¿De qué sirve un economista si sólo ve la tormenta después de que ha pasado?

JOHN MAYNARD KEYNES

Prefacio y agradecimientos

La música gamelán, que es originaria del sudeste asiático, concretamente de la islas indonesias de Java y Bali, tiene una característica peculiar para los oídos de un occidental que normalmente descubrimos en un primer momento: su estructura melódico rítmica es circular. Su organización compositiva está edificada sobre un tema medular llamado balumgan y sus sucesivas reelaboraciones contrapuntísticas. De hecho, es el balumgan lo que transmite la sensación unitaria a la totalidad de la obra.

Durante el transcurso de la redacción de este libro, me he dado cuenta de las similitudes estructurales que el producto final del mismo puede tener con la música indonesia. Aquí el lector encontrará tanto un principio como un fin; y sin embargo, por medio quizá echará en falta una historia secuencial que le sirva de hilo conductor entre un acontecimiento y otro. En su lugar, lo que sí encontrará el lector es una narración organizada alrededor de una serie de reelaboraciones e incluso deconstrucciones del mi tema medular,¹ que describo como los temas transversales, y un «tema medular» que estructura toda la temática. Este motivo principal —mi balumgan personal— se organiza alrededor del proceso de envejecimiento de la población, en tanto que considero que este fenómeno es la novedad más importante que estamos experimentando en nuestras sociedades. Y como el balumgan de la música indonesia, este motivo principal va repitiéndose a lo largo de todo el libro.

Este enfoque quizá sorprenderá al lector acostumbrado a los libros tradicionales de economía, puesto que se trata de un tema que no suele salir mucho fuera de los estudios especializados. A mi entender, sin embargo, el envejecimiento de la población es clave para captar en profundidad lo que nos está pasando. Al mismo tiempo, actúa como factor unificador de todos los demás elementos que constituyen nuestra realidad contemporánea, por muy diversos que éstos sean: el mercado laboral, el sistema de pensiones, la capitalización de los bancos o la aceleración en la emigración de jóvenes.

A algunos observadores la publicación de este libro, precisamente en este momento, podría parecerles un error de juicio de proporciones históricas o, como mínimo, una redundancia total. España se está recuperando, o ésta es la historia que oímos un día sí y otro también. De manera que frente a este consenso tan extendido, ¿por qué una persona sería tan tozuda² como para empeñarse en cuestionar lo que muchos dan ya por hecho?

Tal vez porque las cosas, a pesar del optimismo que el nuevo relanzamiento de la economía española ha despertado, no serán así de fáciles, o bien porque nos enfrentamos a un futuro bastante diferente del pasado que hemos vivido. Un futuro incierto donde hace falta echar una mirada al horizonte para visualizar, pese a una gran falta de claridad y detalle, lo que somos capaces de ver.

Soy macroeconomista y, a pesar de ser extranjero, llevo ya más de un cuarto de siglo viviendo en España, concretamente en Cataluña, lo que me ha permitido analizar y comentar la economía española durante bastantes años. Desde 2006 he mantenido un blog³ dedicado a ella y a sus crecientes problemas. No creo que exagere si digo que ha sido probablemente la fuente en inglés más leída por personas interesadas en la crisis económica española durante los últimos años. Lo que allí he dicho seguramente no siempre ha gustado a todos los españoles; pero en cada momento he intentado ser sincero e independiente, y decir lo que a mí me parecía que había que decir. Creo que los acontecimientos me han dado la razón más veces que al contrario, pero éste no es un libro sobre el pasado, ni otro intento más de remover las entrañas de la historia de la crisis española. Es un libro sobre el futuro, sobre la manera de reaccionar frente a situaciones complicadas y sobre los retos que todavía le quedan pendientes a la sociedad española.

La tesis que aquí defiendo es bastante sencilla: la profunda recesión de 2012-2013 se ha acabado; la economía se ha estabilizado e incluso hay una ligera tendencia al crecimiento. Como mínimo se ha evitado lo peor, al menos de momento. Pero seis años después de iniciarse la crisis más grande de toda la historia de la economía española quedan muchas preguntas todavía abiertas, entre ellas la futura dinámica de la población española y qué impacto tendrá ésta sobre la economía. El país se ha quedado con un sistema financiero que seguramente no está a punto del colapso; pero tampoco se halla en condiciones de dar mucha alegría a las empresas que buscan crédito. El paro ha dejado de subir, pero al mismo tiempo no hay suficiente margen en la economía para crear empleo en cantidades significativas.

Esa combinación de ingredientes tiene un resultado por el cual, aunque las exportaciones florecen, la economía doméstica no acaba de arrancar; de ahí que un número de personas cada vez más elevado abandone el país frustradas por la falta de oportunidades. La mayoría son extranjeros, pero entre ellos hay también numerosos españoles, muchos de ellos altamente cualificados, y su número va en aumento. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), con fecha de diciembre de 2013,⁴ durante el primer semestre de ese año España registró un saldo migratorio negativo de 124.915 personas, un 50 por ciento mayor que el del semestre anterior.

Por lo tanto, el país está atrapado en un círculo vicioso: lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Las exportaciones suben, el consumo baja y la economía se encuentra en un punto muerto. Mientras tanto, la salida de población en edad de trabajar hace cada vez más precario el futuro del sistema de pensiones. Este frágil equilibrio es realmente preocupante, en tanto que el primer golpe que esté por venir podría desestabilizar otra vez la economía y enviarla a una nueva recesión. Hay que hacer más esfuerzos, de ahí que en términos generales vengo a defender la línea argumental del último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que apunta a la necesidad de llevar a cabo más esfuerzos, incluso salariales, para abrir paso a los jóvenes en el mercado laboral.

Quizá no haya una solución fácil a estas alturas, pero siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar. No soy yo quien tiene que decir a los españoles lo que tienen que hacer. Lo que hace falta es un debate bien informado que plantee todas las cuestiones pendientes, con sinceridad y flexibilidad de criterio. Lo que el autor espera de este libro es que aporte una pequeña contribución al proceso de iniciar este debate.

De una manera especial debo dejar constancia de mi agradecimiento a mi hermano David, por haberme escuchado, tolerado y apoyado durante tantos años. También a Bernat Vilà, Sunsi Sardans, Miquel Morros, Vicenta Moll, Teresa Miquel, Fiona Maharg, Lara Fluxà, Marcel Alcoverro, Mikel Abasolo, Claus Vistesen, Jonathan Tepper, Detlef Güertler, Marc Lloveras, Salva Garcia y José Contreras, quienes tanto me han ayudado, tanto con las líneas argumentales como con las correcciones ortográficas y fraseológicas, sin las cuales mi español hubiera quedado lamentable y empobrecido.

A todos ellos, muchas gracias, aunque los errores, por supuesto, serán total responsabilidad mía.

EDWARD HUGH

Les Escaules de l’Empordà, diciembre de 2013

1

¿Lo peor ya ha pasado?

Incluso el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo reconoce: esta recuperación es frágil,⁵ y sólo genera nuevos puestos de trabajo con gran dificultad. Ésta es una síntesis muy precisa de la situación de la economía real; pero nunca hay que olvidar que hay otra economía, la economía financiera, donde las cosas van bastante mejor. Una frase memorable del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, nos ofrece el mejor resumen imaginable: «Es un momento fantástico para España. Llega dinero de todas partes».⁶

Quizá esta última frase es un poco exagerada, por no decir poco sensible, cuando nos referimos a un país con más de un 25 por ciento de parados, no obstante describe adecuadamente la situación subyacente en lo relativo a la economía financiera. A partir del suministro de liquidez de los bancos centrales y la decepción encontrada en los mercados emergentes, durante los últimos doce meses los grandes fondos de inversión han sido muy activos en toda la periferia de Europa, comprando activos que antes se consideraban demasiado arriesgados. El factor que ha marcado la diferencia, sin lugar a dudas, ha sido la garantía ofrecida por Mario Draghi. Los mercados entendieron que «lo necesario» quería decir lo necesario en el pleno sentido de la expresión; es decir, todo lo que hiciera falta para garantizar que el euro no se desintegrara. Alcanzado ese punto, no podía haber límites puestos por el Tribunal Constitucional de Alemania, ni por el Bundesbank, ni por los políticos euroescépticos finlandeses que sustentarían. Delante del abismo que se abriría si no hubiera sido así, se asumió que las reservas se levantarían como la niebla en un soleado día de invierno.

Al menos por el momento las cosas han vuelto a estar como antes de la crisis griega de 2010. Hoy por hoy, no existe lo que se denomina conversion risk o riesgo de que en la denominación de activos se cambie una divisa por otra, ya que el riesgo de disolución de la zona del euro se presume muy bajo, prácticamente nulo. Al mismo tiempo, activos italianos o españoles están pagando un mayor interés que sus equivalentes alemanes, y sólo los inversores más dispuestos a asumir riesgos son los que van comprando.

La consecuencia es que nos encontramos otra vez delante de una situación configurada por dos Españas: la España que vive dentro de la economía financiera, donde el dinero entra por todas partes, y la otra España donde una persona de cada cuatro no encuentra trabajo, donde las pymes apenas tienen acceso al crédito y lo poco que tienen les sale muy caro. Es evidente que hay una desconexión entre las dos partes, donde el dinero que fluye por una parte no llega a fluir por la otra, y que esta desconexión va en aumento. Sin embargo, aunque a veces no lo parece, las dos se necesitan mutuamente, y quizá hoy día más que nunca.

En medio de esas dos sociedades en paralelo se encuentra el Gobierno, que de resultas parece complacido. Sus representantes salen constantemente ante la prensa celebrando su éxito, declarando que «finalmente lo hemos conseguido» y que España está saliendo del túnel. Sin embargo, mientras van sonando los aplausos no son pocos los que se preguntan en voz baja: «¿Saliendo de qué y zarpando hacia dónde?».

No cabe duda de que habrá crecimiento. Pero poco importa si este año la tasa es de un 0,7 por ciento, un 0,5 por ciento o un 0,3 por ciento del PIB, puesto que la triste realidad es que en la calle las cosas no cambian. Seguramente este año habrá un 0,2 por ciento menos de la miseria que había en 2013. Pero para una persona que no puede pagar su hipoteca, o sólo encuentra un trabajo mal pagado y por medio de un contrato temporal eso no basta. Ni basta tampoco para las madres y abuelas que verán este mismo año a sus hijos y nietos saliendo del país en busca de trabajo y preguntándose si volverán.

Es absolutamente cierto que algunos de los desequilibrios que antes lastimaron el país se han corregido. La balanza de pagos por cuenta corriente está rondando números positivos, las exportaciones van muy bien y, aunque el sistema financiero todavía anda algo cojo, es cierto que no está pasando por el trauma que vivía hace sólo dieciocho meses atrás. El Estado puede financiarse, mientras que la prima de riesgo ha caído tanto que incluso su nombre ha vuelto al olvido en el que había vivido durante los diez años anteriores a la crisis.

En otras palabras, de momento la crisis financiera ha pasado y la economía española ha dejado de contraerse. No obstante, destaca el hecho de que el Banco Central Europeo (BCE) todavía mantiene su tipo de interés muy cerca de cero y, lejos de hablar de subirlo hasta niveles que antes se consideraban normales, el discurso está constantemente enfocado en la posibilidad de adoptar más medidas. Si la mejora en las economías europeas va tan bien encaminada, ¿por qué harán falta aún más medidas?

Sucede lo mismo con los números fiscales. A pesar de todos los esfuerzos hechos para poner orden en sus finanzas, el Gobierno todavía suma un déficit sustancial y ha conseguido de Bruselas una relajación en sus objetivos para 2013 y 2014. No es totalmente casual que la reducción en austeridad haya coincidido con una mejora en los datos económicos; pero no debemos olvidar que hay un elemento de «pan para hoy y hambre para mañana», en tanto que para 2015 y 2016 habrá que hacer los esfuerzos que no se han hecho hasta el momento. Aunque la cuantía del déficit es inferior, de todas formas permanece en un nivel bastante más alto de lo que podía imaginarse en los años anteriores a la crisis.

En resumidas cuentas, este año la economía crecerá. De acuerdo, pero ¿qué cualidad de crecimiento tendrá? ¿El año que viene seguirá creciendo? Si sigue creciendo, ¿en qué medida? ¿Qué posibilidades hay de que recaigamos? ¿Realmente han quedado solucionados los problemas de fondo que tanto han traumatizado al país en los últimos años?

¿Un antes y un después en la historia de la economía española?

Éstas son las preguntas que surgen en la mente de los ciudadanos de forma natural, relacionadas con el nivel de incertidumbre que ineluctablemente existe asociado a la eficacia de las políticas fiscales y monetarias. La austeridad mata, dicen, pero al mismo tiempo hace falta que nos preguntemos por qué siete años después de empezar la crisis todavía es necesario estimular la economía.

El problema de base es que nos encontramos delante de una cantidad de evidencias que demuestran que alguna cosa ha cambiado. Estas evidencias manifiestan que la crisis de 2007-2008 marca un antes y un después en la trayectoria de la economía española, y que posiblemente algunas cosas han cambiado para siempre. Es por este motivo que han salido muchas voces que hablan ya de un «nuevo normal»; es decir, que lo que será «normal» a partir de ahora no va a ser igual a como se consideraba antes. Además, es evidente que la última crisis no fue una situación cualquiera y que no sucedió simplemente porque sí. Los mismos datos lo confirman: las sociedades conocidas como desarrolladas están en un momento de grandes cambios. Lo que hace falta ahora es que los formadores de opinión en nuestras sociedades empiecen a reconocerlo públicamente y se pongan manos a la obra en el diseño de estrategias más adecuadas para la gestión de nuestra realidad.

Esta falta de concienciación encuentra su reflejo más visible en el discurso oficial: es decir, el de las previsiones que nos llegan tanto de las instituciones multilaterales —el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial, etc.— como el que originan los gobiernos nacionales. En general, las previsiones oficiales que se presentan se caracterizan por ser excesivamente optimistas, y esas mismas instituciones suelen ir bastante por «detrás de la curva», en el sentido de actuar como reacción frente a los hechos, y no en su anticipación.

Un discurso oficial optimista por naturaleza

El ejemplo más claro de esta dinámica nos viene de Grecia. Hasta el mismo FMI reconoció en su mea culpa del 2013⁷ que las previsiones que acompañaron al primer rescate del país heleno fueron excesivamente optimistas y basadas en escenarios poco realistas. También admitían que Grecia hubiera pasado una recesión más suave y menos profunda si la deuda soberana hubiera estado reestructurada en el primer momento. Incluso semejante decisión hubiera permitido otra modalidad de financiación,⁸ abriendo la puerta a un ajuste en las finanzas públicas más dilatado en el tiempo, con lo que el país no hubiera sufrido tanto. Pero hacer las cosas así hubiera supuesto un pleno reconocimiento de la situación crítica del país desde el primer momento. Por desgracia, en el momento de hacer la autocrítica el mal ya estaba hecho.

También hay que destacar en este proceso la parte de responsabilidad que tuvo la táctica constante de «tirar pelotas fuera» que recayó sobre las espaldas de los mismos líderes nacionales. En el propio informe del FMI se reconoció que una de las razones determinantes para no insistir en la aplicación de una quita sobre la deuda griega fue que los políticos nacionales, encabezados por el ministro de Finanzas George Papaconstantino, negaron que fuera necesario hacerlo.

El discurso oficial, por razones estructurales, tiene tendencia a poner manos a la obra cuando ve que no hay más remedio. Muchas veces hace falta saber ver el abismo que tenemos delante antes de tomar una decisión. Naturalmente, esta metodología implica que, cuando finalmente se actúa, ya es tarde y la situación deviene bastante podrida.

El caso de los desequilibrios externos de los países de la periferia europea es quizá el ejemplo donde el proceso resulta más evidente, porque durante años los líderes europeos negaron que los desajustes entre países europeos no representaban ningún problema, dado que en conjunto el balance de toda la zona del euro era equilibrado. No obstante, países como España, Portugal y Grecia sumaban niveles de deuda externa neta que rondaban el ciento por ciento del PIB, acumulando un lastre para el futuro que ha resultado ser muy difícil y doloroso de superar. Ahora sí se reconoce que esta falta de atención ha sido un error y se ha puesto en marcha un mecanismo para vigilar la posición externa de cada país. Teniendo en cuenta el recorrido que España ha tenido, a partir de ahora está condenada a redoblar los esfuerzos para deshacerse de esta penosa herencia. Sin embargo, la poca probabilidad de que el país vuelva a caer en el mismo error permite disculpar al lector que opina que este mecanismo representa más bien un ejemplo de «cierra la puerta cuando el ladrón ya se ha ido», una medida preventiva que tendrá poca relevancia en el futuro.

Ha pasado lo mismo con las burbujas inmobiliarias que crecían en España e Irlanda. Nadie en el sector público daba el toque de alarma en el momento relevante, y aunque había un sinfín de informes que daban cuenta de que los precios estaban llegando a niveles excesivamente altos, no se tomaba ninguna medida al respecto, y nadie se esforzaba para alertar a los compradores de los instrumentos financieros que lo financiaban del peligro que estaban corriendo. Luego, evidentemente, se ha reconocido que esta pasividad ha sido un error, poniéndose en marcha una serie de medidas fiscales para hacer menos atractiva la compra de vivienda y facilitar que haya más propiedades disponibles para el alquiler.⁹ Poner en marcha esta batería de medidas cuando hay un exceso enorme de propiedades que vender parece, otra vez, un clarísimo ejemplo de aplicar lo que hubiera sido la política adecuada en el momento menos oportuno. En otras palabras, esa manera de hacer las cosas huele más a una incompetencia, consecuencia de un pensamiento burocráticamente rígido, que a savoir faire o a una aplicación de políticas más sensatas.

Otro ejemplo nos viene de la mano de la jubilación, donde resulta evidente que, en una sociedad con pocos hijos y una esperanza en aumento constante tenemos que asumir que las personas tendrán que trabajar más años. Sin embargo, plantear esta extensión de la vida laboral como medida de primeros auxilios contra la crisis, donde uno de los problemas graves es encontrar trabajo para los jóvenes antes de que decidan abandonar el país en busca de un futuro mejor, parece un disparate y está totalmente fuera de lugar. Hay que actuar al respecto con la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero aquí estamos poniendo «el burro detrás del carro» y esperando sentados a que la cosa tire.

Esta lista de decisiones pospuestas, o que simplemente no se han tomado, podría alargarse casi indefinidamente, como desafortunadamente veremos a lo largo de este libro. Aquí simplemente intento llamar la atención de lo que será uno de los temas transversales que queremos desarrollar: la ausencia en el discurso oficial de un estilo de pensamiento capaz de captar la complejidad de los problemas a los que las sociedades modernas deben hacer frente, lo que se traduce en una incapacidad permanente y estructural de reaccionar a tiempo. Por desgracia, esta ausencia ya se ha convertido en una característica determinante del discurso oficial y casi un estilo de vida para sus practicantes.

Con demasiada frecuencia el discurso que oímos está totalmente obsesionado por rebatir cualquier tipo de crítica e indicar cómo y por qué los argumentos de los que la respaldan carecen de validez. En vez de solicitar otras opiniones, el discurso oficial se caracteriza por estar muy poco abierto a escuchar a aquellos que piensan de otra manera, y nunca tiende a considerar que posiblemente estas voces discordantes tienen alguna cosa que aportar. En este sentido, los pocos intercambios de opiniones que se realizan tienen más que ver con los concursos de debate que suelen organizarse en el último curso de bachillerato que con genuinos fórums, donde el objetivo y la prioridad es la de buscar nuevas perspectivas que puedan ayudar a un país que sufre una grave crisis a salir adelante. Lo importante aquí parece ser la retórica, la elocuencia y ganar siempre el argumento al rival.

Por lo tanto, estamos condenados casi eternamente a testimoniar un baile absurdo donde primero se niega todo y luego se admite lo que antes se silenció. Inicialmente, se negaba que hubiera una burbuja. Más tarde se negaba que hubiera una recesión. Después oímos que los bancos españoles estaban entre los más fuertes del mundo. Luego, en 2009, vivimos la historia de los «brotes verdes». En otoño de 2010 contemplábamos estupefactos al que por aquella época era el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicando a la CNBC¹⁰ que los precios de la vivienda habían tocado fondo y estaban a punto de volver a subir.

Más tarde se explicaba que el país no necesitaba un rescate para sus bancos,¹¹ argumento que se mantenía hasta el mismo día en que se pedía el dinero, incluso negando que lo que acababan de solicitar era precisamente eso: un rescate.¹² La lista otra vez es larga, y cada uno puede hacer su propia versión, personalizada según su gusto. Lo que sobresale es que de nuevo no estamos hablando de casos aislados. A todas luces, se trata de una característica repetida. Es estructural. Y parece evidente que todavía no hemos acabado si tenemos en cuenta que cada día van apareciendo casos nuevos, como el de negar que exista un riesgo de deflación; negar que la salida de jóvenes cualificados vaya a ser un problema para el país o decir que no hay que preocuparse, puesto que las pensiones jamás bajarán...

¿Será el futuro una repetición del pasado?

Otro tema transversal que irá saliendo en el transcurso del libro es lo que podemos llamar el «error de la repetición». Es natural, y hasta cierto punto normal, que exista una tendencia a interpretar el presente según lo que entendemos que ha pasado en la historia. A menudo, ésta es la única guía que tenemos. Pero en épocas de grandes cambios, el pasado puede ser un acompañante engañoso y, al mismo tiempo, un mal instructor. Tal como examinaremos más adelante, el problema que representa el paro en 2014 poca cosa tiene que ver con el paro existente en la España de 1984; la crisis inmobiliaria que estamos viviendo no es otra versión de lo vivido entre los años 1992 y 1995. Entre otras cosas, la salida de mano de obra joven y cualificada no es para nada comparable con las emigraciones de las décadas de 1960 y 1970.

Esta tendencia de ver las cosas siempre a través del filtro del pasado dificulta el necesario proceso de adaptación a un presente que cambia constantemente y con una velocidad acelerada. Por muy interesante que sea la pregunta «¿Qué episodio del pasado se parece más a las circunstancias actuales?», la prioridad es la de examinar la evolución de las cosas para comprender lo que puede suceder en el futuro, y que lo hace tan diferente de aquello que ocurrió en el pasado.

Esta tendencia de negar que las cosas han cambiado de raíz ha llevado a algunos de hablar de «la recuperación de nunca jamás». La frase, que tiene su origen en el mundo de Peter Pan, refiere la tan esperada y anunciada recuperación, que ha decepcionado precisamente porque lo esperado no ha llegado nunca, o como mínimo no ha llegado de la forma que la mayoría de los españoles esperaban. Asimismo, he tratado de reflejar la sensación que algunos tenemos de que por mucho que nos aseguren que nunca más se volverá a caer en los errores que nos llevaron a inflar la burbuja, lo que vemos en la práctica no es precisamente así.

Se habla mucho de reformas en España, y es cierto que las ha habido (muchas de ellas se han hecho en las pensiones, en el mercado laboral, en la recapitalización de los bancos, en la estructura del gasto público, etc.); pero lo cierto es que ese espíritu reformista en la forma de hacer las cosas no se ha notado tanto. Muchas veces nos quedamos con la amarga sensación de que lo que nos están ofreciendo es simplemente más de lo mismo. Las medidas adoptadas tienen la apariencia de haber sido ideadas simplemente para salir del paso, para vender a los mercados que España es un país capaz de asumir la responsabilidad de reformarse y para hacer creer a la ciudadanía que ya «estamos en eso». Por si fuera poco, cuando una reforma va más hacia el fondo de un problema —como en el caso de la reforma del sistema de pensiones—, los políticos no transmiten confianza a los ciudadanos, y no explican los cambios de forma suficientemente clara teniendo en cuenta sus consecuencias. Más bien, lo que sucede es que se intenta esconder la realidad. De hecho, lo más preocupante de la situación actual es que esa declaración oficial, de que nunca más dejarán que tenga lugar una crisis parecida, carece de toda credibilidad. Si miramos las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es evidente que la ciudadanía lo sabe y lo reconoce.

¿O esta vez realmente es diferente?

Pero hay más... Esta frase de «nunca jamás» tiene otra lectura, la de que nunca jamás volveremos a conocer un crecimiento económico como el que hemos conocido antes de la crisis. Y eso no es solamente debido a que antes «vivíamos por encima de nuestras posibilidades». En realidad, utilizo la frase para llamar la atención sobre el hecho de que alguna cosa importante ha cambiado, y no sólo en España, sino en todos los países desarrollados. Por eso, el economista estadounidense Larry Summers habla de secular stagnation (estancamiento de tendencia). La realidad es que hace tiempo que hemos superado la crisis financiera y que lo peor ha pasado. Sin embargo, en todos los países la política monetaria permanece muy acomodada, los tipos de interés apenas han subido de cero, el crecimiento fuerte y sostenido no acaba de arrancar y, sobre todo, los mercados laborales rinden muy por debajo de su nivel anterior. En muchos contextos tenemos lo que los anglosajones llaman a jobless recovery, una recuperación económica que no va acompañada de la capacidad de generar empleo.

Para hacer frente a los retos que esta nueva realidad presenta tanto a nivel individual como a nivel colectivo, necesitamos información de más calidad y una orientación en sintonía con la realidad y a la inversa del mensaje imperante que transmite la idea de que debemos «sacar pecho pese al mal tiempo», característica del discurso del Gobierno. Lo que necesita España para recuperarse es confianza; pero para que esa confianza vuelva los líderes políticos, económicos y financieros del país tienen que dar confianza a los ciudadanos españoles, explicándoles con toda sinceridad lo que está pasando. Por el momento lo que tenemos es una huida perpetua de toda crítica, una tendencia a no contestar preguntas directas o simplemente el cambiar de tema cuando interesa.

2

¿De verdad hay que bajar los salarios un diez por ciento?

En la historia reciente raras veces se ha visto una propuesta que tenga la consecuencia de unir a todos los componentes de la sociedad española con tanta fuerza y tanta rapidez.¹³ Las recomendaciones del último informe¹⁴ preparado por el Fondo Monetario Internacional han recibido un rechazo contundente y unánime. La idea de que España necesita hacer más esfuerzos para volver a crear empleo en cantidad y, sobre todo, que tiene que hacerlo por medio de una reducción sistemática de los salarios ha caído como un cubo de agua fría sobre toda la sociedad. Es más, por ser tan políticamente incorrecta la idea, ni siquiera ha llegado a generar debate. Simplemente ha encontrado un portazo y ha desencadenado un alud de críticas sobre la institución multilateral. Ni toda la flota británica zarpando en ese mismo momento hacia Gibraltar conseguía provocar tanta unanimidad entre los ciudadanos.

Pero ¿por qué la recepción a esta propuesta ha sido tan fría? Y si la respuesta a todo ello era tan previsible, ¿por qué el FMI se ha empeñado tanto en poner sobre la mesa una propuesta tan controvertida, sobre todo considerando lo ridículo de los comentarios que sugieren? Incluso en su propio informe, el FMI reconoce que el tema es sensible y complejo. La mayoría de los interlocutores consultados durante su visita consultora previa advirtieron del grado de dificultad que suponía el cumplimiento de dichas medidas y, en consecuencia, aconsejaban no llevarlas a cabo.

Pero el FMI no es el único partidario de la propuesta, el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, la defendió en su blog,¹⁵ al mismo tiempo que reconocía que representaba todo un reto para la sociedad española. Además, admitía que un consenso acerca de su conveniencia sería difícil de alcanzar. No obstante, insistía en que, a pesar del notable ajuste que el país había conseguido, en su opinión todavía quedaban muchas cosas por hacer. «Tanto si consideramos los costes laborales unitarios como los desequilibrios externos, las medidas han resultado ser cortas, sobre todo teniendo en cuenta el difícil momento por el que atraviesan los jóvenes.» Para comunicar la ilusión que la medida le inspiraba, Rehn citaba una frase de una canción de Bob Dylan: «Alguna cosa está pasando, pero no sabes qué es».¹⁶

Evidentemente, Rehn escogía esta frase para hacer referencia al ambiente de incertidumbre que sigue acompañando al lento proceso de recuperación de la economía española. Además, esta misma frase también podría servir para describir la reacción generalizada de la sociedad española ante la propuesta del FMI. Desde la patronal, pasando por los sindicatos y llegando hasta el mismo Gobierno y oposición, la reacción ha sido la misma, al menos públicamente: «Alguna cosa está pasando pero no queremos ni escuchar ni entender qué es».

Y digo «no queremos» porque la mayoría de los comentarios que aparecieron en la prensa española muy poco tenían que ver con los argumentos presentados en el informe. En general, la patronal salió del paso con un discreto «no es el momento». El vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández, destacaba¹⁷ que las empresas y los trabajadores ya habían hecho «muchos ajustes», y que, cuando se estaba hablando de una posible salida de la recesión no era «el momento oportuno ni para subir más los impuestos ni tampoco de bajar los sueldos».

Su incomodidad con la idea quedaba subrayada mediante una clara referencia a las opiniones de Rehn: «No nos lo tiene que decir precisamente Bruselas; lo que tienen que hacer ellos es contener sus salarios, que creo que van al alza». En este sentido, Fernández marcaba una línea que muchos otros iban a seguir, y abundaron los comentarios acerca de los salarios que cobraban tanto los funcionarios de Bruselas como los economistas del mismo FMI. El periodista Javier Calero, que escribió en ABC que «la rebaja salarial del 10 por ciento, propuesta por la institución dirigida por la francesa Christine Lagarde, ha provocado reacciones inmediatas ante la hipocresía de aconsejar una bajada de salarios, cuando el pasado año se subió el sueldo un 11 por ciento»,¹⁸ hablaba por muchos.

Otros, anclándose en la negación del representante del Gobierno brasileño¹⁹ en el seno del FMI a dar su apoyo para seguir pagando el rescate de Grecia, ponían su énfasis en que las propuestas de este tipo están arraigadas en el hecho de que la institución no es democrática. Hacían hincapié sobre todo en el hecho de que las potencias emergentes no están debidamente representadas. El mismo Javier Calero citaba a Leo van Houtven, un exfuncionario del FMI que en un artículo titulado «Cómo se gobierna el FMI»²⁰ argumentaba que «muchos dirigentes de los países en desarrollo, así como grupos de la sociedad civil, se quejan de la falta de equidad que perciben respecto al buen gobierno de las finanzas internacionales tanto en el FMI y en el Banco Mundial (BM) como en la Organización Mundial del Comercio (OMC), a los que consideran instrumentos de los países ricos».

En este contexto de «todo vale» parece que da igual que estas citadas potencias²¹ manifiesten su preocupación por la influencia de Europa en las políticas del FMI, que consideran excesiva. Concretamente se quejan de la magnitud del dinero que ha sido prestado a países miembros de la UE cuando se lo compara con lo dado a países emergentes, por no hablar del optimismo excesivo demostrado en el momento de evaluar la capacidad de algunos países europeos a la hora de devolver el dinero prestado. En ningún caso han hecho referencia a la idea de que implementar una devaluación interna en países de la zona del euro es un error.

Con todo, el premio a la irrelevancia se lo debería llevar, sin duda, un articulista de La Razón, H. Montero, que creía conveniente dedicar todo un artículo²² al hecho de que los salarios alemanes habían crecido un 20 por ciento más que los españoles a lo largo de la crisis.

No llego a entender en qué sentido este último punto tiene que ver con el problema que tanto preocupa al FMI; pero lo cierto es que todos los argumentos expuestos tienen en común una misma característica: no acaban de darse cuenta de que, en realidad, es España la que está hundida en una profunda crisis y que hay que buscar soluciones. Pasan de largo la realidad del paro, sobre todo el de los más jóvenes, que ha llegado ya a unas cifras totalmente inaceptables; se mira hacia otro lado cuando se trata de que el futuro del país se está marchando cada día en avión, barco o tren; y parece olvidarse que la perspectiva de crecimiento económico es tristemente frágil, por no hablar de la urgencia de hacer cualquier cosa de una vez por todas.

Vemos una recuperación, pero una recuperación muy débil

Según indica el encargado de la misión española del FMI, James Daniel: «Vemos una recuperación, pero una recuperación muy débil».²³ Lo que el FMI quiere decir es que, si la situación se deja tal como está ahora, el crecimiento económico no será suficiente para producir un cambio significativo en la tasa de paro. En consecuencia, y según las previsiones del mismo organismo, si se continúa con las políticas actuales el índice de desocupación en España llegará para 2018 a un nivel muy por encima del 20 por ciento, quizá del 25 por ciento.

El FMI también destaca que la crisis haya tenido un impacto tan desigual en la sociedad española, por hacer que los jóvenes menores de treinta años, que tienen muy poca responsabilidad en la situación actual, sean los que estén pagando el precio más alto. Así que no es demasiado sorprendente que tantos jóvenes decidan marcharse al extranjero en busca de un futuro mejor. No parece una perspectiva muy ilusionante quedarse sin trabajo estable como mínimo hasta 2025.

Según James Daniel, para evitar que esta catástrofe siga en pie, el crecimiento «tiene que ser más fuerte y producir más puestos de trabajo». Esto implica que tiene que actuarse sobre varios ámbitos, entre los cuales deben incluirse «una flexibilidad salarial más grande y capaz de producir más puestos de trabajo» y potenciar «un entorno más justo e igualitario entre aquellos que tienen un trabajo fijo y todos los que sólo tienen trabajo temporal».

Efectivamente, la propuesta del FMI constituye una apuesta a favor de una nueva serie de Pactos de La Moncloa que establecerían además de reducciones salariales, un compromiso sólido por parte de la patronal para generar un determinado número de puestos de trabajo —el FMI calculó alrededor de un 7 por ciento más—, al mismo tiempo que todos los actores sociales (Gobierno, patronal y sindicatos) se pondrían de acuerdo con objeto de implantar medidas para abaratar los precios. Lo importante, según el FMI, es que el acuerdo debe ser creíble para que los ciudadanos ajusten sus expectativas.

En realidad, aquí estamos hablando de la denominada «devaluación interna», lo que macroeconomistas como Paul Krugman, Dani Rodrik o yo mismo hemos estado defendiendo desde hace seis años. No se trata de un plano perfecto, y tener el euro como moneda no facilita las cosas en absoluto; pero es mejor que quedarse con los brazos cruzados, mirando y esperando mientras la situación se vuelve cada vez más difícil. Es una opción que valdría la pena valorar, en vez de descartarla automáticamente.

Pero ¿por qué esta política podría ser útil? ¿No son ya suficientemente bajos los salarios de los españoles? Ciertamente, ésa es la conclusión que puede extraerse de un estudio puntual que ha tenido en cuenta esos salarios comparándolos con los sueldos que cobran en otros países. Según los datos de Eurostat, en el año 2012 el coste en salario por un empleado en la industria, la construcción y los servicios estaba en España en 15,5 euros por hora, frente a los 17,9 euros de promedio en la Unión Europea. Esto los dejaba por encima de países como Bulgaria, Estonia, Grecia, Croacia, Hungría y Portugal; pero bastante por debajo de países como Dinamarca (33,3 euros), Alemania (23,8 euros) o Francia (22,7 euros). Si se aplica directamente la rebaja del 10 por ciento del FMI, el coste salarial se quedaría en 13,95 euros por hora, aproximadamente cuatro euros menos que el promedio europeo. Es decir, los salarios españoles no son especialmente altos.

Otro argumento que se presenta es que, en comparación con los primeros años de la crisis, hoy día hay bastantes indicios de moderación salarial. El II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva pactado por patronales y sindicatos para el período 2012-2014, por ejemplo, contempla que los aumentos salariales negociados no excedan el 0,6 por ciento durante el presente año, y que en 2014 se ajusten al ritmo de la actividad económica, de tal forma que, si el aumento del PIB a precios constantes es inferior en este año al 1 por ciento, la subida salarial no excedería el 0,6 por ciento al año siguiente.

Sin embargo, la propuesta del FMI no va en este sentido. No se trata del nivel salarial, sino del valor añadido por hora de trabajo; por esa razón un país como Alemania, a pesar de tener salarios relativamente altos, cuenta con muchas empresas muy competitivas. También sabemos que, en muchos casos, los salarios que todavía se dan en España siguen siendo bastante productivos. Son los que no trabajan, y los que no tienen perspectiva de trabajar, los que verdaderamente está en el punto de mira. Todo el debate acerca de la brecha cíclica, que veremos en el capítulo quinto de este libro, así como la discusión en torno a qué proporción del paro es cíclica y en qué proporción es estructural, cobra su valor aquí. Si el argumento del Gobierno es válido, y una gran parte del paro es simplemente cíclico, entonces la propuesta del FMI y los argumentos de Bruselas se caen, puesto que con la recuperación el paro bajará más de lo que esperan estas entidades.

