Xosé M. Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea en las universidades de Múnich y Santiago de Compostela, nos ofrece una visión global y caleidoscópica de las transformaciones sociales, políticas y económicas que han caracterizado la evolución del mundo desde el fin de la segunda guerra mundial hasta la actualidad, desde el mundo bipolar de la guerra fría al multipolar de esta segunda década del siglo XXI. Una época que nos ha legado una serie de promesas incumplidas, de utopías pendientes para reconstruir a partir de las experiencias del pasado. El autor no se limita a una narración lineal de los acontecimientos a escala global desde 1945, sino que dedica además una atención especial a cuatro grandes temas que revisten una importancia especial para la comprensión global de nuestro tiempo: las memorias del pasado, la longevidad y mutaciones de la nación, la larga marcha de las mujeres y la relación del hombre con el medio ambiente.

Xosé M. Núñez Seixas

Las utopías pendientes

Una breve historia del mundo desde 1945

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Titivillus 26.06.15

Título original: Las utopías pendientes: Una breve historia del mundo desde 1945

Xosé M. Núñez Seixas, 2015

Editor digital: Titivillus

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PREFACIO

Resumir la historia del mundo desde 1945 hasta la actualidad (febrero de 2015) no es un reto fácil. Este libro aspira sobre todo a ofrecer una síntesis accesible, tanto para docentes como estudiantes y lectores amantes de la historia, que sintetice las líneas maestras de su evolución, ofrezca claves interpretativas y responda a las preguntas planteadas por la historiografía actual. No quiere ser un repositorio de datos, ni cubrir de forma exhaustiva todas las áreas geográficas, épocas y países. Sí hemos intentado huir tanto del eurocentrismo como del excesivo énfasis en las cuestiones de política internacional. Y hemos optado por una narración que combina la exposición cronológica y geográfica clásica, en tres grandes capítulos que tratan la época de la Guerra Fría (1945-1989) y el mundo posterior a la misma (1990-2015), con cuatro capítulos temáticos que abordan cuestiones transversales, y que hemos abordado desde una perspectiva transnacional: la importancia del género, de la memoria, de las identidades nacionales y de la ecología, todas ellas de creciente actualidad. Otros temas de dimensión transnacional, como el auge de los fundamentalismos religiosos y populismos, el respeto a los derechos humanos o el avance del proceso de globalización, son objeto de epígrafes específicos en los grandes capítulos cronológicos. El resultado, esperamos, es una visión panorámica de la evolución del mundo reciente, que traduce también nuestras preferencias temáticas y las inquietudes del autor, pero igualmente nuestra experiencia como investigador y docente.

Varios colegas de universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas nos han aportado ideas y estímulos para avanzar en distintas direcciones. Mis alumnos y alumnas de grado y posgrado, tanto en la Universidad de Santiago de Compostela como en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, tuvieron oportunidad de escuchar parte de estas reflexiones en cursos monográficos o seminarios de investigación, al igual que los estudiantes de máster y doctorado del Colegio de Europa de Natolin, de la Universidad de Stanford y de las universidades del País Vasco y Pablo de Olavide (Sevilla), impartidos en los últimos cinco años. Sus comentarios, críticas y observaciones también han sido de gran ayuda para establecer preferencias y seleccionar temas. Sin la amable y profesional asistencia e insistencia de Carmen Esteban y Raquel Reguera, de la Editorial Crítica, este proyecto tampoco habría visto la luz. Y sin mi familia galaico-alemana, Henrike, Sara e Irene, estas líneas no serían las mismas.

Múnich, febrero de 2015

XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS

1

DE UN MUNDO BIPOLAR A UN MUNDO MULTIPOLAR, 1945-1990

Las transformaciones sociales, políticas y culturales que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XX fueron mucho más radicales que las acontecidas a lo largo de su primera mitad. Surgieron nuevas interconexiones globales, se institucionalizaron espacios de cooperación e interacción supraestatales, y las formas de producción y de organización política sufrieron igualmente acusados procesos de homogeneización. Las solidaridades políticas transnacionales también jugaron un gran papel. Causas compartidas como el anticolonialismo, el anticomunismo o el anticapitalismo, desde la década de 1960 los movimientos juveniles de protesta y las nuevas reivindicaciones sociales, fueron factores que contribuyeron a que surgiesen espacios de comunicación y deliberación política supraestatal, que condicionaron de forma cada vez más decisiva la política interior de cada uno de los Estados nacionales.

De entrada, el hundimiento del Japón y de Alemania como potencias geopolíticas continentales o mundiales llevó a la consolidación de dos grandes superpotencias, que en parte llenaron el vacío dejado por las viejas potencias europeas, ahora en franca retirada, pese a que algunas de ellas, como Francia y Gran Bretaña, también habían ganado la guerra. Pero sus energías estaban ahora concentradas en la reconstrucción, y en la reestructuración de sus relaciones con la periferia de sus imperios coloniales. De ese vacío surgió entre 1945 y 1949 una estructura geopolítica mundial de naturaleza bipolar.

Hasta 1989 es problemático hallar transformaciones globales. Sin embargo, sí se asistió a una multiplicidad de espacios de interacción supraestatales que coexistieron y se superpusieron de forma paralela, lo que tenía que ver con la división del mundo en dos bloques de naturaleza sociopolítica opuesta y en abierta competencia. La Guerra Fría fue un fenómeno global, que afectó en un principio sobre todo a Europa y a Asia oriental, donde surgiría un «telón de bambú» similar al telón de acero. Fue fría, porque en Europa no se llegó a conflictos armados. Fue guerra, porque una carrera armamentística sin precedentes entre dos bloques mantuvo latente el peligro del estallido de una conflagración mundial durante más de cuarenta años. Y no solamente fue una confrontación militar, sino que también lo fue de modelos de sociedad, de economía y hasta de concepción de la cultura.

ENEMIGOS ÍNTIMOS

En las conferencias de Teherán (noviembre-diciembre de 1944) y Yalta (febrero de 1945), celebradas cuando todavía se libraba en la II Guerra Mundial, los Aliados empezaron a diseñar cómo iba a ser el mundo de la posguerra. Pero en ellas fueron mayores los desacuerdos que las coincidencias. Hasta avanzado el año 1944, los Aliados no tuvieron plena seguridad de que ganarían la guerra. Cuando empezó a ser evidente, tras el desembarco angloamericano en Normandía (junio de 1944) y la ofensiva soviética en el frente oriental, que llevó al Ejército Rojo a conquistar buena parte de la Europa danubiana y balcánica en el verano, los Aliados aún no tenían un plan definido sobre cuál iba a ser el futuro.

Hitler, por el contrario, todavía abrigaba a principios de 1945 la esperanza de que el choque entre capitalismo y comunismo, entre aliados occidentales y soviéticos, fuese inevitable. Y los conflictos internos entre procomunistas y conservadores que habían surgido entre 1944 y 1945, una vez expulsados los nazis de sus territorios, en el seno de los ejércitos partisanos griego, yugoslavo o albanés, preludiaban igualmente que a una guerra entre fascismo y antifascismo sucedería un conflicto entre comunismo y anticomunismo. No era una divisoria inédita, ya que reproducía las líneas de fractura ya dibujadas al acabar la I Guerra Mundial en las guerras civiles finlandesa (1917-1918) o rusa (1917-1922).

En la conferencia de Potsdam (julio de 1945), cuando la guerra en el Pacífico todavía no había concluido, se agrandaron las diferencias entre los Aliados, particularmente entre angloamericanos y soviéticos, divididos acerca de qué hacer con Alemania y con los territorios de Europa centro-oriental. Sin embargo, se instituyó una Comisión de Control cuatripartita para la Alemania dividida en zonas de ocupación; se acordó la creación de un tribunal especial para la persecución y castigo de los crímenes de guerra del III Reich; la celebración de elecciones en Austria, a la que se restituía su soberanía, y la aplicación de los tratados de paz con los Estados aliados de Alemania. Eran soluciones provisionales, pues ni se había firmado un tratado de paz con Alemania, ni existía certeza sobre cuáles serían sus fronteras y su estatus político futuro.

Pronto se manifestaron los primeros roces. En septiembre de 1945 la Conferencia Interaliada de ministros de Asuntos Exteriores rechazó los borradores de tratado de paz con los antiguos aliados del III Reich (Rumanía, Hungría y Bulgaria) que fueron presentados por la URSS, pues no contemplaban la restauración de democracias parlamentarias. El presidente norteamericano Harry S. Truman declaró dos meses más tarde que los EE. UU. no reconocerían gobiernos impuestos por potencias ocupantes. Stalin replicó a principios de febrero de 1946 que las contradicciones del capitalismo occidental conducirían de forma inevitable al estallido de una nueva guerra, provocada por el militarismo y el imperialismo angloamericano. Unos días más tarde, el diplomático George E. Kennan, agregado en Moscú y experto sovietólogo, redactó el llamado «telegrama largo» (8000 palabras). En él, denunciaba la voluntad soviética de propagar el comunismo a todo el mundo con ayuda de los partidos comunistas, calificaba la política exterior de la URSS de agresiva y expansionista, y abogaba por una postura inflexible por parte de los Estados Unidos hacia los soviéticos y sus pretensiones de controlar Europa oriental. Cualquier disposición al compromiso sería interpretada como debilidad por Stalin.

Los informes del diplomático británico Frank Roberts incidían en argumentos similares: la URSS era para Gran Bretaña un peligro potencial igual o mayor que el que había sido el III Reich en 1939, no solo por encarnar el expansionismo comunista, sino por heredar las tendencias chauvinistas e imperialistas del antiguo imperio zarista. Varios hechos parecían confirmar esa percepción. Las tropas soviéticas no se retiraban de Irán, al contrario de lo pactado previamente, intentando mantener posiciones en una zona estratégica por sus reservas de petróleo. Y pretendían también obtener puntos de apoyo en el Mediterráneo para controlar las rutas a Oriente Medio, ejerciendo cierta presión sobre Turquía. La intervención diplomática norteamericana llevó finalmente a la retirada soviética de territorio iraní en abril de 1946.

En marzo de 1946, en un discurso pronunciado en Fulton (Missouri), el exprimer ministro británico Winston Churchill manifestaba los temores que hasta entonces los círculos políticos occidentales no habían hecho públicos. Desde Stettin (Szczecin), en el Báltico, hasta Trieste, en la costa adriática, los soviéticos habrían trazado un «telón de acero» —traducción usual en castellano de la expresión original, iron curtain o cortina de hierro—, detrás del cual Occidente no sabía muy bien qué ocurría. Los «rusos», admitía Churchill, no deseaban otra guerra, pero sí recoger los frutos de la pasada confrontación. Solo una oposición firme y una alianza militar duradera de los aliados occidentales les harían desistir de sus propósitos expansionistas. Los asesores de Truman advertían cuatro meses después de que el objetivo de la URSS consistía en «provocar una guerra de agresión en cada lugar del mundo» donde le fuera posible. Para confinar el influjo soviético a sus fronteras, los EE. UU. deberían mostrarse dispuestos a utilizar armamento nuclear y biológico y una fuerza aérea estratégica.

En septiembre de ese año los soviéticos respondieron con otro comunicado, en el que sostenían que EE. UU. utilizaba su dominio en el mundo capitalista para afianzar su superioridad militar, y así desencadenar una nueva guerra que asegurase su hegemonía, destruyese al competidor socialista y garantizase el triunfo del capitalismo. Stalin estaba convencido de que, antes o después, Gran Bretaña rompería con los EE. UU. y entraría en guerra con su aliado, por ser la rivalidad entre los diversos países capitalistas inevitable.

LA SOMBRA DE LA HOZ Y EL MARTILLO

La alarma de los aliados occidentales provenía del hecho de que en Francia o Italia los partidos comunistas obtenían buenos resultados en las elecciones legislativas celebradas después del fin de la guerra. Y, sobre todo, de la constatación de que la mitad de Europa estaba controlada, en la práctica, por las fuerzas armadas soviéticas. Mas británicos y norteamericanos sobrevaloraban las intenciones expansionistas de la URSS.

Para Stalin, lo fundamental, ganada la guerra, era asegurar su poder, su régimen, su país y su ideología, por este orden. Reivindicaba que a la Unión Soviética correspondían las mayores ganancias territoriales, y no solo la recuperación de sus fronteras de 1941; también demandaba reparaciones económicas a costa del vencido, para lo que procedió a desmantelar industrias en Alemania Oriental. Sin embargo, la URSS estaba destrozada y exhausta tras cinco años de guerra total; el país necesitaba ser reconstruido y disfrutar de paz. No menos importante para Stalin era reprimir todo conato de liberalización dentro del régimen, que buena parte de los ciudadanos de la URSS creían haberse ganado tras los sacrificios de guerra. A largo plazo, sin embargo, Stalin confiaba en poder dominar Europa mediante una mezcla de diplomacia y fuerza: la crisis inevitable del capitalismo y el prestigio demostrado por el régimen socialista durante la guerra, según su análisis, harían caer al conjunto del continente como fruta madura en su área de influencia.

La URSS no disponía de un plan para conquistar toda Europa. En la articulación del área de influencia soviética en Europa oriental predominaron la improvisación y la adaptación a las circunstancias. De hecho, no en todas partes se impuso el comunismo. Stalin permitió que Finlandia mantuviese un estatus de neutralidad, tras la firma de la paz en el verano de 1944. Desconfiaba a menudo de los comunistas de Europa oriental y sus veleidades nacionalistas. La dirigencia soviética carecía de experiencia imperial suficiente para saber cómo gestionar de forma indirecta un conjunto de Estados satélites no integrados en la URSS, al contrario de la doctrina aplicada en Asia Central o en el Cáucaso. Tampoco sabía muy bien cómo gestionar el nuevo y atípico imperio, compuesto por una serie de protectorados de hecho, aunque no de derecho. En el fondo, los presupuestos estratégicos de Stalin y sus colaboradores seguían siendo más defensivos que ofensivos, y estaban todavía influidos por la experiencia zarista y de la guerra civil rusa: la URSS necesitaba protegerse del asedio capitalista mediante una suerte de «glacis defensivo» en Europa oriental.

El área de influencia soviética era, en primer lugar, una zona de seguridad militar, concebida como un cinturón defensivo de la URSS, que en parte reproducía la formulación estratégica de los bolcheviques en 1918-1922. Dentro de ella, y como consecuencia de la teoría de Stalin, según la cual quien controlaba militarmente un área tenía derecho a instaurar su sistema político, y el dominio de media Europa por su ejército demostraba ni más ni menos la superioridad del socialismo, se impuso el modelo social y económico de la URSS. Las tropas soviéticas eran consideradas de modo casi unánime como ocupantes incómodos y no como liberadoras del fascismo, pese a la propaganda desplegada, y tanto en Alemania Oriental, donde los soldados soviéticos habían violado a decenas de miles de mujeres germanas, como en Polonia eran muy impopulares.

Además de la capacidad de coerción que suponía la presencia del Ejército Rojo, Stalin utilizó como eficaz ariete a los partidos comunistas nacionales. Fue una imposición paulatina, que siguió la tónica ensayada en parte durante la guerra civil española: la constitución de «repúblicas populares» bajo la hegemonía de un partido comunista o socialista unificado, que agrupase a comunistas y socialistas, que habría de conquistar el poder mediante una combinación de victorias electorales, golpes de mano y presiones sobre las élites de los partidos liberales. En Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y la zona de ocupación soviética de Alemania, los partidos comunistas nacionales, dominados por una élite política estalinista que en la mayoría de los casos había pasado la guerra en Moscú, experimentaron un rápido crecimiento, y procedieron a anular la competencia de otras fuerzas políticas de marchamo antifascista, fagocitando en partidos socialistas unificados —que adoptaron diversos nombres— a socialdemócratas, socialistas y otras tendencias.

Los comunistas nacionales fueron sin duda aupados por el apoyo soviético, pero disfrutaban también de cierta popularidad como fuerza motriz de la resistencia antifascista. En las nuevas repúblicas populares se mantuvo una ficción de sistema político pluralista, en el que incluso partidos pseudofascistas eran tolerados y mantenidos bajo control, pero donde la hegemonía siempre correspondía al partido comunista o socialista unificado. El procedimiento consistía, como resumió el comunista germano-oriental Walter Ulbricht, en que el proceso mantuviese una apariencia democrática, pero «nosotros mandamos».

Entre la Unión Soviética y sus nuevos aliados subordinados se impuso una relación teórica de amistad, mas en la práctica de dominación diplomática y militar. Empero, esa relación también reflejaba algunos de los déficits del poder soviético, eficaz solo como superpotencia militar, pero no tanto en el terreno económico y cultural. Quizá por ello la URSS fue incapaz de mantener a la Yugoslavia del carismático general guerrillero Josip Broz Tito dentro de su bloque de influencia. Tito, cuyo ejército había autoliberado Yugoslavia antes de la llegada del Ejército Rojo, no estaba dispuesto a sacrificar la soberanía nacional a la solidaridad ideológica. Tras la ruptura de relaciones con la Unión Soviética en junio de 1948 y su expulsión de la naciente comunidad de países socialistas, impuso un sistema comunista heterodoxo, no sujeto a las directrices políticas de Moscú. Por ello, fue tolerado por los aliados occidentales, cuya prioridad estratégica era impedir el acceso de la URSS al Mediterráneo.

RECONSTRUIR INTERESA

En 1947 el Gobierno norteamericano decidió tomar la iniciativa frente a lo que consideraba una estrategia soviética para extender el comunismo a todo el continente europeo. En febrero de ese año, el Gobierno de Londres anunció que no podía seguir financiando al régimen militar griego en su lucha contra el ejército guerrillero controlado por los comunistas, que tras la expulsión de los ocupantes alemanes en 1944 había mantenido una tensa relación con los monárquicos y conservadores griegos sostenidos por las tropas británicas. El influjo del viejo imperio fue sustituido por el nuevo poder norteamericano, en lo que constituyó una dejación simbólica por parte de Londres en un área donde ejercía un control geopolítico desde el siglo XIX.

El Gobierno estadounidense puso en práctica por primera vez la llamada estrategia de la contención, cuyo objetivo consistía en frenar a toda costa la expansión comunista en Europa. Se enmarcaba dentro de la doctrina enunciada por el presidente Truman en un discurso ante el Congreso de los EE. UU. el 12 de marzo de 1947, o doctrina Truman. Sus puntos principales eran simples, pero contundentes. El conflicto entre capitalismo y comunismo suponía una lucha entre libertad y totalitarismo; era deber de los EE. UU. apoyar a los «pueblos libres» que se oponían a presiones externas o de minorías armadas. No había espacio para una Europa autónoma que no estuviese sometida al liderazgo político y militar norteamericano. Aunque los comunistas griegos fueron apoyados principalmente por el régimen comunista yugoslavo, Albania y Bulgaria, y Stalin no envió recursos a los insurgentes helenos, de los que desconfiaba, los EE. UU. acusaron a la Unión Soviética de intentar expandir su influencia en el Mediterráneo.

Junto a la iniciativa en materia militar, los EE. UU. concibieron el plan de ayudar a la rápida reconstrucción económica de Europa, con el fin de impedir el avance de los partidos comunistas en su parte occidental al compás del descontento social. Esa reconstrucción era especialmente urgente en Alemania. La cuestión alemana se convirtió de nuevo en el dilema básico de la política europea de alianzas. Quien controlase el espacio geográfico germano, controlaría todo el continente. Por ello, solo cabía oponer al influjo soviético en la zona de ocupación oriental una integración consecuente en el terreno económico de las áreas de Alemania situadas bajo la administración anglonorteamericana y francesa.

En julio de 1948, a iniciativa del secretario de Estado George Marshall, se lanzó el llamado Plan de Recuperación Europea o Plan Marshall, un programa de ayudas destinado a la reconstrucción de las infraestructuras económicas de los países europeos, consistente en un conjunto de préstamos a bajo interés, subvenciones a fondo perdido y ventajosos acuerdos comerciales. La URSS y los Estados ya situados bajo su órbita fueron invitados a beneficiarse de las condiciones del plan, pero estas eran inaceptables para Moscú (someterse a controles externos e integrarse en un mercado europeo), que presionó a Polonia y Checoslovaquia para que no se acogiesen al mismo. Además, el disfrute de las ayudas implicaba remodelar los gobiernos de coalición, expulsando de ellos a los ministros comunistas, lo que ocurrió en Italia y Francia.

El plan tuvo una vigencia de cinco años, y de él se beneficiaron en total 16 países, incluidas las tres zonas de Alemania bajo control británico, francés y estadounidense, favoreciendo su integración en el área de influencia económica occidental. Durante ese período, los Estados europeos que ingresaron en la recién fundada Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) recibieron un total de trece mil millones de dólares, y servicios de asistencia técnica. El plan también incluía un programa de reconstrucción de ciudades devastadas. Una vez completado, la economía de todos los países participantes, excepto la recién fundada República Federal de Alemania (RFA), había conseguido superar los niveles previos a 1939.

Es discutible cuál fue el impacto real del Plan Marshall sobre las tasas de crecimiento. Su objetivo también consistía en difundir técnicas de gestión de inspiración norteamericana, y abrir mercados para la propia industria del país prestatario, para el que una Europa empobrecida podía suponer una complicación para sus finanzas y su comercio. Sin embargo, existe cierto consenso en que el Plan Marshall contribuyó a aumentar los intercambios económicos dentro de Europa occidental y nórdica, terminó con la escasez de divisas y actuó como un estímulo decisivo para la reconstrucción de posguerra. En los EE. UU., el Plan hizo posible que su economía superase la crisis de superproducción que siguió al fin de la guerra, y mantuvo la demanda para las exportaciones estadounidenses. Además, sirvió con eficacia a sus objetivos ideológicos: consolidar unas clases medias que apuntalasen la estabilidad de los sistemas democráticos, evitando que la miseria abonase el campo a la difusión del comunismo. Por otro lado, el llamado Plan de Ayuda y Rehabilitación puesto en práctica por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 1944 y 1947 permitió suministrar ayuda a varios millones de refugiados o personas desplazadas.

Stalin reaccionó al Plan Marshall con la creación de la Kominform, Oficina de Información Comunista, cuyo objetivo era coordinar las fuerzas que se oponían al «imperialismo» americano y a los restos del fascismo, en nombre de la democracia y el antifascismo. Señalaba así una de las líneas argumentales predilectas: la de la continuidad entre fascismo e imperialismo capitalista. Para compensar a los países de Europa oriental, también creó una suerte de remedo del Plan Marshall, conocido primero como Plan Molotov, por el nombre del ministro soviético de Exteriores, cuyo objetivo era facilitar subsidios e intercambios dentro de la Europa controlada por la URSS. De ella surgiría más tarde, en 1949, el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON).

DE PRAGA A BERLÍN

A lo largo de 1947, el dominio comunista se había consolidado, mediante una combinación de métodos coercitivos y pseudodemocráticos, en la mayor parte de los Estados de Europa centro-oriental. Solo faltaba Checoslovaquia, donde los partidos democráticos y liberales conservaban aún una fuerza que les permitía contrarrestar el ascenso del Partido Comunista. En febrero de 1948, mediante un golpe de fuerza orquestado en conjunción con sectores del ejército, la policía y los sindicatos, los comunistas tomaron el poder y expulsaron al resto de partidos de la coalición de gobierno. La opinión pública occidental y norteamericana vio en el «golpe de Praga» una premonición de que, como diez años antes, un nuevo dictador se apropiaba del Estado checoslovaco, siguiendo un premeditado plan de dominio continental. En los círculos militares se daba por posible e inmediata una guerra contra los soviéticos.

La inclusión de las zonas de ocupación aliada de Alemania en los beneficios del Plan Marshall, contraviniendo los acuerdos contemplados en la Comisión de Control interaliada que administraba el territorio germano, implicaba además la refundación del marco alemán como moneda común a las tres zonas occidentales. En marzo de 1948 los soviéticos protestaron por la reforma monetaria alemana. Los aliados occidentales y los Estados del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) decidieron de forma paralela la creación de un Estado alemán occidental, pese a las reticencias francesas al resurgimiento de su enemigo histórico. El mayor temor, ahora, no era el derrotado militarismo prusiano, sino el llegar a ver «la hoz y el martillo en el Rin».

Como represalia, Stalin decretó el cierre de las vías terrestres y fluviales de comunicación entre Berlín Occidental y el resto del territorio alemán bajo administración de los aliados occidentales, imposibilitando el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad. Los aliados respondieron con una gigantesca operación de avituallamiento aéreo, el llamado puente aéreo, que mantuvo durante varios meses los suministros a la parte occidental. Era un esfuerzo titánico, pues suponía abastecer diariamente las necesidades básicas de 2,5 millones de personas, que requirió altas dosis de inventiva, coordinación técnica y perseverancia. Pero el puente aéreo funcionó, sin que los soviéticos osasen derribar un solo avión occidental.

El bloqueo de Berlín constituyó la primera batalla virtual de la Guerra Fría. Fue librada, sobre todo, en el ámbito de la propaganda: si la URSS presentaba a los aliados capitalistas como adalides del rearme alemán, los estadounidenses se ganaron rápidamente las simpatías de la población de Alemania Occidental, que los contempló como benefactores y bondadosos ocupantes. La imagen de los alemanes también se transformó a ojos de la opinión pública anglonorteamericana, pues pasaron a ser vistos como aliados en una causa común, superando muchos de los rescoldos de odio que había dejado la guerra mundial. Las dudas en Europa occidental acerca de la estrategia angloamericana de contención desaparecieron. El puente aéreo hizo inútil la presión soviética, y además representaba una humillación diaria, pues la proeza logística podía ser vista como una demostración implícita de la «superioridad» del capitalismo. Al final, tras varios meses la URSS reconoció su derrota y levantó el bloqueo del sector occidental en mayo de 1949.

La nueva política estadounidense consistió en favorecer la constitución de una Alemania Occidental económicamente viable y políticamente estable, que actuase de centro impulsor de la prosperidad europea y sirviese de baluarte frente a la penetración soviética. En consecuencia, en julio de 1948 el presidente Truman anuló el llamado Plan Morgenthau, que había sido acordado con los soviéticos en 1945, por el que se preveía reducir a Alemania a un estadio preindustrial y agrario para anular su poder en el futuro.

Los acontecimientos se precipitaron. Tras la firma en marzo de 1948 del Pacto de Bruselas entre Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en el que sellaban una alianza defensiva que servía de primer precedente, en abril de 1949, y en parte como consecuencia de los estrechos vínculos que unieron a los aliados occidentales durante el bloqueo de Berlín, se constituyó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El paso suponía vincular formalmente a los EE. UU. a la defensa de Europa occidental e institucionalizar la Guerra Fría. En agosto de ese año la URSS consiguió detonar su primera bomba atómica, con lo que el equilibrio militar estratégico, al menos en teoría, se restablecía.

En mayo de 1949, mediante la fusión de las tres zonas de ocupación francesa, británica y norteamericana, más Berlín Occidental, se fundó la República Federal de Alemania (RFA). Cinco meses más tarde, y como respuesta, surgió en la zona de ocupación soviética de Alemania la República Democrática Alemana (RDA). En 1955, tras largas negociaciones y superar las reticencias francesas, la RFA sería autorizada a reconstruir sus fuerzas armadas, después de rechazar las propuestas soviéticas, que insistían en la alternativa de una Alemania unificada con estatus desmilitarizado y neutral, al estilo de Finlandia o Austria. No obstante, la militarización de la RFA pasó a ser considerada por los EE. UU. como un pilar estratégico de la defensa de Occidente. En consecuencia, la RFA, bajo la égida del canciller conservador Konrad Adenauer entre 1949 y 1963, se convirtió en miembro de pleno derecho de la OTAN.

CONTENCIÓN Y GUERRA EN ASIA

El triunfo de los comunistas de Mao Zedong sobre los nacionalistas conservadores del Kuomintang, apoyados por los EE. UU., y el establecimiento de la República Popular China en octubre de 1949, así como el avance de movimientos anticoloniales de orientación comunista en varios territorios del Sudeste asiático, llevaron a los EE. UU. a reforzar y generalizar en otros continentes la estrategia de contención del comunismo, imprimiéndole además un giro más radical. Según los postulados del memorándum NSC 68 de la Administración Truman en 1950, los EE. UU. estaban implicados en una lucha de civilizaciones con la URSS, por lo que procedieron a cuadriplicar el gasto militar, preparándose para una guerra en todos los frentes, y asimismo incrementaron la producción de armamento convencional y nuclear.

Una de las aplicaciones más evidentes de la teoría de la contención, y que sirvió a las élites occidentales para reforzar sus pronósticos acerca de la estrategia soviética, tuvo lugar en un escenario hasta entonces lateral: la península de Corea. Desde el final de la ocupación japonesa en 1945 habían surgido en su territorio dos Estados dictatoriales: uno comunista en el norte, bajo el liderazgo carismático del líder guerrillero Kim Il-sung, y otro prooccidental en el sur. Las elecciones de 1948 consolidaron su existencia, fijándose como frontera el paralelo 38.

En junio de 1950, tropas norcoreanas cruzaron la frontera, con apoyo logístico soviético y chino. Truman reaccionó con rapidez y ordenó la movilización de tropas americanas, y a las pocas horas consiguió un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU creada cinco años antes. La jugada fue posible por la ausencia temporal de la URSS en el Consejo, en protesta por el rechazo inicial en el foro a la China Popular como legítimo Estado chino, en vez del derrotado gobierno prooccidental refugiado en Taiwán. La reacción occidental sorprendió a Stalin, que había accedido al plan de invasión de Kim Il-sung en la convicción de que sería un paseo militar para los norcoreanos.

Los EE. UU. desplegaron fuerzas terrestres en Corea del Sur y llevaron a cabo un bloqueo y un bombardeo de Corea del Norte. A ellos se unieron contingentes de hasta 15 países bajo el paraguas de la ONU, si bien los EE. UU. proporcionaban más de la mitad de los efectivos (350 000 soldados) y financiaban el conjunto de la operación. Una vez hubo estallado la guerra, Stalin insistió en mantenerla a toda costa, mediante suministros militares a Corea del Norte, mientras que la China Popular desplegó tropas directamente en Corea para combatir el avance hacia el norte de las tropas americanas y sus aliados.

A finales de 1952 la guerra, que había causado fuertes pérdidas en ambos bandos, había llegado a un punto de empate técnico. El alto el fuego se aprobó en julio de 1953, después de que Stalin hubiese fallecido. Se restablecía la frontera entre las dos Coreas en el paralelo 38, con una zona desmilitarizada. Por parte norteamericana se registraron 36 000 bajas mortales; coreanos y chinos sufrieron más de 1,7 millones de bajas, a lo que se añadió la muerte de tres millones de civiles coreanos.

Tras la guerra de Corea se reforzó el nuevo statu quo. Las relaciones entre China y el bloque occidental quedaron seriamente dañadas durante dos décadas, mientras que los EE. UU. protegieron la soberanía de la isla de Taiwán, donde los nacionalistas de Chiang Kai-shek habían fundado la República de China, y formalizaron alianzas militares con Japón, cuya reconstrucción económica y estabilización política también favorecieron de forma decidida. Igualmente, los EE. UU., junto a Francia y Gran Bretaña, crearon un cordón de alianzas militares con Australia, Pakistán, Tailandia y Filipinas, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO, constituida en 1954), que garantizaría al bloque occidental el disfrute de una serie de bases militares a lo largo de la costa asiática del Pacífico. Se eliminó toda prevención al rearme de Alemania, y se aplicaron con mayor intensidad las directrices del memorándum NSC 68. La guerra de Corea supuso la consolidación y radicalización de la Guerra Fría.

Ambas superpotencias disponían del arma nuclear, cuyo empleo contra las ciudades de la retaguardia o contra las fuerzas militares del enemigo constituiría a partir de ahora un elemento esencial de toda estrategia. Sin embargo, la capacidad destructiva del arma atómica encerraba una paradoja: nadie podía estar seguro de la victoria total, pues por muy menguadas que resultasen las reservas del enemigo, su capacidad de respuesta restante podía ser suficiente para asegurar la mutua destrucción de los rivales.

FUEGOS DE ARTIFICIO

En 1953 se produjeron cambios significativos en el liderazgo político de ambos bandos, que dieron lugar a una nueva fase de la Guerra Fría. En enero, el general Dwight D. Eisenhower sustituyó a Truman como presidente de los EE. UU. Entre sus prioridades iniciales figuraba la reducción de los gastos de Defensa. En marzo, Stalin falleció de forma repentina. Tras un período de incertidumbre e intrigas palaciegas en el Kremlin, el nuevo hombre fuerte de la URSS fue el ucraniano Nikita Kruschev, quien acometió una política de denuncia de los crímenes de Stalin y el exceso del culto a la personalidad, sancionada por su discurso ante el XX Congreso del Partido Comunista (PCUS) en enero de 1956.

La desestalinización no se tradujo de inmediato en una disminución de los tonos belicistas de las élites políticas de ambos bandos. Frente a la posición más conciliadora de Churchill, desde 1951 de nuevo primer ministro británico, Eisenhower mantenía que en el Kremlin nada cambiaría. En los EE. UU. estaba reciente el clímax de histeria anticomunista alimentado por la guerra de Corea, que había tenido una traducción en las actividades casi inquisitoriales del senador Joseph R. McCarthy y su Comité de Actividades Antiamericanas, obsesionado con detectar procomunismo en cualquier crítica pública a la política norteamericana. El secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, reinterpretó en 1954 la teoría de la contención, al admitir el posible uso de armas nucleares como represalia masiva (massive retaliation) en caso de agresión soviética. No solo se trataba de contener, sino de roll back, de repeler el avance de Moscú y de acometer una «activa política de liberación» de los «pueblos esclavizados por el comunismo». Había que correr riesgos diplomáticos y mostrarse dispuestos a llegar al borde mismo de la guerra. Los estrategas militares norteamericanos estaban convencidos, además, de que el arma nuclear otorgaba gran ventaja a los EE. UU., y que era mucho más barata que el mantenimiento de fuerzas armadas convencionales. La estrategia consistía en no admitir conflictos nucleares de alcance intermedio, sino solo prepararse para uno de carácter global, en la confianza de que eso bastaría para evitarlo.

En buena medida, empero, se trataba de fuegos de artificio retóricos. La política de Eisenhower no se diferenció en esencia de la estrategia de contención de Truman. Sí optó por la ayuda directa a aquellos Estados que se mostrasen dispuestos a resistir la presión soviética, en particular desde la crisis de Suez de 1956. Dos años después, la lista de Estados a los que EE. UU. se mostraba dispuesto a prestar apoyo militar y económico directo ascendía a 45.

Desde 1957 hasta 1961, Kruschev alardeó en público —que no en privado— de su confianza en la superioridad nuclear de la Unión Soviética, basándose sobre todo en las ventajas de sus misiles intercontinentales. A eso se añadía su convicción en que la superioridad del sistema social y económico del socialismo real se demostraría en el largo plazo, y llevaría a una victoria ineludible del bloque soviético. Ante el previsible colapso del capitalismo, presa de la agudización de sus propias contradicciones, la URSS solo tendría que esperar a ver pasar el cadáver de su enemigo, perfeccionando su sistema económico y prestando más atención a las necesidades y al Bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, Kruschev rechazaba que la guerra entre capitalismo y socialismo fuese inevitable y formuló la doctrina de la coexistencia pacífica entre ambos sistemas. De manera especular, los EE. UU. y sus aliados confiaban en la superioridad de los principios de la democracia liberal y de la economía de mercado. A mediados de la década de 1960 la lucha ideológica había quedado aparcada frente a los objetivos geopolíticos de carácter militar y económico.

En Europa, la situación seguía estancada. Las tropas norteamericanas estaban apostadas en varias bases repartidas por el territorio de la RFA, además de en otros puntos e incluso, andando el tiempo, en España; y las divisiones soviéticas seguían estacionadas en varias repúblicas populares, en particular en Alemania Oriental. Con el fin declarado de contrarrestar el rearme alemán tras su ingreso en la OTAN, los países de la órbita soviética establecieron una alianza militar en 1955, el Pacto de Varsovia, que daba cobertura formal a las redes de defensa mutua ya constituidas por la URSS con sus países satélites desde 1949.

La desestalinización interna de la URSS causó al principio cierto estupor entre los países satélites de Europa oriental, donde se habían consolidado varios autócratas a imagen y semejanza de Stalin, y generó algunas expectativas de cambio, rápidamente reprimidas, como mostraron las fallidas protestas obreras en Berlín Oriental en junio de 1953, y en particular la revolución húngara de 1956, después de que el Gobierno reformista de Imre Nagy plantease de forma abierta la posibilidad de que Hungría abandonase la órbita soviética. Los tanques del Pacto de Varsovia invadieron el país y reprimieron la revuelta, ante la mirada expectante y solidaria, pero pasiva, de Occidente, que no estaba dispuesto a arriesgarse a una nueva guerra. Con ello, se certificaba una de las reglas de juego implícitas de la Guerra Fría: el respeto a las posiciones de los contendientes dentro de sus respectivas áreas de influencia consolidadas en los años cuarenta.

En particular, el atípico estatus de la ciudad de Berlín, capital dividida en dos mitades dentro de una Alemania dividida, continuó siendo un escenario de disputa. Tanto la RDA como la Unión Soviética rechazaban la mera existencia de un enclave capitalista dentro del bloque socialista, que además actuaba como un irresistible imán para la inmigración de miles de jóvenes y familias germano-orientales que utilizaban la libertad de movimientos dentro de la ciudad para huir a Occidente. La RDA reaccionó erigiendo sin previo aviso en el verano de 1961 un muro de cemento y alambre que separaba físicamente las zonas occidental y oriental de la ciudad, estableciendo una barrera prácticamente insalvable para el libre tránsito de personas. El llamado Muro de Berlín se convirtió así en el símbolo más visible y emblemático de la división de Europa hasta 1989.

Igualmente, tuvo lugar una ruptura de relaciones entre la República Popular China y la URSS, cuyos máximos dirigentes, Mao y Stalin, habían mantenido una cordial relación, habían cerrado una alianza en 1950 y habían coincidido en la necesidad de colaborar en la tarea de la difusión del comunismo, así como en la «defensa» frente al imperialismo capitalista. Mao Zedong defendió la figura de Stalin y acusó a Kruschev de desviacionista de los fines revolucionarios del comunismo. El enfrentamiento, además de traducir una disputa por el liderazgo del movimiento comunista internacional que duraría décadas, tuvo una primera traducción en el incremento de la tensión en la frontera chino-soviética, que en la década siguiente culminaría en varios incidentes armados.

BARBUDOS EN LA HABANA

El triunfo de la revolución cubana en enero de 1959 supuso un nuevo punto de inflexión, y la irrupción de la lógica de la Guerra Fría en el tradicional patio trasero de los EE. UU., América Latina. Washington había sostenido el régimen corrupto y sátrapa de Fulgencio Batista, derrocado por los revolucionarios de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, y en un principio acogió con cierta expectación al nuevo régimen, cuyo impulso nacionalista, romántico y regenerador le había granjeado amplias simpatías. Sin embargo, pronto las medidas nacionalizadoras y la reforma agraria decretadas por el Gobierno de Castro perjudicaron los intereses norteamericanos en la isla, con lo que rápidamente se deterioraron las relaciones diplomáticas entre Cuba y los EE. UU., que temían la consolidación de un Estado díscolo a 150 kilómetros de su costa. A la ruptura de las relaciones diplomáticas siguieron sanciones comerciales y la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ernesto Che Guevara.

IGDA.

El apoyo estadounidense al fallido intento de invasión por parte de 1500 exiliados anticastristas en Playa Girón (abril de 1961), que no fue secundado por una rebelión popular, como esperaba la Agencia Central de Inteligencia (CIA, fundada en 1947), y el bloqueo económico al que Washington sometió a la isla, empujaron al régimen cubano de manera decidida a los brazos del bloque del Este, opción alimentada por los sectores comunistas del régimen revolucionario. Cuba estrechó sus vínculos con la URSS, ya establecidos en 1960, recibiendo ayuda económica y logística soviética. Y el derrocamiento de Fidel Castro devino en obsesión para la Administración norteamericana.

A mediados de 1962, el espionaje norteamericano detectó la construcción en Cuba de rampas de lanzamiento para misiles nucleares soviéticos. Castro y la URSS justificaron la medida como una necesidad defensiva para evitar una nueva invasión de Cuba. Con todo, se trataba de una respuesta soviética a la instalación por parte de la OTAN de misiles en Gran Bretaña, Italia y Turquía, que serían capaces de alcanzar territorio de la URSS, que en aquel momento se sentía, a su vez, en inferioridad en la carrera armamentística y necesitaba de un golpe de efecto. Como escribió Kruschev en sus memorias, se trataba de hacer probar a los EE. UU. su propia medicina, la sensación de estar cercado por misiles enemigos. En octubre, la marina norteamericana estableció un bloqueo naval para interceptar los convoyes marítimos soviéticos que transportaban las armas nucleares, desplegó fuerzas navales en el Caribe y aisló a Cuba. El presidente John F. Kennedy dirigió un ultimátum a la URSS para que detuviese la instalación de misiles, bajo la amenaza de represalias nucleares masivas.

El mundo asistió atónito a dos semanas de intensa tensión diplomática, jalonada por el derribo de dos aviones espías norteamericanos y un incidente con un submarino soviético que estuvo a punto de lanzar un misil nuclear. Kruschev, que temía que en Washington se impusiesen los militares partidarios de un ataque preventivo —al que la URSS no estaría en condiciones de responder—, accedió a retirar los misiles en Cuba. A cambio, los EE. UU. se comprometieron a respetar la soberanía de la isla y a llevarse sus propios misiles del territorio turco, lo que se realizó en secreto. Kennedy, sin embargo, apareció ante la opinión pública mundial como el ganador del envite, pero para los sectores más conservadores de la sociedad norteamericana, incluido el cada vez más influyente lobby de los cubanos anticastristas exiliados, había cedido al chantaje y renunciado a acabar con la Cuba comunista. En parte por ello, esos sectores aplaudieron el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963.

En teoría, el pulso diplomático-militar quedó en tablas. Había sido una partida de póquer en la que Kruschev, una vez más, se tiró un inmenso farol, aunque siguen sin estar claros sus propósitos y, sobre todo, si calculó fríamente la jugada. Pero la opinión pública mundial había sentido cercano el aliento de la posibilidad de una guerra nuclear. Se había demostrado además que, en el caso de producirse una inesperada escalada de tensión, las élites políticas de las dos superpotencias podían caer fácilmente en valoraciones erradas de la fuerza e intenciones del contrario, y tomar decisiones imprevisibles. Tampoco se podía descartar que un comandante o un capitán de submarinos nervioso disparase un misil por su cuenta. En parte por ello, el Kremlin y la Casa Blanca acordaron, en julio de 1963, la instalación de una línea de comunicación directa a la que recurrir en casos de crisis, el llamado «teléfono rojo». Y en agosto se firmó un acuerdo de prohibición de experimentos nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y en las profundidades marinas.

La crisis de los misiles de Cuba fue el último enfrentamiento directo entre Este y Oeste. En ella, se acabó imponiendo el criterio de los políticos contra el de los militares, de las palomas frente a los halcones, lo que constituyó una lección para el futuro. Pero los líderes norteamericanos también sacaron la optimista conclusión de que, si se demostraba firmeza, los comunistas cedían. Esto les llevaría a un exceso de confianza que pagarían caro en los años sucesivos.

A la crisis siguió una nueva fase de distensión. Y en ambos bandos cundía el desasosiego ante el incremento exponencial de los costes de la carrera armamentística, así como la incertidumbre acerca de quién tendría la capacidad de «golpear primero». En lo sucesivo, los conflictos entre los dos bloques se desplazarían a escenarios laterales, tanto en África como en Asia y Oriente Medio, por medio de terceros países que sirvieron de aliados y, a veces, de intermediarios. Un proceso cuyo cénit se alcanzó en la década de 1960 facilitó el proceso: el fin de los imperios europeos.

LA DESCOLONIZACIÓN

A partir de 1945 los Estados nacionales europeos fueron en medida creciente Estados postimperiales. El proceso de descolonización siguió de manera inmediata al fin del conflicto mundial, y atravesó por diferentes fases hasta 1975; algunas de sus heridas, como la cuestión del Sahara Occidental, siguen todavía pendientes de resolución en el siglo XXI. Los conflictos armados entre los colonizados y los colonizadores se vieron a menudo agravados por la presencia de importantes núcleos de colonos europeos. Y, a menudo, las tensiones interétnicas o religiosas se agravaron tras la retirada de los colonizadores.

Al poco de concluir la guerra mundial se puso en evidencia la crisis de los Estados coloniales consolidados en el último tercio del siglo XIX. Gran Bretaña concedió en 1947 la independencia a la India y Palestina, después de que el Gobierno laborista de Attlee constatase que los recursos del Gobierno de Londres, exhaustos tras seis años de guerra, no eran suficientes para garantizar al mismo tiempo un Estado del Bienestar en casa, el estatus de gran potencia y el mantenimiento de una estructura militar a escala mundial. Birmania (1949, tras una sublevación comunista) y Ceilán (1948, después llamada Sri Lanka) siguieron poco después, mientras los Países Bajos cedían su dominio, ya debilitado por la agitación nacionalista, en Indonesia tras un frustrado intento de recolonización en 1949.

Francia, sin embargo, adoptó una postura inflexible. En Madagascar, la Legión Extranjera reprimió con extrema dureza una primera rebelión nacionalista en 1947-1948. En Indochina, el poder colonial había sido expulsado por los japoneses. A su retorno, los franceses se negaron a pactar con la autoproclamada República del Vietnam y su líder, el guerrillero comunista Ho Chi Minh. Reimpusieron un gobierno títere y se enfrascaron en una cruenta guerra de desgaste contra los guerrilleros vietnamitas, apoyados por China, en la que comprometieron buena parte de sus tropas de élite, pero no llegaron a enviar soldados de recluta. La terrible derrota francesa en Dien Bien Phu (1954), en la que diez mil soldados europeos perdieron la vida, obligó a París a aceptar una negociación, de la que salieron dos Estados vietnamitas: uno en el norte, comunista, y otro en el sur, teóricamente democrático pero que enseguida, bajo Ngô Dinh Diêm, adquirió un perfil autocrático. También se constituyeron los reinos de Laos y Camboya. En los años sucesivos, con la excepción de Tailandia, Indochina se convertiría en el escenario de cruentos combates entre partidarios de Occidente y procomunistas.

La victoria comunista en China, las consecuencias de la guerra de Corea y el agravamiento de la Guerra Fría llevaron a que los EE. UU., hasta entonces favorables a la descolonización, mudasen de parecer y pasasen a considerar el mantenimiento del statu quo colonial como un baluarte frente al avance del comunismo, y los mercados protegidos de las colonias como un requisito fundamental para garantizar la recuperación económica de Europa occidental. La nueva táctica norteamericana consistiría en permitir la independencia de nuevos Estados dentro de los antiguos imperios coloniales, siempre que sus élites gobernantes se situasen en el bloque correcto, es decir, el occidental. Todavía en 1956, tanto los EE. UU. como la URSS, en una paradójica confluencia, presionaron a israelíes, británicos y franceses para retirar sus tropas del Canal de Suez, ocupado como reacción a su nacionalización por el Gobierno egipcio, y apoyaron la pretensión de Egipto de convertirse en un poder regional. Pero, a partir de principios de la década de los cincuenta, los líderes nacionalistas anticoloniales acostumbraban a ser vistos como caballos de Troya del comunismo soviético, como se expresó en el derrocamiento del Gobierno del doctor Mosadeq en Irán (1953), quien había derrocado al shah o emperador y, sobre todo, había decretado la nacionalización de los recursos petrolíferos del país. Al mismo tiempo, los norteamericanos temían que Occidente esquilmase demasiados recursos en guerras coloniales anacrónicas y arrojase a muchos nacionalistas al regazo de la URSS o China. Así se expresó en el apoyo norteamericano al poder colonial francés en Vietnam, donde en 1953 los EE. UU. financiaban el 75 por ciento de los gastos del ejército galo. Pero la sangría que supuso para Francia la guerra de Argelia (1954-1962) también tuvo como consecuencia que las perspectivas de éxito de los movimientos anticoloniales aumentasen de modo exponencial.

A principios de la década de 1960, la gran mayoría de los imperios coloniales europeos se descompuso, fragmentándose en varios Estados independientes. Quedaron como restos algunos archipiélagos en el Caribe, el Pacífico y el Índico, y pequeños enclaves poco viables como Estados. Las grandes excepciones fueron el imperio colonial portugués hasta 1975, después de un duradero e intermitente conflicto armado en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, y, en parte, el más reducido imperio colonial español en África entre 1968 y 1975.

Si en 1950 existían en el mundo 81 Estados nacionales, su número aumentó a 90 en 1960 y a 134 en 1970. En muchos de esos países no se daban las condiciones básicas para su democratización, por lo que las dictaduras militares o los regímenes presidencialistas autoritarios fueron la forma de gobierno más frecuente. También compartían el anhelo de superar el subdesarrollo, mantenerse al margen de los dos bloques geopolíticos enfrentados, y la reivindicación tanto de un nuevo orden mundial más igualitario como de un mayor equilibrio en la distribución de los recursos económicos. El movimiento de los países no alineados, inaugurado por la conferencia de Bandung (Indonesia, 1955), a iniciativa de Tito, el indio Nehru y el número dos chino, Zhou Enlai, a la que se unieron sobre todo líderes que encarnaban vías nacionales hacia el socialismo que se querían mantener al margen de la política de bloques, tuvo una buena acogida entre los nuevos Estados nacionales surgidos de la descolonización. También disfrutaron de cierto éxito otras plataformas de cooperación regional, como la Unión Africana (1958) y su sucesora, la Organización para la Unidad Africana, fundada en 1963 e impulsada por el presidente egipcio Gamal A. Nasser, el presidente de Ghana K. Nkrumah y el anacrónico y casi medieval emperador de Etiopía Haile Selassie.

Sin embargo, los nuevos Estados experimentaron, al igual que había ocurrido un siglo antes en América Latina, que la soberanía no siempre traía consigo el fin de la dependencia económica del «primer mundo», cuyas empresas multinacionales continuaron ejerciendo presión e influencia sobre las élites políticas africanas y asiáticas. La relación bilateral con los EE. UU., las antiguas metrópolis o en algún caso con la URSS y los países comunistas fue mucho más frecuente que la cooperación económica supraestatal y regional entre los distintos países surgidos de la descolonización.

DEL MEKONG A PEKÍN

Kruschev perdió el poder en 1964 en una nueva maniobra de palacio orquestada por los dirigentes soviéticos. Fue sustituido por el pragmático Leonid Brézhnev, un hombre de aparato gris y con un estilo de gobierno conservador, que sin retornar al estalinismo tampoco se caracterizó por las alharacas populistas de su predecesor. La URSS concedió prioridad a la resolución de sus desequilibrios económicos internos, y Brézhnev optó por rebajar el tono de las tensiones con Occidente. A cambio, la OTAN no reaccionó ante la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en agosto de 1968, para poner fin al corto período de reformas liberalizadoras y democratizadoras emprendido por el presidente reformista Alexander Dubček. Al igual que había ocurrido doce años antes en Hungría, EE. UU. y Europa occidental no estaban dispuestos a arriesgarse a desencadenar una nueva guerra, y Checoslovaquia era considerada territorio de influencia soviética. En noviembre de 1968 el máximo mandatario soviético expresaba con toda claridad la doctrina Brézhnev: la URSS se arrogaba el derecho, en aras de los intereses comunes del bloque socialista, a restringir la soberanía de sus aliados, incluyendo el empleo de la fuerza.

Los norteamericanos, además, pasaron a concentrar su atención de modo preponderante en Vietnam. Desde principios de los años sesenta EE. UU. prestó apoyo logístico masivo al Gobierno de Vietnam del Sur en su lucha contra la república comunista de Vietnam del Norte. Era, para Kennedy, una piedra de toque: si el país caía en manos del comunismo, el conjunto del Sudeste asiático caería, de acuerdo con lo que el secretario de Defensa Robert McNamara llamaría —reutilizando un término acuñado por Eisenhower— la teoría del dominó. El sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, con pleno apoyo del Congreso y del Senado, autorizó el despliegue masivo de tropas a partir de 1965. A fines de ese año había 181 000 soldados norteamericanos en Vietnam, y hasta 1975 más de medio millón pasarían por el Sudeste asiático. De ellos morirían un total de 58 000, luchando en un medio natural inhóspito y contra un adversario experimentado y motivado, que combinaba las tácticas de la lucha guerrillera con las de la guerra convencional, como se demostró en la Ofensiva del Tet en 1968. Ni siquiera los masivos bombardeos de la aviación norteamericana, incluyendo el uso de sustancias defoliantes y de napalm, sobre las bases norvietnamitas en la vecina Camboya quebraron la férrea resistencia del Vietcong.

El sucesor de Johnson tras las elecciones de 1968, el republicano Richard Nixon, extendió la guerra a Camboya y diseñó un plan de intensificación de los bombardeos y de destrucción de Vietnam del Norte, que contemplaba el uso eventual del arma nuclear. Sin embargo, el alto coste de la guerra en recursos y vidas hizo crecer de forma exponencial las protestas contra el conflicto entre amplios sectores de la opinión pública norteamericana, de modo particular entre los estudiantes universitarios, que sembraron el país de violentas manifestaciones. Y la moral de los soldados norteamericanos desplegados en Vietnam estaba bajo mínimos: más de una cuarta parte de ellos, procedentes en buena medida de los estratos más humildes de la población —quienes, por ejemplo, no podían disfrutar de una prórroga por estudios—, se había convertido en drogodependiente, y muchos regresaron adictos a la heroína.

La «revietnamización» de la guerra, y un acuerdo aceptable con Hanói, Pekín y Moscú, se convirtieron en una absoluta prioridad para Nixon, que combinó la escalada de los bombardeos sobre Vietnam del Norte con la búsqueda de un armisticio, a través de la mediación china y soviética, para consolidar una división del país con una frontera desmilitarizada al estilo coreano, que sin embargo no llegó a fructificar. La situación acabó por decantarse a favor del Vietcong, que en abril de 1975 conquistaba la capital survietnamita, Saigón, y proclamaba la reunificación del país bajo la égida comunista. Solo en Vietnam del Sur se registró cerca de un millón de soldados survietnamitas muertos, y dos millones de civiles. A eso se añadían las secuelas del empleo de armas químicas sobre otros dos millones de vietnamitas. No se conocen datos sobre las pérdidas militares y civiles de Vietnam del Norte.

La victoria comunista en la guerra de Vietnam tuvo algunos efectos geoestratégicos colaterales en Indochina. En particular, influyó decisivamente en que la guerra civil camboyana entre el Gobierno prooccidental de Lon Nol y los Jemeres Rojos maoístas, apoyados por Vietnam del Norte, se decantase a favor de los segundos. Liderados por un mesiánico y sanguinario caudillo, Pol Pot, los Jemeres Rojos instauraron un régimen de terror que acabó con la vida de casi un tercio de la población total del país, internada en campos de reeducación y exterminio. Sin embargo, además de Laos, el conjunto del Sudeste asiático no cayó bajo el control de regímenes comunistas, con lo que la teoría del dominó se reveló como falsa.

En Norteamérica la derrota cayó en un rápido olvido, tras la dimisión de Nixon por el escándalo de espionaje político Watergate en agosto del año anterior. No hubo desfiles para acoger a los veteranos, de los que muchos sufrieron secuelas físicas y psíquicas que prolongaron el trauma de la guerra perdida durante una generación: la definición del síndrome de estrés postraumático como una enfermedad típica de excombatientes data de esta época. La ley de poderes de guerra de noviembre de 1973 redujo la autonomía presidencial para enviar tropas al extranjero, y evitar que en el futuro la sociedad norteamericana pasase por un dolor semejante.

Nixon, partidario de una línea dura en política interior y exterior, mostró sin embargo cierta flexibilidad en sus relaciones con el bloque del Este, de la mano de su inteligente ministro de Exteriores, el profesor universitario Henry Kissinger. Aprovechó así el distanciamiento entre Pekín y Moscú para inclinar el equilibrio estratégico hacia Occidente, en un momento en el que la URSS había conseguido una paridad nuclear de facto con los EE. UU. —unos 800 misiles balísticos intercontinentales— y la guerra de Vietnam se daba por perdida, pero necesitaba una salida digna. También Mao deseaba alejar la guerra de su frontera meridional, y dudaba sobre si seguir apoyando a los norvietnamitas. En febrero de 1972, Nixon declaró su intención de iniciar un acercamiento diplomático a la República Popular China y viajó a Pekín para reunirse con Mao y su lugarteniente, el primer ministro y ministro de Exteriores Zhou Enlai, a lo largo de una semana que, según declaró, habría de «cambiar el mundo».

Tras su visita a China, Nixon se reunió con los dirigentes soviéticos. Como resultado de esos movimientos diplomáticos, se iniciaron conversaciones para la limitación de los arsenales nucleares, y se firmó el primero de los Acuerdos SALT (Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas, SALT I), así como el Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM), que prohibía el desarrollo de sistemas de interceptación de misiles en el aire. Tras los acuerdos, Nixon y Brézhnev proclamaron el nacimiento de una nueva era de coexistencia pacífica, basada en una renovada política de cooperación entre las dos superpotencias. Entre 1972 y 1974, los EE. UU. y la URSS reforzaron sus lazos económicos e intensificaron, en particular, sus relaciones comerciales, en especial en el campo de la exportación de cereales norteamericanos y la transferencia de tecnología civil.

En Europa, la situación de distensión se traducía en la activa política de normalización de relaciones con el bloque del Este (Ostpolitik), promovida por el canciller socialdemócrata de la RFA desde 1969 Willy Brandt, que condujo a la firma en 1970 de un acuerdo bilateral entre Moscú y Bonn que suponía de iure el reconocimiento de las realidades políticas surgidas tras 1945. Los norteamericanos reaccionaron con cierto desconcierto ante las iniciativas de Brandt, que se sumaban a la retirada de Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966; pero pronto reconocieron en las iniciativas europeas una pragmática vía de aproximación a la URSS, que se tradujo en las conversaciones sobre limitación de arsenales nucleares iniciadas en Viena en 1970, y en la firma del acuerdo definitivo por el que las cuatro potencias vencedoras en la II Guerra Mundial regulaban la situación jurídica de Berlín Occidental y su integración en la RFA. Hasta la España franquista practicaba su particular Ostpolitik, entablando relaciones consulares y comerciales con Rumanía y Polonia, y andando el tiempo con la URSS.

Igualmente, la distensión también tuvo su expresión en la firma en 1975 de los llamados Acuerdos de Helsinki, en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de 1975. El reconocimiento de las libertades fundamentales y de los derechos humanos contenido en la Carta de Helsinki, aceptado por los países del bloque del Este, tuvo un paradójico efecto multiplicador de la disidencia intelectual en la URSS —iniciada, y en parte tolerada, desde los tiempos de Kruschev— y sus aliados, contra lo que había creído el ministro soviético de Exteriores Andréi Gromyko. Así lo mostró el manifiesto conocido como Carta 77, firmado por varios cientos de intelectuales checoslovacos, entre ellos el dramaturgo Václav Havel, en protesta por la detención de un grupo de rock checo, y que se ceñía a los principios reconocidos en Helsinki.

El escándalo Watergate y la vergonzante retirada norteamericana de Vietnam en abril de 1975, sumada al triunfo de fuerzas comunistas en Laos y Camboya el año anterior, habían colocado a los EE. UU., sin embargo, en un momento de cierta depresión y angustia. Muchos analistas y parte de la opinión pública se preguntaban si la política de distensión solo había llevado al avance inexorable del comunismo en el mundo.

Como contrapartida, los EE. UU. aplicaron una política de mano dura en América Latina, volviendo a los tiempos de la doctrina Monroe: América no solo era de los (norte) americanos, sino que debía frenarse cualquier efecto dominó que partiese de Cuba. Como reacción a los distintos movimientos guerrilleros que se habían reforzado en los años sesenta, impulsados por el ejemplo de la revolución cubana, y a la subida al poder de Gobiernos reformistas de izquierda, como en Chile durante el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), los norteamericanos intensificaron su política tradicional de promover golpes de Estado autoritarios. Así, la sombra de la CIA y de los intereses económicos estadounidenses estuvo detrás del golpe de Pinochet en Chile en septiembre de 1973, o del llamado proceso de reorganización nacional desencadenado por los militares argentinos en 1976. Las dictaduras militares sudamericanas alcanzaron nuevas cotas de brutalidad, beneficiándose de la experiencia en el combate de la guerrilla anticolonial transmitida por asesores europeos y norteamericanos, y combinaron esa política represiva con las concesiones económicas al libre mercado. Solo en Argentina, el número de desaparecidos se eleva a más de 13 000 personas, por 172 en Uruguay y cerca de 1300 en Chile. En Indonesia, los EE. UU. apoyaron al régimen anticomunista del general Suharto, que se caracterizó por su violencia represiva contra los partidarios del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda.

La Guerra Fría también se trasladó al continente africano y a Oriente Próximo, inmiscuyéndose —a menudo a través de aliados interpuestos, como Cuba— en los distintos conflictos coloniales y poscoloniales. Los soviéticos intensificaron sus relaciones, primero, con el Gobierno de la Argelia independiente, liderada por Ben Bella desde 1963, y ganaron aliados entre los nuevos adalides del «socialismo africano», regímenes surgidos de golpes de Estado diversos, como el de la República Democrática de Somalia. A ella siguió el golpe del general Mengistu en Etiopía. Poco después, ambos países se enzarzaron en un cruento conflicto en 1977-1978 por el territorio fronterizo de Ogadén, en el que la URSS y Cuba se implicaron en el apoyo a Etiopía por razones meramente estratégicas: en el control del Cuerno de África Somalia se alineó entonces con los norteamericanos. La República Independiente de Yemen del Sur se transformó también en 1967 en un Estado marxista-leninista firmemente vinculado a la Unión Soviética. Igualmente, la URSS, a través de o de la mano de la entusiasta Cuba, se inmiscuyó en la guerra civil angoleña que se desencadenó tras la independencia del poder colonial portugués en 1975, apoyando a una de las facciones, el MPLA, que resultaría vencedora. Finalmente, la URSS también prestó apoyo logístico al régimen socialista instaurado por Samora Machel en Mozambique.

En una órbita independiente se situaban regímenes que combinaban socialismo de Estado y nacionalismo árabe laico, como la República de Egipto de Gamal Abdel Nasser (1953-1970), el socialismo del partido Baas en Siria e Irak, y la República Árabe Libia instaurada en 1969 por el coronel Muamar el Gadafi, que intentaron dar cuerpo a una utopía panárabe, además de llevar a cabo una modernización acelerada de sus países mediante grandes obras públicas y mejoras en la sanidad y la educación. Sin embargo, los proyectos de modernización autoritaria del socialismo árabe fracasaron en sus objetivos principales. Y la incapacidad para derrotar al gran enemigo regional, ideológico y religioso, el Estado de Israel, desprestigió su componente nacionalista. La alternativa, en las décadas siguientes, sería cada vez con mayor intensidad el fundamentalismo islámico.

ACTORES IMPREVISTOS

Entre 1977 y 1980, el nuevo presidente demócrata de los EE. UU. Jimmy Carter intentó suavizar los perfiles agresivos de la política exterior estadounidense en América Latina y Asia. Como principio rector, proclamó el respeto a la doctrina de los derechos humanos y el compromiso norteamericano con el destino de África, restableció oficialmente las relaciones diplomáticas con China, anunció la retirada de tropas estadounidenses de Corea del Sur y promovió la firma en 1979 de un nuevo tratado de limitación de armas nucleares estratégicas (SALT II), con la URSS. El tratado, sin embargo, no contemplaba los misiles tácticos ni de cabezas múltiples, con lo que la carrera armamentística no se redujo. Carter se apuntó un primer tanto diplomático con la firma de los Acuerdos de Camp David (septiembre de 1978) entre Egipto e Israel, atrayendo además a Egipto, presidido por el pragmático Anwar el-Sadat, a la órbita occidental.

Sin embargo, también irrumpieron nuevos conflictos que en parte suponían la aparición de nuevos actores geopolíticos, que contribuían a complicar la dinámica bipolar. Por un lado, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en julio de 1979, que derrocó a la dictadura proestadounidense de Anastasio Somoza y creó un nuevo foco de problemas para los EE. UU. en Latinoamérica, amenazaba con extenderse a la región del Canal de Panamá y a la República de El Salvador, donde aquel mismo año estalló una violenta guerra civil.

Por otro lado, la que se dio en denominar «bomba islámica», que se unía a la agitación palestina, al creciente protagonismo de la Libia de Gadafi o al creciente poderío militar de Pakistán. El nuevo fundamentalismo islámico no triunfó en los países donde había nacido décadas antes, en Egipto y Arabia Saudí, de mayoría suní y wahhabí, sino en el mundo chií y culturalmente persa, Irán, como consecuencia de la combinación de un fuerte crecimiento demográfico, una urbanización desenfrenada, un incremento de la riqueza gracias a las reservas petrolíferas y las protestas sociales frente a un régimen autocrático y represivo, el del shah Reza Pahlevi, instaurado en el trono por la CIA décadas antes.

Manifestación en Teherán, 1979.

AP Foto / Gtresonline.

En febrero de 1979 triunfó la revolución iraní, que condujo en pocos meses al establecimiento de un peculiar régimen teocrático y nacionalista, gobernado por un Consejo Revolucionario Islámico bajo la autoridad moral del líder espiritual chií (ayatolá) Jomeini. Su motor principal era la combinación del fanatismo religioso, el retorno a la tradición y el nacionalismo antioccidental y antiisraelí. Era un conflicto al margen del enfrentamiento bipolar, en el que los protagonistas no eran grupos o tendencias procomunistas, y que demostraba además el carácter autónomo que había cobrado el conflicto árabe-israelí y la emergencia de nuevos adversarios para el «bloque occidental». El flagrante fracaso de la operación de comandos destinada a rescatar a los 63 rehenes retenidos en la embajada norteamericana de Teherán, ocupada en noviembre de 1979 por estudiantes islámicos ante la inhibición de las autoridades iraníes, acabó con el prestigio de Carter.

La irrupción del islamismo se colocaba fuera de la lógica bipolar, y también desorientaba a las élites soviéticas, en cuyos esquemas de análisis marxista el fundamentalismo religioso no encajaba. Además, la URSS contemplaba con especial preocupación la eventualidad de la propagación de las doctrinas islámicas en Asia Central, un área donde ya desde los inicios del Estado soviético había sido difícil hacer arraigar la doctrina comunista. En diciembre de 1979 la URSS invadió Afganistán, un país tradicionalmente inestable por su extrema heterogeneidad étnica y su pobreza, que había sido mantenido como estado tapón entre las zonas de influencia occidental (británica primero, norteamericana después) y soviética. El objetivo de Moscú era dar apoyo al tambaleante e impopular régimen títere prosoviético, enfrentado a una población movilizada por islamistas conservadores. La rápida ocupación de los puntos neurálgicos del país, sin embargo, no llevó al desmantelamiento de la oposición armada. Muchos soldados afganos desertaron y se unieron a los guerrilleros islámicos o muyahidines, que recibían apoyo logístico del vecino Pakistán y, más tarde, de los servicios secretos norteamericanos, que proporcionaron a los guerrilleros armamento ligero y, sobre todo, misiles tierra-aire con los que combatir a los helicópteros artillados soviéticos.

El conflicto de Afganistán obligó a la URSS a mantener durante ocho años cerca de cien mil soldados desplegados en un país montañoso e imposible de controlar de manera eficaz, al lado de sus fronteras y combatiendo frente a un correoso enemigo, cuya composición étnica era análoga a la de las repúblicas soviéticas vecinas de Asia Central. Para el régimen soviético, la experiencia afgana supuso su particular Vietnam. Los abusos de sus tropas contra la población civil hicieron caer el mito, tan caro al Kremlin, que presentaba al Ejército Rojo como difusor de la revolución y liberador del fascismo.

La invasión de Afganistán inauguró una nueva fase de tensión durante los primeros años ochenta, a menudo denominada Segunda Guerra Fría. El presidente Carter, que necesitaba compensar la imagen de debilidad mostrada ante Irán, retiró el Tratado SALT II antes de ser aprobado por el Senado norteamericano, impuso embargos a los acuerdos comerciales con la URSS, aprobó una política de rearme y promovió en el terreno simbólico un boicot de los países democráticos a la participación en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.

Sin embargo, y a pesar de las simpatías que despertaba en Occidente, no hubo respuesta a la represión tras el golpe de Estado militar de diciembre de 1981 en Polonia contra el movimiento de oposición representado por el influyente sindicato Solidaridad. Este había crecido a lo largo de los años anteriores, alcanzando diez millones de afiliados y extendiendo sus reivindicaciones al ámbito político, ayudado por el carisma del papa polaco Juan Pablo II, elegido en 1978 y aclamado por millones de personas en su visita a su país natal al año siguiente, lo que ponía en evidencia el peso popular del catolicismo y el fracaso del régimen comunista a la hora de secularizar a las generaciones más jóvenes. El crecimiento de Solidaridad también iba de la mano del descontento popular por la frustración de expectativas que generaba el estancamiento económico del modelo de economía planificada. El golpe militar, no obstante, no era una repetición de las experiencias húngara y checoslovaca anteriores. El Kremlin había decidido que una intervención de sus tropas provocaría una catástrofe, ya que ni el ejército polaco ni la población se quedarían de brazos cruzados. Pero convenció al general Wojciech Jaruzelski de que la invasión soviética era inminente, por lo que el propio ejército polaco llevó a cabo un golpe preventivo, instauró la ley marcial y encarceló a los dirigentes sindicales.

TENSIÓN Y TEATRALIZACIÓN DE LA GUERRA FRÍA

El acceso del republicano Ronald Reagan a la presidencia de los EE. UU. en enero de 1981 supuso un giro en la nueva escalada de tensión entre los bloques. Reagan, antiguo actor de películas del Oeste y gobernador de California, era un maestro de la dramatización de la política y de los grandes discursos, que sabía cómo hacer a los norteamericanos recuperar la confianza perdida tras Vietnam. Pregonaba una línea intransigente en política exterior, definió a la URSS en mayo de 1983 como un «imperio del mal» de «impulsos agresivos», era partidario de incrementar el gasto militar y de no ceder ante la presión soviética. Tenía un excelente aliado en la primera ministra británica desde 1979, Margaret Thatcher, quien reforzó la tradicional relación bilateral frente a las dudas de otros Estados miembros de la OTAN, y manifestaba una similar dureza verbal frente al adversario soviético.

Además del desarrollo de nuevos tipos de bombarderos estratégicos y misiles de cabezas nucleares múltiples, los EE. UU. lanzaron el programa de desarrollo de la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), consistente en poner en órbita una compleja red de estaciones espaciales y satélites capaces de interceptar en pleno vuelo misiles balísticos enemigos. El plan generó serias dudas en la comunidad científica, y décadas después se revelaría como un proyecto poco sólido, cuyos fundamentos habrían necesitado décadas para concretarse; pero sirvió para generar poco menos que pánico en la clase dirigente soviética, que creyó seriamente en la posibilidad de que los norteamericanos golpeasen primero. El Kremlin elaboró en 1983 un plan de respuesta ante un ataque nuclear por sorpresa (RYAN), la actividad de los agentes del espionaje soviético en todo el mundo se redobló, y algunos errores en la defensa antiaérea llevaron al derribo de un avión de pasajeros surcoreano en septiembre de 1983. Dos meses más tarde, el espionaje soviético interpretó erróneamente que unas maniobras ordinarias de la OTAN constituían el auténtico preludio para un ataque a gran escala.

La llamada doctrina Reagan no solo representaba una radicalización de la anterior teoría de la contención, sino que contemplaba además el derecho de los EE. UU. a derribar los regímenes prosoviéticos existentes en cualquier parte del mundo, y a promover la disidencia en los países del bloque del Este. Una consecuencia fue el apoyo decidido a la oposición islamista al gobierno procomunista afgano, soñando además con extender la agitación a las repúblicas musulmanas del Asia Central soviética. Eso entraba en contradicción con los temores que seguía despertando la revolución chií en Irán, el conflicto entre Irán e Irak y la posible desestabilización de Oriente Medio, vital por sus recursos petrolíferos para la prosperidad económica de Occidente.

La opinión pública estadounidense, sin embargo, era reacia tras el trauma de Vietnam a nuevos envíos masivos de tropas al extranjero. En los años siguientes, los EE. UU. intervinieron en la guerra civil libanesa, invadieron la isla caribeña de Granada para derrocar el régimen izquierdista de Maurice Bishop, bombardearon Libia en represalia por el apoyo del régimen de Gadafi a acciones terroristas, y apoyaron a la guerrilla antisandinista (Contra) para lanzar incursiones a Nicaragua y controlar parte de su territorio, al tiempo que sostenían al Gobierno de El Salvador en su propia lucha contra la guerrilla.

La política de mano dura de Reagan se veía favorecida, además, por la constatación de que el adversario soviético mostraba síntomas cada vez más evidentes de debilidad. Las señales eran especialmente patentes tras la muerte del anciano Brézhnev en 1982 y su sustitución por el antiguo jefe del servicio secreto KGB Yuri Andrópov, que a su vez apenas duró año y medio en el poder, al fallecer en 1984 y ser sustituido por Konstantín Chernenko. La incapacidad del sistema político soviético para regular mecanismos de sucesión razonables había desembocado en una patética gerontocracia. El sistema de economía planificada se enfrentaba a varios de sus problemas estructurales, agravados por el creciente peso de los gastos militares en el PIB soviético. La URSS, además, había perdido ya la capacidad de igualar al bloque occidental en el terreno tecnológico. Reagan ordenó suprimir la exportación de tecnología civil al bloque soviético, y la principal fuente de divisas de la URSS pasó a ser la exportación de gas y petróleo, cuya dependencia inhibía los intentos de reformas estructurales.

UNA MUERTE ANUNCIADA

Cuando Mijaíl Gorbachov, a los 53 años, se convirtió en el máximo dirigente de la URSS en marzo de 1985, las tornas comenzaron a cambiar. La economía soviética se hallaba en un estado de estancamiento estructural, agravado por la falta de divisas consecuencia de la caída de los precios del petróleo en la década de 1980. El nuevo mandatario soviético, telegénico y dotado de un carisma personal que contrastaba con las anteriores «esfinges» del Kremlin, y que se ganaba la confianza de sus interlocutores, concedió una absoluta prioridad a la corrección de los desequilibrios económicos internos, continuando con la agenda de reformas establecida por Andrópov. El accidente nuclear de la central de Chernóbil, en Ucrania, en abril de 1986 puso al descubierto, además, el estado de deterioro de la economía soviética y sus vetustas infraestructuras.

En junio de 1987 Gorbachov anunció la aplicación de un programa de reformas económicas conocidas como Perestroika (reestructuración), cuyo objetivo era conceder un margen de mayor autonomía a la actividad económica privada —basándose en la experiencia del modelo de autogestión yugoslavo o la política aplicada por Lenin en los años veinte—, flexibilizar la rigidez del sistema de economía planificada y aumentar de modo paulatino el Bienestar de los ciudadanos, mediante el impulso de la producción de bienes de consumo y la reducción de los niveles de corrupción. Eso también suponía reducir el poder de la industria militar. Gorbachov también decretó una política de apertura (Glásnost) informativa y de transparencia en la actuación de las instituciones estatales. No pretendía instaurar la economía de mercado de un plumazo, ni avanzar hacia una democracia liberal, pero sí cambiar el sistema soviético para asegurar su supervivencia, conservando sus fundamentos, el objetivo de la igualdad social y la eliminación de la sociedad de clases. Sin embargo, Gorbachov carecía de un plan definido, y fue mudando de táctica al compás de las circunstancias.

El nuevo mandatario de la URSS no era el primer dirigente del bloque comunista que era consciente de la necesidad de superar las estrecheces del modelo de economía planificada. En China, el sucesor de Mao tras su muerte en 1976 y el período de transición que le siguió, Deng Xiaoping, inició de modo progresivo la introducción de reformas económicas en sentido liberalizador, manteniendo la retórica marxista y el poder del Partido Comunista. Fiel al pragmatismo que evocaba su máxima más conocida —«no importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones»—, bajo el mandato de Deng el Estado chino acometió importantes reformas en la agricultura, el desarrollo tecnológico y la política de defensa; permitió de forma gradual a los campesinos la comercialización privada de una parte de sus excedentes, decretó desde 1984 la libre oscilación de los precios en productos no estratégicos, y una cierta liberalización del mercado de trabajo. También promovió la apertura comercial a Occidente a partir de la creación de «Zonas Económicas Especiales» cerca de Hong Kong y de Taiwan, suerte de grandes puertos francos.

Los resultados macroeconómicos fueron espectaculares. Entre 1978 y 1994, la renta per cápita china se triplicó, el Producto Nacional Bruto se cuadruplicó, y las exportaciones se multiplicaron por diez. Sin embargo, en la segunda mitad de los ochenta se incrementaron las tensiones sociales, y la economía experimentó serios problemas de adaptación: la inflación subió con fuerza, la producción agrícola se estancó, y las arcas del Estado se resintieron. Al tiempo, aumentaban las protestas de trabajadores industriales y empleados, no siempre satisfechos con las nuevas condiciones laborales. Al contrario que Gorbachov, sin embargo, Deng fue capaz de mantener las primeras manifestaciones de disidencia sociopolítica bajo control. A las primeras protestas estudiantiles en Shangai (1986) se unieron las de obreros y estudiantes de Tianjin y Pekín. El punto culminante fueron las masivas protestas de la primavera de 1989, reprimidas con extrema dureza. Especialmente simbólico fue el aplastamiento en junio de las concentraciones de estudiantes y jóvenes obreros y funcionarios en la Plaza de Tiananmen, donde un millar de manifestantes perdieron la vida a manos de las tropas gubernamentales.

Tanques chinos en Tiananmen, 1989.

Jeff Widener / Gtresonline.

Igualmente, en algunos países satélites, como la Hungría de János Kádár, se ensayaban desde fines de los años setenta fórmulas parecidas con gran éxito, el llamado socialismo del gulash, basado en la coexistencia de la iniciativa privada y pública, el desarrollo tecnológico y la promoción social moderada, junto con una progresiva liberalización del sistema político. Entre 1988 y 1989, el sucesor de Kádár, Miklós Németh, procedió a un desmantelamiento progresivo del sistema político y económico vigente, para dar paso a un sistema político pluralista; suprimió los controles aduaneros con Austria, y rehabilitó la figura del líder de la revuelta de 1956, Imre Nagy. En octubre de 1989 el partido único, el Partido Socialista Obrero Húngaro, se autodisolvió, transformándose en un Partido Socialdemócrata que competiría en unas elecciones libres. Hungría preparaba su estrategia de salida del COMECON.

Como respuesta a las concesiones militares y políticas de la URSS, el presidente Reagan accedió a retomar las conversaciones con Moscú sobre cuestiones económicas y la limitación de la carrera armamentística, principiando por la primera cumbre bilateral celebrada en Ginebra en noviembre de 1985 y el acuerdo de reducir los arsenales en un cincuenta por ciento. Tras el fracaso de la cumbre de Reikiavik, motivado por la reticencia estadounidense a desmantelar la Iniciativa de Defensa Estratégica, una tercera reunión en Washington, en diciembre de 1987, llevó a la firma del Tratado INF, que contemplaba la destrucción paulatina de los misiles balísticos y de crucero convencionales de rango inferior a 5500 kilómetros. Eso suponía eliminar una de las áreas de fricción de los años anteriores: el despliegue desde 1974 de los misiles soviéticos de cabezas múltiples SS-20. Frente a ellos, la OTAN había dispuesto a partir de 1983, en medio de fuertes protestas ciudadanas, el despliegue paralelo de los misiles de crucero y Pershing norteamericanos en Europa occidental, diseñados para repeler un intento soviético de invasión del continente y capaces de alcanzar Moscú en diez minutos con mayor precisión que los misiles enemigos.

El convencimiento por parte de Gorbachov de que mantener una presencia armada en el extranjero no solo era desproporcionadamente caro, sino contraproducente para el prestigio soviético en el exterior, se materializó en una serie de retiradas unilaterales. En mayo de 1988 las tropas soviéticas iniciaron su retirada definitiva de Afganistán, y también volvieron a Moscú los asesores de Angola y Namibia. Reagan, a preguntas de los periodistas, anunció durante una visita a Moscú por esas fechas que los soviéticos «habían cambiado». Y a fines de ese año, Gorbachov anunció ante la Asamblea General de la ONU la retirada de casi un cuarto de millón de soldados soviéticos de sus bases en Europa centro-oriental, que se verificó al mes siguiente. El presupuesto militar de la URSS se redujo en un 14 por ciento. En 1989 tuvo lugar una nueva cumbre en Moscú para retomar las negociaciones con vistas a la limitación de los misiles balísticos intercontinentales.

Los acontecimientos se precipitaron a lo largo de 1989, y a los síntomas de bloqueo económico del régimen soviético se unían las dificultades de la URSS para mantener su dominio sobre los países satélites. El detonante de la crisis final fue, una vez más, la cuestión alemana. El incremento de las salidas de ciudadanos germano-orientales a Austria a través de Checoslovaquia y Hungría, una vez que el Gobierno de Budapest suprimió los controles fronterizos, sumió en una acelerada crisis de legitimidad al régimen de la RDA, acentuada por la profusión de manifestaciones de protesta en varias ciudades. Más de trescientos mil ciudadanos abandonaron por esa vía la RDA a lo largo de 1989. En octubre, miles de berlineses aclamaron a Gorbachov, en el desfile conmemorativo del cuarenta aniversario de la fundación del Estado germano-oriental; el líder soviético no pudo convencer al dirigente de la RDA, Erich Honecker, de ceder a la presión popular. El 4 de noviembre, medio millón de personas se manifestaban en la céntrica Alexanderplatz de Berlín Oriental. Cinco días después, la noticia, transmitida de forma precipitada, de que se autorizaba la salida de ciudadanos de la RDA hacia la RFA, llevó a miles de berlineses a agolparse en el Muro, y la guardia fronteriza, desbordada, abrió la frontera. Con ello caía el Muro de Berlín, el símbolo por antonomasia de la Guerra Fría.

Caída del muro de Berlín, noviembre de 1989.

Thomas Kienzle - Gtresonline.

