El autor afronta en Algunos abuelos de la democracia, el decidido propósito de buscar la verdad en relación con las biografías de algunos ascendientes de políticos de hoy. Verdad entendida en el doble sentido de: la veritas romana, sinceridad, lo que se dice coincide con la realidad, y la aletheia griega, es decir, lo que estando oculto se hace evidente, se manifiesta. En unos casos, para deshacer las falsedades engendradas sobre algunos de los biografiados; en otros, para desmitificar las ideas vertidas por algunos de los descendientes, desvelar determinados hechos pasados por alto o poner en claro lo que han tergiversado; en otros, finalmente, para dar a conocer la personalidad de algún abuelo, digna de ser conocida, sobre la que sus descendientes han pasado de puntillas. De ahí que las fuentes utilizadas hayan sido, casi exclusivamente, archivísticas, y la escasa bibliografía manejada haya tenido como finalidad enmarcar determinados acontecimientos o actitudes.

Alfonso García López

Algunos abuelos de la democracia

Zapatero - Rajoy - Sánchez - Iglesias - Rivera

ePub r1.0

Titivillus 07.06.2022

Título original: Algunos abuelos de la democracia

Alfonso García López, 2019

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan.

CONFUCIO

Hay millones de facetas de la verdad, pero una sola verdad.

HERMANN HESSE

A quienes sufrieron los horrores de la

guerra civil de 1936 y sus consecuencias.

Si sus protagonistas se reconciliaron,

¿por qué no es posible la reconciliación

entre sus descendientes?

Prólogo

Un abuelo que sabe de abuelos

José Luis Gómez

El abuelo y la abuela —los abuelos— suelen estar asociados a las mejores risas, las historias maravillosas, los buenos cuidados y el amor más entrañable. El tiempo suele jugar a su favor para la mitificación, pero no por ello deja de ser cierto que entre sus arrugas anida justo lo que tantas veces necesitamos, al convertirse en un buen paisaje para meterse dentro. Por eso los abuelos, en general, tienen tan buena prensa.

Un escenario tan emotivo como el de los abuelos en un país como España, a menudo forjado entre sus propias guerras y las batallas de los abuelos, dio pie a que los mayores prolongasen su protagonismo mucho más allá de sus propias vidas, por largas que estas fuesen. Sin pretenderlo, los abuelos se incorporaron a un imaginario colectivo donde unas veces prevaleció la verdad; otras, la emoción, e incluso hubo margen para la distorsión.

Hubiera sido sorprendente que la política —atenta a todo lo que se mueve— no reparase en los abuelos, a veces para rendirles homenaje, pero también para practicar artes menos nobles. Y no solo eso: algunos políticos vieron en sus abuelos a unos buenos compañeros de viaje, del mismo modo que sus adversarios no tuvieron empacho al utilizarlos como armas arrojadizas.

Este estado de cosas explica que los abuelos sigan danzando en la política española, y no siempre para bien. En parte, por la falta de rigor, rasgo por lo demás característico de muchas actividades partidarias; máxime cuando se trata de mítines o declaraciones preconcebidas para provocar o conseguir un puñado de votos en la recta final de una campaña.

Se han dicho cosas de algunos abuelos de políticos conocidos que son verdad y otras, mentira. Por desgracia, es lo habitual en la manera de hacer política en España, y los abuelos no iban a ser una excepción. Incluso la frivolidad se abrió paso sin que casi nadie reparase en poner límites y aplicar un mínimo de respeto. La banalización de la política —y de su lenguaje— tiene daños colaterales evidentes.

Alfonso García es notario y es abuelo. Fue un notario de buena posición —jubilado en 2012— y es un abuelo feliz. También es un gran observador político, sorprendido por la falta de rigor. Digamos que es de las personas que se toman las cosas en serio; más incluso que los supuestos interesados en hacer lo propio. Algo de esto le pasa en este libro titulado «Algunos abuelos de la democracia», en el que maneja el bisturí donde otros hundieron la navaja.

Tiene ya cierta experiencia como columnista, tanto en Mundiario como en El Correo Gallego, entre otros medios, y es autor de diez monografías sobre temas diversos, entre las que destaca «Entre el odio y la venganza. El Comité Internacional de Cruz Roja en la guerra civil española», fruto de una minuciosa investigación histórica. Ahora detiene su mirada en los abuelos Rodríguez Lozano (de Rodríguez Zapatero), Rajoy Leloup (de Rajoy Brey), Iglesias Ramírez (de Iglesias Turrión), Pérez-Castejón Díez (de Sánchez Pérez-Castejón) y Rivera Ortega (de Rivera Díaz).

Partió de que los abuelos desempeñan en la sociedad un papel poco reconocido, no solo afectivamente, sino también como transmisores de costumbres e historia y como mediadores en los conflictos familiares —así reivindica este autor el papel de los abuelos—, pero más allá de ese principio general se aplicó a fondo para entrar en los detalles de algunos antecesores de políticos de hoy.

Como constata el autor, no han sido pocos los políticos actuales que han sacado a relucir las trayectorias de sus antecesores, sobre todo en cuanto a «sufrimiento e injusticias», para justificar algunas de sus actitudes o para defenderse de ciertas acusaciones.

Para Alfonso García, ante la verdad, buscada honradamente, con rigor y rectitud, no hay ni amigos ni enemigos, ni afines ni adversarios: solo la verdad. Se inspira en Antonio Machado, que lo dijo de esta forma, tan clara como sencilla: «¿Tu verdad? No, la verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela».

En su libro el lector encontrará casos analizados a fondo y descubrirá que el autor no hace aflorar la verdad en función de su posición ideológica, que la tiene, sino de las pruebas que obran en su poder. Probablemente su análisis no se detenga en los abuelos de Zapatero, Rajoy, Iglesias, Sánchez y Rivera. Tal vez su serial solo acaba de empezar. Por algo es un abuelo que sabe de abuelos…

La verdad

Son muchos los desencuentros que se producen cuando se habla de una verdad concreta —la verdad en el sentido de coincidencia entre una afirmación y los hechos—, pues cada interlocutor tiene una visión personal y, por lo tanto, «su verdad», su opinión o verdad relativa, y no «la verdad». Generalmente discutimos sobre apreciaciones subjetivas, no sobre la verdad, que es indiscutible.

La verdad, en cualquier ámbito, hay que buscarla, aunque la tarea no siempre sea fácil y, con frecuencia, eludamos su búsqueda, lo hagamos por caminos equivocados o, conscientemente, nos adentremos por vericuetos tortuosos.

Principios básicos para la búsqueda de la verdad son la rectitud y el rigor, entendido en el sentido de propiedad y precisión. Charles Caleb Colton animaba a la búsqueda de la verdad, sobre estas premisas:

«El mayor amigo de la verdad es el tiempo; su más encarnizado enemigo, el prejuicio y su constante compañero, la humildad».

Permítanme que exponga unas reflexiones sobre ese proceso de encuentro con la verdad, que puede durar toda una vida. Su definición etimológica es muy clara y ayuda en el proceso de búsqueda: lo que no está oculto, lo que se manifiesta tal y como es en su ser:

La verdad es lo que es

y sigue siendo verdad

aunque se piense al revés[1].

La verdad no es mí, tú o su verdad, porque no es patrimonio de nadie; es un absoluto, que tiene vigencia incluso para quienes piensan al revés y rechazan admitirla. Hermann Hesse admitía la existencia de «millones de facetas de la verdad, pero, decía, solo hay una verdad». Nuestro Antonio Machado[2] lo dijo en verso con su sencillo lenguaje:

¿Tu verdad? No, la verdad,

y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guárdatela.

La verdad nunca es una ofensa, aunque pueda molestar o herir, como dice Pármeno en La Celestina:

Mal me quieren mis comadres

porque digo las verdades.

La verdad no puede alterarse; eso sí, podemos olvidarla, despreciarla, ocultarla y tergiversarla hasta prostituirla, por conveniencia propia o con el propósito de perjudicar a un tercero.

La verdad debe mostrarse, aunque en ocasiones exija coraje y decisión e, incluso, dudemos sobre la conveniencia o la oportunidad de exponerla. Francisco de Quevedo lo dijo con su ácido lenguaje:

Pues amarga es la verdad,

quiero echarla de la boca;

y si al alma su hiel toca,

esconderla es necedad.

Y advertía del riesgo al exponerla:

«Donde hay poca justicia es un peligro decir la verdad».

La verdad es lo que es en sí mismo, la mentira es ficción, invención, engaño, superchería, falsedad, farsa, fraude, argucia.

La verdad no tiene adjetivos, porque los adjetivos son puntos de vista personales sobre ella, que pueden alterarla o reflejar nuestra opinión.

La mentira se aborrece, el error se disculpa o perdona, la verdad, sencillamente, se acepta, porque, de no hacerlo, se impone por sí misma. Quién miente se convierte en esclavo de su ficción y del compromiso íntimo consigo mismo de mantener oculta la verdad. Aceptar la verdad libera de esa esclavitud.

La verdad se corrompe con el silencio; un escalón superior sería su manipulación u ocultación con el propósito de dañar a alguien u obtener beneficio personal. Quienes engendran mentiras, generalmente de forma anónima, las difunden a través de las redes sociales y otros canales actuales de comunicación rápida y masiva, con la colaboración necesaria, irresponsable, frívola e inconsciente de una gran parte de quienes las reciben, que las aceptan como verdad, sin tomarse la molestia de contrastar la información ni analizar su contenido y, a su vez, las transmiten a otros. Porque es muy frecuente que se escuche, vea o lea aquello que nos gustaría que hubiera sucedido; es decir, hay a quien le gusta «una verdad» hecha a su medida.

A quienes adoptan este comportamiento, tan frecuente hoy, Marco Aurelio[3] les daba este consejo, que sigue teniendo plena vigencia:

«No lo hagas, si no conviene; no lo digas si no es verdad».

Estas páginas están escritas teniendo presente el concepto romano de verdad, veritas, sinceridad; y también en el significado de la aletheia griega: lo que estando oculto se hace evidente, se manifiesta.

En definitiva, «Algunos abuelos de la democracia» tiene como objetivo una búsqueda honrada de la verdad sobre algunos antecesores de políticos de hoy. En unos casos, porque sus descendientes han utilizado con frecuencia las biografías de sus ascendientes para justificar su vocación política, y las han magnificado, refiriéndose únicamente a una parte de su vida, con olvido de otra. Estos serían los casos de Pablo Iglesias Turrión-Manuel Iglesias Ramírez y José Luis Rodríguez Zapatero-Juan Rodríguez Lozano.

En el caso de Enrique Rajoy Leloup, su nieto Mariano Rajoy Brey ha pasado de puntillas por la vida de su antepasado, haciendo, únicamente, escuetas referencias al mismo, cuando se trata de un personaje de enorme interés político.

De otros antecesores, como sucede con el abuelo materno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se han difundido injurias y mentiras con intención de causar daño y denostar al nieto. También en los casos de Juan Rodríguez Lozano y Manuel Iglesias Ramírez han sido frecuentes las tergiversaciones por parte de personas con amplio eco en los medios de comunicación, lo que añade gravedad al hecho.

Finalmente, Albert Rivera Díaz siempre ha protegido su vida personal y familiar y solo en contadas ocasiones los ha mencionado, siempre de forma genérica; por otra parte, no conozco alusiones de terceros respecto a sus antecesores; el interés radica en la sencillez de la vida de sus abuelos, como la de millones de españoles anónimos.

Se podría hablar de otros abuelos, pues no han sido pocos los políticos actuales que han sacado a relucir las trayectorias de sus antecesores, sobre todo en cuanto a sufrimiento e injusticias, para justificar algunas de sus actitudes o para defenderse de ciertas acusaciones. No descarto continuar con la serie. Pondré algunos ejemplos que podrían dar juego en el futuro.

Gabriel Rufián[4]:

«Mi abuelo murió con el carné en la mano y el socialismo en el corazón».

Merecería la pena saber a qué tío-abuelo se refería Pablo Iglesias Turrión, cuando, en un mitin recordaba a Artur Mas[5]:

«Permítame señor Mas que le diga que es usted un irresponsable, permita señor Mas que le hable de lo que significa la ultraderecha para mi familia: A mi tío abuelo lo fusilaron, a mi abuelo lo condenaron a muerte y estuvo en la cárcel, a mi abuela le cortaron el pelo y mi padre, que tiene su misma edad, estuvo en la cárcel por combatir la dictadura».

Tal vez pueda haber una próxima ocasión para incluir a los que él se refiere, de los que no hablo en estas páginas.

Oriol Junqueras también habló de uno de sus antecesores en un mitin durante las elecciones catalanas del año 2015[6], alusión que los medios de comunicación recogían de esta forma:

«Junqueras llora en el mitin final al evocar a su abuelo: ha llegado el día de la independencia».

Isabel Bonig, del PP de Valencia, en un pleno de las cortes valencianas en marzo del año 2017, también habló de su abuelo[7],

«… encarcelado en San Miguel de los Reyes por ser socialista y republicano».

En otras ocasiones han sido terceros los que han hablado de los abuelos de otros[8]. Este es el caso de Joan Tardá, quien en el debate de la Ley de Memoria Histórica se refirió a la esperanza suscitada en el Congreso de los Diputados durante la sesión investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando este mencionó:

«… el ideario de su abuelo fusilado en 1936».

José María Aznar, en una entrevista concedida a José Luis Gutiérrez para la revista Leer, respondía de esta forma cuando el periodista le preguntaba sobre la impresión que le había causado el libro Dos familias vascas: Areilza y Aznar, en cuanto a su abuelo Manuel Aznar Zubigaray[9]:

«No —asevera con su falsa gravedad habitual—, no me ha interesado. Mi abuelo tuvo una vida muy larga y en su juventud tuvo sus querencias nacionalistas, que luego felizmente superó. Lo que ocurre es que la intención de ese libro hace que no sienta especial curiosidad por él. No me interesa absolutamente nada».

Y podrían citarse algunos abuelos más, invocados-utilizados por sus descendientes o por terceros —transmitiendo verdades o mentiras—, como son los casos de Antonio Gómez-Reino Varela, Carles Puigdemont, Artur Mas, Pablo Casado Blanco, los Puyol, Ada Colau, Fernando Martínez-Maíllo o Soraya Sáenz de Santamaría[10], por citar solo a algunos.

Estas páginas son memoria, memoria con propósito reconciliador; supongo que en la misma línea de la cita que hago a continuación:

¿Quién dijo que la memoria es una revancha? La memoria es la mayor dignidad de un país y la mejor garantía de un futuro más justo.

De esta forma se expresaba Pablo Iglesias Turrión en su cuenta de Facebook, tras leer el artículo El preso que leía Mío Cid, firmado por Miguel Polaino-Orts, nieto de Lorenzo Polaino Ortega, que testificó a favor de Manuel Iglesias Ramírez en el juicio sumarísimo que analizo en estas páginas. Tal vez se expresaba así porque el autor del artículo refrescaba recuerdos amables de su abuelo. Puede ser que Pablo Iglesias tenga ese mismo íntimo convencimiento de que la memoria no es una revancha, si algún día lee estas páginas, en las que encontrará, tal vez, algunos aspectos de la vida de su antecesor paterno que, o desconoce o, conociéndolos, no le conviene desvelar.

Estos versos de Pedro Lezcano Montalvo, Romance de la verdad y la mentira, son muy adecuados, como resumen de lo dicho:

Verdad con dueño es mentira.

Mentira, sí tiene dueño,

mala voluntad la engendra,

labios le dan mal aliento,

orejas torpes la abrigan,

mercader le pone precio.

Dejad libre la mentira

y morirá como un perro

sin dueño, como una zarza

con las raíces al viento.

Antes de finalizar esta introducción quiero dejar constancia de los principios básicos que me han guiado al escribir estas páginas, que quiero trasladar al lector.

En ellas hay un propósito honrado de búsqueda de la verdad; para ello he usado como herramientas fundamentales los fondos documentales de una larga lista de archivos públicos en los que se recogen hechos, circunstancias y opiniones de los protagonistas.

Las citas literales son abundantes, para que sea el lector quien obtenga sus propias conclusiones sobre los personajes de los que hablo, sin la mediatización de las opiniones del autor.

La bibliografía utilizada, escasa, ha servido para ilustrar o enmarcar acontecimientos muy concretos, pues el propósito básico de este trabajo ha sido la objetividad y no recopilar las opiniones de otros sobre los hechos que se narran.

Y para terminar, hago declaración formal de que no he desechado ni buscado información específica con el propósito de perjudicar o beneficiar el juicio sobre un protagonista concreto; he rastreado en los archivos en busca de la información que pudiera existir sobre los «abuelos» que previamente había seleccionado.

Este es el resultado, que someto al juicio del lector. Gracias.

Juan Rodríguez Lozano / José Luis Rodríguez Zapatero

La inmensa mayoría de las biografías humanas son un gris entre el espasmo y el olvido.

GEORGE STEINER

Introducción

Introducción

La idealización de una persona o de determinados hechos de su vida por sentimentalismo, cariño o afinidad, no es repudiable, pero no sería la verdad.

He intentado honradamente, tanto en el caso de Juan Rodríguez Lozano como en los de las otras personas de las que hablo, buscar la verdad en relación con algunos sucesos importantes de sus vidas, independientemente de adscripciones ideológicas o simpatías de quien escribe, porque, repito, la verdad es patrimonio común.

Sobre Juan Rodríguez Lozano se han dado opiniones y presentado circunstancias de su vida, de forma subjetiva; en unos casos para realzar de forma romántica su figura, en otros, para denostar a sus descendientes. Un ejemplo de tergiversación con el objetivo de desprestigiar al nieto de Juan Rodríguez Lozano, José Luis Rodríguez Zapatero, fueron estas palabras de Francisco Camps en un mitin[11]:

«A mí mis abuelos me transmitieron ternura, cariño. La ternura y el cariño que los abuelos transmiten forma parte de la educación esencial de cualquier persona». El Gobierno de Rodríguez Zapatero comenzó con la historia de un abuelo, el abuelo de Rodríguez Zapatero, que pareció no le transmitió la ternura y el cariño que normalmente le transmiten los abuelos a sus nietos.

Era imposible que hubiera podido cumplir esa función propia de los abuelos, pues Juan Rodríguez Lozano había sido fusilado antes de que hubiera nacido su nieto.

Otro ejemplo de manipulación en el mismo sentido fue la esquela publicada en el diario El Mundo el día 6 de octubre de 2006, y los numerosos comentarios surgidos en torno a ella. La esquela recordaba a:

«Carlos González Álvarez, socialista y minero del concejo de Mieres, muerto a los 19 años en octubre de 1934 junto con numerosos compañeros también socialistas y mineros en los enfrentamientos con una columna enviada desde León por el general Franco y al mando del capitán Rodríguez Lozano y otros oficiales».

Hay que aclarar, y más adelante ampliaré esta información, que el capitán Juan Rodríguez Lozano, militar profesional al servicio de la República, estaba adscrito al Regimiento de Infantería de Burgos número 36 —bajo el mando del coronel Vicente Lafuente Valeztena—, que participó en el sofocamiento de la revolución de Asturias en octubre de 1934, junto con tropas de la legión y regulares, todas ellas dirigidas por el General Franco desde Madrid. Rodríguez Lozano era uno más de los capitanes que integraban el regimiento y, por lo tanto, no estaba al mando de la columna enviada a Asturias.

Aprovechando esa misma información se añadía que había estado bajo el mando del general José Sanjurjo en África en el momento en que a Rodríguez Lozano le concedieron la Medalla al Mérito Militar con distintivo rojo, como si esa coincidencia permitiera sacar alguna conclusión de índole ideológica.

Así pues, con su dependencia jerárquica de los generales Franco y Sanjurjo, en dos momentos diferentes de su vida, ambos protagonistas fundamentales de la sublevación contra la República en 1936, la esquela y los comentarios sobre ella podían hacer pensar que el capitán Rodríguez Lozano era de ideas derechistas.

Daré una última referencia, ahora sobre unos supuestos hechos narrados en dos ocasiones por un periodista[12], relativos al capitán Juan Rodríguez Lozano, que ponen de manifiesto una clara falta de rigor y una buena dosis de osadía:

«… sustituyan donde dice comandante por capitán… que murió en agosto de 1936 fusilado por no traicionar a la República. Parece ser, por lo que he podido ir averiguando después, que en el poco tiempo que pasó desde el inicio de la guerra hasta su fusilamiento, la práctica del tiro al blanco sobre las cabezas de sus enemigos enterrados fue una práctica habitual llevada a cabo por este hombre, que luego transmitiría a sus herederos un ansia infinita de paz…».

No cita la fuente de información sobre lo que dice «haber ido averiguando» y desconoce que el capitán Juan Rodríguez Lozano fue detenido el 20 de julio de 1936 y fusilado el día 18 de agosto siguiente, por lo que resulta imposible que «en el poco tiempo que pasó desde el inicio de la guerra hasta su fusilamiento» pudiera haber practicado lo que él llama «tiro al blanco». Esta narración tiene una gravedad añadida al reproducirse a través de las redes sociales con una enorme ligereza, como el lector podrá comprobar fácilmente por si mismo.

Pero el nieto también sobredimensionó públicamente, en mi opinión, la figura del abuelo, al aceptar la erección de un grupo escultórico que perpetuara su memoria, en el alto del puerto de Aralla, próximo al lugar en el que participó en los hechos militares a los que me acabo de referir y a la tierra de la que era oriunda la abuela. Me refiero a lo que se llamó Homenaje a la dignidad. En una placa al pie del monumento se recogen unas frases del testamento del capitán Rodríguez Lozano:

«Muero inocente y perdono… Mi credo fue siempre un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes».

Palabras dignas de consideración y respeto, por estar escritas momentos antes de enfrentarse al pelotón que habría de fusilarle.

Por otra parte, José Luis Rodríguez Zapatero ha utilizado públicamente y de forma reiterada, la figura del abuelo; por ejemplo, en su discurso de investidura finalizó su intervención con esa misma frase de su testamento:

«Un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social a los humildes».

A su vez, en el prólogo del libro El convoy de los 927[13], firmado por el expresidente del Gobierno, vuelve a rememorar algunas palabras del testamento del abuelo.

El cariño, recuerdo y admiración para con nuestros antecesores deben ser respetados; ahora bien, tratar de modificar su biografía, engrandecerla sin base real, y ponerla como ejemplo a seguir fuera del ámbito familiar, parece desmesurado, porque en ese caso no habría espacio ni tiempo suficientes para homenajear a tantos españoles que sufrieron y perdieron su vida en tan trágico episodio de nuestra historia, por el mero hecho de encontrarse en un determinado lugar cuando se inició la sublevación.

Sí es cierto que el capitán Juan Rodríguez Lozano fue un militar respetado por sus superiores —tendremos ocasión de verlo en su hoja de servicio—, que en el momento del levantamiento militar tenía un destino burocrático como la caja de recluta de León, sin tropas bajo su mando.

Biografía militar

Biografía militar

Juan Claudio Rodríguez Lozano nació el 28 de julio de 1893 en Alange, provincia de Badajoz —muy cerca de Villafranca de los Barros, localidad en la que nacería unos años después otro «abuelo de la democracia»— en el seno del matrimonio formado por Sebastián Rodríguez Gil, primer teniente de infantería, y Ángela Marcelina Lozano García, ambos arraigados en la localidad desde, al menos, las dos generaciones anteriores.

Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo el 29 de agosto de 1913, obtuvo el grado de segundo teniente el 23 de junio de 1916 y dos años después el de primer teniente. Entre los años 1919 y 1923 estuvo destinado en Melilla y Larache y ascendió a capitán el 30 de junio de 1923. A principios del año 1924 regresó a la península con destino en Lérida y, posteriormente, en mayo de 1925, pasó al Regimiento de Infantería de Burgos número 36 con base en León.

El 23 de julio de 1919, Juan obtenía licencia de sus superiores, como era preceptivo entonces, para contraer matrimonio con Josefa García García el día 22 de septiembre de 1919 en Pola de Gordón, localidad en la que la familia de Rodríguez Lozano se había instalado tras el fallecimiento del padre en el año 1897.

Su hoja de servicio[14] hace referencia a sus conocimientos de inglés y francés, a su «buena conducta y mucha capacidad», y a las distinciones recibidas: Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, año 1924; Medalla del Homenaje, año 1925 y Medalla de la Paz de Marruecos, 1928. Al final de su hoja de servicio aparece una nota de su coronel, fechada el 31 de octubre de 1927, cuando el capitán Rodríguez Lozano ya estaba destinado en el Regimiento de Infantería de Burgos número 36, que dice literalmente:

«Es un dechado de pundonor y tiene a su favor el concepto de los jefes y de todos sus compañeros. Su modestia corre pareja con su talento y discreción. Pueden confiársele todas las comisiones y trabajos, que desempeñará a satisfacción».

En relación con el expediente que se le abrió por los hechos a los que más adelante hago referencia, es importante dejar constancia de su destino como profesor en la academia de suboficiales y sargentos en León. Su último servicio, al recuperar la situación activa tras cumplir la sanción impuesta como consecuencia del citado expediente, fue la Caja de Reclutas de León.

Al implantarse la República, el 25 de abril de 1931 firmó:

«Solemne promesa de adhesión y fidelidad a la república, según dispone el artículo 2.o del Decreto de 22 de abril de 1931, de la forma siguiente: prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer y defenderla con las armas».

Esta declaración no debe ser olvidada para interpretar con objetividad los hechos a los que más adelante me refiero.

El año 1932, en su expediente personal aparece otra nota en la que se reitera su pundonor, modestia y estima de sus oficiales.

El Juzgado Militar eventual número 6 de León, abrió expediente a los capitanes de Infantería Juan Rodríguez Lozano y Eduardo Rodríguez Calleja, por faltas comprendidas en el Código de Justicia Militar[15].

Veamos los antecedentes, para situarnos. A principios del mes de octubre de 1934 Alejandro Lerroux formó gobierno y concedió tres ministerios a la CEDA, asumiendo Gil Robles, jefe de la CEDA, la cartera del Ministerio de la Guerra. La entrada de la derecha en el Gobierno provocó la ira de los partidos de izquierdas. Companys aprovechó la situación y proclamó el Estado Catalán, al tiempo que en Asturias, CNT, PC y PSOE convocaban una huelga general en la cuenca minera. El Gobierno de la República reaccionó de forma contundente y rápida para cortar ambas iniciativas.

Los mineros dieron un paso más e iniciaron una sublevación en la cuenca minera limítrofe entre las provincias de Asturias y Léon, fundamentalmente en las localidades asturianas de Mieres, Sama de Langreo y Pola de Lena. Formaban parte del comité revolucionario que lideraba la sublevación, dos socialistas, dos anarquistas, dos comunistas y un representante de la Alianza Obrera y del Bloque Obrero y Campesino. Los sublevados inician una marcha hacia Madrid, que es abortada por las tropas mandadas por el general López-Ochoa; de este contingente de tropas forma parte el Regimiento de Infantería número 36 al mando del coronel Lafuente Valeztena, del que el capitán Juan Rodríguez Lozano era ayudante.

La actuación de Rodríguez Lozano en la sublevación de Asturias aparece detallada en su expediente personal[16]. El día 5 de octubre su regimiento sale de León en dirección a Campomanes (Asturias), desde donde realizan reconocimientos en la zona de montaña que ocupan los rebeldes. El día 14, como ayudante de su coronel, participa en el reconocimiento del poblado de Rouzón, durante el cual el grupo es intensamente tiroteado por los mineros. Continúan hacia Vega del Rey, localidad en la que permanecen hasta el día 18. A partir de esta fecha participa en la toma de las localidades de Pola de Gordón y Ujo y se dirigen hacia Mieres, donde el coronel Lafuente Valeztena se hace cargo de la Comandancia Militar y el capitán Rodríguez Lozano le asiste como ayudante en las tareas de inspección hasta el 31 de octubre, fecha en que el Regimiento regresa a su acuartelamiento en León.

Como consecuencia de esta sublevación, en el mes de noviembre siguiente el Gobierno trata de encontrar pruebas en relación con las personas e instituciones que habían participado en la sublevación, para determinar sus posibles responsabilidades. Con este motivo, y dado que el partido socialista había intervenido en la sublevación, la policía realiza un registro en la sede del diario El Socialista en Madrid el día 10 de noviembre de 1934 y encuentra una carta dirigida el día 14 de febrero último por el capitán Juan Rodríguez Lozano al director del periódico, el socialista Juan Zugazagoitia.

Dado el contenido de la carta, las autoridades militares abren expediente a Rodríguez Lozano, en el que actuaba como juez instructor el comandante de caballería Emilio de Aspe Vaamonde y como secretario el teniente de caballería Carlos Casademunt Roig de Lluis.

En este expediente faltan algunos documentos a los que se alude en diferentes fases del procedimiento, sin que se sepa el motivo de la desaparición, según la respuesta obtenida en el archivo en el que se custodia. Concretamente, falta la hoja número 30, que se correspondería con la respuesta dada a Juan Rodríguez Lozano por el director de El Socialista, según el índice que aparece en la página 3 de la causa. En su comparecencia ante el juez el día 8 de diciembre de 1934 el capitán entregó la respuesta recibida del diario.

La carta que da lugar a la iniciación de este expediente, página 5 del mismo, dirigida al señor Zugazagoitia, tiene una nota a máquina que indica «reservada», y lleva membrete del capitán, con el domicilio siguiente: Lugar de Tuy número 10, Gran Vía de San Marcos, León.

Teniendo en cuenta las disposiciones del Código de Justicia Militar de la época, esta carta pone de manifiesto la ingenuidad con que actuó Rodríguez Lozano. Dejo constancia a continuación de algunas de las declaraciones que más daño pudieron causarle, no solo en el momento de abrirle el expediente al que me estoy refiriendo, sino, sobre todo, en el consejo sumarísimo al que fue sometido al iniciarse la sublevación.

En esta carta, Rodríguez Lozano califica a la mayoría de los oficiales del ejército de «monárquicos y señoritos» y se ofrece al director para hacer proselitismo a través del periódico, tanto entre la clase de tropa, a la que considera «materia muy permeable», como entre los oficiales jóvenes, y cita como ejemplo al fusilado capitán Galán, protagonista de los sucesos de Jaca de 1930.

Sigue diciendo que escribiría los artículos «con seudónimo, por supuesto, o sin firma». Hace una afirmación curiosa —que entra en contradicción con lo que declarará más tarde ante el juez instructor, pues se declara socialista «desde que empecé a discurrir por mi cuenta». Y añade expresiones como:

—«… le sería fácil comprobarlo (su condición socialista), preguntando a los obreros de la cuenca minera de Santa Lucía o a los compañeros de las organizaciones de León».

—«Esta carta, pues, no es ni de un oficial monárquico, ni de un oficial señorito».

—«… he decidido comunicárselo en bien de la causa que El Socialista defiende, que puede hacerse muy bien una labor de captación…».

—«Yo les agradecería…, por pensar en socialista…».

Algunas párrafos de la carta figuran subrayadas en rojo, entre ellos los siguientes:

«He visto con satisfacción la campaña hace tiempo iniciada (se refiere a El Socialista) en favor de las clases de tropa. Con esa campaña se matan dos pájaros de un tiro: conseguir para ellos unas mejoras que son de justicia y captarlos para la causa. Eso está bien…».

«Abundan también (en el ejército) los ampliamente demócratas, los socialistas, que son precisamente lo mejor, lo más sano y lo más culto de la colectividad».

Solo unos días después de la apertura del expediente, concretamente el 23 de noviembre de 1934, sus superiores le declaran en situación de disponible forzoso mediante Orden del Ministerio de la Guerra y le trasladan a Valladolid.

En su primera comparecencia ante el instructor declara que:

«… en mis primeros años mis pensamientos no fueron socialistas».

Reconoce haber dirigido a Zugazagoitia la carta que se le muestra y añade que sus ideas están relacionadas con las fuertes diferencias sociales que ha encontrado entre los obreros de la minería y la burguesía de la ciudad y la provincia.

En una segunda comparecencia declara espontáneamente estar en posesión del grado de aprendiz de la logia masónica de León Emilio Menéndez Pallarés número 15[17], que había sido fundada el 11 de septiembre de 1933, en la que era conocido como Rousseau[18], hecho que iba en contra de la disciplina militar y de la declaración que había firmado meses antes, en el sentido de no pertenecer…

«… a partidos, sociedades ni organizaciones de las que se citan en el artículo 2.o del Decreto del Ministerio de la guerra de 19 de julio de 1934, número 165».

Tras esta declaración el tribunal acuerda pedir a la policía que le someta a estrecha vigilancia para conocer con qué personas conversa y los lugares que frecuenta. La Comisaría de Investigación y Vigilancia de León enviaba el 22 de noviembre un informe al juez instructor, en el que hacía constar que, desde el comienzo del movimiento revolucionario, no se le había visto en compañía de personas sospechosas, aunque…

«… es simpatizante (si es que no está afiliado al partido socialista) y me fundo en que se relaciona bastante con elementos socialistas, frecuentando la peña del bar Central, en donde se reunían los elementos más destacados del socialismo y radicalsocialismo de esta capital. También ha asistido a reuniones… en casa del significado socialista Román Blanco Villa».

Este último, también citado por el instructor en otra fase del expediente, reconoció ante el juez su pertenencia a la CNT, no conocer a los capitanes procesados ni haber mantenido reunión alguna con ellos.

Hay un segundo informe de la citada comisaría, 28 de noviembre de 1934, en el que da cuenta de la reunión mantenida el día anterior en el Bar Central de León entre Juan Rodríguez Lozano, Rafael Álvarez García —inspector de primera enseñanza y delegado gubernativo[19]—, un empleado de la empresa Antracitas Tercianas apellidado Pérez, y Onofre García, exdirector del periódico República.

También la Guardia Civil informó al instructor mediante un escrito fechado el 24 de noviembre:

«… ambos (se refiere a Rodríguez Lozano y al otro capitán expedientado) se han distinguido por sus ideas socialistas, habiendo hecho propaganda de ellas siempre que se les proporciona ocasión en las reuniones que mantenían con elementos afines».

Confirmaba que Rodríguez Lozano mantenía correspondencia con el director del diario El Socialista y tenía un hermano residiendo en Villablino, y el capitán Rodríguez Calleja, dos hermanos, uno médico y otro maestro nacional…

«… que hacen alarde de sus ideas socialistas».

Naturalmente, la declaración del señor Zugazagoitia era fundamental y la hizo desde Madrid por medio de exhorto; y afirmó rotundamente no haber mantenido correspondencia con Rodríguez Lozano y que este nunca había colaborado con El Socialista; el redactor jefe del periódico, Antonio Ramos Oliveira, se expresó en el mismo sentido. Flagrante falta a la verdad, pues al menos hubo dos cartas, la primera firmada por Lozano, y la respuesta de El Socialista que no aparece en el expediente archivado, pero sí consta como aportada por el propio destinatario de ella, como ya he dicho en otro lugar.

A continuación se suceden las comparecencias de diferentes testigos. El primero, el coronel de su regimiento, Vicente Lafuente Valeztena, quien manifiesta que el capitán es un buen profesional y que nunca ha hablado con él sobre sus ideas políticas, si bien tiene la creencia de que su pensamiento puede ser socialista, por los libros y periódicos que le ve leer.

Se trataba de determinar si los capitanes Juan Rodríguez Lozano y Eduardo Rodríguez Calleja habían incurrido en alguno de los supuestos previstos en la Orden Circular de 13 de noviembre de 1934[20]. Esta disposición incluía las medidas cautelares que el Ministro de la Guerra podría adoptar, a la vista de los informes emitidos por el juez instructor del expediente y el auditor acerca de si eran presuntos culpables, siempre que se tratara de indicios de delito o falta militar grave. La decisión del ministro podía consistir en trasladarlos a otro destino o dejarlos en situación de disponible forzoso, que fue la adoptada en este caso. Naturalmente, si se abría juicio, habría que aceptar el resultado del mismo.

La apertura del expediente a ambos capitanes estaba relacionada con el contenido del Decreto de 19 de julio de 1934[21], que prohibía a los militares de cualquier clase, en tanto permanecieran en activo, pertenecer como socios, afiliados o adheridos a ningún centro, partido, agrupación o sociedad que revistiera carácter político, sindical o de cualquier otro tipo. El artículo 3 de esta misma disposición añadía otra prohibición:

«… acudir a la prensa sobre asuntos del servicio o temas de índole política, sindical, societaria o de carácter militar».

El artículo 4 prohibía a los militares:

«… asistir a manifestaciones, reuniones y actos de carácter político y a las que, aún no teniendo aparentemente ese carácter, lo signifiquen por el lugar, por los que toman parte o por otros motivos…».

Igualmente quedaba prohibida la lectura en los cuarteles de periódicos de contenido político o sindical. La citada norma daba unos plazos para que los militares pudieran adaptarse a ella.

Tanto el contenido de la carta enviada por Juan Rodríguez Lozano al director de El Socialista, como las reuniones con personas vinculadas a la vida sindical, suponían incumplimiento de esta normativa.

El general de brigada Carlos Bosch Bosch, comandante militar de León, declaró que había tenido conocimiento, por razón de su cargo, de las ideas socialistas de ambos capitanes, hecho preocupante por la simpatía del partido socialista «con los recientes sucesos», situación incompatible con su condición militar. Añadía que ambos capitanes tenían hermanos implicados en los sucesos revolucionarios de octubre y que era de dominio público que ambos protegían las inclinaciones de sus hermanos.

En resumen, el general consideraba conveniente la separación…

«… pues la permanencia en esta plaza pudiera llegar a ser perjudicial».

También declararon otros oficiales, compañeros de ambos capitanes. Todos reiteraron el pensamiento socialista de los expedientados, aunque nunca les habían oído hacer manifestaciones en ese sentido. Añadieron que no les constaba que Juan Rodríguez Lozano escribiera en el diario El Socialista.

Uno de estos compañeros recordó que Juan Rodríguez Lozano había intervenido en marzo de 1933 como defensor de Victoriano Cremer Alonso[22] ante un tribunal militar y había sido objeto de una sanción de cinco días de suspensión de empleo y sueldo, por las ideas vertidas en un escrito dirigido al tribunal en su condición de defensor, que suponían «hacer un panegírico del delito». Efectivamente, en su hoja de servicio figuran cinco días de suspensión de empleo y la consiguiente pérdida de antigüedad, por la falta indicada.