Pero... ¿y si no es así? Si la actividad constructora y la demanda interna no se recuperan tal como espera la administración española, ¿qué pasará con toda esa gente que está perdiendo una parte importante de su vida laboral al margen de la actividad económica? Hay varios millones de personas que se han visto desplazadas de su actividad económica habitual por el impacto de la crisis. Si estas actividades eran insostenibles a largo plazo porque estaban relacionadas con una burbuja inmobiliaria que tenía que reventar un día u otro, y que no volverá, entonces con un rebrote cíclico no tendrían que reaparecer. Para volver a incorporarse a la economía real hace falta que broten nuevas actividades y que esas actividades sean compatibles con el nivel de formación que tienen las personas desempleadas. Éste es el dilema al que se enfrenta España.

¿Cuánto crecimiento se necesita para crear empleo?

Según el FMI, el mercado laboral no ha recuperado una dinámica suficientemente fuerte tras la reforma laboral de 2012. Aceptan que la inflación salarial está en vías de moderarse, pero argumentan que los salarios apenas han bajado en términos absolutos y, sobre todo, no han bajado con relación a la sobreoferta de mano de obra. Destacan que los salarios en el sector privado español habían crecido un 10 por ciento entre 2008 y 2012 (cifra parecida a lo que pasó en toda la zona del euro), mientras que el empleo había caído un 15 por ciento, mucho más que en el resto de los países. Incluso en Irlanda, un país que había sufrido un choque económico bastante parecido, el paro sólo había subido hasta un 14 por ciento y en el momento actual se encuentra en leve descenso.

Concluyen, por tanto, que las dinámicas del mercado laboral español han de mejorar mucho si el país quiere reducir de forma significativa la tasa de paro. Además, critican la forma en que la carga principal del ajuste sigue recayendo sobre el empleo, mucho más que sobre los salarios. Y señalan cómo en la historia reciente de la economía española no se genera empleo neto cuando la economía crecía a un ritmo por debajo de un 1,5 o 2 por ciento. Como el FMI no prevé un crecimiento de esta magnitud para los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un ajuste salarial, entonces difícilmente se va a crear empleo. Incluso para llegar a la tasa del 20 por ciento en el 2018 harán falta más reformas.

Es posible, como argumentan muchos economistas españoles,²⁴ que este punto de referencia histórico no sea válido en la situación actual, y que incluso con un nivel de crecimiento de un 1 por ciento pueda generarse empleo. El dato que cita el FMI es una observación empírica basada en la experiencia histórica; pero como estamos viendo, en muchas ocasiones el pasado puede ser un mal guía. La reforma laboral de 2012 no está teniendo el impacto esperado, pero lentamente su presencia se está haciendo notar. Quizá este impacto es más grande del que instituciones multilaterales como el FMI o la Unión Europea han dado cuenta. La tendencia salarial de hoy día no es de moderación sino de declive. El problema es que con una tasa de crecimiento de un 1 por ciento o menos, y con la necesidad de mejorar constantemente la productividad, la creación de empleo no va a ser muy grande, ni siquiera en el mejor de los casos; más aún, será insuficiente contando con la magnitud del problema que existe.

Por contraste, y según las simulaciones llevadas a cabo por el FMI, una devaluación interna más rápida tendría impactos significativos tanto en el crecimiento como en el empleo. En el caso, por ejemplo, de reducir salarios en un 10 por ciento en el plazo de dos años y reducir las cotizaciones a la seguridad social en un 1,67 por ciento del PIB, las pruebas sugieren que tres años más tarde éste sería un 3 por ciento más alto del nivel que alcanzaría sin ningún cambio, al tiempo que el empleo subiría un 7 por ciento. Por tanto, la tasa de paro llegaría a un 20 por ciento en 2016.

Tal como explica el mismo organismo, estas expectativas simplemente son orientativas, ya que naturalmente están sujetas a las limitaciones inherentes del modelo usado. De todos modos, proporcionan una indicación de las magnitudes que pueden estar en juego. Seguramente una bajada del paro a un 20 por ciento en 2016 nos parece poco, pero si la cifra fuera de un 25 por ciento, ¿qué nos diría esto sobre el futuro del país? Todo tiene su coste, incluso no hacer nada tiene un precio. ¿Cuántos jóvenes más emigrarían teniendo en cuenta este escenario y qué implicaría esta evolución en las pensiones del futuro?

Podemos preguntarnos, sin embargo, que si la cosa es así de fácil, ¿por qué la reacción de la sociedad española en su totalidad ha sido tan negativa? La respuesta llega con la misma pregunta: evidentemente, las cosas no son ni tan fáciles ni tan claras.

Según reconoce el propio FMI con relación a sus propuestas, sus consultas en España despertaron opiniones bastante recelosas. En primer lugar, los representantes de esta organización se toparon con el argumento de que un acuerdo vinculante sería muy difícil de negociar y aplicar en la práctica, dado que el ambiente ya estaba tan crispado que las posibilidades de hacer efectiva la medida a través del consenso fueron mínimas. La falta de convicción venía tanto por el lado de los sindicatos —que no estaban dispuestos a oír hablar de más recortes—, como por parte de la patronal, que manifestaba pocas ganas de ofrecer un compromiso firme sobre los puestos de trabajo exigidos.

También, y según explicaban en su informe, algunos economistas apuntaron hacia los problemas deflacionistas que semejante medida podría ocasionar,²⁵ argumentando que si el empleo no se materializaba, el resultado simplemente sería más caída del consumo, más problemas para los hogares a la hora de pagar sus deudas, e incluso podría provocar un déficit fiscal más alto debido a la caída de ingresos del Gobierno. Además, todos eran conscientes de que pedir en este momento más sacrificios sobre los salarios podría tener el resultado poco deseable de generar entre los trabajadores animadversión por nuevas reformas y, por lo tanto, una ralentización en el proceso de cambio estructural.

Un círculo difícil de romper

El problema de fondo que esa propuesta pone en evidencia es que España ya lleva casi siete años de crisis, y que la cohesión social que existía en un primer momento se ha ido diluyendo hasta el punto en que la sociedad civil ya tiene poca confianza en los actores institucionales, principalmente, en los agentes políticos. Además, durante los últimos años la dinámica del consumo ha sido fuertemente negativa debido, sobre todo, a la gran caída de ingresos que ha acompañado a la subida del paro. Éste ha sido el coste de corregir los altos costes laborales unitarios a través de la destrucción de puestos de trabajo, en vez de coger la devaluación interna que ya ponía sobre la mesa el FMI en un primer momento y hacer el ajuste por la vía de precios y salarios. Pero estamos donde estamos y, una vez identificada esta ausencia de consumo como una de las raíces del bajo nivel de actividad económica, es difícil hacer entender a los españoles que bajando el nivel de vida aún más se ayudaría a recuperar la actividad económica.

De hecho, las críticas que surgían de parte de la prensa española tras la publicación del informe del FMI podían haber sido aún más explícitas y contundentes si hubieran llevado su análisis más a fondo haciendo referencia a lo que estaba pasando en Grecia. El país helénico había tenido una bajada de salarios bastante más grande de la que se estaba proyectando para España. En Grecia, la remuneración por empleado cayó un 4,5 por ciento en 2012 y volvió a bajar aproximadamente un 7 por ciento más en 2013. Por otra parte, los precios sólo comenzaron a caer en 2013, y aun así sólo bajaron alrededor de un 1 por ciento.

El resultado de este desequilibrio en el ajuste ha sido más bien catastrófico para el país, ya que a pesar del gran esfuerzo salarial la falta de una caída equivalente de precios ha dado como resultado que las exportaciones griegas apenas han mejorado, mientras que el consumo ha seguido descendiendo en picado. De modo que la economía griega ha quedado atrapada en una recesión muy profunda, mucho más profunda de lo que realmente hacía falta.

Pero ¿por qué los precios son tan importantes? ¿No hay ya suficiente con la bajada de costes laborales unitarios? La respuesta a estas preguntas se puede encontrar en Grecia. Simplemente si se bajaran los salarios, se podría aumentar la capacidad exportadora; pero la demanda interna quedaría cada vez más afectada por el impacto de la reducción de ingresos sobre el consumo.

España necesita hacer dos cosas simultáneamente: ampliar exportaciones y hacerlo de tal forma que genere empleo para una cantidad significativa de los cinco millones de personas que se han quedado sin trabajo. Éste no se va a conseguir sólo a base de productos de alto valor añadido, pues el nivel de formación y capacidad de muchas de esas personas no es el adecuado. Ésa es la razón por la que las organizaciones multilaterales hablan de paro estructural.

El crecimiento de las exportaciones se ha conseguido principalmente sin grandes inversiones. Muy a menudo, se han logrado precios competitivos reduciendo la plantilla y obteniendo un beneficio de la capacidad existente que ya no encuentra demanda en el mercado interior. En muchos casos, esto ha significado cobrar ventas cubriendo el coste marginal laboral de hacer los productos. Es una política que puede funcionar a corto plazo, en tiempos de crisis, pero no es transferible a una época de normalidad, porque para mantener de forma sostenible este nivel de actividad a largo plazo hace falta más capacidad, y esto implicaría una inversión mayor que conllevaría una estructura de costes muy diferente.

Además, el índice general de precios tiene más importancia de lo que se suele reconocer, porque son los precios reflejados en él los que marcan la frontera entre lo que se produce dentro del país y lo que se produce fuera. Hoy día, España tiende a importar muchos productos que antes se fabricaban dentro del propio país. Si se quiere bajar significativamente el nivel de paro, entonces hay que volver a hacer algunas de las actividades asociadas a estos productos dentro del país. Dejar de importar para dar respuesta al consumo interno tiene tanta importancia como exportar, y en el contexto actual la fabricación intensiva de más productos nacionales podría resultar incluso más interesante en términos de empleo.

Los precios generales también son importantes para las empresas exportadoras porque, aunque éstas son más competitivas que las empresas en general y son capaces de ajustar sus precios a las circunstancias del mercado bastante más que el promedio de la economía, no pueden vivir en un aislamiento total o desentenderse por completo de su entorno debido a que tienen que nutrirse de la misma fuente que los demás. Sus trabajadores, por ejemplo, tienen que pagar los mismos precios cuando van de compras al supermercado. Por tanto, para llevar a cabo todos los beneficios relativos a la productividad que esas empresas logran hacer, con el tiempo es importante que el índice general de precios también vaya bajando.

Además, si bajan los salarios y no lo hacen los precios, entonces el consumo desciende forzosamente, y con ello la demanda interna. El FMI llama a este proceso la «vía recesionaria del ajuste». Sin embargo, si las mejoras simplemente se originan como consecuencia de la recesión, entonces queda el peligro de que no sean permanentes, de manera que cuando se reanudara la actividad las cosas volverían a ser, en parte, como antes. Para garantizar la sostenibilidad del ajuste, mucho más interesante y menos doloroso sería la vía de conseguir competitividad a través de subidas en la productividad. Esta última medida sería compatible con la bajada de costes unitarios laborales, al mismo tiempo que se diera un crecimiento del empleo, tal como ha ocurrido en Alemania, y no como principalmente se ha hecho hasta ahora en España, por medio de expedientes de regulación de empleo y restructuraciones de plantilla.

Otra parte del problema es que, al no haber sido bien explicada la situación, la mayoría de los españoles no entiende por qué la recuperación tiene que venir casi exclusivamente a través de las exportaciones. Mientras se espera una recuperación en el consumo, muchos ciudadanos se preguntan si no sería más lógico conseguir que se abra el grifo del crédito. De esta manera podrían implementarse tanto las inversiones como el consumo en los hogares, generando empleo en el camino.

Para entender por qué la cosa no va a funcionar así²⁶ hay que situar esta crisis en su momento histórico, considerándola a nivel global pero también internamente. A nivel estructural, lo que estamos viviendo no tiene semejanza con ninguna otra crisis que el país haya conocido en el pasado. Como es ampliamente aceptado, España entró en esta crisis debido a una sobrecarga de deuda espectacular, inaudita en la historia del país. Si nos fijamos exclusivamente en la deuda externa, la posición internacional neta se muestra casi sin precedentes en la historia moderna de los países desarrollados.

Sin embargo, lo que realmente hace que esta vez sea diferente, y esta parte no es tan reconocida, es que estamos ante un cambio total de paradigma como consecuencia de que el perfil demográfico del país —igual que sucede en más países desarrollados— está cambiando radicalmente. Por esta razón, las comparaciones históricas no sirven. Tal como explicamos con más detalle en otro capítulo,²⁷ la edad media de la población está subiendo a niveles sin precedentes, y con esa subida los patrones de ahorro y gasto están cambiando de forma que es muy poco probable que, en el futuro previsible, el consumo impulsado por el crédito vuelva a ser el hilo conductor de la economía.

En otras palabras, lejos de alcanzar niveles anteriores, el consumo interno seguirá a partir de ahora una tendencia bajista, lastrado por el descenso de la natalidad, el cambio constante en la estructura de edades, la incapacidad de llegar a más endeudamiento y la necesidad de desapalancamiento, consecuencia de la anterior situación de crédito excesivo. Es decir, el consumo de los españoles está sufriendo un doble golpe en estos momentos, uno que se origina por culpa de un proceso demográfico, que al mismo tiempo se está acelerando a raíz de la situación crítica del mercado laboral; y otro que procede de un proceso de desapalancamiento, tan doloroso como necesario.

Por otro lado, esa debilidad que está presente en el mercado interior implica que la dependencia de las exportaciones sea aún mayor. Este doble factor pesa sobre la economía como una losa y ha hecho que muchas instituciones y economistas se hayan despistado en el momento de hacer estimaciones acerca del grado de recuperación de la competitividad que el país necesita. Precisamente por ello la conveniencia de abrir un debate sobre la propuesta del FMI se está convirtiendo en una necesidad cada vez más urgente. Ojalá que lo sugerido por esta institución encuentre una respuesta mucho más positiva en un futuro próximo.

3

¿Por qué los bancos no dan crédito?

En las fiestas familiares de antaño había muchas costumbres que destacaban por su alto nivel de divertimento. Entre ellas se encontraba una especie de juego colectivo que en su día fue especialmente apreciado. Se trataba de un ritual que se organizaba alrededor del roscón que tradicionalmente se comía el día de Reyes, dentro de la cual el pastelero había tenido la temeridad de esconder una pequeña legumbre. Acompañados de una expectación generalizada, cada persona cogía su trozo y, mientras se lo comían, todos miraban a los demás furtivamente para ver a quién le había tocado el bicho, pues el muy afortunado se veía después obligado a pagar la factura.

Hoy día las costumbres se han vuelto un poco más posmodernas, en consecuencia los fiesteros contemporáneos ya no se contentan con buscar habas. En su lugar, a veces se dedican durante la sobremesa, entre copa de cava y copa de coñac, a esforzarse para ver si pueden averiguar si entre sus comensales se esconde el verdadero responsable de la larga crisis que vive el país. O como mínimo a uno de sus cómplices. Al fin y al cabo, alguien tiene que pagar todos estos platos rotos.

Además de ser más económico que comprar tantos roscones y, por tanto, más adaptado a los tiempos que corren, esa práctica incluso tiene la ventaja de que permite ahorrar los gastos de calefacción debido al cálido empuje que cada uno pone tras la defensa de sus argumentos. Algunos dicen que «la leña puede calentar de más de una manera», y las discusiones también.

Pero este juego, que podríamos denominar «el culpable invisible», tiene un pequeño problema de raíz: está basado en una suposición —la de que de todo eso que vivimos hay alguien que es realmente el culpable— que a lo mejor no es válida. O al menos no en esos términos. La realidad tiene una inconveniente tendencia a no conformarse con nuestros deseos más básicos y, la verdad sea dicha, también suele ser más compleja de lo que imaginamos. Detrás del drama que vivimos actualmente en España hay toda una telaraña de causas y efectos que interactúan entre sí y que por mucho que uno se esfuerce en desenredar, el punto de partida resulta muy difícil de identificar.

¿Entre culpables, quién tira la primera piedra?

Evidentemente no faltan actores clave —el Banco Central Europeo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el propio Gobierno— cuya participación en la culpa colectiva es más grande que la de otros. Sin embargo, antes de tirar la primera piedra, valdría la pena que cada uno se preguntara si durante los años críticos no habíamos dicho en algún momento eso de que «al fin y al cabo, en España el precio de los pisos siempre sube».

La explicación más coherente a nivel intelectual —la de que el Banco Central Europeo suministraba una política monetaria muy poco adecuada para las necesidades de los países de la periferia, entre ellos España— no nos satisface. No puede ser que todo haya sido el resultado de una mala decisión técnica. Nuestra rabia y frustración provoca la necesidad consecuente de encontrar las malas intenciones que originaron la crisis. Tiene que haber habido uno o más culpables, puesto que las políticas monetarias, al fin y al cabo, están ejecutadas por personas que tienen nombre y apellido. Igual que los griegos con sus dioses, tenemos una tendencia a personificar los procesos históricos. Por lo tanto, aunque no estemos seguros de cuál fuera el crimen, debemos exigir las responsabilidades correspondientes.

Sin embargo, el error natural en el que suele caer el ciudadano llano cuando intenta aplicar su dosis de sentido común al problema es el de dar por hecho que los que hacen la política realmente entienden las consecuencias de sus propias decisiones. Como observaba la filósofa alemana Hannah Arendt, los que hacen daño a los demás la mayoría de las veces lo hacen por no pensar.

Después de varios años de intentar explicar el cuadro económico que sufre España a los que hacen política a todos los niveles, tengo que decir que, en mi opinión, la sensación es la de que probablemente son más numerosas las veces en las que un responsable político se equivoca que las que acierta en sus decisiones. Además, la situación me hace pensar en mi abuela, que solía decir que el abuelo, a pesar de reclamar que era sordo, siempre terminaba escuchando lo que quería oír.

Con razón, las críticas sociales más contundentes van dirigidas a los representantes del sistema financiero, pues es aquí donde los contrastes entre beneficiados y perjudicados resultan ser más grandes, así que la mayor parte de la ciudadanía simplemente no entiende cómo se dejó pasar por alto lo que evidentemente ha terminado por pasar. Y aquí tengo que decir una cosa: yo tampoco.

Es evidente que los bancos no pueden funcionar sin generar confianza, y que siempre habrá un elemento que haga gala de la expresión «al mal tiempo, buena cara» en sus estrategias de comunicación. Sin embargo, también existe una cosa llamada transparencia, y hacer un buen uso de la misma en el momento adecuado puede evitar que la ciudadanía se sienta engañada más tarde. Si esa sensación «de sentirse engañado» se repite una y otra vez, entonces, al final, sí que surge una crisis de confianza; al menos una que afectará a todo el sistema financiero.

En este contexto la soberbia es quizá el peor enemigo que uno puede tener. Desde el principio de la crisis global, el sector financiero español intentaba ver la crisis de las hipotecas subprime como una cosa ajena que sólo existía en otra parte, olvidando convenientemente que en España también se había prestado dinero a personas con pocas posibilidades de seguir pagando su hipoteca en caso de una situación adversa, tal como hemos visto con el sinfín de desahucios que los jueces han autorizado después de que estallara la burbuja. Podría decirse que casi se reían de los problemas que estaban surgiendo en Estados Unidos, hablando en tono de burla acerca de «hipotecas ninja» y diciendo que eso es lo que pasa cuando la gente compra productos que no entienden. Años después, cuando tenía lugar una quita para las participaciones preferentes como consecuencia del rescate bancario, ya no había tantas sonrisas en las caras de algunas personas.

A pesar de todas las protestas y los intentos de negar la existencia de cualquier problema, era evidente para muchos observadores externos que el sistema financiero español no aguantaría la tempestad sin la participación de alguna forma de ayuda.

La primera señal de alarma de que no todo iba tan bien como reivindicaba el discurso oficial se dio a finales de 2008, cuando saltaba a la vista que había una crisis importante en la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM). Tras fracasar varios intentos de fusionarla con otras cajas, el Banco de España se veía obligado a intervenir el sábado 28 de marzo de 2009, mientras que el Gobierno tuvo que hacer un decreto ley para conceder un aval de 9.000 millones de euros. Otro detalle que no hay que dejar escapar fue la tasa de morosidad, que se había constatado en un 3,5 por ciento a finales de 2008, pero que alcanzó el 18,7 por ciento en junio de 2009, apenas unos meses después de la intervención.

A pesar de que podían vislumbrarse los problemas de la CCM como un augurio evidente de lo que iba a venir, toda la maquinaria comunicacional del mundo oficial se ponía en marcha para minimizar el problema. Según declaraciones del por entonces vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, por encima de todo se trataba de una entidad solvente, en la que no había ningún agujero financiero o desequilibrio patrimonial. El problema, por lo tanto, tenía sus raíces en «dificultades transitorias de liquidez».²⁸ En la misma línea, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, enfatizó la idea de que la entidad tenía un «patrimonio neto positivo», y era, por consiguiente, «una entidad solvente», aunque matizaba que existían ciertos problemas de «capital regulatorio».

Lo que hay que destacar, más allá de la insistencia de que se trataba de problemas de liquidez, es que en todo momento se hablaba de problemas aislados en una sola caja.

La segunda intervención tardó dieciséis meses en llegar. Fue en julio de 2011 cuando la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tuvo que ser intervenida y efectivamente nacionalizada. En el momento de la intervención, Miguel Ángel Fernández Ordóñez dijo que la CAM era «lo peor de lo peor».²⁹ En ese momento la frase tuvo credibilidad entre los ciudadanos porque todavía no había explotado la bomba de relojería que ya estaba colocada en los mercados bajo el nombre de Bankia.

Finalmente saltó por los aires el que sería el Anglo-Irish moment para el sistema financiero español. A última hora de la tarde del lunes 28 de mayo de 2012, el Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la entidad matriz de Bankia, anunció que tras reformular las cuentas de 2011, que en el momento de su publicación habían arrojado beneficios, el banco tuvo unas pérdidas de 3.318 millones de euros. Por si fuera poco, en las nuevas cuentas del banco se reconocía que el volumen de activos tóxicos (créditos morosos, créditos subestándar o en riesgo de impago, e inmuebles que se había quedado la entidad por impago de créditos), provenientes del mundo inmobiliario (tanto del sector constructor como del promotor), pasaba de 31.800 millones de euros a superar los 40.000 millones de euros, más del doble que cualquier otra entidad financiera española.

Con esa noticia comenzaba uno de los culebrones más sensacionales y escandalosos de toda la historia del sistema financiero español, un serial que todavía no ha llegado a su final. Aparte de las pérdidas tardíamente reconocidas, y de la magnitud de la inyección de dinero que tuvo que hacer el gobierno (que suma más de 22.000 millones de euros hasta la fecha), lo más difícil de entender ha sido cómo el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudieron autorizar la salida a bolsa en julio de 2011 de un banco que estaba técnicamente en quiebra en el momento de salir.

Hay muchas preguntas que rodean el desarrollo del escándalo Bankia —desde la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) en la primavera de 2010 (¿no fue el Real Decreto Ley 9/2009 simplemente una huida hacia delante?) hasta la recapitalización del banco en 2013—, la mayoría de ellas todavía pendientes de respuesta. De todas maneras, fueron principalmente los problemas de Bankia y de las otras dos entidades que nacieron a raíz de las fusiones promocionadas por el Banco de España en 2010 —Catalunya Caixa³⁰ y Novacaixagalicia— lo que llevó finalmente al Gobierno a solicitar un rescate bancario por parte de la Unión Europea en el verano de 2012.

Aunque en un principio el Gobierno pidió unos 100.000 millones de euros a la Unión Europea —y después de que una prueba de solvencia que fue llevada a cabo por los auditores Oliver Wyman identificara una falta de capital de aproximadamente 56.000 millones—, sólo se usaron unos 41.000 millones, cantidad que la agencia de estadística europea Eurostat no contabilizó como déficit con respecto a su procedimiento de déficit excesivo, pero sí que lo tuvo en cuenta como deuda del Estado.

En teoría, este proceso de recapitalización dejaba el sistema financiero español bien capitalizado para afrontar los retos de 2013 y 2014, incluso bajo las condiciones de un escenario muy adverso... Entonces, el problema acababa allí, ¿no?

Para entender por qué no podemos estar tranquilos respecto a la falsa idea de que no volverán a aparecer nuevos problemas más adelante, hay que pensar un poco más a fondo en la evolución de la crisis en España. El colapso de la economía, como todos sabemos, empezó en el sector de la construcción y en el de los promotores. A comienzos de la crisis los bancos habían prestado dinero por valor de más de 300.000 millones de euros a estos sectores. Sin embargo, este dinero fue inferior al 15 por ciento del total prestado a la economía en su conjunto, ya que en el balance de los bancos y cajas había más de 2.400 millones de préstamos, repartidos entre empresas e individuales, incluyendo más de 800.000 millones sólo en hipotecas a particulares. Peor aún, esta montaña de préstamos sólo fue financiada en parte por los depósitos de los bancos. El resto de la expansión crediticia fue posible gracias al dinero suministrado a los bancos a través de los mercados mayoristas de dinero, con lo cual el ratio de préstamos a depósitos fue muy alto, por encima del 175 por ciento, un apalancamiento del sistema que realmente fue muy peligroso, como los reguladores del sistema tendrían que haber sabido en el momento de autorizarlo y que de todas formas descubrieron ya muy tarde.

Esta exposición al mundo del ladrillo representaba evidentemente un problema, un problema bastante gordo, mucho más gordo que el problema que el sistema había experimentado entre 1992 y 1995; pero que si se hubiera tratado a tiempo, buscando en el camino la colaboración de los socios europeos, se le podía haber plantado cara. Como mínimo se habría podido gestionar mucho mejor.

Negar la existencia de la crisis y, por tanto, no actuar a tiempo sólo tenía una consecuencia: el problema empeoraba contagiando a otros sectores de la economía y generando dificultades cada vez más costosas de enderezar. No actuar significaba condenar a millones de españoles a la pesadilla que ahora están viviendo. Con ello se ha sentenciado a miles de familias para que se acostumbren a ver a sus nietos y bisnietos nacer y crecer en otro país. El dinero puede ser más o menos caro, pero el tiempo es precioso y el inmovilismo siempre termina siendo lo más caro de todo.

Mientras aquellos que tenían la responsabilidad de gestionar la crisis dudaron, escondieron y negaron la realidad, la enfermedad, lejos de desaparecer, iba creciendo mientras se generaba una especie de metástasis, por medio de la cual la infección, esa toxicidad que había entrado por la puerta del sector inmobiliario, iba extendiéndose como una mancha de aceite, poco a poco, por toda la economía.

Además, el ralentí de toda la economía provocaba un déficit sustancial en las finanzas del Gobierno, un endeudamiento progresivo del Estado y una preocupación constante por parte de los inversores internacionales que empezaban a pensar que el proceso podía acabar en una quiebra nacional. Así explotó la llamada crisis de confianza, la cual, al ser asociada a problemas parecidos en otros países de la zona del euro se convirtió eventualmente en una crisis de confianza en el futuro de la moneda común.

Este proceso explica por qué a pesar de haberse saneado teóricamente la herida producida por la excesiva exposición al mundo del ladrillo, la morosidad iba subiendo durante todo el 2013, con lo que cada mes que pasaba se alcanzaba un nuevo récord histórico. Un problema que comenzó con una crisis en el sector de la construcción se había poco a poco extendido a todo el balance de los bancos.

También nos proporciona algunas pistas acerca de por qué en el otoño de 2013, y poco antes del examen de los auditores del Banco Central Europeo, el Banco de España tomó la decisión de hacer una revisión sistemática de la calidad de los créditos que los bancos habían ido reestructurando o refinanciando a lo largo de la recesión. Haciendo caso de las recomendaciones del FMI y del BCE, quienes sospechaban que la práctica del evergreening de préstamos³¹ era realmente más extensa de lo que se admitía públicamente, el banco central español adoptó nuevos criterios, más homologados con la práctica europea, con objeto de identificar la parte de los créditos reestructurados que pudiera calificarse como dudosa.

Por lo que se vio después, resultó evidente que la normativa española, tal como fue aplicada, había sido bastante más laxa que la vigente en muchos otros países europeos. La consecuencia fue que en España se habían exigido menos provisiones que en otras partes cuando un banco ampliaba los plazos de amortización de un crédito o se incrementaban las cantidades prestadas. Por esa razón, durante toda la crisis los analistas, las agencias de calificación de crédito e incluso el FMI habían hablado de «morosidad enmascarada», insistiendo en la idea de que hacía falta un marco regulatorio más estricto y riguroso.

Lo que prueba que los más críticos tenían su parte de razón se encuentra en los resultados de la inspección posterior. Mientras que antes de la revisión se estimó que el 42 por ciento de los préstamos reestructurados estaban en buenas condiciones, después la cifra llegó a bajar a un 26,5 por ciento. En su informe sobre la revisión, el Banco de España destacaba una vez más la promoción inmobiliaria como el segmento en el cual el efecto había sido «más visible», con una reclasificación de un 50 por ciento de los préstamos que previamente se habían considerado como buenos. Además, los préstamos al sector inmobiliario constituían el 45 por ciento del total refinanciado, frente al 12 por ciento otorgado a las grandes empresas; el 16 por ciento a las pymes y el 10 por ciento a las hipotecas minoristas.

A pesar de la sensación, reforzada por los resultados, de que la parte del problema asociada con el ladrillo es una historia inacabable, la realidad es que los bancos españoles llegaron a finales de 2013 con una exposición neta de provisiones en el sector inmobiliario de sólo 100.000 millones de euros, frente a los 240.000 millones que presentaron al cierre de 2011.³² Básicamente, esta reducción es el resultado de dos factores. Por un lado, del aumento de las exigencias en materia de provisiones y, por otro, de la segregación y transferencia de los activos que estaban en posesión de las entidades nacionalizadas, relacionados con el sector inmobiliario, al banco malo (Sareb). El resultado es que el problema de los activos tóxicos asociados a la construcción y la promoción inmobiliaria es hoy día bastante menor de lo que resultó ser en años anteriores. Sin embargo, no sería prudente descartar la idea de que pudiera salir otra sorpresa desagradable en caso de que las tasaciones de los inmuebles que están detrás de estos números siguieran cayendo a medida que disminuye el precio del mercado de la vivienda.

Y pese a todo, ¿por qué no hay crédito?

El ambiente de creciente morosidad resulta clave para entender por qué el crédito no llega a las empresas españolas, pero sobre todo por qué no llega a las empresas pequeñas y medianas: las pymes.

La situación al respecto es bastante dramática. La nueva financiación bancaria a las pymes cayó hasta un 66 por ciento entre 2007 y 2013³³ y los bancos españoles reconocen haber endurecido los criterios de aprobación de créditos en 10 de los 16 trimestres que van de junio de 2009 a junio de 2013.³⁴ Además de ser escasos los créditos, también son caros: una pyme española paga de promedio un 2,3 por ciento más en intereses que su equivalente alemán. No es por nada que el presidente del BCE hable de la «fragmentación» de la política monetaria aplicada por su banco.

Esa fragmentación representa un lío tremendo para las políticas de crecimiento y de empleo, ya que son las microempresas (las de menos de diez trabajadores) las que más empleo generan: representan el 41 por ciento de los puestos de trabajo y crean un 20 por ciento más de los nuevos puestos de trabajo que la media europea. Entonces difícilmente se va a reducir de modo significativo la alta tasa de empleo si no se soluciona antes la sequía de crédito.

Sin embargo, abrir el grifo no es ni será tarea fácil: tenemos entre nosotros un hueso duro de roer. Si volvemos hacia atrás, recordaremos que el sistema bancario español entró en una fase crítica debido a su alto nivel de apalancamiento. Por lo tanto, para que pudieran sanearse la primera obligación de los bancos consistía simplemente en reducir su exposición al crédito con la intención de conseguir que sus balances fueran más equilibrados.

La otra vía que tenían para alcanzar ese objetivo, aumentar los depósitos, estuvo bloqueada durante un tiempo debido a la incertidumbre que rodeaba a la crisis del euro. Ahora parece que el bajo nivel del tipo de interés y la inminente prueba de solvencia a los bancos problemáticos han logrado que se conviertan en un producto plenamente atractivo para los ahorradores españoles.

Además, hay que tener en cuenta que los bancos llegaron a este alto nivel de apalancamiento como consecuencia de la escasa atención que prestaban a los riesgos que estaban asumiendo. Por tanto, no es lógico que exijamos de los bancos que actualmente sean igualmente arriesgados en su política de préstamos. Recordemos la frase: «Nunca jamás». No saldremos adelante si simplemente intentamos hacerlo recayendo en los mismos errores. Dadas las circunstancias, parece normal que los bancos sean más conservadores, aunque este cambio de mentalidad hará más difícil la concesión de créditos. La pregunta que tenemos que plantearnos es si no han ido de un extremo a otro, con el resultado de que su política actual haya terminado siendo excesivamente conservadora.

La respuesta a esta pregunta no parece evidente. Personalmente, considero que mientras los altos cargos del sistema financiero español han cometido muchísimos errores de juicio, y que los supervisores del sistema tanto político como institucional han sido poco responsables y nada transparentes en el momento de afrontar la realidad, poner orden en la situación en la que ahora nos encontramos no va a ser nada fácil.

Debido al estado crítico a que ha llegado la economía, las personas que gestionan las entidades financieras están bajo una considerable y constante presión por mantener la solvencia de la entidad que tienen en sus manos. De no ser así, según el nuevo marco regulatorio europeo se arriesgan a ser nacionalizadas o incluso liquidadas. En el otro extremo, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, la mayor parte de ellos son bastante conscientes de que no es su propio dinero el que prestan.

Hay que reconocer que, aunque no tenían que haber dado cabida a las participaciones preferentes con objeto de financiar créditos arriesgados, tal como advirtió en 2006 el cuerpo de inspectores del Banco de España en su carta a Pedro Solbes,³⁵ —o más tarde para refinanciarse a través de sus propios clientes cuando los inversores profesionales no estaban dispuestos a hacerlo—, seguramente no ha sido nada fácil para ellos explicar a los primeros que iban a ejecutar una quita sobre sus ahorros. Conceder un préstamo a un cliente que tiene un alto riesgo de no poder devolverlo implica asumir la posibilidad de decirle a otro cliente que ha perdido una parte de sus ahorros. En otras palabras, ése no puede ser el camino más práctico para sacar adelante la economía.

Parece fácil decir que los bancos no prestan suficiente dinero, o que sólo se lo prestan al Gobierno; pero la triste realidad es que un porcentaje elevado de las empresas que piden la ampliación de sus créditos no están ni estarán en condiciones de devolver el dinero prestado en un horizonte factible. Como decía al principio, en referencia a la música de gamelán, en esta crisis todo tiene una estructura circular. La banca no da crédito porque la economía no tiene suficiente demanda; y la economía no tiene demanda porque los bancos no dan crédito. Sin embargo, presionar para que el Gobierno garantice la concesión de créditos que tendrán una alta posibilidad de convertirse en morosos no solucionará el problema. La única vía que realmente funcionaría es la de ampliar la competitividad de toda la economía en relación con los mercados internacionales.

Para comprobar por qué ésta sería una opción, hay que entender el proceso de ajuste que está viviendo la economía española. El consumo interno está reduciéndose a la vez que las exportaciones siguen creciendo a buen ritmo. La consecuencia de la contracción constante de la demanda en el sector doméstico es que muchas empresas lo están pasando muy mal sin que lleguen a cerrar sus puertas, tal como ya hemos visto en el caso de la reclasificación de los préstamos refinanciados.

Efectivamente, lo que está teniendo lugar es un concurso para ver quién puede aguantar más. El impacto de esta situación es que el dinero circula más lentamente, generando problemas permanentes de falta de liquidez. No es simplemente que la administración pública paga tarde; hay muchas empresas en el sector privado que lo hacen también. En suma, la consecuencia de esta situación es que la demanda de créditos crece, y no simplemente con la intención de hacer nuevas inversiones (la dinámica del mercado no lo justifica en la mayoría de los casos), sino que principalmente sucede para sostener el circulante. Visto desde la óptica de los empresarios cada caso es único y seguramente justo; pero observado desde el sistema financiero en su conjunto, la demanda de circulante es excesiva. No todas las empresas sobrevivirán, y ningún banco quiere quedarse con los créditos de las que van a morir. En este contexto los créditos ICO ayudan, pero no solucionan el problema de fondo porque los trabajadores del ICO no saben mejor que otros qué pasará en el futuro en el caso concreto de cada empresa.

Por otro lado, es cierto que los bancos quieren conservar su capital y que ésta es una de las razones —más allá del tipo relativamente alto que se paga—, que los conduce a prestar dinero al Gobierno. La lógica aquí es fácil de entender: estos préstamos, según el marco regulador de Basilea, no consumen capital. De modo que comprar bonos del Gobierno a diez años, con una rentabilidad cercana al 4 por ciento y con dinero prestado del BCE a un tipo de aproximadamente un 1 por ciento, resulta una forma relativamente libre de riesgos de aumentar el margen de intereses³⁶ y con ello generar el capital necesario para soportar más aprovisionamiento a medida que la morosidad va subiendo. No se trata de dinero público por medio de un canal directo, pero indirectamente es el contribuyente quien va pagando la recapitalización.