A la altura del otoño de 1989, el sistema soviético de alianzas estaba al borde de la quiebra. La URSS se limitó a exportar la Perestroika mediante la estrategia de no intervenir a favor de las élites continuistas, esperando que en los Estados satélites del glacis defensivo que ya no era útil se instaurase una combinación de socialismo y democracia limitada. Sin el apoyo militar soviético, los líderes de los regímenes comunistas de Europa centro-oriental se hallaron desprovistos de su principal sostén. Algunos de ellos ya llevaban un tiempo actuando por su cuenta, convencidos de que la doctrina Brézhnev había pasado a la historia. Hungría, como vimos, ya había dado pasos en la dirección de una transición política. En Polonia, bajo la «dictablanda» de Jaruzelski, la oposición siguió actuando en la clandestinidad, gozando de una tácita tolerancia. En 1989 se llegó a un acuerdo con el Gobierno para la celebración de las primeras elecciones libres en junio. Para sorpresa del propio dirigente opositor, Lech Wałęsa, los resultados no fueron falseados, arrojando una amplia mayoría para los candidatos del sindicato Solidaridad. En agosto tomó posesión en Varsovia el primer gobierno no comunista de Europa oriental desde 1947.

En el resto del bloque del Este, los acontecimientos de Berlín provocaron una aceleración de los procesos de cambio de régimen, ante la mirada estupefacta de Occidente. En Checoslovaquia, las protestas masivas consiguieron derrocar de facto al régimen comunista, mediante la llamada «revolución de terciopelo», y al poco tiempo asumió el poder un antiguo disidente, Václav Havel. En Bulgaria, la transición fue dirigida y controlada desde el poder, mediante un golpe palaciego consentido por la URSS: el presidente Todor Zhivkov, que regía el país desde 1954, dimitió, y su sucesor entabló conversaciones con la oposición para convocar elecciones libres. Solo en Rumanía los dirigentes se negaron a aceptar los acontecimientos y optaron por la solución china, la fuerza. En diciembre de 1989 se registraron sangrientos enfrentamientos entre los partidarios del régimen sátrapa y autoritario de Ceauşescu, vigente desde 1965, y el ejército secundado por civiles armados, primero en Timişoara y después en Bucarest y otras ciudades. La corta guerra civil se saldó con dos millares de muertos y el fusilamiento del propio Ceauşescu y su esposa, tras ser apresados y comparecer ante un tribunal militar. Un año después, incluso el presidente del peculiar régimen estalinista e impermeable a todo contacto exterior de Albania, Ramiz Alia, aceptaba la convocatoria de elecciones libres para 1991 y la instauración de un sistema multipartidista.

A eso se unió la disolución acelerada de la URSS. En febrero de 1990, el PCUS cedió el monopolio centralista del poder estatal. Las repúblicas bálticas, donde más arraigado estaba el sentimiento nacionalista, proclamaron su independencia de forma unilateral. La respuesta inicial de Gorbachov fue la represión, pero la agitación nacionalista siguió viva y se extendió a otros territorios de la URSS. El fallido golpe de Estado de agosto de 1991, que buscaba reconducir la situación mediante el desplazamiento de Gorbachov, llevó a la jefatura del Estado al líder de los sectores más aperturistas, Boris Yeltsin. El 21 de diciembre de 1991 se constituyó la llamada Comunidad de Estados Independientes, que aspiraba a ser una heredera legal de la URSS, manteniendo unos vínculos confederales laxos entre las distintas repúblicas que la integraban. Sin embargo, poco después la CEI también llegaba a su final.

El fin de la URSS, y con él el fin de facto de la Guerra Fría, se ratificó el día de Navidad de 1991, cuando Gorbachov firmó ante las cámaras su acta de disolución. El mundo había dejado de ser bipolar, en teoría la democracia se había extendido, al igual que la economía de mercado, las dictaduras de cualquier signo habían sufrido un fuerte desprestigio, y la espada de Damocles de las armas de destrucción masiva desapareció de los miedos de la opinión pública mundial. Mas no por ello el orbe se había convertido en un lugar necesariamente más seguro.

LAS PARADOJAS DEL EQUILIBRIO DEL TERROR

Si la Guerra Fría no acabó en un conflicto abierto fue, en buena parte, gracias a la eficacia disuasoria mutua de las armas de destrucción masiva, y en particular de los arsenales nucleares. En 1945 las grandes potencias vencedoras habían acumulado una gran cantidad de armamento, tecnológicamente avanzado y mejorado durante la guerra mundial. El Ejército Rojo disponía de una clara superioridad en armamento convencional, sobre todo en carros de combate y aviones, superando al conjunto de los aliados occidentales. Su flota era inferior a la norteamericana, y disponía de un número mucho menor de bases de apoyo repartidas por todo el mundo.

Pero eran las armas no convencionales, y en particular las atómicas, las que marcaban la diferencia fundamental. Hasta 1949 solo los EE. UU. disponían de la bomba nuclear, lo que le otorgaba una ventaja decisiva. Sin embargo, hizo un uso poco inteligente de la disuasión nuclear, en parte porque en 1948, como bien sabía Stalin gracias a sus espías, solo disponía de 50 bombas y 30 aviones para transportarlas. No podía destruir la URSS, aunque quisiese; y eso no eliminaba el problema de qué hacer con ella tras la victoria. Stalin asumió riesgos hasta la guerra de Corea, a sabiendas de la inferioridad soviética. Truman consideró seriamente usar la bomba atómica contra Corea del Norte y China; sin embargo, no osó hacerlo. Era el nuevo dilema de la «impotencia de la omnipotencia», que provenía en parte de la necesidad de adaptar los mecanismos de toma de decisiones militares al nuevo poder destructivo del arma atómica, un proceso que los EE. UU. todavía no habían completado.

En 1952 los norteamericanos fabricaron su primera bomba de hidrógeno o bomba H, cuyo potencial de destrucción era aún mayor; al año siguiente, la URSS también la consiguió. Tanto en calidad como en cantidad, la ventaja estadounidense se mantuvo durante dos décadas. Ambas potencias desarrollaron misiles balísticos intercontinentales, capaces de alcanzar las ciudades del enemigo desde bases subterráneas o móviles instaladas en su propio territorio. A ellos se unieron misiles de corto y medio alcance, destinados a servir de apoyo a las fuerzas terrestres y aéreas convencionales, y los submarinos de propulsión nuclear, dotados también de la capacidad de lanzar misiles y más difícilmente detectables por los satélites.

Desde el punto de vista tecnológico, los EE. UU. fueron, en general, siempre por delante. En la época de Kruschev, el dirigente soviético llegó a afirmar que la URSS producía misiles balísticos intercontinentales «como salchichas»; pero sus sistemas de guiado eran imprecisos, y no podían garantizar el bombardeo de los objetivos señalados. Serguéi Kruschev, ingeniero balístico e hijo del mandatario soviético, admitiría años más tarde que «amenazábamos con misiles que no teníamos», lo que los norteamericanos ratificaron, un tanto atónitos, gracias a sus aviones espías U-2. Aunque los soviéticos llegaron a poseer un número superior de misiles o lanzaderas, en número de cabezas nucleares iban por detrás.

En la era dorada del espionaje, en la que los satélites espía desde 1960 podían captar con sorprendente precisión objetos de metro y medio de longitud, los occidentales siempre temieron que el arsenal soviético fuese mucho más sofisticado de lo que realmente era. Sin embargo, y a pesar de los privilegios de la industria militar dentro del sistema de planificación económica de la URSS, desde los años sesenta se tornó evidente que la capacidad de innovación tecnológica occidental superaba con creces a la soviética. En la década de 1970, la incorporación masiva de la inteligencia artificial, los microchips y los ordenadores en la tecnología militar certificó la superioridad armamentística occidental, como se puso en evidencia cuando, mediante terceros países, ambos sistemas llegaban a enfrentarse. Por ejemplo, en el desequilibrio entre el ejército israelí y el sirio en 1982, como observaron con desazón los asesores soviéticos sobre el terreno.

La carrera de armamentos se basaba en el equilibrio del terror. La superpotencia que se colocase al frente en la carrera provocaría un desequilibrio en el escenario internacional. Si una de ellas poseía un mayor número de armas, sería capaz de destruir a la otra. No obstante, la capacidad de destrucción mutua estaba asegurada por el hecho de que era virtualmente imposible anular la capacidad de respuesta del adversario al cien por cien. En ambos bandos siempre hubo halcones, militares y políticos partidarios de golpear primero al contrincante —la teoría del ataque preventivo— en la seguridad de que, si al final morían más enemigos, la guerra estaría ganada. Los militares norteamericanos estaban convencidos en 1961 de que en pocas horas era posible anular la capacidad de respuesta soviética en caso de ataque nuclear masivo. Algunos planes detallados (como el Single Integrated Operations Plan-62) calculaban que era posible alcanzar 1777 objetivos en la URSS y China, matar al 54 por ciento de la población soviética, el 16 por ciento de la china y solo sufrir entre 10 y 16 millones de bajas propias, aun atacando únicamente objetivos militares. Los planes soviéticos para una invasión de Europa occidental contemplaban llegar a los Pirineos en seis semanas, con apoyo de hasta 175 bombas atómicas en dos oleadas. Incluso estaban preparados los modelos para la moneda de la futura Europa ocupada, y los nuevos nombres de las calles en las ciudades.

Sin embargo, no era posible librar una guerra contra objetivos militares sin añadir víctimas civiles. Ante esa imposibilidad, Robert McNamara propuso que los misiles americanos apuntasen a las ciudades soviéticas, para que los soviéticos hiciesen lo mismo. El principio de la destrucción mutua asegurada (Mutual Assured Destruction, MAD) operaría como un definitivo elemento disuasorio.

La certeza de que el mundo se podría transformar en un lugar inhabitable por las consecuencias del invierno nuclear acababa siempre por prevalecer entre los mandatarios políticos. Quizá por ello, en ambos bloques se impuso el principio de que, al contrario de lo que había sucedido en todas las guerras libradas hasta 1945, la decisión sobre el tipo de armamento a emplear en el campo de batalla no podía dejarse exclusivamente en manos de los militares. Truman extrajo la lección claramente, después de ordenar el lanzamiento de las únicas bombas atómicas que se utilizaron en el siglo XX. Con el arma atómica «debemos operar de otra manera, no como si fuesen fusiles o cañones», y no dejarla al arbitrio de un «aguerrido coronel cualquiera». Por lo tanto, la decisión de su uso sería prerrogativa exclusiva del poder civil.

De ahí la paradoja del arma atómica, como sugiere John L. Gaddis: la de ser construida con la esperanza, y casi la certidumbre, de no ser utilizada, rompiendo el monopolio técnico de los militares sobre el uso de las armas y rehabilitando el dictum del teórico prusiano de la guerra Carl von Clausewitz, según el cual la guerra es solo la continuación de la política por otros medios. Stalin también temía el poder destructor de la bomba atómica, incluso cuando la URSS dispuso de ella, pero intuía que ningún político tendría plena libertad para utilizarla. Churchill expresó en un discurso en la Cámara de los Comunes su convicción de que el arma nuclear «aporta un cierto elemento de igualdad en el aniquilamiento mutuo», por lo que la «universalidad de la destrucción» sería la razón por la que «podemos mirar al futuro con esperanza e incluso confianza». Tanto la literatura como el cine —por ejemplo, Doctor Strangelove (1964) o The Day After (1983)— imaginaron a lo largo de la Guerra Fría un futuro de hecatombe nuclear, provocado por la ceguera de las élites políticas, el carácter incontrolable de algunos científicos o militares que perdían el juicio y decidían desencadenar la guerra por su cuenta, o las escaladas de tensión determinadas por sistemas de alerta automatizados que escapaban al control humano. Con todo, incluso en los peores momentos se mantuvieron canales de diálogo entre los EE. UU. y la URSS.

Una paradoja más de la Guerra Fría fue la demostración de que el poder militar ya no bastaba para ejercer influencia en el mundo. En 1989-1991, la URSS se desintegró conservando intactas sus fuerzas armadas y sus arsenales nucleares. El poder blando, la fuerza de las ideas, el dominio económico y la primacía tecnológica contaban ya tanto o más que las divisiones acorazadas, los misiles balísticos y los submarinos. Y en buena medida el equilibrio del terror se basaba en la capacidad de sugestión y disuasión sobre el adversario. El engaño, la capacidad de aparentar más fuerza de la que se tenía y las percepciones mutuas eran un elemento clave. Más difícil era asegurar que ambos bandos compartiesen idéntica percepción de cuál era la estrategia más racional a la hora de utilizar el arma nuclear.

La carrera armamentística tuvo claras consecuencias sobre la economía civil, tanto en los EE. UU. como en la URSS. La industria militar y el complejo de empresas estatales vinculadas a las fuerzas armadas soviéticas disfrutaron durante tres décadas de una influencia determinante dentro de la URSS, hasta el punto de que a principios de la década de 1980 la industria militar suponía la cuarta parte del PIB de la URSS. En los EE. UU. surgió el que fue denominado lobby industrial-militar, un conjunto de empresas privadas y públicas con gran capacidad de influencia en la toma de decisiones políticas, y cuyo efecto de arrastre sobre el crecimiento económico era igualmente relevante.

A diferencia de la economía planificada, en el caso estadounidense y occidental en general acostumbraba a tener lugar a medio plazo una transferencia de tecnología del ámbito militar al civil, con lo que, pese a los cuantiosos recursos que deglutía, una parte de la inversión redundaba en beneficio de la economía.

Dentro de la lógica bipolar son identificables algunas reglas implícitas, que se mantuvieron a lo largo de cuarenta años. Una vez consolidado el dominio de un bloque sobre un área geográfica, primero en Europa pero también en otros continentes, no se tolerarían intromisiones más allá de un cierto punto. Las reglas empezaron a complicarse por el papel cada vez más protagonista de la República Popular China en política exterior desde los años setenta, cuando además de operar como poder regional en el Sudeste asiático, también intentó exportar el modelo maoísta como referencia alternativa del movimiento comunista internacional. Sus aliados se redujeron al principio a la Albania postestalinista del dictador Enver Hoxha y a algunos partidos comunistas que se declararon maoístas, así como a los movimientos comunistas del Sudeste asiático y, de forma más limitada, a Europa occidental y América Latina, sobre todo en el área andina. Uno de sus seguidores más fieles fue, en Perú, el movimiento Sendero Luminoso, partidario de la insurgencia campesina entre 1980 y 1992.

En el Tercer Mundo, sin embargo, tanto los EE. UU. como la URSS mantuvieron conflictos localizados mediante aliados interpuestos, a los que apoyaron con asesores, armas y suministros logísticos. Esos aliados desarrollaban sus propias ambiciones como potencias regionales, y poseían en algunos casos una lógica autónoma, no reducible a la confrontación entre comunismo y anticomunismo. Es el caso, por ejemplo, del componente religioso y nacionalista que interviene en el conflicto permanente de Oriente Medio, desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y las guerras entre sus vecinos árabes, desde la primera guerra árabe-israelí (1948) al conflicto de Suez (1956), la guerra de los Seis Días (1967), la disputa entre Israel y Egipto por el Sinaí en 1968-1970, la guerra del Yom Kippur (1973) entre Israel, Egipto y Siria, o la intervención israelí en el conflicto civil del Líbano desde 1982. Las consecuencias de ese enfrentamiento fueron a menudo contradictorias para los aliados. La guerra del Yom Kippur desencadenó, debido a la represalia de los países árabes productores de petróleo, la primera crisis mundial de la economía.

Hubo también varios ejemplos de guerras o conflictos localizados en el ámbito regional, cuyos protagonistas se encuadraban en uno de los bloques. Fue el caso del conflicto latente entre las poblaciones griega y turca de Chipre, independiente desde 1960, que estalló en 1974 cuando los partidarios de la enosis o unión de Chipre y Grecia dieron un golpe de Estado en Nicosia, provocando la intervención de tropas turcas para proteger a la minoría turca del norte de la isla. El resultado final fue la división de Chipre en dos partes, el deterioro de las relaciones entre Turquía y la OTAN, y la retirada de Grecia de la estructura militar de la Alianza, en un momento en el que el control estratégico del Mediterráneo era considerado un asunto de máxima importancia por los aliados occidentales. También fue el caso de la corta pero intensa guerra entre Argentina y Gran Bretaña por el archipiélago de las Malvinas (1982), desencadenada por la invasión de las islas, un resto del imperio británico, por tropas argentinas, en un intento desesperado de la Junta Militar por ganar popularidad en un momento de creciente crisis de legitimidad. En el lado socialista, fue el caso de las rivalidades entre China y el fiel aliado de la URSS, Vietnam, entre 1978 y 1979, cuando los vietnamitas invadieron Kampuchea (antigua Camboya), cuyo régimen era a su vez un aliado de China y, pese a su carácter genocida, había gozado de un cierto apoyo norteamericano como contrapeso al influjo soviético en el Sudeste asiático. En represalia, China invadió a su vez el norte de Vietnam, sin poder avanzar frente a la resistencia del experimentado ejército vietnamita. Como respuesta, el Gobierno de Hanói expulsó del país a las minorías étnicas chinas.

COMPETICIONES SIMBÓLICAS

La competencia entre los bloques, entre capitalismo y comunismo, también se trasladó a otros terrenos. Uno fue el de la cultura. Desde la década de 1950, los EE. UU. promovieron plataformas de opinión y actuación intelectual en las que se propagó la causa de la libertad frente al totalitarismo, contando con el concurso de intelectuales americanos, europeos y de otros continentes, muchos de ellos procedentes de la izquierda antiestalinista y del antifascismo. La organización más importante fue el llamado Congreso por la Libertad de la Cultura (CLC), fundado en París en 1950, que llegó a contar con una treintena de delegaciones en distintos países, y tras el que se encontraba la mano de la CIA norteamericana, así como algunas fundaciones privadas, como la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford, que desarrollaron iniciativas paralelas. En 1967 el CLC cambió su denominación por la de Asociación Internacional por la Libertad de la Cultura, hasta su disolución formal en 1979. Los EE. UU. también crearon una agencia de información cultural propia (US Information Agency), promovieron centros culturales en todo el mundo, pusieron a disposición de jóvenes estudiantes extranjeros un ambicioso programa de becas de intercambio, y crearon una emisora de radio destinada a Europa oriental, Radio Free Europe/Radio Liberty, con sede en Múnich, desde 1949.

En el lado prosoviético se libró una cruzada paralela contra la «americanización» cultural del mundo y sus productos de consumo masivo, desde el cine de Hollywood a la música. En 1948 se fundó a iniciativa soviética un movimiento pacifista, el Consejo de la Paz Mundial, que celebró desde 1949 congresos regulares en París, Praga y Nueva York, y consiguió cierto eco entre intelectuales críticos y de izquierda de Europa occidental, Latinoamérica y el Tercer Mundo.

La rivalidad se trasladó igualmente al deporte. Del mismo modo que los regímenes fascistas del período de entreguerras, los países del bloque del Este otorgaron una gran importancia a los triunfos deportivos en competiciones internacionales, y en especial en los Juegos Olímpicos, como símbolo de la superioridad del sistema socialista sobre el capitalista. No solo la URSS, sino también Estados de recursos más modestos, como la RDA, destinaron grandes medios a la captación y adiestramiento de deportistas en las más diversas disciplinas, no escatimando métodos como el dopaje y la coerción sobre los deportistas. Entre 1968 y 1988, la RDA consiguió 403 medallas olímpicas, de ellas 151 de oro, superando con creces a la RFA.

Uno de los escenarios más simbólicos y futuristas de la competición entre Este y Oeste fue la llamada carrera espacial. Entre 1957 y 1975 la URSS y los EE. UU. iniciaron una disputa por la consecución de hitos históricos en la conquista del espacio exterior, invirtiendo recursos desmedidos que se justificaron como una necesidad de seguridad nacional, la demostración de la superioridad tecnológica del propio bando y, de forma secundaria, como una posible vía para la experimentación de tecnologías y avances médicos y científicos que podrían revertir en la economía para uso civil.

La carrera tuvo su primer acto en octubre y noviembre de 1957, cuando los soviéticos lanzaron los Sputnik I y II, primeros satélites capaces de alcanzar el espacio exterior y entrar en órbita alrededor del planeta. Con ello, la doctrina de represalia masiva diseñada por Dulles se tambaleaba: el temor de los EE. UU. consistía en que los soviéticos fuesen capaces de situar misiles nucleares en órbita alrededor de la tierra. Cuatro años después, lanzaron al espacio la primera nave tripulada por un cosmonauta, Yuri Gagarin, que regresó vivo a la Tierra. Los estrategas norteamericanos temían ahora que a mediados de los sesenta la URSS poseería una ventaja insuperable en la tecnología balística. Como respuesta, los EE. UU. concentraron recursos en el objetivo de la conquista del espacio, mediante la creación de la NASA en 1958, cuya primera prioridad fue el programa Mercurio, centrado en el desarrollo de los vuelos tripulados en el espacio exterior.

La respuesta norteamericana se intensificó a principios de los sesenta. Kennedy anunció así que los EE. UU. serían capaces de poner por primera vez un hombre en la Luna, y traerlo de regreso a la Tierra, para lo que se puso en marcha el programa Apolo. A principios de 1969, consiguió poner en órbita una primera nave tripulada alrededor de la Luna, el Apolo 8. Y el 20 de julio de ese año, la misión Apolo 11 llevaba a dos astronautas norteamericanos a la superficie del satélite. La URSS reconoció su derrota y, poco tiempo después, canceló su programa lunar.

Llegada del hombre a la luna, 1969.

IGDA.

Los EE. UU. continuaron enviando naves a la Luna, pero el desinterés por la competición, y el hecho de que los rendimientos económicos fuesen muy inferiores a las inversiones requeridas, llevaron a cancelar los programas. En 1975, la misión conjunta Apolo-Soyuz quiso simbolizar la fase de distensión entre las dos superpotencias. La carrera espacial se orientaría por otros derroteros: la proliferación de satélites de telecomunicaciones en órbita terrestre, por un lado, y las estaciones tripuladas con fines de experimentación científica, por otro.

EL ESTADO-NACIÓN EN LA ERA BIPOLAR

Las consecuencias de la bipolaridad fueron complejas para el bloque occidental. Los EE. UU. no se limitaron a la conformación de una zona de seguridad, sino que persiguieron tres objetivos: la contención del comunismo, la preservación e institucionalización de una economía libre de mercado a nivel mundial, y la pacificación definitiva de Europa occidental, mediante la resolución de la «cuestión alemana». El medio más eficaz, y el único realmente operativo, para conseguir esos objetivos consistió en la cooperación de Estados nacionales fuertes, políticamente estables y económicamente prósperos.

Solo en el terreno de la cooperación militar impusieron los EE. UU. una hegemonía de facto en el seno de la OTAN. Pero, en los demás ámbitos, se forjaron espacios de actuación y colaboración multilateral en los que los Estados nacionales europeos gozaban de mayor autonomía. Eso favoreció el surgimiento de instancias de cooperación económica supraestatal, primero para administrar los recursos proporcionados por Norteamérica, más tarde para gestionar en común materias primas estratégicas, como el carbón y el acero, dando lugar primero a una asociación de Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux), y en 1952 a la primera Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA).

Como ha sostenido Alan Milward, una paradoja adicional de la política de cooperación supraestatal fue que, aunque en apariencia se presentaba como una superación del Estado nacional en el terreno de la planificación económica, culminada con la firma del Tratado de Roma en 1957 que sirvió de acta de nacimiento de la Comunidad Económica Europa (CEE), en la práctica representó una operación de rescate del Estado nacional. En el nuevo mundo bipolar y en el contexto de recuperación económica de una Europa casi arrasada, las élites políticas constataron que la única posibilidad de supervivencia de los Estados-nación era, precisamente, la cooperación en materia económica frente al descrédito del liberalismo económico, del nacionalismo económico practicado por los fascismos y la necesidad de defender un modelo de economía social de mercado. Los miedos contemporáneos y las experiencias históricas recientes de las dos guerras mundiales favorecieron la sustitución de la política de potencia por la de la cooperación interestatal, que reubicaron el papel del Estado nacional como intermediario entre la garantía de la estabilidad y prosperidad social interna y la acomodación en estructuras internacionales que aseguraban esa estabilidad. A largo plazo se añadieron nuevos ámbitos de colaboración, que situarían a la CEE en un plano intermedio y en constante redefinición entre una mera liga de Estados y una confederación. En el marco del Consejo de Europa, fundado en 1949, fue posible hacer valer a escala internacional y promover en un espacio político y jurídico común los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley.

El papel de los aliados dentro de cada uno de los bloques distaba de ser uniforme. Algunos Estados ejercían un papel relativamente independiente, tácitamente tolerado en el caso del Pacto de Varsovia, más difícil de controlar en el caso de la OTAN, y de modo esporádico asumían iniciativas propias en política exterior. No siempre existía una coincidencia al cien por cien entre los intereses de los aliados de cada bloque. Hasta mediados de los cincuenta, los EE. UU. fueron favorables a la descolonización. Quince años después, eran los aliados europeos quienes se resistían a mantener abierta la guerra de Vietnam, y a considerar que la defensa del mundo occidental en Berlín pasaba por el Mekong.

Los aliados europeos desconfiaban asimismo de que, en última instancia, los EE. UU. y la URSS renunciasen al uso de misiles balísticos intercontinentales y limitasen el uso de las armas nucleares de alcance intermedio a un escenario de guerra europeo, lo que también llevaba a la RFA a promover una política de rearme, y a Francia a disponer de su propia force de frappe, un moderado arsenal nuclear desde 1960 que le permitiese ejercer la disuasión por su cuenta y en todas las direcciones, sin acordar sus líneas de actuación con Gran Bretaña y los EE. UU. El proyecto norteamericano de desarrollar la bomba de neutrones en 1977-1978, que generaba una gran radiación pero escasa onda expansiva, hizo temer a los europeos que, llegado el momento, las superpotencias podrían limitar una conflagración nuclear a Europa, conservando buena parte de sus infraestructuras.

Las varas de medir de cada uno de los países de la OTAN con respecto a los regímenes dictatoriales del sur de Europa, África o América Latina tampoco eran idénticas. El Gobierno de De Gaulle perseguía su propia política de potencia y mantenía un perfil más heterodoxo en sus relaciones con los países árabes, sus antiguas colonias y algunos Estados de Europa oriental, al tiempo que retiró a Francia de la estructura militar de la OTAN en 1966, reconoció a la China Popular en 1964 y criticó de modo permanente la política norteamericana en Vietnam. La Rumanía de Ceauşescu cultivaba los lazos retóricos y culturales de la latinidad con Francia y España, mantenía posturas heterodoxas en política exterior, permitiéndose por ejemplo tener una delegación abierta en Israel, e incluso participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, contraviniendo el boicot decretado por los países del bloque soviético.

En todos los casos se trataba de estrategias de afirmación de soberanía nacional ante la opinión pública interna, tensando la cuerda de la dependencia de las superpotencias hasta donde era posible. La distensión que imperó en los años cincuenta y parte de los sesenta también contribuyó a ello. Al mismo tiempo, los «versos sueltos» permitían tender y mantener canales de entendimiento paralelos o alternativos entre Este y Oeste, fuesen las relaciones culturales polaco-francesas o rumano-francesas, o el papel intermediario que acometió Ceauşescu entre los comunistas españoles exiliados y los sectores reformistas posfranquistas tras 1975.

LAS ALTERNATIVAS A LA BIPOLARIDAD

La Guerra Fría supuso una aceleración del proceso de globalización, como señala Jürgen Osterhammel. Su carácter planetario redujo, en primer lugar, la autonomía de los conflictos localizados, que a su vez tienden a encuadrarse dentro de ese esquema global. Los actores se vieron a menudo forzados a alinearse con uno de los bandos. Ni el Movimiento 26 de Julio cubano era en origen un movimiento comunista, ni lo era el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, o varios de los movimientos de liberación del Tercer Mundo. Hasta la revolución iraní de 1979, fueron pocos los actores políticos y sociales que escaparon a la lógica bipolar.

Fuera de los grandes «bloques», la multiplicación de nuevos Estados independientes que propicia la descolonización llevó al surgimiento de algunas potencias regionales, que intentaron jugar un papel intermedio y afirmar su hegemonía en sus áreas geopolíticas. En general, todas ellas carecían de potencia económica para aspirar a desempeñar un papel global, y estaban lastradas por graves desequilibrios sociales, étnicos y económicos internos. Ejemplos típicos podían ser la Indonesia que accedió a la independencia con Suharto, inmersa en su propia complejidad étnica interna; la India de Jawaharlal Nehru, que durante los primeros meses de su independencia en 1947 asistió a sangrientos ajustes de cuentas entre musulmanes, sijs e hindúes que causaron un millón de muertos; y, hasta cierto punto, Brasil —eterno aspirante a la hegemonía en América, pero constantemente lastrado por sus inmensos desequilibrios sociales y territoriales internos— o Egipto. Eran potencias regionales cuya orientación en política exterior buscaba la equidistancia relativa entre los bloques de la Guerra Fría; del mismo modo, tanto los EE. UU. como la URSS intentaron granjearse la simpatía de países como Egipto o la India por la vía de la cooperación económica. Japón, por su lado, eligió la inserción plena en el mundo occidental, persiguiendo su propia vía nacional hacia el capitalismo y renunciando a una política exterior de perfiles agresivos, en beneficio de una innovadora política industrial y de conquista de mercados.

Algunos pequeños Estados adquirieron durante la Guerra Fría un inusitado protagonismo internacional gracias a su papel de ejemplos, de guías o de intermediarios de las grandes potencias. La Cuba castrista, así, desafiaría con éxito la hegemonía continental de los EE. UU., ensayaría la difusión de su modelo revolucionario con menor fortuna, y cobraría un papel protagonista en la intervención del bloque del Este en los conflictos africanos de la década de 1970. El Estado de Israel era la avanzada militar de Occidente en una zona convulsa. Irán, igualmente, conocería un nuevo protagonismo como cuna, tras 1979, de una nueva forma de concebir el islamismo como doctrina política opuesta a la dominación de Occidente. Y Estados de dimensiones reducidas, como Noruega, buscarían un protagonismo creciente en la escena internacional como intermediarios y negociadores entre bandos en litigio, ya fuese en conflictos interestatales o en guerras civiles.

En el diseño de la paz y las reglas que habrían de presidir las relaciones internacionales tras 1945, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada en 1946 en la Conferencia de San Francisco por 50 Estados miembros, estaba destinada a desempeñar un papel protagonista. La ONU debía cumplir el sueño de los pacifistas decimonónicos y afirmar la primacía del derecho internacional, de la prevención de conflictos interestatales y de la diplomacia multilateral, en un mundo en el que la mera política de potencia y los pactos secretos deberían desaparecer. La conformación de la política de bloques a fines de la década de 1940 redujo el papel práctico de la ONU a un foro de Estados occidentales. Pero los nuevos Estados independientes del Tercer Mundo adquirieron a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 un mayor peso, al disponer de voz y voto en la Asamblea General de la ONU, conformando una amplia mayoría de sus miembros. Las Naciones Unidas se convirtieron en uno de los foros internacionales en que alcanzó mayor resonancia la condena del colonialismo, la lucha contra el subdesarrollo y la denuncia de las distintas formas de «dependencia» neocolonial. El eco de sus debates contribuyó, por ejemplo, a deslegitimar el colonialismo francés en Argelia, la intervención norteamericana en Vietnam o los intentos de derribar desde los EE. UU. al régimen revolucionario cubano.

La ONU contribuyó a establecer un marco normativo de las relaciones internacionales con mayor firmeza que la Sociedad de Naciones en el período de entreguerras. A menudo fue definida como un mero club de debate, en el que se confrontaban las distintas interpretaciones que los representantes de regímenes y culturas diferentes otorgaban a conceptos como justicia o libertad. Mas lo cierto fue que en su seno se afirmaron principios como el de la autodeterminación de los pueblos sometidos a dominación colonial (1960), o el respeto universal a los derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, cuya primera formulación no contó con el apoyo de la URSS y sus aliados, Arabia Saudí y Sudáfrica).

Sin embargo, esos principios no se vieron acompañados de mecanismos concretos para aplicarlos. La capacidad de la ONU para hacer cumplir sus resoluciones se vio constantemente condicionada por la ausencia de un poder militar independiente y propio, así como por el poder de veto de los miembros permanentes de su Consejo de Seguridad —la URSS, los EE. UU., Francia, Gran Bretaña y China—, que lo han utilizado de forma sistemática en defensa de sus intereses y, en tiempos de la Guerra Fría, en beneficio de uno de los bloques. Solo en conflictos intrabloques o en el Tercer Mundo, allí donde no existía un conflicto directo Este/Oeste, las fuerzas de intervención multinacionales bajo mandato de la ONU jugaron y juegan un papel relevante, como fue el caso de Chipre. El respeto a la soberanía de los Estados fue utilizado de manera continua como explicación para abstenerse de juzgar las, pese a las apariencias, claras intervenciones norteamericanas en Irán o Guatemala, o las soviéticas en Hungría o Checoslovaquia. La ONU tampoco condenó las purgas políticas de Stalin en Europa oriental, los crímenes de las dictaduras militares sudamericanas en los años setenta, o la muerte de millones de chinos como consecuencia de la política del Gran Salto Adelante puesta en marcha por Mao entre 1958 y 1961. En ese sentido, el sueño de los firmantes de la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo una utopía pendiente.

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BIENESTAR, UTOPÍA Y CRISIS: LOS CAMINOS DIVERGENTES DE LAS SOCIEDADES MUNDIALES, 1945-1990

Cuando aún no había acabado la II Guerra Mundial, británicos y norteamericanos sentaron los fundamentos de lo que habría de ser un nuevo orden económico mundial. Se basaba en primer lugar en la postergación de los principios del liberalismo económico tradicional: el laissez faire había dado lugar a la Gran Depresión de los años treinta, y durante esa década se había afirmado la convicción de que la intervención del sector público en la economía de mercado era imprescindible. Había que desterrar, igualmente, la variedad de zonas monetarias, que había sucedido al derrumbe del patrón oro en 1929-1930, y el proteccionismo estatal. El orden económico de posguerra debía aceptar asimismo el librecambismo, la libertad en los mares y la cooperación internacional. Esos factores favorecerían la expansión de la democracia y el Bienestar.

En la conferencia de Bretton Woods (1944), con participación de 44 Estados, se estableció un sistema monetario internacional basado en el dólar estadounidense y su paridad con el oro, a un precio fijo, lo que crearía una precondición decisiva para la liberalización del mercado mundial. También se acordó la creación de un Fondo Monetario Internacional (FMI), un Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, después conocido como Banco Mundial, y desde 1947 se cerró el Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT). Europa, profundamente endeudada, debía resurgir para poder pagar sus deudas a los EE. UU. y ser un baluarte frente a la expansión soviética.

EUROPA OCCIDENTAL: LOS TREINTA GLORIOSOS

Si algo deseaban los europeos por encima de todo a fines de los años cuarenta, tras una primera mitad de siglo sacudida por dos guerras mundiales, depresiones económicas y experiencias totalitarias, era estabilidad política y económica. En Europa occidental, los dos términos del binomio eran, en términos generales, crecimiento económico en un modelo de economía social de mercado, y democracia parlamentaria. En Europa oriental no se conocería o restauraría la democracia parlamentaria hasta el fin de la Guerra Fría, pero se asistiría igualmente a una etapa de crecimiento económico, modernización y cambio social, y a una era de estabilidad política.

Las destrucciones de instalaciones industriales, con ser cuantiosas, no suponían en la mayoría de las regiones europeas más del 20 por ciento de las fábricas. Algunos de los vencedores estaban igualmente exhaustos tras la guerra: en Gran Bretaña, por ejemplo, persistió el racionamiento de productos básicos hasta principios de los cincuenta, y como recuerda en sus memorias el historiador Tony Judt, escaseaba el carbón y la ropa de calidad. En toda Europa reinaba el duelo: millones de familias habían perdido a uno o varios de sus miembros; habían sido forzadas a desplazarse de sus hogares y encontrar uno nuevo, rehaciendo su vida; faltaban alimentos, viviendas y bienes de consumo en general. Y, al mismo tiempo, imperaba el ansia de reconstruir: las mujeres alemanas que retiraban escombros de las ciudades bombardeadas mientras cuidaban de los carritos de sus niños, y sus maridos estaban muertos o en cautiverio, fueron una imagen recurrente de los primeros años de posguerra.

La reconstrucción económica de Europa occidental sería puesta en marcha por el Plan Marshall en 1948 y daría lugar a casi tres décadas de crecimiento ininterrumpido y en algunas fases vertiginoso, los treinta gloriosos franceses (Jean Fourastié) o el Wirtschaftswunder alemán (milagro económico), cuyo final vendría marcado por la crisis del petróleo en 1973. El Plan Marshall fue decisivo, pero no lo explicaba todo. Ciertamente, las empresas europeas obtuvieron en condiciones ventajosas las materias primas y bienes de equipo que necesitaban, y las administraciones públicas llenaron sus arcas de recursos con los que construir infraestructuras. Pero las políticas de estímulo público no fueron idénticas en toda Europa. Y las instancias de coordinación económica europea, desde la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) al Mercado Común Europeo, surgieron cuando ya la expansión estaba en marcha.

La media de crecimiento de los países de Europa occidental hasta fines de los sesenta osciló entre el 4 y el 4,5 anual, con tasas de inflación relativamente elevadas. Alcanzó por igual a los países más beneficiados por el Plan Marshall, Francia y Gran Bretaña, y a los que menos ayudas recibieron y presentaban un mayor deterioro en sus infraestructuras viarias e industriales, como Italia y, sobre todo, Alemania occidental. En 1950, la RFA ya había recuperado los índices de producción industrial anteriores a la II Guerra Mundial. Y, por primera vez, también los países periféricos del Norte y del Sur, desde Finlandia hasta Portugal y Grecia, se beneficiaron, aunque con distintos ritmos y fases (en Europa meridional a partir de 1960), de la ola de prosperidad. Todo el continente se convirtió, por primera vez en la historia, en una sociedad industrial.

La disponibilidad de mano de obra barata —refugiados procedentes del este de Europa en Alemania e incluso Italia, inmigrantes del sur de Europa primero, de los antiguos imperios coloniales y de Turquía después— y la mayor incorporación de la mujer al trabajo asalariado, se unían a una eficaz lucha contra el riesgo de inflación excesiva. El instrumento sería la adopción de reformas monetarias en casi todos los países, empezando por la reforma alemana de 1948, que creó el nuevo marco alemán, y continuando por Francia, Austria, Gran Bretaña, Suecia y los Países Bajos. A eso acompañó un claro aumento de la demanda interna. Para estimularla, buena parte de los Estados de Europa occidental adoptaron políticas decididamente interventoras, nacionalizando amplios sectores de la economía. En eso aprendían de las experiencias de la economía planificada soviética y fascista de entreguerras, del New Deal norteamericano de los años treinta, del racionamiento y estatalización de la economía de guerra, y del modelo sueco de Estado del Bienestar, ya puesto en práctica antes de 1939 —y que tanto impresionó al anarquista catalán Juan García Oliver cuando estuvo refugiado en Suecia en 1939—. La obsesión por la planificación de las prioridades económicas se tradujo en la fundación de diversas oficinas e instancias con el cometido de elaborar proyectos racionalizadores de la economía, los transportes o el urbanismo, desde Le Plan en Francia (1946), y que en los años cincuenta y sesenta tendría continuidad con las políticas de creación de polos de desarrollo, tanto en Francia como en España.

Los primeros en estatalizar fueron quienes habían sido adalides del liberalismo económico. El Gobierno laborista de Clement Attlee, llegado al poder en Gran Bretaña tras las elecciones de julio de 1945, decretó la nacionalización de sectores estratégicos, desde el carbón a la siderurgia y los transportes, instauró un Servicio Nacional de Salud que garantizaba la cobertura sanitaria universal y una Seguridad Social que cubría el pago de una pensión de jubilación a contribuyentes y no contribuyentes. El modelo británico de Estado del Bienestar (Welfare State) fue imitado por varios gobiernos de la Europa continental. Algunos de ellos, como Francia, Holanda o Bélgica, buscaban igualmente relegitimarse ante la población, tras su colaboración forzada con el ocupante alemán. En Francia también se nacionalizaron sectores básicos y se creó una oficina de planificación económica para fijar las prioridades de las inversiones públicas. En Italia y Alemania no se llevaron a cabo grandes privatizaciones de empresas, pero los monopolios estatales ya existentes y en parte heredados de los regímenes fascistas permanecieron en pie. En Alemania y Austria existían ya sistemas de protección social desde tiempo atrás, respetados en parte por las dictaduras, que simplemente hubo que readaptar. En todos los Estados se incrementó el número de funcionarios y trabajadores dependientes del sector público. Y aumentó el gasto militar.

Las inversiones del Estado, particularmente relevantes en sectores como la construcción, estimularon el crecimiento económico, crearon trabajo y alentaron el consumo. Los salarios reales aumentaron de forma ininterrumpida entre 1950 y 1970: en Francia se cuadruplicaron, y en Alemania se triplicaron. La apertura de la igualdad de oportunidades educativas, mediante la extensión de la enseñanza secundaria y universitaria a las clases medias y populares, la cobertura de los gastos sanitarios, las facilidades públicas en el acceso a la vivienda o la garantía de las pensiones, además de los subsidios familiares, incrementaron también la renta disponible de los ciudadanos. Los gastos sociales en Europa occidental subieron de media del 9 al 18 por ciento del Producto Nacional Bruto (PNB) entre 1950 y 1973.

Europa occidental se convirtió en una sociedad cuyo estrato predominante pasaron a ser las clases medias, tanto la vieja clase media de obreros cualificados, artesanos y pequeños comerciantes, como la nueva clase media de funcionarios de rango inferior y medio, creados a su vez por la expansión del Estado del Bienestar, profesionales liberales y empleados de la industria y los servicios. Sus estilos de vida impregnaban la imagen exterior de esas sociedades. Las viviendas obreras y de clase media experimentaron una notable mejoría, extendiéndose los dormitorios individuales para cada miembro de la familia. La clase media y media-alta, según los países, estuvo en disposición de adquirir en propiedad su vivienda habitual. La construcción residencial se convirtió así en uno de los sectores que generaba mayores beneficios.

La expansión del Estado del Bienestar contribuyó de forma muy notable a la consolidación de esos nuevos estilos de vida, a favorecer una distribución más equitativa de la renta y a promover una notable movilidad social intergeneracional. La extensión de la enseñanza pública media y superior fue uno de los principales mecanismos para estimularla. En parte era una necesidad demográfica: desde 1945, el baby boom había incrementado el número de niños y de jóvenes. Pero ante ellos se abría un futuro mejor. El número de estudiantes universitarios se incrementó exponencialmente, no solo en la RFA, Italia o Suecia, sino también en países donde tradicionalmente las clases subalternas habían permanecido fuera del acceso a la enseñanza media y superior, como Irlanda, Grecia o España. El esfuerzo inversor del Estado en educación no solo incluía la creación de escuelas secundarias y la dotación de universidades, sino también una política de becas al estudio y la cobertura casi universal de la enseñanza media, más temprana en algunos Estados (RFA o Francia) que en otros (España o Italia). Por otro lado, el Estado garantizaba atención médica, seguro de desempleo, pensiones de viudedad, de invalidez o de vejez. En algunos Estados se instituyó algo semejante a una renta básica para ciudadanos en situación de desamparo duradero. Desde los años sesenta, sin embargo, se consolidó una nueva dimensión de la desigualdad social, la que oponía a ciudadanos de los Estados más desarrollados de Europa occidental a los inmigrantes de Europa meridional, y especialmente a los extraeuropeos.

El crecimiento económico de Europa occidental durante la década de 1950 fue mayor de lo esperado por las predicciones más optimistas. Y ayudó a mantener el protagonismo mundial del Viejo Continente: en 1950 el Producto Interior Bruto (PIB) europeo suponía un 40 por ciento de la producción mundial, y sus exportaciones ascendían a más de la mitad del conjunto del comercio de exportación del planeta. Esa euforia se acrecentó con la constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) en enero de 1957, sancionadas por el Tratado de Roma firmado por Francia, la RFA, el Benelux e Italia. A ellas se uniría en 1973 Gran Bretaña, tras superar el inicial veto francés de diez años antes, motivado en parte por el temor a que Londres actuase de agente «atlantizador» o americanizador de la CEE.

La ola de prosperidad no cedió durante los años sesenta. En esa década, las tasas de crecimiento europeas superaban a las norteamericanas. El consumo interior se expandía de forma acelerada, gracias en parte a la introducción de nuevos productos, el abaratamiento de costes que suponía la automatización de los procesos productivos y la capacidad de innovación tecnológica que seguía distinguiendo a las industrias punteras de Europa occidental. Las prendas textiles sintéticas, los productos de consumo desechables, los automóviles de uso familiar, los televisores, transistores y en particular los electrodomésticos, extendidos de América a Europa tras 1945 —la medida del «pequeño Bienestar»: frigoríficos, lavadoras o lavavajillas hacían la vida de millones de amas de casa más fácil y les permitía disponer de más tiempo—, se generalizaron. Todos ellos pusieron al alcance de la clase media europea una serie de comodidades impensables treinta años antes. La producción agrícola se mecanizó, los métodos de cultivo se modernizaron y la productividad aumentó. Cada vez menos población vivía de la agricultura, y por tanto se trasladaba a vivir en las ciudades: la CEE producía excedentes agrícolas, y asentar población en el campo se convertiría en las décadas siguientes en una necesidad no tanto económica como ecológica y de preservación del territorio. La expansión de las telecomunicaciones, así como de la industria del entretenimiento, en particular la televisión, permitió difundir de forma acelerada las nuevas pautas de consumo.

El crecimiento económico creaba pleno empleo y hacía necesaria además la importación de mano de obra del sur de Europa (Italia, Grecia, Yugoslavia, Portugal y España), de las antiguas colonias (argelinos, vietnamitas y nativos de África occidental en Francia; surinameses e indonesios en Holanda; congoleños en Bélgica; indios, paquistaníes y caribeños en Gran Bretaña) y de Turquía, que cubrían tanto las bajas humanas de la guerra mundial como el déficit de nacimientos registrado entre 1939 y 1944. La dinámica de pleno empleo y altos salarios permitió una expansión de los sistemas y tipos impositivos, que proporcionaron recursos suficientes con los que financiar las prestaciones de los Estados del Bienestar, gracias a presupuestos estatales que crecían de modo progresivo.

El optimismo llevaba a creer que el progreso sería imparable: cada generación viviría mejor que la de sus padres. Si en los años cincuenta la primera prioridad de los europeos había sido mejorar sus estándares de vida, disponer de más espacio doméstico, vestirse mejor y alimentarse en abundancia, en los años sesenta decidieron también divertirse y aprovechar el mayor tiempo libre de que disponían, gracias a la generalización de las vacaciones pagadas y el abaratamiento de los viajes. El sector servicios experimentó una expansión sin precedentes. El turismo devino en un fenómeno de masas y se convirtió en un eficaz agente de reconciliación continental: los jóvenes alemanes y franceses convivían en campos de trabajo, y París se convirtió en la ciudad de la luz a la que todo joven europeo quería acudir. Estudiantes, turistas, migrantes y viajeros de negocios fueron ahora actores principales de la aproximación y contacto entre las distintas sociedades de Europa occidental.

Con el Plan Marshall vino la americanización de las pautas de consumo, pero también de la cultura popular, y en especial de la cultura juvenil, a través de una atractiva mercadotecnia y el dominio estadounidense de la industria del entretenimiento, que ahora no tenía competidor real en Europa. Desde la Coca-Cola hasta los pantalones tejanos, desde el cine de Hollywood —que ahora ganaba la partida de forma definitiva a la competencia europea— a la difusión de los nuevos electrodomésticos, la modernidad y el crecimiento se asociaron con la expansión imparable del consumo individual y familiar. El consumo de masas trajo consigo la generalización de nuevos métodos de propaganda comercial, de los supermercados y grandes almacenes, y la explotación de nuevos nichos de consumo en grupos de clientes antes inexistentes, como los niños o los jóvenes.

Los nuevos hábitos de consumo, la generalización del transporte individual y la disponibilidad de electrodomésticos en cada núcleo familiar favorecieron a su vez la redefinición de los lazos comunitarios. La familia nuclear, en la que convivían solo dos generaciones, se convirtió en el marco social de referencia, por cuanto cada vez menos actividades se realizaban en el ámbito de la comunidad, desde el lavado de ropa a la lectura de prensa o la audición de noticias en la radio. Hubo algunos perdedores, pero fueron poco visibles: campesinos cuyas explotaciones ya no eran rentables; pequeños comerciantes que no pudieron competir frente a las grandes cadenas de distribución; artesanos que no pudieron adaptarse a la industrialización, y refugiados e inmigrantes de las colonias condenados a la marginalidad social.

Persistían, con todo, grandes divergencias entre los distintos países europeos. Primero, entre quienes no sufrieron las consecuencias de la guerra, y los directamente afectados por ella, que fueron patentes hasta mediados de los cincuenta. Segundo, aunque la Guerra Fría la atenuó rápidamente, la divisoria entre vencedores y vencidos: las sociedades vencedoras tuvieron un impulso mucho más dinámico que las derrotadas, en particular Alemania. Las diferencias entre centro y periferia, que venían del siglo XIX, no desaparecieron pese a la rampante prosperidad. En buena medida, se profundizaron. En 1950 la renta per cápita de Suiza, Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña era hasta cuatro veces superior a la de Grecia o Portugal. Eran también los Estados más urbanizados: dos tercios de la población de los países del primer grupo vivía en ciudades. Su población estaba alfabetizada en su práctica totalidad, mientras que un 44 por ciento de los portugueses y un 14 por ciento de los italianos eran analfabetos. La esperanza de vida en la Europa meridional e Irlanda estaba cinco años por debajo de la de los países del primer grupo, y la mortalidad infantil era el doble de alta.

La salida para muchos habitantes de esos países a partir de la década de 1950 sería la emigración hacia la Europa central y nórdica. La reindustrialización de Europa reforzó esos desequilibrios. La terciarización de la economía occidental desde los años setenta, junto con el efecto redistribuidor de la CEE, los redujo o matizó en parte, mas no los eliminó. La emigración transatlántica, un fenómeno que en el período 1880-1930 había alcanzado proporciones masivas, tampoco desapareció tras 1945, sino que, por el contrario, experimentó una segunda etapa, no tan larga ni intensa como la primera. Varios millones de europeos abandonaron el viejo continente en dirección a América, y en menor medida Australia, entre 1946 y 1970. Siguieron en general las tradiciones migratorias preexistentes: los irlandeses y británicos se dirigieron sobre todo a Norteamérica y Australia, los portugueses a Brasil, los españoles a Brasil, Argentina y Venezuela, los italianos a los EE. UU., Brasil y Argentina, los alemanes a los EE. UU., Canadá y Brasil. Solo en 1948 salieron 800 000 europeos. Una parte apreciable de ellos no emigraba por motivos económicos, sino políticos: refugiados sin hogar, supervivientes del Holocausto, exiliados que huían de Europa oriental, una minoría de antiguos nazis y colaboracionistas… A ellos se uniría un más reducido pero significativo y constante flujo de judíos europeos hacia Palestina, y después hacia el Estado de Israel, tanto desde Europa central como, más tarde, Rumanía y la URSS.

Al tiempo, se reconstruyeron las ciudades devastadas. Las destrucciones bélicas habían creado una coyuntura favorable para aplicar los planes de reforma urbana que ya se discutían antes de la guerra. Las opciones oscilaban entre dos polos: reformar conservando las estructuras heredadas de los cascos antiguos y ensanches decimonónicos; o hacer tabula rasa del pasado y optar por nuevos diseños urbanos con criterios funcionales. A menudo, no hubo mucho tiempo para la discusión, pues la prioridad consistía en reconstruir rápido, contando con el concurso de los propietarios de los inmuebles. Así, Rotterdam o Caen se convirtieron en modelos de ciudad europea occidental reconstruida con criterios funcionales, al igual que Varsovia en el bloque oriental. Núremberg o Dresde lo fueron de ciudades cuyo viejo encanto fue preservado. En muchas ciudades alemanas, la reconstrucción sembró los centros de las ciudades de edificios de hormigón impersonales, que en parte pretendían ser soportes de una nueva identidad: no había que mirar al pasado y sentir nostalgia de las casas con celosías, sino que había que mirar hacia el futuro.

Europa experimentó en los treinta gloriosos una segunda ola de urbanización masiva desde el siglo XIX. En los años cincuenta y sesenta el fenómeno se generalizó a todo el continente, abarcando el sur y el este del mismo. Si en 1950 el 45 por ciento de los europeos vivía en ciudades, veinte años más tarde el porcentaje había aumentado al 58 por ciento. Las nuevas ciudades tendieron a seguir una planificación funcional, con separación de barrios residenciales, de negocios y zonas industriales y comerciales.

CRISIS Y ADAPTACIÓN (1973-1989)

En 1973, el optimismo y la prosperidad de los europeos recibió un duro golpe. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dominada por los países productores de Oriente Medio, África y Latinoamérica, acordó reducir la producción de crudo. El precio del barril se cuadruplicó, pasando de 3 a 12 dólares. En una segunda subida, decretada en 1979, el barril subió de 16 a 24 dólares. La opinión pública de Europa occidental y otras economías del capitalismo avanzado constató que su progreso tenía pies de barro: la dependencia energética de países no europeos. Y también se tornó consciente de que esos recursos energéticos no eran ilimitados.

A la crisis energética se unió el fin del sistema monetario definido por los Acuerdos de Bretton Woods treinta años antes. El endeudamiento de los EE. UU., acentuado por la carrera armamentística y la guerra de Vietnam, amenazaba con crear tensiones inflacionistas en el dólar, al que estaban ligadas el resto de divisas. El retorno a tipos de cambio variables hizo mucho más volátil el comercio internacional, y sobre todo menos predecible. El fin de los treinta gloriosos llevó a una nueva etapa, caracterizada por la ralentización del crecimiento económico europeo, la influencia de la doctrina monetarista en la política económica y financiera, el comienzo de la tendencia a la privatización del sector público y la desregulación de los mercados financieros, el nuevo impulso a la globalización económica con el empuje de competidores económicos extraeuropeos, y la conversión de Europa en una economía de servicios, que dejaba atrás la era industrial.

A mediados de los años setenta las tasas de crecimiento anual habían descendido a la mitad, y se situaban en una media del 2 por ciento. A eso se añadió el rebrote de la inflación, especialmente importante en países como Gran Bretaña, Italia, Portugal e Irlanda. En los años ochenta disminuyó la inflación, pero aumentaron las tasas de desempleo —del 6 por ciento de 1980 al 10 por ciento de media europea en 1989—, que se reducían en las fases de mayor crecimiento, pero nunca volvían a las tasas de plena ocupación anteriores a 1973.

Existen varias interpretaciones, ninguna completamente satisfactoria, acerca de las causas de la ralentización del crecimiento de Europa occidental. Van desde el agotamiento de la capacidad de innovación de la industria europea, la competencia de los países asiáticos y la deslocalización de la producción hacia la periferia por parte de las grandes empresas, hasta los crecientes costes del mantenimiento del Estado del Bienestar y los altos salarios, mantenidos por el poder de los sindicatos. Faltaba además una nueva gran innovación o sector puntero que actuase de motor del crecimiento económico general, como había sido la industria del automóvil en los años cincuenta y sesenta.

Las concepciones dominantes en la política económica también cambiaron a lo largo de la década de 1970. El keynesianismo, partidario de la intervención del Estado en la economía, todavía siguió inspirando hasta principios de los ochenta la acción de los gobiernos socialdemócratas o de gran coalición, e influía en los democristianos. Pero ahora cedió terreno frente a las filosofías económicas que denunciaban el excesivo peso del sector público, visto como un freno a la innovación y la competitividad de la economía, y culpable de la alta inflación y del aumento del desempleo. Las críticas provenían sobre todo del economista austríaco Friedrich von Hayek y del norteamericano Milton Friedman, fundador de la Escuela de Chicago, quienes defendían la vuelta a un dogma liberal, basado en la disminución radical de la intervención del Estado, la libre competencia y la confianza en el poder autorregulador del mercado, la disminución de las cargas impositivas y el desmantelamiento del Estado del Bienestar por caro e ineficaz, principios que, en términos generales, regían el modelo del capitalismo norteamericano.

El monetarismo ejerció gran influencia en las políticas económicas de varios Estados europeos y latinoamericanos durante los años ochenta, introduciendo tres principios cardinales: la reducción de los déficits de las finanzas públicas y del endeudamiento estatal; la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Para ello, el Estado debía disminuir su peso en varios sectores económicos estratégicos, y dejar la protección social en manos del mercado, que sería un gestor más eficaz de los recursos disponibles. La adopción más decidida de estos principios corrió a cargo del Gobierno conservador británico desde 1979, presidido por Margaret Thatcher, quien llevó a cabo una radical privatización y reestructuración de industrias públicas y en especial del sector minero, a pesar de la radical oposición de los sindicatos. Y cuando la CEE, transformada en Unión Europea (UE), decidió en los años noventa dar el paso hacia la creación de una moneda única, impuso a los Estados participantes en ella una reducida tasa de inflación y de déficit público.

La tendencia hacia la privatización y desregulación de los sectores financieros y productivos también se afianzó durante los años ochenta y noventa. El fenómeno fue especialmente patente en la reprivatización de empresas estatales en el ámbito de las industrias estratégicas y los servicios y transportes, desde aerolíneas «de bandera» hasta los sectores minero o automovilístico, las compañías telefónicas o de ferrocarril. Los medios de comunicación públicos se mantuvieron, en general, en manos estatales, dado que ningún gobierno deseaba renunciar a la capacidad de influir sobre la opinión ciudadana; pero sí se abrió el sector de las telecomunicaciones o los medios de comunicación de masas a la competencia privada, en particular la radio y la televisión.

Hasta principios del siglo XXI, sin embargo, las prestaciones sociales básicas en sanidad, educación y planificación urbanística permanecieron en manos de los Estados, si bien en cada uno de ellos persistían fuertes peculiaridades. En Alemania, el peso de las aseguradoras privadas era mayor que en la Europa del Sur, mientras que en España o Italia el influjo de la Iglesia católica en el sector educativo era mucho mayor que en Francia, Alemania o el Benelux, donde la educación pública de calidad estaba asegurada prácticamente al cien por cien. La tendencia a privatizar estos sectores se acentuó durante la primera década del siglo XXI, sin conseguir imponerse plenamente en buena parte de Europa por las grandes resistencias a la reducción de lo que la mayor parte de la población consideraba derechos sociales adquiridos.

Los resultados económicos de la ola de privatizaciones son discutibles. Su eficacia fue mayor en reducir los déficits estatales que en asegurar una mejor prestación de servicios y una más eficaz asignación de recursos. La connivencia, particularmente en los Estados de Europa meridional, entre los intereses privados y los responsables públicos convirtió las privatizaciones de empresas estatales en una fuente de corrupción. Por lo general, los Estados fuertes fueron capaces de mantener controles estrictos sobre la calidad de los servicios prestados por las empresas con las que se concertaban servicios antes prestados por el Estado, fuesen sanitarios o de transporte.

Una última transformación consistió en el paso de una economía industrial a una economía de servicios, proceso que se materializó en la mayoría de los países europeos entre 1970 y 1980. Este último año, el número de empleados en el sector terciario superó al de los ocupados en la industria. El proceso pasó relativamente inadvertido para la mayoría de los contemporáneos, al menos, hasta la década de 1990, cuando la revolución informática inauguró una nueva fase en las economías de servicios. Pero sus fundamentos ya habían sido establecidos una década antes.

EL CONSENSO POLÍTICO DE POSGUERRA EN EUROPA OCCIDENTAL

Hasta cierto punto, el Estado del Bienestar también constituía una respuesta europea al desafío planteado por el comunismo soviético. A la utopía de una sociedad sin clases en la que todos los seres humanos serían iguales, oponían los norteamericanos la de una sociedad de seres libres donde todos tendrían la oportunidad de demostrar sus capacidades, y de ver recompensado con Bienestar material su esfuerzo y su talento. El camino europeo parecía querer combinar lo mejor de uno y otro modelo: una sociedad solidaria, en la que los desprotegidos no se quedasen al margen y en la que reinase la igualdad de oportunidades, donde la libertad de iniciativa permitiese la recompensa material. Y su expresión política sería la democracia parlamentaria, en forma de repúblicas o monarquías constitucionales.

La posguerra fue también la era del «retorno de la democracia» a Europa, en varias fases. Primero, Europa occidental y nórdica; tras 1974-1975, los Estados dictatoriales del Sur del continente (Portugal, España y Grecia); tras 1989, Europa centro-oriental. Y sus modalidades fueron distintas según las situaciones de partida, empezando por 1945. La reinstauración de la democracia parlamentaria en los Estados que habían sufrido regímenes dictatoriales impuestos por la ocupación nazi (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Checoslovaquia hasta 1948) gozó de un amplio consenso entre la población y la participación activa de los movimientos de resistencia. Aunque en la mayoría de los países se elaboraron de nuevo constituciones y se (re) fundaron nuevos partidos políticos, el retorno de la democracia supuso en general la continuidad, y a menudo el regreso del exilio de las viejas élites políticas. Los colaboracionistas y fascistas domésticos fueron depurados en procesos cuya intensidad fue variable, desde los juicios improvisados en Noruega o los Países Bajos hasta los diez mil muertos que se cobró la épuration en Francia; el conflicto civil en Italia entre fascistas y antifascistas durante la fase final de la guerra, que arrojó unas 15 000 víctimas, o las represalias masivas ejecutadas en la Yugoslavia de posguerra (100 000 víctimas).

En otros Estados, donde la democracia ya había caído durante el período de entreguerras y los regímenes fascistas o autoritarios autóctonos ya existían antes de 1939, como Italia, Austria y Alemania, hubo que reinventar la democracia mediante procesos constituyentes complejos, mediatizados en Austria y la RFA por la presencia de tropas de ocupación, con un concurso menos entusiasta de la mayoría de los habitantes, y sin que fuese posible el regreso de viejas élites políticas; o, al menos, las que retornaron habían jugado un papel poco relevante antes de la guerra. Tampoco la depuración de los fascistas y nazis pudo seguir el mismo modelo que en los países ocupados por el Eje: simplemente, había demasiados. El problema consistía en reciclarlos, castigando a los culpables de crímenes y filtrando a los más prominentes. Los Aliados juzgaron a los más importantes en Núremberg y en varios procesos subsiguientes, y la desnazificación de la Administración alemana de posguerra se moderó rápidamente en los años cincuenta. Hasta 1961 no volvieron a celebrarse grandes juicios en la RFA contra criminales de guerra nazis.

Sin embargo, los fascismos quedaron totalmente deslegitimados tras 1945, y los países vencedores, a diferencia de 1918, se comprometieron de forma activa con la extensión de la democracia parlamentaria. En Alemania e Italia los programas de intercambio cultural promovidos por los Aliados, los cursos de adoctrinamiento a los excombatientes, o la intervención decidida en el diseño de programas educativos, llenaron en parte el vacío de tradición liberal. Y el proceso de reeducación democrática de las sociedades europeas se vinculó con intensidad variable a la elaboración de un proceso de integración continental, como ya habían previsto varios líderes de las resistencias antifascistas europeas antes de 1945.

Del nuevo consenso quedaban fuera, de entrada, los nostálgicos del fascismo, que todavía mantuvieron presencia electoral, sobre todo en Italia, y en mucha menor medida y con gran inestabiliad organizativa en Alemania. Hasta la década de 1970 no surgirían los neofascismos, que buscarían explotar la inquietud de algunos sectores de población ante el aumento de inmigrantes extraeuropeos, como mostraría el ascenso del Frente Nacional en Francia. Pero también, aunque de modo menos categórico, estaban fuera los comunistas. Una condición de los EE. UU. para los países participantes en el Plan Marshall era la exclusión de ministros comunistas de sus gobiernos. Washington intervino de forma poco discreta en las elecciones italianas de abril de 1948, esperando que el resultado no favoreciese al Partido Comunista, cuya victoria se antojaba para los católicos un baño de sangre a manos de turbas fanáticas. Se podía admitir la presencia de concejales, alcaldes o presidentes regionales comunistas; su papel en el mundo de la cultura o la universidad se toleraría; pero esa alternativa política estaba vedada al nivel de Estado nacional. En el juego podían participar los partidos socialistas, siempre que, de forma teórica —como el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, en su congreso de Bad Godesberg, 1959— o en la práctica —caso del Partido Socialista Francés o del peculiar Partido Laborista británico, cuya tradición ideológica no era marxista—, renunciasen al postulado de la construcción de una sociedad socialista sin clases y a la estrategia revolucionaria.

A la derecha del espectro político, el vacío que habían dejado en buena parte de Europa las derechas conservadoras y liberales ampliamente fascistizadas solo podía ser cubierto por una alternativa que conjugase credenciales antifascistas, aceptación del papel del Estado en la economía y tradicionalismo en la defensa de valores como el papel de la familia o la religión. Esa opción pasó a ser, en términos generales, la Democracia Cristiana, etiqueta más o menos laxa que disponía en algunos países (como Italia o Francia, en parte también Alemania y Bélgica) de arraigados antecedentes políticos desde fines del siglo XIX. Empero, en general constituyó una alternativa improvisada, que operó como una casa común de las derechas anticomunistas y democráticas de Europa, adoptando matices particulares en cada Estado (biconfesionales, católica y protestante, en Holanda o la RFA, o con componentes caudillistas en Francia…), y reuniendo tanto a liberales como a corporativistas. Las Iglesias cristianas conocieron además un cierto período de auge durante la posguerra, que duraría hasta la década de 1960, en parte por la necesidad de crear un vínculo con la etapa anterior a la guerra mundial y las dictaduras fascistas. Y, de hecho, entre los promotores de las nuevas democracias cristianas había muchos integristas religiosos, partidarios de restaurar la influencia terrenal de la Iglesia y del dogma católico y corregir los excesos secularizadores.

La democracia cristiana poseeía además una indudable ventaja: era un fenómeno transnacional, que contaba no solo con el claro apoyo del Vaticano y de las Iglesias protestantes, sino también con una articulación política internacional. Los Nuevos Equipos Internacionales constituidos en 1946 se convirtieron en un embrión de la Unión Europa Demócrata-Cristiana, operando como factor de reconciliación continental.

Una consecuencia de la expansión de las clases medias fue, inevitablemente, la huida de los radicalismos, tanto de derecha e izquierda, por parte de las sociedades europeas. Como había previsto George Marshall, mejorar el nivel medio de vida e incrementar el número de ciudadanos con trabajo estable, y hacerlos propietarios de una vivienda y un coche, los alejaría indefectiblemente de cualquier veleidad comunista. El consumismo, en definitiva, era la mejor alternativa al comunismo. Los socialistas democráticos se convirtieron progresivamente en socialdemócratas, y reformularon el objetivo de la igualdad social en la aspiración a una plena igualdad de oportunidades para todos. Las derechas democristianas mantuvieron el postulado de la economía de mercado, compatible con la sensibilidad hacia la cuestión social de la doctrina socialcatólica, como elemento indispensable para garantizar la estabilidad y la paz en las sociedades occidentales.

La clase obrera tradicional distaba de haber desaparecido entre los años cincuenta y los años setenta. Su fuerza numérica no era quizá la de otrora, ni sus reivindicaciones acostumbraban a rebasar un listón socialdemócrata y/o corporativo. Ciertamente, persistieron regiones marcadas por la tradición del proletariado militante y sus culturas políticas: el Ruhr minero, la Turín obrera, los Midlands y las regiones carboníferas británicas, o el norte minero francés. Los años de la prosperidad fueron, además, la época dorada de los sindicatos, cuyo número de afiliados se incrementó y cuya influencia sobre la regulación de las relaciones laborales fue más fuerte que nunca. Sus tácticas y poder variaban de país a país, pero en general la negociación primó sobre la conflictividad, y el número de huelgas hasta 1973 fue reducido. Los sindicatos británicos o la IG Metall alemana mantenían un amplio poder de movilización y de negociación frente a la patronal, y ejercían una considerable influencia en el marco de relaciones laborales de cada país mediante la práctica de la cogestión, generalizada en el sector siderúrgico y minero alemán desde los años sesenta. Una parte de los inmigrantes del sur de Europa o extraeuropeos se integró perfectamente en los ámbitos sindicales, y llevó sus experiencias a sus países de origen. Como anotaban alarmados los agentes de la policía política del régimen salazarista (PIDE) en los sesenta, los emigrantes portugueses en Francia ejercían un influjo disolvente sobre los vecinos de sus pueblos de origen, cuando les contaban los derechos laborales y las prestaciones de que disfrutaban en Borgoña o París.

Reconstruir ciudades e infraestructuras económicas también implicaba superar la época de los enfrentamientos de entreguerras mediante la constitución de una nueva esfera pública europea, definida e impregnada hasta 1968 por una serie de intelectuales cuyo eco fue transnacional, desde los filósofos y escritores existencialistas franceses a los filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt. Pero también por la proliferación de ferias del libro, festivales de música, de cine y de teatro, desde la Bienal de Venecia a Cannes, los festivales de música de Salzburgo y Edimburgo, o el de teatro de Aviñón. En 1950 se fundó la Unión Europea de Radiodifusión, seguida en 1954 de Eurovisión. Sin embargo, fueron algunas emisoras para soldados norteamericanos en Europa occidental, como AFN, las que alcanzaron en la Guerra Fría una mayor difusión en los ámbitos juveniles. Los medios de comunicación siguieron operando de forma preferente a escala de los Estados nacionales, y de forma secundaria en los distintos dominios lingüísticos —francés, alemán, inglés, neerlandés— supraestatales.

LA OLA DEL 68 Y SUS SECUELAS: MUTACIONES SOCIALES Y CULTURALES

Desde fines de los años sesenta las democracias parlamentarias de Europa occidental se enfrentaron a algunos desafíos. En particular, el planteado por los movimientos estudiantiles y lo que algunos especialistas denominarían nuevos movimientos sociales, desde el ecologismo al pacifismo y el nuevo feminismo, que plantearon demandas posmateriales, pero también el reconocimiento de plenos derechos e igualdad de oportunidades a colectivos hasta entonces poco visibles. Eso contribuyó, en el medio plazo, a profundizar y mejorar la calidad de las democracias occidentales, situando en la agenda política cuestiones invisibles en la primera posguerra, desde la necesidad de disminuir la contaminación ambiental al respeto a las minorías no solo religiosas o étnicas, sino también sexuales, o la plena igualdad de oportunidades para los discapacitados psíquicos y físicos.

La idea de Europa se convirtió en uno de los temas más debatidos en los años cincuenta y sesenta, desde distintas perspectivas. Por un lado, estaban los partidarios de la articulación de una gran unión política europea, como contrapeso a las superpotencias nucleares, y que veían en el Mercado Común un primer paso hacia la recuperación del papel director de un continente que perdía peso en el mundo. Otros daban prioridad a la defensa del «Occidente» cristiano frente a la amenaza comunista. Y otros más eran partidarios de la continuidad de fuertes Estados nacionales, coordinados mediante unos laxos vínculos económicos. La dificultad para encontrar símbolos comunes y un relato histórico compartido para todo el continente, siquiera para Europa occidental, corría paralela a la incertidumbre acerca de cuáles eran sus límites. El general Charles de Gaulle afirmaría de manera provocadora en Varsovia que su Europa iba desde los Urales hasta el Atlántico. Otros situaban la divisoria en el telón de acero, en la frontera soviética. El debate no cesaría tras el fin de la Guerra Fría.

El progreso económico y la estabilidad política provocaron también importantes mutaciones de valores. Ante todo, una secularización creciente e irreversible de todas las sociedades europeas, con ritmos variados, que también se extendió a las sociedades católicas de la Europa del Sur. Las Iglesias perdieron miembros y el índice de practicantes y de participantes en ceremonias y festividades religiosas descendió, con ritmos distintos, en todo el continente. La confianza en las instituciones oscilaba de país a país, siendo mayor en la Europa nórdica y menor en la mediterránea.

En la segunda mitad de los años sesenta se asistió en buena parte de Europa, al igual que en los EE. UU. y otras sociedades que seguían los parámetros del capitalismo avanzado, a un creciente conflicto entre jóvenes y viejos, padres e hijos. La generación que creció en un continente libre de guerras y, al menos en parte, de dictaduras conoció la americanización de pautas de consumo y costumbres, la comida rápida y la música rock, pero también la filosofía existencialista, el pop-art y la preocupación por valores posmateriales. La generación de los sesenta conoció además las drogas, el movimiento hippy, la música pop, la liberalización de las costumbres sexuales y la píldora anticonceptiva, y planteó nuevas reivindicaciones.

Fueron en particular los estudiantes universitarios, los radicales opulentos que definía la teoría de los movimientos sociales, los que se convirtieron en nuevos protagonistas activos de la protesta social. Salieron a la calle en mayo de 1968 en París, pero también en otras ciudades universitarias, desde Santiago de Compostela hasta Zagreb, en demanda de un perfeccionamiento de la participación democrática, de un trato justo a los pueblos del Tercer Mundo y de una nueva relación con el medio ambiente. Se rebelaron contra la guerra de Vietnam, manifestaron su admiración por la revolución cultural china o por las guerrillas latinoamericanas, y protagonizaron huelgas estudiantiles y manifestaciones, a veces violentas, como los disturbios callejeros de Berlín en junio de 1967. En Italia, Alemania o España, plantearon además a sus mayores incómodas preguntas acerca de su compromiso en el pasado con los regímenes fascistas.

Era un tipo de reivindicaciones incomprensibles para muchos sindicalistas y comunistas clásicos, pues no se basaban en una mejora de las condiciones de trabajo o en un cambio de la relación con los medios de producción, y provenían de generaciones cuyo futuro, en principio, parecía asegurado. El movimiento estudiantil de mayo del 68 fue un fenómeno transnacional, con conexiones entre los estudiantes de los distintos países. Al contrario que sus padres, que habían experimentado los horrores de la guerra de distintas formas y deseaban olvidar, producir con sacrificio, consumir sin olvidar una cierta discreción —los Kriegskinder alemanes, acostumbrados a no tirar nunca un pedazo de pan duro— y disfrutar de unas buenas perspectivas de futuro, los jóvenes querían edificar un mundo mejor: «Sed realistas: pedid lo imposible», rezaba uno de sus lemas.

En los años setenta y ochenta, las sociedades europeas afrontarían cuatro transformaciones principales, cuya raíz, sin embargo, no se hallaba necesariamente en las revueltas estudiantiles con las que finalizó la década de los sesenta. El primer cambio se puede resumir en la irrupción de un mayor escepticismo ante lo que depararía el futuro. El lema del movimiento punk británico, No future, era una de las caras del desencanto ante el poder previsor y planificador de expertos y agencias estatales. Mientras los partidarios del liberalismo criticaban el exceso de burocracia y la escasa capacidad de innovación de los Estados del Bienestar, que coartarían la creatividad individual y la capacidad europea de competir con los EE. UU., Japón o Corea, otros denunciaban precisamente las deficiencias que aún presentaban esos Estados providencia, en particular para cubrir las nuevas necesidades asistenciales que planteaba una población cada vez más envejecida. Los nuevos movimientos sociales y las organizaciones de ayuda al Tercer Mundo, por su parte, censuraban la falta de solidaridad de los países ricos con los de la periferia mundial.

El segundo cambio venía dado por la ralentización de la movilidad social y de las expectativas de mejora de las condiciones de vida, lo que se manifestaba tanto en un más moderado crecimiento de los salarios como en la disminución del poder adquisitivo real de amplias capas de la población europea. El consumo creció en los años ochenta a un ritmo inferior en un 50 por ciento a lo que lo había hecho en los setenta. La expansión de la educación media y superior, aunque con grandes disparidades según los países —en España o Portugal la etapa de mayor expansión fueron precisamente los años setenta y ochenta—, ya no tuvo lugar al ritmo acelerado de los treinta gloriosos. La mejora de las prestaciones sanitarias y de indicadores como la esperanza de vida fue mucho más modesta. Y, finalmente, desde los años ochenta volvió a aumentar, de modo general y aun con grandes disparidades entre los distintos Estados europeos, la desigualdad social, vinculada a la disminución del gasto público, el crecimiento del desempleo, la transformación de las estructuras familiares y la inmigración extraeuropea. Los nuevos pobres ya no eran solo obreros industriales sin cualificación, sino también parados de larga duración, madres solteras, inmigrantes y refugiados políticos. La brecha salarial entre ricos y pobres se ensanchó.

El tercer cambio se vinculaba a la creciente diversidad interna de las sociedades europeas, que contrastaba con la paralela difusión de patrones culturales y estilos de vida comunes. El individualismo social, la erosión de los lazos familiares extensos y la aparición de tipos alternativos de núcleos familiares —monoparentales, de divorciados, las familias patchwork con hijos de distintos matrimonios, las parejas dinkies que renunciaban a la paternidad para mantener patrones de consumo y expectativas de promoción profesional…—, la mayor movilidad geográfica de la población y la influencia cada vez menor de las identidades religiosas, locales o incluso nacionales (con numerosos matices según cada Estado o cada comunidad nacional europea), se unían al cuestionamiento de la estructura de clases y los criterios de distinción social tradicionales de la sociedad industrial. Las sociedades del capitalismo avanzado vieron diluirse en buena medida conceptos como clase obrera, burguesía o campesinado, y en su lugar la sociología acuñó nuevos términos, como estratos o agregados sociales, de naturaleza multiforme. Los lenguajes de clase también se tornaron porosos.

Eso también tenía que ver con los crecientes cambios en las condiciones laborales en la industria y los servicios, en donde el taller, la factoría y la convivencia con los demás trabajadores en el lugar de trabajo perdían peso frente a formas más flexibles de organización de la jornada. La incorporación creciente de la mujer al mercado laboral acentuó esta dinámica, sobre todo en los países de Europa nórdica y central, y con menos intensidad en la Europa del sur. Los patrones de consumo, y por tanto las categorías de distinción asociadas a ellos, también se volvieron más variables y fugaces.

Las sociedades de Europa occidental se convirtieron desde los años setenta y ochenta en sociedades cada vez más multiculturales, en la que los inmigrantes extraeuropeos suponían en varios países más del 7-8 por ciento de la población. A pesar de que las políticas de inmigración europeas se volvieron más restrictivas desde mediados de los años setenta, y que el fin de la rampante prosperidad ya no garantizaba tantas oportunidades a los recién llegados, los inmigrantes siguieron afluyendo a Europa, a menudo de forma ilegal. Se superponían a las generaciones de inmigrantes portugueses, griegos, italianos, yugoslavos o españoles arribados en los años cincuenta y sesenta, muchos de los cuales se habían integrado sin problemas en las sociedades alemana, francesa, holandesa, británica o belga, y habían decidido quedarse. En países como Luxemburgo, el 26,3 por ciento de la población en 1980 se componía de extranjeros, en buena proporción (hasta un 15 por ciento) portugueses, muchos de los cuales devinieron en alcaldes y concejales de sus municipios de residencia. Igualmente, cada vez más europeos, en particular trabajadores especializados, intelectuales, profesionales y estudiantes, vivían en otro país occidental distinto al de su nacimiento. El turismo, aun sin crecer al ritmo que en los años de la prosperidad, siguió siendo motivo de millones de desplazamientos intraeuropeos, al igual que lo eran los viajes de inmigrantes meridionales a sus países de origen en Navidad o en verano, los retornos definitivos de un porcentaje apreciable de ellos, y el fenómeno inverso, desde los años setenta: el establecimiento de jubilados del norte de Europa en la Europa del sur para pasar los últimos años de sus vidas.

LA NUEVA OLA DE LA DEMOCRATIZACIÓN Y LOS NUEVOS RADICALES

Los años setenta y ochenta supusieron un nuevo impulso a la extensión de la democracia en el continente, en la que se denominó «segunda democratización» de Europa. Sus pilares fueron tres. En primer lugar, el fin de las dictaduras de Europa meridional. En el caso portugués, mediante una revolución protagonizada en abril de 1974, la revolución de los claveles, por amplios sectores del ejército, que explotaron el descontento generado por la larga guerra colonial. Tras una fase de transición de año y medio, en la que se registraron intentos de contragolpe y una radicalización izquierdista, la victoria del Partido Socialista en las primeras elecciones democráticas allanó el camino hacia la consolidación de una república parlamentaria. En Grecia, el régimen militar de los coroneles no pudo superar el descrédito que supuso su fallida intervención en Chipre, también en 1974. En España, el proceso de transición democrática que siguió a la muerte del general Franco en noviembre de 1975 llevó a una solución pactada entre los sectores reformistas del régimen franquista y la oposición democrática, bajo la dirección de una monarquía constitucional restaurada. En los tres casos, sobre todo en España, la irrupción tardía de la prosperidad económica en los años sesenta y las radicales transformaciones sociales fueron factores subyacentes que favorecieron el cambio político.

En segundo lugar, también se registraron mutaciones en los sistemas democráticos consolidados de Europa occidental. De entrada, se afianzaron varios de los nuevos movimientos sociales surgidos al calor del mayo de 1968, resurgieron otros y nacieron algunos nuevos. Los movimientos nacionalistas subestatales recobraron un cierto impulso gracias a la refundación en clave izquierdista de varios de ellos, la transición a la democracia en España, que colocó sobre el tapete la satisfacción de las demandas de los nacionalismos catalán, vasco y gallego, la nueva presión del movimiento flamenco por la federalización de Bélgica, y el fulgurante ascenso electoral del nacionalismo escocés y, en menor medida, galés entre 1974 y 1979. También adquirió un mayor protagonismo un nuevo movimiento feminista, que ya no se limitaba a reivindicar el voto femenino, ya generalizado, sino que perseguía un cambio más profundo en los roles sociales de género, la libertad sexual, y la igualdad de oportunidades laborales con los hombres. Asimismo, adquirieron una gran importancia los movimientos ecologistas, en parte articulados a escala internacional, como Greenpeace, que también intentaron llevar el respeto al medio ambiente al campo de la política, para lo que fueron decisivas las movilizaciones en contra de la energía nuclear, de la polución atmosférica o del maltrato animal. A menudo, sus objetivos coincidían con los del movimiento pacifista, como fue el caso de las movilizaciones contra el despliegue de misiles de alcance intermedio por la OTAN en Europa, lo que favoreció la confluencia organizativa y la formación de plataformas políticas. El mejor ejemplo fueron Los Verdes en la RFA, que llenaron en parte el vacío de opciones políticas a la izquierda del SPD —una peculiaridad germana era la proscripción del Partido Comunista—, experimentando un significativo crecimiento electoral en la década de 1980.

