El 18 de julio de 1936, el Gobierno de la Segunda República se dirigió a los españoles a través de la radio para anunciar la rebelión del Ejército en Marruecos. Eran las ocho y media de la mañana. Aunque la nota intentaba transmitir calma y normalidad, la vida de todo un país se detuvo entre tiros y rumores. Después de meses conspirando, los principales mandos militares se sublevaron por toda España. Un caluroso sábado de julio se convirtió en una frenética sucesión de horas, dudas, traiciones y muerte. El golpe no triunfó, pero debilitó al Estado republicano y desencadenó la revolución que decía querer evitar. El mapa se rompió en dos. Comenzaba la Guerra Civil.

Pilar Mera Costas

18 de julio de 1936 - El día que empezó la Guerra Civil

La España del siglo XX en siete días - 3

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Titivillus 03.03.2022

Pilar Mera Costas, 2021

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Prólogo

Un sábado de julio

Diez de la noche. Las campanas de la iglesia de Alcabre resuenan en el silencio de los caminos donde sólo se escucha el rumor de los grillos. Menos mal que se ha levantado una brisa suave y la temperatura empieza a aflojar, porque el día ha sido abrasador. ¡Qué julio más bueno el de este verano! Pero mejor que se haya levantado un poco de aire, porque con las carreras que lleva iba a llegar sudorosa y acalorada. Tendría que haber salido antes de casa, pero se estaba tan bien leyendo al sol… Y luego tenía que arreglarse y el dichoso pelo siempre se rebela cuando tiene prisa. El vestido bonito, polvos blancos y un toque de carmín. ¡Por fin es sábado!

La verdad es que menuda semana lleva. Todavía no le ha dado tiempo de recuperarse de las fiestas del Carmen y ya están aquí las de Bouzas. Todo el mundo dice que son las mejores y eso le pareció el año pasado, aunque todavía estaba aterrizando y no era como ahora, que ya se ha hecho con su plaza, con las niñas y con el lugar. Aunque, qué pena que coincidan con las fiestas de Santa Marina, porque la maestra de Candeán las pone por las nubes. Pero le quedaba demasiado lejos y no podía perderse lo de hoy. Pilar ha quedado con sus amigas, casi todas maestras como ella. La Sociedad Cultural Deportiva de Bouzas ha montado una verbena en la terraza del Maravillas y va a tocar toda la noche la orquesta del maestro Capellanes, que se sabe todas las modernas. Y al parecer lo han llenado por completo de luces y está precioso. ¡Qué ganas de bailar! Y Pilar cierra los ojos y tararea dando una vuelta saltarina, antes de enfilar cuesta abajo rumbo a la Alameda. Ya casi está. ¡Cómo le gusta esta ciudad!

—¿Dónde vas, niña? ¿No sabes que hoy no es día de andar por la calle? —Pilar pega un respingo al tropezar con la pareja de guardias que la miran con el ceño fruncido.

—Voy al baile, al de la fiesta. Me están esperando mis amigas.

Los guardias se miran como diciendo, ¿dónde tiene la cabeza esta cría? En fin, paciencia. Tampoco se puede esperar que las mujeres se enteren de las cuestiones importantes.

Y algo así es lo que le dicen. Con tono de padre regañón, la invitan a darse la vuelta y a salir corriendo. Marcha para casa, niña. Que hay noticias de los militares en Marruecos y las cosas se van a poner serias y no es momento de que las muchachas estén fuera de su casa. Y por supuesto, no es tiempo de bailes.

Confundida y con un punto de fastidio, Pilar se va por donde ha venido y recorre los mismos caminos, aunque más despacio, porque ya no tiene prisa. Por eso y porque antes era de día, que ya se sabe que en julio el sol se toma las noches con calma. Pero le van a dar las once y hoy hay luna nueva. No va a ver un pimiento. Aunque lo que le preocupa es lo que han dicho los guardias. ¿Qué estará pasando para que suspendan la verbena? ¿Será una tontería y podrá volver mañana? ¡Ojalá! Pero ¿qué pasará con los militares? Tiene que ser gordo lo que ha sucedido para que sea importante lo que hagan y todos tengan que estar pendientes. Pilar se abrocha la chaqueta con un escalofrío y reza un padrenuestro atropellado y muy bajito, pidiendo muy fuerte que no se estropee ese verano que estaba siendo tan bonito.

El que sí sabe lo que pasa o se lo teme es Arturo. Pilar no lo sabe y él tampoco, pero va a ser su marido. Aunque eso será cuando se conozcan y aún quedan unos cuantos años y una guerra, que es casi como decir una vida. Arturo va en un autobús, muerto de miedo, camino a casa. Él también es maestro y empezó su sábado con una excursión por el monte en el pueblo de Lugo donde está destinado. Pero cuando viene de vuelta por la tarde, con la chaqueta al hombro, risueño y descamisado, mientras se para un momento para limpiar con el pañuelo los cristales empañados de sus gafillas redondas, aparece a la carrera uno de los vecinos que con su mensaje atropellado le pone el corazón en un puño.

—Tes que marchar! Xa! Corre!

Entonces se entera de que los militares se han sublevado en Marruecos. Que las noticias son confusas, porque el Gobierno dice que todo va bien. Pero no paran de salir a contar cosas en la radio y eso no da buena espina. Cuando hay que tranquilizar tanto a la gente, algo pasa. Y vaya si pasa. Que dicen que en Sevilla ya han entrado los militares y han disparado a todo dar. Y que el general al mando, Queipo, el que era republicano, no para de decir por la radio que tienen el país controlado. Y el país no sé, pero aquí ya se mueven los guardias y hay movimiento en los cuarteles. Y los de derechas están limpiando las escopetas y en la taberna ya han dicho que van a ir a buscar a don Arturo, que a ver si el maestro es tan listo y tan valiente ahora…

Arturo, que además de listo y valiente es tranquilo y miedoso, se queda paralizado, con una punzada en el estómago. ¿Y ahora qué? ¿Se va a romper todo? ¿Qué va a pasar en el pueblo? ¿Qué va a pasar con él?

—Marcha para a túa casa, oh! Que alí hanche axudar…

Y sin pasar ni por la pensión a por sus cosas, por consejo de quien le ha salvado la vida, sale corriendo rumbo a Cañiza, donde no es don Arturo, sino Arturito, el de doña Plácida, una buena mujer conocida en el pueblo. La de la tienda, la de la primera centralita del lugar. La que se quedó viuda muy joven con once pequeños a los que ha sacado adelante porque es un brazo de mar. Y pronto será la que ya ha dado dos hijos a la causa, que se fueron voluntarios con Falange nada más empezar la guerra. Movilizados sus hermanos, Arturo fue el elegido para quedarse como sustento de su madre viuda. Logró pasar desapercibido y evitar la guerra. Salvar la vida y seguir con la punzada en el estómago durante mucho tiempo.

El que no pudo evitar la guerra fue Roberto, quien muchos años después, casi una dictadura completa, sería su consuegro. Un joven alto y guapo, de hoyuelo en la barbilla, experto en arreglarlo todo, que si hubiera nacido en otro lugar, en otro momento, habría sido médico o ingeniero. En el sitio y el tiempo que le tocó, fue practicante. Eso le permitió que su paso por la guerra fuera llevando el maletín del doctor Troncoso y menos mal, porque Roberto, que nació el 5 de junio de 1918, era muy joven cuando los sublevados lo llamaron a filas. En el ejército aprendió a planchar los pantalones con el colchón, a fumar para aguantar el hedor en las autopsias, a hacer incisiones en la piel sin miedo, a sacar balas y a querer a Castellón, donde cuidaron bien de aquel chicarrón gallego en tiempos difíciles.

La guardiana de sus historias, de todas las historias, sería Maruja. María de los Ángeles, que se llamaba así porque era el único ángel que se había quedado con sus padres. Maruxiña, que de aquellos días de julio apenas recuerda que hacía mucho calor. Y que tenía mucho miedo. Y que su padre le había pedido una cosa. Ella la cumplió como una niña mayor, aunque sólo tenía seis años.

—Nena, ti non digas nada.

Y no dijo nada. Aunque le dio mucho miedo. Apretó muy fuerte la mano de su padre, que era la persona que más quería en el mundo (a su madre también, pero la regañaba un poco más) y no contó nunca a nadie que al volver del campo a casa habían estado con uno de esos hombres a los que buscaban los señores que llevaban escopetas. Bueno, nunca, nunca, no. Pero sólo lo contó cuando llegó el momento de contar historias.

Historias como las que contó Lola muchas décadas después. Aunque sus historias no fueron gallegas, sino de los campos de un pueblo de Albacete. Y allí los señores que se escondían eran los que en Galicia llevaban las escopetas. Tenía diez años. Y de aquellos días también recuerda a unos hombres que le daban miedo. Estaba en el campo, con su padre y la tía Charo. Su madre y la muchacha que la ayudaba en casa se habían quedado en el pueblo, haciendo tareas, y casi no pueden reunirse con ellos. Tiraron unas bombas en la estación y murieron dos personas. Y dejaron de salir autobuses. Ellas cogieron el último. Después de aquello, ya no pasó más la Requenense. Lola sentía terror de los hombres que venían en los camiones y entraban en la casa, abrían los cofres, tiraban el grano, cortaban el jamón de cualquier manera. Decían «¡Salud, camarada!», hablaban muy alto y llevaban escopetas. A Lola le daba miedo que se les escapara un tiro.

La que no tiene miedo es Pilar. No Pilar, la maestra, sino una chica de quince años que vive en Barcelona y le encanta escribir en su diario. Aquel sábado de julio apuntó los pasos de su último día de adolescente despreocupada. Una mañana atareada, con un poco de gimnasia y los trajines del «sábado de la casa», esa limpieza a fondo que toca un día a la semana. Como recompensa, una tarde completa de cine en el Cataluña con su madre, que la acompañó porque no podía ir su amiga Anita. Morena Clara, de Imperio Argentina, y El agua en el suelo, de Maruchi Fresno, y dos películas cortas, que le gustaron mucho. Al salir, volvieron a casa para cenar, aunque por poco tiempo. Un sábado de julio siempre hay alguna fiesta, así que se fueron a la calle Sardenya a bailar sardanas. Pero sólo pudieron bailar una, porque después las suspendieron por la huelga general que, según les dijeron, habían declarado en toda España. Al día siguiente empezarían las bombas, los tiros, las muertes. Las fiestas y los bailes despreocupados se habían terminado[1].

El objetivo de las siguientes páginas es contar qué pasó aquel 18 de julio y cómo los acontecimientos de aquellos días se convirtieron en una guerra que cortó de cuajo el camino que llevaba el país y cambió su rumbo hacia la destrucción y la barbarie. La vida cotidiana de millones de personas fue arrasada en una apuesta por la política de tierra quemada. Han pasado casi ochenta y cinco años desde entonces. La historia, las historias, están llenas de gestos reconocibles que nos las hacen cercanas, pero también de actitudes que pueden resultar increíbles desde nuestros ojos del presente. Un presente en el que conocemos el desenlace de la historia, pero ignoramos todo aquello que hace de aquel instante otro tiempo y otro lugar, lo que convierte el pasado en un país extraño. Por eso, antes de mirar atrás está bien recordar estas palabras de José María Varela Rendueles, que aquel sábado de julio era gobernador civil de Sevilla. Porque ahora nosotros sabemos cómo termina la historia, pero en 1936 ellos no.

Lo normal es leer en los hechos de antes con ojos de ahora. Resulta difícil, cuando no imposible, leerlos poniendo en los ojos de hoy, la mirada, el ver de entonces. Pero es más difícil todavía analizar y juzgar, con mentalidad actual, conductas y resoluciones que, lógicas y naturales entonces, resultan imposibles hoy. Los mismos que vivimos o protagonizamos aquellos hechos nos sentimos, al referirlos o contemplarlos ahora, influenciados por lo que posteriormente ocurrió, por sus consecuencias, por cuanto tras aquello hubo de acontecer. Ya no se trata sólo de la diferencia ambiental, de circunstancias, sino del distinto modo de interpretar conceptos. Lo que hoy puede parecer ingenuidad, indecisión, exceso de confianza era entonces el ser como se debía ser, el juzgar ecuánime, libre de apasionamientos, el confiar en la verdad ajena y en la ajena lealtad. Si se nos decía: —Yo acato la República. —Yo estoy dispuesto a servir a la República. —Tiene usted mi palabra de que seré leal a la República. Esa tenía que ser la verdad y no cabía dudar de ella. Porque a nadie se le obligaba a servir a la República ni a formar en las filas republicanas, ni se impedía a nadie el combatirla desde el Parlamento, desde el periódico o desde la tribuna pública; pero tampoco a nadie se le daba trato de excepción por ser republicano o por servir con fidelidad al régimen traído y mantenido por la clara, terminante mayoría de los españoles.

Aun sabiendo como se sabía que se conspiraba en los cuarteles, se mantenía la confianza en el Ejército.

Una cosa es un general determinado, o tres o media docena de generales, y otra el Ejército.

Generales descontentos los hubo siempre, con la Monarquía liberal, con la Dictadura, con la República; pero el que los hubiera no justificaba la desconfianza hacia todos los generales, jefes y oficiales.

Había que conceder a todos la condición de no rebeldes, si no de leales, merecedores de ser depositarios de las armas de la República con discreción para precisar quiénes eran efectivamente conspiradores o se mostraban dispuestos a la rebeldía. ¿Con qué derecho poner en duda la fidelidad a la palabra empeñada por unos hombres que hacen culto del honor y sagrado el empeño de cumplirla?

¿No sería ofensiva insensatez, culpable provocación, todo asomo de desconfianza?

El tiempo y las circunstancias vendrían a demostrarnos el poco valor de ciertas palabras cuando del darla, para luego no cumplirla, se hace ardid de guerra.

Todavía, a pesar de los enconos políticos y de la pasión que enfrentaba a los bandos ideológicos en los pueblos de España, era frecuente el que llegaran hasta los Gobiernos Civiles hombres de izquierdas, incluso de las más extremas agrupaciones, garantizando conductas de hombres de derechas y gestionando la libertad de quienes, políticamente, resultaban enemigos.

Aún por entonces, se creía no sólo en la palabra empeñada, sino en la verdad y en la sinceridad de las simples afirmaciones, en la pureza de la amistad. Y a la misma mesa, sentados a la misma tertulia, podían verse hombres de opuestas tendencias ideológicas; adversarios en política; pero amigos en su vida social y afectiva. Luego resultó que todos llevábamos pólvora en el alma y la pistola o el fusil montados, dispuestos a disparar.

Pero todavía en aquella tarde de julio de 1936, el coronel Mateos y yo nos creíamos hombres de paz, en una España deseosa de ella, leales a nuestras promesas, creyentes en la existencia del mismo espíritu pacífico en los otros y atribuyendo idéntica lealtad a los demás hacia el régimen a cuyo servicio, por nuestra libre voluntad nos hallábamos[2].

1

De la fiesta popular a la República atenazada

La «magnífica revolución ordenada»

El 14 de abril de 1931, las calles de la mayor parte de las ciudades españolas se vieron invadidas por manifestaciones populares que se dirigían a su ayuntamiento entre cantos y consignas jubilosas para proclamar la República. «¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia!…»[3], recordaba con nostalgia en 1937 Antonio Machado en voz de Juan de Mairena. La imagen se repitió por todo el país y convirtió en realidad por acción lo que los manifestantes interpretaron como la voluntad expresada en las urnas. Dos días antes, se habían celebrado las elecciones municipales con las que el gobierno del almirante Aznar pretendía devolver la monarquía de Alfonso XIII a la senda constitucional, perdida tras el golpe de Miguel Primo de Rivera y seis años de dictadura respaldada por el rey. Tras estos comicios, estaban previstas unas elecciones provinciales el 3 de mayo y unas generales en el mes de junio, cuyo objetivo sería redactar una nueva Constitución que sustituyese a la de 1876. Pero la oposición republicana abordó las municipales del 12 de abril como un plebiscito popular sobre la continuidad de la monarquía.

El apoyo regio al golpe y a la dictadura hizo tambalear la legitimidad de la Corona, insuflando un impulso inusitado al republicanismo. En sus filas aterrizó un buen plantel de políticos que hasta la ruptura de Primo de Rivera habían sido monárquicos convencidos. Defensores del orden establecido, cuando Alfonso XIII se salió de la Constitución y alteró el escenario político, descubrieron que eran monárquicos a fuer de no haberse planteado otra forma de gobierno diferente, hasta que la Corona dejó de ser constitucional. Algunos hicieron el tránsito muy pronto, como Niceto Alcalá-Zamora o Miguel Maura, hijo del que había sido líder del Partido Conservador, Antonio Maura, y pasaron al republicanismo moderado de orientación conservadora durante la dictadura. Otros, los llamados «viudos de la monarquía», culminarían su paso después del abril del 31.

Republicanos convencidos, posibilistas y ciudadanos no politizados que asumieron el encadenamiento de los acontecimientos conformaron un grupo de apoyo heterogéneo pero suficiente para que un empate técnico entre candidaturas monárquicas y republicanas, con victoria de las segundas en casi todas las capitales de provincia, inclinase la balanza hacia el cambio de régimen. Los monárquicos, que en líneas generales se habían impuesto en el ámbito rural, sufrieron derrotas tan significativas como las de los feudos caciquiles de Guadalajara y Murcia, controlados por Álvaro Figueroa, el conde de Romanones, y Juan de la Cierva, respectivamente. «El resultado de las elecciones no puede ser más lamentable para los monárquicos. Esta es la realidad, y es preciso decirla, porque ocultarla sería contraproducente e inútil», reconoció el propio Romanones ante la prensa[4].

El lunes 13 fue una jornada de incertidumbre y espera, pues ni el rey y su Gobierno ni los miembros del Comité Revolucionario tenían claro cuál sería el siguiente paso de sus contrarios. En la esfera real aún se contemplaba la opción de un Gobierno monárquico de espectro más amplio, que incluyese a los políticos dinásticos que se habían apartado del rey tras el golpe, apostando por la soberanía de las Cortes. La finalidad de ese gabinete sería convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes. Pero si el Comité Revolucionario había considerado hasta entonces esa opción entre sus pretensiones, al conocer la intención de Palacio cambió de opinión. Alcalá-Zamora y Maura lo entendieron como una muestra de la debilidad monárquica y convencieron a sus compañeros para dar un paso adelante. La noche del lunes publicaron una nota de prensa reclamando el poder, rechazando el empleo de la violencia y dejando claro que el resultado del plebiscito del domingo sólo dejaba dos opciones: o república, si Alfonso XIII aceptaba la voluntad popular, o dictadura militar, si la negaba.

Puesto que desde 1925 los periodistas gozaban de descanso dominical y, por tanto, no había prensa los lunes, hubo que esperar a las ediciones vespertinas para que circulasen las primeras noticias. A medida que los vendedores de periódicos voceaban los titulares de la victoria republicana, el entusiasmo crecía en las ciudades. La primera bandera tricolor se colgó en el ayuntamiento de Vigo en la madrugada del 14 de abril. El gobernador civil ordenó su retirada y la Guardia Civil logró dispersar sólo a medias la manifestación que la había llevado hasta allí. Pero la escena se iría repitiendo con el repiqueteo de las horas: Éibar, Jaca, Valencia… La República se proclamó como un goteo continuo por toda España. Ciudadanos agolpados en las calles, abarrotando las aceras, subidos a las farolas, encaramados a verjas y balcones, jaleaban a los concejales electos que izaban la bandera republicana en los distintos consistorios. Si Machado la enarboló en Segovia, Miguel de Unamuno hizo lo propio en Salamanca. Las multitudes cantaban y bailaban al son de La Marsellesa, el Himno de Riego o La Internacional. Entre la marea tricolor no faltaban retratos de los tenientes Fermín Galán y Ángel García Hernández, fusilados cuatro meses antes, el 14 de diciembre, tras la fallida sublevación de Jaca. Se habían convertido ya en los mártires patrones del nuevo régimen, que desde ese día llevaría su imagen a edificios oficiales y su nombre, a los callejeros de todo el país[5].

La movilización desbordante en la calle añadió incertidumbre y temor a los monárquicos, conscientes de que esa masa ciudadana no aceptaría sin más cualquier resolución. En la madrugada del 14, el general Dámaso Berenguer había comunicado a las capitanías generales la derrota de la Corona y la necesidad de que el Ejército contribuyese a mantener el orden acatando las decisiones del rey. Por su parte, el general José Sanjurjo, director de la Guardia Civil, manifestó la intención de neutralidad de este cuerpo, inhibiéndose de toda intervención para controlar las calles. Quedaba claro que Alfonso XIII no podría resistirse ante el avance de los republicanos por la vía armada, así que envió al conde de Romanones a conversar con Alcalá-Zamora en casa de Gregorio Marañón. Se reunieron a la una de la tarde, en presencia del anfitrión y de José Ortega y Gasset. La entrevista fue corta. Alcalá-Zamora rechazó la formación de un Gobierno de transición que convocase elecciones y exigió que el rey abandonase España «antes de la puesta de sol». Y ahí terminó la reunión. Al mismo tiempo, Maura recibía al general Sanjurjo, que acudió a su encuentro para poner a la Guardia Civil a las órdenes de la república y del futuro Gobierno provisional por lealtad a la voluntad popular. Mientras, la fiesta continuaba creciendo en las calles, desafiando los rumores de una dictadura militar como última salvaguarda de la monarquía y haciendo cada vez más difícil la declaración del estado de guerra y la intervención del Ejército necesaria para hacerlo efectivo[6].

Ante esta sucesión de movimientos y empujados por el respaldo de las calles a la república, las decisiones de los líderes monárquicos y los republicanos se precipitaron. En el bando real ya no se contempló más alternativa que abandonar España. Quedarse y resistir, con las calles llenas, sin la Guardia Civil y con el Ejército dividido, era asumir un derramamiento de sangre quizá para terminar en el exilio de igual modo. Se optó por una salida inmediata, aunque después de la puesta del sol, incumpliendo la exigencia del Comité Revolucionario.

Esa misma noche, Alfonso XIII, enfundado en un traje gris de rayas y embozado en su sombrero, viajó en coche hasta el puerto de Cartagena, donde tomó un barco rumbo a Marsella. Abandonó el Palacio de Oriente despedido por una pléyade de aristócratas y palatinos que acudieron a mostrar su tristeza y su cariño a la familia real. Muchos de ellos llenaron los vagones con destino a París en los días siguientes, asustados por las mismas razones que llenaban de esperanza a las multitudes jubilosas de las plazas: la creencia de que, más que una nueva etapa, comenzaba un nuevo mundo en el que todo sería diferente. En Cartagena, un único periodista, Luis de Galinsoga, del ABC, dejó constancia de la marcha de Alfonso XIII. El rey partió en el crucero Príncipe Alfonso, incómodo ante una tripulación que lo trató con frialdad y que aprovechó la travesía para tejer una bandera republicana que ondearía ya en el viaje de vuelta. Bajo el nuevo pabellón, el Príncipe Alfonso cambió su nombre por el de Libertad[7].

Mientras el rey navegaba hacia Francia, su familia viajaba en coche al Escorial, donde tomó el expreso rumbo a Hendaya. Por aquel entonces, el Comité Revolucionario ya se había convertido en Gobierno provisional. Su intención respecto a la familia real era garantizar su vida e impedir que sufriesen cualquier daño. Esa decisión sólo podría frustrarse si el gentío, especialmente el de la plaza de Oriente, se desbordaba. Por la tarde, la estatua de Isabel II fue derribada y arrastrada hasta el convento de las Arrepentidas. Republicanos y socialistas estaban convencidos de la importancia de que la República naciese «rodeada de los máximos prestigios», esto es, sin altercados ni violencia que empañasen la conquista. Así lo pidió la Unión General de Trabajadores (UGT) a sus militantes y compañeros en una nota de prensa la madrugada del 14 de abril[8]. Con el mismo objetivo, jóvenes obreros de la Casa del Pueblo de Madrid, identificados con brazaletes rojos, formaron una cadena ante el Palacio Real e hicieron guardia toda la noche, manteniendo a distancia a la multitud revoltosa durante la última madrugada que la reina y sus hijos pasaron en Madrid antes de partir al exilio[9].

El temor a que las masas se descontrolasen si se demoraban demasiado llevó a Maura a convencer a sus compañeros de que no podían esperar a que el rey abandonase el país para proclamar la República. A las siete de la tarde, salieron en coche hacia el Ministerio de la Gobernación, situado entonces en la Puerta del Sol, donde ya ondeaba la tricolor, izada por Rafael Sánchez Guerra y Eduardo Ortega y Gasset, a quienes habían enviado en avanzadilla. Los casi ministros viajaron en tres vehículos, el de Maura, el de Alcalá-Zamora y el que les prestó la actriz Margarita Xirgu. Maura, Francisco Largo Caballero, Alcalá-Zamora, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga completaban la procesión motorizada. Los automóviles se detuvieron ante el Palacio de Comunicaciones en el momento en el que colgaban la bandera republicana. A Cibeles habían ido a parar las numerosas manifestaciones que se habían iniciado en los barrios obreros.

Había tanta gente que tardaron casi dos horas en llegar a Sol. «¡Señores: Paso al Gobierno de la República!», pidió Maura a los guardia civiles que custodiaban la entrada del ministerio[10]. El Gobierno provisional tomó posesión aupado por el aplauso de miles de entusiastas ciudadanos que celebraron su salida al balcón y sin ningún ministro monárquico que traspasase sus carteras. La Segunda República se inició con un minuto de silencio por Galán y García Hernández, la llamada del nuevo presidente a las capitanías generales para dejar claro que no se iba a declarar el estado de guerra, la notificación a los gobernadores civiles del cambio de mando y la preparación de los primeros decretos, entre ellos el de amnistía y el que aprobaba el Estatuto Jurídico del Gobierno[11].

Nacía la República sin derramamiento de sangre. No hubo lucha, sino fiesta, algo que destacó la prensa en los días posteriores. «El espectáculo de la multitud española, serena y disciplinada, dueña de sí misma y que exterioriza su entusiasmo en medio de una absoluta tranquilidad, es confortador y pone una clara nota de optimismo en un horizonte que aparecía hosco y enigmático», resumía el editorial del diario Ahora. El 14 de abril se convirtió en un símbolo de fiesta y concordia, un triunfo del pueblo que ponía fin a la guerra civil que desde el siglo XIX se había mantenido alerta, activa o agazapada. Había sido, como la definió Indalecio Prieto, el nuevo ministro de Hacienda, una «magnífica revolución ordenada», encabezada por un gobierno provisional que no tenía un afán de venganza, sino de «llevar a la Gaceta de la República nuestro pensar y nuestro sentir sobre el bien de España»[12].

Entre sus primeras decisiones, el Gobierno provisional aprobó que el 15 de abril fuese festivo nacional para hacer honor a la fiesta que seguía en las calles, pero también con el objetivo de intentar desactivar la llamada a la huelga general que acababa de convocar la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). En medio de la ilusión desbordante aparecían las primeras dificultades.

Las reformas pendientes

La Segunda República comenzó con el reto de llevar a cabo una inmensa labor de modernización. Parecía la oportunidad de consolidar la revolución liberal iniciada a principios de un siglo XIX serpenteante, lleno de avances y retrocesos a ritmo de pronunciamiento militar. La Restauración había traído estabilidad política, pero no logró convertir España en una monarquía parlamentaria de corte democrático ni asentar la supremacía del poder civil. La crisis que sufrió en 1917 le había ofrecido la oportunidad de evolucionar hacia la democracia en un contexto internacional favorable, pero el grueso de las élites conservadoras y el propio rey mostraron su incapacidad de adaptarse al proceso de modernización social e impidieron que la crisis derivase en una democratización progresiva. En lugar de ello, optaron por parches e inmovilismo hasta que el golpe de Primo de Rivera devolvió la manija de resolución y cambio de marcha al ámbito militar.

El escenario al que condujo esta elección, además de traer el final de la monarquía a medio plazo, dejó en primera línea a dos actores importantes en los años posteriores. Por un lado, el Ejército, que volvió a ser agente de transformación política después de cinco décadas de parlamentarismo liberal, legitimando el regreso de la violencia como forma de acceso al poder. Por otro, ganó protagonismo un nuevo sector de políticos de derechas que se alejaba del conservadurismo clásico. Una nueva generación de líderes con tics autoritarios y simpatía por el modelo corporativista, a la que pertenecían José María Gil Robles y José Calvo Sotelo, los dos rostros por excelencia de las derechas en la Segunda República[13].

El nuevo régimen nació por tanto con esta herencia desestabilizadora, la necesidad de afrontar con urgencia los cambios pendientes y un contexto internacional menos favorable que el posterior a la Primera Guerra Mundial. Los discursos modernizadores de la época coincidían en la necesidad de una transformación educativa, social y económica, que terminase con la desigualdad y consolidase la entrada del país en la era de la modernidad. Para ello, además de reformas económicas y educativas profundas, era preciso buscar solución a cuatro grandes temas que el Estado arrastraba desde el siglo XIX: las llamadas «cuestiones» agraria, religiosa, militar y nacional. Encararlas definitivamente exigía una profunda transformación y, como toda reforma de gran calado, su planteamiento y su puesta en marcha generaron grandes expectativas y, junto a ellas, grandes recelos y resistencias.

El Gobierno provisional comenzó su labor con optimismo festivo diseñando las reformas desde un programa común para todas las tendencias integradas en su seno. El Consejo se había conformado con integrantes procedentes de todo el espectro ideológico republicano y tratando de equilibrar su participación. Alcalá-Zamora y Maura, que personificaban el republicanismo más nuevo, conservador y católico, ocuparon la presidencia y una de las carteras más trascendentales, Gobernación, para compensar el menor peso cuantitativo del conservadurismo. También había dos representantes de centro, procedentes del histórico Partido Radical, Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, que en cambio asumieron dos carteras menores, Estado y Comunicaciones. El republicanismo de izquierda estaba representado por dos ministros del Partido Radical-Socialista, Álvaro de Albornoz, en Fomento, y Marcelino Domingo, en Instrucción Pública; y uno de Acción Republicana, Manuel Azaña, en Guerra. También eran republicanos de izquierdas Lluís Nicolau d’Olwer, de Acció Catalana, y Santiago Casares Quiroga, de la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA), que se hicieron cargo de Economía y Marina, en nombre de catalanistas y galleguistas. Por último, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y UGT eligieron a Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero, que ocuparon los ministerios de Hacienda, Justicia y Trabajo. Un Gobierno con un arco de pensamiento tan amplio contaba con mayor legitimidad para abordar transformaciones profundas, pero tuvo que enfrentarse a tensiones añadidas a la hora de encarar los temas más ideológicos.

Para el Gobierno republicano-socialista, la cuestión agraria era la más crucial de las reformas económicas. También la más urgente. La identificación de la República con la mejora inmediata de unas condiciones de vida miserables convertía a los campesinos en los potenciales primeros desilusionados con el régimen, y a la España rural en un foco creciente de enfrentamientos de difícil control. En 1931, España era un país económicamente atrasado en el que más del 45 por ciento de su población activa dependía de la agricultura. La Revolución Industrial no había llegado a buena parte del territorio, por lo que el arcaico sistema de producción daba resultados muy desiguales, las condiciones de trabajo eran precarias y el analfabetismo, la desnutrición y la insalubridad, una constante en el campo. Hasta la proclamación de la República, la relación entre propietarios y jornaleros había sido favorable a los primeros por la falta de organización laboral, el exceso de mano de obra agrícola, el control caciquil de los ayuntamientos y la presencia de la Guardia Civil, que tendía a proteger los intereses señoriales en caso de conflicto. La llegada del nuevo régimen, con nuevas élites políticas y nuevas normas, alteró esa ecuación[14].

Pero además de crucial y urgente, la reforma agraria resultaba compleja. En ella se enredaban múltiples factores socioeconómicos que variaban de una región a otra, a veces, incluso dentro de la misma provincia. Buen ejemplo de ello es el caso de Ciudad Real, zona latifundista donde una comarca tan importante como La Mancha presentaba una distribución en la que pequeños y medianos propietarios eran la norma y los grandes terratenientes, la excepción[15]. Ante esta complejidad no existía una solución homogénea inmediata. En las regiones de gran latifundio, donde la intervención era más urgente, cualquier reforma pasaba por la expropiación de extensas fincas para parcelarlas y entregarlas a los campesinos que las trabajasen. Esto implicaba tocar los intereses de los grandes arrendatarios, molestando a algunas de las principales fortunas del país. La reforma comenzó con su rechazo frontal, lo que condicionó su timidez y lentitud, que a su vez contribuyeron a generar desafección entre los jornaleros y campesinos a los que pretendía proteger. Esto desencadenó una escalada de conflictos para los que el Estado no siempre tenía capacidad de respuesta. El miedo ante estos enfrentamientos, las consecuencias de algunos decretos y el temor a perder sus tierras sumó al rechazo a un buen número de pequeños y medianos propietarios[16].

No menos importante para el Gobierno republicano-socialista era abordar las cuestiones religiosa y militar. En ambos casos, aunque desde diferentes perspectivas, el objetivo final de las reformas era reforzar la supremacía del poder civil, consolidando una tarea que el Estado liberal había sido incapaz de conseguir hasta entonces: impulsar el proceso de secularización de la vida política y social española, y apartar la influencia militar de las decisiones del Estado, subsumiendo al Ejército en su estructura como una rama más, ejecutora de competencias y sin capacidad de decisión política.

Si la República nacía asociada al concepto de laicización, el catolicismo español parecía indisolublemente ligado al de monarquía, especialmente en la jerarquía eclesiástica. Esto no implicaba que las orientaciones políticas de los católicos españoles fueran homogéneas. No lo eran ni entre los católicos monárquicos, donde además de los alfonsinos permanecían los carlistas, un sector pequeño, especialmente movilizado. Existía también una corriente accidentalista respecto a los regímenes políticos, convencida de que lo importante no era la forma de gobierno sino la orientación ideológica. Entre sus integrantes destacaba Ángel Herrera Oria, director del periódico El Debate y cofundador de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, agrupación que a lo largo del siglo XX sería el germen de entidades de peso en el ámbito católico como Cáritas o la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Su experiencia en labores de proselitismo y organización sería fundamental en la creación de Acción Nacional, llamada luego Acción Popular, cimiento de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA. Y en un país donde el catolicismo era omnipresente, tampoco faltaban los republicanos católicos, un grupo que no se agotaba en Alcalá-Zamora o Miguel Maura, para quienes su condición religiosa pesaba tanto en el ejercicio de su labor política que abandonaron el Gobierno el 14 de octubre de 1931 por su desacuerdo con la redacción de los artículos de contenido religioso de la Constitución[17].

Con esta distribución y a la vista de que los movimientos iniciales del Vaticano apostaban por el accidentalismo, el enfrentamiento entre república e Iglesia no se planteaba como la única posibilidad. Tras el 14 de abril, los obispos manifestaron públicamente su afecto por la monarquía y su tribulación ante el cambio, lo que provocó un toque de atención desde Roma a través del nuncio Federico Tedeschini, quien les recordó la necesidad de respetar los poderes constituidos y la poca relevancia que tenían los sistemas políticos, pues sólo la Iglesia es eterna. Por su parte, el Gobierno provisional inició sus movimientos secularizadores con cautela y con un católico reconocido como Alcalá-Zamora al frente. Esto podía interpretarse como un gesto tranquilizador, aunque no impidió que el mismo día 14 se proclamase la libertad de cultos dentro del Estatuto Jurídico del Gobierno. En la misma línea se aprobaron otras disposiciones, como aquellas que invitaban a los gobernadores civiles a abstenerse de participar oficialmente en ceremonias religiosas o convertían en voluntaria la asistencia a misa en los cuarteles.

Pero el proceso de secularización iba más allá de la aprobación de la libertad de cultos o la neutralidad de las instituciones en celebraciones religiosas. Una separación real entre Iglesia y Estado implicaba circunscribir las creencias al ámbito privado y disminuir los niveles de autoridad e influencia pública de la Iglesia, que dominaba la cotidianeidad y los principales acontecimientos vitales de los ciudadanos. Su poder, además de legal, era propagandístico y social. Ninguna institución contaba con los niveles de difusión que suponían el púlpito, el confesionario y la escuela. Y los defendía con celo, mostrándose reacia a perder cuotas de influencia adoptando una actitud de rebeldía, algo que ya habían experimentado los liberales durante la Restauración.

Desde esa experiencia, para el republicanismo español la neutralidad del Estado comenzaba con la defensa de la libertad individual frente al monopolio de la Iglesia católica. Por ello, la determinación del Gobierno fue aprobar disposiciones legales que avanzasen hacia la laicización de la vida cotidiana: regularización del divorcio, secularización de cementerios y hospitales, igualdad de derechos de los hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio… Pero la pugna principal se centró en evitar el control eclesiástico de la educación. De este modo, la coalición republicano-socialista puso en marcha un ambicioso plan con el fin de crear un sistema de escuelas laicas, que incluía la construcción de miles de aulas y la rápida habilitación de otros tantos maestros y maestras. Además, asumiendo la veracidad del refrán popular «Pasar más hambre que un maestro de escuela», se subió un 15 por ciento el sueldo de los docentes. Por último, se buscó disminuir el peso de la Iglesia en la educación, aprobando otras medidas como la supresión de la participación eclesiástica en el Consejo de Instrucción Pública, la voluntariedad de la asignatura de religión en la escuela o la obligatoriedad del título de maestro para impartir docencia, una certificación de la que carecían la mayor parte de los miembros de las congregaciones religiosas[18].

El conjunto de estas reformas sociales y educativas planteaba de manera abierta una alternativa al modelo de vida y sociedad defendido por la Iglesia. Por ello, también los accidentalistas rechazaron las medidas, definiéndolas como actos ofensivos e ilegales que vulneraban el Concordato de 1851. Si el Gobierno republicano-socialista actuó conforme a una lógica secularizadora, la Iglesia lo hizo desde la apuesta por un Estado confesional, lo que llevó a los obispos a hacer política, defendiendo lo que consideraban sus derechos, incluso promoviendo un partido político para pelear por su visión desde el Parlamento. Esta actitud reforzó la convicción republicana sobre sus continuas injerencias y la necesidad de limitarlas para garantizar la neutralidad del Estado. La actitud virulenta del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, y su expulsión de España, los incendios de mayo de 1931 o la negativa del Vaticano a dar su beneplácito al nombramiento de Luis de Zulueta como embajador ante la Santa Sede contribuyeron a que las relaciones entre el Gobierno provisional y la Iglesia estuvieran envenenadas antes de que se celebrasen las elecciones a Cortes Constituyentes[19].

Antes de las elecciones de junio se habían aprobado también las primeras medidas para acometer la cuestión militar y de nuevo las disposiciones iniciales del Gobierno fueron recibidas con recelo y sospecha por parte de los interesados. En 1931, el Ejército español contaba con dieciséis divisiones y una oficialidad desbordante: ochocientos generales en lugar de los ochenta que correspondería a sus dimensiones y más comandantes y capitanes que sargentos. Reducir ese monstruo macrocefálico a unas proporciones razonables resultaba acuciante, pero el reto era conseguirlo sin que los oficiales, un grupo con espíritu de clase aparte, se sintiesen ofendidos y sin perder de vista su arraigado hábito de intervenir en la vida política a través de pronunciamientos y conspiraciones.

Desde el punto de vista ideológico, el Ejército español se encontraba en un proceso de tránsito hacia una cultura militar similar a la que imperaba en los ejércitos de Europa occidental desde que se había iniciado la fase de conformación de los estados nación a mediados del siglo XIX. Una cultura conservadora, en ocasiones reaccionaria, ultranacionalista, profesional, cohesionada, defensora de su autonomía frente al poder civil y que sentía recelo hacia la democracia y el movimiento obrero. Desde la perspectiva cívica del republicanismo, que el Ejército apoyase su nacionalismo en valores místicos como el amor a la patria o la obligación de defenderla ante cualquier enemigo podía resultar peligroso, puesto que en último término esto implicaba que la lealtad no era hacia el Gobierno o el sistema, sino hacia la nación, una idea más líquida que no era otra cosa que la personificación de su entramado de valores e intereses[20].

El encargado de acometer la reforma fue el nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, un intelectual de pluma ágil y mente privilegiada, militante del Partido Reformista de Melquíades Álvarez en los últimos años de la Restauración, que se convertiría en la figura política por excelencia de la Segunda República. Sus medidas comenzaron con la reducción de divisiones a la mitad, ocho, y del servicio militar obligatorio a un año. Además, se propuso pasar de veintiséis mil oficiales a nueve mil trescientos. Para ello, ofreció un retiro con una paga igual a la que habrían recibido si continuasen en filas. Pese a la generosidad de la propuesta y aunque la mayor parte de la oficialidad era consciente de la necesidad de ajustar los números hacia un esquema organizativo más equilibrado, un sector lo interpretó como un soborno con el que se quería destruir el cuerpo de oficiales.

También despertó suspicacias la decisión del ministro de eliminar el rango de capitán general. Se trataba de una medida tan política como militar, pues las capitanías generales permitían la subordinación de la autoridad civil en tiempos de conflicto y desorden público. El puesto más alto pasaba a ser el de general de división, uno para cada una de las ocho divisiones en las que quedaba dividido el territorio, y sus funciones ya no incluirían tareas políticas, sino que se limitarían a lo estrictamente militar. Por otra parte, los tribunales militares dejaron de tener jurisdicción propia, y quedaron subordinados a los civiles. El Tribunal Supremo pasó a ser la última instancia de apelación tanto para casos civiles como castrenses, lo que se interpretó como una injerencia en asuntos que concernían sólo a los militares.

También causó resquemor la decisión de revisar los ascensos conseguidos durante la dictadura, que insinuaba que los nombramientos conseguidos en los últimos tiempos de la guerra de Marruecos se habían apoyado en argumentos políticos y no profesionales. La clausura de la Academia General Militar de Zaragoza, aprobada por decreto el 14 de julio de 1931, se consideró un ataque al Ejército, pues era el único lugar donde se formaban juntos los oficiales de las distintas armas. Detrás de esta decisión se mezclaban razones de tipo presupuestario con motivaciones políticas, pues Azaña percibía esta institución como un foco de expansión de ideas reaccionarias entre los cadetes. El cierre le granjeó la enemistad acérrima de su director, Francisco Franco[21].

Por último, Azaña procuró democratizar y republicanizar el Ejército, para asegurar su lealtad al régimen. Así, creó un cuerpo de suboficiales, a quienes asignó responsabilidades mayores a las de su rango, y reclutó entre ellos a candidatos para ascender a oficiales. Aunque tradicionalmente este cuerpo era más abierto que en otros ejércitos europeos, como el alemán o el francés, controlados por las familias aristocráticas, el Gobierno quería ampliar la base social de la oficialidad. Además, el 26 de abril aprobó un decreto por el que obligaba a todos los militares que desearan permanecer en activo a jurar lealtad a la República. Los que se negasen tendrían que retirarse, aunque conservarían su salario como todos los reservistas. Sin embargo, no fue una medida muy efectiva, pues sólo rechazaron el juramento un pequeño grupo de monárquicos militantes e individuos con posibilidades laborales fuera del Ejército, por lo que permanecieron dentro de la institución militares poco simpatizantes de la República. Para apartar a los generales hostiles, Azaña aprovechó una de las medidas aprobadas para aligerar esta parte del escalafón. Todo general que no recibiese ningún nombramiento en seis meses pasaría a la reserva conservando íntegramente su paga. La perderían, eso sí, aquellos que fueran juzgados culpables de difamar al Estado de acuerdo con la Ley de Defensa de la República[22].

El resultado de todas estas medidas fue un Ejército mejor diseñado y con una organización más eficiente, pero no más republicano. Los cambios lograron disminuir la presión burocrática de la institución militar sobre el Estado, lo que imposibilitó su participación en intrigas palaciegas. No evitaron, en cambio, el otro medio de participación política de los ejércitos: los golpes militares. Incluso la simplificación de la estructura de mando podía llegar a facilitar su articulación. Dentro del cuerpo de oficiales permaneció un nutrido grupo de militares no afines al régimen, abiertamente hostiles o que fueron avanzando progresivamente hacia el rechazo, disgustados por la pérdida de su autonomía de decisión respecto al poder civil y por la sucesión de acontecimientos que consideraban un ataque a la nación[23].

Uno de los principales motivos de desazón y malestar entre los sectores más conservadores del Ejército fue la actitud con la que el Gobierno provisional encaró la cuestión catalana. Cuando el 14 de abril Francesc Macià proclamó la República en Barcelona, lo hizo bajo la fórmula de «República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica», lo que provocó la primera crisis política a la que el Gobierno provisional tuvo que hacer frente. Para solventarla, el día 17 los ministros Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d’Olwer y Fernando de los Ríos viajaron a Cataluña para reunirse con el viejo coronel, al que convencieron de que diese marcha atrás. Para ello le prometieron que el estatuto de autonomía de Cataluña se aprobaría con celeridad. Esto provocó la irritación del Ejército, pues lo consideraba una cesión que ponía en peligro uno de sus valores fundamentales, la unidad nacional, cuya protección tomaban como misión primordial[24].

Desde las últimas décadas del siglo XIX, la emergente plurinacionalidad del Estado se había convertido en una fuente de tensión. La proclamación de la República obligó a todas las fuerzas políticas a definir su modelo de organización del Estado. La derecha y extrema derecha españolas mantuvieron su oposición a cualquier movimiento descentralizador, que identificaban con la desmembración de la patria. Pero su poco peso parlamentario en la primera legislatura hizo que fueran irrelevantes en la discusión. Los partidos republicanos con representación en las Cortes Constituyentes, por su parte, se dividían en tres grupos: centralistas (Partido Radical y los pequeños grupos republicano-conservadores), autonomistas (Acción Republicana, Partido Radical-Socialista y la parte más republicana que galleguista de la ORGA) y nacionalistas (republicanos catalanes y galleguistas). Por su parte el PSOE de 1931 se había situado en una posición autonomista.

El resultado de las elecciones constituyentes contribuyó a fortalecer la solución del autonomismo, la favorita, aunque en intensidad diversa, para la mayor parte de la bancada. Las fuerzas de derechas obtuvieron unos sesenta diputados, de los cuales apenas un tercio defendía un centralismo inamovible. Algo similar sucedía con los partidarios de la descentralización más acusada. Entre nacionalistas y republicanos federales no llegaban a los cincuenta parlamentarios. Así, se impuso el modelo autonomista defendido por Azaña y sus partidarios. Los radicales, pese a su ardiente defensa de la unidad nacional española y su hostilidad a los nacionalismos subestatales, asumieron esta alternativa como la menos mala, aunque intentando minimizar su profundidad. Finalmente se adoptó un formato de Estado integral inspirado en la Constitución de Weimar, un diseño intermedio entre el sistema centralista tradicional, ya indefendible, y el federal, que casi nadie quería aplicar[25].

Pero la partida territorial no se agotaba en la Constitución. La siguiente parada era la aprobación de los estatutos. La mayor parte de los republicanos no sentía mucho apuro por las normas del País Vasco y Galicia, pero sí sentía preocupación por la cuestión catalana. En los cálculos de Manuel Azaña, que desde diciembre de 1931 presidía un Gobierno en el que ya no estaban los radicales, el Estatuto catalán permitiría construir una España que permaneciese unida por mutuos intereses y no por fuerza o tradición. Si Primo de Rivera había intentado asegurar la unidad eliminando la Mancomunidad y prohibiendo el uso de la lengua catalana, Azaña apostaba por una amplia autonomía lingüística y administrativa. Su previsión era que una Cataluña reconciliada con la política española apuntalaría el régimen republicano y como región más avanzada favorecería el avance económico y civil del resto del país.