Después de todo, el negocio va en alza, a pesar de la intención explícitamente articulada por el BCE de cortar la cuerda umbilical que une al Estado con sus bancos. Es decir, por el momento la necesidad domina sobre lo deseado. En resumidas cuentas, a finales de 2013 los bancos españoles habían adquirido unos 150.000 millones de euros más en bonos del Estado de lo que tenían a finales de 2010. Durante el mismo período sus préstamos al sector privado residente habían bajado de 1.850 a 1.400 millones de euros. Dicho de otra manera, mientras los préstamos a las empresas bajaban en 2013 un 6 por ciento, los préstamos al Gobierno subían un 18 por ciento.

Sin lugar a dudas, se está dando un efecto de desplazamiento (crowding out) sobre el crédito por parte del sector público, aunque es difícil cuantificarlo debido al proceso de desapalancamiento que se está llevando a cabo en el sector privado. En parte este consumo de recursos es imprescindible porque la actividad del Gobierno está manteniendo en pie la economía mientras el sector privado lleva a cabo su ajuste; pero por otra parte está consumiendo recursos que podrían dedicarse a un uso mejor en la parte rentable del sector privado, sobre todo la parte que no está aumentando su actividad con la velocidad deseada debido a la escasez de crédito. Por ejemplo, nuevos proyectos innovadores tienen una dificultad especial para encontrar dinero, de la misma manera que las empresas más establecidas, las cuales, a pesar de la difícil situación que atraviesan, están en condiciones de expandirse en el mercado doméstico.

Sin embargo, los problemas que puede tener el sistema financiero en un futuro no muy lejano van más allá de la refinanciación de empresas zombi que no son sostenibles a largo plazo. El nuevo quebradero de cabeza que está surgiendo para la banca son las hipotecas residenciales. Partiendo de niveles muy bajos, a finales de 2013 la cifra de morosidad agregada superaba el 5 por ciento, mientras que en algunos casos fue más bien del doble. Lo que más preocupa con relación a esta situación no es el nivel actual, sino hasta dónde podría llegar el problema. Según la tasadora TINSA, el precio de la vivienda en España a finales de 2013 había bajado aproximadamente un 40 por ciento desde su punto más alto en 2007. En Irlanda, país que ha padecido las consecuencias de una burbuja muy similar a la española, los precios cayeron de forma mucho más rápida y llegaron a un 60 por ciento por debajo de su máximo nivel. En ese momento, los bancos reconocieron un nivel de morosidad de un 15 por ciento, y eso a pesar de que el país sólo tenía la mitad de desempleo que hay en España hoy día.

Así que la pregunta del millón de dólares sería «¿Cuánto más caerán los precios de la vivienda en España?». El FMI estima que lo más probable es otra bajada de alrededor de un 15 por ciento, pero reconoce que es muy difícil preverlo y advierte que la posibilidad de que los precios caigan bastante más no es destacable. Como con tantas otras cosas, esto depende. Depende de hasta dónde va la devaluación interna, y si el país realmente caerá en la deflación. Por otra parte, ¿en qué momento bajará el paro entre este año y 2020? Porque una cosa sí parece evidente: cuanto más bajen los salarios y más tiempo se mantenga la tasa de paro por encima del 20 por ciento, más caerá el precio de la vivienda y más subirá la morosidad hipotecaria. Nunca tenemos que perder de vista que los bancos tienen una exposición de más de 600.000 millones de euros en hipotecas residenciales, más del doble de la exposición que tenían con promotores y constructores al inicio de la crisis, y el aprovisionamiento que éstos han hecho hasta la fecha es relativamente bajo.

Sin embargo, más importante aún que el nivel que vayan a alcanzar los precios en su momento más bajo, es el tiempo de demora que pueda darse antes de que empiecen a subir otra vez, si es que alguna vez vuelven a subir. Japón es un país que, como hemos comentado, ha sufrido un grave problema de deflación durante muchos años. La burbuja inmobiliaria estalló en 1992, pero, debido al entorno deflacionista, hoy día el precio de la vivienda sigue estando en torno al valor que tenía a mitad de la década de 1980.

Para los bancos españoles ése sí que sería el peor de los escenarios posibles, y lo más preocupante del asunto es que esa posibilidad no es del todo descartable. De hecho, si los precios bajan por debajo de los niveles de 2002, tal como indica un análisis llevado a cabo por la empresa londinense Variant Perception,³⁷ todo el sistema de hipotecas tendrá un capital negativo. Es decir, todas las familias con hipotecas deberán más en hipotecas que el valor de su patrimonio hipotecado. Este resultado sería un fenómeno inaudito que llevaría al país a entrar en un terreno totalmente desconocido. Parece muy poco probable que la sociedad pueda aguantar esta situación mucho tiempo sin que un Gobierno se vea obligado a buscar soluciones en una ley hipotecaria con objeto de rebajar el valor del capital hipotecado, medida que tendría consecuencias bastante importantes para el sistema financiero.

Si la incipiente deflación que empieza a afectar a toda la sociedad española no es razón suficiente para comenzar a pensar en soluciones que puedan evitar el problema de la impagabilidad de las hipotecas, la dinámica en el mercado inmobiliario nos dará nuevos motivos, pues este mercado todavía padece un gran desequilibrio entre demanda y oferta, un desequilibrio que no va a desaparecer en un futuro previsible.

Según un estudio llevado a cabo por la consultora inmobiliaria RR de Acuña & Asociados,³⁸ el stock tanto real como potencial de viviendas que existe en España permanecerá relativamente constante en los próximos años e incluso podría aumentar. Este inquietante resultado se produce debido a la combinación de varios factores: el número significativo de viviendas que todavía hay en construcción; los desahucios pendientes de ejecución; la emigración y la prácticamente nula creación de hogares. Por decirlo de otra manera, además de las 800.000 unidades de vivienda nueva que en estos momentos están en venta hay que añadir un millón más de viviendas usadas, 400.000 unidades más que están en construcción y otras 150.000 que están pendientes de ejecución.

Estas cifras solamente remiten al lado de la oferta. Sin embargo, cuando empezamos a examinar el lado de la demanda vemos la magnitud del problema que hay por delante. Entre los años 2001 y 2010 España generaba una media de 400.000 nuevos hogares por año, con un récord de 540.000 viviendas en 2005, lo que supuso el colmo del boom inmobiliario. Esa década fue un momento de máxima presión demográfica, fruto del baby boom de la década de 1970 y del flujo constante de inmigrantes, equivalente a una demanda de aproximadamente 250.000 viviendas al año.

Los años 2007 y 2008 no sólo destacaron por ser el momento del estallido de la burbuja inmobiliaria. Estos años también coincidieron con un cambio de tendencia poblacional. Desde la década de 1980 los nacimientos habían ido bajando, y esa reducción en el número de jóvenes iba a dejar en algún momento u otro su huella en el mercado inmobiliario. Por eso había crecido la esperanza de que los inmigrantes pudieran llenar el hueco que este cambio de tendencia hubiera dejado a la larga.

Pero la realidad está resultando mucho peor que los pronósticos, en tanto que no sólo hay menos jóvenes, sino que muchos se están marchando. Al mismo tiempo, el flujo migratorio se ha invertido, de modo que son más extranjeros los que se marchan cada año que los que llegan. La consecuencia es que desde 2011 la creación de hogares ha sido inferior de la que debería darse (atendiendo simplemente a la dinámica básica de la población), e incluso en 2013 el saldo resultó negativo.

Difícilmente podemos imaginar que esta tendencia vaya a cambiar en los próximos años. RR de Acuña & Asociados estima que en el futuro próximo la demanda de vivienda moverá alrededor de 200.000 hogares anuales, cifra que puede incluso considerarse optimista teniendo en cuenta el hecho de que en 2013 se dio el fin de la desgravación fiscal de IRPF y un incremento del IVA equivalente a toda la bajada de precio ocurrida entre 2007-2012, en términos de su implicación para el esfuerzo financiero.

Por si todo ello no fuera suficiente, a finales de 2013 la agencia de calificación Fitch³⁹ se vio obligada a recordar una vez más a los bancos españoles que «los comportamientos de hoy pueden representar los riesgos del futuro». La advertencia estaba dirigida contra la política de concesión de hipotecas a particulares, que algunos bancos están adoptando para dar salida de sus balances a las viviendas en posesión.

Según Fitch, las entidades financieras han vuelto a caer en las mismas prácticas que hace tan sólo unos años atrás provocaron la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España. Para vender las viviendas que se han adjudicado, explica Fitch, «la banca está ofreciendo unos tipos de interés preferentes y relajando las exigencias al ofrecer productos flexibles, como períodos de carencia iniciales o elevadas ratios de préstamo-valor (LTV) de hasta el ciento por ciento». La lógica que se encuentra detrás de esa práctica no es tan difícil de entender: simplemente resulta menos costoso asumir el riesgo de encontrarse con el impago de una hipoteca de aquí a cinco años que hacer ahora el aprovisionamiento que el activo provocaría si se quedara en el balance. Es una práctica que veremos muchas veces en este libro: se sale al paso de los problemas de hoy con medidas que pueden crear más dolor en un futuro no tan lejano. En pocas palabras, y según cómo se mire, en vez de aplicar la política de nunca jamás, simplemente hemos vuelto al lugar donde empezamos.

Detrás de esa práctica se encuentra una realidad bastante compleja para los bancos. Como ya se ha visto, mientras una parte del problema —la parte asociada a la promoción inmobiliaria— ha sido o bien solucionada o, como mínimo, puesta en vías de ser solucionada, entretanto van saliendo nuevos problemas. Igual que las malas hierbas de un jardín que no se cuidara bien, la morosidad se está contagiando a sectores del balance que antes parecían sanos.

De hecho, el precio que se está pagando por no haber enfrentado más rápido los problemas de fondo de la economía, como la falta de competitividad (problema que también en su día se negaba), es que el sistema financiero lo tiene muy difícil para sanearse. Así que mientras no se solucionen los problemas fundamentales de la economía, cualquier medida de saneamiento será simplemente provisional. Por consiguiente, si los precios de la vivienda siguen bajando; si el paro permanece en niveles altos o muy altos; si los jóvenes cualificados continúan saliendo del país; y si el Gobierno sigue generando nueva deuda que los bancos tienen que comprar, cualquier remedio no será otra cosa que un parche que oculte una herida abierta.

4

¿Qué cobraré en concepto de pensión?

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Artículo 50 de la Carta Magna

El sistema de pensiones corre un evidente riesgo demográfico. Si miramos hacia atrás en el tiempo veremos que ya hemos pasado por situaciones similares desde muchos puntos de vista a la actual. Pero hay un punto de vista que es completamente nuevo, el demográfico, y que se resume en que nunca hemos vivido en una sociedad tan envejecida, que seguirá envejeciendo en el futuro.

Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones

Nuestra época entrará seguramente en la historia por su característica más destacada: el rápido envejecimiento de la población. De hecho, lo que es realmente nuevo en esta situación no es el envejecimiento en sí mismo, sino la velocidad con la que se está produciendo y su alcance mundial. Las sociedades de Europa occidental han ido envejeciendo de forma gradual —en términos de edad media de la población— desde que surgió la revolución industrial. Sin embargo, la situación en la que nos encontramos ahora es realmente excepcional.

Tras registrarse una fuerte caída en la tasa de natalidad y un aumento sostenido de la esperanza de vida durante el último cuarto del siglo XX, nuestras sociedades están ahora envejeciendo a un paso mucho más rápido que el de cualquier otra generación anterior. En aquellos países que avanzan rápidamente hacia sociedades de predominio de la tercera edad (Japón, Alemania, Italia), la edad media de la población se sitúa actualmente alrededor de los cuarenta y cinco años, mientras que en 2030 la barrera de los cincuenta años ya la habrá superado un porcentaje importante de países que hoy día constituyen el mundo desarrollado.

Bajo ese contexto, el futuro de las pensiones está pasando de ser la preocupación de un reducido grupo de técnicos, para convertirse en un tema de primer orden en la agenda política. Los crecientes déficits en los sistemas públicos europeos y la presión constante procedente de Bruselas y Washington por llevar a cabo reformas en este sentido garantizan que el tema seguirá dando titulares durante bastante tiempo. Con este vaivén como trasfondo es muy probable que la pregunta «¿Qué pensión puedo realmente esperar?» esté en estos momentos rondando por la cabeza de muchos españoles.

Hoy día la sensación de que la sociedad española está cada vez más envejecida es casi universal. Tenemos asumido ya que la tasa de dependencia referente a las personas con más de sesenta y cinco años crecerá de forma dramática durante las próximas décadas. Esa realidad ha ido entrando poco a poco en la conciencia colectiva desde hace más de una década.

Antes de la crisis se veía a la inmigración y las cotizaciones de los inmigrantes como una vía para sostener el sistema público de pensiones; pero con el colapso de la burbuja inmobiliaria y la marcha de muchos de estos inmigrantes, al tiempo que el número de cotizaciones a la Seguridad Social ha caído cada vez más por debajo del nivel alcanzado antes de la crisis, es una evidencia de que el equilibrio del sistema de pensiones está en peligro. Se ha hecho una reforma del sistema y otra está en preparación; pero ¿qué seguridad podemos tener de que el sistema vaya a darnos el nivel de pensiones que esperamos...?

Un cambio irreversible y de gran calado

La historia, según nos cuentan, siempre se repite. Puede ser bajo la forma de una tragedia o una farsa, según el deseo de cada uno. Sin embargo, ¿es realmente cierta la tesis subyacente en este refrán? Porque según todas las evidencias vivimos una época cuyo futuro se parecerá menos que nunca al pasado. Sólo hay que pensar en los factores tecnológicos, tales como la biotecnología o internet. Por tanto, es evidente que el mundo de nuestros hijos no será parecido en nada a lo que nosotros hayamos conocido de niños. Lo curioso de todo ello es darse cuenta —por mucho que reconozcamos esta realidad intelectualmente—, de la dificultad que tenemos a la hora de aceptarla en relación con nuestras emociones. Echando un vistazo rápido al panorama histórico parece ser que este fenómeno no es casual, sino que más bien representa una característica de nuestra especie.

La consecuencia de esta tendencia por mirar siempre hacia atrás es la de que no nos fijamos lo suficiente en los cambios que nos rodean. La literatura inglesa de finales del siglo XVIII carece totalmente de referencias a la revolución industrial, aunque en la actualidad se considera a este fenómeno histórico un momento clave para entender la historia moderna.

Nuestra generación vive igualmente una época histórica y decisiva. Por primera vez en muchos siglos —probablemente por primera vez en términos de toda la historia de nuestra especie—, la población mundial está a punto de bajar de forma continua y sostenida. No es ni será un fenómeno pasajero. En el último cuarto del siglo XXI, según estimaciones de Naciones Unidas, el número de personas que vive en este planeta empezará a descender, y lo más probable es que seguirá haciéndolo para siempre jamás.

Después de unas décadas en las que la población de los países en vías de desarrollo ha ido creciendo de forma desmesurada, y con ello la pobreza, quizá parece extraño hablar de los problemas que este fenómeno puede llegar a causar. ¿No está sobrepoblado el planeta?; ¿no habrá más recursos para cada uno y menos contaminación para todos...? Éstas son seguramente algunas de las respuestas de muchos.

Hasta cierto punto estos argumentos son válidos. Pero el problema más importante con relación al envejecimiento social no reside en la cantidad de personas que hay, sino en el cambio en la estructura de edades de la población, que seguramente tendrá consecuencias muy relevantes. Por otro lado, este proceso parece inevitable. Aunque quisiéramos frenarlo o evitarlo, no parece que tengamos la capacidad de hacerlo. De ahí que la cuestión esté en cómo lo gestionamos. Si somos conscientes y estamos bien informados al respecto es muy probable que tengamos más posibilidades de conseguir que los problemas sean menores que si no lo estamos, o que neguemos simplemente que exista semejante fenómeno.

Las consecuencias económicas y sociales que se deriven de este desplazamiento sísmico en la dinámica demográfica serán de gran calado y, tal como señala la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s⁴⁰ en uno de sus numerosos informes sobre el asunto, el proceso será aparentemente irreversible. De hecho, en las próximas décadas ningún otro elemento será tan influyente en el terreno del crecimiento económico y del estado de las finanzas públicas, o en la formulación de políticas sociales a escala tanto nacional como mundial, como el ritmo al que envejece la población.

Curiosamente, frente a la atención prestada al tema del cambio climático, el interés mostrado por el envejecimiento demográfico ha sido bastante escaso. Como explica el Comité de Expertos⁴¹ encargado por el Gobierno para la tarea de formular propuestas de cara a la reforma del sistema español de pensiones: «La historia reciente demuestra que la mayor parte de la sociedad permanece ajena a los problemas de sostenibilidad de las pensiones, lo cual se concreta en la escasa preocupación que por el sistema de pensiones muestran las encuestas de opinión».

Más curioso aún es esta falta de concienciación en relación con el cambio climático si reflexionamos un momento acerca de cómo, sin lugar a dudas, nuestros sistemas sociales y políticos cuentan con más y mejores herramientas para hacer frente a los problemas representados por el envejecimiento de la población.

Este silencio oficial destaca aún más porque el problema lleva bastante tiempo suscitando la preocupación e inquietud de demógrafos y economistas interesados en el tema. Tal como argumenta el periodista del Financial Times, John Dizard,⁴² la situación puede considerarse muy parecida a la marginación en la que vivían los investigadores de la física nuclear a principios de la década de 1930, antes de que la élite política de la época descubriera que la materia tiene una importancia suprema y empezaran a tirar del carro.

A pesar de la indiferencia popular y política, los profesionales del tema han dedicado ya una extensa labor investigadora que puede ayudarnos a comprender y anticipar los acontecimientos y, si queremos, a formular respuestas.

Y menos mal que esto es así, porque el problema puede ser inmenso. Según datos de la ONU, está previsto que para 2050 el porcentaje que representa la población mundial mayor de sesenta y cinco años se haya más que duplicado, pasando del 7,6 por ciento al 16,2 por ciento.⁴³ A mediados de siglo, alrededor de mil millones de personas mayores de sesenta y cinco años engrosarán las filas de la denominada «población no activa». Los costes derivados de las prestaciones en pensiones y los cuidados sanitarios asociados a todas esas personas afectarán ineluctablemente a las perspectivas de crecimiento económico y previsiblemente serán, durante mucho tiempo, el tema principal de los debates sobre política financiera en todo el mundo.

Las consecuencias que implican esos cambios supondrán un gran reto para nuestros sistemas de bienestar social. Muchos de los problemas que el proceso conlleva —desequilibrios económicos tanto entre países como a escala mundial, preocupación por la sostenibilidad de la deuda soberana en los países más avanzados y urgencia para aumentar la edad de jubilación— son de sobra conocidos en el contexto de la crisis financiera actual, ya que han ido saltando a la palestra uno tras otro.

Ése, precisamente, es el mayor temor con el que nos encontramos hoy día: después de lo difícil y arduo que ha sido salir de la crisis financiera mundial, ¿por qué tenemos que encontrarnos con la desagradable situación de haber superado una crisis para precipitarnos en otra, incluso más importante, precisamente impulsada por el impacto del envejecimiento de la población?

Según hemos visto, el problema del envejecimiento de la población es universal, ya que tiene sus raíces tanto en la caída de la fertilidad como en los avances médicos que acompañan al desarrollo económico, y esos dos, tarde o temprano, afectarán a todos los países del mundo. No obstante, a corto plazo el fenómeno y sus consecuencias estarán mucho más localizados, pues el ritmo al que se produce varía sustancialmente de unos países y regiones a otros.

Como es lógico, los efectos de este proceso serán más pronunciados en aquellos países que se han mostrado más complacientes con las escasísimas tasas de fertilidad (aquellos cuyas tasas de fertilidad total se han situado por debajo de 1,5 durante un tiempo largo), siendo éstos Japón, los países de habla alemana y gran parte de los países de la cuenca del Mediterráneo y del Este de Europa. Se prevé que la edad media de la población de Europa aumente de los treinta y ocho años actuales a los cuarenta y nueve en 2050; pero esta cifra global esconde diferencias muy evidentes entre países, que irán desde los cuarenta y cinco a los cincuenta y cinco años de edad media. Este hecho por sí mismo sugiere que será muy difícil edificar una Europa de economías convergentes y características idénticas. Si conseguimos una Europa con una caja fiscal común, esa Europa será una comunidad con transferencias constantes entre regiones y países.

Los franceses suelen decir aquello de «Viva la diferencia», y tienen todo el derecho del mundo a decirlo porque desde la década de 1930 pusieron en marcha un Estado de bienestar con una política de apoyo a la familia para fomentar la fecundidad, con el resultado de que hoy día su tasa de natalidad está muy cerca de 2,1 niños por mujer, tasa necesaria para reemplazar a su población, mientras que en Alemania, país que no ha tenido semejante prioridad, la tasa ha quedado cerca de 1,3 hijos por mujer, algo que ha sido así durante décadas. Pese a todo, en este campo cuesta mucho ser consecuente. Un ejemplo claro estaría en los muchos alemanes que todavía no entienden por qué a ellos se les exige jubilarse a los sesenta y siete años y a los franceses a los sesenta y dos. Llegar tarde a un problema siempre implica un coste.

Sostenibilidad y población

La sostenibilidad de un sistema de pensiones depende del equilibrio entre ingresos y gastos, o como dice el informe del Comité de Expertos: «Sostenibilidad quiere decir que el sistema de pensiones se sostenga por sí mismo». A partir del momento en que la nueva Ley de reforma de las pensiones ha entrado en vigor se ha empezado a aplicar este principio. Es decir, a partir de ahora no puede pasar lo que muchos temen —un colapso en el sistema de pensiones— porque siempre habrá ingresos. Lo que pasa es que el gobierno efectivamente se ha quitado de por medio dejando el sistema como un contrato implícito entre contribuyentes y perceptores. Otra cosa será el nivel de pensión que el sistema pueda proporcionar, que como veremos más adelante seguirá una tendencia a la baja.

Los ingresos dependen básicamente del número de personas que cotiza y de la base media de cotización, mientras que los gastos dependen del número de personas que reclama una pensión y el nivel de pensión que se les otorga. El número de cotizantes depende fundamentalmente del tamaño del grupo de población en edad de trabajar, que se mueve en función de la tasa de natalidad de un país y del saldo neto de migración. Curiosamente, este primer factor no tiene ni una sola mención en el informe de expertos reciente, omisión que puede considerarse significativa, puesto que, evidentemente, lograr subir la bajísima tasa de natalidad española a medio plazo podría constituir una vía muy interesante para cumplir con el objetivo del Comité, que es conseguir un sistema de pensiones que «tenga capacidad certificada, hoy, mañana, pasado mañana y dentro de treinta o cuarenta años, para afrontar su compromiso fundamental de dotar a los jubilados españoles de prestaciones adecuadas».

No es mi intención aquí entrar en el debate acerca de qué puede considerarse una pensión digna o adecuada, pero, como regla general, diría que cuanto más bajo sea en estos momentos el número de nacimientos, más bajas serán las pensiones dentro de treinta o cuarenta años.

Naturalmente, el otro factor que puede influir en el tamaño de la fuerza laboral de un país es la tasa de inmigración, y en ese sentido vale la pena fijarse en las previsiones de población a largo plazo que da el Instituto Nacional de Estadística sobre las cuales se basa el informe del Comité de Expertos. Estas previsiones asumen que la tasa de natalidad no se mueve de 1,5 niños por mujer en edad de tener hijos (es decir, que el tamaño de cada generación baja paulatinamente), mientras que el saldo anual de migraciones se sitúa alrededor de 120.000. Bajo estos presupuestos, la población de España bajará de los 46 millones actuales a los 42 millones de personas para 2050. Sin embargo, si no vienen los inmigrantes, entonces, en una primera aproximación, la población sería de unos cinco millones menos, cerca de los 37 millones. De hecho, sería aún menos, debido a que el cálculo de los 42 millones de personas asume que estos inmigrantes también tendrían hijos.

Pese a todo, las últimas previsiones a corto plazo, publicadas por el INE en noviembre de 2013, empiezan a contemplar otra posibilidad que puede cambiar radicalmente las dinámicas en relación con los ingresos que puede esperar el sistema de pensiones. Éstas se basan en el cambio de tendencia que se manifestó a partir de 2010, cuando el saldo migratorio se volvió negativo por primera vez en muchos años. Ese año el número de emigrantes superó al de inmigrantes en 42.000 personas. En 2012 esa cifra había subido a 142.000, y se prevé que el total será de casi 300.000 para 2013. Hay que tener en cuenta que estos números son orientativos, y que el nivel de incertidumbre es relativamente alto. De todas maneras, el INE contempla que el saldo negativo se extienda como mínimo durante toda la próxima década con el superávit de emigrantes, frente al número de inmigrantes, en una cifra que ronda entre las 200.000 y las 300.000⁴⁴ personas.

Naturalmente, estas cifras son estimaciones, pero están basadas en las tendencias del mercado laboral, donde se prevé que la tasa de paro permanezca elevada durante toda la próxima década. Todo el análisis que estamos haciendo aquí apunta en esa dirección. Por lo tanto, podemos extraer la conclusión de que la sostenibilidad de las pensiones, e incluso del mismísimo país a largo plazo, dependerá de que encuentre la manera de aumentar la entrada de inmigrantes y reducir la salida de autóctonos. Así que dado el fuerte descenso de población, ¿qué pasaría si ese resultado no se consiguiera? Además, hay que tener en cuenta que esta bajada de población, provocada por la salida de personas en edad de trabajar, significará que el porcentaje de personas con más de sesenta y cinco años sería aún más alto, lo que produciría una presión mayor sobre los recursos del sistema de pensiones.

Dicho esto, hay que señalar que, teniendo en cuenta que la mayoría de inmigrantes llegarían al país por motivos económicos, su entrada y permanencia serán muy sensibles tanto para los niveles de crecimiento del PIB como para el rendimiento del mercado laboral, no sólo ahora sino durante las décadas que vienen.

Si España llegara a crear puestos de trabajo en suficiente cantidad, y esta vez —a diferencia de lo ocurrido durante los primeros años de este siglo— de forma sostenible, en la próxima década las tasas de crecimiento de edad media y del ratio de dependencia serían más lentas. Sin embargo, si ésta no se consiguiera, la tasa sería más rápida y, siguiendo la fórmula del Comité de Expertos, las pensiones serían más bajas. Es por eso que no se entiende muy bien la facilidad con que fue rechazada la última propuesta del Fondo Monetario Internacional, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas cosas en juego y que la sostenibilidad del sistema de pensiones es quizá el apartado donde esa realidad se puede ver con más claridad.

Sin embargo, lejos de plantar cara a este reto, en estos momentos no sólo faltan indicios de que el número de personas que cotizan a la Seguridad Social no sube de forma significativa, sino que incluso ya podemos constatar que la población del país ha empezado a bajar. El aumento de la emigración, especialmente la de adultos que tienen entre veinticinco y cuarenta y cuatro años, provocó que durante 2012, por primera vez desde que se disponen de datos anuales (1971), la población residente en España a 1 de enero de 2013 disminuyó en comparación con el año anterior, llegando a una cifra de 46.727 890 habitantes, lo que implica un descenso del 0,2 por ciento o 90.000 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.⁴⁵ En el momento de escribir estas páginas, todavía no disponemos de datos para 2013, pero sí que contamos con datos provisionales para el primer semestre que indican una clara tendencia al alza, ya que sólo en los primeros seis meses del año la población bajó en 118.000 personas.

Según el informe del INE, el descenso poblacional ha sido consecuencia de un saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) positivo de 52.226 personas y de un saldo migratorio negativo de 142.552 personas. Es decir, la población sigue creciendo de forma natural, y seguirá haciéndolo hasta el año 2017, según las últimas estimaciones de este organismo; pero el peso negativo de la emigración hace que cada vez haya más tendencia hacia abajo. Lo que llama más la atención en esos números es el tamaño de los flujos y la gran cantidad de personas que entran y salen del país cada año. Eso sí que indica una novedad: frente a las 304.054 personas que inmigraron a España en 2012, hubo 446.606 personas que salieron del país con destino al extranjero. En otras palabras, que aunque todavía siguen llegando personas a España con el estatus de inmigrante, la pérdida bruta (o hemorragia) de personas del país es de nada menos que medio millón de personas al año. Además, aunque sabemos con más o menos precisión el balance cuantitativo, no sabemos su equivalente cualitativo, derivado del nivel de formación y preparación de ese medio millón de ciudadanos que marchan frente a los 300.000 que llegan.

Por otra parte, sabemos que de las 446.606 personas que dejaron España en 2012, el 12,5 por ciento eran españoles: según los datos que tenemos, emigraron 57.267 españoles (un 7,5 por ciento más que en 2011) y 389.339 extranjeros (un 16 por ciento más). Como veremos con más detalle en otro capítulo,⁴⁶ la cifra de españoles es muy incierta, porque se extrapola el número de los datos del padrón municipal, de modo que, por un lado, se sobreestima la cifra, porque incluye a extranjeros nacionalizados como españoles, mientras que, por el otro, muchos autóctonos no se dan de baja del registro cuando deciden marchar al exterior. De todas maneras, de estos hechos puede discernirse fácilmente que el futuro de las pensiones españolas está estrechamente vinculado a la lucha para invertir estos flujos migratorios, y, por tanto, con las políticas dirigidas a cambiar la tendencia en el mercado laboral.

Cuando se lleva a cabo una valoración de estos datos el problema más grave que encontramos es el de cómo distinguir aquello que es pasajero o coyuntural, de lo que es estructural y, a esas alturas, casi irreversible. Esa dificultad está plenamente recogida y reconocida por el Comité de Expertos. Como ellos mismos explican: «A corto plazo, los ingresos del sistema de pensiones pueden crecer mucho en las fases expansivas del ciclo económico y caer sustancialmente en las fases depresivas. El sistema de pensiones públicas debería contribuir a estabilizar el ciclo económico; luchar contra las consecuencias de esta dinámica, no profundizarlas». Por eso es tan importante intentar identificar el ciclo, tal como veremos en apartados más detallados de los siguientes capítulos.

El factor de la natalidad

En todo este entramado de datos, ciclos y tendencias, lo que hace diferente los procesos demográficos, y lo que los separa de los demás procesos económicos es que no se autocorrigen. Es decir, que no obra esa famosa mano escondida de Adam Smith que suele poner todo en su orden un día u otro. En términos más técnicos, los procesos demográficos no demuestran la característica de la homeostasis. Si la tasa de fecundidad cae por debajo de su punto de equilibrio de 2,1 hijos por cada mujer en edad reproductiva (la que garantiza el reemplazo de la población), no existe ningún mecanismo que actúe para volverla a subir otra vez. De hecho, los procesos demográficos a menudo son autoalimentantes. Es decir, que en vez de corregirse los desajustes, puede darse la circunstancia de que el desajuste se refuerza. Este fenómeno lo hemos visto en muchos países desarrollados en las últimas décadas, donde la tasa de fecundidad, una vez que ha caído por debajo de 1,5 hijos por mujer, se ha quedado estancada, a pesar del peligro que esa situación representa para la estabilidad poblacional de un país. Bajo esas circunstancias, los procesos demográficos, en vez de guiar el sistema económico hacia un equilibrio más o menos estable, pueden conducirlo a configuraciones cada vez más lejos de este punto.

Tomemos los nacimientos, por ejemplo. Una tasa de natalidad de 1,3 (como la que ha tenido España durante muchos años) quiere decir que hay menos niños nacidos que en la generación de sus padres; eso es evidente. Pero lo que es menos claro es que, de esos niños nacidos, nacerán muchos menos treinta años más tarde, y esto será así durante el tiempo que la tasa de natalidad permanezca por debajo del nivel de reemplazo. Por esa razón, los expertos hablan de la posibilidad de colapso demográfico cuando simplemente la estructura de población implosiona. Esto es, cuando cae sobre sí misma como un castillo de naipes.

En otro orden de cosas, si la falta de oportunidad hace que una parte de la población emigre, entonces el potencial de la economía del país se ve reducido a medio plazo por tener una fuerza laboral más pequeña. Y si esa reducción hace que haya menos posibilidades de trabajo, entonces aún más personas emigrarán como consecuencia de esa situación. Es posible que la idea de que «menos personas implica más paro» vaya en contra de algunas de nuestras intuiciones más básicas; pero también la idea de que la Tierra va dando vueltas al Sol fue en su momento todo un descubrimiento, y no es necesariamente falsa por eso.

Los procesos que se autoalimentan tienen características que no son evidentes a primera vista, pero, claro está, no todas las teorías que van en contra de nuestro sentido común son ciertas. Hace falta una relación de la teoría con los datos, y en este campo de prueba parece que ésta puede ser la explicación del bajo rendimiento de la economía portuguesa durante la primera década de este siglo. La fuerte emigración asociada con la entrada en la Unión Europea provocó una bajada en la tasa de crecimiento de la fuerza laboral que a su vez provocó una reducción en la tasa de crecimiento potencial de la economía. El resultado final fue una fuerte depresión en el país y una tasa de desempleo más alta de la que existía antes de la salida de población.

Este tipo de autoalimentación no fue previsto en el sistema neoclásico de economía, porque, según sus doctrinas más básicas, una economía siempre busca su equilibrio y de esta manera erradica los desequilibrios. Es por eso que tantos economistas españoles han imaginado que una recuperación económica, por lenta que sea, vendrá por sí sola un día u otro.

Según señala el Comité de Expertos, los ingresos del sistema de seguridad social dependen a medio y largo plazo de los cambios estructurales que tengan lugar en la sociedad, la economía y la demografía, los cuales son los causantes de impulsarlos al alza o a la baja. Los cambios de tipo más permanente, como por ejemplo la tasa de desempleo estructural, la tasa de actividad, la dinámica de los salarios o las mejoras en la estructura productiva, irremediablemente «afectan a la generosidad del sistema de reparto, con pensiones medias que pueden crecer más o menos en función del crecimiento de los ingresos del sistema».

«Por todo ello —explican—, es importante disponer de un sistema que contribuya a suavizar los efectos del ciclo económico en el gasto de pensiones, y favorezca, también de manera gradual, que dicho gasto vaya incorporando las tendencias estructurales de los ingresos.»

Evidentemente, la clave para hacer funcionar este sistema de suavización del ciclo económico es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dado que los ingresos del sistema fluctúan mientras las pensiones se tienen que mantener estables, el fondo puede entenderse como una hucha que acumula las subidas de pensiones cuando fueron posibles en los años buenos, para luego transferirlas a los pensionistas durante los años malos.

La idea del fondo se remonta a 1995 y a una reunión del denominado Pacto de Toledo, que incluía en sus recomendaciones lo siguiente: «El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados». Para hacer posible cumplir con esta obligación, «el sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos».

Esa recomendación tuvo su reflejo en la Ley 24/1997, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, que dio lugar a la creación del fondo, aunque hubo que esperar hasta el año 2000 para que la entidad recibiera su primera dotación, la cual fue de unos 600 millones de euros.

A partir de este momento, el fondo iba nutriéndose de los excedentes contributivos de cada ejercicio presupuestario del sistema hasta llegar a tener unos 67.000 millones de euros en 2011, un 6 por ciento del PIB, la mayor parte del cual estaba invertido en activos financieros, principalmente deuda pública española. No existe límite respecto a la cantidad que se puede ingresar en el Fondo de Reserva; pero sí que lo hay respecto a la cantidad que se puede retirar: un máximo de un 3 por ciento de los gastos anuales del sistema.

En el año 2012 el Gobierno, que estaba luchando para contener su déficit fiscal, se encontró con que los ingresos en la Tesorería de la Seguridad Social no eran suficientes para abonar las pagas extraordinarias de julio y diciembre. La alta tasa de destrucción de empleo producido por la recesión, por encima del 4,5 por ciento del total durante ese año, se tradujo en una constante caída de los ingresos por cotizaciones sociales y el déficit del sistema rozó los 12.000 millones.

Bajo esta circunstancia el Gobierno decidió recurrir por primera vez al fondo y, durante el ejercicio presupuestario de 2012, extrajo unos 7.003 millones de euros. Fue el primer año, desde la primera dotación del fondo, en el que los recursos del sistema disminuyeron con respecto al anterior. La pérdida para el fondo fue del 5,7 por ciento, unos 3.806 millones menos, una cifra menor de la cantidad inyectada al sistema, dado que una parte de la cantidad retirada se vio compensada por los rendimientos del propio fondo y las dotaciones de los excedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Es cierto que 2012 fue el primer año en el que los ingresos disminuyeron, pero no fue el primer año en que el sistema resultó deficitario. En 2011, el sistema de pensiones había contribuido alrededor de un punto porcentual al déficit fiscal de 9,6 por ciento del PIB. Pero teniendo en cuenta la inflación salarial, los recursos se mantenían a pesar de la caída de cotizantes. Fue en 2012 cuando por primera vez las bases medias cayeron un 0,2 por ciento. Un mal augurio para los problemas que pueden surgir en un futuro próximo.

