba de la OEA y que cesara incondicionalmente el injusto bloqueo impuesto a la Isla por más de 48 años. Casi medio siglo después, en la 39 Asamblea General de la OEA, por consenso de los 34 países miembros de esa organización, se dejó sin efecto la referida exclusión de Cuba del sistema interamericano. Tamaño éxito político de Cuba evidenciaba, sin lugar a dudas, que en América Latina se había producido un trascendental cambio de época.

Una Cumbre nueva del ALBA aprobó la movilidad universitaria entre los Estados miembros, el reconocimiento recíproco de los títulos emitidos por las respectivas instancias de educación superior, y un acercamiento en los enfoques de formar profesionales a nivel de pre y posgrado. Luego la integración tomó cuerpo mayor con la decisión de crear un Consejo Político y otro de Complementación Económica. Este se concentraría en la planificación e intercambios, así como en las inversiones productivas y los programas de cooperación para impulsar el surgimiento de una zona comercial con respeto a las asimetrías. A la vez se anunció que se realizaban estudios para establecer una Secretaría Permanente. Entonces también se dejó saber que Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda se integraban junto a Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua y Venezuela en el ALBA, y que los integrantes de dicho bloque renunciaban al TIAR. El ALBA, de esa manera pasó de ser una propuesta teórica a convertirse en plataforma de poder, como expresión de la nueva izquierda latinoamericana. Esta corriente política estaba sustentada en pilares importantes; tenía espíritu democrático, era flexible y abierta, pero sobre todo se adaptaba al contexto propio de cada país. Por eso cada uno de estos tenía su propia forma de gobernar, pues todos eran diferentes. Así, el cambio se daba a partir de concepciones propias, debido a lo cual se podía alcanzar gran éxito. Meses más tarde, en la VII Cumbre —celebrada en Cochabamba—, se conformó un Tribunal de Arbitraje Internacional del ALBA, en tanto mecanismo para solucionar conflictos entre países; este representaría una alternativa al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial. También en la cita, y a instancias del Gobierno boliviano, en la referida cumbre participaron por vez primera empresarios privados. Al final, en la declaración de clausura, se plasmó la decisión común de que el 1ro. de enero de 2010 comenzaría a funcionar el sistema monetario de pagos conocido como SUCRE, cuyo uso —en caso de generalizarse— permitiría reducir o atenuar la dependencia al dólar estadounidense. A partir de la fecha indicada, empezarían las operaciones técnicas para implementar su funcionamiento entre los países pertenecientes al Banco del ALBA; en un futuro, tal vez se podría extender dicha moneda virtual a quienes pertenecieran al Banco del Sur. También se decidió entonces encomendar al Consejo Político, la elaboración de un proyecto que permitiese la creación de una Escuela Superior para el desarrollo de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros de la alianza, a inaugurarse en Quito en 2015. En el encuentro, Hugo Chávez terminó sus palabras con la afirmación de que el ALBA era un gran espacio geopolítico en construcción, que se consolidaba como instrumento fundamental para construir “un mundo mejor” bajo el nuevo modelo socialista del siglo xxi.

El surgimiento de una región latinoamericana y caribeña verdaderamente libre y soberana, ha sido un complejo proceso ascendente en el que se mezclaron las luchas democráticas con las revolucionarias junto a los renovados empeños por la integración. Tal vez nada exprese mejor dicha tendencia, que el hecho de haberse convertido China socialista —ya la segunda economía del mundo en 2012— en el tercer socio comercial de América Latina y en el primero de Brasil y Chile; ese intercambio creció al asombroso ritmo del 40 por ciento anual y se acercó a la colosal cifra de 200 000 millones de dólares al año. En tanto, se deterioraban las relaciones financieras con los Estados Unidos, cuya economía se adentraba en la gran recesión: se había iniciado en 2007 con una gigantesca quiebra en el sector inmobiliario, que arrastró tras de sí a los mayores bancos; perdieron su empleo siete millones de personas, hasta totalizar el doble de dicha cifra los que estaban sin trabajo; cinco millones de familias quedaron sin vivienda; 31 millones de norteamericanos dependían de los exiguos cupones alimenticios gubernamentales; la deuda pública alcanzó el equivalente del PIB anual del país; quebraron famosas compañías automotrices y la industria manufacturera estadounidense descendió a la segunda posición mundial; se profundizó el abismo entre pobres y ricos. Estos, que conformaban el uno por ciento de la población, ingresaban en conjunto tanto dinero como el que ganaba el último sesenta por ciento de la población, y poseían tanta riqueza como el 90 por ciento del resto de los estadounidenses; el mejor ejemplo de ello tal vez sea la familia Walton, cuyos ingresos y propiedades —entre las cuales descollaban los famosos establecimientos Walmart— equivalían a todo lo que poseían o percibían los ciento cincuenta millones de habitantes —es decir, la mitad de los ciudadanos— más pobres de los Estados Unidos. La llamada “clase media” perdió la cuarta parte de su bienestar. En síntesis, la economía de los Estados Unidos en 2012 ya solo era un poco menos de la cuarta parte (24 por ciento) de la mundial. Se anunciaba de esa forma, la pronta aparición de un interdependiente mundo multipolar.

En nuestro subcontinente, a la vez, se incrementaron los rasgos de unidad y progreso común; evidencia de ello fue el fortalecimiento de la empresa multinacional PETROCARIBE, a la cual pertenecían 18 países y varios más aspiraban a integrarla. Se constituyeron, además, novedosas instituciones como la Unión de Naciones del Sur. Esta abarcaba a todos los países sudamericanos, que aspiraban a una integración completa en lo social, económico, político e institucional. Incluso planteaba una ciudadanía regional, así como sistemas de seguridad social y políticas económicas y sociales comunes. También preveía el diseño de estrategias consensuadas ante los organismos internacionales o multilaterales. La UNASUR debía llegar a contar con un fondo de reserva y una moneda común, cuyo primer paso fue el acta de fundación a finales de 2007 del Banco del Sur. Esta institución financiera debía operar bajo otros principios que los del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. A cuya pertenencia ya renunciaron de mutuo acuerdo Argentina y Venezuela al cancelar viejas deudas con ambos. El Banco del Sur auspiciaría proyectos estratégicos en los países de la región sin tener en cuenta diferencias económicas ni tamaño de los miembros. Dentro de UNASUR se conformó el 9 de marzo de 2009 el Consejo de Defensa Sudamericano, que declaró a la región como Zona de Paz en tanto que base necesaria para la estabilidad democrática y el desarrollo integral del área. Poco después surgió también el Consejo de Salud, cuya prioridad era erigir un escudo epidemiológico en Sudamérica. Uno de los primeros pasos al interior de UNASUR fue el entendimiento entre los presidentes Lula, Chávez, Bachelet, Evo y Correa en impulsar el bosquejo de unir ambos océanos que bañan la América Latina por medio de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales, cuyos ejes fundamentales serían los importantes puertos brasileños de Santos —en el Atlántico Sur— y el amazónico de Manaos, así como la ecuatoriana ciudad de Manta y la chilena bahía de Iquique, ambos en el Pacífico.

Pronto los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) compuesto por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y al cual está asociado República Dominicana, acordaron fortalecer al máximo posible sus relaciones de todo tipo con UNASUR.

Con posterioridad, este mecanismo de integración aprobó el Proyecto de Estructura del Tratado Energético de Suramérica y el uso de las monedas locales en el intercambio comercial regional, en sustitución del dólar como dinero de referencia. Luego, en Bariloche (Argentina) el 28 de agosto de 2009, la Cumbre extraordinaria concluyó con una resolución de condena a la presencia de enclaves militares extranjeros que amenacen la soberanía de los países. En la declaración final de esa cita se evidenció la fragilidad de los argumentos sostenidos por Colombia, para ceder el uso de siete bases a militares estadounidenses; los mandatarios manifestaron su deseo de defender la región como una zona de paz, aunque reafirmaron su compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Dentro del marco de UNASUR un paso importante fue el encuentro de las presidentas de Argentina y Chile en este último país donde se rubricó un Tratado de Integración; este acuerdo, llamado de Maipú, prevé un sistema de jubilaciones recíproco, fuerzas armadas conjuntas para la paz y el desarrollo de un ferrocarril transandino.

El estrechamiento de vínculos inter-latinoamericanos alcanzó otro hito cuando en noviembre de 2008, Cuba oficialmente ingresó en el llamado Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política —más conocido como Grupo de Río—, que era el distante heredero del Grupo de Contadora. En ese contexto, la marcha unitaria del subcontinente alcanzó su cima, cuando Brasil convocó a celebrar en diciembre de 2008 la Primera Cumbre de América Latina y el Caribe. En esta reunión, por primera vez desde la consecución de la independencia contra las metrópolis coloniales, los 33 países que integran la región —con la notable presencia de Cuba— se reunieron sin participación foránea, fuese de los Estados Unidos o Europa. En dicho cónclave se emitió una Declaración Final en la que se expresaba total acuerdo en la defensa de la soberanía de las naciones latinoamericanas, el derecho de los Estados a construir su propio sistema político, libre de amenazas y agresiones o medidas coercitivas; se subrayaba que siempre debería prevalecer un ambiente de paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los derechos humanos, con igualdad soberana de los Estados y solución pacífica de las controversias. En esa referida Primera Cumbre también se emitió una declaración especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo financiero, comercial y económico —incluida la aplicación de la ley Helms-Burton— impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. En ese ámbito, además, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso que el llamado Grupo de Río se transformara en Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin participación alguna de cualquier país ajeno a la región. En concordancia con esa propuesta, México realizó la convocatoria para celebrar en febrero de 2010 otra Cumbre de América Latina y el Caribe, que tendría lugar simultáneamente —en su caribeña Riviera Maya— con una reunión del Grupo de Río. Y en dicho cónclave, el día 23 de ese mes, ambas entidades se fusionaron en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esta novedosa organización debería promocionar el desarrollo sostenible regional, e impulsar los intereses del área en los foros globales ante acontecimientos de relevancia mundial. Ello significaba un gigantesco paso de avance, en cumplimentar los bicentenarios anhelos de integración.

Del liberalismo
al socialismo

La hegemonía del liberalismo en América Latina se alcanzó mediante la toma del poder —en los distintos Estados del subcontinente— por la burguesía agro-minero-exportadora, asociada con los intereses imperialistas de Inglaterra. Esa conjunción de fuerzas aniquiló a la burguesía nacional de Paraguay —en la horrenda Guerra de la Triple Alianza (1865-1870)— y en 1891 derrotó a la de Chile, en una conflagración interna que puso fin al intento cuasi nacionalista encabezado por José Manuel Balmaceda. Hubo que esperar el inicio del siglo xx, para que la ascendente burguesía nacional —exclusivamente vinculada con el mercado interno—, triunfase. Ello sucedió primero en la República Oriental de Uruguay a partir de 1903, cuando José Batlle y Ordóñez ocupó la presidencia y llevó a cabo una serie de importantes reformas, cuya esencia radicaba en establecer el proteccionismo e impulsar el capitalismo de Estado. Dichos procedimientos caracterizaban la correlación de fuerzas en ese país; el referido grupo social había tomado el poder, pero no tenía la capacidad —por sí mismo— de desarrollar los sectores económicos no manufactureros ni la infraestructura. Después tuvo lugar la trascendente Revolución Mexicana —nacionalista y burguesa, aunque democrática—, con la importante participación de los “batallones rojos” proletarios. Por aquella época, en este país los obreros por lo general trabajaban en talleres de no más de quince asalariados y se agrupaban sobre todo en gremios. Estos impulsaban el mutualismo —para socorrer a los trabajadores necesitados y sus familias—, así como el cooperativismo; soñaban con acometer dicha práctica con el dinero —que estuviese ocioso— recaudado a sus afiliados y desarrollar centros laborales bajo la forma de propiedad colectiva. Luego esas unidades económicas se vincularían entre sí en cada municipio, para entrelazarse más tarde por medio de una confederación de ayuntamientos. Así —creían— el cooperativismo se desarrollaría hasta llegar al comunismo. Pero no tenían ni idea de qué hacer para tomar el poder político, aunque alguna vez hubieran leído los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores creada por Carlos Marx y publicada en un periódico llamado El Socialista vinculado al partido que llevaba el mismo nombre.

En 1917, en el antiguo imperio de los zares de Rusia triunfó la Revolución Socialista de Octubre, que al poco tiempo organizó la Internacional Comunista o Komintern. Esta fungió como el partido de los revolucionarios contra todo el mundo burgués, cuyos congresos emitían lineamientos obligatorios para sus militantes. El éxito bolchevique en ese gigantesco territorio euroasiático estremeció a la clase obrera latinoamericana y a su movimiento anarcosindicalista, así como a los pocos adeptos al socialismo que había en la región. Esto se evidenció en Brasil, cuya clase obrera se encontraba en rápido crecimiento —textiles, alimentos—, sobre todo en la capital, Río Grande do Sul y Sao Paulo. Tras una exitosa huelga de cincuenta mil asalariados —ese mismo año en Sao Paulo— los anarcosindicalistas de izquierda decidieron realizar una acción armada con el propósito de derrumbar al Estado burgués. Para ello, en noviembre de 1918 constituyeron en Río de Janeiro un Comité Revolucionario que dirigiese la insurrección. Aunque los principales organizadores fueron arrestados antes del inicio de la rebelión, esta de todos modos se llevó a cabo. Entonces los trabajadores asaltaron depósitos de armas y cuarteles de policía, tras lo cual levantaron barricadas en el distrito obrero de San Cristóbal. A la vez los asalariados en Niteroi, Petrópolis y en la propia capital paralizaban sus labores en solidaridad. Pero la insurrección fue aplastada, los sindicatos prohibidos y sus dirigentes encarcelados. Entre ellos descollaba Astrojildo Pereira. A pesar de este revés, en junio de 1919 nuevas huelgas estallaron en Niteroi, Porto Alegre, Recife, Sao Paulo y Santos. Al año, en algunas de esas ciudades y en especial en Bahía, los ferroviarios realizaron otros paros obreros.

A principios de la década del veinte, la crisis de la República Velha (vieja) o del “café con leche” no se debía únicamente a la intranquilidad de los proletarios; los representantes de la burguesía nacional y de la pequeña burguesía también manifestaban su descontento por las arbitrariedades y corrupción existentes en el viejo régimen. Y nadie defendía tan bien los intereses de ambos grupos sociales, como la oficialidad progresista agrupada en el Club Militar. El cierre de esa institución y el arresto de su dirigencia motivaron que un grupo de jóvenes oficiales —entre los que predominaban los tenientes— se rebelara el 5 de julio de 1922 y ocupara el fuerte de Copacabana, así como la Escuela Militar de Realengo, mientras algunas unidades en Río de Janeiro y sus arrabales e incluso en Minas Geraes los secundaban. Pero el movimiento “tenentista” fue sangrientamente derrotado.

Entre los sobrevivientes se encontraban Eduardo Gómez y Joaquín Távora. Este, y su hermano Juárez encabezaron otra insurrección, mejor preparada y centrada esta vez en Sao Paulo, el día que se conmemoraba el segundo aniversario de la gesta precedente. A la semana los rebeldes emitieron un Manifiesto Revolucionario que exigía: un gobierno provisional, convocatoria a una Constituyente, elecciones mediante el voto masculino secreto, cese de las reelecciones presidenciales. La ciudad estuvo en manos de los seis mil alzados durante tres semanas sin que los políticamente moderados jefes insurrectos aceptaran en sus filas a los obreros, deseosos de luchar contra la república oligárquica. “Es una cuestión entre militares”, decían para justificar esa actitud.

Cuando un ejército cinco veces mayor y con tanques empezó a rodear a Sao Paulo, la tropa “tenentista” tuvo que retirarse al Paraná, donde empezó una guerra de posiciones gracias al refuerzo de los destacamentos provenientes de Río Grande do Sul, a las órdenes del capitán Luiz Carlos Prestes. Al cabo de siete meses, este joven oficial —apoyado por el teniente Joao Alberto Lins— propuso cambiar de táctica y realizar una campaña móvil. Su objetivo era llegar hasta otras guarniciones, supuestamente comprometidas con ellos, y en el camino sublevar al “sertao” dominado por las bandas “cangaceiras” de los llamados “coroneles”, como se denominaba por esos lugares a los grandes hacendados. Pero los “tenentistas” carecían de un programa de reivindicaciones sociales que atrajera a los explotados campesinos; cuando más, a su paso quemaban los odiados libros de deudas y liberaban a los presos políticos. De esa manera el millar o más de soldados que integraban la legendaria e invicta Columna Prestes, recorrió por encima de veintiséis mil kilómetros en trece estados brasileños, sin captar adeptos con su vacío “Manifiesto Revolucionario”. Hasta que en febrero de 1927 los sobrevivientes decidieron refugiarse en Bolivia. Y hacia allá se dirigió el ya dirigente comunista Astrojildo Pereira —“anarco-bolchevique” le llamaban— quien deseaba politizar a los heroicos “columnistas”. Pero nadie más que Prestes abrazó el marxismo-leninismo, lo cual provocó en mayo de 1930 la ruptura entre sus antiguos camarada de armas y él, quien lleno de ilusiones partió rumbo a Moscú.

Una poderosa sublevación contra el colosal fraude electoral de 1930, llevada a cabo por los “tenentistas en apoyo a la burguesía nacional —acaudillada por Getulio Vargas—, barrió a la corrupta República Velha. Entonces se instituyó un centralista gobierno provisional, cuyo progresivo accionar a los dos años desembocó en la insurrección de la oligarquía cafetalera de Sao Paulo. Tras una cruenta guerra civil de tres meses el exitoso Vargas temió la radicalización de las Ligas Revolucionarias —entre cuyos animadores se encontraba Joao Alberto Lins y una parte de los “tenentistas”—; entonces el presidente plasmó un compromiso con los agro-exportadores, dirigidos por los derrotados paulistas, mediante la Constitución de 1934. En ese contexto, el 30 de marzo de 1935 se organizó la Alianza Nacional Libertadora (ANL), cuyo presidente de honor era Luiz Carlos Prestes, quien había regresado clandestinamente al país y pertenecía al Comité Ejecutivo de la Komintern. El programa de la ANL, que atrajo a comunistas y demás revolucionarios, planteaba: nacionalización inmediata de las empresas extranjeras, protección de los pequeños y medianos propietarios, repartos agrarios en beneficio de los campesinos y trabajadores rurales. Luego el Partido Comunista del Brasil y la ANL organizaron la Confederación Sindical Unitaria, y en julio de ese año llamaron a establecer una sociedad nueva mediante la formación de un gobierno popular nacional revolucionario. En represalia Vargas clausuró los locales de la ANL, por lo cual las facciones de izquierda de esta organización decidieron sublevarse en noviembre. Pero las insurrecciones —Río Grande do Norte, Pernambuco, Río de Janeiro— fueron derrotadas por las tropas al mando del general Gaspar Enrico Dutra y del teniente coronel Eduardo Gomes; los rebeldes habían heredado los métodos golpistas del tenentismo y tenían insuficiente coordinación con los movimientos populares. Después los dirigentes comunistas —incluido Prestes— y buena parte de esa militancia fueron encarcelados. Pero tras la victoria soviética de Stalingrado y la disolución de la Tercera Internacional, los miembros del PCB fueron puestos en libertad. Entonces se estructuró una especie de frente popular entre este partido y el Trabalhista —presidido por Vargas—, cuyos sindicatos se integraron en el Movimiento de Unificación de los Trabajadores; se le conocía popularmente como “queremismo” —nombre que se derivaba de la frase “Queremos a Getulio”—, y clamaba por una Constituyente. Esa progresista tendencia política aterrorizó a la vieja oligarquía agro-exportadora, a los incipientes sectores monopolistas de la industria brasileña y a la Embajada de Estados Unidos, los cuales acudieron al general Dutra para que llevara a cabo un golpe de Estado. Así fue depuesto Vargas.

Augusto César Sandino, nacido en Nicaragua, se politizó en México al contacto con el proletariado de Veracruz. Al tener noticias sobre el movimiento de rebeldía constitucionalista contra el golpe de Estado conservador en su país, el joven regresó a Nicaragua en junio de 1926 para formar una vanguardia que lo respaldara en la lucha. Así dentro del movimiento por restablecer la legalidad nicaragüense, surgieron dos tendencias: la de los liberales, que deseaban regresar al poder para enriquecerse, y la suya, compuesta por demócratas y revolucionarios que anhelaban transformar la sociedad; la integraban minifundistas, campesinos expropiados durante la prolongada ocupación del país por los Estados Unidos (1912-1925), trabajadores de las plantaciones de banano y de los aserríos del litoral caribeño así como obreros de las minas, quienes representaban el núcleo con mayor consistencia política en el incipiente proletariado.

El 24 de diciembre de 1926, al ver en peligro a sus aliados golpistas, Estados Unidos de nuevo desembarcó sus fuerzas en Nicaragua, so pretexto de mediar entre los contendientes. Pero los invasores no pudieron desarmar a Sandino, quien a su vez denunció el pacto firmado con estos por ambos rivales, y de todos se distanció.

Sandino logró un gran éxito en la organización autónoma de las fuerzas populares al constituir el 2 de septiembre de 1927 el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Poco más tarde a este se incorporó Farabundo Martí, quien tenía conocimientos bélicos por haber peleado en los “Batallones Rojos” mexicanos, y contaba con experiencia política por su etapa de dirigente en la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, y como dirigente del Partido Comunista de América Central. Por su dedicación a la causa, este destacado revolucionario en poco tiempo se convirtió en el secretario ejecutivo del jefe de la tropa insurrecta.

En Nicaragua, casi paralelamente se constituyó el Partido de los Trabajadores, que junto al Laborista —al cual se afiliaba la pequeña burguesía— y otras agrupaciones más, unificaron sus acciones con las del ejército de Sandino. Este dio cálida bienvenida a dichos aliados, pues formaban parte —según repetía— “de las organizaciones que hacen oposición a la política intervencionista y a cuanto venga en detrimento de la soberanía nacional”.

En julio de 1929, en compañía de algunos miembros de su Estado Mayor, Sandino llegó a Mérida (México), con el objetivo de mejorar el apoyo que el “Comité manos fuera de Nicaragua” le brindaba a su lucha. Pero durante su estancia en dicha república, entre él y Farabundo surgieron diferencias políticas, pues como militante comunista, el disciplinado salvadoreño debía someterse al brusco giro realizado en 1928 por el VI Congreso de la Tercera Internacional; sus nuevas directrices orientaban desarrollar cualquier lucha, según la táctica de “clase contra clase” y a la vez “bolchevizar los partidos”, para tomar el poder y constituir “soviets” de obreros, campesinos y soldados. Esta concepción sectaria descartaba cualquier otra fuerza política, y rechazaba toda posibilidad de formar gobiernos revolucionarios encabezados por figuras ajenas al movimiento proletario.

