Este reportaje, a cargo de uno de los más capacitados periodistas de investigación de Venezuela, se lee como una novela gracias a su interés por el mundo íntimo y las vueltas del destino de sus dos protagonistas: en primer lugar, María Lourdes Afiuni, jueza convertida en prisionera por orden directa del jefe del Ejecutivo; en segundo, Eligio Cedeño, el joven banquero de orígenes humildes a quien Afiuni liberó de un encierro similar al que luego —en represalia por su desobediencia al poder militar absoluto— le tocaría sufrir a ella.

Francisco Olivares compone aquí una historia que encierra el drama del secuestro de las instituciones democráticas, la tragedia de toda una república, en torno a esa mujer encerrada, a esa cruel paradoja que implica la transformación en víctima de alguien que solo hizo lo que la nación le había encargado: administrar justicia.

El Proyecto Scriptorium se enorgullece en presentar a los lectores este enjundioso trabajo periodístico por su calidad testimonial y su seriedad investigativa, pero también por su valor como denuncia del rumbo que ha tomado Venezuela.

«Muchos venezolanos han tenido que irse de Venezuela huyendo de un sistema judicial que cumple como perro de caza las órdenes del Jefe Único»

Tulio Hernández

«La jueza Afiuni ha sufrido suficiente»

Noam Chomsky

Francisco Olivares

Afiuni

La presa del Comandante

ePub r1.0

Titivillus 21.12.15

Título original: Afiuni

Francisco Olivares, 2012

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

La presente edición se realizó a partir de
la 3.era edición (papel) de mayo 2013.

A mis hijos, Julia, Rafael, Samantha y Valeria, para que recuerden siempre el valor que es vivir en democracia y que no importan los años o la edad, siempre podemos encontrar la fuerza para ofrecer otro grano de arena a favor de la justicia.

A María Lourdes y la familia Afiuni Mora, quienes sin habérselo propuesto, representan la fuerza y los valores de una Venezuela que emergerá de las cenizas, del caos y la destrucción ética edificada en nombre del socialismo y de un imaginario «hombre nuevo»…

«La lucha del hombre contra el poder

es la lucha de la memoria contra el olvido»

Milan Kundera

El libro de la risa y el olvido

Agradecimientos

En primer lugar debo mencionar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien desde el primer momento me entregó su confianza y su disposición para ofrecer tan valioso testimonio de sus años de prisión. A Eligio Cedeño, que ofreció el otro ángulo de esta historia y expuso abiertamente aspectos que nunca habían sido revelados. Lo mismo, a otros entrevistados como José Amalio Graterol y Thelma Fernández, quienes como abogados ofrecieron importantes aportes.

Otros amigos que de alguna manera participaron con oportunos consejos son Tahys Peñalver, Luís Rivasés, Raquel Seijas, Alejandra Hernández Fuentes, Alberto Barrera Tiszka y Milagros Socorro.

Por supuesto, un especial reconocimiento a la periodista Alicia de la Rosa, quien forma parte de esta historia, y a Lina Romero, quien me motivó a que asumiera este trabajo.

Prólogo

Atiendo la amable solicitud de nuestro apreciadísimo Francisco Olivares, quien ya nos dejó un trabajo de excelencia en Las balas de abril y aborda de nuevo un tema de trascendental significación en la Venezuela de hoy: la administración de justicia y la democracia.

Es un libro que me afecta profundamente. Refleja de una manera exacta una realidad que vivimos y vivo con especial intensidad por la función que me ha tocado desempeñar.

Ser Magistrada de la Sala Penal y ver en estas líneas la injusticia brutal, los tribunales envilecidos y el abuso institucionalizado, no hace más que fortalecerme en la convicción de lo que he venido denunciando sistemáticamente y creo, no ha sido entendido o medido en toda su gravedad por la ciudadanía: no tenemos jueces, con honrosas excepciones.

El trabajo que hoy nos presenta Francisco Olivares es de un valor inestimable para lograr esa comprensión y para evitar el olvido, dejándonos un testimonio exacto de lo ocurrido. Son tiempos oscuros para la administración de justicia en Venezuela. El caso de la jueza Afiuni clama ante todos esta verdad. Ella está presa por haber tomado una decisión, la esencia de su función. En lugar de la revisión por el juez superior se produjo la revisión por el Ejecutivo y otra juez obedeció y se atrevió a detenerla, condición en la cual continúa hasta el momento de escribir estas líneas. Más de dos años han pasado desde que decidió otorgar una libertad que correspondía conforme a la ley y por ello paga cárcel.

María Lourdes Afiuni es una venezolana honesta que asumió a plenitud su rol de jueza, de garante de la libertad. Cuando me acerqué a ella, movida por el absurdo de su situación, encontré a una mujer íntegra, que no ha cedido en sus convicciones a pesar de todos los atropellos sin nombre de los cuales ha sido víctima. Encontré a una ciudadana que cree en la justicia y que no ha permitido que lo sucedido la amilane o la amargue. Cuesta creer todo lo que vivió después de su decisión. El enlace que hace el autor de las dos historias que nacieron juntas, la de Afiuni y la de Cedeño, representando cada una de ellas una cara del mismo asunto, resulta muy ilustrativo para que se entienda lo que significa una justicia mediatizada, sin autonomía. Nunca imaginé que nos tocaría ver estos extremos, ver jueces recibiendo órdenes y entregando la libertad de otro a cambio de su permanencia en el cargo o el ascenso, resulta desolador.

Olivares nos hace una narración de lo vivido por Eligio Cedeño y por la jueza Afiuni, a partir del momento de la excarcelación del primero, que nos mantiene en vilo, sin que podamos dejar la lectura hasta el final. Lamentablemente no es una novela lo que leemos, es una realidad.

Creo que es una contribución importante para que se entienda lo que significa la autonomía e independencia de poderes como base de la democracia, y cómo no puede existir la una sin lo otro.

—Blanca Rosa Marmol de León

Introducción

Una conversación con la periodista y amiga Lina Romero me motivó a prestarle una atención especial a la historia de la jueza María Lourdes Afiuni. En medio de un país lleno de conflictos, de tragedias humanas, arbitrariedades, de abuso de poder, su historia podía pasar como una más frente a hechos trascendentales que han impactado más allá de nuestras fronteras.

Afiuni no es una presa política en el sentido clásico del concepto aceptado por todos. De hecho, ni siquiera se trata de una activista o una enemiga del gobierno revolucionario. Al visitarla en su casa, ahora su sitio de reclusión, y conversar una hora con ella, me di cuenta de que su historia arrastraba mucho más que un caso particular. La dimensión de lo que le había sucedido reunía todos los ingredientes que revelan la esencia de un poder autocrático que siente amenazada su autoridad e incluso su existencia frente a la conducta discrepante de una funcionaria.

Allí estaban juntos los componentes de una historia de poder, de soberbia y hasta de capricho, desencadenados por una conducta que debería ser normal dentro del ejercicio común de un país que se rige por leyes democráticas, pero que en el actual contexto es percibida como amenazante por parte de una ideología que pretende regir a toda la sociedad por encima de la Ley.

El presidente Hugo Chávez ha descrito ese principio de poder a través de numerosas expresiones, pero quizás una que gusta repetir, «águila no caza moscas», permite medir la prepotencia de un hombre que se ha colocado en un nivel superior y no admite que su poder sea transgredido.

La decisión que tomara una simple jueza, «una mosca» a su entender, puso en evidencia ese poder, lo mostró vulnerable y descubrió las rendijas por donde pueden colarse cientos, miles o millones de súbditos.

Los presos políticos en Venezuela no son los líderes de la resistencia, no son los Mandela o los disidentes cubanos que mueren en huelgas de hambre. Son personas comunes a quienes las circunstancias colocaron ante determinadas decisiones, pero que con sus conductas se convirtieron, incluso sin proponérselo, en emblemas de la transgresión ante el poder.

Ese poder se volvió contra ellos, los humilló y los aplastó, pero al mismo tiempo los convirtió en figuras públicas y los hizo referentes para millones de venezolanos.

Tal es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Una «mosca» que ha alterado el vuelo del águila, que padeció las más vengativas vejaciones. Su expediente se encuentra en los archivos de las más importantes instituciones defensoras de los derechos humanos en el mundo, ha pasado por las manos de senadores, cardenales, magistrados y figuras políticas del mundo democrático, como un testimonio que retrata la otra cara del régimen de Hugo Chávez. Su drama personal es una parte sustancial de lo que han sido todos estos años de revolución en Venezuela.

Esta es su historia.

I

El que sería su último día como una persona libre no lo percibió como diferente. Vestirse sobre la marcha con una taza de café en la mano, mirar los minutos que restaban antes de lanzarse a las congestionadas calles de Caracas, intercambiar algún comentario fugaz con su hija Geraldine, o con sus padres, en medio de la cotidiana agitación, no acusaba alguna alteración en su rigurosa vida de jueza. Entonces María Lourdes Afiuni era una habitante anónima entre millones de caraqueños.

Lo que hacía diferente aquel jueves 10 de diciembre de 2009, era que esa mañana tendría una audiencia y debía tomar una decisión sobre un preso, al parecer muy importante, de quien se decía el presidente Hugo Chávez tenía un interés personal. Y ciertamente, apenas unas horas más tarde su nombre sería pronunciado en cadena nacional por el mismo Presidente del «socialismo del siglo XXI», para luego resonar en los portales más importantes de noticias del continente y, en adelante, su caso sería una referencia para miles de personas en Venezuela. Pero lo más importante es que los efectos de su decisión serían una advertencia para todo el país y el resto de los miembros de la justicia venezolana.

Lo que no pudo advertir es que a partir de allí su vida entraría en un callejón oscuro y solitario que ningún ser humano estaría dispuesto a transitar ni por todo el oro del mundo. Así que, como ese acto repetido que solemos hacer cada mañana, al lado de nuestros seres queridos con quienes convivimos, María Lourdes se despidió sin ninguna aprensión, dejando atrás esas pequeñas cosas que acostumbramos congelar momentáneamente, en la idea de que poseemos tiempos infinitos para resolverlas, más tarde, al regreso o al día siguiente. Solo que para María Lourdes no habría día siguiente.

«Ni yo misma sabía que ese día daría una cautelar con la cual daría la libertad a ese hombre tan importante. Se decía que era “un preso del Presidente”», reflexiona María Lourdes cuando han pasado dos años y cinco meses desde que está en prisión. Luego del tiempo transcurrido, tal vez María Lourdes no comprenda en toda su dimensión lo que le ha ocurrido. Es como mirarse en un camino detenido, no tanto por la acción que fue ejecutada por su propia voluntad, sino por el sendero que no fue escogido por ella. Rabia, odio, amargura, venganza, podrían estar impresas con toda razón en su mirada, en su expresión, pero al observarla resulta imposible traducir con exactitud lo que guarda esta mujer en su interior.

Es el primer encuentro que sostengo con la jueza Afiuni, a quien desde la primera semana de febrero de 2011 le fue concedido el beneficio de casa por cárcel, luego de pasar más de un año confinada en una celda de la que milagrosamente salió con vida.

Desde la parte de abajo del edificio donde vive lo primero que se observa es la ventana cuadriculada desde donde la jueza suele asomarse como su único vínculo con el mundo exterior. Allí asomada, es una imagen que se ha hecho familiar para los venezolanos. Ha sido reproducida miles de veces en los medios masivos y en las redes sociales para consumo de los espectadores de su historia. Una en la que el poder aplasta sin escrúpulos a una ciudadana. Una historia que muchos ven ajena pero a la vez con temor, porque ella se ha repetido en cientos de compatriotas.

En la parte de abajo del edificio dos guardias nacionales matan el aburrimiento con cualquier cosa: uno juega con el teclado del celular y el otro mira distraído hacia todas partes o hacia ninguna en especial. No prestan mayor atención a la llegada del nuevo visitante de la detenida.

Es el papá de María Lourdes, Nelson, quien suele encargarse de la tarea de bajar a recibir a los visitantes. Allí han estado magistrados, altos jerarcas de la Iglesia, líderes políticos, y hasta representantes de la ONU, la OEA y organismos internacionales de derechos humanos.

En el pasillo del cuarto piso, en donde se encuentra el apartamento que ahora sirve de cárcel, hay otros tres guardias nacionales sentados frente a un pequeño escritorio, encima de él hay una laptop y un cuaderno para anotar las novedades y a los visitantes. Uno de ellos es una joven subteniente, quien exige la cédula de identidad, un número telefónico y pregunta el parentesco del visitante con la prisionera: «amigo», respondo, y anotan la vinculación a un lado del nombre. Ya en la puerta aparece María Lourdes quien al saludar con un «hola» se detiene en el umbral que imagino es el límite impuesto por los carceleros. Es alta y a pesar de la prisión que ha padecido conserva la dureza de la personalidad de una mujer acostumbrada a imponerse y a dar órdenes.

Son las once de la mañana y no se puede dejar de percibir el aroma de un guiso que se esparce desde la cocina. No puede ser otra cosa que carne mechada. La autora es su mamá, Alina Mora de Afiuni, quien ha llevado el dolor por dentro intentando que su hija no lo perciba.

«Los guardias se disputan por estar de custodios en la parte de arriba, en el pasillo de entrada a la residencia», acota María Lourdes, quien habría notado mi reacción ante la apetitosa comida. «Mi mamá cocina todos los días y siempre invitamos a los guardias que están acá en el pasillo. A veces ellos pasan todo el día sin que les lleguen las provisiones desde el comando y por eso se sienten a gusto cuando les toca la custodia frente a la puerta de la casa», explica Afiuni. En total son entre 12 y 16 custodios asignados para vigilarla.

Al meditar sobre esos detalles se observa que en medio de los dramas humanos siempre se imponen las cosas más elementales de la vida. Pienso en esos custodios sin nada que hacer en concreto, contando las horas y ajenos a lo que ocurre a su alrededor, ya no solo a lo relacionado con la prisionera, sino a las irracionales extravagancias de la política que les debe hacer preguntarse «¿qué demonios hago yo aquí?». Todo para al final de cuentas, sentirse agradecidos por un café recién colado o una comida casera hecha por manos habituadas al calor del hogar.

Comenta Afiuni que al principio, cuando llegan por primera vez los custodios asumen una actitud severa frente a la familia y hacia ella. Se imponen a sí mismos una conducta como quien debe lidiar con un temible enemigo. Como quien asume una misión trascendental para «el comandante». Pero al poco tiempo la vida real se impone, la relación inevitablemente se hace flexible y hasta fraternal. El cafecito caliente, el buenos días, una pastillita para un fuerte dolor de cabeza son elementos que están presentes en la vida de cualquier vecindario venezolano. Entonces la prisionera ya deja de ser la peligrosa enemiga de Hugo Chávez y de la revolución y comienza a ser solo María Lourdes o la doctora.

Las personas deben convivir, y en situaciones como esas la necesidad humana se coloca por encima del drama político que al fin y al cabo es algo distante, más bien inventado o creado por la necesidad de ejercer el poder. Entonces el odio y el conflicto se diluyen en la cotidianidad.

En esta historia, que ya pasa de los tres años, los guardias han terminado fundiéndose con la vida de los vecinos. Uno se casó con la conserje de enfrente, otro embarazó a una muchacha de la zona, y otros se emparrandaron toda una noche con un grupo de jóvenes de la zona.

En medio de la pequeña sala en donde han transcurrido los encuentros con María Lourdes destaca un pequeño altar en el que sobresale la imagen de la Virgen del Valle, de quien toda la familia es devota. En la cárcel la acompañó otra virgen: la Virgen de Lourdes, cuya efigie prefirió dejar a sus compañeras de infortunio.

En los últimos años he tenido que entrevistar a muchos presos, la mayoría encarcelados por motivos políticos. Al escuchar sus historias, una constante en ellos es el aferrarse a Dios como única posibilidad de encontrar alivio al padecimiento, o quizás la justicia que no se consigue en el ámbito terrenal. Así que la presencia de la virgen en el lugar de reclusión es una imagen común en estos tiempos de revolución.

A pesar de haber salido un poco más tarde, María Lourdes logró atravesar la ciudad en una hora y media desde La Boyera, una urbanización de clase media ubicada en las afueras de la ciudad, hasta el centro de Caracas donde se encuentra el Palacio de Justicia. Como sabía que tenía en sus manos un caso que tocaba intereses en el alto poder, llevaba cierto vacío en el estómago, porque «cualquier cosa podía pasar con la decisión que tomase ese día». Hasta ese momento era solo una ligera angustia que, por el momento, no se había transformado en un mal presagio. Estaba decidida a realizar la audiencia preliminar, que ya había tenido que suspenderla en una ocasión anterior, por la ausencia deliberada de los representantes de la Fiscalía quienes hacían todo tipo de artimañas para alargar el proceso.

Después de diez años con Hugo Chávez en el poder, el control sobre la justicia se había hecho más riguroso. La Constitución venezolana es quizás una de las más extensas del mundo, llena de expresiones como el pueblo soberano, los derechos del pueblo, democracia participativa o dignidad. Pero al final de cuentas todos han asumido que el Estado, el Gobierno y las leyes son Hugo Chávez.

Sostenía el dramaturgo venezolano y gran observador de la realidad venezolana, José Ignacio Cabrujas, que las constituciones nacionales, desde los hermanos Monagas para acá, son verdaderos tratados de contemporaneidad y hondura conceptual. El déspota, y vaya si los hubo —sentenciaba Cabrujas— jamás usó la palabra «tiranía», o los eufemismos correspondientes como podría ser la palabra «autoritario» o «gobierno de fuerza». Por el contrario, redactar una constitución siempre fue en Venezuela un ejercicio retórico destinado a disimular las criadillas del gobernante. Por ejemplo, en lugar de escribir: «me da la gana», que era lo real, el legislador, por orden del déspota escribía: «en nombre del bien común».

Hugo Chávez ha sido, quizás, el exponente más representativo de esa venezolanidad descrita por Cabrujas, muy propia de quienes ejercen el poder. Todos los jefes de los poderes públicos fueron designados prácticamente por su dedo, bajo la apariencia de decisiones consultadas. Hasta a las denominaciones de los ministerios se les antepuso la expresión «Poder Popular». Esa sumisión del Poder Judicial al Presidente tuvo una expresión muy particular cuando, durante un acto solemne de apertura del año judicial en enero de 2006, un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ataviados con su toga como símbolo de la autonomía de la justicia, se pusieron de pie y al unísono gritaron una consigna que se había hecho popular entre los seguidores del líder: ¡Uh, ah, Chávez no se va!, como cualquier grupo colectivo popular que asiste a un mitin de rigor ofreciéndole vivas a su líder.

Desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder, las purgas de jueces titulares y el ingreso de suplentes sin la debida preparación habían transformado a la institución de justicia en un conglomerado temeroso, de seres sin voluntad propia, dependientes del poder político. Todos entienden que una llamada de algún alto funcionario del Gobierno o del partido, en nombre del Presidente, es una orden que debe cumplirse.

Sin embargo, no todos esos funcionarios han estado completamente alineados a esa clase de Poder Judicial. Para las tareas de carácter político o de interés particular, suele haber un grupo de jueces selectos, de fiscales y funcionarios en todas las instancias. Estos suelen ser premiados, ascendidos, tienen privilegios y nadie osa confrontarlos. Ese no era el caso de María Lourdes Afiuni, y como ella otros tantos jueces cuyo número no es posible determinar.

María Lourdes ya tenía varios años como juez titular, pero su carrera comenzó en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ)[1] en donde conoció de cerca hasta los manejos más sórdidos del submundo policial. Aquel en el que se alteran escenas del crimen, se siembran pruebas o se obtienen confesiones a punta de golpes. Sorteando esos laberintos espinosos logró escalar hasta una alta posición como mano derecha del comisario Marcos Chávez, el director designado del cuerpo luego de los sucesos del 11 de abril de 2002 en los que Chávez fue desalojado momentáneamente del poder.

Luego de esa fecha fueron sacando sistemáticamente a los jueces de carrera, primero por procedimientos «disciplinarios», sin defensa, y luego por jubilaciones. De manera que los requisitos para ingresar se fueron «flexibilizando» y comenzó a privar la fidelidad con la nueva ideología.

Esa situación, que devino en la radicalización de la revolución bolivariana, llevaron a María Lourdes Afiuni a renunciar al cuerpo policial de investigaciones y a optar al cargo de jueza penal asentada en Caracas.

Realmente Afiuni siempre procuró mantenerse lejos de la política. Desde sus tiempos como estudiante de Derecho en la Universidad Católica sus preocupaciones estaban distantes de la diatriba política. Luego como profesional intentó apegarse a los mecanismos institucionales y manejarse con autonomía hasta donde fuese posible. De manera que muy lejos de su mente estaba enfrentarse al poder o convertirse en alguna referencia política, o en un símbolo de la lucha por la democracia. Pero tampoco había aceptado plegarse a la revolución para lograr ascensos, prebendas o poder.

Con la llegada de Chávez a la presidencia en 1999, la política entró por la puerta principal al organismo policial y allí se confundían las labores técnicas con los intereses políticos. Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros personajes del nuevo movimiento que comenzaban a sobresalir en el naciente gobierno eran visitantes regulares del organismo policial en las frecuentes reuniones en las que se decidían casos, se cambiaban funcionarios o se hacían listas de quiénes estaban con el proceso y quiénes no. Esos mismos visitantes más tarde se convertirían en altas figuras de la revolución bolivariana, en ministros, en gobernadores, en dirigentes con grandes poderes para operar en la política, en la economía y desde luego en el Poder Judicial.

Su conocimiento del manejo del Código Procesal Penal, que muchos funcionarios medio desconocían, le permitió ser indispensable y sobrevivir a los nuevos tiempos. Sin embargo luego de los sucesos de abril de 2002, el manejo turbio para torcer expedientes a favor de los intereses políticos del Gobierno, que el organismo hizo especialmente con los casos de los 19 manifestantes que murieron asesinados durante las concentraciones ocurridas en el centro de Caracas, la inclinaron a renunciar a su alto cargo en el organismo y aceptar una propuesta para ingresar como juez penal en el Poder Judicial. Abandonaba entonces un organismo que se había contaminado con la política, para ingresar a otro poder aun más brutal y más intervenido por el Gobierno.

Esa mañana de diciembre de 2009 llegó puntual a la cita prevista y se dirigió a la mezzanina del Palacio de Justicia en donde suelen encontrarse los jueces de control para este tipo de audiencias. Esa fecha coincidía con unas significativas efemérides, pues, en esa misma jornada se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, y al día siguiente se celebraba el Día del Juez.

En esos días una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA había sido enviada a Caracas por el Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, para atender a un grupo de estudiantes que llevaban dos semanas en huelga de hambre a las puertas de la sede del foro hemisférico exigiendo la libertad de los presos políticos, la persecución y la represión política en el país. Afiuni solía ver esos conflictos con cierta distancia, quizás hasta con cierta indiferencia, ocupada más bien en sus tareas como jueza penal. La coincidencia de las fechas, la paradoja de la huelga por los presos, que para el momento no tendrían mayor significación en su vida, más tarde las habría de recordar como una señal que no advirtió en aquel momento.

Los tribunales de control son pequeños cubículos, sin baño y generalmente sin ventilación, si acaso algunos poseen una ventanilla. Afiuni era la titular del Tribunal 31 Penal en funciones de control y desde hacía 15 días tenía en sus manos el polémico expediente de Eligio Cedeño con 278 piezas que el destino había puesto en su camino.

«Cuando yo iba camino al tribunal estaba nerviosa porque sabía que no era un caso sencillo. Ya había leído con claridad todo el expediente y me había percatado de que estaba lleno de vicios, de irregularidades, y aunque uno no tiene la última palabra antes de entrar a una audiencia, porque a veces a uno se le voltea todo, pensaba que si las circunstancias no variaban y los alegatos del Ministerio Público, que en la audiencia preliminar no suelen variar mucho, yo tenía que dictar un sobreseimiento de la causa o una nulidad por todas las violaciones constitucionales que habían ocurrido en el expediente, independientemente de la culpabilidad o inocencia del imputado. En este caso, se había violentado el debido proceso desde la carátula del expediente».

La premonición de Eligio

Aunque se crio en La Bombilla, uno de los barrios pobres más violentos y emblemáticos de la popular zona de Petare, al este de Caracas, Eligio Cedeño logró encaminarse en una carrera ascendente que lo llevó hasta las altas esferas del mundo financiero en Venezuela. Criado solo por su madre, allí vivió en un rancho sin luz ni agua por mucho tiempo. Para estudiar tenía hasta que compartir con su hermano la única camisa escolar que poseían. A pesar de todas las limitaciones él y su hermano Santos Luis salieron adelante.

Desde niño tenía un fino olfato para las oportunidades. Al barrio llegó un día un programa del Citibank que reclutaba jóvenes para ingresar en programas de formación financiera y sin perder tiempo se anotó. Impaciente como siempre, no se quedó esperando la respuesta de la institución sino que todos los días iba a preguntarles a los organizadores del programa si había sido aceptado. Al ver que este joven no aceptaría un no por respuesta lo reclutaron para el plan, pero al mismo tiempo se hizo empleado como mensajero motorizado. Así comenzó a trazar un destino fuera del barrio pobre donde se había criado. Una suerte de «sueño americano» pero logrado en un país del Tercer Mundo.

Con los años y en el oficio de banquero, Eligio Cedeño adquirió la rutina de estar siempre bien vestido desde muy temprano y listo para atender cualquier situación. Estando en la cárcel eso no lo cambió. Cada mañana como prisionero mantuvo la misma costumbre de bañarse y afeitarse desde muy temprano, como si en los próximos minutos tuviera que partir a su oficina o una importante reunión.

La mañana del 10 de diciembre de 2009 no tenía por qué ser diferente. Se bañó en el horario matutino que les era permitido a los reclusos, se afeitó meticulosamente y se vistió. Esta vez con traje oscuro, corbata y saco. Para ninguna de las audiencias dejó de usar traje. La pequeña celda de dos por dos metros del SEBIN[2], en la que ya llevaba dos años, diez meses y tres días, guardaba un orden casi perfecto con los pequeños objetos que lo acompañaban en las largas y solitarias horas de encierro: las fotos de su esposa e hijos, una laptop, los instrumentos para afeitarse, los artículos de tocador, un microondas, el libro que estaba leyendo, un pequeño televisor, y oculto en un lugar insospechado, el teléfono celular que lo mantenía en contacto con el mundo exterior. Una compañía que nunca dejó fue una efigie de San Judas Tadeo de quien siempre fue devoto. «Esta no es mi casa» solía decir, y por lo tanto solo tenía aquellas cosas indispensables para la vida en prisión. Cuando sus familiares le llevaban regalos los regresaba para su casa, ello describe a un hombre austero a pesar de haber vivido rodeado de comodidades. De hecho durante su tiempo en prisión solo usó un par de zapatos, unos mocasines Ferragamo negros que resultaron prácticos para las condiciones de encierro. Esos mismos mocasines lo llevarían de nuevo a las calles y más tarde al exilio.

Mientras esperaba la llegada de los carceleros que lo trasladarían al Palacio de Justicia echó un último vistazo a su morada de tantos años y sintió que él ya no pertenecía a ese lugar. Abrigaba una sensación de que algo sucedería, la premonición de que las cosas cambiarían.

Cedeño ocupó la misma celda que ocuparía más tarde el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz. En el SEBIN entonces decían que esa era una «celda de buena suerte» porque todo el que la ocupaba salía en libertad. Eligio siempre pensó que los procesos en la vida tienen sus ciclos y su tiempo, «hay que saber identificarlos», suele decir. El de él como prisionero debía terminar en un tiempo cercano, pensaba.

Era una sensación confusa, es lo que recuerda cuando intenta reconstruir en su memoria aquel tenso episodio.

«Si hubiese tenido que regresar ese día no sé cómo habría afrontado esa situación. No tenía nada en concreto, no sabía nada, no sabía qué podía ocurrir durante la audiencia. Pero estaba claro que si se hacía la audiencia la jueza me tenía que liberar, porque en el expediente no había absolutamente nada. No había pruebas. Ni siquiera se tomaron la molestia de sembrar una prueba».

Que fuera un preso tan importante para Hugo Chávez no lo sabría con tanta certeza hasta que se desarrollaron los hechos posteriores de los que se enteraría entradas las últimas horas de la tarde, cuando deambulaba sin rumbo por el centro de la ciudad en espera de una mano amiga que le había ofrecido rescatarlo y darle un refugio.

En los largos días de prisión manejó diversas hipótesis de por qué había sido enjuiciado sin claras evidencias de que hubiese cometido un delito, pero en ninguna de ellas había manejado la tesis de que existiese un interés personal del Presidente de la República.

Pensó en algunas causas políticas opositoras en las que había participado. El apoyo que había dado al NO durante el referendo revocatorio que se organizó en contra de Hugo Chávez en 2004. Tomó en cuenta el apoyo financiero y de amistad que había mantenido con el dirigente sindical opositor, Carlos Ortega, un declarado enemigo del Gobierno que lideró el paro nacional de 2002.

También se paseó por la posibilidad de que el grupo empresarial que lideraba Ricardo Fernández Barrueco, un hombre de confianza del Gobierno para aquel momento, lo presionara con la cárcel para apoderarse de sus dos bancos, lo cual efectivamente ocurrió estando en prisión.

Con respecto a lo que desde el Gobierno le cuestionaban de su ayuda al sindicalista Carlos Ortega, Eligio Cedeño nunca negó esa vinculación, aunque sostiene que el Gobierno nunca tuvo pruebas de que financió la fuga de Carlos Ortega; ya como un refugiado protegido por el gobierno de Estados Unidos, no le importa reconocerlo.

«Yo sí pagué la fuga de Carlos Ortega, pero ellos no tenían pruebas. Yo conocí a Chávez en el año 1998 —rememora Cedeño los tiempos en que Chávez era candidato a la Presidencia—. Él estaba en cuarto lugar en las encuestas electorales y se encontraba en un foro en VenEconomía que se llamaba “Conoce a tu Presidente”. Yo fui y lo conocí. Lo observé, estuve media hora con él y me di cuenta de que era el perfecto delincuente. No era ningún asunto ideológico, yo sabía que él iba a hacer esto que hizo con el país. Porque Chávez no tiene ideología. Es un malandro. Chávez es un malviviente que ha agarrado el Estado y lo ha usado para cometer delitos, para hacer lo que le da la gana sin ninguna ideología. Cuando él va y le regala plata a Cristina Kirchner no lo hace por un asunto de ideología, sino que para él simplemente, como esos reales no son de él, simplemente va y se los regala.

»Como tú sabes yo vengo de un origen muy pobre, entonces a mí me daba tristeza que él convirtiera al país en el lugar del que yo luché por salir. Entonces comencé a estar en contra de Chávez de una manera radical. Y si me preguntas hoy, sentado aquí en una oficina fuera del país y después de haber perdido todo el dinero que perdí ganado con mi trabajo, no me lo gané con ningún Gobierno, no sé si lo hice bien, porque yo me enfrenté hasta de una manera irracional al Gobierno. Porque yo lo que tenía era una pequeña casa de bolsa. Cuando llamaron al primer referendo para ratificar a Chávez, yo mandé a hacer unas chapas que decían NO. Eran 300 mil chapas. En ese momento no había una oposición organizada en Venezuela. Cuando él ganó pasó a tener un apoyo del 80% y yo esas chapas se las di a Claudio Fermín para que las repartiera. Incluso puse a la gente de mi oficina a repartir chapas.

»Fui un opositor desde el comienzo y por eso es que me da mucha tristeza, porque mucha gente decía que yo era un chavista que me había volteado y que había hecho todo el dinero con el gobierno de Chávez. Si eso hubiese sido cierto hoy tendría diez veces más dinero de lo que tengo, porque lo que yo tengo lo gané en el área de la bolsa.

»Cuando Chávez comenzó a agarrar más fuerza se presentaron las elecciones sindicales. No quería ver una Venezuela destruida. Y por esas cosas irracionales pero basadas en principios seguía luchando, y entonces decidí que ayudaría a construir un Lech Walesa para Venezuela. Cuando veo esas elecciones sindicales me dije, “Voy a buscar a Carlos Ortega”.

»Lo veía muy claro. Cuando Chávez llegó al poder era como volver a mudarme para el barrio, porque Chávez tiene el comportamiento de los sometedores de los barrios, eso es lo que hace Chávez. Él se crio en barrios como me crie yo y eso es fácil de identificar. El que no, pues no lo puede entender. Lo que pasa es que hay guapetones del barrio, que son buenos con el barrio, porque salen y roban en otras zonas pero protegen al barrio, le regalan cosas a la gente y por eso todos los aceptan. Hacen fiestas, ponen música y no joden a los jóvenes, joden a los de otras zonas, a los ricos, y entonces eso es lo mismo que hace Chávez.

»Así pues me reuní con Carlos Ortega y tuvimos mucha empatía, le ofrecí financiarle toda su campaña a la CTV siempre que me garantizara que no aceptara fondos de más nadie. Le decía que él se iba a convertir en un gran líder en este país. El problema es que a los líderes, cuando lo logran, les vienen los que siempre incentivan la corrupción, y por eso lo hice comprometer que no recibiría nada de nadie. De allí en adelante establecimos una amistad bien cercana. De hecho cuando Carmona asume el poder el 11 de abril, Ortega se aleja y se va para Punto Fijo y no le atendía el teléfono a nadie. El 13 de abril de 2002 él me llamó, y le dije que lo iba a buscar. “Te espero en el aeropuerto porque te voy a buscar en mi avión”. Fui allá y lo traje de vuelta a Caracas pero ya era demasiado tarde. Y de allí en adelante hasta el sol de hoy Carlos Ortega es mi amigo. Yo quería buscarlo para que se pusiera al frente de los acontecimientos del 11 de abril. Llegamos y nos metimos en mi oficina desde donde se puso a hacer las llamadas necesarias, a militares, a otros líderes. Finalmente se cayó todo.

SEBIN»Desde ese momento seguimos en contacto. Cuando se produjo el segundo paro general, a él le dictaron auto de detención, se asila en la embajada de Costa Rica y se va del país. Yo lo visité varias veces en Costa Rica, lo ayudaba económicamente. Él incluso me consultaba que pensaba regresar, a lo que yo le aconsejaba que no lo hiciera. Pero se regresó. En ese tiempo nos encontramos varias veces en la clandestinidad. Yo siempre parto de que compromiso es compromiso, en las buenas y en las malas. Y yo fui solidario con él. A Ortega lo ponen preso y yo lo seguí ayudando. Estaba preso por llamar a un paro. Por esos acontecimientos era por los que supuestamente el Gobierno estaba molesto, y eso me lo confirmó Diosdado Cabello el día que fui detenido».

Lo que nunca manejó como posibilidad Eligio Cedeño hasta ese momento era que detrás de su detención pudiese haber otra historia personal por su vinculación con el joven empresario Gustavo Arraiz, dueño de una cadena de tiendas llamada Microstar, cuyo caso fue el origen por el cual fuera encarcelado y enjuiciado.

La detención y el proceso contra Arraiz ocurrieron en circunstancias muy extrañas, de las que solo manejaba rumores a los que nunca le encontró respuestas certeras. Se decía entonces que Gustavo Arraiz había utilizado su amistad muy cercana con María Gabriela, una de las hijas de Hugo Chávez, para mover sus relaciones con el entorno presidencial y obtener negocios y beneficios económicos. Se decía entonces que había una relación sentimental entre ellos, pero tanto Arraiz como su familia negaron que entre el empresario y la hija del Presidente hubiese ocurrido una relación más allá de la simple amistad.

De lo que más tarde Eligio Cedeño sí tendría una evidente certeza es que la vida de tres personas: la suya, la de María Lourdes Afiuni y la de Gustavo Arraiz se cruzarían la mañana del 10 de diciembre de 2009, y el drama compartido encontraría un nexo común que en adelante marcaría el rumbo de sus vidas.

En cholas desde Panamá

El 5 de marzo de 2007, en una suerte de acción comando, Gustavo Arraiz fue traído a la fuerza a Caracas desde Panamá por una «orden de arriba» sin que mediara un proceso formal de extradición entre los dos países. Aunque contra el joven empresario no había hasta ese momento ninguna imputación formal, el gobierno venezolano había enviado un alerta a Interpol para que fuera capturado. La alerta se había basado en una orden de aprehensión emitida por un tribunal el 8 de febrero de 2007. Unos días después fue detenido en Panamá y encerrado en una cárcel del país centroamericano.

Extraoficialmente se manejó el rumor de que fue el mismo Presidente de la República quien ordenó su captura. El canciller venezolano Nicolás Maduro y el vicepresidente, que para ese momento el titular era Jorge Rodríguez, realizaron diligencias ante el gobierno de Martín Torrijos, para la fecha presidente de Panamá, para que Arraiz fuera detenido y extraditado a Venezuela. Pero el Gobierno cometió un grave error, posiblemente por ignorancia o tal vez la costumbre de saltarse las leyes y el debido proceso. De acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, para poder requerir la extradición de una persona, debe haber en contra del solicitado un acto conclusivo, es decir, una acusación formal en los tribunales. Para ese momento no existía tal acto acusatorio contra Arraiz, solamente había una orden de aprehensión en Venezuela por una supuesta compra fraudulenta de dólares preferenciales, un viejo caso que se había investigado en 2003 y reabierto por un tribunal cuatro años después. Cuando el Gobierno se dio cuenta del error desistió ante el gobierno panameño de la solicitud de extradición. Dado que el procedimiento era ilegal y no había un elemento jurídico para proceder a una extradición, el gobierno de Panamá encontró una vía para complacer al gobierno venezolano. Declaró «persona non grata» a Gustavo Arraiz y ordenó su deportación. Con ese procedimiento fue detenido preventivamente mientras esperaban que fuese expulsado del país y entregado al gobierno venezolano. Arraiz estuvo detenido en una cárcel de Panamá ilegalmente casi un mes hasta que se produjo la deportación de una manera forzada.

Cuando alguien es deportado, se le permite a la persona, objeto de expulsión, seleccionar el país a donde desea trasladarse. Al joven empresario le negaron esa opción. El gobierno de Chávez lo mandó a buscar con dos agentes venezolanos de Interpol quienes ilegalmente lo sacaron de la cárcel y lo obligaron a viajar a Venezuela. Sin darle tiempo a recoger sus pertenencias lo sacaron de la celda tal como se encontraba: en shorts y en cholas. Lo montaron en un vuelo comercial rumbo a Caracas. Luego confesaría Arraiz que él mismo tuvo que desembolsar el monto del boleto de avión.

Al llegar al aeropuerto de Maiquetía e ingresar a la aduana, funcionarios de la Disip[3] (actualmente SEBIN) le arrebataron a los de Interpol el codiciado preso, lo que provocó un altercado entre los funcionarios.

Arraiz fue virtualmente secuestrado y conducido a la sede de la policía política en el Helicoide,[4] en donde permaneció por más de cinco años prisionero. La impresión que se generó en el aeropuerto es que se trataba de un peligroso terrorista que había sido capturado ingresando al país. Una de sus custodias de Interpol terminó con heridas por el forcejeo desmedido que se produjo con los funcionarios del SEBIN.

Dos días después de su detención Arraiz fue presentado ante el juzgado Tercero de Primera Instancia de Control del Área Metropolitana de Caracas, el cual le declaró la detención preventiva en la misma sede policial. Dos delitos se le atribuían al empresario: defraudación tributaria y contrabando. Aunque el caso se remontaba a una investigación adelantada por la Fiscalía por compra de divisas para importar equipos de computación en el año 2003, el caso había quedado en el olvido hasta que «alguien» ordenó revivirlo y comenzó a producir sus efectos en los tribunales cuatro años después.

El día anterior al secuestro en Panamá, Chávez hizo mención al caso de Arraiz en un programa en Televen conducido por el político oficialista José Vicente Rangel, sin que Rangel le preguntase sobre ese asunto. Acicalado con camisa roja manga larga, franela roja debajo y perfectamente maquillado, al comentar casos de corrupción, hizo una pausa con el toque de drama que le es característico:

«Allí está el caso de… de esta empresa, que pidió unos dólares a CADIVI[5] —menciona como no recordando exactamente de quién se trata—. Ayer fue capturado en Panamá uno de los presuntos implicados en este caso. Se había ido del país. Bueno libramos a Interpol. Le dije al vicepresidente, llama al vicepresidente de Panamá para evitar que salgan los padrinos, las influencias. Gente que tiene mucho dinero y compra funcionarios. No solo aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo, y a veces desaparecen y no dejan ni rastro. Bueno hoy debe estar llegando este… señalado de un hecho grandísimo de corrupción».

Gustavo Arraiz, por aquellos días con 26 años de edad, había tenido una impresionante carrera empresarial en tiempos de revolución. De los bloques de Caricuao al oeste de la ciudad, saltó a una de las mejores urbanizaciones caraqueñas. Su oficina, un penthouse de dos niveles en la Torre North, en El Rosal, el centro financiero de la ciudad, describía una historia de éxitos, más cercana al capitalismo liberal que al modelo supuestamente igualitario y con sello estatista que promovía Hugo Chávez, modelo que solo existió en la propaganda ideológica.

Alineado con el Gobierno, desarrolló una cadena de tiendas de computación que en los años del mayor boom petrolero lograron posicionarse en un mercado de emergentes dispuestos a adquirir la última tecnología en equipos de computación. Su vinculación con altas figuras del Gobierno hicieron expandir sus ambiciones planteando que los emprendedores debían prepararse para la gran fluidez monetaria y la expansión económica que se avecinaba: «Hay mucha liquidez en los bancos. Todavía no estamos preparados para el crecimiento económico que le viene al país. Es más de lo que uno espera», declaraba Arraiz con optimismo a El Universal (Sección EXPEDIENTE, 26-11-2006).