Los cabos, sargentos y suboficiales citados como testigos afirmaron de forma generalizada, que el capitán Juan Rodríguez Lozano, ni en su condición de profesor de la escuela de sargentos y suboficiales ni en su etapa de director de la misma, había hecho mención alguna a asuntos políticos o sindicales durante el desarrollo de sus clases.

En enero de 1935 el juez instructor del expediente cita a Rodríguez Lozano para comunicarle los cargos que se le imputan. En esta comparecencia rectifica su intención sobre la carta dirigida a El Socialista, en busca, sin duda, de librarse de la posible sanción…

«… porque habiendo sido anteriormente simpática la lectura del periódico aludido, veía ahora claramente que la conducta de dicha publicación no respondía a la idea que el que suscribe se había formado».

Aporta otro testimonio muy claro y favorable para su defensa: la confianza depositada en él por sus superiores, pues su coronel, al estallar los sucesos revolucionarios de Asturias, le llevó con él a la zona de conflicto como ayudante, concretamente a Campomanes (Asturias), donde esta fuerza se hizo cargo de la vanguardia de la columna de avance, que llegó a entrar en fuego con los mineros sublevados en Vega del Rey.

En cuanto a la imputación sobre su asistencia a la peña socialista del Bar Central de León, que se reunía en el sótano del local, aclaró que él participaba con cierta asiduidad en una tertulia relacionada con gente dedicada a la enseñanza en el mismo local, uno de los asistentes era maestro e Inspector de Enseñanza.

Finalmente, reiteró no estar afiliado a ningún partido político ni sindicato, no haber hablado nunca públicamente de sus ideas ni haber hecho campaña entre la clase de tropa.

El 25 de enero de 1935 el instructor presenta sus conclusiones a la auditoría de guerra de la 8.a División, en las que considera que el capitán Rodríguez Lozano y el otro capitán también encausado, podrían estar incursos en la falta grave contemplada en el número 4 del artículo 329 del Código de Justicia Militar[23]:

«Será castigado con arresto militar o suspensión de empleo… 4.o El que asista a manifestaciones políticas por primera vez o por primera vez también acuda a la prensa sobre asuntos del servicio».

«Se considerarán para este efecto comprendidos en el párrafo anterior, los escritos contrarios a la disciplina o de respeto debido a las autoridades militares y superiores jerárquicos, cuando no constituyan responsabilidad más grave».

Claramente, la carta de Rodríguez Lozano al periódico encajaba en el supuesto contemplado en el párrafo primero del citado artículo, y la referencia contenida en ella a «monárquicos y señoritos», en alusión a algunos mandos militares, en el párrafo segundo anterior. El instructor calificaba los hechos de falta grave y proponía como correctivo seis meses de arresto a Rodríguez Lozano y tres meses a Rodríguez Calleja.

En la argumentación de su propuesta les atribuye:

«… ideas de carácter avanzado y no han permanecido alejados de los apasionamientos de la política, poniendo al ejército a merced de los partidos políticos, con grave quebranto de los deberes militares, faltando así a multitud de disposiciones para que la actuación de los militares se desenvuelva al margen de la política».

El auditor devuelve al instructor el expediente con la petición de que el capitán Rodríguez Lozano declare si llegó a escribir algún artículo y, si no lo hizo, por qué lo descartó tras el claro ofrecimiento inicial que consta en su carta. El expedientado justificó su cambio de opinión en el hecho de que El Socialista había modificado su orientación.

El 25 de abril el juez instructor emite su fallo, tras considerar probados los siguientes hechos:

—«No se recataron de sus pensamientos políticos, haciendo ostentación de sus pensamientos políticos por la prensa que habitualmente leían y los significados elementos civiles de que se acompañaban… habiendo llegado a trascender hasta sus compañeros y subordinados su filiación política».

—Que sus superiores «consideraron perjudicial para la disciplina militar la permanencia en sus destinos, por lo que pasaron a la situación de disponibilidad».

—Que el capitán Rodríguez Lozano, en su carta al director del periódico madrileño El Socialista, «vertió frases de todo punto inadmisibles por la disciplina militar… Sugiere ideas, se razonan criterios y se ofrecen colaboraciones personales…».

—También se refiere el instructor al grato acogimiento que su carta tiene en el destinatario, como puede comprobarse en la carta de respuesta que recibe. Recordaré una vez más que, pese a decirse reiteradamente que consta en el expediente, desapareció de él.

Al considerar el auditor que los hechos expuestos son constitutivos de una falta grave según el párrafo 4.o del artículo 329 del Código de Justicia Militar, impone a Rodríguez Lozano la sanción de suspensión de ocho meses de empleo y sueldo, lo que significaba que percibiría tan solo un tercio de la paga. En cuanto al capitán Rodríguez Calleja, considera que no hubo falta y por lo tanto no le impone ninguna sanción.

Como consecuencia del resultado de este expediente, Rodríguez Lozano causa baja en el regimiento número 36 y queda en situación de disponible en la 8.a División.

Cumplida la sanción, el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra —número 3, del día 4 de enero de 1936— publicaba la resolución en la que se decretaba el cese de la situación de suspensión de empleo y sueldo y su paso a la de disponible forzoso en la misma 8.a División. Finalmente, fue destinado a la Caja de Recluta de León, la número 56, donde permaneció hasta el comienzo de la guerra civil.

Tras las elecciones generales celebradas en febrero de 1936, que dieron la mayoría parlamentaria al Frente Popular —constituido por PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Ezquerra Republicana de Cataluña, PCE, POUM y Partido Sindicalista—, con el 60 % de los diputados, el Gobierno de la República aprobó una amnistía mediante decreto ley de 21 de febrero de 1936. El capitán Rodríguez Lozano solicitó el 22 de marzo que se le aplicase la amnistía, la devolución de las diferencias de sueldo no percibidas y la reposición de la antigüedad descontada.

No lo tuvo fácil, pues el fiscal, en su informe, consideraba improcedente la aplicación de la amnistía, por tratarse de una falta militar grave y no de un delito político-social, que era lo que contemplaba el decreto ley indicado, por lo que el juez auditor desestimó la petición. No conforme con esta resolución, recurrió ante el Tribunal Supremo, que acabó revocando el auto del auditor de la 8.a División y le concedió la amnistía en sentencia de 30 de abril de 1936.

Llama la atención que entre los últimos documentos de este expediente número 436, figure uno relacionado con la condena a muerte por traición, dictada al comienzo de la guerra. El encabezado de este documento es:

«Estadística criminal de guerra, 8.a División año 1936. Expediente judicial por la falta grave de asistir a reuniones políticas. Correctivo por falta grave, de ocho meses de suspensión de empleo y sueldo. Capitán Juan Rodríguez Lozano del Regimiento número 36,, de 44 años, casado, en activo,»

El documento está fechado el 13 de agosto de 1936 y firmado por el teniente auditor encargado de la estadística, Hernán Martín Barbadillo. Aunque se trata de una conjetura, creo que este documento, calificado como «estadístico», pudo haber tenido una importancia decisiva en la condena a muerte a la que me refiero a continuación, pues ponía de manifiesto las ideas socialistas del capitán Juan Rodríguez Lozano y su condición de masón.

Juicio sumarísimo

Juicio sumarísimo

La sublevación no cuajó en León hasta el día 20 de julio de 1936, pues el 19 por la mañana había llegado a la ciudad una columna de mineros formada por 5000 hombres procedentes de Oviedo, que se dirigían a Madrid. El general Bosch y Bosch, el coronel Valentín Lafuente Valeztena y el resto de mandos adictos a la sublevación se mantuvieron en una prudente actitud de espera ante tan fuerte contingente opositor; e incluso dudaron en cumplir las órdenes recibidas de Madrid por el Gobernador Civil, Emilio Francés, en el sentido de armar a los mineros.

El general Gómez Caminero, inspector del ejército, que se encontraba en León con el fin de controlar la 8.a Región Militar para mantenerla a favor de la República, mantuvo esta misma actitud de prudencia, inseguridad o tibieza. Finalmente, el coronel Lafuente Valeztena se limitó a entregar a los mineros tan solo 200 fusiles; cuando la columna de mineros salió con dirección a Benavente, allanado el obstáculo que suponía su presencia, los principales mandos militares de León se decantaron claramente por la adhesión a la sublevación[24].

El capitán Rodríguez Lozano llegó a León al anochecer del día 19 de julio, tras regresar en autobús desde San Pedro de Luna, su lugar de vacaciones. Inmediatamente se presentó en la Comandancia Militar de la plaza, Gobierno Militar, y al comprobar que no se encontraban allí ni el general Caminero ni el general Bosch, se retiró y, ya en la calle, observó que ambos generales, en unión de un tercero al que no conocía, se dirigían al Gobierno Civil. En el antedespacho del Gobernador Civil se presentó al general Bosch y Bosch, y el general Caminero le ordenó que permaneciese allí a las órdenes del Gobernador Civil, como agente de enlace. Previamente el general Caminero se había interesado por conocer su opinión acerca del estado de ánimo del regimiento, a lo que Rodríguez Lozano respondió desconocerlo, por tener destino en la Caja de Recluta. Seguidamente se trasladó a su casa para ponerse el uniforme y regresó al Gobierno Civil; al no ver a los generales, se retiró a cenar en el restaurante Novelty y regresó a su casa[25].

Tal vez la buena fe del capitán, su sentido de la disciplina y una cierta ingenuidad fueron las causas que le llevaron a aceptar ese papel en el Gobierno Civil —donde se encontraban las autoridades civiles republicanas—, sin reparar en que, sus precedentes de simpatía con el socialismo y su condición de masón, puestas de manifiesto en el expediente militar ya analizado, constituían un peligroso antecedente ante los sublevados.

En la mañana del día 20 permanecieron en el Gobierno Civil, entre otros, el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Armesto, el alcalde de la ciudad, Miguel Castaño, el delegado de la CAMPSA, Alfredo Barthe, el director del matadero municipal, Nicostrato Vela Esteban, el capitán Juan Rodríguez Lozano y el capitán retirado Timoteo Bernardo, por citar solo algunos; el gobernador civil se había retirado a su domicilio a las 14 h[26]. A mediodía los sublevados atacaron el Gobierno Civil con tropas del ejército y de la guardia civil, que detuvieron a todos los presentes, los trasladaron inicialmente a la prisión Puerta del Castillo y, más tarde, al campo de concentración de San Marcos[27], considerado uno de los campos de concentración más duros durante la guerra civil. En él permaneció Rodríguez Lozano hasta el día en que fue fusilado. Llama la atención que el Gobernador Civil fuera detenido diez días después que el capitán Rodríguez Lozano, pese a la escasa relevancia militar de este.

Wenceslao Álvarez Oblanca y Secundino Serrano, en su obra La guerra civil en León, al narrar el levantamiento en la ciudad, mencionan al capitán Juan Rodríguez Lozano tan solo para atribuirle ese papel de coordinador o enlace entre los gobiernos civil y militar, lo que parece poner de manifiesto su falta de protagonismo en los hechos. Da la impresión de que sus superiores directos, gobernador militar general Bosch y Bosch y el coronel Lafuente Valeztena, jefe de su regimiento, conocedores de sus ideas próximas al socialismo, se lo quitaron de en medio atribuyéndole ese papel de coordinador, con presencia en el Gobierno Civil.

Isabel Durán y Carlos Dávila, en la obra que más adelante comentaré, insinúan que, dado el doble juego de Rodríguez Lozano a la derecha y a la izquierda —según la opinión de los citados autores—, podría haberse pasado a las tropas sublevadas, que se encontraban muy cerca de su lugar de vacaciones, en vez de incorporarse a su puesto. Una vez más hay que recordar su juramento de lealtad a la República y la pena de muerte prevista en el artículo 222 del Código de Justicia Militar, por delito de traición…

«… para el que abandonando sus banderas entre a formar parte del ejército enemigo».

«Archivo Intermedio Militar Noroeste, Tribunal Militar Territorial, de la Coruña, expediente del Juzgado Militar Causa 386/1936, plaza de León. Juan Rodríguez Lozano. Traición. Juicio sumarísimo contra Juan Rodríguez Lozano y varios más». Este es el texto que aparece en la carátula de la causa en la que fue condenado a muerte Rodríguez Lozano, que consta de 76 folios; el expediente analizado anteriormente, por una falta grave que le supuso ocho meses de suspensión de empleo y sueldo, consta de 267 folios.

La documentación que se conserva es muy limitada, sin que el Tribunal Militar Territorial número 4 haya podido dar una explicación del motivo, ni indicación del archivo en que pueda encontrarse la información que falta.

He realizado consulta sobre este tema a un general togado y su respuesta confirmó lo dicho: es casi imposible determinar en qué archivo o institución buscar. El artículo 633 del Código de Justicia Militar de 1890, vigente hasta el año 1945, preveía poner en conocimiento del Gobierno, a través del Ministerio de la Guerra, la condena a muerte que iba a ejecutarse y la unión a la causa del correspondiente «enterado» del Gobierno; y, efectivamente, la sentencia se comunicó a la Junta de Defensa Nacional, si bien, de la documentación que se conserva y de la rapidez de la respuesta puede deducirse que no se remitió el sumario completo. Por ello, no sería posible localizar la causa en el archivo de la Junta de Defensa, pues no debió llegar a ella.

Por otra parte, tampoco se había constituido el Consejo Supremo de Justicia Militar, aunque sí existía entonces la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, ante la que no cabía la interposición de recurso por tratarse de un juicio sumarísimo, además de la situación absolutamente anormal en una guerra y, sobre todo, en los primeros momentos. En consecuencia, tampoco podría orientarse hacia este organismo la búsqueda.

Finalmente, aunque el artículo 653-3.o del Código de Justicia Militar disponía que las declaraciones de los testigos, solo las más importantes, se harían constar en un acta breve, este precepto justificaría la falta de declaraciones individuales pero no la ausencia total de ellas.

Sí he recibido en el Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña, una explicación que merece la pena resaltar. Los documentos originales integrantes de la causa nunca estuvieron en este expediente, pues la carpeta que lo contiene fue abierta en los años sesenta, según se deduce de su carátula, y los documentos que se conservan en su interior no son originales, sino fotocopias con las que se reconstruyó parcialmente.

Otras pesquisas del autor en busca de esta causa, todas con resultado negativo, han sido las siguientes: Archivo del Tribunal Militar Territorial número 1, Archivo General Militar de Guadalajara, Archivo General Militar de Segovia, Archivo Histórico Nacional, Archivo del Ministerio del Interior y Centro Documental de la Memoria Histórica. La esperanza de haberlo encontrado surgió en el Tribunal Militar Territorial número 1, pues existía una causa a nombre de Juan Rodríguez Lozano; sin embargo, el análisis de la misma me permitió comprobar que se trataba de la coincidencia de nombre y apellidos con un procesado por linchamiento en la localidad de El Toboso, provincia de Ciudad Real. También el Archivo General Militar de Guadalajara me remitió una breve información sobre un Juan Rodríguez Lozano relativa al sobreseimiento de la causa por linchamiento a la que me acabo de referir.

Continuemos con el juicio sumarísimo al que fue sometido Rodríguez Lozano. Actuó como juez instructor el comandante de caballería Julián Gómez Seco, quien, el 8 de agosto de 1936 enviaba desde León el resultado de la instrucción al auditor de la 8.a División, para su dictamen.

El Consejo de Guerra se celebró el 14 de agosto a las 17 horas en el cuartel de El Cid de la ciudad de León; formaban parte del tribunal los coroneles Enrique Cánovas, Juan González González y Antonio Corsanegro —los dos últimos destinados en Ferrol—, el vocal ponente auditor de la 8.a División, José Pérez Villamil, y el fiscal teniente auditor primero Hernán Martín Barbadillo.

Junto al capitán Rodríguez Lozano fueron juzgados por el mismo delito de traición: el capitán retirado Timoteo Bernardo Alonso, de 64 años de edad y militante de Unión Republicana; Alfredo Barthe Balbuena, abogado y delegado de CAMPSA en León; Rafael Álvarez García[28]; Fernando Morán Fernández, Delegado de Trabajo en León, y Domingo Fernández Pereiro.

Nada más finalizar el Consejo de Guerra, el presidente del tribunal envía un telegrama al general de la 8.a División, con el siguiente texto:

«Celebrado consejo de guerra sin novedad».

El día 16 de agosto el general de la 8.a División enviaba un radiograma a la Junta de Defensa Nacional[29], reunida ese mismo día bajo la presidencia del general de división Miguel Cabanellas Ferrer, con la asistencia de los miembros de ella los generales de brigada Emilio Mola Vidal y Fidel Dávila Arrondo y los coroneles de estado mayor Federico Montaner Canet y Fernando Moreno Calderón, en la que comunicaba la condena a muerte del capitán Rodríguez Lozano y resto de procesados por delito de traición en la misma causa. Añadía el radiograma que…

«… no existen motivos especiales que aconsejen la concesión de indulto».

No había lugar para la esperanza. Sin embargo, se presentaron dos peticiones de clemencia para los condenados; una, del Obispo de León, firmada el 15 de agosto y dirigida al general de la 8.a División, que la solicita con…

«… humildad y verdadero encarecimiento».

En la que incluye a todos los condenados; la otra petición la realizó el colegio de abogados de León, pero referida, exclusivamente, a Alfredo Barthe Balbuena.

La sentencia fue ejecutada el día 18 de agosto a las 6 de la mañana en el polígono de tiro de Puente Castro, a menos de 3 km del centro de Léon, en las inmediaciones de la carretera N-630 de Gijón a Sevilla.

En las actuaciones previas al fusilamiento se daban instrucciones sobre la necesidad de proceder a la ejecución de forma separada, de civiles y militares, pues según el Código de Justicia Militar los segundos debían ser previamente desposeídos de su condición militar y la ejecución se producía con otras formalidades, al tiempo que se añadía la siguiente precaución:

«… se tendrá cuidado en ambos casos que el piquete se coloque lo más cerca posible a los reos para mayor seguridad de la ejecución».

Las formalidades principales serían las contempladas en los artículos 636 y siguientes del Código de Justicia Militar, relativas a la ejecución de penas de muerte a militares: el condenado comparecería con uniforme completo, espada, insignias y condecoraciones, para proceder a su degradación y retirada de distintivos. El cadáver sería entregado a los familiares para su inhumación «sin pompas»; dado que el día 18 de agosto, fecha de la ejecución, no coincidió con festividad religiosa ni nacional, el entierro pudo llevarse a cabo ese mismo día.

A las 10 h y 55 minutos del día de la ejecución, el capitán en prácticas José Aparicio enviaba el siguiente telegrama, en nombre del comandante militar de León, al general de la 8.a División de Coruña:

«Día de hoy fue ejecutada sentencia contra el capitán Lozano y varios».

El oficio de comunicación de la ejecución de la sentencia decía, escuetamente, que se ha llevado a cabo…

«… sin que haya habido novedad».

Aunque no he tenido a la vista el certificado de defunción del capitán Rodríguez Lozano, supongo que figurará como causa de la muerte la misma que en el caso de otros de los fusilados ese mismo día:

«… parada cardiaca[30].»

Los últimos documentos de la causa[31] corresponden a los años 1977 y 1978 y están relacionados con la aplicación de la amnistía contemplada en el Real Decreto-Ley 10/76, que solicitó la esposa de Fernando Morán Fernández, uno de los ejecutados. El 28 de octubre de 1977 aparece un telegrama relativo al expediente, con el siguiente texto:

«La causa 386/36 fue desaparecida».

Las gestiones llevadas a cabo en ese momento para la localización del sumario en los gobiernos militares de León, Ferrol, Pontevedra, Orense y Lugo, así como en las comandancias militares de Vigo y Santiago, resultaron infructuosas, según los oficios de respuesta a la petición de búsqueda que constan en la causa a la que me acabo de referir. Así pues, no he podido conocer más detalles que los aportados.

En la carátula de la causa por traición, en el espacio reservado para reseñar el año, lleva impreso «193…», figura tachado el número 3 y sustituido por un seis; si se tiene en cuenta que los documentos conservados en Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña, son fotocopias, según las manifestaciones de los funcionarios del archivo, y lo dicho anteriormente, da la impresión de que se intentó reconstruir la causa en los años 60 por medio de algunas fotocopias de los originales.

A través de internet y de forma anónima[32] se ha utilizado el término «curiosamente», para referirse a la desaparición de esta causa; a mi modo de ver, una forma de insinuar de forma sibilina que hubiera podido intervenir una mano negra con voluntad de hacerla desaparecer. No puedo compartir esta interpretación en razón a lo expuesto: la desaparición se produjo antes del año 1977, sin ninguna duda.

Causa sobreseída por fallecimiento

Causa sobreseída por fallecimiento

La tercera causa contra Juan Rodríguez Lozano se encuentra depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, sección Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, sumario 291-1946, instruido diez años después de haber sido fusilado.

El expediente se inicia el 12 de abril de 1946, tras la aparición, tal vez en un registro realizado en la logia masónica de León a la que pertenecía el capitán, los títulos de nombramiento de masón de primer grado, aprendiz, 27 de agosto de 1933, y de segundo grado, 4 de diciembre del mismo año, que fueron depositados en la Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, con el número de expediente 18A, legajo número 118 a nombre de Juan Rodríguez Lozano.

Él mismo había manifestado de forma espontánea en una de las dos causas militares a las que ya me he referido, su condición de masón. Al finalizar la guerra, las autoridades iniciaron un procedimiento con el objetivo de obtener su retractación o, en caso contrario, imponerle las sanciones procedentes.

El primer escrito dirigido por el Delegado Nacional de Servicios Documentales, fechado en marzo de 1946, al Presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, remitiéndole el expediente, incluía el motivo de tal comunicación:

«… el individuo en cuestión no ha presentado hasta la fecha la declaración-retractación prevenida».

El capitán había sido fusilado 10 años antes. El Tribunal se dirigió a la comisaría de policía de León para conocer su domicilio y, en el caso de que hubiera fallecido, se facilitara fecha y lugar. El certificado de defunción expedido el 4 de mayo de 1946 y la notificación de la comisaría de policía de León de fecha 27 de abril del mismo año:

«… falleció en esta ciudad a las 6 horas de la mañana del día 18 de agosto de 1936».

Justificaban la imposibilidad de continuar con la causa y el tribunal declaraba extinguida la responsabilidad penal el día 25 de mayo.

«La verdad de otros»

«La verdad de otros».

He dejado para el final el análisis del libro La gran revancha[33], en el que sus autores llegan a la conclusión de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizó el nostálgico recuerdo del abuelo paterno para justificar su «gran revancha» a través de la ley de la Memoria Histórica y otras actitudes adoptadas durante su mandato.

Los autores mezclan temas que nada tienen que ver entre si y manipulan la figura de Juan Rodríguez Lozano de forma inadecuada, en mi opinión, a través de la interpretación de los hechos en los que se vio inmerso. Me referiré a continuación a algunas de estas interpretaciones.

No fue fusilado por su condición de masón, pues el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo intento juzgarle por este motivo 10 años después de su muerte. Fue condenado por delito de traición.

Justifican los autores la simpatía del expresidente con la Fundación Sierra de Pambley, de León, vinculada al menos sentimentalmente a la masonería, por la condición masónica del abuelo. Algo similar les sirve para explicar su presencia en la fiesta anual de los mineros en Rodiezno, pues el abuelo manifestó su interés por su situación laboral en la carta dirigida a El Socialista. Ambos hechos, al menos en mi opinión, no pueden calificarse como revancha, sino una vinculación sentimental y nostálgica en recuerdo del abuelo.

Hacen referencia a la condición de masón del capitán, como algo mantenido oculto por él, cuando no es cierto, pues en el expediente militar que le abren por su ofrecimiento para colaborar con el diario El Socialista, él mismo declaró ante el juez instructor, de forma voluntaria y espontánea, sin que se le hubiera preguntado por ello, su condición de masón.

Otro episodio de la vida del abuelo utilizado de forma peculiar, es su intervención en la represión de la sublevación de los mineros de la cuenca asturiano-leonesa en octubre del año 1934. Los autores dan a entender que participó voluntariamente en la represión de la sublevación minera, haciendo un doble juego en relación con el episodio del que hablo en el párrafo siguiente; cuando la causa por la que intervino en la represión fue mucho más sencilla y lógica: se limitó a obedecer las órdenes de su superior en el Regimiento número 36 al que estaba adscrito, el coronel Vicente Lafuente Valeztena, enviado a Asturias con esta misión, y participó en calidad de ayudante de su superior, cargo que pone de manifiesto la confianza que en él tenía su superior. Es decir, se comportó con lealtad al juramento de fidelidad a la República que había prestado en el momento de su advenimiento.

Ven contradicción entre la represión de la sublevación de los mineros, que había sido patrocinada, entre otros, por el PSOE, y su ofrecimiento de colaboración con El Socialista. Y al referirse a la sanción que se le impuso por este motivo, afirman que fue…

«… condenado como agente de información y recluta».

Expresión esta que no aparece en ninguno de los folios del citado expediente; la realidad es otra: la suspensión de empleo y sueldo se le impuso por su injerencia en cuestiones políticas y su afinidad con el partido socialista, contraviniendo lo dispuesto en el reglamento militar.

Mantienen una tesis retorcida acerca del motivo por el cual, al iniciarse la sublevación, en vez de dirigirse a León, como hizo, no se pasó al bando republicano cuyas líneas se encontraban muy cerca del lugar de sus vacaciones. También en este caso la razón es simple: por su condición de militar se dirigió a León para ponerse a las órdenes del coronel de su regimiento, sin más.

Le califican de «agente doble», aunque en las fuentes que ellos citan en la página 23, no aparece esta expresión.

Es evidente que al ofrecer su colaboración al periódico El Socialista violó el número 4.o del artículo 329 del Código de Justicia Militar, como ya he dejado constancia de ello, de una forma que, a la vista del contenido de la carta, podría calificarse de ingenua; en ella expresaba su deseo de que los mandos del ejército estuvieran más cerca del pueblo, pues se les criticaba su origen de derechas y su condición de monárquicos.

Con la frase:

«… la relación de oficiales que leen cada uno de los periódicos citados…».

(Se refieren a los oficiales del regimiento 36 y al diario El Socialista y otros de tendencia socialista), dan a entender que Rodríguez Lozano facilitó los nombres de esos oficiales, cuando no es así: él se limitó a dar el número de oficiales que leían esos periódicos, sin presentar una relación con sus nombres.

Dudan los autores de la condición de notario de Arturo García del Río —«presunto fedatario» (página 92)—, quien el 17 de agosto de 1936, la víspera de ser fusilado, acudió, según ellos, a la prisión habilitada en el actual Hostal de San Marcos para que Rodríguez Lozano pudiera otorgar testamento. Basan su duda en las posibles consecuencias que podrían sobrevenirle al «presunto fedatario» facilitando el otorgamiento de testamento a quien iba a ser fusilado.

Podrían haber aclarado con facilidad su desconfianza sobre la condición de notario de la persona indicada, acudiendo al Colegio Notarial de Castilla-León para informarse si en esa época Arturo García del Río era o no notario en la ciudad de León; porque, efectivamente, era el notario con más antigüedad en León[34].

Por otra parte, los hechos no fueron tal y como los narran ellos. Rodríguez Lozano otorgó testamento ológrafo en la cárcel y a primeras horas de la mañana del día 18, fue fusilado. La familia entregó en el juzgado el certificado de defunción expedido el 22 del mismo mes de agosto y el testamento ológrafo, que fue dado por válido por el juzgado el día 26 y entregado el día 29 de agosto al indicado notario para su protocolización.

Esa sombra de duda acerca del testamento tiene su importancia para los autores, pues saben que el expresidente Rodríguez Zapatero utilizó su texto para justificar algunas de sus actitudes políticas.

Reproduzco a continuación una parte del testamento del capitán Juan Rodríguez Lozano[35]:

Juan Rodríguez Lozano, natural de Alange, provincia de Badajoz, de cuarenta y tres años de edad, casado con Doña Josefina García García, de cuyo matrimonio tiene dos hijos, Josefina y Juan, hallándose en pleno uso de sus facultades mentales, declara:

4.o. —Desea ser enterrado civilmente, sin pompa alguna, entregando su cadáver a su esposa o representante de ella, y cuando su esposa lo crea oportuno, si alguna vez lo cree, sean trasladados los restos al cementerio de Pola de Cordón, donde reposan los restos de sus seres queridos, como sería su deseo que al morir su esposa la entierren junto a él.

5.o. —Para tranquilidad de su esposa y familia, declara creer en la existencia de Dios, rechazando su conciencia en cambio los ritos humanos. Su fe en el Ser Supremo es firme. A él encomienda su alma de creyente, que procuró siempre limpia de faltas y a él también encomienda la felicidad de su esposa e hijos. A él, en este momento de abominables pasiones, pide la paz de España y de la Humanidad. Muere inocente y perdona. Pide a su esposa e hijos que perdonen también.

6.o. —Que cuando sea necesario se vindique su nombre y se proclame que no fue traidor a su patria y que su credo consistió siempre en su ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes. Y para que surta efectos legales lo declara así en León, prisión de San Marcos, a diez y siete de agosto de mil novecientos treinta y seis.

La gran revancha es una diatriba contra el expresidente Rodríguez Zapatero, aprovechando, de forma inadecuada en mi opinión, la figura del abuelo, pues, además de lo dicho hasta aquí, sacan a relucir los crímenes de ETA, el atentado contra Irene Villa y otros muchos, en una especie de totum revolutum.

Estoy de acuerdo en que el expresidente puso en un pedestal público a su abuelo, al que consideró persona ejemplar y relevante y utilizó su figura para justificar las ideas propias. De lo que yo he leído deduzco que fue un militar gris —sin dar a este adjetivo un matiz peyorativo—, como tantos otros, respetuoso con su juramento de fidelidad a la República, como pone de manifiesto la participación en la represión de Asturias con el regimiento al que pertenecía, siguiendo órdenes del teniente coronel jefe de su regimiento, y estuvo en el lugar inadecuado en el momento de la sublevación, hecho por el que fue condenado a muerte. Se limitó a cumplir con su deber.

Mi respeto a la persona de Juan Rodríguez Lozano y al cariño y admiración que por él siente su familia; ahora bien, si hubiera que levantar un monumento de recuerdo y homenaje a cada uno de los españoles anónimos que murieron durante la guerra, la mayoría de ellos sin saber el motivo por el que morían, no habría espacio suficiente.

Anexo

Anexo

Carta dirigida por el capitán Juan Rodríguez Lozano al director del diario El Socialista, Julián Zugazagoitia (Expediente número 436, Tribunal Militar Eventual de León, Archivo Militar Intermedio de El Ferrol, Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña).

Declaración del capitán Juan Rodríguez Lozano en relación con la carta anterior (Expediente número 436, Tribunal Militar Eventual de León, Archivo Militar Intermedio de El Ferrol, Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña).

Enrique Rajoy Leloup / Mariano Rajoy Brey

Es mucho más impresionante que otros descubran tus buenas cualidades sin tu ayuda.

JUAN ARMANDO CORBÍN

Introducción

Introducción

Son contadas las ocasiones en las que Mariano Rajoy Brey ha hecho referencia pública a su abuelo Enrique Rajoy Leloup y, cuando lo ha hecho, ha sido para aludir veladamente, sin estridencias ni resentimiento, a las consecuencias que el régimen franquista tuvo sobre él y su familia. Citaré una de ellas[36], realizada con motivo de la presentación de la biografía del abuelo escrita por Baldomero Cores:

«Este libro arroja mucha luz, aunque a algunos no les guste, quizás porque el que no les gusta soy yo».

El motivo por el que incluyo en Algunos abuelos de la democracia al abuelo paterno del expresidente del Gobierno, es el de hacer ver a quien no lo sepa, que fue un demócrata, republicano y autonomista convencido, que trabajó por sus ideales desde un origen social modesto y sin ningún compromiso político partidista. Esto, sin embargo, no fue obstáculo para unir su andadura autonomista a la de personajes como Alexandre Bóveda, Ánxel Casal y Bibiano Fernández Osorio Tafall, los dos primeros asesinados nada más iniciarse la guerra civil y vinculados a Rajoy Leloup por la amistad y el trabajo conjunto de preparación del Estatuto de Autonomía para Galicia de 1936, desde la militancia de los dos primeros en el Partido Galleguista.

Rajoy Leloup sufrió el ostracismo del régimen hasta el año 1948. Fue desposeído de su condición de profesor titular de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, relevado en el decanato del Colegio de Abogados compostelano, sancionado con una multa que le obligó a vender alguna propiedad familiar para atender a su pago e inhabilitado para el ejercicio profesional durante unos años.

Creo que merece la pena dar a conocer algunos retazos de la vida de este «abuelo de la democracia», de la mano de la obra de Baldomero Cores, de los recuerdos de la familia, el contenido de las hemerotecas y la información archivística localizada por el autor, por lo que significó políticamente para Galicia. A pesar de ello, su nieto Mariano Rajoy Brey ha preferido conservar su recuerdo en el ámbito estrictamente familiar y no utilizar en su carrera política la figura de su predecesor.

El lector tendrá ocasión de comparar su trayectoria política y sus convicciones con las de otros «abuelos de la democracia» que forman parte de esta obra, así como el diferente uso hecho de cada uno de ellos por sus respectivos antecesores.

Biografía personal y familiar

Biografía personal y familiar

Enrique Rajoy Leloup nació en Santiago de Compostela el 26 de marzo de 1882, en la Plaza de las Ánimas número 5, en el corazón del casco más antiguo de la ciudad. Posteriormente residió en Pegigo de Arriba número 2, en la Avenida de Rajoy número 9[37] y, tras su matrimonio, en la Plaza do Toural.

Su padre, Mariano Rajoy do Barro, natural de Santa María do Monte (Forcarey-Pontevedra), miembro del cuerpo de la guardia civil, estuvo destinado en La Coruña y Santiago, donde falleció el 10 de julio de 1931. La madre, Rosa Leloup González, era oriunda de la provincia de La Coruña (de Bergondo, el padre y de Arteixo, la madre).

El matrimonio tuvo dos hijas, Pilar, soltera (falleció el 23 de agosto de 1933), y Elisa, casada con el empresario compostelano José Cotos López, y un varón, Enrique.

Desde su época en el instituto puso de manifiesto su iniciativa, al crear el Ateneo de estudiantes de bachillerato, con el objetivo de mejorar la formación cultural de los jóvenes.

A principios del mes de octubre de 1904[38] realiza en el instituto de Santiago los dos exámenes necesarios para la obtención del título de bachiller. Tan solo unos días después se matricula en la Facultad de Derecho, curso preparatorio, en las asignaturas de Lengua y Literatura, Historia de España y Lógica Fundamental. Esto sucede cuando tiene ya 22 años de edad. Al finalizar este curso preparatorio obtiene dos premios en el certamen organizado por la Sección de Filosofía y Letras.

A los 12 años de edad empezó a trabajar[39] y en 1904, unos meses antes de iniciar la carrera, lo hace en el Ayuntamiento de Conxo como auxiliar de la secretaría, y sustituye con frecuencia al secretario durante sus ausencias o cuando la plaza se encuentra vacante; a partir de febrero del año 1906 el pleno del ayuntamiento le nombra oficial mayor con un sueldo de 1250 pesetas anuales. Desde 1910, casi de forma ininterrumpida, actuó como secretario interino, con un sueldo anual de 2500 pesetas.

El 4 de junio de 1914 presenta su renuncia al cargo de secretario interino…

«… para dedicarme a mis asuntos particulares».

Cinco días después el pleno de la corporación aceptaba su renuncia[40].

En su expediente personal, que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, se constata que obtuvo la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas de la carrera de Derecho, excepto en la de Práctica Forense, último curso, calificada con notable. Tan excepcionales resultados le otorgaron el derecho a «matrícula de honor» o matrícula gratuita, a lo largo de toda la carrera, incluido el llamado curso preparatorio.

El 8 de junio de 1910[41], a los 28 años de edad, obtenía el título de Licenciado en Derecho, con la calificación de sobresaliente:

«Premio Extraordinario por oposición y Título a Mérito, expedido el 20 de octubre de 1910».

Tras las correspondientes pruebas, práctica y escrita, esta última consistente en…

«… desarrollar, incomunicado, por escrito, dos temas sacados a la suerte».

Durante su etapa de funcionario municipal fue secretario del Sindicato Agrícola de la localidad de Conxo, lo que le permitió acercarse a la realidad del mundo rural y conocer la importancia del derecho foral gallego.

Recién obtenida la licenciatura inicia su actividad como abogado, previa el alta en los colegios de abogados de Santiago —del que más adelante sería secretario y desde el 5 de junio de 1932, decano— y del de La Coruña a partir del 4 de junio de 1912.

En 1912 solicita certificado completo de su expediente académico en la Universidad de Santiago, que se expide…

«… para la Universidad de Madrid».

Con el fin de matricularse en el doctorado, donde realiza los correspondientes ejercicios con resultado de sobresaliente en todas las asignaturas, y redacta su tesis, titulada «Los pactos sucesorios», también merecedora de la calificación de sobresaliente. El diario El Eco de Santiago la publicó en 1914. El tribunal juzgador de la tesis, formado por Ismael Calvo Madroño como presidente y Felipe Clemente de Diego, J. Cueva Palacio, M. Martín Veña y G. González Martínez como vocales, escuchó la defensa del candidato el día 21 de junio de 1913[42].

Durante esta etapa formativa tuvo ocasión de entablar una estrecha relación con el catedrático de Derecho Comparado Gumersindo de Azcárate, de quien reconoció haber recibido una positiva influencia, por lo que siempre le consideró como su «querido y venerado maestro». Eugenio Montero Ríos y Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, fueron otros dos personajes a los que también admiró y reconoció idéntica influencia en su formación.

Enrique Rajoy Leloup comenzaba su intensa dedicación al mundo jurídico y, pese a carecer de antecedentes familiares en él, a crear una saga familiar de juristas que se prolongó hasta sus bisnietos.

Contrae matrimonio en la parroquia de Santa Susana con Mercedes Sobrado Brandariz, nacida en Santiago el 31 de julio de 1883[43], perteneciente a una familia de la burguesía comercial de la ciudad. El matrimonio fija su residencia y despacho profesional en el número 7 de la plaza do Toural, edificio propiedad de la familia de la esposa, que durante algunos años sería residencia de tres generaciones Rajoy; las vacaciones veraniegas de la familia estaban vinculadas a la localidad de Carril.