Este enfoque no era compartido por los sectores reaccionarios y fue uno de los elementos que impulsó la sublevación del general Sanjurjo en agosto de 1932. Su fracaso fortaleció el Gobierno de Azaña y, paradójicamente, favoreció la rápida aprobación del Estatuto, agilizando su debate parlamentario. La versión final eliminó toda referencia a la soberanía del Gobierno regional, rechazó la fórmula federal, aceptó el control compartido de las escuelas, aprobó la cooficialidad de lenguas en la región y la creación de un Parlamento propio. Asimismo, Cataluña contaría con un control especial sobre los tribunales locales y las leyes civiles, las obras públicas, el orden público, museos y minas.

A pesar de los recelos reaccionarios, la aprobación del Estatuto catalán parecía consagrar la tesis de Azaña y abrir un periodo de calma. Sin embargo, la situación cambiaría durante el segundo bienio, especialmente tras la Revolución de Octubre de 1934, que convenció a parte del Ejército de la existencia de una amenaza revolucionaria y nacionalista real que ponía en peligro la estabilidad y unidad de la patria[26].

Desórdenes públicos y refuerzos republicanos

Este ambicioso proyecto de reformas implicaba también la construcción de un sistema político nuevo, no sólo por el cambio de monarquía a república, sino por la intención de forjar una democracia parlamentaria. Pero al contrario de lo que sucedía en 1917 o en 1923, en la Europa de los años treinta no soplaban vientos alentadores para la democracia liberal. La Segunda República nació en un periodo de creciente crisis de este nuevo sistema, estrechado casi hasta el ahogo por el auge de los fascismos y la progresiva brutalización de la política que llevó aparejada. Las consecuencias del crack del 29 generaron inestabilidad, pobreza y pesimismo, lo que abrió un escenario en el mundo occidental donde se empezó a señalar el éxito dudoso del capitalismo y de la democracia liberal, resquebrajando su aura de garantía de progreso, riqueza y optimismo. Esto permitió fortalecer dos modelos socioeconómicos alternativos a la dupla que las revoluciones industrial y liberal habían ido conformando desde el siglo XIX y que alcanzaron su cénit en la belle époque y en los felices años veinte. Dos modelos que planteaban una manera diferente de gestionar la realidad de la modernidad, la industrialización y la desigualdad.

Por un lado, estaba la revolución obrera, que defendía la superación de la desigualdad a partir de la supresión de las clases sociales alcanzada al eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Se basaba en las doctrinas marxistas que, con evoluciones y ramificaciones diversas, impulsaron al movimiento obrero durante el siglo XIX, cuyas reivindicaciones también influyeron en el paradigma liberal. Pero desde la Revolución rusa de 1917 y la posterior creación de la URSS, este modelo ya no era una simple teoría, sino que contaba con un ejemplo real que contribuyó a alimentar mitos de esperanza y de terror entre obreros y burgueses en el resto de Europa.

Esos mitos no fueron ajenos a la concreción práctica del otro sistema en pugna, el de los fascismos, que proponía gestionar la desigualdad no a través de la superación de las clases, sino de la defensa y el fortalecimiento de la propia nación y de su orden social. La tensión derivada de la desigualdad se rompería cuando los ciudadanos asumiesen con orgullo su posición en ese gran órgano llamado nación, donde cada pequeño engranaje es necesario para que la maquinaria funcione. No importaba la posición individual, sino el reconocimiento mundial de la grandeza nacional y que esta ocupase la posición que merecía. Así, ya no se trataba de eliminar la desigualdad, sino las trabas que menoscababan y conspiraban contra la grandeza del país, contra el reconocimiento y las riquezas que merecía.

Ambos modelos se reconocieron entre sí como enemigos y azuzaron su enfrentamiento con el refuerzo de los mitos que alentaban a los suyos y deshumanizaban a los otros. En medio de este conflicto, los liberales conservadores y progresistas se vieron atrapados en medio de la pugna de los dos extremos que querían sustituirlos. También jugaba en su contra la generalización de una percepción positiva de la violencia, fruto de las consecuencias de la Gran Guerra, sobre la vida cotidiana en Europa. Por el contrario, el diálogo, los acuerdos, el parlamentarismo y, por ende, la democracia liberal comenzaron a identificarse como algo caduco, débil e inútil. La difícil reintegración de una miríada de excombatientes, el culto a los caídos como parte de una sacralización nacional, el resentimiento generado por los acuerdos de paz en países como Alemania e Italia, la continuación de actitudes propias de la guerra en tiempos de paz… todo ello contribuyó a una progresiva brutalización de la política que pugnó por imponer la dialéctica revolución-contrarrevolución en el lenguaje y las prácticas políticas de la Europa de entreguerras[27].

La España de la Segunda República no fue ajena a esta tensión de vocación frentista ni a lo que sucedía en el contexto internacional más próximo. Esto no quiere decir que la dialéctica fascista/antifascista, revolucionaria/contrarrevolucionaria aterrizase de manera inmediata en el país, nublándolo todo y explicando por sí sola sus conflictos. Como tampoco ocurría en Europa, donde la democracia seguía ocupando el poder institucional en buena parte de los países en 1931. Pero la interacción y los conflictos progresivos entre las tres tendencias, su acción, su inacción y su choque, fueron marcando los pasos de la evolución política que desembocó en la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto al que se tuvieron que enfrentar los republicanos recién llegados al poder en España se derivó de las dificultades para poner en marcha su programa al tiempo que construían un nuevo sistema político. Al aterrizar en la práctica y en un mundo real, pese a tratarse de un país con una mayoría de la población no politizada, se encontraron con dos polos de descontento: el de los que rechazaban frontalmente las reformas y el de los que querían cambios más radicales y con otro formato. A los descontentos se fueron uniendo, además, aquellos cuyas expectativas se vieron defraudadas porque las reformas no llegaban, lo hacían a medias o con más lentitud de la que esperaban, y aquellos que se desencantaron al ver que el Gobierno republicano-socialista ejercía labores de Estado en defensa de la ley y del mantenimiento del orden público también al afrontar huelgas y conflictos obreros. Esta presión se tradujo en protestas, rechazos, enfrentamientos, alteraciones de orden público, conspiraciones, intentos de golpe de Estado, insurrecciones y huelgas revolucionarias. Conflictos a veces con origen monárquico, derechista y militar, a veces con origen anarquista y obrero, que rompieron la estampa inicial de revolución elegante y fiesta popular.

Hasta la Revolución de Octubre de 1934, la mayor parte de los ataques por la derecha vinieron del ala monárquica, especialmente de la rama alfonsina. Escaramuzas, bravuconadas y conspiraciones cuya finalidad era el restablecimiento de la Corona. Con la excepción del golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, eran conjuras en las que la participación militar se subordinaba a un plan político orquestado por civiles de una ideología determinada. No se trataba de proyectos transversales que pudieran suscitar un apoyo generalizado, sobre todo a una altura tan temprana. Sí contaban con la simpatía de amplios sectores de la aristocracia y la alta burguesía y con un pequeño núcleo militar encabezado por los tenientes generales Emilio Barrera Luyando y José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, y los generales de brigada Luis Orgaz Yoldi y Miguel Ponte y Manso de Zúñiga. Su comité de dirección se situó en San Juan de Luz, localidad francesa de veraneo para visitantes acomodados donde se instalaron muchos de los exiliados monárquicos, y estaba dirigido por el exministro Juan de la Cierva y los generales Orgaz y Ponte.

Intentaron contar con la colaboración de los carlistas, pero, a pesar de compartir a la República como enemigo, no fueron capaces de pactar. Para las elecciones constituyentes de junio de 1931, ambas ramas monárquicas montaron una coalición católico-fuerista junto a una tercera fuerza, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que en estos primeros compases de la República osciló entre acercarse al Gobierno con el estatuto como fin u oponerse a él, en defensa de sus valores católicos. La coalición, que se denominó Pro-Estatuto y se presentó enarbolando la bandera del catolicismo y la autonomía vasco-navarra, derrotó a la republicano-socialista en el País Vasco, logrando la única victoria regional de una candidatura de derechas.

Pero la disparidad de intereses rompió pronto la alianza. Los alfonsinos intentaron recabar el apoyo del PNV y de la Lliga Regionalista de Francesc Cambó para una sublevación. Los nacionalistas vascos se comprometieron a apoyarla, pero no a prestar la participación armada de sus militantes, más allá de contribuir a mantener el orden público en su territorio si era preciso, algo que pareció insuficiente a los conspiradores monárquicos. Los nacionalistas catalanes, también católicos y conservadores, rechazaron la estrategia golpista hasta el inicio de la Guerra Civil. Su posición era dejar que el descontento contra la República se fuese acentuando, convencidos de que de ese modo todo volvería a su sino. Algo que, según el propio Cambó, sólo impedirían «veleidades restauradoras o precipitaciones imprudentes».

Los carlistas, por su parte, también montaron su propio Comité de Acción y decidieron reactivar el Requeté, la organización militar de juventudes carlistas que había fundado el pretendiente Jaime I en 1910. El encargado de esta tarea fue un coronel de Infantería africanista y legionario, Eugenio Sanz de Larín. Desde el punto de vista político, tras la ruptura de la coalición montaron una nueva alianza integrada por carlistas, integristas y tradicionalistas, la Comunión Tradicionalista. De este modo, las tres tendencias en las que se había dividido el carlismo se reagruparon y volvieron a la actividad, tras la parálisis y desconcierto que, como otros sectores de derechas, habían experimentado con la proclamación de la República[28].

El primer conflicto de orden público grave que hubo de enfrentar el régimen republicano llegó el 10 de mayo de 1931, cuando todavía resonaban los ecos festivos del 14 de abril. La chispa que prendió el encontronazo arrancó con la reunión de la recién constituida Agrupación Monárquica en los locales del Círculo Monárquico Independiente de la calle Alcalá. El grupo fue creado por el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. Unos días antes, el periodista había entrevistado en Londres a Alfonso XIII y ofreció la imagen de un rey patriótico y sacrificado, que ponía el bien de su país por encima de las formas de gobierno y pedía a los monárquicos su abstención de rebeliones militares. Sí los animaba a organizarse políticamente para participar en la vida pública del país, incluso apoyando al Gobierno republicano «en todo lo que sea defensa del orden y de la integridad de la Patria». La entrevista se cerraba con una declaración de principios de Luca de Tena y de su diario: «ABC permanece donde estuvo siempre: con la libertad, con el orden, con la integridad de la Patria, con la Religión y con el Derecho, que es todavía decir, en España, con la Monarquía Constitucional y Parlamentaria»[29].

Con ese propósito, ABC publicó el 8 de mayo una llamada «A los monárquicos españoles». Este pequeño anuncio invitaba a los simpatizantes de la monarquía a inscribirse en el Círculo Monárquico Independiente y a participar dos días más tarde en la junta que elegiría su Comité Ejecutivo. Su fin era coordinar la acción de las organizaciones monárquicas de todas las tendencias, de cara a las elecciones constituyentes[30]. La convocatoria tuvo una buena respuesta y el domingo 10 de mayo, a las once de la mañana, comenzó una sesión intensa, llena de discursos acalorados, en la que se eligió un Comité integrado, entre otros, por el conde de Gamazo, el periodista Federico Santander, el consejero del Banco Español de Crédito, Arsenio Martínez Campos, o los abogados Eduardo Cobián y Luis Garrido Juaristi. Puesto que el 17 de mayo era el cumpleaños de Alfonso XIII, el siguiente punto del día fue decidir cómo conmemorarlo, debatiéndose entre una manifestación monárquica, un banquete en honor de Luca de Tena o la celebración de una misa solemne y un tedeum.

Al calor de la reunión, alguien hizo sonar en un gramófono la «Marcha Real», mientras algunos asistentes asomados al balcón gritaban vivas al rey y a la monarquía, al tiempo que lanzaban ejemplares del periódico clandestino El Murciélago, que invitaba a «hacer la vida imposible a esta caricatura de República, sin miedo a que venga el comunismo»[31]. El choque en la calle se desató con la aparición en taxi de un grupo de jóvenes. Los recién llegados se sumaron desde las ventanillas del auto, voz en grito, a los vivas monárquicos, despertando las protestas airadas del taxista, quien respondió con vivas a la República. Al oírlo, uno de los pasajeros le propinó un golpe con su bastón, haciendo que cayese desplomado e iniciando la escaramuza. Transeúntes de la calle, concurrida en ese instante tras terminar un concierto dominical en el Retiro, se acercaron a auxiliar al conductor, increpando al grupo monárquico, que se revolvió de manera violenta. De la sede de Alcalá, salieron algunos socios para apoyar a los jóvenes del taxi en el duelo cruzado de salvas, vivas y mueras a un régimen, y al contrario. Al convertirse los enfrentamientos verbales en empujones y golpes con violencia creciente, los monárquicos, superados en número, se refugiaron dentro del edificio. Los directivos ordenaron cerrar las puertas de Alcalá 67 y llamaron al Ministerio de la Gobernación para pedir auxilio.

En la calle se iba agrupando más y más gente, mezcla de curiosos y encolerizados, que exigía la salida y el castigo de los monárquicos atrincherados. La llegada de la policía no disminuyó la tensión. Parte de los congregados más enfervorizados habían prendido fuego a tres automóviles aparcados en las inmediaciones, uno de ellos, el de Luca de Tena. Mientras el jefe de policía pedía calma a la muchedumbre, los guardias de seguridad entraron en el Círculo para detener a parte de los monárquicos. Desde la calle, un grupo tiró piedras al edificio y rompió algunos cristales. Los guardias se asomaron a la ventana para pedir que les dejaran salir con los detenidos, aunque, ante la actitud levantisca del público, decidieron esperar a que llegaran los refuerzos. A las dos de la tarde aparecieron tres coches de policía, que intentaron aproximarse al edificio para facilitar el traslado de los arrestados. Pero la multitud se lo impidió y, ante la hostilidad desatada, el jefe de policía no permitió que saliesen a la calle.

Al poco llegaron un piquete de la Guardia Civil y un escuadrón de caballería. Recibidos con silbidos, los guardias envainaron los sables y se situaron alrededor de los coches, intentando rebajar la tensión. A la vista de que los grupos no se disolvían ni se reducía la hostilidad, el jefe ordenó a los guardias que formasen un pasillo de seguridad por el que los detenidos pudiesen llegar a los coches de policía sin menoscabo alguno. Los agentes consiguieron hacer entrar en uno de los automóviles al primer grupo de detenidos, aunque una parte del público arrolló a los guardias y, a empellones, sacó del coche a uno de los monárquicos.

Impotentes ante la situación, los policías pidieron más refuerzos, incluido un nuevo coche para trasladar a los arrestados, pero este vehículo también fue asaltado y terminó con los neumáticos pinchados, por lo que fue preciso pedir un segundo coche de refuerzo. Nuevo intento de sacar a los detenidos, nuevos empellones, nueva agresión a un auto que se disponía a salir con detenidos a bordo, nuevo regreso en busca de refugio al Círculo Monárquico… La escena se repitió en bucle hasta que, sobre las cinco de la tarde, los agentes del orden lograron sacar a los detenidos a la calle y, rodeándolos con los efectivos de refuerzo que habían ido llegando, los sacaron de allí y los trasladaron a pie a la Dirección General de Seguridad, seguidos por un corro que los insultaba. Otra parte de los efectivos se quedó custodiando el local, para evitar que fuese asaltado[32].

Pero la violencia callejera no se detuvo allí. Los rumores que aseguraban que el taxista no estaba herido, sino muerto, y que el responsable había sido Juan Ignacio Luca de Tena, se extendieron por la ciudad y con ellos, el caos y la violencia de una muchedumbre que pedía justicia y se quejaba de la laxitud con la que se consentían los crímenes monárquicos. El rumor y las provocaciones del Círculo Monárquico se sumaron a las noticias que la prensa del día contaba sobre la salida de las Prisiones Militares del general Berenguer, pese a estar acusado de responsabilidad en las ejecuciones de Galán y García Hernández, y a una incendiaria pastoral del cardenal Segura, publicada por los diarios el 7 de mayo, en la que convocaba a las mujeres de España a poner en marcha una cruzada de oración y sacrificio ante los ataques sufridos por la Iglesia. La indignación caminaba al grito de que había que proteger a la República de sus enemigos y se repartió por todo Madrid hasta bien entrada la madrugada del domingo.

Tras los acontecimientos de Alcalá, se produjo un intento de asalto a la sede del ABC, que terminó con fuego cruzado entre atacantes, guardias y defensores del edificio. El tiroteo ocasionó dos muertos, Martín Ulloa, portero de un edificio de la calle Serrano, y el niño Pedrito Alonso Fernández, quien recibió el impacto de una flecha. Disgregados los asaltantes en varios grupos, uno se dirigió a la Puerta del Sol para expresar su protesta ante Gobernación. Junto al rumor de la muerte del taxista en Alcalá, algunos grupos organizados extendieron la falsa respuesta de la Sociedad de Taxistas de llamar a la huelga y obligaron a los conductores a secundarla, amenazando con quemar sus coches. Los mismos grupos intentaron detener la circulación de tranvías, aunque la intervención de los socialistas, que ordenaron desde la Casa del Pueblo su puesta en marcha y enviaron sus milicias para protegerlos, restableció el servicio. También se produjeron atracos a varias armerías de la ciudad, algunos frustrados por las fuerzas del orden, otros con éxito suficiente como para que los instigadores que movían a los asaltantes se llevaran más de veinte escopetas de la calle Hortaleza y más de ochenta escopetas, rifles y carabinas de la Cava Baja. La profusión de armas propició más tiroteos a lo largo de la jornada[33].

Durante la madrugada pareció que todo se calmaba. Sobre las dos y media de la mañana, el gentío abandonó la Puerta del Sol y a las cinco y media, Luca de Tena y los demás monárquicos detenidos ingresaron en la Cárcel Modelo. Pero el lunes 11 amaneció con nueva violencia, esta vez dirigida hacia los edificios religiosos. La noticia del primer incendio llegó desde la iglesia que los jesuitas tenían en la calle Flor. Ardieron seis de los ciento setenta conventos de Madrid, incendiados por pequeños grupos, ante la pasividad de policías, bomberos y ciudadanos. En Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante también fueron incendiados unos quince conventos. En Barcelona, Macià durmió apostado en la Generalitat, listo para organizar una intervención si se iniciaban los ataques. En Zaragoza y Valencia, las agrupaciones republicanas montaron guardia ante las puertas de las iglesias al conocer lo sucedido en Madrid. El día 12, el Gobierno proclamó el estado de guerra en toda España y Maura pudo recurrir al Ejército para restaurar el orden público[34].

¿Por qué el Consejo de Ministros esperó y no pudo controlar la situación hasta dos días después? Los sucesos de mayo ilustran la debilidad con la que un Gobierno reformista enfrentaba los problemas de orden público, con pocos recursos a los que acudir y una excesiva dependencia del Ejército para un asunto que en el modelo democrático de seguridad se salía de sus competencias. Recién proclamada la República, los ministros temían que si respondían con excesiva contundencia y resultados violentos, el régimen perdiese la legitimidad popular al igualarse con la represión de la dictadura ante la primera dificultad. La policía contaba con pocos efectivos para hacer frente a este tipo de conflictos por sí sola. Esto explica escenas como la de los guardias desbordados en la calle Alcalá, teniendo que refugiarse en el Círculo Monárquico y pidiendo refuerzos una y otra vez. Y aquellas en las que un ministro o un personaje público apelaba a la autoridad de su buena imagen dirigiéndose a las masas para pedir calma. Así lo hizo el ministro de la Gobernación, prometiendo que se detendría a los «provocadores monárquicos» desde el balcón del ministerio. O Indalecio Prieto que, al conocer la noticia del intento de asalto de una de las armerías, salió él mismo a la calle para convencer a los alborotadores de que volvieran a casa y no pusiesen en peligro a la República, mientras llegaban los refuerzos policiales al lugar.

En esta línea, la escena más elocuente la protagonizaron los Sánchez Guerra, padre e hijo, que acudieron al rescate del exministro monárquico Leopoldo Matos, amigo del primero. Matos se había refugiado en la casa de un conocido que vivía cerca de la calle Alcalá, increpado por la multitud que vociferaba ante el Círculo Monárquico, que lo había reconocido. Fue este conocido quien llamó a José Sánchez Guerra para pedirle ayuda y el viejo político liberal acudió en su auxilio. Logró llevarlo hasta su casa, aunque por el camino, Matos recibió algún vapuleo y perdió la cartera y su estilográfica. Desde el hogar de Sánchez Guerra, sería el hijo, Rafael, secretario del presidente Alcalá-Zamora, quien velaría por la seguridad del exministro perseguido. Ante las presiones de los que esperaban en la calle, optó por llevarlo a Gobernación para que permaneciese protegido hasta que se calmaron los ánimos. Sánchez Guerra consiguió que el traslado fuese pacífico apelando a una medida curiosa como garantía: ató la mano de Matos a la de un obrero, que los acompañó en su paseo hasta la Puerta del Sol. Por el camino recuperaron la pluma y la cartera, a la que, como presumía el grupo que los escoltaba, no le faltaba ni un céntimo[35].

Ante semejante debilidad policial, el recurso evidente habría sido utilizar a la Guardia Civil, pero a pesar de la adhesión explícita de Sanjurjo el 14 de abril, su utilización represiva por parte de la monarquía había dañado de tal modo su imagen ante los ciudadanos que, llegado el momento, el Gobierno prefirió optar por una medida tan poco republicana como dejar el orden en manos del Ejército. Azaña sabía que la decisión era arriesgada, pues se mantenían al frente los mismos mandos que durante la monarquía y no había garantías de que no se excediesen, pero tras ver la impotencia de policías y guardias de seguridad corriendo detrás de los incendiarios sin conseguir nada, no quedaba más opción que confiar en que la capacidad disuasoria de su despliegue fuese suficiente[36].

Al frente del Ejército, en actitud conciliadora, encargado de leer el bando del estado de guerra y apelando a la cordura en aras del bien de la República, estaba un general que acababa de regresar del exilio parisino adonde había huido tras su implicación en los sucesos de Cuatro Vientos que siguieron a la sublevación de Jaca en diciembre de 1930. «La República es obra del pueblo», decía jubiloso Gonzalo Queipo de Llano, quien en 1931 era todavía un héroe popular del republicanismo.

La quema de conventos se convertiría con el tiempo en un mito para los sectores contrarrevolucionarios en una suerte de cadena que enlazaba estos sucesos con Octubre del 34 y la primavera del 36 para justificar el golpe del 18 de julio, pese a que los partidos republicanos, el PSOE y la UGT fueron ajenos a su desarrollo y condenaron enérgicamente lo sucedido. Pero sus consecuencias no fueron inocuas. Por una parte, la inhibición policial no impidió que el ala más izquierdista del espectro político acusase al Gobierno de represor. Un Gobierno que, según la CNT, ya no era revolucionario sino liberal, defensor del orden, de la propiedad y del Espíritu Santo, que mantenía armados a quienes habían servido a la monarquía en vez de entregar sus armas al pueblo[37]. Por otra, contribuyó a endurecer la posición de la Iglesia y de los monárquicos y asustó a los sectores conservadores, partidarios del orden, que consideraron excesivamente blanda la respuesta del Consejo de Ministros, percibiendo su debilidad.

Los sucesos de mayo también llevaron al Gobierno provisional a reforzar su capacidad de respuesta antes los problemas de orden público. Disparar sobre manifestantes era costoso, pero permitir que representantes violentos de cualquier signo político dominasen las calles, también. Con esta convicción se creó el Cuerpo de Seguridad de Vanguardia y Asalto, una fuerza de antidisturbios moderna para dispersar protestas tumultuosas sin causar muertes. Era un cuerpo civil, sujeto a férrea disciplina, con oficiales militares, agentes civiles y dependiente de Gobernación. Los guardias tenían que medir al menos 1,80 metros y gozar de unas condiciones físicas atléticas. Contaban con coches y motocicletas para llegar con rapidez y evitar que el conflicto escalase. Pero lo más novedoso eran sus armas. No llevaban sables ni fusiles máuser, sino porras y pistolas. La diferencia entre dispersar una manifestación pegando con la porra o disparando se saldaba con heridos frente a muertos. Sin embargo, la Guardia de Asalto sólo se implantó en las ciudades, y no en todas. La Guardia Civil y sus armas de fuego se mantuvieron como único recurso del Estado en el mundo rural. Ante conflictos violentos, la resolución siguió siendo sangrienta[38].

La posición de los anarquistas frente a la República no ayudó a evitarlo. Mientras alfonsinos y carlistas tejían una conspiración que no terminaba de coger aire, los anarquistas de la CNT y de la FAI (Federación Anarquista Ibérica) se habían propuesto impedir la consolidación de un régimen que consideraban liberal y no obrero. El plan del faísta Juan García Oliver era organizar acciones de «gimnasia revolucionaria» que desatasen una espiral de acción y represión. La respuesta violenta de los agentes del orden radicalizaría a los trabajadores, lo que provocaría a los reaccionarios, indignados ante el desorden y la anarquía. Este bucle de enfrentamientos hundiría a la «modosita» república burguesa y la revolución anarcosindicalista triunfaría. A partir de julio de 1931, los sindicatos cenetistas encadenaron una oleada de huelgas generales y revolucionarias en las ciudades, sobre todo en Andalucía y Cataluña. En septiembre, los jornaleros se unieron a la agitación de los obreros con enfrentamientos, huelgas y ocupaciones[39].

La aspereza del invierno, agudizada por el paro asociado a la estación, endureció la tensión. Los choques entre campesinos y Guardia Civil se enlazaban, sumando un goteo de muertos. Uno de los sucesos más violentos ocurrió el 31 de diciembre en el pueblo extremeño de Castilblanco. La Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra había convocado una huelga general en la provincia de Badajoz. El alcalde envió a cuatro guardias civiles para pedir al presidente de la Casa del Pueblo que cancelase una manifestación sin permiso que se estaba celebrando. Un grupo de mujeres empezó a insultar a los guardias. Se produjo un forcejeo y un agente disparó, alcanzando a un campesino. La multitud se echó encima de los guardias, con piedras y machetes. El linchamiento fue tan salvaje que la opinión pública reaccionó con espanto y desolación. La prensa republicana acusaba al caciquismo, origen de una España negra de hambre, miseria y violencia, al tiempo que simpatizaba con los agentes muertos, de los que contaban detalles personales, como la boda de uno de ellos, prevista para el día siguiente, que ya no podría celebrarse[40].

Durante los días siguientes se sucedieron los choques violentos entre la Guardia Civil y los campesinos en pueblos de Badajoz y otras provincias: Zalamea de la Serena, Épila, Jeresa… Todos se saldaron con muertos. El más brutal se produjo el 5 de enero, víspera de los primeros Reyes republicanos, en el pueblo riojano de Arnedo. Una manifestación pacífica ante el ayuntamiento dirigió sus gritos hacia un grupo de casi treinta guardias civiles, que reaccionó con gran nerviosismo. Los nervios se tradujeron en disparos a quemarropa sobre la muchedumbre, que se refugió despavorida en los alrededores. Los tiros llegaron a la farmacia del pueblo, donde murieron dos mujeres. En total fueron seis los fallecidos, que con el paso de los días se convirtieron en once, incluidos un niño y una mujer embarazada. Hubo treinta y nueve heridos, entre ellos un buen número de menores, como el bebé de pocos meses alcanzado por una bala que ilustraba la portada del diario Ahora el 7 de enero. El periódico envió a Manuel Chaves Nogales y otros compañeros a cubrir lo sucedido y expuso en un extenso reportaje fotográfico los escenarios y los resultados del tiroteo. Las fotos del hospital, que mostraban a un niño al que tuvieron que amputarle la pierna izquierda, y las del depósito, especialmente las de Micaela Pérez Arpón y su pequeño hijo Manuel, conmocionaron a sus lectores, congelando las simpatías por la Guardia Civil que habían seguido a las muertes de Castilblanco[41].

El bucle de violencia puso a la Guardia Civil en el centro de discusión y polarizó las opiniones respecto a ella. La influencia de los ministros socialistas y su lealtad al Gobierno se vieron reflejadas en la actitud contemporizadora de la estructura del partido. La UGT publicó un comunicado en el que afirmaba que debía sentirse el mismo dolor por los sucesos de Castilblanco que por los de Arnedo y manifestaba su perseverancia en defender a la República, aunque pedía sensibilidad y justicia hacia los «desheredados». La justicia social era la solución a la violencia. «Los problemas sociales no pueden resolverse con balas de fusil. Al pueblo que tiene hambre es necesario darle pan.» Pese a ello, se produjeron duras intervenciones contra la Guardia Civil en el Parlamento y algunos diputados, como Margarita Nelken, iniciaron una campaña de derribo hacia Sanjurjo.

El Gobierno estaba convencido de la necesidad de destituir al general por su actitud rebelde y sus declaraciones imprudentes, en las que justificaba las muertes de Arnedo y calificaba la situación de esos días como una competición ajustada entre los planes soviéticos y una república con disciplina. Pero Azaña consideraba inoportuno relevarlo en ese momento. Opinaba que sólo serviría para enconar las posiciones y no quería dar la imagen de un gabinete que se plegaba a las presiones. Durante los siguientes días se sucedieron los rumores de uno y otro signo. Los que decían que Sanjurjo planeaba una sublevación apoyado por sus hombres, con la aquiescencia de Lerroux, buen amigo suyo. Los que aprovecharon la visita del general Miguel Núñez de Prado al presidente del Consejo para decir que iba a ser el sustituto de Sanjurjo, que se indignaban por el compadreo con el que se ponían y quitaban puestos de tal calibre.

El Gobierno no destituyó a Sanjurjo, pero cuando el 19 de enero se inició en el Alto Llobregat la primera de las tres insurrecciones anarquistas que sufrió la República, Azaña envió al general Nicolás Molero Lobo y no a él para sofocarlo. Fígols, Sallent, Berga o Manresa proclamaron el comunismo libertario. Abolieron el dinero e iniciaron un proceso de reorganización social dirigido hacia la anarquía. Pero Molero Lobo, con el coronel Domingo Batet como jefe de brigada, redujo con facilidad el movimiento. Ciento cincuenta anarquistas fueron deportados a las colonias de África haciendo valer la Ley de Defensa de la República, ley de excepción transitoria aprobada apenas dos meses antes a imagen y semejanza de la impulsada por la República de Weimar[42].

La situación de Sanjurjo se hizo insostenible. Sus declaraciones sobre los violentos sucesos navideños llegaron al extranjero y se hizo público el desaire que le había hecho a Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, al negarse a ir a recibirlo en Castilblanco, cuando acudieron al entierro de los guardias. Azaña le comunicó que pensaba cambiarlo de destino nombrándolo jefe del Cuerpo de Carabineros. Pero esta guardia fiscal era un cuerpo menor que carecía de competencias de orden público, por lo que resultaba evidente el castigo. La noticia se recibió con agitación en la Guardia Civil, que se solidarizó con las protestas de su jefe. Durante días se temió una sublevación y Azaña acudió a oficiales del Ejército con los que le unía parentesco o amistad para pulsar de manera fiable los ánimos e intentar templarlos.

El 1 de febrero, cerrada ya la insurrección en Cataluña, el presidente puso en marcha una combinación de ascensos y destinos entre los que colocó el de Sanjurjo, con la intención de diluir el impacto del cese. Fue sustituido por Miguel Cabanellas, con la confianza de que su pasado como represaliado por Primo de Rivera y su condición de masón fueran suficientes garantías de su lealtad republicana. Su destitución terminó de alejar a Sanjurjo del Gobierno, quebrando su lealtad hacia él, al tiempo que el extremo derechista lo entronizó como un héroe al que agasajar. Los estudiantes católicos convirtieron el «¡Viva Sanjurjo!» en un grito de guerra que acompañaba a sus «¡Viva Cristo rey!» o «¡Viva España!»[43].

Cuando el 6 de mayo se inició en las Cortes la discusión del Estatuto de Cataluña, la conspiración que impulsaría la sanjurjada en el mes de agosto ya había extendido sus ramas con energía y desorden. Se trataba de un maremágnum efervescente de militares retirados, jóvenes militares, aristócratas, políticos y algún banquero. Una «fauna de pistoleritos flamencos y señoritos reaccionarios de rifle y flor de lis», como los definiría Chaves Nogales, que carecían de organización y eficiencia. La trama estaba comandada por el general Barrera, el militar de mayor rango de más antigüedad, que no logró aglutinar ingredientes tan difíciles de ligar. En el fondo, los militares jóvenes en activo no aceptaban el control de los retirados. El fichaje de Sanjurjo aportó autoridad moral, pero su carácter caótico y emocional no revirtió la falta de método y cohesión.

Los conspiradores ni siquiera tenían un proyecto común. Si unos buscaban una república «de orden», con Sanjurjo al mando del Ejército, Alejandro Lerroux en la jefatura del Estado y Melquíades Álvarez en la presidencia del Consejo, otros aspiraban al retorno de Alfonso XIII. Con todo, su principal carencia era la de efectivos. Pese a su extensión en compromisos o simpatías, no contaban con suficientes hombres, armas y financiación. Los carlistas ofrecieron seis mil hombres del requeté de Sanz de Larín, pero la falta de acuerdo hizo que Pamplona no llegara a sublevarse. Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), con Onésimo Redondo al frente, respaldaron la conjura, pero eran una fuerza menor. El aviador monárquico Juan Ansaldo y el general Ponte habían viajado a Roma en busca del apoyo del mariscal fascista Italo Balbo, pero regresaron con simpatía y promesas de armas que no se materializaron. La ley del 11 de marzo que suprimía las publicaciones periódicas militares no técnicas supuso el cierre de La Correspondencia Militar, diario madrileño de posición belicosa frente al régimen que era su principal arma de propaganda[44].

Para terminar de empeorar este panorama, una imprudencia que dio lugar al llamado «incidente de Carabanchel» hizo perder su rango a tres de los militares en activo con mejor posición. Sin permiso y conocimiento del ministro de la Guerra, Manuel Azaña, se organizó una comida de confraternización entre tres regimientos de Madrid y los cadetes de las Academias, que estaban en el campamento de Carabanchel de maniobras. El general de división Federico Caballero García aprovechó su discurso para criticar la política militar y autonomista del Gobierno. El general Rafael Villegas, su superior, fue más comedido, pero terminó su alocución con un «¡Viva España!», obviando el habitual «¡Viva la República!». Y el jefe del Estado Mayor, el general Manuel Goded, cerró las intervenciones llamando a los cadetes a vitorear con «Un viva único: ¡Viva España!». Este desplante al régimen despertó las iras de oficiales republicanos presentes y terminó con un enfrentamiento violento y un coronel arrestado. Lo sucedido se supo enseguida y Azaña intervino cesando a los tres generales. Todos ellos, incluido el jefe del Estado Mayor, estaban implicados en la conspiración, pero su ligereza impidió que lo hiciesen desde una posición relevante[45].

Llegado el mes de agosto, la junta liderada por el general Barrera decidió que había llegado el momento de la sublevación. Su plan, poco trabado, se resumía en levantar cinco ciudades a la vez. De Madrid se encargarían los generales Barrera y Emilio Fernández Pérez. De Sevilla, Sanjurjo. De Valladolid, el general Ponte y Onésimo Redondo. De Granada, el general Manuel González Carrasco y, de Cádiz, el general José Enrique Varela. Los acontecimientos se iniciarían en Madrid, donde se asaltarían dos objetivos: el Ministerio de la Guerra y la Casa de Correos. Conseguido el fin, sólo tendrían que esperar a que los generales comprometidos se pronunciasen en las demás ciudades.

Pero la policía consiguió averiguar la hora y el día del golpe: 10 de agosto a las cuatro de la madrugada. La amante de un oficial que formaba parte del contubernio confesó todos los detalles orquestados a cambio de proteger a su enamorado, deseoso de abandonar el complot. Tras comprobar la veracidad de algunos de los datos que ofrecía, Casares Quiroga y el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, informaron a Azaña. Por prudencia, decidieron no compartir lo que sabían con nadie más y trazaron el plan de defensa. El objetivo era dejar que los conspiradores diesen el paso y aprovechar la ventaja de conocer sus planes para detenerlos en plena faena. Esperaban terminar definitivamente con la amenaza que ronroneaba en semiclandestinidad desde abril del 31.

Parte de los conspiradores fueron detenidos cuando llegaron a las doce de la noche a su cuartel secreto: un piso en la calle Bárbara de Braganza. Ajeno a ello, Barrera asaltó el Ministerio de la Guerra con sus exiguos efectivos: una tropa de militares retirados y un escaso número de soldados del Depósito de Remonta. Fueron recibidos por un retén de guardias de asalto en la que fue la primera prueba real de efectividad del cuerpo. Tras un intenso tiroteo, los atacantes huyeron hacia su otro objetivo, la Casa de Correos, donde fueron detenidos. El general Barrera intentó tomar una avioneta para marchar a Pamplona y sublevar la ciudad con el apoyo carlista, pero nadie quiso seguirlo[46].

Azaña, que permaneció en el ministerio toda la noche junto a su esposa, Dolores Rivas Cherif, telefoneó a Casares Quiroga, acuartelado en Gobernación, para conocer la situación en el resto del país. En cuanto se supo del fracaso de Madrid, nadie excepto Sanjurjo se atrevió a salir. El planteamiento de la sublevación era el de un pronunciamiento clásico decimonónico: provocar la caída del Gobierno ante una cadena de levantamientos. Sin esa cascada, no hubo fuerza y la sublevación se desinfló. Sanjurjo, apoyado por el general Miguel García de la Herrán, su ayudante Esteban Infantes y el capitán Justo Sanjurjo, su hijo, se había atraído a la guarnición, pero tras conocerse el fracaso de Madrid, no fueron más allá. El exdirector de la Guardia Civil huyó hacia Huelva y fue detenido cerca de la frontera con Portugal.

El golpe del 10 de agosto fracasó por su planteamiento anticuado de pronunciamiento y porque no contó con apoyos ni medios suficientes, ni militares ni civiles. A esas alturas, buena parte de las derechas todavía veía posible conseguir sus propósitos a través de la política, como demostraba la coalición católica que se estaba conformando. Y en el Ejército, la obediencia había funcionado como cortafuegos a pesar de la fuerza del antirrepublicanismo en su seno. Nadie deseaba correr peligro personal ni arriesgar su carrera por un plan que no parecía inevitable ni ofrecía garantías de éxito. La falta de participación, no obstante, no implicaba que las simpatías por sus fines no gozaran de mayor extensión. Este fracaso sirvió de enseñanza para muchos de los conspiradores que quedaban libres. La conjura que lograse conquistar el poder necesitaba un movimiento militar planificado, el apoyo de una mayoría de los oficiales en activo y fondos suficientes.

Con este último fin, el militar monárquico Jorge Vigón comenzó a recaudar fondos entre los terratenientes, a quienes la reforma agraria ya asustaba lo suficiente. También entre los militares, que, debido al compañerismo o a la mala conciencia de no haberse sumado por prudencia, pusieron en marcha todo un movimiento de apoyo económico hacia los condenados. El éxito fue tal que los presos de la sanjurjada recibieron el equivalente a los sueldos perdidos por su traición. El Gobierno consintió estos movimientos de solidaridad para no crear mártires y evitar el resentimiento de los militares; el mismo argumento que sostuvo el indulto de la pena de muerte a Sanjurjo a cambio de cadena perpetua. «Más ejemplar escarmiento es Sanjurjo fracasado, vivo en presidio, que Sanjurjo glorificado, muerto.»[47] Este engranaje de ayudas sirvió de primer contacto entre oficiales extremistas descontentos con las reformas y los peligros republicanos y fue el germen de la Unión Militar Española (UME), una agrupación clandestina clave para que el golpe del 18 de julio no repitiese los mismos fallos de planificación[48].

El fracaso de la sublevación militar llevó al Gobierno de Azaña a su momento más dulce. Las reformas se iban encauzando. Se aceleró la aprobación del Estatuto catalán, se aprobó la primera ley de reforma agraria y se puso en marcha la construcción de escuelas y un programa de grandes obras públicas. La mayoría republicano-socialista era sólida. La UGT respaldaba al Gobierno, lo que le daba confianza sobre su capacidad de controlar las reacciones obreras, a pesar de la agitación impaciente de muchos de los afiliados del sindicato y de la influencia creciente de la CNT. El aplastamiento de la sanjurjada parecía haber fortalecido a la República y frenado las conspiraciones monárquicas. El conjunto dibujaba un clima favorable para cumplir el plan que Azaña consideraba necesario para consolidar el régimen: dar tiempo a las Cortes Constituyentes para aprobar el armazón legal del nuevo régimen, mantener a los socialistas en el Gobierno mientras cumplían el programa de reformas que tenían en común y separarse amistosamente de ellos una vez consolidadas. Acelerar los tiempos, con una disolución precipitada de las Cortes y un nuevo gabinete que tuviese la capacidad y el deseo de revertir los avances, podría empujar a los socialistas a una posición violenta, poniendo en jaque a la República.

La República atenazada

Si en otoño de 1932 ese temor de Azaña se veía lejano, en 1933 los acontecimientos se encadenaron en sentido contrario. «La República está hoy en una tenaza: los monárquicos y los anarquistas. Los ataques de uno y otro bando son violentísimos, según el modo de cada cual», escribía el presidente del Gobierno en su diario el 15 de enero de 1933, preocupado por la presión que amenazaba la estabilidad del régimen republicano antes de terminar su tarea. «¿Es que España no puede vivir en democracia y con ley? ¿Nadie quiere obedecer si no es por la fuerza?»[49]

A principios de enero, los informes de Gobernación alertaron sobre la amenaza de un levantamiento en nombre del comunismo libertario. La CNT había decidido recuperar la «gimnasia revolucionaria» defendida por García Oliver. La segunda insurrección anarquista comenzó el 8 de enero en varias aldeas aragonesas y andaluzas y se extendió a los barrios industriales de las afueras de Barcelona. Se desató una oleada de violencia plagada de incendios, cortes de comunicaciones, ocupaciones para facilitar la colectivización de la economía y choques brutales de obreros y campesinos con las fuerzas de seguridad. Los incidentes sangrientos que se registraron en todo el país dejaron un saldo de treinta y siete muertos, trescientos heridos y un nuevo episodio trágico: los sucesos de Casas Viejas.

En la madrugada del 11 de enero, los habitantes de este pequeño pueblo gaditano declararon el comunismo libertario y se dirigieron al cuartel de la Guardia Civil para lograr su rendición. Rodearon el local, armados con escopetas y pistolas, y en el tiroteo hirieron a dos de los cuatro guardias, que morirían días después. A las dos de la tarde, llegaron los primeros refuerzos, doce guardias civiles que rescataron a sus compañeros y ocuparon el pueblo. A ellos se sumó un segundo grupo conformado por cuatro guardias civiles y doce guardias de asalto. Detuvieron a los presuntos responsables del ataque al cuartel, que en los interrogatorios señalaron a los hijos y al yerno de Francisco Cruz, «Seisdedos», un carbonero de setenta y dos años, simpatizante de la CNT. Todos ellos se habían refugiado en la choza de Seisdedos. Las fuerzas de seguridad se dirigieron allí y sitiaron a los campesinos. Se produjo un intercambio de disparos en el que murió un guardia de asalto. Más allá de la medianoche llegaron nuevos refuerzos, de cuarenta a noventa agentes, según las versiones, comandados por el capitán Manuel Rojas. Este ordenó disparar contra la choza y después, prenderle fuego. Murieron ocho personas, entre ellos Seisdedos y toda su familia, excepto su nieta María Silva Cruz, la Libertaria.

El capitán Rojas ordenó acabar con otros catorce prisioneros a sangre fría. Los sacaron de su casa, los llevaron a la choza de Seisdedos y allí los fusilaron. En la investigación que siguió a los hechos, Rojas dijo haber cumplido las instrucciones del director general de Seguridad de no dejar heridos ni prisioneros. Y acusó a Azaña de ser el origen de la orden, poniendo en su boca la frase cruel de «los tiros, a la barriga». Sus declaraciones sólo fueron corroboradas por el capitán Bartolomé Barba Hernández, militar extremista de derechas que a finales de ese mismo año sería uno de los fundadores de la UME.

Lo sucedido en Casas Viejas escandalizó a la opinión pública y la oposición lo aprovechó para desgastar al Gobierno. El 2 de febrero, en su primera comparecencia en Cortes sobre este asunto, Azaña justificó los acontecimientos, respaldando como en ocasiones anteriores a las fuerzas de seguridad. Pero Azaña ignoraba cómo se habían desarrollado los hechos. Todos los informes que había recibido hasta entonces ocultaban los fusilamientos. Casares Quiroga se había entrevistado con Rojas el 29 de enero y este le dibujó un escenario muy violento, aunque negó que él y sus guardias se hubiesen extralimitado. Quienes sí tuvieron noticias de lo sucedido casi desde el primer momento fueron los miembros del Partido Radical, a través de un testimonio fiable recibido por su diputado por Cádiz el 18 de enero. Sin embargo, los radicales no compartieron la información con el Gobierno, sino que la utilizaron para montar una campaña en su contra. Su objetivo era forzar su caída y dejar a Lerroux bien situado para presidir el siguiente gabinete.

Azaña, que comenzaba a desconfiar de la veracidad de la información que recibía, envió al juez de Medina Sidonia encargado de la investigación los informes que había recibido hasta ese momento junto con la transcripción de las acusaciones de los radicales. Además, solicitó un informe reservado que confirmó los fusilamientos y señaló a los guardias de asalto como responsables. Tras recibir ese documento, envió a Cádiz al magistrado del Tribunal Supremo Mariano Granados para pedirle que leyese los sumarios sobre los sucesos y le trajese toda la información posible. Fue así como supo que se habían recogido hasta trece testimonios que corroboraban los fusilamientos[50].

La investigación de las Cortes, como haría después el proceso judicial, exoneró al Gobierno de toda responsabilidad. Los radicales, que habían presentado una moción de censura, la retiraron. El gabinete también logró solventar la crisis en la que casi se había sumido, por el intento de la minoría radical-socialista de retirar a sus ministros para desligarse de lo sucedido. No se produjo crisis y el Gobierno logró aguantar, pero la mayoría comenzó a mostrar debilidad. En lo que se refiere a Casas Viejas, a pesar de la exculpación judicial y parlamentaria, la opinión pública siguió considerando responsable moral al Consejo de Ministros.

La sombra de esta tragedia nunca abandonó a Azaña y sirvió de base para la leyenda negra que los opositores a la República volcaron sobre él y también sobre Casares Quiroga. Permaneció la caricatura de personajes pérfidos sin escrúpulos, responsables de la caótica situación republicana que hacía necesario un golpe de orden para volver a su cauce. La crueldad monstruosa de ambos sería constante en el discurso del extremismo de derechas y posteriormente en el franquismo. También en el de buena parte del anarquismo, en 1933 y todavía en el exilio. Paradójicamente a ello contribuyó el relato de parte de la prensa republicana, especialmente la versión que Ramón J. Sender recogió en sus reportajes en el diario La Libertad, publicados en formato de libro con el título Viaje a la aldea del crimen. Sus páginas destilaban decepción por la república de Azaña, a quien hacía responsable de lo sucedido, y convencimiento de la inutilidad del parlamentarismo[51].