De hecho, el pacifismo y el respeto a los derechos humanos se convirtieron en un rasgo esencial de la cultura política de Europa occidental, que también buscó así una marca distintiva respecto a los EE. UU. en el marco de la OTAN. Tras las últimas guerras coloniales portuguesas, y el episodio aislado de la guerra de las Malvinas (1982), ningún Estado de Europa occidental se comprometió abiertamente en una guerra exterior, fuera de las intervenciones de contingentes expedicionarios bajo el mandato de la ONU en Bosnia, Kosovo, Irak o Afganistán entre 1994 y 2014. La pena de muerte fue abolida en toda Europa occidental, y en 1983 el Consejo de Europa incluyó la renuncia a la pena capital en la Convención Europea de Derechos Humanos, en lo que a menudo se definió como una clara diferencia frente a los EE. UU.

En tercer lugar, el proyecto europeo se consolidó durante los años setenta y ochenta. La CEE incorporó nuevos Estados en sucesivas oleadas: Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en 1973; Grecia en 1981; España y Portugal en 1986. La pertenencia a la CEE, a pesar de las concesiones económicas a que obligaba y las concesiones a los lobbies agrarios e industriales de los países fundadores, fue vista en los tres últimos países como un espaldarazo definitivo a su democratización y normalización política, a lo que contribuía la política de Bruselas de no aceptar como integrantes a regímenes dictatoriales, al contrario que la OTAN. El número de ciudadanos de la CEE que consideraban la unificación europea como un fenómeno positivo creció del 50 por ciento en 1980 al 70 por ciento en 1990. El eurooptimismo imperaba, a pesar de que las competencias del Parlamento Europeo, cuyas primeras elecciones se celebraron en 1979, eran aún muy limitadas, y distaba de existir una esfera pública y deliberativa de ámbito supraestatal. Por otro lado, los símbolos y el contenido emocional de la identidad europea, asociada al proyecto de unidad continental, eran y siguen siendo débiles.

Sin embargo, los años setenta y principios de los ochenta también fueron los años más duros de la violencia terrorista en Europa occidental. La radicalización de una parte de los jóvenes protestatarios de mayo del 68 en Francia, Alemania e Italia, llevó al surgimiento de grupos violentos de extrema izquierda. Entre algunos sectores de la izquierda radical europea cundió el ejemplo de algunas formas de guerrilla urbana latinoamericana, encarnada por los tupamaros uruguayos y la conceptualización de la lucha armada como forma de desestabilizar el régimen democrático burgués por el brasileño Carlos Marighella. Eran marxistas universitarios desilusionados, en el fondo una derivación violenta de la Nueva Izquierda, que recibieron además apoyo logístico y entrenamiento de los grupos armados palestinos más radicales, en particular a partir del llamado Septiembre Negro de 1972. En la RFA surgió la Fracción del Ejército Rojo, responsable desde ese mismo año de varios asaltos a bancos, ataques a bases norteamericanas, secuestros de empresarios, políticos y de una treintena de asesinatos y muertes violentas. En Italia, el protagonismo violento correspondió desde principios de la década a las Brigadas Rojas, autores de varios secuestros, asesinatos de policías y políticos y robos de bancos, cuyo golpe fundamental fue el rapto y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978, y que se cobró unas 60 víctimas a lo largo de su existencia. El GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) español fue responsable de varias decenas de secuestros y una treintena de asesinatos desde 1975. También en Japón surgió un terrorismo de izquierda, representado por el Ejército Rojo, autor de varios atentados espectaculares, en colaboración con grupos palestinos, desde 1972. Ninguno de estos grupos, salvo las Brigadas Rojas, obtuvo un apoyo popular reseñable. En parte por ello, y a pesar de la propaganda que obtenían sus acciones armadas, se fueron extinguiendo a fines de la década.

El terrorismo de izquierda a menudo tenía un correlato en un terrorismo negro, de inspiración neofascista, que había sido refundado también tras mayo de 1968, y que, particularmente en Italia y en la España tardofranquista, actuaba en conexión con los servicios secretos del Estado. La estrategia de la tensión en Italia (los «años del plomo») se explicaba desde esta perspectiva como una dinámica de radicalización mutua, en la que la extrema derecha y la extrema izquierda coincidían en su odio al Estado democrático. Mas también incidía sobre una estrategia ya diseñada desde los años cincuenta, la red Gladio, consistente en la utilización de medios terroristas para impedir la caída de los gobiernos de Europa occidental en manos comunistas, que operaba a su vez con la connivencia de organizaciones criminales y grupos neofascistas. El sangriento atentado de la estación de Bolonia en agosto de 1980, obra de la extrema derecha, acabó con la vida de 85 personas. Y la mafia desencadenó en el sur de Italia y Sicilia una violenta campaña contra la policía, los jueces y los políticos locales. Las conexiones de esas organizaciones con las altas esferas de las finanzas y del Estado italiano, como se demostraría años más tarde, eran tanto o más desestabilizadoras para la democracia que los actos terroristas de la izquierda radical.

A la violencia de izquierda y neofascista se unió la violencia étnica, que adquirió características diferenciales en Córcega, Irlanda del Norte y el País Vasco. En Córcega se trataba sobre todo de acciones perpetradas contra símbolos del Estado francés por parte de grupos etnonacionalistas, muy vinculados a los tradicionales clanes de la isla, y se cobró un número reducido de víctimas mortales. El conflicto norirlandés entre católicos y protestantes estalló en 1969 ante el crecimiento de las demandas de la población católica por una plena equiparación de derechos políticos y civiles, y se radicalizó rápidamente por la supresión británica de la autonomía del Úlster y el despliegue de tropas regulares, dando lugar a una dinámica de enfrentamiento entre grupos armados de las dos comunidades. Por último, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) surgió en 1959 como forma de expresión del nacionalismo vasco juvenil y radical. La represión del régimen y la escalada de sus acciones llevó a la adopción de la violencia desde 1968. Lo que empezó siendo una forma de oposición armada a la dictadura, que consiguió en diciembre de 1973 asesinar de forma espectacular al presidente del Gobierno de Franco, el almirante Carrero Blanco, se transformó cada vez más en una organización terrorista cuyos objetivos eran pura y simplemente la independencia del País Vasco, y cuyas víctimas ya no solo eran militares y policías, sino también opositores políticos. Así se demostró durante su fase de mayor actividad terrorista, los años ochenta.

EUROPA ORIENTAL: LOS PROGRESOS ESTALINISTAS Y SUS LÍMITES

También en Europa oriental, tras la consolidación de las «democracias populares» prosoviéticas a finales de la década de 1940, se asistió a un proceso de reconstrucción material, bajo otros supuestos. En los nuevos regímenes coexistía de forma contradictoria el impulso de imitación de la URSS con el temor a ser absorbidos por ella. Las tensiones nacionalistas, tanto en defensa de la propia identidad como en la reivindicación de la situación de las minorías connacionales en los Estados vecinos —particularmente notoria en el caso de la relación entre Hungría y Rumanía, a propósito de la situación de la minoría magiar en Transilvania—, convivían asimismo con el anhelo de estabilidad política, conveniente para la consolidación de las nuevas élites al frente de los partidos comunistas nacionales. En ellos subsistieron purgas de diversos tipos hasta principios de los años cincuenta, eliminando a los elementos «titistas», es decir, partidarios de Tito. Tras la muerte de Stalin, la tendencia de las purgas en Polonia o Rumanía fue la inversa: desplazar a los elementos impuestos por Moscú. La revuelta húngara de 1956 se puede entender en ese contexto de antisovietismo y nacionalismo redivivo.

En los regímenes prosoviéticos la instauración del modelo de economía planificada fue paulatina. Primero se procedió a expropiar a los industriales y comerciantes, así como a los grandes propietarios agrarios, a menudo bajo la acusación de colaboracionismo con los nazis; en algunas regiones, esos terratenientes eran alemanes étnicos que habían huido a Occidente. También fueron expropiados los pequeños comerciantes, industriales y artesanos, forzados a integrarse en consorcios o empresas estatales. A continuación se restringió la autonomía de los profesionales liberales, profesores y religiosos. Al final del proceso se impusieron los planes quinquenales, a imitación del modelo soviético, y la planificación centralizada de la economía.

La integración económica del nuevo imperio soviético corrió paralela a su articulación política. Al COMECON constituido en 1949 seguiría la fundación del Banco para la Cooperación Internacional (1963). En la primera mitad de los años cincuenta, el crecimiento industrial de sus miembros fue acelerado, mediante los estímulos propios de la planificación soviética y el efecto impulsor de la demanda militar. La industria pesada, tanto siderúrgica como química y metalúrgica, se convirtió en la gran protagonista, sobre todo en los países que hasta 1945 habían sido preponderantemente agrícolas, como Rumanía o Bulgaria, que incrementaron su capacidad de autoabastecimiento de productos industriales en detrimento de Checoslovaquia, que ya era un país industrial antes de la II Guerra Mundial. La industrialización acelerada era contemplada como un requisito revolucionario, siguiendo el paradigma asentado por el estalinismo. Solo la creación de un proletariado industrial podría dotar al Estado socialista de una base social suficiente, de un músculo de hierro tenaz que fuese capaz de defender la revolución de sus adversarios interiores y exteriores. Frente al modelo maoísta, el estalinismo bebía de la experiencia de la guerra civil rusa de 1917-1922, y consideraba al campesinado, y en especial a los pequeños y medianos propietarios agrarios, como un estrato social poco fiable, y en esencia contrarrevolucionario.

En la segunda mitad de la década de los cincuenta el crecimiento se ralentizó de manera notoria, pero el esfuerzo industrializador continuó con ligeros retoques en los objetivos, al compás del ejemplo maoísta del Gran Salto Adelante. Los desajustes llevaron a la URSS a replantear el cometido y funciones del COMECON desde 1961. En vez de aspirar a que cada república popular imitase el modelo de industrialización soviético, debía instaurarse dentro del bloque socialista una suerte de división internacional del trabajo. Unos países (la URSS, Checoslovaquia, la RDA, en parte Polonia) se especializarían en industria pesada y de bienes de consumo; otros en productos primarios, para favorecer los intercambios y la complementariedad de sus economías. Sin embargo, algunos de los países que se habían industrializado aceleradamente, como Rumanía, rechazaron frontalmente ser catalogados de países agrarios, apelando al postulado de que solo mediante la creación de un proletariado industrial fuerte sería posible consolidar el socialismo. Finalmente, el proyecto de división internacional del trabajo en el bloque socialista fue cancelado en 1963, lo que también significó el principio del fracaso del COMECON como auténtica organización económica transnacional, al contrario de lo que supondría la CEE.

La imposición en Europa del Este de una economía planificada, que procedió mediante planes quinquenales a industrializar y construir infraestructuras, también tuvo como efecto la expansión de un relativo Bienestar social. Era sin duda inferior a la media imperante en Europa occidental, pero superior en todos los países (con la excepción de algunas regiones de la RDA y Bohemia) al bienestar disfrutado con anterioridad a 1945. En comparación con Occidente, los sueldos de los trabajadores soviéticos y de otros países del Este eran muy bajos, aunque también experimentaron un considerable aumento: de hecho, los salarios industriales en Hungría y en la RDA se doblaron entre 1950 y 1973. El nivel de precios se mantenía igualmente en niveles muy reducidos, y además eran tendencialmente estables, al ser controlados por el Estado. Los alimentos y bienes de primera necesidad estaban fuertemente subsidiados, al igual que los transportes y otros servicios públicos. Asimismo, la URSS, y después sus países satélites, instauró un sistema sanitario gratuito y de alcance universal. Las estadísticas oficiales gustaban de destacar, por ejemplo, la alta dotación en médicos, dentistas y hospitales por número de habitantes. Otra cosa era la calidad de sus prestaciones, no siempre equiparables a las de la sanidad capitalista. Pero su cobertura era general. Igualmente, todos los ciudadanos disfrutaban de viviendas alquiladas a precios simbólicos por el Estado. Las jornadas laborales, a partir de los años cincuenta, eran relativamente bajas, y las vacaciones generosas (hasta seis semanas al año). Del mismo modo, la educación era gratuita y universal en casi todos sus niveles, lo que permitió una alfabetización general de la población, que ya antes de la II Guerra Mundial era casi del 100 por ciento en la URSS.

El Estado del Bienestar comunista hizo posible en Europa oriental la movilidad social ascendente de amplios estratos de la población, que pasaron de campesinos a profesionales, obreros especializados o cuadros técnicos industriales en una generación. En países que hasta 1945 eran predominantemente agrarios, el ritmo de industrialización y urbanización fue casi vertiginoso. Entre 1948-1949 y 1971, por ejemplo, el porcentaje de la población rumana que vivía de la agricultura disminuyó del 78 al 49 por ciento. En Bulgaria, el descenso fue aún más espectacular, pasando de un 73 por ciento en 1952 a un 35 por ciento en 1970. Para proveer a la galopante industrialización de cuadros técnicos especializados, los Estados comunistas crearon una densa y descentralizada red de escuelas e institutos politécnicos, donde miles de hijos de campesinos se convirtieron en ingenieros, peritos o delineantes. Así se conformó un nuevo estrato social, semejante a una nueva clase media, sin el nivel de vida y los salarios de sus colegas occidentales, pero respetados, influyentes y con algunas ventajas diferenciales en el acceso a varios servicios y bienes de consumo. Una clase creada por el impulso estalinista, pero reacia a aceptar la rigidez de la economía planificada, a exportar la revolución o a sacrificar su nivel de vida. En palabras de Francisco Veiga, se trataba de una singular paradoja estalinista.

Ese proceso fue mucho más audaz en los Estados socialistas alejados de la férula de Moscú, como Yugoslavia, que mediante el sistema de la autogestión consiguió desarrollar un modelo mixto, en el que se conjugaba la economía colectivizada con la descentralización y la autonomía de las unidades productivas, capaces de adoptar decisiones por su cuenta. Pero en los Estados del Pacto de Varsovia pronto se reveló que había límites infranqueables. Cuando en Checoslovaquia esos nuevos sectores técnicos apoyaron en 1968 a Alexander Dubček en su objetivo de lograr un «socialismo de rostro humano», introduciendo no solamente una cierta liberalización económica, sino también política, el resultado fue la represión y la intervención directa de la URSS, en aplicación de la doctrina Brézhnev.

El recurso a la represión de los intentos liberalizadores, y de la disidencia intelectual antes tolerada, como se expresó en los años setenta en las expulsiones de artistas e intelectuales de la RDA —como el cantautor Wolf Biermann o la escritora Christa Wolf— y de la propia URSS, como el director Mstislav Rostropóvich, era una muestra de que en el bloque del Este también se inauguraba una época de estancamiento en todos los órdenes. La generación que llegó a la juventud y madurez en esas dos décadas se encontró con un freno a cualquier expectativa de movilidad social, mejora de las condiciones de vida y de estatus. Los gobiernos de las repúblicas populares pasaron a garantizar una política de mantenimiento de los niveles de Bienestar relativo alcanzado en los cincuenta y sesenta, ya fuese el gobierno de Honecker en la RDA o el de Gierek en Polonia, y apenas realizaron nuevas inversiones. El gasto militar consumía buena parte de los recursos disponibles, y la rigidez de las políticas de planificación centralizada, tanto en la URSS como en cada uno de sus Estados satélites, tampoco se veía compensada por una acción eficaz del COMECON, cuyo papel interventor y corrector en la estructuración de un mercado económico común fue inferior al de la CEE. Las granjas colectivizadas se mostraban ineficientes para alcanzar altas cotas de productividad, que solo mejoraban en las pequeñas parcelas de las que los campesinos disponían en propiedad, con el fin de comercializar por su cuenta sus productos.

Algunos proyectos ambiciosos de expansión de la superficie agrícola y mejora de la productividad acabaron en sonoros fracasos. Fue el caso de la campaña de colonización de «tierras vírgenes y baldías» entre 1956 y 1963, que pretendía hacer cultivables grandes extensiones de tierras hasta entonces vírgenes en las regiones del Altái y en Kazajistán, mediante la utilización masiva de maquinaria agrícola y la movilización de los jóvenes en un nuevo estajanovismo agrario, que pretendía superar las cifras de producción cerealística de los EE. UU. Sin embargo, y tras una primera cosecha prometedora, en los años sesenta las tierras se erosionaron y se tornaron estériles, tras un amplio derroche de agua y recursos. Los funcionarios locales, además, falseaban sistemáticamente las cifras de producción, lo que desorientaba a los organismos planificadores. Pocos años después, la URSS se vio obligada a importar trigo de Canadá. Otras medidas, como la reorganización de los koljoses (granjas colectivizadas), no tuvieron mejor suerte. La campaña para extender el cultivo del algodón en Asia Central llevó a la casi desertificación del área, y a la desecación del 90 por ciento del mar de Aral, una de las mayores catástrofes ecológicas del siglo XX.

El resultado fue una periódica escasez de alimentos y productos de primera necesidad, las colas ante las tiendas estatales que sorprendían a los visitantes, y la falta de bienes de consumo. Pero también fue evidente el descenso de algunos indicadores fundamentales del bienestar. La esperanza de vida de hombres y mujeres seguía subiendo en Occidente, mientras que entre 1970 y 1990 la esperanza de vida masculina en Europa oriental se redujo en un año, y en la URSS en tres años. A pesar de los esfuerzos por construir nuevos apartamentos por parte del octavo plan quinquenal soviético (1966-1970), la calidad de la vivienda empeoró en Europa oriental, y solo la mayor difusión del automóvil y los electrodomésticos en los años ochenta atemperó las distancias en patrones de consumo con Europa occidental.

Las sociedades del bloque del Este seguían siendo, además, sociedades profundamente nacionales, en las que solo los conflictos o diferencias etnonacionales internos actuaban como vector de diversidad. Las migraciones entre los países socialistas, fuera de los movimientos de rusos étnicos hacia el Báltico y Ucrania, fueron muy reducidas. Únicamente los desplazamientos veraniegos de alemanes del Este y polacos a Hungría o Bulgaria para pasar las vacaciones de verano, y los regulares intercambios juveniles, universitarios y deportivos, fomentaban las relaciones entre los hermanos socialistas. Aún menor fue el número de inmigrantes extraeuropeos, reducido a algunos millares de estudiantes y de refugiados de los países socialistas del Tercer Mundo (mozambiqueños en la RDA, vietnamitas en Checoslovaquia…) y de Latinoamérica (chilenos en la RDA). Un caso particular eran los varios miles de griegos que habían sido acogidos, siendo niños, en 1948-1949, y que permanecieron en Europa oriental, al igual que los antiguos «niños de la guerra» españoles de la URSS.

La época de Brézhnev se caracterizó por el estancamiento social y económico. Las diferencias sociales se consolidaron. En 1980, el antiguo miembro del PCUS refugiado en Occidente Mijaíl Voslensky publicó una influyente obra, La nomenklatura, donde describía el perfil de la nueva clase dirigente soviética. La desigualdad social no se expresaría solamente en función de los ingresos monetarios, aunque de hecho también se consolidaron importantes diferencias salariales entre los altos escalafones del Estado y el ejército soviético y el conjunto de la población, sino sobre todo en el disfrute de privilegios exclusivos, a los que la mayoría de sus conciudadanos no podía acceder. Abarcaban desde la autorización para comprar en comercios reservados a la élite, las ventajas para acceder a una vivienda o la reducción de la lista de espera para obtener un automóvil, hasta la prestación de servicios de salud específicos, la posibilidad de viajar al extranjero o tener una segunda vivienda, etcétera. Ese estrato social podía suponer más del diez por ciento de la población de algunas ciudades soviéticas, y era además capaz de reproducirse a sí mismo, contra la lógica oficial del sistema socialista.

Al mismo tiempo, el desarrollo económico se había estancado. La exportación de petróleo, tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en los años sesenta, permitía camuflar algunas de las deficiencias estructurales del sistema productivo. La avejentada dirigencia soviética no contempló la necesidad de proceder a una reforma y modernización de sus estructuras industriales. La prioridad otorgada a la industria militar causaba crisis de desabastecimiento en otros sectores, y las infraestructuras viarias, ferroviarias o las redes de telecomunicaciones estaban subdesarrolladas. A esto se añadía la falta de repercusión de los avances de la industria militar en la economía civil, que se hicieron patentes desde los años setenta en el muy limitado desarrollo de la informática aplicada a los procesos productivos y de distribución. La población recurría al mercado negro para evitar las colas ante las tiendas, y la corrupción campaba a sus anchas dentro del aparato del Estado soviético. Las mafias de Asia Central y del Cáucaso, que se desarrollaron exponencialmente en los años noventa, asentaron sus raíces en las corruptelas estatales.

La retórica triunfalista de la URSS y las democracias populares no podía ocultar los graves desajustes de su economía. Y el COMECON no solucionaba los problemas, sino que los agravaba. La URSS adquiría importaciones superfluas de sus países aliados y exportaba a precios reducidos, o realizaba inversiones poco rentables en promover el socialismo en África. Su imperio se había convertido para la URSS en una carga, y había dejado hacía tiempo de suponer una fuente de recursos.

ESTADOS UNIDOS: DEL SUEÑO AMERICANO A LA HISTERIA

Los EE. UU. habían salido de la II Guerra Mundial como un vencedor absoluto. Habían pagado un precio material relativamente bajo, e incluso sus cifras de muertos en combate (unos 220 000) eran inferiores a las de Francia y similares a las de Rumanía. Su producción industrial se había casi duplicado entre 1938 y 1945, y su PIB per cápita había aumentado igualmente en más de un 50 por ciento entre 1938 y 1950. Era el país más industrializado y rico del mundo, lo que contrastaba aún más con el ruinoso paisaje de Europa y el agotamiento soviético. Su crisis de superproducción industrial enseguida halló un cauce, ganando nuevos mercados para sus productos manufacturados en Europa, Asia y América Latina, en parte gracias al Plan Marshall. El dólar era la divisa de referencia mundial. A fines de la década de 1950, la economía de los EE. UU. vivía una época de bonanza sin parangón, y su industria producía más del 50 por ciento de los bienes consumidos en el planeta. Las nuevas pautas de consumo marcadas desde Norteamérica se extendían rápidamente a todo el mundo, desde los grandes vehículos aerodinámicos hasta las áreas comerciales y nuevos tipos de electrodomésticos, pasando por la televisión —en 1960, un 95 por ciento de las familias norteamericanas poseían un televisor—, nuevas modas y prendas de vestir, como la difusión de los pantalones tejanos, primero como símbolo de rebeldía juvenil propagado por el cine (Rebelde sin causa, 1955), y después generalizados en los años sesenta y setenta.

No obstante, algunas sombras amenazaban el horizonte de estabilidad. En primer lugar, el crecimiento de los gastos de defensa, que se dispararon a partir de la guerra de Corea y de la entrada en la Casa Blanca de la Administración Eisenhower. A principios de los sesenta suponían la mitad del presupuesto nacional, y una décima parte del PNB. La confianza de la población norteamericana en los valores defendidos por su país durante la contienda mundial (libertad, democracia, libre mercado), como epítome del mundo libre, se veía amenazada por la competencia soviética, por la carrera de armamentos y la competición simbólica en la carrera del espacio. La angustia social hizo crecer los temores internos a la «subversión» comunista.

Así lo puso de manifiesto el llamado macarthismo entre 1950 y 1956, cuando el senador Joseph McCarthy denunció la existencia de una «conspiración comunista» dentro de las estructuras del Estado y la sociedad norteamericana, y desató una campaña de delaciones (caza de brujas) contra individuos supuestamente sospechosos de espiar a favor de los soviéticos. La lista incluía a notorios personajes de la cultura, las finanzas, la universidad, la política o el cine, que se veían obligados a demostrar su inocencia (en la práctica, su no pertenencia al Partido Comunista) ante el Comité de Actividades Antiamericanas, una comisión de investigación del Congreso, y a menudo a denunciar a otros, bajo una intensa campaña mediática regida por la histeria colectiva, que se cobró algunas víctimas mortales. Ethel y Julius Rosenberg, un matrimonio neoyorquino de origen judío, fueron acusados de espionaje atómico. El proceso judicial, plagado de irregularidades, concluyó con su ejecución en la silla eléctrica en junio de 1953. Los excesos de McCarthy, que se enfrentó a populares escritores y periodistas como Arthur Miller, acabaron provocando su destitución en 1954.

En la segunda mitad de los cincuenta y primeros sesenta, además, emergió un problema hasta entonces poco visible hacia el exterior: las profundas desigualdades sociales provocadas por el modelo de capitalismo liberal norteamericano, caracterizado por la escasa intervención del Estado en la economía y ausencia de cobertura asistencial, confiando en la libre iniciativa y el mercado. En el país más rico del mundo persistían paradójicamente amplias bolsas de pobreza urbana y rural, que afectaban casi a la cuarta parte de su población, privada de la posibilidad de acceder a prestaciones sanitarias y educativas básicas para cualquier europeo. Además, buena parte de los pobres pertenecían a una minoría racial.

En primer lugar estaban los nativos americanos, relegados a reservas indias autónomas bajo jurisdicción federal, y sometidos a pobres condiciones de vida hasta los años setenta. También tenía presencia una creciente, pero aún poco relevante, población de origen latinoamericano. Mas eran sobre todo los afroamericanos las víctimas principales de la discriminación racial, de hecho y de derecho. Los negros eran objeto de segregación social y cultural, y se veían relegados a los estratos más bajos de la escala social, sobre todo en los estados del sureste, donde a mediados de los cincuenta persistían diversas legislaciones que vulneraban la igualdad de derechos civiles de la población de color. La discriminación era una práctica social generalizada. Los asesinatos de ciudadanos negros a manos de blancos a menudo quedaban impunes, y una proporción muy baja de los afroamericanos se inscribía para votar en las elecciones, en parte por la presión ejercida por la población blanca y las autoridades locales. No obstante, la población de color había ganado en autoestima desde 1945. La participación de muchos afroamericanos en las tropas estadounidenses durante la II Guerra Mundial, el ejemplo de los movimientos de liberación de África y Asia, y el progresivo ascenso social de una clase media de color, con más recursos y por tanto más combativa a la hora de reivindicar sus derechos civiles, marcaron un punto de inflexión.

El asesinato de un adolescente negro en Mississippi en 1955 se convirtió en el detonante de una protesta social que se extendió a varios estados. A fines de ese mismo año, una ciudadana negra, Rosa Parks, se negó en la localidad de Montgomery (Alabama) a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. Tras su detención y condena por violar la ley local de segregación de negros y blancos en el transporte público, varios líderes afroamericanos, entre ellos el carismático reverendo Martin Luther King, decretaron un boicot masivo de la población de color a los autobuses de Montgomery. La acción duró más de un año, hasta que consiguieron la abolición de la ley.

El incidente es considerado el primer acto importante del Movimiento por los Derechos Civiles (la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP), que intensificó sus acciones de protesta en la segunda mitad de los cincuenta, con el apoyo de varias Iglesias y grupos locales, y aplicando la estrategia de la no violencia inspirada en el nacionalista indio Gandhi. En 1954 el Tribunal Supremo obligaba a derogar la segregación racial en las escuelas secundarias, frente a lo que se resistieron algunos estados del sur, como el gobernador de Arkansas, quien impidió en 1957 que varios estudiantes de color asistiesen a la escuela secundaria de Little Rock. El presidente Eisenhower se vio obligado a enviar tropas federales para escoltar a los estudiantes. Unos años más tarde, en 1962, la Guardia Nacional tuvo que acompañar al único estudiante negro que se había atrevido a matricularse en la Universidad de Mississippi. El movimiento por los derechos civiles pasó entonces a organizar varias acciones de protesta, «viajes itinerantes» de sus activistas por diversos puntos del país, y una gran concentración en Washington, en agosto de 1963.

La década de 1960 prometía ser la del cambio y la juventud en los EE. UU. El esfuerzo en educación e investigación, para mantener el pulso en la carrera armamentística, había multiplicado el número de estudiantes universitarios, que en 1960 ascendía a 3,5 millones. Sin embargo, las expectativas de renovación que muchos votantes albergaron en el joven presidente demócrata John F. Kennedy, vencedor frente al candidato republicano Richard Nixon en las elecciones de 1960, se vieron pronto defraudadas. Su asesinato en noviembre de 1963 agudizó el clima de frustración social. Pero el vicepresidente y sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, supo recoger su legado.

En primer lugar, Johnson promovió un proyecto de «Gran Sociedad», un programa socioeconómico reformista que tenía como objetivo combatir las bolsas de pobreza y la falta de oportunidades de jóvenes, desempleados y marginados. Tras vencer en las elecciones presidenciales de 1964, con amplia mayoría demócrata en el Congreso, pudo aprobar un ambicioso paquete de medidas legislativas. La nueva Oficina de Oportunidades Económicas se ocupó de promover la «democracia participativa» en barrios y áreas problemáticas, como apoyo a los programas de vivienda, salud y educación. También promulgó un programa de asistencia médica estatal (Medicare) para ancianos y personas de escasos recursos, y apoyó la extensión de la educación primaria y secundaria a los estratos sociales más desfavorecidos. Finalmente, planteó una nueva Ley de Vivienda para frenar la degradación de los centros urbanos. En 1965 el Congreso también abolió la ley de cuotas de inmigración de 1924, con lo que se favoreció una nueva ola de inmigración masiva, que esta vez no provino de Europa, sino de América Latina y del Sudeste asiático. Los efectos sociales de las leyes de Johnson fueron más limitados de lo esperado. Pero resucitaban una suerte de New Deal, se proponían reducir la desigualdad social, y recordaban la época de Roosevelt treinta años atrás.

En segundo lugar, Johnson hizo aprobar un paquete de medidas antisegregacionistas en julio de 1964, con el nombre de Ley de Derechos Civiles. Al año siguiente, la Ley de Derechos de los Votantes aseguró el derecho a inscribirse como electores a los afroamericanos, aunque los funcionarios locales se negasen, mediante la intervención directa del Gobierno federal. Como consecuencia, en 1968 un millón de ciudadanos afroamericanos se registraron como votantes en los estados del Sur, y el número de representantes de color que resultaron elegidos para diversos cargos aumentó de forma progresiva. Ese mismo año, una nueva ley federal prohibió la discriminación racial en el acceso a la vivienda.

ECOS ESTUDIANTILES Y LA SOMBRA DE VIETNAM

El recrudecimiento de la Guerra Fría, el imparable aumento de los gastos en armamento, el ciclo de conflictividad interracial generada por el auge del movimiento por los Derechos Civiles y la respuesta de sus oponentes blancos (que llevó, por ejemplo, a la resurrección del siniestro Ku Klux Klan en los estados del Sur), y en particular el carácter cada vez más impopular que adquirió la guerra de Vietnam, llevaron a sucesivas explosiones de descontento y revuelta en los campus universitarios estadounidenses, que discurrían de forma paralela a la agitación estudiantil en Europa. Nuevas formas de (contra) cultura juvenil, desde la música rock y las canciones de Bob Dylan y Joan Báez hasta el nudismo y el consumo de estupefacientes, parecían socavar el foso generacional, pero también eran una metáfora del cambio social y de la expansión de las oportunidades que ofrecía la educación a nuevas generaciones criadas en el dogma de la ampliación permanente de la capacidad de consumo. Los «jóvenes opulentos» hijos de la clase media que se declaraban objetores para no ir a la guerra de Vietnam, fumaban marihuana y consumían drogas sintéticas, escuchaban música rock y proclamaban las virtudes del amor libre, eran vistos por la izquierda contemporánea con una mezcla de esperanza y estupor. Ellos se contemplaban a sí mismos como una nueva izquierda, que huía de la retórica marxista y se centraba en reivindicaciones no materiales, al igual que sus homólogos europeos. Su papel en la movilización contra la guerra de Vietnam fue muy notable. Pero su legado fue mucho menos duradero que el de la izquierda tradicional.

El movimiento por los derechos civiles también se movilizó contra la guerra de Vietnam, y denunció las raíces sociales de la pobreza. Tras el asesinato de Martin Luther King en abril de 1968, algunas versiones más radicales del movimiento afroamericano, impacientes con el ritmo de las conquistas sociales, plantearon ir más allá de la no violencia. Fue el caso de Black Power (Poder Negro) y de Nación del Islam, cuyo líder más conocido era Malcolm X. Una parte del movimiento por los derechos civiles se escoró hacia tácticas violentas, en particular los llamados Panteras Negras (Black Panther) desde 1966, que incitaban a la población afroamericana a ejercer la autodefensa activa portando armas, lo que era un derecho constitucional, y se declaraban además abiertamente socialistas.

Atletas olímpicos norteamericanos levantando el puño con un guante negro, símbolo del Black Power, en los Juegos Olímpicos de México (1968).

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Sin embargo, durante las dos décadas siguientes las conquistas del movimiento por la igualdad civil y de oportunidades sociales de los afroamericanos se tornaron irreversibles. Cada vez más ciudadanos de color ascendían a la clase media, y se instalaban en barrios residenciales que habían sido tradicionalmente blancos. Con todo, la correlación positiva entre color de la piel y marginalidad social no desapareció, y persiste todavía en el siglo XXI. En el 2011, se estimaba que uno de cada once afroamericanos cumplía condena en la cárcel, frente a uno de cada 27 latinos y uno de cada 45 blancos. El combate se centraría ahora en conseguir una aplicación universal de las leyes y en denunciar su infracción por las autoridades. Las reivindicaciones afroamericanas en los setenta y ochenta girarían en torno a las medidas de discriminación positiva o «acción afirmativa» a favor de las minorías raciales, para evitar que los guetos raciales se perpetuasen en la práctica. Esas medidas eran presentadas como una política de igualdad de oportunidades laborales y educativas para todos los ciudadanos, que también favorecería a miembros de otras minorías étnicas o a las mujeres, y no solo como una aspiración afroamericana.

El ejemplo de los afroamericanos sirvió de inspiración al movimiento latino, si bien en este caso su integración política fue más rápida desde la década de 1960. También sirvió de acicate para la movilización de los nativos americanos, cuyas acciones de protesta (empezando por la ocupación de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en 1969) movieron al Gobierno federal a adoptar leyes que garantizaban la igualdad de derechos y oportunidades para los indígenas en 1975 y, nuevamente, en 1996.

La oposición a la guerra de Vietnam, la movilización afroamericana y la reacción de varios sectores de la población blanca del Sur, alimentada en parte por los blancos de clase baja y media-baja que más amenazados se sentían por la progresión de los otrora vecinos de segunda clase, contribuyeron a que las elecciones de 1968 fuesen ganadas por el republicano Richard Nixon. Su objetivo en política interior era reforzar «la ley y el orden», restringiendo la tolerancia hacia las drogas y lanzando una cruzada moral que incluía la práctica de la abstinencia sexual. La coyuntura económica era desfavorable, en particular una inflación provocada en parte por la guerra de Vietnam, y después agravada por la crisis del petróleo, que también generó un aumento del desempleo. Al contrario de lo esperable en un republicano, Nixon adoptó una política de déficit público y control de salarios y precios.

Como en Europa occidental, el trasfondo de la crisis de confianza era que la prosperidad de posguerra llegaba a su fin. Y los EE. UU. se enfrentaron, por primera vez en su historia, al hecho inédito de la dimisión de un presidente, forzado por el Congreso, al verse involucrado en un escándalo político (Watergate), en agosto de 1974. El sucesor de Nixon, el insulso Gerald Ford, intentó continuar su línea y combatir la mala situación económica mediante rebajas de impuestos y un aumento del subsidio de desempleo. A la crisis económica se unía la crisis de autoestima que sacudió a la sociedad norteamericana cuando pudo asistir por televisión a la entrada de las tropas norvietnamitas en Saigón, y el abandono en helicópteros de la embajada norteamericana por parte de su personal.

El demócrata Jimmy Carter ganó la presidencia en 1976, con la promesa de implantar un nuevo estilo de gobierno. Sin embargo, su mala gestión de la crisis económica le hizo perder credibilidad rápidamente, en particular cuando se vio forzado a reducir los programas de asistencia social por razones de equilibrio presupuestario. Aunque se reconocía keynesiano, Carter dio los primeros pasos para desregularizar la vida económica.

Los profundos cambios de la sociedad norteamericana eran evidentes en la década de 1980. Por un lado, y al igual que en Europa occidental, el sector servicios ocupaba ahora a casi el 75 por ciento de la población activa del país. Las transformaciones tecnológicas se centraron, sobre todo, en el sector de la informática, una transferencia del sector militar a la industria civil que rápidamente hizo progresos por su cuenta y modernizó de raíz los procesos productivos. La era de la información hizo rápidos avances, y el «Valle del silicio» en California se convirtió en meca mundial de la industria electrónica. Fue allí donde, en 1976, dos jóvenes emprendedores, Steve Jobs y Steve Wozniak, idearon el primer ordenador personal, al que llamaron Apple (manzana). Ya en la primera mitad de los ochenta la informática se incorporó de modo masivo a las empresas, generando una auténtica revolución tecnológica, y también penetró en los hogares estadounidenses, proceso que pocos años después se daría en Europa. Al tiempo, la industria siderúrgica, química y textil, así como la minería, entraban en una acusada decadencia, y la automovilística sufría la fuerte competencia japonesa y, más tarde, coreana. En 1980, una quinta parte de los vehículos vendidos en los EE. UU. eran fabricados por el antiguo enemigo de la II Guerra Mundial. Ciudades industriales como Detroit empezaron a presentar un triste panorama, como paisajes abandonados.

El perfil de la población norteamericana también cambió de forma significativa. Tras la explosión de la natalidad posterior a la guerra mundial, y que persistió hasta 1964, el crecimiento demográfico se retrajo. La inmigración asiática y latinoamericana aumentó de modo progresivo. Nuevos grupos sociales reivindicaron igualdad de derechos civiles. Mas ahora no se definían por el color de la piel o el grupo étnico de origen, sino por sus preferencias sexuales. Los homosexuales se movilizaron a principios de los setenta, y en 1975 ya consiguieron que se anulasen las discriminaciones laborales contra ellos. Numerosos estados federados promulgaron leyes en ese sentido.

Para muchos norteamericanos, esos cambios significaban que los valores tradicionales de la posguerra se tambaleaban: el aborto, la quiebra de la familia tradicional y el avance de la criminalidad y la droga en los suburbios urbanos debían ser contrarrestados con una nueva cruzada moral. El temor favoreció un rebrote del conservadurismo social, alentado por el acceso a la presidencia en 1981 del republicano Ronald Reagan, que insistía en la restauración de los valores tradicionales. Las Iglesias evangélicas y fundamentalistas conocieron una edad de oro, y algunas de ellas se convirtieron en auténticas sectas telegénicas, ayudadas por la eficacia de la televisión a la hora de propagar el mensaje de los telepredicadores. Organizaciones religiosas como Mayoría Moral o Coalición Cristiana se transformaron en auténticos grupos de presión dentro del Partido Republicano, militando a favor de la imposición de valores cristianos al conjunto de la sociedad y uniéndose a los postulados del economista Milton Friedman o la Heritage Foundation. La «Nueva Derecha», que incluía a los «conservadores libertarios», habría de tener gran peso en el conservadurismo norteamericano de fines del siglo XX y principios del XXI. Desconfiaban profundamente de la intervención gubernamental en la economía, que veían como generadora de clientelas y de corrupción; defendían un liberalismo a ultranza, lo que incluía principios tradicionales de la democracia estadounidense como la posesión de armas, tejiendo complicidades con organizaciones de gran influencia social, como la Asociación Nacional del Rifle; y solo aceptaban una fuerte presencia del Estado en áreas como la defensa nacional y el orden público.

Reagan, otrora un actor prolífico, se convirtió en el abanderado de la Nueva Derecha, con sus grandes dotes telegénicas. Se propuso acabar con programas sociales que solo generarían «desperdicio» y abuso, por lo que intensificó las medidas de desregulación de la economía. Su dureza frente a una huelga nacional de controladores aéreos, a los que despidió de manera fulminante, reforzó su determinación en que el país recuperaría su grandeza económica si se suprimían todas las trabas a la iniciativa privada en la economía, para hacer aumentar las inversiones y crear riqueza, que el mercado repartiría de modo equitativo. Por ello, promovió una reducción de impuestos, al tiempo que incrementó los gastos de defensa, y decretó una política de altas tasas de interés para mantener a raya una inflación desbocada. Sin embargo, en 1982 la recesión económica en EE. UU. tocaba fondo, con una caída del 2 por ciento del PNB y una tasa de paro del 10 por ciento. El sector agroexportador sufrió también dificultades por la contracción de la economía mundial. El resultado de todo ello fue un déficit galopante del Estado.

A partir de 1984, la nueva dinámica de recuperación económica ayudó a Reagan a su reelección, y EE. UU. entró en una nueva fase de crecimiento, en parte gracias al aumento del consumo interno y la revolución tecnológica, con tasas de crecimiento anual del 4,2 por ciento y la caída del desempleo. Pero la deuda pública seguía aumentando, y casi se triplicó, mientras crecía el déficit comercial. El 19 de octubre de 1987, el «Lunes Negro» de Wall Street, el mercado de valores sufrió una contracción del 22,6 por ciento en un día. Aunque no llegó a provocar una crisis mundial, y sus efectos se enjugaron en poco tiempo, era un recordatorio de que la desregulación del mercado y la creciente autonomía del capital financiero conllevaban algunos riesgos. Con todo, los EE. UU. llegarían al final de la Guerra Fría en plena dinámica de expansión y prosperidad económica.

POSGUERRAS ASIÁTICAS: LA BRUTAL UTOPÍA CHINA Y LA PROSPERIDAD DEL TIGRE

Si 1945 es, desde un punto de vista social y económico, una línea divisoria fundamental en la historia europea, no lo es tanto en la americana o africana. Pero sí existen algunos paralelismos entre la situación europea y la de Asia oriental tras el fin de la II Guerra Mundial. Asia también era un paisaje en ruinas, que se extendían tanto al país agresor (Japón) como a los territorios invadidos y que habían sido escenarios de cruentos combates y matanzas de población civil. Solo en China se contaban 14 millones de muertos, frente a los dos de Japón. Muchas ciudades estaban destruidas, las infraestructuras y líneas de transporte arruinadas, millones de personas desplazadas se movían a pie para regresar a sus casas, y en amplias zonas del continente reinaban el hambre y la escasez de vivienda.

La urgencia de la reconstrucción también implicaba un nuevo comienzo. En Japón, situado bajo la Administración militar norteamericana, se proclamó en 1947 una monarquía parlamentaria, bajo una nueva Constitución, que mantenía de forma simbólica la figura del emperador. El nuevo Estado japonés adoptó el modelo del Estado del Bienestar: se establecieron salarios mínimos, una seguridad social, leyes para la protección de la infancia y la invalidez, un seguro de desempleo, etcétera. El sistema educativo y universitario se reestructuró, siguiendo en parte el modelo norteamericano, con el objetivo de crear una mano de obra cualificada y fomentar la cooperación entre las empresas, la investigación científica y el Estado, coordinada por un poderoso Ministerio de Industria y Comercio Internacional. Al igual que en Europa, los EE. UU. promovieron, tras el Tratado de Paz firmado en 1951, el intercambio comercial con Japón como mejor herramienta para el progreso y democratización del país.

La privilegiada posición geoestratégica de Japón como proveedor de las tropas americanas durante la guerra de Corea catapultó el crecimiento económico del país, que multiplicó por cincuenta su producción industrial en treinta años y alcanzó tasas del 10 por ciento anual en los siguientes dos decenios, convirtiéndose en un competidor global cuyos mercados se hallaban sobre todo en Norteamérica, Europa y Asia suroriental. Japón les vendía bienes de equipo y de consumo, con alta cualificación tecnológica, particularmente en el campo de la electrónica, la producción automovilística, la industria militar y textil, etcétera. A mediados de los setenta, la economía japonesa aportaba cerca del 10 por ciento del PIB mundial.

Entre 1955 y 1980, el mercado interior japonés se transformó además en una típica sociedad de consumo a velocidad vertiginosa. Las familias niponas, tradicionalmente austeras, pasaron a adquirir electrodomésticos en masa, así como automóviles y otros bienes manufacturados. Las pautas de consumo del país se americanizaron con tanta o mayor rapidez que en Europa occidental: a fines de los años cincuenta, los supermercados y las grandes tiendas abiertas las 24 horas del día, al igual que los restaurantes de comida rápida, se habían extendido por casi todo el país.

Con algunos años de retraso, otros países del área, como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, siguieron una estrategia de desarrollo industrial similar a la japonesa, y se orientaron hacia la producción de bienes de consumo para el mercado europeo y norteamericano. Las ayudas económicas norteamericanas durante la Guerra Fría también contribuyeron de forma decisiva a ello. Las empresas occidentales y japonesas hallaron en ellos una fuerza de trabajo barata y disciplinada, así como estabilidad política, garantizada a menudo por regímenes autoritarios. En los años sesenta y setenta, los nuevos «tigres asiáticos» crecieron rápidamente, y alcanzaron una relevancia global en algunos sectores, como la electrónica y la industria metalúrgica, en especial la fabricación de automóviles y barcos. Conforme las condiciones de vida de amplios sectores de la población mejoraron, y los salarios subieron, las grandes compañías internacionales, pero también las coreanas, buscaron repetir el modelo en otros países de Asia suroriental, como Indonesia, Tailandia y Malasia, donde los resultados a partir de los años ochenta han sido reseñables, aunque menos espectaculares. No todos disfrutaban de una situación geográfica privilegiada como nudos de comunicaciones, como era el caso de Singapur o Hong Kong.

Si Japón adoptaba un camino semejante, aunque no idéntico, al del Estado del Bienestar de Europa occidental, la reconstrucción de China a partir de la proclamación de la República Popular en 1949 supuso la imposición, al igual que en Corea del Norte y más tarde en Vietnam, de un modelo socialista de economía planificada y sociedad sin clases, que en un principio adoptó los parámetros fijados por la URSS. Con ayuda de expertos soviéticos se pusieron en práctica planes quinquenales, se extendió un sistema de protección social, una red de asistencia sanitaria pública y universal, y una escuela pública para todos. La primera prioridad de la reconstrucción económica fue igualmente la creación de una industria pesada, objetivo del primer plan quinquenal (1952-1957), cuyos resultados fueron ambivalentes. El desarrollo industrial generaba éxodo rural, lo que amenazaba con crear graves desequilibrios territoriales y sociales. El sector agrícola era un elemento crucial, dada la extensión y la importancia del campesinado en China. Mao consideraba que no era estrictamente necesario convertir al campesino en obrero, ya que en sí el campesino chino ya era un proletario.

El entusiasmo y agresividad chinos contrastaban con la progresiva burocratización del sistema soviético; y el prestigio de Mao contribuía a que nadie discutiese sus ideas, por muy estrambóticas que fuesen. Entre 1958 y 1959, los dirigentes maoístas acometieron el llamado Gran Salto Adelante. El plan combinaba el objetivo de lograr una industrialización acelerada y forzosa con la complexión de la colectivización de la agricultura y la intensificación de la productividad agrícola, mediante la creación de comunas que serían autosuficientes, dotadas de una industria ligera que les permitiría producir bienes manufacturados básicos. En 1958 ya había 25 000 comunas, cada una compuesta de unas 5000 familias de media. La población rural fue compelida a practicar un estajanovismo o hiperactivismo forzado, y a seguir cursos de capacitación técnica. Los hombres se dedicarían preferentemente al trabajo industrial, y las mujeres a las labores agrícolas. Los grandes proyectos agrícolas y de infraestructuras eran también una parte integral del plan, aunque su ejecución caótica por parte de las autoridades locales convirtió a la mayoría de ellos en irrelevantes.

Ante la falta de divisas y tecnología para construir grandes plantas siderúrgicas, Mao, gran forjador de metáforas poéticas, lanzó la consigna del «pequeño alto horno en el patio de casa». Hasta noventa millones de personas en las zonas rurales y semiurbanas fueron movilizadas para producir acero, símbolo de lo que habría de ser la superioridad industrial y la autosuficiencia de China, que ya no tendría que importar bienes de equipo. El país se llenó de pequeños altos hornos para fundir acero en cada comuna, donde iban a parar desde cerraduras hasta marmitas de metal, y la producción se duplicó en pocos años. Pero la falta de cualificación de los improvisados productores, y la mala calidad de las aleaciones, llevaron a que buena parte del acero producido fuese inservible. La desconfianza fomentada por Mao y sus colaboradores hacia los «intelectuales» y expertos hacía que los controles técnicos fuesen sumarios.

La colectivización forzosa se llevó a cabo con despiadada brutalidad —llegando a la expropiación de pertenencias personales de los campesinos, para combatir el individualismo—, incluyendo las ejecuciones masivas de quienes se oponían a ella, lo que afectó a cerca de un millón de grandes y medianos propietarios agrarios. El caos en la producción agrícola fue una primera consecuencia. Las autoridades locales afirmaban cumplir con los objetivos de producción asignados por miedo a las represalias de sus superiores. El Gobierno de Pekín, a su vez, aceptaba las cifras, fijaba nuevos objetivos sobredimensionados a las comunas y destinaba la mayoría del producto agrario a la exportación a la URSS, para pagar los créditos recibidos, así como a alimentar a la población de las ciudades.

Las deficiencias en la planificación de una estructura que se preveía que fuese descentralizada y pseudoautárquica contribuyeron al desastre. Algunas medidas eran absurdas y revelaban una extraordinaria falta de cualificación técnica. La masiva eliminación de las «cuatro plagas» (ratas, mosquitos, moscas y gorriones, a los que se añadieron los chinches), inculcada a los niños en las escuelas, llevó al cabo de unos años a la profusión de insectos que arruinaban las cosechas, y a nuevas plagas de orugas. La ineficiente gestión de regadíos improvisados que desecaron pozos y acuíferos, la intensificación rudimentaria de las explotaciones, y la transformación de terrenos áridos en tierras de labor incrementaron en pocos años la desertificación y salinización de amplias zonas de China, sobre todo en el norte del país. La capacidad productiva de la agricultura china quedó arruinada durante varias décadas, por lo que fue necesario importar grano de Canadá y Australia.

El trágico resultado fue, sobre todo, una feroz hambruna, ya que las zonas rurales quedaron desabastecidas. Fue agravada por una serie de malas cosechas, y se cobró entre 15 y 50 millones de vidas, según las distintas estimaciones: entre un 2 y un 7 por ciento de la población total china. También se produjeron auténticos desastres ecológicos y agrícolas: en varias provincias desapareció un 10 por ciento de los bosques, ante la necesidad de madera, y en algunas zonas urbanas el aire se tornó irrespirable por la proliferación de emisiones de los pequeños altos hornos. El retroceso de la producción industrial en 1961 osciló entre el 50 y el 75 por ciento, y aquella no alcanzó las cifras anteriores a 1958 hasta el año 1964. Dentro del Partido Comunista Chino (PCCh) empezaron a surgir críticas a la gestión de Mao y su radicalismo ingenuo y «pequeñoburgués».

Hacia el exterior, sin embargo, los errores no se reconocían. Los dirigentes chinos empezaron a acusar a Moscú de desviacionismo y relajamiento de los objetivos revolucionarios, lo que se manifestó en las cumbres de partidos comunistas celebradas en 1957 y 1960. Este último año, los soviéticos, que no comprendían el voluntarismo irracional y radical de Mao, retiraron de China a sus asesores, créditos y proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico. Albania rompió en 1961 con Moscú y se alineó con el modelo maoísta. Y Rumanía se negó a condenar a la China Popular. Sin embargo, la política económica china seguiría un camino pragmático en los años siguientes, para corregir los enormes desequilibrios generados.

Tras una pequeña retirada táctica, jalonada por el abandono de la presidencia de la República, y después de soportar las críticas al fracaso del Gran Salto Adelante por parte de varios destacados miembros del PCCh, Mao contraatacaría al poco tiempo con otra gran campaña de movilización popular. En 1966 puso en marcha la llamada Revolución Cultural, que a lo largo de los años siguientes promovió la depuración de los órganos y aparatos centrales del partido y del Estado chino, que en 1971 se redujo a una sexta parte. Mao llevó a cabo una amplia purga en la burocracia y en las estructuras académicas, utilizando como ariete a millones de jóvenes, que fueron reunidos en Pekín para ser lanzados contra los cuadros más veteranos de la Administración y del partido, acusados de desviacionismo burgués. Los Guardias Rojos, dirigidos por Zhou Enlai, vestidos de uniforme y con el Libro Rojo de Mao en una mano, defenestraban a personajes antes respetados y los escarnecían en público, destruían tiendas y restaurantes y caían en ridículos excesos, en una dinámica asamblearia organizada en comités revolucionarios que distribuían consignas. La dinámica favoreció una guerra de todos contra todos, que no afectó al ejército, bajo el control de Lin Piao, fiel a Mao, y provocó unas cien mil muertes violentas.

En 1968, el comité central del PCCh daba por finalizada la Revolución Cultural, en parte por temor a una intervención soviética, que aprovechase el descontrol interno. Y Mao salió fortalecido, venerado por millones de jóvenes chinos. De paso, la izquierda revolucionaria europea de mayo del 68 imitó varias de las poses y lemas propagandísticos de los Guardias Rojos.

Concentración de masas en el Día Nacional de China, 1 de octubre, en la Plaza de Tiananmen durante la Revolución Cultural.

Bettmann/CORBIS/Cordon Press.

En Asia meridional, la posguerra también fue un período de dificultades económicas. La India, en particular, había sido regida por los británicos con los criterios de una economía de guerra, en la que imperaba el control de precios y el racionamiento. Tras 1945, la escasez de alimentos se convirtió en un problema crónico, agravado tras la independencia. Cerca de un millón de personas perecieron en distintas hambrunas hasta fines de los cuarenta, que se sumaron al otro millón de civiles que cayeron víctimas de la guerra civil entre musulmanes e hindúes. Los movimientos forzosos de población que siguieron a la partición entre India y Pakistán afectaron a cerca de diez millones de personas.

A pesar de sus enormes desequilibrios económicos y demográficos internos, y su extrema heterogeneidad étnica, el régimen republicano y parlamentario de la India, a despecho de las tentaciones presidencialistas de algunos de sus dirigentes, ha disfrutado de una estabilidad ininterrumpida desde la independencia. A ello contribuyó sin duda el hecho de que la Guerra Fría tuviese inicialmente un impacto comparativamente menor en esta región del continente. El anhelo por parte de China de consolidar su dominio en Asia Central, por un lado, y la agudización del contencioso fronterizo entre Pakistán y la India por la región de Cachemira, desde los breves pero intensos conflictos armados entre ambos Estados en 1962 y 1965, por el otro, llevó en los años sesenta a una carrera armamentística particular entre la India y Pakistán, temerosos a su vez de la potencia china.

Bajo el gobierno de Nehru, la India pudo conjugar una aproximación en lo económico a la URSS con la cercanía diplomática y política a Occidente, y promover su propio modelo de Estado intervencionista en la economía. Con todo, la profundidad de las reformas sociales del «socialista» Nehru fue mucho menor de lo esperado. Sus grandes proyectos modernizadores, centrados en la creación de infraestructuras y presas hidroeléctricas, no podían ocultar la persistencia de fuertes desigualdades sociales, agravadas por una constante rivalidad entre diversos grupos étnicos y la existencia de criterios de estratificación tradicional de la sociedad, las llamadas castas, que mostraron gran capacidad de resistencia. Hasta el fin de la Guerra Fría, el subcontinente indio no se asomaría a un mayor horizonte de crecimiento económico.

ÁFRICA TRAS LA DESCOLONIZACIÓN: PROFETAS Y TIRANOS

A la euforia de la descolonización en África occidental y subsahariana siguió, por norma general, la inestabilidad y el desencanto. El surgimiento de decenas de nuevos Estados independientes entre los años cincuenta y 1975 no repercutió de modo directo en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y la traslación del modelo de Estado-nación europeo, con fronteras a menudo impuestas por los antiguos colonizadores, no supuso necesariamente un factor de modernización. Por el contrario, las fidelidades étnicas primordiales subsistieron largo tiempo tras la retirada europea. Los sistemas de patronazgo y las redes clientelares, tejidas a partir de las solidaridades de grupo étnico y/o tribal, subsistieron y a menudo se reforzaron, pues revestían un carácter funcional para poblaciones que sufrían con frecuencia sequías, epidemias y otras plagas. Para los africanos, las solidaridades de grupo y el conformismo devenían a menudo en la única garantía de supervivencia individual y colectiva.

La pervivencia de esos mecanismos clientelares, sin embargo, era disfuncional a medio y largo plazo para el funcionamiento de un sistema político democrático y la consolidación de una economía moderna (de mercado o planificada). Las élites estatales utilizaban su control de los recursos económicos para favorecer a los miembros de su clan y sus clientes, y no para reinvertirlos en beneficio del conjunto de los ciudadanos. El resultado era una eficaz integración vertical de determinados grupos tribales, la dificultad para la consolidación de identidades horizontales (de clase o profesionales) y la permanente corrupción de los aparatos administrativos dependientes del Estado. La «etnificación» de las sociedades africanas (Christoph Marx) por parte de los imperios coloniales, que favorecieron la consolidación de grupos y categorías basadas en criterios etnolingüísticos y tribales, contribuyó a su consolidación posterior tras la independencia.

Las élites poscoloniales desconfiaban de los posibles focos alternativos de desarrollo socioeconómico y cultural que no se situaban bajo su control. Eso incluía a campesinos prósperos o medianos propietarios, sindicatos y asociaciones empresariales. Los métodos variaron desde la integración y clientelización en el aparato estatal, hasta la abierta represión. Se puede apreciar una clara línea de continuidad desde la política de sometimiento de los sindicatos por parte del presidente tunecino Habib Burguiba en 1965-1966, hasta las políticas de cooptación practicadas por el gobierno de Nelson Mandela en Sudáfrica desde 1994. Cuando las políticas de «domesticación» de esas organizaciones no conseguían imponerse, surgían situaciones de inestabilidad, a menudo resueltas por un golpe militar, como ocurrió en Dahomey (después Benín) en 1972.

El ejército se convirtió en un importante factor de poder en la mayoría de los Estados poscoloniales africanos, como Argelia e incluso en el caso peculiar de Sudáfrica. En algunos de ellos, como en Nigeria, se mantuvo largo tiempo en el poder como única garantía de que no estallase una nueva guerra civil entre diversas fracciones étnicas. Sin embargo, la corrupción y la heterogeneidad interna de las fuerzas armadas, acentuada por la diversidad étnica en su seno y su escasa tradición institucional, favorecieron fenómenos como los golpes protagonizados por oficiales de rango inferior. En particular, los países de tradición francófona y los que habían sufrido cruentas guerras anticoloniales se caracterizaron por una mayor participación o influencia de los militares en el Gobierno. En algunos casos, como en Burundi, Ruanda (desde 1973) o Sudán, los militares aseguraban además la hegemonía de un grupo étnico en el control del Estado.

En otros casos, la incapacidad de unos Estados débiles para imponerse a las corporaciones de empleados, funcionarios y trabajadores organizados llevaba a gravosos pactos con esos grupos, que suponían detraer crecientes recursos del Estado e incrementaban su endeudamiento, como ya ocurrió en Alto Volta (Burkina Faso) desde 1973. Los Estados poscoloniales intentaron también llevar a cabo grandes proyectos de modernización agrícola, con los que mejorar el abastecimiento de materias primas, incrementar las exportaciones y mantener al campesinado bajo su control. Mas en su mayoría fracasaron, lo que repercutió en el aumento de la deuda pública.

Las élites poscoloniales heredaron de los colonizadores la obsesión por la estabilidad sociopolítica y el control de los recursos económicos, y al mismo tiempo la aspiración a mantener un Estado social que garantizase la reproducción de aparatos clientelares. En varios países la independencia había llegado mediante la creación de frentes nacionales de liberación. Tras obtenerla, las coaliciones patrióticas se tornaron a menudo en partidos únicos, y los discrepantes en antipatriotas. Los gobernantes, y en especial los presidentes que ocuparon el poder y disfrutaban de gran carisma como adalides de la independencia —lo que contribuyó a su longevidad en la cima—, llegaron pronto a la conclusión de que una estructura de partido único era la mejor garantía de estabilidad. El pluralismo político, como mostraría el caso de Nigeria y la guerra de Biafra en los años sesenta, a menudo desembocaba en una fuerte polarización étnica. Sin embargo, también en esos sistemas las redes clientelares y de lealtad étnica socavaban la solidez de las estructuras del partido único.

Según los politólogos Robert Jackson y Carl Rosberg, existirían cuatro tipos ideales de regímenes personalistas en el África poscolonial. En primer lugar, los «príncipes», grandes patrones clientelares, que representaban los intereses de diversos grupos étnicos o sociales en un contexto de pluralismo limitado, y aseguraban su dominio mediante la negociación permanente con ellos. Un ejemplo sería en Kenia Jomo Kenyatta (1964-1978). En segundo lugar, los «autócratas», que dominaban estructuras de poder más estables en sociedades menos pluralistas, lo que les permitía mayor libertad de maniobra: eran los casos de Kamuzu Banda (1965-1993) en Malaui, Mobutu Sese Seko (1965-1997) en Zaire o Haile Selassie en Etiopía. Un tercer tipo serían los «profetas», líderes carismáticos de la época de la independencia que se caracterizaban por su denuncia constante del colonialismo, su política intervencionista y estatalizadora y sus aspiraciones a la reforma social, pero también su creciente tendencia a reprimir el pluralismo político y reforzar su poder personal. Eran los casos de Kwame Nkrumah (1960-1972) en Ghana, Sekou Touré (1958-1974) en Guinea, los socialistas Thomas Nyerere (1962-1985) en Tanzania, Samora Machel (1975-1986) en Mozambique y Thomas Sankara (1983-1987) en Burkina Faso, o hasta cierto punto de Omar Bongo (1967-2009), presidente vitalicio de Gabón, cuyo mandato adquirió tonos autoritarios con el paso del tiempo. El cuarto tipo, los «tiranos», más de una vez antiguos profetas, se caracterizaron por cimentar su poder sobre la arbitrariedad, la rapiña y la brutalidad represiva, como los casos de Idi Amin (1971-1979) en Uganda y Bokassa (1966-1979) en la República Centroafricana, quien llegó a proclamarse emperador; o el de Charles Taylor (1997-2003) en Liberia, único país africano que nunca había sido colonizado.

Algunos sistemas presidenciales de partido único procuraron mantener una fachada democrática, y (como en Tanzania) permitían a los electores optar entre distintos candidatos de la lista del partido oficial. Pero, en la práctica, todos ellos se convirtieron en dictaduras, cuyo carácter represivo era variable. El elenco abarcaba desde el benévolo autoritarismo de Seretse Khama (1966-1980) en Botsuana hasta las brutales dictaduras de Macías Nguema (1968-1979) en Guinea Ecuatorial, de Bokassa y de Idi Amin. La mayoría de los regímenes africanos pasaron de ser democracias parlamentarias a sistemas presidenciales autoritarios, en los que la solemnidad y el boato rodeaba al jefe del Estado, y en donde los mecanismos de sucesión estaban rodeados de incertidumbre. De ahí también la frecuencia de los golpes de Estado y las constantes defenestraciones, por parte de los presidentes, de los políticos que destacaban, a menudo enviados al exilio o asesinados. Los sucesores de los grandes presidentes poscoloniales eran a menudo, por ello, personajes grises y de perfil tecnócrata, como Abdou Diouf, que sucedió a Senghor en Senegal.

Los regímenes que abrazaron el «socialismo africano» a partir de 1974, a pesar de su florida retórica marxista, cayeron a menudo en la misma dinámica que caracterizó a los demás. La colectivización forzosa de la agricultura bajo el control de una burocracia inflexible generó en Mozambique, tras su independencia en 1975, un descontento social que fue alimentado por la vecina Sudáfrica y Rodesia, para fomentar la desestabilización del nuevo régimen socialista. La larga guerra civil resultante solo concluyó en 1992, al tiempo que se instauraba un régimen multipartidista y se abandonaba el socialismo. Otros regímenes «socialistas», como Benín en los años ochenta o el Congo-Brazzaville de Marien Ngouabi, combinaban una confusa retórica revolucionaria y marxistizante con el mantenimiento de dictaduras autoritarias y políticas económicas «burguesas». En Madagascar, una dictadura militar de orientación izquierdista tomó las riendas del poder desde 1972 e instauró un régimen de economía planificada, que a partir de 1986 se ciñó a las recomendaciones del FMI y reprivatizó amplios sectores productivos.

Desde mediados de los setenta se registró en buena parte de África un debilitamiento de las instituciones del Estado y de su monopolio legítimo de la violencia. Como resultado, resurgieron diversos poderes intermedios, a menudo los antiguos reyes o jefes tribales investidos de autoridad y legitimidad tradicional, cuya relación con el poder del Estado era de colaboración (como en Tanzania, Uganda o Mali) o estaba salpicada de conflictos alrededor de la posesión y uso de la tierra, como en Níger. Si el Estado se desmoronaba completamente, algunos de esos jefes tradicionales se reconvertían en señores de la guerra, líderes de bandas armadas que imponían su control sobre determinados territorios.

ENTRE EL SUBDESARROLLO Y LA DEUDA EXTERNA

A lo largo de los años cincuenta las tasas de crecimiento medio del conjunto de África eran razonables, y el aumento de la renta per cápita se situaba en el 2,4 por ciento anual. En los años sesenta y setenta, sin embargo, las economías africanas se caracterizaron en líneas generales por su ralentización, y después por su estancamiento. En los años setenta, la renta per cápita aumentaba a un 0,8 por ciento anual; si se descuenta el efecto del boom petrolífero de Nigeria, incluso se registraba una tasa negativa.

A ese estancamiento contribuyó en primer lugar la aceleración del crecimiento demográfico. Un legado de los colonizadores fue una red sanitaria y de atención primaria más eficaz, lo que dio lugar a un fuerte aumento de los nacimientos: la población de Nigeria y Kenia creció un 4 por ciento anual. Si África tenía 300 millones de habitantes a mediados de los sesenta, en 1990 eran ya 730 millones. La meteórica extensión del sida durante las décadas de 1980 y 1990, así como las matanzas y las fuertes hambrunas a consecuencia de desastres climáticos —como la sequía que asoló el Sahel, el cinturón meridional del desierto del Sahara, entre 1967 y 1974— frenaron la tendencia a partir de entonces. A fines del siglo XX, once millones de personas habían muerto por causa del sida en el África subsahariana, y más del doble de esa cifra estaban infectadas: en Zimbabue más del 25 por ciento de los adultos eran seropositivos. En Sudáfrica coexistía una medicina ultramoderna (y pionera en técnicas como los trasplantes de corazón) para blancos y miserables condiciones sanitarias para los negros.

Las inversiones en grandes obras públicas por parte de varios gobiernos africanos durante los lustros posteriores a la independencia tenían una cierta dimensión propagandística. Los embalses del río Volta (Ghana) o de Cahora-Bassa en Mozambique debían servir para mostrar al mundo, al igual que la gran presa de Asuán (Egipto), el embate modernizador de los nuevos países. Sin embargo, su eficacia para promover la modernización económica de sus países fue muy limitada. De hecho, en el conjunto del continente el crecimiento económico se enfrentó a serios impedimentos. Predominaban, al igual que en época colonial, las actividades extractivas y vinculadas al sector primario, en particular la producción de alimentos o productos básicos, como el cacao, el tabaco o el café, que después eran elaborados en otros países, así como de materias primas minerales, algunas de ellas, como el cobalto congoleño o los diamantes, muy codiciadas. Varios países, como Costa de Marfil o Kenia, experimentaron entre mediados de los cincuenta y los años setenta unas tasas de crecimiento apreciables, sustentadas en el fomento de las exportaciones. Sin embargo, las crisis de precios de algunos de esos productos en los mercados internacionales podían causar auténticas catástrofes en países cuyos ingresos en divisas provenían en gran proporción de su exportación, caso de Ghana en los años sesenta. El resultado fue el endeudamiento progresivo de muchos de ellos.

Durante la década siguiente, las élites gobernantes se limitaron a estabilizar las estructuras heredadas, y a mantener aplacada a la creciente población urbana mediante una política de control de precios de los alimentos de primera necesidad, que a su vez mantenía al sector agrario de África, mayoritario en todos los países, en un estado de permanente subcapitalización, cuando no de explotación por parte de sus gobiernos. Ese círculo vicioso no se ha roto, a pesar de algunos intentos aislados —como en Nigeria en los años ochenta, o en Burkina Faso bajo la presidencia de Sankara— y de los intentos del FMI para forzar inversiones en la modernización del sector agrario.

La dependencia exterior de los intereses comerciales, estratégicos y financieros de Occidente, en muchos casos de empresas multinacionales o antiguas potencias coloniales, actuaba de freno permanente a las posibilidades de un desarrollo autocentrado. La creación del franco CFA en los países de África occidental, cuyo curso estaba ligado al franco francés, otorgó a Francia una importante influencia sobre sus antiguas colonias, a la vez que favoreció la evasión de capitales por parte de élites africanas hacia bancos europeos, y protegió a regímenes dictatoriales que garantizaban la estabilidad de sus intereses, creando así una esfera de influencia que competía con la de los EE. UU. En Gabón o Costa de Marfil permanecieron además muchos ciudadanos franceses como cuadros de la administración. Las élites estatales africanas prefirieron en general la relación bilateral con compañías extranjeras a la consolidación de un estrato autóctono de inversores y grandes comerciantes, que pudiesen actuar de intermediarios directos con el mercado internacional.

La crisis del petróleo desde 1973, que coincidió con una disminución de los precios de las materias primas de exportación en el mercado mundial, agravó la decadencia económica del continente africano. Desde entonces, África ha jugado un papel decreciente en la economía mundial: en 1990 representaba el 2 por ciento del comercio del planeta. Las compañías multinacionales pasaron a dominar los sectores más lucrativos del mercado africano, particularmente en el ámbito de la energía, la industria automovilística y los bienes de consumo. Junto con las organizaciones no gubernamentales y la influencia norteamericana, sustituyeron de manera progresiva a las antiguas potencias coloniales. Los Estados africanos incrementaron su endeudamiento exterior de forma exponencial: el porcentaje de la deuda sobre el PNB pasó en veinte años del 15 (1974) al 90 por ciento (1994). Y a fines de la década de 1980, el África subsahariana presentaba tasas de crecimiento económico negativas. Solo Botsuana y las Islas Mauricio eran una excepción.

Ante la ausencia de prestamistas internacionales, solo quedaba el recurso al Banco Mundial y el FMI, que impusieron una miope ortodoxia neoliberal. Desde fines de los setenta, los Estados africanos fueron sometidos a duros programas de reestructuración económica y financiera, que privatizaron y desmontaron lo que quedaba de las redes de infraestructuras sanitarias, de transportes, educativas y de servicios públicos de la etapa poscolonial, que se deterioraron rápidamente. También se suprimieron los controles de precios de productos básicos y se devaluaron las monedas. En las superpobladas ciudades crecieron los barrios de chabolas; la inseguridad aumentó y la contaminación del aire y del suelo, por la acumulación y vertido incontrolado de todo tipo de residuos sólidos y líquidos, creció de manera exponencial. La corrupción burocrática no disminuyó, sino que aumentó en un contexto de escasez de recursos, y los Estados perdieron buena parte del control sobre las dinámicas económicas. Las antiguas élites autoritarias y militares cedieron el testigo a generaciones de tecnócratas educados en Occidente, dóciles por lo general a los dictados de las instituciones financieras internacionales.

El resultado ha sido un empobrecimiento de amplios sectores de la población, urbana y rural, y una acusada polarización social. Eso coincidió con la expansión del sida a partir de 1983, y el descenso de las tasas de escolarización (del 77 al 70 por ciento a lo largo de los años ochenta). La economía sumergida y el mercado negro florecieron por doquier, y ni siquiera el turismo en países como Kenia, Namibia o Sudáfrica ha repercutido en una mejora sustancial del sector servicios, sino más bien en las finanzas públicas. Tampoco Sudáfrica, considerado un país del capitalismo avanzado en un contexto regional estancado, escapaba a esa dinámica, fuera de algunos enclaves, y su industria se enfrentaba a severos problemas de competitividad, aquejada además por la escasa cualificación de la mano de obra. Solo la producción de diamantes y armas, bajo el control de empresas dependientes del Estado y en manos de la minoría blanca, constituía una fuente de divisas.

LATINOAMÉRICA EN LA POSGUERRA: OPORTUNIDADES PERDIDAS

El fin de la II Guerra Mundial no fue para Latinoamérica tan importante como para otros continentes. En su estructura social y económica se reforzaron las tendencias ya presentes desde principios del siglo XX, tanto en lo que afectaba al desarrollo de la industrialización como a la creciente urbanización del área. Los desequilibrios ya presentes se acentuaron, y desde la década de 1960, bajo el influjo de la Sociología del Desarrollo brasileña, las nociones «subdesarrollo» y «dependencia» pasaron a ser objeto de reflexión política e intelectual. Las reacciones políticas a las tensiones de la posguerra fueron distintas, pero tenían en común su carácter radical. Casi todas ellas tendían a resolver las tensiones sociales por métodos violentos, que servían a su vez de cauce a proyectos revolucionarios novedosos y de gran carga utópica, o de reacciones autoritarias de una brutalidad desconocida en el continente hasta entonces.

El período de posguerra planteó nuevos problemas económicos para América Latina. Las exportaciones de materias primas a los países en guerra se redujeron de manera drástica al disminuir la demanda. Los precios de los productos exportados, empero, aumentaron al poco tiempo, con lo que compensaron la caída de la demanda. Varios Estados aprovecharon la coyuntura para saldar sus antiguas deudas externas. Al igual que en Europa, algunos sectores clave de las economías nacionales fueron nacionalizados, y la demanda creciente de importaciones de bienes de equipo y de consumo devoró buena parte de las reservas de divisas.

En 1950, más de la mitad de la población latinoamericana estaba empleada en la agricultura, si bien el porcentaje había disminuido notablemente desde 1930. La tendencia a la baja tendría continuidad en los años siguientes. En términos generales, la agricultura latinoamericana experimentó una notable modernización, tanto por la aplicación de nuevas técnicas de cultivo como por la ampliación de la superficie cultivada a costa de la selva tropical, en países como Brasil. Sin embargo, los beneficiarios del proceso fueron de forma mayoritaria los grandes y medianos propietarios. En la década de los cincuenta la reforma agraria volvió al primer plano de las prioridades políticas. Tanto en Bolivia como en Guatemala, los gobiernos progresistas emprendieron sendas reformas, que provocaron la oposición de las oligarquías terratenientes y las compañías hortofrutícolas norteamericanas y, a medio plazo, su destitución.

El temor a la extensión del comunismo tras la revolución cubana de 1959, y su influjo, venció buena parte de la oposición a las reformas en el resto de América Central y del Sur. Algunos países realizaron la reforma agraria bajo presupuestos técnico-productivistas y con ayuda financiera norteamericana, en el marco de la «Alianza por el Progreso» lanzada por el presidente Kennedy en 1960, con el fin de reestructurar los términos de las conflictivas relaciones entre los EE. UU. y sus vecinos del sur. Otros países adoptaron medidas más radicales, de inspiración socialista, como Chile a principios de la década de 1970 y Nicaragua en la de 1980. No obstante, las reformas agrarias tuvieron una incidencia limitada en la distribución de la renta, y algunas de las dictaduras militares que les sucedieron en Sudamérica anularon su aplicación. La población campesina malvivía y en buena parte garantizaba su subsistencia gracias a las remesas de dinero de los familiares emigrados, bien a las ciudades, bien a los EE. UU. (caso de caribeños, mexicanos y centroamericanos), bien más tarde a Europa occidental. En México D. F., nueve millones de habitantes vivían en barrios de chabolas en 1990; en São Paulo, tres millones.

La vía latinoamericana hacia la industrialización tras 1950 estuvo marcada por el nacionalismo económico y la desconfianza hacia el mercado mundial. De forma casi generalizada, se orientó hacia la sustitución de importaciones. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo económico dependiente de la ONU, mantuvo la teoría, alimentada por expertos como el argentino Raúl Prebisch, de que la orientación exportadora de la economía latinoamericana constituía un obstáculo para su desarrollo, y que las condiciones del mercado mundial solo podían perjudicarla a medio y largo plazo. Los Estados debían asumir un papel impulsor y protector en la industrialización latinoamericana, con el fin de subvenir a sus propias necesidades de bienes de consumo y de equipo. Los grandes países del área (Argentina, Brasil, México y Chile) siguieron estas recomendaciones, estableciendo altos aranceles para las importaciones. Al mismo tiempo, edificaron un sector industrial autóctono de titularidad estatal, dando prioridad al sector pesado. Aun así, la industrialización necesitaba de capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos y europeos, lo que a menudo generaba contradicciones entre los intereses de los inversores foráneos y las pulsiones nacionalizadoras de los Estados latinoamericanos; pero las Américas eran un mercado en expansión que seguía atrayendo las inversiones extranjeras. Las altas tasas de crecimiento económico de buena parte de los países latinoamericanos tuvieron continuidad hasta la década de 1970. México y Brasil, pero también a cierta distancia Argentina, Colombia y Chile, se convirtieron en países industriales emergentes, que mejoraron su red viaria y de comunicaciones, contaban con capitales dinámicas y modernas (como Buenos Aires), y se mostraban dispuestos a formar parte del grupo de países del capitalismo avanzado.

La industrialización subsidiada tuvo también algunas consecuencias negativas en los grandes países latinoamericanos. El exceso de protección estatal convertía a sus productos en poco competitivos fuera de las propias fronteras, por lo que no eran exportables; y los procesos de producción adolecían de serias deficiencias. El único medio de obtener divisas era recurrir a la exportación de materias primas y productos agrarios. Y ni siquiera era posible sustituir todas las importaciones (por ejemplo, de bienes de equipo, bienes de consumo de lujo o de gama alta, etcétera). Al contrario que en Asia, la industria automovilística, uno de los sectores emblemáticos de la expansión industrial de posguerra, fue incapaz de desarrollarse en Latinoamérica de forma autóctona, por lo que recurrió a patentes extranjeras, al igual que la construcción naval. El sector industrial latinoamericano acumuló así problemas estructurales, que se agravaron con el paso del tiempo.

No todos los países apostaron al principio de forma exclusiva por la industrialización. México o Colombia fomentaron de modo paralelo las exportaciones de materias primas, con el fin de procurarse divisas. Otros países más pequeños se mantuvieron fieles al modelo exportador de materias primas y productos agrícolas, tanto por carecer de recursos y estructuras suficientes para dar el salto a la industrialización, como por estar dominados por élites terratenientes, cuyo interés primordial consistía en garantizar su fuente de ingresos. Las exportaciones se concentraban a menudo, en cada país, en una gama limitada de productos. Venezuela dependía de la exportación de petróleo desde la década de 1920; Bolivia vivía del zinc; los países centroamericanos de los productos de la agricultura tropical (café, plátanos, etcétera), y Cuba del azúcar. Los países andinos, como Perú y Ecuador, diversificaron con cierto éxito el elenco de productos de exportación. El modelo monoexportador tenía como consecuencia la dependencia de la oscilación de los precios de un determinado producto o productos en el mercado mundial, al igual que ocurría con los países africanos, y en muchos casos resultaba extremadamente perjudicial para el medio ambiente. Los intentos de algunos pequeños países latinoamericanos por desarrollar una estructura industrial desde fines de la década de 1950 tuvieron un éxito muy limitado, en parte por la estrechez de sus mercados interiores; los intentos de integración supraestatal fueron escasos, y por lo general acababan en sonoros fracasos.

La conflictividad social también creció en las décadas siguientes a 1950. Con la excepción de Uruguay y Argentina, donde ya con anterioridad se había asentado un estrato social intermedio y urbano, la política de industrialización endógena no consiguió consolidar una clase media suficientemente fuerte como para reducir la progresiva polarización social. La mayoría de los habitantes de Latinoamérica pertenecía a los estratos sociales subalternos, tanto rurales como urbanos. El éxodo rural creó anillos de suburbios en las grandes urbes latinoamericanas, cuyos habitantes vivían de la economía sumergida, desempeñaban trabajos a tiempo parcial o recibían subsidios sociales. Una parte no desdeñable se ocupaba en actividades ilegales, y en algunos países las mafias y grupos criminales hallaron en ellos una inagotable cantera.

Ya durante la década de 1960 se agudizaron los síntomas de crisis en varios países. En los años setenta, las dictaduras militares de Chile, Argentina y Uruguay pusieron fin a la política de industrialización subsidiada y procedieron a una liberalización de la economía, principiando por el comercio exterior. Chile, en particular, se convirtió en alumno aventajado de las teorías de la Escuela de Chicago. Otros países latinoamericanos también retornaron progresivamente al modelo agroexportador.

La crisis petrolífera de 1973 favoreció la afluencia de capitales baratos y el endeudamiento de los Estados latinoamericanos, pero en la década siguiente, con el descenso de los precios del crudo y el empeoramiento de las condiciones de financiación internacional, varios Estados latinoamericanos entraron en una aguda crisis de deuda. El primer síntoma fue la suspensión de pagos declarada por México en 1982, que marcó el final definitivo del modelo de sustitución de importaciones. Los acreedores internacionales, bajo los auspicios del FMI y del llamado Consenso de Washington, exigieron a los Estados deudores una radical liberalización de sus mercados, la adopción de medidas privatizadoras y la demolición de sus sistemas de protección social. Las recetas neoliberales fueron seguidas por algunos países con más celo que otros, pero en general provocaron una caída abrupta del poder adquisitivo de las clases medias y populares, un aumento sustancial de las cifras de desempleo, la proliferación de la economía sumergida y la ampliación de la brecha social entre desposeídos y ricos, que a su vez contribuyó a una creciente polarización social y a la intensificación de la inseguridad ciudadana, que en algunos Estados reforzó a las mafias, a menudo en connivencia con una policía corrupta.

La inestabilidad económica tuvo gravosas consecuencias sobre los procesos de cambio social. Entre 1945 y 1990 la población latinoamericana se triplicó, sobre todo en los años cincuenta y sesenta, gracias a la mejora de las redes de atención sanitaria, que tuvieron como efecto la disminución de la mortandad infantil y el aumento de la esperanza de vida. El exceso de población en las áreas rurales se canalizó en masivas migraciones internas hacia las ciudades. Algunas de ellas, como México D. F., São Paulo o Buenos Aires, se convirtieron en megalópolis, en las que faltaban redes de transporte e infraestructuras higiénicas y sanitarias suficientes para acoger el vertiginoso aumento de población. Mientras los centros urbanos se modernizaban, se dotaban de edificios modernos y hasta eran lugar de experimentación de arquitectos futuristas, como Óscar Niemeyer, en las periferias urbanas, y a veces muy cerca de los barrios residenciales de lujo, surgían villas de chabolas sin agua potable, alcantarillado o electricidad, que pasaron a ser focos de inestabilidad y conflicto social, en los que una parte de sus habitantes trabajaba de hecho en la economía sumergida.