Tanto su vida familiar como profesional estuvieron unidas a esta céntrica plaza, hasta el momento de su muerte. En la plaza do Toural confluyen la Rúa do Villar y la Rúa Nova y se encuentra el principal edificio del lugar, el Pazo de Bendaña, domicilio de la familia Bendaña, que más tarde fue sede del casino de la ciudad y en la actualidad lo es de una fundación. El edificio está rematado con una imagen del titán Atlas soportando sobre sus espaldas el peso del mundo. Desde antiguo circula por Santiago la leyenda de que Atlas se verá liberado de su carga cuando pase por la plaza una joven virgen o un estudiante sin suspensos. No se puede dar credibilidad a esta historia, pues Enrique Rajoy y otros miembros de su familia con brillantes expedientes académicos transitaron por ella con frecuencia y Atlas continúa con el castigo sobre sus hombros.

Reanudemos el repaso de la vida familiar de nuestro personaje. Sus dos hijas, Pilar y Mercedes, fueron en los años veinte del pasado siglo las primeras mujeres estudiantes de Derecho en la universidad compostelana. La primogénita finalizó la carrera con premio extraordinario, fue ayudante de clases prácticas de Derecho Civil en la Universidad de Santiago[44] y fundó y dirigió la Escuela de Enseñanza Social de Santiago, antecedente de la Escuela de Trabajo Social. Mercedes perteneció al Cuerpo Técnico del Ministerio de la Gobernación, con destinos en las ciudades de Orense y La Coruña, hasta el momento en que pidió la excedencia para ingresar en la congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón. Enrique, también licenciado en Derecho, ejerció la abogacía en Santiago y formó parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santiago, como su padre. Finalmente, Mariano, padre de Mariano Rajoy Brey, juez por oposición, inició su carrera profesional en el juzgado de Órdenes y la finalizó como presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Algunos de los nietos de Rajoy Leloup, como ya he dicho, dieron continuidad a la saga jurídica como notarios y registradores de la propiedad. Honda debió ser la huella profesional del abuelo, pues ha llegado hasta sus bisnietos. Uno de sus nietos recuerda haber utilizado para la preparación de oposiciones en los años setenta, los apuntes que el abuelo utilizaba en sus clases de Derecho Civil.

Docencia y actividad profesional

Docencia y actividad profesional

En 1918 inicia la actividad docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, inicialmente como profesor auxiliar interino gratuito, en la asignatura de Derecho Civil. Al año siguiente, tras participar en un concurso, accedió a la condición de profesor auxiliar temporal y mantuvo la docencia de Derecho Civil hasta el 30 de junio del año 1930, con excepción del período comprendido entre el 1 de octubre de 1929 y el 15 de enero de 1930, cuando fue cesado por Real Orden de 29 de septiembre de 1929. Fue readmitido provisionalmente a partir del 15 de enero del año siguiente y recurrió el cese ante Tribunal Supremo, que, mediante sentencia de 18 de junio de 1935, le repuso en su puesto[45].

Tal vez la decepción que sintió en el momento del cese le hiciera firmar la solicitud para participar en la oposición a una cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Madrid[46]. Con motivo de este cese, el claustro de la Facultad de Derecho[47], por unanimidad, acordó expresar su:

«… su sentimiento, al verse privada de los servicios de los señores Rajoy y Bacariza, que con tanto celo, competencia y decidido amor a la enseñanza, han venido desempeñando…».

A lo largo de su carrera docente enseñó también Derecho Romano, Derecho Canónico, Derecho Internacional Privado, Derecho Político e Historia General del Derecho Español.

Fruto de su dedicación a la docencia fue el trabajo titulado Pluralidad objetiva del delito producida por el mismo sujeto, publicado en 1923 por la tipografía La Comercial, de Santiago de Compostela.

Fue suspendido de empleo y sueldo como profesor auxiliar de la Universidad de Santiago, en virtud de orden ministerial de 20 de noviembre de 1936, a propuesta del comandante militar de Santiago José Bermúdez de Castro, siendo rector de la Universidad Felipe Gil Casares[48]. El expediente de depuración instruido por la Comisión Depuradora del Personal Universitario se inicia el 19 de diciembre del mismo año.

Fue tertuliano habitual del Café Derby, situado en el número 29 de la rúa das Orfas, frente al desaparecido edificio Castromil y al Hotel Compostela, en el área que separaba el casco antiguo y el barrio del ensanche, muy próximo a su domicilio y despacho. Un lugar tradicional de encuentro y de interesantes tertulias desde su apertura el año 1929, entre ellas las de los primeros galleguistas. Su mostrador de caoba, barra de mármol de Carrara y vidrieras italianas, estaban a la altura de quienes fueron tertulianos habituales a lo largo del tiempo: Maside, Seoane, García Sabell, Suárez Picallo, Rafael Dieste, Valle Inclán, Castelao y hasta García Lorca, durante alguna de sus estancias en la ciudad. En esta sesuda tertulia, la redacción del estatuto gallego fue tema fundamental de conversación, pues todos los tertulianos compartían la inquietud de su aprobación. Ya en la época franquista, el tema principal de conversación eran las críticas al gobierno de Franco, con el que ninguno de los asistentes comulgaba.

Circuló por Santiago la anécdota, cierta o falsa, de que Rajoy Leloup había iniciado una suscripción pública con cuya recaudación se compraría un pazo a Valle Inclán, pues a Don Enrique le parecía un contrasentido que Don José María, que tan bien describía la vida en aquellos vetustos recintos, careciese de pazo propio. La leyenda familiar dice que encabezó la suscripción con mil pesetas de la época. Debemos suponer que se trataría de un pazo que reuniera los tres atributos clásicos propios de tal denominación, capilla, palomar y ciprés, según pregona el refrán gallego: si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es.

Su despacho profesional de Santiago era uno de lo bufetes más activos de Galicia, así lo pone de manifiesto el hecho de que él, Enrique Pérez Ardá, Manuel Durán García, José Ozores Prado y Maximiliano Linares Rivas, fueran los civilistas gallegos que más impuestos pagaban en el ejercicio de su profesión. En la prensa local hay innumerables noticias de sus frecuentes desplazamientos a diversas localidades de Galicia y de España, por motivos profesionales[49].

Según recuerda uno de sus nietos, salvo casos especiales, la consulta diaria en el despacho, especialmente los jueves, días de feria en Santiago, se componía de gente de las aldeas vecinas que, al tiempo que venían a vender sus productos de huerta y adquirir aperos para las faenas del campo, pasaban por el despacho de don Enrique para hacerle alguna consulta acerca de disputas con otros vecinos sobre linderos y servidumbres, recibir consejo sobre la forma más conveniente de hacer testamento o ver cómo iba el pleito en curso. Siempre escuchaba con gran paciencia y trataba de aclararles sus dudas y despejar sus incertidumbres; y cuando se sentía cansado, interrumpía el trabajo para acercarse a los cafés Derby o Azul a tomar un cortado, leer la prensa y participar en la habitual tertulia. Eso sí, siempre con la compañía de su inseparable pitillo y un elegante bastón con puño de plata.

Don Enrique era muy olvidadizo, sobre todo en los últimos años de su vida; el objeto principal de sus olvidos solía ser el inseparable bastón que, al llegar a la amplia vivienda del Toural dejaba por cualquier sitio, lo que obligaba a la sufrida abuela Mercedes a poner en funcionamiento al personal doméstico, hijos y nietos, en busca del bastón, en tanto él, malhumorado, se impacientaba y hasta sugería que tal vez se lo habían robado. Naturalmente, siempre aparecía, y tras el victorioso ¡aquí está!, volvía el sosiego al hogar.

Cuando su hijo Enrique finalizó la carrera de Derecho, padre e hijo compartieron despacho en el Toural y la colaboración de la fiel Concha, que introducía a la clientela en una de las dos salas de espera, tras la consabida pregunta previa: «¿co pai ou o fillo?».

Republicano y galleguista

Republicano y galleguista[50]

La primera constancia formal y concreta de la preocupación de Enrique Rajoy Leloup por las peculiaridades jurídicas de Galicia, que años más tarde culminaría con su iniciativa sobre el Estatuto de Autonomía, se remonta al año 1921. La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santiago[51] examinó la propuesta del colegiado José Mosquera Vázquez Pimentel sobre reforma de varios artículos del Código Civil. Rajoy Leloup fue comisionado para la elaboración del oportuno informe, en el que dejaba constancia de su honda preocupación por el Derecho Foral de Galicia.

En 1931 el proceso de elaboración de la Constitución de la República le brindó la ocasión de exponer su iniciativa sobre el tema de la autonomía en el pleno del Ayuntamiento de Santiago del 19 de agosto de ese mismo año. En él expresó la opinión de que los ayuntamientos debían oponerse a la absorción administrativa por parte del poder central y propuso la creación de la Unión Gallega de Municipios de Galicia[52], para:

«… defender los intereses de los pueblos contra disposiciones del poder central…, que cercenan la autonomía de los ayuntamientos».

Al tiempo que planteaba…

«… la necesidad de llegar a un acuerdo sobre el Estatuto Gallego».

Esta idea fue acogida de forma muy positiva y tuvo gran repercusión, por ser considerada instrumento de presión para conseguir la cuota de autonomía que Galicia necesitaba. El planteamiento contemplaba diversas regiones reconocidas como tales dentro de un modelo de Estado integral, y no como una república federalista, según defendían otras corrientes de opinión. La prensa de la época recoge similar inquietud en Aragón, Ceuta, Extremadura y Valencia, además, naturalmente de País Vasco y Cataluña.

Unos días después, en un nuevo pleno, Rajoy Leloup presentaba su propuesta de forma más precisa y coherente, que podría resumirse en la utilización del camino municipalista para la consecución de la autonomía de la región.

Entre otros aspectos, contemplaba:

La constitución de la Asociación de Municipios de Galicia, en defensa de los intereses de los municipios gallegos.

Acción conjunta para evitar que los municipios gallegos continuaran soportando el coste de los servicios de interés estatal creados por el Gobierno.

Derogación de todas las normas que no procedieran del poder legislativo y limitaran las atribuciones que la ley orgánica de municipios o el estatuto municipal conferían a los pueblos, limitando su autonomía en asuntos propios de su ámbito.

Supresión de las diputaciones provinciales.

Creación de una escuela regional para la formación de los funcionarios de la administración local.

Creación de un régimen de gobierno propio para Galicia.

Tras la promulgación de la Constitución de la República el 9 de diciembre de 1931, Rajoy se convierte en decidido impulsor de la autonomía gallega y el 19 de abril de 1932 dirige un escrito al Ayuntamiento de Santiago instándole a asumir la iniciativa de convocar la Asamblea de Municipios para tratar el tema de la autonomía y situarse a la altura de las iniciativas de Cataluña y «la región vasco-navarra»; ello al amparo del artículo 12 a) de la Constitución[53]. El escrito finalizaba con estas palabras:

«¡Gallegos, seamos todos hermanos en esta cruzada por la liberación de Galicia!».

La idea había calado. En la asamblea de municipios celebrada en Santiago el 3 de julio de 1932 se constituyó la comisión redactora del Estatuto de Autonomía, presidida por Salvador Cabeza de León, exalcalde de Santiago, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago y presidente del Instituto de Estudios Gallegos. La integraban Manuel Iglesias Corral, alcalde La Coruña y abogado, Eladio Rodríguez González, presidente de la Academia Gallega, Alejandro Bóveda Iglesias, perteneciente al Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado y, como secretario, Enrique Rajoy Leloup, concejal del ayuntamiento de Santiago elegido en 1931, profesor universitario, abogado en ejercicio y decano del Colegio de Abogados.

En la asamblea participaron la Universidad de Santiago de Compostela, Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana, Institutos de enseñanza, Colegios profesionales, Academias, Cabildo de Compostela, Cajas de Ahorro, Diputaciones Provinciales, alcaldes de los municipios gallegos, organizaciones políticas legalmente constituidas y prensa, entre otras muchas representaciones de la región[54].

En diciembre del mismo año la Asamblea de Municipios[55] adoptó el acuerdo de crear el Comité Central de la Autonomía de Galicia y, a propuesta de Bóveda, Enrique Rajoy Leloup resultó elegido secretario general. Durante estas jornadas se aprobó el texto definitivo del estatuto. No hubo grandes dificultades para llegar a un consenso sobre su redacción, salvo en el punto relativo a la capitalidad, que, según figuraba en el texto, sería designada por las llamadas Cortes de la región. El nuevo secretario, en su intervención en gallego, trató de declinar el nombramiento, sin conseguirlo.

El entusiasmo del secretario del comité llegó al extremo de invitar a una productora cinematográfica de Vigo por si le interesaba grabar la celebración de esta asamblea en la que participarían todos los ayuntamientos de Galicia[56]. También se ocupó de la difusión del acto en la comunidad gallega en América, pidiendo al Director General de Teléfonos:

«… la concesión de unos minutos a esta región para transmitir a América un saludo especial que Galicia dedica a sus hermanos».

Hizo gestiones similares ante la prensa gallega e, incluso, invitó a una emisora de radio de Lisboa.

Dado que al acto asistiría una elevada concurrencia, dirigió una carta a los salones y cafés de Santiago:

«Salón, Principal, Savoy, Español, Suizo, Derbi y Argentino, para que tengan unos espectáculos dignos de los visitantes».

La secretaría del comité se ocupó también de solicitar tarifas reducidas de tren, autobuses y hoteles para los asambleístas, confirmar las personas asistentes en representación de los ayuntamientos gallegos y otras tareas logísticas.

Pocos días después Enrique Rajoy publicó en la tipografía santiaguesa El Eco franciscano un libro divulgador del estatuto, titulado Autonomía gallega, con portada de Camilo Díaz, padre de Isaac Díaz Pardo. Con un enorme pragmatismo se ocupa de que el libro se distribuya entre las librerías de Galicia y se anuncie en la prensa su disponibilidad en ellas, asumiendo los costes publicitarios la comisión, porque:

«Una obra que se cobra, no hay derecho a pretender que la anuncien de gorra».

En todas estas tareas tuvo siempre la colaboración de su hija Pilar, como eficaz mecanógrafa.

Enrique Rajoy era ya considerado el promotor e impulsor del estatuto, pero a partir de este acto esa opinión se generalizaba hasta atribuirle ser el alma del autonomismo.

Pero no todos los políticos gallegos veían en la iniciativa autonómica el camino hacia el progreso cultural y económico de la región, como pone de manifiesto el intenso debate que se suscitó sobre el tema entre Manuel Iglesias Corral y Enrique Rajoy Leloup en la sesión de 18 de diciembre de 1932 de la Asamblea de Municipios de Galicia, dada la posición antagónica de ambos en cuanto al tema de la capitalidad, que Iglesias Corral defendía para la ciudad de La Coruña. Tan agria discusión estuvo a punto de dar al traste con el movimiento autonomista.

A principios del año 1933 comienza la campaña de difusión y propaganda a través de la prensa escrita gallega: Voz de Galicia e Ideal Gallego, de La Coruña; Pueblo Gallego, de Vigo; Correo Gallego, de El Ferrol, El Compostelano y El Eco de Santiago y las emisoras de radio, que en aquel momento empezaban su expansión por toda España. Los partidos Radical y Radical Gallego optaron por no participar en la campaña de propaganda conjunta de todos los partidos y el primero expresó su deseo de hacerlo aisladamente. Esta actitud decepcionó a Enrique Rajoy, según consta en una carta dirigida a Blanco Amor el 9 de marzo de 1933[57]:

«Somos galegos e non nos entendemos».

Los días 12, 19 y 21 de marzo de 1933 Rajoy Leloup comparece ante los micrófonos de Unión Radio en Santiago y en su intervención, titulada Los partidos políticos en Galicia y la autonomía regional, defiende la autonomía como el instrumento que permitirá a Galicia recuperar su personalidad y dignidad a través del autogobierno[58].

Las intervenciones en Unión Radio de Santiago comenzaban y terminaban con un disco que él mismo llevaba de su casa, y la familia conservó durante años, con la grabación de la música de Veiga y letra de Pondal, que más tarde sería declarado Himno de Galicia. Esta es la leyenda que circula en la familia sobre la primera ocasión en que se oyó masivamente el himno que en la emigración, después de la guerra civil, se elevaría a símbolo de Galicia. La familia recuerda la existencia del viejo gramófono familiar, que tantas veces reprodujo tan hermosas letra y música:

¿Qué din os rumorosos

na costa verdecente

ao raio transparente

do prácido luar?

¿Qué din as altas copas

de escuro arume arpado

co seu ben compasado

monótono fungar?

Do teu verdor cinguido

e de benignos astros

confín dos verdes castros

e valeroso chan,

non des a esquecemento

da inxuria o rudo encono;

desperta do teu sono

fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos

a nosa voz entenden

e con arroubo atenden

o noso ronco son,

mais sóo os iñorantes

e féridos e duros,

imbéciles e escuros

non nos entenden, non.

Os tempos son chegados

dos bardos das edades

que as vosas vaguedades

cumprido fin terán;

pois, donde quer, xigante

a nosa voz pregoa

a redenzón da boa

nazón de Breogán.

El discurso radiofónico pronunciado el día 12 fue recogido literalmente en portada por el diario El Compostelano[59], resaltaba en titulares la siguiente frase:

«… autonomía con unidad orgánica es cosa muy diferente de la uniformidad centralista».

Por fin, el 31 de mayo de 1933 se publicaba el decreto que facultaba al Comité Central de la Autonomía de Galicia para fijar la fecha de celebración del referéndum: renacía la esperanza. El comité eligió el 17 de diciembre siguiente.

Por razones de política estatal, derivadas de los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 19 de noviembre de 1933, que permitieron formar un gobierno con la mayoría parlamentaria de los partidos de derecha y centro derecha, Rajoy Leloup percibió que el referéndum se retrasaría. Debió sentirse tan decepcionado tras varios años de trabajo, que decidió abandonar su cargo de secretario general del comité y rechazar las diversas propuestas recibidas para presentarse a las elecciones a Las Cortes.

El periodista Jesús Rey Alvite Feás publicaba el día 10 de noviembre de 1933[60] en el diario El Compostelano, en primera plana, un artículo titulado «Deuda de Galicia y de Santiago con Don Enrique Rajoy»:

«… un hombre que se embriagaba de entusiasmo por la obra de la autonomía».

Terminaba su comentario proponiendo la apertura de una suscripción popular para regalarle un pergamino artístico que sirviera de recuerdo de la…

«… memorable Asamblea de Municipios (se refería a la celebrada entre los días 17 a 19 de diciembre del año anterior), en la que puestos todos en pie aclamaron al iniciador del proyecto».

Un grupo de políticos de toda Galicia afines a la autonomía, movilizados por Rey Alvite Feás, organizó el homenaje de reconocimiento por su trabajo en favor del Estatuto; entre los asistentes al acto, que tuvo lugar en Santiago, se encontraban Carlos Maside, Angel Braxe, Alfonso Castelao, José del Riego, Fermín Bouza Brey, José Filgueira Valverde y Alexandre Bóveda. La referencia del acto dada por el diario El Compostelano[61] resaltaba la participación de partidos de izquierda y de derecha en este homenaje a un hombre sin ambición personal ni política que…

«… quiere dignificar la vida política y administrativa de Galicia».

La Asamblea de Municipios Gallegos, en su reunión del 3 de diciembre de 1933, adoptó el acuerdo de suspender el referéndum, dada la situación política nacional surgida de las últimas elecciones.

Su dimisión como concejal del ayuntamiento de Santiago el 12 de marzo de 1935 suponía la culminación de la decepción, revestida con la excusa de la dedicación que le exigiría la apertura de despacho en la ciudad de La Coruña, en los números 58-60 de la calle Juana de Vega[62].

Con las elecciones del 16 de febrero de 1936 parecía nacer una nueva oportunidad para el Estatuto de Galicia. El 11 de mayo se reunía el Comité Ejecutivo de la Autonomía de Galicia bajo la presidencia de Ánxel Casal, con Enrique Rajoy como segundo secretario, para convocar una reunión del pleno para el 31 de mayo en Santiago. Se fijó el 28 de junio como fecha más adecuada para someterlo a plebiscito. Los boletines oficiales de las cuatro provincias publicaban la convocatoria: el día 13 de junio Orense, el 15 Pontevedra y Lugo y el 17 La Coruña.

Días antes del plebiscito Rajoy Leloup intervino, una vez más, en un programa de radio con la conferencia «Autonomía, estatuto y deber de los gallegos». El diario local El Eco Compostelano[63] anunciaba el acto y daba la siguiente noticia:

«Los comerciantes de la comarca de Santiago que en sus establecimientos tienen instalados aparatos de radio, abrirán sus puertas a los campesinos, a fin de que puedan enterarse del deber que en este momento les obliga».

Teniendo en cuenta los medios de difusión de la época, el nivel de formación medio de la población, mayoritariamente rural, y su dispersión, los resultados fueron difícilmente mejorables.

El 5 de julio se reunía el Comité Central de la Autonomía[64] y numerosos representantes de asociaciones e instituciones de Galicia en el salón de actos de la Facultad de Medicina de Santiago, para dar cuenta de los resultados oficiales[65].

Del total de electores de que constaba el censo, 1 343 135 (455 746 en la Coruña, 284 838 en Lugo, 265 772 en Orense y 336 779 en Pontevedra), votaron 1 000 963, 74,52 % del censo electoral (372 621 en La Coruña, 202 987 en Lugo, 181 366 en Orense y 243 989 en Pontevedra), de los cuales 993 351, 99,24 %, fueron votos a favor (370 733 en La Coruña, 200 536 en Lugo, 179 363 en Orense y 242 719 en Pontevedra), 6161, 0,62 %, en contra (1665 en La Coruña, 1870 en Lugo, 1661 en Orense y 959 en Pontevedra) y 1451, 0,142 %, en blanco. En todas las provincias se sobrepasó el quórum mínimo exigido por la Constitución.

Podía ya notificarse oficialmente el resultado del referéndum y así lo hace el día 6 de julio el presidente del Comité Central de la Autonomía, Bibiano Osorio Tafall, con el visto bueno del secretario, Enrique Rajoy Leloup, mediante escritos dirigidos al Presidente del Parlamento y al Ministro de la Gobernación.

El 12 de julio a las ocho de la mañana emprendían viaje a Madrid Enrique Rajoy, Ánxel Casal y Mariño y en la madrugada del día siguiente[66], en «una excursión», lo hacían los presidentes y vicepresidentes de las diputaciones provinciales y los alcaldes de las capitales de provincia, con el objetivo común de entregar al Presidente de Las Cortes, Diego Martínez Barrio, la documentación oficial del Estatuto de Autonomía de Galicia. El día 15 se reunían con el Presidente de Las Cortes y al día siguiente visitaban al Presidente de la República, Manuel Azaña[67].

El día 17 la comisión regresaba a Galicia en el autobús que había hecho el viaje de ida. Tuvieron la suerte de que el vehículo solo fue detenido en Zamora por una patrulla y el viaje pudo continuar sin incidencias por territorios que, al día siguiente, quedarían adscritos a uno u otro bando.

Cuenta Baldomero Cores que, fuera por la incertidumbre del momento o por decisión del Presidente de Las Cortes, la entrega del estatuto no quedó registrada oficialmente en Las Cortes, según lo manifestado por el propio Diego Martínez Barrio a Alfonso Rodríguez Castelao[68], una vez iniciada la guerra.

Enrique Rajoy Leloup conservó en su domicilio toda la documentación sobre el largo viaje del Estatuto de Autonomía de Galicia que, tras su muerte, la familia entregó a Baldomero Cores, quien, a su vez, la donó en 1978 al Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. La familia, sin embargo, afirma que fueron ellos quienes donaron directamente este archivo personal al Instituto Padre Sarmiento.

Hoy, uno de sus nietos, con los ojos del niño que fue ayer, recuerda el misterioso cuarto secreto situado bajo las escaleras interiores de la casa familiar, en el que dudaban si allí se ocultaba un esqueleto o un animal salvaje que convivirían con ejemplares del estatuto y carteles de la campaña de propaganda. Concretamente recuerda uno en el que, sobre un mapa de España, una vaca pastaba en Galicia, con las ubres situadas en Madrid, donde la ordeñaba un señor con sombrero de copa. Sin duda se trataba de un conocido dibujo de Alfonso Castelao en el que una moza gallega alimentaba una vaca, que simultáneamente ordeñaba otro. El texto traducido al castellano era el siguiente:

«Si crees que no tiene derecho a ordeñar la vaca quien no la da de comer, vota el Estatuto».

Enrique Rajoy Leloup reunió una magnífica biblioteca, de contenido jurídico fundamentalmente, que algún día será donada a una institución pública. Pondré tres ejemplos de su contenido: una versión original del Código Napoleónico de 1808, una primera edición de la Historia de Galicia, de Manuel Murguía, y diversas obras de Antonio López Ferreiro[69].

El ostracismo

El ostracismo

El comienzo de la guerra civil desencadenó un largo período de represalias, que afectaría a los artífices del Estatuto, aunque de forma diferente. Ánxel Casal, alcalde de Santiago, fue detenido el 4 de agosto y, tras permanecer varios días confinado en los bajos del Palacio de Rajoy, apareció muerto en una fosa cerca del lugar de Cacheiras, próximo a Santiago. Alexandre Bóveda fue detenido el 20 de julio, encarcelado, juzgado, condenado a muerte el 13 de agosto de 1936 y ejecutado el 17 siguiente; en sus viajes a Santiago se alojaba habitualmente en casa de Rajoy Leloup.

Nuestro biografiado se lamentaba de no haber podido hacer nada por salvar las vidas de Bóveda y Casal, amigos personales y compañeros en el largo camino del Estatuto de Autonomía de Galicia.

También él podría haber sido ejecutado; tal vez su falta de adscripción política concreta le salvo de la muerte, pero no quedó libre de represalias. El 20 de noviembre de 1936 fue suspendido de empleo y sueldo en la universidad, en su condición de profesor auxiliar, en ese momento de Derecho Civil, y expulsado definitivamente el 22 de mayo de 1937, con baja en el escalafón, a propuesta de la Comisión Depuradora de Cultura y Enseñanza, Comisión (A) Depuradora del Profesorado Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 8 de noviembre de 1936 y órdenes ministeriales de 10 de noviembre y de 1936 y 17 de febrero de 1937[70].

Según una Circular de 7 de diciembre de 1936 firmada por el presidente de la Comisión Depuradora de Cultura y Enseñanza, José María Pemán, las opciones posibles para el personal docente eran: absolución, traslado o separación definitiva…

«… para todos los que hayan militado en partidos políticos del Frente Popular o en sociedades secretas y, de un modo general, los que perteneciendo o no a esas agrupaciones, hayan simpatizado con ellas…».

Este último supuesto es el que la Comisión aplicó a Enrique Rajoy Leloup.

El análisis del contenido de su expediente de depuración[71], notificado al interesado el 29 de diciembre de 1936, nos permite conocer los hechos que se le imputaban y determinados detalles de su vida personal.

La comisión estaba formada por los catedráticos Antonio de Gregorio Rocasolano, presidente, catedrático de Química de la Universidad de Zaragoza; Lorenzo Torremocha Téllez, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid; Teodoro Andrés Marco, presbítero, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca y vicerrector; Isaías Sánchez y Sánchez-Tejerina, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca; y Cándido Ángel González Palencia, secretario de la comisión, doctor en Filosofía y Letras, arabista y profesor de la Universidad Central.

Se le imputaban los siguientes hechos:

ser miembro del Frente Popular, con la agravante de cambiar fácilmente de opinión y, por consiguiente, ser acomodaticio —según el informe del Gobierno Civil de La Coruña—;

galleguista, con tendencia arribista, colaborador de galleguistas de izquierdas y «gozar de la confianza personal de una orden religiosa», curiosa acusación —informe de la Audiencia de La Coruña—;

secretario general de Izquierda Galleguista y propagandista máximo de ella, autor del estatuto separatista gallego e instrumento principal del Frente Popular en Santiago de Compostela —informe de la oficina del S. I. M. de Burgos.

El informe de la Audiencia de La Coruña añadía un aspecto positivo:

«… en el ejercicio de su profesión y en su conducta privada no merece reproche».

El mismo día Rajoy Leloup conoce también la propuesta de sanción: suspensión indefinida de empleo y sueldo.

En el alegato de defensa que presenta el 7 de enero de 1937, rechaza una por una todas las acusaciones en un escrito muy preciso y no demasiado largo, al que añade abundantes pruebas de sus afirmaciones, tales como testimonios de actas de las reuniones del Comité de la Autonomía y de sesiones del pleno del Ayuntamiento de Santiago, artículos de periódicos, certificados de la Universidad y del Colegio de Abogados de Santiago, por citar solo algunos. Especialmente significativo es el certificado expedido el 2 de enero de 1937 por el decano accidental del Colegio de Abogados, José Reino Caamaño, que sustituyó a Rajoy en el decanato:

«… disfruta del mejor concepto y de una conducta profesional, moral y política intachable; y siempre ha venido actuando en la Corporación y en la vida social como elemento de orden».

Hace especial hincapié en negar haber pertenecido a partido político u organización política y añade:

«… el que afirma debe probar, no el que niega. Demostrar una negación es, por lo general, imposible».

Como apoyo a su declaración aporta actas del Comité de la Autonomía en las que puede comprobarse que en varias de sus intervenciones afirmó rotundamente su independencia política, aunque esta no estuviera reñida con…

«… la cortesía, la buena educación, la convivencia social y el cumplimiento de los deberes que imponen los cargos».

En resumen, adversarios sí, enemigos no.

Más absurda era la acusación de considerarle «instrumento principal del Frente Popular en Santiago», pues en un artículo firmado por él en el diario El Compostelano, que aporta, se constata su fuerte rechazo al mismo. Otra prueba a su favor es el hecho de haber sido destituido de su cargo de concejal por el alcalde, cuando el Frente Popular llega al Ayuntamiento de Santiago en febrero de 1936. Finalmente, añade que en la elecciones de diputados de 1936 no pudo votar, pues los interventores del Frente Popular se lo impidieron alegando que su segundo apellido era Leloup y en las listas figuraba como Lelouve.

La incriminación de haber sido secretario de Izquierda Galleguista, era fácilmente desmontable, pues ese cargo lo había ostentado Manuel Gómez Román, como era público y notorio. Admitió la posibilidad de que la institución informante hubiera incurrido en error, al confundir aquella imputación con el hecho de haber ostentado la condición de secretario del Comité de la Autonomía, cargo técnico y no político, no retribuido, desde el año 1932.

Reconoció su condición de galleguista, entendida no en el sentido de nacionalista sino regionalista en defensa de las peculiaridades que deben ser reconocidas y encauzadas…

«… en un sistema de integración, sin detrimento de la unidad nacional y, por consiguiente, dentro de la solidaridad moral, económica, política y jurídica del Estado nacional español».

No negó su participación en la redacción del Estatuto de Autonomía, del que fue uno más de los nueve ponentes fundamentales —atribuye la redacción de la Exposición de Motivos al profesor Montero Díaz—, al tiempo que dejaba constancia de que a ninguno de los miembros de la ponencia redactora se le formuló cargo alguno, salvo a él.

Especialmente doloroso para él debió ser el calificativo de arribista, es decir, persona que progresa en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos. Recordó a la Comisión que era hijo de un modesto sargento de la guardia civil, que había trabajado desde los 12 años y obtenido la calificación de premio extraordinario en la licenciatura de Derecho y la máxima calificación en el doctorado. ¿Cómo se le podía calificar de arribista con estos antecedentes?

Añadió otros argumentos en su favor, todos ellos sustentados en las correspondientes pruebas documentales:

En las elecciones de septiembre de 1933, como representante del Colegio de Abogados de Santiago, votó la candidatura de Don José Calvo Sotelo como vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Como decano del Colegio de Abogados de Santiago, propuso a la Junta Directiva, que lo aceptó, la adhesión de la corporación al Movimiento Nacional.

Asistió al acto organizado por la Comandancia Militar de Santiago, con motivo de la proclamación del Jefe del Estado.

Hasta abril de 1931 fue concejal del Ayuntamiento de Santiago, formando parte de la candidatura monárquica, y desde 1933 hasta su cese se mantuvo en el grupo independiente.

Tanto durante la república como a partir de julio de 1936 participó en numerosos actos religiosos, y su familia colaboró económicamente para sufragar diferentes iniciativas de ayuda a los necesitados promovidas por la Iglesia.

Finalmente, manifiesta su convicción de que ha sido víctima de un error:

«… porque siempre reconozco la rectitud ajena».

La Junta Técnica del Estado, dependiente de Presidencia, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, acordó en Burgos el 22 de mayo de 1937 su separación definitiva del servicio como profesor auxiliar de la Universidad de Santiago, con baja en el escalafón. Con esa misma fecha trasladaba la decisión al Rector de la Universidad de Santiago y al presidente de la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario.

Hasta el mes de enero de 1938[72] mantuvo el cargo de decano del Colegio de Abogados de Santiago y siguió presidiendo las sesiones de su Junta de Gobierno y Junta General. Cuando la sede del colegio en el Palacio de Raxoy fue ocupada por el ejército, las reuniones de la Junta de Gobierno tenían lugar en los domicilios particulares o despachos de José Reino Caamaño, diputado 1.o de la junta, o de Rajoy Leloup.

La lectura de las actas nos da una clara sensación de normalidad en el desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta la situación de España en esos momentos: concesión de la ayuda solicitada por el ejército para hacer frente a los gastos de vestuario de las milicias armadas (3 de septiembre de 1936); acuerdo por aclamación, a propuesta del Colegio de Abogados de Granada, de nombrar Decano Honorario y Perpetuo a José Calvo Sotelo, con motivo de cumplirse seis meses de su asesinato (Junta General celebrada el día 13 de enero de 1937), por citar solo dos ejemplos.

El 31 de enero de 1938 la Junta de Gobierno se reúne en el domicilio del decano, en la Plaza do Toural. El secretario da lectura al escrito dirigido al decanato por el comandante militar de Santiago, en el que traslada otro del General Jefe de la 8.a División, con sede en La Coruña, y pide al colegio que designe una terna de colegiados, de los que la autoridad elegirá a uno de ellos para formar parte de la Junta de Transportes. La Junta, presidida por Rajoy Leloup, incluye en la terna a José Reino Caamaño, José Portal Fradejas y Ramón Montero Quiroga[73].

Los folios 81, vuelto, y 82, anverso, del libro de actas aparecen en blanco; la siguiente acta lleva fecha del 18 de noviembre de 1938 —folio 82, reverso—, y preside la Junta el nuevo decano, José Reino Caamaño. Por otra parte, en la correspondencia de la época conservada en el archivo del Colegio, no he encontrado ningún documento relativo al cambio de decano. ¿La petición de la terna por parte del general de la 8.a División pudo encubrir la destitución de Rajoy Leloup como decano? El hecho es que, finalmente, el representante del Colegio de Abogados de Santiago en la Junta de Transportes de la ciudad fue Domingo Cotos Rajoy[74].

Desde la última fecha indicada no aparece el nombre de Rajoy Leloup en las sesiones de la Junta de Gobierno, hasta el 27 de abril de 1943 en la que figura como decano interino, sustituyendo a quien lo es en propiedad en ese momento, José Reino Caamaño, por razón de incompatibilidad, pues se iba a dilucidar la admisión del hijo de este último en el Colegio de Abogados.

Cinco años más tarde, 5 de enero de 1948, ingresa en el colegio su hijo Enrique Rajoy Sobrado. Tan solo unos días después la junta general recupera a su antiguo decano, que entra en la Junta de Gobierno como diputado 1.o, con 11 votos a favor y uno en blanco; su hijo Rajoy Sobrado actuó en esta sesión como secretario accidental. Permaneció en la Junta hasta el 31 de julio de 1964, momento en que presenta su renuncia por motivos de salud, después de 38 años de vinculación a su colegio profesional, como secretario, decano y diputado 1.o.

En 1962 hubo un primer intento por parte de sus colegas de reconocer oficialmente sus méritos profesionales, que no se oficializó hasta la junta general de 31 de enero de 1965, con el nombramiento de decano honorario; en la misma sesión recibió idéntica distinción, a título póstumo, quien le había sustituido en el decanato, José Reino Caamaño.

Tal vez la expresión más fría del ostracismo que sufrió, como tantos otros, fue el silencio y el olvido conscientes. Hasta el comienzo de la guerra civil, la aparición de noticias en la prensa local y regional relacionadas con Rajoy Leloup y su familia, eran habituales. Tras la finalización de la guerra no he encontrado ninguna alusión a él ni en la prensa local de Santiago ni en La Voz de Galicia, el diario de ámbito regional de mayor tirada, hasta su fallecimiento en 1966.

Es decir, a pesar de su independencia partidista, no haber intervenido en ningún acto delictivo ni haber sido sometido a juicio, sufrió represalias. Su rehabilitación fue más tardía que la del abuelo de Pablo Iglesias Turrión, Secretario General de Podemos. Por otra parte, tras la rehabilitación de ambos, Rajoy Leloup reinició su actividad profesional, sembrada de múltiples dificultades; sin embargo, Iglesias Ramírez hizo carrera en una institución de la Administración del Estado, Seguro Obligatorio de Enfermedad, dependiente del Ministerio de Trabajo, en ese momento dirigido por el falangista José Antonio Girón de Velasco.

En sus últimos años de vida, afectado por la demencia senil, sus nietos miraban a través del hueco de la cerradura del comedor y escuchaban los fervorosos discursos en defensa de la autonomía, que su mente enferma aún conservaba en la memoria. Rajoy Leloup los repetía frente a un espejo isabelino e increpaba al que había sido su adversario político, con voz cascada y señalando con el dedo:

¡¡¡Y usted, de qué se ríe, señor Iglesias Corral!!!

Recuerda uno de sus nietos que nunca se refería a Franco por su nombre, sino como bestia, animal y cosas peores, que los pequeños repetían aún a sabiendas de las reprimendas que les acarrearía por parte de la abuela y de sus padres. Había creado una letra apócrifa al Himno Nacional, en la que, haciendo una excepción en su lenguaje habitual, pronunciaba la palabra prohibida:

Franco, Franco,

¡qué cara más estúpida tiene usted!

y ¡qué burro es!