En Nicaragua, el regreso de Sandino a principios de 1930, revitalizó el combate armado, por lo cual en noviembre del propio año las columnas rebeldes avanzaron sobre el departamento de León. Y durante 1931, solo la región capitalina estuvo fuera de las acciones directas de sus contingentes insurrectos. Por eso el 27 de agosto de 1932, el jefe de las fuerzas revolucionarias escribió: “Nuestro ejército se prepara para tomar las riendas de nuestro poder nacional, para entonces proceder a la organización de grandes cooperativas de obreros y campesinos nicaragüenses, quienes explotarán nuestras propias riquezas en provecho de la familia nicaragüense en general”.

La inminente posibilidad de que en Nicaragua triunfase una revolución social, condujo a los ocupantes norteamericanos a organizar elecciones generales con figuras poco mancilladas. Después, en octubre de 1932 se entregó la presidencia a un viejo caudillo liberal, y en enero de 1933 los Estados Unidos retiraron de este país su último contingente militar, dejando organizada la Guardia Nacional.

El nuevo gobierno de inmediato conformó una “misión de paz” que invitó a Sandino a la capital, con el propósito de conversar acerca de sus cuatro condiciones mínimas para cesar la lucha: retiro de las tropas estadounidenses; nulidad de los empréstitos concertados con la banca norteamericana; revocación del Tratado Bryan-Chamorro; y rechazo a cualquier intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua.

La llegada del Héroe de las Segovias a Managua, el 2 de febrero de 1933, fue apoteósica. Las multitudes lo aclamaron desde el aeropuerto hasta la Casa Presidencial. Pocas horas después se firmaba el convenio pacificador que además establecía el desarme total del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Sandino emprendió el regreso a sus montañas, sin estructurar organización política alguna en sustitución de su disuelta fuerza militar. Mientras, por doquier empezaron a llegar las interminables columnas de hombres disciplinados, cubiertos de polvo, sin zapatos, sudorosos, con la bandera roja y negra al frente, que entregaban sus armas para cumplir el pacto acordado.

Pero los constantes atropellos y represiones sufridos por los antiguos combatientes, ya desarmados, indujeron a Sandino a denunciar ante el Presidente dicha situación y a exigir su cese. Por eso, junto a sus más apreciados compañeros, marchó a la capital. Poco antes de partir declaró:

“Yo de un momento a otro muero. No cumplieron los compromisos del arreglo de paz. Nos están asesinando a nuestros hermanos en todas partes. Voy a Managua: o arreglo la situación o muero, pero esto no es de quedarse con los brazos cruzados”.

Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, en una reunión con su Estado Mayor el 21 de febrero de 1934, expresó:

“Vengo de la embajada americana donde acabo de sostener una conversación con el Embajador…; quien me ha asegurado que el Gobierno de Washington respalda y recomienda la eliminación de Augusto César Sandino, por considerarlo un perturbador de la paz en el país”.

Ese mismo día, después de haberse entrevistado con el Presidente de la República, Sandino fue detenido junto a sus cuatro compañeros. Se les condujo a las afueras de Managua, hasta un sitio llamado Las Calaveras, donde se les ametralló frente a una zanja cavada con anterioridad. Después, cientos de sus hombres en las colonias agrícolas de río Coco fueron también masacrados. Empezaba el somocismo.

Farabundo Martí regresó a El Salvador a principios de la gran crisis económica mundial de 1929, cuando la “Dinastía Meléndez Quiñones” perdiera el gobierno que durante quince años había controlado al país con puño de hierro; ella había sido la cúspide visible de las “Catorce Familias” o núcleo oligárquico dominante de la burguesía agro-exportadora cafetalera. El nuevo equipo gubernamental entonces levantó el sempiterno estado de sitio; propició la vigencia formal de las libertades y derechos democráticos; dictó algunas medidas de carácter social; y reprimió al proletariado. Pero a medida que la economía se paralizaba más, muchos vieron desaparecer sus empleos; otros sufrían mermas salariales; los pequeños y medianos campesinos perdían sus tierras o se endeudaban. En ese contexto el Partido Laborista encabezado por Arturo Araújo, carismático dirigente de la pequeña burguesía que además arrastraba a los artesanos, a algunos sectores del campesinado así como a grupos del proletariado, prometió: llevar agua a todas partes, pues desde las Reformas Liberales dicho líquido estaba sometido al control de los dueños de tierra; asistencia médica gratuita y generalizada, con medicamentos entregados sin costo alguno para los pobres; proteger a la mujer trabajadora; moralizar la vida del país; otorgar créditos a pequeños y medianos productores; disminuir el desempleo.

Presidente desde el primero de marzo de 1931, Araújo trató de pactar con los comunistas para derrotar la resistencia de la gran burguesía cafetalera. Pero Farabundo no podía llegar a un entendimiento con el gobierno reformista, pues las disposiciones del referido congreso de la Komintern se lo impedían. Se facilitó así que el ejército oligárquico depusiera al mandatario. Las fuerzas armadas, sin embargo, mantuvieron la convocatoria a los siguientes comicios parciales, en los cuales los partidos progresistas arrasaron; incluso, los comunistas disputaron hasta el último instante el segundo lugar en la capital. Irritados, los militares anularon los resultados electorales, mientras los comunistas se orientaron hacia la insurrección.

Aunque antes de la fecha acordada algunos de los dirigentes de esa fuerza política fueron arrestados —como el propio Farabundo—, la rebelión empezó el 22 de enero de 1932, muy fuerte sobre todo en la región Occidental. En ella, durante varios días se crearon “soviets” de obreros y campesinos en poblados como Tacuba, Sonsonate, Juayúa, Zonzacate, Izalco, Nahuizalco y varios más. Esta práctica, no obstante, así como la propia palabra que la designaba, empavorecía a la pequeña burguesía —fuese urbana o rural—, y a no pocos campesinos, incluso pobres; de hecho parecía transitarse de inmediato hacia la revolución socialista, aunque el proletariado salvadoreño fuese abrumadoramente minoritario.

Desvinculados de cualquier otra fuerza, los casi desarmados rebeldes fueron aniquilados por el ejército y la aviación, que masacraron a más de treinta mil personas; ni siquiera los que estaban en la cárcel salvaron la vida. Poco antes de ser fusilado, el 7 de febrero, Farabundo expresó: “En estos momentos en que estoy a dos pasos de la muerte, quiero declarar categóricamente, que creo en Sandino”.

En Cuba, Julio Antonio Mella se relacionó con veteranos del Partido Revolucionario fundado por José Martí, a fin de protestar contra la neocolonial república liberal instituida luego de cuatro años de ocupación norteamericana. Luego Mella creó la Federación Estudiantil para luchar por la Reforma Universitaria, pero comprendió que más importante era revolucionar toda la sociedad, por lo cual en 1925 forjó el Partido Comunista. Al año, sin embargo, la tiranía de Gerardo Machado lo forzó a exiliarse en México, tras lo cual participó en el Congreso Antimperialista celebrado en Bruselas durante febrero de 1927. Este cónclave hizo suyas las tesis expuestas por Lenin en el segundo congreso de la Tercera Internacional, las cuales integraban un admirable esquema que brindaba a los movimientos revolucionarios de los países oprimidos, la posibilidad de enfocar con sagacidad táctica sus relaciones con las distintas fuerzas progresistas de cada región. El joven dirigente propugnó entonces la formación de un frente con programa democrático de proyección nacional liberadora, que agrupara a su alrededor a todas las fuerzas y tendencias revolucionarias, progresistas y antidictatoriales. Consideraba esta como la única opción política susceptible de alcanzar la emancipación y promover las condiciones del ulterior desarrollo hacia el socialismo. También deseaba que en el movimiento los diversos componentes preservaran su identidad, y que el Partido Comunista no exigiera como condición previa la hegemonía para el proletariado; en su opinión, esta fuerza la debía conquistar en el transcurso de la lucha.

Con estos criterios, Mella acometió los trabajos preparatorios para organizar una expedición armada que liberase a Cuba de la tiranía. En esos trajines, de nuevo en México, estableció relaciones de cooperación con revolucionarios venezolanos que acopiaban armas para derrocar al déspota de su tierra andina. Después fue hasta Veracruz con el propósito de indagar sobre la posible navegación hacia las costas cubanas. Al mismo tiempo participaba de manera activa en el “Comité Manos Fuera de Nicaragua”, el cual apoyaba intensamente la lucha de Augusto César Sandino contra el Ejército de los Estados Unidos. Al lado del hermano del héroe de las Segovias, en un masivo acto de solidaridad con los nicaragüenses, dijo: “Así como la Comuna de París demostró que el proletariado era capaz de tomar el poder revolucionario y conservarlo en sus manos —cosa que después realizó la Revolución Rusa— el movimiento de Sandino es precursor del movimiento revolucionario de toda la América Latina contra el imperialismo y (…) sus lacayos”.

Sandino y Mella no llegaron a reunirse; el extraordinario joven cubano cayó asesinado en las calles de Ciudad México el 10 de enero de 1929. Sus últimas palabras fueron: “Muero por la revolución”.

Cuba, en el contexto de la gran depresión iniciada en octubre de 1929, sufrió una de las más profundas parálisis económicas del mundo y la mayor de América Latina. Además la miseria en la Isla se agravó en 1930, cuando los Estados Unidos impusieron en contubernio con la tiranía de Gerardo Machado el Plan Chadbourne, que limitaba las exportaciones cubanas a ese país.

Antonio Guiteras, decidido joven revolucionario, se vinculó en 1931 con viejos caudillos “nacionalistas” pues compartía con ellos el criterio de que la forma de alcanzar el poder era mediante la lucha armada. En específico, el grupo al cual Guiteras pertenecía proyectaba asaltar el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, capital de la provincia de Oriente. Pero descubierta la conspiración, intentaron sin éxito alzarse en el mes de agosto en La Gallinita. Apresado, el arriesgado dirigente pasó un tiempo en la cárcel.

Mientras, bajo la dirección del Partido Comunista, en diciembre de 1932 se constituyó el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera, que aglutinó al mayor contingente proletario de la república. Esa fuerza organizada, al comenzar la zafra de 1933, desató un importante movimiento huelguístico cuyas repercusiones más intensas se produjeron en la provincia de Las Villas, donde por la zona de Nazabal se llegaron incluso a sostener choques armados con la Guardia Rural. También hubo serias manifestaciones opositoras en la oriental región de Manzanillo, en la cual se hallaban los centrales Mabay, Niquero, Isabel (Media Luna), Romelia y Esperanza. Esos éxitos permitieron que al final de la referida cosecha azucarera, el Partido Comunista llamara a la revolución bajo la hegemonía del proletariado, mediante el surgimiento de un “gobierno soviético (de Obreros, Campesinos y Soldados)”.

Al salir de la prisión, Guiteras rompió con los viejos o vacilantes caudillos “nacionalistas” y se relacionó con el Directorio Estudiantil Universitario, que representaba la porción más radical y revolucionaria de la pequeña burguesía urbana. A la vez, se dedicó a organizar grupos de acción en El Caney, Santiago de Cuba, Holguín, Victoria de las Tunas, Bayamo y Manzanillo, así como en otros poblados importantes. Luego, finalizada la etapa preparatoria, acometió la toma de algunas villas y llegó a ocupar la de San Luis, donde el pueblo se sumó a sus empeños. Pero en general, el alzamiento del 29 de abril de 1933 fue un fracaso.

Los trabajadores de los ómnibus urbanos tomaron la iniciativa en la lucha antimachadista al declararse en huelga el 5 de julio, tras lo cual vino la avalancha; a los doce días cerró el comercio de La Habana, Santiago de Cuba y demás ciudades, pues los dueños de negocios, unidos a grupos de industriales, decidieron efectuar una concentración en la capital para esgrimir un pedido de amnistía fiscal junto con otras reivindicaciones; el día 19 los maestros se manifestaron en todo el país contra la rebaja de sueldos y el atraso en sus pagos; siguieron más tarde protestas generalizadas de empleados públicos y algunas otras huelgas locales, así como demostraciones de obreros, estudiantes y hasta de veteranos de la guerra de independencia. Se avizoraba, en fin, una situación revolucionaria cuya posibilidad objetiva radicaba en la explosiva conjunción de la violenta crisis económica con la prolongada opresión política. Por su parte, las potencialidades subjetivas se desprendían del alto grado de politización de las clases populares, especialmente urbanas —proletariado y pequeña burguesía— en las cuales los sentimientos antinjerencistas, antimperialistas y nacional liberadores habían cobrado enorme fuerza. A esto se añadía la conciencia adquirida de que la fuente de sus miserias materiales provenía —sobre todo— de la explotación sufrida a manos de los monopolios estadounidenses. De ese modo, la sociedad cubana se encontraba madura para la explosión social.

La huelga política general de todo el pueblo, encabezada por la clase obrera bajo la conducción del luchador comunista Rubén Martínez Villena, paralizó al país a partir del domingo 6 de agosto de 1933. Al día siguiente tuvo lugar la más grande masacre del machadato, cuando las masas que se habían adueñado de las calles y se dirigían al Congreso, fueron salvajemente atacadas por la policía. Hubo dieciocho muertos y casi cien heridos. La matanza, sin embargo, en vez de amilanar los ánimos, los enardeció, lo cual repercutió en los más recónditos lugares de la república. Guiteras, por su parte, preparaba en Oriente el asalto al cuartel de Bayamo, como inicio de un proceso insurreccional. Pero el viernes 11 algunos batallones se rebelaron para distanciarse del Presidente, quien tras renunciar, al día siguiente huyó al extranjero.

Entonces las muchedumbres se lanzaron por toda la Isla a hacer justicia por su cuenta, en tres días de incontrolable e impresionante frenesí.

El derrocamiento de la tiranía obligó a la nueva jefatura militar a destituir mandos, rebajar de servicio, retirar o expulsar e incluso detener y enjuiciar a decenas de oficiales, notorios por sus faenas criminales durante la dictadura. Esto quebrantó la autoridad jerárquica y su disciplina en las fuerzas armadas, lo cual facilitó que aflorasen múltiples contradicciones entre la oficialidad y la tropa, acaudillada por los sargentos. Así se debilitó el poderío del Estado oligárquico y entraron en escena elementos populares, que pusieron en ascuas al efímero Gobierno Provisional de relevo, que nada hizo para aliviar el espantoso desajuste económico; los campesinos pobres y medios —e incluso no pocos ricos— se debatían en la miseria o en la ruina; la débil e irrelevante burguesía nacional vivía al borde de la bancarrota; hasta los sectores menos enriquecidos de la burguesía agro-exportadora habían perdido parte de sus propiedades, o pendía sobre ellos el azote de las hipotecas vencidas. En síntesis, resultaba imposible para los grupos dominantes mantener inmutable su hegemonía, pues los humildes y explotados padecían una agravación —fuera de lo común— de su miseria y sufrimientos, a la vez que su actividad política se intensificaba de manera considerable. Se había creado, en fin, una situación revolucionaria; ni los de abajo querían ni los de arriba podían, seguir viviendo como hasta entonces.

La insubordinación de los alistados el 4 de septiembre de 1933, que fue una expresión del movimiento de masas cuyo influjo se materializaba en las filas del ejército, se convirtió en un acto revolucionario al abrazar el programa del Directorio Estudiantil Universitario (DEU). La dirigencia de este se inclinaba entonces hacia la izquierda, con propuestas democráticas que mantenían un régimen burgués pero con matices antimperialistas, por lo cual resultaba posible apoyarlas siempre que se explicara al pueblo sus limitaciones.

El inopinado encuentro de ambas fuerzas sociales dio vida a la Pentarquía, que se instauró en contra de la voluntad del imperialismo pues era revolucionaria aunque de carácter pequeño-burgués, y la cual —simultáneamente— se apartó de la oligarquía y dejó aislado al Partido Comunista con su consigna de crear “soviets de obreros, campesinos y soldados”. Sin embargo muy pronto su heterogeneidad, unida a las amenazas de intervención estadounidense —cuya escuadra rodeó la Isla—, así como las conspiraciones de la desplazada oficialidad y las vacilaciones o temores de algunos pentarcas, llevaron al referido gobierno colegiado a su final. Solo Ramón Grau San Martín se dispuso a jugarse el todo por el todo, y aceptó el primero de septiembre la proposición del Directorio Estudiantil Universitario de ocupar la presidencia.

El nuevo gobierno representó un escalón más elevado del avance revolucionario pequeño burgués, pues el muy espinoso y comprometedor cargo de Secretario de Gobernación lo ocupó Antonio Guiteras, el más definido y audaz dirigente de la corriente nacional revolucionaria. El primer acto gubernamental fue repudiar la Enmienda Platt, como evidencia de la voluntad antimperialista de la nación cubana. Pero el ala derechista de la pequeña burguesía existía, y representaba la entrega a la oligarquía y al imperialismo. La dirigía el antiguo sargento mayor y ahora coronel Fulgencio Batista; este había ganado el liderazgo del movimiento militar del 4 de septiembre, al expresar mejor que nadie la voluntad de la masa de alistados. Ellos tenían todos los defectos y deformaciones de una institución concebida para reprimir, así como todos sus vicios tradicionales de latrocinio y depravación. Luego Batista alió al ejército con los pequeños burgueses del ABC, que en razón de malversaciones o negocios sucios cambiaron de clase y se metamorfosearon en parte del bloque encabezado por la burguesía, dependiente del imperialismo.

En la puja por el poder, las fuerzas se polarizaron alrededor de las dos tendencias extremas, capitaneadas por Batista y Guiteras, pues Grau quedó en el medio, aunque en la mayoría de las oportunidades se dejó arrastrar por la izquierda. De este modo se emitieron los decretos más avanzados y resueltos del gobierno: leyes contra la usura; sobre el trabajo, como la jornada laboral de ocho horas y retiros o seguros por accidentes; rebaja de las tarifas del fluido eléctrico; respaldo a los Tribunales de Sanciones para que expropiasen los bienes malversados por los machadistas. Hasta que el 14 de enero de 1934 y por orden expresa de Guiteras se intervino la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad, subsidiaria del monopolio norteamericano Electric Bond and Share Company. Esta revolucionaria disposición del Secretario de Gobernación resultó ya intolerable para los Estados Unidos, por lo que Batista conminó a Grau para que dimitiera y la presidencia fue asumida por un moderado timorato. ¡Se había producido un golpe de Estado contrarrevolucionario sui generis! De tal modo se estrenó el batistato, caracterizado por su entrega al imperialismo, y por el más crudo terror antipopular, así como por los robos y malversaciones.

Tras cesar en su cargo gubernamental, Antonio Guiteras se dedicó a estructurar la Joven Cuba, cuya plataforma redactó en octubre de 1934 y la cual en uno de sus párrafos decía, “al Estado socialista nos acercaremos por sucesivas etapas preparatorias”. Dicha organización, proclive a la rebeldía armada, pensaba llevar a cabo ese tipo de actividades revolucionarias vinculadas al estallido de masivos paros laborales, pues solo planeaba replegarse al campo en caso de un gran revés. Por ello, cuando en marzo de 1935 se produjo una huelga general de carácter político en la que participaban diversas organizaciones —entre ellas el Partido Comunista y la Confederación General Obrera—, la Joven Cuba se esforzó por convertirla en un proceso insurreccional.

Fracasada la huelga, que no llegó a durar ni ocho días, y frustrados sus empeños de sublevación, Guiteras decidió marchar al extranjero donde se proponía organizar una expedición armada que lo condujera hasta las costas de Oriente, para empezar allí la lucha guerrillera.

Con el propósito de iniciar sus proyectos, se dirigió entonces al Morrillo —vieja fortaleza colonial aledaña a la ciudad de Matanzas— en unión de varios compañeros, entre los cuales se destacaba el venezolano Carlos Aponte, veterano de la gesta de Sandino. Pero los revolucionarios pronto se dieron cuenta de que estaban rodeados por la tropa de Batista, y para romper el cerco decidieron correr hasta una cerca vecina. Nunca llegaron. Guiteras y Aponte cayeron juntos, el 7 de mayo de 1935, acribillados a balazos.

Chile fue uno de los países latinoamericanos más afectados por la gran crisis cíclica del capitalismo en 1929, pues sus exportaciones disminuyeron en un 85 por ciento, lo cual afectó muchísimo su balanza de pagos. Desde entonces el desempleo creció; se multiplicaron las quiebras de comercios; se paralizaron las obras públicas. En esa coyuntura el Presidente de la República disolvió el Parlamento y en su lugar designó un dócil Congreso con individuos que le ofrecían alguna simpatía o seguridad. A la vez, el “hombre fuerte” del país se apartó del imperialismo inglés para acercarse al estadounidense. Pero estas maniobras nada resolvieron, y en 1931 el descontento social se convirtió en incontenible movimiento de repulsa al régimen personalista. Entonces el referido mandatario tuvo que renunciar, el 26 de julio de 1931, cargo que entregó a uno de los ministros de su último gabinete. Legalizado por medio de expeditas elecciones, el nuevo ocupante del poder ejecutivo creyó que podría detener la oleada de exigencias populares gracias a un retorno al tradicional orden constitucional burgués y por el regreso de los exiliados. Su ingenuidad desapareció el 23 de agosto, cuando empezó una huelga general convocada por la Federación Obrera de Chile que entonces dirigía el esforzado luchador comunista Elías Lafferté. Luego, en diciembre, se produjeron en Copiapó y Vallenar graves choques entre los desempleados y los cuerpos represivos como anticipo de más huelgas obreras, así como la ocupación de latifundios o tierras ociosas por el campesinado desposeído y los jornaleros sin trabajo.

De forma paralela e independiente a las intensas actividades del movimiento sindical, en la bahía de Coquimbo —el 1ro. de septiembre— se rebeló la escuadra chilena allí fondeada. Enseguida la sublevación se extendió al resto de la flota anclada en las radas de Talcahuano y Valparaíso. Pero la insurrección naval no prosperó, pues los indiscriminados bombardeos de la aviación la derrotaron. No obstante ese revés, a mediados de 1932 en las fuerzas armadas cobró vigor un complot encabezado por el jefe de la aviación; Marmaduke Grove —más conocido como el Comodoro del Aire— pretendía instaurar un sistema de gobierno que permitiera al Estado dirigir la caótica economía nacional y mejorar la terrible situación de los trabajadores.

