ABAJO LA DEMOCRACIA

Eduardo Álvarez Puga

1.ª edición: junio, 2013

© Eduardo Álvarez Puga, 2013

© Ediciones B, S. A., 2013

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Contenido

Portadilla

Créditos

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Epílogo

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La Democracia y sus enemigos

La democracia, como ciertas especies biológicas protegidas, está en peligro de extinción. Nuestro ecosistema político sufre un grave deterioro debido a la contaminación originada por fuerzas anónimas y poderosas. No faltará quien tache este diagnóstico de excesivamente pesimista. Abundan los cantores entusiastas de las excelencias de los nuevos tiempos que se avecinan. La verdad es que los espectaculares avances científicos han creado las condiciones idóneas para mejorar la calidad de vida de toda la humanidad, erradicando definitivamente el hambre y la pobreza. La creencia en la democracia como el mejor de los sistemas posibles continúa siendo una vigencia social, ecuménicamente compartida. Todas las organizaciones políticas presumen de representar mejor que nadie los intereses mayoritarios de los ciudadanos y respetar las reglas fundamentales de los regímenes participativos y libres. Han desaparecido de la faz del planeta los totalitarismos nazis y fascistas; la dictadura burocrática soviética se ha derrumbado cual frágil castillo de naipes; a los viejos dictadores ya les piden cuentas los tribunales de justicia, aunque sus actuaciones son parciales e ideológicamente interesadas. Pero conviene no bajar la guardia. La democracia no es algo que se consigue de una vez para siempre sino que hay que ganársela a pulso día a día. Los enemigos reales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pilares teóricos de la democracia liberal, permanecen agazapados en el búnker de la intolerancia, sin atreverse a confesar públicamente sus verdaderas devociones. Si dirigimos una mirada atenta y reflexiva a nuestro entorno podemos apreciar, más allá de las apariencias triunfalistas y del poder de encantamiento del escaparate consumista, cómo macro empresas, instituciones financieras y organismos internacionales, bien protegidos frente a cualquier tipo de control democrático, van usurpando competencias tradicionalmente reservadas a los gobiernos estatales legitimados por el voto popular. El poder económico, egoísta e interesado, cual resucitado caballo de Atila, cabalga a su antojo en busca cada vez de mayores beneficios gracias a la explotación desconsiderada de los más débiles. El mundo de la realidad y el mundo abstracto del pensamiento giran en órbitas diferentes, a pesar de los considerables esfuerzos y apoyos económicos de los patrocinadores intelectuales del nuevo orden global.

Ante esta desconcertante situación es preciso no regatear esfuerzos mentales hasta conseguir aislarnos de la vorágine mediática que nos envuelve y manipula para detenernos a reflexionar sobre lo que sucede en nuestro entorno, no vaya a suceder, una vez más, que pretendan darnos gato por liebre, vaca loca por ternera cuerda. El progreso de las tecnologías de la comunicación y los avances de los estudios sociológicos facilitan los engaños y el adoctrinamiento de las masas en ideologías interesadas difundidas por las redes globales de comunicación. El empresario de prensa es una especie a extinguir y el capital financiero ya participa de un modo directo en los grandes grupos de comunicación escrita y audiovisual. La intromisión del poder económico en las redes de la información se intensifica cada vez más. Ha desaparecido la funesta figura del censor oficial pero los controles se han hecho ahora profundos y eficaces. Una de las actividades más higiénicas del humano razonar consiste en descubrir lo oculto tras las apariencias, no vayamos a confundir las voces con los ecos, las sombras con los objetos. Pocos vocablos han sido aplicados a realidades tan diferentes, y en ocasiones contradictorias, como el término «democracia». La utilización partidista y manipulada de su auténtico significado ha contribuido a crear la desorientación reinante. Los intelectuales orgánicos al servicio del poder han realizado auténticos malabarismos circenses para complacer los deseos de los amos del universo. Diestros manipuladores se presentan como los auténticos protagonistas del nuevo circo global ante los ojos apáticos del gran público.

Tampoco debemos dejarnos deslumbrar por los autocalificados como pensadores y periodistas independientes. Todos estamos al servicio de quien nos paga. Nadie invierte sus caudales para que defiendan posiciones ideológicas o recetas económicas contrarias a sus intereses. Los auténticos directores de la comedia de las equivocaciones que estamos viviendo permanecen en las sombras, tras las bambalinas del escenario mediático. La intelectualidad asalariada no es más que la inteligencia vendida al mejor postor. El recurso más burdo y frecuente utilizado por los cerebros domesticados consiste en poner apellidos a las palabras con objeto de desvirtuar su significado. Durante más de cuarenta años la dictadura española, criatura política amamantada desde su nacimiento por la feroz loba fascista, se bautizó sacramentalmente como democracia orgánica; los totalitarismos burocráticos de la Europa del Este proclamaron ser la encarnación del socialismo real, el paraíso democrático de los trabajadores; a la moderna organización política concebida a imagen y semejanza de los intereses de las grandes corporaciones financieras la denominan democracia liberal, aunque la única libertad realmente defendida sea la de los económicamente más fuertes para enriquecerse sin límites. Todos los valores éticos del liberalismo clásico han sido arrollados sin clemencia. El disfrute de los derechos y las libertades en la actualidad está en relación directa con la capacidad económica de los ciudadanos. En nuestra sociedad, los derechos fundamentales de la persona también cotizan en Wall Street. El valor de la libertad sube y baja como las acciones en las mareas bursátiles. Los predicadores del pensamiento único y verdadero, del nuevo totalitarismo intelectual y económico, pretenden demostrar una simbiosis real entre democracia y mercado, capitalismo y libertad. Pero como sostiene acertadamente Aurelio Areta: «La abismal diferencia entre el mercado y la democracia estriba en que aquél organiza el tráfico de intereses privados entre seres económicamente desiguales, mientras que ésta ordena el interés común de los políticamente iguales.»

Los voceros entusiastas incluso llegan a anunciar la llegada de la humanidad a la tierra prometida, el fin de la historia del pensamiento político, del pluralismo ideológico. Cuando Francis Fukuyama, un modesto funcionario, estaba meditando en el Sinaí de Washington, se le apareció milagrosamente el soberano dios de todos los mercados para entregarle las tablas de la ley de la religión neoliberal con objeto de que difundiera la buena nueva entre los mortales infieles. Quien osa pecar contra sus mandamientos está irremisiblemente condenado al infierno de la eterna pobreza. Todos debemos hincar humildemente nuestras rodillas ante el nuevo becerro de oro, nunca mejor dicho. Si bien el dios ideado por los hombres ha sido tradicionalmente conservador, en su nueva aparición se ha vuelto todavía más reaccionario e intransigente. Ya no se atreve a fustigar con látigos a los mercaderes que invaden los templos de la religión y el santuario de la democracia, sino que los sienta a su diestra. Los valores tradicionales de la democracia burguesa —libertad, igualdad y fraternidad— están siendo reemplazados por el ánimo de lucro, la competitividad y el consumismo. El Estado es considerado como la reencarnación del mismísimo Lucifer. Una riada de privatizaciones inunda espacios reservados hasta hace poco a la gestión pública. Las ideologías izquierdistas no se atreven a defender sus postulados tradicionales. En nombre de la modernización renuncian a sus principios y se convierten, aun sin pretenderlo, en cómplices de la nueva situación. Los errores del pasado actúan como una pesada losa. El descontento radical se manifiesta únicamente en las pintadas en las paredes urbanas y en reuniones callejeras tan ruidosas como intrascendentes. Los medios de comunicación están controlados en su mayor parte por el gran capital, solamente en las tapias de las callejuelas pueblerinas se refleja la libertad, gritan como desahogo algunas pintadas espontáneas. Los anarquistas recuerdan que mientras los grandes medios de comunicación pertenecen a las oligarquías económicas, las paredes son del pueblo. Allí cada ciudadano puede expresar libremente sus ideas, sin filtros ni presiones. El sistema sabe que tarde o temprano acabará domesticando a los descontentos. En la inmensa mayoría de los casos es una cuestión de edad, una especie de pasajero sarampión juvenil. Muchos líderes revolucionarios del mayo francés son en la actualidad brillantes ejecutivos, defensores acérrimos del orden establecido y la paz social. Los parlamentos bailan al son que les marca el látigo del poderoso y disimulado domador universal. Las cadenas del dinero son más fuertes y opresivas que las de acero. Pero lo realmente inquietante no es el acoso que sufren las ideologías tradicionalmente consideradas como progresistas, sino que la ofensiva afecta gravemente a los mismos cimientos del edificio democrático construido a partir de la Revolución Francesa, es decir, de la llamada democracia burguesa.

Con la sola y racional herramienta del sentido común podemos llegar a descubrir y definir la naturaleza de la verdadera democracia. Se dice de algo que es auténtico cuando se establece sin lugar a dudas su identidad, es decir, cuando se comprueba que es cierta y verdaderamente lo que se supone que sea. Ya Aristóteles estableció de forma sencilla y rotunda la diferencia entre lo verdadero y lo falso: decir que lo que es no es, es falso; decir que lo que es es, verdadero. Las verdades últimas son sencillas y elementales, están al alcance de todas las inteligencias. Quien retuerce y complica los argumentos deviene en sospechoso de pretender engañarnos con timos intelectuales. La claridad es la primera cortesía del filósofo, como señaló el maestro Ortega y Gasset. La definición de democracia más sencilla, elemental y luminosa, la identifica con aquel tipo de organización política en la que el poder soberano corresponde al pueblo, quien lo puede ejercer directamente o por medio de representantes libremente elegidos y posteriormente minuciosamente controlados en su gestión. No existe mejor regla para medir el grado de democracia de un determinado sistema que analizar el poder real de todos y cada uno de los ciudadanos a la hora de fijar la marcha de los negocios públicos, la renta per cápita de participación política. Quien no participa no es ciudadano, sino simple súbdito.

Hay que extremar las precauciones mentales a la hora de atribuir derechos colectivos a determinadas identidades históricas o patrióticas: el único titular de derechos y obligaciones es el hombre concreto de carne y hueso que se realiza en una circunstancia determinada. Los artificios colectivistas, las supuestas identidades mantenidas incólumes a través de los tiempos, desconocen este hecho radical y determinante. La grandilocuencia patriótica y uniformadora pretende enmascarar objetivos inconfesables y contrarios al interés mayoritario de los ciudadanos. Se invocan altos valores para ocultar intereses bastardos y egoístas. Se suele decir que los ciudadanos son libres solamente cuando su nación es libre, pero la realidad nos demuestra que el primer requisito para que una nación sea realmente libre es que lo sean todos y cada uno de sus miembros. La Libertad, con mayúscula, no es más que la resultante de sumar muchas pequeñas, pero fundamentales, libertades. Como sostenía acertadamente Voltaire, las grandes discusiones metafísicas se asemejan a globos de aire hermosos pero que, cuando revientan, no les queda nada dentro. No debemos flotar en los espacios siderales de la imaginación, sino tener nuestros pies firmemente anclados en el duro suelo de la realidad.

La soberanía de los ciudadanos es el principio inmutable y fundamental mantenido vivo a través de los tiempos, en medio de las vicisitudes y manipulaciones sufridas por el término «democracia». La titánica lucha del hombre por liberarse de las cadenas económicas y de los fanatismos asfixiantes ha encontrado la tenaz resistencia de los poderes dominantes, interesados en conservar sus privilegios contra viento y marea. Siempre el poder religioso, el poder militar y, sobre todo, el poder económico, se han esforzado con éxito por mantenerse al margen del control de las mayorías. Han actuado constantemente como eficaces agentes antidemocráticos. La fe, la disciplina castrense contra supuestos enemigos exteriores y últimamente la libertad de mercado han sido las tres coartadas más utilizadas para cortar las alas al poder de los ciudadanos de base.

Aunque sea conveniente extremar las precauciones para no caer en la tentación de actuar selectivamente sobre el pasado para destacar aquello más conveniente a nuestros argumentos y silenciar deliberadamente los hechos contrarios a nuestras tesis, es indudable que la organización de las ciudades-estado griegas nos legaron una serie de comportamientos políticos que, transcurridos más de dos mil años, conservan todavía la categoría de prácticas democráticas realmente modélicas. Los griegos consideraron al pueblo como legítimo detentador de la soberanía, con capacidad para gobernar directamente o a través de representantes libremente elegidos. Aristóteles, en su fundamental obra La política, define la democracia como aquella forma de gobierno en la que el pueblo (demos) es soberano, a diferencia de los sistemas oligárquicos en los que unos pocos (oligo) ejercen el poder efectivo. Distingue el filósofo griego tres tipos distintos de gobierno: el democrático, el aristocrático y el monárquico.

Ya en el siglo v antes de Cristo en las ciudades-estado griegas los ciudadanos estaban habilitados para autogobernarse. Una parte mayoritaria de los varones tenía reconocido el derecho a participar directamente en el gobierno de su ciudad. Solamente eran declarados incapaces políticamente los extranjeros, las mujeres y los esclavos, exclusiones que se han mantenido durante mucho tiempo en las modernas democracias. Dentro de la cultura política de la Grecia clásica se consideraba como presupuesto indispensable para el buen funcionamiento del sistema participativo una cierta igualdad entre todos los miembros de la comunidad política, tanto en lo concerniente a su riqueza personal como en cuanto se refiere a la disposición de tiempo libre. La democracia, en su opinión, exigía igualdad: igualdad de los ciudadanos para intervenir en las asambleas (isogoria) e igualdad de todos ante la ley (isonomia). Para el buen funcionamiento de la democracia directa era necesario que la población no fuera muy numerosa ni el territorio demasiado extenso, solamente así se podía lograr el indispensable mínimo común denominador de cultura e intereses, además de un conocimiento directo de los problemas reales de la ciudad. Los electores, por otra parte, tenían que contar con datos suficientes para valorar la capacidad y la honradez de los elegidos antes de confiarles las riendas del gobierno de la comunidad. Los hombres públicos, precisaba Pericles, deberían armonizar la gestión de los negocios públicos con la administración de sus intereses privados. Por el contrario, los ciudadanos tenían que compatibilizar las actividades predominantemente privadas con la intervención en el control de la actuación pública. El hombre libre, el ciudadano en el disfrute de la plenitud de sus derechos, alcanza ya entonces la categoría de juez supremo a la hora de decidir lo que más le conviene.

No cabe duda de que los pilares básicos sustentadores de todo el edificio democrático se construyeron siglos antes del advenimiento de Cristo. La redención política de la humanidad se anticipó a la redención cristiana. La democracia también es una fórmula política para practicar la fraternidad con el prójimo y lograr la igualdad entre todos los hombres. La buena nueva helénica se propagó hasta las ciudades de la Roma imperial y dominadora. Partiendo de los muchos siglos de vigencia teórica de los principios democráticos, resultaba previsible que, dos mil años más tarde, se hubieran logrado los avances suficientes para garantizar la paz y convivencia racional entre los hombres y los pueblos. El objetivo básico de la democracia es proporcionar una fórmula eficaz para que las gentes puedan dirimir pacíficamente las naturales discrepancias producidas en el seno de toda comunidad compleja. Pero el progreso intelectual de la humanidad no guarda ningún paralelismo con el espectacular desarrollo material y tecnológico. La historia nos muestra sorprendentes altibajos en el ilusionado peregrinar de los hombres hacia un mundo más justo y solidario. No existe, tal como defienden los teóricos del evolucionismo, una constante en el progreso, sino que en cada época asistimos a avances esperanzadores alternando con retrocesos frustrantes. En pleno siglo xx florecieron xenofobias exterminadoras, inconcebibles en el nivel cultural alcanzado y se cometieron genocidios dignos de las épocas más bárbaras y primitivas de la humanidad. Los señores de la guerra continúan sentándose en los tronos del poder. Por todas partes abundan los sistemas tiránicos, aunque algunos hayan suavizado sus maneras. Desgraciadamente, en el inicio del siglo xxi la democracia continúa siendo la gran utopía pendiente, tanto en el sentido dado al vocablo por Tomás Moro de descripción en el vacío de una sociedad perfecta, como en su acepción estrictamente terminológica: lo que no está en ninguna parte. Los proyectos utópicos han sido siempre y continúan siendo revolucionarios. Utópicas siguen siendo las teorías contenidas en libros como La república de Platón, La ciudad del sol de Campanella, La nueva Atlántida de Francis Bacon o las modernas imaginaciones de Herbert George Wells. Los fracasos en los proyectos de alcanzar metas deseables y benéficas para la recta organización de la humana convivencia no deben conducirnos al desaliento ni a un pesimismo empobrecedor. Como escribió hace ya algunos años Max Weber, la experiencia histórica confirma que la humanidad no habría logrado alcanzar lo posible si no hubiera insistido una y otra vez en lograr lo que parecía imposible. Por eso conviene seguir luchando para que la auténtica democracia sea una realidad, al menos para nuestros descendientes.

En los albores del siglo xxi nuevos imperios económicos y sociales están colonizando nuestro planeta para imponer su interesada voluntad. Se utilizan los pretextos más variados para controlar a los países más débiles y explotar sus riquezas. Hemos abolido legalmente la esclavitud, pero continúa siendo una dramática realidad en el tercer mundo el tráfico de personas, sobre todo de niños. Dentro de la sociedad industrializada y próspera existen bolsas de pobreza y lacerantes injusticias sociales. Las grandes marcas multinacionales explotan a precios de saldo a los trabajadores de los países subdesarrollados para luego vender sus mercancías como artículos de lujo en el mundo opulento y satisfecho. Incluso se llega a utilizar la mano de obra infantil para abaratar los costes de producción. Niños prematuramente adultos fabrican balones y juguetes con los que nunca podrán entretenerse por no estar al alcance de sus posibilidades económicas. Pero los menores que carecen de trabajo todavía lo pasan peor: están condenados a la muerte lenta de los famélicos. El informe de la Naciones Unidas sobre la Infancia denuncia la muerte de casi once millones de niños cada año, víctimas de enfermedades perfectamente curables. La explotación infantil no es una lacra solamente tercermundista. Miles de menores trabajan ilegalmente en los Estados Unidos de Norteamérica en tareas agrícolas y en ocasiones incluso rebasan los topes legales de las jornadas de trabajo establecidas para los adultos. Y lo mismo sucede en algunas zonas del agro español, sobre todo entre los temporeros inmigrantes. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hecho público en la primavera de 2002 registra más de 250 millones de niños que sufren explotación laboral. En España la cifra se encuentra en torno a los 200.000. La mortalidad infantil se ha incrementado dramáticamente en el África subsahariana: el 17 % de los nacidos no llega a cumplir los cinco años de edad. El problema afecta no solamente a todo el tercer mundo sino también a sectores marginales en los países prósperos. La brecha entre los pobres y los ricos se hace cada vez mayor en una sociedad movida por el ánimo de lucro.

Los derechos del hombre y del ciudadano solamente son respetados en el cielo de las grandes abstracciones retóricas, a pesar de que su cumplimiento continúa siendo la primera exigencia de la democracia. Las cartas constitucionales proclaman solemnemente que todos los hombres tienen derecho a un trabajo digno y suficientemente remunerado, pero las cifras de parados continúan siendo escandalosas dentro del mundo próspero y consumista. Son consideradas como un simple dato estadístico, una incógnita a despejar en la gran ecuación económica, al mismo nivel que la inflación, la balanza comercial o la deuda externa. Incluso ha habido expertos que atribuyeron la desaceleración de la economía estadounidense en el año 2000 a las elevadas tasas de empleo alcanzadas. Al parecer, la violación de un derecho humano fundamental resulta deseable para la buena marcha de los grandes negocios, siempre que se mantenga a un determinado nivel. Dentro de la actual lógica financiera, el pleno empleo es una meta totalmente inalcanzable. La automatización y la robotización han tenido un desarrollo espectacular. Proliferan las máquinas inteligentes para reemplazar el trabajo humano. En un mundo mercantilizado se subordina el respeto de derechos fundamentales a supuestas exigencias macro económicas. Todos los hombres somos iguales, se nos dice, pero desde que ha comenzado la nueva economía se han acentuado las diferencias entre los ciudadanos y entre las naciones. Los menos se han enriquecido cada vez más, mientras que la mayor parte de la población se ha empobrecido. Se mantienen todavía importantes discriminaciones por razón del sexo, las creencias o el lugar de nacimiento; se reconoce que toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho a un nivel de vida digno, pero un tercio de la humanidad pasa hambre y, según datos oficiales de la FAO, 34 millones de desnutridos son ciudadanos de los países industrializados; todos los niños tienen derecho a recibir educación gratuitamente, pero más de cien millones de menores continúan sin escolarizar; sesenta millones de ciudadanos de la comunidad europea son pobres. Se discrimina también entre los niños en función del sexo. El 60 % de quienes carecen de escuela elemental son niñas.

La defensa de los derechos humanos no es un juego floral. A los dirigentes políticos se les hace la boca agua hablando de democracia, libertad y justicia, pero no ponen remedio a una situación contraria a la dignidad humana; se reconoce la libre circulación del dinero, pero nadie se preocupa por la aplicación universal de los derechos del hombre, por la erradicación de la pobreza y por la libertad de desplazamiento de las personas. Las mafias exprimen a quienes desean huir desesperadamente de la miseria. Numerosos Estados mantienen vigente la pena de muerte y someten a los delincuentes a torturas y penas infamantes. Se mutilan las manos de los ladrones y se lapidan a las mujeres adúlteras, con el sólo testimonio del marido supuestamente agraviado. Suenan ridículas, a estas alturas, las promesas de las Naciones Unidas al finalizar la última contienda mundial de establecer un orden internacional «en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos».

Alain Touraine denuncia las nefastas consecuencias del proceso de globalización al que estamos sometidos. Los estados nacionales soberanos, cual terrones de azúcar, se disuelven en el mercado universal, cediendo competencias exclusivas a grandes corporaciones económicas, o bien se desintegran en nacionalismos de campanario. «Entre la economía mundializada —escribe el pensador francés— y las culturas agresivamente encerradas en sí mismas y que patrocinan un multiculturalismo absoluto cargado de rechazo del otro, el espacio político se fragmenta y la democracia se degrada; en el mejor de los casos, se reduce a un mercado político relativamente abierto, pero que nadie tendría el valor de defender.»¹ Asistimos impotentes a la devaluación de los ideales de la democracia.

La economía ha dejado de ser una ciencia al servicio de las necesidades de los hombres para convertirse en un sistema rector de vidas y haciendas. Ahora es el hombre quien se encuentra encadenado a las exigencias macroeconómicas. De ser sujeto activo del proceso se ha convertido en un elemento pasivo. La lucha contra la inflación se centra principalmente en la reducción del poder adquisitivo de sueldos y salarios. Nada se dice de los grandes beneficios como factores desestabilizadores del equilibrio económico. Para mantener la competitividad de las multinacionales son despedidos miles de trabajadores o se conceden prejubilaciones a personas en perfectas condiciones físicas y sobradamente capacitadas para trabajar. El dinero se ha convertido en la medida de todos los valores. La política ha sufrido una fuerte campaña de desprestigio, ayudada por los numerosos casos de corrupción alimentados precisamente desde el poder económico. A pesar de constituir delitos bilaterales, cuya responsabilidad afecta tanto al que paga como al que cobra, las críticas generalizadas y las sanciones punitivas han caído solamente contra una de las partes. Mientras abundan los políticos que sufren condenas en las cárceles, los corruptores siguen viviendo tan ricamente y disfrutando del mismo nivel social. El desprestigio de la clase política tarde o temprano acaba siendo el desprestigio de la propia democracia, algo que sus enemigos conocen perfectamente.

Desde siempre existen poderes contrarios a la extensión de la participación ciudadana. Cuando las potencias vencedoras de la última contienda mundial contra los totalitarismos fascistas sentaron las bases de lo que creían que iba a ser un nuevo orden mundial pusieron extremado cuidado en poner frenos a las impaciencias democratizadoras de la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas, creada el 24 de octubre de 1945 en virtud de la Carta de San Francisco, establece mecanismos legales abusivos para garantizar el control de su funcionamiento por las grandes potencias vencedoras de la contienda. Confundieron la democracia con un botín de guerra. El Consejo de Seguridad, su máximo organismo, tiene profundas lagunas democráticas, tanto en su composición como en su funcionamiento. Las cinco grandes potencias vencedoras de la contienda —China Nacionalista, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Gran Bretaña y la URSS— se autoconstituyeron en miembros permanentes, mientras que los otros seis componentes son elegidos por la Asamblea General entre los representantes del resto de las naciones. Aunque las decisiones del Consejo de Seguridad son mayoritarias cuando cuentan con la aprobación de siete de sus miembros, el voto negativo de una de las grandes potencias supone el rechazo de la resolución. Esta regulación se realizó en pleno baño de euforia democrática, cuando las huellas dramáticas de la sangrienta lucha despertaron en toda la humanidad profundos deseos de establecer unas reglas de juego que lograran la paz perpetua entre las naciones y los pueblos de la tierra. Había que evitar a todo trance el retorno de los totalitarismos que amenazan la convivencia civilizada. Pero quienes condimentaron el gran pastel estaban lejos de la ingenua euforia democrática popular. Se preocupaban por dejar todo atado y bien atado, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Dentro de la paz caliente ya se estaba gestando la guerra fría. Como es natural, con el paso del tiempo todavía se han incrementado más las deficiencias democráticas en el funcionamiento del organismo internacional. Las grandes potencias, no contentas con los privilegios legales establecidos, han campado por sus respetos y han desoído tanto las recomendaciones como las sentencias de su máximo organismo judicial, el Tribunal de La Haya, por violaciones flagrantes del derecho de gentes. Empezando por la propia Norteamérica. La ley rectora de las relaciones entre los Estados, más de medio siglo después de la creación de la ONU, continúa siendo la ley del más fuerte.

Estamos jugando con fuego, tal como sostiene A. McGrew, las organizaciones internacionales comparten los antiguos poderes exclusivos de los Estados, las fronteras se tornan más permeables para el dinero y la soberanía popular cada vez resulta más problemática. La política liberal clásica culmina el proceso iniciado a bombo y platillo en el siglo xviii autoinmolándose en el altar del gran dios globalizador, con la bendición del neoliberalismo triunfante. En el amanecer del nuevo milenio, el poder público, cautivo y desarmado, está siendo desarbolado por la furia privatizadora que no deja títere público con cabeza. Se impone el egoísmo competitivo. El Estado social de derecho, encarnación de las conquistas sociales de las clases más oprimidas, es sustituido por el Estado mercantil de hecho. La cultura política dominante en las altas esferas del poder internacional representa el triunfo de todas aquellas fuerzas que, a lo largo de los tiempos, se opusieron frontalmente al principio de soberanía popular.

El frustrado sueño democrático

Desde la noche de los tiempos, el discurso democrático se escribió siguiendo rigurosamente las reglas de la gramática social de la igualdad. Los hombres, se nos dijo, todos los hombres por igual, somos soberanos y gozamos de capacidad suficiente para decidir nuestro propio destino; somos, como enseñaba el filósofo Ortega y Gasset, nos guste o no, los novelistas de nuestra propia vida. Solamente quienes están legitimados por el consentimiento mayoritario de los ciudadanos pueden imponer sus decisiones a toda la comunidad política. Las diferencias existentes entre los hombres no son tan acusadas como para permitir a unos pocos disfrutar de privilegios que niegan a los restantes miembros de la sociedad. La lucha por la auténtica igualdad continúa siendo la gran cuestión pendiente de la democracia. Las lacerantes desigualdades constituyen la pandemia de nuestra época, una de las mayores injusticias, causa directa de muchas otras.

El gran legado democrático de la Grecia clásica sufrió un cegador eclipse durante siglos. En el transcurso de la Edad Media se parieron abundantes supersticiones e irracionalidades. La filosofía pagana fue reemplazada por sofisticadas teologías escolásticas, cábalas de las más diversas especies y fetichismos. La religión osó invadir territorios ajenos a sus competencias espirituales. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, escrita entre 1413 y 1416, desarrolló una singular versión teológica de la historia de la humanidad. Distingue dos tipos diferentes de ciudades: una generada por el egoísmo, el amor de los hombres a sí mismos, la civitas terrena; otra, la civitas Dei, basada en el amor divino. Ambas se disputan el poder sobre la tierra, pero mientras la ciudad terrena aspira a una paz coincidente con el bienestar temporal, la celestial persigue como finalidad la paz eterna, gracias a la plena posesión de Dios en el otro mundo.

Según la doctrina escolástica dominante durante toda la Edad Media entre los pensadores cristianos, el poder venía directamente del más allá, era celestial. La mano invisible y omnipotente de Dios elige a emperadores y monarcas para realizar misiones apostólicas redentoras, para conseguir en su reino el triunfo del bien sobre el mal, la comunión de todos sus súbditos en la verdad revelada, la única fe verdadera. Los soberanos no tenían más límites en el ejercicio del poder que el sometimiento a la ley divina. El patriarca Nicolás el Místico predicó en el año 912 la desobediencia de las leyes contrarias a los mandamientos del Sumo Hacedor. A pesar de la recomendación evangélica de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, la confusión de competencias entre lo divino y lo terrenal invadió el escaso pensamiento político de aquella era. El derecho de propiedad se aplicaba tanto a los bienes materiales como a las personas, convertidas en meros objetos al servicio del amo y señor de vidas y haciendas. Dentro de semejantes coordenadas culturales no podía fructificar ningún tipo de teoría democrática. Hablar de soberanía popular constituía una herejía digna de ser purificada en las hogueras de la Santa Inquisición. Era una especie de asonada contra el poder del Dios soberano de la cristiandad.

Todas las luchas populares importantes contra los abusos y atropellos de las autoridades feudales tuvieron un denominador común: el deseo de nivelar las injustas desigualdades entre los hombres. Los utópicos revolucionarios soñaban con una sociedad sin clases o de una sola clase. Las revueltas más importantes organizadas durante la Baja Edad Media, como la Jacquerie de París en 1358, el levantamiento de los Ciompi en Florencia en 1378 y la Revuelta de los Campesinos en Inglaterra en 1381, persiguieron como objetivo prioritario la nivelación de las propiedades. La Jacquerie fue fundamentalmente una insurrección rural de unos campesinos hartos de soportar los abusos de la nobleza y las calamidades derivadas de las constantes guerras. John Ball, un sacerdote rural, lideró ideológicamente el movimiento de los campesinos ingleses. Bajo los reinados de Eduardo III y Ricardo II pronunció encendidos sermones en defensa de la igualdad. «Las cosas no irán bien en Inglaterra, y jamás irán bien —predicaba— hasta que toda la propiedad sea común, y hasta que no haya siervos ni caballeros y todos seamos iguales.» La encendida defensa de semejantes ideas, su fidelidad a los principios enunciados en sus discursos, le condujeron hasta el patíbulo, destino frecuente de quienes se permitían pensar por su cuenta en una sociedad dominada por dogmas e intransigencias. Los heterodoxos eran dignos de todo tipo de sospechas y castigos.

Tras las sangrientas guerras civiles surgió en Inglaterra el movimiento de los niveladores, deseoso de poner fin a las desigualdades económicas y sociales. Reaccionaron tajantemente contra los abusos de los poderosos. Defendían el derecho de los hombres a poseer la propiedad de bienes suficientes para poder organizarse como propietarios independientes. Nadie podía tener una fortuna, pensaban, que le permitiera actuar como explotador de las necesidades de sus semejantes.

Tomás Moro, bajo el reinado de Enrique VIII, alarmado ante la transformación de su país en lo que calificaba como un «reino de mercaderes», denuncia los abusos cometidos por las clases dirigentes y elabora un nuevo proyecto de sociedad más justa e igualitaria. Considera conveniente la supresión de la propiedad privada, ya que nadie, en su opinión, estaba legitimado para poseer riqueza por encima de sus necesidades. Todo debe ser de todos. Cada miembro de la sociedad tiene derecho a utilizar y consumir lo necesario para subsistir. También rechaza tajantemente la división de la sociedad en clases, consecuencia necesaria de la supresión de las desigualdades de riqueza entre los hombres. Los ciudadanos tienen la obligación de trabajar, excepto los enfermos y los ancianos, que deben ser convenientemente atendidos en sus necesidades. Denuncia la codicia de los nobles y abades, afanados en acumular los máximos beneficios posibles, incluso haciendo pastorear sus rebaños en tierras cultivadas, destruyendo los sembrados y las futuras cosechas de los agricultores. Muchos campesinos, ante semejantes atropellos, se vieron obligados a abandonar sus tierras de labor y a malvender sus propiedades. Tomás Moro acusa a las ovejas de los señores de ser más feroces que los lobos y otras alimañas, ya que son capaces de engullir a los pobres campesinos. La misión del soberano, opina el santo inglés, consiste en «fomentar la paz, las artes y las ciencias mediante medidas prudentes, difundir por todas partes el bienestar y la abundancia; ha de amar al pueblo y hacerse amar por sus súbditos».² Reconoce Moro el derecho del pueblo a derrocar al soberano si comete actos de tiranía. Todos los cargos públicos deberían ser electivos y su desempeño limitarse a un año de duración. Tomás Moro fue canonizado por apoyar al Papa frente al rey de Inglaterra, no por sus ideas.

Las corrientes igualitarias se mantienen vivas en el pensamiento de los padres intelectuales de la democracia burguesa. Hobbes reconoce que la naturaleza ha hecho a los hombres iguales en sus facultades del cuerpo y de la mente. «Si a veces se encuentra a un hombre manifiestamente más fuerte por su cuerpo o más capaz por su mente que otro —escribe en el Leviatán— al considerarlos todos juntos, la diferencia entre un hombre y otro no es tan considerable como para que alguien pueda reclamar para sí los beneficios a los que otro no puede aspirar.» El filósofo inglés parte de esta situación de igualdad básica para argumentar a favor de un poder político fuerte. Si varios hombres desean la misma cosa y están legitimados para reivindicarla, resulta necesaria la existencia de un poder capaz de arbitrar y decidir según criterios de estricta justicia los conflictos planteados. De la existencia de estas tensiones y disputas deduce Hobbes que, en estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre. Desde perspectivas ideológicas diversas, la inmensa mayoría de los pensadores desembocan en la misma conclusión: a la igualdad de hecho entre los hombres corresponde en el plano político una auténtica igualdad de derechos. No existe ningún argumento que pueda apoyarse en la naturaleza para que un hombre sea considerado legalmente superior a sus semejantes.

Locke también defiende la igualdad entre todos los hombres ya que «comparten las mismas facultades y los mismos poderes comunes de la naturaleza». Debemos ser conscientes de que el otro es nuestro semejante, con derecho a vivir en las mismas condiciones que nosotros. «Todo hombre —escribe Locke— tiene derecho a la libertad natural, sin ser sometido a la voluntad o a la autoridad de cualquier otro hombre.»³

Juan Jacobo Rousseau reflexiona sobre el conflicto entre la igualdad natural y las desigualdades que los hombres instituyen. En respuesta a la cuestión planteada por la Academia de Dijon sobre el origen de las desigualdades entre los hombres, el filósofo ginebrino distingue dos tipos: una desigualdad natural o física, por cuanto se halla determinada por la naturaleza; otra, que denomina desigualdad moral o política, establecida, o cuando menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Mientras en el estado natural del hombre las diferencias tienen efectos poco relevantes, las desigualdades surgidas en el seno de la comunidad política resultan en la mayoría de los casos intolerables y abusivas, siempre injustas. Denuncia Rousseau la existencia de «unos pocos hombres ricos y poderosos situados en el pináculo de la fortuna y de la grandeza, mientras la multitud se encuentra en la necesidad». La comunidad ideal será siempre una comunidad de iguales. En una sociedad realmente democrática «ningún ciudadano debe ser lo bastante opulento para poder comprar a otro, ni lo bastante pobre para ser constreñido a venderse». Si en una determinada sociedad es necesario ser rico para brillar, el deseo de enriquecerse será, naturalmente, la pasión dominante entre sus miembros. Esa búsqueda desenfrenada del dinero acabará convirtiendo al pueblo en «ardiente, intrigante, ávido, codicioso, servil y picaresco». Todo el pensamiento político de Rousseau aparece dominado por el rechazo de la acumulación de la riqueza en manos de una minoría de ciudadanos. A su juicio, el derecho de propiedad es la causa de la pérdida de aquella felicidad disfrutada por el hombre en estado de naturaleza. Por ello se preocupa especialmente de establecer límites al ejercicio de este derecho. Para que fuera legítima la primera ocupación de la tierra exigía el cumplimiento de tres condiciones: a) que la tierra no se encuentre ocupada por nadie; b) que solamente se ocupe lo necesario para la subsistencia; c) que se tome posesión labrando o cultivando el suelo, no mediante una vana ceremonia. El derecho de propiedad no es un señorío ilimitado, ya que siempre se encuentra subordinado a las necesidades colectivas de los hombres. Rousseau solamente reconocía el carácter de sagrada a la propiedad moderada del pequeño agricultor que la cultiva, aquella cuya explotación personal le proporciona lo necesario para subsistir. Jamás puede utilizarse la propiedad como instrumento de dominio, ya que atentaría contra la libertad de los otros ciudadanos. Fundamenta el carácter prioritario de la igualdad en la necesidad de que pueda configurarse una voluntad general para el ejercicio legítimo de la soberanía política. Cuando los hombres se hallan divididos en clases con intereses contrapuestos resulta imposible la formación de una voluntad general orientada a conseguir el bien común de la sociedad. Por eso la principal tarea de los gobiernos democráticos consiste en luchar por la desaparición de las desigualdades políticas y económicas. La democracia exige también la constante participación de los ciudadanos en la gestión de los negocios públicos. «El pueblo inglés —escribió— cree ser libre, pero se equivoca: solamente lo es durante la elección de los miembros del parlamento; una vez elegidos, se convierte en esclavo.»⁴ Otro de los patriarcas del liberalismo, John Stuart Mill, pone también el acento en la necesidad de la participación ciudadana, indispensable para que el hombre pueda ejercitar y desarrollar sus capacidades, tanto físicas como mentales. Un sistema político justo debe preocuparse por crear las condiciones adecuadas para que el hombre, cada hombre, pueda llegar a ser lo que potencialmente ya es. «El fin del hombre —precisó— es el desarrollo más alto y armonioso de sus facultades hasta alcanzar un todo completo y coherente.»⁵

Cuando se trata de principios basados en criterios racionales, las distintas líneas de argumentos ideológicos suelen desembocar en parecidas conclusiones. Siguiendo criterios meramente utilitarios y crematísticos, Jeremy Bentham desembarcó también en costas mentales igualitarias. Siendo misión prioritaria de los gobernantes, puntualiza, conseguir la máxima felicidad del mayor número posible de personas, la llamada «ley de la utilidad decreciente» reclama la igualación de los ingresos de todos los integrantes de una determinada comunidad política. Los sucesivos incrementos de riqueza producen cada vez menos satisfacción a los favorecidos por la fortuna. Seis euros originan un mayor goce a un indigente que seis mil a un rico acaudalado. Si bien cada porción de riqueza, argumenta Bentham, aporta una parte proporcional de felicidad, «el exceso de felicidad del más rico no será tan grande como el exceso de riqueza».⁶ El total de felicidad, siguiendo su misma línea argumental, alcanzará el máximo nivel cuando todos los individuos posean igual riqueza. El propio Adam Smith, tan citado como poco leído por los defensores del capitalismo salvaje, intentó elaborar «un plan liberal de igualdad, libertad y justicia».

Una vez considerada teóricamente la igualdad como una de las vigas maestras del edificio democrático, resultó coherente que las primeras constituciones del nuevo régimen burgués dieran cabida en sus preceptos a este principio. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, redactada en 1776, reconoce que «todos los hombres nacen libres e iguales y a todos confiere el Creador unos principios inalienables, entre los cuales se encuentra la vida, la libertad y la consecución de la felicidad». La Revolución Francesa se realizó en nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad. La humanidad en el siglo xviii ya dio un paso de gigante en su arduo caminar hacia la democracia. Pero la historia, esa gran maestra de la vida según decían en la Grecia clásica, nos muestra cómo, desgraciadamente, los más nobles y solemnes principios teóricos proclamados en los textos constitucionales se envilecen al tocar el duro suelo de la realidad cotidiana por obra y gracia de los intereses de las clases dominantes, decididas a defender con uñas y dientes sus privilegios. Se desvirtúan o bien son arrojados al pozo de la marginación y el olvido. Para la pequeña burguesía que fue asumiendo protagonismo con el triunfo de las ideas liberales, el carácter sacrosanto e inviolable del derecho de propiedad constituía una institución legal irrenunciable. Las desigualdades entre los hombres estaban impuestas por las leyes de la naturaleza. Como la cultura laica no podía fundamentar la propiedad en la donación supuestamente realizada por Dios cuando arrojó a Adán y Eva del paraíso terrenal, tal como argumentaban los escolásticos, se buscaron otras justificaciones paganas. En 1790 la Asamblea Nacional Francesa votó mayoritariamente a favor de la redacción de un código general de leyes sencillas y claras que desarrollaran los grandes principios revolucionarios, con objeto de que fueran incorporados a las relaciones concretas de vida entre los ciudadanos. Tras once años de intensos trabajos, Napoleón promulgó el Código Civil como «depósito legislativo de la experiencia revolucionaria». El nuevo cuerpo general de leyes desconoció las teorías de los filósofos de la Ilustración y entronizó una regulación de la propiedad basada en su carácter absoluto y excluyente, huérfana de cualquier tipo de función social. El juez Lahardy destaca como principio más válido del popularmente llamado código napoleónico la regulación de este derecho. «Todos los demás preceptos —escribió— no son más que la consecuencia lógica de este hecho.» Se reconoce al titular de la propiedad el derecho al uso y al abuso sobre sus bienes muebles e inmuebles. Las objeciones formuladas por los padres de la democracia burguesa contra el despilfarro y las graves consecuencias sociales de la acumulación de riqueza en pocas manos son desconocidas por el legislador. Los enemigos de la democracia real comenzaron a actuar. Mandan otros intereses, una vez desaparecida la euforia popular de los primeros momentos del cambio de régimen. Debe dosificarse la entrega del poder al pueblo. Se consideraba ya por parte de las clases dirigentes como peligroso el exceso de democracia. Incluso cuando el Código regula cuestiones tan trascendentales como las relaciones con los menores o las obligaciones derivadas del establecimiento de vínculos matrimoniales, el legislador se muestra obsesionado por la defensa del concepto absoluto del derecho de propiedad. La Santísima Trinidad de la Revolución Francesa —libertad, igualdad y fraternidad— fue inmolada en la pira funeraria en aras de los intereses económicos de los poderosos, como tantas veces ha sucedido, desgraciadamente, a lo largo de la historia de las ideas políticas. La solidaridad fue estrepitosamente derrotada por el ánimo de lucro, la igualdad por el derecho a enriquecerse sin límites y la libertad limitada exclusivamente a las prácticas mercantiles.

La defensa de la igualdad, de constituir un patrimonio común a todas las ideologías democráticas, tuvo que refugiarse exclusivamente en los partidos de izquierda, hasta el punto de constituir una característica propia de las tendencias progresistas frente a la derecha conservadora. El socialismo democrático, los distintos movimientos comunistas, la socialdemocracia y los anarquistas incluyeron en sus programas máximos la lucha por una sociedad igual. Todos los avances legislativos en materia social —la limitación de la duración de la jornada laboral, la prohibición del trabajo de los menores, el reconocimiento del derecho de huelga a los trabajadores, las vacaciones pagadas y obligatorias, la asistencia sanitaria...— se han realizado a contracorriente de las clases dominantes, que solamente han cedido en sus posturas ante el temor de que se desencadenaran movimientos revolucionarios.

Car Becker, en 1941, cuando las potencias democráticas luchaban contra los totalitarismos nazis y fascistas, vinculaba la futura supervivencia de la democracia a la corrección de la flagrante desigualdad de bienes y de oportunidades que padecen las sociedades modernas. La situación se agrava todavía más en el mundo actual, dominado por el pensamiento único y verdadero. Incluso los partidos socialdemócratas han relegado a un segundo plano, cuando no olvidado, la lucha democrática por la igualdad y han abrazado, en el ámbito económico, postulados claramente neoliberales con el pretexto de modernizarse. El debate entre la derecha tradicional y la alternativa de izquierdas se reduce actualmente a cuestiones secundarias, a la defensa de posturas socialmente progresistas, pero renunciando a una trasformación real y profunda de la organización económica y política. La necesidad de ocupar el centro ideológico para tener éxito en las elecciones hace que sea la preocupación dominante de los dirigentes de los partidos limar las aristas que restan apoyos populares. Si bien todos rinden culto al mercado, mientras los conservadores dan rienda suelta a todas las bajas pasiones del dinero, las tendencias progresistas pretenden encauzarlo hasta niveles socialmente tolerables.

La idolatría fanática por el mercado olvida incluso que una de las exigencias económicas de su funcionamiento es una cierta igualdad de riqueza entre los demandantes de bienes y servicios. «La desigualdad en la distribución de las rentas disponibles después de la deducción fiscal —escribe A. C. Pigou— tiene como consecuencia que grandes masas de recursos productivos se dediquen a satisfacer los caprichos de los ricos mientras una gran parte de la población está mal alimentada, mal vestida, mal alojada y mal instruida.»⁷ El abastecedor del mercado solamente atiende las peticiones de quienes disponen de suficiente capacidad adquisitiva para pagar los bienes que demandan. Los pobres no existen en la práctica según los mandamientos de la economía neoliberal. Lo más que pueden esperar son acciones caritativas por parte de los opulentos siempre que sean dóciles y complacientes. La reciente etapa globalizadora ha acentuado todavía más las desigualdades entre los hombres, tanto a escala mundial como en el plano interno nacional. «Si en 1980 —escribe Ignacio Ramonet— el 20 % de la población rica tenía unos recursos 30 veces superiores a los del 20 % de los más pobres, en 1995 los recursos de los más ricos eran 80 veces superiores. En más de 70 países la renta per cápita es inferior a la de hace 20 años... A escala planetaria, 3.000 millones de personas, la mitad de la humanidad, vivía con menos de dos dólares diarios. Finalmente, estimaciones recientes de la ONU muestran que las 225 personas con mayor fortuna del planeta poseen un patrimonio equivalente a la renta anual acumulada de 2.500 millones de personas, o sea, el 40 % de la población mundial. La fortuna de las 15 personas más ricas del mundo es superior al PIB total del conjunto de países del África subsahariana.» También en los Estados Unidos de Norteamérica y en los países prósperos de Europa se han incrementado las desigualdades entre la población. Según expone el informe de Amnistía Internacional, hecho público a finales de mayo de 2001, «la globalización ha dado lugar a una enorme expansión económica, pero ha venido acompañada por la deuda, la pobreza y una escalada en las violaciones de los derechos humanos». Destaca dicho análisis que más de ochenta países tenían en el año 2000 una renta per cápita inferior a la de 1990 y se calcula que 1.300 millones de personas luchan por sobrevivir con menos de 2 euros diarios. Se reconoce que la liberalización, la privatización y el desmantelamiento de los servicios de asistencia social ha producido un incremento de las desigualdades. El aumento de la pobreza ha traído de la mano una escalada en las violaciones de los derechos humanos. «Muchos Estados —denuncia el informe— afirman que se han visto obligados a adoptar una política económica que mina los derechos sociales, económicos y culturales.»

La igualdad no solamente se refiere al plano económico sino también al poder. Dalh habla de la exigencia democrática de «igualdad de poder entre ciudadanos adultos con respecto a las decisiones fundamentales del gobierno». Pero a la hora de hacer efectivo este principio fundamental reconoce que la democracia directa e igualitaria solamente es factible en las pequeñas agrupaciones humanas, no en las modernas organizaciones estatales integradas por millones de ciudadanos que habitan en extensos territorios. Partiendo de esta premisa sociológica, parece conforme a la lógica democrática promover la participación ciudadana dentro de las organizaciones menores, tanto sociales como económicas. En todo organismo, las partes acaban definiendo la naturaleza del todo, tanto como el todo influye en las características de cada una de sus partes. Este principio biológico afecta también a las organizaciones humanas. Sin que exista democracia en las raíces no puede fructificar ninguna democracia en la cumbre. Todos los subsistemas de organización del poder deben estar imbuidos del mismo ideal democrático. Al mantener estructuras oligárquicas en los niveles inferiores se generan graves patologías en el funcionamiento del cuerpo político. Por eso la extensión de las prácticas democráticas hasta actividades sociales y económicas ajenas a la política en sentido genuino resulta fundamental para hacer efectiva la proclamada soberanía popular. La contraofensiva democrática contra la amenaza de la globalización debe iniciarse incorporando todo el equipaje ideológico progresista a la rutina del diario quehacer, en aquellas actividades directamente relacionadas a la lucha por la supervivencia en un mundo hostil, agresivo y dominado por una competitividad inhumana. El empleado necesita una presencia activa a la hora de tomar decisiones en la fábrica, en la oficina, en el taller, en los centros de trabajo en general, ya que allí pasa una gran parte de su vida. No se trata de participar en la toma de decisiones sobre materias complejas o técnicas cuya resolución exija conocimientos especializados, sino a aquellas cuestiones a las que el trabajador puede aportar su experiencia personal y sus conocimientos o que afecten a la organización laboral, a la mejora de sus condiciones de trabajo. La participación ciudadana debe fomentarse también en la vida municipal, asociaciones vecinales y actividades educativas y culturales. Para Mac-pherson, el problema central de la democracia es «la posibilidad de difundir el poder en la sociedad en grado suficiente para inculcar en las personas de todas las esferas la justificada sensación de que gozan de capacidad para participar en las decisiones que les afectan y que gravitan en la vida común, particularmente dentro de la comunidad inmediata en la que trabajan y a la que dedican sus energías durante la mayor parte de sus horas de vigilia».⁸

El obstáculo más grave para lograr la igualdad es que para el buen funcionamiento del sistema económico neoliberal resulta fundamental la existencia de una minoría acaudalada y privilegiada con recursos suficientes para crear y desarrollar actividades empresariales, y una minoría obligada a vender su fuerza de trabajo material o intelectual a precios rentables. El miedo al hambre y al desempleo juegan una baza importante a la hora de lograr la disciplina laboral. El impulso democrático hacia la igualdad ha producido benéficos efectos a la hora de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos por la diosa fortuna y reparado no pocas injusticias históricas. Pero los lobos antidemocráticos, disfrazados de mansas ovejas neoliberales, continúan utilizando todo su poder para impedir el triunfo de la auténtica libertad, la justicia y la igualdad. «Mientras que la sociedad civil, es decir, de hecho el sistema económico —escribe Alain Touraine—, está dominado por la desigualdad y los conflictos de intereses, la sociedad política debe ser el lugar de la igualdad, y la democracia tiene por tanto como objetivo principal asegurar la igualdad no sólo de derechos sino también de oportunidades y limitar lo más posible las desigualdades de los recursos.»

Toda la historia política de la humanidad está dominada por un conflicto entre la tendencia de las clases dominantes a monopolizar el poder y transmitir sus privilegios por vía hereditaria, y la emergencia de nuevas fuerzas populares que exigen un lugar bajo el sol del progreso y la justicia social. El temor a la democracia hunde sus raíces en la prehistoria de las ideas políticas. Ya Aristóteles expresó sus recelos hacia un sistema político que concedía un poder excesivo a los pobres. Platón condenó tajantemente un sistema de participación indiscriminada y abogó a favor de un sistema elitista. Los límites de la democracia se establecieron siempre allí donde comenzaban a ignorarse los intereses de las oligarquías.

Lo acaecido con las dificultades para establecer el sufragio universal ilustra claramente sobre la fuerza de estas posiciones. El reconocimiento del derecho a votar, el abecé del funcionamiento de la democracia, ha tenido que librar una dura y prolongada batalla para lograr su pleno reconocimiento en los textos legales. Desde los inicios de la democracia liberal se pusieron trabas a la admisión generalizada del derecho a participar en las elecciones y se realizaron auténticas filigranas dialécticas en un intento desesperado de justificar esta aberración política. Se temía, con razón, que siendo mayoría social los oprimidos aprovecharan la oportunidad ofrecida por las urnas para dar un vuelco al sistema dominante. Como señala el profesor Macpherson, la tradición occidental del pensamiento político consideraba a la democracia como el gobierno de los pobres, los ignorantes y los incompetentes, por lo que, siendo los más, representaban una amenaza potencial para la civilización. Esta temida amenaza condicionó el carácter radicalmente antidemocrático de la mayoría de las corrientes ideológicas en el poder, incluso cuando las luces de la razón iluminaron las tinieblas medievales. Todos los avances realizados en la profundización de la democracia han tenido que vencer las resistencias ofrecidas por los poderes dominantes. El combate resultó particularmente significativo cuando se trató de reconocer la capacidad política de los ciudadanos. Siendo, en principio, el pueblo soberano según los textos constitucionales, trataron de manipular el concepto de pueblo en una abstracción legal favorable a los intereses de los dirigentes sociales y económicos. No todos los miembros adultos de la sociedad podían participar en los comicios. Se establecieron una serie de exclusiones basadas en argumentos retorcidos y falsos. Pero hasta lograr el reconocimiento del derecho a participar en el proceso político a las mujeres en pleno siglo xx —en España se consiguió en 1933— el número de marginados superaba ampliamente al de participantes. Esta tendencia, a nivel sociológico, ha llegado hasta nuestra época. Abundan las teorías y las prácticas elitistas que defienden el abstencionismo como algo saludable para la estabilidad de la democracia. La pasividad de la mayor parte de la ciudadanía, pregonan desde las cumbres del poder, no es un defecto sino una condición necesaria para que las minorías selectas, libres de dependencias electorales demagógicas, actúen libremente en beneficio de todos.

En la actual fase de este proceso se ha producido un cambio radical en la estrategia seguida. Hasta ahora los poderes establecidos ofrecían una resistencia numantina a la extensión de la participación ciudadana. Simplemente se preocupaban de cavar trincheras para defender su privilegiada situación económica y social. Actualmente las tendencias conservadoras, envalentonadas por la nueva situación, han pasado a la ofensiva y atacan no solamente los planteamientos progresistas sino incluso todos los pilares sobre los que se había edificado la democracia liberal. Ya no tratan de poner a salvo el poder del dinero de cualquier veleidad democrática, sino que los poderes económicos se disponen a invadir los limitados territorios dominados actualmente por el juego político participativo y libre.

Los ideólogos neoliberales proclaman a los cuatro vientos la íntima vinculación entre democracia y mercado, ignorando deliberadamente que se trata de conceptos que se aplican a realidades totalmente diferenciadas. Una de las dictaduras más sangrientas, la de Pinochet, siguió en materia económica los postulados neoliberales de la escuela de Chicago al mismo tiempo que negaba a sus ciudadanos el ejercicio de las libertades básicas. Pero, aparte de este tipo de consideraciones, existe una incompatibilidad radical entre una organización económica que fomenta la desigualdad y un sistema político que tiene como columna vertebral la defensa de la igualdad entre todos los miembros de la comunidad política. El acoso y derribo a los principios y valores democráticos está alcanzando unos niveles realmente alarmantes ante la pasividad de la mayoría de los ciudadanos y la gran traición ideológica de muchos líderes políticos.

Notas

1 Touraine, Alain: ¿Qué es la democracia? Editorial Temas de hoy, Madrid, 1994.

2 Moro, Tomás: Utopía, versión castellana de De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia. Editorial Bruguera, S.A., Barcelona, 1978.

3 Locke, John: Second Treatise on Government, capítulo V.

4 Rousseau, Juan Jacobo: Discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres. Editorial Aguilar, Madrid, 1963.

5 Stuart Mill, John: Ensayo sobre la libertad. Alianza Editorial, Madrid, 1971.

6 Bentham, Jeremy: Fragmentos sobre el gobierno. Editorial Aguilar, Madrid, 1973.

7 Pigou, A. C.: Socialismo y capitalismo comparados. Editorial Ariel, Barcelona, 1968.

8 Macpherson, Crawfor Brough: La democracia liberal y su época. Alianza Editorial, Madrid, 1981.

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USA: Una democracia poco modélica

Globalización, tal como está concebida, equivale a americanización, es decir, al intento de difundir e imponer a todos los países los valores económicos, políticos y culturales vigentes en la primera potencia mundial. Se identifican los valores morales de la humanidad con los «valores estadounidenses». En el actual nivel histórico, globalización equivale, en la práctica, a la expansión del poder económico y militar de los Estados Unidos, versión modernizada del viejo imperialismo, renovado tras la derrota militar de los fascismos europeos. Como sostiene José Vidal-Beneyto «globalización, ideológicamente, es una designación tautológica de la ideología económica norteamericana que por ello funciona ya como sinónimo (globalización-americanización)». El extaordinario poder de Washington viene definido por la superioridad armamentística, hecha realidad en el intento de monopolizar la fuerza nuclear; la imposición del modelo político estadounidense a todos los países; la restricción a los movimientos migratorios de los trabajadores del mundo subdesarrollado y la instauración planetaria de un mercado, teóricamente libre, que favorece descaradamente los intereses de las grandes empresas transnacionales. Su condición de potencia hegemónica le permite realizar intervenciones armadas selectivas tanto para garantizar el control de sectores estratégicos como para afirmar su superioridad frente a sus potenciales adversarios. Se considera la gran nación planetaria legitimada para intervenir en cualquier lugar. Cuando el calendario occidental y cristiano inauguraba a bombo y platillo el nuevo milenio, los Estados Unidos de Norteamérica no solamente asumían orgullosos el liderazgo ecuménico, sino que se proclamaban sumos conductores del proceso globalizador que domina la actual etapa histórica. «Lo norteamericano —escribe Vicente Verdú— se ha convertido en el patrón de lo global y lo global se conforma a su imagen y semejanza, bajo sus órdenes y las de sus estratégicos representantes en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial.» El ciberespacio internacional transmite, refleja y, en ocasiones, impone, todos los prototipos culturales norteamericanos. El presidente George W. Bush no se anda con rodeos a la hora de autoproclamarse como «comandante en jefe», condición que, a su juicio, le exime de dar explicaciones a nadie. Además reclama la legitimidad para las intervenciones a escala planetaria: «somos líderes, y un líder debe tener la facultad de actuar».¹

La globalización mesiánica pretende configurar al mundo a imagen y semejanza del patrón norteamericano. Las llamadas fronteras inteligentes van ampliando cada vez más sus dominios en todos los ámbitos. La jurisdicción del brazo largo, estatuida por el USA Patriot Act, legitima al Gobierno de Washington para juzgar y castigar todo ataque a los intereses norteamericanos en cualquier punto del planeta.

El ex secretario de Estado Henry Kissinger, en un artículo publicado en The Washington Post el 11 de agosto de 2002, aboga por el derecho de la gran nación norteamericana para intervenir en cualquier lugar del globo para cambiar los sistemas políticos. «El cambio de un régimen como objetivo de una operación militar —escribe Kissinger— se enfrenta con el sistema internacional establecido en 1648 por el Tratado de Westfalia, en el que, tras la carnicería de las guerras de la religión, se estableció el principio de no intervención en los asuntos domésticos de los otros Estados.» Sostiene el influyente político la necesidad de poner fin al respeto a las soberanías nacionales para que Norteamérica «asuma sin complejos la dirección del imperio mundial». Las Naciones Unidas siguen considerando ilegítimas las intervenciones armadas para cambiar el Gobierno de un país, independientemente de su naturaleza política. Pero los dirigentes de Washington no se paran en esas pequeñeces.

El imperio diseñado en la actualidad carece de límites territoriales, pues no solamente abarca todo el planeta sino que pretende extender su dominio por los espacios siderales. El titulado «Informe Rumsfeld» cree que los Estados Unidos no han dado todavía los pasos necesarios para «desarrollar, mantener y asegurar su superioridad en el espacio». La dimensión y naturaleza del nuevo poder emergente no tiene parangón a lo largo de la Historia. No se conforman con detectar el monopolio de la fuerza legítima a nivel meta-estatal. Se han creado también los instrumentos adecuados para imponer modelos culturales, éticos y políticos. Controla las grandes redes de comunicación para cultivar estados de opinión favorables a sus intereses. Es totalitario desde el momento que sus poderosos tentáculos abarcan todas las actividades humanas, tanto de ocio como de negocio. En bases militares ubicadas en puestos estratégicos del planeta satisfacen todas las ambiciones territoriales heredadas del viejo colonialismo. Norteamérica es el único país con una fuerza militar capaz de guerrear triunfalmente en todo el planeta. Michael Ignatieff denuncia el intento de construir un orden internacional sometido «a los intereses imperiales norteamericanos». El intento de legitimar las guerras preventivas supone dar un vuelco peligrosísimo no solamente a los principios rectores del derecho internacional sino incluso a las bases jurídicas sobre las que se asienta el Estado de derecho. Se puede castigar a las personas y a las naciones por delitos que todavía no han cometido. La fase actual es una simple etapa en un largo peregrinar histórico caracterizado por la imposición de la santa voluntad de la potencia hegemónica.

La democracia norteamericana pretende exportarse, en teoría al menos, a todos los países, aunque bajo esta retórica propagandística se encuentra una intención difícil de disimular: establecer gobiernos dóciles a los deseos de Washington sin preocuparse de su legitimidad política. Los analistas del Institute for National Strategic Studies, dependiente del Pentágono, clasifican los Estados según su grado de aproximación al modelo vigente en Norteamérica en «Estados de núcleo» (core states), «Estados en vías de transición» (transition states), «Estados proscritos» (rogue states), y «Estados fracasados» (failed states). Los miembros del instituto reciben información minuciosa de la evolución social, política y económica de los distintos países soberanos. La calificación varía en función de las afinidades que presenten en relación con el modelo de Washington. En los últimos lugares figuran los integrantes del llamado «eje del mal», según la excomunión dictada por el presidente Bush. Se está configurando un nuevo sistema de relaciones internacionales al margen de los organismos democráticos creados al final de la última contienda mundial para garantizar la paz entre todos los pueblos del planeta. El nuevo orden se está organizando bajo el poderío económico y militar de los Estados Unidos de Norteamérica.

En 1990 Dick Cheney, vicepresidente norteamericano, y Paul Wolfowitz, adjunto al secretario de Defensa, elaboraron la doctrina de la hegemonía activa y la ideología bélica de la política estadounidense. Consideraban que la actuación de los dirigentes de Washington en el plano internacional tenía que dejar de moverse a impulso de estímulos exteriores, abandonando su actitud predominantemente defensiva, para asumir un protagonismo agresivo y actuar movidos por sus propios intereses. Desaparecido el comunismo de la URSS como principal enemigo, urgía inventarse un nuevo y poderoso adversario para justificar las inversiones armamentísticas y las intervenciones violentas destinadas a impedir la aparición de una nueva superpotencia capaz de discutir la hegemonía norteamericana. Los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 le han venido de perlas a los sueños de los halcones. Acababa de aparecer la nueva amenaza para el occidente cristiano y democrático: el terrorismo de origen islámico. Tanto la clase política como la opinión pública mayoritaria justificó la reacción del presidente Bush, a pesar de que las medidas adoptadas, en su inmensa mayoría, violaban descaradamente principios fundamentales del sistema democrático. El terror también se puso al servicio del imperialismo global, aunque inicialmente no fuera ése su objetivo.

Tanto el modelo de vida de los Estados Unidos de Norteamérica como su organización política se han santificado como ejemplos a imitar por el resto de los desafortunados mortales. Han logrado, aseguran sus propagandistas, la mejor de todas las democracias posibles. No solamente han borrado de la escena pública las ideologías y han superado la lucha de clases, sino que han puesto el «the end» cinematográfico a la solemne película de la Historia, según guión de Francis Fukuyama.

Durante largos años la dictadura soviética aseguró ser el paraíso de los trabajadores; ahora Norteamérica presume de ser el jardín edénico de la verdadera democracia. Tal sistema, supuestamente paradigmático, se utiliza constantemente como rasero para glosar las excelencias o denunciar las imperfecciones de otras organizaciones políticas. Quienes cometen la osadía de desviarse del modelo establecido, especialmente cuando afecta directamente a los intereses económicos de la potencia dominante, se arriesgan a soportar correcciones nada fraternas, incluso intervenciones armadas de carácter «humanitario» por parte de la llamada «comunidad internacional». Una de las invenciones más increíbles de la nueva propaganda bélica es la consideración de bombardeos devastadores y agresiones contra la población civil como acciones caritativas y generosas, como guerras filantrópicas. La gran potencia dominante se cree capacitada para hacer comulgar a la opinión pública mundial con semejantes ruedas de molino, por algo son los más ricos y poderosos. El dinero, piensan, puede comprar todo, incluso el significado de las palabras.

A pesar de todos los excesos, nadie medianamente familiarizado con la Historia puede desconocer la existencia de sólidas razones a favor del prestigio de la democracia norteamericana. Se trata de la primera experiencia mundial de república democrática. La negativa británica a conceder para sus colonias en el Nuevo Mundo una representación en el parlamento metropolitano encendió en 1775 las llamas de la guerra de la independencia. Un año más tarde, la Declaración de la Independencia supuso el reconocimiento de la mayoría de edad política de las quince colonias británicas y el alumbramiento de los Estados Unidos de Norteamérica. La Convención de Filadelfia redactó en 1787 la carta magna que define a la unión como una república presidencial de carácter federal. Sus siete artículos se han mantenido vigentes hasta nuestros días gracias a las enmiendas realizadas para adaptarlos a las exigencias de la evolución económico-social de aquel país. Las diez primeras disposiciones garantizan la libertad de religión, de expresión, de asociación, de reunión, de petición y de prensa. Una prueba evidente del clima de tolerancia reinante hasta hoy día es que las críticas más demoledoras contra el sistema estadounidense surgen de sus cátedras universitarias más prestigiosas, se publican en sus grandes medios de comunicación y en los libros escritos por la elite intelectual del país. En este respeto a las libertades internas se fundamenta buena parte de la fama de la democracia americana. También es justo anotar en su activo político el decisivo apoyo, aunque tardío, de Norteamérica a las naciones europeas que combatieron contra las tropas de los totalitarismos fascistas durante la última contienda mundial. Constituyeron el gran arsenal armamentístico e ideológico de las potencias defensoras de la democracia.

Pero el culto y la devoción actuales no son fruto de estos reconocidos méritos sino por ser el Estado paladín del nuevo orden globalizador, interdependiente y mercantil. Si Lincoln prometió tras la batalla de Gettysburg un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ahora Buffeti, parodiando la célebre frase, reconoce que los dirigentes yanquis van camino de «garantizar en la tierra un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos».

Dos recientes episodios ilustran mejor que las solemnes declaraciones políticas la verdadera naturaleza del sistema, descubren a los auténticos detentadores del poder más allá de la literatura constitucional, iluminan a la opinión pública sobre quienes manejan los hilos de las marionetas políticas. Una de las primeras decisiones de la Administración Bush fue desmarcarse de los compromisos del Protocolo de Kioto, que obligaban a los firmantes al control de las emisiones de gases productores del efecto invernadero. El acuerdo, redactado en Japón en 1977, prevé una reducción del 5,2 % en los gases causantes del efecto invernadero por parte de los países desarrollados. Los Estados Unidos de Norteamérica son los principales productores de elementos contaminantes, casi una cuarta parte de la totalidad de los ocasionados por todos los países. Desde 1992, año en el que se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, cerca de 200 países han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ya en la primera reunión se fijó como objetivo prioritario «lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que evite la interferencia peligrosa de la acción humana en el sistema climático». En 1995 se reunió en Berlín la COP (siglas de la denominación inglesa de la Conferencia de las Partes) con objeto de desarrollar el protocolo y adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el control de las emisiones. En la reunión celebrada en Ginebra un año más tarde se lograron avances importantes en los acuerdos. La obligación de los países desarrollados de reducir la emisión de gases en el porcentaje establecido en Kioto se refiere al periodo comprendido entre 2008 y 2012, tomando como punto de partida la situación en 1990. Las cuotas varían según los distintos países: la Unión Europea se compromete a una disminución del 8 %, pero el reparto interno entre los Estados especifica porcentajes diferentes; los Estados Unidos deberían reducir sus emisiones peligrosas en un 7 % y el Japón, en un 6 %. Michael Zammi Cutajar, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas, declaró que, una vez reconocido por los científicos que ya estamos sufriendo los efectos del calentamiento global, «debemos asegurar en la próxima década progresos reales en la reducción de las emisiones». La actitud estadounidense con relación a este gravísimo problema es de una irresponsabilidad que raya en la temeridad. Según un informe hecho público en abril de 2001 por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en el conjunto de países europeos en un 4 % entre 1990 y 1999, mientras que durante el mismo periodo se han incrementado en un 11 % en los Estados Unidos de Norteamérica, país causante casi del 50 % de las emisiones contaminantes generadas por la acción humana en el mundo industrializado. Estos datos se refieren a los seis gases de efecto invernadero especificados expresamente en el Protocolo de Kioto. Los ministros relacionados con el medio ambiente de 53 países africanos, reunidos el 20 de abril de 2001, en una conferencia convocada por las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible han denunciado la posición del presidente Bush. Son precisamente los científicos quienes han encendido las luces de alarma sobre el futuro incierto de nuestro ecosistema. El «Tercer Informe de Evaluación», conocido popularmente como «Cambio Climático 2001», fruto del estudio riguroso de más de 600 científicos y revisado por varios centenares de expertos independientes, reclama la adopción de medidas urgentes. El trabajo tiene en cuenta también las previsiones demográficas. Los estudiosos han considerado 40 escenarios distintos denominados SRES (Special Report on Emissions Scenarios) divididos en cuatro grupos básicos A1, A2, B1, B2. En cada escenario se han valorado los posibles cambios de clima, según el estado actual de la ciencia, y su impacto en los sectores productivos y en los ecosistemas naturales, tanto terrestres como marítimos. Se estima para el año 2100 un incremento de la temperatura media mundial del aire en superficie entre 1,4 y 5,8 grados centígrados. Como consecuencia de estas alteraciones, la elevación del actual nivel del mar se calcula entre 9 y 800 centímetros. Las consecuencias sobre la salud humana son realmente alarmantes: las nuevas condiciones climáticas favorecerán la transmisión de enfermedades que en la actualidad se encuentran en franco retroceso, como la malaria y el dengue; podrían perderse hábitats de incuestionable valor para mantener el equilibrio natural como la tundra, los humerales y otros pequeños ecosistemas. A finales del siglo xxi es probable que hayan desaparecido la mitad de los glaciares alpinos. El sistema marino sufrirá el impacto del incremento del nivel del mar, la reducción de la cubierta helada planetaria, los cambios de salinidad y las alteraciones del oleaje y las corrientes superficiales. Las modificaciones de la circulación oceánica pueden inducir realimentaciones físicas y bioquímicas muy importantes en el sistema climático, influyendo en el equilibrio de los ecosistemas marinos, en la dinámica de playas y costas, y en las propias interacciones océano-atmósfera que rigen el clima de la Tierra. No se trata de elucubraciones propias de los libros de ciencia-ficción sino de reflexiones rigurosas y sólidamente fundamentadas. El presidente Clinton, en 1998, anunció a bombo y platillo la firma del Protocolo de Kioto. Su sucesor, George W. Bush, se desmarcó abiertamente del compromiso con intención de favorecer al sector industrial que contribuyó más al éxito de su campaña electoral. Se da la curiosa circunstancia de que el padre del actual presidente norteamericano aprobó las resoluciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático.

Delegados de los partidos verdes pertenecientes a 60 países, reunidos en Canberra, propusieron el boicoteo de los productos de las compañías petroleras que presionaron al presidente Bush para que rechazara las medidas destinadas a paliar los nocivos efectos del cambio climático. Los miembros conservadores del Senado norteamericano valoran los acuerdos de Kioto como «una intolerable ingerencia exterior en la política energética estadounidense». Una vez más, los intereses particulares de las empresas han prevalecido sobre el interés general de la sociedad. Si el nivel de consumo actual de la sociedad norteamericana se extendiera a todos los países, tal como predican los globalizadores, el planeta Tierra se vería convertido en un desierto inhóspito. Las grandes empresas buscan siempre lograr la máxima rentabilidad de sus inversiones, incluso de las políticas. El presidente de los Estados Unidos está mediatizado por los apoyos económicos. El equipo designado por Bush para dirigir la política energética se reúne frecuentemente con representantes de la industria petrolera. Por eso no pueden sorprender a nadie las primeras medidas adoptadas: autorizar a los distintos Estados el control sobre los derechos de perforación en territorios federales y abrir la reserva natural del Ártico a la explotación petrolífera. El cartógrafo Ian Thomas ha sido cesado de su puesto en la División de Recursos Biológicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos por denunciar que «la zona de extracción de petróleo tendrá una extensión de unos 160 kilómetros y una anchura de 56 kilómetros y ocupará el 8 % de la reserva natural, exactamente el paraje donde se reproducen los caribús y donde las crías pasan sus primeros años». La nueva administración estadounidense también revocó las disposiciones que regulaban los niveles permisibles de arsénico en el agua potable para favorecer los intereses de la industria minera. Por otra parte, cual agente comercial de una empresa, una de las primeras gestiones de Andrew Cord, el secretario en jefe de la Casa Blanca, fue conseguir en Shanghai contratos por valor de dos mil millones de dólares para la General Motors. En la democracia supuestamente modélica quien paga manda. La relación entre el poder político y el dinero es estrechísima y decisiva. El escritor mexicano Carlos Fuentes califica la decisión del joven Bush de insulto a la comunidad internacional y una amenaza a la vida de nuestro planeta. «La emisión de gases tóxicos y el efecto invernadero —acusa el prestigioso escritor— condenan a muerte a las generaciones venideras. Esto le importa un comino al cowboy de la Casa Blanca. Lo importante es que los EE.UU. sigan empleando (y despilfarrando) la mitad de los recursos energéticos del planeta.»²

También, contra la indignada protesta de los ecologistas y asociaciones defensoras del medio ambiente, el presidente Bush ha dado luz verde a la tala de 78 millones de hectáreas de bosque como pago político a la industria maderera por sus generosas contribuciones económicas al Partido Republicano. El plan aprobado da plena satisfacción a una propuesta realizada por la poderosa asociación de madereros. La nueva regulación elimina los análisis sobre el impacto en el ecosistema, los requisitos para la protección a las agresiones vegetales y animales en peligro de extinción, tal como exigía una normativa aprobada por el presidente Clinton. En el verano de 2003 una orden administrativa del presidente Bush ha dejado sin efecto la llamada Ley de Aire Limpio por la que se ordenaba la instalación de sistemas anticontaminantes eficaces en cualquier reforma realizada en las industrias fuera de las actividades propias del mantenimiento rutinario de las instalaciones. La orden, según The New York Times, supone «una gran victoria de las compañías petroleras y eléctricas y para el conjunto de la industria pesada». La modificación legal ahorró a las empresas miles de millones de dólares y ocasionó un paralelo incremento de las emisiones contaminantes de la atmósfera.

Dentro de la lógica clarificadora de la influencia del dólar en las decisiones gubernamentales debe situarse el indulto concedido por Clinton en las últimas horas de su mandato presidencial a 140 personas. Un tercio de los beneficiados por la medida adoptada no cumplieron el trámite habitual de dirigirse directamente al Departamento de Justicia. El indulto más significativo fue el otorgado al multimillonario Marc Rich, huido de la acción de la justicia desde 1983 para eludir 51 acusaciones por estafa, extorsión, tratos con el enemigo y evasión de impuestos. Provisto de varios pasaportes, no pudo regresar a los Estados Unidos por lo que se valió de su ex esposa Denise para donar un millón de dólares a la campaña del partido demócrata. También organizó un festival de desagravio a Clinton cuando estalló el escándalo de la becaria Monica Lewinsky y le regaló objetos personales valorados en 7.000 dólares, entre ellos un valioso saxofón para que el presidente desarrollara su afición favorita.

La revista The New York Review of Books reconoció que «los grandes donantes son los primeros beneficiados del sistema de corrupción que en estos momentos constituye el motor impulsor de la democracia norteamericana». Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo Federal consideró al dinero invertido en apoyar la campaña de un candidato como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, proclamado y protegido por la Constitución. Nunca el delito de cohecho alcanzó semejante nivel ético y la libertad de expresión descendió tan rastreramente. El humanismo fecundo y liberalizador se encuentra en franco retroceso en la «mayor y mejor democracia del mundo».

La estrecha vinculación entre el dinero y la designación de cargos públicos resulta asimismo evidente en la selección de representantes diplomáticos. De los 27 embajadores nombrados por el presidente Bush al inicio de su mandato, la inmensa mayoría, 22, carecían de experiencia, pero gozaban de una característica común y decisiva: habían regalado importantes cantidades de dólares al partido republicano. Tal es el caso de George Arygos, nombrado embajador en Madrid, contribuyente con 20.000 dólares a la campaña de Bush. Favorecido con la representación diplomática en Suiza resultó Mercer Reynols, que no solamente entregó de su peculio personal 456.000 dólares, sino que también ayudó a recaudar para el partido republicano otros tres millones de dólares. Richard Blankenship, embajador en las Bahamas, donó 32.000 dólares y prestó generosamente su avión privado para los desplazamientos republicanos; Howard Leach, premiado con la representación en París, regaló 290.000 dólares; Charles Heimgold, es representante de Bush ante el gobierno sueco gracias a 367.000 dólares... Para los diplomáticos de carrera se reservan los lugares más conflictivos. No se trata de nada sorprendente sino de una tradición mantenida desde hace años en la vida política estadounidense. Scott Harshbarger, presidente de la Common Cause, denuncia que «el dólar está comprando cada vez más poder».

La mayor quiebra de la historia de los Estados Unidos ha puesto de manifiesto la estrecha conexión entre las grandes empresas y los partidos políticos. En diciembre de 2001 Enron, clasificada en la lista de «Fortune 500» en el séptimo lugar entre las empresas más importantes del mundo, presentó oficialmente suspensión de pagos para enmascarar una situación de quiebra real. El desastre empresarial, que empobreció a miles de pensionistas, enriqueció a una minoría de directivos que disponían de información privilegiada sobre la situación de la compañía. El presidente de la empresa energética, Kennet Lay, es amigo íntimo del presidente George W. Bush y uno de los principales contribuyentes de su carrera política. Aunque las donaciones privadas se distribuían entre demócratas y republicanos, la balanza se inclinó siempre hacia el sector más conservador. Lay y sus socios donaron 300.000 dólares para financiar la campaña de Bush a gobernador del Estado de Tejas y 113.000 para su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Desde el año 1978 las donaciones sumaron un total de 630.000 dólares. Lay regaló a Bush 5.000 dólares para influir en que el recuento de votos en el Estado de Florida fuera favorable a su patrocinado. El año 2001 durante el cual se celebraron las elecciones presidenciales la sociedad mercantil no pagó impuestos gracias a las argucias fiscales toleradas por los encargados oficiales de vigilar la legalidad de las operaciones. Cerca de mil filiales establecidas en conocidos paraísos fiscales le permitieron eludir las exigencias legales. Enron participó en la elaboración de la nueva política energética de la Casa Blanca. Para el congresista demócrata Henry Wasman, «ninguna compañía se benefició tanto como Enron de las decisiones de Washington». Se han denunciado 17 medidas aprobadas por el gobierno que respondían directamente a los intereses de la primera empresa energética norteamericana.

La industria farmacéutica, contribuyente generosa a la campaña del Partido Republicano en las elecciones de noviembre de 2000, ha visto cómo se rentabilizaban sus inversiones políticas. Con ocasión de regularse el superministerio de Seguridad Interior se autorizó, excepcionalmente, la celebración de contratos con empresas norteamericanas domiciliadas en paraísos fiscales, prohibidos expresamente por el Senado. También se ha creado una especial inmunidad de los laboratorios frente a demandas por los efectos secundarios de vacunas contra atentados bacteriológicos. George W. Bush suavizó las medidas contra la contaminación. La supresión de este tipo de limitaciones era un objetivo perseguido por las corporaciones eléctricas, petroleras y del carbón. Las compañías eléctricas habían donado 11 millones de dólares a los republicanos para las elecciones legislativas; las empresas del carbón, 2 millones, y la industria petrolera continúa siendo uno de los soportes económicos de los conservadores.

Una de las características más glosadas por los panegiristas del régimen político norteamericano es su estabilidad, pero se silencia que es conseguida gracias al maridaje entre el poder político y el poder económico, en detrimento de las clases más débiles. Tal como precisa Edward W. Said se produce «una mezcla letal de dinero y poder a gran escala, capaz de controlar las elecciones y la política nacional a su antojo». El gran sueño del capitalismo fue siempre conseguir la plena integración del poder económico y del poder político, hasta conseguir el dominio absoluto y universal del gran capital. Norteamérica se encuentra ya en la etapa final de este proceso. Las ideologías, una vez finalizada la última contienda mundial, han volado al cielo donde moran las abstracciones y los partidos se han convertido en simples maquinarias electorales, en factorías de votos. Las diferencias son cuestiones de matiz, de estética, de apariencias, de símbolos. Hace años que un presidente sentenció que lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, una frase digna de ser grabada en el frontispicio del Capitolio. La expresión se actualizaría con un simple cambio en el nombre de la empresa puesta como ejemplo. Joseph E. Stiglitz, ex presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Clinton, reconoce que en la Casa Blanca toma decisiones económicas en función de intereses puramente empresariales. Sostiene que las instituciones internacionales en ocasiones incluso intentan «torcer la realidad para ajustarla a las ideas de las autoridades».

Las posiciones políticas antisistema jamás podrán ser políticamente significativas, dadas las reglas del juego vigentes y la distribución real del poder en la sociedad norteamericana. Las elecciones se disputan siempre entre almas políticas similares. Apenas existen diferencias entre los candidatos de los dos partidos que alternan como inquilinos de la Casa Blanca. Como subraya Noam Chomsky, las áreas centrales donde se toman las grandes decisiones están excluidas de la participación democrática. Considera el prestigioso profesor de la Universidad de Massachusetts esta característica como una de las razones «por las cuales el capitalismo y la democracia son incompatibles, si por democracia entendemos un sistema de genuina participación popular a la hora de determinar las condiciones de la vida social».

A lo largo y a lo ancho de la historia de la nación norteamericana siempre han sido determinantes las motivaciones económicas, encubiertas en ocasiones por banderas patrióticas. La Guerra de Secesión, desarrollada a mediados del siglo xix (1861-1865), tuvo como caldo de cultivo el descontento de los Estados del sur ante la posible abolición de la esclavitud, institución tan inhumana como necesaria para el desarrollo de sus explotaciones agrarias, especialmente el cultivo de las enormes plantaciones de algodón. El campo todavía no estaba mecanizado y el humano sudor constituía la principal fuente de energía agraria. La elección en 1860 de Abraham Lincoln, abolicionista convencido, desencadenó la sangrienta guerra civil contra los federales. El nuevo presidente sostenía que una nación no podía ser la mitad libre y la otra mitad estar sometida a la esclavitud. Pero existían argumentos de índole económica que justificaban las posturas políticas enfrentadas. El grado de desarrollo industrial alcanzado por los Estados del norte y la presencia de una masa asalariada barata gracias a la fuerte inmigración, hacía innecesaria la mano de obra esclava. A pesar del abolicionismo, la población de color siguió marginada. Incluso en la resolución de un problema tan contrario a la dignidad humana como la esclavitud predominaron los criterios exclusivamente crematísticos. El triunfo de los federales no supuso el final de las injustas discriminaciones raciales.

Antes de la contienda civil, en 1830, se inició la gran epopeya histórica norteamericana, la conquista del oeste, para despojar a los pacíficos indígenas de sus tierras, a pesar de que el reconocimiento del derecho de propiedad es uno de los principios básicos del modo de vida norteamericano. Una vez vencida la resistencia de los pieles rojas, fueron encerrados en sus reservas. Hasta el año 1924 no se les reconoció la ciudadanía norteamericana. El respeto a los derechos humanos no podía poner en peligro la rentabilidad de la colonización del oeste. La prioridad de los criterios económicos sobre los éticos no es un principio reciente, sino que hunde sus raíces en el pasado remoto, en los orígenes mismos de la gran nación.

Otra de las características del sistema político norteamericano es la trascendencia del poder de los jueces. El verdadero alcance y sentido de la constitución norteamericana depende de la interpretación que los tribunales hagan de sus disposiciones. No puede sorprender a nadie familiarizado medianamente con el sistema que se defina la democracia estadounidense como el «gobierno de los jueces». Jefferson denunció inútilmente la situación: «la Supreme Court como instancia suprema de todas las cuestiones constitucionales, significa el sometimiento al despotismo de sus oligarquías». En las elecciones celebradas a principios del nuevo milenio fueron los magistrados del más alto tribunal quienes decidieron la presidencia. Apoyándose en el sacrosanto principio de la libertad de contratación, el tribunal defendió siempre la estructura capitalista de la economía y cercenó las medidas sociales adoptadas por los Estados más progresistas. Su jurisprudencia contribuyó decisivamente a trasformar un simple mecanismo económico, el mercado, en la ideología política dominante. «En el periodo comprendido entre 1890 y 1936 —escribe Karl Loewestein— la Supreme Court, haciendo uso de ciertas disposiciones maleables, en particular de la cláusula due process, de la quinta y catorceava enmienda, y la cláusula commerce, fue capaz de imponer a toda la nación la ideología económica del laissez faire en contra de la intervención gubernamental en la economía y la industria, evitando así el acercamiento a la justicia social exigida por las mayorías progresistas de algunos Estados miembros.»³ El control judicial en las relaciones entre Washington y los Estados se ha utilizado en muchas ocasiones para mantener privilegios y discriminaciones contrarios a los principios que deben imperar en toda democracia. En las más altas instancias judiciales han anidado tradicionalmente los sectores más conservadores del país. John Adams dijo que la nación americana era una nación de leyes, no de personas.

Un pueblo virtual

El candidato republicano George W. Bush fue proclamado como presidente el 12 de diciembre del año 2000 gracias a una decisión del Tribunal Supremo rechazando la revisión de las papeletas dudosas emitidas en el Estado de Florida, decisivas para determinar el vencedor de los comicios. Los sucesivos recuentos parciales estaban limando las diferencias entre los dos aspirantes a inquilinos de la Casa Blanca. A pesar de que el candidato del partido demócrata, Al Gore, sumó más votos populares, Bush consiguió la mayoría en el Colegio Electoral. El voto de William Renhquist, presidente del más alto tribunal, valió más que el de millones de ciudadanos. La contabilidad oligárquica, una vez más, se impuso a la voluntad mayoritaria del pueblo. La resolución judicial no sorprendió a nadie, dado el carácter conservador de la mayoría de los magistrados. Para el juez Jonh Paul Stevens, lo que realmente se perdió fue «la confianza de la nación en que el juez es el garante imparcial del imperio de la ley». Al Gore, el candidato derrotado, aceptó sin rechistar la solución final del conflicto electoral. Lo único importante a la hora de la verdad política es mantener la estabilidad del sistema. Todos aceptan jugar la partida política con las cartas marcadas. Por eso nadie se plantea seriamente la reforma del sistema electoral para mejorar su carácter representativo. El pueblo realmente soberano no es el pueblo real, sino el virtual creado mediante apaños legales. El escritor Gore Vidal sostiene que «hasta el doce de diciembre hemos disfrutado de un buen número de elecciones apaciblemente corruptas, decentemente ocultas a la vista del público, que han permitido a la mayor nación mantener su brillante curso de la historia».⁴

No era la primera vez que se producía un divorcio entre la mayoría real y el resultado oficial. En 1876 el candidato demócrata Samuel Tilde consiguió 250.000 votos más que su rival, el republicano Hayes. Se denunciaron irregularidades en los comicios celebrados en Carolina del Sur, Oregón, Luisiana y Florida. Una comisión electoral designada por el Congreso regaló la victoria al candidato realmente derrotado, por un solo voto de diferencia. La soberanía popular también fue pisoteada en 1888. En aquella ocasión el vencedor real derrotado por las manipulaciones fue Grover Clevelan.

Alguien ha calificado las elecciones norteamericanas como «un supermercado de irregularidades y fraudes». Se han utilizado procedimientos que van desde la compra de votos a ciudadanos necesitados mediante el regalo de cajetillas de tabaco hasta la utilización del correo electrónico para enviar mensajes anunciando el cambio a última hora de la fecha electoral para provocar la abstención de votos no deseados. En el año 1888 Grover Cleveland y Benjamín Harrison contrataron a ciudadanos para que ejercieran repetidas veces su derecho al voto a favor de sus respectivas candidaturas. El triunfador en las elecciones a la alcaldía de Miami, celebradas en 1998, las perdió ante los tribunales al probarse manipulaciones en los votos emitidos por correo. Lyndon Johnson consiguió el acta de senador gracias a que sus partidarios atiborraron las urnas de Alice, Tejas, con papeletas a favor de su candidatura. Supuestos votos de ciudadanos ya fallecidos contribuyeron decisivamente a que John F. Kennedy derrotara en 1960 a Richard Nixon. George W. Bush protestó el anuncio prematuro hecho por la televisión de la victoria de Al Gore en Florida puesto que le privó de muchos votos en la parte norte del Estado, donde regía un horario distinto. Solamente emerge hasta el conocimiento público una punta del gigantesco iceberg. En la denuncia de estos escándalos nunca ha llegado la sangre de la manipulación al gran río del sistema. Nixon, como otros perjudicados, se negó a solicitar un nuevo recuento de los votos «para no desencadenar una crisis constitucional que dividiera en dos al país». Todos forman una piña a la hora de defender el statu quo; todos apagan su sed monetaria en la misma fuente y ponen mucho esmero en no incomodar a los amos del manantial, no vaya a ser que corten su generoso riego económico.

Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano menor del presidente, corrigió el censo electoral de su Estado antes de celebrarse las elecciones a la Casa Blanca, decisión que facilitó el triunfo del candidato republicano. En el mes de julio de 2001 The New York Times denunció al equipo electoral del presidente Bush por ejercer fuertes presiones el día siguiente a la celebración de los comicios para asegurar la aceptación durante el escrutinio de todos los votos favorables, incluso de los legalmente nulos. La investigación periodística ha llegado a la conclusión de que en la misma noche electoral del 7 al 8 de noviembre del año 2000 varios equipos especializados en estrategia política del Partido Republicano presionaron a las autoridades de Florida para que hicieran la vista gorda en los votos emitidos por correo. Al menos 700 votos, de los 2.490 enviados, deberían ser invalidados, lo que pondría en peligro la victoria de Bush, ya que fue conseguida por estrecho margen de sufragios. Había papeletas sin matasellos, centenares con fecha posterior a la del día en que se celebraron los comicios y otras que habían sido rellenadas sin testigos, requisito exigido por la ley. Incluso se aceptaron 19 sobres que incluían dos votos para el candidato republicano. A pesar de todo, Bush ganó a Gore en el Estado de Florida solamente por 537 votos, lo que permite suponer que el resultado había sido otro si se aceptaran las reclamaciones formuladas contra las irregularidades.

La mayoría de las papeletas enviadas por correo correspondían al personal militar destinado en el extranjero, tradicionalmente conservador. En las fechas inmediatamente anteriores a las elecciones el congresista republicano Steve Buyer solicitó y obtuvo del Pentágono datos personales e información sobre la mejor manera de contactar con los soldados norteamericanos desplazados fuera de su país.

Un informe del Instituto de Tecnología de Massachusetts revela que en los comicios del año 2000 se perdieron entre cuatro y seis millones de sufragios por problemas con las papeletas, los equipos y los registros de votantes. Durante los meses previos a la celebración de las elecciones, el gobernador de Florida, Jeb Bush, ayudado por su secretaria de Estado, Catherine Harris, realizaron una operación para eliminar del censo electoral a 57.700 votantes acusados de incurrir en causa de incapacidad. Más de la mitad de los afectados eran ciudadanos de color tradicionales partidarios de los demócratas. La inmensa mayoría habían cometido «delitos menores», como conducir bajo los efectos del alcohol. Al menos un 15 por 100 de los excluidos fueron incorrectamente clasificados como criminales. La tarea de realizar la lista de depurados fue encomendada a una empresa privada, la DBT Online, que firmó en 1988 un contrato de cuatro millones de dólares con el Estado.

El ex presidente Jimmy Carter, a finales de septiembre de 2004, denunció, después de realizar los correspondientes análisis, que «no se dan las garantías necesarias en el Estado de Florida para que las elecciones presidenciales sean limpias», ya que «faltan los requisitos internacionales básicos para unas elecciones justas». No existe un comité electoral independiente y han vuelto a ser marginados miles de votantes de color. También en los Estados de Iowa y Nuevo México se impide el sufragio al 25 % de los electores negros con edad para participar; en Nevada, el 17 %. Una de las tácticas utilizadas para evitar la inscripción en las listas electorales de personas pertenecientes a los sectores más modestos de la población es amenazarlos con la posibilidad de ser arrestados en el momento de acudir al colegio electoral por tener pendientes el pago de algún impuesto, multas de tráfico y recibos de la electricidad o el gas de consumo doméstico, tal como se hizo en la ciudad de Baltimore el año 2002.

En las fechas previas a los comicios presidenciales de noviembre del año 2004 los operativos e intermediarios de la campaña política han inscrito en las listas electorales incluso a los muertos y algún vivo ha sido registrado más de cuarenta veces. En el Estado de Ohio la organización NAACP ha inscrito a Mary Poppins y a Dick Tracy. Todas estas anomalías explican que los beneficiados por las manipulaciones hayan presentado una treintena de demandas para evitar la identificación de los votantes ante las urnas, con el fin de obstaculizar su descubrimiento. Se trata de crear facilidades para cometer fraudes. No se exige a los ciudadanos acudir al Departamento de Elecciones para figurar en las listas, pueden hacerlo en una cafetería o en un centro comercial. Según el diario Orlando Sentinel unos 68.000 electores inscritos en Florida también han sido registrados en Georgia y Carolina del Norte. Asimismo, según publicó el Daily News, 46.000 ciudadanos fueron inscritos a la vez en Nueva York y Florida.

En toda democracia es el pueblo, organizado en cuerpo electoral, el titular de la soberanía legítima. Por eso conviene hilar muy fino a la hora de fijar la capacidad política de los ciudadanos. La voluntad matemática del voto tiene que ser un reflejo directo de la voluntad real. La ley electoral democrática, centro neurálgico del sistema, debe ser equitativa e igualitaria. Del principio que exige que cada ciudadano tenga un voto se deduce que todos los votos deben tener idéntico valor a la hora de elegir a sus representantes en las cámaras de la nación. Pero no siempre sucede así. Y se falsea deliberadamente la voluntad ciudadana. Como enseña Karl Loewestein, la idea del pueblo como titular soberano del poder se transforma en una hipótesis equívoca si las técnicas electorales no están establecidas de tal manera que el resultado refleje honrada y exactamente la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Algunos analistas políticos recuerdan que el Colegio Electoral fue creado por los padres fundadores de la democracia americana debido al temor que sentían hacia el «exceso de democracia». El sistema vigente se remonta al siglo xviii y apenas ha sufrido reformas. La elección del presidente se realiza de un modo indirecto. Cada Estado elige a los compromisarios encargados de decidir la votación final. El vencedor en un Estado, aunque solamente sea por un voto, consigue el apoyo de todos los compromisarios elegidos. Se da la curiosa circunstancia de que, hasta hace relativamente poco, el Estado de Washington no participaba en las elecciones presidenciales y actualmente todavía carece de representación en el Congreso. La elección directa de la máxima magistratura de la nación fue propuesta por James Wilson en 1787 pero no logró prosperar por la firme oposición de los Estados sureños, que se consideraban perjudicados por tener menos población con derecho a voto, ya que los esclavos no podían participar en los comicios, carecían de derechos políticos. James Madison, representante de Virginia, logró hacer prevalecer su tesis favorable a la elección indirecta a través del colegio electoral. Con la medida se pretendió eliminar cualquier tipo de amenaza contra la legalidad de la esclavitud, fundamental para mantener la saneada rentabilidad del campo. Por otra parte, también se consideró conveniente para la estabilidad del sistema que los votos tuvieran más valor en los Estados con menor población que en lugares como California o Nueva York «ya que allí la mayoría de los votantes son inmigrantes».

Los movimientos de fronteras realizados en cada circunscripción electoral para lograr un número similar de votantes en los distintos distritos permite tergiversar los resultados electorales. Por ejemplo, en Illinois el republicano Tim Johnson, representante del distrito 15, añadió a su demarcación una estrecha franja de más de 150 kilómetros de longitud cuyos votantes eran republicanos en su inmensa mayoría. Por su parte, el demócrata Lane Evans, representante por el distrito 17, anexionó una zona en el centro de Illinois para garantizar el apoyo de una bolsa de votos tradicionalmente demócrata. El fenómeno, conocido como «gerrymandering» en el lenguaje político norteamericano, constituye una práctica habitual en todos los Estados antes de las elecciones. Nathaniel Persily, de la Universidad de Pensilvania, sostiene que «el proceso de rediseño de los distritos permite que los políticos elijan a los electores, y no a la inversa», tal como exige la lógica democrática.

Durante la mayor parte de la historia de la democracia americana se negó el derecho a voto a los indigentes, a los negros, a las mujeres y a los inmigrantes. La participación en los comicios de las mujeres no se reconoció hasta el año 1918 y a los negros, aunque formalmente se les concedió la mayoría de edad política en 1863, no consiguieron el reconocimiento de sus derechos en el sur del país hasta 1964, tras largas y sangrientas luchas callejeras.

En el fondo de este planteamiento subyace una superchería mantenida viva entre las clases dirigentes norteamericanas: las masas constituyen la amenaza real para la democracia. Resulta lógico que, en la dictadura del dinero, los pobres constituyan un peligro para la estabilidad del sistema. Por eso consideran que son las elites políticas, económicas y sociales, las encargadas de velar por el bienestar general. Las minorías selectas logran mantener su hegemonía tanto gracias al control económico de los grandes medios de comunicación como a la manipulación del sistema electoral. Los sociólogos hablan de la ley de hierro de las oligarquías al explicar esta situación. Es preciso para la perpetuación del sistema domesticar el poder real del electorado, encauzar las impaciencias de los oprimidos hacia zonas neutras e intrascendentes. No se puede tolerar nada que cuestione la distribución actual del poder. Desde esta perspectiva, la apatía de la mayoría se valora como un factor político positivo. Sobre todo si se considera que las grandes bolsas de abstención se producen precisamente entre los sectores socialmente marginales, entre personas potencialmente descontentas de la situación, entre los eternos perdedores. El proclamado gobierno del pueblo no solamente resulta una utopía actualmente, aseguran los seudo demócratas, sino que incluso es indeseable un incremento de la participación ciudadana en la vida pública. Es preciso evitar que las masas se sientan dueñas de su destino político, despierten de su letargo y reivindiquen igualdades contrarias a la «naturaleza de las cosas». Se trata de evitar a toda costa la mal denominada «dictadura de las mayorías». Ya el elitista Pareto proclamó sin ambigüedades que la representación popular era una auténtica majadería. El modelo norteamericano es un fiel seguidor de sus prédicas, aunque pocos se atreven a manifestarlo por no ser electoralmente rentable.

Los datos revelan que los comicios norteamericanos son los que registran un mayor índice de abstención de todo el mundo occidental, formalmente democrático. Ya no hace falta acudir al sufragio restringido, tal como propugnaban los teóricos liberales, para garantizar el carácter sagrado del derecho de propiedad y para mantener a salvo los privilegios de las oligarquías económicas. Las líneas maestras de la organización política están concebidas precisamente para evitar que las aguas reivindicativas de los descontentos desborden los cauces legales y neutros. Los sectores más débiles de la sociedad, tras las experiencias pasadas, tienen clara conciencia de su incapacidad para conseguir que cambie realmente el estado de cosas y para influir en el proceso en que se toman las grandes decisiones. Por eso se alinean mayoritariamente en las filas de la abstención. Su pasividad resulta vital para el funcionamiento de un capitalismo que fomenta la desigualdad. El comportamiento consciente y racional de la mayoría de los ciudadanos acabaría con un sistema desigual e injusto. La población norteamericana, para satisfacción de las clases dirigentes, se muestra cada vez más apática. En las elecciones presidenciales las cifras de participación no alcanzan al 50 % de quienes tienen derecho a voto, más de cien millones de ciudadanos. Y los porcentajes serían todavía mucho más elevados si en el censo figuraran también los ciudadanos que, por diversas razones, forman parte de la población clandestina. La primera abstención importante se produce entre quienes no acuden al registro oficial para obtener la tarjeta que les acredita como votantes, indispensable para participar en los comicios. La mayoría considera esa formalidad como una molestia inútil, ya que no le reporta ningún beneficio. Esa obligación de inscribirse ha sido concebida precisamente para excluir la participación de los considerados políticamente como peligrosos. El senador Paul H. Douglas denunció, aportando datos, que de los 3.750.000 negros con capacidad para votar en los Estados sureños, solamente están registrados 850.000. De acuerdo con las leyes del Estado de Florida, decisivo para la elección presidencial, quienes tienen antecedentes delictivos pierden todos sus derechos políticos, por lo que miles de negros quedan privados de su derecho al voto. La delincuencia perseguida, procesada y condenada se registra siempre entre las capas sociales con menos ingresos económicos. La alta delincuencia rara vez da con sus huesos en la cárcel, ya que pueden contratar a los mejores profesionales de la abogacía, algo fundamental para obtener un fallo favorable en la justicia norteamericana. Las estadísticas son elocuentes al respecto. En los Estados Unidos de Norteamérica también la justicia se compra con dólares, tal como corresponde a su organización económicosocial. Solamente quienes disponen de grandes recursos tienen garantizada una defensa eficaz ante los tribunales de justicia. El caso del español Joaquín José Martínez, condenado a muerte en el Estado de Florida, que obligó a sus padres a mendigar en público hasta conseguir los millones necesarios para lograr la revisión de su condena, ilustra más que cualquier reflexión teórica sobre la naturaleza del sistema judicial en aquel país. Gracias a los millones invertidos lograron salvar a su hijo de la última pena. Incluso el presidente Clinton tuvo que realizar una cuestación pública para poder pagar las costas judiciales en el caso de la becaria Monica Lewinsky. Carecía de recursos suficientes para satisfacer los gastos originados por el proceso. Al menos eso es lo que se deduce de los hechos.

La similitud ideológica de las alternativas de poder es otro factor que contribuye a fomentar el desinterés de los ciudadanos. Curtis Gans, director del Comité de Estudios del Electorado Americano, asegura que la elección de un presidente en su país no tiene un tinte dramático. «La gente —escribe— es más pragmática que ideológica y muchos creen que el hecho de que Gore o Bush ocupen la Casa Blanca tendrá una influencia insignificante en su vida.»⁵ Lo mismo sucede con Bush y Kerry: ambos se educaron en la Universidad elitista de Yale y pertenecen a la misma clase política. El candidato demócrata votó sí a la guerra de Irak y no condenó los abusos en la base de Guantánamo. Tampoco firmará el acuerdo de Kioto para reducir la emisión de gases de efecto invernadero ni aceptará la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Pat Buchaman y Ralph Nader sostienen que los candidatos son almas gemelas que acuerdan librar una batalla en las urnas. Gane quien gane la dirección de los negocios públicos, en lo fundamental, seguirá exactamente igual. Las diferencias son simplemente cuestiones de matiz.

Siendo el momento culminante de la democracia las elecciones, resulta necesario analizar sus características para descubrir la verdadera naturaleza del sistema político. En un mundo globalizado por la ideología del mercado resulta natural que la potencia hegemónica responda a las características del nuevo orden que se quiere implantar en los cinco continentes. Por ello todo candidato que pretenda competir con posibilidades de éxito en las consultas electorales norteamericanas deberá disponer de la riqueza necesaria para participar con ciertas garantías de conseguir apoyos en los negocios de la política. John F. Kennedy reconoció que para tener éxito en las elecciones en Norteamérica son necesarios tres requisitos: dinero, dinero y dinero. Warren Buffet, uno de los inversores financieros más prestigiosos, escribió en The New York Times, en el mes de octubre del año 2000, que una aportación de 25.000 dólares consigue convertir al donante en una persona digna de ser tenida en consideración en el mundo político. La campaña de 2004 ha batido el récord histórico de inversiones, a pesar de haber entrado ya en vigor la nueva legislación para controlar el flujo del dinero electoral. El Center for Responsive Politics reconoce que «cualquiera que quiera lanzarse a la carrera para ser presidente necesita conseguir mucho dinero». Alex Knott denuncia que las donaciones atan los candidatos a «los intereses de los donantes». Los topes legales se rebasan a través de organizaciones supuestamente independientes que hacen y deshacen a su antojo.

La actividad pública en el país más poderoso de la tierra ha estado y está vetada a los indigentes. Las condiciones imperantes en el mercado del voto tornan innecesarias las primitivas normas que negaban el voto a los mendigos y a quienes no pagaban impuestos por carecer de fortuna. La discriminación se ha hecho más sutil, pero también más eficaz y monetaria. Las modernas técnicas sociales consiguen idénticos resultados sin necesidad de negar derechos a nadie e incluso permitiéndose la generosidad retórica de proclamar en las cartas constitucionales que todos somos iguales en derechos y obligaciones. El dinero desempeña un papel básico a la hora de discriminar a los ciudadanos. Un candidato tendrá más posibilidades de triunfo cuando más apoyos financieros lo respalden. Calculan los expertos que la elección de un miembro de la Cámara de Representantes exige como mínimo una inversión de medio millón de dólares. Jesse Unruch, ex consejero de Estado, reconoció que «el dinero es la madre de leche de la política». En California una campaña estatal, para gozar de las mieles del éxito, requiere una inversión de más de un millón de dólares. Jay Rockefeller desembolsó 1.320 millones de pesetas de aquella época para poder ganar una elección de gobernador en Virginia occidental; Mondale invirtió 3.700 millones para derrotar en las primarias de su partido al reverendo Jesse Jackson y a Gary Hart; en la campaña electoral por la presidencia, Reagan y Mondale desembolsaron cada uno en torno a los cinco mil millones de pesetas, cantidad superada por el presidente Clinton; Bush, el último presidente, recaudó más de 100 millones de dólares para su campaña electoral. Tanto los miembros de la Cámara de Representantes como los senadores reconocen que durante el desempeño de su mandato dedican más tiempo a recaudar fondos para asegurarse la reelección que a cumplir las obligaciones propias del cargo, a pesar de que les resulta más fácil conseguir el dinero que a quienes se presentan por primera vez.