La gran confianza en sí mismo, el ascenso económico que había experimentado, sus relaciones políticas y la amistad que cultivó con María Gabriela Chávez, lo impulsaron a encarar un proyecto aún más ambicioso: un super mall de 620 mil metros cuadrados y 580 millones de dólares de inversión, tres veces más grande que el Centro Sambil de Caracas, hasta entonces el centro comercial número uno de Venezuela. Incluso se decía, que el suyo sería el mall más grande de Latinoamérica. La estrategia publicitaria en aquel momento fue avasallante y causó suspicacia en la opinión pública.

«Y este Gustavo Arraiz Manríquez, ¿quién es? ¿De dónde salió?», se preguntaban muchos empresarios.

En el fastuoso evento de promoción del mall gastaron —según aseguró el propio Arraiz en la referida entrevista para El Universal— 2,2 millones de dólares. La gran fiesta combinó promoción con figuras de la farándula haciendo énfasis en el concepto de «credibilidad», venta con gestión directa de créditos con cuatro bancos, desfiles de moda y tres figuras del espectáculo: Olga Tañón, Marc Anthony y Don Omar, uno cada noche entre el 6 y el 8 de noviembre de 2008 en función privada para posibles compradores y medios.

Pero en tiempos de revolución los imponderables son la norma, y nunca se sabe cuándo un mal paso puede llevar al exilio, a la cárcel o a la muerte, hasta al más poderoso de los hijos del «proceso». Nadie puede asegurar exactamente cuál fue la razón de su caída en desgracia. Pero en sus tiempos de hombre de éxito, el rumor de que su amistad con la hija de Hugo Chávez era el motor que impulsaba sus éxitos se había hecho muy fuerte. Eligio Cedeño confiesa que cuando compartía la prisión con Arraiz analizaron en varias ocasiones esa hipótesis. Pero aun en los momentos más difíciles por los que pasaba, Arraiz siempre negó esa versión y aseguró que su relación con María Gabriela nada tuvo que ver con el éxito en sus negocios. «En ningún momento me aproveché de ella», le aseguró en varias ocasiones el empresario.

Sus argumentos nunca detuvieron el ensañamiento que se produjo contra él y que arrastró a quienes se vincularon con su caso. Fue así que este joven empresario cayó de lo más alto hasta parar en una cárcel de la policía política. En los terrenos donde se edificaría el majestuoso centro comercial al que llamarían Aeromall, solo quedaría una ranchería con aspecto de abandono que es un centro de acopio de materiales de construcción para las improvisadas obras populares que maneja el gobierno de Chávez. Este tipo de paisajes derruidos, ubicados en costosos terrenos, en el centro de la ciudad o en medio de urbanizaciones de lujo, se han convertido en los símbolos de la nueva república bolivariana: la improvisación y el «mientras tanto» ha ido tomando la ciudad de Caracas. En la era del chavismo tal «cultura de la improvisación» se alió al mal gusto, con obras ornamentales de pretensión arquitectónica que conforman el nuevo paisaje urbano.

Después de varios años en la cárcel, todo el mundo se olvidó de Arraiz. Sus amigos del Gobierno, quienes hicieron dinero con él y los que tomaron whisky de 18 años en sus fastuosas celebraciones. Ahora solo se le recordaba cada cierto tiempo cuando aparecía en la prensa nacional algún remitido a página completa firmado por su madre en el que le imploraba al Presidente de la República por la libertad de su hijo. La madre de Arraiz, en esos comunicados, dejaba ver su afecto y fidelidad hacia Hugo Chávez y la Patria Socialista, aunque el Presidente fuera el verdugo de su propio hijo, una condición común en las víctimas de la revolución, una suerte de «síndrome de Estocolmo» creado por el miedo.

El 6 de junio de 2012, tras cinco años, tres meses y seis días de cárcel, Gustavo Arraiz fue dejado en libertad bajo régimen de presentación. Dos semanas antes había iniciado una huelga de hambre que juró llevar hasta sus últimas consecuencias. Fue el último recurso utilizado para conseguir justicia. Su acción extrema poco trascendió en la opinión pública, alguna que otra nota marginal comentada por algún articulista, pero de alguna forma le abrió el camino hacia su libertad. Luego de eso nada se ha vuelto a saber de aquel empresario que en 2006 vislumbraba una Venezuela que se abría paso hacia el primer mundo.

Ese expediente no me tocaba

Cuando María Lourdes repasa en su memoria el por qué le fue asignado ese expediente que le torció la vida, no encuentra una respuesta aceptable. ¿Habría una mano que lo orientó hacia ella? Tal vez. Muchas veces se ha paseado por esa idea. ¿Por qué se observaba un desproporcionado ensañamiento contra Arraiz? ¿Sería de origen político o de tipo personal la causa contra Eligio y el propio Arraiz? Para ello nunca ha tenido respuesta, pero sabe que todo es posible en el mundo de los tribunales venezolanos.

El expediente trataba sobre el proceso que se le seguía a Gustavo Arraiz, en cuyo caso era evidente que había el interés del Gobierno en castigarlo. Ello le advertía que el expediente había que escrutarlo con la acuciosidad de un cirujano.

Se trataba del caso de la empresa de su propiedad, Microstar, donde procesaban simultáneamente a Eligio Cedeño y a Gustavo Arraiz. Los hechos que dieron origen al proceso seguido contra Arraiz tuvieron su origen en una tramitación de divisas ante CADIVI en el año 2003 por parte del consorcio Microstar. Tal averiguación se inició a partir de una denuncia del Superintendente Tributario de entonces, José Vielma Mora. Dos años después, en noviembre de 2005 fue imputado Gustavo Arraiz por los delitos de Defraudación Tributaria y Contrabando, ello a pesar de que CADIVI supervisó y aprobó todas las operaciones hechas por Microstar.

El joven Arraiz, al cruzar los dos años de prisión sin que su caso avanzara, y sentirse en una suerte de laberinto del que no sabía cómo escapar, buscó un atajo para resolver su caso. Optó por reconocer los hechos que se le imputaban. De esa manera aspiraba a lograr beneficios procesales con una pena menor y libertad condicional en poco tiempo. La desesperación lo llevó a buscar una salida definitiva aun a costa de ser sentenciado. Como Eligio Cedeño no aceptó reconocer las acusaciones en su contra, que eran las mismas atribuidas a Gustavo Arraiz, se separaron los casos y el expediente de Cedeño fue a parar al tribunal de María Lourdes Afiuni.

La jueza Afiuni al analizar el expediente se dio cuenta de que Arraiz admitió los hechos por un delito que no podía haber cometido. Se trataba de un tercer delito que fue agregado en abril de 2007: «Distracción de recursos de entidad financiera como cómplice necesario», que es un delito contemplado en la Ley General de Bancos, atribuible a funcionarios bancarios. Arraiz solo era un comerciante. En ese caso, se trataba del Banco Canarias en el que Cedeño era uno de sus directivos. El banco intervino como operador financiero para gestionar dólares preferenciales ante CADIVI, para la importación de equipos de computación. Es de resaltar que en ese tipo de operación los bancos hacían la gestión ante CADIVI, pero en ningún momento les correspondía supervisar la operación o verificar la importación. Esa responsabilidad le tocaba a CADIVI. Por tal razón el Banco Canarias ni siquiera perdió dinero en esa transacción. Por el contrario, la operación, como institución intermediaria, le reportó una ganancia neta de 233 millones de bolívares (233 mil bolívares fuertes) según se reflejó en el expediente. De manera que a todas luces se trataba de un delito fabricado.

A pesar de eso, Arraiz admitió los hechos esperando una condena menor pero le dieron seis años, sentencia que más tarde se alargaría por dos años y diez meses más, al agregarle los dos delitos menores que habían originado su detención inicial: contrabando y defraudación. Así que a pesar de su sacrificio personal lo sentenciaron como si lo hubieran juzgado, sin ningún beneficio procesal. Cuando una persona que está siendo juzgada admite los hechos, le deben dar el límite inferior o más abajo de la pena, pero a él le dieron la máxima y le agregaron el delito bancario.

El expediente de Cedeño ya separado fue enviado a una oficina distribuidora, que de manera digitalizada debe hacer un sorteo entre los tribunales que están de guardia en ese momento. Cuando el expediente es con detenidos, como en ese caso, entra en sorteo cada diez días.

El día que se hizo la distribución del expediente de Eligio Cedeño, María Lourdes Afiuni no estaba de guardia, así que no le correspondía estar en ese sorteo, pero, por cosas del destino, el expediente le fue asignado. La explicación que dieron quienes hicieron la distribución, fue que el sistema de la computadora se había caído y tuvieron que hacer una distribución manual en un sorteo con papelitos. Cuando eso ocurre meten a todos los tribunales, incluyendo a los que no están de guardia. Más tarde, al investigar los detalles de lo ocurrido en esa distribución, se descubrió que el sistema nada más se cayó cuando se iba a realizar la distribución del caso Microstar. O el destino le hizo una mala jugada a María Lourdes o una mano desvió el sorteo hacia el tribunal 31.

Por todos esos hechos Afiuni no deja de pensar en la tesis de que el expediente fue orientado hacia ella. ¿Alguien pagó para que así fuera? ¿Serían los abogados de Eligio Cedeño? O por el contrario, ¿sería la propia jueza Afiuni quien movió los hilos de los tribunales para que así fuera y obtener un pago por sus servicios? Aunque hasta muchos de sus colegas más cercanos la condenaron y le dieron la espalda, los investigadores de la Fiscalía nunca pudieron determinar que en el caso de la jueza hubiese dinero de por medio.

A pesar de lo extenso del expediente los jueces experimentados manejan las técnicas para estudiar las piezas de una manera rápida, aparte de que ese era el trabajo de Afiuni cuando era funcionaria del CICPC. Así que para la audiencia ya ella había estudiado todo el expediente.

«Estaba clara en lo que había y en lo que no había. De hecho, parte del expediente de Gustavo Arraiz me lo mandaron a mí por error y por eso lo conocía bastante bien».

Afiuni llegó justo a las nueve de la mañana. Tenía alguacilazgo y una sala asignada para la audiencia. En el Palacio de Justicia hay unas salas dispuestas para los juicios y otras para las audiencias preliminares. Nunca se previo que las audiencias preliminares se hicieran dentro de las oficinas, pero como son tantos tribunales y apenas hay doce salas, siempre están copadas. Como se trataba de un caso relevante le asignaron una sala en el mismo piso donde estaba el tribunal de control en mezzanina, que es el piso superior a la entrada de la calle. Este detalle sería importante porque en las próximas horas esa sería la vía hacia la libertad de Eligio Cedeño.

Cuando Afiuni estudió el expediente indagó sobre el fondo de la acusación y encontró que allí no había elementos de culpabilidad en cuanto a los tres delitos que le imputaban a Cedeño. Como también había visto el expediente de Arraiz por la mala separación, se percató de que Arraiz había admitido los hechos por un delito que no había cometido, el delito bancario. Es un año después, luego de la admisión de ese delito que lo condenaron por los otros dos: contrabando y fraude cambiario con divisas. Según observó Afiuni, en esos dos delitos sí podía haber elementos para mandar a juicio a Gustavo Arraiz y a Eligio Cedeño, pero eso no quería decir que fueran culpables, además que esos delitos ni siquiera ameritaban la privativa de libertad porque no pasaban de tres años, según apreciaba la juez.

Al llegar a la oficina Afiuni observó que allí estaban los abogados de la Procuraduría General de la República, estaba el imputado, estaban los defensores, pero por ningún lado estaban los representantes de la Fiscalía. Le preguntó a su asistente y le confirmó que no habían llegado. Así que llamó a la puerta de Palacio y pidió que le avisaran cuando entraran los fiscales del Ministerio Público.

A las 9 y 30 fue informada de que habían entrado los dos fiscales, pero ¿qué se hicieron? No fueron a la oficina ni a la sala prevista para la audiencia. Efectivamente a las 9 y 30 de la mañana estaban registrados sus ingresos a Palacio. La jueza ordenó a las partes presentes esperar en la sala de audiencia mientras aparecían los fiscales.

Para este caso habían sido designados seis fiscales del Ministerio Público, lo que indicaba que había un interés mayor de lo normal.

Lo común es que designen un fiscal con su auxiliar. La jueza llamó a la Fiscalía para tratar de ubicarlos. Ninguno estaba, ninguno atendió el teléfono, todos estaban fuera de la sede de la Fiscalía. Como sabía que al menos dos de ellos estaban en el Palacio, llamó de nuevo y habló con la secretaria de los fiscales: «Díganles que yo sé que están acá en Palacio, que aparezcan».

Uno de esos fiscales era el abogado Daniel Medina. Ella lo conocía muy bien porque había sido secretario de su tribunal. Lo conocía perfectamente.

Una amiga de Afiuni que era fiscal del Ministerio Público se ofreció para hacer un recorrido por el Palacio de Justicia para ubicar a los fiscales del caso. En efecto los encontró en el primer piso en el área de los tribunales de ejecución.

Ningún fiscal suele estar allí porque esa es un área de condenados. Para la jueza estaba claro que esos fiscales estaban escondidos.

Con esa información dio un lapso de espera hasta las once de la mañana.

«Daniel Medina me conocía, yo había sido su jefa y él estaba consciente de que si yo hacía la audiencia preliminar les iba a cerrar el caso. Y ellos lo que estaban buscando era un mecanismo de manera que yo hiciera el diferimiento, que lo pasara para enero y de alguna manera encontrar una forma para recusarme, de hacerme desprender del expediente. Yo estoy segura de eso porque yo se lo leí en sus ojos el día que solicitó el primer diferimiento. Ese es un muchacho que trabajó conmigo como secretario, que era mi asistente y sabía que yo le revisaba a los expedientes hasta los puntos y las comas. Porque ese es mi aprendizaje desde el CICPC, ¡gracias a Dios! Y él estaba muy nervioso de que yo tuviera el caso. ¿Qué sucede? Que él jamás pensó que yo dictaría una cautelar».

La escena ha sido repasada por Afiuni montones de veces. Cada detalle está impreso en su memoria, y en especial la actuación de los fiscales ese fatídico día.

Al examinar el episodio, concluye que el fiscal Daniel Medina debió actuar escondido de sus jefes, es decir sin recibir una clara instrucción ese día. Él mismo debió haber tomado la decisión de no entrar a la audiencia a escondidas de sus superiores, sospecha Afiuni. Ello lo deduce por la actitud del funcionario, el nerviosismo y la torpeza con la que actuó ese día.

«Daniel Medina es un joven abogado de clase media. Quedó huérfano de padre y madre y siendo todavía menor de edad tuvo que ponerse a trabajar para mantener a su hermana morocha. Se nota que pasó trabajo —acota Afiuni— logró graduarse de abogado en la Universidad Santa María con mucho sacrificio. Nunca observé que fuese una persona con resentimiento. Era muy serio y estudioso. Pero no tuvo suerte en el Poder Judicial porque nunca le dieron el cargo de secretario que pretendía y le faltaba mucho para llegar a ser juez. Entonces renunció, se puso a trabajar en un bufete privado, pero en esos cargos a los abogados que comienzan los tienen de mandaderos. De allí consiguió el cargo de fiscal del Ministerio Público. Fue secretario de mi tribunal, en varias oportunidades como suplente porque él era asistente. Y fue secretario del tribunal con el que compartió oficina, que fue el de Mónica Fernández, y luego de otro juez. Él siempre estaba pendiente de aprender conmigo, siempre me consultaba, me parecía que podía tener futuro. No pasa de 33 años. Él forma parte de un grupo de fiscales que ingresó con la fiscal Luisa Ortega Díaz, que a mi criterio son muy jóvenes. Él tenía el caso de Eligio Cedeño, conjuntamente con otro joven fiscal, que se llama Williams Guerrero. Este último, es el fiscal en el caso de Didalco Bolívar».

Daniel Medina nunca imaginó que en su carrera hacia mejores oportunidades tendría que enfrentarse a quien le ayudó a dar los primeros pasos en la carrera judicial, y menos aún que debía anteponer sus propios intereses y los del Ministerio Público, al del Derecho y todos aquellos principios éticos de los que tanto se habla en las aulas universitarias. Aunque sigue siendo un personaje en la sombra, su nombre quedará registrado para siempre en la historia de esta jueza y este caso emblemático de los años de Hugo Chávez en el poder.

«Si bien el código no establece el lapso de espera que debe dar un juez a las partes, como en ese caso, se ha hecho una práctica común que se dé una hora de espera», acota Afiuni.

En esa oportunidad la jueza esperó hasta las once y treinta, cuando dijo a las partes que no esperaba más. «Dos horas y media y con los fiscales en Palacio era más que suficiente».

La jueza Afiuni se trasladó a la sala y allí hizo lo que suele hacerse en las audiencias: verificó la presencia de las partes y dejó constancia de que los fiscales del Ministerio Público no hicieron acto de presencia, razón por la cual no se podía realizar la audiencia preliminar y se dejó constancia de lo ocurrido con los fiscales.

Pero, aquí viene el punto medular de la historia: la defensa le solicitó a la jueza que se pronunciara sobre una medida cautelar que había solicitado en razón de una resolución de la ONU que estaba en el expediente, en la que el organismo internacional instaba al tribunal a que se liberara a Eligio Cedeño porque su detención era arbitraria.

En efecto, el abogado de la defensa había consignado un escrito de la Alta Comisión de Los Derechos del Hombre suscrita por el secretario del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria donde establece que la detención de Eligio Cedeño había sido arbitraria. Entre otras cosas señala este escrito:

«La privación de libertad de ELIGIO CEDEÑO es arbitraria ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por lo que piden al Gobierno de Venezuela la concesión de la libertad provisional hasta la terminación del juicio adoptando medidas para que el proceso que se sigue no sufra nuevas dilaciones indebidas de fecha 01-09-2009, así como escrito proveniente de la comisión Internacional de Juristas de Ginebra, de fecha 07-09-2009, dirigida a la DRA LUISA ORTEGA DÍAZ, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela donde instan a dicho Ministerio y al Poder Judicial a tomar las medidas pertinentes para que se subsanen todas las violaciones al debido proceso y a la libertad personal del señor ELIGIO CEDEÑO, tomando igualmente las medidas necesarias para asegurar que los jueces tengan debida garantía de inamovilidad para la imparcialidad e independencia en el ejercicio de sus funciones».

Eligio llega a la audiencia

Cuando Eligio Cedeño era trasladado a alguna de las audiencias se generaba una gran movilización. Unos cuarenta funcionarios escoltaban al banquero. Era su costumbre atender a quienes lo acompañaban. En esos casos de traslado la gente que trabajaba con Cedeño en sus empresas proveían de comida y refrigerio a quienes lo escoltaban ya que esas audiencias solían extenderse por casi todo el día.

Ese día la comitiva salió a las 8 de la mañana y una hora después estaban llegando al Palacio de Justicia.

«Al llegar me pusieron en un calabozo en el sótano junto con Arné Chacón, hermano del ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón, quien había sido detenido hacía poco tiempo acusado de delitos bancarios. Me acuerdo que me dijo: Ese presidente es bien arrecho. Anda diciendo por allí: ¿qué hace un tenientico como presidente de un banco? ¡Coño! ¿Y él no era un tenientico como yo y ahora es Presidente de la República?».

La expresión de Arné Chacón sobre Chávez refleja un arraigado modo de ser venezolano, la idiosincrasia venezolana, esa que nos dice que aquí en Venezuela todos nos conocemos y que aquí todos venimos de abajo. Nadie en este país toma totalmente en serio la majestad de un cargo o de una posición social. Eso también ocurre con la majestad presidencial. A los presidentes no se les toma totalmente en serio; se les adula mientras están en el poder, pero todos le conocen alguna caída o el pasado de «pata en el suelo». En el caso de Chávez, la imagen de líder continental que ha tratado de edificar, la de estadista y a veces hasta de intelectual, no se logra despegar de aquel personaje que animaba las parrandas en la población de Elorza en los llanos venezolanos; de aquel que siendo capitán y que comandaba el puesto fronterizo en esa pequeña población ordenaba «sustraer» reses de las haciendas vecinas para asarlas en los templetes del sábado por la noche. Tampoco se desprende de aquella desencajada figura que se movilizaba en un Fairmont del 78 que echaba humo «hasta por las ventanas» y a quien llamaban «Tribilín» por las extravagancias y desaciertos que rodeaban sus andanzas. Hasta el mismo Hugo Chávez hacía mofas de su sobrenombre Tribilín y sus autos destartalados. Que llegase a ser Presidente y se transformara en una figura continental es algo de lo que está llena la historia de Venezuela.

Por ejemplo, el Panteón Nacional guarda los restos de algunos especímenes con tales características. Uno de ellos, Cipriano Castro, militar como él, es uno de los exmandatarios con los que más se ha identificado Hugo Chávez. Conocido como El Cabito, era un personaje parrandero y mujeriego, a quien los aduladores le llevaban a las jóvenes vírgenes escondidas en una torta de cumpleaños. Chávez mandó a meter los restos de El Cabito en el Panteón Nacional junto a los Bolívar y otros héroes de la Patria. Sobre este personaje refiere el historiador y periodista Ramón J. Velázquez: «La vitalidad de Cipriano Castro, su potencia sexual fue un tema que a lo largo de los años de su mandato explotaron sus aduladores. Lo comparaban con el acero y le decían que parecía “fabricado con material de dioses”, le regalaban doncellas vírgenes con motivo del aniversario de cualquiera de las batallas que había ganado y para hacer honor a tantos elogios que halagaban su vanidad. Castro vivió aquellos años (1903-1906) dentro de un clima de agitación y desgastes sexuales que debían concluir en un desastre biológico».

De allí que la visión que tenía Arné Chacón sobre Chávez es una percepción generalizada que los venezolanos tenemos de nuestros líderes, de nuestros héroes. Igual era la idea que Chávez tenía de quien fuera su amigo, un militar, compañero de insurgencia: «un tenientico que ahora se las da de presidente de un banco».

Así pues que, a pesar de ser hermano de quien fuera Ministro del Interior, Jesse Chacón, el teniente Arné Chacón, fue puesto preso durante la ola de detenciones de banqueros que fueron perseguidos como consecuencia de la crisis bancaria de 2009. Lo llamativo de esa crisis es que eran bancos que habían sido adquiridos por «empresarios» llamados popularmente como «boliburgueses» porque son afectos al Gobierno y se enriquecieron a la sombra de la revolución.

Muchos de estos bancos hicieron grandes negocios contando con la discrecionalidad de los organismos contralores del Estado hasta que las pérdidas patrimoniales se hicieron evidentes y el Gobierno tuvo que intervenir. Arné Chacón, un militar retirado que participó junto con su hermano Jesse en el golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992, que siguió al del 4 de febrero que encabezó Hugo Chávez, fue uno de los que alcanzó la cima en poco tiempo y pasó a formar parte de esa nueva «élite financiera» que nació con la revolución bolivariana. Chacón llegó a ser presidente del Banco Real, una de las instituciones intervenidas, cuyo accionista mayoritario fue Pedro Torres Ciliberto, quien se encuentra asilado en Miami. Arné Chacón fue insultado públicamente por el Presidente Chávez, de la forma despiadada como suele hacerlo con sus propios aliados cuando son execrados por él de la revolución. En esa condición de humillación pública han caído algunas figuras de la revolución, algunos hasta han ido al Palacio a pedirle perdón y con el tiempo han sido reenganchados en algún cargo de importancia.

Luego de haber anunciado la renuncia, supuestamente voluntaria, del ministro Jesse Chacón del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, desde su programa dominical, Chávez se refirió al militar devenido en banquero.

«Yo no me explico —decía Chávez vestido de militar y franela roja que se asoma por el cuello, ante una audiencia integrada por ministros y jefes del partido— cómo Arné Chacón, que viene de la Marina, de ser un pata en el suelo como nosotros, ahora aparece de presidente de un banco, esas son las cosas que uno dice: “¡ya va! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?”. Por eso lo que está fallando aquí son los radares. Yo decía aquí entre nosotros, un pata en el suelo, de repente, siendo funcionario o no, cambió de un día para otro de estilo de vida y de un “volvagito” (Volkswagen) apareció con tremenda camioneta, y compró un haras y ahora tiene un banco. ¡Ya va! ¡Qué está pasando aquí! ¿Eh? Esas cosas hay que averiguarlas y no esperar que revienten después, no, no, hay que averiguarlas… tenemos que prender todos los radares del partido, del Gobierno, del pueblo». Chávez hace una pausa y recorre el auditorio con su mirada como tratando de identificar qué otras figuras del Gobierno se han enriquecido y llevan una vida ostentosa.

Pero la realidad es que son muchos los que se han enriquecido. Su propia familia en Barinas de origen humilde, en donde su padre, un maestro de escuela jubilado, y su hermano han sido gobernadores, y otro ha ocupado importantes cargos en el Gobierno central. En Venezuela se refieren a los Chávez como «la familia real». Detrás de ellos, ministros, parlamentarios, militares y allegados que han tomado las más lujosas urbanizaciones de Caracas y han adquirido propiedades en zonas turísticas. La realidad habla de camionetas blindadas «cuatro por cuatro» que se convirtieron en un símbolo del poder revolucionario.

Detrás de la caída de los bancos que habían nacido y crecido haciendo negocios con la revolución estaban otras figuras políticas, quienes desde la Superintendencia de Bancos y otros organismos contralores avalaron toda suerte de negocios financieros. Sobre las intervenciones a los bancos se dijo entonces que lo que Chávez intentó fue frenar a un grupo de políticos de su propio entorno que se había aliado a estos nuevos empresarios que se estaban haciendo económicamente muy poderosos.

La mayoría de esos banqueros perseguidos se refugió en el exterior, pero Arné Chacón fue detenido. Su hermano Jesse fue sacado del Ministerio del Interior por una orden presidencial disfrazada de renuncia voluntaria. El exministro terminó manejando la encuestadora del Gobierno Gis XXI, a donde van a parar ministros o figuras de la revolución que caen en desgracia, como fue el caso de su antecesor, el capitán Vielma Mora. Hasta ese día, 10 de diciembre, Arné Chacón compartió el encierro con Eligio Cedeño, quien ese día saldría en libertad con una boleta de excarcelación en la mano mientras que Arné Chacón regresaría a su celda en el SEBIN en donde aún permanece detenido.

Cuando un detenido llega al tribunal para una audiencia lo colocan en un calabozo que se encuentra en el sótano del Palacio de Justicia mientras espera que comience el acto judicial. Allí estuvo Cedeño durante una hora, en compañía de Arné Chacón, hasta que lo mandaron a subir al tribunal de Afiuni.

«Cuando subo me dicen: siéntese allí. En una silla que estaba en el salón de la audiencia a esperar que llegaran los fiscales. La audiencia se retrasaba porque no llegaban los fiscales pero la escribiente nos decía: “Pero por allí anda el doctor Medina (el fiscal). No es que los fiscales no han venido, porque por allí yo vi al doctor Medina”, decían los escribientes, quienes ya conocían las maniobras de estos funcionarios. Yo lo vi pasar por el pasillo. Mira, aquel que está allá con el saco azul, ese es el doctor Guerrero. Y el doctor Medina ha pasado por el pasillo varias veces, lo que pasa es que no han querido venir.

»Se sabía que los fiscales estaban en los tribunales pero no se presentaban en la audiencia». En esa apreciación Cedeño coincidió con la doctora Afiuni.

Cedeño recuerda cómo la jueza ordenó: «Vámonos para la sala para hacer el acto de referido a la audiencia». Estaba la Procuraduría que sí había llegado.

Una vez en la sala, Cedeño inquirió a su abogado que pidiera a la jueza que se pronunciara acerca de la medida cautelar de la ONU que estaba pendiente. La defensa había consignado toda la documentación respectiva pero el juez anterior no se había pronunciado.

La defensa argumentó, en ese momento, que eso era una burla, que el Ministerio Público no tenía ningún interés en seguir ese caso, y que estaba usando la no presentación en la audiencia como herramienta para mantener detenida a esta persona y eso era un castigo adelantado, es una pena anticipada, argumentó quien para ese momento representaba a Cedeño, el abogado José Rafael Parra. De allí que solicitaron una medida menos gravosa para un prisionero que llevaba más de dos años en la cárcel sin siquiera haber llegado a la audiencia preliminar.

Ante ese argumento la jueza le preguntó a la Procuraduría, que era también parte del caso: «¿Ustedes tienen alguna objeción?». A lo que respondieron: «Ninguna». Entonces la jueza le pidió al detenido y a los presentes en la sala que se pusieran de pie.

Era la primera vez que Eligio Cedeño comparecía ante la jueza Afiuni, ya que la anterior había sido cancelada, también por ausencia de los fiscales.

De inmediato la jueza se dirigió al detenido y le comunicó su decisión. «Yo le voy a dar a usted una medida cautelar. Quiero que usted sepa que yo trabajo con Interpol. Usted se me va a presentar cada 15 días. Y usted me va a traer su pasaporte el lunes. Y si usted se me va yo lo voy a buscar hasta debajo de las piedras», le dijo al detenido.

«Yo no lo podía creer —confiesa ahora Eligio—. Me apoyé en la mesa porque estaba temblando. Y me dicen pasen por aquí y firmen. Firmé yo, firmaron los de la Procuraduría. “Vamos para que impriman”, ordenó la jueza Afiuni. Yo estaba en libertad desde ese momento. Me fui para el despacho para que los Disip (SEBIN) que me custodiaban revisaran la boleta y vieran que todo quedase en orden. Me percaté que finalmente los fiscales habían aparecido, estaban en la puerta, y me quedé adentro un rato a ver qué ocurría. Mi abogado preguntó:

—Doctora, ¿y Eligio Cedeño? ¿Qué hacemos con él?

—Se puede ir. Acompáñenlo a la puerta.

»Entonces salí. Hablamos con los funcionarios de la Disip y les dijimos que me habían dado libertad bajo régimen de presentación. “Sí, sí, ya estamos imprimiendo las boletas”. Nos dieron una copia a nosotros, la guardamos y nos fuimos».

Doctora usted está detenida

Cuando se otorgan medidas cautelares a favor de un prisionero, el tribunal debe revisarlas cada tres meses como mínimo. Las partes las pueden solicitar las veces que lo deseen, explica Afiuni. El expediente le llegó a la jueza Afiuni en noviembre de ese año, pero cuando lo revisó, se encontró con que había allí una comunicación de la ONU, dirigida a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y a su tribunal, el 31 de Control.

Cuando un organismo internacional dicta una resolución, hacen un resumen del caso y en este la ONU dictaminó que la detención de Eligio Cedeño había sido arbitraria por cuanto se le violaron todos sus derechos a la defensa al debido proceso, e instaba a estas autoridades a darle la libertad a Eligio Cedeño para que fuese sometido a un proceso de justicia en libertad. La resolución no se refería a si Cedeño era culpable o inocente. La resolución estaba en el expediente desde septiembre pero el juez anterior que conocía la causa jamás se pronunció, a pesar de que la defensa varias veces había solicitado que se pronunciara sin obtener respuesta alguna. Esa resolución correspondía a una actuación que hiciera la defensa en instancias internacionales. Ante las constantes irregularidades sufridas con los jueces habían acudido a la ONU y a la OEA.

Estando ya las partes en la sala, el abogado de la defensa solicitó a la jueza Afiuni la revisión de la cautelar, basado en la resolución de la ONU. El artículo 264 del Código Procesal establece que el juez puede revisar la medida cautelar en cualquier momento del proceso, para ello no tenía que estar presente el Fiscal.

«Para otorgar una libertad —argumenta la jueza— nunca hay formalidad, cosa que sí sucede con la privativa. Se supone que la libertad es la regla».

En la audiencia sí estaban presentes los abogados de la Procuraduría y la jueza les preguntó si tenían alguna objeción de que se pronunciara en ese instante y ellos dijeron que no. Eso quedó asentado en el acta.

La jueza explicó a los presentes de una manera muy breve que luego de revisar las actas se pudo percatar de que había un retardo procesal brutal en el expediente y que no era por causa del imputado. Que de hecho el expediente pasó un año en los archivos de la Sala de Casación Penal y ya por allí comenzó el retardo. Expuso lo referido, como una manera de explicar las razones por las que la ONU los instaba a juzgarlo en libertad.

Así que en definitiva concluyó: «Tomando en consideración que la Constitución aún es más garante que las normas invocadas por la ONU yo le voy a dar una medida cautelar de presentación cada 15 días, más la prohibición de salida del país».

Si bien el Código no le permite al juez la retención de documentos de identidad, Afiuni le pidió a Cedeño, que en vista de su condición de que era una persona que tenía recursos, que tenía incluso aeronaves y medios para poder irse del país, que de buena fe le consignara el pasaporte en el tribunal en la primera presentación. Esa debería ser el 25 de diciembre y que ese día ella estaría de guardia, así que no habría problemas.

Una vez dictada la decisión había que transcribir el acta, firmarla y sacar copias de las mismas para entregarlas a las partes. Pero sucedió algo que es común en las sedes de la justicia venezolana: que en la Sala de Audiencias no había impresora. Así que todo el grupito se trasladó detrás de la jueza a su minúsculo despacho —«mi huequito», como solía llamarlo—, con el pendrive y allí se imprimió el acta en donde se acordó la medida. Se imprimió la boleta de excarcelación y cuando estaban terminando de montar la prohibición de salida del país, de golpe y porrazo aparecieron tan solicitados fiscales: «Aaayyy, aquí estamos».

Pero la decisión estaba tomada. La jueza les explicó a los fiscales sobre la decisión que se tomó y les informó que tenían tres días para apelar, como lo establece el Código Procesal Penal. Pero el fiscal Medina, luego de que su rostro cambiara de color varias veces, sacó el celular e hizo varias llamadas telefónicas.

El acta ya se había firmado. Varias veces los abogados de la defensa le preguntaron a la jueza si Eligio Cedeño se podía ir y la jueza les respondió que sí y que los esperaba el 25 de diciembre.

Así que mientras el fiscal Medina hacía llamadas, los abogados de Eligio le mostraban la boleta a los funcionarios para luego salir del Palacio de Justicia.

La oficina de Afiuni estaba en un tribunal con una pequeña sala en la que hay seis escritorios, detrás hay una puerta y justo allí estaba la diminuta oficina en la que apenas cabía un escritorio y un mueble. «Yo siempre mantengo esa puerta abierta», precisa Afiuni.

Cuando el grupo llegó, las partes se quedaron afuera por lo pequeño del espacio, donde está la impresora. Se imprimió el acta, mientras la jueza estaba en su oficina con el abultado expediente. Firmaron los abogados de la Procuraduría, firmaron los defensores y también lo hizo Eligio Cedeño. Por último le entregaron el acta a la jueza quien firmó la decisión donde acordaba la libertad condicional del procesado.

«Yo estaba adentro de mi despacho y ellos estaban afuera. Y desde afuera me preguntaron que si ya se podía retirar».

«Sí», contestó Afiuni, y se quedó en su despacho mientras los fiscales permanecían afuera.

Cuando esperaba que le llevaran la medida de prohibición de salida del país que faltaba por firmar, entró uno de los funcionarios de la Disip que habían trasladado a Cedeño y le dijo:

—Mire doctora, usted está detenida.

—Ajá, ¿y por qué?

—Me lo está ordenando este Fiscal —señala al fiscal Daniel Medina.

—Daniel, ¿tú me puedes decir por qué me estás deteniendo?

—Todavía no lo sé, ya veré. Tú no debías haber dado esa cautelar.

—¿Por qué? ¿Dónde me lo prohíben?

—Te vas a joder, ahora vas a ocupar el lugar de él si a ese hombre no lo llegamos a atrapar.

—¿Atrapar? Yo le acabo de dar una cautelar, ese hombre está libre.

—Revócale la medida —intentó ordenar Medina.

—¡Atrévete! ¡Revoca tú la medida!

Deduce ahora Afiuni que el fiscal Medina actuó más por miedo que por convicción. «Él levantó un acta, donde narra los hechos tal como ocurrieron, pero resulta que unos minutos después tomó el acta, la arrugó y la arrojó en un basurero. Y luego levantó una segunda acta donde cambió la versión y señalaba que yo ayudé a escapar a Eligio Cedeño por la puerta de atrás y otras cosas más, cuando en ese tribunal no hay puerta de atrás. Cuando me llevaban detenida, una mujer de la limpieza consiguió el acta desechada, la guardó en su bolso y se la entregó a mi abogado. El fiscal la había arrugado y la había echado en la basura».

Lo que había ocurrido es que el fiscal Medina había arrancado el acta del expediente y la cargaba en la mano con la boleta de excarcelación de Cedeño. Una de las asistentes del tribunal intentó quitárselo para devolverlo al expediente y el fiscal Medina se puso muy agresivo, le gritó:

—¡Vieja loca! ¡Ahora se van todos presos en este tribunal!

En efecto el fiscal mandó a detener con el SEBIN a todo el personal que estaba en el tribunal. El oficio de prohibición de salida del país para Cedeño no se llegó a imprimir porque el fiscal Medina lo prohibió aunque no tenía autoridad para ello.

Un inspector de tribunales llegó en el momento en que a la jueza se la llevaban detenida. Afiuni le gritó que tuviera cuidado con su tribunal porque se estaba quedando solo «en manos de estos locos».

Ese inspector levantó un acta en la que dijo que había sido llamado por el fiscal del Ministerio Público porque la jueza Afiuni hizo una audiencia sin su presencia. Pero el inspector de tribunales dejó constancia en el acta que no se hizo audiencia. Que se otorgó una cautelar y que había cuatro boletas de excarcelación firmadas. La inspectoría concluyó señalando que «no procede a abrir averiguación porque no existe ninguna irregularidad». El acta y los testimonios de la actuación de Medina se encuentran en el expediente.

Hoy Afiuni reflexiona y piensa que el fiscal había perdido el control frente a los inesperados hechos que se precipitaron ese día. No cree que sea posible que el fiscal Medina tomara la decisión de ordenar su detención por su propio criterio.

«Para mí que él llamó a alguien de arriba, me imagino que a la Fiscal General y ese alguien ordenó “¡detengan a esa mujer!”. Supuestamente me estaban deteniendo in fraganti, es decir, cometiendo un delito. Eran ya las doce del mediodía y nos llevaron a todos los miembros del tribunal al SEBIN. A las once y media de la mañana había entrado a sala. Dicté la cautelar, se imprimió, firmamos y a las doce ya estaba presa. Media hora después estaba en la sede del SEBIN».

El fiscal Medina escribió de su puño y letra dos actas diferentes. En la primera de ellas señalaba que: «Se pudo constatar que solo estaba firmada la boleta de excarcelación, que estaba firmada en marcador azul y sobre el expediente de la causa, sobre el escritorio de la secretaria».

Sin embargo, minutos después retira el escrito y levanta una nueva acta señalando entre otras cosas que: «Del mismo modo se conoció que el tribunal nunca entregó boleta de excarcelación del referido ciudadano».

También el fiscal suscribe en la segunda acta, una serie de señalamientos que no fueron mencionados en la primera versión, como por ejemplo el hecho de que «se manifestó vía telefónica al tribunal que el fiscal 50° nacional no podría comparecer al acto al día de hoy, por cuanto debía asistir a la audiencia ante el Tribunal 11 de control, sin embargo la juez, María Lourdes Afiuni, a las 11:20 am del día de hoy, pretendió realizar la audiencia sin la presencia del Ministerio Público, y así lo hizo, en presencia solo del imputado Eligio Cedeño y de sus abogados defensores, otorgándole la libertad en plena sala sin el conocimiento del Ministerio Público…».

Según el abogado defensor, José Amalio Graterol, esa afirmación fue falsa ya que existen testigos que los vieron durante esas horas en los pasillos del Palacio y es por eso que el Ministerio Público no lo mencionó en la primera versión que hicieron del acta.

Es de resaltar que nueve meses después de haber sido detenida, el 3 de septiembre de 2010 apareció en la pieza 4 del expediente la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño, firmada y sellada por la jueza María Lourdes Afiuni, que había desaparecido del expediente el mismo día de su detención. Durante todo ese tiempo parte del elemento de convicción para privar de libertad a la jueza, repetido reiteradas veces por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, es que no existía boleta de excarcelación del ciudadano Eligio Cedeño. Lo que ratificaba, según la defensa, que Cedeño salió por una orden judicial por lo que no existió abuso de poder y menos favorecimiento a la evasión.

Miedo en Palacio

El abogado José Amalio Graterol no se hizo defensor de María Lourdes Afiuni desde el inicio del caso sino unos meses después. Antes de ello fueron amigos y compañeros de trabajo en el Palacio de Justicia. Como defensor público la había conocido en el ejercicio profesional y en ocasiones había tenido que enfrentar la severidad de la jueza. Sin embargo eso nunca impidió que se hicieran amigos y que compartieran algunos momentos en su tribunal, un café, los cuentos cotidianos y las bromas.

La mañana de la detención Graterol se encontraba en su oficina, unos pisos más arriba del tribunal, cuando otro defensor llegó gritando que se estaban llevando presa a la jueza Afiuni.

Graterol bajó corriendo hasta el tribunal cuando los funcionarios se llevaban a la jueza y al resto del personal del tribunal. Tanto los trabajadores que estaban allí como los visitantes habían observado atónitos la escena que se acababa de producir. Todos miraban cómo se llevaban al grupo, algunos de ellos esposados. Solo una persona protestaba y gritaba por lo que estaba ocurriendo. Era María Perdomo, una defensora pública. La funcionaria miraba a todos los presentes y les reclamaba diciéndoles que cómo era posible que permitieran semejante atropello, que se llevaran presa a una jueza. Pero todos estaban paralizados. Los jueces que estaban en Palacio miraban por las rendijas de sus respectivos despachos y volvían a encerrarse mientras los funcionarios se alejaban con la jueza Afiuni.