Sender escribía desde la progresiva simpatía hacia la visión revolucionaria, pero ese descreimiento hacia la república y la democracia liberal no fue exclusivo de quienes evolucionaron en ese sentido. Durante las discusiones parlamentarias sobre Casas Viejas, hasta tres diputados de diferentes partidos mostraron a Azaña en privado su convicción de que era necesaria una dictadura para terminar con los movimientos anarquistas. E intelectuales como Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset, que habían celebrado la llegada de la Segunda República y eran diputados en las Cortes Constituyentes, ya mostraban en público su desafección al Gobierno y a la línea por la que había ido discurriendo el régimen republicano.

Al margen de Casas Viejas, 1933 dejó signos de que el electorado comenzaba a pendular hacia opciones más conservadoras. Así lo reflejaron los resultados de las elecciones municipales parciales de abril. A pesar de la clara victoria republicana, el porcentaje de concejales electos de orientación monárquica o de extrema derecha fue más alto de lo esperado. Además, dentro de las candidaturas republicanas, los radicales sobrepasaron a los socialistas. El presidente de la República interpretó estos datos como una reorientación de la sociedad hacia la derecha, por lo que consideró que el Gobierno debía frenar el ritmo de sus reformas. Sin embargo, este siguió con su planificación y aprobó la Ley de Congregaciones, que prohibía a las órdenes religiosas dedicarse al comercio, la industria y la enseñanza. La Iglesia recibió muy mal esta medida, lo que llevó a un endurecimiento de las posturas y dificultó los acuerdos en otras cuestiones.

Al mismo tiempo, la fragilidad de la mayoría republicano-socialista se fue haciendo patente. Los socialistas empezaban a acusar la presión de la UGT, descontenta por el desgaste de estar en un Gobierno que había aprobado una ley agraria más tímida de la que el sindicato propugnaba o que se había visto envuelto en los sucesos de Casas Viejas. Mientras, la CNT, que se había opuesto al gabinete desde el principio, desarrollaba una potente labor de propaganda amparada en la libertad de prensa que le permitía crecer sin el lastre de sostener «políticas burguesas».

La mayoría de las Cortes Constituyentes terminó de romperse con el definitivo pase del Partido Radical a la oposición. Aunque no formaban parte del Gobierno desde que se aprobó la Constitución y habían manifestado críticas y obstaculizado la labor gubernamental en más de una ocasión, los radicales habían apoyado con sus votos todas las reformas. Sin embargo, cada vez eran más contrarios a la participación de los socialistas en el Consejo de Ministros. Y, sobre todo, estaban convencidos de que había llegado su momento de gobernar. Cuando el debate generado sobre los incendios de las cosechas separó definitivamente a socialistas y azañistas, Alcalá-Zamora pidió a Lerroux que formase un nuevo Gobierno el 12 de septiembre. Fue un experimento breve, pues aislado por la izquierda y la derecha, el líder radical tuvo que presentar una cuestión de confianza el 2 de octubre y no la superó. Ante la dificultad de alcanzar mayorías, el presidente encomendó un nuevo Gobierno al segundo de Lerroux, Diego Martínez Barrio, y disolvió las Cortes[52].

Las elecciones se verificaron el 19 de noviembre. Con las derechas ya reorganizadas, su nivel de disputa fue muy superior al de las constituyentes. Además, se celebraron bajo una nueva ley electoral que primaba las coaliciones. Esto castigó la separación de los antiguos socios de gobierno y favoreció a las fuerzas de derechas, que se presentaron en bloque. Los resultados confirmaron la tendencia conservadora de los meses anteriores. La CEDA logró 115 escaños; el Partido Agrario, 30; los carlistas de la Comunión Tradicionalista, 20, y los monárquicos alfonsinos de Renovación Española, 14. La mayoría de derechas obtuvo 179 diputados, a la que se sumaban hasta otros 22 de fuerzas menores, incluido el escaño de Falange Española.

Los partidos de la antigua coalición gubernamental salieron muy castigados, tanto por su desgaste como por su concurrencia en solitario. Acción Republicana, el partido de Azaña, obtuvo sólo 5 diputados, 21 menos que en 1931, mientras que los radical-socialistas de Marcelino Domingo perdieron 60. El PSOE, por su parte, se quedó sin la mitad de su representación y bajó a 59 representantes.

Por último, el Partido Radical ocupó la segunda posición. El apoyo de la clase media urbana le permitió alcanzar 102 diputados. Teniendo en cuenta que concurrió en solitario y que la CEDA había salido beneficiada por la ley electoral y estaba sobrerrepresentada respecto a su número de votos, Alcalá-Zamora encontró el argumento que deseaba para no encargar la formación de Gobierno a José María Gil Robles y se lo pidió a Lerroux.

El presidente de la República se resistió a este nombramiento porque no confiaba en la CEDA, que todavía no había manifestado explícitamente su lealtad a la república. La ambigüedad del partido se acentuaba en su organización juvenil, la Juventud de Acción Popular (JAP), que tras el fracaso de la sanjurjada había decidido seguir la vía gradualista, con el horizonte de un régimen autoritario al final del camino. Tampoco ocultaban sus simpatías hacia movimientos más radicales, como el fascismo italiano. Su ambivalencia llegó al punto de adoptar oficialmente el saludo semifascista. Así, en lugar de levantar por completo el brazo derecho, lo alzaban a medias, doblándolo por el codo para cruzarlo sobre el pecho[53].

Sus mayores sentían hacia este comportamiento una mezcla de aprensión y fascinación. Inicialmente, Gil Robles se opuso a la radicalización de las juventudes, aunque tras su visita al congreso nazi de Núremberg se inclinó hacia formas fascistizantes suavizadas por la táctica posibilista. Ello no fue óbice para que usara expresiones belicistas ya durante la campaña de 1933, apelando a la fundación de un nuevo Estado, a la limpieza del país e incluso asumiendo el derramamiento de sangre, siempre desde una calculada ambigüedad. «Si quieren la ley, la ley; si quieren la violencia, la violencia.» Este juego de comportamientos horrorizaba a Alcalá-Zamora, por lo que se propuso evitar su llegada a la presidencia del Consejo. En realidad, esta actitud del presidente favorecía el plan de Gil Robles de asumir el poder poco a poco, que manifestó de manera explícita recién formado el Gobierno, a finales de diciembre. «Hoy facilitaré la formación de gobiernos de Centro; mañana, cuando llegue el momento, reclamaré el poder, realizando la reforma constitucional. Si no nos entregan el poder, y los hechos demuestran que no caben evoluciones derechistas dentro de la república, ella pagará las consecuencias.»[54]

La CEDA cumplió su plan y comenzó dando apoyo parlamentario a los radicales. A cambio, el Gobierno de Lerroux tendría que cumplir con las demandas mínimas de la derecha: amnistía de los presos de 1932, revisión de las leyes religiosas y laborales y una enmienda a la ley agraria que eliminase su parte nacionalizadora. Los radicales prometieron un gabinete revisionista, no reaccionario. No obstante, la excesiva dependencia de los de Gil Robles torpedeó su acción en cuanto se apartaban de la línea marcada, obstaculizando todos los proyectos de carácter progresista. Esta tensión terminó por romper a los radicales y provocó la salida de Diego Martínez Barrio del Gobierno y del partido en apenas dos meses. La ruptura dejó aún más maniatado a Lerroux por la CEDA, pues además de perder a sus compañeros más orientados hacia el centro izquierda, mostraba su débil capacidad de resistencia a sus exigencias. Así, con el paso de los meses, los católicos intensificaron sus intentos de expurgar del Gobierno cualquier presencia de carácter liberal[55].

Republicanos de izquierda y socialistas vieron con horror la incapacidad de los radicales de sobreponerse a la continua presión hacia la derecha y consideraron que no podrían ejercer de dique del régimen ante las ambiciones autoritarias de la CEDA. Para el PSOE, el triunfo de las derechas supuso un empujón hacia la ruptura con los republicanos y con la república vigente. Esto lo llevó a adoptar una postura defensiva en la que empezó a coquetear con las ideas revolucionarias. El relativo fracaso de su alianza con el azañismo hizo recuperar en el ala más izquierdista del partido la idea de que los republicanos ocupaban un espacio político falso, cedido por el socialismo. La dictadura del proletariado volvió a ser su meta inmediata y era necesario prepararse. El 25 de noviembre de 1933, los comités ejecutivos de PSOE y UGT aprobaron una resolución conjunta en la que afirmaban que si los reaccionarios conquistaban el poder, su respuesta sería alzarse vigorosamente[56].

Con este tipo de declaraciones buscaban impedir la entrada de la CEDA en el Gobierno, esperando que la amenaza fuese suficiente. Los republicanos de izquierda rechazaron categóricamente esta actitud, sin importarles que fuera teatral o no. Así se lo comunicó Azaña a Fernando de los Ríos. El gabinete radical le parecía censurable, pero no merecedor de una respuesta insurreccional. Creía que un levantamiento socialista clásico, una huelga general con apoyo de los elementos militares afines, era una quimera que las fuerzas de seguridad aplastarían, pero, aunque contasen con opciones de triunfar, los republicanos se negaban a apoyar una alternativa que dañaba a la República. Cuando, con el transcurrir de los meses, los socialistas moderados vieron debilitada su influencia en beneficio de los sectores más extremistas, Azaña tampoco aceptó la explicación de Largo Caballero de que su obligación era seguir los deseos de las bases. En su opinión, la verdadera obligación de los líderes era orientar y modificar estos deseos insurreccionales[57].

Pero a los socialistas les aterraba cada vez más el parecido de Gil Robles con el canciller austríaco, Engelbert Dollfuss, y el que había entre sus respectivos partidos. Después de llegar a la presidencia, Dollfuss había aprobado el cierre del Parlamento, la supresión del derecho de huelga, el control de la prensa o la persecución de los socialistas, consolidando un régimen autoritario, no democrático y opuesto a los intereses obreros. El referente no podía ser más preocupante para ellos[58].

El momento decisivo llegó en octubre de 1934. El día 1, la CEDA retiró su apoyo parlamentario al Gobierno, que tras una crisis previa no presidía Lerroux sino Ricardo Samper, político excesivamente liberal para el gusto de los de Gil Robles. Lo sustituyó un nuevo gabinete encabezado por Lerroux y en el que, por primera vez, entraron tres ministros de la CEDA. La llegada de los ministros derechistas fue recibida por la izquierda revolucionaria y por los liberales de clase media como una tragedia. Para ellos significaba la entrada del fascismo en las instituciones.

La reacción desencadenó dos procesos revolucionarios diferentes. Por un lado, la huelga general insurreccional convocada por los socialistas a partir de la madrugada del 5 de octubre, cuyos efectos y manifestaciones fueron muy diferentes en cada provincia. Por otro, la proclamación del Estat Català en la madrugada del 6 de octubre. Las huelgas generales fracasaron por la abstención de los anarquistas en casi todas partes, por la multiplicidad de consignas recibidas, por el cansancio campesino, que encadenaba ya muchas huelgas, y por la división socialista. La mayoría de los intelectuales exdirigentes sindicales se oponían a la retórica revolucionaria y el propio Largo Caballero se mostró indeciso al declarar la huelga en Madrid. La proclamación inmediata del estado de guerra en toda España contribuyó a generalizar el fracaso de la convocatoria. Mientras, en la zona minera de Asturias, una unión de fuerzas proletarias inició la lucha armada contra el Gobierno, el Ejército y el capitalismo[59]. En Cataluña, el movimiento nacionalista apenas duró diez horas y se mezcló con la actuación de las Alianzas Obreras, que, allí donde lograron el control, alargaron la movilización y radicalizaron la huelga. La relación entre Generalitat y Gobierno era tirante desde su desacuerdo por la Ley de Cultivos, aprobada por el Parlamento catalán y derogada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, el gabinete de Lluís Companys recibía una fuerte presión desde ambos extremos. Por la izquierda, de los rabassaires, campesinos que pugnaban por la aprobación de la Ley de Cultivos. Por la derecha, de los escamots, fuerza paramilitar juvenil vinculada a Esquerra Republicana y liderada por el conseller de Gobernación, Josep Dencás. Fue este grupo el que encabezó las escaramuzas del 5 de octubre, presionando a favor de la huelga, repartiendo armas y pertrechándose en Gobernación, dispuestos a salir a la lucha[60].

Companys intentó frenar a Dencás, pero no lo logró. Presionado por el empuje de su cuerpo paramilitar, optó por lanzar una salida intermedia y proclamó «el Estado catalán de la República Federal Española», invitando a los que se habían alzado contra el fascismo a establecer en Cataluña su Gobierno provisional para edificar «una república federal libre y magnífica». Encerrado en el Palau de la Generalitat, convidó a unirse a su amigo el general Domingo Batet, jefe de la división militar a la que pertenecía Cataluña. Batet no aceptó, aunque tampoco cedió a las presiones de Madrid, que lo empujaban a atacar de inmediato. El paso de las horas, la falta de apoyos y la división interna dejaron en evidencia que los rebeldes no tenían salida. Dencás huyó y Companys comunicó a Batet su rendición. El general y sus hombres tomaron la Generalitat sin grandes alborotos y la sublevación nacionalista se sofocó sin apenas víctimas. Companys y sus consellers fueron detenidos y conducidos a un buque prisión. No los juzgó un consejo militar sino el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1935 los condenó a treinta años de prisión. A pesar de ello, Companys pudo presentarse en las elecciones de febrero de 1936 y obtuvo acta de diputado por Barcelona ciudad.

En cuanto a la situación institucional de Cataluña, desde el 7 de octubre hasta enero de 1935, el coronel de intendencia de la 4.ª División Orgánica, Francisco Jiménez de Arenas, se hizo cargo de la presidencia de la Generalitat. Durante esos meses, el Gobierno intentó acordar una solución para la cuestión catalana. Frente a la presión de la CEDA para suprimir la autonomía, Lerroux quería una opción intermedia hasta el regreso a la normalidad. Lo logró con la creación de un nuevo cargo, el de gobernador general de Cataluña, dependiente directamente del presidente del Gobierno, que asumió de forma temporal las competencias de la Generalitat. El elegido para el puesto fue Manuel Portela Valladares, viejo político del ala izquierdista del Partido Liberal. Su nombramiento consiguió la difícil tarea de no desagradar ni a catalanistas ni a sus contrarios. Los primeros guardaban buen recuerdo de su paso en dos ocasiones por el gobierno civil de Barcelona, ciudad en la que seguía viviendo, y lo vieron con agrado por su proximidad a los galleguistas. Para los demás, resultó tranquilizadora su fama como buen gestor del orden público. Su misión se desarrolló con éxito, tanto que en el mes de abril se convirtió en el nuevo ministro de la Gobernación[61].

En Asturias, los comités revolucionarios locales, formados por todos los grupos obreros bajo la denominación de Unión de Hermanos Proletarios (UHP), llamaron a la huelga general. En Mieres, doscientos revolucionarios sitiaron el ayuntamiento y los cuarteles, reduciendo a los guardias. Al día siguiente conquistaron sin resistencia otras localidades situadas entre Mieres y Oviedo. El 6 de octubre, atacaron la capital. Unos ocho mil militantes ocuparon la ciudad, con escasas armas de fuego y sin artillería, pero bien provistos de dinamita. Aunque el Gobierno hizo llegar la noticia del fracaso de la insurrección en el resto del país, los mineros no lo creyeron. Ocuparon las fábricas de armas de Trubia y La Vega, racionaron los alimentos y se dispusieron a llevar a la práctica su ideal revolucionario, moral e igualitario. Ello implicaba tratar a los burgueses igual que a los trabajadores, garantizando que recibiesen la misma ración de comida y poniendo a la milicia revolucionaria como protectora de la seguridad de la clase media apolítica. Socialistas y comunistas se repartieron la autoridad y se propusieron evitar la violencia y el pillaje.

Pero no resultó tan sencillo. Muchos de los obreros revolucionarios consideraban que asaltar una tienda burguesa no era un robo y que liquidar al enemigo era lo natural. La falta de disciplina impidió que los líderes controlasen a buena parte de los militantes y durante dos semanas se declararon actos de pillaje, violencia y hasta cuarenta asesinatos, justificados por el enfrentamiento entre clases. Las principales víctimas fueron sacerdotes. El Gobierno, desconcertado ante el desarrollo de los acontecimientos, no sabía cómo actuar. Los generales Francisco Franco y Manuel Goded, que había vuelto a filas tras ser amnistiado por el Gobierno, aconsejaron al ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, que enviase tropas de los contingentes de África, apelando a su experiencia contra la guerra de guerrillas local en el Protectorado. Mientras el general Eduardo López Ochoa avanzaba con tropas regulares desde Lugo hacia Avilés con destino a Oviedo, el teniente coronel Juan Yagüe se trasladó a Asturias comandando la 5.ª Bandera del Tercio de la Legión. La represión resultó eficaz, pero a cambio de que las tropas coloniales aplicaran sus brutales métodos, algo que nunca habían hecho en la Península. Cometieron numerosas torturas, violaciones y ejecuciones, al punto que López Ochoa ordenó fusilar a cuatro regulares por las atrocidades cometidas contra civiles. Tras varios días de luchas encarnizadas, los revolucionarios se rindieron el 18. El balance oficial de muertos ascendió a 1084, repartidos entre 855 civiles y 229 militares[62].

Las consecuencias de Octubre de 1934 marcaron el final de la segunda legislatura republicana. La gestión represiva aumentó la tensión en la mayoría de Gobierno. La CEDA era partidaria de castigos ejemplares y de aprovechar políticamente la coyuntura. Esto implicaba, por un lado, respaldar a los militares acusados de tortura, favorecer las condenas más duras y mantener las penas de muerte que llegasen. Por otro, aprovechar el estado de guerra para suprimir el Estatuto catalán; anular a las fuerzas de izquierdas, cerrando indefinidamente sus sedes y publicaciones y prohibiendo todas sus actividades, y tratar de colocar el mayor número posible de afines en los huecos que quedasen en las instituciones locales y provinciales por la eliminación legal de sus rivales. Si bien en este último tema se podían encontrar con los radicales, deseosos de copar puestos en ayuntamientos y diputaciones, en los demás, la postura de ambos socios era divergente.

Los radicales se sentían incómodos con las acusaciones de tortura y tampoco eran partidarios de la pena capital salvo para casos probados de violencias con resultado de muertes. Lerroux quería actuar con humanidad, pero sin confrontar con su principal apoyo parlamentario. En ocasiones lo consiguió con subterfugios, como en la destitución del comandante Lisardo Doval por insubordinación al Gobierno y no por torturador, a pesar de las pruebas reunidas en su contra por los diputados que acudieron a Asturias para estudiar en nombre de las Cortes las acusaciones. En otras, como la concesión de indultos, el enfrentamiento fue inevitable.

El indulto de los socialistas Teodomiro Menéndez y Ramón González Peña a pesar de la oposición de la CEDA llevó a los de Gil Robles a abandonar el Gobierno para presionar al Partido Radical. Durante el mes de mayo, Lerroux presidió un gabinete de liberales sin apoyo parlamentario, mientras negociaba el regreso de la CEDA. Los católicos sabían que los radicales sólo podían ceder, pues ya no tenían otra combinación posible para sumar mayorías, así que subieron la apuesta. En el Gobierno siguiente pasaron de tres a cinco ministros, con la entrada de Gil Robles en la cartera de Guerra. Mientras laminaban al Partido Radical, se acercaban a su objetivo final: ocupar la presidencia. Los escándalos de corrupción, especialmente el del estraperlo, en septiembre de 1935, provocaron el fin de la carrera política de Lerroux. Y con él, la de su partido.

Gil Robles todavía transigió con dos breves gobiernos liderados por Joaquín Chapaprieta, un conservador independiente que procedía de la política monárquica y que había orbitado con su clientela alicantina alrededor del Partido Radical, convirtiéndose en ministro de Hacienda. Pero en diciembre bloqueó su intento de reforma fiscal para forzar su caída. Había llegado el momento de la presidencia. En 1936 la Constitución cumplía cinco años y con ellos terminaba el periodo de imposibilidad de reforma. Gil Robles quería presidir el Gobierno que disolviese las Cortes, aprovechar la desintegración del Partido Radical y la polarización para arrastrar todo el voto conservador y fortalecer su mayoría. Y de nuevo desde el Gobierno, dirigir la reforma constitucional dando a la República la oportunidad de ser derechista.

Pero Alcalá-Zamora encontró una última salida: Manuel Portela Valladares. Portela se había colado en el Ejecutivo de transición sin ministros de la CEDA y se quedó en Gobernación cuando volvieron. Desde su puesto, cambió a las provincias más conflictivas del estado de guerra al de alarma, retirándolas progresivamente también de esta situación. Además, recuperó poco a poco garantías constitucionales y facilitó el retorno de la actividad política de los partidos de izquierda. Durante los meses que compartieron gabinete, sus choques con Gil Robles fueron constantes. Portela intentó mantener el control del orden público dentro de su ministerio, defendiendo la necesidad democrática de que el poder militar estuviese subordinado a la autoridad civil y frenando los intentos de militarización de Gil Robles, que intentaba poner bajo el mando de Guerra a la Guardia Civil e incluso a la de Asalto. Chapaprieta se deshizo de Portela cuando llegó a la presidencia, pero cuando Alcalá-Zamora tuvo que buscar un sustituto a Chapaprieta que no fuese Gil Robles, eligió a Portela[63].

El objetivo de los dos presidentes era favorecer desde el Gobierno la creación de un Partido de Centro que ocupase el espacio del Partido Radical, aprendiendo de sus errores y sirviendo de contrapeso a la polarización. Aspiraban a que consiguiese un resultado lo suficientemente amplio como para ser decisivo y contribuir a templar el enfrentamiento en las Cortes, de las que esperaban una mayoría más favorable a la República. Las presiones de los derechistas frustraron sus planes de esperar unos meses antes de convocar las elecciones, que finalmente se fijaron para el 16 de febrero de 1936. Portela levantó el estado de alarma y el de excepción en aquellas provincias donde seguía vigente para que la campaña se celebrase con todas las garantías constitucionales en vigor, incluida la libertad plena de reunión y de prensa. Finalmente, el resultado del Partido de Centro fue muy inferior al que aspiraban, penalizado por sus dificultades para entrar en listas de coalición. Pero la mayoría de las Cortes resultantes sí fue más afín a la República y el Gobierno de Azaña, que sustituiría al de Portela, estaría formado únicamente por ministros de partidos republicanos[64].

Octubre de 1934 también tuvo consecuencias sobre el comportamiento de los partidos de izquierda. Azaña y su Izquierda Republicana se reafirmaron en la creencia de que la vía insurreccional era un error y que resultaba imprescindible recuperar el Gobierno para volver a la senda reformista. La persecución sufrida por el expresidente por parte de los sectores derechistas, que impulsaron su detención y un doble procesamiento por rebelión en Barcelona y por venta de un alijo de armas a los socialistas cuando era ministro de la Guerra, contribuyó a devolverle el favor de la opinión pública. Aunque le preocupaba esa corriente de simpatía creciente que se daba en llamar «azañismo», pues la gente «creerá que yo hago milagros», cuando recuperó su libertad aprovechó la apertura impulsada por Portela para dar varios mítines. El objetivo era demostrar su capacidad de movilizar masas y aprovecharla como argumento para favorecer sus dos propósitos: unir a los partidos republicanos en un programa de gobierno e invitar a los socialistas a restablecer los puentes rotos en 1933. Los mítines tuvieron un éxito desbordante, lo que lo llevó a insistir en que esa marea no se podía encauzar hacia una insurrección ni ningún tipo de ataque. El retorno tenía que ser a través de las urnas para defender una política basada en la Constitución: reformista en el aspecto social, parlamentaria y fundamentada en el sufragio universal. El plan de Gobierno, por tanto, era republicano. Pero para lograr una victoria sólida era imprescindible una alianza electoral con los socialistas.

La vía de entrada de Azaña para tejer la coalición con el PSOE era Indalecio Prieto, líder de la vía reformista dentro del partido. Pero Largo Caballero, apoyado por las Juventudes Socialistas, la mayor parte de UGT y algunas de las agrupaciones más importantes del país, se negaba al acuerdo. Mientras, los comunistas, fuerza con una representación aún muy minoritaria, habían sustituido la política de clase contra clase por la de la construcción de frentes populares, e iban consiguiendo pequeños avances, especialmente entre las juventudes de ambos partidos, cada vez más próximas. Cuando a finales de año la CEDA pisó el acelerador hacia la presidencia, los radicales estaban desinflados y los republicanos de izquierda parecían cada vez más fuertes, Largo Caballero aceptó negociar la entrada del PSOE en la coalición. Puso dos condiciones. Que el acuerdo fuese exclusivamente electoral y que la alianza se ampliase incluyendo a sindicalistas y comunistas. Azaña aceptó remiso la segunda cláusula, dejando claro que eso no cambiaría el reparto de puestos en listas. Si querían incluirlos, los socialistas tendrían que dejarles hueco de sus propios espacios[65].

Por el flanco derecho, en cambio, el camino desde Octubre del 34 hasta las elecciones de febrero del 36 fue de desencuentro y desunión. La gestión de la represión del Gobierno radical-cedista se vivió con decepción desde los sectores contrarrevolucionarios. No hubo castigos ejemplares, no se eliminó del espacio político a las organizaciones que estaban detrás de la insurrección y, peor aún, no se había aprovechado la oportunidad para redirigir la República eliminando «los tres grandes problemas de España que son las Autonomías, el Marxismo y la reconstitución del Ejército»[66].

Esto hizo que las relaciones entre la CEDA y los monárquicos autoritarios de Renovación Española fuesen cada vez más tensas y complicó la confección de listas compartidas cuando llegó la convocatoria electoral. La coalición salió adelante porque todos sabían que necesitaban ir unidos para tener opciones de ganar, pero apenas se pusieron de acuerdo en nada. Ni siquiera lograron redactar un manifiesto electoral conjunto. La CEDA organizó una campaña triunfalista cuyo lema era «¡A por los trescientos!» y se convirtió en una exhibición de movilización y propaganda. Incluso desplegaron una pancarta gigante con la cara de Gil Robles en la Puerta del Sol. Cuando la coalición del Frente Popular ganó las elecciones, las derechas interpretaron los resultados en términos ideológicos y tácticos. Para los contrarrevolucionarios, la victoria de las izquierdas se entendió como el fracaso de la CEDA y del accidentalismo. El tacticismo parlamentario había fracasado y sólo quedaba el camino de la violencia y la conspiración.

La victoria de las izquierdas se tradujo, como habían pactado, en un gobierno exclusivamente republicano presidido por Manuel Azaña. Aunque por muy poco tiempo. El 11 de mayo el presidente del Gobierno se convirtió en el nuevo presidente de la República en sustitución de Alcalá-Zamora. Azaña propuso a Prieto presidir el nuevo Ejecutivo, pero este renunció por temor a romper el PSOE ante la negativa de Largo Caballero y sus partidarios. Su esperanza era imponerse en el congreso que el partido iba a celebrar en octubre, como ya dominaba el Comité Nacional. Mientras tanto, el elegido para la jefatura del Consejo fue un fiel de Azaña: Santiago Casares Quiroga. Su Gobierno se centró en recuperar las reformas del primer bienio con el objetivo de consolidar la República, pero su mayor problema fue el orden público.

Durante la primavera de 1936, especialmente en los primeros meses, se produjo una oleada de movilizaciones reivindicativas. No se trató de una ofensiva revolucionaria en busca del poder, sino de la manifestación de una sociedad organizada en múltiples redes que aprovechó el clima favorable de un Gobierno menos represivo y más tolerante con las libertades ciudadanas para ocupar la calle y plantear sus demandas. Este despliegue tenía una doble finalidad política: presionar al Gobierno para que apresurase las reformas y demostrar a los adversarios la fortaleza de su respaldo social. Aunque fuesen pacíficas, estas movilizaciones podían registrar expresiones de violencia, de manera especial al entrar en escena otros actores. Por ejemplo, al intervenir las fuerzas del Estado, que a pesar de los intentos de modernización seguían contando con medios escasos para controlar de manera no letal las situaciones tumultuosas. Estas intervenciones, sobre todo cuando se producían tarde, derivaban en choques violentos entre manifestantes y policía que se resolvían con un número de muertes excesivo para el tipo de conflicto que las iniciaba.

A esto había que sumar los intentos de sabotaje de rivales políticos con menor presencia en la calle, con un protagonismo destacado de los falangistas. Como no disponían de seguidores suficientes para organizar actos multitudinarios pacíficos y convencionales, su estrategia consistió en utilizar individuos o pequeños grupos armados para ir al choque en las concentraciones izquierdistas, generando enfrentamientos y buscando la intervención policial. Otro recurso fue aprovechar que las fuerzas de seguridad estaban ocupadas controlando manifestaciones para desplegar acciones violentas en otros lugares desprovistos de vigilancia.

Estos enfrentamientos iniciales alimentaron una espiral de acción y reacción que se generalizó a lo largo de la primavera. Los grupos de izquierda no dejaron sin respuesta los ataques recibidos, lo que derivaba en nuevas reyertas. El uso generalizado de pistolas entre los contendientes y la intervención de los agentes, que seguían utilizando armas largas para contener estos conflictos, contribuyeron a que estas peleas se zanjasen con víctimas mortales o heridos de gravedad. La radicalización progresiva de falangistas y caballeristas y su pugna agudizaron el efecto espiral. Cada muerto exigía una represalia[67].

La llegada de Casares Quiroga al Gobierno, aunque no se hizo cargo del Ministerio de la Gobernación sino del de Guerra, buscó frenar la espiral de violencia en la calle. Su posición fue reforzar las fuerzas del orden intentando satisfacer algunas de sus aspiraciones profesionales para garantizar su obediencia, restablecer el principio de autoridad y recuperar para el Estado el monopolio de la violencia, persiguiendo con más energía el terrorismo falangista, controlando las manifestaciones obreras y reprimiendo todo aquello que se saliese de la legalidad. Para que este control sobre la acción de protesta callejera de las izquierdas no rompiese la confianza de sus socios electorales, acompañó estas medidas de un discurso antifascista muy beligerante, que desplegó tanto en sus intervenciones ante la prensa como en sus debates parlamentarios. Estas medidas lograron reducir significativamente la tasa diaria de muertes, aunque siguió por encima de la media de la Segunda República[68].

Más allá de la influencia que tuvo en las decisiones políticas inmediatas de los diferentes partidos, Octubre de 1934 dejó una fuerte simbología que fue evocada a partir de entonces por revolucionarios y contrarrevolucionarios para apelar a su propia épica con afán movilizador, así como para alimentar los mitos de terror con los que caricaturizar a los rivales. Desde la perspectiva de las conspiraciones derechistas contra la República, también supuso un cambio. El liderazgo golpista basculó hacia los militares, que se hicieron con el control de las operaciones golpistas. Los sectores civiles contrarrevolucionarios concluyeron que el Ejército era el último dique frente a la transformación que querían frenar. Los militares, por su parte, se convencieron de que había una amenaza revolucionaria y nacionalista real que podía destruir el orden social, la unidad de la patria y a ellos mismos[69].

Así, desde el instante en que se hicieron públicos los resultados electorales del 16 de febrero de 1936, empezó a fraguarse la conspiración que daría lugar al 18 de julio.

2

Sublevados

El Director

Españoles: el movimiento salvador iniciado por el Ejército está en marcha camino de la victoria definitiva. Pronto podré comunicaros noticias de su desarrollo. ¡Viva España! ¡Viva siempre España[70]!

Con estas palabras, el general Emilio Mola, comandante militar de la plaza de Pamplona, proclamaba el estado de guerra desde Radio Navarra. Eran las diez de la mañana del 19 de julio de 1936. Las calles de la ciudad aparecieron cubiertas por un bando en el que Mola se adjudicaba el control de la 6.ª División Orgánica, declarándola en rebeldía «por la salvación de España, en trance inminente de sumirse en la más desenfrenada situación de desorden»[71]. De este modo, ocupaba por los hechos el lugar de su superior, el general Domingo Batet, depuesto y detenido por sus subordinados en Burgos, sede de la división, y asumía el mando de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Logroño, Santander, Burgos y Palencia.

En una sucesión de diez puntos, el nuevo general de división anulaba las licencias de armas, prohibía a los trabajadores abandonar sus puestos y obligaba a presentarse en no más de media hora a quienes no hubiesen aparecido esa mañana en su lugar de trabajo. Quienes incumpliesen este mandato serían sometidos a consejo de guerra sumarísimo. Lo mismo sucedería con aquellos que impidiesen la distribución de suministros, provocasen disturbios y protagonizasen actos de violencia con «fines políticos y sociales». Se prohibía la tenencia de sustancias inflamables o explosivas, los grupos de más de tres personas en la calle y el «estacionamiento de viandantes». No circular inmediatamente tras la primera advertencia de la fuerza pública llevaría a los infractores a ser detenidos y juzgados por desobediencia.

La proclamación del estado de guerra llegaba el día que Mola había barajado para la ejecución del golpe de Estado. Desde abril, el general se había convertido en «el Director», el líder de una conspiración de marcado carácter militar que buscaba el apoyo, la participación y la colaboración económica de diferentes fuerzas políticas y sociales. Para conseguir este alcance, su conjura planteaba un programa relativamente transversal que evitase las pugnas internas y los remilgos a la hora de sumar participantes a la causa, como había ocurrido en los sucesivos intentos planeados desde el inicio de la República.

Como muchos de sus compañeros de generación, Mola había desarrollado buena parte de su carrera en Marruecos. Participó en las campañas de Melilla y del Kert, formó parte del Grupo de Regulares de Ceuta y combatió en la zona occidental del Protectorado. Tras el desastre de Annual de julio de 1921, su misión fue tratar de remedar las maltrechas posiciones de la comandancia de Melilla, al frente del Regimiento de Andalucía, primero, y de los Regulares de Melilla, después. En 1926 tomó parte de las operaciones de pacificación definitiva del Rif. Se convirtió en general de brigada con cuarenta y cuatro años, y en 1928 ocupó una de las principales plazas de Marruecos, la Comandancia General de Larache. Esta brillante hoja de servicios le concedía los galones necesarios para ponerse al frente de una conspiración como la de la primavera del 36. Su historial en el campo de batalla le daba esa legitimidad a ojos de sus iguales y de aquellos civiles que admiraban, al tiempo que añoraban, la autoridad militar.

Otras dos características reforzaban su capacidad de liderazgo. En primer lugar, su experiencia al frente de la Dirección General de Seguridad durante los gobiernos Berenguer y Aznar, en el intermedio entre la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la República. Desde este puesto pudo conocer los principales resortes de los servicios de inteligencia y seguridad, buenas referencias para liderar un complot clandestino de este calibre. En segundo lugar, la fama de intelectual que se había granjeado tras publicar varios libros durante el periodo que permaneció alejado del Ejército, algo que lo elevaba en este terreno sobre sus compañeros de armas y rebelión. El cese de Mola al frente de la Dirección General de Seguridad fue una de las primeras decisiones de Azaña como ministro de la Guerra en abril de 1931. Apenas un año después, tras el golpe de Sanjurjo, se decidió su pase a la segunda reserva. Volvió a estar en activo tras la ley de amnistía de abril de 1934 y fue Gil Robles quien lo recuperó para puestos de responsabilidad al llegar al ministerio, nombrándolo general jefe de la zona de Melilla y jefe de las Fuerzas Militares en Marruecos. Entre 1932 y 1933, Mola publicó cuatro libros. Los tres primeros fueron sucesivos volúmenes de sus Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad, titulados Lo que yo supe, Tempestad, calma, intriga y crisis, y El derrumbamiento de la Monarquía[72].

El relato de sus recuerdos entraba de lleno en el terreno de lo político, criticando con dureza a «tanto profesional de la “cosa pública” obstinado en sacrificarse por hacer la felicidad de los que no lo somos» y de manera especial a aquellos que, «por satisfacer ambiciones individuales, precipitaron el derrumbamiento de aquello que tenían la inexcusable obligación de defender». Su producción literaria en este bienio la completaba el libro El pasado, Azaña y el porvenir. Las tragedias de nuestras instituciones militares, un panegírico del Ejército como personificación máxima del patriotismo, que contraponía a la política y al poder civil. La Segunda República quedaba retratada en sus páginas como un régimen antimilitarista y, por tanto, antiespañol. Para Mola, ese ataque a las esencias encarnadas por el Ejército era la razón última de la crisis de España[73].

Esta línea de pensamiento antipolítico, nacionalista y promilitar se mantuvo en su último libro, Dar Akobba, Páginas de sangre, de dolor y de gloria, que se publicaría después de su muerte. Una loa a la labor del Ejército en Marruecos, donde profundizó en sus definiciones de español y antiespañol, cuyo original estaba repasando cuando llegó a Pamplona en marzo de 1936. Fue allí donde se convirtió en el Director y comenzó la elaboración y el envío de las instrucciones reservadas que cimentaron la rebelión militar. La insurrección fue el resultado de un proceso complejo, formado no por una sino por varias líneas conspirativas trenzadas, lideradas por el entramado militar, pero con la colaboración, el apoyo y la connivencia de los principales grupos políticos de las derechas. Ambas ramas, militar y civil, repartieron sus esfuerzos en tareas complementarias de organización, contacto, financiación y agitación para preparar el terreno.

En ello resultó fundamental la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, que terminó de decidir por la vía insurreccional a un grupo importante de militares. Consolidaban así su apuesta por un camino que no habían cruzado antes porque todavía lo consideraban condenado al fracaso. Habían estado a punto de hacerlo en diciembre de 1935. Cuando Alcalá-Zamora se negó a entregar a Gil Robles la presidencia del Gobierno llamado a disolver las Cortes y optó por la vía Portela, los militares que estaban bajo su mando directo en el Ministerio de la Guerra expresaron su indignación al líder de la CEDA. Su subsecretario, el general Joaquín Fanjul, colaborador del ministro en su intención de rectificar las consecuencias de la reforma militar de Azaña y de minimizar la extensión de ideas izquierdistas en la tropa, le ofreció salir a la calle con la guarnición de Madrid para oponerse a lo que calificó como golpe de Estado del presidente de la República. Le aseguró que contaba con el apoyo del general José Enrique Varela, militar procesado tras la sanjurjada y vinculado a la Comunión Tradicionalista desde su paso por la prisión militar. Rehabilitado durante el segundo bienio, Varela había sido ascendido a general de brigada en el reciente Gobierno de Joaquín Chapaprieta, aunque en ese momento no gozaba de destino[74].

La respuesta de Gil Robles fue cauta, pero según registró en sus memorias, escritas en los años sesenta, no alentó ni se opuso a este movimiento. Por un lado, adujo «la firmeza de mis convicciones democráticas y mi repugnancia invencible a poner las fuerzas armadas al servicio de una fracción política», al tiempo que manifestó que no sería un obstáculo «si el Ejército, agrupado en torno a sus mandos naturales, opina que debe ocupar transitoriamente el poder con objeto de que se salve el espíritu de la Constitución y evite un fraude gigantesco de signo revolucionario». Sería una acción puntual para garantizar que las elecciones se pudiesen celebrar con normalidad constitucional. Para ello pidió a Fanjul que consultase con el jefe del Estado Mayor Central, el general Franco, y con aquellos generales que considerara oportuno y juntos decidiesen en conciencia si era un movimiento adecuado en ese momento[75].

A la reunión de jefes militares asistieron, además de Fanjul, Varela y Franco, el inspector general Ángel Rodríguez del Barrio y el general Goded, exjefe del Estado Mayor cesado por Azaña por el incidente de Carabanchel, a quien Gil Robles había nombrado jefe de la 3.ª Inspección del Ejército y director general de Aeronáutica tras la amnistía a los golpistas del 32. Goded manifestó su convicción por la acción militar, pero los recelos de Franco frenaron su entusiasmo. Por ello, antes de tomar una decisión, convinieron pulsar los apoyos con los que contarían en los cuarteles y entre los políticos de derechas. La respuesta de Renovación Española fue positiva. Valentín Galarza, teniente coronel monárquico y conspirador desde el primer bienio, que no asistió a la reunión pero estaba en contacto con los generales, recibió un mensaje de Calvo Sotelo que defendía responder al golpe de Estado presidencial con otro levantamiento que incluyese el secuestro de Niceto Alcalá-Zamora.

En cuanto al Ejército, Goded se encargó de hacer las consultas. Tanto él como Fanjul llevaban meses en contacto con la Unión Militar Española, la organización clandestina antirrepublicana financiada por los alfonsinos que actuaba como mecanismo de captación y conexión de militares afines a la conspiración. Pero el ala conservadora del Ejército todavía no mantenía una posición unitaria en este tema. Frente al grupo más radicalizado, de perfil monárquico y partidario de un golpe, los más próximos al republicanismo conservador veían con desagrado la radicalización de sus compañeros e interpretaban la vía Portela como una solución. Franco era consciente, además, de otro obstáculo para la salida violenta: la lealtad personal al presidente de la República de generales como Queipo de Llano, su consuegro, o Nicolás Molero, a quien Portela nombraría ministro de la Guerra. La destitución de Alcalá-Zamora en abril diluiría el peso de este sector republicano, reforzaría a la UME y acercaría a la conspiración a Queipo de Llano. No así a Molero, que ocupó el mando de la 7.ª División Orgánica y el 18 de julio se negó a sublevarse, por lo que acabaría detenido, encarcelado y expulsado del Ejército. Pero en diciembre, el proyecto de golpe todavía tenía un excesivo peso monárquico, por lo que no contaban con la capacidad operativa ni la justificación necesaria para plantear en ese momento un levantamiento con opciones de éxito. La tesis de Franco se impuso y así se lo hicieron saber a Gil Robles[76].

El Gobierno de Manuel Portela supuso la salida de Gil Robles del Ministerio de la Guerra. Su sustituto, Molero, cesó a los generales Fanjul y Goded y los alejó de Madrid, destinándolos como comandantes generales a las islas: Fanjul a Canarias y Goded a Baleares. Sin embargo, Portela y Alcalá-Zamora decidieron mantener en sus puestos a Franco y a Mola, que no habían actuado de una manera tan comprometida, con la esperanza de atraerlos hacia el republicanismo conservador. Alcalá-Zamora confiaba en que el perfil del nuevo presidente, liberal y civilista, pero buen gestor de conflictos y con una trayectoria impecable en Gobernación, contribuyese a devolver la confianza del Ejército en el Gobierno y se reforzase así su disciplina hacia los mandos políticos, maltrecha tras los desaciertos e intrigas de los ministros de la Guerra que se habían sucedido durante el segundo bienio. La elección de Molero para ese ministerio, que colocaba a un militar republicano conservador fiel al régimen y a su persona, seguía el mismo propósito[77].

Sin embargo, Mola ya estaba demasiado lejos de la lealtad constitucional. «Nada de turnos ni transacciones; un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario a fondo es lo que se impone», proclamaba en un documento secreto que dirigió a la UME en los últimos días de 1935. «En el porvenir, nunca debe volverse a fundamentar el estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos», afirmaba[78]. Se alineaba así con los partidarios de un levantamiento preventivo que evitase las elecciones. El 30 de enero acudió a Madrid llamado por Portela, quien quería entrevistarse con él para sondear sus intenciones e intentar atraerlo hacia los planes apaciguadores de los presidentes. Portela le preguntó su opinión ante la situación actual de los partidos y le planteó su solución: el fortalecimiento de un partido de centro apoyado por personas alejadas de extremismos políticos. El general, para quien la vía Portela era «el agua tibia tan despreciada por todos», le respondió con vaguedades, sugiriendo que tal alternativa quizá provocase mayor confusión. Tampoco se mostró receptivo ante la oferta de ser nombrado Alto Comisario en Marruecos o de ocupar un cargo relevante en Madrid y se marchó sin atender a ninguna propuesta conciliadora. «Comprendí que en España ya no había nada que hacer por las buenas», anotó el general en su diario como reseña del encuentro[79].

Goded, Varela, Rodríguez del Barrio y otros generales como Villegas, Orgaz o Ponte volvieron a reunirse a partir de enero. Su punto de encuentro fue la casa del general Barrera, el militar que había encabezado los asaltos en Madrid durante el golpe del 32. Viejos conocidos y conspiradores de largo recorrido, esperaban que el triunfo de las derechas les permitiera volver al Ministerio de la Guerra, pero acordaron preparar una rebelión preventiva por si los resultados de las elecciones les eran adversos. Goded la lideraría desde Madrid. Tanto él como Fanjul se trasladaron desde las islas el día de las votaciones para estar disponibles. Fanjul, que se presentaba como diputado por Cuenca, donde había sido elegido en las dos legislaturas previas, aprovechó su coartada para acercarse a la capital, pero Goded carecía de pretexto y tuvo que pedir permiso. Fanjul solicitó a la Junta Central de la UME que las tropas de la guarnición se acuartelasen y permanecieran a la espera, aunque su gestión no tuvo demasiado éxito. También en Barcelona se ordenó el acuartelamiento preventivo. Mientras, Mola, por indicaciones de Franco, esperaba en Marruecos con las tropas dispuestas para acudir a la Península si las elecciones se torcían y las alteraciones del orden público planteaban la necesidad de una intervención[80].

Certificada la victoria del Frente Popular, los rumores de golpe militar invadieron calles, despachos y cuarteles. Para las derechas suponía la certificación del fracaso de la vía posibilista de Gil Robles. Como había advertido el cedista a Alcalá-Zamora en la crisis de diciembre, «con el fracaso de mi política sólo podrán intentarse las soluciones violentas»[81]. En algunos lugares, como la provincia de Ourense, falangistas y militares dispuestos a la sublevación se prepararon para ella. Los unos, encerrados en su local, organizados por escuadras. Los otros, situando destacamentos en lugares estratégicos, así como en la entrada y la salida de la capital, esperando la orden de mando para atacar[82]. De manera paralela, se sucedían las manifestaciones de los que celebraban la victoria de las izquierdas y pedían la amnistía inmediata para los presos de Octubre del 34. Apoyándose en estas movilizaciones para aducir problemas de orden público y el peligro de que la situación se saliese de control, las derechas comenzaron a presionar al Gobierno para que declarase el estado de alarma y cediese el control al Ejército la misma noche electoral.

Gil Robles visitó de madrugada a Portela para convencerlo, mientras Franco telefoneaba al general Sebastián Pozas, jefe de la Guardia Civil, con el mismo fin. Ante la resistencia de Pozas, Franco lo intentó con el ministro Molero, con idéntico resultado. Esto lo llevó a movilizar a los militares afines, mientras proseguían las gestiones para conseguir el estado de guerra. A través de Galarza, advirtió a los líderes de la UME en provincias, mientras sondeaba la disposición de las diferentes guarniciones del país. Portela resistió las presiones y el Consejo de Ministros que se celebró la mañana del 17 de febrero acordó aprobar el estado de alarma durante ocho días, dejando en alerta sólo a las fuerzas de seguridad. Alcalá-Zamora firmó un decreto de estado de guerra que Portela se reservaría para utilizar sólo si lo consideraba inevitable y seguro. El presidente del Gobierno siguió el carrusel de visitas y entrevistas a lo largo del día: el líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea; el de Falange, José Antonio Primo de Rivera; el del Partido Agrario, José Martínez de Velasco… Y en una vuelta de tuerca más de su estrategia de presión, la del general Franco, que por su cuenta y riesgo había declarado el estado de guerra en Zaragoza, Valencia, Oviedo y Alicante. Pero cuando se produjo la reunión, Portela ya había desautorizado al militar, ordenando levantar el estado de guerra en todas las provincias donde lo había proclamado[83].