Abundan los ejemplos dignos de calificar a la democracia norteamericana como la democracia del dólar. John Corzine, millonario de Wall Street, ex directivo de la firma de inversiones Goldman Sachs, resultó elegido senador demócrata por New Jersey gracias a una inversión de 60 millones de dólares. Su contrincante, Bob Franks, fue derrotado por haber conseguido solamente 5 millones. Cada político debe organizarse como una empresa individual para recaudar los fondos necesarios para vencer en los comicios, primero en las primarias dentro de su propio partido y luego en las elecciones generales frente a todos los candidatos. Estudios realizados por Steven Weiss, experto en financiación de campañas electorales del Center for Responsive Politics, demuestran que «en nueve de cada diez casos el político que invierte más dinero consigue resultar elegido». Los candidatos ganadores en las elecciones al Senado gastaron una media superior a los 7,5 millones de dólares mientras que los derrotados no llegaron a los 4 millones. El modelo político norteamericano se aproxima cada vez más a una sociedad anónima mercantil donde el poder de cada votante se encuentra en relación directa con el número de acciones que posea en la empresa. El valor político del dólar es evidente y decisivo. La democracia norteamericana constituye la representación más genuina de la democracia del dinero que nos intentan implantar a escala planetaria.

No todos los apoyos financieros se realizan a la luz del día, con la transparencia pregonada. En ocasiones se utilizan vías subterráneas o procedimientos tangenciales para no evidenciar ante la opinión pública la compra de favores políticos. La prestigiosa editorial Simon & Schuster adelantó ocho millones de dólares a Hillary Clinton por los derechos de publicación de un libro que todavía no había escrito. No se trata de un caso aislado, sino de una práctica corriente. La misma editorial había ofrecido a Nancy Reagan dos millones de dólares por un libro que nunca se publicó. Public Citizen, organismo americano de control de las actividades públicas, denunció como una compensación descarada a las grandes donaciones al partido, realizadas por las industrias de televisión y los fabricantes de cigarrillos, una ley promulgada en 1996 concediendo a las emisoras de televisión el libre uso del espectro digital y una desgravación fiscal a la industria tabaquera. Las donaciones a los partidos más que regalos constituyen préstamos devueltos con generosos intereses cuando los destinatarios desempeñan los cargos públicos. Como describe acertadamente el pensador político francés Alain Touraine, estamos retornando al régimen anterior a la Revolución Francesa: la aristocracia son los banqueros; el clero, los medios de comunicación; el pueblo, la gran masa, desempeña un papel pasivo y servil.

Resulta perfectamente coherente con una etapa histórica dominada por la ideología del mercado ecuménico que los partidos políticos planifiquen la venta de sus candidatos con una estrategia similar a la utilizada por los grandes industriales para colocar su producción en un mercado cada vez más competitivo y abierto. Los aspirantes a un cargo representativo son considerados como simples mercancías, las campañas como promociones de ventas y el electorado como meros consumidores de productos políticos. Las ideologías están mal vistas. No son políticamente correctas. Hace tiempo que han sido encerradas en el baúl de los recuerdos históricos. Lo único importante es tener una buena cartera de clientes electorales. «Los partidos y sus organizaciones partidarias —escribe Jurgen Habermas en Historia y crítica de la opinión pública— se ven obligados a influir en las decisiones de sus electores de un modo análogo a la presión ejercida por el reclamo publicitario sobre las decisiones de los consumidores: surge la industria del marketing político. Los agitadores y los propagandistas del viejo estilo son desplazados por neutrales especialistas publicitarios, a los que se emplea para vender política de un modo no político.» La única diferencia entre la propaganda política y la publicidad es que mientras la primera vende ideas y proyectos, la segunda ofrece bienes materiales y servicios. El comentarista norteamericano Sid Bernstein afirma que «los candidatos políticos se venden exactamente igual que el jabón, la leche o lo que sea; si se profundiza en el tema, se descubre que es la única forma de vender cualquier producto». Algunos expertos subrayan como diferencia más notable entre publicidad y campaña política el hecho de que el producto fabricado puede alterarse mientras que al político hay que tomarlo tal como es, pero en la actualidad también la imagen del político puede manipularse según las conveniencias y transformarse tan radicalmente como cualquier producto comercial. El objeto electoral, para venderse, debe crearse a imagen y semejanza de los gustos del público. También en la actividad electoral existen las modas. En la moderna industria política no se trafica con ideologías, sino con gestos, apariencias, sonrisas, simpatías, respuestas ingeniosas y otros superficiales engaños. No se apela a la reflexión racional, sino a las sensaciones; se busca el impacto más que el análisis meditado y riguroso. Pensar se está convirtiendo cada vez más en una actividad subversiva. Todos los políticos tienen que adaptarse a las condiciones del medio si pretenden sobrevivir en esta vorágine mercantilista.

Dentro de la cultura del espectáculo, la televisión desempeña un papel fundamental en la sociedad norteamericana. La imagen está reemplazando a la tipografía. Solamente se cree aquello que se ve, como santo Tomás, sin reparar en las técnicas de manipulación capaces de dar gato por liebre al más espabilado. El prestigio y la popularidad, en el siglo xxi, al menos en sus inicios, se ganan ante las cámaras de televisión. Un presentador de agradable presencia física y de sonrisa cautivadora es más influyente que un catedrático de universidad. Un político ingenioso, comunicador y convenientemente maquillado, logra más votos que un programa de soluciones a los problemas que afectan gravemente a la sociedad. El presidente-actor Ronald Reagan, tras pasar por los estudios de Hollywood y la Casa Blanca, declaró no haber encontrado diferencias entre el mundo de los actores y la política. Todos tienen que adaptarse al guión y seguir las instrucciones de los directores que permanecen en las sombras. Nadie puede prescindir de la televisión. Muchas elecciones se han decidido en un debate ante las cámaras. El primer debate electoral televisado, celebrado el 26 de septiembre de 1960 entre Richard Nixon y John F. Kennedy, puso de manifiesto la eficacia de los pequeños detalles para promocionar candidatos. El vigor juvenil y el desparpajo de Kennedy se impusieron a un Nixon con fiebre y mal afeitado. Las gotas de sudor que surcaron el rostro del candidato republicano jugaron una baza más importante que la indudable inteligencia política de Kennedy. También las muecas realizadas por Al Gore en su debate televisivo con Bush inclinaron la balanza hacia el lado republicano.

Dos tercios de lo recaudado por los candidatos norteamericanos se invierten en televisión, tercera fuente de ingresos de las cadenas privadas, después de los anuncios de automóviles y las comidas rápidas. Según Paul Taylor, «las campañas políticas se han convertido, cada vez más, en una transferencia de ingresos entre donantes ricos y cadenas de televisión ricas; mientras tanto el debate real está desapareciendo de la plaza pública de la televisión». El discurso de la imagen no es adecuado para la reflexión filosófica. Vende impactos, espectáculo. De los años de mandato del presidente Clinton lo que permanece en la memoria del público norteamericano son sus relaciones amorosas con la becaria Monica Lewinsky. La apariencia de sheriff decidido y desafiante ha sido decisiva para el triunfo de George W. Bush. En la democracia del dólar el pueblo no es más que una masa amorfa de consumidores incapaces de asumir su responsabilidad soberana.

Pero el problema de la democracia norteamericana no reside en la falta de participación electoral, es mucho más grave y profundo. La apatía ciudadana es simplemente una exteriorización de una creencia compartida por la mayoría: su voto sirve para muy poco. El individuo aislado nada puede hacer frente al complejo industrial-militar sólidamente instalado en la cúpula del poder. Las grandes decisiones se toman en las sombras y sirven a intereses de grupos reducidos e influyentes. Al hombre de la calle le resulta imposible conocer las diferencias reales entre los candidatos por una razón evidente: no existen. Las grandes cuestiones no se debaten ante la opinión pública. Cuando conviene, se inventan enemigos interiores o exteriores capaces de las mayores maldades, como los ogros de los cuentos infantiles o el lobo feroz de caperucita roja. En la propaganda de la guerra fría, el auténticamente rojo era la bestia amenazante, moradora de las gélidas estepas rusas, capaz de las mayores perversidades. Ahora la amenaza terrorista le ha proporcionado nuevos enemigos.

Thomas Ferguson puntualizó que «los requisitos previos para una democracia efectiva no son solamente la inscripción automática de los votantes o el hecho de que se vote en domingo, aunque esto puede ayudar; las bases reales para una democracia efectiva son unas instituciones políticas más enraizadas, el florecimiento de las organizaciones sindicales, el acceso fácil de terceros partidos a la contienda política, la gratuidad de los medios de comunicación, y una próspera red de cooperativas y otras organizaciones comunitarias». Ferguson valora la calidad del voto en función de un minucioso estudio «de los recursos de que disponen los votantes para formar su opinión y, sobre todo, para participar en organizaciones secundarias».⁶ La democracia exige la participación de los ciudadanos a todos los niveles, no solamente para legitimar la elección de sus representantes, sino porque constituye un medio indispensable para el desarrollo de la personalidad. Quien no participa no se realiza como persona.

Las elites dominantes en los Estados Unidos siempre sintieron un reverencial temor por la democracia efectiva, por la soberanía real de los ciudadanos. El populismo desarrollado en los Estados del sur y del medio oeste a finales del siglo xix, «la fuerza social más auténticamente libertaria», fue duramente reprimido y provocó la emigración masiva a Canadá de sus simpatizantes. El presidente Wilson atribuyó el florecimiento de los movimientos populares después de la primera guerra mundial a los emigrantes por ser los inoculadores del «veneno de la deslealtad en las mismas arterias de nuestra vida nacional». El procurador general Palmer, siguiendo las instrucciones de su presidente, organizó una eficaz expulsión de los calificados como «extranjeros inmundos». Una vez finalizada la última contienda mundial, la amenaza comunista fue hábilmente manejada para ahogar en su raíz cualquier tipo de reivindicación popular. El sistema norteamericano se tornaría tremendamente vulnerable, decían los dirigentes, si tolerara la disidencia y la protesta. Edgar Hoover, como máximo responsable del FBI, y el senador Joe McCarthy realizaron importantes funciones inquisitoriales para cercenar cualquier tipo de manifestación del pensamiento independiente y de este modo alimentar la apatía del pueblo llano ante el temor a sufrir las consecuencias de la represión. A McCarthy le pararon los pies cuando intentó llevar a cabo sus purificaciones ideológicas en el seno del propio ejército. Tocó una parcela fundamental de la estructura del poder por lo que se sintió forzado a recoger velas. La prestigiosa Fundación Heritage recomendó al presidente Ronald Reagan, delator del rojerío progresista en la meca del cine, una especial atención a la «realidad subversiva desencadenada por disidentes de origen no estadounidense». Establecía también el informe un principio no contenido en la Constitución: «es axiomático que las libertades individuales son secundarias con respecto a las necesidades de la seguridad nacional y el orden civil interno».⁷

Los movimientos juveniles de la década de los sesenta, la rebelión de los pacifistas contra la guerra del Vietnam y la protesta de la población de color contra la discriminación racial contribuyeron a crear nuevos sinsabores entre las clases económicamente superiores. No faltaron quienes añoraron los años del presidente Truman en los que se podía gobernar el país más poderoso de la Tierra «con la cooperación de un número relativamente pequeño de abogados y los banqueros de Wall Street». La contraofensiva fue eficaz. Hoy se han realizado los sueños de los viejos conservadores.

A lo largo de la década de los setenta el sector empresarial dominante organizó el asalto al poder político en el mismo Washington con un ejército civil compuesto por 150.000 profesionales con el objetivo de establecer una red destinada a promover o rechazar determinados proyectos de leyes, llegando a configurar el sentido ideológico de la legislación. «Las empresas —escribe Thomas Edsall— crearon un complejo entramado de instituciones privadas dedicadas a la investigación y a la estrategia de expertos con ánimo de alterar los términos del debate político para desviar a las masas hacia un consenso conservador.»⁸ Las líneas maestras de semejantes políticas se han mantenido hasta la actualidad. La siembra ha dado sus frutos en la cosecha globalizadora.

El analista político James Klurfeld recuerda que «los fundadores de los Estados Unidos establecieron una democracia elitista dentro de un sistema federal». Paradójicamente, el ganador, como he precisado anteriormente, no siempre coincide con el candidato más votado en los comicios, algo que cuestiona la naturaleza política de un sistema teóricamente democrático en el que la soberanía reside en la voluntad mayoritaria del pueblo.

El gran sheriff de la aldea global

Norteamérica es el gran sheriff justiciero y universal, defensor del orden en el mercado único y global. El presidente Bush ha resucitado los típicos carteles de «se busca» del lejano oeste ofreciendo una recompensa a quien entregara, «vivo o muerto», a Bin Laden. El premio ascendía a 180.000 millones de pesetas. Lanza sus misiles al espacio con la misma celeridad que los héroes del lejano oeste desenfundaban sus revólveres. Quien da primero, da dos veces. Ahora incluso se permiten disparar por la espalda, algo prohibido por el código de honor de los vaqueros. Un buen día apuntan sus armas mortíferas contra la residencia privada de Gadafi porque sus militares cometieron la osadía de realizar unas maniobras del ejército en las aguas jurisdiccionales de Libia en el mar Mediterráneo; en otra ocasión, los marines invaden la isla de Granada cuando sus dirigentes políticos iniciaron la construcción de un aeropuerto civil sin el previo visto bueno de Washington; con nocturnidad y alevosía se entretuvieron dirigiendo los «pájaros de la noche», sofisticados aviones, a bombardear barrios humildes de Panamá con el pretexto de capturar al general Noriega, antiguo aliado y colaborador de la CIA, que había decidido actuar por su cuenta; sin necesidad de que exista un motivo especial, organizaban de vez en cuando ataques contra Irak, antes de la declaración formal de la guerra. Todos los gobiernos norteamericanos se han considerado legitimados para actuar en los cinco continentes sin respetar las normas del derecho de gentes y, en ocasiones, sin atender incluso los acuerdos de las Naciones Unidas, a pesar del control ejercido por Estados Unidos sobre el funcionamiento de dicho organismo internacional. Siempre actúan en nombre de la democracia y la libertad, aunque, como denuncia el profesor Noam Chomsky, la violación de las cuatro libertades básicas siempre provoca una angustiosa preocupación cuando se produce en territorio enemigo, pero no sucede lo mismo con hechos similares acontecidos en países amigos. Lo que realmente obsesiona es la defensa de la llamada quinta libertad. «Como la historia muestra con gran claridad —escribe— solamente se manifiesta una súbita y breve preocupación por otras formas de libertad cuando la quinta y fundamental está amenazada, preocupación que se mantiene tanto como sea necesario para justificar el uso legítimo de la fuerza y de la violencia para restaurar esa quinta libertad, la única que cuenta en realidad: la libertad de saquear y explotar.»⁹ La historia avala esta tesis. Se trata de una de las constantes de su política exterior desde su nacimiento como Estado soberano. A los dirigentes norteamericanos les preocupan especialmente aquellos sistemas políticos, sean democracias o dictaduras, que ponen obstáculos a la expansión comercial de sus grandes empresas o límites a su desarrollo económico. La diferencia del trato dado al general Franco y a Fidel Castro, a pesar de ser considerados por Washington sus regímenes como dictaduras, revela la verdadera naturaleza de la política exterior norteamericana. Mientras el sanguinario dictador español se avenía a sus conveniencias, Fidel Castro osa plantarles cara. Por eso, a su juicio, se merece un castigo ejemplar, un eficaz cerco económico. Poco les importa que la verdadera víctima sea la población civil. No vaya a ser que cunda el ejemplo entre las otras naciones del nuevo continente. La política exterior norteamericana, como ellos mismos reconocen, no tiene principios, solamente intereses que defender. La lista de dictadores amigos, «nuestros hijos de puta», según el lenguaje de la Casa Blanca, es interminable: Trujillo, Somoza, Videla, Pinochet, Noriega, Ferdinand Marcos, el rey Hassan, Franco, Duvalier, Mobutu, Suharto, Batista... A pesar de esta evidencia, el secretario de Defensa Norteamericano, Donald Rumsfeld, se muestra indignado por la actitud internacional. «La gente que nunca creyó que los Estados Unidos tuvieran el monopolio de la sabiduría política, económica y cultural —declaró— ya no se siente agradecida por el papel desempeñado durante la guerra fría.» Se ha resucitado, lamenta el político de Washington, la imagen del «americano feo». En el océano de la ingratitud han naufragado pasados agradecimientos.

La nueva estrategia de la política global hace innecesarios los servicios prestados por los dictadores. Ahora incluso se hacen públicos datos secretos para ayudar a procesar a antiguos aliados y colaboradores, como es el caso Pinochet. El dominio se ha hecho más sutil y eficaz. No necesita utilizar la violencia física, la tortura o los desaparecidos para imponerse a los más débiles. Incluso permite que los medios de comunicación expongan a la curiosidad pública esos criminales que cometieron pecados políticos, a su juicio, veniales y perdonables. El sistema se siente más fuerte que nunca. Las grandes empresas reivindican el establecimiento de un mercado universal, sin interferencias, donde el pez grande, como siempre ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, acaba devorando al más chico. Los tiburones empresariales más agresivos se crían en la piscifactoría financiera de Wall Street. Por eso llevan siempre las de ganar. Es la ley del océano económico. Desde Gran Bretaña, el fiel aliado, se ha denunciado «el imperialismo económico de las empresas norteamericanas, que es considerablemente activo, bajo el pretexto de un internacionalismo benévolo y militar». El poder del Pentágono está respaldado por una estructura económica fuerte, a la que sirve.

Tampoco se caracteriza la política exterior norteamericana por su acatamiento a las leyes internacionales ni por su defensa de la democracia. Se trata del país que más veces ha ejercitado el derecho de veto en las Naciones Unidas contra resoluciones del Consejo de Seguridad relativas al mantenimiento de la paz y al respeto de los derechos humanos. George Bush, padre, ha sido el único jefe de Estado en activo condenado por el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. Dicho organismo judicial sancionó a los EE.UU. en 1986 por sus continuas intervenciones en Nicaragua contrarias al derecho internacional. La sentencia fue despectivamente ignorada por la primera potencia mundial. Nicaragua elevó entonces la cuestión al Consejo de Seguridad, pero el representante estadounidense vetó la resolución que exigía a todos los Estados el cumplimiento de los compromisos contraídos. El gobierno de Managua planteó nuevamente la cuestión en la Asamblea General donde consiguió ser aprobada por 94 votos a favor y 3 en contra. Solamente Israel y El Salvador se alinearon con el coloso del norte. Los Estados Unidos siguieron haciendo oídos sordos. Un año más tarde las Naciones Unidas volvieron a exigir «el pleno cumplimiento de la resolución del Tribunal Internacional». A finales de 1989, la ONU condenó las intervenciones estadounidenses en América Central y su apoyo a las actividades terroristas de ciertos grupos. Las amenazas de Washington forzaron al gobierno de Nicaragua a retirar la demanda sobre el pago de reparaciones de los daños causados a la economía de su país, a cambio de la firma de un acuerdo para «estimular el desarrollo económico, comercial y técnico». En el mes de septiembre de 1993, el Senado aprobó, por 94 votos a favor y 4 en contra, la prohibición de cualquier tipo de colaboración con Nicaragua hasta que el gobierno sandinista no abonara las correspondientes indemnizaciones a los ciudadanos norteamericanos que apoyaron al dictador Somoza, cuyas propiedades fueron expropiadas tras el triunfo de la revolución. La cantidad a pagar, fijada unilateralmente por los norteamericanos, rebasaba ampliamente la indemnización fijada por el Tribunal Internacional. Los compromisos contraídos se convirtieron en papel mojado. Los acuerdos internacionales solamente obligan a los más débiles.

El embajador de Washington en las Naciones Unidas también vetó una resolución del Consejo de Seguridad, aceptada por 13 votos a favor y solamente uno en contra, condenando el registro realizado por las tropas norteamericanas en la residencia del embajador de Nicaragua en Panamá, violando el derecho de extraterritorialidad. La última sentencia contra los Estados Unidos se produjo el 26 de junio de 2001 cuando el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, dependiente de la ONU, condenó la ejecución de dos ciudadanos alemanes, los hermanos Lagrand, en Arizona en 1999. El tribunal consideró que se habían conculcado derechos fundamentales a los dos procesados. Por enésima vez, el 5 de octubre de 2004, el representante de los Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad condenando las incursiones del ejército israelí sobre el territorio ocupado del norte de Gaza que ocasionaron centenares de víctimas inocentes.

Pero no solamente son ignoradas las decisiones de la ONU. Los Estados Unidos utilizan frecuentemente medidas de carácter económico para presionar a los gobiernos que no siguen sus mandatos a pesar de que los artículos 18 y 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos prohíben expresamente «la utilización de medidas coactivas de carácter económico, sea cual fuere el motivo». La guerra económica contra Nicaragua fue condenada por el consejo del GATT y otras instancias internacionales. En la actualidad persisten en su bloqueo económico contra Cuba a pesar de la petición de los países europeos para prorrogar la moratoria a la aplicación de la ley Helms-Burton, que impone sanciones e indemnizaciones a las empresas de cualquier país que operen en la isla caribeña. El presidente Bush, al principio de su mandato, se ha mostrado decidido a proseguir con el bloqueo. La Unión Europea y Canadá han protestado por la vía diplomática y han planteado acciones internacionales contra la extraterritorialidad jurídica que implican las sanciones impuestas por la ley estadounidense, medida contraria a los principios que deben presidir las relaciones entre naciones soberanas. También las actuaciones de los Estados Unidos en Panamá fueron condenadas por los Estados latinoamericanos de forma tan reiterada como irrelevante. El 1 de julio de 1987 la OEA condenó la intervención armada de los Estados Unidos en el país centroamericano por 17 votos a favor y 1 en contra. No se trata de comportamientos episódicos o de desviaciones políticas, sino de actuaciones que responden a un principio rector de toda la política exterior norteamericana, independientemente de quien desempeñe la presidencia de la nación, formulado en toda su pureza por Abe Fortas: «lo que es bueno para nosotros es bueno para el mundo».

La actuación de Washington en la escena política internacional no solamente se ha caracterizado por el apoyo descarado a dictaduras en ejercicio sino también por abortar numerosos intentos democratizadores en países del tercer mundo. En África apoyaron a los asesinos de Patricio Lumumba para poner en el poder al sanguinario Mobutu. Pero es en Centroamérica donde más claramente se pone de manifiesto su estrategia. Juan José Arévalo fue elegido democráticamente presidente de Guatemala en 1944. Durante diez años logró mantener bajo control a las fuerzas armadas del país. Pero su deseo de profundizar en la democracia despertó serios recelos y la hostilidad manifiesta de los Estados Unidos. Los pecados del presidente Arévalo, además de su sentido de la independencia nacional, resultaban evidentes: no perseguía a los comunistas, promovía reformas laborales que afectaban a los trabajadores de la United Fruit y vigilaba la legalidad de las concesiones realizadas a favor de las empresas petroleras norteamericanas. En 1954 las autoridades de Washington ayudaron a derrocar al gobierno legítimo para entregar la dirección del país centroamericano a la autoridad de «gánsters sanguinarios», corruptos y vendidos a los intereses extranjeros. El dictador Trujillo asumió el poder en la República Dominicana en 1930 con el apoyo de la Guardia Nacional entrenada en los Estados Unidos. Durante más de treinta años la isla caribeña vivió sojuzgada por una dictadura implacable y cruel. Juan Bosch, hijo de un comerciante catalán, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, ganó por abrumadora mayoría las elecciones celebradas el 20 de diciembre de 1962, las primeras libres en los largos años de la dictadura. Pero el paréntesis democrático en la isla caribeña fue extremadamente breve. El 25 de septiembre de 1963 fue derrocado por un golpe de Estado alentado por los Estados Unidos bajo el pretexto de que se trataba de un Gobierno comunista, cuando lo que en realidad molestaba era su honradez y la independencia de criterios con relación a la política dictada desde Washington. Cole Blasier escribió que «las presiones de los Estados Unidos dieron al traste con el intento de Bosch por movilizar un apoyo masivo a su régimen por parte de sus aliados naturales, los trabajadores agrarios e industriales», en perjuicio de los intereses de las grandes empresas extranjeras. Los Estados Unidos reconocieron inmediatamente a la nueva dictadura y le prestaron un apoyo incondicional. Juan Bosch falleció a los 92 años, en el otoño del año 2001, sin haber mantenido el menor contacto ni manifestado la menor simpatía con los movimientos comunistas.

En 1854 la escuadra norteamericana destruyó totalmente una pacífica población costera nicaragüense para vengar una presunta afrenta a representantes de Washington y al poderoso empresario Cornelius Vanderbilt. El intento democratizador de Sandino en Nicaragua, tras la ocupación militar norteamericana desde 1909 hasta 1933, se frustró con el asesinato del líder nacionalista.

Los dirigentes estadounidenses siempre han considerado a la región central americana como una especie de patio trasero de su hogar, estimación que le concede plenas facultades para hacer y deshacer a su antojo. Las consecuencias de esta política se reflejan exactamente en el espejo de la realidad: pobreza extrema, lacerantes desigualdades, terrorismo de estado, corrupción generalizada, colonialismo económico, deuda externa... No es extraño que la situación haya sido calificada como una auténtica «cámara de los horrores». La actividad agraria de los pequeños países ha estado dominada siempre por los intereses de la United Fruit. El ejército de los Estados Unidos intervino en 1923 en Honduras para controlar la situación. «El poder estadounidense ha llegado a ser tan global —escribió Booth— que las fuerzas militares y la United Fruit podían luchar entre sí para ver quién se hacía con el control del gobierno hondureño, con el Departamento de Estado como árbitro.» El candidato de la empresa norteamericana ocupó el poder «y gobernó el país, mano a mano con la United Fruit, durante los siguientes 17 años». En El Salvador los tristemente célebres «escuadrones de la muerte» al servicio de la gran patronal han actuado impunemente contra el pueblo indefenso. El 17 de febrero de 1980 el arzobispo Óscar Arnulfo Romero dirigió una carta al presidente Carter para que cesara su apoyo a unos dirigentes «en manos de las fuerzas armadas». Consideraba que la actitud norteamericana contribuía a que aumentara la injusticia y la represión desatada contra «las organizaciones populares que combatían para defender los derechos humanos más elementales». Acusaba al ejército salvadoreño de «reprimir al pueblo y defender los intereses de las oligarquías». Un mes después de formular estas denuncias el arzobispo Romero fue asesinado durante la celebración de los oficios religiosos. El juez instructor del sumario, Atilio Rodríguez, acusó al general Medrano, hombre de confianza de los Estados Unidos, y al político Roberto D’Aubuisson de haber financiado y contratado a los autores materiales del crimen. El magistrado salvadoreño, tras salir milagrosamente ileso de un atentado y sufrir constantes amenazas, fue forzado a abandonar el país. Desde el exilio denunció a la Sección de la Policía Nacional por no proporcionar «ningún dato ni evidencia de que hubiesen realizado investigación alguna del crimen». Parecida pasividad adoptó la Fiscalía General. Todos los datos apuntaban a la existencia de una conspiración que llegaba hasta las máximas alturas del poder. Pero las fuerzas de seguridad no adoptaron una actitud meramente pasiva: asaltaron la oficina de Ayuda Legal de la iglesia salvadoreña y robaron los archivos de testimonios que implicaban a los militares en numerosos asesinatos. El director de dicha oficina también tuvo que abandonar El Salvador. Santibáñez, ex jefe de los servicios de información, declaró que el general Ricardo Lau había recibido 120.000 dólares para preparar el atentado. Nada se hizo para aclarar el enojoso asunto. El 26 de octubre de 1990 el obispo Rivera y Damas denunció a las fuerzas armadas «por su guerra de exterminio y genocidio contra la indefensa población civil». Aryeh Neier, vicepresidente de Americas Watch, describe así la situación: «los escuadrones de la muerte nunca fueron perseguidos ni detenidos. Actuaban con total impunidad durante las horas del toque de queda; pasaban puestos de control policiales sin que nadie les diese el alto; las fuerzas de seguridad bloqueaban con frecuencia las calles para permitir que actuasen sin interrupciones; en ocasiones, fuerzas uniformadas dirigían operaciones conjuntas con escuadrones de la muerte no uniformados». Nadie duda sobre la participación de los servicios de inteligencia de Washington en las actuaciones del terror organizado en El Salvador.

El protagonismo de los Estados Unidos en el control del Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori se ha puesto de manifiesto a través de importantes documentos secretos desclasificados recientemente y de los testimonios de funcionarios norteamericanos y peruanos conocedores de los hechos. El hombre de confianza de Washington era el célebre Vladimiro Montesinos, relación que explica su poderosa influencia en el gobierno de su país. Una investigación del Centro para la Integridad Pública ha confirmado que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos pagó al ex jefe de los servicios secretos peruanos un millón de dólares anuales desde el año 1990 hasta el final del milenio. Los informes comprometedores, actualmente guardados en el Archivo Nacional de Seguridad, confirman el conocimiento detallado por parte de los agentes secretos norteamericanos de la vinculación de Montesinos con importantes redes del narcotráfico. Un documento desclasificado redactado por la agencia norteamericana DEA, consagrada al combate del comercio de la droga, denuncia los sobornos realizados por los narcotraficantes para conseguir la eficaz protección del hombre de confianza de Fujimori y de la CIA.

Las relaciones de los servicios de inteligencia norteamericanos con Montesinos se remontan a mediados de la década de los setenta, cuando el amigo peruano era un simple capitán del ejército. Robert Dean, a la sazón embajador de los Estados Unidos en Lima, vio en el oficial un importante «aliado potencial para la política exterior de su país», precisamente en un momento en que el Perú estaba gobernado por un partido de izquierdas, caso único en el continente. Durante el mes de septiembre de 1976 Montesinos se reunió con Robert Hawkins, jefe de la Oficina de Inteligencia Actualizada de la CIA, y con Luigi Enaudi, responsable de Planificación Política del Departamento de Estado norteamericano. Tras su regreso de los Estados Unidos, el militar peruano fue condenado en un consejo de guerra por «vender secretos a la CIA». El embajador de Washington en Lima ejerció su poderosa influencia para conseguir la liberación de su fiel colaborador. La caída de Alberto Fujimori condujo a Vladimiro Montesinos a la cárcel acusado de corrupción, lavado de dinero, tráfico de armas y enriquecimiento injustificado. Una vez desenmascarado ha dejado de ser útil a los servicios de inteligencia norteamericanos.

Uno de los instrumentos más eficaces de la política norteamericana en el continente fue la Escuela de las Américas (SOA), creada en 1946 en la zona del Canal de Panamá y trasladada en 1984 a Fort Benning, cuartel general de la infantería, situado en las afueras de Columbus, Georgia. Su finalidad era «capacitar militarmente» e «inculcarles los valores estadounidenses de democracia» a los militares latinoamericanos. Sin embargo en sus manuales se daban instrucciones sobre métodos de contraespionaje entre los que figuraba la detención y apaleamiento de familiares para obtener información, la extorsión, chantajes, indicaciones para administrar por vía intravenosa el suero de la verdad y cómo «neutralizar», llegando a la eliminación, a los opositores. «Si un individuo se niega a obedecer después de haber sido amenazado —dice literalmente el texto Manejo de fuentes— la amenaza debe cumplirse. Si no se cumple, las amenazas posteriores no surtirán ningún efecto.» En sus aulas fueron educados personajes tan tristemente famosos como Anastasio Somoza, Manuel Noriega, Leopoldo Galtieri, Hugo Banzer, Héctor Galtieri, Manuel Antonio Callejas y el jefe de los escuadrones de la muerte de El Salvador, Roberto D’Aubuisson. Se ha probado que 19 de los 26 soldados que asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, a su criada y a su hija adolescente en El Salvador eran licenciados en la Escuela de las Américas. El planificador de los crímenes, el coronel Francisco Elena Fuertes, había figurado como instructor de la academia en 1986. Las listas desclasificadas revelan que más de 500 soldados que habían recibido adiestramiento en dicha institución participaron en graves atrocidades cometidas en sus respectivos países. Debido a las denuncias, la Escuela de las Américas se cerró a finales de 2000 pero fue vuelta a abrir dos meses más tarde en el mismo edificio aunque bajo otro nombre.

La gran cruzada anticomunista

Una vez finalizada la última contienda mundial en 1945, la política exterior de los Estados Unidos alteró la dialéctica justificadora de sus acciones. Hasta entonces se había comportado en todo el continente americano como una auténtica potencia colonial. Se consideran amos y señores de la gigantesca finca y no se sentían obligados a dar explicaciones a nadie. Tenían las manos completamente libres para actuar y abusar a su antojo, para derrocar gobiernos independientes y para colocar títeres políticos en su lugar. Pero la conversión de la Unión Soviética, antiguo y fiel aliado en la lucha contra las potencias fascistas, en el Gran Satán universal le proporcionó coartadas más digeribles por sus aliados europeos. Una vez derrotados los totalitarismos de derechas se había iniciado en África la gran etapa descolonizadora. No era de recibo la situación existente hasta entonces en el continente americano. Europa había renunciado al colonialismo y había concedido la independencia a sus antiguas posesiones. Las potencias colonizadoras estaban desacreditadas ante la opinión pública. En la América Latina ya no valían los antiguos subterfugios. Era urgente poner al día la propaganda política. Resultaba preciso dar un giro radical al discurso justificador de los atropellos. Las palabras «democracia» y «libertad», las ansias de independencia de los pueblos sometidos, se habían puesto de moda. Se aceptaban solamente en la opinión pública las acciones dirigidas a poner freno a los avances de una dictadura soviética dispuesta a destronar al capitalismo, a poner fin a la explotación del hombre por el hombre, en los cinco continentes, según los portavoces soviéticos. El gran capital se mostraba generoso a la hora de financiar las acciones armadas contra la amenaza comunista, ya que creían que estaba en juego su futuro, es decir, su riqueza.

El ministro guatemalteco de Asuntos Exteriores, Toriello, denunció la tendencia de Washington a «catalogar de comunismo cualquier manifestación nacionalista o de independencia económica, cualquier deseo de progreso social, cualquier curiosidad intelectual y cualquier interés de reformas progresistas y liberales». En las turbias aguas de la gran riada capitalista era bautizado como comunista todo gobierno americano cuya política intentara poner coto a los abusos de las grandes empresas explotadoras de las riquezas del continente. Incluso naciones pobres y pequeñas fueron tratadas como si constituyeran una amenaza para la seguridad y la paz universal.

El ejemplo de lo sucedido con Cuba es sumamente esclarecedor a la hora de valorar las nefastas consecuencias de esta estrategia política. Desde el instante en que la isla caribeña logró independizarse de la colonización española, los EE.UU. se apoderaron descaradamente del control de su economía y de su política. Ya en los tratados de paz que sellaron el fin a la guerra hispano-estadounidense Washington puso especial empeño en garantizar su derecho a intervenir en los asuntos internos del país. Cuando la revolución liderada por Fidel Castro acabó con la dictadura de Fulgencio Batista en 1959, el nuevo régimen se encontró con problemas importantes de difícil resolución. La economía estaba totalmente subordinada a los intereses de la gran potencia del norte, ya que controlaba el 90 % de la industria minera, el 80 % de la red ferroviaria y el 40 % de las plantaciones de azúcar, entre otras importantes riquezas. Los casinos de juego y las grandes redes de trata de blancas estaban totalmente en manos de la mafia norteamericana. Los largos años de sometimiento colonial habían generado profundos desequilibrios. Su economía se dirigía prioritariamente a satisfacer la demanda del mercado interior de la potencia colonizadora: grandes latifundios, monocultivo de la caña de azúcar, ausencia de una actividad industrial desarrollada de acuerdo con las necesidades de la nación y baja ocupación del campesinado. La reforma agraria destinada a lograr la autosuficiencia alimentaria de la población y a explotar eficazmente todos los recursos del suelo, despertó las iras de los latifundistas norteamericanos. El embargo decretado por los Estados Unidos rompió el cordón umbilical de una economía parida desde Washington con genes marcadamente capitalistas condicionando su viabilidad.

Desde un principio la actitud de las elites estadounidenses ante el régimen cubano fue de clara hostilidad, incluso con anterioridad a decantarse por el llamado socialismo real. En una etapa histórica bajo el signo de la gran cruzada anticomunista, la estrategia estadounidense se encaminó a colocar a la isla dentro de la órbita soviética, materialista y atea, para justificar las futuras intervenciones armadas. Un mensaje diplomático enviado por el embajador británico ante la Casa Blanca revela cómo Allen Dulles, director general de la CIA, le ruega que Gran Bretaña no atienda una petición cubana solicitando adquirir una partida de aviones de combate Hunter. Ante esta negativa, se obligaba a Fidel Castro a comprar los cazas en la Unión Soviética. La adquisición de aviones Mig, según el responsable de los servicios de inteligencia norteamericanos, permitiría a su gobierno tener las manos libres para actuar contra el régimen cubano, ya que la operación comercial «tendría un efecto tremendo, no solamente en los EE.UU. sino también en toda América Latina». El embajador británico opinaba en el citado documento «que el propósito de la CIA en Cuba es buscar una justificación similar a la empleada en Guatemala para derrocar al gobierno progresista de Jacobo Arbenz: la alarma ante el avance comunista». Según Arthur Schlesinger, asesor de la Casa Blanca, un día antes de la toma de posesión de su cargo, el presidente John F. Kennedy conoció la existencia de un plan organizado por los servicios de inteligencia para invadir la isla caribeña. Hasta el último momento el máximo dirigente norteamericano tuvo serias dudas sobre la conveniencia de realizar la operación bélica. El 17 de abril de 1961 una expedición de 1.500 hombres, preparados, organizados y financiados por la propia CIA, desembarcó en Playa Girón. Los combates solamente duraron tres días. Doscientos invasores perdieron la vida en el frustrado intento. Más de un millar de prisioneros fueron canjeados por leche en polvo para los niños cubanos, medicinas y compotas, por un valor de 62 millones de dólares. Tras el fracaso de la invasión, el general Edward Lanzadle, director de la Agencia Nacional de Seguridad y asistente del secretario de Defensa, elabora el llamado Plan Mangoose, supervisado por el general Lyman Lemnitzer, jefe del Estado Mayor, destinado a organizar atentados contra ciudadanos norteamericanos para atribuir la responsabilidad de los mismos al régimen de Fidel Castro, con objeto de desprestigiarlo ante la opinión mundial. En el citado plan se proponía el derribo de un avión civil estadounidense con niños y jóvenes entre los pasajeros, el hundimiento de un barco en aguas jurisdiccionales cubanas, provocar un accidente en un cohete espacial tripulado por John Glenn y atacar la base de Guantánamo. La existencia de este proyecto ha sido reconocido por el propio Robert McNamara, entonces Secretario de Defensa, en los papeles desclasificados por el presidente Clinton. El presidente Kennedy se negó a dar el visto bueno a la propuesta de los generales. Documentos secretos hechos públicos en marzo de 2001 revelan asimismo que desde el verano de 1959 la CIA también preparó una serie de atentados para acabar con la vida de Fidel Castro, antes de que el líder revolucionario se situase al amparo de la URSS por imperiosas exigencias económicas y defensivas, deliberadamente creadas por Norteamérica.

La firme decisión de Washington de poner fin al régimen cubano utilizando todo tipo de recursos, incluso el terrorismo, junto con el bloqueo económico, terminó arrojando a Fidel Castro en brazos de la Unión Soviética, tal como habían planificado los cerebros políticos estadounidenses. Jruschov aprovechó las necesidades militares de los cubanos para instalar una serie de rampas de cohetes preparados para bombardear con cabezas nucleares a pocos kilómetros de la potencia enemiga. Antes, Washington había instalado plataformas similares en Turquía, capaces de alcanzar a todo el territorio de Rusia. Este intento de frenar la política agresiva de la Casa Blanca tuvo una respuesta inmediata: Kennedy ordenó el bloqueo naval de la isla. En octubre de 1962, cuando una poderosa flota soviética se dirigía al Caribe, la humanidad se asomó al abismo nuclear. Nunca el cataclismo universal estuvo tan próximo como en aquella ocasión. Se sucedieron una serie de iniciativas diplomáticas para evitar la catástrofe. En una entrevista secreta, celebrada a la desesperada, entre Robert Kennedy, fiscal general, hermano del presidente, y el embajador soviético Anatoli Dobrynin, se pactó la retirada de los cohetes nucleares de Cuba a cambio del respeto hacia el régimen de Fidel Castro y el desmantelamiento de los misiles Júpiter que los Estados Unidos tenían instalados en Turquía. Las dos partes firmantes del acuerdo decidieron mantenerlo bajo riguroso secreto. Siguiendo una política de distensión, Kennedy estaba propiciando el acercamiento de su país a Cuba a través del embajador de La Habana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Lechuga, cuando un atentado de oscuros orígenes acabó con la vida del presidente norteamericano en la ciudad de Dallas. Una mancha más en la historia de un país abundante en páginas negras. La violencia, desde la legendaria conquista del oeste hasta el desarrollo de la poderosa asociación del rifle, siempre formó parte de la cultura política de aquella extensa y poderosa nación. Hasta hoy día ha resultado imposible conocer la verdad de aquel trágico episodio.

Un pequeño país, cuya población apenas rebasa los tres millones de habitantes, fue considerado también, en 1979, como una amenaza para la seguridad mundial y la estabilidad de la democracia neoliberal. Los dirigentes revolucionarios de Nicaragua cometieron la osadía de desviarse de la ortodoxia ideológica y económica del evangelio predicado desde la Casa Blanca. Soñar con independencia y democracia suele desembocar en dolorosas pesadillas para los países de América Central. Desde que alcanzó la soberanía nacional en 1838 las ingerencias extranjeras fueron una constante en su historia. Primero, de Gran Bretaña; después, de los Estados Unidos. En 1912 fue ocupada militarmente por las tropas norteamericanas. La United Fruit Co. dominó su economía agraria, especialmente el cultivo y la explotación de plátanos. La revolución nacionalista capitaneada por A. C. Sandino en 1935 dio lugar a un breve periodo de democracia e independencia, hasta que su líder fue asesinado un año más tarde. En 1937, gracias al apoyo financiero de las empresas norteamericanas, ocupa el poder Anastasio Somoza, instaurador de una dinastía de crueles dictadores que se transmitieron el poder por la vía hereditaria. Durante más de cuarenta años explotaron y oprimieron al país. Somoza se convirtió en una figura clave de la estrategia norteamericana y Nicaragua constituyó una plataforma ideal para acabar con la democracia en Guatemala en 1954, para lanzar los ataques contra Cuba en 1961, para frustrar la democracia dominicana en 1965 y para golpear en El Salvador en 1972.

La dura represión policial y los constantes crímenes y abusos del último de los Somoza dieron lugar a un levantamiento militar en 1978, severamente reprimido. El estado de sitio proclamado por el dictador un año más tarde no pudo evitar el triunfo del movimiento sandinista, apoyado mayoritariamente por la clase trabajadora, los campesinos y los intelectuales. Una vez en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional se propuso transformar profundamente las estructuras del país, programando una serie de proyectos públicos para mejorar la situación de la mayoría empobrecida, especialmente luchando contra las altas tasas de analfabetismo y mejorando la asistencia sanitaria. El informe «Oxfam America Special Report: Central America» de otoño de 1985 reconoce que de los cuatro países de la zona en la que tienen lugar sus actividades «solamente Nicaragua está realizando un esfuerzo sustancial para subsanar las injusticias con respecto a la posesión de las tierras y para extender los servicios sanitarios, educacionales y agrícolas a las familias campesinas pobres. Pero la guerra de la Contra ha frenado el ritmo de las reformas sociales y está haciendo que el hambre aparezca en la zona norte del país». Era uno de los objetivos que se propusieron los servicios secretos de Washington cuando organizaron la guerrilla mercenaria para combatir al nuevo régimen nicaragüense. Aunque se reclutaron soldados de fortuna de todos los países, el núcleo de la guerrilla estaba constituido por antiguos miembros de la tristemente célebre Guardia Nacional de Somoza. En 1984, año en que el FSLN ganó las primeras elecciones y se consolidó en el poder, de los 48 comandantes insurgentes, 46 habían pertenecido al cuerpo de elite del dictador.

La intervención de los Estados Unidos no se limitó a ayudas financieras. El Miami Herald publicó en su edición correspondiente al 16 de diciembre de 1984 que una unidad secreta de helicópteros norteamericanos, la fuerza de choque de la 101 división aérea con base en Kentucky, operaba dentro de la frontera de Nicaragua para apoyar la lucha armada contra el gobierno de Managua. Pilotos salvadoreños bajo el control de la CIA bombardearon poblaciones civiles. Las actividades aéreas eran vitales para lograr el éxito de la lucha armada.

William Casey, director de la CIA, confesó que el objetivo era «minar al gobierno sandinista». Los primeros combates perseguían forzar «el incremento de la represión doméstica e invertir su escaso capital en gastos militares en vez de en programas sociales; esto reforzaría la oposición interna hasta provocar la rápida caída del gobierno». Peggy Healy, monja y miembro de la junta directiva de la Oxfam América, reconoció los efectos negativos de la lucha armada entre la población civil. «Antes —denunció— los campesinos tenían maestros para las escuelas, disfrutaban de unos precios asequibles, y, a menos que sufrieran alguna enfermedad, disponían de tierras, créditos, fertilizantes e instrumentos de labranza: todo lo que necesitaban para vivir.» La guerra terrorista fue sembrando el pánico entre la población, tal como habían planificado. Apenas existían diferencias entre objetivos técnicamente militares y civiles. Adolfo Calero, director político-militar de las operaciones, declaró en Miami no existir «ninguna diferencia, ni tan siquiera una pequeña diferencia, entre una granja civil y un puesto militar sandinista».

El carácter marcadamente terrorista de las actividades de la Contra ha sido frecuentemente denunciado por organismos de reconocido prestigio internacional. Los presidentes de la Americas Watch y del Helsinki Watch, tras realizar una minuciosa visita a la zona en que se desarrollaba el conflicto armado, concluyen que, «sin duda alguna, a tenor de lo que hemos visto y oído, la Contra está llevando a cabo una estrategia planificada de terrorismo a lo largo de la frontera con Honduras» y «los Estados Unidos no pueden eludir sus responsabilidades en esas atrocidades». Edgar Chamorro, hombre de entera confianza de la CIA, declaró bajo juramento ante el Tribunal Internacional de La Haya como, en más de una ocasión, los «contras» ocupaban una población indefensa, «reunían a todos los habitantes en la plaza del pueblo y procedían a continuación a asesinar, en presencia de todo el mundo, a las personas que trabajaban para el gobierno nicaragüense, incluyendo policías, miembros de la milicia local, afiliados al partido, personal sanitario, maestros y granjeros» y justificó semejantes atrocidades porque «facilitan la tarea de persuadir a quienes conservan la vida para que se unan a las fuerzas de la Contra». En la misma declaración asegura que la propia CIA había aconsejado «asesinar, raptar, violar y torturar». Al propio Chamorro los servicios secretos estadounidenses le entregaron fondos para sobornar a 15 periodistas hondureños bajo el compromiso de que escribieran a favor de la Contra, práctica que se realizó también frecuentemente con periodistas norteamericanos. El Boston Globe publicó el 18 de septiembre de 1985 el testimonio judicial de un sacerdote francés relatando las violaciones, raptos, torturas y asesinatos cometidos en Nicaragua para sembrar el terror. Denunció asimismo cómo una niña de tan solo 15 años fue obligada a ejercer la prostitución en un campamento de los insurgentes instalado en Honduras. Arturo Cruz, portavoz político de la Contra, declaró que «persuadir a los combatientes rebeldes de que respetaran la vida de los prisioneros y civiles prosandinistas sin minarles la moral era un asunto delicado».¹⁰

Pero los atropellos no solamente han sido denunciados por testimonios personales. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), se hicieron eco del coste humano y material, muy superior a los mil millones de dólares, de una guerra en la que el Gobierno norteamericano tuvo una incuestionable responsabilidad. El Tribunal de Justicia Internacional de La Haya condenó a los Estados Unidos por el «uso ilegal de la fuerza en Nicaragua». La guerra produjo la muerte de más de 12.000 nicaragüenses, 50.000 heridos y dejó a más de 300.000 personas sin hogar. Las elecciones en Nicaragua se celebraron bajo la amenaza de que si las volvían a ganar los sandinistas se intensificaría la lucha armada. Las urnas dieron la victoria a la Unión Nacional Opositora integrada por 14 partidos. El chantaje produjo resultados electorales favorables a los intereses estadounidenses. «El acoso y bloqueo, despiadados, crecientes —escribe Eduardo Galeano— no ocurren porque en Nicaragua no haya democracia, sino para que no la haya. No ocurren porque en Nicaragua haya dictadura, sino para que vuelva a haberla. No ocurre porque Nicaragua sea un satélite, triste peón en el tablero de las grandes potencias, sino para que vuelva a serlo.» En realidad se trataba de evitar por todos los medios que no se difundiera «su contagioso ejemplo de independencia nacional y participación popular».

La continuidad en las líneas maestras del intervencionismo norteamericano, la aceptación de los pasados abusos, queda perfectamente reflejada en el hecho de que los principales implicados en el conflicto nicaragüense fueron recompensados con importantes cargos por el presidente George W. Bush, vencedor de las últimas elecciones. John Negroponte, designado para el desempeño de la embajada ante las Naciones Unidas, fue el hombre que, desde la embajada de Honduras, participó directamente en la estrategia de la Contra. Otto Reich, responsable de la política de Washington en América Latina, dirigió aquellos oscuros años la política de desinformación del pueblo americano para conseguir el apoyo al terrorismo nicaragüense. En la década de los ochenta, Reich dirigía la Oficina de Diplomacia Pública dedicada, entre otras actividades, a escribir cartas falsas y artículos de opinión en periódicos tan importantes como The Wall Street Journal, The Washington Post y The New York Times, supuestamente redactados por nicaragüenses perseguidos por el sandinismo. Fue también uno de los padres de la ley Helms-Burton destinada a sancionar a las empresas extranjeras que invierten en Cuba.

El gobierno norteamericano frustró el intento de lograr una solución pacífica del conflicto. Un documento del Consejo de Seguridad Nacional «atribuía a la política exterior de los Estados Unidos el haber logrado bloquear los esfuerzos de Venezuela, Panamá, Colombia y México, los países que componen el llamado Grupo de Contadora, para conseguir la firma del tratado de paz para la zona de Centroamérica. Hemos agotado los últimos esfuerzos de Nicaragua y México para precipitar la firma de un acuerdo de Contadora que resultaba insatisfactorio». En la potencia militarmente más poderosa del planeta existe una antidemocrática tendencia a trasladar los conflictos internacionales hasta planteamientos de fuerza, ya que consideran, acertadamente, que en ese terreno tienen todas las de ganar. No necesitan que les asista el derecho ni la razón.

En pocas ocasiones se ha manifestado en toda su crudeza el objetivo preferente de la política exterior de Washington, las razones de su intervencionismo, como en su actuación en el proceso democrático chileno. Quedó meridianamente claro que no defiende principios democráticos, ni éticos, ni sacrosantas libertades, sino intereses muy concretos y determinantes, no de la gran nación norteamericana, sino de empresas con razones sociales universalmente conocidas, manejadas por consejos de administración integrados por personajes con nombres y apellidos. La Pepsi-Cola, el Chase Manhattan Bank y la ITT apoyaron intensamente la campaña contra Allende. Los yacimientos de cobre, situados en la parte septentrional y central de Chile, contienen más del 40 % de las reservas mundiales. Es el primer productor de este mineral, seguido de los Estados Unidos y Rusia. El 80 % de las explotaciones estaba en manos de empresas norteamericanas. Entre los objetivos programáticos de la izquierda chilena figuraba la nacionalización de las minas de cobre. También se programó la intervención estatal en las empresas más importantes de servicios públicos entre las que se encontraba la compañía telefónica chilena, filial de la multinacional ITT. Desde su independencia de España, lograda en 1818, solamente se había interrumpido la democracia en tres ocasiones. Cuando el golpe liderado por el general Pinochet derrocó al presidente constitucional, el país había vivido cuarenta años de democracia efectiva. Quizás el alejamiento del corazón del imperio y los privilegios que disfrutaban las empresas norteamericanas para explotar las riquezas del país contribuyó a la convivencia pacífica reinante en aquel país andino. Desde la primera vez que se presentó Salvador Allende como candidato, a pesar de ser considerado como un moderado dentro del partido socialista, comenzaron a movilizarse las grandes empresas y los servicios de inteligencia, todos a una, para impedir el triunfo democrático de la alternativa de izquierdas.

La inmensa mayoría de los datos sobre la intervención de la CIA en Chile están recogidos del informe elaborado por la Comisión del Senado norteamericano designada para estudiar las operaciones gubernamentales relacionadas con los servicios de inteligencia. Los miembros de la cámara alta realizaron una extensa revisión de documentos de la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Estado y Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. Como es natural, omiten datos considerados perjudiciales para los «supremos intereses del país», para la seguridad nacional o reveladores de nombres que continúan colaborando secretamente con los servicios de inteligencia. Como primera medida, en Washington se organizó un grupo inter-agencias compuesto por el Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA, conectado con una sección especial en la embajada norteamericana en Santiago. Formaban parte de dicha Comisión Thomas Mann, ayudante de la Secretaría de Estado para Asuntos Inter-Americanos, Desmond Fitzgerald, jefe de División de la CIA para el Hemisferio Occidental, Ralph Dungan y McGeorge Bundy, en representación de la Casa Blanca, y Branch Four, presidente de la División que tenía competencias sobre los asuntos chilenos. El Comité constituido en la capital norteamericana coordinaba todas las operaciones. El objetivo prioritario era cegar las vías democráticas de acceso al poder de los partidos que proponían reformas profundas en las estructuras económicas y la recuperación para Chile de las riquezas en manos de capital extranjero. En las dos primeras elecciones en las que se presentó Allende las presiones resultaron eficaces. En 1958, Allende, candidato del Frente de Acción Popular (FRAP), fue derrotado por el derechista Jorge Alessandri; en los comicios celebrados el año 1964 el candidato del partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei, logró una victoria espectacular al alcanzar la mayoría absoluta con el 57 % de los votos emitidos.

La intervención en el proceso electoral tuvo su precio. En las elecciones de 1964 la Agencia Central de Inteligencia invirtió tres millones de dólares. Según cifras oficiales, redondeadas en cientos de miles, las ayudas a las fuerzas de la derecha fueron las siguientes: 8 millones de dólares destinados a producción y difusión de propaganda; 4,3 millones en subvenciones en campañas de apoyo en prensa, radio y televisión; 900 mil dólares en ayudas a empresas privadas.

La forma más generalizada utilizada para manipular las informaciones consistía en infiltrarse en las empresas de comunicación para publicar determinados artículos e impedir la difusión de otros contrarios a los intereses norteamericanos. La CIA reconoce que durante el periodo 1965-1971 pagó a cinco conocidos periodistas para que escribieran al dictado de sus conveniencias. Todos los colaboradores se dedicaban a publicar artículos que podían contribuir al desprestigio de la izquierda, como por ejemplo las críticas a la Unión Soviética por la invasión de Checoslovaquia. Tenían prohibido formular objeciones a la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ya que en aquellos momentos la opinión pública mundial estaba muy sensibilizada con este conflicto. El periódico de mayor difusión de Chile, El Mercurio, fue objeto de un especial tratamiento. Los fondos secretos regaron generosamente la publicación. Aparte de las cantidades entregadas con anterioridad, no especificadas en el informe de los senadores, la Comisión autorizó un «donativo» de 700.000 dólares el 9 de septiembre de 1971 y otro de 965.000 dólares el 11 de abril de 1972. No puede sorprender a nadie que el periódico chileno fuera uno de los pilares de la sangrienta dictadura implantada por el general Pinochet. Pero las actividades secretas no se reducían a comprar periodistas o a influir en los medios de comunicación existentes, sino que incluso crearon publicaciones nuevas afines a su estrategia subversiva del orden democrático que no podrían sobrevivir en el mercado sin apoyos subterráneos, por no ser económicamente rentables.

Desde 1953 hasta 1970 la Central en Chile subvencionó empresas de radio, revistas escritas por círculos intelectuales y «un periódico derechista semanal». «El panorama de actividades normales de la CIA incluía la inserción de materiales propagandísticos creados por la propia Central en los medios de comunicación chilenos mediante el pago, apoyo directo a publicaciones y esfuerzos para oponerse a los comunistas y al ala izquierda de las organizaciones de estudiantes, campesinos y trabajadores. La CIA financió actividades cubriendo un amplio espectro, desde la simple propaganda manipuladora en la prensa hasta el apoyo a gran escala de partidos políticos chilenos, desde encuestas de opinión pública hasta tentativas directas para fomentar el golpe militar.»¹¹ Entre las actuaciones se admitía también la denominada «propaganda negra», es decir, la invención de calumnias y la propagación de falsos rumores para desprestigiar a los partidos y a los candidatos de la izquierda. Se procuraba que la opinión pública identificara la democracia progresista de Allende con la dictadura estalinista soviética, a pesar de la escrupulosa fidelidad del líder socialista a unas reglas de juego libres y participativas. Siempre aceptó los resultados electorales y se atuvo a sus consecuencias. Jamás puso en entredicho una derrota en las urnas ni una victoria de sus adversarios, aún teniendo conocimiento de las actuaciones de los servicios exteriores norteamericanos. Reconoce el informe del Senado norteamericano, hecho público a principios de 2001, que la Central de Inteligencia «hizo uso extenso de la prensa, radio, películas, panfletos, carteles, pasquines, correo directo, banderolas de papel y pintadas en las paredes; fue una campaña de terror que contaba con la dureza de las imágenes de los tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos y fue orientada especialmente a las mujeres; cientos de miles de copias de la carta pastoral anticomunista del papa Pío XI se distribuyeron a organizaciones cristianas, llevando el distintivo «impreso privado para ciudadanos sin filiación política, para difundir su contenido más ampliamente». También se reconoce haber hecho un amplio uso de la desinformación y la propaganda negra, utilizada preferentemente para sembrar divisiones entre socialistas y comunistas y entre la Confederación Nacional Obrera y el Partido Comunista Chileno.

El generoso caudal de dólares no consiguió que fertilizaran los propósitos de Washington. En 1970 se consolidaba cada vez más el prestigio democrático de Salvador Allende y la izquierda del país continuaba fuertemente aglutinada en torno a su figura. Se habían incrementado sus posibilidades electorales. La CIA recelaba incluso de los líderes de la derecha democrática. La llamada Comisión 40 decidió no apoyar a ningún candidato en concreto sino centrar sus esfuerzos en organizar «operaciones de ruina» contra la Unidad Popular, la coalición de partidos que apoyaba al candidato socialista. Su plataforma programática era similar a la defendida en anteriores ocasiones: medidas eficaces para redistribuir la renta; reforma de la economía chilena, nacionalización de las principales industrias, comenzando por las minas de cobre, y apertura de las relaciones internacionales a todos los países. La CIA invirtió cien millones de dólares en acciones encubiertas para torcer el signo de los resultados de las elecciones celebradas el 4 de septiembre de 1970. Las actividades «de ruina» perseguían dos objetivos claros: minar el empeño por crear una coalición fuerte de izquierdas y, por el contrario, reforzar la línea política de la derecha con objeto de lograr una unidad de objetivos. Las actuaciones se centraron en una intensa campaña para controlar los medios de comunicación y subvencionar a grupos de «acción cívica» y asociaciones de derechas en general. Se montó asimismo una campaña de terror, identificando la victoria de Allende con la violencia y la represión indiscriminada. A diferencia de las campañas anteriores no se financió a ningún candidato en concreto. Volvió a ser utilizada la «campaña negra», es decir, materiales negativos atribuidos a candidatos y partidos de izquierdas.

Ante el temor despertado por una derrota de la derecha, el Gobierno de los Estados Unidos y un grupo de grandes empresas con intereses en Chile elaboró un plan de acción conjunta contra Allende. John McCone, antiguo director de los servicios de inteligencia y miembro del consejo de dirección de la ITT ofreció su total apoyo a Richard Helms, jefe de la CIA, no sin antes haber informado a Harold Geneen, presidente de la multinacional. Como consecuencia de estos contactos se concertó un encuentro entre el presidente del consejo de administración de la empresa y el Jefe de División del Hemisferio Occidental de la CIA. Geneen ofreció más de un millón de dólares como ayuda a la campaña del candidato derechista Alessandri. La Agencia le proporcionó el nombre de una persona de su entera confianza para llevar a buen puerto la operación. Durante el periodo anterior a las elecciones de septiembre, representantes de la ITT se reunieron frecuentemente con altos funcionarios de la CIA. También otras compañías norteamericanas realizaron importantes contribuciones económicas a la batalla electoral chilena.

El embajador de Washington en Santiago sometió a la consideración del Departamento de Estado y la CIA una doble propuesta: intensificación de la campaña contra Allende y un plan de emergencia de 500.000 dólares para influir en los votos del Congreso ante una eventual elección parlamentaria entre los candidatos situados en primer y en segundo lugar en los próximos comicios. El resultado final en la carrera hacia la presidencia dependía del voto del Congreso el 24 de octubre para decidir entre Allende y Jorge de Alessandri, que había obtenido el 35,5 % de los votos. La victoria de Allende se produjo por un margen de 39.000 votos. El triunfo de la izquierda desató las furias de Washington. Sobre todo a partir del momento en que el presidente saliente, Eduardo Frei, se opuso rotundamente a cualquier tipo de intervención de los Estados Unidos y manifestó su intención de votar, el 24 de octubre, al presidente legalmente elegido por el voto popular. Comenzaron entonces las movilizaciones en Washington. El 8 de septiembre la Comisión 40 aprueba la entrega de 250.000 dólares al embajador Corry para influir en las votaciones del Congreso. El día siguiente, Harold Geneen, director ejecutivo de ITT, comunica a John McCone, en una reunión celebrada en la ciudad de Nueva York, su disposición a invertir un millón de dólares como ayuda «a cualquier plan trazado por el gobierno para formar una coalición en el Congreso chileno que parara a Allende». McCone se reúne un día más tarde con Henry Kissinger y Richard Helms para comunicarles la propuesta. El 15 de septiembre el propio presidente Nixon da instrucciones al jefe de la CIA para que impida la designación de Allende. Se pone en marcha el llamado Plan de Acciones II para organizar un golpe de Estado. Kissinger, en el transcurso de una reunión informal con la prensa en la Casa Blanca, advierte que la elección de Salvador Allende «crearía grandes problemas para los Estados Unidos y Latinoamérica».

Desde el primer momento Nixon exigió a sus colaboradores directos que impidieran, utilizando todos los medios a su alcance, la toma de posesión de Salvador Allende. Aquellos días se sucedieron las reuniones entre Henry Kissinger y Richard Helms. En Langley, Virginia, se constituyó una comisión para llevar a cabo una doble política con relación a Chile: una abierta, pública, sirviéndose de la vía diplomática y otra subterránea, desestabilizadora, encaminada directamente a provocar y apoyar un golpe militar contra la democracia.

En el plano meramente económico, para erosionar la situación y crear descontentos, se utilizó la influencia de Geneen sobre otros hombres de negocios con objeto de aunar esfuerzos. Nixon tenía una especial vinculación con Donald Kendall, presidente de la Pepsi-Cola, desde el momento en que inició sus actividades como abogado en el bufete neoyorquino de John Michel, un prestigioso y veterano letrado. La multinacional del popular refresco contribuyó también con importantes aportaciones al éxito de la estrategia de Washington. El 29 de septiembre el Jefe de División del Hemisferio Occidental de la CIA se reunió con un representante de la ITT para pedirles que se involucraran más en la política exterior norteamericana con respecto a Chile. La Comisión 40 aprobó realizar recortes en todos los créditos, presiones a las empresas con objeto de conseguir reducir sus inversiones en el país suramericano y amenazas en el mismo sentido a otras naciones.

Thomas Karamesives, jefe de las operaciones clandestinas de los servicios de inteligencia norteamericanos, el 16 de octubre de 1970, obedeciendo órdenes directas de Kissinger, envía un cable secreto al jefe de la estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, con instrucciones concretas. «La política establecida y continuada —dice el documento— es que Allende sea derrocado mediante un golpe. Sería preferible que ocurriera antes del 24 de octubre, pero los esfuerzos para lograrlo continuarán pasada esa fecha. Seguiremos ejerciendo las máximas presiones y utilizando todos los recursos apropiados para alcanzar el objetivo. Es imperativo que estas acciones se realicen de forma clandestina y segura para que la USG y los norteamericanos queden a resguardo. Ello nos obligará a ser muy selectivos al establecer contactos militares.» Ya el 27 de junio de 1970, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Henry Kissinger dejó clara la estrategia contra la democracia chilena: «no veo por qué tenemos que consentir que un país se haga marxista tan sólo porque su pueblo sea irresponsable». La soberanía popular, pieza angular de la democracia, nunca pudo ser un obstáculo para los intereses económicos y estratégicos de la primera potencia mundial.

Para llevar a buen término el golpe de fuerza se encontraban los protagonistas de la trama con un obstáculo difícil de salvar: el general René Schneider, jefe del Estado Mayor, demócrata convencido y representante de una cultura militar chilena opuesta a cualquier tipo de intervención castrense en la vida política. En una reunión celebrada el 18 de septiembre se acordó terminar con su vida mediante un atentado. Se pensó en oficiales de la extrema derecha para llevar a cabo el crimen, pero aparentando que los autores de la operación habían sido elementos de extrema izquierda partidarios de Allende. Inmediatamente se destinaron 50.000 dólares para recompensar a los participantes. El coronel Paul M. Wimert, agregado militar en la embajada norteamericana de Santiago y oficial de enlace con los agentes de la CIA, recibió instrucciones para entrar en contacto con el grupo de extrema derecha Patria y Libertad, con la exigencia de mantener las relaciones dentro del más estricto secreto. El 15 de octubre de 1970 informaron a Kissinger que un oficial vinculado a la organización parafascista, el general Roberto Viaux, aceptaba el encargo. En la operación se implicó también el general Camilo Valenzuela, jefe de la guarnición de la capital. Los conspiradores solicitaron el envío de seis granadas de gases lacrimógenos y tres ametralladoras «estériles», es decir, manipuladas para que nadie pudiera identificarlas. Un cable fechado el 18 de octubre en Washington anuncia que «se envían subametralladoras y munición por correo regular, que saldrá de Washington a las 7.00 horas del 19 de octubre y llegará a Santiago a última hora del 20 de octubre o primera hora de la mañana del 21. Preferimos usar transporte regular para no llamar la atención». En la noche del 19 de octubre los hombres de confianza del general Valenzuela y Viaux intentaron atentar contra el general Schneider cuando salía de una cena oficial. Un cambio de última hora en el vehículo dispuesto para trasladar al jefe del Alto Estado Mayor frustró la operación para desesperación de Washington. La CIA envió un cable exigiendo una inminente explicación de lo sucedido ya que sus dirigentes tenían que «responder en la mañana del 20 de octubre a preguntas de altas instancias». Kissinger estaba hecho una furia. Se entregaron urgentemente al general Viaux 50.000 dólares para realizar un nuevo intento el mismo 20 de octubre por la noche. También fracasó en sus criminales propósitos. Dos días más tarde, por fin, los conspiradores chilenos cumplieron los deseos de los altos dirigentes norteamericanos: el general René Schneider fue asesinado. El coronel Pau M. Wimer recuperó las tres ametralladoras «estériles», se dirigió a la población costera de Viña del Mar y arrojó las armas al océano Pacífico. La CIA envió un mensaje a Viaux: «hemos revisado sus planes y, basados en sus datos y los nuestros, llegamos a la conclusión de que sus planes de golpe, en este momento, no pueden triunfar. Si fracasan, podrán reducir sus posibilidades para el futuro. Conserve lo que tiene. Seguiremos en contacto. Llegará el día en que usted y todos sus amigos puedan hacer algo». El golpe definitivo quedaba aplazado. La CIA y la embajada norteamericana, a través de intermediarios, solicitaron a Frei que utilizara su influencia entre los congresistas y convenciera a los representantes de la derecha para que votaran a Alessandri con la condición de que éste dimitiera posteriormente, permitiendo así que el democristiano se enfrentara a Allende en unas nuevas elecciones. Pero Frei no se prestó a una maniobra realizada a espaldas de la voluntad popular. El 24 de octubre de 1970 Salvador Allende era proclamado presidente de la República de Chile por 183 votos a su favor. Solamente 35 apoyaron a Alessandri. Se abría una nueva etapa en la gran conspiración del gobierno norteamericano contra la democracia.

A pesar de todos los esfuerzos financieros, políticos y militares, el día 3 de noviembre Allende toma posesión en el Palacio de la Moneda. El Memorando de la Ejecutiva de Seguridad Nacional (NDSM) 93, emitido a principios de dicho mes, fija como objetivo de la política estadounidense «maximizar la presión sobre el gobierno de izquierdas y limitar su capacidad para llevar a término políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos en el hemisferio». A partir de entonces se realizaron acciones encaminadas a «exacerbar las dificultades en las que se encontraba la economía». Los nuevos gobernantes habían heredado de los gobiernos de Alessandri y Frei la segunda mayor deuda externa per cápita de todo el mundo. En las negociaciones celebradas en el Club de París, los representantes de Washington no solamente se negaron a considerar una reclasificación de la deuda sino que también ejercieron presiones sobre otros asistentes a las reuniones para que siguieran acosando al gobierno de Allende. A finales de 1972 el ministro chileno de Economía reconoció que casi una tercera parte de los camiones diesel de la mina de cobre Chuquicamata, el 30 % de los autobuses urbanos privados, el 21 % de los taxis y el 33 % de los autobuses estatales no podían circular por carencia de repuestos y neumáticos. Las empresas norteamericanas, presionadas por su gobierno, habían decidido cortar este tipo de suministros para contribuir a provocar el caos en el país. El embajador norteamericano en Santiago de Chile, Corry, informó al demócrata cristiano Frei que «ni un solo tornillo o tuerca se permitirá que llegue a Chile bajo el gobierno de Allende».

La campaña desestabilizadora no se limitó a cuestiones macroeconómicas, sino que intentó infiltrarse en la vida cotidiana para provocar el malestar entre la población. Durante la huelga general de octubre de 1972 el grupo Patria y Libertad, liderado por Roberto Thieme y financiado por la CIA, se dedicó a colocar «miguelitos», clavos de tres puntas, en las autopistas para conseguir provocar un colapso en los transportes. Se financiaron asimismo huelgas como la de los propietarios de camiones y los tenderos de Santiago. El 1 de diciembre de 1971 el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional organizaron la llamada «marcha de las cacerolas vacías» para protestar contra la escasez de alimentos.

Prosiguió la campaña de infiltración en los medios de comunicación social dentro de la estrategia de la intoxicación. El periódico El Mercurio, el de mayor circulación nacional, continuó recibiendo importantes ayudas económicas para proseguir su campaña contra Allende. Pero no solamente se influyó sobre las empresas periodísticas. El informe hecho público por los senadores norteamericanos reconoce que, a finales de septiembre de 1970, al menos seis periodistas que trabajaban como corresponsales en Chile eran agentes de la CIA. Incluso la prestigiosa revista norteamericana Time, que al principio realizó una información objetiva sobre la nueva situación política tras la designación parlamentaria de Allende, fue forzada a cambiar de actitud para hacer el juego a los intereses de las multinacionales. Otro de los recursos utilizados con frecuencia fue la puesta en circulación de bulos alarmistas. La Central de Inteligencia Americana «fabricó» informaciones sobre una supuesta y estrecha connivencia entre el gobierno de izquierdas y los servicios secretos cubanos (DGT) con objeto de reunir información perjudicial sobre los altos mandos del ejército, confiando en que este tipo de noticias animaran a los oficiales a participar en el golpe. Los senadores norteamericanos reconocen que «la prensa chilena permaneció libre durante el gobierno de Allende». No obstante esta evidencia, se consiguió manipular a la Asociación de la Prensa Internacional para que denunciara a Chile como «un país en que la libertad de prensa estaba amenazada». El único incidente serio en la materia fue el intento del gobierno de cerrar el periódico El Mercurio por un periodo de seis días, dada su connivencia con los conspiradores golpistas, pero los tribunales de justicia suspendieron la medida. El periódico de mayor tirada del país, con ayuda de fondos procedentes de los servicios secretos norteamericanos, pudo seguir haciendo campaña subversiva a favor del golpe de Estado.

La CIA consideraba prioritaria la organización de la sublevación del ejército por lo que prestó una especial atención a aquel grupo de militares con mayores posibilidades de llevarla a buen puerto, entre los tres que estaban conspirando en aquellos momentos. Washington llegó a amenazar con suspender todo tipo de ayuda al ejército chileno si se negaban a colaborar en el derrocamiento de Salvador Allende. Desde septiembre de 1971 la CIA había creado una nueva red de agentes y recibía diariamente información detallada sobre los movimientos dentro del estamento militar. La presencia de militares norteamericanos, constituida por los agregados militares en la embajada de Santiago y miembros del Grupo Militar que proporcionaba entrenamiento y asistencia a los servicios del ejército, siempre fue importante. Por otra parte, en la escuela de Las Américas de Panamá recibieron muchos oficiales chilenos adoctrinamiento político y formación en técnicas contra la llamada «lucha subversiva».

A medida que se avanzaba en la conspiración se acentuaron también las actuaciones y apoyos económicos para provocar la alteración del orden público en las ciudades. El 21 de junio de 1973 se producen en las calles de Santiago tiroteos, explosiones y enfrentamientos violentos entre los partidarios de la huelga general y los trabajadores opuestos a este tipo de planteamiento, por considerar que perseguía objetivos desestabilizadores de la democracia. El 29 de junio se lleva a cabo el primer intento de golpe militar. Se ocupan las calles de Santiago y el Palacio de la Moneda pero las tropas leales a la Constitución cercan a los sublevados y los detienen. Prosiguen la huelga los propietarios de camiones, los dueños de comercios, los mineros, los taxistas y se movilizan todo tipo de recursos económicos para provocar el caos y el descontento de la población. La Comisión 40 financia con un millón de dólares las huelgas.

El 23 de agosto de 1973 se produce un hecho decisivo: el general Carlos Prats González, ministro de Defensa y Comandante del Ejército, constitucionalista, presenta su dimisión. Su actitud había sido decisiva en el fracaso de la última intentona golpista, pero no pudo aguantar la presión de sus compañeros de armas. El general Augusto Pinochet Ugarte, tras prometer fidelidad y lealtad al gobierno constitucional, es nombrado Comandante del Ejército el 24 de agosto. El 11 de septiembre encabeza el golpe militar contra la democracia e inicia uno de los periodos más vergonzosos y sangrientos de la historia chilena. Inmediatamente fueron prohibidos todos los partidos políticos, el Congreso suspendió indefinidamente sus sesiones, se estableció una férrea censura de prensa, los partidarios de Allende y los militantes de los partidos de izquierda fueron encarcelados y se pospusieron definitivamente las elecciones.

Se sucedieron los juicios sumarísimos, los tiros en la nuca y los desaparecidos. Hasta Washington llegaron informaciones sobre 11 centros del ejército en los que se interrogaba «bajo métodos que se consideraban como torturas». La CIA informó por primera vez de las violaciones de los derechos humanos por parte de la Junta Militar el 15 de septiembre de 1973. Se denunciaba que las unidades militares encargadas de interrogar a los detenidos estaban tratando a los supuestos opositores de una forma «extraordinariamente dura». Otro informe fechado el 22 de septiembre aseguraba que los prisioneros encerrados en el Estadio Nacional eran sometidos a una inhumana crueldad. El 28 de septiembre la CIA notifica a Washington que se habían encontrado en Río Mapocho 27 cadáveres, algunos de ellos mutilados y con signos de haber sido sometidos a torturas. El 21 de octubre se informa que el General Sergio Arellano había ordenado la ejecución sumaria de 21 prisioneros políticos. El día 3 de noviembre aparecen más cadáveres en el Canal de San Carlos. El año posterior al golpe, la CIA y otras agencias del Gobierno de los Estados Unidos estaban al corriente de la existencia de una cooperación bilateral entre los servicios de inteligencia de la región para hacer el seguimiento y asesinar a opositores políticos. Esta colaboración sería la precursora de la «Operación Cóndor», un acuerdo establecido en 1975 entre Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que ocasionó numerosos muertos y desaparecidos. Las violaciones de los derechos humanos prosiguieron durante 17 años.¹² Incluso ciudadanos españoles fueron víctimas de la represión. El 14 de julio de 1976 un agente norteamericano acompañado por funcionarios de la DINA, la policía política de la dictadura, secuestraron al español Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas, y le torturaron hasta la muerte. La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que el asesinato de Soria constituía una flagrante violación de los tratados internacionales, ya que, por ser delegado de la ONU, gozaba de un estatuto diplomático especial. Los responsables del crimen, a pesar de ser conocidos, jamás fueron castigados. El largo y sanguinario brazo del general Pinochet llegó hasta el corazón del imperio: el 21 de septiembre de 1976 es asesinado por un coche bomba en Washington Orlando Letelier, ex embajador de Allende, y su secretaria, la estadounidense Ronni Moffit. Pero no importó. Norteamérica prosiguió apoyando la dictadura chilena. Las multinacionales norteamericanas, aquel septiembre sombrío de 1973, vieron amanecer su nuevo agosto económico. Ya no existían motivos para temer a la mayoría del pueblo chileno. En la meditada jugada de la gran partida de ajedrez internacional, una vez más, los dirigentes de Washington habían dado jaque mate a un proyecto de democracia.

En octubre de 1975 miembros de los servicios secretos chilenos, argentinos, paraguayos y brasileños se reunieron en Santiago de Chile convocados por Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía política de la dictadura, para crear un cuerpo operativo dedicado a perseguir a los opositores a sus respectivos regímenes. Así se gestó el Plan Cóndor. Pinochet fue designado con el nombre clave de Cóndor 1 y su subordinado, Contreras, como Cóndor 2. El general Videla parece que utilizó como nombre de guerra el de Cóndor 3. Nació un espacio de terror para perseguir y torturar a los adversarios políticos más allá de las fronteras nacionales. Es la primera globalización del terror en el Cono Sur americano. La operación se convirtió en una trágica fábrica de desaparecidos. La tortura, como ocurría en los respectivos países, era una práctica habitual en los interrogatorios policiales. En Buenos Aires se utilizaron los sótanos de Automotores Orletti, unos talleres automovilísticos, como auténtico campo de concentración. Para el terrorismo de Estado desaparecieron las barreras fronterizas y pudieron actuar con total normalidad en aquellos países que formalizaron el acuerdo. Todo el operativo se montó con el conocimiento y aprobación del gobierno de Washington. En documentos secretos desclasificados en el año 2003 se reconoce que el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, el 7 de octubre de 1976 se entrevistó en Washington con César Augusto Guzzetti para recomendarle a la Junta Militar de Buenos Aires que acelerara sus actividades represivas ante el temor de que el Congreso de los Estados Unidos le recortara las ayudas que estaban recibiendo. La escalada de desapariciones, torturas y crímenes estaba escandalizando a la opinión pública norteamericana. Sobre todo cuando se denunció la existencia de seis conciudadanos entre las víctimas de la dictadura. En julio de 2001 fue procesado el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla por asociación ilícita debido a su participación en la Operación Cóndor. Se trata del primer jefe de Estado de los países que participaron en la siniestra trama que tiene que rendir cuentas a la justicia. Kissinger fue premiado con el Premio Nobel de la Paz.

El horizonte del nuevo milenio se presenta en Latinoamérica cargado de negros nubarrones. La impotencia del poder judicial chileno para condenar los crímenes del general Pinochet revelan la anómala democracia vigente en el sufrido país. La Constitución de 1980, ligeramente reformada en 1988, redactada por el poder dictatorial, otorga a las Fuerzas Armadas una función de tutela y vigilancia contraria a los principios democráticos. En caso de conflictos institucionales están facultadas a intervenir para «proteger las esencias del sistema». En la práctica actúan como un partido político dominante, al reconocérsele funciones alejadas de sus competencias estrictamente castrenses. Las fuerzas armadas constituyen una especie de poder autónomo dentro del Estado con capacidad para decidir cuestiones trascendentales para la nación a través del Consejo de Seguridad Nacional. Los senadores designados con el visto bueno de dicho Consejo representan casi el 20 % de la Cámara alta chilena. La ley de amnistía promulgada por el general Pinochet veta la posibilidad de llevar ante los tribunales de justicia a la mayoría de los autores de los crímenes cometidos entre 1973 y 1978, periodo durante el cual se realizaron las mayores atrocidades. De un régimen de poder absoluto que utilizaba habitualmente el terror arbitrario como instrumento de dominación se ha pasado a un sistema con partidos políticos, sindicatos, elecciones periódicas, libertad de opinión y reunión. La situación ha mejorado, pero los protagonistas de la transición, hijos directos y nostálgicos de la dictadura, han procurado dejar todo atado y bien atado. Además de la omnipresente tutela del Ejército, la rigidez del texto constitucional dificulta cualquier tipo de reforma para corregir el déficit democrático del sistema. La exigencia de dos tercios para cualquier modificación supone en la actualidad una barrera infranqueable. Los simpatizantes de Pinochet continúan teniendo una importante presencia en las estructuras estatales y en la sociedad civil. El periódico pro golpista El Mercurio, protegido y subvencionado por la CIA antes de la asonada militar, durante el gobierno de Allende, sigue siendo el de mayor tirada y tiene un indudable peso en la opinión pública. Existen senadores que solamente se pueden elegir entre los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. El Consejo de Seguridad Nacional, con participación paritaria de los militares, ejerce importantes funciones políticas en la cúpula de la organización estatal. La presencia del estamento castrense en los organismos públicos representativos constituye un poder paralelo y efectivo. Los dirigentes de la CIA se han especializado en transiciones con modificaciones superficiales, en ocasiones meramente retóricas, para conservar intactos los poderes anteriores, especialmente el militar y el económico. Se ha aparcado en un rincón de la memoria histórica la caravana de la muerte, pero el pueblo todavía no es totalmente libre ni mucho menos soberano. Se continúa desconociendo la suerte corrida por la mayoría de los desaparecidos. La Corte Suprema de Chile en una sentencia fechada el 24 de marzo de 2005 confirmó la inmunidad del ex dictador Augusto Pinochet, decisión que impidió que fuera juzgado por el asesinato del general Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires.

En la XXXI Asamblea General de la Organización de Estados Norteamericanos (OEA), celebrada en Costa Rica en junio de 2001, su secretario general, César Gaviria, alertó a los asistentes contra la «amenaza a la democracia en nuestro hemisferio». El panorama en el Nuevo Continente es realmente desolador debido a la pobreza, a una deuda externa que ahoga sus economías e impide el desarrollo, al paro, a la explotación de niños y mujeres, a las irritantes desigualdades económicas, a la corrupción política. De ser receptor de emigrantes el centro y el sur de América ha pasado a protagonizar uno de los mayores éxodos de población de toda la historia de la humanidad. Ya han abandonado el país por necesidades económicas 18 millones de mexicanos y un millón de ciudadanos del Ecuador. En las embajadas europeas, particularmente en la española, hacen colas miles de americanos que esperan obtener un visado para huir del país. El malestar es creciente entre los sectores de la población menos favorecidos por la fortuna. Las democracias neoliberales que han sucedido a las dictaduras no han solucionado ninguno de sus problemas más graves. Al contrario. «Bajo la ola neoliberal y la presión de los organismos financieros multilaterales, de las multinacionales y de los gobiernos de los países ricos —escribe Augusto Zamora— las naciones latinoamericanas sacaron a subasta sus riquezas. En un tiempo récord desmantelaron los Estados, privatizaron empresas públicas, recursos naturales y servicios sociales. Las empresas extranjeras realizaron negocios escandalosos comprando a precio de saldo el patrimonio estatal y nacional. El desarme arancelario provocó la quiebra de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales, incapaces de enfrentar la competencia de las poderosas transnacionales.»¹³ Seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones al servicio de sus poderosos patrocinadores produce el desamparo de quienes carecen de recursos para competir en un mercado cada vez más agresivo. Susan George denuncia al BM y el FMI por introducir «una disciplina neoliberal severa, obligando a los gobiernos a integrar sus economías nacionales en la global y proporcionan un marco en el que las elites locales pueden enriquecerse mediante salarios bajos, una mano de obra más dócil, la privatización masiva, una menor intervención gubernamental, etc.».¹⁴ La inclinación hacia las clases superiores de los programas de ajuste estructural sirve para fomentar la actuación de influyentes accionistas e inversionistas en aras de la globalización.

En Colombia los servicios de inteligencia norteamericanos han encontrado dos importantes razones políticas para infiltrarse y dominar el país: el cultivo de coca y la guerrilla comunista. El narcotráfico se ha convertido en un objetivo del poder militar norteamericano. El 60 % del cultivo mundial de coca se realiza en la región sur de Colombia, controlada en su mayor parte por la guerrilla. Para la realización del Plan Colombia se han destinado 1.300 millones de dólares a invertir en tres años. Su objetivo es reducir los cultivos de droga en un 50 %. El Plan tiene también una importante y significativa vertiente militar. El Pentágono ya ha desplazado a varios centenares de boinas verdes y 24 helicópteros Black Hawk. Patrick Higgins, jefe de la misión militar de los Estados Unidos, ha relevado a un compañero destituido porque su mujer había traficado con cocaína aprovechándose de las valijas diplomáticas de la embajada de su país. Carlos Salinas, miembro de Amnistía Internacional, vaticina que se va a desencadenar un infierno. «No es un plan colombiano —denuncia—; es un plan norteamericano elaborado por Southcon.» Considera que, en definitiva, se trata de un truco comercial para facilitar a Sirorsky la venta de muchos helicópteros. El uso de la fuerza no es suficiente para solucionar los problemas. Lo que en realidad manda en el negocio de la cocaína no es la oferta sino la demanda. Mientras exista gente dispuesta a comprar droga y tenga recursos suficientes para adquirirla proseguirá el lucrativo tráfico. La reducción en un 50 % del cultivo en Colombia, que es lo que se propone como objetivo el plan norteamericano, solamente servirá para encarecer el producto. Estados Unidos consume anualmente 350 toneladas; Europa, 220. El motor del negocio de la droga reside en la organización de las redes de distribución que colocan la mercancía en Norteamérica y en Europa, bajo el control de los paramilitares. Las actas judiciales del llamado proceso 8.000 implicaron a empresarios, políticos, altos oficiales y diplomáticos en el narcotráfico colombiano. El blanqueo de dinero se realiza mayoritariamente en dólares y la gran banca americana es la mayor beneficiada en este tipo de operaciones. En vez de desatar las siete plagas de Egipto contra un campesinado empobrecido y explotado, sería mucho más efectivo actuar con dureza dentro de los países desarrollados, comenzando por la propia Norteamérica y siguiendo por Europa. Sigue mandando el dinero en una situación internacional cada vez más incomoda e injusta para el tercer mundo. Pero a los Estados Unidos les interesa profundizar en la guerra en vez de buscar la paz. En 1988 las FARC firmaron con el presidente Belisario Betancur los acuerdos de Uribe, en los que desautorizaron el terrorismo y los secuestros. El Estado, por su parte, permitía a los guerrilleros incorporarse a la vida política del país. En 1996 crearon la Unión Patriótica para participar en los procesos electorales. Entonces se inició su exterminio por las fuerzas parapoliciales. Hasta el momento más de 4.000 ciudadanos han sido asesinados.

La inestabilidad del mal llamado Nuevo Mundo sirve para justificar la presencia militar del coloso del norte en todo el continente para poder controlar y encauzar los conflictos según sus particulares conveniencias. Ninguna de las intervenciones norteamericanas ha sido para establecer democracias estables sino regímenes sumisos. Thomas Carother, director del programa sobre Ley y Democracia del Instituto Carnegie y ex funcionario del Departamento de Estado bajo la presidencia de Reagan, reconoce que el gobierno norteamericano solamente promueve la democracia cuando conviene a su seguridad e intereses, pero la «menosprecia» e «ignora» cuando las naciones pretenden gobernar con independencia y libertad. Últimamente ha quedado patente la intervención de los servicios de inteligencia estadounidenses en el frustrado golpe de fuerza en Venezuela contra el presidente Chávez, a pesar del respaldo mayoritario dado por los electores a su política. Se trata de un gobernante particularmente peligroso, no por su caudillismo populista, sino por pensar por su cuenta y pretender realizar fórmulas políticas poco ortodoxas con respecto a las líneas maestras fijadas por las instituciones financieras internacionales. La riqueza de Venezuela, especialmente sus explotaciones petrolíferas, ha sido siempre una pieza codiciada por las grandes potencias.

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, denuncia la nueva estrategia seguida por Estados Unidos en Latinoamérica, donde seis presidentes democráticamente elegidos ya han sido derrocados en los últimos años sin necesidad de realizar intervenciones armadas. Ésta es la estrategia seguida para defenestrar en Venezuela al presidente Hugo Chávez. «En primer lugar —escribe el prestigioso periodista— se autoproclama como sociedad civil una coalición de caciques que reúne a la Iglesia Católica, la oligarquía financiera, la patronal, la burguesía de cuello blanco y un sindicato corrompido; después, los propietarios de los principales medios de comunicación establecen entre ellos un pacto mafioso y se comprometen a apoyar la campaña que cada uno hace contra el presidente en nombre de la sociedad civil.»¹⁵ No importa que no se haya producido ni una sola detención contra estos conspiradores, ni se haya atentado contra el ejercicio de la libertad de información, ni que se respeten escrupulosamente todas las reglas del juego democrático. La campaña de intoxicación de la opinión pública prosiguió implacable contra el presidente elegido mayoritariamente por el pueblo en unas elecciones que no han sido cuestionadas. Incluso ha ganado por amplia mayoría un referéndum pedido por la oposición y avalado por el control internacional de los comicios. Lo que realmente incomoda a Washington es la reivindicación de independencia y soberanía a la hora de tomar decisiones que afectan a los intereses de su país. Si fracasa esta tendenciosa estrategia todavía dispone la Casa Blanca del recurso de calificar a Venezuela de «Estado terrorista». Entonces ya se consideran legitimados para todo tipo de intervenciones, incluso el uso de las fuerzas armadas. De momento ya han intentado vincular directamente al presidente venezolano con el narcotráfico de la guerrilla colombiana. El ex embajador estadounidense en Caracas, se reunió en diciembre del 2004, como alto funcionario del Departamento de Estado, con el embajador de Venezuela en Washington, Bernardo Álvarez, para advertirle de que la intención de constituir un bloque en América Latina «afecta a nuestros intereses y eso jamás lo vamos a tolerar». Nadie puede desafiar la hegemonía norteamericana. La petrodiplomacia del presidente Chávez tiene mucho que ver con la actitud hostil y amenazante de Bush.

Una directiva del presidente Bush infiltrada al periódico The Washington Post fija las líneas maestras de un nuevo plan dirigido a combatir y transformar a los sistemas políticos considerados como enemigos de los intereses norteamericanos: actividades efectivas en el interior de la nación para debilitar a los gobiernos mediante alianzas con las fuerzas de la oposición, apoyo a huelgas y todo tipo de movimientos desestabilizadores, intervenciones directas en los medios de comunicación, adopción de medidas para ahogar su economía y «acosarlos psicológicamente con la permanente amenaza de una intervención armada». No se trata de ninguna novedad, sino de hacer explícita una estrategia política que siempre han practicado.

Pero el control del nuevo continente se adapta también a las exigencias globalizadoras y utiliza otros elementos de presión. La posibilidad de que Luiz Inácio da Silva, popularmente conocido como «Lula», líder del Partido de los Trabajadores, ganara las elecciones en Brasil desató las furias de los poderes financieros. George Soros, número uno de la especulación financiera, profetizó que habría «suspensión de pagos en Brasil si triunfa Lula». Los bancos de inversión más importantes, entre los que figuran J. P. Morgan y Merri Lynch, auguraron un futuro negro para la economía brasileña en caso de una victoria electoral de un partido considerado de izquierda, aunque sea tan moderado como el Partido de los Trabajadores. Auguraban que si Inácio da Silva lograba alcanzar la presidencia, según un estudio sobre las variaciones del mercado realizado por la institución financiera Goldman Sachs, el dólar tendría una cotización de 3,04 reales a finales de octubre de 2002 y se retraerían las inversiones exteriores. Una vez conseguida la victoria en las urnas, no se han cumplido los negros vaticinios, pero Lula ha sido presionado fuertemente para moderar su programa de izquierdas. Los más humildes, los habitantes de las favelas y los campesinos «sin tierra» han visto frustradas sus esperanzas. La independencia a la hora de tomar grandes decisiones económicas y sociales no puede ser tolerada por el moderno colonialismo sin fronteras. El «destino manifiesto» de los Estados Unidos en todo el continente americano, bajo apariencias distintas, continúa insuflado con el mismo espíritu colonizador que en el siglo pasado. En el nuevo orden mundial no existen espacios para las políticas radicales que pretendan profundizar en la democracia. Ni una sola intervención norteamericana a lo largo de su historia en el continente americano ha sido para devolver la soberanía a un pueblo.

Notas

1 Woodward, Bob: Bush at war. Edt. Simon & Schuster, Nueva York, 2002.

2 El País, 26 de abril de 2001.

3 Loewestein, Karl: Teoría de la Constitución. Editorial Ariel, Barcelona, 1976.

4 El País, 13 de diciembre de 2000.

5 La Vanguardia, 13 de diciembre de 2000.

6 Ferguson, Thomas: «Party realing and american industrial structure» en Political Economy, 1983.

7 Fundación Heritage: Mandate for leadership, 1980.

8 Edsall, Thomas: The new politics of inequality. Norton, 1984.

9 Chomsky, Noam: La quinta libertad. Editorial Crítica S.A., Barcelona, 1988.

10 NYT, 15 de septiembre de 1985, fechado en Honduras.

11 Informe de la Comisión designada por el Senado norteamericano para estudiar las operaciones gubernamentales concernientes a actividades de inteligencia.

12 Los datos están recogidos en la Enmienda Hinchey, resultado de la revisión de una serie de archivos relevantes de la CIA, las memorias de Nixon y Kissinger y el interrogatorio de funcionarios retirados.

13 Zamora, Augusto: «El colapso de la democracia en Latinoamérica», El Mundo, 10 de julio de 2001.

14 George, Susan: El informe Lugano. Icaria Editorial, Barcelona, 2001.

15 Ramonet, Ignacio: Le Monde Diplomatique, edición española, número 80, julio de 2002.

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Europa: La doma de la bravía

Una vez finalizada la última gran contienda mundial con la derrota de las llamadas potencias del Eje, los Estados Unidos comenzaron a inquietarse ante la posibilidad de la nueva Europa, levantada sobre las cenizas de los totalitarismos nazi y fascista, se desmarcara de su área de influencia. Más que la amenaza representada por la capacidad militar soviética y su ambición expansionista —se conocía la situación de la URSS tras las tremendas pérdidas materiales y humanas sufridas en su guerra contra Hitler y se calculaba que hasta pasados quince años no podría recuperarse— lo que realmente preocupaba a las autoridades de Washington era el protagonismo de la izquierda en los movimientos de resistencia y el prestigio alcanzado por los dirigentes políticos comprometidos con las ideologías progresistas. Por el contrario, las empresas importantes de los países invadidos por los nazis habían vivido sospechosos idilios con las tropas de ocupación, realizando fructíferos negocios. Como resulta público y notorio, los totalitarismos de derechas nacieron para proteger al gran capital de los avances democráticos de la izquierda. Basil Davidson, historiador británico, escribió que a causa de la colaboración de las clases dominantes con los nazis «se produjo una amplia y seria resistencia que solamente podía proceder de líderes de inspiración izquierdista, hombres a quienes inspiraba la confianza y la ilusión de una democracia radical».¹

La CIA, en un informe redactado en 1947 con destino a los dirigentes de Washington, advirtió que «el mayor peligro para la seguridad de los Estados Unidos es la posibilidad de un colapso económico en Europa occidental y el consiguiente acceso al poder de elementos comunistas», en el sentido amplio que daban los servicios de inteligencia norteamericanos a esta satanizadora palabra. Para evitar la paralización económica se puso en marcha el Plan Marshall y se creó la Organización Europea de Cooperación Económica con el objetivo de administrar los 17.000 millones de dólares recibidos como ayuda a la recuperación del viejo continente. Ni que decir tiene que los préstamos fueron devueltos con sus correspondientes intereses y que muchas empresas norteamericanas hicieron el negocio de su vida con la reconstrucción del viejo continente. Una cosa es la caridad y otra muy distinta la especulación. El ayudante del ministro de la Guerra, Howard Peterson, alertó sobre la «necesidad de fortalecer los diques económicos y sociales contra el comunismo soviético». Conocida es la arbitraria interpretación dada al vocablo «comunismo» dentro de la propaganda norteamericana. Cualquier movimiento reivindicativo, cualquier idea medianamente progresista en defensa de los derechos igualitarios de la mujer o cualquier petición dirigida a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es considerada y tratada como peligroso virus del comunismo internacional. Los propios ciudadanos norteamericanos fueron víctimas de la manipulación propagandística del significado auténtico de las palabras. El senador McCarthy se erigió en triste protagonista de la cacería del rojo infiltrado en la sociedad estadounidense. Intelectuales prestigiosos, artistas, músicos, líderes sindicales, productores y directores de películas críticas del sistema de vida americano fueron perseguidos como alimañas. El pensamiento independiente resultaba sospechoso de extrañas connivencias con los enemigos de la gran nación americana. No pocos profesionales se convirtieron en chivatos de sus compañeros profesionales por celos y envidias. Muchos estadounidenses se vieron forzados a emigrar para poder seguir trabajando. El maccartismo fue una de las etapas más negras vividas por los ciudadanos norteamericanos, especialmente por la clase intelectual.

Dean Acheson también alertó a los miembros del Congreso contra los peligros de la fruta podrida, tan peligrosa como la bíblica y tentadora manzana del árbol del bien y del mal cogida por Eva y mordida por Adán, para maldición de la humanidad, en el paraíso terrenal. Allí comenzaron todas nuestras desgracias. «Como sucede con las manzanas sanas en un cesto infectado por una podrida —explicó en su parábola el dirigente político— la corrupción en Grecia podrá infectar a todo el Oriente, a Italia y a Francia, amenazadas por la participación de los comunistas en los gobiernos democráticos.»² Y todos los europeos seríamos arrojados al infierno regido por el Gran Satán que tenía su sede en Moscú. El político norteamericano no predicó en el desierto. Sus consejos tampoco cayeron en saco roto. Las medidas higiénicas fueron inmediatamente aplicadas por el alto mando de Gran Bretaña, su aliado más fiel.

Tras la retirada de las tropas nazis de la península helénica, cuna de la cultura occidental y de la democracia, el ejército británico se entregó en cuerpo y alma a desarmar a la guerrilla, desactivar su fuerza militar y su mensaje ideológico, para instaurar una dictadura sanguinaria y corrupta, lo que provocó el surgimiento de una nueva resistencia tan fuerte y eficaz como la que protagonizó la lucha contra los nazis. El pueblo liberado tenía hambre de democracia y libertades, no aceptaba las nuevas cadenas. Poco más tarde los dirigentes de los Estados Unidos tomaron directamente cartas en el asunto. Los largos años de experiencia en Latinoamérica le daban una especial pericia en el tratamiento de estos problemas para que no salieran erosionados sus intereses.

En 1947 se declaró una guerra de contrainsurgencia utilizando métodos probados anteriormente para yugular movimientos reivindicativos contra dictaduras americanas. Se recurrió a crímenes, torturas, expulsiones masivas de poblaciones, campos de reeducación, ejecuciones sumarias y tribunales de excepción. Grecia soportó comportamientos propios de repúblicas bananeras. El miedo a la democracia, una vez más, desató la histeria represora en la nación más poderosa de la Tierra. En abril de 1967 el golpe de los coroneles utilizó para la sublevación armada el Plan Prometeo elaborado dentro del marco de la planificación de la OTAN. El litigio sangriento se resolvió con la dictadura de corte fascista del coronel Papadopulos y terminó con el destronamiento del Rey por su colaboración con el régimen represivo. Los Estados Unidos nunca ponen los huevos en una sola cesta. Siempre juegan con varias cartas, aunque prefiera unas determinadas, las marcadas. El apoyo a la dictadura se mantuvo casi hasta el final. Cuando el régimen dictatorial se tornó inviable procuraron una evolución basada en dar unos retoques a la fachada, eliminando comportamientos brutales y visibles incompatibles con la evolución social que se había producido en el país. Tan pronto como estos cambios epidérmicos se revelaron insuficientes se planificó concienzudamente una evolución hacia una democracia formal controlada desde el centro político y con un ejército con poderes suficientes para ejercer de gendarme de la transición. Siempre resulta preferible una democracia elemental y domesticada a una dictadura. Disimula mejor quien detenta las riendas del verdadero poder e ilusiona al pueblo ingenuo y confiado. Noam Chomsky relata una anécdota reveladora del respeto que los dirigentes de Washington sienten hacia la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, esencia de la democracia. Cuando el embajador norteamericano en Atenas puso en conocimiento de Lyndon Johnson que el Parlamento griego jamás aceptaría su propuesta de compartir la isla de Creta con Chipre, replicó con firmeza su presidente: «a hacer puñetas el Parlamento y la Constitución. Los Estados Unidos son un elefante, Chipre es una pulga y Grecia es otra pulga. Si estos dos animalitos siguen picando al elefante, pueden acabar siendo aplastados por su trompa. Si un primer ministro empieza a hacer discursos sobre parlamento, democracia y constitución, no van a durar mucho tiempo».³ Pocas veces se ha proclamado con mayor claridad el carácter supraconstitucional que, para los dirigentes de Washington, tiene la ley del más fuerte. Es una tradición que hunde sus raíces en la epopeya, es un decir, del lejano oeste americano. Si querías sobrevivir había que desenfundar el arma más rápido que el rival. Y ser el primero en disparar a matar.

Para derrotar a la fuerza popular y política de la resistencia antifascista en toda la Europa liberada, los servicios secretos estadounidenses no vacilaron en proteger y reclutar a criminales de guerra nazis reclamados por la justicia internacional y por los gobiernos de los Estados donde habían cometido sus tropelías. Uno de los instrumentos utilizados para desactivar la fuerza de la izquierda fue la tristemente famosa Organización Gehlen, creada por el general nazi Reinhard Gehlen, jefe de los servicios secretos de Hitler en la Europa del Este durante la contienda mundial. «En 1949 el equipo de Gehlen se integró en el servicio oficial de espionaje y contraespionaje de Alemania Occidental bajo la supervisión de la CIA.»⁴ No se trata de un caso aislado, sino de una práctica frecuente en la posguerra. Klaus Barbie, conocido popularmente como «el carnicero de Lyon» por sus fechorías en aquella ciudad francesa, fue reclutado por los servicios de inteligencia norteamericanos para espiar las actividades de los políticos galos y denunciar sus debilidades izquierdistas. Cuando fue descubierto por el contraespionaje francés, se le facilitó su huida a América y se instaló muellemente en Bolivia, donde contribuyó a organizar la «Internacional Negra» y participó en el golpe de Estado de 1980. Dos años más tarde, debido a presiones internacionales y a las exigencias de la diplomacia francesa, Barbie fue extraditado a Francia para ser juzgado por sus numerosos crímenes contra la humanidad. Eugene Kolb, oficial norteamericano de los servicios de contraespionaje y ex jefe directo del acusado, defendió públicamente a su subordinado por considerar que «las actividades de Barbie fueron dirigidas contra el clandestino partido comunista francés y contra la resistencia, de manera semejante a como nosotros nos preocupamos en la posguerra por el partido comunista alemán y las actividades perjudiciales para la política estadounidense en Alemania».⁵ No le faltaba razón a Kolb, aunque el partido comunista francés solamente fue ilegal durante la ocupación alemana y bajo el régimen colaboracionista de Petain. Pero también resulta incuestionable que los comunistas estuvieron férreamente perseguidos en Alemania Occidental durante su ocupación por las tropas aliadas y no se le permitió participar en las elecciones. Siempre que se plantea un conflicto entre los principios democráticos y los intereses económicos la balanza de la política americana se inclina a favor de estos últimos.

La nómina de los colaboradores nazis en este tipo de actividades es abundante y significativa: Alfons Sassen, trabajó en Holanda para los servicios secretos norteamericanos; Friedrich Schwens, desarrolló sus actividades en Austria e Italia; Walter Rauff, inventor de la primera cámara de gas, colaboró en labores de espionaje; Stanislaw Stankievich, Emil Augsburg y Hors Mahnke, responsables de las matanzas de judíos y gitanos en los países de Europa oriental, recibieron protección y amparo. Jamás fueron juzgados.

Cuando las tropas norteamericanas liberaron el norte de África en 1942 colocaron en el poder al almirante Jean Darlan, colaboracionista cualificado con las tropas nazis que invadieron Francia y padre intelectual de las leyes antisemitas promulgadas por el régimen pro alemán de Vichy. Stephen Ambrose sostiene que «en la primera de sus empresas en política exterior, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos apoyaron a ciudadanos que habían expresado su total adhesión a todo lo que Roosevelt y Churchill habían criticado en la Carta Atlántica. Darlan, como Goering o Goebels, eran la antítesis de los principios que los aliados decían defender». La Carta del Atlántico es una declaración de principios acordada por Churchill y Roosevelt en nombre de Gran Bretaña y Estados Unidos en agosto de 1941 fijando las líneas maestras de la política internacional tras la finalización de la lucha armada. Entre los principios recogidos figuraba la renuncia de la ocupación territorial o de cualquier otro tipo, la necesidad de desarmar a las naciones agresoras y el respeto del derecho de todos los pueblos a elegir libremente su sistema político. Pese a las presiones ejercidas por su tradicional aliado, los norteamericanos se negaron a aceptar ninguna obligación para el futuro. Actitud que, dado el comportamiento posterior de Washington, se explica perfectamente. La ingerencia en los asuntos internos de otros países es una constante histórica en la política exterior de la Casa Blanca.