Frente a esta creciente masa de desposeídos se situaba una clase media en que resistía o incluso experimentaba una tímida expansión, compuesta en algunos países (Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, en parte México) por descendientes de inmigrantes europeos, y una minoría privilegiada, integrada por las familias criollas de terratenientes que provenían del siglo XIX, y nuevos empresarios. La aplicación de las reformas económicas neoliberales desde la década de 1980 acentuó la heterogeneidad social de cada uno de los grandes estratos, pero en general la clase media vio amenazada su posición, mientras que la minoría privilegiada reforzaba sus mecanismos de acumulación, y se ampliaba el porcentaje de ciudadanos pertenecientes a los estratos sociales subalternos.

REVOLUCIONES Y DICTADURAS LATINOAMERICANAS

La creciente polarización social generó agrios y renovados debates intelectuales acerca del futuro de América Latina, que se tradujeron en la rápida propensión a la violencia. El continente, que no jugó un papel destacado en los inicios de la Guerra Fría, se convertiría desde fines de los cincuenta en uno de sus escenarios privilegiados, con un aura casi romántica. La rivalidad global entre marxismo y capitalismo se tradujo en Latinoamérica en aportaciones teóricas y prácticas de carácter original, que a su vez tuvieron influencia en otros continentes e incluso incidieron en un producto del período de entreguerras, los populismos. De ellos sobreviviría en Argentina hasta 1955 el peculiar movimiento peronista, derrocado por un golpe militar, cuyo inspirador y líder carismático, el general Juan Domingo Perón, todavía volvería al poder en 1973 durante nueve meses. En las décadas de 1960 y 1970 surgieron así, dentro de la cultura política peronista, grupos que se identificaban con postulados de izquierda, frente a las ramificaciones autoritarias de su ala derecha, lo que contribuyó a generar un movimiento político multiforme, contradictorio y extraordinariamente persistente.

En la década de 1960, la «teoría de la dependencia», desarrollada entre otros por el sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardoso, interpretaba en líneas generales (y pese a la diversidad de tendencias en su seno) la persistencia de las desigualdades económicas entre los continentes como una consecuencia de las relaciones de poder consolidadas a lo largo de la historia. Negaba por ello que el mercado mundial pudiese contribuir a una distribución equitativa y racional de los recursos a largo plazo. En el sistema económico global, por el contrario, existían centros rectores y periferias dependientes. Los primeros acumulaban excedente producido por las segundas, que se hundían cada vez más y resultaban cruciales para la prosperidad de los primeros. No bastaba, por tanto, con el crecimiento económico, a la espera de que la prosperidad se repartiese. Era necesario mudar los términos de la relación entre centro y periferia.

Dentro de la Iglesia católica, que hasta el Concilio Vaticano II había adoptado en América Latina un perfil conservador y al servicio del mantenimiento del orden social y político tradicional, algunos sectores pasaron a fomentar un mayor compromiso práctico y teórico con las clases populares, asumiendo varios aspectos de las teorías de la dependencia. La Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín (1968) formuló su «Opción por los pobres», y numerosos sacerdotes latinoamericanos y misioneros jóvenes, algunos de ellos españoles, se volcaron en la atención material y espiritual a las comunidades rurales y los barrios marginados y favelas de las ciudades. El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino acuñó así en 1968 el concepto de «Teología de la Liberación», desarrollado en su libro Teología de liberación. Perspectivas (1971). De modo casi simultáneo, el presbiteriano brasileño Rubem Alves planteaba presupuestos semejantes desde la religión protestante. Sin grandes novedades teóricas, los teólogos de la Liberación consideraban que lo prioritario era vivir su vida desde el compromiso con las doctrinas de Jesucristo, y solo en segundo lugar reflexionar sobre la fe. Para ello, era necesario involucrarse en los problemas sociales de la época. La Iglesia debía de estar del lado de los pobres y convivir con ellos. La cercanía de algunos de los principales representantes de la Teología de la Liberación a la izquierda revolucionaria fue patente, caso de Camilo Torres Restrepo, que se adhirió a la guerrilla colombiana, o el asturiano Gaspar García Laviana, que se sumó a la guerrilla sandinista con el apodo de comandante Martín.

Una particular conceptualización de la violencia ocupaba un lugar central tanto en los teóricos de la dependencia como en los teólogos de la Liberación. A la existencia de una violencia «institucionalizada» o «estructural», derivada del dominio socioeconómico del centro sobre la periferia, y de las oligarquías sobre las clases subalternas, sería legítimo responder con formas de violencia desalienante y liberadora, tanto en el plano colectivo como en el individual, según los partidarios de la izquierda radical y revolucionaria. La vía de la revolución por vías políticas y electorales, practicada hasta entonces por los partidos comunistas y el movimiento obrero clásico, se habría revelado como una opción fracasada. El ejemplo de la revolución cubana reforzó esas concepciones y añadió nuevas variantes: las teorías de la guerrilla revolucionaria a partir de la creación de «focos» (Che Guevara), o su extensión y aplicación a áreas urbanas (Carlos Marighella, tupamaros uruguayos). Latinoamérica se convirtió en el «continente revolucionario» por excelencia, donde a diferencia de África, se consolidaron revoluciones que dieron lugar a profundas transformaciones políticas y sociales. Sus rasgos comunes eran el antiimperialismo, el anticolonialismo y en parte el anticapitalismo, combinados con una nueva interpretación de la tradición nacionalista propia desde los tiempos de la independencia del poder colonial. Algunas de ellas no triunfaron, o fueron desplazadas por sangrientas dictaduras apoyadas por los EE. UU.

Primero fue Bolivia, donde el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) creció en los años cuarenta, como oposición a una oligarquía desacreditada por la derrota en la guerra del Chaco frente a Paraguay entre 1932 y 1935 y la amputación de la región del Gran Chaco. Al serle negada la victoria electoral en 1951, el MNR derrocó el Gobierno en 1952. Bajo la presidencia de Paz Estenssoro (1952-1956), se nacionalizaron las reservas mineras y se decretó una reforma electoral y agraria. El movimiento, sin embargo, perdió pronto impulso revolucionario al surgir disputas por el liderazgo en su seno, y en las décadas de 1960 y 1970 el ejército, a través de presidentes militares de diversas orientaciones políticas, tomó las riendas del país. Los EE. UU. jugaron un cierto papel en la «contención» de la revolución boliviana, y también intervinieron de modo directo en el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz (1951-1954) en Guatemala, cuya reforma agraria lesionaba los intereses del consorcio bananero norteamericano United Fruit Company. Cuando Árbenz nombró ministros comunistas, la CIA obtuvo luz verde para promover un golpe de Estado que paralizó las reformas en curso.

En Cuba, sin embargo, el Gobierno norteamericano no pudo torcer el curso de los acontecimientos. El país, formalmente independiente, había sido fiel a los designios de Washington, que apoyaba el régimen corrupto del general Fulgencio Batista, presidente entre 1940 y 1944, y nuevamente entre 1954 y 1959. Entre los grupos opositores destacó pronto el Movimiento 26 de Julio, liderado por el joven abogado de origen gallego Fidel Castro y partidario de la lucha armada. Tras desembarcar con un pequeño grupo de guerrilleros en la isla, procedentes del exilio mexicano, en 1956, el movimiento revolucionario consiguió extenderse desde sus núcleos iniciales en Sierra Maestra al conjunto del país, provocando la crisis final de la dictadura. En enero de 1959, unos jóvenes y barbudos revolucionarios entraban entre aclamaciones de júbilo en la ciudad de La Habana, después de que Batista hubiese huido, y se convertían ante el mundo en el ejemplo del triunfo de la voluntad revolucionaria.

Durante la primera fase democrática de la revolución, el Gobierno de Castro llevó a cabo, además de una campaña nacional de alfabetización, la nacionalización de las centrales azucareras, las compañías de teléfonos y electricidad y las refinerías de petróleo, lo que lesionó los intereses económicos estadounidenses y provocó ya en abril de 1961 un primer intento de invasión en Playa Girón, protagonizado por 1500 anticastristas adiestrados por la CIA. En febrero de 1962, el presidente Kennedy ordenó el embargo económico y financiero contra la isla, que habría de mantenerse durante 52 años. Pero la presión norteamericana reforzó a los sectores comunistas de la coalición revolucionaria, y entronizó a Fidel Castro como líder carismático del Estado. Su lugarteniente, el guerrillero e intelectual argentino Ernesto Che Guevara, adalid de la extensión de la revolución —«crear dos, tres… muchos Vietnam, es la consigna»— a toda América Latina, dejó su cartera ministerial para promover un movimiento guerrillero similar en Bolivia, partiendo de un grupo multinacional de cuarenta integrantes.

Sin embargo, las carencias organizativas y la falta de apoyo de los comunistas bolivianos y del propio campesinado al que se quería liberar, junto con la eficaz represión del ejército boliviano asesorado por la CIA, condenaron el proyecto de extensión del foco revolucionario a Bolivia a un sonoro fracaso. El Che Guevara fue hecho prisionero y asesinado por fuerzas gubernamentales en octubre de 1967, deviniendo en el mito por antonomasia de la izquierda radical latinoamericana y europea. Unos meses después, el régimen cubano expropió todos los negocios privados de la isla, salvo las pequeñas propiedades agrícolas. Aunque conservó siempre vínculos privilegiados con la URSS, sobre todo desde la crisis de los misiles de 1962, la Cuba castrista mantuvo posturas propias en varios temas de política exterior, y su relación con Moscú no estuvo exenta de fricciones.

El modelo revolucionario de Cuba se convirtió en un mito para la izquierda mundial, revestido además de una atractiva dimensión estética proporcionada por cantautores y escritores. Castro era su símbolo vivo, y el Che Guevara su mártir idealista e internacionalista. Cineastas, intelectuales comprometidos y estudiantes europeos y americanos se rindieron al aura idealista de los revolucionarios cubanos. Un buen ejemplo fue el filósofo marxista francés Régis Debray, quien viajó a Cuba en 1960 y acompañó a Guevara en su aventura boliviana. La Habana se convirtió en una meca de la revolución, como mostró la Conferencia Tricontinental organizada en la ciudad en 1966, que congregó a delegados de 70 países con el objetivo de combatir al «imperialismo, colonialismo y neocolonialismo».

Los ecos cubanos también influyeron en los populismos «nacionalrevolucionarios», como el peronismo o el partido socialdemócrata peruano APRA, y en algunos partidos socialistas tradicionales. En Chile, una coalición de partidos de izquierda, Unidad Popular, bajo el liderazgo del socialista Salvador Allende, venció en las elecciones de 1970 e instauró un curso reformista, que pretendía seguir una «vía chilena» de reformismo radical hacia el socialismo. El experimento concluyó en septiembre de 1973, cuando el ejército, catapultado por el descontento de la clase media por la crisis económica y el apoyo norteamericano, protagonizó un golpe de Estado que inauguró una sangrienta dictadura. La agitación de los guerrilleros urbanos uruguayos (Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros) y de los peronistas de izquierdas argentinos (montoneros) también provocó la reacción de sectores ultraconservadores de la sociedad y del ejército uruguayo y argentino, que protagonizaron sendos golpes de Estado en 1973 y 1976.

A fines de los años setenta fue otra vez una revolución guerrillera la que cobró protagonismo: la promovida en Nicaragua contra la corrupta dictadura de la familia Somoza desde 1974 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fundado en 1961 a imitación del movimiento cubano y del FLN argelino como coalición de partidos, en la que pronto adquirieron primacía los sectores comunistas. En 1979, tras una guerra que se cobró unas 50 000 vidas, el FSLN derrocó la dictadura y estableció un gobierno de concentración, que decretó una reforma agraria, la nacionalización de la banca y la implantación de una economía mixta, expropiando los bienes de los partidarios de Somoza que habían huido del país, y acometiendo una política de alfabetización masiva y de extensión de la sanidad pública. Año y medio después, el Gobierno estadounidense decretó un bloqueo económico contra Nicaragua, y apoyó con asesores y medios a la guerrilla contrarrevolucionaria o Contra, a partir de núcleos del ejército de Somoza refugiados en Honduras y algunos sandinistas desencantados, como el mítico comandante Cero, Edén Pastora. La guerra civil que siguió, en la que la Contra llegó a tener bajo control algunos territorios nicaragüenses, provocó la muerte de 28 000 personas y fuertes pérdidas materiales. Al tiempo, la izquierda latinoamericana y europea se movilizó en campañas internacionales de solidaridad con Nicaragua. En febrero de 1989, tras llegar a un acuerdo, la Contra se disolvió y se integró como fuerza política en el régimen parlamentario.

En El Salvador estalló en 1979 una brutal guerra civil protagonizada por otro frente guerrillero en el que convivían varios partidos, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FFMLN), contra una dictadura tan sátrapa como la de Somoza. Las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales con apoyo norteamericano y de bandas paramilitares, y los insurgentes sostenidos desde Cuba y Nicaragua, llegarían hasta el acuerdo de paz de 1992, firmado en México con mediación de la ONU, que contempló el desarme de la guerrilla y la integración de la misma como partidos civiles en la política del país. Los combates y matanzas de civiles se cobraron unos 75 000 muertos y desaparecidos, un 2 por ciento de la población salvadoreña.

Los límites de la ola revolucionaria se alcanzaron entre 1968 y 1976. En México, el régimen parlamentario y presidencialista protagonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reprimió con extrema dureza en octubre de 1968 una manifestación organizada por el movimiento estudiantil, causando varios cientos de muertos a manos de la policía, unidades del ejército y paramilitares. Gobiernos de excepción militares, que en algunos casos devinieron en dictaduras salvajemente represivas, cerraron el paso a la izquierda revolucionaria y a la subversión comunista, con el beneplácito norteamericano, tanto en Brasil (1964) como en Perú (1968), Bolivia (1971) y Ecuador (1972). A continuación, siguieron las mucho más sangrientas dictaduras del Cono Sur (Chile, Uruguay y Argentina). También en varios Estados centroamericanos, como El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, asumieron el poder durante distintos períodos los militares. En algunos casos, como en Perú —el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez (1968-1978)— y Ecuador (Junta Militar del 63, 1963-1966)—, los militares adoptaron una política exterior pronorteamericana o anticastrista, pero puertas adentro acometieron importantes reformas sociales. Fue el caso, en particular, del Perú bajo el peculiar Gobierno del general Velasco Alvarado, que integró entre sus seguidores a trotskistas y populistas nacionalrevolucionarios y decretó una reforma agraria, así como la nacionalización de la banca y de importantes sectores industriales.

Las dictaduras latinoamericanas no eran, pese al estereotipo que reinaba en el exterior, una reedición de los caudillos decimonónicos. Eran en su mayoría juntas militares, órganos colegiados en las que cada arma del ejército tenía un representante, y a menudo establecían presidencias rotativas o colectivas, sin desarrollar un culto a la personalidad. Un ejemplo prematuro fue la breve duración en el poder de los militares argentinos (Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse) que ocuparon la jefatura del Estado entre 1966 y 1973, durante el que sería llamado «Estado burocrático autoritario». Solo en el caso del chileno Augusto Pinochet tuvo lugar una concentración de poderes en un único líder, y la creación de un régimen personalista alrededor de un cierto carisma autoritario para sus seguidores. La excepción que confirma la regla fue el Paraguay de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Algunas de esas dictaduras, como la uruguaya (Gobierno de Juan María Bordaberry, 1973-1976) y en parte las argentinas de los sesenta, se denominaban a sí mismas «cívicomilitares» y se basaban en una alianza del ejército con sectores de los partidos y élites políticas tradicionales, que consideraban necesario un golpe de timón autoritario. Por lo general, no vacilaban ante el uso de la violencia, en particular allí donde los desequilibrios sociales eran mayores, o más influyente la actividad de organizaciones de izquierda revolucionaria. Aplicaban entonces la doctrina de la seguridad nacional que también se pondría en práctica contra los guerrilleros en Colombia o, de modo especialmente brutal, en Guatemala, donde el ejército perpetró varias masacres contra la población indígena. Legitimaban en parte su recurso a la represión con el objetivo de llevar a cabo, como representantes apolíticos, una reforma integral del Estado, la sociedad y la economía de sus naciones, bajo premisas autoritarias: la dictadura argentina, por ejemplo, se autodenominaba «Proceso de Reorganización Nacional». Con el concurso de élites tecnócratas y la connivencia de oligarquías criollas e importantes sectores de las clases medias, implantaron en la mayoría de los casos reformas económicas neoliberales, aun sin renunciar a importantes sectores nacionalizados; y abrieron las puertas a las inversiones de las multinacionales extranjeras. En algunos casos, como en Argentina o Chile, cosecharon algunos éxitos macroeconómicos.

Con todo, la receta de la reforma autoritaria se mostró ineficaz para superar los déficits estructurales de las economías latinoamericanas, como la desigualdad social, la degradación de las condiciones de vida en las ciudades y la creciente inseguridad ciudadana. Y en los ochenta, la opinión pública mundial no estaba dispuesta a tolerar las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la mirada complaciente de los EE. UU.

Un acontecimiento inesperado cambió el rumbo. En abril de 1982, la Junta Militar argentina jugó la carta del irredentismo para galvanizar a la población y ganar apoyos, invadiendo por sorpresa las islas Malvinas, bajo soberanía británica y largo tiempo reivindicadas como parte del territorio nacional por Argentina. De manera sorprendentemente ingenua, estaban convencidos de que los EE. UU. no apoyarían a Gran Bretaña, invocando el antiguo anticolonialismo. Empero, la determinación del Gobierno de Thatcher en mandar al Atlántico Sur a la Armada británica desencadenó una corta pero intensa guerra, que acabó dos meses después con la derrota argentina y dio el empujón final al régimen dictatorial.

Las dictaduras latinoamericanas se fueron extinguiendo, en una suerte de efecto dominó, en la primera mitad de los años ochenta, dando lugar a la reinstauración parcial de democracias parlamentarias, basadas en el retorno matizado de los partidos tradicionales a la alternancia: peronistas y radicales en Argentina (1983), o colorados y blancos en Uruguay (1984-1985). También cayeron la dictadura paraguaya y el Gobierno militar guatemalteco. Solo el general Pinochet fue capaz de establecer una transición pactada con la oposición, a partir del referéndum de 1988, que abrió paso a unas elecciones libres al año siguiente, y al retorno a la democracia, manteniendo sin embargo a Pinochet como comandante en jefe del ejército y senador vitalicio, lo que garantizaba su inmunidad. Fue el precio del retorno a la democracia.

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LEGADOS DE GUERRA Y MEMORIAS DEL TOTALITARISMO

En agosto de 1945, después de la capitulación del III Reich en Europa y de la rendición de Japón, una parte del mundo estaba materialmente destruida. Otra contemplaba con expectación lo que parecía ser el final de una era, la de la hegemonía mundial de Europa y los imperios europeos. Y casi todo el planeta asistía anonadado a la difusión de las imágenes y noticias acerca de las dimensiones del exterminio de los judíos europeos por la Alemania nazi.

La violencia bélica había alcanzado cotas desconocidas hasta entonces, y la capacidad de destrucción de la guerra había igualmente mostrado que los horrores de la I Guerra Mundial, continuados por conflictos como las guerras civiles española y china, podían ser superados. En particular, la II Guerra Mundial había marcado un punto de inflexión: las víctimas civiles superaban ampliamente a las militares. Decenas de miles de ciudadanos soviéticos habían perecido víctimas de las políticas de ocupación nazis, fuese por represalias masivas, fuese por asesinatos selectivos, fuese por hambre —como en el cerco de Leningrado—, fuese por malos tratos y la brutalización de las condiciones bélicas, o fuese por las medidas coercitivas y disciplinarias aplicadas por el propio régimen estalinista para mantener la cohesión de la retaguardia. Decenas de miles de ciudadanos japoneses y alemanes, pero también varios miles de británicos y hasta franceses y belgas, habían fallecido a consecuencia de bombardeos masivos sobre sus ciudades. Los ocupantes japoneses masacraron a decenas de miles de civiles chinos, pero también ejecutaron represalias contra población no combatiente en Filipinas o Indochina.

Tampoco los lindes del combate convencional eran ya los mismos. A pesar de la existencia de normas y convenios internacionales, como las convenciones de Ginebra, durante la guerra germano-soviética o chino-japonesa los ejércitos contendientes, en particular los invasores, hicieron caso omiso de ellas. Miles de prisioneros fueron masacrados o condenados a una muerte segura por enfermedades, frío o inanición. Los cómputos existentes sobre los desastres humanos de la II Guerra Mundial son, hasta ahora, parciales: ni siquiera se conoce con certeza cuántos ciudadanos soviéticos o chinos fallecieron. Paradójicamente, era una de las grandes potencias vencedoras, la Unión Soviética, la que un precio más alto había pagado: entre 20 y 25 millones de muertos. En varios de sus bosques todavía se encontraban incontables muertos sin enterrar a fines de la década de 1990.

A eso se unían las destrucciones materiales. Muchos hombres, mujeres y niños europeos pasaron el verano y el otoño de 1945 retirando escombros en ciudades arrasadas por las bombas. Alrededor de una cuarta parte del suelo urbano alemán estaba total o parcialmente derruido. Y sobre una quinta parte de sus instalaciones industriales. Los vencedores, además, procedieron a desmantelar fábricas y a llevárselas a sus países: era un botín de guerra.

No solo se trataba de la cantidad y la magnitud de las destrucciones. La heterofobia, la aniquilación del contrario, había alcanzado nuevas cotas. Es materia debatible si la categoría de genocidio, debida al jurista polaco Raphael Lemkin y acuñada, como crimen imprescriptible contra la humanidad, en los juicios de Núremberg de 1946, es aplicable a las masacres cometidas antes de 1939 contra población civil indefensa, se tratase de los armenios en el Imperio otomano en 1915, o de los más de dos millones de campesinos ucranianos víctimas del Holodomor, la hambruna instigada y tolerada por el régimen estalinista en 1932-1933. Pero Auschwitz marcó un nuevo hito. Tras el conocimiento por parte de la opinión pública mundial de los campos de exterminio y concentración que habían sido mantenidos por el III Reich, eran muchos los que se preguntaban, como el filósofo Theodor Adorno, si era posible volver a escribir poesía. Los varios millones de víctimas de la Shoah u Holocausto, que algunos autores como Raoul Hilberg contabilizaron posteriormente en casi seis, incluían también a los asesinados en la URSS por métodos «tradicionales» por parte de las escuadras especiales (Einsatzgruppen), con colaboración de unidades del ejército regular, de los aliados rumanos o de colaboracionistas bálticos, ucranianos y de otras nacionalidades. Los muertos no solo eran judíos. Los nazis también habían intentado borrar de la faz del continente a los gitanos. Y su plan era eliminar a buena parte de los pueblos eslavos.

Si gran parte de la opinión pública mundial acusó el impacto de las imágenes de Auschwitz, eso no empañó las celebraciones de la victoria de los vencedores. Tampoco se convirtió en una losa inmediata sobre las conciencias de los europeos. Para muchos, tocaba ahora concentrarse en sobrevivir, en recordar a los muertos, muchos de los cuales no podían ser objeto de duelo tradicional. Para muchos otros, había que reconstruir un hogar: en Europa vagaban a mediados de 1945 miles de personas a las que se alojó en campos improvisados: «personas desplazadas» y/o apátridas, en buena parte judíos de Europa oriental que esperaban trasladarse a Palestina, refugiados españoles o colaboracionistas de los nazis que no querían volver a la URSS o a Europa del Este. Otros eran familias alemanas que habían huido del avance del Ejército Rojo, o habían sido expulsadas de sus hogares, en Bohemia, Polonia o Hungría, por los vencedores, y que buscaban reacomodo en una patria, Alemania, que los acogió con frialdad, como una kalte Heimat (A. Kossert). En la URSS, como había ocurrido en la guerra civil, había cientos de miles de niños huérfanos y sin hogar. Eran escenas que también se podían contemplar en Japón o en China, ahora librada a una guerra civil entre nacionalistas y comunistas que duraría hasta 1949. Ni siquiera se había acabado la guerra en todos los rincones de Europa. En la URSS permanecerían miles de prisioneros de guerra del Eje hasta entrados los años cincuenta. En Ucrania, en Lituania, en Polonia o en Rumanía, grupos de guerrilleros anticomunistas y/o nacionalistas siguieron empuñando las armas hasta fines de la década de 1950.

OLVIDAR LA GUERRA Y GANAR LA PAZ

Sin embargo, pasadas las celebraciones y el momento del duelo y la humillación, la mayor parte de los europeos quería olvidar. También buena parte de los norteamericanos, obligados ahora a cargar con la tarea de reconstruir Europa. Expectantes ante el agotamiento de Europa estaban también otros actores. Élites latinoamericanas que ahora veían una oportunidad de afirmar su papel en el mundo. Élites nativas indonesias, vietnamitas o birmanas que habían aprendido de los ocupantes japoneses que los europeos no eran invencibles. La convicción de que la era de los imperios llegaba lentamente a su fin fue también un legado de la II Guerra Mundial.

Reconstruir y olvidar fueron dos caras de una misma moneda. A partir de los juicios de Núremberg en 1946, y la condena de los principales líderes nazis que habían sido capturados con vida a penas de muerte o prisión, buena parte de los vencidos se concentraron en sobrevivir. Aceptaron con resignación purgas y depuraciones, procesos de desnazificación e incluso penas de cárcel. Pero, en general, el compromiso con los totalitarismos nazi y fascista, con los regímenes fascistizados o satélites de buena parte de Europa, con el imperialismo japonés, o la mera colaboración con ellos, se desvaneció entre buena parte de sus seguidores. Los fascistas pasaron a ser siempre otros. Tanto el pueblo italiano como el pueblo alemán pasaron a contemplarse a sí mismos, de forma mayoritaria, como víctimas colectivas de la guerra, por partida doble: víctimas de una minoría fanática de dirigentes que había enajenado sus mentes y había enviado a sus hijos, hermanos y maridos a combatir a guerras sin sentido; y víctimas, aunque resignadas y dolientes, de la invasión enemiga, de sus bombas y de sus vejaciones. En el duelo por los muertos lejanos de Rusia o del Pacífico, las sociedades alemana y japonesa olvidaban preguntarse por las víctimas provocadas por sus soldados en otros países, por los trabajadores reclutados a la fuerza o por las mujeres obligadas a prostituirse.

Ni siquiera las víctimas por antonomasia de la barbarie nazi, los judíos europeos, pudieron expresar plenamente en los tres lustros siguientes a 1945 su dolor y su recuerdo. Para los sionistas empeñados en el combate contra el Imperio británico y los árabes de Palestina, para fundar y garantizar la supervivencia del Estado de Israel, el Holocausto era un mito fundacional, pero un pasado reciente incómodo. La imagen de los deportados llevados al exterminio en vagones iba en menoscabo del icono triunfante del pueblo joven y dinámico, que hacía fértil un desierto y afirmaba su derecho a la existencia mediante su autoorganización armada. La categoría moral de víctima todavía no había adquirido legitimidad en el mundo a la altura de los años cincuenta del siglo XX.

También los vencedores tenían algunas vergüenzas que ocultar. De entrada, nadie estaba dispuesto, en especial las viejas potencias coloniales, a renunciar a sus posesiones de ultramar. En 1942, tropas de la Francia Libre que después participarían en la liberación de París y la ocupación de Alemania reprimieron de modo sangriento revueltas en el territorio del Marruecos francés. Las tropas soviéticas habían liberado buena parte de Europa oriental del fascismo, pero al precio de imponer la cosmovisión política de Stalin, marginar y en algunos casos perseguir a las facciones de la resistencia que no eran comunistas, saquear y, en particular, violar mujeres y niñas en la Alemania ocupada. Se sumaban a ello las deportaciones masivas de pueblos enteros y las ejecuciones de civiles acusados de colaborar con los nazis, los internamientos de sus propios connacionales prisioneros del ejército alemán y de muchos civiles soviéticos obligados a trabajar en el III Reich. Y Francia, en particular, tuvo que cubrir con un velo de silencio la cooperación tácita de muchos ciudadanos con los ocupantes, la participación de la gendarmería francesa en la deportación de población judía al Este, y el hecho de que la idealizada Resistencia estaba integrada en parte por extranjeros refugiados (españoles republicanos, polacos inmigrantes…). Incluso Italia se presentaba a sí misma como una víctima del nazismo a partir de julio de 1943, y se ocultaba de manera conveniente la situación de guerra civil que vivió el norte del país en los dos años finales del conflicto. Finalmente, los Estados Unidos eludieron explicar por qué ignoraron públicamente su conocimiento del destino final de los judíos europeos desde, al menos, el verano de 1942. Asimismo, persistía una razonable duda sobre los motivos que llevaron a emplear el arma atómica en agosto de 1945: ¿Una drástica medida para precipitar la rendición japonesa y salvar vidas de soldados norteamericanos? ¿O más bien una demostración de fuerza ante el resto de los Aliados, y en particular la Unión Soviética, poniendo en evidencia quién poseía por el momento la hegemonía militar?

Placa de conmemoración de un caído de la Resistencia, París, 2012.

Archivo del autor.

Echar al olvido se convirtió, con matices diversos, en la estrategia predominante que imperó entre vencedores y vencidos. La nueva legitimidad democrática de la Europa occidental de posguerra se basaría en la construcción de un mito: la unanimidad antifascista ante el ocupante nazi o sus cómplices patrios. Los colaboracionistas serían una minoría repudiada, despojada de derechos civiles —como los llamados incivieken en Flandes—, objeto de humillaciones públicas y algunos ajusticiamientos en las semanas posteriores a la liberación y la victoria final. La resistencia y la autoliberación (real o ficticia) se convirtieron en temas idealizados en monumentos, placas y homenajes, que tendían a sublimar el papel de los propios resistentes y partisanos. Los dos pilares de la resistencia antifascista en la mayor parte de la Europa ocupada habían sido los nacionalistas más o menos conservadores y cristianos, y las izquierdas socialistas y comunistas. Sobre esa base se construiría la nueva legitimidad de los sistemas parlamentarios de posguerra. Aunque el papel de los comunistas en la resistencia al fascismo en Francia, Italia o Bélgica no fue ignorado, esa legitimidad no les permitió el acceso a los gobiernos de coalición de posguerra. Sí el aura moral y la hegemonía en algunos ámbitos, como el de la cultura.

Tumba (in absentia) del general Alfred Jodl, condenado a muerte en Núremberg, Fraueninsel (Baviera).

Archivo del autor.

Olvidar también se convirtió en la divisa preponderante entre los vencidos, y sobre todo en la Alemania derrotada, dividida en cuatro zonas de ocupación militar y sometida a la presión aliada para desnazificar a sus cuadros políticos y administrativos de posguerra. Tras la creación en 1949 de la República Federal de Alemania y de la República Democrática Alemana, la sociedad germana se concentró en llorar a sus muertos lejanos, reconstruir sus ciudades, haciendo a menudo tabula rasa del pasado mediante nuevos edificios carentes de encanto, y recrearse en un estatuto de víctima por partida doble. Los antiguos nazis eran demasiados como para ser excluidos de las funciones administrativas y de cargos de responsabilidad en todas las esferas, por lo que pronto en ambas zonas se procedió a readmitirlos y reciclarlos. En la RDA, los comunistas alemanes apreciaron que las generaciones educadas por el nazismo mantenían el hábito de la disciplina y de la fidelidad a la dirigencia: bastaba con cambiar el sentido de las órdenes. En los nuevos ejércitos que se crearon en ambas repúblicas —la Bundeswehr y la Nationale Volksarmee— fueron admitidos oficiales profesionales de infantería y aviación que no habían pertenecido al NSDAP o a las SS.

Los Vertriebene, los habitantes alemanes expulsados de Europa centro-oriental, se integraron en una nueva sociedad, y sus recuerdos de la patria perdida pasaron al desván de los recuerdos. Los prisioneros retornados de los campos soviéticos desde fines de los cuarenta se enfrentaron a una nueva realidad: sus parientes no querían saber mucho de sus sufrimientos, y les conminaban a empezar una vida nueva. Los cautivos fueron objeto de especial atención por parte de los gobiernos de la RFA y de la RDA, que se preocuparon de que visitasen cursos de «reeducación» a su vuelta. Pero en ambos países se miraba hacia el futuro. La RFA se consideraba el Estado alemán sucesor de los anteriores, por lo que asumió también a largo plazo la responsabilidad de purgar los crímenes y la culpa del nazismo.

No siempre se podía olvidar totalmente. El Estado de Israel se concentró, con la ayuda de jueces que habían pasado por campos de concentración y supervivientes de los mismos, en localizar a criminales nazis y a sus colaboradores refugiados en Sudamérica u Oriente Medio, o que seguían viviendo una vida normal, a menudo conservando su nombre auténtico, en Alemania. En 1961, el juicio en Jerusalén del antiguo oficial de las SS y responsable de la organización logística de la Solución Final, Adolf Eichmann, constituyó una primera manifestación pública de los horrores del nazismo y contribuyó a que buena parte de la opinión pública mundial se enfrentase de nuevo con el horror. Las reflexiones de la filósofa judía alemana Hannah Arendt sobre la banalidad del mal contribuyeron también a avivar de nuevo la polémica. Hombres aparentemente normales y corrientes eran capaces de cometer el mayor de los crímenes, lo que abría interrogantes incómodos: ¿Cuántos pequeños Eichmann habían existido?

Juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, 1961.

dpa/dpa/Corbis/Cordon Press.

El debate continuó con los primeros procesos a los responsables y guardianes del campo de exterminio de Auschwitz, que tuvieron lugar en la RFA entre 1963 y 1968. La opinión pública alemana se vio obligada a confrontarse de nuevo con ese pasado incómodo que volvía de modo recurrente. Se desveló el pasado comprometido con el III Reich de algunos altos cargos de la RFA, como el político demócrata-cristiano Theodor Oberländer, el secretario de Estado y antiguo jurista nazi Hans Globke, o el presidente Kurt G. Kiesinger (1966-1968).

La discusión sobre el pasado incómodo se postergaba, sin embargo, en otros países. Italia era incapaz de abordar con espíritu crítico la conducta de sus tropas en los países ocupados por el imperio fascista (Albania, Eslovenia…), y lamentaba las masacres contra población italiana de Dalmacia a manos de los partisanos yugoslavos. La sociedad italiana se concentró en recordar el sufrimiento de sus soldados, víctimas del delirio del Duce y de los rigores de la guerra, simbolizados en la retirada de las tropas de Rusia y su alto precio en víctimas, trasladados al cine y a la literatura de posguerra en novelas como Centomila gavette di ghiaccio (Giulio Bedeschi, 1963). El comandante supremo de los ejércitos italianos en la campaña del Este, Giovanni Messe, después a las órdenes de los Aliados, escribía en 1947 que los italianos no podían ser corresponsables de crímenes de guerra, ya que «nosotros no sabemos odiar».

En otros países también se externalizaba la culpa. Era el caso de la Austria de posguerra, que desde el pleno restablecimiento de su soberanía en 1955 se consideró la primera víctima del nazismo, anexionada en 1938, y se negó hasta la década de 1980 a pagar reparaciones a las víctimas del Holocausto. Japón, caso único entre los vencidos por cuanto pudo conservar el mismo jefe de Estado, el emperador Hirohito, que había protagonizado los años de la guerra, aunque bajo ocupación norteamericana primero y como régimen parlamentario después, corrió igualmente un manto de espeso silencio sobre las atrocidades cometidas por sus tropas en la Asia y el Pacífico ocupados, y se centró en conmemorar a los muertos de Hiroshima y Nagasaki.

Tampoco el carácter y el alcance de la colaboración en los antiguos países de Europa continental ocupados por el III Reich constituía un tema grato para los gobernantes. Como ha señalado Mark Mazower, era mejor olvidar que en 1940 amplios sectores de la opinión pública de esos mismos países compartían la convicción de que la democracia liberal había fracasado, y que sería deseable un futuro de estabilidad y orden bajo la égida alemana. Algunas sociedades, como la danesa o la luxemburguesa, podían sentirse orgullosas de la conducta de sus élites políticas, empezando por la monarquía, y de su oposición constante aunque no siempre estridente al invasor. Otras, como la francesa, la belga y en parte la holandesa y la noruega, preferían obviar la connivencia de buena parte de sus élites políticas, culturales y sociales con los ocupantes, los policías que habían ayudado a deportar judíos y los funcionarios civiles que habían colaborado.

Un caso especial fue Finlandia. La opinión pública veneró como héroes a sus combatientes caídos en la lucha contra la URSS en la eufemísticamente denominada «guerra de continuación» de 1941-1944. Luchaban por la recuperación del terreno cedido a los invasores soviéticos en 1939-1940. Desde la década de 1980, la reavivación del discurso de la memoria heroica de las guerras de invierno y de continuación se expresó en la inauguración de decenas de memoriales a lo largo del país. En ese sentido, las recreaciones fílmicas que incidían en el argumento de la guerra de invierno y la guerra de continuación entre la década de 1950 y los años finales del siglo XX presentaban una notable continuidad temática. El soldado desconocido (Tuntematon sotilas, 1955), de Edvin Laine, basado en un relato de Väinnö Linna, era un epítome de los valores de masculinidad y heroísmo atribuibles a los soldados, y reproducía una narrativa épica. La producción Talvisota (Guerra de invierno, 1989), de Pekka Parikka, basada en la novela del escritor Antti Tuuri, reproducía los mismos tópicos: realismo, idealización del pueblo en armas, y cierta caricaturización del enemigo soviético.

UNA GRAN GUERRA PATRIÓTICA

Como era de esperar, en la URSS se cultivó con fruición el relato de la Gran Guerra Patriótica (Velíkaya Otéchestvennaya voyná) después de 1945. Era una imagen que situaba en su centro el protagonismo heroico de Stalin y de sus decisiones, al tiempo que tendía a minimizar el papel de los generales —como el laureado Zhúkov— que podían desafiar su primacía, y la relevancia de la ayuda externa de los aliados capitalistas. En un segundo plano, esa narrativa adscribía un papel destacado a la capacidad de resistencia heroica del pueblo soviético como colectivo nacional y de clase, estableciendo igualmente una suerte de jerarquía étnica del heroísmo. Dentro de ella figuraban en primer lugar los rusos, a continuación los ucranianos y bielorrusos como naciones eslavas, y en un tercer lugar todos los demás.

El Estado era el único agente que dictaba los contenidos y límites de la memoria colectiva sobre la Gran Guerra Patriótica, y el que establecía sus límites. Solo él tenía capacidad para designar los modelos de los monumentos a construir en toda la URSS y sus países satélites, y para decidir qué merecía ser conmemorado y qué no. Pero tras 1945 Stalin también temía las esperanzas de liberalización y los síntomas de emancipación que insuflaba el optimismo de la victoria entre los soldados y la población civil que había participado del esfuerzo de guerra. No había, por ello, interacción posible entre una memoria social y pública producida desde abajo (por asociaciones de veteranos o por autobiografías publicadas, por ejemplo) y el discurso oficial.

El protagonismo de Stalin como vencedor de la guerra resistió a la desestalinización de Kruschev y a la caída del comunismo. El papel del patriota salvador de la nación oscureció el rol del autócrata. Y junto a él, una imagen omnipresente: la «Madre Rusia», perpetuada en monumentos, representaciones iconográficas y cinematográficas. Esta se veía complementada por la figura del soldado anónimo, que se sacrificaba por la patria y no volvía de la guerra, llorado por una madre o una novia que en vano esperaba su retorno. Se daba prioridad así al protagonismo de un epos colectivo, que se tornó especialmente predominante en la época de Kruschev, cuando la memoria de la guerra se centró en el papel del pueblo soviético, salvador de la patria y libertador de Europa de las garras del fascismo. Así se apreciaba en los monumentos a los liberadores soviéticos en diversas partes de Europa oriental, que destacaban a menudo el papel de los simples soldados en la derrota del fascismo, hasta los filmes de la época de Kruschev (La balada del soldado, Grigori Chukhrai, 1959; o De los vivos y los muertos, Aleksandr Stolper, 1963).

Durante la era de Brézhnev tuvo lugar un gran impulso a la consagración de la Gran Guerra Patriótica como experiencia fundamental de la construcción de la URSS. La recurrente apelación al recuerdo de la guerra pretendía galvanizar a una población falta de estímulos y grandes objetivos, y en la que empezaban a registrarse brotes de disidencia. El Día de la Victoria (9 de mayo) fue declarado de nuevo fiesta nacional. En él tenían lugar desfiles militares, ofrendas y encuentros de veteranos de guerra. Monumentos, conmemoraciones, representaciones de la guerra en las artes plásticas y en el cine recreaban la Gran Guerra Patriótica como una encrucijada de pequeñas gestas heroicas que, en conjunto, demostraban la superioridad del socialismo sobre el comunismo. Pero facetas oscuras como la colaboración de numerosos ciudadanos y grupos étnicos soviéticos con los ocupantes, el desprecio por las vidas de los soldados por parte del mando soviético —el coste humano de la guerra y su inevitabilidad—, las deportaciones y la coerción represiva del régimen estalinista en la retaguardia, seguían siendo temas tabú. Las memorias individuales debían ser integradas en una narrativa unificada y controlada desde el Estado. Así se expresó en las inauguraciones de la Tumba del Soldado Desconocido en uno de los muros del Kremlin de Moscú en mayo de 1967; de la gigantesca escultura representando a la Madre Rusia llamando al combate en la colina de Mamáyev en Volgogrado, para conmemorar la batalla de Stalingrado; o la construcción de la gigantesca estatua de la Madre Patria (Rodina mat) que corona el museo dedicado a la guerra en una colina de Kiev, inaugurada en mayo de 1981.

Desde mediados de la década de 1980, al socaire de la política de glásnost de Gorbachov, algunos de los mitos fundacionales fueron sometidos a revisión. Se recordaron entonces con cierta insistencia la suerte de protagonistas olvidados, las difíciles condiciones de vida de los mutilados y veteranos de guerra, o el triste sino de los soldados condenados a batallones de castigo durante la guerra.

Memorial de la batalla de Stalingrado, Volgogrado

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Los demás países del bloque del Este siguieron el ejemplo soviético, con peculiaridades adaptadas a sus circunstancias. Todos ellos festejaban al Ejército Rojo como liberador del fascismo. Pero al mismo tiempo destacaban los ejemplos de levantamientos propios, alimentando el mito de la autoliberación: el levantamiento rumano de julio de 1944, el eslovaco de agosto de 1944, o la sublevación de la resistencia polaca en Varsovia por la misma época. Tanto Rumanía como Eslovaquia y Hungría sepultaron en el olvido su participación al lado del Eje y los crímenes cometidos por sus soldados en territorio de la URSS. En el caso de Polonia se asistió a una relativización del papel de la resistencia anticomunista y del Gobierno polaco en el exilio frente al protagonismo de los comunistas. En general, los propios comunistas nacionales exiliados en Moscú durante la guerra, que se instalaron en el poder llevados de la mano de las tropas soviéticas, y en algunos casos los propios contingentes de connacionales (el Ejército Popular Polaco o Wojsko Ludowe, y la división rumana Tudor Vladimerescu) que habían sido reclutados por el Ejército Rojo entre prisioneros de guerra o comunistas exiliados, fueron presentados como los auténticos antifascistas nacionales. Actuaban así como un nexo entre el pasado, el presente y el futuro, y permitían presentar la ocupación soviética como una liberación nacional de la mano de un admirado aliado.

Por el contrario, el destino particular de los judíos, confundidos con el conjunto de «antifascistas» víctimas del terror nazi, no fue individualizado ni destacado de forma particular. En Polonia se asistió al silencio oficial sobre las deportaciones y crímenes del Ejército Rojo en la parte oriental de su territorio entre septiembre de 1939 y junio de 1941. Y la culpabilidad de la masacre de los miles de oficiales del Ejército Polaco asesinados en los bosques de Katyn fue atribuida hasta 1990 por la URSS al ejército alemán.

El caso más peculiar, como era lógico, era Alemania Oriental. La RDA partía de la base de que, en su territorio, todos los criminales de guerra y perpetradores nazis habrían sido juzgados y el nacionalsocialismo habría sido «exterminado», como todavía rezaba el artículo 6.1 de su Constitución (1974). Por tanto, rechazaba la asunción de cualquier responsabilidad por el pasado. Según el mito fundacional de la RDA, los antifascistas alemanes habrían derrotado la dictadura de Hitler al lado de la Unión Soviética, y habrían creado la nueva Alemania. La «desnazificación» servía de fundamento de la revolución «antifascista y democrática», que había tenido lugar entre 1945 y 1949, durante la cual se sentaron las bases de la transición del capitalismo hacia el socialismo. En ámbitos como la justicia, la Administración y el sistema educativo y escolar, la desnazificación fue aplicada de un modo más radical que en el Oeste. La limpieza política tuvo un doble carácter. Por un lado, fue un ajuste de cuentas con el régimen nazi. Por el otro, se interpretaba como un instrumento para el cambio de sistema político. Al contrario que en la RFA, las personas incriminadas por su compromiso con el III Reich no desempeñaron papeles relevantes. No obstante, tuvo lugar una adaptación en masa al nuevo sistema político. El pasado nazi fue declarado de modo dogmático y sin deliberación como algo oficialmente liquidado a través de la «revolución antifascista y democrática». Esta política, como ha señalado Edgar Wolfrum, absolvía al ciudadano corriente de cualquier responsabilidad individual sobre el pasado nacionalsocialista.

El mito antifascista fundacional se difundió a través de rituales públicos, monumentos, la literatura y las artes plásticas. El antiguo campo de concentración de Buchenwald fue transformado en un «Olimpo rojo» que todo ciudadano de la RDA debía visitar. El conjunto escultórico Los prisioneros liberados, obra de Fritz Cremer, muestra a un niño acompañado de diez hombres. Pero no se trata de figuras famélicas, marcadas por la muerte, sino de un grupo en pose combatiente, con el puño cerrado. No se representaban víctimas, sino vencedores.

El antifascismo por decreto también albergaba algunas carencias. La teoría marxista era incapaz de explicar el antisemitismo racial del nacionalsocialismo. Al subsumir el nazismo en la categoría más genérica de fascismo, su racismo fue silenciado por la memoria de la Alemania Oriental, que interpretaba el Holocausto dentro del esquema de la lucha de clases. Además, la situación internacional de Guerra Fría mantuvo vigentes los resentimientos antisemitas. En toda Europa oriental los ataques de índole marxista-leninista contra el «imperialismo occidental» reforzaban a su vez diversos tópicos antioccidentales, y asociaban a los judíos con el despreciado Oeste «cosmopolita» y capitalista. Paradójicamente, el discurso de legitimación antifascista sirvió de base, al mismo tiempo, para una política antijudía.

Aunque el juicio a Eichmann en 1961 también supuso un hito en la RDA, y el tema de la persecución de los judíos tuvo por primera vez la oportunidad de colarse en la esfera pública del país, en 1978, las Iglesias de la RDA denunciaron la profusión de incidentes antisemitas y advirtieron de que el antisionismo podía desembocar en un nuevo antisemitismo. Además, los críticos del sistema plantearon cuestiones similares a las de sus parientes del Oeste: ¿Eran todos los ciudadanos de la RDA vencedores de la historia, que no compartían responsabilidad alguna por el pasado colectivo? En 1988, por razones pragmáticas de política exterior, el último jefe de Estado germano-oriental, Erich Honecker, anunció el propósito de indemnizar a las víctimas judías del nacionalsocialismo, por exigencia de los EE. UU. Con motivo del quincuagésimo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1988, tuvo lugar en la RDA una gigantesca campaña pública de recuerdo de la efeméride. Eso significaba que la RDA también reconocía parte del lastre histórico de ser un sucesor del régimen nazi, lo que ponía en evidencia las dudas acerca de la propia razón de ser del Estado y su continuidad institucional, como se expresaría un año más tarde.

EL LENTO RETORNO DE LA MEMORIA

A partir de mediados de la década de 1960 la discusión sobre la superación del pasado alemán tuvo una mayor presencia en la vida pública. En el nivel oficial, fueron sobre todo los debates que tuvieron lugar en la Cámara Baja de la RFA entre 1965 y 1969 acerca de la posibilidad de prescripción de los delitos de genocidio, que acabaron con la resolución de la no prescripción de los mismos, lo que mantuvo viva la cuestión en la conciencia de los ciudadanos germanooccidentales, y puso en marcha un proceso de aprendizaje colectivo. Los alemanes occidentales consideraban la RFA como su «propia» república, y la adhesión normativa a la misma pasó a implicar un rechazo del pasado nacionalsocialista. El conflicto generacional también actuó como estímulo, y los jóvenes del 68 convirtieron las vidas de sus padres en objeto de enérgica discusión.

Desde el acceso de los socialdemócratas al poder en 1969, la superación del pasado experimentó una politización y polarización cada vez más acusadas. El canciller Willy Brandt se percibía a sí mismo «no ya como canciller de una Alemania vencida, sino de una Alemania liberada», pues con su victoria Hitler habría perdido la guerra definitivamente. El 8 de mayo de 1970 un Gobierno federal alemán tomó posición oficial por primera vez acerca del final de la II Guerra Mundial, y se pronunció por la reconciliación con las víctimas del nazismo en Europa del Este. También se recordó a los comunistas como adalides de la resistencia al nazismo, además de los conservadores y los militares opuestos a Hitler.

Pero todavía quedaba mucho por recordar en lo referido a los doce años de nacionalsocialismo. Así quedó en evidencia en enero de 1979, cuando un evento mediático de la televisión germano-occidental provocó una conmoción sin precedentes. La emisión por la televisión pública de la RFA de la serie norteamericana Holocausto obtuvo una cuota de pantalla sensacional, y conmovió a la mayoría de los espectadores. Por un lado, el pasado nacionalsocialista se había convertido en un asunto cada vez más en manos de los expertos. Mas, por otro lado, un gran número de controversias y conflictos de carácter histórico-político, a propósito de cuestiones como la celebración de días del recuerdo, de discursos conmemorativos y de museos, dominaron el debate en la esfera pública germana. Su punto álgido se alcanzó con la llamada disputa de los historiadores (Historikerstreit) en 1986-1987. Los años de gobierno del democristiano Helmuth Kohl (1982-1998) asistieron a una permanente discusión sobre el papel y la función de la política de superación del pasado. Esta cuestión se hallaba en el centro de las varias polémicas que tuvieron lugar en esos años: la ofrenda floral del presidente Ronald Reagan y el canciller Kohl a los soldados alemanes, incluyendo a 49 miembros de las Waffen SS, enterrados en el cementerio militar de Bitburgo (abril de 1985); o el escándalo a propósito del polémico discurso «explicando» las razones del apoyo del pueblo alemán al nacionalsocialismo pronunciado por el presidente del Bundestag, el conservador Philipp Jenninger, en noviembre de 1988.

El temor de muchos alemanes y europeos era que la mirada crítica hacia el pasado se percibía en términos contradictorios con el reforzamiento o la regeneración de la identidad nacional. No se podía estar orgulloso de la pertenencia a una nación cuyo pasado siempre se ponía en duda. Los sectores conservadores concentraron sus críticas en la concepción predominante de «superación del pasado» proveniente de la izquierda liberal. En ella veían una barrera difícil de superar en su camino hacia una conciencia nacional positiva. En su lugar tendría que aparecer una concepción de la Historia más aceptable, que no presentase el relato de la nación como una sucesión de desgracias. Para otros, como el filósofo Jürgen Habermas, solo el recuerdo permanente de Auschwitz y el firme propósito de que no se repitiese podían asegurar el anclaje alemán en una Europa unida y basada en el respeto a los valores de la democracia y los derechos humanos. La memoria crítica del Holocausto debía constituir una advertencia constante para los europeos.

La memoria del totalitarismo volvía con nuevos bríos y renovados contenidos a los países vencidos en la II Guerra Mundial. Y entre algunos de los vencedores o de los que habían sido víctimas resurgía el fantasma de la memoria de la colaboración. La Francia de los años noventa se vio sacudida por las declaraciones del presidente socialista de la República, François Mitterrand, quien admitía haber mantenido relaciones con el Gobierno colaboracionista de Vichy y, asimismo, cierta amistad con el jefe de la Policía de Vichy, René Bousquet. Historiadores como Henry Rousso venían abordando desde fines de la década anterior la aceptación y pasividad de muchos franceses «corrientes» con las autoridades de ocupación y el régimen colaboracionista. Era un «síndrome», cuando no un «pasado que no quería pasar», y que proyectaba su sombra de forma esporádica sobre los debates del presente.

Si las sociedades que habían sido protagonistas de la II Guerra Mundial volvían a interrogarse sobre su pasado, otras, por el momento, preferían olvidar. En particular, las que acababan de salir de una dictadura. Así ocurrió en España y Grecia, al abrigo de la ola de «democratización» de la década de 1970. El Portugal postrevolucionario sometía a revisión los crímenes de la dictadura salazarista, corriendo un tupido velo sobre las guerras coloniales, para a partir de 1976 preferir el olvido. La España posfranquista optó por «echar al olvido» —en expresión de Santos Juliá— los muertos de la guerra civil de 1936-1939, y en particular las decenas de miles de víctimas de la represión de posguerra de la dictadura de Franco. Una Ley de Amnistía en 1977, y un acuerdo tácito de los partidos de la oposición antifranquista con los reformistas que procedían de las filas del régimen, permitieron que la guerra civil y sus secuelas ocupasen un lugar poco visible en el debate público (no así en el historiográfico) hasta mediados de la década de 1990. Evitar un nuevo enfrentamiento civil y concentrarse en la reconstrucción democrática y la incorporación a la Europa del progreso se tornaron en prioridades absolutas.

Sin embargo, tanto en España como en Grecia o Portugal los años finales del siglo XX asistieron a una reactualización de los debates sobre la memoria de las dictaduras, sus muertos y las políticas del recuerdo. Aquí no se trataba de denunciar las medias verdades del consenso antifascista de posguerra, sino de combatir el silencio forzado en contextos donde, además, la externalización de la culpa en un ocupante extranjero no podía funcionar como coartada para evitar debatir el propio pasado. La discusión también se centraba, de forma colateral, en la propia calidad de la democracia y el Bienestar alcanzado tras la transición desde la dictadura, lastrado por la falta de superación crítica de ese pasado y la continuidad de intereses y élites sociales, políticas y económicas entre un régimen y otro.

Del mismo modo, las sociedades del Cono Sur latinoamericano, y en menor medida las de algunos países de América central, experimentaron un proceso de democratización y superación de sangrientas dictaduras anticomunistas entre mediados y finales de la década de 1980. No habían vivido guerras civiles convencionales, pero sí procesos de limpieza política radical con métodos igualmente brutales: torturas, encarcelamiento y en muchos casos asesinato y desaparición de miles de opositores, o sospechosos de serlo. En un primer momento, el precio de la transición a la democracia fue el silencio o el perdón forzado, como se manifestó en la Ley de Punto Final argentina (vigente entre 1986 y 2003) y los indultos concedidos por el Gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, que consagraba el principio de obediencia debida como argumento legal al que se acogieron decenas de represores y ejecutores, que solo cumplirían órdenes de sus superiores militares. Un principio semejante rigió en la democracia chilena, que siguió a la dictadura del general Pinochet, y en el Uruguay posterior al Gobierno militar.

Bajo circunstancias más complejas, tampoco fueron juzgados los principales responsables, Pol Pot y su sucesor Ta Mok, del asesinato masivo de más de dos millones de personas en campos de trabajo y exterminio, y en masacres programadas durante el régimen dictatorial de los Jemeres Rojos en Camboya (1975-1979). Tras su derrocamiento, los Jemeres Rojos siguieron controlando una parte del territorio camboyano, y solo la pérdida de sus apoyos externos y sus fuentes de financiación condujeron al final de las hostilidades contra el gobierno de Kampuchea, que tras 1991 absorbió de forma gradual en sus estructuras a buena parte de los antiguos guerrilleros. Apenas algunos dirigentes de segundo rango comparecieron ante los tribunales.

Como había ocurrido en Alemania o Japón, los grandes responsables fueron juzgados, inhabilitados y condenados ante la opinión pública, no así los ejecutores de base. Y la connivencia o silencio ante sus actividades de buena parte de las sociedades latinoamericanas fue un tema esquivado. La primera década del siglo XXI trajo consigo una nueva ola de perspectivas críticas sobre el pasado dictatorial. Las Comisiones de la Verdad investigaron los crímenes de las dictaduras, reabrieron procesos y despertaron de nuevo el debate en la opinión pública, una vez que existía la seguridad de que la democracia estaba consolidada.

MEMORIAS DEL TOTALITARISMO TRAS 1989

A partir de mediados de la década de 1990, y coincidiendo en particular con la etapa de Gobierno de Vladímir Putin, el discurso de la memoria pública en Rusia ha retornado de forma gradual a los fundamentos del mito soviético de la Gran Guerra Patriótica. A este respecto, no se han registrado grandes cambios en su percepción popular y su recuerdo institucionalizado. La guerra seguiría siendo vista como el crisol fundamental de la identidad rusa contemporánea, y por extensión de la soviética, identidad cuya desaparición se lamenta ahora como una catástrofe geopolítica. Así se apreciaba en las ceremonias conmemorativas del 70 aniversario de la batalla de Stalingrado, y en algunas de las producciones fílmicas rusas sobre la batalla, como Stalingrado (Fedor Bondarchuk, 2013). En ellas se simplifican hasta extremos caricaturescos los temas clásicos del heroísmo colectivo del pueblo soviético y el protagonismo del grupo frente al individuo. La gran Madre Rusia seguiría llamando al sacrificio a sus hijos, siendo Stalin o el comunismo elementos meramente complementarios.

La narrativa de la Gran Guerra Patriótica ha sufrido igualmente diversas acomodaciones postsoviéticas. En Bielorrusia se mantuvieron los principales motivos del discurso soviético, en particular desde el ascenso de Aleksandr Lukashenko al poder en 1994. Se mantuvo así la concepción de Bielorrusia como una «república partisana», donde la oposición al ocupante habría sido prácticamente unánime, en solidaridad de los pueblos de la URSS. La misma tendencia hacia una reacomodación de los mitos de la Gran Guerra Patriótica en una narrativa nacionalista se observa en la República de Moldavia desde 1990. Tanto aquí como en Ucrania se ha procedido a una «domesticación» y reapropiación de los monumentos al Ejército Rojo. Las estatuas de la Madre Patria dejaban de ser soviéticas para ser moldavas o bielorrusas, y las estrellas rojas fueron a menudo sustituidas por símbolos cristianos.

En otras sociedades de la Europa del Este pasó a predominar una imagen alternativa del pasado nacional, en la que imperaba una memoria selectiva, supeditada a la creación de un patrón propio, que se remonta a los orígenes imaginados de la nación, y con el que la memoria de la II Guerra Mundial debe ser congruente. La tendencia, desde Hungría a Estonia, presenta algunos rasgos comunes, manifiestos en la actividad institucional de las comisiones oficiales de historiadores e institutos de la memoria nacional, los museos sobre las ocupaciones nazi y soviética, la II Guerra Mundial, las artes visuales y la erección de nuevos complejos memorialísticos y monumentales. En primer lugar, con más intensidad en el Báltico, Polonia y Ucrania, la equiparación de las dos ocupaciones (nazi y soviética), con un mayor énfasis en la segunda, por considerar que fue ignorada por la memoria oficial impuesta durante el período comunista. Un primer síntoma fue la destrucción, remoción o «domesticación» de los numerosos monumentos y estatuas a figuras históricas del comunismo y a los «liberadores» del Ejército Rojo. En segundo lugar, la rehabilitación de los resistentes no comunistas al nazismo, con especial predilección por los nacionalistas (en el caso báltico, ucraniano y también polaco), y la recuperación de la memoria de las diversas guerrillas y formas de resistencia antisoviética. En tercer lugar, el énfasis en la doble condición de víctimas de distintas ocupaciones y/o dirigentes aliados con nazis y con comunistas. La dificultad radicaba ahora en hallar héroes legitimables desde un punto de vista democrático, sobre todo cuando los nacionalistas locales colaboraron de manera táctica con los nazis o fueron corresponsables de matanzas contra judíos o contra otros grupos étnicos, o bien simplemente profesaron doctrinas de extrema derecha más o menos afines al fascismo.

Existen, con todo, importantes matices nacionales, que dependen en buena medida de la fuerza de los partidos comunistas postsoviéticos y nacionalcomunistas, cuya pugna por el poder con los etnonacionalistas ha llevado a la defensa de una nacionalización de la narrativa de la Gran Guerra Patriótica, y que solo en algunas coyunturas ha buscado una memoria consensuada. El debate cobraba más intensidad en los países independizados de la URSS, en los que viven importantes minorías rusas o rusófonas.

En Ucrania, sobre todo en la parte occidental —Galitzia y Volinia—, donde con más fuerza se ha preservado tanto el idioma propio como el sentimiento nacionalista, tuvo lugar tras 1990 una mitificación de los nacionalistas ucranianos exiliados en los años treinta que, liderados por Stepán Bandera, entraron con las tropas nazis para descubrir que la prometida reinstauración de la República Ucraniana no era tolerada por el III Reich, y acabaron combatiendo a nazis, soviéticos y polacos. Se silenció, empero, la participación de voluntarios ucranianos en las Waffen SS y la colaboración de muchos nacionalistas en las tareas de represión antipartisana y exterminio de la población judía. En varios manuales de historia y en conmemoraciones públicas se presentaba una imagen de Ucrania como un país monoétnico, víctima de dos ocupaciones, en la que se ignoraban las percepciones diferenciadas de la población rusa y rusófona del centro y este del país, así como la presencia de judíos, polacos y otros grupos étnicos. Esa tendencia se moderó en el período de gobierno de Leonid Kuchma (1994-2004), durante el que también se propagó el recuerdo de una Gran Guerra Patriótica «ucranizada». En ella, la República Socialista Soviética de Ucrania tras 1945 se presentaba como precedente nacional por unificar a todos los ucranianos, y se destacaba el papel de Ucrania en la lucha común contra el fascismo. Sin embargo, durante la etapa de la revolución naranja con Yúschenko y Timoshenko se retornó en parte a la narrativa nacionalista anterior, combinada con el particular énfasis en la muerte por hambre de millones de campesinos ucranianos en 1932-1933, presentada como un genocidio soviético. Esta narrativa es contestada por buena parte de la población rusófona o prorusa de Ucrania central y oriental, que restauraron el culto a la Gran Guerra Patriótica.

De igual modo, tanto en Estonia como en Letonia tuvo lugar desde la reconquista de la independencia un proceso de revisión de la narrativa de la historia nacional, y en especial de la imagen de la guerra que predominaba en la etapa soviética, que se materializó en una simbólica «guerra de monumentos». Los otrora liberadores fueron ahora vistos como simples ocupantes, mientras las minorías rusófonas celebran cada 9 de mayo la victoria soviética y honran los monumentos al Ejército Rojo. Las víctimas del terror estalinista, y en especial de las deportaciones masivas, pasaron a ocupar un papel destacado en la autopercepción de las repúblicas bálticas como víctimas históricas, primero de los teutones y después del Imperio ruso y soviético. En contrapartida, se ha asistido a un proceso de recuperación de la memoria de los miles de ciudadanos que lucharon con uniforme alemán, como miembros de batallones de policía auxiliar o integrantes en divisiones específicas de las Waffen SS, particularmente en el caso letón. Estos combatientes han sido objeto de conmemoraciones regulares, como el Día de la Legión Letona cada 16 de marzo, disfrutando de apoyos institucionales. En una localidad estonia se llegó a inaugurar un monolito a los «luchadores por la independencia contra el bolchevismo» de 1941-1945, que representaba a un «legionario» en uniforme de la Wehrmacht.

Este patrón discursivo general admite matices y modulaciones propias según cada país y/o cada grupo étnico concreto. En particular, si se disponía de ejemplos de movimientos de resistencia antinazi sin estigma de colaboracionismo, que después se habrían opuesto a los soviéticos. La recuperación de los precedentes de resistencia antinazi, y en particular de resistencia a la ocupación soviética, estuvo acompañada por un olvido: la suerte de los judíos nacionales de cada país durante la ocupación alemana, relegados a un segundo lugar por el discurso de la memoria poscomunista, o cuando menos no siempre individualizados como sería de esperar, a pesar de los intentos, tanto en Ucrania como en Polonia o los países bálticos, de relativizar o negar las tendencias antisemitas de los rehabilitados patriotas. Como norma general, se puede afirmar que los países del espacio postsoviético han elaborado un discurso de la memoria sumamente ensimismado en su propio sufrimiento y en su propia autorrepresentación como víctimas. Las víctimas equivalentes o comparables de los pueblos vecinos son ignoradas, y el Holocausto aparece como una realidad ajena, incluso en países como Ucrania o Bielorrusia, sus escenarios por antonomasia.

La vuelta insistente de la memoria crítica frente al totalitarismo, doblada de etnonacionalismo y, a menudo, de nuevos olvidos que ponían en evidencia una escasa sensibilidad integradora de diversas memorias, y sí mucho de revanchismo, chocaba a menudo con la pervivencia del consenso antifascista en Europa occidental. Así se ha demostrado en los debates generados por la constitución de una Casa de la Historia europea, subsidiada por el Parlamento Europeo, desde la puesta en marcha del proyecto en 2007. Las distintas sensibilidades en el Este y el Oeste del continente reducen a un mínimo las posibilidades de crear un discurso normativo de la memoria que sea asumible por el proyecto de unidad política supranacional, lo que ha generado una multiplicación de memorias nacionales y su creciente fragmentación en el siglo XXI.

DEBATIR EL COLONIALISMO

Al debate intraeuropeo se ha sumado con fuerza un debate global, que cuestiona el papel de Europa y sus imperios coloniales en el pasado, desde al menos los inicios de la expansión europea desde fines del siglo XV. Era una discusión ya planteada por los líderes afroamericanos en los Estados Unidos desde al menos la década de 1980, y por el Congreso Nacional Africano en su lucha contra el régimen sudafricano del apartheid en las mismas fechas. Y que también ha sido planteada por los movimientos indigenistas de América Latina desde los años ochenta del siglo XX. Los dominadores europeos, de raza blanca, pero también sus descendientes en América y África deberían pagar la deuda contraída con los nativos americanos o los africanos convertidos en esclavos y trasplantados a otros lugares.

La deuda, sin embargo, era aún mayor para Europa, exportadora a otros continentes del modelo de dominación racial y de intercambio desigual. Ninguno de los vencedores en 1945 se mostraba dispuesto a revisar sus propios cadáveres en el armario: la violencia ejercida fuera de Europa, en los territorios coloniales, o en los patios traseros de sus territorios metropolitanos, como el Cáucaso y Asia Central para la URSS. Esa asimetría se puso de manifiesto durante los diversos conflictos que acompañaron al proceso de descolonización. Oficiales que habían participado en la resistencia contra el nazismo se encontraron entre quienes reprimieron duramente a los independentistas indonesios, a los nacionalistas vietnamitas y, particularmente, a los activistas tunecinos y argelinos por la independencia.

Tras el fin de los imperios coloniales, ni la historiografía ni las instituciones y la opinión pública europeas fueron capaces de lanzar una mirada crítica y distanciada hacia su propio pasado colonial. Imperaba la visión nostálgica de las posesiones perdidas, en algunos casos solo cedidas en la década de 1970 —caso de Portugal y España, con Angola, Mozambique, Sáhara Occidental, Cabo Verde y Guinea, mas también de algunas posesiones holandesas, como Surinam—, y alimentada en muchos casos por antiguos colonos europeos retornados a la metrópoli, fuesen los pieds-noirs franceses o los retornados portugueses. La violencia ejercida por los colonizadores fuera de Europa acostumbraba a quedar fuera del elenco de masacres tratado por la historiografía, los juristas y los medios de comunicación. También se excluyó del debate público la extrema violencia desplegada por las tropas europeas en los conflictos coloniales desde el siglo XIX, cuyo punto álgido fueron la guerra de Argelia (1954-1962), la guerra de independencia indonesia (1945-1949), las guerras coloniales mantenidas por Portugal en Guinea, Angola y Mozambique desde 1962, y sin duda las guerras de Indochina.

La cuestión empezó a ser objeto de discusión historiográfica y pública en la década de 1990, alcanzando su punto culminante en la primera década del siglo XXI en Francia o Portugal. Los debates acostumbraban a centrarse, por parte europea, en el destino de muchos colonos europeos víctimas de matanzas por parte de los independentistas y en el carácter de guerra civil que los conflictos coloniales también entrañaban. Por parte africana o asiática, se situaba el énfasis en el uso indiscriminado de la fuerza por los poderes coloniales, la negación de plenos derechos civiles a los nativos, la exigencia en algunas colonias de prestaciones de trabajos forzados o el uso de nuevas armas altamente mortíferas por parte de los colonizadores. La opinión pública francesa asistió con pesadumbre al reconocimiento por parte de varios oficiales de las tropas coloniales del empleo de la tortura, y así se puso de manifiesto en varias exposiciones (como la dedicada a la guerra de Argelia, expuesta en el Museo Militar de los Inválidos de París en 2012). En Alemania, cuyo imperio ultramarino en África (Camerún, Namibia, Tanzania y Togo) había sido repartido entre los vencedores de la I Guerra Mundial, se planteó un debate adicional: los orígenes coloniales de la guerra de exterminio del III Reich, y la relación entre algunas de las masacres contra la población nativa en Namibia entre 1904 y 1907 (la muerte por hambre de los herero y namaqua) y la aniquilación de los judíos europeos.

Tal vez no fue la violencia colonial la que se transfirió a Europa y contribuyó a la brutalización de la I y la II Guerra Mundial, sino que fue la traslación a la periferia imperial de tradiciones militares europeas la que determinó la mayor brutalidad de las guerras coloniales. Pero del debate se extrajeron varias conclusiones. Primera, las armas más mortíferas (empleo de aviación contra civiles, gases, armas químicas) fueron a menudo ensayadas en las guerras imperiales en los territorios extraeuropeos. Segundo, la violencia en las guerras coloniales afectaba por igual a países de tradición parlamentaria y democrática y a Estados con inclinaciones autoritarias. Y tercero, la responsabilidad de los colonizadores se extendía, de forma directa o indirecta, a la situación de guerra civil y rivalidades étnicas y religiosas que a menudo constituyeron su legado, una vez abandonada su colonia. Las políticas coloniales francesa o británica, que favorecieron a unos grupos étnicos en detrimento de otros y a menudo crearon nuevas fronteras entre ellos, dejaron un poso de resentimiento y rivalidad que estalló de forma abierta en cuanto los colonizadores dejaron el país. Fue el caso de los conflictos entre musulmanes e hindúes en la India, que dieron lugar a la partición del territorio entre Pakistán e India en 1947-1948; o de las luchas entre procomunistas y anticomunistas en Angola tras 1975. Pero esas rivalidades podían estallar años después, de forma diferida. Fue el caso de las larvadas rivalidades entre los hutus y los tutsis en Ruanda, que estallaron de forma particularmente sangrienta en 1994.

Si esas guerras de la memoria siguen marcando el siglo XXI, no es menos cierto que subsisten varias asignaturas pendientes. En los Estados Unidos falta todavía un debate público acerca de los efectos neocoloniales de su política exterior, particularmente en los años de la Guerra Fría, y de sus intervenciones agresivas en América Latina, tanto de forma directa como indirecta, en forma de apoyo a las sangrientas dictaduras del Cono Sur en la década de 1970. Aunque tuvieron lugar varios juicios contra soldados norteamericanos acusados de crímenes de guerra, que se saldaron con penas leves para los culpables, el debate público y el discurso crítico acerca de la guerra de Vietnam se han centrado, de modo particular, en los sufrimientos de los propios soldados estadounidenses, sus familias y los veteranos aquejados de estrés postraumático y dificultades de reintegración en la vida civil. El Estado chino mantiene todavía severas disputas simbólicas con Japón, país cuya opinión pública es muy reacia a admitir las masacres cometidas por sus tropas durante la ocupación de Manchuria. Pero se niega a su vez a desenterrar los cadáveres de su propio armario, como las facetas más oscuras de su política de conquista y ocupación del Tíbet. Algunos Estados latinoamericanos, como Chile o Brasil, se muestran igualmente reticentes a reconocer las discriminaciones infligidas contra las minorías indígenas de su propio territorio, como los mapuches o algunos pueblos de la Amazonia. La dominación de los nativos era un legado europeo, pero perpetuado y perfeccionado por las élites criollas tras las independencias.

Incluso en Europa, Estados como Suecia se vieron sacudidos a fines del XX por el reconocimiento público de la práctica de la eugenesia, en forma de esterilizaciones forzosas masivas de discapacitados psíquicos para evitar que su «anormalidad» se extendiese al cuerpo social. Y la situación de las poblaciones inuits (esquimales) o laponas en Escandinavia o Canadá ha sido objeto de repetidas denuncias ante la ONU. Lo mismo ocurre con la situación de las minorías gitanas en buena parte de Europa, y de modo particular en Europa centro-oriental, donde a menudo se han convertido en el blanco de los nuevos movimientos xenófobos. El auge de posiciones de extrema derecha y de la intolerancia frente a la inmigración desde África, Asia o América Latina en las ricas Europa y América del Norte no contribuye a contemplar con ojos críticos lo que, para muchos europeos y norteamericanos, sigue siendo una empresa de civilización y altruismo en el pasado.

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LA NACIÓN Y SUS MUTACIONES: VIAJES DE IDA Y VUELTA

Al acabar 1945, el nacionalismo era, como ideología y como concepto, una suerte de paria intelectual. Una palabra maldita asociada a fundamentalismo étnico, ansias de dominación y, en última instancia, culpable del asesinato de millones de personas inocentes. El uso que del término había realizado el fascismo hizo que, en la inmediata posguerra, nadie se vinculase a él, fuera de algunos nacionalistas subestatales libres de sospecha de colaboración con los derrotados en la guerra. Pocos años después, Eugene Kamenka, un historiador australiano, se referiría al nacionalismo como una ideología propia del siglo XIX. El mundo, se suponía, caminaba en la dirección de la superación de los odios y rivalidades etnonacionales, en nombre de principios universales (derechos humanos, democracia) y de utopías sociales no menos internacionalistas (comunismo, fraternidad…). Frente al nacionalismo como exageración o sobrevaloración de las cualidades de la propia nación hasta llegar a suponerla superior a las demás, se presentaba al patriotismo como depósito de las mejores cualidades del luchador antifascista, en una ofrenda que no solo comprendía a la propia patria, sino valores universales.

Sin embargo, la caída en desuso y el desprestigio del término, en algunos idiomas casi definitivo, no implicaba en absoluto que su significado hubiese muerto. También la nación, o al menos algunas valencias de la nación y del nacionalismo, habían ganado la guerra. La URSS había recurrido a la patria y a los valores inmanentes del pasado y la cultura rusa y del resto de pueblos eslavos y no eslavos de su territorio para galvanizar a la población en el frente y la retaguardia. Su propaganda había apelado al legado de Pedro el Grande y Alexander Nevski, y había jugado con la ambivalencia entre nacionalismo soviético, ruso, granruso y sentimientos patrióticos bielorrusos, kazajos o turcomanos para movilizar a sus soldados. Los diversos Estados de Europa occidental veían en la liberación del dominio nazi un triunfo de la nación, o al menos de sus partes más sanas y de su pueblo virtuoso, frente a ocupantes fascistas extranjeros y sus colaboradores, traidores a fuer de fascistas y antipatriotas; y en algunos casos, separatistas (como el de los surtiroleses que habían optado por la nacionalidad alemana, y que en buena parte no volvieron a Tirol del Sur; los nacionalistas bretones que colaboraron con el ocupante alemán, o los flamencos identificados con los partidos nacionalistas). Estos últimos se vieron rápidamente deslegitimados ante la opinión pública de casi toda Europa, lo que también incluía a la República de Éire / Irlanda, cuya difícil neutralidad durante el conflicto le restó simpatías y generó suspicacias por parte británica hacia los católicos del Úlster británico o los aún minoritarios nacionalistas escoceses y galeses. Únicamente los nacionalistas periféricos vascos, catalanes y gallegos en el exilio, que se habían posicionado de forma claramente mayoritaria a favor de los Aliados y en algunos casos colaborado de forma activa con ellos, así como buena parte de los nacionalistas sardos, que se habían mantenido al margen de cualquier pacto con Mussolini, poseían un pedigrí suficientemente acrisolado de antifascismo.

Como consecuencia de la II Guerra Mundial, algunos territorios de la periferia europea también habían accedido a la independencia. Fue el caso de Islandia, ocupada por el ejército norteamericano y después separada en mayo de 1944 del tronco del «Estado compuesto» danés, que conservó las islas Feroe con un régimen de generosa autonomía. También las poblaciones autóctonas de las colonias británicas de Chipre y, en particular, Malta, habían asistido a un fuerte desarrollo de su conciencia nacional durante el conflicto. Como excepción cabe mencionar el fugaz desarrollo del separatismo en Sicilia entre 1943 y 1947, favorecido en parte por los clanes movilizados por la Mafia, que apoyó el desembarco aliado pero recelaba de la posibilidad de que en la Italia continental se consolidase el Partido Comunista.

EL MITO ANTIFASCISTA AL SERVICIO DE LA NACIÓN

Los nacionalismos de Estado en Europa occidental se reinventaron rápidamente sobre una nueva legitimidad política y cultural: el mito del consenso antifascista, que abrazaba a comunistas y católicos, democristianos, liberales y socialistas por igual. Al menos en teoría, el demos, la comunidad de ciudadanos que libremente aceptaban conformar un cuerpo político deliberativo, habría ganado la batalla frente al etnos, la comunidad de sangre unida por lazos étnicos, culturales e históricos pretendidamente objetivos. No obstante, y dejando aparte el caso alemán, eran los Estados nacionales constituidos en el siglo XIX y primer tercio del XX los que ahora se consagraban, como consecuencia de políticas de construcción nacional a partir de los Estados, y como producto de la extensión de un relato histórico sobre el pasado, la participación política como ciudadanos y los lazos de sangre creados por las experiencias bélicas compartidas. Pero el antifascismo confería una pátina definitiva de legitimación democrática y humanista a esos procesos de construcción nacional.

Quedaban fuera de la nueva concepción de la comunidad nacional los fascistas y los antiguos colaboracionistas con los ocupantes. Mas, mediante un sencillo acto de contrición o el silencio, también muchos antiguos antidemócratas o colaboracionistas pasivos hallaron un rápido acomodo en la comunidad nacional. La nueva nación antifascista recelaba de las veleidades internacionalistas y la fidelidad a la URSS de los comunistas, pero no llegaba a excluirlos. Al contrario, mediante la sacralización de los héroes de la resistencia, de los gobiernos del exilio y/o de las monarquías allí donde estas habían mantenido, dentro o fuera del país, la llama de la legitimidad nacional en los difíciles tiempos de la ocupación nazi, el antifascismo sirvió de crisol de una unidad renovada. Una unidad que apelaba a valores universales, y proclamaba, en Europa como en otras latitudes, su voluntad de fundar una nueva era de las relaciones internacionales basada en la paz y el entendimiento entre los pueblos, a través de la ONU, del proyecto de unidad política europea, o bien de otras iniciativas supranacionales.

Durante más de dos décadas, pocas fueron las amenazas al nuevo consenso nacional antifascista en Europa. Los grupos y partidos neofascistas tuvieron cierto papel en la Italia de la posguerra, pero siempre bajo control y excluidos de toda participación en el poder. Los comunistas fueron mantenidos en varios Estados fuera de las coaliciones de gobierno, pero no de alcaldías, parlamentos y niveles inferiores de la gobernanza democrática. Los separatistas flamencos fueron condenados al ostracismo en Bélgica durante veinte años, y miles de militantes y simpatizantes del movimiento flamenco acusados de colaboracionismo fueron juzgados y desprovistos de derechos civiles. Algo semejante ocurrió, a escala más reducida, en Alsacia, Frisia, Bretaña o Córcega, donde la asimilación cultural avanzó rápidamente, impulsada por el viento de la legitimidad antifascista y republicana. En la neutral Finlandia la minoría de lengua sueca mantuvo sus cuotas de representación política y su partido étnico, pero nunca incurrió en tentaciones irredentistas. La población germanófona de Tirol del Sur, tras una primera etapa de desconfianza y rebeldía, alcanzó un acuerdo con el Gobierno del democristiano Alcide de Gasperi. Los derechos culturales y la progresiva asunción de una autonomía política tenían como precio la renuncia definitiva, sancionada por el Gobierno de Viena, a cualquier veleidad de separatismo y reanexión a Austria.

En Europa central y oriental, el nacionalismo era igualmente una palabra proscrita y asociada a fascismo o profascismo. Sin embargo, lo cierto era que la ecuación entre nación y Estado, y las prácticas de negación de derechos a las minorías nacionales, la práctica de la limpieza étnica por métodos ya no criminales pero sí expeditivos, y la utilización estratégica del nacionalismo como discurso movilizador estaban tan presentes como en el período de entreguerras. Pero ahora, tras la consolidación del bloque del Este, se presentaban envueltos en un nuevo discurso internacionalista y socialista, al que en teoría se subordinaba toda reivindicación nacional. De este modo, la expulsión de la reconstituida Checoslovaquia de los alemanes étnicos se hizo en nombre de la nación, pero también de la consideración de todos los germanos como pronazis y desleales en el pasado.

Similares argumentos fueron utilizados, si cabe con más crudeza, en Polonia, donde diversos movimientos de población acompañaron al corrimiento de las fronteras hacia el oeste. Como ha mostrado Gregor Thum, ciudades alemanas y luteranas como Breslau/Wroclaw fueron transformadas en pocos meses en ciudades polacas y católicas, sus monumentos sustituidos o resemantizados, gracias al asentamiento de antiguos polacos de las tierras orientales ahora anexionadas por la URSS. Los maestros y burócratas se veían enfrentados a la tarea de «polonizar» poblaciones alófonas (ucranianos, bielorrusos, silesios de lengua o cultura alemana…), al tiempo que extendían el credo de la nueva Polonia socialista y alimentaban un antigermanismo revanchista, que ganaba en intensidad para compensar la imposibilidad de expresión abierta del tradicional rechazo del vecino ruso. La anexión de las tierras ucranianas de Bucovina, Rutenia o Galitzia occidental fue ahora presentada por los soviéticos como una auténtica reunificación nacional en el seno de la República Socialista de Ucrania bajo el solidario paraguas de la URSS. Los regímenes prosoviéticos de Hungría y Rumanía utilizaron de modo estratégico en las décadas siguientes a su establecimiento la cuestión de las minorías fronterizas para incomodar al vecino y conseguir galvanizar a su población (minorías magiares en Eslovaquia, la Transilvania rumana o la Voivodina yugoslava, por ejemplo; acusaciones a esas mismas minorías de quintacolumnistas por parte de los gobiernos comunistas rumanos de Gheorghiu-Dej o Ceaușescu).