Bruto, salvaje, animal…

La casa familiar de la Plaza do Toural número 7 era el único edificio de Galicia en el que se colgaba la bandera gallega los días de la Ascensión y Santiago, durante la longa noite de pedra. Sus nietos participaban en esas colgaduras con una infantil e inconsciente alegría, que podía convertirse en peligrosa heroicidad.

Enrique Rajoy Leloup falleció en Santiago de Compostela el 23 de marzo de 1966.

Síntesis biográfica

Síntesis biográfica

Me tomo la libertad de exponer mi opinión sobre este «abuelo de la democracia», prácticamente desconocido para la opinión pública, pese a ser una figura de gran interés político, por el fervor con que defendió la autonomía de Galicia. Sus esfuerzos de entonces, y los de otros, permitieron que Galicia tuviera la consideración de nacionalidad histórica en la Constitución de 1978.

Su modesto origen familiar propició una educación basada en el esfuerzo y el trabajo, hasta conseguir ejercer sus dos actividades vocacionales: docencia universitaria y ejercicio libre de la abogacía, expresiones prácticas de su vocación de jurista. No podemos olvidar que obtuvo el título de bachiller a los 22 años de edad y a los 28 el de Licenciado en Derecho, al tener que simultanear trabajo y estudios desde los 12 años.

Sobre esos principios de vocación, trabajo y esfuerzo educó a sus hijos a un nivel superior a lo habitual y posible en la época.

Desde su juventud percibió y sintió las necesidades del agricultor gallego y fue consciente de la conveniencia de preservar las instituciones jurídicas típicamente gallegas, a través de la recuperación del Derecho Foral. Este profundo conocimiento de la sociedad gallega, mayoritariamente rural, fue la causa desencadenante de su iniciativa para conseguir un Estatuto de Autonomía que permitiera a Galicia el autogobierno, dentro de un modelo de Estado integral y no en el seno de una república federalista.

En lo político, podríamos definirle como republicano de derechas, galleguista, de talante integrador, sin adscripción a partido alguno, pese a los diversos ofrecimientos que tuvo para entrar a formar parte de determinados partidos políticos.

Profesionalmente fue un reputado jurista que supo transmitir su experiencia y conocimiento a través de la docencia.

Según testimonios familiares, era de genio fuerte, de carácter testarudo y decidido; sus descendientes cuentan la anécdota de que intentó dejar de fumar después de la guerra, cuando el tabaco estaba racionado, y su carácter se agriaba de tal modo, que era su propia esposa quien le invitaba a fumar para que aplacara la ansiedad.

Durante esta larga etapa de ostracismo su carácter se tiñó de una melancolía trufada de la frustración de no haber visto convertido en realidad aquello por lo que tanto había luchado.

Sus descendientes nunca se han expresado públicamente sobre las represalias que sufrió ni han utilizado su pensamiento político, datos dignos de consideración, teniendo en cuenta las manifestaciones de otros.

Terminaré con dos citas que dejan patente su concepción de la autonomía[75]:

«La autonomía, primero antes que cuestión económica, problema fiscal o pleito de localidades, es un tema de dignidad colectiva, una cosa espiritual».

Autonomía que contemplaba con espíritu diferenciador, integrador y enriquecedor a la vez, al margen de cualquier idea separatista:

«La unidad no es incompatible con la variedad, y de su conjunción nace la armonía entre las diferentes regiones de España».

Enrique Rajoy Leloup, un hombre dedicado a la política desde la independencia, desconocido para los españoles y para la inmensa mayoría de gallegos, cuya vida y obra merece ser recordada.

Anexo

Anexo

Universidad literaria de Santiago, Facultad de Derecho. Expediente personal completo del alumno Enrique Rajoy Leloup. Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela.

Manuel Iglesias Ramírez / Pablo Iglesias Turrión

Todos los medios son buenos cuando son eficaces.

JEAN PAUL SARTRE

Introducción

Introducción

Transcurridos más de 70 años de los hechos que se narran a continuación y por no haberlos vivido el autor, no sería justo juzgarlos. Por otra parte, opinar sobre las motivaciones y convicciones que guían a las personas en el momento de tomar decisiones y adoptar determinadas actitudes, máxime en unos tiempos tan convulsos como los de la guerra civil de 1936 y los años inmediatos posteriores, sería frívolo y temerario; es imposible penetrar en el alma de los seres humanos para descubrir sus intereses, principios de vida, razones y sentimientos.

Además, los hechos fundamentales a los que me refiero en estas páginas fueron objeto de dos causas judiciales, desaparición del marqués de San Fernando y su cuñado y el juicio sumarísimo contra Manuel Iglesias Ramírez por adhesión a la rebelión: la primera, finalizada con su sobreseimiento, justificado con los razonamientos que se verán; la segunda, con la imposición de pena de muerte, conmutada por la de grado inferior de 30 años de reclusión mayor, rebajada posteriormente a 20, libertad provisional cuatro años y medio después de la celebración del juicio y cumplimiento definitivo en 1959. Es decir, Iglesias Ramírez cumplió su condena. Por último, el encausado falleció hace más de 30 años y su memoria merece respeto.

Sobre la base de estos argumentos, narro hechos de la vida de Manuel Iglesias Ramírez que constan en diferentes archivos —de cuyas referencias dejo notas exhaustivas para eliminar cualquier duda— y doy una respetuosa y escueta opinión al final de la historia, para no hurtar al lector el derecho a obtener libremente su propio conclusión.

¿Cuál es el motivo que me ha guiado a escribir sobre este «abuelo de la democracia»? Pues no ha sido ni su vida en sí misma, ni su comportamiento, ni sus creencias religiosas, ni sus convicciones políticas, merecedoras de respeto. Me han inducido a ello las reiteradas manifestaciones públicas hechas por su nieto Pablo Iglesias Turrión, acerca de las convicciones del abuelo, que él mismo resume con la siguiente frase:

«Un ejemplo de compromiso de alguien que se lo jugó todo por tener un país mejor».

En otra ocasión, en una intervención en el Congreso de los Diputados, dirigiéndose al grupo socialista, dijo:

«Mi abuelo era uno de esos de los que cumplió con sus responsabilidades y acabó en la cárcel, de los pocos que militaban en su partido (el PSOE) durante la dictadura, y todos los primeros de mayo estaba frente a la tumba de Pablo Iglesias».

Desde una actitud de respeto a la persona de Manuel Iglesias Ramírez, he pretendido aportar elementos para la reflexión que permitan al lector formar opinión acerca de la congruencia o incongruencia de la afirmación del nieto, en relación con su conclusión acerca de si «se lo jugó todo» o no, pues supo sortear con inteligencia, preparación intelectual, habilidad, capacidad para las relaciones sociales y el apoyo de la familia de su esposa y de un escogido grupo de amigos, una condena a muerte, conseguir la libertad provisional tan solo cuatro años y medio después de tan contundente sentencia, hacer carrera profesional en la Administración del régimen franquista, que le permitió educar en la universidad a sus hijos, y tejer importantes relaciones personales entre la burguesía de la época y relevantes personalidades del régimen.

La honradez me exige ser objetivo y respetuoso con la verdad, con independencia de que comparta o no los principios e ideas de los protagonistas de los hechos. Puedo entender la postura de Pablo Iglesias Turrión en relación con su abuelo, desde el sentimiento personal, familiar y la admiración sentida por un antecesor, pero en modo alguno desde la perspectiva política. Puedo admitir que alguien, para salvar su vida y proteger a su familia, aporte toda clase de pruebas y testimonios a su favor, incluso cuando resulten contrarios a sus aparentes convicciones; pero de ahí a afirmar que «es un ejemplo de compromiso», hay una diferencia.

Así pues, mi respeto y consideración a Manuel Iglesias Ramírez y mi desacuerdo con la afirmación pública de Pablo Iglesias Turrión sobre él.

Desde la Plaza Vieja de Villafranca de los Barros a la cárcel de Úbeda

Desde la Plaza Vieja de Villafranca de los Barros a la cárcel de Úbeda

La Plaza Vieja, Plaza Alfonso XIII, Plaza Fernando Ceballos y actualmente Plaza Pío XII, fue el núcleo inicial de la localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz), centro de la comarca Tierra de Barros, a la que se encuentran vinculados apellidos tan conocidos como los Cabeza de Vaca, Sánchez-Arjona, Dorado, Ceballos, Zúñiga Solís o Ladrón de Guevara, entre otros. A principios del siglo XX su población se aproximaba a los 10 000 habitantes, que basaban su economía en el viñedo y el olivo.

Tanto los Iglesias y como los Ramírez tienen profundas raíces en la Tierra de Barros. Los abuelos paternos de nuestro biografiado —Venancio Iglesias de la Cruz y Donata López Calurano— eran naturales de Villalba de los Barros, y los maternos —José Ramírez Lechón y Brígida Gómez Cancilla— de Villafranca[76]: los cuatro tatarabuelos paternos de Pablo Iglesias Turrión.

Desde al menos principios del siglo XX se encontraba en el número 3 de la Plaza Vieja, la fonda Reverte, regentada por Alberto Iglesias López y Carmen Ramírez López, los bisabuelos paternos de Pablo Iglesias Turrión; la mayor parte de sus clientes eran viajantes comerciales que visitaban la zona. Este edificio de dos pisos, que se conserva prácticamente igual que hace 100 años, alberga hoy en su parte alta un despacho profesional y en el bajo un centro de formación. Aquí nació el día 11 de enero de 1913 Manuel Iglesias Ramírez, fruto tardío del matrimonio de Alberto y Carmen, que contaban con 42 y 36 años de edad, respectivamente, cuando nació el hijo varón de la familia. Añadiré como curiosidad que el nacimiento fue inscrito en el Registro Civil por Manuel Piñero Ortiz, amigo personal del padre de la criatura, carpintero de profesión, casado, de 53 años de edad[77].

Alberto y Carmen sintieron la inquietud, además de contar con los recursos necesarios para ello, de dar a su hijo Manuel una formación no frecuente en la época, sobre todo en el seno de familias modestas y del ámbito rural como la suya, y encomendaron su educación a la Compañía de Jesús, que, a finales del siglo XIX, había abierto en la villa el Colegio San José, en el que estudiarían muchos niños de conocidas familias de la comarca. Las aulas se abrieron en el imponente edificio en el curso 1897-1898, contando con el apoyo económico de algunas ilustres y hacendadas familias de la zona, como los Ceballos y los Dorado, a las que, como veremos, estuvo unido el nombre de Manuel Iglesias Ramírez. Aquí cursó sus estudios de ingreso y los cuatro primeros años de bachillerato.

A partir del año 1926 nuestro protagonista continuó en el colegio salesiano de Utrera[78] —otro importante internado de Andalucía— quinto y sexto de bachillerato, que finalizó el 21 de septiembre de 1929[79] con la calificación de aprobado, tras realizar el examen final en la Universidad de Sevilla.

En 1929 ingresa en la Universidad de Sevilla e inicia su militancia política en las Juventudes Socialistas; en 1932 se afilia a UGT y en 1934 al PSOE, como afín al sector moderado de Julián Besteiro y Francisco Giner de los Ríos, en el que se mantuvo tras la unificación de las Juventudes Socialistas y las del Partido Comunista en 1936. El año 1933, presidió la Federación Universitaria Escolar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla[80].

Con motivo de su activa militancia política, fue detenido el 26 octubre de 1933[81] durante una huelga estudiantil, junto a Carlos Pariente Carrasco, compañero de facultad, por repartir hojas clandestinas, hecho por el que el juzgado número 2 de Sevilla abrió diligencias, sumario 482/1933[82]. En su comparecencia ante el juez Manuel declaró desconocer quién le había convocado a la manifestación y quién había redactado la propaganda que distribuía. Al día siguiente fue puesto en libertad. El Gobernador Civil manifestó a ABC

«… que las hojas estaban redactadas de forma destemplada, aconsejando la violencia».

En ese momento, según consta en su expediente carcelario, vivía en la calle Huelva número 26, de Sevilla. Durante esta etapa de iniciación en la política era conocido como Revertino, en alusión a la fonda Reverte regentada por sus padres en Villafranca de los Barros.

En 1934, con motivo de la sublevación de Asturias, dirigió una carta de adhesión —que fue publicada, según él, en el diario El Debate— al entonces Ministro de Agricultura de la CEDA Manuel Jiménez Fernández, que había sido profesor suyo de Derecho Canónico en la Universidad de Sevilla, lo que le costó la expulsión del Partido Socialista[83], según su propia declaración.

Ese mismo año obtuvo la licenciatura en Derecho con diez sobresalientes —seis de ellos con matrícula de honor[84], sobre un total de diecisiete asignaturas— y en 1936 la de Historia de América por la Universidad Hispanoamericana de Sevilla[85].

Al comienzo del quinto curso de la carrera participó en un concurso convocado por el Ayuntamiento de Sevilla para la concesión de dos becas…

«… por la precaria situación económica de mis padres y tener seis matrículas de honor en el expediente académico y trabajos prácticos en las asignaturas de…».

Durante su estancia estudiantil en Utrera y en la Universidad de Sevilla estableció importantes relaciones con otros estudiantes vinculados a movimientos políticos, no solo de izquierdas: Juan Manzano Manzano, Carlos Ollero Gómez, Ezequiel Puig Maestre-Amado, Blas Martos, Emilio Uceda, Lorenzo Polaino y Pedro Gamero del Castillo, vicesecretario nacional de FET y de las JONS al finalizar la guerra, Gobernador Civil de Sevilla en 1938, ministro sin cartera del segundo gobierno de Franco entre los años 1939 y 1941. A lo largo del relato iremos viendo cómo estos compañeros volvieron a estar presentes en la vida de Manuel Iglesias.

Al terminar sus estudios universitarios, Margarita Nelken Mansberger le colocó en un bufete de abogados de Madrid. Mantuvieron una estrecha relación política y de amistad, y participó con ella activamente en las campañas electorales de los años 1931, 33 y 36, en las que fue elegida diputada por Badajoz. También colaboró en esas mismas campañas con Juan Simeón Vidarte[86], diputado por Badajoz.

Nuestro protagonista se refiere a este período de tiempo de forma diferente. Según él[87], en 1934 se instala en Madrid y dedica los dos años siguientes a la preparación de oposiciones, sin concretar más, tarea que compatibiliza con el trabajo de secretario en un colegio regentado por las monjas de la Congregación de San Vicente de Paúl, situado en la calle Vallehermoso de Madrid.

Durante el desarrollo de la causa número 15 524 y en escritos posteriores, negó haber participado, ni directa ni indirectamente, en las elecciones de 1936, hasta el punto, afirma[88], de no haber votado, como

«… es fácilmente comprobable en las listas del Censo Electoral».

El uno de agosto de 1936 sale de Madrid hacia Badajoz, a petición de Margarita Nelken y Jesús de Miguel Lancho[89], ambos diputados por Badajoz, con una remesa de fusiles con los que apoyar la contención de la sublevación militar. En la Sierra de San Jorge, en la localidad de Los Santos de Maimona, participó en el enfrentamiento con las tropas franquistas que avanzaban hacia Badajoz al mando del comandante Castejón. En una de sus declaraciones en el juicio sumarísimo número 15 524 de Úbeda, negó estas y otras acusaciones, atribuyendo a…

«… un tal Borrego, un tal Medel y al alcalde…».

… El traslado de los fusiles. También negó haber llegado a Villafranca como delegado del Gobernador Civil de Badajoz y haber enviado a Badajoz, presos, a los guardias civiles de la localidad. En su defensa siguió rechazando de forma rotunda que el día 2 de agosto de 1936 exacerbara los ánimos de los presentes en la casa del pueblo de Villafranca de los Barros; su intención fue, dijo:

«… evitar hechos criminales, que en efecto no se produjo ninguno».

La realidad es que en la madrugada del seis al siete de agosto, cuando las tropas sublevadas entraron en la localidad, elementos descontrolados quemaron con gasolina la sacristía de la iglesia de Villafranca y tirotearon a los 54 detenidos de derechas que había en el interior, sin que llegara a producirse ninguna muerte[90].

Sí admitió el viaje a Villafranca en la fecha indicada, para ver a su madre[91], y en relación con los guardias civiles presos en la localidad, manifestó que pidió «encarecidamente al alcalde» que los pusiese en libertad y a disposición del teniente coronel de la guardia civil de Badajoz.

El fracaso del enfrentamiento con los sublevados en Los Santos de Maimona le hizo regresar a Madrid el 31 de agosto, donde a partir de esta fecha tuvo una…

«… actuación que hoy aparece confusa y difícil de reconstruir».

Según consta en la sentencia que le condenó a muerte.

Durante este período confuso, se le atribuye haber estado adscrito al segundo batallón de Margarita Nelken, con el que habría participado en todas las operaciones de esta unidad en los frentes de la Ciudad Universitaria y barrio de Usera en Madrid, y asumido la condición de comisario y asesor jurídico del batallón. Durante su permanencia en él tuvo asignado un sueldo de 10 pesetas diarias, al menos durante unos días[92].

Habría que incluir en esas actuaciones difíciles de reconstruir y, en consecuencia, de dudosa veracidad, aunque la sentencia las considere como probadas, las afirmaciones recogidas en autos, según las cuales

«… aparecen testimonios que acreditan haber sido sorprendido el procesado en conversaciones mantenidas con posterioridad a esta época y en las que daba a entender haber participado en detenciones de oficiales del ejército».

Más adelante me referiré a la persona que formuló esta acusación cuyo testimonio, como se verá, resulta poco fiable.

El día 7 de noviembre de 1936 el Marqués de San Fernando —marqués consorte de María Josefa Ceballos-Zúñiga Solís[93]—, Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, y su cuñado Pedro Ceballos-Zúñiga Solís, ambos de Villafranca de los Barros, fueron sacados de su domicilio en la calle del Prado número 20 de Madrid por un grupo de milicianos del que, supuestamente, formaba parte Manuel Iglesias Ramírez, según la denuncia presentada por la viuda del marqués al finalizar la guerra[94].

A principios de 1937 la Subsecretaría del Ministerio de Defensa Nacional le nombra asesor jurídico de la 24.a División, mandada por el general Pozas, bajo las órdenes directas del comandante Gallo, y con ella participa durante mes y medio en la ofensiva de Aragón, toma de Belchite y otras localidades.

En junio de 1937 se incorpora a la auditoría del Ejército del Centro, en Madrid; pero, no satisfecho con esta designación, decide preparar el concurso convocado por el Ministerio de la Guerra[95] para cubrir plazas de tenientes auditores de campaña. La convocatoria exigía como requisitos previos, entre otros, que los candidatos estuvieran en posesión de los grados de licenciado o doctor en derecho y aportaran aval de un partido o sindicato que acreditara su lealtad a la República. El examen consistiría en la

«… redacción de un informe fiscal o de una sentencia de un Tribunal Militar de Guerra».

A finales del mes de agosto era admitido para participar en el concurso de auditores de campaña, cuyos exámenes tendrían lugar en Valencia el día 1 de septiembre[96]. Tres meses más tarde, el Diario Oficial del Ministerio de Defensa publicaba la lista de 60 aprobados, entre los que figuraba Iglesias Ramírez, todos ellos nombrados tenientes de campaña[97].

Iglesias había aprovechado el viaje a Valencia para participar también en los exámenes convocados por la Escuela Popular de Guerra número 3, de Paterna, que le permitirían acceder al curso que se iniciaría el día 1 de noviembre[98]. Sin embargo, tras aprobar las oposiciones para el Cuerpo Jurídico Militar, optó por este destino y en octubre de 1937, mediante concurso de traslado, era nombrado secretario relator-instructor del Tribunal Permanente del VI Cuerpo de Ejército[99] con base, primero en El Pardo y después en Hoyo de Manzanares, donde permaneció hasta mediados de marzo de 1938.

Su siguiente destino le llevó hasta Úbeda, localidad olivarera, que acogió a San Juan de la Cruz en su muerte, y fue cantada por Antonio Machado,

Cerca de Úbeda la grande,

cuyos cerros nadie verá,

me iba siguiendo la luna

sobre el olivar.

Una luna jadeante,

siempre conmigo a la par.

Ciudad renacentista, conocida como ciudad de las torres, un remanso de paz y serenidad para los amantes del arte, que vivió con dolor y sorpresa los horrores de la guerra y la posguerra. Citaré solo algunas de sus construcciones renacentistas: edificios civiles como la Casa de las Torres, Palacio de las Cadenas, Palacio de las antiguas casas consistoriales, Palacio del deán Ortega, Palacio de la Rambla y Hospital de Santiago, entre otros; y monumentales construcciones religiosas, como Santa María de los Reales Alcázares, iglesias de San Pablo, San Nicolás y Capilla del Salvador, por ejemplo.

En Úbeda tenía su sede el Tribunal Militar del IX Cuerpo de Ejército[100] —en ese momento bajo el mando del socialista Francisco Menoyo Baños—, cuya jurisdicción se extendía por varias provincias andaluzas[101], donde Iglesias Ramírez desempeñó inicialmente el cargo de secretario relator-instructor. En mayo de ese mismo año sustituyó al presidente del tribunal, destituido por sospechas de connivencia con nacionalistas[102].

Pocos días después de su toma de posesión, concretamente el día 20 de mayo, en una visita de inspección al tribunal, el inspector emite un informe sobre su funcionamiento, en el que Manuel Iglesias no salía bien parado, y recomendaba su relevo y regreso al puesto de secretario-relator, destino de menor responsabilidad, pues

«… carece de las dotes necesarias para desempeñar con el prestigio necesario el cargo de Auditor presidente…».

Añadía en su informe que las resoluciones dictadas por el oficial citado

«… adolecen no solo del más elemental contenido jurídico, sino también de aquella indispensable forma procesal mínima que sirven para caracterizarlas».

Pone como ejemplo la sentencia dictada en juicio sumarísimo contra el soldado Eloy Vela Vela, en la que se le impuso la última pena. Sin embargo, el informe termina admitiendo que Iglesias Ramírez había hecho funcionar de nuevo el tribunal que, hasta su llegada, estaba en situación de «lamentable colapso[103]».

Pese a este informe desfavorable, en junio de 1938 accedía al empleo de capitán auditor[104]. Hay que recordar que en esos momentos Iglesias Ramírez tenía tan solo 25 años y una corta experiencia para desempeñar un cargo de tanta responsabilidad.

Entre el 1 de mayo de 1938 y el 28 marzo de 1939, el tribunal que presidía tuvo algo más de 1000 actuaciones, entre diligencias previas e informativas, expedientes judiciales y 587 causas, de las que 306 fueron por deserción, 8 por sedición, 7 por muertes, además de otros delitos como insultos, desobediencia, insubordinación y abandono de servicio. En cuanto a las penas de muerte que firmó como presidente, nos tenemos que atener al detallado informe del propio Manuel Iglesias en el escrito de petición de revisión de su condena fechado el día 25 de marzo de 1943[105].

Durante su estancia en Úbeda él y su esposa se hospedaban en el Gran Hotel, conocido también como Hotel Comercio —su razón social exacta era Gran Hotel del Comercio—, propiedad de Juan Quesada Gómez, que fue procesado en la causa 21 159[106] tras la entrada de los sublevados en Úbeda a finales de marzo de 1939.

Este procesamiento, del que finalmente fue absuelto, tuvo su origen en la noticia dada en la revista Vida Nueva de Úbeda[107], sobre el regreso de un viaje que Quesada había realizado a Valencia, durante el que habría intervenido en un acto organizado por los amigos de la URSS. En este sumario compareció como testigo Manuel Iglesias Ramírez, preso ya en la cárcel de Úbeda, para manifestar que la noticia había sido una broma tramada por Lorenzo Polaino Ortega, otros militares que se hospedaban en su hotel y por él mismo, conocedores de sus ideas derechistas[108]. Iglesias, con el fin de apoyar la exculpación de Quesada, amplió su testimonio poniendo en conocimiento del instructor que, tras la publicación de la noticia indicada, recibió una llamada del jefe de policía de la localidad en la que le reprochaba que se hubiera ocupado en un periódico republicano

«… de un tipo como Juanito, que era fascista».

Esta declaración de Iglesias, que dejó a Quesada libre de toda sospecha, más tarde le resultaría útil.

Se integró con facilidad en la vida de Úbeda, pese a los pocos meses que allí residió. A partir del mes de octubre de 1938 colabora con regularidad en la revista de la localidad Vida Nueva, en la que publica un primer artículo el diez de octubre, titulado «Al coronel Menoyo, tan buen amigo como jefe[109]».

En todas estas colaboraciones, algunas de las cuales incluyo como anexo al final, utiliza un lenguaje culto, erudito y grandilocuente, con abundantes citas, impropio del periódico de una zona rural, sobre todo hace 80 años. A título de ejemplo cito una frase de este primer artículo:

«En esta casa donde escribo, filigrana de piedra parda como el sayal austero de ruda estameña que el de Asís pateara por el Mundo…».

En otro párrafo de este mismo artículo se refiere a Ramiro de Maeztu de forma poco respetuosa[110]:

«… siguen llamándose aristócratas —es decir, los mejores—, la mejor clase de la antiespaña —¿os acordáis de Ramiro de Maeztu?, mueve a risa si no fuera tan trágico—, quizá sí, pero de la de mi España, no;…».

Siguió publicando sus colaboraciones con regularidad hasta el 20 de marzo de 1939, fecha del último número de la revista. Cito algunos de los títulos: Romance a la Giralda, Intimidades, Martinete gitano, Lux refulgens sensibus, Caza ideal, Sociedad de las naciones, La luz como imperativo, Cabaret, La eterna canción, Rebusco de aceitunas, semblanza de los aceituneros de Extremadura, Siempre España, dedicado a Francisco Giner de los Ríos tras su muerte, usando como tema el fascismo, Cruz de la cerrajería, La última lección de Juan de Mairena, Una noche en la cárcel de Sevilla, tal vez rememorando la noche del 26 al 27 de octubre de 1933 que pasó en la cárcel de Sevilla durante su época de estudiantil. Los poemas Romance a la Giralda, Martinete gitano, Cabaret, Cruz de la Cerrajería, La eterna canción y Una noche en la cárcel de Sevilla —publicado unos días antes de su detención— reflejan la nostalgia de sus años en la Universidad y su cariño a Sevilla[111]. En 1932 había publicado Vértice. Poemas del trabajo[112].

Firmaba los artículos como M. Iglesias Ramírez, Úbeda del Renacimiento 1938.

También pronunció algunas conferencias; he encontrado referencias de las que tuvieron lugar en la capital de la provincia y en el Ideal Cinema de Úbeda, con el título Andalucía Occidental, en cuyas reseñas la revista Vida Nueva[113] se refería al conferenciante Manuel Iglesias Ramírez como

«… el culto abogado, Auditor Presidente del Tribunal Permanente del IX Cuerpo de Ejército».

El día 5 de marzo de 1939 el coronel Segismundo Casado —jefe del ejército republicano del centro—, con el apoyo del sector del partido socialista encabezado por Besteiro, anarquistas y republicanos de izquierdas, dio un golpe en un intento de poner fin a la guerra, que ya daban por pérdida; esta actuación contó con la decidida oposición del partido comunista. Con motivo de este hecho, el día 7 de marzo, el Frente Popular de Úbeda[114] se reunió para decidir si ordenaba la detención y el exterminio de los derechistas…

«… por haber notado que marchaban con la cara muy alta por la calle, con motivo de los últimos acontecimientos» (próxima liberación de la zona).

Y acordaron consultar a Iglesias Ramírez, en su condición de presidente del Tribunal Permanente, quien les aconsejó…

«… que no procedía verificar esas detenciones caprichosamente, sino por hechos concretos, previa denuncia, debidamente legalizada».

Así lo declaró Pedro Ruiz Rojas, secretario del Frente Popular de Úbeda, cuando fue sometido a juicio sumarísimo[115] tras la entrada de las tropas de Franco en la localidad. El propio Iglesias Ramírez reiteró estas manifestaciones en su participación como testigo en la causa indicada, añadiendo que la iniciativa de exterminar a comunistas y derechistas la había tomado la CNT:

«… a los comunistas, con motivo del movimiento comunista, y a los otros a fin de escarmentarlos porque estaban en plan de vencedores y no se podía consentir».

También esta declaración le resultó útil en su procesamiento y en la posterior conmutación de pena de muerte, pues con su consejo disuasorio a los miembros del Frente Popular evitó la muerte de algunos ciudadanos de Úbeda en los últimos días de la guerra.

El 28 de marzo, «a eso de las siete de la tarde», relataba en su comparecencia en la causa citada más arriba el dueño del Hotel Comercio, Manuel Iglesias le requirió para que le…

«… acompañase a la comandancia militar, junto con otros elementos de derechas que conociese, para entregarles el mando de la ciudad, según órdenes que había recibido de Jaén».

Declaración que también pudo haber jugado a su favor, tanto en la conmutación de la pena de muerte como en la reducción de condena posterior[116].

Las tropas del «florido ejército nacional» —1.o Batallón del Regimiento de Gerona número 28, perteneciente a la 40.a División, al mando del comandante Enrique Velázquez Ortega— entraron en la ciudad de Úbeda el día 29 de marzo; dos días después la Junta local de FET y de las JONS acordaba nombrar hijo adoptivo de Úbeda al comandante jefe del batallón. La corporación municipal, en sesión de 5 de abril, ratificaba este nombramiento y añadía como hijo adoptivo de la localidad al coronel jefe de la división, el coronel Saturnino González Badía[117].

Ese mismo día cinco de abril era detenido por fuerzas de Falange Española[118] —él manifestó en algún momento de la causa que se había entregado voluntariamente a los sublevados—, puesto a disposición del teniente auditor del ejército del sur e internado en la prisión del partido judicial de Úbeda. Cuatro días después el juez del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, le comunicaba la iniciación de procedimiento sumarísimo de urgencia, que se tramitó con el número 15 524.

Unos días antes de su detención, a finales del mes de marzo, Dolores, su esposa, daba a luz al primer hijo del matrimonio, un varón al que pusieron el nombre de Manuel. Madre e hijo continuaron viviendo durante algún tiempo en el Gran Hotel de Úbeda, según se deduce de dos cartas recibidas por ella en su domicilio de la localidad[119], que aportó al sumario por contener testimonios favorables a su esposo.

Juicio sumarísimo por la desaparición del Marqués de San Fernando

Juicio sumarísimo por la desaparición del Marqués de San Fernando

No resultarían fáciles para Manuel Iglesias las semanas posteriores a su detención, pues, además de enfrentarse a una posible sentencia con pena de muerte, había dejado en un ambiente hostil a su joven esposa y al hijo recién nacido. Además, aunque él no tuviera conocimiento de ello, dada su situación y el natural desorden administrativo al finalizar la guerra, en Madrid se iniciaba otra causa contra él y un grupo de personas[120].

Efectivamente, el 21 de abril de 1939 María Ceballos Zúñiga y Solís, marquesa de San Fernando, natural de Villafranca de los Barros, viuda de Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, presentaba denuncia en la comisaría de La Latina de Madrid[121] por el secuestro en su domicilio familiar de la calle del Prado, de su esposo, —48 años, propietario— y su hermano Pedro Ceballos Zúñiga y Solís —36 años, abogado—, llevado a cabo por un grupo de milicianos el día 7 de noviembre de 1936 a las dos menos cuarto de la tarde.

La denunciante explicó ante el comisario Emilio Benzeo Ramírez[122] que ocho o diez milicianos condujeron a los dos varones en automóvil a la checa de las milicias populares instalada en la calle Serrano número 43. Cuando la hermana de la denunciante, Fernanda, y un criado de la casa, indagaron en este último lugar sobre su paradero, un tal Guijarro les comunicó que habían sido trasladados a la cárcel Modelo, en la que la búsqueda dio un resultado negativo. En su declaración facilitó los nombres de dos personas, naturales ambas de Villafranca de los Barros y residentes en Madrid que, tal vez, podrían disponer de alguna información: Eulalia Lemus Morán y Antonio Delgado Guerrero (en ocasiones como segundo apellido aparece Ferrero), alias El Hornachego, que regentaba una posada en Madrid en la Plaza de Santa Ana en la que solían hospedarse milicianos de Villafranca de los Barros y su entorno[123].

Añadía otros nombres, entre ellos el del último alcalde republicano de Villafranca de los Barros, Jesús Yuste Marzo (en otras ocasiones aparece como Marco en vez de Marzo), que huyó de la localidad tras la entrada del ejército sublevado, y el de Manuel Iglesias Ramírez, miembro del comité antifascista de Villafranca, hospedado en la fonda de la Plaza de Santa Ana de Madrid en el momento de la denuncia.

Continúa la marquesa su declaración dando el nombre de otros supuestos implicados: Ángel Medel Carrera (o Bedel Carreras en otras citas), agente ejecutivo de la localidad y miembro del comité antifascista de Villafranca; Manuel Carreira, alias El Chaparro; Marcial Rubio Álvarez (o un tal Rubio, en otras citas), de Calera de León (Badajoz), apodado El ojo de perdiz por tener un párpado caído, peculiaridad que le hacía fácilmente reconocible, quien se jactaba de ser el ejecutor material de las víctimas; y José Luis Guerrero Freire (en ocasiones aparece como Fryle[124]).

Finalmente, la denunciante manifestó que suponía también enterado del crimen a Juan Manuel Ramírez (otras veces figura como Martínez Bollo y cambia el nombre por el de Juan Miguel[125]).

En su comparecencia en la Causa General en Villafranca de los Barros la viuda ratifica los datos anteriores. Añado como curiosidad el dato localizado por azar en la misma referencia de la Causa General que figura en la nota: la testigo Amalia Rengifo Salamanca, comparece el 2 de enero de 1942 como testigo por la desaparición de su hermano Félix Rengifo Salamanca, propietario, afiliado a Acción Popular, natural de Villafranca de los Barros, y declara que fue detenido por militantes de UGT en su domicilio de la calle Padilla número 12 de Madrid; y considera personas sospechosas de participar en la acción a Jesús Yuste, Manuel Iglesias Ramírez y Silvestre Escolar[126].

Todos los citados fueron procesados en la misma causa por el Juez Instructor del Juzgado Permanente número 7 de Madrid, Fernando Orduña Moral, teniente coronel de infantería, actuando como secretario Claudio Palmero Labrador.

La primera persona llamada a declarar fue Eulalia, quien manifestó haber conocido la muerte del marqués y su cuñado

«… por habérselo dicho su pariente Manuel Iglesias Ramírez, sin poder precisar la fecha en que le hizo esta manifestación, pero recordando que fue en los primeros meses de la guerra. Que tal pariente vivía en Madrid por estar preparando unas oposiciones, ignorando cuáles, pero siendo ya abogado. Que sabe que ya en aquel entonces el Manuel Iglesias andaba con las milicias, ignorando con quien se reunía».

Afirmó conocer solo de oídas a Jesús Yuste Marzo, conocido como El cojo de los molletes; en cuanto al apodado El Hornachego, aunque no tiene amistad con él, aclara que

«… hace unos días el tal Antonio (El Hornachego), acompañado por otro individuo y desde la puerta de la tienda en la que vive en la calle Juan de Mena número 1, le pidió que se acercara a su casa en la calle Santa Isabel número 50 y dijera a su mujer que le llevaban detenido por haberle denunciado la persona que le llevaba, apodado El Tajarria[127]».

Antonio Delgado Guerrero, el Hornachego, fue el segundo en declarar, para negar conocer a Eulalia, al resto de los encausados e, incluso, el hecho del asesinato del marqués y su hermano político. Sí aceptó haber dado cobijo en su posada de la Plaza Santa Ana, como amigos que eran, a varios milicianos de Villafranca y su entorno, entre los que no se encontraba ninguno de los procesados.

Las primeras indagaciones acerca del paradero de Manuel Iglesias Ramírez se llevaron a cabo a finales de abril de 1939. Su cuñado Julián Vidal Torres —casado con Pilar Peláez Zapater, hermana de la esposa de Manuel— manifestó haber recibido unos días antes en su domicilio de la calle Torrijos número 33 de Madrid, una carta del procesado fechada en Úbeda, por lo que podría encontrarse en dicha localidad, recordemos que desde el 5 de abril Manuel permanecía en la cárcel de Úbeda. En la causa se añade una nota indicativa de la incomparecencia de Manuel Iglesias Ramírez para declarar.

En el mes de septiembre del mismo año las pesquisas del tribunal sobre el paradero de Iglesias Ramírez resultaban infructuosas, pues seguían buscándole en la fonda de la Plaza Santa Ana de Madrid, domicilio que figuraba en el expediente judicial. En la causa consta el domicilio exacto de la Pensión Internacional, calle del Príncipe número 23 —esquina a la Plaza de Santa Ana y contigua al Teatro Español—, en la que se alojó Manuel Iglesias, cuyo dueño era Manuel Puente Prieto.

A continuación el juez pide información al Delegado Local de Información e Investigación de Falange y al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, sobre los antecedentes de los encausados naturales de la localidad. El informe, en cuanto a Iglesias Ramírez, empieza relatando sus enfrentamientos en la Universidad de Sevilla con los estudiantes católicos y falangistas y su traslado a Villafranca nada más finalizar sus estudios, hasta su instalación en Madrid en 1936, donde

«… se colocó por medio de sus influencias con la Nelken y otros dirigentes en un bufete de un abogado, cuyo nombre se desconoce, donde se especializó en cuestiones políticas de carácter extremista».

A través de este informe[128] se sabe que, efectivamente, al iniciarse la sublevación se encontraba en Madrid y en la noche del 20 al 21 de julio, Iglesias Ramírez y Octavio Luis Alba recibieron de manos de Prudencio Sayagües Marrondo[129] —compañero de Iglesias en la FUE— un lote de fusiles y ambos salieron, acompañados del capitán Julio Romero, en dirección a Toledo, donde permanecieron hasta el día 28.

El día 30 de julio, siguiendo instrucciones de Margarita Nelken, se traslada a Villafranca de los Barros y a Almendralejo con otro lote de fusiles con los que hacer frente a los fascistas que pretendían entrar en su pueblo natal. Seguidamente participó en la batalla de Mérida en compañía del capitán de asalto Medina, haciendo frente a las tropas sublevadas que avanzaban hacia Badajoz, en los Santos de Maimona. Al fracasar el intento huyó precipitadamente en un automóvil que lo recogió en el domicilio de sus padres.