«No hubo ningún tipo de reacción. Absolutamente ningún tipo de reacción —se lamenta Graterol—. Esa defensora pública fue la única que comenzó a alertar a la gente en el palacio y a gritar: “Se están llevando presa a la doctora Afiuni”. Ya se sentía el miedo que había en Palacio Judicial. Ninguno trató de interponerse ante la arbitrariedad que estaban cometiendo funcionarios del SEBIN», lamenta Graterol.

A las dos horas el rumor había llegado a los medios informativos y el caso de Arraiz y Cedeño se convirtió en un gran escándalo por la detención de la jueza Afiuni. A las cuatro y media de la tarde ya casi no quedaba nadie en el Palacio de Justicia. Se trataba de una decisión ajustada a derecho y se llevaban privada de libertad a una jueza desde su mismo despacho a los 15 minutos de haber tomado una decisión. Algo que no había ocurrido en 50 años de democracia.

«Como amigo de ella me quedé en el Palacio de Justicia hasta las tres de la mañana porque estábamos pendientes del tribunal de la doctora Afiuni, que permaneció abierto después de haber sido allanado.

»El SEBIN había estado allí revisando las computadoras del tribunal, removiendo ilegalmente todo el material del tribunal penal donde no pueden entrar los funcionarios policiales y manipular expedientes que están en una fase de investigación, y donde no todo el mundo puede acceder a esos expedientes. No había orden de allanamiento. Los fiscales en lugar de seguir el debido proceso y apelar a una decisión con la que no estaban de acuerdo, ordenaron allanar el tribunal y llevarse presa a la jueza sin tener el conocimiento de delito alguno.

»Lo que hizo Afiuni fue algo que normalmente hace un juez, tomó una decisión conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, que es darle una revisión a una medida de privación de libertad y se la cambió por una menos gravosa, que era cautelar, establecida en el artículo 256 consistente en la presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Lo que es asombroso es que 15 minutos después de la decisión, cuando los fiscales no aparecían para asistir a la audiencia, aparecen los fiscales, pero no aparecen como abogados, aparecen como “brazos fuertes” del Gobierno, como funcionarios policiales. Actuando de hecho, entrando a un tribunal, allanando un tribunal, arrancando del expediente una serie de documentos. El fiscal arrancó del expediente la decisión de la doctora Afiuni y ordenó que se la llevaran presa. Hasta las tres de la mañana en que yo estuve en el Palacio de Justicia estuvo abierto el tribunal de la doctora Afiuni. En el expediente está muy claro que la doctora Afiuni no recibió dinero, sino que simplemente fue una decisión judicial que ella tomó. Pero el preso que sale en libertad es un preso del Presidente de la República. Lo que se hizo criminaliza y convierte en delito una actividad lícita y normal como es la actividad judicial que debe desarrollar un juez, que es aplicar la ley según su conciencia y al conocimiento del derecho», concluye Graterol al reconstruir lo ocurrido durante esa decisión.

En efecto, esa tarde el fiscal Medina se había quedado en el tribunal. Prácticamente destruyeron el tribunal. Buscaron evidencias hasta debajo de los escritorios, pero no consiguieron nada que pudiera implicar a la jueza en alguna irregularidad. Desde entonces circularon versiones de todo tipo acerca de la suma que habría pagado Eligio Cedeño por su libertad. Especialmente algunos dirigentes del PSUV[6] y ministros dieron cifras astronómicas de millones de dólares y hasta una lista de bancos internacionales en donde habrían sido depositados. En esos primeros días la investigaron a ella, a su familia y a todo su entorno sin encontrar más que las deudas comunes en una familia de clase media.

«Doy gracias a Dios —expresa Afiuni— porque pudieron haberme sembrado lo que les diera la gana. Cuando iba en camino a la prisión en lo que pensaba era que iban a aparecer miles de maletines repletos de dinero tipo Antonini, aquel hombre que lo atraparon con una maleta llena de dólares para la campaña de Cristina Kirchner enviada por el gobierno de Chávez».

En el acta suscrita por los funcionarios policiales de la Disip se establece claramente la participación ilegal de los fiscales, sostiene la defensa, dado que fue una actuación en la que no hubo orden de ningún tribunal de control. Es decir que la investigación la ordenaron los fiscales del Ministerio Público Daniel Medina y Williams Guerrero, siendo ellos parte de la causa que se le seguía a Eligio Cedeño y a quienes, por tanto, solo les correspondía ejercer recursos legales en contra de la decisión dictada por el tribunal de Afiuni, pero en ningún momento convertirse en acusadores de Afiuni y ordenar su detención.

El acta policial que se encuentra en el expediente señala: «… se procedió a realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva por los diferentes ambientes que conforman el Tribunal… en compañía de los Abogados, Daniel Medina… y Williams José Guerrero… es de hacer notar que el abogado Daniel Medina… manifestó que la fiscal Quincuagésima Sexta se encargaría de llevar a cabo la investigación por lo que de inmediato se procedió a realizar llamada vía telefónica a la referida fiscal… quien una vez establecida la comunicación, ordenó que trasladara todo lo incautado así como a los ciudadanos AFIUNI MORA MARÍA LOURDES… la primera en calidad de detenida y el resto, con la finalidad de realizarles entrevistas testificales…».

En el acta suscrita por los funcionarios policiales de la Disip quedó asentada la irregular actuación de los fiscales del Ministerio Público, Daniel Medina y Williams Guerrero, quienes se atrevieron a ordenar y participar en el allanamiento de un tribunal donde reposan cientos de expedientes a los que no puede tener acceso ningún funcionario no autorizado.

II

Desde el piso 31 de una de las grandes torres ubicadas en Brickell Bay Drive, la zona financiera de Miami, puede verse la bahía y la zona de canales por donde circulan, desde un pequeño velero, el yate de alguna celebridad del cine o del espectáculo, hasta un crucero o un tanquero.

Los grandes ventanales que van desde el techo, hasta cerca del piso, permiten una visión amplia de las grandes torres que conforman la zona de negocios que bordea el mar azul perfectamente delineado trenzado por algunos puentes. El espacio totalmente separado del ruido indica que se trata de vidrios aislantes que hacen ver el paisaje como si fuera una escena silente.

En la espaciosa oficina destaca, detrás del amplio escritorio, una colección de aviones del tipo ejecutivo dispuestos en perfecto orden. Mientras observo la colección a escala, me detengo en el último de la esquina cuyo moderno diseño llama la atención sobre los otros. Es un Leader Jet.

«Lo compré hace poco —retumba la voz de Eligio Cedeño detrás de mí—. Yo soy piloto graduado y siempre he tenido la pasión por volar».

Eligio Cedeño aparece por una puerta lateral y me sorprende mientras detallo la lujosa oficina.

No conocía personalmente a quien sería uno de los personajes de esta crónica. Sin embargo había indagado sobre su vida y en una ocasión, poco tiempo después de que fuera detenido, publiqué una historia sobre su caso en el diario donde trabajo: Un árbol caído en la sección Expediente de El Universal.

Por lo que conocí de él no me sorprendió verlo con traje formal, perfectamente acicalado. «Yo no puedo estar sin trabajar», apunta, mientras que a través de otra ventana se observan otros ejecutivos que van y vienen por otra área de oficinas, miran unos papeles, intercambian opiniones, lo que sugiere la rutina de una o varias empresas en movimiento.

«Con la venta de mis dos bancos podría vivir sin trabajar pero terminaría divorciado», acota como para reafirmar que en cualquier circunstancia se debe estar en acción y en efecto, Eligio Cedeño siempre fue un hombre que está en movimiento, buscando salidas donde otros no las ven, especialmente en tiempos adversos como los que le ha tocado vivir.

Aunque para ese momento no podía identificar qué tipo de negocios se podrían manejar desde ese centro financiero, sabía que uno de sus grandes proyectos que ya estaba en marcha, era el canal de televisión SoiTV que había montado en Florida. El canal, con un concepto interactivo, cobraría notoriedad poco tiempo después, cuando transmitió en exclusiva una entrevista con el exmagistrado venezolano, Eladio Aponte Aponte, un militar retirado, quien luego de haber sido un hombre clave del Presidente, jefe de la Sala de Casación Penal del Tribunal de Justicia, cayó en desgracia.

Aponte Aponte se había relacionado con el presunto narcotraficante Walid Makled, y tras conocerse que incluso le había entregado credenciales del alto tribunal, fue sacrificado por la revolución. De allí que Aponte Aponte al enterarse que había una investigación en su contra y el temor de ser detenido, se fue a Costa Rica y de allí negoció con la DEA para entregar información a cambio de protección como testigo. SoiTV transmitió una larga entrevista que desde el país centroamericano ofreció el exmagistrado en la que describió en detalle cómo Hugo Chávez desde su posición utilizaba la justicia para sus fines políticos. Narró Aponte Aponte cómo desde el propio Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia se decidían los grandes casos que se manejaban en los tribunales. Uno de los casos descritos por Aponte fue el caso de la jueza Afiuni a quien calificó como una mujer «honesta y valiente».

A Eligio Cedeño le dictaron auto de detención el jueves 8 de febrero de 2007. Pero había tenido que lidiar con una investigación abierta en su contra desde 2003 por la cual, desde noviembre de 2005, pesaba una imputación por defraudación tributaria y contrabando como cómplice necesario.

A pesar de esa espada que tenía en el cuello, Cedeño llevaba una vida normal al frente a los dos bancos que había adquirido poco tiempo antes. Tenía Banpro y Bolívar Banco. Antes de adquirir esos bancos, Eligio Cedeño estaba como presidente ejecutivo del Banco Canarias, del cual era socio minoritario. Pero por ciertos conflictos con uno de los socios decidió vender su paquete accionario, se separa de los canarios y compra Bolívar Banco. Estando ya en Bolívar Banco compró Banpro. En esos momentos las dos instituciones estaban en pleno crecimiento. Luego de estar ya detenido se vio obligado a vender, bajo presión, sus dos instituciones al grupo de Fernández Barrueco, y ambos bancos cayeron en la crisis financiera ocurrida en 2009.

«De no haber ocurrido lo que ocurrió hoy Bolívar Banco sería uno de los 10 primeros bancos del país, sin duda», reflexiona Cedeño.

Una señal definitiva del ensañamiento que se le venía encima fue la que ocurrió una semana antes de su detención, a principios de febrero de 2007, cuando la jueza Yuri López fue suspendida de su cargo por la emisión de una sentencia a favor de Cedeño. La Fiscalía General de la República había asignado a los funcionarios judiciales Stagno Gabriel y José Gregorio Arreaza a la investigación. Cedeño consideraba que ambos habían actuado de forma inadecuada en el ejercicio de sus funciones. Según Cedeño, Stagno y Arreaza habían invitado a terceros a revisar su expediente, en violación flagrante a las normas de reserva y confidencialidad sobre las actas y, posteriormente, habían mentido bajo juramento cuando se les cuestionó sobre el tema. En este sentido, Cedeño interpuso contra ellos una querella criminal ante el circuito Criminal de Caracas.

Aunque existe un procedimiento automatizado de asignación aleatoria de los casos a los jueces, este proceso suele ser ignorado en casos políticos. En el caso de esta querella de Cedeño, sin embargo, el asunto fue debidamente asignado al azar a la magistrada Yuri López, debido a que la vicepresidenta del Circuito Penal, María Elena García Pru, no estaba presente cuando la querella fue interpuesta. Cuando se conoció que el caso había sido asignado a la jueza López, esta recibió un mensaje amenazante de la jueza García Pru, quien alzando la voz, le dio instrucciones de no admitir la querella. La jueza García Pru le dijo a la jueza López que su vida sería «destruida» si no cumplía. En otra llamada telefónica, la jueza García Pru le dejó un mensaje que indicaba que tanto el Fiscal General para ese momento, Julián Isaías Rodríguez, como la Presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Luisa Estela Morales Lamuño, habían presionado para que se desestimara la querella de Cedeño. La jueza López hizo caso omiso tanto a los mensajes telefónicos como a las amenazas, y durante la tarde del primero de febrero de 2007, admitió la querella y ordenó una investigación penal contra Stagno y Arreaza.

Ese mismo día, después de que la sentencia se había hecho pública, apareció Arreaza enfurecido en la sala del tribunal de la jueza Yuri López, le gritó, pateó los muebles y trató de excusarse de su responsabilidad en el caso. Un oficial inspector del Gobierno también llegó a la sala del tribunal, afirmando que la Presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela y el Fiscal General habían dado órdenes para investigar el fallo.

La decisión de la jueza López de admitir la querella de Eligio Cedeño fue su último acto oficial en Venezuela como juez. Al día siguiente, fue forzada a tomar vacaciones, y antes de que ella pudiera regresar a su cargo, enfrentó el intento de secuestro de uno de sus hijos.

La jueza, aterrorizada por las amenazas partió de Venezuela y se fue a Estados Unidos donde consiguió que le dieran asilo político, junto con su familia, que también se sentía amenazada. Esta parte de la historia corresponde al testimonio ofrecido por la jueza Yuri López, contenida en el expediente, tomada por la defensa de Eligio Cedeño el 22 de abril de 2009.

La semana antes de la detención de Cedeño, al banquero le habían llegado rumores de que había la intención de hacerlo preso, algunas personas lo llamaban y le aseguraban que en su contra había un auto de detención.

Ante tantos rumores habló con su esposa, Eliana, y le pidió que tuviera preparada una maleta de emergencia con ropa y enseres porque tenía la sospecha de que en algún momento podía ser detenido.

La sospecha se hizo más fuerte cuando comenzaron a aparecer en televisión altas figuras del Gobierno como el Fiscal General, Isaías Rodríguez, el Superintendente Tributario, Vielma Mora atacando al banquero y acusándolo de tener cuentas pendientes con la justicia por fraude a la Nación. Cedeño no tenía del todo claro a qué se debían esos ataques públicos y le parecían desmedidos por un asunto de tan poca monta como lo era el viejo caso de Microstar en el que, hasta los implicados directos, habían ofrecido resarcir cualquier daño económico que se hubiese generado a la Nación.

Siendo una persona que no deja nada al azar decidió investigar lo que ocurría, y en esa búsqueda un amigo en común lo conectó con la dirigente popular Lina Ron, quien tenía influencia en las altas esferas y en especial amistad con Diosdado Cabello, para entonces gobernador de Miranda. A través de un contacto logró acceder a la dirigente a manera de buscar un puente para hablar con el mismo Hugo Chávez si era posible.

«¿Por qué razón el Gobierno tenía ese enfrentamiento conmigo?», se preguntaba Cedeño.

Para ese momento, la hoy fallecida dirigente popular, se había destacado por su capacidad para movilizar grupos de choque contra los actos de calle que organizaba la oposición, contra sedes de medios de comunicación considerados opositores y contra gremios privados. Generalmente se trataba de grupos armados que recibían apoyo del gobierno revolucionario. Esas acciones le dieron cierta notoriedad a la dirigente y acceso a las altas figuras del partido. También significaron para la dirigente un ascenso social, y en ocasiones se le vio compartir en grandes fiestas con jefes militares, políticos y los nuevos millonarios que pululaban alrededor del poder.

En la búsqueda de un por qué un contacto muy cercano al Gobierno le aseguró que en efecto lo iban a meter preso. «Yo te recomiendo que te vayas», le aconsejó el confidente, al que Cedeño le respondió: «Yo no me voy a ir, no tengo nada que temer. No tienen por qué meterme preso. Yo me voy a presentar y si tengo un auto de detención, bien, me presento».

Cedeño había conocido la reciente historia del banquero Nelson Mezerhane, a quien lo habían implicado en el asesinato del fiscal Danilo Anderson. El banquero se presentó ante los tribunales y fue detenido, pero luego tuvieron que soltarlo por falta de evidencias. El cálculo de Cedeño entonces no fue tan acertado. Un año después Nelson Mezerhane sufriría una campaña sucia desde el Gobierno en contra de su entidad financiera, el Banco Federal, lo quebrarían y le confiscarían todos sus bienes en Venezuela. El banquero ahora comparte el exilio en Estados Unidos con Cedeño y su caso, como otros cientos casos más, se ventilan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Efectivamente el día jueves 8 de febrero de 2007, unas horas antes de que se produjera su detención, Lina Ron le consiguió la cita con el hombre fuerte del partido, Diosdado Cabello. El encuentro sería en la oficina de Cabello en Los Teques, en la sede de la gobernación.

La propia Lina Ron lo acompañó hasta Los Teques ya que la reunión se haría en el despacho de Cabello, en la gobernación de Miranda. Al llegar ingresaron de inmediato. Allí los esperaban el gobernador Diosdado Cabello y Freddy Bernal, a quienes estaba conociendo ese día. Cedeño explicó la angustia e incertidumbre de lo que le estaba pasando. La misma Lina Ron lo defendió y les aseguraba que Eligio era «de los nuestros» y que estaba ayudando a la causa. El banquero les explicó que no entendía lo que estaba pasando.

Luego de una detallada exposición Diosdado lo atajó y le dijo que ellos sabían que él había pagado la fuga de Carlos Ortega de la cárcel militar de Ramo Verde.

Además le agregó un detalle adicional al prontuario que le tenían reservado.

«Y el otro muchacho, ese Gustavo Arraiz, anda tratando de montar centros comerciales y trayendo a Olga Tañón y haciendo grandes fiestas y nosotros no podemos permitir que ustedes nos pasen el güevo por la cara», expuso Diosdado Cabello.

No mencionaron el asunto del fraude con dólares preferenciales o el supuesto contrabando de equipos importados por Microstar que nunca llegaron. Los elementos esgrimidos por los líderes oficialistas eran, uno de tipo político y el otro una retaliación personal en contra de Gustavo Arraiz por el hecho de ser un empresario ostentoso en sus acciones comerciales y financieras. De manera que quedaban claros cuáles eran los intereses que prevalecían. Cedeño trató de hacerles entender su punto de vista.

«Si ustedes creen que eso es así, entonces procésenme por la fuga de Carlos Ortega. Pero no me pongan esa vaina de Microstar que yo no tengo nada que ver con eso».

«Bueno pero tú sabes que así se manejan las cosas, y yo no sé muy bien cómo funciona eso, pero la razón es esa», dijo Diosdado.

Infructuosamente trató de explicar que eso era una equivocación, que ellos estaban engañados, mal informados.

Durante la reunión también les expuso cómo había recibido extorsiones. Les mostró grabaciones en las que se le había presentado José Zambrano para comprar Bolívar Banco a nombre de Pedro Carreño, dirigente del PSUV y ex Ministro del Interior. Previamente lo habían estado presionando para que vendiera los bancos. Ellos le aseguraban que le iban a mantener el precio de los dos bancos. El mismo Zambrano fue quien se presentó en su oficina de Bolívar Banco y le dijo que lo había enviado Pedro Carreño, pero que él era quien haría la operación porque Carreño era Ministro de Relaciones Interiores.

Mientras estaban reunidos Eligio Cedeño recibió una llamada a su celular en la que le avisan que comandos de la Disip (SEBIN) lo habían salido a buscar con una orden de captura.

«Me fueron a buscar al banco y pusieron una patrulla allí y otra frente a mi casa. Y por las dudas fueron a buscarme también al Banco Canarias, pero yo ya no trabajaba allí».

Afiuni llega al SEBIN

A la jueza Afiuni no se atrevieron a esposarla mientras la sacaban del Palacio de Justicia, pero al resto de los funcionarios del tribunal los llevaron «con los ganchos puestos». Con una agresividad más allá de lo normal, los montaron en unas camionetas negras con vidrios ahumados hacia el Helicoide, sede del SEBIN.

Al llegar, a la jueza la condujeron aparte y la llevaron directamente al despacho del Director de Investigaciones Nacionales, que es el segundo a bordo del organismo. Su nombre: Elvis Ramírez; él mismo la estaba esperando.

«Ese hombre estaba furioso», comenta Afiuni sentada en un pequeño sofá que coloca al lado del gran ventanal del departamento, a manera de expulsar hacia la calle el humo del cigarrillo, pues desde que está prisionera, se ha entregado al hábito de fumar.

«Dejaron a todo mi personal afuera y a mí me llevaron al despacho de Elvis Ramírez. Al entrar me lo encontré de frente. Sin mediar palabras me miró con cara de pocos amigos y soltó: “¡Qué bolas tienes tú!”».

Como quien desde el pensamiento masculino trata de entender la compleja mente femenina, el alto funcionario intentaba en vano interpretar alguna lógica en la conducta de la jueza. Le explicaba que si no se había dado cuenta de lo que acababa de hacer.

«Eligio Cedeño es un preso del Presidente».

Le ratificó como quien intenta meterle en la cabeza un concepto a su juicio tan elemental, para los tiempos que vivimos. La interrogó sobre el por qué le había dado esa cautelar. A lo que Afiuni, aun sabiendo que su explicación ya había perdido sentido, le refirió punto por punto, con los conceptos jurídicos correspondientes de todo lo ocurrido. El funcionario que no salía de su asombro, hacía esfuerzos para que la jueza entendiera que en la Quinta República las leyes y los procesos partían de una nueva lógica que están más sujetos a lo que es bueno o malo para la revolución y sus jefes, que lo que establezca un listado jurídico.

«Metiste en un peo a todo el mundo. Hasta mi cabeza está en juego», le decía Elvis Ramírez caminando impaciente de un extremo al otro del despacho y en un estado extremo de histeria, cuando Afiuni llegó a la conclusión de que ciertamente la cabeza del director rodaría en las próximas horas.

Con la voz encendida, el subdirector insistía en que no podía creer que fuese tan ingenua para haber realizado ese acto sin medir las consecuencias, advirtiéndole reiteradamente que estaba metida en graves aprietos.

«A ese hombre lo vamos a conseguir vivo o muerto», amenazó Ramírez apuntándola con el dedo índice. A lo que Afiuni le respondió que estaban buscando a un hombre que estaba gozando de una libertad condicional.

Luego de que Afiuni recibiera pacientemente los gritos del jefe de Investigaciones Nacionales del SEBIN, la dejaron sentada en el despacho. Desde allí podía escuchar el ajetreo que había afuera. Por los comentarios de los funcionarios se percató cómo prácticamente habían tumbado la celda donde había estado recluido Eligio Cedeño, en la misma sede en el Helicoide. Escuchaba que los funcionarios decían que allí estaban todas sus cosas.

Por supuesto, Cedeño no se había llevado nada. Estaba su computadora y sus pertenencias personales. En medio de todo ese movimiento frenético ya habían pasado varias horas y la jueza aún no había tenido ningún tipo de comunicación con el exterior, con su familia, amigos o abogado alguno. La detención fue tan abrupta que había dejado todas sus pertenencias en la oficina, como el celular, las llaves del auto, todo. Más tarde se enteraría que su familia supo lo que le había ocurrido por televisión.

Después de cerrada la tanda de insultos con el subdirector, el resto del día la dejaron allí en el despacho. En la noche apareció el director del organismo, el general Henry Rangel Silva. Le tomaron declaración a todo el personal del tribunal que trabajaba con ella. Y como a las a las siete de la noche le mostraron una medida de privativa de libertad dictada por un tribunal.

—Mire, usted tiene una privativa de libertad, usted se queda.

—Cómo voy a tener una medida privativa si no me han imputado.

—Tiene privativa de libertad por el delito de corrupción.

Afiuni entonces se negó a firmar el documento, les recordó cómo se habían saltado el debido proceso, y cómo nadie la había imputado y ni siquiera le habían leído sus derechos.

Entre los detenidos del tribunal estaba una diarista que es una mujer de sesenta años: la asistente de Afiuni; otra mujer, también de unos sesenta años, su secretaria; un escolta de Polimiranda que trabajaba en el tribunal. También estaba un pasante de 18 años, otra asistente que estaba de suplente. En la sede policial Afiuni se percató de que faltaba el asistente personal, Herminio Canelones. Después se enteró que a ese funcionario lo habían dejado en el Palacio de Justicia y unos agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) se lo llevaron a los sótanos del organismo de inteligencia y le dieron una paliza. El joven funcionario llegó al SEBIN sumamente golpeado a eso de las 8 de la noche.

También se enteró de que a los dos alguaciles del tribunal que estaban en sala también se los llevaron detenidos. El jefe del alguacilazgo de Palacio, estaba asignado al caso Microstar. Él era quien tenía la responsabilidad de custodiar cualquier audiencia del caso de Microstar. Explica Afiuni que es costumbre que cuando un juez se traslada a una sala, como hay distancia del tribunal a la sala, siempre va escoltado por un alguacil.

«Yo me fui sola a la sala para la audiencia, pero cuando iba en camino a la sala me fijé que había un grupo de gente en la puerta de la sala, pensé que podían ser familiares de Cedeño. Y venía pasando un alguacil y le dije: “¡epa muchachito, ven acá! Acompáñame hasta la puerta de la sala para cumplir con la formalidad”. Y el muchacho me llevó hasta la puerta de la sala. Bueno a ese muchachito se lo llevaron preso. Y también al jefe de alguacilazgo».

Una orden de detención convenida

A la jueza Afiuni se la llevaron detenida sin orden judicial. La fiscal Alicia Monroy es quien lleva la solicitud de privación de libertad a María Lourdes Afiuni a eso de las cinco de la tarde directamente a un tribunal que no estaba de guardia, pero era el que estaba convenido para hacer el procedimiento.

Ese día en la tarde estaban de guardia quince tribunales de control cuyo horario es hasta las 7 de la noche, de manera que no había razón para no hacer un procedimiento por los canales regulares. Esta fiscal, de su puño y letra, escribió un informe en el que señaló que no había conseguido ningún tribunal abierto y el único que encontró disponible fue el tribunal 50 de control donde estaba la jueza Leydis Azuaje, a quien le entregó la solicitud y es quien finalmente priva de libertad a la jueza Afiuni y la manda al INOF.

Había premura por darle legalidad a un acto lleno de irregularidades como detener a un juez tras haber tomado una decisión. Pero era necesario conseguir la orden de detención y la Fiscalía no podía arriesgarse en fallar esa tarea. Por ello fue necesario acudir a un tribunal de confianza a pesar de que no estaba de guardia y saltándose el mecanismo de distribución.

José Amalio Graterol, quien más tarde sería miembro del equipo de abogados de la defensa de Afiuni, describe que esa fiscal y el organismo que representa, manejaron la justicia como una quincalla, «de puerta abierta y puerta cerrada».

Explica que ha debido distribuirse la causa y entregarlo a uno de los tribunales de guardia, independientemente de que lo que estaban borrando con eso era la detención ilegítima que habían cometido ya. Es así que la doctora Azuaje del tribunal 50 acepta esa barbaridad, lo admite y acuerda la privación de libertad, que poco tiempo después es enviada al SEBIN.

Además de Afiuni se llevaron a los dos alguaciles que estaban en el caso ese día: Carlos Latufo y Rafael Rondón. A diferencia de lo ocurrido con la jueza Afiuni, que ningún juez salió en su defensa, con los alguaciles ocurrió otra historia.

A los dos alguaciles les ratificaron la privativa el día 12 de diciembre, dos días después, en una audiencia en la que compareció también María Lourdes Afiuni. A ambos los mandaron presos al internado judicial de Yare. Ante esa medida, el día 14 de diciembre, los alguaciles del Palacio de Justicia hicieron una huelga de brazos caídos protestando por la injusticia cometida en contra de sus colegas. Los funcionarios se vistieron todos de negro en protesta por esa detención. No se quedaron en silencio al ver que a sus compañeros los habían privado de libertad sin haber cometido delito. La medida de presión al parecer funcionó porque la jueza Azuaje recibió la orden de echar para atrás la medida de detención, y tuvo que darles la libertad a los dos alguaciles. Sin embargo, ya en libertad, a los dos alguaciles les hicieron la vida imposible en Palacio y les suspendieron el sueldo durante los siguientes diez meses. Finalmente ambos funcionarios terminaron renunciando a sus cargos y abandonaron la carrera judicial.

Eran aproximadamente las doce de la noche de su primer día de detención y hasta esa hora no le habían permitido un baño. Para ese momento Afiuni comenzaba a tomar conciencia de la gravedad de la situación y de la pesadilla que para ella comenzaba.

«Me reventó una cistitis tan espantosa esa noche, porque no me dejaban siquiera tomar agua».

Como a la una de la mañana la trasladaron a otra oficina y allí mismo le colocaron un pequeño colchón con una sábana y una cobija. También le dieron pasta de dientes, un cepillo y le dijeron que allí pasaría la noche. Pero allí tampoco había baño. Al rato apareció otro comisario y le pidió que le permitiera un baño. El mal encarado funcionario le respondió: «Te orinarás encima, pero no hay baño».

«¿Qué pasó? Que me oriné encima. Llegó un momento que no aguanté», reaccionó Afiuni.

Pero la orinada involucró sangramiento y ello generó cierto temor en el SEBIN, y al día siguiente llamaron al médico del organismo y mandaron a comprar medicinas.

Sin embargo las afecciones físicas eran el mal menor para la jueza. Su principal temor eran las amenazas que había recibido esa noche.

«Yo pensaba que me van a dar una coñaza».

Temía además que sería interrogada sobre el supuesto dinero que le había pagado Eligio Cedeño y que los investigadores estaban buscando hasta debajo de las piedras, pero del que en realidad nada sabía.

«Bueno, me irán a matar aquí», pensaba.

Toda una noche de tensión, esperando a que la fueran a buscar para interrogarla, la hacía cavilar.

«Que me den un solo golpe para que caiga tiesa, porque de verdad es que se habían puesto muy hostiles contra mí».

Como a las tres de la mañana llegó de nuevo el comisario Elvis Ramírez y la llevó a unas duchas para que pudiera lavarse. La regresó a la oficina y se quedó con la detenida hasta el amanecer. Al día siguiente pasó todo el día en la misma oficina. Se enteró por los propios funcionarios del SEBIN que los alguaciles seguían detenidos. A los tres los reseñaron como delincuentes. Afiuni trató de averiguar entre los funcionarios si los habían golpeado, y uno de ellos le dijo que no. Los alguaciles estaban recluidos en una celda, mientras que la jueza permanecía en una oficina. El comisario Elvis Ramírez pasó el día entero con la detenida. No le hizo preguntas. Afiuni seguía escuchando atenta los comentarios que hacían los funcionarios que buscaban infructuosamente a Cedeño: decían que habían encontrado un celular en su celda; o que habían encontrado algo sospechoso que podía implicarla. Pensaba entonces que todas esas indirectas tenían la obvia intención de intimidarla.

El día viernes, al día siguiente de su detención, en horas de la noche, el presidente Hugo Chávez realizó una cadena en los medios de comunicación que causó un gran impacto en la opinión pública. Era el Día del Juez, 11 de diciembre de 2009.

Esa noche como a las diez, entró el comisario Ramírez a la oficina donde estaba detenida la jueza y le dijo: «Te tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que todavía no hemos conseguido nada que te implique. La mala es que el Presidente te acaba de condenar a treinta años de cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo».

«Elvis al principio fue muy agresivo conmigo —narra Afiuni—, pero luego solo le faltaban las alitas con plumitas y todo para ser un angelito. Fue muy decente. Como yo estaba totalmente incomunicada, él me traía la comida. Me traía desayuno, almuerzo y cena. Yo se las devolvía pero él me las seguía trayendo. Yo no quería comerle nada a esa gente, porque tenía el temor de que le pusieran algo. Luego podían alegar que yo misma me envenené. Él pasaba casi todas las noches al lado mío sentado en una silla, sin decir nada. Era algo que yo no comprendía bien. Toda la semana que estuve allí él se sentaba allí en la oficina. Yo que trabajé en CICPC nunca vi una situación parecida. Ese trato no se lo suelen dar a nadie. Como yo estaba en una oficina que tenía grandes ventanales de vidrio, todas las noches vi llegar al director de la Disip (SEBIN), el general Henry Rangel Silva. Llegaba a las diez y treinta de la mañana y se iba como a las doce de la noche».

En efecto, la noche del viernes 11 de diciembre, la segunda que pasaba detenida la jueza, el Presidente de la República realizó una de sus acostumbradas cadenas en los medios, pero esta vez dedicó tiempo a un tema inusual: la detención de la jueza María Lourdes Afiuni.

Chávez desde Miraflores se presentó ante las cámaras con camisa azul oscura y franela roja debajo. Habló, tal como solía hacerlo cuando se dirigía al país: para cambiar a algún ministro, ordenar la movilización de tropas a la frontera, para insultar a algún presidente «proimperialista» y hasta amenazar con una guerra. Pero esta vez el tema era otro. En esta oportunidad habló para ratificar la detención de una jueza de la República y con una carga desproporcionada de insultos ordenar a los tribunales de la República la condena máxima para la funcionaria.

«¡Ustedes vieron a una jueza! Bandida… una bandida. Y los alguaciles reciben de los policías que vienen trasladando al preso, porque la juez lo llamó a declarar aaaa… ¿cómo se llama? Audiencia. Y todo estaba montado. Y yo exijo dureza contra esa jueza. Incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, ¡doctora!, y así lo digo a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una Ley porque es mucho, mucho, mucho más grave. Un juez que libere a un bandido que el bandido mismo —hace una pausa y mira fijamente la pantalla acentuando el dramatismo—. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso… ¡30 años de prisión, pido yo a nombre de la dignidad del país!»[7].

Diez días después, el 21 de diciembre, Chávez volvió a referirse a la jueza Afiuni. Ante una avalancha de críticas, no solo en el país sino de organismos internacionales de Derechos Humanos, volvió nuevamente la carga contra Afiuni en un evento desde Miraflores en donde habían sido convocados el tren ejecutivo, los poderes públicos y altas figuras del partido.

En primera fila estaban la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dos fichas claves del Ejecutivo en el Poder Judicial. Esta vez ya no pidió 30 años para la jueza. Pidió 35 años aunque el código penal establece una pena máxima de 30 años para los delitos más graves.

«Una juez, yo hago el pedido —dice Chávez al tiempo que se coloca la mano en el pecho—. Yo lo que hago es pedir —aclara— ¿cómo es posible que un juez, o una jueza, lo que sea, se preste para una vagabundería como la que ocurrió con este señor Cedeño? Allá está detenido en Estados Unidos, ojalá que cumplan y lo extraditen ante la solicitud, porque ya la estamos elaborando, eh —mira interrogativo a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien con cierto nerviosismo ataja la mirada del Presidente—. Ahora viene la juez, se pone de acuerdo con unos señores, no voy a acusar a nadie, pero la juez está en evidencia, es una cosa tan evidente que, ¿cómo ella va a decir que no? Y entonces viene y le da, toma una decisión y estaba todo trabajado, todo preparado y sacaron a este señor por la puerta de atrás y se perdió y apareció… fíjense, en Estados Unidos. ¿Está o no está bien presa esa jueza? Está bien presa. ¡Está bien presa, comadre! —dice afirmando con la cabeza y buscando la aprobación del auditorio, en especial de la Fiscal General—, y yo pido que se le aplique todo el peso de la Ley. ¿Cómo va a haber justicia en un país en el que un juez se preste para eso? ¿Chico? —mira fijamente al auditorio mientras hace una pausa en la que acentúa el énfasis dramático—. Y por eso digo, que es mucho más grave. Supónganse ustedes que un asesino, un violador, esos delitos horrorosos, sea liberado, un narcotraficante, es más grave que el mismo homicida el juez que libere un homicida. Saltándose las leyes y los procedimientos. Entonces si a un homicida le salen 30 años, pena máxima en Venezuela, a un juez le saldrían… yo le pondría 35 —la cámara enfoca a la Fiscal Luisa Ortega Díaz quien se muestra un tanto confundida, pero sin embargo aprueba con un gesto casi imperceptible lo dicho por el Presidente—. Y yo pido que se estudie, señora fiscal, señores expertos en la materia, por eso yo pido pena máxima —alzando los brazos y apuntando hacia arriba con los dedos índices—, al juez que se preste a vagabundería como estas. Pido pena máxima. Y no en una oficina por allí, ¡no! Donde debe estar… en una prisión. Entonces me acusan de que porque es mujer, pobrecita, de que… ¡no, no! Somos iguales, ¿chico? Somos iguales mano, ante la Ley somos iguales. Que yo le falté el respeto, que yo estoy difamando, ah bueno, está bien, digan lo que ustedes quieran… pero aplíquese todo el peso de la santa Ley, ¿eh? No se puede permitir, ¿y quiénes son los que me critican? Los mismos escuálidos. Allí están… y mandan no sé qué por el mundo que van a denunciarme porque estoy atropellando y que yo soy el tirano y no sé qué. Bueno está bien, sigan diciendo lo que ustedes quieran. Como dijo El Quijote: que ladren los perros. Nosotros sigamos cabalgando por el rumbo que nos pone esta Constitución»[8]. El Presidente alza el librito azul de la Constitución de 1999 y hace un recorrido con la mirada sobre el auditorio. El gesto amenazante no parece ser solo para las altas personalidades que están allí con él, sino que expresa la advertencia de un escarmiento que se dirige a todos los que pertenecen al Gobierno, pero en especial a quienes trabajan en el sistema de justicia.

Las cadenas televisivas de Chávez se convirtieron, prácticamente, en parte de la vida cotidiana del venezolano con transmisiones de tres a ocho horas ininterrumpidas. Desde allí Chávez ha gobernado el país durante 14 años. Como muchos dicen: «Chávez es un gobernante mediático». Durante los primeros diez años de gobierno, entre 1999 y 2009, el presidente Hugo Chávez ha pasado el equivalente 52 días continuos en transmisiones en los medios de comunicación en forma encadenada. La cifra corresponde a un estudio que realizó la Universidad Católica Andrés Bello, coordinado por el investigador Andrés Cañizales. Al referirse a Chávez, señaló el especialista en medios de comunicación, que el Presidente es ineficaz en políticas públicas, pero lo contrario cuando se trata de pararse frente a una cámara de televisión.

Pero lo más significativo de esa práctica es el lenguaje cargado de violencia que ha utilizado Hugo Chávez en contra de sus enemigos, en contra de ciudadanos y hasta en contra de aliados que han estado con él en el proceso.

A la violencia criminal que ha colocado a Venezuela como uno de los países con mayor índice de homicidios en el mundo, con una espeluznante cifra que supera los 155 mil asesinatos desde 1999, se le agregó otra que es la violencia política que ha sembrado en el país una polarización que ha dejado muertos en las calles, que divide familias y convierte en enemigos a quienes conviven en un mismo barrio. Pero esta última forma de violencia contiene un componente verbal, que tiene su principal afluente en las alocuciones presidenciales. Tal lenguaje ha creado una suerte de apartheid en ciudadanos que nunca antes conocieron el radicalismo extremo que se exacerba desde esas tribunas, ni las barreras ideológicas que se edificaron en los últimos años a través de la palabra.

Juan Sierra Ipuana, es un humilde guajiro que tiene como oficio en su comunidad el de «palabrero», que no es otra cosa que un mediador para aplacar los conflictos que surgen en su comunidad, de acuerdo a las leyes guajiras. Este personaje describe en el libro de crónicas del periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos, con inmensa sabiduría, el poder que tiene la palabra. Dice Sierra Ipuana: «Una palabra bien dicha desarma al enemigo, acerca al que se encuentra lejos, abre las puertas clausuradas, alegra al que está triste y apaga los incendios alevosos. En cambio, cuando pronuncias una palabra altanera las palomas se vuelan de los balcones, los ríos se salen de madre, los mares se enfurecen y hasta el problema más inútil adquiere de repente la fuerza suficiente para destruirte».

Una referencia que todos los líderes políticos deberían tener en cuenta para el bien de sus países y de sus ciudadanos.

Al reflexionar acerca de los eventos de esos días, protagonizados por Chávez, el defensor de Afiuni, José Amalio Graterol, sostiene que a partir de esa orden presidencial en Venezuela no hay Poder Judicial, no hay tribunales, no hay justicia. Hay un antes y un después de la detención de María Lourdes Afiuni.

No niega el abogado que siempre ha habido manipulación, presiones desde afuera, llamadas telefónicas negociando con jueces, ejerciendo presión para orientar una decisión. Pero recuerda Graterol, no era la generalidad como se muestra hoy. Uno que otro caso político era manejado por el poder con algunos jueces controlados desde los partidos. Pero luego del caso Afiuni el miedo a tomar una decisión se ha instalado con más fuerza en jueces y fiscales. Asegura que comenzaron a producirse órdenes tan bárbaras como exigir: «En los casos con drogas todo el mundo va preso y aquí no hay libertad para ninguno». Dice el abogado que tenemos que entender que hay un problema social, que hay funcionarios policiales que siembran drogas. De allí surgió una práctica que se llamaba «madrugonazo», en la que el jefe del CICPC ordenó privar de libertad a diez personas por cada delegación y además una orden a tribunales exigiendo a los jueces que no soltaran a nadie que estuviese detenido por casos de drogas. De esos detenidos, ¿cuántos casos habrían sido sembrados? ¿Cuánta gente inocente está presa por este miedo después de la acusación contra Afiuni? El Poder Judicial se ha convertido en el brazo fuerte del Gobierno para imponerse. El hampa está desbordada en las calles matando gente mientras el Poder Judicial se utiliza para el beneficio político del Presidente de la República, y para reprimir a cualquier persona que tenga una enemistad con el Presidente o algún funcionario del alto Gobierno. Después del caso de la doctora Afiuni ha ocurrido un «efecto Afiuni» con un Poder Judicial que ya no es autónomo, sino que se le da órdenes. El descaro es tal que al que se le priva de libertad se le dice: «Disculpa pero esto es una orden». «¿En qué país del mundo un juez va a decir que “esto es una orden?”», se pregunta José Amalio Graterol.