Para alcanzar sus objetivos, Marmaduke estableció contacto con grupos socialistas, entre los cuales sobresalía la Nueva Acción Política dirigida por Eugenio Matte Hurtado. El gobierno, sin embargo, descubrió la conspiración y lo destituyó de su importante jefatura militar. Pero el antiguo militar encontró un baluarte revolucionario en la Escuela de Aviación, desde donde logró el apoyo de diversas guarniciones. Entonces el Presidente de la república renunció y su lugar fue ocupado por una Junta, encabezada por Matte Hurtado y cuyo ministro de defensa era el propio Grove. De inmediato, el nuevo gobierno decretó la instauración de una “República Socialista”.

El 5 de junio comenzaron los primeros decretos gubernamentales: se prohibió los desalojos de los inquilinos con escasos ingresos; devolución de los utensilios de trabajo y elementos indispensables para el hogar, empeñados en las Cajas de Crédito; reposición de los maestros cesanteados; amnistía para los marinos encarcelados tras su fallida sublevación; estatización del llamado Banco Central; revisión de todas las concesiones mineras; control gubernamental a los sectores clave de la economía y sobre todo al comercio exterior; altos gravámenes para las grandes fortunas. Sin embargo, debido a las conocidas directrices emanadas del VI Congreso de la Komintern, la militancia comunista no se pudo incorporar a la nueva gestión que surgía en la sociedad; constituyó un embrión de poder paralelo, al instituir un soviet de obreros y campesinos en la sede de la universidad, cuyo ejemplo deseaba extender al resto del país.

La contrarrevolución, sin embargo, actuaba en el seno mismo de la Junta, pues uno de sus integrantes, Carlos Dávila —jurista de largo aval pro-norteamericano— frenaba cualquier radicalización. Además, de inmediato entró en contubernio con reaccionarios altos mandos de las fuerzas armadas con el propósito de revertir el prometedor proceso revolucionario. Esto se produjo el 16 de junio, cuando se llevó a cabo un golpe militar. Enterado de la asonada en el Palacio de la Moneda, Marmaduke realizó un emotivo llamamiento por radio a los trabajadores. Al finalizar su discurso se le apresó, tras lo cual fue deportado —junto a Matte Hurtado— a un campo de concentración en la isla de Pascua. Después el terror se apoderó de la nación.

En Moscú, la Komintern imprimió un giro total a su política en el VII Congreso en 1935. En ese cónclave se dispuso el abandono de la lucha por la revolución socialista, sustituida por el anhelo de conformar Frentes Populares. Estos deberían instituirse en cada país, mediante la alianza de los Partidos Comunistas con los sectores progresistas de la burguesía, con el propósito de frenar el conservadurismo y la reacción en aras de mejorar la sociedad.

En América Latina, como consecuencia de estos acuerdos, los Partidos Comunistas buscaron asociarse con los estratos burgueses susceptibles de impulsar transformaciones democráticas. Así, en Cuba, dos prestigiosos intelectuales miembros de la militancia integraron —como ministros sin cartera— el gabinete presidencial de Fulgencio Batista. Mientras en Chile, la mencionada y novedosa orientación de los marxistas-leninistas propició el surgimiento en 1937 de un Frente Popular, el cual estaba integrado por los partidos comunista, socialista —recién fundado por Marmaduke Grove—, y el renovado radical, todos estructurados alrededor de la figura de Pedro Aguirre Cerdá. Este, una vez electo a la presidencia —con Salvador Allende como ministro de Salud—, multiplicó la asistencia social, impulsó la industrialización, desarrolló el capitalismo de Estado sobre todo en las ramas del petróleo, metalurgia y electricidad. En la agricultura eliminó las reminiscencias semifeudales de explotación. Pero inesperadamente en noviembre de 1941 el radical Aguirre Cerdá falleció, el Frente Popular se deshizo y un moderado equipo gubernamental lo sustituyó.

En Costa Rica, la influencia comunista fue trascendente para la supervivencia del progresista gobierno socialcristiano de Rafael Calderón Guardia, auspiciado por la burguesía nacional. Al Presidente lo atacaban todos los conservadores —dentro y fuera de su Partido Republicano Nacional—, debido a que había regulado los precios, impulsado obras públicas, modernizado el sistema fiscal impositivo, organizado el crédito rural para pequeños y medianos agricultores, facilitado habitaciones a las humildes masas citadinas, estructurado la seguridad social para dar garantías a los trabajadores ante problemas de salud y vejez o desempleo. Entonces los comunistas metamorfosearon su partido en Vanguardia Popular; tenían el objetivo de no resaltar las diferencias filosófico-ideológicas entre cristianos y marxistas, cuando ambos se aliaron en una organización denominada Bloque de la Victoria. Este logró una reforma constitucional que establecía el control estatal sobre la economía, el derecho de todos al trabajo, salarios mínimos, la sindicalización generalizada. También autorizaba el surgimiento de la propiedad cooperativa y aprobaba una ley que permitía expropiar —mediante indemnización— tierras incultas, para luego distribuirlas entre quienes no tuvieran ninguna. En las elecciones de 1944 triunfó el candidato del Bloque de la Victoria. Ese gobierno fundó la Tesorería Nacional y una Junta Central de Comercio, fijó impuestos sobre la renta y auspició los créditos rurales para pequeños propietarios, impulsó las cooperativas agrícolas y artesanales, construyó viviendas para obreros y repartió tierras. Después, para los comicios de 1948 la organización política gubernamental anunció el retorno de la candidatura presidencial de Calderón Guardia, con la promesa de realizar una reforma agraria. Pero en febrero el proceso electoral no ofreció un claro triunfo para ningún bando, lo cual estimuló a los conservadores a sublevarse en las montañas del sur, mientras las fuerzas armadas caían en el inmovilismo. En estas circunstancias José Figueres —dirigente del Partido Socialdemócrata— organizó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con restos de la Legión del Caribe y ocupó Puerto Limón. Por su parte Vanguardia Popular llamó a crear milicias armadas en la capital para defender el gobierno. Este a su vez, pidió ayuda al tirano Somoza, quien ocupó con sus fuerzas una zona dentro del territorio costarricense. Pero pronto Figueres y los comunistas comprendieron que para ambos el peligro mayor residía en los conservadores y en Somoza. Por ello las dos agrupaciones pactaron; los milicianos entregaron sus armas al ELN y lo respaldaron en su enfrentamiento contra los enemigos comunes a cambio de que se respetaran los derechos de los trabajadores y se profundizaran las reformas. Entonces Figueres instituyó una Junta de Gobierno que logró la retirada de Somoza y la rendición de los conservadores insurrectos; después disolvió las fuerzas armadas tradicionales, otorgó el derecho al voto a las mujeres, negoció con la UFCO mayores impuestos a sus ganancias a cambio de no realizar la reforma agraria, nacionalizó la banca y prohibió el partido Vanguardia Popular. Empezaba la Segunda República.

Guatemala desde la crisis de 1929 sufría el terror impuesto por el general Jorge Ubico, aupado a la presidencia por la burguesía agro-exportadora de café. Pero en 1942 surgieron las primeras organizaciones estudiantiles, que desde ese momento encabezaron la lucha antigubernamental. Luego, en junio de 1944, los universitarios engendraron un cese laboral que puso fin a su gobierno, aunque otro general se empecinó en prolongar el represivo régimen. Entonces otra huelga —el 16 de octubre—, acompañada a los cuatro días de una sublevación militar encabezada por el capitán Jacobo Árbenz, puso fin a la tiranía. Presidida por este joven oficial se creó una Junta Revolucionaria que pasó a retiro a todos los generales y abolió dicho rango, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales y para una Constituyente. Esta, en marzo de 1945 derogó el texto liberal en vigor y emitió otro que: otorgaba el voto a todos los hombres y a las pocas mujeres alfabetizadas que hubiese, planteaba la libertad de prensa, expresión y partidos políticos, endilgaba ingenuamente una función social a la propiedad privada, permitía las expropiaciones en beneficio público, prohibía los latifundios. Pero el recién electo presidente Juan José Arévalo nunca propuso al Congreso ley de reforma agraria alguna ni reconoció a la Confederación Nacional Campesina. En cambio tuvo éxito en la consolidación de las “fincas nacionales” o variante agrícola del capitalismo de Estado; eran plantaciones expropiadas a los alemanes durante la segunda guerra mundial. También se empeñó en impulsar el fortalecimiento de la burguesía industrial para lo cual instituyó el Banco Nacional y un Instituto de Fomento a la Producción; estos incentivaban el desarrollo de los negocios privados comprometidos con el empleo de recursos guatemaltecos, en el proceso de diversificar la economía. Durante su sexenio el Presidente empleó la tercera parte de los gastos en la construcción de hospitales, viviendas, escuelas; aprobó un código de trabajo que incluía la jornada de ocho horas, derecho a la huelga y a la sindicalización, descanso retribuido, vacaciones pagadas, indemnización por despido injustificado, contratos obrero-patronales obligatorios, salario mínimo, igual paga por semejante trabajo; creó el Instituto de Seguro Social y aceptó el surgimiento de la Central de Trabajadores de Guatemala (CGT). Sin embargo Arévalo tuvo dificultades con los Estados Unidos; los irritó por respaldar a los obreros de la UFCO en sus reclamaciones laborales, así como por sus empeños en lograr que la Electric Bond and Share y la International Railways of Central América disminuyeran sus tarifas. También por su Decreto 649, que imponía el control nacional sobre las concesiones petrolíferas otorgadas previamente a empresas estadounidenses. Asimismo, tuvo fricciones con el gobierno en Washington por su auspicio a la ya mencionada Legión del Caribe. Esta fuerza militar estaba compuesta por revolucionarios de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Cuba, en cuya región oriental se entrenaban para luchar contra las tiranías de Somoza y Trujillo.

Jacobo Árbenz, apoyado por la CGT, ganó con dos tercios de los votos las elecciones presidenciales de 1950. De inmediato permitió la formación del Partido Comunista —que pronto devino en Guatemalteco del Trabajo—, rechazó la exigencia de la Organización de Estados Americanos de enviar tropas a la guerra de Corea, empezó a erigir la hidroeléctrica de Jurún-Marinalá con el propósito de romper el monopolio de la Electric Bond and Share, comenzó una carretera del Atlántico al Pacífico para quebrar el dominio de la Railways of Central America (IRCA) sobre el transporte, inauguró los trabajos para habilitar la bahía de Santo Tomás que desafiaría las instalaciones de la UFCO en Puerto Barrios. Y el 17 de julio de 1952 emitió su Decreto 900, que disponía la expropiación —mediante el pago en bonos a largo plazo— de todas las tierras no cultivadas, así como las arrendadas por los terratenientes bajo principios no capitalistas. Todos dichos predios así como los de propiedad estatal se distribuirían entre los campesinos sin tierra, quienes serían financiados por un nuevo Banco Agrario Nacional. De esta manera la transformación de la propiedad rural se convirtió en el pilar de lo que en Guatemala se conocía como la Revolución de Octubre. Desde entonces se expropiaron a la UFCO decenas de miles de hectáreas, se inauguró el puerto de Santo Tomás, se avanzó en la construcción de la hidroeléctrica; además cuando en la Electric Bond y en la IRCA se produjeron graves conflictos laborales, Árbenz dispuso la intervención o gestión gubernamental de ambos consorcios. La réplica del imperialismo y la reacción no se hizo esperar; sublevaciones militares derechistas, propósitos aviesos de Somoza y del conservador gobierno de Honduras, y sobre todo una conjura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que preparaba con exiliados guatemaltecos una invasión mercenaria. Los Estados Unidos además, en la X Conferencia Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), lograron una resolución anticomunista que en realidad condenaba a muerte al proceso revolucionario. El proyecto imperialista se ejecutó el 18 de junio de 1954 cuando la tropa contrarrevolucionaria penetró en Guatemala. Una semana después los aviones suministrados por la CIA a los mercenarios bombardearon la capital y otras ciudades. Entonces Árbenz deseó armar al pueblo pero gran parte de la oficialidad se opuso, y además exigió que los elementos más revolucionarios fuesen expulsados del gobierno. Se pagaba así el trágico precio de no haber depurado —en su momento— las fuerzas armadas, ni haber eliminado la opresión cultural sufrida por las diversas tribus mayas, las cuales constituían en el país la mayoría de la heterogénea población. En esas aciagas circunstancias, el 29 de junio de 1954, el Presidente no encontró más solución que renunciar a su cargo y marchar al exilio. Después sobre Guatemala se desencadenó una desenfrenada represión.

En Bolivia la crisis cíclica de 1929 afectó mayormente a quienes vivían en las ciudades o estaban vinculados con las actividades mineras, de las cuales la petrolífera tenía creciente importancia. Fue por diferendos fronterizos relacionados con su extracción y transporte que estalló la cruel guerra del Chaco. Aunque esta había sido atizada por contradicciones entre compañías de los Estados Unidos e Inglaterra las consecuencias recayeron sobre los latinoamericanos; los combates dejaron un saldo de ciento veinte mil muertos, de ellos más de la mitad bolivianos. Durante la conflagración muchos jóvenes de extracción pequeñoburguesa recibieron formación como oficiales y engendraron fuertes sentimientos nacionalistas; esto los indujo a inmiscuirse en la vida política mediante la creación de logias militares. La más influyente de ellas, encabezada por los coroneles Germán Busch y David Toro, ocupó el poder en mayo de 1936 a raíz de una huelga general convocada por organizaciones proletarias clandestinas. Entonces se dio por terminada la República Liberal, se constituyó el Partido Socialista de Gobierno —formado por civiles y militares—, se decretaron insólitas medidas a favor de los obreros, lo cual posibilitó la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. Y el 13 de marzo de 1937 se emitió la “Resolución Suprema” que nacionalizaba treinta y un pozos de petróleo, dos destilerías y siete millones de hectáreas, perteneciente todo a la estadounidense Standard Oil Co. Después una Constituyente emitió en 1938 un texto que proclamaba al Estado dueño de las riquezas naturales, aludía a la función social de la propiedad, diseñaba un Código de Trabajo, reconocía el derecho del campesinado aborigen a sus tradicionales tierras comunales. Más tarde se conformó un Banco Minero encargado de proteger y fomentar los pequeños yacimientos, en cuya dirección se colocó a un joven civil llamado Víctor Paz Estensoro. Pero la inexplicable y súbita muerte de Busch —presidente en funciones—, quien acababa de decretar en 1939 la disolución del Congreso, permitió que los mandos tradicionales del ejército recuperasen su control sobre las fuerzas armadas, retomaran el ejecutivo republicano y comenzaran a derogar las disposiciones más avanzadas.

Los recién desplazados del poder y toda la oposición procedieron a reestructurarse. Los civiles pequeño-burgueses que habían estado en el PSG, constituyeron el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Los trotskistas se agruparon en su Partido Obrero Revolucionario (POR). Los militares progresistas organizaron una logia nueva, encabezados por el mayor Gualberto Villarroel. Estos, en diciembre de 1943 realizaron un golpe de Estado, que llevó a muchos integrantes del MNR a importantes posiciones de gobierno. Luego, en las elecciones parlamentarias de 1944 este partido resultó el principal en el Congreso, y nombró a Villarroel presidente de la república. Entonces se conformó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, se instituyó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se nombró a Paz Estensoro ministro de Hacienda para que implementase un Plan de Desarrollo Económico de Bolivia, se prohibieron los servicios personales o renta en trabajo de los campesinos a los terratenientes, se celebró un Primer Congreso Indígena. Y en 1945 las nuevas disposiciones fueron integradas en una progresista Constitución. Pero el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) —que se proclamaba “marxista” e influía en algunos sectores proletarios—, así como el POR, universitarios, y la Federación Obrera Sindical, se aunaron en 1946 con elementos aristocráticos en el mal llamado Frente Democrático Antifascista, animado por los tres periódicos de la “Rosca” u oligarquía minero-exportadora. Se gestó así una poderosa y heterogénea coalición, que respaldada por militares descontentos, asaltaron el 21 de diciembre de ese año el Palacio Presidencial y asesinaron a Villarroel.

Durante un sexenio de represión generalizada la oligarquía mantuvo de nuevo el poder. En su contra el MNR alentó insurrecciones, mientras las desacertadas y erráticas dirigencias del POR y el PIR desprestigiaban a dichos partidos. Hasta que la vanguardia de este último se escindió para fundar el Partido Comunista de Bolivia. En ese contexto se celebraron elecciones en 1951, de las cuales emergieron Víctor Paz Estensoro y su MNR como triunfadores, lo cual no fue aceptado por el presidente civil de turno, que entregó el gobierno a una Junta Militar. Entonces se produjo la rebelión del 9 de abril de 1952, llevada a cabo por los obreros de las minas. Dado que muchos de ellos eran veteranos de la guerra del Chaco, pronto se organizaron en milicias y derrotaron al ejército en distintas batallas, en las cuales los elementos populares se vieron reforzados por el Cuerpo de Carabineros, que se les unió. Así, juntos ocuparon La Paz luego de tres días de combate. Empezaba la Revolución Boliviana. De inmediato Paz Estensoro regresó de Argentina y ocupó la presidencia, tras lo cual el MNR organizó su propia fuerza armada —integrada por obreros milicianos y carabineros—, se aumentaron los salarios un 40 por ciento, se congelaron los alquileres y se fijaron topes a los precios de los productos de primera necesidad, se constituyó la Confederación Obrera de Bolivia (COB) o central sindical única. Esta poderosa entidad clasista exigió la nacionalización de la gran minería —que fue estatizada—, y envió mineros a los campos para auspiciar la agitación revolucionaria; en muchas zonas los indígenas aún sufrían la aparcería o eran siervos. Para calmar la incipiente efervescencia rural, en 1953 el MNR emitió una contradictoria ley de reforma agraria; aunque se formaron algunas cooperativas sobre la base de antiguas comunidades agrícolas aborígenes, el proyecto básicamente proponía distribuir pequeñas parcelas entre los desposeídos. Ni siquiera se afectaban las grandes propiedades cuyos dueños hubiesen invertido en ellas capitales, como en las plantaciones de la región de Santa Cruz. De esta forma se creó un amplio sector que tendió al autoconsumo, pues poco producía para el mercado y menos aún compraba en él.

El MNR una vez eliminadas las reminiscencias feudales, expropiada la cúpula burguesa de la minería, establecido el voto universal, reconocida la existencia legal de los idiomas quechua y aimará, consideró terminadas las transformaciones. Entonces se dedicó a contener la rebeldía obrera, mientras fortalecía su alianza con los minifundistas. Más tarde el gobierno llegó incluso a forjar un “Pacto Militar-Campesino”, en tanto desarmaba las milicias proletarias. A partir de ese momento la cúspide del MNR se enriqueció mediante malversaciones o negocios sucios y peculado; anhelaba convertirse en burguesía propiamente dicha. Y sobre todo entenderse con los Estados Unidos. El MNR entregó a estos, una parte del petróleo nacionalizado hacía más de tres lustros; a cambio recibió una subvención anual equivalente al cuarenta por ciento del presupuesto boliviano. También por disposición estadounidense este partido votó en 1954 a favor de la resolución anticomunista de la OEA, que decretaba la muerte del proceso revolucionario encabezado por Árbenz en Guatemala.

En Colombia, la crisis cíclica mundial del capitalismo iniciada en 1929 paralizó la economía exportadora de café, lo cual originó protestas entre los obreros de las plantaciones y hasta algún levantamiento campesino en zonas muy afectadas como Tolima y Cundinamarca. En ese contexto, en 1930 se fundó el Partido Comunista, cuyo llamado a formar “soviets de obreros, soldados y campesinos” se vio eclipsado por el rápido ascenso de la popularidad del carismático Jorge Eliécer Gaitán. Este caudillo de la Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) desarrollaba una apasionada defensa de los trabajadores bananeros. En ese mismo año el liberal Enrique Olaya Herrera ganó los comicios como candidato de una alianza denominada Concentración Nacional, respaldada por la burguesía industrial y la pequeña burguesía. Una vez en el poder, el nuevo Presidente legalizó los sindicatos, impuso aranceles proteccionistas, estableció el control de cambio monetario, decretó el embargo del oro. Pero al mismo tiempo suscribió empréstitos con la banca extranjera a la vez que entregaba el petróleo a consorcios foráneos. Sin embargo, el hecho más notable de su cuatrienio fue la guerra con Perú por el control del amazónico puerto Leticia, que mediante el tratado de paz firmado en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934 quedó bajo soberanía colombiana. En ese ámbito de euforia nacional se produjo la arrolladora victoria electoral del liberal Pedro Alfonso López Pumarejo. Este, con su lema de “La Revolución en Marcha” por amplio margen derrotó a los candidatos de los partidos comunista y sobre todo conservador.

Desde el ejecutivo, el nuevo Presidente decretó una reforma tributaria que incluía un progresivo impuesto sobre la renta, lo cual le permitió al Estado prescindir del financiamiento externo; se protegió la emergente industria nacional y se mejoraron los salarios, lo cual favoreció que durante un quinquenio la economía colombiana creciera al 11 por ciento anual. En 1936 se emitió una Constitución nueva que fortaleció el poder ejecutivo; introdujo la participación estatal y el intrusismo gubernamental en la economía; separó la Iglesia del Estado; puso límites a la propiedad y decretó su hipotética función social; legalizó la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y las huelgas; estableció la libertad de enseñanza y dispuso que la primaria fuese obligatoria y gratuita; impuso el sufragio universal. Pero tal vez la medida más trascendente de López Pumarejo haya sido su Decreto 200, mediante el cual atacaba el latifundio improductivo; dicho texto señalaba que las tierras no trabajadas durante diez años pasaran al Estado, y que las cultivadas en arriendo —monetario o en aparcería— por un lustro, fuesen entregadas a quienes las habían puesto en producción. Este conjunto de medidas provocó la exasperación de la derecha liberal, que entonces se alió con los conservadores —encabezados por Laureano Gómez—, quienes auspiciaron a partir de ese momento movimientos terroristas como los llamados Acción Intrépida y Los Leopardos. En ese contexto, Gaitán disolvió su UNIR y se reintegró al Partido Liberal, cuya izquierda amalgamó.