Añade el informe que durante la guerra hablaba con cierta frecuencia por Unión Radio[130] para arengar a los combatientes, según manifestaciones de quienes le habían escuchado. Sin embargo, el encausado, durante el juicio sumarísimo negó estas intervenciones radiofónicas. También incluye el comentario que circulaba por el pueblo en relación con su participación en la detención del marqués de San Fernando y su cuñado el día 7 de noviembre de 1936, en compañía de los procesados y de Fernando Rubio Pastor, alias el Cagarrache[131] —bracero, socialista, natural de Villafranca de los Barros— y «un tal Vega», vecino de Zafra.

Termina el informe diciendo que «el informado» tenía conocimiento de estos últimos hechos, pues al día siguiente se presentó en el domicilio de los marqueses «condoliéndose de lo sucedido». Tras esta visita, los familiares de los desaparecidos

«… mandaron a unos sirvientes para que se avistasen con el informado, con el objeto de que les dijera el paradero de los mismos, a lo que contestó con evasivas y después de forma déspota y altanera, que ya sabían que habían sido fusilados en la pradera de San Isidro y que por lo tanto no volvieran a molestarle más».

Pocos días después, septiembre de 1939, llega al juez un informe de la guardia civil de Villafranca de los Barros sobre los procesados Ángel Medel Carreras, Jesús Yuste Marzo, Juan Miguel Bollo, alias Chaparro, Manuel Barreiro, José Luis Guerrero Freire y Antonio Delgado Guerrero, alias el Hornachego, todos ellos con la información común de su afiliación comunista y revolucionaria.

En el informe sobre Eulalia Lemus no hay datos que la comprometan y se añade que, por haber trabajado en la Fonda Reverte de Villafranca de los Barros, propiedad de los padres de Iglesias Ramírez, podría tener contacto con él. Este informe finaliza atribuyéndole la condición de

«… marxista peligroso, huido de esta localidad al ser liberada esta plaza».

En cuanto a Marcial Rubio, Ojo de perdiz, a quien uno de los procesados atribuía la ejecución material del marqués y su cuñado, la guardia civil de Villafranca informaba que se trataba de una persona desconocida en el pueblo[132].

También llegó al juez instructor un informe firmado por el comandante de puesto de la guardia civil de Villafranca, cuyo contenido resulta muy parecido al emitido por el delegado local de información e investigación:

«… formaba parte del comité rojo de esta localidad, donde fue delegado gubernativo y se presentó en esa casa cuartel a recoger el armamento de la fuerza como tal delegado, también fue el que trajo los fusiles a los milicianos, ordenaba la detención de personas de orden, registros domiciliarios y de cortijos y cuantos desmanes se cometieron en esta».

Obviamente, esta información solo puede referirse a las cuatro semanas, más o menos, que Iglesias Ramírez pasó en la provincia de Badajoz entre julio y agosto de 1936, pues después regresó a Madrid.

Además de considerarle partícipe en la muerte del marqués y su cuñado…

«… por confidencias de personas residentes en Madrid»…

Se le calificaba de…

«… sujeto de pésimos antecedentes y reo de cuidado».

En septiembre de 1939 fue citada de nuevo a declarar la marquesa de San Fernando, que añadió un detalle de interés:

«… que considera más culpable de los hechos a Marcial Rubio Álvarez».

Conocido como Ojo de perdiz, preso en ese momento, según la declarante, en la prisión de Albatera (Alicante). En esta nueva comparecencia ratificó la denuncia presentada en el mes de abril y la información aportada en su momento por su hermana Fernanda.

En octubre el juez emite orden de búsqueda y captura de los denunciados. El 4 de noviembre de 1939 la Dirección General de Seguridad informaba al juez que la orden dictada contra Manuel Iglesias Ramírez, Jesús Yuste Marzo, Ángel Medel Carrera, Manuel Barreiro, Juan Miguel Martínez Bollo, el Rubio, y José Luis Guerrero Freire, no había dado resultado práctico alguno.

Sin embargo, no fueron plenamente negativos los resultados de la requisitoria indicada, pues Eulalia Lemus Ramírez compareció una vez más ante el juez para ratificar que su conocimiento de la muerte del marqués y su cuñado procedía de la información facilitada por Manuel Iglesias Ramírez, sin que pudiera determinar el grado de participación de este en los hechos.

También a principios de noviembre compareció en el juzgado Julián Vidal Torres[133], cuñado de Iglesias, para manifestar que el denunciado se encontraba en la prisión de Úbeda, condenado a muerte. Por fin, pese a los escasos medios de información de la época, se conocía la situación concreta de uno de los encartados. A principios de diciembre el juez pide al director de la prisión de Úbeda confirmación de la situación en que se encuentra Iglesias Ramírez; el telegrama de respuesta concreta que está condenado a 30 años de reclusión, ya le había sido conmutada la pena de muerte.

A comienzos del año 1940 el juez continúa indagando sobre el paradero del resto de los procesados, con informaciones idénticas a las ya citadas; estas gestiones se prolongan hasta el año 1943, momento en el que un informe de la Dirección General de Prisiones fechado el 2 de abril de ese año, concreta la situación de cada uno de los procesados:

Manuel Iglesias Ramírez: encarcelado en la Prisión Provincial de Sevilla cumpliendo condena de 30 años;

Jesús Yuste Marco: encarcelado en Alcoy;

Ángel Medel Carrera: ejecutado en Mérida el 31 de julio de 1940[134];

Marcial Rubio Álvarez: tras permanecer un tiempo en la prisión de Santa Rita de Madrid (Carabanchel Bajo), puesto en libertad el 19 de junio de 1941[135];

Antonio Delgado Guerrero: encarcelado en la prisión Porlier de Madrid;

Manuel Carrero, alias Chaparro: en paradero desconocido, aunque según la información facilitada por la guardia civil de Villafranca en abril de 1943, podría haber fallecido;

Antonio Delgado Gallego, El Hornachego: según la guardia civil de Villafranca, en abril de 1943 vivía en Madrid en la calle Santa Isabel número 50;

Jesús Yuste, cumpliendo condena en la prisión de Palma de Mallorca;

José Guerreiro Freire y Juan M. Martínez Bollo, seguían siendo desconocidos para la guardia civil de Villafranca.

El 3 de mayo de 1943 la prisión provincial de Sevilla envía al juez testimonio de la sentencia y la liquidación de condena de Manuel Iglesias Ramírez. El resumen del testimonio es el siguiente:

«… fue condenado a muerte por rebelión militar, con las agravantes apreciadas, entendiéndose sustituida esta pena, en caso de conmutación, por la de reclusión perpetua con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y al pago de las responsabilidades civiles… Este consejo de guerra se celebró en la plaza de Úbeda el 27 de junio de 1939, siendo aprobada la sentencia por el Excmo. Señor auditor de guerra de Sevilla el 23 de agosto de 1939».

El 14 de mayo de 1943 se cita a declarar a Marcial Rubio Álvarez, quien manifiesta que ya había sido encausado en dos ocasiones —causas 68 094 y 22 431, ambas sobreseídas— por el juzgado número 27 de Madrid, en relación con los mismos hechos por los que en ese momento se le preguntaba; añade su desconocimiento sobre la muerte del marqués y su cuñado.

De lo dicho hasta ahora parece deducirse que el juez tiene intención de cerrar la causa y ordena una requisitoria contra Antonio Delgado Guerrero, que se publica en los diarios Ya y ABC.

El 18 de mayo de 1943 el juez instructor eleva un informe al capitán general de la primera región militar, teniente general Andrés Saliquet Zumeta, para que dicte la resolución que proceda. El instructor atribuye «una actuación más destacada» en el hecho denunciado, a Manuel Iglesias Ramírez, Ángel Medel Carreras y Jesús Yuste Marzo. Continúa diciendo que ninguno de los encartados ha podido ser interrogado hasta la fecha, por desconocerse su paradero, lo que entra en contradicción con el informe de la Dirección General de Prisiones al que ya he hecho referencia, y con las informaciones recibidas del municipio de Villafranca de los Barros, pues ambas dejan clara la situación de cada uno de ellos, en los términos indicados más arriba.

El 21 de julio de 1943 el auditor general, a la vista del informe del instructor, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa número 12 861 y que se notifique a los encartados la libertad definitiva, en base a las siguientes consideraciones:

Algunos de los inculpados han sido objeto de otros procedimientos en los que se han esclarecido sus responsabilidades.

Otros se encuentran en ignorado paradero.

Se trata de:

«… imputaciones hechas a raíz de la liberación, que ofrecen hoy escasas posibilidades de resultados prácticos que conducirían a una revisión de procesos, contraria al espíritu de las últimas disposiciones de la superioridad y a la política penal desarrollada a través de diversas resoluciones legales, con un sentido evolutivo que no es lógico invertir».

Finalmente, añadía la consideración del gran volumen de procedimientos en curso y la laboriosa tarea de continuar las comprobaciones.

Algo estaba cambiando en el régimen en relación con la política de persecución de delitos cometidos durante la guerra, tal vez por las malas condiciones de las prisiones, el coste de su mantenimiento y la necesidad de iniciar un cierto cambio de imagen en el exterior. De manera que empiezan a utilizarse medidas como el sobreseimiento provisional, aplicado en este caso, que permitían cumplir los objetivos indicados, sin que ello pudiera considerarse como una muestra de debilidad del régimen. Esta política se había iniciado con las comisiones de clasificación y examen de penas a partir del año 1940[136]. En el caso que nos ocupa, su aplicación estaba justificada, además, por el hecho de que, tras cuatro años de instrucción, el juez instructor había avanzado muy poco. Por ello, el 13 de noviembre de 1943 comunicaba a la prisión de Sevilla la inmediata libertad de Ramírez Iglesias en relación con el procedimiento 12 861, dado el sobreseimiento provisional. A partir de ese momento, todos los que habían sido procesados en esta causa quedaban sometidos al régimen de libertad vigilada.

Polémica en torno al juicio sumarísimo 12 861

Polémica en torno al juicio sumarísimo 12 861

No es infrecuente que quien estando en desacuerdo con la actitud o la forma de pensar de otros, pretenda «crear» unos hechos con los que desprestigiar o dejar en evidencia a las personas de las que disiente; en resumen, pretenden que hechos ya sucedidos hubieran sido como ellos desearían. Naturalmente, también existe la posibilidad de que en la exposición de esos hechos haya habido ligereza, precipitación o uso de una información procedente de terceros no suficientemente contrastada o analizada.

Los hechos son tozudos y acaban imponiéndose, sobre todo, cuando alguien se siente perjudicado y busca la reposición del daño causado.

El diario ABC, edición del día 17 de febrero de 2016, publicaba un artículo de Hermann Tersch sobre Manuel Iglesias Ramírez, en el que se refería a su condición de presidente de…

«… un tribunal militar en el que firmó centenares de penas de muerte».

Pero que la causa de su condena a muerte fue por…

«… participar en sacas, es decir en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid. En concreto, por ser quien identificó y sacó de su casa para asesinarlos al Marqués de San Fernando, Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes y a su cuñado Pedro Ceballos (hermano de la esposa del marqués)».

Su hijo Javier Iglesias Peláez —padre de Pablo Iglesias Turrión— presentó una demanda contra el autor del artículo ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zamora, por intromisión ilegítima en el honor del difunto Manuel Iglesias Ramírez, el de sus familiares y, en particular, de él mismo.

La sentencia dictada el día 28 de junio de 2017 consideró que Hermann Tersch había incurrido en un delito de intromisión ilegítima en el honor del difunto Manuel Iglesias Ramírez y en el de sus familiares, en particular, en el de su hijo, el demandante, y por ello le condenó a pagar una indemnización de 12 000 euros, publicar a su costa el fallo de la sentencia en los mismos medios que utilizó para vulnerar el honor del demandante, cesar con carácter inmediato en la intromisión del honor, retirar a su costa de la web el citado artículo y al pago de las costas procesales.

En los considerandos, la sentencia deja constancia de que

«… del procedimiento sumarísimo de urgencia número 12 861, por la denuncia presentada por la mujer y hermana de los asesinados, se deduce que Manuel Iglesias Ramírez no resultó condenado por delito de asesinato, como se afirma en el artículo, habiendo sido dicho procedimiento sobreseído».

Además, reprocha al demandado no haber contrastado la información en la que basaba su artículo.

En septiembre de 2018 la Audiencia Provincial de Zamora desestimaba el recurso de apelación de Hermann Tersch y confirmaba íntegramente la resolución recurrida. En esta sentencia se recogía que el periodista había realizado

«… afirmaciones falsas no reales, tendentes a desacreditar a don Manuel Iglesias Ramírez y también al actor y al hijo de este…».

En las páginas anteriores el lector ha tenido la oportunidad de analizar el contenido del sumario original al que se refiere esta sentencia de Zamora contra Hermann Tersch. Por otra parte, podrá comprobar más adelante, al analizar el segundo juicio sumarísimo en el que Manuel Iglesias Ramírez fue condenado a muerte por haber presidido el Tribunal Militar del IX Cuerpo de Ejército, que «no firmó centenares de penas de muerte», sino las que se indicarán; sí intervino en unas seiscientas causas durante el período de tiempo comprendido entre mayo de 1938 y marzo de 1939.

Veamos a continuación el desarrollo del juicio sumarísimo número 15 524 a la luz de los datos archivísticos localizados por el autor, para que el lector pueda modelar su propia opinión.

He encontrado otra referencia, que no se corresponde con la realidad probada, sobre la vida de Manuel Iglesias Ramírez durante la guerra civil, en este caso protagonizada por el periodista Eduardo García Serrano en el programa El gato al agua, de Intereconomía TV, subido a YouTube el 9 de junio de 2016, en el que se expresaba de la siguiente forma:

«El abuelo de Pablo Iglesias estuvo en la retaguardia asesinando gente».

Juicio sumarísimo contra Manuel Iglesias Ramírez por delito de rebelión

Juicio sumarísimo contra Manuel Iglesias Ramírez por delito de rebelión

Habíamos dejado a Manuel Iglesias recién ingresado en la prisión comarcal de Úbeda, en espera de juicio. Continuemos el relato con la instrucción del juicio sumarísimo de urgencia número 15 524 abierto el 9 de abril de 1939 contra Manuel Iglesias Ramírez —presidente del Tribunal del IX Cuerpo de Ejército— y Antonio Echevarría López —fiscal del mismo tribunal—, por delito de adhesión a la rebelión, del que fue juez instructor Manuel García de Carellán y Ugarte y secretario Manuel Valcárcel Amezqueta. El mismo día 9 de abril el Tribunal Militar número 2 de Úbeda les notificaba su procesamiento. Pocos días después, 27 de junio, a las nueve de la mañana, la guardia civil le conducía al consejo de guerra, que finalizaría el mismo día a las 18:15 h[137]

Antes de iniciar el análisis haré algunas precisiones. Me centraré en la parte de la causa que afecta a Manuel Iglesias Ramírez, prescindiendo de la relativa a Antonio Echevarria López. La información de este apartado está basada, exclusivamente, en el expediente correspondiente al juicio sumarísimo indicado, custodiado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. Separaré los testimonios y declaraciones de testigos en tres grupos: los favorables al procesado, los acusatorios y las declaraciones y aportaciones documentales del propio encausado y su familia.

Entre los favorables, llama la atención la abundancia de declaraciones de antiguos compañeros de la Universidad de Sevilla y miembros de FET y de las JONS, conseguidos, en gran parte, a través de gestiones personales, muy eficaces y rápidas, de la familia del encausado, sobre todo de su esposa, según la correspondencia recibida por ella procedente de terceros.

Respecto a los testimonios acusatorios también haré alguna precisión. Los de la guardia civil, Ayuntamiento y Falange Española de Villafranca de los Barros, prácticamente tienen la misma redacción, por lo que deberían contemplarse con reservas.

En cuanto a algunas de las declaraciones presenciales de testigos, basadas en hechos concretos no suficientemente documentados, se percibe animadversión personal contra el acusado, tal vez por tratarse de personas que, supuestamente, se habrían podido sentir perjudicadas por el procesado en algún momento de su relación.

Finalmente, en otros casos, los testimonios en contra de Iglesias Ramírez están basados en rumores y conversaciones oídos a terceros y no en hechos comprobados.

Empecemos por los testimonios acusatorios.

Pascual Iniesta Quintero, médico de profesión, jefe local y comarcal de FET y de las JONS en Úbeda al terminar la guerra, y dirigente de la falange clandestina en la zona durante la República, cuyo grupo era conocido como Obelisco[138], fue uno de los primeros en comparecer ante el juez instructor. Le acusó de haber participado en el asesinato del marqués de San Fernando y de su cuñado, así como de asistir a la reunión de elementos del Frente Popular que tuvo lugar en los primeros días de marzo de 1939 en Úbeda —tan solo tres semanas antes de que entraran en la localidad las tropas de Franco—, en la que los asistentes discutieron la posibilidad de

«… hacer un escarmiento entre las personas de derechas, y aunque Iglesias se opuso, sabe muy bien los nombres de las personas que asistieron a la reunión».

Ya habrá ocasión de volver al contenido de esta reunión, sobre la que otros testigos interpretan de forma muy diferente la actitud de Iglesias Ramírez en ella.

Francisco Romero Pereira, Delegado Local de Información e Investigación de Falange, le incriminó en el asesinato en Madrid de sus dos paisanos.

Otro testimonio acusatorio formulado genéricamente fue el de Rafael Contreras de la Paz[139], quien le atribuía haber participado en «paseos» en Madrid a militares contrarios a la República, en los días inmediatos posteriores al alzamiento.

Sebastián Bautista de la Torre[140] basó su denuncia en conversaciones escuchadas al procesado y a Octavio Luis Alba, comisario de la 78.a Brigada Mixta, sobre las que sacó la conclusión de que compartían «un secreto tenebroso» en relación con la participación de ambos, durante los primeros días de la guerra, en las sacas de militares en Madrid. Aportó otra «prueba», esta de carácter personal, relacionada con su adscripción al Tribunal Militar del IX Cuerpo de Ejército, cuando Manuel Iglesias era su presidente. Le acusa de que, conocedor de su ideología derechista, le destinara

«… a primera línea de fuego, vigilado, sin armamento y sin derecho a destino».

Iglesias alegó en su descargo, que se limitó a pedir al jefe del estado mayor que no lo dejara en retaguardia, y justificó el traslado de su subordinado por la insolencia con que se dirigió al secretario del tribunal durante el servicio[141].

Francisco Navalón Navalón estuvo durante unos días a las órdenes de Iglesias Ramírez en el Tribunal Militar. También abogado y camisa vieja de Falange, según él mismo dice en su testimonio, centraba su acusación en los artículos publicados por el encausado en la revista Democracia, en los que menospreciaba al Movimiento y al Caudillo, y en su participación en los «paseos» a militares en Madrid, sin aportar datos concretos. El Ayuntamiento de Úbeda informó al juez instructor en el mismo sentido y también de forma poco clara:

«… de informaciones recogidas… en unión de un amigo suyo se dedicó a la denuncia de elementos militares de filiación derechista».

La testificación a la que ahora me referiré sí ofrece datos concretos, a favor y en contra del encausado. Se trata de Dionisio de la Torre Arredondo, con domicilio accidental en la comandancia militar de Úbeda en el momento de su declaración. Manifestó haber conocido al encausado cuando trabajaba en la sección de personal de la Delegación de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo, en la que ingresó Iglesias Ramírez para desempeñar el cargo de secretario de una institución de la beneficencia en la época del Frente Popular (tal vez se estaba refiriendo al colegio de las Hermanas de San Vicente de Paúl de la calle Vallehermoso de Madrid al que ya he hecho mención en otro lugar), sin haber acreditado sus méritos mediante la correspondiente oposición. Para poder acceder a tal empleo, el encausado redactó de su puño y letra una declaración en la que confesaba que era

«… comunista y había sido encarcelado por haber hecho propaganda de este partido, habiendo actuado en mítines y periódicos de manera activa, sufriendo persecuciones… que había pertenecido a la FUE de Sevilla… y llenaba una página de papel describiendo toda su actividad revolucionaria, siendo considerado uno de los más izquierdistas de la delegación».

En relación con este hecho, Iglesias Ramírez dio su versión al comparecer ante el instructor pocos días antes de la celebración del consejo de guerra, en el sentido de que nunca trabajó en el Ministerio de Trabajo, aunque sí lo hizo en la Junta de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de Sanidad. En cuanto a la acusación que lo calificaba de ferviente comunista, la ratifica y justifica porque el director de la citada institución era de esa filiación y lo consideró necesario para obtener el empleo.

De la Torre Arredondo dejó constancia de la colaboración de Iglesias Ramírez en la rendición de la plaza de Úbeda, si bien ignoraba

«… si lo hacía por convicción o por creer la causa marxista completamente perdida».

Vayamos ahora a las declaraciones favorables, en cuya gestión debió tener un protagonismo fundamental su esposa, pues entre el día 5 de abril de 1939 en que fue detenido y el 27 de junio, fecha en que se celebró el consejo de guerra, recopiló una abundante documentación que debió resultar decisiva para la conmutación de la pena de muerte por la de inferior grado, reducción posterior y libertad provisional tras solo cuatro años y medio de encarcelamiento.

Ángel Campos Baeza Rojano (o Rodano, según figura en otros folios del sumario), sacerdote de Úbeda, declaró que, gracias a la intervención de Iglesias Ramírez, su padre y otras personas de derechas salvaron la vida, y concreta el nombre de los agentes del SIM que intentaron dar el «paseo» a su padre[142]. Añade una confidencia de carácter estrictamente personal: unos días antes de la entrada de las tropas de Franco en Úbeda —29 de marzo—, el encausado le llamó para que auxiliase espiritualmente a su esposa. En conversaciones privadas entre ambos, el procesado le transmitió la confidencia de que era de

«… ideas socialistas y heterodoxas… y contrario a los crímenes que cometían los maleantes de la época roja».

Campos Baeza finaliza su declaración afirmando que consideraba al encausado

«… persona de ideas equivocadas debido a la influencia de los profesores universitarios, pero que en la actualidad estaba algo desengañado de estas ideas».

Otro sacerdote de Úbeda, Antonio Benito Ruiz, se manifestó en parecidos términos:

«Ha manifestado un gran fervor de religiosidad y aunque pertenecía al partido socialista, detestaba hace años de él, no perteneciendo últimamente al mismo por su persecución a las ideas religiosas y por integrarle en su mayoría hombres asesinos, condenando calurosamente a los destructores de las obras de arte e históricas de nuestra ciudad, de las que era el señor Iglesias un verdadero enamorado».

Afirmó conocer varios enfrentamientos del encausado con dirigentes marxistas de Úbeda y su labor en contra del movimiento comunista que se preparaba en la localidad en los últimos días de la guerra. Terminaba su declaración reiterando lo afirmado por otros testigos en el sentido de que Iglesias Ramírez dirigió la preparación de la liberación de Úbeda y entregó el poder a las doce de la noche del día 28 de marzo a la Junta Provisional que se creó.

La prueba de las buenas relaciones que Iglesias Ramírez mantuvo con la iglesia, tiene continuidad en la declaración del sacerdote salesiano Claudio Sánchez Martín, que había sido su profesor en el colegio salesiano de Utrera y estuvo preso en Jaén hasta la liberación de la ciudad. Se expresó en los siguientes términos:

«Certifico bajo mi palabra de sacerdote que Manuel Iglesias Ramírez, antiguo alumno del colegio salesiano de Utrera, me ha visitado varias veces durante mi cautiverio y he recibido de él consuelo y alimentos».

La demostración de confesionalidad católica era un valioso aval, de ahí que la familia de Iglesias Ramírez aportara a la causa el certificado de su matrimonio con Dolores Peláez Zapater, contraído en Madrid el día 21 de enero de 1938 ante el sacerdote Antonio Peláez Manrique, «chantre de la catedral de guardia», cuya acta firmaron como testigos Antonio y Filomena Peláez Alarcón, estos últimos tíos paternos de Dolores, y el oficiante, probablemente también familiar. Curiosamente, el «presbítero y Notario del Provisorato del Obispado de Madrid», Hipólito Vacchiano García, que expedía el día 30 de mayo de 1939 el certificado de matrimonio, era natural de Úbeda.

El testimonio de Enrique Puyol Casado, médico ginecólogo y falangista, a favor de Manuel Iglesias, debió ser importante. Expuso ante el juez que, cuando el testigo salió de la prisión de Jaén, donde aún permanecía su esposa, el encausado se ofreció a hablar con el gobernador civil para conseguir su liberación. Además, cuando la llegada de los nacionalistas a Úbeda era inminente, el procesado le entregó una pistola por si era objeto de alguna represalia desesperada por parte de los elementos más extremistas. De hecho, continuaba diciendo, su intervención fue decisiva para impedir que miembros del SIM le detuvieran antes de la liberación. Terminó su deposición dejando constancia de la ayuda prestada a varias personas de derechas residentes en Úbeda, sin dar nombres, que podrían haber sido asesinadas.

El dueño de la Pensión Internacional de Madrid, Manuel Puente Prieto, en la que se hospedó Iglesias durante algún tiempo, declaró que siempre observó una buena conducta y salvó de la muerte a un inquilino de la pensión al que fueron a buscar guardias de asalto.

La familia de su esposa debía tener importantes contactos que le permitieron conseguir un aval tan contundente y comprometido como el que relato a continuación, dada la clara adscripción republicana y socialista —o comunista, en otros momentos del proceso— de Iglesias Ramírez. Se trata del escrito que envió al juez instructor la Secretaría Provincial de Información e Investigación de FET y de las JONS de Madrid, firmado por el Delegado Provincial, en el que puede leerse:

«El informado está considerado adicto al glorioso Movimiento Nacional y durante la guerra ha favorecido en todo cuanto ha podido a las personas adictas a nuestro Movimiento que sufrían persecuciones… Siempre se ha mostrado como un entusiasta por el triunfo de las tropas nacionales».

Tal vez la declaración más importante fue la del falangista Ezequiel Puig Maestro Amado, nacido en Sevilla el 29 de diciembre de 1910, Doctor en Ciencias Exactas por la Universidad de Sevilla, dedicado a la docencia como profesor numerario de instituto, con quien Iglesias Ramírez coincidió durante su etapa universitaria; más tarde fue concejal de Madrid y procurador en las cortes franquistas. Su aportación consistió en un telegrama dirigido al auditor, en el que dejaba constancia de los «señaladísimos servicios» prestados al Movimiento por el encausado, al que consideraba persona afecta; añadía que

«… durante la convivencia que tuvieron le hizo marcadísimos favores a él y a otras personas durante su cargo de secretario en el Tribunal del VI Cuerpo de Ejército».

Además del telegrama indicado envió un largo y preciso escrito, que iniciaba de esta forma: «Declaración firmada por Ezequiel Puig Maestro-Amado, afiliado a FET y de las JONS de Sevilla, 24 de abril de 1939». En él relataba que en Madrid, cuando era perseguido por sus ideas fascistas —conocidas por el encausado—, Iglesias le llevó como chofer al Tribunal Militar del VI Cuerpo de Ejército republicano, en el que el encausado tenía la función de secretario-relator. Esta proximidad le permitió conocer cómo actuaba, por lo que podía afirmar que

«… en los sumarios que instruyó, de los que yo tuve noticia, trató de favorecer en lo posible, y algunas veces en lo imposible, a todos los procesados de tendencia favorable a nuestro glorioso Movimiento».

En su voluntad exculpatoria añadió que Iglesias Ramírez traspapeló y demoró voluntariamente numerosos sumarios para favorecer a los inculpados y, sobre los «encartados de tipo rojo», procuró que recayese dura pena, lo que en muchas ocasiones provocó

«… la censura de los comisarios políticos, de los que yo fui testigo, que decían: castiga más a los antifascistas que a los fascistas».

Cita a algunos de los comisarios políticos que más le criticaban por esos comportamientos: Ángel Peinado Leal[143], de la 7.a Brigada, Argimiro García, de la 37.a Brigada, y Luis Yáñez, de la 44.a Brigada. Durante sus funciones auditoras en los tribunales de los VI y IX cuerpos de ejército

«… se rodeó de personas de derechas para protegerlas».

Otro dato concreto aportado por Ezequiel Puig, que da credibilidad a su testimonio:

«Me consta que en Madrid visitaba a sus amigos fascistas para ayudarles en lo que podía, entre ellos cito a la familia Duque Hidalgo, que vive en Pacífico número 47».

Finalizaba informando del ofrecimiento hecho por Iglesias de prestar ayuda a quien había sido presidente de los Estudiantes Católicos de Sevilla, Juan Gómez Crespo[144] y la petición de que le hiciera saber que «no tengo nada contra él».

En esa época, comprometerse de forma tan contundente mediante declaraciones como las expuestas, solo era posible si lo afirmado era cierto o la vinculación personal con el informado era máxima y el informantes estaba dispuesto a asumir los correspondientes riesgos. Las distinciones recibidas por Ezequiel Puig Maestro-Amado a lo largo de su vida política reflejan su relevancia en el régimen: Medalla de la Vieja Guardia (1.a línea), Medalla de oro colectiva al Mérito en el Trabajo, Encomienda Sencilla del Yugo y las Flechas, Encomienda con placa de la Orden de Cisneros y Encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio[145].

Otro importante testimonio a su favor fue el de Manuel Ángel Carnero Quesada Roa, agente del SIPM[146], adscrito al grupo C, con residencia en Talarrubias (Badajoz) y camisa vieja de Falange en Madrid, que en diciembre de 1937 encontró refugio durante cuatro meses en el domicilio del encausado en la calle Torrijos número 33, cuando era objeto de persecución por las milicias republicanas; además, recibió el ofrecimiento de pasarle a zona nacional en el caso de que fuera destinado a El Pardo (en ese momento Iglesias, ya era teniente auditor con destino en Hoyo de Manzanares), dado su conocimiento del terreno. El declarante añadió que Iglesias

«… deseaba el triunfo de la Revolución Nacional Sindicalista, única forma de dar a España Pan y Justicia».

Lorenzo Polaino Ortega coincidió con el encausado en la Universidad de Sevilla[147]. Su nieto Miguel Polaino-Orts se refiere al comienzo de la amistad entre su abuelo e Iglesias Ramírez, con motivo de la divulgación de sus poemas en las mismas publicaciones; amistad, según su nieto, que llegó a ser intensa y duradera, según se podrá comprobar en estas páginas a través de las declaraciones hechas por Lorenzo Polaino durante el juicio sumarísimo y otras gestiones posteriores dirigidas a conseguir la conmutación de la pena[148]. Desarrolló su vida profesional como secretario judicial, juez instructor y profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla, fue cronista oficial de Cazorla, localidad en la que nació en 1908, y escribió numerosas monografías. En el sumario encontramos una carta dirigida por Polaino Ortega a la esposa de Iglesias, a la que llama Lolita, con datos fiables favorables al encausado. En ella le informa de la recuperación de la relación con su esposo al ser destinado como auxiliar técnico al Tribunal del IX Cuerpo de Ejército y de las confidencias que intercambiaron ambos:

«Tu marido me protegió contra denuncias falsas, especialmente en cuatro ocasiones, en las que fueron a detenerme agentes del SIM, por denuncias de… quienes conocían mis antecedentes».

Sigue atribuyendo a Iglesias el declarar en falso en repetidas ocasiones, bajo su responsabilidad, al afirmar que Blas Martos había sido compañero suyo en la FUE de Sevilla, para ponerle a salvo de quienes le acosaban. Añade datos concretos de las personas a las que favoreció: capitán Trujillo, familia Puyol, señor Campos y las señoritas Chamorro, de Martos.

La carta terminaba de la siguiente forma refiriéndose a la víspera de la entrada del ejército de Franco en la localidad:

«… trató de templar las bajas pasiones de politiquillos de Úbeda, siendo su conducta muy influyente en la evitación de paseos que pudieron darse el 28 de marzo último».

Lo mismo que hubo declaraciones genéricas e inconcretas en su contra, también las hubo a su favor; dejo constancia ahora de la carta dirigida a su esposa por un remitente cuyo nombre, según la firma, parece ser Ramón Mohedano, que es respuesta a la que previamente le había escrito Dolores; de este modo se refería a Iglesias Ramírez:

«… Manolo…, con quien me une una gran amistad…»

«… aparte mi agradecimiento por la actitud que tuvo conmigo y con otras personas…»

«No solo repudiaba la actitud y los crímenes de los marxistas, sino que hablaba de pasar a esta zona, cosa que no podía hacer, según él, por temor.»

También en esta línea genérica de defensa se encuentra la de Blas Martos Poyatos:

«Tengo conciencia de que gracias a la presencia de Don Manuel Iglesias en Úbeda y a su intervención, me ha evitado la muerte a mí y a otras muchas personas de Úbeda que figuraban en unas listas para ser asesinados, según rumores recogidos por todos».

Otras declaraciones para avalarle fueron la de Emilio Uceda Medina, antiguo compañero en el colegio salesiano de Utrera y soldado a su servicio en el Tribunal Militar del IX Cuerpo de Ejército; la de sus antiguos profesores José Altamirano Durán[149] y José Gil Seoane, ambos profesores del colegio Safos de Madrid en el momento de testificar. Este último sí añadió un dato relevante: Iglesias Ramírez propició su puesta en libertad tras haber sido detenido en la Pensión Internacional a las 12 de la noche del día 19 de agosto de 1937, pese a conocer su militancia derechista, sin duda se trata del mismo hecho, ya expuesto, al que se había referido el dueño de la pensión.

Luis Serrano Guzmán, de Posadas (Córdoba), también compareció en la causa para declarar que había conocido al procesado en Madrid, donde recibió su ayuda tras ser declarado prófugo por los rojos.

Testigo muy cualificado fue Juan Manzano Manzano, nacido en Madrid en 1911, alumno del colegio salesiano de Utrera entre los años 1921 y 1927 y de la Facultad de Derecho de Sevilla entre 1927 y 1931, por lo que fue condiscípulo de Iglesias Ramírez en ambos centros; doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras, catedrático de Historia del Derecho en las universidades de Sevilla (año 1941) y Complutense de Madrid y Rector de la Universidad de Sevilla. Declaró haber recuperado en Madrid, a principios de agosto del año 1936, la relación personal que había iniciado con el encausado en su época de estudiantes, cuando Manzano presidía la Asociación de Estudiantes Católicos de la Facultad de Derecho de Sevilla. A partir de este reencuentro, entre los meses de septiembre y octubre de 1936, Iglesias le ofreció su ayuda, si tenía alguna dificultad en Madrid, dada su condición derechista, hasta que, finalmente, Juan Manzano encontró asilo en la embajada de Cuba.

El propio encausado aportó documentación acreditativa de su desacuerdo con las actuaciones de los milicianos y de las autoridades republicanas, sobre todo en los últimos días de la guerra. Entre ellas se encuentra la que relato ahora. El 24 de marzo de 1939, cinco días antes de la entrada en Úbeda de las tropas de Franco, Manuel Iglesias Ramírez elaboró y firmó un informe sobre una visita realizada a la cárcel de la localidad con el objetivo de comprobar las condiciones de vida de los presos. En el informe recogía la denuncia formulada ante él por Josefa Montalvo Jiménez contra el agente del SIM Antonio Jiménez, quien, en el momento de detenerla, se apoderó de una gran cantidad de joyas de su propiedad, que enumeró de forma minuciosa. Dado que las joyas no aparecieron, Iglesias Ramírez trasladó el informe a la superioridad para su conocimiento y por si

«… a dichos efectos se les hubiese dado el destino previsto en las leyes de la República».

A Iglesias Ramírez llega el 21 de marzo, un escrito del juez de la 20.a División en el que denuncia la situación inhumana en que se encuentran los presos detenidos en la localidad de Úbeda a disposición del SIM, que carecen de víveres y sufren unas condiciones higiénicas deplorables en el local en el que se encuentran presos «provisionalmente» desde hace cinco o seis meses, sin que se les haya tomado declaración:

«… diecisiete mujeres en una pequeña habitación escasamente ventilada, donde cocinan y hacen sus necesidades».

Tres días después de tener conocimiento de estos hechos, Iglesias Ramírez informa al jefe del SIM y añade los nombres de las personas que padecen tales penurias: Ana Oyonarte Vilchez, Dolores Delgado Oyonarte, Juana Segura Fernández, Ana Parrilla Segura, Dolores Parrilla Segura, Sofía Clavijo Álamo, Salud Bello Baena, Enrique Ramírez Jiménez, Isabel Martínez Cherof, Josefa Ramírez Martínez, Paz del Valle Rabal, Casilda Tabernero Sailes y Antonio Tabernero Grau.

Pocos días antes de la celebración del consejo de guerra, Manuel Iglesias tuvo una última oportunidad de declarar ante el juez instructor y negar algunos de los hechos narrados por determinados testigos, y presentar otros de forma diferente.

Negó rotundamente el viaje a Villafranca de los Barros con un cargamento de fusiles, su condición de delegado gubernativo en el partido judicial, la arenga en la casa del pueblo, la actitud con los guardias civiles presos, su participación en los enfrentamientos con tropas franquistas en la localidad de los Santos de Maimona y las proclamas a través de Unión Radio de Madrid y en mítines, entre otras imputaciones. Admitió haber hablado en público tan solo en una ocasión, en un teatro de Jaén, con motivo de un acto cultural celebrado a principios del mes de marzo de 1939. En cuanto a sus artículos en los periódicos Democracia, de Jaén, y Vida Nueva, de Úbeda, reconoció haber escrito un artículo en el primero en contra del comunismo y varios en la revista indicada, de carácter literario[150], excepto un poema en contra de la guardia civil, que previamente había presentado a un concurso de poesía en Sevilla el año 1932.

Dio su versión sobre el delicado episodio de la desaparición del marqués de San Fernando y su cuñado, de la que se enteró por un empleado de los marqueses «gordo y de voz afeminada», y rechazó haberse dirigido a otros empleados de la familia de forma «altanera». Por el contrario, sigue diciendo,

«… en compañía del capitán de asalto Julián Sánchez Bolaños y del hijo del juez Salvador Alarcón, hizo gestiones para conocer su paradero, sin resultado, pues la gente de Villafranca que estaba en Madrid no quería tratos con él por considerarlo traidor a la causa de la República».