Estos desembolsos se enmarcan en una situación de déficit estructural y creciente del sistema, que se situó en torno a los 14.000 millones de euros al cierre de 2013. Además de la reducción de la recaudación por cotizaciones sociales —que bajaban no sólo por el reducido número de contribuyentes, sino también por la caída en las bases medias de cotización—, hay que añadir el lento pero constante crecimiento de la cuantía agregada de la factura de pensiones, que últimamente avanza a una tasa media anual del 3,85 por ciento.

Dado que ese problema deficitario del sistema de Seguridad Social volvía a poner presión sobre el déficit fiscal del Estado, en julio de 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social retiró 4.500 millones de euros más del fondo para hacer frente esta vez a la paga extraordinaria de las pensiones y la liquidación trimestral del IRPF, y otros 5.400 millones de euros en diciembre para abonar la paga extraordinaria de Navidad.

Aun así, el año pasado el sistema dependía de los Presupuestos Generales del Estado, por medio de otra inyección de liquidez con valor de un 1,5 por ciento del PIB. Esa presión constante ha sido determinante en la decisión del Gobierno a la hora de poner fin al excesivo desgaste del Fondo de Reserva, fijando para ello una subida del 0,25 por ciento de las pensiones para 2014, cifra que ha recibido muchas críticas por parte de una sociedad excesivamente acostumbrada a la inflación, pero que no dejará de presentar problemas de financiación si el movimiento en los precios es finalmente negativo.

Para ese rompecabezas que va a representar a partir de ahora la financiación de las pensiones no hay solución fácil; pero, como reconocen los expertos, al fin y al cabo, son los canales democráticos los que tienen que tomar las decisiones estratégicas, y es la sociedad la que, a través de esos canales, tiene que definir sus prioridades. Los técnicos pueden facilitar las cosas poniendo en evidencia los hechos, pero no pueden suplantar en último término las decisiones democráticas.

El ejemplo que ponen los expertos tiene que ver con el número de años que hay que tener en cuenta en el cálculo de los valores medios que se aplica para no desgastar con excesiva rapidez los recursos del fondo, porque una vez gastados esos recursos, difícilmente se puede compensar la bajada de ingresos en los años malos. Para que el fondo cumpla con su función se necesita suficiente liquidez como para abarcar todo el ciclo económico; tarea difícil en un contexto en el cual no sabemos con exactitud en qué punto del ciclo estamos, o cuál es la magnitud de la brecha cíclica que la economía tiene. Aun así, los expertos consideran que «la lógica de los movimientos de la economía española aconseja que esos valores medios se calculen para un período no inferior a once años y no superior a trece».

Lo que importa en el fondo no es la definición exacta del ciclo, ni la fórmula de cálculo, sino que se respete el principio de que el Fondo de Reserva vaya acumulando las subidas de pensiones que de otra forma fueron posibles en los años buenos, para luego transferirlos a los pensionistas durante los años malos. Y ese principio hay que respetarlo incluso si los años buenos que puedan darse en el futuro no sean realmente tan buenos como los que se podían haber esperado hace sólo una década. Por el momento, el Gobierno ha gastado un total de 23.600 millones de euros en dos años, dejando 53.700 en el fondo. Para poner situar mejor esta cifra podemos notar que el coste de la subida del 0,25 por ciento para 2014 es de solo 263,9 millones de euros, mientras que para mantener el peso global de los gastos en pensiones el gobierno tendrá que meter mano en el Fondo de Reserva por una cantidad que puede sumar entre 15.000 y 20.000 millones de euros. A ese ritmo el Fondo empezará a agotarse llegado el 2016.

¿Una reforma neoliberal?

Aunque hemos identificado aquí unas posibles debilidades en el planteamiento del Comité de Expertos —la falta de consideración de la natalidad, el optimismo sobre la inmigración y la perspectiva económica del país, por ejemplo—, no cabe la menor duda de que su línea de ataque principal, la búsqueda de la sostenibilidad tal como la definen, es la más adecuada a pesar de que no está hecha a gusto de todos.

Ignacio Zubiri, por ejemplo, a través de un artículo en El País se mostraba en desacuerdo de la siguiente manera: «En España, como establece el Pacto de Toledo, las pensiones deben financiarse con cotizaciones que, con seguridad, no van a aumentar en el futuro (en porcentaje del PIB), salvo que se aumentaran mucho los tipos de cotización. Por ello, lo que va a hacer el factor de sostenibilidad es rebajar unas pensiones que crecen para ajustarlas a unas cotizaciones que no crecen. De esta forma, al igual que en todos los países donde existe, el factor de sostenibilidad es poco más que una regla para reducir de forma automática las pensiones».⁴⁷ Seguramente que, en este sentido, el señor Zubiri hablaba por parte de muchos.

También Enrique Martínez Flórez explicaba algo similar en el mismo diario: «Asumir que la evolución demográfica es el único factor que importa a la hora de analizar la sostenibilidad del sistema es un error, además de un error interesado; cada retroceso en la prestación pública es un paso adelante para el negocio de los sistemas privados».⁴⁸

Los que argumentan de esa forma ciertamente no les falta parte de razón, porque poner un criterio de sostenibilidad sobre el sistema es una forma de contener el gasto, y seguramente empujará a muchos españoles a darse cuenta del nivel de incertidumbre que envuelve la magnitud de las prestaciones que se pueden esperar. Incluso no es imposible que decidan que, bajo esa circunstancia, hay que hacer algún tipo de ahorro adicional para garantizar un nivel de vida durante los años de jubilación. En tal caso, la aplicación del criterio de sostenibilidad puede dar aire al sector privado. Pero de ahí a sugerir que el conjunto de la reforma es un planteamiento ideológico e interesado de tipo neoliberal es vivir de espaldas a una evidente realidad. No buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones es ponerlo en peligro a largo plazo y hacer peligrar la estabilidad de todo el bienestar social. Al fin y al cabo, la gran omisión de todos esos posicionamientos es que no ofrecen otra alternativa.

Es evidente que la demografía no es el único factor que influye en el nivel de las pensiones, el crecimiento económico también es otro elemento importante. De hecho, no es justo sugerir que los expertos del informe no han tomado ese factor en cuenta, ya que una parte significativa de su fórmula lo incorpora. El problema es que hay que ser realistas, en lugar de contar siempre cuentos de hadas. Tal como argumento en este libro, la tasa de crecimiento de una economía a medio plazo está estrechamente vinculada con la evolución de su fuerza laboral y el tamaño de la población dependiente que tiene que mantener. Si la fuerza laboral va bajando y la población dependiente va creciendo, difícilmente la productividad puede totalmente contrarrestar el efecto demográfico.

Como se puede ver clarísimamente en el caso de Japón, cualquier país puede salir del paso añadiendo cada vez más dinero público para sostener el sistema de pensiones. Y si combina esta política con un estímulo fiscal constante se puede mantener un cierto nivel de crecimiento, pero todo eso tiene un precio: el de una rápida subida en la magnitud de la deuda pública de un Estado. En concreto, la deuda pública española ya está acercándose al cien por cien del PIB y seguramente irá subiendo más en los próximos años. Entonces, ¿cómo va a ser posible seguir aumentando la deuda para financiar las pensiones? Aunque la Unión Europea lo permitiera, los mercados nunca lo financiarían.

La contrapartida de la sanidad

Además, hay otro factor que entra en los cálculos y que nunca se tiene que olvidar. Las pensiones no son la única responsabilidad que tiene el Gobierno en relación con la población que está en edades avanzadas, también hay que pensar en el sistema de salud, cuyo coste no es del todo insignificante.

Según un estudio reciente de la Fundación BBVA-Ivie,⁴⁹ si se cumplen las previsiones de crecimiento económico de la economía española realizadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional, ninguna comunidad autónoma tiene garantizada a medio plazo la sostenibilidad financiera de su sistema sanitario público.

Para hacernos una idea, en 2003 el gasto total de sanidad en España ascendió a 64.076 millones de euros, el 8,2 por ciento del PIB. Cuando llegó 2010, el coste rondaba los 100.741 millones, el 9,6 por ciento del PIB. En la década 2000-2010, la subida del gasto en sanidad (alrededor del 3,5 por ciento anual) superó con creces el incremento del PIB per cápita (algo menos del 1 por ciento anual).

Igualmente, todos los estudios coinciden en que el gasto médico por paciente tenderá a dispararse en el futuro. En realidad, esto es una buena noticia, porque la razón de este sobrecoste es que las nuevas tecnologías permitirán que sobrevivan enfermos que ahora estarían condenados. Los tratamientos de las enfermedades más complicadas serán cada vez más efectivos, pero también mucho más caros.

Con todo ello, si añadimos a esa mejora tecnológica el factor del envejecimiento poblacional veremos que en el futuro las necesidades de financiación del sector van a crecer de forma muy importante. Este gasto sí que quedará pendiente de una forma u otra en las arcas públicas. Parece muy fácil, pero a la vez poco realista, ir cargando una factura sobre otra a la cuenta del pobre contribuyente; sin embargo, no hemos de olvidar nunca que éstos serán cada vez menos numerosos. Si no mejoramos el sistema, los más jóvenes tendrán cada vez más ganas de ir a trabajar a otro país donde la carga fiscal no resulte tan elevada, ni las listas de espera para recibir atención en los hospitales sean tan largas.

El futuro, como todos sabemos, es una cosa incierta por naturaleza. El año 2000 ¿quién hubiera imaginado que la población española alcanzaría 46 millones de ciudadanos llegado el 2010? No obstante, hay algunas cosas que se saben con mayor seguridad: en España seguirá aumentando el número de mayores, tanto en términos relativos como absolutos, y antes de llegar al 2050 el tamaño de la población mayor de sesenta y cinco años se duplicará hasta representar más de un 30 por ciento de la población total, mientras que el grupo de personas que hoy día denominamos «en edad de trabajar» se reducirá, como mínimo, en casi una quinta parte.

Además, parece que vamos a vivir más años. El INE estima que de aquí a cuarenta años la esperanza de vida al nacer será de 84,3 años para los hombres y de 89,9 para las mujeres. Éstos no son hechos, pero sí son proyecciones que tienen un nivel bastante alto de verse realizadas.

Como estoy argumentando a lo largo de este libro, tenemos la tendencia de vivir la realidad a través de nuestros sueños. No obstante, frente a números como éstos, es evidente que, si no despertamos pronto, el sueño se convertirá en pesadilla. Al principio de la crisis, a finales de 2007, la Seguridad Social contaba con 2,7 cotizantes por cada pensionista. Al término de 2013 esa cifra había caído hasta aproximadamente 2,25. Además, el descenso de los salarios está haciendo que las bases medias de cotización caigan. En 2012 bajaban, por primera vez en la historia, un 0,22 por ciento. Seguramente que esta tendencia prosiga en la medida en que los trabajadores con salarios más altos se retiren dejando sus puestos a jóvenes contratados con salarios más bajos.

Dicho de otra manera, en sus presupuestos para este año el Gobierno estima que el sistema de pensiones recaudará unos 102.839 millones de euros, un 2,86 por ciento menos que en 2013. Esta vez, la causa del descenso nada tiene que ver con la evolución del empleo, que se prevé estable, sino con la caída de las bases medias de cotización.

En otras palabras, en los próximos años no sólo habrá más pensionistas cobrando pensiones con un número de cotizantes que quedará estancado en niveles muy bajos, sino que, y para complicar la situación aún más, la aportación media por cotizante seguirá un lento camino hacia abajo. Ante esta situación, la oferta de subidas anuales de 0,25 por ciento comienza a parecer incluso optimista. Hace tiempo que el despertador está sonando, quizá ha llegado la hora de levantarnos e investigar lo que realmente nos está pasando.

5

¿Puede Mariano Rajoy bajar los impuestos en 2015?

Según manifestó el ministro de Economía Luis de Guindos en una entrevista concedida al Financial Times⁵⁰ el verano pasado, la incipiente mejoría económica que vive España demuestra la «calidad de las políticas» de austeridad aplicadas en la zona del euro. Una declaración que no deja de sorprender teniendo en cuenta que, según se mire, la economía española podría muy bien haber salido de la recesión en 2013 gracias, precisamente, a la decisión de la Comisión Europea de relajar temporalmente la austeridad impuesta hasta entonces para ayudar a generar crecimiento a corto plazo.

De hecho, durante los dos últimos años, se ha hablado mucho de cómo la austeridad deviene nefasta para el crecimiento, aunque lo que no se ha comentado tanto ha sido cómo la acumulación de deuda también es perjudicial, precisamente por su tendencia a restar capacidad para el crecimiento futuro. Un déficit fiscal tiene sentido ante un problema a corto plazo, de carácter cíclico o coyuntural, siempre y cuando el margen de maniobra que proporcione se emplee en efectuar cambios de gran calado que neutralicen la mayor deuda originada como consecuencia de un menor ahorro.

No obstante, ¿qué clase de problemas está sufriendo España? ¿Qué parte de la última recesión fue debida a factores cíclicos y qué parte provino directamente de problemas estructurales que no se solucionarán por sí solos? Como veremos más adelante, los gobiernos españoles, empezando por el de Rodríguez Zapatero, siempre han negado rotundamente el alto nivel estructural del problema, aferrándose en todo momento a la idea de que la mayor parte de la enfermedad es cíclica.⁵¹

Por otra parte, aunque la relajación de los objetivos de déficit durante los años 2013 y 2014 permite menores sacrificios para la sociedad española a corto plazo, el reto de alcanzar un presupuesto equilibrado no ha desaparecido, simplemente se desplaza un poco en el futuro.

En ese contexto, ¿es factible la promesa de Mariano Rajoy de bajar impuestos en 2015? Según el programa de estabilidad adoptado por su propio gobierno,⁵² en 2015 el esfuerzo fiscal comportará reducir el déficit estructural en un 0,8 por ciento adicional del PIB, cifra que parece menor cuando se la compara con el 1,8 por ciento conseguido en 2012, pero que exigirá igualmente un gran esfuerzo, sobre todo si el arranque de la economía que estamos viviendo en estos momentos resulta ser más frágil de lo que el Gobierno espera.

Aun así, antes de entrar en cuestiones más técnicas quizá sea oportuno hacer un breve resumen de la trayectoria reciente de las cuentas de la administración pública.

España, como hemos comentado anteriormente, entró en crisis en 2007. Ese año el Gobierno tenía un superávit en sus cuentas del 1,9 por ciento del PIB, mientras que la deuda soberana del Reino de España alcanzaba el 36,3 por ciento del PIB. Aparentemente, la deuda pública, a primera vista, no representaba un problema para la sociedad española. Pero ya se sabe que a veces las apariencias engañan. Y así fue en este caso.

Como todos sabemos, España entró en crisis por el alto nivel de deuda privada acumulada para sostener la burbuja inmobiliaria. A pesar de ello, las finanzas públicas formaban parte del cuadro clínico del paciente en dos sentidos: en primer lugar, porque en esta época los altos ingresos que fluían hacia las arcas públicas dieron una impresión engañosa de salud, dado que la trayectoria económica que producía esos ingresos era insostenible. El colapso de la economía, propiciado por el pinchazo de la burbuja, redujo drásticamente los ingresos fiscales, incapaces ahora de financiar el gasto público. Y aquí no estamos hablando de los gastos originados por la propia crisis, como el subsidio por desempleo, sino de gastos corrientes o estructurales.

De un modo inevitable, este desfase entre ingresos y gastos se cubrió inicialmente emitiendo deuda pública hasta que los mercados financieros dijeron basta.

Sin embargo, y en segundo lugar, el Gobierno español de aquella legislatura, es decir, el anterior al inicio de la crisis, debió haber prevenido la creación de una burbuja monumental. Al no disponer de instrumentos monetarios autónomos —la política monetaria reside en el Banco Central Europeo— para frenar el crecimiento de deuda y el sobrecalentamiento de la economía, el Gobierno tenía que haber aplicado medidas administrativas, las llamadas políticas macro prudenciales, como restringir las condiciones de concesión de crédito, además de aplicar una política fiscal mucho más restrictiva para reducir la demanda. En este contexto, restrictivo quiere decir, para los ejercicios 2005, 2006 y 2007, asegurar un superávit fiscal mucho más amplio del que se registró, con el resultado de reservar recursos para los malos tiempos, tal como hacen países exportadores de materias primas, como Rusia, Chile o Noruega. Siendo tan evidente que esos ingresos eran excepcionales, fruto de un boom difícil de controlar, depender de ellos para financiar actividades recurrentes resultó ser un grave error.

Transcurridos seis años, nos encontramos en 2013 con un déficit próximo al 7 por ciento del PIB, mientras que la deuda soberana ha subido por encima del 90 por ciento del PIB. Por el camino hemos vivido años de dura lucha para contener el déficit, con subidas de impuestos y recortes de gastos, todo en un intento por frenar esta explosión que, de no ser contenida, llevará ineludiblemente al país, más tarde o más temprano, a la suspensión de pagos.

Esta batalla no ha sido nada fácil, pese a que los resultados han sido más bien mediocres: déficits públicos que empezaron con un 11,2 por ciento del PIB en 2009 y luego pasaron a un 9,7 por ciento en 2010; a un 9,6 por ciento en 2011; a un 10,8 por ciento en 2012... hasta llegar al 7 por ciento en 2013, precisamente el año en el que se ha relajado oficialmente el objetivo.

Hay que tener en cuenta que hasta la administración más competente del mundo habría tenido bastantes problemas, dada la dificultad de gestionar una economía con graves desequilibrios estructurales y una fuerte tendencia hacia el decrecimiento. Éste, el decrecimiento, es especialmente nefasto para el objetivo de corrección del déficit, puesto que los ingresos se reducen mientras que los gastos en subsidios crecen, y el desfase queda automáticamente magnificado en relación con un PIB encogido.

El problema de calcular el paro estructural

El problema de fondo es, evidentemente, la falta de crecimiento. Si el país disfrutara de una tasa fuerte de crecimiento y un poco de inflación, los números serían mucho más fáciles de gestionar. Por desgracia, sin embargo, ni ha sido ni es así. Como venimos reiterando, la economía española no crece de forma robusta como consecuencia de una serie de razones: debido al peso de la deuda —sobre todo la deuda externa—, más la falta de competitividad, el envejecimiento de la población y, por encima de todo, el hecho de que haya casi cinco millones de personas que han sido excluidas de la actividad económica.

Por esa razón, la Comisión Europea estima que la economía española tiene un nivel de desempleo estructural de un 23 por ciento de la fuerza laboral. Por «estructural» quieren decir que, incluso después de una recuperación cíclica, esas personas lo tienen muy difícil para encontrar trabajo, porque las actividades que realizaban o bien ya no existen, o no lo hacen de forma rentable. Evidentemente, el Gobierno de España no está de acuerdo con este cálculo, pues ello implica que hay que adoptar más medidas y prestar más atención a las recomendaciones del FMI, lo que explica que se haya lanzado una campaña en Bruselas argumentando que el déficit estructural no es tan alto como estima la Comisión y que la tasa de paro estructural es de sólo un 15 por ciento.

La raíz de la discrepancia entre ambas partes se sitúa en la estimación de la capacidad potencial de crecimiento de la economía española en su condición actual —para Madrid es bastante superior que para Bruselas—. La pregunta que los divide es «¿Hasta qué punto en 2007 creció la economía española por encima de su potencial?».

Según las estimaciones de la Comisión Europea, la economía española operaba un 5,5 por ciento por encima de su capacidad en el año anterior a la crisis. Esta estimación es importante porque condiciona el tamaño de la recuperación cíclica que se puede esperar de la economía una vez que culmine su ajuste. Por cíclica aquí entendemos la recuperación que vendrá por sí sola, sin acometer reformas estructurales.

Es decir, antes de la crisis, la economía española funcionaba por encima de su capacidad no inflacionaria debido a la confluencia de dos factores: el incremento de la deuda externa para financiar créditos y, de esta manera, inflar la demanda, más la llegada de mano de obra barata en grandes cantidades —más de cinco millones de personas en una década—. El crecimiento económico entre 2000 y 2007 se basó, en su práctica totalidad, en incrementar la mano de obra, sin apenas contribución de mayor productividad.

Como resultado de la crisis, la economía ha retrocedido un 7 por ciento y la mano de obra un 20 por ciento. Por sí solo, éste es un ajuste muy importante y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tiene toda la razón del mundo cuando habla de una recuperación de competitividad: producir un 93 por ciento del producto anterior con sólo un 80 por ciento de los trabajadores implica un alza significativa de la productividad y una reducción importante de los costes laborales unitarios.

Sin embargo, precisamente por el lado de este fenómeno viene la parte más dolorosa y difícil del problema. A partir de ahora estos trabajadores desplazados tienen que hacerse hueco en la economía adaptándose al nuevo nivel de eficacia productiva. Y para entender cómo puede darse este proceso hay que mirar, no hacia la oferta de recursos, sino a la demanda de productos.

Antes de la crisis, la demanda interna de España era bastante más alta que lo que la economía podía satisfacer y de ahí el desequilibrio que dio lugar a la fuerte subida registrada por las importaciones. Esta demanda fue alimentada por créditos, en una parte importante financiados por los bancos españoles en el exterior, y avalados por el incremento constante en el valor de las viviendas. El rápido crecimiento de la población entre los años 2000 y 2008 contribuyó a la expansión de la demanda según la fórmula «más personas igual a más demanda». Como resultado, ésta crecía a pasos de gigante —del 4 por ciento interanual—, insostenible a todas luces.

Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente. En primer lugar, la población, lejos de crecer se contrae. Es decir, las tendencias demográficas hacen pensar en una menor, no mayor, demanda. Adicionalmente, la población está envejeciendo, lo que implica, por razones que veremos más adelante, una ligera tendencia decreciente en el consumo. Más aún, el crecimiento del crédito fomentó el consumo anterior. Actualmente, y desde el inicio de la crisis, los hogares se afanan por devolver el crédito. Cuando las familias reduzcan su endeudamiento a un nivel razonable, el crédito se estabilizará, no hay duda; pero es muy poco probable —por razones que discutiremos en el capítulo sobre España como la nueva Alemania— que vuelva a dispararse de forma significativa.

A diferencia de la economía en general, el consumo sí ha caído estrepitosamente. Las ventas al por menor ya se sitúan un 20 por ciento por debajo de su nivel de 2007. Quizá no veamos una fuerte caída adicional, pero tampoco cabe esperar mucha recuperación. Es probable que sigamos con una ligera tendencia a la baja, sobre todo en el contexto de una reducción constante del valor real de sueldos y pensiones.

Por otra parte, si el consumo se estanca, no debemos esperar tasas elevadas de inversión orientada a un mercado que apenas crece. Este fenómeno y sus consecuencias ya se han notado en Japón, como comentaremos más a fondo en el último capítulo. En este escenario, el grueso de las inversiones se dedicará al sector de la exportación, que crecerá en función del ritmo de crecimiento de la demanda externa.

Tampoco se puede esperar mucho de la demanda pública, porque el Gobierno ha asumido el compromiso de reducir el déficit estructural a un 0,25 por ciento del PIB llegado el 2018, con objeto de reducir, a partir de esa fecha, la deuda que seguramente excederá el cien por cien del PIB en ese momento, muy superior al máximo previsto por el Tratado de Maastricht, establecido en un 60 por ciento del PIB.

En conclusión, con un consumo interno, en el mejor de los casos, estancado y las inversiones en la cuerda floja, la única fuente de crecimiento vendrá de las exportaciones. Por tanto, la economía crecerá en función del empuje de la demanda exterior.

Naturalmente, la Comisión Europea ha hecho sus propios cálculos y, teniendo en cuenta la necesidad de ir manteniendo la productividad, la demanda potencial sugiere que el empleo sólo puede crecer de forma muy limitada. Los nuevos puestos de trabajo vendrán principalmente de reponer jubilaciones de plantilla, de modo que la sociedad tendrá que afrontar durante bastante tiempo una bolsa de desempleo estructural muy grande.

Una comparación por país revela la necesidad de reforma estructural de la economía española. Para generar una tasa de paro equivalente a la española —en su caso de un 22 por ciento de la fuerza laboral—, la economía letona tuvo que retroceder un 25 por ciento, frente al 7 por ciento de retroceso de la economía española desde el máximo alcanzado en 2007.

Al mirar esos datos, se ve fácilmente que, si no hay un cambio estructural de bastante más envergadura que cualquiera de los implementados hasta ahora, la economía sólo podrá crecer unos pocos puntos porcentuales antes de alcanzar su límite no inflacionario. De hecho, la estimación de la Comisión Europea que indica que la economía sólo opera un 3,7 por ciento por debajo de su capacidad plena en 2013 es coherente con esta apreciación.

Pese a todo, no puede haber escapado a la atención de nadie que la economía española ha logrado salir de la recesión en 2013 con sólo un 73 por ciento de la población activa trabajando, tras registrar un aumento impresionante de la productividad. Y, sin embargo, si a partir de ahora se pretende mantener ese nivel de productividad, el empleo no puede subir sin un aumento equivalente de la producción. Eso, o el nivel de paro estructural permanecerá alrededor de un 23 por ciento. Por supuesto, la administración española no está de acuerdo. De ahí viene la oscura disputa en torno al déficit estructural del país.

¿Qué es el déficit estructural?

El déficit estructural al que aludimos constantemente es el déficit público existente una vez eliminado el efecto del ciclo económico. Su identificación precisa es clave en el proceso de consolidación fiscal que está realizando el Gobierno español, pues determina la rapidez con la que ésta se lleva a cabo, dada la necesidad de encontrar un equilibrio entre crecimiento económico y credibilidad del propio ajuste. Esa credibilidad depende en gran medida de la velocidad con que se logre una reducción efectiva del déficit presupuestario estructural, porque ésta mide la magnitud del esfuerzo que el Gobierno está realizando en su compromiso constitucional de alcanzar un saldo estructural equilibrado.

Pero determinar el tamaño del déficit estructural no es tan fácil como parece, ni técnica ni políticamente. Para hacerlo hay que identificar qué parte del déficit actual está producido por el impacto del ciclo económico —por encontrarnos en recesión, o en fase de recuperación— y qué parte es estructural, debido a unas fuentes de ingresos insuficientes que nada tienen que ver con el ciclo.

Identificar la parte del gasto que es cíclico implica, por supuesto, conocer la trayectoria del ciclo, y eso tampoco es tan fácil como parece, porque hay que determinar cuál es la tasa de crecimiento sostenible subyacente —o potencial de crecimiento de la economía— y, para ello, hay que estimar una magnitud no observable empíricamente: el producto potencial de la economía en cada momento.

En casos como el de la economía española, este proceso resulta extremadamente difícil, porque durante unos años el ciclo fue suspendido y la economía operaba bastante por encima de su potencial teórico. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, antes de entrar en recesión en 2008, la economía no había registrado tasas negativas de crecimiento desde 1993, quince años atrás, demasiados como para aislar e identificar, con un nivel de certeza satisfactoria, el componente cíclico del crecimiento.

Lo que sabemos con total seguridad es que durante un buen número de años la economía creció por encima de su capacidad. Por el contrario, lo que no sabemos con certeza es la medida de este exceso. Esto es, resulta muy difícil determinar numéricamente qué parte del crecimiento fue sostenible y qué parte fue un simple sobrecalentamiento.

Pero ¿cómo es posible que una economía crezca significativamente por encima de su capacidad y lo haga durante muchos años? Es una buena pregunta... Y con todo, la respuesta es más sencilla de lo que parece, porque en una época de globalización creciente como la que hemos vivido, una economía abierta tiene mucha más capacidad de absorber y acomodar flujos de capital y mano de obra que en épocas anteriores. Y ello, como destacó el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher, en una serie de discursos hechos entre 2005 y 2007,⁵³ «tiene implicaciones profundas a la hora de formular el objetivo de política monetaria».

Según la teoría estándar, una expansión de la demanda más allá de la capacidad de la economía de un país daría como resultado un alza desproporcionada de salarios y precios, y un creciente déficit por cuenta corriente que tendría que cubrirse con financiación exterior. A mayor déficit, mayor necesidad de apelar al capital exterior y mayor dificultad para servir la creciente deuda externa, con el resultado de que, llegado un punto, los mercados, preocupados por el creciente desequilibrio dejarían de financiar un país con estas características, desencadenando en el acto lo que se denomina como una crisis de balanza de pagos. En cierta medida, esto es exactamente lo que le pasó a España, si bien hay que añadir matices que, en nuestro caso, son la parte más importante de la historia.

Estimar con precisión la capacidad de una economía es una tarea extremadamente difícil, incluso en el más sencillo de los casos. Pero, en el caso de España, semejante estimación es aún más compleja, en tanto que no existían límites para captar capital y mano de obra en el sentido clásico. El país no sólo se beneficiaba del acceso a un mercado de capitales extremadamente líquido —el nuevo mercado creado por la introducción del Eurosistema—; también el mercado laboral se mostraba, a efectos prácticos, completamente elástico, con personas llegando de casi todo el mundo dispuestas a trabajar.

En su discurso de 2005,⁵⁴ titulado «Globalización y política monetaria», Richard Fisher exponía lo siguiente:

«La globalización constituye un ecosistema donde el potencial económico ya no está definido ni circunscrito a fronteras políticas ni geográficas. En una economía globalizada, la actividad económica no tiene límites, porque, en un mundo globalizado, bienes, servicios, capital financiero, maquinaria, trabajadores, dinero e ideas pueden migrar hacia donde estén más valorados y donde puedan emplearse con la máxima eficacia, flexibilidad y seguridad.»

En concreto, tal como se preguntaba Richard Fisher: «¿Cómo precisamente entra en juego la política monetaria en un mundo así?».

El edificio intelectual del banco central se construye sobre términos como el diferencial respecto al crecimiento de potencial, límites de capacidad, la tasa de desempleo estructural y, sobre todo, la tasa natural de paro, que normalmente se conoce a través de su acrónimo NAIRU. Los banqueros centrales quieren que el PIB crezca a la tasa potencial de equilibrio, para no disparar las expectativas de inflación. No quieren forzar la máquina más allá de la capacidad productiva de la economía, sobre todo en relación con la mano de obra disponible. La llamada Curva de Phillips describe la idea de que más allá de un punto determinado, aumentar el empleo simplemente conduce a subidas de salarios, que eventualmente se trasladan a mayores precios en lugar de a mayor producción y bienestar económico. Sin embargo, en un mundo globalizado estos límites de capacidad laboral no existen, o como mínimo no existen tal como los plantea la teoría tradicional.

Además de todo ello, calcular el déficit estructural y el diferencial respecto del crecimiento potencial topa con otra dificultad: su cálculo es muy sensible en el momento en que se realiza. Por ejemplo, la estimación de este diferencial para 2006, realizado por la Comisión Europea en 2007, fue de 0,6 por ciento negativo; es decir, la economía todavía tenía capacidad para expandirse sin crear tensiones inflacionistas. No obstante, cinco años después, en la primavera de 2013, la estimación fue revisada dando como resultado un diferencial positivo del 3,6 por ciento. Esto es, indicaba que la economía había operado por encima de su capacidad. La ventaja de poder observar las cosas desde la distancia es evidente; pero lo importante es que el abultado error inicial impidió diagnosticar la situación y, por tanto, actuar en el momento oportuno.

En otras palabras, cuando hablamos de la capacidad de una economía nos enfrentamos a dos dificultades. En primer lugar, estamos hablando de un intento de estimar una magnitud no observable empíricamente, el crecimiento potencial de una economía, cosa que la hace muy difícil de medir o incluso de confirmar su existencia. Y en segundo lugar estamos dando por sentado que postular la existencia de semejante entidad es todavía pausible en un mundo globalizado. De hecho, esta magnitud sólo existe como objeto teórico, un objeto cuyo valor se podía estimar a partir de fenómenos observables que se interpretan en el contexto del marco teórico predominante. Naturalmente, los problemas metodológicos planteados por semejante procedimiento no son pocos.

Pero más allá de la dificultad metodológica que este cálculo presenta nos tenemos que preguntar si realmente sirve a algún propósito útil intentar hacerlo. Tal vez lo fue en la época en que las economías eran bastante cerradas, cuando no se podía aumentar la tasa de acumulación de capital rápidamente porque dependía de un factor relativamente inflexible, la tasa de ahorros doméstica, en la que ni era fácil incrementar la tasa de crecimiento de la fuerza laboral porque iba en función de la natalidad. No obstante, en una economía muy abierta, como la economía española lo es hoy día, ¿es aún plausible? Tal como hemos visto, no para Richard Fisher, quien no cree que semejante componente exista. Personalmente, estoy dispuesto a compartir su opinión. El problema es que creer en la validez y existencia de esta variable se ha convertido en un artículo de fe para la política económica y un ingrediente esencial de los programas de ajuste formulados por la UE y el FMI.

En definitiva, este edificio de cálculos yace sobre unos fundamentos realmente cuestionables. Lo que hay en juego aquí es un tema que resulta muy difícil de resolver desde la óptica de la metodología, puesto que, más allá de tratarse de un problema epistemológico, contamos realmente con otro problema de fondo debido a la contaminación de los resultados obtenidos en función de la perspectiva temporal, a partir de la cual se realizan los cálculos.

El punto de mira siempre es el presente, y la ponderación de los datos más recientes tiene que ser alto porque éstos son los que más información contienen del estado actual de la economía. Pese a ello, los datos más recientes son también los más inciertos, no simplemente debido a la posibilidad de revisiones posteriores, sino también porque, al no saber los datos posteriores, se hace muy difícil determinar con precisión en qué punto del ciclo económico estamos en el momento del cálculo y, por lo tanto, decidir qué parte del rendimiento económico es cíclico.

De ahí vienen las diferencias en las estimaciones del diferencial sobre el crecimiento potencial anterior a la crisis que realizó la Comisión Europea en 2007 y 2013. Y de ahí procede también la dificultad a la hora de determinar qué parte del déficit y de la tasa de paro de 2013 es estructural. Esta deficiencia —que puede llamarse la «dictadura metodológica del presente»— es incluso mucho más abultada de lo normal en el caso de una economía que, como la española, ha experimentado un boom exagerado, seguido de una depresión significativamente alargada en el tiempo. No debemos olvidar nunca que con anterioridad a 2008 ¡la última vez que la economía española tuvo un trimestre de crecimiento negativo fue en 1993! La persona que argumente ser capaz de identificar en la actualidad el ciclo subyacente en la economía española tiene que ser una persona más valiente que yo.

A pesar de todas las lecciones aprendidas, el presente actual no es más privilegiado, como punto de referencia, que cualquier otro de entre la infinidad de presentes anteriores, o incluso que el infinito de presentes que aún están por venir, supuesto que seguramente no ayudaría al antiguo cardenal Ratzinger a dormir más tranquilamente por la noche.⁵⁵

En este contexto puede resultar clarificador tomar una vez más el ejemplo de Letonia,⁵⁶ país al que los economistas del FMI han dedicado bastante atención en una serie de estudios⁵⁷ recientes y que también ha pasado por una montaña rusa económica.

Entre sus hallazgos más interesantes se encuentran sus reflexiones sobre el déficit estructural de este país. Examinaron una serie de intentos dilatados en el tiempo para identificar este indicador, y encontraron que las estimaciones del déficit estructural letón de 2007, efectuadas por la Comisión Europea, muestran una gran variabilidad. La magnitud estimada oscila entre el +0,5 por ciento en 2007 y el -4,5 por ciento en 2009. En su último intento, año 2013, sus cálculos arrojaron la cifra de -3 por ciento.

No es casual que la estimación máxima del déficit estructural de 2007 se obtuviera en 2009, pues ése fue el año de crisis más aguda en ese país y el momento en que la economía tocó fondo. Si echamos la vista atrás dos años antes de 2009, buena parte del crecimiento de 2007 se antojaba insostenible, fruto de una distorsión estructural en la economía y no el producto de su tendencia normal de expansión cíclica. El problema era estimar la magnitud de esa distorsión. La incorporación al cálculo de datos más recientes sobre el crecimiento, que resultaron más favorables de lo esperado, indicaba que la parte de la recesión que fue cíclica resultó ser más grande de lo apreciado en un principio. Por tanto, estos nuevos datos arrastraron todo el cálculo del déficit estructural a la baja.

El crecimiento potencial no es lo que era

Lo mismo ocurre con las estimaciones de crecimiento potencial. En el cálculo de 2007, el diferencial respecto al crecimiento potencial para el mismo 2007 fue estimado por la Comisión en un 3 por ciento positivo (es decir, ésa fue la medida de sobrecalentamiento), mientras que, llegado 2013, la estimación había subido hasta alcanzar el 12 por ciento.

A pesar de los problemas que presagian estos cálculos, el FMI sigue recomendando a los países europeos que adopten un planteamiento estructural basado en la misma metodología para determinar sus políticas fiscales. De hecho, el nuevo pacto fiscal de la Unión Europea requiere a los países miembros que incorporen semejantes objetivos estructurales como parte de sus programas fiscales. Así, en 2011, España adaptó su Constitución para incorporar este mismo concepto.