Para los comicios de 1938 la derecha liberal, con el apoyo de los conservadores, impuso al moderado Eduardo Santos —dueño del importante periódico El Tiempo—, quien derrotó al avanzado liberal Darío Echandía, candidato del Frente Popular avalado por los comunistas. Durante su presidencia se creó el estatal Instituto de Fomento Industrial para promover la sustitución de importaciones; el déficit de dichas mercancías durante la segunda guerra mundial permitió que la industria colombiana continuara durante esos años su rápido desarrollo, lo cual multiplicó las filas del proletariado urbano. El apoyo de la clase obrera y de los comunistas permitió a López Pumarejo ser reelecto a la presidencia en 1942. De nuevo en el ejecutivo, legalizó la recién constituida Federación Campesina e Indígena que pronto se afilió a la CTC. Esta autorización, que reflejaba los deseos de López Pumarejo por revitalizar la casi difunta “Revolución en Marcha”, irritó a la derecha, que el 10 de julio de ese año promovió un golpe de Estado castrense; en esa fecha un grupo de militares arrestó en la ciudad de Pasto al Presidente. Pero su ministro Darío Echandía de inmediato lo sustituyó y promovió el repudio popular a la asonada del ejército, cuyos líderes entonces liberaron al apresado mandatario. De regreso al ejecutivo, López suspendió las sesiones del Congreso y dictó nuevos decretos a favor de los obreros, como salarios mínimos, jornada laboral de ocho horas y contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, el repuesto Presidente no estructuró el amplio apoyo o simpatías que recibía en una fuerza política susceptible de mantenerlo en el cargo. Al interior de las distintas instancias de poder —e incluso en su propio gabinete ministerial—, fue siendo acorralado por sus opositores, hasta que sin saber que más hacer, el 19 de julio de 1945 renunció a la primera magistratura. Entonces el cargo fue ocupado por el moderado Alberto Lleras Camargo, ministro suyo, quien de inmediato desplegó una política de conciliación hacia la derecha, incluyendo en el gobierno a distintos miembros del partido conservador. Después se derogaron buena parte de las medidas progresistas de su predecesor, sobre todo en lo concerniente a las mejoras para los asalariados. A su vez, estos en noviembre de ese año fracasaron en sus empeños por derrocarlo mediante una huelga general.

En las elecciones programadas para 1946 el Partido Liberal se presentó dividido; estaba de una parte el pro-estadounidense Gabriel Turbay, y de la otra Jorge Eliécer Gaitán, quien adelantó un avanzado programa democrático —aunque burgués— que planteaba la reforma agraria, capitalismo de Estado y mejoras para los sectores urbanos humildes. Dicha escisión en definitiva benefició al candidato del Partido Conservador, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Este acometió la tarea de refluir el ascenso de las masas urbanas y rurales, lo cual se llevó a cabo mediante el asesinato de quince mil personas en solo dos años. La cima del proceso de terror se alcanzó en abril de 1948, cuando en Bogotá se celebraba la Conferencia Panamericana encargada de constituir la Organización de Estados Americanos, y los dirigentes estudiantiles de toda América Latina protestaban allí por dicho evento. ¡Y en ese contexto, el 9 de abril, fue asesinado Gaitán!

El horrible crimen tuvo una espontánea y violentísima respuesta popular, cuya máxima expresión se alcanzó en la capital de la república. El “bogotazo” entró en la historia, como símbolo de la furia ciega y desesperación de las masas no conducidas por una vanguardia política hacia la revolución. Durante las heroicas jornadas de revuelta, el pueblo —a pesar de estar desorganizado— tomó el poder en la mayoría de los municipios y formó juntas locales de gobierno. Pero la desconcertada avalancha rebelde liberal carecía de una conducción decidida a transformar la estructura socioeconómica, que beneficiaba por igual a los oligarcas de ambos partidos tradicionales. Los choques con frecuencia se convirtieron en feroces enfrentamientos por simples cuestiones de rótulos, sin poner en verdadero peligro la esencia de los intereses de los ricos y poderosos explotadores. Con el propósito de recuperar las posiciones perdidas, la represión conservadora fue extraordinariamente brutal en amplios territorios, lo que condujo al fortalecimiento y proliferación de la autodefensa campesina surgida en 1946. Se formaron así los primeros comandos. Eran pequeños grupos de campesinos bajo el mando de un caudillo liberal de la región, la cual en algún grado controlaba. La lucha guerrillera se fue haciendo indiscriminada por todo el país; muchos se alzaban con los liberales porque era la única manera de sobrevivir a la violencia del gobierno conservador, combatida con altas dosis de igual procedimiento. A partir de 1950 el gobierno acentuó la política de “sangre y fuego en tierra arrasada”, y al año los grandes propietarios de hatos ganaderos decidieron financiar la creación de fuerzas contraguerrilleras. De esa forma la barbarie fue generalizada. Adquirió carácter devastador y se acentuó con la aparición de las llamadas “cuadrillas”, integradas por víctimas de ambos bandos que a su vez se dedicaban al robo y al saqueo.

El Partido Comunista, que había proclamado en su último Congreso la política de “autodefensa de masas”, se esforzaba mucho por lograr que las guerrillas abandonaran su visión localista y sectaria de la lucha, con el propósito de forjarlas como una fuerza decisiva. A tal efecto los destacamentos animados por dicha militancia colaboraron con eficacia en la realización de la Conferencia Nacional de Guerrilleros, efectuada en Boyacá en septiembre de 1952. En ella dicho partido logró que se emitiera una plataforma destinada a vincular la lucha armada con la reforma agraria, y con la conformación de gobiernos populares en las zonas controladas por las guerrillas. Pero estos acuerdos, en definitiva, solo fueron aplicados por los núcleos alzados más progresistas; los otros mantuvieron sus conocidos rasgos habituales.

La violencia puso en crisis al tradicional sistema oligárquico en Colombia; las inauditas bestialidades gubernamentales provocaron grandes migraciones hacia las ciudades, cuyo crecimiento fue descomunal y súbito, con todos los graves problemas sociales que de esto se desprende. También dicha corriente humana motivó la colonización espontánea de áreas como El Pato y Guayabero, en Meta; o Marquetalia, en Tolima.

El golpe de Estado militar del 13 de junio de 1953 revitalizó al sistema capitalista en Colombia, puesto al borde de la catástrofe por el salvajismo del gobierno conservador; la dictadura personal del general Gustavo Rojas Pinillas anunció el objetivo de poner término final a la violencia, bajo el manto del apartidismo. Se salvaba al régimen social esgrimiendo propósitos que resultaban atractivos para las agobiadas masas, cuyas perspectivas eran nulas en la insensata lucha entre liberales y conservadores. Por eso mientras algunos grupos alzados degeneraban hacia el bandidismo, la hábil práctica pacifista condujo a la desmovilización de casi cuatro mil guerrilleros en los llanos, aunque al poco tiempo cientos de antiguos alzados cayeran asesinados a manos de bandas paramilitares. Solo el movimiento guerrillero animado por los comunistas, al sur de Tolima, continuó la lucha; en esa área incluso esta se hizo más aguda, porque contra los revolucionarios con frecuencia combatían claudicantes destacamentos liberales junto a las fuerzas del ejército.

En 1954 el incumplimiento de las promesas gubernamentales auspició que muchos campesinos se organizaran en comités y sindicatos, sobre todo en la región de Villarrica. La relativa calma llegó a su fin cuando un grupo de estos, el cual realizaba una pacífica manifestación de protesta, fue masacrado el 12 de noviembre del propio año por soldados del Batallón Colombia —veterano de la guerra de Corea—. Cinco meses más tarde múltiples zonas del país eran declaradas “áreas de operaciones militares”. Ese deterioro de la situación política colombiana disminuyó el prestigio del general-dictador que, además, irritó a la oligarquía con su empeño de formar un nuevo partido burgués a fin de romper el monopolio de los otros dos. El disgusto elitista se agudizó con la caída de los precios del café, lo cual paralizó la economía y acicateó las luchas reivindicativas de los sectores urbanos más expoliados. Entonces las cúpulas liberal y conservadora se entendieron y firmaron en 1956 el llamado “Pacto de Marzo”, que establecía un proyecto conjunto para derribar al gobierno personalista. La huelga de mayo de 1957 dio al traste con el régimen, sustituido por una Junta Militar que pavimentó el camino para la estructuración del “Frente Nacional”. Mediante este duradero acuerdo entre ambos grupos de explotadores, los dos partidos tradicionales decidieron alternarse en el ejercicio del poder y enfrentar la recuperación del movimiento guerrillero. Para alcanzar ese objetivo el presidente liberal electo —Alberto Lleras Camargo— en 1958 constituyó una Comisión Nacional de Rehabilitación, que logró una “pacificación temporal”. Dicha tregua, sin embargo —a diferencia de la que se había alcanzado cinco años atrás—, no condujo al desarme de las guerrillas. Entonces hombres como Manuel Marulanda se atrincheraron en Marquetalia, mientras otros hacían algo parecido en el Cauca, donde los indígenas tenían tradiciones de lucha por la tierra, en áreas luego conocidas como Río Chiquito. En ambas zonas, así como en El Pato y Guayabero surgió entonces lo que la propaganda oficialista calificaba de “Repúblicas independientes Comunistas”, que vivían en una situación de tregua armada. En dichos territorios la militancia revolucionaria aplicaba los preceptos de “autodefensa”; estaban listos para combatir si se les atacaba, pero no pretendían llevar la lucha fuera del área que controlaban.

Fidel Castro, descollante líder estudiantil en la Universidad de La Habana, en 1947 se enroló como soldado en el Batallón Sandino de la Legión del Caribe. Después fue promovido a jefe de pelotón y compañía. Pero al llegar la hora de zarpar hacia Santo Domingo, las fuerzas armadas de Cuba se negaron a que lo hiciera, y todos sus integrantes fueron detenidos. Menos Fidel Castro, que se tiró de la embarcación y nadó en aguas llenas de tiburones hasta el litoral. Al año, cuando se convocó a la novena Conferencia Panamericana —a celebrarse en Bogotá—, para transformar dicho cónclave en la OEA, el audaz joven concibió un Primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, que en la misma ciudad protestase contra los designios imperialistas. En ella, Fidel se entrevistó con el popularísimo Jorge Eliécer Gaitán, quien clausuraría en un gran acto el evento de los universitarios. Sin embargo a los dos días el político colombiano fue asesinado, lo cual engendró el 9 de abril de 1948 el “bogotazo”. Allí, aunque discrepaba de lo que sucedía, Fidel se quedó junto a los que anhelaban la revolución. Más tarde, de regreso a Cuba y ya graduado en Derecho, se opuso al golpe de Estado que el 10 de marzo de 1952 realizó el expresidente Batista y le acusó ante un Tribunal pero sin consecuencias legal o práctica alguna. Entonces decidió nuclear grupos combativos de avanzada que participaran en la lucha general contra el tirano. Pero al año se convenció de que los partidos tradicionales eran incapaces de acometer el derrocamiento del usurpador. Por eso, junto a su hermano Raúl y al frente de los jóvenes de la Generación del Centenario de José Martí, Fidel atacó el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. La acción no triunfó y a posteriori el ejército asesinó a decenas de sus participantes. Capturado en su marcha hacia las vecinas montañas, al joven revolucionario se le sometió a una farsa judicial en la cual inculpó al ilegal régimen por sus injusticias y desmanes; esa fue su famosa defensa-alegato, conocida como “La Historia me absolverá”. Después se le condenó a una larga estancia en prisión. Aunque pronto los reclamos populares forzaron su excarcelación, la dictadura les impidió cualquier actividad opositora en el país. Entonces Fidel partió hacia México con el propósito de preparar una expedición con ochenta hombres, entre los que descollaba Ernesto Che Guevara. A finales de 1956, el yate Granma zarpó con los revolucionarios hacia las costas orientales de Cuba. Llegó el 2 de diciembre, poco después de que en Santiago tuviese lugar una breve y violenta insurrección en apoyo al desembarco. Este, que se desarrolló en circunstancias muy difíciles, fue seguido a los tres días por el adverso combate de Alegría del Pío, del cual solo sobrevivieron doce compañeros. Con ellos, Fidel formó el núcleo guerrillero inicial del Ejército Rebelde. Dicha incipiente fuerza en la Sierra Maestra se nutrió de campesinos pobres y a lo largo del año alcanzó una sucesión de victorias militares; esto permitió a principios de 1958 que Raúl Castro crease el Segundo Frente Oriental. Después, dos columnas al mando de los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara iniciaron la invasión hacia las provincias occidentales. Algo más tarde, Fidel puso sitio a Santiago de Cuba.

Tras la victoria del 1ro. de Enero de 1959 se intervinieron las propiedades malversadas por los antiguos gobernantes, se rebajaron los alquileres para luego entregar la propiedad de los domicilios a sus inquilinos, se dictó una ley de reforma agraria que expropió los latifundios e hizo surgir al lado de la pequeña propiedad campesina a cooperativas y granjas estatales, se transformaron los cuarteles en escuelas, se fundaron milicias —de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales—, se nacionalizaron los bancos y demás compañías extranjeras, se estatizaron cuatrocientas empresas propiedad de criollos, se constituyeron en los barrios los Comités de Defensa de la Revolución y se creó en septiembre de 1960 un Buró de Coordinación de Actividades Revolucionarias, encargado de integrar al Movimiento 26 de Julio con el estudiantil Directorio Revolucionario y el proletario Partido Socialista Popular. El conjunto de estas medidas representó un gigantesco paso de avance en la historia de América Latina, lo cual incidió en un extraordinario ascenso del movimiento revolucionario mundial; se demostraba que no existían barreras infranqueables para un proceso decidido a llegar a su máximo desarrollo. Todo dependía del sector social que ocupara el poder y de quienes lo dirigiesen.

En América Latina el triunfo de la Revolución Cubana influyó profundamente en las conciencias de los más audaces; entendían que amplias perspectivas de liberación se abrían para millones de humildes y desposeídos, cuya lucha podría terminar con la opresión. Y hubo quienes de inmediato se lanzaron al combate. Sucedió así, por ejemplo, en Panamá, donde algunos se alzaron aprovechando la efervescencia generada por las demandas estudiantiles. Dichos jóvenes exigían que se devolviera a la soberanía nacional la zona del canal ocupada por los Estados Unidos. También Haití, en cuyas costas desembarcó en agosto de 1959 una expedición que pretendió derrocar al tiránico régimen de Francois Papa Doc Duvalier, y fue aniquilada. Y Ecuador, cuando universitarios armados marcharon a una zona de incipiente movimiento campesino, para oponerse a la deposición por el ejército del Presidente legalmente electo.

En República Dominicana persistía la tiranía de Trujillo, y contra ella se organizaron algunos veteranos de la Legión del Caribe, encabezados por Enrique Jiménez Moya junto a un cubano que alcanzara el grado de comandante en el Ejército Rebelde. La expedición desembarcó por Puerto Plata a mediados de 1959 y pocos escaparon vivos de los primeros combates. Los sobrevivientes fundaron el movimiento 14 de Junio.

En Paraguay los propósitos revolucionarios avanzaron más; era un país donde mil quinientas personas poseían tres cuartas partes de las mejores tierras, y se sufría la dictadura del general Alfredo Stroessner. El Partido Comunista y la Juventud Febrerista crearon en abril de 1960 el Frente Unido de Liberación Nacional. Pero los integrantes de su guerrilla Yororó fueron masacrados. Entonces el Movimiento 14 de Mayo formó el grupo Itororó, que tuvo el mismo destino. A pesar de los reveses, el Partido Comunista insistió en sus proyectos y organizó la Columna Mariscal López, la cual actuó en la región oriental por las zonas de San Pedro, General Aquino, Rosario —abundantes en campesinado pobre— y en mayo de 1960 llegó a ocupar la ciudad de Eusebio Ayala (Barrero Grande). Esto asustó al régimen “stronista”, que gracias al financiamiento de la Alianza para el Progreso, desplazó a cien mil “sin tierras” hacia la despoblada periferia, con lo que arrebató a los insurgentes su base social, cuyo apoyo les había permitido subsistir. Esto y la represión acabaron con los alzados.

En Venezuela, luego del desplome de la tiranía en 1958 un gobierno provisional excarceló a los presos políticos, legalizó todos los partidos y convocó a elecciones, ganadas por Rómulo Betancourt. Pero tras unos meses de democracia, en agosto de 1959 el nuevo Presidente suspendió las garantías constitucionales para reprimir a quienes protestaban por sus arbitrariedades. Disgustada, el ala progresista del gubernamental Partido de Acción Democrática se escindió, encabezada por Domingo Alberto Rangel y Américo Martín, para fundar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de vocación marxista. Después las universidades fueron cerradas, los estudiantes reprimidos y la Revolución Cubana vilipendiada. Esto provocó el rechazo de múltiples oficiales del ejército, que se sublevaron el 21 de diciembre de 1960 en La Guaira; el 20 de febrero en Caracas, y el 26 de junio en Barcelona. Al año fueron efectivos de la armada los que se rebelaron: el 4 de mayo en Carúpano, el 2 de junio en Puerto Cabello. En este último los insurrectos de la Marina liberaron a los presos políticos y les entregaron armas, así como también a los contingentes de vecinos que se les unieron. Empezó entonces una lucha popular de tres días, durante los cuales la aviación bombardeó la ciudad en tanto la artillería la cañoneaba con grueso calibre y cohetes. La victoria del gobierno se alcanzó al precio de quinientas vidas humanas. En este contexto el Partido Comunista (PCV) aprobó que sus militantes recurriesen a la lucha armada, por lo que muchos de ellos se aliaron con el MIR y la Unión Republicana Democrática para iniciar el combate guerrillero rural, a pesar de que la población de los campos era el 28 por ciento del total venezolano y el gobierno acometía un tipo de reforma agraria financiada por la Alianza para el Progreso. Las acciones bélicas comenzaron en el territorio de Lara en abril de 1962. Después surgieron otros “frentes” en sitios tan distantes entre sí, como Yaracuy, Miranda, Zulia, Mérida, Carabobo, Falcón, Portuguesa; a ellos afluían numerosos y desorganizados los estudiantes, sin entrenamiento, quienes se aglomeraban de inmediato en diferentes destacamentos, sin mando único, acordes con criterios de relativa espontaneidad. Se empleaban tácticas de choque, como para dar un golpe y derribar al gobierno; aunque se hablaba de guerra prolongada, se soñaba con una victoria a corto plazo. A principios de 1963 se decidió estructurar los tres grupos guerrilleros sobrevivientes en una especie de ejército popular, compuesto sobre todo por militantes de los tres mencionados partidos. Al poco tiempo, sin embargo, la incorporación de antiguos oficiales de las fallidas asonadas nacionalistas, indujo a los alzados a crear una institución militar parecida a la tradicional. Surgieron entonces las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), al mando de exoficiales de carrera, dotada de un estricto Código de Honor, que asumían una posición defensiva ante las tropas gubernamentales pues combatían cuando estas las atacaban; se confiaba en la solidaridad entre viejos hermanos de armas, y se albergaba la esperanza de captar a muchos de ellos para la nueva causa. Con el propósito de politizar más la actividad de las FALN se constituyó el Frente de Liberación Nacional (FLN), que supuestamente imprimiría una mayor concepción revolucionaria en la conducta de la guerra. Pero nada cambió, por lo cual muchos rebeldes entonces prefirieron las Unidades Tácticas de Combate que operaban en las ciudades, con acciones comandos cuyos resultados deberían tener repercusión internacional. Sin embargo, el impacto principalmente era en la capital; en los cerros de Caracas se llegaron a ocupar barrios enteros durante la noche, que al amanecer debían evacuarse ante la llegada de las fuerzas gubernamentales.

Terminado el cuatrienio de Betancourt, el gobierno convocó a nuevas elecciones, y a pesar de que el FLN-FALN decretó el abstencionismo, el 90 por ciento de la población votó. En marzo de 1964 al ocupar el cargo, el nuevo Presidente anunció de inmediato estar dispuesto a reinsertar legalmente en la vida política del país a todos los que abandonaran la sublevación. A partir de entonces la duda comenzó a penetrar en las filas revolucionarias; muchos afirmaban que el combate armado se había iniciado de forma prematura, y ante el pueblo solo parecía como una lucha sectaria realizada por una elite vanguardista. La polémica condujo a la escisión del MIR y a que el Comité Central de los comunistas priorizara el futuro electoral del partido por encima del insurreccional. Esta crisis amenazó la insurgencia como no lo habían logrado las ofensivas militares del gobierno. Hubo, sin embargo, quienes persistieron en la rebelión, asentada sobre todo en las sierras de Falcón. Allí se analizaron los errores: promulgación de frecuentes treguas, ausencias de operativos militares de importancia, subordinación de los mandos a órganos políticos ajenos a la guerrilla, indefinición de objetivos, desarticulación entre combatientes urbanos y rurales, insuficiente vinculación con el pueblo, empleo de las FALN como elemento para presionar a la burguesía. Después se reestructuraron todos los órganos de dirección. Fabricio Ojeda, procedente de la URD quedó como presidente del FLN, que debería convertirse en eje de las relaciones políticas con los interesados en llevar a cabo la revolución. Douglas Bravo —del PCV— y Américo Martín, nombrados Primer y Segundo Comandantes de las FALN, deseaban convertir esa fuerza en verdadero ejército popular, con sólida implantación urbana y rural, cuyos efectivos serían engrosados al unificar la lucha económica con la sociopolítica y encausarlos hacia el combate armado. Con el propósito de frenar la reestructuración del movimiento revolucionario, a principios de 1966 el gobierno excarceló a la dirigencia comunista y a Rangel, para que convencieran a sus antiguos compañeros de cesar la insurrección. No lo lograron. Pero al poco tiempo Ojeda cayó preso y fue asesinado, mientras a Bravo se le expulsaba del partido; la dirección de este abandonó por completo a los sublevados y los lanzó fuera de sus filas. Entre estos se encontraban los hermanos Luben y Teodoro Petkoff, quienes en 1967 desembarcaron —con la ayuda de cubanos internacionalistas— refuerzos por las costas de Falcón, donde los alzados resistían una violenta ofensiva gubernamental. Esta no logró la victoria, aunque mucho afectó a los rebeldes, que al poco tiempo vieron al propio Martín ser capturado en la zona de El Bachiller. En 1968 se acentuó el deterioro de las fuerzas partidarias de la guerra revolucionaria y al año siguiente el PCV y el MIR acometieron tareas para proceder a pacificar el país. Solo quedaba la columna integrada por los adeptos a Bravo, quienes estaban en creciente parálisis por el aumento de las pugnas internas con respecto a la continuación de los combates. Así, en Venezuela, la guerrilla entró en disolución.