Igualmente consideró oportuno aclarar las supuestas actuaciones en Madrid durante los primeros momentos de la guerra, que le atribuían, en compañía de Octavio Luis Alba, algunos de los declarantes. Su relación con este último no podía considerarse como amistad, dijo, sino tan solo de compañerismo de la época en la Universidad de Sevilla.

La fase de instrucción había finalizado y el juez instructor envía al tribunal juzgador el auto resumen el día 20 de junio de 1939. Resalto los hechos más importantes que el instructor considera probados:

«… individuo muy peligroso, destacado desde muy joven en partidos izquierdistas, de gran talento y aplicación»

«Gran propagandista del partido comunista para el que hizo gran labor en las elecciones de 1936…Como colaborador de Margarita Nelken participó en mítines y conferencias en Extremadura y Andalucía.»

Participó en el traslado a Badajoz de los guardias civiles presos en Villafranca de los Barros, a principios de agosto de 1936.

Trasladó 90 fusiles desde Madrid a Villafranca para armar a los milicianos de su pueblo.

Participó con las milicias del Frente Popular en el enfrentamiento con las tropas de Franco en la localidad de Los Santos de Maimona y, ante el resultado adverso, retornó a Madrid en un coche que tenía preparado en Villafranca.

«… respondió de forma evasiva y altanera» a los familiares del marqués de San Fernando cuando estos recurrieron a él para saber su paradero, de la siguiente forma: «… ya sabéis que han sido fusilados en la pradera de San Isidro y que, por tanto, no volváis a molestarme».

Se le considera amigo del comisario político de la 78.a Brigada Mixta Octavio Luis Alba, quien en los primeros días del Movimiento detuvo en Madrid a militares derechistas, y se sospecha que en esta tarea pudo ayudarle el encartado.

Admite haber redactado y firmado el documento en el que proclama su ferviente militancia comunista.

Su actuación como auditor en los tribunales militares de los VI y IX Cuerpo de Ejército, como secretario y presidente, con el grado final de capitán. En el último destino intervino en más de 650 causas, de ellas nueve con sentencias de pena de muerte[151].

El incidente con el soldado Sebastián Bautista de la Torre, que finalizó con su traslado a «primera línea de fuego, vigilado, sin armamento y sin derecho a destino».

Su ayuda a personas de derechas de la localidad de Úbeda.

Se incluyen los testimonios favorables al procesado procedentes de la Guardia Civil y FET de Madrid, en los que se le considera «persona de buena conducta»; incluso, en el escrito enviado por Falange se le juzga «… afecto a nuestro glorioso Movimiento Nacional, que durante la guerra ha favorecido cuanto a podido, a personas afectas al Movimiento cuando sufrían persecuciones.»

Se admite como prueba documental el certificado de la celebración de su matrimonio canónico en Madrid en enero de 1938.

El día 27 de junio de 1939 se reunía el Consejo de Guerra formado por Manuel Pech (o Poch), presidente; Manuel Sánchez Segura, Blas Castro Peletier (o, tal vez, Pelletier o Pretier) y Diego Mena Mateos, vocales, y José María Pérez Sánchez, vocal ponente. Actuó como fiscal, Manuel Valcárcel Amezqueta, que pidió la imposición de la pena de muerte, al dar por probado el delito de rebelión militar. Su defensor, el abogado granadino de adscripción falangista Alfonso García Valdecasas, solicitó la reducción en un grado de la pena impuesta «por falta de pruebas sumariales». No consta en la sentencia que el encausado hiciera manifestación alguna cuando fue invitado a ello, salvo para ratificarse en lo declarado, sin embargo Iglesias Ramírez afirmaría más tarde[152]:

«En el juicio no se me dejó hablar ni alegar nada y cuando al final pronuncié la frase “si los hombres nos conociéramos mejor, nos odiaríamos menos”, se me llamó “chulo” y se dio por terminado el Consejo».

En los breves considerandos de la sentencia se afirma que…

«… en Madrid tuvo una actuación que hoy parece confusa y difícil de reconstruir».

La pena impuesta por el consejo de guerra fue de muerte, con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, por delito de rebelión, definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar y sancionado con las penas contempladas en los artículos 238, 240 y 241 del mismo. El 23 de agosto el Capitán General de Sevilla aprobaba la sentencia.

A los 26 años de edad se enfrentaba a la pena capital con un estado de ánimo que queda fielmente reflejado en una de las cartas que dirige a su amigo Lorenzo Polaina Ortega desde la cárcel de Úbeda:

«Mi calvario está llegando a su punto africal (textual), el espíritu y la conciencia están seremos, tranquilos, la carne, sin embargo, falla y es flaca y desfallece, porque no es nada alegre morir a mi edad y cuando se deja a unos padres viejitos y santos, y una mujer de 19 años y un niño de meses».

Pero, naturalmente, no se resignaba a aceptar la pena impuesta y, tres días después de conocerla, solicitaba clemencia al Jefe del Estado. En esta fase de petición de conmutación de la pena de muerte, la ayuda de su amigo Lorenzo Polaino fue muy importante, no solo por su testimonio personal sino también por su participación en la redacción de la petición y en su envío al Jefe del Estado a través de Pedro Gamero del Castillo, entonces ministro sin cartera en el Gobierno y compañero de universidad de ambos[153].

El escrito de clemencia al que me he referido, fechado el 30 de junio[154], recoge datos interesantes que merece la pena exponer con detalle y son los que me han sugerido encabezar este capítulo dedicado a Manuel Iglesias Ramírez, con la frase de Jean Paul Sartre «Todos los medios son buenos cuando son eficaces».

Su lectura revela un alto grado de pragmatismo, pues trata de adaptarse a la realidad impuesta por el régimen surgido al finalizar la guerra; por otra parte, recoge el repertorio habitual de frases hechas de los escritos oficiales y menos oficiales de la época, a través de los que el lector podrá percibir un entusiasta fervor hacia el nuevo Estado y al Caudillo que lo había implantado y dirigía; finalmente, el lenguaje y las citas utilizadas son una exhibición consciente de la erudición propia de una persona culta, muy en la línea de sus colaboraciones en la revista Vida Nueva.

No juzgaré la intencionalidad, pero sí expondré algunas de las expresiones más llamativas:

«1939, Año de la Victoria, por Dios, por España y por su Caudillo Franco».

«… reconociendo en su excelencia al genuino y glorioso salvador de nuestro país… volviendo por las viejas tradiciones gloriosas… en su corazón magnánimo de heredero insigne de las glorias de aquellos reyes y teólogos españoles de nuestro Siglo de Oro…»

«La noche inolvidable y magnífica del 28 de marzo (se refiere al día en que las tropas franquistas entraron en Úbeda)… hice entrega a los representantes de la Falange de Úbeda, de esta ciudad y otros siete pueblos que la rodean, en evitación de que el monstruo, en su agonía, diese los últimos coletazos.»

«… antes de la entrada triunfal de los paladines que desempolvaron la Vieja Tizona de Mío Cid…»

«… nos ofrecían un puesto en la labor ingente de reconstruir a España, a los que estuviéramos brizados[155] en los brazos arcaicos y renovados del país que unificara Isabel.»

«Ya había calado hondo el profundo sentido del imperio nuevo y, junto con otros jóvenes a los que convencí… y rechazamos el pasaporte que visaba el país que nos traicionó en Trafalgar.»

«… que han sido mis directores espirituales (se refiere a tres sacerdotes salesianos que aportaron su testimonio de defensa) y conocen el arcano de mi conciencia, atormentada en la terrible agonía, no del moribundo, sino del mugiente pasional, que muere porque no muere…»

«Sostengo el Imperio que SE funda.»

«Señor de España y Enviado de Dios…»

«Por Dios vivo le juro…»

«… esta civilización occidental y romana, que en su Hispanidad siempre grávida, de hombres e ideas, dará nuevos Trajanos, Sénecas, Adrianos y sostendrá Trentos y Niceas con sus teólogos, y hará una línea ascendente hasta el Imperio Azul, por Dios, con capitanes que, como V. E., puedan ceñir con honor la espada de Don Fernando o de Don Carlos.»

«Serenísimo Señor y Príncipe de Santiago (refiriéndose al general Franco)».

«… quien como V. E. está por encima de Códigos y Leyes».

Creo que tan grandilocuentes y fervorosas expresiones se harían acreedoras de gruesos calificativos por parte de los políticos de hoy, de izquierdas, de derechas y de centro, aún sin conocer la identidad de quién era el solicitante de clemencia. ¿Qué dirán, si saben que se trata del abuelo de quien dice haber sido abducido por la actividad política a través del ejemplo de su antecesor y lanza toda clase de improperios a quienes no piensan como él?

Su alegato tiene una parte sumamente hábil y utilitarista, al dar detalles concretos que podrían resultar positivos para apoyar su petición de clemencia. Entre ellos se refiere su actuación a favor de las monjas de la Congregación de San Vicente de Paúl que regentaban un colegio en la calle Vallehermoso de Madrid, con el fin de ponerlas a salvo de…

«… las iras de los libertarios de dicha barriada…, con exposición de mi vida».

En esta institución había desempeñado el cargo de secretario durante dos años, a partir del mes de abril de 1936[156].

Sigue diciendo que al escritor y periodista de derechas José María Carretero Novillo[157] —conocido por el seudónimo de El caballero audaz— le facilitó una cédula de identidad falsa; salvó de la muerte al camisa vieja de Falange Felipe Sánchez Arjona y Tovar y al hijo de Rafael Galazar (o Salazar) Alonso, y al del juez Salvador Alarcón lo tuvo en su casa hasta terminar «los días de horror y miseria moral» (tal vez se estaba refiriendo a los aciagos sucesos ocurridos en Madrid durante los tres últimos meses del año 1936).

Un argumento realmente curioso, con el que parece querer probar su admiración por el régimen instaurado, es la revelación de que, dos meses antes de finalizar la guerra, le ofrecieron un pasaporte para abandonar España con destino a Orán, que rechazó de forma contundente junto con otros jóvenes que recibieron la misma propuesta, ante la perspectiva de poder participar

«… en la labor ingente de reconstruir a España».

Consciente de la fuerte vinculación del nuevo Estado con la Iglesia, reitera su vinculación a ella: educación religiosa con jesuitas y salesianos, citando a los sacerdotes de esta última congregación, profesores suyos en Utrera, padres Gabino Márquez, Vicente Gómez Bravo y Francisco Javier Montero…

«… que han sido mis directores espirituales».

Matrimonio canónico en Madrid el 23 de diciembre de 1937 —curiosamente, en otro documento al que ya me he referido, da como fecha del matrimonio el 21 de enero de 1938—…

«… recurriendo a argucias de los primeros cristianos en las catacumbas de la Roma pagana y cesárea».

Finalmente, el auxilio a «varios ministros de Dios».

Resulta especialmente llamativo, ingenioso, hábil y demostrativo de su inteligencia y capacidad dialéctica, el recurso utilizado para justificar su petición de conmutación de la pena de muerte, recurriendo precisamente a la muerte:

«… morir por una causa bella es alegre y digno, la vida es un acto de servicio y la vida religiosa es milicia, dijo nuestro San Ignacio, militar y español como V. E. … pero morir por algo tan torpe y miserable como fue la causa roja, es una doble muerte, ineficaz y estéril».

Argumento que refuerza con otra frase exuberante:

«… Quiero colaborar con mi pobre persona en su Obra Eterna; no quiero morir por una causa antiespañola, y por ende, anticristiana… necesito, como Raimundo Lulio, lavar en el martirio por la causa santa y justa —la de Franco— el delito de una juventud a la que se engañó miserablemente en la Universidad de Sevilla».

Atribuye la responsabilidad de su colaboración con el gobierno republicano al hecho de

«… haber sido engañado por esa serie de mercachifles, que al servicio de sociedades secretas, forjaban en nuestras almas, prostituidas Universidades…».

Mantendré mi compromiso de no exponer mi opinión sobre los textos anteriores para dar al lector ocasión de obtener sus propias conclusiones y hasta preguntarse si sigue habiendo hoy mercachifles en las universidades españolas y si estas están prostituidas.

Finaliza su escrito de clemencia pidiendo audiencia al propio Franco y felicitando a la esposa e hija de este en el próximo día de la Virgen del Carmen, patronímico de mi buena madre.

Cuando el director de la prisión envía el escrito[158] de clemencia al Juez Militar Instructor para que continúe su curso hasta el Jefe del Estado, informa que el preso

«… ha observado una conducta intachable… y la más decidida adhesión al triunfo de nuestro Generalísimo, así como arrepentimiento».

Tan solo un mes después de la sentencia, el secretario local de FET y de las JONS de Úbeda[159], Pascual Iniesta Montero, que ya había testificado a su favor durante el proceso, solicitaba al Ayuntamiento de la localidad que, de la misma forma que ya lo había hecho la junta local de Falange, la corporación municipal pidiera a la autoridad militar competente

«… el indulto del que fue presidente del tribunal militar del IX Cuerpo de Ejército, Don Manuel Iglesias Ramírez, en ocasión de sus muchos servicios prestados a favor de individuos afectos al glorioso movimiento salvador de España».

El pleno del ayuntamiento atendió la petición y solicitó la conmutación de la pena de muerte, en consideración a los

«… valiosos servicios prestados por el señor Iglesias Ramírez, a favor de elementos de derechas de esta población durante sus servicios en dicho tribunal[160]».

Por valiosos servicios prestados debemos entender el consejo dado el día 7 de marzo por Manuel Iglesias a los reunidos del Frente Popular, poco antes de la entrada de los sublevados en Úbeda, en el sentido de no proceder contra la población de derechas sin previa denuncia, debidamente legalizada, según lo ya dicho en otro lugar.

El once de noviembre de 1939 el general Franco firmaba la conmutación de la pena de muerte por la de grado inferior, es decir, la de 30 años de reclusión mayor[161], manteniendo las penas accesorias iniciales. El día 30 Manuel Iglesias Ramírez recibía la comunicación y firmaba el «enterado».

En prisión

En prisión

Desde el momento de su detención y hasta el 27 de octubre de 1942, cumplió condena en la cárcel del partido judicial de Úbeda[162]. Durante su estancia en este centro fue trasladado en más de una ocasión, por prescripción facultativa, al Hospital de Santiago, de Úbeda, la primera vez el 30 de septiembre de 1939, por prescripción del doctor Guillermo Rojas Galey[163]:

«… fiebre de 37.4 grados, esputos hemoptoicos y a la auscultación hay estertores en ambos vértices, más marcados en el derecho».

Tras recibir el alta hospitalaria el día 25 de octubre, el mismo doctor le reconoce de nuevo el día 30 y diagnostica anemia cerebral. En un oficio[164] del médico de la prisión sustituto del forense y director del Hospital de Santiago doctor Guillermo Rojas Galey[165], dirigido al Juez del Juzgado Militar número 13 y al director de la prisión de Úbeda, en el que pregunta el motivo que ha impedido cumplir la orden de ingreso del interno Manuel Iglesias Ramírez en el Hospital de Santiago, el diagnóstico era

«… agotamiento general y lesiones en ambos vértices, probablemente fímicas».

El mismo día 30 de septiembre el director de la prisión ordenaba su traslado al hospital y justificaba la demora ante el Juez por falta de espacio hasta ese momento. La estancia hospitalaria se prolongó durante más de 20 meses.

En mayo de 1940 aparece en su expediente carcelario un traslado a la prisión provincial de Jaén, ordenado por el Gobernador Civil[166], en el que se cita como causa una conducción disciplinaria, sin más explicaciones; sin embargo, esta estancia fue temporal y de nuevo sería trasladado a Úbeda[167].

En agosto de 1940 el juez militar del juzgado permanente número 7 de Madrid solicita su traslado para declarar en la causa abierta contra él y otros por la muerte del marqués de San Fernando y su cuñado; el médico forense de la prisión informa[168]

«… que no se encuentra en condiciones de ser trasladado, precisando su continuidad en el hospital».

Tres meses más tarde el mismo juzgado solicita de nuevo su traslado a Madrid para declarar en la misma causa, y en el escrito de respuesta se niega la conducción por continuar enfermo en el hospital.

Tal vez llame la atención al lector, como me la llamó a mí, el interés del ayuntamiento de Úbeda en enero de 1941 por el preso Iglesias Ramírez, a través del escrito dirigido al director de la prisión por el alcalde Alfonso Higueras Rojas, en el que le comunica que

«… ha sido propuesto para conservador del museo municipal».

Si añadimos que la propuesta había sido acordada en el seno de la Comisión Permanente, el hecho resulta más sorprendente. Se justificaba la decisión en razón a

«… la competencia extraordinaria para la misión a ejercer, y al que le serían de aplicación los beneficios de la Orden Ministerial de 7 de julio de 1938, de redención de penas por el trabajo».

El responsable de la prisión trasladó la propuesta a la Dirección General de Prisiones, sin que conste respuesta de esta. Pocas semanas después, marzo de 1941, el ayuntamiento de Úbeda vuelve a interesarse por el preso, y solicita su salida del hospital…

«… para efectuar inventario en el Museo Municipal de Historia y Arte».

En este oficio se añade que…

«… ha sido nombrado presunto director del Museo Municipal en atención a que es la única persona competente para ello».

Y que durante las salidas del hospital para hacer su trabajo sería convenientemente vigilado. Nuevamente la dirección eleva la petición a la Dirección General de Prisiones, sin que tampoco en esta ocasión conste respuesta en su expediente carcelario[169].

Los hechos a los que me he referido en los párrafos anteriores parecen indicar que alguien velaba, desde la distancia, por Iglesias Ramírez. Así pudo evitar su comparecencia en Madrid para declarar en una causa delicada —la del asesinato del Marqués de San Fernando y su cuñado— y recibir las propuestas laborales indicadas, tratándose de un preso político de la época y, además, sin que conste experiencia específica del candidato para las actividades a las que se refería el ayuntamiento de Úbeda.

En su ficha carcelaria se añaden otros detalles personales como

«… pelo castaño, 1,63 m de estatura, barba poco poblada, nariz recta, cejas casi unidas… no deja ninguna responsabilidad pendiente… se encuentra desinfectado y desinsectado».

Esta descripción física completa la que figura en el sumario en el que fue condenado a muerte: «160 cm de estatura, barbilampiño».

En 1942 los padres del recluso y su esposa se movilizan en busca de testimonios con los que justificar una petición de indulto. El 23 de enero se dirigen al Jefe del Estado, a través del Ministro de Justicia, y aportan declaraciones de los Carmelitas Descalzos de Úbeda, capellanes de la cárcel; del Jefe Local de FET y de las JONS de Villafranca de los Barros; del jesuita que había dirigido sus primeros estudios; de la superiora de la comunidad religiosa que atendía el Hospital de Santiago de Úbeda, sor Encarnación Andrés, y de su director Guillermo Rojas Galey; los sacerdotes del Colegio Salesiano de Utrera, donde finalizó los estudios de bachillerato, Manuel Fernández Moreno, Claudio Sánchez Martín y José Holgado González; Lorenzo Polaino Ortega, abogado, falangista y colaborador suyo en el Tribunal del IX Cuerpo de Ejército; Dolores Ortega Rodríguez, madre del anterior; Tomás Carretero Romo, párroco de Villafranca de los Barros. Todas ellas fechadas entre los meses de enero y abril de 1942[170].

El 26 de septiembre del mismo año la Dirección General de Prisiones ordena su traslado a la Prisión Central del Puerto de Santa María; dado que Iglesias Ramírez se encuentra, una vez más, hospitalizado, el traslado no puede efectuarse hasta el 30 de octubre, pese a la orden del Director General de Prisiones de que fuera dado de alta de forma inmediata; permanece en el penal del Puerto de Santa María hasta el 9 de diciembre del mismo año[171].

La tercera y última etapa carcelaria de Iglesias Ramírez comienza el 9 de diciembre de 1942 en la Prisión Provincial de Sevilla. A lo largo del año 1943 el juzgado permanente número 1 de Madrid se interesa por su situación y en noviembre acuerda el sobreseimiento provisional del juicio sumarísimo número 12 861 relativo a la desaparición del marqués de San Fernando.

El 25 de marzo de 1943, ya en la prisión de Sevilla, Iglesias Ramírez da un paso más para obtener la libertad mediante una instancia dirigida a la comisión revisora de penas de la provincia de Jaén[172], en la que solicita acogerse al beneficio del examen de su condena. Como en otros documentos escritos de su mano a los que ya me he referido, utiliza argumentos religiosos…

«… poner a Dios por testigo».

Y…

«… desde lo más profundo de mi alma católica invoco la providente intervención de Dios, Supremo conductor del pensamiento».

En esta petición de revisión, una vez más, rebate determinadas acusaciones que constan en el sumario, de las que fue víctima…

«… por error o pasión circunstancial».

La primera de ellas es la acusación de haber participado en detenciones de oficiales del ejército en Madrid durante los primeros días del Movimiento, formulada por dos personas que habían estado a sus órdenes en el Tribunal del IX Cuerpo de Ejército. Atribuye a ambos deseo de venganza, pues habían sido arrestados por Iglesias Ramírez: Francisco Navalón Navalón, por manifiestas inmoralidades, y Bautista de la Torre por negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Sugiere se comprueben estos hechos a través de testimonios de otras personas próximas a él durante la presidencia del tribunal y ofrece los nombres de Rovira Burgada[173], Lorenzo Polaino Ortega, Aurelio Albacete Segura, Manuel Marín Ibáñez, Fernández Cos, Manuel Lara, Manuel Calabas y Miguel Salas, todos ellos con cargos relevantes en FET y de las JONS.

En cuanto a las denuncias formuladas en su pueblo natal, se remite al aval del alcalde de la localidad y Jefe Local de Falange, Justiniano Bermejo.

Finalmente, se refiere a la responsabilidad que la sentencia le atribuye en la firma de nueve penas de muerte durante su presidencia del tribunal. Con los datos que ofrece, que detallo a continuación, hace un alarde de memoria, pese a haber transcurrido más de cuatro años desde los hechos que detalla:

Eloy Vela Vela, natural de Sevilla, miembro de SEIP (guerrilleros especiales), que ostentaba el grado de sargento, fue condenado a la última pena por haber asesinado en la localidad de Martos al teniente Castillo, del que sospechaba que era fascista.

Un soldado apellidado Serrano, natural de Hinojosa del Duque (Córdoba), asesinó a un compañero por el solo hecho de llevar un crucifijo bajo la camisa.

El tribunal por él presidido, continúa, condenó a muerte, pero no fueron ejecutados inmediatamente, sino más tarde por los tribunales nacionales y a garrote vil tomando como referencia las actuaciones del Tribunal del IX Cuerpo de Ejército, a un capitán de milicias apellidado Flores y su cómplice, un comisario de batallón. Ambos fueron autores del asesinato de Pedro Colmenero, natural de Jaén, muerto en las proximidades de Andújar.

Finalmente, completa la lista de condenas a muerte firmadas por él, con las de tres comunistas autores materiales del asesinato en la localidad de Alcaudete (Jaén), de soldados tachados de fascistas: Enrique Santiago, comisario de batallón; Ricardo Cruz Marín, teniente de milicias; y un comisario apellidado Morales. También fueron condenados en la misma causa a penas menores, como cómplices, un sargento apellidado Pulido y un teniente cuyo nombre no recuerda. Esta causa estaba pendiente de aprobación por el gobierno republicano cuando los nacionalistas entraron en Úbeda; los cuatro primeros fueron ejecutados por el nuevo régimen.

El último argumento esgrimido a su favor fue la expresión de sorpresa por el hecho de haber sido el único encarcelado —no era cierto, pues el fiscal de su Tribunal fue juzgado y condenado en la misma causa— de entre todos los componentes del Tribunal Permanente del IX Cuerpo de Ejército: presidente, dos vocales (uno militar y otro del comisariado), secretario-relator-instructor, además de varios instructores y fedatarios (soldados letrados).

El día 7 de octubre de 1943, la Comisión de Examen de Penas de la provincia de Jaén informaba favorablemente la conmutación de la pena de 30 años de reclusión mayor por la de 20 años y un día, en aplicación de lo dispuesto en el número 16, grupo tercero, de la Orden Circular de 25 de enero de 1940:

«… los que hayan desempeñado cargo público del Frente Popular se hubiesen alzado contra el Movimiento, por actos personales y positivos».

Publicada en el número 21 del Diario Oficial del Ministerio del Ejército y trasladaba su dictamen a la instancia superior.

A su vez, la Comisión Central de Examen de Penas mantuvo el informe favorable recibido y la conmutación a 20 años fue aprobada por el Ministro del Ejército el 2 de noviembre del año 1943, pese a haber informado en contra el auditor de la II Región Militar, por considerar su caso comprendido en el número 10 del grupo 1.o de la Orden Circular a la que hago referencia más arriba, —«De los presidentes y vocales de Tribunales que condenaron a penas capitales y de los fiscales que los solicitaron»—,[174] norma más claramente aplicable al caso de Manuel Iglesias Ramírez, que había presidido un tribunal y aprobado más de una pena capital según reconoció.

Unas semanas más tarde, 23 de noviembre de 1943, la Dirección General de Prisiones ordenaba su libertad provisional, tras recibir el informe favorable de la Junta Disciplinaria de la prisión de Sevilla, basado, a su vez, en los informes del alcalde, guardia civil, falange y cura párroco de Villafranca de los Barros. Añadiré como curiosidad el matiz introducido por el párroco[175]:

«… si bien es verdad que han de verlo con natural desagrado los familiares de los caídos anteriormente».

Como requisito previo para su puesta en libertad Manuel Iglesias Ramírez redacta y firma un documento con el siguiente texto:

«Juro solemnemente ante Dios, no pertenecer ni haber pertenecido jamás a la masonería ni a ninguna otra asociación secreta. Y para que conste, extiendo la presente declaración jurada en Sevilla, a 29 de noviembre de 1943».

El 19 de diciembre de 1943 quedaba en libertad provisional «sin destierro», con la condición impuesta por la Comisión Provincial de libertad vigilada de residir durante un año en Villafranca de los Barros, en la Plaza Fernando Ceballos número 2,[176] domicilio de sus padres, a donde se trasladó con su esposa y su hijo Manuel. La antes llamada Plaza Vieja, en el momento de su regreso Plaza Fernando Ceballos, le recordaría cada día el nombre del marqués de San Fernando, de cuya detención y muerte había sido acusado junto a otras personas, que, finalmente, fue sobreseída como ya se ha dicho.

Según se deduce de la documentación analizada, el segundo hijo de Manuel debió nacer en 1944, durante su estancia en Villafranca de Los Barros durante el período en que estuvo sometido al régimen de libertad vigilada. A lo largo del año 1944 realizó dos viajes, a Úbeda y Madrid[177],

«… para sufrir reconocimiento médico de la enfermedad que padece».

Durante el viaje a Madrid en junio de 1944, entabló contacto con antiguos compañeros de colegio y universidad, para sondear las posibilidades de encontrar trabajo cuando finalizara el período de libertad vigilada unos meses después. Y encontró ayuda en ellos, aunque en el expediente no aparecen nombres, para dar

«… clases particulares y ciertas colaboraciones en revistas técnicas, como se puede comprobar en cartas que obran en poder del que suscribe».

A punto de finalizar el año 1944, solicita a la Comisión Provincial de Libertad Vigilada de Badajoz su traslado a Madrid, para poder iniciar una vida económicamente independiente de sus padres, dada su modestísima posición. Anuncia que fijaría su residencia en el domicilio de una hermana de su esposa en la calle General Mola número 58[178] y confirma las ofertas de trabajo a las que he hecho mención más arriba, por estar

«… inhabilitado para el ejercicio de mi profesión así como para hacer oposiciones».

En el expediente en el que se analiza la procedencia o no de la autorización de traslado a Madrid, existe un informe negativo de la Jefatura Superior de Policía. No obstante, la Subdirección General de Libertad Vigilada del Ministerio de Justicia, prestaba su consentimiento el 11 de noviembre de 1944[179].

En la autorización[180] para el traslado de domicilio a Madrid se hace referencia a que

«… va a dedicarse a dar clase como Abogado y Licenciado en historia y a verificar trabajos en el Instituto de estudios Políticos, antiguo Palacio del Senado, con Don Carlos Olleros».

Carlos Ollero Gómez, compañero en la Facultad de Derecho de Sevilla, fue cofundador del Instituto de Estudios Políticos junto a personas tan señaladas como Javier Martín Artajo, Rafael Sánchez Mazas, José María de Areilza, Rodrigo Uría, Jesús Fueyo, Emilio Lamo de Espinosa, Alfonso García Valdecasas, Pedro Gamero del Castillo, Ramón Carande, Manuel Fraga Iribarne y Valentín Andrés Álvarez, entre otros.

El Instituto de Estudios Políticos, fundado en 1939, acogió en su seno, directa, indirectamente o como colaboradores, a numerosas personas que habían intervenido en la guerra civil en el bando republicano, entre ellas, según la cita anterior, a Iglesias Ramírez. No he podido confirmar en la institución sucesora, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, si su colaboración llegó a ser efectiva, pues la documentación del antiguo Instituto de Estudios Políticos fue traspasada al Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que tiene pendiente de catalogación la correspondiente al período 1939-1958.

Manuel daba un nuevo paso en la normalización de su vida, curiosamente, en una institución política del régimen, pero todavía con limitaciones, pues tenía obligación de solicitar autorización para sus desplazamientos fuera de Madrid.

Un año más tarde, nueve de octubre de 1945, solicitó el indulto regulado en el decreto del Ministerio de Justicia de 9 de octubre de 1945, que le sería denegado por el Consejo Supremo de Justicia Militar cinco años después.

Iglesias Ramírez se vio afectado positivamente por las normas que la Comisión de Revisión de Condenas empezó a aplicar a partir del año 1940 con el objetivo de reducir penas. Se benefició de la gran medida de excarcelación en régimen de libertad condicional, aplicada a finales de 1943 a los presos con penas de veinte años y un día y a los que, aun teniendo condenas superiores, reunieran las circunstancias contempladas en el Decreto de la Jefatura del Estado de 17 de diciembre de 1943, BOE de 20 de diciembre; circunstancias lo suficientemente flexibles como para que pudieran aplicarse con amplio margen de discrecionalidad, si alguien tenía la voluntad de mejorar las condiciones de algún penado concreto. La exposición de motivos del Decreto justificaba la medida por la proximidad de la fiesta de Navidad.

El control postcarcelario de los presos puestos en libertad recaía sobre las autoridades de sus localidades de origen —presentación periódica en el cuartel de la guardia civil de la localidad o en la alcaldía, por ejemplo—; sin embargo, desde mediados del año 1943 existía un método de control más eficiente —dado el número de personas a las que se aplicó esta medida y la superior condena de los que se iban poniendo en libertad—, a través de la creación del Servicio de Libertad Vigilada, que contaría con la colaboración de policía, guardia civil y autoridades administrativas.

La libertad

La libertad

Abramos un paréntesis en la biografía de Iglesias Ramírez, para dar algunos detalles sobre la familia de su esposa, que servirán para entender su integración en el seno del régimen surgido al finalizar la guerra.

Tal vez, siguiendo las huellas de su admirado Francisco Giner de los Ríos, visitante asiduo de la sierra norte de Madrid, municipio de Rascafría, con los alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, encontrara a la mujer con la que habría de compartir su vida, Maria Dolores Peláez Zapater[181], nacida el año 1920, con la que contrajo matrimonio canónico en Madrid el 21 de enero de 1938. María Dolores tenía tres hermanos, Fernando, Rosario y Pilar —las dos últimas muy importantes en la vida del matrimonio Iglesias Peláez—, hijos del matrimonio formado por José Luis Peláez de Alarcón, interventor de ayuntamiento, y María Antonia Zapater Ramírez.

Pilar Peláez Zapater nació en Aranjuez el 6 de mayo de 1915, durante el destino de su padre como interventor municipal, y falleció el 16 de diciembre del año 2002 en Madrid[182]. Contrajo un primer matrimonio con Julián Vidal Torres, natural de Santa Cruz de la Palma[183], poeta, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por las universidades de La Laguna y Madrid, masón de la logia de Santa Cruz de la Palma entre los años 1930 y 1936 y miembro del partido Unión Republicana que dirigía Martínez Barrio. Estuvo al frente de la Secretaría Técnica de los ministerios de Hacienda y Justicia, siendo ministro de dichos ramos Antonio de Lara Zárate, entre los años 1933 y 1936. Tras la guerra civil fue procesado y encarcelado en la prisión de Santa Cruz de la Palma, donde falleció en 1942. El matrimonio tuvo dos hijos: Pilar y Juan Vidal Peláez.

Pilar contrajo un segundo matrimonio con Francisco Lamas López, nacido en Lugo, médico, maestro y doctor en medicina, último alcalde republicano de la ciudad, condenado el día 14 de octubre de 1936 a la pena de cadena perpetua por delito de traición. Lamas López resultó beneficiado de una reducción de pena a 12 años, por su buen comportamiento durante la fuga masiva de presos del Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, que tuvo lugar en 1938, donde entonces se encontraba internado; el 6 de septiembre de 1940 obtuvo una segunda reducción a seis años y un día[184].

Tras su puesta en libertad se incorporó al ejercicio de la profesión médica en el Instituto Cajal y más tarde ejerció como profesor de Histología en la Facultad de Medicina de Madrid. En 1948 ingresó como inspector del Seguro Obligatorio de Enfermedad en Mérida y, tras pasar por otros centros en los que desempeñó la misma función, accedió al cargo de Jefe de Organización de los Centros Sanitarios de la Seguridad Social. Falleció en Madrid el día 21 de febrero de 1987.

Pilar y Francisco tuvieron un hijo, Santiago Lamas Peláez, también médico; la esposa del hijo, Elvira M. Melián Pérez, publicó una semblanza sobre su suegro, con el título Para los que no vieron, editada por Ediciós do Castro.

Tanto Pilar como Rosario Peláez Zapater pertenecieron al Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado, con destino ambas en la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo. Las dos recibieron la Medalla al Mérito en el Trabajo: Pilar, en su categoría de plata, el 30 de abril de 1979[185]; Rosario, categoría de bronce, el 30 de abril de 1982.

También las dos fueron distinguidas con el lazo de dama de la Orden del Mérito Civil. El expediente de concesión a Pilar[186] por parte del Jefe del Estado, a petición del subsecretario del Ministerio de Trabajo, José Utrera Molina, contiene los méritos genéricos de esta funcionaria, administrativa de la Sección de Asuntos Generales, dependiente de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo. La credencial expedida por el Jefe del Estado tenía fecha de uno de abril del año 1971. En la propuesta de concesión se hacía referencia a…

«… su interés y capacidad, secundando brillantemente las directrices de sus superiores… con excelente espíritu de servicio…».

La Orden del Mérito Civil, según el artículo primero de su reglamento.

«… tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil, adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones públicas… o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas, o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes».

Por lo que debemos concluir que la funcionaria Pilar Peláez Zapater gozó de la más alta consideración y estima de sus superiores, conseguida a través de una larga vida al servicio de la Administración del Estado. Había ingresado en el Ministerio de Trabajo el 29 de diciembre de 1942, como auxiliar interino en el Servicio de Reincorporación de Excombatientes al Trabajo.

En mayo de 1944 pasó a desempeñar sus funciones en la Asesoría Técnica de Previsión Social[187], desde donde, tal vez, pudo ejercer su influencia para que tanto su esposo Francisco Lamas López, como su cuñado Manuel Iglesias Ramírez, ingresaran como funcionarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad. En 1948, por oposición, ingresó en el Cuerpo General Administrativo, con la categoría de Auxiliar de 1.a clase. A partir del 19 de julio de 1972 y hasta su jubilación ostentó la jefatura del Negociado de Materias Clasificadas, puesto que, se supone, debía exigir la máxima confianza de sus superiores.

Por el expediente de concesión a Rosario del lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil, 24 de junio de 1977, sabemos que nació en Aranjuez el 14 de octubre de 1922 y contrajo matrimonio con Enrique Bravo Sánchez del Peral. Ingresó por oposición en el Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado el 14 de agosto de 1948, desempeñando siempre su actividad funcionarial en diversas dependencias del régimen general de la Seguridad Social, como Jefe de Negociado, en el Registro y en la Secretaría de Despacho del Subdirector General de Gestión de la Seguridad Social, entre otras dependencias. Se jubiló el 14 de octubre de 1987[188].

La información que antecede pone de manifiesto la alta estima en que tenían sus superiores a Pilar y Rosario, así como los relevantes puestos funcionariales que ambas desempeñaron en el Régimen General de la Seguridad Social. Téngase en cuenta, que hicieron carrera en el ministerio indicado, las dos hermanas y los tres cuñados.

En la década de los años cincuenta —sin que pueda concretar la fecha pese a las múltiples indagaciones realizadas— Manuel Iglesias entró a trabajar en el Seguro Obligatorio de Enfermedad y del Mutualismo Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, ramo del que era ministro en ese momento José Antonio Girón de Velasco[189], colocado por una cuñada mía, dice en el currículo redactado por él.

En 1946 Iglesias Ramírez, según datos de la Fundación Pablo Iglesias, se incorporó a la organización clandestina del PSOE en Madrid y a partir del año 1965 entró a formar parte de la Comisión Permanente de Interior. Al escindirse el PSOE en 1972, optó por integrarse en el llamado PSOE histórico, fundado por Rodolfo Llopis.

En 1951 solicita su incorporación al Colegio de Abogados de Madrid y adjunta la documentación necesaria[190]: certificado de nacimiento, título de licenciado en Derecho expedido por la Universidad de Sevilla ese mismo año, la presentación por parte de dos colegiados —Hermógenes Pacheco Gordillo[191] y Manuel Izquierdo Sánchez—, el justificante de haber ingresado las 1000 pesetas de cuota de entrada, declaración personal firmada:

«… a los efectos del artículo 3 de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid[192] que ni está ni ha estado nunca procesado por delito alguno».

Y un certificado negativo de antecedentes penales expedido por el jefe del Registro Central de Penados y Rebeldes, dependiente de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia, que dice lo siguiente:

«Consultadas las notas que obran en este registro, no aparece ninguna que haga referencia a Manuel Iglesias Ramírez».

La Junta de Gobierno del colegio aprueba su incorporación con el número de colegiado 14 218, el día 2 de junio de 1951.

Resulta sorprendente y difícilmente explicable el contenido del certificado del registro de antecedentes penales y la declaración firmada por el interesado en el mismo sentido negativo, pues aún se encontraba cumpliendo la condena de 20 años y sus accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta[193].