Pero si los resultados son tan inciertos y el margen de error tan grande, ¿por qué tanto afán en aplicar esta metodología? La respuesta no es difícil de encontrar: se trata de dar un aire de objetividad, casi científico, a unas decisiones que, en el fondo, son en gran medida arbitrarias y, en última instancia, políticas.

Este análisis nos da las pistas necesarias para responder a la pregunta de «¿Por qué marcaba el péndulo del discurso oficial en un momento austeridad y en otro estímulo al crecimiento?». Porque todo el mundo reconocía que había límites sociales más allá de los cuales no podía lograrse la austeridad sin desestabilizar todo el sistema político. De ahí la necesidad de buscar en la caja de herramientas hasta dar con el argumento adecuado para justificar el cambio. Ese argumento fue el diferencial con respecto al crecimiento potencial (o brecha cíclica).

El mismo FMI reconoce⁵⁸ que la metodología deja mucho que desear teniendo en cuenta que «todos los métodos [para hacer este cálculo] requieren una serie de elecciones arbitrarias, o bien basándose en parámetros o bien de acuerdo con la teoría económica subyacente. Por lo tanto, las estimaciones de crecimiento potencial en tiempo real tienen que ser revisadas frecuentemente».

Pese a ello, el FMI mantiene su argumento de que este planteamiento proporciona un marco para tomar decisiones y además defiende esta decisión ante los mercados. Para explicar la ventaja de este proceso, el FMI ofrece como ejemplo el de la economía francesa, para la cual, entre los años 2005 y 2011, tanto el FMI como la Comisión Europea estimaron la tasa de crecimiento potencial con un error promedio de 0,2 por ciento, un error que subió en los extremos hasta un 0,6 por ciento en los años de inflexión de tendencia (2007 y 2011). Éste, en un país con un crecimiento tendencial cercano al 2 por ciento. Además, hay que tener en cuenta que la economía francesa no estaba entre las más castigadas por la crisis. La actividad económica en este país no estuvo sujeta a una depresión masiva, de modo que estos «errores de cálculo» son ejemplos de uno de los casos más fáciles de estimar.

Tal como Bertrand Gruss, uno de los economistas que llevó a cabo los estudios sobre la economía letona, advierte:⁵⁹ «Hay muchas metodologías diferentes que se pueden usar; cada una de ellas incorpora una definición diferente de capacidad potencial, y cada una con sus ventajas y desventajas». Lo que tienen todas en común, según este autor, es que «las estimaciones de capacidad potencial derivadas» están sujetas a una incertidumbre importante. «En el caso de un país como Letonia, que emerge de una caída importante —explica Gruss—, el nivel de incertidumbre es especialmente grande.»

Entonces, podemos preguntarnos qué entendemos por objetivo en un caso como éste. O para ser más explícitos, ¿es posible que cada momento histórico tenga su única y especial verdad en lo que se refiere a la capacidad potencial de una economía, que va cambiando a medida que tenemos más información? Ya lo decía Hegel, el gran filósofo alemán: «El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo».

El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, no dice exactamente eso,⁶⁰ pero sí destaca hasta qué punto nuestra visión de estos indicadores está sesgada hacia el presente: «Estos métodos interpretan cualquier caída sostenida en el producto automáticamente como una caída en su potencial. Como consecuencia, proyectan esta estimación [de crecimiento tendencial] hacia atrás en el tiempo». Dicho de otra manera, es difícil evitar que el mal comportamiento de la economía, producido durante un bajón (o el buen comportamiento generado durante un boom de mucha duración), no contamine los resultados obtenidos.

Para llevar a cabo un trabajo bien hecho, lo que necesitaríamos es información sobre el futuro, algo que obviamente no está disponible en el momento de calcular. Incluso corremos el peligro de que nuestra lectura deficiente de una información inadecuada altere nuestro futuro al inducir giros en las políticas fiscales y monetarias que no habríamos implementado de haber contado con información precisa. Así, no sabremos nunca la magnitud del error cometido.

El maestro y responsable de la teoría neoclásica del crecimiento y premio Nobel, Robert Solow, reconoció esta dificultad en su discurso de aceptación.⁶¹ El crecimiento tendencial es un indicador de largo plazo que va cambiando gradualmente. Es decir, esta tasa de crecimiento no es una constante tal como postulaban las versiones más rudimentarias de la teoría. Hay movimientos a corto plazo que van alterando su trayectoria, así que la dificultad subyace en identificar qué hay de circunstancial y pasajero en estos movimientos y qué es fundamental. Como sugiere Krugman, el problema es especialmente difícil en caso de cambios abruptos.

Solow nos dice que un examen de las series temporales no constituye una prueba crítica, porque lo importante es identificar cómo los movimientos a corto plazo se intercalan y cambian las tendencias a largo plazo. En sus propias palabras: «El problema de combinar la macroeconomía de corto plazo con su equivalente a largo plazo todavía no se ha solucionado —añade—: La teoría del crecimiento proporciona una manera sistemática de discutir y hacer comparaciones acerca de las trayectorias de una economía en equilibrio. Se ha conseguido hacer esta tarea de forma satisfactoria. Sin embargo, su intento de afrontar un problema de igual importancia e interés —la forma correcta de gestionar desviaciones en esas trayectorias— ha fracasado. Si se examinan desviaciones sustanciales respecto al crecimiento tendencial que duran más de un trimestre es imposible creer que la misma trayectoria no esté influida por las experiencias a corto y medio plazo. Por tanto, un análisis simultáneo de la tendencia y las fluctuaciones realmente depende de una integración del largo plazo con el corto plazo, o del equilibrio con el desequilibrio».

Por supuesto, este fracaso, que explica tan gráficamente el creador de la teoría, todavía sigue de pie. De modo que cuando leemos en la prensa española que «la Unión Europea prepara un cambio en el método de cálculo del déficit que beneficia especialmente a España», ya sabemos de qué va el asunto.

Se trata de un argumento que reivindica ser puramente técnico, buscando un ajuste en la fórmula aplicada para producir un resultado que suba el nivel estimado de crecimiento potencial, y, por lo tanto, baje los niveles estructurales de déficit fiscal y desempleo. Posiblemente, si aceptamos la validez de este tipo de cálculo puede ser que este ajuste en la valoración sea justificable debido a la exageración de los valores que se produce en los extremos de una montaña rusa económica (fenómeno que el Gobierno español calificó en su programa de estabilidad para 2013 del «problema del punto final»).

No obstante, en toda esta línea argumental hay que ir con mucho cuidado, porque se trata de usar una fórmula que parece científica, para enmascarar una decisión que es, en el fondo, política. Es importante entender que, en contra de lo que reivindica el Gobierno español, los resultados del ejercicio de cálculo no son menos ciertos simplemente porque se aplique la metodología de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos donde antes se aplicaba la de la Unión Europea.

Según explica el Gobierno en su programa: «Las variaciones de la brecha cíclica (output gap), suelen subestimarse, con lo que la estimación del esfuerzo estructural realizado por un país durante un proceso de consolidación fiscal se sesga a la baja».

Entonces, el objetivo del Gobierno queda claro: rebajar la estimación del déficit estructural y convencer a los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea de la necesidad de esta rebaja. Sin embargo, cuidado, porque la misma OCDE también reconoce, en su documento clave sobre el tema, que todas las estimaciones de la brecha cíclica suelen ser bastante inciertas, e incluso advierte de que «esta incertidumbre plantea evidentes límites sobre la utilidad del diferencial para determinar políticas [económicas o monetarias]».⁶²

Naturalmente, dado que estamos tratando de las instituciones de la Unión Europea, la situación no está exenta de su lado teatral, incluso cómico. La Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea tiene nada menos que todo un departamento dedicado al tema de la brecha cíclica, encabezado por Werner Röger, mientras que el Comité de Política Económica tiene su propio grupo de trabajo, dirigido por Igor Lebrun, con igual cometido. De hecho, dado que son Igor Lebrun y sus colegas quienes tienen que formular las recomendaciones técnicas para que los ministros de Economía y Finanzas tomen las decisiones correspondientes, es en el seno de este grupo donde los representantes de la visión del Gobierno español han estado presionando para imponerla.

Un problema más político que técnico

De todas maneras, esta presión por cambiar la metodología de cálculo no es difícil de entender debido a las claras diferencias que hay entre los resultados conseguidos con una metodología u otra, y la clara correspondencia entre estos resultados y las posturas políticas en favor o en contra de la austeridad. Sin embargo, no deja de sorprender que un debate de tal magnitud y con tanta trascendencia por las políticas de la zona del euro se lleve a cabo en un pequeño grupo de trabajo que trata de temas que la mayor parte de la ciudadanía debe de considerar como el equivalente moderno de la controversia escolástica acerca de cuántos ángeles podrían ponerse sobre la punta de una aguja.

Un ejemplo clarísimo del nivel político que tiene este debate técnico puede hallarse en las divergentes conclusiones obtenidas por la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos y la Comisión Europea acerca del tamaño del diferencial entre crecimiento actual y potencial de la economía de Estados Unidos. Según la Comisión Europea, a finales de 2011 el diferencial se situaba en el 1 por ciento. Es decir, la economía estadounidense estaba muy cerca de su capacidad potencial, mientras que desde Washington la estimación era de una brecha del 5 por ciento.

La diferencia es muy grande y, naturalmente, llega directamente al corazón del debate entre Europa y Estados Unidos respecto a la necesidad de austeridad o estímulo. La Reserva Federal justifica su política de compra de bonos, conocida como flexibilización cuantitativa o QE, en la necesidad de combatir el elevado nivel de paro. Aceptar los cálculos de la Comisión Europea implicaría que una parte bastante más alta de este paro fuera estructural, con la consecuencia de que en ese caso la política monetaria poca cosa podría hacer —argumento de Mario Draghi desde el Banco Central Europeo—, y que, por tanto, la receta para reducir el paro en Estados Unidos consistiría en aplicar una serie de reformas estructurales semejantes a las propagadas en Europa por el FMI. Por el momento, de eso no hay nada.

Dadas la complejidad y sensibilidad política que hay sobre el tema, no es de sorprender que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea hayan, de momento, pospuesto su decisión. Pero, como ya se ha señalado anteriormente, aunque se puede discrepar respecto a la motivación del Gobierno español en su intento de ver revisadas las estimaciones sobre la capacidad potencial de crecimiento de la economía española —esencialmente, bajar la estimación del déficit estructural—, la conocida tendencia a sobrevalorar los datos más recientes sugiere que la queja no carece totalmente de validez. En estos momentos, el producto nacional de España no está seguramente tan cerca de su plena capacidad, como estiman el FMI o la UE; pero este hecho no significa que la situación sea buena; simplemente no es tan mala como esta prueba sugiere. Además, como veremos cuando tratemos el impacto de la reforma laboral sobre la deflación, es posible que la tasa de generación de empleo sea más alta que la que contempla el FMI debido a la tendencia bajista de los salarios, lo que implica que la tasa de paro estructural no es tan alta como la UE considera.

No obstante, para volver a la pregunta con la que hemos empezado este capítulo: ¿Puede Mariano Rajoy bajar los impuestos en 2015?, la respuesta sería que lo tiene realmente muy difícil, porque al margen de su pelea con el tamaño exacto del déficit estructural, el país todavía tiene un compromiso por reducir el déficit agregado por debajo del 3 por ciento en 2016, y este objetivo no se puede ir aplazando indefinidamente en el futuro. Sobre todo porque no puede hacerse continuadamente para acomodar una agenda política.

Aunque desde 2009 los sucesivos gobiernos han subido el IVA en un total de 5 puntos porcentuales y han incrementado las cuotas de IRPF, los ingresos del Estado como porcentaje del PIB apenas han subido (un 0,9 por ciento hasta 2012), mientras que los gastos han bajado en mayor medida (un 3,4 por ciento). Es decir, a pesar del intento por aumentar los ingresos, el ajuste se ha realizado principalmente a base de recortes.

Además, como veremos en los próximos capítulos, las previsiones del Gobierno español, tanto en lo que se refiere a la inflación como al crecimiento futuro del PIB, son demasiado optimistas, en tanto que el PIB nominal no crecerá tanto como se espera. Esto no sólo obligará a mantener la subida temporal del IRPF más allá de 2014, sino que probablemente requiera de medidas adicionales de ajuste para cumplir con los objetivos establecidos.

Asimismo, el Gobierno no puede descuidar el apartado de ingresos por IRPF, lo que tiene que ver con la estructura de la recuperación. Como el mismo Gobierno admite en su programa de estabilidad, hay estructuras de crecimiento que proporcionan más ingresos fiscales que otras. Por ejemplo, en una economía donde el crecimiento depende de una expansión continua de las exportaciones —porque el consumo privado y la inversión en vivienda van a la baja— hay una pérdida tendencial de los ingresos tributarios indirectos, porque entre otras cosas las exportaciones no están sometidas a IVA.

Es por esta razón que el ministro Montoro insiste en la importancia de un aumento del consumo y en un nuevo arranque del mercado inmobiliario. Pero ni una ni otra cosa se está produciendo de forma significativa, y si las cosas no cambian, bajar impuestos resultará imposible, por mucho que pueda haber una nueva estructura del IRPF, lo que —a base de hacer más difíciles los cálculos de comparación— no dejará la situación real tan clara.

6

¿Supone la deflación realmente un riesgo para España?

Parece que un fantasma recorre Europa de nuevo, aunque esta vez no es el fantasma del comunismo. Hoy en día el fantasma que se ve andando por las calles parece más bien un anciano pobre que corre con su bastón detrás de los líderes políticos a los que les pide una explicación acerca de por qué su pensión va bajando año tras año. No es ningún caballero de triste figura escapado de una novela de antaño, sino uno de los muchos ciudadanos que vamos a encontrar por nuestro camino debido al creciente porcentaje de población en edad avanzada. Nuestro fantasma estará preocupado por su pensión debido al temido impacto de la deflación, con sus explosivas espirales negativas de deuda que pueden poner en peligro tanto sus ingresos como sus ahorros.

No obstante, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué la llegada de la deflación puede generar un colectivo de pensionistas cada vez más enfadado? Éste es el tema que vamos a explorar ahora. Pero, antes de nada, hay que aceptar que el riesgo de deflación es real y no, al contrario de lo que dicen muchos expertos españoles, un fenómeno pasajero que nos pasará por encima sin más consecuencias.⁶³

De hecho, el riesgo que tienen los países de la periferia de Europa de caer en una deflación duradera siempre ha estado allí, como un peligro potencial que nos esperase a la vuelta de la próxima esquina, a partir de la caída de Lehman Brothers. Durante unos años fue acercándose lentamente a las economías europeas. En parte, su presencia como tendencia subyacente no era muy visible debido a la subida de impuestos indirectos que acompañaba a las políticas de contención del déficit fiscal, así como la subida de precios de las materias primas que estaba asociada con el rápido crecimiento de las economías emergentes.

No obstante, desde el verano de 2013, su presencia se ha ido evidenciando cada vez más, manifestándose primero en forma de tasas de inflación muy bajas, que luego se han convertido en ligeros movimientos negativos de precios. Ahora el problema ha comenzado a afectar a un número significativo de los países de la periferia de Europa —Letonia, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia—, donde las tasas de inflación han caído a niveles muy bajos (por debajo del 0,5 por ciento interanual), o incluso en algunos casos han empezado a ser negativas. No todos estos países forman parte de la zona del euro; pero los que no están todavía incorporados tienen la característica de que mantienen un régimen de cambio fijo respecto a la moneda común. Por tanto, estos países no pueden devaluar sus monedas, que es la política más recetada para aquellos países que tienen o están en riesgo de padecer deflación. Parece evidente que el riesgo existe. No obstante, no todo el mundo lo ve igual.

No veo ninguna señal

Según los libros de historia, el almirante británico Horatio Nelson, cuando recibía una orden que no era totalmente de su agrado solía poner el catalejo en su ojo ciego y decir: «Aquí no veo ninguna señal». En la actualidad no sabemos si Mario Draghi utiliza el catalejo o quizá se sirve de un microscopio para examinar los datos de coyuntura económica que se presentan en su escritorio. Aunque suponemos que tiene ambos ojos en buen estado, da igual, el resultado es el mismo. Con respecto al tema de la deflación, durante toda la segunda mitad del año pasado siguió diciendo: «No veo nada semejante en ningún país».⁶⁴

Sin embargo, igual que en el caso del conocido oficial británico, la señal estaba ahí. La dificultad, en parte, ha residido en un problema de definición. En repetidas conferencias de prensa, Mario Draghi se ha referido a la deflación como «una caída prolongada de los precios», una caída lo suficientemente alargada en el tiempo como para «generar expectativas autocumplidas», expectativas de caídas posteriores que hacen que los precios sigan cayendo. Por tanto, no es difícil entender por qué Draghi piensa que la deflación tiene «dinámicas explosivas». Se debe a la aplicación de esta definición que el presidente del Banco Central Europeo podía decir, sin ninguna risa disimulada, y con la conciencia totalmente tranquila que «no vemos nada parecido en ningún país». Y lo que decía era cierto, pues las expectativas no han llegado, de momento, a autocumplirse en ningún país, si dejamos de lado casos sectoriales como la caída de los precios de la vivienda en España.

Pero antes de que se puedan generar semejantes expectativas, los mismos precios tienen que empezar a caer, y ésta es la situación que estamos viviendo a día de hoy. La fuerte desinflación, seguida de una tímida caída de los precios, constituye la etapa preliminar. Una etapa que no tiene irremediablemente que dar lugar a la deflación, al menos en el sentido estricto de Mario Draghi y sus colegas del BCE. No obstante, una leve bajada de los precios, por pasajera que sea, abre la posibilidad de ir más lejos y aumenta el riesgo. Una casa no va a arder si no hay fuego, pero no todos los fuegos implican que una casa tenga que quemarse por completo.

El mundo inmobiliario español es un buen ejemplo de cómo las expectativas en la toma de decisiones de compra pueden influir en la llegada de las expectativas autocumplidas. Antes de 2008 había una expectativa generalizada, instalada en la ciudadanía española, de que los precios de la vivienda siempre subirían, y que correcciones de precios, como las experimentadas por ciudades como Londres, París o Nueva York nunca llegarían a España. Bajo esta expectativa de subidas sin fin, adelantar la compra lo máximo posible tenía su lógica a nivel individual, aunque alimentaba la burbuja a nivel colectivo.

Más tarde, una vez que hubo reventado la burbuja, la tendencia se invirtió y las personas empezaron a cambiar su conducta, demorando cada vez más sus decisiones de compra, lo que anticipó más caídas. Esa tendencia propaga la bajada de valores, originando que las expectativas se autocumplan y reforzando aún más la determinación de esperar antes de comprar.

Naturalmente, el mínimo síntoma que sugiera la llegada de esta dinámica, sobre todo en lo relativo a una tendencia en una gama amplia de precios, hace temblar los bancos centrales. Debido a este temor, los bancos centrales han empezado a practicar políticas monetarias en todos los países que van mucho más allá de las convencionales. El problema para la política monetaria es que, en un ambiente de deflación, el tipo de interés real negativo —normalmente poco aconsejable, pero en casos de recesión una herramienta imprescindible— es imposible de conseguir por culpa de los números negativos de la inflación.

De entre estas políticas no convencionales, aquella que está considerada como la más eficaz es la de forzar una bajada en la cotización de la moneda. Por esta razón, uno de los objetivos más importantes del paquete de políticas conocido como Abenomics, que se lleva a cabo actualmente en Japón, consiste en lograr una fuerte bajada (hasta finales de 2013 de casi un 20 por ciento) de la cotización del yen.

La aplicación de la política de flexibilización cuantitativa, conocida como quantitative easing o QE, por parte de los bancos centrales más importantes del mundo —la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco Nacional Suizo y el Banco de Inglaterra— ha sido condicionada en gran medida por el impacto que semejante política pueda tener sobre el valor de su divisa. En este nuevo concurso de devaluaciones competitivas —que algunos han llamado «guerra de las divisas»— nadie quiere ser el menos activo y ver una subida de la cotización de su moneda, en cuyo caso el riesgo de deflación se incrementa proporcionalmente.

Sin embargo, por razones estructurales (hay diecisiete países a los que representar) y debido también a las limitaciones de su mandato, el Banco Central Europeo acaba siendo habitualmente el banco menos activo y menos agresivo en su política monetaria, con el resultado de que, en momentos de tensión, la cotización del euro tiende a subir, lo que aumenta la presión deflacionista en las economías en las que gestiona su política monetaria.

Deficiencia estructural en la demanda

Según hemos visto, la caída de los precios es una condición necesaria pero no suficiente para la llegada de las expectativas de bajada de las que habla Mario Draghi. Un ambiente fuertemente desinflacionista es una alerta de que el riesgo va aumentando. Para decidir si esa falta de inflación es simplemente un fenómeno aislado y puntual, o puede ir más lejos, hay que recurrir al análisis económico con la intención de examinar si hay razones para tomar en serio la posibilidad de que la situación pueda pasar de una caída de precios pasajera a un cambio estructural en las expectativas.

En este sentido, no es un hecho simplemente casual que todos estos países que actualmente están al borde de la deflación tengan en común el hecho de haber pasado por una grave crisis, consecuencia de haber vivido años de actividad económica insostenible que los ha dejado con una herencia de endeudamiento externo significativo. Cada caso es un poco distinto, pero en conjunto el resultado es muy parecido: son países que han sufrido una pérdida de competitividad importante, que tienen un lastre de deuda que debilita el consumo interno, por lo que tienen una dependencia casi absoluta de las exportaciones para lograr un crecimiento económico.

Dentro del cuadro clínico que los caracteriza, hay tres factores que sugieren un riesgo elevado de sufrir una dosis de deflación. En primer lugar, la demanda doméstica es débil, o para decirlo de otra manera, la brecha cíclica —la diferencia entre lo producido y lo que se podría producir usando la plena capacidad— es alto, y probablemente permanecerá alto durante largo tiempo, por lo que estos países tendrán un problema constante de sobrecapacidad. Cuando la oferta es estructuralmente mayor que la demanda, y las cosas se mantienen así durante un período prologado, entonces se produce una presión constante, y a la baja, sobre los precios. Ésta es la principal razón por la que estas economías son susceptibles de entrar en una dinámica deflacionista.

En el caso de España, y según los cálculos del mismo Gobierno⁶⁵ (basados en la metodología de la OCDE), la brecha cíclica⁶⁶ con respeto al producto potencial de la economía española fue de un 8,5 por ciento en 2013, lo cual es mucho. Aún peor, se calcula que llegado el año 2016 aun será de un 5,3 por ciento del PIB, porcentaje que todavía es bastante alto. La existencia de semejante brecha durante tanto tiempo implica que, visto desde el lado de la oferta, la presión deflacionista es y seguirá siendo importante. Y aunque la brecha cíclica puede ser menor de la reivindicada por el Gobierno (véase capítulo 5) no cabe duda que es sustancia.

Además, resulta evidente que el consumo privado es y será débil. En 2011 fue de alrededor de un 1,2 por ciento, y en 2012 y 2013 bajó más de un 2,5 por ciento cada año. Esta falta de demanda también influye en el proceso de inversión, porque implica que la instalación de nueva capacidad productora puede ser menos rentable que antes. Con una alta proporción de la población en paro y el flujo del crédito interrumpido es muy difícil que esta tendencia cambie. De hecho, los otros dos factores que vamos a examinar a continuación simplemente servirán para reforzar esa importante dinámica subyacente.

El segundo elemento que hace pensar que España puede estar al borde de caer en la senda deflacionista es el impacto de la reforma laboral de 2012, porque está produciendo y producirá una tendencia a largo plazo de bajadas suaves del salario promedio. De hecho, es uno de sus objetivos principales.

¿Cómo crear empleo y contener los costes laborales?

España ha hecho un gran avance en términos de costes laborales unitarios; pero es muy importante tener en mente que este avance ha sido principalmente el producto de reducciones de plantilla o del cierre de empresas. Hasta el momento sólo una pequeña parte de esta mejora en competitividad procede de la moderación salarial.

Para ser más claros, entre junio de 2009 y junio de 2013 el coste laboral unitario en España bajó un 7,3 por ciento según los datos de Eurostat, mientras que el coste laboral por hora subía un 2,8 por ciento. Esta aparente anomalía se debe al hecho de que el número de trabajadores bajó bastante más que la producción total, con lo que se produjo una mejora significativa de la productividad.

El ajuste estructural de la economía española está más o menos a medio camino. No obstante, a partir de ahora es muy poco probable que las futuras mejoras vengan a través de más reducciones de plantilla; incluso es posible que, en la medida en que la economía se estabiliza, las empresas empiecen paulatinamente a contratar. Lo que provocará que estos nuevos puestos de trabajo sean distintos es que las contrataciones se harán bajo las condiciones del nuevo marco laboral.

Las mejoras en costes unitarios que se obtendrán a partir de ahora vendrán de las reducciones salariales conseguidas a través de la contracción de empleados más jóvenes, por medio de distintas modalidades de contrato y salarios más bajos. La evidencia al respecto, en el momento de escribir este libro, es concluyente: los salarios han bajado interanualmente en cada trimestre desde el cuarto trimestre de 2012. El objetivo prioritario será subir la productividad y crear empleo, lo que implica que la masa salarial en su conjunto tiene que subir menos que el valor añadido por los nuevos contratados. Es la única manera de que la economía pueda crecer mediante tasas que no superarán el 1 por ciento y, al mismo tiempo, generar empleo y aumentar la productividad.

Como consecuencia negativa de esta bajada salarial, las cotizaciones a la Seguridad Social también tendrán tendencia a bajar, no por el número de cotizantes sino por la cuota media pagada, que bajó un 0,2 por ciento en 2012, por primera vez en la historia. Evidentemente, si las personas cobran menos, sus aportaciones a la Seguridad Social también bajan.

El tamaño de la fuerza laboral

Estos dos factores, déficit de consumo y bajada salarial, pueden ser propicios a la llegada de una tendencia deflacionista en un futuro relativamente inmediato; pero hay un tercer factor que sugiere que el problema puede ir extendiéndose más allá en el tiempo: la población en edad de trabajar ha comenzado a bajar y seguirá bajando. Incrementos en el tamaño de este grupo siempre han acompañado al crecimiento de la economía española en toda la historia moderna. Significativamente, ese grupo de la población creció fuertemente durante todo el boom de la primera década de este siglo, debido principalmente a la rápida entrada de inmigrantes. Sin embargo, tal como estamos viendo, desde el principio de la crisis la tendencia ha cambiado radicalmente. En un principio, simplemente se notaba que cada vez llegaban menos inmigrantes, pero a partir de 2012 el saldo migratorio cambió de rumbo totalmente, con más personas (tanto nacionales como extranjeros) saliendo que llegando.

Este cambio ha puesto en evidencia una realidad que la inmigración anteriormente había tapado: la fuerte bajada de la natalidad que ha experimentado España durante décadas cambiaría por siempre la estructura de la población, con lo que antes o después la fuerza laboral tenía que tocar techo para luego empezar a bajar. Parece que, a raíz de la crisis, este día llegó finalmente en 2012.

Evidentemente, no podemos mezclar el corto con el largo plazo. El problema más inmediato que enfrenta la sociedad española es la alta tasa de desempleo. Por lo tanto, poco importa el tamaño de la fuerza laboral dado que sobran muchos trabajadores en relación con las necesidades de la economía (el llamado paro estructural). Y eso es cierto. De momento, la población activa va bajando trimestre a trimestre sin que se note ningún problema específico.

Pese a todo, más adelante sí que existirá un problema. Tal como ha señalado Masaaki Shirakawa, gobernador del Banco de Japón entre 2008 y 2013, la experiencia japonesa sugiere que existe una clara correlación entre los movimientos de la población en edad de trabajar y los movimientos de los precios. Según un estudio llevado a cabo por el Banco Central de Japón,⁶⁷ en la primera década de este siglo esta correlación fue incluso más fuerte entre los países desarrollados que la correlación entre los precios y el crecimiento en la masa monetaria.

La población japonesa de entre quince y sesenta y cuatro años empezó a bajar en 1997, coincidiendo con el inicio de una tendencia deflacionista que ha continuado hasta el presente. Como refiere Shirakawa, puede considerarse a Japón un país avanzado, en tanto que este país ha tenido que afrontar varios problemas arraigados en el envejecimiento de las poblaciones antes que otros países. En este sentido, se le puede considerar un país pionero.

Shirakawa también nos hace una advertencia, llamando la atención respecto de cómo el crecimiento de la población en la periferia de Europa durante los primeros años de este siglo fue sostenido por la inmigración. Sin embargo, desde el inicio de la crisis global «el movimiento de la inmigración se ha ido reduciendo y algunos países incluso se enfrentan con el fenómeno de la emigración, que tendrá como resultado tasas de crecimiento económico potencial aún más bajas».

Espiral explosiva de deuda

Visto lo anterior, aún queda una pregunta pendiente: ¿por qué la deflación tiene que ser problemática? ¿No es bueno que la economía de un país se vuelva tan competitiva que incluso los precios bajen? De hecho, ¿no es esta bajada de precios lo que los macroeconomistas como yo llevamos años exigiendo, la llamada devaluación interna?

Los que dicen eso ciertamente tienen razón, porque esta bajada de precios es justamente lo que necesita España.⁶⁸ Pero al mismo tiempo tendrá consecuencias y unos efectos secundarios, y no todas ellas serán tan buenas. Por tanto, hay que tener claro cuáles serán estas consecuencias si queremos dar con las medidas adecuadas para gestionarlas.

La consecuencia más importante tiene que ver con la deuda, tanto privada como pública. La deflación significa bajada de los precios, lo que implica que el valor nominal del PIB pueda bajar. El valor nominal es el valor del producto nacional antes de corregirlo por los efectos de la inflación. Ese valor se contrasta con el valor real del PIB, que es lo corregido por la inflación, y es lo que suele citarse en las comparaciones. La deflación nos lleva a «un mundo de nunca jamás», donde pasan cosas que no son a primera vista intuitivamente evidentes: por ejemplo, el PIB real puede subir, mientras que el PIB nominal puede bajar, llevando al déficit y la deuda a subir.

Tomemos un ejemplo: imaginemos que el PIB real de España es estacionario, que ni sube ni baja. Dicho de otra manera, que crece con una tasa de un cero por ciento. Ahora bien, imaginemos además que la inflación es de un 1 por ciento. En este caso, el PIB nominal subiría un 1 por ciento, a pesar del hecho de que el PIB, ajustado por la inflación (con la cual medimos el crecimiento económico), no creciera. Por otro lado, en el caso de que, en lugar de inflación, hubiera una deflación de un 1 por ciento (es decir, que los precios bajen un 1 por ciento), entonces el PIB nominal bajaría un 1 por ciento.

Pensemos por un momento: ¿qué efectos provocan esos matices en los ingresos del Gobierno? En el caso de una deflación de un 1 por ciento, lo más probable es que éstos también bajen en una cantidad parecida. No obstante, y aún más importante que el factor ingresos, ¿qué impacto tendría este fenómeno de bajada del PIB nominal sobre el déficit fiscal? Para facilitar el cálculo, imaginemos por un momento que el Gobierno tiene un déficit de cien mil millones de euros anuales sobre un PIB nominal de un billón de euros, o sea de un 10 por ciento. Ahora, si tomamos el caso de que el PIB nominal bajase un 1 por ciento y alcanzara el nivel de los 990.000 millones, lo extraño es que, mientras que antes de la caída del PIB nominal el déficit representaba el 10 por ciento del PIB, con posterioridad el déficit sube aproximadamente el 10,1 por ciento. El déficit ha aumentado, y sin cambiar en nada la cuantía absoluta del déficit.

Y si a este efecto añadimos el hecho de que se ingresa menos dinero del previsto debido a la bajada de precios y salarios, entonces, con el mismo presupuesto perfectamente ejecutado, el déficit subiría aún más en porcentaje del PIB. Parece extraño, pero, efectivamente, eso es lo que ha ocurrido en Japón durante más de quince años.

Si en lugar del déficit pensáramos en la deuda del Gobierno, la situación se volvería aún más problemática. Según las previsiones del FMI en otoño de 2013, la deuda soberana española podría tocar su punto más alto en 2017 y llegar al 105,5 por ciento del PIB. Sin embargo, en su informe sobre la sostenibilidad de la deuda española, llevado a cabo en el verano del mismo año,⁶⁹ la entidad hace hincapié en que esa cifra es muy sensible a movimientos de ciertos factores clave: en la tasa de crecimiento del PIB, en el tamaño del déficit fiscal y en el tipo de interés que tiene que pagar el Gobierno por su deuda, así como en la llegada de más problemas originados en el sistema financiero, entre otros.

No obstante, quizá el factor más importante, en tanto que es el más difícil de gestionar —precisamente porque, como dice Mario Draghi, genera dinámicas explosivas—, es una tasa negativa de inflación sostenida durante un período extendido en el tiempo. Para dar una idea de ello, España tiene una deuda pública de aproximadamente un ciento por ciento del PIB. Por tanto, si la tasa de inflación anual se vuelve negativa en un 1 por ciento del balance primario del Gobierno —el saldo de ingresos y gastos públicos antes de pagar intereses— el PIB tendría que ser de un 1 por ciento más elevado que el previsto para evitar que la deuda subiera. Mejorar el saldo primario conlleva o bien más impuestos o bien menos servicios, con lo cual la brecha cíclica⁷⁰ será mayor de lo anticipado debido a la bajada de actividad inducida por esta reducción en la demanda, alimentando aún más la deflación. Como hemos mencionado antes, el ejemplo más claro de este fenómeno es Japón, país que entró en una dinámica deflacionista en 1997 cuando la deuda pública constituía un 105 por ciento del PIB. Quince años más tarde ha alcanzado una deuda del 235 por ciento del PIB, a pesar de ser un país con un sector industrial fuerte y un superávit importante en la balanza de pagos por cuenta corriente.

No es una buena noticia que el riesgo de caer en una dinámica deflacionista en España sea ya elevado. Pero ¿si no se bajan los precios y los salarios cómo puede el país alcanzar la competitividad necesaria para reducir el nivel de paro estructural? Negar que éste sea un problema no es la forma adecuada de enfrentar las dificultades que tiene España. Es la estrategia que han utilizado muchos economistas y expertos durante los últimos seis años. En parte por esa razón hemos llegado a tener una tasa de paro por encima del 25 por ciento. La devaluación interna no es un recurso ideal, pero sí es una estrategia que permite recuperar la competitividad. Esta devaluación interna es la que muchos macroeconomistas hemos ido aconsejando desde el principio de la crisis.⁷¹

Por hache o por be

El problema representa un rompecabezas muy importante porque deja al país ante un dilema del tipo «por hache o por be siempre pierdo yo». De hecho, fue precisamente el peligro de caer en este problema —cómo gestionar la complicada situación en que se encontraría cualquier país que perdiera demasiada competitividad— lo que llevó a muchos macroeconomistas a desaconsejar la creación del euro antes de establecer una plena unión política. El problema de una moneda común entre países que no son responsables conjuntamente de la deuda de cada uno es que resulta muy fácil que un país acumule problemas —debido a los bajos tipos de interés de los que se benefician los países más débiles gracias a la presencia de los más fuertes—, si más tarde, por desgracia, es mucho más difícil corregirlos.

La única forma de que los países del sur de Europa puedan avanzar en estos momentos es a través de una reducción sistemática de los precios, y esta reducción implica aguantar un cierto nivel de deflación. Digo la única forma —tal vez la única vía aceptable— porque en España hay otra posibilidad..., que es la de aceptar una tasa de paro muy alta y esperar a que la gente se desanime y se marche. Seguramente esta solución, vista desde el mundo de la política, supone un mal menor, aunque en último término representará para el país un verdadero emigricidio.

Como ya se ha referido antes, la bajada en los costes unitarios laborales que se ha conseguido hasta ahora ha venido a través de una hemorragia masiva de trabajadores que hasta la fecha se han quedado fuera de la economía. En el punto en el que estamos ahora, como ha indicado el FMI, si no hacemos otro esfuerzo para buscar soluciones, la economía podría quedarse estancada con tasas de crecimiento minúsculas y recesiones frecuentes durante un largo período de tiempo. Mientras tanto, los parados quedarán sin empleo a la vista. Aun así, sin un esfuerzo del tipo planteado por el FMI, una variedad de la misma deflación lenta que hemos visto en el caso de Japón es bastante posible que suceda.

El problema de la deuda que puede provocar una bajada de los precios es el motivo por el cual la salida de este callejón sin salida en el que se encuentra España sólo puede hacerse con la colaboración de todos los países de la zona del euro, pues éste es el marco dentro del cual tenemos que movernos.

Tomemos el caso de Italia. Este país tenía alrededor de un 135 por ciento del PIB en deuda pública a finales del año 2013. Su economía apenas había crecido en los primeros diez años de siglo y, en estos momentos —después de una fuerte recesión—, se encuentra a niveles de los últimos años de la década de 1990. A diferencia de Grecia, Portugal, Irlanda y España, sus costes laborales unitarios casi no han cambiado, porque a finales de 2011 su tasa de paro se había quedado contenida en el 8 por ciento, ya que las empresas italianas, a diferencia de las de otros países, no habían despedido a una gran cantidad de trabajadores.