La entrevista no cambió la situación. Franco no consiguió la declaración del estado de guerra y su insistencia reafirmó en Portela la convicción de que para garantizar un traspaso de poderes democrático, este debía ser inmediato. Un proceso ágil permitiría sortear el riesgo de un golpe militar de hecho y ayudaría a controlar las manifestaciones de izquierdas, evitando alteraciones del orden y enfrentamientos. Así, esa misma tarde confirmó a Alcalá-Zamora su intención de dimitir y pactó con Martínez Barrio los detalles para dejar paso a un Gobierno presidido por Azaña. Calvo Sotelo todavía protagonizó una última visita nocturna para pedirle que dejara el poder en manos de los militares, pero el Ejecutivo en pleno dimitiría a la mañana siguiente. Se iniciaba de manera prematura la etapa del Frente Popular, lo que contribuyó a alimentar mitos de manipulación electoral y dañar la legitimidad de su origen. Portela sería muy criticado por su dimisión, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Sin embargo, su salida logró abortar las tentativas de golpe y la situación de orden público se recondujo sin recurrir al Ejército[84].

El nuevo ministro de la Guerra, el general Carlos Masquelet, estrenó su cargo con una reorganización de mandos que buscaba alejar del centro del país a los posibles conspiradores. Además del traslado de Mola a Pamplona, esto supuso la destitución del general Franco como jefe del Estado Mayor y su destino a Canarias como comandante militar, desplazando así a Fanjul, que pasó a la reserva forzosa. El capitán Barba, por su parte, fue enviado a Valencia.

Mola abandonó Marruecos el 4 de marzo. En el muelle de Ceuta lo despidieron los generales Juan Yagüe y Juan Beigbeder y el teniente coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, quienes serían los cabecillas del golpe en el Protectorado. De camino a Pamplona, asistió el 8 de marzo a una nueva reunión de generales que se celebró en Madrid, en casa de José Delgado, militante de la CEDA, justo antes de que los militares trasladados por su inclinación a la rebelión abandonasen la capital hacia sus nuevos destinos. Además de Mola, participaron Franco, Rodríguez del Barrio, Fanjul, Varela, Orgaz, Ponte, Villegas, Saliquet, González Carrasco y Kindelán y el teniente Valentín Galarza. Los principales acuerdos del encuentro fueron la formación de una nueva junta de generales para preparar un «alzamiento nacional» que derribase el Gobierno del Frente Popular y restableciese el orden, y la designación del general Sanjurjo como líder del movimiento. Puesto que permanecía exiliado en Estoril, eligieron a Rodríguez del Barrio como delegado de su autoridad[85].

No hubo acuerdo, en cambio, en cuestiones tácticas. Se plantearon dos modelos de golpe. El primero, propuesto por Mola, sugería una sublevación coordinada en provincias que tras su triunfo convergiese en Madrid desde todas direcciones, asegurando así su caída. Por el contrario, el segundo, diseñado por Goded y defendido por Varela y Galarza, concentraba el ataque en Madrid, buscando su control por sorpresa a partir de la ocupación de diversos puntos neurálgicos: Congreso de los Diputados, Banco de España, Correos, Capitanía General, Ministerio de Marina y Ministerio de la Guerra. La mayor parte de los presentes consideró muy arriesgada la última alternativa, pero dejó esbozada una versión más suave. Si el Gobierno tomaba alguna medida de ataque frontal, como disolver la Guardia Civil o el Ejército, o si se producía la mitológica revolución comunista, iniciarían el golpe ocupando el Ministerio de la Guerra. El 17 de abril, en la siguiente reunión, se ratificó el plan con la intención de aplicarlo de manera inmediata: el día 20. La sublevación se iniciaría en la capital. Rodríguez del Barrio tomaría el ministerio y declararía el estado de guerra. El general Orgaz se encargaría de organizar la parte civil del golpe y Varela, la militar. A continuación se levantaría González Carrasco en Barcelona, Fanjul en Burgos y Mola en Pamplona. Goded y Queipo de Llano secundarían la acción desde Valencia y Sevilla. Ponte y Saliquet liderarían el movimiento en Valladolid.

Sin embargo, la insurrección fracasó sin llegar a producirse del todo. A pesar de contar con el apoyo de grupos como Falange o el Requeté, la indecisión de Rodríguez del Barrio, la poca confianza en este de los miembros de la UME y la estrecha vigilancia a la que estaban sometidos los militares conspiradores desbarataron sus planes. El 19 de abril se envió la orden de acuartelar las tropas, pero también se abortó un intento de levantamiento en Cuatro Vientos ante la negativa de sumarse del director de la Guardia Civil, el general Pozas. Como consecuencia del descalabro, los generales Varela y Orgaz fueron detenidos y encerrados en Cádiz y Canarias; Villegas, Saliquet y González Carrasco pasaron a situación de disponibles forzosos, y Rodríguez del Barrio, gravemente enfermo de cáncer, se retiró de la primera línea de acción. Los falangistas y requetés implicados se sintieron estafados por la gestión de los acontecimientos y los miembros de la UME perdieron la confianza en la junta de generales[86].

El mismo día 19, un grupo de capitanes de las cinco guarniciones comprometidas en el norte adscritos a la organización eligieron a Mola como «Director» de la conspiración y se asumió su plan de preparar un movimiento desde las provincias hacia el centro. De este modo, a pesar del fiasco, la rebelión fallida sentó las bases de lo que vendría a continuación: un movimiento de primacía militar, con el apoyo subordinado de las fuerzas políticas de derechas, un proyecto centrado en la idea del Frente Popular como enemigo común, una táctica centrípeta, el general Sanjurjo como líder espiritual y Mola como responsable máximo del diseño y la puesta en marcha de la sublevación.

La participación civil en la conspiración

Aclarado el panorama y el esquema de mando entre los conspiradores, tanto la rama militar de la conspiración como la civil siguieron perfilando su contribución a la causa, manteniendo sus actividades de diseño, contacto, recaudación de fondos y excitación del ambiente, con el objetivo de preparar el terreno para desencadenar la insurrección con garantías y en un corto plazo de tiempo.

En el lado militar, la UME mantuvo su labor de crear masa crítica en los cuarteles, generando las condiciones facilitadoras del tejido conspirativo a través de una creciente red de enlaces. Sin embargo, su labor en estos meses se centró en el campo de la agitación, a través de manifiestos incendiarios y soflamas patrióticas. Con la consolidación del mando de Mola, los militares de esta agrupación desaparecieron de la primera línea de toma de decisiones. Siguieron formando parte de las juntas regionales y permanecieron a la espera de órdenes, mientras contribuían a mantener el ambiente caldeado. El número de oficiales implicado en la preparación del movimiento era relativamente pequeño. Tras una cadena de fracasos, caracterizados por el desorden y las indiscreciones, el objetivo era montar un plan sólido y seguro, que se mantuviese en riguroso secreto mientras terminaba de armarse. Para ello se planteó una organización de mínimos necesarios, con representantes contados en los diferentes cuerpos y el compromiso de jefes con mando de tropas en cada una de las guarniciones. A partir de este esquema se articularon diversos grados de participación en la conjura, con contribuciones técnicas, tareas de activismo y disponibilidad expectante. El objetivo era clarificar la acción y evitar las interferencias[87].

Por su parte, Mola centró su labor de dirección en la elaboración de detalladas «Instrucciones reservadas» para la insurrección, aunque, consciente de la importancia del apoyo civil, también se ocupó de favorecer contactos con las fuerzas políticas favorables y de establecer un plan político integrador que articulase el movimiento y evitase suspicacias partidistas. Este programa apareció en uno de los documentos que envió a sus compañeros de confabulación el 5 de junio bajo el título «El Directorio y su obra inicial», donde se establecían las líneas básicas del diseño institucional y las primeras medidas que habría que adoptar tras el éxito de la conspiración.

En cuanto a la estructura gubernamental, se constituiría un Directorio integrado por un presidente y cuatro vocales militares. Estos vocales se encargarían de los ministerios de la Guerra, Marina, Gobernación y Comunicaciones. Ejercerían su poder a través de decretos leyes refrendados por todos los miembros del Directorio. En un momento indeterminado del futuro, un Parlamento constituyente elegido por algún tipo de sufragio impreciso sería el encargado de refrendar los decretos leyes. Los demás departamentos serían desempeñados por consejeros técnicos, quienes tendrían un papel menor y subordinado a la primera línea de gobierno, ejercida por el presidente y los vocales militares. El Directorio celebraría Consejos ordinarios y plenos. Los primeros estarían integrados por los cinco miembros principales, mientras que los consejeros técnicos se sumarían a ellos en la modalidad de Consejos plenos.

Sus primeras decisiones legislativas se concentrarían en disolver el armazón legislativo e institucional de la Segunda República, empezando por la suspensión de la Constitución de 1931, la disolución de las Cortes y el Tribunal de Garantías Constitucionales, el cese del Gobierno y la asunción por parte del Directorio de todos los poderes excepto el judicial. Este seguiría en manos de los jueces, que deberían ejercer su labor según las normas legales que no fuesen derogadas. Todas «las sectas y organizaciones políticas que reciben su inspiración del extranjero» serían declaradas fuera de la ley, lo que suponía ilegalizar a las agrupaciones obreras y atacaba al fantasma de la URSS, bajo cuyo paraguas se alimentaba el temor a la inminente revolución comunista. Sorprendentemente se mantenía la separación de Iglesia y Estado, afirmando, además, que se aseguraría la libertad de cultos y el respeto a todas las religiones.

Los decretos orientados a las políticas públicas señalaban una serie de prioridades enunciadas con contundencia en cuanto a su finalidad, pero de manera nebulosa respecto a su puesta en práctica: absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado, extinción del analfabetismo, creación de comisiones regionales para resolver los problemas de la tierra fomentando la pequeña propiedad y la explotación colectiva, saneamiento de la Hacienda pública, aprobación de un plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador, ordenación de la industria de guerra… Además, se planteaba la creación de un carnet electoral al que no tendrían derecho ni los analfabetos ni los condenados por delitos contra la propiedad y las personas, y se restablecería la pena capital para los condenados por acciones que hubiesen provocado la muerte de sus víctimas o lesiones que les impidiesen ejercer su profesión[88].

Según el carlista Manuel Fal Conde, jefe delegado de la Comunión Tradicionalista, Mola contó para la redacción de este programa político con la colaboración de Queipo de Llano y Cabanellas. El hijo de este último afirmó en su historia sobre la conspiración que los generales se habían inspirado en la propuesta de Dictadura Nacional Republicana de Miguel Maura. El exministro de la Gobernación creía que el carácter parlamentarista, demagógico y sectario de la Constitución de 1931 así como la intransigencia de la mayoría del Frente Popular imposibilitaban ya el diálogo político. Por ello, la República sólo podría salvarse con un sistema más moderno y audaz, sustentado por una mayoría amplia y liderado por republicanos convencidos que concentrasen los poderes necesarios para hacer frente a las amenazas revolucionarias y fascistas[89].

Maura no era el único republicano conservador que había ido resbalando hacia la convicción de que la crisis política sólo se resolvería con una revisión autoritaria. En mayor o menor medida, esa tentación fue compartida por otros republicanos conservadores como Melquíades Álvarez, José Martínez de Velasco o Alejandro Lerroux, incluso Felipe Sánchez Román, asustados ante el agravamiento de los problemas de orden público durante la primavera del 36 y los debates de retórica violenta cruzada en el Congreso. Partidarios de las soluciones legalistas, el miedo terminó haciéndoles ver el autoritarismo como una receta tranquilizadora.

Este cambio de mentalidad indica el éxito de la estrategia pública que siguieron los líderes políticos contrarrevolucionarios y su entramado organizativo tras la derrota electoral de febrero. Desde el primer momento, su discurso se esforzó por identificar al Frente Popular con el caos y la iniquidad, el paso previo a la revolución comunista que estaban preparando. El objetivo era generar un ambiente de crispación y enfrentamiento, donde los matices no tuviesen cabida y se eliminasen los espacios de encuentro. Azuzando el miedo, buscaban abonar el terreno para que al final de la anarquía sólo pareciese viable la solución autoritaria.

Tanto Calvo Sotelo como Gil Robles utilizaron la tribuna del Congreso para exponer con asiduidad listas detalladas de los altercados de orden público. Cada debate sobre la prórroga del estado de alarma se convirtió en un escaparate descontextualizado de la violencia callejera, en la que se mezclaban choques políticos, movilizaciones obreras e incluso delitos comunes. España era un caos en el que sólo se podía estar en dos bandos: con ella o contra ella. Civilización frente a barbarie, la cruz frente a la hoz y el martillo, la razón frente a los puños. La relación pormenorizada de enfrentamientos estaba elaborada a partir de los datos recogidos por una red de informadores que los partidos de derechas habían montado para ese fin. Su contenido servía también para ilustrar las noticias de la prensa conservadora, que dedicaba numerosas páginas a denunciar la situación del orden público, incluso con secciones dedicadas a ello de manera específica: «Síntomas», «Cuestiones sociales», «Alteraciones de orden público»… Para el embajador estadounidense, Claude Bowers, «era claro como la luz que se había organizado una poderosa propaganda para dar la impresión de que el país se hallaba en un estado de anarquía: la técnica familiar entonces. […] Era como si en Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, crímenes, huelgas, no importa lo insignificante que fuesen, se anotaran y se publicaran en la primera página del The New York Times bajo el título permanente “Desórdenes sociales en los Estados Unidos”»[90].

Pero para que la propaganda fuese efectiva no bastaban las palabras. Era imprescindible contar con elementos agitadores que ejercieran el papel de camorrista. Esa fue la labor principal de Falange durante la primavera de 1936, que protagonizó una deriva hacia el terrorismo paralela a la asunción de la retórica guerracivilista general. El partido había experimentado un notable crecimiento de afiliación a partir del mes de marzo, alimentado por el notable trasvase de militantes que recibió de las JAP, las juventudes de la CEDA, que consideraban la actitud legalista de su partido inútil para frenar a las izquierdas y veían con buenos ojos el discurso de la violencia necesaria y purificadora. La radicalización falangista protagonizó un cambio de paso con el atentado contra el catedrático socialista Luis Jiménez de Asúa, vicepresidente de las Cortes, en el que su escolta, el guardia de asalto Jesús Gisbert, murió tiroteado. Como consecuencia, se ordenó la detención de toda la Junta Política del partido, incluido José Antonio Primo de Rivera, y el 17 de marzo un tribunal madrileño declaró su ilegalización, acusada de tenencia ilícita de armas y actividades violentas. El Gobierno decretó el cierre de sus sedes y ordenó a los gobernadores que detuviesen a sus dirigentes provinciales, empujando a Falange hacia la clandestinidad, lo que a su vez contribuyó a radicalizarla aún más[91].

A pesar de su permanencia en la cárcel desde marzo, primero en Madrid y luego en Alicante, José Antonio se mantuvo en contacto con los conspiradores. Recibió la visita de Goicoechea, a quien autorizó a negociar en su nombre con la Italia fascista, mantuvo correspondencia con Sanjurjo o Albiñana, y mostró su colaboración con la futura insurrección en cuanto supo que Mola había sido nombrado «Director». El 1 de junio le envió una carta a través del periodista Agustín Aznar en la que manifestaba el apoyo total a la sublevación, aunque pidiendo un papel destacado de Falange sobre las demás organizaciones políticas en el nuevo estado. Ante la respuesta vaga de Mola y temeroso de que si los militares ejercían el control político desde el principio se negasen a compartirlo después, José Antonio marcó cierta retirada en el apoyo de su partido, amenazando de expulsión a cualquier militante que llegase a pactos locales sin su orden expresa. Esta ambigüedad preocupó a Mola, quien temía perder el apoyo del carlismo y era consciente de que necesitaban el papel agitador del falangismo. Tras reunirse con Fernando Primo de Rivera, hermano del dirigente, y por acuerdo de la Junta Política de Falange, el 29 de junio José Antonio enviaba una nueva circular en la que daba su apoyo a la colaboración con los militares[92].

La detención de José Antonio, sumada al varapalo electoral de Gil Robles y la pérdida del acta como diputado de su compañero de partido, Antonio Goicoechea, abrieron un espacio de oportunidad para Calvo Sotelo, que pasó a ser el portavoz de más peso en la derecha contrarrevolucionaria. Su actuación se estructuró en tres niveles: el escenario público, donde su papel era contribuir a crear un ambiente favorable al autoritarismo a través de sus discursos y escritos; los movimientos clandestinos, a través de gestiones personales o de su entorno para garantizar el apoyo fascista al golpe, y la defensa de sus objetivos políticos personales, reforzando la primacía de su liderazgo en las derechas y la de su partido en la conspiración, con el fin de asegurar un papel protagonista de ambos en un futuro inminente.

Renovación Española estaba lista para combatir a la República. Sus integrantes habían conspirado contra ella desde el primer momento y no se habían tomado demasiadas molestias en ocultarlo. Siempre habían mantenido una buena relación con el falangismo, lo que se había plasmado en los llamados «Diez Puntos del Escorial», un acuerdo firmado entre Primo de Rivera y Goicoechea antes de la fundación de Falange, en el que los alfonsinos se comprometían a financiar a los fascistas y el nuevo partido a informar a Renovación Española sobre sus proyectos políticos y consultar con ellos los que afectasen a sus intereses. Además, definían en diez principios el Estado que debería resultar en el futuro de su acción conjunta y transformadora: unidad nacional, superación del liberalismo, sufragio orgánico, Estado corporativo, defensa de la tradición, legitimación de la violencia «al servicio de la razón y de la justicia»… La financiación de Falange se justificaba para los alfonsinos porque se encargaría de suplir «las deficiencias del cuidado del orden público por el gobierno republicano», aunque no asumían la responsabilidad moral de otro tipo de acciones violentas que pudieran realizar[93].

El enlace entre Renovación Española y Falange fue Pedro Sainz Rodríguez, erudito conspirador monárquico, diputado por Santander, que se convertiría en ministro de Educación Nacional en el primer Gobierno franquista, aunque entre 1942 y 1969 viviría exiliado en Lisboa como consejero de Juan de Borbón. Sainz Rodríguez resultó clave en todos los contactos conspiradores del partido, protagonizando, además de los tratos con Falange, las negociaciones con la Italia fascista ya en 1934. Su conexión transalpina era Ernesto Carpi, un empleado de banca asiduo de Barcelona buen amigo del político y militar Italo Balbo, quien a su vez tenía línea directa con Benito Mussolini y con su yerno, el aristócrata Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores. El contacto entre monárquicos y fascistas italianos consistió en un intercambio de informes y propuestas y culminó en un acuerdo en el que las partes convenían que «en el caso de que por las circunstancias políticas de España hubiese un alzamiento contra la República, el Gobierno de Italia le auxiliaría, prestándole apoyo incluso militar si ello llegara a ser necesario». Por parte española firmaron el conde de Rodezno, Calvo Sotelo y Goicoechea y lo hicieron con nocturnidad y desfachatez simbólica: a las ocho de la tarde en el Congreso de los Diputados. Rodezno, «apoyándose el anca en uno de los leones que hay en la puerta»; Calvo Sotelo, en una de las salitas del edificio, y Goicoechea, en el salón de sesiones, para no perder turno de intervención en tribuna[94].

La confirmación de Mola como líder de la conjura en la primavera de 1936 activó la participación de los alfonsinos, deseosos de derrocar al Frente Popular. Su colaboración resultó fundamental en la búsqueda de ayuda internacional. De nuevo a través de Carpi, retomaron el envío de informes, solicitando ayuda económica a Ciano y poniéndole al tanto de los avances de la conspiración. Y de nuevo Sainz Rodríguez se encargó de las negociaciones. El 1 de julio firmó en Roma cuatro contratos de adquisición de todo un arsenal de material bélico por valor de algo más de treinta y nueve millones de liras. La compra comprendía quince aviones Savoia 81, veinticuatro cazas CR 32, tres Macchi 41, carburantes y lubricantes, ametralladoras, proyectiles perforantes y explosivos de distintos tipos y tamaños. Material bien moderno y muy específico, por lo que no es difícil de suponer que el negociador había contado con asesoramiento o instrucciones técnicas. Y por un volumen que parece indicar que al menos los conspiradores civiles no descartaban el hecho de que el golpe acabase derivando en una guerra, para cuyo caso resultaría conveniente estar bien pertrechados[95].

Las labores alfonsinas se completaron con su colaboración en las negociaciones para atraer a los carlistas a un acuerdo general, con conversaciones con el jefe delegado de la Comunión Tradicionalista, Fal Conde, donde Juan Ignacio Luca de Tena representó a los monárquicos y en las que también participó la CEDA a través de Gil Robles. Tras la derrota electoral, el líder de los posibilistas asumió que la única solución para sus intereses pasaba por una actuación militar, por lo que tomó la decisión personal de prestarle su apoyo. Lo hizo desde la tribuna del Congreso, desgastando al Gobierno con sus intervenciones parlamentarias incendiarias, que buscaban alimentar la sensación de necesidad de un golpe. También a través de financiación, haciendo llegar a Mola quinientas mil pesetas de los fondos electorales de su partido. Y con otras pequeñas gestiones, como su intervención en las diligencias para conseguir un avión que llevase a Franco de Canarias a Marruecos o la elaboración de un manifiesto en Biarritz el 16 de julio donde justificaba el golpe.

Si bien todas estas actuaciones fueron tareas realizadas más bien a título personal, como dirigente de la CEDA preparó unas instrucciones reservadas para sus militantes, en las que les indicaba qué hacer cuando se produjese la sublevación. Las recomendaciones instaban a dar apoyo público e inmediato a los militares, a colaborar sin hacer gala de carácter partidista, a alistarse en el Ejército y no en milicias o batallones propios, a abstenerse de las represalias contra los elementos izquierdistas, a quienes se juzgaría en tribunales militares con garantías, a evitar la lucha de poder por la hegemonía política y a auxiliar económicamente a la rebelión. Estas instrucciones se hicieron llegar a los dirigentes provinciales y contaron con la recepción positiva de la mayor parte de sus militantes, que, como casi todos los dirigentes importantes, estaban a favor de la rebelión. Con excepciones en la primera línea, como Manuel Giménez Fernández o Luis Lucia, que tuvieron su reflejo en la base y en los escalafones intermedios[96].

De todos los sectores políticos de las derechas, la Comunión Tradicionalista fue la única que se resistió en un principio a la primacía militar y al programa elaborado por Mola cuando todos los ramales de la conjura parecieron converger a finales de primavera. Convencidos de que su concurso resultaba importante para la insurrección, por su número y su capacidad de movilización y organizativa, los carlistas plantearon exigencias inflexibles a Mola para comprometer su apoyo. Entre sus exigencias estaba la derogación de la Constitución, pero también de todas las leyes laicas; la disolución de todos los partidos, incluidos los que colaborasen con el golpe; la proclamación de una dictadura temporal que reconstruyese la organización del Estado hacia un formato corporativo, o la asunción de la bandera bicolor. En cuanto a la dirección política del nuevo orden, tendría que recaer en un Directorio formado por un militar y dos consejeros civiles que serían designados por la Comunión Tradicionalista. Su deseo era que el militar que ocupase el cargo de presidente fuese el general Sanjurjo, mientras adelantaban que José Antonio sería uno de sus dos civiles que elegirían.

Pero estas peticiones chocaban con el programa de la conspiración y con su intención consciente de plantear un proyecto transversal e impreciso para no espantar a ninguna de las organizaciones susceptibles de sumarse a una rebelión contra el Frente Popular. A partir de aquí se iniciaron las negociaciones, que comenzaron con una entrevista entre Mola y Fal Conde en Irache el 15 de junio. El encuentro fue cordial, pero no hubo visos de acuerdo. Fal Conde estaba exiliado en San Juan de Luz, por lo que no fue fácil repetir el encuentro. El 2 de julio el líder carlista hizo llegar al general una nota en la que insistía en la exigencia ineludible de la bandera rojigualda y de su capacidad para designar a los dos consejeros civiles, amenazando con negarse a colaborar en caso contrario. Como consecuencia de esto, Mola pidió a Gil Robles y a Luca de Tena que se entrevistasen con Fal Conde el 5 de julio para convencerlo de que se uniese a ellos. Ambos accedieron, aunque fracasaron en su misión.

El tira y afloja se mantuvo. Los carlistas apelaron a Sanjurjo, quien medió entre ellos y el Director a través de una carta en la que apoyaba su derecho a llevar la bandera bicolor, «o sea, la española», y mostraba una visión sobre la futura organización política más coincidente con la de los tradicionalistas que con el proyecto redactado por los tres generales. El enroque no sólo perduró, sino que llegó a la ruptura formal cuando Mola dudó de la veracidad de la carta o al menos de su contenido, pues Sanjurjo había firmado sin incluir la contraseña establecida. Los carlistas decidieron entonces que seguirían adelante con su propia conspiración. Sin embargo, el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio supuso para los tradicionalistas un punto de no retorno y el día 14 emitieron una nota en la que se adherían al golpe previsto, aunque recordando las garantías que Sanjurjo les había ofrecido en la carta y que Mola no había ratificado. A partir de ese momento, los carlistas se unieron de manera definitiva a la conspiración militar, a la que además aportaron armas que habían comprado para sus milicias.

Los participantes en la conspiración también intentaron atraer a los partidos nacionalistas conservadores. En lo que respecta al PNV, a comienzos de abril estuvieron abiertos a colaborar con la sublevación si esta era obra de los carlistas, y a mantenerse neutrales si la encabezaban los militares. Sin embargo, su posición cambió con el paso de los días ante la oferta de Indalecio Prieto de acelerar el proceso de concesión del Estatuto de Autonomía del País Vasco. El dirigente socialista, seguro de los intentos de una rebelión por parte de las derechas, intentó alejar de ella a los nacionalistas vascos con esta concesión. Los monárquicos no desistieron de su empeño, aunque no lo consiguieron, ni siquiera tras el asesinato de Calvo Sotelo. Tanto en Navarra como en Álava, algunos dirigentes se unieron a la sublevación, mientras que en Vizcaya y Guipúzcoa la dirección decidió apoyar a la República.

La insistencia de los sublevados para atraerse a la Lliga, en cambio, fue casi inexistente, pues a pesar de que habían participado en muchas listas conjuntas de las candidaturas antirrevolucionarias en las elecciones de febrero, su nivel de militancia y, por tanto, de aportación a la causa, era mucho menor. Además, los líderes catalanistas conservadores no estaban convencidos de que una sublevación militar favoreciese sus intereses, por lo que se mantuvieron reticentes incluso tras el asesinato de Calvo Sotelo. Avisado de la fecha del golpe, Francesc Cambó se marchó de vacaciones. Sin embargo, al iniciarse la guerra sí pondría sus recursos financieros a disposición del bando franquista, aunque ya con la dictadura no se integraría en el régimen militar y se marcharía a Argentina en 1941, donde moriría seis años después.

También algunos republicanos conservadores fueron conscientes de que se estaba tramando una conspiración, aunque no participasen en su preparación. El 17 de julio, Lerroux recibió un aviso del comisario Santiago Martín Báguenas, hombre de confianza de Mola, que le anunciaba que el movimiento se iniciaría esa noche en Marruecos y al día siguiente en la Península, por lo que le recomendaba que se ausentase de Madrid. El político radical se marchó a Portugal de manera inmediata y desde allí manifestaría su apoyo al golpe. Sin embargo, tras la muerte de Mola, Cabanellas y Sanjurjo se quedaría sin valedores ni espacio en el nuevo mundo de España, adonde no se le permitiría regresar hasta 1947, apenas dos años antes de su muerte. Cercano a Goded y Sanjurjo, abogado de José Antonio tras su detención, también Melquíades Álvarez fue advertido de la fecha del golpe. Sin embargo, él no se marchó y vivió la sublevación en Madrid. Moriría el 22 de agosto, asesinado en las sacas de la Cárcel Modelo.

Explícito en su negativa a sumarse a la conspiración, a pesar de su deseo de una revisión autoritaria, fue Miguel Maura. En una carta respuesta a José Antonio, escrita el 7 de julio, le señalaba que la diferencia entre ambos era que él deseaba que la base del Estado que viniese fuese el Estado republicano, limpio y reorganizado, mientras que Primo de Rivera quería derribarlo todo para construir sobre las ruinas. «Sobre escombros y en guerra civil no se edifica nada sólido.» Maura salió de España en noviembre de 1936 y no regresó hasta 1953[97].

Al borde del verano, con las bases de la sublevación fijadas y los grupos civiles favorables adheridos a la conspiración, parecía claro que en general no disponían de grandes colectivos que sumar. Sin embargo, cada uno de ellos contaba con un valor añadido. Falange aportaría hombres sin armas de guerra, pero entrenados en pistolerismo y violencia callejera. Los alfonsinos, financiación y contactos internacionales que podían traducirse en armas y prestigio. La CEDA, capacidad de atracción con el catolicismo militante. Los carlistas, efectivos militarizados y tradición. A la cabeza de todos ellos y como elemento primordial de la conspiración, el Ejército.

El diseño militar de la insurrección

El amplio apoyo que la conspiración logró suscitar dentro del espectro político de las derechas, a pesar de su diversidad de proyectos, se puede considerar un éxito del programa político diseñado por Mola. El Director también fue el principal responsable de la estrategia militar, aunque su puesta en marcha estuvo llena de altibajos y su ejecución no se ajustó del todo a sus planes. Estos se fueron manifestando a través de las instrucciones reservadas que el general fue compartiendo con sus compañeros de armas implicados en el complot. La primera la envió el 25 de abril y en ella dejaba entrever la opción de un nuevo intento a mediados de mayo, en fechas próximas a la elección de Manuel Azaña como nuevo presidente de la República, que arrancaría en Marruecos y que tendría a Villegas y Fanjul como cabecillas en Madrid. Dentro de su visión centrípeta del movimiento, llegarían a la capital de España las fuerzas sublevadas de Valencia, Zaragoza, Logroño, Navarra, Burgos y Valladolid, marcando los puntos de paso y también las líneas de repliegue por el Duero y el Ebro en caso de fracaso. La acción tenía que ser contundente, inesperada y «en extremo violenta», para lograr una victoria sin paliativos[98].

El procedimiento con el que se planeó y se fue comunicando la conspiración se basaba en dos principios: confianza y discreción. Confianza en que la mayoría de los militares eran desafectos a la República y eso haría que se sumasen a la insurrección, y discreción en la transmisión y custodia de la información secreta recibida. Sin embargo, la confianza no contemplaba las dudas que podían acarrear entre los militares el temor a perder su sueldo, lo que podía impulsar actitudes conservadoras y ausencia de compromiso salvo que las opciones de victoria resultasen evidentes. Tampoco la discreción fue absoluta y las filtraciones se repitieron durante estos meses. De ello protestaba el propio Mola en un informe reservado del 1 de julio, en el que se quejaba de unas instrucciones previas que se habían filtrado al enemigo en cuanto habían sido emitidas. Por ello redobló su precaución e intentó utilizar pocos enlaces y de absoluta confianza, como Valentín Galarza, el inspector Martín Báguenas, el monárquico Eugenio Vegas Latapié o Elena Medina Lafuente y Garvey de Gordon, dama de la alta sociedad andaluza empleada en las oficinas del diario católico El Debate que ejerció de correo entre Mola, Franco y Queipo de Llano[99].

El Director consideraba fundamental que la sublevación pareciera una operación institucional del Ejército a una, una rebelión sin fisuras. Por eso buscó la colaboración de los jefes territoriales, intentando atraer a los generales de las divisiones orgánicas y a los comandantes de las plazas militares. Pero a la vista del balance final de la insurrección, fracasó. De todos los generales de división, sólo uno se unió a la sublevación. Fue Miguel Cabanellas, general de la 5.ª División Orgánica, con sede en Zaragoza. Su hermano Virgilio, general de la 1.ª División, con sede en Madrid, fue destituido por el Ejecutivo el mismo 18 de julio. Los otros seis permanecieron leales al Gobierno republicano, lo que rompió la pretendida imagen de unidad que deseaba Mola, evidenciando la fractura que sufría el Ejército. Esta ruptura en las intenciones y lealtades de los militares fue un factor determinante para el fracaso del golpe y su transformación en una guerra civil.

En cuanto a la operativa de la conjura, Mola rompió con las tendencias previas, en las que los militares retirados ejercieron un papel relevante en las operaciones. Para conseguir la mayor movilización posible y con ello maximizar las posibilidades de éxito, el Director creía que el protagonismo debía recaer en los militares en activo, de manera especial, en los comandantes militares de las diferentes provincias, al punto de que cuando los conjurados conseguían la adhesión de un comandante, su territorio pasaba a ser considerado seguro[100].

El plan militar que se puso en marcha partía del de Varela, aunque con modificaciones. Su objetivo era asegurar las cabeceras de las divisiones. En su desarrollo se pueden distinguir dos etapas, con el 20 de junio como punto de cesura. La primera fase se inició con la instrucción reservada del 25 de mayo. Durante este periodo, el proyecto se centraba en tres divisiones, la 5.ª, 6.ª y 7.ª, Zaragoza, Burgos y Valladolid, que se declararían en rebeldía. Mientras, la comandancia militar de Asturias, reforzada por la 8.ª División Orgánica, Coruña, y la guarnición de León se encargarían de controlar a los mineros. Por su parte, la 3.ª División, Valencia, también en rebelión, dispondría una columna de apoyo rumbo a Cataluña y otra a Madrid, para colaborar en su toma. La 4.ª División, Barcelona, se centraría en tomar la Generalitat y en intentar controlar a las masas obreras. Baleares, Canarias y Marruecos se mantendrían a la espera, preparados para ir a la Península en caso de que el Gobierno decidiese recurrir al traslado de fuerzas de choque. No había mucha confianza en que se sublevasen la 1.ª y 2.ª División, Madrid y Sevilla. En ese caso se intentaría, al menos, garantizar su neutralidad. La marina de guerra se ocuparía de evitar el desembarco en España de fuerzas de apoyo a la República. Por último, se contaba con la colaboración de guardias ciudadanas, nutridas por «ciudadanos de orden», procedentes sobre todo de Falange y el Requeté.

Este diseño inicial concedía el protagonismo de la sublevación a la terna de generales que la encabezaban, Mola, Cabanellas y Queipo de Llano (Burgos, Zaragoza y Valladolid). También a Goded (Valencia), pero otorgándole un papel en segunda línea. Las divisiones 4.ª y 8.ª se limitarían a un cometido defensivo, intentando controlar los principales núcleos obreros para evitar que presionasen en Castilla y Aragón. Así, las guarniciones de estos territorios podrían caer sobre Madrid sin preocuparse por su retaguardia. Las dudas sobre Madrid y Sevilla llevaban a intentar que al menos sus tropas no fuesen un estorbo. Y la actitud pasiva de Canarias y Marruecos dejaba a Franco sin tarea, lo que parecía indicar que aún no se contaba con el convencimiento de su concurso. Sí se recogía la participación de las «masas ciudadanas de orden», sobre todo milicias falangistas y carlistas, lo que se consideraba importante no sólo en cuanto a mera suma de efectivos, sino también en términos simbólicos, por la señal que lanzaba de apoyo ciudadano[101].

A la instrucción inicial del 25 de mayo, que dibujaba la hoja de ruta del ataque, le siguieron tres más hasta junio. La siguiente se centraba en cuestiones operativas, dibujando los movimientos de las columnas y prestando atención a las fuerzas de choque que podían apoyar al enemigo y que se consideraban más peligrosas: la Guardia de Asalto y Aviación Militar. De la Guardia de Asalto, preocupaban sus camiones blindados y el hecho de que operase sobre todo en Madrid. De Aviación Militar, se temía su operatividad y su capacidad de daño. Mola intentó ganarse su apoyo utilizando a Alfredo Kindelán, pero era un cuerpo muy ideologizado, con presencia muy fuerte de la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), la organización que combatía con la UME en el seno de los cuarteles.

La tercera instrucción se ocupó de labores organizativas, e indicaba a las divisiones qué debían hacer tras haberse sublevado. En primer lugar, debían declarar el estado de guerra con telegramas preparados de antemano para tal fin. El segundo mandato era la prohibición de aceptar órdenes verbales salvo de personas de las que se conociese con anterioridad su adhesión al golpe. Si no era así, sus instrucciones sólo serían fiables en caso de portar una autorización por escrito de lealtad garantizada. Por su parte, el Comité Civil tendría «preparada gente para que aplauda con entusiasmo a las fuerzas, para que estas se vean asistidas por el pueblo», con el objetivo de dotar a la sublevación de una apariencia de apoyo popular. Por último, la instrucción número cuatro estaba dedicada al movimiento de las columnas que se dirigirían a Madrid desde Zaragoza, Burgos y Valladolid. La principal recomendación era que debían ser rápidas para sorprender al enemigo. Un diseño que la historiografía ha tildado de optimista, pues no tenía preparado ningún plan de contingencia, dando por hecho que el Gobierno tiraría la toalla y las guarniciones no encontrarían obstáculos en el desempeño de las pautas prestablecidas[102].

A partir del 20 de junio se incorporaron dos hechos decisivos al plan militar que marcaron un cambio de fase. La instrucción del 24 de junio añadió una nueva línea de ataque sobre Madrid que operaría desde el sur, llevada a cabo por las tropas de Marruecos. Esto implicaba que se daba por seguro la participación de Franco y reforzaba las posibilidades de éxito de la estrategia, pues suponía crear un nuevo frente que obligaría al Gobierno a dividir sus fuerzas para cubrir ambos flancos. En las instrucciones a Yagüe, su antiguo subordinado, Mola señalaba como puntos de desembarco de los efectivos africanos Málaga y Algeciras, aunque hasta el último momento se intentó hacer creer que serían Valencia y Cádiz. También subrayaba la importancia de que el levantamiento fuese «simultáneo en todas las guarniciones comprometidas y desde luego, de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso». Rapidez, extrema violencia, apoyo civil y optimismo estratégico se fueron mostrando como las características esenciales del plan militar de Mola[103].

Con los cambios tácticos que se introdujeron en esta última fase cobraron importancia en el desarrollo de la insurrección guarniciones de territorios que antes tenían un papel pasivo, como Marruecos, Andalucía, Murcia y Galicia. Además, había cambio de liderazgos, con la incorporación de Franco y el traslado de Queipo de Llano de Valladolid a Sevilla, mientras Saliquet se convertía en el cabecilla de la sublevación pucelana. Ya en julio se produciría un último cambio geográfico de responsabilidades: el paso de Goded de Valencia a Barcelona. En este caso no se trató de una decisión de la junta de generales, sino de un empeño del propio Goded, que no confiaba en las opciones de triunfo del golpe en Valencia y deseaba situarse en un lugar que le permitiese tener mayor relevancia en la sublevación. Su ambición se vio apoyada por el deseo de los conspiradores de Barcelona, que querían tener al frente un líder de mayor prestigio que el que les habían designado, el general González Carrasco. Mola aceptó a regañadientes por la improvisación que suponía una modificación de este calibre en el último momento y el 16 de julio comunicó el cambio al interesado[104].

A medida que se aproximaba la fecha de la sublevación, las órdenes de Mola se llenaron de recomendaciones de seguridad. Por ejemplo, evitar que los militares se diseminasen en grupos pequeños, rehuir el cruce con desconocidos en rondas nocturnas para sortear emboscadas, prescindir de encuentros con la población civil, excepto las milicias armadas, y con especial hincapié, «no admitir obsequios de comidas y bebidas que puedan encerrar engaño».

En los últimos mensajes, enviados a través de enlaces localizados de extrema confianza, Mola transmitió las claves con las que los conjurados sabrían que había llegado el momento de rebelarse. Eran instrucciones sencillas que incluían la hora marcada en una frase corriente que simulaba una cita o recordatorio. Para Barcelona la clave sería «Dígale al Procurador que presenta la demanda. Rodríguez Sánchez». Para Bilbao, «Se vendió la casa. Serrano». Para Burgos, «Se ganó asunto. Audiencia. Fernández». Para Valencia, «A las… se hizo contrato naranja. Velarde». Para Sevilla, «La escritura se firmó a las… Santiago». Y cerraba el juego Zaragoza, cuya frase era «Luisa ha dado a luz robusto niño… hora. Zabala»[105].

Colocadas todas las piezas, la sublevación parecía preparada. Sólo quedaba un último movimiento. Conseguir trasladar al general Franco de Canarias a Marruecos para ponerlo al frente de las tropas africanas. De ello se encargó un entramado de colaboradores monárquicos, entusiastas de la rebelión, que montaron un plan rocambolesco que bien podía pasar por el guion de una película de espías aventureros.

Galicia saluda a Francia

«Juan Ignacio te ha llamado desde Biarritz. Volverá a llamarte más tarde.» Este fue el recado que Luis Bolín, corresponsal en Londres del diario ABC, se encontró cuando regresó a su casa por la tarde el 5 de julio de 1936. Y según cuenta en sus memorias, nada más escuchar el mensaje de labios de su esposa, Mercedes Saavedra, supo que la insurrección se acercaba. La llamada de su jefe, Juan Ignacio Luca de Tena, tenía que ser el aviso que estaba esperando desde que en mayo había coincidido con el conde de los Andes, Francisco Moreno Zuleta, monárquico, exministro con Primo de Rivera y grande de España. «En España se está preparando algo», le dijo, al tiempo que le preguntaba si estaba dispuesto a actuar[106].

Bolín lo estaba y mientras esperaba que Luca de Tena llamase de nuevo avisó a Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, aviador e hijo del Juan de la Cierva que había sido ministro de la Restauración y hombre cercano de Alfonso XIII. Juntos resolverían el encargo de Juan Ignacio: contratar un hidroavión capaz de volar directamente de Canarias a Marruecos. Y si no podía ser un hidroavión, que no pudo serlo, un avión que resultase seguro para realizar con garantías esa travesía. El dinero se lo facilitaría alguien llamado Mayorga, que trabajaba en la City londinense. El objetivo era que el aparato estuviese en Casablanca el sábado 11 de julio, apenas seis días después. El piloto tendría que hospedarse en el hotel Carlton y esperar la llegada de su enlace, que le daría el resto de instrucciones. Para que pudiera reconocerlo le facilitaría una clave: «Galicia saluda a Francia». Con bastante seguridad, el avión tendría que ir a Canarias a recoger a un pasajero y llevarlo hasta Ceuta. Para llegar hasta él tendría que visitar a un médico en Tenerife, el doctor Gabarda, de quien le apuntaba la dirección, y decirle la contraseña «El avión ha llegado». En caso de que el enlace no se presentase en Casablanca antes, el 31 de julio el avión regresaría directamente a Londres. Aunque Luca de Tena no lo dijo, Bolín no tuvo dudas de que el pasajero era Franco.

El corresponsal no sabía nada de aviones, pero Juan de la Cierva sí, de modo que tomó el control de las primeras decisiones. Consciente de que alquilar un aeroplano que tuviese el alcance de vuelo que se les exigía era muy complicado, recurrieron a un amigo suyo comandante y director de una compañía de seguros aéreos, que podría tener la información necesaria para encontrar un aparato capaz de volar de Canarias a Marruecos con el menor número de escalas posibles. Mientras se planteaban todos estos detalles, Bolín y De la Cierva concluyeron que para que el viaje saliese bien era necesario que se encargase de la misión alguien que conociese la situación y tuviese capacidad de tomar decisiones ante los posibles imprevistos que surgiesen. No podían confiarle el encargo al piloto sin más. Tendría que ser uno de los dos. Pese a que De la Cierva era el único que sabía de aviones, el temor de que lo vinculasen con el vuelo con negativas consecuencias para su padre y su hermano Ricardo les hizo decidirse por Bolín.

Durante la semana, continuaron con los preparativos. De la Cierva confirmó que resultaba imposible alquilar un hidroavión en Europa y tampoco un avión con el alcance necesario para volar entre Canarias y Marruecos sin escalas. Y averiguó que una empresa llamada Olley Air Service, con base en Croydon, tenía el avión más adecuado para su empeño. Se trataba de un De Havilland Dragon Rapide con siete plazas, matrícula G-ACYR y dos motores Gipsy Wright completamente nuevos, idéntico a la aeronave del príncipe de Gales. También fue De la Cierva quien sugirió que un vuelo en solitario podía resultar sospechoso y planteó a Bolín la que le parecía la mejor coartada: «¿Por qué no invitas a una rubia? Una rubia guapa y vistosa». Deciden que mejor aún, dos rubias y un supuesto amigo de confianza. Así parecería que se trataba de una escapada juerguista. Una pequeña mancha en la reputación que bien valía engañar al enemigo.

Descartado el ofrecimiento de la mujer de Bolín de ser ella y una amiga las que desempeñaran el papel de rubias de la misión, comenzaron el fichaje de la compañía por el amigo de confianza. Para ello pidieron ayuda a Douglas Jerrold, director de una editorial y una revista literaria llamada The English Review. Comieron con él ese mismo día y le plantearon lo que necesitaban: dos rubias y un amigo fiable con quienes volar a algún lugar de la costa occidental de África dos días después. Sin preguntas. El editor sugirió el nombre de Hugh Pollard, oficial retirado de la marina de guerra británica, experto en armas de fuego y políticamente «muy de tu cuerda». Jerrold fue a telefonearlo en ese mismo momento para plantearle la oferta y regresó con el compromiso de su participación y el nombre de la primera mujer que los acompañaría, una amiga suya llamada Dorothy. Terminada la comida, acudieron a casa de Pollard, quien aceptó la propuesta sin sorpresas ni más preguntas que una: si viajarían asegurados a todo riesgo, pues tenía familia y quería pensar en ellos. Incluidas las pólizas en la invitación, cerraron el nombre de la segunda mujer rubia: Diana Pollard, su hija.

El jueves 9 de julio, Bolín recogió en el banco Kleinwort el dinero que debía entregarle Mayorga. Dos mil libras esterlinas. Con el efectivo en su poder, el periodista se dirigió al hangar de la Olley Air Service para cerrar el alquiler del Dragon Rapide. El contrato le permitía viajar de Londres a Casablanca vía Lisboa y permanecer allí hasta el 31 de julio o volar hasta Canarias, incluso a Mallorca, Trípoli o la Riviera francesa. El dueño de la empresa no hizo demasiadas preguntas, pero le pidió que firmase un añadido por el cual se comprometía a pagar hasta diez mil libras esterlinas si el aparato sufría daños en algún suceso de los que no le cubriría su compañía de seguros. Bolín pudo conocer también al piloto, Cecil W. H. Bebb. Además, los acompañarían un mecánico y un telegrafista. La salida quedó concertada para el sábado 11 de julio, el mismo día que se proponían llegar a Casablanca.

Poco más quedaba por hacer antes de la partida. El viernes, Juan de la Cierva le pidió a Bolín que lo acompañara a ver al duque de Alba, a quien le contaron su plan de vuelo. Alba y De la Cierva se comprometieron con Bolín a que, si fuese necesario cubrir económicamente algún daño del avión, ellos se harían cargo a medias de los gastos.

El 11 de julio, el Dragon Rapide y sus tripulantes partieron a la hora convenida rumbo a Casablanca. La primera parada la hicieron en Burdeos, donde los esperaba Juan Ignacio Luca de Tena con instrucciones. Acudía con cuatro amigos que para no llamar la atención fingieron venir a recibir a las muchachas. Se fueron comer y se repartieron en mesas de tal forma que Bolín pudo sentarse con Luca de Tena y uno de sus amigos, José López Carrizosa, marqués del Mérito, que se convirtió en nuevo tripulante del vuelo hasta Casablanca. Su misión era partir a Tánger para conseguir una avioneta con la que trasladar a Franco hasta Llano Amarillo para sublevarse con Juan Yagüe al frente de la Legión, en caso de que se aprobase esta alternativa o fracasase el Dragon Rapide.