En ese contexto, los comunistas devinieron en patriotas del pueblo antifascista, aprendiendo de las lecciones de la guerra civil rusa, la guerra civil española o la propia guerra germano-soviética. El apoyo a minorías y nacionalidades como forma de socavar al Estado burgués cayó en el olvido, pero aún hubo algunos coletazos. Así, el Partido Comunista griego defendió durante la guerra civil de 1946-1949 el derecho a la autodeterminación de la Macedonia anexionada en 1913, lo que se reveló como un enorme error estratégico, al enajenarle la simpatía de numerosos griegos, y contribuyó a su derrota final. El nacionalcomunismo que encarnaron, con distinta intensidad, la Polonia de Gierek, la Checoslovaquia de Dubček o la Rumanía de Ceaușescu, buscaba generar consenso entre la población apelando a la nación, diferenciarse (más o menos cosméticamente) de Moscú, y en ocasiones encubrir un férreo inmovilismo político en el interior.

La URSS representó a lo largo de la posguerra la evolución y paradojas de la subsistencia de las identidades nacionales bajo el comunismo real, su instrumentalización y sus límites. Por un lado, las élites soviéticas evitaban hablar de patrias y de naciones. Sin embargo, también concibieron de forma creciente, a partir del discurso movilizador de la Gran Guerra Patriótica y en combinación con el objetivo de la consecución de una sociedad socialista, la progresiva forja de un nuevo pueblo, el pueblo soviético. Sería una corporeización nacional de la URSS a partir de los grupos étnicos que mejor representarían y asumirían los valores del socialismo: el ruso, y en segundo lugar los demás pueblos eslavos (ucranianos y bielorrusos).

Por otro lado, en la práctica las categorizaciones étnicas siguieron estando muy presentes en la vida de los ciudadanos soviéticos: la etnicidad estaba institucionalizada. Los censos de población de la URSS incluían una detallada lista de clasificaciones étnicas, en las que los ciudadanos se tenían que inscribir obligatoriamente. El número de las categorías nunca permaneció estable, y el régimen refundió grupos étnicos, inventó algunos de ellos y descubrió otros tantos. Si en 1959 existían en la URSS 109 «pueblos», su número había disminuido a 104 en 1979, para ascender a 130 a mediados de la década de los ochenta. Las fronteras entre repúblicas y distritos autónomos se delimitaban con arreglo a criterios etnográficos, fijados por expertos y establecidos desde el centro. Nacieron así nuevas repúblicas autónomas a lo largo de los años, en especial en áreas como el Cáucaso y Asia Central.

A eso se unía la pervivencia de las cuestiones de minorías nacionales o étnicas en varios Estados de Europa oriental. La limpieza étnica radical acometida por los nazis, primero, y las consecuencias del avance del Ejército Rojo, después, eliminaron del territorio algunos grupos étnicos. En particular, los judíos, pero también en buena medida los alemanes de Polonia, Bohemia y Moravia, Hungría, el Báltico o Rusia, que huyeron de los soviéticos o fueron expulsados por las nuevas repúblicas populares a territorio de la RFA. Otras cuestiones de minorías, particularmente de minorías fronterizas, subsistieron a lo largo del período comunista, como en Transilvania (magiares y alemanes), Eslovaquia (magiares) o Yugoslavia (magiares de Voivodina y albaneses kosovares). Las rivalidades entre Estados vecinos, pese a la retórica de hermandad socialista, no desaparecieron por completo, y se agudizaron durante los años ochenta.

La URSS también creó, de modo paradójico, nuevos problemas de minorías mediante dos mecanismos. Por un lado, la política de deportación de grupos étnicos enteros tras 1944, particularmente en el Cáucaso (chechenos, ingusetios) y en Crimea (tártaros), contribuyó a reforzar la conciencia de grupo y a generar un sentimiento de agravio colectivo entre ellos, patente cuando retornaron tras 1953 de Siberia o Asia Central a sus regiones originarias, a veces ocupadas por otros colonos. Por otro lado, la política de rusificación demográfica, consistente en favorecer la instalación de ciudadanos rusófonos en las repúblicas bálticas y buena parte de Ucrania. En 1990, más del 30 por ciento de la población de Letonia y Estonia era rusa y/o rusófona. Las tensiones creadas estallarían a partir de los años ochenta.

A eso se añadía que, en el caso de bielorrusos y ucranianos, la movilidad social ascendente desde el campesinado a los nuevos puestos de la administración y la industria favoreció en parte el proceso de asimilación cultural en la mayoría urbana rusófona. En otros casos, por ejemplo en el Asia Central y el Cáucaso, generó una nueva clase media que tomó conciencia de la situación y reivindicaciones de una minoría étnica hasta entonces en situación subalterna.

Todo ello contribuyó a que los referentes de identidad étnica de la mayoría de los ciudadanos de la URSS se mantuviesen incólumes e incluso se reforzasen, adquiriendo prioridad sobre los vínculos de clase o de ciudadanía, y coexistiesen a su vez con un más o menos difuso patriotismo soviético. Con todo, desde la época de Brézhnev se intensificó la política de rusificación cultural en las repúblicas no rusas, donde el papel del idioma común —la «lengua de Lenin» y, por tanto, de la revolución— se reforzó en ámbitos como la Administración y la enseñanza. También se recuperaron varios mitos históricos para cimentar la unidad del Estado, desde la época de los zares Pedro el Grande y Catalina. Y exaltó la Gran Guerra Patriótica como el momento de forja de una comunidad nacional unida por el objetivo antifascista y la misión de liberar Europa.

En otros Estados socialistas de Europa oriental, las identidades nacionales particulares se mostraban mucho más fuertes que la apelación internacionalista, y se revelaban como un fundamento de legitimidad más sólido, a largo plazo, que la clase. No siempre tuvieron éxito, como fue el caso del checoslovaquismo como nueva identidad nacional y bicultural, que intentó ser promovida por el Gobierno de Praga. La RDA pasó desde fines de la década de 1970 a buscar una línea de continuidad entre el Estado socialista alemán y las herencias de las guerras campesinas del siglo XV lideradas por Thomas Müntzer, de la reforma de Lutero e incluso de la Prusia de Federico el Grande, recuperada como paradigma de reformismo estatal y proyecto modernizador ilustrado.

LOS NUEVOS NACIONALISMOS ANTICOLONIALES

La nación no solo era cosa de los europeos. También las colonias y las excolonias aprendieron nacionalismo en Europa y América. En buena parte de los casos, el proceso de imitación y reacción había empezado mucho antes. En primer lugar, entre las naciones de «colonos» blancos establecidos entre la Edad Moderna y el siglo XIX, algunos de cuyos proyectos habían chocado ya con los propósitos expansionistas de los imperios europeos, caso de los bóers —descendientes de colonos holandeses, alemanes, franceses y portugueses— en África del Sur, Rodesia y Namibia. A ellos se unió el peculiar caso de los francófonos de Canadá, cuya reivindicación comunitaria en clave de nación moderna había empezado a manifestarse con cierta fuerza en el período de entreguerras. En Chipre o Malta, fueron las poblaciones autóctonas, con los aportes de algunos colonos, las que protagonizaron la toma de conciencia nacional propia. En otros casos, como los colonos portugueses en África o los franceses en Argelia y Túnez, ese nacionalismo «blanco» de la periferia tomó partido por el sostenimiento del orden colonial, aun manteniendo algunas peculiaridades identitarias.

Estados Unidos vio en un principio con cierta simpatía el proceso de emancipación de los pueblos asiáticos y africanos. Tanto en Asia como en África, los nuevos nacionalistas locales, reclutados en su mayoría entre las clases medias de la población nativa educadas y cultivadas en la metrópoli colonial, aprendieron el nacionalismo de sus colonizadores. Algunos ya lo habían hecho durante sus estancias como estudiantes en la Europa de entreguerras, caso del joven comunista vietnamita Ho Chi Minh en París, del nacionalista indio Jawaharlal Nehru en Inglaterra, o del caboverdiano Amílcar Cabral en Lisboa. Otros lo aprendieron como soldados del ejército colonial, caso del ugandés IDI Amin o del líder de los Mau Mau keniatas Dedan Kimathi. Incluso las élites de las tribus seminómadas del Sahara Occidental aprendieron en los años sesenta qué era una nación de sus instructores y maestros españoles. No era un fenómeno nuevo: el mismo patrón se había reproducido en el siglo XIX o en el período de entreguerras. Y la proclamación del principio de las nacionalidades, así como el espejismo wilsoniano del derecho de autodeterminación, como principio legitimador de la Paz de Versalles, también habían provocado en 1918-1919 un «momento» transnacional de floración de reivindicaciones nacionalistas en las periferias imperiales.

A eso se unía el paradójico legado de la II Guerra Mundial, patente de modo particular en Indochina y Asia sudoriental. Tras la rendición nipona, los nacionalistas indonesios o vietnamitas, que habían sido tácticamente tolerados en algunos casos por los ocupantes, no se mostraron dispuestos a dejarse colonizar pacíficamente de nuevo por holandeses o franceses, que habían mostrado su debilidad frente a Japón y se hallaban sumidos en procesos de reconstrucción nacional. Un caso paradigmático fue el de los nacionalistas indonesios dirigidos por Sukarno, miembro de la élite colonial educada que se había distinguido ya en varias revueltas y movilizaciones contra los colonizadores en la década de 1930, y que aprovechó el vacío temporal de poder para proclamar la independencia de Indonesia.

Tampoco los maoístas chinos estaban dispuestos a dejarse dominar de nuevo por Occidente. Al igual que habían hecho los bolcheviques rusos, a pesar de combatir contra los autotitulados nacionalistas de Chiang Kai-shek, sus fines también pasaban por reconstruir el territorio de la China imperial de la dinastía Qing, anterior a la proclamación de la República en 1911, y aglutinar a todas sus minorías étnicas. Así se expresó en la ocupación del Tíbet, peculiar teocracia que había recuperado su independencia en 1911, junto con Mongolia. Mientras que la República Popular de Mongolia, gracias al apoyo soviético, pudo preservar su independencia bajo un régimen comunista y aliado de Moscú, Tíbet fue conquistado fácilmente por las tropas de la República Popular China en 1950. La China de Mao encarnaba, según la propaganda oficial, no solo una vía específica, campesina y adaptada a las realidades del país, al socialismo, sino también una restauración de la grandeza de la China imperial, cuyo destino y tradición eran depositados ahora en manos del pueblo. El culto al líder era, al tiempo, una exaltación del padre de la nación.

Otros regímenes comunistas en Asia se inspiraron en parte en el modelo maoísta, con adaptaciones a la tradición local. Fue el caso de la República Popular Democrática de Corea, fundada en 1950 por Kim Il-sung, quien elaboró una peculiar mezcla de maoísmo y militarismo. Su cemento principal era la absorción por el partido único de la llamada idea juche, una adaptación del leninismo a la cultura popular que buscaba crear un estado de movilización permanente en pro de la revolución y de la identidad nacional coreana a partir del compromiso activo de cada individuo, cimentando así una adhesión incontestable y popular al líder.

El problema consistía en que la traslación, partiendo de modelos occidentales, a contextos multiculturales y sumamente fragmentados desde el punto de vista étnico y religioso de las líneas divisorias de las naciones, generaba nuevos conflictos y tensiones entre distintos grupos étnicos, tribales o clanes; entre las caprichosas líneas de las fronteras trazadas por los colonizadores, y la continuidad de muchos de esos grupos a uno y otro lado de esas líneas. Ese factor ha constituido una rémora permanente para la consolidación de los nuevos proyectos nacionales, en especial en África, donde a menudo es un grupo étnico, y dentro de él un clan familiar, el que se ha convertido en detentador del monopolio del poder.

Ya durante el proceso de conquista, violenta o pacífica, de la independencia frente al colonizador surgían esas ambigüedades. A menudo, las luchas étnicas minaban la unidad de los movimientos de liberación nacional. La apelación a objetivos de hermandad pannacionalista —traducción del paneslavismo, pangermanismo, hispanoamericanismo o panneerlandismo de los nacionalismos europeos— a menudo encubría esa heterogeneidad interna. El ideal de la unidad africana, del panarabismo o de la solidaridad asiática era un leitmotiv compartido, que a menudo halló traducción en plataformas organizativas, en la hermandad entre naciones gobernadas por un mismo partido nacionalista y supraconfesional (como el partido Baas en Siria e Irak) o en alianzas entre dos nuevos Estados independientes, caso de la República Árabe Unida, confederación fallida de Egipto y Siria entre 1958 y 1961. Sin embargo, su traducción práctica, al igual que la de sus modelos o inspiradores europeos, ha sido escasa.

En parte para superar esos obstáculos, y como adaptación de las teorías marxistas a las peculiaridades del Tercer Mundo, los teóricos de la liberación de las naciones colonizadas situaban el énfasis en la unidad de clases y pueblos frente al opresor, en un frente nacional al estilo del Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino, o un «bloque nacional-popular» al estilo del preconizado por Mao Zedong, que habría de llevar a buen puerto la primera fase de la lucha de liberación. A eso se unían las teorías del médico martinico Frantz Fanon, para quien la lucha contra el opresor adquiría una dimensión sociopsicológica en cuanto contribuía a liberar y desalienizar al individuo de su condición de colonizado. Una condición que, según recogían Albert Memmi y otros teóricos del subdesarrollo africano, daría lugar a un complejo de inferioridad cultural, lingüística y social.

El nacionalismo no solo era una ideología funcional para las nuevas élites de la periferia colonial europea. Se mantenía igualmente con fuerza en el continente donde la forma histórica del Estado-nación había conocido su primera y exitosa exportación fuera de Europa: América, y en particular América Central y del Sur. Todos los actores del juego político se identificaban con la nación, y apelaban de forma continua a ella como legitimación de sus postulados. Los populistas de derecha e izquierda, también. Para algunos, esa nación debía volver a sus raíces tradicionales, católicas e hispánicas, frente a las incertidumbres de la modernidad o un aún poco definido indigenismo. Para otros, el nacionalismo particular debía fundirse en un latinoamericanismo que permitiese hacer frente a la hegemonía estadounidense. En todos los casos, el Estado era visto como el gran forjador y transformador de la comunidad nacional, y el agente que le daría forma, ya fuese el primer peronismo en la Argentina (1946-1955) o el México de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Una nueva apelación a la nación, como colectivo integrado por los sectores populares y medios frente a una «oligarquía» claudicante y sujeta a los intereses estadounidenses, empezó a manifestarse con fuerza en algunos países latinoamericanos durante la década de 1950, y cristalizó en varios intentos de combatir la intromisión de los intereses norteamericanos. Esos nacionalistas afirmaban inspirarse en el pueblo llano, con un vago contenido indigenista en más de un caso, y apelar a la regeneración y reforma social del cuerpo nacional. Más de uno procedía del ejército. Fue el caso del presidente Juan Jacobo Árbenz en Guatemala (1951-1954), o el del Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia (1952-1964). En la misma línea de nacionalismo «popular», basado en la reinterpretación en clave social reformista o revolucionaria de los próceres de la independencia o líderes de movimientos antiimperialistas del primer tercio del siglo XX, se situaba el Movimiento 26 de Julio, fundado en Cuba en 1953 por Fidel Castro. Su nacionalismo antiimperialista bebía de los escritos del máximo líder independentista cubano de fines del siglo XIX, José Martí.

Siguiendo la estela triunfante de la revolución cubana después de 1959, también surgieron nuevos movimientos guerrilleros que en buena medida se inspiraban igualmente en los contemporáneos movimientos de liberación nacional africanos. Fue el caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, fundado en 1961; o el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fundado a principios de la década siguiente en Uruguay, que partía de la reinterpretación en clave marxista del legado del prócer de la independencia José Gervasio Artigas.

La consolidación del régimen castrista en Cuba llevó a una intensa utilización por su parte del nacionalismo como discurso movilizador frente al bloqueo norteamericano, y se ha convertido después de 1990 en uno de los principales elementos que han asegurado su continuidad. También para el Che Guevara la liberación social de los oprimidos poseía un componente nacionalista: de la extensión de la revolución surgirían naciones latinoamericanas renovadas, que a su vez conformarían en un futuro una alianza o incluso una gran macronación, confusamente definida, que cumpliría el sueño federal de los próceres de la emancipación sudamericana del siglo XIX, como Simón Bolívar. Mas, al igual que sucedía con otros pannacionalismos en boga entre los proyectos anticoloniales y nacionalistas populares en el mundo árabe y en África, acabaron siempre por imponerse nacionalismos de Estado, viejos o nuevos. Las rivalidades fronterizas entre varios Estados sudamericanos han sido esporádicas pero constantes, dando lugar de modo ocasional a incidentes armados. Y las festividades populares en localidades como Arica, en la frontera entre Chile y Perú, contienen a menudo canciones y desfiles denigratorios del vecino. Instrumentos clásicos de los procesos de construcción nacional decimonónicos, como el canto del himno nacional, y el izado y arriado de la bandera en las escuelas primarias, han sido y siguen siendo prácticas habituales en varios países latinoamericanos.

Un elemento distintivo con respecto a Europa, África y Asia era, sin embargo, la reducida relevancia política de las identidades subnacionales, y la casi inexistencia de nacionalismos subestatales. La adjudicación de territorios a unas u otras repúblicas en el siglo XIX había sido a menudo caprichosa e hizo tabula rasa de la extensión de identidades étnicas o idiomas prehispánicos. Y algunos Estados nacionales tenían origen en intereses diplomáticos británicos, norteamericanos o brasileños, caso de Panamá (1903) o de Uruguay (1828). Pero las nuevas identidades nacionales construidas por los Estados arraigaron rápidamente entre poblaciones heterogéneas, compuestas por minorías criollas, mestizos e indígenas americanos, e inmigrantes europeos. Superadas las disputas entre unitarios y federales del siglo XIX, fue necesario esperar a principios del siglo XXI para asistir a la emergencia de movimientos con ínfulas separatistas en Sudamérica, en particular cuando las élites regionales del estado boliviano de Santa Cruz expresaron su reivindicación de soberanía frente al poder central de La Paz, inmerso en un proceso de federalización del país que partía de la territorialización de las identidades indígenas.

El indigenismo latinoamericano, un movimiento cultural con raíces muy anteriores, ha conocido diversas lecturas políticas, desde el movimiento de la minoría indígena mapuche en Chile hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas (México). Sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en formular sus reivindicaciones en clave etnista, y no nacionalista: se trataría del reconocimiento de derechos culturales colectivos, no necesariamente territorializados, a las poblaciones indígenas por parte de los Estados latinoamericanos, así como el fin de las discriminaciones sociales (de facto o de iure) existentes contra aquellas, y la mejora de sus oportunidades educativas, sociales y políticas. En definitiva, se trataría de demandar, en una línea semejante a los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, la plena igualdad como ciudadanos de las personas de lengua y cultura nativa.

Con todo, desde principios del siglo XXI algunos sectores indigenistas también han reclamado el derecho de autodeterminación, como en el caso del movimiento mapuche, y el reconocimiento jurídico o constitucional de sus comunidades como pueblos o naciones. Con ese fin, han propuesto mecanismos de reconocimiento de la diversidad etnoterritorial de los Estados latinoamericanos semejantes a los adoptados en Europa o en Canadá. La reciente Constitución boliviana de 2009 combina, así, medidas de reconocimiento cultural y territorial para los pueblos indígenas, definiéndose como «Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario».

LA «REVUELTA DE LAS REGIONES» Y EL ESTADO-NACIÓN EN EUROPA

En la Europa de los años sesenta surgió una nueva generación de activistas en el seno de los distintos nacionalismos subestatales. Orientados hacia la izquierda socialista o socialdemócrata, durante esa década se asistió a una paulatina recuperación del voto nacionalista en Flandes, así como a un moderado crecimiento de los sufragios obtenidos por los nacionalistas galeses y escoceses, que en el caso de los segundos se disparó hasta el 30 por ciento en 1974. En el interior de España, surgían en el País Vasco, Galicia y Cataluña nuevos grupos que se inspiraban en parte en los postulados de la nueva izquierda y en los ecos de los movimientos de liberación nacional que provenían de Asia, África y Latinoamérica.

El recambio generacional se unía al peculiar viaje de ida y vuelta de la idea nacional desde Europa a las colonias y viceversa, y al influjo posterior del mayo parisino de 1968 en la reformulación de algunas reivindicaciones territoriales. También se sumaba la cierta crisis de identidad nacional que sufrieron varios de los Estados europeos una vez perdida la mayor parte de su imperio ultramarino, que también dio lugar a ajustes económicos (como en Gran Bretaña, Francia y Bélgica), así como la nueva legitimidad y visibilidad internacional que cobró el derecho de autodeterminación, al ser reconocido por la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1960, a propuesta de los Estados africanos y asiáticos recién admitidos. Definirse como «colonia interior» en términos socioeconómicos permitía además, para las nuevas élites etnonacionalistas, situar en segundo plano el etnos e incorporar la desigualdad social y económica al arsenal de reivindicaciones territoriales. Esto posibilitaba igualmente superar o sortear la aparente contradicción entre clase y nación, y entre socialismo y nacionalismo.

Como postuló el intelectual occitano Robert Lafont en varias de sus obras, existían regiones y naciones proletarias dentro de Europa, y luchar por su liberación suponía también contribuir al avance de la justicia social en el mundo. Nuevos partidos nacionalistas en Bretaña, Córcega, Occitania, Cerdeña o Galicia reivindicaron la condición de «colonias internas», del mismo modo que el nuevo nacionalismo insular de Canarias. En otras periferias de Europa, sin embargo, tuvo prioridad la continuidad con la tradición de reivindicación nacional, con lo que la ruptura generacional entre «nuevos» y «viejos» nacionalistas no fue tan acusada (Escocia, Gales, Cataluña, Flandes…).

Las influencias extraeuropeas también podían venir de los Estados Unidos. En Irlanda del Norte, donde la población católica —alrededor de un tercio del total— era discriminada de facto por el sistema electoral, la provisión de puestos en la Administración y las oportunidades educativas y de movilidad social, la demanda de equiparación de oportunidades fue abanderada en parte por una clase media emergente que se inspiró en el movimiento afroamericano por los derechos civiles. La violenta respuesta de los unionistas protestantes, que formaron cuerpos paramilitares, y la espiral de represalias que fue protagonizada por el IRA y otras facciones, además de por el ejército británico desplegado desde 1969 en la zona, acabó por generar un conflicto étnico prolongado que se cobró un total de 3568 víctimas hasta 2001. Fue una verdadera guerra, en la que más de la mitad de los muertos fueron civiles, a menudo objeto de represalias aleatorias.

Conflictos violentos de naturaleza etnonacional, caracterizados en este caso por una mayor asimetría en el número de víctimas, surgieron también en Córcega, donde los nacionalistas corsos se dividieron en varias facciones que practicaron un terrorismo orientado principalmente a destruir símbolos de la presencia del Estado francés, y se produjo una imbricación entre prácticas mafiosas tradicionales y actividad terrorista con fines políticos. Finalmente, en el País Vasco, la adopción de la lucha armada como estrategia de oposición a la dictadura por parte de la organización ETA, fundada en 1959, a partir de 1968 sufrió un proceso de radicalización acumulativa que le llevó a dar muerte a 44 personas hasta la muerte del general Franco, y a más de 800 personas entre 1976 y 2010, mientras que el número de activistas de ETA muertos se ha situado en un centenar.

Que el protagonismo mediático recayese en Europa occidental en los nacionalismos subestatales, y en algunos conflictos étnicos enquistados en lugares específicos, no quería decir que la agenda política estuviese siempre ni en todos los países condicionada por ellos. Por el contrario, los nacionalismos de Estado seguían gozando de buena salud. Sus partidarios y proponentes se autodefinieron y definen como patriotas, y han recurrido, en definición de Michael Billig, a una forma «banal» de manifestarse y forjar los marcos de referencia identitarios de la mayoría de los ciudadanos, del mismo modo que ocurría en los nacionalismos de Estado americanos. Si el mito del «consenso antifascista» no sufrió grandes quiebras hasta la década de 1990, y en varios países su pervivencia fue notable, sí fue cierto que la mayoría de los nacionalismos de Estado de Europa occidental tuvo que enfrentarse desde la década de 1970 a tres desafíos.

En primer lugar, la crisis de legitimidad relativa de las identidades de los Estados-nación de la posguerra. En algunos casos era una crisis postimperial. En otros, como el de Alemania, el debate se centraba desde la década de 1980 en la necesidad de construir una identidad nacional positiva y legitimada históricamente, de la que los ciudadanos se pudiesen sentir orgullosos y no lastrada de modo permanente por los fantasmas del pasado totalitario. En otros más, como España, se añadía una deslegitimación del nacionalismo de Estado provocada por su apropiación simbólica y discursiva en la práctica, y, hasta 1975, por un sistema dictatorial.

En segundo lugar, la acomodación al proyecto de unificación económica y política continental que suponían, primero, la CEE y después la UE, que ponía en cuestión algunos de los postulados clásicos de la soberanía nacional, al plantear la cesión progresiva de parcelas de la misma en materia económica y social a un Gobierno supranacional con sede en Bruselas. Eso llevó al enfrentamiento entre dos concepciones distintas de la unidad europea. Por un lado, la que debía tener como base las naciones-Estado existentes, confederadas y aliadas pero siempre manteniendo en última instancia el poder de decisión, representado por los presidentes de los gobiernos de cada Estado reunidos en consejo. Era el proyecto representado por la Francia de De Gaulle (la «Europa de las patrias»), y más tarde por la Gran Bretaña de Margaret Thatcher. Por otro lado, la que optaba por un diseño federal de la UE, en la que los Estados y sus capacidades soberanas perdiesen peso de modo paulatino frente a un reforzamiento de un demos europeo, manifiesto en la asunción progresiva de poderes por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

En tercer lugar, el desafío planteado por la progresiva conversión de buena parte de las sociedades del capitalismo avanzado en sociedades multiculturales, gracias al impacto de la inmigración de otros países de Europa (fundamentalmente, de la Europa meridional y oriental) en Europa central y occidental desde los años cincuenta, de la inmigración de naturales de las excolonias tras la descolonización, y la importación de mano de obra de otros países de la cuenca mediterránea o Asia. Esos movimientos de población han cambiado de forma significativa la composición étnica, cultural y religiosa de la mayoría de los países europeos. Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos o Canadá, donde la nueva inmigración procedía en buena medida del Caribe y América Central. La cuestión principal que ahora se planteaba era: ¿Cómo integrar la nueva pluralidad etnocultural? En los gloriosos años cincuenta y sesenta, la integración de los inmigrantes no planteó grandes problemas. Se partía de la base de que muchos de ellos retornarían a sus países de origen, y de que sus hijos podrían ser aculturados mediante el sistema escolar y los mecanismos de nacionalización y socialización nacional clásicos, que habían funcionado hasta entonces integrando italianos y españoles en Francia, polacos en Alemania o Bélgica, etcétera. El problema surgió cuando esos mecanismos no conseguían resultados tan homogeneizadores como en el pasado, en particular con las poblaciones de origen islámico; y cuando, a partir de la primera crisis de petróleo en 1973-1974, las dificultades económicas convirtieron a los inmigrantes extraeuropeos o latinoamericanos en blanco de la propaganda de populistas y radicales de derecha xenófobos.

Ante las incertidumbres del futuro, volver a la nación tradicional y su marco de certezas heredado constituía y constituye un refugio seguro para muchos habitantes de Europa. El auge de partidos xenófobos en Francia desde los años ochenta del siglo XX (el Frente Nacional), en Bélgica (combinados con radicalismo nacionalista flamenco en el auge del Vlaams Blok) en la década siguiente, o en el Reino Unido, Holanda, Dinamarca o Finlandia, bajo fórmulas diversas, durante los años sucesivos, mostraba los límites de la capacidad de integración de los Estados nacionales clásicos. Asimismo, era muestra de la nostalgia de muchos europeos hacia un pasado en el que la homogeneidad cultural dentro de las fronteras de la nación, y la continuidad sin grandes cambios de un vago conjunto de valores identificados con la «cultura europea» o el «Occidente cristiano» se antojaba un objetivo posible y armónico.

NACIONES, ESTADOS Y MINORÍAS: DE QUÉBEC A PALESTINA

Estados Unidos, como hemos visto, también se vio sometido a un cuestionamiento de la capacidad de inclusión de su sistema político, y por tanto del éxito de su proyecto nacional basado en la asunción de valores universales (libertad, individualismo) dentro de un crisol que fundiría diversas religiones, componentes étnicos y culturas. Desde principios de la década de 1960 surgieron movimientos de protesta de las minorías raciales hasta entonces discriminadas, de facto y en algunos Estados federados de iure, del pleno disfrute de sus derechos civiles. Al igual que en el caso indigenista, se trataba en estos casos de reivindicaciones etnistas (según la definición del sociólogo Anthony Smith): la población negra, india, latina o de origen asiático de los Estados Unidos en prácticamente ningún caso ha planteado una territorialización de la etnicidad y sus derechos colectivos, sino una plena equiparación en derechos y deberes con la mayoría blanca de origen europeo.

La situación era más compleja en Canadá. A los retos de una sociedad multicultural que acogió miles de inmigrantes de diversas procedencias se unió la pervivencia de cientos de pequeñas comunidades nativas en el norte (las «naciones indias») y los inuits, que negociaron en cada caso detallados tratados donde se reconocen derechos colectivos para sus territorios. En la posguerra, también se radicalizaron las reivindicaciones de derechos culturales y soberanía política territorial de los francófonos de la provincia de Quebec, cuya conciencia nacional cristalizó de forma progresiva al abrigo de la rápida secularización y modernización de la población francófona desde la década de 1960, expresándose a través de un movimiento nacionalista que ha perseguido en última instancia la conversión de Quebec en un Estado independiente o asociado a Canadá. El sistema federal canadiense ha evolucionado en la dirección de un «federalismo asimétrico», con el propósito de dar acogida a las demandas quebequesas. Mas eso no evitó la celebración de dos referéndums de autodeterminación en Quebec en 1980 y 1995, en ambos casos con un resultado favorable a la permanencia dentro del Estado canadiense (59,5 por ciento en 1980, 50,6 por ciento en 1995). Canadá, junto con el Reino Unido, ha sido uno de los escasos Estados multinacionales donde se ha verificado de forma pacífica y democrática el ejercicio del derecho a la autodeterminación de una parte de su territorio. En parte como resultado de la complejidad de su gobernanza etnoterritorial, el Estado canadiense ha adoptado una política oficial que reconoce el multiculturalismo a varios niveles (en la educación, en la Administración y en el ámbito de la representación política).

Las demandas de plena equiparación de derechos civiles de una parte considerable de los ciudadanos de la nación también se plantearon en otras latitudes, particularmente allí donde tras la independencia de las potencias coloniales surgieron estados dominados por las minorías blancas descendientes de los colonizadores. En algunos países, como Nueva Zelanda, la garantía del derecho de voto a los ciudadanos de origen maorí fue ya establecida en 1867, fijando para ellos una cuota de parlamentarios que ha sido modificada y aumentada en la actualidad. Desde 1975 los maoríes tienen derecho a inscribirse como electores en el cupo común a los ciudadanos de otros orígenes. En Australia, el derecho de voto a la población aborigen fue concedido en 1967, tras la celebración de un referéndum; las reparaciones por las discriminaciones sufridas tardaron aún décadas. Además de Namibia o Rodesia (después Zimbabue), fue en Sudáfrica donde la lucha alcanzó una mayor virulencia. Se trataba de sociedades donde los nativos africanos eran claramente mayoritarios, y donde por tanto la concesión de los plenos derechos ciudadanos en un sistema democrático implicaba necesariamente la pérdida de los resortes del poder político por parte de las minorías blancas.

En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), fundado en 1912, consiguió aunar las reivindicaciones de la mayoría de los grupos y clanes tribales y étnicos nativos, y coordinar sus actividades con las organizaciones que representaban a los hindúes y mestizos. Durante una larga fase de combate abierto contra la minoría blanca afrikáner, desde su ilegalización en 1960, el ANC combinó la promoción de protestas pacíficas con boicots y la adopción de tácticas violentas, así como varios levantamientos (como el de Soweto en 1976), lo que a su vez provocó una espiral de represalias violentas por parte del Gobierno de Pretoria. Las tornas cambiaron gracias, por un lado, al liderazgo carismático de Nelson Mandela, quien pasó 26 años en prisión junto a otros líderes y generó una campaña internacional de solidaridad a su favor, que tuvo expresión en un severo embargo comercial; y por otro, a la progresiva asunción por parte del ANC del programa propuesto por Mandela, consistente en un proyecto de sociedad multirracial —patente en la nueva bandera diseñada, la nación arco iris— en la que nativos africanos, blancos e indios podrían convivir en paz mediante la garantía de derechos democráticos y la protección de los derechos de las minorías étnicas. El programa fue aplicado a partir de 1994, cuando Mandela y el ANC accedieron al poder tras la celebración de las primeras elecciones libres, en las que todos los ciudadanos tuvieron derecho a voto. No se trataba de construir una nueva nación para un solo grupo étnico, sino de reformular los principios constitutivos de la nación sudafricana.

Tras la descolonización, empero, la territorialización de la etnicidad fue la estrategia escogida por varios movimientos que reivindicaban los derechos de minorías etnolingüísticas excluidas del poder. En algunos casos (bereberes del Rif y Argelia, por ejemplo), esos movimientos no han sido suficientemente fuertes para desafiar a los Estados constituidos. En otros, como en el de Katanga, movimiento secesionista desatado en el antiguo Congo belga entre 1960 y 1963, o Biafra, en el sur de Nigeria (1967-1970), los separatistas gozaron del apoyo logístico de potencias y hasta empresas extranjeras, interesadas en los recursos naturales de sus territorios (cobre, oro, diamantes o petróleo). Varios de esos conflictos, como el protagonizado por los bangsa moros de Mindanao (Filipinas) desde 1970, los musulmanes de Cachemira desde 1947 o los separatistas del predominantemente cristiano y animista Sudán del Sur, tenían componentes religiosas a la par que étnicas. En otros, como el planteado por los tamiles de Sri Lanka entre 1983 y 2009, los kurdos de Turquía, Siria e Irak, los saharauis opuestos a la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos desde 1975 o los nacionalistas de Timor opuestos a la ocupación indonesia de 1974, se trata de reivindicaciones etnonacionalistas secularizadas, basadas en la definición de una nación, a veces (caso del Kurdistán) dividida entre varios territorios basándose en criterios etnolingüísticos.

El más importante de esos conflictos, o al menos el más visible, ha sido el que desde 1948 ha enfrentado de manera recurrente a palestinos e israelíes en Oriente Medio. Tras el desalojo de la mayoría de los palestinos de sus hogares en 1948, al ser ocupados sus territorios por Israel, Jordania y Egipto, y su dispersión en varios campos de refugiados, la reivindicación se ha basado en la posesión de un territorio propio y fue canalizada por un partido nacionalista laico, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que lanzó una campaña de agitación política y violencia para combatir la ocupación israelí. En 1993, con la mediación de los Estados Unidos, se cerró un primer acuerdo de paz con Israel, que contempló la constitución de dos territorios autónomos en la franja de Gaza y en Cisjordania (anexionados por Israel en 1967, después de la guerra de los Seis Días) y gobernados por la Autoridad Nacional Palestina. Tras la muerte del histórico líder Yasir Arafat y la persistente desconfianza entre las autoridades israelíes y palestinas, empujadas además por los sectores religiosos más intransigentes de sus respectivas comunidades, que ha llevado a recurrentes fases de escalada de la tensión, ha ganado terreno entre el electorado palestino la organización islamista Hamás, fundada en 1987, y desde 2005 mayoritaria, lo que ha llevado a disputas internas dentro del propio movimiento palestino. Un problema de fondo en el conflicto de Oriente Medio ha sido la mutua incapacidad de los sectores más integristas de ambas partes para reconocer la existencia del otro, y por tanto para diseñar un proyecto nacional plenamente laico y multicultural.

EL RETORNO DE LA NACIÓN A EUROPA TRAS 1989

En el contintente europeo, la cuestión nacional adquirió un protagonismo inesperado a partir de 1989. La caída del Muro de Berlín en noviembre de ese año volvió a poner sobre el tapete la «cuestión alemana»: la Ley Fundamental de la RFA mantenía abierta la posibilidad de una reintegración de los territorios orientales. Y varias de las manifestaciones que en Alemania Oriental demandaban democracia también incluían, implícitamente, el derecho de autodeterminación: «Wir sind ein Volk», somos una (única) nación. Tras las elecciones de marzo de 1990, que dieron la victoria a los demócrata-cristianos y a los partidarios de la reunificación de Alemania por la vía rápida, los acontecimientos se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La apelación a la recuperación de una Alemania unida no pudo ser contrarrestada por socialdemócratas y ecologistas, que propugnaban un ritmo más lento y una aproximación de los dos Estados germanos; y muchos alemanes occidentales habían crecido en la RFA y no mantenían una relación afectiva hacia los territorios del Este. Con todo, los ciudadanos de la RDA identificaron la integración en una única Alemania con Bienestar, democracia y futuro. El 3 de octubre de 1990 nacía una nueva Alemania unificada, con capital en Berlín. Sin embargo, las fronteras mentales y las diferencias en socialización, valores y oportunidades que separaban a orientales de occidentales se mantendrían todavía durante los lustros siguientes.

Si el fin del socialismo real supuso para Alemania un súbito estallido de nacionalismo en clave cívica y democrática, y una reunificación territorial, en el conjunto de Europa centro-oriental el proceso fue el inverso. Desde los inicios de la perestroika en la URSS bajo el gobierno de Gorbachov, las tendencias secesionistas reaparecieron con fuerza en el interior de la URSS, tanto en el Báltico como en Ucrania y el Cáucaso, y en menor medida en Bielorrusia. En el plazo de dos años, la Unión Soviética se había desmembrado, y fue sustituida por una Comunidad de Estados Independientes, que habría de durar pocos meses. Al mismo tiempo, el nacionalismo eslovaco resurgía con fuerza tras las primeras elecciones democráticas celebradas en 1990, y el 1 de enero de 1993 la República de Eslovaquia se separaba de Chequia para formar un Estado independiente, tras unas elecciones en las que los independentistas obtuvieron la mayoría, a las que siguieron unas rápidas negociaciones con el Gobierno de Praga, deseoso de soltar lo que suponía un lastre para su integración en Europa.

Finalmente, también amenazaban con recrudecerse las tensiones fronterizas por cuestiones de minorías entre Rumanía y Hungría, por causa de la situación de los magiares de Transilvania, entre Eslovaquia y Hungría a propósito de las amenazas sufridas por los magiares por parte del nacionalismo eslovaco, y entre Rusia y Rumanía por Moldavia. La federación yugoslava se disgregaba en 1991-1992, surgiendo como nuevos Estados independientes Eslovenia, Croacia y Macedonia, después de una cruenta guerra entre Serbia y Croacia.

El régimen federativo yugoslavo, que había sido la admiración de propios y extraños, acusaba ahora las consecuencias de haber procedido a una descentralización sin democracia, a la intromisión de potencias exteriores y al rápido reciclaje de opositores y antiguas élites políticas en nacionalistas. En la multiétnica y multiconfesional Bosnia estallaba en 1992 un sangriento conflicto armado entre croatas, musulmanes y serbios, que se había de prolongar hasta 1995. En 1999, ante la falta de reconocimiento de la soberanía proclamada por la minoría albanesa de Kosovo por parte del Gobierno de la entonces Yugoslavia (Serbia y Montenegro), y varios incidentes armados, la OTAN intervino militarmente contra Serbia para evitar que se repitiese un drama semejante al de Bosnia. En febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo declaró de forma unilateral su independencia, no reconocida por toda la comunidad internacional. Dos años antes, en junio de 2006, la República de Montenegro proclamó su independencia tras un referéndum en el que un 55,5 por ciento de los votantes se pronunció a favor de la secesión.

Varios observadores avanzaron la teoría de que el resurgimiento del nacionalismo como gran actor histórico de la implosión del bloque del Este tenía que ver con ancestrales odios étnicos acumulados durante siglos. El socialismo real habría sido una suerte de gran frigorífico en el que la conciencia nacional de lituanos, ucranianos o eslovacos habría permanecido hibernada, pero viva, durante cuatro décadas, para despertar de forma progresiva a lo largo de la década de 1980. Al desaparecer un régimen opresor, los sentimientos nacionales de la población habrían resurgido con pleno vigor. Otras interpretaciones incidían en el carácter instrumental de la reivindicación nacionalista, enarbolada como discurso necesario para articular la sociedad civil ante la incertidumbre generada por el derrumbamiento del régimen comunista, de los valores sociales y de los criterios de legitimación de la comunidad política vigentes hasta entonces. La nación surgiría de nuevo como religión política de la modernidad, que facilitaba un marco de valores desde el que emprender el tránsito a una economía de mercado. Las banderas nacionales serían enarboladas por viejas élites políticas y nomenklaturas comunistas locales necesitadas de reciclaje político, y nuevas élites que encontrarían una vía de rápida promoción en el nacionalismo.

A grandes rasgos, se puede afirmar que en algunos territorios de la URSS y del bloque del Este sí persistió una conciencia nacional distintiva entre amplios sectores de la población, y fue transmitida a través de la familia y la sociedad civil a pesar de la represión estatal. Fue el caso de los países bálticos, de Ucrania occidental y de varias naciones caucásicas. En otras zonas, sin embargo, el nacionalismo fue una carta jugada por élites políticas establecidas que necesitaban un reciclaje rápido, mientras que la fuerza de los movimientos de oposición nacionalistas era relativamente escasa: era el caso de Serbia, de Bielorrusia y de Ucrania centro-oriental, al igual que de varias repúblicas de Asia Central. Los movimientos nacionalistas subestatales se convirtieron a menudo en agentes depositarios de reivindicaciones democráticas, sociales y culturales de distinta procedencia, desde demandas profesionales a la nueva preocupación por los devastadores efectos de la política de industrialización acelerada sobre el medio ambiente. De este modo, varios movimientos nacionalistas se vincularon con los movimientos disidentes, construyeron la sociedad civil y se tornaron en sinónimos de apertura política y Bienestar social. Y durante la época socialista, las fases de apertura se habían visto acompañadas de medidas descentralizadoras o federalizantes, como había ocurrido en Checoslovaquia en 1968, o en Yugoslavia desde mediados de los años setenta.

El vacío de poder favoreció también que las élites políticas emergentes adoptasen el nacionalismo étnico como discurso movilizador y aglutinante ante la debilidad de la sociedad civil organizada. Poscomunistas y antiguos nacionalistas disidentes y retornados del exilio forjaron alianzas tácitas en Eslovaquia, Bielorrusia, Hungría, Rusia o Rumanía durante la década de 1990. En los países bálticos, los poscomunistas se integraron en frentes unitarios. Tenían en común con los etnonacionalistas la defensa del papel interventor del Estado frente a la liberalización acelerada de la economía. Pero a medio plazo surgió igualmente una contradicción entre el contenido cívico de los nacionalismos, que en tiempos soviéticos habían representado la idea de soberanía, y el discurso etnocéntrico y exclusivista de muchos de esos movimientos, muy apegados a definiciones orgánico-historicistas y culturales de la nación. Por ejemplo, los nacionalistas bálticos recogieron el apoyo de la población rusófona en el momento de celebrar los referéndums por la independencia en 1991; a continuación, varios sectores postularon el principio de la democracia étnica, y vincularon la adquisición del estatus de ciudadano de los nuevos Estados a requisitos lingüísticos no siempre asumibles por los rusófonos.

Las condiciones impuestas por el Consejo de Europa para permitir la entrada de nuevos Estados en la Unión Europea contribuyeron a flexibilizar las posturas de los nacionalistas bálticos triunfantes, a garantizar los derechos de ciudadanía a los miembros de minorías nacionales y culturales, y a desactivar el potencial de conflicto entre Hungría y sus vecinos (Eslovaquia y Rumanía) por causa de los derechos de las minorías magiares en ambos Estados. En varios casos, sobre todo allí donde tras la caída del comunismo se registraron enfrentamientos armados, la convivencia multicultural se ha revelado hasta ahora una utopía inalcanzable. La limpieza étnica se ha impuesto como una herencia de las guerras de secesión yugoslavas, de modo que las distintas comunidades etnoculturales viven, en la práctica, en territorios contiguos, pero no entremezcladas, caso de Bosnia-Herzegovina o Kosovo. También fue el caso del enclave armenio de Nagorno-Karabaj en la República de Azerbaiyán, tras la guerra de 1991-1994. La homogeneidad y la territorialización excluyente de la etnicidad, así, se han impuesto en amplias partes del antiguo bloque del Este. Pero para buena parte de los nacionalistas xenófobos o integrales de Europa oriental, dejó de ser el vecino y a ser el inmigrante extraeuropeo o, en algunos casos, las poblaciones gitanas (sintos y romaníes).

Durante la década de 1990 y hasta principios del siglo XXI, además, Rusia no ejerció con firmeza un papel de defensor de los derechos de las minorías rusas o rusófonas en los nuevos Estados independientes, en particular en Ucrania, el Báltico y Moldavia. Ni el nacionalismo irredentista ruso estaba articulado en la sociedad civil, ni existía una definición clara de quiénes eran los connacionales a proteger: ¿Poblaciones rusófonas? ¿Rusos étnicos? Por otro lado, la Federación Rusa se concentró en la segunda mitad de los noventa en mantener su periferia próxima, el Cáucaso, bajo control, en particular las rebeliones independentistas de Chechenia, que han dado lugar hasta ahora a dos guerras. La primera de ellas (1994-1996) acabó en un armisticio que garantizaba la independencia de facto de Chechenia, mientras que la segunda, iniciada por Rusia como represalia por acciones terroristas en su territorio y la invasión chechena del vecino Daguestán, principió en 1999 y tuvo continuidad intermitente hasta 2009. El área sigue siendo fuente de conflictos larvados que afectan también a Ingusetia, Daguestán y Kabardia-Balkaria.

Desde el fin de la segunda guerra de Chechenia, el Gobierno pseudoautoritario del presidente Vladímir Putin ha adoptado una política de recuperación de la influencia geopolítica de Rusia que también ha tenido expresión en la potenciación del nacionalismo gran-ruso o expansionista, que aspira a reconstruir en lo posible el antiguo dominio territorial de los zares y a mantener su influencia sobre las repúblicas eslavas de Bielorrusia y Ucrania, estimulando para ello la movilización de las poblaciones rusófonas. Así se ha puesto en evidencia entre 2013 y 2014, cuando los rusos de Crimea proclamaron su independencia unilateral de Ucrania, tras celebrar un referéndum, y en el Este rusófono del país (particularmente en la región de Donetsk) los separatistas rusófonos se han rebelado contra el gobierno de Kiev, con apoyo más o menos velado de Rusia.

El reforzamiento y la radicalización del nacionalismo no se han limitado a Europa oriental. También en la mitad occidental del continente se ha asistido desde fines de la primera década del siglo XXI a dos fenómenos paralelos. El estallido de la crisis financiera internacional de 2007, y su extensión a Europa, incide en la acentuación del pesimismo de sus élites financieras y políticas ante la pujanza de los países emergentes de la periferia, en particular China y la India. La adopción de medidas de ajuste económico y la sumisión de las élites políticas a los dictados de los mercados internacionales han generado en varios sectores de la opinión pública un creciente escepticismo ante el proyecto europeo. La unidad económica y política continental ya no es contemplada como una empresa de afianzamiento de la libertad y la paz, sino como un corsé rígido que impide el pleno ejercicio de la soberanía nacional, al arrebatar a los ciudadanos la capacidad de influir mediante el ejercicio de sus derechos políticos en la formulación de las políticas económicas y sociales: el marco del Estado nacional se queda estrecho.

Sin embargo, el retorno al marco seguro del Estado nacional como ámbito de regulación y de redistribución de la riqueza se contempla así como una salida posible, una vuelta al pasado que se contrapone a la utopía del Bienestar mediante la unidad supranacional. Lo que es común tanto a quienes postulan la salida de la divisa común, el euro, en Portugal y Grecia, como a quienes añoran la solidez del marco alemán en la RFA. La lectura puede hacerse desde la izquierda —soberanía del pueblo frente a los mercados, y a las imposiciones de jerarcas extranjeros, como la Syriza griega o el Podemos español—, desde la indefinición populista (el Cinque Stelle italiano) o desde la derecha —el Frente Nacional francés, el Partido Independiente de la Gran Bretaña, o la Alternativa por Alemania, que se unen a reacciones populistas y etnonacionalistas de referente nacional no estatal—, como la Liga Norte en Italia o las tendencias radicales del nacionalismo flamenco. La respuesta a la incertidumbre ante el futuro es la reserva de los beneficios del Estado nacional a los nacionales étnicos y la exclusión del extranjero, en particular del extraeuropeo.

El relegamiento de la opción federal dentro de la UE también ha tenido como correlato el debilitamiento de otra utopía: la Europa de las regiones o de los pueblos como alternativa a la Europa de los Estados. Ante la evidencia de que solo teniendo un Estado es posible tener voz y voto en la gobernanza del continente, y ante las incertidumbres que genera la crisis económica, la respuesta en varios territorios donde existían movimientos nacionalistas subestatales de vocación mayoritaria ha consistido en buscar refugio en el proyecto de construcción de un nuevo Estado nacional. Con matices diversos, y con el trasfondo de las diversas y a menudo divergentes vías de evolución de las políticas de descentralización política, federalización y reconocimiento simbólico de la diversidad nacional en cada una de las comunidades políticas multinacionales de Europa (Gran Bretaña, España y Bélgica, pero también en cierto modo Italia), la utopía que se ha extendido en territorios como Escocia, Cataluña o Flandes en la actualidad, más los que se les puedan sumar en el futuro, es la de la construcción de un nuevo Estado-nación como alternativa a las frustraciones acumuladas en el pasado y las tribulaciones del mundo presente.

Se manifiesta en esa utopía no solo una vieja aspiración que se retrotrae al siglo XIX, la de ser alguna vez «naciones plenas», y un reflejo defensivo ante lenguas y culturas potencialmente amenazadas de extinción ante la globalización cultural. También es expresión de la esperanza en que la nación sirva de refugio y marco sólido de valores y referencias culturales para la transición a un futuro incierto, esté marcado por un capitalismo neoliberal y salvaje, un choque de civilizaciones entre «islamismo» y mundo «cristiano», o una vuelta al pasado dorado del apogeo del Estado del Bienestar. Está por ver si esos proyectos de nación, en el caso de triunfar, serán plenamente cívicos, democráticos y garantes de la pluralidad identitaria de los ciudadanos en mayor medida que los nacionalismos de Estado tradicionales y ya conocidos, o si están sujetos a la repetición de los mismos errores del pasado.

Propaganda independentista. Meran, Tirol del Sur, abril de 2012.

Archivo del autor.

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LA LARGA MARCHA DE LAS MUJERES

A finales de enero de 2015, tras ganar por margen suficiente las elecciones legislativas en Grecia, la coalición de izquierda radical Syriza, erigida en gran esperanza del retorno a la socialdemocracia clásica en la eurozona, anunciaba la constitución de su gabinete ministerial. La sorpresa entre la izquierda europea fue, sin embargo, mayúscula y la decepción inmediata: ni una sola mujer figuraba entre los ministros, y el porcentaje femenino entre los viceministros y secretarios de Estado era inferior al 15 por ciento. En el programa de la formación apenas figuraban cuestiones como la violencia de género o la conciliación de la vida familiar y profesional de la mujer.

Tales ausencias no habrían sorprendido a ningún observador entre las décadas de 1950 y 1970. En el primer gobierno laborista de Attlee (1945-1950) había una sola mujer entre veinte ministros. En el primer gabinete del socialdemócrata Willy Brandt (1969-1972), tampoco había presencia femenina. Y en el primer gobierno socialista presidido en España por Felipe González (1982-1986), también brillaban por su ausencia las mujeres. No obstante, entrado el siglo XXI, las cosas habían cambiado de modo sustancial: la igualdad ante la ley a todos los efectos, y la plena participación política y en la vida pública de la mitad de la humanidad, tradicionalmente excluida de ella hasta mediados del siglo XX, ha sido aceptada como un índice de normalidad y de desarrollo humano. Lo mismo se aplica a la presencia femenina en prácticamente todos los ámbitos de actividad laboral, el protagonismo público de las mujeres y su capacidad de decisión sobre su propia vida. Como ha afirmado Geoff Eley, si el siglo XX ha marcado un hito en algo, ha sido sin duda en los avances hacia una plena equiparación de mujeres y hombres en derechos y deberes, en presencia pública y acceso al mercado laboral.

No obstante, el avance se ha concentrado, sobre todo, en el período posterior a la II Guerra Mundial. Ha sido desigual según las áreas geográficas y culturales, las confesiones religiosas y los niveles de desarrollo socioeconómico imperantes en cada región del planeta. También ha estado sujeto a bruscas alteraciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y aun en el siglo XXI. Las mujeres musulmanas de la mundana Kabul o de regiones de Irak y Jordania fueron obligadas a perder derechos de un día para otro, cuando tomaron el poder los fundamentalistas islámicos; y en países de mayoría católica las mujeres también vieron cuestionados derechos adquiridos, como el de la libre interrupción del embarazo, cuando grupos ultraconservadores y confesionales impusieron sus criterios.

LA CONQUISTA DEL VOTO

En los sistemas democráticos del mundo, el pleno derecho de la mujer a la participación política, a elegir y ser elegida, es hoy un hecho irreversible. También lo es la igualdad de derechos ante la ley, en materia civil y criminal, o en igualdades educativas. No lo es en apartados como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la realización efectiva de esos derechos, y su traslación en una igualdad de oportunidades de hecho en el ámbito laboral, está lejos de haberse alcanzado a principios del siglo XXI. Los valores asociados a la masculinidad y la división tradicional de roles han sido dominantes en buena parte de las culturas hasta bien entrado el siglo XX. Esa división ha estado muy marcada por una visión patriarcal, según la cual la familia, considerada célula básica de la sociedad, ha de basarse en una pareja heterosexual, donde el hombre gestiona la esfera pública, los ingresos de la familia y la relación con el ámbito laboral y social; y la mujer, independientemente de que su trabajo, fuera de casa o en la propiedad familiar, aporte ingresos al grupo familiar, asume de forma preferente la gestión del ámbito privado, la familia y el cuidado del hogar. En las sociedades campesinas europeas y americanas las mujeres, sobre todo en ausencia del hombre emigrado, asumían también temporalmente roles protagonistas en la comunidad de referencia, en el mercado o en la obtención de recursos. Mas la representación de la familia burguesa tradicional ha sido la imperante en los diversos conservadurismos europeos y americanos, y en parte exportados a otros continentes.

Desde finales del siglo XIX, el movimiento sufragista tuvo como motor fundamental a las mujeres burguesas y de clase media, y centró sus reivindicaciones en la obtención de plenos derechos de participación política. Los primeros Estados que reconocieron el sufragio femenino fueron Nueva Zelanda en 1893, y Australia del Sur en 1902. En Europa fueron los países nórdicos los adelantados: el Gran Ducado de Finlandia, aún dependiente del imperio zarista, en 1907, seguida de Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915. La incorporación de la mujer al trabajo en la retaguardia durante la I Guerra Mundial y su mayor asunción de responsabilidades públicas contribuyó a que, en el período de entreguerras, el sufragio femenino fuese adoptado por la gran mayoría de los países europeos entre 1918 y 1939. Solo Francia hasta el fin de la II Guerra Mundial, Italia (1946) y Suiza (1971, después de que un referéndum rechazase la ampliación del sufragio a las mujeres en 1959), además de Grecia (1930, con restricciones) constituyeron sonadas excepciones. Norteamérica, los dominios británicos, y buena parte de las repúblicas sudamericanas, empezando por Uruguay (1927) siguieron la ola.

En la segunda posguerra, el sufragio femenino se extendió a las repúblicas centroamericanas y caribeñas (incluyendo a Colombia y Venezuela), los países asiáticos ya soberanos, y la práctica totalidad de los nuevos Estados africanos y asiáticos independientes tras la descolonización. Algunos países de mayoría musulmana, como Jordania (1970), Irán (1963), Irak (1980) o Egipto (1956), estuvieron entre los que más tardaron en incorporarlo a sus ordenamientos jurídicos, mientras que otros, como Pakistán o Indonesia, lo asumieron plenamente desde su nacimiento como Estados en 1947 y 1949. A la altura de 2014, y además del caso peculiar del Vaticano, solo Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Líbano contemplaban restricciones legales a la práctica del sufragio femenino.

El reconocimiento normativo en el ámbito internacional de la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres se incluyó de manera explícita en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada en 1948. Seis años más tarde entró en vigor la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, tras ser aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1952. En ella se explicitaba el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos, «en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna».

Desde 1945, con ritmos desiguales en Europa, América y el resto del mundo, las mujeres se incorporaron de modo progresivo a la vida política y profesional, trabajaron fuera del hogar, y reivindicaban sus derechos. El avance de los movimientos por los derechos humanos y de reivindicaciones específicas, como la lucha por el fin de la discriminación racial en EE. UU., influyeron en su desarrollo. El estatus social y político de las mujeres, y los éxitos y visibilidad de sus reivindicaciones y logros, dependieron de varios factores generales: el grado de desarrollo económico de sus sociedades, el contexto cultural y religioso, y su situación social.

CONSUMIDORAS Y PRODUCTORAS

Durante la Guerra Fría, tanto el bloque capitalista como el comunista hicieron de la situación de la mujer en sus respectivos ámbitos un motivo de propaganda sociopolítica. En Norteamérica y Europa occidental se destacaba así no solo la integración política de la mujer en los sistemas democráticos, sino también su creciente calidad de vida, gracias tanto a su incorporación al trabajo como, sobre todo, a las comodidades que la introducción de electrodomésticos, desde la lavadora al frigorífico, había supuesto en su actividad como ama de casa. La mujer era ahora, ante todo, consumidora activa y consciente, y formaba parte de una nueva «república de consumidores», en la que se destacaba el protagonismo femenino y se recordaba que, tras su participación activa en la producción durante la guerra mundial, ahora era deseable que la mujer retornase al hogar. El consumo se democratizaba, y las mujeres devenían en visitantes habituales de tiendas y supermercados, en lectoras de revistas de moda y en difusoras de las virtudes de la industria nacional. En Francia o en la RFA, el papel de la mujer como «consumidora racional» en la gestión de la economía doméstica se convertía en fundamento del crecimiento económico de los treinta gloriosos. Y como en Norteamérica, ese papel era presentado como un deber casi patriótico, además de como una garantía de estabilidad social.

Sin embargo, en Gran Bretaña o en EE. UU., tras la experiencia de la incorporación masiva al trabajo durante la II Guerra Mundial, muchas mujeres opusieron creciente resistencia a volver al hogar, como se les animaba en la propaganda oficial, cuando los hombres volvieron del frente. La postura masculina frente al trabajo femenino fuera de casa, aun después del matrimonio, también fue cambiando lentamente. La progresiva pérdida de relevancia del trabajo industrial y la expansión del sector servicios repercutió, además, de modo favorable en el aumento de la tasa de actividad femenina. En EE. UU., el porcentaje de las mujeres en la población activa pasó de representar el 25 por ciento en 1940 al 34 por ciento en 1964. En Francia, en el año 1968 trabajaban fuera de casa el 44 por ciento de las mujeres, aunque solo el 34 por ciento de las que eran madres. En Dinamarca, un 78 por ciento de las mujeres en 1989 eran activas, en el Reino Unido un 68 por ciento, y en Suecia un 81 por ciento.

La extensión del trabajo a tiempo parcial constituyó en este sentido un impulso adicional. En 1991, un 30 por ciento de las mujeres alemanas trabajaba a tiempo parcial, y un 24 por ciento de las francesas. A pesar de la resistencia de los estereotipos tradicionales, en buena parte de Europa y Norteamérica las amas de casa pasaron a suponer menos de la mitad de las mujeres adultas, y su prestigio social decayó. Eso no suponía que su trabajo no tuviese relevancia en la productividad global, que algunos economistas estimarían para Europa occidental en un 4-5 por ciento del PIB, sino que su trabajo no se veía reconocido desde el punto de vista salarial.

El modelo de la familia heterosexual, en la que el hombre trabajaba y ganaba el sustento, y la mujer se concentraba en la esfera doméstica, todavía fue característico de las sociedades desarrolladas hasta los años setenta. En la RFA se hizo famoso el lema democristiano que asociaba a la mujer a las «tres K»: cocina (Küche), niños (Kinder) e Iglesia (Kirche). A partir de la primera crisis del petróleo, sin embargo, ese patrón empezó a sufrir importantes cambios. Por un lado, el desempleo masculino aumentó, y los salarios ya no permitían siempre mantener una familia con un sueldo; las mayores necesidades de consumo, y la ampliación de las expectativas laborales de la mujer, llevaron a que descendiese el porcentaje de la población ocupada masculina, mientras que aumentaba paulatinamente el de mujeres ocupadas. Muchos obreros o campesinos de Europa occidental y EE. UU. se convirtieron en parados, prejubilados o trabajadores eventuales; y la aportación de sus parejas se hizo imprescindible para el núcleo familiar. El número de familias en las que ambos miembros trabajaban aumentó de forma progresiva en las sociedades del capitalismo avanzado, y el ritmo se aceleró de forma especial en los últimos quince años del siglo XX. A principios del siglo XXI, solo en los países mediterráneos de Europa, Luxemburgo e Irlanda seguía siendo mayoritario el modelo familiar de un solo sustentador, mientras que el trabajo de los dos cónyuges (ambos a tiempo completo, o uno de ellos a tiempo parcial) suponía en los países de Europa central y nórdica más de un 60 por ciento de los hogares con hijos.

En los países socialistas hasta 1989, por el contrario, se hacía bandera de la alta tasa de actividad de la población femenina, casi equiparada a la de los hombres, y de la contribución de las mujeres a la producción y la investigación. No se reservaba a la mujer un papel específico como consumidora. En las representaciones visuales del realismo socialista la mujer era, ante todo, una productora activa y consciente. Ya desde los años veinte el porcentaje de mujeres activas había crecido de forma significativa en la URSS, y durante la II Guerra Mundial, el papel de las mujeres en la retaguardia adquirió un papel predominante; y, aunque en mucha menor proporción que los hombres, en el Ejército Rojo también habían luchado en vanguardia, como partisanas o aviadoras. Aunque a menudo eran relegadas a puestos de trabajo inferiores, y tras 1945 fueron desplazadas de puestos directivos en fábricas y granjas colectivas, cuando los hombres retornaron del frente, el porcentaje de mujeres activas no solo era superior al de Occidente, sino que se incrementó progresivamente. A mediados de los años sesenta, las mujeres representaban el 45 por ciento de la fuerza de trabajo en la industria. Y en 1963, la URSS se apuntó un tanto propagandístico al enviar la primera mujer astronauta al espacio, Valentina Tereshkova, veinte años antes que EE. UU. Provocó así un debate de alcance mundial acerca del papel de la mujer en el progreso tecnológico y las ciencias, pero también sobre la idoneidad de las mujeres para desempeñar oficios y funciones especialmente peligrosas en el ámbito militar.

Un proceso similar, y mucho más rápido por partir de tasas de actividad femeninas más bajas, tuvo lugar en otros Estados socialistas. En la RDA, el porcentaje femenino en la población activa era del 45 por ciento en 1960, y del 48 por ciento en 1970. Con todo, un sistema de guarderías estatales, muchas veces sostenidas en los propios centros de trabajo, compensaba esa situación. En los años ochenta, las tasas de ocupación de la población femenina en Europa del Este eran netamente superiores a las de Occidente, y alcanzaban en Hungría o Checoslovaquia el 60 por ciento. En 1975, la delegada cubana Vilma Espín, esposa del entonces ministro de Defensa Raúl Castro, afirmaba que Cuba había alcanzado en apenas tres lustros la plena equiparación de derechos y oportunidades educativas, sociales y laborales entre hombres y mujeres. Eso no significaba, empero, que en todos los países socialistas se hubiese alcanzado una igualdad efectiva en todos los ámbitos: las mujeres cobraban salarios inferiores, recibían peores puestos de trabajo y, además, los hombres no compartían las labores del hogar y el cuidado de los niños de forma paritaria.

El fin del socialismo real en Europa tras 1989 provocó el efecto contrario. Mientras la tasa de ocupación femenina aumentaba lenta pero progresivamente, alcanzando a principios del siglo XXI cuotas superiores al 70 por ciento en Suecia, y del 55 por ciento en la UE, la pérdida de puestos de trabajo, la incertidumbre económica y la descomposición del sistema estatal de guarderías llevó a un descenso acusado del porcentaje de mujeres activas en Europa del Este, que solo remontó el vuelo a partir de 2005. En Polonia, donde además se reforzó la tendencia a una recatolización del papel tradicional de la mujer y se impusieron severas restricciones al aborto en 1993, la tasa descendió del 50 por ciento, y en la República Checa se situaba en el 55 por ciento. Durante una década se reforzó la percepción de que las mujeres habían sido las perdedoras del proceso de democratización en Europa oriental, hasta que las tasas de actividad se recuperaron en buena parte para las generaciones más jóvenes, cuyo destino ya no fue tanto el sector industrial como el sector servicios.

LA LUCHA POR LA LIBERTAD SEXUAL E INDIVIDUAL

El nuevo feminismo de los años sesenta en Europa occidental y Norteamérica era en buena parte una reivindicación de mujeres cuya alta cualificación profesional no les eximía de enfrentarse a crecientes obstáculos, que se reproducían en cada uno de los niveles de la escala profesional. Para ellas, el problema no era ya tanto la igualdad de derechos políticos, como la libertad individual. Sus fundamentos teóricos fueron expuestos ya en 1949 por la filósofa francesa Simone de Beauvoir, cuya obra El segundo sexo se convirtió en un éxito de ventas y alcanzó gran difusión internacional en las tres décadas siguientes, además de provocar el escándalo del Vaticano por su crítica frontal al matrimonio y su defensa del aborto. Beauvoir analizaba desde los presupuestos teóricos del existencialismo los orígenes históricos y los argumentos culturales y religiosos de la discriminación de la mujer. Distinguía entre feminidad biológica y la construcción social de esa condición: no se nacía mujer, sino que las mujeres se hacían. La subyugación femenina se reproducía mediante la esclavitud sancionada por el matrimonio, que perpetuaría la dependencia económica de la mujer respecto al marido, y la ideología de la maternidad. Beauvoir establecía la necesidad de proceder a una crítica de ese papel social, que relegaba de forma permanente a la mujer a objeto pasivo, pero no activo, de su propia historia. Con ello, sentaba las bases para una crítica feminista de la sociedad moderna.

En un sentido semejante incidía la obra de la escritora norteamericana Betty Friedan La mística femenina (1963), que proclamaba el descontento de las mujeres por verse reducidas al papel de esposas y madres, cuando sus capacidades intelectuales las facultaban para asumir cualquier rol social y público. Dos años más tarde, dos activistas estudiantiles norteamericanas, Casey Hayden y Mary King, establecían en Sexo y casta un paralelismo entre la discriminación que sufrían los afroamericanos en una sociedad dominada por blancos, y la que padecían las mujeres en una sociedad controlada por hombres. Con ello, también planteaban un debate hasta entonces ausente en la Nueva Izquierda: ¿Hasta qué punto las reivindicaciones progresistas en Norteamérica y Europa, desde el movimiento por los derechos civiles a las protestas estudiantiles, reproducían los esquemas de dominación de género de sus oponentes?

La respuesta consistió a menudo en la fundación de organizaciones específicamente femeninas dentro de la izquierda estudiantil, lo que se extendería a los demás movimientos sociales de nuevo cuño, y alcanzaría plena difusión en la década de 1970. Surgieron así diversas revistas y órganos de difusión del nuevo feminismo, y en las universidades la desigualdad de género fue objeto de discusión académica. Al mismo tiempo, las reivindicaciones feministas se diversificaron, penetrando en distintos ámbitos políticos y culturales, y apuntaron a su vez en distintas direcciones: las reivindicaciones de las mujeres profesionales de clase media no eran las mismas que las de las mujeres obreras o campesinas, blancas o negras, comunistas o liberales. Y sus repertorios de protesta también se intensificaron y diversificaron: las feministas de Copenhague en 1971 lanzaron una campaña para pagar solo el 80 por ciento de los billetes de autobús urbano, por ser esa la proporción del salario medio femenino sobre el masculino; y las parisinas depositaron en la tumba del soldado desconocido una corona de flores dedicada a su mujer, que por él seguía esperando.

A partir de fines de los setenta, y como resultado de esa movilización, la gran mayoría de las organizaciones políticas de los países democráticos asumieron reivindicaciones del movimiento feminista. Hasta los partidos demócrata-cristianos, confesionales y fieles al postulado de la familia tradicional como célula fundamental del orden social y la continuidad histórica, adoptaron parte de ellas, en particular la plena equiparación de derechos políticos y la asunción de funciones sociales y representativas en pie de igualdad con los hombres. Si en los años sesenta ya había habido algunos precedentes de mujeres que ocupaban el puesto de primer ministro, en algunos casos mediante una transferencia de prestigio de sus maridos o padres, empezando por Sirimavo Bandaranaike (1960) en Sri Lanka, Indira Gandhi (1966) en la India, y Golda Meir (1969) en Israel, las dos últimas de orientación socialista o socialdemócrata, en 1979 también llegaría al poder una primera ministra conservadora en Gran Bretaña, Margaret Thatcher; y nueve años después en un país musulmán, la pakistaní Benazir Bhutto (1988).

Un nuevo frente de las reivindicaciones feministas fueron las cuestiones ligadas a la sexualidad y la reproducción. La comercialización de la píldora anticonceptiva a un coste cada vez más bajo a partir de 1960, seguida por otros métodos de fácil uso para las mujeres, como el dispositivo intrauterino, supuso una auténtica revolución sexual en los países desarrollados. Las mujeres podían ejercer ahora un mayor control sobre el proceso reproductivo, lo que no necesariamente suponía el fin de su explotación sexual. Aunque algunas feministas consideraban el coito una expresión de dominio masculino y temían que la píldora lo agravase, la mayoría de las mujeres norteamericanas y occidentales veían en la libertad sexual una plena equiparación de derechos con los hombres. Con ello, también se reforzaba el individualismo del nuevo feminismo, sobre el colectivismo imperante en la primera posguerra. El sexo recreativo pasaba a ser una parte inalienable de la libertad individual, como ya predicó el movimiento hippy y se reforzó en los años setenta. El progreso técnico liberaba a las mujeres de su rol ancestral de madres forzosas, y por tanto también cuestionaba las barreras morales y los valores tradicionales. Esto también suponía derribar las últimas barreras al requisito de que para el divorcio hubiese causas como adulterio o malos tratos, que aún persistían en algunos estados norteamericanos. Bastaba con el acuerdo amistoso entre las partes. Con todo, incluso en Europa occidental la ruptura del matrimonio civil tuvo dificultades para imponerse en algunos países de tradición católica, como Italia (1970, luego derogado y sometido a referéndum en 1974) o España (1981); en Irlanda, no se legalizaría hasta 1995, y en Malta habría de esperar nada menos que hasta 2011.

La igualdad de hombres y mujeres ante el Derecho Civil, empezando por la plena equiparación jurídica dentro del matrimonio, también se consolidó en la posguerra. En países como Gran Bretaña ya se había recogido tal principio en el período de entreguerras. En la RFA, la Ley de Igualdad de 1957 todavía incluía principios como la preeminencia paternal en el derecho de custodia o la definición específica del deber del marido a mantener a la familia, y a la mujer a cuidar de ella. En Francia no fue hasta 1965 que las mujeres fueron liberadas de la tutoría legal de sus maridos, y en 1970 se eliminó la figura jurídica del cabeza de familia; hasta 1985 no se estableció la plena igualdad de los cónyuges en la administración del patrimonio familiar. La autonomía jurídica de la mujer casada fue garantizada de forma progresiva por los códigos legales de Holanda, Irlanda y Bélgica a finales de los años cincuenta, y en los de Italia, Luxemburgo, España y Portugal casi quince años después. Finalmente, la tipificación del delito de violencia y maltrato domésticos, incluida la violación dentro del matrimonio, fue más tardía, y se extendió por los países desarrollados desde los años ochenta.

El derecho al aborto también se transformó en una reivindicación extendida en el movimiento feminista internacional a partir de los primeros años setenta. La gran mayoría de los Estados del mundo prohibían la interrupción voluntaria del embarazo, tipificándola como delito, o imponían severas restricciones a su práctica. Antes de esa fecha, el aborto solo se había legalizado en el territorio ruso de la URSS en 1920 —con la esperanza de que, una vez despenalizado, su práctica desapareciese progresivamente, por ser visto como una lacra de la sociedad burguesa—, siendo abolido por Stalin en 1936 y restaurado en 1955. Asimismo, el aborto se había legalizado en Suecia (1938) para algunos supuestos, al igual que en Japón en la inmediata posguerra (1948). En Gran Bretaña la legalización llegó en 1968, en parte para poner orden en un caos legislativo anterior. En la mayoría de los países del bloque socialista, el derecho al aborto se extendió durante los años cincuenta y sesenta, desde Hungría (1953), Polonia (1956) y Rumanía (1957) hasta la RDA (1971). Con la excepción de Hungría y la RDA, el acceso de la población a los anticonceptivos estaba, paradójicamente, mucho menos generalizado que en Europa occidental. En algunos Estados con problemas acuciantes de crecimiento demográfico, como la India, también se sancionó el derecho al aborto como medida adicional de control de nacimientos en 1971.

Tras una intensa campaña de agitación en EE. UU. por parte de significadas activistas femeninas, como Gloria Steinem, en 1973 el Tribunal Supremo de aquel país, mediante la sentencia del caso Roe versus Wade, reconoció que el derecho a la privacidad o intimidad de la mujer amparaba su decisión o no de interrumpir un embarazo, y lo clasificaba como un derecho fundamental, derivado de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Con ello, las leyes que penalizaban el aborto en los distintos estados de la unión fueron derogadas. En los años siguientes, tanto la Iglesia católica como varias organizaciones conservadoras de confesión evangélica desenvolvieron una intensa campaña publicitaria y presentaron recursos legales contra la decisión, llegando en algunas manifestaciones a las agresiones físicas y al asesinato contra médicos que practicaban abortos. Un aspecto fundamental del debate residía en la definición del momento de la gestación en que se podía considerar que al feto se le debían reconocer el derecho fundamental a la vida, si la decisión de la mujer debía ser libre, o si solo en circunstancias de embarazos forzados (violación), graves malformaciones congénitas o riesgo para la vida de la madre se debía autorizar. Las posiciones variaban desde la radical negativa de las organizaciones confesionales y las Iglesias cristianas a despenalizar cualquier medida de interrupción, hasta la reivindicación del aborto libre, gratuito y amparado por los sistemas sanitarios públicos. Las posturas intermedias argumentaban de modo pragmático que los abortos clandestinos siempre existirían, con riesgos sanitarios, creando además una clara desigualdad de oportunidades entre mujeres con recursos y sin recursos, y una cierta frecuencia de infanticidios o abandonos infantiles.

Marcha en Madrid en el Día Internacional del Derecho al Aborto, 28 de septiembre de 2014. La pancarta recuerda a 17 mujeres encarceladas en El Salvador por haber abortado ilegalmente.

Nacho Goytre/Demotix/Corbis/Cordon Press.

El ejemplo norteamericano fue seguido en otros países de Europa occidental, como Dinamarca (1973). En la RFA, un grupo de activistas liderado por la periodista Alice Schwarzer declararon públicamente que habían abortado, violando así la ley alemana. El debate público que provocaron llevó a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en junio de 1974, si bien la batalla por la definición de los plazos legales y las condiciones de su autorización se prolongó hasta entrados los años noventa. En 1975, la Ley Veil legalizaba en Francia la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación.

A lo largo de la segunda mitad de la década se adoptaron medidas semejantes en la mayoría de los países europeos, aunque con ritmos más pausados allí donde la influencia católica era mayor. Holanda aplicó la primera ley del aborto en 1984; España solo adoptó una ley de supuestos en 1985, ampliada en 2010; Bélgica hizo lo propio en 1990. En Suiza, un primer proyecto de legalización del aborto fue rechazado en referéndum en 1977, aunque fue tolerado en la práctica en varios supuestos, hasta que en 2002 un nuevo plebiscito se pronunció a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Portugal el aborto fue despenalizado en 2007; en Irlanda, sin embargo, es ilegal hasta hoy. La despenalización del aborto se extendió a la mayoría de los países del mundo, aunque en buena parte de ellos imperan leyes que limitan el derecho a la interrupción del embarazo en supuestos de violación, malformación grave o riesgo para la vida de la madre. En China, de modo similar a la India, el aborto se permitió como recurso de la política de control de natalidad desde finales de la década de 1970.

A pesar de las diferencias iniciales entre bloque del Este y Occidente, en las sociedades europeas se impuso desde 1989 una creciente homogeneización de la gama de modelos familiares y de reproducción. El número de uniones civiles y de hecho creció y se equiparó en varios países al de matrimonios, al igual que el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio. La línea divisoria más importante ya no era entre Este y Oeste, sino entre la Europa nórdica y central y la Europa mediterránea de tradición católica, más Irlanda. En 2007, un 55 por ciento de los niños nacidos en Suecia lo era fuera del matrimonio, frente a un 18 por ciento en Italia y un 5 por ciento en Grecia. Las formas de convivencia y de articulación de núcleos familiares se diversificaron, marcadas por un aumento del individualismo. Las biografías profesionales de hombres y mujeres tendieron a asemejarse, y la fundación de familias, así como el momento de la maternidad, a retrasarse y subordinarse no solo a las expectativas económicas del contexto, sino también a las opciones profesionales individuales y a la oferta existente de políticas públicas de protección de la maternidad.

La reivindicación de la plena libertad de opciones sexuales también creció al amparo de las reivindicaciones feministas, y puso en evidencia las trabas legales que sufrían importantes segmentos de la población mundial para el pleno ejercicio de sus derechos civiles y la expresión sin trabas de su identidad sexual. A partir de sus primeros pasos en la década de 1960, durante los años setenta se extendieron y diversificaron desde un punto de vista organizativo los movimientos de homosexuales y lesbianas, cuyas reivindicaciones se centraron en la derogación de las disposiciones legales que en buena parte del mundo penalizaban la condición homosexual. Desde que Gran Bretaña despenalizó la homosexualidad masculina en 1967, a lo largo de las dos décadas siguientes se derogaron o modificaron en toda Europa occidental las leyes que contenían cláusulas discriminatorias o penalizadoras contra homosexuales y lesbianas, y en los años noventa la tendencia se extendió a Latinoamérica, buena parte de Asia y, en menor medida, África. También se tipificaron los derechos a la diferencia y al reconocimiento de las personas transexuales (que deciden cambiar de sexo) e intersexuales (que presentan características fenotípicas de ambos sexos). Con todo, en el año 2014, según datos de Amnistía Internacional, la homosexualidad seguía siendo ilegal en ochenta Estados (36 de ellos africanos, además de varios países musulmanes), y en diez de ellos estaba castigada con la pena de muerte, incluyendo Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. En países como Nigeria o Uganda, las leyes que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo incluso se han endurecido.

El amparo jurídico a escala planetaria del derecho a la libre orientación sexual, como elemento integrado en los derechos humanos, ha sido también tardío. En 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la prohibición y penalización de la homosexualidad vulneraba derechos fundamentales. No fue hasta el año 2008 que se desarrollaron, como parte integrante de la Declaración de los Derechos Humanos, una serie de principios básicos para garantizar los derechos de gays, lesbianas y personas transexuales (Principios de Yogyakarta), que no han sido asumidos por todos los Estados miembros. Por otro lado, en los países donde la homosexualidad es legal, persisten en la segunda década del siglo XXI fuertes diferencias en lo relativo al reconocimiento jurídico de las uniones entre personas del mismo sexo (como matrimonios igualitarios o uniones civiles), y su capacidad para adoptar hijos, generalmente reconocidas con diversas variantes en Europa occidental, central y nórdica, Canadá y numerosos estados de EE. UU., Brasil y el Cono Sur. Lo mismo se aplica a la admisión de homosexuales y lesbianas en las fuerzas armadas—en EE. UU. solo fue posible desde 2010—, o la posibilidad legal de cambiar de sexo, vetada todavía en muchos países occidentales y americanos. En buena parte de Asia, China incluida, la homosexualidad es legal, pero no lo son las uniones civiles de parejas del mismo sexo. En Rusia, existen restricciones a la libertad de expresión y asociación de los homosexuales y transexuales. En la India, la homosexualidad es un delito, aunque en la práctica la ley no se aplica.

IGUALDAD DE GÉNERO Y DIFERENCIA CULTURAL

El feminismo internacional estaba dividido en la posguerra en dos grandes organizaciones, la Liga Internacional por la Paz y la Libertad de las Mujeres (Women’s International League for Peace and Freedom, WILF), que databa de 1915, con base sobre todo en EE. UU. y Europa occidental, que centraba sus demandas en la equiparación económica y cultural de la mujer con el hombre; y la Federación Democrática Internacional de las Mujeres (Women’s International Democratic Federation, WIDF), fundada en 1945 y cuyos miembros procedían, en su mayoría, de los países comunistas.

La ONU reaccionó de modo tardío al aumento de la visibilidad de las nuevas reivindicaciones feministas basadas en la libertad sexual. Declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, y patrocinó la celebración en México D. F. de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, con participación de un millar de delegadas oficiales y cerca de 5000 representantes de organizaciones no gubernamentales, activistas sociales y políticas, líderes feministas y mujeres destacadas en numerosos campos de la vida pública. Mientras las delegadas de los países desarrollados se hicieron eco de cuestiones como el aborto y los derechos de las lesbianas, las de países subdesarrollados incidieron en la desigualdad económica y social, y su incidencia en la situación subordinada de las mujeres. Las resoluciones oficiales de la conferencia expresaron un compromiso entre ambas prioridades: los Estados del mundo debían promover la igualdad de trato y oportunidades a las mujeres en la esfera pública, y promover el desarrollo económico para eliminar las desigualdades sociales y la persistente discriminación laboral que seguían afectando a las mujeres en buena parte del planeta. En las conferencias internacionales que se celebraron en los lustros siguientes (Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Pekín, 1995) las posiciones de las feministas de los países desarrollados, emergentes y del Tercer Mundo se aproximaron de forma progresiva, pasando de un «hermanamiento romántico» a una solidaridad «estratégica». A finales del siglo XX, existía un mayor consenso acerca de la relación entre pobreza, desigualdad social y de género, que en buena parte traducía también el mayor peso de los países de la antigua periferia, desde China a la India o África.