El 22 de mayo de 1959 la Capitanía General de la 2.a región militar comunicaba a la Prisión Provincial de Sevilla, última en la que había permanecido internado, su licenciamiento definitivo, tras cumplir los 20 años por los que le había sido conmutada la pena anterior de 30. Cuando recibe la notificación oficial del cumplimiento, la familia ya reside en el piso segundo de la calle Maldonado número 14, de Madrid. Esta es la última anotación que figura en la ficha carcelaria de Manuel Iglesias Ramírez[194], un hombre ya libre, ahora al servicio del nuevo Estado.

En su matrimonio con Dolores Peláez Zapater tuvo siete hijos: Manuel, el mayor —nacido en marzo de 1939, unos días antes de ser encarcelado su padre— y Javier, el menor y padre de Pablo Iglesias, obtuvieron por oposición plaza como inspectores de trabajo; Alberto, geólogo; Santiago, médico; Marta[195], maestra nacional; Gloria y Paloma, esta última funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado.

La familia veraneaba habitualmente en Rascafría, localidad en la que había nacido Dolores, recordada por los que fueron sus paisanos como Lola. Aún se conserva la casa aunque ya no pertenece a la familia, construida en piedra, compuesta de planta baja y un piso con balcones, enmarcados en ladrillo, a la que se accede a través de seis peldaños.

Llama la atención la posición y las relaciones sociales de Iglesias Ramírez en el régimen franquista, dados sus antecedentes políticos y sociales. Entre esas amistades se encontraban algunas personas que ocupaban cargos de relieve en el régimen: Carlos Bendito Mostazo, redactor del diario Arriba, que fue padrino de boda de uno de sus hijos en 1966; Ezequiel Puig Maestro-Amado, procurador en las cortes franquistas, que actuó como testigo el 25 de junio de 1969 en la boda de su hija Paloma con Jaime Arias Catalán, celebrada en la iglesia San Francisco de Borja de los padres jesuitas, en Madrid[196].

Las notas de sociedad del diario ABC siguen facilitándonos información acerca de su vida social. Su hija Marta[197], según la referencia de la boda publicada en la edición de ABC[198] del día 11 de marzo de 1976, contrajo matrimonio en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja con Diego Martínez Millán; actuó como padrino el padre de la novia y firmaron el acta matrimonial como testigos, los hermanos de la contrayente Manuel, Javier y Santiago, Joaquín León Fernández, conde Jonchay de la Torre, Urbano Osad de la Torre (el apellido correcto es Orad de la Torre), militar republicano[199] al que tal vez Manuel Iglesias Ramírez conoció en la 51.a brigada mixta, que formaba parte de la 20.a división del IX Cuerpo de Ejército a la que pertenecieron ambos; Carlos Bendito Mostajo[200] y Felipe de Iracheta Rucabado. Los invitados fueron agasajados en el Hotel Los Galgos, muy próximo al domicilio familiar.

Otro de los hijos de Manuel, Santiago Iglesias Peláez, contrajo matrimonio en el Monasterio de El Paular[201] con María Cruz Francés Sanz; actuó de madrina la madre de Santiago y, como padrino, el padre de la novia, Tranquilino Francés Cabezón; como testigo del novio intervino Manuel Vázquez-Prada Blanco, periodista, falangista camisa vieja, jefe de prensa de varios ministros de Franco —como Raimundo Fernández Cuesta y José Luis Arrese—, jefe de los servicios informativos del Ministerio de Trabajo, presidente del Sindicato de Prensa y procurador en cortes.

Manuel Iglesias Ramírez fue testigo por parte del novio, en la boda celebrada en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, entre Amelia Cañil Moreno —concejal de Rascafría por el PP en el año 2008— y Fernando Bendito García, hijo de Carlos Bendito Mostajo, al que ya me he referido anteriormente[202].

Otra presencia social de Manuel Iglesias, ahora en la iglesia Cristo de la Salud, situada en la madrileña calle de Ayala, con motivo de la boda de María del Carmen Pinilla Iglesias —nacida en Villafranca de los Barros, perteneciente a la conocida familia Sánchez Arjona— con Juan Egaña Pidal, conde de Egaña. Otros testigos que acompañaron a Iglesias Ramírez fueron Antonio Tarruella Lacour —miembro consorte de la familia Sánchez Arjona—, Juan Díaz Ambrona —perteneciente a otra hacendada familia de Tierra de Barros—, Gregorio y Manuel Moreno Pidal —ambos vinculados al mundo del toreo a caballo—, Arturo Egaña Pidal, Jaime Castillo Ferratges —marqués de Montroig— y José del Solar Bermejo[203].

¿Quién aparecía durante esos años en las crónicas de sociedad de un diario como ABC en la ciudad de Madrid? Esta circunstancia y las personas que figuraban en las reseñas ponen de manifiesto que Iglesias Ramírez, bien en su época de estudiante en Sevilla, en la guerra, durante sus años de prisión o durante su vida laboral en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, tejió una importante red de amistades relacionadas con el régimen, la nobleza e ilustres familias de su tierra, sin renunciar, como queda patente en su militancia política después de la guerra, a sus orígenes ideológicos.

Una institución en la que pudo haber establecido importantes relaciones, fue el Centro de Enseñanza e Investigación S. A., sociedad mercantil promovida el año 1962 por José Vidal Beneyto. En la relación de socios aparecía Manuel Iglesias Ramírez, «abogado y asesor laboral de la Secretaría Técnica del Ministerio de Trabajo», junto a intelectuales y políticos de diferentes ideologías, entre otros, como José María de Areilza, Miguel Boyer, Guillermo Luca de Tena, Jaime Miralles, Gonzalo Puente Ojea, José María Ruiz Gallardón, Amando de Miguel, José Luis Sampedro, Luis González Seara, José Jiménez Blanco y José María Ruiz Jiménez.

Fue, además de persona inteligente e intelectualmente preparada, un hombre bien dotado para las relaciones sociales, como acabamos de ver, datos corroborados por un veraneante en Rascafría, adolescente entonces, amigo de correrías veraniegas de su hijo Javier, que lo recuerda como inteligente, gran lector, fumador empedernido, amable en el trato, que se consideraba a si mismo entre las cinco o seis personas más cultas de España. Entre sus recuerdos se encuentra la presencia de Manuel y su esposa en la misa dominical, siempre con un libro que leía durante la celebración, debemos suponer que sería el misal. Añade un detalle anecdótico: su gusto por el coñac Espléndido, después de las comidas.

En su época universitaria de Sevilla publicó Vértice: poemas del trabajo, Sevilla, 1932. A lo largo de su vida profesional publicó varios libros sobre relaciones laborales, política y literarios. Tengo referencias concretas de las siguientes publicaciones[204], con él como único autor: Empresarios y trabajadores, 1954, editado por el autor; Problemas conyugales o Vida y estado matrimonial, 1953, Barcelona, Editorial Dux; Problemas sexuales y conyugales, 1969, Barcelona, ARTCO; Aborto, eutanasia y fecundación artificial, 1954, Barcelona, Editorial Dux; Federico García Lorca, el poeta universal, 1955, Barcelona, Editorial Dux; Negocios, y moral, trabajo y producción en la doctrina de la Iglesia, 1954, Barcelona, Editorial Dux.

A las que hay que añadir, otras cuatro obras en las que fue coautor[205]: Diccionario laboral, vocabulario enciclopédico de Derecho Social, en colaboración con F. de la Maza, 195?, Barcelona, Editorial Dux; Enciclopedia laboral, en colaboración con Hernando García Calleja, 1956, Barcelona, Editorial Dux; La moderna democracia social, en colaboración con Rovira Brull, 1953, Barcelona, Editorial Dux; Legislación social y su procedimiento. Comentarios, jurisprudencia y formularios, en colaboración con José Díaz Bulsen, 1960, Madrid, Editorial Giner.

Recordemos, además, los artículos y poemas publicados en las revistas Vida Nueva y Democracia, durante su estancia en Úbeda.

Durante los años inmediatamente posteriores a su salida de la cárcel sobrevivió con la redacción de tesis doctorales por encargo, según contaba a su amigo Lorenzo Polaino Ortega en carta fechada el 3 de abril de 1955[206]:

«He hecho seis, todas aprobadas y algunas muy bien calificadas».

Mantuvo vivo el gusanillo de la política a lo largo de toda su vida. En el año 1977 se presentó por la provincia de Badajoz a las primeras elecciones generales tras el fin del régimen anterior, en las listas de Alianza Socialista Democrática, listas conjuntas del PSOE Histórico de Rodolfo Llopis, Partido Socialista Democrático, de Antonio García López[207], y Reforma Social Española, de Manuel Cantarero del Castillo, de origen falangista.

En el currículo elaborado por él mismo, al que ya me he referido en otros momentos, se declara

«… creyente, carnet número 17 del PSOE y socialista-humanista, en la línea de Pablo Iglesias, Jaime Vera, Fernando de los Ríos y Besteiro y trabajadores como Llaneza, Saborit, Trifón Gómez y Lucio Martínez».

Una frase suya de esa brevísima autobiografía, resulta muy interesante en los tiempos actuales y podría aplicarse a algunos de los visionarios y salva patrias que han llegado para arreglarlo todo:

«Se me nubla la vista cuando veo a tantos jóvenes y no jóvenes arrogantes y en posesión de la verdad, su verdad, de ambiciones personales».

En un opúsculo publicado por su nieto Pablo Iglesias Turrión no he visto esta interesante cita, tal vez la desconozca o, lo que me parece más probable, no le interese en este caso dejar constancia de la clarividencia de su abuelo.

Manuel Iglesias Ramírez falleció en Rascafría en la madrugada del domingo día del 6 de julio de 1986[208].

Su hijo menor, Javier Iglesias Peláez (nacido en marzo de 1954), contrajo matrimonio con María Luisa Turrión Santamaría. Ingresó por oposición en el cuerpo de inspectores de trabajo y su esposa ejerció como abogada de Comisiones Obreras (su padre había participado en la fundación de UGT). Pablo Iglesias Turrión, nacido el 17 de octubre de 1978, fue el único hijo del matrimonio. Javier tuvo algún tipo de vinculación con el FRAP, según confirmación de su amigo de los veranos en Rascafría, y fue detenido por ello.

Tras tres o cuatro años de convivencia, el matrimonio se separó. Javier estuvo destinado como inspector de trabajo en Soria, Guipúzcoa, Zamora y Almería; además ha sido profesor de Historia Contemporánea e Historia de las Relaciones Laborales en la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora.

En el año 2008 se presentó a las elecciones generales con Izquierda Unida por la provincia de Zamora y, tras la creación de Podemos, fue miembro del Consejo Ciudadano en Zamora.

Conclusión

Conclusión

Sin pretender influir en la opinión del lector, daré la mía sobre la personalidad de Manuel Iglesias Ramírez: no se lo jugó todo a una carta como dice hoy su nieto Pablo Iglesias, cuando explica su dedicación a la política siguiendo el ejemplo de su abuelo paterno:

«Mi abuelo se lo jugó todo por construir un país mejor, como muchos abuelos y abuelas[209]».

«Tuvo que sufrir la atenta mirada de la dictadura durante muchos años más, tras salir de la cárcel».

Supongo que se referiría al tiempo que estuvo sometido a libertad vigilada hasta el año 1959, momento en el que cumplió definitivamente la condena de 20 años. Desde unos años antes ya era funcionario del Seguro Obligatorio de Enfermedad, institución dependiente del Ministerio de Trabajo, por lo que ese seguimiento no debió resultar especialmente complicado ni resultar preocupante, tanto por el vigilado como para los vigilantes. Si se refiere a una vigilancia posterior a esa fecha, se ve que tampoco tuvo grandes problemas, pues entre sus relaciones sociales se encontraban funcionarios bien situados en la administración franquista.

Fue un hombre inteligente y pragmático, que supo sembrar la semilla de la amistad en los dos bandos, tanto en su época de estudiante en Sevilla, como durante el tiempo que presidió el Tribunal Militar de la IX División del ejército republicano en Úbeda y al iniciar su vida profesional en el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Estas relaciones, no solo le libraron de la condena a muerte, sino que también debieron influir favorablemente durante su estancia en la cárcel —recuérdese la propuesta para trabajar en el museo municipal de Úbeda en dos ocasiones—, en la reducción de condena y la liberación tan solo cuatro años y medio después de la celebración del juicio sumarísimo, carrera profesional en el Ministerio de Trabajo, en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, vida acomodada en el barrio de Salamanca de Madrid y dar estudios a sus siete descendientes.

A la vista de los datos ofrecidos, la forma en que lo presenta su nieto, como un modelo de vida, no parece adecuada. Nadie puede poner en duda la afirmación hecha por el propio Iglesias Ramírez en su breve reseña autobiográfica, en la que se declara español, socialista y creyente, pues formaría parte de su intimidad; pero de ahí a elevarlo a la categoría de héroe o ejemplo, hay una gran diferencia. Su aparición frecuente en las crónicas de sociedad madrileñas del ABC, su medio de vida y las relaciones personales con miembros relevantes del régimen, ponen de manifiesto una gran capacidad para las relaciones sociales y un enorme pragmatismo.

Queda constancia de sus relaciones con altos funcionarios del régimen, de su adhesión al Glorioso Movimiento Nacional, su proclamado fervor al Jefe del Estado, su inquebrantable fe en el Caudillo, a través de las expresiones contenidas en sus escritos —algunos de ellos redactados a mano por él mismo— y el concepto que de él tenían personajes relevantes del régimen que firmaron testimonios favorables a su petición de clemencia.

El nieto parece haber heredado algunas de las cualidades del abuelo, entre ellas, su inteligencia, pragmatismo, tenacidad, sociabilidad y una gran habilidad dialéctica para presentarse ante los demás, de forma diferente a como realmente es o piensa; creo que las siguientes palabras de Pablo Iglesias[210] tienen mucho que ver con la última característica indicada:

«Se folla desnudo y se liga vestido».

Actitud que podría poner de manifiesto una cierta incoherencia entre pensamiento y actitud ante situaciones concretas.

Cuando Manuel Iglesias Ramírez[211] escribió la frase que incluyo a continuación, pensaba en los jóvenes ambiciosos que iniciaban carrera política poco antes de él fallecer; palabras que permanecen vigentes años después, aplicable a algunos de los jóvenes de la generación de su nieto Pablo Iglesias Turrión:

«… Ha vuelto a surgir el mito de Eróstrato. Este incendió el templo de Diana para pasar a la historia; en este momento de España, los advenedizos matan a su madre para salir en los periódicos y ser jefecillos de facciones. Hay mucho impudor y desvergüenza».

Anexo

Anexo

Romance a la Giralda

Giralda ¡vente conmigo!,

vente conmigo a mi casa

y tírate de la grupa

gótica de esa potranca.

Giralda suelta el pandero

como soltaste la faja

de tu cimborrio cristiano

para ponerte más alta.

No, no, replica en la noche

de crótalos la Giralda,

quiero conquistar turistas

con mi dulce voz de plata.

¿Giralda, por qué presumes?,

¿por qué te pones tan alta

si tienes la pena negra

en tus encajes clavada?

Ni fuiste marchosa nunca,

ni eres alegre y gitana;

solo eres la moza triste

que de sus modas esclava,

a la tarde corta un rizo

para taparse la cara.

Solo la supervivencia

de una cultura pasada,

boya triste, línea rota,

y el choque de un panorama

de pináculos hostiles

contra tu blanca almojafa.

No disimules, ni trates

de ahogar con tus campanadas

esa canción almohade

que hay dentro de tu garganta.

¡Giralda… tú estás muy triste!

¡Tienes penas atrasadas,

la oración de tus suspiros

te va poniendo delgada!

¿Te sientes alguna herida?

—Ay, no me preguntes nada

que llevo mi alma de piedra

errando en luces extrañas.

¡Yo sé tu vida sin velos,

yo te conozco Giralda!

Sé que tienes por la noche

citas con los de tu raza,

y ya cuando la noche

gravita sobre tu espalda,

cuando los peces del río

prisioneros en la alforja

sueñan en los pescadores

caricias de piel rosada,

¿Quién me dice que no lloras?

—Ay, no me preguntes nada

porque esta luz me hace estrías

de nácar con su navaja.

Ya no me queda Toledo,

ni Córdoba ni Granada.

Yo sola, mudéjar, triste,

plantón en tierras cristianas

de un anhelo mahometano

tronchado ya, sin sus alas.

¡Ay, Mohamid y Bem-harem!

bajo me sombra delgada.

M. Iglesias Ramírez

Auditor-Presidente del

Tribunal del IX Cuerpo de Ejército

Úbeda, octubre de 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año VIII, número 370, 20 de octubre de 1938. Instituto de Estudios Giennenses

Martinete gitano

En el puente,

viejo puente de Triana,

llora lágrimas de sangre

la Virgen de la Esperanza.

El ancla que hay en su pecho

es como un rejón de plata

desprendido de una estrella

para nimbar su garganta.

Coge el pandero, Esperanza

y ponte siete alfileres en tu peineta rosada

para conquistar a hombres

de tu raza y de mi raza.

Virgen gitana;

Virgen blanca de la noche iluminada,

arrójate de la grupa, oro, seda y escarlata,

que han formado los del Puerto

con las joyas de tus andas.

¡Yo te he visto, yo te he visto antes de ahora!

¿Fue mi adolescencia pura…

o noches de madrugada?

¿Fue en las del Cuadro Flamenco,

con la Malena, tu hermana?

¿O aquella noche de la juerga

en la Venta de Eritaña?

No sé; pero yo te he visto

bailando zambras gitanas.

M. Iglesias Ramírez

Auditor-Presidente del

Tribunal del IX Cuerpo de Ejército

Úbeda, noviembre de 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año VIII, número 372, 10 de noviembre de 1938. Instituto de Estudios Giennenses

Caza ideal

Vamos a cazar cóndores

a las nubes.

Las casacas verdes,

plenas de distancia,

se pondrán azules.

Llevaremos arcos

con flechas de plata.

¡No importa que luego

no cacemos nada!

Dormirán las trompas

sin su luz, calladas.

No se oirá un relincho

y las carabinas

dormirán en casa.

Llevaremos arcos,

repletas algabas.

¡No importa que luego

no cacemos nada!

Altos cazadores

del cóndor en vuelo,

no importa que luego

no cacemos nada.

M. Iglesias Ramírez

Úbeda del Renacimiento, 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año VIII, número 374, 30 de noviembre de 1938. Instituto de Estudios Giennenses

Cabaret

Nebulosa de falsa pedrería

Mezclados con olores de mar salado,

formando la clara, clarisa,

de un fondo mal pintado.

Parte de cabo podrido,

parte de cabo gastado,

telones de corto abrigo,

deshechos, viejos zapatos

con ojos de golondrinas

llenos de humo de tabaco.

Puros bajo las boinas,

cejas con hondos calados

y sueños de cocaína

con trajes deshilachados.

Noche que noche de frío

quien no estuviera arropado,

tus labios sobre los míos,

los dos en un mismo lazo.

M. Iglesias Ramírez

Úbeda del Renacimiento, 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año VIII, número 374, 30 de noviembre de 1938. Instituto de Estudios Giennenses

Cruz de la cerrajería

Filigrana de martillo:

su inverosímil calado

finge lutos de mantilla

de encaje en hierro quemado.

Inspiración trianera,

entraña de sevillano,

retorcimientos de baile,

nervio y alma de gitano.

Cruz que reina en el encanto

de un barrio brujo de amores,

no conoce ruego humano,

¡solo le rezan las flores!

Claveles fueron su alma

y su calvario rosales,

cruz que reparte alegrías

porque nació entre cantares.

M. Iglesias Ramírez

Úbeda del Renacimiento, 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año IX, número 382, 30 de noviembre de 1938. Instituto de Estudios Giennenses

Una noche en la cárcel de Sevilla

En la noche hueca

velan los fusiles

de los centinelas.

¡Centinela alerta!

La inquietud secreta

resume el espacio

en su bayoneta.

En la noche hueca

las estrellas tienen

andares de reina.

¡Centinela alerta!

En la noche negra

de la negra Cárcel

vuelan los murciélagos

como flechas negras;

se llevan los ojos

sin luna ni estrellas.

¡Centinela alerta!

Cuanto aire te queda

para unos pulmones

que casi no suenan.

¡Centinela alerta!

Alerta… alerta… aler…

La voz va marchándose

como una palmera

sin soles ni lunas

en la sucia celda.

M. Iglesias Ramírez

Úbeda del Renacimiento, 1938

Vida Nueva, periódico independiente al servicio del régimen legalmente constituido.

Año IX, número 384, 20 de marzo de 1939. Instituto de Estudios Giennenses

Archivo Histórico del Colegio de Abogados de Madrid, expediente personal de incorporación de Manuel Iglesias Ramírez, expediente cronológico número 14 218, número 70 de 1951.

Mateo Pérez-Castejón Díez / Pedro Sánchez Pérez-Castejón

La mentira más común es aquella en la que un hombre se engaña a si mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano.

FRIEDRICH NIETZSCHE

Con independencia de las afinidades o diferencias que cada uno mantenga con determinados personajes políticos y sus ideas, la verdad no puede «crearse» a la medida que uno desea, para utilizar esas «verdades» como justificación y soporte de la aversión hacia alguien y, lo que es peor, para intentar engañar a otros. Por otra parte, cada persona es responsable de sus propios actos sin que proceda juzgarla por lo que fueron o hicieron sus antecesores. Algo más, creo que resulta reprobable utilizar en beneficio propio, de forma distorsionada, la figura de los que nos precedieron.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que yo sepa, nunca ha dado explicaciones sobre la ascendencia que mal intencionadamente algunos le atribuyen, ni sobre la verdadera; tal vez ha hecho lo correcto, porque bastaría que intentara rebatirlo para que adquirieran más verosimilitud las falsas imputaciones.

Si el lector entra en internet a través de cualquier buscador utilizando las palabras «abuelo Pedro Sánchez», encontrará rápidamente un ramillete de páginas dedicadas a difundir esta falsa imputación de ascendencia, expresada siempre en un tono ofensivo, en el que se aprecia un claro interés por hacer daño.

Esta es la falsa atribución de ascendencia a la que me refiero: Pedro Sánchez Pérez-Castejón, es nieto del teniente general franquista Antonio Castejón Espinosa, Capitán General de la II Región Militar, con sede en Sevilla, a quien se atribuye la masacre de Badajoz durante la guerra civil, cuando, con el grado de comandante y al frente de fuerzas de la Legión, tomó la ciudad en el verano de 1936.

Quienes así se expresan, para no dejar cabos sueltos, explican que Pedro Sánchez añadió Pérez a su segundo apellido Castejón, para enmascarar lo que ellos consideran su verdadera procedencia.

El infundio, es tan burdo, que resulta fácil rebatirlo: este es mi propósito.

Antonio Castejón Espinosa[212], comandante al iniciarse la guerra civil, fue uno de los mandos más destacados de la columna que tomó la ciudad de Badajoz. El 8 de agosto de 1936 el comandante Castejón entró con su columna en Villafranca de los Barros, de la que formaban parte una compañía de la Legión y una sección de ametralladoras con una compañía de regulares. Curiosamente, en esos días, Manuel Iglesias Ramírez, abuelo de Pablo Iglesias Turrión, se encontraba en su Villafranca de los Barros natal, defendiendo la República y se enfrentó en los Santos de Maimona, según parece, a las tropas mandadas por el comandante Castejón.

El supuesto abuelo de Pedro Sánchez nació en Manila el 11 de junio de 1896, hijo del matrimonio formado por León Castejón Ibarri, archivero de las oficinas de ejército, y Luisa Espinosa Ruiz.

En su expediente militar podemos ver la evolución de su carrera: comandante entre 1925 y diciembre de 1936; teniente coronel desde el 12 de diciembre de 1936 al 13 de abril de 1937; coronel desde el 13 de abril de 1937 hasta el 18 de junio de 1942; general de brigada desde el 18 de junio de 1942 al 25 de febrero de 1946; general de división desde el 25 de febrero de 1946 al 18 de diciembre de 1953 y a partir de esta última fecha y hasta su retiro, teniente general.

Contrajo matrimonio con Mercedes de Paz Género, de cuyo matrimonio nacieron varios hijos varones y una única mujer, Mercedes Castejón Paz, que contrajo matrimonio el 16 de junio de 1964 con Federico Pascual Segurola. En consecuencia, los hijos del matrimonio entre Mercedes Castejón Paz (hija del general Castejón) y Federico Pascual Segurola, se apellidarían Pascual Castejón.

El teniente general Castejón falleció el 2 de julio de 1979 en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid y fue enterrado en Jerez de la Frontera[213].

Un resumen del árbol genealógico de Pedro Sánchez Pérez-Castejón nos servirá para detallar el origen de sus apellidos y otros datos biográficos de la familia y compararlos con el del general franquista.

Dado que el supuesto cambio de apellido procede de la línea materna del actual Presidente del Gobierno, analicemos esta rama materna. Sus bisabuelos maternos fueron Juan Pérez-Castejón Marín, natural de Lorca, e Isabel Díez Lorca. De este matrimonio nació Mateo Pérez-Castejón Díez (Lorca, 1921), dependiente de comercio, que contrajo matrimonio con Inés Barrios Jiménez (Puente de Vallecas-Madrid, 1926, hija de Baldomero Barrios Aranda, de Villacañas, y de Encarnación Jiménez Ros, de Cartagena), abuelos maternos de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Del matrimonio formado por Mateo e Inés nació Magdalena Pérez-Castejón Barrios (Puente de Vallecas, 1952), que contrajo matrimonió con Pedro Sánchez Hernández (Anchuras, 12 de diciembre de 1950, hijo de Juan y Ángela) el día 14 de agosto de 1971. Magdalena fue funcionaria de la Seguridad Social y Pedro padre, trabajó en el INAEM[214], siendo Ministra de Cultura Carmen Alborch, y más tardé pasó a la fundación Autor, dependiente de la SGAE.

Uno de los hijos de este último matrimonio es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, nacido en el barrio de Tetuán de Madrid el día 29 de febrero de 1972.

Tras lo expuesto, se ve claramente que el segundo apellido de Pedro Sánchez, Pérez-Castejón, viene de su madre, Magdalena, de su abuelo y de su bisabuelo maternos, por lo que no se corresponde con la retorcida explicación de que añadió Pérez para enmascarar la supuesta descendencia del general Castejón.

Por otra parte, la fecha de nacimiento de la madre de Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Magdalena, 1952), la fecha de matrimonio de la única hija del general Castejón (1964) y, naturalmente, los apellidos de la hija del general Castejón (Castejón Paz) y los de su esposo —Pascual Segurola—, dan al traste con el burdo infundio que circula por las redes sociales.

Finalmente, existe una notable diferencia de años entre la fecha del nacimiento del falso abuelo, 1896, y la del abuelo natural, 1921.

¿Cuál es la explicación de este enredo —por ser benévolo en el calificativo—? Pues el malsano deseo de pretender hacer daño mediante la denigración de los antecesores, en este caso al atribuir un antecesor falso, creando una mentira. A ello hay que añadir que Pedro Sánchez Pérez-Castejón no menciona públicamente a sus abuelos, como han hecho Pablo Iglesias Turrión y José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, que han moldeado la biografía de sus antecesores y utilizado esa «versión» desvirtuada en beneficio propio, como ha quedado reflejado en los capítulos precedentes.

En consecuencia, Pedro Sánchez es lo que es por sí mismo y no ha apoyado ni su trayectoria personal ni política en sus antecesores, por lo que la vida de estos y su forma de pensar, forman parte de su intimidad.

Alberto Rivera Ortega / Albert Rivera Díaz

Tiempos de postguerra: miedo, poco pan y emigración

En alguna ocasión Albert Rivera ha hablado de su abuelo materno, Lucas, emigrante en Suiza y Francia; de dos de sus tíos paternos fallecidos prematuramente a causa del Sida y las drogas; de sus tíos abuelos paternos, para recordar sus manos encallecidas, por su condición de estibadores en el puerto de Barcelona; y de su origen malagueño, tanto por parte de su padre como de su madre.

Según la información obtenida, el primer asentamiento de un Rivera en Cataluña, fue el del abuelo Alberto Rivera Ortega[215]. En internet, sin embargo, en alguna web[216] he podido leer:

«Por la investigación de este medio Rivera podría ser una de las familias más antiguas de estibadores de Barcelona».

Atribuyéndole, además, sin la debida justificación, su presencia en la ciudad en el último tercio del siglo XIX; y digo injustificadamente porque los certificados de nacimiento son incontrovertibles.

Alberto Rivera Díaz no ha utilizado las vidas de sus antepasados para justificar ni su trayectoria política ni sus actitudes ni su forma de pensar.

Tampoco ha tenido que escuchar ignominias y mentiras sobre ellos, creadas con propósito de causar daño, como ha sucedido con «otros abuelos de la democracia».

Procede de una familia sencilla, trabajadora, emigrante a Cataluña desde la Andalucía deprimida de la posguerra y fue educado en un ambiente de esfuerzo y sacrificio. Y si algo negativo hubiera en el pasado de alguno de sus antecesores, esto no puede ser un reproche para él, sino todo lo contrario, porque daría más valor a la relevancia que él ha alcanzado. Él mismo dijo a un medio de comunicación[217]:

«No pienso renegar nunca de lo que son mis padres, de lo que son mis abuelos».

El popular barrio barcelonés de La Barceloneta surge a mediados del siglo XVIII cuando los pescadores empezaron a instalarse en la zona, dada su proximidad al mar. El ingeniero militar Pedro Martín Cermeño, en la misma época, fue el encargado de proyectar el barrio.

En este popular barrio de Barcelona se encuentra el origen de Albert Rivera Díaz. Sus abuelos paternos fueron Alberto Rivera Ortega, de profesión calafate[218], nacido el día 2 de abril de 1934 en Málaga, e Isidra Delgado Güilarte, de profesión sus labores, también natural de Málaga, domiciliados ambos en Barcelona, barrio de La Barceloneta, calle Santa María número 4, colindante con la Basílica de Santa María del Mar.

La llegada a Barcelona de Alberto e Isidra en busca de un futuro mejor debió producirse, aproximadamente, un año antes del nacimiento de su hijo Agustín Rivera Delgado (padre de Albert Rivera Díaz) el día 11 de junio de 1952, en los difíciles años de la posguerra y cuando ambos tenían 19 años de edad.

El abuelo Alberto era un niño cuando empezó la guerra civil; su padre y su abuelo —bisabuelo y tatarabuelo respectivamente de Albert— vivieron la guerra en su Málaga natal, con unas dificultades y sufrimientos muy semejantes a los de millones de españoles y sin que su protagonismo en esos años dejara rastro alguno en los archivos.

Agustín Rivera Delgado —el padre de Albert— contrajo matrimonio con María Jesús Díaz Santiago, natural de Cutar (Málaga), hija de Lucas Díaz, emigrante en Francia y Suiza en los años sesenta del siglo pasado.

Finalmente, Agustín y María Jesús tuvieron un único descendiente, Albert Rivera Díaz, también nacido en La Barceloneta —tercera generación de residencia y segunda de nacimiento— el 15 de noviembre de 1979, tal vez en el ámbito de la Parroquia de Sant Miquel del Port.

Los bisabuelos paternos de Albert Rivera Díaz por parte de Alberto Rivera Ortega, fueron Manuel Rivera Márquez, jornalero —en 1942 aparece como lavador de coches[219]— natural de Málaga, nacido en 1891, y Herminia Ortega Moreno, dedicada a sus labores, natural de Málaga, nacida en 1903, residentes en la Plaza de Santa María número 34[220] en el año 1942, momento en el que ya tenían seis hijos. Sacar adelante a una familia numerosa siempre fue tarea difícil, máxime en la España de la época. Manuel sufrió un arresto de 15 días en la prisión de Málaga, ordenado por el Gobernador Civil, entre los días 29 de noviembre de 1941 y el 13 de diciembre del mismo año.

A su vez, los bisabuelos de Albert Rivera Díaz por parte de Isidra Delgado Güilarte, fueron Agustín Delgado e Isabel Güilarte, de Málaga y Vélez Málaga, respectivamente, según datos del certificado de nacimiento de Agustín Rivera Delgado.

Los tatarabuelos paternos de Albert Rivera Díaz fueron, por parte de Manuel Rivera Márquez, Pedro Rivera Martín y Juana Márquez Moreno, ambos de Torremolinos; y por parte de Herminia Ortega Moreno, Josefa Ortega Moreno, nacida en Málaga, sin que conste el nombre del padre.

Fuentes archivísticas

Archivo Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Archivo del Ayuntamiento de Úbeda

Archivo Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Archivo del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela

Archivo del Tribunal Militar Territorial 4.o, de La Coruña

Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares

Archivo General del Ministerio del Interior

Archivo General e Histórico de Defensa

Archivo General Militar de Ávila

Archivo General Militar de Guadalajara

Archivo General Militar de Segovia

Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela

Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla

Archivo Histórico de Badajoz

Archivo Histórico del Colegio de Abogados de Madrid

Archivo Histórico Militar, Tribunal Militar Territorial 2.o, de Sevilla

Archivo Histórico Militar, Tribunal Militar Territorio 4.o, de La Coruña

Archivo Histórico Nacional

Archivo Histórico Provincial de Jaén

Archivo Histórico Provincial de León

Archivo Intermedio Militar del Sur

Archivo Intermedio Militar del Noroeste

Archivo Municipal de Sevilla

Asociación de Estudios sobre la represión en Léon

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Centro Documental de la Memoria Histórica

Hemeroteca de la Diputación de Jaén

Hemeroteca digital de ABC

Hemeroteca digital de la BNE

Hemeroteca digital Galiciana

Hemeroteca digital La Voz de Galicia

Instituto de Estudios Giennenses

Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos

Bibliografía

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Deconstruyendo a Pablo Iglesias. Varios autores, coordinado por John Müller. Grupo Planeta, 2014.

Disputar la democracia, Pablo Iglesias Turrión.

El cambio sensato, Albert Rivera Díaz.

El preso que leía Mío Cid. Miguel Polaino-Orts. Revista Entorno Literario, número 4, 2018.

El valor de un juramento. Militares y milicianos en defensa de la República, Javier Rodríguez González y Enrique Berzal de la Rosa. Editado por Fundación 27 de marzo, 2009.

Ellos lo vivieron, Francisco Pilo Ortiz.

Enrique Rajoy Leloup. Un protagonista do autonomismo galego, Baldomero Cores Trasmonte. Diputación Provincial de Pontevedra, 2005.

Entre Bambalinas, José Antonio Vara y Pablo Llamas. Primer Plano, 2015. Editorial Crítica, 2003.

Excarcelación, libertad condicional e instrumentos de control postcarcelario en la inmediata postguerra 1939-1945, Domingo Rodríguez Teijeiro. Universidad de Vigo.

Guerra y poder. Los gobernadores civiles en Andalucía 1936-1979.

Historia de Úbeda en sus documentos, Ginés de la Jara Torres Navarrete.

Juntos podemos, Albert Rivera. Espasa 2014.

La cara oculta de Pablo Iglesias. De canal 36 a Bruselas, Enrique Riobóo.

La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz.

La estructura del poder en España, Joaquín Bardavío. Ibérica Europea de Ediciones, 1969.

La falange republicana en Andalucía, Francisco López Villatoro. Edita Asociación Cultural Cantamora, 2012.

La gran revancha, Isabel Durán y Carlos Dávila. Editorial Temas de Hoy.

La guerra civil en León, Wenceslao Álvarez Oblanca y Secundino Serrano. Edilesa.

La guerra civil española: fuentes, Juan García Durán. Editorial Crítica, 1985.

La guerrilla antifranquista en León (1936-1951), Secundino García. Siglo XXI de España Editores, 1988.

La insurrección de Asturias, Manuel Grossa Mier. Ediciones Júcar, 1935.

La insurrección de octubre de 1934, Wenceslao Álvarez Oblanca. Tierras de León.

La matanza de Badajoz, Mario Neves. Editorial Regional de Extremadura, 2007.

La persecución religiosa en España. Antonio Montero Montero.

La represión en Badajoz, Francisco Pilo Ortiz.

La verdadera historia del abuelo de Zapatero, Carlos Fonseca, 12 de noviembre 2006, Tiempo.

Masacre. La represión franquista en Villafranca de los Barros, Francisco Espinosa Maestre. Editorial Aconcagua, 2011.

Pablo Iglesias, biografía política urgente, Iván Gil. Primer Plano, 2015.

San Marcos. El campo de concentración desconocido, Tania López Alonso y Silvia Gallo Roncero. Ediciones El Forastero S. L.

Para los que no vieron. Francisco Lamas López, Memorias del alma lucense republicana, Elvira M. Melián Pérez. Ediciós do Castro, 2006.

Revista Vida Nueva, de Úbeda.

Teoría de Úbeda, Juan Pasquau.

Úbeda renacentista, Arsenio Moreno Mendoza.

Agradecimientos

Es obligado expresar mi agradecimiento a tantas personas que a lo largo de los dos últimos años me han ayudado, de maneras muy diferentes, para que Algunos abuelos de la democracia pudiera ver la luz en forma de libro. El estímulo de mi esposa, hijos y nietos mayores ha sido permanente y un acicate para continuar. Ellos saben lo que representa para mí escribir cada día y me impulsan con su aliento permanente y con sus opiniones.

Con los amigos he compartido algunos de los documentos que he ido encontrando en los archivos, y comentado su contenido; comentarios a los que siempre han añadido su ánimo para que la tarea culminara. Hago una referencia expresa en este sentido al Fórum Gastronómico María Pita, en cuyos encuentros mensuales hablamos de los intereses de cada uno de los comensales habituales, y, en uno de ellos, me dieron la oportunidad de presentarles como primicia estas páginas.

No puedo dejar de hacer una mención especial al personal anónimo de los archivos con los que he tenido relación —numerosos, según puede comprobar el lector en las fuentes archivísticas utilizadas—, profesionales y eficaces siempre, pese a la carencia de recursos personales y materiales que padecen la mayor parte de ellos. Desde una ciudad como Coruña, sin su labor de guía por los vericuetos de catálogos y estanterías, su orientación para la búsqueda y envío de documentación digitalizada, me habría resultado imposible escribir estas páginas. Dejo un único testimonio de agradecimiento expreso a Teresa, del Archivo Histórico Provincial de León, y en ella personalizo mi gratitud al resto de técnicos con los que he tenido relación.