Los esfuerzos de los servicios de inteligencia norteamericanos para que la Europa liberada no cayera en la tentación izquierdista fueron especialmente intensos en Italia. La situación en Francia se encontraba perfectamente controlada por la autoridad del general Charles de Gaulle, tenaz resistente frente al invasor nazi. Incluso se permitió incluir ministros de formación marxista en su gobierno. Contaba con el agradecimiento de su pueblo y la confianza de Washington. Italia ofrecía mayores problemas para los planes de control norteamericanos. Carecía de una figura dentro de la derecha política capaz de liderar el proceso y conducir las reivindicaciones progresistas hacia aguas tranquilas y moderadas, perfectamente aceptables por la clase dominante. París había vivido bajo un orden democrático hasta la invasión de las tropas alemanas. Sus habitantes tenían asumido, desde el triunfo lejano de la Revolución Francesa, la condición de ciudadanos con derechos inalienables. Por el contrario, Italia salía de un largo y tenebroso túnel fascista en el que se prohibieron tajantemente los partidos políticos y las libertades sindicales. Muchos italianos habían digerido y aceptado su estatus de súbditos, pacientes sufridores de los abusos del poder fascista. Las salpicaduras del régimen corrupto de Mussolini manchaban especialmente a muchos sectores del mundo empresarial, beneficiados por los delirios de grandeza del dictador y lucrados generosamente por los seguros negocios de la guerra. A partir de 1943, el ejército liberador se preocupó por restablecer el orden tradicional. Tal como sucedió en otros países, se entregaron las riendas del poder a conocidos colaboradores fascistas y se marginó a la resistencia que tanto ayudó a los aliados en su victoria final. Davidson declaró que a los guerrilleros antifascistas «no se les iba a permitir el acceso al gobierno de Italia, por ser demasiado obvio que era gente en la que no se podía confiar».

Cuando llegaron las divisiones norteamericanas a las zonas industriales del norte de Italia se encontraron con un nuevo orden político y económico implantado por los partisanos. W. H. Braine, agregado laborista en la embajada británica en Roma, denunció que los trabajadores italianos habían organizado consejos en el seno de las grandes empresas para participar en su gestión. También se promulgaron normas muy rigurosas contra el despido y se dictaron medidas sociales dirigidas a proteger a los más desfavorecidos. Inmediatamente el Alto Mando Militar Aliado derogó las medidas adoptadas y ordenó devolver el total control de las empresas a sus propietarios. Las autoridades pusieron especial empeño en «evitar las injerencias ideológicas encaminadas a reestructurar el orden social así como realizar purgas antifascistas con arreglo a los intereses de clase». El GMA (Gobierno Militar Aliado) logró domar el espíritu reivindicativo de la clase obrera, frenar los planteamientos políticos más radicales y poner a las empresas bajo el poder absoluto de sus dirigentes y propietarios. A pesar de las medidas adoptadas, el agregado para asuntos laborales de la embajada norteamericana en Roma no ocultó su preocupación por el prestigio de los militantes izquierdistas debido a su «integridad personal» y su «historial inequívocamente antifascista».

Desde 1948 la CIA desarrolló una intervención a gran escala en la vida política, laboral, social y económica italiana. Preocupaba la situación en la gran bota mediterránea, a pesar de que el Partido Comunista abrazó pronto el eurocomunismo, renunció a la dictadura del proletariado, se apartó del estalinismo y aceptó las reglas de la democracia liberal. El primer memorando del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, fechado en 1947, recomendaba confidencialmente que se apoyaran operaciones paramilitares en Italia «en el caso de que los comunistas accedan al gobierno italiano por medios legales». George Kennan llegó a pedir la ilegalización del partido de Berlinguer para impedir su victoria electoral, pese a admitir que esto podría desencadenar una guerra civil y exigir la intervención militar estadounidense. Sin embargo, prevaleció la postura de quienes consideraron que los Estados Unidos estaban en condiciones de orientar las elecciones utilizando por primera vez métodos similares a los empleados más tarde, en 1990, en Nicaragua. La coacción, las amenazas y el chantaje podían ser suficientes para poner diques a la voluntad democrática libremente expresada.

A principios de la década de los cincuenta se creó la red secreta GLADIO («espada») teóricamente concebida para resistir a una hipotética invasión soviética, pero en realidad destinada a utilizar todos sus recursos y organización a impedir el acceso de la izquierda al poder en los países democráticos de Europa Occidental. La amenaza bélica no quitaba el sueño a las potencias occidentales en aquellos momentos. Rusia todavía estaba convaleciente de las graves heridas sufridas durante la última contienda. Se disponía de informes precisos que sostenían que al menos debían transcurrir veinte años para lograr recuperar su economía y su poder militar. Norteamérica, por el contrario, se encontraba en una situación coyuntural boyante. Solamente el presupuesto militar del Pentágono duplicaba al del Kremlin; el poder económico estadounidense era cuatro veces mayor que el de la Unión Soviética. Si a esta enorme superioridad sumamos el potencial de los aliados occidentales, las naciones industriales desarrolladas, comprendemos perfectamente que las amenazas reales eran más ideológicas que de estados mayores militares. Lo que realmente preocupaba es que determinados países escaparan al control económico ejercido por Washington en el área del dólar.

La red GLADIO tiene su origen en una reunión celebrada en París entre Henri Ribière, jefe de los servicios secretos franceses, y los representantes de la CIA en Europa. Consideraron urgente crear una organización eficaz «para combatir la infiltración comunista». El primer nombre escogido fue el de «Operación Arco Iris», posteriormente se cambió por el de «Misión 48» hasta que recibió su bautismo definitivo en la secreta pila del agua bendita del espionaje. Aunque las actividades de los «gladiadores» se desarrollaron principalmente en Francia e Italia, por ser las democracias occidentales con una izquierda más fuerte y popular, actuaron también en el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Grecia. La España del general Franco y el Portugal de Oliveira Salazar, por su carácter de dictaduras de corte fascista, no preocuparon nunca a los estrategas de la guerra fría. En la península Ibérica estaban prohibidos todos los partidos políticos, incluso los de derechas. Sus sistemas habían protagonizado la gran cruzada anticomunista y cristiana. Por otra parte siempre fueron dóciles y sumisos a los deseos de Washington. Solamente cuando el dictador español dio muestras de agotamiento y su salud comenzó a resquebrajarse, los «gladiadores» hicieron acto de presencia en España, pero de un modo episódico y circunstancial. Tenían que reservar sus energías para otros países más conflictivos y libres.

Guy Coame, ministro de Defensa belga, reconoció públicamente que el objetivo prioritario de la red GLADIO no era organizar la resistencia contra la amenaza bélica soviética, sino controlar las democracias occidentales para evitar el acceso al poder de ideologías contrarias a los intereses y los valores occidentales, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica. Más concretamente, de las poderosas multinacionales de aquel país. Un agente de los servicios secretos españoles en declaraciones al semanario Tiempo reconoció la capacidad de la red «para asesinar en pocas horas a todos los dirigentes comunistas europeos».⁶ Objetivo reconocido también por André Moyen, ex agente secreto belga. En toda Europa occidental se creó una red de depósitos clandestinos de armas para ser utilizados en la llamada «operación exterminio». Todo estaba perfectamente preparado para la gran matanza, si las circunstancias lo exigían.

El general italiano Gerardo Serravalle, responsable durante la guerra fría de la sección quinta del SID, los servicios secretos militares italianos, testificó ante la comisión parlamentaria que investigaba las actuaciones de GLADIO en su país que los agentes de dicha red intentaron provocar una guerra civil para exterminar la izquierda transformadora. En una de las reuniones clandestinas celebradas en las proximidades de Roma se acordó «anticiparse al ataque de los comunistas». Es decir, había que desenfundar primero, según la ley no escrita pero vigente entre los dirigentes norteamericanos. Sin embargo la operación no fue autorizada por las máximas jerarquías de la organización por estimar que, de momento, no era necesaria. El proceso político se encontraba perfectamente controlado sin necesidad de recurrir a extremismos violentos. Descubrir el verdadero rostro de los servicios de inteligencia occidentales podía desencadenar peligrosas reacciones en otros países democráticos. Aquile Ocheto se lamentó en la cámara legislativa italiana de la desfachatez del gobierno italiano por «haber defendido una operación clandestina que nada ha tenido que ver con la hipótesis de una tercera guerra mundial y que era utilizada contra el cambio y la democracia interna del país».

Christopher Layne y Benjamin Schwarz, norteamericanos, destacados analistas de política internacional, escribieron en el Foreing Policy, en otoño de 1993, que el brusco derrumbamiento de la Unión Soviética «ha forzado a las elites de la política exterior estadounidense a ser más sinceras a la hora de articular las premisas estratégicas de su país». Según su experta y documentada opinión, ya no se puede seguir ocultando, tal como se hizo hasta la caída del muro de Berlín, que «bajo la estrategia estadounidense del orden mundial subyace la creencia de que los Estados Unidos deben mantener lo que es en esencia un protectorado militar en regiones económicamente importantes para asegurar que el comercio vital y las relaciones financieras estadounidenses no se iban al traste a causa de trastornos políticos». Tras el retórico quijotismo defensor de democracia y libertades se ocultan «sanchopancistas» intereses crematísticos, únicos valores que merece la pena defender, en opinión de los dirigentes de Washington. Al menos eso es lo que puede deducirse de las líneas maestras de su política internacional.

El control de la Península Ibérica

España y Portugal estaban considerados por los servicios exteriores norteamericanos como países seguros por el fuerte sentimiento derechista de sus regímenes y la eficacia represora de las dictaduras de Franco y Oliveira Salazar. Las actuaciones de la PIDE en el país lusitano y la Brigada Político-Social en España garantizaban perfectamente el control de la izquierda política, incluso de las impaciencias democráticas de los ciudadanos. Pero el sorprendente estallido de la primaveral y democrática «revolución de los claveles» en Lisboa, el espontáneo hermanamiento entre los ciudadanos y el ejército, encendió las luces de alarma de los servicios de inteligencia occidentales, pillados por sorpresa. El 25 de abril de 1974 una junta militar derroca al gobierno portugués y pone fin a medio siglo largo de terrible dictadura. La revolución acabó con miedos pasados. El pueblo salió a la calle para reclamar el poder, la democracia y las libertades negadas durante tantos años. La izquierda política y sindical, siempre en vanguardia en la dura lucha contra el salazarismo, asumió un indudable protagonismo en la nueva situación, lo que contribuyó a incrementar los recelos de Washington. Los acontecimientos, como la posterior caída del muro de Berlín, sorprendieron a todos: a los partidos políticos clandestinos, a los representantes del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de Lisboa, a la policía política portuguesa, a la CIA, al MI-6 y a todos los servicios de inteligencia extranjeros. Quizá por eso precisamente, en los primeros momentos, los revolucionarios tuvieron éxito en su empresa. Mario Soares, líder de los socialistas, se encontraba en aquellas fechas cruciales de viaje por Alemania Federal recaudando donativos del SPD y de la Fundación Fiedrich Ebert para su partido. Los dirigentes políticos de la oposición al salazarismo se sintieron también desbordados por los acontecimientos. La Junta de Defensa Nacional, constituida en los primeros momentos revolucionarios para controlar la situación, difícilmente podía ser tachada de izquierdista. El general Antonio de Spínola, presidente de dicha junta, más tarde designado también presidente de la República, respondía perfectamente a las coordenadas ideológicas dominantes en la clase militar portuguesa. Su libro Portugal y el futuro, publicado en la última etapa de la dictadura, aunque realizaba un análisis crítico de la situación portuguesa, fue autorizado por la severa censura del régimen. En su brillante hoja de servicios figuraba su participación en la Guerra Civil española como voluntario a las órdenes del general Franco y su lucha, también como voluntario, en las filas del ejército de Hitler en la batalla de Stalingrado, uno de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Galvao de Melo, Silvério Marques, Pinheiro de Acebedo y Diego Neto pertenecían a la derecha tradicional en la sociedad portuguesa. Incluso el propio Costa Gomes, más tarde compañero de viaje de los comunistas, estaba integrado en el sistema y fue un entusiasta defensor de la candidatura de Spínola a la presidencia de la Junta. Rosa Coutinho había cursado un año en la academia militar de los Estados Unidos por lo que estaba bien considerado por las jerarquías de Washington. El principal impulsor del movimiento del 25 de abril, Otelo Saraiva de Carvalho, era un estrecho colaborador de Spínola desde los difíciles tiempos de la guerra colonial en la Guinea portuguesa y gozaba de su entera confianza.

Cuando todo hacía presumir que las aguas políticas estaban canalizadas en la dirección más conveniente para los intereses de la potencia hegemónica en occidente, se produjo un hecho insólito en un país miembro de la Alianza Atlántica: militantes destacados del Partido Comunista Portugués, el más radical de todo occidente, fueron designados ministros en el primer gobierno revolucionario. Ni siquiera en Italia, con el partido comunista más fuerte de las democracias europeas, se había producido un acontecimiento semejante. Incluso se habían organizado tramas secretas para dar un golpe de Estado en caso de que los comunistas llegaran al gobierno de Roma.

Cuando en aquella insólita primavera lusitana comenzaron a florecer claveles rojos en las bocas negras de los fusiles y pueblo y ejército se fundieron en un sincero y cálido abrazo, ningún partido político estaba preparado para ocupar el poder. Solamente dos instituciones se encontraban sólidamente organizadas: el ejército y los sindicatos. El movimiento sindical estaba controlado desde sus orígenes por la izquierda radical y dentro de los capitanes que protagonizaron el movimiento liberador las simpatías se inclinaban por quienes habían llevado la peor parte en la lucha contra la dictadura y que contaba con una organización más fuerte y disciplinada. El ejército portugués había puesto los muertos en las guerras coloniales en defensa de los beneficios de las grandes empresas que explotaban las riquezas de los territorios ocupados. Tomaron conciencia clara de que no luchaban por la patria sino por sanear los dividendos económicos de los colonizadores. Encima tuvieron que soportar una campaña de desprestigio por los abusos cometidos durante la contienda, mientras los beneficiados de sus sacrificios vivían muellemente en la metrópoli, a salvo de cualquier tipo de crítica. El 10 de junio de 1973 el influyente The Times publicaba un extenso reportaje sobre los excesos cometidos por los militares portugueses en el continente negro. Este ambiente de crispación explican las primeras declaraciones de Saraiva de Carvalho: «el objetivo de los capitanes del movimiento de abril es la restauración del prestigio de las fuerzas armadas». Sin una identidad ideológica clara, pero deseosos de desvincularse de la oligarquía financiera y empresarial que habían utilizado sus servicios en su exclusivo provecho, los sublevados aspiraban, además de a instaurar una democracia avanzada, a poner fin a una guerra colonial por la que se desangraba lo mejor del país y recuperar el honor perdido a los ojos de la opinión pública. Algunos años antes, el general Humberto Delgado, asesinado en territorio español por la policía política portuguesa, había protagonizado la oposición democrática al salazarismo. El ejército portugués, a diferencia del español, nunca constituyó la columna vertebral de la dictadura, ni formó parte de su estructura ideológica. Pero en aquellos primeros momentos nadie podía prever el giro político por el que iba a transcurrir la transición al nuevo régimen. Para Rui Mateu, uno de los fundadores del partido socialista portugués, «un simple análisis de los hechos demuestra que la falta de preparación de los liberales, el colaboracionismo inicial de los socialistas, la dispersión y el pasar de la derecha y la mediocridad política del general Antonio de Spínola, han sido los factores determinantes que condujeron a la supremacía de los comunistas, hecho que, en materia de organización política, pronto se hizo evidente».⁷ La Intersindical Obrera, el sindicato más poderoso de Portugal, constituía el apoyo más sólido y popular a las reivindicaciones de los trabajadores.

Washington consideró prioritario podar las ramas del árbol revolucionario portugués para evitar frutos perjudiciales a sus intereses. No podían admitir semejantes osadías políticas en un miembro de la organización militar atlántica. Resultaba intolerable el surgimiento de una nueva isla política incontrolada dentro de la vieja Europa, aunque las posibilidades reales fueran muy remotas. Había miedo a la democracia, a la que los portugueses fueran capaces de decidir por sí mismos y desmarcarse de las exigencias de Washington y de su fiel aliado británico. Vermon Walters, subdirector de la CIA, se desplazó hasta Lisboa en agosto de 1974 para conocer personalmente la auténtica dimensión del problema político y militar. Había sido amigo de Oliveira Salazar y de Marcelo Caetano, su sucesor en la jefatura del Gobierno. El diplomático-espía de Washington se había labrado un sólido prestigio en su habilidad para dar la vuelta a la tortilla política en las situaciones más enrevesadas. No se podía confiar la misión en Portugal a terceros espadas. Walters, cuando desempeñó el cargo de agregado militar en la embajada norteamericana de París, de 1967 a 1972, había mantenido contactos con Mario Soares a través de Irvin Brown, en aquella época representante en la capital francesa de la Federación Norteamericana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL/CIO) y principal agente de la CIA en la Confederación Europea de Sindicatos Libres. Tras celebrar diversas entrevistas con distintos protagonistas de la situación, se convenció de que la única fuerza política capaz de controlar el proceso y domesticar las impaciencias revolucionarias de los capitanes de abril era el Partido Socialista Portugués, liderado por Mario Soares, hombre que contaba con la confianza de los mandamás de Occidente. Como primera medida urgía desactivar el frente unitario de las fuerzas políticas pactado bajo la oposición a la dictadura. Henri Kissinger advirtió a Soares, durante la visita que el líder socialista realizó a la capital norteamericana en 1974, que se cuidara mucho de desempeñar el mismo papel que Kerenski en los primeros tiempos de la revolución comunista rusa. El propio director de la CIA, William Colby, reconoció el protagonismo de la agencia de inteligencia norteamericana y su estrecha colaboración con la embajada de Lisboa durante la revolución de los claveles, en unas declaraciones publicadas en el semanario portugués Expreso, el 20 de marzo de 1976.

Vermon Walters recomendó el nombramiento de Frank Charles Carlucci para la embajada en Lisboa. Y así se hizo. No solamente contaba con el apoyo del informante sino con la total confianza del propio director de la CIA. Cuando Carducci aterrizó en el aeropuerto de la capital portuguesa en enero de 1975 conocía al detalle las características de la situación en Portugal y su misión contaba con el visto bueno del propio Kissinger. La naturaleza subterránea de su trabajo también era sabida por los dirigentes revolucionarios del 23 de abril. Otelo Saraiva de Carvalho, jefe del COPCON, el Comando Opcional que sustituyó a la policía política de Salazar, la PIDE, le acusó públicamente de estar al servicio de la CIA, razón por la cual se negó a responsabilizarse de su seguridad personal durante su estancia en territorio lusitano. El embajador de Portugal en Washington se mostró sorprendido por el «odio primario que el primer ministro de Portugal manifestaba hacia los Estados Unidos y el pavor que le producía la CIA». La situación se estaba radicalizando por momentos. Costa Gomes, presidente del Gobierno tras la destitución de Spínola el 30 de septiembre, se inclinaba cada vez más por las transformaciones radicales. Vasco Gonzalves adoptaba posiciones más izquierdistas e intransigentes que el propio Álvaro Cunhal. Cada vez eran más los simpatizantes izquierdistas colocados en las altas instancias de la administración estatal.

Pero no todos los dirigentes norteamericanos estaban de acuerdo sobre la estrategia más conveniente para afrontar y resolver definitivamente la crisis portuguesa. La CIA siempre fue partidaria de cortar por lo sano, de provocar el aborto inmediato de aquella criatura política no deseada. El secretario de Estado, Kissinger, por el contrario, estimaba conveniente no poner obstáculos a una victoria meramente coyuntural de los revolucionarios, ya que su inevitable fracaso sería una eficaz vacuna contra las tentaciones izquierdistas de otras naciones europeas. Kissinger confesó a Callaghan su creencia de que «una victoria comunista quizá no deje de tener ciertas ventajas, toda vez que podía servir para vacunar al resto de Europa». Seguramente tenía presente en aquellos momentos el ocaso de la dictadura española y la necesidad de una transición moderada. Los poderosos partidos comunistas de Francia e Italia debían ser advertidos de lo que les esperaba si llegaban a disfrutar de las mieles del poder. Norteamérica no estaba dispuesta a ceder ni un ápice en el control de su zona de influencia.

La estrategia de la CIA, basada en los informes minuciosamente elaborados por Walters, se centraba prioritariamente en el apoyo con todos los recursos posibles al Partido Socialista Portugués. James Callaghan, ministro de Asuntos Extranjeros británico, advirtió a los dirigentes de la Unión Soviética de las peligrosas consecuencias que tendría para las relaciones Este-Oeste la ingerencia rusa en los asuntos internos de Portugal, tradicional aliado de la Gran Bretaña. También trató de convencer a los Estados Unidos sobre la necesidad de una intervención más directa y eficaz para domesticar la revolución. No se podía andar con medias tintas.

No tardó en registrarse en la embajada norteamericana en Lisboa una actividad febril. Los confidentes llegaban a centenares. El personal habitual de la legación diplomática fue reemplazado por agentes especializados en controlar situaciones comprometidas. El embajador Carlucci se reunió con Mario Soares, Salgado Zenha y otros socialistas de su entera confianza para instruirles sobre el importante papel que su partido tenía que desempeñar en la defensa de los valores democráticos y de los intereses occidentales. Estados Unidos estaba dispuesto a no regatear esfuerzos económicos y apoyos estratégicos para conducir el plan a buen puerto. Todas las mañanas, en el edificio de la Avenida del Duque de Loulé, el estado mayor de la CIA desplazado a Portugal, dirigido por Roberto Okun, realizaba un minucioso análisis de la evolución de la situación. De este céntrico edificio lisboeta salían diariamente informes y recomendaciones de medidas a adoptar con destino a la Casa Blanca, a Langley, sede de la CIA, y al Pentágono. El propio Kissinger reconoció a principios de 1976 que la inmensa mayoría de las confidencias e informes que recibía su departamento en Washington se referían a noticias directamente relacionadas con la revolución de los claveles. Mario Soares, lógicamente, extremaba las precauciones para mantener en secreto los contactos de su partido con la CIA, dado el desprestigio que la agencia americana tenía entre los demócratas europeos después de su actuación en Chile y su descarado apoyo a la dictadura del general Pinochet. También se tenía conocimiento de sus relaciones amistosas con el régimen de Salazar. Pocos creían en la sinceridad de su conversión al credo democrático y a la defensa de las libertades. La memoria histórica estaba muy viva en el alma de los portugueses.

En los días que precedieron a los primeros comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, que tanta fuerza iba a tener en la definición del nuevo régimen, se intensificaron las presiones sobre los partidos políticos y sus dirigentes. El embajador norteamericano en la capital portuguesa se entrevistó personalmente con Costa Gomes para recordarle las obligaciones que suponía la alianza de Portugal con los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que se reservaban el derecho a intervenir en los asuntos internos de su país para garantizar el estricto cumplimiento del programa inicial del Movimiento de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo, según lo manifestado, se limitaba al restablecimiento de un régimen democrático de corte liberal. Jamás admitirían la transformación revolucionaria de la estructura capitalista de la economía. Era algo que debían tener en cuenta los dirigentes políticos de la transición portuguesa.

Los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente sirvieron para confirmar el éxito de los estrategas occidentales y la eficacia incuestionable de los servicios de inteligencia norteamericanos. El Partido Socialista Portugués fue el más votado al conseguir el 38 % de los sufragios emitidos; el Partido Popular Democrático, otro de los que contó con apoyos exteriores importantes, consiguió el 26,5 % de los votos; el Partido Comunista de Álvaro Cunhal solamente el 16,6 % y el Centro Democrático Social, el 7,6 %. La diferencia de votos a favor de los partidos que se consideraban leales a la causa occidental, sin embargo, no se estimó suficiente para garantizar la estabilidad de la situación. La izquierda revolucionaria contrapesaba la debilidad del apoyo del electorado con el incremento de su influencia en el seno de las fuerzas armadas, especialmente entre las figuras más carismáticas y populares, y tenían el completo control del movimiento sindical, que podía llegar a ser un importante factor desestabilizador. Los trabajadores del campo reivindicaban la puesta en práctica de la reforma en profundidad de las estructuras agrarias, ya que estaban sometidos a una explotación casi feudal, sobre todo en el sur del país. La petición de que la tierra fuera para quien la trabajaba seguía teniendo un gran poder de convocatoria y el hambre ha sido siempre mala consejera, según nos relata la Historia. Los discursos y las promesas no llenan los estómagos vacíos.

Los servicios de inteligencia que operaban en Portugal, especialmente la CIA y la británica del MI-6, planificaron avanzar un paso más en la escalada intervencionista. El día 5 de septiembre de 1975 se celebró en Londres una reunión de la Internacional Socialista, convocada por Harold Wilson y James Callaghan, en la que se aprobaron «actividades prácticas en Portugal». Las tensiones existentes condujeron a amenazar que «si los militares en el poder escogen el camino de la violencia, realizan una política represiva, el pueblo portugués resistirá». Trataban de evitar la petición de responsabilidades políticas y penales a los colaboradores del antiguo régimen. Sus votos resultaban importantes para crear diques democráticos a las impaciencias revolucionarias. Vendieron la piel del oso antes de cazarlo y crearon un clima adecuado para predisponer a los ciudadanos a la resistencia armada, si llegara el caso. Fernando Morán, ex ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista español, escribió en sus memorias: «en el momento gonzalvista de la revolución portuguesa, yo había sido testigo desde Londres de que los aliados occidentales llegaron a pensar en la intervención». Las llamadas «actividades prácticas» afectaron a los sectores más diversos. Los flujos económicos fueron cada vez más caudalosos e intensos. El diario República, dirigido por el ministro socialista Raúl Rego, fue ocupado por los trabajadores de los talleres y los periodistas, descontentos de la línea ideológica del diario. Otros medios no llegaron a estas situaciones extremas pero estaban mayoritariamente controlados por periodistas de izquierdas. Se pensó entonces en crear publicaciones «leales», libres de rojas influencias, en la prensa escrita y otros medios de comunicación social. Dentro de esta estrategia, se funda la editorial Perspectivas y Realidades. Se adquiere un edificio como sede de la Cooperativa de Ediciones e Impresión Gráfica «con la finalidad de imprimir el diario A Luta para sustituir al periódico República. La sociedad se constituyó en escritura pública el 24 de septiembre de 1975 con un capital social de 300.000 escudos. Mario Soares fue el primer firmante de la escritura constitucional. De su dirección se corresponsabilizaron Bernardino Gomes e Ivonne Acunha Rego. El domicilio social se estableció en el local perteneciente a la multinacional norteamericana ITT, que tanta intervención tuvo en el apoyo a la dictadura de Pinochet en Chile. Una casualidad más en las actuaciones de la CIA.

Para sanear definitivamente el horizonte político y despejar dudas y amenazas, los servicios de inteligencia implicados en la transición portuguesa estimaron conveniente provocar un golpe de Estado destinado al fracaso para poder depurar a los líderes izquierdistas considerados como más peligrosos para la estabilidad social. Buscaban intencionadamente que el Partido Comunista de Álvaro Cunhal mordiera el anzuelo y así poder ser acusado judicialmente de antidemócrata y violento. De un plumazo se borrarían todas las tentaciones revolucionarias. En el congreso del Partido Laborista británico celebrado en Blackpool el 2 de ocubre de 1975, ya Callaghan había garantizado a Mario Soares la ayuda angloamericana tanto en recursos financieros como en apoyos logísticos. En el plan secreto se incluía, llegado el caso, la organización de una resistencia civil y militar en el norte de Portugal, según fundado testimonio de Rui Mateu, uno de los representantes de los socialistas portugueses en esas reuniones reservadas. Incluso el partido conservador británico, situado a lo largo de la historia en la oposición ideológica radical a todo lo que huela a socialismo, prometió su ayuda desinteresada a Mario Soares. Para los dirigentes norteamericanos, la coyuntura política lusitana recordaba lo sucedido en Praga al terminar la última contienda mundial. En Checoslovaquia dirigió la transición un gobierno compuesto por católicos, socialistas y comunistas que dio paso, en 1948, a la ocupación del aparato del Estado por el Partido Comunista.

El Plan Global de Operaciones, encargado de reconducir el golpe hacia los intereses occidentales, estaba dirigido por un reducido grupo de militares derechistas, descontentos de las consecuencias de la revolución de los claveles, y por un sector político integrado por el Partido Socialista Portugués, el Partido Popular y el CDS. Las líneas generales del plan habían sido diseñadas por la propia CIA y contaban con el visto bueno del gobierno de Washington. El llamado «Grupo de los nueve» era una alternativa apartidista de la que formaban parte Melo Antunes, Vasco Lourenco, Sousa de Castro, Costa Neves, Franco Charais, Pezarat Correia, Vítor Alves, Vítor Crespo y Canto e Castro. Este grupo mantenía una estrecha relación de dependencia con la embajada norteamericana en Lisboa. Al teniente coronel Ramalho Eanes se le encomendó coordinar la actuación de los militares comprometidos con el contragolpe y Manuel Armada se responsabilizó de organizar la colaboración en el seno del partido socialista. Rui Mateu reconoce haber recibido, por encargo directo de Mario Soares, dinero de un espía inglés para ayudar al buen fin de la operación militar. Los posteriores contactos se realizaron a través de un agente del MI-6, el servicio británico de inteligencia, en la embajada de Londres en Lisboa. La colaboración de los servicios de inteligencia ingleses y norteamericanos ha sido siempre tan estrecha como eficaz.

Todos los implicados conocían anticipadamente la fecha del golpe: el 26 de noviembre. Los militares derechistas, algunos vinculados a la anterior dictadura, la CIA y el MI-6 coordinaron los esfuerzos para preparar minuciosamente el plan contrarrevolucionario, la gran vacuna política contra el peligroso virus izquierdista que amenazaba, a su juicio, la salud democrática de la sociedad portuguesa, o, para ser más precisos, los intereses económicos de Norteamérica. En el hipotético caso de que triunfara el golpe de los revolucionarios se había previsto crear grupos de resistencia armada en Oporto y en las zonas montañosas del norte del país. Incluso se detalló la ayuda marítima y aérea que se prestaría a los leales. Estaba previsto asimismo la realización de raids sobre Lisboa, ya que se daba como hipótesis más probable el triunfo de la revolución roja en la capital portuguesa.

El día anterior al previsto como inicio de la revolución, Mario Soares, en compañía de toda su familia, se trasladó a una zona segura situada en las proximidades de Oporto. También se refugió en la capital norteña Manuel Alegre, responsable de seguridad en aquellos momentos del partido socialista.

Todo estaba minuciosamente preparado, pero el Partido Comunista Portugués no cayó en la trampa que le tendieron los servicios de inteligencia extranjeros. Parece que el propio Leonidas Breznev aconsejó moderación a Álvaro Cunhal. A las seis de la tarde del día en que comenzó la asonada, el Consejo de la Revolución declaró el estado de sitio y se opuso abiertamente a los rebeldes. Costa Gomes llamó a Otelo Saraiva de Carvalho al Palacio de Belén para detenerle. Al día siguiente es apresado Dinis de Almeida y los grupos sublevados, minoritarios, comienzan a entregar sus armas. No hubo necesidad de activar la segunda fase del plan contrarrevolucionario. Los refugiados en las zonas del norte del país regresaron tranquilamente a sus hogares. Solamente unos cuantos ilusos idealistas mordieron el ingenuo anzuelo que le tendieron los servicios de inteligencia.

Aunque Álvaro Cunhal logró salvarse de ser quemado en la hoguera, tal como hacía la Santa Inquisición con los herejes, encendida por los servicios secretos, los líderes más populares del 25 de abril fueron retirados de la circulación política, encarcelados y condenados a largos años de prisión. La transición portuguesa siguió el cauce moderado y pro occidental previsto por Washington. La deseada reforma agraria quedó aplazada definitivamente; a las nacionalizaciones programadas sucedió la fiebre privatizadora. Todo, menos la provocación de la CIA a la violencia, recurso frecuentemente utilizado en la política exterior norteamericana, resultó tal como estaba previsto.

La caída controlada del franquismo

La onda expansiva producida por la explosión de la revolución portuguesa afectó directamente a la coyuntura política española, tanto en la estrategia defensiva de las fuerzas que sostenían el edificio dictatorial como en la reactivación de una oposición consciente de que el régimen no sobreviviría al dictador. Los acontecimientos en el vecino país alertaron también a los protagonistas de la guerra fría. Había que evitar a todo trance sarpullidos incómodos en zonas controladas por el gran poder occidental. Los servicios norteamericanos de inteligencia no querían sorpresas semejantes a las producidas en los primeros tiempos de la revolución de los claveles.

La situación española ofrecía sensibles diferencias con respecto a la lusitana, comenzando por las características del propio ejército, concebido por el franquismo como la columna vertebral de la patria y destinado a ejercer funciones exclusivas del poder judicial incluso en situaciones teóricas de paz y tranquilidad. Los consejos de guerra juzgaron la mayor parte de los delitos políticos que se cometieron en el país y aplicaron criterios bélicos para disciplinar al pueblo. No había tenido que soportar la sangría de una guerra colonial como el ejército lusitano. Por el contrario, se beneficiaron, con cargos y prebendas, del éxito de su victoria en la contienda civil. Políticos demócratas y sindicalistas reivindicativos fueron víctimas de las duras sentencias de los tribunales excepcionales. El ejército se había implicado directamente en los abusos de la dictadura, por lo que era previsible una resistencia militar férrea a cualquier tipo de cambio. Jamás aceptarían una ruptura con el régimen anterior. No deseaban rendir cuentas de sus pasados atropellos al servicio del dictador. Tal como escribe el historiador militar Gabriel Cardona, «Franco y sus amigos se apropiaron de un ejército que pertenecía a todos los españoles e hicieron que, en lugar de defender a los ciudadanos, constituyera un peligro para muchos de ellos.»

Los partidarios del cambio, en un principio, fijaron su atención en el teniente general Manuel Díez-Alegría, jefe del Alto Estado Mayor del Ejército. Se pensaba en su capacidad intelectual para desempeñar una función similar a la interpretada por Spínola en Portugal. Rumores que nunca fueron confirmados lo señalaban como destinatario de miles de monóculos enviados por correo, el tipo de lente exhibido frecuentemente por el general portugués. Díez-Alegría había sido elegido miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y poseía una sólida formación humanística, algo insólito en los militares que hicieron la guerra. En más de una ocasión se había manifestado partidario de regular la objeción de conciencia, rechazada tajantemente por la mayoría de la oficialidad. Era un hombre leal y disciplinado, aunque sentía los problemas de su época. Pero como cualquier veleidad liberal era digna de toda sospecha para la dictadura, no dudaron en cesarlo fulminantemente poco después de haber realizado un viaje hasta Bucarest con la intención de conocer cuál sería la postura de los comunistas españoles durante la transición, sobre todo la actitud con relación a la monarquía. A pesar de que el desplazamiento se había realizado con el conocimiento de altas instancias, fue condenado al ostracismo.

Pero no todos los oficiales, afortunadamente, se alinearon en defensa de la dictadura y aprobaron este tipo de represiones. Tras los acontecimientos del 25 de abril en Lisboa, un grupo de capitanes y tenientes de la guarnición de Barcelona comenzaron a celebrar reuniones para analizar las consecuencias de la revolución de los claveles y plantear la posición del Ejército cuando se produjeran en España las previsiones sucesorias, eufemismo utilizado en el lenguaje político de la época para hablar del fallecimiento de Franco. Pretendían romper la extendida opinión de que el ejército constituía un bloque monolítico.

Para Pablo Castellano lo sucedido en la nación vecina «fue, en cierto modo, negativo para la ruptura democrática en nuestro país. Se encendieron aquí las luces rojas de alarma. En España no podía pasar lo mismo. Había que adelantarse a los acontecimientos, y eso lo pensaron los reformadores del régimen, los reformistas de la oposición, los rupturistas, los transformistas y los preocupados vecinos europeos que no podían permanecer ajenos a lo que ocurría en este rincón de la boca mediterránea».⁸ No cabe duda de que España se convirtió en el centro de atención de los servicios de inteligencia extranjeros preocupados por arrimar el ascua de la transición a la sardina de sus conveniencias. La CIA fortaleció su red de agentes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio español y se infiltró en las principales instituciones del Estado. Era preciso controlar el proceso de cambio en todos sus detalles para no dar margen a sorpresas desagradables para los intereses norteamericanos.

Según Nicos Poulantzas, la Casa Blanca manejó las siguientes hipótesis de trabajo:

Primera: apoyo a la dictadura militar casi hasta el momento final, que, sin embargo, tal como se desarrollaba y en razón del deterioro producido, se convertiría en un conflicto con desenlace difícilmente controlado.

Segunda: adopción de transformaciones que en realidad equivalgan a un retoque superficial en la fachada del sistema. En resumen, cambiar algo para que todo siga fundamentalmente igual.

Tercera: provocar un cambio político más importante hacia fórmulas próximas a la democracia, pero procurando el control efectivo del proceso por el ejército, el gran poder fáctico.

Cuarta: establecer un gobierno de transición bajo la égida de un centro conectado con el anterior sistema. En esta hipótesis se aceptaba la posibilidad de entregar, en una segunda etapa, el poder a un partido socialdemócrata capaz de frenar las reivindicaciones sindicales e izquierdistas, tal como sucedió con indudable éxito en Alemania Federal al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

«Todas estas soluciones —escribe Poulantzas— no son apoyadas por los Estados Unidos con la misma intensidad ni con la misma constancia, ni por los mismos medios; su actitud frente a la multiplicidad de salidas posibles, va desde diversos grados de aceptación más o menos pasiva de soluciones que considera como un mal menor, para llegar, ciertamente, hasta el punto de ruptura.»⁹ Tras las diversas posiciones se mantenía un objetivo evidente: evitar que el pueblo español fuera soberano a la hora de escoger su futuro político y el sistema económico.

Oficialmente se ha reconocido la existencia de frecuentes reuniones de representantes diplomáticos norteamericanos con líderes de la oposición española, excepto con los dirigentes del Partido Comunista por exigencia expresa de Washington. Samuel D. Eaton, encargado de negocios y máxima autoridad en la embajada de noviembre de 1974 hasta marzo de 1975, reconoció la frecuencia de esos contactos. Con ocasión de la visita de Gerald Ford, acompañado por Henri Kissinger, en mayo de 1975, el embajador Wells Stabler solicitó la venia del Gobierno español para mantener encuentros con determinados líderes clandestinos. La negativa fue tajante. Sin embargo meses más tarde el presidente Carlos Arias autorizó la celebración de dichos encuentros. Entre los entrevistados figuró con frecuencia el secretario general del PSOE renovado, Felipe González, cuando todavía ocultaba su verdadero nombre bajo el pseudónimo de «Isidoro», precaución totalmente inútil, ya que su personalidad era sobradamente conocida por las autoridades policiales y políticas de la dictadura.

Sin embargo los trabajos más intensos y decisivos se realizaron en las cloacas del sistema dominadas por los servicios de inteligencia. El escaso material disponible a este respecto apunta a la preferencia por la solución centrista de los estrategas norteamericanos, aunque en los primeros momentos, dadas las características de la transición española y el protagonismo del ejército, no se consideró posible poner las riendas del cambio en manos de un partido socialdemócrata. El socialismo español tenía una firme fidelidad marxista, republicana y revolucionaria. El aparato del Estado continuaba siendo controlado, en sus resortes más importantes, por los simpatizantes de la dictadura. Nada que tuviera el más mínimo tufillo a rojo era aceptado por un ejército reaccionario, cuya principal gloria había sido encabezar una cruzada redentora contra el materialismo ateo y las «hordas al servicio de Moscú», según la propaganda oficial, aunque en realidad con la sublevación militar de 1936 habían puesto fin a un proyecto serio de democracia republicana, laica y progresista.

Las primeras noticias de intento de maniobras para dividir y manipular a la izquierda se remontan al inicio de la década de los cincuenta, cuando todavía estaban sumidos los partidos en el pozo negro de la clandestinidad. Un informe secreto existente en los archivos del antiguo Ministerio de Información y Turismo, fechado el 29 de septiembre de 1951, da cuenta de una reunión del llamado Movimiento Socialista Europeo celebrada en la ciudad de Toledo para «formar un poderoso grupo de opositores probados al comunismo y que pudiera con el tiempo tener relaciones efectivas con el Tratado del Atlántico Norte». Asistieron a dicha reunión, según el documento reservado, delegados de Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, Suecia y España. Con anterioridad, en la primavera de ese mismo año, dicho Movimiento Social Europeo había celebrado otro encuentro internacional en la ciudad sueca de Malmoe. El gobierno del general Franco «dio su consentimiento y aprobación» a la reunión celebrada en nuestro país, organizada por el suizo Jean Beauvert. Estos manejos no fueron ajenos a los agentes de la inteligencia norteamericana. Fernando Valera, ex presidente de la República española en el exilio, denuncia en su libro Ni Caudillo ni Rey: República el «pérfido pragmatismo de la CIA» en su intento de fomentar la oposición al régimen de Franco dentro del propio sistema para asegurar su continuidad tras la muerte del dictador.

Uno de los infiltrados entre los opositores al franquismo fue un tal Julián Gorkin, quien desempeñó un papel clave en la organización del Congreso para la libertad y la cultura, convocado para editar publicaciones en las que deberían recogerse y divulgarse los puntos de vista de Norteamérica sobre aquellas cuestiones que interesaban a la opinión pública internacional. El día 13 de mayo de 1967 se reconocían abiertamente las vinculaciones de dicho congreso con los servicios de inteligencia norteamericanos. Las reacciones no se hicieron esperar. «Con profundo dolor —confesó Rodríguez Monegal— la asamblea ha podido comprobar que el informe confirma las revelaciones con respecto a la parte que corresponde a la CIA en la financiación del Congreso.» En 1973, en plena campaña a favor de la renovación del partido, Julián Gorkin ingresa en el PSOE y llega a pronunciar una charla pública en París para explicar las motivaciones ideológicas de su conversión al credo socialista. Su indudable capacidad para infiltrarse hicieron posible que ocupara la presidencia del Centro de Documentación y Estudios, con sede en la capital de Francia. Dicho centro publicaba una especie de boletín en el que se difundían ideas y estrategias para ser puestas en práctica durante la transición. «En varios artículos del Boletín Informativo —escribe la revista Crítica en su número 6, correspondiente a enero-febrero de 1984— pueden verse los argumentos esenciales que serían utilizados por Felipe González, Alfonso Guerra y demás en el congreso de Suresnes, donde echaron a Rodolfo Llopis con el apoyo de la socialdemocracia alemana.» En el primer número del boletín se propugnaba la necesidad de «una izquierda aparentemente radical que compitiese en el campo de la clase obrera con el Partido Comunista de España, para restarle base y movilidad social».

Los servicios de espionaje de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la Central Inteligentia Agency, la célebre y eficaz CIA, y la National Security Agency (NSA) extendieron sus poderosos y controladores tentáculos por toda la península Ibérica. Cuando el 29 de octubre de 1975 el Select Committee del Senado, presidido por Frank Church, preguntó al director de la NSA, teniente general Lew Allen, sobre las actividades de su sección, el militar se limitó a reconocer que no solamente estaban informando sobre «comunicaciones interiores». Más explícitas, sin embargo, son las declaraciones de uno de sus ayudantes contenidas en «actas secretas». En dichas manifestaciones se decía que realizaban también los controles en otros países «de acuerdo con las órdenes recibidas del Departamento de Estado y del cuartel general de Langley, sede de la CIA, y siempre damos cuenta puntual de las informaciones que recibimos de nuestras terminales internacionales». Más adelante se reconocía expresamente que «en estos momentos el país sobre el que más control llevamos es España, donde se encuentran, junto a los miembros fijos, los asesores especiales. En España trabajamos en una de las filiales de nuestra empresa colaboradora, la ITT, con los servicios especiales de la embajada y con nuestros agentes militares». Todas las directrices venían del Departamento de Estado, «aunque a veces se organizan unos buenos líos entre dicho Departamento y la CIA». Una de las «terminales» de los servicios de espionaje estaba localizado en la Compañía Telefónica Nacional de España, dependiente técnicamente, y, en cierta medida, también financieramente, de la ITT norteamericana, experta en contribuir a abortar democracias en Latinoamérica. La fábrica Standard Electric proveía la mayor parte del material utilizado, siempre protegido bajo patente estadounidense y con el control político de la National Security Agency.

Los expertos calculan en 1500, aproximadamente, el número de agentes de la CIA infiltrados en aquella época en nuestro país. Aunque la central de inteligencia era solamente uno de los diez organismos que actuaban más o menos clandestinamente bajo la dictadura, constituía el eje en torno del cual giraban los restantes servicios. Además de los funcionarios de carrera con dedicación exclusiva, en su nómina figuraban los «agentes contratados» a quienes se encomendaban misiones específicas, de carácter complementario. Entre este tipo de colaboradores figuraban periodistas, funcionarios, policías, militares y personas consideradas interesantes por su acceso a determinadas informaciones. En España se utilizaron también los llamados «agentes de cobertura total», hombres de negocios y profesionales liberales que se limitaban a enviar sus informes a «buzones» previamente señalados, sin ningún contacto personal directo con la organización.

A pesar de las extremas precauciones adoptadas siempre por los servicios de inteligencia, sus responsables no pudieron evitar la publicación en los medios de comunicación de incidentes reveladores de la naturaleza de sus actividades. Un buen día un grupo de la policía judicial de la comisaría de Chamartín sorprendió, en la habitación 805 del Hotel Eurobuilding de Madrid, a un agente de la CIA conocido como Dino Rossi con un equipo completo para montar un servicio de escuchas telefónicas clandestinas. Trasladado a la comisaría se negó a realizar cualquier tipo de declaración y solicitó la presencia del jefe de la Estación de Operaciones de la CIA en España, Richard Kinsman. El entonces jefe superior de Policía de la capital de España, Antonio Garrido, ordenó suspender los interrogatorios y cesar con las diligencias policiales iniciadas. Ni siquiera se investigó nada sobre el ocupante de una segunda habitación del establecimiento hotelero donde también se localizó material de espionaje. Rossi fue entregado, sin cargo alguno, al personal de la embajada norteamericana. Cuenta el ex ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán en sus memorias que dos funcionarios norteamericanos, uno de la embajada de la calle de Serrano y otro perteneciente a la base militar de Torrejón de Ardoz, fueron sorprendidos espiando el complejo residencial del palacio de La Moncloa. La prensa norteamericana relacionó dichas actividades secretas «con el control de las exportaciones de doble uso». A los implicados se les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. En 1978 tuvo lugar otro oscuro episodio sobre un sistema de escuchas y vigilancia montado en torno a la sede de la Unión del Centro Democrático, el partido entonces en el poder, en la madrileña calle de Cedaceros. Todo el material utilizado pertenecía a la CIA según revelaron las investigaciones. Incluso los vehículos de vigilancia fotográfica, disimulados como furgonetas de diversas firmas comerciales, eran propiedad de los servicios de inteligencia norteamericanos. Se cubrió con un manto de silencio el escabroso asunto en el que estaban también implicados servicios españoles nostálgicos de la dictadura.

Hay dos intervenciones de la CIA en temas anecdóticos, impensables, pero reveladores de los intentos de controlar hasta extremos inconcebibles las reacciones religiosas y psicológicas de los ciudadanos. No hace mucho se descubrió la participación del espionaje norteamericano en el fervoroso peregrinaje de la imagen de la Virgen de Fátima por plazas, calles y campos peninsulares en la década de los cincuenta. Intentaron instrumentalizar a la celestial imagen peregrina para avivar la llama anticomunista de los católicos hispanos. Uno de los tres mensajes recibidos por los pastorcitos de «la Señora» se refería a la futura conversión de la Rusia soviética y atea al credo de Roma. Al menos eso es lo que se intentó hacer creer a la opinión pública. En el momento del supuesto descenso en cuerpo y alma de la celestial virgen a Cova de Iria, en Rusia no mandaban los comunistas ni siquiera se había producido la sublevación popular. Otro episodio curioso, por extravagante, es la operación concebida para desprestigiar a Fernando Morán, considerado como rojo peligroso, utilizando la inocente carcajada como arma arrojadiza. Los cerebros de la agencia estadounidense se dedicaron a inventar y copiar chistes para ponerlos en circulación por cafeterías, casinos y tertulias. Muchos fueron extraídos del tradicional repertorio atribuido a los habitantes de Lepe que ponen en entredicho la inteligencia de los vecinos del simpático pueblo andaluz. Morán era un hombre con suficiente personalidad para plantar cara a los deseos de Washington en un momento en que se pretendía la plena integración de nuestro país en la OTAN. Era un negociador duro e intransigente a la hora de defender los intereses nacionales. Trataron inútilmente de convertir a uno de los ministros más cultos y preparados de la democracia en un hombre ignorante, torpe y ridículo.

En las actas del Senado norteamericano no figuran muchas declaraciones referentes a España por estar todavía clasificadas como «secretos de Estado». Se sabe, no obstante, de la existencia de un informe en Fort Meade, denominado «Dossier Spain», que contiene un revelador apartado sobre la «Transit Operation», en el que se precisan detalles sobre la estrategia desarrollada por los servicios de inteligencia norteamericanos desde el año 1959 hasta la muerte del general Franco. Uno de los memorandos reconoce que «trabajamos la situación en España, y hoy la NSA lo sigue haciendo, a través de nuestros agentes en Europa, y a partir de los informes que nos aportaba el Cuartel General de Langley, los cuales a su vez trabajan con sus embajadas y con algunas embajadas amigas. Pero sobre todo con la infraestructura que tienen en la Administración española, con los Servicios Secretos y el Ejército. Otra de las claves de nuestro trabajo son las asesorías de las grandes empresas norteamericanas que tienen factorías o capital invertido en España». Nuevamente, tal como sucedió en el golpe de Estado chileno, vuelve a utilizarse el poder económico y la capacidad de presión de las multinacionales para influir en el desenlace satisfactorio de un proceso político. La democracia patrocinada por Norteamérica debe administrarse en dosis convenientes para evitar vuelcos imprevistos y situaciones comprometidas para los beneficios de las grandes empresas. Los muñidores de la gran operación deberían permanecer en las sombras. La tradicional opacidad y astucia de los servicios de inteligencia opta por procedimientos sibilinos, encubiertos bajo operaciones aparentemente alejadas de los objetivos reales. Lo que resulta meridianamente claro es que las multinacionales llevan años trabajando a fondo por la creación de su actual paraíso económico global.

La estrategia con respecto a la transición española perseguía como objetivo prioritario «evitar a toda costa que se iniciase un proceso de revuelta cuyo alcance no pudiera preverse y que podría degenerar en una situación revolucionaria». Esta idea central era compartida por todos los servicios secretos occidentales, incluidos los españoles. Para el desarrollo de este plan contaban «con la potenciación de algunas fuerzas políticas que en vida de Franco fueron casi inexistentes, y contamos también con una parte del empresariado español con el cual veníamos colaborando desde hacía muchos años, casi desde que empezó a funcionar la NSA». El informe del ayudante del general Allen puntualiza que «el gran peligro de España son los comunistas y los nacionalistas, para lo cual, a través de la embajada en París y de los contactos individuales queremos llegar a acuerdos, entre los que figuran por parte del Departamento de Estado el aceptar su presencia en el terreno político». Bajo el vocablo nacionalista se encasillaba a todos aquellos que anteponían los intereses de su propio país a las conveniencias de Washington. La soberanía nacional chocaba con el proyecto de crear un mundo sin fronteras económicas para que las multinacionales pudieran campar por sus respetos. Reconoce el documento que desconocía la formalización definitiva de las propuestas ya que no asistió a «las conversaciones finales con los representantes de la Administración española, que eran quienes coordinaban la operación». El informe archivado en Fort Meade, cuartel general de la NSA, concluye asegurando que en realidad «se trata de abortar el creciente movimiento de contestación, materializado en huelgas concatenadas y manifestaciones simultáneas en las principales ciudades españolas». Según el informe del Cuartel General y del Departamento de Estado, estas manifestaciones tenían como motores principales a los nacionalistas y a los militantes izquierdistas. «El plan trazado —aclara el documento— pretende fraccionar y dividir, conforme a los principios de la pluralidad, el creciente movimiento, y no permitir de ninguna manera la unidad sindical en una Central Única de Trabajadores, que ya en Portugal supone un retroceso en la defensa de los intereses norteamericanos en la zona, y para el plan de estabilización que tenemos para toda el área. Todo esto lo gestionaban los técnicos del Departamento con la colaboración de nuestros agentes infiltrados en la Administración española, con los hombres de empresas y con personas que teníamos situadas en los aparatos de las organizaciones antifranquistas. Nuestro papel era trabajar con toda la información que nos llegara, codificándola y valorándola, para después remitir al Departamento de Estado las diversas variaciones opcionales. El peligro fundamental estaba en el posible desarrollo incontrolado del proceso. Y lo que se quería evitar ante todo es una situación revolucionaria fácilmente controlada por los comunistas y que podía desembocar en una situación política de carácter autoritario.»

Como la Historia demuestra con claridad meridiana, a los gobernantes de Washington no les molestan las dictaduras, sino solamente aquellos regímenes, fueran represivos o incluso democráticos, contrarios a sus intereses. La nómina de dictadores que contaron con el apoyo norteamericano, incluido el propio Franco en España, es elocuente y abundante. La cultura política europea, sin embargo, no admitía los procedimientos descaradamente violentos utilizados en el control de Latinoamérica. Por eso había que disimular las intenciones reales y cuidar las formas y el lenguaje.

Las intervenciones subterráneas de los servicios secretos norteamericanos se intensificaron a medida que se debilitaba la fortaleza de la dictadura. Jonh J. La Mazza, agregado laboral de la embajada de Estados Unidos de la madrileña calle de Serrano, intentó crear una fuerza sindical amarilla para acabar con el predominio de los sindicatos izquierdistas. A pesar de la colaboración prestada por destacados miembros de la Unión del Centro Democrático, el proyecto fracasó. Un escrito remitido a la Internacional Socialista denuncia a «una organización muy importante del servicio exterior de los Estados Unidos dedicada a organizar en España un sindicato de oposición caracterizado por su anticomunismo dogmático». Dicha organización laboral era la Asociación Sindical Obrera (ASO), un sindicato domesticado al servicio de los intereses norteamericanos. Según el contenido del informe «los encargados de esta operación fueron un tal Max Diamant, antiguo trostkista, asesor técnico del sindicato del metal alemán» y «un diputado que era el enlace de los sindicatos americanos y alemanes, el señor Mattoffer». Ambos infiltrados, para llevar a buen puerto la operación, «contactaron en España con una señorita hábil e inteligente, Josefina Arrillaga, que conocía a José Solís, ministro de Sindicatos». Rodolfo Llopis, en aquella época líder del PSOE, reconoció que aunque dicho informe no había sido realizado por su partido, «hay cosas exactas y que yo conozco muy bien por haberlas vivido y sufrido». Confirma plenamente «todo lo que dice de ASO; las sospechosas actividades de Josefina Arrillaga; las interferencias de Max Diamant, Hans Mattoffer y de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos». Cuenta el entonces secretario general del PSOE cómo «Josefina Arrillaga, responsable de no pocas detenciones, al sentirse quemada y amenazada por alguna de sus víctimas, marchó a Alemania —protegida por sus amigos— para ampliar estudios con una beca de la Fundación Eberg. Cuando estaba en Munich para celebrar el primero de mayo de 1967 —refiere Llopis— vino a saludarme. Quiso asistir a una reunión de compañeros españoles, pero le prohibí la entrada».

En los archivos secretos de Franco existen documentos que prueban el conocimiento de los manejos en las sombras de los servicios de inteligencia estadounidenses. Un texto fechado en 1967, legajo 99, contiene una misiva del entonces embajador de España en el Vaticano, Alfredo Sánchez Bella, denunciando a sus superiores que «muchos de los movimientos contra el régimen español tienen como motor el dinero norteamericano». Otro informe más amplio, contenido en el legajo 284, denuncia a la CIA por subvencionar acciones contra el régimen español. «Han derribado las dictaduras —dice el escrito del diplomático español— patrocinando regímenes de corte liberal socialista y laico. Alguien les ha llamado la tiranía de la libertad. Desde el triunfo de Kennedy, el apoyo se ha transferido a partidos más de izquierdas y es lo mismo que proyectan aplicar a España y Portugal, buscando el bipartidismo laico con verdadero fanatismo. Ellos quieren que se legalicen dos partidos en España: el socialista y el democristiano, y para conseguirlo no han vacilado en financiar las actividades de ASO y FUDE. Por el momento no se proponen como objetivo derribar al Estado, sino preocuparlo, disturbarlo, no dejarle vivir para que se avenga al pacto, al compromiso de la coexistencia de lo ilegal con lo legal, que paulatinamente pasaría a ser, si fuera al menos medianamente tolerado, lo que tuviera mayor vigencia en la opinión pública, con aspiraciones a suceder al régimen una vez que hubiera desaparecido la figura del Caudillo.» Para un hombre de extrema derecha, como Sánchez Bella, resultaba sospechosa cualquier actividad tendente a socavar los principios fundamentales del Movimiento, «por su propia naturaleza permanentes e inalterables», o a poner en entredicho la autoridad de su Caudillo por la gracia de Dios.

Los documentos demuestran que Francisco Franco conocía detalladamente la actitud norteamericana y la toleraba. Si siempre resulta harto difícil desentrañar las actuaciones de los servicios de inteligencia, el problema adquiere una especial dimensión cuando se trata de descubrir la naturaleza de la intervención de la CIA en España durante la transición de la dictadura a la democracia. Bajo el franquismo, al mismo tiempo que la propaganda del régimen denunciaba la financiación con el supuesto oro de Moscú de las huelgas y protestas callejeras, la oposición democrática partidaria de la ruptura solía ver las manos manipuladoras de la CIA tras cualquier actuación represora, aunque en realidad no fuera así. El clima hostil hacia los servicios norteamericanos de la oposición al franquismo estaba alimentado por el apoyo decisivo prestado por los gobiernos de Washington a la dictadura cuando se organizó el cerco internacional de los países democráticos al régimen del general ferrolano. Las presiones de la Casa Blanca rompieron la unidad en el respaldo a la actitud de la ONU. Un año después de finalizada la última contienda mundial, el 24 de octubre de 1946, Trygve Lie, secretario general de las Naciones Unidas, pidió la actuación de la Asamblea General contra el régimen del general Franco «por ser una desgracia que se prolongue el control de España por los fascistas tras la derrota de Alemania». La alta autoridad mundial confiaba en que se «encontraran la manera y los medios para restablecer en España la libertad y un gobierno democrático. La existencia de un régimen fascista en España, impuesto por las potencias del Eje, requiere la actuación de la Asamblea General». Norteamérica no tardó, sin embargo, en pactar con el dictador español, en quien encontró uno de sus aliados más fieles y generosos. Sus apoyos contribuyeron decisivamente al fortalecimiento de la dictadura militar.

La imagen del gran cruzado anticomunista se vendía muy bien en los Estados Unidos durante la guerra fría. Los servicios de inteligencia, cuando les convino, presentaron al dictador como gran vencedor de la cruzada contra los compañeros de viaje de los soviéticos en la península Ibérica. Había hecho morder el doloroso polvo de la derrota a los aliados de Moscú. Por eso los políticos demócratas españoles que tuvieron contactos con la CIA procuraron ocultar esta relación, aunque mantuvieran su independencia e integridad frente a los deseos de Washington. Julio Feo, hombre de confianza en los primeros tiempos de Felipe González en La Moncloa, cuenta que Luis Sánchez Merlo, cuando el PSOE ganó las elecciones en 1982, le informó que, con autorización expresa del presidente Adolfo Suárez, «tenía contactos con el responsable de los servicios secretos de la Embajada de los Estados Unidos». Tras poner en conocimiento del nuevo presidente del Gobierno la propuesta, Sánchez Merlo le presentó a su contacto y reconoce que «en ciertos momentos la relación resultó muy útil». Estos contactos se intensificaron «en la época cercana al referéndum de la OTAN».¹⁰ Antes del inicio de la transición política en la embajada de los Estados Unidos en Madrid existía un destacado miembro de la CIA, apellidado Cadwer, encargado de actuar de enlace con los partidos de oposición a la dictadura, excepto con el partido comunista y los radicales izquierdistas. Asimismo se apoyó financieramente, por medio de personas interpuestas, a alguno de los grupos violentos minoritarios para desprestigiar y dividir a la oposición partidaria de la ruptura.

En septiembre de 1975 se celebraron en el hotel Son Vida de Palma de Mallorca reuniones del general Haig, entonces comandante en jefe de las tropas norteamericanas estacionadas en Europa, con un grupo selecto de financieros y militares españoles para debatir sobre «la situación en la península Ibérica». Todos coincidieron en la necesidad de evitar la ruptura brusca con el régimen dictatorial, por lo que sería necesario «poder contar en este país con un equipo de hombres nuevos capaces de asegurar el relevo del franquismo sin traumas». Consideraban muy arriesgado para el futuro de la nación entregar el control de la situación a personas marcadas por los recuerdos de la guerra civil y deseosas de un revanchismo rupturista, peligroso para la futura estabilidad política y los intereses norteamericanos. Había que buscar hombres nuevos para domesticar la transición a la democracia.

Kissinger reconoció que la proliferación de contactos con destacadas personalidades antirégimen fue debida, entre otras razones, al temor sobre la capacidad de Juan Carlos, debido a su juventud y falta de experiencia, para afrontar con éxito los retos del futuro político español. Preocupaba especialmente que no tuviera habilidad para controlar una transición sin ruptura radical con el régimen anterior, ya que podía suponer una desvinculación de los compromisos con Washington, debido al apoyo prestado al franquismo. La única cualidad que destacaba Kissinger del monarca era su simpatía personal: «he is a nice man». El futuro Rey de los españoles tenía plena conciencia de la importancia de las cartas que se jugaban en Washington, corazón del poderoso imperio, para el futuro político de su país. El 4 de febrero de 1970 el prestigioso diario The New York Times publicó unas declaraciones del entonces Príncipe de España al periodista Richard Eder reconociendo la necesidad de implantar la democracia en España para poder ser aceptado como rey de todos los españoles. Frente a la opinión de su padre, don Juan de Borbón, sobre la futura monarquía —nunca sería aceptada por el pueblo si era instaurada por Franco, había manifestado el entonces jefe de la Casa Real Española— sostenía, por el contrario, que el régimen monárquico jamás sería implantado en España si no era proclamado por el propio dictador. El joven príncipe había sido informado de que los sentimientos mayoritarios de los ciudadanos españoles, sobre todo entre las fuerzas de oposición a la dictadura, eran republicanos. En un proceso constitucional libre y abierto a todas las opciones la monarquía tenía pocas posibilidades de ser aceptada. Al día siguiente las declaraciones son recogidas en la primera página del International Herald Tribune bajo un título que refleja claramente sus intenciones futuras: «Soy heredero de la Corona española, pero también soy heredero de Franco.» El franquismo controlaba todavía importantes parcelas del poder y resultaba sumamente peligroso un enfrentamiento abierto con sus simpatizantes, aunque fuera meramente retórico.

El tono de las declaraciones respondían tanto a los intereses de Norteamérica por controlar la transición como a la estrategia del llamado «sector aperturista» de la dictadura. El anterior régimen había sido un terreno abonado para que fructificaran los deseos de Washington. Se le concedieron generosamente bases militares y se mantuvo una actitud servil hacia sus peticiones. Por eso los servicios de inteligencia se oponían a cualquier tipo de liquidación por derribo. La ruptura con el sistema dictatorial se presumía contraria a los intereses norteamericanos. Era preciso cambiar un poco para que todo permaneciera favorable a los llamados «intereses de Occidente», camuflaje lingüístico bajo el cual se ocultaban deseos más económicos, concretos y directos. Washington, a diferencia de la antigua Roma, recompensa a los servidores, aunque traicionen a sus países.

La transición del franquismo a un régimen de libertades ha sido calificada mayoritariamente como modélica. Nunca se había logrado pasar de una dictadura de inspiración fascista a una democracia liberal sin una ruptura real, en la mayoría de las ocasiones incluso violenta, con el régimen anterior. El hecho de realizarse este difícil proceso con un coste mínimo de sangre, aunque se produjeron crímenes tan espeluznantes como el asesinato de los abogados laboralistas en el despacho de la madrileña calle de Atocha, creó un espejismo de optimismo en un pueblo que todavía sangraba por las heridas no cicatrizadas de una guerra fratricida. El país estaba sediento de paz y libertad. Pasado ya cierto tiempo conviene aprovechar la distancia para analizar lo acaecido con la deseada objetividad del observador externo. El primer esclarecimiento debe realizarse con la palabra «modélica», ya que puede obedecer el elogio a su carácter de ejemplar para todos los procesos de parecida naturaleza o por su escrupulosa fidelidad al modelo diseñado previamente desde Washington. Lo realmente sorprendente y contradictorio es que la operación democratizadora fue dirigida por un Monarca designado por Francisco Franco y por un jefe de Gobierno que acababa de abandonar la Secretaría General del Movimiento, la última versión, descafeinada, del partido único. Y todo desarrollándose en un escenario político estrechamente vigilado por un Ejército vencedor de la cruzada contra la democracia republicana y ferviente devoto del fallecido dictador. Rey y Jefe de Gobierno hicieron gala de una indudable habilidad para conseguir que las Cortes franquistas se autodisolvieran bajo el aplauso sorprendido y receloso de los demócratas, a cambio de garantizar a los procuradores frenar cualquier tipo de rendición de cuentas por su pasado colaboracionista con un régimen contrario a los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Apostaron abiertamente por el borrón y cuenta nueva. El miedo, en esta ocasión también, guardó la viña del proyecto de democracia descafeinada y atlantista. El vino de la vendimia cosechada por los aperturistas estaba aguado por los que pretendían continuar siendo «la reserva espiritual de Occidente».

En la transición española existen evidentes deficiencias democráticas, por ejemplo, no existió una etapa constituyente, solar sobre el que debía edificarse la Carta Magna para disfrutar desde sus inicios de la plena legitimidad. Ni siquiera se planteó la futura forma de gobierno, la opción libre entre Monarquía y República. A fuerza de sinceros hay que reconocer que semejante planteamiento era totalmente inviable en una coyuntura completamente dominada por los poderes fácticos franquistas sólidamente fortalecidos en la nueva situación de la monarquía. Los leales a Franco creían necesario obedecer la última voluntad política de su «Caudillo por la gracia de Dios» y la fuerza de las armas, que tanto había ayudado a la victoria en la Guerra Civil. El dictador había pedido a sus leales que fueran fieles al joven monarca. Este legado testamentario fue vital para domesticar el descontento generalizado entre los mandos del ejército y el mundo de las altas finanzas.

Pero la legitimidad de un sistema democrático requiere como condición previa la existencia de un proceso participativo abierto y libre en el que el pueblo pueda ejercer plenamente su soberanía. La habilidad para reconducir las fuerzas políticas en juego, aunque haya sido muy meritorio para evitar traumas, no aporta ninguna legitimidad democrática al proceso. Lo que mal comienza suele finalizar también mal. Muchas de las lagunas democráticas y conflictos autonómicos del momento actual español arrancan de ese vicio inicial. El material de construcción del edificio político, desde sus propios cimientos, tiene que ser también rigurosamente democrático para que sea sólido y duradero. Se intentaron solucionar con parches profundos problemas históricos, que no tardaron en aflorar nuevamente. El Estado de las autonomías se ha convertido en un gran zoco en el que se trafica con competencias y subvenciones para conseguir apoyos periféricos al gobierno de Madrid. No falta tampoco quien chantajea con la violencia para conseguir mayores niveles de autogobierno y un beneficioso trato fiscal para su comunidad. En la democracia española no todos los ciudadanos somos iguales ante la ley sino que depende del territorio en el que figuremos censados.

Desde el principio del proceso don Juan Carlos de Borbón supo, y actuó en consecuencia, que era preciso para conducir a buen puerto cualquier operación política en el mundo occidental contar con el beneplácito de Washington. Una vez proclamado solemnemente Rey, vuelve a utilizar la prensa norteamericana para provocar la dimisión del presidente Arias Navarro, último obstáculo de la resistencia franquista para la asunción del poder por un supuesto centro político, tal como habían planificado. En abril de 1976 recibe en el Palacio de la Zarzuela al periodista Arnaud de Borchagrave, de la prestigiosa revista norteamericana Newsweek, tras una gestión de Manuel Prado y Colón de Carvajal, hombre de confianza de la Corona. A los pocos días el conocido semanario publica un artículo en el que asegura que el Rey considera al presidente Arias como «un desastre sin paliativos, el abanderado del búnker franquista». Se sostenía en el explosivo artículo que el jefe de Gobierno hacía todo lo contrario de lo que había prometido en conversaciones institucionales. «Juan Carlos —escribía el semanario norteamericano— quedó hondamente preocupado tras haber mantenido recientemente conversaciones con líderes cristianodemócratas, quienes le dijeron que la política paralizante de Arias no les había dejado otra alternativa que cerrar filas con los comunistas.» El sincero contenido del artículo, el fuerte tono crítico utilizado, no dejaba al presidente otra alternativa que la dimisión. Al ser presentado Arias ante la opinión pública norteamericana como el gran responsable del protagonismo alcanzado por las fuerzas izquierdistas más radicales en la transición española le restaba cualquier tipo de apoyo político por parte de los dirigentes de la potencia dominante. Arias estaba políticamente herido de muerte. De nada sirvió la actuación de la censura contra la difusión del semanario norteamericano en nuestro país, ni que el propio ministro de Información y Turismo desmintiera las declaraciones y negara incluso la celebración de la entrevista. El Rey mantuvo un elocuente silencio y la sabiduría popular conoce perfectamente que quien calla, especialmente en un asunto tan trascendente, otorga. Por el país circularon miles de copias del artículo, algunas salidas y divulgadas profusamente por la propia embajada de los Estados Unidos, lo que demuestra que la entrevista entraba dentro de una estrategia con consecuencias meticulosamente previstas por sus servicios de inteligencia.

Cualquier resistencia al cambio por parte de los sectores ultramontanos podía desencadenar una acción conjunta de todas las fuerzas políticas democráticas, incluidos los comunistas, expertos, debido a la tremenda persecución que tuvieron que soportar en nuestro país, en pescar en las aguas revueltas de todos los océanos ideológicos. La presencia de los servicios de inteligencia norteamericanos y el apoyo al joven monarca eran manifiestos. Pero es el día 3 de junio de 1976 cuando el Congreso de los Estados Unidos, en sesión solemne y conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, da el espaldarazo definitivo a la transición española. Todo iba por los senderos previstos. El nuevo Jefe de Estado español, con treinta y ocho años recién cumplidos, se dirigió a los representantes del pueblo norteamericano, en inglés, para dar cuenta de las realidades y proyectos futuros con objeto de salir airosamente de la encrucijada política en la que se encontraba el país. «La monarquía española —puntualizó don Juan Carlos de Borbón— se ha comprometido desde el primer día a ser una institución abierta en la que todos los ciudadanos tengan un sitio holgado para su participación política, sin discriminación de ninguna clase y sin presiones indebidas de grupos sectarios y extremistas. La Monarquía hará que, bajo el principio de la democracia, se mantenga en España la paz y la estabilidad política.» Acababa de decir todo lo que el cualificado auditorio deseaba escuchar. Estabilidad política y no a los extremismos ideológicos. El New York Times y el Washington Post, los representantes más cualificados de la prensa estadounidense, dedicaron sendos editoriales a glosar el discurso del joven monarca. La democracia española obtuvo la bendición de sus patrocinadores. Todo se estaba desarrollando según la estrategia prevista. Se consumaba la realización de un trabajo serio y riguroso. Nuestro país se había situado, cual satélite espacial, en la órbita correcta.

Resulta preciso subrayar la importancia del poder militar durante la transición española, su protagonismo a la hora de domesticar las urgencias democráticas del pueblo español. El ejército, el poder fáctico dominante durante el franquismo, constituyó una garantía en aquellos tiempos de incertidumbres y dudas para evitar cualquier tipo de veleidad progresista y para garantizar una transición a la medida de los deseos de Washington. En la primera época de la dictadura, para no presentarse ante los ojos de la opinión pública mundial como un simple acto de fuerza militar, Franco echó mano de la doctrina falangista. Pero fue más una operación de astucia estética que ideológica. Franco despreciaba a la política y a los políticos, tanto como José Antonio, el fundador de Falange, a los militares que habían dado la espalda a su padre cuando más los necesitaba. El dictador contemplaba toda la sociedad española desde las garitas de guardia de los cuarteles. La disciplina no solamente era el valor máximo para los reclutas sino también para todos los ciudadanos. Un fusil cargado y amenazante tiene más poder que mil votos; una bala, más que una idea. En el cerebro del dictador no había lugar para otras reflexiones.

La caída de Adolfo Hitler, al lado de cuyos soldados había combatido la española División Azul, y el ajusticiamiento de Benito Mussolini, padre ideológico del fascismo español, obligó a dar un giro de noventa grados en el decorado del régimen. Fue abolido legalmente el brazo en alto como saludo nacional. El Ejército alcanzó entonces un protagonismo también formal en la escena política. En todos los gobiernos de Franco existían, cuando menos, tres ministros militares: los representantes de los ejércitos de Tierra, Mar y Aire. Todos los hombres de confianza del dictador fueron compañeros de armas. El primer jefe del gobierno designado por Franco fue un almirante. En total, un tercio de los ministros fueron militares. En el fondo no se fiaba de los civiles. El todavía no suficientemente aclarado atentado contra Carrero Blanco dejó al régimen sin el auténtico heredero, para desesperación de quienes deseaban perpetuar el sistema más allá del fallecimiento del dictador.

Conscientes de la importancia del estamento militar durante el franquismo, los servicios norteamericanos procuraron adoctrinar ideológicamente a los militares españoles utilizando los mismos métodos educativos que los probados con éxito con los militares golpistas hispano-americanos. Aunque los datos sobre estas operaciones se mantienen dentro del más estricto secreto en nuestro país, Washington, a petición de la organización cívica Congreso Norteamericano en Latino América (North American Congress on Latin America, ANCLA), reconoció que solamente entre 1970 y 1975 asistieron a los cursos 8.536 militares españoles en la zona del Canal de Panamá y 1.136 en otros centros especiales. El paso por estas escuelas de formación supusieron un mérito especial para ascender y ocupar cargos importantes durante la dictadura y la transición democrática. Uno de los hombres claves del espionaje franquista, Andrés Cassinello, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, recibió instrucciones en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg, situado en Carolina del Norte y dependiente de la Escuela de Ayuda Militar John F. Kennedy, especializada en el desarrollo de la «guerra psicológica y no convencional» y en «operaciones de contra insurgencia». Al regresar a España editó un manual titulado Operaciones de Guerrilla y contraguerrilla para difundir entre sus compañeros de armas las enseñanzas recibidas. El libro dedica muchas páginas a «la subversión comunista» y recomienda las acciones que deben desarrollar los órganos de información y el propio Gobierno en cada una de las fases de desarrollo de la gran conspiración. En realidad se trata de un meticuloso «recetario de la represión». Desde la creación del Servicio Central de Documentación (SECED), organismo adscrito a la Presidencia del Gobierno, fue dirigido por el coronel Cassinello. Ocupando tan importante cargo realizó una decisiva labor en el control de la transición y en la restauración de la monarquía en la persona de don Juan Carlos frente a los defensores de la candidatura de don Juan de Borbón. Cuando, años más tarde, el entonces ministro de Interior, José Barrionuevo, le impuso el fajín de general reconoció que había sido «el primer contacto con el poder que tuvieron Felipe González y Alfonso Guerra en la etapa de la transición, ya que el general había recibido el encargo de conectar con “esos muchachos”».

Lo realmente importante para controlar la dictadura era el usufructo del poder real, el poder de las armas junto con el poder del dinero. Incluso se confiaron a los militares funciones exclusivamente judiciales. La educación en la disciplina castrense garantizaba la obediencia ciega de esa justicia excepcional a los deseos del dictador. De un plumazo fue barrido todo atisbo de independencia judicial. España se transformó en un gigantesco cuartel. Abundaron los Consejos de Guerra durante los años de la cacareada paz, aunque en muchas ocasiones fuera la paz de los cementerios. Incluso delitos de prensa fueron juzgados y sentenciados por tribunales militares. En España, a diferencia de lo sucedido en Grecia y Portugal, cuando se derrumbó la dictadura no se produjo ningún tipo de depuración. Nadie fue procesado ni desposeído de sus cargos por las atrocidades cometidas. Por eso el ruido amenazante de los sables condicionó seriamente la transición española y limitó gravemente el ejercicio de la soberana voluntad popular.

En el transcurso de una reunión celebrada en Barcelona el 31 de agosto de 1974 alrededor de una decena de oficiales de guarnición en la capital catalana acordaron crear la Unión Militar Democrática con objeto de reclamar el restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas, la amnistía de todos los presos políticos y la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de redactar la futura constitución. Estos militares jugaron un importante papel durante la transición y rompieron con el monolitismo franquista en el seno del ejército. Intentaron desmontar ideológicamente la columna vertebral de la pasada dictadura. Nadie levantó acta más reveladora de la fuerza del poder militar como el hecho de que, en plena democracia, los condenados por pertenecer a la UMD, defensores de la soberanía del pueblo y de las libertades democráticas, no consiguieran la total rehabilitación profesional a pesar de los esfuerzos de la clase política. Nada demuestra tan palpablemente quién detectó realmente el poder durante la transición como la promulgación de una Ley de Amnistía de 1977, de la que se beneficiaron incluso los militantes de ETA, que excluyó a los oficiales pertenecientes a la UMD. Nunca un régimen se había mostrado tan desagradecido hacia sus defensores. A no ser que nos estuvieran dando a los españoles una democracia adulterada, tal como parece desprenderse del comportamiento del poder en los primeros tiempos. Julio Busquets, uno de los creadores de la asociación castrense clandestina, diputado y dirigente del PSOE, luchó inútilmente por conseguirlo, a pesar de que su partido logró la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados por lo que estaban constitucionalmente capacitados para legislar a su antojo. Al menos según la literatura de la Carta Magna.

Diez años más tarde continuaron los recelos. A los militares demócratas legalmente rehabilitados en el seno del ejército en 1986 se les recomendó que «pidieran inmediatamente su pase a la reserva». A quienes no escucharon las indicaciones del poder y siguieron firmes en su decisión, el ministerio de Defensa les denegó la petición de destino. «Nunca esperamos ninguna recompensa ni prebenda por nuestro sacrificio— declaró el comandante Luis Otero— pero todos los gobiernos desde 1977 han tenido el afán de olvidarnos para no lidiar con una institución como el Ejército.» Los miembros de la UMD que no llegaron a ser procesados sufrieron la marginación tanto del estamento militar como del aparato político. Se trataba de oficiales que nunca protagonizaron un golpe de fuerza, sino que se limitaron a contribuir desde los cuarteles a que los ciudadanos recuperaran la perdida libertad, a crear un estado de opinión favorable a la democracia. Por el contrario, militares que participaron activamente en el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 y secuestraron al Gobierno y a los representantes de la ciudadanía, se reincorporaron al Ejército y siguieron ascendiendo cuando les correspondió en el escalafón. Los nostálgicos de la dictadura jamás perdonaron las veleidades democráticas de sus compañeros y actuaron como un grupo de presión dominante contra su incorporación a las fuerzas armadas.

«Una vez más —escribió Vicenç Navarro en El País a propósito de las características de la transición española— la reconciliación se ha impuesto a los vencidos y a los oprimidos, que son los que, con el olvido, pagaron el mayor coste de aquella supuesta reconciliación, sufriendo marginación y olvido a la vez que el otro bando continúa honrando a los vencedores y perpetradores de los abusos y atrocidades en nombres y monumentos, en procesos de beatificación de sus víctimas e incluso, últimamente, honrando a sus torturadores.» Cuando los demócratas creían ingenuamente que la transición política estaba legitimando la democracia, lo que sucedía en el fondo es que se estaba legalizando a los restos del naufragio de la dictadura, evitando que se produjera un enjuiciamiento generalizado, que se hiciera con ellos lo mismo que habían hecho ellos con los defensores de la democracia republicana.

La situación fáctica se reflejó incluso en el texto constitucional. El artículo octavo de la Constitución democrática de 1978 reconoce que las Fuerzas Armadas «constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia del Estado, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Es decir, continúan teniendo un papel decisorio en cuestiones tan importantes como la quiebra de la unidad nacional debida a los autonomismos independentistas y en la defensa de los principios contenidos en la Carta Magna. Disposiciones que revelan el clima contaminado bajo el cual se redactó y aprobó la vigente Constitución. El Ejército español por sus fidelidades al pasado, su organización y sus devociones políticas constituía para quienes planificaron el cambio desde los entresijos del poder una garantía de que no se iban a producir desmadres y nadie iba a ser condenado por los atropellos cometidos contra los derechos fundamentales de la persona durante más de cuarenta años. Había que borrar de las mentes democráticas la memoria histórica. La «Operación Gran Amnesia» se puso inmediatamente en marcha.

La orientación centrista del modelo de cambio escogido para España exigía, por otra parte, alteraciones sustantivas en la ideología y la mentalidad de los socialistas españoles. No existían dudas sobre el comportamiento de las fuerzas de la derecha, de su conocida fidelidad al modelo sociopolítico norteamericano y de su apoyo a la política expansionista de Washington. El PSOE, desde su fundación a finales del siglo xix, había sido un partido marxista y republicano. Aunque siempre mantuvo serias desavenencias con el Partido Comunista Español había que evitar a toda costa una reedición del frente popular triunfante en las últimas elecciones democráticas celebradas en España en 1936 y que sirvió de pretexto a la sublevación militar. Se pensó entonces que la Internacional Socialista podía ser un excelente instrumento para controlar a la izquierda no comunista y dirigirla hacia posiciones claramente centristas. La organización transnacional socialista había nacido como consecuencia de la conferencia de Claton-on-Sea, celebrada en el mes de mayo de 1946, un año después de la derrota de las tropas de Hitler, a iniciativa de los ministros fabianos que formaban parte del gabinete conservador de Winston Churchill. La Internacional Socialista fue creada con el objetivo prioritario, en aquellos momentos de encrucijada y desorientación política, de establecer un frente progresista capacitado para parar los pies a la amenaza de la izquierda revolucionaria que durante años había llevado la vanguardia en la lucha contra el fascismo, soportando vejaciones y una dura represión. «La recién creada Internacional Socialista —declaró Jean Ziegler, diputado socialista en Berna y representante de su partido en organismos internacionales— es una organización muy rica y sus dirigentes tienen un peso internacional grande; la cuestión es que se trata de una organización totalmente pervertida, que no tiene un programa aceptable, ni mecanismos para imponer sus criterios, ya que no es un super gobierno revolucionario del mundo, sino una suerte de club de notables.»¹¹ Gracias a sus directrices y sus esfuerzos por reconducir al socialismo hacia terceras vías socialdemócratas, los partidos socialistas europeos han dejado de ser considerados y tratados como enemigos por los gobiernos de los Estados Unidos.

Los financieros y hombres de empresa norteamericanos que habían contribuido con sus recursos al triunfo final de las fuerzas aliadas en la última contienda mundial, no podían consentir que los frutos de la victoria fueran cosechados por sus adversarios ideológicos y de clase. Por eso los servicios de inteligencia occidentales tomaron cartas en el asunto y procuraron infiltrarse en los centros de poder europeos y en las organizaciones internacionales. Respondiendo a esta estrategia general, se crea en Londres un Comité Socialista Internacional controlado por la socialdemocracia inglesa y alemana. En Inglaterra, aliado histórico y fiel de Norteamérica, funcionaba el partido laborista, socialdemócrata moderado y perfectamente ajustado a las coordenadas ideológicas de la democracia liberal; Alemania, por su parte, en aquella época era una potencia ocupada y dirigida por las naciones vencedoras de la última contienda mundial, especialmente por Norteamérica, en el sector occidental del país. Nada tiene de sorprendente que fuera utilizada por los servicios de inteligencia como trampolín para influir en la orientación política europea. El oro del Rin comenzó a fluir hacia la España de la transición política para apoyar a los partidos democráticos de centro y marginar a los sectores más extremistas. Ese dinero se canalizó principalmente a través de la Fundación Ebert. El hombre que ejercía de mediador entre españoles y alemanes, Koniecki, fue acusado públicamente de pertenecer a la CIA. El profesor Tierno Galván, por este motivo, rompió las negociaciones con él. La verdad es que la biografía de Dieter Koniecki está plena de sombras y misterios. Secuestrado por agentes comunistas de Alemania Oriental, de la llamada República Democrática Alemana, consiguió ser liberado gracias a las gestiones personales de Willy Brant, líder del socialismo alemán y otro de los que maniobraron en la penumbra durante la transición española. Para agradecer el gesto de apoyo se afilió a la socialdemocracia germana. Antes de realizar las actividades mediadoras en España actuó en México en apoyo del PRI. En Madrid no solamente contactó con los socialistas sino también con otros partidos situados más a la derecha y con importantes sectores del empresariado. Cuando el Gobierno español le concedió la Cruz del Mérito Civil, a su homenaje, celebrado a finales de octubre de 1988, acudieron representantes de la UGT, del PSOE, de Alianza Popular y de la CEOE. En la variedad del espectro ideológico de los asistentes se encuentra la clave de quienes resultaron beneficiados por sus ayudas. El río de oro, el oro del Rin, tuvo múltiples desembocaduras ideológicas. Solamente los partidos situados en los extremos más izquierdistas del espectro político no fueron regados por su caudal interesado y fecundo, a juzgar por los resultados alcanzados. En su intervención, Koniecki, al agradecer la distinción concedida por los gobernantes españoles, reconoció que «en España el proceso de reformas no se hubiera podido llevar sin traumatismos si no hubiera estado apoyado por un contexto internacional».

En el informe anual correspondiente a 1983 elaborado por la Fundación Ebert se constatan los éxitos logrados por sus inversiones monetarias en la vida política española. «La cooperación con los socios españoles (Fundación Pablo Iglesias, Fundación Largo Caballero y el Instituto de Administración Municipal) estuvo acompañada en los últimos tiempos —subraya el citado informe— por destacados éxitos políticos y sindicales a escala nacional y regional. El sindicato libre UGT consiguió en las últimas elecciones sindicales a los consejos de empresa, por primera vez, desbancar a Comisiones Obreras y desde entonces es la fuerza sindical más importante del país.» Gunther Max Pealgen, ex socio de Flick, otra empresa mimada por Hitler, declaraba ante el Bundestag alemán el 24 de mayo de 1984 que «valorando el peligro de que España y Portugal estuvieran a punto de pasarse al otro lado, se decidieron a prestar su apoyo descarado a los partidos socialistas de ambos países. La política de la Península necesitaba de la existencia de dos organizaciones socialdemócratas fuertes». Cuando Felipe González renegó del marxismo no hizo más que seguir milimétricamente los pasos de la socialdemocracia alemana. En 1959, en el célebre Congreso de Bad Godesberg, los socialistas alemanes habían renunciado expresamente a la doctrina de Karl Marx. En 1978 el socialismo español procedió a la eliminación de dicha palabra ya que «en toda la historia del socialismo no ha aparecido el término marxista en sus resoluciones».

Carlos Zayas, encargado de las relaciones exteriores del PSOE de 1974 a 1977, sostiene que cuando se produjo la revolución de los claveles en Portugal se temió que los comunistas alcanzaran el poder. Unos años más tarde, ante la muerte de Franco, Occidente sintió como una seria amenaza que el vacío de poder creado fuera aprovechado por la izquierda revolucionaria, por eso ayudaron con todos los medios a su alcance a los otros partidos. Una vez reducidos los comunistas a una fuerza secundaria dentro de la oposición «los alemanes dejaron de mandar dinero».¹²

Willy Brandt, líder socialdemócrata germano, fue el encargado de encauzar las aguas del socialismo español, con roja sangre marxista circulando por su ideología, hacia riberas moderadas, monárquicas y atlantistas. Su apoyo a los desconocidos jóvenes sevillanos encabezados por Felipe González fue decisivo para defenestrar a Rodolfo Llopis, representante del socialismo tradicional. En sus memorias Brandt dice que a los amigos de España se les indicó que «la oportunidad de una cooperación eficaz estaba ligada al cumplimiento de unas premisas dadas para el establecimiento de unas estructuras democráticas». Reconoce apostar por una evolución sin ruptura, «por un cambio gradual en vez de un cambio abrupto», tal como proyectaban los servicios de inteligencia.Tras hacerse Felipe González con la secretaría general del PSOE, reconoce Brandt que «el partido pasó de la persecución continua a un estatus semilegal». Cuenta que la primera vez que tuvo contacto con González «fue cuando se trasladó a Lisboa en 1974. Algunos meses después pudo participar en una conferencia de dirigentes del partido en Berlín. A duras penas logramos que a finales de 1975 también pudiera asistir a nuestras jornadas del partido en Mannheim». Todos estos viajes fueron realizados por Felipe González, «Isidoro», mientras estaba procesado por el Tribunal de Orden Público como dirigente de una organización clandestina, algo realmente insólito bajo la dictadura y más siendo miembro de uno de los partidos integrantes del Frente Popular bajo la República, militancia tipificada con duras penas dentro de la «ley para la represión de la masonería y el comunismo». Brandt admite la importancia de su «correcta relación» con las autoridades franquistas. El eje Berlín-Washington jugó bazas decisivas durante la transición española. En alguna ocasión con las cartas marcadas. Había que preparar el terreno para que, superada la provisionalidad de la transición, «los socialdemócratas desempeñaran un papel importante junto con los cristianos demócratas, con bastantes más partidarios que los comunistas».¹³

Los dirigentes norteamericanos sabían que los problemas europeos, la defensa de sus intereses en el viejo continente, exigían un tratamiento totalmente distinto al aplicado en Latinoamérica, tanto por razones culturales como de madurez política. Había que respetar las formas, las apariencias democráticas. Por eso prefirieron utilizar las grandes empresas alemanas para realizar la misma función política que en Chile desempeñaron sus propias multinacionales. Alemania era un país ocupado y las tropas aliadas ejercían el total control de la situación política y económica. No se movía un dedo sin que lo supieran las autoridades norteamericanas.

Uno de los hombres de mayor peso en la transición política española fue el multimillonario norteamericano David Rockefeller. No solamente ayudó con generosos donativos a los partidos no marxistas, sino que incluso facilitó a los dirigentes españoles entrevistas a alto nivel político y empresarial en los Estados Unidos de Norteamérica. Presentó a la sociedad estadounidense a los más destacados líderes políticos españoles. En varias ocasiones fue recibido con todos los honores en La Moncloa. Los Rockefeller son una dinastía con enorme influencia en la vida política y económica estadounidense desde hace más de cien años. Los investigadores Peter Collier y David Horowita reconocen la existencia de la sensación de que «un puñado de ciudadanos manipulaba el Gobierno de los Estados Unidos gracias a toda clase de circuitos, consejos de administración y organizaciones elitistas, tales como el Consejo para las Relaciones Exteriores, que dominaban la vida política fuera del marco democrático, mandaban sin tener que rendir cuenta a nadie. Entre los que conspiraban para dirigir el mundo en las sombras, los Rockefeller, tan discretos, se clasificaban en primer plano».¹⁴ En su nómina figuraban importantes personalidades del mundo político y empresarial, entre ellas Henry Kissinger, hombre fundamental en la política exterior de los Estados Unidos durante la transición española. El objetivo prioritario de las actividades del hombre de negocios estadounidense estaba perfectamente definido: «propiciar el desarrollo económico del planeta bajo la tutela de los Estados Unidos de Norteamérica», en definitiva, construir un nuevo orden dominado por las poderosas multinacionales yanquis. A lo largo de los años se ha ido incrementando la presencia de los grandes grupos financieros, las productoras y distribuidoras de petróleo a escala mundial, los oligopolios del acero, del mercado internacional del automóvil, del sector audiovisual y de las nuevas tecnologías dominantes en la sociedad de la información. En sus documentados estudios queda perfectamente reflejada la defensa de los intereses de la elite dominante y la difusión de las teorías neoliberales. Su intervención en España obedeció siempre a estas premisas.

El historiador Thomas Bailey sostiene que «engañar a la gente puede hacerse más y más necesario si se quiere dejar las manos libres a nuestros líderes». Como subraya Noam Chomsky, de lo que en realidad se trata es de imponer un sistema global que sea útil tanto a los intereses de Washington como a los líderes de la economía mundial. La política económica española en los últimos años ha marchado en esta dirección: desarme arancelario, fuerte presencia de las multinacionales en el país, prioridad de la lucha contra la inflación, abaratamiento del despido laboral, precariedad en el trabajo, prejubilaciones para recortar las plantillas de las grandes empresas e incrementar sus beneficios y privatización a precios de saldo del sector público. Las actividades particulares invaden cada vez más espacios considerados hasta hace poco como públicos. Todos los grandes responsables de la política económica durante la transición fueron educados durante algún periodo de su vida profesional en las universidades norteamericanas. Existe un claro continuismo en los programas económicos de los partidos, independientemente de su adscripción ideológica. Nadie puede sostener con argumentos convincentes que las inversiones que han realizado los Rockefeller en la política de nuestro país no hayan alcanzado los objetivos perseguidos. El sindicato socialista UGT organizó dos huelgas generales contra la política del Gobierno socialista debido a su giro claramente derechista. Nicolás Redondo, el viejo sindicalista, llegó a romper la disciplina del partido cuando se votó en el Congreso la reforma de las pensiones, por entender que suponía un recorte en los derechos de los trabajadores.

Todavía tenemos un conocimiento incompleto de las tramas ocultas operantes desde la muerte de Francisco Franco. Habrá que esperar a que la CIA norteamericana desclasifique los documentos secretos relativos a aquella operación política para descifrar la clave de ciertos comportamientos aparentemente extraños y colocar a cada dirigente político en el papel que le correspondió desempeñar según el guión establecido. No cabe ninguna duda sobre el protagonismo de los servicios de inteligencia occidentales. La experiencia de la revolución de los claveles evitó caer en parecidos errores.

Se conoce ahora algo que siempre se había supuesto: el precipitado retorno del honorable Tarradellas a Barcelona fue promovido por una derecha atemorizada por el rotundo triunfo de las izquierdas en las primeras elecciones democráticas celebradas en Cataluña. Los socialistas del PSC y el PSUC habían conseguido una amplia mayoría en los comicios. En Barcelona y en su cinturón industrial arrasaron. Los datos hacían presumir que en unas elecciones autonómicas conseguirían el control de la Generalitat. En la patronal catalana Foment del Treball obraban estudios demoscópicos que aseguraban un triunfo rotundo de las izquierdas en los comicios, algo intolerable para la derecha residual franquista, el gran empresariado y los servicios de inteligencia norteamericanos. En el Consulado Norteamericano de Barcelona se registró una febril actividad. El triunfo de la izquierda en una zona económicamente desarrollada podría ser considerado como un ejemplo a imitar por otras regiones del país deseosas de cambios reales en la política, sobre todo en las zonas con estructuras socioeconómicas menos desarrolladas. Por eso en Madrid no vacilaron en superar viejos escrúpulos y colocar al frente de la Generalitat a un veterano político republicano directamente implicado en la contienda civil para poner sordina a los clamores progresistas. Tarradellas reunía, aparentemente, dos características profundamente negativas para los aperturistas de la transición española: ser republicano, es decir, enemigo ideológico de la monarquía, y haber protagonizado momentos trascendentales de nuestra Guerra Civil. Sin embargo, estos antecedentes, negativos para la derecha tradicional española, le daban un indudable prestigio entre las fuerzas progresistas y nacionalistas. Su utilización política podía ser muy rentable a la hora de canalizar la transición por cauces centristas. Lo realmente importante, en aquellos momentos, era impedir que la izquierda real y moderna accediera al poder. Resultaba más fácil domesticar a una persona ya en la última etapa de su vida que a la voluntad de todo un pueblo políticamente maduro, vigoroso, con una fuerte musculatura democrática ejercitada durante los duros años de la oposición al franquismo, plenamente consciente de sus derechos, como era en aquellos momentos el pueblo catalán.

Desde los inicios de la transición se tenía un conocimiento completo de la personalidad de Josep Tarrradellas y su apurada situación económica, algo que lo hacía más vulnerable a los deseos de la derecha. Protegía su domicilio francés del frío colocando periódicos viejos en las ventanas. Incluso se subrayaba sus sentimientos religiosos, a pesar de sus antecedentes políticos laicos. Todos los días, se aseguraba, oraba ante una imagen de la Virgen de Montserrat. Siendo Manuel Fraga Iribarne vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, Manuel Millán Mestre, hombre de confianza del líder de AP en Barcelona, le envió un detallado documento, elaborado en 1974, sobre el político exilado. Dicho informe fue remitido a su vez a José Manuel Otero Novas, director General de Política Interior en el ministerio de Fraga y posteriormente ministro de Educación con Adolfo Suárez.

Los servicios de inteligencia españoles también siguieron atentamente los pasos de Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio desde 1954. Un frío viernes, el 26 de noviembre de 1976, el coronel Andrés Casinello, jefe del servicio de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco, celebra una entrevista en Saint-Martin-le-Beau con el dirigente nacionalista catalán. El informe, elaborado el mismo día en un hotel de la localidad francesa de Tours, subraya su concepción de «hombre de Estado» que prefiere «quedarse solo, no tomar partido en una situación en la que cada grupo quiere una cosa distinta». A Tarradellas le preocupa prioritariamente «la restauración de la Generalitat de Cataluña». Destaca el documento su precaria situación económica, un dato que ya era conocido por el Gobierno de Madrid. «Vive en una llanura fría, en el centro de Francia, con una calefacción tibia, sin baño, con muebles que ya no usan los suboficiales, y sólo el lujo de una biblioteca y un tocadiscos.» Había tenido que vender su finca de Clos de Mosny a la champañera de Taittinger. Se había comprometido a abandonar su residencia el 8 de junio de 1976, pero los nuevos propietarios le permitieron seguir viviendo allí hasta que se aclarara su situación política tras la muerte del dictador. El informe del coronel franquista fue claramente favorable al viejo político republicano. Se consideraba como hombre adecuado para controlar el proceso catalanista y actuar como dique histórico contra el avance electoral de la izquierda. No iba a resultar difícil llegar a un acuerdo con una personalidad que había quedado marginada de la lucha de Cataluña por la democracia. Madrid le regalaba un protagonismo que no podía desaprovechar. Ni la circunstancia política ni la situación económica se lo permitían.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 supusieron una amplia victoria de los partidos de izquierda en Cataluña. El cinturón rojo amenazaba con ahogar los proyectos centristas y frustrar los deseos de Washington. Alfonso Osorio, vicepresidente del gobierno de la UCD, reconoce que Adolfo Suárez, a la vista de los resultados, «echó manos de Tarradellas; su presencia era un bálsamo, las cosas se podían negociar con más tranquilidad que con los socialistas y Esquerra Republicana». La realización de la delicada operación se encomendó en principio al empresario catalán Manuel Ortínez, director General de Moneda Extranjera en el ministerio de Economía cuando Osorio ejercía de subsecretario, en uno de los últimos gobiernos de Franco. Doce días después de celebrados los comicios, el 27 de junio, el futuro presidente de la Generalitat se desplaza hasta Madrid en un jet propiedad del empresario vasco Luis Olarra, en compañía de Carlos Sentís, hombre de confianza de Suárez. Antes de ser recibido en la Moncloa por el presidente del Gobierno, celebra una breve entrevista con Martín Villa, ministro de la Gobernación. Aunque se intentó transmitir un cierto desacuerdo en las reuniones, la verdad es que todo transcurrió como una seda. El 29 de septiembre, tal como se había pactado, se promulga el decreto restaurando la Generalitat de Catalunya. Un mes más tarde Josep Tarradellas es recibido con todos los honores en Barcelona. La «operación retorno», preparada meticulosamente por los franquistas partidarios de la apertura, había arribado a buen puerto. Una de las primeras decisiones del nuevo president fue destituir de la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña a Josep Benet, líder de la de la coalición izquierdista Entesa dels Catalans, triunfante en las cuatro provincias catalanas en las elecciones para el Senado. Había desaparecido la marea roja del levante español. Se había encontrado el domador ideal para domesticar las impaciencias de la voluntad popular. El ex gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán, en unas declaraciones realizadas a TV3 en septiembre de 2002, reconoció que la operación Tarradellas fue un montaje realizado por los centristas y la derecha para evitar el control de la autonomía catalana por las fuerzas de izquierdas.

Nada clarifica tanto la manipulación foránea de la transición española como la actuación descarada de los servicios de inteligencia norteamericanos en el ataque más grave, directo y visible contra las instituciones democráticas españolas: el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Adolfo Suárez había cumplido perfectamente la misión de desmontar el tinglado de la farsa franquista. El búnker heredado de la dictadura constituía un obstáculo serio para la evolución del país. Su intervención era necesaria en los inciertos momentos de la sucesión. Se había culminado una etapa. Por otra parte, el primer presidente demócrata se había ganado la enemistad de dos importantes poderes fácticos: la gran Banca y el Ejército. El envío de observadores a la Conferencia de Países No Alineados de París y la cordialidad de sus relaciones con Fidel Castro no habían sido del agrado de los dirigentes occidentales más conservadores. Pero lo realmente inaceptable fue su ruptura con el plan previsto cuando legalizó por sorpresa al clandestino Partido Comunista. Lo proyectado por los poderes que controlaban la transición era el aplazamiento de dicha legalización hasta que funcionara un partido socialdemócrata fuerte y atlantista, capaz de atraer y domesticar a la izquierda sociológica. El PSOE en la oposición no aceptaba el ingreso de España en la OTAN y prometía, si la derecha firmaba la adhesión, sacarnos del compromiso por el mismo procedimiento que se había utilizado para vincularnos: la mayoría simple de la cámara legislativa. En Washington empezaron a considerar a Adolfo Suárez, por su independencia y arrogancia nacionalista, como el gran responsable del desviacionismo. El descontento cundió entre los militares cuando los comunistas salieron del armario de la clandestinidad. Se utilizaron todo tipo de presiones para forzar la dimisión de un gobernante que no había respetado los principios fundamentales del Movimiento ni los intereses de Norteamérica.

Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat, fue el primero en mencionar la necesidad de un «golpe de timón» en la política española. La frase era lo suficiente ambigua para dar pábulo a los más extravagantes proyectos. Entre determinados sectores de la clase política pertenecientes a distintos partidos comenzó a circular la idea de un Gobierno de «concentración nacional», presidido por un general monárquico, para reorientar el rumbo de la incipiente democracia. El Ejército, que no había superado todavía la pérdida de su Caudillo, intentó explotar el descontento provocado por los atentados de ETA y la quiebra de la «sagrada unidad nacional» debido al reconocimiento de las autonomías.

El 8 de noviembre de 1980 en Chinchilla, provincia de Albacete, oficiales de la División Acorazada, de maniobras en aquella zona, en una tienda de campaña habilitada como bar, brindaron entusiasmados cuando les anunciaron el triunfo de Ronald Reagan en las elecciones norteamericanas. Consideraban que el nuevo presidente constituiría un importante punto de apoyo para sus proyectos involucionistas. «Las relaciones de la CIA con el CESID —escribe el teniente coronel Fernando Reinlein— se habían institucionalizado y los agentes norteamericanos tuvieron noticias sobre contingencias en el caso de que se diera el SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo). Unos informes se plasmaron en la “Operación Diana”, mediante la cual, si fuera preciso, las unidades controlarían los centros de poder. Este Supuesto Anticonstitucional Máximo podía suponer la crisis de las operaciones involucionistas en marcha y el golpe de timón de que se hablaba.»¹⁵ Urgía actuar para evitar la frustración de los proyectos golpistas en marcha.

El 14 de febrero de 1981, cuando comenzaban a hervir las calderas en las que se cocinaba el golpe, en una finca propiedad del doctor Castroviejo, situada en las cercanías de Logroño, Terence A. Todman, embajador de los Estados Unidos, experto en reconducir situaciones de crisis en la dirección más conveniente para los intereses de su país, se entrevistó con el general Alfonso Armada Comyn, uno de los líderes de la conspiración. El representante del Gobierno de Washington le hace saber sus condiciones: ingreso de España en la OTAN y mantenimiento de las bases en España. El diplomático da el visto bueno al proyecto presentado y promete que su país, durante el desarrollo del asalto al poder, aplicará el principio de «no ingerencia».

En el transcurso de una reunión celebrada para la preparación de la conspiración en una vivienda situada en la madrileña calle Viráis, del Parque de las Avenidas, domicilio de los padres del comandante Cortina, miembro del CESID, se informa sobre las gestiones realizadas a escala internacional para conocer las reacciones ante el golpe contra la democracia. Se confirma que los Estados Unidos daban su conformidad y se comprometía a respetar la «doctrina Estrada» que obliga a los países a no inmiscuirse en los asuntos externos de otros Estados. El general Haig, secretario de Estado norteamericano, había «dado su bendición» al plan de los golpistas, según reconocieron los implicados.

La semana anterior al golpe se acondicionó la Sala de Conferencias del edificio de la embajada situado en la calle de Serrano para garantizar el secreto total de las reuniones que se iban a celebrar en aquel lugar en los momentos decisivos del golpe. La preparación fue realizada por el jefe de mantenimiento de la legación diplomática, Rogelio Fernández Vaquerizo. El mando estratégico de los Estados Unidos en Europa, para ayudar a los sublevados, ordena la anulación del Sistema de Control de las Emisiones Radioeléctricas (CONEMRAD). La compañía Page Ibérica, encargada de su mantenimiento, no logra localizar la avería. Una veintena de equipos, ignorantes de la realidad de la situación, no consiguen hacerlo funcionar. Los barcos de la Sexta Flota reciben la orden de dirigirse a Valencia y a las islas Baleares. En la madrugada del 23 de febrero las tropas de las bases de Morón de la Frontera, Rota, Zaragoza y Torrejón de Ardoz son acuarteladas y permanecen en estado de alerta. Las primeras declaraciones de los representantes de Norteamérica, cuando el desenlace de la situación era todavía incierto, hablan de «no injerencia en los asuntos internos españoles» tal como habían prometido a los golpistas. Mientras el ministros de Asuntos Exteriores francés, Poncet, consideraba «dramático que se vea en entredicho el proceso democrático español» y el presidente Giscard condenaba el golpe, el secretario de Estado norteamericano, general Haig, decía que «no hay nada que declarar; se trata de una cuestión interna». Asimismo el secretario general de la OTAN, Josef Llens, prometió «mantener el más absoluto silencio» sobre la situación española.

Tras la asonada prosiguen las actuaciones de los servicios de inteligencia y las conspiraciones. El nuevo ministro de Defensa, Alberto Oliart, se vio obligado a llamar la atención de los diplomáticos estadounidenses por sus frecuentes reuniones con altos mandos del Ejército español sin conocimiento oficial de su ministerio. Para comprender el interés de Washington por el golpe de fuerza conviene recordar que en 1981 las encuestas ya reflejaban la caída espectacular de la UCD y el triunfo rotundo del PSOE en los próximos comicios. La mayoría de los militantes socialistas eran contrarios al proceso de integración en la OTAN y Felipe González había prometido al pueblo español un referéndum para abandonar la organización atlántica en contra de los intereses de Washington. La formación de un gobierno de concentración liderado por un militar monárquico, tal como deseaba un sector cualificado de golpistas, podía dar un cambio radical a la amenaza que se cernía sobre los deseos norteamericanos. Había que enseñar los dientes de la reacción a los demócratas ingenuos. El pueblo español comenzaba a creerse que era realmente soberano. Convenía recordarle quién manda realmente en el planeta Tierra.