Para las portavoces de la igualdad de género en Europa occidental o Norteamérica, la lucha por la igualdad de oportunidades pasaba por garantizar ayudas estatales a la maternidad, la provisión de plazas públicas de educación infantil, la posibilidad de permisos maternales y paternales remunerados para el cuidado de los hijos, o las medidas de discriminación positiva y acción afirmativa, inspiradas en parte en el movimiento norteamericano por los derechos civiles, garantizando que porcentajes determinados de puestos públicos fuesen cubiertos por mujeres, o que en caso de igualdad de méritos se premiase al género estructuralmente más desfavorecido. Ese tipo de medidas, primero aplicadas en la Europa nórdica y central, se han generalizado a buena parte de los países desarrollados, despertando no poca oposición por parte de los sectores más tradicionalistas; igualmente, se han extendido al ámbito de las políticas de promoción de las iniciativas empresariales de las mujeres, su acceso al crédito, o la prevención y persecución rigurosa del hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.

En determinadas ámbitos laborales ha sido posible implantar esas medidas de acción afirmativa, como en el sector público en general, en el que desde 1980 el número de mujeres empleadas aumentó de forma exponencial, y dentro de él de modo particular en áreas como la enseñanza primaria y secundaria o el secretariado. Sin embargo, en el sector privado de las economías desarrolladas se ha consolidado de modo persistente una suerte de mercado laboral segmentado. En su seno, los hombres acaparan los puestos mejores y mejor pagados, y las mujeres los de peor cualificación, tienen más dificultades para ascender, y sufren discriminación latente por el peso de los prejuicios, asociados a expectativas laborales diferenciadas según el género. En 1989, los salarios de las trabajadoras industriales británicas eran el 68 por ciento del de los hombres; la proporción en Portugal era del 83 por ciento. Aun en las sociedades más tolerantes en materia de igualdad de género persisten estereotipos fuertemente implantados acerca de la idoneidad de las mujeres para determinados trabajos, y su falta de adecuación o capacidad para otros, bien por requerir trabajo físico o aptitudes de mando, bien por exigir una dedicación horaria plena.

Por otro lado, en las sociedades donde la igualdad de oportunidades entre sexos ha alcanzado cotas más altas, como Suecia, desde finales del siglo XX se ha advertido un paulatino cambio de tendencia: el aumento de la fertilidad ha ido acompañado de un incremento de la ocupación femenina a tiempo parcial, cimentando el modelo de familia donde un miembro trabaja a tiempo completo y otro, por lo general la mujer, a tiempo parcial, para poder dedicar más horas al cuidado de la familia. A principios del siglo XXI, este modelo ya era mayoritario en países como Holanda, llegaba al 40 por ciento en el Reino Unido, y casi un tercio de las familias con hijos en Alemania.

Además, en los países más pobres, particularmente en África, pero también en amplias zonas de Asia y Latinoamérica, la creciente globalización, por un lado, y las medidas de ajuste económico impuestas por el FMI, por otro, habían generado retrocesos considerables en la calidad de vida de las mujeres. Sus puestos de trabajo habían desaparecido, su acceso a posibilidades de educación y formación profesional se veía obstaculizado permanentemente, y buena parte de los trabajos que desempeñaban, hasta un 75 por ciento, no estaban retribuidos. Las mujeres cargaban a menudo con pesados trabajos físicos y con la tarea de alimentar a sus familias, mientras sus maridos emigraban a las ciudades o al extranjero en busca de trabajo. Además, en sociedades de fuerte tradición patriarcal las crisis económicas y la escasez penalizaban sobre todo a las mujeres. Estas, en buena parte campesinas, seguían sin tener derecho a poseer tierras o a arrendarlas. La reducción de subsidios o prestaciones por parte del Estado en ámbitos como la sanidad o la educación empeoraba aún más su situación.

Las reivindicaciones feministas en los países en vías de desarrollo no solo se centraban, por tanto, en la liberación personal o sexual, sino que vincularon su causa a la lucha contra el atraso socioeconómico. Aunque en varios países, como la India, sus movimientos y organizaciones tendían a subordinarse a las prioridades establecidas por los movimientos de liberación nacional, también se registraron críticas frontales al patriarcalismo de las sociedades tradicionales. Una de las principales líderes feministas egipcias, la médica y escritora Nawal el Saadawi, causó gran revuelo con su libro Las mujeres y el sexo en 1972, donde denunciaba la práctica de la ablación genital en las zonas rurales del país, y consideraba a la religión como un agente opresor de la mujer, particularmente en las sociedades musulmanas. El Saadawi marcó la pauta que seguirían las estrategias feministas en el Tercer Mundo: el énfasis en situaciones concretas, dependientes de contextos culturales específicos, y su relación con cuestiones étnicas y de clase, presentando sus objetivos de forma integrada con reivindicaciones sociales y culturales, desde el indigenismo a la lucha contra la pervivencia del sistema de castas o contra el apartheid sudafricano… Las feministas en Kenia se integraron así en las comunidades rurales y se ocuparon de la solución de los problemas de las mujeres para compatibilizar cuidado de los niños, búsqueda de alimentos y lucha contra la pobreza. En buena parte de Latinoamérica, las feministas desarrollaron su actividad de forma conjunta con los sindicatos, y se centraron en la mejora de las condiciones de trabajo extradoméstico, exigiendo mejores sueldos y menores jornadas de trabajo, así como una profundización de los derechos de participación política de la mujer.

Con todo, a finales del siglo XX, en numerosos Estados africanos y asiáticos persistían restricciones en sus legislaciones civiles para el disfrute de los derechos de propiedad de las mujeres, y solo desde la Conferencia de Pekín de 1995 países como Bolivia, Malasia, Nepal, la República Dominicana, Uganda o Tanzania promulgaron leyes que corregían la discriminación vigente. En Mongolia, hubo que esperar a 1999 para que su Código Civil y de Familia reconociese la igualdad de los derechos de la mujer a heredar, explotar la tierra o poseer ganado. Por las mismas fechas, la República de Armenia adoptó una legislación similar. Pero también en países europeos, como Albania, hasta 1998 no se recogió la igualdad entre hombres y mujeres en su Constitución.

De esas diferencias de enfoque también surgían a menudo agrias disputas en los foros internacionales acerca de cuestiones como la mutilación sexual femenina en varios países de África y Oriente Medio, y la forma de abordarla. El movimiento feminista occidental, desde la publicación en 1979 del Informe Hosken, estableció la erradicación de esa práctica inhumana como un objetivo fundamental a escala mundial. Empero, las feministas de países islámicos y africanos, aun compartiendo la condena, eran de la opinión de que el enfoque de la lacra de la ablación por parte occidental dejaba de lado importantes cuestiones de fondo, como la explotación económica de las mujeres en el Tercer Mundo por el neocolonialismo, y reflejaba un sentimiento de superioridad occidental frente a las culturas musulmanas o africanas, vistas de forma indiferenciada como atrasadas y propensas a la barbarie. Si la distinción de sexos era una construcción social de las diferencias biológicas, sus modalidades dependían de los contextos sociales y culturales en que se formulaban; y, por tanto, las soluciones también debían ser distintas. La concepción occidental de la situación de la mujer en el Tercer Mundo reflejaría, según la socióloga y teórica india de las relaciones de género Chandra Mohanty, una representación tardía del otro de origen colonial.

Como efecto colateral de esa percepción diferenciada, se pueden recordar las controversias acerca de la práctica del uso del velo por las mujeres en los países musulmanes, en diferentes formas y variantes (desde el burka, que cubre todo el cuerpo incluida la cara, hasta el hiyab o el chador, que dejan la cara descubierta, o el nicab, que cubre el rostro). Era una práctica propia de muchas sociedades tradicionales, también cristianas, y que en parte fue reactivada desde los años setenta en varias sociedades de mayoría musulmana. Mientras buena parte de la opinión pública occidental consideraba el velo un símbolo de opresión masculina, y una forma de someter a la mujer a una humillación en el espacio público, muchas feministas musulmanas defendían el uso opcional y voluntario del velo, a menudo contemplado como una tradición cultural no necesariamente ligada a un significado religioso, y situaban la práctica en su contexto social específico. Para numerosas mujeres musulmanas, la vuelta al velo supondría simplemente una reafirmación de su identidad cultural frente al influjo occidental, y era compatible con la adopción de la modernidad, su libertad personal y sexual y su plena integración sociolaboral.

La polémica alcanzó gran relevancia mediática en Francia desde 1989, cuando tres alumnas de origen inmigrante en una escuela secundaria de la periferia parisina fueron expulsadas por negarse a dejar de cubrirse la cabeza. La reacción de la comunidad inmigrante musulmana, y de destacados intelectuales de izquierda, obligó al Gobierno de Mitterrand a dar marcha atrás. No obstante, los términos de la discusión estaban sobre la mesa: ¿Debían aceptarse, al menos, algunos de los tipos de velo tradicional como manifestaciones culturales, y tolerarse siempre que su uso fuese voluntario? ¿O debía prevalecer el principio republicano de igualdad de hombres y mujeres, y por tanto de no discriminación simbólica en la esfera pública? El debate se vinculaba así al dilema entre pluralismo cultural y asimilación de los inmigrantes, por un lado, y a la afirmación de los derechos individuales, por otro. Como cualquier símbolo, el velo estaba sujeto a interpretaciones muy divergentes. Si se imponía por decreto, como sucedía con los talibanes en Afganistán, la práctica devenía en símbolo de opresión femenina. Si se prohibía por decreto, su uso podía transformarse en un símbolo de libertad y afirmación cultural.

6

¿EN PAZ CON EL PLANETA?

HOMBRE Y MEDIO AMBIENTE DESDE 1945

En términos geológicos, la humanidad ha aparecido en el planeta en el Holoceno del período cuaternario de la Era cenozoica, que tendría comienzo hace unos doce mil años, después de la última glaciación. Es una fase caracterizada por la estabilidad climática interglacial.

En el año 2000, el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera Paul Crutzen propuso un nuevo término para sustituir al de Holoceno: Antropoceno. Su etimología trasluce su significado: la acción del hombre sobre el medio ambiente se habría intensificado de tal manera, en especial su influencia sobre la composición de la atmósfera, que habría dado lugar a una nueva era geológica. Para Crutzen y sus colegas, esa era dataría desde el comienzo de la Revolución industrial en el último tercio del siglo XVIII, cuando el uso de los combustibles fósiles se convirtió en un elemento integral de la economía. Para otros autores, se retrotraería al Neolítico y el principio de la agricultura. El carbón superó como fuente de energía a la biomasa vegetal en 1890. A él se añadió desde 1910 el petróleo, y más tarde el gas natural. El exponencial crecimiento de la población mundial, que alcanzó los 5400 millones de personas en 1994, y los 7000 millones en 2011, añadiría una mayor presión sobre la biosfera. Ninguna especie viva ha experimentado jamás un crecimiento semejante.

El nuevo término no ha sido aceptado todavía por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Para varios especialistas, es un período muy corto en términos geológicos, cuya evolución es incierta. Sin embargo, la controversia desencadenada por Crutzen traducía la nueva conciencia suscitada a fines del siglo XX entre amplios sectores del mundo científico y de la opinión pública internacional por el deterioro progresivo del medio ambiente, el carácter irreversible de los cambios operados sobre el clima, y las imprevisibles consecuencias que eso podría tener sobre la habitabilidad del planeta.

No se trataba de una preocupación nueva en esencia, pero sí en sus dimensiones. Ya desde fines del XVIII los críticos de la Revolución industrial condenaban las negativas consecuencias sobre la salubridad de las áreas industriales que generaban los residuos industriales, e identificaban la conservación de la naturaleza con la preservación de un orden social y de valores tradicional. Pero los partidarios del progreso industrial y de la evolución social, incluyendo a los partidarios de la conversión de la sociedad capitalista en una sociedad sin clases, abogaban igualmente por la transformación del medio ambiente: una naturaleza «salvaje» debía ser domesticada por la acción civilizadora del hombre. La vida de las personas no debía depender de epidemias, sequías o catástrofes naturales que en parte eran evitables. Bosques impenetrables debían ser talados, áreas pantanosas desecadas, eliminadas como fuentes de paludismo y ganadas para la agricultura, había que hacer navegables los cauces de los ríos y construir canales… Las modernas vías de comunicación debían convertirse en partes integrantes del paisaje.

LA BOMBA DEMOGRÁFICA

El término «bomba demográfica» fue acuñado por el biólogo norteamericano Paul R. Ehrlich en 1968, en un libro sensacionalista que predecía que el acelerado crecimiento de la población mundial causaría a medio plazo una presión insoportable sobre los recursos disponibles y sobre el medio ambiente, en especial sobre las reservas de agua, por lo que auguraba una era de catástrofes políticas. A pesar de que sus predicciones no se cumplieron, y que fueron criticadas por demógrafos y economistas como Amartya Senn, Ehrlich no estaba equivocado en la afirmación principal: el crecimiento de la población mundial en la segunda mitad del siglo XX es un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad, y ha planteado nuevos desafíos. Las predicciones del Club de Roma —fundado a fines de los sesenta a iniciativa de un industrial italiano—, promotor del informe Los límites del crecimiento en 1972, y exponentes de una postura neomalthusiana (la población experimenta una progresión geométrica, y los recursos solo aritmética, por lo que el desequilibrio entre una y otros será inevitable), llegaban a conclusiones semejantes. Si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variaciones, en un plazo de cien años se alcanzaría el límite absoluto de crecimiento en el planeta.

Tras las grandes pérdidas demográficas de la II Guerra Mundial —60 millones de muertos, concentrados sobre todo en China, la URSS, Japón, Polonia, Alemania y Yugoslavia—, tuvo lugar en varias partes del planeta un baby boom, un aumento exponencial del número de nacimientos. La drástica disminución de la mortalidad infantil y la progresiva elevación de la esperanza de vida, consecuencia de la mejora general de la atención sanitaria en buena parte del mundo y los avances de la medicina, contribuyeron a que la población mundial se triplicase entre 1945 y 2010, pasando de 2300 a 6900 millones de personas.

El crecimiento demográfico se intensificó, alcanzando porcentajes de más del uno por ciento anual. Si hasta 1945 la población mundial aumentaba al ritmo de 20 millones de habitantes por año, a principios de los setenta había subido a 75 millones, y a fines de los ochenta se situaba en 89 millones por año. Las tasas de crecimiento anual se han moderado desde entonces, por efecto del incremento del Bienestar de amplias partes del planeta, y la creciente urbanización, que ha tenido como consecuencia un descenso de la natalidad (del 37 por mil en 1950 al 20 por mil en 2010). Pero el paralelo descenso de las tasas de mortalidad (del 20 por mil mundial en 1945 al 8,4 por mil en 2010) compensó en buena medida la disminución de nacimientos. Y la esperanza media de vida conoció un aumento paralelo. Las personas pertenecientes a los sectores más pobres de la población mundial durante la segunda mitad del siglo XX vivían, por término medio, veinte años más que sus antepasados un siglo antes. Las excepciones fueron la disminución de la esperanza de vida masculina en la URSS desde 1975, por efecto del generalizado alcoholismo, y la irrupción del sida en África en los años ochenta y noventa.

TABLA 1: Tasas de crecimiento demográfico mundial, 1950-2010 (en %)

FUENTE: United Nations Population Division.

Sin embargo, la profecía de un planeta superpoblado no ha visto confirmadas sus predicciones, ya que los recursos también han aumentado de forma constante. Tampoco se ha cumplido el miedo casi milenarista a la aparición de nuevas epidemias de enfermedades incurables, cuya rápida difusión se vería facilitada por los vuelos intercontinentales, los intercambios comerciales, las migraciones y el turismo de masas.

Ciertamente, una vez superado el miedo al sida —enfermedad incurable, pero controlable— en las sociedades del capitalismo avanzado a principios del siglo XXI, de forma periódica surgieron alarmas globales por nuevas enfermedades. Su aparición tenía que ver, en algunos casos, con negligencias y deficiencias en los sistemas sanitarios, como la hepatitis C, que afecta a unos 170 millones de personas en todo el mundo, debido a las transfusiones de sangre contaminada, utilización de instrumental médico no esterilizado o consumo de drogas por vía intravenosa. En otros casos, se trataba del salto al hombre de enfermedades animales, como la encefalopatía espongiforme bovina o «mal de las vacas locas», como resultado del consumo de carne contaminada procedente de animales infectados por consumir piensos que, a su vez, incluían restos animales triturados.

La dolencia causó una gran alarma social, aunque su incidencia ha sido mínima hasta ahora. Pero simbolizaba los males que podía suponer el traspasar las barreras de las especies por la intervención humana, al alimentar animales herbívoros con desechos de carne. Lo mismo ocurrió con la peste aviar, procedente del Sudeste asiático y extendida a Rusia, Turquía, Bulgaria y Rumanía. Finalmente, algunas enfermedades provocadas por virus desconocidos, o mutaciones más mortíferas de virus que se consideraban controlados, han provocado alarmas periódicas en el mundo desde fines del siglo XX, desde la neumonía atípica detectada en 2002, con origen en China y propagada a varios países, y la pandemia de gripe A en 2009, hasta el grave rebrote del virus del ébola, detectado en 1976, y extendido a lo largo de 2014 por varias zonas de África.

Se demostraba así que el hombre no es capaz todavía de controlar totalmente la naturaleza, a pesar de todos los avances tecnológicos y sanitarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había identificado en 2007 más de un millar de epidemias a lo largo de los cinco años anteriores, y registraba la aparición de cuarenta enfermedades nuevas, varias de ellas sin curación conocida. Ni siquiera los considerables avances en el diagnóstico y tratamiento de los diversos tipos de cáncer, la gran dolencia aún incurable del siglo XX, han conseguido eliminarlo como una de las primeras causas de mortandad en los países desarrollados.

El control de los nacimientos y el freno al peligro de superpoblación se convirtió en una prioridad política para algunos países asiáticos. En la India se adoptaron medidas de control de natalidad desde 1952, cuya eficacia fue menor de la planificada —se fomentaba la esterilización de parejas con tres hijos— por las masivas protestas sociales. La tasa bajó del 43 por mil en 1950-1955 al 21 por mil en 2010. La República Popular China mantuvo durante sus primeros diez años de existencia una agresiva política de fomento de la natalidad, con el objetivo de reforzar su poder mundial y preparar el país para una inevitable tercera guerra mundial. A partir de 1970, sin embargo, la política de natalidad china mudó de orientación. Primero se fomentó la distribución gratuita de contraceptivos, y desde 1979 se aplicó de forma autoritaria la política del hijo único. Las parejas que se negasen se exponían a perder su vivienda, trabajo y opciones educativas. Mientras que en las ciudades la imposición de las directrices fue relativamente sencilla, no fue así en las zonas rurales, donde se registraron frecuentes protestas. La ley contemplaba también excepciones para algunas minorías étnicas.

La combinación de medidas coercitivas y de crecimiento económico tuvo sus frutos: la tasa de natalidad en China bajó del 44 por mil en 1970 al 14 por mil en 2010, lo que repercutió favorablemente en el «milagro económico» chino. Otros países asiáticos (Malasia, Singapur y Corea del Sur) intentaron también aplicar medidas menos drásticas de reducción de la natalidad, con éxitos limitados.

Por el contrario, en Europa occidental se registraba la tendencia contraria: la caída de los nacimientos llevaba a adoptar políticas de fomento de la natalidad, mediante la ampliación de descuentos fiscales a parejas con hijos y la provisión de facilidades a las mujeres para que compatibilizasen maternidad y actividad laboral, con éxito limitado en la mayoría de los países.

MIGRACIONES, URBANIZACIÓN Y BALSAS DE PLÁSTICO

Las migraciones, sobre todo las interiores reflejadas en el éxodo rural, también han generado consecuencias medioambientales. Algunas han contribuido a la desertización de áreas enteras: la concentración de población en el «cinturón solar» norteamericano, desde Las Vegas hasta San Antonio (Texas), multiplicó la demanda de agua para consumo humano y para mantener las instalaciones de aire acondicionado. Lo mismo ocurrió en China desde la Revolución Cultural, cuando millones de habitantes pertenecientes a la etnia mayoritaria Han fueron trasladados a las provincias autónomas de Sinkiang, en el noroeste, y Tíbet, para disminuir el peso de las minorías étnicas (uigures y tibetanos), provocando la desertificación y el retroceso galopante de los lagos de la primera región, y la alteración del ecosistema de montaña tibetano. La conversión, entre 1970 y 2010, de casi el 20 por ciento de las zonas boscosas del Amazonas brasileño en tierras de cultivo y pastos para el ganado, con el objetivo de reasentar población excedente de las ciudades como campesinos, y en particular para plantar soja desde principios del siglo XXI, reviste consecuencias ecológicas globales.

La destrucción de la selva avanzó a un ritmo aún mayor en Indonesia. Desde la independencia en 1949, el Gobierno programó la reubicación de millones de habitantes de la superpoblada isla de Java en varios cientos de las seis mil islas habitadas del país. Su objetivo era disminuir la pobreza de Java, extender métodos de cultivo a otras islas y poblar con miembros de la etnia mayoritaria zonas donde predominaban minorías étnicas poco leales al Gobierno de Yakarta. La presión adicional que los nuevos colonos, de los que muchos retornaron a Java tras 1990, ejercieron sobre las islas, roturando constantemente bosques para ganar tierras de cultivo poco fértiles, provocó una brutal disminución de la vegetación y la biodiversidad en el archipiélago indonesio.

El éxodo rural provocó en la segunda mitad del siglo XX un espectacular incremento de la población urbana, de modo particular en los países en desarrollo de Asia, África y América Latina, donde el índice de crecimiento de las ciudades fue más del doble del registrado en los países desarrollados, y entre 1975 y el 2000 cuatro veces superior. Entre 1950 y 2003, el porcentaje de habitantes que vivían en ciudades ascendió en esos países del 18 al 42 por ciento, lo que suponía un total de 2200 millones de personas.

El masivo aumento de población urbana resucitó muchos de los problemas conocidos en Europa en el siglo XIX, y aun en algunas ciudades de la Europa mediterránea entre 1950 y 1970, pero asumió unas proporciones gigantescas en los países en vías de desarrollo, cuya falta de recursos y frecuente corrupción agravaban los problemas. Por ejemplo, la capital de Bangladés, Daca, pasó de 400 000 habitantes en 1950 a trece millones en 2007. La falta de agua corriente, de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y de electricidad, así como de alojamientos a precio asequible, provocó la aparición de cinturones de barrios degradados, de chabolas y construcciones provisionales. En ellos vivía alrededor de un tercio de la población urbana total de los países en vías de desarrollo. En algunas ciudades, como Bombay, más de la mitad de los habitantes vivían en esos barrios, y cerca de medio millón dormían en la calle. En esas áreas proliferaron las enfermedades, no tanto infecciosas como crónicas, los parásitos y de modo ocasional las epidemias. Hacia fines del siglo XX, muchos de esos cinturones pobres habían conseguido asentar ciertas comodidades informales: viviendas de ladrillo, piedra o chapa, electricidad (a veces pirateada), a menudo canalizaciones de agua instaladas por alcaldes comprometidos, caso de Ali Sadikin en Yakarta durante los años setenta, o de Recep T. Erdogan entre 1994 y 1998 en Estambul.

La contaminación del aire, un fenómeno que afectaba también a las ciudades europeas y norteamericanas, se convirtió en un problema crónico en decenas de megalópolis de los países en vías de desarrollo desde 1950, y alcanzó a fines del siglo XX rasgos casi catastróficos en algunas ciudades chinas, como XI’an o Wuhan, además de México D. F. o Bogotá. La motorización del transporte, y la «suburbanización», la extensión de barrios a la periferia antes rural, multiplicaron las emisiones de vehículos. A ello se sumó la generación masiva de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, en particular vidrios y plásticos, de vida casi ilimitada y sin reciclaje natural.

La planificación urbana se planteó nuevos desafíos desde los años setenta. Por un lado, la edificación de ciudades verdes. En ellas, el consumo y producción de energía se regiría progresivamente por la cogeneración, la obtención simultánea de energía eléctrica y térmica útil (vapor, agua caliente y, en muchos casos, frío); se construirían espacios verdes; se controlarían las emisiones reduciendo la circulación de automóviles mediante la reforma y ampliación del transporte público, que progresivamente utilizaría tecnologías limpias (la recuperación del tranvía en Zúrich desde los años setenta fue un ejemplo); se fomentaría la utilización de bicicletas, y se reciclarían los residuos de forma racional, empezando por la separación de basuras. Si las ciudades de Europa nórdica y central fueron emblemáticas en ese proceso, también algunas ciudades de los países emergentes, como Curitiba, jugaron un papel pionero.

La proliferación de nuevas sustancias sintéticas, gracias al desarrollo de la industria química, en la segunda mitad del siglo XX no estuvo acompañada en un principio de la conciencia de las consecuencias que su uso podía acarrear para el medio ambiente. Pesticidas, aceites lubricantes, aerosoles y otros materiales se lanzaban al mercado sin más requisitos. Solo desde los años sesenta empezaron a implantarse controles de toxicidad y de impacto sobre el medio ambiente. Los polímeros sintéticos industriales (plásticos) experimentaron una enorme expansión desde la década de 1950, particularmente en el sector de los bienes de consumo. A principios del siglo XXI, la producción de plástico mundial multiplicaba entre 75 y 125 veces el nivel de 1950. Los desechos de plástico iban a parar al océano o se acumulaban en los basureros en tierra firme: un 10 por ciento de la basura global a fines del siglo XX estaba integrada por materiales plásticos.

Al principio, el plástico fue equiparado al progreso: ligero, barato y maleable en sus aplicaciones, resistente y duradero. La acumulación de residuos creció exponencialmente, y empezó a provocar la alarma mundial cuando el explorador noruego Thor Heyerdahl comparó en 1971 el océano Atlántico con un gigantesco vertedero de plástico, tras haberlo cruzado en un bote de papiro. Pocos años después, investigadores norteamericanos confirmaban sus observaciones. Los restos de plástico se han introducido incluso en la cadena alimentaria de muchas especies marinas. Algunas balsas de desechos plásticos surcan los océanos en formaciones compactas de cientos de kilómetros cuadrados, como la «isla de basura» existente en el Pacífico Norte, y la más reducida del Atlántico Norte, a las que se suman otras en los distintos mares.

Desde entonces, y también gracias a la presión del movimiento ecologista en la esfera política y publicística, ha aumentado la concienciación mundial sobre el problema del reciclaje del plástico. La adopción de una política medioambiental por parte de los Estados desarrollados y países en vías de desarrollo desde principios de los años setenta, a partir del ejemplo de la Agencia de Protección Medioambiental norteamericana (1970), y la profusión subsiguiente de medidas reguladoras para el control de residuos, la limitación de emisiones y un largo etcétera, contribuyó decisivamente a ello. Así se ha generado a fines del siglo XX una «cultura medioambiental» global, extendida a buena parte de los países del mundo, que ha calado hondo entre diversos sectores sociales, desde las activistas keniatas que en los ochenta procedieron por propia iniciativa a reforestar zonas de sabana, hasta los hogares europeos de clase media donde se evita gastar más agua de la debida. En los países desarrollados, y con más lentitud en los emergentes, se han introducido así desde los años setenta programas de reciclaje de la basura de plástico y de vidrio, además de la orgánica, que han sufrido una separación previa. No menos importante ha sido que de la ecología también han surgido iniciativas empresariales centradas en la producción de bienes de consumo reciclables y «limpios», la gestión de residuos o la protección de la biodiversidad.

COMBUSTIBLES FÓSILES Y ENERGÍA

El aumento del uso de combustibles fósiles en el siglo XX, que pasó de suponer la mitad del consumo de energía mundial en 1900 al 80 por ciento en el 2010, añadió un nuevo elemento. No solamente se generaban residuos sólidos, sino que también se producían residuos gaseosos, en forma de dióxido de carbono (CO₂), que contaminaban la atmósfera. Sin embargo, el anhelo de fomentar la industria pesada se extendió por varias áreas de Europa y América, con prolongaciones desde los años cincuenta a China y otras partes del continente asiático, y con ella la generación de residuos sólidos, líquidos y gaseosos cuyo reciclaje era o imposible o defectuoso. De ese modo, los costes energéticos del crecimiento se disparaban y se generalizaban a casi todo el planeta.

En 1945, el mundo se hallaba en la era de los combustibles fósiles. No obstante, miles de millones de personas todavía no los utilizaban como fuente de energía. La población mundial se triplicó, y la población urbana pasó de 700 millones a 3500 millones. Entre 1945 y 2010 se generó el 75 por ciento del dióxido de carbono producido por el hombre en la atmósfera. En el mismo período, el número de vehículos a motor aumentó de 40 a 800 millones. En la segunda mitad del siglo XX, el consumo de energía se quintuplicó respecto a la primera mitad, y su ritmo de crecimiento solo se moderó por causa de las crisis del petróleo de 1973 y 1979.

En 1965, el petróleo superó al carbón como principal fuente de energía, manteniendo su primacía hasta la actualidad, pese a la fuerte irrupción del gas natural desde fines del siglo XX, un combustible fósil más limpio (un 30 por ciento menos de emisiones) que aquel. En el año 2009 el petróleo suponía un 35 por ciento de la energía mundial, el carbón un 29 por ciento, el gas natural un 24 por ciento, un 6 por ciento era de origen hidroeléctrico, y la energía atómica suponía un 5 por ciento. Se calcula que existe todavía en el subsuelo el equivalente a siete mil millones de barriles de petróleo, casi tres veces más de lo que se ha utilizado hasta la fecha.

Las cifras globales ocultan las grandes desigualdades territoriales en el consumo de energía. A principios del siglo XXI, un norteamericano medio consumía siete veces más energía que un mozambiqueño. Fuera de Europa y los EE. UU., las necesidades energéticas del resto del mundo eran escasas. Los principales cambios entre 1965 y 2009 se han producido en China, donde el consumo energético se multiplicó por doce, y en segundo lugar en la India, donde se multiplicó por nueve. El consumo en los EE. UU. se incrementó en un 70 por ciento, pero pasó de suponer más de un tercio del consumo mundial a ser un quinto del mismo. En 2010, China se convirtió en el mayor consumidor mundial de energía, si bien todavía no per cápita.

TABLA 2: Consumo de energía anual, 1965-2009 (en millones de toneladas equivalentes de petróleo)

FUENTE: BP Statistical Report of World Energy, junio de 2010.

La extracción de carbón y gas tenía consecuencias ecológicas importantes para las regiones productoras ya desde el siglo XIX: la contaminación de aguas subterráneas, las emisiones de metano, la acumulación de residuos sólidos o la inestabilidad del subsuelo eran algunas de ellas. Si buena parte de las minas de carbón activas en la primera mitad del siglo XX, al menos en los EE. UU. y Europa, se cerraron en su último tercio una vez que dejaron de ser rentables, la extracción de petróleo se intensificó desde la crisis de 1973, en busca de nuevos yacimientos en las regiones árticas, en alta mar, en el delta del Níger o en la selva amazónica de Ecuador. En 2005 había 40 000 pozos petrolíferos en el mundo. Entre 1980 y el fin del milenio se vertieron de modo accidental durante el proceso de producción y transporte hasta 30 millones de toneladas de crudo por año, de ellas un 40 por ciento en Rusia. Las prospecciones marinas también dejan grandes balsas de crudo en el mar. Y los esporádicos naufragios de grandes petroleros causan mareas negras de gran impacto medioambiental en el corto y medio plazo, como mostraron los casos del Exxon Valdez (1989) en Alaska, o del Prestige (2002) frente a las costas de Galicia, entre otros ejemplos. Otros vertidos tuvieron lugar por roturas de oleoductos, como ocurrió en repetidas ocasiones en Rusia, o en 1998 en el delta del Níger.

Manifestación en Santiago de Compostela contra el desastre del Prestige, diciembre de 2002.

X. Rey/EFE.

A pesar del carácter espectacular de los derrames de petróleo y de las mareas negras, su impacto medioambiental a medio y largo plazo, y su efecto nocivo sobre la salud de millones de personas, es muy inferior al producido por la contaminación atmosférica que genera el uso diario de combustibles fósiles. Las centrales térmicas liberan a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono y cantidades menores de plomo, arsénico y mercurio, además de cenizas y hollín. Con todo, su incidencia contaminante, al menos en Europa y los EE. UU., se ha reducido desde 1970 gracias a la implantación de técnicas más respetuosas con el medio ambiente.

La contaminación urbana, provocada por la combustión de carbón, ya era un problema de algunas ciudades europeas antes de 1945. El problema se agravó en la segunda mitad del siglo XX. Ya en diciembre de 1952 el smog, una densa neblina tóxica, se mantuvo durante dos semanas en Londres y fue causante directo de doce mil muertes. El petróleo emite menos contaminantes al quemarse, pero el incremento exponencial del parque automovilístico en la posguerra llevó a la generación acumulativa de smog fotoquímico, particularmente en grandes ciudades soleadas, con escaso movimiento de aire y clima cálido, como Los Ángeles —donde se observó el fenómeno por primera vez en los años cuarenta—, México D. F. —en la que se pasó de cien mil vehículos en 1950 a cuatro millones en los años noventa—, Atenas o Teherán. La polución causaba en los años noventa entre seis y doce mil muertos al año en la capital mexicana. En Europa occidental fallecían a principios del siglo XXI tantas personas por causa de la polución como por accidentes de tráfico, y en China mueren por el mismo motivo medio millón de personas al año. A pesar de la disminución de las emisiones por la introducción de filtros en los tubos de escape, la restricción de la circulación viaria en las grandes ciudades y otras medidas, en 2002 se evaluaba el número de muertes provocadas directamente por la contaminación atmosférica en todo el mundo en 800 000 al año. Y desde 1950, aquella se habría cobrado tantas víctimas como todas las guerras habidas en el planeta en la segunda mitad del siglo XX.

Se trata, además, de un fenómeno global: la dispersión de sustancias tóxicas en la atmósfera se extiende a otros países y a otros continentes. Canadá recibió la lluvia ácida generada por las emisiones norteamericanas, y Escandinavia la provocada por las centrales térmicas alemanas y británicas.

Además de los efectos sobre la salud humana, las emisiones de dióxido de carbono y otros componentes químicos, como el azufre, han provocado la acidificación (es decir, la disminución del pH o índice de acidez) del suelo y los océanos, debido a la absorción desde la atmósfera de dióxido de carbono. El fenómeno se ha decuplicado desde 1970, dando lugar a la lluvia ácida y a la contaminación de ecosistemas de agua dulce y bosques, provocando la desaparición de especies enteras. A fines del siglo XX, este tipo de contaminación se concentraba sobre todo en Europa central y nórdica, la costa este de los EE. UU. y la China meridional y suroriental, donde la lluvia ácida se agravó de modo exponencial en los años finales del siglo XX.

En varios países europeos ha sido posible rebajar de forma significativa las emisiones contaminantes a partir de 1970. A eso contribuyeron tres factores: los avances tecnológicos que disminuían el impacto de los combustibles fósiles, la sustitución del carbón doméstico por el gas y el fuel, y la desindustrialización en beneficio de la terciarización de la economía. En ciudades como Copenhague se redujo desde principios de los setenta la concentración de dióxido de azufre en el aire en un 90 por ciento. En Glasgow las emisiones de hollín bajaron casi a cero. Japón, hasta 1960 un país fuertemente contaminante, disminuyó las emisiones de dióxido de azufre en varias de sus ciudades en más de un 90 por ciento. En cambio, en Europa oriental las medidas de control de la contaminación ambiental solo empezaron a introducirse a partir de 1990. Y China se ha planteado la cuestión casi veinte años más tarde.

La abundancia de energía relativamente barata a partir de los combustibles fósiles ha llevado a importantes transformaciones medioambientales. La mecanización de algunas labores también ha introducido cambios relevantes los regímenes de explotación agrícola y forestal. La extensión del uso del tractor modificó profundamente la agricultura norteamericana, europea y asiática, y en mucha menor medida la africana: mientras en Asia existen cinco millones de tractores, su número en toda África es de doscientos mil. También se utiliza petróleo y gas para la elaboración de abonos y pesticidas. El perfeccionamiento de las técnicas de tala mediante el uso de máquinas permitió la deforestación de amplias zonas boscosas, lo que tiene a su vez un gran impacto en la atmósfera. En particular, la disminución de las selvas tropicales de América Central y del Sur, la mayor reserva de masa forestal del planeta, ha avanzado a un ritmo vertiginoso en la primera década del siglo XXI. Tanto la demanda de madera como la presión demográfica han actuado de fuerza motriz de ese proceso. En países como Guatemala, Papúa-Nueva Guinea o Costa de Marfil se extendieron las tierras de cultivo en detrimento de los bosques. En otros se intentó, por el contrario, ganar zonas semidesérticas para el cultivo.

EMBALSAR EL PROGRESO

La energía hidroeléctrica generada a través de la modificación del curso de los ríos mediante grandes presas y embalses tiene precedentes desde 1890. A partir de ese año, surgieron cientos de pequeñas plantas hidroeléctricas en los EE. UU. y Europa, y desde 1930 la Administración Roosevelt fue pionera en impulsar la construcción de grandes embalses, ejemplo que siguió la URSS poco después. Además de su eficacia productiva y de no generar gases contaminantes ni residuos, las grandes presas se erigieron como símbolo de modernidad y de dominio del hombre sobre la Naturaleza, solo al alcance de Estados fuertes y dinámicos. Los ingenieros consideraban que los embalses eran una solución ideal: el agua casi nunca faltaba, y en ellos se podía además practicar la pesca, crear balnearios o enclaves turísticos, y desviar reservas para regadíos.

El ejemplo sería seguido en la posguerra por los líderes de los nuevos países independientes de África y Asia: Nehru se refería a los embalses como los «templos de la India moderna». La multiplicación de grandes ingenios hidroeléctricos alcanzó su máximo en la década de 1970, cuando en la mayoría de los países industrializados se habían construido presas en los lugares más adecuados (cursos fluviales de media montaña). Los embalses ocupan en la actualidad una superficie equivalente al doble de Italia.

La construcción de grandes presas se cobraba a menudo, como víctimas colaterales, valiosos yacimientos arqueológicos, que en algunos casos, como en las tumbas y templos faraónicos afectados por la presa de Asuán (Egipto), fueron rescatados y trasladados en grandes acciones internacionales. También provocaron la extinción de especies piscícolas, y la acumulación de residuos transportados por los ríos en los muros de las presas. En otros casos, su impacto paisajístico afectaba al turismo, caso de la gran presa de Iguazú en Brasil, inaugurada en 1982. Y el lago Volta, en Ghana, equivale al 3 por ciento del territorio nacional, ocupando una superficie semejante a la isla de Chipre.

Los grandes ingenios hidroeléctricos obligaban además a reubicar a los habitantes de pueblos y a veces ciudades enteras. Más de 60 millones de personas han sido obligadas a cambiar de hogar por esa causa hasta hoy. De modo particular, así ha sucedido en la India, donde los grandes proyectos hidroeléctricos constituyeron un ingrediente esencial del programa de modernización del país tras 1947, y provocaron hasta 20 millones de reasentados. En el oeste del país surgieron masivas protestas populares contra la construcción de treinta presas escalonadas en el curso del Narmada, uno de los siete ríos sagrados del hinduismo. Las movilizaciones consiguieron detener las obras hasta finales de la década de 1990 y atrajeron la atención de las organizaciones internacionales. Sin embargo, el proyecto se impuso, provocando la destrucción de importantes yacimientos arqueológicos y el reasentamiento de más de cien mil personas. En China, donde se han localizado la mitad de los nuevos embalses construidos en el mundo tras 1950, entre 1994 y 2009 fueron realojados 1,3 millones de personas en varias ciudades, con el fin de dar término a la mayor obra de ingeniería hidroeléctrica hasta la fecha, el embalse de las Tres Gargantas, en el curso del río Yangtsé. La faraónica presa ahorra a China el consumo de millones de toneladas de carbón y sus efectos contaminantes, pero amenaza el equilibrio ecológico de la zona y erosiona gravemente la biodiversidad del Mar de la China oriental, al faltarle aporte de agua dulce rica en materia orgánica.

Los embalses también entrañaban riesgos más agudos. Las roturas de presas podían provocar grandes inundaciones que afectaban a áreas pobladas. El elenco fue desde la rotura de la presa de Vega de Tera (Zamora), que provocó 144 muertos en el pueblo de Ribadelago (enero de 1959), a la catástrofe de Banqiao, en China meridional, donde la rotura de la presa tras un tifón en 1975 provocó una inundación que ahogó a millares de personas; las epidemias y hambrunas que la siguieron se cobraron 145 000 víctimas adicionales. Además, los pantanos artificiales no siempre eran rentables después de algunos lustros: podían provocar alteraciones sísmicas, presentaban fallos en su construcción y, lo más frecuente, a menudo su fondo se llenaba de cieno por la acumulación de sedimentos, con lo que su efectividad se reducía, algo que por falta de planificación ocurrió con suma frecuencia en China y ha amenazado con colapsar la presa de las Tres Gargantas.

¿ENERGÍA LIMPIA O BOMBA SILENCIOSA?

La energía nuclear, más limpia para la atmósfera y el medio ambiente a pesar de sus riesgos, tiene su acta de nacimiento en Chicago, en diciembre de 1942. Su aplicación inicial por parte de los EE. UU. fue militar, conduciendo a la bomba atómica y la carrera nuclear, como hemos visto. El primer reactor nuclear de uso civil, sin embargo, fue construido por los soviéticos y puesto en funcionamiento cerca de Moscú en 1954. Dos años después se inauguraron los primeros, y mayores, reactores de uso civil en Gran Bretaña y Norteamérica. Muchos científicos pronosticaban que la energía se abarataría hasta límites insospechados, y algunos predecían escenarios futuristas de viajes a Marte por precios irrisorios. Entre 1965 y 1980 se extendió por varios países del mundo el número de reactores nucleares para la producción de energía eléctrica, ascendiendo ese último año al 10 por ciento de la electricidad producida en el mundo, y a un 15 por ciento en 2010. Algunos países sin reservas petrolíferas o de carbón apostaron fuerte por la energía nuclear: Francia o Bélgica obtenían en 2010 más de la mitad de su electricidad de centrales atómicas; en Corea del Sur y Japón la proporción era del 25 por ciento.

Las esperanzas depositadas en el uso civil de la energía nuclear empezaron a ensombrecerse, sin embargo, en la década de 1970, cuando los primeros accidentes y escapes radiactivos alarmaron a la opinión pública mundial. Ya desde 1957 (Mayak, en Rusia, y Windscale, en Gran Bretaña) se habían producido algunos incidentes, que se habían mantenido en secreto, sobre todo en la URSS. Los ensayos nucleares en la atmósfera por parte de los EE. UU., Gran Bretaña (1957) y Francia (desde 1966), que tras el tratado de prohibición de 1963 solo Francia siguió practicando, habían liberado partículas radiactivas cuyos efectos se dejaron sentir en todo el planeta, y especialmente entre los habitantes cercanos a la zona de pruebas, las islas de Polinesia y Micronesia, causando según algunas estimaciones varios miles y quizá hasta dos millones de muertes por cánceres prematuros. Pero el accidente de la central norteamericana de Three Mile Island (Harrisburg, Pensilvania) en 1979 llevó a una investigación oficial, y provocó una profunda mutación en la opinión pública del país. En los EE. UU. y Europa, el desarrollo de los movimientos antinucleares obligó a revisar y reforzar los controles y los protocolos de seguridad, incrementando los costes de explotación.

El accidente nuclear de Chernóbil a fines de abril de 1986 revistió una gravedad mucho mayor: liberó cien veces más radiactividad que las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las nubes radiactivas afectaron a varios países fronterizos y, en cantidades menores, a casi todo el hemisferio norte. De los 830 000 soldados y trabajadores soviéticos movilizados a la fuerza para las labores de reparación y desintoxicación, varias docenas murieron en los días siguientes por efecto de la radiación, y decenas de miles fallecieron por sus efectos en los años siguientes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otras estimaciones han sido mucho más pesimistas. Según un informe de Greenpeace, publicado en 2006, las consecuencias a largo plazo del accidente se manifestarían en la aparición de 270 000 nuevos casos de cáncer, malformaciones congénitas y otras enfermedades. Y más de dos millones de ucranianos sufrirían en su salud las consecuencias de la radiación. Además de ello, 135 000 personas fueron desplazadas de la zona «de exclusión» directamente afectada por el desastre, en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central, donde los efectos aún perdurarán durante dos siglos. Otro accidente, de menor intensidad, en Goiânia (Brasil) contribuyó a globalizar el impacto sobre la opinión pública.

El movimiento ecologista de las décadas de 1970 y 1980 había reaccionado sobre todo contra un miedo muy asociado a la visión del holocausto nuclear: la energía atómica y sus riesgos, silentes pero no inexistentes. La gestión de los residuos radiactivos, depositados en fosas marinas o enterrados en profundidad pero activos durante miles de años, se sumaba a los peligros que se podrían derivar de un accidente en una planta nuclear. Desde entonces, la progresiva eliminación del uso de la energía atómica se ha convertido en uno de los lemas más repetidos por los movimientos ecologistas europeos y americanos.

La catástrofe de Chernóbil coincidió con una caída de los precios mundiales del petróleo, con lo que los argumentos económicos de los defensores de la energía nuclear se vieron debilitados. En los veinte años siguientes, el porcentaje de la electricidad mundial generada por la energía nuclear se mantendría en un 16-17 por ciento. Sin embargo, el trauma de Chernóbil no duró eternamente. El hecho de que se perfeccionasen los controles de seguridad para la prevención de incidentes, y que las plantas nucleares no generasen gases de efecto invernadero, contribuyó a que la opinión pública mundial rebajase su oposición. Poco parecía importar que el problema de la gestión de los residuos radiactivos siguiese sin tener solución definitiva. En Italia, donde en 1987 un referéndum sobre el uso de la energía nuclear arrojó un resultado negativo, se declaró nula tal decisión en 2009. En China, la necesidad creciente de electricidad justificó la construcción de nuevas centrales nucleares. En 2010 existían en 44 países un total de 440 plantas nucleares en funcionamiento, y otras 50 en construcción o en proyecto, concentradas en su mayoría en los países emergentes: China (veinte), Rusia (cinco) y la India (cinco).

El nuevo accidente nuclear de Fukushima, provocado por un fuerte tsunami que asoló la costa nororiental japonesa en marzo de 2011, tuvo un impacto medioambiental menor, y causó menos víctimas que el de Chernóbil. Sus efectos sobre la opinión pública mundial llevaron a que Japón cerrase los 54 reactores nucleares restantes del país, y aceptase un aumento del precio de la energía; Alemania canceló su propósito de retomar la construcción de plantas nucleares y clausuró algunos de los reactores más antiguos; y otros Estados revisaron instalaciones y cancelaron proyectos de nuevas centrales. Solo China se mantuvo pertinaz y concluyó las plantas nucleares en construcción en tiempo récord.

Hasta que los precios del petróleo no experimentaron un brusco ascenso en 1973-1974, y la fe optimista en la energía nuclear se tambaleó en los ochenta, la búsqueda de fuentes de energía renovables, limpias y alternativas se mantuvo bajo mínimos. En los ochenta y noventa del siglo XX se dieron pasos decisivos en la investigación de las posibilidades de extraer energía del viento y del sol, pero también de fuentes alternativas como el etanol, un tipo de alcohol obtenido a partir de biomasa y que puede utilizarse, mezclado con petróleo, como combustible, así como el aprovechamiento del calor del interior de la tierra (energía geotérmica) y del movimiento de las mareas.

En países como Brasil, el etanol comenzó a ser utilizado de forma sistemática como combustible en la década de 1970. La energía eólica, a partir de grandes molinos de viento dotados de turbinas, se empezó a extender desde 1979 en países como Dinamarca (donde un 20 por ciento de la electricidad es de origen eólico), España o Portugal (donde la proporción es de un 10 por ciento), y de modo más lento se ha ampliado desde 2008 a China o los EE. UU. Sus efectos sobre el medio ambiente son casi irrelevantes, pero incluso en costas tradicionalmente ventosas como la danesa es imposible garantizar que el viento sea constante, por lo que es difícil que pueda erigirse en una alternativa global a los combustibles fósiles.

Lo mismo ocurre con la energía solar, acumulada en paneles de células fotovoltaicas, que fue desarrollada sobre todo a partir de finales del siglo XX, con generosas subvenciones, en países como Alemania y, en la actualidad, en China, que aprovecha para ello las amplias superficies desérticas situadas en su región occidental. En el año 2009, el presidente chino anunció el propósito de obtener para 2020 el 15 por ciento de la energía total del país de fuentes renovables, mediante un ambicioso plan cuyo éxito depende en buena medida de su aplicación por las autoridades locales y regionales. Sin embargo, a escala mundial solo un uno por ciento de la energía total se obtiene, por ahora, de fuentes renovables. Algunos proyectos prevén cubrir áreas del desierto del Sahara como fuente de energía eléctrica para Europa. Y existen experiencias de reciclaje de las basuras, mediante su incineración, para producir energía a partir del metano que desprenden.

Del mismo modo, la producción de automóviles eficientes, alimentados por baterías eléctricas recargables, ha experimentado algunos progresos en el ámbito del transporte público urbano, pero todavía no es una alternativa al petróleo.

EL NUEVO DESAFÍO: EL CAMBIO CLIMÁTICO

Dentro de la estabilidad general del clima que caracteriza al Holoceno, algunas fases de la historia han sido más cálidas que otras. Si entre 1550 y 1850 se extendió la «pequeña Edad del Hielo» en el hemisferio norte, desde entonces el planeta ha experimentado un ligero aumento de la temperatura media. De esos ciclos serían responsables la actividad volcánica y las oscilaciones de la radiación solar, y quizá, en una proporción discutible hasta el siglo XIX, la actividad humana.

En el mundo científico existe un consenso casi general en que, desde la Revolución industrial, la tierra se ha recalentado por la intervención del hombre, y que ello tiene graves consecuencias sobre el clima. Bajo las denominaciones de «efecto invernadero», «calentamiento global» o «cambio climático antropogénico», las diversas interpretaciones sitúan las causas del fenómeno en la alteración artificial del ciclo del carbono en la geosfera —el conjunto de la atmósfera, hidrosfera y parte externa de la litosfera—, lo que sucede con una intensidad a largo plazo mayor que las episódicas concentraciones de partículas procedentes de grandes erupciones volcánicas, responsables en varias ocasiones a lo largo de los últimos quinientos años de cortos períodos de enfriamiento. Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), en particular, y de otros componentes utilizados en la industria, aerosoles y otros productos (metano, óxido nitroso, fluorocarbonos, hidrofluorocarbonatos, y otros más, además del vapor de agua, en su mayor parte no generado por el hombre) han incrementado de modo acelerado la concentración de gases de efecto invernadero —el fenómeno por el que determinados gases de la atmósfera terrestre retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar, haciendo posible la vida.

El CO₂ supone por sí solo más de la mitad de ese incremento, que puede tener efectos irreversibles a medio plazo sobre el clima, y por lo tanto sobre la vida en la Tierra. Su concentración en la atmósfera por intervención del hombre tenía hasta la II Guerra Mundial dos causas principales: tres cuartas partes procedían de la quema de combustibles fósiles, y el resto de la deforestación (bien al quemarse las plantas de los bosques, o al descomponerse). Desde la Revolución industrial, las emisiones de CO₂ aumentaron de manera inevitable. Pero desde 1945, el crecimiento se ha acelerado progresivamente. Si en 1945 la concentración de CO₂ en la atmósfera se cifraba en 310 partículas por millón (ppm), en 2010 había aumentado a 385. La cantidad de gases de efecto invernadero se multiplicó por ocho durante ese período. Entre 1850 y 1950, la cantidad de compuestos de carbono emitidos por la actividad humana aumentó de 50 millones a 1200 millones anuales. En 1970, eran ya 4000 millones, que aumentaron a 6000 en 1990, y a 8200 en 2006. En general, entre 1975 y 1996 los países más contaminantes no han sido ni los muy pobres ni los más avanzados. Los primeros, porque se caracterizaban por un menor uso de combustibles fósiles; los segundos, porque a partir de 1980 la progresiva sustitución del carbón por otras fuentes de energía, la desindustrialización y la adopción de medidas de control, así como de ahorro de energía, llevaron a una disminución general. Sin embargo, la emergencia de nuevos países industrializados que todavía recurren de forma masiva al carbón, como China, actuó de contrapeso desde principios del siglo XXI.

Además de ello, la capa de ozono de la estratosfera, que constituye una especie de escudo que protege a la Tierra de la entrada de los rayos ultravioleta, letales en muchos aspectos, ha sufrido un importante adelgazamiento como consecuencia de la emisión de clorofluorocarbonos (CFC), componentes que han constituido la base fundamental de la industria del frío —refrigeración, aire acondicionado, etcétera— y de diversos procesos industriales; son además la base del funcionamiento de los aerosoles. Los CFC también funcionan como gases de efecto invernadero.

La temperatura media del planeta por efecto del calentamiento global se ha incrementado en 0,8 grados centígrados en el último siglo. El ritmo se aceleró de forma sustancial desde 1975. A partir de entonces, cada década ha sido más cálida que la anterior, con una concentración más intensa en los polos, y menos notoria en los trópicos. Los océanos también se han calentado: sus aguas, hasta una profundidad de 3000 metros, han absorbido desde 1950 hasta catorce veces más energía que las masas continentales. Como consecuencia, el nivel del mar se ha incrementado hasta quince centímetros a lo largo del siglo XX; y se ha intensificado el ritmo de fusión de las masas de hielo polares, en particular en Groenlandia y en el Ártico, donde la disminución de la superficie ocupada por el hielo ha alcanzado proporciones alarmantes. El proceso de fusión en la Antártida es menos intenso, aunque en 2009 la rotura de la gigantesca barrera de hielo Wilkins, que liberó al mar una masa helada equivalente a la provincia de Sevilla, causó alarma mundial. Bajo el hielo del Ártico existe una gran cantidad de metano, gas invernadero que al liberarse hacia la atmósfera retroalimenta, además, el cambio climático.

Los «sumideros de carbono» naturales del dióxido de carbono, esto es, el suelo, los bosques, los océanos y las montañas, actúan mediante procesos naturales de «secuestro del carbono», el más importante de los cuales es la fotosíntesis. Los océanos, en particular, absorben buena parte de las emisiones de CO₂ —entre un 25 y un 30 por ciento del total—, pero con ello su acidez ha aumentado, lo que repercute directamente en su biodiversidad. Por otro lado, la capacidad de absorción de CO₂ por los bosques no es ilimitada; pueden producirse mecanismos de retroalimentación que los convierta en emisores adicionales de dióxido de carbono, en vez de absorbentes; y la disminución de masa forestal, en particular de la selva amazónica, amenaza con acelerar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.

Inundación provocada por el desborde de los ríos Ganges y Yamuna, India, agosto de 2014.

Ritesh shukla / Demotix/Corbis/Cordon Press.

Aún más alarmante es la alteración o la desregulación del ciclo hídrico y los cambios en los patrones estacionales de precipitaciones pluviales. Los cambios en la temperatura de la superficie de los océanos y la capacidad del aire para absorber agua parecen estar en la base de la alternancia de sequías y lluvias torrenciales, de inundaciones (como las que asolaron Pakistán en 2010) y desastres naturales. Esas alteraciones amenazan con transformar radicalmente el funcionamiento de varios ecosistemas terrestres, además de causar una mayor incidencia de enfermedades como la malaria o el dengue. Las sequías pueden conducir a serios problemas geopolíticos en África y el área mediterránea, y a largo plazo, según indican algunos estudios estratégicos, ser causa de conflictos bélicos entre Estados por la posesión de agua. Los más pobres y los residentes en zonas rurales serán los más afectados. Entre el 2000 y el 2004, una de cada 1500 personas en los países desarrollados sufrió los efectos de un desastre climático. En los países en vías de desarrollo, la proporción ascendió a una de cada 79 personas.

Un indicador fiel del cambio climático es igualmente la progresiva fusión de los glaciares, cuyo ritmo de retroceso se ha cuadruplicado desde 1996. Además de amenazar la belleza de algunos paisajes naturales, el fenómeno podría tener consecuencias catastróficas en el caso de que, si la temperatura media del planeta continúa aumentando, desapareciesen los glaciares del Himalaya y sus macizos montañosos adyacentes. Eso desecaría, o cuando menos alteraría de manera sustancial, los regímenes fluviales de los varios ríos que atraviesan el subcontinente indio, Indochina y la China (del Ganges al Yangtsé), que proveen de agua corriente y para uso agrícola a dos mil millones de personas.

El cambio climático ya tiene consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas. En 2003, unos 35 000 habitantes del sur de Europa fallecieron por efecto de una ola de calor que agravó dolencias ya presentes e intensificó los efectos de la contaminación. Según la OMS, el cambio climático es causa en el siglo XXI de unas 150 000 muertes por año. Y unos 325 millones de personas se verían gravemente afectadas por el calentamiento global en varias partes del planeta.

CLIMA Y POLÍTICA

Buena parte de los primeros resultados en la detección del cambio climático provenían del esfuerzo investigador desplegado durante la Guerra Fría en el ámbito de las ciencias físicas y naturales. Las mediciones de los niveles de CO₂ en la atmósfera realizadas por Charles Kelling desde 1958 en el volcán hawaiano Mauna Loa —un área con un aire especialmente impoluto—demostraron el fuerte aumento de su concentración. La magnitud del desafío llevó pronto a los científicos a propugnar la necesidad de una acción concertada a escala global, implicándose en ello instituciones internacionales como la ONU.

La primera conferencia mundial sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, puso la cuestión sobre el tapete, al lado de los ensayos nucleares, la caza de ballenas —una de las causas, junto con los sacrificios masivos de bebés foca en el Ártico, que actuó como revulsivo de la conciencia ecológica mundial en los setenta— y la contaminación química. La primera Cumbre Mundial sobre el Clima, que tuvo lugar en Ginebra en 1979, declaró el cambio climático como una amenaza real para el planeta. Y ese mismo año, el presidente de los EE. UU. Jimmy Carter recibió el Informe Charney sobre cambio climático, en el que se analizaban sus consecuencias con notable precisión. Sin embargo, las administraciones republicanas que le sucedieron (Reagan y Bush) se desentendieron de la cuestión.

Nueve años después surgió el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el programa de la ONU para el Medio Ambiente, que presentó cuatro informes, con la colaboración de 600 expertos de cuarenta países, hasta 2007. En ellos analizaban las causas del fenómeno y proponían soluciones pragmáticas y factibles, como impedir que la temperatura media del planeta a fines del siglo XXI no superase en dos grados la registrada durante la época preindustrial. La ONU promovió además la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que entró en vigor en 1994 y ha sido firmada por 192 países miembros, cuyos representantes se reúnen cada año. Sus compromisos, sin embargo, eran poco concretos. Así, estableció metas de reducción de emisiones hasta el año 2000 por parte de los países desarrollados, de cumplimiento voluntario. Ningún país respetó los límites acordados.

La cumbre del clima de Río de Janeiro (1992) supuso un primer paso en la adopción de compromisos concretos en la reducción de emisiones por parte de los países industrializados. Y en 1997, los principales Estados del mundo ratificaron el Protocolo de Kioto, en el que se fijaron metas específicas para reducir emisiones, aunque no incluían problemas como la deforestación, los objetivos eran modestos, y los países en vías de desarrollo eludieron comprometerse con objetivos concretos, a la espera de que los países desarrollados asumiesen el liderazgo, según el principio de «responsabilidades comunes, pero diferenciadas». En parte por ello, el principal país emisor, los EE. UU., no firmó la ratificación del Protocolo, si bien algunas personalidades como el exvicepresidente norteamericano Al Gore asumieron tras el año 2000 un activo protagonismo. Sin embargo, como mostraron las sucesivas cumbres de Bali (2007), Copenhague (2009) y Durban (2011), el Protocolo no se cumplió, convirtiéndose, según algunos autores, en un fracaso sin fin.

La falta de cumplimiento del Protocolo de Kioto traduce la acusada falta de sintonía entre las predicciones científicas y la disposición de los Estados industrializados a adoptar medidas drásticas. En parte se trata de reproches mutuos. Quienes más contaminan en el siglo XXI, como China o la India, consideran que tienen derecho al crecimiento económico, y que deben ser Occidente y los EE. UU. quienes más paguen ahora la factura de la contaminación incontrolada desde los principios de la Revolución industrial. Por tanto, los países emergentes aceptan solo cuotas de reducción voluntarias, y exigen la agilización de la transferencia de tecnologías limpias en el terreno de las energías renovables, lo que contraviene los intereses de las compañías poseedoras de las patentes, además de una compensación económica por los costes de adaptación de su infraestructura productiva. A fin de cuentas, los países más pobres representan el 52 por ciento del crecimiento demográfico, pero solo el 13 por ciento del incremento de las emisiones, mientras que los países más ricos, responsables del 5 por ciento del crecimiento demográfico, lo son del 29 por ciento del aumento de las emisiones. En 2006, China era el mayor emisor mundial de CO₂, seguida de los EE. UU., Rusia, la India y Japón. Sin embargo, los mayores emisores per cápita, en relación con la población, eran Australia, los EE. UU., Canadá, Rusia, Arabia Saudí, Corea del Sur y Alemania. Pero las previsiones apuntan a que hasta el año 2020 el 97 por ciento del crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero se concentrará en los países emergentes, en particular en China, India, Brasil e Indonesia. Y los ciudadanos acomodados de los países emergentes causan tantas o más emisiones que los habitantes de los países desarrollados.

Los intereses de las grandes empresas multinacionales, como las petroleras o las automovilísticas, cuyos beneficios se verían directamente afectados si las medidas de control de Kioto se aplicasen de manera implacable, se sitúan detrás de la reticencia de las élites políticas de varios Estados desarrollados a asumir los compromisos. Y la dificultad de sacrificar el alto consumo de energía, o de asumir los costes financieros que supondría la intensificación de la investigación en fuentes de energía renovables, desde el hidrógeno como combustible para automóviles hasta la maximización del rendimiento de los motores de gasolina, la producción de biomasa para generar etanol o la extensión de la energía solar, también retraen a varios Estados. Con todo, los EE. UU. siguieron subvencionando compañías petroleras a principios del siglo XXI, e invirtiendo en técnicas agresivas de prospección petrolífera, como el fracking, destinando menos recursos a la promoción de fuentes de energía renovables. Se ha estimado que el coste que supondría aplicar el Protocolo de Kioto oscilaría entre el 1 y el 3 por ciento del PIB global, menos de lo invertido desde 2008 en rescatar bancos privados con dinero público para combatir la crisis financiera. Sin embargo, el coste alternativo de no hacer nada a corto plazo podría suponer, dentro de unas décadas, un retroceso del 5 por ciento del PIB mundial.

Existen también otras implicaciones políticas. Desde el punto de vista geoestratégico, países productores de gas natural, como Rusia, obtendrían una ventaja difícil de aceptar para los Estados europeos o Norteamérica. Varios sectores de sus élites políticas prestan oídos a quienes sostienen que los ciclos largos de la evolución climática se rigen por causas y fenómenos ajenos a la acción humana. En algunos casos, la negación ha rozado el esperpento: el hoy presidente conservador del Gobierno español, Mariano Rajoy, despachó a los partidarios del cambio climático en 2007 recordando que un primo suyo, catedrático de Física, sostenía que era imposible predecir el clima, como lo era pronosticar el tiempo que haría al cabo de unos días.

Pero lo cierto es que, por lo general, detrás de los escépticos frente al cambio climático no se hallan científicos respetables, sino institutos y grupos financiados a menudo por grandes empresas petroleras y químicas. Otros, como el científico danés Bjørn Lomborg, autor del libro El ecologista escéptico (2001), han reconocido la existencia del calentamiento global, pero rebaten los escenarios de futuro elaborados por el IPCC, por considerarlos demasiado catastrofistas, basados en modelos de simulación cuyos parámetros son revisables, y aducen como posibles causas complementarias del efecto invernadero la incidencia de las alteraciones de las manchas solares. En definitiva, argumentan que un fenómeno tan complejo como el clima escapa a la capacidad de medición y predicción de la ciencia. Esas opiniones han sido refutadas por sensacionalistas y acientíficas, y no representan a la mayoría de la comunidad científica.

No todo fueron fracasos. Mayores progresos se registraron en la cooperación internacional para reducir la emisión y consumo de sustancias responsables de la destrucción de la capa de ozono. Con ese objetivo, en 1987 varios países firmaron el Protocolo de Montreal. Fue actualizado y renovado varias veces, la última en Pekín (1997), y prevé la recuperación de la capa de ozono para 2050. Su alto grado de aceptación y aplicación por los países signatarios es un ejemplo excepcional de cooperación internacional. A ello contribuyó la colaboración de la industria de la refrigeración, que desde la década de 1980 introdujo mejoras tecnológicas en los electrodomésticos que permitieron eliminar los CFC de modo progresivo, así como reducir el consumo energético por unidad. La fabricación de electrodomésticos «verdes» fue, además, publicitada de forma inteligente; los europeos y los norteamericanos compraron más aparatos refrigeradores, y desde los noventa las neveras de uso familiar se extendieron en los hogares de los países emergentes. La economía y la ecología hallaron así un punto de encuentro, que tal vez dé una esperanza de vida al planeta a lo largo del siglo XXI.

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LAS INCERTIDUMBRES DE UN MUNDO MULTIPOLAR: DE LA POSGUERRA FRÍA A LA ERA GLOBAL (1990-2015)

Desde finales de los años sesenta se asistió a una transformación de las relaciones políticas, económicas y culturales del mundo. En primer lugar, la descomposición del bloque soviético en 1989-1991 alteró los fundamentos del sistema bipolar de relaciones y equilibrios políticos internacionales. En apariencia, se trataba de un «fin de la historia», como predicó el intelectual norteamericano Francis Fukuyama: el triunfo de la economía de mercado y de la democracia liberal sobre la economía planificada y la dictadura comunista era preludio de una era de desarrollo armónico y extensión de las libertades fundamentales, bajo la hegemonía benévola de EE. UU. Sin embargo, pronto se revelaría que ni el mundo caminaba de modo decidido hacia una nueva era de paz y prosperidad regida por el libre mercado, ni la hegemonía norteamericana iba a carecer de respuesta, ni el sistema de relaciones internacionales multipolar iba a ser necesariamente más seguro que el imperante durante la Guerra Fría.

Nuevos actores, además, tanto de naturaleza estatal como supraestatal, irrumpirían en la política mundial. A un mundo bipolar no sucedió una supremacía o protectorado global de EE. UU., sino una situación lábil y cambiante, en la que varios países y medianas potencias expresaron sus ansias de dominio limitado a sus áreas de influencia (India, Rusia, Brasil), o de expansión comercial y política a nivel mundial (China). Viejos problemas estructurales, como la persistencia de fuertes desigualdades sociales y enormes bolsas de pobreza en continentes como África, Asia y las Américas, se agravarían. En la era de la prosperidad y la globalización, las hambrunas, las masacres y las catástrofes humanitarias no habían desaparecido de la faz del planeta.

La globalización de las comunicaciones, los transportes y los intercambios financieros y comerciales, acompañada de la revolución tecnológica y la desregulación de la economía, también daba lugar a nuevas amenazas, a menudo inconcretas y persistentes, en el estado «líquido» de la modernidad que definió el sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Entre esas nuevas amenazas se contarían el calentamiento global y el cambio climático, tratado en otro lugar de este libro; la expansión mundial del crimen organizado, cuyas tradicionales fronteras nacionales se diluirían, y cuyo volumen de negocio y recursos las convertirían en un actor influyente en la política internacional, además de determinante en la escena política interior de varios Estados nacionales, desde Kosovo a México; y la expansión de un nuevo tipo de terrorismo internacional, esta vez de orientación religiosa, cuyas armas y estrategias desafiaban los mecanismos de defensa tradicionales de los enfrentamientos bélicos clásicos o de la Guerra Fría. Frente al terrorismo suicida de fanáticos religiosos dispuestos a hacer estallar una bomba en un supermercado no había tanques, satélites o misiles que valiesen.

EL NUEVO PROTAGONISMO EUROPEO

De la mano de una nueva generación de estadistas, algunos de ellos socialdemócratas (el británico Tony Blair, el alemán Gerhard Schröder) y otros conservadores (el francés Jacques Chirac, el alemán Helmuth Kohl), pero también del disfrute de una etapa de crecimiento económico moderado pero firme entre 1994 y 2007, Europa ganó relevancia durante los años noventa en el concierto mundial. La desaparición del telón de acero y la progresiva integración de la antigua Europa oriental generó optimismo y amplió el mapa mental de los habitantes del Viejo Continente. Los estudiantes portugueses pudieron ampliar estudios en Budapest, los rumanos en Dublín. Y el modelo de democracia parlamentaria basado en la alternancia de socialdemócratas y conservadores se extendió de forma progresiva a Europa centro-oriental, aunque con altibajos, que denotaban todavía la fuerza de los antiguos comunistas reconvertidos en socialistas, por un lado, y el surgimiento de nuevos populismos con ingredientes autoritarios, por el otro. También en Europa occidental surgieron partidos populistas o xenófobos, desde Dinamarca a Italia, aunque en general su grado de influencia sobre las políticas públicas de los Estados europeos fue más bien limitado.

La prosperidad europea discurría de forma paralela al renovado ímpetu del proyecto de unión política y económica continental representado por la CEE, que parecía superar ahora la «euroesclerosis» de quince años antes. No solo los Estados que habían sido englobados en el área de influencia soviética tenían ahora la oportunidad, como expresó el presidente checo Václav Havel, de «volver a Europa» y de ver consolidadas sus recuperadas democracias mediante el ingreso en la CEE, sino que Estados que habían desempeñado un papel neutral durante la Guerra Fría volvieron sus ojos con interés hacia el proceso de unificación europea, caso de Finlandia, Suecia o Austria. De esta manera, Alemania Oriental ingresó en el club, en su caso mediante un procedimiento atípico, en octubre de 1990, de manera paralela a su reunificación con Alemania Occidental, mediante una «ampliación interna». La factura de la absorción económica de la antigua RDA, incluyendo sus problemas ecológicos, infraestructuras obsoletas e industrias inviables, llevó a la nueva Alemania a un esfuerzo económico mayúsculo durante tres lustros. En 1995, la Unión Europea —nuevo nombre adoptado en 1993— incorporó a Austria, Finlandia y Suecia, antiguos miembros de la EFTA (Alianza Europea de Libre Comercio), mientras que los electorados de Suiza y Noruega, países con gran nivel de renta per cápita y auténticas islas de prosperidad por sus florecientes industrias y sector financiero y sus yacimientos petrolíferos, respectivamente, se pronunciaban en contra del ingreso en sendos referéndums.

A la cola se situaban todos los países de la ahora denominada «nueva Europa», más Turquía y Marruecos. Algunos Estados miembros, en particular Alemania y Gran Bretaña, contemplaban en la rápida incorporación de los antiguos países del Este una necesidad económica y estratégica. Otras cancillerías, sobre todo en Francia y los países del sur, preferían esperar una generación, en parte por el temor a que el reparto de subvenciones de los fondos de cohesión se canalizase rápidamente hacia los nuevos llegados, cuyas necesidades devorarían el presupuesto comunitario de inmediato. La disparidad de niveles de desarrollo económico, humano y social entre la «nueva» y la vieja Europa era enorme: los hombres letones tenían once años menos de esperanza de vida que los occidentales; los sistemas judiciales poscomunistas eran corruptos, las monedas inestables, y los niveles de vida y salarios casi irrisorios en comparación con el oeste. Se temían, además, las tensiones interétnicas por cuestiones de minorías entre algunos Estados del Este (Hungría, Rumanía y Eslovaquia), acentuadas por las restricciones de los Estados bálticos al acceso a la plena ciudadanía de sus minorías rusas. La labor del Consejo de Europa fue crucial en ese aspecto, y obligó a varios de los Estados candidatos a flexibilizar sus leyes de ciudadanía. A pesar de ello, la admisión de la Nueva Europa y sus minorías étnicas no estuvo exenta de contradicciones. En 2004 casi la cuarta parte de la población de Letonia, rusófona, seguía estando excluida de la ciudadanía europea, por no superar los duros requisitos exigidos por la legislación nacional para obtener la ciudadanía letona. Algunos problemas específicos se presentaban también en el Mediterráneo. Así, el plan de unificación entre la parte griega y turca de Chipre promovido por la ONU, mediante una federación que, a su vez, ingresaría en la UE, fue rechazada en referéndum por la población griega en abril de 2004.

Hubo así que esperar hasta mayo de 2004 para que tuviese lugar la llamada «ampliación al Este», cuando diez Estados, ocho de ellos antiguos miembros del Bloque del Este o surgidos de la descomposición de la URSS (Estonia, Letonia y Lituania), más Malta y Chipre, ingresaron en el club. Tres años más tarde, fue el turno de Rumanía y Bulgaria. Y en 2013, la última ampliación hasta la fecha, lo fue de Croacia. La UE devenía así en un emporio político y económico que sumaba 500 millones de habitantes. Los recién llegados no disfrutaron de un nivel semejante de ayudas y fondos de cohesión que los nuevos miembros de Europa meridional veinte años antes, ni por supuesto que los Estados fundadores. Rumanos y búlgaros tuvieron que aceptar una moratoria de hasta siete años para que entrase en vigor la libre circulación de trabajadores dentro de la UE. Bruselas rechazaba el concepto de una Europa de varias velocidades, pero lo aplicaba en los hechos.

A la ampliación se unía la profundización de los mecanismos de coordinación económica y política, sancionados por los tratados de Maastricht (1992) y Ámsterdam (1997), y la más azarosa andadura del Tratado de la Constitución Europea (2003), rechazado en su primera versión por los electorados francés y holandés. Los tratados han supuesto la asunción de mayores competencias por la Comisión Europea y un mayor protagonismo del Parlamento europeo, aunque manteniendo un complejo equilibrio en su gobernanza entre los intereses de los Estados miembros y los del conjunto, que aproxima la UE más al modelo clásico de una liga de Estados que a una auténtica confederación o supraestado federal. Dentro de ella, los Estados más fuertes demográfica y económicamente no pueden imponer por sí solos sus preferencias y decisiones; sin embargo, ninguna decisión se puede tomar, en la práctica, contra sus intereses.

Más rápida que la aún incompleta unión política ha sido la unión económica. Ante todo, la progresiva creación de un mercado único, que contemplaba, primero, la abolición total de barreras aduaneras, que entró en vigor en 1993. Dos años más tarde, en la mayoría de los países de la UE se eliminaron también los controles fronterizos para viajeros, mediante el Acuerdo de Schengen. En 1998 se constituyó el Banco Central Europeo (BCE), y el 1 de enero de 2002 la que sería la moneda común de la UE, el euro, empezó a circular en doce de los Estados miembros. Para ello fue precisa una complicada operación de ingeniería financiera y política, que obligó a flexibilizar la aplicación de los estrictos requisitos fijados por el tratado de Maastricht a los Estados que quisiesen adoptar la moneda común en términos de inflación, deuda pública y déficit. A ellos se sumarían siete Estados más entre 2007 y 2015, conformando la llamada «eurozona». De los países miembros de la UE con anterioridad a 1995, solo Dinamarca y Gran Bretaña han rechazado formar parte de la moneda única.

El nuevo entusiasmo europeísta de los años noventa y principios del siglo XXI tenía mucho que ver con un inusitado optimismo epocal. Tras la Guerra Fría, la UE se convertía en la mejor expresión de su superación y de la reconciliación entre los habitantes del continente. La UE debía así asumir la tarea de garantizar el éxito de la democratización de las antiguas repúblicas populares, y se erigiría en un ejemplo mundial de prosperidad social y estabilidad política.

Persistían, sin embargo, algunas incertidumbres. De entrada, las guerras de secesión yugoslavas habían mostrado que lo que se suponían fantasmas del pasado, los conflictos etnonacionales, no habían desaparecido, sino que podían manifestarse con suma crudeza en el corazón del continente. Además, las élites políticas y culturales europeas, así como la gran mayoría de la opinión pública, seguían sin tener una idea precisa de cuáles eran los límites del proyecto de unidad europea. Los conservadores vinculaban la idea de Europa a la herencia cultural cristiana, lo que dejaba fuera a millones de europeos en los Balcanes, de inmigrantes extraeuropeos y sus descendientes. La izquierda liberal asociaba el proyecto europeo a la extensión de la democracia, el respeto a la igualdad de los sexos y la abolición de la pena de muerte, lo que podría incluir a Marruecos o Turquía, pongamos por caso, en la actualidad. Para los nuevos integrantes de la UE desde 2004, la línea divisoria estaba clara: la frontera rusa era el principio de Eurasia, un concepto geopolítico distinto con el que las élites rusas de principios del siglo XXI han jugado de manera insistente. Pero ¿incluye Eurasia a Bielorrusia y Ucrania? ¿Comprende también el Cáucaso? La discusión normativa sobre qué países pertenecen geográfica, cultural, histórica y políticamente a Europa parecía no tener fin. Y las reuniones de expertos y académicos celebradas con ese objetivo no llegaron a ninguna conclusión operativa.

Un segundo impulso al avance de la UE provenía de la progresiva convicción de las élites políticas europeas desde los años ochenta de que, si no concertaban esfuerzos y articulaban una economía integrada, Europa no sería capaz de sobrevivir como actor global en la economía del siglo XXI. La competencia de los tigres asiáticos primero, el rampante ascenso de China, y la pujanza de EE. UU., con el recurso a la fuerza para imponer su hegemonía en diversos puntos del planeta, jugó como un aliciente. Empresas, intelectuales y corrientes de opinión de distintos países presionaron en ese sentido a los líderes políticos más reticentes a ceder soberanía al nuevo monstruo burocrático de Bruselas, como el presidente francés François Mitterrand o la británica Margaret Thatcher, o a los más reacios a renunciar a su propia divisa fuerte en favor de un euro lleno de incertidumbres, como era el caso del canciller germano Helmut Kohl. Las concesiones de unos y otros con motivo del rápido proceso de unificación alemana, culminado en octubre de 1990, allanaron el camino para el acuerdo: Kohl aceptó un calendario para la implantación del euro, a cambio de que Francia y Gran Bretaña olvidasen sus temores ante el posible resurgimiento de Alemania como potencia hegemónica en el continente.

Por su parte, la izquierda socialdemócrata pasó a contemplar el reforzamiento de la UE como la mejor estrategia para preservar las conquistas del Estado del Bienestar en una economía global; y los Estados de la periferia meridional apostaban de manera decidida por la profundización de la unión, en parte por ser conscientes de que tenían mucho que ganar y poco que perder, aun cuando, como fue el caso de Portugal en 2002, las severas normas de control de déficit y de inflación para entrar en la eurozona le forzasen a una política de austeridad que frenó sus posibilidades de crecimiento económico. La coparticipación de todos los Estados miembros en la elaboración de la legislación comunitaria mediante complejos mecanismos de negociación, por un lado, y la progresiva impregnación de las normativas de los Estados nacionales por parte de las directivas comunitarias, el llamado acquis communautaire, por otro, contribuirían a un proceso lento, pero seguro, de integración continental, aseguraban los analistas más entusiastas. Por ello, no sería necesario crear una fuerte estructura supraestatal europea, sino profundizar en los mecanismos de integración y cooperación descentralizada.

No obstante, durante un tiempo perduró el pulso entre la concepción de la UE como una liga de Estados, en la que los gobiernos estatales tendrían siempre la clave de la toma de decisiones, y la postura federalizante representada en su momento por el ministro alemán de Asuntos Exteriores, el ecologista Joschka Fischer, que propugnaba una visión más cooperativa de la gobernanza europea, una cesión de competencias y del poder de decisión a la Comisión Europea, como auténtico gobierno continental, y un reforzamiento del papel del Parlamento europeo, en particular de su capacidad de iniciativa, y no solo de control y consulta. La primera opción, heredera de la concepción gaullista de la UE como una «Europa de las patrias», fue la que triunfó. No era de extrañar que la UE fuese vista con apatía por la mayoría de sus ciudadanos, llamados a votar cada cinco años para elegir diputados a un Parlamento cuyas funciones se conocían poco y mal, de visibilidad mediática escasa y cuyas listas se llenaban a menudo de políticos desahuciados en sus respectivos Estados, o que buscaban una jubilación dorada.

A principios del siglo XXI la UE como institución y como proyecto de futuro se enfrentaba a una mezcla de viejos y nuevos problemas. Entre los viejos estaba el desproporcionado porcentaje del presupuesto comunitario que se seguía destinando, a través de la Política Agraria Común y los sistemas de control de precios agrícolas, al mantenimiento de explotaciones agrarias en países occidentales, sobre todo en Francia, reflejo de los equilibrios políticos entre los Estados fundadores en 1957. La parquedad de los ingresos directos del presupuesto comunitario era otra rémora del pasado: la UE posee escasas capacidades recaudatorias propias, depende en buena medida de las aportaciones de los Estados miembros —un 0,7 por ciento de media de sus rentas nacionales—, y de porcentajes fijos de impuestos aduaneros, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otras tasas. Eso ha generado una constante tensión entre Estados beneficiarios de ayudas, la gran mayoría de los miembros, y el reducido grupo que aporta a la UE más de lo que recibe, y cuya opinión pública no siempre recibía con agrado tener que «pagar» por los demás. Y los recursos propios de la UE se han consumido en los fondos estructurales, la compleja burocracia comunitaria y las medidas para sostener los precios agrícolas. De ahí que la eficacia de sus resortes económicos dependa del consentimiento de todos los Estados miembros. Cuando hay consenso básico en la bondad y beneficios de una medida determinada —la libre circulación de personas, bienes y servicios, o la apertura de fronteras—, la UE ha conseguido notables avances. En otros apartados, como el de la armonización fiscal o la reducción de las subvenciones agrícolas, han surgido fuertes discrepancias entre los Estados miembros, y no se producen progresos. A pesar de sus sucesivas reformas, el sistema de gobierno de la UE se revelaba además extraordinariamente complejo y disfuncional a medida que la Unión incorporaba nuevos Estados miembros.