Mi amigo Jaime también me ha echado una mano importante en los archivos de Sevilla: gracias, Jaime; lo mismo que Rafa en los del Ministerio de Defensa de Madrid y Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.

Aunque mis palabras tengan escaso eco, hago desde aquí un modesto llamamiento a las administraciones públicas para que doten de más recursos a nuestros archivos, depósito de la memoria de nuestra historia, que tenemos la obligación y el derecho de conocer y, sobre todo, de enseñar a nuestros niños y jóvenes. Porque si ignoramos nuestras raíces, nuestros orígenes, difícilmente sabremos hacia dónde vamos y, además, y sobre todo, correremos el riesgo —ya sobrevenido, desgraciadamente— de que algunos escriban una historia a su medida, en función de los intereses que defienden y de los objetivos que persiguen.

Además de repasar y corregir este texto yo mismo, han reiterado esta ingrata tarea Maricarmen, Emilio y Rafael Romero: gracias, por vuestra ayuda en la mejora de la presentación.

Y a partir de este momento, me someto a la opinión de los lectores.

ALFONSO GARCÍA LÓPEZ, Madrid 1942. Notario y columnista en Mundiario, El Correo Gallego, autor de diez monografías sobre temas diversos, entre las que destaca Entre el odio y la venganza. El Comité Internacional de Cruz Roja en la guerra civil española, fruto de una minuciosa investigación histórica, Algunos abuelos de la democracia, Cruz Roja y Galicia: unidas por la historia (1864-1900) y Creemos en la esperanza.

Notas

[1] Antonio Machado. <<

[2] Las nuevas canciones. Proverbios y cantares, LXXXV. <<

[3] Las Meditaciones. <<

[4] El País digital, 31 de octubre 2016, José Andrés Rojo. <<

[5] EFE digital, 14 de septiembre 2015, elecciones catalanas. <<

[6] Mediterráneo digital, 26 de septiembre 2015. <<

[7] eldiariocv.es del 30 de marzo de 2017. <<

[8] El Confidencial, 15 de diciembre 2006. <<

[9] Tomado del blog de Iñaki Anasagasti. <<

[10] Se le ha atribuido la falsa ascendencia del general José Antonio Sáenz de Santamaría Tinturé. <<

[11] elmundo.es, 8 de mayo de 2011. <<

[12] Federico Quevedo, El Confidencial, viernes 24 de febrero de 2006, Dos palabras: El abuelo de Zapatero y una política dirigida a buscar vencidos de la guerra civil: las víctimas de ETA. <<

[13] Montserrat Armengou y Ricard Belis, editado por Plaza y Janés. <<

[14] Archivo General Militar de Segovia, expediente personal de Juan Rodríguez Lozano. <<

[15] Expediente depositado en el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, El Ferrol, Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña. <<

[16] Archivo General Militar de Segovia. <<

[17] Gran Maestre del Gran Oriente Español entre los años 1901 y 1904, abogado y político. <<

[18] Página 25 del expediente militar en el que él mismo hace esta afirmación. <<

[19] Fue nombrado delegado gubernativo, figura auxiliar del Gobernador Civil en los partidos judiciales, poco antes de que los sublevados asaltaron el Gobierno Civil. Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña, juicio sumarísimo 62/1936. <<

[20] Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, número 263 del día 14 de noviembre de 1934. <<

[21] Gaceta de Madrid, número 201 del 20 de julio de 1934. <<

[22] Tipógrafo en el periódico leonés La Mañana, que había sido fundado en 1928 por el cuñado del capitán Rodríguez Lozano, hermano de su esposa, Isidro García García, indiano. Cremer estaba afiliado al partido comunista y era colaborador de Solidaridad Obrera. <<

[23] Aprobado en el año 1890, continuó vigente hasta 1945, si bien con algunas modificaciones. <<

[24] La guerrilla antifranquista en León, 1936-1951, Secundino Serrano y causa 467/36 contra Emilio Francés y treinta más, Archivo Militar Intermedio de El Ferrol. <<

[25] Testimonio prestado por el capitán Juan Rodríguez Lozano el día 3 de agosto de 1936 en la prisión provincial de León, como parte de la causa 467/1936. Archivo del Tribunal Militar Territorial número 4, de La Coruña. <<

[26] El valor de un juramento, de Javier Rodríguez González y Enrique Berzal de la Rosa. <<

[27] Álvarez Oblanca y Serrano, La guerra civil en León. <<

[28] Inspector Jefe de primera enseñanza, profesor de la Escuela Normal de Magisterio de León, Presidente del Consejo Provincial de primera enseñanza, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, fundador de la primera logia masónica de León en 1933, nacido en Villablino en 1898, volcado en la mejora de la enseñanza. El capitán Rodríguez Lozano se veía con él en el Café Central de la ciudad, pues ambos pertenecían a la misma logia masónica. <<

[29] Archivo General Militar de Ávila, caja 47 556, carpeta número 2: copia del acta de la Junta de Defensa Nacional, de fecha 16 de agosto de 1936. <<

[30] Así figura en el certificado de defunción de Rafael Álvarez García, procesado en el mismo sumario 62/1936, Tribunal Militar Territorial número 4, de la Coruña. <<

[31] Causa 467/36 contra Emilio Francés Ortiz de Ugena y 30 más. Archivo Militar Intermedio de El Ferrol. <<

[32] Geromín.blogdiario.com <<

[33] De Isabel Durán y Carlos Dávila. <<

[34] Boletín Provincial de León del día 10 de enero de 1936. <<

[35] La guerrilla antifranquista en León, Secundino Serrano. Siglo XXI, 1988. <<

[36] Diario ABC del 17 de diciembre de 2006. <<

[37] Expediente personal de docente, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[38] Expediente personal de alumno, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[39] Según su propia manifestación en el escrito de descargo presentado ante la Comisión Depuradora del Profesorado Universitario, sin indicar en qué sector, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. <<

[40] Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, fondo del municipio de Conxo, cajas números 3 y 225. <<

[41] Expediente personal, de alumno, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[42] Expediente personal de docente, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. En otras referencias de este mismo expediente aparece como fecha de obtención del doctorado 21 de julio de 1913. <<

[43] Falleció el 30 de octubre de 1961. <<

[44] El Compostelano: diario independiente, números 4575 y 4586 de 17 de octubre de 1935 31 de octubre de 1935, respectivamente. <<

[45] Expediente personal de docente, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[46] El Compostelano: diario independiente, número 2900, 14 de noviembre de 1929 y Expediente personal de docente, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[47] Expediente personal de docente, Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela. <<

[48] Catedrático de Derecho Romano y de Derecho Civil. Había sido nombrado rector el 17 de noviembre de 1936. <<

[49] El Compostelano, 12 de julio de 1921, número 425. <<

[50] Baldomero Cores, Enrique Rajoy Leloup, un protagonista del autonomismo gallego y fondos sobre el Estatuto de Autonomía de 1936 custodiados en el Instituto Padre Sarmiento de Estudios Coruñeses. <<

[51] Sesión del 25 de abril de 1921. <<

[52] El Compostelano: diario independiente, número 3413, de 20 de agosto de 1931. <<

[53] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía de 1936.

«Artículo 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: A) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. B) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. C) Que lo aprueben las Cortes. Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16». <<

[54] Archivo General de la Administración, Comisión Depuradora del Profesorado Universitario, signatura 31-02206-00041, expediente de depuración de Enrique Rajoy Leloup. <<

[55] Se celebró en el salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago los días 17, 18 y 19. <<

[56] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía de 1936, carta de Enrique Rajoy Leloup fechada el 14 de diciembre de 1932. <<

[57] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía de 1936. <<

[58] El Compostelano: diario independiente, día 11 de agosto de 1933. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondos Estatuto de Autonomía, caja 6. <<

[59] Edición del día 13 de marzo de 1933. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía, caja número 6. <<

[60] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía 1936, caja 6. <<

[61] Edición del 3 de febrero de 1934, número 4105. <<

[62] El Compostelano: diario independiente, número 4339, de 18 de marzo de 1935. <<

[63] Edición del día 23 de junio de 1936, número 4782. <<

[64] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía. <<

[65] La Voz de Galicia del 7 de julio de 1936. <<

[66] Otras referencias encontradas concretan el viaje en el 15 de julio: Archivo General de la Administración, Comisión Depuradora del Profesorado Universitario, signatura 31-02206-00041, expediente de depuración de Enrique Rajoy Leloup. <<

[67] Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía de Galicia. Galiciana, diarios El Compostelano, El Pueblo Gallego y El Eco de Santiago. <<

[68] Alfonso Rodríguez Castelao, galleguista impulsor del Estatuto de Galicia, narrador, ensayista, dramaturgo, dibujante y político. <<

[69] Manuel Murguía, esposo de Rosalía de Castro, escritor e historiador; López Ferreiro, clérigo, escritor e historiador que describió la portada de Las Platerías de la catedral de Santiago, basándose en la descripción del Códice Calixtino y redescubridor de la tumba del apóstol Santiago. <<

[70] Boletín Oficial del Estado del día 23 de mayo de 1937, que publicaba la correspondiente orden ministerial del día anterior. <<

[71] Archivo General de la Administración, Comisión Depuradora del Profesorado Universitario, signatura 31-02206-00041, expediente de depuración de Enrique Rajoy Leloup. <<

[72] Libros de actas de la Junta de Gobierno y Junta General del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, Archivo del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela. <<

[73] Acta de la sesión de la Junta de Gobierno correspondiente a la fecha indicada, folio 81, anverso. <<

[74] Archivo Intermedio Militar del Noroeste, de El Ferrol, signatura 05.00098. <<

[75] Diario El Compostelano del 25 de abril de 1932, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, fondo Estatuto de Autonomía, caja 6. <<

[76] Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, expediente personal del alumno Manuel Iglesias Ramírez, certificado de nacimiento expedido el 23 de septiembre de 1929. <<

[77] En el certificado de nacimiento de la nota anterior aparece como fecha de nacimiento el día 12 de enero. <<

[78] En la época en que estudió en los salesianos de Utrera, su director era Juan Canavasio Albero (1923-1929), quien, junto a Manuel Ramos Hernández, fundó en Sevilla la Asociación de Estudiantes Católicos. En 1927 el colegio de Utrera era uno de los más importantes en Andalucía, con una plantilla de 15 sacerdotes, 9 clérigos, dos coadjutores y 321 alumnos internos. <<

[79] Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, expediente personal del alumno Manuel Iglesias Ramírez. <<

[80] Según su declaración en el juicio sumarísimo número 15 524, Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. <<

[81] Reseña en ABC del 27 de octubre de 1933, página 26, hemeroteca digital de ABC y Archivo Histórico Provincial de Sevilla, caja 19 829, expediente del interno Manuel Iglesias Ramírez, prisión de Sevilla, expediente personal de internos ES41003A. <<

[82] En la referencia encontrada en ABC aparece como Carlos Valiente Carrasco. <<

[83] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[84] En el procedimiento sumarísimo número 15 524 seguido contra él por el Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, aparece un certificado académico expedido por la Universidad de Sevilla, del que he extraído esta información. También en el expediente personal del alumno, Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. <<

[85] La Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida era un centro de estudios superiores dependiente de la Universidad de Sevilla. <<

[86] Extremeño de Llerena, abogado, vicesecretario del PSOE y secretario del Congreso de los Diputados. La información contenida en este párrafo procede de diversas fuentes bibliográficas sin que en ninguna de ellas se acredite el origen de la información. <<

[87] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de Penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez; en el documento a que se refiere esta nota sitúa al colegio en la calle Fernández de los Ríos, perpendicular a la de Vallehermoso que cita. Sigue existiendo en la actualidad. <<

[88] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[89] Médico pediatra, militante de Izquierda Republicana. <<

[90] Archivo Histórico Nacional, Causa General en Villafranca de los Barros FC-Causa_General, 1052, exp. 25. <<

[91] Declaración indagatoria de Iglesias Ramírez en la causa del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, el día 19 de junio de 1939. <<

[92] Información procedente de la Fundación Pablo Iglesias y del Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS antecedentes, Exp. 12 465 a nombre de Manuel Iglesias Ramírez. <<

[93] Según la esquela de ABC Sevilla del día 23 de julio de 1957, página 61, falleció en Villafranca de los Barros en julio de 1957. <<

[94] El día 4 de marzo de 2016 el padre de Pablo Iglesias desmintió esta información publicada por Hermann Tersch en ABC el 17 de febrero de 2016. <<

[95] Diario Oficial del Ministerio de Defensa del 25 de junio de 1937, número 152, página 721. <<

[96] Diario Oficial del Ministerio de Defensa del 25 de agosto de 1937, número 202, página 1 y siguientes. El partido comunista de Madrid avaló la lealtad de Manuel Iglesias Ramírez, signatura PS antecedentes, Exp. 12 465, Centro Documental de la Memoria Histórica. Hecho que se contradice con su declarada condición de socialista y de animadversión hacia los comunistas. <<

[97] Diario Oficial del Ministerio de Defensa del 23 de octubre de 1937, número 255, páginas 140 y 141. El Archivo General Militar de Segovia contesta al autor el día 26 de octubre de 2017 que «examinados los fondos que se custodian en este archivo, no aparece documentación relacionada con Don Manuel Iglesias Ramírez», es decir, su expediente militar. <<

[98] Diario Oficial del Ministerio de Defensa, números 210 de 28 de agosto de 1937, (convocatoria) y número 255 de 23 de octubre, página 141. <<

[99] Diario Oficial del Ministerio de Defensa del 12 de noviembre de 1937, número 272, página 245. Aparece equivocado el segundo apellido: «Ramos» por Ramírez; y Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS antecedentes. Exp. 12 465 a nombre de Manuel Iglesias Ramírez. <<

[100] Para el cargo de secretario fue nombrado por orden de 24 de febrero de 1938, y para el de presidente por orden de 7 de junio de 1938 (Diario Oficial del Ejército número 141), Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS antecedentes, Exp. 12. 465 de Manuel Iglesias Ramírez. Estaba formado por la División 20 (brigadas mixtas 89,148 y 106), división 21 (brigadas mixtas 51,76 y 80) y división 54 (brigadas mixtas 180,181 y 182). <<

[101] En el Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, la documentación producida por este tribunal se contiene en 19 cajas. <<

[102] Procedimiento sumarísimo número 15 524, Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. <<

[103] Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS antecedentes, Exp. 12 465 a nombre de Manuel Iglesias Ramírez. <<

[104] Orden Circular número 9842 de 5 de junio de 1938 (Diario Oficial del Ejército número 138), Centro Documental de la Memoria Histórica, signatura PS antecedentes, Exp. 12 465 de Manuel Iglesias Ramírez. <<

[105] Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. <<

[106] Instituto de Estudios Giennenses, fondo Memoria Histórica, procedente del Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, causa 15 524. <<

[107] Del día 30 de enero de 1939. <<

[108] En marzo de 1938, poco antes de la llegada a Úbeda de Iglesias Ramírez, Polaino Ortega, abogado, con el grado de suboficial de complemento primero, prestó servicio de oficial técnico instructor en el Tribunal Permanente del IX Cuerpo de Ejército con base en Úbeda, y dos meses después —es decir, nada más acceder Iglesias Ramírez a la presidencia de dicho tribunal—, con el grado de teniente, como técnico al servicio del Presidente del Tribunal Permanente, ejerciendo la función de secretario del Tribunal, hasta el final de la guerra. Todo ello según sus propias manifestaciones en el proceso de depuración que se le abrió en Úbeda al finalizar la guerra, en el que fue declarado adicto al movimiento nacional. Su trabajo junto a Manuel pudo serle de gran utilidad a este para conseguir la conmutación de la pena de muerte, pues Polaino colaboró en los juicios del tribunal de Úbeda, facilitando avales a los derechistas que eran juzgados. Causa número 10 132 contra Lorenzo Polaino Ortega, iniciada el 6 de julio de 1939.

Por haber prestado servicios a la República, tras la entrada de los sublevados en la localidad se le abrió procedimiento sumarísimo de urgencia en el que se acreditó que su padre y dos hermanos habían sido asesinados en Cazorla por los republicanos, su condición derechista y adicto al Movimiento Nacional. Instituto de Estudios Jiennenses, fondo Memoria Histórica, procedente del Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, causa 40 482. <<

[109] Número 369, página segunda, Instituto de Estudios Giennenses. <<

[110] Ramiro de Maeztu fue asesinado en Aravaca por milicianos republicanos el 29 de octubre de 1936. <<

[111] Revista Vida Nueva, publicada en Úbeda, números 369 a 376 y 378 a 384, correspondientes al período comprendido entre el 10 de octubre de 1938 y el 20 de marzo de 1939, Instituto de Estudios Giennenses. <<

[112] He realizado múltiples gestiones en la red de bibliotecas de la Junta de Andalucía en busca de esta publicación, sin resultado. <<

[113] Revista Vida Nueva, número 378 de 10 de enero de 1939, Instituto de Estudios Giennenses. <<

[114] Su secretario en ese momento era Pedro Ruiz Rojas. Estas declaraciones se corresponden exactamente con las que hizo en el sumarísimo 15 539 abierto contra él. Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. <<

[115] Procedimiento sumarísimo de urgencia número 15 539 contra Pedro Ruiz Rojas, Instituto de Estudios Giennenses, fondo Memoria Histórica, procedente del Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla. En la fecha en que Pedro Ruiz Rojas prestó esta declaración, se encontraba preso junto a Iglesias Ramírez en la Prisión de Úbeda. <<

[116] Instituto de Estudios Giennenses, fondo Memoria Histórica, procedente del Archivo del Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, causa 15 524. <<

[117] La información procede del Libro de Actas del Ayuntamiento de Úbeda, sesión de cinco de abril de 1939, Archivo Histórico del Ayuntamiento de Úbeda. <<

[118] Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583. <<

[119] Y Archivo Histórico Provincial de Jaén, 039533, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[120] El relato que sigue está basado en el expediente relativo al juicio sumarísimo número 12 861 contra Manuel Iglesias Ramírez y otros, Ministerio de Defensa, Archivo de Procesos Sumarísimos, Tribunal Militar Territorial número 1. <<

[121] Ante el comisario Emilio Benzeo Ramírez. <<

[122] Aunque en el sumario figura Benzeo, debe tratarse de Benzo. <<

[123] Los datos sobre el lugar de la posada y su dueño se contradicen con los que se indican en otro lugar: Pensión Internacional en la calle del Príncipe, propiedad de Manuel Puente Prieto. <<

[124] Durante la guerra fue policía adscrito a la comisaría de Hospicio de Madrid y, posteriormente, a partir de febrero de 1938, formó parte del Servicio de Información Militar de la República. <<

[125] Según las aclaraciones de la denunciante, su padre regentaba una posada en Mérida conocida como Posada del Bollo y había actuado en Valencia durante la guerra como abastecedor de ganado para el ejército rojo. <<

[126] Archivo Histórico Nacional, Causa General en Villafranca de los Barros, FC-Causa_General, 1052, EXP. 25. <<

[127] Tajarria: correa que rodea las ancas de las caballerías. <<

[128] Declaración del propio Iglesias Ramírez, signatura PS antecedentes, Exp. 12 465 a nombre de Manuel Iglesias Ramírez, Centro Documental de la Memoria Histórica. <<

[129] Fue el segundo director del SIM republicano —sustituido por el coronel Uribarri—, miembro de la Liga Española de los Derechos del Hombre, afiliado a Izquierda Republicana y comisario general de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos; participó en el asalto al Cuartel de la Montaña en Madrid en su condición de militar (en noviembre de 1936, cuando las tropas de Franco amenazaban con entrar en Madrid, huyó a Valencia); presidente de la FUE. Fue procesado por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo al finalizar la guerra civil, causa sobreseída, Centro Documental de la Memoria Histórica, TERMO 47742. <<

[130] Estaba instalada en el edificio de los Almacenes Madrid-París, donde hoy continúa operando la Cadena Ser. <<

[131] Nombre con el que se conocía a los operarios de almazara, dependientes del maestre o contramaestre, según el DRAE. <<

[132] Causa 68 096 instruida contra Marcial Rubio Álvarez y María Luisa Corona Bejarana, Tribunal Militar Permanente de Madrid, Archivo General e Histórico del Ministerio de Defensa. En ella queda constancia de tener causas abiertas en Aranjuez, Mérida y Carabanchel Bajo (Madrid), además de esta a la que me estoy refiriendo seguida por el Tribunal Permanente número 7 de Madrid. Marcial Rubio estuvo adscrito a la policía de la República y más tarde ingresó en el Servicio de Información Militar. <<

[133] Casado con Pilar Peláez Zapater, hermana de su esposa. <<

[134] Aunque en otro escrito se dice que había sido liberado de la cárcel de Mérida y se ordenaba, por tanto, su búsqueda y captura, parece confirmarse posteriormente su ejecución en la fecha indicada. En otro lugar se dice que fue ejecutado en 1940. <<

[135] Esta información se contradice con la documentación encontrada en la causa 68 096 del Tribunal Militar Permanente de Madrid (Archivo General e Histórico de Defensa), a través de la que se sabe que estuvo preso en la cárcel de Santa Rita de Madrid hasta noviembre de 1943, lo que pone de manifiesto, una vez más, la falta de coordinación e información entre las diferentes causas abiertas a una misma persona. <<

[136] Excarcelación, libertad condicional e instrumentos de control postcarcelario en la inmediata postguerra (1939-1945). Domingo Rodríguez Teijeiro, Universidad de Vigo. <<

[137] Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583 Manuel Iglesias Ramírez. <<

[138] Según consta en el proceso sumarísimo de urgencia número 13 562 contra Publio Hurtado de Mendoza y en el 22 819 contra Antonio Fernández Barba. <<

[139] Licenciado en Derecho, años más tarde miembro de las carreras judicial y fiscal, fundador del Museo Arqueológico de Linares, falleció el año 2001. <<

[140] Nació en 1911 en la provincia de Jaén, licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo General de la Administración Civil del Estado, dramaturgo y censor de cine y teatro durante muchos años. <<

[141] Juicio sumarísimo número 15 524, Tribunal Militar Territorial número 2, de Sevilla, causa contra Manuel Iglesias Ramírez y Antonio Echevarría López. <<

[142] Blas Duarte, Salido y Pedro Ogayar. <<

[143] Sindicalista, socialista, concejal del ayuntamiento de Madrid en representación de UGT. Apoyó el golpe del coronel Casado y fue detenido y fusilado por los comunistas poco antes de finalizar la guerra civil. <<

[144] Coetáneo de Manuel Iglesias Ramírez en la Universidad de Sevilla, tanto en la Facultad de Derecho como en la de Historia. <<

[145] Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Fondo Ministerio de Asuntos Exteriores, caja 82/24004, legajo R-9956, expediente número 156, Orden del Mérito Civil, expediente personal de Ezequiel Puig Maestro-Amado. <<

[146] Servicio de Información y Policía Militar, agencia de inteligencia del bando sublevado durante la guerra civil. <<

[147] Su relación debía ser estrecha, pues, además de compañeros de Universidad y de trabajo en el Tribunal Militar de Úbeda, ambos vivían en el mismo hotel de la localidad. <<

[148] El preso que leía Mío Cid, revista Entorno Literario, número 4. <<

[149] Al finalizar la guerra, durante la cual estuvo preso en una cárcel republicana, ganó la oposición de catedrático de Ciencias Naturales de enseñanza media, fue profesor adjunto de la Universidad de Sevilla y Director de su Museo de Geología. <<

[150] El autor los ha leído y puede afirmar que, efectivamente, tenían contenido literario. En otro lugar he hecho una reseña de sus títulos y al final, como anexo, incorporo algunos de esos poemas. <<

[151] En otro lugar dejo constancia del número de causas en las que intervino como presidente del Tribunal Permanente del IX Cuerpo de Ejército. <<

[152] Tomado de la obra de Francisco Espinosa Maestre. <<

[153] El preso que leía a Mío Cid, Miguel Polaino-Orts, número 4 de la revista Entorno Literario. <<

[154] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Comisión de penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[155] Según el Drae: «acunados». <<

[156] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez; en el documento a que se refiere esta nota sitúa el colegio en la calle Fernández de los Ríos, perpendicular a la de Vallehermoso que cita, por lo que el dato puede ser cierto. <<

[157] Escritor y periodista. <<

[158] Fechado el 1 de julio de 1939. Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Comisión de Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[159] El jefe comarcal y local de FET y de las JONS en Úbeda en ese momento era Pascual Iniesta Quintero, que había dirigido la falange clandestina en la zona, operando con el nombre de Obelisco, según consta en el proceso sumarísimo de urgencia número 13 562 contra Publio Hurtado de Mendoza y en la número 22 819 contra Antonio Fernández Barba. <<

[160] Libro de Actas del Ayuntamiento de Úbeda, sesión del 12 de julio de 1939, página 49 del libro 127, Archivo Histórico Municipal de Úbeda. En el momento de adoptarse el acuerdo indicado formaban parte de la corporación municipal de Úbeda: Baltasar Lara Navarrete (falangista), Francisco Fernández Martínez (falangista), Gregorio Albornoz Ruiz y Joaquín Ruiz Campos (pertenecientes a la CEDA) y Mateo Rubio Roa, Pedro Sola Muñoz y José Lozano Rodríguez (sin filiación política). <<

[161] Archivo Histórico Provincial de Sevilla, expediente carcelario de Manuel Iglesias Ramírez, caja 19 829/ES41003A. <<

[162] Fue construida en 1928; después de prisión, durante el franquismo fue parque de bomberos. En la actualidad se conserva la fachada, el resto del edificio fue derribado en el año 2014. <<

[163] Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[164] Archivo Histórico Provincial de Sevilla, caja 19 829, expediente del interno Manuel Iglesias Ramírez, prisión de Sevilla, expedientes personales de internos, ES41003A. Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583.

Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. Se refiere a lesiones tuberculosas en los vértices de ambos pulmones. <<

[165] Poco después el doctor Rojas Galey fue procesado, como consecuencia de determinadas manifestaciones contra el ejército que se le atribuyeron; la causa finalizó con su sobreseimiento, tras presentar informes favorables emitidos por el alcalde de Úbeda, Pedro Sola Muñoz, por el párroco, Servicio de Información de FET y de las JONS, guardia civil y un certificado en el que constaba haber permanecido preso por los republicanos durante la guerra civil. Archivo Histórico Provincial de Jaén, 039533, Guillermo Rojas Galey. <<

[166] Los gobernadores civiles de la provincia de Jaén durante el tiempo de encarcelamiento de Iglesias Ramírez, fueron los militares Francisco Rodríguez Acosta, entre abril de 1939 y abril de 1940, Antonio Correa Weglison, entre abril de 1940 y octubre de 1941, y Fernando Coca de la Piñera, entre octubre de 1941 y agosto de 1943. <<

[167] Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[168] Archivo Histórico Provincial de Sevilla, expediente carcelario de Manuel Iglesias Ramírez, caja 19 829/ES41003A. <<

[169] Escrito fechado el día 3 de enero de 1941: Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583, Manuel Iglesias Ramírez y Archivo Histórico Provincial de Sevilla, expediente carcelario de Manuel Iglesias Ramírez, caja 19 829/ES41003A.

Alfonso Higueras Rojas, coronel del ejército y escritor, ejerció el cargo entre el 8 de septiembre de 1939 y el 22 de febrero de 1941. El segundo escrito, fechado el 4 de marzo de 1941, se envía siendo alcalde Pedro Sola Muñoz, que lo fue entre el 22 de febrero de 1941 y el 23 de agosto del mismo año. <<

[170] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Penas de muerte conmutadas, caja 174, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[171] Ministerio del Interior, Secretaría General de instituciones Penitenciarias, Dirección General de instituciones penitenciarias, ficha personal de la Prisión Central del Puerto de Santa María, número 199, folio 8, libro 58 y Archivo Histórico Provincial de Sevilla, caja 19 829, expediente del interno Manuel Iglesias Ramírez, prisión de Sevilla, expediente personal de internos ES41003A. Archivo Histórico Provincial de Jaén, PROC 042583, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[172] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Conmutación de penas de muerte, caja 175, 14 178 PM, Manuel Iglesias Ramírez. <<

[173] Años después, consejero permanente del Consejo de Estado y presidente de la sección 8.a. <<

[174] Archivo General Militar de Guadalajara, Examen de penas, Jaén, Comisión de Penas de muerte conmutadas, Manuel Iglesias Ramírez, Caja 175, 14 178 PM. <<

[175] Expediente número 325, Junta Provincial de Libertad Vigilada, signatura provisional JPLV/18, Archivo Histórico de Badajoz. <<

[176] En algunos de los documentos que forman parte del expediente de la Comisión Provincial de Libertad Vigilada de Badajoz, Archivo Histórico de Badajoz, aparece como domicilio comunicado el de calle Millán Astray número 3. <<

[177] Expediente número 325, Junta Provincial de Libertad Vigilada, signatura provisional JPLV/18, Archivo Histórico de Badajoz. <<

[178] Expediente número 325, Junta Provincial de Libertad Vigilada, signatura provisional JPLV/18, Archivo Histórico de Badajoz.

En otros documentos del expediente aparece el domicilio de sus suegros en la calle Maldonado número 14, entresuelo. <<

[179] Expediente número 325, Junta Provincial de Libertad Vigilada, signatura provisional JPLV/18, Archivo Histórico de Badajoz. <<

[180] Escrito fechado el 21 de septiembre de 1944. Expediente número 325, Junta Provincial de Libertad Vigilada, signatura provisional JPLV/18, Archivo Histórico de Badajoz.

Su artículo primero decía literalmente: «Se concede indulto total de la pena impuesta, o que procediera imponer a los responsables de los delitos de rebelión militar, contra la seguridad interior del Estado o el orden público, cometidos hasta el primero de abril de mil novecientos treinta y nueve y definidos en los Códigos de Justicia Militar, Penal de la Marina de Guerra o Penal común vigentes en aquella fecha, siempre que no conste que los referidos delincuentes hubieran tomado parte en actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios u otros hechos que por su índole repugnen a todo hombre honrado, cualquiera que fuere su ideología». <<

[181] En torno al año 1940, el abuelo materno de Dolores Peláez Zapater construyó una pequeña presa de 2 metros de altura en el río Lozoya, a la altura del paraje conocido como La Isla, en el camino que conduce al Puerto de Cotos, para dar energía eléctrica a Rascafría. Tomado de Las viviendas rurales del Valle alto del Lozoya en la sierra norte de Madrid, de María del Pilar Olmeda y José Carlos Toledano. <<

[182] Esquela de ABC de Córdoba <<

[183] Paisano de Blas Pérez González, Ministro de la Gobernación desde el 3 de septiembre de 1941, que se mantuvo en el cargo durante 14 años. Otra posible vinculación de la familia política de Manuel Iglesias con altos cargos del régimen, sin que haya encontrado, he de decirlo, referencia alguna. <<

[184] La información relativa a la condena y prisión de Francisco Lamas López procede del Archivo Militar de Guadalajara, referencia 504/IHCM/AGMG. <<

[185] Boletín Oficial del Estado número 162 del 7 de julio de 1979 y Archivo General de la Administración, de Alcalá de Henares, Fondo Ministerio de Asuntos Exteriores, legajo R-15700. <<

[186] Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, expediente de concesión del Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil a Doña Pilar Peláez Zapater el 13 de mayo de 1971, IDD (10) 000 000, Legajo R 15 700, Top. 42/30-36.

Añado como curiosidad que el abuelo de Tania Sánchez —que fue pareja de Pablo Iglesias—, oriundo de Lugo, fue detenido en la ciudad al iniciarse la guerra civil, condenado a 30 años y encarcelado en el Fuerte de San Cristóbal de Navarra, donde coincidió con el que sería muchos años después tío-abuelo de Pablo Iglesias, Francisco Lamas López —casado con Pilar Peláez Zapater. <<

[187] A partir de su reorganización a principios del año 1946, 22 de febrero, pasó a llamarse Asesoría General y Técnica de la Dirección General de Previsión, máximo órgano asesor, entre otras funciones, del Seguro Obligatorio de Enfermedad y del Mutualismo Laboral. <<

[188] Archivo General de Alcalá de Henares, Fondo Ministerio de Asuntos Exteriores, Chancillería de Órdenes, legajo R-16745, concesión del lazo de dama de la Orden del Mérito Civil a Rosario Peláez Zapater. <<

[189] Fue nombrado Ministro de Trabajo el 19 de mayo de 1941. Aunque la ley de creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad fue aprobada en 1942, su implantación se demoró hasta el año 1944.

No puedo concretar la fecha en que ingresó Manuel Iglesias en el SOE, porque cuando solicité al Archivo Central del Ministerio de Empleo y Seguridad su expediente personal, mediante resolución de fecha 6 de octubre de 2017 firmada por el Subdirector General de informes socioeconómicos y documentación, se me informó que el resultado de la búsqueda había sido negativo, tras consultar tanto los expedientes personales del Archivo Central del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como los que fueron remitidos al Archivo General de la Administración; la búsqueda se extendió a la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recursos Humanos de los organismos autónomos y de la seguridad social, al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que custodia la mayor parte del archivo del extinto Instituto Nacional de Previsión.

Seguidamente el autor hizo idéntica gestión ante el Archivo General de la Administración, también con resultado negativo.

Lo más probable, según lo indicado y las conversaciones mantenidas con técnicos del archivo del MEYSS, es que su expediente sea uno de los muchos que aún se encuentran sin catalogar.

En consecuencia, no he podido encontrar el hilo conductor que introdujo a Iglesias Ramírez en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, aunque, como él mismo dijo, debió ser su cuñada Pilar Peláez Zapater, funcionaria que ocupó siempre puestos de confianza en el Ministerio de Trabajo. <<

[190] Archivo Histórico del Colegio de Abogados de Madrid, expediente de incorporación de Manuel Iglesias Ramírez, expediente cronológico número 14 218, número 70 de 1951 <<

[191] Fue expulsado del Colegio de Abogados de Badajoz «por constarnos su actuación marxista», (El Colegio de Abogados de Badajoz durante la guerra civil). Miguel Martín Jiménez de Mañana, profesor de la Universidad de Extremadura. Durante la guerra fue nombrado juez de primera instancia interino y desarrolló su función como vocal del Tribunal Popular Especial de Guadalajara (Gaceta de Madrid número 299 de 25 de octubre de 1936). Autor de diversos libros de contenido jurídico. <<

[192] Estatutos del año 1948, artículo 3.o: entre otros, «haber sido condenado a penas superiores a seis años, sin haber obtenido rehabilitación». En ese momento Iglesias Ramírez estaba en libertad provisional y cumpliendo condena. <<

[193] Se incluye como anexo el certificado citado. <<

[194] Toda la información referente a su internamiento en las prisiones de Úbeda, Puerto de Santa María y Sevilla, proceden de Archivo Histórico Provincial de Sevilla, caja 19 829, expediente del interno Manuel Iglesias Ramírez, prisión de Sevilla, expediente personal de internos ES41003A. <<

[195] En alguna referencia en ABC aparece María. <<

[196] Hemeroteca digital de ABC, edición de Madrid del día 25 de junio de 1969. <<

[197] Marta (en la crónica sobre su boda aparece como María) falleció en Sevilla el 27 de junio del año 2000, casada con Diego Martínez Millán, un hijo, Diego Martínez Iglesias (intervino en directo en una programa de la Sexta noche en el que participaba su primo Pablo Iglesias en noviembre de 2015), según la esquela católica publicada por la familia en ABC de Sevilla del 9 de julio del año 2000. <<

[198] Edición del 11 de marzo de 1976. <<

[199] Cuando salió de la cárcel en 1944 estableció su domicilio en Sevilla, donde se dedicó a la enseñanza de las matemáticas en una academia. La conocida bailarina María Rosa era hija suya. <<

[200] El verdadero apellido tal vez sea Mostazo, como se indica más arriba. Profesional del periodismo, trabajó en Noticiero Sevillano, Correo de Andalucía (hasta 1936), Radio Nacional de España, agencia EFE, diario Arriba. Información tomada de la nota necrológica de ABC del 4 de diciembre de 1979, página 29. <<

[201] Hemeroteca digital de ABC, edición del 27 de marzo de 1982. <<

[202] Hemeroteca digital de ABC, edición del día 17 de marzo de 1966, página 90. <<

[203] Hemeroteca digital de ABC, edición del 27 de agosto 1967, página 71. Hernando Calleja García, falangista, fue procesado (el principal encausado era el también falangista Juan Domínguez Muñoz), condenado a muerte e indultado (Decreto de 23 de noviembre de 1945 firmado por Franco). <<

[204] Base de Datos por autores de la Biblioteca Nacional de España. <<

[205] La misma fuente de la nota anterior. <<

[206] El preso que leía a Mío Cid, Miguel Polaino-Orts, número 4 de la revista Entorno Literario. <<

[207] Hemeroteca digital de ABC, edición del día 7 de mayo de 1977, página 11. Acompañaba en la lista a Tomás Martín Tamayo (maestro, escritor, cofundador del CDS con Adolfo Suárez, exconsejero de Extremadura), Fernando Igerteau Melo y Rafael Cuadrado Bermejo. <<

[208] Información tomada de la obra de Francisco Espinosa Maestre, titulada La represión franquista en Villafranca de los Barros (1936-1945). <<

[209] Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis. Pablo Iglesias Turrión. <<

[210] Tomada de la obra de Iván Gil, Pablo Iglesias, biografía política urgente. <<

[211] Nota autobiográfica de Manuel Iglesias Ramírez, a la que su esposa añadió: «… y dejado esta vida en Rascafría, en la madrugada del 6 de julio de 1986». <<

[212] Expediente personal del general Antonio Castejón Espinosa, Archivo General Militar de Segovia. <<

[213] Esquela publicada en el diario ABC del 17 de julio de 1979. <<

[214] Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. <<

[215] Certificados de nacimiento de algunos miembros de la familia. <<

[216] Puertos, Navieras y Transportes marítimos. <<

[217] El Periódico, 11 de septiembre 2015. <<

[218] Carpintero de rivera, persona que tapa las junturas de las embarcaciones con brea y estopa para que no entre el agua. <<

[219] Archivo Histórico Provincial de Málaga, ficha del interno en la Prisión Provincial de Málaga. <<

[220] Archivo Histórico Provincial de Málaga, ficha del interno en la Prisión Provincial de Málaga. <<