Los resultados de la reconducción de la voluntad mayoritaria de los españoles desembocó en una coyuntura política claramente favorable a lo proyectado por los planificadores del cambio en las sombras. El PSOE, en los primeros momentos de la transición, reafirmaba su filosofía contraria a la política de bloques militares que, de hecho, consagraba la división del mundo en zonas de influencia perpetua. Se comprometía a seguir luchando por un mundo libre y en paz. Prometían en caso de victoria en las elecciones que «el Gobierno trabajaría para lograr un mayor techo de autonomía para España, desvinculándose progresivamente, en el plano militar, del bloque del Atlántico Norte». Pero pronto cambiaron el rumbo al enfrentarse con la realidad de la situación. El curso de los acontecimientos siguió otros derroteros. Con el paso del tiempo uno de los militantes socialistas más destacados, Javier Solana, desempeñó el cargo de secretario general de la organización durante la intervención militar en la antigua Yugoslavia. La opinión pública deberá conocer algún día la fuerza de las presiones antidemocráticas ejercidas sobre la clase política española para forzarles a cambiar de opinión en un tema tan importante para la seguridad nacional. Mientras el pueblo español era mayoritariamente contrario a la integración en la OTAN, cuando la UCD de Adolfo Suárez presagiaba su gran debacle electoral, profetizado ya por todas las encuestas, los diputados centristas votaron mayoritariamente a favor del ingreso. Es evidente que los mecanismos representativos no funcionaron, algo que cuestionaba la propia naturaleza soberana del pueblo. Contra lo prometido solemnemente a los participantes en el referéndum, los soldados españoles ya han combatido más allá de nuestras fronteras a pesar de decir que no formábamos parte de la estructura militar. Tropas nacionales han participado en la Guerra del Golfo, en la lucha de los Balcanes, en la conquista de Afganistán y de Irak. De los ejércitos no solamente forman parte quienes intervienen directamente en los combates. También necesitan la valiosa aportación de los servicios de intendencia, sanidad y vigilancia.

Caso distinto es el de la derecha nacional entregada siempre en cuerpo y alma, con un servilismo digno de una causa más noble, a los deseos de Washington. Uno de sus líderes más destacados, Manuel Fraga, estuvo siempre dispuesto a sumergirse en las aguas de todos los océanos para demostrar a los asombrados ojos del mundo que las bombas atómicas norteamericanas, particularmente las que cayeron sobre Palomares, eran totalmente inofensivas. Desde el principio hicieron cuanto era posible para introducirnos de cabeza y con los ojos cerrados en la organización atlántica sin contar para nada con la voluntad popular. Como consecuencia de la nueva orientación dada a nuestra política internacional nos hemos implicado directamente en conflictos ajenos a nuestros reales intereses. Los superbombarderos estadounidenses hace años que vienen utilizando libremente nuestras bases para bombardear Afganistán, Irak y la nación Serbia hasta la caída del socialismo y la entrega de su líder político, Slobodan Milosevic, al tribunal especial de La Haya. Cooperamos militarmente con quienes nos dejan solos ante el peligro a la hora de defender nuestras plazas de soberanía en el norte de África.

También en el terreno económico han cambiado profundamente los programas iniciales de los partidos, principalmente de los situados en la izquierda del arco parlamentario. Durante toda la transición española se han seguido escrupulosamente las directrices dictadas por los rectores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las privatizaciones han liquidado la parte más rentable del patrimonio estatal, han favorecido claramente a los amigos del poder. También se han desmontado las barreras aduaneras para facilitar la libre circulación de capitales, tal como exige la globalización impuesta por Washington. Las grandes empresas españolas han recortado sus plantillas y han ido a invertir sus beneficios en los países de la otra orilla del Atlántico en situaciones de crisis, para desesperación de sus accionistas de base. Otras han trasladado sus plantas industriales a Asia para aprovecharse de los bajos salarios. Se han abaratado los despidos y se han liberado las relaciones laborales de muchos compromisos legales favorables a los trabajadores.

Nos hemos convertido milagrosamente al fundamentalismo neoliberal. Los partidarios de la ruptura tuvieron que renunciar a sus exigencias. Al baile de disfraces del carnaval político que nos organizaron, tanto los restos del naufragio franquista como las fuerzas democráticas acudieron disfrazados de centristas para poder aspirar a una victoria electoral. Los detentadores del poder real no permitían que se produjeran desmadres que pusieran en peligro los privilegios de los de siempre. La memoria histórica tuvo que olvidarse de los últimos largos y penosos cuarenta años. La amenaza golpista de un ejército leal al recuerdo del dictador fue una espada de Damocles que limitó la capacidad del pueblo español para elegir libremente el modelo político bajo el cual deseaban organizar su convivencia, circunstancia sabiamente utilizada por los conductores de la transición. Los republicanos se convirtieron al credo monárquico; los comunistas abjuraron de la dictadura del proletariado; los fascistas se pusieron la máscara demócrata para seguir saboreando las mieles del poder bajo un régimen liberal que repugnaba a sus principios; los socialistas renegaron del marxismo; los nacionalistas separatistas se conformaron con el culto a los coros y danzas y el respeto a su idioma peculiar; la resistencia armada contra la dictadura, desgraciadamente, se transformó en terrorismo contra la democracia. Todos tuvieron que ubicarse en nuevas posiciones. La democracia española ha sido encauzada, controlada y dirigida, por poderes alejados de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, hacia posiciones favorables al nuevo orden global.

Mientras los demócratas en su ingenuidad celebraban la salida a la luz pública de los políticos escondidos en las cavernas de la clandestinidad, los servidores de la dictadura aprovechaban astutamente esa euforia para trepar puestos de privilegio dentro del organigrama estatal y del aparato militar. Los hijos del franquismo —basta con repasar los apellidos de los dirigentes de la derecha defensora del patriotismo constitucional— han recuperado el poder de sus antepasados tras superar y controlar las incertidumbres de la transición. El borrón y cuenta nueva fue vendido a la opinión pública como ejemplar y reconciliador. Ese tipo de transición, en opinión de Enrique Gil Calvo, produjo como consecuencia «una instauración continuista del neofranquismo oligárquico». Una dictadura no puede transformarse en una democracia sin producirse previamente una ruptura real con el régimen anterior. Son organizaciones políticas totalmente incompatibles. Solamente los ingenuos o los hipócritas pueden creer en semejantes prodigios políticos. La transición española fue un periodo inacabado de luces y sombras de un pueblo que, pese a las dificultades y manipulaciones sufridas, ama la paz sobre todas las cosas. La voluntad soberana caminó entre amenazantes fusiles golpistas por una senda de dirección única, estrecha y peligrosa, siempre incierta. De esa circunstancia se aprovecharon descaradamente las fuerzas de la reacción ultramontana.

Notas

1 Davidson, Basil: «Scenes from the Anti-nazi war», Monthly Review Press, 1980.

2 Acheson, Dean: Present at the Creation. Norton, 1969.

3 Chomsky, Noam: El miedo a la democracia. Editorial Crítica. S. A., Barcelona, 1988.

4 Documentos de los servicios de información norteamericanos publicados por la revista alemana Stern.

5 New York Times, 26 de julio de 1983.

6 Revista española Tiempo, 26 de noviembre de 1990.

7 Mateu, Rui: Contos prohibidos. Memórias de un PS desconhecido, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1996.

8 Castellano, Pablo: Yo sí me acuerdo, Editorial Temas de Hoy, Madrid, 1994.

9 Poulantzas, Nico: La crisis de las dictaduras (Portugal, Grecia, España). Siglo XXI Editores, S. A., Madrid, 1976.

10 Feo, Julio: Aquellos años, Ediciones B, S. A., Barcelona, 1993.

11 Publicado en la revista La calle, 1 de diciembre de 1980.

12 Cambio 16, número 667, 19 de noviembre de 1994.

13 Brandt, Willy: Memorias políticas. 1960-1975. Editorial Dopesa, Barcelona, 1976.

14 Collier, Peter y David Horowita: Los Rockefeller. Una dinastía americana. Éditions Seuil, París.

15 Reinlein, Fernando: Los capitanes rebeldes. Editorial La esfera de los libros, Madrid, 2002.

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OTAN: el brazo armado de la globalización

Con las ruinas del muro de Berlín muchos optimistas soñaron edificar un mundo más justo y libre. El espectacular desmoronamiento de la dictadura soviética y los regímenes satélites de Moscú, se pensaba, permitiría a los hombres la apertura de una nueva era de paz y la desaparición de las tensiones bélicas entre las grandes potencias. Se borraban de un plumazo las razones para mantener la loca carrera de armamentos que conducía a la humanidad hacia el abismo de la guerra nuclear. Las grandes potencias almacenaban armas destructivas que amenazaban el futuro de nuestro planeta. Parecía lógico que los dirigentes mundiales decidieran proceder al desarme efectivo para transformar las inversiones en la industria de la muerte en dividendos para la paz, capaces de desterrar el hambre y la miseria del tercer mundo y de los sectores marginales de los países industrializados. En el foro de las Naciones Unidas se había insistido reiteradamente en denunciar los peligros derivados de la carrera por la posesión de los más sofisticados artilugios destructivos. Se pidió a las potencias hegemónicas la reducción, o al menos la contención, del gasto militar con objeto de liberar recursos para atender a otras necesidades más urgentes como alimentos, sanidad, vivienda, educación o asistencia social a los más desfavorecidos. Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, informó en 1977 a la Asamblea General de dicho organismo, en un documentado estudio, sobre las nefastas consecuencias económicas y sociales de la competición armamentística. La economía bélica absorbe cuantiosos recursos para derrocharlos en actividades improductivas o, lo que es mucho más grave, destructivas. El anuario del Stockholm International Peace Research Institute ha denunciado en más de una ocasión los efectos negativos del comercio de armas: «el informe económico fundamental de la militarización del mundo en la que vivimos actualmente se describe con toda facilidad: radica en el despilfarro de los recursos limitados del planeta. Si los recursos de materias primas, capacidad de producción y, sobre todo, innovación y destreza humana, hoy empleados en la industria de armamentos, se orientara hacia los sectores civiles de la economía, tendría importantísimas repercusiones favorables sobre el nivel de vida del ciudadano medio del mundo. Se han resuelto problemas en el ámbito militar extremadamente complejos. Si se empleara el mismo esfuerzo en solucionar problemas como la salud o la producción de alimentos podrían lograrse beneficiosos efectos para todos». Pero el sentido común, por desgracia, sigue siendo el menos común de todos los sentidos humanos.

Los científicos y los economistas independientes insistían una y otra vez en denunciar la locura belicista. En 1980 la llamada «Comisión Brant» dedicó una especial atención a estudiar las consecuencias de la intensificación de la inversión militar. «Si los gastos militares —dice en sus conclusiones— pudieran controlarse y vincular al desarrollo parte de los ahorros conseguidos, podría incrementarse la seguridad del mundo y la gran masa de seres humanos que en la actualidad están excluidos de una vida digna podrían tener un futuro más brillante.» Destacan los redactores del informe que «solamente con que una fracción de los recursos monetarios, humanos y de investigación dedicados a usos militares se redestinaran a objetivos de desarrollo, las perspectivas futuras del tercer mundo serían completamente diferentes».¹ Los políticos siguen haciendo oídos sordos a las recomendaciones de los expertos. Otro informe fechado en 1983 denuncia como uno de los fenómenos más graves y trágicos el crecimiento de los gastos en armamentos. «Hay quien opina —reflexionan— que ayudará al mundo a salir de la recesión, pero el gasto militar, en realidad, es más una parte de los problemas económicos actuales que la solución a los mismos. A cualquier nivel de gasto público dado, cuanto más elevada sea la proporción que se dedique a la producción de armamentos menor será la cantidad de empleo que se cree. El gasto militar, por otra parte, es más inflacionista que otras formas de gasto público. A mayor abundamiento, el progreso tecnológico puede promoverse directamente de forma mucho más económica que dentro de la investigación militar.» Las consecuencias de la expansión del gasto militar son extremadamente graves, especialmente para las economías de los países subdesarrollados: disminuyen la capacidad de importación de medios productivos; incrementan todavía más la deuda externa; acentúan las tensiones inflacionarias y contribuyen a la desestabilización política, ya que existe una conexión directa entre el incremento del presupuesto militar y la tentación a recurrir a la violencia para resolver los conflictos. Las inversiones en armas son, por su propia naturaleza, antidemocráticas, ya que la finalidad última de un sistema democrático es crear unas reglas de juego que permitan eliminar la violencia entre los hombres y los pueblos. Contra lo que se intenta hacer creer a la opinión pública, las armas no fortalecen la seguridad entre las naciones sino que ayudan a incrementar la pobreza y la violencia.

Los grandes dirigentes mundiales han desaprovechado la oportunidad para proyectar un futuro más racional para la humanidad. Diez años después de la desaparición de todo vestigio de la amenaza soviética los gastos militares se mantienen todavía a niveles muy elevados, al mismo tiempo que se incrementan las desigualdades entre los hombres y las naciones. Un tercio de la humanidad sigue viviendo en los umbrales de la pobreza. Y las primeras potencias son quienes marcan la pauta en la cultura de la muerte y la destrucción. Los gastos militares de los Estados Unidos de Norteamérica suponen el 39 % del total mundial; la producción de armas, el 50 % del mercado. Entre 1978 y 1986 el presupuesto militar de Washington se incrementó en un 60 %, porcentaje valorado en dólares constantes. En la actualidad rebasa, antes de producirse el criminal atentado contra las torres gemelas y el Pentágono, los 350.000 millones de dólares. Si Ronald Reagan desarrolló el proyecto conocido como «guerra de las Galaxias» (Iniciativa de Defensa Estratégica), ahora George W. Bush ha puesto todo su empeño en la creación del «escudo antimisiles» para proteger a su país de los llamados «estados incontrolados». Dicho proyecto no solamente supone la utilización de sofisticados aparatos de interceptación instalados en tierra, sino de otros emplazados en aviones Boeing 747 dotados de rayos láser y buques con sistemas de detección e interceptación Aegis. El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron para el ejercicio correspondiente al año 2003 un presupuesto militar de 393.000 millones de dólares, más que la suma de los otros quince países que más invierten en armamentos. Se destinarán a reforzar el arsenal con nuevas armas nucleares tácticas, a desarrollar el escudo antimisiles, bombas inteligentes, aviones espías automáticos y cazas invisibles. Todo un rearme espectacular para dotar al ejército de capacidad de actuar rápidamente en cualquier lugar del planeta en que los intereses norteamericanos se encuentren en peligro.

Toda esta costosa inversión la justifica el presidente norteamericano por considerarla necesaria para defenderse de un posible ataque de Corea del Norte, Irán, Irak y Afganistán, cuyo poderío militar está lejos de constituir una amenaza para nadie y menos para el coloso norteamericano. Afganistán e Irak ya han sido ocupados por los estadounidenses. Las actividades terroristas se combaten con medidas policiales y con servicios de inteligencia eficaces, no con bombardeos masivos que se ceban especialmente contra la población inocente, ya que los auténticos responsables suelen tener refugios seguros. Hasta ahora las pruebas que se han realizado del celestial proyecto para guerrear en los espacios siderales supusieron un desembolso de más de 8.500 millones de dólares. El coste total de la puesta en funcionamiento se calcula en una cifra próxima a los 300.000 millones de dólares. Se habla ya de una nueva y galáctica «línea Maginot», barrera defensiva construida a principios del siglo xx por los franceses para intentar frenar el avance de las tropas alemanas. El fortín estratégico constituyó un estrepitoso fracaso. Ahora el gran elefante dominador de la selva neoliberal no vacila en derrochar en armamentos para protegerse de las incómodas picaduras de los estados-pulga. Con el dinero invertido en este tipo de actividades se podría acabar con la hambruna que azota a los países africanos.

En 1956 Wright Mill escribió sobre la conveniencia de desactivar la fuerza de la elite cívico-militar norteamericana ya que constituía un peligro evidente para el mantenimiento de la paz mundial. Cuando el presidente Eisenhower finalizó su mandato en 1961 advirtió a sus sucesores contra los peligros de ceder a las presiones del complejo industrial-militar creado en el entorno del Pentágono en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Nadie parece haber prestado atención a su aviso. Al iniciarse el nuevo milenio ha alcanzado más poder que nunca. La alianza entre los estados mayores militares y las grandes empresas origina espectaculares beneficios. El fenómeno no es nuevo en la historia norteamericana. Ya en el momento de la recesión económica de finales de la década de los cuarenta, el gasto originado por las tensiones de la guerra fría, bajo el mandato de Truman, fue valorado por Steel como «la fórmula mágica para una buena época prácticamente interminable». Los partidarios de la inauguración de una era de paz para toda la humanidad fueron derrotados por los defensores del incremento del gasto militar. El Magazine of Wall Street consideró la carrera de armamentos como «un valioso instrumento para inyectar fuerza renovada a toda la economía». El sistema económico controlado por el Pentágono, junto con el Departamento de Energía y la agencia espacial NASA, constituyen un componente fundamental de la financiación pública de las grandes empresas. Consiguen gravar sobre el presupuesto estatal gran parte de los costes de la actividad industrial privada y crean una demanda que garantiza beneficios rápidos y seguros. El Business Week reconoce que existe una enorme diferencia entre primar el gasto militar o el gasto social en lo que a rentabilidad económica se refiere. Resulta mucho más gratificante, desde una perspectiva meramente financiera, ayudar a la prosperidad de los ricos que atender a las necesidades de los pobres. Los productos colaterales de la industria militar —ordenadores, internet y electrónica en general— han enriquecido y continúan enriqueciendo a las industrias multinacionales, mientras se promueve la privatización de servicios públicos fundamentales como la sanidad, la enseñanza y las pensiones. Al mismo tiempo que se echan pestes contra el estado-niñera cuando se trata de prestaciones sociales, se aplauden las generosas ayudas estatales a las grandes empresas, aunque se realicen invocando las necesidades de la seguridad nacional. Se han efectuado importantes transferencias tecnológicas desde el sector público hacia las actividades más lucrativas de la industria privada. El intervencionismo estatal en los Estados Unidos no se produce para proteger a las personas más débiles de la sociedad sino para incrementar los beneficios de las elites empresariales. Los grandes avances tecnológicos de la carrera espacial los han rentabilizado en el mercado privado las industrias próximas al poder de Washington. Por eso los responsables del funcionamiento del sistema industrial-militar han insistido en las últimas décadas sobre la necesidad de dedicar una especial atención a las denominadas «tecnologías duales», útiles tanto para fines militares como para actividades civiles.

El cumplimiento de los principios de la economía neoliberal solamente se exige a los países subdesarrollados. Mientras se cantan las excelencias de la libre competencia, en la industria norteamericana de la guerra se ha promovido un fuerte proceso de concentración. El secretario de Estado de Defensa L. Aspin y su asistente W. Perry convocaron una reunión, conocida como «last supper», con los más destacados responsables de las industrias que forman parte del complejo industrial-militar para comunicarles la conveniencia de fomentar fusiones entre ellos. En la actualidad se encuentra en marcha un proyecto para la integración de las industrias europeas de armamento en un complejo transatlántico dirigido por sociedades norteamericanas. Como consecuencia de estas recomendaciones oficiales el protagonismo lo han asumido tres empresas: la Lockheed Martin, Boeing y Raytheon. Este reducido grupo de sociedades recibe pedidos del Pentágono por valor de 30.000 millones de dólares en contratos anuales. Debido al clima creado por la cruzada contra el terrorismo, emprendida a raíz de los criminales atentados del 11 de septiembre, mientras los aviones estadounidenses bombardeaban Afganistán, el Pentágono declaraba ganador del programa JSF (Joint Strike Fighter) al X-35 de Lockheed Martín, lo que supone el mayor contrato militar de la historia, con una facturación de 200.000 millones de dólares, que podría duplicarse con las exportaciones. El mayor contratista norteamericano de material militar recibirá 19.000 millones de dólares para completar una primera unidad de demostración y Pratt & Whitney, 4.000 millones para desarrollar los motores del prototipo. Esta posición de privilegio de las industrias de la guerra hace que las instituciones financieras dirijan sus inversiones hacia un sector seguro y con una alta rentabilidad garantizada. Los márgenes de beneficios son elevados, la demanda no solamente es solvente sino que tiene asegurada su continuidad. Las empresas que se relacionan con el Pentágono están a salvo de quiebras y otras contingencias desagradables. Siempre cuentan con el respaldo del Estado más poderoso de la Tierra para defenderse de cualquier eventualidad negativa. Muchos pensionistas pacifistas están contribuyendo, sin saberlo, a la carrera de armamentos. Quienes controlan los fondos de pensiones buscan seguridad y rentabilidad en las inversiones por lo que canalizan los ahorros de los ciudadanos hacia ese tipo de actividades. Los fondos mutuales y los fondos de inversión siguen parecidos comportamientos. En el periodo comprendido entre 1992 y el final del milenio, el valor de las acciones de las 20 primeras empresas de la industria de armamento ha sido muy superior al de las otras grandes multinacionales que cotizan en Wall Street.

Las actividades de las empresas depredadoras, desgraciadamente, en ocasiones son las más rentables desde una perspectiva puramente económica. Quienes mandan en Washington tienen meridianamente claro la escala de valores a defender. El presidente Bush, con ocasión de su negativa a ratificar los acuerdos de Kioto sobre la emisión de gases de efecto invernadero, manifestó que jamás firmaría ningún acuerdo que perjudicara los intereses de las empresas norteamericanas, es decir, sus beneficios, aunque se encuentre en juego el futuro de la humanidad. Las exigencias económicas neoliberales prevalecen siempre sobre los principios éticos en el nuevo orden mundial liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso no puede sorprender a nadie medianamente conocedor de la realidad que el Congreso norteamericano no ratificara la convención de 1977 por la que se prohibía el uso de minas antipersonales, ni el tratado sobre prohibición de ensayos nucleares (CTBT), ni el acuerdo sobre misiles antibalísticos (ABM, 1972) que prohíbe a las partes construir sistemas de defensa contra ataques estratégicos y limita el desarrollo de misiles defensivos. Las empresas de los Estados Unidos son las principales proveedoras de armas al tercer mundo. En la década de los noventa la Arabia Saudita tenía pendientes contratos por valor de treinta mil millones de dólares para comprar material de guerra. En 1993 la exportación de armas alcanzó el mayor nivel de toda la historia. The Wall Street Journal reconocía que «desde el final de la guerra fría, aun cuando Washington recomendó a los demás que actuaran con moderación en nombre de la seguridad global, los Estados Unidos se han convertido en el traficante de armas más pujante del mundo».

Los conflictos bélicos constituyen una actividad fundamental para mantener activa y modernizar la carrera de armamentos. Son una especie de trágica y negra feria de muestras comercial en la que se exhiben a los clientes potenciales los últimos avances en la materia. El ataque contra Panamá con el pretexto de capturar al díscolo general Noriega sirvió para probar la eficacia de los últimos modelos de aviones de combate capaces de actuar eficazmente en la negrura de la noche sin ser detectados por las defensas enemigas. La guerra contra Serbia ha sido un escaparate para mostrar y probar los avances realizados desde la guerra del Golfo: los misiles PAC-3 (Patriot Advancer Capabilites), versión mejorada de los Patriot; utilización por vez primera de bombarderos B-52 como plataformas de lanzamiento de misiles de crucero guiados vía satélite, los bombarderos «furtivos» B-2 como rampas de lanzamiento de bombas guiadas por GPS y la eficacia de las bombas de fragmentación de grafito para destruir los sistemas eléctricos. Antes de iniciarse los bombardeos sobre el Afganistán de los talibanes, las revistas especializadas, como la británica Jane’s, anunciaron los últimos avances de la moda bélica: el avión Lockeed NP-3 equipado con sensores aire-tierra y con capacidad para recibir y transmitir datos, con una gran eficacia para destruir objetivos móviles; el vehículo de reconocimiento no tripulado Global Hawk, capaz de volar a una velocidad de 560 kilómetros hora y a una altura de casi 20.000 metros, más rápido y más alto que el Predator; ordenadores andantes para pequeñas unidades de soldados; nuevos prototipos de cascos equipados con una videocámara y una cámara de visión nocturna, un micrófono y una unidad de conexión por satélite; un rifle M-4 con láser para calcular la distancia y un sistema térmico que permite detectar un objetivo si despide calor. La experimentación efectiva de las tecnologías en las contiendas reales es absolutamente indispensable tanto para los militares como para la industria de armamento. Los ejercicios de simulación, aun siendo necesarios, no son suficientes. Por encima de todo, desde el punto de vista político, las guerras constituyen un medio necesario para afirmar el poder de Washington y avisar a sus potenciales enemigos de lo que les espera si actúan al margen de lo considerado como políticamente correcto para el nuevo orden mundial.

La desintegración de la Unión Soviética, por otra parte, ha supuesto para los Estados Unidos de Norteamérica una oportunidad para convertirse en la potencia hegemónica en el nuevo milenio. Y no parecen dispuestos a desaprovechar esta singular circunstancia. En la actualidad ya constituyen un global power, un gobierno mundial en la sombra. Europa y el Japón, las otras grandes zonas industrializadas, se han convertido en aliados firmes y sumisos. Washington ha remontado el bache sufrido en la década de los setenta tanto en el aspecto económico —pérdida de competitividad y fuerte endeudamiento externo— como en el plano militar, debido a la humillación sufrida en la guerra de Vietnam en 1975 y en la crisis desatada por el secuestro de americanos en Irán en 1979. Ahora triunfan bastos. En política solamente quien tiene poder para hacerse obedecer puede mandar. Por eso Norteamérica, para liderar la globalización, necesita mantenerse como primera potencia mundial. La OTAN se ha convertido en un instrumento idóneo para imponer su hegemonía, para llevar a buen puerto el gran proyecto de dominio ecuménico.

La Santa Alianza transatlántica

El Tratado del Atlántico Norte² es una alianza creada en sus orígenes para hacer frente a la amenaza soviética, tanto en el aspecto militar como en el político. El comentarista norteamericano especializado en temas militares Robert Osgood subrayó que las dos funciones se encuentran íntimamente relacionadas, puesto que la estrategia militar se utiliza también como instrumento político para influir en la actitud de los potenciales adversarios y entre los aliados. El Tratado del Atlántico Norte fue firmado en Washington el 4 de abril de 1949 por los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. En 1951 se incorporaron Grecia y Turquía, en 1954 la República Federal Alemana y en 1982 España. En la actualidad los esfuerzos de los dirigentes norteamericanos se dirigen a integrar en la OTAN a todos los antiguos países satélites de Moscú e incluso a la propia Rusia, cerrando así una larga ceremonia de camuflajes retóricos para disimular el verdadero rostro de la organización: un instrumento al servicio de la política hegemónica de Washington. Desde un principio Norteamérica manda, dirige y controla todas las decisiones importantes que se toman en su seno. Para que no exista la menor duda al respecto se dispuso que el texto oficial del Tratado fuera depositado «en el archivo del Gobierno de los Estados Unidos» (artículo 14); que «los instrumentos de ratificación serán depositados tan pronto como sea posible ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica» (artículo 11); y que para abandonar el seno de la Alianza tiene que haber transcurrido un año desde que se «ha presentado la denuncia ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el cual informará al Gobierno de los otros países del depósito de cada instrumento de denuncia» (artículo 13). El mando militar, el auténtico poder, siempre ha sido confiado a un general estadounidense. Lord George Robertson, secretario general de la OTAN, con ocasión de los criminales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, declaró que los Estados Unidos no necesitaban presentar pruebas de haberse producido una agresión exterior para poner en funcionamiento el artículo 5 del Tratado. Tampoco debía consultar a los miembros de la Alianza Atlántica antes de emprender acciones militares. Jurídicamente, la salvaje acción de los comandos suicidas constituyó un delito de terrorismo, según se encuentra claramente tipificado en las legislaciones penales de los países más avanzados, pero nunca una agresión bélica de un país soberano contra otro. El objetivo de la masacre fue sembrar el terror indiscriminadamente entre los ciudadanos norteamericanos. No perseguía ocupaciones territoriales ni constituía una declaración formal de guerra. Pero bastó una arbitraria interpretación jurídica de lo sucedido por parte de los dirigentes de Washington para poner todo el aparato militar de la OTAN a su servicio y conseguir la adhesión incondicional de la mayoría de los dirigentes de Occidente. Por el contrario, Norteamérica mantiene el derecho de veto cuando otros miembros de la Alianza pretenden utilizar medios comunes en situaciones en las que no desea implicarse. Resulta meridianamente claro quién manda realmente en la organización.

El proyecto inicial, nacido e impulsado por los vientos inciertos de la guerra fría, sufrió significativas alteraciones. Se incluyeron en sus orígenes países que difícilmente cabe situarlos en la «región del Atlántico Norte del norte del trópico de Cáncer». Desde un principio Italia, país claramente mediterráneo, figuró entre sus fundadores y las competencias se extendieron a los «departamentos franceses de Argelia». El 16 de enero de 1963 el Consejo de la OTAN escuchó al representante del gobierno de París, quien anunció que el 1 de julio de 1962 el pueblo argelino había votado a favor de la plena independencia de Francia. Dos días más tarde el presidente de la República Francesa reconoció formalmente el resultado de la consulta popular. Como consecuencia de todo ello, el Consejo de la Alianza dejó sin efecto todas las disposiciones referentes a los departamentos franceses en aquella región africana. Por el contrario, cuando ingresó España se excluyeron expresamente Ceuta y Melilla, posesiones españolas del norte de África. Las razones son obvias: Marruecos es un aliado fiel de los Estados Unidos para su política en el mundo árabe y no desea enfrentarse a sus reivindicaciones de la soberanía de las plazas africanas. Siempre que existió un conflicto entre Madrid y Rabat las preferencias de Washington no dejaron el menor margen a la duda. El coronel Martínez Inglés, miembro del Estado Mayor de la Agrupación de las Tropas Nómadas del Sahara, reconoce que la marcha verde, aunque fue ideada por la mente tortuosa de Hassan II, contó con el apoyo directo de Washington. «La famosa Marcha Verde —escribe el prestigioso militar— fue planificada, organizada y ejecutada con la ayuda norteamericana.»³

El Tratado firmado en Washington comienza proclamando la firme determinación de los participantes de «salvaguardar la libertad de los pueblos, su herencia común y su civilización, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio del derecho». Tras esta solemnidad retórica se escondía una realidad reveladora de las falacias de los patrocinadores y controladores de la alianza supuestamente promotora de la democracia y las libertades fundamentales. Entre los firmantes del documento figuraba el Portugal del general Carmona y de Oliveira Salazar, dictadura inspirada en el corporativismo fascista y aliada fiel del general Franco. Resultaba claramente contradictorio que quienes negaban el ejercicio de derechos humanos fundamentales a sus ciudadanos se transformaran por arte de magia en valedores de la democracia universal.

Más reveladora en esta materia resultó la incorporación de Grecia. El llamado golpe de los coroneles se produjo precisamente siguiendo meticulosamente las directrices contenidas en el Plan Prometeo, elaborado por los servicios estratégicos de la Alianza Atlántica y con la participación de la CIA. Antes, en 1967, tuvo lugar otro golpe de Estado apoyado directamente por los Estados Unidos de América para impedir la participación de las fuerzas de izquierdas en el gobierno. Cuando Grecia recuperó el sistema democrático, el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma ensayó un supuesto táctico, para el caso de que triunfaran los partidos izquierdistas, consistente en un golpe de Estado del ejército griego, ayudado por agentes extranjeros, el día siguiente de conocerse los resultados de los comicios. El general Ocurrís, en aquellos momentos jefe del Estado Mayor del Ejército de Grecia, protestó, en enero de 1985, ante el Comité Militar de la OTAN y retiró de la escuela militar de la Alianza a dos tenientes generales y a un capitán de navío.

Turquía es otro ejemplo de país no democrático miembro de la OTAN. Desde un principio el Plan Marshall fue extremadamente generoso en sus ayudas a los turcos por su proximidad a las cuencas petrolíferas de Oriente Medio. Aquí primaron los valores estratégicos. En 1980 los militares asumieron el poder en Turquía y establecieron un Consejo Nacional de Seguridad presidido por el general Kenan Evren, jefe de las fuerzas armadas, quien inmediatamente declaró ilegales todos los partidos políticos y las instituciones democráticas. Tampoco la OTAN presentó ninguna objeción a las agresiones sufridas por el pueblo kurdo y a la operación de exterminio dirigida por las autoridades de Ankara.

Desde un principio los Estados Unidos de Norteamérica presionaron a sus aliados para la incorporación de la dictadura franquista a la organización, iniciativa que contó con el apoyo de los conservadores británicos y el general De Gaulle, jefe del Estado francés. Solamente la firme oposición del Partido Laborista británico y los países escandinavos consiguió impedir que un ejército que había logrado el triunfo de la sublevación gracias a los decisivos apoyos de Hitler y Mussolini y que había enviado sus tropas a luchar codo con codo con los soldados alemanes en el frente del Este, formara parte de la nueva cruzada teóricamente democrática liderada por los Estados Unidos. En 1958 Washington apoyó y financió un plan de modernización del ejército franquista por considerar que el incremento de la eficacia de las tropas españolas constituiría un factor importante para convencer a los aliados atlánticos de que cambiaran de actitud con relación a la dictadura española. Las presiones se intensificaron cuando triunfó en Portugal la revolución de los claveles, ante el temor de que las izquierdas controlaran la política del vecino país. Sin embargo, en mayo de 1975 la OTAN volvió a rechazar la incorporación del régimen franquista. El coronel Vermon A. Walters cuenta que cuando llegó a Europa en 1951 acompañando al presidente Eisenhower para organizar el mando supremo de la OTAN, asistió a las presiones realizadas por el general norteamericano para conseguir la admisión de la dictadura del general Franco en el sistema defensivo occidental. Jules Moch, a la sazón ministro francés de Defensa, le recordó la verdadera naturaleza del régimen español, aliado histórico de los fascismos europeos, y sostuvo con firmeza que las democracias «no podían permitir que España colaborase en ningún sentido con la OTAN». Entonces Eisenhower, visiblemente contrariado, preguntó al ministro francés: «Si los rusos se aproximan a París después de haber conquistado Alemania y si hubiese siete divisiones españolas disponibles, ¿las rechazaría usted?»⁴ La anécdota no aclara la respuesta del político francés, pero quedó meridianamente claro cuáles eran las reales intenciones del alto mandatario norteamericano y la falta de sinceridad de su proclamada defensa de la democracia.

Desde sus inicios la Alianza Atlántica luchó por ampliar sus competencias en todas sus actividades. En 1981 un informe elaborado conjuntamente por el Consejo de Relaciones Internacionales de Washington, el Instituto de Relaciones Internacionales francés y el Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, consideró necesario extender las competencias de la OTAN para coordinar sus actuaciones contra amenazas de países situados fuera de su área geográfica. Resultaba conveniente, a juicio de los expertos, habilitar un procedimiento con nuevos mecanismos de coordinación. Estados Unidos había acusado a sus aliados europeos de desentenderse de los intereses petrolíferos en Asia. Para paliar esta actitud, el Comité de Planes de Defensa estableció un automatismo para que las propias fuerzas europeas compensaran la retirada de contingentes americanos en Europa para intervenir en otros continentes. También se estableció un sistema de consultas en el caso de que países miembros intervinieran fuera de su zona de competencia, aunque los Estados Unidos se saltaron esta disposición cuando les dio la real gana, por ejemplo, cuando invadieron la isla de Granada. Ninguno de sus aliados fue informado.

Mucho antes, en diciembre de 1956, el Consejo del Atlántico Norte aprobó un texto redactado por Gaetano Martino, Halvard Lange y Lester M. Pearson, en el que se ampliaban los objetivos militares de la organización. Si bien se reconoce en el texto que la firma del Tratado constituyó una respuesta colectiva ante el temor de una agresión militar por parte de las fuerzas armadas soviéticas y sus aliados, «luego se llegó al convencimiento —de modo consciente o instintivo— de que en la era nuclear, y en un mundo en el que las distancias cada vez son menores, había llegado el momento de agrupar en una asociación más estrecha a las naciones del Atlántico y de Europa occidental con fines estrictamente defensivos, y mancomunar parcialmente soberanías nacionales con vistas a conseguir una mutua protección contribuiría también al progreso y a la cooperación general. Los gobiernos y los pueblos interesados sentían que esta unidad más estrecha era natural y deseable a la vez, que la tradición cultural común, las libres instituciones y los conceptos democráticos que estaban siendo amenazados de destrucción, constituían una razón para unirse no sólo para defenderse, sino para facilitar su desarrollo. En resumen, la conciencia de un peligro común inmediato era reforzado además por un sentimiento de comunidad atlántica». La supuesta amenaza contra el mundo occidental, liberal y cristiano que justificó en principio la gran alianza, la URSS, desapareció de la faz de la Tierra. No existe ninguna potencia en todo el mundo conocido capaz de hacer frente al poder de Norteamérica.

Ni la imaginación más fértil y manipulada puede concebir al Portugal de Oliveira Salazar, a la Grecia del golpe de los coroneles o al gobierno de Turquía que prohibió los partidos políticos y clausuró todas las instituciones democráticas, actuando como esforzados defensores de libertades y regímenes democráticos. Nadie tiene capacidad para dar lo que no tiene, decían los jurisconsultos romanos. Lo que en realidad ha defendido siempre la organización atlántica, y sigue defendiendo en la actualidad, es la difusión universal del sistema socioeconómico norteamericano o, cuando menos, un modelo en consonancia con los intereses de las grandes empresas estadounidenses. Las dictaduras dóciles a sus exigencias son aceptadas, y apoyadas, sin rechistar. El informe exige que «cualquier cambio interno en la política del país que afecte a la coalición no se lleve a cabo sin la previa consideración colectiva». Una medida, sin duda, destinada a garantizar el control ideológico sobre los distintos Estados.

En abril de 1999 se celebró una cumbre en Washington para conmemorar el 50 aniversario de la creación de la OTAN. Era necesario adaptar el tratado a los tiempos actuales, elaborar un concepto estratégico consagrado a mejorar su eficacia en el nuevo «contexto global». En principio urgía eliminar barreras para poder actuar en todos los puntos del planeta «estratégicamente interesantes». Cualquier país considerado como una amenaza para la seguridad de la Alianza debería poder ser objeto de operaciones de castigo, en ocasiones disfrazadas con el piadoso título de «guerras humanitarias». El punto 20 de la resolución final de la Conferencia admite que las intervenciones armadas no solamente pueden constituir respuestas a una actuación militar, sino que también pueden estar justificadas por la existencia de determinados riesgos en países que «hacen frente a serias dificultades políticas, económicas y sociales». En la práctica los reunidos eran conscientes que el incremento de las desigualdades debido al proceso globalizador neoliberal puede generar nuevas y peligrosas tensiones. Sandler y Hatley reconocen que los injustos desequilibrios amenazan con ocasionar «revoluciones en el próximo milenio, porque la ausencia de toda esperanza genera violencia. Si las revoluciones se extienden a muchos países se podría interrumpir el aprovisionamiento de los recursos naturales de las naciones dotadas de superior riqueza».⁵ No cabe duda de que el petróleo hace tiempo que está considerado como un recurso estratégico básico por lo que se pretende facultar a las tropas de la OTAN para ejercer sus competencias en todas las zonas del mundo productoras de oro negro, algo que los Estados Unidos vienen haciendo desde hace muchos años. La diferencia es que ahora se desea dar una cierta cobertura legal a las intervenciones descaradamente colonizadoras. Ya no serán necesarias campañas satanizando previamente a determinados líderes políticos para manipular la opinión pública mundial. Ahora basta, según reconoce el punto 24, con que los máximos dirigentes de la Alianza consideren que se «ha producido una interrupción en el aprovisionamiento de los recursos naturales» para actuar. El documento en el que se recogen las conclusiones de la reunión organizada para conmemorar el cincuentenario de la fundación de la OTAN, denominado «Nuevo Concepto Estratégico», supone en la práctica una ruptura abierta con el derecho internacional al justificar la intervención unilateral de las fuerzas armadas sin necesitar la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con la intención de legitimar la actuación de la llamada «comunidad internacional» en la antigua Yugoslavia se ha transformado lo que debía ser una excepción, por irregular, en norma general. Para convalidar con carácter retroactivo los bombardeos en la región de los Balcanes se atacan y conculcan principios incorporados hace tiempo al derecho de gentes. Se han derogado, en la práctica, las normas que regulan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las fuerzas de la OTAN se arrogan el derecho a tomarse la justicia por su belicosa mano cuando y de la manera que estimen más conveniente para la defensa de sus intereses. El disfrute del monopolio de la violencia prima el uso de la fuerza sobre el respeto a las normas fundamentales para la convivencia de los pueblos. Se pretende organizar un nuevo orden mundial al margen de las Naciones Unidas fundado en un supuesto derecho de injerencia humanitaria, en aquellos casos que determine por su cuenta y riesgo el Consejo Atlántico. Teóricamente, el intervencionismo se fundamenta en el deber moral de proteger los derechos humanos. Las líneas maestras de la nueva Alianza no han sido diseñadas por los políticos de Washington sino por los consejeros de la Rand Corporation, motor intelectual del capitalismo ecuménico y globalizado.

La OTAN se va configurando cada vez con mayor nitidez como una especie de policía política con competencias universales. Estados Unidos ha logrado crear un brazo armado al servicio de su poder planetario, tanto en el plano político como en el estrictamente militar. De momento se ha garantizado el control de los «recursos vitales»del planeta. En la práctica pueden defender la libre circulación del capital financiero bajo el pretexto de proteger la libertad del comercio, oponerse a que los distintos gobiernos pongan trabas a las inversiones extranjeras en su propio país o intervenir en el caso de que un Estado pretenda establecer un régimen económico planificado, aunque respete escrupulosamente todas las reglas del juego democrático. Por eso el presidente Bush reclama al Congreso constantemente el incremento del presupuesto militar. No le basta con la actual superioridad armamentística ni con el liderazgo de la carrera espacial. Todavía desea más. «Los republicanos —escribió el diario El País en un editorial— pretenden no sólo que los EE.UU. sea grande, que ya lo es suficientemente, sino libre de ataduras, lo que se suele denominar unilateralismo. El último intento de los republicanos en la Cámara de Representantes, donde son mayoría, es hacer depender el pago de las deudas a la ONU de unas medidas radicales, que permitirían incluso el uso de la fuerza, contra el futuro Tribunal Penal Internacional (TPI) permanente. EE.UU. es el único país occidental que rechaza el TPI —suscrito por 139 Estados, ratificado por 37, con lo que faltan otros 23 para su entrada en vigor—, aunque Clinton firmara su estatuto horas antes de abandonar la Casa Blanca.»⁶ Si algo está meridianamente claro en la situación actual son las intenciones de los dirigentes de Washington y el poder absoluto del denominado complejo industrial-militar.

Los propios norteamericanos, con una sinceridad digna de mejor causa, no disimularon nunca sus reales intenciones. En 1985 Zbiniew Brzezinski, ex consejero de Seguridad, escribió que «Norteamérica es necesaria en Europa para frenar a la URSS, no solamente ante la posibilidad de una agresión militar, sino también ante la intimidación política».⁷ De lo que se trata es de mantener un sistema de países satélites para perpetuar el control de Washington. Ni siquiera puede calificarse la ideología de la política exterior norteamericana de anticomunista. Hace años que viven una auténtica luna de miel con el régimen dictatorial chino. Su pragmatismo les lleva a defender intereses económicos muy concretos en vez de principios éticos o democráticos. El atractivo que ofrece un mercado de mil millones de potenciales clientes silencia cualquier escrúpulo político. Domina la ideología del dólar. El antiguo comandante en jefe de la OTAN, Alexander Haig, declaró que la organización atlántica «constituía una garantía contra el desencadenamiento de un proceso revolucionario en Europa». Cuando alguien le pidió más claridad en sus manifestaciones respondió: «lo siento, no puedo ser más explícito». Lo que en realidad interesa es que los satélites que giran en torno al astro rey de Washington no se desvíen de su órbita y contar con mecanismos de poder suficientes para corregir a los díscolos.

El catedrático norteamericano John Kennet Galbraith describió perfectamente la línea argumental básica de la propaganda norteamericana y la utilización de la amenaza soviética para justificar el despilfarro en armas. «Lo que ocurre —escribió el prestigioso economista— es que los servicios armados de los Estados Unidos quieren existir y, para existir, deben tener armas. Las empresas de armamentos también quieren existir y ganar dinero; para ello deben producir armas. Los soviéticos proporcionan la justificación de su existencia. Nosotros, a la vez, justificamos el mismo proceso en la Unión Soviética. Ya no se cree que el conflicto entre las dos potencias sea necesario e inevitable; todos sabemos que ninguno de los dos sistemas sobreviviría al conflicto. Nos vemos, sin embargo, reducidos a creer que la carrera de armamentos impide el conflicto.»⁸ Desaparecido el demonio de Moscú, urge inventarse nuevos enemigos. Primero intentaron presentar a Sadam Hussein como la reencarnación clónica de Hitler, pero el mundo no tragó la bola. Ahora se habla contra los denominados «Estados terroristas» o «regímenes gamberros» para justificar la creación de sofisticadas barreras defensivas y para establecer nuevas alianzas. La gran estrategia global exige el mantenimiento de las tensiones conflictivas y de las amenazas. El gran brazo armado del llamado mundo libre debe permanecer alerta y vigilante.

La necesidad de mantener la carrera armamentística ha llevado al Gobierno de los Estados Unidos a aceptar la modernización y el incremento del arsenal nuclear de la República Popular China con el fin de que modere sus objeciones a la creación del escudo antimisiles. George Bush está dispuesto a tolerar la reanudación de los ensayos nucleares subterráneos para que el régimen de Pekín pruebe sus nuevos misiles. Se abre la veda para que proliferen las pruebas nucleares cuando ambos países, China y los Estados Unidos, han suscrito el Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares. Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente norteamericano, declaró en The Washington Post a principios de septiembre de 2001 que «queremos implicar a China en cuestiones de la defensa antimisiles». Al dar alas al rearme atómico del régimen de Pekín se inicia nuevamente una trágica carrera en Asia. La India se sentirá amenazada por el imperialismo de Pekín y tratara de modernizar su armamento; Pakistán, por su parte, procurará competir con sus vecinos, con los que mantiene fuertes tensiones. Se desatarán una serie de reacciones en cadena en beneficio de la industria de armamentos y en perjuicio de la convivencia pacífica entre los hombres y los pueblos. Dentro de esta política se encuentra la postura del presidente George W. Bush de retirarse de las conversaciones para ampliar el tratado internacional de 1972 sobre prohibición de armas biológicas. Según publicó el diario The New York Times en septiembre de 2001, el Pentágono está creando armas biológicas de gran potencia, dentro de un programa secreto que roza la ilegalidad. Uno de los objetivos es manipular genéticamente la bacteria que causa el ántrax para incrementar su poder letal. El tratado sobre guerra biológica de 1972 prohíbe tajantemente la producción de estas bacterias. Además existe otro programa, denominado «Visión Clara», patrocinado y controlado por la CIA, para construir una réplica de una mini bomba bacteriológica de diseño original soviético, capaz de emitir una nube de gérmenes mortales.

El presidente Bush ha nombrado para cargos de confianza a personas comprometidas en la guerra de las galaxias. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, antes de ocupar su cargo presidió una comisión para estudiar el desarrollo de armamento en el espacio, y el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Richard B. Meyers, fue con anterioridad jefe del Mando Espacial. «El sueño expresado en numerosos documentos militares —escribió el comentarista John Carlin en El País en septiembre de 2001— consiste en lograr el control militar del planeta mediante el despliegue de bombarderos espaciales capaces de atacar cualquier lugar del mundo en un plazo de treinta minutos mediante rayos láser lanzados desde el espacio y capaces de pulverizar cualquier objetivo en tierra, incluso tener la facultad de alterar el tiempo meteorológico. Son visiones que han llenado la imaginación de Bush y sus militares; sueños de la eterna invencibilidad de Estados Unidos, de un imperio cuyas guerras contra los Estados irresponsables se librarían sin que se perdiera una sola vida estadounidense.» Pero la desesperación de los miserables de la Tierra y el fanatismo religioso genera reacciones imprevisibles por quienes razonan dentro de la lógica del dinero y toman sus intereses como medida de todos los humanos comportamientos. Un trágico ejemplo lo constituye el rechazable ataque terrorista contra los símbolos sagrados del país más poderoso de la Tierra en la mañana del 11 de septiembre del año 2001. Existen personas cuyos comportamientos se alejan de los parámetros que funcionan dentro del capitalismo moderno. La pérdida de toda esperanza ha sido siempre mala consejera. En un solo día fallecen en el mundo 25.000 niños víctimas del hambre o de enfermedades perfectamente curables si tuvieran la adecuada asistencia sanitaria, muchas más vidas que las perdidas en los salvajes atentados terroristas. Los derechos del hombre y la posibilidad de ejercerlos son patrimonio de toda la humanidad, no sólo del llamado primer mundo. Todas las víctimas inocentes tienen éticamente el mismo valor.

De entrada, no a la OTAN

El interés norteamericano por el ingreso de nuestro país en la OTAN se remonta a los primeros tiempos de la guerra fría y persistió a lo largo de los años. Henry Kissinger, recién firmado el Tratado de Amistad y Cooperación en 1976, declaró que «la política norteamericana irá orientada en el sentido de lograr el ingreso de España en la OTAN tan pronto como sea posible». El Comité Militar de la OTAN resumía las ventajas que representaba para la organización la incorporación de nuestro país: «prendida en los flancos europeos de la OTAN se encuentra España, cuya adhesión a la Alianza podría resolver alguna de las preocupaciones occidentales». Esas preocupaciones eran fundamentalmente políticas ante el posible triunfo a medio plazo de las fuerzas de izquierda en las elecciones democráticas. Se sabía, por los sondeos realizados, que el partido socialista contaba con una fuerte adhesión popular y con una tradición contraria a la integración en la OTAN. Una vez finalizada la segunda contienda mundial, los dirigentes del PSOE creyeron ingenuamente que el ingreso de nuestro país en la OTAN ayudaría a devolver al pueblo español la soberanía arrebatada con la fuerza de las armas. En el Congreso del PSOE celebrado en Toulouse en 1944 tanto Indalecio Prieto como Araquistain no ocultaron sus simpatías por las fuerzas aliadas que liberaron Europa. Muchos socialistas españoles formaron parte del maquis que combatió a los ocupantes nazis. En un discurso pronunciado en el Manhattan Center de Nueva York el 5 de marzo de 1944, Prieto expresó la plena adhesión de los socialistas españoles a los principios contenidos en la Carta del Atlántico. Entre los acuerdos firmados por las potencias aliadas en su lucha contra los totalitarismos nazi y fascista, el punto 3.o expresaba su deseo de «ver restablecida la soberanía y la autonomía de aquellos a quienes se les despojó por la fuerza». No cabe duda de que el pueblo español podía darse por aludido. La esperanza de que los gobiernos occidentales ayudaran a los demócratas españoles en su lucha contra el franquismo renació tras la nota firmada por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia el 4 de marzo de 1946 en la que abogan por la constitución en Madrid de un gobierno provisional para restaurar inmediatamente las libertades democráticas y convocar elecciones libres en las que el pueblo decida el sistema político bajo el cual desea organizar su convivencia. El 9 de diciembre de 1946 el Comité Político y de Seguridad de la ONU aprobó una resolución recomendando la retirada colectiva de los ministros y embajadores de los Estados miembros de las Naciones Unidas en Madrid. «Si dentro de un tiempo razonable —decía la resolución— no cambia el Gobierno de Madrid, el Consejo de Seguridad consideraría las medidas conducentes a remediar la situación.» El líder socialista Indalecio Prieto publica en enero de 1949 un artículo titulado «España ante el Pacto Atlántico» en el que defiende abiertamente la incorporación de nuestro país a la OTAN, pero con una condición previa: la restauración del sistema democrático.

A partir de 1951 comienza a caer la venda de los ingenuos ojos de quienes creían en la ética política y en la voluntad realmente democratizadora de las potencias vencedoras en la última contienda. De nada sirvió el sacrificio de millones de ciudadanos españoles que lucharon contra el fascismo tanto dentro de nuestras fronteras como en los países europeos ocupados por las tropas de Hitler. Estados Unidos firma el 23 de septiembre de 1953 un acuerdo con la dictadura española para establecer bases en nuestro país. El respaldo de la primera potencia mundial al dictador tiene su expresión gráfica en el efusivo abrazo dado por el presidente Eisenhower al general Franco en Madrid. Aquel día de júbilo para la dictadura se rompieron las esperanzas de muchos demócratas españoles. «Nuestra oposición a la entrada de España en la OTAN —escribió el dirigente socialista Luis Yánez— fue desde 1976 firme, sostenida y yo diría que no sólo mayoritaria, sino casi unánime en el seno del Partido Socialista Obrero Español.»⁹ En plenas vísperas electorales, en 1982, con el camino al palacio de La Moncloa alfombrado por la desintegración de la Unión del Centro Democrático, la postura del socialismo español contraria al ingreso de nuestro país en la OTAN se exterioriza tanto a través de los portavoces autorizados del partido como en gritos y pancartas en multitudinarias manifestaciones callejeras. Todos se oponen a la integración en la Alianza Atlántica. «No es escepticismo lo que yo tengo contra la política de bloques —declaró Felipe González, secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno— es que estoy en contra. Si algún día llegamos al poder, propondríamos la salida de la Alianza Atlántica si el procedimiento de entrada no es el referéndum mayoritario del pueblo español.» Representantes cualificados del PSOE, junto con miembros de otras fuerzas políticas, participaron en Madrid el 18 de febrero de 1980 en una concentración en la que se acuerda, por unanimidad de los asistentes, reiterar «la firme oposición a la entrada de España en la OTAN y todos los pasos que implique la identificación con la política de bloques. Nos comprometemos a crear comités unitarios anti OTAN y a desarrollar una amplia campaña en España para conseguir estos objetivos». En diciembre de 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución propugnando la disolución de los bloques militares y pidiendo que mientras no se alcance dicho objetivo ningún país ingrese en la OTAN ni en el Pacto de Varsovia.

Cuando Leopoldo Calvo Sotelo, en 1981, en su discurso de investidura anuncia la intención del futuro Gobierno de ingresar en la Alianza Atlántica en un plazo de meses, Felipe González, a la sazón jefe de la oposición, prometió que «si el gobierno de la UCD fuerza el ingreso en la OTAN con una votación por mayoría simple, sacaré a España de la OTAN también por mayoría simple». Calvo Sotelo cumplió su promesa: en el pleno del Congreso de Diputados celebrado el 27 de octubre de 1981 se aprueba el ingreso de nuestro país en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De referéndum, nada. Los 184 votos favorables los emitieron los diputados de la UCD, partido en el poder pero que ya no contaba con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, los representantes del Partido Nacionalista Vasco, Minoría Catalana y uno de los parlamentarios integrantes del Grupo Mixto. Votaron en contra del ingreso los representantes del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista de España, del Partido Socialista Andaluz y seis diputados que formaban parte del Grupo Mixto. Felipe González advirtió a los parlamentarios que se estaba produciendo «una cesión de soberanía y era muy grave que el Gobierno renunciara de entrada a incluir Ceuta y Melilla y la situación de Gibraltar en el protocolo de adhesión a la OTAN». Poco después de celebrarse este pleno parlamentario, cuando ya se habían dado todos los pasos legales para la adhesión, el PSOE, por propia iniciativa, convoca una manifestación a favor de «la paz, el desarme y la libertad». Felipe González, ante la numerosa asistencia subrayó que aquél era un día «de gran alegría, pero también de preocupación, porque la humanidad vive sobre un arsenal de armas que pueden destruir la Tierra y su entorno cinco veces... Y todavía hay dirigentes que dicen que la paz se consigue con el rearme, como si al hombre se le pudiese matar más de una vez». Con relación al compromiso de celebrar un referéndum para salir de la OTAN, tras denunciar a los muchos que hacían oídos sordos al clamor popular, aseguró: «más temprano que tarde los españoles tendrán en su mano el ser consultados para decidir el futuro. ¿Qué dirán los aliados de la OTAN cuando sepan que medio millón de personas se reúnen en Madrid para pedir el no al ingreso de España en la Alianza Atlántica? ¡Que se enteren los que no quieren oír la voz del pueblo!». Ya en 1976 Felipe González había reconocido que la OTAN «no es otra cosa que una superestructura militar implantada por los americanos para garantizar la supervivencia capitalista y no está solamente dirigida contra la agresión eventual de los países comunistas, como se dice oficialmente, sino contra las posibles transformaciones revolucionarias en el seno de los países capitalistas». Tampoco otros dirigentes socialistas disimulaban sus sentimientos contrarios a la incorporación. Alfonso Guerra objetaba contra el ingreso ya que pertenecer a la OTAN «supone estar de manera directa bajo la sumisión de los Estados Unidos» y «España pasaría a ser una diana mucho más probable en el caso de una conflagración bélica». Incluso denunció que la operación «convertía a España en una colonia de los Estados Unidos». Gregorio Peces-Barba sostenía que la OTAN «favorece el equilibrio del terror, no fortalece más a los países occidentales: es sólo un éxito de los Estados Unidos».

En 1981 el Partido Socialista Obrero Español editó un folleto destinado a dar a conocer a la opinión pública su posición con respecto a la OTAN. «La permanencia en la Alianza —se denuncia— conlleva servidumbres y limitaciones como la concesión de facilidades en nuestro espacio aéreo marítimo y terrestre. Si la entrada de España en la OTAN es buscada por los Estados Unidos, lo es porque desea un miembro que adopte, inmediatamente o en un espacio corto de tiempo, todos los compromisos que los miembros han ido adquiriendo desde 1949 a la actualidad. Es más, que refuerce el campo de los miembros menos reacios a seguir la política de endurecimiento, rearme, elevación de un 3 % en términos reales de los gastos de defensa y el eventual —cuando sea necesario a la dirección militar de la OTAN en Europa— despliegue de armas nucleares. Una España miembro de la OTAN que alegase un trato especial, con menor participación que otros, despertaría en países que son críticos de la actual tendencia al endurecimiento y al rearme nuclear sin limitación, una posición análoga. Tal es el caso de Holanda, en parte Bélgica, Dinamarca, Noruega, etc. El compromiso español sería inmediatamente o en muy poco tiempo total. Así pues, quedaría a expensas de las decisiones en cuya configuración tendría poca participación. Si Francia alegó en 1966 que no controlaba ni siquiera el uso de las bases de la OTAN en su territorio, si los planes de defensa no habían sido aprobados por Francia, ¿cuál sería la situación de un país con menor peso que Francia, cual España?»¹⁰ Se denunciaba también que en el deseo, en aquellos momentos, de la administración del presidente Ronald Reagan de extender la acción de la OTAN a otros escenarios geográficos, se vería implicada la política de España en el Mediterráneo, en el Golfo Pérsico y en el Próximo Oriente. Por otra parte se corría el riesgo de dar marcha atrás en la política opuesta a la nuclearización de nuestro país. España estaba desnuclearizada desde que abandonaron la base de Rota los submarinos que portaban cohetes Poseidón, cumpliendo lo establecido en el tratado hispano-americano de enero de 1975. «Dentro de un acuerdo bilateral —sigue diciendo el texto del PSOE— es difícil que se vuelvan a introducir cláusulas regresivas que permitan nuevamente la nuclearización, aunque solamente fuese porque dicho tratado tiene que ser ratificado por las Cortes Generales. Otra cosa muy diferente es si entrásemos en la OTAN, ya que quedaríamos sujetos a las decisiones de los órganos de la Organización, a las directrices de los mandos. La OTAN, a diferencia del tratado bilateral, crea sus propias normas y obligaciones. Es algo dinámico, con vida propia. De modo que la posición del Estado medio para negarse a una decisión de este tipo es, en realidad, muy débil. Por otra parte, si continúa, lo que es probable, la tendencia a la nuclearización de la OTAN en Europa sería casi imposible que España si entrase en ella fuese, a medio plazo, una excepción. Esto es claro y ya existen graves problemas en algunos países miembros a consecuencia de la decisión sobre el rearme nuclear.» La nuclearización supondría un incremento de los riesgos para la población civil tanto en tiempos de paz como en el caso de que se desencadenara un conflicto bélico: en tiempos de paz existirían riesgos de un accidente; en guerra, convertiría a todo el país en un objetivo preferente de los ataques enemigos. En ocasiones la masacre de la población civil está buscada directamente por los bombardeos, tal como sucedió con las dos bombas arrojadas en la última contienda mundial sobre Japón.

Otra de las consecuencias negativas de la incorporación de España a la OTAN sería que nos veríamos irremisiblemente implicados en un conflicto mundial. La neutralidad sería imposible. El artículo 5 del tratado es meridianamente claro al respecto. Pero no solamente en el caso de una contienda de esta naturaleza, sino también en el desencadenamiento de conflictos regionales. «La situación —dice el texto del PSOE— es curiosa, paradójica y radicalmente injusta... Si España tuviese un conflicto propio en el norte de África no estaría cubierta, defendida, auxiliada y protegida por la OTAN. Por el contrario, los compromisos con la Organización y la mera firma del Tratado del Atlántico Norte implicarían a España en un conflicto local, limitado, en la medida en que la Organización lo considere como una amenaza al sistema.» Por otra parte, condiciona completamente nuestra política exterior y la pone al servicio de intereses ajenos.

Lo más grave, sin embargo, es el proceso de satelización. «Satélite —aclara el texto crítico— es el que en cualquier situación reacciona no conforme a sus intereses, sino a la posición general de un país más poderoso y respecto al cual se es dependiente. ¿Cómo evitar la satelización? Logrando en determinadas direcciones, dentro de un margen importante, tener mayor posibilidad de maniobra para defender sus propios intereses. La entrada en la OTAN, y sobre todo en una situación de tensión, de guerra fría, como es la actual, disminuye al máximo la autonomía política española en el Mediterráneo, en el Próximo Oriente y en América Latina: se terminará por hacer la política de la super potencia rectora de la OTAN.»

Estos fueron, en líneas generales, los argumentos básicos que condujeron a la dirección del PSOE a rechazar tajantemente el ingreso de nuestro país en la OTAN. Sin embargo también se contienen en el texto oficial del partido socialista otros argumentos negativos de singular importancia. Con respecto al coste económico que supondría la entrada en la Alianza Atlántica, se acusa al Gobierno de la Unión del Centro Democrático, en aquellos momentos en el poder, de excesiva «ambigüedad». «La OTAN —aseguran los socialistas— no tienen fuerzas distintas a las de sus miembros. Son fuerzas nacionales integradas en la Organización y sometidas a la dirección de sus mandos. En algún caso —por ejemplo, en el estudio presentado en el coloquio de S’Agaró el año pasado— solamente se evalúa el coste de la cuota por pertenecer a los órganos en unos 3.000 millones de pesetas. Pero esto supone que no se coloquen las unidades españolas al nivel de la OTAN. Un análisis de los gastos de los países miembros de la OTAN, realizado por el International Institute for Strategic Studies, comparados con el gasto español, muestran que para colocarse al mismo nivel, el aumento del gasto de defensa se situaría entre un 30 % y un 40 % sobre el grado actual.» Y esto se producía en un momento en el que la coyuntura económica exigía reducir el gasto público, especialmente el calificado de no productivo, para salir de la crisis.

Para Fernando Morán, ex ministro socialista de Asuntos Exteriores, la decisión de la Unión del Centro Democrático de ingresar en la OTAN había sido una maniobra claramente ideológica, explicada en función de la defensa de unos intereses muy concretos: «en primer lugar, los de la potencia rectora del mundo capitalista, que ha encontrado en la adhesión de España el modo de satisfacer ciertos intereses propios; y, en segundo lugar, los de la derecha española, que encuentra en la adhesión a la OTAN no tanto establecer un sistema de defensa más adecuado para España, sino la garantía de la derechización del país y el mantenimiento de los intereses socioeconómicos y políticos que, establecidos en la situación anterior, han cobrado nueva y modernizada versión bajo la forma democrática neoliberal del nuevo régimen».¹¹

La finalidad de defender la organización neoliberal de la sociedad estaba perfectamente clara, tan clara como la necesidad de un enemigo para cohesionar los esfuerzos de los aliados. El catedrático de la universidad norteamericana de California Herbert Marcuse ya había denunciado la importancia de una amenaza exterior, de un enemigo compartido, para reforzar el sistema. «Movilizados contra esta amenaza —escribe el filósofo— la sociedad capitalista muestra una unión y una cohesión interna desconocidas en etapas anteriores de la civilización industrial. Es una cohesión que descansa sobre bases muy materiales: la movilización contra el enemigo común actúa como un poderoso estímulo de la producción.» Walter Shell, ex presidente de la República Federal Alemana, en el transcurso de un coloquio celebrado en Madrid en 1984, definió a la OTAN, en cuanto forma de organización de la Alianza Atlántica, como una «formación política». La estrategia de la defensa contra peligros cada vez más inciertos es solamente un burdo pretexto para alcanzar otros fines claramente colonizadores. Los dirigentes socialistas españoles tenían muy claro la naturaleza de la organización controlada por Norteamérica y los objetivos perseguidos.

La evolución de los acontecimientos, sin embargo, revela la fuerza de las presiones a que fue sometida la clase política de nuestro país, uno de los puntos más oscuros de toda la transición española. Norteamérica jugó bazas muy poderosas contra quienes se oponían a convertir al Estado español en un simple satélite al servicio de intereses ajenos. Con la llegada del PSOE al poder tras la victoria electoral se pone en marcha una difícil operación, con una estrategia sabiamente calculada, para reconvertir la rotunda oposición a ingresar a la OTAN en un «sí» democrático, amistoso y dócil. Había que convencer a un sector mayoritario y fuertemente concienciado que lo mejor para los intereses norteamericanos era también lo mejor para España. De momento se encerró bajo siete llaves la promesa inicial: sacarnos de la OTAN utilizando el mismo procedimiento que sirvió para vincularnos, la mayoría simple.

En unas declaraciones publicadas en el semanario Tiempo el 13 de septiembre de 1984, Fernando Morán, entonces ministro de Asuntos Exteriores, se confesaba partidario de que nuestro país abandonara la Alianza Atlántica. Felipe González, presidente del Gobierno, desautorizó a su ministro: «el jefe de la diplomacia española sabe que nuestra postura al respecto es favorable al mantenimiento de la situación que existía en el momento de llegar el PSOE al Gobierno, esto es, la permanencia en la OTAN con una integración limitada en la estructura militar». Fernando Morán, partidario de que los intereses españoles prevalecieran sobre los norteamericanos, no tardó en ser relevado en el ministerio por Fernández Ordóñez, decidido defensor de la pertenencia de nuestro país a la OTAN. La embajada norteamericana en Madrid realizó todo tipo de presiones para cambiar al ministro español de Asuntos Exteriores. Incluso divulgaron una serie de chistes leperos para desprestigiar intelectual y políticamente a uno de los ministros más preparados del gabinete. Washington y Bonn fueron informados antes que el propio interesado del cambio gubernamental. A finales de mayo de 1985, según cuenta en sus memorias el propio Fernando Morán, en una entrevista que mantuvo con Von Weizsäcker, presidente de la República Federal Alemana, el alto dignatario germano le dijo: «Ministro, es usted extremadamente amable. Está usted dedicándome su tiempo cuando están ustedes en momentos de crisis ministerial.» El ministro español le respondió que era posible que se produjeran cambios. «Sí hay cambios —dijo el presidente alemán— y usted lo sabe. El presidente González, quien me ha recibido, me lo ha dicho. También me ha dicho que usted será sustituido por el presidente del Banco de España.» Entonces Guido Brumer, embajador alemán en Madrid, le aclaró: «por el presidente del Banco Exterior». Se referían a Fernández Ordóñez. Así se enteró Fernando Morán de su cese.

Pocos parecían estar en los entresijos de lo que se estaba cociendo en las sombras. En los primeros días del mes de junio de 1984 se celebra en Madrid el XXXIII Congreso de la UGT, el sindicato socialista. Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, asegura que los socialistas cumplirán todas sus promesas electorales. «Y además os digo —concretó— que el Gobierno, aunque muchos no lo crean, va a realizar un referéndum para la salida de España de la OTAN, como quieren los españoles.» Después reconoció que todos los sondeos realizados hasta ese momento demuestran que los ciudadanos, incluidos muchos votantes de Alianza Popular, están en contra de la presencia de nuestro país en la OTAN. Casi al mismo tiempo que resonaban y eran calurosamente aclamadas las palabras del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, ministro de Defensa, prometía ante el Comité de Planes de Defensa de la OTAN que España no iba a dar un paso atrás en el camino emprendido por el último Gobierno de la UCD. «La posición española —aclaró el ministro español a los representantes de la Alianza Atlántica— es inequívoca: somos aliados fieles y vamos a estar, en cualquier situación, al lado de los que defienden los valores de la libertad.»

De la promesa inicial de utilizar la mayoría parlamentaria se pasó a la celebración de un referéndum para abandonar la organización y finalmente a una consulta electoral en la que se pide a todos los ciudadanos el voto afirmativo. Pero pronto aparecen las posturas contrarias a la celebración del plebiscito. Las encuestas eran terminantes. La mayoría de los españoles se manifestaba contraria a la integración de su país en la OTAN. El Centro Superior de la Defensa Nacional, organismo directamente dependiente del ministerio de Defensa, difunde un artículo del contralmirante Jesús Salgado Alba, secretario del Instituto de Estudios Estratégicos, defendiendo tesis contrarias a la celebración de la consulta popular. «El voto del referéndum —sostenía el alto mando militar— va a decidir el futuro de nuestra Patria dentro del concierto internacional, quizás para varias décadas. Y no sería prudente dejarlo a la sola influencia de unas cuantas pintadas y unas escaramuzas. La promesa electoral del PSOE de celebrar un referéndum para que los españoles decidiéramos por nuestra cuenta y riesgo la solución del trascendental problema de España-OTAN fue, entre otras cosas, un acto de inmensa, quizás desbordante, generosidad del PSOE para con nosotros, ya que supone poner en nuestras manos una decisión que requiere profundos conocimientos de política exterior, política de defensa, geopolítica, geoestrategia, economía, táctica, logística y otras muchas y variadas ciencias.» En diciembre de 1983 el ministerio de Defensa ya había distribuido una ponencia del general Munilla, secretario general de política de defensa, en la que se afirmaba que «la situación mundial y la europea, no son propicias para que España pueda plantear un referéndum sin que ello pueda afectar desfavorablemente a la defensa de Occidente». El viejo argumento antidemocrático basado en la ignorancia del pueblo para negarle su participación en el proceso de toma de decisiones, fue resucitado para oponerse a la celebración de la consulta nacional. Solamente las élites son capaces de decidir lo que más nos conviene. Pero la postura contraria al referéndum no es exclusiva de los militares. Cualificados dirigentes de la derecha tradicional, con Manuel Fraga a la cabeza, adoptan la misma actitud en coherencia con su línea ideológica. El ingreso en la Alianza, como señalaba Fernando Morán, suponía una garantía para la derechización política del país y una vacuna contra las tentaciones izquierdistas. Más significativo es el cambio de posición de muchos dirigentes socialistas. Luis Solana, ex portavoz del PSOE en el Congreso y diputado durante tres legislaturas, rechaza también el compromiso electoral. «Me da la impresión —dijo durante una conferencia pronunciada en la Sociedad de Estudios Internacionales— de que se está poniendo en duda de que el Parlamento sea suficientemente representativo para abrir el debate OTAN sí, OTAN no, o con quién nos aliamos. ¿Por qué no se puede hacer un debate parlamentario y dejar ya el planteamiento del referéndum?»

A pesar de los esfuerzos realizados desde el poder y desde la oposición conservadora para reorientar la opinión pública, las encuestas seguían registrando una clara mayoría a favor de la salida de nuestro país de la Alianza Atlántica. En el verano de 1984 los partidarios del abandono superaban todavía en once puntos a los defensores de la permanencia. La enorme presión realizada desde el poder y la intensa propaganda van rebajando poco a poco las diferencias entre ambas fuerzas —en la encuesta anterior la ventaja de los partidarios del no era de diecisiete puntos— pero las matemáticas contables constituían todavía un riesgo para quienes se comprometieron a anclar nuestro país en la OTAN. Según los datos de las prospecciones sociológicas, estaban mayoritariamente en contra de la OTAN los menores de veinticinco años, los parados, los cuadros medios, los censados en las ciudades de más de un millón de habitantes, los votantes de izquierda, los nacionalistas progresistas y los no creyentes.¹² En marzo de 1985 el 53 % de los españoles era contrario a la permanencia de España en la OTAN. Solamente un 19 % deseaba continuar en la Alianza Atlántica. Un 46 % de los partidarios del abandono estaban dispuestos a seguir firmes en su posición aunque el propio Felipe González le pidiese el sí.

Ante los peligros que representa la consulta plebiscitaria y los contratiempos electorales que supondría el incumplimiento de una promesa fundamental, se buscan salidas en las que todos puedan salir airosos. En los despachos del poder las cabezas pensantes estudian soluciones. Cobra consistencia una corriente partidaria de formular a los ciudadanos la siguiente pregunta: «¿Aprueba usted la política de defensa nacional del Gobierno, que define la no incorporación a la estructura militar de la OTAN, manteniendo la adhesión al Tratado de Washington?»Tan pronto como la información se filtró a la prensa, tal vez por conocer directamente la reacción de la opinión pública, surgieron los desmentidos desde los despachos del poder. Sin embargo unas declaraciones realizadas por el presidente Felipe González a la televisión holandesa apuntaban en parecida dirección: «El pueblo español —puntualizó— conocerá cuál es la posición del Gobierno y, por tanto, se tendrá que pronunciar a favor de la política del Gobierno o en contra de la política del Gobierno.» Las reacciones no se hicieron esperar. Manuel Jiménez de Parga, catedrático de derecho político, dijo que la pregunta del referéndum, por exigencias democráticas, debía ser «clara y formulada de tal modo que no deje fuera la solución óptima para muchos». Además la campaña tendría que dar igualdad de oportunidades a todas las opciones posibles, con un reparto de los espacios en los medios de comunicación equitativo y justo.

Norteamérica, por su parte, ve con satisfacción la evolución de los acontecimientos. El prestigioso The New York Times, el 1 de junio de 1984, escribió que «en un cambio gradual y significativo el Gobierno socialista de España parece que ha renunciado a la idea de salir de la OTAN y está haciendo acopio de argumentos para seguir siendo miembro». Repasaba el diario norteamericano la actitud claramente opuesta al ingreso en la OTAN manifestada por el PSOE en mayo de 1982, su programa electoral y la posterior congelación del proceso integrador. Las autoridades norteamericanas dan por hecha la plena incorporación de nuestro país. «España —declaró William Arkin, miembro del Instituto de Estudios Políticos de Washington— está siendo tratada como un país miembro de la OTAN. Por el hecho de tener bases norteamericanas tiene que pagar el precio de aceptar armas nucleares en su territorio. Ser miembro de la OTAN es como ser colaborador de la carrera nuclear.» Reconoce Arkin haber visto documentos sobre planes de los Estados Unidos para instalar misiles en la península en tiempos de guerra, concretamente, 32 misiles B-57, llamados de carga profunda, serían instalados en la base de Rota por orden directa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica «si la guerra estallara». La medida se tomaría sin contar con el Gobierno de Madrid. Resulta ridícula la fingida sorpresa del Gobierno español ante las intenciones de Washington de instalar 32 bombas nucleares del tipo D-57 en aviones de guerra antisubmarina P-3 Orión. «El gobierno español —escribió Ignacio Aranguren— tenía conocimiento de tales planes, pero los mantuvo en la oscuridad ante el Parlamento y la opinión pública.»¹³

La salida airosa del laberinto de contradicciones en las que se había metido el PSOE resultaba cada vez más difícil. El 23 de octubre de 1984, un mes antes de la fecha anunciada para el inicio del XXX Congreso del Partido Socialista Obrero Español, en el transcurso de un debate parlamentario sobre el «estado de la nación», Felipe González propuso un diálogo a todos los partidos del arco parlamentario «para el diseño de una política española de paz y seguridad que tenga el respaldo de toda la nación». Las fuerzas políticas rechazaron la oferta socialista. Los partidos de la derecha se frotaban las manos de satisfacción ante el berenjenal en que se había enredado el PSOE por desconocer el poder real del Pentágono norteamericano. Ningún miembro de la OTAN consiguió liberarse de los compromisos contraídos. España no iba a ser la excepción. Desde que el mundo es mundo los tratados internacionales solamente comprometen a los países más débiles.

Los militantes socialistas se resistían a cambio de posiciones con respecto a la Alianza Atlántica. El Congreso del PSC-PSOE, los socialistas catalanes, constituyó una seria advertencia al poder. La oposición a la permanencia en el seno de la OTAN fue mayoritaria. Los reunidos en Barcelona afirmaron que «continuaba siendo una aspiración de los socialistas catalanes la total desaparición de las bases extranjeras en territorio español»; se reivindicó «la disolución de los pactos militares y las alianzas bélicas y el establecimiento de unas relaciones internacionales basadas en las relaciones pacíficas entre todos los Estados»; se reconoció que «la democracia en nuestro país debe ser la expresión de nuestros deseos colectivos sin necesidad de guardianes»; se pidió «una política consecuente de no alineamiento con ningún bloque militar»; finalmente «se exigió una política de clara oposición a la OTAN». Las reivindicaciones de los socialistas catalanes alarmaron a los dirigentes de Madrid y se apresuraron a enviar a dos consejeros especialmente cualificados —Narcís Serra, ministro de Defensa, y Ernest Lluch, ministro de Sanidad— para sofocar el fuego antiatlantista antes de que se propagara al Congreso que se iba a celebrar en la capital de España. Largas noches de vigilia fueron consumidas en reuniones celebradas con intención de suavizar las exigencias de las bases. «Nos pareció que la formulación más sensata, más deseable —declaró Raimon Obiols, secretario general del PSC-PSOE— era ir al congreso federal con una posición clara sobre la salida de la Alianza, expresando así la voluntad mayoritaria de nuestro partido, pero, al mismo tiempo, con una actitud expectante y reflexiva en torno al debate que se producirá en el congreso federal, y donde los elementos introducidos en las propuestas del Presidente del Gobierno serán, sin duda, un factor importantísimo.»¹⁴ A pesar de mantenerse firmes en el «no» a la OTAN, se comprometieron a defender lo que mayoritariamente decidiera el XXX Congreso del PSOE.

Ante esta perspectiva se redoblaron los esfuerzos para evitar que el congreso que se iba a celebrar próximamente en Madrid escapara al control. También la corriente Izquierda Socialista defendía con firmeza sus tesis favorables a la salida inmediata de la Alianza Atlántica. La ponencia de síntesis, texto básico de los debates, estaba redactada en un tono de ambigüedad para limar aristas entre las posiciones enfrentadas. «Dado que la seguridad europea —se decía en el texto— nos afecta directamente y no concurren hoy las circunstancias que pudieran justificar una política de aislamiento de España, se valorará la contribución española necesaria para la seguridad europea.» Ya nadie hablaba de la votación parlamentaria para salir de la OTAN por el mismo procedimiento seguido para comprometernos. Se consideraba que el referéndum debería convocarse «en la fecha que el Gobierno estime más oportuna, en función de las circunstancias nacionales e internacionales». Mientras Felipe González, en el solemne discurso inaugural del Congreso, aseguró que «el pueblo español es soberano para estar o no en la OTAN», ya que «no existen limitaciones a nuestra voluntad», Nicolás Redondo, secretario general de la UGT, reconoció que «la OTAN es una imposición de los Estados Unidos».

El ala izquierdista del PSOE, huérfana de cualquier tipo de presión exterior, solamente podía librar pequeñas escaramuzas ante el poder de la burocracia del partido. De los 769 congresistas participantes, 474 desempeñaban cargos en la Administración del Estado o en los Ayuntamientos. Escribió Fernando Morán que «el ambiente era claramente hostil al ingreso en la OTAN y aún a continuar siendo parte del Tratado de Washington; pero el control de la organización era, como siempre, muy eficaz». Pese a todo, Felipe González tuvo que implicarse directamente en la Comisión de Exteriores del partido para salvar una votación contraria a las tesis oficiales. A pesar de su carismática influencia, tan sólo cinco votos derrotaron a la propuesta que exigía que el PSOE hiciera campaña activa contra el ingreso de España en la OTAN. José de la Borbolla, dirigente socialista de Andalucía, pronunció una frase lapidaria: «no hay más cojones que estar en la OTAN». A veces el lenguaje desenfadado de la calle es más elocuente que los solemnes discursos oficiales. La resolución oficial fue aprobada por 412 votos; 126 congresistas se manifestaron en contra y 42 se abstuvieron. Las reacciones favorables a los acuerdos del congreso de los socialistas españoles fueron inmediatas. En Bonn no dejaron de subrayar el evidente paralelismo entre el Congreso del PSOE y el celebrado por el SPD en Berlín en 1979, cuando el canciller Smidt impuso sus tesis favorables a la organización atlántica tras pasar largos años oponiéndose a la OTAN. «Felipe González —escribieron— al igual que entonces Smidt, ha sacado adelante su postura favorable a la OTAN.» Claro que entonces Alemania estaba ocupada por las potencias aliadas y España era en aquella ocasión un país democrático y constitucionalmente libre y soberano. Pero las presiones eran igualmente poderosas. Washington no podía admitir que una nación como España se saliera del redil de la OTAN. Existía el peligro de que otros Estados siguieran su ejemplo. Argumentaban serias razones para oponerse a la celebración de un referéndum. Una encuesta realizada entre los países miembros de la Alianza Atlántica por los servicios de información norteamericanos, mantenida en riguroso secreto, revelaba resultados contrarios a los intereses de Washington en todas las naciones en que tuviera lugar una consulta plebiscitaria.¹⁵ El propio Henry Kissinger reconoció que incluso en los Estados Unidos se perdería un referéndum de esta naturaleza. El miedo de las élites a la democracia no es una fantasía. Altos dirigentes socialistas comienzan a sintonizar también con los criterios de la Casa Blanca. Narcís Serra, ministro de Defensa, y Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores, toman también partido en contra de la consulta popular. Barrionuevo, Solchaga, Almunia y Miguel Boyer se alinean en la misma postura. Más claro es García Damborrenea: «la incorporación de España a la OTAN es ya un hecho irreversible, no tiene ningún sentido celebrar un referéndum». ¿No habíamos quedado en que éramos soberanos para decidir nuestro futuro?

No se regatearon esfuerzos para convencer a la opinión pública. En el mes de mayo de 1985 se crea una comisión especial, integrada por miembros cualificados del partido socialista y por intelectuales ideológicamente próximos, para elaborar un documento destinado a destacar los beneficios derivados para nuestro país de la incorporación a la OTAN. El texto, de unas setenta páginas de extensión, se limitaba a recoger y a exaltar el decálogo sobre seguridad y defensa propuesto por el presidente del Gobierno en el último debate sobre el estado de la nación. En ningún momento se menciona la palabra «OTAN» sino que se utiliza la denominación de «Alianza Atlántica», argucia esgrimida durante toda la campaña a favor del voto afirmativo. Por esas mismas fechas, durante un viaje a Estocolmo para asistir a la Conferencia de Desarme, Felipe González, en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las razones de su cambio de actitud, dijo que «había sido el resultado de maduración durante los contactos internacionales siendo ya jefe del Gobierno». Parece ser que fue entonces cuando conoció la fuerza de las presiones, directas o indirectas, de Washington. En otoño de 1985 el presidente del Gobierno español realiza un viaje a los Estados Unidos para despejar temores sobre los resultados del referéndum, cuestión que preocupaba seriamente al Pentágono. «Estados Unidos ha manifestado su satisfacción —decía El País— por el resultado de las conversaciones mantenidas con Felipe González durante la visita privada, en la que habló unos minutos con Ronald Reagan.»¹⁶

El 3 de octubre de 1985 Felipe González se entrevista con Manuel Fraga Iribarne, líder de Alianza Popular, en el despacho del presidente del Congreso de Diputados, Gregorio Peces-Barba, para pedirle el apoyo durante la campaña. Dos días más tarde Oscar Alzaga manifestó en Barcelona la disposición del partido de la derecha española a pactar un acuerdo para «neutralizar políticamente el desgaste del Gobierno socialista en el caso de que no se celebre un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN». Creía Alzaga que Felipe González se movía en un terreno difícil tras «las declaraciones efectuadas en sus recientes visitas a los Estados Unidos de Norteamérica y a la República Federal Alemana». Durante esos viajes se había comprometido a conseguir un resultado favorable para los intereses de las grandes potencias en la consulta popular a los ciudadanos españoles.

Para lograr la victoria del sí en el referéndum no se regatearon medios. La televisión pública se volcó en una campaña a favor de la incorporación a la Alianza Atlántica. No hubo igualdad de oportunidades para las dos opciones. Incluso se montaron empresas para encubrir las aportaciones de la gran banca y las multinacionales. Las Juventudes Socialistas y la Unión General de Trabajadores se desmarcaron de las posiciones oficiales. El 12 de marzo de 1986, tras una dramática intervención de Felipe González ante las cámaras de televisión, los españoles acuden a votar. Los resultados fueron ajustados: votó sí el 52,50 % de los electores; no, el 39,85 %. El 40,58 % de los censados prefirió no participar.

El desenlace final de la comedia de las equivocaciones se había escrito hace tiempo. Todo estaba atado y bien atado. El propio presidente norteamericano tomó cartas en el asunto. En Lisboa el 9 de marzo de 1986, con motivo de la toma de posesión como presidente de Portugal de Mario Soares, Felipe González se entrevistó con George Bush. El político norteamericano preguntó al líder socialista español cómo iba el referéndum. Felipe le precisó que no solamente tenía problemas con la posición de la izquierda sino también con ciertos sectores de la derecha. «El señor Fraga Iribarne —dijo el presidente español— está intentando convertir el referéndum en una operación de castigo al Gobierno, por lo que preconiza la abstención.» Bush, perplejo, tomó unas notas en su agenda y prometió llamar a Fraga para hacerle cambiar de opinión. Incluso se había previsto la posibilidad de no acatar los resultados de la consulta popular en el caso de que no fuera favorable al ingreso a la OTAN. En el transcurso de un encuentro con los periodistas Felipe González puntualizó «que podía no acatar el resultado del referéndum si la participación no era alta». Miquel Roca, portavoz del grupo de Minoría Catalana, defendió la tesis de que sacar a nuestro país de la OTAN, en caso de que triunfase el no en el referéndum, podía ser inconstitucional dado el carácter meramente consultivo que la Constitución le reconoce. El diplomático Javier Rupérez fue más tajante: «España no saldrá de la OTAN pase lo que pase.» Ya desde los bancos de la UCD el embajador le había dicho a Felipe González: «en el caso de que en 1983 ganaran los socialistas, tendríamos elecciones; lo que no dice el señor González es cuál sería la posición del Gobierno, que él precisamente encabezaría en este caso hipotético, y cuál sería el consejo que él, como responsable de determinado gobierno, ofrecería al pueblo español». Para José Luis Álvarez, ex ministro y ex alcalde de Madrid, el referéndum era un engaño «porque, cualquiera que sea el resultado, España no va a salir de la OTAN». El pronóstico no era difícil. Ya en el mes de octubre de 1981, durante una visita oficial del rey don Juan Carlos de Borbón a los Estados Unidos, coincidiendo con el inicio de los debates parlamentarios sobre el ingreso en la OTAN, en un encuentro celebrado en el despacho Oval de la Casa Blanca, el monarca español prometió al presidente norteamericano Ronald Reagan «el anclaje definitivo de España en la OTAN». Fueron testigos del compromiso el ministro español de Asuntos Exteriores, Pérez Llorca, el general Sabino Fernández Campos y los colaboradores del presidente norteamericano. Al finalizar la entrevista, el presidente de los Estados Unidos proclamó ante los periodistas al Rey de España como «campeón de la democracia». La OTAN había colonizado, desde el punto de vista geoestratégico, el último país de Europa Occidental. El imperio era cada vez más global.

Las guerras de la OTAN

Desde que el mundo es mundo todas las guerras, la expresión más directa y brutal del fracaso de la democracia como medio de resolución pacífica de los conflictos, ocultan intereses muy lejanos a los confesados públicamente. En la contienda desencadenada para la desmembración de la antigua Yugoslavia, la primera guerra abierta de la OTAN, se ha pretendido presentar a la alianza militar como una especie de organización filantrópica, movida exclusivamente por resortes solidarios y caritativos para proteger a una población indefensa. La intervención de la llamada «comunidad internacional» se realizó en teoría para evitar un genocidio que se estaba cometiendo por el tirano de Belgrado contra una parte de la población de la antigua federación balcánica. Sin embargo, los resultados no pudieron ser, en el aspecto puramente humanitario, más desalentadores. «El coste del sufrimiento humano en todos los bandos —escribió a este propósito el profesor de la Universidad de Columbia, Edward Said— ha sido terrible y tanto en lo que respecta a la tragedia de los refugiados como a la destrucción de Yugoslavia, no habrá compensación ni remedios sencillos por lo menos durante una generación, si no más.»¹⁷ El odio generado, los deseos de venganza de unos y otros, ha acabado con toda posibilidad de convivencia pacífica entre las distintas comunidades en conflicto. Los bombardeos de la OTAN sobre Kosovo contribuyeron a incrementar el éxodo de una gran parte de la población y a intensificar tanto las acciones terroristas del ELK como la represión del ejército serbio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reconoció que entre julio y agosto de 1999 había huido de Kosovo el 95 % de los 200.000 serbios y gitanos que hasta entonces habían convivido con los albanokosovares. Desde que se iniciaron los bombardeos de la OTAN el 24 de marzo de 1999 abandonaron la provincia 750.000 albaneses. Lord Peter Carrington, secretario general de la Alianza Atlántica de 1984 a 1988, manifestó que, a su juicio, la campaña de ataques aéreos desencadenó la represión contra la población albanokosovar. «Creo que fueron los bombardeos —declaró— los que han provocado la limpieza étnica. No han hecho más que empeorar las cosas.»¹⁸ Los contraproducentes efectos de las incursiones aéreas de la OTAN han sido criticados también por otros conocidos comentaristas. «Tan pronto como comenzaron los bombardeos —escribió Norman Mailer— las atrocidades de Milosevic se multiplicaron por 10 o por 20 con respecto a todo lo que hubiera podido haber perpetrado anteriormente. Y, sin embargo, ese caos y ese horror se verían multiplicados por el horror que la OTAN estaba infringiendo a los serbios. Después de todo, el serbio de a pie tenía tan poco que ver con la guerra como el equivalente kosovar. El caos, por tanto, se sumó al caos. Y no había ningún plan militar para poner fin a la guerra.»¹⁹ Según un informe de la Human Rights Watch (HRW) hecho público el 24 de marzo del 2000, entre 488 y 527 civiles perdieron la vida en 90 incidentes durante los 78 días de bombardeos de la OTAN. El número de bajas es cuatro veces superior al reconocido por las fuentes oficiales de la organización atlántica y muy inferior a los 5.000 muertos lamentados por el Gobierno de Belgrado. Las razones de la elevada mortalidad civil, según el mentado informe, tienen diversas causas: el uso de bombas de racimo junto a núcleos habitados; el ataque contra objetivos militarmente irrelevantes; la falta de advertencias previas a la población civil y las escasas precauciones adoptadas para evitar daños colaterales cuando se atacaban objetivos móviles. 33 de los 90 ataques aéreos se produjeron contra áreas densamente pobladas. La utilización de las llamadas bombas de racimo se ha podido confirmar en 9 casos concretos y han ocasionado entre 90 y 150 muertos, a pesar de estar expresamente prohibidas por las Naciones Unidas. El informe acusa a la OTAN de violar el Derecho Internacional Humanitario y solicita el nombramiento de una comisión «independiente e imparcial» capacitada para recibir información confidencial y llegar a conclusiones sólidamente fundamentadas para conocimiento de la opinión pública. Los bombardeos se realizaron desde alturas superiores a los 5.000 metros con objeto de garantizar la inmunidad de los pilotos, lo que dificultaba el acierto a la hora de atacar objetivos militares. A pesar del carácter supuestamente humanitario, O’Shea, portavoz de la OTAN, admitió que no pudieron lanzar víveres con paracaídas a una masa de albanokosovares hambrientos «ya que hacerlo conllevaría un gran peligro para los pilotos». No se podía arriesgar la integridad física de quienes luchaban en el bando de los buenos, aunque se tratara de remediar las calamidades de masas hambrientas. Mientras que la Alianza no había sufrido ninguna muerte, cada día morían más soldados y civiles serbios, incluso civiles albanokosovares. No existió lucha, sino operaciones de castigo sin distinguir entre culpables o inocentes. Las incursiones militares aéreas se parecían a ejercicios de tiro al blanco practicados con control remoto, sin riesgo real para sus protagonistas. Pero a cuanta más altura se volaba más posibilidades existían de errar y ocasionar víctimas civiles.

Incluso se ha llegado a cuestionar la existencia de un auténtico genocidio. Un equipo de expertos españoles integrado por funcionarios experimentados de la policía científica y médicos forenses civiles, dirigidos por López Palafox y Pérez Pujol, no logró encontrar pruebas de haberse cometido actos de genocidio tras una minuciosa investigación realizada en la zona norte de Kosovo, el lugar donde habían abundado las denuncias sobre los abusos cometidos por las tropas de Belgrado. Los 197 cadáveres analizados en 9 poblaciones estaban enterrados en fosas individuales y orientados en su mayoría hacia La Meca para respetar las creencias religiosas de los musulmanes. Tampoco aparecieron señales de haber sido sometidos a torturas. «Nos dijeron que íbamos a la peor zona de Kosovo —declaró el director del Instituto Anatómico Forense de Cartagena— que nos preparásemos para practicar más de 2.000 autopsias y el resultado fue bien distinto: sólo encontramos 187 cadáveres.»²⁰ Hasta mediados de marzo de 1999 en los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sobre la situación en Kosovo no consta «ninguna persecución política contra la presencia étnica albanesa». Basados en los datos oficiales existentes, los tribunales de justicia germanos denegaron la petición de asilo a los albaneses huidos que alegaban motivos políticos para emigrar a Alemania. Sólo dos semanas antes de iniciarse los bombardeos los informes oficiales reconocen que la situación en Kosovo ha cambiado radicalmente, pero no por la actitud de Belgrado, sino debido a los incidentes desencadenados por «ataques del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y su entorno con el empleo de métodos terroristas». Ramush Haradican, primer ministro de Kosovo, fue acusado formalmente el 10 de marzo del año 2005 de 38 crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos entre 1998 y 1999 cuando ejercía como jefe del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). Dicha guerrilla, según la denuncia judicial, se había dedicado a perseguir, torturar, violar y asesinar a civiles serbios. Según la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) se había creado «una asociación criminal para expulsar a los serbios de la zona de Kosovo», es decir, todo lo contrario de lo que nos habían dicho los promotores de la ocupación militar. El Tribunal Supremo de Kosovo, compuesto por dos jueces internacionales y un tercero albanés, que emite sus sentencias bajo la jurisdicción de la ONU, sentenció, una vez terminada la contienda armada, que «los excesos cometidos por el régimen de Milosevic no pueden ser considerados como actos criminales de genocidio, puesto que su intención no era la destrucción del grupo étnico albanés, sino forzarlo a marcharse de Kosovo».

Aunque solamente se acusó de genocicio a las autoridades de Belgrado, resulta que de las 100.000 víctimas de los abusos cometidos, más de 35.000 eran serbios. La caída y castigo de Slobodan Milosevic fue desde un principio un objetivo prioritario de la intervención de la OTAN en la antigua Yugoslavia. Su autoritarismo y sus abusos, sin embargo, no constituían, a los ojos del observador imparcial, motivo suficiente para considerarlo como el enemigo público número uno de la democracia en los Balcanes. Por ejemplo, el líder de Croacia y aliado occidental, Franjo Tudjman, era conocido por su racismo y su mal disimulado filonazismo. Admirador confeso de Hitler y del general Franco, no ocultó nunca su ideología. «Como católico —declaró en una ocasión— mi Dios no me permite asesinar, pero matar a los serbios no es un crimen.» También daba gracias al Sumo Hacedor porque su mujer «no era serbia ni judía». Croacia, durante la última contienda mundial, fue el único Estado nazi, aparte la Alemania de Hitler, que existió en Europa y practicó el genocidio en campos de exterminio contra serbios ortodoxos, judíos y gitanos. En la actual bandera de Croacia continúan los colores de la época nazi. Tudjman, hasta el momento de su muerte por enfermedad natural, siempre se mostró orgulloso de ese pasado. Carrington, mediador internacional cuando se inició la desintegración de la república yugoslava, consideró que Milosevic no era más criminal de guerra que Franjo Tudjman, «que había limpiado de Krajima a más de 200.000 serbios». El embajador norteamericano Richard Holbrooke también denunció el empleo por los croatas de procedimientos similares a los aplicados por sus adversarios y destacó el profundo odio de Tudjman hacia los bosnios musulmanes.²¹ Asimismo, el llamado Ejército de Liberación de Kosovo, otro de los aliados de la OTAN, cometió frecuentes actos de terrorismo e incluso bandas albanokosovares realizaron en nuestro país robos por el procedimiento del butrón para financiar las actividades del ELK.

Wesley Clark, comandante supremo de la OTAN en Europa, justificó el inicio de los bombardeos debido a que Milosevic «se apartó de los acuerdos de paz». Se aseguró que Belgrado se negara a firmar las propuestas de Rambouillet porque «comportaba la presencia de las fuerzas de la OTAN en Kosovo». Pero había más, mucho más. Los planteamientos de la llamada comunidad internacional no podían ser aceptados por ningún gobernante medianamente consciente de sus obligaciones. Pusieron a Belgrado entre la espada y la pared, para poder justificar la intervención armada. Los responsables se preocuparon de no divulgar el texto propuesto para la firma por las partes en conflicto. Ha sido la eurodiputada italiana Luciana Castellina quien lo ha sacado a la luz pública. «Lo redactado en Rambouillet —concluyó— significa la completa ocupación militar de Serbia y Montenegro. Y no por unas cuantas semanas, sino por tiempo indeterminado, puesto que en el acuerdo se dice que tres años después de su firma se celebrará una conferencia internacional para estudiar un mecanismo orientado a definir el estatus de Kosovo en base a la voluntad del pueblo.»²² El artículo 8 del apéndice B prescribía que «el personal de la OTAN, con sus navíos, vehículos, aviones y equipamiento, deberá poder desplazarse, libremente y sin condiciones, por todo el territorio de la Federación de Repúblicas de Yugoslavia, lo que incluye el acceso al espacio aéreo y a sus aguas jurisdiccionales». Se reconoce asimismo el derecho de dichas fuerzas a acampar, maniobrar y utilizar cualquier área o servicio necesario para «el mantenimiento, adiestramiento y puesta en marcha de operaciones de la OTAN». El artículo 7 del Apéndice reconoce una especie de inmunidad penal: «el personal de la OTAN no podrá ser arrestado, interrogado ni detenido por las autoridades de la República Federal de Yugoslavia. Si alguna persona que forma parte de la OTAN fuera arrestada o detenida por error deberá ser entregada inmediatamente a las autoridades de la Alianza». Por el contrario, las autoridades de la OTAN quedarían autorizadas «para detener a personas y a entregarlas lo más rápidamente posible a las autoridades competentes». No se fijaban plazos máximos para el tiempo de duración de la privación de libertad ni se especificaba quiénes eran las «autoridades competentes» a disposición de las cuales había que poner a los detenidos. La OTAN tampoco estaría obligada a pagar «tasas ni impuesto alguno ni a ningún tipo de control aduanero». Los trabajadores contratados por la organización atlántica no estaban sometidos a la legislación laboral vigente en el país. «El personal local empleado por la OTAN —puntualizaba el artículo 20— estará sujeto única y exclusivamente a las condiciones y términos establecidos por la propia OTAN.» Los miembros de la Alianza tenían el privilegio de «utilizar libremente las redes de comunicación, incluso la televisión, y el derecho a servirse del campo electromagnético en su conjunto». Aceptar semejantes condiciones equivalía a convertir el Estado soberano en una colonia sometida a todas las vejaciones y atropellos de las fuerzas ocupantes, tal como sucedió durante las colonizaciones decimonónicas, algo inconcebible en el siglo xxi. No se buscaba una confluencia de voluntades para llegar a acuerdos, sino pretextos para iniciar los ataques y acabar con la Federación balcánica.

Dentro de la orientación general de la política exterior norteamericana existe una tendencia dominante que pretende demostrar, siempre que se presenta la menor ocasión, su superioridad bélica frente a sus potenciales enemigos o a aquellas naciones cuyas economías pretenden desarrollarse al margen del modelo económico que tratan de imponer a escala universal. Esta estrategia se ha intensificado durante la etapa globalizadora del actual nivel histórico. Con la desaparición de la guerra fría era preciso buscar otros argumentos para mantener en funcionamiento a la Alianza Atlántica, pilar fundamental de la política exterior norteamericana desde su creación. El conflicto de los Balcanes constituyó una oportunidad. Desde 1991 las potencias occidentales comenzaron a irrumpir en la República Federal de Yugoslavia fomentando la segregación étnica, religiosa y territorial. En Europa occidental, especialmente en Alemania, funcionaron oficinas de reclutamiento de mercenarios para ir a luchar al lado de los croatas. Pero los esfuerzos para desmembrar, segregar y empobrecer al primer Estado del Este que se enfrentó al estalinismo y logró consolidar su economía, tiene razones económicas más contundentes y directas. En el pensamiento geopolítico norteamericano predomina la preocupación por controlar los recursos naturales del planeta, entre los cuales figura en primer lugar el petróleo. El conflicto balcánico debe situarse dentro de este contexto. Al finalizar la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos consiguen desplazar a la Gran Bretaña del control de los recursos petrolíferos en el Próximo y Medio Oriente. Todos los enfrentamientos bélicos importantes han tenido el petróleo como telón de fondo. Mossadegh, el dirigente demócrata de Irán que se atrevió a nacionalizar el petróleo en 1953, fue depuesto con intervención directa de la CIA para colocar en el poder a una monarquía sumisa. Cuando el presidente Bush, padre, anunció la intervención armada contra Irak invocó el derecho al libre acceso a los recursos vitales como principal motivo, a pesar de que la invasión de Kuwait por Sadam Hussein justificaba plenamente la reacción armada según los principios del derecho internacional. Por primera vez se aplicó el nuevo derecho de las grandes potencias a actuar en caso de producirse «una interrupción en el aprovisionamiento de recursos vitales», principio asumido hoy día por la propia OTAN.

El interés de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico persiguió desde siempre conseguir el control de la industria del petróleo con todas sus consecuencias políticas, económicas y militares; mantener a la desaparecida URSS fuera de la región (apoyo a los talibanes en Afganistán) y proteger a los Estados aliados en la zona. La guerra centro europea ha servido a los Estados Unidos, a través de la OTAN, para avanzar un poco más sus piezas en la partida del gran ajedrez internacional para dar jaque mate a quienes dominan actualmente los enormes recursos petrolíferos del Cáucaso, una de las pocas riquezas energéticas que escapan a su control. El proyecto de extender la Alianza a Hungría, Polonia y la República Checa se orienta en la misma dirección. El petróleo de las costas del mar Caspio, los pozos situados a ambos lados de los montes Urales, en Bakú y en los fondos marinos constituye un botín codiciado por las grandes empresas occidentales. Los informes más pesimistas calculan las reservas de oro negro del mar Caspio entre 17.000 millones y 33.000 millones de barriles, pero no falta quien las sitúa en 250.000 millones. En el fondo de dicho mar existe también una reserva de cinco millones de metros cúbicos de gas. Por el control de dichas riquezas y de las rutas de transporte de gas en la zona se enfrentan los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia. Los países de la región tampoco se ponen de acuerdo en la manera de dividir ese mar interior tan rico en reservas energéticas.

Con Bielorrusia se intentó realizar una operación similar a la desplegada en los países balcánicos, para avanzar un poco más hacia el lejano oriente. Poco a poco se fue preparando el clima adecuado en la opinión mundial. Un editorial del influyente The New York Times, publicado el 29 de julio de 2001, calificaba al régimen político del país como «el último reducto de la tiranía de estilo soviético», a pesar de que su presidente, Alexander Lukashenko, había llegado al poder a través de unas elecciones libres y democráticas. Los portavoces de Washington y la OTAN lo presentaban como «el siguiente Milosevic». El Departamento de Estado norteamericano declaró a Bielorrusia «Estado villano». El embajador norteamericano en Minsk manifestó a la prensa británica que los objetivos y métodos a utilizar en Bielorrusia «son los mismos que empleamos en Nicaragua». La mayoría de los funcionarios diplomáticos desplazados por Norteamérica habían estado estrechamente vinculados con actividades de la CIA. El embajador Michael Kozak tuvo una participación directa en la invasión de Panamá por las tropas estadounidenses. Desde su cargo en Minsk ha contribuido a la creación de 300 organizaciones no gubernamentales dedicadas a operaciones poco claras. El jefe de la misión de la OSCE en Bielorrusia, el alemán Hans-Georg Wieck, ha sido denunciado como «espía profesional a tiempo completo». La OTAN, sirviéndose de la CIA, el MI6 y el BND, no ha regateado esfuerzos por derrocar a Lukashenko, partidario de la unión de su país con Rusia. A pesar de la conspiración, los resultados de las elecciones celebradas el 9 de septiembre de 2001 volvieron a confirmar el apoyo de la mayoría del pueblo a su presidente, incluso dando por ciertas las acusaciones de fraude electoral denunciadas por Occidente. Por algo Jean Pierre Chevènement, en cinco ocasiones ministro del gobierno francés, dimitió en 1991 de su cargo de ministro de Defensa en desacuerdo con la intervención aliada en la Guerra del Golfo por entender que se trataba de una contienda para hacerse con el control de la ruta del petróleo del Cáucaso por los Estados Unidos de Norteamérica. Los objetivos reales no deben sorprender a nadie medianamente familiarizado con la política de la primera potencia mundial.