En Colombia, el triunfo de la Revolución Cubana indujo al gobierno de ese país andino a liquidar la sobreviviente insurgencia comunista. Para derrotarla, el ejército envió en 1962 una fuerza de siete mil soldados, que fracasó en sus propósitos. Se decidió entonces acopiar mayores recursos, y a los dos años se tuvo preparado un complejo plan que incluía actividades sicológicas y cívico-militares, así como el bloqueo de las cuatro zonas de autodefensa campesina. Luego se lanzó una ofensiva con dieciséis mil hombres, concentrados otra vez sobre el mismo bastión rebelde, cuya superficie abarcaba unos dos mil kilómetros cuadrados. La desigualdad entre ambos contendientes convenció a los revolucionarios acerca de la conveniencia de evacuar las familias y adoptar una táctica de movilidad total, mediante la cual retomaban el tradicional comportamiento guerrillero. Pero a la vez, se decidieron a luchar por el poder, y llamaron a constituir un frente único basado en la alianza de obreros y campesinos como vía para establecer un gobierno democrático de liberación nacional. Por su parte las tropas gubernamentales, el 20 de septiembre de 1964, iniciaron el ataque en la Cordillera Central contra El Pato, con miles de efectivos que disponían de artillería, aviones de bombardeo, tanques, lanzallamas, helicópteros. Caído ese baluarte, la embestida se reorientó hacia Guayabero en la Cordillera Oriental, y tras ocuparlo se enrumbaron a Río Chiquito, donde la encarnizada defensa no pudo evitar el desenlace fatal. Terminados los combates, el Partido Comunista convocó a su décimo congreso, que se inició el 20 de julio de 1965. En él, los defensores de la lucha armada se dividieron en dos tendencias. Los veteranos de las antiguas cuatro zonas de autodefensa se constituyeron en Bloque Guerrillero Sur, que en abril de 1966 celebró una conferencia en la cual crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) bajo el mando de Marulanda, con “frentes” conformados por operativos errantes en Marquetalia, Sur de Tolima, Huila, Caquetá y los Llanos Orientales. Los maoístas formaron una agrupación “marxista-leninista” en defensa de la guerra popular prolongada del campo a la ciudad, previo a cuyo desencadenamiento llevaron a cabo durante dos años un persistente trabajo político por el noroeste del país. Esto les permitió contar con bases de apoyo llamadas Juntas Patrióticas, integradas sobre todo por campesinos del Sinú, San Jorge y Cauca, con los cuales después constituyeron en diciembre de 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuyos primeros combates se desarrollaron por el departamento de Córdoba.

El triunfo de la Revolución Cubana estimuló que los llamados “gaitanistas” del Partido Liberal se desgajaran para crear el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR). Otra escisión pero más moderada, fue la del denominado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), compuesto en parte por algunos excaudillos guerrilleros que reclamaban salud, educación, techo y tierra para los humildes. Pronto, sin embargo, los jóvenes del MRL exigieron un proyecto transformador semejante al cubano y formaron por su lado la Juventud del Movimiento Revolucionario Liberal (JMRL). Y casi al mismo tiempo surgió el Movimiento de Obreros, Estudiantes y Campesinos, también admirador del triunfo insurreccional en la mayor de las Antillas, que en su congreso de julio de 1960 se dividió en dos tendencias; los partidarios de la inmediata sublevación, y los que defendían un trabajo de concientizar las masas antes de tomar las armas. Estos marcharon al Valle del Cauca, en tanto aquellos confluían con los del FUAR —en suma unos doscientos— y juntos fueron hacia Vichada, en los Llanos Orientales fronterizos con Venezuela; pensaban allí removilizar a quienes ya se habían alzado durante “La Violencia”, para enseguida avanzar sobre las ciudades y en ellas tomar el poder. Pero luego de los primeros combates, la incipiente guerrilla cayó en una posición defensiva que la condujo al estancamiento. Algo más tarde, en 1963, quienes pertenecían al JMRL se unieron con unos estudiantes que se habían nucleado en la “Brigada de Liberación José Antonio Galán” —en recuerdo al héroe de la gesta de los Comuneros del Socorro—, todos fervientes admiradores de la Revolución Cubana, y fundaron en julio de 1964 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual comenzó sus actividades combativas el 7 de enero de 1965, cuando ocupó la villa de Sinacota, cerca de San Vicente, y poco después se implantaba además en el departamento de Santander. Sin embargo, su mayor éxito fue político, al incorporarse a sus filas Camilo Torres, sacerdote muy querido por los humildes, quien se había destacado por organizar a los marginados de las urbes en su Frente Unido de Movimientos Populares. Esta organización proponía una radical reforma agraria, expropiar los bancos y el sistema hospitalario-farmacéutico, así como las numerosas riquezas o heredades de la poderosa Iglesia católica. El notable cura también editaba un semanario con cincuenta mil ejemplares, y constantemente recorría el territorio nacional sacudiendo la opinión pública como nadie lo había hecho desde el asesinato de Gaitán. Hasta que se incorporó como simple guerrillero al ELN, en cuyas filas murió el 15 de febrero de 1966.

En América Latina, los Partidos Comunistas por inercia habían seguido considerando como válidos los acuerdos del VII de la Tercera Internacional, aún después de haber sido disuelta esta organización el 8 de junio de 1943. Pero con el triunfo de la Revolución Cubana, muchos en dicha militancia reconsideraron la estrategia de los “Frentes Populares”. Quienes rechazaron aquella orientación se sumaron a los partidarios de la lucha armada, que se animaba en la región. La disputa entre los simpatizantes de una u otra tendencia pronto se vio agravada por conflictos políticos originados allende los mares; se había producido el cisma chino-soviético, impulsado con vigor por Pekín a partir de 1963, cuando publicara su “Propuesta de Línea General para el Movimiento Comunista Internacional”. La médula de la polémica radicaba en que Moscú proponía la “coexistencia pacífica” entre el este y el oeste, lo cual implicaba que se aceptara exclusivamente la vía electoral como opción política al interior de los países. En cambio, los “maoístas” brindaban una visión simplificada de las específicas condiciones chinas antes del triunfo socialista en esa enorme república asiática; allí, el ejército popular de liberación primero había alcanzado la supremacía en las extensas y apartadas áreas rurales —contra los terratenientes, la burguesía compradora y el imperialismo japonés—, y después habían llevado la lucha revolucionaria a las urbes. De ahí que plantearan la necesidad de sostener una “guerra popular prolongada” del campo a la ciudad, en los países subdesarrollados del llamado tercer mundo.

En Cuba, con el propósito de analizar cuestiones de tanta trascendencia y complejidad, se convocó en 1964 a la tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina, en la cual se trazó una sinuosa línea conciliatoria entre enemigos y proclives de la lucha guerrillera. Animada por estos, a los tres años en La Habana se celebró la Conferencia de Solidaridad de América Latina —más conocida por las siglas OLAS— a la que asistieron los abanderados del combate armado. En ella se concluyó que, en nuestra región existían condiciones socioeconómicas y políticas susceptibles de crear —con el desarrollo de la guerra popular— situaciones revolucionarias, en dependencia de las concepciones ideológicas y capacidades organizativas de las vanguardias.

La militancia comunista atraída por el “maoísmo”, se esforzó por escindir esos partidos, añadiendo casi siempre al nombre de su organización de origen, el término de “marxista-leninista” o alguna variación parecida. De esta forma surgieron nuevas agrupaciones políticas en Perú, Bolivia y Colombia.

Al atribulado panorama de tendencias revolucionarias habría que añadir la del trotskismo. Su fundador —en eterna rivalidad teórica con Lenin— solo aceptaba la insurrección armada como recurso extremo y defensivo de los proletarios, y se oponía al concepto de “alianza obrero-campesina” porque entendía que esta clase no constituía una fuerza positiva para cambiar la sociedad; y para impulsar sus postulados, en 1936 constituyó la Cuarta Internacional. Esta desplegó grandes empeños hacia los países subdesarrollados —tras la segunda guerra mundial, muerto ya Trotski—, donde contravino sus tradicionales postulados, y defendió una concepción nueva mediante la cual se podía obviar a los obreros, y de todas formas llegar a la revolución socialista con el exclusivo apoyo del campesinado. A estos se les debía organizar en sindicatos agrarios, que dirigieran movilizaciones permanentes con el propósito de ocupar tierras y demás reivindicaciones históricas de dicha clase. La cuestión de la toma del poder se abordaba de manera nebulosa, aunque se planteara, tal vez para un futuro, la posibilidad de una súbita lucha armada que en breves combates debería triunfar sin realizar alianza alguna con otras fuerzas. Bajo esos criterios, la IV Internacional creó en Buenos Aires una oficina o buró conocido por el nombre de Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo (SLATO), desde el cual se dedicó a constituir partidos, cuyos apellidos incluían los términos de “obreros”, “revolucionarios”, “trabajadores”, en algún tipo de combinación, y cuyo proselitismo básico decidió realizarlo en los países de mayor población rural en América del Sur.

En Brasil jamás se habían alterado las tradicionales formas de propiedad rural, por lo que los trotskistas decidieron aprovechar esas condiciones objetivas para desarrollar las reivindicaciones agraristas mediante la formación de Ligas Campesinas. Un abogado de Recife llamado Francisco Juliao constituyó las primeras en Pernambuco, de donde se extendieron al resto del país, sobre todo por el nordeste y Minas Gerais. Pero la típica carencia trotskista de una estrategia que abarcara a las demás clases y grupos sociales, mantuvo a los sindicalistas “camponeses” aislados. Por eso luego del golpe de Estado fascista de 1964, los militares pudieron con facilidad desarticularlas, sin que pudieran fructificar los esfuerzos de algunos por transformarlas en base de sustentación para la lucha guerrillera.

En Perú el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR) comenzó su trabajo político por los valles cuzqueños de la Convención y Lares, a donde envió a Hugo Blanco con el seudónimo de Cóndor. Él se relacionó con explotados campesinos quechuas —que además sufrían una gran opresión cultural— para concientizarlos, enseñarles sus derechos y mejorar su salud. Luego, en 1959 orientó a los “inquilinos” o aparceros, que no pagaran más sus rentas de la tierra en trabajo, lo cual en tiempo de cosechas era muy dañino para los patrones. Los hacendados tuvieron que pactar, lo que prestigió al sindicato agrícola y los multiplicó por la región. Con el objetivo de generalizar este éxito, el POR celebró un Congreso en el que censuró la “coexistencia pacífica”, alabó a la Revolución Cubana, y llamó a formar un frente único con todas las fuerzas de avanzada. Aunque los tradicionales partidos progresistas peruanos ni le prestaron la menor atención, los llamados “comunistas-leninistas”, así como jóvenes sin militancia encabezados por, Juan Pablo Chang, El chino, se unieron al POR en el Frente de Izquierda Revolucionario (FIR) cuya plataforma proponía ocupación de tierras, reorganizar la Confederación de Trabajadores del Perú, amnistía para los perseguidos políticos, defensa incondicional de la Revolución Cubana, confiscación de todos los latifundios y su entrega gratuita a los campesinos, nacionalización de las empresas imperialistas, reforma urbana, gobierno de los trabajadores. En poco tiempo el FIR se convirtió en la principal fuerza política del agrarismo en el Cuzco, desde el cual extendió su actividad hacia otras regiones de Perú. Sin embargo pronto en dicha organización surgieron dos corrientes. La denominada “masista” propugnaba que los sindicatos ocuparan tierras y formaran milicias de autodefensa, de manera que surgiese un “poder dual” junto a los tradicionales órganos de gobierno republicanos. La otra planteaba de inmediato acometer la lucha armada. Estos criterios defendidos por Cóndor lo llevaron a enfrentarse con Hugo Bressano jefe del SLATO, con quien rompió todos los vínculos, tras lo cual se sublevó. Los rebeldes fueron capturados el 29 de mayo de 1963, luego de un combate con la policía en Pucyura. Después el ejército invadió los valles de la Concepción y Lares, masacrando campesinos para refluir la política de ocupar los latifundios.

En esa república andina, el recién legalizado partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) —de corte pequeño-burgués— con el triunfo de la Revolución Cubana experimentó una fuerte polémica interna; una parte de la militancia mostraba creciente disconformidad hacia la política de “convivencia” practicada por sus dirigentes con los gobiernos conservadores. Entonces el abogado y economista Luis de la Puente Uceda encabezó a quienes organizaron el APRA Rebelde (APRA-R), la cual al poco tiempo sufrió el desgajamiento de la tendencia llamada Vanguardia Revolucionaria. Esta decidió en 1961 iniciar el combate guerrillero urbano enmarcado en una estrategia de guerra popular prolongada, que tuviese como apoyo al pequeño proletariado industrial del país. Por su parte el APRA-R evolucionó hasta convertirse en junio de 1962 en Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de convicción marxista, el cual decidió establecer una alianza con el FIR. Pero en el encuentro de octubre entre Hugo Blanco y de la Puente Uceda, en Quillabamba, no se produjo el anhelado entendimiento. A pesar de ello, el MIR decidió retomar algo de la experiencia de los sindicatos agrarios pues deseaba emplearlos como base para un proceso insurreccional. Estos propósitos se fortalecieron con una sorprendente oleada de ocupaciones de latifundios durante el gobierno del reformista Fernando Belaúnde Terry, lo que decidió a los “miristas” a preparar dos frentes guerrilleros. Uno dirigido por De la Puente, en la provincia de la Convención ubicada en el departamento del Cuzco. Otro actuaría en las provincias de Concepción y Jauja, pertenecientes al departamento de Junín. Ambos tenían el propósito de politizar a las comunidades rurales de sus respectivas regiones, dispersar las fuerzas del ejército, cercenar las comunicaciones entre la Sierra Andina y la Costa. El 9 de junio de 1965 empezaron los combates; se asaltó la Mina Santa Rosa —donde se capturó mucha dinamita—, se voló el puente de la carretera a Gatopo, se ocupó la comisaría de Andamarca, se derrotó al ejército en Pucuta y Yahuarina. Entonces De la Puente abandonó el principio de movilidad para constituirse en base permanente de retaguardia, lo cual facilitó que el ejército lo acorralase y diera muerte junto a sus compañeros en Amaybamba el 23 de octubre de 1965. Poco después los demás insurgentes del MIR tuvieron el mismo final.

Un poco antes, a mediados de 1963, un grupo de estudiantes peruanos había penetrado en su país a través de la frontera boliviana; pretendían recorrer trescientos kilómetros de selva hasta llegar a la zona donde operaba Hugo Blanco para unirse a su empeño insurreccional. Pero en Puerto Maldonado sufrieron un sangriento descalabro con una patrulla militar, y tuvieron que regresar al punto de partida. En Bolivia los sobrevivientes se reorganizaron, y dirigidos por Juan Pablo Chang así como por Héctor Béjar, fundaron el Movimiento 15 de Mayo que después se fortaleció con exmiembros de la Juventud Comunista, y se transformó en el núcleo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual comenzó sus acciones armadas por Chinchibamba, provincia La Mar del departamento de Ayacucho. Se había escogido esta zona porque estaba situada entre los dos frentes que allí había establecido el MIR, con el cual se forjó al cabo de varios meses un Comando Nacional de Coordinación. Pero casi al unísono los militantes del ELN y del MIR tropezaron con las mismas dificultades; no hablaban el quechua, único idioma de los campesinos de la región. Además los pobladores locales miraban con desconcierto la irrupción de gente desconocida y armada, que les proponían la revolución socialista y la lucha contra el imperialismo, objetivos ajenos a sus intereses concentrados como estaban en las cuestiones concretas del lugar. Esa mutua incomprensión facilitó la tarea del ejército, que tras liquidar al MIR se dedicó a perseguir al ELN, finalmente derrotado en Tingos a mediados de diciembre de 1965.

Ernesto Guevara de la Serna, arquetipo de revolucionario internacionalista, se sumó en México al empeño liberador de Fidel Castro, y junto a él navegó en el Granma para iniciar la exitosa gesta guerrillera de la Sierra Maestra. Sus narraciones de la guerra son insuperables, con una impresionante profundidad de pensamiento, e incluso algunos de sus escritos han pasado a la posteridad como documentos clásicos del ideario comunista.

Ché afirmaba que donde un gobierno hubiese subido al poder mediante alguna forma de consulta popular y mantuviese al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero resultaba imposible, al no haberse agotado las posibilidades de la contienda cívica. Pero en el contexto de haber sido rota la legalidad burguesa por las fuerzas opresoras, Ernesto Guevara insistía en que era posible, y más aún, necesario, que los revolucionarios forjaran la alianza obrero-campesina y asimismo establecieran algún vínculo con sectores pequeño-burgueses radicalizados y hasta con determinados elementos progresistas de la burguesía antimperialista. Todos, bajo la dirección de la ideología científica del proletariado, deberían lanzarse hacia el poder mediante el combate armado, para transformar la vieja sociedad subdesarrollada y construir un mundo nuevo.

Admirador de la gesta de Bolívar, Ché Guevara compartía su criterio —esta vez aplicado al siglo xx—, de que la lucha revolucionaria debería adquirir un carácter continental en América Latina. Y afirmaba, que en ella “la cordillera de los Andes está llamada a ser la Sierra Maestra, como dijera Fidel”. Para alcanzar los nuevos objetivos libertarios, Ché propugnaba la creación simultánea de varios focos de guerra, que de ser llevados con suficiente destreza política y militar se harían prácticamente imbatibles. Añadía que los referidos grupos armados deberían “formar algo así como Juntas de Coordinación para hacer más difícil la tarea represiva del imperialismo yanqui y facilitar la propia causa”.

Comandante del Ejército Rebelde, presidente del Banco Nacional de Cuba, director de la Junta Central de Planificación, ministro de Industrias, jefe de delegaciones políticas y económicas, el revolucionario internacionalista Ernesto Guevara escribió a Fidel Castro en 1965:

“Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la Revolución Cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo que ya es mío. Hago formal renuncia de mis cargos (…). Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos (…). Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora de separarnos”.

Ernesto Guevara regresó a América Latina con el objetivo de crear un destacamento guerrillero en Bolivia; en él deberían participar combatientes de distintos países latinoamericanos, en una especie de escuela revolucionaria para la lucha armada. Al mismo tiempo dinamizó sus relaciones con dirigentes y militantes del Partido Comunista de Bolivia, de los cuales recababa solidaridad para el movimiento insurreccional en América del Sur; en la fase de preparación de su base guerrillera, Ché sabía que dependería fundamentalmente de la ayuda de los revolucionarios bolivianos, aunque su propósito era organizar una fuerza armada a la que pudieran incorporarse todos los que desearan luchar por la liberación de América Latina.

En noviembre de 1966 Ernesto Guevara llegó a Bolivia, en la cual —desde el 6 de noviembre de 1964— gobernaba una Junta Militar presidida por el general René Barrientos. Ché de inmediato se trasladó de La Paz a Ñancahuazu, donde se encontraba el campamento guerrillero establecido por la vanguardia de cubanos y militantes del Partido Comunista de Bolivia. Esta organización política presentaba un panorama complejo, pues se había escindido en su Séptima Conferencia; mayoritariamente el Comité Central presionaba contra la lucha armada. Contra esa tendencia se alzó la llamada “marxista-leninista”, que decía apoyar las concepciones guerrilleras. Pero como esto se reveló falso, con ella rompió el grupo encabezado por Moisés Guevara, que en apoyo le envió algunos hombres. En definitiva, ese divisionismo provocó la dispersión de los vinculados con el proyecto concreto de Ché, los cuales quedaron tanto en una como en otra fracción. Después, por otros conductos, llegaron internacionalistas como el peruano Juan Pablo El chino Chang Navarro.

A finales de enero de 1967 Ché dio por terminados los trabajos preparatorios de campamento, y comenzó la etapa de exploración guerrillera para probar la tropa, que duró hasta el 20 de marzo. Luego empezó la lucha, caracterizada por un golpe preciso y espectacular, tras lo cual el gobierno lanzó una contraofensiva dedicada a lograr el aislamiento de la guerrilla. Entonces se organizaron las fuerzas en tres grupos: vanguardia, centro y retaguardia, con la que se perdió el contacto al poco tiempo. Pero la inmensa incapacidad combativa del régimen, permitió que en unas cuantas semanas el puñado de guerrilleros le infligiera al ejército incontables derrotas, y le capturase en combate cerca de doscientas armas. De esta forma la presencia de la guerrilla conmocionó al país. En el mes de junio, por ejemplo, la ilegalizada Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia apoyó en un congreso obrero clandestino la iniciativa de la mina Catavi, de donar al movimiento guerrillero un día de salario y enviarle medicamentos. Al enterarse el gobierno del cónclave celebrado y de sus acuerdos, efectivos suyos atacaron los campamentos mineros luego de la tradicional fiesta de San Juan, al amanecer del 24 de junio. Solo en el yacimiento conocido por Siglo xx murieron 87 personas, entre las cuales estaban veinte hombres decididos a unirse a la guerrilla. Con esta masacre la imagen del régimen boliviano se deterioró aún más, y los signos de su debilidad se multiplicaron, al punto de que Ché llegó a pensar: “El gobierno se desintegra rápidamente, lástima no tener cien hombres más en este momento”. Pero en agosto el contexto alentador empezó a cambiar. Ché lo enjuició como:

“... el mes más malo que hemos tenido en lo que va de guerra. La pérdida de todas las cuevas con sus documentos y medicamentos fue un golpe duro, sobre todo psicológico. (…) La falta de contacto con el exterior y con Joaquín y el hecho de que prisioneros hechos a este hayan hablado, también desmoralizó un poco a la tropa. Mi enfermedad sembró la incertidumbre en varios más (…). Por otra parte la difícil marcha por las lomas sin agua, hizo salir a flote algunos rasgos negativos de la gente”. No obstante, nada tenía tanta incidencia adversa como la pérdida gradual de hombres y la falta completa de incorporación campesina, pues esto resultaba nocivo para la capacidad de la guerrilla de ejercer una acción permanente en el territorio sobre el cual operaba. Ché concluyó: “Estamos en un momento de baja de nuestra moral y de nuestra leyenda revolucionaria. Las tareas más urgentes siguen siendo las mismas del mes pasado, a saber: restablecer los contactos, incorporar combatientes, abastecernos de medicina y equipo”. En septiembre la guerrilla estuvo a punto de lograr su recuperación. Además, aunque el número de hombres en sus filas aún era muy reducido, los combatientes mantenían su capacidad de desarrollo, y algunos cuadros bolivianos se iban destacando con magníficas perspectivas de jefes. Pero una emboscada en la cual cayeron miembros de la vanguardia, el día 26, dejó a los revolucionarios en una posición peligrosa. También la retaguardia acababa de ser liquidada por las fuerzas del ejército, que mostraban más efectividad. Para colmo, en la masa campesina —que no ayudaba en nada—, comenzaban a surgir delatores. Por eso Ché decidió que en octubre se buscaran otras zonas, de mayor desarrollo político. Para alcanzar este objetivo la guerrilla decidió pasar por la Quebrada del Yuro, donde sin saberlo, la aguardaba una tropa numerosa del Gobierno. El reducido núcleo revolucionario se defendió heroicamente hasta el anochecer del 8 de octubre. En el combate Ché fue herido en las piernas, lo cual le impidió caminar, aunque siguió disparando hasta que agotó las balas de su pistola y su fusil fue roto por un proyectil enemigo. Solo así, inmovilizado e indefenso, Ernesto Guevara pudo ser capturado vivo. Entonces los soldados lo trasladaron al pueblo de Higueras. Allí Ché se negó a discutir una sola palabra con sus captores. Incluso a un oficial del ejército que, borracho, intentó vejarlo, le propinó una bofetada en pleno rostro. Mientras, en La Paz, altos jefes militares tomaban la decisión de asesinarlo. El suboficial encargado de darle muerte en la escuelita, el día 9, completamente embriagado, vaciló en cumplir la orden. Entonces la entereza de Ché se mostró a plenitud: “¡Dispare! ¡No tenga miedo!”, fueron sus últimas palabras, antes de que una ráfaga de metralleta lo ultimara. Comenzaba a vivir eternamente.