Sin embargo, las cosas sólo aguantan hasta que no aguantan más, de modo que a mediados de 2012 la situación empezó a cambiar, principalmente debido a la aplicación de una nueva reforma laboral. El número de despedidos empezó a subir, y con ello la tasa de paro, que llegó hasta un 13 por ciento a finales de 2013. Coincidiendo con ello, los salarios han empezado a bajar tímidamente, y con ello los precios, que han cogido una dinámica de fuerte desinflación. En un país que apenas tiene crecimiento, esta tendencia de precios en muy poco tiempo podría elevar la deuda a un 150 por ciento del PIB, cifra que incluso podría seguir subiendo.

Si este escenario se convierte en realidad, el Gobierno italiano no tendrá más remedio que reestructurar su deuda o, dicho de otra manera, se producirá una quita de una u otra forma. Ahora bien, en el caso de Italia la mayor parte de la deuda está en manos de los mismos italianos: los bancos, los fondos de pensión y los pequeños ahorradores... Así que los inversores internacionales pueden dormir tranquilos. Pero ¿qué pasará en Italia?

La primera consecuencia será que los bancos, que últimamente han ido comprando deuda en grandes cantidades, perderán bastante dinero y probablemente necesitarán más capital. Pero este capital no puede ser aportado por el Gobierno, porque se encontrarían en un proceso circular y todo lo hecho no tendría sentido. Entonces, ¿quién pagará los platos rotos? Pues seguramente que los pequeños ahorradores que tengan alguna clase de deuda subordinada a los bancos, dentro de un proceso parecido a lo que hemos visto en España con las participaciones preferentes.

También perderían dinero los fondos de pensiones, con el resultado de que los italianos tendrán menos pensiones. Por último, los pequeños ahorradores que han comprado bonos del tesoro italiano —práctica bastante común en Italia— despertarán un día descubriendo que sus bonos valen mucho menos.

En suma, la clase media italiana, de la noche a la mañana, será bastante más pobre (el valor de sus casas también está bajando), con lo que el consumo doméstico, que ya está en una tendencia bajista, seguirá su camino arrastrando con ello a toda la economía, incluidos los precios. Siguiendo esta dinámica, quizá dentro de algunos años sea necesario repetir el proceso, una y otra vez. Por esa razón, las palabras de Mario Draghi con relación a que la deflación puede llegar a tener una dinámica explosiva no son ninguna broma.

¿Abenomics en la zona del euro?

Visto lo anterior nos asalta una pregunta: ¿existe alguna alternativa...? En otras palabras, la situación, en resumidas cuentas, tiene dos opciones. La primera sería que el Banco Central Europeo empezara aplicando una versión de la política monetaria expansiva que se conoce como Abenomics, en referencia al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que fue el primer político en implementar una política monetaria tan atrevida. La segunda opción sería salir del euro, convertir la denominación de todos los bonos en manos de ciudadanos italianos en una nueva lira y hacer bancarrota sobre lo demás.

La primera posibilidad —que el BCE empiece a comprar bonos italianos en cantidad y sin condiciones— parece ser la preferida del Gobierno español, porque, en más de una ocasión el presidente del Gobierno ha hablado en términos muy positivos de la iniciativa japonesa e incluso ha llegado a decir que el Banco Central Europeo tiene que considerar si necesita las mismas capacidades que el Banco de Japón. «El Banco Central de Japón acaba de tomar una decisión que es un cambio muy importante de sus políticas —decía el presidente a varios periodistas en abril del año pasado—. Creo que el Banco Central Europeo ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos meses y hay que reconocerlo. Pero creo que en Europa, y entre todos, debemos plantearnos si el BCE debe tener las mismas competencias que todos los bancos centrales del mundo o las que tiene ahora».⁷²

No obstante, por muy atractiva que parezca, sobre todo para un político que tiene que afrontar la ira de sus ciudadanos en el momento de hacer recortes o, incluso, cuando hacen falta, quitas, la iniciativa del Banco Central de Japón asume grandes riesgos. Como veremos en otro capítulo,⁷³ si al fin y al cabo no logra su objetivo de sacar a la economía japonesa de la deflación y devolverla a la senda del crecimiento sin una necesidad permanente de estímulo, el país acabará con una cantidad de deuda impresionante. De hecho ya la tiene, pero corre el riesgo de terminar con mucha más; peligro que ha llevado a más de uno a preguntarse si de verdad la solución a demasiada deuda puede ser únicamente acumular más deuda.

Por el contrario, la otra alternativa no es mucho más atractiva desde el punto de vista de los europeos como colectivo. Quizá los mismos italianos pueden evitar una parte del dolor haciendo bancarrota sobre sus socios. Como mínimo, sus políticos no tendrían que afrontar la misma rabia manifestada por parte de sus ciudadanos, quienes son, al fin y al cabo, los que tienen el derecho de voto sobre su futuro. Pero no está nada claro por ahora que el remedio no sea peor que la enfermedad, sobre todo a largo plazo. Si parte del problema que tiene el país es que la calidad de su proceso político es bajo, ¿cómo lograrían mejorarla apartándose de Europa?

Dada la dificultad a la hora de encontrar soluciones, la deflación, lejos de ser un riesgo casi inexistente, es posiblemente el problema más grave que en estos momentos amenaza la unidad de la zona del euro y lo que va a poner más a prueba las debilidades de su estructura institucional. Como decía el antiguo gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa, su país es un Estado avanzado y habrá muchos más que tendrán que seguir sus pasos.

Vivimos una época donde la política tiene como objetivo principal inventar una respuesta que parezca creíble a corto plazo, sin molestarse demasiado con la pregunta de si esta fórmula será sostenible en un horizonte más amplio. Lo mejor hubiera sido no haber llegado nunca hasta aquí, pero por desgracia es aquí adonde hemos llegado.

7

¿Sociedades de decrecimiento?

En la película de Andréi Tarkovski La infancia de Iván, el héroe es un niño de doce años que sobrevive a una realidad cruel —la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial— a través de una serie de sueños. El chico se encuentra huérfano y vive la guerra superando el día a día como soldado en las filas del Ejército Rojo.

Nosotros, por el contrario, esperamos que nuestra realidad no sea tan dificultosa. Al ver la película, sin embargo, no puedo dejar de pensar en cómo todos somos capaces de superar nuestro presente más incómodo soñando. En ocasiones, los sueños nos generan ilusión, pero otras veces simplemente son una huida. Todas las sociedades necesitan de sueños colectivos que les den el coraje y la energía para tirar adelante; por difícil que sea el presente hay que confiar en un futuro mejor.

Pero ¿qué clase de sueño están viviendo nuestras sociedades cuando formulamos nuestros planes de vida individuales en torno a la idea de la muy anhelada recuperación económica? Como estamos viendo, este concepto presenta dificultades de interpretación. Dejando de lado el hecho de que hemos conseguido salir de la recesión de 2011-2013, un fenómeno que es más bien un detalle técnico que una muestra de una mejora significativa en el nivel de actividad económica, todavía tenemos una pregunta en marcha: ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Será este mismo año o quizá el que viene?

Y cuando por fin venga nuestra nueva normalidad, ¿cómo será? Esta serie de preguntas no las solemos hacer, aunque a veces vienen contra nuestra explícita voluntad en las horas más inhóspitas de la noche. De hecho, el mismo Tarkovski distingue dos clases de sueño: los que nosotros mismos dirigimos, donde nosotros somos el director; y los que, por decirlo de alguna manera, somos los actores de un sueño que dirige otro. Los primeros suelen ser en tecnicolor, mientras que los segundos son más bien en blanco y negro, con detalles muy oscuros.

Todos intuimos que las cosas han cambiado, quizá para siempre; pero difícilmente nos atrevemos a preguntar de forma activa, ni siquiera en nuestros sueños más íntimos, qué nos depara el futuro. Y mientras esperamos y no osamos preguntar, nuestras vidas —como la del soldado Drogo en la novela de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros,⁷⁴ que durante décadas espera en una fortaleza fronteriza una invasión tártara que nunca llega— simplemente van pasando... Y con ellas nuestros sueños.

Ahora bien, quizá ha llegado el momento de plantearnos algunas de esas preguntas y hacerlo en serio. Quizá las respuestas que encontremos, aunque decepcionantes en relación con las expectativas más optimistas del pasado, no serán tan dolorosas como tememos. Si lo que está pasando sucede en todas las economías más desarrolladas del mundo, y ni Europa ni Japón ni Estados Unidos acaban de arrancar como en teoría tendrían que hacerlo, entonces por algo será. Un estancamiento tan generalizado no puede ser simplemente un problema de la política equivocada de un determinado país, ni puede venir de una falta de competitividad mundial.

Si el marco conceptual con el que analizábamos el mundo económico no preveía semejante evolución, la conclusión que tenemos que sacar es que existe un problema en el seno de la teoría y no un problema con la realidad, pues ésta no se adecúa a esa teoría. Aún menos coherencia tiene la idea de que tenemos que luchar para que nuestras economías vuelvan a las sendas que la teoría indica que se deban seguir, aunque no haya ningún indicio claro de que éstas ni existan ni sean posibles.

En gran parte, ése ha sido el error en el que han caído los bancos centrales y las grandes instituciones multilaterales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea, ya que han intentado plantar cara a la historia en vez de aprender a gestionarla. Para gran sorpresa de todos los presentes, ésta es exactamente la conclusión que sacó a la luz el economista estadounidense Larry Summers en un encuentro organizado por el FMI en Washington el otoño pasado.⁷⁵

¿Una época de estancamiento de tendencia?

Summers, que fue secretario del Tesoro durante la administración de Bill Clinton y uno de los principales candidatos para remplazar a Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal, argumentaba que, en tanto que las políticas monetarias implementadas para combatir la crisis financiera fueron exitosas en el sentido de que evitaron un pánico generalizado, cuando miramos los impactos sobre la actividad económica no podemos estar tan satisfechos. En muchos casos, el nivel de empleo queda todavía, cuatro años después de que terminase oficialmente la crisis, bastante por debajo de su nivel anterior. Lo mismo ocurre en algunos países con el PIB. Incluso en aquellos países que han superado su punto más alto anterior, la velocidad de crecimiento no ha vuelto a ser la misma.

La realidad es que la tendencia de las tasas de crecimiento hace años que ha ido bajando; pero hacía falta que viniera la crisis para que nos diéramos cuenta. Una cosa parecida sucedió con la tasa de inflación, la cual, lejos de dispararse, fue incluso bajando en la mayoría de los países desarrollados durante el boom más grande de la historia reciente.

Antes de la crisis, por ejemplo, la tendencia de crecimiento de Italia apenas alcanzó números positivos. Lo mismo pasó con Portugal. Incluso países teóricamente fuertes, como Japón y Alemania, veían cómo su PIB difícilmente subía por encima de un 1 por ciento anual. El término que Summers usa para este contexto es el de estancamiento secular. Un estancamiento permanente que puede fácilmente durar décadas.

Sea cual sea la explicación que uno pueda dar respecto de ese cambio de rumbo en el proceso de crecimiento económico, cuanto más pronto aceptemos que el entorno en que vivimos está cambiando y comencemos a adaptarnos a la nueva situación, más rápido nuestras vidas saldrán adelante.

Como ya hemos aprendido, ponernos a leer detenidamente la entrega continua de datos relacionados con las economías de la zona del euro no es una actividad que resulte especialmente alentadora hoy día. Se habla mucho, demasiado, de la recuperación. Aparentemente está en todas partes, pero por una razón extraña no da ninguna evidencia de la fuerza de su presencia en los datos que recibimos ni en las sensaciones que tenemos cuando vamos a buscar trabajo o salir de compras.

Incluso si nos fijamos bien, no es difícil vislumbrar una cierta tendencia a la decadencia, como si toda la maquinaría económica se moviera con el freno de mano puesto. En suma, no faltan señales de que se está dando en el fondo un cambio de rumbo, y que ese cambio va clarísimamente mucho más allá que cualquier tipo de movimiento cíclico. Quizá el despertar del sueño sería más fácil de asumir si pudiéramos imaginar que, de aquí a un año o quizá dos, la situación mejorará, pero la triste realidad es que no será así. Las economías desarrolladas en conjunto no arrancan, ni dan indicios de que el arranque vaya a ser inminente. Incluso los países emergentes del este de Europa que antes de la crisis crecían a unas tasas anuales del 4 y el 6 por ciento hoy día crecen a un 1 o a un 2 por ciento.

En la zona del euro, la economía griega lleva tantos años reduciéndose que ya no nos sorprende en absoluto leer otra serie de cifras escalofriantes del país de Homero. Aunque este año por fin parece que existe la posibilidad de algún indicador en positivo, hay que reconocer que será absolutamente insuficiente en relación con los daños colaterales causados, y que tampoco la cifra subirá mucho más rápido en los próximos años. Mientras tanto, el país sigue luchando con una tasa de paro que ronda el 26 por ciento y con el difícil problema de la deflación.⁷⁶ No obstante, puede decirse que en cierta medida este estado de las cosas es normal, porque cuando hablamos de Grecia, seguramente estamos hablando de lo que en su día Miguel Ángel Fernández Ordoñez calificó de «lo peor de lo peor».⁷⁷

Más sorprendente quizá es el rendimiento de las economías europeas normalmente consideradas fuertes, como Alemania, Finlandia y Holanda. Alemania va bastante mejor que los demás, pero aun así tiene dificultad en el momento de superar un crecimiento anual de un 1 por ciento. Los otros dos países acaban de sufrir recesiones bastante largas y el poco crecimiento que han tenido en sus economías ha sido muy débil. Por supuesto, en esos tres casos estamos hablando de economías competitivas, donde no hay ningún problema con el flujo de crédito.

Si las cosas no cambian en estos dos últimos países, a lo mejor el señor Schaüble comience a insistir para que sus ministros de Finanzas asistan a las mismas clases de aprendizaje que se han puesto en marcha en Bruselas para sus homólogos griegos, italianos, portugueses o españoles.

Pero, como dice Larry Summers, más allá de fijarnos en su dimensión irónica, quizá esta situación debería llevarnos a una profunda reflexión, una que vaya mucho más allá del debate sobre austeridad frente a estímulo, o sobre si el BCE está haciendo la política monetaria adecuada. Hay que situarnos en la época en que vivimos. No es simplemente una cuestión de si un gobierno tiene políticas fiscales o estructurales más o menos correctas. Finlandia, por ejemplo, no deja de ganar premios por ser un país excepcionalmente favorable para los negocios (business friendly), poniendo en evidencia que su declive económico no se entiende fácilmente en términos tradicionales.

Sociedades envejecidas

Algo está pasando, y una parte importante de este algo consiste en que nuestras sociedades están envejeciendo a tasas sin precedentes y que sus fuerzas laborales van reduciéndose paulatinamente, acontecimiento que llama bastante la atención dado que una gran parte del crecimiento económico de los veinticinco años anteriores a la crisis en los países occidentales se produjo precisamente gracias al crecimiento de la fuerza laboral.

Bajo estas circunstancias, del todo nuevas tanto desde el punto de vista práctico como teórico, ¿parece realmente realista seguir anhelando un pasado que se desvanece y seguir esperando que las aguas, una vez más, vuelvan a su cauce? ¿No sería más realista y a la vez más práctico buscar formas de convivir con nuestro presente? Formas de convivencia, por supuesto, que no estén basadas, como las que tenemos ahora, en una distribución muy desigual de la carga de adaptación.

En estos momentos es una realidad que no genera titulares, pero estoy seguro que en un futuro no muy lejano será visto y analizado como un antes y un después en la historia de España. En el año 2012 y de forma casi desapercibida el país alcanzó lo que hay que considerar como todo un hito histórico: el número de habitantes bajó por primera vez en la historia moderna. Es cierto que en el pasado la población había bajado puntualmente, después de la guerra civil española, por ejemplo, o en la época de la peste negra. Pero en todos los episodios anteriores se recuperaba y luego superaba el nivel anterior debido al alto nivel de fecundidad subyacente. Sin embargo, esta vez la bajada no será la primera ni la última. La población de España no volverá a recuperar el nivel de 2011 en muchos años, posiblemente nunca. La razón está clara, sólo hay que mirar el bajo nivel de fecundidad y el marcado cambio de tendencia en los flujos migratorios.

Durante los primeros años de este siglo, la población de España subió de forma extraordinaria debido a la fuerte demanda de mano de obra para alimentar el boom inmobiliario: casi seis millones de personas llegaron en barcos, aviones, trenes y autocares a este país en tan sólo una década. Proporcionalmente, fue quizá la migración más grande que ha conocido un país en tiempos de paz, hasta el punto que más allá de una simple burbuja inmobiliaria se puede decir que el país había atravesado una burbuja demográfica, burbuja que empezaba a desinflarse con la inversión de los flujos migratorios. Sin embargo, ese aumento brusco escondía una realidad demográfica muy diferente: la población de España estaba a punto de tocar su límite, con la tasa de natalidad sin apenas compensar la de mortalidad.

En estos momentos y a raíz de la crisis y del posterior colapso en el mercado laboral, los flujos migratorios han tomado otro rumbo: de ser un país importador de población, España ha pasado a ser un país exportador muy potente, consecuencia de ello la tendencia a la baja de la población que se había frenado en la primera década ahora empieza a acelerarse, y de forma considerable.⁷⁸

Una consecuencia de ese cambio es que la tendencia del crecimiento de la economía bajará de forma paralela a la bajada de la población activa. En estos momentos, ese impacto apenas se nota debido al alto nivel de población en paro; pero a medio plazo el impacto de una fuerza laboral que está disminuyendo continuamente se notará, y de forma importante. A partir de ahora, se necesitará cada año un aumento en la productividad simplemente para compensar la pérdida de potencial en la fuerza laboral, y quedará por ver si ese aumento anual será suficiente para dar un mínimo de crecimiento positivo de forma sostenida. Los números conseguidos en países como Italia y Portugal durante la primera década del siglo no son especialmente prometedores.

Emigrantes que nunca vuelven

Queda naturalmente la posibilidad de que los inmigrantes y los jóvenes españoles vuelvan, pero esa posibilidad no debe darse por hecha.⁷⁹ Volverán si hay trabajo, y si este trabajo les resulta rentable económicamente. Es por eso que la economía necesita urgentemente un crecimiento, pero tendría que ser un crecimiento bastante superior al 1 por ciento, que es la cifra que realmente España puede esperar a medio plazo. Una cosa es que se vuelva a generar empleo, y otra distinta es que regresen a su país personas que marcharon a otros lugares con un nivel de vida más alto; países que no están envejeciendo tan rápidamente y que no tienen la misma presión fiscal.

Un millón de polacos llegaron al Reino Unido en 2004 y 2005. En Varsovia decían que esto era bueno y que estos jóvenes (médicos, enfermeras, ingenieros, informáticos) se formarían mejor para luego volver. Casi una década más tarde, la gran mayoría todavía sigue allí, en Londres y otras ciudades de Reino Unido. Aún peor, todavía emigra gente mientras que la tasa de crecimiento de Polonia va bajando. La explicación es bastante sencilla: la diferencia salarial es demasiado grande.

En ese caso, estamos atrapados como en el libro Trampa 22:⁸⁰ sin aumentar la fuerza laboral, en el futuro el país siempre estará luchando contra un crecimiento negativo, pero precisamente, para aumentar la fuerza laboral a medio plazo, hace falta un crecimiento significativo. Para tener este crecimiento hay que generar empleo y para lograrlo hay que bajar salarios, cosa que puede inflar aún más el diferencial de salarios y precipitar que más personas cualificadas se marchen. Cómo romper este círculo vicioso.

Del lado de la demanda, la consecuencia de una reducción constante en el número de habitantes resulta evidente: cada vez habrá menos consumidores y, si no mejora el nivel promedio de riqueza de la población restante, entonces forzosamente bajará el consumo.

En esas circunstancias, sentarnos con los brazos cruzados viendo cómo la población recula lentamente a su nivel del año 2000, en el que se encontraba antes del crecimiento impulsado por el boom inmobiliario, no servirá de gran cosa en cuanto a soluciones se refiere. Mirar cómo la tasa de parados baja a medida que emigran las personas sería una especie de autoengaño, pues no haría más que empeorar las cosas. Después de la fuerte subida de la población, todo el sector del consumo interno se ha adaptado a un mercado bastante más grande. Entonces, si emigra parte de la población, además de la bajada generada por la recesión y el ajuste en el nivel de vida asociado al sector, habrá que asumir más contracciones debido a las personas que ya no estarán. Si dejamos que las cosas vayan por ese cauce simplemente se producirá una sensación de vacío y una contracción constante, lo cual añadiría aún más problemas al sistema financiero⁸¹ mientras que la capacidad empresarial seguiría ajustándose a la baja. Pasaría lo mismo en el mundo de la promoción inmobiliaria.

El declive poblacional se vio en parte reflejado por el número de hogares que durante los primeros años de la crisis dejó de crecer para luego alcanzar cifras negativas con el primer bajón del año pasado. La falta de creación neta de nuevos hogares es en la actualidad la principal razón por la cual el excedente de viviendas va a tardar muchos años en reducirse,⁸² frenando de esta manera cualquier recuperación en el sector de la construcción.

Hay que entender aquí que la economía española, como cualquier otra economía moderna, se compone de dos sectores, los denominados sectores comerciales (tradeables) y los no comerciales (non-tradeables). Los sectores comerciales son los productos o servicios que se pueden vender a una clientela no nacional (las exportaciones, el turismo que llega del exterior, los productos y casas que compran los extranjeros), mientras que los sectores no comerciales son los productos y servicios que se venden en el mercado interior: el consumo interno.

Ahora bien, no cabe duda de que la economía española tiene capacidad de producir mucho más de lo que produce ahora. El problema no está en el apartado de la oferta, donde los recursos sobran significativamente, y es por esta razón que se habla tanto de la magnitud de la brecha cíclica.⁸³ El problema reside en el apartado de la demanda. En realidad, puesto que la demanda interna va bajando, tal como hemos argumentado en el capítulo de la deflación, esta bajada ya es estructural pero no coyuntural.

Naturalmente, se puede aumentar la demanda externa al tiempo que se va mejorando la competitividad de los sectores comerciales y se puede ir vendiendo más casas en las costas a extranjeros a medida que los precios van bajando; pero la importancia dentro de la economía del sector no comercial irá reduciéndose conjuntamente con el tamaño de la población, ya que, además de la disminución del consumo final, bajarán las inversiones dirigidas a este sector. Es por eso que, en el caso de Japón, país que durante años ha visto cómo su población ha ido reduciéndose, muchos economistas consideran que la medida más adecuada de su progreso económico es el PIB per cápita⁸⁴ y no el PIB por sí mismo, tal como ha sido la costumbre tradicionalmente.

Por tanto, aquí hay una conclusión clara que podemos extraer, a pesar de que la mayor parte de la ciudadanía y los formuladores de políticas económicas y monetarias todavía no se hayan dado cuenta de ello. Si la teoría del estancamiento secular tiene como principal causa la bajada sistemática de la fuerza laboral,⁸⁵ entonces una decisión colectiva tomada hace décadas, como la de disminuir la natalidad muy por debajo de los niveles necesarios para mantener una población estable y tener un país más pequeño, está posiblemente a punto de hacer realidad el sueño de muchos ecologistas: el advenimiento de una sociedad de decrecimiento.

Un problema que alcanza hasta China

Este problema no afectó a todos los países desarrollados por igual o, como mínimo, con la misma velocidad. Es cierto que el problema del envejecimiento de la población seguramente es universal, ya que tiene sus raíces en la caída de la fecundidad y en los avances médicos que acompañan al desarrollo económico, lo que tarde o temprano afecta a todos los países del mundo.

No obstante, a corto plazo las consecuencias del fenómeno estarán mucho más localizadas, ya que el ritmo al que se produce varía sustancialmente de unos países y regiones a otros. Es evidente que los efectos del proceso serán más pronunciados en los países que se han mostrado más complacientes con las escasísimas tasas de fertilidad (aquellos cuyas tasas de fertilidad se han situado por debajo de 1,5 hijos por mujer en edad reproductiva durante un tiempo extenso),⁸⁶ siendo uno de ellos Japón, los países de habla alemana y gran parte del sur y el este de Europa. Las Naciones Unidas⁸⁷ prevén que la edad media de la población europea en su conjunto aumente de los cuarenta años actuales a los cuarenta y nueve en 2050; pero esta última cifra global esconde marcadas diferencias entre países, que irán desde los cuarenta y cinco a los cincuenta y cinco. Este hecho por sí solo significará que será muy difícil edificar una Europa de economías convergentes y homogéneas. Lo que más bien hará falta será una Europa solidaria, donde los países más demográficamente fuertes ayuden a los más débiles, sobre todo si los más fuertes sirven como elemento de atracción para los jóvenes más cualificados de los países más débiles.

Además, llegados a esas fechas, la población de la Unión Europea será unos veinte años más vieja que la media prevista para África (que será el continente más joven). España, donde se prevé que la mitad de la población será mayor de cincuenta y cinco años, previsiblemente se convertirá en el país más envejecido del mundo, seguido de cerca por Italia y Austria, cuyas poblaciones tendrán, según las previsiones de las Naciones Unidas, una edad media de cincuenta y cuatro años. Se trata de cifras muy elevadas que inspiran respeto, sobre todo teniendo en cuenta los grandes cambios estructurales que ya se han visto en las economías alemana y japonesa, si bien en estos países la edad media de la población se sitúa todavía en cuarenta y cinco años.

Por lo que respecta a la rapidez del cambio, la situación de Japón se presenta claramente como la más problemática a corto plazo, ya que este país experimentará un aumento más acusado en la tasa de dependencia, anticipándose entre diez y quince años a la tasa promedio de la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, es importante señalar que Japón ya ha comenzado a tomar medidas para enfrentarse al problema y la tasa de participación en la fuerza laboral de los hombres de entre setenta y setenta y cinco años en el país nipón es equiparable a la de los hombres pertenecientes al grupo de edad de entre sesenta y tres y sesenta y cinco años de muchas sociedades europeas.

Naturalmente, este problema se extiende mucho más allá de las fronteras de la Unión Europea o del G7. Si nuestra experiencia hasta la fecha puede servir de referencia, todas las sociedades experimentarán un proceso de envejecimiento similar a medida que vayan desarrollándose. China, en particular, destaca entre las economías en desarrollo, ya que el grado de envejecimiento que podría anticiparse, considerado en términos de cifras absolutas y rapidez, es sencillamente asombroso. Suponiendo que se mantengan las tendencias demográficas actuales, para el año 2040 habrá 397 millones de chinos mayores de sesenta y cinco años, una cifra que supera la población total de Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido juntos. Aunque las fuerzas que hay detrás de la vertiginosa transformación demográfica —descenso de la fertilidad y aumento de la longevidad— son similares a las de cualquier otro país, la peculiaridad del envejecimiento de China es la rapidez con la que se produce. En Europa, la población mayor de sesenta y cinco años superó el umbral del 10 por ciento en la década de 1930 y no alcanzará el 30 por ciento hasta 2030; es decir, un siglo después. Sin embargo, China recorrerá esta misma distancia en una única generación.⁸⁸

Por otro lado, la magnitud del fenómeno del envejecimiento de China debería alertarnos de otro problema inminente. Hasta ahora, las sociedades occidentales se las han ingeniado para ralentizar sus tasas de envejecimiento y regular la transformación de sus pirámides de población recurriendo a la inmigración para acabar con los desajustes en la fuerza laboral. Al igual que ocurrió en la España de las décadas de 1960 y 1970, el crecimiento de la fuerza laboral que ha experimentado China en los últimos años ha estado determinado por la migración interior. Sin embargo, este proceso está tocando a su fin y, teniendo en cuenta que la población activa se encuentra cerca de sus niveles máximos, la fuerza laboral (aunque parezca increíble) bien podría convertirse en un factor económico escaso. Además, dado que la inmigración a gran escala no se considera una alternativa realista para China, los salarios experimentarán una subida y la economía terminará siendo bastante más intensiva en capital, de forma comparable a la de Japón de hoy día.

Dado que los hijos del inmenso baby boom chino tienen ahora entre treinta y cuarenta años, toda la fuerza del reto del envejecimiento en China sigue residiendo en el futuro. Además, la proporción de personas mayores sólo ha aumentado de forma moderada alrededor de un 12 por ciento, frente al promedio del 20 por ciento, en los países desarrollados. De momento, el principal reto es encontrar trabajo para la enorme población en edad de trabajar de China. Será en 2020 cuando el envejecimiento de China realmente cobre toda su fuerza. Allí se prevé que la proporción de personas de la tercera edad vaya aumentando primero de forma gradual, del 11 por ciento en 2004 al 15 por ciento en 2015, y que, a continuación, dé un salto para alcanzar el 24 por ciento en 2030 y el 28 por ciento en 2040. En ese mismo período, la edad media de la población china subirá de treinta y dos a cuarenta y cuatro años. De todas maneras, una edad media de cuarenta y cuatro años no convertirá a China en uno de los países más envejecidos del mundo, ni de lejos. Sin embargo, y para hacernos una idea de la rapidez del fenómeno provocado principalmente por la política de un hijo por familia, una edad media de cuarenta y cuatro años en 2040 significará que China llegará a ser un país más envejecido que Estados Unidos.

Como es evidente, con este fuerte descenso de la población en edad de trabajar, las tasas de crecimiento económico serán irremediablemente menores, pudiendo incluso llegar a ser negativas. No sólo habrá menos personas en edad de trabajar, sino que además la edad media de esas personas será cada vez mayor.

Un problema que tenemos que gestionar bien

Los únicos factores que cabe imaginar con capacidad para contrarrestar este descenso son los cambios en las tasas de participación y un aumento de la productividad. Sin embargo, teniendo en cuenta el incremento de la edad media de la fuerza laboral y las mayores tasas de participación de personas más viejas en el mercado laboral, previsiblemente habrá un descenso del nivel y la calidad de la formación colectiva, puesto que la distancia promedio de los años de formación inicial irá subiendo. Es previsible que este proceso tenga un impacto negativo sobre el valor añadido agregado. Este resultado se verá reforzado teniendo en cuenta que muchas partes del mundo en desarrollo dispondrán de fuerzas laborales más jóvenes y, por tanto, experimentarán un rápido crecimiento.

Los economistas especializados en el tema hace tiempo que reconocen que los cambios demográficos desempeñan una función importante a la hora de determinar las tendencias a largo plazo en el crecimiento económico y en los flujos de capitales a escala mundial.

De hecho, en la década de 1930 empezó a surgir un interés entre los economistas de la época sobre las consecuencias que tendría una bajada sistemática de la fuerza laboral y la población. Personalidades tan conocidas como John Maynard Keynes,⁸⁹ el premio Nobel sueco Gunnar Myrdal⁹⁰ y el experto estadounidense en ciclos de negocios Alvin Hansen⁹¹ escribieron sobre el tema. Todos estaban de acuerdo que un cambio en este sentido sería importante, y que reflejado en la realidad representaría todo un reto para la política macroeconómica. De hecho, fue Alvin Hansen el que inventó la expresión «estancamiento secular», que tanto se está poniendo de moda hoy día. Todos los contribuyentes al debate estaban de acuerdo en que, gestionando bien la situación, el problema no tendría que tener consecuencias especialmente graves. Claro, gestionado bien.

Este debate surgía en la década de 1930 como consecuencia del hecho de que las tasas de natalidad habían bajado durante la depresión mundial, y un número de países, entre ellos Francia y Suecia, habían visto su tasa caer por debajo de lo necesario para reemplazar la población existente. Después vino la segunda guerra mundial y el baby boom posterior, y todo este debate se esfumó.

No es hasta los comienzos de este siglo que el interés por esta cuestión vuelve a destaparse, y que las consecuencias de los cambios constantes en la estructura demográfica pasan otra vez a ocupar un primer plano en los debates económicos.⁹² Todo el énfasis que se ha puesto últimamente en la importancia de hacer reformas estructurales, tales como la reforma del sistema de pensiones o los intentos de aumentar las tasas de participación en el mercado laboral, pueden entenderse en esa línea.

La mayoría de los observadores está de acuerdo en que si los factores demográficos tienen esta importancia, Estados Unidos muy probablemente no será —como algunos temen— el próximo Japón. Por el contrario, algunos países de Europa sí que podrían serlo.⁹³

Mientras tanto, Estados Unidos y Europa presentan ciertas similitudes demográficas que también han estado presentes en Japón durante los últimos veinte años. Estados Unidos cuenta con una característica fundamental que podría ayudarle a retrasar más tiempo el destino al que se vio abocado el país nipón: su población crece y parece que seguirá haciéndolo durante mucho tiempo, mientras que la población japonesa está experimentando una caída tras registrar un estancamiento generalizado durante veinte años.

La población europea (excluyendo los efectos de la inmigración) también ha sufrido ese estancamiento durante al menos diez años, y seguirá haciéndolo durante los próximos diez para después registrar un prolongado descenso, aunque a un ritmo inferior al de Japón. Por el contrario, la población estadounidense sigue creciendo y, aunque lo hace a menor ritmo, la ralentización es muy sutil. La variación porcentual en el grupo de edad económicamente activo con una edad de entre quince y sesenta y cuatro años presenta una situación similar. Europa está ya comenzando a ver cómo esta franja de edad está bajando, algo que Japón lleva sufriendo desde 1997. Naturalmente, en los países del sur y del este de Europa, donde los flujos migratorios ya son negativos, la dinámica es incluso peor que la de Japón.

Como hemos ido señalando, el envejecimiento de la población conducirá a cambios profundos en las perspectivas de crecimiento económico en todos los países desarrollados. Al mismo tiempo, los países más afectados experimentarán mayores presiones presupuestarias por el gasto superior asociado al envejecimiento. A menos que se adopten ajustes presupuestarios adecuados, reformas adicionales en los sistemas públicos de pensiones y salud, o medidas estructurales para mejorar el potencial de crecimiento, la carga fiscal aumentará significativamente y de forma generalizada en el futuro.

Esta carga no se distribuirá entre todos los países por igual, estando previsto que el deterioro, durante el período 2010-2030, afecte particularmente a las finanzas públicas de Japón, Alemania y la mayoría de los países del sur y este de Europa. Las características distintivas de este grupo de países son la presencia de un nivel relativamente elevado de cobertura de seguridad social y un rápido empeoramiento del perfil demográfico.

Al fin y al cabo, es evidente que la gran transición demográfica que estamos viviendo presenta un cóctel de problemas bastante complicado de gestionar, tales como el escaso crecimiento, la deuda pública al alza y los recortes en servicios sociales.

Naturalmente, el panorama es poco alentador. Sin embargo, detrás de todo esto no tenemos que olvidar dos cosas importantes. En primer lugar, viviremos más años; por lo tanto, el hecho de que trabajemos hasta edades más avanzadas es natural. Como señala el Comité de Expertos español en su informe sobre el sistema de pensiones, lo que no sería razonable es que trabajáramos cuarenta años y luego vivamos treinta años más como jubilados.

La segunda cosa que no hay que olvidar es que la tecnología avanza y lo seguirá haciendo. Efectivamente, este proceso tecnológico es en gran medida independiente del PIB. La mayoría de las cosas que seguramente apreciamos más en nuestras vidas de los últimos veinte años se deben al avance tecnológico, no simplemente porque seamos más ricos. Además, mediante esta dinámica tecnológica nuestros patrones de compra también han cambiado, cosa que hace mucho más difícil de lo que parece comparar el nivel de riqueza entre una generación y otra. Entonces, aunque el peor de los escenarios se cumpliera, y entráramos en sociedades de decrecimiento, esto no necesariamente implicaría que tuviéramos que empezar a sentirnos más pobres.

Desde la revolución industrial hemos vivido en sociedades donde el significado de la palabra «progreso» era más o menos idéntico al de «crecimiento económico». No obstante, realmente había progreso tecnológico... y progreso intelectual y cultural junto a este crecimiento económico, lo cual, en su momento, hizo posibles tantas otras cosas en campos muy diversos. Ahora que posiblemente los caminos van a separarse, gestionar la situación bien —en el sentido indicado por economistas como Keynes, Myrdal y Hansen— quiere decir dejar suavemente que la obsesión con el crecimiento sea el valor dominante de nuestras sociedades mientras que mantenemos la dinámica positiva en las otras áreas.

Como sociedades que somos, muy probablemente durante los años de derroche hemos vivido demasiado de un consumo frívolo. En este sentido, un poco más de austeridad no necesariamente nos hará menos felices. Si tenemos que trabajar más años, a lo mejor dedicaremos más energía a encontrar un trabajo más en armonía con nuestras necesidades individuales. En definitiva, las generaciones del futuro tendrán más cantidad de vida, así que quizá ya es la hora de empezar realmente a buscar más calidad. En otras palabras, no hay mal que por bien no venga.

8

¿Un país para viejos?