Bush ha utilizado el petróleo para conseguir adhesiones a su proyecto belicista contra Sadam Hussein. «Francia y Rusia —declaró James Woolsey, ex director de la CIA— tienen empresas petroleras e importantes intereses económicos en Irak. Debemos decirles que si nos ayudan a conseguir que Irak disponga de un gobierno decente, haremos todo lo posible para que las nuevas autoridades de Bagdad cooperen con sus empresas. Pero si se alían con Sadam, será difícil, sino imposible, que el gobierno iraquí trabaje con ellas.»²³ Por su parte, Ahmed Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí, un minoritario grupo opositor financiado por Norteamérica e Inglaterra, prometió, si lo colocan en el poder, que un consorcio formado exclusivamente por firmas estadounidenses será el encargado de poner al día las explotaciones petrolíferas y realizar una revisión completa de las concesiones de explotación. «Las compañías estadounidenses tendrán una gran tajada en el petróleo iraquí», confesó con una sinceridad que ilumina intenciones mantenidas en las sombras y disimuladas por parte de los dirigentes estadounidenses. Comenzaron a repartirse el botín, tal como hacían los piratas filibusteros, antes de apropiarse de él por la fuerza. El poder de Washington ha alcanzado tal grado de hegemonía que no se siente obligado a disimular los objetivos auténticos de las confrontaciones bélicas.

Quizá la característica más definidora de las acciones armadas emprendidas por la OTAN sea el abierto desafío a las leyes del derecho internacional. Actúa como un poder autónomo y soberano. Ya Francisco de Victoria publicó el año 1534 De iure belli, libro que trata sobre el espinoso problema de la legitimidad de la guerra y de las condiciones requeridas para que un conflicto armado merezca el calificativo de justo. El profesor de la universidad de Salamanca sólo admite la legitimidad de la guerra si reúne las siguientes condiciones: ser declarada por la autoridad legítima; existencia de una causa justa, grave y proporcionada a los males desencadenados; haber agotado antes todos los medios para lograr una resolución pacífica del conflicto; respetar el bien común internacional y tratar de que la moderación prevalezca sobre la crueldad y los deseos de venganza. Desde entonces se ha ido desarrollando esta rama del derecho, con aportaciones tan importantes como las realizadas por Kant y Hugo Grocio. En la actualidad existe un sistema de derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y en las sentencias del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. La ONU se creó en 1945 precisamente para evitar los conflictos armados entre los Estados. El apartado 3 del artículo 2 preceptúa que «los miembros de la Organización arreglarán sus contiendas por medios pacíficos de tal manera que no pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia». Es un mandato que obliga a todos los firmantes de la Carta constitucional, sin excepciones. Está terminantemente vetado el uso de la fuerza armada sin la previa autorización del Consejo de Seguridad.

La desviación de la política exterior norteamericana de la legalidad se manifestó abiertamente tanto con el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia Internacional de la Haya que sancionaban sus actuaciones, como en el desprecio de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para resolver el conflicto entre el Estado de Israel y la nación palestina. «Fue durante el mandato de Ronald Reagan en Estados Unidos —escribe Noam Chomsky— cuando el desafío a las leyes internacionales y a la Carta de las Naciones Unidas comenzó a manifestarse abiertamente. La ONU y otras organizaciones habían perdido importancia porque ya no seguían las órdenes de los Estados Unidos, como habían hecho en los primeros años de la postguerra.»²⁴ Cuando se inició el conflicto en la antigua Yugoslavia, el gobierno francés recordó la necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad que autorizara el despliegue de las fuerzas pacificadoras de la OTAN, pero funcionarios del Departamento de Estado insistieron en que «la posición de la OTAN debe ser capaz de actuar independientemente de la ONU». El presidente Clinton marginó de las decisiones sobre los Balcanes no solamente a las Naciones Unidas sino también a la Unión Europea, al Grupo de Contacto y al propio Consejo de Ministros de la Alianza Atlántica.

Recuerda Herrero de Miñón que la Alianza Atlántica, según los artículos 3 y 5 del Tratado de Washington, tiene un área de acción limitada «fuera de la cual las acciones han de responder a la defensa de unos intereses y valores entre los cuales está el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, que consagra el principio de no ingerencia en la soberanía de terceros Estados». Para el catedrático español «la acción emprendida contra Serbia es una agresión —¿o no es agresor el que ataca primero en los términos del artículo 3 de la Resolución 3314 XXXIX?— fuera de su área, contra un Estado soberano, con manifiesta intromisión en sus asuntos internos y correspondiente relación del artículo 2.4 y 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas».²⁵ El apartado 4 del artículo 2 preceptúa que «los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de acudir a las amenazas o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado»; el artículo 2.7 establece que «ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son exclusivos de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligan a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la Carta». Resulta escandalosamente contrario no solamente a los principios del derecho internacional sino incluso a las propias normas por las que se rige la OTAN lanzar ataques aéreos y operaciones terrestres contra un país, Yugoslavia, que no había realizado ninguna agresión contra un país miembro de la Alianza. Tampoco es jurídicamente de recibo alegar como pretexto violaciones de los derechos humanos. Como señala Louis Henkin, profesor emérito de la Universidad de Columbia, la violación de los derechos fundamentales de la persona, desgraciadamente, son demasiado frecuentes, por lo que si se permitiera castigar las infracciones mediante intervenciones armadas prácticamente no existiría ley capaz de prohibir el uso de la fuerza por parte de cualquier Estado contra otro. Nadie está libre de pecado en esta materia fundamental para el funcionamiento de la democracia. No hace falta más que repasar los informes realizados por Amnistía Internacional. La defensa de los derechos humanos debe realizarse siempre utilizando medios pacíficos y democráticos, no dando carta blanca a las actuaciones violentas que perjudican directamente a inocentes y menoscaban uno de los principios fundamentales de nuestra cultura política: la ilegalidad de la guerra y la prohibición del uso arbitrario de la fuerza. Es un contrasentido violar el derecho internacional en nombre de la justicia.

Lord George Robertson, secretario general de la OTAN, con ocasión de la respuesta armada de los Estados Unidos a los criminales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, declaró que Washington no necesitaba presentar pruebas de haberse producido una agresión exterior para poner en funcionamiento el artículo 5 del Tratado. Tampoco estaba obligado a realizar consultas con los otros miembros de la Alianza Atlántica antes de emprender acciones armadas. Incluso han utilizado contra Afganistán las llamadas bombas de racimo, prohibidas por la legislación internacional. Pero uno de los principios fundamentales de la democracia exige el respeto de todos, incluido los gobernantes, a la ley, única garantía que tienen los más débiles para frenar los abusos de los poderosos. Otro requisito para el recto funcionamiento del sistema democrático es la división de poderes. Cuando las mismas personas o instituciones deciden, califican, juzgan, castigan y ejecutan, tal como sucede ahora en el ámbito de las relaciones internacionales por parte de la potencia hegemónica, se están destruyendo los cimientos que sustentan la civilización de la democracia. Como escribió el general prusiano Karl von Clausewitz, «la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios». Pero convendría aclarar que se trata de un instrumento político no democrático, una barbarie. Un gran pozo sin fondo por el cual está desapareciendo nuestra cultura, la civilización de la convivencia pacífica entre hombre y pueblos, la verdadera democracia.

Según el reciente lenguaje oficial de la Casa Blanca la humanidad se enfrenta a «un nuevo tipo de guerra» que requiere nuevos sistemas de actuación. Ya no hay obligación de respetar las viejas leyes internacionales —empezando por la Convención de Ginebra— ni los principios de las Naciones Unidas. La ONG Médicos sin Fronteras (PHR) solicitó «una investigación criminal inmediata bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de la ONU para determinar el número de presos enterrados en Afganistán en fosas comunes, las circunstancias de su muerte y los posibles autores». Se ha denunciado que más de 1000 combatientes talibanes que se habían rendido murieron asfixiados en contenedores herméticamente cerrados, «arañando hasta el último momento las paredes y chupándose mutuamente el sudor para saciar la sed». Existe un informe confidencial redactado por la ONU, según la revista norteamericana Newsweek, en el que se relatan minuciosamente estos atropellos. Tres personas están dispuestas a testificar ante un tribunal internacional que vieron como soldados norteamericanos «torturaban a algunos prisioneros y no hacer nada para impedir la matanza». Washington se ha opuesto a cualquier tipo de investigación para aclarar lo sucedido en la tétrica caravana de la muerte. Unos gobernantes que participan y, en el mejor de los supuestos, encubren tamañas barbaridades carecen de legitimidad para invocar la defensa de los derechos humanos como justificación de sus intervenciones armadas en cualquier país del planeta, según argumentan los responsables de las «nuevas guerras».

Los enfrentamientos violentos de la OTAN responden más a criterios y a fines claramente policiales que a la estrategia tradicional de los conflictos armados entre ejércitos. El desequilibrio de poderes, tanto económicos como en armamento, es tan acusado que convierte las antiguas batallas en operaciones de castigo, en la inmensa mayoría de las ocasiones en puras masacres. Durante la Tormenta del Desierto contra Sadam Hussein por cada baja norteamericana fallecieron 238 iraquíes. La desproporción fue todavía más acentuada durante el conflicto de los Balcanes y la guerra que puso fin a la dictadura de Sadam Hussein. En los dos primeros meses de la lucha contra los talibanes fallecieron más periodistas occidentales que soldados estadounidenses. Los bombardeos se realizan siempre desde alturas que garantizan la seguridad de los agresores. Por primera vez en la historia de la humanidad las bajas civiles superan a las de las fuerzas armadas, tal como sucede cuando las fuerzas de orden público reprimen alguna algarada callejera. Tony Blair aclaró que no se luchaba por territorios, sino por valores. Con respecto a la guerra yugoslava la National Security Directive (NSDD) 123 puntualiza que los Estados Unidos de Norteamérica lucharon «para promover la revolución tranquila que deponga al Gobierno y al Partido Comunista e integre a los países del Este europeo en la economía de mercado». Del mercado global, naturalmente. El principio de no ingerencia en los asuntos internos de un país, proclamado en los principios de las Naciones Unidas, ha sido pisoteado en nombre de supuestos intereses humanitarios. La ardiente defensa de los valores de la civilización occidental, paradójicamente, se realiza vulnerando derechos fundamentales de la convivencia pacífica entre los hombres y los pueblos.

El secretario general de la OTAN, George Robertson, reconoció la urgencia de «reinventar la organización para adaptarla a las exigencias del nuevo siglo». La reacción de los Estados Unidos tras los atentados del terrorismo islámico minimizó el papel de la «gran coalición militar de defensa». Bush actuó por su cuenta en Afganistán y se limitó a pedir ayuda a cada país, prescindiendo de las estructuras y normas de funcionamiento de la organización. Francia fue, en aquella ocasión, el único país europeo que exteriorizó sus recelos contra el manifiesto liderazgo estadounidense. Se trataba de una cuestión de dignidad nacional, de soberanía y de democracia. Un diplomático francés destinado en Bruselas declaró: «Norteamérica no nos necesita para nada y la OTAN sólo sirve para tener alineados y a sus órdenes a los europeos.»²⁶ Washington se permite seleccionar en cada momento, según las circunstancias, a los países con cuya colaboración desea contar.

Mientras tanto, los ejércitos aliados europeos, tras la caída del líder socialista serbio, Milosevic, continúan desempeñando en los países ocupados de los Balcanes funciones meramente policiales. Los militares se dedican a investigar y perseguir el tráfico de armas y drogas, velar por el mantenimiento del orden público interno y vigilar a los grupos islámicos extremistas sospechosos de tener conexiones con el terrorismo antiamericano. Y sobre todo a cortar de raíz los rebrotes políticos socializantes o incompatibles con el mercado y el nuevo orden económico mundial. Algo tan alejado de los teóricos fines defensivos fundacionales de la OTAN como de la naturaleza de los ejércitos nacionales.

En la primavera de 2002 tiene lugar un acontecimiento calificado de histórico por sus protagonistas: en la base aérea italiana de Pratica di Mare, Bush y Putin, en representación de sus respectivos Estados, firman la Declaración de Roma que, entre otros importantes acuerdos, impulsa la creación de un «centro de entrenamiento militar integrado OTAN-Rusia para hacer frente a los desafíos del siglo xxi». Desde el punto de vista geoestratégico equivale a una primera aproximación de Rusia a la comunidad trasatlántica. A la guerra fría le ha sucedido el antiterrorismo caliente. Las antiguas y denostadas «hordas soviéticas» vuelven a alinearse codo con codo con los buenos del planeta, tal como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler. Ahora el enemigo son los países que constituyen el «eje del mal». La plena rehabilitación política tuvo lugar al día siguiente de la firma del solemne documento, el 29 de mayo, cuando los países de la Unión Europea, representados por José María Aznar y Romano Prodi, concedieron a Rusia el rango de «economía de mercado», lo que supone un aval para su posterior ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC), es decir, la integración en el mercado global.

Gracias a los últimos acontecimientos, los Estados Unidos de Norteamérica han tomado nuevas posiciones estratégicas en torno al petróleo en Asia y Transcaucasia. Mueven con maestría las piezas en el gran tablero de los intereses mundiales. El jaque mate parece próximo. Las grandes empresas norteamericanas ya han firmado importantes acuerdos para la producción y la distribución del petróleo controlado por Rusia. La explotación del éxito de la guerra de Afganistán comienza a dar sus frutos. George W. Bush ha decidido convertir la base de Bagram, enclave decisivo en la lucha contra los talibanes, en un centro de operaciones militares con un radio de acción que comprende las antiguas repúblicas soviéticas poseedoras de abundantes recursos energéticos, especialmente gas natural y petróleo. El presidente norteamericano, una vez encerrados a cal y canto los demonios de la guerra fría, confesó que «la OTAN es más necesaria que nunca». Resulta curioso que una organización que nació para hacer frente a la «amenaza soviética» adquiera más importancia precisamente cuando se ha desintegrado la antigua URSS. Lo cierto es que las razones ocultas que parieron su nacimiento continúan plenamente vigentes. Su papel de gendarme del orbe cobra cada día más protagonismo. El terrorismo, chivo expiatorio y criminal de la nueva estrategia, se está rentabilizando con indudable éxito propagandístico. Los recursos del Cáucaso, las reservas de los fondos marinos del Caspio y las entrañas de los montes Urales ya están al alcance de la mano visible que controla y orienta el mercado global.

Con el ingreso de siete países del antiguo bloque comunista europeo en la sesión celebrada en Praga en noviembre de 2002 no solamente se amplía el número de Estados tributarios a la causa occidental, sino que se altera sustantivamente la naturaleza de la Alianza al reconocerse públicamente competencias genuinamente policiales a las fuerzas militares. La ampliación también refuerza el poder de Norteamérica dentro de la organización. Alguien, acertadamente, ha calificado la nueva OTAN como la «legión extranjera de Washington». La industria armamentística norteamericana amplía su mercado a países con notables carencias en artilugios bélicos. Ahora los recién ingresados tendrán que dedicar importantes partidas de su presupuesto para ponerse al día. La nueva doctrina estratégica consensuada en Praga incluye la lucha de la Alianza contra delitos calificados como actos terroristas o en países en «situaciones de crisis». La OTAN se ha hecho más ecuménica, más global. La indefinición en este tipo de delitos da un amplio margen de maniobra a los dirigentes. Por si acaso, los Estados Unidos de Norteamérica se reservan el derecho de veto contra las decisiones mayoritarias de los países miembros. Se acepta plenamente la doctrina Bush sobre la legitimidad de los «ataques preventivos». Ya no es necesaria la existencia de una agresión para que se produzca una reacción armada. A partir de la cumbre de Roma de 1991 la OTAN dejó de ser una alianza meramente defensiva para transformarse en una unidad de seguridad global cuyas competencias intervencionistas rebasan las fronteras creadas en su fundación. El discurso pronunciado por George W. Bush el 20 de noviembre de 2002 en la cumbre de Praga dejó meridianamente claro que, ante las amenazas a la OTAN provenientes del exterior de Europa, es preciso estar preparado para operar fuera del territorio europeo. «Estados Unidos —puntualizó— propone la creación de una fuerza de reacción de la OTAN configurada por las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas, bien equipadas y con un alto nivel de preparación, provistas por los aliados de la OTAN viejos y nuevos, lista para el despegue en poco tiempo allí donde fuere necesaria.» Los Estados occidentales miembros de la alianza, tal como precisa Gilbert Achcar, se han transformado «en auxiliares de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en su propósito de expansión imperial planetaria», es decir, en colaboradores subordinados del brazo armado de la globalización.

Bush continúa con la pretensión de lanzar guerras preventivas a pesar de la ilegalidad de este tipo específico de agresiones según el derecho de gentes y expresamente condenadas por la ONU. La superioridad tecnológica y armamentística de los Estados Unidos de Norteamérica tiene capacidad para aplastar inmediatamente cualquier potencial militar enfrentado a sus intereses. Desaparecida la amenaza justificadora del pacto atlántico, el nuevo cometido asignado por el aparato diplomático y militar de la OTAN se centra en el mantenimiento del orden público y la seguridad de los territorios ocupados. Esta misión puede cobijarse bajo el manto de la democracia y la defensa de las libertades. Incluso merece ser calificada de humanitaria. La estrategia operativa unilateral en la declaración y el desarrollo de los conflictos bélicos sigue siendo ejercida por el Pantágono, solamente se solicita la participación y la ayuda de los aliados a la hora de realizar funciones más policiales que militares, tal como se viene realizando en los países que formaban parte de la antigua Yugoslavia y en Afganistán. La auténtica colonización, en el mundo global, se ejerce con instrumentos económicos, no con armas.

Notas

1 «North-South. A programme for Survival». Londres, 1980.

2 Tratado del Atlántico Norte.

Las partes de este tratado reafirman su fe en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos.

Determinados a salvaguardar la libertad de los pueblos, su herencia común y su civilización, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y del imperio del derecho.

Deseosos de promover, en la zona del Atlántico Norte, la estabilidad y el bienestar.

Resueltos a unir sus esfuerzos para la defensa colectiva y en la conservación de la paz y la seguridad.

Acuerdan, en consecuencia, este Tratado del Atlántico Norte:

Artículo 1. Las partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier conflicto internacional en el que puedan verse envueltas, de tal modo que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los principios de las Naciones Unidas.

Artículo 2. Las partes contribuirán al desenvolvimiento de las relaciones internacionales pacíficas y amistosas, reforzando sus instituciones libres, asegurando una mejor comprensión de los principios en los que se basan esas instituciones y promoviendo las condiciones adecuadas que favorezcan la estabilidad y el bienestar. Tratarán de eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales y estimularán la colaboración económica entre cualquiera o todas las partes.

Artículo 3. Para lograr de la manera más eficaz la realización de los fines del presente tratado, las partes, actuando individual y conjuntamente de una manera continua y efectiva mediante la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva para resistir a un ataque armado.

Artículo 4. Las partes se consultarán siempre que a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una de las partes fuese amenazada.

Artículo 5. Las partes convienen que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas las partes, y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, la acción que juzgue necesaria, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la zona del Atlántico Norte.

Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia serán inmediatamente puestas en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 6. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5, se considera como ataque armado contra una o varias de las partes todo aquel que se produzca contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra las fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes en Europa, contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer o contra los buques o aeronaves de cualquiera de las partes en la citada zona.

Artículo 7. El presente tratado no afecta, ni será interpretado que de modo alguno afecta a los derechos y obligaciones derivados de la Carta para las partes que son miembros de las Naciones Unidas, o a la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 8. Cada una de las partes declara que ninguno de los compromisos internacionales actualmente en vigor entre ella y otra parte o un tercer Estado está en contraposición con las disposiciones del presente tratado y se compromete a no contraer compromiso internacional alguno que se contraponga a lo convenido en este tratado.

Artículo 9. Las partes establecen, por la presente disposición, un consejo en el cual estará representada cada una de ellas para examinar las cuestiones relativas a la aplicación del tratado. El consejo estará organizado de modo que pueda reunirse rápidamente en cualquier momento. El consejo constituirá los órganos subsidiarios que puedan ser necesarios; en especial, constituirá inmediatamente un comité de defensa que propondrá las medidas a adoptar para la puesta en práctica de los artículos 3 y 4.

Artículo 10. Las partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente tratado y contribuir a la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier Estado que sea así invitado puede ser parte del tratado depositando el instrumento de acceso correspondiente ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este Gobierno informará a cada una de las partes de haberse efectuado el depósito de dicho documento de acceso.

Artículo 11. Este tratado será ratificado y sus disposiciones aplicadas por cada una de las partes de acuerdo con la normativa constitucional de cada una de ellas. Los instrumentos de ratificación serán depositados tan pronto como sea posible ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que informará a todos los demás signatarios de haber sido depositado el instrumento de ratificación. El tratado entrará en vigor entre los Estados que lo hayan ratificado cuando las ratificaciones de la mayoría de los signatarios, incluidas las de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido, hayan sido depositadas y entrará en vigor con respecto a los otros Estados en la fecha que depositen sus ratificaciones respectivas.

Artículo 12. Cuando el tratado lleve diez años de vigencia, o en cualquier fecha posterior, las partes consultarán, si una de ellas lo solicita, con vistas a revisar el tratado, teniendo en cuenta los factores que en dicho momento puedan afectar a la paz y la seguridad en la zona del Atlántico Norte, incluyendo el desarrollo de acuerdos, tanto en el ámbito mundial como regional, concluidos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 13. Transcurridos veinte años de vigencia del tratado, cualquiera de las partes podrá dejar de serlo un año después de haber presentado su denuncia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual informará a los gobiernos de las otras partes del depósito de cada instrumento de denuncia.

Artículo 14. Este tratado, cuyos textos en inglés y francés dan fe por igual, será depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos. Este Gobierno transmitirá copias debidamente certificadas a los Gobiernos de los otros Estados signatarios.

Washington D.C., 4 de abril de 1949.

3 Martínez Inglés, Amadeo: España indefensa. Ediciones B, S.A., Barcelona, 1994.

4 Anécdota referida en las jornadas sobre la «OTAN y la seguridad nacional», celebradas en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional en Madrid el mes de noviembre de 1981.

5 Sadler, T. y Hartley, K.: The political Economy of NATO. Cambridge University Press, 1999.

6 El País, 27 de agosto de 2001, pág. 8.

7 El País, 13 de febrero de 1985.

8 Galbraith, John Kennet: La era de la incertidumbre. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1984.

9 Yánez, Luis: «El PSOE y la seguridad europea. 1944-1984». Publicado en Ideas para la democracia, número 1, 1984.

10 50 preguntas sobre la OTAN. Editado por el PSOE. Depósito legal m-28779. Impreso en UNIGRAF, S. A. Fuenlabrada. Madrid.

11 Morán, Fernando: Una política exterior para España. Editorial Planeta, 1.a ed., Barcelona, 1980.

12 Diario 16, 13 de enero de 1985.

13 Revista Tiempo, número 148. Semana del 25 de febrero al 3 de marzo de 1985.

14 La Vanguardia, 29 de noviembre de 1984.

15 Dato revelado por José María de Areilza, ex embajador de España en Washington, en Ideas para la democracia, número 1, 1984.

16 El País, 5 de octubre de 1885.

17 Said, Edward: «Más reflexiones sobre la guerra de Kosovo». El País, 30 de junio de 1999.

18 Declaraciones a la revista Saga en el número correspondiente al mes de agosto de 1999.

19 Mailer, Norman: «Los humanistas». El País, 30 de mayo de 1999.

20 El País, 23 de septiembre de 1999.

21 Holbrooke, Richard: Para acabar una guerra. Biblioteca Nueva/Política Exterior, 1999.

22 Il Manifiesto, de 18 de abril de 1999.

23 Declaraciones a The Washington Post, 15 de septiembre de 2002.

24 Chomsky, Noam: «Juzguemos a los Estados Unidos por los hechos y no por sus palabras». El País, 16 de abril de 1999, págs. 6 y 7.

25 Herrero de Miñón, Miguel: «Error en Kosovo». El País, 27 de marzo de 1999.

26 El País, 12 de mayo de 2002, pág. 12.

5

El triunfo de la gran conspiración

El verbo neoliberal se hizo carne política cuando Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, ganó las elecciones en Gran Bretaña. Corría el año 1979 y cualificados sectores conservadores comenzaron a cuestionar la política progresista y solidaria seguida por la mayoría de los países occidentales. Desde sus primeras decisiones el Gobierno de Londres se puso el traje de faena para desmantelar el llamado «estado de bienestar». Pero el objetivo final iba más lejos: pretendía la instauración del Estado mínimo, es decir, de la mínima democracia. Era preciso sustituir el «Estado niñera» por la «sabiduría del mercado». Se organizaron solemnes exequias por la teoría económica enseñada por John Maynard Keynes, dominante desde la finalización de la última contienda mundial. Para la primera ministra conservadora los dos grandes problemas de la economía británica eran «el monopolio de las industrias nacionalizadas y el monopolio de los sindicatos». Los fracasos se debían al hecho de que los gobiernos laboralistas intentaron abarcar demasiado. El poder político tenía que retirarse a los palacios donde habita el rey ocioso del dejar hacer, dejar pasar. Los triunfadores en las elecciones subieron a los altares del templo económico a Friedrich von Hayek, el defensor más cualificado del mercado libre, y a Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, cuyas teorías monetaristas fueron ampliamente divulgadas en Inglaterra por el Institute of Economic Affairs (IEA). Arthur Seldon, auténtico tanque del pensamiento conservador, presidente fundador de dicho instituto, cantó las excelencias redentoras del mercado. «El sistema de mercado —escribió— induce incluso a las personas malas a realizar acciones buenas, mientras que el proceso político, por el contrario, induce a las personas buenas a realizar acciones malas.» La solución resulta obvia: «disciplinar la autoridad de los políticos y reducirla a su mínima expresión». El Estado solamente debe tener competencias para realizar «lo imprescindible».

No importó que estas teorías se dieran pronto de bruces contra la dura e injusta realidad. Las creencias se viven, se creen, no se razonan. La fe, el irracional creer en lo que no vemos, vale tanto para el fundamentalismo religioso como para el fundamentalismo del mercado. Y más si los sumos sacerdotes económicos ofician con ropajes académicos. Para John Weeks resulta evidente la analogía de la economía vigente con el fenómeno religioso, ya que la teoría económica convencional, exactamente igual que las grandes religiones, «considera universalmente aplicables sus dogmas, incluso a los no conversos (por ejemplo, las sociedades que no son de mercado) si los desobedecen, deben pagar el precio del desastre, aunque los paganos desconozcan sus leyes». Sin embargo el análisis económico se realiza en un tiempo y en un espacio determinado, bajo circunstancias históricas y sociales variadas, sufriendo la presión, en ocasiones agobiante, de las fuerzas hegemónicas. No existen verdades reveladas por mensajeros celestiales a pastorcillos inocentes, infalibles y universales, sino necesidades urgentes que requieren soluciones eficaces, rápidas y específicas. Convertir la teoría pretendidamente científica en una creencia efectiva precisa un proceso largo y complejo en el que se entrecruzan intereses y egoísmos, manipulaciones informativas y medias verdades.

Keith Joseph, el denominado «ministro del pensamiento», suministró el armamento teórico a Margaret Thatcher. Tras haber colaborado con el IEA, creó su propio instituto: el Centro de Estudios Políticos (Centre for Policy Studies). Antes de asumir las tareas de Gobierno nombró a la candidata conservadora vicepresidenta del mismo. Allí la dama de hierro aprendió los perjuicios derivados de «treinta años de moda socialista» y el «pernicioso estatismo». La igualdad significaba, según sus enseñanzas, pobreza de la mayoría. El objetivo prioritario era la «creación de riqueza», frase que se incorporó con indudable éxito al discurso de la propaganda económica de la era de la globalización. Había que crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos pudieran «acumular activos». El triunfo del capitalismo salvaje necesita la existencia de capitalistas igualmente salvajes dispuestos a enriquecerse sin límites y sin escrúpulos, condición previa al desarrollo del proceso acumulador de riqueza. Se produjo una revisión crítica del compromiso de Keynes con el pleno empleo, calificándolo de «error fundamental». También se rechazó tajantemente «la función macroeconómica del gasto público». La Thatcher manifestó su intención de «utilizar las privatizaciones para lograr mi ambición de una democracia capitalista». Había que reducir el gasto público y esto equivalía a privatizar. No importó que en todas las empresas estatales enajenadas al capital privado se redujera la plantilla laboral en un 20 % o en un 40 %. El miedo al paro es indispensable para mantener la disciplina laboral de los trabajadores. Las huelgas de los mineros dejaron de ser un quebradero de cabeza para el Gobierno de Londres. Se vendieron todas las empresas públicas rentables y se sanearon las restantes antes de realizar la oferta al mejor postor. Lawson creó la llamada «acción de oro», una acción especial retenida por el Gobierno para evitar que la empresa cayera en «manos no apropiadas». También los ardientes defensores de la iniciativa privada desean controlar lo más posible desde el poder para inclinar la balanza de los privilegios hacia su clientela electoral. Se trata de un intervencionismo interesado a favor de los más poderosos. Una cosa son las teorías y otra la realidad.

El triunfo de Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica en 1980 contribuyó a la difusión universal de las políticas conservadoras fieles al neoliberalismo global. Los eternos aliados se convirtieron en una plataforma ideal para predicar con el ejemplo la nueva doctrina. Las teorías económicas neoliberales de la escuela de Chicago se fueron imponiendo en el área del dólar. Poco importó que desde el propio sector conservador surgieran las críticas. Un ministro del Gobierno de Margaret Thatcher denunció que «el liberalismo económico al estilo del profesor Hayek, por su rigidez y su incapacidad para crear un sentido de comunidad, no constituye una salvaguarda de la libertad política, sino más bien una amenaza a la misma» y «las disertaciones sobre los beneficios a largo plazo de la libre competencia y sobre los riesgos que entraña interferir en las fuerzas del mercado, no darán satisfacción alguna a la gente que tiene problemas serios». John Gray denunció la fuerza socialmente destructiva del experimento de libre mercado patrocinado por Margaret Thatcher, que no solamente provocó la violenta reacción de aquellos ciudadanos arrojados al pozo de la miseria y la marginación, sino que también consiguió dividir la alianza de grupos conservadores, la base de sus apoyos electorales. Gay concluye que la democracia resulta incompatible con el «intervencionismo» de la política de libre mercado, puesto que la mayoría de los ciudadanos acabará oponiéndose a sus consecuencias empobrecedoras y socialmente destructivas siempre que cuenten con apoyos electorales suficientes para poder hacerlo.¹ No obstante las fundamentadas objeciones, los principios que orientaron la política conservadora se extendieron cual contagiosa pandemia universal, contaminando incluso a políticas tradicionalmente consideradas de izquierdas.

Resulta un tanto sorprendente la prodigiosa ascensión ecuménica de dos políticos —Reagan y Margaret Thatcher— caracterizados por su mediocridad y falta de carisma. Los electores no tardaron en volverles las espaldas en los comicios. Pero los fenómenos históricos, los grandes procesos políticos, tienen raíces más profundas y trascendentales. Los gobernantes, en ocasiones, no son más que marionetas de poderes que manejan sus movimientos con hilos imperceptibles para el gran público. Desde hacía tiempo se venía gestando una corriente de pensamiento destinada a frenar el proceso progresista que se había iniciado en la década de los sesenta y que había tenido su expresión más virulenta en el mayo francés de 1968. Urgía invertir el sentido del pensamiento político dominante desde la finalización de la última contienda mundial. La juventud, la clase intelectual y los distintos movimientos progresistas no cesaban de pedir más participación en los procesos de toma de decisiones, más soberanía de los ciudadanos. Poderosas fuerzas económicas y sociales se organizaron para influir en la opinión pública mundial y para desprestigiar los movimientos contestatarios, calificados de irresponsables y violentos. En el horizonte social volvía a aparecer la amenaza, tan temida por las clases dirigentes, del exceso de democracia. En la Conferencia de Davos de 1971, organizada por los países económicamente más prósperos y poderosos, se precisó cuál debería ser la orientación de la economía mundial al finalizar el siglo: «En los próximos treinta años —concluyeron los asistentes al congreso— alrededor de trescientas multinacionales egocéntricas regularán a nivel mundial el mercado de los productos de consumo, y no subsistirán más que algunas pequeñas firmas para abastecer mercados marginales. El objetivo deberá alcanzarse en dos etapas: en la primera, diversas firmas y entidades bancarias se reagruparán en el marco multinacional; después, en una segunda etapa, hacia finales de la década, esas multinacionales se adaptarán con el objeto de controlar, cada una en su especialidad, el mercado mundial.» A partir de esa fecha se produce un espectacular desarrollo de los procesos de concentración bancaria acompañados de un incremento considerable de los beneficios y de un tajante recorte de las plantillas laborales. Según el informe «World Investment Report 1997», hecho público en Nueva York, la actividad de las empresas transnacionales se ha acentuado tanto en términos absolutos como relativos. A mediados de los años noventa ya existían 44.500 empresas multinacionales, con 276.700 filiales cuyo valor agregado se había triplicado en relación con el año 1982. Sus ventas, calculadas en 7 billones de dólares, se han acrecentado a un ritmo del 8 % anual. Dentro de las grandes empresas se registró un fuerte proceso de concentración: las cifras de las 100 primeras empresas, que representan un 0,2 % de las existentes, concentran el 20 % de los activos en el exterior y un 29 % de las ventas totales. Los deseos de los países más desarrollados se convirtieron, en la práctica mercantil, en órdenes de obligado acatamiento.

La conquista neoliberal del mundo en el plano ideológico constituye el presupuesto básico de la globalización. Resultaba necesario realizar una ofensiva contra el pensamiento progresista surgido una vez finalizada la última contienda mundial. Había que plantear la lucha en el terreno de las ideas. Los resultados de estas batallas jamás son inmediatos, ya que las proposiciones teóricas necesitan tiempo para llegar a convertirse en vigencias sociales. Los personajes clave de estos combates son intelectuales de segundo nivel —periodistas, locutores radiofónicos y televisivos, directores cinematográficos, novelistas...— encargados de difundir y trivializar las ideas de los sabios, en la mayoría de las ocasiones sacrificando el rigor del pensamiento para hacerlo asequible a las clases populares. Milton Friedman, padre de los «Chicago Boys», tras reconocer que «la dominación de la idea colectivista» fue el resultado de un esfuerzo intelectual, sostiene que para cambiar esa situación, para invertir el problema, es preciso comenzar por influir en el terreno de las ideas. El sistema educativo norteamericano constituye un terreno pintiparado para la difusión del nuevo pensamiento económico. Los principales centros universitarios son privados, solamente asequibles a los estudiantes pertenecientes a familias bien acomodadas. Esta primera selección clasista se combina con un sistema de becas destinado a reclutar a las inteligencias privilegiadas de las zonas sociales más deprimidas. Para la estabilidad del sistema resulta fundamental la adhesión de personas potencialmente predispuestas a utilizar su capacidad intelectual a la lucha contra las injusticias, la pobreza y la opresión laboral. Se puede vender al amigo, pero al enemigo hay que comprarlo. Resulta humanamente previsible que los agraciados con la selección muestren su reconocimiento hacia quienes les encumbraron hasta el cielo donde moran las élites económicas y políticas que rigen los destinos del mundo. Solamente unos cuantos cerebros logran escapar a los cantos de las sirenas que pueblan el gran océano neoliberal. La seducción del dinero y el poder es más fuerte que la seducción femenina. La mayoría se alquila al servicio de las grandes multinacionales o bien ocupa cátedras en centros privados para predicar la nueva religión económica, para demostrar que los defectos de la intervención pública son siempre más graves que las deficiencias del mercado. Se produce una ósmosis fecunda entre el mundo de las grandes empresas y los centros del pensamiento donde se elaboran las teorías económicas a la medida de sus intereses. Se les enseña en la práctica una evidencia sociológica: a quien se codea con los pobres se le contagia la pobreza. Y pocos están dispuestos a sacrificarse en un universo en el que el dinero lo puede casi todo. La conciencia del ejecutivo moderno es maleable y sabe adaptarse a las circunstancias. Siempre encontrará justificaciones económicas, la nueva ética pública, a su comportamiento frío y laboralmente agresivo.

En 1976 preguntaron a Henry Kissinger si esperaba nuevas ideas en materia de política exterior surgidas del mundo universitario norteamericano. El ex secretario de Estado, con una sinceridad propia de los que ya han abandonado su cargo político, recomendó tener en cuenta que la mayoría de los profesores de relaciones internacionales aspiran a un puesto de secretario adjunto de Defensa o de Estado, por lo que resulta muy difícil que expresen ideas contrarias a las de la burocracia oficial. El mismo argumento sirve para explicar la actitud de las elites económicas: si la inmensa mayoría sueña con un puesto —por cierto, remunerado con sueldos millonarios— en las empresas multinacionales o en las grandes instituciones financieras no van a cometer la ingenuidad de expresar posturas contrarias a los intereses del gran capital. El egoísmo es la energía motriz del universo neoliberal. Quien desee sobrevivir debe adaptarse a las características del medio en que se desenvuelve su existencia. El éxito, en el mundo contemporáneo, viene dado en función de la riqueza conseguida, no de los méritos intelectuales o éticos.

Entre las instituciones creadas para fomentar la divulgación del llamado pensamiento único destaca la Comisión Trilateral patrocinada por David Rockefeller y financiada con el apoyo de las bancas Rothschild y Lehmann, del Chase Manhattan Bank, de las multinacionales Uniliver, Shell, Exon, Fiat, Caterpillar, Coca-Cola, Saint Gobain, Gibbs, Hewlett-Packard, Cummis, Betchtel, Mitsubishi, Sumitono, Sonny, Nipón Steel y otras de menor importancia. En el proyecto están implicados los principales productores mundiales del petróleo, del acero, de los automóviles, de empresas de comunicación y los grupos financieros más importantes del planeta. Los controladores de la Comisión acaparan el 80 % de la producción mundial, a pesar de que solamente representan al 10 % de la población. Según su principal ideólogo Zbigniew Brzezinski, nacido en Varsovia en el seno de una familia que emigró hasta Canadá para huir del régimen comunista de su país, se trata del conjunto de potencial financiero e intelectual «mayor que el mundo haya conocido nunca». En sus actividades han solicitado incluso la colaboración de personalidades sindicales y de izquierda, especialmente de miembros de la socialdemocracia europea. Luis Solana, diputado del PSOE, formó parte de la Comisión. El viejo sindicalista Nicolás Redondo, más veterano y conocedor de estas manipulaciones ideológicas, no mordió el tentador anzuelo que le tendieron. Aunque los debates son libres y se aceptan todas las posiciones, la redacción de las conclusiones finales queda en manos siempre de personas de toda confianza de la organización, es decir, dispuestas a defender con tesón los intereses de las grandes multinacionales que financian sus actividades. Tras varias reuniones del Comité Ejecutivo, se celebró en la ciudad japonesa de Kioto, en los últimos días del mes de mayo de 1975, la primera sesión plenaria con la asistencia de 113 destacados miembros. Los temas tratados no dejan lugar a dudas sobre las intenciones de la cualificada organización: «la nueva distribución global del poder» y la «crisis de los sistemas democráticos». Se defiende el establecimiento de un Nuevo Orden Mundial «que no esté sometido al chantaje del Tercer Mundo».

Rockefeller pretendió reunir a «un grupo de ciudadanos ilustres» para estudiar los problemas y plantear soluciones en un mundo cada vez más globalizado. Resulta revelador de sus verdaderas intenciones el hecho de que, en plena guerra fría, los representantes cualificados del gran capital reconocieran que «el marxismo ha contribuido de manera decisiva a definir la naturaleza de nuestra época y las relaciones del hombre con la historia» por lo que «se debe buscar un acomodo con los países comunistas». La necesidad de derribar fronteras para abrir nuevos mercados ignora las ideologías, tal como han demostrado los hechos posteriores. En la nueva etapa priman siempre los intereses económicos. Los medios de comunicación controlados por la organización mundialista comenzaron a publicar artículos sobre la evolución de los regímenes comunistas y su futura desintegración. En Kioto se reconoció que «el eje central de los conflictos ya no se sitúa entre el mundo occidental y el mundo comunista, sino entre los países desarrollados y los que aún no lo están».

La idea de la limitación de la soberanía de los Estados nacionales para facilitar el desarrollo del comercio mundial aparece también en la primera reunión en la cumbre. «La Comisión Trilateral —dice una de sus conclusiones— espera que, como feliz resultado de la conferencia, todos los gobiernos participantes pondrán las necesidades de interdependencia por encima de los mezquinos intereses nacionales o regionales.» En el World Affairs Council de Filadelfia, celebrado en octubre de 1975, se dice que «todos los pueblos forman parte de una comunidad mundial, dependiendo de un conjunto de recursos. Están unidos por los lazos de una sola humanidad y se encuentran asociados en la aventura común del planeta Tierra». David Rockefeller no se anduvo con rodeos a la hora de enunciar el objetivo prioritario: «de lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha utilizado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales». Por esas mismas fechas Edmond de Rothschild, en la revista Enterprise, manifiesta rotundamente «que la estructura que debe desaparecer es la nación». Brzezinski sentencia, por su parte, que «en nuestros días el Estado-nación ha dejado de jugar su papel».²

La orientación de la política global está por encima de las distintas ideologías de la clase gobernante. Cuando el demócrata Jimmy Carter alcanzó la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1977 designó para cargos importantes de la nueva administración a personajes destacados pertenecientes a la Comisión Trilateral. Walter Mondale fue nombrado vicepresidente; Cyrus Vance, secretario de Estado; Harold Brown, secretario de Defensa y Zbigniew Brzezinski, jefe del Consejo Nacional. El conocido analista norteamericano Graig Harpel escribió en aquella ocasión que «la presidencia de los Estados Unidos y los ministerios clave del Gobierno Federal han sido acaparados por una organización privada consagrada a lograr la subordinación de los intereses generales de los Estados Unidos a los de los bancos y empresas multinacionales. El dominio de los intereses privados sobre el poder público es el mayor escándalo político de toda la historia de América». La ofensiva contra los poderes democráticos no había hecho más que empezar.

Por encargo de los responsables de la Trilateral, Crozier, Huntington y Watanuki escribieron «La crisis de la democracia», informe en el que sostienen que el incremento de las demandas sociales de los ciudadanos coincide con la disminución de los recursos estatales. Por ello, la gestión pública tradicional deviene incapaz para afrontar los problemas de la nueva época histórica. El incremento de la participación popular, por otra parte, contribuye a hacer más visibles las deficiencias del sistema. Para lograr una mayor eficacia de la democracia resulta necesaria la pasividad de las masas. Son las instituciones sociales intermedias —empresas, grupos de intereses, asociaciones profesionales, corporaciones privadas— las que deben asumir la conducción técnica de los asuntos públicos. Los grandes poderes económicos y sociales, aseguran, son los mejores gestores de los intereses generales. Urge, por todo ello, reducir a su mínima expresión la intervención del Estado en el universo económico. La eficacia de los servicios públicos se mide en función de su rentabilidad mercantil, incluidas la sanidad y la educación. Brzezinski nos anuncia la próxima llegada de un mundo cada vez más controlado, «una sociedad dominada por una elite de personas que no dudarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán minuciosamente a la sociedad, hasta el punto de que llegará a ser posible una vigilancia continua sobre cada uno de los habitantes del planeta».

A la reunión celebrada en Washington el 6 de abril de 2002 asistieron los representantes más cualificados del gobierno de los Estados Unidos: Colin Powell, secretario de Estado, Ronald Rumsfeld, secretario de Defensa, Richard Cheney, vicepresidente, y Alan Greensplan, presidente de la Reserva Federal. Los dirigentes norteamericanos defendieron la necesidad de un «nuevo orden internacional» capaz de dar una «respuesta global» a los problemas de nuestra época. Colin Powell justificó la negativa a firmar los acuerdos de Kioto, la necesidad y justificación de las guerras preventivas y la oposición a someterse a los dictados de la Corte Penal Internacional. En la posterior reunión, celebrada en Seúl el año 2003, se trató de la incorporación de los países del sureste asiático y de China al proyecto globalizador. Olivier Boiral, catedrático de la universidad canadiense de Laval, precisa que la Trilateral «dibuja la trama de un poder difuso, opaco, casi imposible de definir y situar, que establece sus vinculaciones a través de clubes cerrados y de reuniones internacionales de las cuales el Foro de Davos es la expresión más ostentosa». Se ha establecido una poderosa red de influencias a través de acuerdos entre los representantes de las grandes multinacionales, los poderes financieros y los políticos conservadores.

Las construcciones ideológicas justificadoras del nuevo orden global siguen siendo realizadas desde plataformas culturales, generosamente remuneradas, constituidas por numerosas plantillas de profesores, científicos, periodistas e intelectuales. Sus aportaciones teóricas han servido incluso para proporcionar cobertura ideológica a ingerencias bélicas en asuntos de terceros países, contrarios a los principios de las Naciones Unidas. Instituciones privadas tan importantes como la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller se encuentran dentro de esta política cultural. Se fabrican enemigos de quita y pon, según las circunstancias. Nada une tanto a los seres humanos como una amenaza común. En los largos años de la guerra fría el maligno fue la Unión Soviética y el marxismo en general; ahora, el terrorismo, convertido en la gran coartada para abusar del poder hasta extremos que ofenden a la conciencia democrática. Falta una tipificación clara y universal de los delitos de terrorismo que los distinga de otro tipo de comportamientos violentos que encajan en distintas figuras delictivas. Interesa la confusión, para aplicar las descalificaciones a la medida de sus conveniencias. No se preocupan por utilizar profundos razonamientos teóricos ni argumentos científicos. Se conforman con simples descalificaciones generales y epidérmicas, mensajes publicitarios breves y directos dirigidos a la sensibilidad media de los ciudadanos. No existen estudios serios y rigurosos sino estrategias para sembrar creencias y supersticiones económicas.

El bombardeo ideológico contra las distintas opciones económicas ha entronizado en la opinión pública el pensamiento único. Hoy nadie se atreve a elogiar las ventajas de la planificación, a pesar de los desastres ecológicos y sociales producidos por la liberación descontrolada del egoísmo competitivo. Ni siquiera se alude a la planificación meramente indicativa, tan apreciada en la década de los sesenta por los gobiernos conservadores europeos cuando había que contrarrestar las reformas solidarias de la izquierda próxima al poder. Se olvidan intencionadamente los avances logrados por las socialdemocracias nórdicas europeas en la mejora de la calidad de vida. Los estudios sociológicos independientes reconocen el éxito, en cuanto a calidad de vida de los ciudadanos, de los gobiernos socialdemócratas en los países en que han aplicado sus principios. En las economías mixtas, el Estado dispone de suficiente margen de maniobra para llevar a cabo políticas sociales y distributivas. Incluso se siente capacitado para lograr el pleno empleo, la estabilidad de los precios y el crecimiento sostenido. La moda desreguladora, impuesta por los pensadores globales, ha liquidado el Estado social, ha suprimido la mayoría de las subvenciones a los más necesitados, ha rebajado los impuestos directos que gravan las grandes fortunas y ha privatizado todas las empresas rentables del sector público. La privatización es el instrumento utilizado por el neoliberalismo para derribar el Estado de bienestar cimentado sólidamente en la doctrina económica de Keynes. Se desprestigia constantemente a la empresa pública al mismo tiempo que se exalta desmesuradamente la cultura empresarial basada en el enriquecimiento personal ilimitado, en la mayoría de las ocasiones sin respetar el medio ambiente ni la justicia social. Mediante las privatizaciones el único capital de los pobres —las empresas públicas, por su naturaleza, pertenecen a todos los ciudadanos— es transferido a los ricos, precisamente lo contrario de lo exigido por la justicia social y las políticas redistributivas. Constituyen el reverso del legendario bandido generoso, ahora se roba a los más pobres para regalarlo a los más ricos. La sociedad neoliberal ha perdido fuerza integradora al dar vía libre a la ambición incontrolada. Las barreras levantadas por la pobreza y la inseguridad son infranqueables para sectores cada vez más amplios de la población.

El gobierno mundial

Las ideas necesitan complementarse con instituciones que las pongan en práctica para ser políticamente relevantes. James Morgan en un artículo publicado en el Financial Times de Londres, reconoce la existencia de «un gobierno mundial de facto» compuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Grupo de los Siete Países más industrializados (G7), el Acuerdo sobre Aranceles, Aduanas y Comercio (GATT) y demás organismos «diseñados para servir a los intereses de las multinacionales y de las entidades financieras». El G-7 se transformó en la práctica en G-8 con la incorporación de la nueva Rusia capitalista y el GATT fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio, creada el 1 de enero de 1995.

En julio de 1944 se reunieron en Breton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) los representantes de las cuarenta naciones que lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra el eje Berlín-Roma para trazar las líneas maestras del nuevo orden mundial. Tras tres semanas de intensos debates acordaron crear dos instituciones económicas para operar a escala mundial: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, popularmente conocido como Banco Mundial. La idea venía gestándose desde el inicio de la década de los cuarenta. En julio de 1941 el Grupo Económico y Financiero del CFR, apoyado por la Fundación Rockefeller, informó al Departamento de Estado Norteamericano sobre la conveniencia de crear instituciones financieras mundiales para promover campañas de inversión de capitales en la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Mientras unos morían en el campo de batalla, otros estaban planificando ya sus futuros negocios. En un memorando de marzo de 1942, Dexter White, adscrito al Departamento del Tesoro, presentó un proyecto del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Aunque la conferencia estaba teóricamente controlada por Keynes, quien llevó el agua a sus molinos fue White. Desde el momento mismo de la constitución de dichos organismos, su máxima preocupación fue que los países cumplieran «las recetas económicas cocinadas desde Washington». Teóricamente el FMI tenía por principal misión asegurar la estabilidad económica a escala planetaria. En la memoria de los economistas pesaba el recuerdo de las catastróficas consecuencias de la Gran Depresión de 1929. Keynes consideraba que era la ausencia de suficiente demanda agregada la principal causa de las recesiones, por lo que recomendaba intervenciones estatales para estimular esa necesaria demanda. Cuando no fuera suficiente la política monetaria, los gobiernos deberían promover las adecuadas políticas fiscales para mantener la estabilidad del sistema. El Estado tenía un papel importante en la marcha de la economía. Pensaba que el mercado presenta serias deficiencias por lo que necesita acciones correctoras en su funcionamiento. Pero pronto, sobre todo a partir de los triunfos electorales de Reagan y Margaret Thatcher, se volvieron del revés los planteamientos científicos de Keynes y se santificó el neoliberalismo radical. El Estado se convirtió en el gran problema. El FMI y el BM asumieron el protagonismo del nuevo orden económico mundial. «No sólo los países que buscan su ayuda —escribe Stiglitz— sino también los que aspiran a obtener su sello de aprobación para lograr un mejor acceso a los mercados internacionales de capitales, deben seguir sus instrucciones económicas, que reflejan sus ideologías y teorías sobre el mercado libre.» Se constituyeron en la máxima instancia para dirigir la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional tiene entre otras funciones la regulación del sistema monetario, ayudar a los países miembros mediante la asistencia financiera y asesorar a los gobiernos de los Estados firmantes del acuerdo. El catedrático Martín Seco subraya que «el FMI nace unido a una nueva distribución del poder mundial, con un liderazgo indiscutible, el de los Estados Unidos, y con una filosofía económica y política muy concretas. Se configura a favor de los intereses de los acreedores, de los países ricos, y como instrumento de los mismos y en concierto con el más poderoso, los Estados Unidos, para imponer las condiciones económicas que favorezcan al capital internacional».³ La ayuda a los países en desarrollo con dificultades en su balanza de pagos se presta siempre que los Estados se muestren dispuestos a armonizar sus políticas económicas con lo establecido por las autoridades del Banco. En ocasiones las presiones se amplían también a otros aspectos.

El FMI negocia siempre la concesión de préstamos desde una posición ventajosa. Nunca se trata de un pacto entre iguales, sino de auténticas imposiciones. Se aprovecha de la situación desesperada vivida por algunos países para inmiscuirse en cuestiones no solamente financieras sino también claramente políticas. El temor a un suspenso por parte de las instituciones internacionales obliga a los gobiernos a aceptar medidas que les repugnan. No acatar su voluntad supondría no recibir ayudas no solamente del FMI sino tampoco del BM e incluso provocaría el retraimiento de las inversiones privadas.

Para clarificar el tipo de intereses que defienden, conviene subrayar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene el derecho de veto sobre todas las decisiones del Fondo y en ocasiones lo ejercita sin el conocimiento del gobierno de Washington. Responde más a los intereses de las grandes multinacionales norteamericanas que a los programas políticos de los partidos. Contempla al mundo bajo el prisma de la ideología fundamentalista del mercado.

Los países africanos han soportado las consecuencias de las ayudas recibidas. Las restricciones al consumo impuestas por los planes de austeridad patrocinados por el FMI han arrojado el continente a una situación de la que le costará Dios y ayuda salir. En su control de la política presupuestaria las autoridades financieras han sacrificado objetivos prioritarios a largo plazo, como la creación de empleo o la lucha contra la pobreza, buscando preferentemente frenar la inflación. Se han reducido drásticamente las inversiones en infraestructuras, se han elevado las tasas de interés y se han liberado las importaciones según las conveniencias de las multinacionales. Desde 1985 hasta finales de siglo los gobiernos africanos han pagado más de 500.000 millones de pesetas de intereses por los empréstitos que han recibido. Tienen su futuro hipotecado por sus compromisos con las altas instituciones financieras. Cada ciudadano de Tanzania o de Zambia debe a los acreedores internacionales de su país más del doble de sus ingresos medios anuales. Se han frustrado las esperanzas de recuperación económica y de soberanía democrática debido a la aplicación rigurosa de las recetas económicas de los expertos de las instituciones internacionales y el apoyo a dictadores dispuestos a ser leales a sus intereses.

No solamente a las economías enfermas del continente negro se les aplican estas dosis de caballo para recuperar su salud. El director general del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, también recomendó parecidas medidas para solucionar los problemas económicos españoles. Durante una breve visita a Barcelona en el verano de 1994 animó a los responsables de nuestra política económica a «ir más lejos en la liberalización del mercado laboral». A pesar de los «contratos basura», de la precariedad en el empleo y el despido prácticamente libre denunció que «continúan existiendo incentivos muy débiles a la contratación» y «rigideces muy fuertes en el mercado de trabajo». Tampoco se olvidó de la obsesión por la inflación: «La inflación estructural de España —sentenció— es perversa, constituye un problema muy grave porque es capaz de resistir la aplicación de una política económica muy estricta.»⁴ En aquellos momentos la tasa de paro en España duplicaba a la media de los países europeos, pero tan grave problema no afectaba a los intereses de los rectores de la economía, por lo que no mereció ninguna atención de la autoridad económica mundial. Primero es lo primero. La ideología económica del Fondo, fundamentada en las privatizaciones, la liberalización comercial y la macroestabilización, se mantienen vigenten a pesar de haber fracasado estrepitosamente en la promoción del desarrollo y en la estabilidad de las economías en proceso de transición.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, presidente del Comité de Asuntos Económicos del presidente Bill Clinton, ex vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial, presentó la dimisión de sus cargos en la entidad bancaria por discrepancias con la línea marcada para su política financiera. Denunció el destacado economista que las decisiones del Fondo Monetario Internacional se toman basándose fundamentalmente en criterios ideológicos, no científicos, lo que explica su fracaso a la hora de resolver los problemas al preocuparse exclusivamente de «los intereses y las creencias de quienes mandan». Aunque, en teoría al menos, apoyan las instituciones democráticas de los países a los que prestan ayuda, en la práctica socavan los principios democráticos al imponer su política a los gobernantes elegidos libremente. Sus dirigentes ven el mundo y su circunstancia a través de los ojos vigilantes e interesados de la comunidad financiera internacional. Solamente se preocupan de que los inversores recuperen sus préstamos y cobren puntualmente los intereses, aunque sea a costa de imponer sufrimientos y penalidades a la mayor parte de la población. «Las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, diseñadas para ayudar a un país a superar la crisis y desequilibrios produjeron —según el prestigioso economista— hambre y disturbios en muchos lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y consiguieron con grandes esfuerzos algo de crecimiento durante algún tiempo, muchas veces los beneficios se repartieron desproporcionadamente a favor de los más pudientes, mientras que las clases más bajas se hundían todavía más en la miseria.» Las medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional —recortar el déficit e incrementar los impuestos y los tipos de interés— provocan la contracción de la economía. Nunca atribuyen los fracasos a errores propios sino a la incompetencia de los responsables de la marcha de la economía en los países en vías de desarrollo por no acertar en la aplicación de sus infalibles diagnósticos y recomendaciones.

En el Banco Mundial (World Bank) participan la práctica totalidad de los países occidentales y algunos del Este europeo tras la milagrosa conversión al capitalismo del mal llamado «socialismo real». La institución se creó con la finalidad de «ayudar a la reconstrucción y al fomento de la actividad económica de los países miembros, facilitando la inversión de capital». Además de los recursos propios utiliza los obtenidos mediante la emisión de cédulas colocadas entre los Estados socios del Banco. Solamente concede créditos a quienes se comprometen a respetar sus dogmas económicos. La «tradición» también reserva la presidencia a una personalidad norteamericana y concede a Washington un «voto ponderado», además de tener el derecho de veto sobre todas las decisiones aprobadas. La elección de presidente del Banco Mundial compete en exclusiva al presidente de los Estados Unidos, quien decide sin necesidad de consultar al Congreso ni a ninguno de los países socios de la institución financiera internacional. Desde el 1 de junio de 2005 desempeña la presidencia, por decisión personal de Bush, Paul Wolfowitz, conocido neocon pero ignorado economista. Pertenece al sector político norteamericano más coservador. Siempre se manifestó contrario a los organismos internacionales multilaterales por entender que socavan la hegemonía del poder de Washington. La filosofía política de Wolfowitz puede resumirse utilizando sus propias palabras: «demostrar que tus amigos serán protegidos y atendidos, que tus enemigos serán castigados y que aquellos que rechacen apoyarte se arrepentirán de no haberlo hecho».

La política económica impuesta por el Banco Mundial a los países beneficiados con sus préstamos ha fracasado rotundamente. Las recetas recomendadas para prevenir y más tarde para salir de la crisis asiática de 1998 han sido totalmente inoperantes. Se han exigido incrementos de la presión fiscal en países sometidos a un proceso de recesión y se les ha obligado a recortar partidas de gasto público destinadas a remediar situaciones de miseria. Lo mismo ha sucedido con la suspensión de pagos de Argentina, a pesar del intento de cargar las culpas exclusivamente sobre causas de origen doméstico. Domingo Cavallo, bajo el gobierno de Menem, en 1991 aplicó rigurosamente las recomendaciones del Banco Mundial: desmontó el sector público, liberalizó la economía y los intercambios exteriores, despidió a miles de funcionarios, incrementó los tipos de interés y fijó la paridad del peso con el dólar. Las medidas no ayudaron a la recuperación económica. Nuevamente llamado a frenar la caída económica, el 20 de enero del año 2001 Cavallo obtuvo del parlamento argentino poderes especiales para aplicar la «ley del déficit cero». Los sueldos de los funcionarios y las pensiones se redujeron en un 13 %. La aplicación de las recomendaciones de Washington condujo a la economía argentina a una situación real de quiebra y al empobrecimiento de la mayoría de la población. Incluso Horst Köhler, actual director del FMI, en declaraciones realizadas al diario francés Le Monde, reconoció el fracaso de la política económica dictada por el organismo internacional y añadió que «la crisis no podrá resolverse sin sufrimiento». El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió que, a pesar del intento de exculpar por todos los medios al Banco Mundial de la crisis, nadie puede desconocer que el consejo de las autoridades del organismo de «aplicar medidas restrictivas al gasto solamente ha hecho empeorar las cosas». Las consecuencias serían todavía peores si se aplicaran literalmente las recomendaciones del Banco.

Por el contrario, en los Estados Unidos, principal accionista de la entidad bancaria, para superar un periodo de recesión económica se desarrollan políticas fiscales expansivas. No todas las enfermedades económicas se curan con los mismos medicamentos. Depende del poder del enfermo. Los países desarrollados presionan a los pobres para eliminar las barreras aduaneras, mientras que refuerzan las suyas para impedir la importación de productos procedentes del tercer mundo; proclaman las excelencias del mercado universal y libre pero mantienen las subvenciones a la producción agraria propia, lo que genera una competencia desleal. El mundo industrial y próspero rechaza los productos de los países en vías de desarrollo. En el universo económico los principios son los propios intereses.

Existen argumentos técnicos para justificar la asimetría del sistema a la hora de resolver los problemas de las distintas naciones. Los expertos al servicio del poder se han ganado bien sus jugosas retribuciones. Son capaces de argumentar a favor de las actuaciones claramente parciales e interesadas de las grandes instituciones financieras. Si un país presentaba déficits duraderos en su balanza de pagos, se le recetaba una política deflacionista interna y se le exigían medidas como el aumento de los tipos de interés, el recorte de los créditos y la congelación salarial, lo que hace que mengüe la producción y como consecuencia también las importaciones, pero al mismo tiempo se incrementa el desempleo. Por carecer de reservas suficientes para afrontar la situación, los países tienen que adoptar medidas contractivas, llegando incluso a verse precisados a devaluar su moneda. Los Estados Unidos quedaron desde un principio fuera de estas reglas de juego, pues al ser el país emisor de las monedas básicas del sistema siempre disponía de reservas suficientes para afrontar las crisis de esta naturaleza.

Joseph E. Stiglitz, hombre con amplia experiencia en el gobierno de Washington y en las instituciones financieras internacionales, reconoce que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, exigen a terceros países medidas contrarias a lo defendido en el plano interno. Mientras los dirigentes de los Estados Unidos, en época de Clinton, se oponían a la privatización de la seguridad social, se estimulaban las privatizaciones en el ámbito internacional; luchaban contra las exigencias del equilibrio presupuestario, ya que limitaban la capacidad de utilizar una política expansionista en caso de recesión, pero imponían a economías ajenas que estaban sufriendo recesiones medidas fiscales contractivas; se impulsaba en Washington una nueva ley de suspensión de pagos para proteger a los deudores, mientras que en terceros países se consideraba la suspensión de pagos «como una derogación del contrato de crédito»; exigían que la Reserva Federal pusiera énfasis en la creación de empleo, mientras que recomendaban a los Bancos Centrales extranjeros que se concentraran exclusivamente en la inflación. Reducir el déficit público, tal como se recomienda a las economías en dificultades, no hace más que empeorar la situación. Existen dos varas de medir para tratar problemas económicos idénticos.

John Williamson definió los criterios compartidos sobre política económica entre las poderosas instituciones internacionales que tienen su sede en la capital norteamericana. El llamado Consenso de Washington, en su opinión, se estructura en torno a los siguientes principios: subordinación del Estado a los dictados y exigencias del mercado; vía libre a la circulación de capitales e inversiones; privatización de todas las empresas públicas; subordinación de las mejoras sociales al crecimiento económico; defensa a ultranza de la propiedad privada y reconocimiento expreso de que su modelo de desarrollo económico es el único posible. Este consenso, en opinión de Williamson, se ha convertido en la «ideología del mundo», en la encarnación de la doctrina económica revelada, única, verdadera e infalible.

El poder fáctico dominante en el proceso globalizador carece de cualquier tipo de legitimación democrática. Las instituciones financieras desde sus orígenes se encuentran dominadas por los países más desarrollados o, para hablar con mayor precisión, por los intereses de las grandes empresas transnacionales que tienen su sede en dichos países. Resulta paradójico que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desarrollen sus actividades principalmente en el tercer mundo y que, sin embargo, no se tengan en cuenta las opiniones de los países subdesarrollados a la hora de afrontar sus problemas, ya que carecen de representación significativa en las grandes instituciones financieras. Existe una ley no escrita, un acuerdo tácito, para que la presidencia del FMI la desempeñe un ciudadano europeo y se designe a un norteamericano para llevar las riendas del BM; mientras en la primera institución los gobiernos están representados por los respectivos ministros de Hacienda y los responsables de los Bancos Centrales, en la Organización Mundial del Comercio son los ministros de Comercio quienes representan tanto al poder político como a los intereses del mundo empresarial. Por ello los países industrializados, contra lo que proclaman como principios universales, procuran fortalecer las barreras aduaneras para defenderse mejor de la competencia de ciertos productos procedentes de otras naciones y defienden con uñas y dientes el mantenimiento de las subvenciones a las explotaciones agrarias. Laura Tyson, de la London Business School, reconoce que las tres cuartas partes de las subvenciones al campo van a parar solamente al 10 % de los agricultores, precisamente a los más ricos. En España tenemos reciente el caso las subvenciones al lino y las ayudas cuantiosas a los acaudalados terratenientes. Al mismo tiempo las grandes instituciones financieras exigen a terceros países un desarme arancelario total para ampliar los mercados de sus productos y así incrementar sus beneficios.

La principal preocupación de los responsables de los organismos internacionales es conseguir la recuperación de los préstamos y sus respectivos intereses, aunque sea a costa de hundir todavía más a los países subdesarrollados en la miseria y desesperación, carentes de voz y voto en cuestiones vitales para su economía. La política financiera y presupuestaria exigida como requisito previo para conceder créditos a los países en crisis no guarda la menor relación con las necesidades de los solicitantes de las ayudas económicas, sino que procuran garantizar los beneficios de los prestamistas. La usura también funciona a escala planetaria, es global e intransigente.

El Fondo Monetario Internacional impuso como condiciones previas a la negociación de un megacrédito con el gobierno argentino presidido por Duhalde la modificación de la Ley de Quiebras, con objeto de evitar que cuando una empresa argentina quiebre pueda pasar a manos de los trabajadores a quienes se les adeudan sus salarios o al propio Estado, y la derogación de la Ley de Subversión Económica, para impedir la investigación a Bancos y personas que evadieron ilegalmente grandes sumas de dólares al extranjero. Con las primeras modificaciones se facilita la adquisición de empresas en dificultades por los acreedores foráneos a precios de saldo; la segunda medida equivale a una amnistía encubierta a los responsables, en buena parte, de la dramática situación de la Argentina.

El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) fue creado con el objetivo teórico de institucionalizar entre las naciones contratantes la cláusula de «nación más favorecida», compromiso que obliga a tratar por igual a todos los firmantes del acuerdo. El 1 de enero de 1995 la Organización Mundial del Comercio (OMC) sustituyó al GATT. Al ser un organismo de reciente creación se le ha dotado de instrumentos más eficaces para desarrollar y defender el libre mercado global. Miembros destacados que participan en sus actividades consideran que con sus decisiones están elaborando las normas básicas del nuevo orden mundial. Se prohíben expresamente aquellas prácticas que creen barreras al libre comercio y son los grupos de expertos de la OMC los facultados para tomar decisiones vinculantes para todos los Estados miembros. Los Estatutos obligan a las naciones a garantizar la coordinación de su legislación, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones contraídas con el organismo internacional. Los Estados no pueden invocar razones de salud pública o respecto a las exigencias ecológicas para frenar la libre circulación de mercancías. Los grupos de expertos se constituyen en una especie de tribunal superior, por encima de los respectivos tribunales nacionales, para intervenir en las disputas entre los distintos Gobiernos. Sus decisiones son vinculantes para todos los miembros. The Wall Street Journal reconoció que la nueva organización representa la muerte de la «idea de que los gobiernos pueden dirigir las economías». En la reunión de la Organización celebrada en Doha, Qatar, a mediados de noviembre de 2001, se insistió en el desarrollo de los principios que dieron vida al movimiento liberalizador de los intercambios comerciales y se produjo la significativa incorporación de la China comunista. A pesar de haberse realizado importantes avances en lo referente a medicamentos para países africanos acosados por el sida, se han ocultado deliberadamente los impactos sociales y ecológicos del actual ciclo de desarrollo mundial. «La OMC —escribió José Vidal-Beneyto— recupera su protagonismo de agente principal de la ideología liberal-conservadora en el mundo y los portaintereses de las grandes multinacionales consiguen, apoyados en la discutida premisa de que el comercio sin límites y sin barreras equivale a la creación ilimitada de riqueza, reactivar el proceso de la plena mercantilización del planeta.»⁵ Zoellick, representante de los Estados Unidos en la citada cumbre, llegó a sostener que el libre comercio promovía los valores por los que se estaba luchando en Afganistán. Colin Powell, brazo derecho de Bush, advirtió a los asistentes sobre la obligación de los gobiernos de «ajustarse a las pautas que marca el mercado».

El Grupo de los 7 se constituyó como una especie de gran senado internacional de los países más ricos del mundo, excepto la China comunista y la desaparecida URSS, para fijar las grandes líneas de la economía mundial. La reunión celebrada en Nápoles en julio de 1994 supuso la apertura de una nueva dimensión de sus competencias al aprobarse un texto con un contenido claramente político. El presidente francés François Mitterrand reconoció a la salida de aquella reunión que «la política se había instalado en la organización». Boris Yeltsin, representante de la nueva Rusia capitalista, se incorporó como miembro fijo a la «comisión política» en reconocimiento a los servicios prestados al nuevo orden mundial. Manuel de Azcárate denunció que «si los ocho avanzan hacia un directorio orientador de la política mundial rodeado de gran publicidad, se acabará causando un grave daño a las Naciones Unidas, reducidas de hecho a acciones secundarias».⁶ El desmantelamiento de las Naciones Unidas no es una operación nueva sino una exigencia de los promotores de la globalización, que ponen frenos a la democratización de la ONU exigida por quienes proponen eliminar el ejercicio del derecho de veto en el Consejo de Seguridad y reivindican la igualdad de todos los Estados miembros. Cualquier intento de profundizar en la democracia es tratado como una amenaza para sus intereses. Y no les falta razón. Solamente las grandes instituciones financieras actuales garantizan el trasvase de los recursos de los países más pobres hacia los ricos de las naciones más prósperas. Algo que sería muy difícil de conseguir con instituciones plenamente democráticas en las que el voto de los ciudadanos del tercer mundo tuviera el mismo peso político que el de los ciudadanos de los países económicamente prósperos.

Las grandes instituciones financieras asumen competencias que trascienden del ámbito económico y se inmiscuyen claramente en decisiones políticas. Predican desde sus solemnes púlpitos e intentan imponer a todos los países el fundamentalismo del mercado como ideología dominante. Cuando Brasil, en el verano del año 2002, vivía bajo la amenaza de una grave crisis económica debido a la fuerte demanda de dólares y necesitaba del apoyo del FMI para apuntalar su devaluada moneda, la institución financiera exigió un «compromiso claro» del candidato Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, para que, en caso de salir triunfante en las elecciones, mantuviera la misma política económica neoliberal, a pesar de las nefastas consecuencias que había acarreado a su nación hasta ese momento. Es decir, exigía al partido la renuncia a su programa de reformas para poner remedio a las lacerantes desigualdades económicas de la población brasileña y a los abusos de los terratenientes que mantienen improductivas amplias extensiones del país, como condición previa a la concesión de un empréstito vital para superar el bache económico. Las imposiciones del FMI, como sucedió en otras ocasiones, van más allá de los objetivos fijados en las normas de la institución de carácter exclusivamente macroeconómico. En la concesión de préstamos a países necesitados de créditos se especifican normalmente unas condiciones básicas de naturaleza claramente política como son la privatización de todas las empresas públicas, el desmantelamiento de los derechos sociales, la desregularización de las relaciones laborales, la reforma de las pensiones a favor de los planes privados de jubilación, el recorte de los gastos sanitarios y otras medidas que socavan directamente los principios del llamado Estado de bienestar. La gobernación del mundo ya no está en manos de los gobiernos democráticamente elegidos.

No existe la menor preocupación ante la amenaza de destrucción del medio ambiente, los problemas humanos relacionados con el paro, el respeto a los derechos fundamentales y a los valores democráticos. Son «externalidades» con las que no se cuenta. Están obsesionados por la lucha contra la inflación, hasta el punto de ser considerada como un fin en sí misma y no como un simple medio para alcanzar otros objetivos más importantes. Un país con un crecimiento cero, o incluso negativo, y con un paro elevado puede tener una tasa de inflación baja. Son fenómenos económicos perfectamente compatibles. Los rectores de la economía confunden torticeramente los fines con los medios.

El Gobierno real del mundo se encuentra actualmente en manos de organismos carentes de cualquier tipo de legitimidad política con facultades controladoras y elementos de presión suficientes para imponer sus criterios a los representantes elegidos libremente por sus respectivos ciudadanos.

Libertad a la carta

Contra lo que proclaman los portavoces de la globalización, la liberalización del comercio mundial no significa solamente la apertura de nuevos espacios de libertad y competencia sino que busca sobre todo facilitar la victoria de las grandes empresas en su lucha desigual contra las pequeñas, tal como sucede en el célebre refrán que tiene por protagonistas a los pobres peces: el más grande acaba siempre engulléndose al más chico. Desde el nacimiento mismo del capitalismo las empresas tratan de eliminar la competencia para incrementar sus cuentas de resultados. Todas sueñan con alcanzar los privilegios de los monopolios para controlar los mercados. En realidad consideran la verdadera libertad como un incordio. En el fondo, consideran la libre competencia como un mal. Una cosa son los principios neoliberales y otra la realidad cotidiana en el mundo de los negocios. Y todo encubierto con la coartada que proporciona la palabra «libertad», aunque sea una libertad administrada a la carta. Como escribe Lamennais: «donde hay fuertes y débiles la libertad oprime y la ley libera». El respeto universal a las leyes democráticamente elaboradas es la única barrera eficaz que tienen los más débiles para protegerse de los abusos de los poderosos. La desregulación es el caballo de Troya por donde se cuela de matute la peor de las anarquías: la del gran capital transnacional.

La teoría y la práctica, como casi siempre ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad, siguen rutas diferentes. Abundan los predicadores que no escuchan ni lo proclamado en sus sermones. La cultura económica actual tiene todavía en el petróleo la principal fuente de energía. Pues bien, la industria petrolera vulnera descaradamente los principios del libre mercado al mantener, en la práctica, una gestión colectiva de la producción, la distribución y los precios. Joaquín Estefanía denuncia que «tras la mística del mercado y la soberanía del consumidor está el poder de las corporaciones, que determinan e influyen en los precios y los costes, que corrompen a algunos políticos y que manipulan la respuesta del consumidor».⁷ Cualquier cliente de una gasolinera al llenar el depósito de su automóvil toma conciencia de que existe una élite, ajena a la autorregulación del mercado, que pacta los precios. Oscilan siempre dentro de unos márgenes muy limitados.

Los poderosos suben y bajan las barreras aduaneras según las conveniencias del momento. En marzo de 2002, en plena euforia liberalizadora, el presidente Bush incrementó en un 30 % los aranceles para la importación de acero con objeto de proteger a la industria estadounidense de la competencia de otros países. En año y medio el tribunal para solucionar los conflictos en el comercio mundial condenó por seis veces las actuaciones de los Estados Unidos para amparar su industria siderúrgica contra la competencia exterior. Como precisa Emilio Ontiveros, si en el caso Enron «los Bush facilitaron que aquel grupo de presión orientara a su conveniencia la transición a la desregulación del sector del gas y la electricidad, ahora, en una decisión de signo aparentemente opuesto, el hijo hace lo propio para proteger de la competencia una treintena de productores de acero, incapaces, o manifiestamente reticentes en todo caso, de adaptarse a las condiciones de la competencia internacional en este sector, como muchos antes trataron de hacerlo en esos otros países a los que ahora tratan de penalizar». También el gobierno surcoreano ha protestado contra las medidas para restringir la entrada en el mercado norteamericano de tubos de acero fabricados en el competitivo país asiático. Ante la competencia de productos textiles chinos, los países de la Unión Europea, el Congreso de Washington y las organizaciones patronales se han movilizado exigiendo medidas proteccionistas para su industria. Las leyes internacionales, incluidas las del mercado, solamente obligan a los países más débiles. Es algo que viene sucediendo desde que el mundo es mundo. Los países subdesarrollados del hemisferio sur hace muchos años que claman en el desierto contra los obstáculos de todo tipo a sus productos debido al proteccionismo creado en torno a las economías de las naciones más prósperas. Frecuentemente el mercado es despojado de su función reguladora de los precios para convertirse en una herramienta al servicio de los beneficios de las grandes empresas radicadas en el mundo industrial. La transformación del egoísmo individual en bien común es una operación más difícil que el bíblico paso del camello por el agujero de una aguja. La mano invisible, tan loada por los panegiristas neoliberales, no es la de Dios, caritativa y abierta, sino la del propio Satanás, despiadadamente egoísta y carente de cualquier asomo de solidaridad hacia los pordioseros y oprimidos por sus propias necesidades.

A pesar de las evidentes contradicciones de la praxis económica, «el mayor potencial financiero e intelectual de la historia de la humanidad», según pregonan sus patrocinadores, al servicio de las poderosas trasnacionales, tiene recursos suficientes para imponer su ideología a los gobiernos y fabricar una opinión pública, al menos la publicada, favorable a sus tesis. Su policía ideológica controla las redes globales de comunicación y cuentan con una legión de expertos económicos consagrados en cuerpo y alma a crear doctrina al servicio de los intereses de quienes retribuyen generosamente sus prestaciones. En ocasiones incluso les conceden algún premio Nobel. Los premios de economía se han otorgado frecuentemente a especialistas en mercados financieros, consejeros de importantes fondos de inversión. Los desheredados de la Tierra carecen de recursos para financiar estudios que contribuyan a buscar soluciones a su miserable condición. El desequilibrio es manifiesto. Existe una evidente simbiosis entre el mundo empresarial internacional y las instituciones donde se forja la opinión económica mundial. Se han olvidado intencionadamente del carácter meramente instrumental de la ciencia económica. Ahora predomina la obsesión por crear las condiciones idóneas para incrementar los beneficios de las grandes multinacionales. En la primavera de 2002 se produjo un dramático ejemplo sobre las consecuencias de la hegemonía de los valores puramente económicos. Uganda necesitaba 40 millones de dólares para atender a los enfermos de sida. USAID y otras organizaciones no gubernamentales estaban dispuestas a proporcionar esa cantidad de dinero. Sin embargo los representantes del FMI y del Banco Mundial se opusieron a la ayuda porque «reforzaría la moneda local y hundiría las exportaciones de café». El ministerio de Economía del país africano acató sin rechistar la recomendación de las instituciones financieras.

Al crear un universo económico en el que las multinacionales son las grandes protagonistas y la energía motriz de su funcionamiento, se está midiendo el desarrollo y el éxito de las políticas económicas en función de la cuantía de los beneficios de unos cuantos privilegiados. Lo que es bueno para las macroempresas es también bueno para la humanidad, predican con su ejemplo los sumos manipuladores de la globalización. Quien pretenda eludir las reglas que rigen la nueva economía está condenado a la marginación y al fracaso. Los Estados en vías de desarrollo necesitan atraer a los inversores extranjeros con incentivos fiscales y masas laborales sumisas y baratas. El capital, desde que el mundo es mundo, actúa siempre buscando la máxima rentabilidad por lo que procuran trasladar sus plantas fabriles allí donde tienen que pagar menos impuestos y son más míseras las retribuciones de los asalariados. Se genera una diabólica competencia entre los gobiernos para ver quién deja explotar más a sus trabajadores. La Confederación Europea de Sindicatos ha denunciado el impacto social de las reestructuraciones empresariales en el viejo continente, que suponen miles de despidos, cierre de plantas industriales y desmantelamiento del tejido fabril de regiones enteras. Consideran la situación como la consecuencia de una estrategia empresarial tendente a emigrar hacia países con políticas sociales menos exigentes, o, en la práctica, inexistentes, y con una legislación fiscal más favorable para los beneficios empresariales.

También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha denunciado la regresión social producida a consecuencia de la liberación de los intercambios comerciales. Las políticas progresistas resultan inviables en un mundo rabiosamente competitivo y profundamente mercantil. La mejora de las condiciones de los trabajadores deviene imposible dentro de la lógica neoliberal. Nadie puede aislarse en una campana de cristal sin sufrir el terrible castigo de los dioses o los demonios del mercado universal. Para mantener la competitividad a escala planetaria los gobiernos son forzados a suavizar la presión fiscal y a rebajar los costes empresariales. Este retroceso constituye una exigencia ineludible del proceso globalizador dominante. En todos los países de la OCDE se han reducido últimamente los impuestos sobre las rentas más elevadas y han incrementado las tasas sobre el consumo. La reforma impositiva proyectada por el Gobierno conservador español iba en esta misma dirección. Han dejado al sistema fiscal huérfano de cualquier función redistribuidora. Al contrario, favorecen a los que ya poseen más argumentando que son quienes crean los puestos de trabajo. Razonamiento muy eficaz en un horizonte dominado por la realidad del paro y la precariedad laboral. Más justicia social significa, en definitiva, menos beneficios para las grandes empresas. Algo intolerable para el sistema de valores imperante.

La internacionalización de la estrategia económica ha desbordado las fronteras tradicionales que delimitan el ejercicio de la soberanía nacional. La intensificación del flujo de capitales, las exigencias de la competencia generada en torno al mercado universal y los avances producidos en las tecnologías de la información tornan cada vez más frágiles las fronteras estatales. Los polos del poder real se han multiplicado. Vivimos en un mundo unificado, pero insolidario, privado de un centro de decisiones democráticamente controlado. Estamos dando vida a un monstruo terriblemente poderoso y difuso. No existe una estructura piramidal en el reparto de competencias entre las distintas actividades sociales. El territorio ha perdido importancia tanto en el plano político como en la actividad económica. El verdadero poder se ha desplazado a espacios trasnacionales; la agricultura y la propiedad de bienes se han desvalorizado. Tiene más importancia el espacio electromagnético que el espacio geográfico definido por las fronteras estatales. Las altas tecnologías permiten realizar a gran velocidad transacciones en los mercados financieros. Solamente el mercado monetario mueve un billón de dólares diarios. La llamada nueva economía hace cada vez más difícil el control político. La economía virtual ha relegado el valor de los costes materiales. La información es hoy día una de las principales fuentes de riqueza. Valen más los datos que los metros cuadrados de terreno, excepto los solares de las zonas urbanas en constante crecimiento.

Los movimientos especulativos constituyen uno de los procedimientos más rápidos para enriquecerse y lograr prestigio social. Vivimos dentro de una gran ficción económica. Al iniciarse el nuevo milenio el fabricante de equipos para internet Cisco Systems se convirtió en la empresa más importante, sus acciones valían 555.400 millones de dólares; le seguía Microsoft, con 541.600 millones de dólares de valor bursátil. Ambas empresas superaban en valor ampliamente a corporaciones tan sólidas y prestigiosas como General Electric, IBM, Intel y Exxon Mobil. En España, Terra, el proyecto de internet de Telefónica, superaba a Repsol, Endesa y al banco SCH. Pero pronto estalló la burbuja. El «Global Investiment Yearbooks», del London School Economics, estimó en 13 billones de dólares las pérdidas en Bolsa durante el periodo 2000-2003. Los inversores que estaban en el ajo de la maniobra se hicieron multimillonarios a costa del ahorro de los pequeños inversores que de la noche a la mañana despertaron de sus sueños más empobrecidos que nunca.

En la cultura del automóvil, dominante durante la mayor parte del siglo xx, los materiales utilizados en su fabricación representan el 40 % del valor del vehículo; en los modernos componentes informáticos, no alcanza al 1 %. Caminamos hacia un sistema etéreo apto para la manipulación y el engaño masivo. No pocos ahorros de los asalariados en fondos de pensiones han ido a proporcionar recursos a grandes empresas para despedir a sus compañeros de trabajo; el dinero de muchos pacifistas ha fortalecido la capacidad económica de la industria de armamento, la más saneada y rentable en esta etapa globalizadora. Cada vez abundan más los fraudes y las estafas en el mundo de las altas finanzas. No hay día en que no surja algún escándalo económico. Empresas presentadas ante la opinión pública como modélicas han quebrado estrepitosamente y han arruinado a miles de pequeños inversores. Los fondos de pensiones han padecido las sacudidas de las bolsas. Han atemorizado a los futuros pensionistas ante una supuesta quiebra de la seguridad social para apropiarse de los ahorros que buscaban recursos seguros y rentables. Los expertos que recomendaban la creación de fondos privados para disfrutar de una vejez sin problemas cuando la realidad frustra sus promesas callan como muertos. Algunos llaman a eso nueva economía, como si la explotación de los semejantes no se remontara a los orígenes mismos de la humanidad.

Como señala Jean-Marie Guéhenno «todo cambia cuando la actividad humana se libera del espacio, cuando la movilidad de los hombres y la economía hacen volar en pedazos las demarcaciones geográficas. Reemplazada por agrupaciones temporales de intereses, desaparece la solidaridad espacial de las comunidades territoriales». En el universo de las grandes redes, la actividad política cae en picado. «La relación de los ciudadanos con el cuerpo político entra en competencia con infinidad de conexiones que se establecen fuera de él, de suerte que la política, lejos de ser un principio organizador de la vida de los hombres en sociedad, aparece como una actividad secundaria, como una construcción artificial incluso, inadaptada para la solución de los problemas prácticos del mundo actual.»⁸ El Estado-nación toma sus decisiones en base a un principio de competencia territorial que pierde valor en un mundo densamente interrelacionado en el que las viejas fronteras se derrumban cual frágiles construcciones de arena en playas batidas por las olas gigantescas de la especulación. Al mismo tiempo, las alianzas internacionales crean fuertes vínculos, levantan nuevas murallas invisibles para la mayoría y trazan divisiones más radicales.

Una de las características dominantes en el actual nivel histórico es la supremacía de los valores económicos sobre los principios democráticos. Galbraith denuncia que las decisiones del mercado tienen «una justificación superior a cualquier preocupación ética». Los mercados se imponen a los gobiernos. Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España, reconoce el poder de los mercados «para condicionar y modificar las políticas económicas nacionales, imponer ajustes cambiarios e incluso hacer saltar el sistema de cambios fijos, acentuar la volatilidad de la presión de los activos financieros, zarandear las economías generando o acentuando desequilibrios que pueden acabar conduciendo a inflaciones o recesiones». Pero los que dictan sus exigencias no son los mercados de la economía real, en los que se intercambian bienes y servicios, sino los de la economía financiera, especulativa y parasitaria. Las empresas industriales y de servicios han pasado a un segundo plano.

Los grandes movimientos financieros son capaces de arruinar los esfuerzos colectivos de un país para salir del subdesarrollo y la miseria. La desenfrenada estrategia especulativa desestabilizó la economía de los países del sudeste asiático en 1999. Los flujos de capital especulativo abortan cualquier proyecto de política progresista. Solamente el volumen de capital que manejan los fondos de inversión y pensiones equivale al producto global de todo el planeta. Los gestores de dichos fondos, democráticamente incontrolados, concentran más poder económico que los gobiernos de los Estados. En 1998, según un informe del Banco Internacional de Pagos de Basilea, los inversores institucionales disponían de 21 billones de dólares. Las firmas de inversión Fidelity, State Street y Templeto gestionan más de 1.240 billones de dólares solamente para los fondos de pensiones en los Estados Unidos. El rumbo de la economía mundial está en manos de menos de cien personas, debido a los fuertes procesos de concentración capitalista. En el año 2000 la cifra de fusiones y adquisiciones rebasó los 4 billones de dólares. El prestigioso sociólogo francés Bourdieu destaca que «los Estados nacionales son minados desde el exterior por las fuerzas financieras y desde el interior del propio país por sus cómplices: los altos funcionarios de la economía».

No cabe la menor duda sobre el cambio producido en la realidad espacial por la revolución tecnológica. Los descubrimientos y avances científicos han trastocado las limitaciones físicas y políticas de nuestro entorno. El mundo se ha hecho más próximo, más afín. Nada de lo que acontece en nuestro planeta nos es ajeno. Las grandes firmas transnacionales han aprovechado esta radical transformación para liderar una colonización nueva y cosmopolita, sin los tintes violentos de anteriores conquistas. No existe ningún Estado con poderes suficientes para embridar las fuerzas desatadas por las furias del enriquecimiento sin límites. Como subraya Daniele Archibugi, la soberanía estatal ya no es cuestionada por invencibles ejércitos enemigos, sino por elementos que escapan a todo control gubernamental nacional. El Estado se ve mermado en su capacidad para intervenir en las grandes cuestiones internacionales y tiene que soportar la presión de regiones y comarcas que reclaman más autonomía. Es demasiado pequeño para los grandes asuntos y excesivamente grande para atender a las necesidades cotidianas de su comunidad. Sufre un doble acoso en sus antiguas estructuras. La desintegración de la URSS y de la Federación Yugoslava ha sido fomentada por el despertar interesado de nacionalismos dormidos durante mucho tiempo. Pero las llamadas naciones sin Estado reivindican también segregaciones e independencias en otros países. Sin ir más lejos, en el nuestro. Asistimos a la desintegración de las viejas estructuras jurídico-políticas sin crear otras nuevas capaces de reemplazarlas con eficacia.

El parto que ha dado lugar al nacimiento de la democracia ha sido alumbrado en el mundo moderno por el Estado-nación. De la soberanía de reyes y emperadores descendiente de cielos inalcanzables e infalibles se pasó a la voluntad del pueblo como fuente legitimadora del ejercicio del poder. Las competencias estatales se enmarcaron dentro de territorios perfectamente delimitados y mutuamente excluyentes, hasta el punto de que para establecer relaciones entre los diferentes países soberanos fue preciso crear espacios protegidos, dotados de inmunidad diplomática, como sede de las representaciones oficiales extranjeras. Con el triunfo de la Revolución Francesa y la propagación de sus ideas se estableció una estrecha conexión entra la afirmación nacional, la nación de los ciudadanos, y la democracia liberal. Para Jurgen Habermas «la idea de una sociedad constituida democráticamente, cuyas partes pueden actuar reflexivamente sobre sí mismas como si fueran un todo, sólo se ha hecho posible, hasta ahora, en el marco del Estado-nación».⁹ La iniciada liquidación por derribo de las viejas fronteras estatales en nombre del liberalismo mercantil supone asestar un golpe casi mortal a la única democracia reconocida hasta ahora como el menos malo de los regímenes políticos existentes. Las naciones más poderosas se han opuesto siempre con uñas y dientes al funcionamiento auténticamente democrático de las grandes instituciones internacionales. Las nuevas medidas van desmontando los poderes actuales del Estado lentamente. Tal como subraya McGrew: «si el Estado soberano ya no se concibe como algo indivisible sino como algo compartido por agencias internacionales; si los Estados ya no tienen el control sobre sus propios territorios; y si las fronteras territoriales y políticas son cada vez más difusas y permeables, los principios fundamentales de la democracia liberal, es decir, el autogobierno, el demos, el consenso, la representación y la soberanía popular se vuelven problemáticos». Como escribió Manuel Azaña, «cuando desaparece el Estado, reaparece la tribu».

En la actual encrucijada del mundo abundan las paradojas. Bruno Jober denuncia que «los artesanos de la globalización que han utilizado su poder para destruir las instituciones nacionales reguladoras de la economía son los mismos que se presentan como defensores de la patria y de las prerrogativas del Estado-nación».¹⁰ El festivo patriotismo de banderitas, medallas y viejos uniformes exteriorizado en los Estados Unidos es un buen ejemplo de esta contradicción. El fundamentalismo patriótico sirve para arrastrar a las masas hacia posiciones contrarias a sus reales intereses. La patria es la gran coartada afectiva para provocar adhesiones irracionales. El timo de las banderas se asemeja extraordinariamente al timo de la estampita. Se pretende inculcar a los jóvenes que no existe gloria mayor que dar la vida en defensa de los colores de un trozo de percal. Ahora se utiliza la vieja treta para desmantelar principios básicos de la democracia, derechos inalienables de los ciudadanos, en nombre de artificiales identidades culturales o históricas. La razón es una herramienta cada vez más rara en el mundo actual. Incluso el sentido común se encuentra en declive.

La derrota de la democracia afecta a todas las actividades públicas. Los gobiernos europeos, fieles a las directrices dictadas por las instituciones financieras internacionales, han reconocido a sus respectivos Bancos centrales una gran autonomía a la hora de diseñar la política monetaria. Esta falta de control democrático en una actividad fundamental supone otro grave recorte de la soberanía estatal. Dusenberg, presidente del Banco Central Europeo desde su fundación, defendió con una firmeza digna de mejor causa la independencia operativa de la institución frente a los poderes democráticos. Cuando Oskar Lafontaine, ministro alemán de Economía, solicitó una rebaja de los tipos de interés para facilitar el crecimiento, los responsables de la institución financiera respondieron que el BCE solamente tenía que preocuparse por la inflación. El desarrollo económico y el paro eran cuestiones completamente ajenas a sus competencias específicas. También cuando el FMI ayudó al gobierno de Corea del Sur con ocasión de la crisis asiática condicionó la concesión de los créditos a la realización de cambios sustantivos en los estatutos del Banco Central del país con objeto de independizarlo más de las instituciones políticas, aunque no existen datos contrastados que permitan suponer que la medida genera efectos económicamente beneficiosos. Las motivaciones son más ideológicas que financieras. Autorizados economistas consideran que la autonomía del Banco Central Europeo agravó la desaceleración económica a principios del nuevo milenio al resistirse a rebajar los tipos de interés para hacer ostentación de su independencia con respecto a los poderes políticos democráticos. La situación se torna realmente preocupante cuando los Bancos centrales son incapaces de hacer frente a los grandes movimientos especulativos. Para Charles Wyplosz «los mercados financieros son los vigilantes de las conductas de los gobiernos».

La dimensión extraterritorial de los nuevos poderes emergentes se manifiesta incluso en las redes terroristas que rompen brutalmente el monopolio de la violencia hasta ahora usufructuado legalmente por el Estado. Mientras la actividad delictiva de los llamados movimientos de liberación nacional está enmarcada en determinados espacios territoriales, la nueva violencia actúa libre de ataduras fronterizas. Ulrich Bech destaca que es precisamente «la ausencia de Estado, la inexistencia de estructuras estatales en funcionamiento, el caldo de cultivo de las actividades terroristas».

Existen también multinacionales del delito, como las organizaciones que se dedican a la trata de blancas o al narcotráfico. Las viejas organizaciones policiales de los estados carecen de medios para combatir con eficacia este tipo de delincuencia. Las fronteras, también en el universo penal, se vuelven cada vez más porosas. El crimen se ha organizado empresarialmente y produce jugosos dividendos. El negro río del dinero sucio riega las fértiles praderas de las grandes instituciones financieras. No hace falta ser un experto para descubrir a los beneficiados por esta situación. Intereses poderosos impiden la salida a la luz pública de semejantes fechorías.

Son muchas las competencias políticas y sociales que la práctica diaria va transfiriendo a entidades y organizaciones desprovistas de cualquier tipo de legitimidad democrática. El pueblo ha iniciado una larga peregrinación por el túnel del tiempo para retornar a la condición de súbdito. Uno de los instrumentos más eficaces para que los gobiernos puedan disponer de recursos para financiar sus programas y para realizar una política redistribuidora en nombre de la justicia social, los impuestos, se ha visto seriamente afectado por la nueva distribución geográfica del poder. Para atraer inversiones los Gobiernos se ven obligados a aliviar la presión fiscal como medida tendente a alcanzar un nivel competitivo con los países de su entorno. Por otra parte, cada vez se incrementan más las importaciones y exportaciones que se realizan en el seno de las grandes empresas, entre la matriz y las sucursales o entre las propias filiales. En el World Investment Report (WIR) referente a 1996 se informa que «el porcentaje de exportaciones intrafirma realizadas por matrices ubicadas en el país alcanza un rango que va desde el 38 % en el caso de Suecia hasta el 24 % en el caso del Japón. La tasa correspondiente a importaciones intrafirma en el total de las importaciones va desde el 14 % en el Japón hasta el 43 % en los Estados Unidos». La mayoría de los pagos internacionales de derechos y regalías por tecnologías se realiza en el interior de las multinacionales. Se estima que un 71 % corresponde a transacciones entre matrices y sus filiales. Más de un 70 % de las piezas que componen los ordenadores personales made in USA han sido fabricadas en el extranjero. Las empresas radicadas en países con salarios más elevados exportan componentes semielaborados para su acabado en países con salarios de miseria y los vuelven a importar más tarde sin pagar aranceles sobre el valor añadido en el proceso de manufactura. En la mayoría de los países se han creado zonas de libre comercio y de exportación de acabados donde las empresas pueden instalar sus factorías sin verse sometidas al pago de impuestos locales. Ante la utilización de sofisticados trucos de ingeniería fiscal resulta difícil localizar el punto exacto donde se produce el valor añadido, debido a las ocultaciones interesadas en el seno de la propia empresa. Al despojar a los impuestos de su base territorial se está empobreciendo a los Estados democráticos y privándoles de la capacidad para financiar las prestaciones sociales exigidas por las políticas progresistas. La movilidad de los capitales dificulta el establecimiento de bases impositivas a las grandes empresas. El panorama se agrava con la existencia de expertos en ocultaciones empresariales y duchos en buscar refugio a buena parte de los grandes beneficios financieros, especulativos y empresariales. Los gobiernos democráticos asisten impotentes a la difusión de esta lacra social.

Como consecuencia directa de la globalización los gobiernos suelen diferenciar entre el tratamiento fiscal de los beneficios del capital y de las ganancias empresariales, ante el temor de que emigren hacia climas impositivamente más benignos, y los ingresos de quienes carecen de la posibilidad de desplazarse. «Se percibe así —escribe Fernando Vallespín— una predisposición a disminuir la tributación de los rendimientos del capital y los impuestos de sociedades, mientras que el impuesto sobre la renta, ligado al trabajo, tiende a permanecer estable. Y a esta ley, que reduce considerablemente el margen de maniobra política, han debido plegarse políticos de todos los colores.» Para mayor inri, los sueldos y salarios, rigurosamente controlados, a diferencia de otros ingresos más elevados, no pueden «beneficiarse», es un decir, del fraude fiscal ni servirse de los artilugios de la doble contabilidad para rebajar su contribución al funcionamiento de las instituciones estatales.

Los efectos perniciosos de la competencia tributaria han llegado también a España. En la primavera del año 2002 la opinión pública se escandalizó al divulgarse en los medios informativos que un grupo de altos directivos de uno de los Bancos más prestigiosos y solventes del país, ocultó 37.000 millones de pesetas en el paraíso monetario de la isla de Jersey. Pero nuestra clase política no está legitimada para lanzar la primera piedra contra los culpables de la trapaza, ya que no están libres de culpa en la creación de estos corrales edénicos. Tras la reforma legal de junio de 2000 sobre holdings, un confuso tinglado de empresas que se controlan entre sí, bautizadas oficialmente como «entidades de tenencia de valores extranjeros» (ETVE), más de cien multinacionales foráneas se han instalado en nuestro país para acogerse a los beneficios ofrecidos generosamente por nuestros gobernantes conservadores. Los dividendos y las rentas de participaciones procedentes de filiales extranjeras, según la normativa vigente, están exentas de pagar tributos al erario público. Sorprendentemente, son precisamente quienes menos lo necesitan los que tienen a su alcance aliviaderos legales para atenuar la presión fiscal. Un tercio de la economía mundial se beneficia de tan injusta situación. Solamente trabajadores y empleados deben pagar a tocateja. La mayoría de los países desarrollados ofrecen ventajas similares a las existentes en esas zonas liliputienses en las que busca cómodo asilo el dinero clandestino.

La estrategia para desmantelar el Estado del bienestar utiliza también las vías electorales. La promesa de rebajar los impuestos es un poderoso imán para atraer nueva clientela política. En el actual nivel cultural pocas personas se detienen en relacionar los impuestos con los beneficios recibidos como contraprestación. Pocos aciertan a valorar como se merecen las inversiones en educación, justicia, sanidad, transportes públicos y otras prestaciones sociales. Todos aceptan de buen grado pagar menos. Solamente cuando se degradan los servicios y las ayudas públicas se tornan ridículas, como sucedió como consecuencia de las políticas conservadoras aplicadas en el Reino Unido y otros países, el electorado medita sobre sus errores y cambia la orientación ideológica de su papeleta electoral. Al mismo tiempo que el Estado renuncia a utilizar toda su capacidad recaudatoria, las autoridades alertan a la opinión pública sobre el negro futuro de las pensiones o la falta de liquidez para pagar las medicinas. La propaganda de las grandes entidades financieras se vuelca entonces a favor de los planes privados de pensiones, de un sistema de seguros médicos al margen de la sanidad pública o canta las excelencias de la enseñanza privada. En todas las actividades sociales sube la temperatura de la fiebre privatizadora. El cacareado equilibrio presupuestario, el llamado déficit cero, equivale a un cero patatero a la democracia social y progresista.

También uno de los poderes de la democracia clásica, el poder judicial, se ha visto inundado por la marea neoliberal. Mientras los dirigentes de Washington, tanto demócratas como conservadores —Bush y Clinton mantienen la misma postura en este tema— se oponen a la constitución y funcionamiento de un tribunal penal internacional constituido por juristas destacados e independientes, no dudaron en crear un tribunal especial en La Haya para castigar a sus supuestos enemigos. La elección de la sede en dicha ciudad debe entenderse como una maniobra para confundir a la opinión pública sobre la naturaleza y legitimación de una institución judicial amañada, debido a que el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas funciona en la misma ciudad holandesa. El nuevo y temporal órgano judicial tiene por objeto castigar los crímenes de guerra cometidos por quienes se enfrentaron a las fuerzas de la OTAN en el conflicto de los Balcanes, pero sin competencias para juzgar los abusos cometidos por las propias tropas, que también los hubo. Es parcial y dependiente, algo radicalmente contrario a los principios elementales del funcionamiento de la justicia. El Tribunal Constitucional de la nueva democracia yugoslava, auspiciada por la llamada «comunidad internacional» para suceder a Milosevic, ha anulado el decreto gubernamental que regula la extradición de supuestos criminales de guerra serbios al Tribunal excepcional de La Haya por ser anticonstitucional y vulnerar la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Slobodan Milosevic, a pesar de esta objeción jurídica, fue extraditado a cambio de una sustancial ayuda económica para reparar los daños producidos por la guerra por parte de los Estados Unidos y sus aliados en el conflicto. La justicia, en el sistema global, también se compra con dinero. La decisión del alto tribunal de Belgrado reconociendo la incompetencia del tribunal constituido en la capital holandesa se produjo, naturalmente, después de haber entregado a su ex presidente y cobrado.

Ya con anterioridad al conflicto de los Balcanes existieron serios proyectos para crear una justicia internacional. Pero fue el 17 de julio de 1998 cuando se firmó en Roma un Estatuto promoviendo la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) con competencias universales para castigar el genocidio, los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como las violaciones, la esclavitud sexual y la trata de blancas. Solamente los Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen votaron en contra del proyecto. Washington rehusó firmarlo al ser rechazada su petición de que ningún ciudadano estadounidense pudiese ser procesado sin autorización de su Gobierno. El último día de su mandato, el 31 de diciembre de 2000, Clinton se adhirió al acuerdo si bien puntualizó que era necesario someter el texto a profundas reformas antes de dar su aprobación definitiva. La firma debe atribuirse más a la necesidad de poner en un brete a su sucesor que a un deseo de universalizar la justicia, ya que conocía la intransigente actitud del Pentágono a la fiscalización judicial de las conductas de sus soldados. Un grupo de senadores republicanos, encabezados por el conservador Helms, impulsó el proyecto de ley ASPA (American Servicepersons Protection Act) por la que se permitiría al Gobierno intervenir militarmente para evitar que un ciudadano de su país fuera conducido a la presencia del tribunal de la ONU. Las tropas USA podrían invadir una nación extranjera para rescatar a cualquier norteamericano en apuros judiciales. Solamente los mercenarios extranjeros alistados en su ejército no gozarían de esta protección excepcional, única en la historia del derecho. Por si fracasaba la oposición a una justicia imparcial, el Congreso de los Estados Unidos se apresuró a aprobar una ley prohibiendo destinar fondos públicos a la financiación del organismo judicial internacional. El tribunal tendrá que ser financiado en un 80 % por los países europeos. A principios del mes de mayo de 2002 Bush notificó al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que no tenía intención de ratificar lo firmado por el presidente Clinton. Esta desvinculación significa que la primera potencia mundial no reconocerá la jurisdicción del alto tribunal internacional ni acatará sus decisiones.

Washington incluso amenaza con imponer sanciones a los países beneficiarios de los programas de ayuda militar y económica que colaboren con los procesos del alto tribunal en el que estén acusados ciudadanos norteamericanos. Bush se opone rotundamente a que diplomáticos, militares o agentes de los servicios de información a los que ha dado licencia para matar puedan ser juzgados por un tribunal cuya composición y funcionamiento no controlan. En el verano del año 2002 se aprobó una ley, redactada por Tom Delay, ultraconservador líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, aprobada por los votos de diputados republicanos y demócratas, mediante la cual se autoriza al presidente de los Estados Unidos a suprimir la ayuda militar a los aliados que se nieguen a garantizar la inmunidad de los estadounidenses. Israel ha suscrito un tratado bilateral comprometiéndose a no acusar jamás a un norteamericano, a cambio de que Washington no acuse a un ciudadano israelí. Una vez aprobada esta ley, el Departamento de Estado norteamericano convocó a los embajadores extranjeros para informarles sobre la conveniencia de que firmen tratados de inmunidad para mantener buenas relaciones y recibir ayudas de Washington. Amnistía Internacional ha recordado que «cualquier Estado firmante de un acuerdo de impunidad está incumpliendo las obligaciones que establece el derecho internacional». Tampoco puede invocarse el temor a la utilización partidista del alto tribunal, ya que el Estatuto de Roma contiene suficientes garantías procesales y sustantivas para que nadie pueda ser encausado por razones puramente políticas.

El incumplimiento del compromiso de Clinton supone una violación de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969 que obliga a los firmantes a no realizar ningún acto contra lo suscrito. Los Estados Unidos de Norteamérica desean mantenerse al margen del sistema legal internacional para así tener las manos libres para actuar en defensa de sus intereses.

El rechazo de los políticos norteamericanos a la creación de una justicia internacional independiente revela cuál es la verdadera naturaleza del proceso globalizador que lideran. Se repudia, a nivel cosmopolita, uno de los principios básicos de la democracia: el control judicial de la legalidad de las actuaciones de dirigentes políticos y militares. No desean renunciar a la inmunidad de que goza en el ejercicio de un poder casi absoluto en el plano internacional. Se niegan a admitir un tribunal respetuoso con los principios de legalidad, independencia, imparcialidad e inamovilidad de los jueces, tal como exige la recta administración de la justicia, para erradicar la impunidad de los responsables de cometer crímenes contra la humanidad.