Enviada a un penal

El sábado 12 de diciembre María Lourdes Afiuni y los dos alguaciles fueron trasladados al Palacio de Justicia para recibir una privativa de libertad. Cuando una persona recibe una privativa significa que previamente fue investigada y posteriormente imputada por algún delito y en ese momento, la persona imputada tiene derecho conocer las actas. Pero en el caso de la jueza Afiuni, primero la detuvieron supuestamente cometiendo un delito «in fraganti». Al darle la privativa de libertad se olvidaron de que para el momento en que sale Eligio Cedeño del Palacio de Justicia con la copia de su boleta de excarcelación en la mano, allí estaban los fiscales, pero lo dejaron ir, no lo detuvieron. ¿Por qué no lo hicieron?

«Cuando un juez es investigado —explica la jueza Afiuni— por razón de un acto que siempre va a ser de corrupción, lo primero que sucede es que le abren un expediente administrativo. Si en la investigación se deriva que hay hechos que revisten carácter penal, pasan el expediente a la Fiscalía pero nunca la detención es in fraganti. En este caso, incluso el inspector de tribunales que acudió al Palacio dijo que no se ameritaba abrir ninguna averiguación porque no había irregularidad. Pero los fiscales ordenaron mi detención. De allí que aun detenida, sigo siendo juez, porque no he sido destituida. Como en este caso no se realizó la investigación administrativa, luego no hallaban cómo abrirla. Todo ese procedimiento fue inconstitucional: en primer lugar allanaron un tribunal sin orden, en un piso en el que hay 50 tribunales que pudieron haber dado la orden; en segundo lugar me llevaron detenida para ser juzgada posteriormente por un juez de mi misma jurisdicción».

Según sostiene la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, los tribunales de la misma jurisdicción, no tienen competencia para juzgar a la jueza Afiuni. Sobre esa historia no hay precedentes en la justicia venezolana. A la jueza la detienen con el mismo expediente del caso de Microstar, donde la última actuación de la jueza fue la boleta de excarcelación de Cedeño, y seguidamente se produce su propia detención. Entonces Afiuni se convirtió en concausa de Eligio Cedeño.

Explica la magistrada de la Sala de Casación Penal en una entrevista concedida al semanario 6to Poder en octubre de 2010 que para eso «existe la instancia de apelación. Si ella es de primera instancia su decisión era apelable en segunda instancia. Luego está el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso le correspondía a la Sala Penal y por último, si después de todas las revisiones hubiera resultado que ella cometió un error, que tendría que haber sido extremo para que fuera inexcusable, entonces pudiera haber sido destituida, pero presa jamás. La única manera de poner preso a un juez es que le sigan un juicio donde se demuestre que cometió delito. En este caso de Afiuni el delito sería que hubiese recibido dinero, pero resulta que se demostró que no».

Es así que luego de esos procedimientos que según la defensa llevó a cabo el Ministerio Público de manera írrita, sin observar disposiciones de carácter constitucional y legal en lo que respecta al debido proceso y demás garantías del justiciable, se presentó la acusación formal en contra de la jueza Afiuni por la comisión de los delitos de Corrupción Propia, previsto y sancionado en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 67 de la Ley Contra la Corrupción y Favorecimiento para la evasión de detenidos, previsto y sancionado en el artículo 264 del Código Penal, con las agravantes contenidas el artículo 77, numerales 1 y 5, de la misma ley adjetiva penal. Para el momento en que toma esa decisión, Leyvis Azuaje era secretaria del tribunal 50 de control y estaba asignada como suplente de ese tribunal.

Los últimos días en el SEBIN

«Yo evitaba responder en lo posible al interrogatorio de Elvis, el subdirector policial, porque eso es hablar con el enemigo», narra Afiuni sobre aquellos días en el SEBIN.

«Él me comentó lo que Chávez había dicho en la cadena televisiva y me dijo: “¿Tú estás consciente de que esto puede ser largo?”, yo le respondí que sí estaba consciente. Me hacía preguntas sobre mis actividades. Por ejemplo, eso fue el 10 de diciembre, yo acostumbraba siempre a pedir permiso para irme a Miami el último jueves de cada mes de noviembre. Siempre me habían pagado parte de las utilidades para la fecha y yo aprovechaba para comprar los regalos de todo el mundo y me quedaba en casa de un amigo. Ese año por supuesto lo hice. Yo no le había dicho nada a él y pensé “vamos a ver qué tan buenos son investigando”. Él me había dicho: “¿Tú te fuiste para Miami el 26 de noviembre?”. Yo le dije que sí. “¿Estuviste cinco días? ¿Para qué fuiste?”. Para las compras de familia. Me preguntó cuándo había comprado el pasaje y le expliqué que ese pasaje tenía un año de comprado porque yo lo compraba en enero porque me salía mucho más barato. Ya en noviembre tenía listo mi pasaje. Y me preguntó: “¿Y tú pediste permiso?”, sí, yo le pedí permiso a la Magistratura (DEM)[9] y me otorgaron el permiso en agosto. Los jueces no podemos salir del país si no nos otorgan un permiso. Casi nadie lo hace. Muchos agarran su avión y se van clandestinos. Pero como yo siempre he sido nube negra, siempre pensé que “el día que me vaya escondida me voy a encontrar a media Venezuela”. Así que pedí permiso, ¡gracias a Dios! Porque, bueno, el Ministerio Público trató de utilizar eso como para decir que yo había viajado a EE. UU. a recibir el dinero. Como cosas de la vida yo ese año, había decidido abrir una cuenta en Estados Unidos porque pensé que ya era hora para no estar con este enredo del problema cambiarlo. Me acuerdo que llegué al banco con una amiga mía pero me eché para atrás y no la abrí porque pensé que eso me podía a traer problemas con el caso de Eligio Cedeño, aunque la abra con un dólar. ¡Gracias a Dios! Porque si yo hubiera tenido esa cuenta abierta con un dólar, me siembran allí un dineral y eso para ellos no es nada. Así que yo ni siquiera tengo una cuenta afuera. A mis hermanos y a mi familia cercana les revisaron todo, a mis tíos, primos, aquí a todo el que se apellida Afiuni le revisaron hasta la última locha. Gracias a Dios todos pasamos lisos. ¡Olvídate! Que esa gente sabe si a mí me pagaron o no me pagaron, porque investigan también las cuentas de ese señor».

Más tarde, debido a que los investigadores no lograron encontrar dinero alguno o alguna transacción que permitiera demostrar que la jueza Afiuni hubiese recibido algún pago, que sostuviera la acusación por el delito de «corrupción propia» la abogada Emilce Ramos, fiscal septuagésima octava del Ministerio Público, en representación del organismo tuvo que argumentar en la audiencia preliminar que «de la investigación llevada a cabo no se desprende que la ciudadana María Lourdes Afiuni haya obtenido algún dinero o beneficio económico, no se ha determinado que la misma haya recibido dinero alguno o algo, pero el delito de corrupción propia no solo habla de obtención de dinero por parte del funcionario, habla de cualquier otra utilidad para sí mismo o para un tercero, lo que significa la existencia de cualquier otro beneficio, en el presente caso, y así lo dejo establecido, el Ministerio Público consideró que el acto arbitrario realizado por la ciudadana María Afiuni, es en beneficio de un tercero y no suyo propio, es decir el beneficio obtenido es para el ciudadano Eligio Cedeño, siendo ese beneficio su libertad». Para la defensa se trata de un argumento inconcebible cuando un acto de esa naturaleza, como lo es «dar una libertad condicional» a un ciudadano, es un acto propio de las funciones naturales de un juez.

«A mí me detuvieron un jueves pero estuve en el SEBIN hasta el siguiente miércoles porque aunque la juez me mandó para el INOF; allí había un motín y no se podía entrar. Me hicieron la audiencia de presentación el sábado y de allí me mandaron al INOF y a los dos alguaciles los mandaron a la cárcel de Yare.

»Ante esa decisión de enviarlos a Yare, una cárcel muy peligrosa para los alguaciles, estos imploraron, se arrodillaron para pedir que se reconsiderara esa medida. Los alguaciles trataron de exponer ante la juez que ellos eran quienes manejaban a los presos que pasaban por el Palacio de Justicia, son quienes los llevan esposados y además son quienes los buscan en los calabozos para llevarlos ante los tribunales.

»Uno de esos alguaciles era jefe de los alguaciles. Lo conocían, había trasladado a muchos delincuentes esposados. Así que terminaron arrodillados en esa audiencia suplicando a la juez que los mandara a otro lugar de reclusión porque corrían peligro sus vidas. Pero a la juez eso no le importó.

»El domingo en la mañana ya los dos alguaciles estaban en Yare. Pero a los alguaciles los soltaron a los tres días luego de un paro de alguaciles en el Palacio de Justicia, en protesta por esa detención ilegal de sus colegas.

»Cuando a mí me presentan el sábado ante el tribunal de control, no hicieron distribución con mi solicitud de detención. Había un grupo de tribunales de guardia y hay un acta donde dejan constancia de que llegó una fiscal, entró a un tribunal y le entregó la privativa de libertad a un tribunal que no estaba de guardia ni tenía que estar a esa hora abierto. Y ese tribunal en cinco minutos dictó una medida de privativa… ¡Eso es una barbaridad! Entonces me llevaron el sábado a ese tribunal para ratificar o no esa privativa. La juez era Leydis Azuaje, que es la misma juez que dictó la privativa contra el dirigente opositor Richard Blanco y al líder estudiantil Julio César Rivas, es decir, es una de las jueces de confianza, del grupete.

»A la fiscal 50 Nacional del Ministerio Público, Alicia Monroy, yo la conocía desde hacía años. Esa mujer se guindó a llorar esmoquinada en la audiencia. Me dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pidiendo. Yo le dije que lamentaba mucho que se prestara para esa cochinada:

—Yo entiendo que tú estás aquí en contra de tu voluntad, pero si tuvieses un poquito de dignidad tú te hubieses negado —le dije.

»En fin. Esa fiscal solicitó medida de privativa en mi contra por corrupción, por abuso de autoridad, porque dicen que me excedí en mis funciones por dar una cautelar y por favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir con los alguaciles.

»Al menos la fiscal Monroy del Ministerio Público solicitó entonces que nos mantuvieran a los tres recluidos en el SEBIN, tomando en consideración que los alguaciles tratan con detenidos las 24 horas del día, y tomando en consideración que yo fui quince años funcionaria del CICPC y nueve años juez penal. Desde luego alegó que mi vida y la de los alguaciles peligraba en un penal.

»Pero ocurrió que Azuaje acordó la medida de privativa y nos mandó para los penales. Manifestó que nuestra seguridad en el penal no era problema de ellos. Así que me regresaron al SEBIN y a los alguaciles se los llevaron a Yare. A mí me regresan al SEBIN debido a que en el INOF había un motín en el que reclusas y custodios se estaban matando. No entraba ni salía nadie de allí».

Preso desde 2007

El día que Eligio Cedeño quedó detenido en la sede del SEBIN había estado reunido con el gobernador de Miranda, Diosdado Cabello, quien, según recuerda Cedeño, aparentaba ayudarlo por petición de Lina Ron. Sin embargo, a pesar de su poder e influencia en el alto gobierno, las cosas no estaban resultando favorables para Cedeño. En las propias expresiones del alto funcionario lo que se leía era otra cosa. Cedeño intuía al observar la situación, que definitivamente estaba sentenciado por el chavismo.

Preventivamente, para asistir a esa reunión con los dirigentes del Partido Socialista Unido (PSUV), Cedeño salió sin los escoltas y sin chofer. «En tales situaciones no se puede confiar en nadie», asegura. Quizás por esa razón no pudieron ubicarlo y agarrarlo preso, como hubiese sido preferible para el Gobierno, porque los funcionarios de inteligencia no supieron dónde se encontraba. Detenerlo antes de que se entregara hubiese facilitado las cosas para el tribunal al alegar el peligro de fuga. Desde que había comenzado la persecución en su contra, Cedeño se cuidó de dar la cara ante las autoridades con la disposición de entregarse. Aunque tenía los medios para irse del país, asumía que contra él no podían demostrar delito alguno. Esa conducta la tenía muy clara a manera de evitar que las autoridades alegaran que había peligro de fuga. No obstante, al final ese argumento fue el que lo mantuvo preso todo esos años.

Al salir de la reunión con Diosdado Cabello y Freddy Bernal, Cedeño apagó los celulares. Estaba consciente de que la policía sabría que estaba en Los Teques, por eso había tomado la precaución de no irse en su vehículo propio. Ante la incertidumbre de una posible detención Diosdado Cabello le había dado el número telefónico del general Henry Rangel Silva, quien para ese momento era el director de la Disip (SEBIN). Cedeño lo llamó, se identificó y le preguntó si había algo en su contra, que tenía información de que lo estaban solicitando y que había una orden de detención en su contra.

«Yo no tengo la orden pero la voy a tener», dijo el alto funcionario.

Estando con Diosdado, Cedeño había mandado a sus abogados al tribunal a hablar con la jueza Veneci Blanco. Ante ella expusieron que a Cedeño lo había ido a buscar la Disip, y preguntaron si había una orden de detención en su contra. La jueza negó que hubiese emitido una orden de captura. Explicó: «la Fiscalía no me lo ha pedido. Por lo tanto no he dictado ningún auto de detención». Agregó la jueza que ella no dictaría una orden de buenas a primeras y menos contra Eligio Cedeño que siempre había estado cumpliendo con el proceso.

En efecto, Cedeño siempre se había presentado en el tribunal por el caso Microstar porque estaba interesado en que ese caso terminara. Y siempre le pedía a la jueza que decidiera de una vez por todas.

Para Cedeño ese caso de Microstar lo tenía encima «como una espadita».

«Yo iba constantemente al tribunal. Esa era la jueza Veneci Blanco, comadre de la presidenta del Tribunal Supremo, Luisa Estela Morales. Este caso la convirtió en una mujer famosa. Todos los fiscales que estuvieron en mi caso se convirtieron en los de mayor ascenso en la Fiscalía. Ellos fueron los instrumentos que le permitieron a Chávez hacer lo que hizo. Chávez podrá tener las ganas de hacer lo que quiera pero siempre necesita a gente que ejecute y que sea capaz de torcer la Ley para poder hacer su voluntad», enfatiza Cedeño desde su oficina en Brickell y mirando ese pasado reciente como una pesadilla de la que no se ha podido apartar, aun gozando de su estatus como refugiado en Estados Unidos.

Ya en camino a Caracas Cedeño habló con el general Rangel Silva y le pidió que por favor retirase la patrulla que habían apostado frente a su casa.

«Yo tengo hijos pequeños, que no tienen por qué estar padeciendo esto. Yo le estoy diciendo que me voy a entregar», le pidió al director del cuerpo policial. En ese momento Cedeño tenía una niña de un año, uno de quince, una de diecisiete y una de siete años. Estando en la cárcel le había nacido uno y ahora recientemente le nació otra niña estando en Estados Unidos. En total seis hijos, refiere Cedeño.

Como a las siete de la noche lo llamó el abogado que había enviado para la Disip y me informó que ya había aparecido la orden de captura. Enseguida Cedeño llamó de nuevo al general Rangel y le expresó su extrañeza por la aparición de la orden, porque la juez hacía poco tiempo les ratificó a los abogados que ella no podía emitir esa orden en ese momento y que se iría para su casa.

«Me imagino que alguien la llamó y emitió la orden», le replica Cedeño.

En efecto, a pesar de las deficiencias que había en la acusación y el hecho de que no había riesgo de fuga, ya que el imputado siempre había acudido al tribunal, la jueza Veneci Blanco concedió la petición a la Fiscalía y emitió la orden para la detención. Poco después la jueza ordenó congelar todos los bienes de Eligio Cedeño.

Lo cierto es que la orden ya estaba en manos del cuerpo policial y en breve estarían en su casa para llevárselo. Cedeño entonces le pidió dos horas a Rangel para despedirse su familia. Y a las nueve de la noche se presentó en la Disip, antes de que fueran a buscarlo.

«Les dije “voy en una camioneta blanca”, por si me montaban una alcabala y me interceptaban en el camino, pero me fui en una camioneta negra. Le dije al general Rangel que me coordinara todo porque yo iba a subir por mis propios medios. Yo me estoy entregando y no quiero que me salga alguna sorpresa de que me estén agarrando en el camino. El general Rangel me dio su palabra. Y a las dos horas me presenté. El general Rangel allí se portó muy bien conmigo en esa entrega», aclara Cedeño. Durante su entrega lo acompañó Lina Ron. Ella le dijo al general Rangel: «Compatriotas, este compañero vino a una reunión porque el mismo Diosdado le dijo que lo estaban buscando».

Cedeño había observado, cuando estaban saliendo de la reunión en Los Teques, que Diosdado Cabello hablaba por teléfono, tal vez con alguien de mucho peso en el Gobierno, y tenía una expresión contrariada. «Me pareció que él no estaba contento con la forma como lo hicieron».

Cuando Cedeño, junto a Lina Ron, llegó a la sede del cuerpo policial solicitó que le dieran la orden de detención. Le dijo al general que no quería prensa y entraron de una vez. El general les dijo a los guardias que no lo esposaran, lo cual fue un gesto que Cedeño agradeció. Así comenzaron los días como prisionero de Eligio Cedeño.

Una cárcel improvisada

Eligio Cedeño fue recluido en el Helicoide, una improvisada cárcel ubicada en el sur oeste de Caracas. Una construcción de los tiempos del gobierno de Marcos Pérez Jiménez de la década de los años 50 que sería destinada a un moderno centro comercial, centro de exposiciones y salas para espectáculos, como parte del plan de modernización arquitectónica de la ciudad de aquellos años. Invadida por barriadas populares, más tarde fue utilizada como sede policial del ahora SEBIN y cárcel provisional, especialmente para casos políticos o presos muy especiales.

Desde que comenzó el gobierno de Chávez, la sede del Helicoide se convirtió en prisión permanente para casos sentenciados como fueron los comisarios del 11 de abril, a quienes les dieron 30 años, y otros casos emblemáticos de presos por razones políticas.

Al ser una cárcel improvisada, no reúne los estándares mínimos exigidos internacionalmente por los organismos de Derechos Humanos para este tipo de instalación. No hay ventanas y por lo tanto carece de ventilación en las celdas de dos por tres metros. En las pequeñas celdas, en algunas ocasiones compartidas por más de un recluso, no hay baños y durante las noches los reclusos son encerrados por lo que no pueden hacer sus necesidades, de manera que cuando hay urgencia deben hacerlas dentro de la celda, en alguna bolsa o en la papelera y esperar hasta el día siguiente para deshacerse de los excrementos. Para aquellos que han estado muy enfermos el no tener baño les resulta un verdadero infierno. Los detenidos no ven la luz del sol sino una vez por semana, y ya no existe un espacio abierto destinado a los reclusos.

Al llegar como prisionero, Eligio Cedeño encontró que no había comedor y ni siquiera un lugar para almacenar alimentos. Mucho menos un patio para caminar o un lugar para ejercitarse. Ante esas carencias Eligio Cedeño se vio obligado a realizar algunas inversiones con la venia del general Henry Rangel Silva, director del organismo. De su propio bolsillo mandó a instalar una cocina con alacenas, neveras y utensilios para la cocina. Mandó a colocar ventiladores y aire acondicionado para generar corrientes de aire hacia las celdas que estaban ubicadas en un área en la que la temperatura durante el día superaba los 40 grados. Incluso mandó a colocar un pequeño gimnasio al que dotó con algunos aparatos para ejercicio en un espacio que no tenían ningún uso.

Pero esas incomodidades eran el menor de los padecimientos para los reclusos. En sus años de prisión fue testigo de los daños físicos y psicológicos contra ciertos prisioneros. Cedeño presenció torturas aplicadas a detenidos para obtener confesiones o «ablandar» al prisionero. Vio a varios compañeros de infortunio con severas enfermedades adquiridas por las precarias e inhumanas condiciones del presidio que no eran atendidas debidamente por médicos. Por esas razones, más tarde en el exilio, compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como testigo en el juicio que el organismo internacional llevó a cabo sobre las condiciones de detención y torturas que sufrió uno de esos presos: Raúl Díaz Peña. Fue un proceso en el que la Corte Interamericana sentenció contra el Estado venezolano por «violación a los derechos humanos».

«Estar preso es un “desangre”, tanto económico como moral», afirma Cedeño al evaluar las consecuencias del tiempo sufrido en prisión.

«Primero la gente se aleja —lamenta— pero en esas circunstancias también se descubre que se tienen verdaderos amigos, más de los que se creía. Pero esos amigos no son los que uno pensaba». Señala que estando preso mucha gente se aprovechó de esa situación para sacarle dinero «de una manera sádica, con engaños y vejaciones de todo tipo».

«Por ejemplo, el grupo que quería apoderarse de mis dos bancos se alió con gente que trabajaba conmigo. Allá fueron a decirme que los bancos andaban mal. Que había presión de los clientes, lo cual era falso y jamás se presentó una corrida de ahorristas. Yo tenía un manejo impecable de los bancos. Yo conceptualmente era bancario. Siempre tuve muy claro que el dinero que estaba en el banco no era dinero mío. Lo único mío era el capital.

»Cuando caigo preso el Gobierno comienza a presionarme, a retirar los fondos públicos que tenían en depósitos en mis dos bancos. PDVSA me quería precancelar los títulos valores que vencían en ocho meses. Comenzó una pugna y entonces llegó una oferta de que si yo vendía el banco a determinado grupo, el de Ricardo Fernández, me soltaban. El Gobierno quería que vendiera los bancos. Quería el nombre de Bolívar Banco. Que ese nombre de Bolívar no estuviera en manos de un “escuálido” como yo (opositor según expresión del Presidente). Uno de los emisarios era Gonzalo Vásquez. Mi hermano, Santos Luis, se reunió varias veces con Ricardo Fernández. Persona a la que ahora le tengo toda la consideración del mundo, quien tiene ya bastante tiempo preso. Mi hermano fue y el superintendente de bancos le dijo que sí, que tenía que vender los bancos. Mi hermano también está ahora en Miami con asilo. Yo estoy asilado. Tengo los mismos derechos que un ciudadano norteamericano».

Asegura Cedeño que cuando la jueza Afiuni fue detenida estuvieron buscando a su hermano para sembrarle un dinero que era el que supuestamente iba a pagarle a la jueza. Sostiene que la estrategia del Gobierno era capturar a su hermano con el dinero en la mano y así obligarlo a que regresara.

«Uno se entera de toda esas cosas por los mismos contactos que uno hace con los funcionarios policiales luego de tres años en prisión. El mismo 10 de diciembre lo salieron a buscar, montaron un amplio operativo. Él se escondió de inmediato porque sabía lo que le venía. Si se tardaba un poco más lo hubiesen agarrado.

»La presión para la venta de los bancos se produjo desde adentro. Los bancos valían 240 millones de dólares. Pero por la presión me dijeron: “Tienes que pagar el castigo y por eso te vamos a pagar 140 millones”.

»Entonces yo dije que no. Me replicaron que el Gobierno me iba a joder y me iba a quedar sin nada. Entonces transamos en 165 millones de dólares y adicionalmente me permitían sacar 20 que tenía dispuestos para aumentar capital. Así pues, le vendí los bancos a Ricardo Fernández y a Gonzalo Vásquez. Lamentablemente mucho de ese dinero tuve que gastarlo estando preso».

Les hacen juicio

A Cedeño y Arraiz les hacen el juicio por el caso Microstar con jurado, y justo el día que les iban a dictar la sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia utilizó un recurso que hacía un tiempo habían introducido los defensores de Cedeño y ello les permitió paralizar el proceso, reponer la causa y hacer que el juicio comenzara de cero. En el fondo ese era el propósito de ellos, alargar el proceso lo más posible y mantenerlos detenidos, asegura el banquero.

A Cedeño le habían anexado un nuevo delito por desvío de fondos como si el banco hubiese perdido dinero, porque con el primer delito, referido al fraude cambiario, la pena era tan pequeña que no ameritaba ir preso, por lo que era necesario introducir un delito más grave que les permitiera mantenerlo detenido.

El Tribunal Supremo alegó que los defensores tenían razón en cuanto aquel recurso que habían introducido, que a Cedeño lo habían metido preso sin imputarle el delito de distracción de fondos. Entonces aprovechándose de esa acción devolvieron de nuevo la causa.

El expediente fue enviado al tribunal del juez Jesús Boscán, a quien Cedeño considera que es un verdadero «malandro».

Cedeño apela a esa decisión pero Gustavo Arraiz, cansado de estar tantos años preso dice «me cansé de esta vaina» y se declara culpable, atendiendo una oferta que le hiciera la Fiscalía para conseguir una reducción de la pena y al menos tener una fecha de salida.

Para ese momento Cedeño no tenía comunicación con Arraiz y no pudo entonces aconsejarlo o ponerse de acuerdo él en el sentido de que desistiera de ese paso, porque a su juicio eso era una estupidez.

Lo que hay que destacar es que al comenzar el nuevo juicio les dan una nueva prórroga de la detención preventiva y les agregan dos años más de prisión. En el nuevo juicio les toca una juez que en la etapa anterior se había inhibido, de modo que la defensa de Cedeño apeló: «Usted se inhibió en este juicio y ahora vuelve a tomar el caso».

Paradójicamente, la jueza que da la prórroga de dos años más era la misma que, en una etapa anterior, se había inhibido en este mismo caso de Cedeño. Pero esta vez, en lugar de inhibirse, les dictó una prórroga de dos años más de detención.

Con esta nueva medida la detención preventiva de Cedeño se alargaría por dos años más sin ser juzgado. Entonces apeló a la decisión de darle dos años más ante la Corte de Apelaciones y esta respondió que Eligio Cedeño no podía estar más que ocho meses detenido después de la prórroga. Así que, de acuerdo a esa sentencia le tocaba salir.

«Pero el juez Boscán en lugar de acatar la orden de la Corte de Apelaciones, pedía permiso, pedía reposo, no iba al tribunal. En pocas palabras, había una orden de la Corte de Apelaciones que decía que Cedeño debía salir, pero este juez se la pasó por el rabo», expresa Cedeño.

Mientras Eligio Cedeño seguía preso y debía regresar a la fase de juicio con una detención preventiva que le sumaría cuatro años y medio de cárcel, para demostrar su inocencia, en un segundo juicio oral y público, los funcionarios judiciales que complacieron al Gobierno fueron premiados y promocionados.

La jueza provisional Veneci Blanco fue ascendida de la posición de juez del Tribunal de Control al cargo de Presidente de la Corte de Circuito Penal de Caracas. Alejandro Castillo, ex Fiscal Nacional provisional, fue promovido al puesto de Director de la ejecución de procedimiento (Actuación Procesal) de la Procuraduría General de la Nación. Gerardo Briceño fue ascendido de Fiscal Nacional provisional a Juez de la Corte Penal. Nelson Mejía fue ascendido de Fiscal Nacional provisional a la posición de Director de Salvaguarda de la Oficina del Fiscal General. Daniel Medina, quien ordenó la detención de la juez Afiuni, fue promovido de la posición de Asistente de Fiscal Nacional Bancario a Fiscal Especialista en Seguros. Lisette Rodríguez fue ascendida de Fiscal del Área Metropolitana de Caracas a la posición de Fiscal Nacional.

En contraste, los tres funcionarios que no cooperaron: la jueza de control, Yuri López, la Fiscal Yoneiba Parra, y el fiscal José Benigno Rojas, fueron destituidos sumariamente de sus posiciones sin ningún tipo de procedimiento disciplinario o posibilidad de revisión.

Afiuni en el INOF

María Lourdes permaneció desde el viernes 10 de diciembre de 2010 día en el que fue detenida, hasta el miércoles 15 de diciembre en el SEBIN. El jefe de investigaciones del SEBIN le había preguntado si tenía la posibilidad de buscar la manera de que le cambiaran el sitio de reclusión y la dejaran allí en el SEBIN.

«Eso allá es muy peligroso, yo no tengo inconveniente en que usted se quede aquí», le sugería el jefe policial ya en un tono más conciliador.

A los alguaciles se los habían llevado a la cárcel de Yare mientras que Afiuni permaneció en el SEBIN hasta el día miércoles. El director de policía le reiteraba que la estaba aguantando allí todo lo posible, pero que lo estaban presionando. Pero la verdad era que en el INOF se había producido un motín de las internas. Así que el miércoles en la tarde cuando la revuelta fue aplacada, la jueza finalmente fue trasladada al penal del INOF.

En el trayecto hacia el penal iba esposada. En esos días, cada vez que le hacían un traslado le ponían las esposas.

«¿Para qué se ponen las esposas? —se pregunta Afiuni. Y ella misma se responde—: Es cuando se considera que la persona tiene una alto grado de peligrosidad que puede incluso intentar evadirse o golpear a los funcionarios que están custodiando al reo.

»Me causaba gracia porque, ¿qué peligrosa podía ser yo? En Europa no se acostumbra a ponerle esposas a los procesados sino hasta que están condenados, porque consideran que eso es un agravio y es predisponer a que la persona está siendo juzgada como culpable porque tiene esposas. A mí me llevaron los funcionarios en una camioneta. Siempre iba algún motorizado. En ese traslado hasta chocamos con una patrulla de Polimiranda», recuerda la jueza.

Como a las tres de la tarde llegó con la caravana de escoltas a la puerta del penal. Observó los efectos del motín. Todavía ardía la cocina, había puertas quemadas y escombros. Ese mismo día habían destituido a la directora y designado una nueva. Varios funcionarios bajaron a la entrada para recibir a la importante prisionera. La vistieron con una camisa y chaqueta negra de custodio y le colocaron una gorra con el nombre de INOF.

Al llegar a la puerta de entrada lo primero que le preguntaron es que si había llevado colchón. Les respondió que cómo iba a estar cargando con un colchón.

«Dormirás en el piso porque aquí no hay colchón».

Los mismos funcionarios del SEBIN que la habían trasladado, le quitaron toda la ropa que cargaba en un maletincito, ya que los reclusos no podían llevar ropa oscura y casi toda la ropa que tenía la jueza era gris oscura y traía puesto un pantalón negro. Esa ropa fue lo único que le dejaron pasar. Le quitaron los medicamentos, no llevaba comida. Solo llevaba una botella de agua que había llevado desde el SEBIN.

En Venezuela es normal que el preso lleve todo lo que necesite. Las prisiones no proveen de ningún utensilio al detenido, por lo que hasta la comida debe ser suministrada por sus familiares.

Debido a que la jueza había estado incomunicada en el SEBIN, sin contacto con sus familiares, los funcionarios del organismo habían llamado a su mamá y le dijeron que su hija necesita de todo. El padrino de su hija Geraldine, quien trabaja en San Antonio de los Altos, población cerca al penal, se ocupó de comprar un colchón y llevarlo al INOF.

Cuando Afiuni llegó al penal toda la población estaba encerrada. Le pusieron una chaqueta de las que utilizan las custodia, una gorra del INOF, y la condujeron por los pasillos de uso de los funcionarios. Al final de ese pasadizo hay un grupo de celdas especiales. Allí la encerraron y le colocaron candado por fuera.

«Entré. No había luz».

Cómo es el INOF

El nombre de esa prisión es, paradójicamente, Instituto Nacional de Orientación Femenina. Los gobiernos suelen pensar mucho para ponerle nombres a las instituciones de modo que les dé cierta propiedad y valor y sean representativos del Gobierno, especialmente cuando son instituciones que deben cumplir alguna función rehabilitadora. Eso es una especie de principio aunque luego el organismo resulte ser todo lo contrario para lo que fue creado. Así es el INOF. El término «Orientación Femenina» es una aserción totalmente inverosímil de lo que realmente convive en esos espacios.

Asentada en una colina cercana a la ciudad de Los Teques, a una hora de Caracas, la primera imagen con la que se confronta el visitante de la edificación construida en 1961, es el gran número de personas que trata de sortear las barreras de seguridad que las separan de sus familiares presos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados comparten durante varias horas el mismo drama que se repite dos veces por semana.

El INOF tiene un área que se llama Población, que es un edificio en forma de T. No hay celdas separadas sino que es un espacio inmenso donde están puestas las literas. Las áreas A y B son celdas pequeñas y tienen baños comunes. No tienen baños privados. Hay otra construcción de dos pisos que es el área de madres con celdas individuales que tienen baños comunes. Y hay un área administrativa que es otra construcción donde están las oficinas. Pero debajo, en la planta baja, están siete celdas en lo que se llama el área de admisión.

Una monjita de 80 años que fue fundadora del INOF, perteneciente a un grupo de religiosas que solían asistir a las internas, le explicó a la jueza Afiuni que cuando traían a las reclusas las ingresaban en esa área de admisión, y observando su conducta decidían a qué área las destinaban.

«Cuando llegué allí, el hacinamiento era tan grande que ya esa no era un área provisional. Eran siete celdas cada una con su baño. Tenían un metraje de dos por tres metros con un bañito muy pequeño en el que la regadera y la poceta están una encima de otra, pero al menos es un baño privado.

»En cada celda ponen dos literas con un espacio en el medio. A mí me metieron sola en una celda. Tenía dos literas sin colchones. Normalmente en ese tipo de celdas meten a cuatro reclusas en las literas y una que duerme en el medio, en el piso, pero en otras había hasta siete mujeres. La última duerme prácticamente con los pies metidos en el baño. De esa manera no te puedes ni mover. Si a media noche quieres ir al baño tienes que pasar por encima de las otras.

»El INOF está hecho para 200 mujeres pero hoy tiene 973 internas. Cuando me quitaron el candado a veces metía en mi celda a dos reclusas que se venían con su colchón y dormían allí a escondidas de las autoridades del penal porque me parecía que era inhumano no compartir mi pequeño espacio. Allí hay ratas, y durmiendo en el piso eso me parecía un horror.

»A pesar de todo esa era la mejor área. Era la más tranquila, porque no era tanta la gente que estaba allí. Pero aun así seguía siendo un área muy peligrosa por el criterio que imperaba, yo nunca lo entendí completamente, pero allí había drogas, armas, de todo. Me atrevo a asegurar que quienes estaban en esa área pagaban para estar allí y tener ciertos privilegios. Ese es un criterio que yo observé.

»Yo conocía el INOF como funcionaria policial que fui y sé que ese es un penal en donde están todos juntos. Allí no están separados los pabellones que tienen sus propias áreas y que no se mezclan unas con otras. Ese penal está diseñado para que las reclusas se desplacen por todo el penal. La clasificación está solo en el área donde se duerme. Yo sabía que al internarme en el INOF mi vida podía correr peligro, tomando en consideración que había mucha gente recluida en ese lugar a quienes yo había sentenciado. Mi estado de estrés era muy alto. Yo llegué temblando allí.

»Con solo una botellita de agua entré a mi celda, los funcionarios del SEBIN habían logrado llamar a mi familia y explicarles que me llevaran un colchón. Solo había logrado ver a mi mamá el día en que me trasladaron. Ese día el director Elvis Ramírez del SEBIN permitió que mi mamá y mi hija Geraldine, que entonces tenía 17 años, me vieran por un momento. Al menos lograron despedirse de mí cuando me estaban trasladando al INOF.

»Me encerraron con candado por fuera de la celda. Yo había llegado entre tres y cuatro de la tarde. No cargaba ni reloj. El colchón llegó a las once de la noche.

»En el SEBIN me habían dado una manta. Así que mientras esperaba el colchón acomodé el espacio para dormir entre las dos literas porque el jergón de la cama eran hierros con huecos y allí no se podía dormir. Puse la manta en el piso y mi maletín de almohada. Había un ventanal arriba por el que entraba la luz de un gran reflector, que en lugar de iluminar hacia los lados, lo colocaron hacia mi celda. En la noche yo no necesitaba prender la luz, porque el reflector externo iluminaba la celda como si fuese de día, ese reflector nunca lo apagaron.

»Ese primer día, en medio de un gran temor tuve el primer contacto con otra interna. Como a las 7 de la noche, una de las reclusas de la celda de al lado me tocó por una ventanilla y me dijo: “Yo soy amiga de Thelma Fernández”. Se trataba de una defensora pública muy amiga que más tarde formaría parte de mi equipo de defensa. La puerta era de hierro pero arriba tenía unas rendijas. La reclusa amiga de Thelma logró pasar un celular para que yo llamara a mi familia. Así lo hice. Me comuniqué con mi mamá, hablé con ella, con Geraldine y con mi papá. Les dije que estuvieran tranquilos, que me encontraba bien. A pesar del miedo que se siente en momentos como ese, uno trata de que su familia no sufra los efectos de la tragedia personal que se está viviendo».

Thelma Fernández era defensora pública en el Palacio de Justicia y estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo con Afiuni. Cuando la jueza Azuaje decidió enviarla al INOF se recordó que tenía a una defendida a quien asistía gratuitamente, no como defensora pública, sino como un favor que le hacía al esposo de la procesada. Primero lo hizo como defensora pública porque le asignaron su caso, pero luego lo siguió haciendo a manera de favor. La defendida de Thelma siempre le había dicho que no tenía cómo agradecerle todo lo que había hecho por ella. Así que era el momento de pedirle un favor a cambio. En esa circunstancia tan delicada la llamó y le explicó a la interna lo que estaba pasando con María Lourdes a quien trasladarían al día siguiente al penal. Le pidió entonces que la buscara y cuidara de ella. Que la recibiera y que la mantuviera informada de todo lo que pasara con ella. En efecto la reclusa le respondió que así lo haría.

«Cuenta conmigo, no te preocupes», le confirmó.

Eligio está en la calle

A Eligio Cedeño no lo sacaron a hurtadillas por la puerta de atrás del Palacio de Justicia como lo había difundido la propaganda oficial y el mismísimo presidente Chávez. Tampoco salió a escondidas, con gorra o lentes oscuros para camuflar su identidad como otros sugirieron. Eligio Cedeño salió por el pasillo principal con el mismo traje y con los mismos mocasines con los que fue al tribunal. Junto con uno de sus abogados bajaron por las escaleras y pasaron frente al Banco Industrial en medio de la gente que a esa hora se agolpaba a las puertas de esa entidad bancaria.

Al bajar las escalinatas y atravesar el amplio portón principal notó que la entrada del Palacio estaba repleta de cámaras de televisión y trató de evitarlas, pues no quería hacer bulla con su recién adquirida libertad. Por suerte para él, los reporteros no se dieron cuenta de que era Eligio Cedeño quien les pasaba por enfrente, dejando escapar la noticia bomba. El tumulto de reporteros presentes se debía al sonado caso de los banqueros y en especial para ir detrás de Arné Chacón, el hermano del ministro.

Cedeño respiró al lograr evadir a los periodistas y decidió que el mejor vehículo en ese momento para trasladarse a su oficina era una mototaxi y dejar atrás lo más pronto posible al enjambre de cámaras, luces, cables y periodistas. Cuando se estaba montando en la moto y partía veloz entre la telaraña de vehículos, uno de los periodistas se dio cuenta de que se trataba de Eligio Cedeño, y con él, la noticia del año se les había escapado en sus narices.

Sentado en la parte trasera de la moto se perdió en segundos dejando atrás un caldero que en poco tiempo podía explotar. Tomaron la avenida Lecuna para más adelante conectar con una vía que lo llevase a su oficina en El Rosal. En ese momento el banquero no pensaba en nada, solo quería llegar. Cargaba un celular que le había entregado uno de sus abogados. Cuando estaban cerca de la oficina recibió la llamada de uno de ellos quien le advirtió: «Los funcionarios de Disip ahora no quieren recibir la boleta de excarcelación».

Así que apagó el celular y le dijo al mototaxista que cambiara de ruta y lo llevara para el hotel Hilton. Desde allí pensaría qué hacer.

«Jefe, ese hotel ya no existe, Alba Caracas jefe», le increpa el mototaxista. «Bueno, Alba Caracas», asintió.

El hotel está ubicado en una zona cercana al centro de la ciudad y fue expropiado por el Gobierno a la cadena Hilton. Con el nombre de «Alba Caracas» el hotel era ahora uno de los símbolos de la revolución. Allí se alojaban figuras de la revolución, importantes visitantes internacionales, se hacían eventos emblemáticos y hasta un importante guerrillero de las FARC, Rodrigo Granda, disfrutó de la hospitalidad de ese hotel.

Cedeño observó que el mototaxista era «buena gente». Este aunque notó los nervios y las dudas de su parrillero, no se imaginaba a quién llevaba como cliente. Pero poco antes de llegar al hotel, lo miró bien y lo sorprendió al decirle: «¡Coño! ¿Tú no eres el banquero?».

A pesar de ser banquero, Cedeño se dio cuenta de que no tenía ni un bolívar en el bolsillo para cancelarle la carrera al mototaxista.

«Coño, ¿te soltaron? ¡Coño, qué de pinga! ¡Qué bueno! ¡Ese mamagüevo de Chávez! ¡No me pagues nada!».

El motorizado lo dejó a la entrada del hotel.

Cedeño se bajó en la boca del lobo. En una zona roja, territorio del chavismo. ¿Por qué escogió ese lugar? Su instinto le decía que ese sería el último sitio en donde lo buscarían.

Volvió a encender el celular, llamó a un contacto que conocía todo el movimiento en los tribunales y en el Gobierno y este le dijo: «Escóndete, que te andan buscando».