Algunos problemas, finalmente, se los ha creado la propia UE. Las tribulaciones de la moneda común, el euro, prácticamente desde su botadura, son un buen ejemplo. Una vez que se echó a andar la moneda común, no sin reproches mutuos de pseudoingeniería financiera y con las consabidas tensiones entre unos Estados con bula para saltarse algunos corsés (los Estados fuertes y fundadores) y otros, más débiles, obligados a cumplir en todo, la diversidad de la economías nacionales regidas por una misma moneda se mostró difícil de encajar en la misma talla que suponía el euro. El BCE, con sede en Fráncfort del Meno, mantuvo tipos de interés altos para contener la inflación. Eso convenía a algunas economías, pero perjudicaba a otras, necesitadas ante todo de políticas de crédito barato. Además, Francia y Alemania se permitían más desajustes que Portugal o Grecia. Al tiempo, el capital financiero podía fluir rápidamente de unas partes de la eurozona a otras, y favorecer movimientos especulativos desconectados de la economía real.

El BCE se presentaba como un rígido guardián de la ortodoxia monetaria. Pero la deuda soberana seguía siendo emitida por cada Estado miembro, cuyas políticas fiscales y presupuestarias no eran fácilmente coordinables. Se gestaba así una situación que podía estallar en cuanto los vientos de la prosperidad económica, que soplaron en buena parte de Europa entre 1994 y 2008, cambiasen de rumbo, e hiciesen aflorar los sentimientos de agravio comparativo entre unos Estados más pobres y obligados a adoptar duras medidas de ajuste, y los más ricos y reticentes a sostener con los impuestos de sus ciudadanos la falta de «disciplina» de los demás. La contradicción subyacente entre representación política y soberanía monetaria saltaba así al primer plano.

LA HEGEMONÍA NORTEAMERICANA Y SUS LIMITACIONES

A finales del siglo XX, EE. UU. era la única superpotencia mundial en términos militares y económicos. Su superioridad tecnológica, armamentística y política parecía incontestable. En 1998, su presupuesto de Defensa suponía un 35 por ciento de los gastos militares de todo el planeta. El modelo sociopolítico de democracia liberal y economía de libre mercado había triunfado, y se extendía al territorio del antiguo adversario comunista: no solo la antigua URSS y el bloque del Este, sino también China o Vietnam se sumaban, por distintas vías, al capitalismo. Únicamente la Cuba castrista, capaz de sobrevivir al fin del socialismo real y al bloqueo económico norteamericano, y la peculiar dictadura comunista norcoreana permanecían como duraderos vestigios de la Guerra Fría. Ciertamente, el gigante norteamericano también presentaba debilidades: el crecimiento de su déficit público en la década de 1990 transformó a EE. UU. en un país muy dependiente del flujo continuado de capitales exteriores, llegados cada vez más de Asia.

La superioridad tecnológica norteamericana se puso de manifiesto en el primer conflicto armado de la posguerra fría, que también sirvió como aviso para navegantes, en especial para potencias medianas que intentasen explotar el fin de la bipolaridad en beneficio de sus ansias hegemónicas regionales. Cuando el dictador iraquí Sadam Hussein invadió en agosto de 1990 el pequeño y próspero emirato petrolífero de Kuwait, para apropiarse de sus recursos y así sanear las finanzas del Estado, endeudado tras la costosa guerra de ocho años (1980-1988) mantenida contra el vecino Irán, provocó la cólera de Washington. El gobierno norteamericano no podía tolerar que Irak se hiciese con un 20 por ciento de las reservas mundiales de petróleo, pero tampoco podía dejar impune una violación del Derecho Internacional. Era necesario demostrar el nuevo poder de EE. UU. en el mundo. Ese papel de nuevo gendarme global pareció verse confirmado por el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, garantizado por la abstención de la URSS de Gorbachov, demasiado ocupada con sus problemas internos. La coalición de treinta Estados puso sobre el terreno 790 000 soldados, de los que más de dos tercios eran aportados por EE. UU. Tras apenas cuatro días de operaciones, Kuwait había sido liberado, y las tropas iraquíes derrotadas. Sin embargo, Sadam Hussein pudo continuar en el poder, lo que se revelaría después como un serio error estratégico. La opinión pública norteamericana estaba eufórica, y parecía haber superado los traumas de Vietnam y la humillación de la toma de rehenes por Irán diez años antes.

A continuación, la diplomacia norteamericana se empleó en mediar entre israelíes y palestinos para conseguir un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio. Tras varios meses de conversaciones en Oslo, en 1993 el histórico líder de la OLP Yasir Arafat y el primer ministro laborista de Israel Isaac Rabin firmaron un acuerdo por el que Israel cedía a la nueva Autoridad Nacional Palestina (ANP) la franja de Gaza y la ciudad de Jericó; en 1995, los acuerdos de Oslo II añadieron 450 poblaciones en Cisjordania, alrededor de una cuarta parte del territorio que había sido anexionado por Israel en 1967. La solución de los dos Estados parecía abrirse camino; no obstante, el asesinato de Rabin por un fanático religioso y la vuelta del conservador y nacionalista Likud, bajo el liderazgo del duro Benjamin Netanyahu, al Gobierno de Israel en 1996 creó nuevas dificultades. Los colonos judíos en los territorios ocupados se negaban a dejar sus casas, e Israel retrasó la retirada de sus tropas de Gaza; entre los palestinos ganaban fuerza opciones radicales.

En el año 2000 comenzó una ola de protestas callejeras (la «segunda Intifada») que enfrentaban a civiles palestinos con tropas israelíes, acompañada de incidentes con colonos judíos y algunos atentados suicidas en Tel Aviv y otras ciudades. La respuesta de Israel consistió en la destrucción de infraestructuras en suelo de la ANP, el asesinato selectivo de líderes palestinos considerados como extremistas, y la invasión en 2002 del territorio autónomo palestino, destruyendo buena parte de su sede gubernamental. Desde entonces, el tira y afloja entre la ANP e Israel no ha cesado; la muerte de Arafat en 2004 y el ascenso del partido islamista radical Hamás, que ocupó la presidencia palestina en 2009, complicaron las relaciones. Los motivos de discordia siguen siendo, básicamente, la reticencia de ambas partes a reconocer mutuamente su legitimidad como Estados soberanos, y la presencia de facciones radicales en los dos bandos que niegan de raíz el derecho del oponente a existir; la disputa sobre Jerusalén, y la posesión de importantes territorios de Cisjordania y los Altos del Golán, donde residen más de medio millón de colonos judíos, de ellos unos 350 000 en Cisjordania y casi 200 000 en Jerusalén Este.

Un nuevo campo de pruebas para la diplomacia norteamericana fueron las guerras de sececesión en Yugoslavia. Tras el breve y casi incruento conflicto entre el ejército federal yugoslavo y las milicias desplegadas por Eslovenia, después de su declaración unilateral de independencia finalmente reconocida por Occidente, las hostilidades entre las fuerzas yugoslavas y Serbia, por un lado, y las tropas croatas, por otro, concluyeron con el armisticio de enero de 1992. A esas alturas, los nacionalistas croatas ya se habían asegurado el control sobre la región fronteriza con Serbia (Krajina), de mayoría étnica serbia, y habían expulsado a la mayoría de sus habitantes. Mientras tropas de la ONU mantenían el acuerdo de paz, las tropas serbias se dirigieron ahora a Bosnia-Hercegovina, donde tanto los serbobosnios de la autoproclamada República de Pale como los croatas llevaron a cabo sangrientas acciones de limpieza étnica contra la población musulmana.

El mandato de las tropas de intervención de la ONU se extendió entonces a territorio de Bosnia-Herzegovina, pero se vio a menudo en una situación impotente para mantener la protección de la población civil y evitar masacres, como la perpetrada en Srebrenica por tropas serbias contra civiles musulmanes. En 1995, las tropas de la OTAN, con mandato de la ONU, procedieron a atacar a los serbios, mientras los croatas reconquistaban parte del territorio cedido en 1991. En diciembre de aquel año, EE. UU. mediaban entre las partes para conseguir la firma de los acuerdos de Dayton, por los cuales Bosnia-Herzegovina se convertía en una federación de dos entidades, una croato-musulmana y otra serbia, cuya presidencia sería rotativa. La ejecución del acuerdo sería custodiada por una tropa de interposición (IFOR) compuesta por soldados rusos y de la OTAN.

Los serbobosnios habían salido perdedores del conflicto, y Srebrenica fue considerada como un «genocidio», por el que los responsables de la República Serbia y el propio presidente serbio Milosevic tendrían que responder años después ante el recién fundado Tribunal Penal Internacional de La Haya. Pero, igualmente, el fracaso de las tropas de la ONU llevó a que la OTAN apareciese como la única organización armada que estaba en condiciones de llevar a cabo misiones de «intervención humanitaria», ahora legitimadas por el nuevo concepto de derecho de injerencia humanitaria, ya existente en la teoría clásica de las relaciones internacionales y reactualizado en la posguerra fría. Ese derecho serviría de justificación para los despliegues de tropas de la OTAN en Kosovo (1999), Afganistán (2001), Irak (2003) o Libia (2011).

La intervención de la OTAN —sin contar con la ONU, debido a la oposición rusa en el Consejo de Seguridad— en la provincia serbia de mayoría albanesa de Kosovo, cuya autonomía había sido suprimida ya en 1989 y había supuesto el detonante de las guerras de secesión yugoslavas, tras evidenciarse la imposibilidad de que Serbia y los nacionalistas albaneses de la autoproclamada República de Kosovo, y los más radicales del UCK (Ejército Insurgente de Kosovo) llegasen a un acuerdo, llevó en junio de 1999 a la retirada de las tropas serbias de la provincia. Kosovo fue situado jurídicamente bajo el paraguas de la ONU, lo que no pudo evitar ni las campañas de intimidación de los albanokosovares contra la minoría serbia presente en varias zonas del territorio, ni la extensión de actividades ilegales, vinculadas a mafias kosovares con amplias conexiones internacionales. En febrero de 2008, después de que Montenegro se hubiese separado de Serbia en 2006 mediante un referéndum, el Parlamento de Kosovo proclamó de forma unilateral y unánime (salvo el voto en contra de los representantes de la minoría serbia) su independencia, con la tolerancia de EE. UU. y la oposición de algunos Estados de la UE (Grecia y España): 109 Estados han reconocido hasta ahora la independencia de Kosovo, y la ONU no se ha pronunciado. Según varios analistas, el Estado balcánico tendría como fuente principal de ingresos las actividades delictivas vinculadas a las mafias internacionales.

EE. UU. y algunos de sus aliados de la OTAN estaban dispuestos a ejercer de nuevos gendarmes internacionales, buscando siempre que fuese posible el paraguas legitimador de la ONU. Eso también daría una nueva función a la Alianza Atlántica, que en 1999 incorporó a varios países de Europa oriental que habían formado parte del Pacto de Varsovia (Polonia, República Checa y Hungría), a los que siguieron en 2004 el resto de antiguos aliados de la URSS y las repúblicas bálticas, y cinco años más tarde Albania y Croacia. Las reticencias iniciales de Rusia a la incorporación de las antiguas repúblicas de la URSS a la estructura militar de la OTAN fueron superadas en parte mediante una política de concertación y un organismo conjunto de coordinación militar.

Los atentados terroristas islámicos del 11 de septiembre de 2001 y sus diversas secuelas (octubre de 2002 en el Teatro Dubrovka de Moscú, a cargo de un comando checheno; marzo de 2004 en Madrid; julio de 2005 en Londres) transformaron al fundamentalismo islámico y sus expresiones organizativas en un enemigo compartido por los antiguos adversarios de la Guerra Fría. Eso no ha impedido tensiones periódicas entre Rusia y la OTAN; pero las reticencias europeas a la pretensión de hegemonía mundial norteamericana durante la presidencia de George W. Bush contribuyeron a crear un campo de juego fluido, en el que ganaría terreno el multilateralismo.

CONFLICTOS AFRICANOS Y DESINTERÉS OCCIDENTAL

El derecho de intervención humanitaria parecía servir como argumento eficaz que justificaba la continuidad de las grandes organizaciones militares heredadas de la Guerra Fría. No obstante, la intervención directa se circunscribió sobre todo a Europa. En otras latitudes, la OTAN y EE. UU. en particular se desentendieron en lo posible de inmiscuirse en conflictos complejos, de naturaleza étnica o religiosa, cuya resolución a menudo se delegaba en potencias regionales de confianza.

Así se apreciaría, sobre todo, en el caso de África. Un continente que parecía al margen de la euforia de desarrollo capitalista y crecimiento económico que siguió al fin del bloque soviético. En 1995, la renta per cápita media del continente no llegaba al dos por ciento de la que disfrutaban los países desarrollados. Por las mismas fechas, la tasa media de analfabetos era del 40 por ciento. La dependencia de la evolución internacional de los precios de los productos agrícolas o los minerales objeto de monocultivo y exportación por varios países, también provocaba grandes oscilaciones en sus ingresos. La intromisión neocolonial de las empresas occidentales jugaba, además, con esa dependencia y presionaba a menudo los precios a la baja, como ocurría con el azúcar o el cacao. Y la debilidad crónica del sector financiero africano llevaba a un recurso cada vez mayor a la ayuda al desarrollo concedida por organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e iglesias. No obstante, a menudo esos recursos han sido desviados para promover clientelas por parte de los poderes públicos.

El resultado seguía siendo un crónico endeudamiento. Los programas de ajuste del FMI se extendieron tras 1995 a antiguos países «socialistas» como Zambia o Tanzania; pero sus resultados no mejoraron. Los sistemas de patronazgo y clientelismo típicos de las dos décadas posteriores a la independencia tenían ya pocos recursos con que engrasar sus mecanismos de distribución. Eso contribuyó a movimientos democratizadores, pero también a una crónica inestabilidad política, y a la canalización de las tensiones y frustraciones sociales a través de las reivindicaciones étnicas.

Surgían así periódicos conflictos civiles, cuyas intrincadas dinámicas internas se tornaban incomprensibles para la opinión pública mundial, forzada a escoger entre malos y peores, y poco interesada en un continente olvidado. Tras el fiasco de la intervención norteamericana en Somalia (1993-1994) bajo mandato de la ONU para mediar en la guerra civil que asolaba el país desde 1991, y que concluyó con varios helicópteros abatidos en la llamada «batalla de Mogadiscio» y cadáveres de marines estadounidenses arrastrados por las calles, la OTAN mostró claras reticencias a intervenir en conflictos civiles fuera de Europa cuya lógica a menudo se desconocía.

Aún más flagrante fue la relativa pasividad de Occidente ante el dantesco y planificado genocidio de la población tutsi en Ruanda a manos de la minoría étnica hutu, que contó con la participación de miles de campesinos hutus armados de machetes y milicias organizadas por el régimen del dictador Juvénal Habyarimana. En doce semanas, entre abril y julio de 1994, los hutus exterminaron de modo sistemático y sangriento a 800 000 tutsis. La ONU tardó en reaccionar, y solo a mediados de junio otorgó un mandato al Gobierno francés, que sabía de los preparativos de la masacre y apoyaba al Gobierno hutu, para que desplegase 2500 soldados en el país africano, quienes mostraron un escaso interés en detener la matanza. En julio, el protutsi Frente Patriótico Ruandés, secundado por otras facciones, tomó la capital del país, Kigali, y provocó el éxodo de casi dos millones de hutus ruandeses, que fueron hacinados en campos de refugiados, como el de Goma, en el vecino Zaire, donde las enfermedades diezmaron por millares a los antiguos perpetradores ante la mirada indiferente de la opinión pública internacional.

No obstante, la presencia de un Gobierno hutu en el exilio y sus intentos por desestabilizar al nuevo Gobierno ruandés alimentaron a su vez la primera guerra del Congo (1996-1997). El conflicto concluyó con el derrocamiento del dictador Mobutu Sese Seko, cuyo régimen corrupto era sostenido por EE. UU. desde 1965 como freno a la influencia soviética. No obstante, tras el fin de la URSS se había tornado en un aliado poco presentable, al que se podía dejar caer. Mobutu era además un aliado de los hutu. Las fuerzas guerrilleras, apoyadas por el régimen tutsi de Ruanda, Burundi y, por distintos motivos, Angola y Uganda (que deseaban eliminar los santuarios en territorio congoleño de sus oponentes políticos armados) tomaron la capital e impusieron como presidente al viejo maoísta Laurent-Désiré Kabila, en la práctica un régimen títere de los aliados extranjeros.

El nuevo presidente Kabila, sin embargo, intentó jugar la baza del nacionalismo, recuperó el nombre de República Democrática del Congo, y se propuso aplicar un programa socialista, además de prescindir de las tropas ruandesas y ugandesas, que seguían acantonadas en el país. Esas iniciativas, y sus impulsos autoritarios, provocaron la reacción de los tutsis congoleños (banyamulengue), apoyados por los gobiernos de mayoría tutsi de Ruanda, Burundi y el alzamiento de los sectores reaccionarios contrarios a Kabila. Así comenzó en agosto de 1998 la sangrienta segunda guerra del Congo, que no concluiría oficialmente hasta 2003. Kabila se alió con los refugiados hutus, lo que alentó los enfrentamientos interétnicos; y la presencia de tropas angoleñas, y en especial de Zimbabue, que apoyó a Kabila, junto con Namibia, complicó la situación; en el norte del país surgió además un Ejército de Liberación del Congo, sostenido por intereses empresariales ligados a los yacimientos de oro y diamantes del país, lo que arrastró a Uganda a apoyarlo. Además, el Congo poseía un 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán, un mineral cuya demanda se disparó en los noventa por ser un componente esencial de teléfonos móviles, consolas de videojuegos y reproductores de DVD: las facciones enfrentadas vendían el mineral para obtener recursos. El enorme y complejo país centroafricano se convirtió así en el escenario de un conflicto armado a varias bandas, cuyos vericuetos se tornaban incomprensibles para Occidente, y que tuvo como efecto colateral enfrentamientos entre Uganda y Ruanda, que controlaban sendas áreas de influencia en el norte y este del Congo. A fines de 2002, la mediación sudafricana llevó a la firma de cuatro tratados de paz en Pretoria.

La llamada «II Guerra Mundial africana», sumada al conflicto de 1996-1997, había dejado cerca de cuatro millones de muertos, en su mayoría civiles que fueron pasto de privaciones y epidemias en la zona oriental del país, pero también víctimas de genocidios programados, que incluyeron la práctica masiva de las violaciones y el empleo de niños soldado, a veces menores de diez años. Lo más flagrante fue la indiferencia de la opinión pública mundial, que también se tradujo en una escasa incidencia de la ayuda humanitaria internacional, inoperativa en un territorio inseguro. La ONU, incapaz de definir a quién ayudar, y de establecer una divisoria entre buenos y malos, no envió tropas de interposición a lo que era visto como un avispero tribal; pero sí se implicaron en el conflicto varias empresas mineras canadienses, norteamericanas e israelíes, que apoyaron a Kabila a cambio de concesiones comerciales.

Los conflictos africanos no concluyeron en el Congo. Nuevas y recurrentes guerras civiles alertaban de que, pasada la Guerra Fría, los problemas estructurales del continente seguían sin solución. El fin de la bipolaridad hizo emerger a la superficie contradicciones étnicas y rivalidades políticas antes realineadas en prooccidentales y prosoviéticos; las compañías mineras o los traficantes de armas actuaban sin escrúpulos, y algunos Estados africanos intentaban jugar un papel de potencia regional, inmiscuyéndose en los conflictos civiles del vecino.

Entre 1991 y 2009, una cruenta contienda devastó el pequeño país de Sierra Leona, uno de los más pobres del mundo. En la guerra civil se enfrentaron los principales grupos étnicos: los temnés, al norte, al que pertenecían buena parte de los líderes insurgentes del Frente Revolucionario Unido; los mendes, en el centro y sur, que nutrían la mayor parte de los efectivos de las fuerzas armadas gubernamentales; y los krios, concentrados sobre todo en la capital Freetown. Los rebeldes, apoyados por el régimen liberiano del autócrata Charles Taylor, controlaban buena parte de los yacimientos de diamantes aluviales, con lo que gozaron de alta capacidad de financiación. El Gobierno, superado por los acontecimientos, llegó a contratar mercenarios de una compañía surafricana, y su inestabilidad se vio acentuada por varios golpes de Estado (1992, 1996, 1997), que invalidaban los intentos de mediación internacional para imponer elecciones libres y gabinetes civiles.

Tras el primer fracaso del Acuerdo de Paz de Lomé (1999), tropas británicas y guineanas, con mandato de la ONU, intervinieron en 2000 para repeler a los rebeldes y apoyar un débil gobierno civil. El fin de las hostilidades en Sierra Leona, sin embargo, no fue declarado hasta el año 2009. El conflicto estuvo jalonado de matanzas y mutilaciones —para evitar que los hombres blandiesen armas— de poblaciones enteras, además del empleo de niños soldado. En la vecina República de Liberia, dos guerras civiles en catorce años (1989-1994 y 1999-2003) devastaron el país y causaron la muerte de 200 000 personas. En ella se enfrentaron varias facciones, señores de la guerra, el más importante de ellos Charles Taylor, que llegó a presidente, con apoyos tribales e intereses mineros y madereros occidentales también involucrados.

Otros conflictos africanos siguieron derroteros semejantes. Fue el caso de la guerra civil del Chad, que se arrastraba desde la década de 1970, y se complicó en una nueva guerra con Sudán por los refugiados del conflicto de Darfur, que a su vez eran consecuencia de la intrincada confrontación entre musulmanes de etnia árabe y negros en la región suroriental de Sudán. En Somalia, el Consejo de Tribunales Islámicos, de orientación islamista radical, controló el poder desde 2006, frente a una coalición de señores de la guerra apoyados por EE. UU. Para evitar que la región se convirtiese en un nuevo santuario del terrorismo islámico internacional, Washington utilizó a Etiopía, que invadió Somalia. Sin embargo, las tropas etíopes no pudieron controlar enteramente el territorio, y se tuvieron que enfrentar a la insurgencia islamista. El caos imperante en la zona propició que muchos naturales del país, especialmente en las regiones costeras, recuperasen la tradición de dedicarse a la piratería, infiltrándose hasta más allá del límite de 200 millas y abordando pesqueros y mercantes en mar abierto, para pedir rescates a las compañías navieras.

EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO: EL NUEVO ENEMIGO GLOBAL

La tendencia general de las sociedades de los países desarrollados ha apuntado hacia una creciente secularización, y por lo tanto una separación entre religión, reservada al ámbito de las creencias privadas, aunque practicadas de forma colectiva, y esfera pública, neutral en materia religiosa. No obstante, a principios del siglo XXI seguían vivos numerosos vestigios de la tradición judeocristiana en rituales y edificios públicos, calendarios festivos, costumbres sociales mayoritarias y símbolos del Estado. La retórica política y cultural del mundo occidental durante la Guerra Fría estaba repleta de metáforas religiosas.

En los años ochenta, sin embargo, la sociología estaba convencida de que progreso económico, modernización y democratización política y secularización eran procesos inevitables. Se excluía el retorno de fenómenos que se suponía propios de sociedades premodernas, como el fundamentalismo religioso —la conversión del dogma revelado y sus normas en ley superior al ordenamiento civil— y la profusión de sectas. Con todo, ese fenómeno no afectó por igual a todas las grandes religiones. Casi todas ellas han conocido brotes fundamentalistas de diversa orientación; pero un hecho cierto era que, desde la década de 1950, el número de practicantes de las Iglesias cristianas experimentó un descenso continuado, aunque lento. El budismo y el hinduismo se han mantenido relativamente estables, y la religión tradicional china experimentó un fuerte retroceso, consecuencia de más de medio siglo de secularización impuesta por el Estado. Solamente la religión islámica ha mostrado una línea ascendente en la segunda mitad del siglo XX.

TABLA 3: Número de creyentes de las grandes religiones mundiales (porcentaje de la población mundial)

FUENTE: World Religion Database.

La fortaleza del islam, religión monoteísta cuyos focos fundamentales de fieles se extienden desde Senegal y Gambia, en la costa occidental africana, hasta Indonesia, pasando por el norte de África, Oriente Medio y Asia Central, corre paralela a su gran diversidad interna. En su seno coexisten diversas denominaciones a partir de la creencia en su texto revelado, el Corán, susceptible de distintas interpretaciones teológicas y legales. Las mayores ramas son los suníes y los chiíes, además de la derivación esotérica o «sufismo».

El fundamentalismo islámico contemporáneo no es una creencia de sociedades arcaicas, sino un producto intelectual de las clases medias urbanas. Nació en Egipto, en 1928, de la mano de los Hermanos Musulmanes, fundados por Hasan al-Banna, quien a su vez reformuló los aspectos más integristas de la doctrina reformista del pensador decimonónico islámico al-Afghani. Su objetivo era la instauración de un Estado islámico. Otra rama, el movimiento wahhabí, había surgido a fines del siglo XVIII entre los suníes, y destacaba por su extremo rigor en la aplicación de la ley islámica (sharia) como norma civil, así como por su vocación expansionista. Su pronta adopción por la monarquía saudí contribuyó a su implantación en la Península Arábiga; y el enriquecimiento de Arabia Saudí tras el descubrimiento de sus yacimientos de petróleo a finales de los años treinta proporcionó al whaabismo cuantiosos medios materiales, además del control sobre la principal ciudad santa del islam, La Meca.

Otras tradiciones, tanto suníes como chiíes, otorgaban un peso menor a la ley islámica en el Estado. La República islámica de Irán, fundada en 1979, concede a una casta sacerdotal un poder de veto y de aprobación de los candidatos a presidente, pero el margen de autonomía de la legislación civil es muy amplio, al igual que en otros Estados que formalmente adoptan la denominación de «islámicos», como Pakistán.

El islamismo radical que se extendió desde los años ochenta tenía sus raíces próximas en la oposición de los sectores herederos del fundamentalismo musulmán tradicional a los proyectos panarabistas, laicos y adalides de un socialismo nacional de Nasser y el partido Baas en Siria e Irak. Nasser, en particular, reprimió a los Hermanos Musulmanes y encarceló a su principal líder en la posguerra, Sayyid Qutb, mentor del entonces adolescente y también encarcelado Aiman al-Zawahiri, quien años después se convertiría en el referente intelectual del terrorismo islamista, heredando de su maestro el antinorteamericanismo y antiimperialismo, el antisionismo y una voluntad decidida de transformar la doctrina islámica en arma política, así como la prédica de la guerra santa (yihad). El impacto de los proyectos modernizadores del socialismo árabe en contextos tradicionales favoreció que una parte de las frustraciones sociales legadas por sus regímenes se canalizasen a través de la movilización religiosa. Los islamistas egipcios atentaron en octubre de 1981 contra el sucesor de Nasser, Anwar el-Sadat, acusado de traición por firmar la paz con Israel, y varios de sus líderes volvieron a sufrir prisión, al-Zawahiri incluido.

No obstante, el crisol del nacimiento del islamismo radical moderno fue la eclosión de un conflicto que actuó de mito movilizador y a la vez de gran causa común de los fundamentalistas de todo el mundo musulmán, quienes acudieron a luchar en una nueva guerra santa. La guerra de Afganistán constituyó esa experiencia formativa. Al-Zawahiri se involucró en el apoyo a los muyahidines antisoviéticos afganos, y la Administración norteamericana les prestaba ayuda encubierta a través de los países aliados musulmanes (Pakistán, Arabia Saudí, Egipto y Marruecos). Washington también utilizó el islamismo radical como ariete contra los soviéticos, esperando desestabilizar su retaguardia en Asia Central, mediante su apoyo al partido islamista pakistaní Jamaat i Islami, dirigido por al-Mawdudi, intelectual fundamentalista suní partidario de una estricta introducción de la ley islámica como código social. Hacían falta, igualmente, financiadores de la yihad. El principal papel correspondió tanto al Estado saudí como, sobre todo, a empresarios y banqueros partidarios del wahhabismo. Uno de ellos era Osama Bin Laden, miembro de una acaudalada dinastía empresarial saudí, quien se instaló en Peshawhar (Pakistán) y, costeándola con sus propios medios, organizó una red de captación y adiestramiento de voluntarios islámicos para luchar en Afganistán.

Del encuentro entre el activista adinerado Bin Laden e ideólogos como al-Zawahiri surgiría la red Al Qaeda (la Base, nombre heredado de los tiempos de la lucha antisoviética), desde el núcleo inicial afgano, pakistaní y saudí. Se extendería a buena parte del mundo musulmán, como una red de grupos autónomos que se vinculaban de modo flexible al núcleo teórico proporcionado por sus ideólogos, capaces de superar divisiones nacionales y formular un proyecto panislamista. Si se había podido derrotar a la todopoderosa URSS, ¿por qué no a Occidente, y en particular a EE. UU.?

Bin Laden se implicó en las luchas entre diversas facciones afganas que se disputaron el poder tras 1989, y apoyó al grupo de los talibanes (estudiantes), de orientación wahhabí —con algunos matices—, que se hizo con el poder en 1996 e implantó un estricto y represor régimen islámico. Pero pronto siguió reclutando militantes, muchos de ellos antiguos muyahidines, para luchar a favor de facciones o pueblos musulmanes, tanto en las guerras de Bosnia como en Chechenia, Somalia y otros países. Andando el siglo XXI, esos militantes islamistas pasaron a reclutarse en proporción apreciable entre norteamericanos y europeos de origen inmigrante y religión musulmana, muchos de los cuales se habían convertido tardíamente al islam; tras pasar un tiempo en campos de adiestramiento o en algunas zonas de combate, esos yihadistas retornaban a sus países de origen, convirtiéndose en integrantes de posibles células latentes de Al Qaeda, lo que acentuaba los temores de los servicios de seguridad occidentales.

Además de organizar campos de entrenamiento para guerrilleros en países diversos (Yemen, Sudán, Filipinas o Somalia), o de proveer instructores a milicias islamistas locales, Al Qaeda pasó a promover ataques terroristas contra intereses estadounidenses y occidentales. A menudo, sus armas han sido los hombres-bomba y los comandos suicidas, contra destacamentos militares norteamericanos, las embajadas de EE. UU. en Nairobi y Dar es Salaam (1998), y un buque de guerra de la Marina estadounidense en Yemen (2000). Su acción más espectacular, sin embargo, tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 militantes de la organización, dirigidos por el egipcio Mohammed Atta, secuestraron cuatro aviones comerciales estadounidenses y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono, en Washington, causando más de tres mil víctimas mortales y un auténtico trauma en la sociedad norteamericana y mundial.

Atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, 11 de septiembre de 2001.

Rob Howard/CORBIS/Cordon Press.

Como represalia, EE. UU. y sus aliados invadieron Afganistán, con el propósito de capturar a los líderes de Al Qaeda y desarticular sus bases de apoyo. Aunque el régimen talibán fue derrocado, y varios dirigentes de la red terrorista fueron capturados, Bin Laden consiguió escapar del cerco y se refugió, presumiblemente, en las montañas del oeste de Pakistán, y quizás protegido por los servicios secretos del país. En esa zona vivió escondido durante casi una década.

Al Qaeda se transformó en un entramado descentralizado y conectado por internet de grupos y militantes distribuidos por varias partes del mundo, con autonomía a menudo para planear acciones por su cuenta. Eso permitía actuar de forma inesperada, golpear al adversario con gran impacto mediático, y aparentar muchas veces más fuerza de la que realmente se tenía. Lo fundamental era el efecto que se conseguía sobre la opinión pública mundial y las élites políticas: si el descubrimiento de un plan para hacer explotar en pleno vuelo aviones de pasajeros mediante explosivos líquidos en 2006 condujo a una mayor severidad en los controles de seguridad de los aeropuertos, los cuatro ataques perpetrados por un grupo reducido de islamistas franceses en París en enero de 2015, saldados con la muerte de veinte personas, ha llevado a los países de la UE a cuestionar la abolición de controles de fronteras internas. De repente, atentados suicidas que ya gozaban de cierta tradición desde los setenta, y ataques contra embajadas occidentales, complejos turísticos o bases militares estadounidenses formaban parte de una red global, cuyo efecto intimidador se multiplicaba. Al Qaeda se adjudicó así varias acciones después del 11-S, casi siempre atentados contra víctimas civiles, en Indonesia (Bali y Yakarta, 2002), Arabia Saudí (2003), Marruecos (2003 y 2011), Turquía (2003), España (Madrid, 2004), Gran Bretaña (Londres, 2005), Egipto (2005 y 2006), Jordania (2005) o Argelia (2007). La muerte de Bin Laden a manos de un comando estadounidense en mayo de 2011, y su sustitución en la jefatura del grupo por Al-Zawahiri, no disminuyó la fuerza de la organización.

No por ello se había olvidado la guerra de guerrillas. Facciones armadas vinculadas a Al Qaeda lucharon en Irak contra los ocupantes norteamericanos y británicos desde 2003, se involucraron en algunas acciones en el norte de África y Pakistán, y en particular se unieron a la rebelión contra el dictador sirio Hafez el-Assad desde 2011, tomando parte en la guerra civil siria que asola el país desde entonces, alineándose con los grupos suníes y cobrándose cientos de vidas musulmanas. En ese contexto se consolidó una fracción radical wahhabí, que desde 2013 mantiene bajo su control parte de Siria y del norte de Irak, el Estado Islámico de Irak y Levante, heredero de la línea original de los Hermanos Musulmanes, cuyas acciones han provocado incluso cierto distanciamiento por parte de Al Qaeda.

DE GENDARME DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL AL MULTILATERALISMO

Tras el 11 de septiembre de 2001, la OTAN cerró filas y prestó un apoyo decidido a EE. UU. en la que el presidente republicano George W. Bush denominó «guerra contra el terror». La doctrina Bush, después rebautizada como estrategia de seguridad nacional, no distinguía entre organizaciones terroristas y Estados que les servían de cobijo, que debían ser tratados de la misma manera. También incluiría la política de guerra preventiva, que defendía el derecho a derrocar regímenes que podían suponer una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Ese principio también contemplaría la posibilidad de acciones armadas unilaterales por parte de EE. UU., aun sin el respaldo de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Como señalamos, el régimen de los talibanes en Afganistán fue escogido como el blanco de la represalia, ya que existían evidencias de que había servido de base logística de Al Qaeda. En octubre de 2001, el Estado talibán fue rápidamente derrotado por la intervención aérea y terrestre de la OTAN, que explotó además a su favor las rivalidades interétnicas y atrajo a los adversarios políticos de los talibanes. El territorio afgano fue situado bajo la protección de tropas de la OTAN amparadas por un mandato de la ONU, bajo un régimen de transición, presidido por el prooccidental Hamid Karzai, que se prolongaría hasta diciembre de 2014. El propósito original de la invasión, acabar con Al Qaeda, no se cumplió; tampoco se pacificó el país tras trece años de guerra de guerrillas de los talibanes, que debilitaron a un Gobierno civil afgano cuya situación de permanente interinidad apenas mejoró a lo largo de dos lustros.

La doctrina Bush volvía a reservar a EE. UU. el derecho de arrogarse el papel de defensores de la democracia en el mundo. Y pasó ahora a identificar tres «Estados canallas» o «Eje del Mal», responsables de amenazas para la paz mundial: Corea del Norte, Irán e Irak. Pero si la invasión de Afganistán, aún bajo los efectos traumáticos para la opinión pública mundial del 11-S, contó con un amplio apoyo de los aliados de la OTAN y la comprensión rusa, no fue así con la siguiente intervención armada planeada por la Administración Bush en 2003: una nueva invasión de Irak, que habría de llevar al derrocamiento definitvo del régimen de Sadam Hussein. El pretexto fue la acusación, sostenida por los representantes norteamericanos en el Consejo de Seguridad de la ONU, de que el régimen iraquí poseía armas nucleares y químicas de destrucción masiva, que podría poner a disposición de grupos terroristas. Una comisión de expertos enviada a Irak por la ONU no halló indicios, pero los norteamericanos defendieron su existencia con supuestas pruebas, que posteriormente se demostró que habían sido falsificadas. Ante la falta del paraguas internacional, EE. UU., apoyado por el Gobierno laborista de Gran Bretaña y los gobiernos conservadores de España y Portugal, además de otros Estados europeos, en su mayoría del Este, y Australia, decidió invadir Irak por su cuenta. Tanto la Francia de Chirac como el Gobierno socialdemócrata de Schröder en Alemania y la Rusia de Putin se opusieron a la acción, y la opinión pública europea y de otros países adoptó una postura hostil a la guerra, objeto de numerosas manifestaciones. Pero eso no amilanó a EE. UU.

La llamada coalición de la voluntad liderada por EE. UU., lanzó la nueva invasión de Irak, bautizada como Operación Libertad Duradera, en marzo de 2003. El 9 de abril caía Bagdad, y el 1 de mayo las principales operaciones militares habían concluido. Sadam Hussein fue localizado en diciembre, juzgado y ejecutado tres años más tarde. Aunque el propósito de los ocupantes era, en teoría, instalar un gobierno democrático estable en Irak y formar unas fuerzas de seguridad iraquíes leales al mismo, la inestabilidad en la región ha sido la tónica reinante desde 2003: las tropas estadounidenses y británicas estacionadas en Irak han sufrido desde entonces continuos ataques y hostigamientos por parte de milicias chiíes, los nacionalistas kurdos han intentado promover su propia causa en el norte del país, y el islamismo radical se tornó en una alternativa de la oposición a los invasores, que ha ganado terreno en la segunda década del siglo XXI. En 2008, algunas estimaciones situaban el número de víctimas iraquíes entre 150 000 y un millón; hasta entonces, habían muerto cuatro mil soldados estadounidenses.

El propósito norteamericano, durante la Administración Bush, no solo era liderar la lucha contra el terrorismo internacional, sino también reafirmar su hegemonía unilateral en el mundo y, de paso, mantener bajo control una de las zonas petrolíferas más importantes del planeta, lo que se sospechaba que era el trasfondo real de la operación. Eso se combinaba con los proyectos de construcción de nuevos oleoductos y la creciente presencia estadounidense en las repúblicas de Asia Central, lo que también provocó la creciente inquietud de Rusia. La invasión de Irak, y el enquistamiento y degradación de la situación política en los territorios ocupados provisionalmente por EE. UU. y/o sus aliados, no contribuyeron a reforzar el prestigio del país en el mundo. Por el contrario, reavivaron las prevenciones hacia su papel de gendarme mundial, y perjudicaron seriamente su credibilidad como defensor de la democracia. A desacreditar la política exterior norteamericana también contribuyó el conocimiento de las torturas aplicadas por marines a los prisioneros iraquíes, o la existencia de la prisión para sospechosos de terrorismo en la base militar extraterritorial norteamericana de Guantánamo, donde los internados carecían de garantías legales, en una suerte de limbo jurídico.

En marzo de 2004, además, el sangriento atentado islamista perpetrado en Madrid, que se cobró 191 muertos, y la mala gestión de la situación por parte del Gobierno de Aznar, facilitó el triunfo del socialista Rodríguez Zapatero en las elecciones legislativas celebradas pocos días después. La primera medida del nuevo presidente consistió en la retirada de las tropas españolas de Irak, con lo que España se volvió a alinear en política exterior con Alemania y Francia. EE. UU. ya solo contaba, en la práctica, con los países del Este de Europa, en particular una Polonia siempre temerosa del poder ruso y recelosa de Alemania. Durante su segundo mandato, además, la Administración Bush fue incapaz de extender las intervenciones militares a Irán y Corea del Norte, tanto por la falta de acuerdo con sus aliados de la OTAN como por una cuestión no baladí: la sospecha de que ambos países poseen el arma nuclear, y por tanto podrían hacer uso de ella para defenderse de una invasión. La vieja regla del equilibrio del terror de la Guerra Fría, en definitiva, volvía a demostrar su utilidad, en este caso en beneficio de David frente a Goliat.

La deslegitimación de la política exterior norteamericana también se extendió al interior de su propio país, contribuyendo a la acusada pérdida de popularidad de Bush. El temor a repetir los errores de Vietnam hizo dudar a muchos norteamericanos de que la misión de EE. UU. siguiese siendo la de defender y extender la democracia en el mundo. Es problemático, además, definir cuál es el gran enemigo a escala planetaria: ¿La amenaza islamista y el renovado temor a atentados catastróficos, tras el 11-S? ¿El papel económico emergente de China y la disputa por el control de áreas productoras de materias primas? ¿Los nuevos populismos izquierdistas latinoamericanos? ¿Las renacidas ínfulas imperiales de la Rusia de Putin?

Esas incertidumbres han contribuido a reforzar la tentación inversa, siempre presente en la historia norteamericana antes de 1941: la de replegarse en sí mismo y atender únicamente sus intereses nacionales. Así se ha puesto de manifiesto, en buena parte, desde la asunción de la presidencia del país por el demócrata Barack Obama en enero de 2009. Obama pactó con sus socios europeos un plan de retirada de Irak y de Afganistán, que incluiría la capacitación de gobiernos civiles y el adiestramiento y asesoramiento de sus fuerzas de seguridad. Las tropas estadounidenses y sus aliados abandonaron el territorio iraquí en diciembre de 2011, dejando tras ellas un Estado frágil y un gran vacío de poder. Sin embargo, el proceso de relevo de poderes en Afganistán se retrasó más de lo prometido. A la altura de 2015 sigue imperando la incertidumbre acerca del futuro del país, una vez que se retiren del todo los ocupantes extranjeros.

Paradójicamente, el propósito de reforzar el prestigio norteamericano y su función de defensor de la democracia y el libre mercado en el mundo concluyó con una reactivación de las tendencias multipolares en el mundo de la segunda mitad del siglo XXI. Un fenómeno paralelo fue el mayor protagonismo europeo en el seno de la OTAN. Así se puso en evidencia en el verano de 2008, con motivo de la tensión desatada en la república caucásica de Georgia, cuando su presidente, Mijail Saakashvili, lanzó una ofensiva contra el territorio de Osetia del Sur, que junto con Abjasia se había separado de Georgia en 1992 y se hallaba bajo protección rusa. La reacción militar de Rusia fue inmediata, y sus tropas ocuparon la ciudad georgiana de Gori, además de expulsar a los soldados georgianos de Osetia. Los confusos motivos del torpe Saakashvili, buen aliado de EE. UU., parecían consistir en forzar la aceptación de Georgia como nuevo miembro de la Alianza Atlántica. Su candidatura, junto con la de Ucrania, era apoyada por Washington, pero fue rechazada por varios de los socios europeos. En aquel momento, la UE estaba interesada en una aproximación diplomática y estratégica a Rusia, condicionada además por su dependencia energética del petróleo y el gas ruso. Por tanto, la diplomacia de Bruselas adquirió un protagonismo como mediador que fue determinante para conseguir un armisticio entre Georgia y la Rusia presidida por Dimitri Medvedev. La incorporación de Georgia y Ucrania a la OTAN desapareció de la agenda inmediata de la alianza.

La diplomacia de la UE, a pesar de sus dificultades para conformar un perfil coherente que no resultase de la suma de los intereses en política exterior de sus Estados miembros, también aspiraba desde la euforia desatada por la ampliación al Este de 2004 a jugar de nuevo un papel protagonista en tres ámbitos de influencia: la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Eurasia, el espacio exsoviético. Los ecos de la incorporación de los países del antiguo bloque soviético a la UE parecían llegar a otros territorios de la antigua URSS, donde variopintas plataformas democráticas denunciaron fraudes electorales por parte de partidos gubernamentales dirigidos por presidentes autoritarios, y en algunos casos triunfaron. Fue el caso de la «revolución de las rosas» en Georgia (noviembre de 2003) o de la «revolución naranja» en Ucrania un año después, y la de los «tulipanes» en Kirguizistán, en marzo de 2005. No siempre era tan fácil distinguir a los demócratas de los populistas autoritarios, ni tampoco discernir cuánto había de real en los agravios esgrimidos por los perdedores de los comicios. Mas, desde algunas cancillerías europeas y también desde Washington, esas revueltas populares eran contempladas como una segunda ola de democratización que complementaba a la de 1989, eliminaba los rescoldos autocráticos del sistema comunista en el Este, y garantizaba la plena expansión del modelo de economía de mercado.

La era Obama en EE. UU. también se ha caracterizado desde sus inicios por la búsqueda de un nuevo consenso y la colaboración con los aliados de la OTAN, así como la superación de los recelos que había provocado el unilateralismo de la Administración Bush. Así se mostró en la gestión conjunta del conflicto de Libia, en la primavera de 2011, cuando estalló una rebelión contra el régimen del dictador Gadafi. El Consejo de Seguridad de la ONU delegó en la OTAN la intervención militar a favor de los insurgentes, que fue asumida sobre todo por tropas terrestres británicas y francesas. En Trípoli se instauró un régimen de transición.

La caída de Gadafi era parte de un movimiento de oposición de alcance más amplio. La llamada primavera árabe consistió en una serie de rebeliones contra regímenes autoritarios desde Túnez, en enero de 2011, pasando por Egipto al mes siguiente, donde fue derrocado el presidente Hosni Mubarak, Argelia y Jordania, donde, a igual que en Marruecos, tuvieron lugar cambios de gobierno y reformas. En Arabia Saudí y Bahrein, empero, las protestas fueron reprimidas con violencia. La rebelión desembocó en Siria en una violenta guerra civil, que ha provocado desde entonces decenas de miles de muertos.

La primavera árabe colocó a la OTAN y a Europa occidental en una disyuntiva todavía no resuelta: la opción entre regímenes autoritarios, corruptos y a menudo represores, pero laicos, que mantenían a los islamistas fuera del poder, y el riesgo de que la instauración de regímenes democráticos facilitase la victoria electoral de partidos islamistas de diversa factura, que encarnarían uno de los grandes adversarios globales de los vencedores de la Guerra Fría en la segunda década del siglo XXI. Con todo, ni todos los partidos islamistas, como demostró el caso de Turquía, han implantado regímenes fundamentalistas cuando llegaron al gobierno, ni las elecciones los han llevado siempre a la victoria. La mirada occidental, sin embargo, ha menudo ha simplificado un fenómeno complejo.

EL NUEVO PAPEL DE CHINA

El multilateralismo del orden mundial de la segunda década del siglo XXI se ha visto reforzado por la emergencia imparable de una China cada vez más poscomunista como un nuevo actor global, que superaba sus iniciales anhelos de hegemonía regional y se implicaba en una forma de expansión económica, adoptando las armas del capitalismo liberal y hasta salvaje. Ya en 1997, una declaración conjunta de los gobiernos chino y ruso señalaba que, frente a los partidarios de la hegemonía de un solo país, el nuevo orden mundial sería multipolar. En su entorno inmediato, el Gobierno de Pekín también ha asumido algunas formas tradicionales de la política de potencia, en particular frente a la auténtica piedra en el zapato que supone la existencia de Taiwán como Estado independiente. China considera a la isla un territorio sublevado, que tiene derecho a reintegrar a la unidad patria, según proclama la Ley Antisecesión aprobada en 1995. Y no mantiene relaciones con los Estados que reconocen a Taiwán, por lo que este Estado vive en un peculiar limbo del Derecho Internacional. Pocos países del mundo mantienen relaciones diplomáticas oficiales con la isla, aunque sí de modo indirecto a través de representaciones comerciales o turísticas.

Tras la represión de las protestas estudiantiles y obreras de 1989, además, el régimen chino entró en una fase en la que combinó el inmovilismo político, premiando al grupo que había sido partidario de la mano dura en la represión de Tiananmen, con flexibilidad y pragmatismo económico, y una progresiva apertura comercial y financiera al exterior, al mundo capitalista. Las sanciones occidentales al régimen chino no duraron demasiado, y fueron levantadas, empezando por los EE. UU., en 1992: los negocios mandaban. Se registraron numerosas protestas y manifestaciones en varias provincias a lo largo de los años noventa, con disturbios ocasionales; algunas de ellas expresaban además reivindicaciones de grupos étnicos en demanda de sus derechos colectivos, como los tibetanos y los uigures de Sinkiang; y se extendieron los casos de corrupción entre funcionarios y miembros destacados del PCCh. Las tensiones con Taiwán resurgían de forma periódica. Pero, por un lado, el régimen siempre supo reaccionar a tiempo, aplicando mano dura — incluyendo ejecuciones públicas— contra los responsables de corrupción o los grupos mafiosos. Y, por otro lado, mantenía las riendas del proceso de transición ordenada hacia un nuevo sistema económico y social, evitando el caos que se había generado en la antigua URSS al lanzarse de lleno al capitalismo sin red.

Las presidencias de Jiang Zemin (1993-2003) y Hu Jintao (2003-2013) se caracterizaron por la aceleración del ritmo de la transición hacia la denominada «economía socialista de mercado». Entre otras medidas, desde 1993 se privatizaron la mayoría de las empresas públicas de propiedad tanto estatal como local. En 1997 eran más de diez mil. La legislación vigente en las zonas económicas especiales —la peculiar fórmula de «un país, dos sistemas», revitalizada por el traspaso de Hong Kong a soberanía china en junio de 1997— fue extendida a varias de las provincias del interior del país, haciendo rentables las empresas todavía propiedad del Estado, aceptando el principio de protección legal de la propiedad privada, y procediendo a la atracción masiva de capital extranjero, que se duplicó entre 1991 y 1998. En 2001, el país ingresó en la Organización Mundial del Comercio, suprimió trabas a la exportación e importación, y proporcionó un marco jurídico más estable, al amparo del Derecho Internacional, a las empresas extranjeras deseosas de invertir en China. En 1995 se duplicaba la renta per cápita de 1987, y la economía china concentró sus esfuerzos en la modernización de sus infraestructuras, las grandes obras públicas, la industrialización y, asimismo, la mejora de sus tasas de productividad y la generación de valor añadido a sus productos, incrementando los fondos destinados a investigación y desarrollo. El aumento del consumo de energía en la primera década del siglo XX incluso superó al de por sí desenfrenado crecimiento de la economía, que entre 1990 y 2004 presentaba tasas medias del 10 por ciento. El incremento del parque automovilístico llevaba a un aumento exponencial de la demanda de petróleo. El desarrollo chino triplicaba al de los «tigres» asiáticos de los ochenta, como Corea del Sur.

En el siglo XXI, la relevancia económica de China se ha incrementado año tras año, empezando por el mantenimiento de un ritmo frenético de crecimiento económico —en 2011 era de un 9,1 por ciento, en 2013 todavía de un 7,7 por ciento—, las dimensiones descomunales de su PIB (el segundo del mundo en la actualidad, reduciendo la distancia con EE. UU.), la enorme magnitud de su mercado interno —supone por sí sola casi la quinta parte de la población del planeta—, y el cada vez mayor volumen de su comercio internacional. Desde mediados de la primera década del siglo XXI, el saldo comercial entre China y EE. UU. es claramente favorable al país asiático.

Aunque el volumen de inversiones y de flujos de capital entre EE. UU. y Europa todavía supera al existente entre China y EE. UU., es de prever que la situación se invertirá en pocos años. En 2008, se calculaba que las importaciones chinas habían contribuido en casi un 28 por ciento al crecimiento mundial; sus reservas de divisas eran las mayores del mundo, y su continua demanda había contribuido a inyectar liquidez en el sistema financiero mundial, generando a su vez bajos tipos de interés, particularmente del dólar norteamericano, para mantener la capacidad adquisitiva de sus usuarios. También compraba deuda de varios países, entre ellos de EE. UU.

La renta per cápita de China es todavía sensiblemente inferior a la de los países desarrollados de Occidente o Japón, al igual que lo es su tasa de productividad; también persisten grandes diferencias en la distribución territorial de la renta. Con todo, la mejora en estos indicadores también ha sido constante desde finales del siglo XX. En el apartado del respeto a los derechos humanos, por un lado, y las cuestiones medioambientales, el capitalismo de Estado chino se mantuvo inflexible. Empero, el crecimiento de una clase media con niveles de consumo equiparables a Occidente en las ciudades llevó a la aparición de demandas hasta hacía unos años impensables: por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas, o las protestas ciudadanas por la degradación del medio ambiente. A principios del siglo XXI, en China las clases medias ya suponían 56 millones de personas, y desde 1981 más de 400 millones habían dejado atrás unas míseras condiciones de vida para adentrarse en la sociedad de consumo.

China ha renunciado, sin embargo, a los instrumentos característicos y tradicionales de la disuasión armamentística. Ha prestado asistencia militar a varios Estados africanos, además de a Irán, Pakistán y Burma, ente otros, y mantiene un apoyo constante al régimen comunista norcoreano, que no ha seguido la senda aperturista de su protector. Su objetivo a medio y largo plazo es la restauración del poder e influencia mundial de la China imperial, muy anterior a la intromisión de Occidente en su desarrollo histórico. Como ha señalado Henry Kissinger, la perspectiva china de su ascenso como potencia mundial supone para sus élites políticas y económicas una vuelta al lugar que había correspondido a la civilización china hasta el siglo XXI. La puesta de largo espectacular que supuso la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 demostró al mundo que el país había despertado y reclamaba su lugar en el concierto global.

El aumento de la demanda energética ha llevado a Pekín a buscar fuentes seguras de aprovisionamiento de petróleo a largo plazo, lo que ha incluido la aproximación estratégica a países como Nigeria, Gabón, Angola, Venezuela o Arabia Saudí, pero también Irán, diversificando los orígenes de sus abastecedores. China se concentró e primer lugar en promover una intrincada integración regional de su economía en el contexto asiático. Fomentó la constitución de empresas mixtas con Singapur, Japón, Corea del Sur y otros países, y rebajó los aranceles para los productos importados de esos mismos países. La expansión se orientó hacia todo el planeta, cotizando en las principales bolsas y comprando o participando en empresas occidentales. En 2006, hasta treinta mil empresas chinas, empleando a 3,5 millones de trabajadores, estaban comprometidas en proyectos diversos en todo el mundo, que abarcaban desde la construcción de embalses hasta la industria turística.

Desde finales del siglo XX, además, China también empezó a realizar inversiones en Latinoamérica, en primer lugar para garantizarse el acceso a determinadas materias primas, pero también para ganar mercados y, en menor medida, influencia política. La penetración comercial china en el área parecía llenar el hueco que EE. UU. no era capaz de cubrir. Desde 2001, las exportaciones latinoamericanas a China crecieron de modo exponencial, en particular de Argentina (cuyos propietarios agrarios procedieron a plantar soja, muy demandada por el mercado chino), Chile y Brasil, pero también aumentaron en América Central y el área andina. Sin embargo, el legado a medio plazo de las inversiones chinas en el continente ha sido escaso, y no ha contribuido a la creación de industrias o de infraestructuras.

Si China se empleó en algún lugar a fondo como inversor fuera de su propio territorio, ha sido sin duda en África, donde desde principios del siglo XXI se volcó para saciar su sed de petróleo (en 2008, un tercio del crudo importado por China provenía de África) y de diversas materias primas minerales (hierro, cobre, zinc, uranio y platino, entre otros), superando en 2007 a las antiguas potencias coloniales como socios comerciales, y siendo solo adelantada por EE. UU. Las empresas chinas proveyeron además a varios países africanos de infraestructuras viarias, como autopistas y líneas de ferrocarril, sanitarias, educativas y urbanas —desde canalizaciones de agua a tendidos eléctricos—. Mostraron en ello un absoluto pragmatismo político, haciendo negocios con presidentes acusados de genocidio, como el sudanés Omar al-Bashir. Lo que importaba eran los recursos naturales, por lo que los socios preferentes eran Angola, Sudán y Nigeria, y no tanto las simpatías políticas por regímenes determinados. Los empresarios chinos llevaban a menudo sus propios trabajadores en bloque para construir infraestructuras, y aunque empleaban mano de obra local, la cooperación con los operarios africanos no siempre era fluida. En 2008 había más de medio millón de chinos en el continente africano, que trabajaban para sus propias empresas, se relacionaban poco con los naturales de los distintos países, y a menudo configuraban auténticas islas, que se autoabastecían desde su propio país.

El Gobierno de Pekín presentaba su expansión africana, de modo propagandístico y al mismo tiempo oportunista, como una contribución alternativa al desarrollo por parte de un país que mantenía vivo el eco del movimiento de los países no alineados, y que podía exportar su experiencia como antiguo país colonizado por Occidente y Japón a otras periferias en desarrollo. Los chinos no se veían a sí mismos como nuevos colonizadores, sino como civilizadores, percepción que no siempre era compartida por los propios africanos, incapaces a menudo de superar la distancia cultural con los ingenieros, técnicos y trabajadores asiáticos. De hecho, China también mandaba miles de médicos a África, y contribuía a paliar el abandono del continente por parte de la inversión europea y norteamericana desde la década de 1980.

Además, el Gobierno de Pekín también ejercía, entre bambalinas, de mediador en conflictos internacionales o crisis humanitarias, como ocurrió en 2007, influyendo sobre Sudán para dar una solución al problema de Darfur. La intrusión asiática en lo que Occidente consideraba aún un continente de su influencia contribuyó a que las empresas europeas y norteamericanas ofreciesen mejores condiciones a los gobiernos africanos, y asimismo a que algunos países del continente, como Angola y Nigeria, experimentasen desde la primera década del siglo XXI elevados índices de crecimiento, que en el caso de Angola atrajo desde principios del siglo XXI una importante inmigración cualificada procedente de su antigua metrópoli, asolada por la crisis económica. En 2010, se estimaban en cien mil los ciudadanos portugueses residentes en el país africano.

PAÍSES EMERGENTES Y VIEJOS ACTORES

El multilateralismo también ha supuesto la multiplicación de los actores internacionales de ámbito regional. Se trata de países que han experimentado desde finales del siglo XX una senda dinámica de crecimiento económico. No obstante, no siempre han sido capaces de superar con éxito buena parte de sus desequilibrios estructurales internos.

La India era y es una potencia demográfica, cuya población crecía de manera imparable (de 683 millones de habitantes en 1981, pasó a 1100 en 2006), y se había caracterizado desde la independencia en 1947 por una estabilidad considerable de su sistema político, considerado como la mayor democracia del mundo, aunque estaba fuertemente marcado por la personalidad de sus presidentes, Nehru hasta su muerte en 1964, y su hija Indira Gandhi hasta su asesinato en 1984. La política económica de ambos dirigentes se había caracterizado por una mezcla de planificación económica, control burocrático y capitalismo, pero también por el afianzamiento de mecanismos clientelares que actuaban de rémora para la modernización de su estructura productiva. El crecimiento económico de la India hasta el final de la Guerra Fría había sido moderado, y las amplias bolsas de pobreza persistían entre la población, afectando a más de la mitad de ella.

El fin de la URSS supuso la pérdida del principal cliente de las exportaciones indias. La economía del país se contrajo, la divisa sufrió turbulencias y los altos precios del petróleo pusieron su economía en serias dificultades. Una serie de reformas económicas durante la primera mitad de la década de 1990, bajo el gobierno de Narasimha Rao, procedieron a liberalizar varios sectores del tejido productivo, abrieron las empresas públicas a los capitales extranjeros, y eliminaron buena parte de las empresas públicas y sistemas de licencias estatales heredados. Al tiempo, la devaluación de la moneda amplió la capacidad de exportación del país. La influencia del modelo de gestión chino, que algunas provincias indias observaron muy de cerca desde principios de los noventa, y la persistente relación cultural y académica con Gran Bretaña, resultado de una herencia colonial que se manifestaba en un código jurídico europeo, la educación británica de las élites económicas y políticas, y el dominio del inglés como segunda lengua, contribuyeron igualmente a sentar las bases de un fuerte crecimiento. La política de fomento de la investigación de los gobiernos indios desde Nehru, además, había creado miles de técnicos e ingenieros altamente cualificados, muchos de los cuales habían emigrado a Europa y EE. UU., pero que ahora tuvieron incentivos para quedarse en su país y colaborar con las empresas autóctonas.

Si la India ya en 1974 había conseguido producir su propia bomba atómica, y lanzar al espacio satélites de uso civil, desde los años noventa sus institutos de investigación y sus empresas se especializaron en sectores como la informática, la nanotecnología, la industria farmacéutica, la microbiología y las neurociencias. El fuerte crecimiento indio del siglo XXI se basó, sobre todo, en la informática y las tecnologías de la información, mediante la exportación de productos informáticos y software, y la subcontratación de tareas informáticas para empresas y Estados extranjeros. En ciudades como Bangalore surgieron inmensos parques tecnológicos (Electronic City), sede de más de un centenar de empresas informáticas, como Infosys, fundada en 1981. La combinación de bajos sueldos y mano de obra especializada, con un inglés fluido, más el apoyo estatal mediante la creación de infraestructuras específicas para la comunicación informática, hacían posible que editoriales británicas realizasen en Bombay sus trabajos de maquetación de textos, o que las aseguradoras y hospitales norteamericanos externalizasen en empresas indias la gestión de los historiales médicos de sus pacientes.

Los informáticos indios se convirtieron en un componente habitual de la plantilla de numerosas multinacionales, y su contratación se tornó en una prioridad de muchas empresas alemanas necesitadas de personal cualificado a principios del siglo XXI. A eso se sumó la modernización de algunas tradicionales empresas indias, y la especialización de la industria farmacéutica en la producción de medicamentos genéricos. El crecimiento económico también tuvo un importante reflejo en la mejora de las condiciones de vida de amplias capas de la población. Las nuevas clases medias indias experimentaron, como en China, un crecimiento continuo, contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales: en 2006, por ejemplo, la telefonía móvil india conseguía siete millones de nuevos clientes por mes; y el número de consumidores de productos de lujo subía por cientos de miles cada año.

En Indonesia, que fue afectada gravemente por la crisis económica de 1997-1998, el derrocamiento del régimen militar de Suharto en mayo de 1998 y la consolidación de un régimen democrático, que combatió de forma eficaz lacras como la corrupción y el clientelismo en la administración estatal, favoreció la transición hacia una nueva etapa caracterizada por un ritmo sólido de crecimiento económico.

También Brasil, que contaba a principios del siglo XXI con 185 millones de habitantes, y una densidad de población todavía baja en relación con su inmenso territorio (8,5 millones de kilómetros cuadrados), empezó a despegar como potencia emergente y superar la suerte de frustración que había resumido irónicamente el escritor Stefan Zweig décadas atrás: ser siempre el país del futuro, pero nunca del presente. El gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que como ministro de Hacienda había tenido un gran éxito al eliminar la inflación galopante que aquejaba al país a principios de los noventa, empezó a adoptar reformas que liberalizaron la economía, privatizaron empresas estatales deficitarias y abrieron la senda a la entrada masiva de capitales extranjeros, cuya retirada masiva en 1999 produjo, empero, una primera crisis cíclica. Su sucesor, el sindicalista Lula da Silva (2003-2010), procedía de la izquierda radical; pero su política de gestos y su retórica antiFMI coexistía con una política económica pragmática, y básicamente continuista en relación a la de su antecesor.

El Gobierno de Lula controló la inflación, implantó recetas de austeridad fiscal, combatió las prerrogativas corporativas de algunos cuerpos de funcionarios, fomentó las exportaciones gracias a la devaluación de la moneda nacional, el real, y atrajo los capitales extranjeros. Brasil despuntó además como productor mundial de bioetanol, gracias a sus ingentes recursos naturales, que se convertiría en 2008 en el combustible más usado por el parque automovilístico del país, pero también generando fuertes polémicas, por el coste medioambiental que suponía la deforestación para destinar superficie cultivada a la producción de combustible. El crecimiento económico se situó por encima del 5 por ciento, y además se descubrieron reservas de petróleo. El país experimentó una época de bonanza, que le ha llevado a una importante reducción de los enormes desequilibrios sociales internos. También acometió una modernización de sus infraestructuras económicas, y fomentó la industria manufacturera de patente nacional, además de la exportación de materias primas.

Brasil se convirtió así en la sexta economía mundial, y la primera con diferencia de Sudamérica: la organización del Mundial de Fútbol de 2014, y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, constituirían la puesta de largo de la potencia brasileña ante el mundo. Pero Lula no pudo alcanzar varias de las metas económicas inicialmente previstas. Todavía quedan asignaturas pendientes, como la mejora de la red de comunicaciones urbanas, por ejemplo. Su implicación en algunos escándalos de corrupción erosionó la popularidad de Lula. Y su sucesora, Dilma Rousseff, ha tenido que enfrentarse a serias protestas populares, que exigen una mayor inversión en políticas sociales e infraestructuras urbanas, frente al dispendio en grandes eventos deportivos.

Pancartas de protesta en Río de Janeiro contra los gastos de los JJ. OO., 2013.

Archivo del autor.

México, otro de los gigantes latinoamericanos, siguió desde 1990 una senda caracterizada por la superación de su peculiar régimen de democracia dominada por la hegemonía de un partido único y la consolidación de un pluralismo político real, así como la reducción de su deuda pública y el reforzamiento de varios sectores económicos. Sin embargo, persistían amplias parcelas de corrupción en su aparato estatal, en cuyo interior los cárteles de la droga mantienen una fuerte influencia. El Estado mexicano mantiene desde principios del siglo XXI una lucha encarnizada contra ese cáncer, pero resulta difícil de mantener a largo plazo por el enorme grado de imbricación del narcotráfico con las autoridades locales y regionales. Esos factores han actuado de permanentes frenos a la asunción de un mayor papel protagonista de México en el área centroamericana. Su integración en el área de libre comercio con EE. UU. en 2004 le ha subordinado económicamente al gran vecino del norte, bloqueando la alternativa de liderar América Latina, sin poder disfrutar de muchas de las ventajas (por ejemplo, libre circulación de trabajadores) del mercado norteamericano, y sufriendo la fuerte competencia china, que arruinó muchas de sus empresas textiles y provocó el éxodo de sus trabajadores.

Sudáfrica, tras el fin del régimen de segregación racial del apartheid y durante el período de presidencia del primer presidente negro en su historia, Nelson Mandela (1994-1999), se convirtió en un influyente actor político y económico regional, aunque también embargado por la persistencia de fuertes desigualdades sociales internas. Su influencia regional en el África subsahariana es limitada, y se circunscribe sobre todo a los países limítrofes.

Finalmente, era de destacar el caso peculiar de la potencia posimperial que seguía siendo Rusia. El país experimentó una larga fase de decadencia económica y política en la década de 1990. Durante esa etapa, la estrategia seguida por Boris Yeltsin para afianzarse en el poder, favoreciendo la implosión desde la base del sistema soviético, y el salto sin red al sistema capitalista, provocó un aumento espectacular de la corrupción en el seno de un debilitado Estado. El ejecutivo central era incapaz de contrarrestar la influencia de la oposición política en el Parlamento, y tanto las reforzadas mafias como la nueva capa social de oligarcas, a menudo exjefes locales del PCUS beneficiados por las privatizaciones de empresas públicas, construían auténticos ámbitos de poder privado. Los gobernadores regionales y los poderes locales disponían además de un amplio margen de maniobra, y operaban como sátrapas en sus territorios. La decadencia imparable y la insuficiencia de recursos de Rusia, y por tanto su incapacidad para jugar un papel de gran potencia en el futuro, parecía confirmarse en agosto de 2000 ante la opinión pública occidental, cuando en el lapso de pocos días tuvieron lugar dos desastres: el hundimiento en el mar de Barents del submarino nuclear Kursk y el espectacular incendio de la torre de telecomunicaciones Ostankino, en Moscú.

Sin embargo, a lo largo del primer lustro del nuevo siglo el país recuperó parte de su influencia de otrora. En primer lugar, la victoria electoral por amplia mayoría de Vladímir Putin en 1999, un antiguo miembro del aparato de inteligencia soviético que conocía bien los engranajes del Estado, supuso una vuelta de tuerca autoritaria en el sistema político ruso. El Gobierno central pasó a desempeñar un mayor control de la economía, en particular de la explotación de hidrocarburos. Gracias a los ingresos reportados por la creciente exportación de gas y petróleo —Rusia es el segundo productor mundial de crudo—, que suponían un tercio de su PIB y casi la mitad de su presupuesto federal, las finanzas públicas del país pudieron reequilibrarse en poco tiempo, la inflación se redujo, y empresas como Gazprom se convirtieron en actores globales. Los hidrocarburos vinculan de manera particular Europa y Eurasia: el 70 por ciento del petróleo y el 65 por ciento del gas que exportaba Rusia en 2014 iban a parar al continente.

En el ámbito político, Putin consolidó un régimen pseudoautoritario de «democracia dirigida», con métodos cada vez más expeditivos. Impuso así crecientes cortapisas a la libertad de expresión. Cercenó además el poder de los oligarcas, muchos de los cuales se retiraron a sus negocios, fomentaron la oposición o se fueron al exilio. El deterioro de la calidad de la democracia rusa no importó demasiado a los electores, que premiaron su gestión económica y su mano dura frente a oligarcas y amenazas interiores. Putin ganó rápidamente en aceptación popular: en 2004, fue reelegido con el 71 por ciento de los sufragios.

A esa popularidad contribuyó también una nueva política de potencia, interior y exterior. De entrada, Putin se preocupó de reafirmar el dominio de Rusia sobre su solar histórico y su área de influencia próxima. Aplicó una política de mano dura contra los separatistas chechenos, cuya deriva islamista y tácticas terroristas indiscriminadas les granjeaban ahora menos simpatías en Occidente: de heroicos luchadores pasaron a ser terroristas fanáticos. Putin también restauró el prestigio de Rusia como interlocutor válido ante EE. UU. y la UE. A la represión de la insurgencia chechena y la progresiva consolidación de un gobierno colaboracionista en el pequeño territorio caucásico, siguieron algunas intervenciones esporádicas en el área, como la corta guerra contra Georgia (2008). El siguiente paso sería la creciente injerencia en la política interna de Ucrania, utilizando como ariete a las poblaciones rusas o rusófonas, mayoritarias en sus regiones centrales y orientales.

Así se puso en evidencia en 2014, cuando Rusia prestó su apoyo al movimiento secesionista de los rusos de Crimea, y mantuvo una postura de discreto respaldo a la insurrección de las regiones rusófonas del Este de Ucrania contra el Gobierno de Kiev. El objetivo reconocido es la reconstrucción de un área de influencia eslava alrededor de la Federación Rusa, y el mantenimiento de la apariencia de una política de potencia que, no obstante, sigue teniendo pies de barro, tanto por las bases poco sólidas de su economía, muy dependiente de las oscilaciones del precio del petróleo y de la exportación de gas, como por el deterioro de sus fuerzas armadas.

Los a menudo denominados «países emergentes», para los que se popularizó el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en 2001 de la mano del economista Jim O’Neill, han llevado a cabo iniciativas para reforzar su influencia internacional, a través del establecimiento de mecanismos de cooperación. En 2003, a propuesta de Brasil, India, China y Sudáfrica, se creó el grupo G-20 de países desarrollados y emergentes, para contrarrestar el influjo de los países de la OCDE en las negociaciones de Doha para la regulación del comercio internacional. El G-7, club de los países más desarrollados del mundo, se transformó en G-8 al aceptar como miembro a Rusia, y estableció mecanismos de cooperación y diálogo con China, India, Brasil, México y Sudáfrica.

También surgieron y se consolidaron con cierta fuerza otros actores, tanto supraestatales como no estatales. Por un lado, las organizaciones internacionales, que intentan coordinar y definir posturas comunes ante retos globales, como el cambio climático, la liberalización del comercio mundial o la generalización de los derechos humanos, incluyendo dentro de ellos, con una relevancia cada vez más acusada, los derechos de la infancia o de la mujer, con vistas a una efectiva igualdad de género y la eliminación de lacras como la pobreza, la trata de blancas, el maltrato a las mujeres, la esclavitud infantil o el turismo sexual con menores. El número de tratados, convenciones y obligaciones internacionales suscritas por los Estados mundiales hace cada vez más difícil a sus élites políticas sustraerse a las exigencias de un mundo interdependiente. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales, el llamado «cuarto sector» de la economía mundial, han cobrado a menudo un protagonismo mediático y político no desdeñable a escala global, y un prestigio creciente en la opinión pública de buena parte del mundo, desde la ecologista Greenpeace a Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras.

LATINOAMÉRICA: DEMOCRATIZACIÓN Y LIBERALIZACIÓN

El fin de la Guerra Fría también se dejó notar en América Latina. De entrada, sucedió una fase de euforia, cuyo colofón marcó la transición chilena a la democracia. Parecía, además, que al fin de los dos bloques seguiría el fin del «Tercer Mundo». Los problemas estructurales de América Latina seguían estando presentes, sin embargo, e incluso se agudizarían a lo largo de la última década del siglo XX. Frente a los países tradicionalmente más desarrollados (Argentina, México, Chile, Brasil), la mayoría de los Estados latinoamericanos se seguiría caracterizando por una gran brecha social entre ricos y pobres; la desigual distribución de la propiedad agraria; las bolsas de pobreza urbana y suburbana; el aumento de la inseguridad ciudadana; la violencia política de los setenta y ochenta se convirtió cada vez más en violencia social, a la que se unía la actividad criminal de organizaciones mafiosas, especialmente notoria en México, Colombia y algunos Estados centroamericanos, y la mala calidad de los servicios públicos. La República de Haití constituía un caso extremo, cuyas carencias se pusieron de manifiesto para la opinión pública mundial con motivo del devastador terremoto de 2010.

La redemocratización de América Latina siguió derroteros tan diversos como distintas habían sido sus dictaduras. En general, la fuerza motriz de todos los procesos fue el crecimiento de la protesta y la disensión en las clases medias de cada país, que ya no estaban dispuestas a tolerar más represión, ante el fracaso de los proyectos de reforma económica de los dictadores. El descontento creció desde varios sectores sociales y políticos, aunaba a izquierdistas revolucionarios, cristianos progresistas, liberales y democristianos, y se veía además reforzado por la aparición de movimientos civiles que denunciaban las torturas y desapariciones de presos políticos, a veces, como en Argentina, protagonizados por las madres y hasta abuelas de las víctimas. A la reivindicación se sumaron importantes segmentos de la Iglesia católica de cada país, y su eco internacional deslegitimó a las dictaduras en el exterior. En Paraguay se restauró la democracia en 1989, y en Chile en 1990. En Nicaragua, las elecciones de 1990 llevaron a la derrota de los sandinistas, una vez integrados sus antagonistas en el juego democrático. En México, el régimen de partido único en la práctica del PRI concluyó en 2000. Solo en Cuba se mantuvo inalterable el régimen castrista, capaz de sobrevivir al fin del bloque soviético, a pesar del empobrecimiento de su población. Ni siquiera la retirada del primer plano del sempiterno Fidel Castro desde 2006, por motivos de salud, provocó su caída.

La vía guerrillera también entró en vía muerta. En Perú, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fueron desarticulados a mediados de la década de 1990. Además del caso peculiar del movimiento zapatista en Chiapas, solo subsistía a principios del siglo XXI un foco guerrillero de importancia en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Surgidas en 1964 en las zonas rurales del país como grupo de inspiración marxista, su prioridad inicial había sido el apoyo a las reivindicaciones campesinas locales, librando combates con bandas paramilitares financiadas por los propietarios agrarios. Entre 1970 y 1990, el área controlada por la guerrilla se convirtió en uno de los mayores focos productores de coca del mundo. Las emergentes redes del narcotráfico se enfrentaron a las FARC-EP y al Estado, pero algunas de sus facciones también establecieron acuerdos con jefes guerrilleros, que pasaron a cobrar impuestos «revolucionarios» a los cultivadores y traficantes de la droga, o a comerciar directamente con ella. La coca era una fuente de financiación fácil, y su difusión en los países capitalistas llegó a verse como una actividad de subversión revolucionaria de sus estructuras sociales.

La creciente imbricación entre narcotráfico y guerrilla enquistó el conflicto colombiano durante dos décadas más. Poco después del fin de la Guerra Fría algunos grupos menores, como el maoísta Ejército Popular de Liberación, se autodisolvieron, pero parte de sus integrantes siguieron haciendo la guerra por su cuenta. Y el repertorio de acciones guerrilleras se amplió, perdiendo toda aura de romanticismo revolucionario: a la violencia del Estado y los grupos paramilitares, la guerrilla respondía con actos terroristas, secuestros, asesinatos de civiles, atentados y sabotajes de vías de comunicación e infraestructuras. La captura de rehenes, retenidos a menudo durante años, se convirtió en una lucrativa fuente de ingresos para los guerrilleros. Los esfuerzos negociadores iniciados en 1993, y nuevamente en 1998, acabaron en un sonoro fracaso.

La política de mano dura aplicada por el gobierno conservador de Álvaro Uribe desde 2002, junto con algunos avances del ejército, los golpes contra los dirigentes de la insurgencia, la apertura al diálogo y la disolución de buena parte de las bandas paramilitares, ha contribuido a disminuir la actividad e influencia de las FARC-EP. Con todo, a finales de la primera década del siglo XXI seguían teniendo influencia en amplias zonas de Colombia, particularmente en el oeste, centro-sur y sur del país; disponían de unos efectivos de cerca de ocho mil soldados, muchos de ellos menores de edad, y eran capaces de ejecutar acciones periódicas contra el Estado y el ejército colombiano. A ellas se unían otros grupos de larga trayectoria, como el procubano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La perpetuación de la violencia en Colombia se puede considerar, de hecho, como una forma más de violencia criminal representativa de la evolución del fenómeno en otras partes de Latinoamérica, aunque sus orígenes se sitúen en la guerrilla marxista de los sesenta de inspiración guevarista, y su retórica incida en el objetivo de una Colombia socialista.

El advenimiento de la democracia en América Latina no tuvo lugar mediante un parto revolucionario, sino a través de transiciones pacíficas que siguieron a la dimisión del dictador y la retirada del ejército a un segundo plano. El precio que los nuevos regímenes democráticos tuvieron que pagar fue el olvido, aun cuando, como en Argentina, una Comisión de la Verdad elaborase ya en 1984 un completo informe sobre las violaciones de los derechos humanos durante el período dictatorial. Pocos años después, una Ley de Punto Final, decretada en este caso por el Gobierno del presidente radical Raúl Alfonsín, amnistiaba a la mayoría de los militares de todos sus actos delictivos.

Tras 1990, los viejos adversarios políticos tejieron, a menudo, nuevas alianzas. Las élites tradicionales, importantes sectores de las clases medias y oligarquías criollas garantizaron su posición de dominio social mediante la cooptación de antiguos dirigentes y miembros de la oposición izquierdista, guerrillera o armada a las dictaduras. En general, los Estados dominados por las élites tradicionales perdieron poder e influencia a lo largo de las dos décadas siguientes. La debilidad del Estado tuvo un reflejo inmediato en la fragilidad económica de las nuevas democracias. Como en otras latitudes, el FMI impuso duras condiciones a los Estados latinoamericanos que se acogieron a sus programas de ayuda: desregulación de la vida económica, privatización de empresas y servicios estatales, facilidades para la inversión extranjera y reducción del déficit público. En parte, suponía generalizar a toda Latinoamérica los postulados monetaristas y neoliberales aplicados en Chile en los años ochenta, que habían dado buenos resultados en un país, por lo demás, sometido a una férrea dictadura, y que agudizaron las desigualdades sociales. La política económica de la época pinochetista fue aplicada sin apenas cambios por los gobiernos democristianos elegidos en democracia, tanto de Patricio Aylwin (1990-1994) como de Eduardo Frei (1994-2000). Argentina la imitó en los años noventa, con la peculiaridad de una ley de convertibilidad monetaria que establecía la paridad entre peso y dólar norteamericano.

Una consecuencia de esas medidas fue la liberalización del mercado exterior, que provocó un creciente intercambio entre los distintos Estados latinoamericanos, así como una mayor apertura hacia otros continentes, entre ellos (desde principios del siglo XXI) China. Algunos países procedieron a exportar nuevos productos, como el salmón y el vino (Chile) o la soja (Argentina). A imitación del ejemplo europeo también tuvieron lugar iniciativas de integración económica supraestatal, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), fundado en 1991 (aunque realmente entró en funcionamiento a partir de 1995), que reuniría inicialmente a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; o el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), que desde 1994 integraría a Canadá, EE. UU. y México. El aumento de los precios del petróleo y de la demanda china estuvo en el origen de fases de prosperidad, interrumpidas sin embargo por bruscas sacudidas, como la crisis financiera de 1994 en México (el efecto tequila), o la que padeció Argentina en 20012002. El endeudamiento público y la inflación devinieron en problemas casi permanentes de buena parte de los países latinoamericanos.

La creciente globalización también incidió en las problemáticas estructurales de Latinoamérica, y en particular sobre las dinámicas migratorias. Los europeos ya no llegaban al continente desde principios de los años setenta: apenas eran de destacar algunos portugueses establecidos en Brasil, restos de cadenas migratorias específicas, forjadas tiempo atrás y que se mantenían allí donde eran excepcionalmente rentables (gallegos hacia México, por ejemplo), y aislados flujos minoritarios de europeos del Este (ucranianos y gitanos rumanos en Argentina) y asiáticos (coreanos en Argentina durante los años noventa). En los años noventa y primera década del siglo XXI, un número creciente de ciudadanos latinoamericanos tomó el camino de la emigración hacia los países desarrollados: Norteamérica, destino escogido de forma mayoritaria por caribeños, mexicanos y centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, sobre todo), que a menudo entraban en EE. UU. de forma ilegal, y que totalizan varios millones; y Europa occidental, en particular España y en menor medida otros países, destino al que se dirigieron ecuatorianos, dominicanos, y bolivianos, así como peruanos, colombianos y hasta argentinos y uruguayos —en estos casos, se trataba en buena parte de descendientes de inmigrantes europeos con ciudadanía española o italiana—.

Dentro del área latinoamericana, el éxodo rural hacia las grandes ciudades y las aglomeraciones de inmigrantes del campo en los suburbios urbanos se intensificó. Pero los países más ricos del área también eran polos de atracción de migrantes. Por ejemplo, de bolivianos, peruanos y paraguayos en Argentina y Chile; a nivel más modesto, también era tradicional la inmigración transfronteriza de haitianos en la República Dominicana, o de chilenos en la Patagonia argentina.

Las migraciones latinoamericanas intensificaron algunas dinámicas de cambio social y cultural. Las remesas enviadas desde EE. UU. por inmigrantes centroamericanos y caribeños son fundamentales para la economía de sus países de origen; lo mismo se podría decir de las cursadas desde España a Ecuador. Con los nuevos migrantes aumentó el influjo cultural y de las pautas de consumo de EE. UU. en Latinoamérica, pero también se incrementó notablemente el peso de los latinos en la sociedad estadounidense, convirtiéndose de modo progresivo en la minoría étnica más numerosa e influyente del país, y su idioma en una lengua cooficial de facto en varios Estados. Una consecuencia inesperada de los intercambios fue asimismo la rápida expansión de las iglesias protestantes por varios países de Latinoamérica tradicionalmente católicos, que ya tenía raíces en las décadas anteriores (caso de Guatemala), y que han realizado espectaculares progresos en áreas pobres suburbanas, gracias al mayor compromiso social mostrado por sus predicadores.