Mirando con detenimiento el panorama que tenemos por delante en la periferia de Europa, me viene a la mente el primer verso del poema Navegando hacia Bizancio, de William Butler Yeats: «Éste no es país para viejos». La frase ha entrado hoy día en el vocabulario popular por ser escogida como nombre de una película dirigida por los hermanos Coen. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención cuando me pongo a reflexionar sobre esta frase no es su adecuación al mundo contemporáneo, sino la rapidez con que está cambiando el mundo. Porque a diferencia de la sociedad a la que se refería Yeats, lo que tenemos cada vez más no son precisamente países donde los viejos se encuentran marginados y poco comprendidos. En realidad, estamos frente a todo lo contrario, países casi exclusivamente hechos a medida para satisfacer las necesidades de las personas con más de sesenta años. Por el contrario, quienes en la actualidad se encuentran muchas veces desatendidos son los jóvenes.

Tal vez exagero, pero la prueba de que no me falta totalmente la razón se puede encontrar cada día en los aeropuertos o las estaciones de trenes de este país, donde lo que empezaba como un pequeño riachuelo de jóvenes pioneros emigrando, hartos de (lo que interpretaban como) tanta incomprensión, está en peligro de convertirse en un arroyo largo y amplio. Se marchan frustrados a la búsqueda de otro lugar cualquiera donde sus necesidades más básicas encuentren mejor respuesta y se sientan más comprendidos. Y yo me pregunto: ¿qué futuro le espera a un país que deja pasar silenciosamente semejante tragedia?

La realidad es indiscutible: los jóvenes de Europa han sido el colectivo más castigado por la crisis, aguantando tasas de paro que a veces, como en el caso español, superan el 50 por ciento de las personas económicamente activas entre dieciséis y veinticuatro años. Por supuesto, es imprescindible, para cualificar esta estadística, poner de manifiesto que ésa es una edad donde el porcentaje de la población que está activamente buscando empleo queda relativamente bajo, debido al alto porcentaje de jóvenes que siguen estudiando. Pero me pregunto cuál será la motivación de los que señalan este indudable hecho para restarle importancia a la estadística, porque si miramos al grupo de jóvenes que tiene entre veinticinco y veintinueve años encontraremos que la situación apenas es mucho mejor.

Vivimos en un país de pocos jóvenes, donde el mercado laboral no es capaz de generar suficiente trabajo para absorber incluso los que hay, y muy a menudo lo que encuentran es bastante frágil, mal pagado y frecuentemente bastante por debajo de su nivel de formación.

¿Tensiones generacionales?

Los cambios demográficos, como hemos ido viendo en los otros capítulos, tienen consecuencias sociales y económicas muy profundas, consecuencias acerca de las cuales la sociedad en la que vivimos no está suficientemente concienciada. Muchas veces, para salir del paso, tomamos medidas a corto plazo que sólo empeoran las perspectivas a largo plazo. La jubilación anticipada es un ejemplo. El principio de sostenibilidad aplicado al sistema de pensiones nos muestra que, en una época en la que la esperanza de vida está subiendo constantemente, tendríamos que trabajar más años. Como primer paso, tendríamos que trabajar todos hasta alcanzar la edad de sesenta y cinco años. No obstante, aplicar esta política de inmediato en un país en el que más de un trabajador de cada cuatro está parado, francamente me parece muy poco inteligente. Simplemente provoca que el futuro del país, y las futuras pensiones, cojan el avión para marchar.

Naturalmente, existe un problema presupuestario. No se pueden seguir subvencionando indefinidamente las pensiones. Es necesario poner orden en las finanzas públicas, de lo contrario el Fondo de Reserva se vaciará en pocos años a la presente tasa de depleción.⁹⁴ Pese a todo, cuando los números no cuadran alguien tiene que hacer sacrificios, y exigir el grueso de este sacrificio a los jóvenes no parece ni justo ni sensato. No hacer un ajuste en el valor de las pensiones ahora, para adaptarlas a la nueva realidad, parece algo bien intencionado, pero no será otra cosa que pan para hoy y hambre para mañana.

Gestionar bien los movimientos en la estructura de edades que tenemos a la vista necesitará cambios de actitud muy profundos si queremos afrontar con un modesto grado de éxito los retos que se presenten. Como estamos explicando,⁹⁵ parece bastante posible que en el futuro el sistema económico sólo sea capaz de generar tasas de crecimiento a un nivel muy bajo, tan bajo, de hecho, que posiblemente en el tiempo llegarán a ser negativas. Mientras tanto, el sistema de pensiones tendrá que adaptarse constantemente a un creciente desajuste entre los que contribuyen al sistema y los que dependen de una pensión.

Este cóctel de poco crecimiento, salarios a la baja y alta presión fiscal sobre los que trabajan será bastante difícil de gestionar en el mejor de los casos. El problema es que existe un peligro, no descartable en absoluto, de que determinadas sociedades, al no poder ofrecer a corto plazo trabajo a todos sus jóvenes, acabarán perdiendo un porcentaje tan significativo de los pocos jóvenes que tienen, que sus capacidades de sostener sus sistemas de bienestar en el horizonte más lejano serán seriamente reducidas.

Como hemos visto anteriormente, la economía española está en fase de recuperación. Pero esta recuperación nada tiene que ver con las que la han precedido. Las economías desarrolladas están en un estado de estancamiento secular que puede durar bastante tiempo. Hemos superado el pánico financiero, pero sin políticas monetarias no convencionales y una tendencia constante hacia el déficit fiscal (que por razones que no acabo de entender se llama estímulo)⁹⁶ apenas habrá crecimiento.

La economía española puede crecer un poco más o un poco menos en los años que vienen, pero alcanzar una tasa de crecimiento estable suficiente para bajar el paro por debajo del 20 por ciento parece una especie de tarea que ni el mismo Hércules podría conseguir.

Como hemos comentado más arriba, el problema estratégico a que se enfrentan las sociedades en la periferia de Europa es que hay una tensión bastante clara entre lo que se tiene que hacer para estabilizar la trayectoria de estos países a largo plazo y las necesidades más inmediatas. Un claro ejemplo es el sistema de pensiones. La necesidad de poner estabilidad en el sistema hará que las personas que tengan contratos de larga duración vigentes estarán presionadas para trabajar hasta edades cada vez más altas. Este mismo año ha empezado el proceso de alargar la vida laboral, lo cual, si nos fijamos en el proceso de incremento de la esperanza de vida, es una política bastante coherente. Lo mismo pasa con las prejubilaciones. Pero en un contexto de desempleo masivo, esta política es equivalente a echar más leña sobre un fuego que ya quema demasiado.

Un país que no tiene suficientes hijos

Sucede lo mismo con la natalidad. La raíz de muchos de los problemas relacionados con la demografía que sufre el país es que no ha tenido suficientes hijos para sostenerse. Las causas de esta insuficiencia son múltiples, y realmente se trata de un problema complejo, pero una cosa parece evidente: no existe, ni ha existido, suficiente soporte económico para las parejas que quieren tener hijos.

Aquí no entramos en el tema de qué políticas exactamente serán las más eficaces, simplemente constatamos que cualquier política que pueda tener un impacto significativo sobre la situación necesitará dinero, y bastante. Y aquí, otra vez más topamos con el conflicto entre la política que la sociedad española necesita aplicar para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y la política que las exigencias de supervivencia a corto plazo permiten.

En realidad, España sufre dos problemas graves al mismo tiempo, por una parte hay una cantidad importante de jóvenes que salen de la escuela sin ningún tipo de titulación, y por otra parte, una cantidad —mayor que nunca— de jóvenes que salen de la universidad bien preparados pero sin perspectiva de encontrar trabajo.

Bajo esas circunstancias pasa lo siguiente: los primeros se quedan e hinchan los números de parados sin tener un futuro claro, mientras que los segundos se marchan, provocando una pérdida de capital humano y dañando así el crecimiento potencial en el futuro.

De hecho, como veíamos una y otra vez, el coste de la crisis está muy mal repartido, con una proporción muy alta cayendo sobre las espaldas de unos jóvenes que no entienden qué han hecho mal para merecer semejante suerte. En resumen, la situación en conjunto me hace recordar el título de una película de Pedro Almodóvar.⁹⁷

Si el país quiere salvar su futuro, e incluso su pellejo, algo importante tiene que cambiar. Si no queremos vivir permanentemente en un país con unas proporciones insostenibles por la distribución de edades, los que tenemos más años debemos esforzarnos más para descubrir qué hay que hacer para que los que tienen menos, se queden. Como mínimo tenemos que repartir los sacrificios de forma diferente, y hacer un país que no sea simplemente, tal como digo en el título de este capítulo, un país para viejos.

¿Con la mirada hacia delante o hacia atrás?

Una de las dificultades más persistentes que afrontamos en esta crisis es que el pensamiento oficial tiene tendencia a conceptualizar los problemas en clave de repetición de cosas que ya habían pasado antes. Por eso mismo, en vez de mirar adelante siempre estamos mirando atrás.

Cuando el paro empezaba a subir por encima del 20 por ciento, el modelo de rol que orientaba el debate fue la España de la década de 1980, concretamente la tasa de paro de 1984. En su contexto histórico, el problema de 2010 no fue tan extraordinario, decían. Luego alcanzó cerca de un 27 por ciento y las voces callaron.

Tomando otro ejemplo, si miramos el discurso que acompañó el desenlace de la burbuja inmobiliaria, encontramos que el sistema financiero fue casi unánime si interpretamos la bajada de precios en la vivienda como una repetición de lo vivido entre 1992 y 1995. En la crisis anterior los bancos habían sido capaces de absorber bastantes activos inmobiliarios en su balance, incluso con un final feliz cuando el mercado se volvió a recuperar. Fue debido a esa interpretación de las cosas, creo, que el sistema tardó tanto en reaccionar ante la gravedad de la situación. Naturalmente, había una diferencia crítica: en la década de 1990 la bajada no fue tan pronunciada y extendida en el tiempo; fue sólo un entreacto entre una etapa y otra. Luego pareció regresar la normalidad y los precios retomaron su camino hacia arriba. Nadie se molestaba, pues este proceso parecía normal. No pudieron imaginar que esta vez iba a ser diferente.

En estos momentos contamos con otro ejemplo: la salida de jóvenes. La primera reacción casi siempre es la de que se trata de una experiencia en el exterior que será positiva. El primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, hasta llegó a decir que si un joven no encontraba trabajo, la mejor cosa que podía hacer era salir fuera. En España el discurso oficial no ha llegado tan lejos, pero en todo momento ha intentado restar importancia al fenómeno. Si los jóvenes españoles salen durante una temporada, pues aliviará un poquito el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, los jóvenes cogerán experiencia y serán más valiosos cuando vuelvan. Esto es obvio, pero ¿volverán? ¿Podemos estar seguros de ello? ¿Y si otra vez la experiencia histórica nos engaña? El problema que encontramos aquí existe a nivel del imaginario colectivo, y la visión de la historia como un proceso lineal donde los acontecimientos se van desarrollando dentro de una estructura casi inmóvil, y las personas, su psicología y sobre todo su cultura, son constantes que simplemente no cambian nunca.

Cambiando de tercio, la deflación es un fenómeno imposible en España. Oímos al mismo tiempo que, gota a gota, va llegando. Para ser cruel, se trata de un discurso donde hay una tendencia a no darse movimiento alguno; donde jamás pasa nada grave nunca, porque si se admitiera que a veces pasan cosas realmente novedosas y rompedoras, entonces esa repetición de lo mismo no sería posible, porque el futuro no resemblaría en nada el pasado.

Sin embargo, poco importa si nuestro presente nos gusta o no. Éste es el punto al que hemos llegado. Jamás un estudio del pasado nos ha servido de tan poco para prepararnos para el futuro. Es el futuro lo que tenemos que estudiar, aunque se presenta la dificultad particular de que todavía no ha llegado.

Al fin y al cabo, ¿por qué hay razones para creer que esta vez —refiriéndonos a los jóvenes que se marchan— será diferente? ¿Por qué esta vez hay razones que nos llevan a pensar que no volverán? ¿Por qué la experiencia de estos jóvenes que se van a Londres, Berlín o Miami va a ser tan diferente de la de sus abuelos y abuelas que se fueron a Suiza, Alemania y Francia en las décadas de 1960 y 1970? La respuesta tiene que enmarcarse dentro del diferente momento histórico, económico, comunicacional y social que vivimos.

Si volvemos atrás, en la década de 1960, España estaba a punto de salir de cuarenta años de dictadura, de ver su economía dispararse muy por encima como un gigante que acababa de romper sus cadenas y empezaba a alcanzar los niveles de actividad y de vida normalmente asociados con el mundo desarrollado. En el imaginario colectivo, España iba a dejar de ser un país pobre para ponerse codo con codo con los países más ricos del mundo. Por eso había, en el momento de la llegada de la crisis, muchos que necesitaban insistir en qué punto España estaba alcanzando e incluso superando en su riqueza a los países más ricos de Europa. Con la crisis la razón de ser de toda una generación política se estaba poniendo en entredicho. Como un hombre desesperado que estuviera colgado de la repisa de la ventana de un edificio alto e intentara no caer abajo, el discurso político no quiere admitir que se puede caer, porque quizá la caída significaría que todo este ciclo virtuoso había llegado a su fin.

En la época de las migraciones anteriores, la estructura demográfica del país era del todo diferente. Apenas había inmigrantes, el porcentaje de personas de más de sesenta y cinco años era muy bajo y cada mujer en edad de tener hijos tenía un promedio de tres. Hoy día el país tiene más de cinco millones de inmigrantes que han venido de fuera, la proporción de personas con más de sesenta y cinco años es medio alta (15 por ciento), y sigue disparándose hacia arriba, y las mujeres españolas llevan casi treinta años teniendo menos de 1,5 hijos de promedio.

Pasarán pero no volverán

En 1970 nacieron 666.000 niños en España. En 2010 eran 486.000, más o menos un 70 por ciento de la cifra de cuarenta años atrás. Este proceso de contracción generacional es uno de los factores asociados con el envejecimiento de la población menos reconocidos, aunque en este caso la realidad no es tan compleja. Es una simple cuestión de números.

Si tienes una tasa de fecundidad de 1,5, esto significa que con cada generación nacen un 30 por ciento menos de niños. Dejando de lado por el momento el factor de la inmigración, si las cosas no cambian, y no hay ningún indicio por el momento para suponer que cambiarán, en 2040 nacerán aproximadamente unos 350.000 niños, y en 2070 unos 240.000, etc. Es decir, la parte de abajo de la pirámide poblacional irá reduciéndose paulatinamente mientras que la parte de arriba se hinchará debido al crecimiento sistemático de la esperanza de vida.

Difícilmente se puede decir si esta configuración de la pirámide es demográficamente estable o no, porque nunca en toda la historia de nuestra especie hemos vivido una cosa semejante. Lo que sí podemos decir con total seguridad es que el futuro será en este sentido muy diferente del pasado, y tendremos que cambiar muchas cosas para adaptarnos a esta nueva realidad.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de si los jóvenes que ahora se están marchando volverán o no? Como mínimo indica que el pasado será una guía inadecuada. Más allá de esto, sería conveniente notar que la base humanamente imputable desde el punto de vista fiscal, irá reduciéndose sistemáticamente. Eso implica que la presión fiscal sobre los trabajadores jóvenes será cada vez mayor, subiendo con cada generación. Es decir, vivir en otro país donde las proporciones son más favorables será cada vez más atractivo. Además, los jóvenes que quieran formar una familia y tener hijos lo tendrán más o menos fácil según las políticas familiares y las proporciones demográficas de cada país.

Llevando este argumento un paso más allá, ¿por qué en el fondo la gente emigra? Podrían darse muchas razones. Una persona puede cambiar de país por el clima, por sentirse atraído por la cultura de otro país, o incluso puede ser por haberse enamorado de alguien. Pero en la literatura⁹⁸ sobre el tema de las migraciones destacan sobre todo tres elementos: los salarios, las oportunidades profesionales y la fiscalidad. Como hemos ido argumentando a través de este libro, con tanto paro y tan poca generación de empleo, las oportunidades profesionales van a ser bastante reducidas durante la próxima década, y con la proporción de jubilados subiendo a niveles cada vez más exagerados en relación con la fuerza laboral, la situación fiscal de los jóvenes sólo puede empeorar. En lo que se refiere a salarios, España está metida dentro de un proceso de devaluación interna de larga duración, proceso que se materializará en forma de tendencia a la baja de los salarios, y, sobre todo, por las nuevas entradas en el mercado laboral.

Por tanto, en el caso español, los tres factores que se consideran más influyentes en el momento de tomar la decisión de salir de un país marcan una clara respuesta afirmativa a la pregunta: «¿Ha pensado alguna vez en irse a trabajar a otro país?». De hecho, la salida de la crisis más racional para muchos jóvenes parece ser la de emigrar, y la mayoría de los que no se van tomarán la decisión de quedarse a causa de sentimientos, bien sean de afecto o bien culturales, estando éstos esencialmente arraigados al deseo de no alejarse de sus amigos y familias.

La experiencia de otros dos países del sur de Europa —Italia y Portugal— es también sugerente en este sentido. Ambos países tuvieron muy poco crecimiento económico durante la primera década de este siglo. Por tanto, mientras los jóvenes españoles simplemente salieron de su país temporalmente, para hacer una beca Erasmus o aprender un idioma, muchos italianos y portugueses salían para no volver. Su tasa de natalidad fue tan baja como la de España, pero igual que España, en esa época tenían un saldo positivo de inmigración, por lo que tanto la población en edad de trabajar como la población en general no bajaba.

Sin embargo, con la crisis hemos visto un cambio de tendencia en todo el sur de Europa, donde el saldo migratorio de extranjeros se ha vuelto negativo y la salida de nativos se ha acelerado. Hoy día la población en edad de trabajar está bajando en toda la periferia europea, con un claro impacto negativo sobre las expectativas de crecimiento económico a largo plazo. Estamos viviendo un cambio de ciclo bastante importante porque, más allá de las situaciones excepcionales como el final de la guerra civil, hace siglos que la población española de entre quince y sesenta y cuatro años ha ido creciendo. Ahora parece que la tendencia será definitivamente, quizá para siempre, hacia abajo.

Los números de que disponemos con relación a nacionales que abandonan el país son bastante inciertos en estos momentos, principalmente porque parece que no se toma el problema suficientemente en serio para intentar medir detenidamente el fenómeno. Los datos del INE indican que la población de España disminuyó en 113.902 personas durante 2012. Detrás de esta cifra había un saldo migratorio negativo de 162.390 personas. Para 2013, el INE estima⁹⁹ que la población volverá a caer, esta vez en 242.440 personas, con un saldo migratorio negativo de casi 300.000 personas, una aceleración bastante importante respecto del año anterior.

Respuesta oficial lamentable

La respuesta dada a esa situación por parte de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ha sido la de simplemente intentar restar importancia al fenómeno. En la Escuela de Verano del Partido Popular del año pasado, la ministra negó que el país hubiera vivido un «exilio masivo» de jóvenes en los últimos años, afirmando que así lo demostraban los datos del INE. Según la ministra, los datos indicaban que el año pasado «salieron de España ocho mil jóvenes», declaración que, aparte de ser totalmente complaciente, tiene su propia curiosidad, dado que los últimos datos del INE disponibles en aquel momento, indicaron que el saldo negativo de 2012 fue de 27.344 y que, de hecho, un total de 59.724 españoles salieron durante el año.

De todas formas, resulta evidente que la ministra tiene razón en su afirmación: «No hay un exilio masivo de jóvenes españoles en estos momentos», aunque no está claro que alguien esté sugiriendo lo contrario. La mayoría de los que se van son extranjeros, o extranjeros nacionalizados como españoles. Dicho eso, también es evidente que no sabemos realmente cuántos españoles están fuera del país, porque no hay una recopilación sistemática de los datos más indicativos que reflejen con un grado adecuado de precisión los movimientos de nacionales españoles dentro del marco de la Unión Europea.

Lo que sí sabemos, tanto por los datos del INE que disponemos como por las situaciones anecdóticas que vamos viviendo, es que el fenómeno va en alza y con cada año más españoles están viviendo y trabajando en el exterior. De hecho, las últimas perspectivas de población del INE, con fecha de noviembre de 2013, dan por hecho que el fenómeno tendrá recorrido. Entre 2013 y 2022 se estima que habrá un saldo negativo promedio de unas 250.000 personas anuales debido a las migraciones, lo que lleva, juntamente con la bajada natural que tendrá lugar, a la población de España a contar con unos 44 millones de personas en 2023. Una bajada de 2,6 millones en comparación con su tamaño actual.

Naturalmente, como vamos diciendo, estos datos son simplemente orientativos, porque el margen de error en la estimación es grande; pero difícilmente la tendencia va a ser muy diferente debido al bajo crecimiento económico que tendrá el país y a la difícil situación en su mercado laboral.

Más que los saldos migratorios, lo que llama la atención es el volumen de los movimientos, pues realmente hay unos flujos masivos. En 2012, por ejemplo, entre nacionales y extranjeros salían unas 476.478 personas, mientras que entraban unas 314.358. Esto sugiere un movimiento poblacional muy importante de casi un 1 por ciento de la población saliendo del país cada año.

Desafortunadamente, no hay muchos estudios en profundidad que se hayan hecho del fenómeno hasta la fecha. La investigadora catalana Cristina Amarelo ha hecho un estudio de esos números tal como los tenemos en el área de Cataluña.¹⁰⁰

Amarelo encuentra que la población de Cataluña ha bajado significativamente desde el inicio de la crisis. La investigadora resalta que el declive demográfico en Cataluña se debe principalmente al «comportamiento de la inmigración». El saldo con el exterior por extranjeros viviendo en Cataluña, que se puede extraer de los datos del INE, sugiere que se dio una pérdida de 59.732 habitantes en 2012.

Su informe destaca como causante a «la fuerte recesión» que ha registrado la economía, la cual ha provocado que «el saldo positivo se haya convertido en negativo», es decir, que se esté dando una «salida neta de población extranjera y autóctona hacia el extranjero», principalmente para buscar «mejores oportunidades laborales». También añade otro factor potencialmente agravante en la trayectoria a la baja de la población: el número de nacimientos «empieza a verse afectado» por las malas expectativas de la economía y por una disminución en el número de mujeres en edad fértil.

De todas formas, el número de autóctonos que emigran todavía es bastante reducido —en 2012 marcharon 11.523 personas y volvieron 5.439—, pero Amarelo advierte que esos números son engañosos por dos razones. En primer lugar, un tercio de los casos de salidas se trata de ciudadanos nacionalizados de origen extranjero que o bien han marchado a su país de origen o bien a un tercer país.

En segundo lugar, destaca el informe que la movilidad a otros países de la Unión Europea es esencialmente sencilla y parece bastante plausible que muchos de los que se han ido no se hayan ni dado de baja en el padrón municipal ni dado de alta en los consulados de su país de destino. Ciertamente, la evidencia anecdótica sugiere una cifra bastante más alta de la que detecta el INE. La investigadora catalana también advierte que en los próximos años este flujo migratorio sumergido podría muy bien estabilizarse y luego aflorar en las estadísticas. «La salida de catalanes al exterior va en aumento —explica, añadiendo un toque de alerta—: Aunque ahora no es muy significativo, sí afecta especialmente a la gente con más formación y puede conllevar una importante pérdida de capital humano.»

El problema que tenemos que plantearnos es cómo incide este proceso migratorio en las perspectivas de la economía. Llama la atención, y mucho, el volumen de los movimientos, de casi medio millón de personas al año. Asimismo, la última cita de Cristina Amarelo nos conduce a una pregunta inquietante: ¿cuál es el balance real de estos movimientos en términos de capital humano? Bien, una cosa es el número de personas que entran o salen, y otra es el valor en potencia de esas personas en términos de su aportación económica, que estará relacionado con su nivel de formación. ¿Puede ser que el nivel formativo de los 350.000 que vienen esté, en promedio, significativamente por debajo del nivel de los que se marchan? ¿Cómo vamos a contabilizar este fenómeno en términos de crecimiento potencial perdido?

Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que reduce el crecimiento potencial a largo plazo también reduce la tasa de generación de empleo y el nivel de los salarios, dos factores que inciden mucho en el momento de tomar la decisión de regresar al país o quedarse fuera.

Igualmente, los estudios de los movimientos migratorios constatan que, cuanto más tiempo una persona se queda fuera de su país menos probable es su retorno eventual. Es evidente que muchas personas en el momento de hacer las maletas no se ven como futuros emigrantes, simplemente están saliendo del paso. No obstante, con el tiempo, este salir del paso se convierte en otra cosa. La persona hace amistades, vínculos afectivos, finalmente puede crear una familia. Es importante tener en cuenta, además, que muchas de esas personas que se van, están en una edad muy sensible a estos impactos del azar. En el plazo de una década después de salir, muchos de estos jóvenes tendrán que tomar decisiones que serán muy importantes para ellos, decisiones que marcarán el curso de su vida.

Pero no se trata sólo de los jóvenes, España, como si fuera un colectivo de personas, tiene que tomar decisiones que marcarán su futuro como país. Son años críticos. No hay nada de destino aquí, la suerte todavía no está echada, pero sin una reacción de gran calado, capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos, en unos años ya será demasiado tarde. No basta con este discurso autocomplaciente de que hemos hecho las reformas y ahora vamos a recoger la cosecha. Mirar las cosas de esta forma es vivir de espaldas a la realidad. Esto es vivir en el pasado, un pasado que ya no existe. Hay que coger el toro por las cuernos y hacerlo pronto. El tiempo no perdonará.

9

España, ¿la nueva Alemania o el nuevo Japón?

Según las palabras del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, expresadas en una entrevista concedida al Financial Times en otoño del 2013: «Las exportaciones de Alemania van bien a España».¹⁰¹ Más allá de reconocer la obviedad de que si las cosas le fueran mal a Alemania difícilmente le irían bien a España, la intención del ministro era entrar en un debate que el Gobierno alemán tenía abierto con la Comisión Europea sobre el tamaño de su superávit comercial.

El objetivo de la intervención era ponerse al lado de sus colegas en Berlín, y así demostrar su nivel de solidaridad como socio europeo. Pero sus comentarios eran doblemente oportunos, porque justo en ese momento se había encendido un debate en España sobre si el país no iba a ser una nueva versión de Alemania. En tal caso, quizá el señor Schaüble también tendría que salir para decir que las exportaciones españolas van bien para Alemania. Digamos irónicamente que a partir de ahora todos somos exportadores, chinos, japoneses, todos. ¿Qué hay de malo?

Como veremos más adelante, sí que supone un problema, y como en muchas otras ocasiones de este tipo, el ministro seguramente lo sabía. Si todos podemos ser exportadores, hace falta saber quiénes serán los compradores, porque si no los números de comercio no cuadran. En realidad, el problema de fondo que tiene la economía global en estos momentos no es el hecho de que Alemania tenga superávit en su comercio; este desequilibrio particular ya ha existido durante muchos años sin que las quejas fueran, ni de lejos, tan tajantes. La novedad no es que Alemania exporta más de lo que importa, sino que toda la zona del euro lo hace. Éste es el problema, y no será fácil de superar. Volvamos al principio: ¿Es creíble que España pueda convertirse en una nueva versión de Alemania?

España se está germanizando

Todo comenzó el mes de febrero de 2013, cuando la banca de inversión Morgan Stanley opinó en un informe¹⁰² que la reducción de los costes laborales y la rápida mejora de las exportaciones podría convertir a España en la «próxima Alemania».

Seis meses más tarde, el servicio de estudios del Deutsche Bank llegó a la misma conclusión,¹⁰³ «España se está germanizando —decían sus analistas—, transformándose, por necesidad y con bastante éxito, en un modelo de crecimiento pobre centrado en la recuperación de la competitividad y la rentabilidad de las empresas, con la disminución de los costes laborales unitarios y un mayor papel de las exportaciones en la dinámica de crecimiento».

Parece muy osada dicha apreciación, pero efectivamente es cierta. Esto es lo que está pasando. No obstante, antes de entregarnos a la celebración de una novedad tan genial, mejor que tomemos nota de dos matices importantes: este cambio se hará por necesidad y con un modelo de crecimiento pobre. Igual que Alemania, país que, debido a la fragilidad de su demanda interna, es exportador por necesidad. Y como hemos destacado en anteriores capítulos, difícilmente supera el crecimiento promedio de un 1 por ciento anual. A veces constatar este dato choca, quizá porque resulta fácil confundir empresas fuertes con economía potente.

Entonces, España, siguiendo los pasos de Alemania, se está convirtiendo por necesidad en un país donde el crecimiento depende de las exportaciones, por una parte, debido al alto nivel de endeudamiento privado, y por otro, debido a la tendencia a la baja y al envejecimiento de su población.

Es decir, España, igual que Alemania, depende de las exportaciones porque no tiene más remedio, pues el consumo interno ya no basta para dar empuje a la economía. Es un argumento que personalmente he ido sosteniendo desde 2008¹⁰⁴ y es reconfortante ver que esta idea ha ido ganando tanto terreno.

De hecho, las opiniones del ministro De Guindos sobre las exportaciones alemanas encajan perfectamente con las del economista estadounidense Larry Summers, que opina que las economías desarrolladas han entrado en una etapa de estancamiento tendencial. No le falta razón ni a uno ni al otro. Es evidente que cualquier cosa que económicamente le vaya bien a Alemania, también lo hará en España. Lo que sucede es que, debido a la bajada estructural del consumo interno que tenemos dentro de toda la zona del euro, ha habido cambios geográficos en el destino de las exportaciones. Antes, Alemania tenía un superávit estructural en su comercio externo, pero gran parte de este superávit estructural se absorbía en los países del sur de Europa. Por eso no había quejas desde fuera, y quizá por eso nadie quería investigar a fondo lo que pasaba con los desequilibrios que había entre países de la misma zona del euro. Sin embargo, ahora, países como España, Grecia y Portugal ya tienen sus propios superávits en sus balanzas comerciales, con lo cual las cosas han cambiado de forma considerable.

Anteriormente, los países de la zona del euro no tenían ni déficit ni superávit persistente con el exterior. Ahora sí, con las reformas llevadas a cabo en los países de la periferia, el grupo tiene superávit y, por cierto, mayor que el de China. Ésta es la cuestión que preocupa al señor Summers y al Tesoro de Estados Unidos, y es por esta razón que Bruselas presiona a Berlín para intentar suavizar el impacto sobre la demanda global del ajuste que se está haciendo en el sur de Europa.

Visto desde una perspectiva elemental, una balanza positiva por cuenta corriente equivale literalmente al ahorro neto de una economía determinada durante un período de tiempo especificado, mientras que una balanza negativa implica que el país necesita financiación externa, y por lo tanto acumula deuda. Dicho de otra manera, un país donde los agentes económicos (sector privado y Gobierno) gastan más de lo que ingresan tendrá una tendencia a generar déficit, mientras que un país donde los gastos son inferiores a los ingresos producirá superávit.

¿A qué planeta vamos todos a exportar?

Teniendo esto en cuenta y, conscientes de que la suma de las balanzas de todos los países en la economía global tiene que ser cero, una tendencia en una economía determinada a ahorrar más se verá reflejada de forma más o menos automática en mayor endeudamiento en otra, ya que, sin la presencia de una contraparte, la contabilidad mundial sencillamente no cuadraría.

Razonamiento llano que nos lleva a una pregunta importante. Si la zona del euro ya tiene un superávit significativo tanto en su balanza comercial como en su cuenta corriente, ¿de dónde viene la demanda para sostener estos superávits? Para que tanto las exportaciones alemanas como las españolas sigan creciendo hace falta que algunos países aumenten sus déficits comerciales; la aritmética más básica nos dice esto.

Ahora bien, desde la crisis los países deficitarios que han fomentado el incremento en las exportaciones de productos de los países europeos han sido principalmente las economías emergentes, en el caso de Alemania, China; y en el caso español, Sudamérica. Durante un tiempo no había problema, porque China simplemente actuaba como intermediario trasladando a través de su comercio el superávit alemán en déficit a terceros países, mientras que la capacidad de financiación de los otros países emergentes venía de la política de expansión monetaria practicada por la Reserva Federal y los otros bancos centrales. Como hemos notado una y otra vez desde el final de la crisis financiera, el incremento en el volumen de liquidez suministrado por los bancos centrales en un ambiente donde o bien no hay demanda para más créditos (caso de Alemania y Japón), o bien el sector privado está desapalancando (caso de Estados Unidos y España), acaba saliendo de las fronteras nacionales hacia países donde el rendimiento y los riesgos son más altos.

Pero desde que la Reserva Federal ha comenzado a hablar de la reducción de la magnitud de su política de flexibilización monetaria,¹⁰⁵ los mercados han dejado de financiar precisamente los países que tienen estos déficits tan necesarios para que países como España pueda seguir aumentando su volumen de exportaciones al ritmo de antes. De ahí viene la sensación de estancamiento en las exportaciones europeas, las cuales, a pesar de que estamos en fase de recuperación, han ido aumentando durante la segunda mitad del 2013.

Para que crezcan continuadamente las exportaciones de los países europeos, hacen falta compradores. Hecho que nos devuelve a otra observación de un economista norteamericano, el premio Nobel Paul Krugman, quien irónicamente se preguntaba hace cuatro años, al final de la crisis financiera: «¿Hacia qué planeta vamos todos a exportar?».¹⁰⁶

Demografía y cuenta corriente

Otro detalle de esa historia de cuentas externas, que quizá sorprendería a muchos lectores, es que la estructura de edades de la población desempeña una función importante a la hora de explicar los patrones de endeudamiento y concesión de préstamos de un país, y, por tanto, su balance financiero con el resto del mundo.

Hay toda una generación de modelos económicos que vinculan la demografía, el crecimiento y las balanzas por cuenta corriente¹⁰⁷ para examinar el modo preciso en que los cambios estructurales de la población influyen en las tendencias de las balanzas por cuenta corriente. Incluso el mismo Larry Summers hacía un primer intento en esa dirección en la década de 1980.¹⁰⁸

La esencia del problema es muy fácil de entender. Consideremos por un momento un país como si fuera una persona. Evidentemente, cada persona vive una variedad de épocas a lo largo de su vida: la juventud, el inicio de la convivencia en pareja, la madurez, la preparación para la jubilación y la tercera edad. Cada una de estas épocas manifiesta unos determinados patrones de endeudamiento y ahorro que la caracterizan. En el momento del inicio de la vida en pareja, por ejemplo, la persona tiene la tendencia a endeudarse con una hipoteca, un préstamo para comprar un coche, etc., deudas que la persona asume porque piensa que tendrá posibilidades de amortizar la inversión que estos gastos representan a lo largo de los próximos años. La persona con más de cincuenta años, por contrapartida, suele comenzar a pensar en su futura jubilación. Por lo tanto, tendrá una tendencia al ahorro con poca propensión a endeudarse.

Estos patrones son bastante generales y van mucho más allá de las diferencias culturales e identitarias que pueda haber entre países. Por lo tanto, cualquier análisis de las posibles consecuencias económicas del envejecimiento de la población tendrá que abordar el tema de cómo repercutirán estos patrones de ahorro y endeudamiento, que se pueden identificar a nivel individual cuando sean transcritos en números agregados de toda una población.

En este contexto, el modelo más ampliamente aceptado entre economistas de la teoría del ahorro y el endeudamiento es el del ciclo vital, del premio Nobel Franco Modigliani.¹⁰⁹ Según este modelo, el deseo de una persona de regular el patrón de consumo a lo largo de su vida, nivelando las fluctuaciones cíclicas de su renta, constituye la fuerza motriz fundamental que determina las decisiones de ahorro o desahorro en distintos períodos, siendo la necesidad de disponer de recursos suficientes para la jubilación el ejemplo más claro del ciclo vital. De hecho, España es un buen ejemplo de cómo funciona este proceso en la práctica, porque la magnitud y la rapidez del cambio que estamos viviendo lo hace más evidente que en las transiciones que han tenido lugar en otros países, donde todo fue mucho más dilatado en el tiempo.

Sólo un ejemplo sirve para manifestar este hecho. En España, la tasa de creación de hogares, el fundamento de la demanda por créditos para comprar casas, tocaba techo en 2005 a casi medio millón anual. En 2013, es decir, sólo ocho años más tarde, la tendencia se había invertido. Dicho de otra manera, el saldo de 2013 rozaba lo negativo, reforzando la tendencia de que la demanda neta para hipotecas iba bajando. Naturalmente, intervienen aquí factores que van más allá de la demografía, pero el cambio de tendencia es importante y significativo.

Como hemos apreciado repetidamente a lo largo de este libro, la economía española mantuvo durante los primeros años del siglo un crecimiento claramente por encima de su potencial, gracias a unos flujos financieros y a un aumento sustancial de la mano de obra. En el caso de España, el aumento de la fuerza laboral que sostenía este crecimiento no derivaba del crecimiento natural de la población, sino de la inmigración laboral de muchas otras partes del mundo. La demanda que impulsaba el crecimiento tampoco era orgánica, sino facilitada por una liquidez realmente barata y abundante tras la creación de los mercados europeos de capitales. Es decir, la capacidad económica que hacía posible esta anormalidad fue una capacidad global, unos recursos y una fuerza laboral que casi por accidente aterrizaron en suelo español.