En América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana también influyó en que surgiese el nacionalismo revolucionario entre los militares, que deseaban hacer más democráticas y justas sus respectivas repúblicas. Un ejemplo de ello fue Perú, donde encabezado por el general Juan Velasco Alvarado se llevó a cabo un golpe de Estado. Entonces se instituyó en octubre de 1968 el gobierno de la Fuerza Armada, que llamó a la ciudadanía a rescatar la dignidad nacional “violada por el imperialismo”. De inmediato el ejército ocupó los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, y sin pago alguno los revirtió al patrimonio estatal. Se iniciaba así el cumplimiento del llamado Plan Inca, diseñado por los generales “cholos” (mestizos) para revolucionar la sociedad. Después se dictó una radicalísima ley de reforma agraria, que terminó con la injusta tenencia de tierra mientras preservaba la integridad de las grandes unidades productivas, convertidas en cooperativas. Luego se expropiaron los consorcios norteamericanos. Estos fueron integrados al pujante capitalismo de Estado, que llevaba a cabo más del 50 por ciento de las inversiones en el país; había medio centenar de importantes empresas totalmente públicas en actividades de petróleo, hierro, electricidad, siderurgia, ferrocarriles, comunicaciones, aviación. Otras cien tenían participación estatal sobre la mitad de su propiedad. La banca y el comercio exterior tampoco escaparon al dominio del Estado.

Las transformaciones nacionalistas trascendieron el carácter democrático y burgués cuando el 1ro. de mayo de 1974 Velasco Alvarado anunció nuevas leyes sobre la propiedad. Uno de estos decretos reestructuraba la economía y convertía al Estado en su pivote principal, preservando bajo su control los servicios básicos y las mayores industrias. El resto de las compañías aún pertenecientes a los capitalistas criollos deberían transformar su esencia mediante una creciente participación de los trabajadores. Esta se llevaría a cabo por la obligatoria adquisición de bonos o acciones —por parte de los asalariados— que esas empresas debían emitir. Ello representaba un avance sui generis, paulatino pero sistemático, hacia la desaparición de los intereses privados en dichos negocios. En un tercer peldaño estaba la pequeña propiedad, que se dejaba incólume. Por su parte, el decreto sobre la prensa entregaba los diez principales periódicos a diversos sectores laborales del país. Esas disposiciones traspasaban los límites de lo tolerable para la burguesía, que entonces se incorporó al campo de la oposición. Frente a ese reaccionario peligro, los proclives al progreso se encontraban divididos. No existía una fuerza política común que los aglutinara, ni tampoco los asalariados estaban unificados en una organización sindical. Y el poder seguía siendo militar, con la verticalidad jerárquica tradicional de las fuerzas armadas cuyos efectivos no habían sido depurados; solo en la cúspide había un grupo de radicales “generales cholos” decididos a revolucionar la sociedad. En esas circunstancias el general Juan Velasco Alvarado enfermó de gravedad. Entonces grupos moderados de la oficialidad llevaron a cabo un sutil golpe de Estado, desplazaron a sus colegas de izquierda, eliminaron cualquier limitación al gran capital, frenaron la reforma agraria —en seis años se habían repartido siete millones de hectáreas—, reprivatizaron muchas empresas, derogaron el novedoso estatuto de la prensa, reprimieron protestas obreras.

En Chile hacia 1970, la industria transformadora producía la cuarta parte del producto nacional bruto, y por su importancia económica se situaba inmediatamente detrás del cobre. En esa época, la burguesía nacional chilena dejaba de existir ante el vigoroso empuje de los emergentes monopolios criollos. Además, los gobiernos de turno imprimían al capitalismo de Estado un rumbo acorde con los deseos del sector monopolista. Sin embargo, en el país existía todavía una importante burguesía media, cuyos treinta y dos mil establecimientos recibían poco menos de un tercio de las mencionadas ganancias, y había también unos veintidós mil pequeños propietarios que a duras penas alcanzaban el cuatro por ciento de los referidos beneficios. El resto de la población estaba compuesta por 45 por ciento de proletarios. La agricultura aportaba un escaso 10 por ciento al producto nacional bruto, y el 73 por ciento de las tierras pertenecían a solo tres mil trescientos propietarios.

El revolucionario programa electoral de la Unidad Popular (UP) con Salvador Allende al frente, aportaba una concepción novedosa sobre la transformación de la sociedad, pues proponía el surgimiento de tres áreas de propiedad bien diferenciadas: la social, la mixta y la privada. En la primera se englobarían las empresas estatales de la Corporación de Fomento, así como todos los monopolios criollos y extranjeros que fuesen nacionalizados, además de las riquezas básicas y el comercio exterior. Esto significaba estatizar monopolios y transnacionales, que por sí solos producían el 50 por ciento del producto global bruto. Los sectores donde operaba la burguesía media serían considerados como mixtos, pues en ellos también podrían funcionar dependencias del Estado. En cambio el área privada de la economía sería de la exclusiva competencia de los pequeños burgueses. El proyecto político de la UP contemplaba también acelerar la reforma agraria, afectando las grandes propiedades particulares con el propósito de establecer sobre ellas formas cooperativas de producción, y a la vez reorganizar a los minifundistas y defender las comunidades indígenas mapuches. Con ese programa electoral Salvador Allende ocupó la presidencia el 4 de noviembre de 1970.

De inmediato se expropiaron trescientos cincuenta grandes latifundios que abarcaban tres millones y medio de hectáreas, se amplió el área de propiedad social, se nacionalizó todo el cobre —que producía el 10 por ciento del producto nacional bruto y obtenía las tres cuartas partes de las divisas—, y se logró un 12 por ciento de crecimiento industrial en el primer año de la nueva gestión gubernamental. Pero entonces un bloqueo silencioso fue iniciado por los Estados Unidos contra Chile. A la vez, en el Congreso chileno la derecha impedía que se aprobara la ley de las tres áreas de la economía; se acusaba al Presidente de actuar por encima de la legalidad y querer estatizarlo todo.

En los comicios parciales de marzo de 1973 la Unidad Popular obtuvo el 44 por ciento de los votos, esto convenció a muchos en el ejército de que los procedimientos constitucionales no servirían para detener el proceso de transitar a otra sociedad. Por ello los más apresurados generales-traidores promovieron que unidades blindadas del regimiento Tacna llevaran a cabo un fallido intento de golpe militar. A pesar de esto, el gobierno insistió en dejar incólume los mandos y estructuras de las fuerzas armadas. Entonces toda la reacción se sintió segura y pasó a la ofensiva; fue asesinado el edecán presidencial, se obligó a renunciar al jefe constitucionalista del ejército. Hasta que el 11 de septiembre de 1973 se produjo el ataque al Palacio de la Moneda, donde el presidente Salvador Allende murió con un arma en las manos. Se evidenció así que la Unidad Popular no tenía un plan de lucha para defender a su gobierno, lo cual posibilitó la rápida victoria de los conjurados. Luego tuvo lugar la más brutal y sangrienta represión.

En Nicaragua el anciano coronel sandinista Ramón Raudales retomó la lucha armada en 1958 y pereció en el empeño. Pronto medio centenar de hombres siguió su ejemplo, pero fueron derrotados. Entre los sobrevivientes, herido, estaba Carlos Fonseca Amador quien fue deportado a Cuba y allí topó con la triunfante revolución. De regreso a su patria, junto con Tomás Borges fundó el Movimiento Sandinista, que unía las tradiciones revolucionarias nicaragüenses con las concepciones más avanzadas de la sociedad. Durante una década se fortaleció el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL), hasta finales de 1972, cuando un horrible terremoto asoló Managua. Entonces la burguesía nicaragüense estaba dividida en tres grupos. Uno representado por el Partido Conservador, integrado por ganaderos, comerciantes y productores de azúcar y bebidas alcohólicas en Granada. Aún más poderosos eran los algodoneros y comerciantes liberales de León y Chinandega, aliados con los industriales de Managua. El tercer grupo estaba dirigido por la gobernante familia Somoza. Sin embargo, entre los tres grupos había nexos, como el de la compañía común para exportar azúcar. Pero el régimen nepotista convirtió la tragedia en un turbio y lucrativo negocio que le enriqueció de forma desmesurada, hasta con los donativos provenientes del exterior. De esa forma el grupo en el gobierno rebasó la pujanza de los otros dos. Esto provocó que el Partido Conservador de Pedro Joaquín Chamorro se vinculara con el Partido Socialista en la oposición. Pero no sabían cómo alcanzar el triunfo. En contraste, el FSLN superó sus prácticas defensivas en 1977 al tomar estratégicos cuarteles e impulsar los enfrentamientos por las montañas del norte y por las serranías cercanas a la capital. Luego, a través del Grupo de los Doce entró en contacto con los partidos opositores tradicionales.

Chamorro, por su parte, publicó en el importante diario La Prensa, las estafas e ilegales manejos realizados por el gobierno en la tarea de reconstruir el país. Somoza no perdonó la valiente denuncia, y en enero de 1978 el destacado político conservador cayó asesinado.

El cobarde crimen dividió a la burguesía e indignó a todos los nicaragüenses, que afluyeron de forma masiva a las filas de los revolucionarios. Así, mientras en los campos la guerrilla lanzaba ofensivas, en las ciudades de León, Estelí, Masaya y Chinandega se producían sublevaciones. El 4 de junio de 1979 se decretó una huelga política general y cinco días más tarde estalló en Managua una insurrección popular, la cual condujo a la formación de un Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional. Este novedoso equipo gubernamental proclamó cuatro principios rectores: no alineamiento internacional; relaciones con todos los países del mundo; autodeterminación de las naciones; estatización de los bienes somocistas, así como de la banca, el comercio exterior, la minería y las tierras ociosas. Después, el 19 de julio de 1979 el FSLN ocupó la capital y en ella estableció la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, uno de cuyos integrantes era Violeta Barrios viuda de Pedro Joaquín Chamorro.

El gobierno presidido por Daniel Ortega, nacionalizó el comercio exterior y el sistema bancario; estableció una política tributaria nueva, que descontaba a los burgueses el cuarenta por ciento de sus ganancias; impulsó la reforma agraria. Esta expropió el treinta y un por ciento de todas las tierras del país —fuesen de los Somoza y su grupo, u ociosas o abandonadas—, las cuales fueron distribuidas en parcelas, agrupadas en cooperativas o estatizadas. Con los intereses nacionalizados se constituyó el área de propiedad del pueblo, que en 1982 aportaba ya el 40,8 por ciento del producto interno bruto. Así, a pesar de que el sector privado era mayoritario en la economía nicaragüense, el estatal se había convertido en una pieza clave de esta, pues regulaba la actividad productiva, la distribución y las inversiones. El Estado revolucionario también reorientaba el comercio exterior; decaía el intercambio con los Estados Unidos mientras aumentaban los vínculos con el resto de América Latina y con los países socialistas.

La mejoría económica experimentada por Nicaragua pronto se vio afectada por la agresividad de los Estados Unidos; la CIA ordenó el minado de puertos y el sabotaje de industrias, a la vez que el ejército estadounidense estableció bases en la vecina Honduras. Allí se engendraron bandas mercenarias que incursionaban dentro del país, asolando y destruyendo; era un proceso injerencista incluso prohibido por el Congreso estadounidense, que al ser burlado por el ejecutivo dio lugar al escándalo llamado “Irán-contras”. A pesar de ello, el sandinismo convocó a una Constituyente, la cual implantó el pluralismo político —en la república funcionaban once partidos—, tripartición de poderes, economía mixta, sexenios presidenciales, comicios generales a principios de 1990. En ellos se produjo la sorprende victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO) —presidida por Violeta Barrios—, que una vez en el gobierno redujo el ejército y suprimió el Servicio Militar Obligatorio. También desmanteló el área de propiedad del pueblo, pues las empresas que habían sido nacionalizadas las privatizó, en un proceso conocido como “La Piñata” por la arrebatiña que engendró. Surgieron entonces, en lugar de las trescientas compañías estatales antes existentes, una multitud de pequeños negocios privados, en cuyos activos los trabajadores contaban con una participación ascendente al 25 por ciento. Sin embargo, empresas tan importantes como las de agua o la electricidad fueron vendidas a transnacionales o inversionistas foráneos.

En 1990 la comunidad de países socialistas europeos se deshacía, y la propia Unión Soviética iniciaba su desintegración. Se empezaba a percibir que en esa parte del mundo el socialismo desaparecería. En dicho contexto, en Cuba se reunieron Luiz Inacio Lula Da Silva —fundador del Partido de los Trabajadores del Brasil— y Fidel Castro, quienes decidieron que se convocara a un encuentro de las organizaciones políticas de izquierda de América Latina y el Caribe. Este se inició el 4 de julio de ese año en Sao Paulo, que desde entonces brindó su nombre al Foro que ha celebrado casi dos decenas de reuniones en poco más de veinte años. En la mencionada urbe brasileña, durante tres días se debatió acerca de la crisis del llamado “socialismo real”, así como sobre los avances del neoliberalismo en América Latina. Sin embargo, el principal objetivo de la reunión de este mecanismo de concertación del amplio y diverso conglomerado progresista, consistía en demostrar que existían posibilidades para impulsar procesos que acometieran mayor justicia social e igualdad de oportunidades, en la región.

El Foro señaló al imperialismo de los Estados Unidos como el enemigo fundamental de los pueblos del subcontinente, acordó que los distintos movimientos u organizaciones aceptaran sus diferencias y recurrieran al diálogo para superarlas, en la búsqueda de posiciones comunes en el camino hacia sociedades superiores y alternativas al capitalismo. Esto, sin rutas preestablecidas ni modelos únicos. Asimismo se planteó que el recurso estratégico para preservar los referidos cambios, debería ser la integración plena de los países latino-caribeños. Los asistentes también reconocieron que el mayor reto para todos, radicaba en lograr la más amplia unidad con el propósito de llegar al poder, no como fin sino como instrumento para rescatar las soberanías nacionales e implementar continuos avances sociales. Así, el posneoliberalismo llegaría a transformarse en lucha anticapitalista, orientada al socialismo.

En Venezuela, el 27 de febrero de 1989 se produjo un colosal estallido de violencia popular conocido como “El Caracazo”. Las masas, que protestaban contra el gobierno por su programa neoliberal de ajuste, fueron reprimidas por las fuerzas armadas. Esto engendró en el ejército una tendencia opositora llamada Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR), encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez. Este, luego de una fallida sublevación el 4 de febrero de 1992, se nutrió del MBR y de civiles revolucionarios para conformar un Movimiento por la Quinta República, que prometió una Constituyente en caso de ganar las elecciones. A principios de 1999 Chávez ocupó la presidencia y convocó a elaborar otra Constitución, que tras ser aprobada por 72 por ciento de los votantes, estableció un poder ejecutivo fortalecido, mayor control estatal sobre la economía y los medios de comunicación, y un legislativo unicameral. Reelecto en el año 2000, Chávez llamó a realizar profundas transformaciones socioeconómicas y políticas, entre las que se encontraban leyes de Tierras y Desarrollo Agrario —las cuales permitían expropiar latifundios y beneficiaron a cien mil familias—, y de Hidrocarburos. Esta fijaba en 51 por ciento la participación estatal y gravaba con un impuesto del 30 por ciento las utilidades de los extranjeros en dicho rubro. El disgusto reaccionario condujo a un intento de golpe cívico-militar en abril de 2002. Pero el pueblo se lanzó a las calles exigiendo la excarcelación del Presidente, lo cual junto a la acción de los militares institucionalistas, lo restablecieron en el ejecutivo. Chávez entonces clamó por una sociedad “rumbo al socialismo del siglo xxi”.

Recuperada la normalidad tras un reaccionario “paro petrolero”, el país celebró en 2004 elecciones conocidas como Referendo Revocatorio —que más bien fue de Ratificación—, así como para gobernadores estaduales y alcaldes, que dieron un aplastante y decisivo triunfo al presidente Chávez y sus partidarios. Al siguiente año y con motivo de comicios para seleccionar los Consejos Municipales, el mandatario venezolano llamó a votar por los integrantes del Bloque del Cambio. A este, que se componía de su Movimiento Quinta República, así como de los partidos Podemos, Patria Para Todos, Comunista y veinte organizaciones más, se le endilgó entonces el propósito de “crear el socialismo desde abajo”. Esa orientación fue reiterada para la contienda del 4 de diciembre, cuyos resultados definieron la composición de la nueva Asamblea Nacional que entró en funciones a principios de enero de 2006. Pero la oposición había preferido retirarse de la lid antes que sufrir otra aplastante derrota, por lo cual el poder legislativo recién electo quedó compuesto por los partidarios de una sociedad “rumbo al socialismo”. Después se acometió una profunda renovación militar, en cuya doctrina se articuló una relación efectiva entre elementos regulares y movilizados civiles. Luego el Presidente anunció la petición de ingreso al MERCOSUR, y viajó a China con el objetivo de establecer con ese país una importantísima alianza estratégica.

El 3 de diciembre de 2006 Chávez ganó su reelección con 62,89 por ciento de los votos, tras haber anunciado que la revolución se profundizaría con una mejor distribución de riquezas y la conformación de un Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Este se organizaría con los partidarios del proceso de cambios, mediante un mayor poder popular, una economía favorable al colectivismo y mucha justicia social. Más tarde el Parlamento entregó al reelecto presidente poderes especiales durante 18 meses, concretados en una Ley Habilitante que lo facultaba para legislar en once esferas estratégicas. Se deseaba agilizar de ese modo el proceso transformador destinado a establecer la función social de la propiedad, aunque se fomentaran las pequeñas y medianas producciones o servicios al lado de los incrementados bienes estatales. Estos se multiplicarían debido a las proyectadas nacionalizaciones de las transnacionales en las esferas claves de telecomunicaciones, electricidad y otras. Después la Asamblea Nacional aprobó la celebración de un referendo que permitiera la continua reelección de los cargos de presidente de la República, gobernadores, alcaldes y legisladores. Los comicios se llevaron a cabo el 15 de febrero de 2009, y en ellos fue aprobada la referida enmienda constitucional por 54,85 por ciento de los votantes. Esa victoria popular tuvo lugar, en momentos en que la reacción y el imperialismo promovían como estrategia contrarrevolucionaria el secesionismo en regiones limítrofes como el Táchira y Zulia. En ellas, asociaciones conservadoras tales como la Federación Nacional de Ganaderos y similares, promovían la formación de ilegales agrupaciones de efectivos paramilitares llamados de autodefensa, a veces integrados por colombianos y otros extranjeros. Entonces el gobierno anunció la creación de milicias campesinas en áreas rurales para luchar contra ese flagelo; estas se asentarían en latifundios recuperados y otros predios. Se ayudaría así a resolver la inseguridad, considerada por la mayoría de los venezolanos como el principal problema de la nación. Pero la situación interna venezolana volvió a caldearse cuando se dispuso la emisión de una Ley Orgánica de Educación, la cual abolió la enseñanza religiosa católica como parte del currículum de las escuelas —para tratar con equidad todos los credos—, suprimió los elitistas exámenes de ingreso en dichos centros, estableció en estos una representación paritaria de profesores y alumnos, abolió el pago de las matrículas, y reglamentó el ingreso a las escuelas privadas. La educación en el futuro tendría que ser democrática, de calidad, gratuita, obligatoria y laica, pues dejaría de ser un negocio. Luego, al iniciarse el curso escolar, el gobierno dejó saber que crearía diez universidades nuevas al costo de casi ochenta millones de dólares. Esas medidas opacaron la irritación de conservadores y derechistas, al elevar la popularidad de Chávez al 70 por ciento del total de la población; el índice de pobreza había disminuido en un 54 por ciento durante los años de régimen bolivariano, que además había creado unas 500 policlínicos en las que se atendían gratuitamente —con la ayuda médica de Cuba— a más de 15 millones de personas; en cada trimestre el gobierno dedicaba unos cinco mil millones de dólares, para actividades sociales —salud, educación— y fondos de pensiones. Esto permitió que el Partido Socialista Unido de Venezuela engrosara sus filas hasta la cantidad de 7 253 691 militantes —la mitad de los cuales tenía menos de treinta años—, y contara entre sus mejores aliados a los partidos Comunista y Patria Para Todos. En ese contexto se celebraron elecciones generales a finales de 2012, en las cuales Chávez fue reelecto y el Polo Patriótico —cuyo eje fundacional es el PSUV—, ganó el 90 por ciento de las gobernaciones de Venezuela.

En Bolivia desde 1964 la evolución de la sociedad estuvo caracterizada por el protagonismo político directo de las fuerzas armadas, bajo la conducción del general René Barrientos. Entonces la COB había pasado a la oposición y desatado grandes huelgas obreras, a lo cual el gobierno respondió con el desarme de los mineros y el fortalecimiento de milicias campesinas. Luego, con este sector rural, Barrientos forjó una alianza denominada Pacto Militar-Campesino, que establecía el compromiso de no permitir el ingreso de dirigentes comunistas en los campos bolivianos; este acuerdo también postulaba la defensa de valores tradicionales indígenas, con el objetivo de desarrollar en la población originaria sentimientos conservadores.