La jurisdicción civil tampoco escapa a la fiebre privatizadora. Las desregulaciones estatales consiguen que la mayoría de los litigios comerciales entre grandes empresas se resuelvan mediante arbitrajes privados, al margen de los poderes públicos estatales. Últimamente se han establecido centros de arbitraje en Singapur, Sydney y Vietnam, lugares que no se caracterizan precisamente por sus avances en la ciencia jurídica ni en la administración de justicia. Desde sus orígenes, el Estado tenía por principales misiones garantizar el cumplimiento de las estipulaciones contractuales y defender el derecho de propiedad. En la actualidad los contratos comerciales entre empresas transnacionales, los enfrentamientos en materia de distribución en distintos países y los conflictos derivados del tráfico global se resuelven mayoritariamente por jueces privados, que conceden audiencias a las partes y emiten resoluciones de obligado acatamiento. Cada vez se van arrinconando más las competencias estatales en esta delicada materia. Las empresas litigantes tratan de evitar dejar la decisión final en manos de los tribunales nacionales del país donde la empresa tiene su sede legal. Como no podía ser menos, el arbitraje se ha convertido en el gran negocio jurídico de la nueva economía mundial. El poder financiero sabe organizar el universo a la medida de sus conveniencias. El sistema jurídico norteamericano de derecho mercantil se está imponiendo urbi et orbi. Como escribe Shapiro: «en la actualidad se puede afirmar que el derecho mercantil estadounidense se ha convertido en una especie de ius commune global, incorporado explícita o implícitamente en los contratos transnacionales y empezando a ser incorporado a los códigos e incluso en los estatutos de muchas naciones».¹¹ La justicia se ha quitado la venda de los ojos para mirar hacia los intereses de los protagonistas del movimiento global que rige cada vez más nuestras vidas y haciendas. Las multinacionales necesitan un hábitat jurídico adecuado para poder desarrollarse, un ecosistema normativo hecho a su medida, es decir, hecho a la medida de sus intereses.

Los derechos inhumanos

El santuario de los derechos humanos, ecuménico y legalmente intocable, está siendo violado por los comportamientos abusivos de las autoridades políticas. Basta con repasar los informes anuales de Amnistía Internacional para tomar conciencia de la dimensión del problema. Ningún país se encuentra libre de pecado. Nadie está legitimado para lanzar la primera piedra. Los gobernantes aprovechan la menor oportunidad para profanar el centro neurálgico de la democracia. Estos derechos, precisamente por estar basados en la naturaleza humana y encarnar los valores de su propia dignidad, son permanentes e inviolables. No solamente deben ser escrupulosamente respetados y protegidos por los poderes políticos, económicos y sociales, sino que incluso las cámaras legislativas tienen que ajustar sus leyes a las exigencias de estos principios. Tampoco están sometidos a la matemática contable y soberana de la voluntad electoral. Constituyen la columna vertebral ético-jurídica de todo organismo democrático. Son incluso superiores y anteriores a las cartas constitucionales. El ser humano necesita de esta cobertura legal para poder desarrollar una personalidad responsable. A mayor abundamiento, dentro de la ortodoxia constitucionalista, la democracia exige la creación del clima adecuado para la formación libre y soberana de la voluntad general que legitima el ejercicio del gobierno del pueblo. Y ese clima solamente puede lograrse respetando escrupulosamente los derechos fundamentales de la persona.

Pero el poder no solo corrompe en el plano económico, sino también en el político. Y cuando es absoluto, ya se dijo, corrompe absolutamente. Es una ley casi tan fatal como la de la gravedad. Recientemente se ha explotado hasta la saciedad la histeria popular desencadenada por las agresiones terroristas. Los halcones han aprovechado esta oportunidad para dar rienda suelta a sus instintos depredadores contra uno de los pilares de la democracia, tras haber creado en la opinión pública un ambiente favorable a sus deseos. Michael Ignatieff, director del Centro Carr de Política sobre Derechos Humanos, planteó al respecto una inquietante cuestión: «el problema es saber si, tras el 11 de septiembre, la era de los derechos humanos ha llegado a su fin». La USA Patriot Act aprobada pocos días después del terrible atentado, ha transferido al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica competencias básicas del Congreso y el Senado, tanto en cuestiones de seguridad como en materias propias de la administración de justicia. Se ha abolido también la instrucción que prohibía a los servicios de inteligencia atentar contra los gobernantes extranjeros. En el número de The New York Times correspondiente al 15 de noviembre de 2001, William Safire, editorialista republicano, denuncia que su país se encuentra en situación de dictadura.

El brazo armado del neoliberalismo está asumiendo un indudable protagonismo arrasando los valores de la democracia. «La geopolítica de la nueva economía global —escribe Carnoy— ha dejado de centrarse en la expansión de la democracia a favor de la expansión de antiterrorismos globales para desmantelar redes globales de terroristas.» Se considera políticamente prioritario acumular capital represivo para defender el nuevo orden mundial. William Pfaff sostiene que si antes de los atentados terroristas en suelo americano los Estados Unidos estaban cerca de una universalidad de influencia e incluso de dominación de la sociedad internacional no alcanzada a lo largo de la Historia por ningún imperio, lo acontecido en septiembre le despertó todavía más la voluntad de imponerse como potencia hegemónica. Este deslizamiento autoritario del poder ejecutivo norteamericano reviste una especial gravedad, no solamente en política interior sino también para la comunidad internacional. Chalmers Johnson considera que en los Estados Unidos se ha producido «un golpe militar larvado, quizás irreversible, que, a semejanza de la antigua República Democrática Alemana, transformará el país en una nación de delatores en la que solamente los mormones blancos estarán seguros».¹² Efectivamente, en agosto del año 2002 se puso en funcionamiento la Operación TIPS (Operación Soplos) cuya tarea principal es reclutar confidentes. El número de informantes, más de un millón, sobrepasará ampliamente a los reclutados por la STASI, la temida policía secreta de los comunistas alemanes.

Las reacciones dudosamente democráticas han contagiado a muchos dirigentes políticos occidentales. «A medida que la guerra contra el terrorismo fue dominando el discurso de la prensa mundial —denuncia el Informe Anual 2002 de Amnistía Internacional— los gobiernos comenzaron a representar a los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad, y a los activistas de derechos humanos como idealistas románticos en el mejor de los casos, y, en el peor, como defensores de los terroristas.» El sacrificio de los derechos humanos en aras de la seguridad no es un fenómeno extraño en la historia moderna. Pero en esta ocasión la justificación no ha sido esgrimida por regímenes autocráticos sino por democracias sólidamente establecidas y que se presentan ante el resto de los mortales como modélicas. Se han puesto en vigor leyes draconianas incompatibles con la cultura política actual, a pesar de que no existe ninguna contradicción entre una acción eficaz y enérgica contra el terrorismo y el respeto a los derechos humanos. Es más, como subrayó el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de las personas son la mejor profilaxis contra el fenómeno terrorista.

Inmediatamente después de los atentados criminales contra las Torres Gemelas y el Pentágono, dos tercios de los ciudadanos estadounidenses eran partidarios de suspender las garantías constitucionales para luchar contra el terrorismo, según una encuesta publicada en The New York Times. Comenzaron a ejercerse presiones sobre los medios de comunicación para ocultar la verdad de lo que sucedía. La primera enmienda de la constitución norteamericana, sin embargo, es tajante al respecto: el Congreso no puede aprobar ninguna ley que «coarte la libertad de palabra o de prensa». El Gobierno, con el aplauso generalizado de los ciudadanos, se ha saltado el mandato constitucional y ha presionado para que las cadenas privadas de televisión no retransmitieran las declaraciones de Osama Bin Laden, a pesar de tratarse de material informativo del máximo interés. Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente Bush, se reunió el 9 de octubre de 2001 con los representantes de las principales cadenas informativas para «sugerirles» un estricto control de los videos con declaraciones de Bin Laden. Todas las manifestaciones del líder musulmán deberían ir acompañadas de una traducción simultánea al inglés para que no se escuchara la versión original. Pero la ofensiva contra las libertades y derechos básicos no había hecho más que comenzar.

Bill Maher fue severamente amonestado por el portavoz de la Casa Blanca por opinar que no era «muy valeroso lanzar misiles cruceros sobre Afganistán». También se recortaron las garantías procesales. Los detenidos, aunque no hayan cometido ningún delito, pueden estar privados de libertad durante meses sin ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Ciertos líderes políticos presuntamente demócratas sucumben fácilmente a la tentación autoritaria tan pronto como las circunstancias les son favorables. Sin necesidad de mandato judicial, el fiscal puede ordenar escuchas de conversaciones entre los letrados y sus clientes, así como interceptar el correo entre ambos. Los abogados consideran que la norma legal es claramente inconstitucional y aproxima a los Estados Unidos a comportamientos propios de Estados policiales.

Sin embargo, animados por el apoyo popular registrado por las encuestas, los dirigentes norteamericanos siguieron adelante en sus abusivos proyectos. Una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos ha creado unos tribunales especiales militares para juzgar delitos relacionados con el terrorismo. El secretario de Defensa decide las normas de procedimiento para cada caso concreto y George W. Bush determina a quién se aplica y dónde. Estos juicios excepcionales se celebrarán a puerta cerrada, con jurados compuestos exclusivamente por militares, sin normas procesales fijas, con abogados defensores que no necesitarán ser elegidos por los acusados y con una valoración arbitraria de las pruebas de culpabilidad. La simple palabra de un testigo puede ser definitiva para ejecutar a un reo. Mientras en la jurisdicción ordinaria norteamericana es necesaria la unanimidad del jurado para condenar a la última pena, en los tribunales militares basta el voto de dos tercios. Para el senador Patrick Leahy «la orden del presidente puede tener implicaciones internacionales porque envía un peligroso mensaje al mundo: las ejecuciones sumarias y los juicios secretos son aceptables cuando el acusado es extranjero».

Las nuevas disposiciones no solamente vulneran gravemente principios democráticos fundamentales, sino que contienen grandes dosis de sentimientos xenófobos, pecado inconcebible en una potencia que pretende ejercer el liderazgo mundial. El vicepresidente Dick Cheney declaró que quienes entran en los Estados Unidos ilegalmente, «no merecen las mismas garantías que el ciudadano norteamericano». Pero el procedimiento atípico se aplica tanto a los ilegales como a los que entran cumpliendo los reglamentos establecidos. El único requisito exigido es que la persona encausada sea extranjera. Un informe del Inspector General de Justicia de los Estados Unidos, hecho público el 29 de junio del 2003, admite oficialmente que el Departamento de Justicia violó los derechos civiles de centenares de ciudadanos sometidos a detenciones abusivas, actuando de forma arbitraria. El director de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), Anthony Romero, afirmó que «los emigrantes no eran enemigos, pero la guerra contra el terrorismo se convirtió rápidamente en una guerra contra los emigrantes». Tras los atentados del 11 de septiembre fueron detenidos en Norteamérica 762 extranjeros, pero contra ninguno de ellos se consiguieron pruebas de tener la menor relación, directa o indirecta, con el terrorismo. La Inspección de Justicia denunció asimismo la prolongación de las detenciones durante 80 días, en lugar de las 72 horas establecidas por la ley; a los detenidos tampoco se les permitió comunicarse con sus familiares ni contar con la asistencia de un letrado; los traslados fueron realizados con los sospechosos esposados y encadenados por los pies; vivieron encerrados en las celdas 23 horas diarias y en algunos casos con la luz encendida todo el tiempo, incluso procuraban intensificarla cuando intentaban dormir. La denuncia reconoce la dificultad para procesar a los funcionarios que cometieron abusos porque todas las pruebas, incluida la filmación de los interrogatorios, han sido destruidas. «No pedimos perdón a nadie —declaró Barbara Comstock, portavoz del Departamento de Justicia— por utilizar todos los recursos para proteger al público americano frente a nuevos ataques terroristas.» La filosofía que encierra la frase podía ser perfectamente asumida por cualquier dirigente nazi. También Hitler cometió los crímenes más horrendos «para defender a sus ciudadanos», según la retórica oficial.

Resulta significativo que la mayoría de las críticas formuladas en los medios de comunicación de los Estados Unidos contra las medidas de Bush se centran en que pueden afectar al «espíritu de unidad forjado tras los atentados» o erosionar «la credibilidad del presidente». Nadie se preocupó, en un primer momento, por denunciar los ataques a la dignidad humana de las medidas adoptadas o por la violación de los principios de la democracia. Se explotó una coyuntura dramática para ampliar los poderes gubernamentales y para mutilar gravemente las garantías democráticas.

Pasado el pánico de los primeros días comenzaron a exteriorizarse opiniones fundamentadas sólidamente contrarias a las medidas tomadas por el presidente Bush. William Safire denunció desde las páginas de The New York Times el «poder dictatorial de Bush» por atreverse a vulnerar abiertamente «los principios del derecho y las reglas de la evidencia». El derecho de defensa frente a la agresión ilegítima no es una patente de corso para saltarse la legalidad constitucional. Pero las críticas no hicieron mella en el ánimo de los gobernantes.

El diario The Washington Post, el 26 de diciembre de 2002, publicó, en primera página, que la mayoría de los supuestos terroristas capturados hasta ese momento, más de 3.000, permanecían encerrados en cárceles secretas. Quienes no colaboraban con la CIA eran obligados a «ponerse de rodillas con los ojos vendados o se les impedía conciliar el sueño mediante un intenso bombardeo lumínico las 24 horas del día». Los detenidos ignoran la situación del lugar donde se encuentran encerrados y se les niega cualquier tipo de asistencia exterior. Se les somete a técnicas de «estrés y padecimiento». El periódico norteamericano consiguió estos datos tras entrevistar a varios ex funcionarios de los servicios secretos y a diez miembros de la seguridad nacional. Los centros especializados en torturas están localizados en la base cubana de Guantánamo, en el centro aéreo norteamericano de Bagram, situado a 50 kilómetros de Kabul, y en la isla británica de Diego García en el Pacífico, alquilada por el Gobierno de Washington.

Existen otras vulneraciones que vienen de lejos, ajenas a las circunstancias del momento histórico. El mantenimiento de la pena de muerte en 38 Estados norteamericanos, a pesar de haberse demostrado, gracias a las pruebas de ADN, la inocencia de un elevado porcentaje de reos ejecutados, constituye, en el fondo, una violación de los principios contenidos en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre promulgada el 10 de diciembre de 1948, obligatoria para todos los países miembros de la ONU. El gobierno de Washington ha vetado en la ONU la convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países miembros excepto los Estados Unidos y Somalia. Una de las razones esgrimidas para adoptar esta actitud de rechazo es que el tratado prohíbe la aplicación de la pena capital a los menores de 18 años, legalizada hasta fecha reciente en varios estados norteamericanos. En el año 2001 han sido ejecutados 9 menores de edad. El gobernador del Estado de Tejas, Rick Perry, vetó una ley prohibiendo la ejecución de discapacitados psíquicos. Un estudio de la Universidad de Columbia demuestra que el 68 % de las penas de muerte dictadas entre 1973 y 1995 fueron declaradas nulas por errores graves en el procedimiento judicial. 44 deficientes mentales han sido ejecutados desde 1976. En el año 2005 nada menos que 3.401 reos esperaban su ejecución en los corredores de la muerte de las cárceles de los Estados Unidos, aunque la decisión del Tribunal Supremo de marzo de ese año que declaró ilegal la ejecución de menores ha salvado la vida a 72 condenados.

Pero el problema no es exclusivo de la primera potencia mundial. La pena de muerte continúa vigente en 84 países. En el año 2001 fueron ejecutadas en China 2.468 personas; en Irán, 198; en Irak, 179; en Arabia Saudí, 82; Yemen, 80; Afganistán, 68... También han sido ajusticiadas 300 personas en Kenya, Tayikistán y Vietman. En el año 2002 Amnistía Internacional registró 3.248 sentencias de muerte en 67 países y fueron ejecutados 1.526 reos en 31 Estados. Las cifras se incrementaron el año 2004: 3.797 ejecuciones en 25 países, según el informe de Amnistía Internacional. Se trata de cifras reconocidas oficialmente, las reales de los países del tercer mundo superan ampliamente estas cantidades. En Irán y Pakistán se sigue ejecutando a los menores de edad. Tal como denuncia Irene Khan, «la pena de muerte constituye una violación de los cimientos sobre los que se asientan los valores humanos y la dignidad». La pena de muerte es la pena máxima, la máxima tortura para el ser humano.

Existen también otras ejecuciones al margen de cualquier tipo de legalidad. El presidente Bush puso a disposición de la CIA más de 1.000 millones de dólares para que mataran a Bin Laden y se ofrecieron recompensas a quien lo entregue «vivo o muerto», recuperando una tradición vigente entre los pistoleros del lejano oeste. Gary Schrden, agente de la CIA, recibió una orden tajante: «Tu misión —le ordenó Cofer Black— es encontrar a Bin Laden, matarlo y traernos su cabeza en una caja de hielo líquido para que yo se la lleve al presidente.» Se trata de una inducción directa a cometer un delito de asesinato con la agravante de ser mediante precio o promesa de recompensa. El presidente norteamericano firmó en enero del año 2002 una orden reconociendo a la CIA carta blanca para utilizar los métodos necesarios para derrocar al presidente de Irak, Sadam Hussein, llegando, si fuera necesario, a su eliminación física. Para Larry C. Johnson, asesor en materia de seguridad del presidente norteamericano, «la orden ejecutiva que prohibía a la CIA cometer asesinatos ha sido redefinida». Ahora se autoriza a la «comunidad de inteligencia» para abatir solamente a quienes hayan asesinado ciudadanos estadounidenses, no a las personas calificadas de enemigos políticos, como se ha hecho hasta la década de los noventa. La orden ejecutiva 12.333, de 1991, trató como delincuentes a los agentes responsables de participar en un intento de asesinato por lo que deberían ser detenidos, procesados y condenados, si eran culpables, a cadena perpetua. El presidente George W. Bush, por el contrario, ha autorizado a la CIA a «matar sin avisar». Se ha creado un marco legal concebido para permitir a los agentes de los servicios de inteligencia cometer asesinatos sin necesidad de contar con la autorización de las autoridades políticas. Según The New York Times el gobierno norteamericano ha facilitado también una lista de personas calificadas de «objetivos preferentes» por sospechar que pertenecen a la red de Al Qaeda. Los supuestos implicados deben ser ejecutados «si su captura resulta poco práctica», es decir, si no pueden revelar datos interesantes durante los interrogatorios. De hecho se restableció la novelesca «licencia para matar» invocando razones de seguridad nacional. Sean asesinos o no las presuntas víctimas de los servicios de inteligencia, la realidad es que se trata de «ejecuciones extrajudiciales» contrarias no solamente al derecho internacional sino también a los principios fundamentales del derecho punitivo, uno los pilares sustentadores del moderno Estado de derecho.

Ariel Sharon ha introducido la noción de «asesinato selectivo» para justificar sus acciones terroristas contra la población de Palestina. Ningún organismo internacional le ha pedido responsabilidades por estas acciones contrarias al derecho de gentes. Ningún tribunal de justicia le ha incoado un sumario a pesar de que el asesinato está tipificado como delito en todos los códigos punitivos desde la más remota antigüedad.

El terrorismo es una de las mayores lacras de nuestra época, una irracionalidad bárbara y criminal. Pero solamente se debe combatir utilizando métodos democráticos. Las competencias, en un verdadero Estado de derecho, están claramente delimitadas: las leyes elaboradas por las cámaras representativas tipifican claramente las conductas delictivas; la policía descubre, detiene y pone a disposición de la autoridad judicial a los delincuentes, y por muy graves que sean las acusaciones no está legitimada para imponer castigos ni efectuar interrogatorios infamantes; los tribunales tienen por misión juzgar, determinar las correspondientes responsabilidades y sancionar o absolver a los procesados. Cuanto más graves sean las penas impuestas a los condenados, mayores tienen que ser las garantías judiciales. Con los acusados de terrorismo, sin embargo, se hace todo lo contrario. Tampoco la autoridad política, por importantes que hayan sido sus apoyos electorales, está facultada para inmiscuirse en asuntos ajenos a sus competencias. Una democracia sin división de poderes es una farsa. Ya lo dijo hace más de dos siglos Montesquieu, aunque no han hecho mucho caso a sus advertencias.

El desafío irracional del terrorismo ha convertido al Estado, en muchos países, en un aparato reproductor de sus técnicas y fines, ha servido de pretexto para dar carta blanca a la delincuencia institucional, la más peligrosa de las delincuencias. La moralidad democrática está siendo corrompida en uno de sus centros neurálgicos.

Incluso llegan a violarse descaradamente las leyes de la guerra. El secretario de Defensa del Gobierno de Washington admitió que las tropas norteamericanas utilizaban bombas de fragmentación, prohibidas por los acuerdos internacionales, porque lo que deseaban era «matar talibanes». El instinto de venganza prevalece sobre las obligaciones internacionales. Desgraciadamente parece que se ha resucitado la bárbara diplomacia de la muerte y el exterminio, la injusta y vengativa ley del ojo por ojo, diente por diente. Y ningún Gobierno occidental presentó objeciones a estas declaraciones contrarias no solamente a la civilización de la democracia, sino incluso a los principios del derecho penal universalmente aceptados. Es más, el Gobierno italiano de Berlusconi y el inglés de Tony Blair se han apresurado a seguir las líneas maestras de la doctrina proclamada por el presidente Bush. La cultura de la violencia es el auténtico cáncer de nuestra sociedad, la condena a muerte, a corto plazo, de las esperanzas en el advenimiento de un mundo más libre y justo. Las convenciones de Ginebra sobre el tratamiento a los prisioneros de guerra parece que se han escrito en papel mojado. Sin embargo todo hombre, por el hecho de serlo, tiene derecho a ser tratado con dignidad, a no ser sometido a vejaciones impropias de su condición.

Los Estados Unidos, según denuncia la Cruz Roja Internacional y Human Rights Watch, ha convertido la base de Guantánamo en un «laboratorio de experimentos» utilizando a los detenidos como cobayas. Están «metódicamente diseccionando la psique de los acusados». Al ser declarados «combatientes enemigos» pueden estar detenidos indefinidamente sin poder contar con la ayuda de un abogado defensor. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sentenció que 600 extranjeros retenidos en la base de Guantánamo tenían derecho a disponer de un abogado y a recurrir contra su encarcelamiento. Pero tanto el Pentágono como el Departamento de Justicia han ignorado el fallo del más alto tribunal de justicia. Tampoco se aplica la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra, ya que, como declaró el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, «es un nuevo tipo de guerra que requiere un nuevo sistema de detenciones y por tanto la adaptación de la Convención de Ginebra». Los intentos de suicidio comiéndose sus propias heces, dándose cabezazos contra las paredes, ahorcándose con toallas o rompiéndose las venas con cubiertos de plástico revelan la inhumana situación de los detenidos. En el campo de Guantánamo permanecieron encerrados durante dos años niños con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años calificados como «combatientes juveniles enemigos». «El retraso en la celebración de los juicios —escribía The New York Times el 22 de agosto de 2003— es tan inaceptable como las normas que ha establecido la Administración para la celebración de los juicios». El Colegio de Abogados de los Estados Unidos instó al Congreso y al Ejecutivo la revisión a fondo de unas normas procesales que, entre otras graves violaciones del derecho, «autorizan al Departamento de Defensa a controlar las comunicaciones entre los abogados civiles y sus defendidos, y exigen a los letrados que revelen las informaciones que obtengan de sus clientes relacionadas con los futuros actos criminales». El Gobierno se reserva asimismo «el derecho a negar a los detenidos y a sus abogados civiles el acceso a las pruebas que se alegarán en los juicios».

No se trata de acciones aisladas cometidas por militares desalmados. No. Los comportamientos abusivos responden a una operación minuciosamente preparada por los máximos responsables de Washington. Los derechos constitucionales de los Estados Unidos no se aplican en esta base situada en territorio cubano desde que fue alquilada en 1934. La elección del lugar responde al deseo de conseguir la impunidad para los criminales responsables de la violación de los derechos más elementales. Son delitos gravísimos que se ponen a salvo de cualquier actuación judicial de los tribunales norteamericanos independientes y de las asociaciones defensoras de los derechos cívicos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna por razón de nacionalidad, nacimiento o raza. La base de Guantánamo constituye, en la actualidad, un paraíso para los torturadores profesionales. Para encontrar una actuación similar hay que acudir al recuerdo de los campos de exterminio nazis. Solamente los hipócritas se sorprendieron con los escalofriantes testimonios gráficos de las torturas a que fueron sometidos los prisioneros iraquíes. La cuerda de las responsabilidades, en esta ocasión, se ha roto también por el punto más flojo. Unos cuantos soldados rasos han pagado las culpas de una tenebrosa estrategia planificada desde las alturas del poder. Ni Adolfo Hitler se atrevió a actuar tan descaradamente como los dirigentes republicanos de la primera potencia mundial. La filosofía torturadora de la base cubana se ha trasladado a las cárceles iraquíes. Los delitos cometidos contra los prisioneros no fueron superados ni por el propio Sadam Hussein. El dictador iraquí, por lo menos, tenía el pudor de ocultar sus fechorías. La elocuencia de los testimonios gráficos hacen innecesarias las palabras para describir los ultrajes.

Además de los internos oficiales de la base de Guantánamo, según denunció el 17 de diciembre de 2004 The Washington Post, existe una prisión secreta, controlada directamente por la CIA, en la que permanecen cautivas medio millar de personas «fuera de toda tutela legal o humanitaria». También existen prisioneros ignorados en la isla británica de Diego Gómez, en el océano Índico, y en barcos situados estratégicamente en aguas internacionales para eludir cualquier fiscalización estatal. Semejantes prácticas fueron expresamente autorizadas por una directiva especial del presidente Bush y bendecidas por los asesores jurídicos de la Casa Blanca.

Hay ruedas de molino que no pueden ser digeridas por los juristas de los gobiernos más leales y sumisos a los mandatos de Washington. Los coordinadores para asuntos de terrorismo islámico de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid advirtieron, en la época del presidente Aznar, desde el primer momento, a los agentes federales norteamericanos sobre las dificultades para acceder a una petición de extradición de los sospechosos detenidos en España debido a la vigencia de la pena de muerte en su país y a que no se admitiría que fueran juzgados por tribunales militares, especiales y secretos, en juicios sumarísimos, medidas contrarias al ordenamiento jurídico español y al respeto de los derechos fundamentales de la persona. A nadie extraña que la autoridad judicial española tenga que adoptar con la potencia rectora del mundo actual una actitud semejante.

La legislación de la Unión Europea también se opone a la entrega de supuestos delincuentes a países que no ofrezcan suficientes garantías procesales de justicia e imparcialidad o que mantengan vigente la pena de muerte. El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice literalmente: «Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.» Pero no existen impedimentos legales capaces de frenar los deseos de la potencia dominante. El Convenio para la Cooperación para la Defensa firmado en abril de 2002 entre Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno del presidente Aznar, con carácter de secreto, permite a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas estadounidenses detener en España a cualquier persona sospechosa y trasladarla a su país para ser juzgada y condenada incluso a la pena capital. Los norteamericanos destinados en las bases solamente responden ante la justicia de su país aunque hayan cometido el delito en territorio español, vulnerando descaradamente el principio de territorialidad que concede competencias para juzgar a los jueces y tribunales del lugar en que se haya producido la violación de la ley. Al tener el carácter de secreta, una ley que afecta directamente a la soberanía nacional no tiene ninguna posibilidad de ser debatida en el Parlamento. Solamente quienes forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales pueden tener conocimiento detallado de su contenido.

Ya con anterioridad a las polémicas decisiones del presidente Bush la CIA iba por libre. Una información publicada en noviembre de 2001 en The Wall Street Journal, elaborada por Andrew Higgins y Christopher Cooper, revela que en una base abandonada, situada a cincuenta kilómetros de Tirana, los sospechosos de colaborar con el terrorismo islámico interrogados por la CIA eran sometidos a «descargas eléctricas en los pezones y en los testículos, los colgaban de los pies y de las manos, los arrastraban boca abajo por un suelo pedregoso o los introducían en una bañera llena de inmundicias». Estas faenas sucias en el sentido literal de la acepción eran realizadas por los policías albaneses a sus órdenes. Fatos Klosi, jefe de los servicios de inteligencia de Albania, reconoció que las operaciones realizadas por la CIA eran «legalmente poco justificables».

También en la cuna de la democracia liberal, Gran Bretaña, el presidente laborista Tony Blair propuso el internamiento de emergencia indefinido, sin necesidad de juicio previo, para los extranjeros sospechosos de ser terroristas; el acceso de la policía a todos los datos médicos, fiscales y financieros de los ciudadanos; la intervención de las comunicaciones telefónicas y por internet; la congelación de las cuentas bancarias cuando su titular comienza a ser investigado por la policía; la obligación de las compañías aéreas de informar sobre los pasajeros y el tipo de carga que transportan y otras medidas que limitan la libertad de los ciudadanos. La nueva regulación supone una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos que entró en vigor en octubre del año 2000. El informe «Rights denied: the UK’s response to 11 september 2001» denuncia el trato y las condiciones carcelarias a que son sometidas en el Reino Unido las personas detenidas como consecuencia de los atentados terroristas contra las torres gemelas de Nueva York. Los sospechosos han sido aislados en grupos reducidos y continúan «incomunicados en sus celdas 22 horas diarias». Livio Zilli, conocedor de la situación, sostiene que el régimen de encarcelamiento a que se les somete puede causar un grave deterioro físico y mental que, a su vez, llega a mermar su capacidad para defenderse ante el tribunal». Hasta el 17 de julio del año 2003 ninguno de los detenidos en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad había sido interrogado por las autoridades británicas. Se está creando, en la práctica, una administración de «justicia en la sombra», algo contrario a las garantías procesales necesarias, entre ellas la publicidad de los juicios, para poder dictar una sentencia justa.

El máximo órgano judicial británico, en decisión del diciembre de 2004, declaró contrarios a la Convención Europea de Derechos Humanos varios apartados de la Ley Antiterrorista de 2001, ya que «la prisión indefinida sin cargos ni juicio» es contraria a un sistema político regido por el imperio de la ley. La decisión judicial, sin embargo, no obligó al gobierno de Blair a suspender la aplicación de dicha norma jurídica ni a dejar en libertad a los detenidos ilegalmente. Lord Hoffman recordó que «la verdadera amenaza para la vida de la nación, en el sentido de pueblo que vive de acuerdo con las leyes tradicionales y sus valores políticos, no procede del terrorismo sino de leyes como ésta».

La Italia de Berlusconi también reaccionó aplaudiendo y emulando al presidente Bush. Corea del Sur, Jordania y la India, con el pretexto de perseguir los actos terroristas, ampliaron desmesuradamente las competencias policiales y negaron garantías fundamentales a los detenidos. En Zimbabue los miembros de la oposición, políticos críticos con la violación de los derechos humanos, fueron acusados públicamente de connivencia con los terroristas. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos realizadas actualmente no son debidas a actos aislados de personas irresponsables o de funcionarios incontrolados sino que responden a un plan diseñado desde las alturas del poder y autorizados por sus respectivos Gobiernos. La gran delincuencia política jamás ha alcanzado los niveles actuales.

La alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, la irlandesa Mary Robinson, fue obligada a anunciar su retirada, según unas declaraciones realizadas a mediados de marzo de 2002, por enfrentarse «a Gobiernos poderosos que violan los derechos humanos». La cualificada representante del organismo internacional había criticado tanto la sangrienta represión de Moscú en Chechenia como el desproporcionado número de víctimas civiles provocado por los bombardeos de los Estados Unidos en Afganistán. Tampoco se anduvo con rodeos a la hora de formular críticas contra el régimen de Pekín. Asimismo denunció que la respuesta de Occidente a los ataques terroristas «puede socavar la protección de los derechos humanos en todo el mundo». La señora Robinson exigió la aplicación de las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra a los encarcelados en la base estadounidense de Guantánamo. Supuestas razones de Estado prevalecen en los dirigentes occidentales sobre la defensa de la justicia y la libertad a la hora de tomar decisiones. La legitimidad política de un sistema se basa tanto en la soberanía efectiva del pueblo, expresada a través de elecciones libres y periódicas, como en el escrupuloso respeto de los derechos humanos, ya que suponen la única barrera efectiva contra la tiranía de las mayorías, uno de los riesgos de la democracia meramente formal. Es preciso asimismo garantizar un ámbito inviolable de autonomía privada. La situación resulta extremadamente peligrosa desde el momento en que Washington abusa de su apabullante superioridad económica y militar para imponer sus patrones de legitimidad a todos los países.

Ante este desolador panorama, no resulta extraño que Israel, uno de los protectorados norteamericanos, haya intentado legalizar la tortura bajo el eufemismo de «presión física moderada» en los interrogatorios policiales o que se crean legitimados para arrasar la vivienda de los familiares de un terrorista, aunque no hayan tenido ningún comportamiento delictivo. Por primera vez en la historia del derecho la responsabilidad penal se extiende a los familiares del delincuente, algo que abre una peligrosa brecha en la cultura jurídica. Jamás se han violado tan abiertamente los derechos de los ciudadanos en un sistema que presume de democrático. Se está sacrificando la democracia en el altar especulativo del gran dios de la globalización. La aplicación efectiva y real de los derechos humanos constituye la base y fundamento de toda democracia, una parcela que debe mantenerse siempre a salvo de las veleidades coyunturales y de las conveniencias estratégicas defensivas o meramente policiales. La delictiva experiencia del Estado de Israel ha tenido consecuencias directas en los Estados Unidos. Alan Dershwitz, profesor de derecho de la Universidad de Harvard, defiende que «la tortura de detenidos sospechosos de terrorismo debería ser practicada en un marco legal en lugar de en las cloacas del Estado». Sostiene el profesor, dado que bajo una democracia «todo tiene que hacerse dentro del sistema», debería existir «una orden judicial de tortura». Si el sospechoso no suministrara la información requerida «sería sometido a presiones físicas bajo la vigilancia judicial para producirle un dolor atroz sin causarle daños duraderos». Jamás el derecho había caído tan bajo.

Los derechos del hombre reconocidos por las Naciones Unidas proclaman también que todos los hombres y mujeres tenemos derecho a una vida digna. El primer derecho es el de disfrutar de una dieta alimenticia suficiente y sana para sobrevivir. La lógica elemental del funcionamiento del mercado, sin embargo, genera hambrunas en amplias regiones de nuestro planeta. Los pueblos subsaharianos, por ejemplo, hace tiempo que soportan una situación límite. Pero incluso en el mundo próspero, orondo y satisfecho de sí mismo, la mano generosa de la caridad organizada no sacia a todos los famélicos. Los datos registrados por las organizaciones internacionales hablan de casi 800 millones de hambrientos, más de 11 millones censados en los países industrializados. La carencia de alimentos afecta particularmente a la infancia. Llegar a cumplir los 7 años de edad es, en muchas regiones de nuestro planeta, una auténtica proeza. El automatismo del mercado no se preocupa de las necesidades básicas de un tercio de la población mundial sumida en la miseria. Es el dinero quien decide la orientación de la oferta y la demanda en todos los mercados desde que funcionan en nuestro mundo.

Las multinacionales de la alimentación también campan por sus respetos en la geografía del hambre. Muy revelador es lo que sucede con las explotaciones agrarias. La tan loada mano invisible del mercado les ordena incrementar la producción destinada a cebar animales para los menús de los restaurantes de lujo en vez de cultivar cereales con los que amasar y cocer el pan nuestro de cada día. Preocupan más los animales que las necesidades de los hombres que carecen de capacidad adquisitiva. El primer mundo pide y paga a buen precio chuletones y solomillos. Por eso se da preferencia a la alimentación de animales antes que a acabar con el hambre en el tercer mundo. La lógica del funcionamiento de la oferta y la demanda impone su ley fría y calculadora. La solvencia y fortaleza de la demanda cárnica en las cocinas de cuatro estrellas es aprovechada por las multinacionales de la alimentación para incrementar todavía más sus beneficios. Es más rentable cebar animales que suministrar alimentos a los niños hambrientos. No hay nada objetable desde el punto de vista de la ética económica. Grandes empresas controlan la producción de semillas, la explotación de los últimos avances en ingeniería genética, los piensos, los mataderos industriales y los canales de distribución del ganado vacuno. «La paradoja del sistema de producción de alimentos actual —denunció Jeremy Rifkin, gerente de la Fundación sobre Tendencias Económicas de Washington— reside en que millones de consumidores ricos en el primer mundo fallecen por enfermedades relacionadas con la riqueza (enfermedades coronarias, infartos, diabetes y cáncer), provocadas porque se atiborran de terneras y otras carnes ricas en grasa alimentadas a base de cereales, mientras que en el tercer mundo la gente muere de enfermedades provocadas por la pobreza al negarles el acceso a las tierras para cultivar cereales con los que alimentar a sus familias.» Son muchos quienes, a pesar de sus oraciones, no reciben el pan nuestro de cada día. Los responsables de la marcha de la economía se olvidan que las prioridades humanas, los derechos básicos, comienzan por el estómago. Quien no come no sobrevive. Se le niega el derecho a existir.

Las solemnes proclamaciones constitucionales necesitan ser desarrolladas en normas y leyes de inferior rango para poder incorporarse a las relaciones de vida. No residen en el poético mundo de las creaciones líricas. Los avances realizados en la reivindicación de mejores condiciones de vida para todos lograron la ampliación del catálogo de derechos fundamentales al incorporar también aquellos con un contenido claramente social. «Los económicamente débiles —subraya Karl Loewestein— exigieron la protección contra los económicamente poderosos; necesitaban servicios públicos y medidas legislativas político-sociales para protegerse del hambre y la miseria, de la enfermedad y de la incapacidad para el trabajo por razones de edad.» En la Declaración de la ONU del 10 de diciembre de 1948 se preceptúa que toda persona en cuanto miembro de la sociedad tiene derecho a la «satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad» y a que «se establezca un orden internacional en el que los derechos y libertades proclamados se hagan plenamente efectivos» (Art. 29).

A diferencia de aquellos derechos que reconocen ámbitos inviolables de autodeterminación frente a la intromisión ilegítima de otros poderes, cuya defensa puede ejercitarse con éxito ante los tribunales de justicia, los derechos sociales exigen políticas estatales activas, actitud que choca frontalmente con el neoliberalismo global, opuesto tajantemente a cualquier tipo de intervención pública, excepto aquéllas dirigidas a defender el funcionamiento del llamado libre comercio y a poner a salvo los privilegios usufructuados de cualquier pretensión de corregir injusticias. Este cruzarse de brazos del aparato estatal, impuesto por los líderes de la globalización, equivale a cercenar derechos y principios incorporados a todas las constituciones democráticas. Los envían al infierno de los incumplimientos. Están recortando la democracia hasta extremos inconcebibles. La imposibilidad práctica de exigir el efectivo cumplimiento de las obligaciones sociales no solamente atenta contra la naturaleza propia del universo jurídico, sino que ataca y destruye las vigas maestras del moderno edificio social y solidario que tantos esfuerzos, sudores y sacrificios costó a la humanidad. La reducción de competencias y recursos presupuestarios del Estado en nombre de la liberalización global imposibilitan el cumplimiento de exigencias ineludibles de carácter social y económico, indispensables para dignificar la vida y hacer más justa la convivencia entre todos los seres humanos.

«A medida que se va expandiendo la globalización —dice el informe de Amnistía Internacional—, acrecentando la riqueza de unos y la miseria y desesperación de otros, los activistas de derechos humanos deben promover no sólo la justicia legal, sino también la justicia social.» Es preciso, y de forma prioritaria, combatir el hambre, la falta de viviendas, el desempleo, el analfabetismo y la discriminación.

Hasta el territorio trascendental de la libertad de información llegan asimismo los efectos del deterioro de la democracia. Se está desarrollando un proceso de cambio en el control de los medios de comunicación. Primero fue la formación de grandes grupos multimedia que limitaron la pluralidad; ahora se registra la participación directa de las macro empresas financieras en las cadenas televisivas y periodísticas. El empresario de prensa —mitad periodista, mitad hombre de negocios— está desapareciendo del universo de la comunicación. El capital financiero ya no se limita, como hasta ahora, a presionar tangencialmente sobre los periodistas y las empresas sino que toma directamente las riendas del negocio. El precio de las complejas y sofisticadas tecnologías solamente se encuentra al alcance de unas pocas fortunas. Ya en Le Monde Diplomatique correspondiente al mes de diciembre de 1974, Hebert I. Schiller subrayó que «la edición de libros, revistas y periódicos, y la producción de películas y programas de radio y televisión están, hoy día, bajo el control de gigantescas empresas de medios de comunicación que operan a escala continental.» Este proceso se ha acentuado últimamente y las sociedades mercantiles han extendido su radio de influencia hasta todos los rincones del planeta. En los Estados Unidos las tres grandes cadenas de televisión funcionan vinculadas a conocidas multinacionales. La NBC está asociada con Westinghouse, que fabrica material de guerra; la ABC pertenece a Disney y la CBS a General Electric. La cadena televisiva CNN es considerada como el instrumento audiovisual de la mundialización. La misma orientación se observa en los grandes grupos de comunicación europeos. Berlusconi representa el ejemplo de la simbiosis perfecta entre el dinero y el poder político, entre la corrupción y el mundo de los negocios. Los medios de comunicación, salvo conocidas y cada vez más raras excepciones, se están convirtiendo en meras terminales de poderosos intereses financieros. La lucha por la independencia informativa es una actitud que tiene visos de heroica por parte de ciertos empresarios y periodistas.

La difusión de la información, hoy día, es unidireccional: se dirige desde unos cuantos centros situados en los países industrializados hasta el resto del mundo. Sus contenidos, lógicamente, reflejan las preocupaciones, aspiraciones y creencias, tanto políticas como económicas, de las sociedades donde tienen su origen. «En la hora actual —escribió Amadou-Mahtar M’Bow, ex director general de la UNESCO— la difusión de la información se hace en gran medida en sentido único, a partir de unos cuantos centros situados, sobre todo, en los países industrializados. Esta información refleja necesariamente las preocupaciones, las aspiraciones e incluso el punto de vista de las sociedades donde tienen su origen y sus medios, y los organismos que los soportan, tienden, quieran o no, a instaurar una dominación de hecho capaz de imponer sus modelos culturales.» Aprovechándose de esta situación intentan difundir sus costumbres, creencias, estructuras políticas y económicas a los países receptores de sus mensajes. Existe un desequilibrio cada vez más acentuado entre los productores y los consumidores de las informaciones. El control de la producción software y hardware está en manos de grandes sociedades internacionales, transnacionales y multinacionales. El nuevo imperialismo no se conforma con apropiarse de la riqueza de las naciones sino que pretende controlar todos los aspectos de la vida humana, penetrar hasta el último rincón de la intimidad personal.

Durante los conflictos recientes —guerra del Golfo, contiendas de los Balcanes y ocupación de Afganistán e Irak— se manifiesta con todo su vigor la capacidad de los nuevos señores de la guerra o de la paz, según la oportunidad del momento, para instrumentalizar las noticias. La autoridad militar ejerció un férreo control sobre la transmisión de imágenes e informaciones. Había que crear la sensación de guerras blandas y justicieras, sin muertes ni víctimas inocentes. La denominación de episodios violentos varía según sean protagonizados por la llamada «comunidad internacional» o por sus «satánicos enemigos». Lo más grave de estas agresiones a la libertad informativa es que la mayoría de los medios de comunicación no han denunciado tan vejatoria situación. La CNN, cuando la OTAN bombardeó deliberadamente un puente situado cerca de la localidad yugoslava de Varvadin, matando a decenas de civiles, apostilló que «eso les enseñaría a los ciudadanos a no permanecer en los puentes». Algunos periodistas se alojaban en el Gran Hotel de Pristina luciendo uniformes militares. Lo mismo sucedió durante los duros bombardeos de Afganistán. Otros periodistas llegaron a aplaudir los ataques y a manifestar su odio contra los talibanes. En la rueda de prensa para anunciar la detención de Sadam Hussein la mayoría de los periodistas asistentes aplaudió como si estuviera presenciando una función teatral. Se olvidaban de la objetividad exigida al periodismo serio y responsable. Tomaron partido por uno de los bandos en lucha. No ocultaban al servicio de quién estaban, aunque no siempre es tan fácil descubrirlo. Se ha avanzado mucho en materia de disciplina informativa. Cuando los aviones de la OTAN destruyeron un hospital los telediarios dijeron que se trataba de un cuartel. Todas las víctimas inocentes se encasillaban en el apartado de «efectos colaterales». Ciertos informadores no ocultaron su sumisión a la línea de mando. Existen episodios que despiertan serias sospechas sobre la ética de los periodistas. Dos días antes de producirse los bombardeos contra el edificio de la televisión serbia en Belgrado, la CNN recibió el aviso, desde su sede central en Atlanta, de que se planeaba atacar las instalaciones por la fuerza aérea de la OTAN. Les recomendaron que sus equipos abandonaran el centro de comunicaciones de la capital lo antes posible. El ministro serbio de Información, Alexander Vucic, recibió un fax invitándole a aparecer en el programa de Larry King, uno de los entrevistadores más famosos de los Estados Unidos. Le citaban en el objetivo del ataque norteamericano a las 2:30 de la madrugada del 23 de abril y le pidieron que llegara a los estudios media hora antes para maquillarse, momento en que debía efectuarse el bombardeo. Vucic salvó su vida gracias a que se retrasó. A las 2:06 fue destruida la sala de maquillaje de los estudios de televisión. Los responsables de la cadena declararon que se trataba de una simple casualidad. Los hechos, sin embargo, continúan siendo tozudos después de la muerte de Karl Marx.

Para la campaña de propaganda y control de la información sobre la guerra de Afganistán, Washington creó en Londres la Coalition Information Center. El Departamento de Estado contrató los servicios de Charlotte Beer, ex jefa de la empresa publicitaria Ogilvy & Mather, experta manipuladora de noticias. Se realizan también importantes esfuerzos para controlar las informaciones difundidas a través de las nuevas tecnologías, hasta el punto de hablarse de guerras en la red —Netward—, ya que la actual estructura de internet ha logrado vida propia en zonas alejadas del control estatal. Por eso la RAND estadounidense está trabajando en la creación de redes de fuerzas especiales para utilizar los nuevos sistemas de influencia dentro de la estrategia militar. Según una información publicada en The New York Times y confirmada inmediatamente por el Departamento de Estado, en octubre de 2001 el Pentágono ha proyectado la Oficina de Influencia Estratégica (OIE), dirigida por el general de aviación Simon Worden, «para conquistar los corazones y las mentes de la opinión pública internacional utilizando todas las herramientas de la propaganda, incluso la difusión de mentiras». Sus actividades abarcan desde el envío de noticias por correo electrónico a periodistas y dirigentes extranjeros disimulando su procedencia, hasta el bloqueo de redes informáticas consideradas como hostiles. El Pentágono ha contratado por 100.000 dólares mensuales a la agencia de relaciones públicas Redon Group para que asesore técnicamente a la OIE. La desinformación constituye el objetivo prioritario de sus actividades.

Toda manipulación, en la nueva política informativa, es válida siempre que contribuya a crear «un ambiente propicio para las operaciones bélicas». Fabricar embustes se ha convertido en una actividad patriótica en la presunta cuna de las libertades. El Instituto Internacional de Prensa, organismo que agrupa a editores de todo el mundo, en su informe hecho público en Viena en febrero de 2002, acusó a los Estados Unidos de manipular los medios de información durante la guerra de Afganistán. David Dange, director del estudio sobre la libertad de prensa en el mundo, denunció al presidente Bush por «intentar suprimir la libertad de información en los medios de comunicación independientes». En Europa, con la legislación más avanzada en esta materia, existen para el IPI muchos motivos de preocupación porque el «periodismo crítico independiente es objeto de acoso y coerción».

El mundo de las comunicaciones vive un proceso similar al producido en el mercado financiero. Las multinacionales de la informática, la televisión, la electrónica y las transmisiones vía satélite se absorben y fusionan en un desenfrenado intento de controlar los grandes flujos de la información. Cada vez incrementan más su poder gracias a la eliminación de la competencia. El pluralismo va siendo arrollado por el pensamiento único. El número de lectores, escuchantes de radio o televidentes no son más que datos para reflejar la popularidad de los programas y atraer publicidad. Las televisiones sufren la colonización de las imágenes. Cada vez son menos los programas de elaboración propia y más los importados de las grandes productoras norteamericanas. Todos los esfuerzos realizados en Europa por evitar esta enojosa dependencia han resultado inútiles. Y no digamos en el llamado tercer mundo. Nos están imponiendo estilos de vida ajenos a nuestra tradición milenaria. Los efectos son calamitosos entre los sectores de la población con menos defensas intelectuales. En los países musulmanes llaman diabólicas a las antenas parabólicas por transmitir mensajes y costumbres totalmente ajenos a su cultura y a sus creencias.

Hace ya algunos años el profesor Hors Holzer, catedrático de sociología de la Universidad de Munich, denunció la existencia de una «pequeña élite de la sociedad internacional que controla y concentra toda la información relevante». La censura militar durante los conflictos bélicos es solamente un episodio de una estrategia más profunda y tergiversadora. Cada vez son menos las posibilidades de una opinión pública venida de abajo hacia arriba, emanada del pueblo para influir en los poderes sociales y económicos. En realidad el proceso se invierte. La opinión pública se modela según las conveniencias de las elites reinantes en los centros del poder. Las ideas y creencias, la cultura dominante, es inducida desde los grandes núcleos del poder mediático. Los filtros de la información funcionan cada vez con más eficacia gracias a los avances técnicos en el arte de la manipulación. Los grandes grupos financieros, industriales, bancarios y brokers no solamente figuran entre el accionariado de las empresas multimedia sino que asumen personalmente funciones ejecutivas.

Las tecnologías avanzadas despiertan nuevos apetitos. La lucha por el control de ICANN (Internet Corporation Assigned Names and Numbers), entidad que regula la creación y atribución de dominios en internet, ha desatado tempestades políticas en los Estados Unidos y en Europa. En principio esta actividad se encontraba bajo la vigilancia directa del Gobierno de Washington, pero el Departamento de Comercio delegó sus funciones en este organismo privado, aunque permaneciendo siempre bajo la tutela y vigilancia del poder político. Un grupo de senadores norteamericanos, entre los que figuran tanto republicanos como demócratas, han pedido al Gobierno que recupere la gestión directa de unas funciones tan trascendentales. También el Consejo de Comunicación de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo en mayo de 2002 reclamó una mayor participación en los organismos de control de internet. El ciberespacio está dominado por las grandes multinacionales. El sector público, a pesar del extaordinario valor estratégico de las telecomunicaciones, se bate en retirada. Al triunfar los valores mercantiles, las infopistas no son utilizadas para informar de un modo responsable y solvente sino para realizar actividades más lucrativas, incluso las que entran de lleno en el campo del delito, como la pornografía infantil.

Existen ya 425 millones de internautas activos, pieza codiciada por los que desean ejercer un control directo sobre las recientes tecnologías de la comunicación. Las perspectivas del nuevo horizonte informativo atraen hacia este sector a grandes empresas dedicadas a actividades económicas ajenas al universo de los medios de comunicación, unas para crear estados de opinión favorables a sus intereses, otras para obtener beneficios inmediatos. En el primer caso se manipula; en el segundo las noticias se transforman en simples mercaderías. Nadie se preocupa por garantizar y defender un derecho fundamental de la persona que afecta al buen funcionamiento de la democracia. El negocio, la codicia estimulada por el ánimo de lucro, en un mundo terriblemente mercantilizado, prevalece siempre sobre las exigencias de mayor libertad para los ciudadanos.

En la actual etapa globalizadora, la prensa va perdiendo fatalmente su capacidad para actuar como contrapeso del poder político mediante el ejercicio de la crítica solvente y la denuncia de los abusos y atropellos de los gobernantes. La evolución no puede sorprender a nadie conocedor de la estrecha vinculación existente ahora entre el poder político y el económico, con clara ventaja para el dinero. El poder actual se difunde y glorifica de un modo subterráneo, pero evidente, por empresas globales que extienden sus poderosos tentáculos a todas las actividades humanas, especialmente sobre los medios de comunicación. La explotación de los nuevos avances tecnológicos requiere una financiación solamente asequible a los colosos empresariales. La llamada «revolución digital» está protagonizada por empresas como Viacom, AOI, News Corps, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Disney, France Telecom, RTL Group, Time Warner... Difunden sus mensajes a través de la prensa escrita, las cadenas de radio que ocupan la mayoría de las frecuencias, la utilización de satélites que propagan el pensamiento único a todos los rincones del planeta, las televisiones hertzianas o mediante cable, los videojuegos, los dibujos animados que modelan y educan en el consumismo y la violencia a las mentes infantiles, los portales de internet, la informática, la electrónica y los servicios telefónicos.

En raras ocasiones se ha puesto tan de manifiesto el sacrificio de los valores democráticos en aras de la supuesta seguridad como cuando el señor John Ascroft, Fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica, acusó directamente a quienes mostraban su preocupación por la negligencia de los poderes públicos en la defensa de las libertades básicas. «A aquellos que asustan a las gentes amantes de la paz —sentenció— con los fantasmas de las libertades perdidas, mi mensaje es éste: sus tácticas sólo ayudan a los terroristas, erosionan nuestra unidad nacional y disminuyen nuestra capacidad de actuar. Están dando munición a los enemigos de América.» La descalificación brutal de los defensores de los valores democráticos, tratados como si fueran el eje de todos los males nacionales e internacionales, revela la gravedad de la situación. James Robertson, juez federal, falló el 6 de noviembre de 2004 que los procesos de Guantánamo «son ilegales y los detenidos tienen que ser juzgados como prisioneros de guerra, al amparo de las regulaciones internacionales». Como respuesta a esta decisión, la Sociedad Federalista de Abogados denuncia una tendencia «profundamente perturbadora» en los fallos de los tribunales. «El peligro es que las supervisiones intrusistas y el cuestionamiento de las decisiones presidenciales en estas áreas críticas —manifestaron— puedan poner en peligro la seguridad de nuestro país en tiempos de guerra.»

Las garantías judiciales son consideradas como un enojoso estorbo para los patrocinadores del nuevo orden global. Los poderosos dirigentes ignoran que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas preceptúa que «nada de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados por esta Declaración».

Se han erosionado gravemente los principios democráticos en nombre de la seguridad. No se han esforzado por hallar soluciones justas y racionales a un conflicto estudiado y resuelto hace tiempo por la ciencia jurídica. Los regímenes constitucionales disponen de leyes y mecanismos policiales capaces de hacer frente a los desafíos y amenazas de sus enemigos. Pero, tal como afirmó Karl Loewestein, «si se decide usar el fuego contra el fuego y negar a los agitadores el uso de las libertades democráticas para evitar la destrucción última de toda libertad, el Estado democrático actúa precisamente en contra de los principios de la libertad y la igualdad sobre los que está basado». Si se niegan los derechos humanos a los acusados de violarlos se está cometiendo un delito de idéntica naturaleza y de mayor trascendencia social, al ser realizado precisamente en nombre de la democracia por gobernantes elegidos libremente. Se trata de un auténtico despropósito político. Los sumos sacerdotes del poder pecan contra su propio credo ideológico, cometen el más grave de los sacrilegios democráticos.

Tal como alerta el magistrado español José Antonio Alonso, «las conquistas logradas por el racionalismo democrático en materia de derechos humanos a lo largo de los últimos siglos, peligra ante la vigencia de la globalización exclusivamente económica, desgobernada por intereses financieros y mercantiles, que al resultar ajenos y aun contrarios a estos derechos provocan una inevitable pérdida de orientación en las personas». Antonio Di Pietro, uno de los dirigentes de la «Operación Manos Limpias» en Italia, denunció la existencia de «un nuevo feudalismo caracterizado por la existencia de grupos con gran poder en la economía y en los medios de comunicación, que los utilizan para instalar a sus hombres en la cabeza del Estado». La cruzada contra el terrorismo ha proporcionado a los Gobiernos una coartada para realizar un significativo y peligroso cambio en el tratamiento de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades. El discurso dominante en la literatura oficial considera esos derechos fundamentales como un simple impedimento en su política contra el terrorismo. Se fomenta y difunde la cultura del miedo para justificar el renacer de una beligerancia agresiva e inhumana contra uno de los pilares fundamentales de la democracia. «Los gobiernos —denunció Irene Khan, de AI— no están cumpliendo su promesa de establecer un orden mundial basado en los derechos humanos, sino que están siguiendo una nueva y peligrosa agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad.» No solamente los gobiernos han protagonizado «el mayor ataque a los derechos humanos», sino que el terrorismo «ha alcanzado niveles inauditos de crueldad».

Democracia es algo más que elecciones libres e imparciales. Las mayorías también pueden ser tiránicas cuando no respetan los derechos fundamentales de las minorías. Los ciudadanos deben disfrutar de ámbitos de autodeterminación que les permitan desarrollarse en su plenitud personal. Son territorios políticamente sagrados, protegidos incluso de las decisiones parlamentarias y de la lógica matemática de las urnas. Las alusiones constitucionales a estos derechos no hacen más que reconocer una realidad ética y jurídica que está por encima de la voluntad de los gobernantes. Su ámbito de vigencia es universal y su existencia no depende de ningún reconocimiento legal. Los líderes de la globalización están destruyendo impugnemente la columna vertebral de nuestra civilización política.

Ni igualdad ni fraternidad

La igualdad legal y material exigida desde los albores de la democracia continúa siendo una entelequia. Abundan las discriminaciones por razones de creencias, ideologías y razas. Los extranjeros, tal como hemos visto anteriormente, son dignos de toda sospecha. En el mundo económico se ahondan cada vez más las diferencias. El ciclo de la miseria generado por la tercera ola neoliberal todavía no se ha cerrado: cada vez son menos los ricos más ricos y cada vez más los pobres más pobres. Sólo en el año 1996 pareció producirse un cambio en la tendencia, pero no fue más que un espejismo en el dramático peregrinar de la desesperación por el desierto de la insolidaridad. Nadie se atreve ya a reivindicar la igualdad entre todos los hombres y entre todos los pueblos del planeta. Se pretende acabar con el terrorismo al mismo tiempo que se olvida que las injusticias son el mejor caldo de cultivo de la violencia. La desesperación ha sido siempre mala consejera. Dar rienda suelta a la ideología del mercado equivale a fomentar las desigualdades materiales. El último informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la población en el mundo revela que la mundialización sigue agravando las desigualdades en los ingresos y ha intensificado la degradación del medio ambiente en el planeta. Se reconoce que 1.200 millones de personas viven con menos de un dólar diario; el 60 % de los ciudadanos de los países en vías de desarrollo carece de servicios sanitarios básicos, un tercio no dispone de agua potable y una cuarta parte no se aloja en una vivienda adecuada. Diez millones de niños morirán este año por hambre y enfermedades perfectamente curables.

David Held denuncia el «desfase moral» que se produce en nuestro mundo: el 46 % de la población vive con menos de 2 dólares diarios y el 20 % de la población mundial disfruta del 80 % de las rentas. Mientras las Naciones Unidas tienen un presupuesto anual de 1.250 millones de dólares, los norteamericanos gastan anualmente en pasteles 27.000 millones y 70.000 millones en consumo de alcohol. Con la mitad de lo que invierten las mujeres de Estados Unidos en cosméticos para embellecerse y joyas para hacer ostentación pública de su riqueza se escolarizaría gratuitamente a todos los niños del planeta. «Difícilmente puede sorprender —reflexiona Held— que las desigualdades planetarias fomenten el conflicto y la protesta, especialmente dada la visibilidad de los estilos de vida mundiales en la era de los medios de comunicación de masas.»

Esta desigualdad está alojada en el vientre mismo del neoliberalismo triunfante. Responde a la naturaleza de su funcionamiento. No son consecuencias marginales de una determinada coyuntura. Está en las raíces mismas del sistema que nos imponen desde los centros del poder mundial. Sin embargo la lucha por la igualdad no es solamente una exigencia prioritaria de la democracia sino también un requisito básico para que el mercado pueda cumplir las funciones para las que ha sido concebido. Solamente la existencia de un cierto equilibrio económico entre los demandantes de bienes y servicios garantiza una respuesta por parte de la oferta en consonancia con las necesidades de la población. El mercado, dada su naturaleza, tiene en cuenta prioritariamente la demanda de quienes disponen de dinero suficiente para comprar aquello que desean. La desigualdad hace que se satisfagan antes los caprichos de los ricos que las necesidades de los sectores más humildes de la población. Por eso los desequilibrios entre la fortuna de los ciudadanos no solamente atacan uno de los pilares de la democracia sino que interfieren gravemente el recto funcionamiento de la economía.

La tendencia se proyecta también hacia el futuro. Si actualmente existen 4.000 millones de personas con ingresos inferiores a los 1.500 dólares anuales, dentro de medio siglo, según informes del Banco Mundial, la cifra sobrepasará los 6.000 millones. Integran un mercado marginal y desatendido. Sus necesidades no se contabilizan en la nueva economía. El incremento de las desigualdades, consecuencia directa de la aplicación del fundamentalismo neoliberal, es un fenómeno universal, con ramificaciones que afectan al funcionamiento de la democracia y a la ética social. Tanto los países del mundo industrializado como los del tercer mundo sufren sus nefastas consecuencias. El 5 % de los ciudadanos de la primera potencia mundial disfruta del 50 % de la renta nacional. Se ha incrementado el número de norteamericanos, más de 30 millones, que sufren el azote de la pobreza. Las primeras 84 fortunas del mundo superan el Producto Interior Bruto de China, la nación más poblada de todo el planeta. Casi un centenar de países han disminuido la renta per cápita en el último decenio. Esta desigualdad se traduce en la práctica en una sensible merma en las libertades para aquellos ciudadanos, la inmensa mayoría, obligados a plegarse a las exigencias de quienes tienen más para poder sobrevivir. El reino de la libertad comienza allí donde finaliza la tiranía de la necesidad. Las consecuencias de los desniveles de renta tras el pago de los impuestos trascienden del ámbito económico para adentrarse en el terreno político. La desmedida acumulación de riqueza acaba determinando y corrompiendo los comportamientos políticos. El dinero deviene fundamental para alcanzar el éxito en vida social y política. El modelo neoliberal de crecimiento ata de pies y manos al Estado, incapaz de aplicar políticas redistributivas e igualitarias para corregir las lacerantes injusticias. La ideología dominante lo ha convertido en un espectador privilegiado del tremendo drama que se desarrolla en el gran teatro del mundo.

También se resquebraja la fraternidad de la revolución burguesa, la solidaridad entre los hombres y las naciones. Dentro de un sistema de valores económicos y políticos dominado por un neoliberalismo que santifica la avaricia y predica la búsqueda del interés propio como un mecanismo prodigioso que consigue beneficios para toda la sociedad, resulta natural el culto a la codicia, al racial e hispano «ande yo caliente y ríase la gente». El triángulo democrático, equilátero y justo, del Siglo de las Luces —libertad, igualdad y fraternidad— está siendo derribado en uno de sus vértices, tal como sucedió con uno de los lados del todopoderoso Pentágono durante los ataques del terrorismo islámico, aunque por procedimientos más sofisticados, menos explosivos. Michael Rennes y Dick Bel del Instituto Worldwatch, calculan que con lo gastado en las últimas contiendas armadas se habrían remediado muchas necesidades. Distribuyen los 100.000 millones de dólares que los Estados Unidos piensan invertir en armas y guerras en los próximos meses de la siguiente manera: con 9.000 millones se conseguiría agua potable para todos; con 12.000 millones se atendería a la salud reproductora de las mujeres; con 13.000 millones se prestarían los servicios sanitarios básicos y la alimentación a toda la población mundial que ahora carece de ellos; con 6.000 millones habría educación gratuita para toda la población escolar del tercer mundo. Pero son necesidades básicas que no existen para la lógica del mercado global. La solidaridad no es rentable en términos financieros. La igualdad, en la práctica, ha dejado de ser un valor democrático para convertirse en un peligro para el progreso económico neoliberal.

El problema creado por los emigrantes del hambre que buscan un lugar al sol del bienestar intenta resolverse reforzando las defensas fronterizas, una medida en contradicción con la libre circulación de bienes, servicios y personas, defendida por los patrocinadores teóricos de un mercado global. Los países industrializados incumplen sus promesas de ayuda al tercer mundo. Las ONG claman en el desierto contra esta lamentable situación. Nada se hace por aliviar una deuda externa que hipoteca el futuro de muchas naciones. Se sigue discriminando a los emigrantes tanto desde el punto de vista laboral como policial. Son tratados como ciudadanos dignos de toda sospecha y sus apremiantes necesidades les convierten en trabajadores obligados a soportar la explotación hasta el agotamiento. No basta con la solemne proclamación constitucional de que todos somos iguales ante la ley si esa ley está concebida para proteger los intereses de los más poderosos. La situación alcanza tintes dramáticos dentro de nuestras propias fronteras. En las frágiles pateras, ataúdes de la miseria, naufragan quienes huyen de la pobreza para alcanzar, si tienen suerte, la condición de «sin papeles» peligrosos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en la primavera del año 2002, ha manifestado estar «profundamente alarmado por la situación de los menores en España». El organismo internacional denunció la saturación y las malas condiciones de los centros de acogida, los fallos en la concesión de residencia temporal, la denegación del acceso a la salud y a la educación, y las expulsiones sumarias. Los muchachos, en algunos casos concretos, han sido deportados sin ser asesorados por ningún profesional del derecho y sin la presencia de un traductor para poder hacerse entender. También el Defensor del Pueblo español reprochó a las autoridades el haber realizado repatriaciones sin comprobar si los niños retornan realmente al seno de la familia o si se hacen cargo de ellos centros de acogida en los países de origen. «La policía de fronteras a la cual se entrega el menor —dice el informe oficial— no se ocupa de él ni efectúa contacto alguno con su familia.» El automatismo de las repatriaciones deja a los menores en una situación de desamparo. También se ha denunciado en el Senado español que los jueces de Fuerteventura decidían el internamiento o la expulsión de los emigrantes mediante autos preconfeccionados y motivaban la decisión con argumentos genéricos, sin escuchar las alegaciones de los afectados.

La desigualdad no es una rara excepción sino una dramática y extendida realidad en el mundo actual. Los pobres son los perdedores de un sistema que fomenta la competitividad como medio de selección de los mejor dotados. Los indigentes forman la legión de los eternos derrotados. Se exalta especialmente a los humildes que han logrado salvar las barreras económicas e instalarse entre las élites de la riqueza. Los contados casos en que se produce esta escalada se citan como ejemplos de que solamente los holgazanes y los torpes tienen que soportar la marginación del sistema. Se silencia intencionadamente de que se trata de una competición adulterada desde la cuna. No todos tienen las mismas oportunidades para triunfar. El darwinismo social, aseguran los intelectuales políticamente correctos y bien remunerados por los centros del poder, favorece a los mejor dotados y elimina a los más débiles, con lo que se logra la mejora de la especie humana en su conjunto. Las medidas sociales a favor de las clases más modestas alteran, en opinión de los neoliberales, el orden natural de las cosas. Así se considera que las ayudas a los desocupados fomentan la holganza; los subsidios de beneficencia premian la incapacidad. La filantropía es un deporte solamente al alcance de unas minorías necesitadas de semejantes ejercicios caritativos para tranquilizar sus enrevesadas conciencias. Un periódico tan prestigioso como The Washington Post escribía el 24 de marzo de 1995: «privados de la necesidad de ganarse la vida, los humanos están privados de uno de los componentes fundamentales de la felicidad humana: nosotros conseguimos la felicidad luchando por superar las dificultades y —alguna vez— triunfando». Ahora resulta que nos explotan para que seamos felices y comamos perdices, como en los cuentos de hadas. Nada se dice sobre la perversión de un modelo de sociedad que apenas ofrece oportunidades a los económicamente peor dotados. ¿Qué futuro les aguarda a los niños del tercer mundo sin escuelas, medicinas y deficientemente alimentados? ¿También se sentirán felices luchando por superar esas dificultades? La vida no es una cucaña por la que trepar para demostrar nuestras habilidades.

Como subraya John Rawls, la distribución de las capacidades genéticas de los individuos constituye un patrimonio común de la sociedad, ya que solamente en su seno pueden ejercerse y reconocerse. Nunca deben utilizarse para someter y explotar a nuestros semejantes. La misión de la justicia es corregir las consecuencias del azar y establecer las condiciones necesarias para dar a todos los ciudadanos la misma oportunidad para desarrollar sus potencialidades. Todos tienen igual derecho a realizarse. La existencia no es una lotería. Con la vida no se puede jugar a los dados. Rawls sostiene que «las desigualdades sólo son aceptables cuando ayudan a los más necesitados». Las desigualdades en el tratamiento legal y económico de los problemas, se entiende.

Si dirigimos nuestro ojo crítico hacia la situación en el mundo oriental el panorama resulta todavía más desalentador para quienes aún creen en los saludables beneficios sociales de la democracia. Las diferencias entre las distintas clases sociales son, en la mayoría de los países, más acusadas. Mientras unos se bañan en ríos de oro otros no tienen ni agua para beber. Palacios lujosísimos se alinean junto a chabolas miserables. Abundan las teocracias, las monarquías absolutas, los regímenes feudales, los sátrapas al servicio de las grandes multinacionales del petróleo que despilfarran lujo y riquezas mientras mantienen a sus súbditos en la miseria. A millones de mujeres se les niegan derechos básicos, como el acceso a la educación y a la salud. Lapidan a las adúlteras, aunque prometen suavizar la salvajada utilizando piedras de menor tamaño en la ejecución de la pecadora. Hasta ahí llega su compasión. Prohíben la educación de las niñas en las escuelas. Además de tener que soportar a los misioneros castrenses del neoliberalismo que predican con misiles y bombas de fragmentación contra cabras, tiendas de campaña, hospitales de la Cruz Roja, celebraciones de bodas y desiertos inhóspitos, tienen que sufrir la cruel tiranía de sus gobernantes. Los pozos de petróleo están rodeados por desiertos de desolación y miseria. Los trabajadores viven bajo un sistema de semi-esclavitud. Nadie se preocupa por convertir a los súbditos en ciudadanos, por crear las condiciones necesarias para que los hombres puedan autogobernarse, por garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la persona. Los grandes dirigentes occidentales están obsesionados exclusivamente por establecer gobiernos títeres al servicio de sus espectaculares negocios. Les importa un comino que se respeten o no los derechos humanos, que se mantengan insultantes desigualdades. La rentabilidad de sus inversiones en guerras es lo primero, lo único que realmente les interesa.

Los teóricos neoliberales realizan una interpretación reduccionista de la democrática exigencia de igualdad. Unos limitan este principio a una mera igualdad legal, a un requisito meramente formal; otros, a la igualdad de oportunidades. La primera posición no toma en consideración la existencia de una realidad injusta y explotadora. No se preocupa por corregir situaciones indignas e impropias de la condición humana. La segunda teoría considera la existencia como si fuera una suerte de competición deportiva en la que participan todos los ciudadanos bajo las mismas reglas de juego. El nacimiento equivale al olímpico pistoletazo de salida de una carrera en la que se conoce ya desde sus inicios, salvo raras excepciones, quiénes van a ser los perdedores y quiénes disfrutarán de los laureles de la victoria. En la el lujo o la pobreza de su cuna puede leerse ya el destino de las personas. Todo depende directamente de las capacidades genéticas o, principalmente, de la posición económica y social de los participantes. Quienes centran su objetivo en la igualdad de oportunidades en realidad intentan justificar las desigualdades existentes: intentan convencernos de que solamente los perezosos y haraganes ocupan los últimos lugares de la escala social. Los pobres se lo tienen bien merecido. Algunos nos tratan como si viviéramos en un casino de juego con ruletas y cartones de bingo. Manda el azar en nuestra existencia. Pero una ley ciega a las necesidades de los condenados a vivir en zonas de marginación y miseria jamás puede merecer el calificativo de justa. La lotería natural que distribuye caprichosamente inteligencia y facultades físicas no puede servir de justificación para premiar a unos pocos y castigar a los más. Y menos todavía el hecho de haber sido parido en el seno de una familia económicamente pudiente o con linajes nobles.

Los predicadores del nuevo orden alegan que al dar rienda suelta a la ambición competitiva se estimula la creación de riqueza y se establecen mejores condiciones para nuestro futuro. El ánimo de lucro, egoísta y acumulador, tiene que ser el motor y el acicate de las humanas iniciativas. No se puede repartir pobreza, invocan. Pero aplazan hasta el infinito la hora de la política igualitaria o, cuando menos, redistributiva. El orden comunitario equitativo se manifiesta ya en el sistema de producción. No es preciso esperar a la acumulación de beneficios para practicar la justicia social. Ninguna decisión institucional merece el calificativo de justa si no se preocupa prioritariamente por mejorar la suerte de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El ser humano tiene un valor de fin en sí mismo y no puede ser sacrificado como medio para la consecución de otros objetivos, especialmente si son meramente económicos. La naturaleza nos ha dado unas potencialidades biológicas condenadas a fenecer en un periodo más bien breve. A nadie puede obligársele a renunciar a una existencia digna, a cegar el desarrollo de sus capacidades en beneficio de las generaciones futuras. La vida es única e intransferible. No se puede doblegar a los ciudadanos, exigir la renuncia a los avances sociales, con la promesa de lejanos paraísos artificiales de riqueza y bienestar que ellos jamás alcanzarán. La sustitución de la lógica de la política social por la lógica económica, disfrazada de proceso modernizador, supone un ataque directo a los valores del humanismo democrático.

Los efectos perniciosos sobre la política de la moda globalizadora se completan con la evolución producida en las entrañas del propio Estado. Las innovaciones jurídicas aparecen dominadas por la moda de la desregulación, lo que equivale a menguar los poderes estatales y contribuye a incrementar la influencia de corporaciones y sociedades mercantiles para las que no rigen las responsabilidades democráticas. Solamente tienen que rendir cuentas a unos accionistas para ser juzgados según los beneficios económicos conseguidos. La ley ha dejado de ser un instrumento al servicio de los más débiles, un freno a los abusos del poder económico. Las funciones gubernamentales se limitan cada vez más a garantizar el cumplimiento de los contratos, atribuir fuerza vinculante a lo acordado entre las partes, y a proteger el viejo derecho de propiedad, tal como sucedía en los albores de la democracia burguesa. No solamente se va achicando gradualmente el terreno para disputar el juego político, sino que el dinero se infiltra cada vez más en los comportamientos del poder. Existe una creciente permeabilidad entre competencias que hasta hace poco se habían mantenido claramente diferenciadas. La acumulación de riqueza genera desigualdades en todas las actividades humanas. Resulta cada vez más difícil distinguir entre servicios públicos y negocios, entre la publicidad y la propaganda política. El mercado electoral, exactamente igual que el económico, solamente responde y satisface la demanda de quienes tienen capacidad suficiente para adquirir aquello que desean. En materia política también impera la desigualdad de oportunidades.

La corrupción no es un fenómeno extraño sino algo connatural a los modernos comportamientos políticos en los que el dinero es necesario para sobrevivir en el sentido más primario y radical de la expresión. Tal como denuncia Mario O’Donnell, «el despliegue planetario del neoliberalismo sin alma, el que sustituye valores por intereses, tiene como premisa fundamental la corruptela». El dinero contamina todas las actividades humanas. Incluso las religiones supuestamente espirituales.

Se cultiva la discriminación. Nuevamente vuelve a trazarse una imaginaria y tendenciosa línea divisoria de la humanidad entre buenos y malos; se construyen muros de intransigencia para separar y enfrentar culturas y religiones; se invoca en vano el nombre del Dios cristiano y el de Alá mahometano para justificar salvajadas y crímenes contra la humanidad. Nos educan para ver en el otro, en el diferente, al enemigo en vez de a nuestro semejante con derecho a aspirar al mismo bienestar que nosotros. La igualdad es una exigencia democrática que trasciende al universo normativo para realizarse plenamente en su dimensión económica y social. Como sostenía Benthan, cuando más tienda a desaparecer la desigualdad en la distribución de la riqueza, mayor será la felicidad entre los hombres. Incluso un liberal moderno como Ronald Dowrkin reconoce que «los ciudadanos más débiles de la comunidad política tienen derecho a una atención y a un respeto por parte del Gobierno iguales a los que los miembros más poderosos se aseguran por sí mismos, de tal forma que si ciertos individuos tienen la libertad de decidir, sean cuales sean los efectos de esas decisiones sobre el bien común, todos los individuos tienen derecho a disfrutar de la misma libertad».¹³ La justicia no puede dejarse en manos de los caprichos de un mercado controlado por los económicamente más fuertes. Desde el amanecer de la democracia el ejercicio del derecho al voto, como el de otros derechos, está condicionado por la capacidad económica y la formación cultural de los ciudadanos. La consecución de la igualdad ha dejado de ser un objetivo en las grandes potencias rectoras del mundo, a pesar de constituir una condición básica de esa democracia cuya defensa, al menos en teoría, asumen.

El neoliberalismo global alienta deliberadamente las desigualdades económicas, políticas y sociales. Fomenta y estimula un proceso de concentración de la riqueza y el poder de nefastas consecuencias para el futuro de la convivencia humana. El informe de la ONU sobre «El estado de las ciudades en el mundo 2004-2005» denuncia que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, no se habían contabilizado en Europa occidental tantos indigentes durmiendo en las calles, alrededor de tres millones. Estados Unidos supera en medio millón estas cifras. El crecimiento de la pobreza y las desigualdades no ha cesado de incrementarse en los últimos años. Tal como subraya John Weeks, «la desigualdad es una aplastante realidad en la economía norteamericana: desigualdad en la renta, desigualdad de poder, desigualdad con respecto a la capacidad de decidir la propia vida». Los redactores del informe de las Naciones Unidas señalan que el incremento de la indigencia en los países desarrollados se debe al recorte de los gastos sociales por muchos gobiernos, a la política liberalizadora y a la deslocalización industrial, tres objetivos claves de los neoliberales. En el modelo que se pretende dictar a escala universal van implícitos los injustos desequilibrios. Para lograr una elevada tasa de ahorro necesita fomentar una desproporcionada desigualdad en los ingresos de los ciudadanos. Si basan el progreso en la realización de fuertes inversiones una minoría debe acumular la riqueza suficiente, no solamente para satisfacer todas sus necesidades y caprichos, sino para poder destinar una parte de sus beneficios a perfeccionar el sistema productivo y mejorar la competitividad. Semejantes exigencias suponen en la práctica la perpetuación de las desigualdades.

La embestida privatizadora

El fervoroso culto a las privatizaciones constituye una característica compartida por las directrices emanadas de los estados mayores de las grandes instituciones financieras y asumida por la mayoría de los gobernantes del mundo occidental, sean conservadores o progresistas. En casi todos los países se han producido transferencias de activos y servicios públicos, controlados directamente por la administración estatal o municipal, al sector privado. Desde los púlpitos solemnes de las catedrales del neoliberalismo, especialmente el Fondo Monetario y el Banco Mundial, se sermonea insistentemente sobre la urgencia de desembarazarse del patrimonio público. Norman Birnbaum denuncia que los centros de investigación económicos que predican la teología del mercado constituyen una especie de versión laica de la Iglesia universal, dogmática e intransigente. «La agresión actual contra los sistemas de seguridad social en Europa —subraya el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown— se recomendó en un informe del Banco Mundial que defendía las privatizaciones.» La lógica internacional del mercado, en su opinión, está ejerciendo un intervencionismo amoral.

Así como la santa sede vaticana recomienda castidad para vencer la lujuria carnal, los moralistas económicos exigen la práctica de la abstinencia estatal para liberarnos de la lujuria del poder democrático. Se trata de un requisito impuesto a todos los gobiernos demandantes de créditos a las instituciones internacionales. Cuanto más acendrado sea el entusiasmo privatizador de los clientes más facilidades para conceder las ayudas. Los economistas ortodoxos argumentan, a favor de esta estrategia, sobre la necesidad de despolitizar las decisiones empresariales o sobre los beneficios derivados del incremento de los recursos presupuestarios gracias a la enajenación de los bienes estatales. Incluso algunos osan invocar una motivación descaradamente demagógica: la difusión del capitalismo popular. Un capitalismo que, por cierto, últimamente ha devorado los ahorros de muchos pequeños inversores atraídos por falsas promesas de rentabilidad.

La meta final de este tipo de estrategias está ubicada más allá de lo manifestado abiertamente. De lo que se trata realmente es de despolitizar la propia política, someter al poder democrático a una mortal cura de adelgazamiento. La ofensiva privatizadora pretende, en principio, herir definitivamente al sistema de protección social del Estado del bienestar, uno de los logros más satisfactorios y justos de la moderna democracia. Pero no se conforman con lograr este objetivo los enemigos de la soberanía real de los ciudadanos. Los torpedos del gran acorazado global apuntan por debajo de la línea de flotación del desarbolado vapor democrático. Existe un plan minuciosamente diseñado para desplazar el poder ejercido hasta ahora por los gobiernos democráticos hasta los consejos de administración de las multinacionales, descontroladas en la selva del gran capital, para encauzar el proceso globalizador en la dirección más conveniente a sus beneficios. Cuanto menos Estado, más poder para el dinero; cuantas menos regulaciones legales, más facilidades para cometer abusos y arbitrariedades. Están cansados de invertir sumas millonarias en apoyar a determinados partidos políticos y para corromper conciencias. Por eso se calumnia y vitupera todo lo público y se exalta hasta el paroxismo la eficacia del ánimo de lucro, por su propia naturaleza egoísta e interesada, como energía motriz de la sociedad.

El argumento más sólido de apoyo a las privatizaciones se basa en la necesidad de liberar al Estado de tareas consideradas como accesorias para facilitar la concentración de todas sus energías y recursos en dotar a la sociedad de servicios públicos esenciales. La privatización parece conveniente en aquellas empresas públicas capacitadas para funcionar mejor en el sector privado. Pero su rentabilidad no puede medirse utilizando exclusivamente raseros crematísticos, sino sopesando también los costes y beneficios sociales que acarrea la medida. En la mayoría de las ocasiones las consecuencias de la privatización han sido más negativas que positivas para el conjunto de la sociedad.

A la mente del ciudadano corriente y moliente le resulta sumamente difícil digerir los mensajes enviados por los sumos predicadores de la religión neoliberal, pagana e individualista. La lógica de la recién creada economía virtual tiene razones que la razón humana, observando la realidad, no acierta a comprender. Cual hechiceros tribales, los doctores económicos utilizan esoterismos seudocientíficos, reflexiones y propuestas indescifrables para los no iniciados en sus ritos y teologías. Solamente dentro de semejantes jeroglíficos mentales se puede intentar convencer a la opinión pública de que el despido gratuito es el mejor procedimiento para alcanzar el pleno empleo; o sobre las excelencias para la población laboral de la precariedad y la temporalidad; o de que el simple funcionamiento del automatismo del mercado resuelve eficazmente todos nuestros males; o de que la mejor manera de poner freno a los abusos e injerencias de los poderes sociales es despojar de competencias a los gobiernos democráticos, abrir la caja de Pandora donde se guardan todos los humanos egoísmos.

En principio, la inteligencia se resiste a aceptar que unas empresas cuyo objetivo es lograr la máxima rentabilidad de sus inversiones, para mayor gloria y enriquecimiento de sus legítimos propietarios, resulten socialmente más beneficiosas que aquellas otras cuya actividad se dirige prioritariamente a servir a la comunidad en su conjunto. Hay que reconocer que los propagandistas de la nueva economía se han ganado a pulso sus generosas retribuciones. No resulta fácil poner en circulación semejantes despropósitos sin provocar un rechazo generalizado por parte de los pensadores independientes. Los bautizados por John Gray como «intelectuales de sobremesa», la mayoría de los tertulianos radiofónicos y televisivos, los «expertos» al servicio del poder integran una quinta columna encargada de hacer comulgar a la opinión pública con ruedas de molino éticamente indigestas y socialmente destructivas. El transporte público, por ejemplo, se organiza para satisfacer las necesidades de desplazamiento de toda la población, incluso atiende a la demanda de los habitantes situados en zonas sin clientes suficientes para cubrir los gastos. Los beneficios de unos sectores compensan las inversiones realizadas en otros. De lo que se trata es de administrar bien los recursos estatales. Una línea de ferrocarriles que proporciona viajes cómodos, baratos y puntuales a la población trabajadora resulta socialmente más rentable que una lujosa red de alta velocidad con saneados dividendos económicos.

Hasta la justicia es afectada por esta moda neoliberal. El cumplimiento de las condenas, uno de los momentos claves del derecho punitivo, ha sufrido también las consecuencias de la euforia privatizadora. Los establecimientos carcelarios comienzan a ser considerados con criterios similares a los que se aplican a la industria hotelera, con la ventaja de que los clientes están asegurados y los gastos son pagados por el Estado. Los criterios económicos se imponen a las funciones rehabilitadoras de las penas. Funciona ya con notable rentabilidad una multinacional consagrada a este tipo de actividades, la empresa Wackenthut Correction Corporation (WCC). En los Estados Unidos de Norteamérica, Australia y Gran Bretaña existen penales administrados por empresas privadas, no solamente dedicadas a lo que pueden calificarse como «servicios de hostelería», sino incluso en tareas de vigilancia para prevenir evasiones. La derecha en Francia está comenzando a aplicar medidas similares.

El Estado también está perdiendo el monopolio de la fuerza legítima en defensa del orden público, al mismo tiempo que se está promoviendo la «cultura del miedo». Las directamente beneficiadas por este clima de inseguridad son aquellas empresas privadas que han logrado convertir el temor de la población en un lucrativo negocio. Se ha llegado a proponer la privatización de los servicios de guardia en los cuarteles del Ejército. No se valoran los costes reales de las privatizaciones. Un guardaespaldas privado, además de arriesgar su vida para ganarse el pan suyo de cada día, tiene que rendir una plusvalía a la empresa a cuya plantilla pertenece, por lo que, lógicamente, resulta más caro, en principio, que un funcionario público. Desde la perspectiva del interés general el desequilibrio entre ventajas y perjuicios es todavía más acentuado: mientras un agente de la autoridad se encuentra en servicio permanente y está obligado a velar por el cumplimiento de las leyes en todo momento, el agente privado ejerce su función sometido a un horario laboral como cualquier otro empleado y desempeña exclusivamente la misión para la que ha sido contratado. No sirve a la sociedad, sino a las prioridades de la empresa que le retribuye.

A pesar de estas reflexiones elementales y lógicas, la seguridad privada se ha incrementado en todo el mundo occidental. En España ha crecido espectacularmente, especialmente desde la llegada al poder de la derecha neoliberal. De 63.686 agentes privados censados en 1999 se ha pasado a 90.247. Durante este mismo periodo las plantillas de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía se han reducido en 6.000 funcionarios. Actualmente 947 empresas privadas asumen competencias reservadas en exclusiva hasta fecha relativamente reciente a los poderes públicos. El ejercicio de este tipo de actividades «ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 1996 hasta 2002, del 9,5 % anual de promedio». El volumen de negocio ha alcanzado los 1.623 millones de euros en el ejercicio del año 2001. La proporción del gasto en seguridad pública con respecto al Producto Interior Bruto, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, no ha dejado de caer. Las expectativas de beneficios, según estimaciones de las empresas más importantes del sector, «son más que halagüeñas». La tendencia no es exclusiva de nuestro país sino que domina todo el horizonte neoliberal.

Estamos abandonando el concepto moderno, limitado y profundamente social del derecho de propiedad. La regulación de la propiedad privada se remonta a la Antigüedad clásica. La tradición jurídica romana consideró la propiedad como un señorío absoluto y excluyente. El amo podía hacer cuanto le viniera en gana con las cosas muebles e inmuebles de su exclusiva pertenencia, incluso destruirlos. Durante la Edad Media este concepto se extendió a las personas. Los hombres fueron rebajados a la condición de siervos. La valoración romana se incorporó al Código napoleónico tras la Revolución Francesa y se extendió a la mayoría de los cuerpos legales durante la etapa codificadora del siglo xix. Los partidarios del mantenimiento de la esclavitud en Norteamérica pretendieron soslayar todo debate sobre su abolición invocando que afectaba al derecho inviolable a la propiedad privada reconocido en la Constitución. El esclavo era un objeto de compraventa que debería ser tratado exactamente igual que las mercancías que se negociaban en el mercado. Nadie invocó otro principio básico: que todos los hombres nacemos libres e iguales.

La lucha por una sociedad sin abusos, más justa e igualitaria, logró el reconocimiento explícito de la función social del derecho de propiedad. La riqueza, en una comunidad con muchas necesidades básicas sin cubrir, no podía permanecer ociosa y mucho menos ser destruida. La Constitución de Weimar reconoció que la propiedad no solamente genera derechos sino que también impone obligaciones de carácter social a su titular. Hoy día nadie osa poner en entredicho las limitaciones urbanísticas, sanitarias y ecológicas, entre otras, a su ejercicio y disfrute. Con la creación de grandes empresas públicas para atender necesidades no satisfechas por la iniciativa privada se fue creando un patrimonio común, compartido incluso por los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Las privatizaciones actuales expropian, en la mayoría de las ocasiones a precios de derribo, lo que pertenece a todos para favorecer descaradamente a unas minorías afines al poder; las privatizaciones, junto con los bajos salarios, la liberalización de las relaciones laborales y el despido libre y gratuito, exigidos por los ajustes estructurales, enriquecen a las elites locales al servicio de la globalización. Álvarez Uría llega a calificar de expolio la privatización.

La conversión de un monopolio público en privado, por otra parte, no mejora la competitividad, ya que los nuevos propietarios aprovechan al máximo la posición de privilegio de la empresa dentro del mercado. El monopolio es el paraíso soñado por toda empresa privada. No necesitamos ir a buscar ejemplos a países exóticos. En nuestra circunstancia abundan las situaciones ilustradoras. Los monopolios privatizados han rentabilizado sus ventajas, han subido los precios y han deteriorado los servicios. Un informe del Observatorio del Mercado Europeo de Energía, contra lo prometido por la clase política, reconoce que «la liberalización del mercado energético no es una condición suficiente para la bajada de los precios». Mientras en países con un sector muy pequeño liberalizado, como Bélgica y Francia, se han registrado sustanciales disminuciones, en otros países con mercados muy abiertos, como Dinamarca y el Reino Unido, las tarifas de consumo han sufrido fuertes incrementos. La liberalización del sector eléctrico español ha desalentado la entrada de nuevos operadores, ha mantenido la rigidez en los precios, con mínimas diferencias en las tarifas de las diversas compañías, y ha concedido pocas posibilidades de elección para la mayoría de los consumidores. El 80 % de las transacciones en el sector continúan siendo realizadas por dos empresas. En un informe de 2005 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el proceso de formación de los precios en el mercado de la producción eléctrica se constató que «todas las compañías han estado manipulando al alza los costes de producción con el propósito de cobrar más comisiones y provocar la revisión de las tarifas reguladas». Los grandes clientes industriales, por otra parte, ejercen una posición de dominio en la orientación del consumo. No se ven por ninguna parte las ventajas para los usuarios. Al contrario, han tenido que soportar graves apagones, especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía.

La privatización de las empresas públicas, por otra parte, ha sido confiada a círculos estrechamente vinculados al poder político. Algunos, agradecidos, han realizado fuertes inversiones en el sector de la comunicación, en principio totalmente ajeno a sus actividades específicas, para controlar redes mediáticas y ponerlas al servicio del grupo político que les ha favorecido. El Gobierno del presidente Aznar ha llegado a declarar de «interés general» la retransmisión gratuita de los partidos de fútbol, algo insólito en la legislación mundial, para favorecer a un determinado canal de pago que se había quedado sin derechos para retransmitir encuentros deportivos. El alcalde «popular» Álvarez del Manzano privatizó el 49 % del paquete accionarial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid por 0,60 euros, operación de dudosa rentabilidad para las arcas municipales, pero altamente beneficiosa para los adjudicatarios, ya que morirse resulta cada vez más caro. También los ahorros familiares, en caso de fallecimiento de un pariente, se visten de luto, lloran lágrimas de dinero. La organización de los entierros continúa siendo, en la práctica, un monopolio, aunque se encuentre en manos privadas. El negocio de la muerte, paradójicamente, es un negocio muy vivo.

En el continente americano se ha sufrido también la consecuencia de las privatizaciones. Los Estados norteamericanos que han entregado las compañías eléctricas al sector privado no han visto incrementar la competitividad y han sufrido importantes problemas de abastecimiento ante la creciente demanda. Las consecuencias fueron negativas: insuficiencias en el suministro de energía eléctrica en algunos Estados del oeste norteamericano; cortes de fluido eléctrico que afectaron a millones de ciudadanos; colapso de las grandes urbes a consecuencia de graves deficiencias en la producción y la distribución. Los apagones arrojan mucha luz sobre las consecuencias de ciertas privatizaciones. En vez de invertir en mejorar el servicio destinan los beneficios a inversiones más rentables en actividades puramente especulativas. El Gobierno de Ontario, la provincia más rica de Canadá, a finales del año 2002 ha dado marcha atrás en la privatización de la industria eléctrica ya que, como consecuencia de la medida, en contra de lo que propugnaban los neoliberales, las tarifas subieron un 25 % de promedio, sin que se apreciara ventaja alguna para los usuarios.

Otra de las consecuencias negativas del desmantelamiento del patrimonio del Estado afecta al mercado del trabajo. En la inmensa mayoría de las empresas privatizadas una de las primeras decisiones es reducir las plantillas laborales para rebajar costes de personal. Los últimos avances tecnológicos en materia de automatización y robotización permiten eliminar el esfuerzo físico y en buena medida el mental. La máquina es más dócil y barata que un empleado. No organiza huelgas ni pide incrementos de salarios. El saldo positivo se logra gracias a que en la contabilidad empresarial, a la hora de adoptar las decisiones, solamente figura el coste inmediato de las indemnizaciones. Jamás valoran las consecuencias sociales, familiares y sanitarias de las medidas. Estudios científicos serios y contrastados demuestran que los desempleados tienen cinco veces más riesgos de sufrir una enfermedad mental grave que quienes tienen un puesto de trabajo fijo. Los efectos nocivos para la salud se manifiestan tan pronto como el trabajador vive bajo la amenaza de un despido. El miedo y la incertidumbre son factores estresantes. Los costes económicos derivados de estas situaciones traumáticas son trasvasados del sector privado al público, se convierten en una carga para la Seguridad Social financiada por todos. El negocio de los nuevos amos es redondo: se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. A la gran Banca privada española se le han inyectado miles de millones de dinero público para superar sus profundas crisis. La frialdad inhumana a la hora de decidir es todavía más acusada en las grandes multinacionales, dirigidas desde lujosos despachos alejados de los escenarios donde se viven los dramas. Manejan a las personas cual si fueran simples números, datos contables, abstracciones. Sostiene acertadamente Stiglitz que «desplazar a las personas desde empleos poco productivos en empresas públicas al paro no incrementa la renta del país y, ciertamente, no mejora el bienestar de los trabajadores».

Todos admiten la competencia de los poderes públicos para asumir funciones empresariales con objeto de resolver aquellos problemas para los que la iniciativa privada no ofrece soluciones. Además existen actividades directamente relacionadas con el ejercicio de derechos humanos fundamentales que no pueden dejarse al albur de las veleidades del mercado. Ni la salud de los ciudadanos, ni el orden público, ni la enseñanza pueden ser simples servicios consumistas al alcance solamente de quienes puedan pagarlo. Se trata de servicios sociales a los que deben tener acceso todos los que lo necesiten. Los argumentos a favor del protagonismo estatal son contundentes: mientras la sanidad pública tiene por misión principal la medicina preventiva, evitar las enfermedades, la privada necesita de la existencia de enfermos para sobrevivir. La salud de los ciudadanos es una auténtica calamidad para su negocio. Lo mismo sucede con la seguridad privada: fundamenta su rentabilidad precisamente en la inseguridad callejera. Si no existiera el temor generalizado tendrían que cerrar sus empresas. Nadie discute el derecho de los niños a recibir el mismo tratamiento educativo, a tener acceso a una formación en consonancia con su capacidad intelectual, independientemente de la situación económica familiar. A la democracia debemos la sanidad pública, la enseñanza gratuita y obligatoria, las viviendas sociales, las pensiones de jubilación, las prestaciones a los parados, las vacaciones retribuidas, en definitiva, todas las políticas de protección social que configuran el Estado del bienestar que ahora pretenden desmontar en nombre de la lógica mercantil.

A pesar de los rotundos fracasos, el llamado «consenso de Washington» sigue patrocinando las privatizaciones. El caso de la transición económica en Rusia es sumamente revelador. Se ha desmantelado el sistema de protección social sin crear nada destinado a suplirlo. El desamparo de la mayoría de los ciudadanos ha sido angustioso. En la década de los ochenta tres conocidos economistas occidentales Richard Layard, consejero de Tony Blair e ideólogo del llamado Nuevo Laborismo, Lawrence H. Summers, ministro de finanzas con el presidente Clinton, y el francés Olivier Blanchard, elaboraron una especie de programa para facilitar la apertura de los países ex comunistas a la economía de mercado. Se recomendaron especialmente, además de las privatizaciones, las siguientes medidas: liberalización de los precios, reducción del déficit presupuestario, una política monetaria restrictiva con un alza de los tipos de interés y una apertura rápida de la economía gracias al desmantelamiento de las protecciones aduaneras y al reconocimiento de la convertibilidad de las divisas. Esta terapia de choque fue aplicada rigurosamente, especialmente desde la llegada de Boris Yeltsin al poder. La lucha de la inflación produjo una falta de liquidez que frenó las posibilidades de recuperación. La supresión de las tasas aduaneras, especialmente en la exportación de materias primas según recomendaciones directas del Fondo Monetario Internacional, incrementó el déficit público. La emisión de títulos para superar ese problema creó las condiciones ideales para la especulación de los expertos financieros. Muchos agentes económicos abandonaron las actividades productivas poco rentables para dedicarse a los negocios puramente especulativos. Se desorganizó la economía real por la liberación de los precios y la apertura no regulada a la concurrencia internacional. El Producto Interior Bruto cayó en un 50 %. Las ruinas de la dictadura soviética se han convertido en el paraíso de las mafias. La mayoría de la población se ha empobrecido todavía más. En Latinoamérica ha sucedido tres cuartos de lo mismo. Las multinacionales han acudido como cuervos a devorar los monopolios privatizados aprovechándose de las rebajas por fin de temporada política en las dictaduras agónicas. La mayoría de estas economías se encuentran al borde de la quiebra. Ante la crisis, los más astutos se han preocupado de poner a buen recaudo los beneficios. En nuestra sociedad abundan más los corruptores privados que los corruptos públicos. Pero tan delincuentes son los unos como los otros, aunque se aireen más los casos políticos.

En la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenido, celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002, se defendió la implicación directa de la iniciativa privada tanto en los acuerdos bilaterales y multilaterales con los respectivos gobiernos como en la puesta en práctica de los programas. La mayoría de los países en vías de desarrollo y las ONG manifestaron su temor «ante la posible privatización de los servicios básicos para anteponer los intereses empresariales a las necesidades reales de la población». Pero se clama en el desierto. Todo vale con tal de anteponer el poder impersonal del orden económico a la voluntad democrática de los ciudadanos. El dinero no solamente pretende emanciparse completamente del poder político, como lo ha intentado hasta ahora, sino que intenta someterlo al dictado de sus egoísmos para lograr la mayor acumulación de riqueza posible.

En el modelo actual de soberanía imperial el espacio delimitador de sus competencias está en constante expansión. Las líneas maestras del consenso de Washington impulsan y determinan la marcha de la economía, incluida la europea. La burocracia de Bruselas alienta las privatizaciones y denuncia a quienes se desvían de la moda ortodoxa. Asume un protagonismo evidente en esta materia en detrimento de la soberanía de los gobiernos nacionales. En otoño de 2002 el gobierno francés fue acosado por los burócratas comunitarios para que privatizara Electricité de France, una de las grandes empresas públicas que ofrece una resistencia casi heroica a la ofensiva privatizadora. Los directivos de la compañía recuerdan que la competencia y la apertura de mercados no dependen del carácter público o privado de las empresas sino de razones más profundas y estructurales. Las privatizaciones sólo sirven para debilitar al Estado y traspasar a manos privadas el patrimonio común.

Resulta contradictorio que mientras se satanizan las intervenciones estatales cuando se realizan políticas sociales en ayuda de las clases más débiles de la sociedad, se reclamen intervenciones decisivas y subvenciones públicas a la hora de inyectar oxígeno a las grandes empresas en crisis. La propuesta de la Comisión Europea de recortar un 20 % las ayudas directas a las grandes explotaciones agrarias ha desatado las furias de los afectados. Las movilizaciones han puesto al descubierto que los principales beneficiados son los grandes terratenientes. En la Europa comunitaria 11.000 millones de euros son concedidos al 5 % a las explotaciones de mayor tamaño situadas en áreas tan ricas como la región de París, la Baja Sajonia y el East Anglia en la Gran Bretaña. Según un informe de Intermón Oxfam hecho público el mes de marzo del año 2005, siete familias españolas reciben tanta ayuda económica como las restantes 12.700 explotaciones agrarias. A la luz pública salió el escándalo de los cazaprimas que se aprovecharon de las ayudas al cultivo del lino. La Comisión Europea ha reconocido que el 80 % de las subvenciones van destinadas al 20 % de los productores. «Al favorecer la producción excesiva y la competencia desleal en la explotación —denuncia Jo Leadbeater— la PAC desestabiliza y deprime los mercados mundiales, destruyendo los mercados locales, de los que dependen muchos millones de pequeñas explotaciones agropecuarias.» También, hace algunos años, para solucionar las crisis de la gran banca española y los errores de sus dirigentes se han invertido miles de millones del erario público.

Se está dando una alarmante vuelta a la tortilla del Estado del bienestar. Una gran parte de lo recaudado con la venta de las empresas públicas, pertenecientes a todos los ciudadanos, se destina a reforzar los saldos de las cuentas corrientes de una serie de privilegiados mediante subvenciones directas y ventajas fiscales. La ingeniería contable ha realizado auténticos milagros económicos para multiplicar los beneficios de unos cuantos. Las subvenciones estatales no se destinan a paliar las necesidades de los más humildes. Los modernos pedigüeños viajan en limusinas.

A finales del año 2002 proliferó la mendicidad de alto copete en demanda de limosnas estatales. Del lenguaje económico se desterraron expresiones como Estado-niñera o padre-Estado para descalificar las intervenciones públicas. Tampoco se invocó la competencia de la libertad del mercado para condenar a la quiebra a los ineptos. Ni se habló de la selección natural de los mejores a través de los balances empresariales. Esos planteamientos fueron utilizados en principio para crear un clima propicio a las privatizaciones. Pero ha cambiado la hora en el reloj económico. El gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, en contra de lo preceptuado en los mandamientos de la religión neoliberal, reconoció que «no es pecado» la intervención del Estado italiano para evitar la bancarrota de FIAT. La empresa alemana MobilCom ha recibido 400 millones de euros en ayudas oficiales; Deutsche Telekom también ha extendido la mano suplicando limosnas públicas. Podríamos escribir un libro entero con casos similares. No son excepciones.

Uno de los dos premios Nobel de Economía de 2002 se ha concedido a Vermon L. Smith, profesor de la Universidad de Virginia, especializado en privatizaciones de empresas públicas. Destacó en la aplicación de sus teorías a la privatización del espacio electromagnético. Se han seguido sus consejos en la desregularización de los mercados eléctricos en Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de Norteamérica. Los amos del universo suelen elevar a los altares del pensamiento económico a quienes difunden enseñanzas favorables a sus conveniencias, aunque la aplicación de sus teorías haya desencadenado profundas crisis.

Liberan a los monopolios públicos de las cadenas estatales, aseguran, para que las empresas, libremente, puedan alcanzar su pleno desarrollo competitivo en el reino selvático neoliberal. John Gray destaca la contradicción fundamental de la ideología neoliberal: la creación de un mercado a salvo de interferencias extrañas, paradójicamente, exige una activa y constante intervención estatal y un fortalecimiento del poder central del Gobierno. El libre mercado no surge y se desarrolla de manera espontánea, sino que es una criatura frágil necesitada del Estado-nodriza. Se condenan las actuaciones oficiales para proteger a los más humildes pero se loan las intervenciones públicas en defensa de los intereses de las grandes corporaciones económicas. En el nuevo foro global abundan quienes tratan de identificar modernidad democrática con la limitación de las intervenciones estatales niveladoras de insultantes desigualdades.

La Organización Internacional del Comercio ha concebido el Acuerdo General de Comercio y Servicios como un instrumento para facilitar el acceso de las grandes empresas transnacionales a las empresas públicas privatizadas como consecuencia de la política exigida a los Estados por las grandes instituciones financieras internacionales. La AGCS persigue «la progresiva sumisión a la ley del mercado de todos los servicios públicos, incluida la sanidad y la educación». Las macroempresas pretenden adquirir a un precio muy inferior a su valor real infraestructuras y servicios creados con el dinero de todos para convertirlos en un lucrativo y seguro negocio para unos cuantos.

Las consecuencias de esta estrategia afectan de un modo particular al sector energético. En la actualidad el mercado petrolífero está orientado por las empresas públicas de Arabia, Irán, Venezuela y México. Según el conocido experto en esta trascendental materia Eduardo Giordano, la estrategia del presidente Bush no persigue apoderarse directamente de los pozos petrolíferos, sino establecer en los países ricos en oro negro gobiernos títeres que apliquen políticas económicas neoliberales y, siguiendo la orientación dominante, privaticen las empresas estatales. Las grandes compañías al servicio de los intereses norteamericanos son las únicas con capacidad económica y recursos técnicos suficientes para adueñarse de las reservas energéticas del planeta. Nuestra sociedad de consumo, para subsistir, necesita muchos millones de toneladas de crudo diarias. Norteamérica, aunque es el segundo país productor, es también el primer consumidor.

La ley del más fuerte

Todo poder universalmente hegemónico y dictatorial repele instintivamente los controles legales a sus actuaciones. Las tiranías comienzan allí donde existe un vacío legal, pues las normas de obligado cumplimiento para todos constituyen el único recurso efectivo contra los abusos del poder. Tal como escribió Girolano Savonarola, «no existe animal más peligroso que el hombre sin ley». Lo mismo puede decirse de las actuaciones gubernamentales. La cultura democrática estatal se proyectó en el plano internacional con la creación de foros para debatir y solucionar pacíficamente los conflictos de un mundo contradictorio y diverso. La confluencia de voluntades para la realización de la utópica, hasta ahora al menos, paz perpetua solamente puede alcanzarse en un ámbito plenamente libre y universalmente participativo.