Apagó el celular y comenzó a cruzar la calle y de pronto se percató de su torpeza para atravesar la avenida entre los carros. Se le hacía difícil moverse entre los vehículos y las motos, tanto por los nervios como por el tiempo que había estado preso. Se sentía mareado.

Se escondió por allí y llamó a una amiga muy cercana, insospechada, y le pidió que lo pasara buscando en el estacionamiento del teatro Teresa Carreño, ubicado frente al hotel. Mientras esperaba lo volvió a llamar el contacto: «Se acaban de llevar presa a la jueza Afiuni y a los alguaciles».

Cedeño requería de un lugar seguro desde donde pudiera pensar con tranquilidad los pasos a seguir. Afortunadamente su hermano ya estaba avisado y se había ocultado a tiempo, le informó el contacto.

Poco tiempo después la amiga misteriosa lo recogió en el lugar acordado y lo escondió en su propia casa.

Desde allí le hizo seguimiento a todo el escándalo que se había armado con su liberación. Constantemente amigos y contactos le informaban sobre los allanamientos en su casa, a la casa de su mamá y la de su hermano.

«Te están vigilando por aquí y por allá», le comentaban sus informantes.

Su esposa casualmente estaba de viaje y ese viernes debía regresar de Miami, pero al enterarse de lo ocurrido canceló el vuelo y se fue para República Dominicana. Y su hijo que iba saliendo de Estados Unidos, se fue también para República Dominicana a casa de unos amigos.

Esa noche se quedó en casa de su amiga. En su primer día como fugitivo se levantó muy temprano, desayunó y trató de reunir toda la información posible a fin de planear con exactitud cuál sería su siguiente paso. Por la noche pudo ver la retransmisión de la alocución de Chávez en televisión.

Observa que Chávez lee el nombre de la jueza, pero cuando se refiere a él, su nombre lo dice de memoria.

Cedeño dice estar acostumbrado a leer el lenguaje corporal y por eso siempre está atento a cualquier detalle. Observa que Chávez dice entonces: «Aquí tenemos una juez, voy a decir su nombre», y lo lee: «María Lourdes Afiuni… que soltó a un bandido, Eligio Cedeño».

En ese momento el banquero se preguntó ¿qué es esto? El gesto, la agresividad con que lo dijo. Supo entonces que no había regreso posible y de inmediato comenzó a pensar cómo salir de Venezuela.

En esos días cambió el lugar de escondite varias veces. Estudió varias rutas de escape. En una de ellas pensó en salir por Brasil. Y después decidió que la mejor opción era salir por agua.

Para ejecutar el escape Cedeño ya tenía el pasaporte y dinero en la mano. Para obtenerlos tuvo que hacer varias peripecias. En una panadería en la que había acordado una hora con exactitud, uno de sus contactos de confianza le colocó el pasaporte y 50 mil dólares en efectivo, en un basurero del local comercial.

Otro mensajero llegó casi simultáneamente al comercio seleccionado y luego dé asegurarse de que no estaba vigilado se acercó al basurero, identificó la bolsa que contenía los documentos y el dinero y se los llevó.

Sin el pasaporte Cedeño no hubiese podido salir hacia otro país. Ya le habían montado un alerta azul sin tener un auto de detención (porque a Cedeño le revocaron el auto de detención cuando se presentó en la audiencia). Pero pusieron el alerta, tal como lo anunciara el presidente Chávez.

Finalmente Cedeño decidió que la mejor forma de salir era por la vía marítima, porque a pesar de que era una ruta peligrosa, las extensas costas hacen más difícil a las autoridades controlar las embarcaciones que salen al mar abierto. De allí que su primer destino fue Curazao y allí por un milagro logró salir hacia EE. UU..

En Curazao, tal como lo había previsto, el funcionario de la aduana no le chequeó el pasaporte. El único país que no tiene aduana de salida es EE. UU., asegura Cedeño. Pero la mayoría de los países tienen una aduana de salida. Si alguien entra por agua nadie chequea, pero a la salida hay que pasar por la aduana. En esa aduana de salida si el funcionario lo hubiese visto en la pantalla de Interpol lo habrían detenido.

«Yo fleté un avión para que me llevara a Miami y cuando llegué de inmediato dije: “Vengo a pedir asilo”».

Cedeño llegó a Miami el sábado 19 de diciembre a un aeropuerto ejecutivo. De allí lo trasladaron al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, uno de los cinco aeropuertos de la ciudad. Eran como las cinco de la tarde. Pasó la noche en el aeropuerto y al día siguiente lo trasladaron al Centro de Detención. Allí estuvo tres días.

«Es la primera vez que me ponen esposas como inmigrante y con un uniforme. Pero había respeto y buen trato».

Mientras Hugo Chávez decía por cadena nacional que ya había mandado a buscar al banquero prófugo, Cedeño comparecía ante las autoridades de Estados Unidos. Armado con toda una documentación que le habían hecho llegar los abogados, tenía que pasar una prueba y demostrar lo que decía. Cuando por fin se pudo comunicar con su esposa y su familia les mandó a decir que nadie se fuera a Venezuela, que no se movieran.

«Allá dejé todo. Mi vivienda está cuidada por una señora de servicio que tiene 10 años conmigo. El avión sí me lo quitaron y se está perdiendo».

Ya hace un año Eligio Cedeño consiguió el asilo político en Estados Unidos y con él se llevó a toda su familia. Cuando llegó a EE. UU. en Venezuela se producía la crisis bancaria. Aunque había logrado salvar el dinero por la venta de sus dos bancos antes de la intervención que hizo el Gobierno, Cedeño ya tenía en mente iniciar nuevos negocios fuera de Venezuela.

«Aquí se conseguían bancos muy baratos —recuerda Cedeño—, pero una persona que está solicitando asilo, señalado por un acto de corrupción en un banco en su país, aquí no me iban a dejar operar en el área financiera. Yo sé que eso es así. Entonces no busqué ese camino. Venía con un proyecto de televisión que había ideado desde la cárcel. Desde que salí pensé en un canal de televisión para darle empleo a todos estos artistas y comunicadores que nadie quiere y quedaron en la calle. Así que hicimos un canal por Internet y luego fuimos evolucionando y así vamos. Y por eso estoy aquí, porque para poner un canal de televisión no necesitaba tantos requisitos. Me dieron el asilo el año pasado y yo no tengo una caja infinita de dinero. Hice unas inversiones aquí. Yo tengo mucho menos de lo que la gente piensa. Bien ganado y todo está aquí reportado.

»Mis peores trece días fueron desde que salí de la Disip hasta que llegué a mi casa en Miami. Estuve diez días en Venezuela».

Esta última conversación con Eligio Cedeño, transcurre en las instalaciones de SoiTV. El proyecto que ideara desde la cárcel se ha hecho realidad. Al llegar a la emisora salen a mi encuentro muchas caras conocidas, algunas de ellas de la cerrada Radio Caracas Televisión. De manera muy afectuosa me saludan entre sorprendidos por la visita y la curiosidad por saber qué hace este periodista hurgando por allí.

Luisiana Ríos, quien ahora dirige toda la parte informativa me abraza con afecto, y recordamos el trabajo que compartimos en RCTV. Me comenta que, en medio de la agitación del trabajo, espera la llegada de su pequeña hija quien iniciará el colegio y una nueva vida en ese país. Julian Isaac, quien maneja toda la operación del canal, inmediatamente sale a recibirme y le recuerda a Cedeño que él fue uno de los que promovió el programa «Expediente» que me tocó conducir y que se transmitió por RCTV durante varios años hasta que se produjo el cierre del canal por órdenes del Gobierno. En fin, muchos venezolanos que se quedaron sin empleo ahora pululan por los pasillos de esta emisora montada por un compatriota «prófugo», mientras alrededor se mueven agitadas muchas personas jóvenes que ahora trabajan en el nuevo canal. Varios monitores revelan la cobertura que hacen los reporteros del presidente Barack Obama quien ha ido a Florida para un evento de la precampaña. Allí los medios le escrutan hasta el último gasto a modo de verificar que ni un dólar del Estado haya sido utilizado para su campaña en particular, ese es el tema central de la cobertura.

Cuando en otro monitor, otro editor, está revisando una actividad del presidente venezolano, me percato que evidentemente estoy de visita en otro país en el que los actores, por más poderosos que parezcan, deben someterse a las reglas del juego democrático y a la vigilancia de los medios informativos.

«Cada vez tengo menos vínculo con Venezuela», confiesa Cedeño antes de despedirse, como quien acaba de quemar las naves que lo conectaban con una vida que no volverá.

III

A pesar del miedo, el olor nauseabundo, a desechos y lo sórdido del pequeño espacio, la primera noche en el penal del INOF, María Lourdes pudo dormir. No había podido comer nada, apenas un sorbo de agua. A las once de la noche le llegó el colchón y por primera vez desde que fue detenida logró entregarse a un sueño profundo y apartar por breve tiempo la incertidumbre que la invadía. Estando en el SEBIN pasaba las noches en vela ante el temor de ser interrogada con violencia. Al menos allí por primera vez se entregó al descanso completamente sin reparar en el ambiente que la rodeaba.

A eso de cinco y treinta de la mañana sintió que golpeaban las puertas de las celdas. Era la forma en que la Guardia Nacional despertaba a las reclusas. A esa hora los funcionarios entraban al penal para contar a las reclusas. A las seis de la mañana deben estar listas. Las colocan en el pasillo y allí son contadas una por una, en una rutina que llaman «pasar número». Como María Lourdes estaba encerrada desde afuera no pudo salir y ese primer día no la contaron.

Al levantarse para observar qué era lo que ocurría en el pasillo se dio cuenta de que todo el piso estaba inundado. Eran aguas negras que emanaban desde el bañito de su celda.

Cuando le abrieron la celda, el agua acumulada se desbordó hacia los pasillos. Era un día jueves y ya había transcurrido una semana desde su detención. Con la luz del día que tímidamente se filtraba por unas ventanillas pudo observar con más detalle el espacio que habitaría por un largo tiempo: las paredes estaban teñidas con manchas que no podían ser de otra cosa que sangre, en otras áreas otras más oscuras que más bien parecían restos de excrementos. El aspecto de las paredes era mohoso y de ellas se filtraba también una humedad viscosa, al parecer eran pequeños brotes de aguas negras acumuladas durante años. Pero lo peor era el chirrido de alimañas que se movían entre las aguas, ratas y quién sabe qué otras especies que han encontrado en esos laberínticos espacios un hábitat perfecto.

Ante la magnitud de las aguas negras que salían del pequeño baño, la tuvieron que sacar de la celda y traer a varias internas para limpiar y secar el derrame. Al culminar la faena la volvieron a encerrar, pero la humedad y la pestilencia no habían cesado. Pasó así todo el día sin comer y sin poder bañarse ni cambiarse de ropa ya que el baño no servía, lo único que hacía era permanecer allí sentada con la cabeza entre las piernas para tratar de no mirar a su entorno. Llegó el viernes y la interna de al lado le tocó nuevamente y le preguntó:

—¿Tú no has comido?

—No, yo no como desde el miércoles.

—Déjame ver cómo te puedo pasar algo por la rendija.

La reclusa vecina había hecho panquecas y le pasó una por la rendija envuelta en plástico.

—Cuando pasen número te paso una botella de agua —la alertó. Y así hizo.

El viernes fue cuando pudo tomar agua. Ese mismo viernes llegó el abogado Juan Garantón a visitarla. Garantón también forma parte del equipo de defensa junto a Graterol y Thelma Fernández.

«Me acuerdo que llegó con solo una botella de refresco y una botella de cloro», destaca Afiuni.

Ese día la celda se había vuelto a anegar. Así que por el incidente las custodias se olvidaron de Garantón, por lo que pudo quedarse todo el día con María Lourdes, hasta las seis de la tarde. Esa mañana, en compañía de Juan se comió la panqueca y en el resto del día compartió el refresco con su amigo y abogado. De manera que en esos primeros días sobrevivía gracias a la vecina que le suministraba las panquecas.

El sábado en la mañana la reclusa vecina le volvió a pasar otra panqueca porque era lo único que cabía por la rendijita. También le prestó nuevamente el celular con el que le pudo avisar a su mamá que el domingo era día de visita y que le llevara comida, artículos de baño y otras cosas que necesitaba con urgencia.

El INOF tiene un comedor, pero al parecer las autoridades del penal se habían olvidado de la importante reclusa. No fue sino hasta el sábado que finalmente llegaron los plomeros para destapar el baño y le permitieron bañarse en la ducha.

«Mi papá el domingo fue cuando pudo ir a visitarme y cuando vio ese desastre trajo luego unos plomeros que terminaron de reparar el baño, arreglaron la poceta, destaparon la tubería, acomodaron la ducha y el lavamanos. Otro día me permitieron que me trajeran una mesa con una silla y me dejaron comprar botellones de agua. Gracias a la muchacha de al lado pude sobrevivir los primeros días».

La reclusa que asistió a María Lourdes esos primeros días resultó ser la esposa de Hermágoras González, uno de los jefes del cartel de la Guajira, quien fuera capturado en Zulia a principios de 2008 y recluido en la Disip. Al momento de su captura, González llevaba consigo documentos oficiales para porte de armas y carné que lo acreditaban como comisario general de la Disip y agente de inteligencia de la Guardia Nacional de Venezuela, firmados por el entonces director de la Disip, coronel Miguel Rodríguez Torres. Se decía que este hombre tenía fuertes vínculos con altas figuras del Gobierno de Chávez y jefes militares. Esa reclusa fue de gran ayuda para María Lourdes. Pero su protección no duraría mucho ya que desde la dirección del penal presionaron a la «protectora» de Afiuni y más tarde se convertiría en una peligrosa enemiga de la jueza —porque así son las cosas en los penales, deduce Afiuni—. Por eso, al reflexionar sobre aquello y a pesar de la actitud posterior de la reclusa, Afiuni no le guarda rencor, más bien entiende su posición y dice que siempre le estará agradecida por haberle tendido una mano en aquellos momentos tan difíciles.

Una chica despreocupada

Su formación como profesional en el Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas de Policía (CICPC) la hicieron madurar y ver la otra cara de la vida: la rudeza, la corrupción que se gesta en el organismo desde que los funcionarios entran como pasantes y las injusticias que se cometen desde los mismos cuerpos policiales. Esa es una realidad. Es la escuela de muchos de los que ingresan al sistema de justicia. Pero en esas cosas no se puede generalizar. Al mismo tiempo existe el otro rostro de ese inframundo en el que se practica la solidaridad, el del policía profesional que se sobrepone a un ambiente adverso y de alguna manera impone una cuota de justicia.

Confiesa María Lourdes que proviene de una generación que estaba despreocupada del acontecer político y de lo que ocurría en el país. Desde que ingresó a la Universidad Católica Andrés Bello en 1981, sus pensamientos estaban muy lejos de la política o de los problemas sociales.

«Yo podría decir que éramos una generación muy acomodada, porque si bien es cierto que existía mucha pobreza, era una época en la que estábamos pendientes de otras cosas, independientemente del nivel socioeconómico de donde una viniese, teníamos unos valores invertidos. Se estaba pendiente de cuánto tienes, de los viajes, de graduarse. A mí no me decían “tú te vas a graduar para que te superes, para que crezcas espiritualmente y profesionalmente”, sino que “te tienes que graduar por si acaso tu marido te sale malo”. Eso fue lo que yo entendí. Yo lo que percibí es que mis estudios eran importantes, independientemente de mi futuro como mujer, como madre de familia. Lo que entendía es que ese es tu respaldo por si mañana el marido te sale malo no te vayas a quedar pelando. Entonces la mayoría de las personas que estudiaron conmigo, casi ninguna de mis compañeras ejerce. De mi generación los que ejercemos la carrera somos contados con los dedos de las manos. La mayoría de mis amigas se graduaron, se casaron y se dedicaron a la familia, otros se fueron del país, la verdad es que fue una generación muy superficial. No sé si es por el hecho de que estudiamos en una universidad privada o eran los tiempos que corrían, pero a nosotros nos importaba un pito lo que pasaba en el país».

Al pasar el tercer año de la carrera, María Lourdes comenzó a trabajar. Eso le permitió ver la vida desde una perspectiva más realista. Trabajó en el Servicio de Justicia Militar, pero esa experiencia no fue de su agrado ya que observó que el trato con los civiles era muy duro. «Había un cierto desprecio hacia los civiles». Luego ingresó en la Fiscalía, en donde pudo entrar en contacto con diversidad de personas y situaciones. A partir de allí comenzó a ver la otra cara de la vida.

Después de graduarse se puso a ejercer la materia penal con una compañera. Alquilaron una oficina y comenzaron a trabajar en derecho penal, en cuya actividad señala «no nos podíamos quejar, nos fue muy bien». Pero de alguna manera no se sentía a gusto defendiendo y poniendo en la calle a delincuentes. «A la larga yo sentía que ese no era el trabajo que a mí me gustaba».

En esa etapa de su vida conoció a quien sería el papá de su hija. El padre de Geraldine había sido un conocido abogado. Trabajaron juntos. Se involucraron sentimentalmente, aunque entre ellos había una gran diferencia de edad, 17 años. Para aquel momento, el que sería el padre de su hija estaba divorciado y ya era abuelo. María Lourdes salió embarazada cuando tenía 28 años de edad.

«Él no quería más hijos. Tenía sus hijos grandes, no quería volver a empezar».

María Lourdes en ese momento tan complejo ni siquiera pensó en la posibilidad de un aborto. Seguiría adelante. Su decisión fue respetada por su pareja, pero le advirtió que no contara con él y terminó la relación.

«En mi casa se armó el zaperoco, me fui de la casa y más tarde regresé. Estuve sin trabajar hasta que mi hija cumplió los dos años en que la metí en una guardería», resume así uno de los tiempos más difíciles de su vida, pero quizás de los más importantes.

Económicamente no eran los mejores tiempos. Su papá tenía una casa en Prados del Este, pero había dejado de trabajar y mermaron sus ingresos. En tal situación María Lourdes dio a luz a su hija y se quedó viviendo con sus padres. Así que decidieron vender la casa porque no podían mantenerla. Al venderla compraron el apartamento que hoy comparten en La Tahona, y su padre lo puso a nombre de María Lourdes, ya que sus otros hermanos ya tenían una propiedad. Para María Lourdes esa casa es de sus padres.

«Yo siempre le expliqué a Geraldine quién era su papá, y le decía que el día que quisiera hablar con él, lo llamara».

María Lourdes reconoce que ese era el tema que más le costaba manejar con su hija y por eso siempre se puso en manos de una psicóloga. Es a través de la terapeuta que ella comprendió que en eso, su hija estaba más clara que ella.

Cuando María Lourdes fue detenida, Geraldine tenía 17 años y estaba estudiando derecho en la UCAB. Se podría decir que heredó la pasión por el estudio de las leyes de parte sus dos progenitores. Así que María Lourdes Afiuni la crio sola y allí está Geraldine, con una madre soltera. Ahora ese ser humano es la presencia más importante en su vida, su orgullo, su amiga y su confidente.

«Mis padres han sido mi apoyo. Somos un equipo», concluye Afiuni su reflexión dejando escapar algo como una tranquilidad interior, como un agradecimiento por poseer a los padres que han estado allí con ella cuando fueron los mejores tiempos, y ahora cuando cruza en solitario una tormenta personal.

Aprender a vivir en prisión

«Yo nunca había tendido ni mi cama y en mi vida había pasado una coleta y menos lavar una poceta», recuerda Afiuni al contrastar el modo de vida que le tocó asumir y más aun por el paupérrimo estado en que se encontraba la pequeña celda en la que había sido recluida. Así comenzó su aprendizaje de su nueva vida como reclusa. Cuando comenzaron a permitir que otras reclusas entraran a su celda se reían porque no sabía ni tender la cama.

«Aprender a limpiar, a reparar cosas, aprender a depender de mí. Yo estaba acostumbrada a no estar pendiente de nada de eso. También aprendí a pasar mucho tiempo en soledad. Yo no sé si fue por el estrés que me dio. Pero esos primeros días yo lo que hacía era dormir y dormir. Era una manera de buscar que el tiempo pasara, de escaparme a otro lugar. No era fácil hacerse a la idea de que ese iba a ser mi mundo durante un tiempo indefinido. Si bien Juan Garantón pensaba que iba a ser poco, yo estaba consciente de que no iba a ser tan fácil. Que mi mundo se iba a limitar a un espacio de dos por tres metros. Y el asunto era tratar de evitar que eso se convirtiera en una locura para mí. Comencé a pedir libros. Busqué la manera de meter una computadora. Tuve que aprender también a ocupar mi mente en tantas horas de soledad».

Debido al motín que se produjo en los días en que Afiuni fue internada en el INOF, habían destituido momentáneamente a la directora. Por lo que al ingresar, tuvo que entenderse con otra funcionaria que fue puesta allí provisionalmente.

«Esa directora que estuvo durante unos 15 días fue muy consciente conmigo», reconoce Afiuni.

Ella le explicaba que no podía dejar la puerta de su celda sin candado porque la podrían matar. Pero lo que necesitase para su distracción y su salud mental dentro de esas cuatro paredes ella se lo iba a permitir, aunque el penal tenía normas que impedían ingresar ciertas cosas.

«Te voy a permitir que ingreses todo lo que necesitas para tus necesidades porque sé que te vendrán días duros», le alertó la directora.

Uno de los primeros privilegios que logró fue meter un celular. Cuando a nadie le permitían tener neveras, Afiuni logró que le dejaran tener dos. Una de ellas se la dio a las reclusas vecinas. No permitían el ingreso de DVD y logró meter un pequeño televisor con un DVD, una cocinita y un microondas.

«El único en el penal era el mío. Después yo le calentaba los teteros a todos los chamos del penal».

Pero, lamentablemente para Afiuni, a los 15 días esa directora se fue y regresó la anterior que habían destituido por el motín. La antigua directora regresó a imponer nuevamente sus leyes particulares ejercidas a través del terror.

En las nuevas circunstancias Afiuni se hacía la idea de que no solo pasaría un largo tiempo en prisión, sino que ese tiempo sería muy difícil de sobrellevar. Dos aspectos fueron prioritarios frente a la nueva realidad: uno era sobrevivir y la otra mantener la mente lúcida, en lo posible para abocarse a la defensa penal de su propio proceso.

Así que en esos primeros 15 días se concentró en organizar su tiempo y su nueva vida, estableciendo una rutina. Tenía un horario para leer, otro para rezar y hasta para el ocio.

La comenzó a visitar mucha gente, entre familiares, amigos y gente que se solidarizaba con su situación. «La gente hacía cola para visitarme».

La anterior directora le había permitido incluso que Geraldine la visitara en días que no correspondían. Permitió que el papá de su hija la llevara y pasara un buen rato con su mamá, a pesar de que las visitas debían hacerse dentro de la pequeña celda y nadie podía salir de allí durante la visita.

Geraldine iba al penal todas las veces que podía. De alguna manera la situación de su mamá le cambió la vida y tuvo que apartar o dejar de lado sus prioridades para atender a su mamá. En adelante la vida de la familia Afiuni se concentraría en este imprevisto drama que no tendría tiempo definido. Ya no había planes personales para otra actividad que no fuera estar a su lado.

Geraldine estaba impresionada con todo lo que sucedía, pero al mismo tiempo molesta con su madre, y le atribuía la culpa de todo lo ocurrido a Eligio Cedeño.

«Ese coño de su madre se fue pa’l carajo y tú le diste libertad y no dio la cara. Y tú debiste haber sido más egoísta y no estar pensando en los demás y pensar en la familia, las consecuencias que eso podía traer».

Estaba molesta, muy molesta. Porque sentía que su mamá había ejecutado un acto que debió haber pensado más, haberlo consultado. Que debió haber pensado en su familia, en su carrera como juez. Con el tiempo, Geraldine entendería la postura de su madre y respaldaría públicamente su acción.

Cuando ocurrió la detención Geraldine no conocía a su padre. Lo conoció estando ya presa su mamá. De modo que a Geraldine la prisión de su madre, si bien le generó un abrupto cambio en su vida, no fue siempre para mal. El drama personal también le devolvió a su padre.

El 2 de junio de 2010, a seis meses de su detención, Geraldine grabó un video en defensa de su mamá:

Como muchos de ustedes saben, la falta de justicia en Venezuela es una problemática que afecta a toda la población venezolana, no obstante quisiera aclarar que esto no es responsabilidad solo del actual gobierno, es algo que venimos experimentando desde hace muchos años. El problema es que con este gobierno se ha recrudecido ya que este gobierno utiliza la justicia, o mejor dicho, la falta de justicia, para enviar a la cárcel a las personas que le parecen inconvenientes. Es bueno resaltar que las prisiones venezolanas son campos de concentración. Son instituciones que no solo agreden física y psicológicamente a las personas que son enviadas a estos recintos. En estos institutos las vidas de las personas corren peligro cada segundo como es el ejemplo de mi madre. El 17 de diciembre de 2009 mi madre fue trasladada al Instituto de Orientación Femenina INOF y desde ese momento su vida no ha dejado de correr peligro. A mi madre diariamente la amenazan, la agreden verbalmente, le aseguran que su sangre correrá por los pisos del recinto. La han intentado herir con chuzos[10], que son armas construidas por las reclusas, y hasta le han arrojado gasolina amenazándola con quemarla viva. Todo esto se debe a que a mi mamá la ubicaron en una prisión penal donde habita con reclusas que ella ha condenado, o ha condenado a esposos o familiares. Esto genera un odio muy grande hacia ella, no solo es atormentada física y moralmente sino que la directora del plantel para garantizar su vida no deja que mi madre salga de su habitación bajo ninguna circunstancia. Mi madre ha permanecido en una habitación de dos por tres metros desde el 17 de diciembre de 2009. Antes de entrar en detalle quisiera explicar un poco mi relación con mi madre. En Latinoamérica se dan muchos los casos de madres solteras. Mi mamá se dedicó a mí en tiempo completo. De esta situación nació una relación muy hermosa pero muy atípica. Ya que ella y yo compartimos todo. Somos las mejores amigas. Yo la respeto y admiro muchísimo y ella representa todo en lo que me quiero convertir: es mi héroe y es mi ídolo. Un ejemplo de esta maravillosa relación es que en el momento en que ella recibe el caso de Eligio Cedeño lo primero que hizo fue llamarme y pedirme mi opinión. Mi reacción fue inmediata. Le dije que se deshiciera de ese caso, que se inhibiera. Ella se molestó y me dijo que si me había olvidado de todos los valores que me había inculcado. Que al igual que cualquier ciudadano, él se merecía que se le realizara su juicio y que ella no era una jueza cobarde, ya que ese y otros aspectos la llevaron a convertirse en una juez titular. Para convertirse en juez titular mi madre tuvo que trabajar muy duro. Y luego de cursos y exámenes finalmente consiguió su titularidad. Cabe recalcar que de 190 jueces venezolanos menos de 10 son titulares, es por eso que mi madre está experimentando esta pesadilla, ella sigue siendo juez titular, suspendida pero titular.

Luego de un mes de estudiar el caso, el 10 de diciembre de 2009 mi madre tomó la decisión de darle una medida cautelar a Eligio Cedeño. Una cautelar es una libertad bajo condición. Ella tomó esa decisión basada en un dictamen del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Ella que es una mujer inteligente sabía que eso le iba a traer consecuencias, pero se sentía segura porque hizo lo correcto y había un dictamen de la ONU. Sin embargo las consecuencias fueron terribles. Ese mismo día el Presidente de la República en una cadena nacional se refirió a mi madre como bandida y dijo que tenían que encerrarla 30 años en prisión. En pocas palabras la sentenció.

Recientemente se celebró una audiencia preliminar, es decir, un juicio donde los fiscales afirmaron que no hubo pago, ni promesa de pago. Lo que indica que ella es inocente del delito de corrupción. Corrupción sin dinero es como homicidio sin muerte, sin embargo la juez decidió aceptar el delito de corrupción. Cuando esto ocurrió, hace seis meses yo era menor de edad y no podía decir nada al respecto. Ahora que soy mayor de edad voy a luchar por mi madre hasta conseguir su libertad. No solo lo hago por mi madre sino por mi país y porque nadie tenga que vivir esta pesadilla que estoy viviendo. Mi madre es una mujer honesta, correcta y transparente, no es corrupta, y sobre todas las cosas es inocente. Inocente como bien dijeron los fiscales. Es una juez que actuó como su profesión exige, ajustada a derecho. Por eso la juzgaron. Ahora lo que queda es luchar por su libertad, cuento con ustedes, pero sepan que ustedes cuentan conmigo. Muchas gracias por esta oportunidad única.

Suspendida y sin sueldo

Como cualquier juez Afiuni vivía al día. «Si no me pagaban una quincena me cortaban la luz», comenta a modo de imagen al relatar cómo hasta su sueldo desapareció desde el momento en que fue detenida.

Cuando una persona es hecha prisionera abruptamente surgen cientos de problemas. La familia entera vive esa prisión y dificultades de toda suerte hacen fila a las puertas de la casa. Los problemas económicos se multiplican ante la emergencia.

Al momento de ser detenida, el 10 de diciembre ya le habían depositado parte de las utilidades de fin de año. Recuerda que cuando la detienen, el inspector de tribunales al levantar el acta dijo que la jueza no había cometido ninguna irregularidad y por lo tanto no había abierto ninguna averiguación administrativa contra ella, de allí que administrativamente seguía siendo jueza titular.

Como estaban escasos de recursos, su papá, Nelson Afiuni, le llevó la chequera al INOF ese mismo domingo, el primer día de visita, y Afiuni firmó todos los cheques.

Pero ocurrió que si bien habían depositado el resto de las utilidades, inmediatamente emitieron una nota de débito y le confiscaron esos fondos. Sobre eso nadie en los tribunales le pudo informar qué había ocurrido y cuál era su situación legal. Al tribunal de control del que ella era titular le metieron candado hasta enero y no encargaron a nadie.

Más tarde, por una nota de prensa aparecida en la página del Tribunal Supremo de Justicia se enteró que había sido suspendida. De manera que allí estaba pues Afiuni, presa, sin sueldo, además de expuesta al escarnio público desde los medios oficiales.

Uno de sus abogados fue varias veces a la Magistratura (DEM) y encontró que la jueza no tenía ninguna averiguación administrativa abierta por el supuesto hecho de corrupción. El mismo Presidente del Tribunal Disciplinario lo había ratificado.

El procedimiento correcto que se hace en esos casos es que se abre una averiguación administrativa al juez investigado, luego una averiguación penal, y si hay elementos que lo justifiquen se procede a una acusación, pero no puede ser detenida la persona previamente. De modo que en su situación administrativa y legal Afiuni seguía siendo juez titular.

Meses después, en mayo, un amigo le avisó que tenía un cartel en el diario Últimas Noticias donde le notificaban que se le seguía un procedimiento administrativo y que sería destituida. Efectivamente, la Magistratura mandó a publicar un cartel donde informaban que Afiuni tenía un procedimiento disciplinario y lo hacían por la vía de carteles, porque supuestamente no sabían en dónde se encontraba la jueza. Aunque el episodio suene descabellado para la gente que habita en países civilizados, este tipo de situaciones absurdas se hicieron comunes en la República Bolivariana. Alegaban que sería destituida en ausencia ya que no podían localizarla. Sin embargo todo el país sabía que Afiuni estaba presa en el INOF.

Pero el teatro del absurdo no termina allí. En innumerables ocasiones sus abogados fueron a la Magistratura y nunca encontraron algún procedimiento disciplinario abierto en su contra. Todo lo contrario, por un buen tiempo en la DEM apareció que a María Lourdes Afiuni le depositan su quincena puntualmente. Y no solo eso, le depositaban religiosamente su cesta ticket (bono alimenticio). Pero no solo ella padeció de situaciones incomprensibles para mentes racionales. A los dos alguaciles que fueron detenidos junto a ella y que luego fueron liberados por ser inocentes, durante más de un año estuvieron sin cobrar aunque contra ellos no existía ninguna medida. Finalmente tuvieron que renunciar.

Lo último que se supo sobre la situación legal de Afiuni provino de un programa de Televen con el periodista Carlos Croes, cuando le preguntó a un funcionario de la DEM por el caso de Afiuni y el entrevistado aseguró que la doctora Afiuni no tenía ningún caso abierto. Posteriormente decidieron colocar a una suplente en su tribunal bajo una figura legal que se utiliza cuando el titular está enfermo o está de permiso.

Afiuni acude a su amigo

A los cuatro meses de estar en la cárcel, la jueza llamó al abogado José Amalio Graterol para que fuera a visitarla. Había muchos problemas para entrar a su celda porque había que anotarse en una larga lista. Graterol había sido defensor público, pero ante los acontecimientos ocurridos con su amiga, María Lourdes, decidió renunciar y abrir un escritorio jurídico junto a otra defensora, Thelma Fernández, quien también abandonó su puesto en el Palacio de Justicia. Como antes era defensor público Graterol podía entrar a los penales sin problemas, pero ahora debía hacerlo como ciudadano común y padecer de todas las trabas que allí se imponen.

«Tardé más de media hora para poder entrar a la celda de ella. Yo no sabía exactamente por qué me había llamado», comenta.

Cuando llegó al penal, como cualquier ciudadano común porque ya no tenía ningún cargo público, se dio cuenta de lo complicado que era para un ciudadano común ingresar al penal como visitante. Pero luego de padecer la larga cola, y de sortear los distintos puntos de control finalmente entró y llegó hasta la puerta de la celda de Afiuni. Mientras le abrían, ella le gritó desde adentro con su acostumbrada forma de ser.

«Mira mojón, ¿y que renunciaste?». Una expresión reservada para sus amigos más cercanos.

«Bueno sí, tú sabes que ya estábamos en eso. Me asocié con Thelma».

Enseguida María Lourdes agarró una hoja y le dijo: «¡Revoca los abogados que están allí! Tú eres mi abogado».

Así que de una sola vez sacó de su defensa a los dos abogados que eran defensores públicos y designó a Graterol como abogado de la defensa.

«Lo primero que pensé es en qué lío me había metido».

Para Graterol aquel gesto constituía no solo acudir en ayuda de una amiga, sino que también era el comienzo de su carrera como abogado privado. Su amiga y excompañera de trabajo era una de sus primeras clientes, una cliente por lo demás que estaba en el ojo de un huracán político.

«Cuando la vi por primera vez la encontré muy deprimida, muy encerrada en sí misma», relata el abogado. «Me contó de las amenazas que recibía constantemente. Una luz constante que le pusieron a través de una ventana que hacía que la celda estuviera iluminada permanentemente como si fuera de día. Las inundaciones que solían tener en el cuartico de prisión. El encierro era tan dramático que cuando ella te veía era como algo sobrenatural que estaba llegando de afuera, de un mundo perdido. Y por eso un abrazo, cualquier contacto con otro ser humano era algo extraordinario. A ella no se le podía ver en otro lado, en el pasillo, en el patio. Solo permitían estar en su celda. Me habló del horror que estaba viviendo. Mujeres que le decían “¡te vamos a sacar los ojos! ¡Por culpa tuya estamos aquí!”. Me contó de ataques cuerpo a cuerpo. El día en que entraron unas internas a su habitación. El miedo que sentía cada vez que se estaba bañando y de pronto encontraba a una interna adentro, mirándola. Claro, se trataba de una jueza que había privado de libertad a muchas mujeres que estaban allí. Era una orden Presidencial».

«No la quiero en una oficina, no la quiero en su casa, la quiero presa en un internado judicial», había dicho el presidente Chávez.

«Ese fue el día que la vi en las peores condiciones. Su mirada, su expresión. Un día que nunca olvidaré».

La vida en el penal

Al transcurrir varias semanas en presidio es cuando el recluso asimila que por delante tiene una nueva vida. Otra realidad. O se sobrevive o se muere. María Lourdes entendía que su estadía allí sería larga y debía comprender cómo asimilar el modo de vida en esa cárcel de mujeres, las leyes que no están escritas y los códigos que están por encima de gobiernos, de directores y de constituciones. Un código aterrador que parece intocable.

En el INOF se «pasaba número», es decir se contaba a las presas entre las seis y treinta y las siete de la mañana. Ese es el momento en que los funcionarios de la Guardia Nacional entran al penal, pues su rol de vigilancia se hace desde afuera de las instalaciones y solo entran para esa tarea o en casos de motines.

A esa hora las reclusas deben estar listas y salir de sus celdas hacia el pasillo, y si no lo hacen «te tumban la puerta y te levantan de la cama», acota Afiuni. La Guardia Nacional suele ser muy agresiva y violenta con las reclusas.

María Lourdes tenía el hábito de levantarse a las cinco de la madrugada en su casa de La Tahona para llegar a tiempo a su despacho en el Palacio de Justicia. Ahora lo debía hacer para cumplir con la rutina del penal. Por su seguridad y por hábito mantuvo su baño matutino a esa hora de la madrugada y se vestía antes de que pasaran revista.

«Yo los esperaba lista». Como su celda tenía un candado por fuera debía esperar a que los guardias le abrieran la puerta para salir al conteo. Estuvo con candado hasta el 31 de diciembre de ese primer año. Más tarde le permitieron tener la puerta abierta. Cuando dejaron de ponerle el candado dormía con la puerta abierta ya que en esa celda no había modo de colocarle candado por dentro. Las demás reclusas trancaban sus celdas por dentro. Por seguridad y por los ataques que recibió dentro de la celda, más tarde buscó un cerrajero para que le pusiera las orejas y poder trancar por dentro. Antes de eso colocaba algunos obstáculos tras la puerta como alerta por si alguien intentaba entrar violentamente.

«Más de una vez me despertaba con alguna interna montada encima de mí a cualquier hora en mi celda. ¿Cómo entraban? ¿Quiénes les abrían el candado colocado en la parte exterior?».

Una de las razones por las que comenzó a bañarse a las cinco de la madrugada y a veces a las cuatro, era para evitar agresiones mientras se bañaba, porque cada vez que, se metía en la ducha se metían a agredirla. Eso solía ocurrir después del número.

«¡Esto se acaba! Yo necesito por lo menos bañarme con tranquilidad, y me levantaba a las cuatro de la madrugada, me bañaba, me vestía y bueno que entre quien sea».

Las internas de esa zona compartían un pasillo que tenía candado y supuestamente allí permanecía una custodia día y noche. Sin embargo las que solían entrar a su celda para agredirla pertenecían a la población de otra zona, pero aun así tenían acceso a ese pasillo.

«Me imagino que era con complicidad de las custodias quienes les abrían el portón. Pero más de una vez —narra María Lourdes— estando en la ducha entraba alguna de esas internas a mi celda. En una ocasión un grupo de ellas se paró en el portón a gritarme, lanzaban por la ventana objetos. Me amenazaban con que me iban a quemar, que me iban a picar en cuadritos. Todo tipo de amenazas inimaginables.

»Al principio estaba aterrada. Juraba que en cualquier momento entrarían a matarme, que eso iba a ocurrir en cualquier momento. Más adelante pensé que el día que me quisieran matar lo iban a hacer en silencio, calladitas, sin tanta amenaza. Es decir las que gritaban afuera, al final no eran las más peligrosas, tal vez hacían esas amenazas por órdenes de alguien.

»Una vez entró una interna con un chuzo y yo logré sacarla a empujones protegiéndome con una toalla».

Afiuni tuvo sospechas de que intencionalmente una de las líderes del penal había sido recluida en la celda de al lado. Se trataba de Milagros Coromoto de Armas, la hija de Armando de Armas, que fue encarcelada por el homicidio de una muchacha de la Universidad Católica. Coromoto fue una de las que lideró el motín que se produjo en los días en que María Lourdes llegó al penal. «Ella lo preparó», sostiene Afiuni, y en ese motín la misma Coromoto resultó chuceada.

«Cuando yo llegué, si bien es cierto que a mí me tenían con candado, ella comenzó a meter papelitos con mensajes para mí por debajo de la puerta. Pero la otra reclusa que me pasaba el desayuno me había advertido que tuviera cuidado con ella porque “esa tipa es peligrosa”.

»Yo llegué al penal un 17 de diciembre y el 24 de diciembre se llevaron a Milagros Coromoto de Armas. Vinieron a medio día y se la llevaron. Se descubrió que estaba programando que alguien me “chuciara” para seguir armando escándalos en el penal, porque ella tenía problemas con las autoridades del penal. Esos días fueron muy confusos porque yo no manejaba bien cómo era el movimiento en el penal. Pero aparentemente Milagros Coromoto de Armas manejaba dinero, fumaba marihuana las 24 horas del día, todo el olor de la marihuana se metía en mi celda, y considero que no estaba bien de la cabeza. Entonces comenzó a generar conflictos en el penal. De hecho en el pasillo ya se había agarrado a golpes con casi todas y por eso la tenían sola en la primera celda. No sé qué tan cierto pueda ser que ella contrató a esa interna que intentó apuñalearme. Por supuesto el baño para ese momento no tenía ni puerta, no tenía cortinas, y yo estaba bañándome y sentí algo y era una interna con un chuzo. Yo pegué el megagrito y agarré una toalla y lo que hice fue ir empujando a la tipa para afuera, y llegaron unas custodias y se la llevaron. Yo estaba sorprendida, ¿quién abrió el candado que había en la puerta de mi celda? Yo digo que si su intención era lesionarme lo hubiese podido hacer. Yo creo que quería asustarme porque la oportunidad la tuvo, y creo que más bien lo que pretendían era darme un susto. Pero de todas maneras, tienes que ver a una de esas mujeres, el aspecto físico de esas internas. Se raspan completamente la cabeza. Esta era alta, morena. Tenía cicatrices en varias partes del cuerpo, en la cara. Musculosa y con aspecto de hombre. En el penal las llaman “machito”, se ponen bragas y no sé qué se hacen en las tetas pero se las espachurran, son planas. A veces cargan un zarcillito y deben tomar hormonas o algo porque tienen una voz muy varonil. Tan masculino es ese aspecto que puedes dudar si es un hombre.