En 1971 se constituyó la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia —afiliada a la proletaria COB—, paralelamente a cuya creación se celebró el VI Congreso de la Confederación Nacional de Campesinos de Bolivia. En el cónclave fue electo como su Secretario Ejecutivo Genaro Flores Santos, dirigente popular con amplia experiencia en la COB, y sólidos vínculos con el movimiento revolucionario aimara Tupac Katari. Sin embargo, poco tiempo después, el circunstancial auge de los precios del estaño permitió multiplicar el salario de los mineros, lo cual dificultó el ascenso del sindicalismo agrario; sus afiliados afluían a la momentáneamente atrayente actividad extractiva. No obstante, a los siete años, el desplome de dichas cotizaciones revirtió el contexto político, lo que permitió a la mencionada organización rural rechazar el Pacto Militar-Campesino, que se deshizo. Luego, en 1979, bajo los auspicios de la COB se conformó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), que acogió a quienes por un tiempo se habían convertido en asalariados del subsuelo, después declarados cesantes en las minas. Muchos de estos retornaron a sus lugares de origen, pero otros empezaron a colonizar las zonas bajas del país. Así esos obreros se recampesinaron, pero sin olvidar la concientización proletaria que habían adquirido a lo largo de muchos años.

A partir de 1982, viejos politiqueros civiles que habían sido auspiciados por la revolución acaecida treinta años antes, retornaron al poder ejecutivo. Durante sus nuevos períodos gubernamentales ellos mismos revirtieron la política económica que habían practicado previamente; acometieron la privatización de las empresas estatales —en primer lugar las mineras—, lo cual facilitó que cesantearan a unos treinta mil trabajadores y se les desplazara de los campamentos en los cuales habían morado junto a sus familias. Los despedidos entonces se recampesinaron también, llevando consigo las experiencias acumuladas durante su vida anterior. Esto propició que en 1986 se firmara en Cochabamba un Pacto Minero-Campesino, que dio inicio a una importante alianza de clases. De una parte de los obreros recampesinados surgió el movimiento cocalero, cuyos cultivos inicialmente se dedicaban al consumo local, pero de forma gradual se extendieron a la selva y a El Chapare. Desde estas áreas se exportaba a mercados foráneos, para transformarse en cocaína. Entonces el narcotráfico tomó auge, lo cual multiplicó el precio de la “hoja sagrada”, que se convirtió en el centro de la economía de la región.

Los mencionados añejos gobernantes del MNR fueron desplazados por una generación más avezada en las intrigas y componendas parlamentarias, representable en un sobrino del expresidente Víctor, llamado Jaime Paz Zamora. Ese individuo de tortuosa vida ideológica, empujaba hacia la derecha al ya mal llamado Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) —desprendimiento del MNR—, con el cual presidió los asuntos de la República durante un cuatrienio. Expirado su mandato en 1993, fue electo presidente el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada —más conocido como El gringo por su pro-americanismo y forma de pronunciar el castellano—, destacado multimillonario integrante de la elite neo-oligárquica, quien privatizó el resto de las empresas estatales —como los ferrocarriles—, redujo los gastos sociales, así como los de educación y cerró yacimientos de estaño aduciendo los bajos precios internacionales del mineral. Tras él, y por la vía electoral gracias al apoyo de Zamora y su desprestigiado MIR, retornó al elevado cargo ejecutivo un exdictador militar llamado Hugo Bánzer.

En ese contexto, en Bolivia se desarrolló el mayor empuje de la Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores Campesinos Bolivianos, dirigida por Genaro Flores Santos, quien se esforzaba por impulsar la resistencia de los indígenas cultivadores de coca contra las pretensiones de erradicar ese tradicional cultivo; lo hacía esgrimiendo la ideología del legendario caudillo aimara Tupac Katari, sintetizada en sus cuatro preceptos básicos de: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella (no robar, no mentir, no ser vago), y ser siempre solidario con los compañeros en su lucha por la dignidad o contra las injusticias. A partir de la referida base sindical, en 1995 se enriqueció el panorama partidista del país al surgir el denominado Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP), muy fuerte en la región de El Chapare, donde enseguida participó en los comicios municipales con el membrete de Izquierda Unida (IU) bajo la conducción del aimara Evo Morales Ayma. Tras obtener medio centenar de concejales y diez alcaldías en el departamento de Cochabamba, el IPSP-IU se metamorfoseó en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Este se enfrentó en 1998 a la mal llamada “guerra contra el narcoterrorismo”, cuando el Presidente de la república lanzó a cinco mil soldados —encuadrados por oficiales estadounidenses— a destruir treinta y ocho mil hectáreas de la controversial hoja de coca, en una acción que provocó decenas de víctimas. Con ese prestigio el MAS, paralelamente al movimiento quechua Pachacuti —encabezado por Felipe Quispe Huanta, llamado “el Mallkú” o Cóndor— acudieron a las elecciones de 2001 con el lema de “Votar por nosotros mismos”, en un confesado empeño mutuo por lograr que la mayoritaria población indígena dejara de ser escalera política de la tradicional y corrupta partidocracia vanguardista, sectaria y vertical; se debía iniciar así el tránsito hacia la anhelada sociedad descentralizada, tolerante, flexible, antiestatista y profundamente democrática de sus sueños. En definitiva en dichos comicios el MAS quedó en segundo lugar, pues de nuevo Sánchez de Lozada logró la presidencia en alianza con el MIR. Pero desde el inicio su retorno al poder ejecutivo enfrentó un contexto muy distinto al de su primer cuatrienio; en Cochabamba ya se desarrollaba un poderoso movimiento contrario a privatizar en manos de una transnacional, el agua de la ciudad y los sistemas de riego campesino; estos eran tradicionalmente administrados por los ayllús, como pertenecientes al bien público de las comunidades. Y en respaldo a ellos la población del Altiplano encabezada por el movimiento Pachacuti, realizó imponentes marchas y bloqueos de carreteras; también reclamaban reconstruir el kollasuyo —con sus comunidades o ayllúes—, bajo su bandera de siete colores a cuadros o wiphala. A estos pronto se sumó la movilización de maestros, así como la de obreros y cooperativistas en defensa de sus ingresos. De esa forma se suscitó un ambiente generalizado de reclamos que exigía la renacionalización de los hidrocarburos, así como profundas reformas políticas y económicas. Tal vez todo fuese sintetizable en la demanda de convocar a una Asamblea Constituyente para “refundar” el país. Después la creciente oleada de protesta comenzó a reclamar la renuncia de El gringo, acusado de ordenar las masacres represivas que habían ocasionado cientos de víctimas. Hasta que el 17 de octubre el Presidente abandonó el poder y se refugió en los Estados Unidos. Apenas año y medio logró mantenerse en el poder el sustituto legal, que tampoco pudo detener las constantes manifestaciones opositoras. Por ello en junio de 2005 cedió su puesto en el Palacio Quemado a un extitular de la Corte Suprema de Justicia, quien anunció elecciones generales anticipadas. Estas fueron ganadas por Evo Morales, candidato del MAS, con 53,8 por ciento de los votos, quien ascendió a la presidencia el 22 de enero de 2006.

El nuevo mandatario de Bolivia, a los tres meses nacionalizó los hidrocarburos, convocó para julio una Asamblea Constituyente, propuso un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) como complemento del ALBA, al que esta República se sumó tras lograr cierta asociación con el MERCOSUR. Después el gobierno rindió homenaje al Che Guevara, en el septuagésimo octavo aniversario de su natalicio; en la Higuera se le construyó un digno memorial, a los treinta y nueve años de su asesinato.

La presidencia de Evo Morales aumentó los salarios mínimos, impulsó la electrificación rural, culminó el proceso de alfabetizar a toda la población, estableció la llamada “renta dignidad” o ingreso vitalicio para las personas de la tercera edad, el bono “Juancito Pinto” —niño héroe de la Guerra del Chaco— con el objetivo de evitar la deserción escolar, así como ayuda económica a más de sesenta mil mujeres gestantes y sus hijos de hasta dos años de edad. La nacionalización de importantes empresas y recursos naturales permitieron que el crecimiento económico superase el seis por ciento anual y que el Estado contara con 1 800 millones de dólares destinados a la inversión pública; a la vez, la República llegó a disponer de ocho mil millones de dólares como reserva en divisas convertibles, lo cual quintuplicaba la cifra heredada del gobierno anterior. El 25 de enero de 2009 entusiasmados por tantos éxitos, 61,4 por ciento de los votantes aprobó el nuevo texto constitucional, el cual metamorfoseaba a la República en el unitario y novedoso Estado Plurinacional de Bolivia, que reconocía la existencia de una sociedad intercultural, descentralizada y con autonomías, así como el derecho jurídico de los pueblos indígenas al autogobierno de sus municipios. También se retomó la idea bolivariana de instituir un cuarto poder —el electoral—, y señalaba que la máxima extensión de tierras de propiedad personal eran 5 000 hectáreas. Además, la nueva Ley Suprema protegía los derechos de los ayllúes o comunidades originarias con sus bienes colectivos, a la vez que respetaba la propiedad privada y la libertad religiosa. El texto garantizaba también el respeto a los derechos humanos, el acceso a los servicios de salud, educación y empleo, así como al agua potable, mientras prohibía que se estableciera cualquier base militar extranjera en el país. De inmediato se acometió la creación de un padrón biométrico que abriera el camino para el registro de votantes —4,8 millones, así como 200 000 en el extranjero—, con vistas a los comicios generales a celebrarse el 6 de diciembre; sus objetivos eran seleccionar las nuevas autoridades y expresarse en los referendos sobre autonomías —asentamientos indígenas, municipios, departamentos— y descentralización estatales.

Durante las conmemoraciones por el XXX aniversario de la CSUTCB, Morales anunció que su gobierno había destruido casi 17 mil hectáreas de coca, supuestamente destinadas a la producción de droga. Con ello ripostaba las acusaciones norteamericanas de que Bolivia flaqueaba en la lucha contra ese abominable flagelo, argumento por el cual le retiró a esta República andina los beneficios comerciales que se habían otorgado al régimen precedente. Pero entonces la solidaridad latinoamericana se manifestó: Argentina y Brasil elevaron el precio del gas comprado a Bolivia; Brasil y Venezuela —seguidas de Chile— le ofrecieron facilidades arancelarias. Asimismo se recibieron créditos de naciones vecinas, entre los cuales sobresalían los de Brasil, que entregó casi cuatrocientos millones de dólares para la construcción de aeropuertos, canales fluviales, tres gigantescos puentes —sobre caudalosos afluentes del Amazonas—, ferrocarriles y carreteras. Entre estas descollaba el colosal proyecto de un corredor bioceánico, que a través del territorio boliviano uniría los puertos de Iquique —en Chile— con el de Santos en Brasil. También se anunció la próxima estatización de las foráneas empresas eléctrica y ferroviaria, y se dejó saber que Corea del Sur incrementaba sus compras de plomo, plata y zinc; las cuales representarían la mitad del valor de todos los minerales bolivianos exportados, cuyo monto se había triplicado hasta 6 500 millones de dólares. A la vez la empresa LG de ese país asiático informó que estaba dispuesta a colaborar —con la Bolloré francesa y las japonesas Sumitomo y Mitsubishi— en la explotación de los valiosísimos yacimientos de litio, elemento imprescindible en todo lo referente a equipos electrónicos o de computación y baterías o acumuladores; Bolivia poseía el 50 por ciento de las referidas reservas mundiales.

En ese contexto, la Comisión Nacional Electoral (CNE) comunicó el registro de ocho fuerzas políticas inscritas para los próximos comicios, cuyo espectro abarcaba desde la derecha y los separatistas —de la Media Luna— hasta Evo Morales, quien destacó en su campaña que en el MAS convergían mujeres, profesionales, exmilitares, dirigentes sociales, indígenas y representantes de la llamada clase media. Acerca de este estrato, el Presidente señaló la importancia de construir lazos de confianza entre su partido y sectores empresariales e intelectuales, así como con las juventudes citadinas, para servir al pueblo mejor. Y anunció que de ser reelecto, gracias a los ingresos provenientes de los grandes consorcios estatizados, se brindarían facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas y se implantaría un seguro de salud universal y gratuito para tres millones de personas. También en el proceso convocó a los abogados del país a llevar a cabo una revolución profunda en el poder judicial, la cual debía acabar con los jueces y fiscales que estuviesen atados a intereses políticos caducos y no protegieran al pueblo y al Estado.

Con semejantes anticipos pocos dudaban de que Evo Morales triunfara en sus empeños por reelegirse, para impulsar —aún más— la revolución. Y sucedió así el domingo 6 de diciembre, cuando la dupla presidenciable del MAS obtuvo por encima de 63 por ciento de los votos. Al mismo tiempo sus simpatizantes elegidos para el Congreso rebasaron los dos tercios del total de diputados, lo cual le brindaba a esa militancia la posibilidad de controlar dicha instancia legislativa en cualquier situación. Ello resultaba una garantía para poner en pleno funcionamiento la nueva Constitución Plurinacional y emitir las correspondientes e imprescindibles leyes complementarias. Sin lugar a dudas, para Bolivia una era nueva comenzaba.

En Ecuador, el jefe del ejército general Guillermo Rodríguez Lara, llevó a cabo un golpe de Estado el 15 de febrero de 1972. Pronto dicho militar anunció un plan quinquenal de gobierno que abarcaría los sectores de agricultura, vivienda e industria. Acorde con esta concepción, en poco tiempo comenzaron a venderse al extranjero los crudos de los recién descubiertos yacimientos petrolíferos del oriente amazónico, propiedad de las trasnacionales, cuyo flujo convirtió al Ecuador en el segundo exportador de ese rubro en América Latina. Aunque dichos ingresos fiscales engrosaron las arcas del Estado e impulsaron el crecimiento económico hasta un seis por ciento anual, los beneficios fueron mal distribuidos pues en el país se ensanchó la brecha entre ricos y pobres. No obstante, el militar-presidente defendió la soberanía ecuatoriana sobre los recursos naturales al imponerles un efectivo control estatal. Luego ingresó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o cartel internacional que empezó a incidir de manera positiva en lo concerniente al mercado mundial del oro negro. Pero la gigantesca inflación y crecientes desigualdades sociales cambiaron la correlación de fuerzas al interior del ejército, por lo que tuvo lugar la sustitución de Rodríguez Lara por una Junta Militar, que en 1979 celebró un referéndum para otra Constitución y convocó a elecciones generales.

Los nuevos comicios fueron ganados por la alianza llamada “la fuerza del cambio”, estructurada por la Concentración de Fuerzas Populares junto a la reformista Democracia Popular, cuyos candidatos eran el progresista Jaime Roldós Aguilera con Osvaldo Hurtado como vicepresidente. Pero al año el novel presidente murió en un enrevesado accidente de aviación nunca investigado. En esos momentos se producía un ascenso de la combatividad indígena en Ecuador, que había comenzado una década antes, cuando las masas rurales de la provincia de Chimborazo impulsaran las luchas contra los terratenientes cuasi-feudales o huasipungueros. Esta fuerza de trabajo semiservil campesina entonces se había organizado en la Confederación de Pueblos Kichwa (quechua) del Ecuador, cuyo ejemplo con rapidez se generalizó por toda la república. Después los demás aborígenes también se agruparon, y en 1980 todos se estructuraron en el Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades del Ecuador. Y a los seis años esta se convirtió en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sin filiación partidista alguna. La CONAIE abarcaba aproximadamente un tercio de los habitantes del país y estaba compuesta por instancias parroquiales y provinciales. Luego ellas se unían según su procedencia, dada la existencia de tres grandes regiones: la de la Amazonia, donde además había muchos pobladores de las etnias shuar y ashuar; la Sierra, en la que predominaban los quechuas; y la Costa, en la cual surgió la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Negros, pues contaba con muchos adeptos de lejano origen africano, quienes eran numerosos por esa zona y sobre todo en Esmeralda. La apolítica Confederación de Pobladores Originarios se declaró independiente de cualquier gobierno de turno, sobre los cuales deseaba ejercer el máximo de presión para que aceptaran la educación bilingüe y laica, una reforma agraria con tenencia comunitaria de las tierras, adecuada atención médica, respeto a los ancestrales derechos de los indígenas sobre su territorio, derogación de la odiada Ley de Colonización Amazónica.

En mayo de 1984, nuevas elecciones colocaron en la presidencia de la república al conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano (PSC); era un rico empresario que fungía como caudillo de la vieja oligarquía exportadora guayaquileña y de los emergentes sectores financiero y agroindustrial. A su vez, el PSC estaba en algún tipo de entendimiento con la Democracia Cristiana y con la Socialdemocracia, mediante el llamado Frente de Reconstrucción Nacional. Pero ciertos grupos de oficiales no veían con agrado al gobierno, por lo que promovieron diversas rebeliones fracasadas. Incluso, en alguna el mandatario estuvo apresado por unas horas. En el siguiente cuatrienio electivo, la llamada Izquierda Democrática —y su presidente Rodrigo Borja— debieron enfrentar el agravamiento de una crisis, provocada por las secuelas de una década de crecimiento económico casi nulo. Pero el inmovilismo se agudizó al no cumplir el gobierno sus promesas de realizar grandes cambios socioeconómicos. Al contrario, durante su gestión la deuda externa se agigantó y subió el costo de la vida, lo que revitalizó a la oposición y avivó las protestas de trabajadores e indígenas. Estos realizaron un levantamiento en 1990, que se intentó aplacar con el repartimiento de tierras en la Amazonía, lo cual contrastaba con la parálisis de la reforma agraria en la Sierra y en la Costa.

El descontento generalizado con la Izquierda Democrática, auspició el triunfo electoral en 1992 de la derecha; esta, a pesar de encontrarse dividida se impuso con el pro-estadounidense Sixto Durán Ballén y su conservador Partido de Unidad Republicana. Durante su campaña, este individuo hizo suyas las propuestas neoliberales formuladas por Milton Freeman y sus colegas de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Una vez en el gobierno, Durán anunció que modernizaría el Estado por medio de su reducción, para así realizar un ajuste fiscal que eliminase los subsidios y elevase los precios a niveles internacionales. Claro, sin aumentar los salarios. Después cesanteó a miles de empleados públicos y privatizó empresas estatales, con el consiguiente despido masivo de trabajadores —denominados “supernumerarios”— lo que generó múltiples huelgas y manifestaciones. A la vez la corrupción alcanzó tal magnitud, que el propio vicepresidente de la República fue enjuiciado, depuesto y desterrado.

En las elecciones de 1996 ganó el caudillo populista Abdalá Bucaram Ortiz, quien había sido alcalde de Guayaquil y allí reprimiera con brutalidad al movimiento estudiantil. En contraste, El loco —como se apodaba al mandatario— de manera sistemática desbarraba contra la oligarquía y con rigor hacía cobrar puntualmente los impuestos a los burgueses, lo cual rellenaba las arcas del fisco. Pero desde un inicio su informal y arbitrario estilo de gobierno agudizó los conflictos regionales y lo hizo topar con empresarios, sindicatos, pequeños propietarios e indígenas, a la vez que recortaba las subvenciones estatales al gas, la electricidad, los teléfonos y la gasolina, cuyos precios se dispararon en ascenso.

En ese contexto se celebró una asamblea general de la CONAIE, que impulsó la creación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, con el propósito de que participara en los asuntos políticos ecuatorianos y ayudara desde el Parlamento a luchar contra la oligarquía capitalista neoliberal. Se dio así un considerable respaldo al esfuerzo popular en derribar a Bucaram, acusado desde el poder legislativo de “incapacidad mental” y suspendido de sus funciones en febrero de 1997. En ese momento las marchas de la CONAIE-Pachakutik aumentaron sus exigencias para convocar a otra Constituyente en un país convulsionado y casi sin gobierno, hasta que en mayo un referéndum aprobó la destitución definitiva del semidepuesto y errático mandatario. Entonces una Asamblea Nacional se dedicó a elaborar otra Constitución, cuyo texto final fue muy ambivalente; de una parte promovía que se privatizaran las empresas estatales subsistentes y reducía la representación popular en los órganos legislativos. Pero de la otra, ampliaba la ciudadanía a todos los ecuatorianos, reconocía la diversidad étnica del país y aceptaba derechos específicos para los aborígenes.

La Constitución de 1998 fue aprobada el mismo día que Jamil Mahuad ocupó la presidencia del Ecuador, desde cuyo cargo privatizó empresas públicas, decretó mayores alzas de precios y sustituyó al sucre —como dinero oficial— por el dólar, lo cual exasperó a las enardecidas masas. Entonces estas multiplicaron sus movilizaciones y levantamientos hasta poner sitio al Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, tras lo que se depuso al incapaz Presidente.

En 2002, Lucio Gutiérrez con su llamada Sociedad Patriótica ganó abrumadoramente las elecciones generales; había ilusionado al pueblo, con la imagen de ser un émulo ecuatoriano del popularísimo Hugo Chávez. Sin embargo, el oportunista e improvisado político local, con el paso del tiempo demostró su oculta tendencia pro-estadounidense; apoyó al imperialista Plan Colombia, que autorizaba al ejército norteamericano a establecer una base militar en Manta. Al constatar los ecuatorianos la burla de que eran objeto, se alteró su sentimiento hacia el voluble mandatario. Por ello, desde principios de 2005 comenzaron multitudinarias movilizaciones en Guayaquil y Quito, en demanda de su destitución. En la capital, mientras los manifestantes voceaban frente al Congreso Nacional el grito de “que se vayan todos” (los políticos), al interior del Palacio Legislativo la opositora Izquierda Democrática y los diputados de Pachakutik, así como los socialcristianos, maniobraban para enjuiciar al Presidente. Hasta que el 20 de abril se depuso a Gutiérrez, sustituido en el cargo por Alfredo Palacio. Aunque el ascendido vicepresidente no tenía filiación política, reconocía que resultaba imprescindible refundar el país; un 80 por ciento de la población vivía en la pobreza, se desconfiaba de las instituciones tradicionales, se rechazaban las negociaciones del derrocado mandatario para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, y se exigía el cierre de la base norteamericana en Manta. El pueblo también pedía otra Constituyente.