VIEJOS Y NUEVOS POPULISMOS LATINOAMERICANOS

En el plano político, entre principios de los años noventa y la primera década del siglo XXI también se asistió a una floración de los neopopulismos de distinto carácter. Su caldo de cultivo acostumbraba a ser el fracaso de los partidos tradicionales en resolver los problemas económicos que seguían aquejando a las nuevas democracias, y en algunos casos su desprestigio político y social provocado por las altas cotas de corrupción. Líderes elegidos por vías democráticas hicieron uso de su carisma político, ayudados por intensas campañas mediáticas, y hacían gala de sus orígenes populares y/o provincianos, de su habla popular y de su paternalismo, convirtiéndose en manifestaciones renovadas, y con lecturas ideológicas diversas, del tradicional fenómeno del caudillismo.

Fueron los casos del hijo de inmigrantes sirios Carlos Menem (1989-1999), seguido tras un fallido intervalo socialdemócrata-radical por el período de gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner (2007 hasta la fecha), cuyo carisma provenía de su buena gestión en el sureño Estado de Santa Cruz. Ambos encarnaban caras distintas dentro de la multiforme cultura política del peronismo, y abrigaban diversas interpretaciones de su legado. En el caso de Menem, era una lectura neoliberal y crecientemente conservadora; más estatalista e «izquierdista» fue la praxis de los Kirchner, caracterizados por una mezcla de presidencialismo autoritario; guiños a la izquierda y a las bases sindicales y populares del peronismo mediante políticas clientelares y, en menor medida, redistributivas; algunas nacionalizaciones de sectores estratégicos, como los hidrocarburos, y la instrumentalización de a memoria histórica de las víctimas de la dictadura militar, derogando la ley de punto final.

Otro ejemplo fue, en Perú, el hijo de inmigrantes japoneses Alberto Fujimori (1990-2000), apodado El Chinito, ganador de las elecciones contra la candidatura de centro-derecha encabezada por el novelista Mario Vargas Llosa tras obtener apoyos de sectores populares, organizaciones de izquierda y el aparato del tradicional partido socialdemócrata APRA. Su ejecutoria una vez en el gobierno combinó una agenda económica neoliberal con mano dura contra los grupos terroristas Sendero Luminoso, desarticulado en 1992-1993, y el Tupac Amaru, tras el secuestro por este último durante varios meses de 600 rehenes en la embajada japonesa en Lima. Al tiempo, Fujimori reforzó los rasgos autoritarios de su gobierno. En abril de 1992 protagonizó un autogolpe que disolvió el Congreso y anuló la independencia del poder judicial, para gobernar por decreto. La corrupción que se adueñó del aparato del Estado, incluidos turbios manejos de su colaborador y jefe de los servicios secretos Vladimiro Montesinos, acabó por provocar la deslegitimación de Fujimori y su caída en noviembre de 2000, tras haber ganado de forma irregular las elecciones presidenciales.

Una nueva ola de movimientos de izquierda, que en parte heredaban y reactualizaban elementos de los clásicos populismos latinoamericanos, pero que también recuperaban la tradición revolucionaria de los sesenta, surgió a finales de los años noventa. Bajo una retórica antiimperialista y anticapitalista más o menos compartida, sobre todo en el caso venezolano y boliviano, se encontraban componentes de muy distinta naturaleza: autonomismo territorial y reivindicación de la emancipación social y cultural de la población indígena en Bolivia; pretorianismo, izquierda radical y populismo clásico en el caso de Venezuela; agendas sociales reformistas, profundización de los derechos civiles y lucha contra la exclusión social, junto con un acusado pragmatismo político, en el caso de Brasil y en del más débil Uruguay.

Primero fue el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, antiguo coronel golpista contra el corrupto y desacreditado sistema bipartidista y oligárquico del país. Con base primero en el Movimiento V República, plataforma de militares reformistas, Chávez cultivó el contacto directo con las clases populares, de las que él mismo procedía, a través de la radio y la televisión, con un lenguaje sencillo y tonos paternalistas. Pronto extendió una red de clientelas por todo el país, al tiempo que mediante «misiones bolivarianas» de ecos maoístas lanzaba objetivos como la alfabetización o la atención médica de sectores sociales desposeídos, a los que en buena medida el naciente chavismo llevó a participar por primera vez en la vida política. La estrecha relación con Cuba, necesitada del petróleo venezolano, le permitió conectar su gobierno con la mística revolucionaria y guevarista-castrista, emplear a médicos cubanos en las campañas y presentarse como el gran adalid del antiimperialismo. Hacía uso retórico, para ello, del clásico nacionalismo revolucionario, centrado en la interpretación izquierdizante del legado del libertador Simón Bolívar.

En abril de 2002, tras una matanza de manifestantes en Caracas, una coalición de militares, empresarios y sindicalistas depuso a Chávez. Sin embargo, el golpe fracasó a las pocas horas. El repuesto presidente incrementó desde entonces el tono antiimperialista de su discurso, culpando a EE. UU. de lo sucedido. Chávez llegó a referirse a Bush en la ONU como «el diablo»; sin embargo, las exportaciones petroleras a Norteamérica se incrementaron. Al tiempo, el eje Caracas-La Habana intentó configurar una alternativa geopolítica. En 2004, Chávez y Castro fundaron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que atrajo a varios países a su órbita. Dos años más tarde, se firmó en La Paz el tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). El hiperactivismo venezolano, y sus recursos petroleros, sostenían los varios organismos interestatales y proyectos de infraestructuras dependientes de ALBA y del TCP, para cimentar una gran red cooperativa. En 2007 establecía con Bolivia una alianza energética del gas. Los Estados próximos a ALBA crearon foros paralelos, como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en 2007 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2011, restando protagonismo a las tradicionales Cumbres Iberoamericanas y la pronorteamericana OEA. Esos movimientos minaron el espacio de librecambio de las Américas diseñado por el Gobierno de EE. UU. Pero también le enfrentaron al Brasil de Lula, que aspiraba con menor estridencia retórica a desempeñar un papel hegemónico en Sudamérica.

Los altos precios del petróleo generaban un maná que regaba las políticas públicas expansivas de Chávez, pero no evitaron una fuerte inflación. La Asamblea Nacional habilitó al presidente para legislar al margen del Parlamento mediante decretos-ley, que aceleraron el proceso de la «revolución bolivariana». Primero, procedió a nacionalizar las industrias petroquímica, siderúrgica, eléctrica, telefónica y parte de la banca. También expropió tierras improductivas, y repartió generosos subsidios sociales. La política socioeconómica iba de la mano del nacionalismo militarista, el rearme del ejército y la extensión de los Círculos Bolivarianos como red social de apoyo a Chávez, entre los que surgieron grupos de milicianos armados. También coqueteó con el indigenismo, además de una retórica pseudomarxista que, por lo general, recurría a tonos populistas (el pueblo contra los «poderes fácticos»).

La institucionalización del chavismo, empero, sufrió algunos reveses. En 2007, el Movimiento V República se fusionó con algunos grupos de izquierda en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que no se integraron ni el Partido Comunista ni dos grupos (Podemos y Patria para Todos) que acabaron sumándose a la oposición y denunciando la deriva personalista de Chávez. Con todo, el presidente ganó de manera sucesiva el referéndum revocatorio forzado por la oposición en 2004, y las elecciones presidenciales de 2006 por un aplastante 63 por ciento. Pero en diciembre de 2007, el referéndum convocado por Chávez para aprobar varias enmiendas en sentido socializante de la Constitución, y posibilitar su reelección por un período ilimitado, fue rechazado, aunque dos años después consiguió hacer aprobar en un nuevo plebiscito la reforma. En 2010, el bloque de partidos que apoyaba a Chávez volvió a ganar los comicios, y aquel pudo gobernar de nuevo con poderes extraordinarios.

El chavismo como movimiento social sobrevivió a la muerte del propio Chávez en marzo de 2013, tras haber ganado sus últimos comicios seis meses antes enfermo de cáncer, con un 55 por ciento de los sufragios. Sus casi tres lustros de gobierno estuvieron llenos de claroscuros. Por un lado, algunos indicadores de desarrollo social mejoraron de forma ostensible, como mostraban los índices de alfabetización o la reducción de la pobreza y la desigualdad social. También se construyeron viviendas para ciudadanos de bajos ingresos, se realizaron nuevas infraestructuras y se subvencionaron servicios y proyectos sociales. No obstante, la oposición ha denunciado las tendencias autoritarias de su gobierno, las sanciones a los medios de comunicación antichavistas o el empleo preferente de los ingresos generados por la exportación de petróleo a la consolidación de redes clientelares, en vez de edificar un Estado del Bienestar eficiente. La inflación, el aumento de la deuda externa, el desabastecimiento de alimentos y la violencia delictiva nunca pudieron ser mantenidos bajo control. Y la dependencia de la exportación del petróleo, cuyas oscilaciones de precio en los mercados internacionales se ajustaban con devaluaciones de la moneda nacional, constituía un talón de Aquiles. La ineficiente economía venezolana crecía mucho menos que las de su entorno geográfico, y no diversificó su estructura productiva. Sin embargo, un hecho cierto es que, pese a abusar de sus poderes ejecutivos y del escaso respeto al pluralismo informativo, Chávez siempre fue elegido en las urnas, y aun en sus peores momentos demostró un carisma imbatible.

La ola izquierdista y antiimperialista se extendió a otros países, con componentes sumamente específicos en cada caso. En el año 2006, el sandinista Daniel Ortega volvió a ganar las elecciones en Nicaragua, retomando las antiguas esencias revolucionarias, aunque su figura pronto se vio ensombrecida por escándalos de corrupción. También ese año, el antiguo sindicalista agrario y líder de los cocaleros Evo Morales, líder de una compleja coalición que integraba grupos de izquierda y de clase media liberal, autonomistas de diversas regiones y plataformas indigenistas, ganaba las elecciones en Bolivia, y sería reelegido en dos ocasiones. Su política interior presentaría algunas semejanzas con el modelo chavista: nacionalización de la producción de hidrocarburos, minerales y teléfonos y servicios básicos, campañas de alfabetización (en castellano, pero también aymará y quechua), además de rasgos particulares, como la descentralización territorial y el reconocimiento de las culturas indígenas. En Honduras, el empresario conservador Manuel Zelaya, elegido ese mismo año, daría un viraje político inesperado y se aproximaría a la ALBA y al discurso antiimperialista y bolivariano. Y al año siguiente resultaba vencedor en los comicios ecuatorianos el socialdemócrata Rafael Correa, que recibía también apoyos de los grupos indigenistas del país.

En otros países, la tradición socialista democrática propia y anterior a los golpes militares reemergía igualmente con fuerza, aun bajo la forma inicial de coaliciones de izquierda radical, cuyo perfil se aproximó rápidamente a la socialdemocracia. En Uruguay accedía en 2005 al poder el Frente Amplio, conglomerado de partidos y colectivos de izquierda, manteniéndose desde entonces bajo las presidencias de Tabaré Vázquez y José Mujica. En Paraguay, el obispo secularizado Fernando Lugo, al frente de una variopinta coalición de partidos, rompió el tradicional dominio del Partido Colorado y ganaba las elecciones en 2008, con un programa de nacionalismo económico, reformas sociales y fomento de la educación y la atención sanitaria. En Perú, una coalición de partidos nacionalistas y de izquierda llevaba a la presidencia a Ollanta Humala en 2011. Y en Brasil había accedido en 2003 al Gobierno el Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula da Silva.

El indigenismo tenía una larga tradición en la historia política e intelectual latinoamericana. Su revitalización en los años noventa estuvo ligada en parte a los cambios sociales inducidos por la globalización y las migraciones interiores, que afectaron sobremanera a las poblaciones rurales indígenas. Mas también ponía de relieve la creciente relevancia que adquiría la sociedad civil en los sistemas democráticos latinoamericanos, capaz de articular nuevas formas de protesta (los cocaleros bolivianos o el movimiento de ocupación de tierras Sem Terra de Brasil) o de reformular viejos repertorios, como el caso de los piqueteros argentinos. El nuevo indigenismo recurrió en parte al repertorio tradicional de la violencia guerrillera, aunque con matices distintos a los de dos décadas atrás. Y aprovechó la efemérides del 500 aniversario del descubrimiento de América para difundir a escala mundial sus reivindicaciones de reparto equitativo de la propiedad de la tierra, respeto a los derechos de propiedad y a los derechos culturales de las comunidades indígenas, y autonomía territorial en algunos casos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), surgido como respuesta a la firma del NAFTA en enero de 1994 en el deprimido Estado de Chiapas (sur de México), no era una guerrilla violenta y marxista radical. Empezó como un movimiento de apoyo a las ocupaciones de tierras por parte de campesinos de la región, y mantuvo bajo control varios territorios de Chiapas. Aunque en los enfrentamientos con las fuerzas de ejército mexicano ha habido algunas decenas de muertos, su praxis ha sido en general menos violenta que otros grupos guerrilleros latinoamericanos. Su líder, el subcomandante Marcos (pseudónimo del profesor universitario Rafael S. Guillén), siempre con el rostro oculto, capaz de formular consignas en un lenguaje poético y cuyo excelente inglés denotaba una educación selecta, proclamaba que el objetivo del grupo era cambiar el mundo; denunciaba el neoliberalismo y la explotación, y proponía una profundización de la democracia y la justicia. En palabras del escritor Carlos Fuentes, era la primera «revolución poscomunista» del mundo. Esos fines le granjearon la simpatía de la izquierda altermundista, desde el movimiento Attac y el Foro Social Mundial de Porto Alegre hasta los movimientos antiglobalización y opuestos al neoliberalismo que en los años sucesivos surgirían en varias partes del mundo, y que protagonizarían sonoras protestas callejeras contra las cumbres económicas de los países desarrollados.

El Subcomandante Marcos en la plaza del Zócalo, México DF.

Mario Guzmán – EFE.

El indigenismo se ha convertido en un elemento integrado en la acción de gobierno de algunas izquierdas latinoamericanas. Es el caso de la presidencia de Evo Morales en Bolivia, cuya Constitución incluye desde 2009 políticas de reconocimiento cultural y simbólicas de las etnias indígenas, así como su derecho a la autonomía y gobierno territorial, la propiedad exclusiva de los recursos forestales de sus comunidades, y la equiparación de las tradiciones judiciales indígenas con la justicia ordinaria. La influencia indigenista en la Constitución ecuatoriana de 2008, que consagra el intervencionismo estatal en la economía y se inspira en algunos apartados de principios comunitarios quechuas, es mucho más reducida.

LA NUEVA GLOBALIZACIÓN: LUCES Y SOMBRAS

El avance de las tecnologías de la comunicación y del almacenamiento y difusión de datos desde la década de 1980 constituyó una precondición de la globalización financiera. Paradójicamente, se trata de un hijo de la Guerra Fría, durante la cual las tecnologías de uso militar (el desarrollo de la informática o las redes globales de comunicación) se trasvasaron de modo paulatino a la esfera civil. La tecnología hizo posible la deslocalización y la multipolaridad de las relaciones económicas. Al mismo tiempo, la facilidad y accesibilidad de su puesta en funcionamiento y desarrollo favoreció a países con menor tradición industrial clásica, desde la India hasta Corea del Sur, que empezaron produciendo suministros informáticos en las décadas de 1980 y 1990, y han continuado elaborando buena parte de los productos consumidos en red.

Primero fue la progresiva generalización de los ordenadores personales, gracias a la simplificación creciente de los sistemas operativos, empezando por el Macintosh (1985) y su adaptación Windows (1990), que desbancaron rápidamente a sus competidores e hicieron accesible el uso del ordenador, sin grandes conocimientos informáticos, a millones de usuarios de todo el mundo. El siguiente paso consistió en la comunicación en red desde ordenadores y el intercambio de archivos, lo que fue facilitado por los primeros navegadores comerciales, como Netscape, desde finales de 1994. Los módems y la circulación de datos a través de la línea telefónica facilitaron el proceso. El sistema de documentos de hipertexto enlazados y accesibles a través de la red de redes (internet) estuvo así a disposición de cualquier lego en materia electrónica. El acceso era simple, y la rapidez con la que los niños entendían el funcionamiento del sistema prefiguraba el nacimiento de una generación familiarizada con las nuevas tecnologías.

Un niño ante un ordenador iMac.

Thomas Kienzle - Gtresonline.

Las acciones de Netscape en bolsa subieron como la espuma, y la fibra óptica incrementó exponencialmente las posibilidades de almacenaje e intercambio de datos. La liberalización progresiva del mercado de las telecomunicaciones, primero en EE. UU. y después en Europa y otras latitudes, permitió además la competencia entre operadores, así como la comercialización de programas para ordenador que se podían descargar y mejorar por parte de usuarios y programadores. La creación de sitios en la red, de páginas virtuales, se hacía igualmente accesible a millones de instituciones, empresas y particulares. Pero también se hacía vulnerable a virus y ataques programados desde la distancia. La guerra electrónica por parte de grupos terroristas o Estados enemigos, el pirateo de datos y patentes por competidores, o simplemente la práctica del intrusismo informático como hobby, o como competición entre los adictos a la red, se convertiría en algo más que ciencia ficción. Los hackers, los piratas informáticos, podían ser vistos como unos nuevos anarquistas, partidarios de hacer accesible a todo el mundo productos descargables por la red o difundir información confidencial, y por lo tanto como nuevos abanderados de la abolición de la propiedad privada, que hasta tendrían su traducción política efímera como partidos piratas en varios países europeos. O bien como maquiavélicos terroristas capaces de paralizar fábricas, crear el caos circulatorio en megalópolis o desviar aviones sin levantarse de su escritorio.

La expansión de la red y de las telecomunicaciones por ondas hertzianas, en particular de la telefonía móvil, fue otra revolución tecnológica de los noventa. Eso también permitía a los Estados con capacidad tecnológica suficiente entrometerse en la privacidad de las comunicaciones, escuchar conversaciones en todo el mundo, descifrar mensajes y descubrir secretos empresariales. La red de espionaje mundial Echelon, organizada por EE. UU., Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá y cuya existencia fue denunciada por una comisión de la UE en septiembre de 2001, parecía poner en entredicho derechos fundamentales y despertaba recelos sobre sus posibilidades. Podía desactivar a tiempo amenazas terroristas, pero también ponerse al servicio de un poder autoritario para someter a los ciudadanos. La utopía futurista y preocupante de George Orwell en su novela 1984 parecía superarse. Los espiados, además, eran amigos y enemigos por igual: trece años después, EE. UU. tuvo que disculparse ante sus aliados europeos por las escuchas realizadas al teléfono móvil de la canciller alemana Angela Merkel.

La crisis del Estado del Bienestar, que como hemos visto se retrotrae a la primera crisis del petróleo en 1973-1974, ha sido considerada a menudo como una consecuencia del proceso de globalización, de la extensión del capitalismo y la competencia salvaje. Sin embargo, también se pueden señalar como detonadores del proceso de globalización el cuestionamiento del Estado interventor, la liberalización de los mecanismos de regulación estatal de la economía, y la eliminación progresiva de trabas aduaneras a la circulación de bienes, personas y capitales. La liberalización de los intercambios internacionales se ha visto acompañada de la expansión de las relaciones financieras globales, que adquirieron además una creciente complejidad. Los mercados financieros se desarrollaron de modo espectacular y acelerado a partir de 1986, tras la desregulación de la llamada City de Londres.

La globalización financiera corría paralela a importantes transformaciones cualitativas. Los actores de ese mercado son, además, cada vez menos nacionales y más transnacionales. Si hasta la década de 1980 las compañías multinacionales tenían un centro impulsor localizado geográficamente en un Estado, y por tanto funcionaban como compañías del capital monopolista representativas del poder económico y las ansias de hegemonía de un Estado-nación, fuese la alemana Siemens, la norteamericana General Motors o la japonesa Kawasaki, de modo creciente esas compañías se han transformado en actores policéntricos y plenamente transnacionales, cuyos intereses son globales y cuya adscripción nacional es cada vez más dudosa.

La expansión vertiginosa de internet desde mediados de la década de 1990, y la generalización de su acceso privado, constituyó una perfecta metáfora de los progresos de la globalización y del libre mercado: la economía, además, daba el salto a la producción de conocimiento. Se podía ganar dinero simplemente con su generación, mejora y difusión, y con la elaboración de productos tecnológicos casi inmateriales: lo importante no era el microcircuito de silicio, sino los códigos de los programas informáticos. Eso también multiplicaba los riesgos: de la economía productiva, real, se pasaba a la virtual, y la hegemonía del capital financiero se veía reforzada por las burbujas especulativas cuya transmisión favorecía internet. La crisis de la burbuja puntocom, entre 2000 y 2002, fue un serio aviso de la dinámica que seguirían las crisis financieras en el futuro, y de los riesgos de los pelotazos en empresas virtuales, de las que miles quebraron en pocas semanas, volatilizándose miles de millones de dólares. La posterior crisis de las hipotecas subprime en 2007 reforzaría esa percepción.

La globalización de la economía y de la información, y en el ámbito europeo y americano la creciente disminución de los controles fronterizos, también poseían otra cara oscura. Las mafias nacionales se internacionalizaron de forma creciente desde principios de los años noventa. La tradicional mafia siciliana y la ‘Ndrangheta calabresa extendieron sus negocios y la actividad de blanqueo de capitales a Centroeuropa, Francia y España; en Europa del Este emergieron potentes grupos mafiosos entre las ruinas del Estado socialista, y muchos de los nuevos capitalistas rusos eran sospechosos de haber acumulado sus riquezas en tiempo meteórico gracias a actividades ilegales. Las diversas mafias balcánicas, caucásicas, chinas (las Tríadas) y japonesas (Yakuza) hacían negocios en Rusia y también en Europa; en algunos países y regiones, como Albania o Kosovo, las actividades delictivas y el tráfico de armas, drogas y personas eran un componente esencial de sus maltrechas economías postsocialistas. También se intensificaban y diversificaban las conexiones transatlánticas con los cárteles de la droga mexicanos y colombianos, a través de intermediarios como los narcos gallegos o marroquíes.

Los grandes alardes de las mafias en la inmediata posguerra fría, desde el desafío a los jueces antimafia de la Cosa Nostra y los asesinatos espectaculares de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino a principios de los noventa, hasta las excentricidades y ostentaciones de riqueza de los capos colombianos o los mafiosos rusos, fue dando paso a una mayor discreción: el ruido espantaba los negocios. Las actividades delictivas más rentables (droga y sustancias ilegales, armas, prostitución, juego ilegal, tráfico de órganos, de inmigrantes o de automóviles robados, falsificaciones de productos de marca…) no solo se internacionalizaron, sino que globalizaron sus formas, diversificaron sus productos y servicios, y perfeccionaron sus mecanismos. Con ello, se hacía más difícil el control e identificación de sus flujos y su persecución legal, devenida en obsoleta por la incapacidad creciente de las legislaciones y las policías estatales para operar con rapidez e intercambiar información a escala global. Desde finales del siglo XX, el reciclaje ilegal de electrodomésticos o de piezas de automóviles en terceros países podía ser tan lucrativo como el tráfico con residuos nucleares.

Con ello, las fronteras entre negocios ilegales y legales se tornaron aún más vaporosas. El lavado de dinero obtenido de forma ilícita se ha canalizado a través de los mismos mecanismos de la economía financiera legal, pasando por los mismos bancos y, a menudo, invirtiéndose en mercados y productos similares, beneficiándose en aún mayor medida de la desregulación de los mercados financieros y la relajación de los controles de divisas, la existencia de paraísos fiscales alojados en países respetables y las técnicas de ingeniería financiera que permitían borrar el rastro de las transacciones. Y los mafiosos no lo eran a tiempo completo: procuraban adquirir un perfil respetable, invertir en beneficencia y educación, comprar clubes de fútbol, y codearse con dirigentes políticos, invitándolos a sus yates o pagándoles vicios inconfesables.

Las estimaciones sobre el porcentaje que las actividades delictivas podían suponer en la economía mundial a finales de la primera década del siglo XXI son muy variadas. El FMI ya calculaba en 1991 que el blanqueo de capitales suponía un 5 por ciento del PIB del planeta. Otros análisis iban del 1,5 al 5 por ciento, como sostenía en 2004 la periodista Loretta Napoleoni en su estudio sobre la Nueva economía del terror. Para algunos países, como Afganistán, los beneficios del comercio de droga podían suponer más de 60 por ciento de su PIB. Y el Banco Interamericano de Desarrollo sostenía que a finales de la primera década del siglo XXI el blanqueo de capitales suponía para el área latinoamericana de un 2,5 a un 6,3 por ciento del PIB regional, siendo mucho mayor en países como México. La tolerancia social hacia los negocios delictivos contribuía a encubrirlos. Los límites entre economía sumergida (ilegal, pero no necesariamente delictiva) y delictiva variaban según los contextos culturales específicos: el contrabando de tabaco parecía a muchos gallegos un comercio legítimo, al margen del Estado; el de droga, no. Para muchos productores de coca colombianos, ellos simplemente colocan producto en el mercado. La trata de blancas es difícil de perseguir en sociedades donde impera la tolerancia hacia la prostitución, siendo un buen ejemplo de ello el debate acerca de la conveniencia o no de prohibirla, regularla o simplemente penar el consumo y no solo la oferta.

Del mismo modo, las redes de migración ilegal, especialmente activas entre África y la UE, y la frontera entre México y EE. UU., contribuyen a nuevas formas de explotación de las personas, y son un pingüe negocio para varias redes mafiosas especializadas en el cruce de fronteras, aprovechando a menudo las redes y mecanismos tejidos desde hacía décadas —desde rutas terrestres y marítimas poco controladas por los Estados hasta mecanismos de soborno de funcionarios aduaneros y policías— para transportar sustancias ilegales. Las víctimas de la trata de personas y de las abusivas condiciones a las que se sometían a los migrantes (por ejemplo, sujeción a condiciones laborales de casi esclavitud) acostumbran a ser, en particular, quienes huyen de situaciones de persecución política, desigualdad social u opresión de género en las áreas más desfavorecidas del planeta, y que pueden acabar cosiendo en talleres clandestinos de Roma o prostituyéndose en burdeles de lujo en Dubai. Pero también podían ser trabajadores chinos transportados por sus propios compatriotas de las Tríadas.

La historia de las migraciones intercontinentales de siglos anteriores se repetía, solo que los protagonistas eran otros: ya no eran italianos o gallegos en Argentina o Brasil, sino africanos en Europa occidental, caribeños y mexicanos en EE. UU., tailandeses o pakistaníes en Dubai. Una paradoja de la globalización es sin duda que las barreras estatales a los flujos de capitales, bienes e información son mucho menores que las establecidas a la libre circulación de personas. En ese ámbito, las políticas migratorias continúan siendo una cuestión de Estado, y una competencia central que las élites nacionales mantienen bajo control. Las fronteras entre migración alegal (viajeros que llegaban a un país como turistas, para quedarse a trabajar en él como residentes ilegales) e ilegal, sin embargo, tampoco estaban siempre claras, ni eran controlables. Hasta los países árabes del golfo Pérsico, que admitieron mano de obra asiática bajo condiciones muy restrictivas, prohibiendo la reagrupación familiar y cerrando cualquier posibilidad de acceso a la ciudadanía, se vieron sorprendidos por la ductilidad de las estrategias de los inmigrantes para sortear los controles del Estado.

La intensificación del tráfico aéreo y la rapidez e inmediatez de la circulación de la información a través de la red, la telefonía o el sistema gratuito de videoconferencias Skype ha multiplicado las posibilidades de movilidad de las personas, y por tanto también ha facilitado la constante actualización de sus estrategias migratorias, así como su capacidad de burlar los controles estatales. La globalización en sí no es la culpable de esos flujos ilegales, casi tan antiguos como la humanidad. Y muchas de sus facetas más oscuras pueden ser combatidas de manera más eficaz, precisamente, gracias a las nuevas posibilidades de intercambio de información en un mundo interdependiente. A menudo, además, es la persistencia de barreras físicas dentro del mundo globalizado la que contribuye a que esos flujos caigan en la categoría de ilegales. La UE o EE. UU. impiden la inmigración de mexicanos o africanos al tiempo que su industria del entretenimiento y sus medios de comunicación difunden las virtudes y progresos materiales de sus sociedades, generando una permanente atracción.

Para los tejidos productivos y empresariales de los países desarrollados, además, la mano de obra ilegal era a menudo muy necesaria. Les permitía reducir costes y solventar déficits ocasionales de oferta de trabajadores. Los Estados se vieron obligados periódicamente a reconocer las situaciones de hecho, y a autorizar a los ilegales, que a fin de cuentas también generaban riqueza, contribuían a los sistemas de pensiones, eran jóvenes y no hacían mucho uso de la sanidad pública; con suerte, cuando dejasen de ser productivos volverían a sus países y no generarían grandes gastos. El problema era si, además, resolvían quedarse de manera indefinida. Muchos inmigrantes cruzaban las fronteras con el apoyo de redes de tráfico de personas, se endeudaban con ellas por un tiempo para pagar la deuda contraída, y después continuaban viviendo en los países de acogida.

A los países de origen de los migrantes, expulsar población, aunque fuese por vías ilegales, también les convenía. Así, se ha calculado que el dinero que envían a sus países los 140 millones de africanos que viven fuera del continente se había multiplicado por seis en los doce primeros años del siglo XXI. Las remesas suponen más del 5 por ciento del PIB en varios países africanos, más que la ayuda al desarrollo que proviene de gobiernos extranjeros; y ese dinero se distribuía de manera más capilar y eficaz, al repercutir directamente en las familias necesitadas. En varios países en vías de desarrollo, las remesas emigrantes superan los ingresos provenientes de las exportaciones y cubren parte del déficit comercial: en Nepal, las remesas duplicaban en 2013 los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, al igual que en Uganda; y en Filipinas representaban un 38 por ciento de los mismos. Incluso en la India, las remesas superaban a los ingresos obtenidos por las emblemáticas exportaciones de software informático.

LOS ESTADOS-NACIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO

La «era de la globalización» contemporánea no es la primera época histórica caracterizada por los fenómenos inherentes a la globalización, como las transferencias culturales y la creación de espacios de comunicación supranacionales. Los siglos XIX y XX, caracterizados por la consolidación paulatina y el apogeo de los Estados nacionales, constituyeron más bien una etapa de excepcional retraimiento de lo que había sido una tendencia creciente desde la Edad Moderna al fomentar la creación de espacios de intercambio económico exclusivo y cerrados a la competencia exterior. Desde finales del siglo XX se ha revertido la tendencia. El progreso tecnológico ha acelerado los flujos de información y ha agilizado la inmediatez de los cambios: en tiempo real, es posible seguir lo que sucede en casi todos los puntos del planeta. También ha democratizado y extendido socialmente el acceso a muchas de las ventajas de la globalización.

No obstante, todo ello no ha supuesto el fin de los Estados nacionales. La globalización ha relativizado, pero no ha acabado con el papel regulador y, en varios ámbitos, determinante del Estado nacional en la vida económica y la ordenación de la sociedad. Por el contrario, los países más integrados en las redes financieras y de comunicación transnacionales acostumbran también a ser aquellos en los que el Estado mantiene mayores cuotas de poder en ámbitos como el arancelario, la regulación de las actividades económicas, o los flujos migratorios.

La globalización, además, no es homogénea. El mundo no es un único espacio de intercambio y comunicación simétrica, sino un conglomerado de redes y espacios de interacción superpuestos, en parte complementarios entre sí, y en parte concurrentes. Esos espacios de interacción son más densos en las zonas del planeta que ya en la segunda mitad del siglo XX se caracterizaban por mayores índices de desarrollo económico y humano: el Atlántico Norte y noroccidental y Japón. A esas zonas se ha sumado con velocidad creciente desde 1997 la costa pacífica de Asia. También se han consolidado varios enclaves globalizados fuera del «mundo occidental», como China suroriental, Kuala Lumpur, Singapur o São Paulo. Zonas como la mayor parte de África y varias regiones de Asia Central y del sudeste todavía constituyen en la segunda década del siglo XXI auténticos «agujeros negros» en el mapa de la globalización económica y de las comunicaciones.

La globalización electrónica del mundo ha sido rápida y relativamente universal dentro de las sociedades de Norteamérica y Europa occidental, pero también en Europa oriental, buena parte de Asia, Oceanía y Latinoamérica. Pero buena parte de las capas más desfavorecidas de la población de los Estados africanos sigue sin tener acceso a los avances de la tecnología de las comunicaciones. Y ni siquiera en países como China o Cuba su accesibilidad y libertad de contenidos es universal, con lo que no puede desempeñar el papel democratizador y transmisor de libertad y progreso que se le presuponía.

Internet, y la accesibilidad universal de información a través de medios electrónicos en general, ha tenido también profundas consecuencias en otros ámbitos, desde los patrones de consumo a las tendencias culturales, y ha modificado hábitos sociales y costumbres cotidianas. Ha democratizado los saberes, y cuestionado las jerarquías de la distinción y la cultura. Todo el mundo puede participar en la generación del conocimiento difundido en la red; pero eso no garantiza que ese conocimiento sea de calidad y contrastado. Una simple comparación de las entradas de la mayor enciclopedia virtual y abierta del mundo, Wikipedia, basta para comprobarlo. La globalización de las comunicaciones también ha supuesto una creciente interdependencia cultural. Gustos y modas, objetos de consumo y modelos culturales específicos, orientados a sectores de población determinados, experimentan una rápida difusión mundial. Con ello se ha acentuado, en principio, la americanización cultural del mundo, principiada en Europa y continuada en Latinoamérica, Asia y África, ayudada de la imparable difusión del idioma inglés.

No obstante, esa hegemonía norteamericana en los gustos, modas y patrones de consumo dista de ser absoluta. Dentro del mundo globalizado persisten las posibilidades de transferencias culturales desde la periferia al centro, desde los productos de animación japoneses a algunos ritmos musicales latinoamericanos. La potente industria del entretenimiento audiovisual norteamericana no ha sido capaz de batir en su terreno a Bollywood, la industria del cine hindú que sigue manteniendo un mercado fiel entre los hindúes de la diáspora, ni ha podido penetrar con fuerza en China. Del mismo modo, determinadas industrias de consumo mantienen marcas o gustos nacionales, desde la cocina o la moda italiana y francesa al vino español o chileno. La globalización del consumo no ha borrado y eliminado las diferencias culturales en aras del mercado, sino que ha supuesto un nuevo desafío para ellas. Si los bienes de consumo generados en compañías transnacionales han de adaptarse a los gustos y preferencias de segmentos sociales y culturales específicos —grupos de edad, sectores de determinado poder adquisitivo o preferencia sexual, etc.—, también están obligadas a adecuarse a distintos mercados nacionales.

La movilidad, y la facilidad de los desplazamientos a escala planetaria, constituye igualmente una de las características más definitorias del mundo globalizado a principios del siglo XXI. Las barreras naturales son un inconveniente cada vez menor, pese a que de manera esporádica las catástrofes naturales, en forma de maremotos en el Pacífico o erupciones de volcanes que, como la del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010, pueden interrumpir las comunicaciones aéreas en buena parte del planeta y provocar bruscas alteraciones económicas. Los espacios en los que se vive, se trabaja, se consume el tiempo de ocio y se proyecta vivir son para una parte de la población mundial ámbitos cada vez más diferenciados.

No obstante, el lugar en el que se vive dista de ser una variable irrelevante. Una parte de la población puede elegir el momento y el alcance de sus desplazamientos, pero para una mayoría las opciones de movilidad son limitadas, o son forzosas. La globalización no es, como el proceso de modernización económica o la política de masas, un fenómeno paralelo e identificable con progreso desde un punto de vista normativo. No siempre se ve acompañada de un crecimiento paralelo del respeto por los derechos humanos, la profundización de la democracia representativa, de los derechos sociales o de la igualdad de género. Las ventajas de la globalización pueden ser utilizadas por actores concretos para aumentar sus márgenes de beneficio a costa de la explotación de mano de obra en condiciones de semiesclavitud, o bien para combatir el maltrato infantil. Todo depende de qué actores concretos se hallen detrás de la globalización y hagan uso de sus recursos.

La segunda revolución de la red estuvo marcada desde finales de la primera década del siglo XXI por la irrupción de las llamadas «redes sociales», desde que el estudiante norteamericano Mark Zuckerberg ideó en 2004 un sistema para el intercambio de fotos, noticias e informaciones personales entre los estudiantes de la Universidad de Harvard. Facebook se difundió con rapidez a otros campus norteamericanos, y pocos años después se generalizaba como red de intercambios, que en el año 2014 contaba con 1320 millones de usuarios registrados en todo el mundo (con notable penetración en las Américas, Europa occidental, India y el Sudeste asiático) y versiones en setenta idiomas. A Facebook seguirían otros sistemas pensados para intercambiar información y mensajes breves, manejados sobre todo desde una nueva generación de telefonía móvil que generalizaba el acceso a internet sin depender de un ordenador. Twitter, el más extendido desde su fundación en 2006, contaba en 2014 con 271 millones de usuarios.

La revolución de las redes sociales no solamente generaba nuevos hábitos de relación a distancia y de interconexión entre las personas, relativizando cada vez más el lugar de residencia física, y transformándose en una metáfora de las relaciones interpersonales en sociedades cada vez más individualistas, donde los referentes comunitarios clásicos perdían peso. También introducía una nueva forma de relación, más inmediata y epidérmica, entre los gobernantes y los gobernados, e incidiría en las campañas políticas y electorales, las formas del discurso público —lo importante serían lemas cortos y directos, significantes con poco significado— y los mecanismos de legitimación del poder político. Al tiempo, la fundación y difusión de plataformas políticas, sociales o culturales se abarataba y simplificaba: las sedes sociales y los militantes a pie de calle ya no serían tan necesarios, gracias a las redes sociales.

La campaña electoral de Barack Obama en 2008 fue un ejemplo precursor de la creciente importancia que la globalización de la información y su apropiación individual por los ciudadanos adquirirá en el siglo XXI. Su impacto a largo plazo sobre las estructuras tradicionales de organización, movilización y representación política está aún por ver. Aunque se ha especulado con que, en el futuro, las nuevas tecnologías permitirán a los ciudadanos participar en el control de la cosa pública mediante una simple tecla en su teléfono móvil, a través de una democracia 2.0, eso no garantiza que el interés por la política se incremente. El exceso de información puede provocar tanta o más apatía por ella que su ausencia; y las redes sociales no garantizan ni que la información circule de forma simétrica, ni que sus contenidos sean siempre contrastables.

En la segunda década del siglo XXI, por lo tanto, se ha consolidado como alternativa al mundo bipolar un mundo multipolar, en el que no predomina ni un solo actor hegemónico (EE. UU. o China), pero tampoco impera la ley de la jungla. Frente a la aún notable continuidad del duopolio americano-europeo se han asentado actores regionales o suprarregionales, que ejercen una influencia internacional a diferentes niveles. La tendencia general apunta hacia un progresivo reforzamiento de los actores asiáticos, en particular de China y la India, el permanente estancamiento de África, el irregular protagonismo de los países emergentes de Latinoamérica, y la continuidad, aun sin el papel protagonista de otrora, de «Occidente» como conjunción de Norteamérica y la Unión Europea, a la que se ha aproximado Rusia.

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EPÍLOGO:

UTOPÍAS SIN CUMPLIR E INCERTIDUMBRES FUTURAS

La crisis económica mundial, con origen en el estallido en el otoño de 2007 de la burbuja financiera provocada por la expansión de las hipotecas subprime en EE. UU., y contagiada a Europa y a los países desarrollados a partir del año siguiente, posee una duración suficiente como para ser considerada algo más que una oscilación cíclica y más o menos localizada, y tiene visos de ser comparable a otras grandes crisis económicas del siglo XX, en particular la que comenzó a finales del XIX y, el paralelo más cercano, la Gran Depresión de 1929. Sus raíces se sitúan en las contradicciones generadas por la desregulación financiera que fue iniciada ya en los ochenta, y gozó de amplio respaldo en las instancias decisorias del FMI, influyentes economistas y medios de comunicación. El mercado debía sustituir como agente regulador al Estado, por ser los actores racionales, asignar los recursos de forma eficiente y autorregularse. La veloz circulación del capital financiero, que supera a la de los bienes y servicios, actuó en EE. UU., Japón y buena parte de Europa occidental como efecto multiplicador de las políticas de crédito barato, especulación bursátil, productos financieros derivados y su inversión en activos inmobiliarios, bancarios y seguros de diverso tipo. La ampliación del crédito a particulares creó una ilusión de capitalismo popular.

La ola se cebó en los países del sur de Europa pero también afectó al conjunto de la zona euro, generando un fuerte aumento del paro y tasas de crecimiento negativas. Las estrategias de salida de la crisis económica también han sido divergentes. Las más inmediatas han consistido en el rescate público de empresas y bancos privados, trasladando el coste de su ineficacia al conjunto de los contribuyentes, con el argumento de que así se evitaría el mal mayor (quiebra del sistema bancario y caos). En EE. UU. tuvo lugar una resurrección moderada del keynesianismo, a través de la intervención del Banco de la Reserva Federal para comprar bonos de deuda e inversiones para estimular la demanda interna y el crecimiento. En Europa, la ortodoxia del BCE ha llevado a la adopción de políticas de rigidez presupuestaria, control de la inflación y mantenimiento de privatizaciones. Las políticas de ajuste aplicadas para «rescatar» las economías del sur de Europa e Irlanda han funcionado de modo desigual, pero en general han provocado efectos perversos análogos a los operados por el «Consenso de Washington» en Latinoamérica y África. No obstante, los partidos liberales y partidarios de una privatización masiva de sectores todavía cruciales del consenso de posguerra, como la sanidad y la educación públicas, chocan con sectores importantes de sus propios electorados, democristianos en el sentido clásico, y una opinión pública que sigue considerando como conquistas irrenunciables el mantenimiento de servicios clave del Estado del Bienestar.

El hecho de contar con el paraguas de la UE y la moneda común ha actuado en Europa como amortiguador de una caída en picado. No se han devaluado bruscamente monedas nacionales, no se han registrado retiradas masivas de depósitos, ni se han desabastecido supermercados. Ni siquiera en Grecia o Portugal se han producido escenas de pánico generalizado, como en Argentina en 2001-2002. Pero sí ha tenido lugar un proceso de empobrecimiento masivo y capilar, que ha afectado sobre todo a la clase media y a las capas trabajadoras. El impacto de la crisis sobre la vitalidad del proyecto de unificación europea ha sido profundo: sus grietas se han ensanchado, la desconfianza entre países ricos y menos ricos obligados a compartir moneda se ha incrementado, y las desigualdades entre sur y norte han ganado de nuevo la primacía, frente al eje este-oeste. Al mismo tiempo, han agudizado los síntomas de crisis estructural del mundo «occidental», incapaz de crecer al mismo ritmo que los países emergentes en el globalizado siglo XXI, cuyo progreso imparable contrastaba con el estancamiento europeo.

Los resultados de las recetas empleadas en el «mundo desarrollado» a mediados de la segunda década del siglo XXI no son muy esperanzadores. Aunque se ha retornado, técnicamente hablando, al crecimiento económico, este es solamente tenue, y sigue la tónica iniciada desde 1973: cada etapa de expansión en Europa y Norteamérica es más débil que la anterior. La crisis se ha cobrado millones de parados en Europa del sur y occidental, ha afectado a los ahorros y la calidad de la vida de las clases medias y de los trabajadores, y ha empeorado sus expectativas. El promedio de la tasa de desempleo de los países de la UE se situaba en la primera década del siglo XXI en el 9 por ciento, y en España o Grecia subía del 20 por ciento. El colchón de los subsidios de desempleo, la economía sumergida en algunos países, el trabajo a tiempo parcial y las nuevas formas de trabajo temporal han contribuido a evitar efectos catastróficos semejantes a los de la Gran Depresión de los años treinta. Aunque ha aumentado el número de personas sin techo, de parados de larga duración sin ingresos o de inmigrantes sin ninguna cobertura social, el impacto social de estas lacras es aún comparativamente moderado. En parte, porque en las sociedades mediterráneas siguen funcionando las redes de protección de la familia extensa, así como la economía sumergida; en parte también, porque las víctimas de la crisis han sido, en primer lugar, inmigrantes extraeuropeos.

El desmantelamiento de los controles financieros, y la mayor capacidad de las élites sociales para evadir impuestos o, simplemente, buscar subterfugios para no pagarlos mediante diversas estrategias, ha provocado un incremento de la polarización social. En buena parte de Europa, en EE. UU. y en el mundo, los ricos son cada vez más ricos, y las rentas del trabajo son cada vez más desiguales, mientras que los pobres lo son cada vez más. La polarización social no ayuda a la construcción de un nuevo consenso keynesiano, y la utopía de la igualdad de oportunidades se desvanece progresivamente, fruto igualmente del predominio del individualismo sobre los valores sociales y del mercado frente a la comunidad. Lo que también se ha reflejado desde finales del siglo XX en el cambio progresivo de las relaciones de trabajo en el capitalismo avanzado y la sociedad de la información, donde el peso de la oficina, la fábrica y el taller disminuye aceleradamente frente al de las redes sociales; el trabajador especializado y cualificado mediante una formación cede terreno frente al trabajador flexible y con capacidad de adaptación, y a conceptos como flexiseguridad que tienen poco que ver con la época dorada de los treinta gloriosos.

Las sociedades en crisis se han vuelto menos solidarias, sobre todo con los de fuera. La predisposición a aceptar inmigrantes extraeuropeos, por ejemplo, se ha reducido y los brotes de xenofobia se han multiplicado en distintas formas: como añoranza del Estado nacional fuerte y encerrado en su especificidad (Gran Bretaña), como rechazo del refugiado político y del inmigrante, etiquetado como portador de religiones y valores ajenos a la civilización occidental (Francia, Alemania), o como agresividad neonazi (Grecia). Con todo, dentro del continente europeo los Estados más ricos, que han sido capaces de construir sólidos tejidos económicos, cimentados en el conocimiento y la innovación, siguen siendo aquellos que cuentan con un sector público potente y eficaz, una amplia cobertura de servicios sociales y un modelo laboral basado en la concertación. La Alemania del siglo XXI, Suecia o Dinamarca siguen siendo, como Canadá, modelos de supervivencia del Estado del Bienestar y de razonable convivencia multicultural dentro de un consenso social básico.

Pero la lección más amarga de la crisis económica del siglo XXI ha sido la quiebra de un modelo de expectativas generacionales que parecía orientarse de manera indefinida hacia una mejora progresiva de las condiciones de vida. Tras los grandes cataclismos de las dos guerras mundiales, tres generaciones de europeos (occidentales), norteamericanos o australianos han crecido con la convicción de que legaban a sus descendientes un mundo mejor, unas condiciones de vida más favorables que las que ellos habían experimentado y unas certidumbres concretas. La generación nacida a finales del siglo XX, sin embargo, ha visto derrumbarse esas expectativas, a pesar de haber recibido mejores atenciones sanitarias y educativas, y haber experimentado mucha menos coerción o violencia (familiar y social) que todas las generaciones que la precedieron.

En Europa, la crisis ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida y las expectativas de mejora de millones de personas. Mas, en un contexto global, el panorama en el siglo XXI es matizable. La crisis afecta a una parte del mundo, pero no a todo él. Millones de personas han salido de la miseria y engrosado las filas de la clase media desde Brasil a China, pasando por la India, y viven en sistemas políticos más democráticos o menos represivos que en el pasado. Su prosperidad económica y social está cada vez más ligada a la del antiguo primer mundo: si esos mercados fallan, las industrias europeas y norteamericanas sufren pérdidas. La deslocalización de empresas del primer mundo en Asia, como antes había tenido lugar en Europa meridional, oriental o Latinoamérica, ha generado numerosos casos de explotación de mano de obra mal pagada o una vuelta al trabajo infantil; pero también ha dejado algunos beneficios en esos países.

Además, miles de inmigrantes africanos continúan intentando entrar en Europa de manera ilegal. Si hay un continente olvidado y en permanente decadencia, a pesar del desembarco económico chino desde principios de siglo, ese es África. Y sin salir del Viejo Continente, entre 1990 y principios del siglo XXI las sociedades del este de Europa, y la propia Rusia, experimentaron caídas mucho más profundas que la que hoy afecta a Europa occidental, acompañadas de violencia étnica y la práctica desaparición del poder del Estado en algunos casos. Los ingenieros españoles que emigran a Alemania en 2015 sufren un descenso social mucho menos agudo que los arquitectos rumanos que, en los años noventa, repartían propaganda en el metro de Madrid.

El optimismo de la era de la globalización hizo ignorar que, con ella, ni la explotación de unas personas por otras, ni las guerras por motivos étnicos, económicos o religiosos, ni el analfabetismo en algunas partes del mundo han desaparecido. La utopía del mercado como agente creador y difusor de riqueza sin fin, cuyos benéficos efectos repercutirían, antes o después, en todo el cuerpo social y todas las regiones del planeta, hasta ahora no se ha cumplido. Tampoco lo ha sido la suposición de que democracia liberal y mercado son caras de una misma moneda. Experiencias como la china, Arabia Saudí o Rusia muestran que el mercado, y los capitales desregulados, son ante todo amigos de la estabilidad política y pueden convivir sin problemas con las dictaduras, como ya habían demostrado en el pasado. Incluso en las democracias consolidadas, la a menudo denominada «dictadura de los mercados» ejerce un fuerte papel condicionante externo e interno de las políticas públicas. Los gobernantes no siempre son libres para cumplir sus programas electorales. Y la ciudadanía siente que el tradicional postulado de la voluntad general y la soberanía nacional se ve secuestrado por los manejos de brokers de la City londinense, funcionarios de la Comisión Europea o burócratas del FMI, actores cuya legitimidad no proviene de las urnas. Eso también lleva a plantearse el futuro y viabilidad del Estado-nación.

No obstante, el otro a menudo está dentro de la propia ciudadanía. Las operaciones especulativas proceden a menudo de fondos de pensiones necesitados de rentabilidad para sus productos financieros, que a su vez se extienden a millones de personas de clase media que invierten en ellos. Las burbujas inmobiliarias se han alimentado del consenso social implícito de miles de familias que veían en las hipotecas una posibilidad de invertir a pequeña escala. El sindicalista europeo que presiona para que su astillero consiga un contrato millonario por parte de una armada asiática no se para a pensar si esos barcos servirán a una dictadura. Y quien regala a su pareja una joya no se detiene a pensar si financia indirectamente a un señor de la guerra en Sierra Leona. La lógica del mercado impregna de forma demasiado capilar los comportamientos individuales y las estrategias de reproducción social de la gran mayoría de los ciudadanos, como para poder seriamente aspirar a un nuevo orden mundial sin muchas de las lacras generadas por la hegemonía del capitalismo financiero. Algunas propuestas alternativas, como las estrategias de decrecimiento, que pasan por imaginar un futuro mejor sin basarlo en una expansión y diversificación permanente del consumo individual y familiar, han tenido hasta ahora un impacto muy limitado.

Las utopías alternativas al mercado, basadas en alcanzar la igualdad social, no han conocido, empero, mejor fortuna. El fracaso del sistema de economía planificada o del socialismo real tuvo que ver, en parte, con la dificultad de conciliar expectativas individuales con designios colectivos. Si estos podían funcionar en algunos momentos gracias a campañas basadas en la consecución de grandes objetivos y la movilización proactiva de la población, como la URSS de finales de los años veinte, o incluso la China maoísta durante algunos períodos, la esclerosis que sufrieron, y el sacrificio del pluralismo democrático y la libertad individual, llevaron a su crisis final. El modelo chino de principios del siglo XXI, más allá de su capacidad para generar crecimiento económico y alentar una cierta redistribución de la riqueza, ha combinado hasta ahora el autoritarismo de una dictadura comunista, que se cobró millones de víctimas en el pasado más lejano y algunos miles en el reciente, con el desarrollismo desenfrenado del capitalismo salvaje. Otros modelos degeneraron en una caricatura del estalinismo clásico (Albania o Corea del Norte), o en trágicos ejemplos de cómo la utopía de la ingeniería social puede generar monstruos, como en la Camboya de Pol Pot. Las soluciones intermedias, incluido el «socialismo del siglo XXI» al que aspiraba la Venezuela de Chávez, no fueron capaces de generar auténticas alternativas al capitalismo y a la lógica del mercado.

Las izquierdas reformistas europeas y americanas se han enfrentado a menudo a la imposibilidad de combatirlo. Y los antiguos o supuestos radicales de izquierda contemporáneos, sean altermundistas o poscomunistas, proponen en el fondo una vuelta al pasado: a la utopía por un tiempo cumplida de los treinta gloriosos y el Estado del Bienestar keynesiano. Por tanto, una vuelta al pasado, para reconstruir la utopía del futuro, aunque sus instrumentos tecnológicos sean otros, y su dimensión global. En definitiva, un retorno a una utopía pendiente.

CRONOLOGÍA

1945

Enero: conferencia de Yalta.

Abril: muertes de Franklin D. Roosevelt y Adolf Hitler.

Abril-junio: Conferencia de San Francisco, que establece las bases y el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), oficialmente creada en octubre.

Mayo: capitulación incondicional de Alemania.

Julio: victoria electoral laborista en el Reino Unido.

Julio-agosto: conferencia de Potsdam.

Agosto: lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Septiembre: capitulación de Japón. Inicio de los juicios de Núremberg.

1946

Independencia de Jordania, Líbano, Siria y Filipinas.

Junio: proclamación de la República italiana.

Septiembre: inicio de la guerra civil en Grecia (hasta 1949).

1947

Junio: se aprueba el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa. Agosto: independencia de India y Pakistán.

1948

Independencia de Birmania, Sri Lanka, Corea del Norte y Corea del Sur. Enero: asesinato de Gandhi.

Mayo: creación del Estado de Israel y división de Palestina en dos sectores: israelí y árabe.

Mayo-julio: primera guerra árabe-israelí.

1949

Abril: creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Mayo: constitución de la República Federal de Alemania. Yugoslavia rompe relaciones con la URSS.

Septiembre: proclamación de la República Popular China.

Octubre: formación de la República Democrática Alemana.

Diciembre: independencia de Indonesia. Creación de la República de China (Taiwán).

1950

Febrero: se firma el Tratado Sino-Soviético de Amistad y Alianza.

Junio: inicio de la guerra de Corea (hasta julio de 1953).

Septiembre: Robert Schumann propone la constitución de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).

1951

Enero: inicio de la presidencia de Getúlio Vargas en Brasil y gobierno populista. Marzo: inicio de la presidencia de Juan Jacobo Árbenz en Guatemala (derrocado en junio de 1954), gobierno nacionalista. El primer ministro iraní Mohammad Mosaddeq nacionaliza el petróleo. Diciembre: independencia de Libia.

1952

Marzo: golpe de estado de Fulgencio Batista en Cuba.

Julio: abdicación del rey Faruk en Egipto. Puerto Rico pasa a ser «estado libre asociado» a Estados Unidos.

1953

Marzo: muerte de Stalin. Julio: armisticio en Corea.

Agosto: deposición del sultán de Marruecos. Un golpe de estado financiado por Estados Unidos aparta del poder a Mosaddeq en Irán.

1954

Febrero: Nasser asume el poder en Egipto.

Mayo-julio: tras la derrota francesa en Dien Bien Phu, conferencia de Ginebra sobre Indochina, que certifica la división de Vietnam en el norte y el sur.

Agosto: independencia de Laos.

Septiembre: creación de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO).

1955

Abril: el general Ngô Dinh Diêm se hace con el poder en Vietnam del Sur.

Mayo: fundación del Pacto de Varsovia entre la URSS y sus aliados de la Europa oriental.

Abril: celebración de la Conferencia de Bandung, que reúne a los «países no alineados».

Septiembre: caída de Perón en Argentina.

Diciembre: España ingresa en la ONU.

1956

Independencia de Sudán y Marruecos.

Enero: creación de la Comunidad Atómica Europea (Euratom).

Febrero: celebración del XX Congreso del PCUS, en el que Kruschev denuncia los crímenes de Stalin.

Julio: nacionalización del canal de Suez.

Octubre: insurrección en Hungría.

Diciembre: inicio de la guerra de guerrillas de Fidel Castro en Cuba.

1957

Independencia de Malasia, Túnez y Ghana.

Marzo: firma del Tratado de Roma que significa la constitución de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Octubre: la URSS lanza el primer Sputnik.

1958

Independencia de la Guinea francesa.

Julio: proclamación de la República en Irak.

Octubre: Inicio del segundo plan quinquenal («Gran Salto Adelante») en China (hasta 1962); hambrunas y declive de la producción industrial.

1959

Enero: las tropas de Fidel Castro entran en La Habana, haciéndose con el poder en la isla. Lanzamiento del primer cohete espacial soviético.

Febrero: inicio de la presidencia constitucional de Rómulo Betancourt en Venezuela (hasta marzo de 1964).

1960

Independencia de Camerún, Malí, Senegal, Madagascar. Congo belga (República Democrática del Congo), Somalia, Nigeria, Benín, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Chad. República Centroafricana, República del Congo (francés), Mauritania y Gabón.

Junio-agosto: confiscaciones y nacionalizaciones de empresas en Cuba, que rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Septiembre: fundación en Bagdad de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Noviembre: disputada elección presidencial de John F. Kennedy en Estados Unidos.

1961

Independencia de Sierra Leona, Kuwait y Tanzania.

Enero: vuelo espacial de Yuri Gagarin. Asesinato de Patrice Lumumba en el Congo.

Abril: fracaso del desembarco en Bahía de Cochinos, Cuba.

Mayo: asesinato de Rafael Leónidas Trujillo y fin de su dictadura en la República Dominicana.

Agosto: construcción del Muro de Berlín.

1962

Independencia de Jamaica, Argelia, Ruanda, Burundi, Uganda y Kenya.

Marzo: un golpe de estado militar derroca al presidente argentino Julio Frondizi. Octubre: «crisis de los misiles de Cuba» entre Estados Unidos y la URSS. Apertura del Concilio Vaticano II (hasta 1965).

1963

Agosto: marcha hacia Washington, manifestación de la población negra de Estados Unidos; Martin Luther King pronuncia su discurso «Yo tengo un sueño».

Octubre: entra en vigor el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares.

Noviembre: asesinato del presidente de Vietnam del Sur, Ngô Dinh Diêm. Magnicidio en Dallas: asesinato de Kennedy.

1964

Independencia de Malawi y Zambia.

Marzo: golpe de estado militar en Brasil (dictadura militar hasta 1985).

Julio: promulgación de la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, que elimina la segregación racial.

Agosto: incidente del golfo de Tonkín, inicio de la guerra abierta entre Estados Unidos y Vietnam del Norte.

Octubre: destitución de Kruschev en la URSS, sustituido por Leonid Brézhnev.

1965

Independencia de Gambia, Maldivas y Singapur.

Mayo: se aprueba la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos.

Agosto-septiembre: guerra indo-pakistaní a causa de Cachemira.

Noviembre: Mobutu Sese Seko se hace con el poder en el Congo-Zaire.

1966

Independencia de Botswana y Namibia (ocupada por Sudáfrica hasta 1990).

Enero: Indira Gandhi es elegida primera ministra en la India.

Abril: inicio de la Revolución Cultural en China.

Junio: golpe de estado militar en Argentina que derroca al presidente Arturo Illia; dictadura militar hasta 1973.

Julio: inicio de la segunda presidencia («los doce años») de Joaquín Balaguer (hasta agosto de 1978).

1967

Independencia del Yemen.

Febrero: Anastasio Somoza asume el poder en Nicaragua. En Indonesia Suharto derroca a Sukarno.

Marzo: «golpe de los coroneles» en Grecia, que derroca al rey Constantino.

Junio: Guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes.

Julio: inicio de la guerra civil de Nigeria (o guerra de Biafra), hasta enero de 1970.

Octubre: ejecución de Ernesto Che Guevara en Bolivia.

1968

Independencia de Guinea Ecuatorial.

Enero-septiembre: ofensiva del Tet por parte del Vietnam del Norte.

Abril: asesinato de Martin Luther King en Memphis.

Mayo: manifestaciones estudiantiles en París que se extienden a todo el país. Junio: asesinato de Robert F. Kennedy en Los Ángeles.

Agosto: invasión soviética de Checoslovaquia y fin de la «Primavera de Praga». Octubre: matanza de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México.

1969

Febrero: creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por Yasir Arafat.

Marzo: masacre de My Lay en Vietnam. Omar Torrijos se proclama Líder Nacional de Panamá (gobierno hasta julio de 1981).

Marzo-septiembre: conflicto fronterizo entre China y la URSS.

Julio: Neil Armstrong, con el Apollo XI, primer hombre en pisar la luna. «Guerra del Fútbol» entre Honduras y El Salvador. Fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.

Septiembre: Muammar El Gaddafi da un golpe de Estado en Libia.

Octubre: Estados Unidos inicia la retirada de Vietnam.

1970

Septiembre: victoria electoral de Salvador Allende en Chile. Muerte de Nasser en Egipto.

Noviembre: Hafez el-Assad accede al poder en Siria.

1971

Independencia de Catar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Bangla Desh. Enero: IDI Amin Ada se hace con el poder en Uganda.

Febrero: nacionalizaciones diversas en Chile.

1972

Febrero: viaje del presidente estadounidense Richard Nixon a China.

Septiembre: masacre terrorista contra la delegación israelí en los Juegos Olímpicos de Munich. Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas desde 1965, declara la ley marcial e instaura un gobierno dictatorial hasta 1986.

1973

Independencia de Bahamas y Guinea Bissau.

Enero: Estados Unidos y Vietnam del Norte firman un acuerdo de alto el fuego. Mayo: creación del Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del

Sahara Occidental. Septiembre: golpe militar en Chile, dirigido por el general Augusto Pinochet.

Octubre: guerra del Yom Kippur entre árabes e israelíes.

Diciembre: comienza la «crisis del petróleo».

1974

Marzo: Nicolai CeauȘescu se proclama presidente de Rumanía.

Abril: «Revolución de los Claveles» en Portugal.

Julio: caída del régimen de los coroneles en Grecia y proclamación de la república. Agosto: dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon.

1975

Independencia de Angola, Mozambique y Papúa-Nueva Guinea. Marzo: creación del ecu, unidad monetaria europea.

Abril: los Jemeres Rojos de Pol Pot se hacen con el poder en Camboya (hasta 1979): genocidio de la población civil.

Junio: ocupación norvietnamita de Saigón.

Agosto: Acta de Helsinki, tratado que protege los derechos humanos.

Noviembre: España cede el Sahara a Marruecos y Mauritania. Muerte de Francisco Franco.

1976

Marzo: un golpe de estado militar derroca a María Estela Martínez, viuda del general Perón; dictadura militar («Proceso de Reorganización Nacional») hasta 1983.

Septiembre: muerte de Mao Zedong.

1977

Junio: primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura franquista. Septiembre: firma del tratado que devuelve gradualmente a Panamá el control del canal (hasta diciembre de 1999).

1978

Octubre: Karol Wojtila es elegido papa (Juan Pablo II, hasta abril de 2005). Diciembre: Deng Xiaoping inicia las reformas económicas en China.

1979

Enero-abril: revolución iraní, huida del sah Reza Pahlavi y proclamación de la República Islámica de Irán.

Mayo: elección de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido (hasta 1990).

Julio: inicio de la Revolución Popular Sandinista (hasta 1990). Sadam Hussein se hace con el poder en Irak (hasta 2003).

Septiembre: acuerdos de Camp David entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin.

Noviembre: crisis de los rehenes estadounidenses en Irán (liberados en enero de 1981).

Diciembre: la URSS invade Afganistán (ocupación hasta 1989).

1980

Abril: independencia de Zimbabwe.

Julio: boicot de Estados Unidos y setenta países en los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión de Afganistán.

Septiembre: inicio de la guerra Irán-Irak, hasta agosto de 1988. Fundación del sindicato polaco Solidarność (Solidaridad), liderado por Lech Walesa.

Octubre: fundación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador; guerra civil hasta 1992.

1981

Febrero: intento de golpe de estado («23-F») en España.

Junio: el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense anuncia la existencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

Octubre: asesinato del presidente egipcio Anwar el-Sadat; le sucede Hosni Mubarak (hasta 2011).

1982

Abril-junio: guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

Junio: ocupación israelí del sur del Líbano.

Octubre: triunfo electoral de Felipe González en España; gobierno del PSOE hasta 1996.

1983

Agosto: asesinato del opositor político Benigno Aquino al aterrizar en el aeropuerto de Manila.

Octubre: Estados Unidos invade la isla caribeña de Grenada.

Diciembre: inicio de la presidencia argentina de Raúl Alfonsín (hasta 1989) y del enjuiciamiento a la junta militar que gobernó desde 1976.

1984

Enero: independencia del sultanato de Brunei.

Marzo: la ONU condena el uso de armas químicas en la guerra Irán-Irak.

Julio: boicot de la URSS y sus satélites europeos a los Juegos Olímpicos de los Ángeles.

Octubre: asesinato de Indira Gandhi.

1985

Marzo: elección de Mijaíl Gorbachov como secretario general del PCUS y premier de la URSS.

Mayo: tragedia del estadio de Heysel, en el que murieron 39 aficionados por altercados entre los hooligans de los equipos de fútbol Liverpool y Juventus de Turín.

Noviembre: proceso del juez Giovanni Falcone contra 709 miembros de la mafia siciliana.

1986

Febrero: asesinato del primer ministro sueco Olof Palme.

Febrero-marzo: Gorbachov enuncia los principios de la perestroika (reestructuración) y la glasnost (transparencia) en el XXVII Congreso del PCUS.

Abril: accidente de la planta nuclear de Chernobil, en Ucrania.

Octubre: cumbre de Reikiavik entre el presidente estadounidense Ronald Reagan y el premier ruso Mijaíl Gorbachov.

1987

Octubre: desplome de la Bolsa de Nueva York.

Noviembre: derrocamiento del presidente tunecino Habib Burguiba.

Diciembre: estallido de la primera Intifada («levantamiento») en Palestina; finalizó en septiembre de 1993. Firma del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Medio entre Estados Unidos y la URSS.

1988

Marzo: el Congreso estadounidense acusa al teniente coronel Oliver North por el escándalo Irán-Contra.

Agosto: creación de la organización terrorista Al Qaeda.

Octubre: plebiscito nacional de Chile que impide la reelección de Augusto Pinochet como presidente del país.

Diciembre: derribo del vuelo 103 de Pan Am en Lockerbie, acción terrorista atribuida al régimen libio de Gadafi.

1989

Febrero: caída del dictador paraguayo Alfredo Stroessner (en el poder desde 1954).

Junio: protestas estudiantiles en la Plaza de Tiananmen de Pekín.

Noviembre: caída del muro de Berlín. El ayatolá iraní Jomeini publica una fatwa o edito religioso contra el escritor Salman Rushdie, acusado de blasfemia y ordenando su muerte (no fue indultado hasta 1998).

Noviembre-diciembre: caen los regímenes comunistas en Polonia. Checoslovaquia, Hungría y Rumanía.

Diciembre: invasión estadounidense de Panamá para derrocar al presidente Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico.

1990

Marzo: inicio de la presidencia de Patricio Aylwin y de la transición a la democracia en Chile.

Mayo: la junta militar birmana anula los resultados de las elecciones generales, en las que ganó la opositora Aung San Suu Kyi, encarcelada de 1989 a 1995.

Julio: inicio de la presidencia de Alberto Fujimori en Perú (hasta 2000).

Agosto: Irak invade y ocupa Kuwait; inicio de la guerra del Golfo (hasta finales de febrero de 1991).

Octubre: reunificación alemana.

1991

Independencia de Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia y Croacia.

Enero: ataque de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU contra Irak.

Marzo: guerra de Croacia (hasta agosto de 1995).

Abril: disolución del Pacto de Varsovia.

Julio: firma del acuerdo START I o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y la URSS; renovado en 1993.

Agosto: intento de golpe de estado en la URSS.

Octubre-noviembre: celebración de la Conferencia de Madrid, intento internacional de mediar entre Israel y la OLP, Siria, Líbano y Jordania.

Diciembre: disolución de la URSS.

1992

Enero: cancelación de los resultados electorales en Argelia; guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y el Frente Islámico de Salvación (hasta 2002).

Febrero: firma del Tratado de Maastricht que significa la creación de la Unión Europea (desde octubre de 1993).

Abril: inicio de la guerra de Bosnia (hasta diciembre de 1995), tras la declaración de independencia de Bosnia-Herzegovina. Serbia y Montenegro forman la República Federal de Yugoslavia.

Diciembre: disolución pacífica de Checoslovaquia y formación de la República Checa y Eslovaquia.

1993

Independencia de la antigua república yugoslava de Macedonia y Eritrea.

Febrero: primer atentado terrorista contra el World Trade Center de Nueva York.

Septiembre: firma de los Acuerdos de Oslo (u Oslo I) que significan el reconocimiento mutuo entre Israel y la OLP, y sienta las bases de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza y Jericó.

Septiembre-octubre: crisis constitucional en Rusia.

1994

Enero: entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado mexicano de Chiapas (hasta 2005).

Abril: elección presidencial de Nelson Mandela en Sudáfrica. Inicio del genocidio hutu de la población tutsi de Ruanda.

Junio: ataque terrorista con gas sarín en la ciudad japonesa de Matsumoto, a cargo de la secta religiosa Aum Shinrikyō (Verdad Suprema).

Diciembre: inicio de la primera guerra de Chechenia (hasta agosto de 1996).

1995

Marzo: segundo ataque terrorista con gas sarín, esta vez en el metro de Tokio. Septiembre: firma del Acuerdo de Oslo II, que extiende la autonomía palestina a Cisjordania.

Abril: atentado terrorista contra un edificio federal en Oklahoma City a cargo de Timothy McVeigh.

Noviembre: asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin por un extremista de derechas. Acuerdo de Dayton que pone fin a la guerra civil en Bosnia-Herzegovina.

1996

Mayo: Benjamin Netanyahu gana las elecciones en Israel y bloquea el proceso de paz.

Septiembre: los talibán toman el poder en Kabul, tras la guerra civil iniciada en 1992.

Octubre: estalla la primera guerra del Congo en Zaire (hasta mayo de 1997).

Diciembre: promulgación de la Constitución de Sudáfrica, que pone fin al régimen del apartheid.

1997

Mayo: derrocamiento de Mobutu Sese Seko en Zaire; le sucede Laurent-Désiré Kabila como presidente de la República Democrática del Congo (hasta 2001). Histórico triunfo electoral laborista en el Reino Unido: Tony Blair, primer ministro hasta junio de 2007.

Julio: Hong Kong pasa a pertenecer a China; Macao, colonia portuguesa, en 1999. Inicio de la crisis financiera del Sudeste asiático.

1998

Enero: inicio de la guerra de Kosovo (hasta junio de 1999).

Abril: firma del Acuerdo de Viernes Santo por los gobiernos y principales partidos políticos del Reino Unido e Irlanda, y que constituye el inicio del proceso de paz en el conflicto de Irlanda del Norte.

Mayo: el presidente indonesio Suharto abandona el poder tras manifestaciones públicas de oposición.

Agosto: ataque terrorista a las embajadas estadounidenses de Nairobi y Dar es Salaam por parte de Al Qaeda.

Octubre: acuerdos de Wye River que desbloquean la implementación del Acuerdo de Oslo II. Bill Clinton supera un proceso de destitución (impeachment) por el escándalo Lewinsky.

Diciembre: victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de Venezuela (en el poder hasta su muerte en marzo de 2013).

1999

Enero: el euro reemplaza al ecu como moneda de cuenta europea.

Febrero: detención en Kenya del líder kurdo Abdullah Ocalan, condenado después a cadena perpetua en Turquía.

Febrero-junio: tras el fracaso de las negociaciones en Rambouillet, la OTAN interviene militarmente en Kosovo.

Abril: victoria electoral de Abdelaziz Buteflika en Argelia, que inicia un programa de reconciliación nacional.

Julio: muerte del rey Hassan II de Marruecos, le sucede su hijo Mohamed VI.

Agosto: estalla la segunda guerra de Chechenia (hasta abril de 2009).

Octubre: golpe de estado del general Pervez Musharraf en Pakistán (presidente hasta octubre de 2008).

Diciembre: Boris Yeltsin dimite como presidente de Rusia; le sucede Vladímir Putin.

2000

Mayo: retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, ocupado desde 1982.

Septiembre: estallido de la segunda Intifada palestina, tras la visita de Ariel Sharon, líder del Likud, a la Explanada de las Mezquitas.

Octubre: ataque terrorista contra el destructor USS Cole en el puerto de Adén.

Noviembre: George W. Bush gana las elecciones presidenciales a pesar de los indicios de «pucherazo» electoral y con un estrecho margen (medio millón de votos).

2001

Marzo: Ariel Sharon es elegido primer ministro de Israel (hasta su enfermedad de enero de 2006).

Septiembre: ataque terrorista de Al Qaeda contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono de Washington.

Octubre: inicio de la intervención estadounidense en Afganistán (hasta la actualidad), como represalia por los ataques terroristas de septiembre.

Diciembre: el presidente argentino Fernando de la Rúa impone el «corralito» o la restricción de los depósitos bancarios, en el marco de una grave crisis económica que durará hasta finales de 2002.

2002

Enero: los estados miembros de la Unión Europea, excepto Dinamarca, Reino Unido y Suecia, sustituyen sus monedas nacionales por el euro.

Febrero: el movimiento armado UNITA anuncia el fin de sus acciones en Angola, poniendo fin a la guerra civil iniciada en 1975.

Mayo: independencia de Timor Oriental. Asesinato de Pim Fortuyn, político populista y xenófobo de los Países Bajos.

Junio: inicio de la construcción de la barrera israelí de Cisjordania (aún no finalizada).

Junio: Hamid Karzai es elegido presidente de Afganistán.

Noviembre: la ONU aprueba la Resolución 1441 invitando a Irak a destruir su armamento de destrucción masiva.

2003

Enero: inicio del mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (hasta diciembre de 2010).

Febrero: manifestaciones multitudinarias por todo el mundo en protesta por la inminente invasión de Irak por una coalición internacional liderada por Estados Unidos y sin mandato de la ONU. Inicio del conflicto de Darfur, al oeste de Sudán (resuelto oficialmente en 2010).

Marzo: inicio de la guerra de Irak (hasta agosto de 2010).

Mayo: atentados terroristas islámicos en Casablanca (Marruecos).

Julio: concluye la segunda guerra del Congo (iniciada en agosto de 1998); se calcula entre 2 y 5 millones de muertes.

Diciembre: captura de Sadam Hussein en Tikrit.

2004

Febrero-julio: tras el derrocamiento del presidente Jean-Baptiste Aristide, intervención internacional bajo mandato de la ONU en Haití.

Marzo: atentado terrorista en Madrid, organizado por una célula yihadista vinculada a Al Qaeda. Cambio de gobierno, del PP al PSOE.

Abril: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se adhieren a la OTAN, ante los recelos de Rusia.

Octubre-diciembre: Revolución Naranja en Ucrania, tras el fraude de las elecciones que daban la victoria al candidato prooccidental Víktor Yúshchenko (presidente hasta 2010).

Diciembre: un terremoto en las costas de Indonesia provoca un tsunami que causa la muerte de más de 200 000 personas en el Sudeste asiático. Creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), promovida por Cuba y Venezuela y con ámbito en América Latina y el Caribe.

2005

A lo largo del año se celebran referendos en los países miembros de la Unión Europea para ratificar la Constitución europea, que fue rechazada en Francia y los Países Bajos.

Marzo: Tabaré Vázquez accede a la presidencia de Uruguay, primer mandatario de izquierdas del país.

Agosto: inicio de la presidencia de Mahmud Ahmadineyad en Irán (hasta agosto de 2013) y reanudación de un programa nuclear.

Julio: atentados terroristas yihadistas en el metro y un autobús de Londres. El IRA anuncia el final de la lucha armada.

Agosto: catástrofe del huracán Katrina en Nueva Orleans.

Noviembre: elección de Angela Merkel como primera mujer canciller de Alemania.

2006

Enero: inicio de la presidencia de Evo Morales en Bolivia, primer mandatario de origen indígena del país.

Marzo: inicio de la presidencia de Michelle Bachelet en Chile (hasta marzo de 2010; segundo mandato desde marzo de 2014).

Junio: independencia de Montenegro de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro (creada en febrero de 2003 para sustituir a la República de Yugoslavia).

Julio: reñidas elecciones presidenciales en México, el candidato Ángel Manuel López Obrador impugna los resultados que dan la victoria a Felipe Calderón (presidente hasta 2012).

Julio-agosto: Israel invade el sur del Líbano y mantiene una guerra con la organización islamista Hezbolá.

Octubre: asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya, crítica con el gobierno de Putin.

2007

Enero: Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación nacional, asume la presidencia de Nicaragua.

Mayo: inicio de la presidencia de Nicolas Sarkozy en Francia (hasta mayo de 2012).

Junio: dimisión de Tony Blair como primer ministro del Reino Unido; le sustiuye Gordon Brown (hasta mayo de 2010).

Agosto: primeros indicios de la crisis financiera que estallará en 2008 con la quiebra de New Century Finantial, especializada en hipotecas subprime.

Diciembre: inicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Asesinato de Benazir Bhutto, exprimera ministra de Pakistán.

2008

Febrero: Kosovo declara su independencia de Serbia. Raúl Castro sustituye a su hermano Fidel como presidente de Cuba.

Marzo: muerte de Pedro Antonio Marín, «Tirofijo», cofundador y líder de las FARC, guerrilla revolucionaria que combate al gobierno colombiano desde 1964 y en la actualidad.

Agosto: guerra entre Georgia y las repúblicas rusas de Osetia del Sur y Abjasia.

Septiembre: quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, originando el pánico financiero.

Octubre: el Congreso estadounidense aprueba un plan de rescate de bancos y empresas.

Noviembre: elección de Barack Obama, el primer presidente negro en Estados Unidos.

2009

Abril: Cumbre del G-20 en Londres, que reúne a los 20 países más desarrollados y emergentes del mundo para aprobar un programa contra la recesión económica. Inicio de la pandemia de gripe A (H1N1), finalizada en agosto de 2010.

Mayo: ensayos nucleares de Corea del Norte, condenados por la ONU.

Junio: golpe de estado que derroca a Manuel Zelaya, presidente de Honduras. Elecciones presidenciales en Irán y «movimiento verde» popular en apoyo del candidato Mir Hosein Musaví, derrotado por Ahmadineyad.

Diciembre: entra en vigor el tratado de Lisboa, texto que sustituye a la Constitución rechazada por Francia y los Países Bajos en 2005.

2010

Marzo: inicio de la presidencia de José Mujica en Uruguay (hasta 2015).

Abril: firma del tratado START III de reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia.

Mayo: elecciones en el Reino Unido y coalición gubernamental del primer ministro conservador David Cameron con el líder liberal-demócrata Nick Clegg (viceprimer ministro).

Agosto: Estados Unidos retira la mayor parte de sus tropas de Irak; oficialmente, fin de la misión estadounidense iniciada en marzo de 2003.

Octubre-noviembre: Wikileaks publica casi 400 000 documentos oficiales relacionados con la guerra de Irak y 250 000 cables del Departamento de Estado.

Diciembre: estallido de la revolución tunecina.

2011

Enero: caída del presidente Ben Alí de Túnez. Inicio de la llamada «primavera árabe»: caída de Mubarak en Egipto (febrero), disturbios en Bahréin (desde febrero y hasta diciembre de 2012), guerra civil en Libia (febrerooctubre, muerte de Gadafi), inicio de la guerra civil en Siria (desde marzo y en la actualidad), guerra civil en Yemen (desde enero y en la actualidad).

Marzo: terremoto y tsunami en la región de Tōhoku (Japón), que causa el accidente nuclear de la planta de Fukushima I.

Mayo: protestas de los llamados «indignados» y que forman el Movimiento 15-M; prefiguración del movimiento/partido político Podemos (desde enero de 2014).

Julio: independencia y reconocimiento internacional de Sudán del Sur.

Mayo: operación militar estadounidense en Abbotabbad (Pakistán) que asesina a Osama bin Laden.

Octubre: la banda terrorista ETA anuncia el cese de su actividad armada.

Noviembre: elecciones legislativas en España, Mariano Rajoy se convierte en presidente del Gobierno.

2012

Enero-abril: rebelión tuareg en la región del Azawad en Malí.

Marzo: elecciones parlamentarias en Irán, con exclusión de los candidatos reformistas. Golpe de estado militar contra el presidente Amadou Toumani Touré de Malí.

Abril: muerte del dictador norcoreano Kim Jong-il, sucedido por su hijo Kim Jong-un.

Mayo: Vladimir Putin accede de nuevo a la presidencia de Rusia.

Julio: elecciones presidenciales en México, con victoria de Enrique Peña Nieto del PRI, partido que recupera el poder perdido en 2000.

Noviembre: huelga general en varios países de Europa, incluido España.

2013

Enero: Francia lidera una intervención internacional militar en Malí contra islamistas radicales vinculados a Al Qaeda (hasta julio de 2014).

Febrero: el papa Benedicto XVI se retira y se convierte en papa emérito; el cónclave de marzo elige papa a Jorge Mario Bergoglio, que asume el nombre de Francisco e inicia un giro reformista de la Iglesia católica.

Marzo: muerte de Hugo Chávez, sustituido por Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela.

Junio: protestas populares en Brasil.

Julio: golpe de estado militar en Egipto que derroca al presidente Mohamed Morsi (elegido en junio de 2012).

Noviembre: inicio de las manifestaciones populares (Euromaidán) en Ucrania contra el presidente Vítor Yanukóvich.

2014

Febrero: caída del presidente ucraniano Yanukóvich. Crisis de Crimea (hasta marzo), ocupada y anexionada por Rusia. Guerra civil en el este del país en la actualidad.

Mayo: victoria de los partidos populistas y xenófobos UKIP (Reino Unido) y Frente Nacional (Francia) en las elecciones europeas.

Junio: creación del autoproclamado Estado Islámico, grupo terrorista radical que opera en el norte de Irak y el este de Siria. Abdicación del rey Juan Carlos I de España, sucedido por su hijo Felipe VI.

Julio-agosto: bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza.

Septiembre-diciembre: protestas de estudiantes en Hong Kong.

Diciembre: Estados Unidos y Cuba anuncian la intención de reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Xosé M. Núñez Seixas (Ourense, 1966). Es doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia en Historia Contemporánea, de la que es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. Ocupa desde 2012, la cátedra de Historia de Europa Meridional en la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich. Especialista en estudios migratorios, historia cultural de la guerra en el siglo XX y análisis comparado de los nacionalismos ibéricos y europeos.