Pero esta particularidad española no fue casual ni por azar, porque encajaba a la perfección con las estructuras demográficas del país. Hablando claro: la transición demográfica de España llegó a su punto de inflexión precisamente los años en que el mercado laboral era el más globalizado de la historia, a la vez que la fusión monetaria de Europa vivía su auge. Pero la fuente de la que se nutría la burbuja fue un fenómeno demográfico sin el cual no hubiera pasado lo que ocurrió.

El boom consumista de Alemania

Para entender mejor este proceso y ver por qué la economía española está condenada a convertirse en una nueva versión de la alemana, una comparación entre la reciente historia de ambas economías podría resultar esclarecedora. Sobre todo teniendo en cuenta que existen ciertas analogías contundentes de carácter estructural en su evolución demográfica, con un desfase temporal de alrededor de diez años entre un país y otro.

A primera vista, esta comparación nos presenta un descubrimiento bastante sorprendente, porque una vez examinados los datos históricos recientes de Alemania vemos que desmienten el tópico de que los alemanes sean un grupo de «no consumidores natos» y de ahorradores empedernidos. Este tópico se desvanece rápidamente si nos remontamos a la mitad de la década de 1990, porque durante este período el consumo privado alemán experimentó un fuerte auge, que se mantuvo aproximadamente hasta el año 2000.

No fue un boom generado simplemente por la caída del muro de Berlín, porque el origen del boom y del endeudamiento que lo acompañaba no fue el gasto público sino que fue producto, como en el caso de España, del consumo privado. De este boom también procede el problema de las cajas de ahorro alemanas, los Landesbank, ya que, igual que sus hermanas españolas, facilitaban los créditos para la especulación inmobiliaria y la promoción de viviendas.

Es precisamente una tímida repetición de esta clase de crecimiento que la Comisión Europea y el Tesoro de Estados Unidos quieren que Berlín impulse ahora, pero, como vamos a ver a continuación, eso ya no es posible debido a la subida de la edad media de la población alemana, que ha ocurrido durante los años intervenidos. El boom alemán de los años noventa fue un verdadero one off (fenómeno de una sola vez), y ahora la historia no va a repetirse a pesar de la moderada subida de los precios inmobiliarios alemanes del último año, causada principalmente por la inversión especulativa. El precio de la vivienda en Alemania es, aproximadamente, el mismo que el de finales del siglo pasado, y no se modificará sustancialmente en un futuro previsible.

El cambio notable, y la raíz de todas las críticas, ha sido que desde principios de siglo el crecimiento del consumo privado de los alemanes ha sido más bien mediocre e incapaz de impulsar por sí sólo el crecimiento del PIB. De hecho, si miramos el número de préstamos que otorgan los bancos alemanes y los famosos balances TARGET2¹¹⁰ que mantienen con el Eurosistema encontramos que, aunque no hay ningún problema con la llegada de crédito al sector privado, los alemanes simplemente no se endeudan. Esa falta de endeudamiento está reflejada en el superávit que tiene el país a nivel de cuenta corriente.

Si ahora giramos la mirada hacia España, salta a la vista que el crecimiento de consumo de los hogares españoles disfrutó de un ciclo expansionista entre 1999 y 2007 similar al que había tenido Alemania en la década de 1990. La demanda interna española demostró el mismo tipo de florecimiento (incluso a escala bastante mayor) que había experimentado el consumo alemán en su época dorada.

Ahora bien, hay dos aspectos que diferencian la situación actual española de la alemana de aquel entonces: la magnitud del fenómeno y el grado en que el apalancamiento español dependía de financiación externa. Esta segunda diferencia encuentra su expresión más clara en la posición de inversión internacional neta (PIIN) de los dos países.

A finales del 2000, cuando el boom alemán terminó su posición neta era de un 4 por ciento del PIB en negativo. El PIIN mide el nivel de endeudamiento de un país, para analizar si un Estado tiene más inversión en el exterior del que los extranjeros tienen dentro del mismo —el caso alemán, por ejemplo—, o si dentro del país hay más inversión procedente de fuera que inversiones de residentes en el exterior, como es el caso español. A finales del 2012 la posición negativa de España había subido hasta un 93 por ciento del PIB, mientras que la de Alemania (después de tantos años de superávit) había alcanzado un 40 por ciento del PIB en positivo. Esta medida es importante porque es un indicador del nivel de ahorro de un país y, por tanto, su nivel de preparación para afrontar la alta carga sobre las finanzas colectivas que representa el envejecimiento de la población y la fuerte subida en la tasa de dependencia.

El endeudamiento, de ese modo, supone para España un problema muchísimo más importante de lo que jamás supuso para Alemania durante los últimos años. Además, avanzando en el tiempo, si nos fijamos en el prolongado estancamiento interanual que ha experimentado el endeudamiento privado alemán, podríamos hacernos una idea del futuro que le aguarda a España.

Aquí no estamos hablando de ciclos de crédito ni nada por el estilo, estamos hablando de niveles de ahorro que serán necesarios para afrontar el futuro, sobre todo en el contexto de una reforma de las pensiones que deja muy claro que el nivel de la prestación bajará en su valor real durante los años venideros. Coherente con esto, el ciudadano medio va a incrementar sus esfuerzos para ahorrar, y, aún más grave, hay que tener en cuenta que la mayor parte de sus ahorros individuales, que están invertidos en el valor de su propiedad, tampoco valen lo que valían anteriormente. Por tanto, la tasa interanual de concesión de préstamos en España sencillamente no volverá ni de lejos a los niveles de los años anteriores a la crisis. Lo que cabe esperar, conforme el sector privado español se vaya desapalancando de forma gradual durante la próxima década, es que eventualmente el movimiento interanual de créditos llegue a estabilizarse alrededor del cero por ciento.

Sin embargo, hay otro aspecto de esta situación que debería llamar nuestra atención: la estrecha relación entre los períodos de fuerte crecimiento en la concesión de préstamos al sector privado y las balanzas por cuenta corriente. En este contexto, Alemania no ha sido una excepción a la regla general, ya que, mientras duró su período de auge en el consumo, el país no generaba los superávits de hoy día, más bien registró pequeños déficits por cuenta corriente. Déficits que luego se convirtieron en superávits tras el importante ajuste estructural que llevó a cabo el país en los primeros años de este siglo.

Éste es el camino que con total seguridad deberá seguir ahora la economía española. Por esa razón viene tanto hablar de España como la nueva Alemania. Aunque el país ha llevado a cabo unos pasos significativos con el déficit estructural en cuenta corriente, no debemos olvidar que existe una diferencia muy importante en cuanto a la dimensión real de ambos países.

En comparación con el proceso al que se sometió Alemania entre 1999 y 2005, el ajuste que España todavía tiene por delante es nada menos que enorme. Tal como han señalado algunos economistas, la economía española está pasando por una transición sin precedentes y, de hecho, el reto no tiene parangón en la historia reciente. El sector privado —hogares y empresas— se ha desapalancado significativamente en los últimos años; pero en gran medida este proceso ha sido compensado por un aumento en la deuda pública. El desapalancamiento de España como país está dando ahora sus primeros tímidos pasos. En 2013, por primera vez desde 1986, el país logra un superávit en cuenta corriente marcando un camino que habrá que seguir durante muchos años si queremos convertir el NIIP en números positivos. El Gobierno tiene que bajar el déficit fiscal por debajo del 3 por ciento para el año 2016, según lo pactado con la Unión Europea, momento en que la consolidación de las finanzas del país entrará en su tramo más importante, y quizá más difícil, dado que las expectativas de la población en general serán altas.

El momento va a ser complicado, ya que no está claro en absoluto si el rendimiento de la economía será suficiente como para proporcionar mejoras de acuerdo con esas expectativas en campos tan diversos como el empleo, los salarios, las pensiones, la carga fiscal en IRPF, etc. El proceso de desapalancamiento como país será lento y recurriendo a muchos esfuerzos, al mismo tiempo que el crecimiento en exportaciones facilite la reducción en la deuda externa.

¿Un exceso de ahorro?

Este ambiente de esfuerzo y ahorro que predominará en las sociedades avanzadas tampoco será fácil de gestionar. Si volvemos una década atrás, la lógica más básica nos lleva a constatar que si hubo endeudamiento irresponsable también tuvo que haber habido acreedores irresponsables; es decir, personas, instituciones y países que emitían créditos que se podía considerar irresponsables, créditos demasiado arriesgados. Si hubo demasiados deudores es, en parte, porque hubo demasiados ahorradores, a pesar del hecho de que el tipo de interés a largo plazo no anima al ahorrador por ser bastante bajo durante los años anteriores a la crisis.

Este fenómeno llevó al presidente de la Reserva Federal de la época, Ben Bernanke, a hablar de un «exceso de ahorro global».¹¹¹ En esta época se hablaba sobre todo de China y los países con petrodólares, en parte porque el superávit alemán estuvo enmascarado por los déficits de sus eurosocios. Ahora que España y otros países europeos aspiran a ser «las nuevas Alemanias» es natural que el ministro de Guindos se solidarice con el señor Schaüble, pues los dos juntos pueden recibir las críticas que antes cayeron sobre China por no echar mano de la expansión de demanda a escala global. El caso es que ambos sí que quieren pero simplemente no pueden.

No obstante, este problema de «todos queremos tener superávits» no es nada bueno visto desde una perspectiva más amplia. Fue precisamente este exceso de ahorro lo que propició la superabundancia de liquidez barata que inundó el planeta en los años anteriores al estallido de la crisis financiera de 2007. En la actualidad el problema se manifiesta en la tendencia de los países emergentes por contratar demasiada deuda. La demografía bien podría haber contribuido al descenso de los tipos de interés reales, ya que la proporción de ahorradores en edad de máximo rendimiento económico en el mundo desarrollado iba aumentando de forma gradual durante los años anteriores a la crisis. Se prevé que ese grupo de ahorradores siga creciendo en el futuro y, como consecuencia, el ahorro neto a escala mundial tenderá más bien a aumentar, por lo que el exceso de ahorro global, junto con los menores tipos de interés reales que provoca, podría convertirse en un rasgo característico de la economía mundial con mayor importancia de lo que muchos creen.

Dicho de otra manera, mientras muchos bancos centrales hablan de estrategias de salida de las medidas excepcionales y la normalización de los tipos de interés, puede suceder que el entorno de tipos al borde del cero por ciento que tenemos ahora se convierta en algo permanente.

¿Es España el nuevo Japón?

Una idea que nos lleva de forma casi natural a tener en cuenta la otra versión de Alemania que existe a escala mundial: Japón. Desde que el nivel de inflación ha empezado a bajar a niveles muy bajos en los países de la zona del euro, se ha originado un debate sobre si Europa no iba a ser el nuevo Japón. En una de las versiones de la hipótesis más consensuada, España es el candidato que más números tiene para seguir el camino del país asiático en un futuro próximo.¹¹²

Esta idea no tiene que ser sorprendente porque las similitudes no son pocas. La España de hoy día tiene muchas de las características que tenía Japón en 1997: una burbuja inmobiliaria que ha explotado escasos años atrás, un sector privado altamente endeudado, un consumo interno muy débil, unos salarios y precios que empiezan a bajar de forma sistemática y una población en edad de trabajar que empezaba a reducirse. A esta lista se puede añadir otro detalle: existe un consenso muy amplio entre los estudiosos del tema que piensa que Japón ha agravado su problema demográfico impidiendo la entrada de inmigrantes. Pues en este sentido España ha ido un paso más: aunque el país es relativamente abierto a la inmigración, las condiciones de su mercado de trabajo son tan desastrosas que empieza a sufrir un problema creciente de emigración.

En realidad, el fenómeno de la emigración no es el único parámetro en que la posición de España parece peor que la de Japón. El país no tiene ni las industrias de alta tecnología ni la capacidad de generar propiedad intelectual en la misma escala que tiene el país asiático. Por otro lado tiene sol, y esto no lo digo en broma, pues el sol evidentemente conlleva el turismo y podría atraer a la población europea de clima frío para comprar casas con las que pasar su jubilación. A Japón le sobrevino la deflación como una sorpresa, mientras que España —como hemos visto en otro capítulo— está virtualmente obligada a promover políticas deflacionistas para llevar a cabo su devaluación interna.

Además, la comparación con Japón no es nada extraña, pues en el fondo Alemania y Japón no son tan distintos. Son competidores industriales directos, ambos dependen de sus exportaciones para crecer y, sobre todo, ambos son pioneros en la nueva sociedad de envejecimiento.

Pero aquí acaban las similitudes, los dos países llevan sus problemas de forma totalmente diferente. Mientras que Japón practica políticas fiscales y monetarias fuertemente expansivas, Alemania invoca planteamientos totalmente opuestos y planta cara a cualquier intento de convertir el Banco Central Europeo en una versión del Banco de Japón, haciendo hincapié en la necesidad de austeridad en lugar de estímulo. Fuera como fuese, ahora es la razón principal de que la política conocida como Abenomics no llegue a pasar por las fronteras europeas.

En el momento de escribir este libro el veredicto final sobre la eficacia de esa política no ha sido declarado. Incluso teniendo en cuenta los problemas que conllevará la implementación de la deflación en Europa, no se puede descartar que los alemanes acaben cediendo a la presión de otros países y que el BCE empiece con una política de compra de bonos en grandes cantidades, incluso para financiar déficits fiscales a escala japonesa.

Pero hay que ser conscientes de los riesgos que esta política representaría. Es muy fácil hablar de austericidio, pero no hay que confiar en la idea de que las alternativas son mucho menos desagradables a largo plazo. Con un banco central lo suficientemente flexible sería posible —como hace Japón— financiar una deuda estatal de más de 200 por ciento del PIB durante un período relativamente extendido en el tiempo. Sin embargo, estamos navegando en aguas desconocidas. Si al final el sistema no aguanta, ¿qué pasara después? Y si estamos intentando reflotar economías que ya están cerca de su límite de capacidad, tal como hemos argumentado en el capítulo sobre las sociedades de decrecimiento, ¿qué sentido tiene hacerlo? Mejor quizá aceptar la realidad y aprender a gestionarla.

Para retomar la idea del principio, podemos decir que España está condenada a convertirse en una nueva Alemania con pinceladas japonesas, reflexión que me hace recordar otro refrán muy antiguo: «Cuando te refieras a cosas desconocidas, cuidado con lo que deseas.»

Notas

1. Estas reelaboraciones y deconstrucciones los estudiosos de la música de Gamelán las llaman kotekan o imbal.

2. Esa tozudez también se hace notar en el hecho de que este libro lo he escrito en español, pero no en mi lengua materna, el inglés, idioma en el que creo que escribo razonablemente bien. He tomado la decisión de hacer las cosas así porque mi deseo era conseguir una fluidez comunicacional y ser capaz de hablar de tú a tú al lector español. Al fin y al cabo, es el futuro de España de lo que tratamos aquí, por lo que pienso que el esfuerzo valía la pena.

3. Esta página, Spain Economy Watch, está disponible en http://spaineconomy.blogspot.com.es.

4. Cifras definitivas de población a 1 de julio de 2013 (nota de prensa 822), publicadas en el INE de 10 de diciembre de 2013. Esta información, disponible en http://www.ine.es/prensa/np822.pdf, recoge los datos referidos.

5. El País, 13 de julio de 2013: http://economia.elpais.com/economia/2013/07/13/ actualidad/1373731410_127692.html.

6. Cinco Días, 17 de octubre de 2013: http://cincodias.com/cincodias/2013/10/17/ mercados/1382015644_521282.html.

7. Este informe, «Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2010 Stand-By Arrangement, IMF», está disponible en http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40639.0.

8. Como explican en su informe, la única modalidad que sus reglas permitieron fue la de un acuerdo de derecho especial de giro (Stand-By Arrangement) con una duración de tres años. De haber aceptado el problema de entrada, el país pudiera haberse acogido al Mecanismo de Financiación Ampliado (Extended Funding Facility), que hubiera permitido una corrección del desajuste en sus finanzas para más años. Si hubiera sido así, toda la historia reciente de Grecia habría sido distinta.

9. El Gobierno español suprimió la desgravación en el IRPF por compra de vivienda nueva a partir del 1 de enero de 2013, al mismo tiempo que el tipo del IVA para estas transacciones dejó de ser el superreducido del 4 por ciento para situarse en un 10 por ciento. La ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas entró en vigor en diciembre de 2013.

10. Durante una entrevista televisiva, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo a la presentadora de la CNBC, María Bartiromo, que el precio de la vivienda había tocado fondo. De hecho, afirmó que en algunas áreas de España, el coste de las casas había comenzado a subir. «La demanda vuelve a subir», agregó. Puede verse en http://www.antena3.com/noticias/economia/zapatero-asegura-que_2010092300022.html.

11. En una rueda de prensa del mes de mayo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue absolutamente contundente al negar que la banca española fuera a tener que acudir al fondo de rescate de la Unión Europea (UE). «No va a haber ningún rescate de la banca española», sentenció (http://www.elmundo.es/elmundo/ 2012/05/28/espana/1338170715.html).

12. Incluso durante su comparecencia en la sesión de control al Congreso tras el rescate, el presidente del Gobierno evitó la palabra «rescate» asegurando a los diputados que los cien mil millones de euros que España pidió a Europa eran «un crédito a la banca que va a pagar la propia banca».

13. Este artículo, «Sindicatos y empresarios rechazan la propuesta del FMI y Bruselas de bajar los salarios un 10 por ciento», de la Cadena Ser, con fecha 7 de agosto de 2013, puede verse en http://www.cadenaser.com/economia/articulo/sindicatos-empresarios-rechazan-propuesta-fmi-bruselas-bajar-salarios/csrcsrpor/20130807csrcsreco_3/Tes.

14. «Spain: 2013 Article IV Consultation, FMI, Washington», agosto de 2013, disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ cat/longres.aspx?sk=40842.0.

15. «Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?», en http://blogs.ec.europa.eu/rehn/spanishsketches-a-d-2013-can-spain-achieve-what-ireland-and-latvia-did/.

16. Ballad of a Thin Man, canción de Bob Dylan: «Because something is happening here but you don’t know what it is. Do you, Mister Jones?».

17. «CEOE responde al FMI y a Bruselas: las subidas salariales pactadas con los sindicatos se mantendrán», en Expansión, con fecha de 7 de agosto de 2013, disponible en http://www.expansion.com/2013/08/07/ economia/1375874027.html?a=b78ac94ef76671f7 a77fa52868d5a140&t=1387045199.

18. «¿Es democrático el FMI?», artículo de Javier Calero en el diario ABC del 11 de agosto de 2013: http://www.abc.es/economia/ 20130811/abci-deficit-democratico-201308091716.html.

19. «Brasil no quiere seguir pagando por Grecia», BBC, disponible en http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/07/130731_ultnot_grecia_fmi_brasil_rescate_nc.shtml.

20. Otro detalle curioso, aunque Leo van Houtven fue, en el momento de publicar dicho artículo, un exfuncionario del FMI, de hecho fue el mismo fondo quien lo publicó como parte de un debate sobre su futuro. Véase «Governance of the IMF», de Leo van Houtven. Disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/ pam53/pam53.pdf.

21. Se refiere a países como Brasil, India, China, Indonesia, etc.

22. «Alemania se subirá el sueldo un 20 por ciento más que España», H. Montero, diario La Razón del 11 de agosto de 2013: http://www.larazon.es/detalle_normal_economia /noticias/3264372/ale mania-se-subira-el-sueldo-un-20-mas-que-es#.UqynTPRDuJo.

23. «IMF Survey, Spain: Continue Reforms to Strengthen Recovery», disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/ so/2013/car080213a.htm.

24. Véase, por ejemplo, Javier de la Torre, que en su informe para la empresa asesora Arcano (The Case For Spain), argumenta: «El umbral del 2 por ciento para crear empleo es historia relacionado con el régimen laboral inflexible que ha mantenido España desde la década de 1940. Con el nuevo régimen laboral y saliendo de una recesión, España puede crear empleo con crecimientos muy inferiores».

25. Véase el capítulo 6.

26. Véase el capítulo 9 para una explicación más detallada de este problema.

27. Véase el capítulo 7 para más información.

28. «El gobierno acude en ayuda de Caja Castilla La Mancha ante sus problemas de liquidez», El País (30 de marzo de 2009): http://elpais.com/diario/2009/03/30/ economia/1238364002_850215.html.

29. «Ordóñez: “La CAM es lo peor de lo peor” y sus pensiones, “escandalosas”», El Mundo (30 de septiembre de 2009): http://www.elmundo.es/elmundo/ 2011/09/30/economia/1317383763.html.

30. Yo fui consejero independiente de Catalunya Caixa entre noviembre de 2010 (momento de creación de la entidad después de la fusión de las cajas Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona) hasta enero de 2013, cuando dimití (momento de la recapitalización de la entidad a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

31. Evergreening es una expresión que se usa para describir la práctica de renovar la financiación de un préstamo, incluyendo los intereses impagados, cuando en realidad la probabilidad de que se devuelva el dinero prestado no es suficientemente alto. Es una técnica que se puede usar para posponer para más adelante el aprovisionamiento que sería necesario si la entidad lo clasifica como dudoso en el momento de la refinanciación.

32. Datos presentados por el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, en la VI Santander International Banking Conference, «La banca española reduce a más de la mitad su exposición al ladrillo en dos años», El Boletín (7 de noviembre de 2013): http://www.elboletin.com/economia/87197/ banca-espanola-exposicion-ladrillo.html.

33. «Restoring financing and growth to Europe’s SMEs», John Ott y Jeffrey Anderson, Bain Report (octubre de 2013): http://www.bain.com/publications/articles/restoring-financing-and-growth-toeuropes-smes.aspx.

34. «The Euro Area Bank Lending Survey», Banco Central Europeo, en junio de 2013: http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf /blssurvey_201310.pdf?a65131225d29fa9d692ae76423b23cb9.

35. «Carta al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda», Pedro Solbes, por parte de la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha del 26 de mayo de 2006. La asociación advertía de que para financiar lo que llamaba un «desmedido crecimiento del crédito bancario» los bancos habían «recurrido principalmente a tres vías de financiación no tradicionales»: la emisión de títulos híbridos de capital —participaciones preferentes, deuda subordinada, etc.— la segregación en títulos, para su posterior venta, de una parte de los activos de sus balances (es decir, titulizando activos); y, por último, captando liquidez a través del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona del euro. ¡Ojalá que alguien los hubiera escuchado!

36. El nombre que se suele usar para este tipo de operación es el de carry trade. Carry, en este sentido, se refiere a la práctica de aumentar el margen de interés neto a través del diferencial entre el coste de financiación de un activo colocado como colateral por un banco central, u otra entidad, y el rendimiento del mismo activo.

37. «Spanish Mortgages and Spain’s Banks: Potential for Losses Vastly Underestimated», en Variant Perception (2012), Londres.

38. Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2013, Madrid, Acuña & Asociados, disponible en http://www.rracuna.es/images/pdf/ presentacion_anuario_2013.pdf.

39. «Fitch acusa a la banca de caer en los mismos errores que llevaron a la burbuja inmobiliaria», en El Confidencial (7 de noviembre de 2013): http://www.elconfidencial.com/vivienda/2013-11-07/fitch-acusa-a-la-banca-de-caer-en-los-mismos-errores-que-llevaron-a-la-burbuja-inmobiliaria_51528/.

40. «Global Aging An Irreversible Truth», Standard & Poors’s (2010).

41. Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, Madrid, con fecha del 7 de junio de 2013: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/ BA253188A40C-47C4-9FCC-06D04C65EC26/238803 /informesostenibilidadpensiones.pdf.

42. «Talkin’ ’bout a (demographic) revolution», John Dizard, Financial Times (5 de Julio de 2013): http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6433e54e-e55b-11e2-ad1a-00144feabdc0.html#axzz2nY3eydbM.

43. «World Population Prospects: The 2008 population database revision», departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York.

44. «Proyección de la población de España a corto plazo, 20132023», Nota de Prensa 813, INE (22 de noviembre de 2013): http://www.ine.es/prensa/np813.pdf.

45. «Cifras de población definitivas a 1 de enero de 2013», Nota de prensa 822, INE (10 de diciembre de 2013): http://www.ine.es/prensa/np822.pdf.

46. Véase el capítulo 8.

47. «El factor insostenible», diario El País (9 de junio de 2013): http://economia.elpais.com/economia/ 2013/06/07/actualidad/1370634500_973317.html.

48. «Pensiones, cuestión política e ideológica», El País (27 de julio de 2013): http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/27/paisvasco/ 1374945185_744862.html.

49. «El sistema sanitario público en España y sus comunidades autónomas: sostenibilidad y reformas», José María Abellán Perpiñán, Fundación BBVA (julio de 2013): http://www.fbbva.es/TLFU/ tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=719.

50. «Spain reaps benefit of austerity measures, says economy minister», Financial Times (4 de septiembre de 2013): http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ 65c0e9fe-1556-11e3-b519-00144feabdc0.html#axzz2nY3eydbM.

51. Hasta el punto de plantear una pugna metodológica sobre este mismo tema ante una de las secciones más técnicas de la dirección general de Economía de la Unión Europea. Véase, por ejemplo «Austerity Seen Easing With Change to EU Budget Policy», Wall Street Journal (19 de septiembre de 2013): http://online.wsj.com/news/articles/ SB1000142412788732449260457908474428145381.

52. Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016, Reino de España, ministerio de Economía y Competitividad: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ comun/pdf/programa_estabili dad_2013_2016.pdf.

53. Véase «Globalization and Monetary Policy», Warren y Anita Manshel, Cambridge (2005): http://www.dallasfed.org/news/speeches/ fisher/2005/fs051103.cfm.

54. «Globalization and Monetary Policy», Warren y Anita Manshel, Cambridge (2005): http://www.dallasfed.org/news/speeches/ fisher/2005/fs051103.cfm.

55. Es decir, aquí no hay un absoluto; todo es relativo. La estimación se hace a partir de un momento determinado en el tiempo, sabiendo que la estimación de mañana, cuando se dispongan de más datos, será distinta. Además, es posible que simplemente haciendo la estimación cambien las expectativas de los actores económicos y con ellas la magnitud del elemento postulado.

56. Véase un artículo escrito por mí sobre este tema, «As Good As It Gets In Latvia», publicado en mi blog: http://edwardhughtoo.blogspot.com.es/2013/09/ as-good-as-it-gets-in-latvia.html.

57. Véase Boom, Bust, Recovery Forensics of the Latvia Crisis; de Olivier Blanchard, Mark Griffiths and Bertrand Gruss: http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Fall%202013/ 2013b%20 blanchard%20latvia%20crisis.pdf.

58. «Potential GDP Estimates for France: Prudent (and Calling for Action)», Fondo Monetario Internacional (2013): http://www.imf.org/external/pubs/ cat/longres.aspx?sk=40855.0.

59. «Potential Growth and the Output Gap in Latvia, Republic of Latvia», Fondo Monetario Internacional (2013): http://www.imf.org/external/pubs/ ft/scr/2013/cr1329.pdf.

60. «Latvian Adventures», disponible en el blog de Paul Krugman, The Conscience of a Liberal (2013): http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/ 09/19/latvian-adventures/?_r=4.

61. «Growth Theory and After», Robert Solow (1987): http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1987/solow-lecture.html.

62. «Implications of Output gap uncertainty in Times of Crisis», de Romain Bouis (2012): http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ download/5k95xd7m3szw.pdf?expires=1387124739&id=id&accnam e=guest&checksum=DD820D4B3F5E0F5A9C195C902D9BD05D.

63. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó en noviembre que España no estaba en deflación y el organismo que lidera no veía «ningún riesgo» de que así fuera: «España no está en deflación y no vemos ningún riesgo», en Europa Press (13 de noviembre de 2013): http://www.europapress.es/catalunya/noticia-linde-banco-espana-espana-no-deflacion-no-vemos-ningun-riesgo-20131113201557.html.

64. «Introductory statement to the press conference (with Q&A)», Banco Central Europeo (6 de junio de 2013): http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf /2013/html/is130606.en.html.

65. Actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016, Reino de España, ministerio de Economía y Competitividad: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco /comun/pdf/programa_estabilidad_2013_2016.pdf.

66. Véase el capítulo 5.

67. Véase Masaaki Shirakawa, «Demographic Changes and Macroeconomic Performance», BOJ-IMES Conference (2012): http://www.boj.or.jp/en/announcements/press/ koen_2012/ko120530a.htm.

68. Véase el capítulo 2.

69. «Spain: 2013 Article IV Consultation», FMI (2013): http://www.imf.org/external/pubs /cat/longres.aspx?sk=40842.0.

70. Véase el capítulo 5.

71. Véase el capítulo 2.

72. «Rajoy reclama al BCE que actúe como los bancos centrales de Estados Unidos y Japón», El País (8 de abril 2013): http://economia.elpais.com/economia/2013/04/ 08/agencias/1365429511_411114.html.

73. Véase el capítulo 9.

74. La novela de Buzzati narra la vida adulta del teniente Giovanni Drogo que es destinado a la fortaleza Bastiani tras completar su formación militar. La fortaleza se sitúa frente al desierto (legendariamente ocupado por los tártaros) en una frontera muerta con el Reino del Norte. A pesar de la soledad y el hastío que inicialmente siente Drogo, éste decide sacrificar su juventud y su vida permaneciendo en la fortaleza a la espera de la gloria que una guerra con los tártaros le pudiera propiciar. Sin darse cuenta, los años y los meses pasan, y Drogo, ascendido a capitán, continúa tratando de darle sentido a su vida, soñando con que algo importante suceda en la frontera.

75. Lawrence H. Summers, en su discurso para el FMI, Washington (8 de noviembre de 2013): http://larrysummers.com/imffourteenth-annual-research-conference-in-honor-of-stanleyfischer/.

76. Véase el capítulo 6.

77. Evidentemente, cuando se usó esta expresión Fernández Ordoñez estaba refiriéndose a la CAM y no a Grecia, pero es una medida bastante representativa de cómo solemos calificar las cosas.

78. «Proyección de la población de España a corto plazo 20132023», INE, en su Nota de prensa 813 (22 de noviembre de 2013): http://www.ine.es/prensa/np813.pdf.

79. Véase el capítulo 8.

80. Catch 22 (en español, Trampa 22) es una sátira antibelicista de ciencia-ficción escrita por Joseph Heller y publicada en 1961. La trampa se basa en una paradoja. En la novela, según los reglamentos del ejército, ninguna persona de mente sana querría volar en misiones de combate, porque son peligrosas. Cuando solicita el permiso para no volar en misiones de combate alegando locura, el bombardero demuestra que él, de hecho, tiene la mente sana y, por tanto, está en condición para volar. Inversamente, cualquier aviador que deseara volar en misiones de combate demostraría implícitamente que está loco y no en condiciones de volar. Por lo tanto, debe ser excusado del servicio. Para lograrlo esta persona solamente necesitaría realizar una petición. Naturalmente, tales aviadores deseosos de combatir nunca realizarían semejantes peticiones: si lo hicieran, el catch se confirmaría, arruinando cualquier tentativa de escaparse del deber de combate. Pues bien, pasa un poco lo mismo con España y la deflación: hay que pedirla, pero después de pedirla, la situación sería peor de lo que estaba antes.

81. Véase capítulo 3.

82. Véase el capítulo 3.

83. Véase el capítulo 5 para un desarrollo más amplio de este concepto.

84. Daniel Gros, The Japan Myth, Project Syndicate (6 de enero de 2011): http://www.project-syndicate.org/commentary/the-japan-myth. O también en el blog de Paul Krugman, The Japanese Story (5 de febrero de 2013): http://krugman.blogs.nytimes.com/ 2013/02/05/the-japan-story/.

85. Véase «Economic Progress and Declining Population Growth», Alvin H. Hansen, en The American Economic Review, 29 (1939), pp. 1-15.

86. Como hizo notar el exgobernador del Banco de Japón, éste es otro problema que el discurso oficial no vio venir. En general, opinaba que la baja fertilidad no iba a representar ningún problema importante de tipo económico. Véase Masaaki Shirakawa, Opening Remarks, «Demographic Changes and Macroeconomic Performance», BOJ-IMES Conference (30 de mayo de 2012): http://www.boj.or.jp/en/announcements /press/koen_2012/ko120530a.htm.

87. World Population Prospects: The 2008 population database revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, Nueva York.

88. World Population Ageing 2009, departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, Nueva York.

89. «Some Economic Consequences of a Declining Population», John Maynard Keynes, The Galton Lecture, 1937.

90. Population, a Problem for Democracy, de Günar Myrdal, Harvard University Press, Cambridge, 1940.

91. Economic Progress and Declining Population Growth, de Alvin H. Hansen, en The American Economic Review, 29 (1939), pp. 1-15.

92. Véase «The Global Demographic Transition» (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/02/), FMI World Economic Outlook (septiembre de 2004). También «Seismic Shifts: The Economic Impact of Demographic Change» (http://www.bostonfed.org/economic/conf/conf46/),o «Global Demographic Change: Economic Impacts and Policy Challenges» (http://www.kc.frb.org/pu blications/ research/escp/escp-2004.cfm).

93. From The Golden To The Grey Age, informe especial del Deutsche Bank (2010), de Jim Reid y Nick Burns.

94. Véase el capítulo 4.

95. Véase el capítulo 7.

96. Parece más bien una especie de soporte vital.

97. Qué hemos hecho para merecer esto.

98. Véase «Poverty Traps, Distance, and Diversity: The Migration Connection», Jefferey G. Williamson, NBER Working Papers (2006): http://www.nber.org/papers/w12549.

99. «Báñez rechaza que haya “exilio masivo” de jóvenes y trabaja para que el “talento huido por la crisis vuelva”», Europa Press (5 de septiembre de 2013): http://www.europapress.es/economia/laboral00346/noticia-economia-banez-rechaza-haya-exilio-masivo-jovenes-trabaja-talento-huido-crisis-vuelva-20130905191425.html.

100. Efectos del cambio de ciclo económico sobre las tendencias demográficas; documento de trabajo de la Generalitat de Cataluña (2013).

101. «German Exports ‘Benefit Spanish Economy’», Financial Times (19 de noviembre de 2013): http://www.ft.com/intl/cms/s/0/74486922-5109-11e3-b499-00144feabdc0.html#axzz2n Y3eydbM.

102. Morgan Stanley cree que España «puede ser la próxima Alemania» gracias al auge de las exportaciones, en Expansión (12 de febrero 2013): http://www.expansion.com/2013/02/12/economia/ 1360661179.html.

103. «Swapping growth models in Europe. Deutsche Bank Global Economic Perspectives», 18 de octubre de 2013. Véase «Deutsche Bank asegura que España se está transformando en Alemania», Cinco Días (21 de octubre de 2013). http://cincodias.com/cincodias/ 2013/10/20/economia/1382271443_272494.html.

104. Véase «On The Shoulders of Giants. How Spain Is Destined To Follow In Germany’s Footsteps», Spain Economy Watch, de 31 de octubre de 2010: http://spaineconomy.blogspot.com/2010/08/onshoulders-of-giants-how-spain-is.html.

105. Proceso denominado tapering.

106. «Japan’s recovery, again», en el blog de Paul Krugman (27 de abril de 2009): http://krugman.blogs.nytimes.com/2009/ 04/27/japans-recovery-again/?_r=0.

107. Véase «Cross-Border Macroeconomic Implications of Demographic Change», de Ralph C. Bryant, documento de trabajo del Brookings Institute (2004).

108. «An Aging Society: Opportunity or Challenge?», de David M. Cutler, James M. Poterba, Louise M. Sheiner y Lawrence H. Summers, Brookings Papers on Economic Activity, The Brookings Institution, vol. 21 (1990), pp. 1-74. http://www.brookings.edu/~/ media/Projects/BPEA/1990%201/1990a_bpea_cutler_poterba_ sheiner_summers_akerlof.PDF.

109. «Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section data», de Franco Modigliani y R. Brumberg en Kurihara, K. (ed.), Post-Keynesian Economics, pp. 388-436, Rutgers University Press, New Brunswick.

110. TARGET2 es el sistema global de grandes pagos denominados en euros del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las grandes operaciones de capitales que tienen como protagonistas a los bancos, los Estados y los bancos centrales, se hacen a través de este sistema, en el cual existe un sistema TARGET2 para cada país. Los desequilibrios por cuenta corriente tienen su reflejo en la necesidad de financiación del exterior, de países como España, y la capacidad de financiación al exterior, de Alemania, y de ahí vienen los grandes balances que los bancos alemanes mantienen con el Banco Central Europeo.

111. «The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit», de Ben Bernanke, Virginia Association of Economics, Virginia, 2005.

112. «Is Spain the new Japan?», Financial Post (19 de septiembre de 2011): http://business.financialpost.com/2011/09/19/is-spain-the-new-japan/.

¿Adiós a la crisis?

Edward Hugh Bengree Jones

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