»Ese tipo de mujeres, las “machito”, podían someterme fácilmente con sus músculos. Las manotas son impresionantes. La verdad es que esas mujeres son impresionantes. Y bueno se la llevaron y no pasó de allí.

»Después del 24 de diciembre se llevaron a Milagros Coromoto del penal. Se la llevaron a Guárico y dicen que allí manda más que un dinamo. Es una pran (líder del penal). Una vez me enseñaron una foto y ella tiene una celda grande, con televisión, juegos de recibo, y a ella la trasladaron una vez al tribunal y se hizo culo, tetas, barriga, cara, de todo, me imagino que pagando. Y se dice que ella comentaba que le hicieron el favor de su vida mandándola para Guárico. Yo conocí a la que iba manejando la moto que utilizaron en el asesinato de la muchacha de la UCAB, el caso en el que estuvo involucrada Milagros Coromoto. Detuvieron al que la mató y a la mujer que iba manejando la moto. Ella llegó a entrar a mi celda a pedirme asesoría sobre su caso y me echó el cuento con pelos y señales. Era otra “machito”».

Alicia y el olor del INOF

En paralelo al sórdido mundo de la prisión de mujeres existe otro que ocurre puertas afueras del penal. Es el que deben padecer amigos y familiares de las reclusas. Es como si el sistema de justicia también castigara a los familiares y seres cercanos de las reclusas. Personas de las que en última instancia depende la vida de quienes están en prisión. Sin ellas, una prisionera estaría definitivamente perdida.

Alicia de la Rosa, una periodista del diario El Universal, ni siquiera conocía a la jueza Afiuni cuando esta fue detenida, pero terminó siendo una de esas personas indispensables para la jueza en los años de presidio. Se acercó a ella primero que todo por la amistad que la unían a su hermano Nelson Afiuni, y también por la curiosidad periodística por conocer al ahora personaje, saber del caso y entrevistarla. Pero con el tiempo la amistad se impuso por encima del interés profesional y Alicia durante los quince meses que Afiuni permaneció en el INOF no dejó de visitarla al menos cada quince días al penal.

La primera vez que la visitó estuvo seis horas en la cola para entrar al penal. Ese tiempo de espera sería un promedio obligatorio en todas las demás visitas. La hora de entrada era hasta la una de la tarde, pero como la visita solo dura dos horas, todos los visitantes madrugan a manera de poder entrar a tiempo y contar con esas dos horas completas para ver a sus familiares presos. De manera que si no se está en un buen puesto en la cola, el visitante se queda afuera o apenas puede quedarse los minutos que le restan.

«Por eso yo me iba de madrugada para poder estar un poco más de tiempo con ella. Eso ya me lo había advertido Nelson Afiuni».

Los días de visita en el INOF son los miércoles y los domingos. Su primera visita fue el 16 de abril de 2010, fecha que recuerda con la exactitud que provee el hábito del reportero. María Lourdes ya tenía cuatro meses en el INOF.

El INOF está en una colina y para entrar hay que pasar cuatro alcabalas de revisión. En la primera se da el nombre, el número de cédula, la afiliación y el nombre de la persona a visitar.

«Cuando les dije que venía a ver a la doctora María Lourdes Afiuni, me miraron con cara de sospechosa, y me interrogaron más allá de lo usual: “¿quién eres tú? ¿Qué vienes a hacer aquí?”. Les dije que era su comadre, siempre me presenté como familia. Nunca como periodista».

En la segunda alcabala se entrega la cédula y al visitante, sea niño o anciano, le ponen una marca en el brazo.

«Ese primer día me estamparon el número 208».

Luego de allí se pasa a otra alcabala donde se hace una requisa de las cosas que se llevan para la prisionera. Revisan los bolsos, maletines y la comida.

«Ese día yo llevé pasticho. Entonces metieron el cuchillo en el pasticho para hurgar si adentro había drogas, armas o algo más».

Alicia observaba que la gente hacía la cola con tortas, con comida, con frutas y con toda clase de objetos para sus familiares. Los paquetes de harina para las arepas o azúcar se los abrían y los vacían para asegurarse de que no ocultaran drogas o algún tipo de arma.

«Todo depende del estado de ánimo de los custodios», acota.

Una vez superada esa alcabala, se deja allí lo que se ha llevado para la detenida y los visitantes pasan a hacer otra cola dentro del penal. Esa es la verdadera entrada al INOF. En ese lugar hay cuatro cuartos muy pequeños y de muy mal aspecto que son para la requisa del visitante. Allí meten a las mujeres. Unas diez custodias mujeres son las encargadas de realizar esa tarea. A las visitantes, no importa su edad, las desnudan. Solo le dejan el sostén que igualmente levantan y revisan para asegurarse de que no haya nada escondido. De allí para abajo mandan a quitar todo: el pantalón o vestido, las pantaletas y los zapatos. Una vez despojada de la ropa obligan a la desprevenida visitante a ponerse en posición de rana y a saltar varias veces. Se supone que si la persona lleva algo dentro de la vagina, debe salir con los saltos. Si la mujer visitante tiene el período no puede entrar.

Una vez sorteada esa alcabala, finalmente les entregan la ropa y buscan las pertenencias que llevarán a la reclusa a quien visitan. En ese punto se hace la última cola para entrar. En esa barrera final se vuelve a entregar la cédula y la dejan allí en una caja numerada para finalmente entrar al penal.

En esas horas de cola se pueden ver muchas cosas. En un ocasión la larga fila de visitantes observó cómo desde la colina sacaban un cuerpo envuelto en una sábana, lo montaban en una camioneta y salía por la puerta principal a toda velocidad. Luego Alicia se enteraría que había sido una reclusa que padecía de asma quien sufrió un paro respiratorio por la humedad y murió, ya que no hay condiciones en el penal para atender ese tipo de emergencias. Su nombre era Dennis Alfonzo, oriunda del estado Vargas, y estaba procesada por drogas. Los testimonios recogidos de algunas reclusas contaron cómo la infortunada víctima había estado agonizando desde la noche anterior. Desde algunas celdas las reclusas gritaban llamando a las custodias y pidiendo la asistencia de un médico pero la dejaron morir. Así que al día siguiente, a los ojos de carceleros y reclusas, observaron cuando se la llevaban «como un objeto desechable».

Una vez dentro se atraviesa una subida más o menos larga hacia los pabellones. Hay varios. La zona donde estaba Afiuni es la que está al centro y según dicen es «el pabellón de las ricachonas». Allí hay como cinco celdas. Al entrar hay un pasillo donde se sientan las reclusas para recibir a los familiares.

«Allí estaban algunas mujeres que fueron apresadas tras la intervención de los bancos», precisa Alicia. «Afiuni no tenía autorización para recibir la visita afuera. Esa primera vez apareció una custodia y le informé que iba a la celda de Afiuni. Ella con rabia comenzó a llamar: “Aquí viene una a visitar a Afiuni por primera vez”. Me veían como con suspicacia pero me dejaron entrar».

Pasó una reja, luego otra con candado, la custodia abrió y luego ingresó en donde están las pequeñas celdas. La primera celda entrando a ese pasillo era la de Afiuni.

«Ella no me conocía, solo por referencia de Nelson y algunas veces que hablamos por teléfono. Yo me impresioné mucho al verla porque es una mujer muy alta con una expresión muy fuerte. Inspira mucho respeto. Cuando una la ve por primera vez uno se imagina que debe ser una mujer muy fuerte de carácter y de mucha fortaleza. Esa fue la impresión que me dio en ese momento. Nos saludamos, nos abrazamos con mucho cariño porque hasta habíamos hablado por teléfono en varias oportunidades.

»Ese día fue más que todo conocernos. Allí estaba su papá, su mamá, su hija. Estaba toda la familia. Su mamá generalmente visitaba las otras celdas y repartía comida también a las otras reclusas. Al principio le cerraban la reja por fuera. A raíz de un conato de incendio decidieron no seguir encerrándola».

Alicia se dio cuenta de que ambos padres siempre estaban activos durante la visita. El señor Nelson reparando cosas en la celda, su mamá ofreciendo algo de tomar o de comer a los visitantes. Sin embargo notó que ambos llevaban una carga muy grande encima. Trataban siempre de darle ánimo a la jueza pero se les notaba la tristeza y el dolor que les producía verla allí en esas condiciones. En una oportunidad la señora Elina le confesó que ella no quería ver a su hija en ese estado porque no la había criado para eso. Que la había criado con mucho amor, con mucha honestidad, con principios en una familia que siempre fue honesta para que ahora la llamaran corrupta.

«Eso me lo dijo con lágrimas en los ojos».

Y ahora la tenían allí encerrada, enferma y sin poder hacer nada por ella. Por algo que ella no se explicaba el por qué. De alguna manera ellos sentían que esa causa era personal.

De allí pues nació una fuerte amistad entre ellas. Al principio Alicia fue con la idea de hacer un trabajo periodístico, pero en las conversaciones que tenían, la afinidad que se produjo entre las dos, hizo que la amistad estuviera por encima de cualquier otro interés. A los padres de María Lourdes les gustaba que Alicia la visitara porque se reían y conversaban sobre otros temas.

La mamá de María Lourdes le decía que ya no confiaba en nadie. Que a quienes consideraba sus amigos la habían traicionado. Eso conmovió a su interlocutora y se dijo a sí misma que había que mostrarle que no todos eran así, que había gente honesta. La gente de su entorno le dio la espalda. Nunca se imaginó que gente que había compartido con ella por tantos años ahora temían hasta hablar por teléfono y mucho menos visitarla por miedo a quedar registrados como visitantes.

«La dejaron sola».

Durante las visitas, reportera y reclusa hablaban del caso pero enseguida se ponían a hablar de otros, de la vida, de lo que suelen compartir las amigas.

«Ahora que la he conocido la admiro muchísimo —estima Alicia— por esa fortaleza para aguantar todo lo que a ella le sucedió. Yo creo que es muy difícil lograrlo. Yo me imaginaba encerrada en esas cuatro paredes. Sin poder hacer nada. Recibir todas las vejaciones, las ofensas como las que recibió en la cárcel. Las requisas como se las hacían. La maltrataban psicológica y físicamente. Para eso hay que tener mucho valor y mucha fortaleza que no cualquiera tiene».

Alicia destaca cómo la jueza asumió sus enfermedades y mantuvo firme su posición, cuando podía haberse doblegado a cambio de su libertad. «Es una persona de convicciones», reitera Alicia, y asegura que Afiuni nunca perdió la noción de lo que le ha ocurrido. Por eso está convencida de que Afiuni ha guardado hasta el último documento que registra todo lo que le ha ocurrido. Ella no se quedó con los brazos cruzados y ha documentado mucha información tanto de su caso como del entorno que la llevó a la prisión, dice la periodista.

Compartió muchas cosas con esa familia ya que en frecuentes ocasiones se ponían de acuerdo para ir juntos al penal, compartían muchas horas de cola para ingresar al INOF. En esa espera se sentaban en la calle a esperar que se iniciara el proceso de ingreso, razón por la que tuvieron mucho tiempo para conversar y conocerse.

Un domingo había mal tiempo, recuerda Alicia, y estaba allí frente al penal con la mamá y el papá de Afiuni a la espera para ingresar. La gente presionaba para que comenzaran a pasar a los familiares porque se avecinaba una fuerte lluvia.

«¡Va a llover! Aquí hay mujeres embarazadas, niños, bebés. ¡Comiencen de una vez!», gritaba la gente en la cola.

Como a las once de la mañana se desató un «palo de agua» que generó un caudaloso río que se desprendía del penal. La gente, por desesperación, comenzó a empujarse. Dada la situación de peligro que se presentaba Alicia le sugirió a los padres de Afiuni que se refugiaran en el carro, y que ella intentaría entrar.

«A empujones entramos».

En ese forcejeo quedamos en el pasillo en donde se hace la requisa. Allí estaba un viejito ciego con su esposa. Entonces pensé, «este es mi momento, yo necesito entrar».

Tenía información de que la situación en el penal estaba grave. Las internas estaban gritando que dejaran entrar a los familiares porque la tormenta era espeluznante. Había mujeres con niños recién nacidos mojándose, embarazadas. Me acerqué a los dos viejitos.

«Tengo que entrar. Tengo aquí a dos ancianos cieguitos, les dije a los guardias.

»La Guardia Nacional me dejó entrar pero tuvimos que subir al sector que está más arriba. Ese día tuve la oportunidad de conocer los otros pabellones. Llevando a los dos viejitos, entré y le informé a la custodia que debía llevarlos a ellos y que por favor después me dejara entrar al otro pasillo. El de Afiuni.

»Subí con los viejitos. Observé que en las pequeñas celdas había hasta 20 reclusas. Dormían en colchonetas, unas encima de otras. Eran cuarticos de dos por dos donde tenían cocinas, allí no sé cómo, hacían sus necesidades. Algo indescriptible. El olor. A mí nunca se me olvidará el olor del INOF. Bajé y en efecto me dejaron entrar al pasillo de Afiuni. Estaba empapada. María Lourdes estaba preocupada por sus padres. Yo le dije que se habían quedado afuera refugiados en el carro mientras pasaba la lluvia. Pero al rato llegaron los padres de María Lourdes que finalmente lograron entrar. Nelson les contó el desastre que se había producido con la lluvia:

—Alicia, fue horrible lo que vimos. Con el río de agua que bajaba por la calle iban flotando las ratas, miles de ratas que fueron arrastradas por las aguas desde el penal —narró Nelson Afiuni.

»Como los guardias no pudieron hacer la requisa, enseguida decidieron sacar a todo el mundo y a las reclusas las obligaron a alinearse en el pasillo para hacer el conteo. Entre los familiares estaba un niño, hijo de una de las reclusas que estaba en el pasillo de Afiuni. Estábamos del lado de afuera y por las rendijas veíamos el conteo con las reclusas. A las reclusas las mandaron a salir al pasillo de allí y los Guardias Nacionales las pusieron contra la pared para requisarlas. La requisa se puso muy violenta y a varias reclusas las golpeaban. Una de ellas, era la mamá del niño que estaba junto a los familiares de Afiuni. El niño no se aguantó y desde las rendijas les gritaba:

—¡Mamá! ¿Por qué te están golpeando?

Geraldine también estaba allí conmovida y preocupada por María Lourdes.

A partir de allí tanto María Lourdes como sus padres hicieron lo posible por que Geraldine no llevara el peso de la prisión de su mamá y han tratado que más bien ella siga con su vida. Del incidente de ese día el papá de Afiuni salió con bronquitis.

La jerarquía en el penal

El INOF es un penal que tiene grandes dimensiones y tiene muy poco personal de custodia. Se puede decir que es un penal tranquilo en comparación con otros en los que se han desatado verdaderas guerras.

En penales como El Rodeo, Yare, Sabaneta y otros se han organizado verdaderas mafias que desde la prisión controlan el tráfico de armas, de drogas y el secuestro. En esos penales los pranes pusieron en jaque a las fuerzas públicas al enfrentarlos con armas de alto calibre, granadas y todo tipo de explosivos. Incluso en dos ocasiones sitiaron al propio ejército.

En el INOF operan otras reglas del juego, aunque diferentes, no por ello menos violentas. «En esa prisión de mujeres se podría armar un motín en cinco minutos porque no hay suficiente control de custodias ni de la Guardia Nacional», asegura Afiuni.

La jueza estaba en un área muy cerca de la entrada del penal y desde allí podía observar la poca vigilancia. Hay seis garitas que rodean el penal y más de una vez al asomarse notó que en las garitas no había nadie.

«A lo mejor era que se acostaban a dormir», razona Afiuni. «Todos los penales del país, son centros que se “autogobiernan”».

A su juicio, la rebelión que se produjo en El Rodeo, cuando los reos se apoderaron del penal por varias semanas, es una muestra de esa realidad.

Pero a diferencia de otros penales, en el INOF no existe la figura del pran, que son líderes internos que controlan el penal, los negocios ilícitos que se manejan desde adentro.

En el INOF la directora del penal es la que maneja todo. Pero, según pudo corroborar Afiuni, ella ejerce ese control a través de los grupos de internas a las que les da concesiones. Esas son las que llaman «machitos».

Cuando una prisionera ingresa por primera vez al penal, sea quien sea, la norma es que a la recién ingresada la mandan al Praga. Una zona de reclusión muy temida ubicada en el piso tres. Es el peor pasillo, advierte la jueza. Allí están los machitos.

A la jueza Afiuni no la llevaron allí tratándose de una presa muy especial, pero además tuvo la suerte de que al ingresar estaba una suplente que de inmediato la ubicó en una celda en el pabellón especial de la entrada.

Las mujeres «machitos» son las líderes del penal. Ellas manejan el tráfico de drogas, alcohol, la prostitución y en especial a las reclusas. A las nuevas internas suelen enviarlas al «Praga», el área más peligrosa. A la machito que le toque el «turno» ese día, esa nueva interna es suya. Cada una de ellas tiene su grupo de reclusas.

«Por ejemplo —explica—, en ese piso había 150 mujeres. En todo el penal hay 953 reclusas. En el “Praga” la nueva reclusa debe someterse a sus deseos: tiene que bañarlas, tener sexo oral con ellas, en fin dejar que ellas la pongan a hacer lo que quieran. Buscarles la comida. Se convierte en su esclava. Y así pues, la nueva interna va ascendiendo en la medida en que va respondiendo y adaptándose a las leyes de convivencia.

»Si la nueva interna se rebela de allí sale con una chuceada en cualquier momento y eso nadie puede impedirlo. De cierta manera eso es aceptado por quienes han sido directores del penal. ¿Por qué lo permiten? Porque eso es un negocio que comienza con el sometimiento de las reclusas y se extiende al tráfico de drogas, la prostitución y la venta de privilegios. Y eso es el gran negocio como pasó con Oriente (un pran), en La Planta y con los pranes de El Rodeo» sostiene Afiuni.

«Eso sucedía en el INOF con la directora del penal. Y no había concesiones. Todo el mundo participaba en eso.

»La directora sentía más simpatía por las custodias lesbianas porque sabía que, a través de ellas, podían controlar al resto de las internas. La directora del penal tal vez era lesbiana y acosaba a ciertas internas. Por ejemplo la interna que a mí me pasaba el desayuno era la mujer de una de las machitos. Allí se armó un triángulo amoroso muy delicado entre la directora del penal, una custodia y ella. Ella terminó convirtiéndose en homosexual en el penal. Se armó una situación muy grave y de alguna manera me salpicó a mí porque ella era la interna que me ayudó a mí. Entonces convirtieron a la interna que me ayudaba en “informante” de todo lo que yo hacía para mandárselo a la directora, bajo la amenaza de que la mandaran a otro penal o la mandaran al “Praga” para perjudicarla.

»Ese tipo de situaciones se veía muy a menudo. Eso es delito. En el artículo 374 del Código Penal se establece que se considera violación, aun sin violencia, cuando la víctima está bajo la custodia de la otra persona. Eso es violación y tiene una pena de 15 a 20 años. La directora con sus custodias lo hacen constantemente. Utilizan su figura para someter a las otras para tener relaciones con ellas, a cambio de dádivas, de mantenerlas en un lugar de mejor calidad que al resto. Y la mayoría estaba en ese juego».

Esa realidad estaba asentada en el INOF. La presión por sobrevivir, el miedo a ser agredida, lograr mejores condiciones. La mayoría de las internas terminan adaptándose a esa situación y entregándose sexualmente a las más fuertes. O tal vez las condiciones infrahumanas del penal conllevan a la búsqueda del afecto, la protección y hasta el calor de otro cuerpo humano.

«Eso ocurría, a pesar de que a las internas se les permite la visita conyugal. Muchas tienen esposos y hasta tienen hijos estando prisioneras. Allí muchas internas salen embarazadas y tienen a sus bebés dentro del penal. Por ello hay zonas exclusivas para madres que están amamantando.

»A más de una vi con su esposo cuando les daban visita conyugal. Y esa misma interna mantenía relaciones con otra de las internas con la que compartía la celda. No sé en qué consiste pero de cada diez mujeres nueve son lesbianas en el INOF, y si no lo son se convierten. Puede ser también un problema de supervivencia o tal vez de soledad. Pero el estatus perfecto y normal dentro del INOF era que tuvieses una pareja. Y si es una custodia o una machito entonces estabas en lo alto de la pirámide del poder. Eso era lo máximo. Porque de hecho una machito tiene más poder que una custodia. Yo me percaté de que en el pasillo donde yo estaba todas tenían relaciones sentimentales o sexuales con custodias. O con autoridades administrativas del penal. No necesariamente era la directora».

Las custodias

Normalmente las custodias que trabajan en el INOF son muchachas de origen humilde. La mayoría provienen del interior del país y en especial, no se sabe por qué, la mayor parte viene de los estados andinos. Algunas son muy bonitas y procuran estar bien presentadas a pesar del medio en el que trabajan. Pero aun siendo mujeres bien arregladas, al mismo tiempo son muy hombrunas. Afiuni observaba eso con detenimiento. Eso le llamaba la atención. ¿Qué hacía que una muchacha joven seleccionara ese tipo de oficio? A fin de cuentas el sueldo suele ser bajo y entonces cabe la pregunta: ¿qué le podía llamar la atención a una mujer de meterse a trabajar en una cárcel? ¿Por qué no en una tienda o en cualquier otra cosa?

Entonces Afiuni sostenía que la respuesta era la posibilidad de tener acceso a otras mujeres, o más aun, tener relaciones homosexuales sin problemas.

A María Lourdes se le hizo familiar y se fue acostumbrando que cuando avanzaba la madrugada se escuchaba el portón del pasillo que indicaba que alguien había entrado. En los primeros días, María Lourdes buscaba la manera de trepar hasta la pequeña ventanilla para mirar entre las rendijas de la ventana. Entonces veía a una de esas custodias ingresar a una de las celdas. Afiuni se preguntaba «¿cómo pueden tener relaciones si son seis las que duermen en cada celda?». Se tapaban con sábanas entre las camas y se entregaban al amor con la placidez y tranquilidad que aseguran esas horas antes del amanecer.

«Eso es una promiscuidad compartida», pensaba Afiuni.

En las noches se repetía el espectáculo, eso era pan de cada día. Todas las noches.

Pero esas no eran las únicas escenas. Las celdas del pasillo en el que se encontraba María Lourdes quedaban justamente debajo de la enfermería del INOF. Y en ese espacio tenía lugar cierto tipo de encuentros un poco más intensos, como de fiestas y sexo.

«¡Qué te puedo decir de lo que yo escuchaba!», subraya con asombro.

Solía preguntar a las internas de la celda de al lado sobre las risas y los gritos que escuchaba y que se mezclaban con la música estridente, pero nadie le daba razón, había una suerte de código de silencio sobre lo que allí ocurría. Afiuni les aseguraba que cómo era posible que no escucharan nada. Les decía, «¡Pero es que la camilla se va a reventar!».

Dice que junto a la música escuchaba gritos, jadeos, voces. Eso duraba hasta las cinco de la mañana.

«Y todo el mundo se hacía el pendejo».

«No, yo no escuché nada», era la respuesta de las otras reclusas.

Estaba segura de que allí, en esa enfermería, entraban hombres. Los fines de semana permitían entrada de hombres, posiblemente de la Guardia Nacional o tal vez gente que venía de afuera especialmente a esa suerte de club nocturno. Más tarde se dio cuenta de que había algunas de sus vecinas que a medianoche eran trasladadas a ese piso.

Se percató de ello luego de que una noche observó que a una interna de al lado la sacaban. La identificó porque tenía una forma muy particular de reírse y su risa siguió escuchándose desde la parte de arriba y al mismo tiempo se mezclaba con voces masculinas. Entonces cayó en cuenta de que allí también había prostitución. Era otro negocio que todos compartían. Eso ocurría todos los fines de semana.

Su observación se agudizó y descubrió que también sacaban internas y las llevaban al comando de la Guardia Nacional. Como su celda estaba cerca de la entrada y tenía vista de la entrada lateral del penal, podía observar los extraños movimientos nocturnos. Podía identificar el ruido cuando se abría la puerta que indicaba cuando entraba alguien a las dos o tres de la mañana. La mayoría de los guardias nacionales eran hombres, aunque había unas tres mujeres que tenían también un aspecto bastante masculino. Pero ellos nada más podían entrar al penal durante el conteo de internas. Cuando se llevaban a algunas internas en la madrugada las veía salir muy bien arregladas y a las cinco de la mañana regresaban. Muchas veces, las custodias se iban con los guardias nacionales y dejaban cuidando a todo el penal a una sola custodia y un guardia afuera. Y regresaban a las cinco de la mañana todos ebrios. Cuando algunas internas vecinas le tomaron confianza a la jueza, le contaron sobre esas andanzas nocturnas. En una ocasión una interna formó un escándalo porque «su mujer» se le había ido de rumba con los guardias nacionales.

Un ataque con gasolina

Hubo muchos momentos difíciles dentro del penal para la jueza Afiuni. El 3 de enero de 2010, a poco de un mes de estar detenida, las amenazas se hicieron más firmes. Era el segundo domingo en que su mamá y su papá la visitaban en el penal. Abruptamente el encuentro familiar fue interrumpido por unas custodias que les ordenaron a los visitantes reunidos dentro de la celda, que se tenían que ir porque habían descubierto que se había planeado un atentado en contra de la jueza. Había unas internas montadas en un techo cercano a la celda y que una de ellas tenía un bidón de gasolina.

María Lourdes se apresuró y llamó a un comisario amigo de la Policía del Estado Miranda, el comisario Eliseo Guzmán, y le pidió que pusiera una camioneta en los alrededores para verificar qué era lo que estaba pasando. Sacaron entonces a los padres, a todos los internos y a la jueza la llevaron al comando de la Guardia Nacional.

Efectivamente encontraron unos bidones de gasolina. Sobre el pasillo de la celda de Afiuni, ubicado en una planta baja, había una pequeña platabanda y allí estaban los bidones. Se presentó la Fiscalía, llegaron los abogados de Afiuni, hasta se presentaron los del cuerpo de investigaciones, CICPC, quienes levantaron un informe.

Por ese motivo Afiuni pasó cinco días recluida en el comando de la Guardia Nacional. Cuando la regresaron a su celda, la Fiscalía pretendió meterla en una celda que está en el área administrativa, cuya puerta es de acero. Es una celda de aislamiento conocida con el nombre de «tigrito». Allí colocan a las internas que resultan un peligro para el resto de la población. Es una celda castigo que también se utiliza para personas de alta peligrosidad. La celda de aislamiento no tiene luz, no tiene baño, no tiene ventilación y su existencia ha sido denunciada por ilegal y violatoria de los Derechos Humanos. Afiuni se negó a entrar allí. Así que amenazó con iniciar una huelga de hambre si la enviaban para esa celda.

Las internas vecinas ya le habían advertido de esa celda como un lugar muy peligroso para las reclusas que metían allí, porque estaba en el área administrativa y esa área la cerraban los viernes en la tarde y no la abrían hasta los lunes en la mañana. Entonces, si a una reclusa le ocurre algo, quedaba allí totalmente aislada. Ante la negativa de Afiuni decidieron devolverla a su celda.

Golpizas en la noche

La devolvieron a su celda a eso de las diez de la noche. Estando recluida en el comando de la GN no había podido dormir. Pasaba las noches en vela con los guardias y cuando regresó, la encerraron nuevamente con el candado por fuera, se acostó y cayó en un profundo sueño. De pronto se despertó tirada en el suelo. Le taparon la cara y le dieron una golpiza. Tiempo después le aparecería una lesión en un seno que pudo haber tenido su origen en esa golpiza.

Las atacantes eran mujeres, «machitos», pero junto a ellas cree haber escuchado una voz masculina, aunque duda y piensa que tal vez era una de las machitos que suelen tener una voz varonil. De la golpiza le quedaron marcas de hojillas en las piernas, moretones y heridas en varias partes del cuerpo. Le dieron patadas. De ese ataque también se le originó una lesión en el vientre y en la vejiga que un año después requeriría de una operación.

Esos ataques mostraban que habría órdenes de amedrentarla, de hacerle la vida difícil dentro del penal. ¿Serían órdenes de arriba? ¿O tal vez iniciativas de las autoridades del penal para lograr reconocimiento ante sus superiores? Son preguntas que se hacía la jueza. Los detalles indicaban la complicidad manifiesta, dado que las mujeres atravesaron dos portones que solían estar con candado, llegaron y entraron a su celda. El grupo provenía de otra área y pasaron a ese pasillo que es una zona que no les correspondía. Una acción que indicaba que también estuvieron involucradas custodias e internas de esa área.

Un ataque que prefiere olvidar

Cuando le pregunto sobre otros ataques su expresión delata que los hubo. Mucho más violentos tal vez, más dramáticos, Afiuni hace un silencio, reflexiona y asiente con la cabeza. Entre el entrevistador y la protagonista de esta historia no ha habido mayor conexión que la que ocurre entre dos personas que recién se conocen, pero durante las sesiones compartidas se va produciendo cierta complicidad, dado que se transmiten sentimientos, angustias y hasta un dolor que ha sido reprimido. Y de pronto, más que una persona que inquiere de una historia, el vínculo va más allá y del otro lado hay un interlocutor que no solo escucha, sino que comparte su drama, un cómplice que se hace partícipe de episodios que van trascendiendo de una circunstancia personal para ser referente de un conflicto colectivo que padecen muchos venezolanos, quizás, todo un país.

En los primeros meses de reclusión sufrió varios ataques y situaciones de amenaza. Pero en el mes de julio, a siete meses de estar en prisión, ocurrió otro ataque.

Afiuni tiene muy claro que allí participaron funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia. El mal episodio tuvo como escenario la emblemática enfermería. Aquel lugar que con el tiempo comprendió que era sede de francachelas, de parrandas eternas, de prostíbulo. En algunas ocasiones ella había observado que a ese lugar, en ocasiones era conducida alguna reclusa a medianoche en contra de su voluntad. Desde allí se escuchaban gritos, ya no de festines, ya no de jadeos sugestivos, sino de terror. ¿Qué ocurría en esos traslados inesperados? Ni las propias reclusas relataban lo ocurrido en esos misteriosos paseos nocturnos. Muchas veces se preguntaba cuándo sería su turno.

«Fueron hechos muy delicados que no he denunciado —confiesa—. Eso lo tiene la ONU y no lo tiene más nadie.

»Yo no sé si es bueno decirlo o no. Pero eso no lo sabe nadie, ese es un informe confidencial que nada más… ni mi familia lo sabe. Ni mi hija lo sabe. Lo tiene un abogado en Ginebra. A raíz de ese episodio fue cuando me enfermé y me sacaron el útero. Fue en la famosa enfermería. De hecho me estoy tratando con psicólogos. Pero eso es algo que tampoco quise llevar a la luz pública. Pero allí lo tenemos. A la única persona que se le entregó ese informe y que fue puesto en sus manos fue al Presidente Hugo Chávez. Lo tiene Chávez y lo tiene la ONU.

»Eso fue en la enfermería del INOF. Déjame decirte, no sé si debo decirlo porque no sé quién haría eso. Pero luego yo fui descubriendo cuáles internas pudieron haber participado en la primera golpiza que a mí me dieron. Hoy por hoy todas esas internas están muertas. Te digo que yo no tengo nada que ver con eso. A una la sacaron y llegando a otro penal la apuñalaron con un chuzo. Casi todas murieron chuciadas fuera del penal.

»Ahora dime tú, ¿qué sentido tiene eso? ¿Quién ordenó eso? Porque yo particularmente pienso que esas instrucciones no vienen del Ejecutivo, o del Presidente, sinceramente, no lo puedo creer».

La conversación se vuelve sumamente tensa: las lágrimas no dejan de fluir, María Lourdes intenta no decir la palabra a la que muchas mujeres le rehuyen, que tratan de borrar cuando se encuentran en esa desesperada situación. Me contengo, no interrogo. Ni siquiera busco alguna fórmula para normalizar la tensión, me paralizo. María Lourdes mira hacia el fondo de la sala como escrutando si su papá o su mamá están merodeando por allí. Al comprobar que no están y seguimos solos, en un tono muy bajo sigue el relato.

«A mí me sacaron el útero pero me encontraron seis miomas… Yo tuve una pérdida en el penal».

¿Cómo, por qué? Pregunto de un salto sin poder contener la reacción.

«La violación…».

La confesión de un episodio tan cruel, tan íntimo y doloroso nos obliga a tomar una pausa para que los sentimientos se expresen sin obstáculos. A pesar del dolor que expresa casi temblando presiento en ella como un desahogo, como quien se ha desprendido de una pesada carga. Luego de la breve pausa toma fuerzas y sigue adelante.

«Después de eso yo no paraba de sangrar. Yo tenía ya 47 años. Fue hace exactamente un año. En septiembre comencé con los problemas. En diciembre me dijeron que tenía que operarme de emergencia. A pesar de todo lo ocurrido, de las evidencias ofrecidas, el juez Alí Paredes, quien conocía la causa, le dio largas al asunto, no accedía a facilitar mi tratamiento y me operaron en febrero, varios meses después de lo sucedido. El episodio ocurrió en julio, ya tenía siete meses presa. Yo tuve una falta del período en agosto y a finales de septiembre me di cuenta de que además había quedado embarazada».

Comprendí entonces que en ese momento era necesario apagar el grabador, cerrar la libreta y permitirle a María Lourdes un momento de intimidad, de recogimiento. Me habla de su hija, de sus padres a quienes siempre ha intentado mantenerlos alejados, hasta donde es posible, de su tragedia personal. A veces eso no es posible y el grupo familiar debe compartir la carga, endurecerse frente al drama y mirar hacia delante. Esa es la actitud que percibo en la familia Afiuni Mora. Le digo que en adelante ella no habla y actúa por ella sola. Que sin quererlo habrá de hacerlo por muchas otras mujeres que nunca han sido escuchadas, que nunca han tenido voz. Es un dilema que solo ella puede resolver.

Me despido llevando una responsabilidad para con ella y su familia. Un compromiso conmigo mismo de narrar con responsabilidad las horas vividas con «la presa del Presidente».

Al salir hacia la autopista, en dirección a mi oficina en El Universal recibo un mensaje de texto. Miro de reojo sin perder la atención en la vía. El mensaje es de María Lourdes. Solo dice:

«Gracias».

Con la cabeza en las rodillas

José Amalio y Thelma, sus dos abogados y amigos siempre estaban atentos a las amenazas que pendían sobre su amiga. Sus visitas y las permanentes comunicaciones a la Fiscalía, al tribunal y otros organismos de derechos humanos tenían un fin: ejercer presión para reducir las amenazas y en última instancia, mantenerla con vida.

Recuerdan que un día llegaron al INOF, entraron y la consiguieron sentada sobre una gavera de refrescos, con la cabeza en las rodillas y entre las piernas un charco de lágrimas. «Fue una imagen aterradora que me hizo pensar», dice José Amalio. «Esta mujer se va a morir aquí».

«La depresión era tal que cuando nos vio, trató de disimular, de no demostrar que estaba tan mal. En esa celda había ratas, ella estaba prácticamente nadando en aguas negras. Las paredes llenas de sangre y excrementos. Y en medio de un acoso psicológico todas las noches, como ponerle olor a gasolina en las noches bajo amenaza de que sería quemada.

»“Te vamos a quemar viva”, le decían desde afuera. Pasaba las noches sin dormir. No podía salir al patio central a recibir sol por las amenazas. La única vez que la dejaron salir a caminar era de noche ya que de día era peligroso para su seguridad. Esa noche estaba emocionada porque podría caminar. Cuando iba caminando los guardias de custodia hacían rechinar las armas a su paso como una amenaza. Así que ese fue el único paseo que hizo por temor a que le aplicaran una “ley de fuga”. Era parte del acoso psicológico que evidentemente venía de alguna orden superior».

Solo una interna que estaba en la celda de al lado le podía dar comida. No podía comer la comida del internado por temor a ser envenenada. Hasta comer o tomar agua era un peligro para su vida. José Amalio y Thelma veían cómo se debilitaba su salud. Sabían que era por los ataques que recibía de las «machitos», cuyos detalles Afiuni prefería evadir. Constantemente exigían a las autoridades permisos para llevarla a médicos de confianza, pero sus solicitudes rebotaban en las manos del juez Alí Paredes y solo le permitían acudir al Hospital Militar y luego al Hospital Oncológico Padre Machado.

En uno de traslados al Oncológico, a principios de diciembre de 2010, con la mastóloga para examinarla por las dolencias en el seno, le confesó que tenía fuertes dolores en el útero y continuos sangramientos, por lo que la doctora la remitió a un médico especialista que quedaba en el piso de arriba. Enseguida la atendió una ginecóloga, pero al examinar a la paciente prefirió remitirla a otro especialista con mayor conocimiento en el tipo de lesión que había observado. Los guardias se asustaron porque no entendían que la viera otro médico de la misma especialidad. Entonces los guardias que la custodiaban se pusieron muy agresivos. Pretendían estar dentro del consultorio mientras la jueza era examinada y se le practicaba una citología. Así que en la antesala del consultorio se formó una discusión entre el médico, los abogados de Afiuni y los guardias.

«Se gritaban, se empujaban, se manoteaban», describe Afiuni. Hasta que finalmente acordaron que estuvieran presentes dos guardias femeninas durante el examen.

«Como siempre había guardias y custodios del penal, cuando me atendían yo nunca estuve a solas, solamente un minuto con un médico. Yo no tuve privacidad para nada. En esos exámenes había guardias mujeres y hombres también. En las mamografías incluso estuvieron hombres» destaca Afiuni.

Al terminar el chequeo, la ginecóloga se reunió con el otro médico especialista en privado, y aunque no ofreció un diagnóstico preciso le dijo que tenía que volver a practicarle nuevos exámenes.

Unos días después la volvieron a llevar al Hospital Oncológico pero en esta oportunidad la atendió el jefe del departamento de oncología del hospital, el doctor Francisco Medina. Al recibirla le informó que personalmente se encargaría directamente de su caso. A él le entregaron todos los resultados de los exámenes practicados con anterioridad y le dijo:

—Te tengo que operar ya. Te tengo que hacer una histerectomía.

Pero como era 15 de diciembre de 2010 y la mayoría de los médicos y personal del hospital salían de vacaciones hubo que programar la operación para el mes de enero. Así que a la jueza la regresaron al penal en donde pasaría su segunda Navidad con todas sus dolencias a cuestas.

Seis traslados al Oncológico

Cuando la jueza era trasladada al Hospital Oncológico Padre Machado lo primero que hacían era tomar militarmente todo el hospital con la Guardia Nacional. Tomaban las azoteas, los pasillos, los alrededores. Los mismos enfermos y el personal del hospital y visitantes se asombraban por el despliegue militar.

Al principio la gente del hospital se preguntaba a quién traerán aquí, hasta que alguien les desentrañaba el enigma al aclararles que llevarían a la jueza Afiuni. Cuando eso ocurría, el hospital lo tomaban desde el día anterior. Salía desde el INOF en un Tiuna con dos camionetas Hailux doble cabina llenas de guardias, ocho motorizados de civil y un rústico largo repleto de guardias. En total solo la caravana estaba compuesta por 30 guardias aproximadamente. Si se suman los que estaban apostados en el hospital, serían cerca de 70 efectivos militares para custodiar a la jueza.

Dicen los abogados de Afiuni que además se veían autos con funcionarios vestidos de civil que se movilizaban detrás de la caravana que suponen eran policías del cuerpo de inteligencia del SEBIN.

«Todo un procedimiento que ni siquiera se ha visto a la hora de trasladar a un asesino importante o a un narcotraficante» compara Graterol.

La gente se sorprendía al ver tal despliegue. Los internos, los pacientes, las enfermeras, los empleados y los familiares de los pacientes que estaban allí. Todos se ponían a mirar la función.

«Cuando llegaba ese contingente militar y solo veían bajarse a una señora esposada, ataviada con un chaleco antibala, caminando entre guardias que la llevaban fuertemente custodiada y esposada hasta el último momento en que llegaba al consultorio del médico, la población de pacientes y familiares miraban asombrados».

Recuerda Graterol a un suboficial, el maestre Márquez de la Guardia Nacional, que estuvo a cargo de uno de esos traslados. Cree que por ignorancia, por miedo a sus superiores o tal vez no entendía lo que estaban haciendo, pretendió estar dentro de una citología que debían practicarle a la jueza. Antes habían entrado guardias a la mamografía y ahora el colmo era que tenían que estar dentro del consultorio donde le practicaron la citología. «A nadie, ni siquiera con su pareja se le permite que presencie un examen de ese tipo». El guardia se negaba a permitirle privacidad a pesar de la advertencia del médico que le decía que ese era un examen muy privado. Es algo exclusivo entre el paciente y el médico.

«Usted no puede permanecer adentro, además no hay otra salida en el consultorio», trataban de explicarle. «Yo tengo órdenes», replicaba.

«Traté de sacarlo, nos empujamos —refiere Graterol—. Me daba la impresión de que ese señor era un ignorante que tal vez pensaba que se trataba de una hematología por ejemplo. Pero el guardia insistía en que allí tenían que estar él y sus guardias».

Durante esos traslados los guardias trataban de impedir que los dos abogados de Afiuni la acompañaran. Les trancaban el paso, trataban de impedirles que entraran, a pesar de que tenían autorización del juez para asistirla en las consultas. Los pacientes y sus familiares se arremolinaban detrás de la jueza e insultaban a los guardias, les decían: «Ustedes son como los arbolitos de Navidad: puro adorno».