Reanudado el vuelo, las condiciones meteorológicas adversas no les permitieron llegar a Portugal y el piloto decidió retroceder a Biarritz para repostar. En el segundo intento lograron entrar en territorio luso, pero se vieron obligados a hacer noche, lo que retrasó en un día la fecha de llegada prevista a Casablanca. Además, la falta de combustible obligó a aterrizar en un pequeño aeropuerto militar en Espinho, municipio vecino a Oporto. El aterrizaje sin permiso de una nave civil extranjera en terreno castrense casi generó un conflicto, pero la presencia de las mujeres y la apariencia de ser un inocente grupo festivo les permitió sortear el problema. Al día siguiente hicieron escala en Lisboa, donde Bolín y el marqués mantuvieron una breve entrevista con Sanjurjo, tras la que retomaron el vuelo. Esa noche sí lograron llegar al hotel Carlton de Casablanca. Gracias a su pasaporte falso y la poca atención de la recepcionista, Luis Bolín se convirtió, sin llamar la atención, en Tony Bidwell, natural de Londres, Inglaterra.

A la mañana siguiente, 13 de julio, descubrieron por la prensa el asesinato de Calvo Sotelo. Nervioso por lo que esto pudiera alterar los acontecimientos y consciente de que habían llegado un día tarde a la cita con su enlace, Bolín decidió acelerar el plan. Lo importante era que el avión llegase a Canarias y no podían esperar por un contacto que no sabían si se iba a presentar. El marqués del Mérito partiría ya a Tánger para comprar la avioneta y averiguar en qué aeródromo podría aterrizar el Dragon Rapide sin correr peligro para dejar a Franco a su vuelta a Casablanca. Bolín se quedaría en el Carlton, esperando el regreso del marqués para poder transmitir la información al general. Y Pollard sería quien visitase al doctor Gabarda, le daría la clave convenida y esperaría instrucciones.

El avión partió hacia Gran Canaria el día 14. La escasez de combustible le obligó a realizar una breve escala en Cabo Juby, situado al sur de Marruecos, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental, justo frente a las islas Canarias, que en 1912 se había convertido en protectorado de España. Bebb realizó la parada técnica en el aeródromo militar, lo que pudo haber traído consecuencias negativas para la misión. El oficial al mando, el capitán Luis Burguete Reparaz, solicitó al piloto los permisos para aterrizar. Su respuesta fue que desconocía que se tratara de un aeródromo restringido al tráfico civil y se comprometió a solicitar la documentación al llegar a Canarias. Burguete comunicó al Ministerio de la Guerra el incidente y desde Madrid se despachó un cablegrama al comandante militar de las Canarias, el general Franco, para ordenarle que detuviese el avión a su llegada a Gando mientras justificaba la escala realizada en Cabo Juby. Los viajeros llegaron a Gran Canaria el día 14 a las 14:40, hora local. El Dragon Rapide fue inmovilizado y permaneció allí en espera durante los días posteriores.

Pollard, su hija Diana y Dorothy viajaron en barco a Santa Cruz de Tenerife. Al llegar al puerto, tomaron un taxi y se dirigieron a la consulta de Gabarda, donde Pollard pronunció la contraseña pactada. El «Galicia saluda a Francia. El avión ha llegado» fue transmitido al teniente coronel Francisco Franco Salgado-Araújo, ayudante personal y primo del general Franco. Pollard recibiría a otro oficial español en el hotel Pino del Oro, donde le confirmaría la llegada del avión. Aquí terminó su participación en la misión. Con el dinero que Bolín le había entregado permaneció en las islas con su hija y su amiga unos días más, y regresaron a Inglaterra por vía marítima.

El Dragon Rapide continuaba en Gran Canaria, por lo que Franco necesitaba desplazarse hasta allí desde Tenerife sin levantar sospechas. El día 16, el comandante militar de Gran Canaria, el general Amado Balmes, falleció de un tiro accidental en un entrenamiento en el campo de tiro de La Isleta. Esa al menos fue la versión oficial, aunque las especulaciones sobre que la muerte del militar no fuese fortuita sino provocada han sido frecuentes[107]. Accidente o asesinato, la muerte de Balmes ofreció la coartada perfecta a Franco para viajar a Gran Canaria con permiso de Madrid para abrir la investigación pertinente y asistir al funeral de su compañero. La madrugada del día 17 el general viajó a Las Palmas en el correo que comunicaba las islas. Cumplió con la misión oficial de su viaje al tiempo que visitó varios cuarteles para coordinar las acciones que seguirían a la sublevación. Esa misma tarde, su mujer y su hija fueron escoltadas al Puerto de la Luz, donde embarcaron rumbo a Lisboa.

La madrugada del 18, el general Solans envió a Las Palmas un telegrama desde Melilla confirmando el triunfo de la sublevación en Marruecos. Su contenido llegó a conocimiento del gobernador civil, Antonio Boix Roig, quien pidió explicaciones. El ayudante del general afirmó que esto no iba en contra de la República y, poco después, se emitía por Radio Las Palmas y Radio Club Tenerife el Manifiesto de Las Palmas, que había sido redactado por Franco antes de salir de Tenerife. Entre las 3:00 y las 5:00 horas, ordenó el control militar de Las Palmas. Desde Madrid, las autoridades republicanas instaron al abandono del intento golpista. A las 10:20 de la mañana, llegó la confirmación de que los aeródromos norteafricanos ya estaban bajo control, lo que garantizaba la llegada a Marruecos sin contratiempos. El general Orgaz quedó al mando en Canarias mientras Franco se dirigía al Dragon Rapide. Lo acompañaron su primo, el teniente coronel Franco Salgado-Araújo, y el teniente piloto Antonio Villalobos Gómez. A las 14:30 del día 18 despegaron rumbo a Casablanca con escala esta vez no en Cabo Juby, sino en Agadir.

Alrededor de las 22:30 llegaron a su destino, donde se reunieron finalmente con Bolín. Al día siguiente, los militares y el periodista volaron hacia Tetuán. Antes de aterrizar, Franco ordenó a Bebb que realizase una pasada de reconocimiento para comprobar que el coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, cabecilla de la rebelión en la localidad, había ido a recibirlo. Tras cerciorarse de que todo estaba en orden, el Dragon Rapide tomó tierra. Franco había llegado a Marruecos para ponerse al frente de las tropas africanas. Era 19 de julio. El golpe desbordaba a un Gobierno republicano que llevaba veinticuatro horas organizando su respuesta, modificando sobre la marcha sus movimientos y hasta su composición para parar un ataque que estaba lejos de ser otra sanjurjada. Como había advertido Mola, «a los tímidos y vacilantes, aquel que no esté con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado»[108].

3

La respuesta republicana

Cuentos de miedo

La guarnición de Melilla se sublevó el 17 de julio. El 17 a las 17, como indicaba la nota de Mola que, por diversas razones, no se cumplió en ningún territorio más[109]. La primera unidad rebelde fue el Tercer Tabor de Regulares de Alhucemas, al mando del comandante Joaquín Ríos Capapé. Durante la madrugada, abandonó su cuartel rumbo a Melilla para unirse a sus tropas en el levantamiento[110]. La noticia llegó a la Península ese mismo viernes al anochecer y comenzó a circular por Madrid en núcleos pequeños, como un secreto a voces cada vez más compartido. El Gobierno lo supo por el general Sebastián Pozas, inspector general de la Guardia Civil. Sus hombres en Marruecos, leales a la República, enviaron un radiograma de alerta que recibió el comandante Naranjo, ayudante de Pozas. Y si Naranjo advirtió al general de manera inmediata, su chófer, vecino de Indalecio Prieto, dio la alarma al líder socialista. Este, además de ponerse al servicio del Gobierno, compartió la información con sus compañeros de partido, incluidos Julián Zugazagoitia y el resto de la plantilla de El Socialista. Camino a reunirse con la Ejecutiva del PSOE, también lo supieron por él los periodistas que se encontraban en la cantina del Congreso. «La guarnición de Melilla se ha sublevado esta tarde. Los trabajadores están siendo pasados a cuchillo», les dijo[111].

A pesar de que los rumores de una sublevación llevaban meses sucediéndose y de que los asesinatos del teniente Castillo y de Calvo Sotelo habían llenado el aire de rabia cruzada, miedo y convicción en muchos de un desenlace inminente, la frase de Prieto revolucionó a los periodistas. Eduardo de Guzmán y su hermano Ángel, redactores de La Libertad; Manuel Navarro Ballesteros, de Mundo Obrero; Valentín Gutiérrez de Miguel, de El Sol; Carlos Pérez Merino, de Claridad, y Francisco Díaz Roncero, de Ahora, se habían reunido en el Congreso casi por inercia, por si sucedía algo, por si alguien les contaba alguna novedad, sin mucha esperanza de conseguirlo. Y mataban la espera con animada conversación sobre lo que sucedería y lo que no, lo que haría o dejaría de hacer el Gobierno. Cuando la noticia se hizo real, se esfumó el letargo perezoso del sábado de calor asfixiante y se lanzaron a los teléfonos para avisar a sus jefes. También intentaron hablar con Melilla, pero no lo consiguieron. Ni con Ceuta, ni con Tetuán, ni con Larache. Sólo lograron comunicarse con Málaga y Algeciras, pero allí circulaban los mismos rumores y los mismos nervios. Y ninguna noticia concreta.

Los conocidos que militaban en organizaciones políticas y sindicales o trabajaban en algún escalafón de la Dirección General de Seguridad o de los ministerios de la Gobernación o la Guerra recibieron la siguiente lluvia de llamadas. Casi ninguno de los funcionarios estaba en su puesto de trabajo y, si conseguían localizar a alguno, el resultado era igual de estéril. Ninguna confirmación. Todos remitían a lo que pudiera decir el Gobierno. Y que no dijese nada, señalaban, sólo podía significar que este era un bulo más de los que recorrían las calles y las líneas telefónicas al menos dos días por semana. La falta de noticias terminó con las llamadas y los devolvió a la tertulia especulativa, a la que se sumaban los compañeros que iban llegando atraídos por los rumores.

La conversación bulliciosa se repartía entre opiniones nerviosas, pesimistas y confiadas. Entre los que despotricaban por el inmovilismo del que acusaban al Gobierno respecto a la conspiración y los que, partidarios de Azaña, Casares Quiroga o alguno de sus apoyos republicanos, temían más lo que pudiera venir de la izquierda, en su opinión, el verdadero peligro. La mayoría de estos simpatizantes republicanos estaban seguros de que, de ser cierto, la sublevación no pasaría de Marruecos y se yugularía, como se decía entonces, en unos pocos días. Los seguidores de los demás partidos del Frente Popular, de manera especial los incondicionales socialistas, se mostraban más negativos. Algunos decidieron irse en coche hasta Algeciras al terminar de cenar, a la caza de información más próxima al origen. Los demás esperaban el final de la reunión de la Ejecutiva socialista. No pudieron hablar con Prieto, que salió corriendo sin dar opción a ser abordado, pero fueron informados de los acuerdos. El PSOE apoyaría al Gobierno, al tiempo que le exigiría medidas contundentes para aplastar el golpe. La UGT respondería «a cualquier tentativa fascista con la huelga general revolucionaria». Esto hizo plantearse a los periodistas cuál sería la respuesta de la CNT, embarcada desde hacía semanas en la huelga de la construcción y enfrentada al Gobierno de Casares, que había declarado ilegal el paro.

Los tertulianos se dispersaron en busca de nuevos focos de la noticia, muchos de ellos rumbo a otras tertulias, también bulliciosas esa noche. En uno de los múltiples cafés, Eduardo de Guzmán localizó a Isabelo Romero, obrero de la metalurgia y miembro del Comité de Defensa de la CNT y del Comité Regional del Centro, el grupo que controlaba en aquel momento la organización tras la detención de casi todos los integrantes del Comité Nacional. Los cenetistas ya sabían lo sucedido en Melilla y creían que la sublevación se extendería por todo el país, que las derechas lucharían unidas y que sólo podrían vencerlas si el Gobierno armaba al pueblo enseguida. Seguros de que Casares no lo haría, intentarían encontrar armas por su cuenta. Desde los asesinatos del fin de semana anterior, los afiliados de la Confederación se encontraban movilizados y provistos de pistolas, cartuchos de dinamita o escopetas de caza, vigilantes y a la expectativa. Su instrucción ante cualquier confirmación de un alzamiento militar era declarar la huelga revolucionaria. Del Gobierno no esperaban más que la pasividad que le echaban en cara a Casares Quiroga ante los movimientos de los conspiradores. Su esperanza descansaba en la Alianza Obrera Revolucionaria[112].

Tampoco descansaron aquella noche las tertulias de los militares republicanos. Sí lo hizo la del café Rex, donde se reunían los aviadores, quienes al oír las noticias se habían ido a Cuatro Vientos, por si requerían sus servicios. Mientras, en el café de Molinero, compartían su agitación un puñado de integrantes de la UMRA. Con ellos Antonio Cordón, artillero en la reserva y reciente exafiliado de Izquierda Republicana, baja por enojo ante la actitud de Azaña frente a los rumores de conspiración. Contraponían ideas, preocupaciones y quejas sobre el tiempo perdido, expectantes ante la reacción del Gobierno, temerosos de que no respondiese ni a tiempo ni con fuerza. Tras el asesinato de Calvo Sotelo, se habían puesto a disposición del Ministerio de la Guerra y permanecían juntos la mayor parte del tiempo, en alerta, seguros de que la rebelión se aproximaba. Los acompañaba Carlos de Azcárraga, compañero de promoción de Cordón adscrito al regimiento de Infantería del Cuartel de la Montaña mientras cumplimentaba las prácticas de sus recién terminados estudios de la Escuela Superior de Guerra. Azcárraga había sido convocado para presentarse sin falta al día siguiente en el cuartel, con advertencia de que, con toda probabilidad, la jornada se extendería y pasarían allí la noche. Recibir ese aviso en la velada de los rumores de Melilla, y con las conversaciones soliviantadas de sus compañeros de armas a lo largo de la semana en mente, sonó a mal presagio al interesado y también a Cordón, que le recomendó que no se presentase[113].

Ninguna de las escenas de esta noche febril ni las preocupaciones que las motivaban se asomaron a los diarios del día 18. Las pesquisas de los periodistas, exitosas o no, fueron inútiles. El Gobierno recurrió a la censura para evitar cualquier referencia a la sublevación de Melilla. Sólo dos pequeños indicios de los movimientos de aquellas horas se colaron en las páginas finales de los ejemplares de la jornada: la suspensión de los permisos de los funcionarios de la Dirección General de Seguridad y el nombramiento del general Núñez de Prado como inspector general del Ejército de África[114].

Frente al silencio de la prensa escrita, la radio se convirtió en altavoz de los mensajes que el Gobierno quiso contar a lo largo del día. A las ocho y media de la mañana, el silencio absoluto ya era imposible, así que la decisión fue enviar un comunicado suave y optimista para calmar los rumores inquietos.

Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República. El Gobierno no ha querido dirigirse al país hasta tener conocimiento exacto de lo sucedido y poner las medidas para combatirlo.

Una parte del Ejército que representa a España en Marruecos se ha sublevado en armas contra la República, volviéndose contra su propia patria, realizando actos vergonzosos contra el Poder nacional. El Gobierno declara que el movimiento está suscrito a determinadas ciudades del Protectorado, y que nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la Península a tan absurdo intento. Por el contrario, los españoles han reaccionado unánimemente y con la más profunda indignación contra esa tentativa, frustrada en su nacimiento.

El Gobierno se complace en manifestar que buenos grupos de elementos leales resisten frente a los sediciosos en las plazas del Protectorado, defendiendo con su prestigio el Ejército y la autoridad de la República. En este momento, las fuerzas de aire, mar y tierra, salvo la triste excepción señalada, permanecen fieles en el cumplimiento de su deber y se dirigen contra los sediciosos para reducir este movimiento insensato y vergonzoso.

El Gobierno de la República domina la situación y afirma que no tardará muchas horas en dar cuenta al país de estar dominada la situación[115].

El comunicado transmitió un mensaje de calma y optimismo que no se asemejaba demasiado a la situación real. Esto aumentó la desconfianza en la contundencia y efectividad de la respuesta del Gobierno en aquellos que llevaban meses decepcionados con la actitud legalista de Azaña y de Casares Quiroga. Este grupo de opinión, que oscilaba entre el desencanto y la preocupación, se nutría en buena medida de militares republicanos próximos a la UMRA y de socialistas del ala prietista, con «don Inda» a la cabeza. Los traslados de generales sospechosos a plazas donde se presuponía que estarían más aislados, como Canarias, Baleares o Navarra; las detenciones tras el frustrado intento de golpe de abril; el baile de nombramientos en las comandancias, o la vigilancia a la que se sometía a los conspiradores les parecían medidas tibias e insuficientes. Como blandura y apatía entendían también la tranquilidad con la que ambos presidentes recibían las informaciones inquietantes que ellos mismos les comunicaban. Su respuesta recordatorio de que sin pruebas no se podía actuar y de que el Gobierno era el primero que debía mantener la legalidad en una democracia o su insistencia en mantener la calma, pedir respeto por sus decisiones y apostar por transmitir a la opinión pública mensajes de confianza en el Estado, el Ejército y las fuerzas de orden público, las juzgaban como ingenuas debilidades fuera de lugar.

Aunque había tenido lugar antes, el nombramiento de Azaña como presidente de la República aceleró esta percepción. Los militares recibieron la noticia con incredulidad y rechazo. En su opinión, don Manuel tenía que mantenerse en un puesto activo, donde ejecutase decisiones y pudiese tomar partido. Convertirse en el poder moderador suponía quedar fuera del juego político y que el régimen perdiese una de sus mejores bazas. Fue esta noticia la que impulsó a Cordón a convertir en realidad su amenaza de darse de baja de Izquierda Republicana y abrió una brecha en su relación de amistad con Juan Hernández Saravia, coronel y ayudante militar de Azaña, muy unido al presidente, que servía de enlace entre sus colegas de armas y el Gobierno. Para Cordón, esta decisión era una cobardía del líder del Frente Popular y una desgracia que debilitaba la República[116].

Los prietistas no compartían esta impresión, habida cuenta de que había sido Indalecio Prieto el principal impulsor de la candidatura de Azaña como sustituto de Alcalá-Zamora. Cuando el nuevo presidente le propuso formar gobierno, esa apuesta explícita se convirtió en un lastre más para el sí del diputado socialista, temeroso de que su apoyo pasase a leerse en clave de interés personal. Esto reforzó su convicción de que necesitaba la unanimidad de la Ejecutiva socialista para poder aceptar. Pero el grado de desencuentro entre los dos grupos era tal, que un acuerdo así resultaba imposible en aquel momento. La mayoría de los miembros del grupo parlamentario eran partidarios de Largo Caballero y compartían su posición: el experimento republicano estaba agotado. Era tiempo de ir hacia la unidad obrera, con el objetivo final de ejercer el poder en solitario. Frente a esto, los prietistas tenían una visión más pragmática. Conscientes de la fuerza de los partidos conservadores en la realidad española y de la radicalización progresiva de buena parte de los sectores de derechas, consideraban peligroso separarse de sus aliados y operar fuera de los cauces de la República. Las advertencias de Prieto, de que «se avecinaban días de gravedad extraordinaria» cayeron en saco roto: «¡Bah! Cuentos de miedo», respondió Largo Caballero. Tanto él como Luis Araquistáin o Julio Álvarez del Vayo estaban convencidos de que cualquier golpe militar fracasaría ante la oposición armada del Estado y la reacción de los obreros, que responderían con una huelga general[117].

Según los recuerdos que han dejado por escrito Prieto y algunos de sus colaboradores, como Julián Zugazagoitia, los prietistas consideraron la negativa de la Ejecutiva y su previsión despegada de la realidad un error tan catastrófico como sus consecuencias. También les pareció una equivocación el nombramiento de Santiago Casares Quiroga, a pesar de tenerlo por «un republicano sin reproche», del aprecio y amistad que los unía a él, y de admitir que la negativa socialista había dejado a Azaña sin muchas más opciones que recurrir a un hombre de su entera confianza. Casares compartía las opiniones que consideraban un error perder la capacidad de acción de Azaña al frente del Gobierno para convertirlo en presidente de la República, pero, cuando no hubo marcha atrás, apoyó con ahínco la idea de que Prieto era el mejor sustituto. No se veía a sí mismo, en cambio, como una opción, y si alguien sugería que debía ser el sucesor, se escudaba en su salud, frágil por la tuberculosis que padecía desde los cinco años y de la que sufrió graves episodios intermitentes a lo largo de su vida[118]. Sin embargo, cuando Prieto dijo no y Azaña se lo pidió, no se negó. «En punto a desinterés, amistad y abnegación por la República, Casares no tiene semejante», había apuntado el nuevo presidente en su diario cuando comenzó a resquebrajarse la coalición de Gobierno tras los sucesos de Casas Viejas en 1933[119]. Y para muchos, esa adhesión iba unida a una lealtad incuestionable a su política y a su persona.

Los prietistas opinaban que la mala salud de Casares, sus habilidades parlamentarias y su temperamento, enérgico en palabra y débil en acción, lo convertían en mala elección para tiempos recios. Así lo afirmó El Socialista en un artículo de Zugazagoitia publicado tras su nombramiento. «Está bien que la novia diga que no es guapa, pero lo que ya no está bien es que los amigos la llamen públicamente fea el día de la boda», le replicó con disgusto el presidente del Consejo de Ministros a través de su secretario y amigo común, Carlos Esplá[120]. Desde entonces hasta el 18 de julio, la relación de los prietistas y Casares se fue tensando. Las redes de información socialista nutrían a los primeros de detalles y noticias preocupantes sobre los movimientos de los conspiradores. Durante esos meses, El Socialista no dejó de alertar del peligro de una conspiración inminente, cuestionando la previsión del Gobierno y sus medidas. Artículos que, en opinión de Azaña, suponían más perjuicio que beneficio a la labor del Consejo de Ministros, pues sembraban la duda sobre su capacidad, alarmaban a la población y enconaban la opinión hacia los militares, para quienes pedía confianza, si no en nombres concretos de clara sospecha, sí de manera general. Confianza hacia su sentido del deber, su disciplina y la lealtad a su juramento.

La tranquilidad ministerial exasperaba a los partidarios de Prieto, que seguían considerando que su líder era el único político con la energía necesaria para aquellos tiempos. Esta exasperación, acrecentada por las noticias acumuladas sobre los movimientos militares y falangistas, alimentó la convicción, primero en Juan Negrín y luego en Zugazagoitia, de que era necesario seguir insistiendo ante sus compañeros del PSOE para que autorizasen a Prieto a formar Gobierno. Y, en caso de no conseguirlo, debían actuar con responsabilidad y asumir la presidencia del Consejo de todos modos, aun a riesgo de escindir el partido. Prieto, a pesar del convencimiento con el que proclamaba en público y en privado su preocupación por una sublevación inminente, no dio ese paso en mayo ni se decidió a hacerlo en los meses posteriores, dejando la responsabilidad de gobernar y de enfrentar la posible sublevación, a pesar de sus críticas, en Casares.

Movido por la preocupación y quizá también por la carga de no tomar las riendas, Prieto visitaba con frecuencia el Palacio de Buenavista, sede del Ministerio de la Guerra, para alertar al ministro y presidente. Pero las visitas informativas continuas, con reclamo de medidas más contundentes y críticas a las adoptadas por considerarlas débiles e insuficientes, fueron incomodando progresivamente a Casares, hasta que un día, estrenado ya el verano, respondió con un exabrupto al nuevo informe de Prieto. Dolido, este abandonó el palacio e interrumpió sus visitas informativas. A los pocos días, se marchó a Bilbao, donde permaneció hasta que Zugazagoitia lo telefoneó para comunicarle el asesinato de Calvo Sotelo. No volvió a visitar ni a hablar con Casares hasta el 18 de julio[121].

Las de Prieto no eran las únicas visitas continuas al ministerio. También los militares de la UMRA buscaban sus cauces para alertar a Casares y a Azaña. Uno de los más porfiados fue Ignacio Hidalgo de Cisneros, célebre aviador republicano, cabecilla junto con otros compañeros de la fallida rebelión de Cuatro Vientos de 1930, exiliado en Francia tras Octubre del 34 y que se convertiría en el jefe de la aviación republicana al iniciarse la guerra. Su popularidad en los años treinta se vio reforzada por asuntos del corazón, debido a su matrimonio con Constancia de la Mora, sobrina de Miguel Maura, aristócrata y primera divorciada ilustre. Cisneros no dejaba de insistir a Casares en la necesidad de realizar una poda a fondo en el Ejército y de responder a los asesinatos de Falange. Pero Casares le respondía con la misma tranquilidad que a Prieto, pidiendo confianza en las medidas del Gobierno y aduciendo que los crímenes falangistas eran trabajo de la policía.

Tampoco Azaña pareció hacer caso de sus advertencias. La República estaba suficientemente protegida, el Gobierno había tenido en cuenta todos los peligros que el aviador consideraba y ante los rumores no se podía actuar. Los españoles vivían en un régimen de legalidad que no podía actuar sin pruebas y cuyo deber era mantener la democracia y las libertades para todos. Una respuesta que a Cisneros se le antojaba la broma de un ser alejado de la realidad terrena. Si Maura, como otros republicanos de derechas, había evolucionado hacia la defensa de una dictadura republicana de orden, sus sobrinos, como otros republicanos de izquierda, siguieron un camino especular, que los llevó a desconfiar de un Gobierno que defendía actuar desde el respeto a la ley[122].

Son numerosos los testimonios como los de Cisneros, Cordón, Zugazagoitia o Prieto, sobre conversaciones en las que Azaña y Casares habían restado importancia a sus avisos y al peligro que suponían los militares que luego se sublevarían. Sin embargo, otros, como el de Santos Martínez Saura, el secretario civil de Azaña durante la República, señalan que la falta de decisiones públicas contundentes no se debió a la indiferencia, sino a la prudencia. Ninguno de ellos quería dar pasos en falso y moverse sin pruebas suficientes por respeto a la ley y por temor a precipitar la sublevación, creando mártires y molestando con un movimiento precipitado a aquellos militares que todavía no habían optado por la conspiración, pero que podrían mostrarse leales ante unos compañeros castigados sin causa suficiente a sus ojos. En su opinión, Casares confiaba en la fortaleza del régimen y de sus defensores y esperaba que los traslados, detenciones y cambios de mando fueran suficientes para debilitar la sublevación y que, cuando esta se produjese, sus cabecillas quedasen al descubierto y las fuerzas republicanas bastasen para vencer, como había sucedido el 10 de agosto de 1932. Un pensamiento que, según el secretario, compartía la mayor parte de líderes de izquierda, que ignoraba el apoyo extranjero con el que contarían y que desequilibró el enfrentamiento entre leales y rebeldes[123].

La tranquilidad aparente ante los avisos no impidió que, en paralelo, el Gobierno siguiese investigando a los conspiradores. Fruto de estos trabajos, se pudo abortar la tentativa de golpe prevista para abril y el general Varela acabó preso en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Pero el trabajo de inteligencia continuó. El director general de Seguridad, José Alonso Mallol, había puesto en marcha una extensa red de informadores que siguieron trabajando alrededor de la conspiración. Para la parte militar de la trama contó con la colaboración de la UMRA, que contribuyó con una amplia nómina de espías en los cuarteles. Además, se pincharon los teléfonos de los principales conspiradores y se montó un operativo de escuchas en sus domicilios. Esta intensa labor de vigilancia permitió elaborar una lista de implicados con más de quinientos nombres e incluso obtener seudónimos y contraseñas operativas[124].

Carlos Esplá y Alonso Mallol mantenían informados a ambos presidentes. Los demás miembros del Gobierno tuvieron conocimiento de la conspiración en la reunión del Consejo de Ministros del 10 de julio. Casares compartió con sus compañeros la información recabada hasta el momento, que incluía alguna de las notas de Mola, aunque los investigadores no habían logrado averiguar quién se escondía bajo el sobrenombre de «el Director». Había indicios que hacían sospechar que el complot podía desencadenarse en cuarenta y ocho horas. Se barajó la alternativa de impedir el levantamiento llevando a cabo detenciones encadenadas de manera inmediata, algo por lo que apostaban Esplá y Alonso Mallol. No obstante, la falta de pruebas determinantes contra los líderes podía impedir su procesamiento en firme. La otra posibilidad era esperar un poco más, seguir acumulando evidencias y yugular el movimiento una vez iniciado, haciendo caer a todos los responsables. Es decir, dejar que el peligro aflorase para detenerlo con más facilidad, como habían hecho en 1932. Ante este precedente exitoso, la creencia de que el golpe sería una nueva sanjurjada, la confianza de que la mayor parte de los militares se mantendrían leales y el temor a los resultados de actuar con precipitación, Azaña y Casares se inclinaban por la segunda opción. Y esta fue la que terminó por imponerse, ya fuese por el rápido encadenamiento de sucesos o por decisión consciente de ambos[125].

Esta resolución de los acontecimientos quedó registrada en las memorias de la mayor parte de sus coetáneos como un error monumental de los presidentes, un error que se entrelazó con reproches por su comportamiento ante las amenazas que les habían ido transmitiendo durante la primavera del 36. Las severas críticas de sus compañeros, de manera especial las dirigidas a Casares, trascendieron en el tiempo, fundiéndose, paradójicamente, con la caricatura monstruosa de la propaganda oficial del franquismo. La imagen casarista de los rebeldes podría condensarse en esta definición escrita en 1937 por el historiador y apologeta de la dictadura, Joaquín Arrarás: «Casares Quiroga es un caso teratológico propio de barraca, como el cerdo de dos cabezas o el perro de las ocho patas. Cruel e inhumano, se solaza en su oficio de verdugo; aplica sus dotes de inventiva a idear nuevas formas de tormento […] atacado de un sadismo morboso, organiza secuestros y asesinatos…»[126].

Desde el bando amigo, el relato que ha llegado es el de un hombre enfermo, débil, a veces iracundo, al que el puesto o la situación le quedaron grandes, que pecó de soberbia desatendiendo los avisos de gente mejor informada, que minimizó el problema y confió en exceso en la palabra y la buena voluntad de los conspiradores. Incluso algunos, como Largo Caballero, señalaron directamente sus culpas: «¿Pudo evitarse la guerra civil? Sí, pudo evitarse. Con menos desdén por parte de los señores Azaña y Casares Quiroga para las denuncias que les hice, la sedición hubiera sido abortada y nos hubiéramos salvado de la catástrofe…». «Por su culpa, cayó España en el abismo.»[127] Ante esta mezcla de retratos suena reveladora la apreciación amable de uno de sus críticos, Julián Zugazagoitia. «Hay un tipo de injusticia histórica, difícilmente reparable, que es el que hace que Casares Quiroga resuma en sí mismo, personificando culpas colectivas, a cuantos, por acción o por abandono, contribuyeron a facilitar a los generales el ambiente y el pretexto de la insurrección.»[128]

Ninguno de los relatos recoge que el 17 de julio Casares era un presidente interino. Tras el asesinato de Calvo Sotelo había presentado su dimisión a Azaña, pero este no había querido aceptarla. No todavía. «Si aceptara la dimisión que me ha presentado Casares, sería tanto como entregar su honor a la maledicencia que lo acusa.»[129] El presidente de la República se comprometió a cambiar el Gobierno, pero administrando los tiempos públicos y políticos. Casares, fiel a Azaña, asumió de nuevo su decisión. En interinidad y con esa falta de confianza en su criterio y sus capacidades de ejecución por parte de algunos de los sectores políticos más cercanos, Casares Quiroga encaró la tarea de frenar el golpe el 18 de julio de 1936.

En defensa de la legalidad republicana

Benjamín Balboa, oficial radiotelegrafista en la estación del Ministerio de Marina en Ciudad Lineal, pasó la noche del 17 al 18 de julio en vela, de servicio, encadenando un cigarro detrás de otro para templar los nervios. Entre las medidas adoptadas por el Gobierno esa madrugada estaba que la escuadra bloquease las plazas sublevadas de las que tenía noticia: Melilla, Larache y Ceuta. El objetivo era ahogar la sublevación mientras todavía se limitaba a Marruecos. El mismo fin persiguió la orden de bombardear Melilla y Tetuán. Balboa se mantuvo en contacto con radiotelegrafistas de las unidades encargadas de sofocar la rebelión y la impresión hasta entonces era favorable. En apariencia, no había en la Armada ningún indicio de afinidad por el golpe. Los oficiales subalternos vigilaban con discreción a sus jefes, atentos para intervenir al menor síntoma de colaboración. Pero la tranquilidad se rompió ante un mensaje transmitido desde la base de Cartagena, que rebotaba un radiotelegrama de Santa Cruz de Tenerife recibido a las 7:10 de la mañana. «Gloria al heroico ejército de África. España sobre todo. Recibid el saludo entusiasta estas guarniciones que se unen a vosotros y demás compañeros Península en estos momentos históricos. Fe ciega en el triunfo. Viva España con honor. Dígolo para conocimiento de V. E. Firmado: Francisco Franco.»[130]

Al recibir el mensaje, Balboa intentó averiguar la situación en Cartagena, pero el compañero al otro lado del cable le dio largas y la comunicación se cortó. El marino no sabía si el arsenal de Cartagena se había sublevado por completo, estaba en proceso o había oficiales al mando actuando por su cuenta con sigilo y celeridad para expandir la rebelión. En cualquiera de los casos, la circunstancia era grave. La chispa del alzamiento había prendido en la Península y había que cortarla con urgencia. Con esa urgencia llamó al Ministerio de la Guerra, sin paso previo por sus superiores. Al habla con el secretario del ministro, compartió el contenido del mensaje y quedó en enviar copia escrita al ministerio. Hizo llamar a un ordenanza, a quien pidió que buscase un automóvil: «¡Son órdenes directas del señor ministro!». Pero el ordenanza regresó con el capitán de corbeta Castor Ibáñez, quien le arrebató el mensaje, acusándolo de desobediencia. Apresurado, Ibáñez telefoneó al almirante Francisco Javier de Salas, jefe del Estado Mayor de la Marina, que al escuchar las novedades le ordenó compartir el radiotelegrama con toda la flota. Balboa, atento a la conversación desde la centralita, corrió a su encuentro para impedirlo. Pistola en mano detuvo a Ibáñez en nombre del Gobierno de la República y tomó el mando de la estación. Se puso al habla con los radiotelegrafistas para pedirles que redoblasen la vigilancia ante la gravedad del momento y consiguió que el mensaje de Franco llegase al ministro de la Guerra.

Casares había pasado toda la noche en el ministerio. En la velada del 17 de julio, cuando recibió la noticia de la sublevación en Marruecos, se reunió de urgencia con el presidente de la República en el Palacio Real, entonces conocido como Palacio Nacional. Martínez Saura y Hernández Saravia, los secretarios de Azaña, le habían aconsejado a este que se trasladase allí, pues no consideraban un lugar seguro la Quinta del Pardo donde se alojaba. Estaba demasiado lejos de Madrid para recibir refuerzos en caso de ataque y tenían serias sospechas de que podían intentar secuestrarlo. Unos días antes, la casa había recibido la visita de un oficial del regimiento de Transmisiones que iba a comprobar el funcionamiento de la radio, que no había dado muestras de problema alguno. Pronto se confirmó que la revisión había sido un ardid con el fin de conocer la residencia y su dispositivo de seguridad. La del 18 de julio fue la primera noche que Azaña pasó en Palacio[131].

Casares y Azaña decidieron las primeras medidas para gestionar la situación que llevaban meses temiendo. Ambos presidentes coincidieron en la importancia de actuar con celeridad, evitar que la sublevación llegase a la Península y mantener leales, amarrados a su promesa de defensa al régimen, a la mayor parte de los militares. Confiaban en la fidelidad de los generales a quienes habían colocado al frente de las ocho divisiones y esperaban que sus subordinados, por convencimiento o por disciplina, acatasen sus órdenes y cumpliesen su juramento. Desde el presente, puede parecer ingenua su confianza en la honorabilidad militar, el valor de la palabra y la disciplina a esas alturas de la conspiración, pero la ingenuidad, de serlo, estaba muy extendida.

Si Casares cometió el error de creer a Yagüe cuando se defendió reiterando su compromiso de servicio a la República al ser señalado por las informaciones de las fuerzas de seguridad, el mismo error se repitió en numerosas escenas similares. Como el interrogatorio en el que Batet confió en el juramento de Mola de que no se sublevaría. O la defensa del buen nombre del coronel Antonio Aranda, reivindicado por parte de los socialistas asturianos a los que poco después ordenaría acribillar. O como aquella que se vivió en numerosas provincias, como Coruña o Sevilla, donde sus gobernadores civiles, Francisco Pérez Carballo y José María Varela Rendueles, concedieron crédito a las promesas de fidelidad absoluta de militares conspiradores en vísperas del golpe. Todos compartían la opinión de que la desconfianza hacia los generales molestos no justificaba acusar al conjunto de militares y no se les pasaba por la cabeza poner en duda la palabra empeñada por los que hacían de cumplirla una cuestión de honor. Erraron en lo que se refería a aquellos sublevados. Para ellos, la palabra se había convertido en arma de guerra, aunque quienes serían sus víctimas aún no lo sabían[132].

No se equivocaron, sin embargo, en cuanto a la lealtad de buena parte del Ejército, que se dividió en dos durante el golpe. De los dieciocho generales de división que formaban la cúpula militar española, sólo se sublevaron cuatro: Franco, Goded, Queipo de Llano y Cabanellas. De los treinta y dos generales de brigada, lo hicieron dieciocho. Sí fue mayoritaria, en cambio, la rebelión en los oficiales del Estado Mayor, a la que se sumó el 80 por ciento. Entre los sesenta mil efectivos de las fuerzas de orden público la división fue igualitaria. La mitad se sublevó, la mitad se mantuvo leal a su juramento, aunque el reparto difirió un poco por cuerpos: apoyaron el levantamiento algo más del 50 por ciento de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, y sólo el 30 por ciento del Cuerpo de Carabineros. De este modo, el primer escenario de guerra civil se vivió en los cuarteles[133].

Las medidas iniciales de Casares y Azaña atendieron a la necesidad inmediata de apagar el fuego, pero también tuvieron muy presente la importancia de mantener el apoyo de aquellos que, aunque no se identificaban con el Gobierno, tampoco eran partidarios de la rebelión, la desobediencia o el enfrentamiento. Para ello intentaron combinar la respuesta tajante contra la sublevación con una adaptación de la estrategia de apaciguamiento y prudencia que habían utilizado, conscientes de la debilidad y las limitaciones políticas y administrativas del Estado, en sus intentos de neutralizar la conspiración[134]. Tras el golpe, esto significaba reforzar la sensación de orden y autoridad del Gobierno y de la República, lo que implicaba preparar un nuevo gabinete que cumpliese con esos criterios y aglutinase tras de sí a todos los que no se habían sublevado. A juicio de Azaña, «la actitud del Estado frente al movimiento no podía ser otra que la de defender íntegramente la legalidad constitucional republicana». Y sus objetivos, dominar la rebelión y restablecer el orden y el normal funcionamiento del Estado. Unos objetivos temerosos de la revolución que no casaban bien con el reparto de armas que algunos ya habían empezado a sugerir[135].

Tras la reunión presidencial, Casares se trasladó al Ministerio de la Guerra. Su misión era poner en marcha y vigilar el plan trazado con apoyo de militares de confianza para sofocar la sublevación. Un núcleo encabezado por Pozas, Núñez de Prado y Hernández Saravia del que también formaban parte los comandantes Leopoldo Menéndez, Julio Parra y Ángel Riaño, oficiales adscritos a la Presidencia de la República. La primera decisión fue ordenar el bombardeo de las plazas sublevadas en Marruecos para cortar el paso del Estrecho y evitar la posible llegada de las tropas radicadas en África a la Península. El cuerpo que más preocupación inspiraba era el Tercio de Extranjeros, llamado así a imitación de la Légion étrangère francesa, pese a que la mayor parte de sus integrantes eran españoles. La Legión había sido fundada por José Millán Astray con la colaboración de Franco en 1920. Para ello había reclutado a fugitivos de toda clase a los que sometió a una disciplina despiadada, un peculiar modo de vida y un sistema mítico que mezclaba el ejemplo de los tercios de Flandes con el bushido de los samuráis. El resultado fue una tropa terrible que Azaña consideraba poco conveniente para la paz y que Franco ya había empleado para la guerra social en Asturias, en 1934[136].

Con el fin de controlar el Estrecho, también se puso en marcha un dispositivo desde Marina. Ya el día 16, el ministro José Giral había tomado la precaución de movilizar al Churruca, destructor con base en Cartagena, para ponerlo a las órdenes de Mariano Zapico, gobernador civil de Cádiz. Misión idéntica, pero con rumbo a Almería, recibió el Lepanto. El objetivo era vigilar los puertos de Ceuta y Melilla, respectivamente. Al conocerse la sublevación se reforzaron estos movimientos destinando nuevas unidades navales a la zona para bloquear cualquier intento de desembarco rebelde. Fruto ya del plan de respuesta del Gobierno, la noche del 17, dos destructores más, el Sánchez Barcáiztegui y el Almirante Valdés, recibieron orden de dirigirse a Melilla. A ellos debía unirse el Lepanto. Y rumbo a Ceuta se envió al Churruca, acompañado por un cañonero, el Dato, y un torpedero, el T-19. Durante la madrugada se completó el despliegue con cinco submarinos. Sin embargo, no todos los buques cumplieron su misión. Los mandos del Churruca se unieron al golpe y a espaldas de la marinería escoltaron un buque mercante que transportaba efectivos del tercio. Ambas embarcaciones arribaron al puerto de Cádiz la madrugada del día 19. Cuando la tripulación se percató de lo sucedido, se amotinaron y lograron tomar el control del destructor y reintegrarlo al servicio de la República, pero no pudieron impedir que los legionarios se uniesen a los rebeldes[137].

Su concurso desequilibró el enfrentamiento y las tropas lideradas por José López Pinto y el excarcelado general Varela tomaron la ciudad. El gobernador Zapico fue detenido de inmediato y fusilado el 6 de agosto. Los rebeldes mantuvieron encerradas durante algo más de un año a una de sus hijas y a su amiga Elisa Hernández Rojas, hija del general Hernández Saravia, que se encontraba pasando unos días de verano con la familia Zapico cuando estalló la sublevación. Su vínculo familiar con el ayudante de Azaña, uno de los militares clave del bando republicano, la convirtió en botín de guerra. Las jóvenes permanecieron tres meses encerradas en una comisaría, hasta que un clérigo intercedió por su situación. Esto impulsó su traslado a una finca en Medina-Sidonia donde las mantuvieron custodiadas hasta su liberación en septiembre de 1937, fruto de un canje de prisioneros[138].

También el cañonero Dato se sublevó y escoltó tropas africanas hasta Algeciras. El riesgo de que más navíos se uniesen a los rebeldes preocupaba al Gobierno, pero de nuevo resultó de vital importancia la labor de Benjamín Balboa. El oficial radiotelegrafista se había quedado al mando de la estación de comunicación de Ciudad Lineal tras interceptar el mensaje de Franco, alertar al ministro y detener a su superior por rebelión. Balboa contribuyó a mantener el control gubernamental de las comunicaciones de Marina y de la mayoría de las unidades desplegadas en el mar. Junto con el comandante Manuel Vázquez Seco, jefe del Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas de la Armada, se encargó de alertar tanto a los barcos como a las bases navales de lo sucedido y del peligro de que más mandos intentaran tomar el control. Ambos transmitieron la orden de desconfiar de los mensajes en clave, que podrían ser emitidos por los facciosos, y se comprometieron a comunicarse tan sólo en lenguaje habitual, lo que permitiría localizar los envíos seguros. Además, como mecanismo de seguridad, ordenaron a los navíos que también interactuasen con el ministerio a través de mensajes sin cifrar[139].

A pesar de las tentativas de la rebelión de ciertas naves y de que incluso algunas como el Dato, el T-19 y el Uad-Quert quedaron bajo control de los sublevados, la flota republicana logró mantener el bloqueo, interrumpiendo el transporte de tropas por mar hasta la Península. La operación de asedio y disuasión contra los rebeldes de Marruecos se completó con la participación de la aviación. El inspector general del Ejército de África, general Miguel Núñez de Prado, responsable de Aeronáutica, lideró las decisiones en este sector. En cuanto tuvo noticias de la sublevación, se puso en contacto con los aeródromos para asegurar su lealtad a la República. Terminada la ronda, visitó las instalaciones de Cuatro Vientos, Getafe y Barajas, acompañado del comandante Hidalgo de Cisneros, para comprobar su situación. Reunidos con los jefes y aviadores más afectos al régimen, acordaron tomar las precauciones necesarias. En conversación con Casares, Núñez de Prado decidió viajar hasta el Protectorado en su condición de inspector general de la región, con el fin de intentar atraer a los dudosos, reforzar a los leales y evitar la sublevación en las plazas todavía a salvo. Pero su viaje fue cancelado cuando estaba a punto de despegar de Cuatro Vientos. Pilotos procedentes de Marruecos certificaron el control del territorio español en África por parte de los rebeldes, lo que convertía su viaje en una misión suicida. El siguiente paso fue ordenar el bombardeo de las plazas marroquíes. El armamento de los aviones no era adecuado ni suficiente para esta misión, pero no perseguían aplastar la rebelión con el ataque, sino desmoralizar a los sublevados y a la población[140].

La ronda de reconocimientos, llamadas y precauciones iniciada en la madrugada del 18 de julio no descuidó las comandancias de la Guardia Civil. Su director, el general Pozas, se encargó personalmente de contactar con todas ellas, cursando órdenes para asegurar que los hombres que estaban bajo su mando permanecían leales a la República. Terminada la ronda, el sonido del teléfono lo sobresaltó. Malas noticias desde Tetuán. La comandancia estaba rodeada de rebeldes y el alto comisionado había sido detenido. Nombrado por Portela Valladares con el objetivo de republicanizar la Guardia Civil, Sebastián Pozas no estaba convencido de haberlo conseguido del todo. Y aunque todos los jefes le manifestaron su lealtad a la República, su temor era que esta vez el cuerpo o una parte de él, sí se sublevase. Si los guardias se unían a los militares, el Gobierno apenas podría resistir unas horas. Pero Pozas confiaba en que el estallido se limitase a Marruecos, lo que facilitaría la victoria gubernamental.

Desde el Palacio de Buenavista, un Casares Quiroga agotado por la noche en vela, pero muy activo, coordinaba el operativo, recibía información de sus subordinados y se encargaba de su propia ronda de llamadas. Su interés era conocer la situación en cada provincia, por lo que se comunicó con todos los gobernadores civiles. Los mensajes que transmitían eran diversos, pero no alarmantes todavía. Nerviosos por las informaciones contradictorias que circulaban, querían conocer el alcance del golpe y solicitaban instrucciones sobre cómo proceder. La consigna fue similar en todos los casos: mantener la calma, permanecer atentos al comportamiento de los jefes militares de su provincia e intentar controlar cualquier imprevisto por medio de las fuerzas de seguridad del Estado y los mecanismos legales procedentes. La opción de repartir armas entre los ciudadanos fue prohibida de manera expresa. Todo había de ser legal y mantener, en la medida de lo posible, los cauces de desarrollo ordinario.