En ese convulso panorama, Rafael Correa —joven ministro de economía del novísimo gobierno—, fundador del Movimiento Alianza País (apocopación de Patria Altiva y Soberana), anunció sus propósitos presidenciales para los comicios de octubre de 2006. A ellos concurrieron trece candidatos, entre los cuales descollaba el riquísimo magnate bananero (poseedor de más de mil millones de dólares) Álvaro Noboa, con su Partido Renovador Institucional. En sus discursos y polémicas sobre las elecciones, este viejo político defendía la privatización de las restantes empresas públicas y el desmontaje de las leyes laborales. Mientras, el joven y carismático aspirante de Alianza País proponía una Revolución Ciudadana, inspirada en Bolívar y Eloy Alfaro, que pretendía tomar rumbo hacia un socialismo del siglo xxi. Esta favorecería a los pobres y a las clases más necesitadas, a la vez que prometía poner coto a la riqueza ilimitada; recogía las demandas populares de privilegiar la esfera social, con énfasis en la educación y la salud. Pero en la primera ronda nadie obtuvo la mitad más uno de los votos, por lo cual se anunció una segunda vuelta para el 26 de noviembre. Entonces, ante la perspectiva de un posible triunfo de Noboa, el movimiento Pachakutik, el Popular Democrático, el Partido Socialista e Izquierda Democrática apoyaron a Correa. Este prometía convocar a una Constituyente, exigía la evacuación de la base norteamericana en Manta, se oponía a la añeja plutocracia partidista, promovía una mayor intervención del Estado en la economía, ofrecía renegociar los contratos petroleros con las transnacionales y cesar las relaciones con el FMI, limitaría el pago de la deuda externa, incentivaría con créditos las micro o pequeñas y hasta medianas empresas, entregaría títulos de propiedad a los campesinos que no los tuvieran, eliminaría las grandes extensiones de tierras abandonadas y sin cultivar o mal aprovechadas, combatiría la corrupción por medio de grandes cambios en la policía —con el empleo de gente nueva y joven—, e impulsaría la integración latinoamericana en una sola patria multinacional. Con ese programa Rafael Correa triunfó en las elecciones con más del 13 por ciento de ventaja, y ocupó el 15 de enero de 2007 la primera magistratura de la República. Al día siguiente acordó con Hugo Chávez un trascendental y estratégico entendimiento entre PDVSA y Petro-Ecuador, en cuya ceremonia de rúbrica el nuevo presidente sentenció: “América Latina no vive una época de cambios, sino un cambio de época”.

A los tres meses, un referéndum popular sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue aprobado por 81,7 por ciento de los votantes. Medio año después, en los comicios para escoger a los integrantes de esta, la Alianza País obtuvo 61,4 por ciento de las boletas válidas emitidas. Después, el gobierno impulsó las inversiones en industrias estratégicas como hidroeléctricas o refinerías de petróleo y en la reconstrucción vial. Pronto, el gasto en actividades sociales superó —por primera vez— el pago de los adeudos foráneos, mientras se incentivaba el fomento de la producción nacional con el propósito de alcanzar la soberanía alimentaria. Asimismo se aprobó la Ley de Extinción de Dominios, que permitía la estatización dentro del país de cualquier propiedad mal habida; impulsó la construcción de viviendas populares; entregó el Bono del Desarrollo a las familias de bajos ingresos; aprobó programas contra la desnutrición infantil y la mendicidad de niños; elevó el sueldo mínimo; renegoció con éxito un tercio de la deuda externa; incrementó los impuestos a las compañías petroleras extranjeras.

Una vez aprobada la nueva Constitución —que facilitaba el surgimiento de un Estado plurinacional, aunque unitario— Correa se presentó a otras elecciones presidenciales. En ellas, el 26 de abril de 2009 triunfó con 51,94 por ciento de los votos; en un distante segundo lugar quedó el expresidente Lucio Gutiérrez con 28,24 por ciento, seguido de Álvaro Noboa con menos del ocho por ciento. Con ese respaldo popular, el 24 de junio de 2009 el reelecto presidente dispuso el ingreso oficial de Ecuador al ALBA. Después restringió la importación de 627 artículos con el objetivo de favorecer las producciones nacionales; anunció que las reservas en dólares alcanzaban los dos mil quinientos millones; informó que se habían adquirido 24 aviones de combate brasileños Supertucanos, para disminuir las compras militares a los Estados Unidos; comunicó la transformación del importante puerto de Manta —luego de ser evacuado por las fuerzas armadas estadounidenses— en terminal de un corredor bioceánico que se iniciaba en el Amazonas, gracias a un financiamiento de Brasil. Algo más tarde, el Presidente planteó a los ecuatorianos la necesidad de constituir los Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana (CDRC), con el objetivo de proteger o impulsar el proceso de cambios iniciado en el país; dicha organización en los barrios colaboraría en tareas como culminar la alfabetización —iniciada hacía dos años, en español, quechua u otros idiomas—, y se opondría a demagogos o extremistas. El surgimiento de los CDRC resultaba necesario, porque en esos momentos grupos minoritarios en la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores, creaban dificultades al gobierno con planteamientos oportunistas o desacertados e imposibles de cumplir. También entonces algunos seudo-cabecillas de ciertas comunidades indígenas —incorporadas a la CONAIE— practicaban la violencia en reclamaciones mal orientadas; ocurrió así en la provincia Morona Santiago, donde 40 policías desarmados fueron heridos con disparos de escopetas por quienes protestaban, acción en la cual además resultó muerto de un perdigonazo en la cabeza un indígena shuar, profesor bilingüe de la comunidad Sagrado Corazón. Este conflicto comenzó tras la publicación —a finales de septiembre de 2009— de una ley de recursos hidráulicos, discutida ampliamente con todos los sectores sociales del país, incluyendo pobladores y dirigentes originarios. A pesar de ello, algunos quisieron creer las malintencionadas informaciones de ciertos medios de prensa, los cuales falsamente adujeron que la referida ley de aguas promovería la privatización del vital líquido. Después de esclarecer estos hechos en prolongado diálogo —transmitido en vivo por radio y televisión— con la dirigencia de la CONAIE, el presidente Correa emitió un decreto que anunciaba un plan para eliminar la discriminación racial y exclusión étnica o cultural de cualquier ámbito del gobierno y el Estado. Al mismo tiempo se dispuso que los hitos históricos de aborígenes, negros y mestizos fuesen incluidos oficialmente entre los acontecimientos y festividades del Ecuador, en el proceso de construir un Estado plurinacional. Después se entregaron 130 000 hectáreas de tierras baldías o estatales a las comunidades originarias. Más tarde el propio mandatario dejó saber que visitaría Rusia, el principal comprador del banano ecuatoriano; además —dijo— que ambos países estaban muy interesados en estrechar lazos de amistad y de cooperación bilaterales en esferas como la minería, petróleo, infraestructura y defensa. Y enseguida tomó rumbo a Cochabamba con el propósito de participar en la VII Cumbre del ALBA, donde públicamente expresó que luego de seis horas de conversación en Cuba con Fidel Castro, este le había aconsejado “No intentar hacer más allá de lo posible”.

En la intensa puja por el poder que se desarrollaba en Ecuador una acción desesperada tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010. Ese día sectores de las fuerzas policiales y armadas auspiciados por Lucio Gutiérrez y su partido político —junto con el MPD y dirigentes vinculados al movimiento indígena— protagonizaron un intento de golpe de Estado; cuando Correa visitaba una instalación estatal, una parte de dichos elementos contra su voluntad allí lo enclaustraron, mientras otros ocupaban aeropuertos y algunas instalaciones estratégicas, sin que el cuerpo de Inteligencia del ejército hubiese alertado al mandatario de lo que se gestaba. Horas después, el Presidente fue liberado mediante una audaz operación de tropas especiales. Estas recibieron un amplio respaldo de los sectores populares, quienes también apoyaron la depuración de las instancias militares involucradas. Luego, con el apoyo de la tendencia progresista, Correa convocó a un nuevo referendo —7 de mayo de 2011— para transformar el conservador, ineficiente y corrupto sistema judicial; se trataba de impedir la caducidad de la prisión preventiva, prohibir que las instituciones financieras y de comunicación privadas —así como sus directores y principales accionistas— tuvieran cualquier participación fuera de sus respectivos ámbitos, frenar el enriquecimiento ilícito; implantar el seguro social estatal obligatorio; establecer la responsabilidad por el inadecuado uso de los medios de comunicación. Pronto el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo del Sí por amplia mayoría, con lo cual se empezó a hacer realidad la posibilidad de incrementar la seguridad ciudadana, y a la vez terminar con la impunidad de los elementos más poderosos y negativos en la sociedad.

El año 2013 comenzó en un ambiente electoral, pues el 17 de febrero se celebraban comicios generales donde el principal objetivo no era tanto la reelección —casi segura— de Correa, como los resultados para el Parlamento; se requería de una mayoría suficiente en ese ámbito, para aprobar algunas legislaciones que habían permanecido estancadas durante cuatro años, debido al boicot de las bancadas opositoras. Esas eran leyes trascendentes como las de tierras, uso del agua, código penal —para garantizar la seguridad ciudadana—, así como las referentes a los medios de comunicación y a la cultura. Por eso, de dicho triunfo en las urnas dependía la posible radicalización de la Revolución Ciudadana rumbo al socialismo del siglo xxi.

En Nicaragua, tras la derrota electoral del sandinismo, gobernó durante dieciséis años una alianza neoliberal. Hasta que en 2006, la coalición encabezada por el FSLN —que incluso acogía a excontras—, triunfó en los comicios generales. Durante los tres lustros pasados, el analfabetismo se había triplicado, gran parte de la población estaba sumida en la pobreza y se generalizó la insalubridad, mientras una ínfima minoría se enriquecía sin cesar. Con el retorno del sandinismo al poder se trazaron novedosos planes sociales, se hicieron completamente públicos los nuevos sistemas educativo y de salud, a la vez que se consolidaba el seguro social antes semiprivatizado. También se creó el Banco de Fomento para financiar en campos y ciudades la producción de los pequeños y medianos empresarios. Se aseguraron el desayuno y mochila escolar para la mitad de los niños que estudiaban. Se avanzó mucho en la electrificación rural debido a los programas conjuntos del ALBA; con la ayuda de Venezuela se construyó un enorme complejo petrolero, que aspiraba a suministrar sus producciones a toda América Central. De igual forma se adelantó el programa de viviendas “Una casa mejor”, pues el gobierno brindaba materiales de construcción a las familias pobres a la vez que disminuía el índice de mortalidad infantil. Y el 19 de julio de 2009, en la gigantesca celebración del trigésimo aniversario del triunfo de la rebelión antisomocista, el país se declaró territorio libre de analfabetismo e inició la tarea de llevar a toda la población hasta el sexto grado. Simultáneamente, por toda la república se entregaron miles de títulos de propiedad a nuevos dueños en campos y ciudades. A la par se desarrollaron programas de microcréditos y otros como Hambre Cero y Seguridad Alimentaria. Ello era un anticipo del nuevo futuro socialista, cristiano y solidario anunciado por el presidente Ortega, quien fue reelecto en 2012.

En Latinoamérica las victorias electorales de diversos movimientos populares —enemigos de las concepciones neoliberales— originaron una corriente de simpatía hacia lo que de forma genérica se ha denominado “socialismo del siglo xxi”, así llamado para diferenciarlo de la fallida experiencia soviética, estatista, burocrática y monopartidista. Estos nuevos gobiernos rechazaban el predominio del mercado y la lógica monopolista de maximizar las ganancias al formular las políticas públicas, lo que había incrementado las quiebras y desaparecido los ahorros de pequeños y medianos empresarios, a la vez que multiplicaba el desempleo en campos y ciudades. Los regímenes neoliberales habían desregulado la economía para incentivar la especulación por encima de las actividades productivas, promovido el librecambio, privatizado empresas públicas —por debajo de su valor real—, desnacionalizado las riquezas naturales, y aplicado medidas deflacionarias en lugar de reactivar la economía por medio de gastos gubernamentales. Esta incisiva crítica al neoliberalismo atraía a las antioligárquicas clases populares. A la vez, el nuevo socialismo pretendía tranquilizar a la clase media, que respaldaba la permanencia de los productores privados medianos, así como los mecanismos electorales multipartidistas de la llamada democracia representativa. Las concepciones políticas del “socialismo del siglo xxi” también se oponían a las prácticas belicistas de los Estados Unidos, recuperaban el patriótico legado histórico latinoamericano, reivindicaban los valores culturales indígenas, e incorporaban las precedentes prácticas de colaboración social del nacionalismo populista. Parecería que se retomaban las proyecciones de los frentes populares —concebidas otrora por los comunistas—, para aliarse con los sectores progresistas de la burguesía y enrumbarse hacia una sociedad mejor. Pero ahora esa compleja política estaba dirigida por los sectores más revolucionarios, deseosos de conducir de manera paulatina e ininterrumpida dichos procesos transformadores —mediante sucesivas rupturas parciales con el sistema imperante— hacia el socialismo del siglo xxi.

Los propugnadores de esta novedosa concepción, conformaron partidos de masas que rivalizaron con éxito en las sistemáticas elecciones pluripartidistas, o en las convocatorias a referéndums para asegurar trascendentes cambios constitucionales. Al mismo tiempo, fomentaron en los barrios —y a veces en algunas fábricas— el autogobierno local mediante consejos comunales no partidistas, para eludir la tradicional burocracia, ineficiente, hostil y corrupta. Luego financiaron gran cantidad de programas destinados a elevar el nivel de vida de la población más humilde: obreros, trabajadores autónomos, pobres y desempleados, madres solteras, campesinos. Dicha práctica incluía una vasta atención médica —realizada con frecuencia por cubanos— y el acceso a la educación hasta la universidad, ambas con carácter universal y gratuito. Aunque se expropiaron empresas claves sobre la base de consideraciones políticas o pragmáticas —como las engendradas por conflictos obrero-patronales o en busca de una seguridad alimentaria—, estos regímenes han mantenido una economía mixta, con un sector privado que sigue siendo importante en bancos, agricultura, tiendas y comercio exterior. Sin embargo, no es inusual que el Estado posea el sector de exportación más lucrativo y la principal fuente de ingresos en divisas, o que la propiedad pública se haya incrementado. Hay un creciente número de nuevas empresas estatales, establecidas en conjunto con compañías de China, Rusia, Irán y la Unión Europea, en contraste con el papel disminuido de algunas transnacionales de los Estados Unidos.

En síntesis, la política de los proclives al socialismo del siglo xxi, por lo general enfrenta a los elementos más retardatarios o derechistas de la sociedad, mediante una alianza social o electoral interclasista de aquellos deseosos de empujar en sentido del progreso. De tal forma, quienes se han enrumbado en dicho camino han multiplicado los gastos sociales —escuelas, policlínicas, carreteras, viviendas, agua, electricidad— y elevado los salarios mínimos, han promovido las libertades individuales y la de los movimientos sociales así como la de los procesos electorales, con enorme tolerancia en los debates públicos durante las elecciones competitivas entre los partidos políticos. Esto, sin desmedro de haber representado un muro de contención al intervencionismo de los Estados Unidos, además de haber establecido el control sobre los recursos nacionales y enaltecido la soberanía de las repúblicas, a la vez que impulsaban al máximo la integración latinoamericana.

En Cuba, desde que asumiera la presidencia de la República, el general Raúl Castro hizo evidente la necesidad de actualizar el modelo económico del país; tenía el objetivo de superar por completo las secuelas de la desaparición del campo socialista europeo. En el año 2011, al celebrarse el VI Congreso del gubernamental Partido Comunista, el salario promedio real en las empresas e instituciones estatales solo representaba 26 por ciento del devengado dos décadas atrás (ver nota 2). En esos veinte años, la apertura al turismo y a la inversión extranjera, las remesas y otras medidas de reforma habían contribuido a que la Isla se reinsertara en el mercado internacional, y a la vez detenido la abrupta caída de su actividad económica nacional. Pero ni esos cambios ni los acuerdos con Venezuela desde el año 2004, habían logrado reponer la pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales. Por eso en el cónclave partidista —previa consulta con la población—, se decidió impulsar un programa de mayor eficiencia del gasto fiscal, que incluía disminuir y reorganizar las estructuras y funciones del Estado, del gobierno y del Partido. Esto daba continuidad a las transformaciones iniciadas por Fidel Castro a principios de los años noventa del siglo xx, y las enriquecía con medidas nuevas como: la entrega de tierras ociosas en usufructo a productores individuales y colectivos; una mayor apertura al trabajo por cuenta propia y a la microempresa; la expansión de las cooperativas —dentro y fuera de la agricultura—, con la creación incluso de las de segundo grado, dedicadas a proveer servicios y a las actividades de comercialización. Así, quizá el sector no estatal llegaría a engendrar hasta las dos quintas partes del PIB cubano. Además, se otorgaría autonomía a las empresas estatales y se suprimirían los subsidios a las que funcionaran con pérdidas; se transformaría el sistema de gestión de la economía; se crearía la Contraloría General de la República para supervisar los gastos estatales y se lucharía contra la corrupción. También se eliminarían prohibiciones en el mercado interno; se concedería mayor poder a las electas asambleas provinciales y municipales, así como a los gobiernos emanados de ellas.

En cumplimiento de los acuerdos del referido congreso, en el año 2012 se limitó a dos quinquenios el período para ejercer los cargos gubernamentales y partidistas; se estableció la posibilidad de que trabajadores privados —o por cuenta propia— arrendaran locales estatales, fuesen restaurantes y cafeterías o barberías y peluquerías u otros. Este sector emergente, a mitad de año agrupaba a medio millón de personas, a los cuales se les impartían cursos de administración, contaduría y mercadotecnia para que sus negocios funcionaran con eficiencia. Luego se estableció una nueva Ley Tributaria con impuestos sobre la renta y las ventas o los servicios, así como por la contratación de fuerza laboral con su correspondiente —y obligatoria— seguridad social. Después se amplió hasta 67 hectáreas la cantidad de tierras estatales ociosas susceptibles de entregarse en usufructo a campesinos privados, con derecho a construir en dichas fincas sus viviendas familiares. De esa forma se repartió un millón y medio de hectáreas a ciento setenta mil beneficiados. A finales de año se emitieron nuevas regulaciones migratorias, que suprimieron restricciones y simplificaron los trámites para los cubanos, a la vez que para estos se autorizó la compra-venta de viviendas y autos en el país. En cambio, a empresas extranjeras se les permitió invertir —además de la minería, telecomunicaciones y otras actividades seleccionadas— en la industria azucarera, lo cual fue acometido por compañías de Brasil e Inglaterra. Asimismo, en este sector varias entidades foráneas invirtieron en la generación de electricidad a partir del bagazo de la caña de azúcar y de la leña de marabú, arbusto abundante en los campos de la Isla. También, como otra forma de gestión no estatal empezó la conformación de cooperativas en sectores como el transporte, la gastronomía, la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de materias primas, la producción de materiales y los servicios de la construcción. Al finalizar 2012, el gobierno cubano anunció que en el año trece del siglo xxi se acometerían nuevas transformaciones revolucionarias, mediante cambios trascendentes en esta caribeña República Socialista. Al mismo tiempo, y tal vez como reconocimiento latinoamericano a la perseverante política integracionista de la Revolución, la CELAC designó a Cuba para que ocupase la presidencia pro-tempore de dicho bloque en el mes de enero de 2013.

Notas

¹ Honduras, incorporada al ALBA por el presidente de la república Manuel Zelaya, sufrió en junio de 2009 un reaccionario golpe de Estado —apoyado por el Congreso—, que expulsó del país al mandatario constitucional y anuló su incorporación a la novedosa y justa alianza integradora bolivariana.

2 Información tomada del prólogo (p. 1) de Omar Everleny Pérez, Miradas a la economía cubana, el proceso de actualización, de Omar Everleny y Pavel Vidal Alejandro y otros autores, Editorial Caminos, La Habana, 2012. El prólogo se inicia de esta manera: “Desde que en el año 2007, Raúl Castro pronunciara sus primeros discursos como presidente interino era posible apreciar sus ansias de modificar una economía, que transcurridos casi 20 años, no había podido superar completamente las secuelas de la desaparición del campo socialista. La más traumática de todas: un salario promedio real en las empresas e instituciones estatales que se estima, aún en 2011, en un 26 por ciento del valor de 1989”.

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Datos del Autor

Alberto Prieto: Doctor en Ciencias (de nivel superior) (1989); Doctor en Ciencias Históricas (1983); Profesor Titular (1983); Profesor Consultante (2000); Profesor de Mérito (2012); presidente de las Cátedras: Benito Juárez (México, 1992) y Manuel Galich (Guatemala, 2009) de la Universidad de La Habana. Asimismo es presidente del Tribunal Permanente Nacional de Ciencias Políticas y miembro de Honor del de Historia. Es miembro de número de la Academia de la Historia de la República de Cuba (2010). Es miembro de la ADHILAC y de la UNEAC.

Ha brindado conferencias y cursos en: Alemania (Universidad de Leipzig, 1991); Nicaragua (UNAN, 1983, 1986, 1987); México (Universidad San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 1993) y UNAM (2001, 2006); Estados Unidos (Universidad de Chicago, 1994) y (Universidad de Notre Dame, 1995, 1997, 1998); Francia (Universidad de París IV-La Sorbona, 2002).

Fue jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana de 1995 a 1998, y en diversas oportunidades ha sido electo miembro del Consejo Científico de la Facultad de Humanidades y de la Universidad, en el cual fungió como Secretario de su Comisión de Ciencias Sociales. Cogestó en 1992 y luego dirigió el grupo de Investigaciones Interdisciplinarias para América Latina, el Caribe y Cuba (GIPALC), que en 1995 estableció un proyecto conjunto con el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) financiado durante cuatro años por las fundaciones McArthur y Ford.

Durante doce años, a partir de 1994, fue director de Ciencias Sociales y Humanísticas (que preside la actividad de once ramas del saber y sus respectivos Tribunales) en la Comisión de Grados Científicos de la República de Cuba.

Por su desempeño en la Educación Superior ha recibido las siguientes condecoraciones: Por la Educación Cubana, Rafael María de Mendive, José Tey. El Consejo de Estado le ha otorgado las órdenes Frank País —por su ejemplar actividad docente— y Carlos J. Finlay —por su destacado trabajo como investigador—. En Francia recibió la medalla conmemorativa Aniversario de la Fundación de La Sorbona (París IV). En la Universidad de La Habana le fue otorgada la medalla 280 Aniversario de su fundación.