Sangraba copiosamente

Dado que había que esperar hasta el próximo año, a partir del 15 de enero para realizar la operación, Afiuni fue regresada el 24 de diciembre de 2010 al INOF. Producto del sangramiento y una fuerte baja de la hemoglobina, estaba sufriendo de taquicardia, mareos hasta el punto de que no se podía levantar de la cama.

En los últimos días de diciembre José Amalio Graterol recibió una llamada desde un celular. Era una de las internas de la celda de al lado de la de Afiuni. Eran como a las once de la noche. La situación de Afiuni había llegado a un extremo. Estaba sangrando con mayor intensidad por las heridas y los daños que tenía en el útero. Sangraba copiosamente. Una interna desde la celda de al lado le decía que estaba viendo que Afiuni estaba muy mal, que no se movía.

«Está amarilla, está sangrando. ¡Haga algo, doctor!», le imploraba la reclusa a través del teléfono.

Así que de inmediato José Amalio llamó a la Directora de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y le informó lo que estaba pasando.

«Ella se va morir allí», le advirtió a la funcionaria.

La funcionaria le prometió que enseguida mandaría un médico al penal. Efectivamente como a la media hora arribó un médico forense al INOF con un fiscal. La buscaron en la celda y la llevaron a la enfermería para realizarle un chequeo médico. El médico la examinó y le confesó: «Estás muy mal».

Todos los exámenes que le hizo en el momento revelaban un grave estado de salud. De allí el médico hizo un acta en la dirección del penal. El informe establecía que en efecto estaba sangrando, pero atribuía el derrame a que estaba fumando mucho.

«Exceso de nicotina», dijo el médico.

Cuando iba a firmar el acta, pensando que la mandarían al hospital, María Lourdes se consiguió con ese diagnóstico. Así que se negó a firmar.

Los abogados se comunicaron nuevamente con la Directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía y le explicaron lo ocurrido en el penal con el forense, que no se trata de un problema de nicotina y que María Lourdes seguía con el sangramiento.

«Tuvimos que salir a los medios de comunicación para denunciar que la estaban dejando morir, que la estaban matando. Entre la noche en que estaba sangrando y el momento en que las autoridades permitieron su traslado al hospital Oncológico transcurrió una semana. En esa semana la situación de Afiuni se había agravado. A ella la dejaron en el INOF sin proporcionarle ningún tratamiento, sin permitir trasladarla a un centro de salud de emergencia, sin un medicamento, sin nada que le detuviera la hemorragia».

Debido a la presión pública y la gestión de la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, finalmente accedieron a que fuera enviada a un centro de atención médica. Nadie sabía la dimensión de la lesión que padecía, pero el hecho es que seguía sangrando. José Amalio Graterol había exigido que la jueza fuese trasladada la Clínica Metropolitana para que se viera con su médico de confianza pero eso fue negado por el juez Alí Paredes.

«Este juez puso innumerables trabas antes de que pudiera ser trasladada. Primero quería remitirla al Hospital Militar. Luego les planteó que podía ser una clínica, pero en el oeste de la ciudad, al final decidieron mandarla nuevamente al Hospital Oncológico».

Conozco a mis agresores

Cuando ya se había dado la orden para que fuera operada, el 3 de febrero, tanto Afiuni como sus defensores tenían serias dudas de aceptar la operación en ese hospital. Habían metido varios amparos solicitando que ellos pudieran escoger un médico de confianza. «Porque mal que bien yo no conocía al doctor Francisco Medina del Oncológico», expresa Afiuni. Pero eso le fue negado. Después de una indagación que hicieran sobre el médico supieron que se trataba de un profesional muy reputado, de manera que Afiuni estaba en buenas manos.

Pero, adicionalmente de la seguridad de contar con un buen médico, Afiuni había decidido no operarse hasta que no le garantizaran qué pasaría después de la operación, porque sabía que en las condiciones del INOF, los ataques recibidos y las amenazas, ese no era un lugar apto para lograr una recuperación tan delicada luego de una histerectomía.

A María Lourdes los exámenes le habían detectado una necrosis. Eso significa la «muerte patológica» de un conjunto de células o de cualquier tejido del organismo provocada por un agente nocivo o una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Adicionalmente presentaba una severa infección en el útero que generó una inflamación en la pelvis y órganos genitales internos. Todo ello producto del ataque recibido en la enfermería.

De allí que ante tal diagnóstico, que nada tenía que ver con el exceso de nicotina, expuesto en el informe del forense, había que aplicarle una histerectomía, lo que significa la extracción de útero o la matriz.

De modo que allí estaba María Lourdes cargando con la secuela de lo ocurrido hacía unos meses. Arrastrando consigo el dolor y el resentimiento contra unos rostros desconocidos que aquella noche perpetraron un ataque, tal vez una venganza o simplemente el desvarío de unos especímenes desalmados.

«Conozco a mis agresores. Eran civiles. Del Ministerio de Justicia», ratifica María Lourdes, como recordándoles que eso no ha sido olvidado.

«Los choferes, empleados del ministerio, son hombres. Estoy casi segura que allí no estuvieron los de la Guardia Nacional. Fueron expresamente a perpetrar el ataque. Eso fue una orden. ¿De quién? No sé. Hay uno que cargaba un carné del Ministerio de Interior y Justicia. Lo chequeamos pero no aparece en la nómina del ministerio. Yo dejé eso por ahora. Pero eso no se queda así. El informe clínico lo establece. En el caso del episodio de aquella noche hubo unas custodias que me sacaron de la celda. Hubo cierta complicidad de las custodias. Pero mis agresores no estaban en la enfermería sino del otro lado. Me buscaron dos custodias a la celda, me llevaron a la enfermería y apareció este personaje al que me refiero. Allí, en donde solían ocurrir las violaciones».

Definitivamente, concluye María Lourdes, que para ese ataque contra ella había una orden.

«Todas esas cosas que a mí me ocurrieron dentro del penal fueron con la complicidad y participación expresa de ciertas custodias del penal. Custodias que no por casualidad eran las mujeres de confianza de la directora. Lo que me hace concluir a mí que todo lo que me pasó allí fue bajo la vista de esta señora. Yo aprendí que allí no se movía una hoja sin que ella lo supiera. Ahora ¿cuáles son los intereses de esa directora? Los desconozco. Ella es una mujer que debe tener su peso dentro del Gobierno, porque yo por lo que he leído y por lo que me han contado, ella tiene bastantes encontronazos con Iris Varela. De hecho Iris Varela dio unas declaraciones muy duras en contra de ella, cuando fue a visitar el penal, el primero que visitó después de que la nombraron como Ministra de Prisiones, y la ministra dijo que lo que hacían allí era inhumano. Y esa directora permaneció allí hasta enero de 2012. Isabel Cristina González Pernía era su nombre. A mí me dijo Humberto Prado, director de la ONG Observatorio de Prisiones, que ella formaba parte del grupo radical Tupamaro. Que esa señora fue designada en ese cargo sin tener la experiencia penitenciaria ni credenciales académicas para ejercer ese tipo de cargos. Ella llegó de paracaidista. Se presume que la metió el Ministro de Justicia, Tarek El Aissami. Ella era… ella era la Pran del penal».

Negada a operarse

María Lourdes estaba decidida a no operarse hasta obtener alguna garantía de que no sería reingresada al INOF. Presentía que regresar significaba no salir con vida de allí. De manera que en esta ocasión se jugaría su propia vida pero de ninguna manera volvería después de la operación.

De manera inesperada se produjo una declaración de la Fiscal General en la que señalaba que luego de conocerse el grave estado de salud de la jueza Afiuni el organismo podría solicitar una medida menos gravosa. En la declaración la Fiscal no especificaba qué tipo de medida habrían de adoptar y no mencionó la de casa por cárcel.

La declaración la hizo desde una zona del interior del país. Una periodista que estaba con ella y conocía a José Amalio Graterol lo llamó por teléfono para contarle la novedad y ante esa información, el abogado no perdió tiempo e inmediatamente introdujo un escrito en el tribunal solicitando una medida menos gravosa basada en las afecciones de la detenida. El juez entonces puso como condición para otorgar una medida como «casa por cárcel», que Afiuni aceptara operarse en el Hospital Oncológico. Pero si no aceptaba se quedaría en el INOF indefinidamente.

Quedaba claro que el Gobierno también se jugaba mucho si algo le pasaba a la jueza, pero al mismo tiempo quería mantener el control seleccionando el lugar para la intervención quirúrgica.

Había presión de organismos internacionales dedicados a velar por los Derechos Humanos. De un senador español. De un magistrado en Ginebra y de la opinión pública del país.

Prácticamente la negociación del juez fue una extorsión. Y así quedó plasmado en la resolución: «Se le otorga casa por cárcel si se opera en el Oncológico».

Dadas esas perspectivas, la mamá de María Lourdes había logrado hacer contacto con el doctor Francisco Medina, quien vivía en la urbanización El Peñón. A través de una amiga en común con el médico, su mamá logró reunirse en varias oportunidades con Medina y este la tranquilizó acerca de la operación y le aseguró que él se encargaría de eso personalmente.

«Nosotros vamos a tratar de proteger a tu hija».

El doctor Francisco Medina le prometía a María Lourdes que si no le daban casa por cárcel él mismo se iba a encargar de que se quedara en el hospital después de la operación. Que en todo caso le daría de alta tres meses después.

También se supo que Francisco Medina había sido médico de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien había pasado una situación parecida a la de María Lourdes con un tumor en la misma zona. Aunque no lo puede afirmar, María Lourdes sospecha que la vinculación que existía entre ese médico y la Fiscal pudo haber influido en la decisión que tomó para permitir su operación y acceder a otorgarle la medida de casa por cárcel. Las indagaciones de Afiuni le permitieron también enterarse que Medina era una eminencia en el área oncológica con un gran prestigio internacional. Definitivamente cree que esa relación fue determinante para que se abrieran las puertas a su operación y el regreso a su casa.

El médico le confesó a María Lourdes que habían tenido problemas para mantener su historia clínica bajo confidencialidad, condición que se establece para cualquier paciente, sea quien sea. Desde la Fiscalía habían tratado de obtenerla por una vía ilegal en varias oportunidades. Pero el hospital había sido celoso con la historia y se habían negado a suministrar información sobre los estudios médicos de María Lourdes.

Afiuni presume que querían conocer si los exámenes revelaban aspectos de los ataques contra ella, que pudieran comprometer a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia. O tal vez de lo que se trataba era de saber hasta qué punto la vida de la paciente estaba comprometida para tomar una decisión.

«Nosotros nos hemos negado a que sea entregada a la Fiscalía —afirma María Lourdes—, de hecho esa historia está guardada bajo llave, resguardada por las monjas del hospital y por supuesto allí sale lo que yo te conté», explica la jueza haciendo referencia al doloroso episodio ocurrido en la prisión.

«Porque eso (el ataque) se lo logré escribir yo a un médico y de allí es que viene el chequeo. Y entonces ellos estaban desesperados por obtener la historia clínica para saber qué dice y nosotros tenemos escondida esa historia clínica hasta de la directora del hospital».

Desde el Palacio de Justicia se filtró la información de que el presidente Hugo Chávez había pedido un informe sobre el caso de la jueza en los días previos. Pero aparentemente esa solicitud tenía que ver más con la situación jurídica que con el expediente médico.

En esos días del tratamiento médico, la historia clínica de María Lourdes no estaba archivada donde están las historias del resto de los pacientes del Oncológico. Cada vez que la jueza era trasladada al hospital aparecía una de las monjitas que hace trabajo voluntario en ese centro médico con la historia clínica. Así se manejó todo mientras se preparaba la operación de Afiuni. Luego de la cirugía, todavía esa historia clínica se encuentra resguardada en un lugar seguro, relata María Lourdes.

Por el caso de Afiuni, en el hospital Oncológico se suscitaron muchas fricciones. Dentro del hospital hubo enfrentamientos entre los médicos y la directiva del hospital. También entre el hospital y el Gobierno. El más importante tenía que ver con la historia clínica. Afiuni logró el apoyo y la solidaridad de las monjas. Aún hoy la siguen llamando casi a diario a su casa. En el tiempo que estuvo hospitalizada, las monjas fueron sus protectoras y sus grandes aliadas.

La presión internacional

No puede dejarse de lado el papel que en el caso de María Lourdes Afiuni han jugado los organismos internacionales. Este aspecto siempre fue muy sensible para el gobierno de Chávez, hasta el punto de que a mediados de 2012 ordenó el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual venía planteando desde hacía unos meses. Una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial de la OEA, por violación a los Derechos Humanos en el caso de un prisionero, Raúl Díaz Peña, asilado en Estados Unidos, quien había pasado seis años preso en la sede del SEBIN, provocaron una reacción iracunda del Presidente que lo llevó a dar ese paso definitivo en agosto de 2012.

El presidente Chávez, al calificar a Díaz Peña como un terrorista, acusó al organismo de la OEA de «apoyar el terrorismo y de agredir al país por atreverse a ser libre». Incluso no dudó al afirmar que, en su criterio, el tribunal interamericano había «vuelto a atropellar y a ofender la dignidad de todo el pueblo venezolano, así que, por dignidad, nosotros nos tenemos que salir de allí».

Patricia Andrade, una abogada venezolana, que durante varios años llevó el caso de Díaz Peña ante los organismos de la OEA, consideró que con esa posición, «el presidente venezolano le dijo al pueblo y a la comunidad internacional que él va a seguir violando los Derechos Humanos sin supervisión internacional. Que no le da la gana de darle atención médica adecuada a los presos, que no le importa que sufran daños irreparables de su salud, que no le importa que se puedan morir por complicaciones de salud y en definitiva, que en Venezuela se seguirá persiguiendo y torturando a los presos y estos actos inhumanos y degradantes se mantendrán en la impunidad».

Es de resaltar que Venezuela se encuentra entre los tres países cuyos ciudadanos han consignados más denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en el continente. Entre 2006 y 2012, la Comisión Interamericana de DDHH, órgano consultivo de la OEA que emite análisis e informes sobre casos de violaciones de DDHH, ha recibido desde Venezuela 190 casos por violaciones a los Derechos Humanos de los cuales 62 fueron admitidos al considerar que había méritos para abrir una investigación. De esas denuncias, 11 ya han conseguido sentencias condenatorias al ser remitidos a la Corte Interamericana.

Sobre el caso de la jueza Afiuni, en el transcurso de su proceso han intervenido varios organismos y figuras internacionales defensoras de los Derechos Humanos, además de la Comisión Interamericana.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria pidió a Venezuela la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni Mora en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En las consideraciones señaló el organismo que en su caso se había producido «un acto de represalia contra ella por haber ordenado la liberación de una persona». El vocero de la ONU fue Mads Andenas, uno de los cinco expertos independientes que integran el organismo. La delegación venezolana que representó al Gobierno acusó al Grupo de Tarea de «falsear los informes». El pronunciamiento tuvo lugar cuando Afiuni ya llevaba 26 meses detenida.

También el Parlamento Europeo reunido en la ciudad francesa de Estrasburgo, sede de importantes instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pronunció sobre la situación de los derechos humanos y las libertades en Venezuela.

Algunos sectores plantearon ampliar la declaración cuestionando la situación política venezolana respecto a las libertades. La propuesta de resolución fue pactada por el mayoritario Partido Popular Europeo (PPE), el Liberal, los conservadores, reformistas y euroescépticos. El embajador venezolano en Bélgica y ante la Unión Europea, Antonio García, señaló en defensa del gobierno venezolano, que esa iniciativa «forma parte de un ataque permanente de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo y, en especial, del Partido Popular (PP) español contra el gobierno de Hugo Chávez». El embajador venezolano sostuvo que el caso la jueza Afiuni es uno más en curso judicial.

Pero las peticiones a favor de la liberación de Afiuni vinieron también, inesperadamente, de aliados del presidente Chávez. En diciembre de 2011, cuando la jueza cumplía dos años de estar encerrada y sin juicio, el profesor Noam Chomsky, un intelectual de izquierda muy admirado por el presidente Hugo Chávez, escribió una carta a favor de la liberación de la jueza en la que apeló al sentido de justicia y magnanimidad del Presidente.

Carta abierta a los defensores de la justicia
en Venezuela y el mundo

Cambridge, 21 de diciembre de 2011

Ha transcurrido un año desde que, en diciembre de 2010, me uní al Dr. Charlie Clements y a otros colegas académicos y defensores de derechos humanos, para solicitarle al presidente Hugo Chávez la liberación por razones humanitarias de la jueza María Lourdes Afiuni.

La jueza Afiuni fue detenida el diciembre 9 de 2009, tras otorgarle una medida de libertad bajo régimen de presentación con prohibición de salida del país a un banquero, siguiendo una recomendación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. El empresario había pasado cerca de tres años detenido sin juicio. Durante su detención la jueza Afiuni sufrió graves abusos que ocasionaron un severo deterioro de sus condiciones físicas y psicológicas.

Su bienestar mejoró sustancialmente luego de ser puesta en arresto domiciliario. Sin embargo, la carencia de atención médica apropiada, combinada con los traumas físicos y psicológicos experimentados en prisión, los cuales incluyen diversas amenazas de muerte y serias agresiones físicas pusieron su vida en peligro y la dejaron debilitada.

La jueza Afiuni permanece detenida en su casa bajo la custodia constante de más de una docena de Guardias Nacionales. Tiene prohibido hablar con la prensa y recibir rayos solares. Después de más de dos años de su detención, no hay garantías de un juicio justo e imparcial. Estoy convencido de que la jueza Afiuni ha sufrido demasiado y debe ser liberada.

Recientemente el Presidente Chávez demostró su generosidad y espíritu humanitario al mediar en la liberación de Josh Fattal y Shane Bauer, los dos jóvenes excursionistas estadounidenses detenidos en Irán por más de dos años. Este caso está muy cercano a mi corazón, ya que estuve involucrado en él por largo tiempo. La exitosa intervención del presidente Chávez para resolverlo renovó mi esperanza de que pudiera haber una pronta solución a la detención de la jueza Afiuni.

El segundo aniversario de la detención de Afiuni coincide con la valiente batalla que el presidente Chávez libra contra el cáncer. Por esta razón, él se encuentra en la posición de entender personalmente la importancia de recibir tratamiento adecuado y fortalecerse internamente para sobrevivir.

En una época del año cuando los pueblos del mundo entero predican la hermandad y la reconciliación, me siento muy optimista acerca de una resolución positiva para el caso de la jueza Afiuni. Los indultos y perdones presidenciales otorgados durante las fiestas de navidad son una ocasión oportuna para corregir una injusticia y evitar un daño mayor a la salud de la jueza mediante su liberación humanitaria. A través de esta carta al pueblo venezolano, quiero animar al presidente Chávez a actuar de una manera consistente con los valores humanitarios profesados por la Revolución Bolivariana y poner fin a la detención de la jueza María Lourdes Afiuni. Tengo esperanzas de que así lo hará.

—Noam Chomsky

Desde luego que Chomsky no recibió una respuesta favorable de parte del presidente venezolano, de acuerdo con la expectativa internacional que se creó tras la carta del filósofo admirado por el mandatario. El profesor de lingüística del Instituto Tecnológico de Massachusetts, había declarado a BBC Mundo en una conversación telefónica que: «espero que la carta tenga algún efecto en Chávez… sino no la haría», respondió ante una pregunta del conductor del programa. Tal vez Chomsky sobreestimó la influencia que pudiera tener sobre Chávez, así como la magnanimidad que pudiera demostrar en ese momento, cuando el Presidente también luchaba contra un severo cáncer que lo aquejaba.

En enero de 2012, un mes después de difundida la carta, Chávez finalmente se refirió al planteamiento público de Chomsky. Dada la presión generada por la carta, en una intervención en la Asamblea Nacional, alcanzó a decir que estaba dispuesto a que el caso de la jueza fuese estudiado por los tribunales. «Tengo que responderle por el caso de la doctora Afiuni», dijo Chávez al referirse a la carta de Chomsky. Enseguida descartó que Afiuni fuera una «presa política», y sostuvo que si está enferma «tiene que estudiarse el caso». El mandatario insistió en que en Venezuela no existen «presos políticos», tal como lo ha denunciado la oposición en los organismos internacionales. Pero la respuesta del Presidente no se concretó en alguna acción a favor de la jueza. Más bien, en una intervención posterior, agregó que la jueza se encontraba muy bien recluida en su casa. Con tal señalamiento daba la impresión que con la medida concedida por el tribunal unos meses antes, se reparaban todos los daños infligidos a María Lourdes Afiuni durante su permanencia en el INOF y ahora, como presa en su propia casa.

Tampoco los organismos de la ONU y la OEA, cuyas resoluciones son de obligatorio acatamiento, recibieron respuesta alguna acorde con los convenios firmados por el país y mucho menos de parte del Presidente Chávez, quien más bien, en todo momento, les dedicó palabras de descalificación.

Chomsky en su carta hizo alusión al cáncer que padece el presidente venezolano y apeló al sentimiento solidario que pudo desprenderse tras su lucha contra la enfermedad, como un motivo para acceder a su petición de liberación de la jueza. En efecto, Chávez da una batalla, cuya lucha ha sido respaldada por un equipo médico de primera línea integrado por especialistas de Cuba, Venezuela, España y Brasil, en la que cuenta con la mejor asesoría y en la que no se escatiman recursos para proveer sus tratamientos con la mejor tecnología disponible. Pero la magnanimidad esperada por Chomsky nunca se manifestó.

En un momento en que la enfermedad del Presidente estaba en su punto más delicado tuvo un gesto de cierta humanidad hacia quienes padecían enfermedades en prisión. Ordenó una revisión de algunos casos y en poco tiempo algunos de ellos resultaron beneficiados y fueron regresados a sus casas. «Que vayan a curarse a sus casas» dijo el mandatario. Entre ellos fue liberado uno de los presos políticos más emblemáticos, el comisario Lázaro Forero, condenado a 30 años por los sucesos de abril de 2002. El TSJ le otorgó el beneficio de libertad condicional a mediados de 2011 luego de que se le detectara cáncer en la próstata, enfermedad que no había podido ser atendida debidamente. Pero el gesto humanitario nunca llegó para la jueza Afiuni.

Simultáneamente a la lucha de Chávez contra el cáncer, Afiuni libraba su propia batalla. La batalla de una mujer solitaria, sin ejércitos y sin poder. Enfrentada ella sola a los apóstoles de la revolución, los incondicionales y a todo el aparato judicial, cuyos ejecutores de las órdenes «de arriba» levantaron frente a ella todo tipo de barreras para impedirle el derecho a la justicia y a recibir un tratamiento para su salud medianamente adecuado.

Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el informe que sería presentado en la sesión XXI del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2012, suscrito por el Secretario General De Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que difundió la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El documento con el número (A/HRC/21/18) referido a «Informe sobre Represalias contra las personas que han cooperado con la ONU en el campo de los derechos humanos» hace mención al caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Este informe del Secretario General de la ONU, en los párrafos 68 y 69 incluye un señalamiento expreso al gobierno de Venezuela por dicho caso, señalando que fue arrestada el 10 de diciembre de 2009 luego de haber ordenado la libertad condicional de un individuo (Eligio Cedeño), cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA). El secretario general igualmente menciona en el mismo, que el caso de Afiuni ha sido tratado en dos informes anteriores.

Adicionalmente, el informe del Secretario General de la ONU culmina señalando que estos casos de represalias contra las personas que han cooperado con la ONU en el campo de derechos humanos, no solo las convierte en «víctimas», sino que además «compromete el trabajo de la ONU». El Secretario General lamentó la ausencia de responsabilidades en la mayoría de los casos reportados en su informe y le recordó a los Estados su obligación de garantizar que todos los actos denunciados como represalias e intimidaciones sean investigadas de manera oportuna e imparcial, a fin de que sus perpetradores sean sometidos a la justicia y las víctimas sean debidamente amparadas y reparadas.

Casa por cárcel

El miércoles 3 de febrero de 2011 en la mañana, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dictó el pronunciamiento en el que finalmente accedía a otorgar casa por cárcel para la jueza Afiuni. Era miércoles, había pasado un año y dos meses en el INOF y ese día hubo visita.

Su mamá estaba con ella en el penal a la expectativa de la operación y de la esperada medida del tribunal. Hasta ese momento no había ninguna notificación oficial pero ya circulaba el rumor de que se había concedido ese beneficio.

Al finalizar la visita se conoció oficialmente la medida y ese mismo día, a las cinco de la tarde trasladaron a la jueza al Oncológico para ser operada. Una pequeña luz de esperanza iluminó por primera vez la pequeña celda, transformada con el tiempo en un espacio con algún rasgo de humanidad.

La ingresaron. En la operación, además de los médicos del hospital Oncológico participarían médicos con otras especialidades requeridas del Hospital Clínico Universitario.

El juez había permitido que quien pernoctara con María Lourdes fuera su hermano Nelson, pero el hospital exigió que fuera una persona del mismo sexo. Entonces se hizo el cambio con su mamá y esa noche durmieron en la habitación con dos guardias femeninas y una custodia del penal. Eran cinco personas en una habitación.

En el pasillo colocaron a un teniente, un capitán y un mayor y en otro pasillo contiguo apostaron a diez soldados armados. A todos los pacientes de esa área les prohibieron recibir visitas. En el piso de arriba también había soldados armados y otros tantos más en el piso de abajo, en las entradas del hospital y en los techos. Es decir, el centro asistencial estaba tomado militarmente.

Afiuni pasó la víspera de la intervención en vela. En un momento se levantó y se asomó por una ventanilla de la habitación. Desde allí pudo ver el Cementerio General del Sur y en la parte de afuera del hospital se veían soldados. Los vio también moverse en los techos de los edificios contiguos. Su mamá indagó y le dijeron que había como 100 soldados enviados para custodiar a la jueza.

El mayor de la Guardia Nacional a cargo de la misión se observaba muy nervioso. En cada oportunidad le advertía a la jueza que no hiciera nada raro.

«Usted no me va a joder mi ascenso», le reclamaba, como su más importante preocupación.

Al parecer habían levantado un informe a los guardias del INOF por las agresiones contra la jueza y les abrieron averiguaciones a los efectivos militares que estaban encargados de la custodia del penal, pertenecientes al Destacamento 56. De modo que el mayor, del mismo destacamento, «estaba paranoico», observaba Afiuni.

La operación

La directora del INOF se comunicó en horas de la noche con el hospital y el personal de custodia y exigió que le esposaran a la jueza un pie en la cama. La orden le llegó directamente al nervioso mayor de la GN.

Afiuni, quien no perdía oportunidad para reclamar sus derechos le advirtió al mayor: «Si me encadenan voy a tomar una foto con el teléfono y la mando de inmediato por el Twitter».

Entonces el mayor desistió y le dijo a la custodia que no lo hiciera. Así pasó la noche, al menos sin esposas pero vigilada por uniformados y custodias, contando las horas para la cirugía y regresar al hogar. Una vuelta a casa que reconstruyó de miles de formas esa noche interminable.

A las seis de la mañana la llevaron al quirófano. Su mamá la acompañó en todo momento, luego le comentó que allí se presentaron problemas nuevamente porque los funcionarios de la Guardia Nacional pretendían entrar al quirófano para presenciar la operación. La insólita pretensión generó nuevos encontronazos con los médicos.

«A mí me terminaron sacando el útero completo». Relata Afiuni el final de ese largo episodio: «Tenía seis miomas, especie de tumores que están encapsulados, estos pueden ser benignos como pueden ser malignos».

Nunca le dieron los resultados de las biopsias, pero por las opiniones de los médicos los resultados habrían sido favorables. El doctor Francisco Medina le había explicado que salieran buenos o malos, al tener encapsulados los tumores era una buena noticia. También le informaron que tenía necrosadas las trompas por la infección originada por el ataque y eso era lo que le generaba la fiebre permanente que padeció los últimos tres meses en el penal.

Las fricciones con los efectivos de la Guardia Nacional continuaron después de la operación. Cada vez que un médico llegaba para examinarla, los guardias pretendían entrar para vigilar qué iban a hacer los galenos, quienes consideraban la pretensión inadmisible. Las monjitas eran las mediadoras entre los bandos enfrentados.

La operación tuvo lugar el día jueves 4 de febrero y Afiuni tuvo que quedarse allí hasta el domingo 7 de febrero. Finalmente el lunes le dieron de alta. Ahora bien, ya tenía firmada el acta pero nadie había previsto quién la iba a custodiar en su casa, que en adelante se convertiría en la nueva prisión.

El juez de sus tormentos

Cada uno de los jueces y fiscales que han estado en el proceso contra la jueza María Lourdes Afiuni formaban parte de círculo de confianza del gobierno revolucionario. Cada uno de ellos se abrió camino con acciones complacientes de carácter político. En el caso de la jueza Afiuni destacó la actuación del juez 26 de juicio Alí Paredes quien le puso todos los obstáculos posibles para que no solo permaneciera detenida más de los dos años sin juicio que permite el Código Penal, sino para impedirle que fuera atendida debidamente por médicos especialistas frente al deterioro de su salud que bien pudo llevarla a la muerte.

Alí Fabricio Paredes Yéspica es un abogado que llegó a ser juez sin haber tenido ninguna carrera judicial. Era un ex policía municipal uniformado del municipio Sucre antes de ser juez. Fue designado en ese cargo directamente sin que mediara una carrera judicial. Para ese momento no tenía ni siquiera los años de graduado que se exige en la Ley para optar al cargo de juez. Salta de policía uniformado a juez de primera instancia en lo penal.

Siendo policía se afilió al partido de gobierno y desde allí estableció vínculos con importantes dirigentes del PSUV. Como aval, destacaba que era hijo de una antigua líder del Partido Comunista, Elba Yéspica, quien se destacó como activista en la Universidad Central de Venezuela. Este juez describió su «carácter revolucionario» en la página web del PSUV, con motivo del homenaje a un guerrillero que supuestamente mató la Digepol[11], antigua policía política en la década de los años sesenta. El homenajeado era un conocido revolucionario de la época, Américo Silva, quien según Paredes era su tío.

En el escrito, el juez Paredes, luego de hacer una semblanza de sus antepasados revolucionarios señala que: «Me siento orgulloso de tener unos familiares base de este proceso revolucionario que estamos viviendo y que además, déjenme decirles, nunca traicionaría a este proceso y mucho menos a mi comandante, porque llevo la revolución en la sangre y de verdad me duele mi pueblo. Por la revolución doy la vida como la expuse el 11 de abril en Puente Llaguno…».

En una ocasión Paredes le dijo a María Lourdes: «Ni muerta te salvas de una condena».

Quizás una manera de hacer firme la convicción de que nunca traicionaría a la revolución. Una de sus mejores credenciales para el «proceso revolucionario» fue el haber sido uno de los pistoleros de Puente Llaguno que el 11 de abril de 2002 detuvieron a tiros a la marcha opositora que se desplazaba en protesta hacia el Palacio de Miraflores.

Por las reiteradas violaciones al debido proceso los abogados de la jueza Afiuni recusaron a Leivys Azuaje, juez 11 de control, quien fue la que envió a la jueza al INOF y luego a Alí Paredes, juez de juicio quien avaló la extensión de una privativa de dos años adicionales para Afiuni.

Fue Paredes quien declaró inadmisibles todos los recursos y derechos procesales que solicitaron durante el tiempo en que manejó el juicio. En los mensajes políticos de Paredes en las redes sociales destaca uno en el que decía que contaran con él para lo que sea porque él está con la revolución y con su comandante Chávez.

Paredes intentaba representar quizás de esa forma tan directa, el pensamiento y el modo de actuar del nuevo hombre surgido en la sociedad del socialismo del siglo XXI del que tanto se había aludido en los manuales y códigos ideológicos producidos en los cenáculos del partido. Un ser incondicional cuya conducta ética ya no estaría en los principios constitucionales sino en la moral revolucionaria.

«Si a mí me preguntan qué se debe hacer con el Poder Judicial, para mí hay que cerrarlo», es la conclusión a la que ha llegado la jueza que intentó manejarse con autonomía en su vida profesional. Luego de tan dramática vivencia Afiuni siente que más nunca podrá ser juez nuevamente hasta que cambie radicalmente el sistema judicial. No tendría la «sangre fría» para enviar a un condenado a una cárcel en Venezuela.

En defensa de lo que debe ser un poder independiente en un Estado, verdaderamente democrático, se pregunta: «Hoy le obedeces a Chávez, pero mañana ¿le van a obedecer a la oposición?». Esa no es la idea. Los más corruptos como cumplen con lo ordenado son intocables. Los jueces que más cobran son los que están con el proceso. Pero no les pasa absolutamente nada. Pero cuando les toca un caso con el que tienen que cumplir lo acatan sin mirar a quien perjudican. Este caso no tiene un origen político sino de tipo personal. Si bien en el Palacio de Justicia sabían que yo no era chavista, que no me prestaba para marramucias, también sabían que yo no tenía ni malas ni buenas relaciones con nadie. Yo cumplía con mi trabajo. No era una piedra en el zapato en el Palacio. Simplemente con no mandarme casos emblemáticos tenían. Más bien era útil. Cuando había situaciones complicadas por corrupción me mandaban: «Vaya a limpiar tal tribunal».

De regreso a casa

Pasada una semana de la operación y habiéndose concedido la casa por cárcel a favor de María Lourdes, todo estaba listo para su regreso. Pero las autoridades aún no definían a quién le correspondía la custodia en su nuevo lugar de reclusión. Los efectivos del Destacamento 56 decían que eso ya estaba fuera de su jurisdicción, que ya habían cumplido su labor con la operación. Los funcionarios querían «escurrir el bulto», quitarse de encima esa «papa caliente». Después de órdenes y contra órdenes, la tarea le correspondió al Destacamento 52 de la Guardia Nacional que opera en el área donde reside la jueza. Pero estos también intentaron salirse del paquete y alegaban que no estaban autorizados para el apostamiento. Lo relevante en este capítulo es que el juez no quería utilizar ni a la Policía de Miranda, ni a la de El Hatillo porque son cuerpos considerados policías de oposición, al estar esos gobiernos estatal y municipal en manos de partidos contrarios al de Gobierno. Una división ideológica que solo es posible en la República Bolivariana.

De modo que la pelea entre los dos destacamentos duró varios días hasta que finalmente el martes 8 de febrero, día en que definitivamente debía cumplirse el traslado, se decidió que la penosa tarea la asumiría el Destacamento 52.

El mayor, que tantos problemas había generado en la custodia de la jueza en el hospital, le comunicó a María Lourdes que fue el Ministro de la Defensa quien ordenó que se quedara el Destacamento 52.

El mayor le dijo: «Nosotros nada más acatamos órdenes del Ministro de la Defensa. No del juez ni de nadie».

El lunes 7 de febrero de 2011 una ambulancia rodeada por la Brigada de Motorizados de la Guardia Nacional y dos convoy con 35 efectivos trasladaron a la jueza María Lourdes Afiuni a su hogar, 72 horas después de una intervención quirúrgica. Miles de personas se agolparon en los alrededores del edificio donde reside la familia Afiuni Mora para verla llegar. Aplausos, globos, pancartas y un enorme mural en la pared del estacionamiento de las residencias que decía: «Jueza Afiuni: Honestidad y Valor». Vecinos, curiosos, amigos y familiares esperaron por más de siete horas la llegada del convoy. «El sol era muy fuerte y al ver su llegada recordé el momento como fue recibido el papa Juan Pablo II en Venezuela», recuerda Alicia La Rosa, reportera, quien ese día también estaba en la calle para recibir a la jueza, pero esta vez confundida entre miles de caraqueños. Hacía un año y tres meses Afiuni había salido con prisa hacia su tribunal como cualquier otro día como una funcionaria cuyos días transcurrían en la protección del anonimato. Ahora regresaba como una figura pública siendo todavía una reclusa pero llevando consigo la pesada carga de un pedazo de la historia de estos años. Entre sollozos su madre, Elina Mora de Afiuni, expresaba: «¡Esto es maravilloso! Gracias a todos los venezolanos por querer a mi hija y por darle una alegría, luego de vivir estos momentos tan duros (…) Esperamos que esta libertad a medias se convierta en libertad plena».

Dos filas de guardias se apostaron como un túnel a la entrada del edificio. María Lourdes bajó del vehículo fuertemente custodiada y caminó entre la fila de uniformes verdes. A sus espaldas una lluvia de aplausos y vítores le anunciaban una nueva etapa como prisionera.

Afiuni encontró en los nuevos custodios la misma actitud, la misma hostilidad. Allí designaron a otro mayor quien en adelante se ocuparía de todos los traslados de la jueza al Palacio de Justicia. Allí el escenario no variaría, se repetirían los encontronazos entre el oficial a cargo y los funcionarios del Palacio de Justicia.

El día que María Lourdes regresó a casa estaba muy adolorida. Había tenido ciertas complicaciones luego de la operación con las trompas y una hemorragia, la hemoglobina había descendido a seis. A pesar de la alegría por el regreso al hogar sus condiciones físicas aún no estaban del todo buenas. La operación que le practicaron debió haberse hecho tres meses antes y entró al quirófano con una severa infección. Por eso la recuperación fue muy lenta. Tardó varios días para que se cerrara la herida.

Sus familiares más cercanos aguardaron impacientes su llegada. La recibieron con una comida. Ella siempre decía que una de las cosas que más añoraba era sentarse en una mesa y comer con cubiertos.

Desde el mismo momento en que puso un pie en la casa su familia asumió una actitud sobreprotectora como queriendo meterla en una bola de cristal. No permitían que entrara cualquiera a la casa. Evitaban las visitas de periodistas porque temían que violara la medida que le impedía hablar del caso a los medios de comunicación. Hubo mucha fricción con cualquier persona que ellos consideraban que la podía perjudicar. Y así la familia Afiuni Mora se fue acostumbrando a la nueva detención que tampoco fue fácil, ya que entre las exigencias estaba la absurda obligación de presentarse una vez por semana ante el juez.

La vida de la jueza confinada en su propia casa fue celebrada por el presidente Hugo Chávez como una acto que demostraba el lado humanitario de su gobierno. Pero las presiones contra la jueza no cesaron. Los obstáculos para atender su delicado estado de salud con médicos de confianza siguieron imponiéndose desde los tribunales. Finalmente en el mes de agosto de 2012 logró el permiso para realizarse una operación el Hospital de Clínicas Caracas, por un prolapso en la vejiga y en el ano, consecuencia de los ataques recibidos durante su prisión en el INOF. En esta nueva ocasión, unos 20 efectivos de la Guardia Nacional se encargaron de la custodia de la jueza quien fue trasladada al centro asistencial ubicado en la zona centro de la capital.

Poco tiempo después, el domingo 16 de septiembre, como parte de su recuperación, mientras realizaba una caminata por las áreas comunes en la planta baja del edificio donde reside, en compañía de su hija, su madre y un hermano, sufrió un atentado desde la calle con arma de fuego. La familia y los custodios, al escuchar una ráfaga de metralla, se lanzaron al suelo. Cuatro de los guardias que la custodiaban sacaron sus armas para repeler el ataque pero solo pudieron ver cuando los atacantes huyeron en un vehículo rojo a toda velocidad.

Los disparos se hicieron hacia el sector donde se encontraban los custodios y el grupo familiar de Afiuni, y en contra el ventanal principal del apartamento del piso cinco, justo el que se encuentra un piso más arriba de donde vive la jueza. Se presume que los atacantes se confundieron de piso porque en esos días en ese ventanal había un cartel de solidaridad con su nombre colocado en ese ventanal. Los investigadores recolectaron aproximadamente 20 proyectiles que impactaron en el departamento que quedó prácticamente destrozado.

Un mes después de los sucesos las autoridades no tenían ninguna información sobre el atentado y en algún momento señalaron que se trataba de un intercambio de disparos que se produjo en esa zona.

Sin derecho al voto

La última acción realizada por el Gobierno en contra de la jueza Afiuni fue impedirle el derecho al voto frente al proceso electoral que se produciría el 7 de octubre de 2012. El tribunal 17 de juicio a cargo de la jueza Marilda Ríos Hernández tardó 39 días en responder una solicitud de la defensa para que permitiera el derecho al voto de la jueza. Pero no decidió sino que remitió el caso al Consejo Nacional Electoral, organismo que respondió que los casos de traslado de detenidos que se encuentren en situación de casa por cárcel, es una medida que le corresponde al tribunal competente. De modo que la defensa se vio obligada a solicitar un amparo que fue conocido por la Sala 10 de la Corte de Apelaciones.

Unos días después el amparo fue respondido con una curiosa decisión que señalaba que la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Penal de Caracas, a quien correspondió conocer la acción de amparo interpuesta por la juez María Lourdes Afiuni, estableció que la negativa por parte del juez de juicio de trasladar a la jueza Afiuni hasta su centro de votación para ejercer su derecho al voto en los próximos comicios presidenciales del 7 de octubre «ocasionó indiscutiblemente un gravamen irreparable al justiciable». No obstante lo anterior declaró «inadmisible» la acción de amparo bajo la argumentación de que los accionantes debieron ejercer recurso de apelación en vez de recurrir al amparo.

El abogado de la jueza Afiuni al tiempo de considerar «vergonzosa» esa decisión no le sorprende del todo porque considera que esa sala accidental está integrada por jueces que forman parte de la «tribu de Aponte Aponte» y son fichas del partido de gobierno. Por ello reitera el abogado que estamos en presencia de una justicia politizada.

La dignidad de los cabeza rapadas

Si alguna imagen le quedó grabada en la mente a María Lourdes eran los exagerados operativos militares que se desplegaban cuando era trasladada al Hospital Oncológico.