Los enormes sufrimientos padecidos por la humanidad en el transcurso de la última contienda mundial despertaron en la conciencia pública la necesidad de establecer mecanismos eficaces para evitar la repetición de semejantes horrores. Sobradas de buenos propósitos, las democracias triunfantes en la lucha contra los totalitarismos firmaron en San Francisco, el 26 de junio de 1945, la Carta de las Naciones Unidas, especie de constitución ecuménica llamada a regir las relaciones entre los Estados con objeto de evitar el recurso a las armas para solucionar las discrepancias. Los responsables de la redacción del texto manifestaron el firme propósito de preservar a las naciones de los flagelos de la guerra. Para alcanzar dicho fin consideraron necesario defender la vigencia de «los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas». Todas las actuaciones de los organismos de la ONU deberían realizarse «de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional».

Dos cuestiones ocupan el centro neurálgico del sistema legal: el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos y la condena radical de las guerras de agresión. «Ninguna disposición de esta Carta —sostiene el texto legal— autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos exclusivos de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a sus miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta.» Se prohíben las presiones externas para forzar el cambio de un régimen político. En el caso de situaciones conflictivas, el Consejo de Seguridad constituye la autoridad suprema para determinar cuándo existe una amenaza real para la paz y para decidir las medidas concretas para afrontar las situaciones conflictivas. «Los planes para el empleo de las Fuerzas Armadas —preceptúa el artículo 46— serán realizados por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor», al que corresponde también «la dirección estratégica» del conflicto. El uso de la fuerza tiene que estar sometido a un riguroso control democrático por parte de los organismos competentes de las Naciones Unidas. No existe ninguna llamada «comunidad internacional» con competencias para suplir esta exigencia básica.

La invasión de Irak, decidida unilateralmente por el presidente Bush con la bendición sumisa del triángulo de la geometría de la muerte diseñado en las Azores, supuso un ataque directo y abierto contra los principios del orden jurídico internacional. No solamente se inició la batalla sin la previa autorización del Consejo de Seguridad, sino una vez conocida la oposición de la mayoría de los países que formaban parte de dicho organismo, tras una serie de sondeos y presiones. Bush, Blair y Aznar, ante la amenaza de Francia y Alemania de utilizar el veto si fuera preciso para evitar la contienda, buscaron el voto de la mayoría de los miembros no permanentes para conseguir al menos un apoyo moral ante la opinión pública y contribuir a la representación creíble de la gran comedia bélica de malvados y justicieros. Pretendían desprestigiar a aquellas naciones dispuestas a utilizar el derecho de veto para evitar una guerra y sus calamitosas consecuencias. La resistencia de Chile y México a los chantajes y sobornos provocó el fracaso de la maniobra. En un gesto de sinceridad digno de mejor causa, el máximo dirigente norteamericano confesó que solamente aceptaría una resolución del Consejo de Seguridad «en el caso de que se aprobara deprisa e implicara una acción armada». Al fracasar en sus propósitos, el presidente Bush, irritado, el 7 de febrero de 2003 avisó al mundo: «el juego ha terminado». Había finalizado el juego del diálogo y la paz y comenzaba la bárbara dialéctica de la guerra.

La decisión no constituyó, a pesar de su dramatismo, una sorpresa para nadie. El espectacular despliegue del potencial militar estadounidense meses antes del inicio de las hostilidades había revelado ya la intención belicista de la Casa Blanca, independientemente del éxito de los inspectores internacionales para lograr el desarme real. El trágico y mortífero desenlace se precipitó, paradójicamente, cuando el jefe de los interventores de la ONU, Hans Blix, reconoció que el Gobierno de Sadam estaba «colaborando más que nunca» y solicitó unos meses de plazo para poder concluir con éxito su misión. Poco después de la celebración de manifestaciones masivas en las principales capitales del mundo, Bush, Blair y Aznar se reúnen en las islas Azores para lanzar un ultimátum de 48 horas a Irak al margen de las Naciones Unidas. A las 3:35 horas del 20 de marzo de 2003 se desencadena el primer ataque con mísiles contra Bagdad. Cinco días más tarde los países árabes solicitan una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Nadie escucha su petición.

En realidad la guerra de Irak se inició con anterioridad a la amenaza lanzada desde las islas atlánticas. El teniente general Michael Moseley, comandante aliado durante las operaciones bélicas, reconoció que los bombardeos en las zonas de exclusión aérea del territorio iraquí realizadas desde mediados del año 2002 hasta los primeros meses del siguiente año contribuyeron a facilitar el rápido y victorioso desenlace del ataque de las fuerzas angloamericanas. Desde junio de 2002 hasta el inicio formal de la guerra desplegaron 21.736 vuelos con objeto de debilitar las defensas enemigas. Según un informe dado a conocer el 17 de julio de 2003 en la base aérea de Nellis, en el estado de Nevada, 391 objetivos cuidadosamente seleccionados fueron alcanzados por más de seiscientas bombas. Estos ataques formaban parte de una estrategia claramente ofensiva y permitieron al ejército aliado iniciar la campaña terrestre sin necesidad de efectuar bombardeos masivos contra las defensas enemigas. Uno de los objetivos perseguidos fue la destrucción de las estaciones de la red de cables de fibra óptica que comunicaban el mando de Bagdad con las ciudades de Basora y Nasiriya.

Los dos principales argumentos esgrimidos por el trío de la «comunidad internacional» para iniciar la conquista de Irak fueron la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y las conexiones del régimen de Bagdad con el terrorismo fundamentalista. La segunda acusación fue silenciada rápidamente dada su inconsistencia. Ni los más ingenuos podían digerir la implicación de un gobierno laico en unos actos inspirados en el fanatismo religioso. En cuanto a la posesión de armas de destrucción masiva, el engaño fue desmontado por el propio desarrollo de los acontecimientos. Un tirano como Sadam jamás renunciaría a la utilización de sus armas más eficaces para defenderse de un ejército infinitamente superior. El desnivel bélico convirtió la guerra en una masacre. Apenas se desarrollaron combates abiertos. Después de la victoria de la coalición angloamericana un equipo de 1.400 inspectores del Irak Survey Group, dirigido por el general Dayton, no consiguió encontrar el menor rastro del arsenal armamentístico.

Es público y notorio que los gobiernos responsables de la iniciativa armada mintieron y manipularon los documentos presentados como pruebas irrefutables. Los escenarios retratados en las fotografías tomadas vía satélite de los supuestos emplazamientos de armas de destrucción masiva iraquíes, mostrados por el secretario de Estado norteamericano Colin Powel ante el Consejo de Seguridad, fueron visitados inmediatamente por los corresponsales occidentales acreditados en Bagdad y pudieron comprobar con sus propios ojos que se trataba de construcciones vetustas sin capacidad para fabricar armas modernas. Dichas instalaciones ya habían sido inspeccionadas por los funcionarios internacionales sin que encontraran nada sospechoso. Los dirigentes occidentales lo sabían.

La gran intoxicación informativa tiene una explicación. Nada se dejó a la improvisación. Inmediatamente después de los atentados del 11 de septiembre se creó en el Pentágono una dependencia secreta denominada Office of Special Plans, dirigida por Abram Shulsky, encargada de analizar, sintetizar y valorar los datos recogidos por los servicios secretos. Desde dicho organismo se exageraron y alteraron simples indicios con la intención de convertirlos en pruebas irrefutables de las malévolas intenciones del dictador iraquí. Los datos se cocinan a la medida de los gustos de la Casa Blanca. Según el líder demócrata de California, Jane Harman, se trató de la «mayor maniobra tergiversadora de todos los tiempos». La asociación Intelligence Professionals for Sanity, integrada por ex miembros del Departamento de Estado y de la CIA, reconoció que si bien en otras ocasiones se habían falsificado pruebas por motivos políticos, nunca se habían adulterado de «una manera tan sistemática para engañar a nuestros representantes políticos con el fin de justificar una guerra».

Cuando el secretario de Defensa Donald Rumsfeld presionó al Congreso para lograr su apoyo a la operación militar contra Irak, ya tenía en su poder un informe de ochenta páginas de la Agencia de Información de la Defensa en el que se denunciaba la carencia de información fiable sobre los supuestos arsenales de Sadam. Paul Krugman, profesor de la Universidad de Princeton, sostiene que tanto Bush como Blair «querían una guerra y exigían informes que la apoyaran a la vez que rechazaban las pruebas en contra».

También se acusó a la dictadura de Sadam Hussein de comprar cantidades significativas de uranio en África. El ex embajador norteamericano Joseph C. Wilson, en un artículo publicado en The New York Times el 6 de julio del 2003, reconoce que cuando en febrero del año anterior fue enviado a Níger para comprobar la verdad sobre la supuesta adquisición de materiales nucleares descubrió el engaño y así se lo comunicó a Washington. El 7 de marzo de 2003 el director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Mohamed el Baradei, presentó ante el Consejo de Seguridad el siguiente informe: «La OIEA ha discutido los documentos presentados por las autoridades británicas y norteamericanas con los Gobiernos de Irak y Níger, quienes niegan que esta actividad tuviera lugar. Por su parte, Irak ha ofrecido una coherente explicación sobre las relaciones con Níger y ha descrito una visita de un funcionario iraquí a varios países africanos, incluyendo Níger, en febrero de 1999, sobre la cual cree Irak que pudieran haberse elaborado estos informes. La OIEA ha podido verificar correspondencia procedente de varios departamentos del Gobierno de Níger, comprobar los formularios, contenidos y firmas con aquellos que figuran en la presunta documentación aportada. En base a un profundo examen, la OIEA ha concluido, con el apoyo de expertos independientes, que estos documentos, que constituyen la base de los informes sobre la compra de uranio enriquecido entre Irak y Níger, no son auténticos. Hemos concluido que las acusaciones son infundadas.» Una de las cartas, fechada en octubre de 2000, estaba firmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Allele Habibou, que había abandonado el Gobierno el año 1989. La carta rubricada por el presidente de Níger, Tandja Mamadou, era evidentemente falsa.

A pesar de que dichos informes fueron de total conocimiento público, el presidente Bush prosiguió sosteniendo ante el Senado y la Cámara de Representantes en su discurso sobre el estado de la Unión la existencia de la operación de la compra de uranio. Joseph C. Wilson razona que «si la información se ignoró porque no encajaba en las acusaciones contra Irak, se puede argumentar que fuimos a la guerra basados en acusaciones falsas». Es decir, conscientemente engañados. Quizás el presidente norteamericano tuvo en cuenta la reflexión de Adolfo Hitler: «cuando se desencadena una guerra, no importa tener razón, sino lograr la victoria; al vencedor no se le preguntará después si dijo la verdad o no». Desgraciadamente para el triunfo de la justicia, el desenlace de los acontecimientos y las reacciones posteriores parecen haber dado la razón al desequilibrado líder nazi.

La interpretación de Tony Blair en la representación de la gran farsa se ajustó milimétricamente al guión escrito en el Pentágono. El MI5 y el MI6, los servicios de inteligencia británicos, acusaron a su gobierno de tergiversar flagrantemente sus informes para justificar el ataque a Irak. Reprochan a sus dirigentes políticos la inclusión de una vieja tesis doctoral de un estudiante copiada de internet y pruebas falsas sobre la compra de uranio a Níger. El Comité de Inteligencia y Seguridad de la Cámara de los Comunes denunció la utilización, con objeto de lograr apoyos parlamentarios, de «informaciones no corroboradas y suministradas por una fuente única, que además era un exilado iraquí interesado en obtener asilo político en la Gran Bretaña o en los Estados Unidos, y dispuesto a plegarse a los intereses del Pentágono». Entre otras falsedades, se sostenía la capacidad de Sadam Hussein para lanzar un ataque con armas de destrucción masiva en 45 minutos. Robin Cook, ex ministro del Gobierno de Blair, aclaró posibles dudas: «El Reino Unido ha sido conducido con engaños a una guerra para desarmar una amenaza fantasma en la cual ni siquiera nuestro principal aliado creía. La verdad es que Estados Unidos no decidió atacar Irak porque supusiera una amenaza, sino porque sabía que era débil y esperaba que su ejército se viniera abajo pronto. Es una evidencia que deja al Gobierno británico en una posición incómoda.» La posesión de armas de destrucción masiva fue simplemente un pretexto para declarar una guerra con el propósito de alcanzar objetivos no confesados, ni confesables, aunque resultaban evidentes.

El acalorado debate desarrollado entre los representantes políticos una vez terminada oficialmente la invasión de Irak sobre la falsedad de las pruebas no puede desviar la atención sobre la verdadera naturaleza y gravedad de la trasgresión legal. Aunque existieran arsenales de armas de destrucción masiva, la acción bélica sería igualmente contraria al ordenamiento jurídico internacional y por tanto, ilegal. La falta de consentimiento expreso del Consejo de Seguridad convierte, para los países miembros de la ONU, la lucha armada en un crimen y a los responsables en criminales de guerra. Por otra parte, si la posesión de armas de destrucción masiva estuviera tipificada como delito internacional, el Gobierno de los Estados Unidos sería el criminal más peligroso, ya que dispone de una capacidad destructiva sin parangón en todo el planeta. Como puntualizó Jurgen Habermas, «una guerra ilegal no deja de ser un acto contrario al derecho internacional, ni siquiera cuando se produjeran efectos normalmente deseables». Las deliberadas mentiras no hacen más que agravar la calidad ética de los dirigentes políticos que engañaron a la opinión pública mundial sobre las verdaderas razones de una contienda que ocasionó miles de víctimas inocentes y destruyó la riqueza de un país, excepto los pozos petrolíferos, botín de la victoria.

La ilegalidad no solamente se cometió al inicio de la contienda sino que su desarrollo estuvo plagado de abusos e irregularidades. El 4 de abril de 2003 el Comando Central estadounidense establecido en Qatar reconoció la utilización «por primera vez en un conflicto armado, de un nuevo tipo de bombas de fragmentación capaces de desafiar todas las condiciones meteorológicas». En los bombardeos contra Irak se utilizaron bombas de uranio empobrecido, declaradas ilegales por las Naciones Unidas. Dong Rokke, ex director del programa del Pentágono sobre el desarrollo de armas de uranio empobrecido, denunció el doble lenguaje de los dirigentes contra este tipo de armas, condenándolas al mismo tiempo que autorizaban a sus soldados a utilizarlas. Precisó que se trata de armas «que dejan como secuela riesgos tóxicos y que matan indiscriminadamente». La población iraquí y los combatientes todavía padecen las trágicas consecuencias de los bombardeos realizados durante la Primera guerra del Golfo. El porcentaje de víctimas civiles de la guerra ha pasado, en el último cuarto de siglo, del 10 % hasta el 90 % del total. El comportamiento criminal contra gente inocente no es nuevo. Cuando los bombarderos norteamericanos lanzaron las primeras bombas atómicas contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki buscaron intencionadamente producir el mayor número posible de víctimas entre la población civil, la mayoría mujeres, niños y ancianos, ya que los útiles para el servicio de armas se encontraban en los diferentes frentes de combate. Tampoco existían objetivos militares en dichas ciudades japonesas. Se trató de los mayores crímenes de guerra que permanecieron totalmente impunes. Para vergüenza de la humanidad, sus autores fueron condecorados como héroes de la libertad. Aquella trágica siembra realizada el siglo pasado sigue dando sus nefastos frutos en las guerras actuales.

Todos sabemos quién es el gran poseedor de armas de destrucción masiva. El gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto siempre a todo procedimiento de inspección sobre su territorio para comprobar si se cumplen la Convención Internacional sobre Armas Químicas que prohíbe la fabricación de armas bacteriológicas. Se conoce ahora que los laboratorios norteamericanos, gracias a los progresos de la ingeniería genética, han logrado la elaboración de las llamadas «armas de cuarta generación», cuyos efectos son difícilmente detectables pero que son capaces de producir serios trastornos cerebrales, de reactivar genes muy precisos y producir efectos fisiológicos de muerte cerebral. Se trata de una actividad protegida por el secretismo oficial y, por tanto, incontrolada, tanto desde la perspectiva de las instituciones internas como por los organismos internacionales. Cerca de un millar de científicos norteamericanos denunciaron en una carta abierta dirigida al director del Instituto Nacional de la Salud (NIH), Elías Zaerhouni, publicada en la revista Science correspondiente a marzo de 2005, «que la desviación de fondos de gran importancia para la salud pública, hacia proyectos también importantes en biodefensa, supone dar una dirección equivocada a las prioridades del NIH y provoca una crisis de la investigación en microbiología financiada por dicho instituto». Las subvenciones para el estudio de agentes relacionados con la biodefensa se han incrementado en un 1.500 %, mientras se han abandonado proyectos más necesarios para curar enfermedades que ocasionan miles de muertos.

En el tratamiento dado a los prisioneros de guerra se cometieron, y siguen cometiéndose en el momento de escribir estas líneas, graves infracciones. Los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales exigen la inmediata puesta en libertad de todos los soldados enemigos una vez declarado el final de la contienda. Durante el tiempo que dure el internamiento los detenidos deben disfrutar de todas las garantías legales. Las declaraciones se limitarán a confesar su nombre, edad y graduación. Los soldados iraquíes, sin embargo, han sido sometidos a largos interrogatorios policiales y han sufrido humillaciones recogidas en abundantes testimonios gráficos. La tortura ha sido una práctica habitual en las fuerzas ocupantes. Los acuerdos de Ginebra, firmados por los contendientes, rechazan cualquier vejación física o moral y todo tipo de presiones para obtener información. Desde el inicio del confinamiento del prisionero de guerra debe notificarse su situación a la Agencia Central de Prisioneros de Guerra dependiente de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna en los países árabes. Ninguno de estos compromisos ha sido respetado. Las leyes internacionales solamente se imponen a los derrotados en el sistema de valores del nuevo orden global. No solamente en las cárceles se cometieron abusos. Amnistía Internacional denunció a finales de julio de 2003 «el brutal tratamiento de la población iraquí por parte de las fuerzas ocupantes». La organización acusa asimismo a las fuerzas estadounidenses «de utilizar la tortura y los malos tratos en los centros de detención, donde a las personas se les ha privado de horas de sueño y se las ha obligado a permanecer en posturas dolorosas durante largos periodos de tiempo». A los inspectores de Amnistía Internacional se les ha negado autorización para visitar los centros de internamiento y comprobar personalmente la situación.

Los convenios internacionales hacen también responsable a las potencias ocupantes del orden público y de la asistencia a la población civil, debiendo dedicar una especial atención a los menores y mantener en correcto funcionamiento los servicios médicos. El caos y el desorden reinante en las principales ciudades de Irak constituyeron una denuncia rotunda del incumplimiento de estas exigencias. Las tropas vencedoras se preocuparon principalmente del control de los pozos petrolíferos. El merodeo, el pillaje, las violaciones, el saqueo de los tesoros culturales y los abusos cometidos y, cuando menos, tolerados por los soldados ocupantes escandalizaron a la opinión pública mundial. Alguno de estos lamentables episodios fue protagonizado por periodistas integrados en las fuerzas expedicionarias sorprendidos cuando pretendían regresar a su país por los agentes aduaneros con el botín en sus equipajes.

Estos abusos no son fruto de acciones aisladas de unos irresponsables, responden a una estrategia profunda y meditada para alcanzar un poder sin fronteras geográficas ni legales. El Gobierno de los Estados Unidos ha defendido públicamente, sin ningún tipo de pudor, la inmunidad para sus ciudadanos, posición claramente incompatible con los valores democráticos que presumen defender. Remando contra la voluntad de la mayoría de los gobiernos democráticos, el 12 de junio de 2003, Washington logró en el Consejo de Seguridad de la ONU la prórroga por un año más de su impunidad ante la recién creada Corte Penal Internacional. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, pidió a la delegación estadounidense el abandono de una actitud que socava la legitimidad y la autoridad de un tribunal creado para perseguir los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos a partir del 1 de julio de 2002. Cuando George W. Bush se convirtió en inquilino de la Casa Blanca no solamente se desvinculó del compromiso firmado por Bill Clinton, su antecesor, sino que dirigió una intensa ofensiva diplomática para lograr acuerdos bilaterales con el objetivo de garantizar la inmunidad de sus ciudadanos acusados ante el tribunal internacional de cometer gravísimos delitos contra el derecho de gentes. En el momento de escribir este texto ya han logrado la firma de 37 acuerdos de esta naturaleza. La Unión Europea advirtió a los países aspirantes al ingreso que la firma de acuerdos bilaterales se encuentra en contradicción con la política comunitaria. A Eslovenia, por mantener la misma línea que los países europeos, Washington le retiró inmediatamente la ayuda de cuatro millones de dólares que le había prometido. Parecida postura adoptaron con Croacia. Los norteamericanos también amenazaron con retirar sus tropas de Bosnia y Afganistán si no se les garantizaba un año más de impunidad.

Dentro de esta lucha por alcanzar unos privilegios legales más propios del feudalismo medieval que de las modernas democracias, debe enmarcarse el victorioso combate de los dirigentes norteamericanos contra la ley de jurisdicción universal de Bélgica, aprobada en 1993, que reconocía a los tribunales nacionales competencia para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y delitos de genocidio cometidos en cualquier lugar del mundo. La justicia belga estaba tramitando un contencioso contra el primer ministro israelí, Ariel Sharon, por las sangrientas matanzas realizadas contra los campos de refugiados palestinos en 1982 bajo su mandato directo, un hecho brutal y despiadado que conmovió a la opinión pública mundial. Estados Unidos comenzó sus presiones oponiéndose a la construcción de la nueva sede de la OTAN en Bruselas, mientras Bélgica no derogada esa ley de competencia ecuménica. «Con leyes de esta clase —declaró el secretario de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld— Bélgica ha convertido su sistema judicial en una plataforma para aceptar querellas contra sus aliados en la OTAN.» Al político norteamericano le faltó aclarar que las querellas solamente podían afectar a los aliados acusados de cometer crímenes contra la humanidad o delitos de genocidio. La construcción de la nueva sede había sido aprobada por todos los miembros de la alianza militar. Tras realizar sin obtener ningún resultado una serie de modificaciones legales para aplacar las iras de Washington, el Gobierno de Bruselas creyó conveniente derogar la incómoda ley con el objetivo de evitar males mayores. Washington procura premiar a quienes se pliegan a sus caprichos. Los planes para edificar las oficinas de la organización militar atlántica siguieron adelante. Solamente temen a la justicia independiente y profesional quienes piensan delinquir. La actitud del gobierno de Bush resulta incompatible con la ética democrática defensora de la igualdad de todos ante la ley.

Una consecuencia directa de la globalización de los valores del mercado es la transformación de las contiendas bélicas en uno de los negocios más lucrativos. El beneficio puro y duro ha desplazado el protagonismo del tradicional heroísmo, sacrificado y generoso. Las páginas heroicas han sido arrancadas del gran libro de la Historia. Domina la ética del lucro. La recluta de los ejércitos profesionales ha logrado evitar los riesgos de los combates a los jóvenes de las familias pertenecientes a las clases altas. Solamente luchan quienes necesitan del salario de la muerte para subsistir. Los ejércitos imperiales se nutren de los sectores marginales de la población, salvo contadas excepciones. Norman Birnbaum destaca que «los hijos e hijas de la clase trabajadora sirven en las fuerzas armadas, mientras que es difícil encontrar en ellas a miembros de las familias más selectas». Cuando comenzaron a llegar cadáveres de los hijos de papás ilustres durante la guerra de Vietnam, la gente bien norteamericana exigió la retirada de sus fuerzas del país asiático. Ahora solamente ofrendan su vida por la patria o por los pozos petrolíferos, que viene siendo lo mismo, los mercenarios carentes de influencia y fortuna familiar, los excedentes humanos del mercado laboral. Los muertos se lloran en los barrios habituados a los sufrimientos y a la marginación con las lágrimas negras de los eternamente fracasados en la gran olimpíada económica. Como recompensa, se les rinden solemnes honores militares y se inyecta a los allegados sobredosis de orgullo como ciudadanos de «la nación más grande y poderosa del planeta». Pero últimamente ni esta efímera gloria les reconocen. Bush ha ordenado silenciar la llegada de cadáveres de soldados norteamericanos procedentes de los frentes de combate para no desmoralizar a la población. Las élites sociales y económicas, lógicamente, son ahora más belicistas que nunca. Sus allegados están a salvo de los horrores de los combates. Unos siembran sangre joven y pobre, otros incrementan su fortuna cosechando los beneficios económicos de la victoria. Para mayor seguridad, han trasladado los escenarios de los combates muy lejos de sus fronteras.

Como consecuencia de la peste privatizadora se han creado importantes empresas que negocian con soldados de fortuna dando lugar a un mercado bélico global con un volumen de negocios que supera los 150.000 millones de dólares anuales. Solamente en el centro de África desarrollaban sus actividades 70 empresas militares dispuestas a guerrear a favor de quien contratara sus servicios, sin importarles la ideología ni la legalidad de los combates. «La realidad es que Occidente —declaró Dong Brook, presidente de una de ese tipo de empresas— no quiere comprometer sus ejércitos en África y la única manera que tienen los contendientes de disponer de capacidad bélica es adquirir nuestros servicios.» Pero los ejércitos de alquiler son contratados también por las grandes potencias «para evadir restricciones de la legalidad internacional a sus acciones y para realizar operaciones encubiertas». Gran Bretaña ha contratado los servicios de PME Sandkine para intervenir en Sierra Leona burlando el embargo establecido por la ONU. También los Estados Unidos se han servido de mercenarios para realizar trabajos sucios. En ocasiones se ha encomendado a paramilitares la realización de interrogatorios utilizando la tortura para lograr confesiones. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, reconoció que 37 guardas privados trabajaban como interrogadores en el centro penitenciario de Abu Ghraid. La Orden de la CPA, que prohibe la aplicación de la legislación iraquí a la fuerza multinacional ocupante, se aplica también a los mercenarios, medida que en la práctica equivale a garantizarle la inmunidad de sus abusos. En 1992 Dick Cheney, vicepresidente de Bush, encargó a Brown & Root Services un plan para privatizar los servicios militares en zonas de guerra. Gracias a este estudio el Ejército de los Estados Unidos se ha reducido de 2,1 millones de efectivos a 1,4. La empresa realizadora del informe, subsidiaria de Halliburton, cobró 9 millones de dólares por el estudio. Los soldados de fortuna constituyen el segundo ejército ocupante del Irak. Se calcula que más de 20.000 mercenarios desempeñan su trabajo en la ocupación de Irak. Las empresas MPRI, SAIC, Arnor Group, Vinnell, Global Risk Strategy, Blakwater, Erinys, Task, DynCorpo, Kroll Security, entre otras, están realizando en aquel país su agosto.

El ciclo del negocio de la guerra se culmina en la industria armamentística, la primera que se llena los bolsillos. El clima bélico no solamente obliga a las potencias agresoras a destinar la mayor parte de su presupuesto a adquirir las armas más destructoras y mortíferas, sino que provoca una carrera para comprar las últimas novedades en armas entre los países que se sienten amenazados por nuevos conflictos. Cada nuevo avance técnico convierte en obsoleto el armamento anterior. El éxito de ventas está garantizado de antemano. El círculo siniestro del negocio de la muerte y destrucción se culmina cuando el botín de la victoria va a parar siempre a los mismos bolsillos. El caso del petróleo iraquí es elocuente al respecto. El mercado generado por los enfrentamientos violentos cada vez está controlado por menos empresas. Y son las mayores sociedades petrolíferas norteamericanas, quienes precisamente financiaron la campaña del presidente Bush, las más beneficiadas, pero no las únicas.

Las grandes multinacionales de la guerra no solamente se lucran vendiendo armas y municiones durante los combates sino también con la reconstrucción de lo previamente devastado. Se calcula en cifras superiores a los 600.000 millones de dólares el importe presupuestado, aunque el Gobierno estadounidense se ha negado a facilitar los datos al Congreso. El reparto de la sabrosa tarta económica se decide entre el Gobierno, el Pentágono y la Agencia Internacional para el Desarrollo. La corporación Halliburton, que dirigió hasta su nombramiento como vicepresidente Dick Cheney, es una de las grandes beneficiadas. La citada empresa ha pasado de tener 498 millones en números rojos en el ejercicio correspondiente al año 2002 a ganar 26 millones en los dos primeros semestres del siguiente año. El Cuerpo de Inspectores del Pentágono le ha encargado la realización de trabajos por valor de más de 1.700 millones de dólares sin necesidad de tener que concursar públicamente. El «secreto militar» se ha esgrimido como razón para saltarse a la torera este requisito administrativo. Se le ha confiado desde la reconstrucción de campos petrolíferos hasta el suministro de la comida a los soldados acuartelados, pasando por la construcción de barracones para alojar a las fuerzas ocupantes. La cifra total recibida por la empresa puede alcanzar los 7.000 millones de dólares. Bechtel, de cuyo consejo de administración forma parte el ex secretario de Estado George Shultz, se aseguró la mayor contrata para la reconstrucción de toda la infraestructura no petrolera de Irak. Un gran consorcio bancario gestionará el Banco de Comercio de Irak que controlará la mayoría de los recursos financieros. Como las operaciones de conquista se realizan siempre contra territorios ricos en recursos naturales, el cobro está garantizado. El poder del ejército es el aval más eficaz para recuperar las inversiones y obtener saneados beneficios.

El Financial Times —Londres, 14 de agosto de 2003— reconoció la existencia de una creciente «privatización del negocio de la guerra, que ha desbordado la capacidad nacional e internacional para regularla». Si durante la primera guerra del Golfo de 1991 una de cada veinte personas participantes sobre el terreno era un contratista privado, en la invasión de Irak la proporción fue de una de cada diez. Las privatizaciones se realizan arguyendo la necesidad de reducir «costes logísticos». Se están confundiendo, hasta extremos inconcebibles hace solamente unos años, los ejércitos estatales, patrióticos y heroicos, con los servicios privados de guerra movidos exclusivamente por la codicia humana. Por otra parte, las «compañías militares privadas» asumen cada día un mayor protagonismo bélico. The New York Times calcula que este tipo de actividades mueven alrededor de 100.000 millones de dólares anuales. Las guerras modernas exigen la colaboración de técnicos civiles para asesorar a los soldados en el manejo del sofisticado armamento. En las academias militares no se forman ingenieros ni expertos cualificados en técnicas complejas que exigen años de estudio y dedicación exclusiva. Resulta esclarecedor la participación en Irak de la empresa norteamericana Kellog Brow and Root, subsidiaria de la Halliburton, de la que fue directivo el vicepresidente de Bush. Incluso la ONU piensa recurrir a empresas logísticas privadas para las misiones pacificadoras confiadas a los cascos azules. La patria se está transformando en un gran supermercado; la guerra, en una tienda de todo a cien, pero de cientos de miles de millones, claro.

La actitud belicosa y desafiante contra la legalidad internacional, aceptada sumisamente por las democracias, no es una simple consecuencia del triunfo electoral del presidente George W. Bush y de la llegada a Washington de un grupo integrista y ultra conservador, tal como se está intentando hacer creer a la opinión pública mundial. Sus raíces se encuentran firmemente asentadas en la estructura del poder estadounidense y el funcionamiento de su sistema electoral. La llamada «doctrina Clinton», recogida en el informe enviado el año 1997 por el Pentágono al Senado, reserva a los Estados Unidos el derecho a servirse de la fuerza militar para «defender intereses vitales como asegurar un acceso sin restricciones a mercados clave, suministros energéticos y recursos estratégios». No podemos olvidar tampoco que el presidente Clinton, que ahora asiste a foros en que se debate sobre el futuro de la tercera vía socialdemócrata, también inició una guerra, la de la desaparecida Yugoslavia, sin la autorización del Consejo de Seguridad. Es cierto que las condiciones eran otras, pero no por ello dejó de ser una lucha ilegal en la que también se contravinieron las leyes de la guerra, aunque no con el descaro y el unilateralismo de las últimas guerras asiáticas. La estrecha conexión entre los apoyos económicos y el éxito electoral crea dependencias y servidumbres ineludibles entre los elegidos. La capacidad recaudatoria de los candidatos es la mejor vara para medir sus posibilidades en los comicios. Los analistas se fijan prioritariamente en este dato para formular sus pronósticos. Las grandes industrias petrolíferas fueron decisivas en el triunfo de Bush. Además de los apoyos económicos existía un entramado de vínculos empresariales que explican muchos comportamientos del poder político. El presidente Bush procede de la empresa petrolera Arbuston Exploration; el vicepresidente Dick Cheney desempeñó un importante cargo en la dirección de Halliburton Oil, la mayor compañía de prospecciones petroleras del mundo; Condoleezza Rice mantuvo una estrecha vinculación profesional con la Chevron Corporation... Resulta natural el deseo de hacerse con el control de una zona que no solamente proporciona el 30 % de la producción anual de petróleo, sino que encierra el 65 % de las reservas mundiales conocidas. Por otra parte, la política energética de Bush se basa en el fuerte consumo de petróleo por lo que tiene necesidad de incrementar las importaciones para hacer frente a la demanda interna. Controlar el acceso a los recursos petrolíferos de Irak supone lograr algo que Estados Unidos no consiguió tras haberlo intentado insistentemente el último medio siglo. Al mismo tiempo se incrementa la influencia de las empresas yanquis en el mercado mundial y se debilita el actual poder de la OPEP. El subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Paul Wolfowitz, ante los delegados asistentes en Singapur a la Cumbre de Seguridad de Asia, a principios de junio de 2003, ha reconocido sin sonrojarse que «el petróleo fue el principal motivo de la operación militar contra Irak».

El apoyo de la industria de la guerra a los republicanos contribuye a clarificar las razones del ardor bélico de los dirigentes de Washington. Jeb Bush, hermano menor del presidente y Gobernador del Estado de Florida, reconoció en el acto de despedida del actor Charlton Heston como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, que «si no hubiera sido por el apoyo activo del lobby de las armas es justo decir que mi hermano no sería hoy presidente de los Estados Unidos». La industria armamentística vive uno de los momentos de mayor esplendor tras el final de la guerra fría. Lo sucedido con Irak revela lo peligroso que resulta para la independencia nacional, en la actual coyuntura histórica, desarmarse. De nuevo se ha dado el pistoletazo de salida a la carrera armamentística en la olimpiada de la muerte. Corea del Norte ha tomado buena nota de lo sucedido en Irak y es consciente de que solamente la posesión de la bomba atómica le librará de una invasión.

La incipiente teoría de las intervenciones humanitarias constituye una burda argucia para justificar acciones genuinamente imperialistas contrarias a la legalidad internacional y a lo tradicionalmente establecido por el derecho de gentes. Difícilmente puede calificarse de humanitaria una acción causante de centenares de miles de víctimas inocentes. Para mayor inri, los responsables directos de las declaraciones de guerra jamás sufren las consecuencias negativas. Nunca el mal causado, según doctrina sentada en la regulación de la legítima defensa, puede ser mayor que el que se trata de evitar. Una vida humana vale más que todo el petróleo del mundo. El sermoneo moralista, la exaltación de la democracia y la libertad, oculta y disimula los verdaderos objetivos de las agresiones sangrientas. Para justificar las intervenciones armadas es preciso la existencia de unas leyes con vigencia universal que determinen con precisión las causas y la naturaleza de unas actuaciones destinadas prioritariamente a proteger vidas, no a sembrar la muerte y la desolación. Convertir la bestialidad de la guerra, «el invierno de la civilización», en una acción humanitaria exige los mismos e inútiles esfuerzos que lograr la cuadratura del círculo. Ninguna justicia puede devolver la vida a las víctimas inocentes ni a los mutilados su integridad física. La guerra es el más criminal y destructor de los terrorismos. En una sola contienda armada han fallecido más inocentes que en todos los actos terroristas cometidos a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la humanidad.

En la actual etapa globalizadora el gendarme universal necesita afirmarse como fuerza hegemónica, hacer ostentación de su poderío. Por eso también ha puesto en circulación la teoría de las guerras preventivas para desactivar las supuestas intenciones de los enemigos potenciales. Declarar una guerra para evitar un conflicto armado, matar para impedir que otros maten, provocar aquello que dicen querer evitar, resulta paradójico, absurdo y contrario al humano razonar. El terrorismo que utiliza misiles es tan terrorismo como el que se sirve de aviones comerciales para cometer sus crímenes. Constituye un insulto a nuestra capacidad intelectual pretender hacernos comulgar con semejantes justificaciones. ¿Qué sucedería si el derecho penal castigara a las personas, no en función de lo que han hecho, sino basándose en lo que podrían hacer? Entraríamos de lleno en el reino de la más caprichosa arbitrariedad. Todos los ciudadanos podríamos ser procesados y condenados sin necesidad de haber violado ninguna ley penal. La reflexión es aplicable también en el plano internacional. Ya el 15 de febrero de 1848 el presidente Abraham Lincoln dijo que «si se permitiera al presidente invadir un país vecino para prevenir una invasión, le estaríamos permitiendo hacer la guerra a su antojo». En un informe dado a conocer a finales del año 2004 por juristas expertos en derecho internacional, convocados por el secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, se dice que «en un mundo lleno de amenazas potenciales el riesgo para el orden mundial y el principio de no intervención en que éste sigue basándose es demasiado importante para que pueda aceptarse la legalidad de una acción preventiva unilateral. Permitir que un país actúe así equivale a permitírselo a todos». La nueva doctrina de la seguridad nacional fue solemnemente proclamada por el presidente Bush el 23 de septiembre de 2003 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: Norteamérica se reserva el derecho de actuar contra amenazas latentes de forma preventiva y unilateral. No se considera obligada Norteamérica a respetar las normas del derecho internacional vigentes según la Carta del organismo representativo de la comunidad de naciones. La potencia imperial, según esta nueva y peligrosa doctrina, puede actuar cómo y cuándo le convenga contra los calificados como «enemigos del mundo civilizado», el eje de todos los males. Pero, tal como subraya acertadamente Benjamin R. Barber, «lo que hace al mundo civilizado es su adhesión al imperio de la ley, su insistencia en que no atacará a sus adversarios, por malvados que sean, antes de ser atacado, su confianza en la cooperación multilateral y en los tribunales internacionales más que en la fuerza militar unilateral y en el derecho del más fuerte».

Tal como denunció Noam Chomsky, «Bush y sus adláteres creen que los instrumentos de violencia que tienen en sus manos son tan extraordinarios que pueden vencer con facilidad y desdén a todo aquel que se interponga en su camino». Vivimos en un mundo unipolar y global necesitado, para perpetuarse, de una fuerza dotada de las mismas características. La fundación The Project for the American Century fue creada en 1997 por sectores conservadores cercanos a Bush para «promover el liderazgo norteamericano global». El derecho internacional constituye una barrera para lograr «la gran misión hecha por la mano justa de un Dios justo», según predica el presidente estadounidense. La ley del más fuerte, perdón por la redundante perogrullada, satisface las exigencias imperialistas de los más fuertes. La guerra de Irak se inició precisamente cuando Irak destruyó los últimos mísiles de largo alcance. No se declaró por sospechar que Sadam disponía de armas de destrucción masiva, sino precisamente por todo lo contrario: por haberse confirmado que no las poseía. La conquista sería solamente una cuestión de días. Estaba garantizado el desfile de la victoria sobre un país empobrecido y desarmado, pero rico en pozos de petróleo. La ley, que en principio obliga a todos, se impone siempre, tal como enseña la Historia, con mayor facilidad a los más débiles. Sobre todo si es la ley del más fuerte.

El Times publicaba en enero de 2005 una información sobre la creación de un grupo especial interdepartamental para estudiar «si lo más conveniente para la nación era dar al Pentágono el control absoluto de la unidad paramilitar de elite de la CIA, que lleva décadas actuando de forma clandestina en zonas conflictivas». El boletín confidencial «Intelligence Brief» dio a conocer la existencia de un decreto presidencial «autorizando al Pentágono a actuar unilateralmente en una serie de países en los que existe percepción de una amenaza terrorista clara y visible». Últimamente, según reconocen los expertos, se ha producido un incremento de las actividades encubiertas protagonizadas por el ejército. Los conflictos abiertos están teóricamente sometidos a una serie de acuerdos y reglas internacionales que, al menos en el plano teórico, controlan y limitan las actuaciones. Jeffrey H. Smith, asesor de la CIA, confesó que siempre tenían «sumo cuidado en no emplear a las fuerzas armadas en operaciones secretas sin ser autorizados por un decreto presidencial». Reconoce que el gobierno de Bush se ha hecho «más agresivo» al permitir al ejército realizar funciones propias de los servicios de espionaje. Se está resucitando la vieja estrategia protagonizada en Latinoamérica por los «escuadrones de la muerte» y la «Contra» nicaraguense. Las operaciones encubiertas realizadas al margen de la ley no precisan de la aprobación del Congreso norteamericano ni la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, los objetivos de la nueva etapa belicosa se amplían al señalar como enemigos, no solamente a los países que en opinión de Washington constituyen el «eje del mal», sino a todos los regímenes calificados como dictaduras, es decir, a los que no siguen el modelo de la democracia de los grandes mercaderes. Con los recientes planteamientos, la guerra contra el terrorismo se sitúa en el mismo plano de ilegalidad que la violencia que se pretende combatir. «Asistimos a la consolidación pública de espacios sin derecho y a la consiguiente marginación de los tribunales de justicia en crímenes de guerra» tal como denuncian Garzón y Gómez Benítez.¹⁴ El poder hegemónico huye cual gato escaldado de cualquier control legal de sus actuaciones.

Los redactores del discurso belicoso se consideran legitimados para bautizar la realidad con nombres útiles a sus razonamientos y justificaciones. También han entrado a saco en los diccionarios. No se arrugan a la hora de elaborar sofismas para disfrazar sus falsedades. Así cuando arrecian las críticas contra las guerras preventivas se habla de una cruzada redentora de los pueblos sometidos a tiranías para implantar la democracia de mercado urbi et orbi, en la ciudad y en el mundo, en Washington y en todo el planeta. No resulta fácil creer a unos autoproclamados paladines de las libertades que no hacen otra cosa que atropellarlas, declaran guerras devastadoras de poblaciones inocentes y violan constantemente las normas del derecho de gentes.

El desencanto político

Los partidos se vacían de contenido ideológico al quedar constreñido severamente su margen de maniobra, sobre todo entre los alineados en la izquierda parlamentaria. Los gobiernos cada vez gobiernan menos. Las restricciones afectan particularmente al área económica. Los poderes internacionales emergentes en la actual etapa histórica monopolizan el control de los flujos financieros y marcan las líneas maestras de la nueva política. Quienes cometen la osadía de desmarcarse de las reglas de juego sufrirán el castigo de un mercado implacable con las rebeliones contra el pensamiento único y global. El campo de juego político se estrecha cada vez más. Al incumplir la mayoría de las promesas electorales, dada la incapacidad de los partidos políticos progresistas para ponerlas en práctica, cunde el desencanto entre los electores.

Desde sus inicios, la democracia liberal ha estado dominada por el poder del dinero, aunque el poder político procuró ejercer un cierto control e intentó humanizarlo con medidas legales de carácter social, correctoras de lo abusos e injusticias más lacerantes. Ya Bentham, en el siglo xviii, escribió lo siguiente: «La relación entre la riqueza y el poder es estrechísima e íntima; tan íntima, de hecho, que separar la una del otro, incluso en la imaginación, es asunto de no escasa dificultad.» La situación se ha agravado paulatinamente hasta alcanzar los niveles actuales. Se ignora totalmente la función social del derecho de propiedad.

Las utopías anarquistas soñaban con una sociedad sin Estado, antesala de la libertad total. Pero no es posible concebir ningún modelo de vida en comunidad sin la existencia de un poder al servicio de los intereses generales. El debilitamiento de las estructuras estatales no solamente ha supuesto una alarmante carencia de izquierdistas glóbulos rojos y participativos en el riego sanguíneo del organismo democrático, sino que ha concentrado todos los poderes sociales en el poder fáctico dominante: el poder del dinero. La exigencia constitucional de un hombre un voto ha sido reemplazada por un dólar, o un euro, un voto. Tal como soñaban en principio los neoliberales, las relaciones económicas han logrado un mayor grado de autonomía con respecto al poder político. Ahora saludan alborozados la liberación de las energías económicas de intervenciones gubernamentales que, a su juicio, alteran el orden natural de las cosas con imposiciones y restricciones a la libre iniciativa individual. El egoísmo tiene que ser la fuerza dinamizadora de la nueva sociedad. Los mecanismos del mercado, proclaman, operan el milagro de transformar la codicia individual en bienestar para todos. Pero los capitostes terráqueos no se conforman con alcanzar la plena independencia de las instituciones democráticas, sino que pretenden ponerlas a su entero servicio, controlar también las pequeñas parcelas reservadas actualmente al poder puramente político.

Por eso nada tiene de extraño la santificación ecuménica del modelo sociopolítico de Norteamérica, sistema que consagra el dominio de las grandes empresas sobre la política nacional y la dirección de la política exterior. Aunque el nuevo poder tiene como sede central el paraíso capitalista norteamericano, se desplaza también hacia todos los grandes mercados financieros y maneja según sus conveniencias el dinero ajeno y los circuitos informativos internacionales. Por todo ello, su capacidad de persuasión sobre la opinión pública mundial es ilimitada. Es un poder sin patria, sin fronteras y dictatorial en cuanto impone la voluntad de una minoría. La soberanía democrática tradicional, la soberanía del pueblo, está aprisionada entre los procesos de integración supranacionales, el desmantelamiento de las barreras aduaneras y la resurrección de pasadas identidades comunitarias, étnicas o religiosas, existentes dentro de un mismo Estado. Se han revitalizado las tribus a base de manipular la historia y el amor del ser humano a sus circunstancias más próximas y entrañables.

No existen contrapoderes capaces de actuar de frenos a los abusos de los dirigentes de la nueva economía, en realidad okupas de espacios reservados hasta no hace mucho a la política. Ya en el acto de clausura del Foro Mundial Social celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre a principios de 2002, José Saramago denunció las limitaciones de las acciones democráticas en el mundo actual. «El elector —puntualizó el premio Nobel— podrá quitar del poder a un gobierno que no le agrade y poner otro en su lugar, pero su voto no ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza real que gobierna el mundo, y por lo tanto su país y su persona: me refiero, obviamente, al poder económico, en particular a la parte del mismo, siempre en aumento, regido por las empresas multinacionales de acuerdo con estrategias de dominio que nada tiene que ver con aquel bien común al que, por definición, aspira la democracia.» Ante esta dramática realidad no podemos seguir hablando de democracia como si se tratara de «algo vivo y actual», sino como de algo agónico y lejano.

Las exigencias de la lucha por el poder político, en aquellas parcelas de la vida comunitaria en las que ha logrado sobrevivir, dan preferencia al mero oportunismo electoral en la elaboración de los distintos programas de gobierno. El discurso político reflexivo e ideológico ha cedido su protagonismo a técnicas y estrategias puramente publicitarias. Los electores se convierten en consumidores de productos ideológicos estandarizados y superficiales. Cuando los partidos se vertebraban en torno a ideologías perfectamente definidas, los votantes conocían cuál iba a ser la actitud de los elegidos no solamente para la resolución de los problemas inmediatos sino también frente a los que en el futuro podían plantearse. Todos los partidos tenían un programa máximo en el que se fijaban los objetivos últimos situados más allá de las posibilidades ofrecidas por cada coyuntura histórica. No solamente votaban en función de las urgencias más apremiantes, sino valorando también lo deseable a medio y a largo plazo. Los planteamientos han cambiado radicalmente. Los intelectuales políticamente correctos difunden la idea, tan querida por los fascismos de los años treinta, de que no existen diferencias entre la izquierda y la derecha. Todos formamos parte del movimiento global como en otro tiempo los españoles sin excepción constituíamos el movimiento nacional franquista. El mejor destino de las urnas, aseguraban, era ser destrozadas por los brazos en alto con nuestro cuerpo, en actitud marcial, girado cara al sol. Ahora no necesitan de realizar agresiones violentas ni destruir recipientes de papeletas para anular el poder de los votos depositados en su interior. Las técnicas son más eficaces y menos aparatosas. El poder político, desprestigiado por su ineficacia para resolver los problemas, se encuentra ahora encajonado entre otros poderes que cercenan sus competencias. Problemas tan vitales como el pleno empleo, el futuro de la seguridad social, las dificultades para pagar las pensiones a una población que envejece cada vez más, la conservación del medio ambiente e incluso la paz entre las naciones, no pueden ser resueltos por los gobiernos, sobre todo si están ubicados en las zonas desamparadas del tercer mundo.

Los centros reales del poder no atienden a las preocupaciones fundamentales de la humanidad. La burocracia política de Washington, Bruselas y Tokio está preferentemente al servicio de los intereses de las grandes multinacionales. Los electores han tomado conciencia de la devaluación del valor del voto. El constante incremento de la abstención electoral en todos los sistemas occidentales es un síntoma de la grave enfermedad que aqueja a la democracia tradicional. El histórico absentismo norteamericano se ha trasvasado a sus aliados europeos. Los políticos se han desprestigiado no solamente por la reducción de su poder efectivo, sino también porque el protagonismo social del dinero ha multiplicado los casos de corrupción. La denuncia de los escándalos es utilizada como arma arrojadiza para alcanzar el poder mediante las elecciones. Los corruptores son los primeros en aprovecharse y desprestigiar a los corrompidos. Los cohechos y sobornos han tomado carta de naturaleza en las democracias occidentales y han dejado de ser una característica exclusiva de las dictaduras bananeras.

Este enrarecido clima político estimula el resurgimiento de los fascismos, a pesar de no existir las mismas circunstancias sociopolíticas que dieron lugar a su nacimiento en la primera mitad del siglo xx. Ahora no se está produciendo un avance democrático de la izquierda que ponga en peligro los privilegios del gran capital. Al contrario. Los nuevos líderes de la extrema derecha se aprovechan de un estado de cosas considerado como intolerable por un amplio sector de nuestra sociedad, valoración coincidente con la de la izquierda extraparlamentaria. Frente a un modelo de globalización que invade y unifica culturas reivindican los valores de las patrias y el fortalecimiento de las fronteras para protegerse de los invasores económicos y de quienes huyen de la pobreza del tercer mundo. Existen sectores sociales que se sienten particularmente amenazados: los agricultores de los estados industriales, necesitados de subvenciones públicas para que sus cultivos resulten rentables, temen la liberalización de los mercados; los trabajadores no cualificados, a los emigrantes, mano de obra barata y dócil; los pequeños y medianos empresarios, la feroz competencia de las grandes multinacionales que solamente les dejan las migajas de sus espectaculares negocios. Por eso en Europa se está legitimando electoralmente el fascismo. Los halcones ya mandan a sus anchas en Washington. Le Pen ha disputado a la derecha la presidencia de la República francesa, cuna de la democracia burguesa, en las elecciones de principios del nuevo siglo. Con un programa descaradamente xenófobo, consiguió el apoyo del 20 % de los electores; el Partido de la Libertad, neonazi, formó parte de la coalición gobernante en Austria; en Bélgica, el Vlaams Blok, de Felip Dewinter, obtuvo el 43 % de los votos en Amberes; en Italia comparte el poder la Liga del Norte de Humberto Bossi y el neofascista Fini participó en el gobierno; en Holanda, Pim Fortuyn, asesinado al salir de un programa de una emisora de radio el 6 de mayo de 2002, había conseguido el 34 % de los votos en Rotterdam, la cuna de Erasmo, y su partido se ha convertido en la tercera fuerza política de Holanda; en las elecciones municipales celebradas en Dinamarca el Partido del Pueblo logró el 12 % de los votos; en Alemania, el partido de la Ley y el Orden Ofensivos tiene idéntico porcentaje de votos; en Suiza, en las elecciones celebradas en octubre de 2003, la Unión Democrática del Centro, partido de extrema derecha y xenófobo, ganó los comicios convirtiéndose en la primera fuerza política de la nación. Entre el 10 % y el 20 % del electorado europeo apoya un superracionalismo xenófobo, columna vertebral de un neofascismo pujante. También en España se registra un incremento de las ideas de la extrema derecha que se manifiesta en episodios racistas contra los trabajadores inmigrantes y los gitanos. Para defenderse de la competencia del gran supermercado global, la extrema derecha vende ultranacionalismo en el mercado interno. Los sectores marginales de la sociedad se sienten olvidados por la clase gobernante y reaccionan votando las posturas más extremistas del abanico político. Resulta significativo que sea precisamente en los barrios obreros, tradicionalmente de izquierdas, donde más votos logra el nacionalismo integrista. Se sienten defraudados de terceras vías que son en realidad, desde el punto de vista de las conquistas sociales, vías muertas. Se consideran estafados ideológicamente por sus representantes parlamentarios. Por eso, desesperados ante la impotencia, optan electoralmente por los extremismos.

El neofascismo utiliza de manera perversa el rechazo popular a las consecuencias económicas, sociales y laborales de la implantación universal del pensamiento único para hacer germinar un populismo nacional-integrista de peligrosas consecuencias para el futuro de la democracia. En noviembre de 2004 ha sido nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Italia Gianfranco Fini, uno de los líderes del partido fascista Movimiento Social Italiano (MSI), heredero del patrimonio ideológico de Benito Mussolini. Concurrió a las elecciones europeas de 1989 juntamente con el ultra francés Jean-Marie Le Pen.

En el ecosistema democrático liberal aparecen, como puede apreciarse con una simple ojeada superficial, triángulos de las Bermudas por los que se precipitan y desaparecen logros sociales y políticos conseguidos en el largo peregrinar de la humanidad hacia un mundo más justo, pacífico y solidario. La resistencia histórica de las fuerzas reaccionarias contra la difusión de los valores democráticos, a que los ciudadanos decidan en cuestiones que les afectan, ha encontrado en la actual etapa global un terreno abonado para la realización de sus insanas apetencias. Han pasado a la ofensiva. Los líderes del mundo van dando rienda suelta a su voluntad de dominio sin frenos ni cortapisas.

Si siempre se han cometido los delitos más horrendos en nombre de procesos de liberalización, jamás han alcanzado los niveles actuales de impunidad. Resulta comprensible, dentro de esta dialéctica de violencia y muerte, esa férrea resistencia de los gobiernos más poderosos al funcionamiento de tribunales independientes. A los combatientes de la llamada comunidad internacional se les autoriza la matanza de civiles desarmados, a someter a los enemigos a largos años de privación de libertad sin derecho a un juicio justo para determinar sus supuestas responsabilidades, a negarles la asistencia de un letrado para su defensa, a mantenerlos encadenados de pies y manos como sucedía en las medievales condenas a galeras. Se están cometiendo auténticas barbaridades, crímenes contra la humanidad, sin que se produzcan reacciones de rechazo en la conciencia mundial. En el gran parque zoológico universal los halcones de la guerra devoran a las palomas de la paz ante la pasividad de los encargados de velar por la salud ética, moral y jurídica de la humanidad. La voluntad del pueblo, como las fieras peligrosas, también está enjaulada, aunque los barrotes, en algunas ocasiones, sean de oro para disimular la opresión a que se encuentra sometida o para acallar críticas.

El gran capital financiero tuvo la habilidad de arrebatar a la izquierda la bandera del internacionalismo, denominador común a todos los programas políticos progresistas nacidos en el siglo xix. «El género humano es la internacional», cantaba la famélica legión. Ahora los hambrientos no tienen ganas, ni fuerzas, para entonar himnos revolucionarios. Y menos para cantar coplas. No solamente se han creado en el nuevo horizonte económico complejas redes para acumular riqueza y poder, para controlar y someter a los humanos desde zonas tenebrosas y camufladas, sino que se han trasformado las guerras en uno de los negocios más lucrativos. La alianza entre el poder económico y la maquinaria militar funciona con diabólica eficacia y precisión. La venta de armas, junto con el narcotráfico y la trata de blancas, ocupan las primeras plazas en el hit parade de los negocios. Los últimos adelantos han conseguido construir ingenios bélicos que solamente destruyen vidas humanas. Hay que mantener intacta la riqueza de las naciones, laurel económico de la victoria. Los ejércitos triunfantes, gracias a este maquiavélico progreso, ya no desfilarán sobre ruinas y desolación. El negocio en el futuro será redondo. El botín se ha hecho más apetecible que nunca. Pero la prosperidad de la industria de la guerra necesita de la existencia de conflictos. Por eso en el siglo xx se produjeron tantos combates sangrientos; por eso en pleno siglo xxi siguen las luchas violentas. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial se han desencadenado cerca de doscientos conflictos armados en el planeta Tierra.

En el plano puramente mercantil, funciona una economía financiera subterránea que mueve un volumen monetario muy difícil de cuantificar, pero muy superior al producto interior bruto de la mayoría de los Estados. Existe una estructura de organizaciones mafiosas creadas en torno al narcotráfico, la pornografía infantil, la trata de blancas y el tráfico de personas que contribuyen con sus cuantiosas aportaciones a la salud de instituciones financieras perfectamente legales. Algunos casos de corrupción descubiertos en instituciones bancarias tenidas por respetables han escandalizado a la opinión pública. Y todo hace presumir que no es más que la punta de un colosal y sucio iceberg. Las organizaciones judiciales existentes, de carácter predominantemente nacional, carecen de competencias adecuadas contra esta poderosa delincuencia internacional. Una de las partidas más importantes de este dinero negro la destinan a la corrupción política, a la compra de favores para mantener la rentabilidad de sus actividades. Por eso los flujos de dinero mafioso producen serios trastornos en el funcionamiento democrático de la sociedad internacional. Su carácter clandestino y su capacidad para corromper dificultan la persecución policial. Dentro de esta perspectiva se comprende la resistencia enconada a una legalización que pondría fin a ese tráfico clandestino y letal. Quienes manejan los hilos de la trama se sienten seguros. Solamente los implicados de los niveles inferiores tienen que rendir ocasionalmente cuentas a la justicia. La cuerda de la equidad se rompe siempre por su fragmento más débil.

Tampoco ha desaparecido la terrible amenaza atómica. Estamos jugando a la ruleta rusa con el futuro de la humanidad. Corría el año 1970, en plena guerra fría, cuando las potencias poseedoras de armamento nuclear —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña— patrocinaron un Tratado de No Proliferación Nuclear en el que instaban a todos los países a renunciar a la fabricación de armas nucleares a cambio de que las grandes potencias se comprometieran a su vez a ir reduciendo su arsenal hasta llegar a la completa eliminación. En aquellos momentos Rusia y Norteamérica disponían de un potencial destructivo capaz de acabar varias veces con todo rastro de vida animal y vegetal en nuestro planeta. Estaba en cuestión no solamente nuestra civilización sino incluso la supervivencia de la humanidad. A pesar de la interesada ocultación por parte de los respectivos Gobiernos, abundaron durante muchos años los accidentes nucleares que liberaron radiaciones contaminantes en el aire, la tierra y el agua. El hundimiento de más de una decena de submarinos nucleares envenenó los mares y afectó seriamente a la fauna marina. El fin de la guerra fría despertó en las gentes la esperanza de un mundo mejor en que las enormes inversiones en armamentos se destinaran a partir de entonces a remediar el hambre y las urgentes necesidades de un tercio de la población. No podíamos seguir viviendo peligrosamente sobre un gigantesco almacén de bombas atómicas. Pero no ha sido así. El presidente Bush no solamente está desarrollando la investigación de nuevas armas nucleares, sino que amenaza con utilizarlas contra los países que, en su lenguaje, constituyen «el eje del mal», los nuevos demonios planetarios. Robert S. McNamara, ex secretario de Defensa, denunció que se han roto los compromisos contraídos en el tratado ABM al construir el nuevo escudo espacial contra misiles y que los actuales planes del Pentágono violan el Tratado de No Proliferación Nuclear al amenazar a países que no disponen de armas de esta naturaleza. La realización de pruebas nucleares, en opinión del político norteamericano, «iría descaradamente en contra de vitales compromisos contraídos por los Estados Unidos». Para The New York Times si otro país «planease desarrollar nuevas armas nucleares y proyectase ataques preventivos contra una lista de potencias no nucleares, Washington lo calificaría, con toda la razón del mundo, de “Estado irresponsable”». The Washington Post, por su parte, señala que si Bush «hace bien en centrar más su planificación estratégica en disuadir a los Estados irresponsables, desarrollar nuevas armas nucleares contra esa amenaza no es necesario ni sensato». Hemos retrocedido casi medio siglo en el camino hacia la convivencia civilizada de pueblos y naciones. El desarme mora en el imaginario cuarto trastero donde van a parar las grandes frustraciones de la humanidad. La actitud de Washington, naturalmente, provocará reacciones análogas en todos los países, especialmente entre los que se sienten particularmente amenazados. La voracidad insaciable del nuevo imperio exige la posesión de armamento nuclear para evitar la invasión del territorio y el expolio de la riqueza de las naciones más débiles. Se ha desencadenado una nueva competencia para ver quién dispone de armas más sofisticadas y mortíferas. El ejemplo de Irak, atacado e invadido precisamente cuando se desarmó, ha convencido a los países amenazados de que la única forma de garantizar su integridad y autonomía es la posesión de armas de destrucción masiva. Sus dirigentes son conscientes de que la capacidad de dar una respuesta nuclear es un seguro de supervivencia. La política de Corea del Norte constituye un ejemplo de esta nueva estrategia. No oculta, al contrario, presume de disponer de misiles con cabezas nucleares. «La única política cuerda —escribe Gabriel Jackson— es reconocer que o bien nos libramos de las armas nucleares, o su uso, ya sea intencionado o accidental, acabará matando a millones de personas y envenenando las condiciones de vida de los supervivientes y sus sucesores.» La mejor salida, en opinión del prestigioso historiador, «es negociar un desarme general, verificable y permanente de todas las reservas existentes de arnas nucleares, químicas y biológicas».¹⁵ ¡Qué lejano suena el discurso pronunciado por el presidente Eisenhower ante las Naciones Unidas en 1953 anunciando el programa Átomos para la Paz en el que se defendía el papel benéfico de la energía nuclear para incrementar el bienestar de la humanidad y el mejor entendimiento entre los pueblos!

Resulta harto evidente que en la carrera de armamentos, en definitiva, siempre acaban recogiendo la cosecha económica los mismos: los grandes fabricantes de artilugios bélicos. Y no están dispuestos a renunciar a sus cuantiosos beneficios, aunque exijan el sacrificio de miles de vidas inocentes. El polvo de la derrota, por el contrario, lo muerden los eternos perdedores, los desheredados de la tierra. La inmensa mayoría de los entierros de las víctimas de la guerra son de tercera. El actual reparto del poder en el mundo no da pie a la menor esperanza de paz duradera mientras las luchas armadas sigan produciendo saneados dividendos. Desde sus inicios, en el reino del mercado la demanda solvente, la de los económicamente fuertes, impone su caprichosa voluntad, tanto en la paz como en la guerra.

En nuestro irresponsable universo el sueño de un mundo sin guerras ni hambre se ha transformado en una pesadilla para los dirigentes del orden nuevo y global, en cuanto supone la quiebra de uno de los negocios más fructíferos concebido por el humano egoísmo: el tráfico de armas. No les importa haber colocado a toda la humanidad en el corredor de la muerte. El fin, para los patrocinadores del nuevo sistema de valores éticos, justifica todos los medios utilizados. Conviene recordar a este respeto que, en definitiva, la democracia es un mecanismo para elaborar pacíficamente decisiones políticas y sociales entre grupos con intereses contrapuestos. La guerra constituye el síntoma más evidente del deterioro grave de la salud del sistema, de la existencia de un peligroso y extendido cáncer social, de una metástasis que afecta a todos los organismos democráticos. Donde no hay paz reina la barbarie. No puede sorprender a nadie que se inventen nuevos argumentos éticos para justificar el negocio de la muerte, remontándose a centenarias reflexiones morales.

Se ha resucitado, y manipulado, la vieja reflexión de Kant cuando escribió que «la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo repercute en todos los pueblos del planeta». Ahora procuran que el derecho internacional, partiendo de esta premisa, reconozca a las naciones más poderosas la facultad de intervenir violentamente en todos los rincones del planeta sin respetar la soberanía estatal. Son ellas las que juzgan cuándo se han violado esos derechos, redactan la sentencia y deciden las penas a aplicar en cada caso concreto. Para las tropelías de las fuerzas ocupantes solicitan la inmunidad. «La comunidad internacional —sentenció el líder laborista británico Tony Blair— tiene derecho a utilizar la fuerza militar para evitar el genocidio y proteger los derechos humanos, incluso si ello entraña la violación de la soberanía nacional.» Pero el primer derecho humano a proteger es la vida. Antes de dar rienda suelta a los instintos de agresión y conquista para desencadenar matanzas, debería precisarse qué tribunal independiente de los gobiernos interesados tiene jurisdicción para decidir cuándo se han transgredido los derechos humanos, la naturaleza de las fuerzas de intervención legitimadas para actuar y la tipificación clara y detallada de los delitos. Las actuaciones de esta singular policía internacional deberán dirigirse única y exclusivamente contra los presuntos delincuentes. Pero nadie cometerá la osadía de ponerle el cascabel al gato más poderoso. Los grandes de la Tierra solamente responderán ante Dios, su Dios particular, y ante la Historia, su historia manipulada. Un principio universalmente aceptado del derecho punitivo proclama que las sanciones deben afectar solamente a quienes han violado las leyes. Jamás se pueden justificar las muertes inocentes, aunque se encubran bajo el piadoso manto retórico de «efectos colaterales». No existe una filosofía coherente entre la clase gobernante para fijar los comportamientos de las naciones ante este tipo de conflictos. Ni un poder ejecutivo internacional capaz de imponer el cumplimiento de la legalidad. Ni unos principios éticos ni normas internacionales eficaces para frenar los abusos. Sigue dominando la ley del más atrevido y desalmado en la actual deontología cosmopolita. Están entronizando, bajo una retórica exaltadora de la democracia y las libertades, una dictadura universal. Jamás la hipocresía ha alcanzado cotas tan elevadas.

Los remedios aplicados han originado más males que los que supuestamente se pretendían evitar. En la guerra de Afganistán han sido asesinados más inocentes que en el criminal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y no digamos en la ocupación de Irak. Israel, para capturar a supuestos terroristas, está arrasando al pueblo palestino, ante la tolerancia incomprensible de la comunidad internacional, limitada a dar respuestas retóricas a las agresiones sangrientas de los señores de la guerra. Destruyen las viviendas de los familiares de quienes se autoinmolan en los atentados. Mezclan a justos y pecadores en una sangrienta y confusa ceremonia. Y episodios parecidos y tan lamentables suceden en África. No se puede defender la vigencia de los derechos humanos cometiendo nuevas y, en ocasiones, más graves violaciones de los mismos. Jamás se ha defendido la paz con la guerra, el derecho con el delito, la vida con la muerte. La ética más elemental exige una perfecta adecuación entre los fines y los medios utilizados para alcanzarlos.

Países teóricamente democráticos no disimulan que cuando actúan en el plano internacional se limitan a defender sus intereses económicos, es decir, los de las grandes empresas transnacionales que tienen la sede social dentro de sus fronteras. Las intervenciones exteriores sólo excepcionalmente se ajustan a los principios proclamados en las constituciones vigentes en el interior de los países. No se ha conseguido, debido a egoísmos mercantiles convertidos en obstáculos insalvables, trasladar el modelo democrático del Estado-nación, en los pocos países en que cumple los requisitos mínimos de un régimen libre y participativo, a una dimensión metaestatal. Incluso se han producido serios y graves retrocesos democráticos en las organizaciones intergubernamentales concebidas en principio para resolver pacíficamente los conflictos entra las distintas comunidades nacionales, comenzando por la propia Organización de las Naciones Unidas, cada vez más marginada por las grandes potencias, a pesar del control que ejercen sobre su funcionamiento. Tanto la internacional socialista como la internacional democratacristiana carecen de poder efectivo. Menos influencia tiene todavía la internacional comunista desde que su quebrantada salud fue severamente dañada por las piedras caídas del muro de Berlín. Las asociaciones ecologistas, los movimientos pacifistas y otras organizaciones no gubernamentales se limitan a despertar la sensibilidad de las conciencias dormidas hacia problemas de capital trascendencia incomprensiblemente olvidados por los poderes públicos. Por desgracia, carecen de poder operativo. Sus denuncias y reivindicaciones, aun siendo éticamente significativas, son meramente testimoniales. Cada vez se parecen más a los roperos caritativos organizados por las damas de la buena sociedad. Son unas gotas de solidaridad en un océano de egoísmos. También conviene precisar que si tuvieran capacidad real para modificar las injusticias no serían toleradas por los poderes multinacionales. No olvidemos que viven gracias a las subvenciones públicas. A los pregoneros de las excelencias del nuevo orden les sirven para proclamar un pluralismo inexistente en el reino del pensamiento único. En el fondo aún sin pretenderlo, hacen el juego a la propaganda del poder, al sistema de dominio establecido.

El proceso integrador europeo está también dominado por las macroempresas que controlan la economía. Solamente unos cuantos grupos marginados parecen luchar por profundizar en la democracia y en el reconocimiento efectivo de los derechos sociales. Hemos logrado ya una sola moneda, un Banco Central Europeo y un mercado único, pero tanto partidos como sindicatos siguen operando exclusivamente a nivel nacional. El BCE en su defensa de la solidez monetaria y del Pacto de Estabilidad hace imposible una política social rigurosa y avanzada. Disfruta de una autonomía que lo protege de cualquier intromisión de un organismo democrático representativo de los intereses de los ciudadanos. «En la Europa comunitaria que están construyendo —escribió el profesor Ignacio Sotelo— apenas hay sitio para el movimiento sindical, que se mantiene fraccionado mientras los empresarios consiguen un mercado único.» Tampoco existen partidos que operen eficazmente en el ámbito continental. Los intereses económicos prevalecen sobre las ideologías. Frente a este fraccionamiento de la cultura y la política, la lógica especuladora del dinero no tiene fronteras.

La presidencia comunitaria se decidió en virtud de una ruleta que giraba cada seis meses. De oca en oca y mando porque me toca, como en el familiar juego de dados. Un dirigente de un país minoritario simpatizante con la extrema derecha, según este curioso procedimiento, podía gobernar a una comunidad continental mayoritariamente progresista, y a la inversa. Para ejercer el cargo máximo no se tuvo en cuenta la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Bastaba con el funcionamiento automático de los turnos, tal como sucede en las colas de clientes cuando vamos a comprar el pan. El desatino pretende ser arreglado con la nueva constitución europea, elitista y burocrática, elaborada sin la apertura de un proceso constituyente, sin representantes del electorado elegidos precisamente para la realización de esa misión específica. Se está guisando una constitución en los hornos de la cocina política de cinco estrellas para servirla en el gran banquete económico de las multinacionales continentales. A la mayoría de los ciudadanos se le darán las sobras del gran festín organizado. Todo los esfuerzos van a ser pocos para que no se frustren las esperanzas democráticas de la mayoría de los europeos mientras los diputados comunitarios se preocupen más de defender los egoísmos nacionales que por crear un espacio democrático compartido. Ahora llaman proyecto de constitución a un simple tratado aprobado en una cumbre de jefes de Estado, sin la existencia previa de unas elecciones para que sea el propio pueblo soberano quien elija a los encargados de redactar la Carta Magna europea. Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado español, denuncia que «la protección y el amparo de las libertades fundamentales se apoya en el derecho interno y que solamente se protegen en la aplicación del derecho comunitario». Nuevamente creen, a lo que parece, que se pueden solucionar problemas cambiando el significado auténtico de las palabras. Hace tiempo que se han precisado las características que debe reunir un proceso realmente constituyente. Europa tiene una experiencia centenaria en esta materia.

El catedrático de Derecho constitucional de La Sorbona y ex diputado del Parlamento europeo, Maurice Duverger, denunció insistentemente el déficit democrático del movimiento integrador en el viejo continente desde sus orígenes. El Tratado de Roma y el Acta Única han arrebatado gran cantidad de competencias económicas y financieras a los respectivos parlamentos nacionales para transferirlas a un organismo tecnocrático, la Comisión, que propone, y a una instancia diplomática, el Consejo de Ministros, que decide. Los diputados de Estrasburgo, elegidos desde 1979 por sufragio universal, solamente disponen de una pequeña posibilidad de rechazo o enmienda, sin capacidad para abortar los deseos del Consejo de Ministros. Por pura coherencia democrática la soberanía de la comunidad debería residir en el Parlamento de Estrasburgo, constituido por representantes libremente elegidos por el pueblo, instancia legitimada, por su propia naturaleza, para impulsar, controlar y decidir el proceso constituyente. Para el prestigioso filósofo francés Marcel Gauchet urge invertir radicalmente la ecuación de partida del proceso integrador: el pueblo tiene que asumir el protagonismo en su construcción y las elites deben ponerse al servicio de ese pueblo políticamente maduro que reivindica más participación y cohesión social. Padecemos los europeos un exceso de secretismo y modos oligárquicos en el funcionamiento de las instituciones burocráticas. Urge recuperar los valores del racionalismo que alumbró la revolución burguesa en el siglo xviii y abrió las mentes a las nuevas ideas de democracia, tolerancia y libertad. Hay que actuar a contracorriente de la moda política imperante en la actual etapa histórica.

Desde la aprobación del Tratado de Maastricht el panorama democrático europeo se ha agravado todavía más. Tal como denunció Nicks I. Meyer, «el modelo de Maastricht concedió prioridad a un fuerte crecimiento económico apoyado en una economía de mercado ultraliberal e incontrolada, salvo en agricultura». En el plano internacional, el acuerdo liga el destino europeo al de la potencia norteamericana, al precisar que «la Unión Europea actuará de acuerdo con las disposiciones adoptadas en la Alianza Atlántica». Y no es un secreto para nadie que quien realmente manda en la OTAN es Washington. La representación política, la maltrecha democracia, continúa encerrada exclusivamente dentro de las fronteras estatales. Las instancias burocráticas tienen más poder de decisión que los grupos parlamentarios. Responden más a los intereses de las grandes empresas y las instituciones financieras que a la voluntad de los ciudadanos.

Cada miembro del parlamento de Estrasburgo, salvo raras excepciones, mira más hacia el interior de su país que hacia la construcción de la democracia comunitaria. Los representantes europeos actúan obsesionados por complacer a sus votantes nacionales, ya que es de ellos de quienes depende su continuidad en el bien remunerado cargo. En más de una ocasión se han denunciado las nefastas consecuencias de los egoísmos nacionales en el funcionamiento de las actuales instituciones. Los países receptores de ayudas económicas temen la incorporación de nuevos Estados que puedan disputarle la limosna. Las macroempresas dan prioridad a la ampliación de las fronteras, a la incorporación de nuevos países para extender el mercado, lo único que realmente les importa. Se abandona la necesidad de mejorar la calidad de la democracia y fomentar la participación de los ciudadanos. Las masas siguen manifestándose inútilmente para reclamar una Europa más social, solidaria y democrática. Nadie parece prestar oídos a sus deseos. Incluso ridiculizan sin piedad a quienes se manifiestan tras las pancartas reivindicativas. Mandan los intereses de las grandes empresas e instituciones financieras europeas que siguen milimétricamente los deseos de la Casa Blanca al copiar su modelo neoliberal de mercado y su sistema de valores.

Mientras en el proceso para la elaboración de una constitución democrática europea aparecieron obstáculos y zancadillas puestos por los intereses nacionalistas, los lobbies empresariales ya ocupan posiciones de vanguardia ante las instituciones comunitarias para influir en las decisiones de los funcionarios políticos. Bruselas, fiel a la actual etapa globalizadora, reproduce los retorcidos procedimientos de Washington. Las mafias económicas, disfrazadas de poderes fácticos, se organizan para imponer su voluntad. La clase dirigente del viejo continente también pretende legalizar la corrupción, institucionalizar el poder del dinero, para que pueda desempeñar un protagonismo operativo capaz de disputar competencias a los tradicionales poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En la actualidad más de 3.000 grupos empresariales cercan con sus exigencias a los burócratas; existen 11.000 profesionales del tráfico de influencias al servicio de los intereses de las grandes multinacionales que extienden sus redes por el viejo continente para pescar los máximos beneficios posibles. Seap, conocido como el lobby de los lobbies, representa a los profesionales de este singular y antidemocrático trasiego. Las grandes compañías como Wolkswagen, Nike y Microsoft, presionan directamente, sin servirse de intermediarios. Entre los grupos más conocidos e influyentes figuran la Mesa Redonda de Empresarios (ERT), el Diálogo Empresarial Transatlántico (TABD), la Cámara Internacional de Comercio y la Asociación para la Unión Monetaria Europea (AMUE). Unice, la voz de la gran industria europea, ejerce un fuerte control de los procesos de toma de decisiones, desde que se redactan los borradores de los proyectos legislativos hasta que se promulgan. Para aprovechar el clima reinante en la capital europea se han instalado en Bruselas los bufetes de abogados más prestigiosos: Clifford-Chance, Baker & McKenzie, Cleary Gottlier, Linklaters, Cuatrecases y Uría & Menéndez. Los diputados y altos funcionarios reciben numerosos mensajes, tanto escritos como personales, presionándoles para que voten a favor o en contra de determinadas directivas. Un manual publicado por la Caixa de Barcelona informa que «cualquier empresa, sea cual sea su dimensión, puede influir en la política de la Comunidad Europea si tiene las ideas claras y sabe cómo enfocar la cuestión». Pero no cabe la menor duda de que la fuerza de presión se encuentra en relación directa con la capacidad económica de quien la ejerce. Se dan detalles minuciosos sobre la estrategia a seguir para tener éxito en los propósitos. «Aunque parezca sorprendente —escribe Robin Pedler— la Comisión es un organismo relativamente pequeño, que cuenta con menos de un millar de funcionarios con capacidad de decisión en cuanto al diseño de políticas. Asimismo, es una organización administrativa que no cuenta con el apoyo de los servicios técnicos ni de los laboratorios de que disponen la mayoría de las administraciones públicas de los Estados miembros. Esto significa que los funcionarios se hallan desprovistos de asistencia, especialmente cuando se trata de medidas con un elevado contenido técnico, como muchas de las que afectan a determinadas industrias. Asimismo, se ven obligados a consultar a aquellas que van a ser afectadas. Por eso mismo, un planteamiento empresarial bien dirigido puede ser muy efectivo.»¹⁶ El universo de los negocios y el de la política se mezclan y confunden de una manera muy útil para las multinacionales europeas. «La relación entre el mundo de los lobbistas y el de las instituciones comunitarias —escribe Sandro Pozzi— es casi de ósmosis, con un trasvase continuo de personal de uno a otro lado.» Muchos altos funcionarios y políticos han sido fichados con grandes emolumentos por el sector privado. Y viceversa. Estamos copiando lo peor del modelo político norteamericano. Michael Schudson denuncia que «los partidos políticos se encuentran amenazados por los grupos de interés que proliferan como setas; cada vez se incrementan más los que operan desde sus oficinas en Washington y asumen directamente la representación ante el Congreso y las agencias federales». Disputan a los partidos los donativos privados, una de las características de la democracia norteamericana. Los más influyentes y activos llegan a formar parte del proceso de toma de decisiones como asesores cualificados de diputados y senadores. La nefasta moda ha llegado también al viejo continente.

La voluntad de los ciudadanos europeos está lejos de ser soberana. Contra lo aprobado mayoritariamente en el Parlamento de Estrasburgo por los representantes de los votantes, los ministros de Asuntos Exteriores, cediendo a las exigencias de Washington, concedieron la inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) al personal diplomático y militar de los Estados Unidos. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea habían dictaminado poco antes que los acuerdos bilaterales sobre impunidad con países no signatarios constituyen una violación de los estatutos del alto tribunal encargado de sancionar los crímenes contra la humanidad. La voluntad política de Washington se ha impuesto, una vez más, a las matemáticas soberanas de los sufragios parlamentarios. Para el catedrático de sociología Ignacio Sotelo «la Unión Europea supone una jaula de oro que ofrece muchas ventajas, entre las que no pocos consideran la principal el que impide cualquier experimento que cuestione lo más mínimo el orden capitalista en su pureza liberal». Los europeos estamos encadenados al nuevo orden patrocinado y liderado por los Estados Unidos.

En el texto de la futura constitución europea se entroniza el modelo económico neoliberal que ha dado lugar a las privatizaciones, al desmantelamiento de los servicios públicos, la precariedad laboral, el paro y el incremento de las desigualdades. Mientras en el apartado social abundan las promesas sin compromisos claros, en el aspecto económico, por el contrario, se establecen medidas neoliberales de obligado acatamiento por parte de los Estados. Según los artículos 13 y 14, la Unión Europea tendrá competencias exclusivas en los siguientes ámbitos: unión aduanera, normas para el mantenimiento de la competencia en el mercado interior, política monetaria y política comercial común. El predominio de los objetivos económicos que ha sido una constante en el proceso integrador —Comunidad del Carbón y del Acero, Mercado Común y Comunidad Económica— culmina con la creación de un marco institucional preocupado principalmente por el establecimiento de un espacio mercantil dominado por las grandes multinacionales. Mientras el texto legal cita la palabra «mercado» en 78 artículos y la expresión «libre competencia» en 27 ocasiones, el «pleno empleo» solamente se menciona en un artículo. Laurent Fabius, ex primer ministro francés denuncia las «rebajas» democráticas de la Constitución: dificultades para la reforma, ya que su texto solamente podrá ser modificado en el futuro si existe unanimidad; la política social y los servicios públicos van a perder peso político al dar absoluta preferencia a la defensa de la «libre competencia»; tampoco existe ninguna preocupación por armonizar la política social de los Estados miembros. También el texto legal frustra la posibilidad de crear en el plano internacional una especie de contrapoder a la hegemonía ejercida por Washington para poder hablar de igual a igual. Tal como escribe Bernard Cassen, «la Constitución europea, retomando las disposiciones del Tratado de Maastricht, prohíbe toda iniciativa que no tenga la luz verde de Washington». Para las decisiones en política internacional se exige la unanimidad, por lo que Gran Bretaña, aliado incondicional de los Estados Unidos, tendrá un voto decisivo en esta materia. En definitiva, supone la aceptación plena de los principales principios neoliberales propugnados por los conservadores y la aceptación del actual modelo de globalización.

En la parte social de la futura carta magna se subordinan explícitamente los derechos sociales a objetivos puramente económicos. Se garantiza «la libre circulación de personas, de los servicios, de las mercancias y de los capitales, al igual que la libertad de establecimiento». El concepto de servicio público es sustituido por el de «servicio de interés económico general». Asimismo se prohíben las subvenciones públicas «que falseen o amenacen con falsear la competencia». Los artículos parecen redactados por economistas de la escuela neoliberal de Chicago.

El laboratorio donde se preparan las grandes decisiones mundiales se ha desplazado hacia ámbitos elitistas, alejados de cualquier tipo de intervención popular. El mando a distancia no solamente se utiliza para cambiar los programas de televisión, sino para imponer decisiones desde la impunidad más absoluta. Cuando en el mundo actual la cultura de la imagen va destronando a la civilización de la palabra escrita, no existe ningún icono visible representativo de quienes manejan las marionetas humanas en el gran teatro del mundo. Conocemos las causas por sus efectos. Sabemos a quién beneficia el proceso histórico actual. Pero el centro real del poder permanece ilocalizable para la inmensa mayoría de los mortales. Carece de nombres y apellidos. El actual Palacio de Invierno es virtual. No existe ninguna muchedumbre desesperada capaz de asaltarlo. El poder real ha logrado un camuflaje perfecto para evitar que las gentes le pidan cuentas de sus abusos y atropellos.

A mayor abundamiento, los humanos apenas percibimos el control a que estamos sometidos. El ciudadano raso vive fascinado por un paisaje mediático que le proporcionan diversión y espectáculo. No existe más verdad que la que puede proyectarse en imágenes. Todo se frivoliza. La popularidad depende de circunstancias ajenas a los méritos reales de las personas. Quien no aparece en la pantalla del televisor carece de presencia activa e influyente en la sociedad. Los amos del universo tienen suficiente con manejar las riendas de los centros emisores. Fabrican ídolos y dirigentes políticos como churros. Convierten las biografías de las medianías en vidas ejemplares, a un actor mediocre, como sucedió con Ronald Reagan, en dirigente de la primera potencia mundial. A un jovencito frívolo y pendenciero, a un alcohólico nada anónimo, a un hijo de papá en el peor sentido de la acepción, al guerrero sin antifaz George W. Bush, en un cruzado redentor del planeta. Incluso se ha atrevido a invocar la voluntad de Dios para justificar sus atropellos y abusos de poder, la matanza de más inocentes que el cruel Herodes. Los dueños y señores de vidas y haciendas necesitan dirigentes dóciles y populares en el peor sentido de la acepción.

Nada escapa al control del gobierno mundial de facto. El ojo omnipresente del gran hermano nos vigila a todos desde sofisticados satélites celestiales. Los auténticos programas basura no aparecen en las pantallas de los televisores, sino que se elaboran en los garitos donde los poderes incontrolados, con las cartas marcadas, se juegan nuestro futuro y luego nos venden la mercancía envuelta con el celofán de sugestivas promesas de libertad y prosperidad. Los telediarios emiten, en la mayoría de las ocasiones, más porquerías manipuladoras que los concursos y espacios del corazón. Se trafica incluso con la fotografía de los cadáveres: se difunden o se prohíbe su publicación según las conveniencias del poder. Acosado por la manipulación informativa y por la agresión publicitaria, el consumidor pasivo tiene serias dificultades para ensimismarse, meditar, interiorizar sus reflexiones sobre lo que le está sucediendo y sobre lo que realmente le conviene. Destruyen nuestra personalidad independiente y crítica mediante la diversión. Nos alienan deliberadamente. Las noticias se valoran en función de su espectacularidad. La gente se vuelve cada vez más sumisa, satisfecha y consumista. Tal como complace a los propietarios de la gigantesca finca planetaria.

El único poder político visible y efectivo, dominador, siempre al servicio de las grandes corporaciones económicas, es el ejercido por el gobierno de Washington. Su fuerza ejecutiva, como sucede con las gigantescas empresas a las que sirve, se ha hecho multinacional. Un trabajo del centro de análisis norteamericano Stratfor, «The American Empire», refleja la hábil utilización de los atentados terroristas del 11 de septiembre para dar rienda suelta a su ya legendaria vocación imperial. No desaprovecharon la ocasión para apoderarse de una de las zonas con mayores reservas energéticas. Siendo intención confesada, aunque no la razón última, de los Estados Unidos derrotar a Al Qaeda, el único recurso fue iniciar una guerra global contra dicha organización, lo que requiere la presencia de sus tropas en todos los países sospechosos, «usurpando de hecho su soberanía». Se cumple así el llamado «destino manifiesto de la nación más poderosa». «Como la propia guerra —matiza el estudio— requiere reconstruir situaciones sociales, la presencia norteamericana tendrá que inmiscuirse en esas sociedades.» Se vaticina que la guerra será larga, precisan que podría durar toda una generación, por lo que esa presencia activa y controladora de las fuerzas armadas durará bastante tiempo. Ha amanecido el sol bajo las estrellas y las barras de un imperio ecuménico e imbatible. «El poder de los Estados Unidos, una vez que ha encontrado una necesidad obsesiva, se está moviendo a través de todo el mundo y allí donde encuentra resistencia no tiene otro remedio que recurrir a la guerra.» El centro de análisis de Stratfor reconoce a los Estados Unidos hoy día como una auténtica potencia imperial, ya que cuenta con los instrumentos económicos y militares precisos para realizar su gran sueño de dominio planetario. Está incluso en condiciones de ignorar descaradamente las normas del derecho internacional, sin que la violación le ocasione mayores contratiempos.

Los grandes principios proclamados por la Revolución Francesa en 1789, que marcaron el nacimiento de la Edad Moderna, continúan todavía en el limbo de lo mágico e inalcanzable. Retornamos a pasos agigantados hacia una nueva y oscura Edad Media en la que las grandes empresas trasnacionales van camino de asumir el papel desempeñado en el medievo por los señores feudales de horca y cuchillo. Estamos acabando con la cultura de la democracia, con el racionalismo humanista. Nunca los ciudadanos estuvieron tan indefensos frente a los abusos del poder. La gran conspiración está a punto de alcanzar sus últimos objetivos. Como subraya certeramente el sociólogo francés Alain Touraine, vivimos inmersos en «un proceso nefasto mediante el cual los pueblos han cedido el poder sobre sus economías y sociedades a fuerzas globales y antidemocráticas». El hombre participa cada vez menos en decisiones que le afectan directamente. Se siente perdido en un mundo controlado por fuerzas extrañas. Lucha simplemente por sobrevivir y acumular la máxima riqueza posible. Compra objetos innecesarios pero, eso sí, distinguidos con marcas prestigiosas. Cuando hipoteca su vivienda también hipoteca gran parte de su futuro familiar. La gran banca acaba llevando las riendas de su destino. Se enajena constantemente. Ha dejado de pretender ser soberano a la hora de decidir su futuro político. Importa más el tener que el ser, la propiedad de los objetos que la realización plena de la persona humana.

La lucha del hombre por la existencia en una sociedad competitiva exige la concentración de todos los esfuerzos físicos y mentales para no ser arrojado al negro pozo a donde son lanzados los eternos perdedores. La inmensa mayoría vive peligrosamente para conseguir enfrentarse con éxito a las muchas calamidades e incertidumbres que nos acechan, mientras una elite disfruta de todos los privilegios. El pueblo es un mero espectador en el gran y hostil escenario del mundo. Las reivindicaciones jamás llegan a los verdaderos escenarios donde se desarrolla la comedia del poder: mueren en los patios de butacas o se olvidan tras las bambalinas. Los focos del espectáculo social se dirigen hacia los escaparates de la riqueza y el falso bienestar, procurando mantener en zonas sombrías y olvidadas las calamidades y miserias.

Al iniciarse el nuevo milenio, los viejos sueños de la razón de la humanidad se pueblan de pesadillas de sangre y muerte; la soberanía del pueblo se transforma en tiranía del dinero; la información degenera en propaganda; la igualdad, en distancias cada vez más abismales entre los ciudadanos y las naciones; la libertad, en un lujo solamente al alcance de los económicamente más poderosos, que pueden abusar a su antojo de los más débiles; las relaciones laborales, para los elegidos que disfrutan de un puesto de trabajo, en vínculos precarios y fuente de inseguridades; la demanda del mercado, en la medida de todos los valores, en el juez supremo de nuestro comportamiento.

Algunos datos parecen contradecir esta valoración y dar pie al optimismo democrático. En el último cuarto de siglo los países que eligen mediante elecciones a sus gobernantes se ha duplicado. Sin embargo conviene no precipitarse a la hora de echar las campanas al vuelo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo constata que solamente la mitad de esos regímenes merece el calificativo de democrático, en el sentido amplio de la acepción. No existe ningún rincón de nuestro planeta en el que el pueblo sea realmente soberano. Si valoramos el índice de participación popular las cifras serían más pesimistas. Por otra parte, esos gobiernos, al verse obligados a desenvolverse en un entorno económico controlado por los países más ricos, han visto agravados muchos de sus problemas. En América Latina, una de las regiones mundiales más afectadas por esa ola electoralista, se ha incrementado la pobreza, la delincuencia y la corrupción política y económica. «El resultado, visible en las elecciones más recientes, —escribe Mark Malloch Brown— ha sido el incremento de la frustración y el enfado de la población, sobre todo entre los jóvenes, que en los casos más extremos se canaliza hacia grupos radicales o fundamentalistas que adoptan la violencia como solución para sus reivindicaciones.»¹⁷ Un 90 % de la población, según un sondeo realizado por Gallup, considera que sus gobiernos no responden a los intereses del pueblo. Las decisiones de las grandes instituciones internacionales se encuentran monopolizadas por los Estados más poderosos del planeta. Y esos Estados, a su vez, están al servicio de las grandes multinacionales domiciliadas en sus entrañas. La democracia en el seno de las naciones más desarrolladas se está desangrando por las heridas abiertas por el egoísmo económico. Cada vez es mayor la distancia que separa a los pueblos de sus gobernantes.

Los gobiernos han perdido el control de muchas competencias fundamentales, crece el abstencionismo entre los electores, razones de seguridad acaban con la tolerancia progresista, el mundo se encuentra dominado por un creciente proceso de militarización que cuestiona el ejercicio de las libertades básicas de las personas, el poder político y el poder del dinero viven una rentable luna de miel tras su incestuoso maridaje, se incrementan las desigualdades y las injusticias. «Tal vez la democracia —se lamenta Jean-François Revel— ha sido en la Historia un accidente, un breve paréntesis que vuelve a cerrarse ante nuestros ojos. En su sentido moderno, el de una forma de sociedad que consigue conciliar la eficacia del Estado con su legitimidad, su autoridad con la libertad de los individuos, habrá durado algo más de dos siglos, a juzgar por la velocidad con que crecen las fuerzas que tienden a abolirla.» El respeto a los derechos humanos, último refugio de los valores de la democracia liberal, tal como hemos reflexionado anteriormente, está siendo violado por medidas policiales, por el terrorismo indiscriminado, por las exigencias de la macro economía, por la falta de protección de los derechos sociales incorporados a las modernas cartas constitucionales y por las agresiones armadas indiscriminadas contra poblaciones indefensas.

El problema se agrava aún más si tenemos en cuenta que se incrementan los casos de fraude entre las grandes empresas que controlan la marcha de las relaciones económicas contemporáneas. En el gran casino de las Bolsas las ruletas están trucadas. Juegan descaradamente con los pequeños ahorros de la población activa y de los trabajadores. El arresto en noviembre de 2003 de 47 intermediarios del mercado de divisas en Wall Street —acusados de blanqueo de dinero, estafa y extorsión— ha aireado los trapos sucios y la manipulación del tráfico financiero en uno de los templos sagrados del capitalismo. La Bolsa de Nueva York (NYSE) lleva un cuarto de siglo blanqueando dinero negro con el ahorro de los pequeños inversores. Los escándalos extienden sus ramificaciones a todo el sector financiero: grandes bancos, empresas auditoras y de consultoría, fondos de inversión y otras sociedades que operan en Bolsa. Durante el verano del mismo año se descubrió en la Bolsa de Nueva York la multimillonaria compensación, casi 200 millones de dólares, dada a su presidente, Dick Grasso, por favorecer determinados movimientos especulativos. Unos meses antes, el seísmo provocado por los «titanics» de los negocios ENRON y WorldCom había sacudido los cimientos de la economía norteamericana. El llamado mercado libre está atado y bien atado por los nudos de la corrupción.

Los centros del poder real, liberados de cualquier tipo de vigilancia y control, hacen y deshacen a su antojo, aunque solamente algunos casos aislados de corrupción salgan a la luz pública para escándalo de los incautos. La nueva economía dicta las líneas de actuación de la política. Los gigantes multinacionales imponen su interesada voluntad a los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos. El problema reviste una particular gravedad para la clase trabajadora. «La característica más preocupante de las nuevas estructuras globales de las grandes compañías —escribe Fredric Jameson— reside en su capacidad de devastar los mercados laborales nacionales transfiriendo sus operaciones a emplazamientos más baratos en el extranjero.» Un proyecto de régimen político o económico desconectados de los parámetros diseñados por los centros del poder occidental, hoy día, tiene nulas posibilidades de realizarse, tanto debido a la naturaleza del ecosistema socioeconómico que nos envuelve y condiciona como por las presiones de políticas disimuladas, pero activas y eficaces, orientadas a frustrarlo. El repliegue de los valores democráticos, la derrota de las conquistas sociales de los trabajadores, la falta de participación ciudadana en las cuestiones que afectan a todos, el control del ahorro popular por las grandes instituciones financieras, equivale a la implantación de la dictadura del dinero.

Vivimos bajo la tiranía de un imperio nuevo y absorbente que extiende sus imposiciones a todas las actividades humanas y cuya frontera geográfica viene determinada por los confines del planeta e incluso se proyecta hacia los espacios siderales al alcance de los avances científicos. Tal como sostiene John Berger «no es fácil comprender la naturaleza de esta tiranía porque su estructura de poder (que abarca desde las 200 multinacionales más grandes hasta el Pentágono) es compacta y cerrada, pero difusa; dictatorial, pero anónima; ubicua, pero materialmente ilocalizable».¹⁸ El objetivo de los amos y señores de la economía es arrancar de raíz la actual cultura democrática, la civilización de la igualdad y la solidaridad, para edificar el nuevo orden sobre su solar. Utilizan como material básico el humano egoísmo para construir un universo neoliberal a la medida de sus interesadas conveniencias. No se trata de un simple eclipse político, temporal y fácilmente superable, sino de una situación compleja que tapona todas las posiciones ideológicas peligrosas para el sistema dominante y ciega las vías para dar salida a los procesos de cambio real de nuestra sociedad.

El neoliberalismo imperial, la marea contaminante portadora del chapapote del pensamiento único, supone una contradicción irresoluble, hablando en términos de racionalidad política, entre la promoción de un Estado mínimo, pasivo y anémico, y la exigencia de fuertes inversiones públicas con objeto de crear las poderosas estructuras bélicas capaces de actuar eficazmente en cualquier lugar de nuestro planeta y así garantizar el liderazgo ejecutivo de Washington. Hacer compatibles el liberalismo fundamentalista, la democracia y el imperio constituye una misión imposible dentro de los actuales parámetros. El llamado neoliberalismo es una corriente exterminadora de los principios éticos y políticos defendidos desde siempre por el liberalismo clásico.

Los dirigentes permanecen ciegos y pasivos ante la destrucción alarmante de nuestro ecosistema; reaparecen enfermedades hace años erradicadas debido a la falta de medicamentos y asistencia sanitaria en el tercer mundo; surgen nuevas pandemias como el sida propagadas por la falta de una adecuada educación sexual y por el ánimo de lucro dominante en las empresas que poseen y explotan la propiedad intelectual de los medicamentos al fijar unos precios inalcanzables para la mayoría de los países del tercer mundo; el incremento del fanatismo religioso nos conduce a través del túnel del tiempo hasta épocas bárbaras y desencadena nuevas cruzadas redentoras; los poderosos resucitan la cultura de la violencia para imponer su voluntad de expansión y dominio; la nueva democracia, donde logra implantarse, reduce el papel de los ciudadanos a elegir periódicamente a los miembros de las cámaras legislativas; los derechos sociales se disuelven cual terrones de azúcar en el café que se sirven los señores de la globalización; la lucha de los débiles se demoniza con la calificación de terrorismo mientras que a las destrucciones masivas de los poderosos se las califica de acciones justas y redentoras; se miente descaradamente, se fuerza el sentido de las palabras al servicio de una retórica justificadora de delitos y abusos. Los ciudadanos, rebajados a la condición de súbditos, carecen de instrumentos adecuados para enfrentarse a la gran amenaza que se cierne contra la civilización política.

Desprecian nuestra capacidad de análisis y reflexión: pretenden hacernos creer que restringen las pequeñas libertades que aún disfrutamos para defender la Libertad con mayúscula; que arrasan pueblos y ciudades para salvarlos de la destrucción de los terroristas; que promueven el despido libre para dar estabilidad al empleo; que torturan para defender los derechos humanos; que matan inocentes para evitar que los asesinen los malvados; que desencadenan guerras para defender la paz. Nos toman por tontos. Al menos, lo parece.

Notas

1 Gray, John: False Dawn, Nueva York, 1998.

2 The New York Times, 1 de agosto de 1976.

3 Martín Seco, Juan Francisco: El País, 19 de junio de 1989.

4 La Vanguardia, 5 de julio de 1994.

5 Vidal-Beneyto, José: «La victoria de Bush». El País, 17 de noviembre de 2001.

6 Azcárate, Manuel de: «Las ambigüedades del G-7». El País, 16 de julio de 1994.

7 Estefanía, Joaquín: El poder en el mundo. Debolsillo, junio de 2000.

8 Guéhenno, Jean-Marie: El fin de la democracia. Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 1995.

9 Habermas, Jurgen: La constelación posnacional. Ediciones Paidós Ibérica, S. A., Barcelona, 2000.

10 Jober, Bruno: «La conquête neo-liberal du Monde». Temps Modernes, enero-febrero de 2000.

11 Shapiro, Martin: «The Globalization of Law». Indiana Journal of Global Studies, septiembre, 1993.

12 Citado por Philis Golup en «Vuelta a la democracia imperial en EE.UU.». Le Monde Diplomatique, edición española, número 75, enero 2002.

13 Dworkin, Ronald: Tanking Rights Seriously. Harvard University Press, 1977.

14 Garzón, Baltasar y Gómez-Benítez: «Terroristas, halcones y criminales de guerra». El País, 5 de marzo de 2002.

15 Jackson, Gabriel: «¿Podría el verdadero desarme estar en la agenda?» El País, 9 de abril de 2002.

16 Pedler, Robin: Cómo tratar en Bruselas. El lobby en la Unión Europea. Fundación La Caixa, Servicio de Estudios, 2001.

17 Malloch Brown, Mark: «Manifiesto en favor de la verdadera democracia». El País, 24 de julio de 2002.

18 Berger, John: «¿Dónde estamos?» El País, 3 de noviembre de 2002.

Epílogo

La dictadura neoliberal

Tal como revelan elocuentemente los hechos, asistimos a los albores de un nuevo sistema de poder más disimulado, fuerte y efectivo que amenaza directamente los cimientos sobre los que se ha asentado la cultura democrática nacida bajo el racionalismo humanista del siglo xviii, una corriente intelectual que pretendía liberar las mentes de las tinieblas de la ignorancia, reconociendo a los seres humanos la categoría de ciudadanos soberanos a la hora de decidir su destino individual y colectivo. El fenómeno no afecta solamente a un modelo concreto de organización del poder, sino que se dirige contra toda la actividad propiamente política, es decir, al ejercicio de aquellas funciones encaminadas a alcanzar fines compartidos por todos los miembros de la colectividad. El interés privado va arrinconando, con el poderoso avance de todos los procesos históricos trascendentales, al interés público. Si siempre han existido grupos de presión que influyen tangencialmente, fuera de los cauces constitucionales, en las decisiones propiamente políticas, ahora están asumiendo competencias soberanas. Se está produciendo una concentración del poder de consecuencias imprevisibles, pero cuyos perturbadores efectos comenzamos a experimentar.

El triunfo de la ideología del mercado ha hecho surgir una paralela política también de mercado. La relación entre la capacidad económica y las posibilidades electorales de los candidatos es estrechísima y decisiva a la hora de acceder a los cargos públicos. No solamente en Norteamérica. Ninguna democracia occidental se ha librado de esta tendencia. El dinero ha contaminado la política. Aunque, a este respecto, resulta paradigmático el sistema de gobierno norteamericano, la pandemia ha afectado a todos los sistemas neoliberales. Los apoyos financieros del gran capital crea dependencias evidentes entre la clase política y las grandes empresas. Incluso el patriotismo castrense se siente afectado por la nueva situación. El amor al dinero ha reemplazado al amor altruista a la patria. Se trafica con sangre como precio a pagar por usufructuar pozos de petróleo, apropiarse de riquezas ajenas o incrementar los dividendos de las grandes empresas. El general norteamericano Smedley Bluter confesó públicamente: «he pasado la mayor parte de mi existencia trabajando para los grandes empresarios, para Wall Street y para los Bancos; en suma, he sido un mafioso, un gánster del capitalismo». El drama desencadenado por las guerras recientes para controlar las reservas petrolíferas, entre otros objetivos menos evidentes, constituye un ejemplo claro de cómo los ex ejecutivos de empresas petroleras, de los que algunos siguen cobrando remuneraciones muy jugosas, defienden con garras y colmillos los intereses de las compañías mercantiles desde el instante mismo en que ocupan el poder político. El valor de la vida ajena, desgraciadamente, es inferior al valor del dinero en la escala de valores neoliberales.

Según la revista Forbes, especializada en encuestas sobre las relaciones de poder, entre los 50 hombres más influyentes del planeta no figura ningún jefe de Estado ni de Gobierno. Ocupan los primeros lugares de la clasificación dirigentes de multinacionales cuyas decisiones carecen de cualquier procedimiento de control democrático o participación popular. Son ejecutivos de empresas que no tienen otro objetivo que orientar el mercado mundial en la dirección que le permita obtener los máximos beneficios posibles. Un dato revelador de la naturaleza del poder que nos dicta e impone comportamientos. Existen multinacionales cuyo potencial económico supera a muchos Estados-nación. Las empresas que controlan activos generadores de ingresos en diversos países cada vez adquieren más protagonismo. Según datos contabilizados por las Naciones Unidas más de la mitad de los cien mayores poseedores de producto industrial bruto son compañías privadas que ejercen una influencia determinante en la vida pública sin estar sometidas a ninguna vigilancia externa. Solamente son responsables ante sus accionistas. Los ejecutivos que las dirigen son más leales a la compañía que a la nacionalidad que figura en el documento de identidad. La privilegiada posición empresarial les permite controlar el proceso político democrático desde el inicio de la campaña electoral a través de la financiación de las actividades de los candidatos que mejor defiendan sus intereses. El trasvase continuo entre dirigentes empresariales y cargos gubernamentales revela la naturaleza del firme entramado que se está tejiendo a escala planetaria. El poder se está desplazando hacia zonas opacas y elitistas, inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. Su dimensión y alcance no puede medirse con los parámetros tradicionales.

Esta característica explica que el imperialismo del siglo xxi no persiga prioritariamente anexiones territoriales ni pretenda ejercer más tiempo del indispensable la violencia física sobre los súbditos de sus dominios. En una magistral ceremonia de hipocresía, venden libertad e independencia a los sometidos. Han logrado que los modernos esclavos se crean libres. Pero no existe mayor esclavitud que la del siervo que se considera amo. Los piratas actuales no llevan parches en los ojos ni caminan sobre patas de palo. El papel del ejército, una vez finalizadas las contiendas bélicas, se limita a labores meramente policiales para velar por el mantenimiento del orden internacional y de una economía de mercado que garantice la libre actividad y el dominio de las grandes multinacionales.