En las sedes de cada división, las noticias tampoco parecían alarmantes, excepto en Zaragoza, donde el hermetismo de Miguel Cabanellas, republicano y masón, pero disgustado con el rumbo de los acontecimientos políticos, parecía próximo a la rebelión. Ante los informes contradictorios, Casares decidió pedir a Núñez de Prado, viejo amigo de Cabanellas, que volase a Zaragoza para entrevistarse con el general y asegurar la plaza. El gobernador civil, Ángel Vera Coronel, había comunicado esa noche que lo consideraba inofensivo, pero los informes de los que disponía el presidente del Consejo decían otra cosa, de modo que no se fiaba. Era importante mantener Zaragoza, pues así Mola, el general cuya actitud más temor despertaba, quedaría bloqueado entre Burgos y Zaragoza, entre Batet y Cabanellas. Núñez de Prado acató la petición de Casares como si fuera una orden, aunque temeroso del resultado. Incluso en el caso de que lograse contener a Cabanellas, en su opinión, el peligro permanecía. No confiaba en el regimiento de caballería de Castillejos ni en sus líderes, el coronel José Monasterio y el teniente coronel Gustavo Urrutia. Estaba convencido de que, a la menor oportunidad, intentarían sublevarse. Casares nombró a Núñez de Prado inspector general de la zona para reforzar su autoridad, fiando tan importante misión al poder persuasivo del general. Este partió hacia la capital aragonesa, donde sería hecho prisionero nada más llegar y fusilado por sus compañeros rebeldes apenas unos días después, el 24 de julio.

Con la luz del día volvió el trajín de visitas al ministerio. Los principales líderes de los partidos del Frente Popular y también de otras organizaciones republicanas, como el Partido Nacional Republicano (PNR) de Felipe Sánchez Román, acudieron tanto a Buenavista como al Palacio Nacional. Mención especial merece la presencia de los socialistas, quienes habían cambiado su actitud hacia el Gobierno, dejando atrás la resistencia y la crítica para ofrecerle de manera incondicional su apoyo. Un apoyo matizado, sin embargo, por su desacuerdo con el enfoque de la respuesta gubernamental. La confianza hacia los militares y las fuerzas de seguridad de buena parte del partido era escasa, por lo que desde el primer momento abogaron por entregar armas al pueblo.

Los primeros en plantearlo fueron los diputados Juan Simeón Vidarte y Manuel Cordero, quienes visitaron a Casares a las diez de la mañana del día 18, en calidad de representantes de la Ejecutiva del PSOE. La respuesta del presidente y ministro de la Guerra fue negativa. Sus argumentos, la imposibilidad de controlar a quiénes irían a parar las armas y el uso que estas personas desconocidas harían de ellas, sobre todo aquellas vinculadas a fuerzas políticas favorables al discurso revolucionario. «¿A quiénes van a ir a parar esas armas? ¿Qué uso se va a hacer de ellas? ¿Y es que puede usted responderme de los anarquistas, de los comunistas, de las Juventudes Unificadas? ¿Es que puede usted asegurarse que toda España no se va a convertir en lo que fue Asturias en el mes de Octubre?» Frente al peligro de revolución que suponía el reparto de armas, Casares abogaba por confiar en los medios del Gobierno para sofocar la rebelión «sin necesidad de hacer locuras, ni de que arda el país». En un momento en el que la insurrección aún parecía muy focalizada, el presidente creía que la entrega de armas podría ser recibida como una provocación, la semilla de una revolución social incipiente, por la mayoría del Ejército que todavía no se había sublevado[141].

Con el transcurrir del día, las noticias que iban llegando empeoraron de manera progresiva. La sublevación ya había estallado en la Península, y se extendía poco a poco. Las comunicaciones empezaron a ser menos fluidas con algunos puntos de España. Los gobernadores civiles con los que conseguía hablar Casares se mostraban más nerviosos. Las novedades que se iban filtrando desde plazas como Sevilla resultaban preocupantes. Asimismo, Mola parecía cada vez más dispuesto a la rebelión y desde Zaragoza se confirmaron los peores pronósticos: Cabanellas se había sumado al alzamiento y Núñez de Prado había sido hecho prisionero. Mientras, crecía el rumor callejero a la espera de armas y las presiones de los políticos partidarios de seguir ese camino. Con el panorama que se iba dibujando resultaba cada vez más difícil mantener el silencio gubernamental. El mensaje escueto y optimista emitido a las ocho de la mañana encontró su eco a lo largo del día hasta en siete notas o breves comunicados. Esta insistencia buscaba combatir, por un lado, cualquier imagen de desidia o debilidad del Gobierno, y, por otro, transmitir un mensaje propagandístico que contribuyese a cerrar filas en torno al gabinete y a no tomar en cuenta las informaciones que pudieran llegar a través de la radio de los lugares controlados por los facciosos.

El comunicado de las tres menos cuarto de la tarde desmintió las noticias sobre Sevilla y centró todo su esfuerzo en mostrar la fortaleza del régimen, subrayando el contraste entre el caos que se vivía en las zonas controladas por los militares rebeldes, frente a la tranquilidad de la zona republicana. Apenas una hora después, a las cuatro, se compartió un nuevo mensaje que insistía en la lealtad de diversas guarniciones, daba por hecha la derrota del golpe y destacaba por encima de todo la fortaleza del Gobierno y su previsión, verdaderas responsables del éxito defensivo de la República. Hasta las diez de la noche se publicaron otras cinco notas oficiales, que daban más información sobre la implicación de Sevilla en la rebelión, aunque sin llegar a desmentir las informaciones del mediodía[142].

Entre las cinco y las seis de la tarde se celebró un nuevo Consejo en el Ministerio de la Guerra, al que además de los miembros del Gobierno asistieron líderes de los partidos que integraban el Frente Popular. Estuvieron presentes, al menos, Martínez Barrio, Prieto, Largo Caballero y Marcelino Domingo. Largo Caballero insistió en la urgencia de repartir armas a los ciudadanos, aunque Casares siguió resistiéndose a ello. Martínez Barrio, por su parte, abogó por la necesidad de informar de manera exhaustiva y sincera a la población para que se pusiese tras el Gobierno, agrupada en torno a los poderes legítimos de la República, con el fin de dar una respuesta común y clara a los militares sublevados, al tiempo que sostenía en la legalidad a los indecisos. La agitación de los presentes creció de manera progresiva, empujados por la sucesión de acontecimientos. Todos empezaban a asumir que el golpe del 36 se alejaba mucho de la sanjurjada en su desarrollo, alcance y consecuencias.

Algunos relatos, como el de Vidarte, muestran a un Casares entre febril y débil, cada vez más derrotado. Retrato fiel o reconstrucción mediatizada a posteriori, lo cierto es que Casares debía de estar exhausto tras una jornada tan larga y de tanta presión. Su tiempo al frente del Gobierno se estaba agotando. La gestión de Azaña de los tiempos de su dimisión se acercaba al desenlace. Tras un interminable día de llamadas, el Gobierno estaba listo para tomar forma, aunque no exactamente la que habría deseado el presidente de la República. Mientras el nuevo gabinete se ponía en marcha, Casares se mantuvo al frente de la situación sin abandonar el Ministerio de la Guerra. La noche sonaba revuelta, con eco de disparos en la calle y un runrún de rumores continuo, que hablaban de ataques, bombardeos y amenazas de guarniciones tomando la ciudad. Durante la espera nocturna lo acompañaban en Buenavista su mujer, Gloria, y su hija menor, María Casares, aunque, cuando la sucesión de habladurías recogió un posible ataque al ministerio que no llegó a producirse, el matrimonio decidió que la niña fuese a pasar la noche en casa de una familia amiga, donde se quedó varios días. Cuando María volvió a su hogar y se reencontró con su padre, Casares ya no era presidente[143].

Un gobierno de concentración nacional frustrado

Azaña había decidido el sustituto de Casares antes del golpe. Al menos eso le dio a entender el elegido, Martínez Barrio, a Portela Valladares, a quien le aseguró que el presidente le había prometido que pronto vendría un Gobierno más moderado. Iniciada la rebelión, las circunstancias propiciaron el relevo de Casares, pues le permitieron aceptar su renuncia sin correr el riesgo de que fuese interpretada como un reconocimiento de culpa o un castigo por el asesinato de Calvo Sotelo. El objetivo de Azaña era mantener a salvo la República, evitando que cayese en manos de militares golpistas, pero también que fuese derribada por aquellos que podían ver en el desorden o en el vacío la oportunidad para la revolución. La gravedad de la situación exigía un gabinete de concentración nacional. «Las querellas entre partidos, y sus designios, por respetables y justificados que fuesen, debían suspenderse ante el peligro común y aplazarse para pasado mañana.» Sólo importaba salvar la ley, salvar la República[144].

Desde esa convicción, Azaña encargó al presidente de las Cortes la formación de un Gobierno que estuviese formado por todos los partidos que acataban la Constitución, desde los republicanos más conservadores hasta los socialistas. La elección de Martínez Barrio para esa misión se justificaba, por un lado, en su perfil moderado, que le permitía relacionarse sin acritud con los sectores más a la derecha. Por otro, en su condición de republicano de larga trayectoria, padre fundador del acuerdo sobre el que se había construido la candidatura del Frente Popular y político que había abandonado el Partido Radical por su progresiva derechización y dependencia adquirida de la CEDA. Incluso desde el punto de vista simbólico, no era cuestión baladí su posición como presidente de las Cortes. Al fin y al cabo, un Gobierno de concentración nacional no busca otra cosa que incluir entre sus filas a representantes de todo el arco parlamentario, y nadie parecía más indicado para capitanear este objetivo que aquel que venía desempeñando la labor de poder moderador y máxima autoridad en las Cortes. Un papel que Casares, con su perfil desgastado de los últimos meses, las fobias que despertaba, la inquina que le profesaban las derechas y el enfado de las izquierdas obreras por su labor de control del orden público, no tenía ninguna posibilidad de ejercer. Dada la cercanía entre Azaña y Casares y cómo se desarrolló el relevo, no parece descabellado suponer que Casares era consciente del plan e incluso colaborador activo de este.

Con esa amplitud de gabinete en mente, Azaña había iniciado sus gestiones para el nuevo Gobierno con una llamada a Miguel Maura, antes incluso de hacerle el encargo oficial a Martínez Barrio. Pero a pesar de la argumentación y de la intensidad con la que el presidente planteó su petición al exministro de la Gobernación, este dijo que no. «Ya es tarde para todo.» Sí aceptó su propuesta, en cambio, Felipe Sánchez Román, el líder del Partido Nacional Republicano, que había abandonado la candidatura del Frente Popular por la inclusión en listas del Partido Comunista. A pesar de su tensión con los sectores obreros, Sánchez Román aceptó sin reservas la petición y se ofreció a apoyar el gabinete y a participar de la manera que Azaña estimase más oportuna[145].

Culminadas estas negociaciones, el encargo de Gobierno se puso en marcha tras el Consejo de Ministros celebrado por la tarde. Martínez Barrio recibió la llamada que lo convocaba a Palacio y pudo mantener una larga conversación con Azaña en la que confrontaron sus ideas sobre los objetivos del gabinete de urgencia que querían conformar. La coincidencia fue total en lo esencial. La misión del nuevo Gobierno tenía que ser «dominar la rebelión, restablecer el orden y normalizar la vida nacional dentro de la Constitución». También hubo coincidencia en cuanto a la composición, que ambos deseaban lo más amplia posible. El presidente de la República le contó las propuestas que ya había planteado, anunciando la negativa de Maura y el sí de Sánchez Román. Martínez Barrio se trasladó a casa de Sánchez Román, donde se reunió con el anfitrión, Indalecio Prieto, Antonio Lara y Marcelino Domingo para hablar de la composición de su gabinete. Cerrado el flanco conservador, la incógnita era la respuesta de los socialistas. La propuesta de los presidentes tropezó de nuevo con un no.

La negativa de Prieto llegó, una vez más, por falta de permiso de la Ejecutiva. Suavizando la respuesta e intentando engarzarla con la afirmación de apoyo absoluto de las horas previas, subrayó que la negativa se refería a formar parte del gabinete, pero no afectaba a su «apoyo decidido y leal al gobierno proyectado». Los socialistas justificaron su no en su intención de no entorpecer los objetivos del Gobierno. Si buscaban enviar un mensaje de tranquilidad y ganarse la confianza de los más conservadores, su presencia sería un estorbo. La respuesta decepcionó a Martínez Barrio, en la medida en que frustraba la amplitud de sus proyectos, mientras que Sánchez Román pareció no sorprenderse. En cambio, Marcelino Domingo reaccionó con consternación, convencido de que un perfil estrictamente republicano con representación conservadora con una misión pacificadora y que siguiese manteniendo el no al reparto de armas desataría fuertes protestas entre el sector obrero, lo que comprometería la viabilidad del Gobierno antes de su nacimiento[146].

Resignado a jugar con las cartas con las que podían contar, Martínez Barrio volvió a Palacio para compartir sus progresos con Azaña y deliberar con él acerca del reparto de nombres y carteras. El presidente se llevó un disgusto por la decisión de los socialistas, pero mantuvo su propuesta de nombramiento, resignado a que la amplitud del Gobierno de concentración nacional sería mucho menor de lo que deseaba. Poco después se reunirían en la sede de la Presidencia de la República las mismas personas que se habían visto en casa de Sánchez Román, a excepción de Prieto.

Martínez Barrio compartió con sus compañeros la alocución que había preparado para presentar su Gobierno y sus fines. Un discurso sencillo en el que expresaba lo esencial de su pacto de objetivos con Azaña: «evitar a mi patria los horrores de una guerra civil» y «poner a salvo la Constitución e instituciones de la República». Un mensaje que dirigía a todos, de manera especial a los despolitizados, a los sublevados y a aquellos que todavía tenían dudas: «No llegará a feliz término esta obra si la gran masa de españoles, ansiosa de tranquilidad y seguridad, es remisa en colocarse detrás del poder constituido, asistiéndolo con su apoyo y fuerza moral. Eso espero de todos vosotros y singularmente de quienes tienen comprometido su honor en defensa de la patria y de la República. […] Yo invito a los españoles a que se sostengan en el marco de la ley, y a los que se salieron de ella, a que vuelvan a su mandato, sin otra dilación ni espera». Al margen de toda posibilidad de confrontación, cerraba su mensaje con un doble «¡Viva España! ¡Viva la República!»[147].

Entonces una llamada desde el Ministerio de la Guerra trastocó la reunión, descalabrando por primera vez en la noche el Gobierno no nato de Martínez Barrio. Al otro lado de la línea, un Casares Quiroga angustiado comunicaba a Azaña que los informadores de Seguridad acababan de darle un aviso de urgencia: las fuerzas acantonadas en Getafe y Carabanchel se habían sublevado y se dirigían a Madrid. La noticia lo desbarataba todo, pues cerraba el camino a las medidas de conciliación amparadas en la Constitución que defendía el presidente y dejaba la situación en manos de un choque. La reunión se deshizo con amargura y cada uno se retiró a su casa. Pero todo resultó ser una falsa alarma. Apenas cruzó la puerta de su residencia, Martínez Barrio recibió una llamada de Augusto Barcia. El político de Izquierda Republicana le dio la buena noticia: todo había sido una confusión de los agentes. Así que vuelta a empezar. El nuevo presidente regresó a Palacio para terminar de diseñar el nuevo Gobierno con los partidos de Sánchez Román y Marcelino Domingo como base principal[148].

Más allá del reparto de carteras, Martínez Barrio se dispuso a tantear el terreno para planificar sus movimientos. En primer lugar, urgía averiguar la extensión y profundidad del movimiento. El segundo paso era asegurar la fidelidad de los jefes de las comandancias regionales, empleando estrategias de persuasión y recordando la obligación de cumplir con su deber. Pero el trabajo no se podía limitar a los militares. Para garantizar la buena marcha del país y asentar su Gobierno era preciso ganarse el fervor y el respeto de la población civil, que debía seguir las indicaciones de su gabinete. Con estas ideas en mente, Martínez Barrio inició una ronda de llamadas telefónicas para localizar a todos los comandantes generales o gobernadores militares. No consiguió contactar con Galicia, Valladolid y Sevilla, pues las comunicaciones estaban cortadas. Su primera llamada con respuesta no pudo ser más desalentadora. Miguel Cabanellas, antiguo conocido y compañero masón, le confirmó que Zaragoza estaba preparada para la sublevación y que el general Núñez de Prado era su prisionero. Las enérgicas palabras del presidente parecieron hacer mella en el militar rebelde que, dubitativo, prometió hacer gestiones, aunque creía que era demasiado tarde para comprometer la lealtad a la República de la guarnición.

La comunicación con Burgos también resultó poco exitosa. El general Batet le aseguró que su adhesión era tan firme como siempre, pero que su posición en la división era delicada puesto que sus subordinados se habían hecho con el control, de manera que el jefe efectivo ya no era él, sino Mola. Martínez Barrio intentó entonces hablar con él, aunque, mientras esperaba, siguió con la ronda de contactos. Las respuestas de los generales Fernando Martínez Monje, destinado a Valencia, y Toribio Martínez Cabrera, gobernador militar de Cartagena, que manifestaron su compromiso y la disciplina de su tropa de manera categórica, le devolvieron el ánimo. Lo mismo sucedió con el general Luis Castelló, al mando en Badajoz.

Llegó entonces la llamada de Mola, quien, según apuntó Martínez Barrio en sus memorias, le respondió con educación y frialdad. De nuevo, la justificación fue que llegaba demasiado tarde. Otros relatos apuntan que el motivo de la llamada fue ofrecerle la cartera de Guerra, en un intento de desactivar la sublevación, pero que el general se negó. Tampoco lo anotó así en su diario Manuel Azaña, quien recordaba que para ese Ministerio Martínez Barrio había pensado en otro militar que se unió a la rebelión, pero su elegido no era Mola, sino Aranda. El presidente de la República escribió que él mismo se lo quitó de la cabeza, pues, aunque todavía no se había sublevado de manera abierta, no confiaba en su lealtad. En su lugar le recomendó a otro general, José Miaja, al que también pondrían al frente de la división de Madrid en sustitución del dubitativo Virgilio Cabanellas, de quien tampoco se fiaban.

Tras la ronda de llamadas militares, Martínez Barrio se puso en contacto con los gobiernos civiles para pulsar el estado de las ciudades. Su impresión fue que transitaban entre la ansiedad, el desorden, el entusiasmo por su nombramiento y el deseo de recibir instrucciones claras, temerosos de que la sublevación estallase en su puerta en cualquier momento.

Cumplidas las gestiones de toma de contacto y ya de madrugada, Diego Martínez Barrio puso por escrito la lista de su Gobierno y la compartió con la prensa. Las carteras se repartieron entre políticos de los partidos republicanos pactados. Así, Unión Republicana contribuyó con Antonio Lara, como ministro de Obras Públicas; Manuel Blasco Garzón, de Marina, y Plácido Álvarez Buylla, de Industria y Comercio. El Partido Nacional Republicano, con Felipe Sánchez Román, ministro de Negocios Extranjeros; Justino de Azcárate, de Justicia, y Ramón Feced, Agricultura. Izquierda Republicana, con Enrique Ramos, en Hacienda; Augusto Barcia, Gobernación, y Marcelino Domingo, Instrucción Pública. El Gobierno lo completaban el general Miaja, en Guerra, y Juan Lluhí, miembro de Esquerra Republicana de Catalunya, como ministro de Comunicaciones. Un Gobierno de conciliación, sin partidos de extrema izquierda, conformado por ministros de significación moderada y que incorporaba al PNR a la mayoría del Frente Popular. Así lo presentó Martínez Barrio a los periodistas al final de aquella larga noche. Eran ya las cinco de la mañana. A las siete había convocado a sus ministros y antes, a las seis, tenía previsto reunirse con Casares para tratar sobre el traspaso de poderes.

Esa hora de espera y descanso sirvió para comprobar si su Gobierno suscitaba rechazo. Enseguida pudo comprobar que así era. Una manifestación recorría el centro de Madrid, con tono iracundo y consignas de «¡Fuera el Gobierno!», «¡Abajo Martínez Barrio!», «¡Sánchez Román, no!» y «¡Azaña (o Gobierno) traidor!». Los cánticos se unían al «¡Armas! ¡Armas!» que sonaba desde el día anterior, cada vez más alto. Entre los asistentes, anarquistas, socialistas y algún que otro republicano, que entendía el nuevo Ejecutivo como una claudicación ante los golpistas. Con desilusión, pero convencido de que su Gobierno no tenía sentido porque nadie le haría caso, Martínez Barrio acudió a ver al presidente y dimitió. «Ni entonces me quejé, ni ahora me quejo. El pueblo redime siempre sus extravíos con sangre y, en aquellas jornadas, el pueblo español se disponía a derramar la suya pródigamente.» Marcelino Domingo, Sánchez Román y Antonio Lara, ya en Palacio, entendieron su decisión. Azaña intentó convencerlo sin éxito, por lo que aceptó su renuncia. También Prieto intentó disuadirlo.

La retirada de Martínez Barrio tras su fugaz Gobierno de madrugada dejaba vacante la presidencia en plena sublevación. Era urgente cubrir ese hueco y seguir tomando decisiones, pues los rebeldes no esperaban y la impaciencia de la calle tampoco. Pero nadie quería aceptar el encargo de Azaña. Consumida la figura de Casares Quiroga, que se mantendría como jefe parlamentario de Izquierda Republicana y se negaría a exiliarse a Francia hasta el final de la guerra, el presidente de la República no tenía muchas opciones. Alejada la posibilidad de poner en marcha el Gobierno con el que esperaba defender la República, su mirada se posó en otro de sus fieles amigos, José Giral. Y a pesar de la gravedad del encargo, o tal vez por eso, Giral aceptó. Su gabinete era casi idéntico al de Casares Quiroga, excepto por su ausencia y la de Juan Moles. En su lugar se incorporaron el general Castelló como ministro de la Guerra y el general Pozas al frente de Gobernación. Casi sin margen de maniobra por las horas transcurridas y con la sublevación tomando carrerilla, el nuevo Gobierno aceptó repartir armas.

Era 19 de julio. Esa mañana la Gaceta de Madrid publicó los últimos decretos firmados por Casares para frenar la rebelión. El primero disolvía las unidades y licenciaba las tropas cuyos mandos se sublevasen. Una segunda tanda destituía a los generales Miguel y Virgilio Cabanellas, Queipo de Llano y González de Lara. Un tercer grupo nombraba a Núñez de Prado y Mena en cargos de confianza. Y el último anulaba todas las declaraciones de estado de guerra. En la mañana del día 19, Franco aterrizaba con el Dragon Rapide en Marruecos y el general Mola leía su bando de guerra en Pamplona. El golpe llegaba a su momento culminante.

Consciente de la gravedad del momento y de la necesidad de contar con todos los recursos posibles y buscando el apoyo de los ciudadanos, el Gobierno se presentó con estas palabras:

Es propósito del Gobierno mantener firmemente, sin vacilaciones ni desmayos, la defensa del régimen republicano, apoyándose en el pueblo, que con tanto calor le presta su adhesión, y aceptando agradecido su heroica cooperación. Quien ponga su esperanza en debilidades gubernativas sufrirá un cruel desengaño, porque el Gobierno no tendrá ninguna; mide bien, desde un punto de vista histórico, el volumen de cuanto le incumbe defender, y calcula con exactitud las proporciones catastróficas que tendría para la democracia española el triunfo de la subversión, y de consiguiente, llegará a los esfuerzos más extremos a fin de impedir que le sean arrebatados al pueblo los derechos ciudadanos que conquistó dignamente. […]

El Gobierno confía en que la opinión pública siga prestándole el auxilio de su serenidad y de su entusiasmo. Si vosotros, ciudadanos españoles, no desmayáis, tampoco desmayará el Gobierno, que sólo aspira a ser digno de vosotros. Compenetrados, Gobierno y pueblo, nuestro triunfo definitivo nadie lo impedirá. Ciudadanos de España: ¡Viva la República[149]!

4

El pueblo en armas

¡Armas! ¡Armas!

El sábado 18 de julio, Madrid amaneció con apariencia de normalidad, pero muy temprano. No sólo para los obreros, que se dirigían a sus puestos de trabajo en fábricas, talleres y obras, con la tartera bajo el brazo. También vieron salir el sol aquellos que habían pasado la noche en vela: periodistas, militares en la reserva, políticos…, todos ávidos de información tranquilizadora con la que armar un mapa de situación lo más amplio posible para saber, contar o poder tomar decisiones. A pesar de las charlas voraces y los paseos interminables recorriendo los principales focos informativos, no consiguieron más novedades. La mayor parte de ellos regresó a sus casas (la personal, la familiar, la pensión o el hotel donde se alojaba…) después del amanecer, con el tiempo justo para cerrar los ojos un par de horas, las últimas que casi todos durmieron hasta el lunes.

La mañana los acogió de regreso en una ciudad en tránsito: entre la somnolencia y la aparente tranquilidad, y el runrún agitado creciente. El primer comunicado del Gobierno ya había sonado en la radio y, a pesar de su optimismo y la falta de datos alarmistas, había plantado sus semillas de miedo, expectación y arrebato. La radio se convirtió en la principal fuente de información. Mientras los periódicos matutinos cumplían la censura, los mensajes del Ejecutivo y las llamadas calmadas o defensivas de los diferentes partidos se encadenaron como una cantinela con extensas pausas musicales a lo largo del día. Los trescientos mil receptores que se repartían por todo el país, una cifra por habitante muy inferior a la de Francia o Gran Bretaña, resultaron suficientes para consagrar a la radio como el medio de comunicación más inmediato[150].

El transporte público funcionaba de manera habitual. Autobuses, tranvías y metro cumplían su recorrido con regularidad y un flujo normal de pasajeros. A medida que pasaron las horas, se redujo la presencia de mujeres, que, en general, apenas salían excepto para realizar recados rápidos imprescindibles. Las tiendas siguieron abiertas por orden del Gobierno, aunque cuanto más tiempo pasaba, más decaía su actividad. También disminuyó la presencia de coches, sobre todo los de lujo, que desaparecieron por completo de las calles. El calor apretaba de manera progresiva, lo que contribuyó a dejar casi desierta la ciudad a partir del mediodía, como si la canícula hubiese invitado a todos a dormir la siesta[151].

Pero la sensación de quietud, tranquila y pegajosa, era irreal, excepto en lo caluroso. El vacío calmado aparente de la calle no llegaría más allá del arranque de la tarde y contrastaba ya con el bullicio alocado de redacciones y tertulias. Como en la noche anterior, los periodistas iban sin parar de su lugar de trabajo a cualquier punto donde creían que podrían averiguar algo nuevo. El edificio de la Telefónica era uno de los puntos más concurridos. Los cronistas entraban una y otra vez en las cabinas, intentando ponerse en contacto con posibles informantes de Madrid, pero también del resto del país. En este cruce imparable de conversaciones, se entrelazaban las noticias con los rumores y las suposiciones. Por cada noticia confirmada, circulaba un puñado de bulos. Y entre ambos, informaciones confusas, que parecían falsas y resultaban ciertas o al revés. ¿Cómo iban a creer el soplo que señalaba al frente del levantamiento en Sevilla al general Queipo de Llano, de cuyo republicanismo nadie dudaba? Sí les parecía creíble, en cambio, el que apuntaba que Núñez de Prado viajaba a Zaragoza para apoyar al general Cabanellas, también republicano, de quien descontaban su lealtad. Dos intuiciones equivocadas que la realidad desmentiría en apenas unas horas, llenando de desconcierto y desazón a los periodistas.

A medida que avanzaba el sábado, las grandes preguntas se concentraban en qué pasaría con el Gobierno, expectantes ante una posible sustitución de Casares, y qué sucedía en el resto de España, con especial preocupación por Barcelona, por su peso económico y político; por Andalucía, como entrada de las tropas africanistas a la Península, y por Pamplona, dada la presencia de Mola, al que la mayoría presuponía entre los rebeldes. La suma de noticias y rumores negativos introdujeron pronto un tercer ámbito de interés: ¿repartiría el Gobierno armas al pueblo? La pregunta dividía a los periodistas, que no se ponían de acuerdo sobre su conveniencia. Como réplica de lo que sucedía en los despachos gubernamentales, los reporteros republicanos y socialistas moderados temían que distribuir armas contribuyese a desencadenar una revolución, algo que podía resultar más difícil de sofocar que un pronunciamiento militar. Los partidarios de las demás fuerzas de izquierdas, en cambio, defendían con ardor que los obreros de la CNT y la UGT eran los únicos que podían salvar a la República a esas alturas[152]. Pese al uso genérico de «pueblo», nadie se refería a un reparto de armas indiscriminado por la ciudad, sino a entregarlas a los partidos obreros y, sobre todo, a las centrales sindicales, para que las distribuyesen entre sus afiliados. Obreros sindicados y pueblo se convertían así en sinónimos, asumiendo la retórica simbólica del discurso de estas organizaciones.

Las noticias sobre la rebelión militar eran más sombrías por momentos. Además del triunfo en Marruecos y Canarias, la situación de Andalucía parecía cada vez más delicada. Confirmado el éxito rebelde en Córdoba, los avisos indicaban que se había desencadenado una lucha violenta en Málaga, mientras parecía que las tropas estaban acuarteladas en Sevilla y Cádiz. Informaciones similares llegaban acerca de poblaciones castellanas, aragonesas y levantinas. Novedades trágicas también desde Pamplona, donde se contaba que sus propios hombres habían asesinado a balazos al jefe de la Guardia Civil de Navarra, el comandante José Rodríguez Medel, cuando intentaba organizar a sus tropas para contener a Mola. Novedades preocupantes que aumentaban la presión sobre el Gobierno, quien perdía apoyos al mismo ritmo que crecía el movimiento en los barrios y en los centros obreros.

Si a las cuatro de la tarde Madrid parecía dormir la siesta, a las seis, las calles céntricas desbordaban efervescencia. Los vendedores de prensa voceaban ya las ediciones vespertinas en las esquinas, rodeados de una multitud arremolinada a su alrededor que compraba los ejemplares con ansia. Algunas tiendas empezaban a echar el cierre mientras las aceras, incluso las calzadas, se llenaban de grupos comentando titulares, rumores y sus propios análisis. Los tranvías llegaban abarrotados de gente a la Puerta del Sol, procedentes de todos los barrios. Los trabajadores terminaban su jornada y querían saber qué pasaba. La excitación crecía al mismo ritmo que el volumen de personas, que ya no cabían en las orillas de la calle e invadían la carretera, dificultando cada vez más la circulación. El nervio fruncido, como el ceño, mientras comenzaba a sonar un murmullo agitado pidiendo armas. Representantes de las organizaciones obreras expresaban su queja por la negativa de Casares y de Azaña a repartir máuseres y pistolas para que pudieran luchar contra la rebelión. El murmullo adquiría un tono más amenazador con las primeras acusaciones de traición hacia quienes negaban lo que consideraban su derecho a la defensa. «¡Libertad o muerte!», gritaba en gruesos caracteres el titular de portada de Claridad, el periódico de la rama caballerista del PSOE. Su editorial exigía armar de manera inmediata al pueblo, al tiempo que ordenaba a los obreros sindicados enfrentarse con todos los medios a su alcance contra el fascismo y la reacción[153].

Llegó la noche y, mientras en los despachos se intentaba dar forma al nuevo Gobierno y Casares se mantenía al frente a la espera del nombramiento de su sucesor, la calle permaneció activa y alborotada. Las organizaciones obreras seguían pidiendo armas e intentando buscarlas por su cuenta, hasta que las presiones de sus líderes surtieran efecto. La negativa de los republicanos se mantenía tajante respecto al reparto general. Sin embargo, atendiendo a las memorias de Eligio de Mateo Sousa, oficial republicano que había participado en la sublevación de Cuatro Vientos de 1930 y pariente de Dolores Rivas Cherif, ya a finales del día 18, el Ministerio de la Guerra, con autorización de Casares, había empezado a preparar cinco batallones de voluntarios formados por militares y afiliados a partidos de la coalición del Frente Popular. Su puesta en marcha habría sido uno de los cometidos de Juan Hernández Saravia al trasladarse al Palacio de Buenavista liderando el núcleo de oficiales de confianza de los presidentes que se encargó de trazar y supervisar el plan de defensa ante el golpe. Es probable que, dada la gravedad de la situación, tuvieran en mente la necesidad de reforzar a las tropas republicanas, incluso de que llegase a autorizarse el reparto, e intentaran anticiparse por si acaso. La misma razón podría estar detrás de la decisión de concentrar armas y municiones en el Parque de Artillería, el ministerio y el batallón presidencial[154].

Entre estas milicias voluntarias tuvo especial relevancia la número cinco, origen del histórico 5.º Regimiento de Milicias Populares, conocido como el Quinto Regimiento, integrado fundamentalmente por cuadros de procedencia comunista y de las Juventudes Socialistas Unificadas. La mayor parte de sus cuadros pertenecían a las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) de Cuatro Caminos. Su entrenamiento y dirección estuvo a cargo del comandante José Fernández Navarro, oficial liberal de simpatías republicanas. Eligio de Mateo, tras acudir al Ministerio de la Guerra para ponerse bajo las órdenes de Hernández Saravia, aceptó unirse a uno de estos batallones y escogió el Quinto por su relación de amistad con Fernández Navarro. Ya el sábado por la tarde se incorporó a la formación, que se celebraba en el Círculo Obrero comunista de la calle de Goiri. Junto a Fernández Navarro, de riguroso uniforme, se encontraba un grupo de militares entre los que destacaba el capitán Miguel Gallo, uno de los sublevados de Jaca, y el teniente retirado de la Guardia Civil, Francisco Galán, hermano de Fermín, el mártir fundacional de la Segunda República.

La milicia se estructuró en cuatro compañías: tres de fusileros y una mixta. Su dotación armamentística era escasa: cuatrocientos fusiles máuser y cuatro ametralladoras. Eligio de Mateo colaboró en la formación del regimiento, ordenando a sus miembros según los conocimientos previos de los civiles de la unidad, teniendo en cuenta su experiencia durante el servicio militar. Estructurados en función de este bagaje, comenzaron la instrucción. Recibieron un cargamento de armas que limpiaron con trapos y papeles viejos. Como uniforme adoptaron los monos azules de trabajo, que durante los tres días de julio se fueron convirtiendo, poco a poco, en el principal atuendo de la ciudad, al mismo ritmo que desaparecían las corbatas. Concentrados en su preparación, el Quinto Batallón, según De Mateo, se mantuvo tranquilo y al margen de los conflictos de la madrugada del 19 de julio y sus integrantes tampoco participaron en las manifestaciones contra el Gobierno Martínez Barrio[155].

La multitud agolpada junto al Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, continuó con sus reclamos, aumentando la presión sobre el Gobierno, pero todavía sin éxito. Parte de los obreros allí congregados se dirigieron a las armerías de las calles próximas y, como sucediera durante las jornadas de incendios de edificios religiosos de mayo de 1931, rompieron los cristales de los escaparates para entrar en ellas y conseguir algunas pistolas, rifles y municiones. Toda la zona centro era un hervidero. Junto a la sede de la CNT, situada en un caserón de la calle de la Luna, el periodista Eduardo Guzmán contemplaba cómo el gentío había abierto el local, clausurado por la policía unas semanas atrás debido a la huelga de la construcción, una de las grandes preocupaciones del Gobierno durante las semanas previas al golpe. Parte de los hombres que se agolpaban en los alrededores del edificio habían conseguido un rifle o una escopeta en un reparto clandestino de armas de misteriosa procedencia realizado por miembros del Comité Nacional de la CNT. Dentro de la casa, en una habitación apartada, algunos militantes fabricaban rudimentarias bombas incendiarias llenando botellas de gasolina. En otra sala, un grupo de metalúrgicos intentaba improvisar una especie de granadas de mano a partir de cartuchos de dinamita. Las instrucciones del Comité, para Madrid y para todas las regiones, eran armarse como fuese, responder con huelga general revolucionaria cualquier intento fascista y morir en la lucha antes de consentir el triunfo de la reacción.

Un grupo de libertarios, militantes del Ateneo de otro barrio de la ciudad, llegó armado con fusiles nuevos. Según explicaban, se habían aprovisionado gracias a un camión que había llegado al Círculo Socialista de la calle de Valencia. Los socialistas parecían haber encontrado un parque o cuartel donde alguien les facilitaba armas a pesar de la oposición de los presidentes. Los miembros de la CNT, que no tuvieron esa fortuna, confiaban en que sus compañeros de la UGT compartiesen con ellos sus adquisiciones. Esa era la principal preocupación de los anarcosindicalistas entonces. Junto a ella, la determinación de liberar a sus presos del Comité Nacional (David Antona, Cipriano Mera, Teodoro Mora…), deseo que verían cumplido en apenas unas horas[156].

Eduardo de Guzmán localizó a Isabelo Romero junto a la sede y el joven lo invitó a acompañarlo en el recorrido que tenía que realizar con urgencia aquella noche. El paseo por la ciudad les permitió comprobar cómo la gente desbordaba las calles, los cafés… También que las estaciones de tren, ya fuese Delicias, la del Mediodía o la del Norte, estaban a cargo de los comités obreros, que controlaban el movimiento de trenes y viajeros, así como la seguridad de los accesos. Lo mismo sucedía con los cuarteles de la capital, junto a los que merodeaban pequeños grupos de vigilancia obrera, por si acaso. El coche llegó al barrio de Usera y se detuvo junto a un camión de la Guardia de Asalto. Tras repartir máuseres y municiones, los guardias charlaban de manera amistosa con los obreros de la zona, fumaban o aprovechaban para echar una cabezadita antes de partir de nuevo. Según Isabelo, las armas procedían del Parque de Artillería. Los socialistas habían convencido al militar al cargo, republicano, para que les entregase esa noche dos o tres mil fusiles[157]. Esta versión coincide con la de Antonio Cordón, según el cual fue el teniente coronel Rodrigo Gil el encargado de esa decisión. Don Rodrigo, hombre tranquilo y reflexivo, habría entregado a las milicias populares todos los fusiles y cabinas que había en el Parque de Artillería de Pacífico que estaba bajo su responsabilidad. O más bien, todos los disponibles, pues, aunque el fondo del arsenal oscilaba entre los cuarenta y cinco mil y los sesenta y cinco mil, sólo se podían utilizar unos cinco mil. El resto carecían de cerrojo, palanca que se abre para introducir la munición y pieza, por tanto, imprescindible para este tipo de arma. El testimonio de Margarita Nelken al hispanista Hugh Thomas confirmó estas apreciaciones, al asegurar que Gil había hecho llegar cinco mil fusiles a la UGT[158].

Al igual que en las calles más céntricas o que en Usera, otros barrios madrileños, como Vallecas, Ventas, Cuatro Caminos o Tetuán, afrontaban la noche sin descanso, en pie de guerra. Grupos armados vigilaban los puntos estratégicos. La principal preocupación aquella madrugada era lo que podría suceder en los cuarteles de Campamento, pues se temía que, en caso de rebelión, sus tropas decidiesen marchar, por un lado, sobre el centro de Madrid y, por otro, sobre el aeródromo militar de Cuatro Vientos. Las aceras estaban abarrotadas de obreros de los círculos socialistas, los ateneos libertarios o los grupos comunistas que permanecían expectantes, a la espera de órdenes y armas, levantando barricadas en los accesos de los barrios.

Las barricadas eran herramientas espaciales con las que los comités armados de barrio mostraban su fuerza, controlando el movimiento interior, las entradas y las salidas en su territorio, el núcleo más importante del poder revolucionario. Este tipo de repertorio de acción colectiva todavía conservaba en la movilización de la España de 1936 parte de los rasgos primitivos del repertorio tradicional. Así, además de constituir un instrumento de defensa militar para frenar o impedir la circulación de tropas en su terreno, funcionaba como un símbolo de solidaridad, autonomía e identidad comunitarias de grupos que se enfrentaban a adversarios más poderosos. Erigir esta clase de muros separaba la comunidad de sus invasores y simbolizaba el poder de los vecinos dominando la calle y protegiendo su espacio frente al ataque. Los opositores, extraños que llegaban con intención de vulnerar y doblegar a los habitantes de ese territorio, se veían obligados a destruir las barricadas para poder entrar y someter a los ciudadanos.

Además de las agrupaciones sindicales y partidistas, las redes más movilizadas fueron los barrios, pues allí se localizaban los principales recursos de los defensores, excepto las armas, y los espacios de enfrentamiento. El éxito de la insurrección radicaba en la concurrencia de diferentes niveles de redes sociales y políticas. La red política la conformaban vecinos conectados por dirigentes pertenecientes a organizaciones supravecinales de carácter local o provincial. La movilización surgió en los barrios y, en general, no disputó otro espacio que el del propio barrio[159].

El reparto de fusiles procedentes del Parque de Artillería, pese a ser un número muy inferior al de obreros desplegados en la calle, contribuyó a calmar el ambiente e hizo que se detuvieran las manifestaciones que pedían armas. Sin embargo, la atmósfera se crisparía de nuevo al final de la madrugada, cuando Martínez Barrio anunció la formación de su nuevo Gobierno. La noticia voló por la ciudad, de la Casa del Pueblo a los locales de los sindicatos, recalando también en los barrios más alejados del centro de Madrid. La reacción fue de cólera y rechazo y se tradujo en una serie de manifestaciones indignadas que llamaban a hacer pagar a los traidores. Incluso en la sede de Izquierda Republicana se recibió la información como una tormenta furiosa, sin que Marcelino Domingo consiguiese calmar con sus palabras a sus compañeros. Las protestas iracundas consiguieron su propósito y Martínez Barrio dimitió antes de tomar posesión de manera oficial de la presidencia. La solución Giral calmó los ánimos, sobre todo al aceptar, obligado por las circunstancias, la decisión de repartir armas a las organizaciones obreras. De este modo, el golpe llegaba en Madrid a su fase final, la de la respuesta de las fuerzas leales al Estado, auxiliadas por los obreros militantes armados.

Asalto al Cuartel de la Montaña

El domingo 19 amaneció con la misma intensidad frenética que había caracterizado la madrugada anterior. Los periódicos de la mañana comentaban al fin la insurrección de Marruecos y, aunque actualizaban en su información todos los sucesos del sábado (visados por la censura, eso sí, y con el correspondiente tono optimista que esta imprimía a la narración de los acontecimientos), las portadas, que incluían el cambio de Gobierno y la lista de ministros de Martínez Barrio, se quedaron obsoletas apenas salieron de las rotativas.

El Ejecutivo de Giral tomó posesión a lo largo de la mañana y, como había anunciado el nuevo presidente en su comunicado inicial, el reparto de armas se aprobó y puso en marcha a primera hora de la jornada. Desde los arsenales del Gobierno se enviaron camiones cargados de fusiles que se distribuyeron en las sedes de la UGT y de la CNT. Sin embargo, como ya había sucedido con las entregas clandestinas de la noche anterior, el proceso se encontró con la limitación de que la mayor parte de los cerrojos, imprescindibles para el uso de las armas, se guardaban en el Cuartel de la Montaña. A pesar de recibir órdenes directas del Ejecutivo para facilitar el acceso a estas piezas, los encargados del almacén rechazaron entregarlas, anticipando con esta resistencia los problemas de lealtad que iba a plantear esta guarnición[160].

Madrid se despertó ese domingo con una ligera brisa del Guadarrama que suavizó el calor asfixiante de la mañana e invitaba a abrir los balcones. Sin embargo, ventanas, tejados y azoteas se convirtieron en lugares sospechosos cuando los disparos comenzaron a ser parte del sonido de la ciudad. El tiempo transcurrido desde el inicio de la rebelión, el alcance que iba adquiriendo la misma en otras partes del país y el reparto de armas contribuyeron a cambiar el paisaje urbano. La sensación de normalidad aparente había quedado atrás. En la calle, el mono azul comenzó a ser la prenda dominante. Jóvenes enfundados en este traje, con correajes y fusiles, se apostaban en las esquinas y controlaban las avenidas. A veces paraban a los viandantes, sobre todo a los que no vestían mono, y los cacheaban para saber si iban armados, al tiempo que intentaban averiguar de dónde venían y por qué razón circulaban por la calle. «El armamento del pueblo es la coronación de la técnica del contragolpe de Estado», afirmaba Claridad en su último número.

Grupos de milicianos se encargaban de revisar los tranvías, deteniendo su trayecto y pidiendo la documentación a los pasajeros. Los carnets sindicales eran la única identificación válida. Banderas negras y rojas, brazaletes y pañuelos de tela de los mismos colores identificaban a los vigías del orden en la nueva situación. En las calles se seguían formando corrillos para comentar los sucesos, aunque los integrantes pertenecían en su mayoría a los sectores humildes de los barrios: mozos, vendedores de periódicos, repartidores de paquetes, tenderos… La presencia de corbatas y de señoras de aspecto refinado resultaba cada vez más anecdótica.

De vez en cuando, automóviles con hombres armados cruzaban la calle a toda velocidad. Cuando se escuchaba uno de los tiros que venía de lo alto, de algún lugar indeterminado, quizá desde una terraza o a través de la rendija de una persiana cerrada, se apeaban del coche y disparaban en ráfaga hacia el rincón sospechoso. Después, se subían al coche y desaparecían con la misma rapidez que habían surgido, mientras algunos peatones los saludaban con el puño cerrado y gritos de «¡A por ellos!» o «¡Muerte a los cochinos fascistas!». Para evitar las acciones de los francotiradores, las autoridades comunicaron a través de la radio la orden de mantener las ventanas abiertas y las luces encendidas. Comenzaron también las expropiaciones de residencias palaciegas, convertidas en centros revolucionarios que, unos días después, serían ateneos libertarios para alimentar a los milicianos, y las de automóviles, utilizados por las milicias para actividades de transporte, reparto y control de la calle[161].

Mientras los militares iban tomando partido a favor o en contra de la rebelión en las diferentes divisiones, la situación en Madrid parecía congelada. Las tropas del Cuartel de la Montaña habían sido obligadas a permanecer en las instalaciones sin que mediase orden superior, lo que se les había comunicado a los soldados, como sucedió con Azcárraga, el compañero del capitán Cordón, ya en la tarde del día 17. El edificio permanecía vigilado desde el sábado, primero de manera informal por pequeños grupos vinculados a los partidos que pudieron comprobar la entrada de jóvenes sin uniforme, que creían afiliados de Falange y simpatizantes monárquicos. Resultaba desconcertante que una guarnición rebelde permaneciese más de cuarenta y ocho horas encerrada sin hacer movimientos, perdiendo el factor sorpresa y dando tiempo al Gobierno para organizar la respuesta.

Esta inoperancia pudo deberse a una mezcla desigual de tres factores. Por un lado, la mentalidad decimonónica de algunos líderes de la rebelión, que esperaban que el mero hecho de pronunciarse fuese suficiente para lograr la rendición de los enemigos sin resistencia. Por otro, la indecisión del general Villegas, quien debía encargarse de encabezar el levantamiento y cuya falta de acción obligó a los generales Fanjul y García de la Herrán a tomar el mando. Y por último, la previsión de que el Gobierno hubiese concentrado en Madrid el grueso de su capacidad militar podría haberlos llevado a pensar que lo mejor era esperar la llegada de refuerzos, no en vano, la rebelión estaba concebida como un movimiento centrípeto.