Desde que salían del penal y observaba la conmoción que se formaba por sus traslados no comprendía por qué se había convertido en un personaje tan importante que requería de tal despliegue. En medio del drama hasta risa le daba verse a sí misma como una delincuente tan peligrosa que su movilización podía equipararse a la de Pablo Escobar o a la del mismísimo Chacal, aquel del que se hicieron tantas películas y que hasta una fraternal carta recibió de Hugo Chávez.

Pero lo cierto es que la caravana que la escoltaba hacía tal ostentación que en el camino se comía luces, apartaba transeúntes y dejaba a su paso carros chocados.

«Más de una vez se llevaron por delante a uno que otro motorizado desprevenido», asegura Afiuni. «Paralizaban la autopista de punta a punta —recuerda—. En una ocasión la caravana se topó con un tiroteo de unos delincuentes que huían de un robo, y confundidos, los delincuentes dispararon contra la caravana y se formó una balacera entre los custodios y los delincuentes, quienes nunca habrán entendido por qué por un simple robo les mandaron a una apertrechada unidad militar contra ellos».

Cuando Afiuni, luego de tantas peripecias llegaba al Oncológico, por seguridad era ingresada por el estacionamiento de los médicos y de allí debían atravesar el cafetín. Era una manera de evitar a los reporteros y a los curiosos que cada día se sumaban para ver llegar a la presa del Presidente.

Cuando veían llegar en el Tiuna, que es el vehículo blindado fabricado en Venezuela por órdenes de Chávez y además considerado el rústico emblemático de la revolución, la gente se paraba y se arremolinaba en torno a la caravana.

A ese hospital asiste gente muy humilde a recibir tratamiento contra el cáncer. Personas que no tienen un seguro privado ni forma de pagar un tratamiento en una clínica privada. Por eso los pacientes que llegan allí hacen cola desde la madrugada para poder entrar a tiempo. Allí van pacientes recién operados que deben someterse a largas esperas para sus chequeos, otros que acuden para solicitar el servicio de radioterapia o quimioterapia y deben aguardar hasta tres meses para iniciar su tratamiento. Quienes ya se están realizando los tratamientos para el cáncer deben madrugar y aguardar horas por la sesión correspondiente, aguantando todas esas horas a pesar de encontrarse muy debilitados físicamente. Es una espera que nunca termina. Es una escena que termina y vuelve a empezar.

Las cifras más recientes de casos de cáncer diagnosticados anualmente en Venezuela es de unos 50 000 y la mayoría requiere del servicio radio o quimioterapia.

«En la espera nos estamos jugando la vida (…) no es lo mismo esperar por hacer una diligencia que esperar por tu salud», expresaba Cruz Rivas Martínez a la reportera Valentina Ovalles del diario El Universal. Rivas Martínez contó que fue diagnosticado con cáncer de próstata en noviembre de 2011. En el mismo mes fue operado y desde diciembre hasta junio de este año «deambuló» por diferentes hospitales en busca de la radioterapia.

De modo que al hospital al que trasladaban a María Lourdes Afiuni asistían seres como Cruz Rivas o Zoraida Arangú, quien narró a la misma reportera el viacrucis para llegar a las 26 sesiones de radiación que le habían recetado.

María Lourdes llegaba aproximadamente a las 7 de la mañana y los pacientes para ese momento ya tenían unas tres horas de espera. Luego de atravesar el estacionamiento y pasar por el cafetín, la presa del Presidente debía pasar una de las áreas de espera de los pacientes.

Por eso, si hay una imagen que guarda en lo más profundo de su corazón, son los rostros de esos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, muchos de ellos con la cabeza rapada. Afiuni se sorprendía y a la vez se conmovía por la forma como todos, a su paso, se paraban, abrían espacio, se hacían como un túnel entre ellos y la aplaudían, gritaban, muchos con sus cabezas ya sin cabello por el cáncer, algunos con sus radiografías en la mano. Gente muy humilde, gente muy enferma, dándole ánimo a la jueza y aplaudiéndola. Pero al mismo tiempo insultando a los guardias nacionales a quienes les gritaban: «¡Cobardes!».

«Para mí eso fue como un honor que no me parecía merecer», reflexiona María Lourdes. «Jamás en mi vida pensé que eso me iba a pasar a mí. No esperaba eso. Me da una especie de susto porque es una responsabilidad, que de alguna manera adquirí. Una responsabilidad que no esperaba y que no busqué porque eso me da a entender que la gente espera mucho más de lo que yo he podido dar. Y entonces eso es como un peso que llevo encima».

La conmovedora imagen de los dignos «cabeza rapada» inevitablemente nos transporta a los otros, a los colegas, aquellos jueces, que se ocultaban en sus despachos y miraban tras las rendijas de las puertas, para finalmente cerrarlas mientras pasaba la jueza esposada por los pasillos del Palacio de Justicia. Aquellos que se escurrían entre las rendijas del miedo al poder y el terror de perder el empleo. Por eso Afiuni, tras estos años de prisión, siente una gran decepción, especialmente por sus colegas jueces. «Jamás pensé que la mayoría asumiera esa actitud. La de esconderse y doblegarse».

Las dos imágenes hablan de dos mundos que conviven en un episodio trágico y nos ofrecen una lección de vida, de dignidad y de lucidez. De unos enfermos que nada tienen que perder y por ello, en medio de una tragedia personal, son capaces de imponerse, de salir adelante, de expresarse y mostrar el valor en donde los más privilegiados lo han perdido.

Para Afiuni, una de las razones que le explicó a su hija, de por qué le otorgó la libertad a Eligio Cedeño, es porque era una manera de simbolizar que el poder judicial puede ser autónomo e independiente.

«Nosotros perdimos la independencia porque todos sus componentes lo permitimos, no porque Luisa Estela Morales o el presidente Hugo Chávez lo ordenaran. Lo que me generó sorpresa es que todos decidieron cumplir la orden y quedé yo sola y me siento incomprendida. Hay muchos amigos míos que me dijeron que yo soy una loca. A mí me lo dijo el jefe de la Disip:

—Hay que ver que tú sí eres loca de soltar a ese hombre sin cobrar. ¡Tú no te das cuenta de que ese era un preso del Presidente!… ¡y encima no cobraste!

»Los humildes enfermos del Hospital Oncológico nos dan una lección de valentía, de sentido de la vida, de honestidad y de una expresión de otro país que no se ha corrompido», concluye la presa del comandante.

Anexo I

Cronología

2009

10 DE DICIEMBRE: La jueza María Lourdes Afiuni es detenida por haber otorgado la libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, quien llevaba dos años y diez meses detenido, sin que su juicio avanzase, por un ilícito cambiario. La jueza basó su decisión en violaciones al debido proceso contenidas en el expediente y a partir de una resolución de la ONU que solicitaba al tribunal que se le siguiese juicio en libertad. Ese mismo día, Cedeño salió por la puerta principal del Palacio de Justicia con una boleta de excarcelación en la mano; tres días después, desde la clandestinidad, se fue a Estados Unidos, en donde solicitó asilo.

11 DE DICIEMBRE: A las 9:30 pm, en cadena de radio y televisión, el presidente Hugo Chávez Frías exige al Poder Judicial condenar a la jueza Afiuni a pena máxima de 30 años de cárcel, alegando que esa jueza era «una bandida».

12 DE DICIEMBRE: Afiuni es imputada con cargos de corrupción propia, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión de detenido.

18 DE DICIEMBRE: La jueza es trasladada de los calabozos del SEBIN a una cárcel de mujeres, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), luego de permanecer 8 días detenida en la sede de la policía política.

21 DE DICIEMBRE: Ante un auditorio en el que estaban presentes los ministros y los representantes de los Poderes Públicos, Chávez vuelve a referirse al caso de la jueza Afiuni. Dirigiéndose a ella, dice que «está bien presa, comadre», y opina que deberían darle ser 35 años de cárcel si las leyes lo permitieran.

2010

8 DE MARZO: El caso de la jueza es presentado en el informe anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que lo califica de «particularmente grave», «detención arbitraria» y «acto de represalia».

3 DE SEPTIEMBRE: Aparece la boleta de excarcelación de Cedeño, desaparecida el mismo día que detuvieron a la magistrada (el 10 de diciembre de 2009), que sirvió de argumento para acusarla de haberse prestado para la fuga de Cedeño. Ese mismo día, Afiuni, bajo fuertes medidas de seguridad y custodiada por cuarenta efectivos militares, es presentada al tribunal para la audiencia oral y pública que daría inicio a su enjuiciamiento, nueve meses después de su detención.

16 DE JULIO: La jueza es trasladada del INOF a la Medicatura Forense de Bello Monte, para realizarle estudios radiológicos y una mamografía, por unas protuberancias que presentaba en la axila y el seno derecho. Las pruebas arrojaron la presencia de quistes benignos en el seno, por los cuales no se le aplicó tratamiento alguno.

23 DE JULIO: Se prohíbe el traslado bajo custodia de la jueza a la graduación de bachiller de su hija, Geraldine Afiuni.

1 DE SEPTIEMBRE: El juez Alí Fabricio Paredes niega traslado para atención médica a la jueza Afiuni, quien presenta una infección y problemas de tensión.

16 DE SEPTIEMBRE: Afiuni envía una carta dirigida al Presidente Chávez expresando las razones por las cuales decidió declararse en desobediencia civil y exigiendo respeto a sus derechos fundamentales.

1 DE OCTUBRE: El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicita al Estado venezolano la liberación inmediata de Afiuni, así como la reposición en su cargo de jueza 31 de Control de Caracas. El juez de la causa, Alí Fabricio Paredes, hace caso omiso de la resolución de la ONU.

8 DE NOVIEMBRE: Afiuni consigna ante la Fiscalía una denuncia contra Isabel González, directora del INOF, a quien responsabiliza de varios ataques físicos perpetrados contra ella en su celda por parte de custodias, en complicidad con internas recluidas en otros pabellones. Apenas 24 horas después, la Fiscalía ordena desestimar la acusación. Afiuni nunca fue citada a declarar.

14 DE NOVIEMBRE: El canal televisivo Globovisión transmite una entrevista a María Lourdes Afiuni en su celda. A partir de ese momento se incrementaron los ataques y amenazas que recibe en el INOF por parte de custodias y de otras internas.

15 DE NOVIEMBRE: Como consecuencia de la entrevista televisiva, la directora del penal, Isabel González, llega con efectivos de la Guardia Nacional, ametralladoras en mano, para requisar la celda de la jueza.

3 DE DICIEMBRE: Desde finales de noviembre Afiuni comienza a registrar un constante sangramiento. Luego de fuertes presiones ejercidas por los abogados de la defensa ante diversas instancias, el tribunal accede a que Afiuni fuese asistida por un especialista en el Hospital Oncológico.

15 DE DICIEMBRE: La jueza es atendida por una ginecóloga, quien la remite a otro especialista. Este último determina que debe ser operada de inmediato del útero. Pero debido a que están dentro del período navideño hay que esperar hasta enero, a pesar de la gravedad del caso.

2011

11 DE ENERO: Trasladan nuevamente a la jueza al Hospital Oncológico Padre Machado, porque presenta desde el 15 de diciembre un cuadro febril, sangramiento y aceleración del ritmo cardíaco. Le es diagnosticada una afección en el útero. Todos los padecimientos estarían relacionados con los ataques recibidos y la violación de la que fue objeto a mediados de 2010.

24 DE ENERO: Se pronuncia sobre las condiciones «inhumanas» en las que está recluida la jueza el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. La defensa de la jueza solicita al juez 26 de juicio de Caracas, Alí Fabricio Paredes, la medida de casa por cárcel, dado el delicado estado de salud que presenta, según los informes médicos del hospital asignado por el tribunal.

2 DE FEBRERO: El Tribunal 26 de Juicio a cargo del juez Paredes otorga la medida de arresto domiciliario que solicita el equipo de defensa de la jueza.

3 DE FEBRERO: Afiuni es hospitalizada en el Hospital Oncológico Padre Machado e intervenida quirúrgicamente para realizarle una histerectomía (extracción de útero). El Tribunal, por solicitud de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, le otorga la medida de casa por cárcel.

JUNIO: El juez Paredes niega la solicitud de la defensa de que la jueza utilice las áreas comunes del edificio para ejercitarse y tomar el sol, basada en las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos.

JULIO: Nelson Afiuni denuncia ante los medios de comunicación que su hermana es víctima de «tortura y ensañamiento» por parte del juez Alí Paredes.

AGOSTO: La jueza se hace practicar una prueba de densimetría ósea, cuyos resultados determinan un grado avanzado de osteopenia (disminución de la densidad mineral ósea, condición precursora de osteoporosis) en las vértebras lumbares L2 a L4. Los médicos aseguraron que esa condición se debía a la falta de sol y de ejercicio físico necesarios para fijar el calcio en los huesos.

21 DE DICIEMBRE: El académico estadounidense Noam Chomsky, defensor internacional de la revolución bolivariana, pide la liberación humanitaria de la jueza mediante una carta dirigida al Presidente Chávez, en la que argumenta que «Afiuni ya ha sufrido suficiente».

2012

24 DE ENERO: El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Robinson Vásquez niega el derecho al voto a la jueza Afiuni para que las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad del 12 de febrero.

2 DE MARZO: Ordenan traslado de la jueza nuevamente al Oncológico para un estudio radiológico, que determina que los quistes que presenta Afiuni comprometen una cuarta parte de su seno derecho. La jueza presenta además un problema en la vejiga que debe ser tratado en los meses siguientes con intervención quirúrgica.

4 DE MARZO: Human Rights Foundation (HRF) solicita al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de la jueza Afiuni por considerarla «una prisionera de conciencia del presidente Hugo Chávez» y por las arbitrariedades cometidas.

7 DE JUNIO: La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul Albuquerque e Silva, reitera su pedido al gobierno de Venezuela de que libere a la jueza.

26 DE AGOSTO: La jueza es trasladada a su casa luego de ser dada de alta de una segunda operación, esta vez por prolapso de vejiga y ano.

16 DE SEPTIEMBRE: El hermano de la jueza, Nelson Afiuni, denuncia que individuos desconocidos han pasado a bordo de un automóvil y han disparado contra el edificio donde reside la abogada y que le sirve de sitio de reclusión.

21 DE SEPTIEMBRE: La titular del Tribunal 17 de Juicio, Marilda Ríos, niega el derecho al voto de la jueza Afiuni para las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

17 DE OCTUBRE: Los jueces Alí Fabricio Paredes y Leyvis Azuaje son denunciandos ante el Tribunal Disciplinario Judicial por el abogado jefe de la defensa de Afiuni, José Amalio Graterol, por violar los derechos humanos de la jueza.

30 DE NOVIEMBRE: El libro Afiuni: la presa del Comandante sale a la calle y revela ante la opinión pública que la jueza había sido objeto de abuso sexual en el INOF a mediados de 2010. Que su poder sea transgredido.

Anexo II

Chávez sí lo sabía

Desde el mismo momento en se publicó la primera edición de Afiuni: La presa del Comandante, estalló un escándalo en los medios de comunicación venezolanos que se extendió a otros países del continente y de Europa. La noticia de que, además de todos los padecimientos que había sufrido en la prisión, la jueza venezolana María Lourdes Afiuni había sido violada por sus propios carceleros, conmovió a la opinión pública.

El caso de Afiuni, que ya había cobrado gran relevancia internacional, alcanzó una dimensión mucho más profunda, no solo en los medios de comunicación, sino en las organizaciones mundiales de derechos humanos, en intelectuales y líderes políticos y en los organismos internacionales que se ocupan de esa materia como la Unión Europea, la OEA y la ONU.

Hugo Chávez recién había ganado una nueva elección y el escándalo no era propicio para un Gobierno que hacía esfuerzos para limpiar su imagen como uno de los países de la región que más denuncias reunía por violaciones a los Derechos Humanos. De allí que de inmediato se desató una campaña en todos los medios públicos venezolanos manejados por el Gobierno para descalificar la revelación que hiciera la jueza en el polémico libro, acusándola de mentirosa y de orquestar una campaña internacional en contra del gobierno venezolano.

En el principal medio del Estado, Venezolana de Televisión, se presentaron programas especiales descalificando las denuncias de la jueza y de los responsables de la publicación. Desde ellos se afirmaba que todo lo denunciado por Afiuni era falso, que ella había gozado de grandes privilegios mientras estuvo internada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), y en uno de estos especiales se presentaron los testimonios de la directora del penal en aquel momento, Isabel González, de custodias del penal y de otras internas quienes aseguraban que la jueza tenía una celda de lujo y que se le dio todo lo que quiso mientras estuvo allí recluida.

Al calor del escándalo los grupos de opinión exigían al Ministerio Público que se abriese una investigación sobre esas denuncias y las violaciones a los Derechos Humanos que ocurrían en el INOF, mientras desde el Gobierno se alegaba que Afiuni no había hecho esa denuncia antes, cuando ocurrieron los hechos.

Ante esas aseveraciones los abogados de la jueza hicieron público un documento que contenía una extensa denuncia suscrita por María Lourdes Afiuni de dos años antes, el 8 de noviembre de 2010, en la que exponía las agresiones y amenazas de las cuales fue objeto dentro del internado y en la cual responsabilizaba directamente a quien fuera directora del penal, Isabel González, entre 2009 y 2011, quien en la actualidad ocupa el cargo de Directora de la Región Centro Occidental del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Cuando fue introducida aquella denuncia, la jueza estaba recluida en el INOF y las amenazas contra su vida estaban allí, a la orden del día. Sin embargo, se arriesgó a realizarla. Pero no pasaron 24 horas de introducida cuando la Fiscalía solicitó un sobreseimiento de la misma. Ello quiere decir que el fiscal simplemente solicitó el cierre del caso sin siquiera permitir que se llamase a declarar a la denunciante, que era la propia jueza María Lourdes Afiuni.

El tribunal recibió la solicitud del cierre del caso, pero el juez de ese tribunal, Máximo Guevara, del circuito de Caracas, a quien le fuera remitida la denuncia con la solicitud de sobreseimiento, dijo que eso no era competencia de ese tribunal porque la denuncia estaba radicada en Los Teques donde se encuentra el penal, así que mandó el expediente para la capital mirandina. De esa denuncia no se supo más nada. Cuando un ciudadano coloca una denuncia por escrito ante la Fiscalía, lo que debe hacer el organismo es citar a la persona que denuncia y tomarle una declaración para que ratifique lo denunciado en el escrito y haga una extensión detallada de los hechos, de lo que está denunciando. Eso nunca pasó. El expediente quedó allí durmiendo, hasta que dos años después, con la salida del libro, la opinión pública conoció el alcance de los ataques recibidos por la jueza en el INOF, que llegaron hasta la agresión sexual.

Fue así como el 3 de diciembre de 2012, a pocos días de haber salido el libro a la calle, el Tribunal 17 de juicio, a cargo de la jueza Marilda Ríos, que está procesando a la jueza en ausencia, autorizó un traslado de Afiuni para la Fiscalía para que hiciera la nueva denuncia por violación. El día anterior el fiscal acusador del Ministerio Público había pedido la condenatoria de la jueza. Y al día siguiente la jueza Ríos la manda a comparecer ante ese mismo fiscal, que está pidiendo su condenatoria. El propósito de la Fiscalía era realizar una audiencia privada con el fin de que la jueza formulara una nueva denuncia. Es de aclarar que hacer este tipo de audiencias cuando la persona a quien se cita está siendo procesada está prohibido por el Código Orgánico Procesal Penal (COOP). Después de iniciado el juicio ninguna de las partes se puede reunirse en privado sin la presencia del juez.

Así que trasladaron a la jueza Afiuni a la Fiscalía a las seis de la mañana, fuertemente custodiada por la Guardia Nacional, y la condujeron a la misma oficina del fiscal que pedía su condenatoria el día anterior. El fiscal le solicitó a la jueza Afiuni que interpusiera una denuncia de los hechos que estaban saliendo en la prensa. En esa oficina estaban esperándola además un fiscal bancario que nada tenía que ver con el caso y una fiscal de Violencia contra las Mujeres.

Es interesante destacar que el delito que la jueza estaba denunciando a través del testimonio plasmado en el libro debía haber sido conocido por un fiscal de Derechos Fundamentales, no por un fiscal bancario ni por el fiscal que está pidiendo que fuese condenada. Cuando se trata, como en ese caso, de una víctima de unas lesiones ocurridas dentro de un penal donde el Estado es responsable de la integridad física de la víctima que hace la denuncia, le corresponde conocer del caso a un Fiscal de Derechos Fundamentales. Y allí no estaba.

Durante hora y media estuvieron discutiendo con la jueza Afiuni. Afuera se encontraban los dos abogados de la defensa, a quienes, ilegalmente, se les había prohibido estar en la audiencia privada, José Amalio Graterol y Thelma Fernández. La jueza alegó que esa reunión era inconstitucional. Argumentó que ella no tenía por qué estar en la sede del fiscal acusador, que si requerían que interpusiera una denuncia debieron trasladarla a la sede de otra fiscalía y especialmente la de Derechos Fundamentales. Igualmente les recordó que el 8 de noviembre de 2010 ella había entregado una denuncia por escrito y la Fiscalía mandó a cerrar el caso sin investigarlo.

«Yo quiero saber qué pasa con esa denuncia», insistió la jueza ante los tres fiscales. «¿Por qué ustedes me están pidiendo que abra otra denuncia cuando ya existe una abierta? Eso es ilegal», ratificó Afiuni. A lo que el fiscal acusador respondió que esa denuncia ya aparecería y que lo importante era interponer una nueva y le pedía que tuviese un poco de confianza en ellos. La jueza respondió que lamentablemente ya no confiaba en el Ministerio Público. «Yo no puedo tener un voto de confianza con ustedes. Yo no voy a poner otra denuncia hasta que no me digan qué pasó con la primera», informó a los fiscales.

Luego de una hora y media finalmente dejaron ingresar a José Amalio Graterol, y los fiscales decidieron levantar un acta en la que dejaban constancia de que la jueza María Lourdes Afiuni desistía de hacer la denuncia. El abogado José Graterol dijo: «No hay problema, vamos a levantar el acta, pero yo quiero ejercer el derecho de palabra y que ello quede asentado en el acta. Así yo la firmo». Pero los fiscales no lo permitieron. Los abogados de la defensa concluyeron que la Fiscalía pretendía levantar un acta con la firma de la jueza en la que desistía de esas denuncias, sin que se tomara en cuenta la versión de Afiuni y de sus abogados.

A pesar de que la jueza no firmó esa acta, unas horas después la Fiscalía emitió un boletín de prensa en el que se señalaba que la jueza María Lourdes Afiuni había desistido de la denuncia por violación cuando estuvo interna en el INOF, tergiversando la realidad de lo que había ocurrido en esa oficina.

El 30 de noviembre de 2012, después de publicado el libro y antes de que la jueza Afiuni fuese llevada a interponer la denuncia por violación, la Fiscalía introdujo una solicitud de sobreseimiento de la vieja denuncia que hiciera el 8 de noviembre de 2010, que había quedado varada en un tribunal de Los Teques. Es decir, que cuando la jueza fue trasladada a la Fiscalía la solicitud de sobreseimiento ya estaba en el tribunal.

Dos días después arreció la campaña contra la jueza Afiuni en los medios públicos. En especial, mediante el programa de varias horas que realizó Venezolana de Televisión en el que se utilizaron a internas del INOF para desmentir a la jueza y descalificar sus denuncias. Entre las internas que se prestaron para esa campaña estuvo Ana Mercedes Ocanto, quien al día siguiente fue puesta en libertad como compensación a sus declaraciones. Otra de ellas, Yadira Torres, es una reclusa que lideró y fue autora intelectual del ataque violento que realizó un grupo radical en contra de la Sinagoga de Maripérez, en Caracas. Torres está a la espera de una medida de libertad. Otra es Clementina Boccardo, condenada por estafa, quien es una de las internas más agresivas del penal, y quien fue de hecho una de las atacantes de María Lourdes Afiuni en el INOF. Boccardo salió en libertad dos días después de dar esas declaraciones. El resto de las declarantes igualmente eran internas que participaron en agresiones contra la jueza, entre ellas una a quien Afiuni le había ratificado una privativa de libertad.

Con tres años y tres meses con la jueza como prisionera, la vida de la familia Afiuni Mora transcurre con cierta monotonía, dentro de la anormalidad de vivir una situación de casa por cárcel. Recientemente los cinco relatores de la ONU en materia de Derechos Humanos exigieron al Gobierno de Venezuela la libertad de María Lourdes Afiuni. Ello llevará el caso al más alto nivel de la organización mundial. Estos pronunciamientos producen cierta esperanza en la familia, dado que el juicio en ausencia tiende a alargarse indefinidamente, con una lista de cuarenta y tres testigos citados por el tribunal en unas largas audiencias en las que apenas comparece un testigo por mes. En ese juicio participan dos observadores de la ONU, quienes han llevado sucesivos informes del insólito juicio de Afiuni.

Las visitas a la jueza encarcelada en el modesto apartamento de La Tahona son constantes: tesistas que han tomado su caso como tema de grado; representantes de La Iglesia que no han dejado de ir, igual que las monjas que la protegieron en el Hospital Oncológico; dirigentes políticos, periodistas y líderes de otros países.

Las afecciones en su salud siguen avanzando y provocando nuevas necesidades de ser atendida. Luego de dos operaciones que fueron necesarias, la jueza sigue teniendo sangramientos constantes en la orina, que han ameritado traslados urgentes. Así que gran parte de la labor de sus abogados en el presente consiste en acudir a diversas instancias en procura de celeridad para los traslados a los centros médicos, los cuales son negados o retrasados constantemente por las autoridades, problema que se ha intensificado luego de la muerte de Hugo Chávez. Ya está prevista una tercera operación para extirparle el ovario que le queda a la jueza, que se encuentra muy inflamado.

«El ensañamiento sigue a pesar de la ausencia del presidente Chávez», ratifica Afiuni, quien desde una pequeña poltrona ubicada al lado de la ventana habla de sus angustias como algo que ya forma parte de su vida. «No es fácil vivir con esto, toda mi familia está presa conmigo». Quien lleva su apellido, de hecho, puede sufrir consecuencias desagradables en sus actividades profesionales por la sola sospecha de parentesco con una prisionera tan emblemática.

Después del fallecimiento del presidente, el comandante general de la GNB mandó a redoblar la vigilancia en torno a su casa, sin explicaciones. Una noche trajeron más colchonetas para los que ya son 20 custodios y desde entonces aumentaron la vigilancia sobre los vehículos que entran y salen del edificio. Le hicieron saber que pensaban que ella intentaría fugarse. «Para qué me voy a fugar si ya tengo más de tres años presa», se pregunta la jueza.

Sobre la denuncia por violación, dice: «Yo dejé eso así por ahora. Esos hechos tarde o temprano van a ser investigados. Que por ahora, dentro del territorio nacional, nosotros como abogados no vamos a hacer absolutamente nada, no significa que no actuaremos en su momento. Porque ellos son los que tienen el poder y controlan todo el Poder Judicial. Por eso sería absurdo que agotáramos esa denuncia en estos instantes. Ese es un delito que no prescribe, es un delito en el que la víctima está detenida bajo custodia del Gobierno y que sufrió vejaciones y violaciones a sus Derechos Humanos. Eso en cualquier momento puede ser reactivado y en estos instantes el poder del Estado se ensañó, más bien, y activó dentro del INOF una serie de mecanismos mediante los cuales todo el mundo está amenazado y advertido sobre lo que puede pasarles si dan alguna declaración a mi favor sobre los hechos que yo había denunciado. Para los que están allí, es un asunto de conservar la vida». Aunque en el exterior se conozca el caso, sus abogados coinciden en que las investigaciones no se deben adelantar en las actuales condiciones. Afiuni, de hecho, podría terminar siendo imputada por otro delito. «Cualquier testimonio que salga de la jueza podrá ser utilizado en su contra», concluye Graterol.

Luego de la campaña en contra de la jueza, los abogados se pudieron percatar de que lo que más molestó al Gobierno fue el momento en que el abogado Graterol declaró: «Chávez lo sabía y no hizo nada». ¿Por qué aseguraron eso? «Hay muchas vías por las cuales él se enteró. Por ejemplo Noam Chomsky le envió varias cartas a Chávez dándole cuenta de lo que me ocurría. Él no puede decir que no lo sabía», asegura Afiuni. Lo sabía a través de cartas privadas. Noam Chomsky mandó tres cartas a Chávez antes de que hiciera una pública, solicitándole la libertad de la jueza.

Cuando María Lourdes piensa en una posible libertad no vislumbra claramente su futuro: caminar en línea recta, recluirse en una playa en la que pueda caminar descalza sobre la arena, cosas cotidianas para la persona común no son tangibles para alguien que no ve aún la luz al final del túnel. Pero al examinarse a sí misma, el mayor dolor que guarda es el hecho que le fue arrebatado su trabajo como jueza, para el cual vivía las 24 horas del día. Sabe que nunca más volverá al Poder Judicial. No volverá más a un organismo que no puede ver de otra forma que como un «nido de delincuentes». Pero confía que su experiencia, en que su drama personal como víctima de esa cadena de complicidades podrá servirle algún día para ayudar a otros, quizás desde alguna posición fuera de Venezuela, en la defensa de los jueces que son víctimas de regímenes autocráticos.

Con el fallecimiento del hombre que desde el poder la mandó a la prisión, crece la incertidumbre sobre cuál será la conducta de sus herederos. Mientras la mitad del país exalta la imagen del gendarme que gobernara a Venezuela durante 14 años, la familia aguarda en silencio alguna luz que indique el camino que tomarán los nuevos acontecimientos y los efectos que ellos tendrán en la vida de la jueza, de su hija, de los padres y de toda la familia Afiuni Mora. No guardan mayor esperanza con los nuevos gobernantes; incluso piensan que hasta podrían ser más radicales que Hugo Chávez. Después de todo ella ha sido una «presa del comandante».

FRANCISCO OLIVARES (Venezuela, desconocido - Actualidad). Es actualmente jefe de Investigación del diario El Universal de Venezuela, en donde coordina la sección de Expediente que publica ese rotativo los días domingo. En 1995 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y ha sido galardonado en otros eventos por sus trabajos de investigación. Ha publicado otros libros como Las balas de abril (2005) y Las cuentas ocultas del Presidente (1989).

Notas

[1] Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). En 1958, luego de la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez (23 de enero), y de la posterior disolución de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) —también conocida como «Policía Política»— por el gobierno provisional (24 de enero), se crea la Policía Criminológica —«dedicada solamente a la investigación criminal»—. La Criminológica habría de tener una existencia transitoria. El 20 de febrero de ese mismo año sería renombrada como Policía Técnica Judicial (PTJ), con un marco legal no muy específico; su función consistiría en dar apoyo científico a las investigaciones policiales. Más adelante, en el año 1975 se promulgaría la Ley de Policía Judicial que establece su estructura y organización.

Aunque no está claro a partir de qué momento, la PTJ también fue conocida como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ).

Al promulgarse la actual Constitución —en el año 1999—, el cuerpo de policía técnica volvería a cambiar de nombre, llamándose Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); siendo el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Su función, el esclarecimiento científico de los delitos. (N. del E.D.) <<

[2] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, tanto interior como exterior.

Al caer la dictadura (1958), las instituciones policiales y de seguridad entraron en crisis: no solo cumplían las labores propias de protección y resguardo, sino que también eran los órganos de la represión. De modo que, la Dirección de Seguridad Nacional fue desmantelada; el espacio dejado por la Policía Política sería ocupado por la Criminológica.

Los primeros tiempos de democracia (años 60) estarían envueltos en un aura de confusión: el inicio de la actividad guerrillera en el país —debido a la exclusión política de los comunistas, mediante el pacto de Punto Fijo—; y los severos castigos al activismo político de oposición. En el año 1959 el gobierno crea la Dirección General de Policía (Digepol), motivado por la vaga delimitación de las funciones en los cuerpos policiales y de seguridad; separando la policía criminal (en la PTJ) de la inteligencia y seguridad estatal (Digepol). Este clima de inestabilidad política hizo de la Digepol un ente represor más que de inteligencia.

Durante el primer mandato de Caldera (1969-1974), la Digepol sería disuelta y sustituida por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). En los años previos al los golpes de Estado de 1992, la Disip sostuvo operaciones de inteligencia contra los militares rebeldes —encabezados por Hugo Chávez y Arias Cárdenas—. Sufriendo su sede, el Helicoide, un bombardeo aéreo por parte de las Fuerzas Aéreas rebeldes el 27 de noviembre de ese mismo año.

El 4 de diciembre de 2009 la Disip dejaría de existir, dando lugar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 2 de junio de 2010 (N. del E.D.) <<

[3] Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

Para mayor información, se recomienda leer las notas 1 y 2 (N. del E.D.) <<

[4] El Helicoide fue proyectado como centro comercial, de exposiciones, hotel cinco estrellas, con un palacio de espectáculos en su séptimo nivel, entre otras cosas más. Ha —debido al mal manejo de los sucesivos gobiernos— perdido su función original. Actualmente sus espacios sirven como sede de distintos entes gubernamentales, destacando el servicio de inteligencia. Cuenta con una superficie construida de más setenta y siete mil metros cuadrados.

El Helicoide

Comienza su construcción en el año 1956, durante el gobierno de Pérez Jiménez. Debido a la salida de este del poder, la construcción de la primera etapa se prolongaría hasta el año 1961. Deteniéndose las obras por causas presupuestarias; en el año 65 se retoma la construcción, planificando terminar la edificación en 1967. Sin embargo la edificación no sería concluida.

La cúpula geodésica de aluminio que corona al Helicoide será terminada en el año 82. Y, desde 1984 se instalan varios organismos del Estado en él, sobresaliendo la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Durante el golpe de noviembre de 1992 la cúpula se vería comprometida por el bombardeo aéreo sufrido a manos de los militares rebeldes, siendo respondido con fuego antiaéreo desde ella (N. del E.D.) <<

[5] Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Organismo gubernamental creado en el año 2003 como consecuencia del decreto de control cambiario. Antes de CADIVI existieron otros organismos/mecanismos cuya función también era limitar el acceso de moneda extranjera a los ciudadanos, como el RICADI (Régimen de Cambio Diferencial, 1983-89) o las bandas cambiarias (1996-2002).

La necesidad de crear un sistema de control cambiario en Venezuela se encuentra enraizada en el Viernes Negro (1983), momento en el que el bolívar pierde su estabilidad frente al dólar americano y se inicia un proceso de devaluación prácticamente continuo, lo que se reflejará en la poca confianza que suscita la moneda local.

La reconversión del bolívar mediante la eliminación de tres ceros –ahora llamado bolívar fuerte (Bs.f)– manteniendo una tasa de cambio de bolívares por dólar menor a la del mercado real, ha conllevado a una mayor escasez de divisas, jugando en contra del bolívar.

El poder adquisitivo –cada día más mermado– del bolívar (a causa, entre otros motivos, de la impresión desmedida de bolívares inorgánicos por parte del Banco Central de Venezuela), ha elevado la demanda de dólares por parte de la población venezolana que, para su adquisición, se ha visto en la necesidad de acostumbrarse a un cambiante y riguroso proceso de obtención de divisas supervisado por la Comisión, en donde el usuario se ve inmerso en variadas reglamentaciones cambiantes y rigurosas en organismos de control cambiario constantemente creados cada año para realizar funciones similares pero con reglamentaciones diferentes y más complejas para la obtención de una más limitada cantidad de dólares (N. del E.D.) <<

[6] Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Se funda en el año 2007 como consecuencia de una propuesta del presidente Chávez durante la campaña presidencial del 2006, con la disolución y adhesión de la mayor parte de los partidos políticos de la izquierda venezolana. Existiendo partidos reticentes a formar parte de este nuevo «partido único» alegando la imposición de un escenario «antidemocrático» por parte del presidente Chávez. Sin embargo, algunas de estas agrupaciones políticas aceptaron unirse al PSUV si su identidad era respetada y se les permitía crear tendencias en el partido único. (N. del E.D.) <<

[7] Video https://www.youtube.com/watch?v=wHnVzZGBvfI (N. del E.D.) <<

[8] Video https://www.youtube.com/watch?v=AOWPXh3yxBM (N. del E.D.) <<

[9] Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Es un organismo auxiliar del Poder Judicial que entre sus atribuciones destaca «… las funciones de dirección, gobierno, administración, inspección y vigilancia del Poder Judicial». Página oficial http://tsj-dem.gob.ve/jsp/magistratura/index.jsp (N. del E.D.) <<

[10] Arma blanca rústica que fabrican los presos en la cárcel de manera clandestina. DRAE (N. del E.D.) <<

[11] Dirección General de Policía (Digepol).

Para mayor información, se recomienda leer las notas 1 y 2 (N. del E.D.) <<

[1] Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). En 1958, luego de la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez (23 de enero), y de la posterior disolución de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) —también conocida como «Policía Política»— por el gobierno provisional (24 de enero), se crea la Policía Criminológica —«dedicada solamente a la investigación criminal»—. La Criminológica habría de tener una existencia transitoria. El 20 de febrero de ese mismo año sería renombrada como Policía Técnica Judicial (PTJ), con un marco legal no muy específico; su función consistiría en dar apoyo científico a las investigaciones policiales. Más adelante, en el año 1975 se promulgaría la Ley de Policía Judicial que establece su estructura y organización.

Aunque no está claro a partir de qué momento, la PTJ también fue conocida como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ).

Al promulgarse la actual Constitución —en el año 1999—, el cuerpo de policía técnica volvería a cambiar de nombre, llamándose Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); siendo el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Su función, el esclarecimiento científico de los delitos. (N. del E.D.) <<

[2] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, tanto interior como exterior.

Al caer la dictadura (1958), las instituciones policiales y de seguridad entraron en crisis: no solo cumplían las labores propias de protección y resguardo, sino que también eran los órganos de la represión. De modo que, la Dirección de Seguridad Nacional fue desmantelada; el espacio dejado por la Policía Política sería ocupado por la Criminológica.

Los primeros tiempos de democracia (años 60) estarían envueltos en un aura de confusión: el inicio de la actividad guerrillera en el país —debido a la exclusión política de los comunistas, mediante el pacto de Punto Fijo—; y los severos castigos al activismo político de oposición. En el año 1959 el gobierno crea la Dirección General de Policía (Digepol), motivado por la vaga delimitación de las funciones en los cuerpos policiales y de seguridad; separando la policía criminal (en la PTJ) de la inteligencia y seguridad estatal (Digepol). Este clima de inestabilidad política hizo de la Digepol un ente represor más que de inteligencia.

Durante el primer mandato de Caldera (1969-1974), la Digepol sería disuelta y sustituida por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). En los años previos al los golpes de Estado de 1992, la Disip sostuvo operaciones de inteligencia contra los militares rebeldes —encabezados por Hugo Chávez y Arias Cárdenas—. Sufriendo su sede, el Helicoide, un bombardeo aéreo por parte de las Fuerzas Aéreas rebeldes el 27 de noviembre de ese mismo año.

El 4 de diciembre de 2009 la Disip dejaría de existir, dando lugar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 2 de junio de 2010 (N. del E.D.) <<

[1] Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ). En 1958, luego de la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez (23 de enero), y de la posterior disolución de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) —también conocida como «Policía Política»— por el gobierno provisional (24 de enero), se crea la Policía Criminológica —«dedicada solamente a la investigación criminal»—. La Criminológica habría de tener una existencia transitoria. El 20 de febrero de ese mismo año sería renombrada como Policía Técnica Judicial (PTJ), con un marco legal no muy específico; su función consistiría en dar apoyo científico a las investigaciones policiales. Más adelante, en el año 1975 se promulgaría la Ley de Policía Judicial que establece su estructura y organización.

Aunque no está claro a partir de qué momento, la PTJ también fue conocida como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ).

Al promulgarse la actual Constitución —en el año 1999—, el cuerpo de policía técnica volvería a cambiar de nombre, llamándose Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); siendo el principal organismo de investigaciones penales de Venezuela. Su función, el esclarecimiento científico de los delitos. (N. del E.D.) <<

[2] Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, tanto interior como exterior.

Al caer la dictadura (1958), las instituciones policiales y de seguridad entraron en crisis: no solo cumplían las labores propias de protección y resguardo, sino que también eran los órganos de la represión. De modo que, la Dirección de Seguridad Nacional fue desmantelada; el espacio dejado por la Policía Política sería ocupado por la Criminológica.

Los primeros tiempos de democracia (años 60) estarían envueltos en un aura de confusión: el inicio de la actividad guerrillera en el país —debido a la exclusión política de los comunistas, mediante el pacto de Punto Fijo—; y los severos castigos al activismo político de oposición. En el año 1959 el gobierno crea la Dirección General de Policía (Digepol), motivado por la vaga delimitación de las funciones en los cuerpos policiales y de seguridad; separando la policía criminal (en la PTJ) de la inteligencia y seguridad estatal (Digepol). Este clima de inestabilidad política hizo de la Digepol un ente represor más que de inteligencia.

Durante el primer mandato de Caldera (1969-1974), la Digepol sería disuelta y sustituida por la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). En los años previos al los golpes de Estado de 1992, la Disip sostuvo operaciones de inteligencia contra los militares rebeldes —encabezados por Hugo Chávez y Arias Cárdenas—. Sufriendo su sede, el Helicoide, un bombardeo aéreo por parte de las Fuerzas Aéreas rebeldes el 27 de noviembre de ese mismo año.

El 4 de diciembre de 2009 la Disip dejaría de existir, dando lugar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 2 de junio de 2010 (N. del E.D.) <<