En el gobierno de la potencia hegemónica los temas internacionales se han convertido en asuntos internos y como tales son tratados. Henri Kissinger reconoce que la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica pretende, en su autorizada opinión, «edificar un nuevo orden mundial aplicando sus valores propios a todo nuestro planeta».¹ Aprovechándose de que en el mundo posterior a la guerra fría el Gobierno de Washington es el único con capacidad militar para actuar e imponer su nada santa ni democrática voluntad en cualquier lugar, no se resiste a la tentación de «remodelar el entorno internacional a su imagen y semejanza». El objetivo de imponer urbi et orbi el modelo americano supone, en la práctica, conferir al poder extraordinario del complejo industrial-militar que domina su política interna una dimensión planetaria. Los auténticos emperadores del nuevo orden no se sientan en tronos sofisticados, sino en los mullidos sillones de diseño vanguardista situados en las lujosas salas donde se reúnen los ejecutivos de las grandes multinacionales, soberanas en un mercado oligárquico. Cuando Bill Clinton, un demócrata de talante progresista, llegó a la Casa Blanca definió la nueva etapa como el proyecto de «extender y fortalecer la comunidad de democracias basadas en el libre mercado». En perseguir este objetivo que da prioridad a los valores puramente económicos coinciden todos los dirigentes norteamericanos, independientemente de su adscripción partidista y de sus particularidades ideológicas. Difieren en los medios, no en los fines. Todos sirven, en definitiva, a los mismos poderes. Opinan los expertos que «no existe más contradicción entre la política exterior de los republicanos y los demócratas que su grado de franqueza o de cinismo».

Las reglas de funcionamiento de la economía neoliberal son, en la práctica, una especie de superconstitución cuya vigencia se extiende a todos los sistemas calificados por occidente como democráticos. Las grandes potencias, además, disponen de instrumentos coactivos suficientes para hacer cumplir sus decisiones. Muchos países han sufrido embargos económicos, y todavía sufren, por desoír sus exigencias. Dentro de esta ortodoxia, resulta tan lógica como falsa la identificación entre democracia y mercado. Los principios económicos se imponen en la actualidad a los valores del humanismo político que alumbraron el nacimiento de la democracia.

La estrategia viene de lejos. Al finalizar la última contienda mundial las grandes empresas norteamericanas tomaron conciencia de las enormes oportunidades ofrecidas por la reconstrucción de los daños producidos por la contienda bélica en la vieja Europa. Y las aprovecharon bien. No solamente se lucraron inicialmente vendiendo armas a los contendientes, sino que el ciclo del espectacular negocio lo cerraron con la reconstrucción de lo destruido por los artilugios bélicos. Para evitar la competencia, el Gobierno de Washington ideó el Plan Marshall, disfrazándolo de generosa ayuda a los damnificados en un intento descarado de disimular su auténtica finalidad mercantil. El proyecto se concibió como una forma de aplicar el llamado «poder blando», definido por Joseph S. Nye, decano de la Escuela Kennedy, como «la capacidad de convencer a otros para que quieran lo que tú quieres sin gastar tanto en palos y zanahorias para llevarles en tu dirección». La palabra «libertad» tenía un fuerte poder de seducción para los sometidos durante años a las dictaduras de corte fascista. No se podían aplicar a la Europa democrática los procedimientos brutalmente colonizadores utilizados en el continente americano. Había que maquillar el instinto de dominio, ser más educados en las formas y moderados en el lenguaje. Este comportamiento respondía también a las exigencias políticas de la guerra fría. Desaparecido Hitler, Stalin, antiguo aliado bélico de las democracias occidentales, desempeñó a la perfección el papel del malvado enemigo a combatir, requisito imprescindible para mantener viva la llama de una amenaza justificadora del despilfarro en armamentos y al mismo tiempo lograr la cohesión patriótica entre los ciudadanos norteamericanos. Para frenar el crecimiento del izquierdismo, protagonista del enfrentamiento de los pueblos contra las dictaduras fascistas en las democracias europeas, había que enriquecer a ciudadanos poco concienciados socialmente para transformarlos en capitalistas dispuestos a defender a toda costa su nueva y privilegiada situación en la etapa recién estrenada. La operación consiguió un indudable éxito. Durante la posguerra se sentaron las bases fundacionales del orden mundial vigente en la actualidad. Las instituciones financieras internacionales contribuyen a consolidar la situación mediante la creación de viveros capitalistas. El Informe Lugano reconoce que los ajustes estructurales exigidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proporcionan un marco idóneo para favorecer el enriquecimiento de las elites locales gracias a las privatizaciones masivas, a los bajos salarios de los trabajadores y a la pasividad estatal, convirtiéndolas en influyentes accionistas e inversores del gran proyecto globalizador.

Lo realmente importante para los amos de la economía era crear mercados cada vez más amplios para facilitar el desarrollo y expansión de las redes de comerciales de aquellas empresas para las que se habían hecho demasiado estrechas y asfixiantes las fronteras estatales. Por eso se atacó directamente el nacionalismo económico que establecía fuertes barreras arancelarias y protegía con todo tipo de medidas la producción propia. Y para ello se alzó una vez más la bandera de la libertad como banderín de enganche: libertad de empresa, libertad de mercado, libertad de circulación de mercancías, libertad para la transferencia de capitales. Una de las palabras más nobles y elevadas del lenguaje político degeneró en pura especulación mercantil. Se despojó al trascendental vocablo de su función fundamental: contribuir al pleno desarrollo de la personalidad humana. En la práctica, la exigencia de libertad se aplicó exclusivamente al mundo de los negocios. Para los desheredados de la sociedad libertad significó opresión. Libertad sin medidas legales protectoras de los más débiles equivale a dictadura de los poderosos, capaces para actuar a su antojo en la jungla neoliberal donde el dinero es el auténtico rey, la gran fiera insaciable y musculosa que devora valores y comete injusticias.

El llamado «estado de bienestar» fue atacado en su centro neurálgico por la competencia empresarial de países que negaban a sus trabajadores las conquistas sociales logradas tras duros años de luchas sindicales. Las grandes empresas acudieron a los países con salarios de miseria cual abejas a un panal de rica miel. Se soñaba con un mercado mundial controlado por unas minorías, por el elitista club de los económicamente más poderosos, capaces de producir mercancías de lujo por un plato de arroz en la geografía del subdesarrollo para luego venderlas a precio de oro en el gran zoco de la prosperidad capitalista occidental. El negocio es redondo para quienes buscan solamente la rentabilidad económica, pero afecta gravemente a las estructuras democráticas. «La constitución de mercados oligárquicos totalmente libres —escribió Martín Seco— sólo puede tener una finalidad: la sustitución de los mecanismos democráticos que, con todos sus defectos, mantienen el principio de un hombre, un voto, por decisiones oligárquicas adoptadas en los centros del poder económico.»² Los enemigos del nuevo sistema de poder neoliberal no son, como pudiera presumirse, las dictaduras, sobre todo si son serviles, sino todos aquellos Estados con vocación soberana a la hora de decidir su política económica. La difusión del modelo norteamericano garantiza el control de la actividad política por el dinero. Las grandes instituciones financieras internacionales crean poderosas, imperceptibles y atractivas telas de araña en las que queda apresada la teórica soberanía política de los países necesitados de sus préstamos.

Dentro de esta táctica, con el fin de lograr la dominación universal, se considera como objetivo prioritario el control de los recursos energéticos del planeta. La causa última de las intervenciones bélicas protagonizadas recientemente por Norteamérica persigue la ocupación de las enormes reservas de Eurasia. Los conflictos armados de la desaparecida Yugoslavia, Afganistán e Irak no fueron debidos al deseo de poner fin a un genocidio, ni combatir al terrorismo de origen fundamentalista ni mucho menos la supuesta existencia de peligrosísimas armas de destrucción masiva en manos del dictador Sadam Hussein, como han demostrado de un modo contundente los hechos posteriores.

En el Consejo de Relaciones Exteriores celebrado en Norteamérica el mes de marzo de 1997, Zbigniew Brzezinski, uno de los ideólogos neoconservadores más influyentes en Washington, recordó a las autoridades que «desde que los continentes comenzaron a interactuar políticamente, hace unos quinientos años, Eurasia ha sido el centro del poder mundial». Como la demanda de energía es incesante y no deja de derrocharse en una sociedad insaciable a la hora de consumir, estimaron que quien consiga controlar el gas y el petróleo del Caspio dirigirá la economía mundial. Las necesidades de consumo de petróleo de China, como consecuencia del desarrollo industrial que está protagonizando, dan mayor trascendencia a estas reservas energéticas. Partiendo de esta premisa, el informe concluye que «el interés primordial de Estados Unidos es contribuir a garantizar que ninguna otra potencia llegue a controlar este espacio geopolítico, y evitar que se impida a la comunidad mundial tener acceso económico y financiero a dicho espacio». Todos sabemos por experiencia que para Washington la «comunidad mundial» se reduce al núcleo minoritario de sus más fieles e incondicionales aliados. La región en disputa encierra en sus entrañas las tres cuartas partes de las reservas energéticas conocidas. Kissinger alerta que si una potencia llegara a conseguir el dominio de dichos recursos «tendría la capacidad de superar económicamente y, a la postre, también militarmente, a los Estados Unidos de Norteamérica». Algo intolerable para los dirigentes de Washington. Ahmed subraya que esta política apunta «claramente a la implantación, consolidación y expansión de la hegemonía militar norteamericana y exige una militarización abierta y sin precedentes de la política exterior, acompañada de la creación de un respaldo interior y de un consenso sobre esta campaña belicista». Brzezinski reconoció que es muy difícil «modelar este consenso sobre cuestiones de política exterior, salvo que se produzca una amenaza externa directa, realmente masiva y mayoritariamente percibida como tal». El brutal atentado contra las Torres Gemelas, aunque no lo desearan, les vino como anillo al dedo de novia casadera a los partidarios de semejante estrategia. Condoleezza Rice, con la satisfacción de quien encuentra una perla dentro de una ostra, proclamó: «el 11 de Septiembre ha aclarado las amenazas a que nos enfrentamos en la era posterior a la guerra fría». Por fin habían desenmascarado al necesario enemigo. Resultó más sencillo de lo previsto convencer a la opinión pública norteamericana de la conveniencia de declarar la guerra ecuménica utilizando como pretexto un comodín argumental tan difuso, ilocalizable y apto para la manipulación como el terrorismo. Era la primera vez que un conflicto armado de semejante naturaleza y envergadura no estaba protagonizado por un enfrentamiento entre Estados soberanos. El terrorismo internacional no tiene patria, por lo que proporciona argumentos teóricos y aparentes justificaciones para actuar en cualquier país con riquezas apetecibles. Basta con acusar a sus dirigentes de alojar a terroristas en su territorio o de cualquier otra inventiva. Por otra parte, en el orden interno, el miedo de los ciudadanos, convenientemente explotado, puede convertirse en un excelente negocio y en un sólido argumento para negar derechos fundamentales y libertades básicas, para eliminar limitaciones enojosas al ejercicio de un poder con vocación de absoluto. El despegue económico norteamericano se realizó gracias a las inversiones estatales en la segunda contienda mundial y al mantenimiento de una economía de guerra durante la amenaza soviética. La guerra es un negocio muy rentable para los Estados Unidos y no están dispuestos a renunciar a sus beneficios. Gracias al mantenimiento de la economía de guerra muchas grandes empresas incrementan sus dividendos con los recursos públicos. Los lazos entre el Pentágono y la industria puntera se mantienen más firmes y rentables que nunca. La amenaza del terrorismo internacional avivó una llama belicosa que amenazaba con apagarse tras la caída del muro de Berlín. El gran motor de la economía comenzó a enfriarse. Ahora no solamente se pretende combatir el terrorismo con todos los medios, se han ampliado los objetivos. En la toma de posesión del segundo mandato, el presidente George W. Bush se marcó una nueva meta: la liberación por la fuerza de todos los países que, a juicio de Washington, sufren una tiranía. El negocio de la guerra permanente está garantizado, si la sensatez no lo remedia, durante todo el siglo recién estrenado.

Pero la gran estrategia no se limita solamente al empleo de la fuerza. Ya bajo la desenfrenada carrera armamentística de la guerra fría se desarrolló al mismo tiempo una corriente subterránea más inteligente y eficaz para socavar los cimientos del mal llamado socialismo real vendiendo la liberalización económica como panacea contra toda clase de males. Se inició una batalla psicológica en los países bajo la bota de Moscú con Radio Free Europa como principal mensajero de la buena nueva. Poco a poco se va suavizando el lenguaje diplomático norteamericano. Aparece la expresión «compromiso pacífico» y se defiende la «construcción de puentes» entre los dos sistemas hasta entonces enfrentados radicalmente. Washington deja de prestar apoyo a las organizaciones anticomunistas «demasiado agresivas». Las palabras se traducen pronto en hechos. En 1970 se firma con los dirigentes del Kremlin el tratado SALT para limitar la fabricación y el uso de armas de destrucción masiva. Rumanía, una de las dictaduras más opresivas, fue admitida en el seno del Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, las dos instituciones más representativas del capitalismo global. En 1975 se dio un trato «preferente» a las exportaciones comerciales del régimen presidido por Ceacescu, el dirigente comunista más desprestigiado por la propaganda occidental.

Poco tiempo después, todos los países europeos, excepto Albania, se reúnen en Helsinki con Estados Unidos y Canadá para crear un clima de distensión entre los asistentes. Los intelectuales de los países del Este europeo partidarios de la liberación económica y cultural comienzan a recibir invitaciones y apoyos financieros de Norteamérica. En diciembre de 1983 se crea en Washington la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy) financiada por el Departamento de Estado y los partidos Republicano y Demócrata, para apoyar la extensión de la democracia americana a los países satélites de Moscú. Uno de los mayores beneficiados de sus ayudas fue el sindicato clandestino polaco Solidaridad y su líder Walesa. George Bush, padre, realizó visitas a Yugoslavia, Rumanía, Hungría y Polonia. Los dirigentes norteamericanos utilizaron también los poderosos lobbies de exilados polacos, rusos y húngaros para sembrar gérmenes capitalistas en el terreno dominado durante los inciertos años de la posguerra por el estalinismo. Los arsenales nucleares de las dos grandes potencias hacían imposible un enfrentamiento armado abierto, ya que significaría la destrucción de todo rastro de vida sobre el planeta. Se necesitaban planteamientos más diplomáticos y eficaces para controlar, a medio plazo, las riquezas energéticas situadas al otro lado del telón de acero.

El éxito de semejantes planteamientos alcanzó su momento culminante con el desmantelamiento y posterior liquidación de la antigua URSS. La quinta columna del nuevo liberalismo se infiltró dentro de lo muros del Kremlim. Poco a poco fue emergiendo una renovada elite social y económica. Tal como describe David Hoffman, los nuevos oligarcas «amasaron y perdieron fortunas, se apoderaron de la flor y nata de la industria rusa, mandaron ejércitos privados, ejercieron su influencia en las elecciones y dirigieron el país y su ciudadela financiera, Moscú; compraron los medios de comunicación rusos, especialmente la televisión, y se hicieron con el control, no sólo de las fábricas, sino también del propio Estado, influyendo en los presupuestos, las fuerzas de orden público y los dirigentes del Kremlin».³ Se desmanteló precipitadamente el sistema de protección social en nombre del liberalismo triunfante, dejando a la intemperie a la mayoría de la población. Los más hábiles y faltos de escrúpulos nadaron como peces en el agua dentro de la marea de corrupción que inundó a toda la sociedad. La nueva Rusia liberal fabricó capitalistas a destajo y los colocó en los puestos claves de la organización socioeconómica. La manipulación descarada de las palabras «democracia» y «libertad» para sembrar capitalismo puro y duro ha provocado el rechazo mayoritario de la población al nuevo régimen. Una encuesta realizada a finales del año 2004 por el instituto ruso de sondeos Vtsiom-A refleja un 53 % de ciudadanos contrarios a la «democracia de estilo occidental» y un 80 % que prefiere el «orden» a la «libertad» que le han regalado.

En la actualidad resulta evidente el intento de infiltrar también el virus neoliberal en el régimen comunista chino, confiando en repetir el éxito obtenido contra el sistema soviético. La muralla China ya ha sido asaltada por multinacionales deseosas de vender sus productos a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores, protagonistas en el nuevo milenio de un espectacular desarrollo económico, gracias a actuar al margen de los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Además los trabajadores chinos están muy cualificados y cobran salarios perfectamente competitivos, mucho más bajos que en Occidente. Las cocas refrescantes y las comidas basura pueden ganar más batallas que las llamadas armas inteligentes en esa invasión pacífica y privatizadora. Una vez más utilizan el consumismo contra el supuesto comunismo. Hasta ahora no han hecho más que establecer una cabeza de puente para preparar el desembarco masivo de la legión extranjera formada por las omnipresentes empresas que dominan el mercado global.

También los objetivos de la llamada «comunidad internacional» en Irak van más allá del control de las reservas energéticas, aunque constituya el interés más inmediato y evidente. Como precisa con claridad Sami Fair, «los estadounidenses quieren apoderarse de todo el país, convertirlo en un banco de pruebas de una privatización ultraliberal con la que no se hubieran atrevido a soñar ni los partidarios más fanáticos de la Organización Mundial del Comercio». Inmediatamente después de crear Washington en Bagdad la Comisión Provisional, presidida por Paul Breitner, se le otorgaron plenos poderes para implantar en el país asiático el modelo económico occidental. El 31 de enero del año 2004 se concedieron las tres primeras licencias a Bancos extranjeros para desarrollar sus actividades en Irak. Otra decisión fue solicitar un primer préstamo de 850 millones de dólares al Banco Mundial, concesión que supone, en la práctica, comenzar a hipotecar la futura política económica con los ajustes duros impuestos a sus clientes por la alta institución financiera internacional. Como cualquier entidad bancaria que se precie, su preocupación dominante es garantizar la devolución de los préstamos y sus correspondientes intereses, no procurar la democratización de los regímenes políticos ni solucionar problemas de injusticia social. Los Bancos viven de la usura, no de la generosidad altruista.

Ya en mayo de 2003 el Gobierno de Washington encargó al gabinete de asesoría Bearing Point Inc. la elaboración de un plan titulado «Para que la economía iraquí pase del crecimiento al crecimiento sostenido», inspirado en los principios del Consenso de Washington. El plan exigía como primera medida generalizar las privatizaciones en todos los sectores de la actividad económica. El desmantelamiento de las empresas públicas se intensificó especialmente en la industria petrolera. La decisión supone entregar el control de la producción energética iraquí a las multinacionales norteamericanas del petróleo, empresas que contaban con el apoyo descarado de su gobierno y con la suficiente capacidad económica para concurrir con éxito a la subasta privatizadora si la decisión definitiva fuera totalmente neutral, que no es el caso. El botín de la guerra se está repartiendo según el grado de implicación en el conflicto de cada beneficiado. En eso no se ha engañado a nadie. Washington ha sido muy claro al respecto. Las empresas públicas no rentables serían declaradas insolventes y disueltas; las rentables, pero sin suficiente atractivo para las grandes multinacionales, vendidas al mejor postor dentro del «gran programa de privatizaciones masivas». El objetivo a largo plazo de establecer una base neoliberal en el país asiático resultó evidente desde el principio.

Para Robert Fisk «el factor que hacía tan importante para los Estados Unidos el cambio de régimen fue la decisión de Sadam Hussein de pasar del dólar al euro en noviembre del año 2000; la defensa del dólar es casi tan importante como la del petróleo».⁴ Pretender situar el pago del barril de petróleo nacional fuera de la órbita de la moneda norteamericana constituía un sacrilegio económico que no toleraban. Podía cundir el ejemplo entre los países productores del oro negro y destronar al dólar de su reinado en la aristocracia del dinero. Los acuerdos de Bretton Woods al finalizar la Segunda Guerra Mundial significaron la consagración del dólar como gran baremo económico universal. Según el sistema monetario creado en aquellas reuniones, cada Estado se comprometía a asegurar la convertibilidad de su moneda en oro o en dólares, dentro de un margen de fluctuación del 1 %. Los dirigentes de Washington han jugado alternativamente con la sobrevaloración o la infravaloración de su moneda según las conveniencias coyunturales. El déficit crónico de la economía norteamericana incrementa la masa de su moneda en circulación por el mundo y presiona a los bancos centrales de otros países a comprar dólares si desean mantener la estabilidad de sus respectivas monedas. Japón compra un promedio de 200.000 millones de dólares anuales en deuda estadounidense; China, también con excedentes, 100.000 millones; los productores de petróleo últimamente se han convertido en clientes fijos.Tres cuartas partes de las transacciones internacionales se realizan en dólares. La moneda de Washington constituye una poderosa arma en la guerra económica y las autoridades monetarias norteamericanas no están dispuestas a desactivar su eficacia. La auténtica preocupación financiera del Gobierno estadounidense es que el dólar no debilite su posición de divisa de reserva. El economista Hanry Kaifman sostiene que el dólar continuará siendo la moneda clave, ya que los Estados Unidos «son la potencia dominante en el mundo, y el poder mundial lleva implícito el liderazgo de su moneda».

El renacer del nacionalismo integrador de religiones e ideologías contra el invasor extranjero y la humillación sufrida por el desprecio provocador a las peculiaridades sociales, religiosas y culturales de Irak crearon obstáculos no previstos para la implantación del modelo occidental. El proyecto liberalizador ha sufrido un notable retraso, pero no se ha abandonado. La nueva religión económica ha topado de frente con la fe islamista, un escollo muy difícil de salvar, pues su escala de valores no es terrenal, no se puede comprar con dinero. Las guerras santas plantean difíciles problemas a quienes centran su estrategia básicamente en los valores económicos. Ni las supercherías ni los fanatismos religiosos cotizan en las Bolsas de los valores occidentales. No se le pueden lanzar opas hostiles.

Pero no existen diferencias sustantivas entre ambas estrategias. El fanatismo religioso es primo hermano del fundamentalismo económico. Toda táctica de dominio se sustenta en la difusión y aceptación de un sistema de creencias capaz de movilizar el apoyo de sectores cualificados de la sociedad. La ideología neoliberal que constituye la columna vertebral del pensamiento único arranca de una determinada concepción económica, excluyente y con pretensiones de validez universal. Poco a poco han ido transformando ciertas teorías en creencias, la ciencia en fe, la razón lógica en sinrazón interesada. A principios del mes de mayo de 1979, la británica Margaret Thatcher, apóstol del pensamiento único, prometió a sus fieles: «donde haya error, pondremos la verdad; donde haya duda, pondremos la fe». La doctrina económica actual recoge y difunde las teorías que sirven a los intereses de las empresas protagonistas del proceso globalizador. Supuestos axiomas económicos han sido elevados a la categoría de dogmas. Existe una clara pretensión de someter las complejas e imprevisibles interacciones de los agentes económicos a un riguroso control. Se establecen unas reglas de juego que dan una clara ventaja a una minoría en perjuicio de la gran masa de consumidores. Y para mayor seguridad, los árbitros que dirigen el juego de intereses también siempre pitan a favor de los poderosos de la Tierra. La ideología económica dominante, como siempre ha sucedido a lo largo y a lo ancho de la Historia, es la que conviene a los intereses de la gran elite empresarial dominante.

En medio de tanta confusión resulta necesaria una operación de higiene dialéctica para devolver a las palabras su significado real, empezando por la naturaleza y misión de la ciencia económica. Para comprender su verdadera significación y alcance tenemos que referirla a la vida del hombre que desarrolla su existencia en una circunstancia finita y peculiar. Las teorías económicas no están destinadas a morar en el limbo de las grandes abstracciones metafísicas, sino que deben descender hasta las relaciones ordinarias de vida en cuya aplicación muestran su utilidad y certeza. Los mortales necesitamos tener bien despiertos los cinco sentidos para no dejarnos deslumbrar por los fuegos artificiales creados por la pirotecnia de los grandes gurús económicos. Polier define la economía como «la ciencia de los fenómenos que resultan de la actividad en común de los hombres en relación con las cosas materiales necesarias para la satisfacción de sus necesidades». La mayoría de las definiciones van en el mismo sentido. Son las respuestas eficaces a las demandas básicas las que constituyen la esencia y el fin de la actividad económica propiamente dicha. Las necesidades, tanto intelectuales como materiales, son, en su mayoría, variables, históricas, dinámicas. No existen certezas económicas universalmente válidas, tal como defiende el pensamiento único; ningún fenómeno humano puede ser comprendido al margen del todo social del que forma parte; no funciona tampoco un modelo de crecimiento aplicable a la generalidad de los países y que tenga la misma eficacia en cualquier grado de desarrollo. La economía constituye una actividad encaminada a la transformación del mundo con la finalidad de satisfacer aquellas necesidades humanas sentidas como prioritarias por los ciudadanos en un momento histórico determinado. Para atender estas demandas contamos con recursos escasos, por lo que tenemos que escoger entre varias alternativas posibles. Toda elección significa renunciar a otras opciones. Los recursos deben invertirse con arreglo a una escala de urgencias.

En primer lugar, existen unas necesidades biológicas fundamentales, compartidas por toda la humanidad, imprescindibles, como alimentarnos, protegernos de las inclemencias de la naturaleza, habitar en viviendas dignas y seguras, disponer de una atención sanitaria eficaz y accesible a todos los ciudadanos para curar las enfermedades. La satisfacción de estas necesidades exige una serie de condiciones previas: la existencia de una vegetación suficiente para proporcionar alimentos, de aire no contaminado para respirar, de agua pura para saciar nuestra sed, de una atmósfera que mantenga el mundo habitable...

Otras, aunque tienen un origen social, requieren una atención preferente por parte de las instituciones políticas, como el derecho a una educación y a una ocupación suficientemente remunerada. La satisfacción de estas necesidades está firmemente arraigada en la cultura democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce el derecho de toda persona a «condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo», a «una prestación contra el desempleo», a una remuneración suficiente «que permita una existencia conforme con la dignidad humana», a protección en «casos de invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia», a una «educación gratuita que permita el pleno desarrollo de su personalidad»... Son necesidades comunes, públicas, es decir, sentidas como tales por la generalidad de los ciudadanos con independencia de su posición económica, social o de su nacionalidad. A los gobiernos democráticos corresponde velar por el cumplimiento de estos compromisos constitucionales básicos. Constituyen prioridades políticas compartidas por todas las ideologías y territorios, la base y la razón de ser de una justicia sin fronteras.

Desgraciadamente en la actual etapa globalizadora proliferan cada vez más un tercer tipo de necesidades, las artificiales, inducidas desde centros de poder económico en cuyo proceso de elaboración el hombre de la calle no tiene arte ni parte. El actual modelo de desarrollo precisa del consumo irracional como las criaturas terrestres necesitan el aire para respirar. Nos vestimos, comemos, bebemos y practicamos todo tipo de actividades, incluso en nuestros momentos de ocio, según nos sugieren los mensajes publicitarios. La mayoría compra la ropa bajo la dictadura de las modas, no debido a la necesidad de abrigarse. Incluso somos manipulados a la hora de alimentarnos. Renunciamos, sobre todo las nuevas generaciones, a la cocina tradicional, rica y variada, para ingerir las comidas basura comercializadas por las multinacionales de la alimentación. La satisfacción de las necesidades inducidas desde el poder económico produce un efecto multiplicador, se superponen y renacen en una carrera consumista sin meta de llegada. La irracionalidad constituye el riego sanguíneo de la cultura económica del nuevo imperio. Incluso a la hora de ingerir alimentos. La comida basura produce una obesidad enfermiza que exige tratamiento médico y curas de adelgazamiento. Si compramos un automóvil estamos obligados a llenar su depósito de gasolina, a buscarle una plaza de garaje, a pagar el correspondiente seguro, aparcamiento, reparaciones... Y así todo cuanto adquirimos en la sociedad de consumo más allá de lo exigido por nuestras elementales necesidades biológicas. La euforia que produce complacer un capricho pronto se trasforma en frustración y desencanto. Satisfacer estas necesidades artificiales, paradójicamente, en muchas ocasiones nos conduce a la miseria material y moral, a una insatisfacción radical. Pero este despilfarro deviene esencial para el mantenimiento y el fortalecimiento de un sistema económico que se aleja cada vez más de su función originaria de atender a las necesidades reales, que distorsiona su razón de ser. Se fabrican intencionadamente electrodomésticos frágiles, de poca duración, para forzar nuevas compras. El modelo de cliente ideal, promovido por la sociedad de la globalización, es el del comprador compulsivo capaz de autodestruirse con el despilfarro. Tal como pone de relieve Fredric Jameson, «la cultura del consumo forma parte integrante del tejido social y apenas puede separarse de éste». La fiebre consumista contribuye a «individualizar» y «atomizar» una sociedad necesitada de acciones compartidas y solidarias para hacer frente al reto de la globalización. La Ley Say sostiene que es la oferta la que crea su propia demanda, sobre todo ahora, una vez descubierto el enorme poder de la publicidad. La teórica soberanía del consumidor, base de la mal llamada democracia de mercado, ha sido secuestrada por los propietarios de los grandes medios de producción que tienen al servicio de sus intereses los más eficaces instrumentos de persuasión.

Ya Herbert Marcuse distinguió entre necesidades verdaderas y falsas. Estas últimas son las impuestas al individuo por intereses económicos particulares desde centros socialmente incontrolados. Su satisfacción puede ser placentera para el consumidor, pero crea obstáculos insalvables para su realización personal en cuanto le alienan y limitan su autonomía a la hora de decidir. La satisfacción de las necesidades, por el contrario, en una organización racional y democrática de la sociedad, debe dar prioridad a las que se refieren «al desarrollo óptimo del individuo, mediante la mejor utilización de los recursos materiales e intelectuales al alcance del hombre». Objetivo que choca con el funcionamiento de una economía basada en el consumo frenético y en el despilfarro de recursos.

El margen de libertad de los consumidores se va estrechando cada vez más. Alvin Hansen, desde su cátedra de la Universidad de Harvard, precisó que los consumidores no actúan según su libre voluntad, ya que se les somete a un constante y eficaz lavado de cerebro para convencerles que desean un determinado artículo, aunque solamente sea para «equipararse a sus vecinos». Cuando Vance Packard investiga «los persuasores ocultos» denuncia que «la utilización del psicoanálisis para llevar a cabo campañas de persuasión se ha convertido en un fabuloso negocio que mueve muchos millones de dólares». Peter C. Whybrow, director del Instituto Semel de Neurociencia y Conducta Humana de la Universidad de California, sostiene que los norteamericanos «se ven estimulados de forma aditiva por los centros de placer del cerebro a perseguir estatus y bienes a expensas de sus semejantes, lo único que les proporciona felicidad». El sueño de la mayoría es consumir masivamente bienes. Ese consumo, sostiene el científico estadounidense, «activa la dopamina neurotransmisora que da placer, viajando por las mismas rutas cerebrales que la cafeína y la cocaína». Las consecuencias de las tensiones psicológicas despertadas por el clima competitivo y el afán de poseer, se refleja en el lenguaje matemático de las estadísticas: en tan sólo una década se ha duplicado en los Estados Unidos el número de personas que sufren ansiedad, un 30 % de la población, y los afectados por la depresión se han incrementado en un 10 % en los últimos años.

Todas estas características evidencian que el pensamiento único, basado fundamentalmente en la ideología neoliberal conservadora, adultera la verdadera naturaleza de la economía y genera graves trastornos sociales. Los agentes económicos que protagonizan el proceso se dirigen más a crear nuevas necesidades que a satisfacer las existentes. Actualmente se desarrolla como un sistema autónomo preocupado principalmente por el equilibrio de las magnitudes macroeconómicas y se aleja cada vez más de los problemas del hombre concreto de carne y hueso que se realiza en una circunstancia histórica determinada y cuya vida, dramáticamente corta, tiene un plazo de caducidad incierto, pero fatalmente inevitable, desde el instante mismo del alumbramiento materno. Vamos consumiendo nuestro breve crédito vital de salud a medida que vamos siendo. Los dirigentes de la economía se preocupan preferentemente por mantener el sistema dentro de unas coordenadas que eviten cataclismos y oscilaciones que arruinen a las grandes fortunas. Se desentienden de satisfacer las peticiones mayoritarias de los ciudadanos, las necesidades radicales, especialmente las más dramáticas de quienes carecen de recursos económicos para pagarlas. Un sistema concebido en principio para remediar las necesidades de la humanidad ha sido desplazado, sin cambiar de nombre, por otro dirigido fundamentalmente a garantizar los beneficios a las grandes empresas.

La solución real y efectiva de los magnos problemas relativos a cualquier aspecto del sistema económico tiene que considerar todo el sistema social y sus condicionamientos. Tal como señala Mournier, «no existe un orden económico válido por sí: la economía debe ser el mejor medio para proporcionar a los hombres los bienes materiales necesarios para el desenvolvimiento de la personalidad de cada uno». La economía no puede hacer abstracción de los principios éticos sin alterar la función para que ha sido concebida. El ánimo de lucro debe ser desplazado del lugar central que ocupa en la actualidad para desempeñar el papel subalterno de estimulador de esfuerzos que le corresponde en la sociedad política. La economía es más un «intento científico» que una ciencia en el sentido riguroso de la acepción. En el centro de toda construcción teórica debe situarse al hombre común y desorientado, preso de dudas y proyectos, necesitado de un ecosistema social adecuado para desarrollarse de un modo responsable y libre. El crecimiento económico material debe planificarse con los menores costes humanos y ecológicos posibles.

Los principales problemas a resolver en el mundo actual no tienen solución con el simple funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. Al estar orientada la producción a satisfacer solamente las necesidades, reales o inducidas, de quienes tienen capacidad para adquirir aquello que desean, se margina completamente a más de un tercio de la población mundial que vive en la indigencia, que pasa hambre y es azotada por enfermedades perfectamente curables en el mundo industrializado. Muchos objetos exhibidos en los escaparates de la prosperidad son inalcanzables para la mayoría de las economías domésticas. Quien más lo necesita es quien menos se tiene en cuenta a la hora de ofertar bienes y servicios. Aquellos que carecen de capacidad adquisitiva constituyen la gran legión invisible de condenados a morir a causa del hambre o de enfermedades fácilmente curables por la medicina actual. Solamente aparecen en la pantalla de los grandes medios audiovisuales cuando son víctimas de una catástrofe desencadenada por las despiadadas fuerzas de la naturaleza, presentada a la opinión pública como la única responsable de su dramática situación. En la contemporánea sociedad de la información los acontecimientos se valoran en función de su espectacularidad. Los bien pensantes exoneran su responsabilidad atribuyendo las causas a culpas ajenas, aunque la dimensión trágica de los fenómenos naturales se deba a decisiones erróneas de los gobiernos y a la codicia de los dirigentes económicos. Luego, la caridad de la limosna les permite, según piensan, lavar su insolidaridad radical.

El culto al consumo irracional agota los recursos naturales, seca las fuentes de energía e incrementa la emisión de gases de efecto invernadero, creando problemas que trascienden del orden puramente económico hasta afectar gravemente a la supervivencia de la humanidad. La automatización y la robotización, de constituir un beneficio para la humanidad al liberar al hombre de la mayoría de los esfuerzos físicos y ejercer un efecto multiplicador sobre ciertas actividades intelectuales, se ha transformado en una amenaza para la población laboral, al poner los avances tecnológicos al servicio del egoísmo competitivo. La irresistible tentación de rebajar los costes hace que se destruyan más puestos de trabajo de los que se crean. La obsesión por eliminar personal es compartida por todo el universo empresarial. Se invierte en investigación de nuevas tecnologías que sustituyan el esfuerzo humano, tanto físico como mental. Parte de los beneficios de las empresas más rentables se destinan a subvencionar los costes del despido masivo en los países que tienen un sistema avanzado de protección social, aunque cada vez se fomenta más el despido libre y gratuito, tal como solicitan desde sus dorados púlpitos los sumos sacerdotes de la economía. Pretenden incluso ahorrarse las indemnizaciones a los excluidos laboralmente en nombre del máximo beneficio. Paradójicamente, cuanto más éxitos económicos logran las empresas más riesgos tienen los empleados de perder su puesto de trabajo, al contrario de lo que enseña la lógica capitalista clásica al sostener que lo que era bueno para su empresa lo era también para los trabajadores. Un ejemplo sumamente esclarecedor de este tipo de comportamientos ha sido protagonizado por el Deutsche Bank, la primera entidad financiera alemana, en febrero del año 2005: al mismo tiempo que dio a conocer a sus accionistas un incremento de los beneficios en un 87 % con relación a su anterior ejercicio fiscal, anunció el despido de 5.000 empleados. Es decir, ha decidido «premiar» a los trabajadores que contribuyeron con su esfuerzo, en mayor o menos medida, al éxito empresarial condenándoles al infierno del desempleo. Casos similares se han producido en todo el mundo industrializado. El incremento de las ganancias en las grandes empresas coincide con un paralelo crecimiento de las bolsas de parados. Desgraciadamente, para la mayoría de los asalariados, actualmente el progreso significa incertidumbres y miseria, marginación. Otra incongruencia más del nuevo mundo que nos programan desde las alturas. Se da preferencia a la acumulación de riqueza sobre el respeto a uno de los derechos fundamentales de las personas, el derecho a un puesto de trabajo fijo y suficientemente remunerado.

Una de las características del momento histórico actual es el desplazamiento de las ideologías políticas por las supercherías de la economía neoliberal. La actividad mercantil debe cicunscribirse al ámbito de sus genuinas competencias, sin usurpar un protagonismo político y social que no le corresponde. Están sembrando el territorio político de falsas convicciones económicas, manipulando y retorciendo datos y razonamientos. Las creencias constituyen, tal como precisó Ortega y Gasset, el suelo sobre el que se desarrolla el drama de la existencia humana, ya que nuestro proyecto vital depende decisivamente de las creencias en que estamos, de las convicciones íntimas que sirven de justificación a nuestro comportamiento. Por eso para conocer bien un determinado momento histórico tenemos que registrar exactamente el sistema de creencias vigente en la sociedad, la escala de valores dominante. Precisamos acertar a distinguir el trigo de la paja, la verdad de la mentira.

La doctrina neoliberal es ideológica en el peor sentido de la acepción del término, tanto por su pretensión de abarcar la totalidad de la vida individual y colectiva, como por su descarada intención de ocultar la múltiple y compleja dimensión de lo real. El nuevo pensamiento económico utiliza falsos supuestos para convertir intereses particulares en interés general, la avaricia en generosidad, para disfrazar su discurso propagandístico con un enrevesado lenguaje pretendidamente científico. Utilizan las fantasías matemáticas para encubrir las ideologías reaccionarias subyacentes bajo los postulados económicos. Confunden intencionadamente la creación de riqueza con el enriquecimiento de una minoría. La religión económica responde a los mismos resortes psicológicos y supercherías que gobiernan la formación y el arraigo social de las religiones tradicionales. Las dudas científicas son sustituidas por supuestas verdades infalibles y universales. Se educa a los acólitos en la mitología y el fanatismo. Todas las escuelas económicas desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad —keynesianos, monetaristas, marxistas metodológicos, liberales, marxistas radicales, socialistas, estructuralistas, autárquicos...— han sido fundidas en una única y verdadera. El poder mediático impone una realidad imaginaria y alejada de los problemas concretos, manipulada por los intereses de las elites que nos gobiernan. Es un universo virtual creado a la carta para satisfacer la voracidad de los acumuladores de riqueza y poder. Nos ofrecen una imagen de la realidad filtrada por los grandes medios de comunicación controlados por una minoría interesada en difundir una actualidad ajustada a sus conveniencias. La estrecha alianza entre el poder político, el poder económico y el poder de los grandes medios de comunicación posee suficiente entidad para amordazar las reivindicaciones populares de los mayores perjudicados por el nuevo orden y para crear estados de opinión favorables a las élites antidemocráticas mediante la radicalización dogmática de principios perfectamente cuestionables. El prestigioso diario francés Le Monde denunciaba en un editorial, a finales del año 2004, el unilateralismo de la prensa actual con «una capacidad sorprendente para reproducir y ofrecer hasta el infinito una misma visión de las cosas y del mundo».

Desde los centros de adoctrinamiento no se han regateado esfuerzos para conseguir desprestigiar ante la opinión ciudadana las actuaciones oficiales del poder político, dentro de una estrategia claramente dirigida a crear un clima favorable a reducir al mínimo las competencias estatales. Por eso la columna vertebral de la cultura económica neoconservadora está constituida por la exaltación de la iniciativa privada como manantial que no cesa de dar beneficios y la descalificación radical de todo lo público como causa de todos nuestros males. Mientras la actividad empresarial privada, predican, estimula los esfuerzos y recompensa a los mejores, el Estado genera burocracia parasitaria; el empresario, al buscar la máxima rentabilidad económica, enriquece también al resto de la sociedad; la competencia, incentiva; la seguridad del funcionario, desmotiva. Los dioses paganos de todos los mercados realizan un milagro que supera todos los prodigios bíblicos imaginables al transformar el egoísmo en amor desprendido hacia sus semejantes. A su lado, resucitar a un muerto no es más que un teatral truco de prestidigitación. Las privatizaciones y la desregulación se han utilizado como armas de destrucción masiva contra el Estado del bienestar. Semejante argumento se propaga incluso en países como el nuestro que han experimentado en la práctica la superioridad de la sanidad pública sobre la medicina privada o que confían al Estado las funciones más complejas y delicadas, como la administración de justicia o la seguridad nacional.

Uno de los razonamientos más frecuentemente utilizados para convencer a la opinión pública es el conocido «argumento del tendero». El propietario del negocio, es decir, de los medios de producción, de las máquinas y de las tierras, al tener un interés directo en la empresa pone los cinco sentidos en lograr la «máxima eficiencia de los recursos utilizados». El ejemplo tenía sentido traerlo a colación en la actividad comercial dominada por la pequeña y mediana empresa, pero no ahora que los negocios familiares y unipersonales se ocupan solamente de actividades marginales, aquellas que carecen de suficiente atractivo para las grandes sociedades anónimas. La propia dinámica de un mercado cada vez más extenso exige, como requisito para mantener la competitividad, la concentración empresarial. En la lucha mercantil la empresa más fuerte tiene también, tarde o temprano, todas las de ganar, como en los juegos olímpicos los atletas más musculosos.

La titularidad del dominio se ha vuelto difusa e indeterminada. En las gigantescas organizaciones empresariales la propiedad se fracciona en miles de accionistas cuya participación, siempre que posean un número determinado de títulos, se limita a asistir a las juntas generales para recibir una información parcial y amañada sobre la marcha del negocio. Los gestores de la empresa, como todos los mortales, pondrán sumo cuidado en ocultar sus errores. La compraventa de las acciones se realiza a través de instituciones bancarias que controlan los fondos o de corredores de Bolsa. La mayoría de los titulares desconocen incluso las empresas concretas en las que tienen participación. Muy pocos son los que compran títulos directamente de las sociedades para participar en su gestión, solamente les interesan los beneficios o la especulación en la Bolsa. La dirección y el control de las macrocorporaciones económicas es desempeñado por una minoría privilegiada de dirigentes cuya actitud y objetivos no puede identificarse con el perfil psicológico y las motivaciones de los propietarios clásicos. Sus instintos lucrativos se dirigen a incrementar sueldos y gratificaciones, a robustecer su patrimonio personal, no se centran en la mejora y defensa de los intereses empresariales propiamente dichos. El salario de los directores generales de las grandes empresas norteamericanas, según un estudio reciente, es quinientas veces superior a la media del sueldo de los restantes empleados. Desniveles parecidos se producen en todas las latitudes y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son todavía más sangrantes. Las jubilaciones multimillonarias que se han autoconcedido algunos prestigiosos banqueros españoles han dado lugar incluso a actuaciones judiciales. La información de los gerentes sobre la marcha del negocio está huérfana de cualquier tipo de autocrítica. Nadie es tan irresponsable o inocente para lanzar pedruscos contra su propio tejado, sobre todo si es moralmente frágil. Se han creado auténticas obras maestras de ingeniería contable para ocultar fracasos y resaltar aciertos. Tal como comenta Joseph E. Stiglitz «la cascada de energía y creatividad de los años noventa acabaría por dirigirse cada vez menos a productos y servicios, y cada vez más hacia nuevos medios de maximizar las ganancias de los ejecutivos a expensas de inversores desprevenidos».⁵ Y esta tendencia todavía se ha acentuado más los años siguientes.

Una de las formas excepcionales de remuneración de los altos cargos consiste en el reconocimiento del derecho a comprar acciones de la empresa en la que desempeñan sus funciones por debajo de su precio de cotización en el mercado, privilegio técnicamente conocido como stock options. La cuantía de los beneficios obtenidos depende del alza del valor de las acciones a corto plazo. Cuanto más breve sea el tiempo transcurrido entre la compra y la venta más fácil resulta a los interesados crear espejismo de prosperidad en la empresa para especular en la Bolsa. La subida de las acciones es fruto, en la mayoría de las ocasiones, de informaciones parciales e incorrectas o de maniobras torticeras. Bajo este clima, la economía especulativa gana poco a poco más terreno a la economía real a la hora de obtener beneficios. La pillería es más rentable que el trabajo esforzado y responsable. Quienes se ganan el pan con el sudor de su frente son los que reciben menos recompensas. El obsequio de acciones, cada vez más frecuente, ha sido calificado como «auténtico robo», ya que para que los ejecutivos adquieran este tipo privilegiado de remuneración la empresa tiene que emitir nuevos títulos y los antiguos accionistas deben compartir la propiedad de su compañía, en la inmensa mayoría de los casos, con unos recién llegados que no han realizado ningún desembolso ni corrido riesgo alguno para la buena marcha del negocio.

Aseguran también los voceros del pensamiento único que el afán de enriquecerse estimula la competencia, ya que obliga a las empresas a asumir los riesgos que supone realizar nuevas inversiones para perfeccionar sus métodos productivos con objeto de mejorar la competitividad. Este argumento se dedujo observando lo sucedido en los primeros tiempos del desarrollo capitalista, pero no responde a la realidad del nuevo siglo donde impera un mercado cada vez más oligopólico. En el mundo occidental las grandes empresas mejoran su competitividad trasladando los centros de producción al tercer mundo y refugiando sus ganancias en paraísos fiscales. Pero, además, en el universalizado mundo de los negocios, las grandes compañías tienen más interés en restringir la competencia que en ampliarla. Las fusiones y absorciones son el pan nuestro de cada día. Pactan precios y se reparten mercados. El sueño empresarial es disfrutar una situación de monopolio para optimizar los beneficios. Nadie que tenga poder económico para ocupar esta posición ventajosa en el mercado tiene la santidad mercantil suficiente para resistir la tentación de aprovecharla al máximo. Los sectores más rentables del mercado mundial son precisamente los que no están sometidos a los vaivenes de la libre competencia.

Herbert A. Simon, premio Nobel de Economía por sus trascendentales estudios sobre el funcionamiento de las organizaciones, asegura que no existen diferencias sensibles entre los estímulos en las empresas con ánimo de lucro, las organizaciones sin ánimo de lucro y las organizaciones burocráticas. «No existe ninguna razón —sostiene el profesor de la Carnegie Mellow University— para que sea más fácil o más difícil generar motivaciones en organizaciones enfocadas a optimizar los beneficios que en otras con objetivos diferentes. En una economía organizativa, la conclusión de que las organizaciones motivadas por los beneficios serán más rentables que las demás no se deduce de las hipótesis neoclásicas.» Los incentivos pueden existir tanto en las empresas públicas como en las privadas. Lo sucedido con la carrera espacial, en cuyo desarrollo planificado estatal la URSS superó ampliamente a EE.UU. durante la guerra fría, constituye un elocuente ejemplo al respecto. La superioridad de la sanidad pública sobre la medicina privada está suficientemente demostrada por su funcionamiento en la sociedad. Lo que hace fracasar a las empresas no es la titularidad, sea pública o privada, sino la incompetencia de sus dirigentes.

Los casos de corrupción y estafas en el elitismo empresarial, por otra parte, superan con mucho los producidos en el seno de las corporaciones públicas. Cada vez las noticias protagonizadas por ciertos personajes famosos del mundo empresarial se parecen más a las secciones de sucesos de los medios de comunicación. Muchos excesos cometidos se encuentran tipificados en los códigos punitivos. A los establecimientos carcelarios han comenzado a llegar inquilinos de lujo, a pesar de contar con más recursos e influencias que la mayoría de la población para eludir las responsabilidades penales. Solamente vemos la punta del gigantesco iceberg. Detrás de cada político corrupto existen cientos de corruptores que se dedican a actividades privadas, considerados ciudadanos ejemplares por la opinión pública y que incluso se permiten desprestigiar a la clase política con descalificaciones, en la mayoría de los casos, faltas de rigor y objetividad. Como consecuencia de la manipulación mediática, sin embargo, los partidos políticos y los parlamentos son considerados como las instituciones más corruptas en la mayoría de los países, muy por encima del sector privado, según el Barómetro General de Corrupción 2004, de la ONG Transparencia Internacional. Moisés Naim, director de la influyente revista conservadora Foreign Policy, publicó en marzo de 2005 un artículo denunciando que «la guerra contra la corrupción está minando la democracia». Siendo la corrupción algo innato a la naturaleza humana, opina, resulta totalmente inútil «pretender limitar la práctica del soborno y la codicia». Lo realmente peligroso es la llegada al poder de personas muy honradas pero incompetentes. La prosperidad del mundo en la actualidad coincide con el incremento de la corrupción. Nadie se había atrevido a elogiar tan abiertamente la inmoralidad tanto pública como privada. La sinceridad de uno de los líderes ideológicos del nuevo conservadurismo nos ilumina sobre la naturaleza del proceso de desarrollo que estamos viviendo.

Se calcula que el dinero procedente de las actividades delictivas de las grandes organizaciones criminales supera los 800.000 millones de euros anuales, lo que equivale al 15 % de todo el comercio mundial. Otros estudios estiman que el «producto criminal bruto» ronda el billón de dólares anuales. Constituye una aportación decisiva al funcionamiento del sistema financiero sumergido y a buena parte del legal y respetable. Más del 95 % de las operaciones con dinero negro escapan a todo tipo de control oficial. Un informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI), basándose en datos estadísticos publicados en 1996, calcula que el total de dinero negro lavado en el mundo oscila entre los seiscientos billones y el trillón y medio de dólares. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) sitúa la limpieza de dinero sucio entre el dos y el cinco por ciento del producto interior bruto (PIB) del mundo. Unas cifras que, aun tomando sus cotas de cálculo más bajas, resultan mareantes. Aterra pensar en su poder de corrupción sobre una sociedad que no se caracteriza precisamente por su pureza ética. Unos tres millones de empresas fantasmas viven de la especulación y de poner su estructura instrumental al servicio de la evasión fiscal. La lucha contra este tipo de delincuencia exigiría una revisión a fondo de la estructura específica del capitalismo global y llevaría a la quiebra a muchas instituciones fiancieras tenidas por honorables. Los recursos económicos de las grandes corporaciones que se lucran con este tráfico inmoral son superiores al de la mayoría de los Estados tradicionales. En Europa no consiguió prosperar la proposición del diputado socialista francés Harlen Desir para investigar la actividad de la sociedad Clearstrean, con sede en Estrasburgo. Dentro de la propia Unión Europea existen diez paraísos fiscales: Andorra, Gibraltar, Luxemburgo, San Marino, Malta, Chipre, Liechtenstein, la isla de Man, la isla de Jersey y Mónaco. Se estima que los depósitos de dinero en los paraísos fiscales superan, en el año 2005, los cinco billones de dólares. Las autoridades europeas miran hacia otro lado cuando se trata de poner remedio a esta situación.

Para hacer comulgar a los ciudadanos con teorías y creencias carentes de bases científicas es preciso desplegar un amplio y eficaz aparato de persuasión, sobre todo en lo que ha dado en calificarse como sociedad de la información. Las multinacionales más poderosas financian a los llamados tanques del pensamiento para que dediquen su privilegiada capacidad mental a elaborar teorías favorables a la revolución conservadora y venderlas luego como gran curalotodo de nuestros problemas. Se compran y venden inteligencias como si fueran prostitutas. Trafican con la parte más noble del ser humano como en las carnicerías venden despojos animales. La trata de ciertos cerebros domesticados por el látigo del dinero es peor que la trata de blancas. Al fin y a la postre las pelanduscas, mientras prestan sus «servicios», pueden pensar libremente; los intelectuales, no. La peor prostitución es la de la inteligencia. Toda la dignidad del ser humano reside en el pensamiento. Otro instrumento eficaz para comprar voluntades son las fundaciones, que, además, constituyen un medio de eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes más acaudalados. Así consiguen matar dos pájaros de un solo tiro. A través de becas y ayudas a investigadores logran atraer para su causa a las mentes más talentosas nacidas en las capas sociales con menos recursos económicos, a los potencialmente rebeldes o, cuando menos, críticos para el sistema.

La mayoría de los economistas con brillante carrera profesional desempeñan el mismo papel, salvando las celestiales distancias, que los evangelistas en la difusión del mensaje cristiano. Las convicciones económicas son puestas en órbita desde los centros de investigación de las instituciones financieras y las aulas universitarias, contaminadas también por la gran ola privatizadora que inunda nuestra sociedad. La teoría sobre las excelencias de un régimen de absoluta libertad económica, tal como pone de relieve Fernando Álvarez-Uría, «no ha cesado de prodigarse hasta convertirse en nuestros días en una especie de cantinela que suena en los recintos universitarios, en los consejos de administración de las multinacionales y hasta en los programas de telebasura». La varita mágica del hada madrina neoliberal convierte cuanto toca, incluso los valores más nobles de la existencia humana, en mera mercancía. La doctrina conservadora monopoliza la ciencia económica para convertirla en un mero instrumento al servicio del gran capital transnacional. Se rechaza cualquier teoría que cuestione la eficacia de las teorías neoliberales. Es un sistema cerrado, sin apenas espacios para la discrepancia.

La universidad pública, último refugio del pensamiento independiente, también está siendo invadida por ese mercantilismo. Son muchos los profesores, sobre todo en las facultades de economía y ciencias empresariales, cuya retribución más importante la obtienen trabajando para empresas movidas exclusivamente por el ánimo de lucro. Por otra parte, la participación empresarial en la creación y funcionamiento de las universidades privadas, cada día más frecuente, pretende convertir las instituciones docentes en fábricas de siervos útiles para las empresas de sus patrocinadores. Cada vez se extiende más la creencia de que las universidades tienen que actuar como empresas privadas y establecer los planes de enseñanza de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Convierten la enseñanza en una mercancía más. Las universidades norteamericanas ganan prestigio en la medida en que funciona la sinergia académica-empresarial para que las enseñanzas tengan aplicación práctica en las empresas específicas que demandan personal cualificado en actividades muy concretas y coyunturales. Se están creando profesionales sumamente especializados, pero sin formación suficiente para analizar críticamente los grandes problemas sociales, políticos y económicos que plantea la sociedad moderna. Son funcionalmente analfabetos en conocimientos no comprendidos en sus programas de estudios. Se está devaluando el espíritu crítico. Estamos viviendo un alarmante ocaso de las humanidades.

Dentro de este nuevo planeta ideológico, la enseñanza superior necesita someterse también a la dictadura del mercado si desea colocarse en niveles cualificados y disponer de los indispensables recursos económicos. A los estudiantes se les instruye en conocimientos para resolver los problemas fundamentales del capitalismo global, se les educa dentro de un repertorio de saberes útiles a la mayor gloria de la moda neoliberal. La posibilidad de conseguir un puesto de trabajo estable y bien remunerado ejerce un fuerte atractivo en una juventud que siente sobre su cabeza la amenaza de la espada de Damocles del desempleo. La experiencia les enseña que la práctica del análisis económico que cuestione el sistema perjudicará su futuro profesional. Con semejante método de adoctrinamiento se han domesticado las impaciencias transformadoras de la juventud. A los alumnos les recuerdan insistentemente que nadie contratará para desempeñar un cargo de su confianza a quienes postulan teorías contrarias a sus conveniencias.Quien defiende a los harapientos acabará siendo también harapiento; quien se alinea con los acaudalados y poderosos, por el contrario, arribará, tarde o temprano, a disfrutar de las mieles de la riqueza y tiene más posibilidades que los idealistas de sentarse algún día en los tronos del poder político. Los jóvenes estudiosos deben procurar huir de las «malas compañías» ideológicas. Solamente los «irresponsables» se atreven a defender la intervención de los empleados en el control del sistema de producción, la mejora de las condiciones del trabajo o a predicar las excelencias de la solidaridad frente la agresividad competitiva que convierte al semejante en un enemigo: defender, en definitiva, una democracia más profunda, más participativa. Son lecciones del gran máster práctico diario, dictadas por la realidad que nos envuelve y condiciona. Cada vez son menos los jóvenes héroes que anteponen su conciencia social a los intereses crematísticos particulares, algo perfectamente coherente con el sistema de valores en que fueron educados.

Por eso en el mundo actual el especialista en temas relacionados con las empresas y con los movimientos especulativos es un profesional privilegiado. Los economistas más influyentes forman parte de la elite social y política. «La realidad es que nuestra profesión —escribe John Weeks— se beneficia desproporcionadamente del orden social y económico existente. Debido a esto, la economía no ofrece una guía para un sistema social y económico alternativo, en el que la desigualdad, el consumo y la explotación fueran eliminados.»⁶ Los expertos con mayor proyección mediática, beneficiados directos del statu quo, no se dedicarán a desarrollar análisis para poner en tela de juicio el orden existente, ni mucho menos apoyarán teorías revolucionarias. Resulta coherente con su situación que destaquen la excelencia de unas instituciones que les proporcionan influencia, prestigio y posición social.

Las consecuencias de esta realidad trascienden del plano puramente mercantil para afectar gravemente al recto funcionamiento del orden democrático. Los interesados defienden la ciencia económica como una forma superior de la acción política. Dentro de esta lógica el discurso se vuelve antidemocrático e incluso antipolítico. Tal como denuncia Jacques Sapir, «un economista deja de ser demócrata cuando trata de imponer una representación del orden social, no a través de una participación en el debate democrático, sino por su pretensión de estar sometidos a las leyes naturales que rigen la organización de las sociedades humanas».⁷ Las instituciones políticas son despojadas de su facultad de intervenir en materia económica en nombre de un principio de competencia técnica superior a la democracia. Se despolitiza la vida pública al atribuir a las leyes económicas la misma naturaleza de las leyes físicas e idéntica precisión que la lógica matemática. Las decisiones democráticas son sustituidas por opciones puramente técnicas, independientes de cualquier posición ideológica. Cambian los gobiernos pero, sean de derechas o de izquierdas, deben seguir las mismas pautas económicas. Lo sucedido en España a partir de la transición democrática es elocuente al respecto. Los programas económicos de los distintos partidos que alcanzaron el poder se diferenciaron solamente en cuestiones de matiz. En lo realmente trascendente siguieron la misma línea. En el Reino Unido han señalado que entre los parámetros conservadores definidos por Margaret Thatcher y la política laborista de Tony Blair las diferencias consisten en simples «toques compasivos». En Norteamérica, ni eso. Nadie propone un cambio radical a pesar de las evidentes deficiencias manifestadas por la doctrina neoliberal en la resolución de los graves problemas que nos acosan. Estas coincidencias, aplicables a todos los gobiernos occidentales contemporáneos, han sido utilizadas por los enemigos de la democracia para denunciar que todos los políticos son iguales, que no existen diferencias entre la izquierda y la derecha, que han muerto las ideologías. Se fomenta deliberadamente la abstención de votantes, tal como sucedió en los primeros tiempos de la democracia dominados por el temor poco disimulado a que los desheredados de la fortuna, al constituir la mayoría de la población, llegaran a manejar las riendas de los gobiernos y exigieran justicia contra los abusos y opresiones sufridos durante siglos. El pueblo, para las elites actuales, sigue siendo la «gran bestia», tal como lo denominó Alexander Hamilton, que necesita ser disciplinada por el látigo, en ocasiones de seda, del gran domador del circo político. La realidad es más contundente que cualquier sesuda reflexión. Sin necesidad de organizar ningún golpe de Estado ni de imponer un régimen dictatorial a la antigua usanza, les han robado importantes parcelas de soberanía a los ciudadanos, legítimos titulares del poder en toda democracia.

Esas ideas cocinadas en los grandes hornos financieros se sirven al gran público a través de redes influyentes de comunicación y análisis. El mundo de la cultura y la información también ha sido gravemente afectado por la ideología del mercado. Las noticias son una mercancía más. La diversión y el espectáculo convierte las catástrofes naturales que se ceban contra los más pobres en una valiosa mercancía informativa. Las ayudas posteriores sirven para mostrar una solidaridad falsa y episódica. Existe un control interesado y minucioso de los flujos de divulgación de lo noticiable.

El aparato ideológico neoliberal tiene toda la fuerza que le da el protagonismo del dinero para defender el conservadurismo reaccionario. El mensaje económico se transmite en un lenguaje técnico fuera del alcance del lector común. Las claves económicas permanecen reservadas a la estricta intimidad de los iniciados en la profesión. Los medios de comunicación dedican páginas especiales a estos temas, muchas impresas en papel de distinto color, preferentemente salmón, para que el lector pueda diferenciarlas a primera vista. A la gente se la divierte y entretiene con programas de chismes referentes a la vida y milagros de supuestos personajillos vagos y enamoradizos para que se distraigan de sus problemas reales. Los espacios infantiles exhiben dibujos animados violentos y crueles para educar a los niños como futuros soldados defensores de los valores bélicos y enseñarles que están rodeados de enemigos por todas partes. Frente a la cultura de la paz exaltan los valores de la violencia. Los héroes de la gente menuda son siempre los más fuertes y luchadores. Están trivializando hasta extremos increíbles los contenidos de las informaciones sobre una realidad cada vez más compleja y problemática. Comprender el significado auténtico de los términos económicos exige conocimientos superiores, saber manejar complejos métodos cuantitativos y cualitativos, y, sobre todo, ser un experto en el arte de la manipulación informativa. Interesa que la gente desconozca el alcance y finalidad de las fórmulas económicas. Por eso utilizan jergas técnicas minoritarias para argumentar la excelencia de sus posiciones. Lo ignorado produce siempre un respeto reverencial en las mentes no iniciadas en el oficio. Es algo que saben perfectamente las distintas sectas religiosas que usan lenguajes y ritos desconocidos por el común de los mortales. Resulta más fácil sacar tajada mediante mensajes dirigidos a lectores desorientados en las tinieblas de la ignorancia que a personas capaces de ejercer la crítica racional. Una verdad que no desean poner al alcance de todas las inteligencias esconde, dígase lo que se diga, una manipulación dialéctica.

El paisaje mediático se completa si consideramos que la publicidad de las grandes empresas es el pan nuestro de cada día, el sustento básico en la dieta alimenticia de los medios de comunicación. Para las cadenas de radio y televisión privadas constituye la única fuente de ingresos; para la prensa escrita, aproximadamente, el 75 %. Cada vez penetra más en los mercados la prensa gratuita, alineada en cuanto a su sistema de financiación con los medios audiovisuales privados. No es infrecuente que un periódico de este tipo dedique la primera página a un anuncio comercial, lo que constituye una auténtica herejía dentro de la ética periodística. El dominio del gran capital se manifiesta ya desde el nacimiento: la puesta en marcha de un medio de comunicación nuevo exige costosas inversiones situadas fuera del alcance de las fortunas medias. Es la primera gran criba a favor de los intereses conservadores. La gran utopía de la sociedad neoliberal es la existencia de una profesión periodística independiente del poder económico y político. Desde que el mundo es mundo, quien paga, manda. La mayoría de los periodistas de la televisión y las grandes cadenas de radio dedican más tiempo a ejercer como hombres-anuncio que a informar.

El ejército de las finanzas gana siempre la batalla de la comunicación en dos frentes: en el de la titularidad de la propiedad y en el control directo de los mensajes publicitarios, tanto en sus contenidos como en la selección de los medios en que se publican. Son intoxicaciones muy eficaces contra la independencia y objetividad de las informaciones. Como resulta natural, las campañas de publicidad se centran en aquellos medios de comunicación preferidos por el público con mayor capacidad adquisitiva, con lo que se cierra un circuito totalmente dominado por el poder económico, sin necesidad de ejercer ninguna presión directa ni censura oficial. Las grandes multinacionales dan la limosna mediática de los anuncios a quienes les son más fieles; marginan a los críticos del sistema. El pensamiento independiente se ha quedado sin suelo en el que edificar sus razonamientos, sin apenas espacios para expresarse ni para difundirse. Pocos están dispuestos a arrojar por la borda de la dignidad sus ingresos profesionales. Por el contrario, se aprovechan de la generosa gratificación del servilismo. Si a una empresa de comunicación le cierran el grifo de la publicidad muere inevitablemente de sed monetaria.

Para los responsables del nuevo orden mundial el sistema socioeconómico norteamericano constituye el paradigma, el modelo a imitar por el resto de los países. Todo lo que no encaja dentro de lo diseñado por su sacrosanto patrón es rechazado. Sucede, sin embargo, que si se hubiese extendido el modo de vida norteamericano, sus costumbres y su nivel de consumo, a todos los continentes ya se habría convertido hace tiempo nuestro planeta en un desierto inhóspito. No se trata de una profecía propia de los libros de ciencia ficción, sino de un pronóstico rigurosamente científico, basado en datos precisos y objetivos proyectados hacia nuestro inmediato futuro. Lo lógico es que cuando surgen anomalías y perplejidades evidentes dentro de una determinada teoría se ajusten las reflexiones erróneas y se modifique el discurso para mantener viva al menos una apariencia de verdad para engañar a los incautos. Aquí, sin embargo, simplemente se pretende echar tierra, cual cadáver putrefacto, a la gran contradicción que supone cantar las excelencias de un sistema de crecimiento que conduce a la humanidad a su autodestrucción. Nos inmolan en el altar levantado al dios de todas las codicias. La democracia es la primera víctima de la situación, aunque no la única. La avaricia, dice un conocido refrán español, rompe el saco. En este caso concreto el saco de la metáfora es nada menos que nuestro ecosistema y el gran roto está en la capa de ozono. Nadie, desde las alturas del poder, parece preocuparse por zurcirlo. Hay quien hace todo lo posible por anticipar el bíblico fin del mundo. Y seremos muchos los que tendremos que rendir cuentas de nuestra irresponsabilidad, aunque algunos bastante más que otros.

Mientras se mantenga el vigente sistema económico y los actuales amos del cotarro sigan manejando las riendas cual nuevos jinetes del Apocalipsis será imposible frenar la loca carrera hacia el holocausto de la humanidad. Las zonas industriales no desean, ni pueden, renunciar a su prosperidad contaminante sin asumir antes otro modelo de crecimiento; los países pobres necesitan industrializarse para salir del pozo del subdesarrollo. Alegan que no deben ser ellos quienes paguen las consecuencias negativas de la irresponsabilidad ajena. El 15 % de la población más rica emite el 50 % de todo el CO2 del planeta. Uno de los incentivos que poseen actualmente los países del tercer mundo para atraer plantas industriales foráneas consiste en dar facilidades a las empresas para contaminar el aire, sus ríos y sus mares. Su sistema social ya está contaminado por salarios de miseria escandalosamente insuficientes para cubrir el mínimo vital. La situación, para ellos, es mucho más dramática y desesperada: el hambre no admite demoras, ni aplazamientos. Las leyes del mercado apenas ofrecen alternativas entre las que elegir. El problema ya alcanzará dimensiones insostenibles el día en que China y la India consigan el nivel de desarrollo del mundo occidental. «Con las empresas transnacionales y los flujos financieros sin inhibiciones —denuncia el Informe Lugano— se ha alcanzado una especie de fase maligna que seguirá devorando y eliminando recursos humanos y naturales aun cuando se debilite el propio cuerpo, el propio planeta, del que depende.»⁸ Estamos destruyendo el escenario sobre el que representamos nuestra propia vida, la tierra sobre la que estamos y somos. Nuestra existencia que camina a pasos agigantados hacia un trágico desenlace si la cordura humana no acaba imponiéndose.

La voluntad política mayoritaria manifestada por los representantes democráticos reunidos en Kioto ha sido arrollada sin contemplaciones por los intereses mercantiles de las empresas contaminantes. Aunque el presidente Clinton firmó el protocolo de Kioto, el 25 de junio de 1997 el Senado norteamericano rechazó el tratado por 95 votos a favor y ninguno en contra. Darla Jordan, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el protocolo de Kioto es impracticable para la economía de los Estados Unidos «porque nos habría obligado a reducir nuestras emisiones en un 33 % en menos de ocho años». Conviene recordar que el presidente George W. Bush alcanzó la presidencia con el respaldo decisivo de las empresas energéticas. Una vez más ha quedado de manifiesto dónde radican los centros del poder real. Una ortodoxia económica que no toma en consideración las relaciones de los seres vivos con su medio natural constituye un contrasentido, una irracionalidad. La conservación de la naturaleza es, en definitiva, la conservación de la vida humana, la defensa de nuestra civilización. Estamos inmersos en la totalidad de un vasto universo, en gran parte ignoto, pero solamente disponemos de un pequeño ecosistema como última y frágil patera para ponernos a salvo, por lo que todos los esfuerzos son pocos para mantenerla a flote. La concepción de una economía replegada sobre la circulación monetaria, la inflación, la estabilidad presupuestaria, los equilibrios macroeconómicos y otras exigencias econométricas, no puede resolver los problemas que presenta una realidad profundamente injusta, múltiple, compleja y necesitada de un cambio radical para adaptarse al desafío de los nuevos tiempos. Se mezclan y confunden deliberadamente fines y medios. Se sacralizan los instrumentos y se olvidan de los objetivos finales. Caminamos cual borregos consumistas en dirección a simas abismales mientras discutimos sobre porcentajes y cuotas de contaminación tolerable.

La propagación del neoliberalismo conservador también ha contagiado y dañado seriamente el núcleo ético central del tradicionalismo liberal: la naturaleza y alcance de la palabra «libertad». Si bien han mantenido el objetivo de promover un miniestado e incluso le han despojado de competencias políticas en nombre de la eficacia económica, han abandonado la tradición humanista y liberadora que ha caracterizado la irrupción de dicha ideología en el debate político. Han copiado lo peor de un pensamiento que en sus inicios fue progresista. Los fundadores lucharon por romper las cadenas de las servidumbres humanas. Los liberales clásicos consideraron que el bienestar de la humanidad tiene como premisa la liberación de las fuerzas espontáneas de la sociedad para poner fin a las ataduras de la superstición y el fanatismo religioso. Por eso el Vaticano anatematizó el liberalismo como pecado mortal. Ahora los neocon rompen con esa corriente intelectual, distorsionan el significado tradicional y académico de los vocablos y someten sus principios a un utilitarismo ramplón y meramente mercantil. El fanatismo económico ha ocupado en la sociedad laica el lugar dejado por el fanatismo religioso.

Pocas expresiones han sido tan invocadas en vano en el santuario de la democracia como la palabra «libertad»: en nombre de la libertad de los mares las naves de las grandes potencias ejercieron la piratería; en nombre de la libertad de mercado se han enriquecido con la compraventa de esclavos; en nombre de la liberación de América se han impuesto dictaduras, se ha practicado el terrorismo de Estado y se han apropiado de las riquezas de los países más débiles del nuevo continente; en nombre de la libertad política han masacrado al pueblo iraquí. A la entrada del campo de exterminio nazi de Auschwitz colocaron un gran cartel que rezaba: «El trabajo libera.» Una broma de pésimo gusto que revela hasta qué extremos es capaz de llegar el cinismo de ciertos dirigentes con tal de camuflar una verdad tan incómoda para ellos como escandalosa para la civilización.

Con la finalidad de despejar dudas y encontrar soluciones válidas a nuestros problemas debemos referirlos a la existencia, ya que la vida es la realidad radical en la que todas las demás tienen ineludiblemente que aparecer. La gran paradoja metafísica condena al hombre a ser forzosamente libre. Al principio cuesta creer que una libertad pueda ser impuesta. Pero en cada instante tenemos que optar por lo que vamos a hacer, es decir, a ser, en el momento siguiente. Somos lo que hacemos. Nadie puede eximirnos de esta tremenda responsabilidad. Toda biografía se resuelve en una continua sucesión de decisiones voluntarias unificadas en torno a una conciencia común. Por eso la libertad deviene un elemento esencial de nuestra identidad constitutiva; por eso forma parte de la esencia del hombre: ser hombre, en el sentido último de la palabra, significa ser libre. Pero el hombre, animal social por naturaleza, está limitado por la libertad de los otros conciudadanos. El disfrute de nuestros derechos termina allí donde comienzan los derechos de los demás. Son verdades tan elementales como básicas para la existencia de una convivencia realmente democrática.

La libertad, para los políticos neoliberales, es la libertad primaria de elegir dentro de un sistema de mercado: libertad de los empresarios para competir en la producción de bienes y servicios, libertad de los consumidores de optar entre las mercancías ofrecidas, libertad de los trabajadores para contratar con sus empleadores las condiciones laborales, libertad de las entidades financieras para conceder préstamos y cobrar intereses, en realidad, libertad para vender, enriquecerse y explotar los más fuertes económicamente a los más débiles. Como aclara Edward Luttwat «lo que en realidad quieren decir es empresas privadas sin control del Gobierno, sin trabas de los sindicatos, sin preocupaciones por la suerte de sus empleados, sin restricciones de ningún tipo y pagando tan pocos impuestos como sea posible». Este concepto puramente mercantilista de la libertad no suscita, como es natural, ningún entusiasmo entre las clases populares, preocupadas prioritariamente por otras conquistas sociales que le permitar superar su dependencia y sumisión. De esta postura deduce Lipset que, a igualdad de las restantes condicionantes, la clase trabajadora constituye la mayor amenaza para la libertad. Nadie ama un tipo de libertad que le oprime y explota. Los estómagos vacios no se llenan con frases rimbombantes; ni se edifican viviendas a los sin techo con construcciones gramaticales; ni con tertulianos que, en vez de utilizar el pico y la pala, discuten sobre el sexo de los ángeles políticos. Las clases económicamente débiles aman la libertad que libera, no la que ahoga sus esperanzas.

Partiendo de esta actitud, los neoconservadores consideran como el peor peligro para el actual modelo de democracia la llamada «tiranía de las mayorías». Son las elites las encargadas de custodiar y defender los valores democráticos. Por eso no pretenden ampliar la participación o profundizar en el sistema democrático, sino apuntalar el orden existente. Los «excesos de democracia» impiden a las elites actuar a su antojo. La abstención en los comicios, lejos de ser un defecto de la democracia participativa, se convierte en una virtud en la lógica del discurso neoliberal.Ya Giovanni Sartori, ahondando en el problema, consideró que el principal enemigo de la democracia actual es la propia democracia, por lo que su supervivencia depende de la eficacia de los frenos puestos a la participación popular. Hay que evitar, según las doctrinas elitistas, el avance de los valores populares, basados en recelos contra las minorías privilegiadas y afanes igualitarios contrarios a las exigencias de la realidad.

Pero la libertad política dentro de un sistema democrático trasciende de los valores mercantiles ya que persigue elevar al súbdito a la condición de ciudadano capaz de decidir el destino colectivo de la comunidad a la que pertenece. La palabra «libertad» tiene también una dimensión esencialmente personal e individual que afecta a nuestra propia identidad. Libertad, en síntesis, consiste en la capacidad del ser humano para la elección autónoma de los fines y de los medios que considera más adecuados para alcanzarlos. Toda persona lucha en la vida por su autorrealización plena, tanto material como espiritual. Persigue su liberación económica, política y social. Solamente somos responsables de nuestros actos en cuanto somos libres en nuestras decisiones.

A la comunidad política democrática corresponde crear las condiciones para que los miembros de la sociedad puedan desarrollar con la máxima independencia posible sus tendencias vitales hasta llegar a ser lo que potencialmente ya son. No bastan las proclamaciones solemnes, sino que hay que operar sobre la realidad, en muchas ocasiones hostil, para superar obstáculos y desigualdades hasta dar a todos las mismas oportunidades. Frente a la libertad negativa como mera ausencia de coacción, subraya Alain Touraine la «libertad positiva» como necesidad de «proporcionar a las gentes que están sometidas y son dependientes, la capacidad para obrar libremente, de discutir en igualdad de derechos y garantías con los que poseen recursos económicos, políticos y culturales». La libertad no nace de la pasividad estatal, de la ausencia de normas. Conviene recordar a los entusiastas de las desregulaciones que el hombre también es libre cuando obedece a las leyes que él mismo se ha dado a través de representantes elegidos democráticamente. Un mundo sin normas es un mundo entregado al capricho de los más fuertes y déspotas.

En el núcleo central del sistema de libertades se encuentra la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de información y la libertad de expresión, condiciones inexcusables para que el ser humano pueda autodeterminarse y realizar su vocación, consumando el proyecto vital en que se resuelve cada existencia. El desarrollo de estas posibilidades tiene como precondición el derecho a un sistema educativo público, gratuito y cualificado, accesible a todos los niños desde los primeros años. La libertad de expresión, en sentido riguroso, no puede ejercitarse por quienes no tienen ideas propias que expresar, ni quienes carecen de la mínima independencia económica. Tal como denuncia acertadamente Gerard Filoche, «los asalariados deben callarse porque tienen el cuchillo del desempleo en su garganta». ¿Para qué sirve a los analfabetos la libertad de imprenta? No pueden reducirse las relaciones humanas, tal como pretenden los neoliberales, a intercambios comerciales egoístas e interesados; ni es admisible valorar la necesaria defensa de los derechos humanos en términos de costes-beneficios. El modelo de hombre de la nueva sociedad neoliberal es el del productor-consumidor que transcurre su existencia calculando pérdidas y ganancias para incrementar lo más posible su fortuna personal, sin importarle la miseria generada por su comportamiento. Jamás la condición humana ha alcanzado niveles tan rastreros y materialistas como los concebidos en la mente de los dirigentes del nuevo orden internacional.

También la igualdad teórica exigida por la democracia se rompe por el protagonismo del dinero en la nueva sociedad. El disfrute de los derechos humanos y las libertades se encuentra en la actualidad en relación directa con la riqueza disponible. La aristocracia del dinero ocupa la posición social privilegiada e injusta que bajo las viejas monarquías disfrutaron los nobles de horca y cuchillo. La libertad, para el consumidor corriente y moliente, se reduce a la facultad de escoger entre los bienes y servicios que oferta el mercado, siempre que se encuentren al alcance de su bolsillo. Han profanado uno de los recintos más sagrados de la democracia. A los neoconservadores solamente les preocupan las libertades humanas cuando consideran en peligro la más importante para ellos: la libertad de enriquecerse y explotar a los más necesitados. Pero no les basta con esto. También desean apropiarse del significado de las palabras. Pretenden solucionar los problemas cambiando el nombre de las cosas. Saben que quien domina el lenguaje domina también el pensamiento. Semejantes actitudes pueden aplicarse a todos los gobernantes del planeta dominados por el egoísmo mercantil, quienes proclaman a voz en grito que en el mundo contemporáneo no existen diferencias entre las distintas opciones políticas porque todas están sometidas a las mismas leyes económicas. Esta corriente reaccionaria lleva años realizando denodados esfuerzos por enterrar las ideologías tradicionales en el cementerio del dinero, pero nunca estuvieron tan cerca de lograrlo como ahora.

La gran amenaza contra la democracia no reside en la escandalosa legalización de las torturas y los tratos inhumanos; ni en la justificación de las guerras de agresión, «uno de los más graves crímenes internacionales, porque en él se comprenden todos los demás», según sentenció el Tribunal de Nuremberg que juzgó los crímenes nazis; ni en la pobreza extrema de más de un tercio de la humanidad; ni en las agresiones a la naturaleza; ni en el rimbombante y falso choque de las civilizaciones, cuando quienes se enfrentan en realidad son las inculturas y los fanatismos; ni en que la mayoría de los enfermos del sida carezcan de medicamentos para tratar su enfermedad; ni en la generalización del paro y la precariedad laboral; ni en la impunidad con que se violan las leyes del derecho de gentes...Todas estas situaciones dramáticas son meros síntomas de una enfermedad más grave, profunda y trascendente que deteriora la salud de la convivencia pacífica entre los seres humanos y puebla de tormentas de violencia el cielo de nuestro futuro.

Urge encontrar explicaciones a esta irracional situación. No se soluciona con parches o remedios ocasionales. Para comprender la naturaleza de los fenómenos sociales resulta útil recurrir a las analogías que presentan con el funcionamiento orgánico de los seres vivos. En las unidades biológicas diferenciadas el todo y las partes se condicionan y complementan. La naturaleza del conjunto depende de la naturaleza de sus elementos constitutivos, y a la inversa. Por otra parte, todos los sistemas biológicos están dotados de mecanismos de autodefensa que reaccionan automáticamente contra los anticuerpos que amenazan su salud. Lo mismo sucede en el orden económico. El universo neoliberal rechaza radicalmente cualquier postura ideológica o científica que perturbe su desarrollo. Se producen reacciones tan instintivas como demoledoras contra los trasgresores de los principios de su funcionamiento.

Frente a los teóricos que identifican democracia y mercado, conviene recordar que la organización democrática es incompatible con el protagonismo político y social de las empresas multinacionales, ya que éstas necesitan de una fuerte estructura jerárquica para mantener la indispensable disciplina laboral y coordinar los esfuerzos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. El gran empresario para dirigir con éxito su negocio debe ser libre a la hora de tomar sus decisiones y actuar movido solamente por el ánimo de lucro. El empleado corriente y moliente es un simple y frío dato contable. En resumen, la organización y el funcionamiento del sistema económico impone al ejecutivo responsable ejercer de auténtico dictador. El gran capital no tiene alma. Por eso no cabe identificar democracia y un sistema de gobierno al servicio de empresas de semejante naturaleza, tal como pontifican los supuestos sabios neoliberales. Nadie da lo que no tiene. Con materiales de construcción autoritarios no puede levantarse ningún edificio democrático, exactamente igual que con ladrillos no puedes construir una casa de piedra por mucho que agudices tu ingenio. Mientras las distintas asociaciones que forman el tejido social y económico no se rijan de acuerdo con los valores democráticos no existirá democracia en el sentido riguroso de la acepción por más que la propaganda interesada se esfuerce en sostener lo contrario. John Dewey, uno de los filósofos sociales más importante del siglo xx, subrayó que hasta que la democracia industrial no sustituya al feudalismo industrial las grandes corporaciones económicas seguirán dominando nuestra sociedad.

Como reconoció hace años Berle, «la gran empresa es ahora, en lo esencial, una institución política no estatal», ya que sus decisiones afectan a parcelas importantes de la vida del ser humano. «Si quiere ser realista el politicólogo —escribe Peter Bachrach— debe reconocer el carácter político de grandes ámbitos dentro de los llamados centros privados de poder que hoy existen, y admitir en consecuencia que están potencialmente abiertos a una vasta y democrática participación en la toma de decisiones.»⁹ Estas consideraciones cobran una especial relevancia en el actual nivel histórico. Pero las omnipresentes multinacionales, a pesar de su indudable protagonismo político, se oponen tenazmente a la aplicación de los principios democráticos a su compleja organización. En vez de politizar, en el sentido más riguroso y democrático de la acepción, los centros privados de poder, se está privatizando la vida pública.

Tampoco podemos olvidar la importancia de la organización del trabajo en el desarrollo de la personalidad, por lo que no puede regirse por criterios meramente mercantilistas. Cada vez las plantas industriales están más alejadas de los centros donde se toman las grandes resoluciones que afectan decisivamente a la vida de los empleados. No se debe desamparar a los trabajadores dejando sometida su condición a los caprichos del libre juego de los particulares egoismos, a fórmulas matemáticas frías y deshumanizadas. El derecho a un puesto de trabajo es determinante para una existencia digna y responsable. Como destaca Robert A. Dahl, «el trabajo ocupa un lugar central en la vida de la mayoría de la gente y le insume más tiempo que cualquier otra actividad, afectando, de forma decisiva, su ingreso, consumo, ahorro, posición social, amistades, tiempo de ocio, vida familiar, autoestima, modo en que pasará la vejez, sentido de la realización personal y bienestar, libertad y desarrollo, autodeterminación y otros intereses y valores decisivos». El hombre pasa la mayor parte de su existencia en la empresa donde presta sus servicios por cuenta ajena. El trabajo rutinario anula la personalidad; la falta de trabajo suficientemente remunerado fomenta la exclusión social. Quien no participa activamente en las condiciones en las que se desarrolla su vida laboral no controla una de las parcelas más importantes de su existencia; no es ciudadano, sino siervo. El trabajo asalariado se realiza mayoritariamente en el seno de empresas en las que el empleado carece de voz y voto en cuestiones que afectan directamente a su condición humana. Esta característica no es fruto del libre albedrío empresarial, sino una exigencia derivada de la propia naturaleza del orden económico neoliberal que influye decisivamente en todas las actividades mercantiles y sociales.

En el panorama laboral contemporáneo, por otra parte, domina una falta de estabilidad en el empleo, fuente de angustias e incertidumbres traumáticas entre los trabajadores por cuenta ajena. El progreso real de la sociedad es incompatible con el deterioro de las condiciones laborales. Cada vez abundan más los desequilibrios psicológicos. Otro problema grave es la ausencia de medidas de seguridad en el trabajo con el lucrativo objetivo de ahorrar costes. «La violencia laboral —denuncia Díaz Salazar— destruye en España más vidas que el terrorismo y la violencia doméstica.» Cada día mueren en nuestro país, según las últimas estadísticas, cuatro trabajadores víctimas de un accidente laboral; otros miles sufren mutilaciones permanentes. Prejubilados, ilegales sin papeles o dedicados al trabajo sumergido, subcontratados y trabajadores en precario van engrosando cada vez más las filas de los excluidos sociales. Un aspecto más de las consecuencias de la colonización mercantil a que están sometidos los derechos humanos fundamentales.

Todas estas servidumbres derivadas de la estructura de la empresa capitalista en el mercado global se agravan todavía más por las exigencias de la competencia internacional y el desarme de los aranceles aduaneros. La deslocalización de industrias hacia emplazamientos en países con una legislación social menos avanzada ha atacado directamente la regulación de las condiciones de trabajo. Francia y Alemania habían iniciado ya con notable éxito la jornada de 35 horas semanales, consecuencia lógica del incremento de la productividad gracias a los avances tecnológicos y la necesidad de repartir el trabajo entre los desempleados. Recientemente, con la finalidad de evitar el desmantelamiento de las empresas más importantes, los trabajadores han sido forzados a pactar reducciones salariales y a prolongar su jornada laboral. Sin embargo, todos estos sacrificios solamente sirven para paliar los efectos a corto plazo, ya que los problemas son estructurales y hunden sus raíces en la propia naturaleza del sistema económico impuesto por los líderes de la globalización.

Pero la gran crisis no afecta solamente a la duración de la jornada laboral. Todas las conquistas sociales incorporadas a los textos constitucionales se están subordinando descaradamente a las supuestas exigencias del mercado universal, produciendo modificaciones substanciales en las condiciones del trabajo: se impone la moderación salarial, se alivia la carga social de las empresas, se incrementa la duración de la jornada laboral, se facilita el despido y la precariedad. Los doctores económicos diagnostican que las «rígidas estructuras salariales» y la «generosidad» de las políticas sociales son las causantes de la crisis y del paro padecido por los trabajadores. Pero silencian arteramente que son los países europeos con políticas sociales más avanzadas e igualitarias los que precisamente tienen menos tasas de desempleo. Por el contrario, los más afectados por la desocupación son aquellos con sistemas de protección más débiles, empezando por nuestro país, junto con Grecia y Portugal.

El hombre no es una computadora que calcula con precisión ganancias y pérdidas marginales para maximizar los beneficios netos, como consideran los economistas orgánicos al servicio del poder, sino un ciudadano con unas metas y unos valores que trascienden el universo económico. La política está concebida para organizar la convivencia entre seres humanos, no entre simples consumistas de bienes y servicios. La corrección de las lacerantes desigualdades, que contribuye a lograr la igualdad política, no entra en los cálculos del mercado, es otra externalidad más. Por el contrario, el simple funcionamiento libre del mercado multiplica y acentúa los desniveles económicos y sociales. Igualdad política significa que las posibilidades de acceso al poder estén equitativamente distribuidas entre los ciudadanos, objetivo prácticamente inalcanzable en los actuales niveles de desigualdad de rentas y beneficios. No bastan los procedimientos legales ni las solemnes proclamaciones constitucionales para el cumplimiento de esta exigencia básica de la democracia. Los recursos deben distribuirse entre los miembros de la comunidad de manera que optimicen la igualdad política gracias a un paralelo equilibrio económico. Es un requisito inexcusable si se desea realmente profundizar en la democracia, mejorar su funcionamiento.

Un capitalismo global alentador de los genes egoístas del ser humano y que utiliza como energía motriz el ánimo de lucro exige que todos los agentes económicos respondan a estas características. Las empresas deseosas de triunfar vienen obligadas a actuar según los cánones egoístas, del mismo modo que quien desea mantenerse a flote en aguas profundas está obligado a nadar. Dentro del sistema capitalista global el éxito solamente se alcanza respondiendo a los mecanismos psicológicos y económicos que inspiran su funcionamiento. Las actuales sociedades mercantiles, asociaciones e incluso los partidos políticos, como todos los organismos vivos, tienen que adaptarse al medio para sobrevivir. Es una ley de biología social ineludible. En el código genético de la globalización domina la agresividad desprovista de cualquier sentido ético. Si un empresario antepone criterios de justicia social a la búsqueda del máximo beneficio cuando toma decisiones está condenado al fracaso. Los mayores laureles de la gloria económica están reservados a los explotadores y gentes sin escrúpulos, salvo raras excepciones. La mayoría de los honrados y generosos, desgraciadamente, son condenados al infierno de la quiebra. No es casualidad que las actividades más rentables en el mercado actual sean el narcotráfico, la trata de blancas, la prostitución de menores y la venta de armas. Los negocios carecen de conciencia, se rigen por la egoísta ética que persigue como meta el máximo lucro posible, sin regatear recursos ni esfuerzos. Esta lógica mercantil contagia todo tipo de actividades, incluso al sector de medios de comunicación y al mundo de la cultura.

Pretender utilizar el egoísmo como ingrediente solidificador del tejido social constituye un contrasentido, un descomunal disparate. La naturaleza humana no es químicamente pura, sino compleja y dotada de tendencias contradictorias. A los poderes públicos corresponde alentar y promover la realización de aquellos valores que contribuyen a la solidaridad entre las personas y a la convivencia pacífica entre los pueblos, base de toda democracia. Para alcanzar «la mayor felicidad del mayor número posible de ciudadanos», fin del buen gobierno, la búsqueda del bien general debe prevalecer sobre los intereses particulares. Si nos moviéramos exclusivamente a impulsos de nuestro egoísmo sería completamente imposible el funcionamiento de la sociedad. Para Hobbes es precisamente la conversión del egoísmo personal en «egoísmo colectivo» lo que permite la armonía social. Las profundas alteraciones del equilibrio entre poder público y poder privado, a favor de este último, socavan los cimientos y resquebrajan las estructuras de nuestra civilización política. El hombre económico neoliberal sigue siendo un lobo para sus semejantes. La codicia nunca puede llegar a ser un factor de cohesión social por mucho que retorzamos los argumentos a favor de tan disparatada tesis. El neoliberalismo estimula y magnifica los más bajos apetitos del ser humano: la insolidaridad, la explotación de nuestros semejantes, el enriquecimiento por el enriquecimiento y el despilfarro consumista del mundo rico rodeado por un paisaje de hambre, entre otras evidentes perversidades.

Al dar prioridad a la técnica económica sobre las decisiones políticas se está corrompiendo y despojando a la actividad pública de contenido social y democrático. Los partidos políticos, como las empresas, también tienen que funcionar en los sistemas de libre mercado con estrategias puramente capitalistas. Son organizaciones destinadas a conseguir votos. Venden a sus candidatos con la misma técnica que las grandes empresas comercializan automóviles, bebidas refrescantes, ordenadores y electrodomésticos. Los mensajes publicitarios han desalojado del lugar preferente que ocupaban a los discursos políticos; la cultura de la imagen, al programa ideológico; el impacto emocional, a la reflexión. En el altar político se ha entronizado también el arte del buen vender. Si se fracasa en una campaña electoral se atribuye a que no se ha sabido «vender bien» el candidato o el programa. Francisco Frutos, uno de los líderes de la izquierda española, atribuyó el declive de su formación en las elecciones de 2004 a que «la sección de ventas y el jefe de ventas no sólo no son capaces de aumentar las ventas, sino que las disminuyen».¹⁰ Como toda empresa, los partidos necesitan de capital financiero y liquidez monetaria para funcionar. El dinero constituye un instrumento indispensable para alcanzar el éxito electoral en las democracias de mercado. Las cuotas abonadas por los afiliados y las subvenciones públicas se invierten totalmente en los engranajes administrativos. Las donaciones económicas y los apoyos financieros son indispensables para el éxito de las campañas electorales. A más fondos disponibles, mayores posibilidades de triunfo. Quien está a cuatro velas solamente logrará cuatro votos.

El horizonte económico también domina el paisaje político. Todos los partidos adeudan cantidades millonarias a los Bancos. Las entidades financieras españolas les han condonado deudas importantes y han hecho la vista gorda con créditos ya vencidos. La gran banca perdona los intereses pero mantiene la deuda de capital para garantizar una cierta dependencia. En su contabilidad no consideran las deudas impagadas como pérdidas, sino como inversiones negociadas. La ejecución de los créditos provocaría la quiebra de la mayoría de las organizaciones políticas. Un dato muy importante para comprender quién tiene realmente las riendas del poder. El gran capital realiza las inversiones pensando en rentabilizarlas mediante la promulgación de disposiciones favorables a sus intereses cuando sus patrocinados alcanzan el poder. Al menos, frenando las reformas en profundidad del actual statu quo. A nadie se le ocurre ahora pedir la nacionalización de la gran banca, ni realizar modificaciones profundas en el sistema actual, tal como prometían la mayoría de los programas políticos en el ilusionado e ingenuo amanecer de la transición.¹¹ Pero la situación no es exclusiva de nuestro país, sino que el problema afecta a todas las democracias occidentales. En algunas incluso de un modo más directo y público. Desde la infancia nos han educado en que nadie debe morder la mano que nos da de comer, a no ser que se esté dispuesto a pasar hambre y hacérsela pasar a quienes dependen de nuestros ingresos. Los partidos políticos no son precisamente la excepción a la regla general. Estos condicionamientos afectan a la esencia misma de la democracia y constituyen, como es natural, un excelente caldo de cultivo de la corrupción.

Se ha atribuido el crepúsculo ideológico de los grandes partidos de la izquierda europea a la caída del muro de Berlín, cuando hacía tiempo que los más reivindicativos y radicales se habían desmarcado del régimen soviético, abrazado el eurocomunismo y aceptado las reglas de juego de la democracia liberal. Con las piedras del muro germano las clases conservadoras han organizado una gran intifada contra todas las ideologías progresistas. Los analistas se olvidan deliberadamente que en el sistema actual no hay espacio para los cambios que impliquen un nuevo reparto del poder. Desde que el mundo es mundo han existido dictaduras de derechas, en ocasiones más sangrientas y totalitarias, y su caída no ha arrastrado a las ideologías conservadoras. Se han personalizado los fracasos en los errores de determinados dirigentes conservadores, con objeto de preservar las ideologías. Los mismos que han apoyado a los tiranos y se han enriquecido con su gestión son quienes, cuando los gobernantes caen en desgracia, se escandalizan y los condenan. Aquellos que sirvieron dócilmente a la dictadura franquista y sus herederos ideológicos se han convertido ahora milagrosamente en patriotas constitucionales. Los dictadores serviles al poder del dinero son considerados como políticos de usar y tirar en el pozo del olvido cuando han dejado de ser necesarios.

En la coyuntura actual, bajo formas aparentemente tolerantes y pseudoliberales se disimula la concentración de poder más eficaz y dominadora conocida. Los partidos realmente de izquierdas son los que menos apoyos económicos reciben en todo el mundo occidental, consecuencia lógica de defender posiciones que favorecen a los sectores más desamparados de nuestra sociedad y perjudican a quienes disfrutan de una posición de privilegio. Poco pueden dar quienes no tienen sus necesidades elementales suficientemente cubiertas, con sueldos que no le alcanzan para llegar a fin de mes.¹² Para sobrevivir las ideologías socialistas y socialdemócratas deben deslizarse por terceras vías encarriladas hacia el sistema económico útil a las grandes multinacionales. El sociólogo Ignacio Sotelo destaca que los actuales partidos socialistas «ya tan sólo no debaten el modo de superar el capitalismo, es que ni se plantean estrategias para corregirlo». Semejante actitud no es fruto de decisiones caprichosas de sus líderes. En la mayoría de las ocasiones se ven obligados a decidir en contra de sus convicciones más profundas. W. Korpi denunció la «existencia de límites reales a los que un gobierno socialdemócrata puede hacer y al tipo de política que puede realizar, límites que vienen trazados por la empresa privada capitalista como sistema». Así la socialización de empresas de un determinado sector frenará la inversión privada en ese tipo de actividades y se pondrá en peligro su desarrollo; no se puede realizar una política de justicia distributiva nivelando ingresos y rentas sin afectar al beneficio privado, razón de ser de la actividad empresarial; no pueden controlar las corrientes monetarias sin una respuesta hostil de las agencias financieras internacionales; si se incrementa la presión impositiva, los empresarios emigrarán hacia climas fiscales más benignos; tampoco pueden aumentarse los gastos sociales sin que se produzca la huida de empresas en busca de menores costes laborales. Bajo el actual modelo económico, sostiene Rocard, «si la izquierda realiza una política realmente de izquierdas daría el control del poder de los gobiernos a la derecha». Como subrayó el profesor Oskar Lange: «un sistema económico basado en la empresa privada solamente puede funcionar mientras persista la seguridad sobre el mantenimiento del modelo y de los beneficios de las inversiones». La simple presencia de un gobierno dispuesto a realizar reformas en profundidad supone la quiebra de dicha seguridad y una amenaza para el desarrollo cuantitativo. Por eso los partidos socialistas no solamente han tenido que enterrar a Marx, sino que han olvidado intencionadamente la lección magistral de Keynes cuando enseñó que la redistribución de la renta era una de las medidas esenciales para alcanzar un desarrollo económico equilibrado y justo.

El control de los «puntos claves» de la organización por la oligarquía multinacional garantiza una tenaz y efectiva resistencia a cualquier decisión política que recorte sus privilegios o afecte a su posición dominante en el mercado global. Los partidos de izquierdas solamente pueden alcanzar el poder si garantizan la continuidad de la situación actual, es decir, si renuncian a su programa ideológico. Pero el seísmo neoconservador que ha conmocionado los cimientos del edificio político ha tornado incompatible el vigente modelo de dominio total, no solamente con las ideologías izquierdistas, sino también con cualquier intento de mejorar la democracia para hacer realidad lo reconocido solemnemente por la declaración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de las Naciones Unidas. No se necesitan investigaciones sociológicas muy profundas para comprender las causas del trance agonizante en que se encuentran las posturas progresistas y los valores de la democracia real. Estamos sometidos a una auténtica dictadura neoliberal. Los partidos, como las personas, no pueden eludir la tiranía impuesta por sus necesidades económicas y los condicionantes sociales.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, líder conservador británico, anunció que el nuevo orden mundial se confiaría a las «naciones satisfechas», ya que «sería peligroso que el gobierno del mundo estuviera en manos de las naciones pobres». Se podría aclarar el verdadero alcance de la frase subrayando que el poder se entregaría a los ricos de las naciones ricas y se marginaría del poder a todos los pobres, independientemente de su nacionalidad. Es una constante en la historia de la resistencia a la democracia. En 1820, hace casi dos siglos, el pensador liberal James Mill escribió: «creemos que el negocio del Gobierno es, y debe ser, el negocio de los ricos, los cuales siempre lo obtendrán, por las buenas o por la fuerza; si lo obtienen por las buenas, será bueno; si lo consiguen por las malas, malo». Su recomendación ha sido seguida a escala planetaria. El miedo de las oligarquías a la auténtica democracia, a la soberanía de la mayoría de los ciudadanos, los «incompetentes» según calificación de los intelectuales elitistas, se exteriorizó ya en las primeras reflexiones de la ciencia política y se practicó constantemente por los detentadores del poder. Ahora, con la globalización, se está consumando el gran genocidio democrático. A juicio de Paul Samuelson, «el Estado, en la actualidad, está muy cerca de ser el comité ejecutivo de una gran organización: estabiliza la demanda, asegura o socializa la investigación tecnológica cara o arriesgada, refleja la voluntad de esa gran organización en las inversiones públicas, proporciona personal humano cualificado o, en todo caso, estabiliza los parámetros». Ha triunfado plenamente la dictadura de las multinacionales. Dominan las poderosas fuerzas económicas con su ejército invencible de grandes corporaciones empresariales cuyos tentáculos se extienden por los cinco continentes. El simple funcionamiento del modelo democrático neoliberal conduce a la entrega de un poder sin controles a la elite económica, con la misma fatalidad que los ríos caudalosos van a desembocar sus aguas en la mar oceánica. Todos los politicólogos contemporáneos reconocen que las más trascendentales medidas políticas, económicas y sociales son decididas por minorías muy reducidas. Dentro de esta especie de santísima trinidad laica y elitista del poder dominante, el auténtico dios-padre lo encarna el dinero. Pero el problema no radica solamente en esta realidad, sino en la difusión de un catecismo económico supuestamente científico para convencer al ciudadano corriente y moliente de que las cosas no pueden ser de otra manera, ya que atribuyen a las leyes neoliberales la misma fatalidad que a las ciegas fuerzas de la madre naturaleza.

Tal como denuncia Benjamin Ginsberg, se han exaltado y difundido los mecanismos del mercado «para ahogar las perspectivas y concepciones de carácter popular». En las estructuras socioeconómicas actuales existen condicionantes que anulan la fuerza legitimadora de los deseos mayoritarios de los votantes libremente contabilizados en las urnas electorales. Tal como razonó John Stuart Mill, el hombre que no participa en los asuntos políticos de su interés ve agostadas sus capacidades intelectuales y morales, limitados y fustrados sus sentimientos. Criticaba el filósofo liberal la pasividad de sus conciudadanos a la hora de gestionar los negocios públicos, pero bajo la actual estructura de dominio resulta imposible una participación activa y responsable del pueblo dado el alejamiento y dispersión de los centros donde se gestionan las decisiones más trascendentales. Quienes no participan no son ciudadanos sino siervos. La teoría democrática no solamente valora la política en función de los resultados alcanzados sino también en el grado de participación del ciudadano en los procesos de toma de decisiones. El ideal democrático persigue el máximo desarrollo de las potencialidades individuales en interés del bienestar colectivo. Para lograr la madurez personal es indispensable la participación. Pero las elites gobernantes se alejan cada vez más del hombre de la calle, del ciudadano corriente que se esfuerza por sobrevivir. Consideran a las masas como radicalmente incompetentes, como una materia fácilmente maleable, susceptible de ser hinoptizada por una propaganda tan sugestiva como engañosa.

La concentración a escala planetaria del poder permite a un número reducido de selectos adoptar medidas económicas trascendentales y controlar los resortes claves de las estructuras de dominación política. Estos personajes, situados en la cúspide de las organizaciones internacionales y de las macroempresas, ponen los cinco sentidos en defender un sistema que les proporciona poder y una alta posición social. Nadie renuncia voluntariamente a sus prebendas. Sobre todo cuando en la vigente escala de valores se prima el egoísmo sobre la solidaridad. En una sociedad realmente democrática quienes toman las decisiones deben ser responsables ante los afectados por ellas. Las elites contemporáneas, sin embargo, solamente responden ante sí mismas. Una cartacterística compartida por todas las tiranías.

Existe un evidente desiquibrio en la lucha por el poder. El pueblo, constitucionalmente soberano, se encuentra fragmentado y dividido, socialmente invertebrado; las elites, por el contrario, organizadas y unificadas en torno a objetivos solidariamente compartidos; mientras el pueblo, debido a su incapacidad manifiesta para modificar la situación, se ha vuelto pasivo y dócil, las elites son activas y beligerantes contra el menor asomo de cambio. El panorama se agrava todavía más por la desactivación de las fuerzas sindicales, divididas entre trabajadores atenazados por el miedo a perder su empleo y la legión de desocupados protagonistas de una huelga tan forzosa como inocua. En la representación de la gran farsa democrática global al pueblo le han asignado un papel de mera comparsa.

Se ha logrado la cuadratura del círculo político al hacer prácticamente compatibles la libertad y la dictadura mediante una descarada manipulación dialéctica. La supuesta defensa de la libertad, paradójicamente, se ha transformado en una eficaz falacia para someter la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, para imponer una tiranía global. Les sobra razón a los politicólogos elitistas cuando sostienen que el peor enemigo para esta democracia es la propia democracia, lo que equivale a decir una perogrullada: el enemigo más peligroso contra la pseudodemocracia que quieren imponer urbi et orbi es la auténtica democracia.

Notas

1 Kissinger, Henri: Diplomacia, Ediciones B, Barcelona, 1999.

2 Martín Seco, Francisco: «La pesadilla europea». El Mundo, 14 de julio de 1995.

3 E. Hoffman, David: Los oligarcas. Poder y dinero en Rusia. Editorial Mondadori, Barcelona, 2003.

4 Fisk, Robert: The Independent, 1 de octubre de 2001.

5 Stiglitz, Joseph. E.: Los felices 90. La semilla de la destrucción. Ediciones Generales S. L., Madrid, 2003.

6 Weeks, John: Paradigmas radicales de la economía. Editorial Anagrama, Barcelona, 1979.

7 Sapir, Jacques: Les économistes contre la democratie. Bibliothèque Albin Michel, París, 2002.

8 George, Susan: Informe Lugano. Icaria, S. A., Barcelona, 2001.

9 Bachrach, Meter: Crítica a la teoría elitista de la democracia. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1976.

10 El País, 29 de junio de 2004.

11 En la presentación de los programas de los partidos políticos en mayo de 1976 en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona Miguel Boyer, en nombre del PSOE, anunció que su partido consideraba indispensable la «nacionalización de la gran banca» como medida necesaria para «controlar la política económica»; Fernández Ordóñez (FDS) prometió reformas profundas en el sistema financiero; Manuel Azcárate (PCE) señaló entre otros objetivos «proceder a la nacionalización de la banca»; Sánchez Ayuso (PSP) consideró prioritario «la nacionalización de las principales instituciones financieras, y, en concreto, la banca»; otros, como Nazario Aguado, fueron más radicales en la política de las nacionalizaciones.

12 En España, según datos del último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, el Partido Popular recibió 3,2 millones de euros en donativos privados, de los que la mayoría —2,5— fueron anónimos; CIU, la coalición nacionalista de la derecha catalana, 3,4 millones; el Partido Nacionalista Vasco, 1,4 millones; el PSOE, el partido de la izquierda más votado solamente 325.000 euros. Entre todos los partidos de la izquierda parlamentaria no recibieron tanto dinero como el partido de la derecha que recaudó menos.