Fanjul se encerró en el Cuartel de la Montaña con dos mil militares y quinientos civiles el sábado al mediodía y, sin movilizar a las tropas, horas después proclamó el estado de guerra: «Exhorto a los obreros a que mantengan una actitud patriótica de acatamiento, porque este movimiento tiende en primer término a librarlos de la dictadura de los miembros que los rigen y que los están sumiendo en la mayor miseria. ¡Tened presente, obreros españoles, que el Ejército, cuya masa sale de vuestras filas y por cuyas venas corre vuestra sangre, no os abandonará en la obra de justicia que hay que realizar! ¡Viva España! ¡Viva la República! ¡Viva el Ejército!». García de la Herrán debía hacer lo propio en los cuarteles de Campamento. Los rebeldes de ambas ubicaciones estaban desconectados entre sí, mientras que el grupo de militares leales trabajaba para articular su respuesta. Con esto, los sublevados perdieron la iniciativa y no les quedó más remedio que atrincherarse y resistir hasta la llegada de tropas de apoyo[162].

El domingo por la tarde comenzó el cerco al Cuartel de la Montaña, primero, con una discreta vigilancia. Ya de madrugada comenzó el sitio como tal, con un despliegue de dos mil guardias civiles y de asalto, dos batallones de voluntarios (uno de ellos, el Quinto), dos regimientos de ferrocarriles, una sección de artillería al mando del teniente Urbano Orad de la Torre y una pieza mandada por el teniente Gabriel Vidal. El asedio contó con el apoyo de la Aviación republicana, que intervino pronto y con eficacia, lo que impidió la movilidad rebelde en patios y explanadas y frustró un tardío intento de formar sus unidades para salir a la calle.

Pero el enfrentamiento armado entre los bandos no comenzó en la Montaña, sino en Getafe el lunes 20. Al alba, el 1.er Regimiento Ligero bombardeó el aeródromo, con el objetivo de hacerse con el control de uno de los puntos estratégicos para dominar las fuerzas de Aviación. Tras los primeros disparos, varios pilotos que permanecían de guardia, durmiendo junto a sus aviones, pudieron subirse a ellos y atacar desde el aire a los insurgentes. La rapidez de la reacción permitió a los aviadores rechazar el ataque y controlar el regimiento, logrando la inmediata rendición de los rebeldes. Los vencedores pudieron liberar al comandante de artillería Enrique Jurado, recién destinado al mando de aquel regimiento, a quienes los golpistas habían encerrado cuando fue a tomar posesión.

Terminado este episodio, las tropas de Jurado se dirigieron a la Casa de Campo para reunirse con el teniente coronel Julio Mangada y sus hombres, situados de manera estratégica sobre el eje de comunicación entre la Montaña y Campamento para obstaculizar su cooperación. La misión de Mangada y los suyos era colaborar en el asedio de la Montaña, por lo que Jurado y su unidad se ocuparon de controlar Campamento. Tras emplazar sus cañones, con dos andanadas contra el Cuartel del Regimiento de Artillería a Caballo lograron su rendición. Llegaba el turno de recuperar la Montaña.

El ataque se planteó de manera que los insurgentes encerrados tuviesen la impresión de que sus atacantes contaban con más artillería de la que tenían en realidad. Para ello, los republicanos colocaron sus ametralladoras en las casas que estaban junto al cuartel y la artillería cambió varias veces de lugar, logrando con la rapidez de tiro amplificar la apariencia de recursos. Dentro, los rebeldes contaban con morteros y elementos de artillería, antiguos, pero aptos para su uso antitanque, lo que podía llegar a plantear problemas a los atacantes. Situadas las piezas militares como primera parte del asedio, se hizo llamar a los voluntarios armados.

Cuando la compañía mixta del Quinto Batallón, a la que pertenecía Eligio de Mateo, quiso trasladarse de Cuatro Caminos a la Montaña, se encontró con la ciudad desierta, el metro sin funcionamiento y una fila de tranvías abandonados en la esquina de la calle Pablo Iglesias con Reina Victoria. Como contaban con tranviarios entre los voluntarios, pudieron aprovechar este medio de transporte para llegar a las proximidades de la plaza de España. La carencia de un plan de traslado, sin embargo, es un buen indicador del grado de precariedad con el que se afrontaba la respuesta a la rebelión. Por el camino fueron tiroteados desde la torre de una iglesia de la calle San Bernardo, aunque lograron llegar a su destino, sin daños reseñables ni enzarzarse en el combate. Su aparición fue recibida con un tiro de mortero que destrozó a un pelotón de guardias de asalto.

Fernández Navarro, al frente del batallón, distribuyó las ametralladoras que aportaban junto a las ya desplegadas por los militares, mientras que los hombres armados con fusiles recibieron el encargo de mantener fuera de la plaza a los numerosos «espontáneos» que habían acudido por su cuenta o en pequeños grupos para defender el cuartel, pero que no estaban encuadrados en ningún tipo de unidad. El objetivo era evitar movimientos descontrolados de la multitud que pudiesen interferir en la operación, poniéndola en peligro o causando bajas innecesarias. Dentro del cuartel, los daños del asedio y la desunión de los encerrados empezaban a hacer mella. No todos los militares acuartelados eran partidarios de la rebelión, lo que provocó enfrentamientos cruentos entre ellos, antes y durante el sitio. La desunión llevó a desencuentros incluso a la hora de plantear la rendición. Avanzada la mañana, uno de los tres edificios que componían el complejo izó la bandera blanca, pero resultó que no contaba con el acuerdo del conjunto de resistentes. Cuando el gentío se aproximó sin precaución, impaciente por abordar el fortín, fue recibido por una lluvia de disparos y descargas de ametralladora que causó una carnicería[163].

A pesar del impacto de esta escena, los guardias civiles y de asalto que coordinaban el sitio decidieron aprovechar la señal de debilidad que suponía la rendición parcial para continuar el ataque. Se mantuvo el fuego de manera sostenida mientras blindados de asalto se aproximaban al objetivo para observar e informar de la situación. El daño causado previamente por la Aviación, el apoyo de la artillería, la actuación de los guardias, que llevaron el peso de la operación, y la cobertura de los batallones de voluntarios cumplieron su función. Tras la última ronda de ataques, se multiplicaron las banderas blancas. Esta vez sí, la rendición fue unánime. Confirmada la victoria, se encargó a las unidades de la Guardia Civil entrar en el cuartel, pero no pudieron frenar a voluntarios, curiosos y personal armado no militar, que, enardecidos por el entusiasmo de la victoria y la rabia de la trampa de la falsa rendición, irrumpieron como una turba, provocando su propia carnicería. Los guardias lograron salvar con dificultades a parte de los rendidos, incluido el propio Fanjul, que sería juzgado y fusilado por traición. Para despejar la zona de intrusos, Fernández Navarro organizó una distracción. Recuperó la bandera del derrotado 4.º Regimiento y portándola encabezó una manifestación que la llevase cual ofrenda hasta el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol. Allí la entregó como trofeo simbólico de la primera victoria de la República sobre quienes se habían levantado contra ella.

Avisado el Ministerio de la Guerra de que el asalto había concluido con éxito, el general Castelló envió a Cordón y otros dos oficiales hasta allí para confirmar las noticias y tratar de recoger el armamento disponible en el arsenal con la ayuda de los guardias de asalto. Cuando llegaron, las armas del cuartel ya habían sido repartidas entre los asaltantes, pasando a engrosar las provisiones bélicas de las organizaciones sindicales. Los enviados regresaron al ministerio con las novedades y las manos vacías, pero, en Buenavista, Cordón recibió un nuevo encargo que lo hizo regresar. La mujer de Carlos de Azcárraga había telefoneado desesperada a Juan Hernández Saravia porque no localizaba a su marido y temía una tragedia. A pesar de la conversación que ambos amigos habían mantenido la noche del viernes, en la que Azcárraga parecía convencido de no presentarse ante la sospechosa convocatoria del cuartel, finalmente había acudido y su esposa no había sabido nada de él desde entonces.

Cordón comprobó que Azcárraga no se encontraba entre los muertos que todavía no habían sido recogidos de las instalaciones del cuartel y su nombre tampoco figuraba entre los detenidos. Al fin logró localizarlo en el depósito de cadáveres. Los rebeldes habían encerrado o asesinado a aquellos compañeros que se negaron a sumarse a la rebelión, pero buena parte de las víctimas, leales o no, se produjeron, bien durante la batalla, bien durante la irrupción descontrolada tras la rendición. Angustiado porque un hombre leal a la República hubiese podido morir por las balas de quienes la defendían o el linchamiento posterior, Cordón nunca llegó a saber cómo había muerto su amigo[164].

Eligio de Mateo fue llamado a Palacio para narrar a Manuel Azaña y a su personal militar cómo se había desarrollado la primera batalla de Madrid. Entonces, todos pensaban que era la primera de pocas en un proceso bélico corto y de resultado favorable a la República. En su opinión, el triunfo se había producido gracias a la aportación combinada de Aviación, Artillería, Guardia Civil y de Asalto, y batallones de voluntarios. En el caso de Aviación y Artillería, consideraba que habían aportado, además de eficiencia y utilidad militar, un efecto psicológico de desánimo siempre determinante en un asedio. El empleo de la artillería, además, había resultado una sorpresa para los insurgentes, pues desconocían que los republicanos habían recuperado el control del 1.er Regimiento Ligero. Asimismo, De Mateo consideraba fundamental el desempeño de la Guardia Civil y de Asalto como fuerzas de choque principales. Con el valor añadido que implicaba en términos simbólicos para la República presentarse con la lealtad del cuerpo de guardiaciviles al completo. Tampoco olvidaba el papel de los voluntarios, a cuya aportación otorgaba un valor moral más que militar, pero en un contexto en el que cada detalle sumaba. Con todo, el coste de la victoria había sido elevado debido al número de muertos entre las fuerzas asaltantes[165].

Tras el asalto al Cuartel de la Montaña, la Aviación bombardeó a los rebeldes en Alcalá de Henares y conquistó la ciudad el mismo día 20. Asegurada Madrid para la República, cuestión clave para su supervivencia, se iniciaba una nueva etapa, ya de guerra más que de rebelión, que trasladó el escenario a la sierra de Guadarrama para frenar el avance de las fuerzas rebeldes hacia la capital.

Del golpe a la guerra: El mapa después y antes de la tormenta

Entre el 17 y el 20 de julio, en los cuatro días que tardó el Gobierno republicano en sofocar la rebelión en Madrid, la insurrección recorrió todo el territorio español de forma contagiosa, virulenta y con resultados desiguales. Cuarenta y cuatro de las cincuenta y tres guarniciones que integraban las ocho divisiones del Ejército protagonizaron algún tipo de insurgencia, creando una fractura tan profunda que hizo que el fracaso parcial del golpe desembocase en una guerra civil. Los adversarios políticos se convirtieron en enemigos de guerra y se desató una violencia masiva que no se limitó al frente. La combinación de odio y miedo dio como resultado un balance atroz. Los cálculos actuales hablan de unas doscientas mil muertes en acciones bélicas durante los tres años que duró la contienda, pero ofrecen una cifra de víctimas en la retaguardia que se aproxima de manera escalofriante: alrededor de ciento ochenta y cinco mil. De ellas, ciento treinta mil fueron obra de la represión franquista (cien mil durante la guerra, a ritmo de avance y ocupación, y otras treinta mil durante la posguerra, tras la victoria). Las víctimas del bando republicano alcanzan las cincuenta y cinco mil, de las cuales alrededor del ochenta por ciento se registraron durante los primeros cinco meses del enfrentamiento[166].

Después de Marruecos y Canarias, Andalucía fue la tercera región en la que triunfó el golpe y su puerta de entrada en la Península. La revuelta se limitó a unas pocas guarniciones, pero el triunfo de Queipo de Llano en Sevilla, la indecisión de algunas ciudades o la escasez de tropas en muchos pueblos decantaron el resultado del golpe. En una zona donde la Guardia Civil se unió de manera mayoritaria al levantamiento y apenas había destacamentos de guardias de asalto, las fuerzas de oposición resultaron insuficientes ante enemigos tan superiores en número y organización. Al frente de la división estaba el general José Fernández de Villa-Abrille, que el 18 de julio fue detenido por sus jefes de Estado Mayor y sustituido por Queipo. Para controlar mejor las lealtades, los jefes de las guarniciones acuartelaron las tropas antes de empezar a sacarlas por cuotas a la calle. Con una excepción: el Regimiento de Ingenieros, que se negó a secundar el movimiento aunque también a sacar tropas para combatirlo. Tras la victoria insurgente fueron fusilados en castigo a su neutralidad.

Decantada la actitud de los militares, la Guardia de Asalto se convirtió en la única resistencia armada. Cuando emplazaron una ametralladora en la Plaza Nueva, los soldados hicieron fuego sobre los guardias, a quienes vencieron tras un breve tiroteo. A continuación se hicieron con el control del edificio de la Telefónica y el Ayuntamiento, localizados en esta plaza. El último objetivo era el Gobierno Civil, situado en una calle próxima. Tras un intenso tiroteo, los militares derrotaron a los guardias de asalto que quedaban para su defensa. Detuvieron al gobernador, el comandante de asalto, el jefe de policía y los dirigentes del Frente Popular que allí se encontraban y fusilaron a la mayor parte de ellos. Además, se hicieron con unos ficheros policiales escondidos, donde figuraban los datos de dirigentes socialistas, comunistas, de la CNT, así como gran número de obreros que habían sido detenidos alguna vez por cuestiones sociales, de gran utilidad para localizarlos.

Antes de caer bajo el control de los rebeldes, Radio Sevilla llamó a la huelga general, pidiendo a los obreros que acudieran a sus sindicatos, y pidió a los campesinos de los pueblos de los alrededores que vinieran a Sevilla a defender la República. Muchos de ellos se dirigieron a las sedes de sus organizaciones, pero los sublevados ya controlaban la Casa del Pueblo y en las demás apenas tenían un número escaso de fusiles y algunas pistolas. Con ese armamento se hicieron fuertes en los barrios. Ambos bandos quedaron en espera momentánea. Los rebeldes, porque aguardaban la llegada de refuerzos de Marruecos. Los republicanos, porque carecían de armas y organización. Sólo les quedaba la opción de armar barricadas y resistir, con la esperanza de recibir ayuda militar de guarniciones de otras localidades no sublevadas.

En la tarde del día 18, Queipo dio su primera charla en la radio, afirmando que el movimiento había triunfado en toda España y llamando a los obreros a finalizar la huelga y la resistencia. «Los que el lunes no entren al trabajo, serán despedidos; los dirigentes de los sindicatos serán fusilados, si no dan la orden de reanudarlo. El movimiento no va contra la República, sino contra el Gobierno del Frente Popular.» La intervención terminó con un «¡Viva la República!», que se mantendría todavía varias noches, mientras el «Himno de Riego» sonaba varias veces al día en la emisora. También el día 18 salieron a la calle las primeras patrullas falangistas[167].

El bloqueo de la Armada en el Estrecho impidió el paso de las fuerzas desde Marruecos, por lo que, tras un par de días de espera, Queipo decidió consolidar su posición con las fuerzas que tenía. La V Bandera de la Legión asaltó el barrio de Triana en la tarde del día 20 y, tras cinco días de combate feroz, aplastó su resistencia el día 25. También el lunes 20, Granada fue tomada por las tropas y los falangistas. Los republicanos se refugiaron en el Albaicín, pero, atacados a cañonazos, el 21 de julio fueron reducidos.

Buena parte de la Andalucía rural se mantuvo republicana. Autoridades y comités sindicales intentaron organizarse para la resistencia, pero, de nuevo, carecían de organización y armamento para poder combatir con posibilidades de éxito a las fuerzas sublevadas. Huelva y Jaén apenas tenían presencia militar, por lo que, en ambas, la fuerza relevante era la Guardia Civil. En su decisión de enfrentarse a la rebelión o sumarse a ella se contraponían dos sentimientos de peso. Por un lado, la tradicional obediencia al poder constituido, reforzada por la lealtad a la República de su máximo superior, el general Pozas, y sus instrucciones de luchar contra la insurrección. Por otra, las convicciones conservadoras y militaristas de muchos de los guardias, que ya habían contactado con los insurgentes o simpatizaban con el alzamiento.

En Jaén, los mandos superiores de la provincia no quisieron comprometerse con la rebelión y buena parte de su territorio estuvo fuera del control rebelde durante toda la guerra. Sin embargo, un grupo de capitanes organizó un plan para pasarse a los rebeldes con la mayor parte de las tropas, dejando a sus familias protegidas en el santuario de Santa María de la Cabeza, en Sierra Morena, hasta que las fuerzas de Queipo de Llano pudieron liberarlas. En Huelva, siguiendo las órdenes de Pozas, se organizó una columna de guardias para marchar hacia Sevilla, mientras los mineros de Riotinto y obreros de Huelva formaron una segunda para ir en auxilio del barrio de Triana. Pero ninguna logró su misión. El Ejército interceptó y eliminó al grupo de trabajadores antes de que llegara a su destino. Los guardiaciviles asesinaron a los milicianos que los acompañaban y se pusieron a las órdenes de los generales rebeldes[168].

Si los movimientos en Andalucía fueron la principal preocupación para el Gobierno republicano durante el 18 de julio, el domingo 19 la rebelión se propagó en cascada por toda España y logró victorias importantes. Mola encabezó esta fase, alzándose en Navarra con el apoyo de las milicias carlistas. En Pamplona, apenas una semana después del final de los sanfermines, sonó una diana similar a la que daba comienzo a los encierros. Fue la señal para que la calle se llenase de gente, en su mayoría jóvenes tradicionalistas que exhibían banderas y proclamaban cánticos, adueñándose de la plaza del Castillo. Después de liberar a sus compañeros encarcelados, empezaron a destrozar todos los símbolos republicanos que encontraron, desde los banderines tricolores que aún quedaban de las fiestas hasta los rótulos de las calles, que rompieron a martillazos. Como en un 14 de abril inverso y violento, asaltaron la Diputación para colocar la bandera rojigualda, enseña que tuvieron que traer del Círculo Tradicionalista vecino, al no haber ninguna en el edificio oficial. Después, asaltaron la sede de Izquierda Republicana, lanzando los muebles por el balcón y colgando en la barandilla otra bandera monárquica. A la plaza del Castillo fueron llegando miles de hombres desde numerosos pueblos navarros a modo de romería con armas, que se unieron a los voluntarios pamploneses para marchar a conquistar la capital en nombre de Dios y liberarla «de las hordas marxistas e impías»[169].

Y si Mola se levantaba en Pamplona, al mismo tiempo se sublevaba el general Cabanellas. Ya a las once de la noche del sábado, sin proclamar aún el estado de guerra, había colocado baterías en lugares estratégicos de la ciudad. Por la mañana, mientras grupos de falangistas recorrían la ciudad en automóvil, lanzando vítores de entusiasmo, más de trescientos dirigentes y sindicales fueron detenidos por sorpresa. Los anarquistas, cuya organización había quedado seriamente dañada tras la revolución de 1934 y las detenciones posteriores, fueron incapaces de organizar una resistencia exitosa. Jaca fue la localidad en la que se produjo la mayor respuesta civil, pero fue aplastada con dureza. Los republicanos vieron con terror cómo el control de los sublevados se extendía sobre Huesca y Teruel, desatando a su paso una represión intensa.

La siguiente división en levantarse fue la 7.ª, con sede en Valladolid. Al frente de la insurrección estaba el general Andrés Saliquet, exgobernador civil de la dictadura de Primo de Rivera, cuyo primer movimiento fue destituir al jefe de la región, el exministro Nicolás Molero. Acompañado por el general Ponte, militar monárquico presente en todas las conspiraciones desde 1931, Saliquet abordó a Molero en su despacho con el propósito de detenerlo. Se produjo un tiroteo en el que murieron sus dos ayudantes, los comandantes Ruperto Rioboo y Ángel Liberal. Molero fue encarcelado y Saliquet tomó el mando. Tras apresar al gobernador civil, Luis Lavín, Ponte ocupó su lugar. La Guardia Civil y la de Asalto se unieron de inmediato al levantamiento, al igual que los simpatizantes de Falange, partido que gozaba de un notable arraigo en la capital castellana. La débil oposición de izquierda fue abatida nada más proclamarse el estado de guerra. Las guarniciones de las capitales de provincia dependientes de la división, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y Cáceres, siguieron la estela del cuartel general y pronto quedaron bajo el control de Saliquet. Los falangistas que estaban en prisión, como Onésimo Redondo, fueron liberados. Falange tendría un papel destacado tanto en la represión como en el reclutamiento de milicianos. Como había sucedido en Pamplona con los carlistas, los falangistas se concentraron en la vallisoletana calle de Santiago al grito de «¡A Madrid, a Madrid!», celebrando con sus disparos al aire el paseo victorioso que se disponían a iniciar a modo de columna para derribar al Gobierno de la República[170].

Todavía llegarían dos triunfos más para los rebeldes el día 19: Burgos y Baleares. Burgos estaba al mando del general Domingo Batet, que había sido trasladado por el Gobierno a la 6.ª División para controlar a Mola y desbaratar la conspiración. Batet era un hombre enérgico, de talante liberal, lealtad comprobada a la República y respetuoso con la autoridad civil. Por su gestión de la crisis catalana en la revolución de 1934 había recibido la Cruz laureada de San Fernando, así que sumaba prestigio militar a sus credenciales favorables. El 17 de julio había ordenado la detención del general Gonzalo González de Lara, líder de la conjura en Burgos, que fue enviado a la prisión de Guadalajara. Pero el plan había enraizado y tenía demasiados simpatizantes, de modo que el sustituto de González de Lara, el general Julio Mena Zueco, fue detenido por el coronel José Gistau antes de tomar posesión. Batet quedó aislado, sin apoyos leales a su alrededor. Su jefe de Estado Mayor, el coronel Fernando Moreno Calderón, también formaba parte de la conspiración y, tras pedirle que se uniera a ella, ordenó su detención. Batet fue sustituido por Mola, quien el día 16 de julio le había dado su palabra de honor de que no se sublevaría. Fue condenado a muerte y, a pesar de las peticiones a favor de la conmutación de la pena por parte de generales como Queipo de Llano y Cabanellas, Franco le negó el perdón, por lo que fue fusilado el 18 de febrero de 1937[171].

La rebelión en Baleares la encabezó Goded antes de su partida a Barcelona. Apenas encontró resistencia, excepto en la isla de Menorca, donde tropezó con Aviación y Marina. Siguiendo el comportamiento mayoritario de estas armas, los aviadores y marineros de las bases menorquinas se negaron a sublevarse y mantuvieron su territorio bajo mando republicano.

Las últimas sublevaciones con éxito se produjeron el lunes 20. El mismo día que el Gobierno aseguraba el control en Madrid, perdió Galicia, Vitoria, Oviedo y Toledo. El hombre clave para la rebelión en tierras gallegas fue el coronel Pablo Martín Alonso, que había sido encarcelado tras la sanjurjada. Estaba al frente del regimiento de infantería de Coruña y desde allí logró la rebelión de la mayoría de las guarniciones de la región. También resultaron claves en la conspiración el jefe de Estado Mayor de la división, coronel Luis Tovar, secretario regional de la UME, y dos hombres que residían allí de manera accidental: el dirigente de Falange en Santander, Manuel Hedilla, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Florentino González Vallés, quien había sido trasladado desde Madrid tras desobedecer al general Pozas y permitir que el entierro del alférez Atanasio de los Reyes, muerto de un disparo durante los incidentes ocurridos durante el desfile militar de la fiesta nacional del 14 de abril de 1936, se celebrase con asistencia libre, lo que generó nuevos disturbios.

El general al mando de la 8.ª División, Enrique Salcedo, era un hombre conservador que no deseaba alzarse contra el Gobierno y se resistió a la petición que recibió de Mola el día 18 para que declarase el estado de guerra. También leal, su segundo, el general Rogelio Caridad Pita, lo convenció para actuar con decisión contra los golpistas. Confiado ante su actitud, el gobernador civil, el casarista Pérez Carballo, mantuvo las órdenes del Gobierno de no repartir armas, aceptando hacerlo sólo si se declaraba el estado de guerra. Pero Caridad Pita fracasó en su intento de destituir a Martín Alonso, quien, ya sublevado y con el apoyo de otros compañeros, redujo a sus superiores y proclamó el estado de guerra el día 20. A continuación sacó las tropas a la calle. Los falangistas, liderados por Hedilla, fueron armados y contribuyeron a imponer la insurrección.

Los guardias de asalto intentaron proteger al gobernador civil, pero fueron derrotados al atardecer. La resistencia de los trabajadores coruñeses no tenía posibilidades, pero en el último suspiro recibieron el apoyo de una columna de mineros de Noia, que tomó la estación de tren y logró hacer retroceder a los sublevados hasta el centro urbano. El enfrentamiento se mantuvo hasta el día 25, pero de nuevo la superioridad en armamento y organización de los rebeldes resultaron decisivas. Algunos mineros lograron huir hasta las montañas o embarcarse para salir de la ciudad.

En la provincia de Pontevedra, la mayor parte de oficiales eran favorables a la sublevación. El comandante militar de Vigo, Felipe Sánchez, recibió la visita de Manuel Hedilla el día 18, con la indicación de que retrasara la rebelión hasta recibir el aviso convenido desde Coruña. Esa madrugada, Bibiano Ossorio-Tafall, subsecretario de Gobernación y antiguo alcalde de Pontevedra, recomendó al gobernador civil que iniciase la requisa de armas y explosivos, lo que llevó a la temprana constitución del Comité de Defensa de la República, en el que figuraban todos los partidos del Frente Popular con presencia en el Ayuntamiento. Pero la proclamación del estado de guerra en Coruña precipitó la salida de las guarniciones en todas las ciudades y el triunfo de la sublevación. Sólo la ciudad de Ourense se había adelantado, declarando el estado de guerra y deteniendo al gobernador civil ya la tarde del día 19.

En Vigo, el estado de guerra fue respondido por parte de los trabajadores, que mantuvieron una intensa resistencia. Pero, ante el empuje de los sublevados, fueron perdiendo terreno. En un primer momento se refugiaron en Lavadores, barrio de fuerte presencia obrera y sindical que en 1936 era un concello independiente. Allí resistieron hasta el día 22. La lucha se retiró hasta Porriño, aunque sería definitivamente aplastada, como en Coruña, el día 25. Unos días más aguantaron los republicanos de Tui, que habían constituido un comité de oposición a la rebelión ya el día 18. Este grupo organizó posiciones defensivas con los carabineros, guardias civiles e infantes de marina de la guarnición y el apoyo de los milicianos. Pero la superioridad de sus enemigos terminaría por derrotarlos el 29 de julio[172].

En Vitoria, la actuación del teniente coronel Camilo Alonso Vega sumó una provincia más al bando rebelde. En Toledo, el coronel José Moscardó se atrincheró en el Alcázar con sus hombres y quinientos civiles, entre afectos al golpe y rehenes, incluidos algunos cadetes de la Academia Militar. Asediados por las tropas republicanas entre el 21 de julio y el 27 de septiembre, fueron liberados por el Ejército de África, al mando del general Varela, con entrada triunfal de Franco en vísperas de su nombramiento como Generalísimo y jefe del Gobierno del Estado español. Magnificada la historia de su resistencia, el Alcázar se convertiría en uno de los mitos bélicos del franquismo.

En Oviedo, el coronel del Estado Mayor Antonio Aranda protagonizó el último gran engaño. Asturias y León pertenecían a la 8.ª División, con sede en Coruña, pero, desde la revolución de 1934, Asturias había sido organizada como Comandancia Exenta, dotada con una brigada de montaña. Al frente de esta comandancia estaba Aranda quien, a pesar de su fama de republicano, formaba parte de la conspiración junto al comandante Gerardo Caballero, militar al que el Gobierno del Frente Popular había quitado el mando de las fuerzas de asalto ovetenses. El día 19, tras hablar con Mola por teléfono, Aranda preparó de manera clandestina la concentración de siete compañías de la Guardia Civil en la provincia, listas para entrar en acción cuando llegase el momento.

Manteniendo su fachada de lealtad, Aranda se reunió con las autoridades civiles y los líderes políticos para valorar la situación tras la rebelión en Marruecos y decidir qué medidas era necesario tomar en su territorio. En la reunión, el coronel insistió en el compromiso de sus tropas con la República y aceptó armar dos columnas de mineros que se dirigían a Madrid. Para facilitar el proceso, acudió él mismo a comprobar las que había disponibles en el arsenal. Con supuesto pesar, les dijo que las provisiones eran escasas y que la guarnición no podía prescindir de ningún fusil, pero afirmó que le constaba que en León había armamento sobrado. Él enviaría una orden inmediata para autorizar la entrega. Una expedición de mineros partió a León en camiones para recoger armas y municiones. Pero desde allí los enviaron a Ponferrada. Aranda había ordenado a sus subordinados entretener lo máximo posible a los mineros para entorpecer su marcha a Madrid.

Mientras, en Oviedo, los acontecimientos se habían precipitado. Antes de que terminase la reunión del Gobierno Civil, Aranda había declarado el estado de guerra, las tropas invadían las calles y los militares hacían las primeras detenciones. Numerosos obreros seguían congregados en el patio del cuartel de los guardias de asalto, en espera de la distribución de las armas. De pronto, los fusiles asomaron desde las ventanas y los soldados abrieron fuego sobre los confiados trabajadores. En Ponferrada, cuando los mineros llegaron a por los fusiles que al fin iban a recoger, fueron recibidos por las ametralladoras[173].

Transcurridos cuatro días sangrientos desde la sublevación de la guarnición de Melilla, los rebeldes habían logrado triunfar en todas las colonias (Marruecos, Ifni, el Sáhara y Guinea); las islas Canarias y Baleares, excepto Menorca; una franja importante de Andalucía, estructurada alrededor de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, y una amplia zona centro-occidental que incluía las regiones de Galicia, León y Castilla la Vieja, Navarra y Álava, el norte de Extremadura y la mitad occidental de Aragón. En total, casi la mitad del territorio español.

Ese triunfo en medio país implicaba que la insurrección había fracasado en la otra mitad. Bajo control republicano quedaban dos grandes extensiones de territorio separadas entre sí. Por un lado, una estrecha franja en el norte cantábrico, que iba desde Asturias, excepto Oviedo, hasta el País Vasco. Por otro, una compacta región centro-oriental que se articulaba en función del triángulo formado por las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia. Esta extensión incluía toda Cataluña, así como el resto de la costa mediterránea hasta Málaga, junto a un área interior que iba desde Badajoz hasta Castilla la Nueva y La Mancha. Un poco más de la mitad del total de la Península.

En esos territorios, la República logró aplastar la rebelión gracias a la acción robusta de una parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, que permanecieron leales al poder legítimo. Estas huestes contaron con el apoyo de milicias de las organizaciones obreras, armadas con urgencia. La combinación resultaría muy eficaz para detener el golpe. Así sucedió en Madrid, pero también en la región militar de Cataluña. El jefe de la 4.ª División, con sede en Barcelona, el general Francisco Llano de la Encomienda, y el jefe de la Guardia Civil, el general Jesús Aranguren, no participaron en la rebelión y se aprestaron a combatirla. La misma posición tomó la mayoría de sus subordinados. Esta actitud de las fuerzas de orden del Estado resultó decisiva para sofocar las tentativas de insurrección que aparecieron con timidez el día 19. La eficaz resistencia que ofrecieron de manera conjunta la Guardia Civil y la de Asalto logró detener a los oficiales rebeldes del Regimiento de Infantería Badajoz n.º 13, que, con el comandante José López-Amor a la cabeza, destituyeron a sus superiores y se hicieron con el control de la unidad. Movilizadas las tropas, organizaron varias columnas que cruzaron la ciudad, desde el cuartel de Pedralbes hacia la plaza de Cataluña. Al llegar allí, ocuparon el edificio de la Telefónica y se desató un intenso tiroteo.

También se unieron a la rebelión los regimientos de Caballería Montesa y Santiago, comandados por los coroneles Pedro Escalera y Francisco Lacasa. Parte de las tropas lograron ocupar la plaza de España y la plaza de la Universidad. Otra parte fue aniquilada por los guardias de asalto nada más iniciar sus movimientos. Con rumbo también a la plaza de Cataluña se sumó el 7.º Regimiento de Artillería, fuerzas derrotadas asimismo por la Guardia de Asalto. Mientras la columna de Artillería liderada por el capitán Luis Varela se dirigía hacia la Consejería de Gobernación, la estación de Francia y el puerto, se topó con las barricadas montadas por los militantes de la CNT, que parapetados tras ellas junto a guardias de asalto lograron la retirada de los rebeldes.

Cuando llegó el general Goded, al mediodía del día 20, ya estaba todo perdido para los sublevados. Al finalizar la jornada, Goded se rindió, lo que precipitó la derrota de los escasos núcleos que quedaban activos. Los militantes de los sindicatos anarquistas lograron apoderarse de las armas almacenadas en los depósitos militares, lo que convirtió a las milicias en las dueñas de la región. El golpe había fracasado y se iniciaba la revolución.

La lealtad de los mandos superiores también decantó el triunfo republicano en Valencia. La indecisión de sus líderes y la resistencia militar y civil que encontraron dificultaron la sublevación, que terminó de decidirse por la disciplina de las tropas, que llevaban dos días acuarteladas. El día 20, al calor de los sucesos de Madrid y Barcelona, el general de la 3.ª División, Fernando Martínez Monje, se reunió con los oficiales de confianza y por amplia mayoría resolvieron permanecer leales a la República. Esta determinación, junto con el fracaso de los rebeldes en Madrid y Cataluña, empujó hacia la derrota el resto de intentos de rebelión en la costa del este peninsular. A su vez, la rendición en Málaga contribuyó a la pérdida de Almería, gracias a la resistencia de las fuerzas policiales y a la llegada de buques de guerra desde Cartagena, que resultaron definitivas. La combinación de focos rebeldes minoritarios, fuerte resistencia militar y apoyo de milicias civiles armadas también decantó el triunfo republicano en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, con la excepción de Oviedo[174].

El repaso de los enfrentamientos que provocó el golpe desde su inicio muestra un patrón en el devenir de los resultados. Ninguna ciudad de España se mantuvo en poder de la República sin la ayuda de, al menos, una parte de las fuerzas de orden público[175]. Fue, por tanto, la decisión del grueso de las guarniciones militares de participar o no en la rebelión, o la posición de la Guardia Civil y de Asalto, en los casos en los que su número de leales equilibró el de militares sublevados, lo que decantó la suerte de la rebelión. Esto permitió que se enfrentasen dos núcleos de organizaciones militares y policiales de similares características.

Esa similitud se daba también en los medios, pues además de ser los únicos grupos armados de manera general, la Guardia de Asalto contaba desde junio de 1936 con ametralladoras para sus tanquetas y otras armas de artillería ligera. Medios que estaban al nivel de los que tenían algunas unidades del ejército regular. Por lo demás, unos y otros estaban mal equipados de cara a un conflicto continuado, pero todos ellos contaban con experiencia de combate urbano y rural, estaban disponibles de manera inmediata y tenían conocimientos sobre el manejo de armas. Un bagaje que no poseía el resto de la población, por lo que, en caso de un enfrentamiento bélico como el derivado de un golpe de Estado, incluso los más politizados estaban en clara situación de debilidad frente a los profesionales. Por ello y a pesar de la imagen romántica que se ha dado en ocasiones de la resistencia a la insurrección del 18 de julio de 1936, la victoria o la derrota de esta no se puede medir en términos de entrega y valentía popular. La acción de las milicias fue un componente importante en la contención de la rebelión, pero la respuesta civil no fue suficiente para asegurar su fracaso. Del mismo modo, el control sublevado o gubernamental en los diversos territorios no refleja el grado de aceptación o rechazo de su población al régimen republicano[176].

Al margen de los militares y guardias politizados, no resulta fácil explicar de manera general por qué unos se sublevaron y otros permanecieron fieles a su juramento de fidelidad al Estado. Los comportamientos analizados parecen mostrar un choque de lealtades derivado de un conflicto interior entre la obediencia al poder establecido y el sentimiento corporativo, ligado a una cultura militarista y convicciones tradicionalmente conservadoras. En este conflicto personal, a menudo resultó determinante la posición de los superiores y el sentir de la mayoría. Y en muchos rincones sin comunicación fluida con sus mandos, no resultó sencillo para muchos de estos militares tomar una decisión.

En este sentido resulta ilustrativo un recuerdo que aparece en las memorias de Eduardo Capó Bonnafous, juez de instrucción en la población granadina de Huéscar. Capó narra cómo en los primeros días de la rebelión corrió el rumor de que la Guardia Civil del partido judicial se había sublevado y los habitantes del pueblo planeaban atacar el cuartel. Preocupado, acudió al Ayuntamiento, donde el alcalde socialista y sus concejales estaban inquietos ante el mismo temor, que procedía de la concentración de toda la Guardia Civil del partido judicial de Huéscar en el cuartel del pueblo. Capó convenció al alcalde, Marcial Torné, de que lo primero era averiguar la posición de la Benemérita y que para ello debían ir ambos al cuartel, alcalde y juez, como autoridades civiles de la villa. Sin escolta, para no alarmar a los guardias. Juntos, cruzaron el pueblo, conscientes de que en muchas de las ventanas que iban dejando atrás asomaban fusiles acechantes. Al llegar al cuartel comprobaron que, en efecto, había un número elevado de agentes, procedentes de otros pueblos del partido. Recibidos por el teniente, Eloy Pardo, del que Capó sólo apuntó su nombre, «don Eloy», los visitantes le plantearon sus dudas. Y su respuesta fue: «Soy un militar…, tengo que obedecer las órdenes de mi coronel… Aún no he recibido ninguna respecto al movimiento… Si la recibiese… tendría que obedecer…».

Juez y alcalde le obligaron a pronunciarse. Eso quería decir que hasta ese momento permanecía fiel a la República. Como el teniente respondiese que sí, lo convencieron de que los acompañase de vuelta al Ayuntamiento. Tras unas dudas iniciales accedió y, aunque quería llevar escolta, lograron que la dejase en el cuartel para no generar desconfianza. Al llegar al consistorio, don Eloy repitió su posición a los allí reunidos. La conversación se generalizó y se volvió cordial. La simple presencia del teniente y sus palabras habían disipado las preocupaciones previas. Entonces sintieron un revuelo en la plaza y, asomados al balcón, descubrieron que había aparecido una pareja de la Guardia Civil, que venía a comprobar que su superior se encontraba a salvo. Su presencia había asustado a la gente de la plaza, que había corrido a atrincherarse tras el quiosco, los bancos y los árboles. Y ante esa reacción airada, los guardias se habían puesto rodilla en tierra mientras montaban sus armas. Con tono enérgico, don Eloy les ordenó detenerse y retirarse de regreso al cuartel. «¡Estoy con el pueblo y no necesito protección!» Para calmar los ánimos, el alcalde pronunció unas palabras que fueron respondidas con vivas por los ciudadanos. Capó y él acercaron al teniente al balcón y empezaron a dar vivas a la República, que el teniente secundó con rubor.

La escena disipó los temores de Huéscar y el pueblo pareció quedarse tranquilo. Pero ese mismo día la sublevación triunfó en Granada. A la mañana siguiente grupos de falangistas armados patrullaban la calle. La corporación había sido destituida y encarcelada y el nuevo alcalde era Pablo Villablino, un abogado simpatizante de Falange. Comenzaron los registros, las detenciones, pero también las palizas y ataques de los jóvenes falangistas, ante cuyas actuaciones la Guardia Civil se inhibía de manera progresiva. Indignados por el cariz que tomaba la situación, dos ciudadanos de derechas acudieron a Capó para que interviniese para poner freno a los desmanes, en calidad de juez del partido. Convencido de que tenían razón, se dirigió al Ayuntamiento donde, tras un golpe de bastón, se encaró con las nuevas autoridades por su comportamiento. Entonces, veloz ante el revuelo, apareció el teniente de la Guardia Civil, ametralladora en mano, que al ver al juez apenas cuatro días después de la escena de encuentro que habían compartido y en una situación tan contraria, se quedó paralizado. Eduardo Capó terminó de desarmarlo con su discurso: «Señor teniente, dadas las circunstancias, me veo obligado según la Ley de Orden Público a asumir todos los poderes constitucionales. Por ello, en nombre de la República Española, lo requiero a Ud. por primera y única vez, de rendición. Ud. es militar y sabe lo que esto quiere decir». A lo que don Eloy sólo pudo responder con tartamudeos. «Sólo obedecía órdenes…»[177]

La escena que relata Eduardo Capó terminaba con las palabras que dirigió a los presentes antes de salir del Ayuntamiento. «Si Uds. los custodios del orden público se sublevan, ¿cómo será posible sujetar al pueblo, si los derrotan?» Dos semanas más tarde, después de que Huéscar fuese tomado por la columna Torrens y quedase bajo control de las milicias revolucionarias, todos los interlocutores de Capó, incluido don Eloy, estaban muertos.

Cuando los militares pusieron en marcha el 17 de julio en Melilla la conspiración que llevaban meses planeando, no sabían que iniciaban una guerra. Pero la imposibilidad de cumplir por completo su propósito y la imposibilidad del Gobierno republicano de impedirlo de manera total desembocaron en ese desenlace. No es fácil fijar el momento exacto en que el golpe dejó de ser golpe y se convirtió en guerra. El proceso de rebelión y resistencia terminó con el control del poder local a manos de grupos militares o comités milicianos, excepto en algunos lugares donde la disputa se alargó unos días más. Los frentes se estabilizaron en función de la victoria o la derrota de los rebeldes en los primeros días y, según las diferentes conclusiones locales, la guerra comenzó allí un poco antes, un poco después. A modo de curiosidad, los informes diplomáticos británicos comenzaron a usar el término «Spanish Civil War» a partir del 28 de julio. El mismo día que la Junta de Defensa Nacional, organismo que coordinaba de manera formal a los rebeldes, extendió el estado de guerra a toda España. El mismo día que el Gobierno de la República autorizó al Ministerio de la Guerra a declarar «zonas de guerra» los territorios afectados por las operaciones militares.

Se abría una nueva etapa que nadie sabía cuánto iba a durar y en la que se enfrentaron dos bloques heterogéneos de enemigos armados, con soberanía sobre el territorio que habían conquistado o defendido y que reclamaban el control exclusivo del poder local, regional y nacional. El golpe militar, que entre otras razones se apoyaba en la necesidad de evitar una revolución, acabó desencadenando dos: una militar y otra «popular» que comenzó como un desafío «al monopolio estatal del ejercicio de la coerción y acabó dirigiéndose, al margen de la actuación estatal, a destruir las posiciones de poder de los grupos tradicionales». Ninguna organización política o sindical tenía la capacidad ni los recursos para provocar por sí misma esa situación, pero el fracaso de la rebelión militar creó la estructura de oportunidad política adecuada para intentarlo[178]. De esta manera, la República de 1931 tuvo que luchar tras el 18 de julio con dos rebeliones y controlar la revolución debilitó sus opciones de ganar la guerra.

Epílogo

Larga noche de piedra

Terminado el golpe, empezó la guerra. Y lo hizo con una situación de aparente equilibrio de recursos entre los dos bandos enfrentados. El balance tras la insurrección dejaba bajo control republicano algo más de la mitad del territorio: doscientos setenta mil de los quinientos cinco mil kilómetros cuadrados del país, veintidós de las cincuenta capitales y el 60 por ciento de la población, unos catorce millones y medio de habitantes. Era el territorio con más desarrollo industrial, incluida la siderurgia vasca y la producción textil y química de Cataluña, pero también el de menos recursos agrarios y ganaderos. Sólo contaba con la huerta levantina. Además, la división en su territorio mantenía separadas la zona de producción y la de consumo. Los rebeldes, por su parte, tenían algo menos de territorio (doscientos treinta y cinco mil kilómetros cuadrados), algunas capitales más (veintiocho) y cuatro millones de habitantes menos a los que alimentar. Su estructura industrial era más débil, pero a cambio disponían del grueso de los recursos alimenticios, con cifras tan significativas como el 75 por ciento de la leche, el 70 por ciento del ganado ovino o algo más del 60 por ciento del trigo y las patatas.

En recursos financieros, la República parecía más fuerte, pues en su territorio estaban dos tercios del total de oficinas bancarias, los depósitos centrales de los grandes bancos y, sobre todo, las reservas de oro del Banco de España, un medio de pago solvente para la importación de suministros. Los sublevados no contaban con este factor a su favor, pero solventaron el problema gracias a los créditos de Italia, Alemania y Portugal. Además, su gestión de recursos centralizada y sometida a mayor disciplina les permitió superar su desventaja económica. Los republicanos, en cambio, no encontraron apoyo internacional y los problemas de control interno, con fragmentación de mandos y estructuras paralelas o en competencia, dificultaron la gestión provechosa de sus medios[179].

En términos militares, el Gobierno tuvo más dificultades. A pesar de disponer de unos ciento quince mil soldados de tropa y alrededor de siete mil quinientos jefes y oficiales, sus números reales fueron muy inferiores. De sus mandos, sólo tres mil quinientos sirvieron con lealtad y, en cuanto a la tropa, tuvieron muchas dificultades porque, al licenciar a los soldados de aquellas unidades cuyos oficiales se habían sublevado, se deshizo el aparato de reclutamiento militar. Esto supuso un duro golpe a la estructura de su Ejército y unido a la ruptura de la cadena de mando operativa obligó, en la práctica, a poner en marcha un proceso de reconstrucción casi completo. La República tardó varios meses en comenzar con la movilización forzosa, aunque finalmente llamaría veintiocho reemplazos, lo que se tradujo en un millón setecientos mil hombres de entre dieciocho y cuarenta y cinco años enviados al frente. Los rebeldes, por el contrario, disponían de una organización sólida ya montada, con ciento cuarenta mil soldados que cubrían todos los niveles jerárquicos, la recluta obligatoria sin dañar y las tropas de Marruecos completas. A este importante número de efectivos se unieron durante los tres años de guerra un millón doscientos mil civiles de quince reemplazos de movilización forzosa, el primero de los cuales fue llamado ya en julio de 1936[180].

Además, ambos bandos contaron con un nutrido volumen de voluntarios. Los milicianos republicanos, que procedían sobre todo de afiliados socialistas, anarquistas y comunistas, alcanzaron los ciento veinte mil. Pero también los sublevados contaron con el concurso de unas voluminosas milicias voluntarias armadas. En su composición predominaban los miembros de Falange, pero también fue importante la presencia tradicionalista.

Por último, el control de la Marina y la Aviación quedó en su mayoría en manos republicanas. Sin embargo, la industria bélica y los medios militares españoles eran tan débiles y obsoletos que era imposible enfrentar una guerra con recursos propios. El apoyo internacional resultaba imprescindible, pero la respuesta recibida por cada uno de los bandos fue desigual. Si los sublevados contaron con el refuerzo decisivo de Alemania e Italia en forma de soldados, aviones, armas, municiones y material, la República quedó abandonada por la pusilánime respuesta de Francia y la desconfianza de Gran Bretaña, enredada cualquier pretensión que pudiera haber de ayuda en el Pacto de No Intervención firmado por las potencias europeas y que sólo se cumplió en lo que a intervenciones a favor de la República se refiere. Las cartas estaban echadas y, en el tablero de la guerra, todas las fichas terminaron jugando a favor de los golpistas.

La guerra cerró el camino de la democracia, las reformas, las palabras y el progreso. Se impusieron la voracidad, la destrucción y la violencia. La sufrieron, sobre todo, los civiles. Fueron los que soportaron los bombardeos, los que perdieron sus casas, los que durmieron en las estaciones de metro. Los que sufrieron sacas y paseos. Los que se morían de hambre, a veces, literalmente. Y «fue su sangre la que regó las tapias de los cementerios y las cunetas de los caminos y fueron sus huesos los que mayoritariamente llenaron las fosas comunes». Se buscaba eliminar al contrario de manera masiva y ejemplarizante, con la intención de limpiar, aterrorizar, paralizar… Se mataba al otro por el único motivo de pertenecer al enemigo. Para proteger el modelo por el que se luchaba y terminar con las resistencias que manifestaban los ajenos[181].

El mundo que sobrevivió a la guerra fue menos favorable para los bailes despreocupados de Pilar y Pilar, más vigilante, menos confiado, más atroz. Cargó las mochilas de silencio y heridas en carne viva. La niebla se posó sobre todo aquello de lo que no se podía hablar, como si no hubiera existido, como si no quedasen siquiera recuerdos. Como cantó desde la cárcel Celso Emilio Ferreiro en la obra más importante de la poesía gallega de posguerra, con el final de la guerra comenzó una larga noche de piedra.

O teito é de pedra.

De pedra son os muros

i as tebras.

As portas,

as cadeas,

o aire,

as fenestras,

as olladas,

son de pedra.

Os corazóns dos homes

que ao lonxe espreitan

feitos están

tamén

de pedra.

I eu, morrendo

nesta longa noite

de pedra[182].

El destino que corrieron muchos de los protagonistas de estas páginas da testimonio del reguero de muerte, exilio, cárcel o desaparición que se convirtieron en desenlace habitual de muchas historias en esta larga noche de piedra. Eduardo de Guzmán, el redactor de La Libertad, anarquista y autor de una trilogía sobre la guerra a la que pertenece La muerte de la esperanza, libro donde recogió sus andanzas durante los tres días del golpe en Madrid, fue condenado a muerte en consejo sumarísimo. Conmutada la ejecución por pena de cárcel, permaneció en prisión hasta 1943. Para sobrevivir se convertiría en escritor de novelas del Oeste, que firmaría con el seudónimo de Edward Goodman.

Tampoco sería fácil el desenlace que esperaba a los cinco periodistas que lo acompañaban la noche del 17 de julio cuando Indalecio Prieto les contó en la cafetería del Congreso la sublevación en Melilla. Dos de ellos, Valentín Gutiérrez de Miguel, de El Sol, y Carlos Pérez Merino, de Claridad, compartieron con Guzmán las etapas del periplo: consejo de guerra, pena de muerte conmutada y largo encierro en la cárcel en su lugar. Otros dos, su hermano Ángel y Manuel Navarro Ballesteros, murieron de manera violenta. Ángel en el frente, cerca del río Alberche, el 15 de octubre de 1936, y el redactor de Mundo Obrero, fusilado el 1 de mayo de 1940 en las tapias del cementerio de la Almudena. Sólo Francisco Díaz Roncero, periodista en el diario Ahora, consiguió cruzar los Pirineos en febrero de 1939. Después de cinco años de clandestinidad en el París ocupado por los nazis, se convirtió en la voz de las emisiones para España de Radio París.

El exilio fue el destino de algunos de los militares republicanos. Como Antonio Cordón, que después de sus tareas en el Ministerio de la Guerra se incorporó al frente, recibió sucesivos ascensos y terminó el conflicto con el grado de general. Abandonó España desde el aeródromo alicantino de Monóvar, como la mayor parte de la cúpula del Partido Comunista de España. En el mismo Dragon Rapide viajaba la pareja de escritores Rafael Alberti y María Teresa León. La primera parada de su exilio fue la URSS, en donde Cordón permaneció entre 1939 y 1944. París, Belgrado y Praga serían sus siguientes paradas. La última de ellas fue Roma, donde murió en 1969, aunque sus restos volvieron a España al finalizar el franquismo. Desde Monóvar también salió hacia el exilio el coronel de Aviación Ignacio Hidalgo de Cisneros. Francia, la URSS, Varsovia y México fueron algunos de los lugares donde se asentó. Abandonó México después de su separación de Constancia de la Mora, también exiliada, que murió poco tiempo después en un accidente de coche. Él la sobrevivió ocho años. Falleció de manera repentina el 9 de febrero de 1966 en Bucarest. Sus cenizas pudieron volver a España en 1994 y fueron depositadas en el panteón familiar del cementerio de Santa Isabel en Vitoria.

Eligio Mateo de Sousa siguió combatiendo durante la Guerra Civil, primero en las milicias y luego en la estructura del Ejército Popular de la República, donde llegó a ser jefe de Estado Mayor de la 27.ª División. Al terminar la guerra se exilió en México, donde se dedicó a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional. Licenciado en Químicas, junto a la docencia se ocupó de otros menesteres, como la fundación de una empresa dedicada a la producción de pigmentos inorgánicos, colorantes y auxiliares del cemento. Murió en Cuernavaca en el año 2001.

Entre los militares más próximos al Gobierno, también se exilió en México el general Sebastián Pozas. Durante la guerra se encargó de dirigir el Ejército del Centro. Posteriormente, destinado a Barcelona tras los Sucesos de Mayo de 1937, donde se enfrentaron anarquistas y trotskistas con socialistas y comunistas, se hizo cargo del Ejército de Cataluña, que reorganizó como Ejército del Este, ya no dependiente de la Generalitat, sino del Gobierno. Desde esta posición liquidó el Consejo Regional de Defensa de Aragón y dirigió un ataque contra Huesca, otro contra Zaragoza y se encargó de la conquista de Belchite. En México formó parte de la junta central de Acción Republicana Española. Murió en 1996.

Juan Hernández Saravia, por su parte, tras desempeñar diversos cargos durante la guerra, como el mando del Ejército de Levante o el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, volvió a ser ayudante militar de Azaña, con la misión de proteger al presidente de la República de todos los peligros. En nombre de su amistad cumpliría este objetivo hasta el último momento, acompañándolo en su exilio en Francia y velando por su seguridad frente al asedio de la Gestapo hasta su muerte en Montauban en febrero de 1940. Tras la muerte de Azaña se trasladó a México. De 1945 a 1947 ocupó la cartera de la Guerra en el Gobierno de José Giral en el exilio. En estos meses, y pensando en las posibilidades de volver a España que abría el marco de oportunidad de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, prestó asistencia también a los maquis. Pero la posibilidad de una intervención internacional que forzase la caída del Gobierno se fue debilitando, de modo que terminó aparcando la esperanza y las tareas políticas y militares. Murió en México el 3 de mayo de 1962.

Del desenlace de los militares golpistas, llama la atención de manera especial el final de los dos cabecillas de la conspiración: el hombre destinado a liderarla, el general José Sanjurjo, y su planificador principal, Emilio Mola, el Director. Ambos murieron en sendos accidentes de aviación. La muerte de Sanjurjo se produjo en el límite entre el golpe y la guerra, el 20 de julio de 1936. Se disponía a salir de Cascais en dirección a Burgos, dejando atrás su exilio portugués para tomar el mando del golpe de Estado. Pero su avioneta se estrelló durante el despegue. El piloto, Juan Ansaldo, militante monárquico y conspirador a tiempo completo contra la República, sobrevivió gracias a la ayuda de un pastor que lo sacó de la cabina del aparato cuando ya estaba ardiendo. Pero Sanjurjo falleció en el choque.

Su muerte dejó descabezada la estructura del golpe, con Mola y Franco como únicos candidatos supervivientes con carisma y posibilidades para hacerse con la dirección de los insurgentes tras los fusilamientos de otros hombres destacados de la rebelión, como Manuel Goded o José Fanjul. Pero el 3 de junio de 1937, el general Mola también falleció en un accidente aéreo. Su avión, un Airspeed Envoy, se estrelló en la localidad de Alcocero, al parecer por problemas de visibilidad a causa de la niebla, lo que provocó que el piloto chocara con una colina. Con este fallecimiento, el general Franco se quedó sin rivales por la primera posición que había alcanzado en los primeros compases de la guerra y no quedó ningún general que pudiera hacer sombra a su liderazgo.

En las comunicaciones internas de la preparación del golpe, así como en sus primeras declaraciones tras él, Emilio Mola dejaba adivinar ya la nueva manera de abordar el enfrentamiento, donde la crueldad y los métodos expeditivos para mantener el control se convirtieron en la norma. No había espacios para abrazos de Vergara ni Pactos de Zanjón, como advirtió en su discurso del 15 de agosto de 1936. Ni concesiones para la tibieza: o con nosotros o contra nosotros. «¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España.» Ni espacio para los enemigos, ni espacio para las dudas en la relación con ellos. «Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros.»[183]

Esta mentalidad de exterminio se aplicó de manera especial a todos los hombres y mujeres que habían tenido algún tipo de participación política, ya fuese nacional o local. La militancia en el partido equivocado de un territorio controlado por el bando contrario podía ser causa de tortura y muerte. Resulta muy significativo el balance sobre el devenir de los diputados de las tres legislaturas republicanas que hace Octavio Ruiz-Manjón en sus estudios prosopográficos sobre el Congreso de los Diputados entre 1931 y 1936[184].

Ciento ochenta y tres parlamentarios, un 18 por ciento de los mil siete elegidos a Cortes durante la Segunda República, fueron asesinados durante la Guerra Civil o la inmediata posguerra. Además, otros trescientos sesenta y siete se vieron obligados a exiliarse. De ellos, doscientos cincuenta no regresaron jamás a España. Por el contrario, ochenta volvieron en algún momento de la dictadura, aunque algunos sufrieron a su regreso un expediente depurativo que afectó al ejercicio de su profesión o a su lugar de residencia. Otros no regresaron hasta la muerte de Franco. El caso más simbólico fue el de Dolores Ibárruri, Pasionaria, que regresó en 1977 y volvió a ser elegida diputada, ocupando la vicepresidencia de la mesa de edad durante la constitución de las Cortes de 1979.

Aún son más escalofriantes los datos si el foco se pone sólo en los representantes de la última legislatura. De los cuatrocientos ochenta y siete diputados elegidos en las elecciones de 1936, ochenta y siete, casi la quinta parte, habían muerto al terminar la Guerra Civil. Descontando los fallecidos antes del 18 de julio, dos por causa natural más José Calvo Sotelo, y los trece que murieron en el frente o por muerte no violenta, los asesinados fueron setenta: cuarenta y uno a manos de los sublevados y veintinueve en el bando republicano. A estos habría que añadir los diecinueve diputados víctimas de la represión franquista durante la posguerra[185].

Entre los que no regresaron a España están Manuel Portela Valladares, Marcelino Domingo, José Giral, Diego Martínez Barrio y los socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Domingo murió apenas llegado a Toulouse, el 2 de marzo de 1939. Portela y Largo Caballero añadirían a las dificultades del exilio la dureza de verse atrapados en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El político de centro permanecería en arresto domiciliario y sería detenido por la Gestapo, con grave quebranto para su salud, aunque, a pesar de sus setenta y ocho años, todavía se recuperaría tras la paz y se mantendría enérgico y con un variable nivel de actividad hasta su muerte el 29 de abril de 1952. Largo Caballero, por su parte, fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen-Oranienburg, de donde sería liberado por el Ejército de la URSS. A pesar de recuperar la libertad, no volvería a recobrar las fuerzas y falleció en París el 23 de marzo de 1946. Sus cenizas volverían a España en 1978, en una llegada que se vivió con gran emoción en Madrid, donde se celebró un funeral en su recuerdo al que asistieron medio millón de personas. En cuanto a Giral, Martínez Barrio y Prieto, los tres fallecieron en México en 1962. Ya durante la democracia se repatriaron los restos de los dos últimos. Martínez Barrio fue enterrado en el cementerio de San Fernando de Sevilla en el año 2000 y Prieto en el cementerio civil de Vista Alegre, en Derio, Vizcaya.

Un final especialmente triste fue el de Julián Zugazagoitia. Al igual que Lluís Companys, el diputado y periodista del PSOE fue secuestrado en Francia por la red de agentes secretos dirigida por el policía español Pedro Urraca Rendueles, que en colaboración con la Gestapo se encargó de hostigar, vigilar y perseguir a las autoridades republicanas que vivían en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. El secuestro disfrazado de extradición terminó con la devolución del político a España, donde fue fusilado el 9 de noviembre de 1940. Apenas acababa de escribir sus magníficas memorias Guerra y vicisitudes de los españoles, lo que subraya el valor de la inmediatez de su testimonio. Está enterrado junto a su amigo el periodista Francisco Cruz Salido, secuestrado y llevado también desde Francia por los hombres de Urraca. Ambos descansan en una tumba adornada con un libro abierto, con el nombre de cada uno en una de las páginas. Cuando un nieto de Zugazagoitia viajó a España en 1997 para ver el sepulcro de su abuelo y con la intención de cumplir el deseo de su madre de ser enterrada junto al padre que se habían llevado de su casa cuando era niña, descubrió que no podía hacerlo porque la sepultura pertenecía a una tal Sabina Marroquina, de la que nadie sabía nada. Y sin localizarla a ella o a sus herederos, era imposible hacer el cambio de titularidad.

La persecución y ensañamiento contra los diputados también afectó a los gobernadores civiles. Los tres que han recibido más atención en estas páginas, Mariano Zapico, de Cádiz; José María Varela Rendueles, de Sevilla, y Francisco Pérez Carballo, de Coruña, fueron represaliados. Varela Rendueles fue juzgado en consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte, aunque le conmutaron la pena por una condena de treinta años de cárcel. Mariano Zapico y Francisco Pérez Carballo corrieron peor suerte. Zapico era un oficial de Artillería afiliado de Izquierda Republicana que fue nombrado gobernador civil como hombre de confianza del Ejecutivo de Azaña en marzo de 1936. Rendido el Gobierno Civil tras horas de asedio, Zapico; el jefe de la Comandancia de Carabineros, Leoncio Jaso Paz; el capitán de Artillería, Francisco Cossi Ochoa, y el oficial de telégrafos, Luis Parrilla, fueron juzgados en consejo sumarísimo y condenados a muerte. El 6 de agosto a las cinco y media de la tarde los cuatro fueron fusilados ante el muro del castillo de San Sebastián por un pelotón de la Legión. La hija menor de Zapico y su amiga Elisa, la hija de Juan Hernández Saravia, fueron retenidas y permanecieron más de un año y medio como prisioneras de los hombres de Queipo.

El final de Francisco Pérez Carballo es otro cierre de especial tristeza y crueldad. El joven casarista, abogado y letrado de las Cortes, estaba destinado provisionalmente en la biblioteca del Congreso de los Diputados y ejercía como profesor ayudante de prácticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Afiliado a Izquierda Republicana, tenía veinticinco años y era una de las más firmes promesas del republicanismo. Hombre de la máxima confianza de Casares Quiroga, el presidente pensó en él como la persona adecuada para encargarse del Gobierno Civil de Coruña. Allí llegó con Juana Capdevielle, pedagoga y bibliotecaria del ambiente institucionista, muy activa en los círculos intelectuales de Madrid, con la que se había casado apenas un mes antes. El joven matrimonio, simpático, educado, afectuoso y moderno, aterrizó muy bien en la ciudad y se integró muy pronto en sus dinámicas.

Cuando llegó la sublevación y el Gobierno Civil estaba a punto de caer, con amenaza de ser bombardeado, Pérez Carballo y su mujer decidieron que ella se marchase antes del asalto y se escondiese en casa de unos amigos. La joven estaba embarazada y no querían correr riesgos. El matrimonio no volvió a verse. Pérez Carballo fue fusilado el 24 de julio en Punta Herminia, a los pies de la Torre de Hércules junto a los militares que habían defendido el Gobierno Civil. A partir de ese momento, el objetivo de las nuevas autoridades, con Florentino González Vallés a la cabeza, fue localizar a Juana Capdevielle. La encontraron, la detuvieron y, cuando estaba en prisión, le comunicaron la muerte de su esposo. Unos días después, la liberaron y ella se refugió en casa del diputado de Izquierda Republicana, Victorino Veiga. Allí permaneció un par de semanas, hasta que recibió un aviso desde la Guardia Civil, conminándola a presentarse en el cuartelillo. Ángel, el hermano menor de su marido, y Carmen, la hija adolescente de su anfitrión, la acompañaron caminando hasta que, en mitad del recorrido, un coche se paró junto a ellos y ordenaron a Capdevielle subir. Venían a buscarla. Sus allegados ya no volvieron a verla con vida. El 18 de agosto su cuerpo apareció tirado en una cuneta de Rábade. Le habían disparado[186].

El destino de Santiago Casares Quiroga y Manuel Azaña también fue el exilio. Después de su dimisión y a pesar de las recomendaciones de sus cercanos, que temían por su seguridad, Casares permaneció en Madrid. Tras dejar el Gobierno, su actividad se centró en Izquierda Republicana, liderando el apoyo al gabinete desde el grupo parlamentario. Durante los primeros meses de la guerra, Gloria, su esposa, y su hija María permanecieron en Madrid. Pero no estaba toda la familia. Esther, su hija mayor, había viajado ya a Galicia aquel verano. Iba con su pequeña de cuatro años para preparar la casa y allí esperaba al resto de los suyos, incluido su marido, el capitán Enrique Varela, ayudante de su suegro. Pero la sublevación llegó antes de que la familia Casares pudiera reunirse. Esther y su niña fueron apresadas en Coruña. La mujer pasó una larga temporada en prisión y, cuando la liberaron, simplemente la dejaron salir de la cárcel, pero no pudo abandonar la ciudad. Tenía que presentarse en comandancia para firmar y el estigma y el desprecio de ser la hija y nieta de Casares sometió a ambas al rechazo social absoluto. Así estuvieron diecinueve años. En 1955, al fin, las dejaron marcharse y pudieron reunirse con Enrique Varela, que se había exiliado en México. La niña de cuatro años se reunió con su padre de nuevo cuando ya había cumplido los veintitrés.

Casares había muerto en París en 1950. No abandonó España hasta el final de la guerra. Gloria y María se fueron a la capital francesa pocos meses después de la sublevación, cuando Madrid empezó a ser peligrosa. Cada cierto tiempo, su esposa venía a verlo, pero Casares no quería marcharse y siguió trabajando en segundo plano, siempre próximo a Azaña. Al terminar la guerra el matrimonio Casares y su hija se reunieron en Francia, aunque el expresidente sufrió una recaída de su tuberculosis y tuvo que pasar unos meses ingresado en un sanatorio de Suiza. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los tres se refugiaron en Burdeos, pero pronto se preparó el traslado a Londres de Casares, pues en una Francia ocupada era un objetivo principal y no se podía garantizar su seguridad. Cuando llegó la paz, volvieron a París, aunque Gloria murió de cáncer de estómago en enero de 1946. Desde el golpe del 18 de julio, los tiempos no volvieron a jugar a favor de esta familia. Se quedaron solos Casares y su hija María, que ya había empezado su carrera artística, la que la convertiría en una de las mejores y más célebres actrices de teatro españolas.

Casares murió en 1950, pero antes de su muerte física sus enemigos intentaron borrar su existencia aniquilando cualquier rastro de su paso por el mundo. En noviembre de 1937, José María Arellano, gobernador militar de Coruña, presentó esta solicitud al presidente de la Audiencia Territorial:

Siendo indigno de figurar en el Registro oficial de nacimientos que se lleva en el Juzgado municipal instituido para seres humanos y no para alimañas, el nombre de Santiago Casares Quiroga, someto a su consideración la procedencia de que cursen las órdenes oportunas para que el folio oprobioso del Registro municipal de esta ciudad en que se halla inscrito su nacimiento, se haga desaparecer[187].

La petición fue aprobada y el nombre de Santiago Casares Quiroga desapareció del Registro, como si nunca hubiera nacido. Damnatio memoriae. Y aunque su recuerdo no se ha borrado de la historia, la niebla confusa de todas las acusaciones vertidas sobre su persona y la falta de herederos políticos han contribuido a construir una imagen oscura y contradictoria en muchos puntos cercana al relato interesado e inicuo de los enemigos de su Gobierno.

Manuel Azaña murió en el Hôtel du Midi de Montauban el 3 de noviembre de 1940. Dos meses antes había sufrido un ataque cerebral del que no se recuperó. Pedro Urraca y sus hombres lo acechaban, pendientes de la menor posibilidad para secuestrarlo y llevarlo de vuelta a España, para juzgarlo y castigarlo. Pero los amigos que lo acompañaban, con Hernández Saravia a la cabeza, hicieron guardia al pie de su cama, para protegerlo a toda costa. Azaña salió muy tocado de España. La guerra había aniquilado la obra de la República de 1931. «A mi marido se le rompió el corazón», recordaría Dolores Rivas Cherif en los años ochenta. El fracaso del Gobierno Martínez Barrio, la conversión del golpe en guerra y la explosión revolucionaria afectaron al núcleo de sus cimientos ideológicos. Los acontecimientos del sangriento verano de 1936, con los asesinatos de la Cárcel Modelo como paradigma de la pérdida de control del Gobierno del monopolio de la violencia, desafiaron la confianza de Azaña en la capacidad de las instituciones para tomar las riendas y frenar la barbarie[188]. Incluso se planteó dimitir, aunque terminó desechando la idea.

Un año más tarde, la reconstrucción del Ejército, el dominio de la retaguardia y el refuerzo de los cimientos del Estado le devolvieron la energía y la confianza en la victoria.

Nosotros nos batimos en defensa propia, no sólo en defensa de la vida del pueblo, sino en defensa de aquellos valores que son la razón suprema de vivir: en defensa de la libertad de España y de la libertad de todos los españoles, incluso de los que no quieren la libertad.

Tengo que decirlo cien veces: en defensa de la libertad de España, personificada en la República, que es el régimen jurídico de la libertad, la cual alcanza incluso a los mismos enemigos de la libertad; guste o no guste. La mayor parte de los que son enemigos de la libertad son enemigos de la libertad ajena, pero no de la propia; lo que quieren es convertir su libertad en tiranía sobre nosotros. Y, en cierta manera, la libertad representada por un régimen jurídico republicano es una opresión, porque nos obliga a todos a respetar la libertad ajena. Yo lo proclamo una y cien veces porque a mí, amigos míos, no se me ha derrumbado con motivo de la guerra ni de la rebelión ninguno de los principios morales que han hecho mi figura pública, ni los que han servido de sustento a mi vida personal en el orden político. No; no se me ha derrumbado ninguno, ni me he pasado a ningún enemigo. Lo que me parecía injusto en el mes de julio de 1936, me sigue pareciendo injusto hoy, y lo que me parecía hacedero, necesario y urgente en la renovación de España, me lo sigue pareciendo. Yo no espero a que ocurra una rebelión, una revolución o una insurrección para trastocar todos mis sentimientos personales y políticos. Yo sigo siendo el mismo del año 1931, y con este espíritu presido la República, y creo que todos los españoles amantes de su libertad y de la independencia de su patria, en cualquier partido que estén, que esa es otra cuestión, tienen que aceptar estos principios fundamentales. Es más, los aceptan porque con eso están con los fusiles en la mano[189].

El final de la guerra, sin embargo, no fue el que él todavía creía posible cuando pronunció este discurso en Madrid en noviembre de 1937. La desigual intervención de la comunidad internacional en el conflicto y el abandono de las democracias europeas a la causa de la República contribuyeron de manera decisiva a su derrota. Azaña, el hombre, sobreviviría pocos meses más que ella. Sin embargo, su obra, sus acciones y sus palabras han perdurado como semillas fecundas a través del tiempo, a pesar del intento de la dictadura de borrarlas en la larga noche de piedra.

PILAR MERA COSTAS (Vigo, 1978), doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, es profesora en el departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. Está especializada en la historia de la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Sus investigaciones giran en torno al comportamiento de los políticos liberales durante el periodo de entreguerras, la definición de centro político y la crisis de la democracia liberal. Ha publicado en revistas como Hispania Nova, Res Pública, Revista de Historia Actual Online, y colabora en Letras Libres.

[1] Pilar Duaygües, Querido diario: hoy ha empezado la guerra, Madrid, Espasa, 2017, pp. 20-21. <<

[2] José María Varela Rendueles, Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador rebelde, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984, pp. 92-94. <<

[3] Antonio Machado, Antología comentada (Poesía y prosa), ed. de Francisco Caudet, Madrid, Ediciones de la Torre, 1999, p. 314. <<

[4] Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XX, vol. 1, Barcelona, Akal, 2000, p. 282. <<

[5] Rafael Cruz, Una revolución elegante. España 1931, Madrid, Alianza, 2013, pp. 63-86. <<

[6] Santos Juliá, Madrid, 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de clases, Madrid, Siglo XXI, 1984. <<

[7] Cruz, Una revolución elegante…, pp. 19-27. <<

[8] Ahora, 15 de abril de 1931, p. 7. <<

[9] Gabriel Jackson, La República Española y la Guerra Civil, Barcelona, RBA Coleccionables, 2005, pp. 43-45. <<

[10] Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII…, Barcelona, Ariel, 1966, pp. 152-153 y 169-172. <<

[11] Cruz, Una revolución elegante…, pp. 84-85. <<

[12] Heraldo de Madrid, 17 de abril de 1931, p. 16. <<

[13] Roberto Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36: Militares y civiles contra el Frente Popular, Barcelona, Espasa, 2019, pp. 25-27. <<

[14] Santos Juliá, Un siglo de España. Política y sociedad, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp. 92-93. <<

[15] Fernando del Rey, Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 36-37. <<

[16] Jackson, La República Española…, pp. 46-47 y 86-87. <<

[17] Alfonso Botti, Con la Tercera España. Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza Editorial, 2020, pp. 42-43. <<

[18] Jackson, La República Española…, pp. 47-48 y 68-72. <<

[19] Botti, Con la Tercera España…, pp. 46-50. <<

[20] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 27-28. <<

[21] Jackson, La República Española…, pp. 52-53 y 77. <<

[22] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 38-39. <<

[23] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 175. <<

[24] Paul Preston, La Guerra Civil española, Barcelona, DeBolsillo, 2017, p. 61. <<

[25] Justo Beramendi, «Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la Segunda República», Pasado y Memoria, Revista de Historia Contemporánea, 2, 2003, pp. 53-82. <<

[26] Jackson, La República Española…, pp. 83-85. <<

[27] George L. Mosse, Soldados caídos: la transformación de la memoria de las dos guerras mundiales, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016; Fernando del Rey, Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 45-110. <<

[28] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 16 y 47-50 y Roberto Muñoz Bolaños, «Por Dios, por la Patria y el Rey marchemos sobre Madrid: el intento de sublevación carlista en la primavera de 1936», en Daniel Macías Fernández y Fernando Puell de la Villa (eds.), David contra Goliat: Guerra y asimetría en la Edad Contemporánea, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2014, pp. 143-169. <<

[29] «Entrevista con Alfonso XIII en Londres», ABC, 5 de mayo de 1931, pp. 23 y 24. <<

[30] «A los monárquicos españoles», ABC, 8 de mayo de 1931, p. 19. <<

[31] Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas en la Segunda República, 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011, p. 30. <<

[32] Ahora, 12 de mayo de 1931, pp. 3-4. <<

[33] Ahora, 12 de mayo de 1931, pp. 4-5 y Nuevo Mundo, 15 de mayo de 1931. <<

[34] Jackson, La República Española…, 2005, pp. 49-50. <<

[35] Ahora, 12 de mayo de 1931, p. 4. <<

[36] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, ed. de Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2004, p. 435. <<

[37] «La blandura es una traición», Solidaridad Obrera, 12 de mayo de 1931, p. 1. Cit. en Sergio Vaquero Martínez, La democratización del orden público en la Segunda República española: cultura, política y policía, 1931-1936, p. 84 (tesis doctoral inédita). <<

[38] Diego Palacios Cerezales, «Ansias de normalidad. La policía y la República», en Fernando del Rey (ed.), Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 596-646. <<

[39] Gonzalo Álvarez Chillida, «Negras tormentas sobre la República. La intransigencia libertaria», en Del Rey (ed.), Palabras como puños…, pp. 45-110. <<

[40] Ahora, 5 de enero de 1932. <<

[41] Ahora, 7 de enero de 1932. <<

[42] Cardona, El poder militar en la España contemporánea…, pp. 183-184. <<

[43] La Correspondencia Militar, 20 de enero de 1932, p. 4. <<

[44] Cardona, El poder militar en la España contemporánea…, pp. 187-191. <<

[45] Azaña, Diarios completos…, pp. 540-544. <<

[46] Ibid. Azaña, Diarios completos…, p. 608. <<

[47] Ibid. Azaña, Diarios completos…, pp. 580-589. <<

[48] Julio Busquets y Juan Carlos Losada, Ruido de sables. Las conspiraciones militares de la España del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 50-51. <<

[49] Azaña, Diarios completos…, pp. 685-686. <<

[50] Tano Ramos, El caso de Casas Viejas. Crónica de una insidia (1933-1936), Barcelona, Tusquets, 2012. <<

[51] Ramón J. Sender, Viaje a la aldea del crimen, Barcelona, Libros del Asteroide, 2016. <<

[52] Jackson, La República Española…, pp. 107-119. <<

[53] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, p. 41. <<

[54] González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 175-177. <<

[55] Nigel Townson, La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002, pp. 239-239 y 257-258. <<

[56] Santos Juliá, La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, Siglo XXI, 1977, pp. 8-9. <<

[57] Townson, La República que no pudo ser…, p. 242. <<

[58] Gema Martínez de Espronceda, El canciller de bolsillo: Dollfuss en la prensa de la II República, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1988. <<

[59] Jackson, La República Española…, pp. 144-145. <<

[60] Sandra Souto Kustrín, «Octubre de 1934: historia, mito y memoria», en Julio Prada y Emilio Grandío Seoane (eds.), La Segunda República: Nuevas miradas, nuevos enfoques, monográfico de Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, 11 (2013), pp. 473-506. <<

[61] Pilar Mera Costas, Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares (tesis doctoral inédita), pp. 112-150. <<

[62] David Ruiz, Octubre de 1934. Revolución en la República Española, Madrid, Síntesis, 2008. Para las cifras, véase Estado Español, La revolución de octubre en España. La rebelión del gobierno de la Generalidad, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1935 (suplemento estadístico). <<

[63] Mera Costas, Monárquico, republicano, liberal…, pp. 178-222. <<

[64] Mera Costas, «Diseño y construcción de un proceso electoral. Manuel Portela Valladares y las elecciones de 1936», en Prada y Grandío Seoane (eds.), La Segunda República…, pp. 541-572. <<

[65] Santos Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña (1880-1940), Madrid, DeBolsillo, 2015, pp. 372-375. <<

[66] La cita procede de una carta de Rafael Esbry Sánchez, director de La Correspondencia Militar, al general Sanjurjo. Cit. en Fernando del Rey, «Percepciones contrarrevolucionarias. Octubre de 1934 en el epistolario del general Sanjurjo», en Revista de Estudios Políticos, 159, enero-marzo (2013), pp. 77-105. <<

[67] Rafael Cruz, «El repertorio frenético. La ocupación de la calle en la primavera de 1936», en Hugo García (coord.), Nuevas miradas sobre la Guerra Civil, monográfico de Historia y Política 16, (2006), pp. 11-32. <<

[68] Sergio Vaquero Martínez, «La autoridad, el pánico y la beligerancia. Políticas de orden público y violencia política en la España del Frente Popular», en José Antonio Parejo (coord.), La violencia política en la primavera de 1936: debates y propuestas, monográfico de Historia y Política, 41 (2019), pp. 63-92. <<

[69] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 42-43. <<

[70] José María Iribarren, Mola: datos para una biografía y para la historia del Alzamiento Nacional, Zaragoza, Librería General, 1938, p. 113. <<

[71] «Bando del General Emilio Mola dado en Pamplona el 19 de Julio de 1936.» <<

[72] Juan Pablo Fusi, «Mola Vidal, Emilio», en Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, en http://dbe.rah.es/biografias/12899/emilio-mola-vidal <<

[73] Emilio Mola Vidal, Memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad, Barcelona, Editorial Planeta, 1977. <<

[74] Manuel Álvarez Tardío, «Fanjul Goñi, Joaquín», en Diccionario Biográfico…, en http://dbe.rah.es/biografias/9206/joaquin-fanjul-goni/ Fernando Puell de la Villa, «Varela Iglesias, José Enrique», en Diccionario Biográfico…, en http://dbe.rah.es/biografias/4954/jose-enrique-varela-iglesias/ <<

[75] José María Gil Robles, No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 365. <<

[76] Eduardo González Calleja, Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República. 1931-1936, Madrid, Alianza Editorial, 2011, pp. 298-299. <<

[77] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 226. <<

[78] Josep Fontana, «Recuperar la història de la Segona República Espanyola», en Revista HMiC: història moderna i contemporània, 1, 2003, pp. 147-154. <<

[79] Bernardo Félix Maiz, Mola, aquel hombre, Barcelona, Editorial Planeta, 1976, pp. 40-43. <<

[80] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 227. <<

[81] Gil Robles, No fue posible…, p. 363. <<

[82] Fernando Meleiro, Anecdotario de la Falange de Orense, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1957, pp. 165-167. <<

[83] González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 302-305. <<

[84] Pilar Mera Costas, Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares, pp. 310-324 (tesis doctoral inédita). <<

[85] Arturo García Álvarez-Coque, La fractura del Ejército ante el 18 de julio. El Estado Mayor en la Guerra Civil, Granada, Comares, 2018, p. 37. <<

[86] González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 343-345. <<

[87] García Álvarez-Coque, La fractura del Ejército…, pp. 23-26. <<

[88] Roberto Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36: Militares y civiles contra el Frente Popular, Barcelona, Espasa, 2019, pp. 219-221. <<

[89] Guillermo Cabanellas, Cuatro generales. Volumen 1: Preludio a la Guerra Civil, Barcelona, Editorial Planeta, 1977, pp. 432-434; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 334-336. <<

[90] Ibid. Guillermo Cabanellas, Cuatro generales. Volumen 1: Preludio a la Guerra Civil, Barcelona, Editorial Planeta, 1977, pp. 432-434; González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 334-336. TEXTO_ADICIONAL: pp. 330-332; Claude Bowers, Misión en España, Barcelona, Editorial Planeta, 1977, p. 206. <<

[91] Roberto Muñoz Bolaños, «Escuadras de la muerte: militares, Falange y terrorismo en la II República», en Amnis, 17, 2018; Sergio Vaquero Martínez, La democratización del orden público en la Segunda República española: cultura, política y policía, 1931-1936, pp. 525-526 (tesis doctoral inédita). <<

[92] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 234-238. <<

[93] Mercedes Peñalba, Falange Española: Historia de un fracaso (1933-1945), Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 2009, pp. 113-114. <<

[94] Pedro Sainz Rodríguez, Testimonio y Recuerdos, Barcelona, Editorial Planeta, 1978, pp. 232-234. <<

[95] Ángel Viñas, «La connivencia fascista con la sublevación y otros éxitos de la trama civil», en Francisco Sánchez Pérez (coord.), Los mitos del 18 de julio, Barcelona, Crítica, 2013, pp. 139-181. <<

[96] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 238-247. <<

[97] Ibid. Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 259-279 y 228-233. <<

[98] González Calleja, Contrarrevolucionarios…, pp. 345-346; Pablo Fusi, «Mola Vidal…». <<

[99] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 290-294. <<

[100] Francisco Alia Miranda, Julio de 1936. Conspiración y alzamiento contra la Segunda República. Barcelona, Crítica, 2011, pp. 85-87. <<

[101] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 297-299. <<

[102] Fernando Puell de la Villa, «Julio de 1936: ¿un Ejército dividido?», en Jorge Martínez Reverte (coord.), Los militares españoles en la Segunda República, Madrid, Pablo Iglesias, 2012, pp. 77-98. <<

[103] Muñoz Bolaños, Las conspiraciones del 36…, pp. 301-303. <<

[104] García Álvarez-Coque, La fractura del Ejército ante el 18 de julio…, pp. 38-42. <<

[105] Alia Miranda, Julio de 1936…, 2011, p. 113. <<

[106] El grueso del relato del alquiler y el viaje del Dragon Rapide proceden de las memorias de Luis Bolín: Luis Bolín, Los años vitales, Madrid, Espasa Calpe, 1967, pp. 25-68. Para confrontar con versiones más académicas, véase Ángel Viñas, Miguel Ull Laita y Cecilio Yusta Viñas, El primer asesinato de Franco. La muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación, Barcelona, Crítica, 2018, y Ángel Viñas, ¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración, Barcelona, Crítica, 2019, pp. 315-319. <<

[107] Esa es la tesis defendida por el historiador Ángel Viñas, quien la ha argumentado en diversas ocasiones y de manera detallada en Viñas, Ull Laita y Yusta Viñas, El primer asesinato de Franco… <<

[108] Instrucción reservada n.º 5, 20 de junio de 1936. Citada en Alia Miranda, Julio de 1936…, p. 81. <<

[109] Enrique Moradiellos, Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid, Turner, 2016, p. 87. <<

[110] Gabriel Cardona, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, Siglo XXI, 1983, p. 247. <<

[111] Eduardo de Guzmán, La muerte de la esperanza, Madrid, Ediciones Vosa, 2006, p. 32. <<

[112] De Guzmán, La muerte de…, pp. 27-54. <<

[113] Antonio Cordón, Trayectoria. Memorias de un militar republicano, Barcelona, Crítica, 1977, pp. 184-185. <<

[114] Rafael Abella, «Aquel verano del 36», en El 18 de julio paso a paso. Cuadernillo número 4 de la colección La Guerra Civil, Historia 16, 1986, p. 66. <<

[115] Fernando Díaz Plaja (ed.), La guerra de España en sus documentos, Madrid, Sarpe, 1986, pp. 14-15. <<

[116] Cordón, Trayectoria. Memorias…, pp. 182-183. <<

[117] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001, pp. 31-32. <<

[118] Pilar Mera Costas, «A distancia aproximada: las biografías paralelas de Casares Quiroga y Portela Valladares», en Emilio Grandío y Joaquín Rodero (eds.), Santiago Casares Quiroga. La forja de un líder, Madrid, Eneida, pp. 127-152. <<

[119] Manuel Azaña, Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, ed. de Santos Juliá, Barcelona, Crítica, 2004, p. 781. <<

[120] Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, pp. 49-50. <<

[121] Ibid. Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, pp. 48-56. <<

[122] Constancia de la Mora, Doble esplendor. Autobiografía de una aristócrata española, republicana y comunista, Barcelona, Grijalbo, 1977, pp. 226-235. <<

[123] Santos Martínez Saura, Memorias del secretario de Azaña, Barcelona, Planeta, 1999, pp. 377-378. <<

[124] José Galán Ortega, En el corazón de una república amenazada. Francisco Pérez Carballo, memoria y biografía, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, p. 332. <<

[125] Stanley Payne, «La quiebra de la Segunda República», en Miguel Alonso Baquer (dir.), La guerra civil española (sesenta años después), Madrid, Actas S. L., 1999, p. 29. <<

[126] Carlos Fernández Santander, Casares Quiroga. Una pasión republicana, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 2000, p. 251. <<

[127] Francisco Largo Caballero, Mis recuerdos. Cartas a un amigo, México D. F., Ediciones Alianza, 1946, p. 161. <<

[128] Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes…, p. 67. <<

[129] Diego Martínez Barrio, Memorias, Barcelona, Planeta, 1983, p. 344. <<

[130] Luis Romero, Tres días de julio (18, 19 y 20 de 1936), Barcelona, Ariel, 2006, pp. 46-50. <<

[131] Martínez Saura, Memorias del…, pp. 404-406. <<

[132] José María Varela Rendueles, Rebelión en Sevilla. Memorias de su gobernador rebelde, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1984, p. 94. <<

[133] Moradiellos, Historia mínima…, Madrid, Taurus, 2016, pp. 90-91. <<

[134] Galán Ortega, En el corazón de una república amenazada…, p. 330. <<

[135] Manuel Azaña, «El Estado republicano y la revolución», en Obras completas, volumen VI (julio 1936-agosto 1940), ed. de Santos Juliá, Madrid, Taurus, 2008, pp. 228-232. <<

[136] Gabriel Cardona, «El cataclismo de julio», en El 18 de julio…, pp. 8-9. <<

[137] Fernando Fernández Bastarreche, «La sublevación en la Marina», en El 18 de julio…, pp. 93-99. <<

[138] Manuela Aroca Mohedano, «Un ministro para la Defensa de la República desde el exilio: Juan Hernández Saravia», Espacio, en Tiempo y Forma 16, (2004), pp. 269-289. <<

[139] Fernández Bastarreche, «La sublevación en…», p. 95. <<

[140] Romero, Tres días de julio…, pp. 50-54. <<

[141] Juan Simeón Vidarte, Todos fuimos culpables, México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1973, pp. 237-238 <<

[142] Emilio Grandío Seoane, «Casares y el 18 de julio», en Grandío y Rodero (eds.), Santiago Casares Quiroga…, pp. 177-178. <<

[143] María Casares, Residente privilegiada, Barcelona, Argos Vergara, 1981, p. 112. <<

[144] Manuel Azaña, «El Estado republicano y la revolución», en Obras completas, volumen VI…, pp. 228-232. <<

[145] Manuel Azaña, Diarios completos…, pp. 1075-1076. <<

[146] Marcelino Domingo Sanjuán, España ante el mundo, Colección República, Torraza (Italia), Amazon, 2019, pp. 127-132. <<

[147] Diego Martínez Barrio, Memorias, pp. 360-361. <<

[148] El relato del frustrado Gobierno Martínez Barrio procede de la mezcla de anotaciones de los diarios de Manuel Azaña, las memorias de Martínez Barrio y el opúsculo de Martínez Barrio citados en las notas previas. <<

[149] El Sol, 21 de julio de 1936, p. 1. <<

[150] Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, Madrid, Siglo XXI, 2006, p. 231. <<

[151] Melchor Almagro San Martín, La guerra civil española. Notas para la historia, Buenos Aires, Rodríguez Giles, 1940, pp. 175-188. <<

[152] Eduardo de Guzmán, La muerte de la esperanza, Madrid, Ediciones Vosa, 2006, pp. 69-74. <<

[153] Ibid. Eduardo de Guzmán, La muerte de la esperanza, Madrid, Ediciones Vosa, 2006, pp. 77-79. <<

[154] Manuela Aroca Mohedano, General Juan Hernández Saravia. El ayudante militar de Azaña, Madrid, Oberón, 2006, pp. 171-173. <<

[155] Eligio de Mateo Sousa, «1936: La guerra civil», en Biblioteca de la Guerra Civil. Memorias II, Barcelona, Ediciones Folio, 1998, pp. 9-12. <<

[156] Para la defensa de Madrid y para Madrid durante la guerra desde todas las perspectivas, véase Gutmaro Gómez Bravo (coord.), Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936-1939), Madrid, Ediciones Complutense, 2018. <<

[157] De Guzmán, La muerte de…, pp. 98-102. <<

[158] Antonio Cordón, Trayectoria. Memorias de un militar republicano, Barcelona, Crítica, 1977, pp. 189-193; Margarita Nelken en Aroca Mohedano, General Juan Hernández Saravia…, pp. 177-178. <<

[159] Cruz, En el nombre del…, pp. 246-247. <<

[160] Helen Graham, La República española en guerra. 1936-1939, Barcelona, Debate, 2019, p. 119. <<

[161] Almagro San Martín, La guerra civil española…, pp. 175-184. <<

[162] Gabriel Cardona, «El cataclismo de julio», en El 18 de julio paso a paso. Cuadernillo número 4 de la colección La Guerra Civil. Historia 16, 1986, pp. 46-47. <<

[163] De Mateo Sousa, «1936: La guerra…», pp. 12-14. <<

[164] Cordón, Trayectoria. Memorias…, pp. 197-198. <<

[165] Graham, La República española…, pp. 119-120. <<

[166] Enrique Moradiellos, Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid, Turner, 2016, pp. 90-94. <<

[167] Antonio Bahamonde, Un año con Queipo de Llano (Memorias de un nacionalista), Sevilla, Ediciones Espuela de Plata, 2015, pp. 75-80. <<

[168] Cardona, «El cataclismo de…», pp. 22-24. <<

[169] Cruz, En el nombre del…, pp. 242-243. <<

[170] Francisco J. Leira Castiñeira, Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, Madrid, Siglo XXI, 2020. <<

[171] Hilari Raguer, El general Batet. Franco contra Batet: crónica de una venganza, Barcelona, Península, 1996. <<

[172] Jesús de Juana y Julio Prada (coords.), Lo que han hecho en Galicia. Violencia política, represión y exilio (1936-1939), Barcelona, Crítica, 2006. <<

[173] Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Tusquets, 2001, pp. 62-64. <<

[174] Moradiellos, Historia mínima…, pp. 99-104. <<

[175] Graham, La República española…, p. 121. <<

[176] Cruz, En el nombre del…, pp. 236-237. <<

[177] Eduardo Capó Bonnafous, La estrella polar. Memorias de un juez de instrucción. 1934-1939. Introducción de Danilo Manera, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces y Editorial Renacimiento, pp. 124-137. <<

[178] Cruz, En el nombre del…, pp. 242-258. <<

[179] Enrique Moradiellos, Historia mínima de la Guerra Civil española, Madrid, Turner, 2016, pp. 104-112. <<

[180] Francisco J. Leira Castiñeira, Soldado de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, Madrid, Siglo XXI, 2020. <<

[181] Javier Rodrigo, Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 33. <<

[182] «El techo es de piedra. De piedra son los muros y las tinieblas. Las puertas, las cadenas y el aire, las ventanas, las miradas, son de piedra. Los corazones de los hombres que a lo lejos acechan hechos están también de piedra. Y yo, muriendo en esta larga noche de piedra.» Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra, Vigo, Salnés, 1962. <<

[183] Rodrigo, Hasta la raíz…, p. 63. <<

[184] Octavio Ruiz-Manjón, En la búsqueda del individuo. De los que fueron diputados en los años de la Segunda República española (1931-1939). Discurso leído el día 9 de febrero de 2020 en el acto de su recepción, Madrid, Real Academia de la Historia, 2020, pp. 103-108. <<

[185] Octavio Ruiz-Manjón, «Violencias vs. Representación. Los diputados de las Cortes de 1936. Víctimas de la guerra española», en Historia y Política, 32, 2014-1, pp. 153-188. <<

[186] Rafael Torres, Nuestra Señora de la cuneta. Vida y muerte de la intelectual republicana Juana Capdevielle y de su amor, Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña, Gijón, Editorial Trea, 2009. <<

[187] Carlos Fernández Santander, Casares, una pasión republicana, Sada, Coruña, Ediciós do Castro, 2000, pp. 251-252. <<

[188] Sobre la violencia en la retaguardia republicana, véase Fernando del Rey Reguillo, Retaguardia roja. Violencia y revolución en la Guerra Civil española, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2020; José Luis Ledesma, Los días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia republicana de Zaragoza durante la Guerra Civil, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003; y Julius Ruiz, El terror rojo. Madrid, 1936, Barcelona, Espasa, 2018. <<

[189] Manuel Azaña, «Discurso en el Ayuntamiento de Madrid. Pronunciado el 13 de noviembre de 1937», en Obras completas, volumen VI (julio 1936-agosto 1940), ed. de Santos Juliá, Madrid, Taurus, 2008, pp. 140-146. <<